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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 469, de 29/03/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 469
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON JOAQUIM MOLINS I AMAT
Sesión núm. 35
celebrada el miércoles, 29 de marzo de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario General de la Energía y Recursos
Minerales (Lafuente Félez), para informar:
--Sobre la anunciada nueva reconversión minera a propuesta de la Comisión
Europea. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de
expediente 212/000895). (Página 14244)
--Sobre las iniciativas que tomará el Gobierno para impedir los efectos
que origina la instalación de un cable de alta tensión en Tarifa (Cádiz).
A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente
212/001402). (Página 14255)
--Sobre la situación y las consecuencias de la instalación de un cable de
alta tensión en Tarifa (Cádiz). A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/001403). (Página 14256)
--Sobre aspectos relacionados con la instalación de un cable de alta
tensión en Tarifa (Cádiz). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 212/001413). (Página 14256)
Comparecencia del señor Ministro de Comercio y Turismo (Gómez-Navarro
Navarrete), para informar:
--Sobre el proyecto de viabilidad de la red de paradores nacionales, así
como sobre la desinversión de activos previstos en dicha red. A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000522).
(Página 14267)
--De sus declaraciones sobre suministros de agua en la Costa del Sol. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000530). (Página 14275)
Se abre la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS
MINERALES (LAFUENTE FELEZ) PARA INFORMAR:
--SOBRE LA ANUNCIADA NUEVA RECONVERSION MINERA A PROPUESTA DE LA COMISION
EUROPEA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000895.)
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días, señoras y señores Diputados. Vamos
a empezar esta sesión número 35 de la Comisión de Industria, Energía y
Turismo con seis puntos en el orden del día, todos ellos de
comparecencias. Para el primer punto, que veremos en la sesión de esta
mañana, comparece el Secretario General de la Energía del Ministerio de
Industria y Energía, don Alberto Lafuente, a quien doy la bienvenida,
para informar sobre la anunciada nueva reconversión minera a propuesta de
la Comisión Europea. Es autor de esta iniciativa el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. ¿Desea el Grupo
proponente intervenir o damos la palabra directamente al señor Secretario
General de la Energía? (Pausa.) Tiene la palabra don Alberto Lafuente.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Lafuente
Félez): Señor Presidente, mi propósito en esta intervención, que quiero
que sea breve, es dar cuenta de las dimensiones principales de los
horizontes que afectan en España y en Europa al sector de la minería de
carbón, así como avanzar algunas ideas acerca de qué política minera
podría permitir acomodar mejor el sector español de la minería del carbón
al nuevo escenario, a los nuevos horizontes. Me voy a permitir, señor
Presidente, utilizar las transparencias, al objeto de sintetizar mejor mi
intervención. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Lafuente.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Lafuente
Félez): Gracias, señor Presidente.
Las cuatro tendencias más importantes de la minería del carbón tienen que
ver con que la Unión Europea y los diferentes países de la misma han
realizado en los últimos años, en primer lugar, esfuerzos importantes en
la reestructuración de este sector de actividad. En segundo lugar, la
minería del carbón en nuestro país, y también en los otros países de la
Unión, recibe ayudas económicas importantes que son financiadas de manera
distinta. En tercer lugar, el nuevo marco jurídico, tanto comunitario
como nacional, hará depender la supervivencia de este sector de actividad
de su competitividad. Es decir, en los próximos años la competitividad
del sector del carbón influirá en mayor medida que en el pasado sobre su
nivel de actividad, e incluso sobre los niveles relativos de actividad en
cada uno de los países miembros. La cuarta idea es que la minería del
carbón en España debe disfrutar de un horizonte estable, de tal manera
que pueda, en un contexto de medio y largo plazo, acomodarse a las nuevas
exigencias. Me propongo en mi intervención dar cuenta y desarrollar estas
cuatro ideas principales.
La primera se refiere a los esfuerzos realizados en los últimos años en
el conjunto de la Unión Europea en materia de reestructuración de la
minería del carbón. El cuadro muestra la evolución de la producción
comunitaria de carbón desde 1989 hasta 1994. En 1989 la Unión Europea
producía aproximadamente 208 kilotoneladas de carbón; España apenas
producía 19 kilotoneladas de carbón. Cinco años después, en 1994, la
producción de la Unión se ha reducido casi en un 50 por ciento,
alcanzando la cifra de 132 kilotoneladas; frente a esta cifra la
producción en España de carbón apenas ha sufrido una disminución. Dicho
en otros términos, la cuota española de producción de carbón se ha
incrementado notablemente en los últimos años, y ello no es
independiente, claro está, de los esfuerzos de reestructuración
desarrollados en otros países de la Unión Europea en relación a los
esfuerzos realizados en nuestro país. Adviértase, por ejemplo, el caso
del Reino Unido, que produjo 98 kilotoneladas en el año 1989 y que cinco
años después produce 48 kilotoneladas, sin mencionar el caso de Francia
que ha reducido su producción en un 50 por ciento, o también la
disminución apreciable registrada en Alemania. En términos de empleo, la
evolución es relativamente
similar. La minería comunitaria empleaba en el año 1989 a 198.000
trabajadores. Cinco años después, el empleo alcanza la cifra de 110.000
trabajadores, que es una disminución significativa, ligeramente inferior
al 50 por ciento. Adviértase, por ejemplo, el caso de Alemania, donde se
ha pasado de un empleo de 92.000 trabajadores a 65.000; o el caso del
Reino Unido, donde se ha pasado de 56.000 a 15.000 en cinco años. En
España, es cierto, ha habido una disminución apreciable del empleo,
habiéndose pasado de 35.000 a 23.000 trabajadores, aunque tal disminución
es ligeramente inferior a la observada en el resto de países de la Unión
Europea. Esto contrasta vivamente con las cifras de productividad, de
rendimiento de la minería en los diferentes países de la Unión. Tomemos
las cifras de 1993, las más recientes. La productividad por trabajador en
Alemania es de 705 kilos/hora/hombre frente a 340 kilos/hora/hombre en el
caso de España. Adviértase que la productividad española es inferior en
un 50 por ciento a la registrada en el conjunto de países de la Unión, y
es inferior en más de un 50 por ciento a la observada en el resto de
países de la Comunidad. Ello, ciertamente, no es independiente de la
dificultad digamos de tipo geológico y la configuración de los
yacimientos de carbón en nuestro país. Por tanto, en relación al resto de
países de la Unión, la producción ha disminuido menos, el empleo ha
disminuido menos, y ello a pesar de que las productividades son
significativamente inferiores.
La minería en España disfruta de ayudas muy importantes. El cuadro
refleja el total de ayudas percibidas por el sector del carbón, tanto con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado como aquellas que se
financian a través, implícitamente, de la tarifa eléctrica. En el año
1989 el total de ayudas alcanzó la cifra de 104.000 millones de pesetas;
cinco años después la cifra alcanza 132.000 millones de pesetas. Dicho en
otros términos, en los últimos seis años la minería del carbón se ha
beneficiado de un volumen de ayudas que prácticamente alcanza la cifra de
900.000 millones de pesetas. La importancia de tales ayudas es mucho más
patente si se relaciona su volumen con el empleo, es decir, si se
computan las ayudas por puesto de trabajo. Pues bien, en el año 1989 las
empresas sin contrato-programa percibían unas ayudas por puesto de
trabajo-año en torno a 1.700.000 pesetas. Las empresas con
contrato-programa percibían unas ayudas, aproximadamente, por puesto de
trabajo que alcanzaban la cifra de tres millones de pesetas anuales.
Cinco años después, los respectivos volúmenes de ayuda por puesto de
trabajo alcanzan ya la cifra de 3.500.000 y 6.500.000, respectivamente.
En términos medios, se puede decir que las ayudas que recibe anualmente
la minería del carbón en nuestro país suponen aproximadamente cinco
millones de pesetas anuales por puesto de trabajo. ¿Cuáles son los costes
en nuestro país de la minería del carbón? El más relevante, a efectos de
esta exposición, son los costes totales de la minería por puesto de
trabajo, que alcanzan en el año 1994 la cifra de 7.500.000 pesetas. ¿Qué
quiere decir esto? Que la minería incurre en unos costes por puestos de
trabajo, costes de personal, todo tipo de costes, de 7.500.000 pesetas,
de los que cinco millones son financiados con ayudas públicas. Es decir,
la actividad de la minería del carbón solamente financia un 30 por ciento
de los costes incurridos. Adviértase que la tendencia en la evolución de
las ayudas por puesto de trabajo es creciente; cada vez en mayor medida
es importante la financiación vía ayudas de los costes de la minería del
carbón.
El nuevo marco jurídico, tanto nacional como comunitario, va a hacer
depender la supervivencia de la minería del carbón de su propia
competitividad. Me quiero referir, en primer lugar, a la Decisión 3632 de
la Comisión sobre ayudas a la minería del carbón. La Decisión, de
aplicación en nuestro país, justifica las ayudas a la minería del carbón
en el ámbito de la Unión Europea por dos tipos de razones únicamente:
uno, por razones sociales y regionales, y dos, para permitir que los
países puedan disfrutar, según su criterio, de un cierto grado de
abastecimiento autóctono. El criterio fundamental --insisto en ello-- son
las razones sociales y regionales. Se entiende --lo entendió el Consejo--
que una desaparición instantánea, inmediata, de la minería del carbón
podría dar lugar, en razón de la concentración geográfica de la
actividad, a problemas de carácter social y regional. En ese sentido, la
decisión establece un horizonte temporal en el que caben las ayudas por
razones sociales y regionales. En todo caso, las ayudas están
condicionadas a que las empresas que se beneficien de las mismas
progresen en su competitividad, es decir, experimenten costes
decrecientes. Dicho de otra manera, que la percepción de las ayudas, caso
a caso, está condicionada a una disminución gradual de la intensidad de
las ayudas, es decir, de la relación entre ayudas y costes. También las
ayudas deben ser transparentes, se debe distinguir claramente lo que es
coste de la actividad minera de lo que es ayuda.
Con posterioridad a esta decisión se han producido otros acontecimientos
relevantes. En primer lugar, el Gobierno presentó, en el marco de esa
decisión, el Plan de reestructuración de la minería 1994-1997. La
Comisión autorizó las ayudas de 1994 en el marco de ese plan con una
salvedad, y es que tal decisión de la Comisión fue objeto de informe
desfavorable por parte de los servicios jurídicos de la misma y también
por parte de la Dirección General de la Competencia. Después de la
aprobación de las ayudas de 1994 se presentaron ante los servicios de la
Comisión, fundamentalmente Dirección General de la Competencia, quejas
por parte de algunas empresas no españolas, básicamente, sobre el sistema
de ayudas contemplado en el plan. Las quejas atendidas por la Dirección
General IV subrayan que el sistema español cierra el mercado español al
carbón comunitario, en la medida en que está basado en acuerdos
verticales propiciados por la Administración entre las compañías
eléctricas y las compañías mineras. Ello dificulta que empresas mineras,
por ejemplo, británicas puedan suministrar carbón a las compañías
eléctricas españolas. Se produce, por tanto, una discriminación entre
sectores de diferentes países de la Unión. Por otra parte, algunas quejas
subrayan el hecho de que la fijación de cuotas de suministro, es decir de
cupos, por parte de la Administración española es una fuente de
discriminación que perjudica los intereses de empresas de otros países.
Dicho en otros términos, lo que piden las empresas de otros
países es disfrutar de cupos similares a los que benefician a las
empresas españolas. Si no fuera así habría una discriminación entre
empresas comunitarias de diferentes países. Más explícitamente, lo que
solicitan empresas fundamentalmente británicas es que el Gobierno español
obligue a las compañías eléctricas españolas a adquirir cupos a la
minería del carbón inglesa. Expresado aún de forma más precisa, esto
supondría que por razones regionales y sociales el consumidor español de
energía eléctrica financiara la minería inglesa del carbón. Finalmente,
el Tribunal Constitucional alemán resolvió para finales de 1995 la
inconstitucionalidad del sistema de ayudas vigente en Alemania, un
sistema muy similar al español que financia las ayudas a través, en
parte, de la tarifa eléctrica. Por tanto, en estos momentos, España es el
único país de la Unión que cuenta con un sistema de financiación de
ayudas tal que es la tarifa eléctrica la que contribuye a ayudar a la
minería del carbón. Este hecho, más las quejas presentadas por las
empresas fundamentalmente británicas, más la posición de la Dirección
General de la Competencia, que arguye que a efectos de intercambios
intracomunitarios de carbón el régimen aplicable no es el régimen CECA
sino el régimen CEE, obliga, claro está, a modificar las orientaciones de
la política del carbón en nuestro país. Tales modificaciones, por otra
parte, resultan también de la simple aplicación de la Ley de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, que establece, en primer lugar, que la
adjudicación de nuevas capacidades se hará vía concurso. Esto quiere
decir que tecnologías distintas y combustibles diferentes se podrán
presentar a los concursos y probablemente el criterio que prevalecerá
será el del coste. En este sentido, será mucho más difícil que en el
pasado orientar la política de ayudas a la minería del carbón a través de
la configuración del sector eléctrico para que éste se vea «obligado»
--entre comillas-- a consumir carbón nacional. En otros términos, la ley
lo que propicia es una competencia en precio entre energías primarias.
En segundo lugar, la ley establece también el régimen de explotación
unificada del sistema eléctrico nacional. Será la Comisión del sistema
eléctrico nacional quien velará por las normas de la explotación
unificada. Es previsible que la Comisión atienda, quizás en mayor medida
que en el pasado, a criterios de costes en la configuración del «merit
order», de tal manera que, también desde el punto de vista de la
actividad de las centrales que consuman carbón nacional, éstas se verán
obligadas a competir con otro tipo de centrales eléctricas, y ello más
allá de las facultades atribuidas al planificador.
Por lo tanto, la minería del carbón en nuestro país debe disfrutar, para
acomodarse a las nuevas condiciones, de un horizonte estable. No tendría
ningún sentido, la Comisión tampoco lo exige, no sería deseable desde un
punto de vista de intereses nacionales, aplicar el nuevo escenario a la
minería del carbón de un día para otro. Esta, ciertamente, no podría
sobrevivir.
¿Qué dimensiones debería tener ese horizonte estable? En primer lugar, se
tratará de diseñar y ejecutar planes de reestructuración de las empresas
del sector que estén orientados a la viabilidad de las empresas, es
decir, las ayudas percibidas deberán estar necesariamente condicionadas a
las posibilidades de viabilidad a largo plazo de las empresas que se
beneficien de tales ayudas.
En segundo lugar --lo establece la ley y el propio Decreto de Tarifas de
1995, lo exige la Comisión--, es preciso aflorar las ayudas implícitas a
la minería del carbón. No se entienda que este afloramiento de las ayudas
implícitas debe dar lugar necesariamente a una disminución de las ayudas.
No es el caso. Se trata simplemente de hacer explícito el volumen de
ayudas.
En tercer lugar, parece razonable proceder a la supresión del régimen de
cupos asignado a las compañías mineras. Si distinguimos claramente lo que
son ayudas de lo que son costes, entonces el mercado del carbón puede ser
mucho más liberalizado que en el pasado, de tal manera que el regulador,
las administraciones públicas no tienen por qué intervenir en la relación
entre los dos sectores. La ventaja obvia de la supresión del régimen de
cupos es que ello puede permitir producir más a aquellas empresas que
pueden ser más viables en el futuro. Ello está impedido por el régimen
actual. El régimen actual trata a todas las empresas por igual, con
independencia de cuál pueda ser su competitividad a largo plazo. Es una
fuente de ineficiencias notable y creo que, finalmente, condenaría a la
desaparición al sector español de carbón nacional. Hay empresas que
pueden ser viables y se trata de no limitar su crecimiento a través del
régimen de cupos.
En cuarto lugar, que el Estado regulador no esté presente en las
negociaciones entre compañías eléctricas y compañías mineras, no debe
impedir que el regulador propicie la existencia de contratos de largo
plazo entre las compañías de los otros sectores. No tendría ningún
sentido configurar un mercado «spot» de carbón nacional. Debe haber
contratos a largo plazo y ello respaldará los esfuerzos empresariales
orientados a la viabilidad de las empresas.
Las empresas españolas de la minería del carbón podrán y deberán seguir
percibiendo ayudas, y estas ayudas estarán articuladas a través, quizá,
de convenios entre cada una de las empresas y el regulador. Consecuencia
de este convenio, de este acuerdo será la percepción de ayudas,
condicionadas al avance en la viabilidad de la empresa y, en su caso, si
la empresa no puede ser viable, estas ayudas contemplarán la financiación
de los costes sociales y regionales a que puede dar lugar la disminución
de la actividad.
En este mismo sentido, la política minera tiene que contemplar
necesariamente medidas de acompañamiento laboral y regional que hagan que
las reestructuraciones, incluso, por qué no decirlo, que los cierres de
algunas empresas, no tengan efectos traumáticos. A este respecto es muy
importante señalar que quien mejor puede desarrollar este tipo de
políticas no son las compañías mineras. En la actualidad, las compañías
mineras, al menos en parte, reciben ayudas que tienen un sentido regional
y social. Deberán ser las administraciones públicas quienes administren
esas ayudas, es decir, quienes se hagan responsables de la política de
acompañamiento orientada a este fin y no, claro está, las propias
compañías mineras.
Finalmente, será preciso, en colaboración con las comunidades autónomas y
también a través de este tipo de financiación, desarrollar acciones
paralelas en materia de reindustrialización. Ahí creo que hay
posibilidades importantes en la medida en que sean las administraciones
públicas, comunidades autónomas y Administración central, quienes asuman
esa responsabilidad, que no trasladen la misma, en definitiva, a las
compañías mineras; instrumento probablemente muy poco eficaz de política
regional.
Estas son las dimensiones de la política minera a medio y largo plazo que
deberían, a mi juicio merecer un respaldo amplio de todos los grupos
parlamentarios, puesto que es muy difícil hacer política minera en contra
de los criterios de algún partido político o grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Grupo que ha tenido la
iniciativa de esta comparecencia, tiene la palabra don Manuel García
Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Quiero agradecer al señor Lafuente, Secretario
General de la Energía, su comparecencia y su explicación sobre el marco
en que se desenvuelve hoy la política del carbón. Permítame una pequeña
observación metodológica. Mi Grupo está en contra de una intervención
como la hecha por el señor Secretario General de la Energía, pero le
parece muy bien si previamente contamos con ella y si nos situamos todos
en un marco adecuado para participar, no digo en igualdad de condiciones
como quien compite a la contra, sino para hacer un diálogo eficaz entre
las distintas fuerzas políticas cuyo consenso --y en eso coincido con
usted-- es necesario para diseñar una política del carbón y una política
energética. Creo que se produce una especie de disparidad o de
desproporción en el método planteado.
Dicho esto, quiero añadir que hacía una petición de comparecencia sobre
una cuestión más precisa, que eran los últimos planes presentados en
Bruselas qué significación o qué repercusiones iban a tener en un sentido
o en otro para la política carbonífera, para las cuencas mineras,
etcétera, y cuál había sido el procedimiento para llegar a estos planes.
Este era el objeto concreto de la petición de comparecencia.
En alguna ocasión usted y el Director General de Minas plantearon que la
política del carbón exige un debate a fondo. Hay datos muy serios de todo
tipo que demandan un debate a fondo y un consenso lo más amplio posible,
tanto político como social. Para eso sugeriría la posibilidad de que en
esta Comisión hiciéramos algo por el estilo, previo aviso y dentro del
marco general de la política energética. Me parece que sería incongruente
--por no decir tendencioso, si así se hiciera-- que los criterios que
pudieran aplicarse por racionales al carbón no se aplicaran a otras
fuentes de energía, la nuclear, por ejemplo.
Esto es una introducción metodológica. Yo propongo tanto a los
representantes del Gobierno, a la propia Mesa y a la Presidencia de esta
Comisión la conveniencia de un debate en estos términos, pero en el
contexto de la política energética o, si se quiere, de la evolución del
Plan Energético Nacional y las correcciones que la experiencia vaya
demandando para que en ese marco discutamos este tema junto con los
demás, a fondo y en serio. Mi Grupo no solamente está dispuesto, sino que
tiene enorme interés en hacerlo. Me parece un mal método por la
improvisación a que nos obliga a los demás grupos, aunque pueda ser
interesante como información, y por la parcialidad del debate, y no sería
adecuado el método que tenemos que seguir hoy si no se hace dentro del
marco global de la política energética.
Quiero hacer todavía algunas observaciones previas, pero ya de carácter
más sustantivo. Hay que tener cuidado con la utilización que se hace de
las directrices, posiciones, recomendaciones etcétera, de la Unión
Europea. Hay que tener mucho cuidado porque es un recurso excesivamente
utilizado --no digo que usted haya caído en él, pero a veces lo ha
rozado-- imputar a la Unión Europea responsabilidades que son de nuestro
Gobierno, de nuestro Estado. Con lo cual, hacemos un flaco favor a muchas
cosas, entre otras, a la necesaria conciencia cívica y general de la
ciudadanía a favor de la Unión Europea. Mi Grupo en muchos casos ha sido
acusado, de manera absolutamente fraudulenta, de antieuropeísta cuando,
señoras y señores Diputados, a europeístas nos pueden ustedes igualar,
pero no ganar. El que fuerzas antieuropeístas utilicen al mismo tiempo la
Unión Europea para justificar lo que son decisiones previamente tomadas,
eso no es una manera muy correcta de desarrollar un espíritu europeísta
en la ciudadanía, que bastante machacada está con determinadas actitudes
de la Unión Europea que se dan a pesar nuestro.
Segunda observación. Entro ya en temas sustantivos, pero son reflexiones
sueltas al hilo de la intervención del Secretario General de la Energía.
En esta línea de que hay que razonar en conjunto y que hay que tener
cuidado con la utilización de argumentos que pueden introducir sesgos
lógicos y políticos, usted insiste en que varios países, Inglaterra
fundamentalmente, denuncian que al aplicar a la tarifa eléctrica las
subvenciones al carbón estamos introduciendo elementos que van contra la
sana competencia. ¿Cualquier país o empresa europeos, nosotros mismos no
creemos que sesga también la competencia el que se introduzcan en la
tarifa eléctrica los sobrecostes o subvenciones encubiertas o descaradas
de la energía nuclear? ¿Cómo explican ustedes que no haya reacciones en
este sentido a los 700.000 millones de pesetas que va a costar al
españolito de a pie, que tenga luz eléctrica, la moratoria nuclear? ¿Eso
no tiene nada que ver con la libertad y la transparencia del mercado, de
la competencia?
Sigo entrando en temas sustantivos. Usted da unos datos en los que no
puedo entrar ni aunque quisiera porque tendría que estudiarlos más
despacio y contrastarlos, pero voy a aportar algunos. Daré un dato no
numérico, sino de política comunitaria. Al principio, cuando hablaba del
nuevo planteamiento al que se dirige la Unión Europea subrayó
exclusivamente el tema de la competividad, es decir, que el carbón sea
más competitivo. El nuevo comisario de la Energía, con relación al futuro
Libro Blanco de la Energía, señala tres objetivos, que son: creación de
empleo, protección del medio ambiente y eficiencia o competitividad,
como se le quiera llamar. Son tres, no es uno. Objetivos igualmente
necesarios y no me atrevería yo a decir que uno lo sea más que los otros.
Continúo con más datos. Lo que es cierto es que en nuestro país, aunque
la reconversión de la minería haya sido menor que la de otros --el
ejemplo inglés posiblemente le valga al Grupo Popular, desde luego, para
mi Grupo sería un ejemplo para decir por donde no hay que ir y lo que no
hay que hacer-- , ha supuesto la pérdida de doce mil puestos de trabajo
de 1990 a 1993. La creación de empleos alternativos, la famosa
reindustrialización alternativa de las comarcas mineras no pasa de ser,
dicho en términos esquemáticos pero sustancialmente válidos, un buen
deseo. Si a ese buen deseo se le añade toda la voluntad política que se
le quiera, en ningún caso que se pueda prever a medio plazo, no hay nada
que pueda sustituir la sangría de empleo que la reestructuración
conlleva. Es otro dato.
A partir de estos datos, podríamos hacernos otra pregunta importante.
Esto supone una serie de gastos sobreañadidos o de subvenciones. Además,
es uno de los factores que agrava el tema serio de por sí de la deuda
pública, del gasto público. Tengo que decir que hay que sopesar a la vez,
dentro del mundo energético, otros factores que agravan la deuda pública
o la deuda externa. Me parece que es de pura lógica.
Por otro lado, habría que hacer una consideración, como la que se hacen
los alemanes --y cuando digo los alemanes, es un plural que abarca desde
el Gobierno central, el de los Länder, hasta las empresas, los sindicatos
mineros, etcétera--, cuando señalan sensatamente que un cierre forzado de
la industria carbonera --la alemana en este caso-- movilizaría a largo
plazo importantes recursos financieros nacionales y CECA consagrados al
proceso de adaptación social y regional en las regiones mineras, medios
que, evidentemente, no quedarían disponibles para otras tareas, sobre
todo, las comunitarias. Dicho de otra manera, aunque me parece
suficientemente claro; una de dos, a no ser que algún grupo de esta
Cámara pretenda que la reconversión --en este caso, de la minería-- se
haga a las duras, es decir, que la gente quede sin empleo y sin subsidio
y, si se muere de hambre, simplemente es un factor demográfico que no
tiene ninguna relevancia política... (Rumores.--El señor Sáenz Lorenzo:
¡Hombre! El ejemplo es lo que se ha realizado hasta ahora.) No estaba
pensando precisamente en el Grupo Socialista. O sea, que no se piquen.
(Risas.) Estoy hablando de un grupo hipotético que yo estoy seguro de que
no se da en esta Cámara y, en todo caso, menos el de ustedes. Estoy
seguro de que no se da en esta Cámara, no sigan ustedes picándose.
Como eso nadie lo pretende, igual me da que salga de los Presupuestos
Generales del Estado o que se ahorre de ahí, pero salga de otro gasto
público también, que es el de la Seguridad Social. Igual me da. Mejor
dicho, no me da igual, porque quiero suponer que, de forma inconsciente
--y es muchísimo suponer--, los que son partidarios de que se paguen
prejubilaciones a costa de empleo o de paz social a cargo de la Seguridad
Social no van a ser luego los mismos que digan que la Seguridad Social
está en crisis y que hay que reducir las prestaciones de la Seguridad
Social o que hay que poner en cuestión un sistema público de Seguridad
Social. Espero que no sean los mismos. Porque si son los mismos, son unos
auténticos sinvergüenzas. Quien esto haga conscientemente es un auténtico
sinvergüenza, porque lo que está haciendo sin decirlo es que en aquello
que proviene de las cotizaciones de un sector de la sociedad, y en
concreto de los trabajadores y empresarios, la solidaridad hacia los
pobres se haga con el dinero de los pobres. Y aquel fondo en el que
cotizamos todos, incluso los ricos, aunque haya pocos ricos que coticen
--desde luego, menos de los que debieran, salvo escasísimas excepciones
que ni Diógenes con aquella lámpara los encontraría con facilidad--, es
como la casa de tócame Roque. Por una parte, se dice que la minería del
carbón nos supone un gasto público tremendo. Pero como queda descartado,
dada la reacción de todos los grupos --cosa que yo esperaba--, que
ninguno va a mandar a la gente a la calle sin subvención alguna, quiere
esto decir que el gasto público no ha disminuido. Unicamente disminuirá
el de los Presupuestos Generales del Estado, no el de la Seguridad
Social, que se va a incrementar. Como el de la Seguridad Social es el de
los trabajadores, y no el de todos los que pagan impuestos, me parece un
tema muy serio y muy grave como para tener un mínimo de coherencia
política y ética en este particular.
Termino con algunos datos. Aun con todo, después de estas reflexiones que
yo improviso de alguna manera --por lo menos en su orden y en parte de su
contenido--, se podría deducir de mi intervención, de lo dicho sobre el
carbón y sobre lo que hay que hacer, que hay que hacerlo con tal de que
al mismo tiempo se hagan otras cosas en el sector eléctrico. Esa es,
efectivamente, una conclusión parcial de lo que yo digo. Sólo quiero que
se deduzca, por lo menos es la conclusión de mi Grupo, que debemos hacer
un debate y una aportación --mi Grupo está dispuesto a hacerlo de la
forma más positiva posible-- sobre todos estos elementos, pero dentro de
este contexto general. Busquemos un plan estable para el carbón.
Como un dato para añadir más complejidad, diré que con todos los datos
que se han dado el carbón sale muy cuestionado no sólo en sí mismo --y
esto es más grave todavía--, ni en relación con terceros países, sino en
cuanto a países comunitarios.
Sin embargo, esto tendría que ser también presentado junto al hecho de
que las subvenciones españolas al carbón no son mayores que las
comunitarias. Usted ha cogido una ratio, me parece que subvención por
hombre. Yo cojo otras. Los datos son de la propia Comunidad Europea y
usted los conoce, pero para la Comisión es bueno que quede constancia.
Un primer dato con relación a la Seguridad Social: que quede constancia
de que de los 190.000 millones de subvenciones al carbón, 130.000
aproximadamente vienen de la Seguridad Social y 61.000 millones de los
Presupuestos Generales del Estado. Es un primer dato que pone de
manifiesto también de qué fuentes emanan los actos solidarios.
Yendo a las subvenciones --y con esto termino--, España subvenciona
bastante menos que Alemania y que
Francia, en términos absolutos y con diferencias notables. Alemania
subvenciona 1 billón 200.000 millones --estoy hablando de 1992-- y España
subvenciona 190.000 millones. ¡La diferencia tiene canto!
Si cogemos otra ratio, en este caso la subvención por tonelada, que
también es una comparación significativa, sucede lo mismo. En España, en
1991, eran 12.000 por tonelada y, en 1992, 10.000 pesetas/tonelada. En
Alemania eran 16.000; en Francia eran 46.000 y la media comunitaria se
aproxima a la española, es incluso algo más alta. En España son 10.149 en
1992 --que es el último dato que tengo-- y la media comunitaria es de
10.481, prácticamente lo mismo.
Mi Grupo hoy había pensado en otro contenido de la comparecencia. Me
gustaría que en la réplica se refiriese a él, a por dónde van los planes
presentados en Bruselas y, sobre todo, que diera alguna razón de por qué
estos planes no fueron previamente negociados con los sindicatos, cuando
cuestiones importantes, conflictivas, tanto en el alto Bierzo como en la
minería leonesa en general y en algunas empresas asturianas, etcétera, sí
que fueron negociadas y además se alcanzaron acuerdos con los sindicatos.
Con ello se demuestra que los acuerdos son muy factibles y que los
sindicatos están dispuestos a llegar a ellos. Resulta chocante, incluso
un poco chirriante, que el plan de Bruselas, que usted mismo reconocía
--en eso, además, coincidimos-- que necesita de todo el consenso posible,
no haya sido previamente negociado.
Con relación al tema que usted ha planteado hoy, mi Grupo se lo agradece,
sinceramente, pero, repito, desearíamos continuar con él dentro de ese
otro marco más amplio y, dese luego, con más tiempo.
El señor PRESIDENTE: Antes de proseguir dando la palabra a los grupos que
deseen fijar posición, quisiera remarcar dos cosas.
En primer lugar, rogarle al señor Secretario General que la Comisión
pueda disponer de la información que ha pasado de forma visual para poder
adjuntarla, si no en el «Diario de Sesiones», por lo menos que puedan
disponer de ella los grupos parlamentarios. En segundo lugar y respecto a
la petición que formulaba en su intervención el señor García Fonseca,
debo recordar que esa comparecencia puede ser solicitada por los grupos
parlamentarios en esos términos; también puede ser hecha a petición
propia por el mismo gobierno pero, en cualquier caso, tenemos mecanismos
parlamentarios para proceder a la misma.
¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Gracias señor Presidente.
Señor Secretario General de la Energía, don Alberto Lafuente, quiero
agradecerle su comparecencia y las explicaciones que nos ha dado en
relación con el carbón y su vinculación directa con los acuerdos de la
Comunidad Económica Europea.
En primer lugar, debemos manifestar que da la impresión de que el
Secretario General de la Energía en esta comparecencia pasó de puntillas
sobre un tema que para regiones españolas como Asturias y León tiene suma
trascendencia. El Gobierno ha presentado a la Comisión Europea un nuevo
plan de reordenación minera para nuestro país sin negociarlo ni comunicar
su contenido a los sindicatos ni tampoco a los empresarios afectados, lo
que demuestra muy poca voluntad negociadora.
Todos sabemos que la Unión Europea pidió a los Estados miembros que
pensaban mantener las ayudas al carbón en el período 1994-2002 que
remitieran un plan de ordenación antes del 31 de marzo de 1994. España,
cumpliendo dicho mandato, primero, mandó un avance y, posteriormente, en
el mes de septiembre, presentó el plan del cual vamos a hablar
concretamente. Sin embargo, y eso hay que manifestarlo, en la prensa
nacional han aparecido manifestaciones de autoridades importantes del
Ministerio de Industria diciendo que este plan no se va a aplicar
realmente, con lo cual queda demostrado, una vez más, el nivel de
incompetencia e incongruencia con que nuestro Gobierno acude en el
momento de presentar dicho plan.
En dicho plan el Ministerio divide la minería en tres tramos distintos.
En primer lugar, empresas con contrato programa donde están incluidas
Hunosa, Minas de Figaredo y Minas de La Camocha; en segundo lugar, minas
sin contrato en programa y sujetas al nuevo sistema de contratación de
carbón térmico, que producen anualmente más de 200.000 toneladas, entre
las que se encuentran Sociedad Minerosiderúrgica de Ponferrada, Hullera
Vasco-Leonesa, Victoriano González y otra serie de industrias; y, en
tercer lugar, explotaciones mineras restantes, entre las que se
encuentran 74 empresas la mayoría de ellas en El Bierzo, que emplean a
6.067 trabajadores y producen 4.200.000 toneladas anuales. El plan las
agrupa por cuencas sin tener en cuenta para nada sus características
específicas. Prevé una reducción del 20 por ciento de la ayuda implícita
en el precio que estas empresas reciben por sus ventas a las centrales
térmicas para la producción de energía eléctrica. Esta reducción se hará
efectiva, según el plan, en el plazo de tres años, de manera que en 1997
las ayudas a estas empresas alcanzarían 9.867 millones de pesetas. El
documento destaca que con la nueva normativa de subvenciones muchas
empresas irán desapareciendo por sí solas, dado que las que no están al
corriente de los pagos a la Hacienda y Seguridad Social ven reducidas sus
subvenciones en un 10 por ciento cada mes, con lo cual, al suponer que
las subvenciones a la explotación son un tercio del precio final, en tres
meses se verán obligadas estas empresas al cierre al tener que acudir a
un mercado libre y en la mayoría de los casos no poder soportarlo. Es
asombroso que se plantee la muerte de muchas empresas precisamente por no
hacer frente a esos compromisos con la Administración central, con esta
tranquilidad y falta de escrúpulos.
La línea de ayudas para reducir costes supone un incremento anual
inferior en dos puntos al IPC real, con lo que para mantener su
rentabilidad las empresas deberán reducir sus costes en el período
1994-97 al menos un 8,26 por ciento si se realiza un cálculo tomando una
previsión de inflación anual del 3,5.
El plan prevé una reducción del 12 por ciento de la producción
subterránea y de un 27 por ciento de la mano de obra. La traducción que
han hecho los sindicatos de este plan es una pérdida de 3.488 puestos de
trabajo en los próximos tres años; sin embargo, y esto hay que
manifestarlo, en la prensa nacional ha salido recogido que los puestos
que peligran en el momento actual son de 5.000 a 8.000, y estas noticias
en modo alguno fueron rebatidas por dicho Ministerio.
Tanto los empresarios como los sindicatos han criticado mucho esta serie
de medidas, que incluso rompen compromisos anteriores sobre todo por
falta de información, de participación y consenso en su elaboración. Una
de las reivindicaciones de los sindicatos que más asumible es consiste en
el establecimiento de una dotación presupuestaria plurianual específica
destinada a la diversificación de las comarcas mineras españolas y dotada
con fondos de la Administración española y comunitaria. Este programa se
dirigiría a la creación de infraestructura viaria, de ferrocarriles, de
comunicaciones, de telecomunicaciones, a la mejora del hábitat minero y
del entorno ambiental; a la creación de polígonos industriales sobre la
base de su concentración en las cabeceras de las comarcas mineras; a
planes de reforestación y a la recuperación de escombreras. Francia y
Bélgica llevan veinte años haciendo esta política y les ha dado buen
resultado.
Todos sabemos que el sector del carbón es muy complejo y con situaciones
muy diversas. Existen empresas públicas y privadas; empresas con contrato
programa y empresas sometidas al nuevo sistema de contratación de carbón
térmico; minería de cielo abierto y subterránea y explotaciones rentables
y deficitarias. Por otro lado, una vez desaparecidos otros usos de carbón
distintos del energético destinado a la producción de electricidad, el
sector se configura como un duopolio en el cual Unesa y Carbounión
negocian bajo el amparo del Ministerio.
La reordenación de este sector no se reduce a disminuir empleo y
producción de una forma casi indiscriminada sin tener en cuenta las
características específicas de las empresas y de las explotaciones. Es
necesario abordar otros muchos problemas permanentemente pendientes. Ya
se ha hablado de la problemática asociada y de la necesidad de
reindustrialización de las cuencas mineras en declive. Otra cuestión a
abordar y a solucionar es la de los cupos. El sistema de cupos sólo ha
servido para limitar la producción con un efecto demoledor en la
administración de las empresas, ya que lo único que importa es tener y
mantener el cupo y no la eficiencia de la gestión, la reducción de los
costes o el incremento de la productividad. Ha dado lugar a compraventa
fraudulenta de explotaciones por el único motivo de que tenían cupo, sin
importarles en modo alguno si tenían rentabilidad o no. Además, los cupos
concedidos carecen de toda lógica, pues algunas minas tienen un cupo y no
pueden llegar a producir y, sin embargo, otras almacenan stocks sin
cesar.
Por otro lado, desde hace tiempo se viene produciendo una larga serie de
prácticas fraudulentas, con objeto de obtener abusivamente las ayudas
estipuladas, sin que la Administración manifieste el menor interés por
poner coto a estas actuaciones: importaciones de carbón y su mezcla con
carbón nacional, para hacer pasar al conjunto por carbón extraído en
minas subterráneas y subvencionadas; disposiciones de los carbones que
falsean sus características de poder calorífico y, en consecuencia, la
ayuda a la que tienen derecho; minas que se cierran previamente a la
indemnización a los trabajadores y que, al poco tiempo, vuelven a iniciar
su actividad o que la continúan durante el tiempo de una forma oculta,
etcétera. Son prácticas ante las que la Administración cierra sus ojos y
que van a afectar directamente al bolsillo de los consumidores. El
incremento de la siniestralidad en el sector no es ajeno a toda esta
serie de prácticas, que hacen el trabajo, a la vez, más precario y más
inseguro.
La reconversión de la minería del carbón en nuestro país será siempre una
asignatura pendiente mientras que no se adopten soluciones para estos
problemas. Hay que clarificar el sector, marcar claramente los objetivos
futuros y definir las vías para alcanzarlos. En concreto, se precisa
flexibilizar el sistema de cupos, beneficiando a las cuencas y a las
explotaciones más rentables. También será útil, para ganar en
transferencia y control, comenzar a utilizar los Presupuestos Generales
del Estado como mecanismo de subvención, en lugar de las tarifas
eléctricas, con el deterioro de la competitividad de nuestra economía que
conlleva la práctica que se ha desarrollado hasta este momento. Sin
embargo, si las ayudas pasan a los Presupuestos Generales del Estado, es
preciso que éstas sean compatibles con un objetivo de control, e incluso
reducción del déficit público, así como agilizar los trámites necesarios
para que estas ayudas lleguen a sus destinatarios, porque los tiempos
empleados habitualmente por la Administración para estos fines serían
imposibles de soportar para muchas empresas del sector. Se requiere
eliminar la discrecionalidad del actual sistema de ayudas, que además
penaliza a las mejores empresas frente a las menores, deficientes,
marcando precios de referencia objetivos, claros y transparentes.
Finalmente, es necesario, entendemos --y así se ha alegado por otros
intervinientes que me precedieron en el uso de la palabra--, un debate
nacional que defina el futuro del sector y de las amplias zonas
socioeconómicas implicadas, teniendo en cuenta el equilibrio entre lo que
puede soportar por sobrecoste el carbón de España y los beneficios que
dicho sobrecoste reporta en determinadas zonas geográficas.
Para terminar, quiero concretar dos preguntas que realmente son muy
importantes. En primer lugar, qué previsiones existen de prorrogar el
tratado CECA más de cincuenta años, que vence precisamente el 23 de julio
del año 2002. En segundo lugar, si en el Libro Blanco de la energía, que
precisamente toca muy por encima todo el problema minero, existe, con el
fin del mantenimiento de la seguridad del suministro, el proyecto de
garantizar estas medidas. Por último, si con los planes Rechar I y II ya
agotados, hay posibilidad de la existencia de un tercer plan Rechar y,
también, de que las ayudas CECA sean sobreabsorbidas por el Tratado de la
Unión para los próximos años.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don José Félix Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, tomo la palabra para hacer una
intervención breve por parte de nuestro Grupo. En primer lugar, quiero
señalar que, efectivamente, la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico,
que hace pocas fechas hemos aprobado en esta Cámara, introduce elementos
de mayor eficiencia en la generación de energía eléctrica, en todo el
sistema eléctrico y elementos de mayor competitividad, incluso de
competitividad entre los distintos combustibles. Por tanto, esto va a
llevar, a medio plazo, a que haya una competencia real entre los
combustibles y puede poner en cuestión cuál es la distribución o la
presencia de cada uno de estos combustibles.
Yo estaría de acuerdo con la propuesta que hace el señor García Fonseca
en el sentido de que en todos los combustibles se aprecien todos los
costes, en su conjunto, porque no solamente en el carbón, sino también en
otros combustibles, hay algunos costes ocultos o que vienen por caminos
muy distintos. Si se hace un planteamiento real de competitividad, habría
que hacerlo para todos los combustibles, teniendo en cuenta factores tan
importantes como el impacto medioambiental o el impacto sobre el empleo.
También consideramos que el sistema de ayudas al carbón que plantea la
Unión Europea nos exige una reestructuración y una modificación de
nuestros planteamientos al respecto que, en cualquier caso, desde el
punto de vista de nuestro Grupo, deberá hacerse con un proceso moderado,
es decir, con un proceso negociador, con el máximo grado de acuerdo, con
un impacto asumible, digamos, y llevando a cabo una senda no traumática.
Yo creo que en los cuadros que hemos visto en la exposición del
Secretario General de la Energía hemos contemplado que la velocidad que
se ha llevado en esta reestructuración no ha sido la misma en todos los
países. Es decir, tanto la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico y la
competitividad que introduce, como la evolución del sistema de ayudas al
carbón en la Comunidad Económica Europea, nos llevan a una senda de
disminución del papel energético del carbón; pero, a la hora de elaborar
esas reestructuraciones, tenemos que tener en cuenta cómo hacemos para
que efectivamente nuestros intereses económicos, industriales y mineros
queden salvaguardados, y habrá que ser vigilante. Efectivamente, en esas
sendas, entre los distintos países observamos diferencias significativas.
No es la misma la senda que eligen Inglaterra y Alemania, con un Gobierno
conservador, que la senda que elige España, efectivamente una senda mucho
más moderada, con un Gobierno socialista. Sin embargo, esa diferencia de
caminos, en las intervenciones en esta Cámara no se aprecia nunca.
Algunos tenemos una gran curiosidad por saber cómo se disminuye el
déficit aumentando el gasto. Cada vez que hablamos de los distintos
temas, aquí se dice: hay que aumentar el gasto, hay que aumentar las
subvenciones. Pasemos las subvenciones del precio de la energía a los
presupuestos, y además eso lo tenemos que hacer sin aumentar el déficit,
lo cual o es con un milagro o parece difícil de conseguir. Según vemos,
tampoco en este terreno hay disminución de prestaciones sociales, no hay
disminución de gasto social, tampoco hay disminución de subvenciones,
sino aumento, según deducimos de las intervenciones de otros grupos.
Nosotros pensamos que ésa no es la realidad, que la realidad es la
diferencia de sendas que hemos visto en los cuadros. Una senda brutal en
los países en que hay gobiernos conservadores y la senda moderada en los
países en los que hay gobiernos socialdemócratas o gobiernos socialistas.
Nosotros pensamos que ese recorrido lo tenemos que hacer, que
efectivamente hay que reestructurar, que en el sector del carbón hay que
seguir haciendo la reestructuración. Y hay que seguir haciéndola, por una
parte, atándonos a una competitividad cada vez mayor, puesto que los
precios de la energía no pueden seguir soportando determinado tipo de
subvenciones, y, por otra, adaptándonos al sistema de ayudas que plantea
la Comunidad Económica Europea, pero con el mayor grado posible de
acuerdo, porque no tenemos que olvidar que muchas veces trasladamos de
capítulo las subvenciones que damos y, después de un proceso negociador,
lo que ocurre es que lo que antes figuraba en el capítulo de subvenciones
o que estaba financiado por los precios de la energía acaba siendo
financiado después por el capítulo de la Seguridad Social, con lo cual la
mejora en la competitividad o la incidencia en el déficit público acaba
siendo mínima. Por tanto, nuestro Grupo quiere manifestar que pensamos
que hay que plantear una reestructuración del sector, no traumática, en
la línea que se ha seguido. Yo creo que las últimas negociaciones con la
empresa más importante del sector del carbón, Hunosa, han sido
significativas, y que hay que caminar en esa senda, tratando de que no
suponga en ningún caso un impacto traumático ni para determinadas
regiones, buscando los mecanismos adecuados para ello, ni para el sector
en su conjunto, procurando sobre todo que, efectivamente, haya empresas
que puedan seguir manteniendo su actividad económica y aflorando todas
las subvenciones, siempre que en el resto de los países exista una forma
de actuar similar de limpieza y transparencia, no vaya a ser que hagamos
transparente todo nuestro sistema y resulte que otros países lo hacen
menos transparente.
El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a las intervenciones de los
distintos grupos, tiene la palabra el Secretario General de Energía, don
Alberto Lafuente.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Lafuente
Félez): He de confesarles que me suele suceder que esté de acuerdo con
casi todo el mundo y que, sin embargo, casi nadie suela estar de acuerdo
conmigo. Esto lo atribuyo más a dificultades de comunicación que a
discrepancias de fondo.
En primer lugar, el debate sobre el carbón, señor García Fonseca, no ha
empezado hoy ni puede acabar tampoco hoy. Es un debate que debe ocupar al
Gobierno y a esta Cámara en los próximos meses y además ese debate no
debe aislarse, a mi juicio, de un debate general sobre la política
energética. Por tanto, vayan por delante mis disculpas si con
anterioridad a mi comparecencia no he podido suministrar información,
pero insisto en que toda la que está en mi poder está a su disposición y
de todos los grupos, y se trata, en definitiva, de enriquecer
progresivamente el debate, que por cierto no solamente se está
produciendo,
como usted sabe, en España, sino que viene produciéndose, en términos muy
similares a los que se han contemplado en las diferentes intervenciones,
en Alemania.
En segundo lugar, el Ministerio de Industria apuesta por el carbón
nacional. Lo único que sucede es que tal apuesta debe tener muy en cuenta
el nuevo escenario. Sería miope por nuestra parte mantener la actual
política, porque estoy firmemente convencido de que en el nuevo escenario
conduciría a la desaparición de la minería del carbón en nuestro país,
efecto éste que desde luego no queremos contemplar. Lo he dicho en alguna
comparecencia pública, insisto en ello: la política energética no debe
canonizar ni condenar ninguna energía primaria, ni canonizar el gas ni
condenar el carbón nacional o bien privilegiar la energía nuclear, no, y
además yo diría que la propia aprobación de la Losen permite dar un paso
firme en este sentido. Si el gas es caro, habrá menos gas; si el carbón
nacional es más barato, habrá más carbón nacional. La cuestión es que sea
más barato.
En tercer lugar, los criterios de política energética no pueden ser ni
son únicamente criterios de coste. De todas maneras, comprenda que
hablando de carbón nacional no resulta de todo punto conveniente recordar
los criterios medioambientales; yo no lo he hecho, y en este sentido la
propuesta del Gobierno sobre revisión de las emisiones del CO2 es una
propuesta prudente. Por cierto, que otras fuentes sociales exigen al
Gobierno una revisión a la baja de los objetivos de emisiones de CO2
contemplados en el PEN, como si esa revisión fuera incompatible o
independiente del número de horas de funcionamiento de las centrales
térmicas que consumen carbón nacional. Por tanto, permítame que en esta
respuesta no recuerde el criterio medioambiental.
Estoy firmemente convencido, como usted, de que es preciso realizar
esfuerzos mucho más importantes, iba a decir en materia de
reindustrialización, no lo voy a decir, porque yo creo que la experiencia
de estos últimos años es que es muy difícil reindustrializar las comarcas
mineras. Es más, yo diría que la política de acompañamiento de la
reestructuración debe ser más amplia, y quizás el futuro de algunas
comarcas mineras no está en el sector industrial, sino en el sector
servicios, de la misma manera que las ayudas no deben condicionarse a la
inversión realizada o a la creación de puestos de trabajo, sino que quizá
deban potenciar en mayor medida que el pasado la infraestructura
industrial y de todo tipo. Es preciso proceder a una revisión profunda de
la política de la minería del carbón.
Efectivamente, si comparamos las ayudas a producción o incluso al empleo
en otros países y en España, las ayudas en España pueden ser inferiores.
Ello resulta básicamente del hecho de que en otros países se ha producido
en los últimos años una disminución considerable del denominador, es
decir, de la producción. Si en España alcanzáramos a ajustar la capacidad
y la producción a las nuevas condiciones, ello, para un volumen similar,
si no superior, de ayudas, se traduciría en una mayor intensidad, quiero
decir concentración, de las ayudas en empresas, en comarcas, en sectores,
etcétera.
El plan presentado en Bruselas. He de decir que lo fundamental no es el
plan, obviamente, sino más bien hay que atender a la decisión de
autorización de las ayudas de 1994. Las ayudas de 1995 no han sido
todavía autorizadas, y los criterios de autorización tendrán muy en
cuenta --estoy convencido de ello-- algunos de los elementos que he
contemplado en mi primera intervención; es decir, si el Gobierno español
no fuera capaz, por falta de apoyo de los diferentes grupos
parlamentarios, de articular una política de largo plazo en el sentido
enunciado anteriormente, habrá más dificultades, si cabe, para que las
ayudas de 1995 sean autorizadas por la Comisión.
El plan es un documento que traslada los planes de reestructuración
elaborados por las empresas, transcribe, no hubo una reelaboración
posterior por parte del Ministerio. Eso sí, pone en clave comunitaria, en
clave de decisión, tales planes. Por tanto, si el plan contempla una
disminución del empleo, es porque así lo contemplan los planes de las
empresas. No se produjo ni una modificación, no se modificaron en
absoluto, ni en una sola coma, los esfuerzos previstos por las empresas.
Por cierto que el plan también, y en gran medida, responde a acuerdos
entre las empresas y los propios sindicatos. Es el caso de las empresas
con contrato programa, es el caso de MSP, es el caso de El Bierzo. Por
tanto, en la medida en que los sindicatos intervinieron muy activamente
en la negociación de los acuerdos, también contribuyeron a la elaboración
del plan. Pero más allá de lo que diga el plan, lo que demuestra la
experiencia es que la aplicación del mismo se ha hecho desde el primer
día en negociación con los sindicatos. El Bierzo es un ejemplo, a mi
juicio, que caracteriza la posición del Gobierno. El acuerdo sobre El
Bierzo, que traslada en definitiva el plan a esta comarca, se hizo previa
negociación con los sindicatos. En este sentido, tanto el plan como --lo
que es, sin duda, más importante-- su ejecución se han apoyado en la
negociación con todas las fuerzas sociales, incluso también con las
administraciones autonómicas con competencias en la materia. Cuestión
distinta es que alguna empresa en particular haya modificado, desde la
fecha de remisión de su plan al Ministerio o de la negociación con los
sindicatos, su plan en los últimos meses, en razón del cambio de
titularidad de la empresa, pero es la empresa la que ha modificado el
plan, no el Ministerio.
Señor Landeta, coincido en muchas de sus apreciaciones. Algunas
ciertamente no las entiendo. He tenido dificultades en seguir el hilo de
su argumentación. Ha hecho alusión a que la percepción de ayudas por
parte de las empresas requiere que éstas estén al corriente de la
Hacienda y Seguridad Social. Efectivamente, así es. ¿Pero es que puede
ser de otra manera?
En segundo lugar, prácticas fraudulentas, siniestralidad, esfuerzo de la
Administración general del Estado. Las competencias en minería están
transferidas a las comunidades autónomas; por tanto, si un yacimiento,
una explotación se cierra, eso sí, con recursos abundantes, procedentes
generalmente de los Presupuestos Generales del Estado, y luego se vuelve
a abrir, esa responsabilidad corresponde a la Administración autonómica.
Podría citarles algunos casos sabrosos en lo que se refiere a la
Comunidad de Castilla y León.
En lo relativo al control de fraude, la aprobación de los planes de
labores, las competencias en materia de seguridad,
también corresponden a las comunidades autónomas. Por cierto, he de decir
que en algunos casos tenemos serias dificultades para aplicar los
recursos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para
contribuir a reducir el impacto social de la reestructuración, en la
medida que tales aportaciones están condicionadas a aportaciones previas,
notablemente inferiores, de las comunidades autónomas --de una en
particular-- y, ciertamente, la celeridad de la Administración general
del Estado no guarda relación con la preocupación y celeridad que muestra
la comunidad autónoma en cuestión. Eso está dando lugar a problemas
sociales importantes, que pueden llevar incluso al cierre de otras
empresas y esto realmente nos preocupa.
Hay otra observación con la que creo que debo discrepar de manera
explícita: precios. Efectivamente se contempla una disminución de los
precios del carbón, lo he dicho. El futuro de la minería del carbón en
nuestro país depende de su competitividad; si se ha reducido de manera
significativa el consumo del carbón en nuestro país para uso no eléctrico
es porque ese precio en los últimos años no ha bajado y ha hecho, por
ejemplo, que las empresas cementeras, tradicionalmente consumidoras de
carbón, hayan optado por la utilización de coque de petróleo. A este
resultado conduce precisamente una evolución no competitiva de los
precios. La estrategia podría consistir, como entiendo propone S. S., en
incrementar más los precios. El resultado sería, obviamente, un menor
consumo de carbón por parte del sector eléctrico y por parte de sectores
no eléctricos.
Pregunta: ¿Qué va a suceder a partir del año 2002? Lamentablemente no
estoy en condiciones de responder a esa pregunta, porque además la
decisión corresponde al Consejo de Ministros de Energía. Le puedo
responder con lo que yo creo puede pasar que, claro está, tiene un valor
más que limitado. Lo que puede suceder es que antes del año 2002, por
ejemplo en 1996, la actividad de la minería de carbón, en cuanto a ayudas
se refiere, en parte esté sujeta al régimen CE, que es mucho más
exigente, como sabe usted, en lo que se refiere a la concesión y
administración de ayudas públicas. Es decir, desde ahora y en la medida
que las ayudas prestadas por los Estados miembros a sus respectivos
sectores entorpezcan el comercio intracomunitario de carbón, esas ayudas
pueden quedar prohibidas. Este es el criterio de los servicios jurídicos
de la Comisión; éste es el propósito político de la Comisión, que no del
Consejo. A este respecto debo recordar que nos puede gustar o no el
Código Civil, pero, al igual que el Tratado, se aplica necesariamente. En
ese sentido difícilmente el Gobierno de un país miembro puede diseñar una
política a espaldas de lo que establece el Tratado de la Unión.
Habrá un tercer Plan, sin duda alguna. A partir de 1997 --espero que en
otro marco-- quizá el Gobierno someta a consideración de la Comisión otro
Plan que se extendería hasta el año 2000 ó 2002. Ese plan yo creo que
deberá tener naturaleza distinta para que pueda ser aprobado por la
Comisión, y no contemplará, no debería contemplar ningún tipo de objetivo
en materia de evolución del empleo. Un Gobierno no puede, no debe
condenar a un sector de actividad a la desaparición; no puede condenar a
la disminución de empleo a un sector de actividad.
De como evolucione el empleo en el sector de la minería del carbón
dependerá fundamentalmente, y debe depender, de los esfuerzos que hagan
las empresas y los propios trabajadores, y en parte también de las ayudas
prestadas a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero
corresponde fundamentalmente a las empresas, de tal manera que el que se
destruya más o menos empleo dependerá de muchos factores, no controlables
por el Gobierno y sí controlables y gobernables --ésa es su
responsabilidad-- por las empresas.
En ese sentido la política minera no puede fijar cifras de producción, no
debe fijar cifras de evolución de empleo; debe, eso sí, contemplar un
marco leal de competencia y también un marco estable de aportación en
recursos públicos. Esta debe ser la política minera y éste quizá sea el
Plan que se presentará a la Comisión a partir de 1997.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean utilizar el turno de réplica?
(Pausa.)
En representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra don Manuel García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Brevemente ya, señor Presidente, para hacer
algunas observaciones a la réplica del señor Secretario General de la
Energía.
Permítame que insista en algunas de las cosas ya expuestas en mi primera
intervención. Repito que en temas de eficiencia económica, ni en temas
medioambientales mi grupo quiere esconder la cabeza bajo el ala.
La única condición es que se haga con todo rigor, y desde luego eso
implica, entre otras cosas, que se haga en un contexto global, por
supuesto del sector energético, y posiblemente en un marco más amplio,
por lo menos en algunos aspectos.
Mi grupo efectivamente pide que reduzcamos, o al menos no incrementemos,
en la medida que preveía el PEN, las emanaciones de CO2, pero sería una
lógica muy restringida, muy constreñida si se hace al carbón responsable
fundamental de esa emisión. Claro que el carbón tiene una
responsabilidad, pero planteémoslo en su conjunto. Tiene poco sentido que
se utilice ese argumento para restringir la utilización de las térmicas
en base al carbón y que, al mismo tiempo, se haga una política de
transportes, por ejemplo, donde se estén primando las autovías y el uso
del coche privado por encima del transporte colectivo y las autovías por
encima del ferrocarril y, además, lo que se gasta en ferrocarril
fundamentalmente se haga en la alta velocidad. Eso a mí me parece una
aberración; tanto desde el punto de vista económico como medioambiental,
me parece una aberración.
No es el caso de entrar ahora en esa discusión, pero fijo mi posición con
toda claridad y rotundidad. Me parece una aberración que la prioridad que
se ha tenido en política de transporte en este país haya sido la autovía
y el coche privado, «de facto», y lo que se haya hecho en materia
ferroviaria haya sido fundamentalmente priorizar la alta velocidad en
relación a la red básica. Es un absurdo, tanto desde el punto de vista
económico como medioambiental.
Con estos absurdos no se nos pida luego rigor y coherencia al detalle en
otros temas, porque es ahorrar con una mano y dilapidar con 18 que
tuviéramos. Es un ejemplo.
Otro ejemplo que ya planteé antes, en este caso no ya de política
medioambiental, sino de eficiencia económica, es que cualquier
extraterrestre que llegue aquí (y es posible que nosotros seamos un poco
extraterrestres, como nos decía el señor González) y que funcione con la
lógica aristotélica, consideraría completamente absurdo, ininteligible
que a unos señores de cuarenta y pocos años se les pague para que dejen
de trabajar, estando en plenas facultades de trabajo y, además, incluso
en la madurez de su vida y de su cualificación profesional. No es sólo en
el caso de la minería, desgraciadamente, tenemos casos muy diversos. O
sea, a técnicos, los más cualificados, con mucha experiencia, de cuarenta
y tantos años, se les paga para que no trabajen. Algunos de ellos vienen
a este diputado y me dicen: ¿no conoces algún país en Centroamérica que
me necesite para hacer algo útil? Voy gastos/pagos con tal de que sea
para algo útil. Le estoy contando cosas que son reales, lo que pasa es
que son absolutamente absurdas. Yo creo que esto que es tan global o tan
filosófico, si se quiere, debiera ser una idea matriz que obviamente no
la puede imponer nuestro Gobierno a nivel europeo ni en su propio
territorio en solitario, pero si estuviéramos, primero, convencidos de
ella, y la defendiéramos con todo rigor y con toda fuerza, algo cambiaría
la política económica y la política energética, porque, repito --y es
otra observación más--, la Comunidad nos impone lo que previamente
nosotros nos hemos autoimpuesto en términos globales, sin quitar valor,
pero a un nivel secundario a las apreciaciones que usted hace.
Termino ya, con algunas brevísimas observaciones. Usted dice que apuestan
por el carbón y que, además, no hay que ensalzar ni minusvalorar ninguna
de las fuentes energéticas. En la práctica, en relación a las previsiones
del PEN, aun teniendo en cuenta que ha habido un incremento de la demanda
mucho menor del previsto y permítanme les diga, sin ningún tipo de
vanidad porque era una cosa bastante fácil de entender, nuestro grupo
puso en cuestión desde el principio que el incremento de la demanda
previsto era muy excesivo, no digo optimista, porque no es el caso, pero
muy excesivo; con esa reducción de la demanda, del consumo, la única
fuente que no ha salido malparada ha sido la nuclear; todas las demás, y
particularmente el carbón, han salido malparadas. Entonces, su discurso
puedo admitirlo a nivel de buena intención, pero, desde luego, no a nivel
de coherencia política en los hechos.
Muy rápidamente quiero hacerle también una última observación. Usted dice
que el plan, aunque no fue negociado en su globalidad, no se puede decir
que no haya sido, puesto que hubo algunas empresas importantes en las que
sí fue negociado. Señor Lafuente, no quiero ser mordaz, pero creo que no
lo soy incluso si digo que lo han negociado donde no han tenido más
remedio que hacerlo; es decir, ustedes negocian un plan en Hunosa por
narices, porque no pueden hacer algo allí que no lo negocien mínimamente,
lo cual me parece muy bien y, además, celebro que haya sido una
negociación que haya limitado conflictos, etcétera, pero esto mismo que
hacen donde los sindicatos tienen fuerza y se lo imponen, o la sociedad
de las cuencas, etcétera, no debiera ser la razón para negociar. Usted
sabe que hay muchas pequeñas empresas, muchas empresas de la minería que
son muy caóticas, no merecen ni siquiera ese nombre, donde no es posible
negociar a ese nivel y, sin embargo, es conveniente negociar. Por eso, me
parece que el hecho de que haya sido negociado en algunas empresas
importantes, no justifica que no se negocie el plan en su conjunto por
parte de ustedes. Yo creo que debieran hacerlo.
Estas son las observaciones fundamentales que se me ocurren. En todo
caso, mi grupo espera que sobre este tema podamos seguir debatiendo en el
futuro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
don Antonio Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En primer lugar, entendemos que el
Secretario General de la Energía ha comparecido en este acto para
informar del plan ante la Comunidad Económica Europea; por tanto, nos
extraña las alegaciones que ha hecho en concreto sobre la Comunidad de
Castilla y León. Este diputado desconoce tales irregularidades y, por
otra parte, las que conozco muy bien, y sin embargo no he alegado, son
las que han ocurrido en la Comunidad del Principado de Asturias.
En segundo lugar, nos parece correcto que el señor Secretario General de
la Energía apueste con su ministerio por el carbón nacional; sin embargo,
por los hechos que examinamos diariamente, como las noticias que aparecen
en prensa, en el período 1994/97 se contempla la pérdida de 8.000
empleos. Esta misma comunicación la he recibido como contestación a
pregunta escrita hecha por este diputado; sin embargo, las cifras que se
están manejando de pérdida de empleo en los años 1994 a 1997 unas veces
nos hablan de 3.500 empleos, otras de 5.000 y otras de 8.000. Nos
interesaría que nos concretase exactamente la cifra que la aplicación del
nuevo plan va a suponer en la pérdida de empleo.
Por otra parte, esperamos que realmente en esta Comisión se siga hablando
del tema del carbón, un tema que afecta principalmente a dos comunidades
españolas, como son las de Castilla y León y Asturias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Voy a hacer dos observaciones que se salen un
poco del marco de lo que estamos discutiendo.
El señor PRESIDENTE: No me diga que se salen del tema, porque, en ese
caso, no debería darle la palabra.
El señor SAENZ LORENZO: Estamos en una Cámara política, por tanto yo
supongo que no se va a restringir la libertad de expresión de los señores
diputados.
El señor PRESIDENTE: Estoy seguro de que si utiliza la palabra es para
hablar sobre el tema que nos reúne.
El señor SAENZ LORENZO: Sí, sobre las divagaciones que al respecto ha
hecho el señor García Fonseca, porque si habla de política de transporte,
nuestro grupo quiere mostrar su desacuerdo sobre algunas de las cosas que
ha dicho en relación con esa política de transporte que está relacionada,
evidentemente, con la política energética.
Desde luego, yo no había oído todavía una crítica sobre la modernización
del sistema de carreteras en España; del plan de autovías hasta hoy no
había oído una crítica por parte de su grupo. (El señor García Fonseca:
Muchas veces.) Yo creo que ese elemento no puede considerarse como una
errónea política de transporte, de priorización del transporte del
automóvil, sino como un elemento básico de modernización de nuestro país
de cara a su propia inserción en el ámbito europeo. Por tanto, a mí me
parece que esa prioridad a la red de carreteras ha sido importante, es
una modernización básica de nuestro país, y difícilmente se puede
criticar desde el punto de vista de la política de transportes.
Tampoco estoy de acuerdo en que se haya dado prioridad a la alta
velocidad. Justamente, en estos momentos estamos viendo que los planes de
alta velocidad, desde el punto de vista presupuestario, están un poco
frenados o, por lo menos, las expectativas que tenían algunas zonas del
país se han visto disminuidas. Por tanto, creo que esa prioridad no
existe en estos momentos, aunque sí es verdad que el futuro del
ferrocarril, desde mi punto de vista, pasa en buena medida por la alta
velocidad.
También quisiera señalar que ciertas consecuencias que plantean algunos
de los representantes vienen de que cuando se deben tomar las decisiones
planificadoras respecto a qué energía, a qué combustible se utiliza,
evidentemente hay que valorar todos los costes que se introducen, todos
los costes que tiene cada combustible, pero a la hora de tomar la
decisión respecto a qué combustible entra en un momento determinado, no
son iguales los costes fijos, en los que ya se ha incurrido, que los
costes variables. Eso, efectivamente, produce unas consecuencias
fácilmente contrastables y, por tanto, supone que se siguen cumpliendo
los objetivos que se plantean y, sin embargo, no supone ninguna
contradicción.
Me gustaría saber en qué comunidad autónoma, si es que esto se ha
producido en alguna de ellas, ha habido empresas mineras que han recibido
subvenciones sin existir.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General de la Energía, don
Alberto Lafuente, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Lafuente
Félez): Una precisión, señor Landeta. He mencionado las competencias que
corresponden a las comunidades autónomas en materia de minería, porque
alguna de las denuncias que ha hecho usted sobre el funcionamiento de la
minería del carbón en nuestro país se refiere, claro está, a esas
competencias.
En segundo lugar, más allá de lo que diga el plan no existe ningún
objetivo en términos de disminución de empleo. No existe ningún objetivo.
En todo caso, cabe hacer una previsión que no vincula a las empresas ni
al propio Ministerio de Industria. El plan, y la política minera que se
asienta sobre el plan, tienen diferentes componentes. El primero y
fundamental es que solamente pueden percibir ayudas las empresas que
están al corriente de los pagos de Hacienda y Seguridad Social.
Obviamente, eso puede dar lugar a que algunas empresas tengan que cerrar;
pero me parece que ese criterio no es discutible.
Segundo, los precios deben evolucionar por debajo del IPC. Corresponde a
un acuerdo entre las compañías mineras y el sector eléctrico, en la línea
adecuada, entiendo yo, de que tal energía primaria sea más competitiva en
el futuro respecto a las otras energías primarias.
Tercero, en aquellas empresas que no puedan hacer frente a estas
exigencias (Hacienda y Seguridad Social), los trabajadores de esas
empresas podrán disfrutar de ayudas, que permitan financiar
prejubilaciones y bajas incentivadas, más los apoyos de acompañamiento
que se puedan prestar en materia de reindustrialización.
Hay un cuarto componente. Si una explotación no es viable en las
condiciones mencionadas anteriormente, obviamente tendrá que cerrar. Pues
bien, al menos en parte, la producción asignada a esa explotación se
traslada, con trabajadores incluidos, a explotaciones que pueden ser
viables a largo plazo. Eso se llama consolidar a largo plazo el sector de
la minería de carbón. No hay objetivos sobre empleo; serán las propias
empresas, serán los propios trabajadores los que, definitivamente,
determinarán, a través de sus esfuerzos, cuánto empleo hay en la minería
del carbón en 1997 en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
Finalizamos con esto la comparecencia del señor Secretario General de la
Energía, por lo menos la que correspondía al punto primero del orden del
día, agradeciendo al secretario general su comparecencia y sus
explicaciones.
La sesión se reanudará a las cuatro de la tarde, también con la
comparecencia del señor Secretario General de la Energía, para dilucidar
los puntos dos, tres y cuatro del orden del día.
Se levanta la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las dos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
--SOBRE LAS INICIATIVAS QUE TOMARA EL GOBIERNO PARA IMPEDIR LOS EFECTOS
QUE ORIGINA LA INSTALACION DE UN CABLE DE ALTA TENSION EN TARIFA (CADIZ).
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/001402.)
--SOBRE LA SITUACION Y LAS CONSECUENCIAS DE LA INSTALACION DE UN CABLE DE
ALTA TENSION EN TARIFA (CADIZ). A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 212/001403.)
--SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INSTALACION DE UN CABLE DE ALTA
TENSION EN TARIFA (CADIZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001413.)
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señorías, reanudamos la sesión
para celebrar la comparecencia del Secretario General de la Energía y
Recursos Minerales, solicitada por tres grupos parlamentarios. Tengo la
impresión de que, aunque tienen matices que diferencian cada una de
ellas, sin embargo todas coinciden en el tema fundamental: las
circunstancias que concurren en la instalación de un cable de alta
tensión en Tarifa, provincia de Cádiz. Preguntaría a los portavoces de
los grupos si existe algún inconveniente en que, dado el aspecto común
del tema, pudiésemos substanciar las tres peticiones conjuntamente. No
veo que haya objeción a esta aproximación simplificadora y, por tanto, la
adoptamos.
Señorías, también se me sugiere la posibilidad de que, por analogía con
otras ocasiones, hagamos el planteamiento de situación, de primera
información, por parte del Secretario General de la Energía y Recursos
Minerales y después empecemos en el orden que yo había creído que era el
que se podía deducir como habitual entre los grupos, pero también se me
sugiere el de orden de presentación de la solicitud de comparecencia.
Tampoco habría inconveniente alguno. Si no hay objeción, cedo la palabra
al señor Secretario General. (El señor Andreu Andreu pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, solicitaría, en primer lugar,
poder plantear la cuestión en los términos que le son queridos a mi Grupo
Parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Veo, señor Andreu, que
coincidimos en mi primera intervención. Volvemos sobre ella, y lo que sí
haré es que cada grupo hará este planteamiento --yo sugeriría que
sucinto-- para que en los otros turnos podamos avanzar sobre ello.
Tiene la palabra el señor Andreu, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor ANDREU ANDREU: El asunto que nos trae aquí es el de la
construcción de un cable de alta tensión que atraviesa el término
municipal de Tarifa, concretamente las cercanías del núcleo urbano de
Tarifa. Este cable de alta tensión se construye en base a un proyecto
cuya ejecución se plantea en tres fases. Una primera fase en la que se
plantea un circuito de 300 megavatios; una segunda fase en que se plantea
un circuito de 600 megavatios, y que está prevista para el año 2000, y
una tercera fase en la que hay dos circuitos de 600 megavatios, que está
prevista para el año 2015.
En consecuencia, mi primera pregunta en esta comparecencia del señor
Secretario General de la Energía es cuál es el sentido de la existencia
de estas tres fases; si se trata únicamente de un proyecto de transporte
de energía eléctrica de España hacia Marruecos o si, por el contrario, se
persigue alguna otra finalidad con la existencia de estas tres fases.
Concretamente, si se persigue en algún momento la finalidad de que este
transporte de energía no sólo sea en la dirección de España a Marruecos,
sino que se prevé que en algún momento el transporte se haga en sentido
contrario, de Marruecos a España, y, en el caso de que esto fuera así,
¿qué energía sería la que se produciría en Marruecos para transportar a
España, o cuál sería la forma en que se produjera esa energía? Para ser
muy claros: ¿habría alguna posibilidad de que fuera energía nuclear la
que se transportara de Marruecos a España, por medio de esta operación de
la segunda y la tercera fase de este cable? Es algo que a mi Grupo le
interesaría que quedara claro en esta comparecencia.
Este cable se está ejecutando en base a un proyecto fundamentado en la
ley de 1966, por la cual se considera que es de utilidad pública. Y yo me
permito preguntarle al señor Secretario General si esta utilidad pública
también revierte sobre el pueblo de Tarifa y de qué forma revierte esta
utilidad pública. Hasta ahora, en todas las operaciones de
infraestructuras a lo largo del Estrecho que pasan por Tarifa la utilidad
pública se da en unos términos más generales, porque al pueblo de Tarifa
--o, por lo menos, se siente así en Tarifa-- solamente le ha traído
perjuicios. Concretamente se ha ejecutado últimamente un proyecto de
gaseoducto y después de dicha ejecución las capturas de pesca del pagro
han disminuido en un 30 por ciento dentro del ámbito en que faenan los
pescadores de Tarifa. Por tanto, nos interesa mucho saber si también se
refiere a utilidad pública para el término de Tarifa o si se plantea en
términos diferentes.
Enlazando con esto, también nos interesa conocer cuál es el criterio que
se tiene sobre los estudios de impacto. No ha habido ningún estudio de
impacto que se haya sometido a información pública. ¿Está en condiciones
el señor Secretario de decir --una vez que se plantea esto-- que no se va
a producir efecto alguno sobre la pesca por la construcción de este
cable?, ¿si el campo electromagnético que pudiera crearse, y que no
sabemos cuál va a ser su intensidad, pudiera tener algún efecto sobre la
pesca o que la propia obra no pudiera tener ningún tipo de efecto? ¿Se
comprometería el Secretario General de la Energía a que por parte del
Gobierno cualquier efecto negativo sobre la pesca sería financiado,
subsidiado o retribuido, en el caso de que lo hubiere? ¿Sería posible ese
tipo de compromiso?
Tampoco ha existido ningún tipo de estudio de impacto, que se haya
conocido a nivel de información pública, respecto a la posible incidencia
sobre la salud de este cable. Y en el tema medioambiental es
absolutamente llamativo que el único estudio de impacto ambiental que se
ha planteado se haya encargado en el mes de diciembre, cuando
las obras empezaron a realizarse en el mes de agosto. Hablo de atravesar
el Parque de los Alcornocales y lo que ya no es sólo el término de
Tarifa; pero tampoco sobre esto ha habido ningún estudio de impacto
ambiental que haya salido a información pública, y nosotros nos
interesamos vivamente por este aspecto.
El 7 de marzo se produce una reunión en el Ministerio de Industria con la
Plataforma contra el cable, que se ha montado en Tarifa y que reúne a un
importantísimo número de colectivos y a todos los grupos políticos
relevantes, excepto al Partido Socialista, en Tarifa, y en esta reunión
del 7 de marzo se produce una serie de acuerdos en la sede del Ministerio
de Industria, consistentes fundamentalmente en encargar una serie de
informes a partir de los cuales se pudiera formar una opinión objetiva en
el pueblo de Tarifa, que está muy movilizado respecto a esta situación.
Esta serie de informes se refiere a todos los aspectos que he manifestado
anteriormente. Concretamente (y no es una petición, sino que son acuerdos
formales a los que se llega, y si el señor Secretario me dice que no,
tengo aquí un vídeo de la reunión que le daré y podrá comprobar en él
cómo hay acuerdos reales entre la empresa eléctrica y los miembros de la
Plataforma), esos acuerdos significan, en primer lugar, la paralización
de las obras; en segundo lugar, que se haga un estudio de impacto
paisajístico que se encargue a un técnico en concreto; que haya un
estudio de impacto ambiental de los tramos aéreos y subterráneo, que se
encargue a otro profesor, en concreto, de la Universidad de Córdoba; otro
estudio de impacto sobre la incidencia en la salud que se encargue a un
profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, y otro estudio de
impacto que se encargue a un doctor en física italiano.
Todos estos acuerdos, que se suscribieron en el Ministerio de Industria,
¿han sido cumplidos por parte del Ministerio de Industria antes de
continuar con esta operación? También me interesaría conocer este aspecto
porque es bastante relevante de cara a las posiciones que se mantienen en
este asunto.
Por último, quisiera manifestarle que nos preocupa seriamente después de
que ha habido un acuerdo de la totalidad del municipio, un acuerdo por
unanimidad del Ayuntamiento en el que se reiteran estas posiciones de
pedir una moratoria mientras no se clarifican los posibles impactos de
este cable, nos preocupa seriamente, repito, el que pueda haber
actuaciones más o menos autoritarias por parte del Gobierno y por parte
del Gobernador Civil, que es el representante del Gobierno en la
provincia de Cádiz, que creo que podrían llevar esta situación a un
callejón sin salida y sin posible solución.
Le rogaría, señor Secretario, que todos estos aspectos me sean aclarados
en esta comparecencia, porque creo que son francamente interesantes para
el pueblo de Tarifa.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Para plantear la solicitud de
comparecencia, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Secretario General de la Energía, después
de la intervención del Diputado por la provincia de Cádiz señor Andreu,
representante de Izquierda Unida, a mí me gustaría conocer qué va a pasar
con la instalación de ese cable. Ustedes son los únicos responsables de
lo que está pasando allí. Como decía también el señor Andreu, por aquella
misma zona o cerca va a pasar la instalación del gaseoducto y esto es
algo que conocemos bien los que allí vivimos o los que por allí pasamos
constantemente. Ahora están haciendo las obras del cable de la
interconexión eléctrica con Marruecos y la verdad es que, como ya tenemos
una experiencia negativa por parte de los proyectos del Gobierno central
referentes a obras importantes en la provincia de Cádiz, como es el
trasvase del Guadiaro-Majaceite, en el que después de tener el proyecto
presentado y de que los distintos grupos sociales y políticos iniciaran
las protestas, ha habido que reconocer que tenían en parte razón, que
teníamos en parte razón, y ha habido que hacer modificaciones, en esta
ocasión el Gobierno socialista no puede por menos de poner primero encima
de la mesa que es lógico que los gaditanos estemos un poco escamados en
cuanto a la fiabilidad de proyectos de otras tan importantes que
transcurren y se ejecutan en nuestra provincia.
Se ha hablado de distintos problemas en cuanto a la instalación de este
cable. Se ha hablado de la problemática de los campos electromagnéticos,
que es muy compleja. Sus efectos sobre la salud y el medio ambiente,
especialmente la fauna, se viene estudiando desde hace tiempo y las
conclusiones no son precisas, y a este estudio epidemiológico que señala
consecuencias negativas para la salud sigue otro que lo desacredita.
En cualquier caso, y como precaución, numerosos países han aplicado
normativas limitadores de la exposición de los trabajadores
profesionalmente expuestos a estos campos y del público en general. La
Unión Europea prepara una directiva dese hace tiempo, pero ya el Congreso
de los Diputados aprobó, hace casi dos años, una proposición no de ley, a
instancias del Partido Popular, que pedía que se formara una comisión de
expertos que estudiara la cuestión y que, a la luz de sus resultados, se
establecieran las medidas oportunas de protección.
Como le decía antes, señor Secretario General, la alarma causada en
Tarifa y en toda la provincia de Cádiz por el tendido de un cable
eléctrico de alta tensión, de interconexión entre España y Marruecos, se
debe en gran medida a la poca transparencia en la información. De repente
nos hemos encontrado allí con unas obras --yo no soy experta en temas de
campos electromagnéticos, pero sí de la construcción--, y si usted tiene
interés, dése una vuelta por allí y verá que sólo por el aspecto de las
losas que están allí apiladas para proteger en tierra la instalación de
ese cable es para morirse de la risa. Son una chapuza general. Una
instalación que cuesta tanto miles de millones de pesetas y resulta que
en la parte terrestre va a estar protegida por unas losas prefabricadas
que vale más que ustedes las miren y que, aunque sólo sea por no hacer el
ridículo, las desechen y las tiren, porque eso ya da muestra de cómo se
quiere proteger a los ciudadanos. Son una chapuza desde el punto de vista
constructivo y desde el punto de vista de los materiales de construcción.
Además de esta alarma causada entre los habitantes de Tarifa, tienen que
tener ustedes en cuenta que es una zona eminentemente turística y
pesquera donde, como es lógico, se temen las repercusiones negativas que
esto va a tener para la economía de la zona, que no es muy boyante.
Además de estos impactos, existen importantes impactos visuales debido a
la falta de sensibilidad de los expertos que han elaborado el proyecto.
Es una zona que, como usted también sabe, apenas tiene arbolado y encima
de tener allí un parque eólico lleno de aspas, que parece un bosque
inanimado, en la zona que tiene menos vegetación hay unas altas torres
--por no llamarlas fantasmas-- que destacan sobre el paisaje.
Eso es fácil corregirlo con un mayor presupuesto a la hora de ejecutar el
proyecto y lo que nos extraña es que ante un proyecto de esta envergadura
se haya tenido la poca sensibilidad y precaución con respecto al medio
físico de no haber estudiado más, ya que si es un proyecto de esa
envergadura, ¿por qué perjudicar a Tarifa y al medio ambiente de nuestro
entorno?
También habría que evaluar los problemas derivados del riesgo que supone
que el cable esté simplemente apoyado en el fondo marino, lo que supone
un cierto riesgo, porque, según parece, hay algunas zonas del fondo
marino en las que tendrían que ponerse una especie de soportes --y
ustedes lo saben-- para sostener ese cable, si es que no encuentra un
fondo marino adecuado para que luego no haya problemas.
Señor Secretario General, la verdad es que creo que la propaganda
elaborada y entregada por Red Eléctrica a los ciudadanos induce más a la
desconfianza, porque justificar este proyecto diciendo que para España y
para Andalucía esta interconexión permitirá una explotación más adecuada
a las características del sistema eléctrico español con una repercusión
beneficiosa en los costes de suministro externo y, en consecuencia, en la
tarifa eléctrica, es querernos tomar el pelo.
Ciertamente es preocupante que se diga que la interconexión entre España
y Marruecos va a mejorar la explotación eléctrica en España. ¿Tan mala es
que la interconexión con un sistema precario y débil como el marroquí
supone una mejora? Lo cierto es que, gracias a esta interconexión,
cualquier fallo --tensión, frecuencia-- en la red marroquí se trasladará
a España y, lógicamente, con mayor repercusión en las zonas más cercanas,
es decir, en Andalucía.
Lejos de mejorar la explotación de la red, la interconexión supone un
riesgo para Andalucía y principalmente para España. Ese riesgo, señor
Secretario General, se puede asumir por políticas de colaboración, pero
nunca se puede disfrazar como una seguridad para nuestro sistema
eléctrico.
Si el impacto económico sobre la tarifa va a ser beneficioso, se debería
pedir también la cuantificación en pesetas kilovatio/hora consumido. Esta
es otra afirmación que he leído bien de este párrafo, pero que es
completamente falsa. El precio de compra de la energía por Marruecos es
de 2,86 pesetas kilovatio/hora, cuando los costes de generación están en
torno a las 6 pesetas kilovatio/hora para la energía nuclear y térmica y
con carbón de importación e incluso es dos pesetas superior para la
generación con carbón nacional. Sólo la energía hidroeléctrica tiene, en
ese orden de magnitud, un coste de generación inferior. Y esto hablando
de costes variables, sin añadir la retribución en la inversión. Podemos
argumentar que los consumos de Marruecos son muy elevados y que, por
tanto, se debe aplicar un descuento de gran consumo, pero también estaría
en diferencia con aquellas empresas o aquellos consumidores de energía
eléctrica de gran consumo.
Por tanto, señor Secretario General, también ahí la Red Eléctrica da una
información sobre la que yo no quiero decir que miente, pero puede
inducir a que los ciudadanos que lo lean piensen que nos quieren tomar el
pelo.
A todo esto hay que añadir que el coste de las infraestructuras de la
conexión, de miles de millones de pesetas, va a ser imposible
amortizarlo. Los marroquíes ya están hablando de acortar el contrato y
comprar energía a Francia, con lo cual se tendrían que amortizar estas
inversiones estrictamente en los tres años de contrato.
El coste de la interconexión asciende, al parecer, a 16.800 millones,
aproximadamente, que, teóricamente, serán financiadas a partes iguales
por los dos países afectados, aunque en realidad la inversión de Red
Eléctrica de España parece ser que alcanzará los 11.000 millones de
pesetas, al incluir inversiones complementarias a la interconexión. Esta
inversión de Red Eléctrica será financiada, al parecer también, como
cualquier otra inversión de la empresa, tanto con recursos propios como
con recursos ajenos captados en los mercados financieros.
Evidentemente, el argumento económico tampoco nos sirve para defender
esta interconexión y este contrato. Como se ha demostrado por la
propaganda de Red Eléctrica, nosotros creemos que es absolutamente falso.
Pretende vender un proyecto con una incidencia negativa en una zona
concreta de mayor o menor importancia, con unas ventajas que son
absolutamente falsas.
Nosotros creemos que el Gobierno Socialista debe exigir la máxima calidad
en todos los detalles relacionados con el cable de alta tensión en la
interconexión entre España y Marruecos y nosotros queremos saber si
ustedes lo van a exigir.
También creemos que el Gobierno debe exigir el cumplimiento escrupuloso
de todas las normas en vigor y de las medidas de protección del medio
ambiente, incluidas las que se refieren al paisaje, y nosotros queremos
saber si ustedes van a hacer eso.
También queremos que, si el proyecto continúa adelante, se haga un
seguimiento detallado de la incidencia del tendido en todos sus aspectos
medioambientales, por medio de expertos dedicados a esa tarea, y queremos
también que ustedes se comprometan a dar una información veraz en lo
sucesivo y --¿cómo no?--, señor Secretario de Estado, que también haya
compensaciones, pero no queremos subsidios. Preferimos que se haga el
proyecto adecuadamente, que se realice con garantías, que se haga todo lo
que haya que hacer, pero protegiendo. No tiene ningún sentido que se diga
en la propaganda que se van a mejorar las características del sistema
eléctrico español y que, en
consecuencia, va a haber repercusiones beneficiosas en la tarifa
eléctrica y que es para equilibrar los desajustes sociales entre el norte
de Africa y Europa, y luego vayamos a sumir a la zona de Tarifa y el
Campo de Gibraltar en una situación que ninguno queremos. Beneficiar a
otros sin ninguna compensación, cuando por beneficiarlos ya en temas de
pesca o de agricultura estamos perdiendo nuestros sistemas de producción
en la zona de Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz, y todo lo
que nos hagan sea en detrimento de los escasos motores de nuestra
economía, es realmente poco menos que una afrenta a los ciudadanos de la
provincia de Cádiz.
No entendemos cómo en un proyecto de esta envergadura se pueden racanear,
señor Secretario General, 400 o 500 ó 1.000 millones para poner la
subestación donde no moleste. No entendemos por qué no se puede hacer con
garantías de materiales. Allí no hay más que una especie de moldes de
hierro para fabricar el lecho, que da risa verlos. Allí se ha hecho la
zanja y ya está inundada de agua; de agua dulce, no de agua del mar. O
sea, que es todo entero una chapuza. Dice que la subestación va a estar
protegida por árboles y han puesto unos pequeños arbolitos que con el
tiempo crecerán, pero ¿cuándo, señor Secretario General? (Rumores.)
Por tanto, nosotros queremos la máxima garantía desde todos los puntos de
vista. Algunos Diputados del Partido Socialista, aquí presentes, hacen
manifestaciones externas, pero hay que vivir allí para verlo. Es una zona
turística importante, de personas a las que les gusta el medio ambiente,
no estamos dispuestos a consentirlo. Queremos que avance nuestro país y
también colaborar con otros países que están en peor situación que
nosotros, pero no a base de nuestra economía. La técnica hoy es capaz de
mejorar todo lo que haya que mejorar y no entendemos por qué hay que
hacerlo mal si se puede hacer bien. Si son proyectos de tanta
envergadura, ¿por qué no se hace bien? No lo entendemos. Son ganas de
provocar. Son ganas de que haya personas o grupos que utilicen a los
ciudadanos bienintencionados que, por falta de información, se llevan las
manos a la cabeza cuando hay proyectos que valen tanto dinero y resulta
que están viendo lo que otros ciudadanos y yo hemos visto allí, que no se
sostiene desde el punto de vista técnico, y si ustedes tienen alguna duda
dense una vuelta por allí, porque la verdad es que todo es ridículo y el
ejemplo es el de las losas de protección del enterramiento del cable.
Voy terminando, señor Presidente. Con respecto a lo que ha dicho el señor
Andreu sobre una reunión que hubo entre el Secretario General de Energía,
el responsable de Redesa y representantes de la plataforma, quiero decir
que, igual, el señor Secretario General no se ha enterado de lo que allí
se acordó entre Redesa y los miembros de la plataforma, porque según el
informe que nosotros tenemos usted se ausentó por la tarde, que es cuando
la empresa se comprometió a hacer y proporcionar esos informes, y dice
que los estudios a realizar se harían sobre incidencias sobre la pesca,
incidencias sobre la salud, incidencias sobre el paisaje e incidencias
sobre la fauna y la bifauna.
Señor Secretario General, entérese usted bien porque la documentación que
obra ahora en poder de algunos de nosotros y que se nos ha dado para
tenernos mejor informados, no de forma oficial, no por parte de la
plataforma, sino por parte de responsables de la Compañía Eléctrica de
España, son ridículos. Si ustedes los tienen verán que son unos informes
que no dicen absolutamente nada. Dice que se tolera, dice que parece que
no hay problemas de medio ambiente, que parece que no hay problemas en la
fauna, que parece que no hay problemas... Parece que no hay problemas en
nada, pero documentos donde se pueda ver que hay unos estudios de impacto
correctos y serios no los hemos visto. Quizá los haya, pero nosotros no
los hemos visto.
Por tanto, señor Secretario General, querríamos tener la máxima
información, sobre todo porque tenemos la obligación de estar bien
enterados. Si hay mala intención por parte de algunos grupos que lo
puedan estar utilizando, queremos tener la documentación y la información
necesaria para poderles informar bien, para que si realmente ese proyecto
es como se dice, se realice, pero queremos las máximas garantías y
queremos que por parte de la Compañía y por parte del Estado se invierta
todo el dinero que haya que invertirse para que no produzca ningún
impacto en la zona de Tarifa ni en la zona del Campo de Gibraltar.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): La comparecencia del Secretario
General de la Energía y Recursos Minerales ha sido solicitada también por
el Grupo Socialista. En su nombre, tiene la palabra el señor Sáenz
Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Varios Diputados de Cádiz de nuestro Grupo nos
plantearon la necesidad de solicitar esta comparecencia preocupados por
una situación de alarma social, en particular en la localidad de Tarifa,
en relación con la instalación de este cable de alta tensión de conexión
con Marruecos.
Desde el punto de vista de nuestro Grupo parece preocupante la situación
que se está produciendo en este país y es que cualquier obra pública que
tiene un cierto interés para nuestro país se encuentra con unas
dificultades de realización muchas veces poco explicables entre los
ciudadanos. Parece que esta situación de alarma se refiere a las
repercusiones que puede tener ese cable sobre la salud, y además la
situación ha sido de una gran tensión, según mis noticias, en Tarifa.
Yo creo que el papel de los representantes públicos debe ser el de
ejercitar la responsabilidad. Da la impresión de que algunos grupos y
algunos representantes públicos han renunciado a ese papel en una
sociedad avanzada y se dedican a alimentar la alarma social y a hablar de
mentiras. Hoy hemos oído aquí algunas expresiones en consonancia con las
que se utilizan para todos los temas que se plantean en este país, y yo
creo que ése es un error que acabaremos pagando como sociedad, porque no
puede ser que cuando se instale un cable se hable de los campos
magnéticos. Estamos sometidos a los campos magnéticos todo el día, porque
estamos utilizando la electricidad en todas las instalaciones
en la vida cotidiana. Efectivamente puede haber investigaciones respecto
a muchas cosas, pero la situación actual es una situación en la cual
alimentar ese tipo de especulaciones, y en un lugar determinado, parece
un cierto ejercicio de irresponsabilidad.
Por eso nosotros hemos pensado como Grupo que sería bueno que el debate
se situara en un sitio donde la racionalidad pudiera prevalecer. Nos
parece que desde el punto de vista del sistema eléctrico es positivo que
se nos interconecte tanto con Europa --y también hay problemas para
conectar a través del Pirineo-- como con el norte de Africa como con
Portugal. Nuestro sistema eléctrico debe ser un sistema interconectado, y
desde luego lo que yo pediría a todos los representantes públicos es que
ejercitáramos todos el sentido de la responsabilidad, porque hay cosas
que en un país es necesario hacer y no conduce a ningún sitio crear
gratuitamente alarma social. Por tanto, nuestro Grupo ha solicitado esta
comparecencia y queremos que, a ser posible, el Secretario General de
Energía nos aclare cuáles son los riesgos reales y cuál es su opinión
respecto al debate que se ha planteado por esta instalación.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Para responder a las
solicitudes planteadas por los grupos, tiene la palabra el señor
Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Lafuente
Félez): ésta es una historia triste y no quiero abordarla haciendo
referencia al efecto del cable sobre el pargo o al efecto de la
instalación del cable sobre la temperatura del océano Atlántico, pues
también se ha dicho que el cable podría incrementar la temperatura del
océano Atlántico en tres grados centígrados. Tampoco abordaré el asunto
haciendo referencia a algunas de las reivindicaciones planteadas por la
plataforma, por ejemplo en la misma reunión aludida por el señor Andreu,
de que la ciencia convencional debería prestar mayor atención al
electromagnetismo. Esto se dijo por un miembro destacado de la plataforma
que cultiva la ciencia alternativa.
En este sentido, me parece mucho más útil hacer una presentación del
proyecto en todos sus extremos aunque no tengo demasiada esperanza de que
pueda llegar a convencer a todos los Diputados de que el proyecto cumple
con todas las condiciones técnicas y de seguridad. Son muchos los «a
priori», son muchos los prejuicios, algunos los intereses y probablemente
en esta comparecencia no acertaré a despejar todas las incertidumbres y
todos los extremos del debate que se ha planteado, pero por lo menos lo
intentaré.
Voy a hacer uso, con el permiso del señor Presidente, del proyector de
transparencias, al objeto de que mi explicación sea sintética.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Inténtelo, a ver si lo
conseguimos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Lafuente
Félez): Me voy a referir, señor Presidente, a las características
principales del proyecto y también a algunos de los episodios ocurridos
en las últimas semanas. El propósito --no podía ser de otra manera-- de
mi intervención es demostrar que el proyecto tiene un interés nacional y
que cumple con todas las garantías de seguridad y de protección
medioambiental.
¿Por qué esta interconexión? Se trata, en primer lugar, de un proyecto de
interés común para la Unión Europea, se encuentra entre los proyectos
aprobados por el grupo Christophersen y también por el Consejo de
Ministros de Energía. Se encuentra en conexión eléctrica y, en general,
energética y de otros modos de transporte entre los países de la
Comunidad. Se contemplaron varios proyectos que nacen o mueren en España,
uno de ellos es el gasoducto del Magreb y el otro proyecto es la conexión
eléctrica con Marruecos, que es la primera conexión entre Europa y
Africa. El interés de la Comisión y del Consejo de Ministros por este
proyecto tiene que ver con la política mediterránea de la Comunidad y
también con la voluntad de cooperar con los países del norte de Africa, y
la cooperación en materia energética es garantía de estabilidad en los
países del norte de Africa.
En segundo lugar, se trata de una conexión necesaria para Marruecos. Como
es sabido --y se ha dicho con razón-- el sistema eléctrico marroquí es
relativamente frágil. La demanda potencial de energía eléctrica apenas es
cubierta con el equipamiento actual. Es un país en el que su desarrollo
económico está limitado en el corto y medio plazo por las posibilidades
de abastecimiento energético. Por esta razón algunas empresas españolas
están concurriendo a concursos de proyectos de construcción de centrales
térmicas. Es un mercado de interés para el sector energético español y,
en general, para las empresas de los países desarrollados.
En tercer lugar, es de gran interés para España. La explotación del
mercado energético marroquí --por razones a las que aludí anteriormente--
podría dar lugar al desarrollo de inversiones por parte de empresas
españolas y, por lo tanto, a un cierto control, por parte de nuestro
país, de ese mercado. Otros países, como es el caso de Estados Unidos,
Francia y Reino Unido tienen --he de decirlo-- el mismo propósito.
En cuarto lugar, se trata de un proyecto que da lugar a ventajas para el
Campo de Gibraltar. Como es sabido la calidad del suministro de energía
eléctrica en Andalucía --y lo saben los andaluces-- es actualmente
inferior a la calidad de suministro de energía eléctrica en otras
regiones españolas. Eso no es independiente de la infraestructura de
transporte de energía eléctrica; es la infraestructura de transporte y la
infraestructura de distribución lo que determina la calidad del
suministro. Esta es una queja fundada y presentada en diversas ocasiones
por los consumidores andaluces de energía eléctrica y precisamente este
proyecto permite mallar en mucha mayor medida el sistema eléctrico en
Andalucía y permite incorporar el Campo de Gibraltar al sistema de líneas
de 400 kilovatios.
¿De qué proyecto se trata? No hay tres fases en el proyecto, hay una
única fase. Se trata de una conexión eléctrica
de una potencia de 600 megavatios. Inicialmente se van a transportar 300
megavatios en base, es decir, aproximadamente durante 8.600 horas al año.
Hay una cierta capacidad excedentaria, pero ésta es una práctica habitual
cuando se construyen instalaciones de interconexión. Cuando se construyen
carreteras lo normal es sobredimensionar la capacidad de transporte de la
carretera para poder cubrir demandas adicionales. No hay tres fases
--insisto--, hay una sola fase con una potencia máxima de 600 megavatios.
Para tener una cierta idea de la magnitud de ese suministro de energía
eléctrica les diré que apenas es un 2 por ciento de la potencia instalada
en nuestro país, pero --eso sí-- constituirá para Marruecos
aproximadamente un 20 o un 25 por ciento de la potencia instalada para
Marruecos. Es un proyecto muy importante para este país en la medida en
que puede completar la garantía de suministro de energía eléctrica.
La potencia contratada es --insisto en ello-- de 300 megavatios, un
contrato de tres años, por supuesto renovable, con una garantía de 8.200
horas al año y un precio global de 40.000 millones de pesetas. ¿A qué
precio se va a vender el kilovatio hora? No a dos pesetas, sino a 6,80
pesetas. ¿Qué margen va a dejar este contrato para el sistema eléctrico
nacional? La diferencia entre ese precio y el coste variable de
generación de energía eléctrica en nuestro país, que no es, como es
sabido, 7 pesetas ni 6, sino que se sitúa en torno a 3 pesetas. Por lo
tanto, el margen ingresado por kilovatio hora por el sistema eléctrico
español por dicho contrato podría situarse en torno de las 3 ó 4 pesetas,
lo cual permitiría en los tres próximos años reducir por este concepto la
tarifa eléctrica.
Para tener una cierta idea de la magnitud les diré que estamos hablando
de 40.000 millones de pesetas cuando la factura eléctrica anual es de 2
billones de pesetas, por tanto, estamos hablando del 2 por ciento de la
factura eléctrica. Este podría ser el impacto --sin duda beneficioso--
para el consumidor español de energía eléctrica.
La interconexión se compone de dos tramos --como es bien conocido--, un
tramo aéreo y un tramo subterráneo. El tramo aéreo llega,
aproximadamente, hasta unos mil metros de la playa. A partir de ahí y en
una estación terminal se entierra el cable hasta llegar al mar, continúa
enterrado hasta una profundidad de 100 metros y a partir de ahí, va sobre
el lecho marino.
¿Es éste un proyecto innovador, distinto? La respuesta es no. Este mapa
muestra, de manera muy apretada, la red de líneas de 400 kilovatios en
nuestro país. Hay 12.000 kilómetros de líneas aéreas. La línea aérea de
este proyecto es mejor que una buena parte de las líneas instaladas, que
en algunos casos tienen hasta 30 años de antigüedad.
¿Este es un proyecto innovador a escala europea? La respuesta es no. Hay
20.000 kilómetros de líneas aéreas de 400 kilovoltios instaladas en
Europa. Por tanto, si este proyecto ocasionara perjuicios sobre la salud,
sin duda tendrían mayor problema todos los consumidores de energía
eléctrica europeos, que se encuentran sometidos --y haré referencia a
ello después-- a los campos electromagnéticos que producen más de 200.000
kilómetros de líneas eléctricas, y es que, no hay que olvidarlo, la
electricidad no se transporta en maletas, sino en líneas de alta tensión.
¿Es innovadora la línea submarina? La respuesta es no. Todos los países
europeos tienen conexiones submarinas: Noruega, Finlandia, Suecia,
Francia, Reino Unido e incluso España, entre Mallorca y Menorca. Véanse,
por ejemplo, los proyectos de conexión entre los países comunitarios
contemplados por el grupo Christopherson. Adviértase que hay conexiones
entre los países escandinavos y la Europa continental, adviértase que hay
conexiones entre Irlanda e Inglaterra y adviértase que hay una conexión
muy importante en términos de megavatios --ésa sí que es importante--
entre el Reino Unido y Francia. Es decir, que los cables submarinos son
una manera habitual de transportar energía eléctrica. Quizá el proyecto
español sea una chapuza, pero es un proyecto llave en mano, que construye
una empresa como Alcatel-Pirelli, con amplia experiencia en el tendido de
líneas submarinas; por tanto tenemos la máxima garantía de que no va a
ser una chapuza, en la medida, claro está, de que no está orientado o
dirigido por el Gobierno español.
Se ha dicho que no se han hecho estudios suficientes y también se ha
señalado en el pasado que el trazado por el Estrecho de Gibraltar es
arbitrario y que, además, las corrientes submarinas se llevarían el
cable. Hace bastantes años ya se analizaron tres trazados distintos: el
trazado C, el trazado A y el trazado B. Al final, el elegido es el
trazado idóneo por razones de profundidad, por razones de pendiente del
lecho marino y por razones que tienen que ver con la calidad y
características de los suelos. Es el mejor trazado posible; para
determinar las características y la orientación de este trazado se han
realizado numerosos estudios.
Les ahorraré detalles acerca de las características del cable, pero me
van a permitir que les agobie con toda la tramitación administrativa del
proyecto. Se lo explicaré con cuatro o cinco transparencias, que
demuestran que la propia Administración central, la propia empresa, han
venido dialogando con los ayuntamientos de la zona desde hace tiempo
sobre el impacto medioambiental de ese proyecto y los ayuntamientos han
tenido oportunidad de establecer todo tipo de observaciones en repetidas
ocasiones.
¿Cómo se eligió el trazado de la línea aérea? En una primera fase se
realizó un análisis del inventario ambiental de la zona. El estudio,
realizado por Intecsa, pesa 14 kilos, se concluyó en 1992 y, desde esa
fecha, obra en poder de la administración autonómica y, creo, de los
ayuntamientos afectados. Por supuesto, está a disposición de ustedes.
Se procedió a la negociación con todos los organismos competentes:
Agencia de Medio Ambiente, Ministerio de Defensa y Ayuntamientos de
Algeciras y Tarifa, y el trazado, tanto en su parte aérea como en su
parte submarina, se consensuó con todas las administraciones; se
estudiaron pequeñas variantes y se modificó el proyecto para dar
satisfacción a todos los ayuntamientos de la zona y se introdujeron
medidas correctoras.
Vayamos con la tramitación administrativa. En cuanto a la declaración de
utilidad pública, no tengo que recordar que hay una sentencia del
Tribunal Supremo que dicta los
criterios sobre declaración de utilidad pública en materia de líneas de
transporte de energía eléctrica. Resolución de la Dirección General de
Energía sin oposición de los ayuntamientos. Resolución de la Dirección
General de Energía con conocimiento y sin oposición de los ayuntamientos.
Acuerdos con los ayuntamientos. En cuanto al tramo submarino, tenemos la
autorización de ocupación de terrenos del propio Ayuntamiento de Tarifa,
y en cuanto a la línea aérea, tenemos el acuerdo de trazado, después de
estudio sobre siete variantes y pequeñas modificaciones, con el
Ayuntamiento de Algeciras. Ayuntamiento de Tarifa: autorización ocupación
montes públicos. Ayuntamiento de Los Barrios: estudio de dos alternativas
y consenso.
Comunidad Autónoma. En cuanto al tramo submarino, tenemos por parte de la
Agencia de Medio Ambiente de Andalucía: conformidad, autorización de
paraje natural y conformidad y autorización de ocupación de costas. En
cuanto a la línea aérea, y por parte de la Agencia de Medio Ambiente de
Andalucía tenemos: conformidad ocupación Parque Nacional de Alcornocales.
Dirección General de Costas. Tramo submarino: resolución otorgando
concesión de ocupación.
Ministerio de Defensa. Tramo submarino: informe favorable en expediente
de costa. Línea aérea: autorización ocupación finca Botafuegos.
Particulares. Tramo subterráneo: obtenidos todos los acuerdos. Línea
aérea: obtenidos todos los acuerdos, excepto tres, que dieron lugar a
negociación posterior.
¿Cuáles son los resultados de los múltiples estudios medioambientales
disponibles desde el año 1992, que precisamente han dado lugar a la
negociación con particulares y administraciones? No produce emisiones
efluentes o residuos. No se prevén impactos sobre el suelo. No se prevé
la apertura de calle. Los conductores no impiden la actividad agrícola.
No existe riesgo de electrocución para las aves. Señalización cable de
tierra con salvapájaros. El impacto visual se reduce con la elección del
trazado. Los campos electromagnéticos están por debajo de la normativa
más exigente.
Vayamos a los campos electromagnéticos. La normativa más exigente en
materia de campos electromagnéticos es la de la ex Unión Soviética.
Supongamos que no sea ésta la referencia, sino la normativa de los países
occidentales. El campo eléctrico se mide en kilovoltios por metro y el
campo magnético se mide en microteslas. Lo digo porque en algunas
ocasiones, de forma interesada, se ha confundido a la opinión pública
hablando de miniteslas.
¿Cuáles son las normativas vigentes sobre campos eléctricos y campos
magnéticos? La directiva europea sobre campos eléctricos está en
elaboración, es decir, que no está aprobada todavía, pero serían 12,3
kilovoltios/metro para áreas de trabajo. Podríamos tomar referencia de
normativas más exigentes que la que se propone en la propia directiva,
como la italiana, la japonesa, la australiana, la belga, la que ustedes
quieran, incluso la propia soviética. Retengamos la cifra de las
normativas más exigentes: 5.
Campos magnéticos en microteslas; viviendas, 24 horas; público en
general, etcétera. Las cifras autorizadas son de 200, 100, 100, 300
microteslas, y, a partir de estas cifras, es cuando podría haber
perjuicios para la salud, que, por cierto, no están probados, incluso a
juicio de la Comisión y de la Dirección General de Medio Ambiente de la
misma.
Campo eléctrico y magnético del proyecto. A veinte metros de la línea,
1,04 (5); 5,47 (100 ó 200). A cincuenta metros de la línea, 0,22, 1,10,
etcétera. Pero ¿qué población reside en la proximidad de la línea?
--sería la pregunta--. Entre cero y cien metros hay cuatro casas
semiabandonadas; entre cien y doscientos metros hay ocho o diez viviendas
en todo el trazado, treinta y tantos kilómetros --por cierto, con sus
propietarios se podría llegar a acuerdos--. El núcleo de Tarifa está a
1.200 metros de la línea, donde los campos eléctricos o magnéticos son
inexistentes.
Inversión. No son correctas las cifras. La inversión es de
aproximadamente unos 9.000 millones al tramo submarino, compartido con
Marruecos, unos 1.100 millones de línea aérea y aproximadamente unos 900
millones por la ampliación de la subestación de Pinar.
¿Cuál ha sido la situación en Tarifa en las últimas semanas? Primero, el
Ayuntamiento de Tarifa decreta la paralización de las obras. El Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía suspende el decreto del Ayuntamiento
por no ajustarse a derecho. Reunión del Ministerio de Industria con el
Ayuntamiento y con la Plataforma; no se llegó a acuerdos --podemos ver el
vídeo--; más bien el Ministerio se puso a disposición de la Plataforma, y
por supuesto del propio Ayuntamiento, para analizar cualquier tipo de
contrapropuesta por parte del Ayuntamiento y por parte de la Plataforma.
Como parecer ser que en aquel momento lo que más preocupaba a la
Plataforma y al Ayuntamiento era el impacto sobre la pesca, el Ministerio
(Red Eléctrica) se comprometió a hacer un estudio de impacto sobre la
pesca con expertos nacionales e internacionales. Ciertamente la
Plataforma propuso --voy a citar la firma-- que Luis Artime, Estudios de
Diseño, firma acreditada en el campo de los estudios de impacto
medioambiental, hiciera un análisis complementario.
¿Cuáles son los resultados de tales estudios? Permítanme siquiera citar
con qué criterio ha contado el Ministerio, aparte del propio, claro está,
para establecer un juicio sobre los impactos medioambientales de este
proyecto: Alcatel-Pirelli y expertos como el señor Juan Bernar, Ignacio
Pérez Arriaga, don Félix Yndurain, el Instituto Danés de Hidrología
Hidráulica, don Luis Martínez Millán, don Fernando Vallespinos, Intecsa,
etcétera, todas estas personas han venido trabajando en las últimas
semanas, a instancias del Ministerio y de Red Eléctrica, para determinar
que, primero, no haya alteraciones en la temperatura del agua. En su
momento se dijo --lo he recordado antes-- que la instalación del cable
podía suponer un incremento de la temperatura del océano Atlántico de 3
grados centígrados. El cable es como una bombilla de 50 vatios, instalada
a 500 ó 600 metros de profundidad. Este es el efecto sobre la temperatura
del agua que cabe esperar.
Inexistencia de vibraciones y sonido en el cable, en segundo lugar. El
aducido efecto corona no existe. El campo magnético es despreciable. No
tiene por qué haber ningún
perjuicio, no lo habrá, sobre la pesca, especialmente sobre los peces
pelágicos. El cable es inerte y la instalación del cable, que podía tener
un cierto impacto medioambiental, no debe tenerlo en razón de la
ingeniería utilizada.
Podría recordar también las conclusiones de algunos de los estudios
realizados sobre los efectos de los campos electromagnéticos en la salud.
Me temo que se podría decir que los estudios referidos habrían sido
objeto de selección interesada por parte del Ministerio de Industria. Me
remito únicamente al criterio de la Comisión y al propio criterio del
Consejo al respecto: no está probado que los campos electromagnéticos
produzcan efectos sobre la salud. Se podría decir: algún día se puede
probar. En todo caso, lo que no está probado no existe, al menos si uno
quiere entender este tipo de proyectos y otros en clave --perdónenme la
pedantería-- popperiana. La directiva se cumplirá, por supuesto que sí,
se cumple ya en este proyecto.
He de decir que las últimas semanas, probablemente al hilo de las
noticias aparecidas en la prensa, un cierto número de ayuntamientos
españoles, aduciendo los efectos sobre la salud de los campos
electromagnéticos, se han dirigido al Ministerio solicitando el
enterramiento de las líneas que pasan por los términos municipales. Por
tanto, si efectivamente no se aborda con alguna cordura este asunto,
podría dar lugar a que en un plazo relativamente breve el regulador, el
Gobierno, cualquiera que fuere, se viera obligado o bien a cortar la luz
a los españoles, o bien, alternativamente, a enterrar 12.000 kilómetros
de líneas de alta tensión.
Me parece que no he respondido a algunas de las preguntas formuladas.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Trate de hacerlo entonces
brevemente.
El señor SECRETARIO DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Lafuente Félez):
Una, tres fases, no; un contrato a tres años.
Dos, declaración de utilidad pública. En el marco de la legislación
vigente y de acuerdo con la sentencia más reciente del Tribunal Supremo.
Los ayuntamientos presentaron abundantes alegaciones y hubo acuerdos.
Tres, estudio de impacto medioambiental: 1992 y estudios posteriores.
Cuatro, efectos sobre la salud. No hay prueba, y en todo caso el proyecto
cumple las normativas nacionales más exigentes.
Acuerdos formales. No hubo en tal reunión, más bien la postura del
Ministerio fue que la Plataforma, a través, eso sí, del Ayuntamiento,
podía presentar una nueva propuesta a la compañía y al propio Ministerio
en el sentido de corregir --y alguna posibilidad existe-- el impacto
visual. Lo que no cabe, en todo caso, es adoptar ninguna medida frente al
incremento denunciado de la temperatura de 3 grados del océano Atlántico;
ahí no caben medidas.
Por tanto, estudio sobre el impacto en la pesca se ha hecho, lo conoce la
cofradía de pescadores en una reunión mantenida, si no recuerdo mal, la
semana pasada. Los estudios de impacto medioambiental son bien conocidos
por los ayuntamientos y han dado lugar a acuerdos. Se podría examinar una
ligera modificación del proyecto que redujera el impacto visual.
Respuesta a la Plataforma a través de un Pleno del Ayuntamiento:
Realícense todos los estudios pertinentes. Proponían una relación de
despachos, y la verdad es que lo del profesor italiano resulta nuevo para
mí, no estaba en el acuerdo del Ayuntamiento. Eso sí, la Plataforma y el
Ayuntamiento exigían y exigen al Ministerio de Industria que éste a su
vez exija a la Comisión de la Unión Europea que, a su vez, exija al Reino
de Marruecos dos cosas: una, que las centrales eléctricas marroquíes
cumplan con la normativa comunitaria, y dos, que el Reino de Marruecos se
comprometa definitivamente a no instalar ninguna central nuclear en su
suelo. Con respecto a la primera, es una exigencia que difícilmente
podría asumir la Comisión, y con respecto a lo segundo --lo señalé a la
Plataforma y a los grupos políticos del Ayuntamiento, pero probablemente
sin demasiado éxito--, el Reino de Marruecos no tiene ningún programa
nuclear. Es más, me ofrecí a la Plataforma para organizar una reunión con
el Secretario de Estado de Energía de Marruecos, para que diera
seguridades en ese sentido. Aún más, para ahorrar viajes, me ofrecí a
llamar por teléfono en su presencia al Secretario de Estado de Energía de
Marruecos para que éste asegurara a las distintas personas que forman
parte de la Plataforma que, efectivamente, no hay programa de energía
nuclear en Marruecos. No. En Marruecos lo que hay es un programa de
construcción de centrales térmicas, como cualquier empresa española sabe
sobradamente. Existe también un programa de construcción de pequeños
grupos eléctricos. Este es el programa marroquí. Hay, eso sí es cierto,
un proyecto de instalación de un reactor de 15 megavatios para
investigación, que ha sido presentado también a la opinión pública de
manera interesada, como si fuera una central nuclear. Ese es el programa
nuclear de Marruecos. En todo caso, insisto en mi oferta, puedo poner en
contacto a cualquier persona interesada en este asunto con el Secretario
de Estado de Energía de Marruecos para que él mismo desmienta lo que se
dice de las intenciones del Gobierno marroquí, que, por cierto, está muy
preocupado acerca del buen fin del proyecto, puesto que ha realizado
inversiones cuantiosas e interpreta la no realización del mismo en clave
que por prudencia no puedo citar aquí.
Grupo Popular. Me he referido a algunas cifras sobre el precio de venta
del kilovatio/hora, sobre el coste variable de generación de energía
eléctrica en nuestro país, sobre la inversión. Queda la preocupación por
la salud. El proyecto se ajusta a la normativa en elaboración de la
directiva y, en todo caso, a las normativas nacionales más exigentes.
Como conclusión, es un proyecto en el que la Comisión y el Consejo de
Ministros de la Unión Europea han puesto toda su confianza y todo su
interés. Es la primera conexión eléctrica entre Europa y Africa. En
segundo lugar, desde el punto de vista de la Comisión, el proyecto
disfruta de todas las garantías. En tercer lugar, se ha hecho un esfuerzo
notable en los últimos años para llegar a acuerdos con los ayuntamientos,
incluso se han modificado repetidas veces
los trazados previstos. En cuarto lugar, esperamos una propuesta de la
Plataforma, a través del Ayuntamiento, que no sea exigir al Gobierno de
Marruecos que cumpla la normativa comunitaria en materia eléctrica.
Difícilmente podría el Gobierno español o la Unión Europea exigir eso a
un Gobierno de un país no comunitario.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): El señor Andreu tiene la
palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Secretario General, le agradezco la
información que nos da, aunque viendo el tono que emplea y la forma de
plantearla, aunque sea un tono cortés, quiero manifestarle que comprendo
gran parte de los problemas que existen en esta situación. Creo que usted
se entera bastante poco de lo que pasa en Tarifa y aborda esta cuestión
de una manera bastante tecnocrática y bastante ajena a la situación real.
En Tarifa, como en todo el Campo de Gibraltar, pero en Tarifa
especialmente, se vive una situación económica muy mala --no voy a
plantearlo del modo que lo han hecho otros grupos--, en la que se ve que
continuos proyectos de comunicación con Marruecos, no sólo éste, sino
otros, como infraestructura, energía, etcétera, se están realizando, se
supone, con un mutuo beneficio de las partes, pero con un ostensible
perjuicio para el lugar en el que se hace ese traslado; por lo menos así
se está sintiendo. Y a este sentimiento, absolutamente generalizado, se
une el de estar absolutamente abandonados por parte de la Administración,
de ser absolutamente infravalorados, de ser un sur incluso menospreciado
por parte de la Administración. Por ejemplo, cuando se apresan por parte
de Marruecos pesqueros tarifeños en aguas españolas no se produce ni la
centésima parte de la reacción que se produce cuando se apresa un
pesquero español en aguas internacionales. Cuando se produce un proceso
como el del gasoducto, con pérdida de pesca --no sé si la causa directa
será ésa o no, pero así se siente en el pueblo de Tarifa-- de hasta un 30
por ciento en Tarifa, también se siente profundamente.
Ante una situación económica y políticamente cada vez más deteriorada,
creo sinceramente que abordarlo con el espíritu tecnocrático con el que
usted lo hace lo considero un grave error político y, si se me permite,
en el sentido más extenso de la política, un grave error de las
relaciones humanas entre colectivos y personas. Creo que se equivocan
profundamente. Incluso creo que hace mal en ironizar sobre los errores o
desconocimientos entre las relaciones administrativas y diplomáticas que
puedan existir entre países, y que puedan tener los miembros de la
Plataforma y los pescadores de Tarifa, las amas de casa y las personas
que acuden a las manifestaciones, que le aseguro que es gente
extraordinariamente humilde. Se lo digo porque lo he visto. Me parece que
ironizar sobre que desconozcan más o menos cómo deben ser las relaciones
de la Unión Europea con Marruecos a usted le puede satisfacer
personalmente y comprobar lo eruditos que son desde la Administración,
pero creo que políticamente no va a ningún lado y ayuda poco a la
solución de este problema. Por tanto, pienso que la carga de profundidad
de este asunto es que ustedes o no lo saben o no quieren saber
exactamente el terreno que están pisando en esta situación. Tampoco yo
voy a intentar demostrar que soy más listo que ustedes y rebatirle todos
los aspectos que ha expuesto, pero sí quisiera ilustrarle
fundamentalmente en el sentido de que sientan un poco qué carne están
tocando y actúen con mucha más cautela.
Por otra parte, pormenorizando sobre algunos de los aspectos que ha
planteado, en primer lugar, si me dice que no hay tres fases, de alguna
manera desmiente el proyecto, que sí plantea la existencia de estas tres
fases. Este ha sido un elemento que ha causado una importante distorsión
en el entendimiento de este proyecto, porque allí no se ha entendido el
tema de las tres fases, y una de las hipótesis que se ha avanzado y que
no ha sido desmentida de forma rotunda ha sido la de la existencia de
posibles centrales nucleares. No ha sido desmentida no en los términos
que usted ha dicho, que ha puesto por delante la palabra del Secretario
de Estado de Energía de Marruecos; no ha sido desmentida hasta ahora o yo
no he tenido conocimiento de ello. Usted niega ahora la existencia de
esas tres fases. Acepto su palabra de que no existen, pero también tenga
usted conciencia de que, de alguna manera, desmiente lo que ha sido el
proyecto hasta estos momentos.
El tema de los acuerdos también es importante. Usted niega la existencia
de estos acuerdos. Creo que ésta es una discusión bastante absurda; es
decir, los acuerdos no están firmados ante notario, pero se supone que es
la palabra de la Plataforma y es la palabra de los representantes de Red
Eléctrica Española. Entre ellos, todavía estaban presentes en la reunión
el Subdirector de Red Eléctrica Española y el técnico director del
proyecto. Le repito que está filmado en el vídeo. Si usted me dice que no
hay acuerdos, está dejando por embustero al señor Subdirector de Red
Eléctrica Española. Esto sería una cosa fea. Esos acuerdos existen, señor
Secretario General. Creo que sería una irresponsabilidad importante que
niegue la existencia de esos acuerdos y que no se pliegue a cumplirlos.
No soy un especialista ni sé demasiado de la incidencia sobre la salud
que tienen los campos electromagnéticos. No sé si que haya 20 microteslas
o 3 microteslas sobre una distancia de 50 ó 100 metros tiene mayor
incidencia.
En primer lugar, para su información, le diría que el plan general de
Tarifa no prevé edificación a 1.500 metros, como usted ha dicho, sino que
la prevé a 400. Digo esto simplemente para ilustrarle.
En segundo lugar, debo manifestar que hay informes de todo tipo. ¿Que
usted se adhiere más a los que dicen que no hay ningún tipo de
incidencias? Está en su derecho. Yo no me adhiero a ninguno. Simplemente
le digo que hay estudios de todo tipo. Si el Subdirector General de la
Red Eléctrica ha llegado a un acuerdo con la Plataforma diciendo que haya
un informe del señor Bardasano --creo que se llama así--, y ésa es una
autoridad que vale para los dos, no entiendo que usted no haga ese
informe. Que haga el informe el señor Bardasano y que se envíe al
Ayuntamiento de Tarifa. Por cierto, no es igual la Plataforma que el
Ayuntamiento de Tarifa, puesto que dicho Ayuntamiento ha tardado tiempo
en meterse en este asunto, aunque al final lo
ha hecho, y creo que no hacemos ningún favor confundiendo las cosas.
Creemos que debe darse ese informe, y si hay una razón de autoridad,
deberá ser admitida por ambas partes.
Sobre el tema pesquero, si hay otro acuerdo de que el señor Alberto Rouco
--he dicho que era italiano porque me lo ha parecido por el apellido; a
lo mejor no lo es-- dice que las incidencias son tales y cuales o que no
las hay, si esto es admitido por ambas partes, no entiendo por qué ahora
se niegan a la realización de este informe, previo a cualquier tipo de
operación física sobre el asunto.
Creo, señor Secretario General, sinceramente que no vale esta posición de
intentar arrasar porque se cree uno en posesión de la razón absoluta y
científica, como parece que es su caso, en primer lugar porque eso es
discutible, y, en segundo lugar, porque el problema es que hay que
convencer al pueblo de Tarifa si se quiere hacer este proyecto. Esta es
la clave del problema que deben ustedes plantearse. Si quieren convencer
al pueblo de Tarifa, tendrán que plantearse una estrategia, no imponerle
esta situación. Le exhorto a ello, señor Secretario General. Intente
usted convencer al pueblo de Tarifa cumpliendo con los acuerdos a los que
ha llegado con la Plataforma. Entiendo que es una vía nefasta el imponer
este asunto por la fuerza, incluso como ha amenazado el Gobernador Civil
de Cádiz cuando ha dicho que impondrá la legalidad. No lo tome usted como
una amenaza, ni mucho menos. Lejos de amenazar por mi parte, cosa que
jamás he hecho y mucho menos en esta Cámara. Creo que es la mejor manera
de que el tendido de este cable no se realice en muchísimo tiempo.
Difícilmente se me ocurre que una obra de esta naturaleza pueda hacerse
con un pueblo enfrente. No es una amenaza, sino que creo constatar una
realidad.
Le exhorto --y termino con ello-- a que se pliegue a cumplir ese acuerdo
existente con la Plataforma y que, por medio de él, intenten ustedes
convencer al pueblo de Tarifa de que ese proyecto no tienen
repercusiones, y en caso de que las tuviera, se iban a corregir todas
ellas, y si realmente tuviera repercusiones, que entonces se renunciara a
ejecutar el proyecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Tiene la palabra la señora
Martínez Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: Cuando en su primera información el señor
Secretario General ha puesto la primera transparencia, decía --en la
transparencia estaba escrito-- que es un proyecto de interés común para
la Unión Europea, que es un proyecto que es necesario para Marruecos, que
es de gran interés para España y que es ventajoso para el Campo de
Gibraltar. Podíamos haber quitado que en estos momentos el proyecto sea
de interés común para la Unión Europea, porque parece ser que los
intereses de nuestro país en otros aspectos no son del interés común de
la Unión Europea. Por tanto, eso lo debemos dejar a un lado para no
enfadarnos. En segundo lugar, es evidente que es necesario para
Marruecos, pero también debería ser utilizado por el Gobierno de España
para tener alguna contrapartida en otras negociaciones que son de gran
importancia para nosotros y que hasta ahora no se han dado. Por tanto, en
un proyecto de esta envergadura, creo que el Gobierno español lo primero
que tendría que decir, si es importante y de interés común para la Unión
Europea, pero a costa de quién; es necesario para Marruecos, pero a costa
de quién. Si es ventajosa o de gran interés para España, usted no ha
contestado a lo que yo he dicho, con unas informaciones de técnicos
altamente cualificados, sobre que cualquier tipo de fallos en la
interconexión, en ese sistema precario y débil de Marruecos, puede
perjudicarnos en las zonas más cercanas; es decir, que los fallos que
pueda tener la red en Marruecos pueden tener perjuicios para nosotros.
En cuanto a los costes, usted ha dicho algo sobre los precios, que al no
ser experta no he entendido bien, pero en el contrato, en su punto 8,
habla de precio variable unitario, y dice: el pago variable es función de
la energía programada por la ONE. El precio unitario es igual a 2,86
pesetas kilovatio/hora y será calculado mensualmente de acuerdo con lo
establecido en el punto 8.3, con unas fórmulas que figuran en el mismo. Y
también se reconoce que los costes de generación están en torno a las
seis pesetas. Esa diferencia de lo que nos van a pagar, con lo que cuesta
generarla, para nosotros no debe ser un beneficio muy importante, si
además tenemos que abonar la mitad del proyecto. Me han dado la cifra de
16.000 millones, pero si no es ésa, me creo lo que usted dice. Como el
tiempo dará la razón a quien la tenga, dentro de tres años sabremos lo
que ha costado, y aunque ni usted esté ahí ni yo aquí, los ciudadanos
tendrán la oportunidad de saber quién decía la verdad. Yo no tengo los
datos, porque los tienen ustedes en el Ministerio y lo sabrán mejor que
cualquier ciudadano.
Puede ser de interés para España en lo que se refiere a algunas empresas
que hagan la instalación, o que después la puedan gestionar, no dudo que
no, pero ventajosa para el Campo de Gibraltar y para Tarifa, nada,
porque, si no, la empresa y el Ministerio habrían dicho: si no quieren
ustedes la estación por el impacto visual, la vamos a poner, aunque
cueste según ustedes 400 millones más, detrás de una loma. ¿Por qué no lo
hicieron antes? ¿No se veía antes? ¿Eso no lo tenían ustedes calculado?
Desde cualquier punto de vista, aunque no tenga impacto en la pesca, es
una chapuza. Desde el punto de vista visual y estética, para los
ciudadanos de Tarifa lo que está allí en una zona turística es una
chapuza.
Un proyecto de esa envergadura tiene que estar bien realizado, aunque sea
de acuerdo con los ayuntamientos. Los representantes de los ayuntamientos
son ciudadanos normales, como lo son los de Tarifa y Algeciras, y allí no
hay expertos que cojan un proyecto que ustedes vayan a negociar y sepan
lo que va a pasar después y cómo se va a ver después. Para eso están los
técnicos superiores, los que son expertos en esas materias, para que no
disimulen lo que luego en realidad no dejan de ser las verdades del
barquero. Cuando están las torres puestas, entonces es cuando la gente,
el alcalde, y el concejal del pueblo lo ven, y entonces se pregunta qué
es lo que han negociado y sobre lo que han llegado a un acuerdo, porque
no son expertos en impacto ambiental, si no se lo desbrozan o se lo
dicen.
Nosotros creemos que si se tiene que hacer y va a hacer, que se haga
bien, con el máximo respeto a los ciudadanos, a sus miedos, porque yo
decía al principio de mi intervención que sobre los campos
electromagnéticos podríamos tener un dossier muy importante que nos
dijera que no produce ningún problema y otro que nos dijera que sí lo
produce. Sin embargo, nosotros queremos que si se hace se haga bien, y
nos preguntamos ¿por qué ahora, después de la protesta, se va a poner la
subestación o la estación para que no se vea? ¿Por qué no se ha hecho
antes? ¿Es que si no se hubiera protestado nos hubiéramos quedado con
aquello allí? ¿Se va a mejorar en otro aspecto el proyecto si no
protestamos? ¿Todo va a ser a base de protestas? ¿Para qué están los
técnicos? ¿Para qué están los proyectos? Los ministerios pagan muchísimo
para que lo hagan expertos y empresa que se supone son técnicos en la
materia. Eso es lo que nos llama la atención, eso es lo que a los
ciudadanos normales que no tenemos formación profesional para evaluar
todos los impactos de todos los proyectos, nos hace dudar de la bondad de
esos proyectos de cara a nuestra calidad de vida y a nuestro medio
ambiente. Por tanto, ustedes no se deben extrañar de esas cosas.
Me creo todo lo que usted ha dicho; además, como espero vivir unos años
para verlo, tendremos oportunidad de decírselo, pero el daño que se
produzca será irreversible desde el punto de vista económico y desde el
punto de vista social, y lo que es más importante, la falta de
credibilidad acumulada porque, como le he dicho anteriormente, en otros
proyectos que se han realizado y se están realizando en la zona debido a
las protestas de distintos sectores económicos y sociales ha habido
modificaciones. Por tanto, ustedes tienen que comprender que los
ciudadanos y todos los grupos políticos veamos con cierta interrogante
las bondades de las cosas que se nos dicen.
Miren ustedes --y finalizo--, he de decir al portavoz del Grupo
Socialista que por lo menos en lo que respecta a mi grupo político se ha
querido ejercitar la responsabilidad; en ningún momento se ha sido
irresponsable. Se ha intentado estar bien informado, pero es evidente que
los responsables y los representantes del Grupo Socialista siempre tienen
mejor información que los de cualquier otro grupo de la oposición porque
tienen todo a su disposición, toda la información del ministerio.
Nosotros, por desgracia, no. También le quiero decir que los
representantes de la empresa se dirigen a los grupos políticos para
darles la información después de que se ha producido el problema, y eso
no puede ser. Si quieren ustedes que estemos bien informados para que
ayudemos a que no se produzcan esos problemas de falta de información,
nos lo tienen que decir antes, porque todas las cosas que se han dicho
aquí, cuando se ha tenido ese proyecto en exposición pública en la
representación del ministerio en Cádiz capital, no se tenía esa
información .
Por tanto, señor secretario general, quisiera que desde el ministerio
tratasen de reconducir la situación, de dar la máxima información, pero,
sobre todo, de realizar el proyecto con el máximo respeto al medio
ambiente, con el máximo respeto a los ciudadanos desde el punto de vista
técnico, y si se tienen que gastar ustedes dinero, por favor, no nos
vengan a vender que es ventajosa para el campo de Gibraltar porque
cualquiera que viva allí sabe que no lo es.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): El señor Sáenz Lorenzo tiene la
palabra por el Grupo Socialista.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, voy a ser muy breve. Nuestro
grupo quiere señalar que nos preocupa tremendamente que se potencie la
alarma social cuando no hay ninguna justificación para ello, y un
problema que puede consistir en saber cómo se ejecuta o cómo se lleva a
cabo una actuación determinada la responsabilidad política consiste en
situar cada cosa en su lugar, y no en potenciar alarmas sociales
absolutamente injustificadas y que incluso han dado y están dando lugar a
situaciones extremas y que en ningún momento son positivas, desde ningún
punto de vista, porque yo creo que es perjudicial para todos tergiversar
las cosas. El papel de los responsables políticos es justamente ejercer
la responsabilidad. Hago una llamada al ejercicio de la responsabilidad
por parte de los responsables políticos de los distintos grupos
parlamentarios.
Nada más por mi parte.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): El señor Secretario General de
la Energía y Recursos Minerales tiene la palabra para, respondiendo a las
últimas posiciones de los grupos, cerrar estas comparecencias.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Lafuente
Félez): En primer lugar, celebro el tono y la voluntad de colaboración,
así como los consejos de los diferentes grupos parlamentarios. He de
añadir que el tono de mi presentación ha sido más descarnado que irónico.
Voy a hacer una consideración de carácter muy general para proceder a
construir y con su ayuda encontrar una solución a este problema. En este
como en otros muchos casos el miedo no resulta del azar, el miedo se
construye, y nada más rentable en ocasiones que las estrategias
catastrofistas. Yo creo que, al final, este tipo de estrategias acaban
pasando factura.
Hecha esta consideración, he de afirmar que no hubo tales acuerdos
--confíe en lo que le digo-- con la plataforma ni con el ayuntamiento,
con el alcalde. Además, yo creo que hay que distinguir claramente entre
Red Eléctrica y el Ministerio de Industria y Energía. Red Eléctrica es
una empresa propiedad de accionistas públicos y también de accionistas
privados; en este sentido, sus responsabilidades, competencias, etcétera,
no deben ser confundidas con las del ministerio.
¿Sobre qué bases --me refiero a bases no tecnocráticas-- cabría construir
una solución? Se las señalé en la reunión que mantuve con la plataforma,
y he de decir que sin demasiado éxito por lo que he podido constatar
después.
Hay un problema de carácter general y no me refiero a este caso sino a
muchos otros, hay un problema de carácter
general en este tipo de proyectos: líneas eléctricas, carreteras,
autopistas, etcétera, que incluso cuando salvan todos los criterios de
impacto medioambiental, y que son de interés nacional, es decir,
benefician a todo el país, sin embargo es posible que haya zonas más o
menos pequeñas que sufran algún impacto derivado de su construcción. Esto
es así. Efectivamente, la conexión eléctrica con Marruecos --entiendo yo
y lo entiende la Comisión-- beneficia por razones técnicas en las que no
voy a entrar porque me parece que ésta no es la cuestión, beneficia a
todo el país, a toda España y, sin embargo, se visibiliza en un pueblo,
en unos municipios que no acaban de apreciar qué efectos beneficiosos
pueden resultar de esa línea. Esto es igualmente cierto para muchos
proyectos de comunicación o de interconexión.
Por tanto, es cierto que una respuesta no tecnocrática a la solución del
conflicto exigiría visibilizar algo más el efecto positivo que sobre
Tarifa podría tener la construcción de esta línea. En este sentido, me
comprometí personalmente a atender y valorar juntamente con Red Eléctrica
cualquier propuesta procedente del ayuntamiento. Por ejemplo, es cierto
que se trata de un municipio turístico y esto hay que tenerlo muy en
cuenta. Las condiciones de seguridad no exigen de ninguna forma que el
tramo enterrado se prolongue más allá de mil metros, de ninguna manera.
En este sentido y al objeto de dar una respuesta a inquietudes, en este
caso de los empresarios turísticos, ofrecí la posibilidad de contemplar
un retranqueo de la estación terminal hasta para situarla detrás de un
cerro. Son 300 o 400 metros más, se reduciría la visibilidad de la
subestación a un coste, todo hay que decirlo, importante, pero no por
razones de seguridad, ni por razones de impacto medioambiental,
simplemente por razones puramente visuales y para contribuir a una
solución del conflicto.
Dos, ninguna negociación puede cambiar las leyes de la física, y está
claro cuáles son los efectos electromagnéticos de una línea de estas
características. ¿Se podría solicitar algún estudio más? Pues sí, por
supuesto que sí, pero son muchos los estudios que se han hecho, la propia
Comisión está realizando un estudio sobre este tema, esperemos a que
tales estudios estén concluidos, la directiva esté aprobada, etcétera.
Por tanto, difícilmente un estudio epidemiológico adicional podría añadir
algo a lo que ya se ha dicho; por el contrario, se podría interpretar que
es una maniobra dilatoria.
Tercero, impacto sobre la pesca. Pusimos a disposición de la plataforma
los ictiólogos más reconocidos en nuestro país y en el extranjero, y le
puedo asegurar que los dictámenes ofrecidos a la cofradía de pescadores
tienen todas las garantías. Es más, en el caso de los campos
electromagnéticos, si el Ministerio de Industria, si el Gobierno,
tuvieran la más mínima sospecha de que, efectivamente, las líneas de alta
tensión producen efectos perjudiciales para la salud de la importancia de
los que se han venido denunciando, no sólo reconsideraríamos esta línea,
reconsideraríamos todo el transporte de alta tensión en nuestro país y
así lo harían también el resto de gobiernos europeos. Es decir, el empeño
en sacar adelante un proyecto no puede ignorar la existencia de pruebas
fundadas sobre efectos contra la salud. Sería una irresponsabilidad que
cometería el Gobierno español y que también habrían cometido todos, sin
excepción, los gobiernos del mundo.
Por tanto, pusimos a su disposición un estudio relativo al impacto sobre
la pesca. Pero es más y en la línea de lo que enunciaba en primer término
acerca de la necesidad de visibilizar el interés que para Tarifa podría
tener esto, ofrecimos también la posibilidad de proceder a electrificar
dos zonas relativamente aisladas, cuya electrificación, por razones
estrictamente económicas, no tendría ningún sentido, dado que la
inversión sería extremadamente importante. Aún más, se ofreció la
posibilidad de que el ayuntamiento llegara a un acuerdo con los
institutos de enseñanza media; acuerdo orientado a apoyar la formación
universitaria de jóvenes del municipio, porque sabemos --y nos preocupa--
que la oposición al proyecto se ha convertido en bandera juvenil y la
mejor forma de responder a esa inquietud no puede ser otra que hacer un
esfuerzo en materia de apoyo a la formación, en materia de apoyo a la
educación. No podemos condicionar lo que vaya a hacer el Reino de
Marruecos en el futuro, pero sí es posible dar todas las garantías y
facilitar la comunicación.
En estos términos, creo que sería posible llegar a una solución de
interés para Tarifa y para todo el país, pero estamos a la espera de una
propuesta así planteada.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): En nombre de la Comisión le
agradezco, señor Secretario General de la Energía y Recursos Minerales,
su comparecencia y colaboración en los trabajos de esta Comisión. Muchas
gracias.
Señorías, se suspende momentáneamente la Comisión, hasta las dieciocho
horas en punto, para reanudarla con la comparecencia del señor Ministro
de Comercio y Turismo.
Se suspende la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (GOMEZ-NAVARRO
NAVARRETE), PARA INFORMAR:
--SOBRE EL PROYECTO DE VIABILIDAD DE LA RED DE PARADORES NACIONALES, ASI
COMO SOBRE LA DESINVERSION DE ACTIVOS PREVISTOS EN DICHA RED. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
213/000522.)
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señorías, reanudamos la sesión
con los dos últimos puntos del orden del día. El primero de ellos es la
comparecencia, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, del Ministro
de Comercio y Turismo para que informe sobre el proyecto de viabilidad de
la Red de Paradores Nacionales, así como sobre la desinversión de activos
previstos en dicha red.
El señor Ministro tiene la palabra para situar el tema motivo de esta
solicitud de comparecencia.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, para una cuestión de orden.
Al ser una comparecencia pedida por mi Grupo Parlamentario, de acuerdo
con el Reglamento solicito intervenir en primer lugar.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Aguirre, conoce S. S. que
hay tradición en ambas direcciones, pero por parte de la Mesa no hay
ningún inconveniente en acogerse a la que S.S. propone. Por tanto, tiene
la palabra, pero le ruego que centre lo más que pueda su solicitud de
comparecencia al efecto de que en los trámites posteriores --porque no le
imagino renunciando a los dos o tres turnos a que habrá lugar-- no nos
alarguemos excesivamente y podamos celebrar la siguiente comparecencia.
Tiene la palabra, el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Ministro, por comparecer en
esta ocasión para hablar de la posible desinversión de activos en la Red
de Paradores.
Como sabe S. S., el pasado 10 de noviembre de 1994 compareció usted en
esta misma Comisión, también a petición del Grupo Popular, con dos
objetivos principales: para justificar los ceses de altos cargos de la
Administración central de turismo y para contestar a nuestros
interrogantes sobre la posible privatización parcial de la Red de
Paradores de Turismo. En aquella ocasión ya le anunciamos que íbamos a
solicitar una segunda comparecencia habida cuenta de la declaración de la
que usted mismo dejó constancia en el «Diario de Sesiones» y que leo
literalmente: «Al Presidente de Paradores, incorporado en el mes de
julio, se le entregó una relación de aquellos paradores cuya desinversión
podía ser posible para que analizase, uno a uno, qué elementos de valor
añadido tenían que pudieran hacer interesante su supervivencia en la Red
de Paradores y cuál era la situación jurídica de cada uno de ellos. Le
dimos la fecha de final de año para que nos diese una relación de qué
paradores consideraba, como responsable máximo de la gestión de la red en
este momento, que hay que desinvertir.» Estamos refiriéndonos a 1994.
Pues bien, señor Ministro, mi Grupo todavía hoy sigue interesado --y así
se lo queremos manifestar-- en conocer el contenido y las conclusiones de
la auditoría de Arthur Andersen. Se lo pedimos por escrito, se lo pedimos
en la anterior comparecencia y hoy se lo volvemos a solicitar en este
acto. En este mismo sentido, señor Ministro, quisiéramos conocer qué hay
de verdad en las informaciones que circulan respecto de la existencia de
tres nuevos encargos de su Ministerio a Arthur Andersen.
El primero para analizar los distintos puestos de trabajo de los
servicios centrales; el segundo para medir la calidad percibida por los
clientes y el tercero para implantar una red de directores regionales
dentro de la Red de Paradores. En este capítulo de encargos a entidades
externas quisiéramos que nos confirmara si la empresa Profile ha
realizado estudios psicotécnicos a los directores de paradores y, en caso
afirmativo, cuál era el objetivo de los mismos.
Señor Ministro, vencido el plazo que se diera para estudiar la situación
de la Red de Paradores, y desechada la posible transferencia de los
paradores a las Comunidades Autónomas, como usted mismo anunció en su
anterior comparecencia, el Grupo Popular quisiera conocer todos los
detalles del plan que se ha trazado y concretamente tiene un interés
especial en los siguientes apartados. Respecto a las posibles ventas de
algunos de los establecimientos, quisiéramos conocer cuántos paradores
van a salirse de la Red de Paradores, cuál es la relación y ubicación de
estos paradores y cuántos de ellos se verán afectados por esa
desinversión en el presente ejercicio de 1995.
Nos dijo en su anterior comparecencia que se encontraban ustedes haciendo
un estudio serio en relación con el asunto del canon. Nos gustaría saber
si ese estudio se ha terminado y, si la contestación es afirmativa,
cuáles son las concesiones a las que ha llegado en relación con el canon.
También nos gustaría saber de forma principal el impacto laboral de la
posible desinversión ante la que nos encontramos. Sin duda, la
desinversión tendrá efectos sobre las plantillas tanto de
establecimientos hoteleros como de los servicios centrales. Ello nos
conduce a preguntarle cuál es el cálculo del impacto laboral de sus
planes de futuro para la Red de Paradores tanto en los servicios
centrales como en los establecimientos de alojamiento. Igualmente
quisiéramos conocer el impacto de la desinversión o el impacto de la
reorganización de la Red de Paradores en los cuadros directivos. Si
nuestras informaciones no son malas, ustedes han abierto en los últimos
tres días nuevas direcciones generales dentro de la Red de Paradores. Una
de ellas para la planificación y desarrollo, otra para el área operativa
y otra para el área de recursos humanos y administración. Nosotros
creemos que la puesta en marcha de tres direcciones generales tendrá un
costo presupuestario. Quisiéramos conocer cuál es exactamente el costo
presupuestario de estos nuevos tres altos cargos de la administración
turística de su Departamento. Al mismo tiempo, quisiéramos conocer si
está previsto negociar con los cuadros directivos actuales algún tipo de
despido y cuántas serían las personas que se podrían ver afectadas por
una regulación de empleo en los mismos. Quisiéramos conocer, después de
pasada la fecha de fin de año a la que usted hacía alusión en su anterior
comparecencia, de qué forma va a afectar su nuevo plan de organización
para la Red de Paradores, fundamentalmente en dos de los cuellos de
botella que tiene y que usted mismo reconoció en su comparecencia
anterior: la comercialización y la centralización de competencias. Nos
gustaría que hiciera algunas precisiones sobre los nuevos modelos de
organización administrativa y los nuevos modelos de comercialización de
la red. Por último, y como está muy cercana la fecha de la publicación de
los resultados del ejercicio de 1994, quisiéramos saber si está usted hoy
en disposición de adelantarnos cuáles son esos resultados de 1994 y de
hacernos una valoración sobre los mismos, habida cuenta de que el sector
privado ha tenido un crecimiento en la ocupación y una caída en los
ingresos en ambos casos aproximadamente del ocho por ciento en lo que al
ejercicio de 1994 se refiere.
Con estas preguntas, señor Presidente, consideramos planteado el sentido
y la orientación que quisiéramos dar a nuestra petición de comparecencia
del señor Ministro
para hablar sobre la posible desinversión en la Red de Paradores de
Turismo y su plan de viabilidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): ¿Algún otro grupo parlamentario
quiere plantear alguna cuestión? (Pausa.) No siendo el caso, el señor
Ministro tiene la palabra para responder a los planteamientos realizados
por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): En
primer lugar, quiero matizar que el Ministerio le encargó a Arthur
Andersen un análisis estratégico de la empresa. No era ni un plan de
viabilidad ni una auditoría, sino un análisis estratégico de cuál era el
posicionamiento de la empresa en el mercado, cuáles eran sus puntos
débiles y fuertes, dónde habría que actuar y de qué manera para mejorar
su gestión y, por tanto, su cuenta de resultados. Este es el encargo que
hicimos y fue el trabajo que realizó Arthur Andersen respondiendo a las
inquietudes que desde el Ministerio teníamos para realizar ese análisis
estratégico de la empresa sobre la idea de que las empresas públicas
tienen que analizar sus estrategias periódicamente. Es decir, una empresa
pública en un cierto sector que en un momento puede ser útil y
conveniente para la economía española no quiere decir que lo sea para
siempre y, por tanto, la visión que desde este Ministerio tenemos de la
empresa pública es que es conveniente que el Estado realice inversiones
empresariales, pero con la misma naturalidad con que las hace tiene que
ser capaz de salirse cuando ya se han cumplido las tareas y los objetivos
que tenga en ese sector. Desde esa idea, la reflexión de partida que
transmitimos a Arthur Andersen a la hora de hacer el plan estratégico fue
que desde el Ministerio no veíamos qué papel jugaban algunos de los
paradores. Los paradores no son una cadena uniforme; hay diferentes tipos
de paradores que prestan sus servicios o sus instalaciones a diferentes
modalidades de turismo. Básicamente había cuatro tipos de paradores: los
que apoyan al turismo de naturaleza, los que apoyan al turismo cultural,
los de carreteras y los de turismo de sol y playa. Desde el primer
momento, y se lo transmitimos de entrada a Arthur Andersen, no veíamos
claro qué sentido tenía que la empresa pública estuviese en el sector de
turismo de sol y playa, que está suficientemente cubierto por la
iniciativa privada, y el sentido que tenían en 1994 algunas de las
instalaciones de paradores de carretera que, con la transformación que se
ha producido en nuestro país de vías de comunicación, muchos podían haber
quedado fuera del objetivo que se pretendió cuando se construyeron.
Arthur Andersen realizó un análisis detallado. En primer lugar, la
confirmación de ese análisis estratégico, es decir, cómo veían ellos el
posicionamiento de Paradores, cuál era la imagen de Paradores en el
sector, cuáles eran los principales parámetros de su gestión interna,
dónde era Paradores una empresa eficiente y dónde no lo era, qué aspectos
había que mejorar y cuáles había que reconsiderar, tanto desde el punto
de vista de la gestión como de su estructura directiva y de
funcionamiento de su organigrama.
¿Qué es lo que salió del estudio de Paradores? En primer lugar, una
confirmación de la no necesidad de la empresa pública en el sector de sol
y playa. El sector de sol y playa está cubierto suficientemente por la
iniciativa privada y no existe una justificación clara de la presencia de
la empresa pública, que pudo tener sentido en su momento porque los
paradores se construyeron en unos sitios donde no había oferta privada
entonces y donde el sector público hizo de tirón pero que ahora está
suficientemente cubierto. En segundo lugar, la confirmación de que muchos
de los paradores de carretera se habían quedado en sitios donde ya las
carreteras casi ni pasaban o eran carreteras de gran velocidad donde no
tenía sentido parar. En tercer lugar, la confirmación de que, fijada la
política del Ministerio de Comercio y Turismo, a través de la Secretaría
General de Turismo, de potenciar el turismo de naturaleza y cultural,
Paradores seguía cumpliendo un papel fundamental en esa tarea --sobre
todo en naturaleza donde no tiene competencia; en turismo cultural hay
otros instrumentos-- y la identidad de Paradores era enormemente potente.
La imagen de Paradores entre su clientela era muy buena, tenía un perfil
muy positivo, pero arrastraba las contradicciones de la diferencia de la
red. Había personas que mostraban su desagradable sorpresa cuando iban a
un parador esperando un entorno y un edificio monumental y se encontraban
un edificio moderno.
Por tanto, lo que nos recomendaban era fundamentalmente, primero,
intentar dar un aire más homogéneo a la red. Segundo, segmentar las
ofertas, establecer una segmentación comercial de la oferta para
dirigirse a mercados que son diferentes. Los mercados están segmentados
y, por tanto, hay que dirigirse a clientelas diferentes con productos
diferentes, por lo que hay que hacer una segmentación de la red. Y
tercero, hacer un conjunto de mejoras significativas en la gestión. Nos
introducían un conjunto de parámetros donde la eficiencia y la eficacia
de Paradores no era especialmente ejemplar. Teníamos una relación de
empleados por habitación muy alta, teníamos una relación de empleados por
número de servicios prestados en los comedores muy alta y teníamos un
convenio especialmente complicado --no digo ni bueno ni malo--, complejo,
que hacía muy rígida la gestión de recursos humanos, lo que nos ponía en
posiciones desfavorables frente a la competencia. Por tanto, lo que hemos
hecho desde entonces ha sido tomar medidas en todos estos campos.
¿En qué campos hemos actuado? Uno de los temas que se reflejaban en el
estudio --y hemos tomado medidas-- era que no estaba diferenciada
claramente la propiedad de los edificios de la gestión. Cuando
Administración Turística Española, ATE --que era Paradores--, se
convierte en sociedad anónima no se hace una diferenciación clara entre
lo que es la propiedad del edificio y la gestión hotelera. No había un
marco definido en un conjunto de elementos de los equipamientos de los
hoteles sobre quién era el responsable del mantenimiento y conservación
de los mismos. Este era un campo continuo de conflicto entre Paradores y
la Secretaría General de Turismo. Lo primero que se definió, por tanto,
fue la necesidad de establecimiento de un marco societario clarísimo que
dijera los edificios
que eran propiedad del Estado, dónde llegaba la propiedad del Estado,
objeto a objeto, dónde estaba el límite y hasta dónde era responsable
Paradores. Por tanto, de qué era responsable en su mantenimiento la
Administración del Estado, como propietaria de los edificios, y de qué
era propietario Paradores. Al mismo tiempo la sociedad estaba en
precario. No había contratos de arrendamiento. La sociedad Paradores, que
era una sociedad de gestión, no tenía articulado legalmente cómo y en
concepto de qué gestionaba la red, qué pagaba por ello y cuál era su
papel. Lo primero que había que establecer claramente era el marco
societario, es decir, de qué es responsable la Administración como
propietaria de los edificios, y articular de manera ortodoxa todos esos
instrumentos. En ese sentido hemos actuado. Se ha definido muy claramente
lo que es propiedad de la Administración central, de Patrimonio del
Estado, asignado a la Secretaría General de Turismo y de qué es propiedad
Paradores. Ello va a conducir a unos acuerdos, en el marco de la sociedad
Paradores, sobre la modificación del capital social para acomodar y
reestructurar los activos que estaban asignados a Paradores y a un
conjunto de acuerdos societarios. Dentro de los acuerdos societarios está
el canon, que es el pago que hace la sociedad explotadora --Paradores de
España-- al propietario del edificio por el alquiler y el arrendamiento.
El canon va a tener una parte fija a cuenta de una participación en los
ingresos, pero la parte fija es fija, es decir, es una parte obligatoria
que será la mínima que se paga. En función de la participación en los
ingresos, el canon ascenderá conforme a lo que se ha fijado que la
sociedad explotadora Paradores va a pagar a la Administración como
propietaria de los edificios. La Administración asume la responsabilidad
de la conservación y el mantenimiento de todo lo que es suyo, por tanto,
de los edificios y de los elementos estructurales de los mismos. Una de
las cosas que reflejaba el estudio de Arthur Andersen era que el estado
de mantenimiento de algunos edificios no era óptimo, que había paradores
que no se encontraban en un estado idóneo para sus pretensiones, sobre
todo para el mantenimiento de la calidad adecuada en la explotación de
una red que pretende dar la máxima calidad. El objetivo desde el punto de
vista de promoción turística --y turística es la red de Paradores-- es
promocionar el turismo de naturaleza y el turismo cultural dentro de un
nivel óptimo de calidad. Algunos de los edificios y sus equipamientos no
se encontraban en las condiciones adecuadas para prestar ese nivel de
calidad. Una de las primeras medidas que se tomaron fue realizar un plan
de inversiones necesario para poner los edificios en condiciones de
prestar ese servicio. Este ha sido el ámbito societario y con él se
clarifican las relaciones entre el propietario de los edificios, la
Administración central --en concreto la Secretaría General de Turismo--,
y la sociedad Paradores, como sociedad anónima que gestiona su
explotación hotelera.
El segundo ámbito de actuación que planteaba y hemos abordado es la
gestión empresarial. Este ámbito comprendía muchos temas. Paradores tenía
un presidente, un consejero delegado y de éste dependían directamente los
ochenta y tantos directores de los paradores. Esta organización era
totalmente inadecuada y esto lo podrá comprobar cualquier persona que
tenga experiencia empresarial. De una persona no pueden depender
directamente ochenta y tantos subordinados, porque es imposible dirigir
al mismo tiempo ochenta y tantas personas. Y todas las decisiones eran
centralizadas. Se planteaba la necesidad de montar una organización que
fuera como un peine de ochenta y tantas púas y, al mismo tiempo,
descentralizar una parte importante de las decisiones, tanto decisiones
de gestión como de comercialización. Todo ello ha conducido a que, en
primer lugar, desaparecido el puesto de consejero delegado, hay un
presidente y tres directores: un director de recursos humanos, un
director de planificación y un director de operación. Al mismo tiempo se
han creado diez direcciones territoriales. La dirección territorial la
ocupa un director de un parador, que es director de un parador y director
territorial de una región. Se han establecido diez regiones y de cada una
de ellas depende un número diferente de paradores, con criterio regional
y de que la carga de trabajo sea más o menos similar. Es decir, hay que
nombrar un director en Canarias aunque le corresponden menos paradores
que al de Galicia porque en Galicia hay más paradores que en Canarias.
Como digo se han establecido diez directores regionales de los que
depende el conjunto de los directores de paradores. Se han
descentralizado una serie de decisiones y cada director es responsable de
la gestión y de la cuenta de resultados de su parador con unos elementos
de gestión y una capacidad de decisión mayor sobre muchos de esos
elementos. Se ha puesto en marcha un sistema retributivo de los
directores de paradores en función del cumplimiento de objetivos, es
decir, con unos incentivos por el cumplimiento de dichos objetivos. Se ha
establecido un sistema de ofimática que permita realizar la gestión de
forma más moderna; se está poniendo en marcha un sistema de reservas, que
no existía; se ha puesto en marcha un sistema de control presupuestario,
pues no existía el adecuado; se ha establecido un sistema de medición de
calidad. Les he traído los folletos sobre las normas para la calidad del
servicio que se va a poner en marcha en todos los paradores, se ha puesto
ya en muchos de ellos. Se han definido los estándares de calidad
detalladamente, como existen en las grandes cadenas hoteleras
internacionales, con una medición objetiva de la calidad que hay que
fijar en todos ellos; se está estableciendo un sistema de contabilidad
analítica; ya está fijado un sistema de auditoría interna; se está
estableciendo, en el área de recursos humanos, un plan de carrera y de
formación de los empleados y se ha fijado un conjunto de instrumentos de
gestión para poder dirigir una cadena de ochenta y tantas unidades como
es debido.
Por otro lado, se está segmentando y especializando la red de paradores
básicamente en dos áreas que son las prioridades del Ministerio. Una es
la relativa a los paradores que tienen que dar servicio a turismo de
naturaleza y que están en el entorno de parajes especiales, parques
nacionales o lugares de especial interés de la naturaleza. Se está
haciendo un producto específico de la naturaleza, con una acomodación
inclusive de la decoración de esos paradores a ese nivel, de forma que
todos los productos como
jabones y demás que se utilizan sean ecológicos y estén diseñados para la
naturaleza, y con un conjunto de rutas a partir de cada uno de esos
paradores para recorrer parajes naturales. A usted le interesará
especialmente saber que se ha firmado un acuerdo con la Asociación de
Defensa de la Naturaleza de Extremadura --me parece que se llama así--,
precisamente para, con ellos, establecer rutas por los parques naturales
de Extremadura. El primer convenio se ha firmado precisamente con
Extremadura, y no porque usted sea Diputado por Extremadura. (Risas.) Se
han utilizado expertos ecologistas para montar rutas, que se han empezado
a comercializar internacionalmente en las ferias este año. Es decir que
la Asociación aporta todos sus expertos para que dirijan y sean monitores
en el turismo de naturaleza, pero, al mismo tiempo, aportan todos sus
ficheros, todos sus contactos con asociaciones ecologistas
internacionales para establecer una comercialización dirigida a personas
interesadas por la naturaleza y, de la misma manera, pero en otro ámbito,
se está poniendo en marcha una segmentación en los paradores encaminados
al turismo cultural, para que se dirijan a los interesados por la
cultura.
En este sentido, este invierno se ha puesto en marcha --habrá recibido
usted las invitaciones; si no, lo lamento mucho-- un conjunto de
conciertos en los paradores, de exposiciones de jóvenes pintores y un
conjunto de animación cultural para que, al margen de que las personas
que vayan al parador estén en un entorno cultural y tengan acceso al
patrimonio artístico y cultural de la ciudad donde estén, haya, repito,
un conjunto de animación cultural que la haga más atractiva.
Por tanto, hemos segmentado el mercado, los paradores, en esas dos
líneas, que son las que queremos atender fundamentalmente, haciendo un
esfuerzo por mejorar la calidad de forma significativa, lo cual, en
algunos casos, significa una apuesta a medio plazo, porque significa
hacer importantes obras de mejora en la instalación. En algunos casos,
esto se ha abordado ya; en otros, se está abordando y en otros se tendrán
que abordar. La inversión en mejora de instalaciones significa una
inversión a tres años de alrededor de 10.000 millones de pesetas.
Al mismo tiempo, se está cambiando el sistema de comercialización
internacional. El sistema de distribución internacional en muchos casos
no era el adecuado, ya que se tenía en una persona que, en general,
cobraba una comisión por las personas que enviaba, pero sin la dedicación
y el riesgo adecuado para que hiciese un esfuerzo efectivo en la
comercialización.
Por otro lado, se están cambiando las cartas en algunos aspectos. En la
mayor parte de los paradores hay que ir a cartas más pequeñas, es decir,
con menor número de platos, pero garantizando la máxima calidad y con un
cuidado especial en cuanto a la comida regional. El mayor coste de la
restauración, las pérdidas que genera la restauración, están ligadas a la
dimensión de la carta; a mayor extensión de la carta, más productos
frescos hay que tener y, evidentemente, una parte no se utilizan, lo que
supone un mayor coste. El análisis que hemos hecho nos dice que la mayor
parte de los usuarios no utiliza, ni siquiera demanda, esa carta y que,
por tanto, con una carta más reducida se puede atender de manera
suficiente y óptima la demanda de los clientes.
Entro ahora en el tema fundamental de la comparecencia: ¿qué paradores
vamos a privatizar, que es la palabra utilizada? La idea inicial es
salirnos de aquellos paradores que no encajan en esta estrategia. ¿A qué
velocidad y cómo lo vamos a hacer? No vamos a hacerlo en bloque. Lo que
no se va a hacer es decir: todos estos paradores los vamos a vender
mañana y en bloque. Vamos a salirnos tomando el tiempo necesario y, en
todos los casos, negociando con la comunidad autónoma respectiva cómo es
el proceso y, al mismo tiempo, buscando salida al establecimiento y a sus
trabajadores. Por ejemplo, hay dos casos en los que ya se ha tomado la
decisión de salirse. En el caso de Santa Cruz de La Palma, el Cabildo se
queda con la actual instalación, que está obsoleta y no merece la pena, y
nosotros nos comprometemos a construir un nuevo parador, adecuado para
prestar servicios al turismo de naturaleza. Esperamos que este convenio
se firme, si no es la semana que viene, la siguiente, y hemos decidido
salirnos del parador de Bailén. Por tanto, en el caso del parador de La
Palma, lo que se va a producir es una regulación de empleo durante el
tiempo que tarde en construirse el siguiente parador, pero, como digo,
vamos a construir uno en sustitución del actual, que no cumple las
condiciones mínimas exigidas.
En el caso de Bailén, estamos negociando con la Junta de Andalucía la
posibilidad de que la instalación se dedique a escuela de turismo o
escuela de hostelería. Estamos en pleno proceso de negociación y buscando
salida para las personas que trabajan allí y para la instalación.
En ese sentido, vamos a ir instalación por instalación, sin prisas.
Creemos que las desinversiones en el sector público no se pueden hacer
precipitadamente. La experiencia de las desinversiones precipitadas es
que, al final, se monta un gran escándalo político, y muchas veces
termina volviendo, acaba quedándoselo un ayuntamiento, que lo gestiona
peor, igual o mejor, pero, evidentemente, sin beneficio para el sector
público. Por tanto, queremos hacerlo de una manera correcta y adecuada,
que permita garantizar el mínimo coste social. Muchos de esos hoteles
pretendemos que se mantengan como hoteles. Probablemente, gestionados
privadamente puedan pervivir, aunque con otra capacidad de
comercialización, con otra estructura de costes y gestionados de otra
manera. En los demás, la voluntad es negociar el coste social, el que las
personas puedan incorporarse a los paradores que se mantienen y a los que
se van a construir. El objetivo de la red no es reducirse, sino salir de
unos sitios y hacer paradores nuevos en otros sitios.
En este momento tenemos en marcha tres proyectos nuevos: el de Plasencia,
el de Cangas de Onís y el de Santa Cruz de La Palma, y acabamos de firmar
un acuerdo con la Xunta de Galicia para hacer uno en Monforte de Lemos,
en el plazo de cinco años; la duquesa de Alba nos cede un antiguo
convento-palacio en Monforte de Lemos.
La idea es negociar la estrategia de paradores con cada comunidad
autónoma, dentro de estas grandes líneas. Es lo que hemos empezado a
hacer en Canarias, donde hemos
tenido una larga negociación. En algunos de los casos, para salvar
algunos de los paradores hemos llegado a acuerdos de «joint venture»
incluso; en concreto, en Santa Cruz de Tejada, en Gran Canaria, el
planteamiento nuestro era que, desde el punto de vista de paradores, no
era imprescindible su presencia y hemos llegado a un acuerdo con el
Cabildo por el cual vamos a compartir riesgos y, por tanto, vamos a hacer
la inversión para modernizar el parador, que estaba en muy mala
situación. También estamos a punto de firmar un acuerdo con el Cabildo de
Tenerife, porque hay que remodelar por entero el parador de Las Cañadas
del Teide, que, igualmente, está en muy malas condiciones y requiere un
acuerdo porque está dentro del Parque Nacional de Las Cañadas y, por
tanto, requiere un conjunto de acuerdos. Estamos negociando también con
la Junta de Andalucía algunos de ellos, como es el caso de Bailén, y
hemos tenido una primera negociación con la Xunta de Galicia, con el
presidente Fraga y su secretario general de Turismo, para abordar la
imprescindible modernización de algunos de ellos, como el de Ribadeo, que
está en muy malas condiciones, para ampliar el de Villalba, que no es
viable en su dimensión actual, ya que tiene demasiadas pocas habitaciones
y necesita una ampliación para mantener su viabilidad, y vamos a
construir uno nuevo en Monforte de Lemos.
Como digo, esto es lo que pretendemos hacer en cada una de las
comunidades, lo que implica que vamos a salir de algunos y a entrar en
otros. Se trata de seguir una estrategia para que la empresa tenga la
imagen que tiene que tener.
De algunos no se puede salir. Hay algunos que, por las condiciones en que
se hizo la cesión de suelo, en que se cedió el edificio o por cómo está,
no se puede salir. En algunos de estos casos tenemos planteada la
posibilidad de hacer una segunda marca. En la medida en que sean
paradores rentables, se ha pensado establecer una segunda marca que se
explote con otro nombre y, por tanto, no cree distorsiones en la
identidad de la red, pero, al mismo tiempo, permita la explotación, ya
que, como digo, algunos de ellos son rentables, funcionan bien, dan un
buen servicio y no hay una sobreoferta en la zona y, por tanto, desde el
punto de vista turístico son convenientes, pero, repito, no queremos que
distorsionen la imagen de la red. En ese sentido, estamos analizando la
situación.
Tenemos situaciones especiales, por ejemplo en Nerja, donde queremos
estar presentes, porque en la zona de Nerja hay un entorno natural que
puede dar pie a un buen funcionamiento de turismo de naturaleza. Lo que
pasa es que probablemente donde está posicionado el parador ahora no sea
la situación óptima y a lo mejor hacemos algo parecido a lo de La Palma:
salirnos del edificio actual y construir uno nuevo, mediante un acuerdo
con las instituciones locales y autonómicas, para estar presentes en el
sitio donde debemos estar, en el entorno y en el paraje natural
convenientes. Esa es la consideración que pretendemos: ir al ritmo
adecuado para no estar parados, pero, al mismo tiempo, con la
tranquilidad necesaria para que las soluciones sean las adecuadas, con el
coste social mínimo y sin problemas de ningún tipo.
Ya tenemos la experiencia de que simplemente el rumor o la posibilidad de
que se pueda cerrar un parador genera un conflicto social y político que
no se corresponde en muchos casos con la realidad. Hemos tenido un
conflicto en Cervera de Pisuerga porque decidimos cerrar tres meses el
parador para hacer obras, se corrió el rumor de que el cierre era
definitivo y ya hemos tenido protestas de todos los alcaldes, del
presidente de la Diputación, del Partido Socialista, de todas las
instituciones vivas de la provincia, de la región, de la Senadora del
Partido Popular por Palencia, es decir, de todas las personas implicadas
en la región, en un tema que no era cierto, pues no pensábamos cerrar ese
parador; lo que queríamos era aprovechar el invierno, que es la temporada
baja, para invertir dinero en acondicionar el parador, que no estaba en
condiciones, y lo vamos a volver a abrir en próximas semanas; de manera
que yo voy a ir personalmente para demostrar que no eran ciertos los
rumores y que no se pensaba cerrar.
Preguntas que usted me ha hecho específicamente. A muchas de ellas le
contestaré por escrito porque ahora no puedo hacerlo, ya que los trabajos
de pequeño nivel que se hayan podido encargar a una consultora son
responsabilidad del gestor de la empresa, y yo no sé si se ha encargado a
Arthur Andersen un estudio sobre los servicios centrales; puede ser que
el Presidente haya considerado que era conveniente asesorarse y lo haya
hecho, pero no le puedo contestar. En cuanto a lo de Profile, desconozco
hasta el nombre de la empresa, pero le contestaremos si efectivamente se
ha hecho, porque no vivo el día a día de la empresa.
En lo referente al canon, estamos dispuestos a dejarle conocer el acuerdo
sobre la negociación del canon, que es una participación en los ingresos
de la renta, con la responsabilidad de la Administración de mantener todo
lo que es propiedad de la Administración. Lo que queremos establecer es
un marco clarísimo en el cual Paradores funcione de verdad como una
empresa. Yo creo que el salto adelante que se dio cuando pasó a ser ATE a
Paradores fue conceptualmente muy importante, pero no se dio el siguiente
paso de definir exactamente como si fuese una empresa explotadora como
otra cualquiera; es decir, yo creo que Paradores tiene que ser igual que
la cadena Sol, la cadena Occidental o cualquiera otra cadena, pero con
una especificidad concreta que hace que explote un tipo de edificios y de
paradores determinados, pero las condiciones en que debe actuar deben ser
lo más parecidas posibles a las del mercado.
En cuanto al impacto laboral de las posibles desinversiones, le quiero
asegurar que será el mínimo, y tenemos el máximo interés en ello. Por
tanto, en la medida que sea posible, pretendemos que los paradores sigan
funcionando como hoteles cuando se produzca la desinversión y que sigan
en sus puestos los trabajadores. En segundo lugar, sí le puedo decir que,
cuando no sea así, lo que se pretende es ofrecer a las personas que les
interese un acomodo en otro parador, lo que no será un tema muy difícil,
porque con la edad media de los empleados de Paradores hay un proceso de
jubilación bastante importante que permite que se puedan producir las
plazas suficientes para ir acomodando a las personas que puedan ir
saliendo en los procesos de desinversión.
Plantilla en los servicios centrales. Ahí sí se va a producir una
reducción, pero no tanto por efecto de la desinversión cuanto por efecto
de la mecanización y de la modernización de la gestión de los servicios
centrales. Es decir, en la medida que tú mecanizas, implantas ofimática,
sistemas de gestión y sistemas por ordenador, se produce un exceso. Era
donde el estudio de Arthur Andersen nos planteaba claramente que había
una mayor desproporción entre lo que era normal en el sector turístico y
lo que había en Paradores, donde teníamos un exceso enorme de personal en
los servicios centrales. Esto puede conducir a una consideración --y se
lo anticipo-- sobre las oficinas centrales de Paradores, donde se va a
producir un espacio sobrante importante y donde, por tanto, hay
posibilidades de que se produzca un alquiler de los edificios centrales
que son propiedad de Paradores, de la parte sobrante, o incluso que se
produzca una desinversión y Paradores se vaya a otro sitio más pequeño,
porque tampoco requiere estar en el centro de la ciudad, como están las
actuales oficinas.
Son ciertos los tres directores generales, como le he podido decir.
Cuanto me pregunta el coste presupuestario, le tengo que decir que no sé
los salarios, pero si le interesa se los puedo enviar. En cualquier caso,
sí le digo que no es coste presupuestario desde el punto de vista de la
Administración pública, sino que es una empresa que paga a sus directivos
y que, por tanto, es un salario de un directivo de una empresa.
¿Va a haber despido de cuadros? Las personas que entran no entran a
sustituir a otras, porque ésas no las había, es decir, había un consejero
delegado que desapareció en su momento y entran a ocupar otros puestos.
¿En qué medida las personas que llegan van a tener acomodo o las personas
anteriores van a tener acomodo a la nueva filosofía del equipo directivo
y a las nuevas funciones? Vamos a verlo. Por alguno de los casos que le
puedo decir y que estoy informado y recuerdo en este momento, la persona
que se ocupaba de la planificación ahora está de director de un parador,
me parece que en Jarandilla, y por tanto lo que se ha buscado es acomodo
de las personas dentro de la empresa, pero puede ser que algunas de
ellas, dentro de la nueva línea de actuación de Paradores, no encuentren
acomodo y salgan de la empresa; no se lo puedo asegurar, pero puede ser
que se produzca.
Sí le quiero decir que pretendemos que todo se haga con la mayor
normalidad posible, no queremos traumas, no hay sensación de traumas, los
sindicatos están informados de cómo están las cosas. Usted sabe, además,
que están en el consejo de administración de la empresa tanto UGT como
Comisiones Obreras, que siguen la marcha de la empresa con bastante
puntualidad.
Desde el punto de vista de la comercialización, ya le he dicho que, en
primer lugar, se ha descentralizado en gran medida. Del director
operativo depende la explotación y la comercialización, el conjunto de la
explotación del negocio, y se ha dado mucha más autonomía a los
directores de parador. La vieja tradición de Paradores, muy negativa para
una empresa --usted, que ya tiene una edad para saberlo, se acordará--,
era que antes no se llamaban directores de paradores, sino
administradores de paradores, porque normalmente al responsable de
contabilidad se le ascendía y se le nombraba director. Por tanto, la
mayor parte de los directores provenían del área administrativa.
Evidentemente, eso no es lo normal en el sector turístico, donde
normalmente el director suele provenir más del área comercial que del
área administrativa. Eso significa que, en la medida en que tengan más
competencias, va a haber que hacer un proceso de formación, de
reacomodación de las personas, y esperamos que una parte significativa de
los directores sean capaces de adaptarse a su nueva realidad, a sus
nuevas responsabilidades y a su nuevo puesto, pero, evidentemente,
tampoco es de asegurar que el cien por cien lo cumplan y que, por tanto,
no haya que buscar nuevas personas. Lo que sí queremos ahora es que el
director sea el director del parador, con responsabilidades en la
explotación y, por supuesto, en la comercialización. Si uno coge la
cuenta de resultados por parador, aparte de los elementos objetivos y
estructurales de la instalación y del parador y del mercado potencial,
hay una realidad, y es que el parador va bien cuando tiene un director
que se ha preocupado de comercializar. Hay paradores que, en abstracto,
podrían ir muy mal y en los que resulta que el director está
introduciendo en el pueblo, es capaz de captar las bodas, los banquetes y
los bautizos del pueblo y, por tanto, resulta que hay paradores que,
teniendo en abstracto motivos para ir mal, van muy bien porque tienen un
buen director, y lo que hay que conseguir es que el conjunto de los
directores sean capaces de hacer eso, lo que significa que en Paradores
va a haber que hacer un enorme esfuerzo de formación, hay que convencer a
la gente, liderarla y darle medios de formación para que se adapte a
trabajar como si estuviese en cualquier otra empresa del sector y no en
la Administración pública.
Resultados de 1994. Los tengo por aquí y se los voy a dar. Resultado
antes del canon, 447 millones de pesetas ha ganado Paradores. Y tenemos
para 1995 el objetivo de ganar 1.000 millones de pesetas. Es decir,
esperamos una mejora significativa en la cuenta de resultados, fruto de
una reducción de costes en todos sus aspectos y, al mismo tiempo, de un
incremento de la actividad por mejora de la comercialización y mejora de
ingresos. En los dos primeros meses del año se están cumpliendo los
objetivos. Por lo tanto, creemos que vamos en el buen camino. Eso,
evidentemente, significa un gran esfuerzo en una empresa que está en un
proceso de adaptación y reestructuración, que tiene que hacer el esfuerzo
añadido, no de ir en velocidad de crucero, sino de acomodación a la nueva
realidad.
¿Cuál es mi visión sobre Paradores? Soy muy optimista. Creo que Paradores
tiene un enorme potencial. La frase que se contenía en el estudio de
Arthur Andersen sobre paradores es que Paradores era una joya en bruto,
es decir, con un potencial enorme que no tenía la gestión adecuada. Creo
que ahora estamos en el buen camino. ¿Que vamos a poder cumplir el cien
por cien de los objetivos? En eso estamos y ésa es nuestra intención. Lo
que sí le digo es que hay que hacer un enorme esfuerzo para reconvertir
una institución de 4.000 personas, más o menos, que tenía hábitos de ser
administración, con lo bueno y lo malo que eso tiene, pero, sobre todo,
sin tener en cuenta nunca una
cuenta de resultados en la cabeza, que tiene que acomodarse a una
probabilidad de competir en el mercado con ventajas, evidentemente. Los
edificios monumentales son una gran ventaja. Es un activo comercializable
y que se puede medir, pero, al mismo tiempo, es un inconveniente porque
tiene costes mayores. Los edificios no están diseñados precisamente para
ser hotel, tienen elementos no utilizables. Es decir, tiene un conjunto
de elementos negativos. Pero, en conjunto, Paradores es una empresa con
un enorme potencial. Por tanto, el reto que tenemos es ser capaces de
explotar esa potencialidad de forma óptima; que, por un lado, sirva para
el objetivo que tiene, que es el de ser un elemento importantísimo en la
promoción del turismo de naturaleza y cultural hacia España, y, al mismo
tiempo, que como empresa tenga la cuenta de resultados y los beneficios
que debe tener. Eso es todo.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Aguirre, estoy seguro que
la extensa intervención del señor Ministro nos asegura su concisión en
esta segunda intervención.
Tiene la palabra.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Ministro, por los datos que ha
dado. Confío en que me envíe por escrito la contestación a las preguntas
que le he formulado, incluida alguna que queda pendiente por contestar de
la comparecencia anterior.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): De las
tres sobre el estudio de Arthur Andersen me dijo: servicios centrales,
directores regionales y un tercer tema, del que no me dio tiempo a tomar
nota.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Medir la calidad percibida.
Le decía que confío en que me facilite los datos que le he solicitado,
inclusive alguno que todavía está pendiente en relación con la
comparecencia del mes de noviembre de 1994, concretamente cuando le
solicité los contratos de los anteriores responsables de la Red de
Paradores, que, según consta en el «Diario de Sesiones», usted señaló que
no tenía inconveniente en enviármelos, pero, que yo sepa, todavía no los
he recibido.
Me gustaría que en la información que me facilite por escrito precisara
todo lo relativo con el canon, con la propiedad de Estado y de Paradores.
Hay un dato que le pido reiteradamente --quizá no lo pida con claridad--,
pero veo que no me lo puede facilitar ni verbalmente. ¿Puede facilitarme
la relación de paradores que van a ser objeto de venta, de privatización,
y cuáles van a ser objeto de salida a una segunda marca? Porque eso
precisamente vendría a tranquilizar muchos rumores sobre las listas que
--usted lo sabe como yo-- circulan en semanarios y son publicadas.
Queremos saber de una vez con concreción de qué relación estamos
hablando.
Decía en su intervención que los sindicatos están puntualmente informados
de todo el impacto laboral que va a tener. A este portavoz también le
gustaría poder obtener esa información en sede parlamentaria. Le ruego me
la facilite.
Si no he tomado mal la nota, en relación con los resultados del ejercicio
de 1994 habla usted de unos beneficios de 400 millones o algo más.
¿Podría identificar en el resultado de esos beneficios cuánto corresponde
a explotación y cuánto a ingresos financieros?
Por lo demás, señor Ministro, insisto en que espero puntual contestación
a las preguntas que le he formulado. Sobre todo, agradezco su
comparecencia, y que poco a poco vayamos concretando esta fase de
privatización de la Red de Paradores y su reajuste interno.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Artiles tiene la palabra.
El señor ARTILES BOLAÑOS: Quiero agradecer también la información amplia
que ha dado el señor Ministro sobre una sociedad anónima trascendental
para la imagen de España como uno de los primeros países turísticos del
mundo, donde el segmento de turismo cultural y turismo de naturaleza
viene reafirmado con esa voluntad decidida y derivada de ese informe de
Arthur Andersen en favor de la continuidad. Creo que, como ha dicho muy
bien el Ministro --quiero agradecérselo--, es importante el futuro de la
Red de Paradores y es trascendental que se adecúe a la realidad que desde
el Gobierno socialista se ha impulsado, y que es pasar de administración
turística a gestión turística y a sociedad anónima. Ese paso no es sólo
un paso jurídico, sino también una conformación de una nueva manera de
actuar en un mercado y en una industria tan especializada como la
turística.
El conocimiento previo del señor Ministro en el campo de la actividad
privada ha sido beneficioso. Estoy seguro que las líneas que ha marcado
para rentabilizar una sociedad anónima de capital público y de gestión
son las más adecuadas a un mercado abierto a un mercado necesariamente
competitivo. Por ello, el Grupo Socialista está a favor de garantizar ese
futuro de la Red de Paradores, está a favor de que la imagen de marca que
se intenta vender, en competencia con otras imágenes y con otras cadenas,
sea beneficiosa para los trabajadores y para el sector público, así como
para la calidad de la oferta turística. Nosotros apostamos en nuestra
intervención por una continuidad y por la calidad de esa sociedad
anónima.
Esperaba hoy que la intervención, la solicitud y el interés por disipar
rumores y conocer la lista de privatizaciones era porque se estaba a
favor de la privatización de todo el sector o de parte, no sea que se
pida la lista para conocerla e inmediatamente decir que no, que es
necesario que se mantenga en manos públicas. Conociendo como conozco al
representante del Grupo Popular, y sobre todo por el origen de la Red de
Paradores, creo que apuesta por la buena gestión pública de aquellos
paradores que cumplan los objetivos que se determinan por lo que se ha
realizado hasta ahora.
El Grupo Socialista entiende que es correcto el camino elegido por el
presidente de la sociedad, respaldado por el Ministro, de hacer las
cosas, como hemos aprobado recientemente en el proyecto de desinversión,
bien, sin trauma, con diálogo y apostando porque, tanto desde el punto de
vista social como desde el punto de vista de calidad de la oferta, llegue
a obtener los mejores resultados. Prueba de que la sociedad anónima y la
presencia pública ha supuesto beneficios es que no se corta el ritmo de
los paradores, sino que se anuncian otros nuevos, produciéndose
desinversiones, pero con alternativas reales. El hecho de Bailén, el
conocido de La Palma, demuestran que es necesario dar contenido a esa
apuesta por la continuidad de la red de paradores como una oferta
turística diferenciada y privilegiada.
Desde el Grupo Socialista apoyamos --como no podía ser menos-- el diálogo
y la máxima información, fundamentalmente el diálogo institucional con
las comunidades autónomas y con las corporaciones locales, para que
cuando haya de producirse la desinversión lo sea en condiciones de
aceptación social y de aceptación institucional, puesto que entendemos
que es el mejor de los caminos para hacer rentable una sociedad anónima
como la de paradores, para mantener una imagen de calidad como la que
debe tener la red de paradores, sobre todo con los nuevos objetivos
diseñados por el Ministro, y también para garantizar el máximo de acuerdo
y de paz social, que desde nuestro Grupo vamos a apoyar permanentemente.
Creo que es un dato positivo de este nuevo camino el proceso de
descentralizar la gestión, de modernizarla y que en esa línea se
garantiza el futuro de esta red de paradores y, sobre todo, se va a pulir
ese diamante que afortunadamente se ha mantenido.
Agradecemos al señor Ministro --perdón por la procedencia-- ese plan
específico que se ha realizado mediante el diálogo con las instituciones
en Canarias, que va a garantizar la continuidad de un sector como el de
paradores, en una comunidad turística por excelencia como es la de
Canarias. La mejor demostración de que estos nuevos objetivos están a
favor de la calidad y de la continuidad de la red de paradores es ese
programa específico que se ha realizado y que vamos a apoyar desde el
Grupo Socialista.
Igualmente estaremos informados, como lo hemos sido anteriormente, el 10
de noviembre, del proceso que se vaya realizando, y continuaremos en esa
máxima transparencia en favor de la modernización de la sociedad anónima,
del mantenimiento de la red y del diálogo institucional y social en las
medidas que se vayan adoptando.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Tiene la palabra el señor
Ministro, para cerrar esta comparecencia, respondiendo a los últimos
comentarios de los grupos parlamentarios.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Los
resultados de explotación son 198 millones. Los ingresos financieros
netos son 326 millones y los resultados extraordinarios negativos 77
millones. La suma de 198 millones y 326 millones da 524 millones, de los
que deducidos los 77 millones arroja un beneficio de 447 millones.
Usted me pide una lista que yo no quiero hacer. Por tanto, no se la doy
porque no la he hecho. Le digo claramente que queremos hacerlo de uno en
uno, porque las listas al final son escandalosas siempre, y luego, a lo
mejor, alguno no se lleva a cabo, por lo que se puede crear una alarma
innecesaria. Vamos a hacerlo uno a uno, negociando con los trabajadores
de cada uno, acomodándolo con el tiempo necesario para que se pueda hacer
sin ese coste social. No le doy la lista porque yo mismo he pensado que
para que no se filtre nada lo mejor es no hacerla. Usted tiene la
estrategia en la cabeza y si quiere se hace la potencial lista y a lo
mejor se equivoca en alguno. Yo mismo he pedido no hacer la lista porque
es la mejor manera de que nadie la pida ni de que nadie la filtre.
Nosotros queremos estar en naturaleza y en cultura. Todo aquel que dé pie
a ser un parador de naturaleza y de cultura vamos a potenciarlo, a
apoyarlo y a impulsarlo. Algunos están en playa, pero pueden dar pie a
naturaleza y cultura. Por ejemplo, el de Mazagón es el parador del Parque
de Doñana. Está en una playa y la gente que va al Parque de Doñana se
aloja en Mazagón. El de Puebla de Sanabria es un parador de carretera,
pero está en una zona de naturaleza y requiere una inversión importante
para ponerlo en condiciones. Es un parador que queremos que sirva para
promocionar el turismo de naturaleza en toda esa zona, tanto en las
lagunas como en el lago Sanabria.
Lo que estamos viendo es qué acomodo podemos dar a aquellos paradores que
no nos dan pie a nada. Hay algunos que pueden ser rentables y, por tanto,
pueden transferirse o venderse a la iniciativa privada, otros que pueden
requerir un proceso de conversión en otro tipo de institución, y alguno
habrá que cerrarlo porque no tiene salida de ningún tipo. Uno de los que
tiene problemas --me acuerdo perfectamente-- y será susceptible de
segunda marca es el de Jávea, que no se puede vender. Las condiciones de
cesión de los terrenos hacen que sea un parador rentable y es un buen
negocio, pero no se acomoda a la filosofía y a la estrategia de
paradores. Probablemente sea susceptible de segunda marca, pero no lo
vamos a vender porque no se puede.
Lo que quiero decir es que no hemos hecho ni vamos a hacer una lista.
Vamos a intentar resolver los problemas de cada uno de ellos.
--DE SUS DECLARACIONES SOBRE SUMINISTROS DE AGUA EN LA COSTA DEL SOL. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000530.)
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Pasamos al sexto y último punto
del orden del día, que es la comparecencia solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular del señor Ministro de Comercio y Turismo, para que
informe de sus declaraciones sobre suministros de agua en la Costa del
Sol.
Para precisar el sentido de la solicitud del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra, en su nombre, el señor Souvirón.
El señor SOUVIRON GARCIA: Señor Ministro, el 31 de enero, en
declaraciones a la cadena radiofónica Onda Cero, usted hizo las
siguientes manifestaciones: En todo el litoral de la Costa de Sol vamos a
tener problemas. Habrá que abastecer con barcos-cisterna y, por tanto,
será una situación dramática porque la sequía es espantosa. Siempre hay
cierto riesgo de que haya gente que prefiera no ir, y que esa zona
padezca algo en su ocupación turística, que este año tenía unas
expectativas muy buenas.
La verdad es que, traduciendo estas palabras a imágenes, creo que está
perfectamente especificado el interés de la pregunta y el sentido de la
misma. En Málaga, señor Ministro, tenemos muchos problemas. En la Costa
del Sol, en el sector turístico, varios, pero en este momento destacaría
dos: el primero, que los últimos años no ha llovido suficientemente, sin
que se haya previsto esta contingencia; y el segundo, que a pesar de que
no haya llovido, la verdad es que cada vez que habla el señor Ministro en
Málaga truena, porque el año pasado, sin ir más lejos, en la feria
turística de Londres usted dijo que era magnífica, turísticamente, la
situación que se esperaba en toda España, salvo en la Costa del Sol.
Este año en Fitur --la feria turística de Madrid-- nos cuenta la
necesidad de abastecer la Costa del Sol con barcos-cisterna. Para que en
Málaga no tengamos que acordarnos de las ferias del señor Ministro, yo le
rogaría encarecidamente que cambiara un poco la estrategia promocional de
la zona, que en vez de plantear lo que usted piensa que no va a ir bien,
informara de lo bueno que tiene aquello --que algo tiene--, a pesar de
algunas carencias y omisiones del Gobierno socialista. Además, le
sugeriría con el máximo respeto, para que estas cosas se eviten en el
futuro, que como ejercicio de autodisciplina copiara cien veces aquello
de no quiero hablar más de la Costa del Sol sin haber reflexionado
previamente.
Cuando hizo las declaraciones, inmediatamente fue contradicho, primero,
por el Gobernador Civil, que es el representante del Gobierno en la
provincia, y, después, por el Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Sur, que es la máxima autoridad en materia de agua del Ministerio de
Obras Públicas en Málaga. Todos dijeron que el asunto de las cubas y de
los barcos de agua era innecesario, que la situación era difícil, pero
que había otros sistemas menos alarmantes, y desde luego menos alarmistas
en boca de un ministro de Turismo, para solucionar el problema. El propio
Presidente de la Diputación Provincial, compañero de militancia suyo,
dijo lo siguiente: no entiendo lo que ha pasado, pero está claro que el
Ministro no conoce el problema.
¿Cree usted, señor Gómez Navarro, que es serio que el Ministro de Turismo
desconozca en qué situación se va a encontrar el abastecimiento de agua
en temporada turística en una zona de la importancia de la Costa del Sol?
¿Cree usted que es serio que sin conocer el problema se lance a hacer
unas declaraciones tan inoportunas y que pueden perjudicar la imagen de
una zona que ha costado tanto esfuerzo prestigiar a los que han trabajado
en ella o, por el contrario, el único que conoce el tema es usted y los
irresponsables son quienes le contradicen en Málaga? ¿Puede afirmar hoy
aquí, ya que desde que hizo aquellas declaraciones no ha llovido
apreciablemente, que habrá que abastecer con barcos-cisterna este verano
la Costa del Sol?
En definitiva, todo este asunto, señor Ministro, con barcos-cisterna o
sin barcos-cisterna, lo que pone de manifiesto es la falta de eficacia
del Ministerio de Comercio y Turismo para prever un problema vital, como
es el del abastecimiento de agua a una zona turística, y solucionarlo
antes de que se manifieste. Si en la provincia de Málaga se hubiera
realizado la política hidráulica necesaria, si se hubieran acometido las
infraestructuras precisas para evitar que la mayor parte de las aguas de
los ríos de la parte occidental de la provincia se perdieran en el mar,
hoy no tendríamos este problema.
Tiene uste, señor Ministro, como tal, la obligación de evitar que algún
día haya que abastecer con barcos-cisterna la Costa del Sol, ésa sería su
auténtica obligación, y para ello lo mejor es que dejemos el pasado,
pensemos en el futuro, aborde usted el problema ya, lo lleve a la
Comisión Interministerial, si es que verdaderamente sirve para algo, que
yo espero que sí, y que haga valer su responsabilidad como Ministro de
Turismo precisamente en el Consejo de Ministros. También tiene usted la
obligación de conseguir que se depuren de una vez por todas las aguas que
se vierten al litoral de la Costa del Sol y de Málaga, todas ellas, y que
se reutilicen para cubrir otras necesidades, empezando precisamente por
Málaga capital que, por tener más habitantes, crea un problema mayor a
toda la zona.
En definitiva, señor Ministro, después de esas declaraciones no
querríamos que se siguieran perdiendo oportunidades en ninguna zona
turística y, desde luego, tampoco en la Costa del Sol, y ya que hemos
hablado de la Comisión Interministerial, yo creo que habría --y aprovecho
esta comparecencia-- que plantear una serie de temas que tenemos
pendientes. Ya no vamos a pedir, porque se nos dijo que no había tiempo,
y aunque usted se comprometió en la última comparecencia, al final
tampoco lo consiguió, el tema de la autovía entre Estepona y Guadiaro por
el asunto de la Ryder cup, pero habrá que arbitrar algún sistema para que
las relaciones o las comunicaciones sean lo más fluidas posibles dentro
de esa carencia. Habrá que arreglar --y algo tiene que ver con el agua
aunque de otra forma-- la discriminación de Málaga con respecto a su
puerto y la no consideración como frontera externa de la Comunidad
Europea, que va a impedir que se establezca Málaga como punto de salida y
de llegada de cruceros, lo cual va a crear auténticos problemas de futuro
para el desarrollo turístico.
Por último, me voy a permitir formularle una pregunta que no se refiere
al agua, esperando de la benevolencia del señor Presidente y de usted
mismo. Nosotros venimos señalando desde hace tiempo la importancia que
para la ciudad de Málaga tendría su inclusión dentro del marco del Plan
Futures, plan de excelencia turística, y lo que yo
quiero preguntarle claramente es si contempla esa posibilidad a corto o a
medio plazo.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): El señor Ministro tiene la
palabra en el bien entendido que esta última pregunta no estaba prevista
en la comparecencia y dejo a su buen criterio su contestación.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Voy a
ser brevísimo en toda la contestación para no aburrir a los presentes.
Cuando yo hice las declaraciones, el problema del agua en Málaga no
estaba resuelto. Hoy está resuelto, porque me parece que el 15 de febrero
el Consejo de Ministros aprobó una inversión importantísima en
abastecimiento de agua a la provincia de Málaga que hace que este verano
vaya a estar resuelto el problema. Por tanto, el problema no está
resuelto hoy, pero va a estarlo este verano porque las obras estarán
terminadas. Con esto creo que está dicho todo.
Estamos estudiando un proyecto del Ayuntamiento de Málaga para incluirle
en el plan Futures. En principio, tenemos una opinión positiva. No se lo
puedo asegurar, porque el estudio no está terminado, pero es muy probable
que así sea y que, por tanto, podamos trabajar en un plan de excelencia
para mejorar el funcionamiento como zona turística de la ciudad de
Málaga, que hasta ahora es la capital de la Costa del Sol pero no ha sido
una ciudad turística. Ese es uno de los esfuerzos que se nos han
planteado y es muy posible que digamos que sí, aunque no hemos terminado
el estudio y tendremos que hacer modificaciones y negociar con el
Ayuntamiento la propuesta que se nos ha presentado. Siempre he dicho que
la Costa del Sol es una de las zonas de España, junto con Canarias, de
mayor potencial turístico. En tiempos pasados se han cometido errores,
estamos --y me incluyo-- en la línea de hacer un esfuerzo importante en
la mejora de lo que se ha hecho y, por tanto, de reavivar y volver a
recuperar la Costa del Sol como lo que fue en sus años dorados.
En todo el tema del agua me plantea una serie de problemas que no son
competencia de mi Ministerio, son competencia del Ministerio de Obras
Públicas, mejor dicho, ni siquiera son competencias del Ministerio de
Obras Públicas. Usted sabe que el abastecimiento y la depuración de aguas
es competencia autonómica o municipal, ni siquiera es de la
Administración central. Toda la Administración central está haciendo un
gran esfuerzo, ante la gravedad de los problemas, para ayudar y cooperar
con la comunidad autónoma y ayuntamientos en un problema que no es de la
competencia de la Administración central, que está transferido, pero en
cualquier caso sí le digo que es voluntad del Ministerio de Obras
Públicas aportar soluciones y que nosotros hemos hablado y presionado en
gran medida no sólo a través de la Comisión Interministerial sino a
través de las relaciones bilaterales con el Ministerio, en el sentido de
que el cuello de botella de la Costa del Sol y de una parte importante de
Andalucía, desde el punto de vista de su desarrollo turístico, es el
agua.
Estamos haciendo para cada zona turística de España una fotografía del
conjunto de infraestructuras y servicios que se tienen que prestar a los
ciudadanos para que el sector funcione compensadamente y para saber
cuáles son los cuellos de botella de cada región. En Baleares es el
espacio aéreo; en Galicia es el acceso por carretera; en Canarias son los
aeropuertos. Cada región de España tiene problemas diferentes, y tenemos
detectado muy claramente que en la Costa del Sol de Andalucía es el ciclo
completo del agua, el abastecimiento y depuración; por tanto, ése es el
problema que hay que resolver a la máxima brevedad posible en Andalucía
y, sobre todo, en la Costa del Sol.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): El señor Souviron tiene la
palabra.
El señor SOUVIRON GARCIA: Señor Ministro, gracias por la contestación y,
además, por la que no estaba prevista. Las inversiones que se han hecho
en Málaga han sido simple y llanamente para solucionar el problema
acuciante, el problema de este verano. Lo que yo propongo es una
planificación, que se gobierne en este tema en Málaga y que se planifique
suficientemente. Todos sabemos que el agua está en la zona occidental de
Málaga y, desde luego, arbitrar los medios suficientes para que el
abastecimiento no falte sí depende del Ministerio de Obras Públicas.
Simplemente hacía la llamada al Ministro de Turismo por el hecho de que
al ser una zona turística parece que él debe plantear abiertamente el
asunto y ser un valedor especial ante el ministerio competente. Este era
el asunto y de ahí su planteamiento. Sí quiero aclararle que el tema no
está solucionado para siempre y que el año que viene nos podemos
encontrar con la misma situación, y le animo a que se evite esa
posibilidad.
Respecto al tema del plan de excelencia turística la verdad es que
estamos totalmente de acuerdo con que se lleve a cabo, nos parece que es
necesario que ya que la ciudad de Málaga se ha convertido exclusivamente
en una ciudad turística, o no tiene a medio o a corto plazo otra
posibilidad, se la dote de los medios necesarios para que pueda ejercer
esta función. Por tanto, nosotros siempre estaríamos de acuerdo, y
entendemos que habrá que presupuestarlo el año que viene, porque no
parece que este año haya alguna partida destinada a ese fin en los
Presupuestos Generales del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Artiles tiene la palabra.
El señor ARTILES BOLAÑOS: Intervengo para agradecer al señor Ministro la
contestación y manifestar nuestro acuerdo con el final de la intervención
del señor Souviron en el sentido de que lo que le preocupa es el futuro.
Tan es así que desde el Grupo Socialista el problema de la sequía ha sido
informado reiteradamente en el Consejo de Ministros en agosto, en
diciembre, y un dato de esa transcendencia, de la dificultad que se
padece en muchas partes de España y específicamente en la Costa del Sol,
viene dada por el Real Decreto 1/1995, que es un real decreto que añade a
los cerca de 40.000 millones de pesetas invertidos
en obras hidráulicas en los últimos años 12.000 millones más. De esos
12.000 millones de pesetas destinados a obras de máxima actuación, porque
la racha de sequía es realmente grave y produce tremendos problemas, a la
provincia de Málaga se han destinado cerca de 4.000 --y usted es
conocedor de la realidad y lo ha dicho-- para traer agua desde la parte
occidental hacia el resto. Creo que esto va a realizarse --como ha dicho
muy bien el señor Ministro-- antes del verano y va a contribuir a algo
trascendental e importante como es que ese elemento de cuello de botella,
que puede incidir en el futuro turístico, no sea tal con estas obras.
También creo que es uno de los elementos trascendentales, y usted ha
hablado del futuro, pero yo le puedo señalar una experiencia del pasado.
Recuerdo por experiencias institucionales que en los años 1983 ó 1984 en
Canarias, particularmente en Gran Canaria, el cuello de botella,
prácticamente de asfixia, era el tema hidráulico, que se ha abordado
gracias a las enormes inversiones de infraestructuras hidráulicas del
Ministerio de Obras Públicas y también dentro del ciclo integral de
aguas, de reutilización de las mismas.
En este aspecto existen competencias compartidas de todas las
administraciones y es clave que todos apostemos por ganar un futuro
paliando los daños que puede producir la sequía; y ahí está ese Real
Decreto 1/1995 y también la voluntad del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente con el Plan Hidrológico y con las
actuaciones, dentro de las directivas comunitarias, de reutilización del
ciclo integral del agua, que traerá beneficios, estoy seguro, para toda
España, además de --como ha dicho el señor Ministro-- para el sector
turístico y para la Costa del Sol, como ha deseado el portavoz del Grupo
Popular. En esa línea, el Partido Socialista apoya, como no podía ser
menos, sus palabras y las respalda, porque creo que lo que nos importa es
el futuro turístico, que consideramos importante para Málaga y para toda
España.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): El señor Ministro de Comercio y
Turismo tiene la palabra para cerrar esta última comparecencia.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete):
Rápidamente, haré sólo dos comentarios. Uno es que nosotros --y lo he
dicho ya en la intervención-- tenemos una enorme preocupación por el
agua, pero debemos ser conscientes de una cosa: no se pueden abordar
todas las obras de todas las infraestructuras al mismo tiempo. Es decir,
la prioridad de nuestro país durante un tiempo fueron las carreteras,
pero hemos tenido un ciclo de sequía, desconocido en el mundo, que ha
hecho que el problema del agua, que en algunas zonas ya existía, se haya
agudizado de una manera anormal. Evidentemente, en este momento eso hace
que la situación del agua sea especialmente grave, porque es un problema
que se ha agudizado enormemente con la sequía, repito. Conforme se vayan
terminando los planes de carreteras, la preocupación principal de nuestro
país creo que será el agua. También le digo --y usted lo sabe porque ha
habido incidentes en la provincia de Málaga-- que el problema del agua es
muy especial porque hay un grado de insolidaridad tremebundo y el que
tiene agua no la quiere ceder al que la necesita. Tenemos incidentes en
toda España --como los ha habido en la provincia de Málaga y usted los
conoce, seguro-- que muestran ese grado de insolidaridad que hace las
cosas todavía más difíciles.
El otro comentario se refiere a Futures. El problema no es
presupuestario, porque en los presupuestos no figura específicamente,
sino que figura globalmente dentro del Plan Futures una cantidad. Por
tanto, si técnicamente se pudiese abordar y las tres administraciones
acordásemos firmar el convenio --porque los planes de excelencia se hacen
por un convenio entre los ayuntamientos, la comunidad autónoma y la
Secretaría General de Turismo-- lo haríamos dentro del año 1995.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Ministro, le expreso en
nombre de la Comisión nuestro agradecimiento por su respuesta a estas
solicitudes de comparecencia, que creo que son expresión de interés de
esta Comisión por ese segmento clave del sistema productivo español, de
hoy y del futuro, que es el turismo.
Señorías, estoy seguro que me apoyan en la propuesta de clausurar la
sauna en la que hemos celebrado esta sesión y dar por levantada y
terminada la sesión trigesimoquinta de la Comisión de Industria, Energía
y Turismo.
Gracias, señorías.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.