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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 352, de 14/11/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 352
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 22
celebrada el lunes, 14 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--De la señora Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias (Carcedo Roces), para informar sobre
el proyecto de ley de declaración de Parque Nacional de los Picos de
Europa. A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular. (Número de
expediente 212/000771), Socialista y Federal IU-IC. (Número de expediente
212/000847) (Página 10938)
--Del señor Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (Jambrina Sastre), para informar
sobre el proyecto de ley de declaración de Parque Nacional de los Picos
de Europa. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/000769) (Página 10948)
--Del señor Director General del Instituto Nacional de Conservación de la
Naturaleza, ICONA (Estirado Gómez), para informar sobre el proyecto de
ley de declaración de Parque Nacional de los Picos de Europa. A solicitud
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. (Número de expediente
212/001205) (Página 10956)
--De don Eduardo García de Enterría, para informar sobre el proyecto de
ley de declaración de Parque Nacional de los Picos de Europa. A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 219/000405)
(Página 10963)
--Del señor Director del Parque Nacional de Covadonga, para informar en
relación con el proyecto de ley de declaración de Parque Nacional de los
Picos de Europa. A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Socialista y
Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000845) (Página 10970)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
--DE LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, DOÑA MARIA LUISA CARCEDO ROCES, PARA INFORMAR
SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DE PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS
DE EUROPA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000771.) Y DE LOS GRUPOS SOCIALISTA E IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000847.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se inicia la sesión.
En el orden del día de hoy están previstas distintas comparecencias de
responsables de las comunidades autónomas, del Icona y de algunos
especialistas respecto a la tramitación del proyecto de ley de creación
del Parque Nacional de los Picos de Europa.
Inicialmente, como saben SS. SS., estas comparecencias estaban previstas
en el seno de la Ponencia. Debido a dificultades reglamentarias, se van a
celebrar en la Comisión las comparecencias que figuran en el orden del
día de hoy, anunciando a SS. SS. que ha excusado su asistencia a la
Comisión, por los problemas y circunstancias políticas que todos
conocemos, el Consejero de Medio Ambiente, Ecología y Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que se ha ofrecido
comparecer en otro momento, ante la Comisión y ante la Ponencia, cuando
las circunstancias políticas de aquella Comunidad lo permitan.
En primer lugar comparece la Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, doña María Luisa
Carcedo Roces, para informar sobre el proyecto de ley de declaración de
Parque Nacional de los Picos de Europa. Esta comparecencia ha sido
solicitada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista e Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Dado que es ésta la primera ocasión en que tenemos comparecencias de este
tipo en la Comisión, creo que, en primer lugar, daría la palabra a la
Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo, para exponer su posición
respecto al asunto que ha suscitado la comparecencia y, con
posterioridad, se la daría a los Grupos que han solicitado la misma, para
que, finalmente, la Consejera informe sobre aquellos extremos que
propongan los distintos grupos parlamentarios.
Sin más, y agradeciendo la comparecencia de doña María Luisa Carcedo, le
doy la palabra.
La señora CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO (Carcedo Roces): Señor
Presidente, señorías, comparezco para exponer la posición del Principado
de Asturias respecto a la protección de Picos de Europa y,
específicamente, la declaración de Parque Nacional.
Los Picos de Europa son una unidad natural de gran singularidad. Su
principal valor natural reside, fundamentalmente, en su componente
geomorfológica que configura un agreste paisaje, resaltado por la
grandiosidad de las formas. El resultado es un relieve
extraordinariamente abrupto, conformado por una variada morfología en la
que se mezclan depresiones características de las más variadas tipologías
y tamaños: paredes rocosas verticalizadas, extensas superficies de
lapiaz, amplios circos glaciares, morrenas, profundas y estrechas
gargantas, crestas y picos sobresalientes.
Las grandes áreas de roquedo, prácticamente desnudas de vegetación,
constituyen la nota dominante en el paisaje de los Picos de Europa,
principalmente por encima de los 1.500 metros. En altitudes inferiores,
matorrales y pastos alternan con los restos de vegetación arbolada,
siendo los tipos de bosques dominantes los hayedos, robledales, bosques
mixtos y encinares.
En cuanto a la fauna, es de destacar en este espacio protegido la
numerosa población de rebecos y la presencia de nutria, urogallo, buitre
y águila real.
La problemática asociada a los Picos de Europa presenta varios aspectos
desde el punto de vista de la protección y la conservación. En primer
lugar, se trata de un espacio con entidad propia, muy bien definido, que
constituye una unidad territorial, pero administrativamente dividido en
tres partes pertenecientes a distintas comunidades autónomas.
En otro sentido, la creciente demanda de áreas naturales hacia las que
canalizar actividades de ocio hace de los Picos
de Europa uno de los principales centros de atracción turística del norte
de España, como se viene demostrando en los últimos años, sobre todo en
épocas de verano. Debe constatarse el hecho de que esta unidad ha sufrido
en los últimos tiempos una degradación progresiva que, dada la elevada
capacidad actual para la transformación del medio y la creciente presión
como consecuencia de las demandas de todo tipo, amenaza con destruir, en
ocasiones irreversiblemente, algunos de sus principales atractivos.
La división de este espacio en tres comunidades autónomas diferentes
condujo a un tratamiento descoordinado y claramente desigual de las
políticas de conservación de la naturaleza, explotación de los recursos y
desarrollo urbanístico, poniéndose en evidencia la necesidad de
establecer un marco de planificación y gestión que garantice un
tratamiento coordinado y riguroso de todas las actividades.
La ilustración de estas desigualdades parece ociosa por el reconocimiento
incuestionable que se ha hecho de ellas desde distintas instancias
--grupos ecologistas, montañeros, partidos políticos, administraciones y
particulares--, pero cabe sólo recordar simbólicamente que en Asturias se
ha eludido la construcción de infraestructuras como teleféricos y se han
extremado las limitaciones en el desarrollo de nuevas infraestructuras.
Por otra parte, la conservación de la naturaleza impone a toda la
sociedad unos costes importantes, pues debe garantizarse que esta
conservación no conlleve un sacrificio de las poblaciones asentadas en el
área, sino más bien una mejora en su calidad de vida, trasladando las
cargas económicas a toda la sociedad, que es la responsable y
beneficiaria a la vez del mantenimiento de un estado óptimo de este
espacio valiosísimo.
Unos criterios semejantes llevaron en 1918 al Gobierno español a la
declaración de una parte de este macizo como parque nacional. La Montaña
de Covadonga, actual parque nacional, fue así el pionero de nuestra
actual red de parques nacionales, convirtiéndose, por tanto, en un
referente de los espacios silvestres españoles de alta calidad en todo el
mundo. Con la aprobación en 1989 de la Ley de Conservación de la
Naturaleza y de la Flora y Fauna Silvestres, este Parlamento creó el
marco en el que debe insertarse la política de conservación de la
naturaleza en España. Entre las figuras de protección se identifica a los
parques nacionales con aquellos espacios cuya conservación sea de interés
general de la nación. Este interés se apreciará en razón a que el espacio
sea representativo de alguno de los principales sistemas naturales
españoles.
En su artículo 22.3, esta Ley establece que las comunidades autónomas
podrán suponer al Estado la declaración como parque nacional de un
espacio natural cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 13.1 y se aprecie que su declaración es de interés general de la
nación. Igualmente, en el artículo 21.4, se establece la previsión de que
corresponderá al Estado la declaración de los espacios naturales
protegidos cuando éstos estén situados en el territorio de dos o más
comunidades autónomas.
A partir de estas consideraciones previas, el Gobierno del Principado de
Asturias aprobó, el 10 de enero de 1992, un proyecto de proposición de
ley al amparo del artículo 87.2 de la Constitución, proponiendo la
declaración del conjunto de Picos de Europa como parque nacional,
proyecto que no llegó a tramitarse al iniciarse simultáneamente el
proceso de negociación que culminó con la presentación ante este
parlamento de la ley que está en debate. Los argumentos para sustentar
esta propuesta enlazan directamente con las consideraciones ya
realizadas, constituyendo la declaración de parque nacional la solución,
a nuestro entender, más apropiada, segura y directa para garantizar una
respuesta adecuada a aquellas consideraciones. En efecto, el
extraordinario valor de este ecosistema merece el más destacado rango de
protección que nuestra legislación prevé, pero, además, contribuye a
completar la actual red de parques nacionales con la incorporación de una
significativa muestra de ecosistemas atlánticos, actualmente muy
escasamente representados.
En otro orden de cosas, se garantiza, sin duda alguna, la coherente
coordinación de las políticas de conservación de la naturaleza en el
ámbito de las tres comunidades autónomas y la responsabilidad de todo el
Estado en la conservación y la financiación de los necesarios proyectos
de desarrollo sostenible, orientados a las comunidades directamente
afectadas.
Por otra parte, el actual parque de la Montaña de Covadonga, cuyos
límites no corresponden en modo alguno con los de una unidad natural, que
se prolonga a la totalidad del espacio incluido en el proyecto actual,
quedaría sumido en un parque más coherente en su definición. De otra
manera, ¿qué explicación tendría que territorios vecinos y con idénticas
características fueran sometidos a regímenes distintos de protección y
gestión? Las alternativas a esta solución, a nuestro entender, no
permitirán garantizar la conservación de la naturaleza en los Picos de
Europa, que no entiende de fronteras administrativas, ni su adecuada
puesta en valor para sustentar un proyecto de desarrollo sostenible y, en
definitiva, de progreso para los habitantes de aquel entorno. La historia
nos lo ha mostrado con claridad y es presumible que muchos de los
problemas puedan repetirse en el futuro.
Ya a finales de 1991 se puso en marcha un proceso negociador entre las
comunidades autónomas afectadas y el Estado, que generó, a su vez,
múltiples contactos dentro de las propias comunidades autónomas con
alcaldes y representaciones de los derechos afectados. Se inició la
elaboración conjunta de un documento que constituyó la base del Plan de
ordenación de los recursos naturales de Picos de Europa, configurando una
comisión técnica de trabajo cuya tarea se prolongó durante meses, e
incluso, al menos desde Asturias, se hicieron llegar directamente a todos
los afectados varios documentos informativos sobre el significado de un
parque nacional en la zona.
El 7 de mayo de 1993, el Consejo de Ministros acordó iniciar el
procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación de los recursos
naturales de Picos de Europa y el 30 de diciembre de este año, dos años
más tarde del inicio del proceso negociador a que hacía referencia, se
somete a información pública el texto de este documento. La aprobación
del mismo no se concretó hasta el 8 de abril de 1994,
presentándose, a los pocos días, el proyecto de ley de declaración del
parque nacional. Es difícil, por tanto, argumentar precipitación o falta
de tiempo para desarrollar una discusión y una búsqueda de acuerdo en
este proyecto.
A lo largo del proceso de discusión y tramitación, que viví personalmente
de forma muy directa y a través de innumerables contactos con alcaldes,
representantes de asociaciones de distintos tipos, personas de la zona y,
por supuesto, con los responsables de las administraciones autonómicas
implicadas, he podido constatar un rechazo en algunos sectores, que es
producto de la desconfianza provocada por el desconocimiento del
significado de esta declaración o, en algunas ocasiones, por
tergiversaciones de la información en que se difundía.
Pero igualmente existe, a mi entender, una amplia base social en la zona
y fuera de ella que ha depositado una expectativa muy positiva en un
proyecto de parque nacional que, garantizando la óptima conservación de
esta unidad, ofrezca un proyecto de gestión moderno, participativo, en el
que están implicadas con gran peso las tres comunidades autónomas para no
observar el proyecto como una dejación de competencias sino como un
ejercicio de responsabilidades bien entendida y que propicie, a la vez,
ilusión en los habitantes del entorno, contribuyendo a impulsar su
calidad de vida. Proyecto que nace con los antecedentes relatados y en un
marco competencial en el que la materia de conservación de la naturaleza
ha sido transferida a las comunidades autónomas.
Teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que concurren en el caso
de Picos de Europa, desde el Principado de Asturias se tiene claro que la
figura de parque nacional resuelve tanto la necesidad de protección como
las exigencias de gestión en un único espacio territorial. Siendo esto
así, a fin de incorporar a esta realidad de forma clara la participación
de las comunidades autónomas que aportan terrenos al parque nacional, se
deben de crear los instrumentos que lo permitan. Este precisamente fue el
planteamiento que desde mi región hicimos. Tenemos grandes esperanzas en
el papel que pueda jugar la Comisión Mixta que el proyecto de ley crea en
su artículo 6.1 y sirva para dar solución a la necesidad de conservación
homogénea, gestión eficaz y participación activa de las administraciones
con competencia en materia de conservación y de ordenación del
territorio.
Otra de las preocupaciones sentidas desde Asturias es la relativa al
régimen económico, centrado éste básicamente en dos aspectos: las
compensaciones directas por las limitaciones reguladas y el
establecimiento de un plan de desarrollo futuro para los núcleos del
parque y su área de influencia socioeconómica. Diseñar un proyecto futuro
que incluya las líneas de desarrollo compatibles con la conservación de
este valioso espacio natural, así como las fuentes financieras, es la
principal garantía para una real conservación que involucre y, así,
convierta en sus más fervientes defensores a los habitantes de la zona.
El proyecto de ley que ahora debaten SS. SS. recoge en su artículo 5
estos dos aspectos que en Asturias preocupaban.
En resumen, desde el Principado de Asturias defendemos la necesidad de
establecer de forma rápida el régimen de protección que se muestre más
adecuado y eficaz en el marco competencial existente. Esta protección
eficaz necesita la aportación económica que lo soporte y, dado que merece
la consideración de interés nacional, debe ser el Estado quien lo
articule. Esta figura, a nuestro entender, es el parque nacional en las
condiciones reguladas en el proyecto de ley, que espero que apoyen SS.
SS. por el bien actual y futuro de uno de los espacios naturales más
bellos y valiosos de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que quieran intervenir?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVARRIA: He escuchado con interés, señora Carcedo,
su intervención y creo que viene de alguna manera a apoyar, como no podía
ser menos, lo que significa básicamente el proyecto de ley en curso.
Querría hacer algunas cuestiones sobre las cuestiones que nos ha
planteado.
Al igual que el Ministro Atienza, usted ha comenzado con una exposición
geográfica, pero le he oído escasas referencias a los intereses de los
habitantes de los municipios de Cangas de Onís, de Onís, de Amieva, de
Cabrales, que ni siquiera usted ha mencionado textualmente, y me parece
importante tener en cuenta que, en nuestra condición de políticos, lo más
importante son las personas, son sus vidas diarias, son sus condiciones
de trabajo y de vida familiar y normal como ciudadanos de una nación
española.
Dicho esto, quede claro que el objetivo de preservar el macizo de los
Picos de Europa es una cuestión fuera del debate. Aquí no estamos
pensando en que se deban o no establecer elementos, figuras, posiciones o
posibilidades de protección del macizo de los Picos de Europa, sino que
estamos viendo cuál es el mecanismo que genere menor rechazo, como usted
misma ha señalado, el mecanismo que genere mayor eficacia, el mecanismo
que genere menos gasto para los contribuyentes, el mecanismo que genere
una preservación más lógica y moderna en función de las circunstancias
actuales.
En cuanto a la exposición, en lo que respecta a la conveniencia de la
conservación de un macizo del valor paisajístico y natural de los Picos
de Europa, no vamos a entrar; es una cosa evidente. Sí lo vamos a hacer
en las cuestiones más escabrosas que, a juicio del Grupo Popular, tiene
este proyecto, que es una cuestión de concepto, una cuestión de
competencias y una cuestión de protagonismos.
Empezaremos por el concepto. El concepto de Parque Nacional, cuando los
partidos liberales y conservadores a principios de siglo lo promovieron
--y, en la tradición en la que se inscribe, el Partido Popular lo conoce
sobradamente--, es un concepto museístico en el sentido de que es una
zona que vale la pena preservar, en la que no hay habitantes, no hay
ciudadanos implicados, y que merece la pena ponerle una serie de
limitaciones de nula o escasa actividad humana y, en consecuencia, se
promovió, como sabe usted muy bien, Covadonga y, poco tiempo después, el
Parque de Ordesa.
Este es un sistema de origen, en los finales del siglo XIX, en Estados
Unidos, con grandes espacios vacíos que también valía la pena preservar,
pero que a finales del siglo XX, en un continente y en un país poblado
como es
Europa, está fuera de práctica. A nadie se le ocurre en los Alpes hacer
un parque nacional que afecte a varios Estados y a varias poblaciones
incluidas, etcétera, porque esto implicaría unos rechazos de la
población, como los que están ocurriendo en el macizo de los Picos de
Europa.
Hay que ser muy conscientes en la figura y en el concepto que se intenta
promover. Hoy hay una serie de posibilidades, que quizá ustedes no han
tenido en consideración a la hora de ver esto, que son mucho más
positivas para ese tipo de protección. De entrada, lo que nosotros
proponemos de parque natural salva en parte el concepto de parque
nacional, pero hay otras figuras: por ejemplo, todas las que contiene la
directiva de la Comunidad Económica Europea, que no prevé las figuras de
tipo intervencionista y expropiatorias que trae consigo el Porna que el
Gobierno socialista ha publicado previamente a declaración de Parque
Nacional; la otra es la declaración de reserva de la biosfera, todo lo
que se deriva del Programa 21 del documento de Río, que también se
concibe como un premio que se da a las zonas bien conservadas, y no como
un elemento de intervención y de limitación de sus habitantes. En otras
palabras, hay una filosofía moderna de conservación de los espacios que
va en la dirección de premiar a los habitantes que han preservado esos
espacios, motivarles, llegar a acuerdos, a negociaciones, a protocolos,
etcétera, muchas veces muy particularizados, incluso por especies, por
áreas o por municipios, etcétera.
Realmente ésa es una cuestión de concepto y yo creo que es importante.
Hay un concepto antiguo pensado para unas cosas y hay unos conceptos
modernos pensados para otras. Yo creo que ustedes deberían reflexionar un
poco sobre el concepto que, a mi juicio, es sobrepasado y fuera del
tiempo histórico.
La segunda cuestión es la de las competencias. Realmente, como miembros
de un gobierno autonómico que tiene una parte de su territorio en la
Administración del Estado, vía el Icona, y ustedes de alguna manera
prefieran que esa área no sea administrada directamente por su
responsabilidad, lo que hacen, en definitiva, es ir contra lo que es el
espíritu del Estado de las autonomías, de lo que es el objetivo del
Estado de las autonomías, que es acercar la Administración al ciudadano.
Desde ese punto de vista, la solución de parque natural lo que hace es
que los responsables autonómicos se enfrenten a sus vecinos, a los que
conocen, que tienen responsabilidades directas, que saben los problemas
que tienen, con una celebración de elecciones en un momento dado en
función de la calidad de su gestión. De tal manera que cuando la
Constitución y los estatutos trasladen esas competencias no parece muy
lógico que venga el gobierno de esa autonomía a decir: no queremos esto y
preferimos que lo lleve directamente el Icona. Va en contra de lo que
establece su estatuto y parece lógico que un gobierno quiera ser
responsable ante sus ciudadanos.
En tercer lugar, los protagonistas de la conservación, siempre que no
sean espacios inhabilitados, son los habitantes, los vecinos de los
pueblos, los propietarios. En consecuencia, si pretenden conservar algo
en contra de los que lo han mantenido como de gran valor hasta ahora, se
produce un problema de entendimiento y de enfoque. Yo no creo que el
rechazo que se ha manifestado entre los afectados sea, como dice usted,
producto de la desconfianza, sino el resultado de la publicación del
famoso Porna, Plan de Ordenación de Recursos Naturales, porque,
efectivamente, establece unas limitaciones en la vida diaria de esos
ciudadanos y en la condición en que quedan esos terrenos municipales en
cuanto a la pesca, la caza y las explotaciones ganaderas. Decía el
Ministro en su intervención que se iban a mantener actividades
tradicionales limitadas al
autoconsumo. Creo sinceramente, señora Consejero, que si un ministro
francés de agricultura dijera que el camembert iba a limitarse al
autoconsumo, en el caso de España puede ser el cabrales, al día siguiente
era cesado. Sin embargo, aquí oímos en el Pleno del Congreso de los
Diputados a un Ministro de Agricultura señalar que las actividades
tradicionales (de las que usted debiera ser una furibunda defensora en
función de la importancia de las capacidades comerciales y de la
salvación económica que puede suponer para un pueblo) habría que
concebirlas en términos de actividades de autoconsumo. Lo que habría que
hacer es justo lo contrario, convertirlo en un elemento de exportación,
no sólo nacional, sino a toda la comunidad europea, incluso
internacionalmente. De tal manera que son actividades que no están
limitadas al autoconsumo, sino actividades como las ganaderas, pastoriles
o la caza. Si como establece taxativamente el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales limitan o eliminan la caza, como es lo propio de un
parque nacional, rompen ustedes el equilibrio ecológico que incluye a los
hombres. Porque, como usted sabe muy bien, en un espacio natural, donde
no existe el hombre, las especies se equilibran entre sí, pero si además
hay personas que explotan ese territorio, éstas forman parte de ese
ecosistema. Si ustedes permiten que se desarrollen la totalidad de las
especies implicadas, lo que está haciendo el proyecto de ley, y en
definitiva el Icona, es trabajar en detrimento de los afectados. En
consecuencia, si se prohíbe la caza en ese territorio se va a producir
una expulsión de los habitantes y vecinos de esas áreas.
¿De qué estamos hablando? De romper el equilibrio, que tienen hasta
ahora, con esta declaración de parque nacional, con ese Plan de
Ordenación de Recursos Naturales, con esa limitación hacia actividades
que no son artesanales ni de autoconsumo, porque la caza es una fuente de
recursos muy diversa, porque la pesca es una fuente de recursos
turísticos muy diversa también, y el mismo turismo, es decir los
visitantes, son otra fuente de recursos importante para esa zona. Si --y
coincido con el señor Borrell y con el señor Atienza-- el principal
problema de nuestra nación es la desertización en términos de medio
ambiente, no alcanzo a entender cómo es posible que en áreas que están
siendo explotadas, habitadas, cuidadas por parte de los protagonistas de
esas zonas, se les vaya a imponer, vía un proyecto de ley como el
presente, unas limitaciones que van a motivar su expulsión o su
limitación o su reducción, o sus hijos van a tener que buscar el
horizonte fuera de esas
zonas. Nosotros queremos hacer la reflexión en el sentido de que
consideren que ni por el concepto, ni por las competencias --es decir, la
responsabilidad--, ni por el protagonismo de los vecinos, que han
mantenido esas zonas adecuadamente hasta el momento, este proyecto de ley
es el más indicado. En este sentido, en la medida en que no he escuchado
argumentos por su parte que básicamente sean diferentes a los defendidos
por el señor Ministro de Agricultura, le comunico que mantendremos, salvo
que usted me dé otras explicaciones más profundas y me evidenciara un
apoyo por parte de los municipios de la Comunidad
Autónoma de Asturias, nuestra propuesta de parque natural como más
indicado, con un plan de ordenación no tan limitativo y que asegurara
igualmente la conservación y la coordinación, a través de un comité
interregional, del macizo de los Picos de Europa en su conjunto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alvaro Cuesta, en nombre
del Grupo Socialista.
El señor CUESTA MARTINEZ: En primer lugar, quisiera felicitar a la
Consejera por su comparecencia y por los datos que nos ha dado. También
quisiera resaltar de sus palabras algo que me parece importante, que
guarda mucha relación con lo que ha sido la génesis de este proyecto de
ley, y es que es un proyecto que confluye a su vez con lo que ha sido una
iniciativa surgida de los ámbitos políticos regionales, de los anhelos de
los ciudadanos de una comunidad autónoma concreta, cual es la Comunidad
del Principado de Asturias, cuyo Consejo de Gobierno, según nos ha
expuesto la señora Consejera, decide acordar y aprobar un proyecto de
proposición del Gobierno del Principado de Asturias sobre el tema
precisamente de Picos de Europa. ¿Que posteriormente esto no se tramita
porque, efectivamente, hay una coincidencia en el trabajo desde el
Gobierno central en la protección del entorno y en la ampliación del
Parque Nacional de Montaña de Covadonga? Pues nos merece una valoración
positiva. Es decir, observamos en su exposición una línea convergente
entre lo que es una política de protección medioambiental desde la
Administración central y una reivindicación, con un compromiso de
Gobierno, que, por otro lado, consta en los discursos de investidura de
los distintos presidentes del Principado de Asturias y en los programas
de Gobierno del Principado de Asturias, pero, sobre todo, en lo que es un
acuerdo de su propio Gobierno ya en el año 1992. También observamos que
ha habido desde aquel entonces un proceso largo de diálogo, de
coordinación, de debate entre distintas comunidades autónomas, sin
perjuicio de que el marco territorial más extenso o la región más
afectada por esta declaración sea la asturiana, pero, efectivamente,
afecta también a otras comunidades autónomas. Por tanto, en primer lugar,
nos parece que hay que resaltar esa convergencia de planteamientos y,
sobre todo, estamos ante un proyecto de ley que coincide sustancialmente
con lo que ha sido una iniciativa del Gobierno del Principado de
Asturias.
Al hilo de esto y a su vez, también quisiera felicitarles por otro
planteamiento que enmarca sustancialmente la diferencia de lo que es la
política territorial de los socialistas con la que acaba de insinuarnos
mi colega, el señor Gortazar, del grupo conservador, del Grupo Popular,
en materia autonómica. Quiero felicitarles por lo siguiente. Ustedes no
han incurrido en el chauvinismo, y eso me parece muy positivo, porque
cuando un responsable de una comunidad autónoma no plantea ante un
determinado tema un conflicto de competencias, parece, en el argot o en
el razonamiento del responsable popular, que está haciendo dejación de su
nivel autonómico o está violentando lo que es la filosofía o el objeto
del Estado de las autonomías. Creo, señor Presidente, señorías, que el
objetivo del Estado de las autonomías no es plantear sin más, de manera
irracional, conflictos de competencias, no es perder en ningún momento la
perspectiva de Estado y de solidaridad. Pienso que el planteamiento que
ha hecho a estos niveles la representante del Gobierno del Principado de
Asturias lo que hace es conjugar lo que es una iniciativa del Principado,
unos deseos de los ciudadanos del Principado con una perspectiva de
Estado y de solidaridad, porque estamos ante un marco territorial que
afecta a distintas comunidades. Por tanto, hay que huir de ese
chauvinismo y de esa política. El Estado de las autonomías no puede
basarse en la política del agravio comparativo permanente. No se le puede
decir a los ciudadanos de León que están marginados respecto del Gobierno
central porque se está primando a los ciudadanos de Asturias, ni se les
puede decir a los ciudadanos de Asturias que están marginados en relación
al Gobierno central porque se están primando otras zonas del territorio
español. Es decir, que el concepto de Estado de las autonomías tiene
también una perspectiva de globalidad, de solidaridad y de lo que es un
patrimonio no sólo asturiano, sino que también afecta a otras comunidades
autónomas, un patrimonio común de todos los españoles.
Por tanto, mi felicitación porque en su concepto de planteamiento
competencial en este tema no han ido a la política de los agravios
comparativos, no han ido a la política de la irresponsabilidad y no han
ido nunca a la política de la confrontación sin más.
Quisiera también resaltar que, desde nuestro punto de vista --no podía
ser de otra manera y a los ciudadanos debe quedarles muy claro--, una
mera lectura de este proyecto de ley pone de manifiesto que no estamos
concibiendo un parque nacional como si fuera un museo o desconociendo
cuáles son los planteamientos o los intereses de los ciudadanos. Antes al
contrario, en la configuración de este proyecto de ley se diseña algo que
es fundamental, y es el concepto de área de influencia socieconómica, la
elaboración de un régimen económico y de compensaciones y una política
que tiene también una tendencia de futuro, por cuanto se debe concretar
en el plan de desarrollo sostenible para el área de la influencia
socioeconómica del parque. Es decir, los intereses de los vecinos, desde
nuestro punto de vista, están también en primer lugar. No es sólo una
mera protección paisajística. Hay personas vivas, hay intereses de
desarrollo futuro de unas comunidades y de un desarrollo efectivamente
compatible con lo que es el espacio a proteger. Por tanto, creemos que no
estamos planteando museos, estamos planteando realidades legislativas
vivas y que están en clara sintonía también con los intereses de los
ciudadanos.
Desde mi punto de vista, quisiera también dejar muy claro --y aquí me
gustaría incluso conocer el planteamiento de la Consejera-- que nosotros
creemos que el modelo de protección que diseña este proyecto de ley y la
figura del parque nacional es un modelo que se adapta a lo que es nuestro
planteamiento constitucional, que se adapta a lo que es la Ley 4/89,
sobre todo en su configuración tal como lo define el artículo 22, que se
adapta la ejecución de la misma a lo que son también los planteamientos
que están dentro del Real Decreto 640/1994, de 8 de abril; creemos, digo,
que este planteamiento jurídico garantiza no solamente una sintonía con
la Constitución sino también algo muy importante: estamos ante una figura
que da más protección a esa zona, que dentro de la mayor protección no
cercena tampoco las posibilidades de su desarrollo futuro ni las
posibilidades de sus ciudadanos; que la mejor forma, además, de proteger
a esos ciudadanos es garantizando este nivel de protección que entraña la
figura del parque nacional y que, en consonancia con ello, es
imprescindible aplicar el criterio de la unidad de gestión. Si no hay un
criterio de unidad de gestión, si no hay una agilidad, un trabajo
decidido en estos momentos en la protección de ese espacio, como muy bien
ha quedado reflejado en el debate de totalidad de esta iniciativa en el
Pleno del Congreso en semanas anteriores, esta zona correría un peligro
inminente de desaparición, porque se están cometiendo muchos desaguisados
precisamente por la falta de un instrumento legal de protección. Creo que
el problema de combinar el criterio del concepto de unidad de gestión con
el criterio de participación de las comunidades autónomas se resuelve a
través de esta Comisión Mixta. Mi Grupo Parlamentario está dispuesto --y
ésta va a ser también la línea de sus enmiendas y ha sido el compromiso
en el Pleno del Congreso-- a mejorar o matizar aún más los instrumentos
de gestión para, combinando ese concepto de unidad de gestión, garantizar
un mayor nivel de participación, de presencia, de coordinación de las
comunidades autónomas, por un lado, y de lo que son las funciones y
quienes deben integrar el patronato de este parque nacional. Desde esa
perspectiva tenemos abierta una reflexión, y me gustaría conocer cómo
contempla la Consejera la participación de la Comunidad, si encuentra un
nivel satisfactorio o insatisfactorio de participación de la Comunidad
Autónoma en lo que es la gestión del propio parque nacional. Creo que ése
es el gran problema, no ya la figura, sino los niveles de cooperación, de
presencia de las comunidades autónomas en lo que es la gestión de este
parque nacional.
Quiero resaltar también que la idea que tiene mi Grupo Parlamentario es
que este proyecto de ley sintoniza con la voluntad de los ayuntamientos y
también --en algún momento se ha puesto en tela de juicio-- con la
voluntad de los ciudadanos de las zonas afectadas en la vertiente
asturiana. Quisiera saber cuál es el planteamiento en esta materia; cómo
valora el nivel del consenso social, desde la óptica asturiana, la
Consejería, dado que en su exposición nos ha hablado de que ha habido un
proceso de diálogo con los ayuntamientos en la vertiente asturiana sobre
el tema del parque nacional.
Lo que sí puedo decir, como anécdota, pero es un dato importante, es que
el Ayuntamiento de Peñamellera Baja, que inicialmente no entra dentro de
los que en el proyecto aparecen como municipios afectados por la figura
del parque nacional, curiosamente, al final, ha solicitado su inclusión.
Mi Grupo Parlamentario piensa incluir una enmienda ampliando los límites
territoriales del parque nacional porque nos hemos encontrado con que un
ayuntamiento, que inicialmente no estaba, ha tenido un reciente
pronunciamiento favorable a formar parte del parque nacional. Por tanto,
quisiera que la señora Consejera hiciera una reflexión de cuál es el
nivel de consenso social, de diálogo, que en esta materia se ha apreciado
en la Consejería.
Quiero reiterar mi agradecimiento por lo que considero que ha sido una
comparecencia ilustrativa para esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a la señora Consejera, les
recuerdo a SS. SS. que el objeto de esta comparecencia, lógicamente, no
es el debate ni entre los distintos portavoces ni entre los
comparecientes; el objeto es simplemente informativo, ya que tendremos
tiempo suficiente para debatir en la Comisión --lo hemos tenido ya en el
debate de totalidad en el Pleno-- las posiciones de cada grupo respecto
al proyecto.
Tiene la palabra la señora Consejera para contestar las preguntas
formuladas.
La señora CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Carcedo Roces): Lamento que mi
exposición anterior haya dejado insatisfecho especialmente al señor
Gortázar; intentaré en esta ocasión dar respuesta a lo que pretende de mi
comparecencia.
En primer lugar, y en consonancia, lógicamente, con la intervención del
portavoz socialista, diré que, como ustedes conocen, el Gobierno
asturiano es socialista, nuestro criterio general del Estado es idéntico,
y nosotros, en términos generales, creemos en el Estado español y en la
distribución competencial que la Constitución marca y también en el
desarrollo autonómico. Eso no quiere decir que hagamos una interpretación
rígida de esta situación competencial y del Estado de las autonomías; hay
circunstancias en que el interés general debe estar por encima de límites
administrativos. Esta es la circunstancia que ocurre en el caso de Picos
de Europa.
Nosotros pensamos que en la legislación vigente, de todos los marcos de
protección que contempla, el de parque nacional es el que mejor se adecua
a esa circunstancia. En primer lugar, porque existe un parque nacional
actual, que es el de la Montaña de Covadonga, que ocupa parte del macizo
occidental de Picos de Europa. Como dije en mi intervención anterior, el
conjunto de Picos de Europa es una unidad territorial y ambiental y, por
tanto, la situación de división administrativa no iría más que a hacer
más compleja la gestión de un espacio si hacemos una interpretación
rígida del marco competencial y del Estado de las autonomías.
Por tanto, creo que en este caso debe primar más el interés general y la
legislación vigente, la actual Ley 4/1989, que es la ley marco para la
conservación de la naturaleza en nuestro país, que prevé esa fórmula y
tiene un capítulo específico para regular esa fórmula de protección. Por
tanto, creo que debemos utilizar aquella fórmula que nos dé mejor
respuesta a la protección del espacio, en este caso Picos de Europa.
En términos generales, me hacía una pregunta respecto de los intereses de
las personas que viven en el entorno, como si la conservación de la
naturaleza plantease una antítesis entre el interés de los ciudadanos y
el interés del entorno. Le puedo decir que, en nuestro concepto, no se
puede hacer abstracción de la persona y de dónde vive. Somos una especie
más que habita este planeta y lo que pase en este planeta nos va a
repercutir también como especie humana. No podemos considerar al hombre
como algo aterritorial y atemporal. Ese es nuestro concepto: vive en un
entorno y vive en un territorio, en este momento y en el futuro. No estoy
de acuerdo con usted en cuanto a que sean conceptos anacrónicos o pasados
de moda, sino que en estos momentos y en el futuro cada vez más el debate
territorial y el debate de conservación medioambiental va a tener mayor
presencia por propio interés de la especie humana. Por tanto, el interés
de las personas es, quizás, el que fundamentalmente nos ha movido a
establecer este régimen de protección, puesto que es un interés de la
casa donde vive el hombre.
Me hacía referencia a que no había hecho una relación de los concejos,
aunque como venía en el proyecto de ley, tampoco lo consideré necesario.
La descripción geográfica que realicé era por transmitir a SS. SS. la
idea de conjunto de la unidad de los Picos de Europa y no que se viese
desgajadamente, según la comunidad autónoma a la que pertenezca.
Tampoco entendí muy bien la situación que planteaba entre modernidad y
antigüedad respecto de la preservación, aduciendo como modernidad que se
deben utilizar fórmulas, como reserva de la biosfera o la Directiva
Habitats, a la que creo que hacía referencia. Quiero decir que no son
antagónicas y que son perfectamente compatibles. Por ejemplo, en Asturias
tenemos el Parque Natural de Somiedo y una reserva biológica integral,
que son reserva de la biosfera y paralelamente tienen el nivel de
protección que las distintas comunidades autónomas desarrollaron en su
ámbito territorial en sus respectivos parlamentos, teniendo precisamente
como marco general la Ley 4/1989. Esta Ley define claramente las figuras
de protección, y el nivel de parque es una de las cuatro figuras de
protección y, además, hace una regulación específica de los parques
nacionales.
Me decía que en la conservación lo que importan son los ciudadanos que
viven allí. Efectivamente, los vecinos de la zona tuvieron un
protagonismo importante para que, en la situación actual, no haya habido
un deterioro mayor de esa zona, pero compartirá conmigo que la capacidad
actual, la tecnología actual que nos permite modificar de forma
importante el territorio no es la misma que años anteriores. Creo que sí
estamos de acuerdo, puesto que usted manifestó que su Grupo proponía la
figura de parque natural, en que es necesario proteger ese espacio,
debemos marcar las reglas del juego de lo que significa protección para
el señor que viva allí, para el turista que va o para el inversor que
quiere ir a realizar cualquier actividad en la zona o para la propia
Administración a la hora de autorizar o no una determinada actividad. Por
eso, consideramos imprescindible que se fije ese marco, esas reglas del
juego, y esas reglas del juego son la Ley de declaración. No voy a
repetirme por no alargar mi comparecencia y por no cansar a SS. SS., pero
nosotros pensamos que dentro de la figura de parque la adecuada es la de
parque nacional.
Hacía referencia a algunas actividades como la producción del queso de
Cabrales. Para que quede constancia en el «Diario de Sesiones», permítame
que le diga que el Porna es el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Asturias --lo había mezclado en un momento y seguramente
tenía la información confundida-- y estamos hablando del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa. En este
documento, precisamente, quedan excluidas de las limitaciones las
actividades tradicionales y, por tanto, el queso de Cabrales se puede
considerar como una actividad más. Nada más lejos de la intención de las
administraciones que limitar la producción del queso de Cabrales, al
contrario, esperemos que se extienda cada vez más.
La caza es una actividad que genéricamente está prohibida en los parques
nacionales, pero en el caso asturiano, las alegaciones que se hicieron
desde nuestro Gobierno pretendían precisamente que las zonas con más
intensidad de caza, fundamentalmente de jabalí, que es una de las
especies que más daños puede producir, sobre todo a la agricultura,
quedaran excluidas de los límites del parque. Estas alegaciones que
presentamos fueron admitidas y quedan fuera de los límites que aparecen,
tanto en el Pornpe como en el proyecto de ley los cazadores de jabalí,
fundamentalmente. No obstante, por si hubiera alguna especie que causase
problemas, sobre todo, especies cinegéticas, el propio Pornpe recoge,
cuando habla de las actividades cinegéticas en el ámbito del parque
nacional, que no se permitirán actuaciones relacionadas con el control
poblacional de aquellas especies que así lo requieran, para lo cual, se
facilitará la participación de la población local. Dichas medidas de
actuación deberán ser reguladas a través del Prug. Por tanto, queda
prohibida la caza, salvo en aquellas circunstancias en que los controles
de población requieran esas medidas; la propia dirección del parque lo
deberá regular y dará participación, en caso de esa regulación, a las
poblaciones de la zona.
Había anotado otra cuestión que usted había comentado sobre la que
supongo que demandaría mi posición, en cuanto a si el Estado
constitucional de distribución competencial a las administraciones
permite acercar la Administración a los ciudadanos. Efectivamente es así,
pero no quiere decir que este acercamiento se produzca exclusivamente por
este método. Como usted sabe, y todas SS. SS. conocen, en casos como el
de la sanidad, que no está transferida todavía, hay consultorios en
pueblos de 200 y 500 habitantes y tienen la prestación del servicio.
Quiero decir
que existen fórmulas que, aun siendo asuntos de competencia estatal,
pueden promover ese acercamiento de los servicios a la población, y así
se debe de hacer y se está haciendo. Puse ese ejemplo porque fue el
primero que se me vino a la cabeza, pero puede haber otros muchos. En
este caso, la circunstancia que se produce es otra. Es una eficiencia en
la protección del espacio.
En cuanto a las compensaciones para los vecinos de la zona, que usted
decía, yo también comparto con usted que son responsables de primer orden
del estado de conservación y, sobre todo, no debe ser en quienes recaiga
el peso de la conservación, sino que hay que considerar que si la
conservación es interés de la nación debe ser responsabilidad del
conjunto del Estado. Precisamente ésa era una de nuestras inquietudes que
se transmitió en las distintas negociaciones con la Administración
general del Estado, con el Icona o con el Ministerio de Agricultura, y
finalmente aparece en el proyecto de ley, como SS. SS conocen, la
necesidad de elaborar ese plan de desarrollo sostenible para la zona que
garantice el respeto por la conservación, que no quiere decir que sea
menos interesante sino que, de cara al futuro, puede ser mucho más
relevante para los vecinos de la zona y para la conservación de la
naturaleza en su conjunto. No debe plantearse como antítesis la
conservación de un espacio natural con el desarrollo y la buena situación
económica de los vecinos y de los concejos. Podría poner algún ejemlo
pero no quisiera alargarme.
En cuanto a la intervención del portavoz socialista, estoy básicamente de
acuerdo, como es lógico. Me había indicado que profundizase en dos temas;
uno de ellos es el grado de participación de la comunidad autónoma en los
órganos de gestión del parque. Como relaté en mi anterior intervención y
como SS. SS. conocen el proyecto de ley sabrán que, además del patronato,
que es el órgano de participación que existe en la actualidad en los
parques nacionales, se crea una comisión mixta paritaria entre la
Administración general del Estado y las comunidades autónomas. Nosotros
tenemos mucha esperanza puesta en el funcionamiento de esta comisión.
Esperamos que dé realmente juego a la participación de las comunidades
autónomas, como decía en mi intervención anterior, por ser una materia,
tanto ésta como la de la ordenación territorial, que es competencia de
las comunidades. Debe ser éste el marco que fije los criterios de las
comunidades y del Estado a la hora de dirigir el parque, y estos
criterios que fije la comisión mixta paritaria se trasmitirán al director
responsable del parque.
El proceso de diálogo vivido sería muy largo de exponer, pero puedo
constatar que hubo muchas anécdotas por desinformación de los vecinos que
son reales y que viví personalmente, desde decir que soltábamos lobos o
culebras o que no íbamos a permitirles tener vacas. Hubo mucha
desinformación y tergiversación de lo que significa un parque nacional.
Desde Asturias hicimos un esfuerzo muy grande para informar a los
vecinos, a través de las corporaciones locales y también directamente a
ellos y a distintos colectivos como el de cazadores, pescadores, grupos
ecologistas. Todo aquel que nos demandó información tuvo respuesta
precisa por parte de la Consejería. Tengo que decir que al final hubo un
ambiente de bastante acuerdo, de bastante consenso en términos generales.
Lógicamente hay quienes no están de acuerdo con la conservación o tienen
unas expectativas de uso que pueden entrar en confrontación con un nivel
de conservación como parque nacional y, lógicamente, nunca van a estar de
acuerdo.
La anécdota que contó el portavoz socialista es real. Un ayuntamiento que
sistemáticamente se había opuesto a la declaración de parque nacional,
cuando se decide, mediante las alegaciones que presenta el Principado de
Asturias, dejar fuera ese territorio, acuerda en pleno incorporarse al
parque nacional. Como usted bien conoce ese ayuntamiento está gobernado
por su partido político. (El señor Gortázar Echevarría pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gortázar, intervenga brevemente, por favor,
porque sabe que este turno no es para debatir nada.
El señor GORTAZAR ECHEVARRIA: Muchas gracias. Abusando de su amabilidad y
aprovechando la ausencia de uno de los consejeros, quizá podamos, en
cinco minutos, plantear algunas cuestiones inquietantes para que sean
aclaradas desde la perspectiva de la Consejera de Medio Ambiente del
Principado de Asturias.
Cuando señalaba el término de «tradicionales» en el caso de Cabrales, yo
me refería al concepto de autoconsumo que había usado el Ministro en el
debate en Pleno. Remitir al autoconsumo actividades de esa importancia es
propio de una visión política adecuada. Pero en fin, no quiero insistir
más en esto porque está en el «Diario de Sesiones». Creo que lo más
importante, a los efectos de su presencia aquí, es que responda ante la
Comisión a las siguientes cuestiones.
En primer lugar, la experiencia de Covadonga después de 80 años de parque
nacional. Por lo que conocemos, las tensiones que generó en los
municipios de alrededor, particularmente en Cangas de Onís, fueron
notables a lo largo de decenios. Por lo que sabemos, el estado de
conservación del parque nacional de Covadonga, gestionado por la
Administración central, es francamente negativo, como ocurre con otros
parques, tipo Doñana o Daimiel. Concretamente, la construcción de
carreteras, del parking, de las instalaciones para visitantes, etcétera,
que jamás se habrían permitido a un particular, sin embargo, las ha hecho
abierta e impunemente el Icona. Habida cuenta de las tensiones que ha
generado la conservación del parque, las limitaciones que ha traído
consigo a los elementos circundantes y, sin embargo, el tipo de
administración que ha llevado a efecto el Icona, la pregunta que yo le
traslado es: ¿Es que desean ustedes para el conjunto del macizo el tipo
de arbitrariedad y de construcciones masivas que ha realizado el Icona en
Covadonga? Porque efectivamente todos estamos muy preocupados por la
conservación, pero para conservar o para limitar que se hagan más
teleféricos u otro tipo de construcciones basta un plan de ordenación
territorial; no hace falta un plan de parque nacional limitando las
actividades cinegéticas, los aprovechamientos
madereros, etcétera, que eso es lo que ha generado el rechazo. Y entro en
el tema del rechazo.
Dice el portavoz socialista, señor Cuesta, que hay un municipio que ha
pedido incorporarse. Probablemente, no lo dude, me parece muy bien; pero
todos tenemos la experiencia de la manifestación de Cangas de Onís con
miles de personas y todos tenemos el rechazo manifiesto de los alcaldes
afectados directa o indirectamente o por la proximidad. Recuerdo que el
señor Dacruz, Director General del Icona hace unos meses, convocó a los
alcaldes afectados y ni siquiera vinieron. Sin embargo, por iniciativa
suya acudieron 25 a visitar al Grupo Popular, al Grupo de Convergència i
Unió y a otros grupos parlamentarios, para explicarnos su inquietud, con
lo cual lo que no parece de recibo es que ustedes intenten trasladar al
«Diario de Sesiones» o a la Comisión el hecho de que ha habido una
inflexión en la opinión. No ha habido esa inflexión en la opinión; hay
entre los afectados un rechazo generalizado, hay manifestaciones y miles
de firmas; yo tengo 6.700 firmas de personas que viven allí, padres de
familia, implicados, etcétera; los tengo yo, el portavoz socialista y el
de Convergència i Unió, de manera que no veamos un cambio de opinión en
esa relación porque no se ha producido. Es más, la publicación del plan
de ordenación trajo consigo las movilizaciones, la inquietud; eso es lo
que ha traído, no las habladurías de serpientes ni de jirafas. No es ese
el tema; el tema es el plan de ordenación de recursos naturales, que es
muy clara. La gente sabe que lo que está escrito es lo que vale, no las
palabras o las opiniones.
El señor PRESIDENTE: Señor Gortázar, le ruego termine.
El señor GORTAZAR ECHEVARRIA: Termino en seguida, señor Presidente.
Yo creo que aquí ha habido un cambio de dirección por parte del
Ministerio de Agricultura. El señor Dacruz manifestó, poco antes de ser
cesado, que no se haría un parque sin consenso (lo dijo en titulares), y
yo lo que digo es que ese consenso no se ha alcanzado con las
administraciones autonómicas respectivas, con los municipios y con los
afectados. En consecuencia, yo creo que la cuestión está como está; es
decir, ustedes, en función de una mayoría minoritaria, con apoyos de
Izquierda Unida, con los grupos del Partido Comunista, etcétera, podrán
llevar adelante este intento en el trámite del Congreso, pero realmente
no lo harán sobre la base de un consenso, de una aceptación de la
población, porque no es así.
Termino, señor Presidente, con las aportaciones y las ayudas económicas.
Hay gentes que viven allí desde la Edad Media, que tienen acuerdos de
explotaciones de pastos comunales con cartas de Enrique IV, tienen cartas
de dotación de los Reyes Católicos, como digo han vivido allí durante
siglos y lo han explotado adecuadamente. Resulta que todo ese mundo de
equilibrio natural y de profundas raíces históricas ustedes pretenden
convertirlo en una especie de nuevo PER a la norteña, sobre la base de
subvenciones a los afectados. Yo creo que es una mala elección y que no
es moderno; ésa es una cosa muy antigua, muy caciquil, pero en este caso
no de propietarios privados, sino caciquil de la Administración que va a
dar unas subvenciones compensatorias a gentes que llevan siglos
explotando y conservando aquellas zonas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, no salgo de mi
asombro. Calificar la política de subvenciones, de compensaciones
económicas, de incentivar el desarrollo de una región o de una zona
concreta como caciquil es algo que, desde luego, me instala en la
perplejidad más absoluta, porque además está en contradicción con todos
los planteamientos que los conservadores vienen haciendo cuando abordamos
la política de ayudas a la alta montaña, cuando analizamos la política
agrícola comunitaria o cuando analizamos la política de desarrollo
regional basada en las políticas regionales de la Comunidad Europea. El
régimen económico y de compensaciones que se contempla en este proyecto
de ley nunca puede ser conceptuado como un régimen pasivo. Estamos
precisamente ante un ejemplo de políticas activas de desarrollo y de
potenciación de una zona que, lógicamente, se combina con una protección.
Por tanto, calificarlo de PER a la norteña no solamente me parece una
injusticia o un alarmismo impresionante, sino sobre todo una falta
absoluta de rigor y creo que, además, es un desprecio a los anhelos y a
las reivindicaciones de esa zona.
Quisiera dejar clara una cuestión. Se habla de que en el debate de
totalidad se limitó la producción del queso de Cabrales al autoconsumo.
Citemos, por favor, el «Diario de Sesiones» en su literalidad más
absoluta. No ha sido ésa la afirmación del Ministro de Agricultura. La
producción del queso de Cabrales no queda enmarcada en su autoconsumo. No
olviden ustedes que el artículo 4 de este proyecto de ley, cuando habla
de las prohibiciones de este parque, hace jugar un papel fundamental al
llamado Plan rector de uso y de gestión de este parque. Efectivamente hay
un Real Decreto-ley, del 8 de abril, que no va precisamente en la línea
alarmista, una vez más, de las palabras del representante del Grupo
Popular. No sé yo si esas anécdotas de la Consejera sobre las culebras
que se iban a sembrar están también en esa línea de alarmismo dialéctico
del señor Gortázar. Los ciudadanos deben estar tranquilos porque se
combina protección con desarrollo.
Quisiera también dejar clara una cuestión fundamental, y es la necesidad,
una vez más, de combinar niveles máximos de protección del entorno con el
criterio de unidad de gestión y con el de participación de las
comunidades autónomas. Y me explico. Nos presentaban como ejemplo de
riesgos para esa zona determinados problemas, y nos decían: la figura del
parque nacional es disparar a cañonazos para matar pulgas. Hay que buscar
otro tipo de medidas, de un nivel de protección inferior, porque las
propias comunidades autónomas pueden dictar normas de protección del
entorno. Incluso se criticaban algunos excesos que se habían cometido en
la zona de los últimos años. Pues bien, la
clave del enfoque de este proyecto de ley es que como estamos ante un
área que rebasa el ámbito competencial y territorial de una comunidad
autónoma hay que garantizar un nivel mínimo de coordinación porque,
señorías, hay un nivel desigual de atentado al impacto de esa zona según
hablemos de una comunidad autónoma o de otra y según hablemos también de
una orientación ideológica de sus gobiernos en una comunidad autónoma
respecto de la otra. Ha habido zonas en Cantabria donde se ha planteado
una política de construcción masiva de teleféricos; o ha habido una
política en León de construcción de hoteles a más de 1.800 metros de
altitud. ¿Podemos residenciar exclusivamente en el ámbito de la comunidad
autónoma los instrumentos de protección de espacios que afectan a varias
comunidades y que son patrimonio no solamente de los vecinos y ciudadanos
de esas comunidades autónomas, sino del resto del Estado español y de
Europa?
El señor PRESIDENTE: Si me permiten, antes de dar la palabra a la
Consejera para finalizar, les recuerdo que en el Reglamento hay un tiempo
para cada cosa. El momento de la discusión política fue el debate de
totalidad, y ahora estamos en una fase de recogida de información de los
distintos consejeros de las comunidades afectadas y de los distintos
técnicos a los que hemos solicitado su comparecencia. Por tanto, a partir
de este momento les ruego a todos que se ciñan estrictamente al objeto de
la comparecencia, que es pedir esa información.
La señora CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Carcedo Roces): En primer lugar, por
orden cronológico de las preguntas que me formulaba, yo no estuve en el
debate de la totalidad e ignoro la intervención del Ministro; por tanto,
no puedo entrar en ese debate. Lo que puedo constatar es lo que aparece
en el Pornpe y en el proyecto de ley, que no establece ninguna limitación
a los usos tradicionales de la tierra y de la zona.
En cuanto a las tensiones y la posición de los alcaldes, ni siquiera en
el caso de Cabrales hay un acuerdo plenario en contra del parque
nacional. Le puedo decir que en el caso de Cangas de Onís ha habido un
apoyo siempre favorable, igual que en el caso de Onís, que por otra parte
en este proyecto no amplía sus territorios en el parque; en el caso de
Amieva se condicionó siempre a que hubiese unas compensaciones al parque
nacional, era el único condicionante, y así aparece; y en el caso de
Cabrales ha habido una oposición frontal del alcalde a cualquier figura
de protección, no solamente al parque nacional, pero en el acuerdo
plenario no aparece así. Le tengo que decir algo más en el caso de
Cabrales. Yendo esta cuestión del parque nacional en el programa
electoral socialista, en las últimas elecciones generales, hemos ganado
en Cabrales. Quiero con ello decir que hay firmas y otros parámetros para
medir la opinión pública. Por tanto, es válido lo de las firmas que usted
me cuenta, y seguro que las habrá, pero también es válido el dato que yo
le aporto.
Respecto a que sobran los planes de conservación, habiendo la posibilidad
de proyectos de ordenación del territorio, yo le tengo que decir que su
grupo político en la Junta General del Principado presentó, hace unos
meses, un proyecto de ley para parque natural. Por tanto, parece que
también creen que debe haber alguna figura de protección, al margen de
los planes de ordenación del territorio. A este respecto le tengo que
informar de que en Asturias tenemos vigentes, desde el año 1991, las
directrices regionales de ordenación del territorio, y que su directriz
novena, que se refiere a materia medioambiental, establece la necesidad
de creación de la red regional de espacios naturales protegidos y
orienta, a decisión posterior del órgano ambiental, los espacios de
interés regional desde el punto de vista natural, e incluye a Picos de
Europa como un espacio que necesariamente debe tener alguna figura de
protección. Quiero decir que tanto la ordenación del territorio como el
urbanismo, que recoge los criterios de la ordenación, así como la
ordenación de los recursos naturales y la conservación están engarzados y
tienen una coordinación total, en el caso de Asturias al menos.
Respecto a las subvenciones a las zonas, le tengo que decir que nada más
lejos de mi interés político, de mi actividad política y del Partido al
que represento, en estos momentos, en el Gobierno asturiano que tener una
actitud caciquil. Personalmente es algo que combatí toda mi vida y
seguiré combatiendo en la organización política a la que pertenezco. En
cuanto a las políticas de subvenciones, si a lo que se refiere es a la
política de indemnizaciones compensatorias por agricultura de montaña, yo
creo que sería muy duro plantear a los habitantes de Cangas de Onís, de
Onís o de Cabrales, en estos momentos, que se les va a dividir por la
mitad el dinero que reciben. Si ustedes creen que lo deben decir,
díganlo; y digan a los habitantes afectados por el parque nacional que es
más interesante para ellos quitarles la mitad de las indemnizaciones que
reciben. A mí me parece que si se establece un régimen de limitaciones en
puridad se deben establecer las compensaciones. Ya dije en mi exposición
anterior que el peso de la conservación de unos espacios no debe recaer
en los habitantes de la zona, sino que debe recaer en el conjunto de la
sociedad que tiene ese interés. En el caso de los parques regionales son
las comunidades autónomas; en el caso de los parques nacionales, puesto
que hay un interés de la nación por ese espacio, debe ser el conjunto del
Estado el que soporte la carga de esas limitaciones que conlleva la
protección de los espacios. Esa es la razón por la que se dan las
subvenciones, y no una política caciquil, sino una política de justicia
con los habitantes de la zona que tienen que desarrollar su actividad
económica orientada a que sea compatible con la conservación. Esto se va
a definir en los planes de desarrollo sostenible que la ley recoge y,
además, las actividades tradicionales tienen contrapartidas específicas a
las limitaciones concretas que compensan clara y económicamente esta
diferencia. De cualquier forma, yo le tengo que decir claramente que esto
es una materia de justicia y no una actitud caciquil. No sería bueno para
los habitantes de la zona que se plantease un
régimen distinto al que tienen, ya que perjudicaría de forma inmediata
sus economías domésticas.
Respecto de las movilizaciones que ha planteado en última instancia,
tengo que decirle que al inicio ha habido movilizaciones de algunos
sectores en contra del parque, y yo en una ocasión fui no digo agredida,
pero sí acorralada. Hay criterios, actitudes y talantes para todo. Se
puede medir con esa vara o con la que yo le he relatado anteriormente. No
obstante, le puedo decir que en la sociedad asturiana, en el entorno y
fuera de Picos, hay una actitud muy proclive a la declaración de Picos de
Europa como parque nacional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Consejera.
Suspendemos la sesión un minuto para dar paso al siguiente compareciente.
--DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON, DON FRANCISCO JAMBRINA SASTRE,
PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DE PARQUE NACIONAL
DE LOS PICOS DE EUROPA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 212/000769.)
El señor PRESIDENTE: Continuando con las comparecencias de los consejeros
de las comunidades autónomas afectadas por la declaración de parque
nacional de Picos de Europa, comparece a continuación don Francisco
Jambrina Sastre, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a quien agradecemos su
presencia, su colaboración y su intervención en el día de hoy.
Recuerdo a SS. SS., como lo hacía también en la comparecencia de la
Consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Asturias, que ésta es una
sesión puramente informativa, no de control de los parlamentarios sobre
la actividad de la comunidad autónoma, que para eso están lógicamente los
parlamentos autonómicos, ni de debate entre los grupos parlamentarios,
porque el debate político se produjo ya en el Pleno y se va a producir en
el momento de la tramitación del proyecto de ley en Comisión. En este
sentido creo que para todos es más interesante formular aquellas
preguntas y suscitar aquellas preocupaciones respecto a la posición de
los distintos Gobiernos autonómicos y de los distintos comparecientes que
en el día de hoy nos van a acompañar.
Le agradecemos nuevamente su presencia y tiene la palabra el señor
Jambrina para que exprese su opinión sobre el proyecto de ley.
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON (Jambrina Sastre): Muchas gracias,
señor Presidente, y buenos días a todos. Comparezco encantado ante esta
Comisión para explicar lo que respecto a Picos de Europa se ha hecho en
Castilla y León.
Quiero decirles en primer lugar, si me lo permiten, que esta iniciativa
que han tomado las Cortes Generales nos parece calificable con todo tipo
de elogios. ¿Por qué? Porque en nuestra ley de espacios naturales en
Castilla y León nosotros tuvimos también la delicadeza de oír a todos los
afectados, a través de sus representantes, antes de definir de manera
concreta las determinaciones de la ley, lo que trajo como consecuencia
que se aprobara por unanimidad en las Cortes de Castilla y León, que
intentara seriamente posibilitar el desarrollo y la conservación del
medio, y que, además, tuviera como bandera el asentamiento de la
población antes de la declaración de cualquier espacio.
Señorías, Picos de Europa, en Castilla y León está protegido, y lo está
desde el año 1989. Con la Ley de espacios naturales de Castilla y León se
reafirma esa protección, posteriormente con la aprobación del Plan de
ordenación de los recursos, que hace referencia al territorio leonés en
los Picos de Europa, se vuelve a consagrar ese sentido de conservación y,
finalmente, la ley declaratoria de Picos de Europa como parque regional
pone el broche de oro a un proceso que no fue fácil, que no fue rápido,
que costó muchas reuniones, que costó disgustos, que necesitó una
tremenda imaginación para tratar de explicar bien, de manera entendible,
qué es lo que se pretendía con esa conservación y, al final, los
habitantes de la zona, por unanimidad, dieron su visto bueno tanto en sus
conversación y, al final, los habitantes de la zona, por unanimidad,
dieron su visto bueno tanto en sus conversaciones previas como en la
Comisión regional de urbanismo y en la Comisión regional de espacios
naturales.
He dicho, señorías, que eran dos los principios que inspiraban esa ley.
Uno era la compatibilidad de desarrollo con conservación, y otro la
audiencia, el asentimiento, el consenso de las corporaciones locales o de
los afectados con la figura que se pretendía. Yo creo que estos
principios inspiradores de esa ley coinciden de manera plena con la
estrategia de conservación de la naturaleza, con los documentos emanados
de «Cuidemos la tierra» o con el informe Brunatland, en el sentido de
hacer compatible el desarrollo sostenible y esa participación de la
población.
Dicho esto y puesto que entiendo comparezco aquí para dar nuestra opinión
respecto al proyecto de ley que está debatiendo la Cámara, tendría que
analizar aspectos concretos que, desde nuestro punto de vista, no son
buenos en ese proyecto de ley, y otros que deben reconsiderarse a toda
costa.
En primer lugar, entendemos que la ley no deja claro ninguno de los
aspectos, a que me he referido antes, de la compatibilidad de desarrollo
con la conservación, y, en segundo lugar, no ha contado con el
asentimiento de la población, porque no ha habido una información
suficientemente exhaustiva y a pie de obra para que los habitantes de la
zona conozcan este proceso.
Entendemos que la ley no zonifica grandes partes del territorio al que
afecta como consecuencia de que no lo
hace el plan de ordenación de los recursos; que prohíbe aprovechamientos
cinegéticos y forestales (prohibía también la pesca y como consecuencia
de las alegaciones se ha recogido esa posible compatibilidad) y deja en
interrogante, desde nuestro punto de vista, muchos de esos
aprovechamientos.
Como no es nuevo todo lo que hablamos de los Picos de Europa, al menos
desde las tres comunidades autónomas, voy a referirles muy sucintamente
que antes de llegar a este punto en que nos encontramos hoy hubo
reuniones con la Administración central y las tres comunidades autónomas.
En la primera de todas, con la presencia del hoy Ministro de Agricultura,
entonces Secretario de Estructuras Agrarias, se acordó establecer un
guión o esquema de cómo tendríamos que hacer las cosas para estar todos
de acuerdo con la figura final que surgiera de protección del espacio.
En ese sentido, se llegó al acuerdo de elaborar conjuntamente el Plan de
ordenación de los recursos por las tres comunidades autónomas y la
Administración central a través del Icona. Cada comunidad autónoma se
encargó de un área y la Administración central, a través del Icona, se
encargó de refundir lo que hacía referencia a flora, fauna y gea en un
solo documento y elaborar el estudio socioeconómico.
Todo eso se remitió a la Administración central con los trabajos hechos
en tiempo y forma por las comunidades autónomas. Cuando todo eso estaba
ya resuelto, entró una prisa excesiva, desde nuestro punto de vista, para
llegar a sacar un plan de ordenación de los recursos. Pues bien, entremos
en ese plan de ordenación de los recursos. Hubo un Consejo de Ministros,
acuerda que se inicie el trabajo y establece unos límites en los que
coincidíamos las comunidades autónomas porque se circunscribían a lo que
era el elemento fundamental a conservar dentro de los picos, es decir, a
toda la caliza, a toda la zona del carbonífero. Se limitaba
exclusivamente a lo que son el área oriental, central y occidental, sin
humanizar el territorio o sin coger zonas humanizadas del territorio.
Hasta ahí estábamos de acuerdo.
Pero aparece una propuesta de límites, sin consultar con la
administración autonómica de Castilla y León, en la que se modifican, y
por una carretera aparece la delimitación del espacio a proteger.
Presentamos las alegaciones. Unas se tuvieron en cuenta y otras no, pero,
en todo caso, no hubo diálogo en torno a cómo podíamos corregir lo que
nosotros entendíamos como defectos.
Finalmente sale un tercer plan de ordenación de los recursos que es el
que está aprobado en el que no son un límite ni otro. O sea, ya no es
aquél en el que estábamos de acuerdo las comunidades autónomas, ya no es
el que ampliaba en la zona de Castilla y León por una carretera, sino que
en Castilla y León cuando entra el espacio a proteger, en lugar de ir por
zonas naturales, por zonas que engloben conjuntos ecológicos o espacios
con necesidad de conservar o con unos valores importantes a conservar, se
limita a seguir los límites administrativos de los ayuntamientos de Oseja
de Sajambre y Posada de Valdeón. Como ustedes comprenderán, eso rompe
elementos naturales que han de entrar dentro de lo que debe constituir
también el conjunto del espacio a proteger. Lo lógico en todo esto --eran
los trabajos que se estaban llevando-- es que, primero, se estudie la
zona, y, como consecuencia del objetivo de conservación que se proponga,
establecer los límites. A nosotros nos da la sensación de que aquí se ha
hecho al revés, primero se han hecho los límites y luego se tratan de
justificar. Así pues, entendemos que los límites no se ajustan a la
unidad morfológica, rompen las unidades ambientales homogéneas, y se
siguen distintos criterios desde la Comunidad de Cantabria y el
Principado de Asturias a Castilla y León.
Creo que ese error no se ha corregido, y la prueba de ello es que en el
plan de ordenación de los recursos se sigue haciendo referencia a zonas,
a espacios, a valores singulares que no están dentro del espacio a
proteger. Por ejemplo, se habla del sabinar de Crémenes, o se habla del
pinar de Lillo, dos espacios, dos zonas que no están dentro de los
límites a los que se está refiriendo el plan de ordenación de los
recursos. Ese error se sigue manteniendo
--lo digo con todos los respetos-- porque en la convocatoria de
citaciones que han hecho SS. SS. he visto que se llama aquí a dar su
opinión --cosa que aplaudo-- a los alcaldes de Lillo y de Maraña, que no
están incluidos en el futuro espacio que contempla el plan de ordenación
de los recursos, y eso nos da la impresión de que pueda existir todavía
una especie de descontrol o desconocimiento profundo del tema que nos
ocupa. Nuestra propuesta en este sentido sería que se vuelva a los
límites iniciales y que el estudio se acomode a esos límites iniciales
con los que estábamos de acuerdo, como he dicho.
Hay otro aspecto que preocupa a mi comunidad autónoma en el proyecto de
Ley, y es el tema de la gestión. Para la gestión se establece la
constitución de un patronato, al que se atribuyen funciones en el propio
proyecto de ley, y una Comisión mixta, en la que se dice estarán
paritariamente representadas las comunidades autónomas y la
Administración central --será por cuartas partes, quiero entender--, pero
a la que no se fija absolutamente ninguna función, que quedará a
desarrollarse. Nosotros creemos que ése no es un buen camino. Entendemos
que ahí puede existir una especie de desconfianza sobre la capacidad de
gestión de las propias comunidades autónomas. Tenemos ejemplos más que
suficientes para demostrar que las comunidades autónomas pueden llevar, y
llevar bien, gestiones compartidas, como son el oso pardo y el lince; lo
estamos haciendo con más de tres instituciones, con más de tres
organismos en el propio territorio de Castilla y León, Asturias y
Cantabria, y no hay ningún problema de descontrol ni de descoordinación.
Concluiría nuestra opinión al respecto diciendo, en primer lugar, que el
plan de ordenación de los recursos del parque nacional y el propio
proyecto de ley desconoce o ignora una realidad que ya existe sobre una
parte de ese territorio, y es la ley que declara parque regional la zona
de Picos de Europa en Castilla y León. Esa zona está claramente protegida
en nuestro territorio. Entendemos que es muy difícil conseguir la
conservación de un espacio en contra de la voluntad de los habitantes de
una zona; es la
mejor manera --al menos así lo pone de manifiesto mi experiencia-- de
provocar situaciones totalmente contrarias a las que se persiguen.
Nosotros propondríamos, como conclusión que se retomaran los trabajos
donde se dejaron, que estaban prácticamente concluidos, lo único que
quedaba era la refundición por parte del Icona de lo que presentamos cada
una de las comunidades autónomas y el estudio socioeconómico, que es de
lo que se encargó, y en base a esos trabajos concluir el proceso que
habíamos iniciado, creo que muy bien, pero que al final, por decisiones,
desde mi punto de vista unilaterales, se rompió.
Entiendo que es absolutamente necesaria la elaboración de un plan de
ordenación de los recursos consensuado con las comunidades autónomas,
porque si no, se lo digo con todo respeto pero con toda claridad, el
conflicto puede ser permanente en el tema de la posterior gestión de esos
espacios que necesariamente, desde mi punto de vista, tienen que
convivir.
Hablar de un plan rector de uso y gestión de posible consenso puede ser
un camino, pero a mí se me ocurre que es un tanto difícil cuando las
directrices que están marcadas en el plan de ordenación de los recursos
no van a poder modificarse como consecuencia de la aplicación del PRUG.
Esto va a complicar las cosas.
Creo que estamos a tiempo, señorías, para poder resolver eso, pero, no
obstante, lo dejo apuntado. Nos ha llevado más de dos años la elaboración
del plan de ordenación de los recursos de los Picos de Europa en Castilla
y León. No nos arrepentimos del tiempo que ha transcurrido, porque al
final la figura creo que es acorde con los deseos de la administración y
de la propia población y, por otra parte, tampoco tenemos que rasgarnos
las vestiduras porque Covadonga todavía no tiene el plan de ordenación de
recursos aprobado y está declarado parque nacional desde 1918.
Esto es, señorías, lo que desde mi punto de vista o desde el ámbito de
Castilla y León quería trasladarles, agradeciendo de nuevo esta
oportunidad que nos dan para compartir al menos preocupaciones en lo que
a conservación de espacios naturales se refiere y que afectan a nuestra
tierra.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir? (Pausa.)
Ha solicitado inicialmente intervenir el Grupo Popular. El señor Gortázar
tiene la palabra.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Buenos días, señor Jambrina, y muchas
gracias por sus explicaciones, que son útiles, como las que nos ha dado
la señora Consejera de Medio Ambiente del Principado de Asturias.
Creo que de su intervención se deduce un punto de vista o una experiencia
que quiero resaltar y me parece que está menos centrada en prejuicios de
tipo ideológico o de coincidencia de partido, en este caso, como por el
hecho de sopesar los pros y los contras, por el hecho de medir el impacto
que tiene, sin duda cualquier figura de protección de espacios naturales
en relación a las personas que habitan esas áreas o a las personas que
tienen intereses en esas áreas.
Pienso que su intervención deja claro un hecho importante como es el que
hay una Ley que declara a los Picos de Europa parque natural en Castilla
y León. Esa es una realidad que debería haber llevado al Gobierno a
considerar la conveniencia de evitar conflictos constitucionales de
competencias. Debería haber llevado a la Administración del Estado a
considerar, digamos, sus experiencias en materia de conservación y, sobre
todo, la circunstancia en que se encuentra la Ley 4/1989 en el Tribunal
Constitucional. Es una Ley que permite realizar al Gobierno una serie de
acciones, una serie de actividades y el desarrollo legislativo posterior,
pero que, sin embargo, se encuentra sometida a consideración por diversos
recursos de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y, en
consecuencia, hay cantidad de elementos derivados de esa Ley y parece
prudente esperar a que haya pronunciamiento sobre los recursos a efectos
de tomar decisiones.
Concretamente hice aquí una propuesta de traslación de la directiva y se
dio el argumento de que era conveniente y prudente esa espera. No se
entiende muy bien por qué es conveniente esa espera para trasponer una
directiva y no para el desarrollo de este proyecto de ley del Gobierno
socialista.
De su intervención quiero destacar la importancia que han dado ustedes a
la compatibilidad del desarrollo y conservación y, sobre todo, al
consenso con los afectados. Ese es uno de los elementos esenciales de las
directivas de hábitat de la Comunidad Económica Europea; es un elemento
esencial del programa 21 de las declaraciones de Río, de las reservas de
la biosfera de la Unesco; es una evidencia de todo punto el hecho de que
es imposible conservar algo si no hay una aceptación y una asunción por
parte de los afectados de que es algo positivo que no va contra ellos.
Siendo esto así, creo que el proceso de elaboración de la Ley que ustedes
han hecho marca un poco el camino a seguir; un camino distinto que es de
discusión, de realismo, de atenerse un poco a las circunstancias
concretas y considerar que los poderes públicos desde tiempos medievales
lo que han hecho ha sido favorecer que muchas personas se instalaran en
zonas de muy difícil vida, y por eso les daban ventajas; resulta que a
finales del siglo XX nosotros en vez de hacer esto lo que hacemos (por lo
menos ellos lo asumen de esta manera y alguna razón tendrán) es, parece,
dificultarles que vivan en esas zonas.
Creo que su exposición, como no podía ser menos, va en la línea de la
propuesta del Partido Popular, en el sentido de hacer tres parques
naturales con este tipo de equilibrio entre desarrollo y conservación y
con el consenso de los afectados, en los que la administración básica de
cada área esté confiada a los gobiernos regionales, sin perjuicio de que
haya criterios comunes y sin perjuicio de que haya un comité o un consejo
permanente de coordinación entre las tres áreas del macizo.
No obstante, tomo muy buena nota de sus observaciones a los efectos de
posibles enmiendas y variaciones posteriores. Tenga la seguridad de que
defenderemos su posición, tal y como usted la ha manifestado.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Cuesta tiene la palabra.
El señor CUESTA MARTINEZ: Intervengo con la misma brevedad que el
representante del Grupo Popular.
En primer lugar, quiero agradecer también la comparecencia del señor
Jambrina que nos parece ilustrativa. Creo que la virtualidad de esta
ronda de comparecencias es conocer el punto de vista de las distintas
comunidades autónomas afectadas desde la conciencia de algo que está en
la propia Constitución, como es nuestra tesis, y que está en la propia
Ley de Conservación de Espacios Naturales, de 1989, y es la conciencia de
aquella frase de Heinning cuando afirma que los espacios ambientales no
coinciden con las jurisdicciones.
Partiendo de esa realidad, la necesidad de protección rebasa lo que es el
ámbito en sí de la comunidad, y es muy legítimo que cada comunidad tenga
su visión, pero lógicamente el problema desde nuestra óptica rebasa la
perspectiva exclusiva de la respectiva comunidad autónoma. Con ello
enlazo, a modo de recordatorio, con un problema de tipo jurídico que
también está suscitado. Es cierto que la Ley 4/1989 está recurrida por
determinadas comunidades autónomas, no precisamente por la Comunidad
castellano-leonesa, lo cual es positivo remarcarlo. El nivel de
distribución competencial y el mecanismo o el modelo de conservación de
espacios naturales y de la flora y fauna silvestres que establece y
diseña la Ley 4/1989, no ha sido puesto en cuestión ante el Tribunal
Constitucional por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es lo cierto
que esta comunidad ha planteado un conflicto de competencias en relación
con lo que es el plan de ordenación, pero ese conflicto de competencias,
como bien saben SS. SS., y lo sabe el propio Consejero, no debe ser, en
principio, un elemento paralizante de ulteriores iniciativas. Tan es así,
que la propia Comunidad castellana-leonesa planteó ante el Tribunal
Constitucional la necesidad de suspender la aplicación del Real decreto
y, sin embargo, ha habido un auto por el cual se considera que el Plan de
Ordenación no genera ningún daño en la zona de manera irreversible, por
tanto, no es pertinente declarar la suspensión del Real decreto del Plan
de Ordenación porque esté a su vez recurrido o porque pendan determinadas
resoluciones del Tribunal Constitucional.
Esto quiere decir que en la actividad protectora del medio ambiente no
podemos estar a expensas de la resolución de determinados conflictos
constitucionales planteados, porque incurriríamos en una vía de
paralización permanente de la acción legislativa de las Cortes Generales.
En su día hubo que hacer una reforma de la regulación del Tribunal
Constitucional y eliminar los requisitos del recurso previo de
inconstitucionalidad, porque empezaba a observarse como un mecanismo
paralizante. Si condicionamos la acción legisladora del Estado a la
solución de determinados recursos, basta con interponer un mero conflicto
de competencias para paralizar lo que es la soberanía de las Cámaras o la
acción del Gobierno. Ya digo que no es el caso de Castilla y León, que no
ha recurrido la Ley 4/1989, sino el decreto del plan de ordenación; pero,
en todo caso, el propio Tribunal Constitucional ha estimado que ese
decreto no debe ser suspendido. Esta es la situación que quisiera
aclarar. Además, me parece positiva la política de convergencia que se
aprecia, en este caso, con Castilla y León en relación a la Ley 4/1989.
También me parece muy positivo insistir en que en esta materia se plantee
una necesidad de consensuar. Creo que este foro es un foro más que puede
contribuir a ese consenso. Considero que el consenso y el diálogo deben
seguir abiertos mientras se sustancia en esta Cámara este proyecto de
ley, pero no olvidemos que el diálogo viene existiendo en los dos últimos
años y a veces no tienen la suerte de finalizar en acuerdo. Aunque es lo
cierto que ha habido un diálogo intenso durante dos años --y parece que
se deduce de las propias palabras del Consejero--, bien es cierto que sin
un acuerdo concreto en la fijación de las posturas definitivas de las
distintas comunidades.
De su exposición, no comparto que el proyecto no deje claro
compatibilidad entre desarrollo y protección. El proyecto establece
mecanismos suficientes para potenciar el desarrollo y la protección, pero
creo que el mayor problema que plantea es el de los límites del parque.
Según mis noticias, los planteamientos iniciales de Castilla y León eran
ampliar los límites territoriales en la vertiente leonesa afectada por el
parque. Parece que intuyo de su expresión que ahora el planteamiento es
restringir el ámbito territorial y me gustaría conocer exactamente la
posición, porque puede ser ilustrativa. Además, es una buena ocasión para
recoger, en éste o en ulteriores trámites, las concepciones que ustedes
tengan desde el punto de vista de los ámbitos territoriales. Podemos
analizarlo, ya que hay una absoluta flexibilidad para estudiar por parte
de nuestro grupo las sugerencias en el tema de los límites del parque
nacional, en lo que pueda afectar a la Comunidad de Castilla y León.
Quisiera plantearle alguna preocupación que se da no solamente en el
ámbito de León, sino también en el ámbito asturiano y en el ámbito
cántabro, sobre algunos problemas que pueden ser considerados como
excesos o amenazas que vienen siendo denunciadas por distintos
colectivos, como el tema del hotel de Alira, que, por supuesto, no le
afecta directamente, o el tema de la ordenación de tráfico que afecta,
por ejemplo, a Sotres, en Asturias; o a Caín, con el amontonamiento...
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, creo que el objeto de la comparecencia
de hoy no es ése. Efectivamente, existen mecanismos de control
parlamentario en cada comunidad autónoma y, por respeto competencial, los
parlamentarios de las Cortes Generales no debemos preguntar a interpelar
sobre cuestiones internas a un consejero de cualquier comunidad autónoma.
Los asuntos son en relación al proyecto.
El señor CUESTA MARTINEZ: No quiero interpelarle. Estaba poniendo
ejemplos porque incluso citaba aspectos que podían afectar también a la
Comunidad Autónoma asturiana. Estaba planteando problemas de iniciativas
proyectadas que muchos colectivos consideran que
pueden tener un impacto ambiental importante y que, sin embargo, desde el
punto de vista de la concepción legislativa competencial de cada una de
las comunidades autónomas, no son tan amenazantes como nos llevaría a
concluir una concepción global. Por eso, como decía en mi intervención
inicial, a veces hay el problema de que los espacios ambientales no
siempre coinciden con las jurisdicciones administrativas.
Efectivamente, me gustaría conocer con más precisión cuál sería el
problema de límites que plantea en su intervención. Agradezco esa
intervención. Además, creo que de ella cabe sacar una conclusión
importante, y es la necesidad de intensificar, mantener el diálogo.
Además, en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, no
solamente en el método por el que nos hemos guiado, sino por lo que es
lógico que exista a lo largo de un trámite que también incluya el Senado,
debe haber, como digo, una insistencia y una persistencia en ese diálogo,
en ese intento de consensuar, de llegar a algunos acuerdos que no se han
conseguido en los dos últimos años de diálogo que ha habido y que
pudieran plasmarse en enmiendas que enriquecieran, por supuesto, el
proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jambrina para contestar
las preguntas que se le han formulado.
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON (Jambrina Sastre): Como es
previsible y, además, sin que nadie se lleve sorpresas, estamos casi
absolutamente de acuerdo en los planteamientos que ha hecho el portavoz
del Grupo Popular en esta Cámara, el señor Gortázar.
Hay algo en lo que no nos cansaremos de insistir porque la experiencia es
positiva, aun a riesgo --y lo digo en una Cámara política-- de que se
politicen futuras declaraciones de espacios naturales en Castilla y León.
Nosotros tenemos que seguir los dictámenes de nuestra propia ley buscando
siempre, antes de la declaración, el consenso de la población con las
medidas, con las directrices que hayan de presidir el desarrollo de esas
zonas.
Ese es el camino que estamos llevando, camino muy lento y como se tenga
precipitación en él, aseguro a ustedes que se romperán los esquemas con
una facilidad tremenda, porque es muy fácil, como lo he oído ya, decir
que Icona tira serpientes o ratones para dar de comer a las rapaces o
sueltan lobos o no dejan salir las vacas de la plaza o te van a expropiar
todo. Esto es consecuencia de la historia, no es un invento de hoy.
Quiero decir que es la tradicional desconfianza del administrado en la
Administración y eso le pone reservas a todas esas buenas voluntades que
estamos tratando de mandar desde el Gobierno, desde mi Consejería, a la
gente de la zona. Pero hay que convencerles, estando con ellos, hablando
con ellos, explicárselo hasta aburrirnos todos, de tal manera que no vean
más que lo que realmente hay detrás de ese tema.
Además, hay grupos interesados. Les podía contar anécdotas de la Sierra
de la Demanda. Hay cazadores del País Vasco que dicen que aquello no
porque prohíben la caza, cosa que nosotros no hacemos, simplemente la
regulamos. Esa es la filosofía que marca nuestro talante a la hora de
llevar a cabo este tema. Le voy a decir más, para nosotros, en Castilla y
León, lo de menos es la figura; lo importante son los valores a
conservar. Cuando oímos que si Picos de Europa es parque nacional tendrá
más ayudas de Europa que si no lo es, nosotros decimos allí una frase muy
clara: eso es un chantaje. Si Picos de Europa tiene los valores que
tiene, esos son los que merecen el reconocimiento de España y de Europa,
no la figura con la que se le pretende vestir.
En esa compatibilidad de usos con conservación o de reconocimiento de las
actividades tradicionales que a lo largo de los siglos han venido
haciendo los habitantes que allí están, hay elementos, dentro del
territorio, que no va a tener prohibido ningún tipo de actividad. Lógico,
porque son más frágiles. ¡De qué me sirve --por poner un ejemplo
gráfico-- prohibir el pasto o pastar en el Naranjo de Bulnes o de qué me
sirve permitirlo, si allí no va a pastar nadie! Quiero decir que lo que
hacemos es un análisis de la realidad que allí está; y la prueba de que
es la realidad es que están de acuerdo los propios habitantes de la zona.
Hay un tema al que se ha referido el señor Gortázar que me gustaría dejar
claro o, por lo menos, mandar nuestra inquietud a la Cámara, y es el de
los tres parques o un parque con tres patronatos o un patronato. Yo les
he puesto un ejemplo: es perfectamente posible, porque la Constitución lo
ampara, porque la Ley 4/1989 lo permite y porque los estatutos de las
comunidades autónomas lo fijan, llegar a convenios con las
administraciones autonómicas afectadas para hacer gestión territorial de
manera coordinada. Eso lo estamos haciendo, como he dicho, no es que nos
lo inventemos. Lo estamos haciendo con el tema del oso pardo, con el
lince o lo estamos haciendo con el águila imperial. Me da lo mismo; lo
estamos haciendo, luego es posible.
¿Qué planteamos nosotros a la vista del proyecto de ley? Planteamos que
esa comisión mixta a que hace referencia la ley, es una declaración de
intenciones, pero nada más. Y permítanme que ya no acabemos de fiarnos de
las declaraciones de intenciones a secas.
Yo creo que el órgano rector, el órgano coordinador de ese parque tiene
que ser esa comisión mixta. Y es perfectamente posible que cada comunidad
autónoma establezca su patronato, y no me rasgo las vestiduras por decir
un patronato en cada una, un patronato en Castilla y León, un patronato
en Asturias y un patronato en Cantabria, coordinados y dirigidos por esa
comisión mixta, que es la que dice lo que hay que hacer de manera
coordinada. Hombre, pensar que las comunidades autónomas vamos a permitir
determinadas cuestiones que agredan al espacio es no confiar en la
capacidad de las comunidades, y eso no creo que se piense ni aquí ni
siquiera en la Administración central. Pienso que eso no es así. Así es
como nosotros vemos este panorama.
No es fácil, claro; no es fácil, porque el territorio, que no entiende de
administraciones, es el que es, pero precisamente por eso es por lo que
nosotros no acabamos de comprender cómo siendo el territorio el que es, y
habiendo
consenso en los límites iniciales --y ahora explicaré por qué-- en los
primeros límites que se establecieron para poder albergar la figura del
parque nacional, cómo luego se rompe ese criterio y aparece de acuerdo
con las líneas administrativas. Estoy de acuerdo con lo que acaba de
plantear --por supuesto, no iba a ser de otra manera-- el portavoz del
Grupo Socialista, en el sentido de que la naturaleza no conoce límites
administrativos. Por eso es por lo que no podemos admitir o no parece
lógico que ustedes admitan el que los límites vayan por trámites
administrativos o por una delimitación administrativa, porque seguro que
rompe espacios naturales homogéneos; seguro. Eso es algo que, de hacerse
tal cual, tendrían que corregirlo, porque entiendo que es un error. No
creo que haya otra cosa detrás, porque podríamos hablar de la
humanización. Se huye de incluir los pueblos en Cantabria y en Asturias;
en Castilla y León no sólo se huye, sino que se hace un esfuerzo para
recorrer su término municipal. Y eso creemos que es un error. Permítanme
ustedes que piense que es un error que se ha cometido inconscientemente e
inconscientemente se mantiene el tema del pinar de Lillo o el sabinar de
Crémenes; es posible, pero ahí está ese error que yo creo que estamos a
tiempo de poder corregir.
Hay una cosa que yo quiero dejar bien clara para que se conozca el
pensamiento de Castilla y León en este tema. Nosotros nunca dijimos no al
parque nacional. Lo que dijimos fue sí al parque nacional, pero con el
acuerdo de todas las comunidades autónomas con respecto a los elementos
que han de presidir la gestión de su parque. Claro, eso no se ha
conseguido, porque se rompió por parte de la Administración central, y
hay que decirlo así, el esquema de trabajo cuando ya prácticamente estaba
concluido, porque lo más importante ya se había resuelto. Bueno, se
rompió y surgieron esas tres posibilidades. ¿Y por qué decíamos que con
el parque nacional no estábamos de acuerdo con esa figura? Porque se
seguía creando, y es nuestra opinión, los mismos sistemas de parques
nacionales de principios de siglo. Y creíamos que, a las alturas en las
que estamos, esa figura tenía que modificarse, ese sistema tenía que
modificarse. Porque ahora se prima la conservación, pero para que la
población que allí está se pueda desarrollar, con un recurso más, entre
los que tiene, es de la declaración.
Yo he oído a mi colega en Asturias decir que hay una deuda de la sociedad
con los habitantes de esas zonas que son marginados fundamentalmente y
que sólo les pedimos que nos mantuvieran muy bien aquel espacio para ir a
divertirnos los fines de semana. Hombre, yo creo que eso necesita una
compensación; un reconocimiento primero del trabajo que han hecho y una
compensación después, pero las dos cosas simultáneamente.
Nosotros no creemos viable --lo digo con todos mis respetos--, el tratar
de mantener la población en un territorio a base de una permanente
subvención. Creemos que eso fracasa ya. Se puede primar para hacer las
cosas de otra manera, pero no subvencionar de modo continuado, porque eso
fracasa desde nuestro punto de vista, y respeto las opiniones contrarias
que pueda haber al respecto.
Dicho eso, hemos colaborado con la Administración y con las tres
comunidades y hemos tenido que recurrir el plan de ordenación de los
recursos porque hay diferentes directrices en un plan de ordenación del
parque nacional y en un plan de ordenación del parque regional, y como
las competencias, en determinados temas, son exclusivas de las
comunidades autónomas, para evitar que eso pueda llegar a producirse,
queremos que nos digan cuál es la solución que da el Tribunal
Constitucional a este tema. No lo ha suspendido. Yo también entiendo que
por eso no se pone en cuestión ninguna agresión irreversible, porque
todavía queda proceso por llevar adelante, y esa apertura al diálogo,
señorías, se la he dicho al señor Ministro de Agricultura, se la dije
cuando era Secretario de Estado, se la he dicho cuando es Ministro y la
sigo diciendo donde sea, porque es la mejor manera de que los habitantes
de la zona no se muevan en una nebulosa que no saben qué va a pasar con
ese tema.
Yo no veo más que una afirmación, pero no veo nada consecuente (y se lo
digo de verdad, como lo siento) entre desarrollo sostenible y lo que
determina el plan de ordenación de los recursos. Sí se habla de que se
procurará el desarrollo sostenible, se va a hacer un plan de desarrollo
sostenible, pero no está plasmado; quiero decir que no se ve, en el plan
de ordenación de los recursos, que eso sea así, y si es así, ¿por qué se
van a prohibir actividades que son tradicionales? (y lo han dicho SS. SS.
en el debate a la enmienda de totalidad; he tenido el gusto de leerme
todo lo que han dicho al respecto); ¿por qué se va a prohibir la caza o
por qué se van a prohibir los aprovechamientos maderables? Ordénese. ¿Por
qué prohibirla, qué sentido tiene? ¿De verdad creen que así se conserva
mejor? Yo les digo a ustedes que no; con la experiencia que tengo, les
digo a ustedes que no, absolutamente convencido. Es más: tenemos el grave
problema de que, por una falta de control o de seguimiento, se ha
presentado una enfermedad de sarna que puede poner en cuestión ese tema.
Se ha planteado en Asturias; en Castilla-León estamos tratando de frenar
la marcha de esa epidemia. Es fundamental gestionar eso y gestionarlo
bien. No tiene sentido, señorías (se lo quiero decir con toda el alma),
no tiene sentido prohibirlo, porque, entre otras cosas, además es un
recurso cada vez más importante para la propia zona.
Se ha hablado de la preocupación que existe al respecto. Yo creo que
todos compartimos las preocupaciones, pero Caín está dentro de Covadonga,
y quien tenía que haber tratado de ir resolviendo ese problema era el
Parque Nacional de Covadonga y no ha resuelto el problema del tráfico,
que es muy importante.
Y hay una acusación que también se ha hecho y que quiero despejar, no
hoy, pero quiero hacerlo para que SS. SS. lo tengan claro, nada más. En
Castilla-León había pedidas tres minicentrales, con cesión de agua por la
cuenca del norte. Sólo hemos autorizado una, después de someterla, sin
que la ley lo establezca de manera categórica, a un proyecto de
evaluación de impacto; hemos permitido una, a la que estoy convencido de
que se oponen grupos conservacionistas, pero que, al fin y a la postre,
permite una riqueza, no sé si por mucho o por poco tiempo (porque eso ya
depende de la iniciativa privada), pero la agresión es absolutamente
asumible y mínima para el espacio. Sí es
verdad que mientras se han estado haciendo obras cundió una cierta
alarma, pero los proyectos de evaluación de impacto están para corregir
esas situaciones. Y van a tener que llevar enterrada la energía eléctrica
que salga de esa minicentral, porque no podemos permitir que en
determinados sitios vayan posters aéreos, y han asumido la construcción
de eso. Para eso estamos, para tratar de no impedir que se aproveche, si
es posible, y si no es posible, se suprime, no se permite, y donde se
pueda, dejarlos llevar a cabo.
En este sentido yo me imagino que SS. SS. van a escuchar de todo, desde
los conservacionistas a ultranza, que tienen perfecto derecho a
manifestar sus opiniones, hasta los que, en contacto con la realidad,
creemos que es posible la conservación y el desarrollo, y por eso estamos
apostando.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención más?
El señor Gortázar tiene la palabra, brevemente.
El señor GORTAZAR ECHEVARRIA: Señor Presidente, muy brevemente, para
hacer alguna puntualización, fundamentalmente a algunas cuestiones que ha
planteado el portavoz del Grupo Socialista.
Con relación a la cuestión de paralizar el proceso legislativo, hay que
decir que el que paralizó la transposición de la directiva fue el Grupo
Socialista, con el apoyo de otros Grupos; de forma que no fuimos
nosotros: fue el Grupo Socialista el que lo hizo. Nosotros queríamos
transponer la directiva que contiene toda la filosofía conservacionista
que ha manifestado hace unos minutos el señor Jambrina.
En segundo lugar, el concepto de rebasar a una comunidad autónoma en el
momento en que hay un planeamiento de interés general, porque rebasa, en
este caso, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a los respectivos
alcaldes afectados, rebasa a los habitantes de estas áreas y, si seguimos
rebasando, también rebasa a otros alcaldes de otras comunidades. Lo que
implica, de alguna manera, ese concepto de rebasar una cierta voluntad
mayoritaria se impone a una minoritaria, que es la de los afectados, en
definitiva, lo que está expresando es algo esencial que creo que es
conveniente que se recoja expresamente: que no hay el consenso necesario,
ni expreso ni tácito, para llevar adelante el proyecto de ley en los
términos sobre los que está planteado, y yo creo que la intervención del
señor Jambrina es una buena muestra de cómo había un camino iniciado y
unas posibilidades de llegar a ese tipo de acuerdo o de consenso y que,
por una precipitación, sin duda, excesiva por parte del Gobierno de la
Nación, se ha manifestado de una manera muy clara la ruptura del consenso
y el planteamiento de división de los grupos políticos y de la sociedad
afectada, fundamentalmente de las personas interesadas en relación a este
proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: El señor Cuesta tiene la palabra.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, mi primera afirmación es la
de que todo proceso de diálogo tiene que tener un límite temporal y nadie
ha puesto en tela de juicio la existencia de un largo proceso de diálogo
en esta materia, que, cuando no acaba de cristalizarse en un acuerdo
definitivo, no obstante debe desarrollarse a través de iniciativa
legislativa que, a su vez, va a seguir garantizando la existencia del
diálogo. Por tanto, el hecho de que haya un proyecto de ley en
tramitación en la Cámara no supone ruptura del consenso, sino que es un
intento más de dar un paso adelante hacia otro modelo de diálogo que el
que existía en la actualidad, que era dialogar sin llegar a acuerdos y,
en el transcurso de los años, estaban ahí, ante una zona que necesitaba
soluciones urgentes de protección y medidas muy concretas.
La segunda afirmación, que también quiero dejar muy clara, es que la Ley
de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
como SS. SS. saben, es de 27 de marzo de 1989 y ha sido recurrida por
unas comunidades autónomas determinadas y, hasta el día de hoy, no existe
una sentencia del Tribunal Constitucional en esa materia. ¿Deben el
Gobierno y esta Cámara esperar a la resolución de ese conflicto y
cruzarse de brazos hasta que exista resolución por sentencia? Desde mi
punto de vista, no; sería una aberración paralizar, por la vía de los
recursos, la acción protectora del medio ambiente del Estado y la
soberanía legislativa de esta Cámara. Por tanto, creo que no se puede
supeditar a la existencia de conflictos de competencias o de
planteamientos o cuestiones pendientes ante el Tribunal Constitucional,
algunas de las cuales llevan desde el año 1989, lo que es la soberanía de
esta Cámara y, sobre todo, algo mucho más urgente, que es la protección
fundamental y digna de un espacio natural, que necesita además urgentes
actuaciones, porque, de seguir las cosas así, puede verse tremendamente
amenazado.
Se ha planteado un tema que quiero también dejar muy claro, y es que el
proyecto, señor Consejero, no está en un concepto pasivo de subvención;
es un asunto que quisiera dejarlo matizado. No se está planteando un
concepto exclusivamente pasivo de subvención económica; por supuesto, se
está hablando de unas compensaciones, porque se trata de reconocer un
mérito conservacionista a los ciudadanos, pero también se está hablando
de un plan de desarrollo sostenible. Yo aprecio una cierta contradicción
en sus palabras cuando me dice que en el plan de ordenación no se
vislumbra para nada la existencia de plan de desarrollo sostenible ni
siquiera el proyecto de ley da muchas pistas sobre el plan de desarrollo
sostenible. Precisamente porque el proyecto de ley lo que hace es
combinar unidad de gestión con planteamiento de las propias comunidades
autónomas, son las propias Admistraciones las que tienen que elaborar ese
plan de desarrollo sostenible y, como muy bien se indica en el proyecto
de ley, entre las funciones del Patronato está la de intervenir e
informar en torno a ese plan de desarrollo sostenible. Por tanto, sería
lógicamente una penetración excesiva en el ámbito competencial de las
Comunidades Autónomas si el propio proyecto ya presentara como anexo el
plan de desarrollo sostenible de la zona. No tiene sentido, lógicamente
todos los instrumentos de planificación deben hacerse, desde la unidad de
gestión, con la participación y la cooperación interadministrativa,
con la presencia de las Comunidades Autónomas. Yo quisiera simplemente
dejárselo claro porque, por tanto, va a haber plan de desarrollo
sostenible y será muy importante lo que diga su Comunidad Autónoma en su
configuración y elaboración. No estamos ante un modelo estático de parque
nacional, sino ante un parque nacional que tiene peculiaridades muy
concretas, que son comunidades humanas dentro del propio entorno
geográfico de ese parque nacional, lo cual obliga a una especificidad
tanto en la gestión como en los instrumentos de planificación del mismo y
del aprovechamiento de recursos existentes en él, que en ningún caso
afectan ni son contrarios a los aprovechamientos tradicionales.
Quisiera, de todas formas, decirle también que estoy absolutamente de
acuerdo con que hay que ser persistente e insistente en la información.
Una medida de este tipo no puede quedar simplemente en el ámbito de lo
que es la actuación de las Comunidades Autónomas ni en el ámbito de
actuación del Gobierno central. Debe haber un esfuerzo intenso de
diálogo, de información. La anterior compareciente nos habló de una
política intensa en el ámbito del Principado de Asturias de información y
de limitación de equívocos en relación con lo que van a ser las
concepciones de este parque nacional, en el caso concreto de la
información que nos daba la anterior Consejera en el ámbito de Asturias.
Creo que el modelo de trabajo, de diálogo con los ciudadanos y de
clarificación que ha habido en Asturias es importante. Me parecen
positivos también todos los esfuerzos que desde su Comunidad se hagan en
el sentido de informar a los ciudadanos, y por supuesto habrá que
acompañar esa tramitación legislativa, por parte de la propia
Administración central, de un mayor esfuerzo de diálogo y de información
con los ciudadanos, precisamente para que no haya equívocos y para que no
planee la sombra de la desconfianza en torno a lo que han sido modelos de
principios de siglo, que, como muy bien sabe usted, en su mayor parte han
estado gestionados por administraciones autoritarias de tipo dictatorial
que las han usado incluso como cortijos en ocasiones para practicar una
política caciquil o para la prebenda de determinados altos cargos.
Afortunadamente, el sistema democrático ha hecho que el modelo de gestión
sea distinto y poco a poco se van venciendo esas resistencias. Yo creo
que la dinámica de futuro es de esperanza.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jambrina.
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON (Jambrina Sastre): Muy brevemente,
para reafirmarme en muchas de las cosas que he dicho. Yo no voy a entrar
en si para unas cosas hay argumentos que paralizan y para otras no los
hay o, con los mismos, no se paralizan. Lo que entiendo perfectamente es
que nosotros teníamos que recurrir ese plan de ordenación porque hay una
clara invasión de competencias que son exclusivas de las Comunidades
Autónomas, desde nuestro punto de vista, y lamento una vez más que podía
haberse evitado si se concluyera el estudio socioeconómico, que era lo
único que quedaba para llegar a ese plan de ordenación de los recursos
todos de acuerdo, con los matices o salvedades de cómo entendemos
nosotros en estos momentos la posible figura de máxima protección, que se
llama parque nacional, y la compatibilidad que esa figura tiene que tener
con el desarrollo de la población, que no son coincidentes, pero cada uno
en su estamento hace la política que cree que tiene que hacer. Nosotros
creemos que es equivocada en los tiempos que corren.
Me da usted la razón por lo último que ha dicho. Es verdad que los
parques nacionales han sido producto de unas épocas dictatoriales --no
quiere repetir palabras que se han dicho aquí, porque quizá lo importante
sea el gesto, no las palabras--, pero lo cierto es que hoy se están
llevando por el mismo procedimiento. Covadonga se está llevando por el
mismo procedimiento del año 1918, después de una transición larga hasta
1975 y después de una entrada de la democracia. Se está llevando igual,
aunque digamos otra cosa, y eso es a lo que le tienen reparo los
administrados. Porque allí tienen el espejo muy cerca y están viendo lo
que ocurre. Por eso tienen desconfianza. Y ahora me dicen ustedes que van
a hacer otra cosa distinta. Pues mire usted, no me lo creo. Eso es lo que
tenemos que vencer. Y le dije al mismísimo señor Director de Icona,
entonces don Humberto de la Cruz, en diciembre de 1993: Si nos ponemos de
acuerdo en el plan de ordenación de los recursos para Picos de Europa,
yo, personalmente, Consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, iré a
explicar a los habitantes de la zona en qué consiste este plan de
ordenación para que lo entiendan y lo acepten. Porque hay algo que estoy
seguro que también han pensado SS. SS., y es que cómo es posible que
nosotros creamos que estamos haciendo una cosa buena para los habitantes
de una zona y que ellos entiendan que lo que estamos haciendo es
malísimo. Algo falla. Yo estoy convencido de que lo que queremos hacer en
el plan de ordenación les favorece a ellos, ya que es el objetivo, y que
ellos entienden que lo que queremos es cortarles las cabezas. Ahí está el
problema. Además, hay que romper con eso de atrás porque no se fue a
explicar ni una sola vez este plan de ordenación, no se fue a explicar,
por lo menos a Castilla y León, ni una sola vez. Se huyó de aquello y se
abrió la puerta. Entonces la gente está desconfiando, unos por unas
razones y otros por otras, pero esta es la cruda y dura realidad de los
que tenemos que decidir, tenemos que convivir con esa gente muchos días y
aguantar muchas impertinencias e insultos, pero esa es nuestra función;
está en el sueldo. Y, si no me gusta, me voy a mi casa. Quiero decir con
esto que ese diálogo, y les puedo dar datos, se rompió unilateralmente
por la Administración central, y estaban los acuerdos hechos. Estaba el
convencimiento del propio actual Ministro de que ese era el mejor camino,
pero, en el interín de que el señor Ministro se va de Director General de
la Energía, se rompió aquel tema que puede traer ciertos inconvenientes,
que le puedo asegurar que no son deseables.
El que las administraciones tengamos que entendernos no tiene lugar a
dudas. En eso todos estamos de acuerdo;
pero aquí hemos llegado. En este sentido quiero reiterarles, una vez más,
porque poco más puedo decir, nuestra disposición a colaborar, al diálogo,
porque no sólo nos estamos jugando el futuro de unos espacios que merecen
la pena conservar, sino el futuro de los habitantes de una zona, que son
más importantes, si me lo permiten, que el propio espacio.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jambrina.
Se suspende la sesión hasta las cinco de la tarde, en que continuaremos
con las restantes comparecencias.
eran la una y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION DE LA
NATURALEZA, ICONA (ESTIRADO GOMEZ), ACORDADA POR LA MESA DE LA CITADA
COMISION PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DE PARQUE
NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA. A SOLICITUD DE LA COMISION DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. (Número de expediente 212/001205.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Continuando con las comparecencias que hemos iniciado esta mañana de
distintos responsables de las Administraciones públicas y especialistas
para que nos informen respecto al proyecto de ley de declaración de
parque nacional de los Picos de Europa, comparece esta tarde el Director
General de Icona, don Fernando Estirado.
Recuerdo a todos los comparecientes y a los portavoces --al igual que he
hecho esta mañana-- el sentido de la Comisión. La misma se celebra para
que los distintos grupos parlamentarios dispongan de la información que
les permita una mejor presentación de enmiendas y luego su posterior
tramitación y discusión tanto en la Ponencia como en Comisión.
Damos la palabra, en primer lugar, al señor Estirado y luego a los
distintos grupos parlamentarios que así lo soliciten, para que con
posterioridad el señor Director General de Icona pueda contestar a las
preguntas que se le formulen. El señor Estirado tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL ICONA (Estirado Gómez): Este proyecto de
ley de declaración del parque nacional de los Picos de Europa pretende
ampliar el ámbito territorial del actual parque nacional de la montaña de
Covadonga que, como saben, es nuestro primer parque nacional, el más
antiguo, con el que se inicia en 1918 en España esta política de
protección de espacios naturales.
Además de esta ampliación, este proyecto de ley persigue el objetivo de
contribuir al proceso de completar la red estatal de parques nacionales.
Esta red estatal, como saben perfectamente, es una figura introducida por
la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres. Se configura como un sistema representativo del
patrimonio natural del Estado español. Por tanto, está constituida por
todos los parques nacionales declarados como tales por las Cortes
Generales y tiene por finalidad esencial garantizar su preservación
mediante una estructura orgánica, coherente y dinámica.
Entre los muchos objetivos que tiene la red estatal está el que esa
muestra representativa de todos los parques españoles esté completa, que
permita ser un elemento de debate para una base doctrinal moderna y
avanzada en todo lo relativo a la gestión de los espacios naturales. Por
ejemplo, la conservación, la planificación, el diseño de políticas de
conservación, etcétera.
Al mismo tiempo también debe permitir que se ofrezca una unidad de
imagen, respetando la diversidad de los ambientes que la integran con
objeto de transmitir al público en general y al visitante de cada uno de
los parques en particular la sensación de una unidad de gestión y una
identidad propia. De la misma manera debe servir para canalizar y
coordinar la representación y el papel de los parques nacionales en los
organismos y foros internacionales.
No sería una buena red estatal si no hace posible el intercambio
permanente de experiencias y contactos entre los profesionales de los
espacios que integran la red. Es decir, debe haber una buena comunicación
entre los trabajadores de los distintos parques nacionales, para que la
red permita ese cambio de impresiones, sobre todo sin olvidar que tiene
que ser esa plataforma de debate, de discusión, de participación, de
coincidencia pública en materia de parques nacionales.
En nuestra actual red, tal como está ahora mismo configurada, están
representados siete ecosistemas, aunque la verdad es que uno de ellos
está representado de una forma incompleta. Estos ecosistemas representan
las distintas regiones biogeográficas del Estado español. Sin embargo, a
pesar de tener representados siete, todavía nos faltan al menos cuatro.
Por eso el interés del Gobierno de completar la red estatal con todos los
ecosistemas que existen en España o por lo menos con todos aquellos que
están descritos en el anejo de la Ley de Conservación de la Flora y la
Fauna.
Lo deseable sería que los nuevos --ésos que vamos incorporando a la red
poco a poco o, mejor dicho, que iremos integrando porque ésta es la
primera incorporación--, además de cumplir los requisitos que establece
la Ley 4/1989, de conservación, en vigor, también se incorporen a las
últimas concepciones de la doctrina internacional que se ha ido
perfilando en los últimos años, sobre todo la que está prácticamente en
vigor en todos los países a raíz de los últimos acontecimientos del año
1992. Me estoy refiriendo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente, ya que, como saben SS. SS., en el artículo 8.º del
Convenio de la Diversidad Biológica hay una referencia amplia al tema de
los parques nacionales, y a otro importante acontecimiento del año 1992,
como fue el IV Congreso Mundial de Parques Nacionales que se celebró en
Venezuela y que sentó criterios para que fueran considerados en el
futuro.
Como consecuencia de todos estos acontecimientos y de todos estos
elementos de discusión, en especial en el año 1992, lo que parece
previsible es que en el futuro los parques nacionales serán lo
suficientemente grandes como para permitir la existencia de al menos un
ecosistema completo o, si no, de una porción importante de un ecosistema
que sea capaz por sí mismo de evolucionar de forma natural y mantener sus
características y funcionalidad con un mínimo de intervención humana. Es
decir, la dimensión será aquella que permita el menor manejo posible del
ecosistema por parte del hombre.
Pues bien, cronológicamente hablando, el primero de los proyectos de la
ampliación de la red estatal de parques nacionales es el de Picos de
Europa. Esto se planteó ya hace años como una ampliación de la montaña de
Covadonga, y precisamente para completar esa representación de la región
biogeográfica en que se encuentra y cuyo sistema, como decía al
principio, no está suficientemente representado. Con esta declaración,
cuando realmente se haga, se puede inaugurar ya esa nueva etapa con
parques nacionales grandes, englobando una cierta población residente y
con una fuerte vocación de focalizar el desarrollo sostenible de la zona.
El ámbito territorial del futuro parque que se propone es de 63.446
hectáreas y, como conocen, abarca al menos nueve municipios
correspondientes a tres comunidades autónomas: la del Principado de
Asturias, la de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. El porcentaje de distribución del territorio
entre las comunidades autónomas es de un 38,4 por ciento para el
Principado de Asturias; un 37,4 por ciento para Castilla y león, y un
24,2 por ciento para Cantabria, hasta alcanzar las 63.446 hectáreas.
Quisiera referirme brevemente a las razones que justifican este parque
nacional que se propone. Como decía antes, el parque nacional de la
montaña de Covadonga sólo ocupa una pequeña parte de lo que es la unidad
del sistema montañoso de los Picos de Europa. De los tres macizos que
forman este conjunto montañoso, el más horizontal --el macizo de las
Peñas Santas-- es donde se encuentra el actual parque nacional de la
montaña de Covadonga, con una superficie que no llega a las 17.000
hectáreas. Por tanto, se queda fuera todo el macizo oriental y el macizo
central.
En consecuencia, la representación de los sistemas ligados al bosque
atlántico de esa provincia en la que se encuadra --la provincia
orocantábrica-- es incompleta actualmente. Por ello, señorías, siendo el
Gobierno consciente de esta escasa representación, ha decidido presentar
este proyecto de ley por el que se declara la conservación del espacio
natural de los Picos de Europa de interés general de la nación, tal como
dispone el artículo 22 de la ley 4/1989 cuando dice que la declaración
será en razón a que el espacio sea representativo de alguno de los
principales sistemas naturales españoles.
El área que se incorporaría tiene una representación destacadísima de
valores geológicos, faunísticos, botánicos, paisajísticos y culturales, y
conjuntamente con el actual parque nacional constituye una unidad natural
y cultural.
Entre esas manifestaciones naturales más importantes destaca la extensa
representación de bosque atlántico, que es el hábitat más idóneo para
especies tan amenazadas como el oso pardo y el urogallo. Destacaría
también la gran diversidad de tipos de bosques y formaciones
caducifolias. Ahí hay una buena representación, por ejemplo, de hayedos,
abedulares, robledales, alisedas, fresnedas higrófilas, etcétera,
acompañadas todas de representaciones de formaciones de pastizal
subalpino, con muchos endemismos florísticos --es quizá lo más
sobresaliente--, una vegetación de gleras y canchales, formaciones de
matorral y flora acuática, y todo ello asociado a un sustrato calizo y
formaciones geológicas de excepcional valor que albergan cumunidades de
fauna cavernícola de alto interés científico.
Por tanto, este sistema natural está hoy ausente prácticamente de la red
estatal de parques nacionales. Por eso, de todo lo que he comentado,
aunque haya sido someramente, puede deducirse que este área cumple todos
los requisitos para ser un excelente parque nacional. Eso se debe a que
es un área que está muy poco transformada todavía. En ella se desarrollan
actividades tradicionales para un aprovechamiento reducido de los
recursos naturales. También porque alberga sistemas muy representativos
de ese bosque atlántico, con un alto grado de conservación. La flora y la
fauna asociadas son de alta calidad, las formaciones geológicas y
geomorfológicas son únicas, presenta paisajes de gran belleza, posee un
alto valor educativo y científico, y los valores culturales, que ya se
reconocieron en el momento de la declaración de nuestro primer parque
nacional, ahora no tendría sentido volver a citarlos. Este espacio se
ajusta perfectamente a lo que el artículo 13 de la Ley de Conservación de
los Espacios Naturales define como parque nacional.
Este parque nacional puede suponer, entre otras, la ventaja de
salvaguardar un espacio representativo de la nación española bajo unos
criterios de gestión que aseguren esas metas que todos deseamos en la red
estatal de parques nacionales; sobre todo, procurar la evolución natural
del medio y de las especies asociadas. Otra ventaja sería que de esta
manera se dota a este espacio de dispositivos legales que aseguren la
conservación de los recursos naturales y el desarrollo de una política
dinámica que consolide la obtención de los beneficios que se pueden
conseguir por el hecho de ser parque nacional. Se pueden desarrollar
también unas políticas sectoriales de acuerdo con la filosofía de la red
estatal de parques nacionales y se integra el área dentro de un marco
internacional de protección de la naturaleza. Por eso, parece que puede
estar justificada la declaración de parque nacional; pero, eso sí, este
proyecto tiene algunos matices que lo diferencian de otros proyectos
anteriores. Las principales diferencias se refieren a los siguientes
aspectos.
En lo que afecta a corporaciones locales, hay que decir que en este
proyecto se constituye un área de influencia socioeconómica --lo dice el
artículo 3 del proyecto de ley-- y se indican los municipios que la
conforman. Además, se
recoge la necesidad de que todas las administraciones públicas
establezcan el régimen económico y de compensaciones que, con la
intención de armonizar los intereses del entorno con los de conservación
del parque, y sobre todo de aprovechar la actividad económica que éste
puede generar, se considere necesario establecer.
En lo que afecta a aprovechamientos tradicionales, se reconoce el valor
que los mismos tienen en la conservación del espacio natural y se permite
seguir manteniéndolos conforme a la forma que explicita el plan de
ordenación de recursos.
En cuanto a la gestión, yo destacaría que, aunque se sigue reconociendo
la misma como una responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ésta se verá asistida por una comisión mixta en la que
participan, junto al Ministerio, las comunidades autónomas implicadas. De
esta forma, las decisiones más importantes relacionadas con el parque se
tomarán de forma más participativa. El criterio de la composición del
patronato va en la misma dirección, sobre todo teniendo en cuenta la
actual estructura competencial que establece nuestro ordenamiento
jurídico.
En lo que afecta al régimen económico del parque, diré que se reconoce
que se pueden generar ingresos procedentes de precios que se establecen
por la prestación de algún servicio, o la aplicación de cánones como
consecuencia de alguna concesión que se otorgue, o incluso de las
subvenciones que después se pudieran establecer.
Por lo que se refiere a la planificación, destacaría que, además de los
elementos tradicionales que tienen los parques, como es el plan de
ordenación de los recursos naturales, o el plan rector de uso y gestión,
o el plan anual de actividades, aparecen con un papel relevante los
planes sectoriales, que la ley dice que deberán ser aprobados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En consecuencia, y para finalizar, se puede afirmar que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación es consciente de que debe hacerse la
ampliación de la red estatal, pero hay que ser muy exigentes y no
permitir que los nuevos espacios que se incorporen puedan significar una
rebaja en los objetivos de conservación. Nosotros consideramos que el
parque de los Picos de Europa es merecedor de ser parque nacional y que
sería un importante paso en el proceso de completar la red estatal.
Cumple los requerimientos que deben reunir los espacios que se vayan
incorporando a esta red para que nuestros parques nacionales sigan
teniendo ese reconocimiento internacional que ahora tienen y que ha
llevado a la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza a
darle la calificación 2, que es la que actualmente tienen todos nuestros
parques.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, el señor Gortázar tiene la palabra.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Gracias, señor Estirado, por su
explicación. Esta mañana hemos tenido un largo debate sobre estos temas y
ahora continuamos escuchando su planteamiento.
Créame que, oyendo al señor Ministro y a usted describir la situación, a
mí personalmente esto me suena a un planteamiento tecnocrático; es decir,
hay un objetivo de la red estatal, ahí se dan las circunstancias, pues
vamos a hacer estos planteamientos. Nos movemos entre geógrafos y
tecnócratas, cuando allí hay 14.000 personas que no perciben los
beneficios que ustedes anuncian; y digo ustedes porque, en tanto que
responsable máximo de Icona, usted, aunque no desde su nacimiento, se
puede considerar un responsable de la perpetración del proyecto que aquí
debatimos. En este sentido, suena a música empresarial, a música de
objetivos a alcanzar, etcétera, sin considerar la realidad y los
argumentos que reiteradamente le han expuesto las personas afectadas, los
partidos políticos y los académicos.
Quiero traer aquí, en función de la responsabilidad que nos compete como
órgano de control y legislativo, la voz de los afectados, que se han
manifestado masivamente en Cangas de Onís, de los cientos de vecinos de
los nueve municipios afectados y de otros municipios de las proximidades,
y en este sentido me parece que ustedes no han querido recoger la
afirmación del anterior Director General del Icona, que manifestó que no
sería parque nacional sin consenso. En relación a este proyecto de ley no
hay consenso. Esto no es una opinión, sino un hecho; nos lo ha
manifestado esta mañana una comunidad autónoma y nos lo han manifestado
los alcaldes en reiteradas ocasiones en visitas que nos han hecho a los
grupos parlamentarios. En la tramitación de este proyecto de ley ustedes
han tenido el apoyo exclusivamente de la izquierda, que tiene un
planteamiento todavía más radical que el suyo.
En consecuencia, ahí hay un planteamiento de avanzar como sea, sin
consenso. Esta mañana hemos manifestado bien claramente que ese consenso
podía haber sido posible en función de unos planteamientos, digamos, más
realistas, más respetuosos con los derechos adquiridos, más respetuosos
con la historia, con los aprovechamientos tradicionales y con la
comercialización de esos aprovechamientos tradicionales, cosa que ustedes
no han hecho.
Por lo demás, quiero señalarle, en relación con el argumento de que por
el hecho de ser parque nacional se pueden obtener ciertas ayudas, que el
señor Jambrina ha manifestado claramente que éste no es un argumento
válido, toda vez que si los valores de conservación que se pretenden en
el macizo de los Picos de Europa son equis --unos determinados--, es
indiferente la denominación que tengan y serán merecedores del apoyo de
las administraciones públicas, tanto nacionales como europeas, en función
de esos valores y no del título que les demos. Realmente, el
empecinamiento de la Administración, y de ustedes particularmente, en
mantenerla y no enmendarla, es una cosa sorprendente. Yo, en uso de la
libertad de palabra que tengo en esta Casa, debo decirle que me parece
que detrás de esto lo que hay es una carrera de obstáculos entre ustedes
e Izquierda Unida a ver quién anula de una manera más eficaz el voto
supuestamente verde o de izquierda ecologista en este país, sin atender a
los intereses reales de los
afectados y, sobre todo, sin tener un concepto moderno, un concepto,
digamos, de motivación, de premio, de acuerdo con los afectados a los
efectos de seguir una política conservacionista adecuada. A mí me parece
que éste es el objetivo fundamental y que realmente no es el que se
consigue con el proyecto de ley que hoy debatimos.
Señor Director General, los vecinos de la zona de los Picos de Europa
conocen sobradamente la experiencia del parque de la montaña de
Covadonga, y cuando hay este rechazo al proyecto que ustedes plantean
deben preguntarse qué es lo que pasa. Lo que pasa es que tanto en
Covadonga, como en Daimiel, como en Doñana, como en otros lugares,
ustedes tienen unas enormes dificultades presupuestarias, unas enormes
dificultades de gestión, unas enormes dificultades de llevar a efecto una
política observacionista adecuada a estos espacios.
La pregunta es: Si ustedes tiene esas dificultades con 17.000 hectáreas
en Covadonga, con esas limitaciones de presupuesto, con esas dificultades
para hacer entender a los vecinos de Cangas de Onís los enormes
beneficios que se derivan de la posición preponderante del Director
General de Icona, ¿cómo pretenden ustedes en estas circunstancias
extender ese ámbito de competencia a 65.000 hectáreas? ¿No sería más
lógico escuchar a los afectados, tener en cuenta a las administraciones
autonómicas, ralentizar el proceso, atender las directivas europeas de
hábitats, flora, etcétera, incluso los conceptos modernos de reserva
biológica, etcétera, que están mucho más por la línea del acuerdo, de la
asunción? Es más, todos ellos establecen como requisito indispensable el
hecho de que los vecinos y afectados, los propietarios afectados, las
personas que tengan interés en esas áreas agrarias acepten y asuman ese
proyecto como algo positivo.
Esto es algo que, en cualquiera de las reuniones que usted ha mencionado,
está como uno de los elementos del frontispicio de la conservación, no
hagan ustedes algo que no perciban los afectados como algo positivo. No
estamos en ese caso. En consecuencia--repito-- la prisa, el interés, la
pelea por hasta dónde llegamos, etcétera, sólo es entendible, a mi
juicio, por un cumplimiento de su programa electoral, que es muy
respetable pero que, si choca con la realidad, habra que adecuarlo, habrá
que matizarlo habrá que tener en cuenta otras circunstancias. Y, por otro
lado, por una competencia feroz en relación a Izquierda Unida, que
pretende en alguna manera estar más a la izquierda ecológica que ustedes
y usufructuar o, de alguna manera, captar ese tipo de voto verde que
hasta el momento no se ha podido manifestar independientemente y que a
estos dos partidos les causaría un enorme perjuicio.
Insisto una vez más, señor Director general, dedíquense ustedes a cuidar
adecuadamente la montaña de Covadonga, a cuidar Daimiel, a cuidar Doñana,
y no planteen lo que no puedan hacer por intensidad hacerlo por
extensión; es un salto adelante, un salto en el vacío, que va a costar
dinero a los contribuyentes y que, realmente, a los afectados, a los
supuestos beneficiarios nos parece que les atraiga de una manera
excesiva, sino, todo lo contrario, más bien les genera inquietud porque
el plan de ordenación de los recursos que ustedes han planteado es un
plan de recursos tremendamente limitativos, que lo que hace es convertir
a personas y a ciudadanos dueños de su destino en personas dependientes
del donante del PER de turno que en cada momento establezca quién ha sido
más o menos bueno, quién ha sido más o menos adicto, quién ha sido más o
menos acorde con los planteamientos del Gobierno socialista. En ese
sentido, tengo que manifestarle que son poblaciones que están en esos
municipios desde la Edad Media, sobre la base de motivaciones positivas
de Enrique IV, los Reyes Católicos, etcétera; sin embargo, nosotros vamos
a ir con unas prohibiciones que no tienen sentido común. ¿Qué sentido
común tiene prohibir la caza? ¿Por qué no se ordena, por qué no se
limita, por qué no se regula? ¿Qué sentido tiene prohibir los
aprovechamientos madereros? Es algo que no tiene sentido en el
planteamiento que ustedes hacen en esta ley ni en ese plan de ordenación
de recursos naturales.
Insisto una vez más en que consideren la conveniencia de orientar esto en
una dirección diferente, en una dirección en la que los vecinos se
encuentren mucho más a gusto con su propio destino, con sus propias
posibilidades de explotación económica, de los recursos, etcétera, y no
en función de supuestas ayudas que, por la experiencia que ellos tienen,
son bien limitadas.
Podría darle datos de lo que han sido las inversiones del Icona en la
montaña de Covadonga, en los municipios afectados, pero me los evito y se
los reservo al señor Director del parque de Covadonga cuando venga por
aquí. Sí quiero decirle que, en la perspectiva de los afectados, este
parque no es un proyecto positivo y nosotros haremos lo posible por la
vía de las enmiendas en este proyecto de ley, tanto aquí como en el
Senado, y por la vía de cualquier otro tipo de acción dentro de las
posibilidades legales y constitucionales, para matizar, eliminar o
reducir en lo posible los efectos negativos que tiene este proyecto de
ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: No vamos a entrar en variaciones sobre el mismo
tema, una polémica que ya parece interminable entre el señor Gortázar y
yo, o entre las concepciones de los conservadores españoles y la del
Partido Socialista en esta materia, pero sí es de resaltar por lo menos
el reconocimiento de algo que me ha parecido entender que valora
positivamente el señor Gortázar y es que también con esta iniciativa se
está cumpliendo un compromiso electoral, un compromiso electoral en los
ámbitos regionales y un compromiso electoral nacional, con el que hemos
concurrido en las últimas elecciones generales. Porque a veces parece que
se nos imputa el incumplimiento de compromisos electorales, pero, cuando
vamos al cumplimiento de esos compromisos, también se intenta hacernos
una corrección. En este caso, tengo que recordar a todas SS. SS. que en
el programa electoral de los socialistas, en junio de 1993, presentemos
la protección de áreas y especies singulares y de patrimonio natural como
una aportación decisiva al patrimonio común de la Humanidad. Nos
comprometíamos a ampliar la red de parques naturales, incorporando
hábitats todavía no incluidos en ella y citábamos, entre otros, los Picos
de Europa. Es decir que estamos ante un fin noble, que es también cumplir
un compromiso electoral. Yo creo que a eso hay que ponerle un valor
expositivo y, mientras la mayoría, la correlación de fuerzas, sea la que
sea, sea la que es, en este caso, parece que nuestra obligación es poner
en marcha este mecanismo, que, además, curiosamente, en las zonas
afectadas es un tema muy importante.
Cuando uno, en el cumplimiento de sus funciones parlamentarias, viaja por
la zona, recibe múltiples preguntas en ese sentido: El compromiso
electoral aquel, ¿qué ha sido de él? Pues ha sido de él que se ha abierto
un proceso largo de diálogo, que ha cristalizado en este proyecto de ley.
Hay una voluntad de cumplimiento, y hay también, lo hemos percibido, una
sensibilidad importante en las zonas a la hora de reclamarnos el
cumplimiento de este objetivo y de este compromiso electoral de
ampliación del parque nacional de Covadonga.
Nos citaban masivas manifestaciones en Cangas de Onís; creemos que no se
puede considerar masiva una manifestación que fue absolutamente
minoritaria, convocada exclusivamente a instancias del PP y cuyos
integrantes eran personas, muchas de ellas, que no eran ni del ámbito
territorial de Cangas de Onís ni del Principado de Asturias. Ya fue esta
mañana, de alguna forma, rebatido. Porque, si se analizan baremos para
evaluar el apoyo social o no de determinadas iniciativas, el Ayuntamiento
de Cabrales, cuya mayoría conservadora tradicionalmente se ha opuesto al
parque nacional, cuando este tema fue objeto de auténtico debate social
tuvo un lugar destacado en lo que fue la polémica electoral de las
últimas elecciones europeas, y en ese ámbito territorial concreto,
curiosamente, se produjo una mayoría de voto socialista, y los ciudadanos
de la zona veían como uno de los temas prioritarios e importantes la
ampliación del parque nacional. O, por ejemplo, lo que también
recordábamos esta mañana, el Ayuntamiento de Peñamellera Baja, un
ayuntamiento que inicialmente no estaba incluido en el parque, en las
previsiones del proyecto de ley; sin embargo, se ha producido un acuerdo
de ese ayuntamiento, que es un ayuntamiento gobernado por el Partido
Popular, en el que se pide la inclusión en el proyecto del parque
nacional y mi Grupo parlamentario, por supuesto, presentará la
correspondiente enmienda, en un plazo que finaliza en la tarde de hoy,
para que, en los límites del mismo, en el ámbito territorial, se incluya
una parte del término municipal de Peñamellera Baja.
No es tampoco correcto confundir a los ciudadanos con que los recursos
económicos dependen exclusivamente de que sea parque nacional o parque
natural; en todo caso, lo que sí conviene matizar, sobre todo cuando
hablamos de recursos europeos, es que cada vez hay un mayor fenómeno y es
el fenómeno de condicionar en ocasiones, no solamente a la realidad
concreta objetiva la dación de unos recursos económicos, sino también
condicionarlos al modelo de gestión. ¿Por qué? Porque, en ocasiones, los
recursos y la línea por la cual se está guiando la Unión Europea cada vez
más es la de condicionar recursos a instrumentos de control en el destino
de esos recursos. Por tanto, uno de los elementos de control en el
destino de esos recursos es el modelo de gestión, y en el caso concreto
del parque nacional que nos ocupa, nos parece que el modelo de gestión y
de participación de las comunidades autónomas puede satisfacer los
controles que se nos puedan exigir, desde el punto de vista de los
recursos económicos.
Al lado de esto, también quisiera, señor Estirado, agradecerle su
comparecencia en el día de hoy. A mi Grupo su intervención no le suena a
una música tecnocrática, le suena a música de rigor, le suene a música de
responsabilidad, le suena, además, a una música muy realista, muy en
consonancia, como usted ha dicho, con la necesidad de incluir cuatro
ecosistemas en la red de parques nacionales, a la necesidad de incorporar
las últimas concepciones de la doctrina. También nos parece muy positivo
lo que usted ha destacado hoy, que es el modelo de parque nacional en el
que entramos con esta ley. Efectivamente, estamos ante un nuevo modelo de
parque nacional. Hay matices o diferencias en relación a lo que ha sido
la tradicional doctrina en esta materia. Hay una concepción basada en el
área de influencias, una política de régimen económico y compensaciones,
la política de aprovechamiento de recursos y de gestión, con una mayor
participación --donde también pondremos especial énfasis-- de las propias
comunidades autónomas.
Finalmente, quisiera hacerle la siguiente pregunta: Hemos observado que
por parte de algún representante de comunidad autónoma parece que hay una
cierta reticencia a lo que es la extensión del espacio territorial e
incluso lo vinculan a la caza. En su intervención también me ha parecido
ver la impresión de que conviene, a la hora de abordar el ámbito
territorial o geográfico del parque nacional, no rebajar los objetivos de
protección que se persiguen con la declaración de parque nacional. Yo
quisiera conocer su opinión sobre los límites territoriales y si cree que
sería posible un planteamiento de reducción, por la zona sur, del parque.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas formuladas, tiene la
palabra el señor Estirado.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL ICONA (Estirado Gómez): En primer lugar,
aunque ya lo ha puesto de manifiesto el representante del Grupo
Socialista, quisiera decir que efectivamente se trata de un compromiso
electoral, pero que no solamente es un compromiso electoral, sino que,
además, es dar una respuesta a esa demanda social.
La petición de parques nacionales es muy extensa en España y no solamente
en esta zona. Quizá conviene que les diga --ignoro si es sólo una
apreciación mía, creo que es algo que pueden observar muchas más
personas-- que ha habido una evolución en cuanto a la aceptación o no de
los parques. Hemos pasado de una etapa en la que había un rechazo
importante a los parques en general a una etapa diferente, que ya se ha
iniciado, en la que ese rechazo ya no es tan grande y se están empezando
a notar los primeros síntomas de una gran aceptación. La prueba de ello
es que
hay muchas más peticiones de declaración de parque nacional, y no sólo la
que ahora mismo nos ocupa. En unos casos, proceden de las comunidades
autónomas, de las administraciones autonómicas; en otros, proceden de las
fuerzas sociales, de las universidades, de organizaciones
conservacionistas, pero lo cierto es que no cesan las peticiones de
nuevos parques nacionales. Eso demuestra, a mi juicio, que está cambiando
un poco la tendencia en cuanto a esa idea que había hace unos años de los
parques nacionales.
Con el ánimo de dar respuesta a esa demanda social, se inicia esta nueva
andadura de completar la red. Y, además de atender de esta forma a esa
demanda social, creo que estamos cumpliendo con algo que es
responsabilidad de un Estado, que es acercarnos a esa recomendación
internacional de que esté declarado como parque nacional en torno al uno
por ciento de la superficie del territorio nacional. Hay que advertir que
en nuestro país, cuando se declare este parque --si se declara-- e
incluso los que figuran en ese compromiso electoral, ni siquiera
llegaríamos al 0,6 por ciento. Estamos todavía muy por debajo de esa
recomendación.
Por consiguiente, no me parece algo descabellado que intentamos llegar a
esos límites, a esa recomendación, que está admitida y ratificada por
muchos Estados. Y pudiéramos decir que existen graves inconvenientes de
conservación para llegar a esa superficie, pero es que en nuestro país no
existen esos inconvenientes. Puedo admitir que hay que solucionar los
problemas del entorno, que hace falta una nueva política, sobre todo en
la línea de ser más comprensivos con el entorno, de hacer participar más
a las poblaciones implicadas, de tomar en consideración los deseos de
esas poblaciones, pero ésa es precisamente la nueva política que ahora se
inicia, ésa es la nueva política que el Ministerio de Agricultura puso de
manifiesto con motivo del 25 aniversario de la declaración de Doñana como
parque nacional. Por tanto, no debemos alarmarnos porque ahora se
proponga algún parque más, porque, estando todavía muy lejos de esa
recomendación internacional, estamos en condiciones de poderla conseguir,
tanto desde el punto de vista de conservación como desde el punto de
vista de aceptación, dado, repito, que ahora hay buenas herramientas para
conseguirla y no sólo las indemnizaciones que tradicionalmente venía
dando el Icona a los municipios implicados en la gestión de los parques.
Esas indemnizaciones, a pesar de que han crecido mucho, a pesar de que en
cosa de cinco años casi se han duplicado, creo que no son más
importantes, no es lo destacable. Si me lo permiten, podría reconocer que
son insuficientes, pero es que ésa es una partida muy menor comparada con
las partidas presupuestarias que podemos hacer confluir en la zona de los
parques.
Por ejemplo, el Reglamento 20/1978 de la Unión Europea, sobre prácticas
compatibles con el medio ambiente, del año 1992, permite hacer concentrar
en el entorno de los parques unas grandes inversiones, inversiones que no
son ya sólo en infraestructuras, sino también en lo que es cotidiano de
las personas que viven en esos alrededores. Son inversiones que permiten
que los agricultores o los ganaderos --haciendo lo que vienen haciendo
tradicionalmente, si se quiere con alguna limitación mayor, tal vez con
alguna cabeza de ganado menos de las que venían teniendo, si se quiere
con algunas limitaciones en cuanto a sus prácticas culturales, pero con
unas limitaciones que nunca son traumáticas y que no son para
subrayarse-- puedan tener unos beneficios añadidos, porque lo que se ha
demostrado es que el parque nacional supone un valor añadido para la zona
donde se encuentra. Por lo tanto, no nos tenemos que guiar solamente de
lo que ha sido el pasado, no nos tenemos que guiar solamente de esas
indemnizaciones, que han podido aumentar mucho pero que no van a
significar nada para lo que puede venir en el futuro.
En cuanto al consenso, tengo que poner de manifiesto que es muy difícil
llegar a él, no cabe duda, pero que, junto a las voces que se alzan
manifestando el rechazo, que cada vez son menos, aumenta el número de
voces que reclaman un mayor número de parques o una política de
conservación más comprometida, una política de conservación más próxima a
esas poblaciones; en definitiva, una política de conservación de cara a
consolidar la red nacional, que es lo que pretendía definir al principio.
Sobre los ayuntamientos, hay que advertir que no ha habido una oposición
por su parte; al final, en los plenos no ha habido tal oposición, ha
habido debate, eso es lógico. Es más, yo diría que, en el proceso de la
declaración de un parque nacional, lo importante es el debate. Si no
existiera ese debate previo, existiría después y tendría implicaciones
más negativas. Lo importante es que ese debate no se frustre, que sea
todo lo amplio y lo intenso que se quiera, pero que exista.
Grado de clasificación, si es parque nacional o es parque natural. No
cabe duda de que un primer paso podría ser el parque natural. Sin
embargo, en la extensión que se propone se está en condiciones de dar el
paso decididamente a parque nacional, porque, como decía en la exposición
anteriormente, no hay un cambio importante o traumático en cuanto a las
limitaciones tradicionales de los usos de la tierra. Esas limitaciones
pueden ser perfectamente compensadas, sin ningún proceso traumático,
repito, por parte de estos reglamentos comunitarios, que serán los
encargados de aportar los fondos para conseguir esas compensaciones y,
además, los aportarán con creces.
No tenemos por qué mirar solamente nuestras posibilidades
presupuestarias, sino que hay que añadir a nuestras posibilidades
presupuestarias --que, por cierto, para el año 1995, si se cumple lo que
está previsto en los presupuestos, hay que decir que son bastante
importantes y que hemos tenido un crecimiento notable-- los fondos
europeos que están disponibles ahí, y ya tenemos ejemplos de cómo se
están aprovechando. ¿Por qué no vamos a aprovechar esas primas siempre
que nos ajustemos a la carga ganadera adecuada para la conservación de
los pastizales
--eso es más o menos lo que tenemos, muy poco menos de lo que tenemos--,
esas 8.000 pesetas por hectárea por cada unidad de ganado? ¿Por qué no
vamos a poder aprovechar esas 10.000 pesetas por hectárea para la
transformación de tierras de cultivo en pastizales o esas 15.000 pesetas
por hectárea de retirada de tierra de la producción para establecimiento
de biotopos? Son cantidades que se pueden incrementar en un 20 por ciento
cuando el beneficiario sea agricultor a título principal, que se pueden
incrementar en un 10 por ciento cuando ese aprovechamiento de pastizales
se haga mediante razas autóctonas. ¿Por qué no vamos a aprovechar esos
fondos comunitarios que están a nuestro alcance?
De la misma manera también tendremos que aprovechar los fondos
comunitarios que están para tener un cambio de actitud, para cambiar de
mentalidad. Para monitores medioambientales y los reglamentos permiten
primas máximas hasta de 400.000 pesetas por alumno; para agricultores y
se permiten primas de hasta 200.000 pesetas. En definitiva, tendremos que
aprovechar los cursillos, tendremos que aprovechar las posibilidades de
formación que nos dan los reglamentos comunitarios, tendremos que
aprovechar la aportación de fondos que nos pueden llegar.
Efectivamente, el PORN es limitativo, tiene que serlo porque es una
exigencia del parque nacional, pero repito, no supone unas limitaciones
sustanciales con respecto a las que son ahora tradicionales en la zona o
con respecto a las que pudieran ser en el futuro. Hay que pensar que lo
lógico es que algunas de las que ahora se están haciendo vayan en
declive. Con un poco de visión de futuro, es perfectamente asimilable, a
mi modo de ver, hasta el extremo de que puede ser aceptado incluso por la
población que ahora se sienta más afectada.
Sí es cierto que los criterios para perfilar esa nueva política están
definidos y que esa nueva política es necesaria. Subrayaría que es más
necesario que nada lograr una mayor participación de las comunidades
autónomas, la observación que me hacía S. S. en relación con que la
intervención del Consejero de política de medio natural de la Consejería
de Castilla y León está más en la línea de que esa participación, hasta
ahora, no ha sido todo lo deseable que creo que puede ser. Por eso, debe
crearse una comisión mixta que facilite esa participación. Esa comisión
mixta va a garantizar que las grandes decisiones del parque, incluso las
decisiones normales que afecten a la vida del parque, sean tomadas de una
manera conjunta entre las comunidades autónomas implicadas y la
Administración general del Estado. De la misma manera que esa nueva
política tiene que insistir en esta participación, tiene que insistir
sobre todo en los planes de desarrollo del área de influencia
socioeconómica. Esos planes de desarrollo, esos planes sectoriales, van a
permitir aportar unos importantes fondos, que creo que van a ser por sí
solos suficientes para que la población que todavía no tenga asimilados
los beneficios que supone para sus posibilidades un parque nacional, lo
pueda asimilar en fecha próxima.
Quiero agradecer al representante del Grupo Socialista su defensa, en
especial la crítica de ese aspecto tecnocrático. Yo no he querido dar esa
impresión, pero ha podido resultar así. He omitido la mayor parte de la
descripción del parque, aunque me parecía inevitable hacer algunas de
esas descripciones. Lo que pretendemos con este proyecto de ley es que
esos valores naturales, que están ahí y que pueden conservarse, incluso
pueden mejorar su estado de conservación, se mantengan en ese estado de
conservación ideal. Para ello, el hecho de que sean más hectáreas --y
contesto a la pregunta concreta-- no tiene por qué ser un inconveniente,
en principio, porque hay un equilibrio, lo que figura en el proyecto de
ley permite ese equilibrio, de tal manera que se puede conseguir que el
ecosistema por sí solo vaya hacia lo que es deseable, que se produzca esa
evolución progresiva que los científicos propugnan. A veces es más fácil
conseguir esa evolución progresiva en 50.000 hectáreas que en 10.000. Por
eso, la recomendación del Congreso Internacional de Parques, de Caracas,
iba en esa dirección, conseguir módulos importantes en superficie para
que el ecosistema, por sí solo, evolucione, para que no haya que
manejarle tanto. Por ejemplo, la marisma. Si la marisma no es
suficientemente amplia, si es una parcela pequeña, requiere un manejo muy
intenso; mientras que si es una superficie suficiente se pueden llegar a
esos equilibrios sin necesidad de un manejo artificial. Esto mismo ocurre
en otros ecosistemas y, desde luego, en el bloque atlántico. De modo que
el hecho de que sean sesenta o sesenta y tantas mil hectáreas no tiene
por qué ser un inconveniente.
A mi modo de ver, lo que no se debe es cargar la mano para conseguir
algunas hectáreas más de esas que se proponen porque podemos caer en el
error de que, con ese incremento de superficie --que es muy bonito porque
con él nos aproximamos a la recomendación internacional--, perdiéramos
rigor en cuanto a los valores naturales y los niveles de conservación que
la doctrina internacional exige. En consecuencia, creo que la extensión
que ahora tiene el ámbito territorial propuesto es bastante aceptable.
Eso no quiere decir que no se pudieran admitir algunas hectáreas más o
meos. Pero ese ecosistema es lo suficientemente importante como para que
en esa superficie evolucione de una manera natural.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Estirado.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Solicito intervenir un minuto.
El señor PRESIDENTE: Tiene medio minuto, solamente para aclaraciones. No
se trata de reabrir el debate.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Sólo para puntualizar algunas cosas que ha
señalado.
Le recuerdo que en nuestro país hemos pasado de una extensión limitada,
200.000 hectáreas, a 2.000.000 de hectáreas de espacios protegidos. Es
decir, en este momento el cuatro por ciento del territorio nacional tiene
alguna figura de protección.
Por lo demás, le aseguro que no hay nada parecido en ningún país europeo
en términos de parques nacionales como lo que ustedes están pretendiendo
hacer ahora. En ningún país europeo se hace de la noche a la mañana,
sobre propiedades privadas, un parque de 60.000 hectáreas. De manera que
no alegue usted la doctrina internacional cuando eso está fuera de lugar
en el contexto que nos movemos. No sé qué puede pasar en Africa o en
América,
pero en Europa, eso que usted ha señalado no sirve absolutamente para
nada. De manera que por lo menos me parecía importante aclarar estos
términos.
El señor PRESIDENTE: Señor Estirado.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION DE LA
NATURALEZA (Estirado Gómez): Efectivamente, me estaba refiriendo a la
doctrina internacional en cuanto a parques nacionales, es decir, al uno
por ciento de la superficie del territorio nacional en parques
nacionales. Soy consciente de que en parques naturales hay más
superficie. En Europa los parques nacionales son de categoría cinco casi
todos. En consecuencia, me estoy refiriendo a lo que son parques
nacionales con la misma homologación que los nuestros, los de categoría
dos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Estirado.
Se suspende la sesión por espacio de un minuto.
--DE DON EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE
LEY DE DECLARACION DE PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
219/000405.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Continuando con las comparecencias, tenemos en segundo lugar esta tarde
la del Profesor García de Enterría, Catedrático de Derecho Administrativo
de la Universidad Complutense, cuya comparecencia se le ha solicitado y
gustosamente la ha atendido, para que nos informe respecto al proyecto de
ley presentado por el Gobierno sobre la declaración de parque nacional de
los Picos de Europa.
Como ya conocen SS. SS. daré la palabra, en primer lugar, al Profesor
García de Enterría, con posterioridad a los grupos parlamentarios y,
finalmente, cerrará el turno el Profesor García de Enterría.
Tiene la palabra.
El señor GARCIA DE ENTERRIA: Muchas gracias por haberme convocado a esta
comparecencia para informar sobre el proyecto de ley que declara parque
nacional a los Picos de Europa. Supongo que la razón de que me hayan
convocado es que he escrito algo ese proyecto en «ABC», por una parte, y
en la prensa asturiana por otra. Ahora mismo me acaba de decir el señor
Gortázar que ha sido él quien ha solicitado mi comparecencia, cosa que
hasta el momento ignoraba porque no he tenido el menor contacto con
ninguno de los grupos parlamentarios.
Si he escrito sobre este tema es porque tengo algún interés personal por
aquellas tierras. De mis cuatro abuelos tres son del valle de Liébana,
cuya tercera parte queda afectada por el proyecto de ley, y llevo
subiendo como simple montañero --actividad que no obstante mis años
continúo ejerciendo-- más de 50 años a los Picos de Europa, es decir,
desde ya mi muy lejana juventud.
Tengo que empezar diciendo que mi opinión sobre este proyecto de ley es
totalmente contraria. Si el proyecto fuese aprobado, se habría delimitado
el parque nacional mayor de toda España, mayor incluso que el Parque
Nacional del Coto de Doñana, que es sin duda el más importante como
espacio natural protegido. Pero aquí hay que preguntar ¿es comparable
lejanamente el parque de los Picos de Europa que se pretende declarar con
el Coto de Doñana? En el Coto de Doñana es evidente que hay biosistema
absolutamente patente, pero ¿cuál es el biosistema de los Picos de
Europa? No lo dice el proyecto sencillamente porque no existe. No hay una
sola especie ni zoológica ni botánica que esté en peligro ni en amenaza
lejana de extinción. Es verdad que hay alguna especie (rebecos y águilas)
que gozan como especies protegidas de una eficaz protección, sin
necesidad de extender a todo el territorio este régimen de protección.
Con todos los respetos, es el fundamentalismo ecologista el que, por el
afán de hacer grandes cosas, en este caso el mayor parque nacional de
España, con esa especie de bulimia de los ecologistas, que con todo
respeto hay que mantener en términos de sentido común, se ha manifestado
con este proyecto.
La zona de Picos de Europa que da nombre al parque es una zona alpina,
aunque excede, como veremos, su ámbito de protección en el proyecto de
ley. Por encima de los 1.300 metros no hay árboles y hasta los 2.600 es
una zona caliza, un pequeño macizo alpino de bolsillo, podríamos decir.
Tiene la misma contextura de la caliza dolomítica de los Alpes. Por allí
sólo van dos tipos de visitantes, por una parte los pastores y por otra
los montañeros, y tengo que decir que los dos son cuidadores del paisaje.
El único problema, y cuando se ha realizado la información pública así se
hizo patente, son los pequeños residuos de botellas, papeles o sacos de
comida en zonas absolutamente limitadas, bien como consecuencia de los
automóviles, como es el caso de los lagos de Covadonga donde la carretera
llega prácticamente hasta allí, bien como consecuencia del único
teleférico que hay, que es el de Fuente De, que como tal medio de
transporte puede llevar varios miles de personas en un día y dejar por
los alrededores, en un ámbito que no llega al kilómetro, algunos
residuos. Ese es todo el problema que plantean los Picos de Europa desde
el punto de vista ecológico, un problema minúsculo que, sin necesidad de
grandes instrumentos legales y, sobre todo, sin necesidad de las enormes
limitaciones, que es el precio que impone el proyecto de ley a las
regiones afectadas, se podría atender con dos medidas muy simples:
poniendo barreras que limitasen el acceso de los automóviles cuatro o
cinco kilómetros antes, con lo cual el 90 por ciento de los que hoy
inundan los lagos de Covadonga no irían andando, o poniendo un par de
guardas que se preocupasen de recordar a la gente que no tirara residuos
o que los recogiera una vez que, inevitablemente, se hayan arrojado.
Esto no es ninguna exageración. Yo siempre pongo el ejemplo de los Alpes.
En los Alpes, que son mucho mayores que los Picos de Europa, hay un
minúsculo espacio protegido. Los Alpes ocupan dos terceras partes de
Suiza y el parque nacional suizo que está en la esquina de los Grisones,
en la parte que linda con Austria, es la tercera parte de lo que aquí se
pretende proteger. Eso es todo lo que hay. Además, con un régimen mucho
más benevolente que el que pretende establecer esta ley. Por
consiguiente, a mí (y hablo en primera persona porque como tal he sido
citado a esta comparecencia) y a los que conmigo están en contra de este
proyecto, nos parece que no es una cosa excesivamente ambiciosa.
Sencillamente queremos que se trate a los Picos de Europa como se trata a
los Alpes, de los que a nadie se le ocurre decir que corren un grave
peligro de degradación.
Pero es que además tenemos un argumento que me parece definitivo y que es
la prueba del nueve. Los Picos de Europa están compuestos por tres
macizos, el macizo occidental o de Covadonga, el macizo central o de los
Urrieles, donde está el Naranjo de Bulnes, que aunque no es el más alto
sí el más significativo, y el macizo oriental, que es el que está encima
de Liébana y de Potes y que concluye en el desfiladero de La Hermida.
Pues bien, resulta que el macizo occidental o de Covadonga es parque
nacional desde hace 80 años. El primer parque nacional que se creó en
España fue el Parque Nacional de Covadonga hace 80 años, lo cual es
tiempo suficiente como para comprender si ese régimen de protección ha
producido un resultado especialmente positivo respecto de los otros dos
macizos. Se puede retar, y es un reto que he hecho en la prensa y que
nadie ha recogido, a que nos digan en qué está mejor protegida la
integridad del macizo occidental o de Covadonga, o montaña de Covadonga,
como también se la llama, respecto del macizo central, que es bastante
mayor que Covadonga, o que el macizo oriental que es más pequeño. No hay
la menor diferencia. Es una prueba de 80 años absolutamente concluyente.
Finalmente, resta que la extensión del parque, aunque se llama de los
Picos de Europa, excede bastante del macizo geográfico de los Picos de
Europa. Aquí el gran perdedor es el valle de Liébana, provincia de
Cantabria, cuya tercera parte queda afectada como zona de protección.
Cuando preguntamos qué especies protegidas (el rebeco, el águila y alguna
pequeña ave más, algún lagarto, etcétera) están perfectamente intactas en
las alturas de los Picos, se nos dice: no, pero es que por allí pasan
osos y hay urogallos. Primero, hay que decir que los osos y los urogallos
en ningún caso llegan a los Picos de Europa, siempre andan por la zona
boscosa y forestal. Segundo, que los osos y los urogallos se extienden
desde Galicia hasta el Pirineo, sobre todo los osos. Por consiguiente, me
parece absolutamente abusivo que, so capa de una protección a los Picos
de Europa, se congele, en los términos que inmediatamente voy a intentar
precisar, la tercera parte de una zona que no son los Picos de Europa,
sino una zona más de la cordillera Cantábrica que se ha seccionado de una
manera arbitraria, puesto que no se ve el motivo ya que hay un parque en
Somiedo, Asturias, donde también se protegen los osos, pero eso no tiene
nada que ver con los picos de Europa. Se quiere proteger el paso de los
osos y su desarrollo, pero habría que hacerlo en toda la cordillera
Cantábrica y no, so pretexto de los Picos de Europa, exclusivamente en
estas pequeñas regiones montañesas como es esencialmente Liébana, más
algún municipio de León y alguno asturiano, los cuales, por cierto, me
parece que con una sola excepción, se han opuesto radicalmente a este
régimen de limitaciones.
Hay que decir que los osos, los urogallos y todas las especies (en efecto
los bosques allí son muy bonitos, hay bosques de hayas, de robles, hay
mucho castaño pero sin formar bosque) están protegidas de una manera
igual de eficaz que lo van a estar después de la declaración de parque
nacional. Hay que decir que esta declaración, para las poblaciones
afectadas, para la tercera parte del valle de Liébana, que es una comarca
natural importante dentro de la provincia de Cantabria, para los
municipios de Cabrales en Asturias, para los municipios de Sajambre y de
Valdeón en León, va a implicar unas gravísimas limitaciones. Citaré dos
como ejemplo de que esas limitaciones, desde el punto de vista jurídico,
son las máximas posibles. En el artículo 4.3 se dice: Todos los terrenos
incluidos dentro del parque nacional, a excepción de los núcleos urbanos,
quedan clasificados a todos los efectos como suelo no urbanizable objeto
de protección especial. Es decir, quedan absolutamente congelados los
núcleos urbanos y las pequeñas aldeas existentes con una prohibición
absoluta de expansión y de desarrollo turístico sin ninguna razón. Hay
que decir que al pie de los Alpes o al pie de los Pirineos existen
estaciones de montaña normalmente importantes, porque están vinculadas a
la explotación de los deportes de invierno. Aquí no hay deportes de
invierno, no sería el caso, pero esas estaciones de montaña son un
desarrollo legítimo de estas poblaciones que, además, lo han hecho, salvo
muy pocas excepciones, con perfecto control mediante técnicas del derecho
urbanístico, sin necesidad de aplicar las técnicas de los parques
nacionales. Por consiguiente, congelación absoluta. No se pueden
desarrollar los cascos urbanos existentes; difícilmente se puede
presentar una limitación más drástica.
Y, segundo, el artículo 5.2 afirma que la Administración general del
Estado podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en todas las
transmisiones «inter vivos» de bienes y derechos en el interior del
parque. Es decir, éste es un régimen de extinción paulatina de la
propiedad privada. Lo que se pretende allí, por lo visto, es el vacío. Yo
vendo un pequeño apartamento, una cuadra que tenga allí, y me la puede
tantear la Administración. Eso va a falsear absolutamente todo el
mercado, eso liquida toda posibilidad de un comercio normal con las
propiedades de la zona y, por consiguiente, la congelación con que están
amenazados estos pueblos es absoluta y no sirve para nada; repito que no
sirve para nada porque no se trata de proteger ninguna situación que esté
en riesgo. En cierta manera se trataría de declarar estas zonas como una
especie de reserva de indios. Se deja allí a los indios antiguos con sus
caballos y con sus melenas, que es a lo que llama «explotaciones
tradicionales», pero que no se ponga ni una piedra más y que
cualquier intento de crear una pequeña explotación urbanística para
acoger el turismo, que va por sí mismo a estas zonas, quede radicalmente
eliminado.
Yo debo decir que esto va contra un artículo de la Constitución. Aquí se
invoca, y el proyecto de ley no se priva de hacerlo, el artículo 45 de la
Constitución, que es el que declara el derecho al medio ambiente. Pero
hay otro artículo mucho más específico, el 130.2, que dice que se
dispensará un tratamiento especial, para atender la modernización y
desarrollo --como dice el párrafo primero--, a las zonas de montaña. Es
absolutamente específico este artículo 130 y, por consiguiente, la
Constitución, lejos de justificar una congelación rígida, un bloqueo, un
corte de toda posibilidad de desarrollo racional de estas poblaciones que
viven ya muy difícilmente con nieve 6 meses al año, con la crisis que
después del ingreso de España en el Mercado Común ha tenido la ganadería,
lejos de justificar lo que el proyecto pretende, ordena literalmente que
en materia de modernización y desarrollo se disponga una protección
especial a las zonas de montaña. Además, no se puede ser más específico,
salvo que dijese: a los valles ribereños de los Picos de Europa; en fin,
las zonas de montaña están allí evidentemente. Además, los módulos que
usa la Unión Europea en este momento, que también tiene un régimen de
protección de zonas de montaña, en el que se canalizan subvenciones
comunitarias importantes, son subvenciones de desarrollo y de
modernización, no de congelación. No se subvenciona para tantear las
transmisiones de dominio que allí se realizan y procurar la extinción
lenta de aquellas zonas multisecularmente pobladas.
Tengo que decir que, además, este problema existe en toda Europa. Tengo a
la vista un papel de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de
26 de septiembre de este año, de hace poco más de un mes, por
consiguiente, en el que «la Commission de lÕEnvironement», la Comisión
del Medio Ambiente, de la ordenación del territorio y de los poderes
locales patrocina una política especial para las regiones de montaña que
va a concluir con un proyecto que está elaborando el Consejo de Europa,
que es un proyecto que llaman la carta europea de regiones de montaña,
que pueda permitir, lo leo traduciendo porque está en francés, asegurar
la sinergia equilibrada y lógica entre la protección del medio ambiente,
la agricultura y una economía local y regional absolutamente viva. Esto
es lo que no garantiza de ninguna manera, más que con algunas
declaraciones sin ningún contenido normativo preciso, y se encuentra
donde se puede encontrar, en el párrafo primero de objetivos, el proyecto
de ley sobre cuya suerte ustedes tienen que decidir.
Aquí se pone como ejemplo los éxitos de esta política de ayuda a las
regiones de montaña en Suiza, que ha sido ejemplar desde hace 20 años y
que concierne a dos tercios del espacio helvético, a un tercio de todos
los municipios y a un cuarto de toda la población de Suiza, que ha
logrado que, como consecuencia de esta política de protección, estas
zonas de montaña se desarrollen más deprisa --y éste es el éxito-- que
las zonas de llanura, pudiéramos decir. He aquí una política de montaña y
una política europea que, repito, está patrocinada por el Consejo de
Europa con el anuncio de esta carta europea de las regiones de montaña.
Yo, por consiguiente, agradeciéndoles a ustedes su confianza y la
invitación que me han hecho para poder exponer mis ideas, las expongo sin
ninguna reserva, como propias. No represento a ningún grupo; creo que sí
están conmigo los habitantes de las zonas que ven perfectamente lo que se
les viene encima para nada; repito, ochenta años de experiencia en el
Parque Nacional de Covadonga lo proclaman. Lo más lógico sería devolver
el proyecto para que se articulase un nuevo proyecto teniendo en cuenta
no sólo las exigencias de protección de los espacios naturales, amparadas
por el artículo 45 de la Constitución, sino también la exigencia de un
proyecto de modernización y de desarrollo de esta importante región de
montaña que, por cierto, no obtiene ninguna indemnización, porque no hay
indemnizaciones previstas, aunque el parque nacional suizo sí las tiene.
Siendo infinitamente más pequeña la Confederación, ésta paga todos los
años a los ayuntamientos del parque un canon importante. Sería necesario
un proyecto que, por consiguiente, articulase esta doble exigencia
constitucional, siendo mucho más específica en mi opinión la del 130.2.
En último extremo, sería bueno que el Gobierno español esperase las
pautas de esta anunciada carta europea de las regiones de montaña que
está en elaboración y cuyos documentos me parece que no ha tenido en
cuenta absolutamente nada.
Muchas gracias. Me disculpo si he podido herir los sentimientos o las
opiniones de alguien. No es ése mi propósito. Defiendo, quizá con algún
calor, mis propias ideas y quedo a su disposición por si quieren alguna
precisión sobre todo lo dicho.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir? (Pausa.) El señor
Gortázar Echeverría tiene la palabra, por el Grupo Popular.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor García de Enterría, su intervención,
al igual que las anteriores, con opiniones diversas, es muy ilustrativa y
extremadamente útil para los trabajos de esta Comisión.
Quiero decirle que agradezco la claridad y la contundencia de sus
argumentaciones, particularmente en lo que se refiere a la alusión al
artículo 130.2 de la Constitución, por cuanto la anterior intervención,
del señor Director General del Icona, nos ha dado un repertorio de ayudas
derivadas de la condición de parque nacional que, sin duda alguna,
tendrían que ser merecedoras de ese tipo de ayudas y de compensaciones en
función de este artículo 130 o en función de todas las ayudas que hay
previstas para todo tipo de explotaciones agrícolas de montaña, etcétera,
en la Comunidad Económica Europea y que, sin embargo, no se ve por ningún
sitio que sean preceptivas o absolutamente ligadas a una declaración de
parque nacional, como la que pretendía el señor Director General del
Icona y parece que es uno de los argumentos que sustentan los defensores
de este proyecto de ley.
Creo que es muy interesante su aportación, en el sentido de que no hay
una sola clase específica de los Picos de Europa en peligro de extinción.
Esta mañana hemos
oído al Consejero de Medio Ambiente de Castilla y León hablar de los osos
y de los urogallos, estableciendo que para estos primeros, para los osos,
había un convenio interregional que era perfectamente eficaz, y en el
caso de los urogallos, hay que señalar que la mayor amenaza es,
precisamente, la veda de la caza, porque el efecto de los jabalíes,
concretamente en relación al desarrollo de esta población, es muy
negativo, de manera que la prohibición de la caza y de los
aprovechamientos y usos tradicionales de los vecinos lo único que
traeríamos consigo, sin duda alguna, sería una ruptura del equilibrio que
durante años ha tenido esa zona y, en consecuencia, lejos de tener el
efecto que se pretende, entraríamos en una situación de desequilibrio en
virtud de una serie de limitaciones que no tendrían sentido.
Es evidente que este planteamiento va en contra de la población. He
manifestado reiteradamente que este planteamiento contradice las
políticas europeas y las modernas políticas de la ONU en relación a la
conservación, que se fundamentan esencialmente en el principio del
consenso de los afectados y que no se puede proteger algo en contra de la
opinión de los afectados; es decir, hay un «gap», un salto entre lo que
el legislador pretende proteger y la comprensión de los afectados que no
desean ser protegidos a estos niveles.
Es cierto que en el proyecto de ley no hay una referencia específica a
las compensaciones económicas. Aquí hemos oído cosas absolutamente
surrealistas. Les voy a poner un ejemplo.
Si las cosas que se han dicho aquí hace pocos minutos fueran ciertas,
muchos de los que aquí estamos...
El señor PRESIDENTE: Señor Gortázar, perdone S. S., pero quizás, desde el
primer momento de la mañana, esta Presidencia no ha sabido plantear
exactamente el sentido de este tipo de comparecencias. Creo que se trata
de recabar la opinión de los distintos comparecientes respecto al
proyecto de ley y que, luego, los grupos parlamentarios puedan formular
preguntas que les sirvan bien para presentar enmiendas o bien para tomar
posición respecto a las enmiendas en el momento que se debata la ley. No
podemos de manera alguna organizar un debate interno respecto al
contenido del proyecto, porque ya, en el momento que se debatió en Pleno,
se hizo a la globalidad y, luego, se va a materializar en el debate
concreto cuando se discuta en Comisión. Lógicamente, en atención a los
distintos señores comparecientes, se trataría de recabar esa información,
no de debatir entre los grupos, porque creo que las posiciones son ya
conocidas por todos.
El señor GORTAZAR ECHEVARRIA: Bien, señor Presidente, efectuaré mi
reflexión en forma de pregunta directa, si así lo desea; pero el
contenido no va a variar sustancialmente.
En función de su magisterio administrativo y constitucional, la pregunta
que le hago directamente es, en el supuesto de que esto avanzara en la
dirección que pretende el Grupo Socialista, entraríamos, a mi juicio o
por lo menos se lo planteo como pregunta, en un eventual conflicto de
constitucionalidad, en la medida que la Comunidad Autónoma de Castilla y
León ha establecido un parque regional en función de sus competencias,
está aprobado por ley, está funcionando con el acuerdo de los vecinos y
de todos los implicados y, sin embargo, ahora, sobre esa competencia
efectiva que se está desarrollando, el Congreso de los Diputados y el
Senado --en el supuesto de progresar en estos términos la ley-- se
produciría un conflicto entre dos leyes que no coinciden entre sí.
¿Habría un conflicto de constitucionalidad bien por competencias bien por
contradicción al artículo 130.2 de la Constitución? Esta sería la primera
pregunta.
Segunda pregunta: En función de la ausencia de subvenciones que nos ha
manifestado en su intervención anterior, ¿cree usted posible que nos
empleemos como monitores medioambientales por 400.000 pesetas por alumno?
En función de esto, a nada que yo fuera a Potes y tuviera 10 alumnos a
400.000 pesetas, no me hacía falta trabajar más, ni a mí ni a muchos de
los aquí presentes. El proyecto que aquí se ha manifestado como viable no
sé dónde está si en el PORN, en la Unión Europea, o en qué sitio, porque
no hay subvención capaz de establecer estas proporciones en los términos
que se nos han anunciado.
En función de todo esto, lo que sí le ruego, señor García de Enterría, es
que nos dé su opinión sobre lo que ha manifestado en los términos de su
experiencia personal y sus conocimientos jurídicos, que por ello ha sido
usted convocado aquí. También quiero manifestarle mi agradecimiento por
la claridad con que lo ha hecho en relación a las imperfecciones de este
proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Baltá, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor BALTA I LLOPART: Profesor García de Enterría, en primer lugar,
quiero agradecerle la exposición que nos ha hecho, no ya a nivel jurídico
--usted es un experto sobradamente conocido--, sino a nivel de
conocimiento de la zona que estamos debatiendo; incluso nos ha hecho
suspirar por ir a visitarla de nuevo por el amor que usted ha demostrado
por la zona.
Sin embargo, a nivel jurídico pienso que yo debo hacerle una pregunta
determinada. En primer lugar, le diré profesor que, en esta cuestión me
temo puede plantearse una batalla jurídico-política en el sentido que le
voy a decir inmediatamente. Usted y yo nos conocemos de una cuestión y es
que usted fue el abogado que defendió ante los tribunales pertinentes la
posición del ayuntamiento de El Prat, del que soy yo concejal y que,
desgraciadamente, fue un pleito perdido, no porque usted no aportara la
importancia de sus conocimientos, sino porque el Ayuntamiento, en su
momento, había otorgado el sí al proyecto que luego el propio
Ayuntamiento elevó al Supremo. En la segunda ocasión usted volvió a
defenderlo y nuevamente nos encontramos con el problema de que la
situación se resolvió en unos niveles políticos y no jurídicos, siempre
partiendo de que el ayuntamiento había contratado al mejor jurista que
podía contratar para el caso.
Me temo que aquí podía suceder no algo parecido, porque los proyectos no
son los mismos, pero nos podríamos encontrar con una cuestión paralela.
En su exposición, después de esta maravillosa exposición a nivel de
montañero como usted mismo se ha definido, nos ha hablado de diferentes
puntos que, a nivel jurídico, afectan a la cuestión. Nos ha hablado del
artículo 45 de la Constitución que nos plantea el derecho al medio
ambiente; del artículo 130.2 de la misma, donde se dice que se dispensará
un tratamiento especial a la modernización y desarrollo de las zonas de
montaña; más tarde nos ha explicado cómo el régimen de producción con
zonas de desarrollo de la Unión Europea también plantea cuestiones
parecidas y cómo la Asamblea del Consejo de Europa patrocina una política
especial en zonas de montaña, permitiendo asegurar la convivencia de los
aspectos de montaña y de la agricultura.
Como verá (y aquí es cuando se plantea el hecho de decir qué pinta un
Diputado catalán metiéndose en temas alejados; no obstante estamos en el
territorio español) para nosotros, profesor, hay un problema de
jurisprudencia. Pensamos que tal y como está planteado podría producirse
que el parque siguiera adelante y la misma actuación desde las
estructuras del Estado podría afectar a otras competencias autonómicas.
No podemos olvidar que aquí hay tres competencias autonómicas afectadas y
observará, profesor, seguro que no se ha dado cuenta de este hecho
concreto porque lo ha planteado desde la esfera de Asturias, Cantabria,
Castilla la Vieja; pero como es un gran jurista, un especialista
importante en este tema mi Grupo tiene mucho interés en que precisamente
usted nos plantee si es posible políticamente, en el caso de que el
parque siguiera adelante, que luego se nos creará un conflicto
constitucional. También nos interesa saber, en el supuesto de que el
parque siguiera adelante, si se establecería jurisprudencia que luego
afectaría al conjunto de las restantes comunidades autónomas.
Profesor, encantado de saludarle en esta Cámara. Agradezco su magnífica
exposición y estoy seguro de que resolverá la cuestión que le planteo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Cuesta tiene la
palabra.
El señor CUESTA MARTINEZ: Quiero agradecer la exposición del profesor
García de Enterría. Me ha parecido un punto de vista ilustrativo entre
los que pueden existir sobre la cuestión. discrepo de ese punto de vista,
pero no es el objeto de la comparecencia polemizar con el señor García de
Enterría donde puede haber puntos de encuentro o de discrepancia a la
hora de valorar el proyecto de ley, sobre todo en relación a la
importancia de los recursos existentes en la zona, si tienen una
importancia tal que deben o no merecer la protección a través de la
figura del parque nacional.
Voy a huir de la tentación de incurrir en un planteamiento tecnocrático,
no sea que recibamos también ese adjetivo por parte de los representantes
del Grupo Popular. Entre la documentación que obra en poder de mi Grupo
tenemos informes científicos y de expertos que abogan en línea contraria
a la sostenida por usted en la materia a la hora de resaltar la
importancia de los recursos de protección necesarios a través de esta
figura jurídica. Pero ya digo que no es éste el aspecto fundamental que
nos pudiera interesar, a mi Grupo al menos, de las palabras del señor
García de Enterría, que me parece muy legítimo que tenga una opinión como
montañero, como persona vinculada a la zona o como turista, opinión
derivada también de una concepción muy distinta a la que yo o mi Grupo
podamos tener.
Lo que realmente nos interesa son los aspectos jurídicos que parece
subyacen en su exposición. La primera cuestión es que hemos hablado de
que parece que en este proyecto de ley se desoye el tenor del 130.2 de la
Constitución. Yo creo que no hay, en principio, una contradición entre
las políticas por las que aboga el artículo 45 de la Constitución y las
políticas de tratamiento del desarrollo de las zonas de montaña definidas
en el artículo 130.2 de la Constitución, porque además creemos que este
proyecto de ley contempla precisamente especificidades en relación al
modelo tradicional de los parques nacionales en el sentido de combinar
protección con desarrollo y establece unas líneas concretas de
desarrollo, por supuesto, limitadas. cualquier figura --parque nacional,
parque natural, cualquier otro modelo-- establece límites concretos y no
por eso considero que vulneren el tenor del artículo 130.2 de la
Constitución.
Usted ha hablado, por ejemplo, de que se produce una congelación y nos ha
leído el artículo 4.º del proyecto de ley, que efectivamente conocemos.
Dice que se plantea ahí una congelación de urbanismo en los núcleos
afectados por el parque. Yo creo que cuando nos referimos al artículo
4.º3 habría que verlo e toda su dimensión, porque es cierto, como usted
muy bien ha afirmado, que todos los terrenos incluidos dentro del parque
nacional, a excepción de los núcleos urbanos, quedan clasificados a todos
los efectos como suelo no urbanizable objeto de protección especial; pero
a continuación hay un punto y seguido que creo completa la lectura que
usted ha hecho del artículo 4.º3. Dice: El planteamiento urbanístico de
dichos núcleos urbanos habrá de tener en cuenta las directrices generales
que a tal efecto contenga el plan rector de uso y gestión. Con carácter
general, los planes o normas urbanísticas adaptarán sus previsiones a las
limitaciones derivadas de esta Ley y de los instrumentos de planificación
que se aprueban en su desarrollo y aplicación.
Quiere ello decir que no se va a una congelación, sino a una
determinación en virtud de unos instrumentos de planificación que el
propio proyecto contempla como tales en los que se da una participación
también de las administraciones afectadas y de los colectivos que
pudieran verse afectados vía patronato, pero también (algo mucho más
importante que habrá que desarrollar, como indica el propio proyecto de
ley) a través de la Comisión Mixta famosa del artículo 6.º, integrada a
partes iguales por representantes del Departamento de Agricultura y de
las comunidades autónomas afectadas.
En relación al tema de las compensaciones económicas, aparece también en
el proyecto de ley un modelo para su
tratamiento recogido en el artículo 3.º, modelo que no queda
efectivamente cerrado sino que debe ser desarrollado en lo que sea, en
efecto, el desarrollo ulterior, lo que es la actividad ordinaria una vez
aprobada esta ley por parte de todas las administraciones implicadas. A
través de este área de influencia socioeconómica se va a un concepto no
sólo de subvenciones sino de establecimientos de planificación como, por
ejemplo, el plan de desarrollo sostenible para ese área de influencia
socioeconómica integrada por los ayuntamientos.
Por último, me interesa fundamentalmente conocer su opinión --creo que es
la opinión que a esta Comisión podría ilustrar más-- desde el punto de
vista de lo que es el juego de las competencias.
Es verdad que usted, como ha reconocido el representante del Grupo
Catalán, es abogado en ejercicio y como abogado en ejercicio también
defiende determinadas tesis en determinados momentos; pero, por otro
lado, es un profesor de un nivel y una respetabilidad académica que
nosotros no ponemos en cuestión. Lo que sí me interesa matizar es una
cuestión previa. Mi Grupo no está de acuerdo con el razonamiento que
pudiera derivarse de alguna intervención previa a la mía en el sentido de
que cualquier recurso de inconstitucionalidad o cualquier conflicto de
competencias planteado por comunidades autónomas sea en relación a la Ley
4/1989, como en relación al decreto que regula el plan de ordenación de
los recursos naturales, recientemente aprobado este año, tenga que
suspender con carácter inmediato, en espera de un pronunciamiento de alto
tribunal, cualquier iniciativa legislativa. Creo que no es esa la
voluntad ni el efecto que deben tener los recursos de constitucionalidad
o las cuestiones de competencia. No deben tener ese efecto suspensivo.
Incluso en su momento hubo que hacer una reforma de la Ley orgánica del
Tribunal Constitucional para evitar el abuso de los recursos previos de
inconstitucionalidad como intentos en ocasiones de paralizar la
producción legislativa. Bien es cierto, además, que el propio alto
tribunal --el Tribunal Constitucional-- ha declarado no suspendible o no
suspendido el decreto que regula el Plan de ordenación de recursos
naturales, con independencia de que esté planteada la cuestión de
competencia. ¿Por qué dice el tribunal que no se suspende ese decreto?
Porque, entre otras cosas, no aprecia, con lo que es la dinámica tanto
legislativa como la planificación que establece este famoso decreto, un
daño irreparable en la zona. Por tanto, no debe irse a ese planteamiento
suspensivo de cualquier iniciativa porque penda todavía la resolución de
determinados conflictos de competencia, porque penda un recurso sobre la
ley reguladora 4/1989 de protección de los espacios naturales.
Es verdad que ahí hay una tensión competencial como no podía ser de otra
manera; hay ahí un problema que nos preocupa. Mi grupo parte de la
constitucionalidad tanto de la Ley 4/1989 como de la constitucionalidad
de cualquiera de los instrumentos de protección exigibles sea vía parque
nacional, sea vía parque natural; partimos de ese concepto y también
somos plenamente conscientes de los problemas y de las sensibilidades que
puedan tener las distintas comunidades autónomas. Nosotros creemos que la
fórmula que aquí se diseña de gestión resuelve ese conflicto dando y
garantizando cierto equilibrio entre lo que ya vengo reiterando a lo
largo de esta sesión: el principio de unidad de gestión, porque estamos
ante unos espacios que rebasan el ámbito territorial de una comunidad
autónoma para proyectarse en varias comunidades autónomas, y el principio
de participación de las comunidades autónomas que se diseña en estos
órganos.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García de Enterría para
contestar a las preguntas y observaciones formuladas.
El señor GARCIA DE ENTERRIA: Agradezco mucho la atención que han prestado
a mi exposición y los elogios corteses que le han dedicado.
Los tres intervinientes --el señor Gortázar, el señor Baltá y el señor
Cuesta-- me preguntan sobre la posible existencia de un conflicto
constitucional. Parece que ese conflicto ya está formulado a propósito
del decreto. Yo lo había leído en la prensa y acabo de saber que el
Tribunal Constitucional había denegado la suspensión.
Evidentemente el conflicto constitucional y el recurso de
inconstitucionalidad --si la ley fuese aprobada finalmente-- instado por
los 50 diputados o 50 senadores que prescribe la Constitución y la Ley
orgánica del Tribunal Constitucional, no produce efectos suspensivos, eso
es evidente. Es una facultad del Tribunal Constitucional otorgarlo y hay
que decir que es una facultad que ha administrado con gran cautela.
Es cierto que el primitivo recurso previo, que estaba en la primera
redacción de 1979 y que permitía interponer recursos con efecto
suspensivo automático contra las leyes orgánicas, realmente no tenía
sentido porque a las leyes orgánicas, que son leyes especialmente
significativas, se les daba una presunción de inconstitucionalidad
--podíamos decir-- por el mero hecho de interposición del recurso y se
hizo una reforma que yo mismo postulé en sede doctrinal.
Problema de fondo. ¿Mi opinión sobre este conflicto constitucional?
Realmente, es un tema complejo. Los recursos de inconstitucionalidad son
siempre difíciles porque se mueven con pautas muy concentradas, como son
las pautas de la Constitución, que es una ley que tiene poco más de 160
artículos, en la que se enuncian los grandes principios del ordenamiento.
Entonces siempre se plantea el problema de la contradicción entre uno de
estos grandes principios con textos legales mucho más precisos. Por
tanto, yo no me atrevería a hacer ninguna evaluación previa, sería un
poco irresponsable por mi parte si lo hiciera y mucho más en esta sede,
pero sí me parece que evidentemente el conflicto tiene una base. El
artículo 149.1.23.ª de la Constitución da competencia al Estado en
materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin
perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer
normas adicionales de protección. Se habla de legislación básica; y
también en el artículo 149.1.23.ª se habla de legislación básica sobre
montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Habla de
legislación básica.
¿La declaración de parque nacional es una legislación básica o es algo
más que eso? Ahí es donde puede estar el problema, máxime con la
circunstancia que parece se da en el caso de Castilla y León de que el
legislativo autonómico ha ejercitado ya alguna competencia por lo que se
refiere a la zona de Picos de Europa en esta comunidad autónoma.
Ya digo que no me atrevo a hacer ningún pronóstico, evidentemente, y
sería insensato que yo lo hiciera. Les agradezco que crean que yo puedo
ilustrarles sobre el posible desenlace de ese conflicto. El conflicto
existe y es evidente que puede ser articulado con alguna consistencia;
más no creo que pueda decir.
Hay un segundo conflicto que no es el autonómico, que es el conflicto con
el artículo 130.2. El artículo 130.2 de la Constitución no se limita a
dar un tratamiento especial a las zonas de montaña. «Con el mismo fin»,
dice el apartado 2, y el apartado 1 ha dicho: «Los poderes públicos
atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores
económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la
pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los
españoles». Con el mismo fin, dice el número 2, hay que dispensar una
protección especial a las zonas de montaña. Es decir, que las zonas de
montaña están cualificadas de manera especial como necesitadas de una
protección de modernización y desarrollo.
Es evidente que el artículo 3.º del proyecto de ley no tiene nada que ver
con eso. Es un puro enunciado sin contenido normativo; apela a unos
eventuales planes y realmente esos planes se verá lo que son, pero lo que
sí es visible de momento en la ley son esas limitaciones a que me he
referido y algunas de las cuales voy a recoger al aludir a las
intervenciones de SS. SS.
El segundo punto planteado por el señor Gortázar es sobre las
subvenciones comunitarias respecto a la protección del medio ambiente.
Debo decir que no conozco muy bien esta materia de las subvenciones
comunitarias, que es un bosque espesísimo y hay que estar muy iniciado en
él para poder manejarse con alguna soltura dentro del mismo. Lo que sí sé
es que la política de protección de las zonas de montaña es mucho más
específica que la de protección del medio ambiente. La protección del
medio ambiente tiene, evidentemente, apoyos comunitarios que no pueden
basarse, exclusivamente, como ninguna subvención comunitaria, en una
política de protección puesto que, como saben ustedes, el criterio, muy
sano, de las Comunidades Europeas, de la Unión Europea hoy, es que esas
subvenciones cubran como máximo el 75 por ciento de la inversión; siempre
hace falta, por consiguiente, un 25 por ciento de inversión nacional,
bien del Estado, bien de las autonomías o de los ayuntamientos.
El propio Director General del Icona, entonces señor Da Cruz, durante la
fase de preparación del proyecto estuvo recorriendo la zona y hablaba de
unas cifras que evidentemente y con todo respeto, no me parecían serias.
Llegó a hablar de 40.000 millones, que es más de lo que se gasta todo el
presupuesto del Estado probablemente en protección al medio ambiente para
pretender que se iba a gastar en esa pequeñita zona de los Picos de
Europa o en una zona lejanamente parecida.
En cambio, repito, la política comunitaria de protección a las zonas de
montaña es mucho más específica y siempre con la misma limitación de que
nunca es una subvención al cien por cien, sino participación en una ayuda
que tiene que venir de los otros centros administrativos, me parece que
es una fuente de financiación que probablemente --no lo afirmo porque
tampoco lo sé con seguridad-- es bastante más sugerente desde este
aspecto de la capacidad de financiación.
El señor Baltá me ha planteado...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor García de Enterría, parece ser que el
señor Baltá se ha tenido que ausentar un momento, creo que por una
llamada telefónica. Si le parece puede contestar al señor Cuesta.
El señor GARCIA DE ENTERRIA: El señor Cuesta ha dicho una cosa que, con
todos los respetos, no quiero dejar pasar sin una leve observación. Ha
dicho que mi concepción social no es la suya. No sé bien por qué. No
tengo ninguna concepción política ni social determinada y estoy seguro de
que no hay ninguna contradicción de fondo entre nuestras respectivas
posiciones. Podemos tener una mayor o menor inclinación. Evidentemente,
tengo cierta reserva sobre las acciones burocráticas, quizá porque las
llevo estudiando durante toda mi vida. Creo más en medios indirectos que
en una protección realizada por grandes cuerpos de guardianes del parque
o grandes grupos de funcionarios técnicos.
Respecto al tema de los recursos protegibles se dice que hay informes
técnicos en los que se afirma que hay recursos protegibles. Voy a recoger
otra vez el tema de los osos y de los urogallos. No hay osos y urugallos
en ningún sitio de los Picos de Europa, si cogemos el término de los
Picos de Europa en su sentido preciso, es el macizo calizo que se eleva
hasta 2.600 metros, que se llama Picos de Europa. Los osos y los
urogallos andarán por las zonas próximas y mucho más bajas y no se dan
sólo esos osos y esos urogallos en esa zona de los Picos de Europa. Eso
es lo que quiero decir. Por tanto, aprovechando el paso del Pisuerga por
Valladolid, aprovechando que ahora se dicta una ley sobre los Picos de
Europa, hablar realmente sólo en esa zona de los osos y los urogallos, me
parece asistemático. Si se habla de los osos y los urogallos habrá que
coger toda la Cordillera Cantábrica, incluso todos los Pirineos que es
para lo que existe un plan de protección, al que ha aludido el señor
Gortázar, fomentado por las comunidades europeas. Que se intente aquí
justificar la protección como recurso protegible de esas especies, por
cuya protección, por supuesto, no tengo ninguna reserva, sino el mayor
afecto porque esa protección sea eficaz, es completamente asistemático.
Se trata de coger una pequeña zona, la de los aledaños de los Picos de
Europa, en la que se acuerdan de los osos y de los urogallos, especies
que no son locales --parece ser que los osos andan centenares de
kilómetros--, y, por consiguiente, protegerlos exclusivamente allí carece
de toda justificación como motivo del proyecto de ley.
Cuando he hablado de las limitaciones, me he referido al artículo 4.3. El
señor Cuesta dice que hay que leer el párrafo
siguiente; en efecto, hay que leerlo, pero también hay que leer lo que
dice el párrafo tercero: todos los terrenos incluidos dentro del parque,
a excepción de los núcleos urbanos, quedan clasificados a todos los
efectos como suelo no urbanizable. Es una determinación de la ley y, por
consiguiente, los planes de urbanismo podrán desarrollar la zona urbana o
urbanizable, pero no la zona no urbanizable, que queda determinada por la
ley. No creo que el párrafo siguiente al artículo 4 se pueda interpretar
en el sentido de que los planes de urbanismo pueden extender la zona
urbanizable fuera de lo que queda congelado. Se dice que quedan «a todos
los efectos»; no dice en principio, no dice que los planes tengan en
cuenta, sino que emplea el presente de indicativo --«quedan
clasificados»--, propio de una determinación legal que ningún plan --los
planes son puramente ejecutivos de las leyes-- podrá contradecir; los
planes se ejecutan, pero no pueden contradecir las leyes.
Al señor Baltá --lo había saltado, puesto que estaba ausente de la sala--
le quiero hacer una pequeña corrección en cuanto al Ayuntamiento del
Prat. Es verdad que perdimos un pleito, pero hemos ganado otro sobre el
encauzamiento del río Llobregat, un muy importante pleito, en ese caso
contra la Generalitat. Se acaba de ganar en el Tribunal Supremo y usted,
que es concejal, lo sabe bien. Esta es una pequeña broma, que no tiene
nada que ver con el tema que nos ocupa. (Risas.)
No me atrevo a prejuzgar si hay conflicto de competencias. El precepto
constitucional habla de legislación básica en materia de medio ambiente;
la ley de cuyo desarrollo se trata es una ley que adopta técnicas
distintas de las de la legislación básica. La legislación básica
presupone ser desarrollada y se dice explícitamente que las comunidades
autónomas pueden establecer mayores niveles de protección; o sea que la
distribución competencial parece base y desarrollo, y es distinta de la
ley de 1989. Vuelvo a decir que éste es un tema conflictivo, un tema «sub
judice», pero que como cuestión jurídica tienen consistencia, como
también creo que tiene consistencia la posible contradicción con el
artículo 130.2.
Por mi parte creo que he contestado a lo que he entendido que me
planteaban sus señorías, pero, si algo queda por contestar, lo haría con
mucho gusto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García de Enterría, por su
comparecencia en la tarde de hoy. Han comparecido distintos responsables
de las administraciones públicas, que parece que es su obligación. En
este caso se lo agradecemos especialmente, ya que su docta opinión,
aunque algunos grupos discrepan, enriquece el debate.
Antes de suspender la sesión, quiero decirles que nos han indicado que el
compareciente, el Director del Parque Nacional de Covadonga, parece que
tenía problemas de tráfico. Vamos a intentar conocer su situación exacta
--creo que tiene teléfono en el coche-- y, si es posible que comparezca
antes de cinco minutos, continuaremos la sesión. De momento, la
suspendemos para despedir al señor García de Enterría.
Se suspende la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Dada la imposibilidad del señor Director del Parque Nacional de
Covadonga, por dificultades de tráfico, de llegar a la hora prevista,
vamos a suspender la sesión, y ya, en su momento, la Mesa de la Comisión
o la Ponencia reclamará su presencia, o bien en el seno de la Ponencia o
en el seno de la Comisión, si así se estima conveniente.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y quince minutos de la tarde.