CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 473
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA
Sesión núm. 36
celebrada el miércoles, 5 de abril de 1995



ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre declaración de una de las tres capitales de la Comunidad Autónoma
Valenciana como sede Europea de la Conferencia Euromediterránea a
celebrar el segundo semestre de 1995. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (BOCG serie D, número 175, de 23-12-94. Número de
expediente 161/000353). (Página 14402)
--Sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles ex-residentes en la
antigua colonia de Guinea Ecuatorial. Presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (BOCG serie D, número 198,
de 3-3-95. Número de expediente 161/000408). (Página 14407)
--Por la que se insta al Gobierno a expresar al Gobierno de Chile la
preocupación del Congreso de los Diputados por el tortuoso proceso que
está siguiendo el caso por el asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa,
ciudadano español y funcionario de la ONU, así como reiterar su profundo
interés por el definitivo esclarecimiento del mismo y el correspondiente
castigo de los culpables. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal
IU-IC. (BOCG serie D, número 206, de 17-3-95. Número de expediente
161/000423). (Página 14411)

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Dictámenes sobre:
--Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de
interés común en Tierra Santa, hecho en Madrid el 21 de diciembre de
1994. (BOCG serie C, número 178-1, de 7-2-95. Número de expediente
110/000144). (Página 14416)
--Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, hechos en Montevideo
el 4 de agosto de 1994. (BOCG serie C, número 180-1, de 7-2-95. Número de
expediente 110/000146). (Página 14417)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Honduras, hecho en Tegucigalpa el 18
de marzo de 1994. (BOCG serie C, número 182-1, de 17-2-95. Número de
expediente 110/000148). (Página 14417)
--Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España
y la República de Paraguay, hecho en Asunción el 7 de septiembre de 1994.

(BOCG serie C, número 183-1, de 21-2-95. Número de expediente
110/000149). (Página 14419)
--Convenio Marco para la protección de minorías nacionales del Consejo de
Europa, firmado en Estrasburgo el 1 de febrero de 1995. (BOCG serie C,
número 184-1, de 3-3-95. Número de expediente 110/000150). (Página 14420)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Turquía, hecho en Ankara el 15 de
febrero de 1995. (BOCG serie C, número 185-1, de 3-3-95. Número de
expediente 110/000151). (Página 14422)



Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.




DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE DECLARACION DE UNA DE LAS TRES CAPITALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA COMO SEDE EUROPEA DE LA CONFERENCIA EUROMEDITERRANEA A
CELEBRAR EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1995. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000353.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la
Comisión de Asuntos Exteriores.

Como ustedes saben, los tres primeros puntos del orden del día son tres
proposiciones no de ley. La primera, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, es sobre declaración de una de las tres capitales de
la Comunidad Autónoma Valenciana como sede europea de la Conferencia
Euromediterránea a celebrar el segundo semestre de 1995.

Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor Chiquillo, de Unión
Valenciana.




El señor CHIQUILLO BARBER: He atendido muchas de las peticiones desde el
día que se incluyó en el orden del día esta proposición, y la verdad es
que, así como otras veces a Unión Valenciana se le ha podido acusar en
alguna iniciativa, en algún planteamiento puntual de oportunismo, de
demagogia, etcétera --críticas que han podido tener base en esas
iniciativas--, en esta proposición, desde la humildad del que les habla,
tengo que decir que no es así. El Consejo Europeo celebrado el 9 y el 10
de diciembre de 1994 acordó, entre otras resoluciones, como ustedes bien
sabrán, la convocatoria de una Conferencia Euromediterránea a celebrar en
el segundo semestre de 1995.

Si esta iniciativa que hoy vamos a debatir, y que pienso mantener y
defender, la hubiéramos presentado en el mes de marzo de 1995, hubiera
entendido que se me dijera: Ya está decidido; no viene a cuento. Pero
Unión Valenciana presentó esa iniciativa a los cinco días de la Cumbre de
Essen, cuando no había ninguna petición formal de ninguna otra ciudad del
Estado español, y, por tanto, no tiene sentido que, después de
transcurridos casi cuatro meses, ahora se me pida que la retire o que no
entre al debate. Simplemente digo que, después de acordarse en la Cumbre
de Essen la convocatoria de esta Conferencia especial, extraordinaria,
euromediterránea, el día 15 de diciembre entró en el Registro del
Congreso de los Diputados la petición, avalada por muchos sectores de la
Comunidad Valenciana, en el sentido de que sea una de las capitales esta
Comunidad, eminentemente mediterránea, la que albergue esta importante
cita dentro del período de Presidencia española de la Unión Europea.

Por tanto, Unión Valenciana considera, y en ese momento así lo valoró,
que es una oportunidad excepcional de poner de manifiesto el carácter
mediterráneo de las capitales de la Comunidad Valenciana, y por ello
solicitamos su designación como sede de la Conferencia. Son ciudades



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emblemáticas dentro de la cultura mediterránea, y por eso mantenemos esta
iniciativa presentada el 15 de diciembre y solicitamos el apoyo de los
grupos parlamentarios. Pido, a pesar de que hay una decisión adoptada al
respecto, como se me ha indicado, que se reconsidere esa decisión si es
menester, y añado que, además de Madrid, Barcelona o Sevilla, existen
otras ciudades capacitadas para albergar acontecimientos de la
importancia del que nos ocupa. Con toda la humildad del mundo hago esta
petición, porque creo que, como dije en algún debate, hay otras
comunidades que también se merecen participar en este proyecto de la
Unión Europea y que no sean siempre las mismas ciudades y las mismas
comunidades las que tengan que albergar acontecimientos que fomenten la
Unión Europea. Por tanto, descentralicemos algún acto y no vayamos
siempre a los mismos sitios.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Como ha dicho el señor Chiquillo, yo creo que en
estos momentos quizá esta discusión sea un poco bizantina, me da la
impresión de que está fuera de plazo porque el Gobierno ya ha adoptado
una decisión respecto a la sede de celebración de la Conferencia
Euromediterránea. Es cierto también lo que ha dicho el representante del
Grupo Mixto, que la proposición no de ley se presentó dentro de plazo,
exactamente una semana después de la celebración del Consejo de Essen y
antes de que Barcelona hubiese sido designada como sede de la
Conferencia. No comprendemos por qué no se ha tramitado hasta ahora la
inclusión en el orden del día de este punto. No lo comprendemos desde el
punto de vista parlamentario, pero sí comprendemos, desde el punto de
vista político, que al Gobierno no le haya interesado que se discutiera
este tema en el Parlamento.

A mí me da la impresión de que a estas alturas del proceso autonómico,
cuando otras capitales españolas han sido sedes de eventos importantes y
han sido sedes, dentro de la cuota que corresponde a España, de actos
tanto europeos como otros que representan la dimensión internacional de
nuestro país, lo lógico hubiera sido, y debe ser, que haya un reparto de
protagonismo entre las distintas comunidades y ciudades integrantes del
Estado español. Y esta Conferencia, que tiene una dimensión mediterránea,
debía haber tenido en cuenta el carácter mediterráneo de la Comunidad
Valenciana y de Valencia que es su capital.

También hay otras razones que hubiesen avalado, y que avalarían (si
todavía estuviésemos a punto de volver atrás sobre la decisión del
Gobierno), la celebración de la Conferencia Euromediterránea en Valencia.

¿Cuáles son estas razones? Pues son, entre otras, su dimensión
mediterránea, como he dicho antes y, por otro lado, el hecho de que la
Comunidad Valenciana sea una de las comunidades que comparte más
problemas con los otros países de la cuenca del Mediterráneo, y me
refiero, sobre todo, a los países a los que se pretende integrar en una
política global de la Unión Europea en la cuenca del Mediterráneo.

La Comunidad Valenciana es la primera comunidad exportadora del Estado
español. La Comunidad Valenciana es la que sufre con mayor fuerza los
problemas de la no resolución del conflicto de la OCM de las frutas y
hortalizas y que, por la naturaleza de los tratados de asociación de la
Unión Europea con los países africanos de la cuenca del Mediterráneo, ve
cómo sus productos están en una clara desventaja respecto a las frutas,
hortalizas, cítricos y tomates que entran en la Unión provenientes de
Marruecos, Argelia, Israel y de toda la zona del Oriente Medio de los
territorios ocupados. La Comunidad Valenciana es la primera comunidad en
cuanto a nivel de proceso de desertización, probable que comparte con el
resto de los países africanos de la cuenca del Mediterráneo y con algunos
países de la Unión Europea, como pueden ser Grecia y el sur de Italia.

La Comunidad Valenciana es una comunidad que, aparte de esto, ha tenido
siempre una relación intensa con el resto de dichos países. Hay que
recordar también que la Comunidad Valenciana es la primera comunidad que
tuvo una legislación del mar. El primer Consulado del Mar de España se
creó en el Reino de Valencia en el siglo XIII, y las primeras leyes del
mar se promulgaron también en el Reino de Valencia. Por tanto, hay unas
razones históricas, hay unas razones de coyuntura económica y social en
este momento y hay unas razones de agravio comparativo por no haberse
celebrado ningún evento en dicha capital hasta ahora.

A mí me gustaría hablar, como es lógico, y aprovechando esta ocasión, de
la importancia que tiene la Conferencia Euromediterránea, pero no creo
que éste sea el momento porque la parte dispositiva de la proposición no
de ley se quedaría corta en cuanto a sus objetivos. Pero sí quisiera que
constase en acta la importancia de esta Conferencia. Es por ello por lo
que sería conveniente que se celebrase en Valencia, capital de la
Comunidad Valenciana.

Europa no puede concebirse en estos momentos como una gran isla de
estabilidad y prosperidad en el seno de un mar de conflictividad y
miseria, como es la cuenca del Mediterráneo en algunos países. La
constitución de una zona de paz, estabilidad y desarrollo en el
Mediterráneo es, sin duda, uno de los objetivos prioritarios que debe
marcarse la Unión a largo plazo. Esta idea fue anticipada en 1986, cuando
España entró en la Comunidad Económica Europea, por los Diputados del
Grupo Popular, que propusieron desde el primer momento la creación de una
CSCE del Mediterráneo. Desde 1986 hasta ahora mucho hemos recorrido.

Hasta 1992, en la Cumbre de Lisboa, no conseguimos que el resto de los
países de la Comunidad aceptaran, como una idea comunitaria, lo que hasta
entonces había figurado como una preocupación estrictamente española.

Tras dicha Cumbre de Lisboa, en la que se aceptó la cuestión de principio
de que era un asunto comunitario, hemos tenido que pasar por la Cumbre de
Corfú; hemos tenido que discutir el tema, siguiendo el mandato de Corfú,
en el seno de la Comisión Europea, donde tengo que decir que los
comisarios españoles han jugado un papel relevante en



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la defensa de nuestros intereses. En la Cumbre de Essen se dio un
mandato, que había sido respaldado y tenía el apoyo del Parlamento
Europeo en una resolución del 29 de septiembre de 1994, para aplicar una
política global y coherente respecto a los países de la cuenca
mediterránea.

Yo creo que en estos momentos, en los que España es uno de esos países
avanzados (aunque desafortunadamente sólo en este tema, ojalá, hubiésemos
estado igual de avanzados en otros) en la creación de un gran espacio
interior y judicial mediante la aplicación del Tratado de Schengen...




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ, vaya terminando.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Creo que en estos momentos, repito, la
potenciación y la definición de una política global euromediterránea es
de la máxima importancia, y España puede convertirse en un país adalid en
el seno de la Unión de estos problemas y en un país que avance soluciones
a conflictos que, aunque afectan evidentemente a la unión, afectan, sobre
todo, a nuestro país como frontera sur de la Unión Europea.




El señor PRESIDENTE: Quiero decirle, señor Martínez Casañ, en relación
con sus primeras palabras, que los órdenes del día de esta Comisión los
fija la Mesa, sin que tengan nada que ver los intereses del Gobierno en
un sentido o en otro. Los decide la Mesa, repito, y normalmente lo hace
por unanimidad, en función de varios criterios que allí se manejan.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Nuestro Grupo Parlamentario no va a apoyar la
proposición no de ley del Grupo Mixto por la que se insta al Gobierno a
que avale y defienda la candidatura de alguna de las capitales de la
Comunidad Valenciana, en este caso Alicante, Castellón o Valencia como
sede de la Conferencia Euromediterránea.

Esta será, sin duda, una conferencia importante, porque en la misma se
van a tratar temas como la estabilización de los países vecinos, que
requiere, entre otras cuestiones, un apoyo político y económico por la
marginación de los productos mediterráneos respecto a los continentales
o, por ejemplo, por las reformas pendientes en la propia unidad europea.

Todas ellas son cuestiones que afectan directamente a los países
mediterráneos y, sin duda, también al propio Estado español.

Teniendo en cuenta, además, que las repercusiones de la Conferencia
pueden tener una gran incidencia, no sólo por estas circunstancias sino
porque entendemos que tiene todas las justificaciones, nos parece
oportuna una iniciativa en el sentido de que sirve para remarcar la
importancia de la Conferencia Euromediterránea, aunque entenderá el
proponente que no podamos apoyar la sede que ellos defienden, dado que
existe la oferta de que ésta pueda ser Barcelona.

Yo creo que no es cuestión de entrar en una dinámica de que unos sí u
otros no. Lo importante, en el fondo, es que sea España. Pero nuestro
Grupo entiende que Barcelona ofrece también muchas ventajas y tiene
razones suficientes para albergar dicha Conferencia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Quisiera comenzar esta intervención, señorías,
diciendo que compartimos la petición, por parte del Grupo proponente, de
una mayor sensibilidad del Gobierno a la hora de fijar en el conjunto del
Estado la celebración de actividades como pueda ser la Conferencia
Euromediterránea o cualquier otro tipo de eventos de relevancia en el
orden internacional.

Desearíamos que no se produjera reiteradamente esa designación, que en
ocasiones da lugar a determinadas suspicacias y recelos. Desde luego, los
políticos, todos, tanto los del Gobierno como los de la oposición,
deberíamos contribuir a no fomentarlo, atendiendo el grave lastre que en
este sentido presenta la historia de nuestro país.

Sería bueno que el Gobierno tuviera una mayor sensibilidad y reconociera
la pedagogía europeísta que supone la celebración de este tipo de
actividades, que acercan las instituciones comunitarias o internacionales
a los ciudadanos del territorio concreto en el que se desarrollan las
mismas. Desde ese punto de vista nos parecería oportuno que alguna de
estas actividades de relevancia internacional tuvieran lugar en la
Comunidad Valenciana.

El señor Chiquillo, con una humildad que hay que reconocerle, decía que
en algunas de las proposiciones de su Grupo se podía constatar un
determinado nivel de oportunismo o demagogia --ha dicho él
literalmente--, pero yo no quisiera hablar de eso en relación con esta
proposición, puesto que en alguna medida reconocía él que esta u otras
proposiciones podían adolecer de este vicio. Yo no quisiera, repito,
decir eso. Pero sí quiero manifestar que algunas de las motivaciones que
se contienen en esta iniciativa no nos parecen oportunas, como, por
ejemplo, la parte en que dice literalmente: «... teniendo en cuenta que
la Comunidad Valenciana ha sido y está siendo una de las comunidades
olvidadas no sólo por la Unión Europea, sino también por el Gobierno
español, basta recordar la negativa de que Valencia fuera sede de
Eurodisney». La Unión Europea, en relación con Eurodisney, no tenía mucho
que decir, ni tampoco el Gobierno español quizá. Era una decisión de una
compañía americana, etcétera.

No se hace la menor referencia, en el conjunto de la proposición, a que
una de las dos entidades de la Unión Europea radicadas en nuestro país lo
está en Alicante, como es la Oficina Europea de Marcas y Patentes. Eso
hay que decirlo, porque, si no, estamos lanzando un mensaje absolutamente
desequilibrado que puede tener una cierta incidencia en la población, y
es una incidencia que hoy, aquí, el señor Chiquillo ha reconocido que
puede ser peligrosa, pero, de hecho, es un germen que cunde.

Recientemente, por ejemplo, esta política de lanzar agravios y
discriminaciones en relación con el exterior se traslada incluso al
interior de la Comunidad o del País Valenciano.




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Hemos tenido ocasión de comprobar cómo algún destacado dirigente popular
decía que iba a echar al Presidente de la Generalitat Valenciana de
Alicante o que iba a lanzar a Alicante contra el Presidente de la
Generalitat. Son mensajes y discursos muy peligrosos que atacan la
cohesión de lo que consideramos un proyecto nacional de España, proyecto
que hay que reconocerlo plural, diverso y democrático; ataca, repito, lo
que es un proyecto de País Valenciano, de Comunidad Valenciana vertebrada
como nosotros deseamos que sea.

Hay que tener en cuenta, en relación con esta proposición concreta que se
nos plantea, que se habla de que una de las capitales de la Comunidad
Valenciana sea sede de la Conferencia, y alguna de esa capitales puede
carecer de la infraestructura adecuada, porque hace falta una
infraestructura para llevar a cabo esto. Piensen ustedes, señorías, por
ejemplo, que Valencia capital, donde gobierna precisamente el Grupo
proponente, Unión Valenciana, no tiene Palacio de Congresos y
Exposiciones, no tiene más que un mero proyecto, maqueta o algo así, y
para llevar a cabo una Conferencia de este tipo parece lógico que haya,
insisto, una determinada infraestructura. Si hoy la coalición de PP y
Unión Valenciana tuviera esa infraestructura, a lo mejor tendrían más
fundamento para reclamar este tipo de celebraciones.

Por otra parte, pensemos que, desde un punto de vista de racionalización
de gastos, no podemos crear infraestructuras de este tipo a lo largo de
toda la comunidad nacional, a lo largo de todo el Estado, sino que parece
lógico que eso, que tiene un coste importante, se concentre en
determinados sitios.

Si esta proposición de ley no cabe tacharla de oportunista, sí que diría
que es realmente poco oportuna, una vez que se ha producido la fijación
del lugar para la celebración del evento. A nosotros, como Comunidad
Valenciana, como parte de las comunidades mediterráneas del Estado
español, como, en definitiva, parte de España, nos parece que una parte
muy importante de sus intereses se juega en el área mediterránea y
debería preocuparnos el contenido de esa Conferencia.

Yo haría un llamamiento a todos los grupos parlamentarios presentes en
esta Comisión y en esta Cámara para que lleváramos a cabo algún tipo de
labor, de trabajo de cara a conseguir que la posición del Gobierno
español respecto al contenido de políticas que se debatan en esa
Conferencia Euromediterránea reflejen lo más adecuadamente posible los
intereses de todas las comunidades que tenemos un gran reto y una gran
perspectiva en relación con ese área determinada. Creo que eso sería una
manera positiva de contribuir a defender los intereses de todo el Estado
español, de las comunidades mediterráneas, y en concreto de la Comunidad
Valenciana; yo haría un llamamiento a todos los grupos políticos, en
concreto al proponente, a que trabajemos en esa dirección para intentar
conseguir que la Conferencia Euromediterránea sea un éxito y que los
intereses españoles se vean adecuadamente reflejados.

Por último, quisiera dejar claro que si no planteamos, en relación con
esta Conferencia, una cuestión en torno a su celebración geográfica, sí
que nos gustaría que otros grupos parlamentarios tomaran lección de esta
posición que adoptamos nosotros, y en relación con otros acontecimientos
de relevancia (pienso, por ejemplo, en la capitalidad cultural que está
reclamada por Valencia) hubiera esa misma disposición de generosidad en
orden a que Valencia, efectivamente, en el año 2001 pueda ser capital
cultural europea.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, escuchando las distintas
intervenciones pensaba que si los parlamentarios de países que van a
participar en la Conferencia estuvieran oyendo este debate, donde estamos
abordando el tema de la Conferencia Euromediterránea, quedarían bastante
perplejos. Me parece que estamos teniendo un debate muy poco serio, con
todo mi respeto hacia el derecho que puede tener un Grupo Parlamentario a
plantear una iniciativa y, vaya por delante también, con todo el derecho
que tiene Valencia, como cualquier otra región mediterránea, a tener un
protagonismo activo en las cuestiones que afectan a la región. Lo ha
tenido Valencia en el pasado, ha sido escenario de encuentros importantes
de carácter cultural fundamentalmente sobre la zona del Mediterráneo, y
lo va a seguir teniendo, pero eso no tiene nada que ver con lo que
estamos abordando ahora.

Ha sido la voluntad del portavoz de Unión Valenciana el traernos aquí un
debate que imagino que va más dirigido hacia las provincias que hacia
otra cosa, y voy a entrar en él. Y lo voy a hacer recordando lo que ya ha
dicho el Presidente, que éste no es el Parlamento Británico, ya que el
orden del día lo fija la propia Comisión; recordando también que las
sedes de las reuniones no se fijan por un concurso que se publica en el
«Boletín Oficial del Estado», al que se pueda llegar tarde, sino que hay
un proceso político, hay disponibilidades, capacidades y decisiones
políticas. En Essen se tomó una decisión informal de celebrar esta
reunión en Barcelona, con el mismo derecho que se podía haber hecho en
Valencia o en mi propia provincia, Granada; el derecho de Valencia es
absolutamente incuestionable.

Cuando estudiamos el texto que plantea el señor Chiquillo da la impresión
de que lo que menos le interesa es la propia Conferencia
Euromediterránea, hasta el punto de que la concibe de la peor manera:
como un encuentro de países mediterráneos con los países islámicos del
norte de Africa. No es eso. No va por ahí el diálogo mediterráneo. En
todo caso, se trataría de un encuentro entre los países de las dos
orillas del Mediterráneo, pero en lo que usted llama países islámicos del
norte de Africa está Israel, por ejemplo, o están otros países que no se
declaran confesionales, y si ellos no se declaran, no lo hagamos nosotros
tampoco, porque si no estaríamos hablando de un encuentro entre países
islámicos y países cristianos. Nada más lejos del proyecto que subyace en
la iniciativa de la Conferencia Euromediterránea. Por cierto, nos ha
sorprendido conocer que la iniciativa para una conferencia sobre la
Seguridad y la Cooperación en el Mediterráneo partió del Partido Popular.




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Sinceramente, estábamos convencidos de que había sido una iniciativa del
Gobierno español, junto con el Gobierno italiano, en la que había tenido
un protagonismo considerable el fallecido Ministro de Asuntos Exteriores,
señor Fernández Ordóñez. Si el Grupo Popular tiene nuevos datos para la
historia, bienvenidos sean, pero me parece que hay que dar al César lo
que es del César.

No puedo sino estar de acuerdo con los planteamientos que ha hecho el
señor Peralta, tanto en lo relativo a la concepción de la conferencia,
que para mí sería el tema que tendría que abordar esta Comisión, como en
los argumentos de réplica a la proposición del señor Chiquillo. Hay que
recordar que estamos hablando de una conferencia que pretende crear en el
Mediterráneo una zona de paz y estabilidad, una zona de cooperación
global, abordando desde las divergencias y discrepancias de carácter
cultural hasta las diferencias de carácter económico, avanzando hacia la
creación de una zona de libre comercio en el Mediterráneo, lo cual va a
exigir que los países del sur del Mediterráneo estén en condiciones de
poder abrir también sus mercados. Se trata, en definitiva, y se ha dicho
anteriormente, de iniciar un proceso similar al puesto en marcha en 1975
en Helsinki para ir generando un clima de confianza entre los países que
viven en el Mediterráneo y los países que participan de los intereses de
los que viven en el Mediterráneo. Ese es el objetivo de la conferencia,
que, insisto, es una iniciativa del Gobierno español dentro de la Unión
Europea. Nuestra labor tendría que ser sensibilizar a los países de más
al norte de Europa que quizá no tienen al Mediterráneo entre sus
preocupaciones, porque uno de los objetivos esenciales de la iniciativa y
de la conferencia es reequilibrar las prioridades de la Unión Europea,
hoy volcadas casi exclusivamente hacia el este de Europa.

El señor Chiquillo habla de la marginación de Valencia, habla, mezclando
churras con merinas, de que esa marginación ha privado a Valencia de
Eurodisney, como si su establecimiento o el de un safari park estuviera
en manos del Gobierno; habla de la marginación de Valencia por la no
consecución de Euronews, cuando quizá de lo que habría que hablar es de
todo lo contrario y habría que saber adoptar en ello el discurso positivo
de que Valencia ha sido una comunidad dinámica, capaz de promover una
buena candidatura para Euronews, que llegó a la fase final con dos
candidatos únicos, uno de los cuales era Valencia. Ya hubo una decisión,
pero el apoyo del Gobierno y la capacidad del Gobierno de la Comunidad
Valenciana para plantear un buen proyecto, para hacer un buen caso de la
ubicación de Euronews en Valencia es indudable. Lo que hace el discurso
del señor Chiquillo es precisamente desmoralizar a los propios
valencianos. Es también desmoralizarlos ignorar la importancia que tiene
la ubicación en la Comunidad Valenciana de la Oficina de Marcas
comunitaria. Para mí es un logro importante que esa oficina se haya
ubicado en Alicante. No sé si el señor Chiquillo hubiera preferido que se
ubicase en Valencia, pero lo importante es que está en una de las tres
provincias de la Comunidad que según el señor Chiquillo quedan
marginadas. Yo cambiaría pelo a pelo, y estoy seguro que los parisinos lo
harían, Eurodisney por la Ford, porque la Comunidad Valenciana es una
comunidad dinámica, capaz de generar iniciativas y escenarios, no sólo de
encuentros políticos, sino de ferias y conferencias de carácter económico
importantes. Plantear aquí esa frustración y ese abandono me parece
totalmente negativo.

Señor Presidente, ante la propuesta que nos plantea el señor Chiquillo
tendríamos dos opciones: o bien apoyarla, asumiendo que lo que estamos
aprobando es la decisión de que se retire la candidatura de Barcelona, es
decir que se retire la decisión de celebrar esta conferencia en
Barcelona, y no encuentro razones para hacerlo, salvo que el señor
Chiquillo, recurriendo a uno de mis santos favoritos, San Vicente Ferrer,
nos propusiera un milagro de duplicación, pero creo que tampoco procede.

La otra opción que nos queda es votar en contra, dado que el señor
Chiquillo en esta época en que nos encontramos parece decidido a mantener
su propuesta.

Si la propuesta hubiera sido que la Comisión de Exteriores pide que el
Gobierno haga un ejercicio de descentralización de las actividades
políticas y de los encuentros de carácter internacional, porque todos
sabemos que los gobiernos tienden a ser perezosos y a concentrar
excesivamente ese tipo de actividades, nuestro Grupo lo hubiera
comprendido y probablemente lo hubiera apoyado. Pero en los términos en
que se nos plantea, tenemos que votar en contra. (El señor Chiquillo
Barber pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: No ha lugar a réplica, señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Por alusiones.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Pido también la palabra por alusiones.




El señor PRESIDENTE: Han sido referencias normales a un debate político y
no creo que exista motivo para hacer ninguna réplica.




El señor MARTINEZ CASAÑ: El señor Peralta ha hecho acusaciones al Partido
Popular.




El señor PERALTA ORTEGA: No he hecho alusiones personales.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Como representante del Partido Popular, tengo
que romper una lanza a favor del mismo.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ, es un tema que no puede
encontrar nunca una solución satisfactoria. Si el orden de intervenciones
hubiera sido al revés y S. S. hubiera hecho alguna referencia a otra
formación política, nos encontraríamos en el mismo caso. Por
consiguiente, esta Presidencia decide que no ha lugar.




El señor MARTINEZ CASAÑ: Yo no he hecho referencia a nadie. El señor
Peralta ha hecho referencia a mi



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Partido y a los dirigentes de mi Partido en la Comunidad Valenciana.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, ha habido alusiones a mi
persona.




El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, hemos hecho un debate en el que se
han mezclado los problemas geográficos, los problemas lúdicos y hasta los
teológicos. (Risas.) Creo que sería mejor que avanzáramos en nuestro
debate, abordando los otros temas que quedan pendientes.




El señor CHIQUILLO BARBER: Ha habido alusiones a mi persona.




El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia decide que no ha lugar y, por
consiguiente, vamos a proceder a la votación.




El señor MARTINEZ CASAÑ: ¿Puedo pedir que conste en acta mi protesta por
no haber tenido la palabra?



El señor PRESIDENTE: Va a constar.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, pido que conste también mi
protesta.




El señor PRESIDENTE: Va a constar también, faltaría más.

No habiéndose presentado ninguna enmienda, vamos a proceder a la votación
de la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--SOBRE MEDIDAS COMPENSATORIAS A CIUDADANOS ESPAÑOLES EX RESIDENTES EN LA
ANTIGUA COLONIA DE GUINEA ECUATORIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO). (Número de expediente
161/000408.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
proposición no de ley sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles
ex residentes en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial, cuyo autor es
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Por el grupo proponente, tiene la palabra el señor Recoder.

Antes de dar la palabra al señor Recoder, quisiera hacer una advertencia
a todos los grupos. Por favor, comuniquen a la Mesa las sustituciones que
se hayan producido en sus grupos para proceder a la votación, tal como
corresponde.




El señor RECODER I MARALLES: Señor Presidente, precisamente había
levantado la mano antes de la votación para comunicar la sustitución. Lo
que pasa es que se ha pensado que mi mano levantada era para la votación.

Pasando al segundo punto del orden del día. El día 12 de octubre de 1968
el pueblo de Guinea Ecuatorial accedió a la independencia. Finalizaba de
esta forma un largo período colonial que se inició en el territorio
insular a mediados del siglo XIX y a principios de este siglo XX en el
territorio continental. El proceso de descolonización, precipitado y
cargado de errores, encumbró en el poder a un controvertido y siniestro
personaje, Francisco Macías, quien a pesar de ganar unas elecciones
democráticas, terminó en muy poco tiempo convirtiéndose en un dictador.

En los pocos meses que siguieron a la declaración de independencia, se
produce el encarcelamiento y posterior asesinato del rival de Macías a la
presidencia, la detención y apaleamiento de militantes de los partidos
rivales, la expulsión del secretario general técnico de la presidencia
del Gobierno, del fiscal general, del canciller español, la declaración
como personas no gratas del embajador y el cónsul de España, la
suspensión de la valija diplomática, el bloqueo de las cuentas corrientes
de todos los españoles residentes en Guinea, chequeos en las calles,
declaración del estado de excepción y un largo y lamentable etcétera.

Ante esta situación, el Gobierno español, el 27 de febrero de 1969,
ordenó la evacuación urgente de los residentes ante el cariz dramático
que estaban tomando los acontecimientos, y esta evacuación urgente
terminó en el mes de marzo siguiente. Tras de sí, estos ciudadanos
dejaron todos sus bienes, además de ilusiones y muchos sufrimientos. El
día 3 de agosto del año 1979, se produjo un golpe de Estado en la
República de Guinea Ecuatorial. Se alzó con el poder el actual
Presidente, Teodoro Obiang Nguema, quien, de forma inmediata, solicitó a
los propietarios españoles, especialmente a los agricultores, que
volvieran a ese país y pusieran en explotación las plantaciones que en
otro momento habían dirigido y que estaban abandonadas desde la
independencia. Fueron unos 300 los propietarios -- del millar que huyó en
1969-- que regresaron; otros habían muerto y otros simplemente no se
vieron en condiciones o con ánimos de emprender una nueva aventura. Pues
bien, estos 300 propietarios invirtieron nuevamente recursos para poner
en producción sus fincas. Sin embargo, este intento, que duró unos tres
años, fracasó, puesto que el café y el cacao recolectados quedaban
intervenidos en su exportación por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, que
liquidaba al agricultor tan sólo el 10 por ciento de su valor en el
mercado internacional; circunstancia que al hacer inviable la
explotación, supuso, en la mayoría de casos, el abandono de las fincas.

Los ciudadanos españoles que abandonaron Guinea Ecuatorial no recibieron
ni apoyo ni mucho menos ningún tipo de crédito o de indemnización que les
permitiera bien resarcirse en parte del perjuicio económico que
padecieron por culpa de la pésima gestión del Gobierno franquista de la
época, bien reiniciar su vida en territorio español. Simplemente aquél,
como los sucesivos gobiernos, se desentendieron del problema, consumando
una gran injusticia que todavía espera hoy su reparación. Por todo ello,
nuestro Grupo Parlamentario ha presentado la proposición no



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de ley que debatimos. Verán SS. SS. que es una iniciativa muy amplia y
abierta.

En primer lugar, proponemos que se elabore un censo de antiguos
residentes para saber quiénes y cuántos serán los beneficiarios, hecho
que en este momento ignoramos. Y en segundo lugar, que se adopten las
medidas compensatorias pertinentes. ¿En qué cuantía? ¿Qué tipo de ayudas?
Las posibilidades, señorías, son muy diversas y van desde el crédito
preferente --que fue la medida que se adoptó para los antiguos residentes
en el Sáhara español, quienes recibieron del Instituto de Crédito Oficial
un crédito preferencial que les permitía volverse a establecer en
España-- a una posible indemnización compensatoria que se debería
cuantificar. En cualquier caso, de ello se puede hablar en el futuro.

Nos parece de estricta justicia que hoy demos un paso importante en la
reparación de un error histórico y aprobemos esta proposición no de ley.

De hecho, éste es un nuevo intento, no es el primero, de, por la vía
parlamentaria, corregir el cúmulo de errores que acompañaron a la
descolonización de Guinea Ecuatorial. Cada día, señorías, son menos los
posibles beneficiarios --el tiempo no perdona--, por lo que debemos poner
hoy ya las vías de solución a este desafortunado problema histórico.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: El Grupo de Convergència i Unió ha presentado
una proposición no de ley con la que, como bien ha explicado su portavoz,
se pretende compensar económicamente a una serie de personas, a un grupo
de españoles que en 1974 volvieron a ese país alentados por las promesas
de cambio que el señor Obiang Nguema anunció a la comunidad
internacional. El tiempo demostró que esas promesas de cambio eran unas
promesas vanas. El Gobierno de Obiang volvió a practicar una política
similar a la de su antecesor y tío, señor Macías, volvió a perseguir de
nuevo a los colonos españoles que habían acudido de nuevo a Guinea con el
ánimo de contribuir al desarrollo de ese país y que volvieron a ver
frustradas sus esperanzas de desarrollo del mismo. Guinea es en estos
momentos uno de los países más pobres del mundo. La política del Gobierno
de Macías y, posteriormente, del dictador Obiang han contribuido, sin
duda, a ello. Hay que señalar, además, que tiene importantes diferencias
en desarrollo y producto interior bruto con algunos de los países
vecinos, como es el caso de Gabón, y aunque éste no es el problema más
importante o más de actualidad respecto de nuestras relaciones con
Guinea, en un momento en el que quizá lo más urgente fuera abordar, como
hemos abordado en otras ocasiones en esta Comisión, la represión que está
sufriendo la oposición, el fraude electoral que se pretende, con una
oposición en la cárcel o sometida al imperio del miedo cuando no del
terror, y la conculcación continua de los derechos humanos por parte del
Gobierno del dictador, en referencia a esta proposición no de ley creemos
que, al igual que se ha hecho con otra serie de españoles que han ido a
otros países o a otras colonias, se debe buscar una vía de solución, una
vía de compensación, porque entendemos que en cierta medida también ha
habido responsabilidad de España, que ha abandonado a su suerte a esta
serie de personas. Por eso nuestro Grupo va a votar a favor de la
proposición no de ley, si bien hubiéramos deseado que el Grupo de
Convergència i Unió hubiera explicitado más concretamente qué tipo de
medidas compensatorias debieran haberse perseguido y que las hubiera
concretado ya en la misma proposición no de ley.

Por último, quiero reiterar --como decía al principio-- que éste no es el
problema más urgente, pero sí estamos de acuerdo en que es un problema
que no debe seguir aparcado continuamente. Por tanto, reiteramos nuestra
intención de voto favorable al mismo.




El señor PRESIDENTE: El señor Espasa, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida, ha solicitado intervenir después del Grupo Socialista. Tiene la
palabra el señor Yáñez-Barnuevo, por el Grupo Socialista.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Nos encontramos con una proposición no de
ley del Grupo de Convergència i Unió que se refiere a un tema
extraordinariamente complejo, que ha dado lugar a una auténtica maraña
jurídico-administrativa y política durante veintiséis años. Por tanto, no
es fácil resumir y ni siquiera llegar a una conclusión tajante que nos
convenza a todos. Por lo menos, a mí, personalmente, el estudio de todos
los dossiers que han llegado a mis manos sobre esta cuestión y las
distintas posiciones que se mantienen sobre ella no me deja totalmente
claro, como ocurre en otras ocasiones, cuál es la posición más adecuada
que se debe seguir.

Hay varias sentencias --no voy a pormenorizarlas-- denegatorias del
Supremo de algunas de estas reivindicaciones planteadas por antiguos
propietarios, sobre todo madereros y de cacao, residentes en Guinea
Ecuatorial. Sólo al final --digo al final cronológicamente, el 15 de
febrero de 1993-- hay una sentencia del Supremo, la última, que estimó
parcialmente el recurso aceptando la invocación al criterio de igualdad
con lo que había ocurrido con antiguos residentes en el Sáhara
occidental, pero con un análisis pormenorizado de las categorías de
indemnización para, por parte del Supremo, afirmar unas y negar otras a
favor de los residentes en Guinea Ecuatorial. Este fue un recurso
presentado por 175 antiguos residentes en Guinea Ecuatorial. Por otra
parte, el Tribunal Constitucional declaró la no admisión de dos recursos
que llegaron a dicho Tribunal.

Hay que decir también, porque las señoras y señores Diputados pueden
desconocerlo, que parece como si no hubiera habido nunca desde 1969
ningún tipo de compensación o ayuda a estos colectivos, y hay toda una
lista, también larga e imposible de pormenorizar aquí, de compensaciones,
de ayudas sociales y de reinserción --si se puede llamar así-- o de
repatriación de muchos de los españoles que residían en Guinea Ecuatorial
antes de la independencia y en muchos momentos posteriormente. Pero es
verdad que aquel largo listado se refería a los casos de trabajadores



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por cuenta ajena o pequeños comerciantes. Nos encontramos ahora, no sé si
al final de este proceso o continuará todavía años, en un momento en que
se trata más bien --y eso no les quita ningún derecho-- de grandes o
medianos propietarios de tierras que quieren que el Estado español se
responsabilice de algo que, es importante decirlo, no es responsabilidad
del Estado español, que no tiene una responsabilidad directa alguna en la
pérdida de los bienes de los residentes en Guinea Ecuatorial. Lo han
dicho algunos intervinientes con anterioridad, la responsabilidad es del
Estado de Guinea Ecuatorial.

Comprendo perfectamente, desde el punto de vista jurídico, que plantear
una reivindicación en el plano de los tribunales al Gobierno de Guinea
Ecuatorial sería, no sé, como la tela de Penélope. Si esto ha tardado
veintiséis años, tardarían cien años en tener algún tipo de compensación.

Lo entiendo perfectamente, pero en derecho la verdad es que si se da el
antecedente de que un Estado asume en su totalidad la responsabilidad por
hechos, acciones u omisiones cometidas por otro Estado, se crea un
precedente muy peligroso, no para este Gobierno sino para el Estado
español.

Por otra parte, la proposición no de ley no acompaña ningún documento que
permita prever el incremento del gasto que se produciría como
consecuencia de su aprobación sin más. Eso nos ha llevado, como decía al
principio, a tener muchas dudas porque es evidente que, insisto, un
Estado responsable y el Grupo que apoya al Gobierno al aprobar algo
tienen que saber de qué se habla, si son 50 ó 5.000 millones. Esto es
algo que hay que desarrollar. Por eso, nosotros --que por otra parte
reconocemos que hay también un derecho y una situación política, aunque
antigua no menos importante, sobre todo para los afectados-- hemos
tratado de tener la actitud más positiva posible y no nos oponemos al
primer punto que dice: «Elaborar, en el plazo máximo de 6 meses... un
censo de los ciudadanos españoles antiguos residentes en Guinea
Ecuatorial que se vieron obligados a abandonar sus bienes...» y
desearíamos ver de qué situación estamos hablando. Y el segundo punto
--si me permite el Presidente es una enmienda «in voce» que hago al Grupo
proponente, si así la acepta en nombre de mi Grupo-- en vez de con
«Establecer», comenzaría de la siguiente forma: «El Gobierno informará,
en el plazo de dos meses» --esto es igual-- «a partir de la elaboración
del censo a que se refiere el párrafo anterior, sobre las medidas
adoptadas para poder compensar parcialmente...» y continúa igual. El
único sentido de esta enmienda, que no cambia sustancialmente la
propuesta, es una reserva cautelar de que en estos ocho meses el Gobierno
pueda, trabajando a fondo con la Administración en este tema muy
enmarañado, saber de qué podemos estar hablando, en definitiva, para que
al final de ese proceso el Ministro correspondiente --el de Exteriores,
Economía, el que decida el Gobierno-- lo explique ante la Cámara, ante
esta Comisión, que es la que va eventualmente a aprobar esta proposición
no de ley, qué es lo que se ha podido hacer, qué es lo que no se ha
podido hacer, cuáles son los límites, cuáles son los términos y cuál es
la propuesta del Gobierno para llegar a un finiquito en esta cuestión que
dura ya demasiado tiempo. No tiene más que esa intención de la cautela
porque no sabemos al final cuáles serán --y eso lo confieso
paladinamente-- las famosas medidas adoptadas para compensar
parcialmente. No podemos adelantarlas y decir que van a ser resarcidos de
todo lo que perdieron o de no sé qué porcentaje sobre lo que perdieron,
sino que eso sea la consecuencia del estudio de los próximos ocho meses.

En esos términos de la aceptación por el Grupo proponente de esa enmienda
«in voce» al segundo párrafo, el Grupo Socialista votaría a favor.




El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez, ¿quiere usted volver a precisar
exactamente cuál sería la redacción del párrafo 2?



El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Diría: «El Gobierno informará, en el
plazo de dos meses a partir de la elaboración del censo anteriormente
citado, sobre las medidas adoptadas para poder compensar parcialmente a
estos ciudadanos...» El resto sigue igual a partir de «medidas adecuadas»
hasta el final. Lo único que cambia es el principio, en que, en vez de
decir «Establecer» se dice «El Gobierno informará, en el plazo máximo de
dos meses».




El señor PRESIDENTE: ¿Quiere usted leer cómo quedaría todo el párrafo 2?



El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Diría: «El Gobierno informará, en el
plazo máximo de dos meses, a partir de la elaboración del censo
anteriormente citado, sobre las medidas adoptadas para poder compensar
parcialmente a estos ciudadanos de los perjuicios económicos que les
representó el abandono de bienes y actividades en Guinea Ecuatorial como
consecuencia del deterioro de las relaciones políticas entre España y su
antigua colonia.»



El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se entiende que también se
sustituye el adjetivo «adecuadas» por «adoptadas».




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Sí, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: ¿Serían «las medidas adecuadas» o «las medidas
adoptadas»?



El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Adoptadas.




El señor PRESIDENTE: ¿Adoptadas por quién?



El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Por el Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Si entiendo bien, sería que en el plazo de dos meses
el Gobierno informará sobre...




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Las medidas que ha adoptado. Si está mal
redactado gramaticalmente



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se puede cambiar: «sobre las medidas que ha adoptado para poder
compensar...». En la conversación con el Grupo proponente cambiamos
«adecuadas» por «adoptadas», pero quizá la redacción sería más correcta
diciendo «las medidas adecuadas».




El señor PRESIDENTE: A ver si me aclaro. Entiendo que si se sustituye la
palabra «adecuadas» por «adoptadas», no cambia nada el sentido del
párrafo, porque si ahora se dice: «Establecer, en el plazo máximo de dos
meses, las medidas adecuadas», se obliga a establecerlas, y de la otra
manera también, porque si usted dice que tiene que informar, sobre las
medidas adoptadas, la única diferencia es que ya habrá tenido que adoptar
las medidas y entonces informará. ¿Qué diferencia hay entre un párrafo y
el otro?



El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: El Grupo proponente tiene que opinar.

(Pausa.)
Señor Presidente, como parece que la Presidencia está esperando alguna
exposición, se podría decir: El Gobierno informará sobre las medidas
propuestas, para que no aparezca como que ya están adoptadas, cerradas y
definitivas, que parecía la preocupación de algún grupo. Se redacte como
se redacte diría: El Gobierno informará sobre las medidas que propone
para poder compensar..., etcétera.




El señor PRESIDENTE: No soy parte de la transacción, como usted
comprenderá, sino más bien en este caso no sé si juez o qué; en
definitiva, no soy parte. ¿No les parece a ustedes que sería más adecuado
dejar la palabra «adecuadas»?, porque en este caso informa sobre lo que
le parece adecuado, entiendo yo, porque si es «adoptadas» o si es
«propuestas» es exactamente el sentido actual de la frase.

Tiene la palabra el señor Recoder que, en definitiva, es quien tiene la
última palabra.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, debo decirle con
satisfacción que me ha alegrado oír sus dudas respecto de la transacción
que nos proponía el Grupo Socialista, porque yo se las había manifestado
al propio portavoz del Grupo.

Creo que lo que se adecua más al sentido de la iniciativa es precisamente
que el Gobierno comparezca a explicar las medidas que propone para
compensar a estos ciudadanos. Por tanto, las medidas propuestas o que
propone para poder compensar a esos ciudadanos creo que sería la
redacción que más se adaptaría al sentido de lo que pretendemos.




El señor PRESIDENTE: El sentido sería que el Gobierno informará sobre las
medidas que propone, o algo así.




El señor HERNANDO FRAILE: Si le da tiempo.




La señora PLA PASTOR: Qué prisa tienen. Esas prisas no llevan a nada
bueno.




El señor PRESIDENTE: Podríamos hacer una breve pausa o bien seguir y que
mientras tanto los miembros de la Comisión expresen su opinión. Propongo
que se reúnan los representantes de los grupos y elaboren una propuesta
definitiva.

De todas formas, señorías, debo decirles que este procedimiento que
estamos siguiendo es absolutamente atípico. La transacción es entre
enmiendas presentadas, en este caso es una enmienda «in voce» que no
transacciona nada. Como siempre hemos sido partidarios --al menos yo lo
soy-- de una interpretación muy flexible del Reglamento en aras de
alcanzar el máximo consenso, creo que podríamos aceptar una enmienda «in
voce», que tampoco figura exactamente como tal en el Reglamento, una
transacción, siempre y cuando se acepte por todos los grupos,
evidentemente. Si hay algún grupo que se opone, no se puede aceptar. Por
consiguiente, sugeriría que mientras tanto redacten un texto que se
entienda y, si se entiende, podremos discutirlo y aprobarlo.

Tiene la palabra el señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: Nosotros estaremos de acuerdo con esta propuesta,
sobre la que parece que se puede abrir camino si finalmente se logra la
redacción adecuada, pero no lo hubiésemos estado con la exposición
literal de la proposición no de ley, tal como ha sido presentada, por
tres razones fundamentales. Una, es que consideramos la proposición no de
ley, tal como figura en sus términos literales y ha sido expuesta, no
equilibrada, que no pondera adecuadamente todos los problemas que plantea
tanto el proceso de descolonización --precipitado y errático que se
produjo en su momento--, como los perjuicios causados a españoles que
residían en aquel momento en la ex colonia, ahora Guinea Ecuatorial; no
pondera, digo, suficientemente los problemas... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdone que le interrumpa, señor Espasa, pero ruego
a las señoras y señores Diputados que se mantengan en sus asientos.

Puede continuar cuando quiera, señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: No pondera suficientemente los problemas que
plantea la no democratización efectiva del régimen existente en Guinea
Ecuatorial. De hecho, el ponente de Convergència i Unió, el señor
Recoder, ha venido a reconocer que el problema fundamental era la falta
de una situación democrática en Guinea que permitiría, muy probablemente,
a los españoles con intereses económicos en Guinea desarrollar de forma
normal una actividad económica, agropecuaria, pecuaria, del tipo que
fuere, en aquella República. En eso estamos empeñados en esta Comisión de
Asuntos Exteriores. España, como país, ha hecho y está haciendo, quizá no
todo lo que debiera, pero, en todo caso, presiona en la buena línea, en
la buena dirección para conseguir la democratización del régimen de
Guinea y, por supuesto, todos los grupos parlamentarios de esta Comisión
están en ello. Ahí estaría, para nosotros, la solución al problema que de
forma excesivamente unilateral y, repito, desequilibrada, plantea
Convergència



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i Unió en su redacción inicial, que nos parecía excesivamente abierta e
inconcreta.

Por eso nos felicitamos y hemos pedido intervenir «a posteriori» de la
enmienda presentada por el Grupo Socialista. Si finalmente esta redacción
es aceptada por el Grupo proponente, anunciamos que la votaríamos
favorablemente, pero no lo haríamos tal como está en sus términos
actuales.




El señor PRESIDENTE: El debate ha terminado. Ruego a los literatos de los
diversos grupos que comuniquen el resultado de su obra de síntesis, si se
ha alcanzado.

Tiene la palabra el señor Yáñez.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: El portavoz del Grupo proponente, el
señor Recoder, lo tiene en sus manos. Creo que lo podría leer él.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: El primer punto quedaría exactamente igual
que en el texto inicial.

En cuanto al segundo, la redacción sería la siguiente: El Gobierno
informará, en el plazo de dos meses desde la elaboración del censo a que
se refiere el apartado anterior, de las medidas propuestas para poder
compensar parcialmente a estos ciudadanos de los perjuicios económicos,
etcétera. El resto quedaría igual que en la proposición que hemos
presentado.

La vamos a pasar por escrito a la Mesa.




El señor PRESIDENTE: Señorías, el texto que se presenta es el que acaba
de leer el señor Recoder y que yo les vuelvo a leer. El Gobierno
informará, en el plazo de dos meses desde la elaboración del censo a que
se refiere el apartado anterior, de las medidas propuestas para poder
compensar..., etcétera. El resto es exactamente igual.

¿Hay algún grupo que se oponga a la admisión a trámite de este texto de
síntesis? (Pausa.) No habiéndolo, lo consideraremos como una enmienda y
puesto que es el propio Grupo proponente el que la ha hecho llegar a esta
Mesa, se entiende que el Grupo proponente la admite. Habiéndola admitido
el Grupo proponente someteremos a votación el conjunto de la proposición
no de ley con esa enmienda incorporada.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A EXPRESAR AL GOBIERNO DE CHILE LA
PREOCUPACION DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR EL TORTUOSO PROCESO QUE
ESTA SIGUIENDO EL CASO POR EL ASESINATO DE DON CARMELO SORIA Y ESPINOSA,
CIUDADANO ESPAÑOL Y FUNCIONARIO DE LA ONU, ASI COMO REITERAR SU PROFUNDO
INTERES POR EL DEFINITIVO ESCLARECIMIENTO DEL MISMO Y EL CORRESPONDIENTE
CASTIGO DE LOS CULPABLES. PRESENTADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000423.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero. Proposición no de ley,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a
expresar al Gobierno de Chile la preocupación del Congreso de los
Diputados por el turtuoso proceso que está siguiendo el caso por el
asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español y
funcionario de las Naciones Unidas, así como reiterar su profundo interés
por el definitivo esclarecimiento del mismo y el correspondiente castigo
de los culpables.

Por el Grupo proponente, tiene la palabra la señora Maestro que, según se
nos ha informado, sustituye al señor Peralta.




La señora MAESTRO MARTIN: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha considerado necesario volver a traer a
esta Comisión el caso seguido en Chile por el asesinato del señor Soria.

Recuerdo a SS. SS. que el 9 de septiembre de 1993 se presentó una
proposición no de ley por parte de mi Grupo, que fue aprobada por
unanimidad. Pese a que desde este momento el Gobierno español, siguiendo
la voluntad política expresada por unanimidad por esta Comisión ha
llevado a cabo diferentes actuaciones en relación con el proceso por el
asesinato que nos ocupa, mi Grupo entiende que es necesario que
nuevamente esta Cámara discuta el asunto. Asimismo, que, si los grupos
parlamentarios lo estiman oportuno, se pueda transmitir nuevamente al
Gobierno la preocupación del Congreso de los Diputados por las dilaciones
y recurrencias permanentes de un proceso que yo creo que como pocos
ejemplifica el carácter de democracia vigilada de la situación política
en Chile y el enorme poder de aquellas personas que participaron
directamente en un golpe de Estado contra el Gobierno constitucional y
que hoy siguen ostentando altos cargos dentro de las fuerzas armadas
chilenas.

Les recuerdo que Carmelo Soria era funcionario del Centro Latinoamericano
de Demografía, CELADE, de las Naciones Unidas, y que se encontró muerto
el día 16 de julio de 1976 en un canal de Santiago de Chile.

En 1991, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, conocida como
Comisión Rettig, llegó a la conclusión de que había sido ejecutado por
agentes estatales.

La investigación sobre la muerte de Carmelo Soria ha sido cerrada,
reabierta y trasladada a diferentes jurisdicciones y jueces en variadas
ocasiones. En todas ellas se han producido intentos de aplicar a este
caso la Ley de amnistía, de 1978. Esta Ley ha sido aplicada con profusión
para impedir la investigación judicial exhaustiva de los abusos



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contra los derechos humanos cometidos durante el período 1973-1978.

Las presiones ejercidas por las Naciones Unidas y por el Gobierno español
sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, para que
garantizara que el caso de Carmelo Soria sería llevado ante los
tribunales, han sido cruciales para mantenerlo abierto y en estos
momentos continúan siendo vitales.

Recuerdo a SS. SS. que la juez Violeta Guzmán logra establecer que el
crimen fue cometido el 14 de julio de 1976 por la Brigada Mulchén de la
DINA, policía política de la dictadura --es decir, que fue cometida por
miembros de la Brigada Mulchén--, e identifica a los componentes de dicha
Brigada, hoy altos cargos del Ejército. Esto se establece por el
reconocimiento de uno de ellos, Guillermo Salinas Torres, jefe de la
Brigada, y por declaraciones de Michael Townley al Ministro Bañados en el
caso Letelier, inculpado, además, por José Ríos Sanmartín, suboficial
perteneciente a la Brigada.

Hoy, Guillermo Salinas es coronel y tiene mando de tropa en el sur de
Chile. Pablo Belmar Labé, inculpado por Ríos Sanmartín y Michael Townley,
hoy es coronel miembro del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y
nombrado recientemente como observador militar por el Gobierno de Chile
como país garante del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, en el reciente
conflicto bélico entre Perú y Ecuador. Jaime Enrique Lepeorellana,
inculpado por declaraciones también de Ríos Sanmartín y Michael Townley,
hoy es coronel del Ejército, Secretario del Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas chilenas. René Patricio Quilot Palma, inculpado por declaraciones
también de Ríos Sanmartín y Michael Townley, hoy es coronel y edecán de
Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército de Chile.

También la juez Violeta Guzmán Farrer tomó declaración a María Alejandra
Damián y Serrano, secretaria de Michael Townley, quien en su declaración
ante el Ministro Bañados da información sobre el comentario que le hace
Townley sobre el asesinato de Carmelo Soria, acaecido el día anterior en
su casa de Locurro, donde ella trabajaba. La investigación, pues, como
SS. SS. pueden determinar, avanzó considerablemente cuando estaba en
manos de una juez civil de instrucción.

En noviembre de 1993, la prensa chilena publicó detalles sobre la
investigación que indicaban, como he expresado, que seis miembros del
Ejército, altos cargos en la actualidad, estaban directamente implicados
en la detención, interrogatorio, tortura y muerte de Carmelo Soria.

Los tribunales militares ordenaron el secuestro de una edición completa
del diario «La Epoca» por infringir presuntamente el secreto del sumario
en el caso Soria decretado por el juez. El 16 de noviembre, la Corte
Suprema de Justicia ante la petición de los tribunales militares, acepta
trasladar el caso a la jurisdicción militar.

En diciembre, el juez militar decidió, una vez más, aplicar la Ley de
amnistía al caso y éste se cerró. Esta decisión fue ratificada por la
Corte Suprema de Justicia, sentando los siguientes precedentes jurídicos
que leo a continuación porque los considero de interés. En primer lugar,
justifica el traslado a la jurisdicción militar porque la DINA pertenece
al ejército de Chile y, en segundo lugar, porque secuestrar, torturar y
asesinar es un acto de servicio dentro del ejército de Chile, entendiendo
que sus miembros están en acto de servicio las 24 horas del día.

Por el paso a la justicia militar, el Gobierno de España notifica al
Gobierno de Chile que esta resolución altera las relaciones entre ambos
países y pide que se nombre un nuevo ministro en visita de la Corte
Suprema dentro de la jurisdicción civil.

La Corte Suprema pide el expediente a la justicia militar, con lo cual se
coloca nuevamente el caso bajo su jurisdicción. Sin embargo, la Corte
Suprema no nombra ministro en visita y declara que no considera afectadas
las relaciones con España: la Corte Suprema no puede pronunciarse sobre
las relaciones exteriores del país --sólo lo puede hacer el Presidente
del Gobierno-- y el Gobierno de España llama a su embajador, Pedro
Bermejo, en consulta ante esta nueva crisis.

Se comunica, por tanto, al abogado representante de los intereses de la
familia que, con fecha 3 de diciembre, la justicia militar falló el caso
y decretó la amnistía. Ante esta nueva crisis, el 11 de enero de 1994 la
Corte Suprema acoge el recurso de queja del abogado de la familia y da
ocho días al ministro en visita para que explique por qué mantuvo la
amnistía de la justicia militar. Dispone asimismo que el juez Libedinsky
debe efectuar cinco diligencias porque no se ha agotado el caso y las
señala. Es decir, careo entre los inculpados; declaración de oficio del
general Manuel Contreras; informe médico del estado mental de Ríos
Sanmartín --les recuerdo a SS. SS. que es el oficial que había declarado
la participación de la Brigada Mulchén en el asesinato y que fue
declarado esquizofrénico por la justicia militar con posterioridad al
caso--; la reconstrucción de la escena del asesinato; el exhorto al
cubano Virgilio Paz, implicado en el caso Letelier y que acompaña en el
secuestro a la Brigada Mulchén, según testimonio dado en un libro
titulado «Laberinto», cuyo autor es el fiscal Proper, que llevó el caso
Letelier en Estados Unidos.

El 12 de abril, el juez Libedinsky es recusado por el abogado
querellante. El 24 de junio, se nombra nuevo Ministro en visita y el 14
de diciembre el Secretario General de la ONU, señor Butros Ghali, emite
un comunicado de prensa sobre el caso Soria. En él se afirmaba que el
magistrado de la Corte Suprema de Chile encargado del caso del señor
Carmelo Soria, funcionario del CEPAL brutalmente asesinado en Chile en
1976, dará a conocer en breve su decisión. Desea manifestar la esperanza
de que esa decisión facilite una resolución con éxito del proceso. Desea
recordar que desde el mismo día de la muerte del señor Carmelo Soria, las
Naciones Unidas se han interesado activamente por el resultado de la
investigación de las circunstancias de la muerte del señor Soria y
exigido que se haga plena justicia en este caso.

En enero de 1995, un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre el
caso Soria publica: «Chile, el caso de Carmelo Soria, funcionario de
Naciones Unidas», para ser distribuido por todas sus agencias y
particularmente en las



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sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, que se celebra actualmente
en Ginebra.

Señorías, en este momento el caso se retrotrae nuevamente a sus orígenes:
después de sucesivos pasos por la jurisdicción militar, con el objeto en
todos ellos de aplicar la Ley de amnistía de 1978, el caso está
nuevamente en fase de instrucción en la jurisdicción civil.

De momento, el juez se niega a hacer el exhorto a Michael Townley,
ciudadano norteamericano, quien, sin embargo, va a declarar en estos días
en Italia en el juicio seguido por el atentado a Bernardo Leigthon.

La inculpación de los oficiales de la Brigada Mulchén ha sido confirmada
por los testimonios presentes en el caso y la forma de la muerte descrita
por el suboficial coincide, en todos sus extremos, con la autopsia
realizada en su momento al señor Carmelo Soria.

Por todo ello, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, reconociendo una vez más la importancia de las actuaciones
llevadas a cabo por el Gobierno español, a través de su Ministerio de
Asuntos Exteriores, estima que sería pertinente una nueva declaración por
parte del Congreso de los Diputados y por ello proponemos que el Congreso
de los Diputados inste al Gobierno a expresar al Gobierno de Chile su
preocupación por el tortuoso proceso que está siguiendo el caso por el
asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español y
funcionario de Naciones Unidas, así como reiterar su profundo interés por
el definitivo esclarecimiento del mismo y el correspondiente castigo de
los culpables. Entendemos que, teniendo en cuenta las circunstancias en
las que se produjo la Ley de Amnistía de 1978, tanto el caso Letelier
como el caso Carmelo Soria son emblemáticos, en los cuales los culpables
pudieran ser representativos de los miles de casos que no han podido ser
juzgados en estas condiciones, entendiendo todo ello como contribución y
apoyo al difícil proceso de la democracia chilena y como expresión de
voluntad de su fortalecimiento.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.




El señor ROBLES FRAGA: Es evidente que esta proposición no de ley
continúa la que fue aprobada en esta Comisión en octubre de 1993 y, por
lo tanto, en su espíritu y en su fundamento no podemos dejar de estar de
acuerdo. Sin embargo, me gustaría sugerir a la proponente la eliminación
del adjetivo «tortuoso» de la proposición no de ley. Se trata de una
proposición no de ley en la que el Congreso insta al Gobierno a expresar
a un gobierno la preocupación de este Congreso por la situación en la que
se encuentra un caso judicial sometido en este momento a trámite en otro
país y por un poder que, además, es independiente del poder ejecutivo al
que se le remite esta preocupación. Cualquier calificativo, en términos
tanto de relaciones internacionales como de meras relaciones
institucionales, que nosotros hagamos sobre la naturaleza del proceso es,
evidentemente, un juicio que no deja de elevar, en un grado muy superior,
la preocupación que aquí expresamos .

Parece evidente que recordamos así al Gobierno de Chile, a través de esta
proposición no de ley, que para el Congreso de los Diputados y para el
pueblo español la satisfactoria resolución del caso del asesinato de don
Carmelo Soria y Espinosa es de fundamental importancia, por lo que creo
que con ello basta y que calificar y perdernos en un adjetivo como el que
aquí se propone, no contribuye al mejor éxito de esta causa.

Finalmente, me gustaría separar la posición de mi Grupo de los juicios de
valor que han sido expresados por la proponente sobre la naturaleza del
régimen político de Chile. En Chile existe una plena democracia, como lo
demuestra y ratifica la existencia de un régimen político de libertades,
prueba de lo cual es la reciente presencia y visita en España del
Presidente Frei. Desde luego, las singularidades del proceso de
transición de la dictadura «pinochetista» a la actual situación no pueden
ser utilizadas para menoscabar el aprecio y la valoración positiva,
incluso, diría yo, el afecto político y personal que nos debe merecer el
esfuerzo realizado por los chilenos para sobrepasar, de la mejor manera,
con el menor coste y con las mayores garantías, la situación creada por
el golpe militar de 1973.

Quiero reiterar, además, que España, a través de su Gobierno, no ha sido
pasiva ni se ha abstenido de recordar sus obligaciones respecto de un
gobierno como el de Chile. Es evidente que este caso no es especial por
las circunstancias políticas y por la Ley de Amnistía de 1978. Sería un
error pensar que la situación política de Chile haría especialmente
extraordinaria una gravísima violación de derechos humanos. Este es un
caso especial porque se ha producido, desde nuestro punto de vista, una
gravísima violación de derechos humanos en la persona de un ciudadano
español. Eso es lo que hace que el Congreso de los Diputados inste,
reiteradamente y con la fuerza debida al Gobierno, el cumplimiento de sus
obligaciones y deberes internacionales y, por lo tanto, para que ejerza
con el mayor vigor posible la protección que se debe a nuestros
ciudadanos y al respeto a las garantías de sus derechos fundamentales en
el extranjero. Por eso es un caso especial. Cualquier otra valoración
política no hace sino debilitar este juicio.

Nuestro Grupo insistió en su día en introducir una enmienda, que no fue
aceptada pero que probablemente será objeto de iniciativas posteriores,
para recordar al Gobierno su obligación de personarse y actuar en los
casos similares en los que se producen violaciones de los derechos
humanos a ciudadanos españoles en contra de los convenios y de las leyes
internacionales.

Por lo tanto, y reiterando nuestro apoyo a esta proposición no de ley,
vuelvo a manifestar mi solicitud al Grupo proponente de que se elimine la
palabra «tortuoso» y que recuerde que es la naturaleza de grave violación
de derechos humanos lo que debe llamarnos a todos a instar al Gobierno
para que exprese nuestra preocupación ante el Gobierno de Chile.




El señor PRESIDENTE: Pienso que la petición que hace debe entenderse como
una enmienda «in voce».




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El señor ROBLES FRAGA: Otra enmienda «in voce».




El señor PRESIDENTE: Ante eso, reitero lo dicho anteriormente. Creo que
los distintos grupos tendrían que examinar con antelación, no en el seno
de la propia Comisión y en pleno debate, las enmiendas que van a
presentar. De otro modo, nos colocan en una situación complicada y
difícil. Tenemos que infringir literalmente el Reglamento. El Reglamento
se puede entender de muchas maneras y nosotros tenemos tendencia, por lo
menos yo, a interpretarlo de una manera elástica, siempre y cuando
favorezca las iniciativas de los grupos, pero incluso las cosas elásticas
acaban rompiéndose. Por consiguiente, preferiría no tener que abusar de
este procedimiento. De todas maneras, doy por recibida la propuesta.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Leyendo y repasando los antecedentes que se
reflejan en la introducción de la proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nos damos cuenta de que ha
habido un procedimiento --sin que vayamos a presentar otra nueva enmienda
«in voce», nos parece que la palabra «tortuoso» tampoco es muy adecuada--
por lo menos complejo, recargado, difícil y, sin duda, preocupante.

Por nuestra parte, sin entrar en nuevas valoraciones, pero como mínimo
remarcando que se trata de un ciudadano español y, además, funcionario de
la ONU, vamos a apoyar esta iniciativa ya que en la misma se habla de dos
cuestiones que entendemos que son fundamentales, como expresar la
preocupación de este Congreso de los Diputados y, asimismo, reiterar el
interés por el definitivo esclarecimiento del proceso. Entendiendo que
son cuestiones que merecen todo nuestro apoyo, repito que vamos a apoyar
esta iniciativa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Cremades.




El señor CREMADES SENA: Si mi garganta me lo permite, voy a intentar
exponer la posición de mi grupo en esta proposición no de ley de
Izquierda Unida.

Entendemos, en primer lugar, que es una proposición no de ley adecuada
que insta al Gobierno a que traslade al Gobierno chileno la preocupación
del Congreso sobre el proceso difícil llevado a cabo en el famoso caso
Soria, ciudadano español. Con esta proposición no de ley se pide al
Gobierno español simplemente una gestión más a las múltiples gestiones ya
realizadas hasta este momento en este caso.

Compartimos una frase de la portavoz de Izquierda Unida cuando dice que
ha reconocido --agradecemos que así lo haga-- la preocupación y las
múltiples gestiones realizadas por el Gobierno español en el caso Soria.

No compartimos cuando dice que siguiendo la postura planteada desde el 6
de octubre de 1993, con la aprobación por unanimidad de otra proposición
no de ley que sea consecuencia de esta proposición no de ley o siguiendo
esa indicación, que el Gobierno español haya hecho este tipo de
gestiones, ya que en la discusión de esta proposición no de ley de 6 de
octubre de 1993 quedaron claras por mi compañero Jover, en aquel momento
portavoz del Grupo Socialista, las gestiones que ya venía realizando el
Gobierno español en el caso Soria. Lo que sucede es que desde esa fecha
hasta ahora ha llovido mucho en este caso; se ha complicado mucho con el
paso de la jurisdicción civil a la militar y, posteriormente, con la
recuperación de la jurisdicción civil, afortunadamente, en una especie de
conflicto de competencias jurisdiccionales complicado, complejo, difícil,
como difícil es la situación en la que se produce el asesinato del señor
Soria en la dictadura militar de Pinochet.

Quiero dejar claro aquí que el Gobierno español, anteriormente y desde
esa fecha, ha hecho muy diversas gestiones; continuos contactos con la
familia del señor Soria, con la viuda y con la hija, que personalmente
han reconocido que muchas de las gestiones realizadas por el Gobierno
español han dado frutos positivos tanto en la recuperación de la
jurisdicción civil del caso Soria como en algunas declaraciones, la
llamada por parte de los juzgados en algunas declaraciones importantes
que han propiciado esclarecer más los hechos descritos ya prolijamente
--se lo agradecemos a la señora Maestro en este difícil caso--; el envío
a Santiago de Chile del asesor jurídico internacional del Ministerio;
notas verbales del Embajador de España; la presencia del Embajador y del
Cónsul General en Santiago en todas las sesiones del juicio; gestión de
la «troika» comunitaria apoyando la realizada por nuestro Embajador,
implicando a la propia comunidad Europea en aras al reforzamiento y a la
consolidación definitiva de la democracia chilena --es positivo que se
esclarezca este caso como el caso Letelier, como pasaría también con los
múltiples casos de ciudadanos chilenos que jamás se sabrá por la propia
dinámica de la historia, por lo difícil del momento de la transición
hacia la democracia en Chile--; la obtención de una resolución del
Parlamento europeo sobre este caso; declaraciones y comunicados
expresando el extraordinario interés que tiene el Gobierno español en que
se produzca una sentencia justa; reuniones del Ministerio de Asuntos
Exteriores con motivo de su viaje a Chile con la familia del señor Soria,
en definitiva, no producto sólo de la preocupación de este Parlamento,
sino la propia preocupación del Gobierno español, que compartimos y
apoyamos.

También vamos a apoyar esta gestión añadida que se le pide que se trata
de hacer un traslado, oportuno creo yo, de la preocupación no ya del
Gobierno, que la tiene, sino de la reiteración de la preocupación de esta
Cámara en este caso.

Es evidente que tampoco nos gusta el término «tortuoso». Creo que en un
caso como el presente, al margen de las distintas acepciones que se le
pueda dar al término «tortuoso», me suena cacofónicamente mal, no me
suena bien. Creo que sería mejor hablar de un proceso complejo, dilatado,
difícil y, en ese sentido, no quiero crear un problema como en la
proposición anterior al Presidente de la Comisión sobre un asunto de tipo
procedimental. Me limito a decir que me gustaría que la portavoz de
Izquierda



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Unida cambiase el término «tortuoso», simplemente ese término, todo lo
demás quedaría igual, por «complejo y dilatado» o «complejo e
incomprensiblemente dilatado proceso». Lo demás seguiría exactamente lo
mismo.

En definitiva, creemos que la manifestación trasladada por el Gobierno
español de la preocupación de este Parlamento, espero que por unanimidad
por las manifestaciones de los portavoces anteriores, va a ser positiva
para que, una vez recuperado por la jurisdicción civil chilena el caso
Soria, esos pasos que fueron ciertos, cuando estuvo en manos de la
jurisdicción civil, vuelva a dársele un impulso y se produzca esa
sentencia justa en beneficio no solamente de los derechos humanos tan
transgredidos en la época de Pinochet en Chile, sino también de la
consolidación de la democracia definitiva en Chile, que fue lo que
pedimos en la proposición no de ley, aprobada por unanimidad, del 6 de
octubre de 1993.




El señor PRESIDENTE: Entiendo, pues, que también presenta usted una
enmienda «in voce».

Señora Maestro, tiene usted dos enmiendas «in voce». Debe decir cuál de
ellas acepta, o ninguna o las dos. Una es, simplemente, suprimir el
adjetivo «tortuoso», solicitada por el Grupo Popular, y la otra es
cambiar el adjetivo «tortuoso» por «complejo y dilatado».

Yo creo que lo tortuoso, complejo y dilatado es este debate, pero vamos a
ver qué es lo que opina la representante del Grupo proponente.

Señora Maestro, tiene la palabra.




La señora MAESTRO MARTIN: Quería agradecer y congratularme del apoyo de
los grupos parlamentarios que han expresado su opinión al espíritu de
esta proposición no de ley. También quiero decir, muy gustosamente, que
creo que la enmienda propuesta por el Grupo Socialista satisface la
preocupación del Grupo Popular; ellos, en cualquier caso, lo expresarán
con su voto.

Creo que debe tomarse la última sustitución que ha dicho el señor
Cremades, es decir, «complejo e injustificadamente dilatado», para que
exprese la complejidad del caso, que no es una complejidad técnica, sino
una complejidad añadida.

Quiero referirme a la utilización del término «tortuoso». Cuando yo lo
utilicé pensando en las dificultades y complejidades del caso, aunque,
evidentemente, el lapsus psicoanalítico opera y esa palabra se parece
demasiado a la de tortura, que yo tenía en la cabeza a la hora de
redactar la proposición.




El señor PRESIDENTE: Ahora tengo un problema añadido, porque no había
entendido que el señor Cremades hubiese utilizado la palabra
«injustificadamente», sino otra, que era «incomprensiblemente».

Diga usted, señor Cremades, si ha dicho injustificadamente o
incomprensiblemente.




El señor CREMADES SENA: Yo no utilicé la palabra «injustificadamente»,
porque justificar o no este tema es un poco...

En cuanto a «incomprensiblemente», no estoy muy disconforme con este
término, aunque creo que, por todo lo que ha expresado la señora Maestro,
en el prolijo y detallado procedimiento hay cosas que pueden ser
comprensibles o no. Evidentemente, desde cómo se está produciendo este
proceso, hay cosas incomprensibles. Por lo tanto, yo digo: «complejo e
incomprensiblemente dilatado». Acepto ese término, que sustituiría a
«tortuoso».




El señor PRESIDENTE: Señorías, a mí lo que me parece complejo e
incomprensiblemente dilatado es el tono que estamos utilizando en este
debate.




El señor CREMADES SENA: Complejo y dilatado.




El señor PRESIDENTE: No, no. Nada de complejo y dilatado.

Hago una llamada muy concreta a que preparemos estos debates con mayor
rigor y a que se produzca un debate más serio. Insisto. Creo, por
ejemplo, que en este momento, sobre una cuestión muy dramática como la
que estamos discutiendo, realmente hemos entrado en un debate que es casi
lo opuesto, y no creo que esto favorezca el prestigio de la Comisión.

Por consiguiente, si entiendo bien, lo que propone el señor Cremades es
el término «incomprensiblemente». Señora Maestro, ¿ha entendido que lo
que propone es el término «incomprensiblemente»?



La señora MAESTRO MARTIN: Sí, «complejo e incomprensiblemente dilatado».

De todas maneras, y atendiendo a sus últimas recomendaciones, quizás, si
fuera posible reglamentariamente retirar este último debate del texto y
que se quedara reducido a los términos en los cuales finalmente se acepta
la enmienda, mejoraría la imagen de la Comisión.




El señor PRESIDENTE: Quizá la mejoraría, pero no sería una imagen real y,
por consiguiente, yo no voy a proponer que se retire.




La señora MAESTRO MARTIN: En cualquier caso, señoría.




El señor PRESIDENTE: Creo que debemos asumir nuestra responsabilidad,
incluso en lo que no nos gusta.

Bien, señorías. Por consiguiente, entendemos que lo que se admite es la
supresión de la palabra «tortuoso» pedida por dos grupos parlamentarios
--Popular y Socialista--, que se sustituye por las palabras «complejo e
incomprensiblemente dilatado proceso». Este sería el término exacto de la
resolución.




El señor ROBLES FRAGA: No es que fuera muy exacto.




El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, en estos términos y considerando
incorporado esto como enmienda «in voce», vamos a someter la propuesta a
votación.




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Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




DICTAMENES SOBRE:



--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS DE
INTERES COMUN EN TIERRA SANTA, HECHO EN MADRID EL 21 DE DICIEMBRE DE
1994. (Número de expediente 110/000144.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto cuarto del orden del día:
Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés
común en Tierra Santa, hecho en Madrid el 21 de diciembre de 1994.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: El Acuerdo que se somete a nuestra
consideración viene a terminar con una situación algo irregular que
existía respecto de los establecimientos, propiedades existentes en
Tierra Santa que estaban bajo administración y titularidad española y,
por otra parte, a ser una reivindicación de hecho, práctica en la
actuación que tenía la Santa Sede como administradora de los Santos
Lugares.

Naturalmente, estamos hablando de un proceso que se remonta a la Edad
Media, que en tiempos de Carlos III da lugar a la creación de un Real
Patronato y que incluye entre sus bienes edificios como San Francisco el
Grande, aquí en Madrid, o una serie de establecimientos que se reparten
por todo Oriente Próximo, desde Estambul a Jerusalén, pasando por
Damasco.

El papel de la Iglesia, a través de la orden franciscana, pero de los
españoles, ha sido histórico, pero producía una situación anacrónica, en
la cual, por ejemplo, correspondía a la Corona de España la designación
de los cargos religiosos en estos establecimientos de los Santos Lugares.

La aplicación lógica del principio de separación de poderes establecida
en nuestra Constitución y la propia lógica de los acontecimientos lleva,
después de largo y tortuoso proceso --si se me permite, y aquí sí podemos
emplear el término--, a un acuerdo que se nos somete por parte del
Gobierno, por el cual se transfieren una serie de establecimientos a la
Santa Sede como administradora de los Santos Lugares, se extingue la
titularidad de la Obra Pía sobre ellos, se delimita la titularidad de la
Obra Pía sobre una serie de establecimientos y se hace un acuerdo para
facilitar los títulos de propiedad --estamos hablando de un proceso muy
largo-- y, en definitiva, se normaliza la relación de España con la
administración de los Santos Lugares, que debe corresponder de manera
exclusiva a la Santa Sede.

Hay que destacar, señor Presidente, que dentro del acuerdo, en sus
artículos último y quinto, se establece que la Custodia de Tierra Santa
celebrará anualmente una Santa Misa en la basílica del Santo Sepulcro en
Jerusalén por Sus Majestades los Reyes, los gobernantes y el pueblo de
España, algo que, evidentemente, es de agradecer.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Pulgar.




La señora PULGAR FRAILE: El acuerdo entre España y la Santa Sede aborda
principalmente los aspectos patrimoniales que interesan a la Obra Pía, y
se basa en los siguientes puntos.

La Custodia reconoce la propiedad de la Obra Pía, basada en títulos
históricos de los bienes objeto de controversia, y se compromete a
facilitarle cuantos documentos permitan su inscripción a favor de la Obra
Pía o su venta por esta última.

La Obra Pía enajenará los bienes en las condiciones establecidas en el
Acuerdo y entregará a la Custodia el 20 por ciento de la cantidad neta
que obtenga de dicha enajenación.

La Custodia y la Obra Pía, a su vez, se comprometen a destinar a sus
fines institucionales sus respectivas participaciones en el producto de
las enajenaciones, reinvirtiendo en Tierra Santa el correspondiente a la
venta de los bienes allí situados.

Resaltamos que, en virtud del artículo primero del Acuerdo, España
reconoce la competencia plena y única a la Sede Apostólica y de la
Custodia en la conservación y administración de los Santos Lugares e
instituciones del Próximo Oriente.

En el canje de notas del año 1980, el Gobierno español renunciaba
expresamente a los derechos y privilegios relacionados con el Patronato
Real. El nuevo texto jurídico supone la extinción del derecho de
patronato y proporciona un marco jurídico concordante con la práctica que
se viene aplicando desde la década de los 70 y, sobre todo, con las
disposiciones del Concilio Vaticano II y de la Constitución española de
1978, que lleva aparejado un claro reforzamiento del principio de
separación entre la Iglesia y el Estado.

Y dado que la titularidad de dicho patrimonio era dudosa, porque a lo
largo de los siglos la Santa Sede encomendó la custodia de los fondos y
la gestión de los bienes a la orden franciscana, que además inscribió en
ocasiones los inmuebles a nombre de personas físicas, debido a que la
legislación otomana no reconocía el derecho de propiedad a confesiones
religiosas extranjeras, se hacía necesario el presente Acuerdo, que, como
es de naturaleza política, requiere la previa autorización de las Cortes
Generales, ya que afecta a materia de directa relevancia constitucional.

El artículo 16 de nuestra Constitución se inspira en los principios de
libertad de cultos, neutralidad religiosa del Estado y cooperación de los
poderes públicos con la Iglesia católica y las demás confesiones.

El Grupo Popular no tiene ninguna objeción a la ratificación de este
Acuerdo y, en todo caso, nos alegramos de que, finalmente, se haya podido
regular satisfactoriamente la secular obra desarrollada por España en
Tierra Santa, de plena competencia a partir de ahora de la Sede
Apostólica, para el libre e independiente ejercicio de su jurisdicción en



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relación con la conservación y administración de los Santos Lugares del
Próximo Oriente sobre los que se proyecta la actividad de la custodia de
Tierra Santa.




El señor PRESIDENTE: No habiendo solicitado ningún otro Grupo intervenir
sobre este dictamen, se somete a votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--ESTATUTOS DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE, HECHOS EN MONTEVIDEO
EL 4-8-94. (Número de expediente 110/000146.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día: Estatutos del
Consejo Iberoamericano del Deporte, hechos en Montevideo el 4 de agosto
de 1994.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Orozco.




El señor ROBLES OROZCO: En marzo de 1993, en la ciudad de Méjico, los
representantes de los organismos deportivos gubernamentales de distintos
países iberoamericanos suscribieron una declaración en la que se acordó,
entre otros temas, el constituir un Consejo Iberoamericano del Deporte.

El propósito de este Consejo era ser un foro de comunicación entre países
con similares estructuras y problemas, así como una vía de intercambio de
la cooperación técnica.

El 4 de agosto de 1994 la asamblea ordinaria, celebrada en Montevideo,
adoptó los estatutos de este Consejo Iberoamericano del Deporte.

El Consejo de Estado considera que es preceptivo el informe y la
aprobación de esta Cámara, y ello por dos razones: una de carácter
económico, puesto que existen unas cuotas contempladas en estos estatutos
que tienen carácter de obligación financiera, y otra porque el deporte
tiene un ámbito en este momento de significación política.

En cuanto al contenido, el Grupo Popular no sólo no tiene nada que
objetar, sino que está plenamente de acuerdo en su finalidad y también en
la estructuración de los propios estatutos. Por lo tanto, siguiendo con
el dictamen del Consejo de Estado y con la obligación de dar un voto
afirmativo en esta Cámara, el Grupo Popular considera que es un
instrumento positivo y necesario y lo va a votar favorablemente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Brevemente, para mostrar la disposición
favorable de mi Grupo a la aprobación de estos estatutos del Consejo
Iberoamericano del Deporte, remarcando que en el preámbulo del mismo,
cuando se habla de la Declaración de Méjico, notamos la inexistencia como
país firmante de probablemente la primera potencia, en cantidad y en
calidad, en este dominio que nos ocupa, que es el del deporte, y nos
referimos obviamente a la República de Cuba.

Posteriormente, cuando se establecen las áreas geográficas de este
Consejo Iberoamericano del Deporte, sí se incluye en la región número 1 a
este país al que antes me he referido. Probablemente sea debido a razones
de intendencia, pero no acabamos de comprender por qué la región 1 y 2,
es decir, la región centro y norteamericana y la sudamericana, tendrán
dos delegados en este Consejo, mientras que la región 3, España y
Portugal, sólo tendrá uno. No será por una razón muy importante, pero, en
cualquier caso, las funciones de estos delegados regionales que vienen
especificadas en el artículo 19 sí nos lo parecen. Repito que nos parece
un inconveniente menor. Por tanto, reitero la disposición de mi Grupo a
votar favorablemente estos Estatutos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Muy brevemente para manifestar el voto
favorable de nuestro Grupo parlamentario a estos Estatutos del Consejo
Iberoamericano del Deporte.




El señor PRESIDENTE: Agotado el turno de intervenciones, vamos a proceder
a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE HONDURAS, HECHO EN TEGUCIGALPA EL
18-3-94. (Número de expediente 110/000148.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6 del orden del día: Acuerdo para
la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de
España y la República de Honduras, hecho en Tegucigalpa el 18 de marzo de
1994.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martín Mesa.




El señor MARTIN MESA: Señoras y señores Diputados, el Grupo Socialista
quiere decir, de entrada, que va a dar su apoyo a este Acuerdo entre
España y la República de Honduras relativo a la promoción y protección
recíproca de inversiones.

Este es un Acuerdo cuyo objetivo esencial es el de fomentar las
inversiones españolas en la República de Honduras ofreciendo un marco
jurídico de protección a las inversiones que se dirijan a aquel país.

Desde la óptica de la República de Honduras, lo que se pretende es captar
inversión extranjera que contribuya al



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desarrollo económico del país, dentro del proceso de reforma política y
económica del mismo. En suma, se trata de intensificar la cooperación
económica en beneficio recíproco de los dos países, pero, sobre todo, se
trata de contribuir al desarrollo de un país que en 1992 --son los
últimos datos que poseo-- tenía una población de 5.400.000 habitantes y
un producto nacional bruto de tan sólo 3.142 millones de dólares, lo que
venía a determinar un PNB per cápita de 580 dólares, lo que le sitúa en
el lugar 175 de los 225 países o territorios que cataloga el Banco
Mundial. En definitiva 73.000 pesetas, señorías de PNB per cápita en
comparación con los 14.000 dólares o 1.764.000 pesetas que tenemos de PNB
per cápita los españoles. En resumen, un país subdesarrollado, con una
tasa de natalidad infantil del 49 por mil --compárenlo con el 8 por mil
de España-- o una esperanza de vida al nacer de sólo 66 años, es decir,
11 menos que en nuestro país.

Dicho esto, éste es un Acuerdo similar a otros de idéntica naturaleza
suscritos por España recientemente con otros países, como Nicaragua,
Cuba, Turquía, Kazakistán, Venezuela, etcétera, siguiéndose en todo ello
el modelo elaborado por la OCDE.

La entrada en vigor se va a producir el día en que las partes se
notifiquen recíprocamente los requisitos constitucionales para la entrada
en vigor de convenios internacionales y el período de vigencia es de diez
años, prorrogables, por tácita reconducción, por períodos consecutivos de
dos más.

El verdadero carácter del acuerdo probablemente se pueda deducir de la
lectura del artículo 4.º del mismo, en cuyo párrafo segundo se llega a
decir que el tratamiento para las inversiones y las rentas derivadas de
las mismas no será menos favorable que el otorgado por cada parte
contratante a las inversiones realizadas en su territorio por
inversionistas de un tercer país que goce del tratamiento de nación más
favorable o, incluso, en el apartado cinco se dice que cada parte
contratante aplicará a las inversiones de los inversionistas de la otra
parte un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios
inversionistas.

En definitiva, señor Presidente, el Grupo Socialista está convencido de
que este Acuerdo, en primer lugar, va a dar garantía jurídica a las
inversiones y a los pagos que de ellas se deriven realizados por
españoles en la República de Honduras; en segundo lugar, se va a
favorecer los intercambios y, sobre todo, la inversión fundamentalmente
de España en la República de Honduras, y, en tercer lugar, y más
importante, que ayudará al desarrollo económico de ese país emergente,
con una economía todavía, como he puesto antes de manifiesto, muy
atrasada.

Por todo ello, el Grupo Socialista dará su voto favorable a la
autorización del acuerdo por las Cortes Generales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Robles Orozco.




El señor ROBLES OROZCO: Muy brevemente, porque la intervención del
portavoz del Grupo Socialista hace innecesario volver a repetir los
mismos argumentos. Simplemente decir que es un Acuerdo que vamos a votar
favorablemente porque está en la misma línea de otros acuerdos que ya ha
aprobado esta Cámara y que, lógicamente, tiene como finalidad un
tratamiento no discriminatorio de las inversiones recíprocas; limitar el
riesgo político al que se ve sometido una inversión, garantizar
principios generales de libre disponibilidad de la rentabilidad de la
inversión, garantizar también un tratamiento no discriminatorio frente a
terceros países y establecer un sistema de arbitraje, en el caso de
controversias. Todo esto hace que sea un instrumento realmente positivo y
que, en la misma línea de lo que ha hecho la Cámara en otras ocasiones,
es también, en el fondo, dar un instrumento de incentivación a la
inversión española, en este caso en Honduras. Por lo tanto, el Grupo
Popular lo considera positivo y va a votar a favor.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: De forma breve, para señalar la posición
favorable de mi Grupo a la ratificación de este Acuerdo, que, como ya se
ha dicho, es similar a muchos otros que España tiene firmados con otros
países de esa misma zona geográfica, o de otras. En realidad, este
Acuerdo, como en los otros casos, lo que ofrece es protección y seguridad
jurídica a las inversiones mutuas de los dos países, que, al menos en el
horizonte previsible, únicamente van a ser en una sola dirección. En
cualquier caso, nos parece que es un buen instrumento para ayudar al
desarrollo de ese país centroamericano y que ofrece esa garantía jurídica
para nuestras posibles inversiones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, el señor
Recoder tiene la palabra.




El señor RECODER I MIRALLES: Quiero manifestar que vamos a votar
favorablemente a este acuerdo. Como han dicho otros portavoces, nos
parece que este tipo de acuerdos son absolutamente necesarios y
convenientes, por cuanto vienen a conceder y a arbitrar toda una serie de
medidas adicionales de protección, de seguridad, a las inversiones en
países que no tienen plenamente estabilizada su situación política, en
países situados en zonas del planeta con riesgos importantes de
inestabilidad o en países con democracias emergentes. Por todo ello,
repito, nos parece importante este tipo de acuerdos, nos parece
importante este acuerdo con la República de Honduras; estamos seguros de
que es preciso y va a ayudar a incentivar las inversiones españolas en
esa república.




El señor PRESIDENTE: Terminado el turno de intervenciones, vamos a
proceder a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




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--TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y LA REPUBLICA DE PARAGUAY, HECHO EN ASUNCION EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE
1994. (Número de expediente 110/000149.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7 del orden del día: Tratado sobre
traslado de personas condenadas, entre el Reino de España y la República
de Paraguay, hecho en Asunción el día 7 de septiembre de 1994.

¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Popular, el señor Izquierdo tiene la palabra.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: El Tratado entre el Reino de España y la
República de Paraguay fue firmado «ad referendum» el 7 de septiembre de
1994 y tiene como fin primordial establecer el principio de que el
cumplimiento de la pena impuesta a los condenados se produzca en su país
de origen, cumpliéndose de este modo una de las finalidades principales
de la pena: aproximar al penado a su ambiente social y familiar. En este
sentido, el artículo 25.2 de nuestra Constitución señala que «las penas
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas
hacia la reeducación y reinserción social», siendo un derecho fundamental
que se extiende a los extranjeros en virtud del artículo 13.1, igualmente
de nuestro texto Constitucional, que destaca que «los extranjeros gozarán
en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título, en
los términos que establezcan los tratados y la ley.»
Este tratado está inspirado en el Convenio 112 del Consejo de Europa y es
similar a otros ya suscritos por España con diversos países, como, por
ejemplo, el hispano-argentino, de 29 de octubre de 1987, o, más
recientemente, el hispano-árabe, de 5 de abril de 1994.

Ahorraré a SS. SS., y por no agotar el tema --dejaré que otros
intervinientes lo hagan--, entrar en el contenido jurídico específico de
los 18 artículos del tratado que nos ocupa y terminaré mi intervención
haciendo una sencilla reflexión. El tratado fue anunciado con motivo de
la visita del Presidente del Gobierno a la República de Paraguay el año
pasado, pero todos sabemos que nuestro Presidente y el actual Gobierno no
dan puntada sin hilo. En el expediente que se nos ha facilitado para
estudiar el presente tratado nosotros hemos echado en falta una
información de la casuística más profunda sobre los contenidos del mismo.

Todas las cosas tienen su razón de ser y no conocemos los casos, en
número y en calidad, a los que puede afectar el presente tratado. No
sabemos cuál es la población reclusa de paraguayos en España ni la
población reclusa de españoles en el Paraguay, y decimos esto porque SS.

SS. conocen bien la posición, extraordinariamente firme, del Grupo
Popular en dos principios que entendemos fundamentales, como también
conocen la pertinaz oposición del Grupo de la mayoría socialista a
aprobar lo que nosotros pretendemos desde hace tiempo en este sentido: el
cumplimiento íntegro de las penas impuestas por parte de terroristas y
narcotraficantes.

Por tanto, señorías --y dejamos esto dicho como mera observación, no por
sospecha, sino simplemente por una cuestión de futuro-- no queremos
llevarnos sorpresas desagradables en este aspecto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Barrionuevo.




El señor BARRIONUEVO PEÑA: Nosotros también vamos a dar el voto favorable
a este tratado, a este acuerdo. Nos parece, en línea con lo dicho por el
portavoz del Grupo Popular, señor Izquierdo, que el tratado permite una
mejor cooperación y facilita el cumplimiento de las decisiones judiciales
de condena en uno y otro país en el marco genérico de nuestro
ordenamiento.

En cuanto a las otras manifestaciones del señor Izquierdo, hay que
insistir también en algo dicho por él: que el tratado no contiene
especialidades ni singularidades con respecto a otros que tiene firmados
nuestro país y que están en aplicación en este momento, por lo que parece
que no es pertinente ninguna observación en torno al mismo. Como él ha
señalado, se sujeta a los principios del Consejo de Europa y, vuelvo a
insistir, a otros tratados ya en aplicación firmados por España.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Vázquez
tiene la palabra.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Mi Grupo va a votar favorablemente este Tratado
entre el Reino de España y la República de Paraguay para el traslado de
personas condenadas, que, como se ha dicho, es similar a muchos otros
firmados entre nuestro país y otros países, para dar cumplimiento, en
este caso, a un convenio del Consejo de Europa.

Sí quisiera hacer una mínima reflexión respecto a alguna manifestación
anterior. En el preámbulo de este tratado se dice que se estima que el
objetivo de las penas es la rehabilitación social de las personas
condenadas, objetivo que comparto absolutamente y que se compadece mal
con la petición generalizada, sin entrar en el caso a caso, de ese
cumplimiento total de las penas. Repito que convendría que tuviéramos en
cuenta que, efectivamente, la razón moral de la existencia de las
prisiones es la posibilidad de rehabilitar socialmente al condenado y que
ese objetivo se compadece mal con algunas afirmaciones anteriores.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor
Recoder tiene la palabra.




El señor RECODER I MIRALLES: Nuestro Grupo va a votar favorablemente ese
tratado. Desconocemos a cuántos ciudadanos de alguno de los Estados
afecta, pero en cualquier caso nos parece importante, puesto que viene a
cumplir el principio de que el reo cumpla su pena en el lugar más cercano
posible a su residencia. Por tanto, aunque afectara a una sola persona,
nos parecería importante su aprobación.




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El señor PRESIDENTE: Terminado el turno de intervenciones, vamos a
proceder a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--CONVENIO MARCO PARA LA PROTECCION DE MINORIAS NACIONALES DEL CONSEJO DE
EUROPA, FIRMADO EN ESTRASBURGO EL 1 DE FEBRERO DE 1995. (Número de
expediente 110/000150.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8 del orden del día: Convenio-marco
para la protección de minorías nacionales del Consejo de Europa, firmado
en Estrasburgo el 1 de febrero de 1995.

Por el Grupo Socialista, el señor De Puig tiene la palabra.




El señor DE PUIG I OLIVE: Nos encontramos ante un documento de enorme
calado y gran magnitud desde el punto de vista jurídico y desde el punto
de vista de la política internacional. Tanto es así, que consideramos, y
se lo proponemos al resto de los grupos, que debe solemnizarse la
ratificación de este texto por parte del Congreso de los Diputados con
una, aunque sea breve, intervención en el Pleno cuando corresponda.

Como SS. SS. saben, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el
Convenio Europeo de Derechos Humanos se refieren a derechos individuales.

Por tanto, durante años hemos estado ante una laguna: el hecho de que no
se contemplaban los derechos de los colectivos que llamamos minorías
nacionales. En los últimos años se habían avanzado una serie de
propuestas para que, en esa materia, existiera legislación o, al menos,
marcos nativos a los que pudieran acogerse los Estados que quisieran
proteger sus minorías nacionales con una legislación adecuada. Así, en el
Consejo de Europa algunas de SS. SS., que son miembros de la delegación
española, recordarán que trabajamos en un protocolo adicional al Convenio
de los Derechos Humanos relativo a los derechos de las minorías. Como no
existía este convenio-marco, hubo que hacer un protocolo en relación a
las personas pertenecientes a las minorías nacionales --no se pudo
referir a las minorías nacionales-- y esa vía de reflexión sobre este
problema, considerado así con toda rotundidad después de la caída del
muro y las situaciones de muchas minorías en el centro y en el este de
Europa, fue el gran reto de la Cumbre de Viena del Consejo de Europa
prácticamente el único resultado importante de la Cumbre de Viena, que se
iba a aprobar un convenio-marco de defensa de las minorías nacionales.

Este trabajo de redacción se realizó con la delicadeza y la profundidad
que el tema merecía y finalmente se llegó a un acuerdo básico que es el
que constituye este convenio.

Señor Presidente, yo no voy a entrar en el detalle de este convenio,
porque vamos a guardar nuestros argumentos para la intervención en el
Pleno. Sólo diré que, desde la perspectiva de España y del Congreso de
los Diputados, que ha legislado en los últimos años desde la Constitución
a los estatutos de autonomía y a las leyes de su desarrollo, sobre esa
materia, con una gran profundidad, hasta el punto que podemos decir que
somos uno de los países más avanzados en esta materia, hemos de reconocer
que el convenio, a partir de nuestra legislación, nos queda incluso un
poco corto; es decir, por nuestra parte, dados los principios
constitucionales, este convenio podía haber ido mucho más allá. En
cualquier caso, es bienvenido. Es una primera normativa marco, que va a
dar lugar, creo yo, a que las legislaciones de los países que tengan
minorías nacionales puedan adecuar su legislación a un reconocimiento de
derechos colectivos, que no existía hasta la actualidad.

Nosotros vamos a apoyar en este trámite, y naturalmente en el Pleno, la
ratificación de este convenio e invitamos a los demás grupos a que
también lo hagan.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Muñoz-Alonso.




El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Señor Presidente, estamos plenamente de
acuerdo, y lo digo en nombre de mi Grupo, en que reservemos para el Pleno
del Congreso un debate con más profundidad de este importantísimo
convenio que aborda el problema más señalado que ha afectado a la
historia de los países de Europa central y oriental, una historia
conflictiva y desgarrada que desgraciadamente ha llegado hasta nuestra
época. Este convenio-marco es un intento, creo que muy satisfactorio, del
Consejo de Europa de abordar este problema. Como ha dicho el señor De
Puig, tiene su origen en la Cumbre de Viena de 1993 y, aunque no vamos a
hacer un análisis detallado de su articulado, sí quisiera destacar que, a
pesar de que se habla, por supuesto, de los derechos de las minorías y se
reconoce a éstas el carácter de una comunidad --teniendo además este
tratamiento raíces históricas importantes-- se insiste mucho en la
garantía de los derechos de las personas que pertenecen a las minorías.

Al final volvemos siempre a los derechos de las personas, que creo que es
algo muy importante y me parece que el texto entero del convenio va
precisamente en esa línea. No voy a insistir más, dejando nuestros
argumentos para esa otra ocasión. Simplemente quiero anunciar que mi
Grupo va a votar favorablemente la autorización de este convenio-marco.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, empiezo por sumarme a la
petición del señor De Puig de, digamos, guardar los argumentos de peso
para el Pleno y solemnizar la aprobación de este convenio; nos parece que
es un convenio significativamente importante. Yo tuve el honor personal
de poder participar en la discusión en el



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Consejo de Europa y recuerdo una brillante intervención del señor
Presidente en el mismo Pleno respecto a este tema que nos ocupa. Yo creo
que nuestro país, como se ha dicho, podría haber ido más lejos en lo que
es la ratificación de este convenio, que nos parece sustancial, puesto
que pasa de la defensa de los derechos individuales a la defensa de
derechos colectivos. Desde nuestro punto de vista, ése es el aspecto más
significativo del mismo. Por lo tanto, guardamos los argumentos de más
entidad para la intervención en el Pleno y esperamos que se haga una
ratificación solemne del mismo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, estamos de acuerdo con el
resto de grupos parlamentarios en que éste es un convenio importante,
pero permítame que haga una serie de apuntes al mismo, independientemente
de que nos reservemos la intervención de mayor calado para el Pleno.

Los derechos de las minorías es un aspecto que ha constituido de siempre
una de las preocupaciones principales del Consejo de Europa y,
seguramente, también una de las razones de ser del propio Consejo de
Europa; buena prueba de ello lo constituyen las numerosas recomendaciones
que la Asamblea Parlamentaria ha adoptado. Haciendo una breve historia,
recordaré que en la recomendación 1.201, que se aprobó en el año 1993, se
propuso al Comité de Ministros la adopción de un protocolo adicional a la
Convención Europea de los Derechos Humanos, como ya ha citado alguno de
los anteriores intervinientes, que se refiriera específicamente a los
derechos de las minorías nacionales. Sin embargo, los gobiernos no
secundaron, y así lo manifestó la propia Asamblea Parlamentaria, dicha
recomendación y fue en la Cumbre de Viena de octubre de 1993, que también
ha citado concretamente el señor De Puig, donde los jefes de Estado y de
Gobierno decidieron la elaboración de un convenio específico al respecto
y también iniciar los trabajos relativos a un protocolo complementario
del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos, concretamente este en el
ámbito cultural, que en particular garantizara estos derechos a las
minorías nacionales. Fue el 10 de noviembre del año 1994 cuando se aprobó
el Convenio de protección de las minorías nacionales, que fue abierto a
la firma el día 1 de enero del año 1995, no sin que antes la Asamblea
Parlamentaria manifestara su profunda decepción por la rebaja que el
proyecto inicial sufrió tras su paso por el Comité de Ministros. Debo
decir también, con mi corta experiencia como miembro de la Asamblea
Parlamentaria, que esta decepción no es exclusiva de éste convenio, sino
que he podido ver que se manifiesta repetidamente por parte de la propia
Asamblea, por la suerte que sufren sus propuestas tras el paso por el
Comité de Ministros. El convenio, según la Asamblea Parlamentaria,
formula una serie de objetivos y principios, vagamente definidos, cuya
observancia es obligada para los Estados firmantes, pero sin que
constituyan derechos invocables por las personas. Sus instrumentos de
cumplimiento --dice la propia Asamblea Parlamentaria-- son débiles y
existe el peligro real de que los procedimientos de control puedan ser
eludidos por los Estados firmantes. La Asamblea Parlamentaria manifestó
también la necesidad de que el convenio fuera completado por un protocolo
adicional al Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos, que
estableciera unos derechos invocables por los ciudadanos ante órganos
judiciales independientes y, en última instancia, ante el Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos.

Leyendo el contenido de este convenio, del cual no voy a hacer mención
--creo que tendremos ocasión de hablar de ello con más profundidad en el
Pleno--, debo decir que su contenido en cuanto a enunciado es muy
correcto, muy completo y, desde nuestra perspectiva de ciudadanos del
Estado español en el año 1995, muchos de los derechos que ahí se
reconocen no pueden más que hacernos sonreír, en tanto en cuanto son
cuestiones cuyo cumplimiento y respeto, para nosotros, es más que obvio.

Pero si hacemos un pequeño viaje en el tiempo y nos situamos unos cuantos
años atrás, antes del advenimiento de la democracia en nuestro país, debo
reconocer que estos derechos no estaban ni muchísimo menos garantizados
en el conjunto del Estado. Por ello, también debo decir que nos satisfizo
de forma especial poder estar presentes en la sede del Consejo de Europa
el día 1 de febrero, para la ratificación de este convenio, y poder
asistir al hecho de que el Estado español fuera uno de los firmantes
iniciales del convenio.

Por último, debo decir que éste es un convenio de una grandísima
actualidad dada la situación de Europa del Este, que es donde pensamos
que debe tener una aplicación primordial y principal.

Con todas sus faltas, con toda su falta de garantías de cumplimiento,
como ha señalado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, nos
parece, repito, un convenio importante que, en cualquier caso, debe ser
desarrollado en el futuro para mejorar sus elementos y garantías de
cumplimiento. Por ello, nuestro Grupo va a votar a su favor.




El señor PRESIDENTE: Por el grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Estoy plenamente de acuerdo en llevar a una
sesión del Pleno las intervenciones que pongan énfasis en el alcance, al
menos ético, de este convenio que nosotros vamos a votar favorablemente.

Tenemos que resaltar que las expresiones que se emplean en él, dentro de
una crítica retórica, son muy buenas, son bonitas, diría yo,
estéticamente. Cómo un verdadero Parlamento democrático, cómo partidos
democráticos y personas demócratas se van a oponer a que se respete la
identidad étnica, cultural, lingüística o religiosa, como se dice en el
preámbulo de este acuerdo. Cómo no vamos a estar a favor de la creación
de un clima de tolerancia y diálogo. Yo empiezo a preguntarme que motivó
este acuerdo, no tanto la declaración de jefes de Estado y de Gobierno de
Viena del 9 de octubre de 1993. Hay que leer las actas de



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la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa de 1990 y las razones
que llevan a estipular estos principios de protección de las minorías
nacionales en el documento de Compenhague de 1990. Se está pensando en la
lectura sobre la ex Yugoslavia. Nosotros lo suscribimos plenamente, pero
como los que van a tener que cumplir este convenio, o hacerlo cumplir,
son los gobiernos signatarios, no desearía que esto fuera solamente un
convenio que encierra una declaración de principios éticos, como he dicho
al principio, para tranquilizar conciencias de muchos gobiernos. Porque
si esto se hace como cara de la moneda para aplicarlo en la ex
Yugoslavia, donde está ocurriendo, junto a otras antiguas repúblicas de
los países del Este, me pongo a fijarme en las circunstancias de lo que
puede ser un cinismo político. No sé si el azar o esa circunstancia han
hecho que en la sesión de hoy este convenio-marco vaya por delante del
acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Turquía.

Porque yo, después de la lectura de este convenio diría: Y de los Kurdos,
¿qué? Los países signatarios en este momento del Convenio de Europa, que,
por lo que yo deduzco de la lectura de las actas de las conferencias de
1990 y 1993, están indignados y quieren corregir lo que está ocurriendo
por parte de las facciones que hacen limpieza étnica en la ex Yugoslavia,
los países de Occidente, que vienen signando esto, en el caso de la
represión del pueblo kurdo están mirando para otro lado. Y en los
párrafos que se están diciendo, y como se va a debatir, a exponer, con
énfasis, solemnizándolo, como ha dicho, y yo lo suscribo, el portavoz del
Grupo Socialista, señor Puig, no solemnicemos solamente cosas que van a
dejar tranquilas las conciencias y se van a aplicar después dentro del
cinismo. Tenemos que hacer una gran presión sobre los países que tienen
en este momento una tremenda responsabilidad en lo que está ocurriendo en
cualquiera de esos países. A mí me gustaría saber qué opinaría un kurdo
en este momento de párrafos como el del artículo 6.2, donde se habla de
protección de esos intereses que están conculcados allí, del artículo
10.3, del punto primero del artículo 17, donde se está conculcando por el
ejército kurdo, entrando con cinismo en discusiones de si el armamento
que emplean allí es alemán o de otro sitio. A mí, en este momento, me
tiene sin cuidado el armamento. Tenemos que decirlo al defender estos
convenios. Se está conculcando, sea cual sea el armamento, se busquen
justificaciones políticas de decir que no se persigue al pueblo kurdo,
sino al partido de los trabajadores kurdos. Lo que estamos viendo en la
prensa estos días tiene que hacernos solemnizar la sensibilidad para que
estos convenios no queden en puro papel mojado dentro de una retórica de
exposición.

Como voy al fondo de la cuestión para aprobar hoy en esta Comisión este
convenio, ojalá quien tenga responsabilidad de parar masacres en pueblos
y en minorías nacionales, como está ocurriendo en la ex Yugoslavia, en
algunos países de la Unión Soviética, pero, sobre todo, en Turquía,
pensemos que es mucho más importante proteger a estas minorías
nacionales, como en el caso de Turquía, que proteger las inversiones
financieras del capital en la República turca.




El señor PRESIDENTE: A efectos de la transcripción, creo que se ha
deslizado un pequeño error en su intervención, de esos que uno mismo no
se da cuenta: Se ha referido usted al Ejército kurdo y supongo que se
refería usted al Ejército turco.




El señor MARDONES SEVILLA: He querido decir Ejército turco.




El señor PRESIDENTE: Habiéndose agotado el orden de intervenciones vamos
a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE TURQUIA, HECHO EN ANKARA EL 15 DE
FEBRERO DE 1995. (Número de expediente 110/000151.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al noveno y último punto del orden del día.

Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Turquía, hecho en Ankara el 15 de
febrero de 1995.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Durán.




El señor DURAN NUÑEZ: Después de las palabras del señor Mardones no estoy
muy seguro si tendríamos que votar que sí o que no a este acuerdo, pero
el Gobierno, el Estado español lo trae aquí y, en principio, nosotros
vamos a dar nuestro dictamen favorable. Este es un acuerdo, como muchos
otros, con países en los que tampoco, a lo mejor, se respetan derechos
humanos, etcétera, y que han sido votados en esta Cámara. La misma Cuba,
Kazajstán, etcétera. Quizá no deberíamos mezclar tanto los temas en este
momento.

Los argumentos a favor son los mismos que se han dado en el punto 6 del
orden del día, con lo cual hago gracia a SS. SS. de explicarlos. Quiero
recordar que Turquía y la Unión Europea han firmado un acuerdo por el
cual formarán una unión aduanera desde el día 1 de enero de 1996 y, a lo
mejor, durante la Presidencia española este tema podría ser revisado. No
estamos muy seguros de que tenga que ser revisado o no, pero es
importante saber que el acuerdo garantiza el libre acceso a todos los
mercados, tanto de la Unión Europea como turcos, excepto el agrícola.

Reitero, señor Presidente, que vamos a dar el voto favorable.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Moya.




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El señor MOYA MILANES: Este acuerdo, como ya se ha dicho por los
anteriores portavoces, tiene como objetivo fundamental, desde el punto de
vista español, fomentar la inversión productiva en Turquía, ofreciendo un
marco jurídico de protección a las inversiones que se dirigen al
mencionado país. Este acuerdo es similar al que se firma con otros países
de la OCDE, acuerdos que ya existen, con un tipo de inversiones que está
claramente tipificado y cubierto por el artículo 1 y que representa un
interés económico para las inversiones españolas que necesitan de una
protección y de una garantía que establece este propio acuerdo.

Dicho esto, es evidente, y yo no quiero soslayar la cuestión, que la
situación actual en la República de Turquía no debemos olvidarla, es una
situación particular y compleja que arrastra desde hace bastante tiempo y
que hace especiales referencias a situaciones que tienen estrecha
relación con problemas democráticos, con problemas de reforma
constitucional, con problemas de derechos humanos y, sobre todo, con el
tratamiento de minorías.

Es evidente que la preocupación española, la preocupación de la Unión
Europea, la preocupación expresada especialmente también por los
socialistas españoles en diversos foros, en particular en la Asamblea del
Consejo de Europa, nos hace en ese sentido tener la legitimidad plena
para estar en condiciones de, en el marco de la Unión Europea, apoyar las
presiones y las exigencias para que en este terreno se adopten soluciones
democráticas y justas. Quiero decir en este sentido que recientemente hay
que recordar la visita de la troika comunitaria, de la que formaba parte
España, que también ha establecido exigencias urgentes e inmediatas en
relación con la operación turca en Irak. Por tanto, España está
plenamente comprometida con estas presiones y exigencias y no sólo forma
parte de la política de la Unión Europea, sino también de España en
particular y de sus representantes en los distintos foros
internacionales, especialmente, como he hecho mención, de la Asamblea del
Consejo de Europa donde la presión ha adquirido y adquiere especial
relevancia. En ese contexto, sin eludirlo en ningún caso, entendemos que
los intereses españoles, desde el punto de vista comercial y económico,
se garantizan mejor con este acuerdo y vamos a dar nuestro voto
favorable.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Este acuerdo, visto fuera del contexto de la
situación actual, es uno más de los muchos que firma España con otros
países y cuyo objetivo fundamental es dar garantía jurídica a nuestras
inversiones en terceros países. Pero las circunstancias actuales de la
masiva violación de los derechos humanos, de brutalidad absoluta del
ejército turco sobre el pueblo kurdo, con esa invasión sobre el norte de
Irak que está colocando a Turquía en la picota de la comunidad
internacional, me parece que hacen absolutamente inadecuado aprobar este
acuerdo. Sería una actuación coherente con la preocupación mostrada por
los grupos políticos respecto a esas violaciones masivas de los derechos
humanos sobre el pueblo kurdo que pospusiéramos, unánimemente, la
aprobación de este acuerdo, que lo dejáramos en la reserva hasta que esa
situación se resolviera y se hubieran depurado las responsabilidades
adecuadas. En una de las últimas sesiones de esta Comisión pospusimos un
acuerdo importante de cooperación y colaboración de la Unión Europea con
la Federación Rusa precisamente porque la Federación Rusa estaba en la
picota por los problemas de Chechenia. Si en aquella ocasión fuimos
capaces de posponer por unanimidad aquel acuerdo, hoy, por las mismas
razones democráticas, por las mismas razones de vigilancia del
cumplimiento de la Carta de Derechos Humanos, por las mismas razones de
condena de esa brutalidad del ejército turco, estaríamos obligados a
posponer la ratificación de este acuerdo.

En cualquier caso, mi Grupo va a dar su voto negativo a la ratificación
de este acuerdo en el día de hoy. Y pido a los demás grupos y apelo a su
sensibilidad para que esta actitud sea secundada. No digo que votemos
negativamente, sino que pospongamos la ratificación del acuerdo hasta que
la situación en Turquía se clarifique y se depuren las responsabilidades
políticas que haya que depurar. Sería la posición más coherente que
podríamos adoptar como Cámara democrática preocupada por la situación que
está produciéndose precisamente estos días en esta zona del mundo.




El señor PRESIDENTE: El señor Vázquez ha hecho una propuesta que no
corresponde a la Mesa decidir, sino a los grupos. Tiene la palabra el
señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Nuestro Grupo acudía a esta sesión con
serias dudas respecto a la posición que debíamos de adoptar en relación a
la ratificación de este acuerdo, dudas que se ven incrementadas tras las
intervenciones que se han producido, especialmente la del señor Mardones
y la del señor Vázquez. Sin embargo, debo decir, si quieren con una
seguridad relativa en cuanto a mis apreciaciones, que esta Cámara y esta
Comisión han suscrito multitud de acuerdos similares --hoy mismo hemos
suscrito uno con Honduras como el que se plantea con Turquía-- con países
que adolecen de gravísimos déficit en la protección de los derechos
humanos, países que ni siquiera están constituidos como democracias
formales, dejando de lado otras cuestiones.

Este es un acuerdo con un contenido exclusivamente de promoción y
protección recíproca de inversiones. Nos cabe la duda --que a lo mejor
algún otro grupo de la Cámara nos podría despejar-- de que si no
aprobamos este acuerdo quizá los principales perjudicados vamos a ser
nosotros y no los turcos. Les puedo asegurar, señorías, que si la índole
de este convenio fuera otra nuestro Grupo no tendría ninguna duda a la
hora de unirnos a la propuesta de posponer el debate e incluso votar de
forma negativa. Sólo el específico contenido, que ya he citado, de este
convenio y las actitudes que hemos adoptado ante países con déficit
democrático --reitero-- me hacen inclinarme por el voto favorable. A
partir de ahí debemos preguntarnos qué hace



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Turquía en la escena internacional compartiendo asiento con países no
sólo democráticos, sino que hacen de la defensa de los derechos humanos
una bandera, cuando resulta que se está aprovechando hoy de una situación
internacional, creada a partir de la guerra del Golfo, en que una parte
de Irak es tierra de nadie. para perseguir a la minoría kurda, mayoría
allí; o qué hace Turquía negando los más elementales derechos nacionales,
lingüísticos, culturales, negando la existencia a un pueblo de tantos
millones de personas como es el kurdo. Son preguntas que deben hacernos
reflexionar y tener respuestas urgentes, no sólo por nuestra parte sino
de la comunidad internacional.




El señor PRESIDENTE: El señor Vázquez ha hecho una petición que concierne
a todos los grupos y, por consiguiente, voy a darles la palabra si la
solicitan. De todas maneras quiero decirles que, desde el punto de vista
procedimental, el acuerdo ha sido incluido en el orden del día, ha sido
debatido y no se puede volver atrás Lo único que podemos posponer es la
votación, nada más. Este es el punto exacto en que se encuentra la
situación.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor De Puig.




El señor DE PUIG I OLIVE: Desde la comprensión de la indignación
demostrada por algunos grupos sobre lo que sucede en Turquía, la
tentación de posponer la aprobación de este acuerdo la tuvimos e incluso
consultamos para ver si era posible retirarlo del orden del día o no
tratarlo. Cuando supimos que este convenio no favorece especialmente a
Turquía sino a España, ya que somos quienes tenemos nuestros intereses
allí comprometidos y el máximo interés en aprobarlo para garantizar
algunos de los aspectos de nuestras operaciones económicas con este país,
decidimos mantenerlo habida cuenta de lo que había sucedido con Rusia.

Aquí se ha evocado lo que hicimos en el tratado con Rusia para decir que
vamos a hacer lo mismo. Pero lo que hicimos en aquel caso fue posponer el
debate por la necesidad de tener más información y luego lo probamos. La
gravedad de los hechos en Chechenia no es menor que la gravedad de los
hechos en Kurdistán. Es más, el tratado con Rusia era infinitamente más
importante y de mayor dimensión que lo que tratamos de aprobar hoy aquí,
que refleja los intereses de nuestro país. Comprendiendo el problema y
sin menoscabo de la crítica que podamos hacer a Turquía (se ha dicho
incluso que puede haber otras iniciativas de condena en esta misma
Comisión, de presión al Gobierno para actuar en el ámbito que corresponda
para protestar por lo que sucede en Kurdistán) sería un error y no se
correspondería con lo que hicimos en el caso de Rusia. Por ello
mantenemos la aprobación de este acuerdo, sin menoscabo de adoptar una
posición rotundamente crítica con lo que ha sucedido en el Kurdistán.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Durán.




El señor DURAN NUÑEZ: Señor Presidente, yo casi argumentaría lo mismo que
el señor De Puig. También hay que recordar, porque en estos momentos
estamos hablando mucho del problema del Kurdistán --problema que tienen
por cierto Irak e Irán con los kurdos--, que nadie se ha referido aquí al
problema de Chipre, y cualquiera de SS. SS. que pertenezca al Consejo de
Europa sabe que cuando habla con los chipriotas griegos su problema es
casi más grave que el del Kurdistán y --repito-- aquí ninguna de SS. SS.

lo ha sacado a colación, probablemente por olvido. Por tanto, a lo mejor
la moda en estos momentos es defender a los kurdos, pero yo también
querría defender a las minorías griegas que han sido totalmente
expoliadas en Chipre.

Por todo ello, y por lo mismo que ha dicho el señor De Puig, nuestro
Grupo va a mantener su voto favorable, habiendo hecho lo mismo con
naciones con un grave déficit en la protección de derechos humanos que en
este momento huelga comentar. Lo digo nada más que a efectos de que
conste en el «Diario de Sesiones».




El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, quiero hacer uso de la palabra
porque me parece grave lo que se está diciendo. Una de las preocupaciones
expresadas, muchas veces, por el Ministro de Exteriores del Gobierno
español ha sido que España tenga la suficiente talla moral y política en
la comunidad internacional. Creo que con la aprobación de este acuerdo
hoy, precisamente por los condicionantes económicos, beneficiosos para
nuestro país, que pueda tener, estamos rebajando sensiblemente la talla
moral de nuestro país. No podemos mirar hacia otro lado cuando en un país
se cometen brutalidades del calibre de las que se están cometiendo,
porque hipotéticamente beneficia nuestros intereses comerciales.

Repito que no estamos pidiendo que se vote negativamente este acuerdo
para toda la vida. Estamos diciendo que mientras la situación actual se
mantenga en los términos en que está, lo que aumenta la talla moral de
este país, lo que hará sentir al Gobierno turco la condena del Gobierno
español, la condena del Parlamento español, será precisamente algo, si
quieren ustedes, tan poco relevante como la no votación, la retirada de
este acuerdo como expresión de nuestra indignación ante los hechos que
están ocurriendo en el Kurdistán. Creo que se compadece mal aprobar este
acuerdo hoy en virtud de las ventajas económicas o comerciales que nos
pueda generar, que tampoco serán tantas, con el estimular el que nuestro
país tenga la suficiente, la adecuada, la necesaria talla moral en la
comunidad internacional. Me parece que es una razón tan importante, tan
de peso, que no entiendo los argumentos que hasta ahora se han dado.

Reitero mi posición y hago una llamada de nuevo a la sensibilidad de los
grupos para que intenten verlo desde la óptica de aumentar la talla moral
de nuestro país en el concierto internacional; esa talla moral que se
compadece muy mal con que por intereses comerciales aprobemos este
acuerdo en este momento de indignidad del Gobierno turco con la población
kurda, cuando además acabamos de aprobar y de intentar solemnizar un
acuerdo importantísimo sobre el derecho de respeto a los intereses de las
minorías. Creo que estamos entrando en contradicciones gravísimas.




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Me parece absolutamente improcedente que este acuerdo se vote hoy aquí y
repito una vez más la petición de que se posponga hasta que la situación
se resuelva.




El señor PRESIDENTE: Señorías, entiendo que las posiciones de los grupos
han sido expuestas con claridad. la mayoría se inclina por someter este
acuerdo a votación y, por consiguiente, así lo vamos a hacer.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y quince minutos del mediodía.