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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 269, de 14/09/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 269
DE ESTUDIO SOBRE LA INTERVENCION
DEL BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
PRESIDENTE: DON JUAN MUÑOZ GARCIA
Sesión núm. 13
celebrada el miércoles, 14 de septiembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--De don Guillermo Kessler Saiz, ex Director General de Seguros, para
informar en relación con la investigación que está realizando la Cámara
sobre el Banco Español de Crédito. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 219/000410) (Página 8004)
--Del señor Director General de Seguros (Aguilar Fernández-Hontoria),
para informar en relación con la investigación que está realizando la
Cámara sobre el Banco Español de Crédito. A solicitud de la Comisión.

(Número de expediente 212/000915) (Página 8008)



Página 8004




Se abre la sesión a las diez de la mañana.




COMPARECENCIAS:



--DE DON GUILLERMO KESSLER SAIZ, DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS EN EL AÑO
1988, PARA INFORMAR EN RELACION CON LA INVESTIGACION QUE ESTA REALIZANDO
LA CAMARA SOBRE EL CITADO BANCO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 219/000410.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señores Diputados. Se abre la sesión
con la comparecencia de don Guillermo Kessler Saiz, Director General de
Seguros desde 1988 hasta 1991, para informar en relación con la
investigación que está realizando la Cámara sobre el citado Banco,
Banesto, a petición del Grupo Parlamentario Popular.

Le agradezco, en nombre de todos los miembros de la Mesa y de la
Comisión, su presencia.

Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Sanz.




El señor SANZ PALACIO: Uno mi agradecimiento al del Presidente de la
Comisión por su comparecencia ante ésta. A continuación voy a hacer una
serie de preguntas dentro de un contexto general.

Señor Kessler, uno de los aspectos más llamativos del caso Banco Español
de Crédito y de alguna de sus empresas participadas es la rapidez con la
que se han deteriorado, o lo mucho que se ha tardado en detectar,
dependiendo de como se mire. La Unión y El Fénix, que hoy nos ocupa, no
es una excepción. Como resultado de la inspección de la Dirección General
de Seguros, iniciada en marzo de 1993, se descubre un agujero, en el
sentido de sobrevaloración del valor patrimonial de la sociedad, de
40.000 millones de pesetas. Lo repentino de este descubrimiento resulta
paradójico si tenemos en cuenta que el negocio del seguro es un negocio
que algún compareciente en esta Comisión ha llegado a describir como
lento y aburrido, donde las cosas no suceden de la noche a la mañana y en
el cual, tanto los fracasos como las crisis, incuban durante largo
tiempo.

Independientemente de la calidad de la gestión de La Unión y El Fénix, de
la que más tarde le pediremos su valiosa opinión, señor Kessler, esta
compañía, al igual que el resto, estaba sujeta, o al menos debía estarlo,
al control administrativo de la Dirección General de Seguros del
Ministerio de Economía y Hacienda, a la que debía presentar
periódicamente la información relativa a sus actividades. De la
comprobación de dichas actividades se pueden aplicar, en el caso de que
se comprueben irregularidades, medidas cautelares, sanciones e incluso la
propia intervención de la compañía.

En este sentido, ¿podría usted darnos una idea del grado de conocimiento
de la situación real de La Unión y El Fénix que se tenía en la Dirección
General de Seguros en el período en el que usted la dirigía? ¿Tenía usted
conocimiento de alguna irregularidad en su gestión? Y, en caso
afirmativo, ¿llegó a aplicarse alguna medida o sanción? En términos
generales, ¿qué opinión le merece la gestión de don Mario Conde y su
equipo en La Unión y El Fénix?
En la primera de las comparecencias que tuvo lugar ayer, el señor Piérart
mencionó una prohibición expresa de la Dirección General de Seguros a que
La Unión y El Fénix fuera gestionada por AGF; ello limitó la
participación de la aseguradora francesa a un cierto porcentaje de La
Unión y El Fénix que, además, se realizaba de modo indirecto a través de
otra sociedad sobre la que ni siquiera tenía control. ¿En tan buena
estima se tenía en la Dirección General de Seguros la gestión de Conde, o
es que la gestión de AGF no era digna de confianza, señor Kessler?
Por último, también en relación con la toma de participación de AGF en La
Unión y El Fénix, nos interesa que precise usted el complejo mecanismo
diseñado por la Corporación Banesto para la venta del 24 por ciento de La
Unión y El Fénix con la intervención de sociedades residentes en paraísos
fiscales, al objeto de lograr un importante ahorro fiscal.

Independientemente de la adecuación o no al ordenamiento jurídico de la
operación, que no ponemos en duda, creemos que constituye una muestra más
del talento con el que los antiguos gestores administraban la sociedad y
nos gustaría conocer su punto de vista. ¿Qué sentido tenía que Banesto
utilizara dos sociedades residentes en las Antillas Holandesas y en
Amsterdam para vender un 24 por ciento de La Unión y El Fénix? ¿Era ello
debido exclusivamente a motivos fiscales? ¿Conocía el entonces Ministro
de Economía, señor Solchaga, la autorización de dicha operación por parte
de la Dirección General de Seguros? En caso negativo, ¿se debía esta
circunstancia a que la operación no era de suficiente importancia?
¿Podría usted, señor Kessler, describir el procedimiento que normalmente
se seguía para realizar una autorización de este tipo? ¿Estaba el señor
Solchaga al corriente de la prohibición de la Dirección General de
Seguros a que AGF gestionase La Unión y El Fénix?
Finalmente, una última pregunta: ¿Está, señor Kessler, su cese como
Director General relacionado con la concesión de la autorización de esta
operación? En caso afirmativo, quiere decir que Solchaga no estaba
conforme con ésta y se puede formular la siguiente pregunta: ¿Están
relacionados los problemas que más tarde tuvo Banesto para completar la
operación con la aparente oposición del Ministro a que ésta se llevase a
cabo?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Moreno.




El señor MORENO MONROVE: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al
señor Kessler a esta Comisión específica de seguimiento de la
intervención de Banesto, en su condición de ex Director General de
Seguros, en una etapa tremendamente importante para el conocimiento
completo de la situación por la que atravesó La Unión y El Fénix y,
específicamente, por haber sido el Director General



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en el momento en que se produjo la autorización de la venta de una parte
de La Unión y El Fénix a AGF.

Nuestro Grupo, ya lo ha manifestado en bastantes ocasiones en esta misma
Comisión, resalta de una manera notable la labor supervisora de la
Dirección General de Seguros al amparo del ordenamiento vigente, de la
Ley 33/1984, en defensa de los intereses colectivos, por tanto, en
defensa de los asegurados, de los accionistas y de los trabajadores,
aunque siempre hemos manifestado que la labor supervisora tiene unos
límites, no puede obrar milagros. Quiere decir esto, en otras palabras,
que, a pesar de la labor supervisora, una empresa, debido a su gestión,
puede entrar en un proceso crítico, incluso en un proceso de quiebra como
el que estamos analizando.

Dicho esto y sumándome a gran parte de las cuestiones que plantea el
portavoz del Partido Popular en cuanto a preguntas concretas relacionadas
con el proceso vivido por La Unión y El Fénix y la intervención de la
Dirección General de Seguros, me gustaría concretar cuatro aspectos que
han sido reseñados por mi compañero interviniente con anterioridad.

En primer lugar, señor Kessler, en su época de Director General, según
consta en la información que obra en mi poder, el grupo francés AGF entra
a formar parte del accionariado de La Unión y El Fénix, bien sabemos que
de forma indirecta porque de forma directa, todavía ayer nos manifestaba
el señor Piérart que no forma parte del accionariado, con una posición,
en cualquier caso, minoritaria. Nos gustaría que nos informase sobre
cuándo y por qué se produce esta entrada de AGF, por tanto, sobre la
casuística, según la visión que en aquel momento tenía la Dirección
General de Seguros. En este mismo contexto, señor Kessler, cuál era,
desde su punto de vista, en aquel momento la situación de La Unión y El
Fénix a la vista de las inspecciones realizadas por su departamento y de
las informaciones suministradas por la Unión y El Fénix a la
Administración de acuerdo con la normativa legal vigente, que supongo
obligaba a una información trimestral similar a la que las entidades
financieras tienen obligación de suministrar al Banco de España y de las
cuales la Dirección General de Seguros se suministra de información
suficiente para realizar su labor supervisora.

En tercer lugar, nos gustaría conocer, señor Kessler, su opinión sobre
todo el proceso previo a la autorización administrativa que se produjo en
septiembre de 1991 para la venta de La Unión y El Fénix y en qué
elementos estuvo sustentada dicha autorización.

En cuarto lugar y finalmente, apostillaré un asunto que también ha
mencionado mi compañero interviniente y es que la Dirección General de
Seguros pidió modificar el protocolo de compra de La Unión y El Fénix por
AGF el 24 de mayo de 1991. ¿Cuál fue entonces, señor Kessler, el
contenido de esta petición de modificación, que suponemos estaba en
relación con la posible autorización administrativa posterior de dicha
operación de compra? ¿Estaba el contenido de esta petición de
modificación en una posición estratégica relacionada con la necesidad de
mantener en manos nacionales la gestión de una compañía tan vertebral del
sector seguros como La Unión y El Fénix, a pesar de lo que en aquel
momento ya era una evidente situación de crisis que se estaba menejando
con la posible venta a una empresa extranjera? En caso de no ser así,
¿cuáles fueron, dentro del contenido de la petición de modificación, las
razones de la insistencia en que la gestión quedara en manos españolas?



El señor PRESIDENTE: El señor Kessler tiene la palabra para responder a
las cuestiones planteadas.




El señor EX DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS (Kessler Saiz): Voy a ir
contestando a las preguntas que he ido anotando, aunque me imagino que
las mezclaré en alguna ocasión.

El primer grupo de preguntas a las que hacía usted mención estaba
relacionado con el conocimiento que tenía la Dirección General de Seguros
de la situación de La Unión y El Fénix, si teníamos algún conocimiento de
la irregularidad en su gestión, y la opinión que pudiera tener sobre la
gestión de Mario Conde de aquella época. La Dirección General de Seguros
hace un seguimiento trimestral de la información que remiten las
compañías de seguros a la Dirección General. Ese es el sistema básico de
seguimiento de la evolución de las empresas. Cuando se detecta alguna
irregularidad o simplemente con cierta periodicidad cuando hay medios
disponibles, se realiza una inspección para comprobar que los datos que
remiten las distintas empresas se ajustan realmente a la realidad de sus
balances. Tradicionalmente, la inspección se ha centrado más en aquellas
empresas en donde había alguna sospecha fundada de que la información que
se remitía no se ajustaba a la realidad, o que el propio seguimiento
trimestral daba a entender que podía haber algún problema de tipo
patrimonial, o empresas que estaban ya en una situación difícil, y bien a
través de medidas cautelares o de cualquier otro procedimiento se hacía
un seguimiento muy especial.

En el caso de La Unión y El Fénix era una empresa con una gran tradición
y, sobre todo, con un gran patrimonio, una gran capacidad patrimonial y,
en consecuencia, no se había hecho, en la época en que yo estuve de
Director General --desde 1988 hasta 1991--, ninguna inspección específica
para analizar sus balances. Sí que se le hizo una inspección muy concreta
en aquel famoso caso de las primas únicas, para comprobar si el tipo de
seguros que estaba realizando La Unión y El Fénix respondía a un tipo de
prima única o a otro tipo de prima única, que en aquel momento era lo que
estaba en discusión. Pero aquella inspección que se hizo iba encaminada
exclusivamente a analizar el tipo de producto que estaba vendiendo La
Unión y El Fénix como primas únicas. En consecuencia, la idea que
teníamos sobre la situación patrimonial de La Unión y El Fénix era
básicamente a través de la información trimestral.

Las inspecciones posteriores lo han podido demostrar, pero no tengo
ninguna garantía, porque simplemente he hecho un seguimiento a través de
los periódicos, puesto que yo dejé la Dirección en 1991. En aquel momento
La Unión y El Fénix no tenía un problema patrimonial. Tenía,
posiblemente, un problema de gestión, y eso lo denunciaban



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los propios datos trimestrales donde aparecían costes internos y costes
externos posiblemente más elevados de lo que hubiera sido conveniente,
etcétera. En aquella época la gestión de La Unión y El Fénix empezó
también una política agresiva de cambio, que consistía básicamente en
tratar de eliminar la dependencia que tenía de los agentes y pasar a
reducir, en consecuencia, los costes de intermediación, que suponían una
parte importante de sus costes de gestión. Es cuando comenzó a plantearse
la idea --creo recordar que incluso por aquella época ya se autorizó la
compañía-- de la actual Unión y El Fénix autos, que es un sistema de
venta directa, donde se elimina la intermediación, etcétera. La idea que
teníamos en aquel momento era que no había problemas patrimoniales, que
necesitaba una reconversión sustancial en cuanto a su gestión, y que se
estaba tomando algún tipo de medidas en ese sentido.

En cuanto a mi opinión sobre la gestión de Mario Conde, no puedo tener
ninguna, porque acababan de desembarcar --por llamarlo así-- y de nombrar
a su nuevo equipo. Estaban con la clásica reflexión inicial cuando se
llega a una empresa y tratando de ver qué se podía hacer o no. La
relación que tuve yo con La Unión y El Fénix fue más a través de su
vicepresidente --que era un hombre del Banco, pero que se dedicó con un
poco más de continuidad a ello-- y con el consejero delegado, Felipe
Pujol, que me plantearon los cambios de gestión que querían introducir y
que parecían razonables. Todo lo que fuera sustituir el viejo sistema de
subdirectores, es decir, de agentes afectos, que eran como compañías
dentro de la propia compañía, parecía que era inevitable de cara a una
futura competitividad.

En este contexto viene la solicitud de AGF de tomar parte en el capital
de La Unión y El Fénix. Cuando eso se planteó, la Dirección General de
Seguros vio positivamente el que AGF entrara en el capital de La Unión y
El Fénix. Consideramos que era positivo por dos razones: una, porque
pensamos que podría contribuir a la gestión más correcta, a acercarla a
criterios más europeos, por la experiencia de AGF en Francia en concreto
y en otros lugares de Europa y, en segundo lugar, porque nos daba
garantía el que existiera un accionista que patrimonialmente parecía muy
solvente y que en el supuesto de algún problema patrimonial pudiera
aportar fondos. No preveimos en aquel momento lo que ocurrió después,
nunca llegamos a pensar que La Unión y El Fénix fuera a necesitar fondos
por un problema patrimonial, pero sí pensábamos que en su estrategia
europea posiblemente tuviera que hacer ampliaciones de capital, tuviera
que hacer una fuerte inversión. Preveíamos que en este nuevo sistema de
gestión, enfrentándose los agentes, podrían ser necesarias fuertes
inversiones, y veíamos en AGF un accionista solvente, que en un momento
determinado podría aportar fondos.

Tienen que tener en cuenta que la vida de un Director General de Seguros
se mueve generalmente entre empresas que están en una situación de
quiebra y que el problema es encontrar a alguien, a un accionista que
esté dispuesto a poner el dinero. Hay mucho gestor que podríamos
calificar, si quieren, de tiburón, que está dispuesto a tomar la compañía
sin poner una peseta, gestionarla y sacar una plusvalía, pero que metan
dinero generalmente se encuentran muy pocos accionistas. En consecuencia,
vimos en AGF a un grupo francés solvente, comprometido con el seguro y
conocido en el mundo del seguro desde hacía muchos años. Esta era la
visión de la Dirección General.

Por otro lado, el planteamiento que hacía AGF era el de participar de una
manera minoritaria, es decir, iba a tener algo menos del 24, el 23 por
ciento indirectamente del capital de La Unión y El Fénix. El
planteamiento de la Dirección General pivotó en torno a dos elementos: el
primero era un problema de tipo legal. La disposición octava de la Ley 33
--que es la Ley del Seguro-- dice que cualquier participación superior al
15 por ciento requiere autorización de la Dirección General de Seguros.

En consecuencia, esto requería autorización de la Dirección General de
Seguros. Pero no especificaba qué pasaba si una vez adquirido el 15 por
ciento se pasaba a una posición mayoritaria. Había una cierta ambigüedad
en la Ley. Así que preferimos dejar claro que en el supuesto de que
después de ese 23 por ciento AGF fuera a tomar una mayoría en el capital
de La Unión y El Fénix, debería solicitar la autorización previa de la
Dirección General de Seguros, puesto que siempre se ha considerado
distinto una participación minoritaria que una participación mayoritaria,
por razones obvias.

El segundo elemento era que en los protocolos de acuerdo, aun teniendo
AGF exclusivamente el 23 por ciento, aparentemente pasaba a tener el
control de la gestión de la compañía. Nosotros no es que nos opusiéramos
o prohibiéramos que AGF gestionara la compañía; lo que no nos parecía
correcto era que AGF gestionara la compañía con un 23 por ciento del
capital. La razón de esto viene también de la experiencia que tuvo la
Dirección General de Seguros durante aquellos años, y es que parecía
prioritario relacionar la gestión y las responsabilidades que de ella se
derivaran con la mayoría del capital, porque, de nuevo, cuando se detecta
un problema en seguros, lo importante es que se aporte ese déficit
patrimonial existente porque generalmente ese déficit no es de la
compañía, sino de los asegurados, que no van a poder hacer frente al
mismo.

En consecuencia, nos parecía razonable que quien tuviera la mayoría
tuviera la gestión y las responsabilidades derivadas de ello. En un
hipotético caso en que La Unión y El Fénix no pudiera hacer frente a sus
obligaciones por la gestión de unos señores que sólo tenían el 23 por
ciento, a lo mejor estos señores no se sentían comprometidos a hacer las
ampliaciones de capital correspondientes en un futuro, puesto que les
podía salir más caro. Era un poco la apuesta de si yo gestiono sin meter
mucho dinero y, si me sale bien, bien y si me sale mal, me voy y punto.

Por eso les autorizamos, por un lado, el 15 por ciento pero cualquier
otro movimiento accionarial, sobre todo, que comportara la mayoría
requeriría autorización de nuevo de la Dirección General de Seguros y,
por otro, les pedimos que en sus protocolos de acuerdo adecuaran la
influencia en la gestión de La Unión y El Fénix al capital que estaban
aportando, a su 23 por ciento. No hubo una prohibición visceral a que AGF
no gestionara, sino que debía



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ajustarse a sus porcentajes. Pensábamos que con la influencia de AGF en
un consejo del «holding» en el que iba a haber cuatro consejeros de
Banesto y tres de AGF, con una comisión ejecutiva que iba a presidir una
persona de AGF, aunque el consejero-delegado y el resto de las funciones
fueran de los gestores de aquel momento, iba a ser suficiente.

El complejo mecanismo de incorporación Banesto. Los objetivos de la
operación de AGF eran que AGF participara en un 45 por ciento en un
«holding» que controlaría el 52,6 de La Unión y El Fénix. El segundo
elemento era que AGF participara al 50 por ciento con Banesto en una
compañía que tendría el derecho exclusivo de comercializar a través de la
red de Banesto los productos de seguros. Un tercer elemento era que La
Unión y El Fénix adquiriera el 14 por ciento de AGF, y un cuarto
elemento, que no tenía que ver con seguros, pero que aparecía en este
contexto, era un intercambio accionarial entre el Banco Banesto y AGF
Internacional.

El mecanismo era básicamente doble. Respecto a la parte interior, a la
compañía que iba a gestionar los seguros a través de la red comercial de
Banesto, se utilizó la existente compañía Banfenix, que era una compañía
vacía, no tenía ningún contenido, no tenía nada, para vender el 50 por
ciento de la misma a AGF y el otro 50 por ciento a la Corporación, y como
producto de esta operación, puesto que Banesto cobró en acciones de AGF,
Banesto vendió a su vez las acciones de AGF a La Unión y El Fénix, de tal
manera que dos de los primeros objetivos que estaba comentando
anteriormente se cumplían con esta operación.

La otra, que era la del «holding» que iba a poseer el 52,6 por ciento de
La Unión y El Fénix, era una operación más compleja. En esencia se
reducía a que se creaba un «holding» que tendría este 52 por ciento de La
Unión y El Fénix y que a su vez estaría participado en un 45 por ciento
por AGF, y en un 55 por ciento por Banesto.

Efectivamente, esto, que era la idea, se complicó creando dos compañías
en el exterior. Una creo que en Holanda y otra en Las Antillas, aunque no
estoy muy seguro respecto a la holandesa, la Antillana de Seguros. En
última instancia, era reproducir el esquema que hemos comentado antes a
través de sucesivas multas con el único objeto de ahorro fiscal. Yo creo
que el único objetivo que tenía todo esto era el ahorro fiscal de la
operación. Como usted mencionó anteriormente, todas estas operaciones se
producían adecuándose --creo, porque en la Dirección General de Seguros
nunca hemos sido expertos fiscales-- al ordenamiento jurídico existente,
pero, efectivamente, tenían un objetivo fiscal.

La Dirección General de Seguros actúa en estos casos de la siguiente
manera. Nuestra competencia era exclusivamente dar la autorización o no a
que AGF tomara el veinte y pico por ciento de participación en el capital
de La Unión y El Fénix. Cuando en sus actuaciones la Dirección General de
Seguros encuentra que hay alguna operación de la que se sospecha alguna
irregularidad fiscal, lo que se hace es remitirlo a la Dirección General
de Inspección del Ministerio de Hacienda, puesto que la Dirección General
de Seguros no tiene criterio ni función para determinar si esa operación
sospechosa realmente está en contra o no de la normativa.

Al ver el planteamiento fiscal que se hacía, nosotros nos limitamos a
informar --en mi caso, a mi superior-- de que esta toma de participación
se hacía a través de una interposición de sociedades que parecía que
tenía como objetivo el ahorro fiscal, pero no estábamos seguros de si
incorporaba alguna infracción del ordenamiento jurídico.

Pregunta usted luego si conocía Solchaga la autorización. La Dirección
General de Seguros depende del Secretario de Estado de Economía. El
Director General de Seguros mantiene relación con el Secretario de Estado
de Economía. Desde luego, éste estuvo obviamente informado de todo el
proceso de negociación, hasta el final, con La Unión y El Fénix y con
AGF, así como de todas las conversaciones, las modificaciones que le
sugeríamos, etcétera. Si Solchaga estaba o no enterado, no tengo ni idea,
porque tendría que ser a través del Secretario de Estado de Economía,
cuyo inmediato superior era el Ministro. Yo despachaba exclusivamente con
el Secretario de Estado.

También pregunta usted si mi cese se debió a esta operación. Déjeme
puntualizarle que no fue un cese, sino una dimisión. Lo digo porque como
muchas veces cuesta presentar las dimisiones y requieren una meditación
en situaciones difíciles, ya que dimití, déjenme haber dimitido y no
haber sido cesado. Yo dimití en aquel momento porque la operación dio
lugar, lógicamente, a muchas controversias fuera y dentro del ámbito del
Ministerio. Fuera del ámbito del Ministerio, porque de alguna manera
supuso la entrada de capital extranjero en el buque-insignia del seguro
español, en un contexto en donde se estaba criticando fuertemente --de
forma directa o indirecta-- la cada vez mayor presencia de capital
extranjero en España. A pesar de que esto suponía la venta de una
minoría, a pesar de que después el tiempo ha demostrado que parecía
oportuno, ya que si no posiblemente La Unión y El Fénix hubiera tenido
que disolverse, el caso es que en aquellos momentos suscitó cierta
controversia en aquel contexto que les comento.

Dentro del Ministerio surgió también controversia --insisto en que mi
única relación era con el Secretario de Estado, no hablé con nadie más,
ni tenía relación con nadie más-- porque algunos dentro del Ministerio
analizaron la operación no como lo que era, la toma de participación de
AGF en La Unión y El Fénix, sino que posiblemente la analizaron en el
contexto de las relaciones con Banesto, que venían de atrás y que
estarían en activo en ese momento, según me imagino, que ya digo que no
lo sé. En ese contexto, a lo mejor la autorización para que AGF entrara
en el capital de La Unión y El Fénix no cayó bien. El caso es que con
motivo de todas esas controversias y analizándolo despacio, pensé que era
mejor para todos presentar mi dimisión. Esa fue la razón.

Luego, me ha hecho usted una serie de preguntas respecto a Solchaga. Sólo
le podría dar mi opinión a través de la lectura de los periódicos porque
no tengo ningún dato ni fundamento para decirle que sí o que no.

Yo creo que, aunque mezclado, he terminado contestando las preguntas.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Suspendemos la sesión hasta las doce, agradeciéndole nuevamente su
presencia en la Comisión.




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.




--DE DON EDUARDO AGUILAR FERNANDEZ-HONTORIA, DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS,
PARA INFORMAR EN RELACION CON LA INVESTIGACION QUE ESTA REALIZANDO LA
CAMARA SOBRE EL CITADO BANCO. (Número de expediente 212/000915.)



El señor PRESIDENTE: Continuamos los trabajos de la Comisión con la
comparecencia de don Eduardo Aguilar Fernández-Hontoria, Director General
de Seguros, para informar en relación con la investigación que está
efectuando la Cámara sobre el Banco Español de Crédito. Damos la
bienvenida al señor Aguilar, agradecemos su presencia en la Comisión y,
dado que esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Popular,
concedemos la palabra a su portavoz señor Sanz.




El señor SANZ PALACIO: Yo también me sumo a las palabras del Presidente
de la Comisión, dando la bienvenida al señor Aguilar y agradeciéndole su
presencia en el seno de la misma.

A efectos de agilizar el trabajo en la Comisión, le voy a formular una
serie de preguntas concretas a las que ruego intente contestar en la
medida de lo posible.

Primera pregunta. ¿Cómo es posible que desde la Dirección General de
Seguros no se detectase con anterioridad el enorme deterioro del estado
patrimonial de La Unión y El Fénix? ¿Podría usted darnos una idea exacta
del grado de conocimiento que se tenía de la situación real de la La
Unión y El Fénix en la Dirección General de Seguros antes de iniciar las
tareas de inspección?
Segunda pregunta. ¿Existía, en su opinión, algún indicio que permitiera
sospechar que los estados financieros de la La Unión y El Fénix no
reflejaban adecuadamente su verdadero valor patrimonial?
Tercera pregunta. AGF comenzó a presentar objeciones a la gestión del
equipo de Mario Conde a mediados de 1992. ¿Se tenía en la Dirección
General de Seguros conocimiento de esto? En caso afirmativo, ¿no supone
un incentivo suficiente para iniciar una investigación a fondo, como más
tarde se hizo?
Cuarta pregunta. ¿Podría explicar a esta Comisión, señor Aguilar, en qué
momento se decidió que era necesario tomar medidas de urgencia para
solucionar la crisis de La Unión y El Fénix?
Quinta pregunta. ¿Quién decide la intervención de La Unión y El Fénix?
¿La Dirección General de Seguros, el Banco de España o la Comisión
Nacional del Mercado de Valores?
Sexta pregunta. ¿Diría usted que los mecanismos de supervisión prudencial
funcionaron correctamente en el caso de La Unión y El Fénix? En caso
contrario, ¿dónde se produjeron los fallos?
Séptima pregunta. ¿Tenía usted conocimiento de alguna irregularidad en la
gestión de La Unión y El Fénix? En caso afirmativo, ¿llegó a aplicarse
alguna medida o sanción a los gestores o a la sociedad con anterioridad a
la intervención?
Octava pregunta. En términos generales, ¿qué opinión le merece la gestión
de don Mario Conde y su equipo en La Unión y El Fénix? ¿Considera a este
equipo gestor culpable de la situación patrimonial que más tarde
justificaría su intervención?
Novena pregunta. ¿Por qué cree que la Dirección General de Seguros se
opuso, en su momento, a que AGF se hiciera cargo de la gestión de la
compañía? ¿Se debía a que el Ministerio tenía depositada su confianza en
el equipo de Conde? ¿Respondía a una política establecida desde otras
instancias del Ministerio?
Y décima y última pregunta. Ayer, en el curso de las preguntas que se
formularon al auditor de la compañía Arthur Andersen salió el tema de
Costa Canaria. ¿En qué medida, señor Director General de Seguros, desde
la Dirección General se tiene capacidad para conocer este tipo de ventas
dentro de una sociedad y cómo se podría evitar que se generen a través de
ellas plusvalías netamente contables, no reales?



El señor PRESIDENTE: Quiero recordarles que estamos en la Comisión que
estudia la gestión del grupo Banesto. En este sentido, las preguntas
pertinentes que se formulen en la Comisión son las que tienen que ver con
la expresa gestión del Banco Español de Crédito. Por tanto, se trata de
analizar cuestiones, en el caso de los seguros de La Unión y El Fénix, en
cuanto formaba parte del grupo Banesto, pero no se trata de fiscalizar,
de ninguna manera, la empresa en sí, en este contexto únicamente, porque
si no la Comisión se extralimita de sus propias competencias y funciones.

Esto lo planteo a nivel general, tanto para los portavoces aquí presentes
de los grupos Socialista y Popular, como para otros portavoces que estén
presentes en otras comparecencias. Esto lo volveré a reiterar siempre al
comienzo de cada una de las sesiones de esta Comisión.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moreno.




El señor MORENO MONROVE: De manera muy breve quiero comenzar también
dando la bienvenida a esta Comisión al señor Aguilar como Director
General de Seguros en la actualidad y también en el momento de la
intervención de La Unión y el Fénix el día 29 de diciembre de 1993.

Para el Grupo Socialista, señor Aguilar, la crisis de La Unión y el Fénix
es muy significativa de lo que fue la gestión global del grupo Banesto
antes de su intervención, a finales del año pasado. Nos interesa conocer,
por tanto, de la forma más completa posible, en esta sede parlamentaria,
lo que llevó a La Unión y el Fénix a una situación de quiebra y a que la
Dirección General de Seguros, en su resolución del 29 de diciembre de
1993, adoptara el acuerdo de



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intervención, igual que el Banco de España un día después, creo, el 28 de
diciembre, y todo en relación con la gestión global del grupo Banesto. Ya
hemos expresado ante esta Comisión en varias ocasiones, en más de una de
estas sesiones, que nuestro Grupo no va a sustituir, no sustituye, de
hecho, ni a inspectores ni a auditores ni a fiscales, pero que sí
participa plenamente de la necesidad de que esta Comisión específica de
estudio sobre la intervención de Banesto actúe en esta segunda fase en la
dirección de llegar al completo esclarecimiento de unos hechos que, por
su extraordinaria gravedad, requirieron la mencionada intervención en
defensa del interés público.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que el portavoz del Partido Popular ha
hecho algunas preguntas concretas, yo solamente voy a hacer una especie
de reflexión-pregunta en la siguiente dirección. Según aparece, señor
Aguilar, en todas las informaciones de que disponemos, y muy
especialmente las obtenidas en la comparecencia ante esta Comisión, hace
unos días, del que fue Presidente nombrado por la administración en la
época de transición de La Unión y el Fénix, el señor De la Puente, existe
un momento en la historia de La Unión y el Fénix en el que se cambia la
forma de gestionar; estamos hablando de los años 1987-1989, por tanto el
comienzo de la etapa Conde. Me interesa saber específicamente su opinión
sobre qué supone este tiempo y años posteriores en la crisis de La Unión
y el Fénix y, por tanto, el nivel de responsabilidad, desde el punto de
vista de la gestión, que tuvieron, en el marco del conjunto de lo que nos
interesa en esta Comisión, sus gestores hasta la intervención por la
Dirección General de Seguros.

El anterior Director General de Seguros, señor Kessler, nos ha informado
hace solamente unos momentos sobre la autorización para la operación de
compra de La Unión y el Fénix por AGF. A mi Grupo Parlamentario le
gustaría conocer ahora del actual Director General cómo se produjeron los
últimos pasos en el proceso de fusión, a partir de la puesta en evidencia
de que la situación de La Unión y el Fénix no era la que pensaba el grupo
comprador, como consecuencia de las distintas inspecciones de la
Dirección General de Seguros.

Y finalmente, sólo a título ilustrativo para esta Comisión, nos gustaría
conocer cuáles han sido las principales intervenciones de la Dirección
General de Seguros, en los últimos años, en relación con su actividad
supervisora de La Unión y el Fénix, previas a lo que fue la resolución
definitiva el 29 de diciembre de 1993.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones planteadas tiene la
palabra el señor Aguilar.




El señor DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS (Aguilar Fernández-Hontoria):
Gracias, señor Presidente.

Señorías, trataré de contestar a todas y cada una de las preguntas en
orden, pero quizá sería interesante, dado que al menos dos de ellas se
refieren a aspectos generales, hacer una breve cronología que, aunque
supongo que ya conocen, seguro que en algunos elementos aportará nuevos
datos.

En mi opinión, el primer protocolo entre Banesto y AGF, que data de
mediados del año 1991, supone un segundo momento en la etapa última de La
Unión y el Fénix. El primero se produce años antes, en 1988 y 1989, con
la entrada del nuevo equipo gestor de la matriz de La Unión y el Fénix,
es decir, de Banesto, a estos efectos, en el año 1991 la entrada de AGF
yo la interpreto a posteriori (porque cuando accedí a la Dirección
General de Seguros la operación se había producido ya) como un primer
paso para dotar a La Unión y el Fénix, primero, de una gestión más
profesionalizada y más especializada en el ámbito de seguros y, segundo,
de unos medios financieros que ya por aquel entonces empezaban a
escasear.

Desde octubre de 1991, en el que me hago cargo de la Dirección General de
Seguros, las intervenciones propiamente dichas y las conversaciones con
La Unión y el Fénix son numerosísimas. He hecho una pequeña recopilación,
pero les aburriría realmente porque me salen en torno a veintitrés
encuentros con distintos niveles de la entidad. Eso da idea de que, a
pesar de que en el ámbito externo, o para la opinión pública, el primer
hecho significativo es la intervención que se produce en diciembre de
1993, de hecho, anteriormente las actuaciones de la Dirección General de
Seguros son, como digo, numerosísimas.

Empezando por la primera y siendo muy breve --intentaré saltarme aquellas
que no considere especialmente relevantes--, en el año 1991, en
diciembre, se produce un cierto replanteamiento de la operación que había
sido aprobada en septiembre de 1991, cuya única finalidad, entiendo yo,
era dotar de mayor transparencia al grupo de La Unión y el Fénix, y esa
mayor transparencia hace que desaparezca como entidad matriz directa, una
sociedad, situada en las Antillas Holandesas, que debía ser la matriz del
grupo. Esta operación, como sabrán ustedes, tenía también algunas
connotaciones de índole fiscal, y la reestructuración del grupo llevó a
que las plusvalías generadas pasaran a tributar en España. Sin embargo,
se mantuvo en aquella operación el interés, por parte de la Dirección
General de Seguros, de que la participación de dominio de La Unión y el
Fénix siguiera perteneciendo al grupo Banesto.

Posteriormente, en febrero de 1992 visité personalmente la entidad Fénix
Autos, filial recién constituida de La Unión y el Fénix, que debería
hacerse cargo de todo el negocio del automóvil de la compañía. En mi
visita examiné las cuentas de la entidad, no fue una visita de
inspección, pero sí quise enterarme exactamente de qué implicación podía
tener este nuevo paso de la entidad para el grupo de La Unión y el Fénix.

Y entre febrero y septiembre de 1992 recibí a los distintos accionistas
de la entidad en cinco ocasiones, según tengo contabilizado. Está claro
que en todas ellas el ambiente que prevalecía era que la entidad tenía
grandes problemas de gestión y la preocupación del consejero delegado de
la entidad, señor Pujol, siempre fue transmitirme que detrás del acuerdo
entre Banesto y AGF había un plan de gestión que iba a permitir que la
entidad remontara la difícil situación a la que estaba abocada.




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Respondiendo ya a la primera pregunta sobre si no se detectó con
anterioridad la situación en La Unión y el Fénix, como ya estoy diciendo,
la situación de gravedad de la entidad yo la conozco nada más llegar a la
Dirección General de Seguros. Lo que sí es verdad es que era una
situación de deterioro de gestión que en ningún caso requería ningún tipo
de actuación de mayor calado por parte de la Dirección General de
Seguros. El grado de conocimiento que se tenía de la entidad creo que era
muy elevado. De hecho, como saben ustedes, existe una obligación de
información trimestral por parte de las entidades, y en todas esas
informaciones trimestrales que se fueron analizando durante el año 1992
se ponía de relieve un deterioro continuado de la gestión. Como medidas
concretas adoptadas por esas fechas con la entidad, el señor Pujol,
entonces consejero delegado, presentó en tres momentos distintos del año
1992 diferentes planes de actuaciones encaminados, la mayor parte de
ellos, a mejorar aspectos de gestión. Todavía era pronto para saber el
impacto que iba a tener la descentralización en Fénix Autos sobre La
Unión y el Fénix, tema que conocimos en profundidad a principios del año
1993. Ya en aquel momento se puso en evidencia que uno de los problemas
que tenía la entidad era la escasa rentabilidad de sus inversiones, que
yo achaco a dos aspectos. En primer lugar, a que una buena parte de estas
inversiones estaban concentradas en empresas del grupo o asociadas al
grupo y, en segundo lugar, a que estaban constituidas por inmuebles que
en la mayor parte de los casos estaban situados fuera de españa, cuya
rentabilidad y flujo financiero que aportaban a la entidad era muy bajo.

La situación La Unión y el Fénix se detectó con mucho tiempo,
fundamentalmente se detectó que era una entidad con grandes problemas de
gestión. Creo que con esto he contestado a la primera pregunta.

La segunda pregunta se refería a si existían indicios para sospechar que,
además de estos problemas de gestión, los estados financieros no
reflejaban la situación de la entidad. Yo creo que los primeros indicios
serios se producen al principio del año 1993, y a continuación me
referiré a qué obedecen esos indicios. Hasta la fecha, lo que sí se ponía
en evidencia era que con la gestión que estaba llevando a cabo, la
entidad se vería abocada, tarde o temprano, a un grave problema
financiero. Ni en la información trimestral ni en los estados auditados
ni en el análisis de cuentas que se hizo en la Dirección General se
detectaba ninguna otra irregularidad financiera.

La tercera pregunta se refiere a las objeciones que AGF puso, hacia
mediados del año 1992, a la gestión de la entidad y si la Dirección
General de Seguros tenía conocimiento de ello. Debo decir que yo, hacia
principios de 1992, tuve varias entrevistas con representantes de AGF que
me trasladaron, en primer lugar, el interés que tenían en participar en
la gestión de La Unión y el Fénix y, en segundo lugar, algunas de las
objeciones que tenían a la gestión que estaba realizando el entonces
consejero delegado. De aquellas conversaciones nunca surgió ninguna
sospecha sobre los estados financieros de la entidad, sino que eran
problemas muy técnicos de gestión aseguradora. Por poner un ejemplo, el
grupo AGF era contrario a la política de descentralización y
sucursalización que estaba llevando a cabo La Unión y el Fénix a través
de Fénix Autos. Por tanto, nuestras conversaciones siempre giraban en
torno a problemas de gestión. Dado que en aquel entonces el accionista
muy mayoritario de la entidad era el grupo Banesto, las conversaciones se
mantuvieron en un tono cordial, como cualquier otro que se puede tener
con algún accionista minoritario de una entidad, sabiendo que la gestión
responde prioritariamente a otro grupo, y por tanto, aunque se
mantuvieron en el tiempo, no afectaron, digamos, a la marcha de la
entidad. Los planes de rehabilitación y las discusiones que se tenían se
planteaban siempre con el equipo gestor de la entidad propiamente dicho.

Me pregunta el señor Sanz, a continuación, en qué momento se toman
medidas de urgencia. Las primeras medidas de urgencia, salvadas las
anteriores --que yo considero que ya son bastante excepcionales--, se
toman al principio del año 1993. Al final del año 1992 manifesté al señor
Pujol mi interés en conocer personalmente la posición del consejo de
administración sobre la marcha de la entidad, y al principio del año 1993
tuve entrevistas con representantes de Banesto, en concreto con el señor
Romaní, y con representantes de AGF, en concreto con el señor Piérart,
para que me expusieran personalmente, como accionistas de la entidad,
cuál era, en su opinión, la marcha de la entidad y qué expectativas
tenían ambos grupos sobre la misma. yo considero que ése es el primer
toque de atención serio por parte de la Dirección, al margen de los que
ya he comentado anteriormente.

A continuación me pregunta quién decide intervenir en La Unión y el Fénix
y si esta intervención se debe a alguna decisión de la Dirección General
de Seguros. Esta decisión, como es obvio, se comunicó a mis superiores en
el Ministerio de Economía y Hacienda, a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y al Banco de España.

Con anterioridad a la intervención propiamente dicha, y al margen de
estas conversaciones que les he comentado, existen otros tres momentos
especialmente relevantes para la marcha de la entidad. Uno se produce en
mis primeras conversaciones con los accionistas. Un segundo se produce en
el momento en que la entidad comunica que para la formulación de las
cuentas requiere una autorización especial que le permita aplicar activos
externos a la cobertura de provisiones técnicas. Es decir, que la entidad
había detectado una insuficiencia de provisiones técnicas al cierre del
ejercicio de 1992. Esta solicitud se me comunica personalmente por el
señor Pujol a finales de marzo y oficialmente el 29 de marzo de 1993. La
Dirección General de Seguros contesta ese mismo día, el 29 de marzo de
1993, autorizando la afección de activos externos, es decir de activos
fundamentalmente inmobiliarios y participaciones en empresas asociadas
fuera de España, a la cobertura de provisiones técnicas, con un carácter
excepcional y limitado a un período de seis meses, tal como establece
nuestra legislación de seguros, y adopta tres medidas que considero
importantes: la obligación de remitir de inmediato un informe de
auditoría de las cuentas de 1992 que en ese momento se estaban
formulando, una información exhaustiva sobre la evolución de las
provisiones técnicas



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para prestaciones de la entidad y la prohibición de distribuir ningún
tipo de dividendo sin autorización de la Dirección General de Seguros.

Posteriormente, en las siguientes fechas conocemos que el grupo AGF no
aprobó la formulación de las cuentas y, por tanto, se producía a nuestro
entender un agravamiento adicional en la situación de La Unión y El
Fénix, lo que determinó una orden de inspección, que firmé el 4 de mayo
del año 1993, cuya finalidad era puntual, la de estudiar la situación
financiera y, en concreto, la situación de las provisiones técnicas para
prestaciones de la entidad; es decir, que era una orden de inspección de
carácter parcial. Al conocer las primeras conclusiones de la inspección,
incluso antes de que el propio grupo de inspección firmara el acta, cosa
que hizo el 15 de junio de 1993, y dado que había empezado a detectar
otra serie de irregularidades, extendí la orden de inspección a una
inspección conjunta de todo el grupo de La Unión y El Fénix; inspección
que se estuvo realizando durante el verano del año 1993 y concluyó el 15
de octubre del año 1993. Entretanto se produjo el relevo en la gestión
directa de la entidad del señor Pujol por el señor Ferrín que, según se
me comunicó, obedecía a una reestructuración de relaciones entre el grupo
Banesto y AGF y detecté que la entidad, además de los problemas de
gestión que tenía, empezaba a tener una pérdida de rumbo en sus
orientaciones, ya que el señor Ferrín era una persona ligada al consejo
con anterioridad y que pertenecía, por entendernos, al grupo de gestión
de su presidente el señor Conde. Tengo que decir que la inspección, que
terminó el 15 de octubre de 1993, como es habitual abrió un período de
alegaciones que terminó en noviembre del año 1993. El 11 de noviembre de
1993 se presentaron las alegaciones al acta de inspección. El acta de
inspección fue analizada por la Comisión de Inspecciones de la Dirección
General de Seguros (no tengo la fecha pero debió ser la tercera semana de
noviembre del año 1993) y dio lugar a una primera resolución el 29 de
diciembre de 1993. Es importante esta distinción porque el 29 de
diciembre de 1993 se producen dos tipos de actuaciones. Una primera es la
actuación rutinaria, por así decirlo, de la Dirección General de Seguros,
que al conocer un acta y examinarla en la Comisión de Inspección resuelve
adoptar una serie de medidas; y una segunda motivada por la intervención,
el día anterior, de Banesto por parte del Banco de España. En la primera,
por así decirlo rutinaria, se daba cuenta de los resultados de la
inspección y era una resolución muy importante y muy grave. En ella la
Dirección General de Seguros no aceptaba el resultado del ejercicio. Se
exigían determinados ajustes contables por un importe de 28.000 millones
de pesetas; se abría un expediente de disolución a la entidad; se abría
un expediente sancionador a los administradores; se daba traslado a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, al ICAC y al Banco de España de
los resultados de la inspección; se exigía la lectura en consejo del
conjunto de la resolución, etcétera. Esta primera resolución nada tiene
que ver con la segunda, que es la resolución de intervención propiamente
dicha, que tiene lugar en la misma fecha, aunque separada en horas, y que
está motivada exclusivamente por la intervención del Banco de España
sobre Banesto. Al detectar que había en el grupo un claro problema de
control sobre la entidad, puesto todavía más de manifiesto por la
suspensión de los anteriores administradores, la Dirección General de
Seguros optó por aplicar el artículo 42.2 de la Ley de Ordenación de
Seguros: suspender a los administradores y designar nuevos
administradores provisionales. Por tanto, contestando directamente a la
pregunta, la decisión es de la Dirección General de Seguros y obedece
fundamentalmente a la necesidad de salvaguardar una línea de gestión
dentro de la entidad.

Me pregunta el señor Sanz si los mecanismos de supervisión prudencial
funcionaron bien. Yo entiendo que los mecanismos de los que dispone la
legislación de seguros son adecuados y de hecho se han aplicado en
numerosas ocasiones --ésta es una de ellas-- y han producido los
resultados adecuados, es decir, han producido un seguimiento de la
entidad conforme a lo que debe ser la práctica habitual y normal dentro
del sector. Ahora bien, sí es verdad que el mecanismo aplicado el 29 de
diciembre es extraordinario y que el objetivo de la Dirección General de
Seguros en ningún caso debe ser el de ir suspendiendo administradores por
el sector y designando administradores provisionales. Por tanto, la
medida del artículo 42.2 es excepcional, de suma gravedad; es la medida
que más ha trascendido a la opinión pública y hacia el exterior, pero ha
ido acompañada, como han podido ustedes ver, de muchas otras medidas que
tomaron en el tiempo, que están contempladas en nuestra legislación, y
que a mi entender son suficientes para el seguimiento y control de la
entidad. Quizá el hecho de la especial gravedad de la situación del
conjunto del grupo es la que determine la adopción de esta medida
severísima.

Me pregunta, a continuación, si en la opinión del Director General de
Seguros la gestión del señor Conde en La Unión y El Fénix es la culpable
de la situación de la entidad. Me parece que es evidente que los
administradores antiguos de la entidad son directamente responsables de
la falta de actividad, falta de programas de gestión y profesionalidad en
la gestión de La Unión y El Fénix.

La siguiente pregunta es si la Dirección General de Seguros se opuso a
que AGF participara en la gestión porque hubiera algún tipo de confianza
en la gestión del señor Conde o porque en otras instancias se impusiera.

Al hacerme cargo de la Dirección General de Seguros, el acuerdo adoptado
con AGF y Banesto y la autorización de la Dirección General de Seguros
contemplaban una estructura patrimonial en la que el gestor principal era
el grupo Banesto. En la Dirección General de Seguros siempre hemos
considerado que el principal responsable de la entidad, hasta la fecha,
había sido su accionista mayoritario, Banesto. Es más, la gestión se
llevaba de forma muy personal por el consejero delegado señor Pujol y por
el grupo de administradores de Banesto. La Dirección General de Seguros
no se opuso a la gestión de AGF; lo que pasa es que la gestión de AGF
hasta un momento último, es decir, hasta el año 1994, no ha sido posible



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porque no se contemplaba en el pacto entre los dos accionistas.

Me pregunta finalmente si la operación de Costa Canaria u operaciones
similares son susceptibles de ser conocidas por la Dirección General de
Seguros de antemano y el remedio a este tipo de actividad. La operación
en sí es imposible de conocer de antemano, ya que los estados financieros
de la entidad se remiten trimestralmente pero con posterioridad. Es
decir, que no hay posibilidad alguna de evitar que una entidad realice
operaciones de compraventa sobre entidades que generen plusvalías
aparentes o ficticias. Lo que sí es verdad es que las inspecciones que
realiza la Dirección General de Seguros, que son de tres tipos, tanto las
ordinarias o rutinarias, como me refería anteriormente, como las
contenidas en el análisis de cuentas y auditoría, tarde o temprano
detectarían este tipo de operaciones de compraventa y obligarían a la
entidad, bien a deshacer la operación o, en su caso, a recomponer sus
estados financieros para eliminar estas plusvalías implícitas. En este
caso, además, las operaciones realizadas por la entidad son de especial
complejidad. Por tanto, es más que probable que la detección de este tipo
de operaciones se deba producir a través de inspecciones específicas de
la entidad.

Contesto a las tres preguntas del señor Moreno. En primer lugar, me
pregunta sobre si es detectable el cambio de gestión de los años 1988-89
y la responsabilidad que tenía el nuevo equipo en el cambio de gestión. A
mi entender es detectable un cambio muy marcado en la gestión de La Unión
y El Fénix a partir de 1988-89 que tiene como principal efecto dos
elementos. En primer lugar, la aparición recurrente al final de cada uno
de los ejercicios de operaciones atípicas, cuyo único objetivo era
maquillar los resultados de la entidad para no dejar ver la pérdida y los
resultados técnicos negativos de la entidad. Eso se produce en los años
1990, 1991 y 1992, operaciones que no se habían producido con
anterioridad. En segundo lugar, es evidente que el nuevo equipo no
gestionó la entidad La Unión y El Fénix con la diligencia que debe
imperar en la gestión de una entidad aseguradora, dada la trascendencia
que tiene. Si a esto se une el especial papel que ha jugado siempre La
Unión y El Fénix en el sector asegurador español, queda más claro que las
repercusiones de esta falta de gestión profesional iban a tener un
impacto notable en el mercado.

Su segunda pregunta es sobre la autorización para la adquisición de AGF y
los pasos dados desde 1991. Creo que la he contestado y he ido pasando
revista a todos los pasos que se han dado. Tengo que añadir que esta
operación que inicialmente, como ustedes conocen, suscitó cierto recelo,
que achaco fundamentalmente al temor a la adquisición de entidades
españolas por grupos extranjeros, en este caso además se producía la
paradoja adicional de que el Grupo AGF era un grupo público francés. Eso
suscitó una serie de recelos, no sólo en instancias de la Administración,
sino en el propio mercado. Quizá gracias a la entrada del grupo AGF ha
sido posible que la operación de salvamento, o por lo menos la
reestructuración del grupo que se está llevando a cabo durante el año
1994, haya sido posible. De no haber estado como accionista la entidad
AGF es más que posible que la entidad La Unión y El Fénix estuviera en
este momento en liquidación.

Finalmente pregunta por las principales intervenciones sobre La Unión y
El Fénix que también creo está contestada.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sanz.




El señor SANZ PALACIO: Muchas gracias por la información y por el
desarrollo de esta comparecencia, señor Aguilar. Quisiera hacerle alguna
pregunta complementaria a las que ya le he hecho.

El primer punto se refiere a que, de acuerdo con su exposición, parece
ser que ya se conocía la situación financiera y los problemas de gestión
que había en la Unión y El Fénix y esto plantea el tema de la calidad de
la información financiera que se facilitaba desde La Unión y El Fénix a
la Dirección General de Seguros. ¿Era adecuada esta información que se
facilitaba? ¿Había ocultación deliberada de operaciones por el equipo
gestor? ¿Detectaron ustedes con posterioridad algún otro tipo de anomalía
importante?



El señor DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS: (Aguilar Fernández-Hontoria): La
calidad de la información financiera creo que era la adecuada en el
sentido de que reflejaba las operaciones que estaba realizando la
entidad. Lo que no estaba reflejado adecuadamente eran determinados pasos
fundamentales de estas operaciones para conocer la verdadera naturaleza
de las mismas. Es decir, una operación de venta de una filial es incluso
en el caso de La Unión y El Fénix, una operación recomendable desde el
punto de vista de la Dirección General de Seguros para generar tesorería
y para generar nuevos flujos financieros para la entidad. Lo que se
desconocía, y, hubo ocultación de algunos de los datos, era que esta
operación se hacía con otras empresas vinculadas al grupo y, por tanto,
era una operación ficticia cuyo único objetivo era generar plusvalías
aparentes para La Unión y El Fénix. Se detectaron otra serie de anomalías
importantes, tanto en el ámbito financiero como de gestión. Dos ejemplos
concretos. En el ámbito financiero, anomalías en no haber comunicado a la
Dirección General de Seguros determinadas operaciones con entidades
vinculadas, cosa que es una obligación de acuerdo con la legislación de
seguros; y anomalías de gestión en la medida que la entidad cerraba
expedientes de siniestros al final del ejercicio y los volvía a reabrir
en enero del siguiente año, práctica contraria a todo tipo de gestión
ordenada de un siniestro de aseguramiento.




El señor SANZ PALACIO: Ha hablado durante toda la comparecencia del
proceso que se siguió de un mayor conocimiento y los diferentes pasos que
dio, de acuerdo con la normativa legal que tenía dentro de la Dirección
General de Seguros. Nos gustaría que concretara en algunos términos el
expediente abierto a los administradores, el contenido del mismo, los
conceptos y qué entiende usted por gestión deficiente, si es
incompetencia o la utilización de



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la sociedad para otros fines que no sean los estrictamente societarios.

¿Cómo se explica eso?



El señor DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS: (Aguilar Fernández-Hontoria): De la
resolución del 29 de diciembre de 1993 se derivan necesariamente una
serie de actuaciones posteriores; algunas de ellas ya las he comentado,
tienen que ver con la necesidad de adoptar una serie de medidas, como
planes de saneamiento o rehabilitación de la entidad, pasos que se han
ido dando en los meses siguientes, durante el año 1994. Además, se deriva
una actuación en el ámbito administrativo, con la apertura de dos
expedientes; uno de disolución, que queda superado con la aprobación en
la Junta de un plan de saneamiento, y un expediente sancionador a los
administradores, cuyo trámite no ha comenzado todavía y que corresponde a
la Dirección general de Seguros. Es un expediente puramente
administrativo, como el que se adopta en otras ocasiones, cuya intención
es desvelar hasta qué punto los administradores de la entidad han
incumplido la normativa de seguros en ese período. Por mis afirmaciones
anteriores, está claro que hay más que constancia de que ha existido
incumplimiento de determinados preceptos de la Ley y del Reglamento de
Seguros.

En cuanto a su segunda pregunta, referida a la utilización de la entidad,
la verdad es que no consta en la Dirección General de Seguros que la
entidad fuera utilizada « ex profeso» para otro tipo de finalidades. Lo
que sí consta es que con las operaciones, que casi siempre coincidían al
final del ejercicio, lo que se pretendía hacer era, digamos, un
maquillaje de los resultados de la entidad para que no apareciera de
puertas afuera que una entidad como La Unión y El Fénix tenía un
resultado técnico y técnico-financiero tan negativo como el que realmente
tenía. Que estas operaciones dieran lugar, fuera de La Unión y El Fénix,
a otro tipo de flujo financiero vinculado con otras, desconozco todas las
ramificaciones. En lo que se refiere exclusivamente a La Unión y El
Fénix, está claro que eran operaciones hechas a propósito para generar
plusvalías ficticias para la entidad.

Queda claro también que de la gestión de los administradores existía un
desconocimiento profundo de lo que es el mercado asegurador y, por tanto,
una incompetencia para gestionar una entidad aseguradora.




El señor SANZ PALACIO: A una de las preguntas que le he formulado
anteriormente, me ha respondido lógicamente lo que era de su competencia:
que fue desde la dirección General de Seguros desde donde se tomó la
decisión de intervenir La Unión y El Fénix. Esto, desde los puntos de
vista formal y jurídico, es correcto y normal que sea así; además, está
obligado de esta manera. Ahora, lo difícil de entender es que no hubiera
algún tipo de coordinación, de conversaciones, de información, etcétera.

Dado el volumen de La Unión y El Fénix, al ser una de las primeras
aseguradoras del país, dadas todas las vinculaciones con Banesto,
etcétera, ¿quién tenía conocimiento de esto? ¿Hubo algún tipo de
coordinación con el Ministerio de Economía, etcétera, y por qué no
intervinieron antes?



El señor DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS: (Aguilar Fernández-Hontoria): Es
difícil de aventurar. Creo que si no hubiera habido una intervención en
Banesto, posiblemente no hubiéramos intervenido nombrando
administradores, porque la resolución de diciembre de 1993 era
suficientemente fuerte como para haber generado toda serie de medidas
adicionales. Tenga en cuenta que, como he comentado, esta resolución
incluía un expediente de disolución de la propia entidad, incluía la no
aceptación del ejercicio. Es decir, esta medida por sí sola, donde se
incluía además un traslado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
hubiera tenido gran trascendencia, pues habría tenido un traslado
inmediato.

Posteriormente, al confluir en el tiempo esta primera resolución con la
intervención de Banesto, por carencia de gestión de la propia entidad, se
hizo necesaria la intervención, y no sólo formalmente, ya que la decisión
de intervenir fue una propuesta mía, personal, y la comuniqué a mi
superior, el Secretario de Estado de Economía, como una medida necesaria
e imprescindible, dado que los administradores de la entidad, en ese
momento dejaban de ser administradores y aparecían unos nuevos
administradores cuyo conocimiento y estrategia respecto a la entidad eran
claramente desconocidos para la dirección general de Seguros; es decir,
fue una medida claramente derivada. Por eso, me atrevo a decir que es muy
posible que si no se hubiera producido la intervención de Banesto no
hubiera hecho falta intervenir la entidad, aunque es una afirmación un
tanto arriesgada. Es posible que, a pesar de la resolución, de la dureza
de la resolución inicial, hubiera que haber intervenido y no nombrado un
equipo. Hablar de esto es un poco aventurado.

En cuanto a la coordinación con otras instancias diré que, en la medida
en que la resolución ya proponía el traslado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, al propio ICAC, del expediente de auditoría del Banco
de España, se produjo en los términos en que debe producirse. Tenga usted
en cuenta que si antes de esa resolución, con el mero conocimiento del
acta, se hubiera dado traslado a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, el impacto directo en el mercado de valores habría supuesto la
salida de cotización de la entidad, cosa que tampoco entraba dentro del
ánimo de la Dirección, ya que sería producir un daño adicional a la
entidad.




El señor SANZ PALACIO: Queda por contestar la pregunta relativa a por qué
no intervinieron antes.




El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, creo que eso ha sido contestado
anteriormente, pero si quiere reiterar la cuestión...




El señor DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS: (Aguilar Fernández-Hontoria): Si me
permite el señor Presidente, diré que la intervención propiamente dicha
se produjo mucho antes, ya que la entidad estaba con planes de
rehabilitación, con prohibición de distribuir dividendos, con prohibición
de afectar bienes a determinadas partidas desde finales de 1992; es
decir, que



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intervención propiamente dicha en la entidad ya ha habido con
anterioridad; ahora, el nombramiento de administradores es una medida que
se tuvo que adoptar y personalmente creo que si se pudiera haber evitado
con las intervenciones anteriores hubiera sido bueno. Luego, con el
tiempo, se demostró que la medida ha sido correcta porque ha permitido el
relanzamiento de la entidad.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguilar.

En este momento levantamos la sesión, reiterándole nuestro agradecimiento
por su presencia en la Comisión, que creo ha resultado útil para los
trabajos de la misma.




Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.