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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 348, de 10/11/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 348
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA
Sesión núm. 28
celebrada el jueves, 10 de noviembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de Ley
Orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión
de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea. (BOCG, serie
A, número 75-1, de 30-7-94. Número de expediente 121/000060) (Página 10802)
Dictamen, a la vista del Informe de la Ponencia, del proyecto de Ley
Orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión
de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea. (BOCG, serie
A, número 75-1, de 30-7-94. Número de expediente 121/000060) (Página 10802)
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a recabar del
Gobierno de México la adopción de medidas para garantizar la vida y la
seguridad de las personas, en el marco del respeto a los derechos
humanos, así como para asegurar la máxima transparencia e imparcialidad
de los organismos electorales en la resolución de las denuncias de fraude
presentadas tras el proceso electoral de 21 de agosto de 1994. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 142, de
3-10-94. Número de expediente 161/000298) (Página 10804)



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Dictámenes sobre:
--Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del empleador (número 173 de la OIT) adoptado en Ginebra el
23 de junio de 1992 y Declaración que España va a formular en el momento
de la ratificación. (BOCG, serie C, número 141-1, de 16-9-94. Número de
expediente 110/000118) (Página 10808)
--Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Nicaragua, hecho «ad referendum» en
Managua el 16 de marzo de 1994. (BOCG, serie C, número 145-1, de 23-9-94.

Número de expediente 110/000120) (Página 10810)
--Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en
materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de
1993, así como declaración que el Gobierno español va a formular. (BOCG,
serie C, número 149-1, de 7-10-94. Número de expediente 110/000121)
(Página 10812)



Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.




--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY
ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACION DEL TRATADO DE ADHESION
DE NORUEGA, AUSTRIA, FINLANDIA Y SUECIA A LA UNION EUROPEA. (Número de
expediente 121/000060.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la sesión.

Ustedes tienen el orden del día y vamos a empezar por el punto primero,
que es la ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto
de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de
Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea.

Los miembros de la Ponencia aquí presentes se ratifican en el informe que
hicieron en su reunión.

¿Se aprueba por asentimiento esta ratificación? (Asentimiento.)



--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA,
SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACION
DEL TRATADO DE ADHESION DE NORUEGA, AUSTRIA, FINLANDIA Y SUECIA A LA
UNION EUROPEA. (Número de expediente 121/000060.)



El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, pasamos a la discusión del
proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del
Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión
Europea.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, dado que por parte de
Coalición Canaria se ha valorado, primero, lo que ha sido la consecuencia
y congruencia con las votaciones que siempre hemos venido efectuando para
apoyar todos los proyectos que consoliden la Unión Europea y, segundo,
por tratarse en este caso de una ampliación del Tratado de Adhesión con
países como Noruega, Austria, Finlandia y Suecia, cuatro países que
tradicionalmente componen uno de los paquetes que en este momento es de
mayor interés, tanto en las transacciones comerciales como turísticas con
el archipiélago canario, junto a toda la valoración positiva que el
proyecto trae en sí.

Por eso nosotros, ya que otros portavoces también lo van a aceptar,
dentro de una dimensión puramente europea más general, hacemos causa
obvia de ello, sumándonos también, por supuesto, pero querríamos destacar
este principio y desear también desde Coalición Canaria que los referenda
que tienen que realizarse en estos países para ratificar desde bases de
soberanía popular la adhesión a la misma encuentren la feliz solución que
todos deseamos.

Desde aquí lanzamos un voto de afecto y apoyo a las fuerzas políticas de
Noruega, de Austria, de Finlandia y de Suecia que están empeñadas en este
ambicioso, necesario e imprescindible proyecto. Por estas razones
nosotros vamos a dar, y no me extiendo más, señor Presidente, nuestro
voto de apoyo total y absoluto a este proyecto de ampliación de la Unión
Europea, del que se derivarán beneficios para España, y en concreto para
los intereses legítimos, dentro del marco de la nación española, que son
recogidos precisamente en el Acta, debido a las relaciones que en este
momento hay de todo tipo --turístico, cultural y comercial-- e incluso
con empresas noruegas, finlandesas o suecas que tradicionalmente vienen
operando desde hace años en el archipiélago canario.

Por ello nos solidarizamos en la unidad de este proyecto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vázquez.




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El señor VAZQUEZ ROMERO: La primera consideración que mi Grupo quisiera
hacer es que el tema que nos ocupa tiene la suficiente relevancia como
para merecer una intervención en el Pleno, dada la solemnidad que ello
confiere a ese tipo de actos.

La segunda, que es posible, y ojalá nos equivoquemos, que estemos
hablando de una entelequia. Están pendientes los referenda en algunos de
estos países, por cuyo resultado, si es favorable, entrarían a formar
parte de la Unión Europea el día 1.º de enero de 1996, pero, como todos
sabemos, hay dificultades importantes para que esos referenda consigan un
resultado positivo.

Desde aquí nos quisiéramos sumar a las palabras del señor Mardones en la
medida de que desde nuestra modesta fuerza podamos ayudar a que esos
referenda tengan el resultado positivo que todos esperamos. Sin embargo,
repito que el conocimiento de los datos que ahora mismo se manejan no nos
permite ser demasiado optimistas al respecto. Incluso a pesar de que
hayan sido nombrados los futuros comisarios de la Unión Europea con la
inclusión de carteras importantes para estos cuatro países: Suecia,
Noruega, Finlandia y Austria.

Repito que nuestro Grupo, con todos los demás de la Cámara, ya mostró su
posición favorable a la ampliación y al mismo tiempo a retener
--digamos-- el instrumento de ratificación hasta que se cumpliera la
inclusión de España en la política de pesca comunitaria, a pesar de que,
como ustedes saben perfectamente, en algunos medios de comunicación y por
parte de algunas personas de solvencia intelectual reconocida se criticó
la medida unánime del Congreso, tachándola de poco europeísta, quizás
olvidando por parte de quienes así opinaban que las circunstancias que
motivaron la entrada de España en el entonces Mercado Común han variado
sensiblemente y, por tanto, no tendríamos por qué estar obligados a
aceptar unas condiciones que entonces fueron bastante negativas para
nuestro país, tanto en el tema concreto de la pesca como en algunos
otros.

Por tanto, sin merma de nuestra vocación de apoyo a esa ampliación y con
las consideraciones antes expresadas, mi Grupo cree que este proyecto de
ley va a requerir de todos nosotros un debate más solemne en el Pleno de
la Cámara.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Arias-Salgado.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: El Grupo Parlamentario Popular va a
votar favorablemente este proyecto de ley por diversas razones que voy a
dejar enunciadas, haciendo la reserva de que, efectivamente, en el Pleno
procederá un debate de mayor solemnidad dada la importancia que supone
este trámite no sólo para España sino para la Unión Europea.

Esta es la primera ampliación que se produce en la Unión Europea desde
que España es miembro y, de la misma manera que nosotros en su día
reclamamos, una vez alcanzada la democracia, la integración en la Unión
Europea, es forzoso reconocer el derecho de todos los países europeos y
democráticos a integrarse en la misma. Esta es una posición de principio
irrenunciable que favorece a todos aquellos países que estén
predispuestos a asumir plenamente el acervo comunitario.

Además, creo que la ampliación de la Comunidad es buena para Europa y
para la construcción europea. Estos países aportan algo muy positivo al
conjunto de la Unión Europea. En el terreno socio-económico son países
altamente desarrollados e incluso, desde una perspectiva más
estrictamente social, sus estructuras sociales son mucho más equilibradas
que las que rigen en el sur de Europa y, desde ese punto de vista,
aportan una dimensión positiva al futuro de la Unión Europea. Incluso en
el terreno de la seguridad se podrían hacer también consideraciones
favorables a la ampliación.

Vista la ampliación desde la perspectiva española, supone un auténtico
reto. Un reto para España en el sentido de que, si llega a producirse la
plena integración de estos países, va a elevar todas las medias
comunitarias en todos los terrenos. Nosotros estamos ya por debajo de
tales medias comunitaria y, por tanto, el desafío que supone elevar esas
medias con la incorporación de estos cuatro países es para España y para
sus Gobiernos un reto de primerísima magnitud, a fin de no quedarnos
rezagados en lo que es, no ya la construcción europea, sino los objetivos
que presiden la construcción europea, que es alcanzar el mayor nivel de
bienestar, de libertad y de democracia en el conjunto de la Unión.

Por último, creo que también es bueno para los países que solicitan la
integración el que se incorporen a la Unión Europea porque acceden a un
proyecto de futuro y se alejan de lo que podría denominarse un
aislamiento egoísta.

Nosotros, por tanto, esperamos dos cosas: esperamos que los referenda
pendientes se resuelvan favorablemente a la integración en esos países y
esperamos también que estos países que se integran, si llegan a
integrarse, contribuyan a la construcción europea en términos positivos,
es decir, en términos de ir a una integración más sólida y más
equilibrada que la que existe actualmente en la Unión Europea.

Dicho esto, el Grupo Parlamentario Popular, como es lógico, mantiene la
posición que asumió en el Pleno de la Cámara al aprobar la resolución por
la que se instaba al Gobierno a demorar la presentación del instrumento
de ratificación hasta que se cumplan los compromisos asumidos por el
Consejo de Ministros de la Unión Europea con España, y ello no implica
favorecer el incumplimiento de obligaciones internacionales, sino todo lo
contrario. Yo creo que no se pueden hacer compartimentos estancos en el
proceso de construcción europea y hay que cumplir todos los compromisos.

Nosotros votamos favorablemente la autorización de la ratificación y
queremos que se cumplan los compromisos internacionales, pero no sólo
éstos, sino también los compromisos comunitarios que son absolutamente
imprescindibles para que la construcción europea pueda avanzar de forma
equilibrada. Es al Gobierno a quien corresponde la principal
responsabilidad. Tiene ante sí un objetivo no fácil en estos momentos,
que es conseguir la plena integración de España en la política común
pesquera



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con efectos de 1 de enero de 1996, y a él le corresponde, por tanto,
adoptar todas las medidas precisas en el seno de las instituciones
comunitarias para conseguir que se pueda producir la ampliación en los
términos en que está prevista, al mismo tiempo que se cumple la plena
integración de España en la política común pesquera.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.




El señor COSTA COSTA: Permítanme también, en una breve intervención,
señalar los aspectos que consideramos más importantes de esta Ley
Orgánica de ampliación de la Unión Europea, y permítanme, en primer
lugar, manifestar en este acto nuestra confianza y nuestra esperanza de
que las medidas que quedan pendientes, ajenas a nuestra voluntad, de
ampliación, especialmente en Suecia y Noruega, se desarrollen
favorablemente para los intereses de la Unión Europea, que son los
intereses, sin duda, también de los ciudadanos de esos dos países. Este
acto también viene a ser la confianza y un crédito hacia esos países para
su integración en este espacio europeo que todos deseamos cada vez más
unido.

La negociación ha sido ardua y difícil, ha durado poco más de un año, en
el que se han abordado distintos aspectos, todos ellos importantes para
la Unión Europea y particularmente para España, pero a mí me gustaría
hacer referencia en este trámite a algunas cuestiones generales e
importantes para la propia Unión Europea. En primer lugar, ésta es la
primera ampliación de la Unión Europea como tal, y se produce en un
momento especialmente oportuno, a nuestro entender, porque escenifica la
búsqueda de soluciones conjuntas a conflictos emergentes en las
sociedades europeas, como son el racismo, la intolerancia y otros, frente
a salidas individuales o nacionales en la búsqueda de solución a esos
problemas. Es una ampliación que fortalece política y económicamente al
proyecto de Unión Europea y que, por ello, es para España y para el Grupo
Parlamentario Socialista especialmente importante, ya que ha compartido
históricamente y apoya claramente este proceso de integración.

En el plano político se refuerza el peso de Europa en los asuntos
mundiales, con mayor peso en todos los foros internacionales, y da
asimismo una mayor seguridad al suponer un nuevo avance en el objetivo de
una más fuerte unión de los pueblos europeos recogida en los tratados
fundacionales de la Comunidad Económica Europea. En el plano económico,
supone un mayor mercado de servicios y capitales y, por tanto, no tan
sólo un reto, sino también un escenario de oportunidades para las
iniciativas, para las empresas españolas. Supone, asimismo, un incremento
muy importante del territorio de la Comunidad y de su producto interior
bruto, un producto interior bruto que, efectivamente, se incrementa
sustancialmente, hasta un 12 por ciento, al ser estos países más ricos
que la media comunitaria. En definitiva, supone nuevos recursos humanos,
naturales y financieros.

La ampliación también viene a ser el triunfo del modelo de integración
política y económica frente al de cooperación intergubernamental y libre
comercio que representaba la EFTA en Europa. La negociación ha tenido
como principio filosofal la aceptación por parte de estos países del
acervo comunitario, más que el intercambio económico; también la unión
política, y ello merece a nuestro Grupo Parlamentario una valoración
especialmente positiva.

Me gustaría simplemente, para finalizar, resaltar las consecuencias
positivas que tiene también para nuestro país al permitir acortar el
período transitorio para la política común de pesca, que venía dado por
nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, y participar
plenamente en la política común de pesca. Es verdad que todavía quedan
por instrumentar algunos de los temas para hacer realidad esta
integración en la política común de pesca, pero también es verdad que
existe --así lo han manifestado distintos responsables de la Unión
Europea-- la voluntad de cumplir todos los compromisos adquiridos en la
negociación. Hace unos pocos días hemos podido ver cómo se eliminaban los
obstáculos pendientes para hacer realidad el cumplimiento del compromiso
de recursos propios para la Unión Europea. Esperamos que en los próximos
Consejos podamos también celebrar que se han eliminado los obstáculos
para que España se integre plenamente en la política común de pesca en
enero de 1996; que se eliminen esos obstáculos y que los países que aún
tienen por celebrar su referenda nacionales tengan éxito y sean
favorables a esta ampliación y que nosotros, en el plazo que nos queda
hasta final de año, podamos decir que sí a esta ampliación y a una Europa
más fuerte, más unida y más solidaria.




El señor PRESIDENTE: Terminados los turnos de palabra, vamos a proceder a
la votación del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la
ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y
Suecia a la Unión Europea.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LA SIGUIENTE PROPOSICION NO DE LEY:



--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECABAR DEL GOBIERNO DE MEXICO LA
ADOPCION DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA VIDA Y LA SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS, EN EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, ASI COMO PARA
ASEGURAR LA MAXIMA TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS ORGANISMOS
ELECTORALES EN LA RESOLUCION DE LAS DENUNCIAS DE FRAUDE PRESENTADAS TRAS
EL PROCESO ELECTORAL DE 21-8-94. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000298.)



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El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a recabar del
Gobierno de México la adopción de medidas para garantizar la vida y la
seguridad de las personas, en el marco del respeto a los derechos
humanos, así como para asegurar la máxima transparencia e imparcialidad
de los organismos electorales en la resolución de las denuncias de fraude
presentadas tras el proceso electoral de 21 de agosto de 1994.

El autor de esa proposición no de ley es el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por este Grupo, tiene la
palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Señorías, el efecto el objetivo fundamental del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
al presentar a debate y votación esta proposición no de ley en la
Comisión de Exteriores es la estimación de la responsabilidad que a
España, como a otros países, le cabe de manera indirecta en unos hechos
que, si bien se pusieron de manifiesto en Méjico a partir del 1 de enero
de 1994, revelan una situación de fondo cuya gravedad todavía, a juicio
de este Grupo Parlamentario, puede alcanzar cotas de violencia mayores de
las que se han planteado hasta este momento.

Los espectadores internacionales asistimos con asombro a la puesta en
escena de una situación en Méjico en la cual, frente a unos resultados,
desde el punto de vista económico, absolutamente espectaculares medidos
en crecimiento del producto interior bruto, coexistían situaciones de
desigualdades, de miseria, y probablemente es difícil valorar un
deterioro más intenso y más rápido en otros países del mundo.

Los datos nacionales de Méjico revelan que el número de personas que
viven bajo el nivel de la extrema pobreza se ha duplicado en los últimos
tres años, que en la inmensa mayoría de los Estados que componen la
República de Méjico el 70 por ciento de los niños están afectados de
desnutrición grave y que enfermedades tan residuales en la mayor parte de
los países, como el tracoma, afecta a la cuarta parte de la población
infantil.

Este proceso violento que se planteó con el levantamiento en armas del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo una tregua de expectativa
inusitada con respecto a proyectos de cambio ante las elecciones del 21
de agosto del año 1994.

El hecho ha sido que, a pesar de las medidas y las presiones, desde el
punto de vista internacional, para garantizar la máxima transparencia en
las elecciones, en el conjunto de Méjico y muy especialmente en el Estado
de Chiapas, se han constatado graves vulneraciones de las mínimas normas
de transparencia electoral y, por lo tanto, de respeto a la voluntad
popular. En el texto de la exposición de motivos aparecen datos acerca de
la envergadura de las denuncias y el alcance de las mismas que, como se
dice, pudieran poner en entredicho la legitimación democrática de los
máximos representantes del pueblo mejicano que tomarán posesión de sus
responsabilidades próximamente, en especial en el Estado de Chiapas, en
el cual el inicio de la campaña electoral se produjo con el intento de
asesinato del candidato por el PRD, don Amado Avendaño Figueroa, que
sufrió la embestida de un trailer sin matrícula a consecuencia de la cual
murieron tres de sus estrechos colaboradores, lo que plantea, a juicio de
nuestro Grupo Parlamentario, la exigencia de que los organismos
electorales mejicanos tomen en cuenta y actúen con la máxima
transparencia en la resolución de las denuncias de fraude presentadas. De
hecho, los movimientos sociales, asociaciones campesinas de Chiapas, han
constituido lo que se llama la Procuraduría Electoral del Pueblo
Chiapaneco ante la cual se han presentado decenas de miles de denuncias
de irregularidades que cuestionan en el fondo la supuesta victoria, por
el 51 por ciento de los votos, del candidato del Partido Revolucionario
Institucional, el señor Robledo Rincón. Es más, se plantean en este
momento, ante la toma de posesión de esta persona, actuaciones de
insurgencia civil, de movilización social que anuncian situaciones
violentas y graves en el Estado de Chiapas, así como en el resto de
Méjico.

Es preciso recordar que en los últimos seis años, es decir, en la etapa
transcurrida desde las anteriores elecciones generales, 300 dirigentes
del Partido de la Revolución Democrática de Méjico han sido asesinados en
circunstancias no aclaradas y en condiciones que han impedido que hasta
el momento ninguno de los responsables de tales asesinatos haya sido
condenado.

El objetivo de la proposición no de ley de Izquierda Unida es asumir la
responsabilidad que como país con una historia cercana a la del país
mejicano nos corresponde. Y en aras a intentar contribuir a que la
violencia desatada en Méjico no alcance cotas aún mayores en los próximos
días es por lo que se pretende que esta Comisión de Asuntos Exteriores,
en representación del Congreso de los Diputados, se dirija al Gobierno
mejicano solicitando medidas que permitan garantizar la vida y la
seguridad de las personas, tanto en el Estado de Chiapas como en el
conjunto de Méjico, así como instar a que las actuaciones de los
organismos electorales encargados de sancionar las denuncias de fraude
presentadas actúen con la máxima transparencia e independencia, de manera
que en este momento en que la violencia anuncia cotas de intensidad
superiores a las que ya se han vivido en este año puedan garantizar el
respeto a la voluntad popular en el Estado de Chiapas e, insisto, en el
conjunto de Méjico, de manera que no pueda cuestionarse la legitimación
democrática de los máximos representantes del pueblo mejicano.




El señor PRESIDENTE: No habiéndose presentado ninguna enmienda a esta
proposición no de ley, vamos a proceder a abrir el turno de palabra de
los grupos que deseen intervenir.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Milián.




El señor MILIAN MESTRE: Nosotros hemos estado escuchando y atendiendo las
razones que expone nuestra colega respecto a esta proposición no de ley,
que viene, de alguna manera, como corolario de la filosofía que se
expandió en esta Comisión en la reciente intervención del



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Ministro de Asuntos Exteriores, señor Solana, en su comparecencia de
carácter general.

Nosotros, en aquel momento, prodigamos una visión mejicana basada
justamente en la moderación del proceso general electoral aunque,
evidentemente, soportando una situación de profundas injusticias
internas, no del proceso, sino de la situación misma de la política
mejicana.

En este sentido nos movemos a caballo de dos realidades. Por una parte,
la realidad intrínseca del país que, como dijimos el día 19 de octubre,
es francamente inquietante, puesto que Chiapas es un indicio de lo que
puede ocurrir en cada una de las esquinas de Méjico y, por otra parte, el
esfuerzo reformador del Presidente Salinas de Gortari que quiere adaptar
la realidad política a la social y que en este proceso está encontrando
enormes dificultades, cuales son, como hemos visto recientemente, los
asesinatos del propio candidato reformador. Collosio era un hombre
profundamente reformador en lo social y ésa hubiera sido su tarea de
gobierno de mayor envergadura, puesto que las reformas económicas ya las
había emprendido Salinas de Gortari, y eso le costó la vida. Después el
propio animador de esas medidas internas de reforma en el PRI, el propio
Massieu, que fue asesinado recientemente.

Existen realidades muy encontradas entre lo que objetivamente ocurre en
Méjico, que es una injusticia social clamorosa, lo cual es una bomba
social sobre 22 millones de personas, gran parte de ellas en la miseria
en torno a la ciudad de Méjico, y que es evidentemente lo que manifiesta
Chiapas, y todo ese contenido revolucionario que está expresándose de
forma, por cierto, harto curiosa.

Esta realidad que conforma el telón de fondo de la situación mejicana nos
impele, como Grupo Popular, a entender que esas reformas son necesarias y
que, evidentemente, ser tolerantes con la ineficacia o inexistencia de
reformas no sería coherente como planteamiento desde nuestro punto de
vista. Pero, por otra parte, también apreciamos que ha habido un proceso
de mejora en la corrección de graves defectos de estructura y de
funcionamiento, e incluso de manipulación «a posteriori» de los procesos
electorales anteriores. En este sentido también somos conscientes de que
algo se ha mejorado por la vía, a lo mejor de un cierto minimalismo, en
este proceso y, en consecuencia, muchos de los partidos políticos (no es
el caso de los de la justificación que se presenta en esta proposición no
de ley, el del PRD) estiman que ha habido una situación de mejora
cualitativa, a lo mejor no cuantitativa porque los datos que aporta la
proposición no de ley son un poco inquietantes, puesto que habla de
irregularidades en 200 distritos sobre 300 que hay en el país y, en
consecuencia, esto inquieta. Hay otros grupos políticos que son de la
opinión de que algo se ha mejorado y en ese caso se entiende que el
proceso ha sido no «ad peiorem» sino «ad meliorem».

Dentro de esta ambivalencia en nuestro planteamiento analítico,
entendemos que la proposición no de ley es de interés. Quisiéramos que se
introdujera alguna modificación para poderla votar positivamente y, en
este sentido, esperamos que el Grupo Socialista proponga alguna enmienda
«in voce», si la presidencia lo estima oportuno, lo que daría pie a una
más decidida convicción respecto a la decisión que vamos a tomar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra
el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria, al pronunciarse sobre esta
proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quiere hacer, para que se
entienda bien su planteamiento, un enunciado general: nuestra permanente
defensa en el marco del respeto a los derechos humanos. Esto lo
suscribirá Coalición Canaria en todo acuerdo internacional, en cualquier
foro internacional y desde la propia proyección de la Constitución
Española y la defensa de los derechos humanos, pero al mismo tiempo
también el respeto al principio de soberanía de cualquier Estado.

Por eso, Coalición Canaria no va a poder apoyar esta proposición no de
ley. En primer lugar, se insta al Gobierno a recabar del Gobierno de
Méjico la adopción de medidas necesarias para garantizar la vida y la
seguridad de las personas en el marco del respeto a los derechos humanos
y no nos parece que sea éste el sitio adecuado para hacer esta defensa de
los derechos humanos, sobre todo respecto a un Gobierno como el de
Méjico, porque España y los demócratas españoles no pueden olvidar nunca
el referente histórico. Con todas las acusaciones que se puedan hacer,
con todas las corruptelas que el tiempo ejerce sobre un sistema político
permanente como el que realiza el Partido Revolucionario Institucional,
es el país que acogió a los exiliados que se salvaron de las cárceles y
de los pelotones de fusilamiento franquistas en nuestra Guerra Civil.

Esta es una deuda permanente con el Gobierno de Méjico. ¿Cómo le vamos a
echar en cara al Gobierno de Méjico ahora una cuestión de respeto a los
derechos humanos cuando dio acogida a toda la España del exilio y fue
sede hasta de un gobierno republicano en el exilio? Valoro este hecho
histórico, porque valoro también la propia realidad que existe en este
momento en Méjico.

En segundo lugar, señorías, con respecto al punto segundo de la
proposición, solicitar actuaciones por parte del Ejecutivo mejicano,
modestamente, Coalición Canaria lo considera una injerencia improcedente
en el Derecho internacional que asiste a la plena capacidad de un
gobierno democrático.

No sé si esta proposición de ley, por la fecha que lleva --porque siempre
llegan aquí con mucho retraso--, está legítimamente hecha al calor de
unos hechos electorales que suceden en las pasadas elecciones
presidenciales mejicanas, pero ahí está el resultado actual, que los
propios disidentes, como Cuauhtémoc Cárdenas, han asumido, al final,
porque si no era meter al país en un principio de duda e inestabilidad.

Comprendo todos los problemas de tipo social y político que se dan en una
de las invocaciones que hace en su exposición de motivos la proposición
sobre el Estado de Chiapas, pero no puedo apoyar cuestiones tan
genéricas. Tienen que ser los órganos jurisdiccionales y democráticos



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mejicanos los que hagan ver cuál es el sentido de la libertad y de la
justicia, porque tampoco puedo apoyar indeterminadamente un movimiento,
por muchas razones y apoyos que tenga, como el «movimiento zapatista»,
porque, desde luego, no puedo apoyar al Comandante Marcos mientras no se
quite el pasamontañas. Emiliano Zapata, para defender a los campesinos
mejicanos, no se puso ningún antifaz, lo hizo siempre a cara descubierta.

Esto es lo que tenemos que apoyar y defender en todos los principios
democráticos de derechos humanos. Por tanto, señorías, comprendan la
vehemencia que a veces he puesto en esta cuestión por todo ese sentido de
compromiso histórico que creo que a los demócratas españoles nos une con
los demócratas mejicanos.

Por estas razones, lamentándolo por el Grupo proponente, porque entiendo
su buena finalidad, por este sentido de respeto y para no entrar en una
injerencia que es competencia del propio ejecutivo mejicano, porque es
muy duro que a un país democrático otro le solicite estas actuaciones en
sus órganos jurisdiccionales. Por estas razones, no podremos apoyar esta
proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Cremades.




El señor CREMADES SENA: Voy a intervenir para manifestar nuestro voto
contrario a esta proposición no de ley. Desde que en agosto de 1994
tuvieron lugar las últimas elecciones en Méjico, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado un conjunto de iniciativas,
por ejemplo, la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores en la
Comisión, que se celebró el 19 de octubre de 1994, donde todos los Grupos
nos manifestamos sobre las preocupaciones de esas denuncias de
irregularidades que se han dado en estas elecciones, donde creo que todos
los Grupos tuvimos una intervención moderada, preocupándonos por el
problema del proceso democratizador en Méjico, pero, a la vez, nos parece
una desproporción, dentro del conjunto de la proposición no de ley, los
dos puntos que se pretende que se aprueben esta mañana aquí.

Aparte, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya intentó otra iniciativa
más, como era la comparecencia del Embajador de Méjico en esta Cámara,
que fue rechazada por la Mesa del Congreso porque no es nuestra labor
controlar a autoridades de otros Estados.

Nadie duda del resultado final de las elecciones en Méjico. Puede que se
esté dudando de esas irregularidades que hayan afectado a la calidad de
esas elecciones, pero ni siquiera organismos importantes, como la Alianza
Cívica, que se citó aquí en la comparecencia del Ministro, han puesto en
cuestión el triunfo del PRI, el triunfo del candidato a Presidente, el
señor Cedillo.

Es cierto que las mayores irregularidades en estas elecciones se han dado
en el Estado de Chiapas, que vive una situación que todos conocemos,
donde realmente es muy difícil que las irregularidades que se han
producido o se han denunciado no sean mayores.

Por otro lado, la proposición no de ley no contempla una serie de avances
importantes que han hecho que estas elecciones mejicanas sean las más
limpias o las menos sucias --no voy a entrar en la cuestión de ver con
optimismo o con pesimismo el problema-- de toda la historia de Méjico,
con un sistema electoral mucho más abierto que en todos los procesos
electorales anteriores, con mucho menos control del partido dominante,
del PRI, que en otros procesos electorales y con otras reformas
importantes, algunas de las cuales quiero citar aquí.

La nueva legislación electoral mejicana por primera vez tipifica el
delito electoral, establece autonomía del Instituto Federal Electoral,
permite la presencia de observadores independientes y extranjeros, tanto
de la OEA, como de la ONU, como de algunos parlamentos, entre ellos el
nuestro, y ninguno de ellos ha cuestionado el resultado final. En algunos
casos se ha visto que hay determinadas deficiencias técnicas e incluso
algunas cuestiones que pueden ser denunciables, como se está comprobando
hasta finales de este mes, que será cuando se den definitivamente los
resultados.

En este sentido, quiero decir que, por ejemplo, algunos conflictos y
algunas denuncias que se han planteado en las instancias electorales a
las que les corresponde dar los resultados finales están dando avances
positivos. Por ejemplo, que yo recuerde, en la Alcaldía de Monterrey
había un conflicto entre el candidato del PRI y el candidato del PAN y,
curiosamente, las instancias electorales correspondientes han dado la
victoria al candidato del PAN frente al candidato del PRI. No podemos
participar ni tener la sospecha de que estas instancias electorales no
vayan a cubrir su papel desde esa autonomía que les permite la ley
electoral actual al Instituto Federal Electoral, y «a priori» no podemos
poner en cuestión que no vayan a ser tenidas en cuenta las distintas
denuncias que se hayan podido hacer.

Aparte de eso, por primera vez también se han expuesto las listas
electorales con antelación a la votación y se han adoptado medidas para
evitar el voto múltiple y también para garantizar el secreto del voto. Yo
creo que son medidas importantes que tenemos que reconocer aquí y que la
proposición no de ley que presenta Izquierda Unida no contempla.

Por otra parte, las denuncias que están planteadas carecen en estos
momentos de una cuantificación de hasta dónde ha podido llegar ese
posible fraude o esas posibles irregularidades y, repito, estamos ante
las elecciones más democráticas de toda la historia de Méjico. España
tiene una obligación relevante, como se ha dicho aquí por parte de
algunos portavoces, de ayudar en este proceso electoral por la amistad
fraternal que este país tiene con Méjico, por los importantísimos
intereses económicos que tiene nuestro país con Méjico y que tendrá a
partir de haber firmado el Tratado de libre comercio con Canadá y Estados
Unidos, donde puede haber unos intereses comerciales de gran envergadura,
y somos los primeros a los que nos interesa que el proceso democratizador
y de desarrollo de derechos humanos y de desarrollo del pueblo mejicano
sea cada vez mejor.

El problema es plantearnos si con esta proposición no de ley nosotros
estamos ayudando y colaborando a que las autoridades mejicanas puedan
llevar ese proceso mejor, o



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vamos a conseguir el efecto contrario con esa deslegitimación que parece
ser que pretende demostrar o decir que podrían tener las autoridades
mejicanas en caso de que no se consiguiese esa limpieza en las instancias
electorales para ver las denuncias que se han presentado.

Por otra parte, la proposición no de ley nos parece tremendamente
desproporcionada. En su primer punto, partiendo de un hecho concreto que
son las elecciones mejicanas, nos habla de temas importantes, terribles,
que nos preocupan mucho, como es el de los derechos humanos, garantizar
la vida de las personas, etcétera, pero partiendo de un hecho muy
concreto lo generaliza a situaciones que, desgraciadamente, no sólo
Méjico sino otros países padecen a lo largo y a lo ancho de la tierra. No
reconociendo los avances importantes a los que me he referido, tendrá ese
efecto contrario al que pretende la propia iniciativa que presenta
Izquierda Unida. Creemos que, como ha dicho el señor Mardones,
cometeríamos una injerencia en los asuntos internos del país con este
tipo de proposición no de ley.

También creemos que estas preocupaciones deberían darse en todos y cada
uno de los procesos electorales y en todo caso crearíamos un precedente
para todos aquellos procesos electorales de otros países que están
haciendo esfuerzos por democratizar su sociedad, por hacer un país más
democrático y sumarse limpiamente al conjunto de países democráticos del
mundo, y crearíamos un precedente en futuras elecciones en otros países
que tienen problemas parecidos o a veces menores a los de la propia
sociedad mejicana. Lamentar las posibles irregularidades o defectos
técnicos que hayan podido tener las elecciones, sin reconocer ese
esfuerzo que se está haciendo porque cada vez Méjico sea más democrático
y resuelva mejor los problemas gravísimos de desarrollo que tiene en
algunas zonas del país, tal y como se propugna en esta proposición,
creemos que perjudicaría las buenas relaciones de Méjico con España.

Nosotros consideramos que debemos seguir apoyando el proceso. En el
sexenio del señor Salinas de Gortari se han hecho esfuerzos importantes
por dar un paso de gigante y todavía no lo ha conseguido, y la nueva
autoridad mejicana, el señor Cedillo, creo que tiene que tener el
respaldo de todos nosotros porque, en primer lugar, no se le cuestiona su
triunfo; en segundo lugar, creo que hay que respaldar su legitimidad por
haber ganado estas elecciones, como todos los observadores dicen, y creo
que con este tipo de iniciativas estaríamos perjudicando la fuerza, la
decisión que nos consta que tienen las nuevas autoridades que acaban de
salir de estas elecciones de agosto de 1994 para conseguir consolidar
cada vez más ese proceso que nosotros vamos a apoyar, desde luego no con
este tipo de iniciativas.




El señor PRESIDENTE: No habiéndose presentado enmiendas, vamos a
proceder, por consiguiente, a la votación, pero antes quiero pedir a los
grupos que comuniquen cuáles han sido las sustituciones que se han
producido en los Diputados.

El señor Moya Milanés tiene la palabra.




El señor MOYA MILANES: Señor Presidente, por parte del Grupo Socialista a
la señora Balletbó la sustituye el señor Costa, al señor Curiel el señor
Cuevas, al señor Estrella el señor Torres, al señor Fuentes la señora
Sánchez, al señor De Puig el señor Marsall y al señor Martínez el señor
Rueda.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor Vázquez Romero tiene la palabra.




El señor VAZQUEZ ROMERO: La señora Angeles Maestro sustituye al señor
Anguita.




El señor PRESIDENTE: El señor Rupérez tiene la palabra.




El señor RUPEREZ RUBIO: El señor Arias-Salgado sustituye a la señora
Tocino.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Comunicadas las sustituciones, vamos a proceder a la votación de la
proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 24.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




DICTAMEN SOBRE:



--CONVENIO SOBRE LA PROTECCION DE LOS CREDITOS LABORALES EN CASO DE
INSOLVENCIA DEL EMPLEADOR (NUMERO 173 DE LA OIT), ADOPTADO EN GINEBRA EL
23 DE JUNIO DE 1992 Y DECLARACION QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO
DE LA RATIFICACION. (Número de expediente 110/000118.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
Dictamen sobre el Convenio sobre la protección de los créditos laborales
en caso de insolvencia del empleador (número 173 de la OIT), adoptado en
Ginebra el 23 de junio de 1992 y Declaración que España va a formular en
el momento de la ratificación.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: El Convenio número 173 de la OIT sobre la
protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador
se adoptó en la 79.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
celebrada en Ginebra en junio de 1992. Su contenido, concretamente en las
partes 2 y 3, dispone que los créditos adecuados a los trabajadores en
razón de su empleo deberán quedar protegidos frente a otros acreedores en
caso de insolvencia del empleador. Asimismo se establece en el



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Convenio que si debido a la insolvencia del empresario es inaplicable el
procedimiento anterior, el pago de sus créditos deberá ser garantizado
por una institución de garantía.

Señorías, ésta es una materia contemplada en la legislación laboral
española, tanto en lo referente a la consideración de preferencias de los
salarios de los trabajadores no satisfechos por los empresarios sobre
otros créditos, como en la protección de los salarios a través de una
institución de garantía en caso de insolvencia. En concreto, estamos
hablando del artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores y del artículo
33 del mismo Estatuto.

La ratificación que se propone abarca las partes 2 y 3 del Convenio, en
consonancia con una de las alternativas que se ofrece en su artículo 3,
en concreto la del artículo 3.3. No excluye ninguno de los créditos
protegidos por el texto del Convenio y sí lo hace con referencia al
personal al servicio de la Administración pública, así como a las
personas con relación laboral especial al servicio del hogar familiar, en
este último supuesto de acuerdo con la exclusión que en su día se aceptó
al transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva comunitaria
987/80, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso
de insolvencia del empresario.

Este es de alguna manera, señor Presidente, el resumen del Convenio que
hoy se estudia en esta Comisión de Exteriores sobre el cual me voy a
permitir, con la indulgencia de SS. SS. hacer algunas consideraciones de
carácter general.

Supongo, puesto que no se ha podido consultar en el expediente, que lo
que se establece en el artículo 4.2 de dicho Convenio, es decir, la
consulta previa a las organizaciones empresariales, a las organizaciones
sindicales, relativa a las exclusiones específicas que se hacen en la
declaración final del Convenio se ha hecho de modo formal y, por tanto,
existirán y obrarán en consecuencia en dicho expediente.

En relación con la exclusión que se hace de la parte 2 del Convenio de
los empleados públicos, supongo también que no se refiere a aquellos
empleados públicos que tienen una relación contractual con la
Administración de carácter laboral, por cuanto, desgraciadamente, y dadas
las circunstancias por las que está atravesando el país, no son ya una
excepción y no es una situación que no pueda producirse la suspensión de
pagos en empresas públicas. Por consiguiente, se entiende que los
trabajadores al servicio de la Administración que tienen una relación
contractual de carácter laboral y, por tanto, están sometidos al Estatuto
de los Trabajadores, no están excluidos de la declaración que formula el
Gobierno para la ratificación de este Convenio. Recientemente se ha
producido, lo cual no deja de ser un cierto contrasentido, la primera
suspensión de pagos de una empresa pública, donde además el acreedor
fundamental es el propio Estado. Sería un contrasentido que los
trabajadores de dicha empresa pública no vieran recogido el privilegio de
ser considerado su salario como pago preferente.

Con relación a los empleados del hogar, una consideración general. Parece
claro y evidente que la exclusión que se establece es para garantizar o
no cargar demasiado a las familias españolas, y a las familias europeas
que hayan ratificado dicho convenio, la contratación de empleados, de
personas que puedan ayudar a las tareas del hogar. Eso es así por cuanto
se les obligaría a aportar determinadas cantidades para la constitución
de un fondo de garantía salarial, en el caso de insolvencia, paro,
etcétera de los cabezas de familia, cuestión que es muy habitual, por
desgracia, en nuestro país.

Entendido de esta manera, ningún matiz que añadir, pero sí una
consideración general. No es muy adecuada, o parece insuficiente, no sólo
la legislación española, sino la legislación europea y comunitaria en el
resto de los países sobre la protección a las familias en este sentido,
cuando, además, las familias españolas y las familias europeas en gran
medida y las más numerosas son desgraciadamente las más modestas,
soportan de modo solidario la carga de la crisis.

En estos casos, aunque no hay ningún inconveniente por parte de nuestro
grupo a que las Cortes aprueben la ratificación de dicho convenio,
convendría hacer una reflexión general sobre estas cuestiones. Vivimos
tiempos difíciles en los que precisamente esos sectores de la sociedad
más desprotegidos, como la infancia, la juventud y la vejez o la tercera
edad, necesitan de una especial protección. Cuando además, dicho por
expertos, y todo parece suponerlo, precisamente sobre las familias
europeas va a recaer en el futuro de manera importante la labor de
solidaridad por la crisis que atravesamos, fundamentalmente el paro, que
son consecuencias no coyunturales de una crisis, sino entiendo yo, y me
perdonarán SS. SS. que haga esta reflexión, de políticas mal aplicadas o
políticas que se han demostrado ineficaces.

En consecuencia, señor Presidente, y a la vista de lo anterior, no existe
obstáculo por nuestra parte para que se autorice por las Cortes Generales
la ratificación de dicho convenio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria va a dar su apoyo a la
ratificación de este convenio en razón a los siguientes argumentos.

Este convenio recoge el sentir que en 1992 hace la Oficina Internacional
del Trabajo al darse cuenta que el convenio de protección del salario que
ya venía existiendo en las normas internacionales laborales y en las de
muchos países, incluido España, en caso de insolvencia, fundamentalmente
quiebra de las empresas, había llevado a la legislación laboral, como el
caso de la española, unos instrumentos de garantía para salvaguardar esa
parte salarial con la seguridad que correspondía al trabajador o empleado
frente a la insolvencia del empleador.

Como bien reconoce este convenio, se efectúa un cambio, no sólo de ir a
la protección del salario, sino, y sobre todo, de la rehabilitación de la
empresa insolvente, tratando de producir todos los efectos posibles con
la legislación de cada país para que la rehabilitación de las empresas
vaya aparejada a la salvaguarda del empleo.

En este convenio queremos destacar, y con esto termino, señor Presidente,
dos aspectos muy interesantes y



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favorables que nos mueven hacia nuestro voto de apoyo. En primer lugar,
la introducción del principio del privilegio en la protección del
salario. Estábamos viendo cómo en los expedientes judiciales de quiebra,
al hacerse la lista de acreedores en muchos países no existía una
preferencia de quién tenía que ser atendido al hacerse la liquidación de
los activos. Pues bien, este convenio en la parte II, artículo 5, señala
y consagra la protección de los créditos laborales a los trabajadores por
medio de un privilegio, es decir, que sean pagados con cargo a los
activos del empleador insolvente, fundamentalmente en el caso de las
quiebras, frente a los acreedores no privilegiados que son los demás.

Estamos cansados de ver sentencias laborales donde muchas veces se ha
dado preferencia a los acreedores no privilegiados, que eran
suministradores de esa empresa, de cualquier cuestión o servicio, y
quedaban en demérito los propios trabajadores en situación de paro y
desempleo.

También queremos resaltar, por último, la introducción en la parte II, en
sus artículos 9 y 12, de las instituciones de garantía. Lo cierto es, y
la experiencia laboral nos lo ha enseñado, que sin instituciones de
garantía para protección de los créditos laborales estaríamos hablando de
una pura entelequia y de una pura teoría, si no existe un fondo de
garantía salarial para atender todas estas incidencias, en el caso de
insolvencia o quiebra de las empresas. Considerándolo positivo, como he
dicho, damos nuestro voto favorable.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Mi grupo va a dar su voto favorable a este
convenio que significa la transformación en convenio internacional de lo
que era una proposición, la número 163, de la Organización Internacional
del Trabajo, adoptado en Ginebra, en junio de 1992. Me parece importante
que en la misma se contenga la prioridad y el objetivo de rehabilitar las
empresas y salvaguardar el empleo.

Como ya se ha dicho, nos preocupa la parte final del convenio, lo que es
la declaración de España a dicho convenio, en lo que significa de
exclusión de las obligaciones contenidas en su parte II relativas a los
trabajadores al servicio de la Administración Pública.

Como hecho más positivo nos parece importante el artículo 5, en el que se
establece un privilegio para el cobro de las cantidades adeudadas a los
trabajadores, antes de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar
la parte que les corresponda en caso de insolvencia. Repito, lo que
fundamentalmente nos preocupa de este convenio son las exclusiones que
establece España en su declaración, tanto en lo referido al personal al
servicio de la Administración Pública, como las obligaciones que están
contenidas en la parte III del convenio referidas a las personas con
relación laboral de carácter especial al servicio del hogar familiar.

A pesar de esto, vamos a dar nuestro voto favorable a dicho convenio que
seguramente puede resolver circunstancias desgraciadas que han sido
frecuentes en el pasado reciente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Vallejo.




El señor VALLEJO RODRIGUEZ: Para mostrar la posición favorable del Grupo
Socialista al convenio que se nos presenta, pero además decir que
justamente este año de 1994 se celebra el 75 aniversario de la fundación
de la Organización Internacional del Trabajo y el 50 aniversario de la
Declaración de Filadelfia, que son la base de los objetivos sociales que
actualmente contemplamos.

Se ha explicado suficientemente el contenido del convenio, aunque hay
cosas que no entiendo muy bien de lo que ha dicho algún portavoz. Se
plantean dudas, desde el punto de vista de que no quede clara alguna cosa
que yo creo queda clara, cuando se habla de exclusión del personal al
servicio de la Administración Pública, no de personal contratado por
empresas que trabajan para la Administración Pública. A no ser que haya
alguien que pretenda crear dudas sobre cualquier cosa a propósito de
cualquier convenio, cualquier término, cualquier acuerdo o cualquier
votación que se lleve a cabo en el Parlamento.

Por otra parte, se han hecho algunas reflexiones en torno a por qué se
excluyen las personas con relación laboral de carácter especial al
servicio del hogar familiar. Cualquier grupo parlamentario, al margen de
este convenio, puede tener las iniciativas que le parezcan oportunas y
presentarlas en la Cámara según el Reglamento, y en los términos que crea
mejores; pero creo que hoy sentamos un precedente curioso, extraño,
singular, y espero que sea poco frecuente, y es que a raíz de un convenio
que aprueba España se hable de la situación española, haciendo
valoraciones negativas seguramente en un momento en el que alguien cree
que a río revuelto ganancia de pescadores.

Espero que eso realmente no se cumpla y que, al final, de lo que hablemos
sea de lo que estamos hablando en el momento presente: del convenio que
firma España que, como digo, y acabo con lo que he dicho al principio, el
Grupo Socialista va a votar afirmativamente.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, por consiguiente, a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




--ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA, HECHO «AD REFERENDUM» EN
MANAGUA EL 16 DE MARZO DE 1994. (Número de expediente 110/000120.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día: Acuerdo de
promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España
y la República de Nicaragua,



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hecho «ad referendum» en Managua, el 16 de marzo de 1994.

¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Puche.




El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Este acuerdo de protección recíproca de
inversiones que vamos a someter a ratificación viene situándose en la
misma línea de los diversos acuerdos que ha firmado España con otros
países. En este acuerdo se fijan las garantías que nos aseguran un
tratamiento no discriminatorio de las inversiones recíprocas de ambos
países, es decir, de España y de Nicaragua. Esa no discriminación se
refiere, tanto respecto a terceros países, como respecto a la libre
repatriación de los rendimientos de la inversión, así como a las
cláusulas especiales respecto a la posibilidad de las nacionalizaciones.

Señalaría que la importancia de este acuerdo radica fundamentalmente en
que se evita uno de los grandes riesgos que tiene una inversión exterior;
es decir, el denominado riesgo político, o el problema que puede existir
ante el cambio de un régimen político, o ante un cambio simplemente del
Gobierno, que modifique esa política respecto a la relación que puede
existir con una inversión exterior.

Este acuerdo evita ese riesgo y además atrae, por esa misma vía, la
posibilidad de una serie de inversiones extranjeras que no podrían
atraerse de ninguna otra forma. Un acuerdo como el que vamos a ratificar
en este momento, dada la situación relativa que tiene España de
desarrollo respecto a Nicaragua, tiene como objetivo claro y terminante
incentivar la inversión española en Nicaragua, por lo que supone, desde
nuestro punto de vista, una ayuda al desarrollo económico de este país
por un sistema mucho más efectivo del que pudiera ser la donación directa
de fondos, que siempre es reducida y, como saben SS. SS., posiblemente
más escasa, o desde luego más escasamente eficiente.

Los efectos multiplicativos que, desde nuestro punto de vista, genera
este acuerdo, son, en fin, mucho mayores que los que pudiera tener, como
digo, una ayuda directa al desarrollo.

Termino, señor Presidente, no sin antes señalar la tremenda importancia
que, desde nuestro punto de vista, tiene en este convenio el artículo
5.º, que trata de la posibilidad de las nacionalizaciones y
expropiaciones, en función del interés general; el 6.º, que trata de la
compensación de las pérdidas derivadas de situaciones especiales, como
pueden ser conflictos armados o revueltas; o el artículo 7.º, de especial
relevancia, que garantiza la transferencia de las rentas de la inversión
en moneda convertible en un plazo no superior a seis meses.

Por todo ello, señor Presidente, el voto del Grupo Popular va a ser
favorable a la ratificación de dicho acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Quiero aclarar que es tradición en esta Comisión que
en los debates sobre dictámenes se produzca una alternancia en la primera
intervención entre los dos grupos más importantes. Esta alternancia no se
ha producido en este caso y he dado la palabra al señor Puche porque,
cuando yo he preguntado qué grupos querían intervenir, nadie me ha
avisado de que quisiera hacerlo con excepción del Grupo Popular.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cremades.




El señor CREMADES SENA: Gracias, señor Presidente.

No importa que el turno sea a favor o en contra; nosotros también vamos a
apoyar este acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de Nicaragua,
convenio que se viene intentando desde el año 1991 y que, por fin, en
este momento, ya se ha podido firmar, pues las dos partes, tanto España
como Nicaragua, han aceptado este texto que, por otra parte, es un texto
modelo, un texto marco, como el que se ha firmado con otros países, con
un objetivo importante, que es fomentar la inversión productiva española,
ofreciendo un marco jurídico de protección de esas inversiones. Esperamos
que, después de la firma de este acuerdo, y tras la puesta en
funcionamiento del mismo, las inversiones españolas en Nicaragua se
incrementen.

Por otra parte, creemos que con este tipo de convenios se estabiliza de
forma importante la garantía, la estabilidad y la confianza de aquellos
productores españoles que deseen seguir incrementando las inversiones que
se están haciendo en aquel país.

En beneficio de ambos países, el Grupo Socialista aprobará este acuerdo
apoyando su puesta en vigor.




El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, ¿ha pedido usted la palabra;?



El señor VAZQUEZ ROMERO: Sí, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Ruego de todas formas que digan quién quiere hacer
uso de la palabra en el momento en que yo lo solicito, no se vayan
incorporando sobre la marcha porque, entonces, trastuecan un poco el
orden que seguimos; es un orden siempre elástico, pero orden, al fin y al
cabo.

Tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente. Creí haberlo hecho en
su momento. Probablemente no fue así.




El señor PRESIDENTE: O, como se dice, no lo he captado yo.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Me parece que tampoco importa demasiado. Lo que
nos parece importante es que también en este caso existe consenso en la
Cámara para apoyar este acuerdo entre España y la República de Nicaragua
que, de hecho, como se ha dicho, es prácticamente similar a otros de los
que ya en muchas ocasiones hemos ratificado en esta Comisión, y del que a
mí me gustaría resaltar, fundamentalmente, los aspectos que se contienen
en los artículos 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, porque son los que hablan del
tratamiento que va a recibir cada una de las partes



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contratantes de los extremos relacionados con la posible nacionalización
y expropiación, la compensación por las pérdidas y las transferencias
posibles de las inversiones que se puedan generar en cada uno de los dos
países.

Nos parece que es un acuerdo que podemos apoyar sin ningún tipo de duda,
porque probablemente sirva para ayudar al intercambio comercial entre
nuestro país y Nicaragua, lo que puede significar un estímulo para el
desarrollo, no sólo de las relaciones comerciales, sino de otro tipo con
esta pequeña república centroamericana.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




--CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION DEL NIÑO Y A LA COOPERACION EN
MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL, HECHO EN LA HAYA EL 29 DE MAYO DE
1993, ASI COMO DECLARACION QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL VA A FORMULAR. (Número
de expediente 110/000121.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto y último del orden del día:
convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia
de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, así
com declaración que el Gobierno español va a formular.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Muñoz-Alonso.




El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Este convenio, como explica su artículo 1.º,
trata de establecer garantías para las adopciones internacionales, es
decir, las adopciones de niños que proceden de otros países. Asimismo, se
trata (dice el texto) de instaurar un sistema de cooperación entre los
Estados contratantes y asegurar el reconocimiento, en estos Estados, de
las adopciones realizadas de acuerdo con el convenio.

De la lectura, tanto del texto articulado como de la exposición de
motivos, se deduce que hay tres principios fundamentales que rigen esta
materia: el principio del interés superior del niño; en segundo lugar, el
respeto a sus derechos fundamentales; y, en tercer lugar, un principio
específico para esta materia de la adopción, el de prevenir la
sustración, venta y tráfico de niños.

El convenio, a lo largo de su articulado, en el que no voy a entrar nada
más que muy por encima, regula las condiciones de las adopciones
internacionales, las autoridades centrales y organismos competentes en
esta materia, el procedimiento a seguir y el reconocimiento y efectos de
estas adopciones en los Estados contratantes.

El convenio al que nos estamos refiriendo es en realidad un desarrollo,
obligado, de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño, que fue firmada el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por España
en junio de 1990. Aquella Convención de los derechos del niño se ocupaba
ya del tema de la adopción en el artículo 21, y precisamente España hizo
entonces una Declaración en relación con la letra d) de ese artículo,
relativa a los posibles beneficios financieros, que nunca podrían ser
distintos de aquellos que fueran precisos para cubrir los gastos
estrictamente necesarios, decía la Declaración del Gobierno de España.

El Gobierno se propone también hacer varias declaraciones con relación al
Convenio que estamos tratando. Son exactamente cuatro declaraciones, a
las que me voy a referir brevemente.

En primer lugar, una que figura ya en el texto que se nos ha entregado,
relativa a las adopciones de niños con residencia habitual en España, que
sólo podrán tener lugar cuando la autoridad central, según la
terminología del Convenio, de los otros Estados sean autoridades públicas
u organismos reconocidos, de acuerdo con el párrafo uno del artículo 22
del Convenio. Es decir, se trata de dar las máximas garantías a estas
adopciones para que no pueda haber interferencias de organismos que no
den suficientes garantías para el proceso.

Hay otras tres declaraciones que, aunque no figuran en el texto, sí están
en el expediente del mismo, concretamente en el documento que procede del
Gabinete de Tratados de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Por la primera, España manifiesta que será autoridad central cada una de
las 17 comunidades autónomas en el ámbito de su territorio y en relación
con los residentes en el mismo. La segunda Declaración dice que, para la
transmisión de comunicaciones, la autoridad central a que se refiere el
Convenio en uno de sus artículos, será la Dirección General de Protección
del Menor, del Ministerio de Asuntos Sociales. La tercera declaración
establece que la competencia para certificar la adopción será de cada una
de las comunidades autónomas, en el ámbito de su competencia, y la
Dirección General de Protección del Menor respecto a Ceuta y Melilla.

El Consejo de Estado, en su dictamen acerca de este Convenio, manifiesta
que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio
del Convenio consultado requiere la previa autorización de las Cortes y
lo declara comprendido en el apartado e) del artículo 94.1 de nuestra
Constitución. Quiero recordar a SS. SS. que ese apartado es el que se
refiere a los tratados y convenios que supongan modificación o derogación
de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

Para terminar, querría hacer una breve reflexión sobre este último
aspecto, porque me parece que España está dejando mucho que desear en lo
que atañe a la incorporación a su ordenamiento jurídico interno de los
asuntos a los que presta su adhesión internacional; en concreto, en este
ámbito de la protección del menor y de la adopción internacional, existen
muchas carencias.

Quiero referirme a una proposición no de ley de mi grupo parlamentario,
presentada al Pleno de esta Cámara



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el último mes de junio, junio de 1994, y apoyada por todos los grupos de
la Cámara. La proposición no de ley tenía nueve puntos, uno de los cuales
se refería a la necesidad de envío a las Cortes cuanto antes (ya se ha
aplazado en muchas ocasiones, se ha hablado de ese proyecto, pero nunca
lo hemos llegado a ver en esta Cámara) de un proyecto de ley de
protección del menor o de derechos del niño, en uno de cuyos aspectos se
ha de tocar evidentemente el tema de la adopción internacional. Al mismo
tiempo, en aquella proposición no de ley, dos puntos, el 3 y el 4, hacían
referencia a la adopción internacional y a la necesidad de regularla
siguiendo las directrices de este Convenio, al que ya se aludía en aquel
debate, estableciendo además, se decía, organismos para la adopción
internacional que, en colaboración con las comunidades autónomas,
promuevan, asesoren y garanticen la adopción de menores extranjeros.

Quiero señalar que es una materia en la que nuestra legislación tiene en
estos momentos unas lagunas que han de ser rellenadas cuanto antes, pero,
sin ninguna duda, ha de hacerse siguiendo las directrices de este
Convenio al que nos estamos refiriendo, que por supuesto vamos a apoyar
con nuestro voto. (Rumores.--La señora Balletbó Puig pronuncia palabras
que no se perciben.)



El señor PRESIDENTE: Quiero recordar a la señora Balletbó que no está en
el uso de la palabra.

Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Mi grupo va a dar su apoyo a este convenio
relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional, señalando dos extremos que nos parecen
especialmente importantes que, por otra parte, han sido citados por el
señor Muñoz-Alonso.

El primero de ellos es el artículo 1 del capítulo I, en el que se
establecen las directrices que van a regir en este tipo de tema,
señalándose en el apartado a) las garantías para que las adopciones
tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto
de sus derechos fundamentales.

El segundo, el apartado b), la instauración de un sistema de cooperación
entre los Estados que asegure el respeto a dichas garantías y, en
consecuencia --lo que nos parece esencial--, prevenga la sustracción,
venta o tráfico de niños. En tercer lugar, asegurar el reconocimiento en
los Estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el
Convenio, lo que pone en pie de igualdad a todos los Estados que
participen de la notificación del mismo.

Asimismo, nos parece altamente destacable la declaración que el Gobierno
español va a formular en el momento de la ratificación, cuando establece
que todas las funciones conferidas a las autoridades centrales sean
ejercidas por autoridades públicas o por organismos reconocidos, de
acuerdo con lo previsto en el párrafo primero del artículo 22 del
Convenio; es decir, únicamente entidades públicas, autoridades públicas
centrales, en el caso español, como se ha dicho, se entiende por
autoridad central las comunidades autónomas, lo que nos parece altamente
adecuado. Nos parece fundamental evitar la participación, en un tema tan
sensible como éste, de entidades privadas que pudieran mediar por
intereses comerciales en un tema de esta naturaleza.

Por tanto, nos parece altamente apoyable la Declaración que el Gobierno
español adjunta a este Convenio en el momento de su ratificación. Es,
quizá, el punto esencial que nos hace votar favorablemente el mismo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Plá.




La señora PLA PASTOR: Muchas veces, demasiadas, nos encontramos en los
medios de comunicación hechos lamentables y delictivos, que tienen como
objeto pasivo al niño, es decir, un ser débil por naturaleza que es
objeto de prostitución, malos tratos, abusos y tráfico. Por eso, al Grupo
Socialista todas las cautelas que se adopten para proteger los derechos
del niño y evitarle todos estos abusos, nos parecen pocas. De aquí que
vamos a ratificar el Convenio afirmativamente como han manifestado ya los
demás grupos.

No vamos a entrar a su descripción detallada porque ya lo han hecho los
señores Vázquez y Muñoz-Alonso, pero sí quisiéramos destacar algunos
aspectos, muy pocos, que nos parecen importantes. La declaración de
España en el sentido de señalar a las autoridades centrales para negociar
esta cooperación con otros organismos internacionales, también centrales
y públicos, que impidan el tráfico de niños, la venta, la adopción, es
decir, que estas operaciones se hagan siempre sin ánimo de lucro. Una de
las cosas que leemos y nos horrorizan, es ese tráfico y compraventa de
niños, que nos parece absolutamente deleznable. Por eso, ese aspecto nos
parece importante.

También nos parece importante que sean las 17 comunidades autónomas las
que vayan a participar en toda esta cooperación y en la adopción de
niños, porque las comunidades autónomas van asumiendo competencias, una
de ellas ésta, y nos parece importante que sea España la que lo asuma en
su declaración.

También queremos destacar que este convenio es una continuación de la
ratificación de los Derechos del Niño de la ONU. Esta Diputada que les
habla tuvo el honor de ratificarlo en 1980 y de ser ponente.

Por eso, el voto del Grupo Socialista va a ser afirmativo, sin ninguna
duda, y nos unimos a las palabras que han expresado los demás ponentes
respecto a la protección de los derechos del niño.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de este convenio.




Efectuada la votación, dijo: El señor PRESIDENTE: Se aprueba por
unanimidad.

Señorías, hemos terminado el orden del día.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y treinta minutos del mediodía.