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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 259, de 30/06/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 259
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 31
celebrada el jueves, 30 de junio de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Fiscal General del Estado (Granados Pérez), para
explicar las líneas generales en que piensa basar su actuación y posibles
propuestas para la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y
para hacer frente a la corrupción. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000792) (Página 7768)
Ratificación de la Ponencia encargada de informar la proposición de Ley
Orgánica sobre modificación del artículo 340 bis, a), apartado 1.º, del
Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo
la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias estimulantes.
(Número de expediente 122/000053) (Página 7782)
Comparecencia del señor ex-ministro del Interior (Asunción Hernández),
para:
--Esclarecer diferentes extremos sobre sus contactos con el ex-Director
General de la Guardia Civil, don Luis Roldán, en el momento en que se
produjo la fuga de éste. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 219/000370) (Página 7782)
--Informar sobre el contenido de la carta que le dirigió don Luis Roldán
y que recibió, según ha sido publicado por los medios de comunicación, el
mismo día que el ex-Director General de la Guardia Civil no compareció
ante la Jueza que instruye su caso. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 219/000371) (Página 7782)
Se abre la sesión a las cinco y cincuenta minutos de la tarde.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO (GRANADOS PEREZ),
PARA EXPLICAR LAS LINEAS GENERALES EN QUE PIENSA BASAR SU ACTUACION Y
POSIBLES PROPUESTAS PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO ORGANICO DEL MINISTERIO
FISCAL Y PARA HACER FRENTE A LA CORRUPCION. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 212/000792.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Buenas tardes, señoras y
señores Diputados.
Se abre la sesión con la comparecencia del Fiscal General del Estado, don
Carlos Granados Pérez. Es para mí una satisfacción presentar al nuevo
Fiscal General del Estado, amigo mío de la infancia y paisano, pero
interrumpo mi presentación para que el Presidente de la Comisión siga con
ella. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, como ha tenido ocasión de decir el señor
Arqueros, con la comparecencia de don Carlos Granados, Fiscal General del
Estado, que viene a nuestra Comisión por primera vez (y quiero insistir
en la bienvenida que le ha dado el señor Arqueros), iniciamos la sesión
de hoy con un orden del día que tiene tres puntos, acumulándose los dos
últimos a efectos del debate.
El Fiscal General del Estado comparece a instancias del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y lo
hace para explicar las líneas generales en que piensa basar su actuación
y posibles propuestas para la reforma del Estatuto orgánico del
Ministerio Fiscal y para hacer frente a la corrupción.
El señor Fiscal General del Estado tiene la palabra.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Granados Pérez): Gracias, Presidente.
Buenas tardes, señorías.
Es para mí un honor y al mismo tiempo un deber que asumo con agrado
colaborar con las Cortes Generales dando cumplido acatamiento al artículo
10 de la Ley 50/1981, que regula el Estatuto orgánico del Ministerio
Fiscal, e intentaré ofrecer cumplida respuesta a los tres temas que
motivan esta mi primera comparecencia a instancias del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Se me pide, en primer lugar, que explique las líneas generales en que
pienso basar mi actuación. El nombramiento de un Fiscal General del
Estado abre, sin duda, una nueva etapa en esta institución, ya que cada
persona arrastra unas ideas y unas concepciones respecto a la labor que
debe desarrollar el Fiscal General del Estado que, lógicamente, puede
diferir de la que puedan llevar a cabo otras personas. Sin embargo, si
bien las personas cambian e indudablemente nadie es imprescindible,
partimos de lo cierto de que son las normas las que regulan la actuación
del Ministerio Fiscal y, consecuentemente, la actuación del Fiscal
General del Estado, que vienen perfectamente determinadas en el artículo
124 de la Constitución y en el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Es fácil ofrecer una generosa expresión de buenas intenciones, pero yo
entiendo que es más conveniente que todos conozcan las líneas de
actuación del Fiscal General del Estado más que, por lo que yo pueda
decir ahora, por lo que haga o deje de hacer. No obstante, discúlpenme
que no renuncie a ofrecer lo que asumo como compromiso al frente de la
Fiscalía General del Estado.
No descubro nada nuevo si afirmo que en el artículo 124 de la
Constitución se dibuja un modelo de Fiscal constitucional en un Estado
democrático muy distante de los viejos diseños, afortunadamente
superados. El Fiscal, tras la Constitución, se convierte en la punta de
lanza en la defensa de los derechos fundamentales de las personas.
Legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica
constituyen las obligadas referencias que debe tener presente un Fiscal
acorde con la Constitución. Sus metas no pueden ser otras que la defensa
de los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la
ley, así como procurar que tribunales independientes satisfagan el
interés social.
Quisiera que durante el tiempo que tenga el honor y la responsabilidad de
ser Fiscal General del Estado notaran los ciudadanos un Fiscal más
próximo y que confiara en que no hay móvil en la actuación del Ministerio
público más que defender la legalidad bajo una actuación rigurosamente
imparcial. Cercanía y confianza que sólo podremos conseguir a través del
quehacer diario, destacando también que el instrumento de actuación de
los fiscales son las leyes que emanan de este Parlamento y que su mayor o
menor intervención dependerá de las atribuciones que la ley les otorgue.
El Fiscal es el primer servidor de la ley. La concepción que quiero
transmitir del Ministerio Fiscal es la de un Fiscal receptivo, abierto a
los temas que exigen su
atención, no con una actitud pasiva sino, por el contrario, activa y
próxima a los justiciables, a los asuntos, a pie de obra, perdiendo toda
idea de burocratización y de lejanía que tan mal conecta con el mandato
constitucional que le encomienda la defensa de los derechos
fundamentales.
El Fiscal se diseña como un órgano que ha de representar a la sociedad
ante los tribunales, y tanto cuando el Fiscal ejercita la acusación, al
estimar que un hecho es constitutivo de delito, no actúa en defensa de
las víctimas de este delito, sino que actúa en defensa de la sociedad,
como cuando, por estimar que no existen suficientes elementos de cargo,
retira la acusación o pide la absolución, igualmente atiende al interés
de la sociedad de que no se castigue a los inocentes.
Los principios que encauzan la actuación del Ministerio Fiscal,
legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica,
están orientados al mejor servicio de la ciudadanía, y para esta labor
necesita la estrecha colaboración de la carrera fiscal. De ahí la
necesidad de que el Fiscal General del Estado tenga muy en cuenta, en la
toma de decisiones, los acuerdos y dictámenes del Consejo Fiscal, de la
Junta de Fiscales de Sala, de la Junta de Fiscalías, estando muy abiertos
al sentir y a las importantes aportaciones de las asociaciones de
fiscales. Los poderes de dirección del Fiscal General del Estado se
encuentran moderados y templados por entramado institucional colegiado.
Pienso aprovechar al máximo el apoyo de todos estos órganos.
La sociedad tiene puestas en el Ministerio Fiscal unas enormes
expectativas que no pueden ser defraudadas. De ahí que hayan de buscarse
las mejores fórmulas para atender tan legítimas demandas. El Ministerio
Fiscal, consciente del reto que ello supone para la institución, a
iniciativa del Consejo Fiscal, concibió la idea, que considero plenamente
acertada, de elaborar un libro blanco en el que se recoge lo que es y
debe ser el Ministerio Fiscal como consecuencia inexcusable de un órgano
constitucional que es pieza indispensable del Estado de Derecho. Este
libro blanco está concebido a través de un trabajo meditado de abajo
arriba, con la participación de toda las fiscalías y en su elaboración
nos encontramos actualmente.
¿Cuáles son las prioridades que a este Fiscal General del Estado
corresponden en su actuación? En el orden penal, tengo que empezar,
indudablemente, por los delitos de terrorismo. La lacra social que supone
la salvaje delincuencia terrorista exige nuestra mayor atención. La
Fiscalía de la Audiencia Nacional viene desarrollando una encomiable
labor en la lucha contra el terrorismo, tan callada como eficaz. No
olvidemos que toda sentencia condenatoria se sustenta en una acusación
acertada y, por ello, atendida por el tribunal sentenciador. El Fiscal
General del Estado va a ofrecer todo su apoyo y su más estrecho contacto
con la Fiscalía, buscando, dentro de la legalidad, las fórmulas que
permitan la mayor eficacia. La colaboración internacional, la protección
de los testigos, una mayor potenciación de las unidades adscritas de
Policía Judicial son elementos que facilitarán tan importante misión.
En la lucha contra el tráfico de drogas está en juego la salud de nuestra
juventud. Este tipo de delincuencia genera, a su vez, múltiples formas
delictivas y una gran inseguridad ciudadana. La Fiscalía Especial para la
Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, así como sus
delegados, está al frente de las eficaces operaciones que se vienen
realizando contra esta terrible criminalidad, especialmente --y éste es
el reto más difícil-- contra el gran narcotraficante y el blanqueo de
dinero que constituyen motor y tapadera del tráfico de estas sustancias.
No se puede olvidar que junto a la represión debe darse igual preferencia
a la prevención, que es, asimismo, cometido de esa Fiscalía Especial,
trabajando muy especialmente con la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional de Lucha contra la Droga, potenciándose los tratamientos
curativos y resocializadores.
En los delitos contra la libertad sexual, el Ministerio Fiscal debe
mostrar su mayor rigor contra tales delitos, teniendo muy presente a las
víctimas de esta figura delictiva, adoptándose las medidas que sean
precisas para evitar toda posible o doble victimización.
Se presentan figuras de nueva delincuencia, nuevas formas de delitos
(delitos informáticos, económicos o llamados de cuello blanco, contra la
Hacienda pública, contra la propiedad industrial e intelectual) que
exigen un mayor esfuerzo y las mejores técnicas, al ser insuficientes los
medios tradicionales de la lucha contra la criminalidad.
Capítulo especial merecen los delitos contra el medio ambiente o lo que
se conoce también como delitos ecológicos. La sensibilidad ciudadana
exige de nosotros una mayor agresividad. Urge la reforma de los textos
legales. Existe un anteproyecto de Código Penal que vendrá a completar y
suplir muchas de las carencias que presenta actualmente la lucha contra
esta criminalidad. No obstante, mientras ello se produce, el Ministerio
Fiscal va a tener especial cuidado y atención y ahondará en su mayor
dedicación, incluso con fiscales especiales, como tiene lugar en
importantes fiscalías. Cabe citar la circular 1/1990, del Ministerio
Fiscal, que destaca la preocupación de este Ministerio público en la
investigación y persecución de estos delitos y potencia la investigación
prejudicial, requiriéndose de los organismos públicos información sobre
aquellas instalaciones inadecuadas, así como de todas aquellas
actividades que incidan negativamente en el medio ambiente.
A los delitos económicos relacionados con la corrupción me referiré más
adelante, siguiendo el orden de los temas sobre los que se ha interesado
mi comparecencia.
No solamente son actividades penales las que quiero destacar en esta mi
primera comparecencia. El Ministerio Fiscal desarrolla un muy importante
cometido en órdenes que no son precisamente los penales. El protagonismo
que corresponde al Ministerio Fiscal en la defensa de menores y
desvalidos viene así exigido en el artículo 30.7º, del Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal.
Un ejemplo de la intervención del Ministerio Fiscal en estos temas lo
ofrece la reforma del Código Civil por Ley 21/1987, de 2 de noviembre,
atinente a la adopción y a otras formas de protección de los menores,
cuyo artículo 174 --modificado-- se refiere al Ministerio Fiscal, al que
atribuye la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda por
parte de las entidades públicas, a las que se
encomienda la protección de los menores que se encuentran en situación de
desamparo. Es decir, el Ministerio Fiscal, en este campo, viene a
realizar visitas a los centros de protección, comprobando los reglamentos
que los regulan y su forma de aplicación. Esta importantísima actividad
del Ministerio Fiscal le convierte en superior protector de los menores
desamparados. Está en estudio un anteproyecto de ley de los derechos del
niño que, igualmente, está en la línea del mayor protagonismo del
Ministerio Fiscal.
Junto a esta labor protectora de los menores a la que acabo de hacer
referencia, al Ministerio Fiscal le incumbe, igualmente, un importante
papel en la labor de reforma. La Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio,
sobre la reforma y modificación de la ley que regula la competencia y
procedimiento de los juzgados de menores, atribuye al Ministerio Fiscal
la defensa de sus derechos, la observancia de sus garantías, el cuidado
de la integridad física o moral del menor y, sobre todo --lo destaco--,
le encomienda, a su vez, la investigación de estas conductas.
La conclusión de lo que acabo de expresar es que la protección y reforma
de los menores pasa por el Ministerio Fiscal. Tan esencial cometido es el
prioritario en mi actuación, como lo es de los fiscales que vienen
desarrollando esta labor.
Otro esencial cometido es el control en los internamientos;
internamientos de enajenados, con las visitas que corresponde hacer al
Ministerio Fiscal a los psiquiátricos públicos cada seis meses, como
máximo; las visitas a los centros o residencias de la tercera edad, la
cual fue objeto, incluso, de preocupación en una instrucción, 3/90, de la
Fiscalía, y, asimismo, la visita a los centros penitenciarios. Destaco
especialmente este último apartado, que debe hacerse, como máximo, cada
dos meses, porque permite detectar especiales e importantes
irregularidades. Igualmente, el Estatuto permite la visita a los centros
de internamiento de extranjeros, que ha supuesto solventar situaciones
excepcionales.
En otro campo totalmente distinto, ya referido a lo que es más bien
próximo al Derecho civil, están las crisis matrimoniales con hijos
menores de edad. Corresponde al Ministerio Fiscal intervenir en la
aprobación de los convenios, que podrá impugnar si detecta vulneración de
los derechos de los menores. En la vigilancia penitenciaria, el
Ministerio Fiscal, junto con el juez de vigilancia penitenciaria,
constituyen instrumentos claves en la ejecución de las penas.
Quiero destacar, asimismo, la importancia que para este Fiscal General
del Estado tiene la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ante el Tribunal
Constitucional, las fiscalías ante las salas de la jurisdicción civil,
contencioso-administrativo, que además tiene encomendadas las relaciones
con el Defensor del Pueblo, o de la jurisdicción laboral. Las relaciones
internacionales, abocadas a una mayor colaboración con otros países en la
lucha contra la criminalidad organizada, el terrorismo y el tráfico de
drogas, deberán ser potenciadas.
Paso al examen del segundo tema de los solicitados en mi comparecencia,
que atañe a la posible reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se regula por ley, de
ahí que su modificación compete, no al Fiscal General, sino al Poder
legislativo. En este sentido, el Fiscal General acatará las decisiones
del Parlamento. No obstante, si se pregunta al Fiscal General del Estado
sobre la conveniencia o no de modificar el vigente Estatuto de 30 de
diciembre de 1981, mi opinión es que constituye un instrumento válido,
eficaz, muy superior al Estatuto de 1926, para el desarrollo de los
esenciales cometidos que corresponde al Ministerio Fiscal. No es que el
Estatuto no sea mejorable. Todo es perfectible. Pero, en este momento,
considero que no es necesaria su reforma, salvo en aquellos aspectos que
sí vengan obligados por lo que está actualmente en trabajo parlamentario,
que es la fiscalía especial de delitos económicos relativos a la
corrupción.
A lo sumo, cabría pensar en aquellas cuestiones que, en situaciones
similares, tienen distinta respuesta en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que sí podrían ser traspasadas al Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal. Por el contrario, sí me parece urgente el desarrollo
reglamentario del Estatuto, ya que el Reglamento actual es del año 1969 y
ni responde a la fisonomía del Ministerio Público posconstitucional ni se
adecua a la necesidad del Fiscal de 1994.
La lucha contra la corrupción, que es el tercer tema sobre el cual se
interesa mi comparecencia, es una exigencia actual de la sociedad
española, que requiere respuesta a este fenómeno que ha venido en
denominarse corrupción. De esa exigencia se va a hacer eco el Fiscal
General del Estado, como no podía ser de otra manera.
Constituye un fenómeno de alcance internacional y muestra de ello lo
constituye la resolución de las Naciones Unidas emanada del VIII Congreso
sobre Prevención del Delito, del año 1990, en la que se refleja la
preocupación de los Estados por la corrupción, destacando la especial
referencia que se hace precisamente a la intervención del Ministerio
Fiscal en la prevención y lucha contra estos fenómenos.
Existe un proyecto en trámite parlamentario de fiscalía general para la
represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.
Corresponde a las Cortes delimitar los perfiles de esta nueva herramienta
en la lucha contra estas figuras delictivas. Ahora bien, eso no significa
que el Ministerio Fiscal vaya a esperar a la creación de esa fiscalía
para continuar en la lucha contra las conductas constitutivas de estas
figuras delictivas.
Tampoco puede sostenerse, porque no es cierto, que las instituciones
estén corruptas. Muy al contrario, sólo existen casos aislados y las
instituciones funcionan con normalidad. En todo caso, allí donde la
corrupción aflore o sea detectada se hará un serio esfuerzo para que los
procesos relacionados de una u otra manera con este fenómeno se agilicen
sin merma de las garantías de los justiciables.
La bondad del proyecto vendrá condicionada por la puesta a disposición de
los fiscales especiales de los medios técnicos que sean precisos,
especialmente la adscripción de órganos cualificados de modo permanente y
con carácter exclusivo que colaboren con los fiscales facilitando sus
conocimientos periciales. Será preciso contar con inspectores de
Hacienda, inspectores del Banco de
España, interventores e inspectores del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas e inspectores de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, que quedarán adscritos de modo permanente a la fiscalía.
No nos engañemos. Con el solo voluntarismo no se podrá conseguir un
trabajo serio y eficaz. El Ministerio Fiscal no puede estar pidiendo
favores a otras instituciones para tener los medios técnicos adecuados en
la lucha contra esta criminalidad.
El Ministerio Fiscal necesita y exige contar desde ya, integrados
permanentemente, con los medios humanos especializados y expertos que se
requieran. Igualmente, deberán adscribirse unidades de policía judicial
con los conocimientos técnicos adecuados.
El criterio de selección de los asuntos para conocimiento de esta
fiscalía especial, si se mantiene el proyecto en los términos que
conocemos, corresponde al Fiscal General del Estado, que informará
semestralmente a la Junta de fiscales del Tribunal Supremo, fiscales de
Sala, y al Consejo Fiscal sobre los procedimientos en los que ha
intervenido la fiscalía, selección que recaerá en aquellos asuntos que se
caracterizan por su especial trascendencia. Se guiará este Fiscal General
del Estado por criterios objetivos, dando trato igual a situaciones
iguales, con miras a alcanzar las mayores cotas de operatividad y
eficacia.
El estudio del proyecto permite observar las grandes similitudes que
presenta con la regulación de la Fiscalía Especial para la Prevención y
Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, que tan buenos resultados viene
ofreciendo en beneficio del interés público.
Me gustaría que al concluir mi etapa como Fiscal General del Estado se
reconociera al Ministerio Público como el más eficaz enemigo de toda
actividad delictiva y, en especial, de las conductas que se relacionan
con la corrupción, sea quien fuere el autor.
Para terminar, sólo quiero destacar que he encontrado una carrera fiscal
con gran espíritu de colaboración, no sólo preparada técnicamente, sino,
lo que es para mí mucho más importante, con una enorme ilusión y con
decididos deseos de cumplir los trascendentales cometidos que le
encomienda la Constitución, dispuesta a trabajar cada vez más próxima a
la ciudadanía y con el mejor ánimo de prestar el servicio público que le
viene legalmente atribuido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Granados, por su primera
comparecencia ante esta Comisión como flamante Fiscal del Estado. Le
damos la bienvenida cordial a la misma. Le agradecemos su presencia y las
palabras con las cuales ha respondido en una primera intervención a lo
que queríamos saber en esta su primera comparecencia, que eran las líneas
prioritarias del desarrollo de su cargo en el futuro, las medidas
anticorrupción y, asimismo, todos los aspectos que tienen que ver con el
desarrollo de su función, que usted ha definido muy acertadamente al
comienzo de su intervención: el fiscal como punta de lanza de las
defensas de los derechos fundamentales; un fiscal receptivo y abierto.
Efectivamente, eso es lo que esperamos de usted, que sea un Fiscal
General del Estado, no del Gobierno, por tanto, muy distinto de su
antecesor del modelo en que desarrolló su acción su antecesor. Pero no
solamente eso. Esperamos de usted que sea un Fiscal General de los
ciudadanos y ciudadanas; que impulse las funciones importantísimas que
tiene atribuidas en el artículo 124 de la Constitución; que rompa la
imagen del fiscal punitivo y represivo que tiene la sociedad y que se
abra a esta sociedad.
El fiscal es una herramienta poderosísima en la lucha contra las
desigualdades sociales, contra los atentados a la naturaleza, contra la
corrupción, en defensa del interés general, para lo cual le instamos a
que usted contacte con colectivos sociales, que se entreviste y hable con
los sindicatos, con asociaciones de consumidores, con asociaciones de
todo tipo, con ONG, porque así usted va a conocer mucho mejor qué es lo
que sucede en la calle, cuáles son los problemas que tiene la gente. La
figura del fiscal es tan polivalente, tiene tantas posibilidades, que es
triste que en estos momentos haya quedado, en alguna medida, anquilosada
y se haya limitado a un fiscal muy de despacho, muy pasivo, que, además,
no ha tenido una suficiente función impulsora en los procedimientos en
los cuales se supone que tiene que estar presente.
El Fiscal General del Estado y todos los fiscales tienen que estar al
frente de los problemas que más inquietan a la sociedad, que más alarman
a la sociedad. En ese sentido, yo quisiera empezar preguntándole por las
acciones de la Fiscalía respecto de algunos temas que en estos momentos
están alarmando y preocupando a la sociedad española.
En primer lugar, en cuanto al conocidísimo caso Roldán, como usted sabe,
las conclusiones de la Comisión Roldán han sido trasladadas al Ministerio
Fiscal. A partir de ahí, el Ministerio Fiscal depurará las
responsabilidades que puedan existir. Hay una parte importante, sin
embargo, que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas. Usted ha hablado
de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Existen responsabilidades que
pueden surgir del estudio de toda esa documentación y conclusiones por el
Tribunal de Cuentas, y nosotros desearíamos que instase la Fiscalía a
este Tribunal para que se depurasen todas las responsabilidades como
consecuencia de la malversación de fondos públicos, que es, seguramente,
el corazón de toda la problemática de corrupción del caso Roldán.
En el caso Banesto, usted sabe que el acta de inspección del Banco de
España fue entregada en su momento al Ministerio Fiscal, al Fiscal
General del Estado. Su antecesor, el señor Hernández, habló en esta
Comisión de la existencia de esa acta de inspección y de un informe de la
Secretaría Técnica. No hemos sabido más a ese respecto. Nos gustaría
conocer qué es lo que ha pasado con el estudio que se supone que estaba
haciendo la Fiscalía General del Estado sobre toda la documentación que
acompañaba al acta de inspección del Banco de España en el caso Banesto y
cuáles son las responsabilidades penales que la Fiscalía entiende que se
derivarían del estudio de esa documentación, de esa acta de inspección.
También queremos referirnos al caso Amedo. En estos momentos, la Fiscalía
General del Estado tiene ante sí, desde hace bastante tiempo, el
expediente de indulto del señor Amedo. Queremos saber también cuál es la
posición de la Fiscalía a ese respecto, cuándo se va a producir una
decisión, ya que el Gobierno dice que está pendiente del informe de la
Fiscalía, y cuál va a ser la actitud de la Fiscalía General en cuanto al
informe que tiene ante sí respecto al pase al tercer grado de Amedo.
Respetando la independencia de la Fiscalía General del Estado, que
siempre hemos valorado como fundamental --precisamente saludamos su
nombramiento y valoramos que usted venía con un perfil de persona
independiente--, querríamos señalar que sería inaceptable que se pudiese
encubrir un indulto no formal, pero sí fáctico, con el pase a una
situación de tercer grado en la persona del señor Amedo, que, por cierto,
ha tenido una actitud amenazante en las manifestaciones que ha hecho
hasta este momento respecto de las posibles concesiones del beneficio
máximo, que sería el indulto, o beneficios carcelarios.
También queremos que nos hable usted de la posición y la dinámica que
está impulsando --si es que está impulsando algo-- el Ministerio Fiscal
en relación con el caso Filesa, un caso paralizado desde hace mucho
tiempo, con miles de folios, con el que no se sabe qué va a pasar. Da la
impresión de que, con independencia de la política que sigue a este
respecto el juez instructor, no parece que el Ministerio Fiscal haya
impulsado o pedido diligencias a ese respecto. Debería hacerlo así, a
nuestro juicio, y también querríamos saber si se va a desatascar --si ésa
es la posición del Ministerio Fiscal-- el caso Filesa.
En la comparecencia que tuvo su antecesor, el señor Hernández, hace unos
meses en esta Comisión, le preguntamos por la forma en que la Fiscalía
General del Estado estaba controlando las identificaciones, consecuencia
de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley
Corcuera, y el señor Hernández tuvo que admitir que, aunque los fiscales
tienen que inspeccionar los libros-registro, que se supone que están en
las comisarías, hasta ese momento no se había hecho absolutamente nada a
ese respecto. Querríamos saber si la cosa sigue en ese estado o si se
piensa realmente cumplir lo dispuesto en la Ley de Seguridad Ciudadana y
los fiscales se van a interesar por los cientos de identificaciones que
se producen todos los días como consecuencia de la aplicación de esa ley
y que ocasionan, por cierto, bastantes arbitrariedades, entre otras
cosas, seguramente, porque no hay un control suficiente por parte de la
Fiscalía el Estado, no solamente por las Fuerzas de Seguridad del Estado,
sino también por otras fuerzas de seguridad, como la Policía Municipal.
Hace poco, teníamos ocasión precisamente de pedir una comparecencia de la
Defensora del Pueblo en funciones y del General Jefe Inspector de la
Policía Municipal de Madrid --en el día de hoy objeto de alguna
información periodística-- respecto de la forma inadecuada en que se
hacen esas identificaciones por parte de algunos miembros de la Policía
Municipal.
También nos gustaría que profundizase por lo que respecta a los menores,
tema al que usted ha dado mucha importancia en su intervención.
Efectivamente, la protección, la reforma, la investigación de lo relativo
a los menores pasa por el Ministerio Fiscal, pero nos da la impresión de
que no hay suficientes medios en estos momentos en la Fiscalía (ni
siquiera se han pedido, me parece), únicamente hay estructuras que pueden
considerarse a la altura de las exigencias de la función del Fiscal en
Madrid, Barcelona y Valencia, pero no en otros sitios. El Fiscal asume,
en relación con los menores en estos momentos, la instrucción y el
principio acusatorio de lo menores, entendiendo por menores los de edad,
no menores de edad penal, pero, para el futuro, el Código Penal establece
un pase de la edad penal a los 18 años, lo cual va a plantear un gran
problema, porque, si esto se hace así pero no hay medios de
asesoramiento, de psicólogos, de asistencia de todo tipo al servicio de
la Fiscalía, la situación de estos menores va a ser tremenda. Hay que
tener en cuenta que en estos momentos de la delincuencia total, la que se
produce por jóvenes entre 16 y 18 años es nada menos el 15 por ciento. Si
eso deja de ser delito formalmente como consecuencia del Código Penal, la
labor de atención de la Fiscalía se incrementa y me parece que no hay
suficientes medios a ese respecto, Nos gustaría saber cuáles son las
previsiones de la Fiscalía, así como las previsiones en cuanto a
formación de menores.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, concluya, por favor.
El señor LOPEZ GARRIDO: Con la benevolencia del Presidente, teniendo en
cuenta que ésta es la primera vez que tenemos el gusto de tener aquí al
señor Granados, voy a pedirle algunos minutos para terminar de referirme
a alguno de los puntos que ha señalado en su intervención. Estoy en la
recta final de mi intervención, señor Presidente.
Voy a referirme a las medidas anticorrupción para saber si tiene usted
previsto solicitar algún tipo de medios en cuanto a las estructuras, no
sólo de esta Fiscalía anticorrupción, porque, si se quedase aquí, sería
una medida prácticamente propagandística, pues lo importante no es
solamente esta Fiscalía anticorrupción, que puede especializarse en
determinados delitos, sino los medios de que dispongan todas las
fiscalías, no solamente esta Fiscalía anticorrupción cuya formación, como
sabe usted, ha sido polémica.
Se ha referido usted, por último, a la inconveniencia, a su juicio, de la
reforma en este momento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Yo
disiento de esa observación dadas las características de la figura del
Ministerio Fiscal y de las funciones que se le avecinan. Solamente con
una lectura rápida del «Diario de Sesiones» de lo que usted ha señalado
como definición de lo que debe ser el Fiscal, es decir, un cambio
completamente de la imagen del Fiscal hacia otro Fiscal mucho más activo,
impulsor, abierto a la sociedad, teniendo en cuenta, además, el proyecto
de ley del jurado y de lo que se prefigura como reforma futura en el
procedimiento penal, es decir, una posición del Fiscal mucho más activa e
impulsora del proceso penal, nos parece que la regulación de la figura
del Ministerio Fiscal en el Estatuto Orgánico ha quedado algo
desfasada en algunos aspectos. Por ejemplo, en el propio nombramiento del
Fiscal General del Estado, donde tendría que haber una intervención del
Parlamento, donde habría que estudiar seguramente el que hubiera un
período fijo de mandato del Fiscal General del Estado y donde habría que
estudiar que el Gobierno no pudiese cesar en cualquier momento al Fiscal
General del Estado, que es una especie de espada de Damocles que pende
sobre la independencia de un Fiscal General. El asunto de los fiscales
jefes me parece de extraordinaria importancia y fue destacado así, por
cierto, por el señor Hernández en su última comparecencia. Da la
impresión de que los fiscales jefes son algo así como eternos o
vitalicios, a pesar de que podrían ser removidos. Desde luego, con la
permanencia de las estructuras de fiscales jefes que hay ahora mismo
dudamos de que pudieran ponerse en práctica estas buenas intenciones que
usted ha señalado en su intervención. Querríamos saber cuál es su
posición a ese respecto y si piensa producir una renovación también en
los fiscales jefes, fundamentalmente en los del Tribunal Superior de
Justicia y de las audiencias.
Me gustaría saber también cuál es su opinión sobre una unificación de la
carrera Fiscal y Judicial, porque el fortalecimiento de la independencia
y de la imparcialidad de la figura del Fiscal pasa por la ubicación del
Fiscal en el área del Poder judicial y no en el área del Poder ejecutivo,
como está en estos momentos.
En cuanto a la Policía Judicial usted ha hablado de la necesidad de
unidades de Policía Judicial y nos gustaría saber su opinión sobre la
necesaria, a nuestro juicio, potenciación de una Policía Judicial,
pasando por un cambio de dependencia de esas unidades de Policía
Judicial. Yo tengo entendido que usted ha sido tradicionalmente un
defensor de esta tesis, de que haya una verdadera Policía Judicial
dependiente de jueces y tribunales.
Por último, en cuanto a la responsabilidad, hay un sistema de
responsabilidad en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal más liviano
o más lejano del que tienen los funcionarios públicos respecto del que
van a tener ahora mismo los jueces, y éste sería otro elemento
fundamental de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En definitiva, todo esto significa más medios para la Fiscalía. La
Fiscalía puede pedir auxilio a las administraciones para su labor, por
tanto, tampoco debe escudarse en la no existencia de medios, pero repito
que son necesarios más medios. Nosotros le apoyaremos siempre que usted
solicite estos medios y que se reflejen en los Presupuestos Generales del
Estado. Hágase merecedor de estos medios. Si impulsa la línea a que usted
se ha referido, y algunas otras a las que nos hemos referido nosotros,
tendrá nuestro apoyo para todo lo que signifique potenciar la figura del
Fiscal General del Estado y del Fiscal, ese gran desconocido por el
momento en nuestra sociedad, que debe convertirse en una figura de mucha
más fuerza en defensa del interés general.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir para fijar su
posición. (Pausa.)
La señora Rahola, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Granados, señorías, hablo en nombre de Esquerra Republicana para
darle la bienvenida. Entiendo ésta su primera intervención
fundamentalmente como un saludo y sólo puedo decirle que su listado de
preocupaciones y prioridades, las que piensa que marcarán su etapa como
Fiscal, me parecen como proyecto absolutamente excelentes. Sin embargo,
espero que no sean sólo buenas intenciones, que no sean bonitos titulares
para encabezar ésta su primera comparecencia, y que ese serio esfuerzo,
tal como usted lo ha dicho, y esa voluntad de operatividad y de eficacia,
no se vean estrelladas en una realidad diaria, demasiado dependiente, con
intereses políticos y/o gubernamentales ajenos a la necesaria
independencia de la Fiscalía.
Espero, pues, que usted no herede los vicios de su antecesor y que el
carácter legítimo de su nombramiento, ese empezar con buen pie tan
distinto del de Eligio Hernández, no le comporte una Fiscalía subordinada
políticamente --uno de los grandes problemas, de los grandes peligros--
como la que se ha producido, incapaz de descubrir e investigar un solo
caso de corrupción a pesar de las graves dimensiones de los escándalos
conocidos, y, además, inactiva y gravemente pasiva, incluso cuando ya
estos escándalos habían sido aireados por la prensa.
Espero, pues, que usted nunca cometa el ridículo ni protagonice el
descrédito para la institución que representa, como, por ejemplo, el que
protagonizó en su momento Eligio Hernández cuando dijo: «No voy a
presentar ninguna querella contra Roldán, porque ha dado suficientes
explicaciones», a pesar de que ya se conocían públicamente las
dimensiones de este escándalo.
Espero, pues (Rumores.) --espero también que haya cierta tolerancia en la
sala--, que su gestión como Fiscal vaya en la línea de sus buenas
intenciones, en la línea de las prioridades que ha presentado y que,
además, tenga todos los instrumentos para llevar a cabo esta gestión,
estas prioridades y objetivos, no sólo en favor de la institución que
usted representa, sino también en favor del Estado de Derecho, en favor
del papel de control que tiene que significar una Fiscalía y, por tanto,
en favor un poco de todos.
Por tanto, un saludo, y los mejores augurios, porque será bueno para la
Fiscalía y será bueno para el Estado de Derecho.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Olabarría
tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Fiscal del Estado, sean mis primeras
palabras también de saludo y de felicitación por su nombramiento, que
recae en una persona de cualificación probada y de independencia
acreditada también. Yo creo que no sólo nosotros le debemos felicitar a
usted, sino que la sociedad española debe felicitarse por su designación.
Mis palabras van a ser también de naturaleza protocolaria, señor
Granados.
Pedido ya por el Ministerio Fiscal --y son explicaciones que no le tengo
que dar a usted, obviamente-- su perfil histórico, su perfil tradicional,
doble y parcial, que configuraba esta institución, esta figura antaño: en
primer lugar, órgano promotor de la justicia, órgano acusatorio ante los
tribunales de lo criminal y, en segundo lugar, órgano de representación
del Gobierno ante los tribunales, y teniendo una dimensión institucional
en este momento el Ministerio Fiscal tan amplia como aquélla de la que
provee el artículo 124 de la Constitución, que le provee de competencias
casi omnicomprensivas de la relevancia como la de promover la acción de
la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y
el interés público, de oficio o a petición de los interesados; pedido
este perfil, señor Granados, desde la perspectiva de nuestro Grupo
Parlamentario todavía se percibe cierta tensión estructural entre la
imparcialidad de la función acusatoria, de las funciones constitucionales
que usted debe garantizar y las resonancias gubernamentales que todavía
se perciben en la configuración institucional del Ministerio Fiscal.
Si tenemos --y es mucha pretención para esta primera comparecencia suya--
que aproximarnos a una correcta colocación institucional, a una correcta
ubicación institucional del Ministerio Fiscal, nos gustaría una mayor
proximidad a la institución parlamentaria. Nos gustaría algún tipo de
residencia o función parlamentaria en el proceso de promoción y de
designación del Ministerio Fiscal. Nos gustaría que el Fiscal General del
Estado que el Gobierno propusiera al Rey fuese designado o nominado por
una mayoría parlamentaria cualificada, de tres quintos, por ejemplo, de
los Diputados y Senadores. Nos gustaría que fuera este el sistema de
provisión de la fiscalía y que de esta manera se pueda desproveer al
Ministerio Fiscal de algunos de los inconvenientes, de las imputaciones
que generalmente se han hecho a esta figura y de estas resonancias
gubernamentales que todavía posee la configuración institucional del
Ministerio Fiscal.
En este ámbito de los desiderátum, señor Presidente, también nos
gustaría, no sólo este reforzamiento de la institución parlamentaria en
el ámbito de la designación del Fiscal General del Estado, sino un
reforzamiento de su propia participación en las comisiones de
investigación que prevé el propio artículo 76 de la Constitución. Y lo
que sí nos gustaría, y esto lo tenemos que decir con cierto énfasis, es
que la independencia de la figura del Ministerio Fiscal no dependa del
talante personal de quien encarne la institución, sino de un correcto y
regular sistema de designación y de un correcto y regular ejercicio de
sus competencias.
Nos gustaría, por último, que en el artículo 29 --si algún día se ha de
acometer la reforma del artículo 29 del Estatuto Fiscal-- se provea no
sólo de mecanismos que garanticen su aptitud profesional, que es lo que
se garantiza en este momento a través de los requerimientos de este
precepto (jurista español de reconocido prestigio, con más de quince años
de ejercicio efectivo de la profesión), sino, además, algún tipo de
cualificación que garantice el genuino ejercicio de sus competencias
constitucionales.
Por último, nos gustaría, y perdone, señor Presidente, que haga una
exposición tan vinculada a los desiderátum y a los deseos, que esperemos
que no sean de carácter utópico, porque mi Grupo entiende que son
correctos y razonables, que se profundice también en las competencias que
que se prevén en el artículo 15 del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal y en el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que la
figura del Ministerio Fiscal se convierta en una figura indagatoria, en
una figura instructora, que sea un verdadero instructor de los
procedimientos. Ya se está avanzando en este ámbito en proyectos de ley
como el del jurado; esperemos que se continúe también por esta vía con el
auxilio de la policía judicial.
Con estas palabras voy a acabar, señor Presidente, y esto ya no es un
deseo. Me parecen muy pertinentes sus alusiones y su talante, su actitud
manifestada tan explícitamente en relación a la corrupción, a atajar, a
reprimir desde sus competencias las prácticas de corrupción. En este
momento, la corrupción reside sobre todo en delitos y conductas de
naturaleza económico-financiera terriblemente sofisticadas, algunas de
ellas no están previstas todavía por el Código Penal. No sólo debe ser su
talante, no sólo debe ser su compromiso institucional, no debe ser su
voluntad sólo, sino que deben ser las correcciones que se van a proponer
con toda seguridad en el próximo debate del Código Penal las que atajen
este auténtico cáncer de nuestra sociedad.
En este momento, quienes estamos en comisiones de investigación
percibimos que hay conductas perversas que configuran lo que en términos
vulgares se denominaba la conducta del pelotazo, algunas de ellas no
tipificadas como delitos, ni siquiera como infracción administrativa,
desgraciadamente, y entre las que podríamos relacionar las siguientes:
uso de información privilegiada, operaciones de autocartera bursátiles,
compra y venta de empresas a las que se vacían de contenido para su venta
posterior a mayor precio, discriminación entre accionistas de un agente
de cambio y bolsa, de un mismo especulador bursátil, operaciones de
«insider trading», blanqueo de dinero, utilización de empresas
inexistentes para operaciones bursátiles o para el afloramiento de
determinadas plusvalías, operaciones fiscalmente opacas, y una larga
relación de conductas que son repugnantes desde la perspectiva analítica
de nuestro Grupo y que ustedes deben atajar, primero, con su talante, con
su inequívoca actitud y, segundo, con instrumentos jurídicos eficientes
que ya manifestamos nuestra voluntad de incorporar a nuestro derecho
punitivo, ya sea en el Código Penal o en el Derecho Administrativo, tan
prolijo y tan deficiente en algunos casos, pero que seguramente podremos,
desde esta institución, contribuir a mejorar y a sistematizar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra la señora Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: Nuestro Grupo también quisiera dar la
bienvenida al Fiscal General del Estado, felicitarlo por su nombramiento
y recoger su compromiso personal de poner los principios legales al
servicio de los ciudadanos.
Sólo quería hacerle un par de preguntas. En realidad, de todo lo que se
ha expuesto aquí, para no repetir nada, le quisiera preguntar, en el
momento de la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
que usted nos ha expuesto, ¿qué medidas concretas se piensan adoptar para
asegurar de alguna manera su independencia? ¿Quizás en el nombramiento?
¿En las competencias?
Una segunda pregunta la desglosaría en dos. Primero, nos gustaría saber
--usted ha tocado el tema pero nos gustaría concretar un poco más-- qué
es concretamente una fiscalía contra la corrupción, cuál sería, en líneas
generales, su funcionamiento y su estructuración. Y, segundo, ya que en
estos momentos, en el Código Penal sólo hay tres delitos --la
prevaricación, el cohecho y la malversación-- que puedan subsumir estas
conductas por lo que se refiere a la corrupción, quisiéramos saber de qué
manera se podrían subsumir estas conductas antes de que funcione el nuevo
Código Penal.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente, he de sumarme,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a la bienvenida que se le da
al nuevo Fiscal General del Estado por cuanto su nombramiento ha sido de
impecable legalidad y también de perentoria oportunidad o necesidad, como
luego ha demostrado la reciente sentencia del Tribunal Supremo en
relación al nombramiento de su antecesor.
Precisamente el señor Hernández decía aquí, en esta misma sala, en esta
Cámara, en su última comparecencia, que el Grupo Parlamentario Popular le
había desprestigiado en el desempeño de su función y que este Diputado
que le habla había contribuido de manera decisiva a ese desprestigio.
Quiero decirle, señor Fiscal General, que nos gustaría que al final de su
mandato, que le deseamos largo y cuajado de éxito, pudiera usted decir
exactamente lo contrario, porque ello testimoniaría que no se ha mirado
usted en el espejo del mandato de don Eligio Hernández. Creo que sería
abundar en una herida que todos queremos ver cicatrizada el que ahora
detallara cuáles son los elementos negativos de ese mandato, básteme con
recordar esa reciente sentencia, cuyo contenido literal desgraciadamente
aún no conocemos hoy, y emplazarle a que ese mandato suyo sea exactamente
la contrapartida de lo que ha sufrido estos años la carrera fiscal y la
institución que usted encarna ahora.
No necesito, señor Fiscal General, recordarle los principios a los que ha
de someter su actuación, porque están claros en el ordenamiento jurídico,
desde la Constitución al Estatuto, y claros han sido sus compromisos al
respecto en su primera intervención, y tampoco cuáles han de ser sus
funciones y cómo han de desenvolverse dentro del respeto al principio de
legalidad y a la defensa de los intereses generales. Ni siquiera
enfatizar la objetividad e imparcialidad, la independencia, a veces
negada formalmente en esta Cámara por titulares del departamento de
Justicia, que ha de presidir las actuaciones del Fiscal General del
Estado.
Me basta, por terminar con ese capítulo que ya pertenece a la historia de
la institución del Ministerio Fiscal, con enfatizar parte de sus palabras
iniciales en relación a la utilización del Consejo Fiscal como
instrumento capital en el desarrollo de las funciones del Fiscal General
del Estado y de la política del Ministerio Fiscal en España y por eso no
tengo por menos que la obligación de preguntarle qué va a ser de aquellos
nombramientos realizados por su antecesor sin el concurso del Consejo
Fiscal. Sé, señor Fiscal General, que no conocemos --insisto-- el
contenido de la sentencia del Tribunal Supremo en su literalidad, pero, a
pesar de ello, resulta bastante delicado reflexionar acerca de la
confianza y de la legitimidad que alcanzan al Fiscal Jefe de la
Inspección, al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Madrid o al Teniente
de la Inspección Fiscal. Estos nombramientos se efectuaron en su día con
cero votos en el Consejo Fiscal, señor Fiscal General, y, en
consecuencia, están basados única y exclusivamente en la confianza de un
Fiscal General cuyo nombramiento ha resultado ilegal.
Podría ponerle también algún otro ejemplo de aquellos otros puestos, como
el de Fiscal Jefe del Tribunal Constitucional, que fueron designados por
el Gobierno, a propuesta del Fiscal General, con empate en el Consejo
Fiscal y que dirimió el voto de calidad del señor Hernández. Es por tanto
preocupante que existan unas fiscalías de capital importancia en el
desarrollo de sus tareas cuyo único título sea ahora el de la confianza
de un Fiscal General que fue nombrado de manera ilegal. Me gustaría, por
tanto, a ese respecto, un pronunciamiento claro del nuevo Fiscal General
del Estado.
Me alegra que su talante sea otro en relación al Consejo Fiscal y, en
consecuencia, me gustaría también conocer su criterio respecto de la
remisión del anteproyecto de Código Penal al propio Consejo Fiscal para
que hiciera cuantas observaciones tuviera por conveniente.
Se han señalado ya los puntos quizá más candentes en el desempeño de la
carrera fiscal y que a usted compete coordinar e impulsar. Me gustaría
insistir en la necesidad de conocer su opinión sobre el Fiscal como
instructor; y no me vale, señor Fiscal General, la llamada tesis de la
investigación. Nosotros, lo diré con la misma claridad con la que se han
expresado en contrario otros portavoces, no compartimos ese modelo.
Compartimos el modelo del Fiscal como está diseñado en el Estatuto y,
desde luego, con los perfeccionamientos que puedan efectuarse en la
necesaria reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero no
compartimos el modelo de Fiscal que aparece reflejado en el proyecto de
ley del jurado. Nos gustaría conocer su opinión al respecto.
Por cierto, he de añadir que tampoco compartimos la opinión de quienes
han expresado la necesidad de una reforma del Estatuto del Ministerio
Fiscal. Compartimos su opinión de que es un instrumento útil y eficaz,
que alcanzó en su día, en 1981, el más alto grado de consenso que puede
obtener una norma, la unanimidad del Congreso de los Diputados en su
aprobación, y entendemos que es francamente positivo que ese consenso se
mantenga en torno al marco jurídico en el que ha de desenvolverse el
desempeño precisamente de una institución que tiene que velar por los
derechos fundamentales de todos.
Entrando ya en ese capítulo de especial trascendencia en su función, que
el señor Fiscal General ha subrayado, tengo que manifestar a la Comisión
que, en efecto, este portavoz, en nombre del Grupo Popular, se dirigió a
su antecesor en el mes de julio de 1992 para que enviara al Congreso los
datos relativos a la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en sus
artículos 20 y 21. En su última comparecencia el señor Hernández dijo no
haber recibido esa comunicación y me vi obligado a pedir el amparo de la
Presidencia de la Cámara para reiterar la petición y recabar esa
información. Me place decir a SS. SS. que con fecha 27 del presente mes,
hace tan sólo tres días, el nuevo Fiscal General del Estado ha necesitado
pocos días para remitir a este Diputado y a su Grupo la información
solicitada hace dos años. Como el tiempo no lo permite, sumariamente,
para complacer el interés de seguro compartido por muchos portavoces y
por muchas de SS. SS., les diré que en esta contestación el Fiscal
General del Estado reconoce que se ha enviado periódicamente el extracto
de las diligencias previsto en esa Ley; que esa periodicidad se considera
regular (no entiendo muy bien, señor Fiscal General, qué significa
regular, si es que se ha hecho con regularidad o que ha sido regular la
remisión de información); que el formato y contenido de tales extractos
evidencia relativa uniformidad y que, por tanto, alcanza en esencia el
número de orden, fecha y hora de inicio de la diligencia, agentes
intervinientes, datos de filiación del identificado, motivo de la
presentación, diligencias realizadas y resultados, así como hora de
finalización; y que, en irregular aplicación del artículo 21 de la Ley
Orgánica citada, se han instruido cinco diligencias que han concluido con
archivo. Finalmente, se nos notifica que se han incoado dos diligencias
de investigación relacionadas con el uso irregular de las facultades de
identificación recogidas en el artículo 20 de la mencionada Ley de
Seguridad Ciudadana.
También me gustaría, señor Fiscal General, conocer su opinión sobre la
autonomía presupuestaria que tantas veces ha demandado la carrera fiscal,
dentro de lo que la autonomía presupuestaria puede afectar a una
institución como la propia carrera fiscal o como la Fiscalía General del
Estado, si alcanza a la capacidad de iniciativa en la formulación del
anteproyecto o va a remolque del Ministerio de Justicia. Eso afecta --y
convendrá conmigo que afecta, y no poco-- a la autonomía, a la
independencia, a la objetividad en el desarrollo de sus funciones de la
propia Fiscalía General y de la fiscalía en general.
Querría conocer también su opinión --aunque parece deducirse de su
opinión contraria a la reforma del Estatuto-- sobre el tan debatido y
polémicamente usado artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, sobre
el cual pivotó una reforma proyectada por su antecesor, no reconocida en
esta Comisión y publicada luego en los medios de comunicación, que me
gustaría ver desterrada del programa del nuevo Fiscal General del Estado,
pero, en cualquier caso, le emplazo a que nos lo comente.
Finalmente, por lo que respecta al problema de la estructuración de la
institución, también querríamos conocer su opinión acerca de la
estructuración de la carrera fiscal; si se produce la transferencia de
competencias, de personal de la Administración de Justicia a las
comunidades autónomas. Si se entiende que el personal de la Fiscalía es
personal de la Administración de Justicia, ¿se entiende también que va a
ser transferido? Cuál es su opinión a este respecto.
Señor Presidente, permítame un último apartado de mi intervención
dedicado a lo que el propio Grupo solicitante y, a su vez, el Fiscal
General del Estado han dedicado atención específica, que es el problema
de la corrupción y, por decirlo más claramente, algunos de los casos que
en este momento están siendo enjuiciados jurisdiccionalmente,
investigados políticamente y que, de alguna forma, debieran concitar el
interés --y seguro que lo concitan-- del Fiscal General del Estado.
Como el Fiscal General conoce, esta Cámara ha concluido los trabajos de
una Comisión de investigación sobre el asunto conocido como caso Roldán.
En esa Comisión de Investigación sus miembros por unanimidad, unanimidad
ratificada por la Mesa del Congreso, han decidido enviar las conclusiones
al Fiscal General del Estado y poner a su disposición las actuaciones que
se han llevado a cabo en la misma. Entre las conclusiones de esa Comisión
figura un capítulo dedicado a los gastos reservados, a los fondos
reservados. En nuestro país todavía está en una zona de penumbra la
frontera entre el control jurisdiccional y el control político de ciertas
áreas que podrían calificarse, con los clásicos, de «arcana imperii»,
aquellos sitios en donde los secretos del poder aún son inmunes al
control jurisdiccional e incluso al control político.
No me voy a detener a recordar a SS. SS. que recientemente y por
unanimidad, prácticamente por unanimidad, el Pleno del Congreso ha
variado la regulación y el control político de los fondos reservados. En
consecuencia que, de futuro, estamos convencidos de que hay hechos que no
se van a volver a repetir, y si se repiten todos tendremos cabal
conocimiento de ello, pero sería entender nuestro deber en forma
equivocada pensar que no se puede o no se debe mirar hacia atrás. Cuando
se han cometido hechos presuntamente constitutivos de delito, entendemos
que es obligación de la Fiscalía General del Estado y de los fiscales de
ella dependientes abrir las oportunas actuaciones para llegar al fondo de
la verdad. Nuestra jurisprudencia sólo tiene en sus anales una sola
sentencia que no hace, según el Brocardo clásicamente estudiado por todos
hace ya muchos años, ni siquiera jurisprudencia. No voy a caer en lo que
considero un error del Ministro de Justicia e Interior de calificar como
desafortunada la sentencia que el Tribunal Supremo dictó en el caso del
GAL, pero sí he de decir que a mi Grupo no le vincula y que creemos que
no debe vincular a un jurista de talante democrático como lo es el Fiscal
General del Estado. Es fondo reservado --dice la sentencia del Tribunal
Supremo-- aquel que se diferencia de los demás autorizados por el
legislador en que no tiene publicidad y no exige justificación contable.
Pero estoy seguro de que el Fiscal General del Estado convendrá conmigo
en que esa diferencia no conlleva el que la ley formal, que supone la
autorización de esta Cámara de determinados
gastos, pueda servir para ser la tapadera de hechos delictivos, porque
sería negar la razón de ser de la ley y sería negar la razón de ser de la
autorización de esos gastos.
En consecuencia, como en el Estado de Derecho no hay puntos negros
inmunes al control de la jurisdicción, como quiera que la ley no puede
amparar hechos delictivos, como quiera que de la investigación del caso
Roldán se desprenden indicios racionales de criminalidad --que la propia
Comisión ha estimado por unanimidad-- en el manejo de fondos reservados,
que no sólo afectan en principio al aludido prófugo Roldán sino que
pudieran alcanzar a responsables varios, lejos de mi ánimo señalar aquí,
del Ministerio del Interior en los últimos años, que han consumido en
gastos reservados más de 4.000 millones de pesetas, le insto formalmente,
con todas las formalidades que quiera, al amparo del Estatuto del
Ministerio Fiscal, a que abra actuaciones para depurar las
responsabilidades penales que pudieran concurrir en el manejo de fondos
reservados en el Ministerio del Interior durante los últimos años.
Finalmente, señor Fiscal General del Estado, también me gustaría que
reparara en que hay actuaciones en los últimos tiempos vinculadas a la
corrupción que deben merecer, a nuestro juicio, atención del Fiscal
General del Estado. No puede afirmarse sin responsabilidad, de cualquier
naturaleza, no ya política sino entiendo que también penal, que cuando
hay un proceso judicial y una investigación parlamentaria en marcha,
documentos esenciales para el conocimiento de los hechos que se están
investigando han sido triturados por funcionarios que tienen esos
documentos a su cargo. Porque no hace falta que recuerde al Fiscal
General del Estado que existe un Código Penal en cuyo artículo 364 eso se
tipifica como delito. En consecuencia, también le estimulo a que
investigue si en efecto han sido destruidos documentos que podrían haber
sido de valor esencial para un proceso por corrupción y que, en
consecuencia, implicaría en su caso responsabilidades penales.
Finalmente, me adhiero a algunos de los portavoces en la petición que ya
hace algunos meses también formulé a su antecesor. Querríamos saber, de
una vez, cuál es la opinión, cuál puede ser el informe, si no violenta su
confidencialidad, del Fiscal General del Estado en torno al indulto
solicitado por los reclusos Amedo y Domínguez en el caso del GAL.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Pérez Mariño.
El señor PEREZ MARIÑO: Con la venia, señor Presidente. (El señor
Vicepresidente, Arqueros Orozco ocupa la Presidencia.)
Al igual que todos los compañeros Diputados que me han precedido en el
uso de la palabra, debo, en primer lugar, señalar la satisfacción que
para el Grupo Socialista supone la presencia en esta Comisión del nuevo
Fiscal General del Estado, quien ha sido señalado, no sólo por los
portavoces de los grupos que han intervenido sino, en general, por todos
los medios de comunicación social, por todos los portavoces sociales,
como una persona que responde al perfil de lo que debe ser un Fiscal
General del Estado. En esa medida, como Grupo que respalda al Gobierno
actualmente en el poder, hemos de sentirnos satisfechos con esta especial
unanimidad que se ha concitado en torno a sus características personales
como dignas y especialmente significadas para poder ostentar este cargo
que ocupa. Por eso, su responsabilidad será aún mayor, porque usted sabe
mejor que nadie que entre sus méritos no estaba ningún tipo de
significación política con el Partido del Gobierno, que sus méritos son
justamente los profesionales y los personales, que es usted, por tanto,
una persona de especiales características de independencia, así valoradas
por todos los medios de comunicación social y por los portavoces de los
grupos que han intervenido con anterioridad.
Por eso se le ha nombrado a usted, se le ha nombrado a usted porque,
además de su profesionalidad, es una persona independiente y las
responsabilidades que se le van a pedir por parte de todos los grupos, y
también por parte de este Grupo, serán, qué duda cabe, mayores. Por
tanto, va a ser usted un poco el frontón donde nos vamos a ver, y su
actuación va a ser seguida día a día. Pero a nosotros, de su actuación,
no nos interesa tanto saber qué piensa de las modificaciones legislativas
que pueda ser conveniente o no hacer. Nos parece que eso no está entre
sus especiales atribuciones, quizá eso está entre nuestras atribuciones,
no especiales, sino las propias: qué pensamos nosotros de si se debe
modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal o qué pensamos nosotros sobre
si se debe reformar el Código Penal o el delito ecológico o alguna de las
cosas que le preguntaban mis compañeros. A nuestro Grupo no le interesa
de forma especial qué piensa usted sobre si sólo existen tres delitos en
el Código Penal que pueden encubrir los delitos de corrupción. Seguro que
usted, como magistrado con experiencia, nos podría hablar de la falsedad,
de la malversación de caudales públicos y de otros tantos, del alzamiento
de bienes, etcétera, que sí pueden ser cometidos por personas corrompidas
o corruptas.
¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de usted, del Fiscal General del
Estado? Lo que usted ha dicho: que aplique el principio de legalidad y
que toda su función gire alrededor de ese elemento. Además, piense usted
una cosa: nos interesa tanto que investigue usted esa larga lista a que
se refería el portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tanto esos elementos, como aquellos otros que salen menos en
los medios de comunicación social pero que también pueden haber vulnerado
el principio de legalidad o cualquier tipo de norma. Porque si en algo
tiene que significarse el Ministerio Fiscal es en no seguir en su
actuación los aires de la coyuntura, de las circunstancias. Alguien
podría decir, a partir de este momento, que nosotros no valoramos como
importante el problema de la corrupción. En el ejercicio de la política
lo valoramos como lo más importante probablemente que tenemos delante,
pero en el ejercicio de la aplicación del principio de legalidad lo
consideramos de igual importancia que la vulneración que puede tener un
ciudadano extranjero al que no se le respetan sus derechos. Y si de
alguna forma cayésemos en el tópico de decir que se aplique el Derecho
--como se dice-- con rigor o con especial hincapié, cuando el Derecho se
tiene que aplicar siempre con el
mismo rigor y con el mismo hincapié, si cayéramos en ese tópico
--repito-- le pediríamos que hiciera usted especial hincapié en la
defensa de los derechos y libertades de aquellos que no tienen derechos y
libertades; que hiciera usted especial hincapié en todos esos elementos
que desgraciadamente no aparecen en los medios de comunicación social: en
los menores, a los que usted mencionó ya de una forma especial, en los
refugiados o en las personas inmigrantes en nuestro país, en los que
tienen que pedir asilo o refugio, en definitiva, en los que tienen pocas
facilidades de acceder a unas buenas defensas jurídicas, de acceder a la
justicia, de acceder al ejercicio de sus derechos. Haga usted hincapié en
ello y, aunque salga menos en los medios de comunicación social, no cabe
duda de que la sociedad que menos habla se lo agradecerá más.
Yo sé que usted no va a actuar en ningún caso guiado por el espíritu de
que alguien se lo agradezca, pero por si le pareciese bien lo que podamos
pensar desde el Grupo Parlamentario Socialista, al igual que desde
cualquier Grupo (porque como usted es independiente, le vamos a pedir
cuentas al igual que todos los grupos), estaríamos especialmente
satisfechos con que su labor callada de Fiscal General del Estado
reflejase ese trasfondo de ayudar a romper, de alguna forma, con la
desigualdad.
A partir de ahí, le deseamos que tenga suerte, le deseamos a usted que
lleve ese ánimo que reflejaba una imagen suya, que se ha hecho
especialmente notoria, vestido con gorrilla por la calle (Rumores.) a la
Fiscalía General del Estado y que aproveche los muchos medios que el
Estado pone a su alcance. Tiene usted cubierta prácticamente la plantilla
del Ministerio Fiscal, tiene usted los mayores medios que en la historia
ha tenido el Ministerio Fiscal en su mano. Haga usted que los fiscales
los aprovechen. Haga usted que saquen jugo a esas aportaciones que la
Administración pone en sus manos. Haga usted que los fiscales participen
en los procedimientos dentro de la legalidad y con los muchos márgenes
que la legalidad permite y, si me permite también decirlo, exige. Porque
sólo con eso, sólo con la aplicación de la --entre comillas-- «vulgar
legalidad actual» estaríamos más que safisfechos. Por tanto, no queremos
pedirle ningún extraordinario, sino la normalidad del funcionamiento del
Ministerio Fiscal.
No quiero entrar en ninguna polémica con los compañeros Diputados que me
han precedido en el uso de la palabra. No me parece que sea el momento de
juzgar a su antecesor, ni la sentencia que ha decretado la ilegalidad de
su nombramiento, ni tampoco realizar manifestaciones que señalen que hay
que investigar porque existen indicios racionales de criminalidad.
Fíjese, señor Fiscal, hemos llegado a decir desde el Parlamento que
existen indicios racionales de criminalidad, cuando creíamos que eso sólo
lo decían los jueces en sus autos de procesamiento. A veces nosotros
también decimos cosas de dudosa puridad jurídica. Pero no hemos dicho
nada de responsabilidades de algunos miembros del Ministerio del
Interior, se lo digo para su conocimiento, por lo menos para que tenga
otra opinión aparte de lo que dice el dictamen realizado por la Comisión
Roldán y aprobado por el Pleno. En una palabra, le quiero decir que no
comparto la interpretación que del mismo ha hecho el señor Trillo. Creo
que allí se dice, al hilo de la comisión Roldán, que es necesario regular
los fondos reservados. No creo que se diga que puede existir
responsabilidad de otras personas del Ministerio del Interior por uso de
los mismos.
Tampoco, y sirva nada más que como información, puedo compartir la idea
del señor Trillo, que se adelanta a la siguiente intervención, y hace ya
uso de sus efectos trituradores con trituradora, e introduce ya un delito
del artículo 364 del Código Penal, que tampoco comparte este Grupo
Parlamentario.
Termino volviendo al principio. Muchas gracias por su ánimo y su
intervención, y sepa que entre todos le vamos a exigir, como le va a
exigir la sociedad española.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para contestar a las
manifestaciones de los diversos Grupos, tiene la palabra don Carlos
Granados, Fiscal General del Estado.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Granados Pérez): En primer lugar,
pido disculpas por si no hubiera recogido bien alguna de las cuestiones o
preguntas que se me han hecho. Intentaré dar respuesta, al menos, a todas
ellas de forma bastante resumida, para no cansarles.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya quiere
constatar su preocupación por la situación de las desigualdades sociales,
por los colectivos sociales o marginados. Al mismo tiempo me insta a que
me ponga en contacto --lo cual no solamente lo acojo sino que es una de
mis primeras preocupaciones-- con aquellos grupos que por su carácter de
marginados, o con aquellos colectivos que han podido sufrir o sufren o
defienden los intereses de la colectividad (sindicatos, asociaciones de
consumidores), pueden facilitar la labor impulsora del Ministerio Fiscal.
Indudablemente que lo acojo, además con entusiasmo, y mi puerta va a
estar abierta. Lo transmito siempre para acoger todas aquellas
iniciativas que puedan facilitar la labor del Ministerio Fiscal.
En orden a la posición de la Fiscalía, respecto a aspectos más puntuales,
a lo mejor no puedo entrar en mayores detalles porque incluso alguno de
ellos puede estar bajo el secreto sumarial, pero no quiero eludir dar
respuestas a algunos de ellos.
Concretamente, en orden al caso Roldán las conclusiones han sido
remitidas al Ministerio Fiscal. Es un supuesto, un caso que está
conociendo un órgano jurisdiccional y, en consecuencia, el Ministerio
Fiscal va a estar muy presente en esa actividad que despliega ese
juzgado. Quiere estar presente con iniciativas, como yo creo que debe
estarlo siempre, con arreglo al principio de legalidad, dando respuestas,
como así se lo exigen los principios de imparcialidad y legalidad.
Imparcialidad, atacando, y, al mismo tiempo, y ésta es la ventaja que
tiene este principio de imparcialidad, también defendiendo, cuando estima
que se está produciendo un ataque que no es legítimo.
En orden al Tribunal de Cuentas, coincido con S. S. en que el Ministerio
Fiscal es una institución que tiene especial importancia, especial
relevancia. Puede que ahora
mismo no tenga una plantilla adecuada por la trascendencia de los asuntos
que tiene que ventilar. He visitado ya todas las fiscalías y aún estoy
visitando las que están fuera de Madrid. Una de ellas ha sido la fiscalía
del Tribunal de Cuentas e, indudablemente, voy a impulsar todo lo que se
pueda hacer en este cometido con la mayor agresividad, aunque algunas
veces, como muy bien se me ha dicho, esta agresividad debe estar dentro
del principio de legalidad.
En el caso Banesto se siguen unas diligencias informativas. Se ha
recibido el acta de inspección. Está pendiente de recabarse el resto de
la documentación, y ése será uno de los supuestos donde se va a necesitar
ese auxilio de expertos, de personas competentes, porque indudablemente
todas estas materias exigen y requieren, por su complejidad, una especial
atención y una especial dedicación de personas expertas.
En el caso Amedo, y concretamente en el supuesto de indulto (lo he dicho
ya en varias ocasiones), el informe del Ministerio Fiscal va a estar
dispuesto antes de estas vacaciones, y en cuanto a adelantar el
contenido, no lo puedo hacer --indudablemente ustedes me comprenden--,
pero la actitud del Ministerio Fiscal es dar lo que corresponde, y su
obligación y su responsabilidad es emitir este informe, que ha sido
requerido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Respecto a la actitud que pueda adoptar en lo que constituye ya actividad
de Instituciones Penitenciarias, tendría que estar supeditada la
intervención del Ministerio Fiscal a lo que pueda ocurrir, pero también
hay que ser conscientes de que la intervención del Ministerio Fiscal es
exclusivamente vía recurso, no una iniciativa, porque en ese caso no la
tiene.
En orden a Filesa, se me dice que está paralizado. Yo diría que no está
paralizado, al revés, el Ministerio Fiscal está instando y está pidiendo
diligencias. Inclusive en conversaciones que he tenido con el Fiscal que
lleva el asunto, le he instado para que se practiquen lo más pronto
posible. Es decir, que no adopta una postura pasiva el Ministerio Fiscal,
sino que adopta una postura activa y va a interesar que lo que se tenga
que hacer se haga lo más pronto posible. De manera que yo sí creo que el
Ministerio Fiscal está realizando una labor impulsora.
En cuanto a las identificaciones, creo que ya ha habido una respuesta a
una petición que por parte del señor Trillo se hizo al Ministerio Fiscal.
Yo al llegar a la Fiscalía General me encontré con esta petición, a la
que creo que se ha dado respuesta. Ha habido irregularidades e inclusive
puedo completar la información, porque creo que está pendiente de
celebrarse un juicio precisamente por un asunto de estos. De manera que
podemos encontrarnos con una sentencia (no puedo saber el contenido) por
una irregularidad cometida por estas identificaciones.
El tema de los menores es muy preocupante, no por lo que no se haga, que
creo que se está haciendo un gran esfuerzo, sino también, como muy bien
ha apuntado S. S., por lo que nos puede caer encima al Ministerio Fiscal
si se modifica la minoría de edad; es decir, si se pasa a los 18 años.
Creo que se está dando por el Ministerio Fiscal en esta labor
investigadora (que además ha sido, indudablemente, una actividad novedosa
para el Ministerio Fiscal) una respuesta muy correcta. Además, me he
encontrado con que los fiscales que tienen encomendada la protección y
reforma de menores están haciéndolo con una gran ilusión.
También algunas veces me han transmitido la necesidad de unos mejores
cursos formativos, o más amplios, como los que han llevado a cabo los
Jueces de Menores. Estamos en ello; trataremos de que la formación sea lo
más completa posible, pero yo estoy convencido de que se dará una
correcta respuesta si tuvieran mayores atribuciones estos Fiscales de
Menores. Lo que sí es cierto es que necesitarán mayores medios.
Es cierto que esos auxilios que pueda tener la Fiscalía Especial, en
relación con los delitos de corrupción, no deben ser solamente para este
tipo de delitos, sino que, indudablemente, deben ser para cualquier
figura delictiva, para lo que se necesitan (como he apuntado antes en
alguno de los casos) medios técnicos, expertos en el auxilio y, como he
dicho también antes, que estos expertos y medios periciales no tengamos
que pedirlos a las instituciones para que nos auxilien ciertas horas o
ciertos días, sino que, de una forma permanente, estén adscritos, porque
los necesitan los tribunales de justicia.
En orden a la reforma del Estatuto, coincido en que el Ministerio Fiscal
debe ser un órgano activo, un órgano impulsor, un órgano que yo le llamo
a pie de obra, es decir, que esté desde el primer momento luchando para
llevar a cabo la labor, pero yo creo que no hay que reformar el Estatuto.
Creo que lo que hay que hacer es profundizar en los medios y en los
instrumentos que tenemos actualmente. Hay que profundizar en la «lege
data», en lo que ya tenemos, porque tiene atribuidas el Ministerio Fiscal
una serie de competencias (por ejemplo, la fase prejudicial) que no están
suficientemente desarrolladas y donde puede tener un gran protagonismo
este Ministerio Fiscal.
En cuanto a si los nombramientos de los jefes pueden considerarse como
vitalicios, yo he hecho antes hincapié en que podíamos acoplar al
Estatuto del Ministerio Fiscal, no solamente en esta materia sino también
en materia de derechos y de obligaciones, algunos aspectos que han sido
ya reformados o modificados en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso es
labor de ustedes, labor del Parlamento y lo que hará el Ministerio Fiscal
es acatarlo.
En orden a la Policía Judicial, coincido con sus señorías. Yo he sido
miembro de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial,
he reclamado y he intentado luchar por potenciar esa Policía Judicial.
Vuelvo a decir lo que decía antes del Estatuto. A lo mejor no es
necesario modificar esa dependencia o dualidad de dependencia que existe
ahora, dependencia orgánica y dependencia funcional. Lo que
indudablemente hay que desarrollar es la dependencia funcional. Es decir,
hay mucho camino por recorrer en materia de Policía Judicial y yo me
daría por muy satisfecho si se consiguiese profundizar en esa dependencia
funcional, logrando lo que dicen la Constitución, la Ley de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y el propio Reglamento de Policía
Judicial respecto a lo que debe ser esta Policía al servicio de la
Administración de Justicia.
Respecto a la responsabilidad de los jueces, creo que es una de las
materias que podían ser traspasadas de la Ley Orgánica del Poder Judicial
al Estatuto del Ministerio Fiscal. En cuanto a la necesidad de contar con
más medios, es indudable que siempre vienen bien, sobre todo cuando se
están dando cada vez más competencias al Ministerio Fiscal. Es cierto,
como bien se ha apuntado por otra señoría, que con la plantilla actual
del Ministerio Fiscal, incluyendo la promoción que va a salir y que está
ahora mismo en el Centro de Estudios Judiciales, van a quedarse
exclusivamente siete destinos sin cubrir, de manera que eso es ya un
avance importantísimo, pero siempre podemos decir que hay carencias que
deben de ser cubiertas. Discúlpenme SS. SS. si me he dejado en el tintero
algunos temas por los que me han preguntado.
Quiero dar respuesta al Grupo Parlamentario Mixto, a la señora Rahola, y
aprovecho también la ocasión para agradecer las palabras de salutación de
S. S. como de las demás señorías que han hecho uso de su palabra. Me
preguntan la señora Rahola y SS. SS. si me considero subordinado
políticamente. No estaría aquí sentado; así de claro lo digo. A lo mejor
soy demasiado confiado, pero yo creo que no. Yo soy bastante realista,
además de que soy bastante luchador, y mi sensación es la de que trato de
ser útil en un cometido que para mí es muy atractivo, un gran honor y una
gran responsabilidad. Si yo viera en algún momento que pudiera
considerarme subordinado políticamente, de algo o de alguien,
indudablemente que renunciaría y me marcharía a mi destino, además muy
honroso, de Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
En orden a las buenas intenciones, coincido con sus señorías. Por eso
estaba diciendo antes que es fácil hacer una exposición de buenas
intenciones. Lo importante es lo que haga y lo que deje de hacer. Llamo
la atención sobre lo que deje de hacer, porque muchas veces es más
importante lo que haga que lo que deje de hacer, si se está haciendo
bien. Muchas veces se dice: ¿Qué hace este Fiscal General del Estado que
no ha intervenido? Es que hay veces que el Ministerio Fiscal no necesita
intervenir. Cuando las cosas están correctamente hechas, cuando hay un
fiscal que está haciendo lo que debe hacer, cuando se está cumpliendo con
el principio de imparcialidad y con el principio de legalidad, lo mejor
que puede hacer el Fiscal General del Estado es estarse quietecito y
dejar que las cosas sigan su curso, si es correcto y está de acuerdo con
los principios que inspiran la actuación del Ministerio Fiscal.
Respecto a los instrumentos, volvemos a lo mismo. Siempre vienen bien;
cuantos más medios tengamos, mejor. Pero lo que sí es importante es la
gran ilusión y capacidad de trabajo que he encontrado en la carrera
fiscal, y eso para mí es el mejor instrumento, la mejor arma de trabajo
con la que vamos a contar.
El señor Olabarría, del Grupo Parlamentario Vasco, se refiere a la
tensión estructural y, concretamente, a lo que es el nombramiento y su
aproximación parlamentaria. Ahí puedo decir muy poco. Es una decisión que
corresponde al Parlamento. Lo que sí quiero transmitir --y no sé si lo
hago con suficiente claridad-- es que yo no me considero preocupado por
la forma en que se ha hecho mi nombramiento, al revés. Entiendo que voy a
seguir, y mi norma y mi guía de actuación la tengo muy clara. Me podré
equivocar. Somos humanos y estoy convencido de que me equivocaré muchas
veces, pero lo que sí es cierto es que mi actuación va a ir encauzada y
dirigida por lo que debe ser mi línea o criterio director, que es la
Constitución, es el Estatuto y es la Ley. Indudablemente, soy un
servidor, y en este caso el más interesado, de la Ley.
Me pregunta también S. S. sobre la intervención del Ministerio Fiscal en
la labor de instrucción, en la labor investigadora. Se me ha hecho varias
veces esta pregunta y lo que yo manifiesto es que lo que no puede hacer
nunca el Ministerio Fiscal es sustituir a los jueces; son dos cometidos
constitucionalmente distintos. El Ministerio Fiscal jamás podría entrar
en lo que es restricción de derechos fundamentales. Pero si se decidiera
por el Parlamento que el Ministerio Fiscal debiera llevar a cabo un mayor
protagonismo, como ocurre en los procedimientos de menores,
indudablemente, creo que el Ministerio Fiscal puede estar muy dignamente
capacitado. Ahora bien, se requeriría un cambio estructural total; es
decir, que habría que hacer una nueva configuración del Ministerio
Fiscal, muy distinta a la que tiene actualmente. Sería un engaño para
todos encomendar unos cometidos al Ministerio Fiscal que, por mucha
ilusión que ponga, no tenga la posibilidad de poderlos llevar a cabo.
En orden al auxilio a la Policía Judicial, coincido con S. S. en que es
un elemento esencial poder llevar a cabo con eficacia todos estos
cometidos.
Respecto a aquellas conductas corruptas, o que se consideran inmorales,
que no están tipificadas, es un cometido que escapa al Ministerio Fiscal.
Pueden darse situaciones que moralmente no sean correctas y que no están
recogidas; pero como nos regimos por el principio de legalidad y
taxatividad, es cometido del Parlamento.
La señora Alemany se ha referido a que la modificación del Estatuto puede
aportar una mayor independencia al Fiscal General del Estado. Debo decir
que su nombramiento se hace por su Majestad el Rey a propuesta del
Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial y también tiene que
responder a inquietudes del Gobierno; es al que tiene que responder.
Indudablemente, el Gobierno dirige la política interior y también la
política criminal. Al igual que ocurre en esta ocasión con el Parlamento
y las comunidades autónomas, el Gobierno puede interesar determinadas
actuaciones sin perjuicio de que el Ministerio Fiscal, oída la Junta de
Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, tome la decisión que estime
pertinente, razonándolo así. Yo no me siento en absoluto mediatizado por
nadie y mi labor va a seguir siendo así. Insisto en que creo que no me
voy a equivocar; hasta ahora, lo puedo decir con toda claridad, mi
actuación va exclusivamente guiada, tanto en lo que hago como en lo que
dejo de hacer --insisto--, como he dicho antes, precisamente por lo que
me marca el Estatuto y la Constitución.
En orden a lo que puede aportar esa Fiscalía Especial de delitos
económicos sobre la corrupción, si conseguimos que existan unos fiscales
especializados --que también nos vamos a preocupar para que haya estos
cursos de
especialización o de formación-- y si hay mayores medios que se traduzcan
en una adscripción permanente de expertos en la lucha no solamente en
estas figuras delictivas, sino en otras figuras que necesiten la
presencia de estos expertos, indudablemente serán bien recibidos. Quiero
adelantar --y así lo he transmitido en todas las reflexiones-- que si es
competencia --porque esto lo tendrán que decir SS. SS.-- de este Fiscal
General del Estado que decida qué asuntos van a ser sometidos a esta
Fiscalía Especial, me voy a orientar por unos criterios muy objetivos,
teniendo muy presentes las intervenciones del Consejo Fiscal y de los
órganos colegiados del Ministerio Fiscal.
Voy a pasar a lo expuesto por el señor Trillo, del Grupo Parlamentario
Popular --no sé si me he saltado alguno antes--. En primer lugar, le
agradezco la salutación, como quiero extenderlo a todos los que han
intervenido con anterioridad.
Me recuerda el señor Trillo el uso que debo hacer del Consejo Fiscal. No
solamente para mí es importante que me lo recuerde, sino que también ha
sido una de mis primeras preocupaciones. Quiero contar con el apoyo de
los órganos colegiados, fundamentalmente del órgano representativo de la
carrera fiscal como es el Consejo Fiscal, como también quiero contar con
las asociaciones, con la Junta de Fiscales de Sala y con las Juntas de
Fiscalía en general. Así se lo he transmitido a ellos.
Puedo decirle --y también se lo he dicho-- que en lo que es la labor a
realizar por mí, concretamente los futuros nombramientos, voy a intentar
que los que proponga el Fiscal General del Estado sean con el máximo
consenso con el Consejo Fiscal. Es una preocupación que tengo y que voy a
intentar llevar adelante. Es posible que no pueda contentar a todos, que
no pueda dar satisfacción a todos, pero intentaré que todos aquellos
nombramientos que se hagan tengan el máximo consenso.
Respecto al fiscal instructor, no sé si la contestación que he dado
anteriormente puede servir.
Es cierto que me encuentro en la carrera fiscal con una gran ilusión, con
una gran capacidad, pero, indudablemente --insisto--, si vamos a hacer un
trastoque, un cambio radical en sus competencias, ello exigiría una nueva
extructura y nuevos medios que ahora mismo no tiene.
Respecto a la reforma del Estatuto, salvo aquéllos que surjan
imprescindibles, creo que es un instrumento útil y muy válido y pienso
que hay otros asuntos que necesitarán, a lo mejor, nuestra mayor
atención. Sin embargo, creo que, actualmente, podemos trabajar muy bien
con este Estatuto.
En lo que se refiere a las medidas sobre la Ley de Seguridad Ciudadana,
concretamente a las de identificación, creo que ya ha tenido respuesta.
El Ministerio Fiscal va a seguir recibiendo todos estos expedientes o
extractos que se le vienen remitiendo.
Respecto a la autonomía presupuestaria, creo que el Ministerio Fiscal, si
se le otorgan los medios --y en esto coincido con lo que han dicho
algunas de SS. SS.--, lo que tiene que hacer es aprovechar con entusiasmo
los medios que tengamos a nuestro alcance. Por eso hago más hincapié que
en la «lege ferenda» en la «lege data», los medios que tenemos
actualmente. Creo que hay que profundizar mucho más en los medios que
tiene el Ministerio Fiscal. A mí lo que me preocupa es que pueda ser la
imagen del Ministerio Fiscal excesivamente burocratizada, es decir, que
aparezca demasiado alejado de los asuntos, demasiado alejado de las
causas de los ciudadanos. Voy a estimular que los fiscales estén mucho
más próximos, con los medios que tenemos, para que podamos dar una
respuesta mucho más activa, mucho más realista y mucho más acorde con lo
que reclama la Constitución.
En orden al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, mi
intención es no tocarlo. Creo que está bien. Además, puede ser muy útil a
este Ministerio Fiscal.
Respecto a algunos casos de corrupción, concretamente al caso Roldán, en
cuanto a los fondos reservados tengo una serie de normativas. Creo que es
el Parlamento el que tiene la palabra, no el Ministerio Fiscal. Está la
normativa que regula los secretos oficiales, la Ley de Presupuestos, que
hace mención precisamente a estos temas. Tengo la mención de una
sentencia del Tribunal Constitucional que denegó el amparo solicitado por
determinados parlamentarios, donde negaba la información sobre estos
gastos reservados. También una sentencia --a la que ha hecho mención S.
S.--, de 12 de marzo de 1992. Indudablemente, es un tema que tiene poco
--por decirlo así-- que mistificar, salvo cuando le lleguen
--independientemente de estas informaciones reservadas-- otros medios
probatorios que puedan estar al alcance del Ministerio Fiscal o a las
demás partes que estén en las diligencias. Ahí sí tiene que intervenir el
Ministerio Fiscal con agresividad. Es un tema de delincuencia y la
sociedad nos reclama que actuemos con intensidad, con agresividad, y el
Ministerio Fiscal lo va a hacer.
Por último, respecto al informe conocido por el nombre de «Amedo», va a
ser ofrecido por el Ministerio Fiscal antes de las vacaciones, de aquí a
escasas semanas. Pero en cuanto al contenido, tampoco lo puedo ahora
adelantar.
Agradezco al señor Pérez Mariño su salutación, como no podía ser menos.
En orden a la investigación, me dice que el Ministerio Fiscal no debe
actuar, por razones coyunturales. El Ministerio Fiscal debe actuar cuando
existan hechos delictivos, cualesquiera que fueran, importantes o menos
importantes, que tengan mayor relevancia social. Lo que es indudable es
que el Ministerio Fiscal habrá veces que se sienta espoleado por lo que
reclama la sociedad. El Ministerio Fiscal debe dar respuesta a todas
estas inquietudes.
Coincido en que Ministerio Fiscal, no solamente en su faceta penal, sino
también en la defensa de menores, de marginados, de desamparados, tiene
un cometido importantísimo. Se le reconoce un gran protagonismo en todas
las normativas que regulan estas situaciones de desamparo. Creo que lo
está haciendo con ilusión, con dedicación. Indudablemente, va a tener
todo mi apoyo en la defensa de aquellos que precisamente se caracterizan
por no tener medios para poderse defender.
Agradezco al representante del Grupo Socialista la exigencia de cuentas.
Eso ahonda en lo que es mi impresión desde que estoy en el cargo. Mi
actuación respecto al Gobierno, así como la del Gobierno respecto a esta
modesta
persona, es de máximo respeto. Sé que va a seguir así. Aprovecho la
ocasión para decir que para mí será un gran estímulo que el Grupo
Socialista me exija, me estimule y me pida cuentas cuando me equivoque,
que podrá ser en muchas ocasiones. Hay que exigir que el Ministerio
Fiscal funcione con normalidad. De manera que en ese aspecto yo ofrezco,
no en nombre de mi modesta persona, sino en el de todos los miembros de
la carrera fiscal, que lo van a hacer con plena normalidad. Hacía alusión
el señor Trillo a esa regularidad. Se refiere a que vamos a actuar de una
forma regular; es decir, de una manera acorde con lo que dicen las
reglas, acorde con lo que nos manda la Constitución, acorde con lo que
nos manda el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y acorde con lo que
nos reclama la sociedad.
Muchas gracias a todos y disculpen si me he dejado alguna materia sin
responder.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Muchas gracias, don Carlos
Granados, Fiscal General del Estado, por su comparecencia. Yo, como
Vicepresidente primero de la Comisión, espero y auguro que este principio
que ha tenido de felicitación de todos los grupos parlamentarios siga
durante su mandato como Fiscal General del Estado, que deseo feliz y
largo.
Vamos a suspender la sesión para despedir al señor Fiscal General del
Estado. A continuación nos vamos a reunir en la Sala de Columnas, para
celebrar la segunda comparecencia que tenemos, donde, además, vamos a
estar más frescos.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA SOBRE MODIFICACION DEL ARTICULO 340 bis a) 1.º DEL CODIGO PENAL,
CON EL FIN DE TIPIFICAR LA CONDUCCION DE UN CICLOMOTOR BAJO LA INFLUENCIA
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTRAS SUSTANCIAS ESTIMULANTES. (Número de
expediente 122/000053.)
El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar el segundo y tercer punto del orden
del día, acerca de los cuales ya anuncié, al inicio de la sesión, que
iban a ser debatidos de manera acumulada, aunque no figure en el orden
del día, es reglamentariamente posible, contando con la unanimidad de SS.
SS., que podamos ratificar en este momento, toda vez que es la última
sesión de la Comisión de este período de sesiones, la Ponencia encargada
de informar la proposición de ley orgánica sobre modificación del
artículo 340 bis a) apartado 1.º del Código Penal, con el fin de
tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas
alcohólicas y otras sustancias estimulantes.
Los ponentes son: por parte del Grupo Socialista, el señor Rocha Rubí;
por parte del Grupo Popular, el señor Cotoner Goyeneche y el señor
Pillado Montero; por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor López Garrido; por parte del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Camp i Batalla; por parte
del Grupo Vasco (PNV), el señor Olabarría. Del Grupo de Coalición Canaria
es ponente el señor Olarte, y del Grupo Mixto, el señor Albistur.
(Rumores.)
Señorías, da la impresión de que el aire acondicionado, lejos de serenar
su ánimo, lo ha alborotado ligeramente. Señorías, guarden silencio, por
favor. Si no hay ninguna intervención en contra, entiende esta
Presidencia que la Ponencia ha sido ratificada por la Comisión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR EX MINISTRO DEL INTERIOR (ASUNCION HERNANDEZ)
PARA:
--ESCLARECER DIFERENTES EXTREMOS SOBRE SUS CONTACTOS CON EL EX DIRECTOR
GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, DON LUIS ROLDAN, EN EL MOMENTO EN QUE SE
PRODUJO LA FUGA DE ESTE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000370.)
--INFORMAR SOBRE EL CONTENIDO DE LA CARTA QUE LE DIRIGIO DON LUIS ROLDAN
Y QUE RECIBIO, SEGUN HA SIDO PUBLICADO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION, EL
MISMO DIA QUE EL EX DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL NO COMPARECIO
ANTE LA JUEZA QUE INSTRUYE EL CASO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
219/000371.)
El señor PRESIDENTE: El segundo y tercer punto del orden del día, que se
acumulan a efectos de debate, son consecuencia de la decisión de la
Comisión última, según la cual y por mayoría, como SS. SS. recuerdan,
hemos decidido la comparecencia del ex Ministro del Interior, don Antonio
Asunción Hernández, ante la Comisión de Justicia e Interior, para
esclarecer diferentes extremos sobre sus contactos con el ex director
general de la Guardia Civil, don Luis Roldán, en el momento en que se
produjo la fuga de éste. Así aparece literalmente en la solicitud de
comparecencia, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. La segunda,
cuyo autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, solicita también la misma comparecencia
de don Antonio Asunción para informar sobre el contenido de la carta que
le dirigió don Luis Roldán y que recibió, según ha sido publicado por los
medios de comunicación, el mismo día que el ex director general de la
Guardia Civil no compareció ante la Jueza que instruye el caso.
Señorías, tenemos, por tanto, a don Antonio Asunción, al que ahora, ya en
su categoría de Diputado, doy una vez más la bienvenida a esta Comisión.
Para informar tendrá el tiempo que dispone el artículo 203 y SS. SS.
también dispondrán del tiempo reflejado en el mismo artículo del
Reglamento para intervenir.
Sin más, señorías, tiene la palabra don Antonio Asunción.
El señor ASUNCION HERNANDEZ: Señorías, desde que tuve conocimiento de que
los Grupos Parlamentarios Popular y de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya habían solicitado mi comparecencia ante la Comisión de Justicia
e Interior de esta Cámara, a la que, como Diputado, todavía no estoy
adscrito --aunque, naturalmente, me gustaría pertenecer a ella en un
futuro--, repasé la Constitución y el Reglamento de la Cámara para tratar
de entender el sentido de estas comparecencias. Confieso a SS. SS. que no
lo he conseguido. Me preguntaba si responderían a los mecanismos de
control del Ejecutivo de los artículos 108 y siguientes de la
Constitución, pero yo no pertenezco ya al Ejecutivo. Si se trataba de una
exigencia de responsabilidad política, no sé qué responsabilidad política
se me puede exigir tras mi dimisión hace dos meses. Entonces, ya como
Ministro dimisionario, acudí también a esta misma Comisión, el día 4 de
mayo, en una figura parlamentaria bastante atípica, como reconocieron
algunas de SS. SS. Bien es verdad que algún grupo no llegaría a creer que
mi dimisión fuera en serio o definitiva, y pensaba que no pasaba de ser
un gesto para la galería, según decían algunos.
Señorías, la Comisión de Justicia e Interior forma parte de las que el
Reglamento denomina permanentes legislativas, según dice el artículo 46
del Reglamento. No he podido encontrar los términos en que se puedan
producir comparecencias de Diputados de la Cámara ante la misma Cámara.
La interpretación que, sin duda, se ha hecho del Reglamento es, cuando
menos, innovadora. Me pregunto, si siguiéramos por ese camino, hasta
cuándo estaríamos obligados a comparecer los ex ministros en Comisiones
que no son de investigación, en sesión que no son informativas ni de
control ni sabemos de qué son. No es mi costumbre hacer juicios de
intención y, sin embargo, el propósito de ambos grupos es tan evidente
que no admite dudas.
Por otra parte, ustedes mismos lo han declarado así --me refiero a
algunos miembros de los grupos solicitantes--: como la Comisión de
investigación del caso Roldán ha concluido y no nos gusta que la Cámara
haya rechazado nuestro intento de prolongarla, continuemos el espectáculo
en la Comisión de Justicia e Interior. Tal vez se intenta convertir esta
Comisión permanente en una comisión de investigación, con evidente
desprecio de la norma reglamentaria.
A ustedes les consta que nadie hay más interesado que yo en que se aclare
el caso Roldán; hay mucha más gente interesada en que se aclare, el
Gobierno, las Cámaras, la sociedad entera, todos, sin duda, pero tan
interesados en que se aclare como yo mismo, no más, y ello por razones
que son muy obvias.
Señoras y señores Diputados de los grupos solicitantes, colaborar
objetivamente en la estrategia diseñada por el presunto delincuente
huido, prestar más crédito a las acusaciones generalizadas del fugado que
a los hechos, no es saludable para un Estado de Derecho.
Quiero hacerles constar que, aunque creo no tener ninguna obligación de
comparecer ante esta Comisión, si lo hago es porque respeto a la Cámara
de la que soy miembro y por cortesía parlamentaria. Dije en su momento
que no tenía ningún inconveniente en acudir a dar las explicaciones que
fueran pertinentes, y aquí estoy. Naturalmente acudiré cuantas veces sea
requerido.
Los Grupos Popular e Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya quieren que
les informe de lo que ya creen saber. Así, la comparecencia solicitada
por el Grupo Parlamentario Popular pretende que esclarezca supuestos
contactos con Luis Roldán en el momento de su fuga. En aquellos días,
como ya dije, no hubo ningún encuentro, aunque sí atendí una llamada
telefónica. En cuanto al objeto de la comparecencia solicitada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre el contenido de una carta
dirigida a mí por Luis Roldán, debo decir que era irrelevante y sin
ninguna trascendencia.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Asunción.
Uno de los grupos autor de la iniciativa, el primero de ellos en el
tiempo, es el Grupo Parlamentario Popular.
El señor Trillo tiene la palabra.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Asunción, usted está hoy
aquí como ex Ministro del Interior. Creo que no debemos perder ni un solo
segundo más en debatir si usted tiene o no la obligación de comparecer
tras haber dejado su cargo. Pienso que le honra haber dicho, en su día,
que estaba dispuesto a comparecer cuantas veces fuera necesario para
esclarecer los hechos que dieron lugar y concurrieron en la fuga del
prófugo Roldán. Hoy cumple ese compromiso y nosotros nuestro deber de
tener una sesión en la que pretendemos alcanzar claridad y conocimiento
fundado sobre hechos no posteriores a la etapa en la que usted fue
Ministro, sino cuyo conocimiento ha sido posterior a su comparecencia al
día siguiente al que presentó su dimisión como Ministro al Presidente del
Gobierno.
Dice usted, por seguir con los preliminares que usted mismo ha querido
señalar, que se contribuye, es un argumento ya manido --creo,
sinceramente, señor Asunción, que perjudicial para el Gobierno y para el
Grupo que les apoya, pero, en cualquier caso, para el Gobierno del que
usted ha formado parte--, que los grupos de oposición somos algo así como
cómplices en la estrategia de un prófugo de la Justicia.
Señor Asunción, eso no es verdad y usted lo sabe mejor que nadie. Porque
usted ha declarado en esta Cámara que está dispuesto a escuchar siempre a
la persona que haya cometido el peor de los delitos que puede cometer un
ser
humano, porque nunca le negará la palabra. Son palabras suyas que
reflejan la actitud correcta. No las de hoy. Comprendo que en línea de
continuidad con lo que viene diciendo el Ministro que le sucedió en el
cargo y que ya lo era de Justicia. Esas son las que deben orientar, en lo
sucesivo, en esta comparecencia, sus contestaciones.
El Gobierno al que usted ha pertenecido, señor Asunción, ha sido más que
benigno con las declaraciones de los llamados arrepentidos, dando valor a
las declaraciones de cualquier confidente. Las hemerotecas están llenas
de páginas y páginas y titulares de un señor, por catalogarle de alguna
manera, llamado Portabales, al que se le ha dado tal crédito que ha
desencadenado uno de los más conocidos procesos por narcotráfico.
No, no es que la oposición esté colaborando a estrategia alguna. Es que
la oposición tiene el deber, no ya el derecho, el deber, de conocer los
hechos que han rodeado la fuga del señor Roldán y los hechos que hay
detrás de la fuga del señor Roldán.
Señor Asunción, hace unos meses, cuando todavía como Ministro del
Interior compareció en esta Cámara, usted declaraba también, contestando
a un portavoz de otro grupo parlamentario, literalmente lo siguiente:
Igual creo que si tiene S. S. cualquier documento que indique que tiene
el menor índice delictivo, para ser más eficaces, debería usted --el
portavoz de ese Grupo-- llevarlo al Juzgado Central de la Audiencia
Nacional y después a la Comisión de Investigación.
Era su segunda afirmación en esa misma comparecencia en ese sentido,
porque antes había dicho: Permítame, señoría, que, como miembro también
del partido, y como votante, y también miembro de este Parlamento que
votó esa Comisión, le diga que no debe usted tomarse esas cartas y esas
ventajas en exclusiva, porque esa investigación corresponde a la
totalidad del Parlamento.
Pues bien, como sabe el ex Ministro del Interior, su sucesor en el
Departamento afirmó, fuera de esta Cámara, y lo ratificó luego en el
Pleno de esta Cámara, que usted recibió, en los días en que se produjo la
fuga del prófugo Roldán, varias notas y cartas procedentes de Roldán,
dirigidas al Presidente del Gobierno, señor González, y que usted, señor
Asunción, no consideró oportuno transmitirlas, sino que procedió a
triturarlas inmediatamente después de su lectura. Añadió el señor Belloch
que usted entendió que no tenían ninguna credibilidad ni interés las
cartas o documentación que recibió del señor Roldán y debido a ello no lo
transmitió al Presidente del Gobierno.
Hoy, señor Asunción, se encuentra usted en una situación muy difícil. Se
encuentra usted en un dilema. Y yo, que no me duelen prendas en
reconocerle, no ya como compañero del Congreso de los Diputados sino como
ex Ministro del Interior, su capacidad de asunción de responsabilidades
políticas con la dimisión automática que puso encima de la mesa del
Presidente del Gobierno cuando consideró que tenía responsabilidades en
la fuga del señor Roldán, le animo a que siga usted en esa línea y que
asuma ese dilema moral.
De una parte, usted dispuso de una información capital para la
instrucción de un sumario tan grave o, al menos, de tanta alarma social
como el que se sigue por el caso Roldán, notas, informes, cartas, en
terminología de su sucesor, y no la comunicó ni a la Comisión que ya
estaba investigando ni al Juzgado. Si usted hoy dice que no la recibió,
estaría diciéndonos que el Ministerio de Justicia e Interior faltó a la
verdad en el Pleno del Congreso de los Diputados y estaría esta tarde
produciendo nada menos que la reprobación política automática del señor
Belloch.
Si usted, por el contrario, confirma lo que el señor Belloch sostuvo en
el Pleno, que no hacía más que confirmar lo que han publicado distintos
medios de comunicación, usted está asumiendo las responsabilidades que se
derivan de una omisión grave, de una grave ocultación. Además, yo creo,
señor Asunción, que usted estaría haciéndolo, si no lo explica hoy
adecuadamente ante esta Comisión, sacrificando su propia honorabilidad
política en beneficio no se sabe de quién, porque el contenido de alguno
de esos documentos se ha publicado en los medios de comunicación y alude
a la indebida utilización de fondos reservados por antecesores en el
cargo que usted ocupaba, más cabalmente, por titulares del Ministerio del
Interior, de la Secretaría de Estado para la Seguridad Ciudadana y por el
ex Director General de la Guardia Civil.
Resulta que si usted quiere ser solidario con sus antecesores, usted
--que yo creo, con toda sinceridad, que ni tuvo tiempo ni quiso manipular
ningún tipo de fondos reservados-- va a encontrarse tapando la
investigación parlamentaria y judicial de unos antecesores suyos a los
que usted nada debe, pero, lo que es peor, haciendo recaer sobre usted
una responsabilidad que a lo mejor corresponde a otros. Y todo ello
porque le ha hecho recaer esa responsabilidad sobre sus hombros, su
sucesor, que dijo: Yo no sé nada. Cuando el señor Asunción se marchó, me
comunicó que había recibido una serie de notas y cartas de Roldán, cuyo
contenido desconozco. Por cierto, no sabemos si el señor Belloch las
desconocía totalmente, porque luego desmintió contundentemente que la
carta publicada con carácter de reproducción fotográfica de un autógrafo
por el diario «El Mundo» no era una de las que usted, al parecer, había
recibido.
Yo le animo, señor Asunción, a que esta tarde, cuando responda a las
preguntas que voy a formularle a continuación, resuelva ese dilema moral,
opte por decirnos todo lo que sabe. Porque usted puede asumir la difícil
posición personal de seguir negando que no sabe nada o de acogerse al
secreto --luego le hablaré de eso--, o de acogerse a que los fondos
reservados tienen también naturaleza en algunos de sus aspectos secretos,
pero se estará responsabilizando ante la opinión pública, ante el resto
de sus compañeros en el Congreso de los Diputados, ante el Fiscal General
del Estado, al que acabamos de pedir que investigue lo que ocurrió con
los fondos reservados, de algo de lo que yo creo personalmente que usted
no es responsable, de algo que usted no hizo. Sin embargo, por tapar, no
se sabe a quién ni qué, usted parece seguir obstinado en el silencio.
No me vale que el Ministro de Justicia e Interior actual diga, y, por
tanto, le anticipo que no nos lo cuente, que no tenían importancia para
usted los documentos de distinto género que parece que le remitió antes
de su fuga el
prófugo Roldán, porque usted no es quién, y perdóneme, como Ministro del
Interior para valorar esos documentos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal,
señor Asunción, en su artículo 726, establece que el tribunal examinará
por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción
que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos o a la más segura
investigación de la verdad. Usted, como miembro del Ejecutivo no tiene
competencia ni facultades para determinar si esos papeles remitidos por
el señor Roldán tenían o no importancia para la investigación judicial,
tenían o no importancia para la investigación parlamentaria.
Pero, es más, señor Asunción, usted conoce esos documentos porque era el
Ministro del Interior al que se dirige el ex Director General de la
Guardia Civil y convendrá conmigo que conoce esos papeles por razón de su
cargo. No se los envía un amigo, y si lo fuere es intrascendente a estos
efectos; se los envía al titular del Ministerio del Interior un señor que
está inculpado por la Justicia y sometido a una investigación
parlamentaria.
Señor Asunción, el artículo 364 del Código Penal sanciona como delito a
la autoridad que destruyere u ocultare documentos o papeles que le
estuvieran confiados por razón de su cargo. Y distingue luego a efectos
de penas, si quiere que le termine de asesorar, entre que hayan causado
más daño o menos daño a la causa pública. También quiero que sepa, señor
Asunción, que yo acabo de pedir al Fiscal General del Estado, en nombre
del Grupo Popular, que investigue esos hechos. Porque, cuando se trata de
hechos que pueden ser presuntamente delictivos, hay que llegar hasta el
final.
Además, señor Asunción, no me venga con el «ritornello», que causa hastío
al Congreso de los Diputados, de que la investigación que se está
siguiendo es secreta, de que el sumario es secreto, de que la
investigación parlamentaria en su día, en términos muy relativos, era
secreta, porque eso no vale. Eso no vale. Secreto son las actuaciones
sumariales, pero no la materia sumarial; secreta puede ser la Comisión
parlamentaria, pero no la materia que se está investigando. Y usted,
señor Asunción, como Ministro del Interior, como ex Ministro, hoy, del
Interior, no tiene no ya deber, no tiene ningún derecho a guardar en
secreto hechos que pueden ser trascendentes a efectos de determinación de
responsabilidades penales y a efectos de determinación de
responsabilidades políticas.
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, concluya, por favor.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Sí, señor Presidente, lo hago de
inmediato.
No recurra usted a los manidos procedimientos y excusas de si secreto, de
si poco interés o cualquiera de los otros que durante estos meses hemos
tenido que soportar del Gobierno al que usted perteneció y concretamente
respóndame --voy terminando, señor Presidente-- a las siguientes
preguntas: ¿Recibió usted esas cartas, notas, informes o documentos?
¿Cuántas fueron? ¿Por qué conducto se le hicieron llegar? ¿Cuál era su
contenido? ¿Era una de las cartas que recibió o no la que publicó el
diario «El Mundo»? ¿Recibió o conoció con anterioridad a su publicación
la carta, autógrafa, al parecer, del prófugo Roldán publicada por el
diario «El Mundo»? ¿Tenía el señor Ministro del Interior autorización
para abrir esas cartas? ¿Por qué no las envió al juez? ¿ Dio cuenta de su
contenido al Presidente del Gobierno? ¿Por qué no las envió a la comisión
de investigación? ¿Por qué se tomó la libertad de destruirlas?
En cuanto a su contenido, señor Asunción, aclare a esta Comisión: ¿Se
hablaba en ellas del destino de los fondos reservados? No le pido su
opinión sobre el destino de los fondos reservados, estoy haciendo
abstracción de su responsabilidad política, como Ministro del Interior,
que ya asumió por la fuga; le he dicho más, le he dicho que creo que
durante su mandato ni tuvo ni quiso hacer disposición semejante de los
fondos reservados, señor Asunción. Pero, le insisto, ¿se hablaba de la
disposición de los fondos reservados por otros integrantes del Ministerio
del Interior en los años anteriores, otros integrantes que llegaron a
consumir más de 4.000 millones de pesetas en fondos reservados?
Quiero recordarle, señor Asunción, que eso también es un delito, que eso
también hemos pedido que lo investigue el Fiscal General del Estado, que
no se puede considerar que por ser reservados no tienen que servir con
objetividad los intereses generales que señala la Constitución en su
artículo 103; que no se puede considerar que por no estar más que en
reserva y autorizados por la ley no están sometidos al derecho, como
también aclara la Constitución en el artículo 103; que puede, deben y van
a ser fiscalizados por los tribunales de justicia, señor Asunción, y
tiene usted oportunidad hoy de anticiparse aquí y de desvelar de una vez
si se hablaba de los fondos reservados.
¿Contenía, usted cree, acaso una versión del señor Roldán, del prófugo
Roldán, sobre los fondos reservados? ¿Le consta a usted, como Ministro
del Interior en aquel momento, que eran falsas las afirmaciones de Roldán
sobre el destino de los fondos reservados, no ya por él, sino por otras
autoridades del Ministerio del Interior? Si le consta que eran falsas,
¿puede afirmarlo hoy aquí? ¿Puede explicar cómo sabe que eran falsas?
¿Cómo puede refutar las afirmaciones hechas en esa publicación? Sea o no
un prófugo, señor Asunción, porque usted mismo reconoce que hasta el
mayor delincuente puede y debe ser oído cuando hay responsabilidades tan
graves en juego.
Estas son las preguntas que a mí me gustaría, señor Presidente, que el
señor Asunción contestara esta tarde.
Y le insisto, para terminar, señoría, usted está aquí como ex Ministro
del Interior; su sucesor ha dicho que con él no va y le ha dejado a usted
en una mala tesitura, y yo le entiendo. Procure usted, en beneficio de su
mandato, de su gobierno y de su propia honorabilidad, que mantuvo en el
momento que dimitió, contar hoy todo lo que sabe sobre el caso Roldán y
no ser el eslabón perdido de una cadena que no sabemos dónde termina.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, por parte de nuestro Grupo
nos gustaría iniciar la intervención en función de las palabras del señor
Asunción en su primera intervención.
Desde nuestro punto de vista, señor Asunción, le decimos que ha escogido
el peor de los caminos, y lo ha escogido porque en su intervención
inicial ha querido, por una parte, devaluar, deslegitimar la lógica y
legítima iniciativa por los grupos parlamentarios para que usted
compareciera en la Comisión de Justicia e Interior, y ha querido, además,
calificar de innovadora, desde el punto de vista reglamentario, su
comparecencia en esta Comisión, porque sabe usted muy bien que la
comparecencia tiene toda la lógica política. Por tanto, no nos amparemos
en el Reglamento, señor Asunción, y entienda que políticamente era
obligación de los grupos de la oposición, en este caso de mi Grupo
Parlamentario, solicitar su comparecencia ante esta Comisión, no por las
presunciones que usted ha establecido en su propia intervención, sino
porque era nuestro deber político aclarar toda una serie de aspectos muy
oscuros en relación con el tema Roldán y con su etapa como Ministro de
Interior.
En ese sentido, sí le tengo que afirmar con toda rotundidad que si de
innovación se trata, como usted aludía en la interpretación del
Reglamento, para innovadora la actitud que usted ha mantenido en todo
este tiempo, actitud que pasa desde dar una deficiente información a la
Comisión de Secretos del Estado, hasta no colaborar nada con la Comisión
de Investigación del caso Roldán y a faltar a la verdad ante la Comisión
de Justicia e Interior. Tengo que decirle que nuestro Grupo Parlamentario
ha solicitado su comparecencia, hoy Diputado de la Cámara, en razón de la
responsabilidad política que tuvo como Ministro de Interior y, además,
porque no queremos que por usted hable el señor Belloch, sino que lo haga
usted mismo con la responsabilidad que en todo este tema ha tenido.
He de comenzar señalando, con todos los respetos --y quiero dejar esto
claro-- a la persona del señor Asunción, pero también con toda claridad,
que el entonces Ministro, hoy Diputado, señor Asunción, no ha colaborado,
no ha contribuido en absoluto a que resplandezca la verdad y podamos
llegar hasta el final en el caso Roldán. Usted adquirió en su
comparecencia un compromiso ante esta Comisión de Justicia e Interior, y
dijo que su voluntad y la del Gobierno en aquel momento era clara y
nítida de llegar hasta el final. Malamente se puede llegar hasta el final
cuando se oculta a esta propia Comisión parte de la verdad.
Le tengo que decir que su actuación ha estado marcada por la opacidad,
por la ocultación y por la no colaboración. Eso es lo que ha definitivo
con absoluta claridad su etapa al frente del Ministerio del Interior, a
lo mejor por entender el concepto de solidaridad de forma errónea y estar
usted en aquel momento, y ahora también, asumiendo una responsabilidad
que no es propia. Usted tiene en todo esto una parte de responsabilidad
por la cual ya dimitió como Ministro del Interior, pero mucho nos tememos
desde nuestro Grupo Parlamentario que ese concepto erróneo de solidaridad
le esté llevando a no decir todo lo que sabe en este tema, a ocultar y
seguir ocultando parte de la verdad para que no haya posibilidad de
exigir responsabilidad más allá. Parece que usted ha asumido el papel de
que toda la responsabilidad sea suya, a pesar de la brevedad del período
en el que usted fue Ministro del Interior, para que esta responsabilidad
no salpique a otros miembros del Gobierno de la nación, al propio
Presidente del Gobierno y, por tanto, no dar la razón a quienes estamos
planteando que esto va mucho más allá de la responsabilidad del señor
Asunción. O a lo mejor también, señor Asunción, porque creyó que en todo
momento iba a ser apoyado con claridad. Y la verdad es que cada día las
manifestaciones de miembros del Gobierno le dejan en este caso en mayor
soledad, y después de todo esto es usted y no otros quien está ante esta
Comisión porque usted lo ha querido, porque usted lo ha buscado de
propósito y porque usted ha omitido información que nos hubiera llevado
de verdad a llegar hasta el final del asunto Roldán.
Lo cierto es que le han dejado a usted gran parte de la responsabilidad,
y mi Grupo considera que la de hoy posiblemente, digo posiblemente, sea
la última oportunidad que tiene el señor Asunción para decirnos la
verdad, para no ocultar nada y para asumir estrictamente su
responsabilidad, y la de nadie más. Porque nosotros consideramos, señor
Asunción, que no hay ni una sola razón para que usted haya callado y,
además, siga silenciando. Su intervención inicial en esta Comisión es una
muestra más de que usted no está dispuesto a hablar, y a nosotros nos
gustaría que no desaprovechase esta oportunidad para aclarar toda una
serie de extremos absolutamente imprescindibles para llegar hasta el
final, que, parece ser, en su día fue lo que usted manifestó era su
voluntad.
Nosotros no queremos, no pretendemos que sea víctima de nada, sino
responsable político en lo que estrictamente le compete. Por eso también
le pedimos que no encubra a nadie y que hable. En ese sentido, yo le voy
a formular una serie de preguntas, interrogantes que le han surgido a mi
Grupo Parlamentario a partir de toda una serie de información que ha
aparecido en los medios de comunicación, y a partir, lógicamente, de toda
una serie de datos que también hemos podido verificar conjuntamente todos
los grupos parlamentarios en el trabajo que hemos realizado en el ámbito
de la Comisión Roldán. ¿Por qué ocultó al Congreso de los Diputados en su
comparecencia en esta Comisión de Justicia e Interior el hecho de que
Roldán le había llamado por teléfono después de su incomparecencia a la
primera citación judicial? ¿Por qué desde el Ministerio del Interior...
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, no es transferible en absoluto
cualquier dato que tenga S. S. de la Comisión Roldán, sobre la cual no se
ha levantado el secreto, con referencia a esta cuestión. Le ruego que se
limite al tema.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, ha debido tener usted un
lapsus mental, porque no estoy haciendo uso de nada de la Comisión
Roldán, sino de algo aparecido en los medios de información.
El señor PRESIDENTE: Ha estado citando la Comisión Roldán, si no he
entendido mal.
La señora AGUILAR RIVERO: Yo he citado la Comisión Roldán...
El señor PRESIDENTE: Apele a los medios de comunicación. No cite más a la
Comisión Roldán porque no se ha levantado el secreto y no voy a permitir
que se levante en esta Comisión.
La señora AGUILAR RIVERO: Lo que yo constato es que el señor Presidente
no está escuchando mi intervención y me ha interrumpido desde mi punto de
vista indebidamente. Yo he citado a la Comisión Roldán como un espacio de
trabajo común de todos los grupos parlamentarios y, a continuación, he
citado lo que ha aparecido en los medios de comunicación.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, no debata con la Presidencia. Quiero
decir, para que quede muy claro, que todo aquello que pueda transferirse
como consecuencia de conocimientos estrictamente de la Comisión Roldán,
en lo que pueda, en lo que sea de mi conocimiento no lo voy a permitir,
como es lógico, como usted tampoco lo permitiría, porque nos lo impide el
Reglamento y el Código Penal.
Por tanto, si cita usted otra vez datos de la Comisión Roldán, yo tengo,
obligatoriamente, por ley, que cortarla, señoría.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, yo tengo que negar...
El señor PRESIDENTE: Siga con la palabra, señoría, sin más debate sobre
esta cuestión.
La señora AGUILAR RIVERO: Yo tengo que negar, dentro de mi intervención,
haber citado ninguna información de la Comisión Roldán, aunque también
tengo que dejar claro, para que quede constancia en acta, de que hay un
dictamen que es público, que ha sido debatido en el Parlamento, en el que
se contemplan toda una serie de aspectos y datos, y que consta en el
«Diario de Sesiones». Además, insisto, yo no he citado nada que sea
secreto de la Comisión Roldán; he hecho una referencia a la Comisión
Roldán en el mismo sentido que...
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, no está usted debatiendo con la
Presidencia de esta Comisión. Entiende usted perfectamente este tema. Si
usted quiere citar un dictamen público, lo cita. Si usted sigue citando
la Comisión Roldán por algunas de las declaraciones de la Comisión
Roldán, tendré que quitarle la palabra, señora Aguilar. Continúe con su
intervención.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, haga lo que quiera, pero yo
no he citado nada de la Comisión Roldán; he mencionado la expresión
Comisión Roldán. Continúo mi intervención y espero, señor Presidente, que
me deje que la concluya.
Le decía que hay una serie de interrogantes y de preguntas, después de
todo lo que ha aparecido en los medios de información, cuyas respuestas
nos gustaría conocer directamente del señor Asunción. Esperemos que esas
respuestas no se conviertan en evasivas, sino que sean concretas y que
aclaren de verdad para que no tengamos que continuar con este tema. No es
nuestra voluntad estar permanentemente hablando de esta cuestión. Lo que
pasa que la falta de asunción de responsabilidad en términos generales en
el ámbito del Gobierno exige a este Grupo Parlamentario querer aclarar
hasta el final y, por tanto, seguir emprendiendo toda una serie de
iniciativas parlamentarias.
Le preguntaba por qué se ocultó al Congreso, en su comparecencia en el
ámbito de esta Comisión, que Roldán le telefoneó después de su
incomparecencia a la primera citación judicial. Le preguntaba, y le
reitero, por qué desde el Ministerio del Interior se propuso a la esposa
del señor Roldán que aportara un certificado médico para ganar tiempo.
También le preguntamos si es cierto que el señor Serra le llamó en el
momento en que la esposa de Roldán le estaba haciendo entrega de la carta
que ha aparecido en un medio de información en concreto.
También le pedimos que nos diga qué hizo con las cartas, documentos o
notas que ha recibido o que le ha remitido el señor Roldán y por qué no
informó sobre esto en su comparecencia ante esta Comisión. Tuvo la
oportunidad de informar ante reiteradas preguntas que le hicieron los
distintos diputados que en aquel momento intervinieron en el marco de
esta Comisión, ante preguntas muy concretas, del mismo signo de las que
ahora le estoy haciendo yo, que le hizo mi compañero de Grupo el señor
Romero.
También queremos saber, aunque presumimos la respuesta, si le envió o no
la carta al señor González, si le informó de ello al señor González,
junto con la presentación de su dimisión, y si también informó del
contenido de esta carta al señor Vicepresidente del Gobierno señor Serra.
Lo único que le pedimos, con toda solemnidad, con toda claridad, señor
Asunción, es que no oculte la verdad. Nosotros sabemos que su situación
es difícil, pero la mejor contribución que puede hacer a este Parlamento
nuestro es diciendo todo lo que sabe y haciendo un relato de verdad de
los hechos que han ocurrido.
Hablamos, fíjese, señor Asunción, de un tema que está siendo investigado
por una comisión; hablamos de un tema en relación al cual tenía
información puntual el Gobierno de la nación; hablamos de un tema en el
que estaba interviniendo la Justicia. Nos cuesta trabajo creer que cuando
era Ministro del Interior usted recibiera información de una cuestión que
tenía un calado importantísimo para el conjunto del Gobierno y para el
Partido que le sustenta, por toda la repercusión social que estaba
teniendo, y que usted considerara que cualquier noticia que tuviera de
ello no valía para nada y la metiera en la trituradora ya famosa que
había en el Ministerio del Interior, donde al parecer se trituraba menos
de lo que inicialmente parecía, porque han ido apareciendo documentos de
los que se dijo inicialmente que también habían pasado por la
trituradora. A lo
mejor tenemos suerte y la carta todavía no ha corrido por la repetida
trituradora y podemos reencontrarla.
En ese sentido, consideramos imposible que a un Ministro responsable como
usted --y no nos cabe la menor duda de su responsabilidad-- le llegaron
cartas, notas manuscritas del señor Roldán y no dijera absolutamente nada
ni al Gobierno de la nación ni a ninguno de los ministros que conforman
dicho Gobierno. ¿No sabía nada el Vicepresidente del Gobierno? ¿No sabía
nada el Presidente del Gobierno? De verdad que a nuestro Grupo
Parlamentario le cuesta mucho, mucho trabajo creer esto, máxime en el
caso del que estamos hablando.
Quiero concluir, señor Asunción, pidiéndole que apueste por la
transparencia, que hable con claridad; que si no va a hablar con
claridad, se calle, pero que no falte aquí, en esta Comisión, en este
Parlamento español, una vez más a la verdad, como ya faltó en su
comparecencia del 4 de mayo, y que no nos haga creer, porque no lo vamos
a creer, que esto es obra de un hombre que tiene un nombre, en este caso
el suyo. Esto no es sólo obra del señor Asunción, que actuaba al margen
del Gobierno a pesar de su responsabilidad dentro del Gobierno de la
nación. Esto no es obra de una persona, conociendo su trayectoria al
frente de otras responsabilidades, que actuaba irresponsablemente
triturando cartas muy importantes en el tema que nos ocupaba, y que,
además, al final, nadie del Gobierno sabía nada salvo usted, señor
Asunción.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, concluya, por favor.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.
Si al final usted viene a plantear lo que yo acabo de descifrar, hay que
decir que aquí, por acción o por omisión, sigue habiendo responsabilidad,
y por faltar a la verdad en el ámbito parlamentario, cosa que creo que
hizo en su momento porque había conocimiento de lo que estaba ocurriendo
y así se le pidió --y esto es un juicio de valor con el que usted puede
no estar de acuerdo, pero así lo consideramos desde el ámbito de nuestro
Grupo--; digo que, por acción o por omisión y por faltar a la verdad, hay
responsabilidad.
Asuma su responsabilidad y no la de nadie más e infórmenos en esta
posiblemente su última oportunidad de todo lo que ha concurrido, que sabe
pero que todavía no ha dicho, en el tema Roldán.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aguilar.
¿Grupos que deseen fijar la posición? (Pausa.)
La señora Rahola, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
durante diez minutos.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Asunción, no le creo, y sinceramente esto es lo peor que le puede
ocurrir a esta Cámara, lo peor que le puede ocurrir a lo que usted y yo
representamos, personas que entendemos la política como un acto de
servicio a unas ideas y a los ciudadanos y lo peor que le puede ocurrir
al Estado de derecho; que ya no le creamos, que nos veamos sinceramente
incapaces de creerle, que lo que usted nos explique nos parezca tan
esperpéntico que casi creamos que sea mejor pensar que nos miente, que
falta a la verdad, que pensar que nos dice la verdad.
Porque si nos dice la verdad, quiere decir que a usted le parece
irrelevante que el ex Director de la Guardia Civil acuse a diversos altos
cargos de autoenriquecerse con fondos reservados. Le parecen irrelevantes
diferentes acusaciones del ex Director de la Guardia Civil, en pleno
escándalo y justo cuando el tema está siendo investigado por la Justicia.
Si nos dice la verdad, significa, señor Asunción, que usted se ha
permitido el lujo de ser a la vez ministro y juez, y ha decidido destruir
lo que objetivamente eran pruebas, equívocas o no, falsas o no, pero
pruebas, al fin y al cabo, y de un gran valor.
Si le creyéramos, significaría que usted ha sido un irresponsable y
quiero decirlo con rotundidad: usted no sólo no me parece un
irresponsable, sino que me parece un político competente que, si no
hubiera encontrado la roldanada por el camino, habría sido probablemente
un excelente ministro.
Como no creo que usted sea un irresponsable, no creo que usted destruyera
una carta que hacía gravísimas imputaciones contra diferentes altos
cargos, que culminaba con estridencia un enorme escándalo político y que
manchaba directamente al Ejecutivo socialista; que llegaba por sus
dimensiones, pues, a Felipe González.
Como no parece un irresponsable, sino, bien al contrario, un político
serio y responsable, creo que sí recibió cartas con tan graves
acusaciones que las remitió a sus superiores, que se preocupó de lo que
decían y que ahora le toca a usted, probablemente porque se deja, bailar
con el muerto. Como no me parece un irresponsable, señor Asunción, creo
que usted ha aceptado hacer de frontón, ha aceptado hacer de primer
escudo para que el segundo escudo de Felipe González, el señor Serra,
quede más protegido. Le cargan el muerto de esta enorme
irresponsabilidad, y probablemente por un exceso de fidelidad a los
compañeros de viaje usted acepta la carga.
Pero tengo que decir con rotundidad que su fidelidad a los compañeros de
viaje le hace ser infiel a lo que representa como político, a la
obligación que tiene con la transparencia y con la honestidad. No me diga
que no es saludable, tal como ha dicho, para un Estado de derecho,
escuchar lo que dice Roldán, porque ese exceso de celo me parece una
clara militancia en la doble moral, en la hipocresía política. Lo que no
es saludable es haber puesto a un falsificador de títulos académicos en
la dirección general y no haberlo comprobado; lo que no es saludable es
haberlo mantenido, haber permitido siete años de barbaridades y haber
permitido, por incompetencia, que huyera. Antes, pues, de escandalizarse
con la oposición, escandalícense ustedes con su propia conciencia, con su
incompetencia o con su corresponsabilidad allá donde la haya.
Señor Asunción, ¿por qué ocultó parte de la información que tenía sobre
este caso? ¿Por qué dice que destruyó la información? ¿Por qué motivos
decidió que usted era juez y podía hacer lo que quería con la
información? ¿Qué sabía Serra de las cartas? ¿Se llamaron cuando usted
estaba recibiendo una de estas cartas, precisamente la publicada por «El
Mundo»? ¿Fue alguna vez la mujer de Luis Roldán a su despacho a
entregarle la carta que publicó el diario «El Mundo»? Y, sobre todo,
señor Asunción, dígame usted si ha aceptado ser (y perdóneme la expresión
popular porque la digo con respeto) el tonto útil de todo este enorme
escándalo político.
Señoría, usted ha escogido hacer de frontón para ayudar a dar carpetazo a
la investigación del caso. Por eso no le creo; porque hemos perdido la
capacidad de creerles a ustedes en el caso Roldán. Nos han negado
información; han impedido que Serra informara sobre sus propias
responsabilidades; nos intentan hacer creer que destruyeron pruebas; no
nos permiten continuar investigando y luego se inventan una especie de
falso pudor que les lleva a ignorar todo lo que llega del señor Roldán,
tildado, por cierto, de hombre cabal, no por nosotros, la oposición, sino
por ustedes.
Señoría, quizá ésta es la última oportunidad que tiene para decirnos la
verdad. No escoja usted el triste papel que está aceptando de tonto útil,
de frontón. Si no lo hace por su categoría, que es innegable, hágalo por
respeto a esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Asunción, yo, en sentido contrario de lo
manifestado por la señora Rahola, no puedo comenzar mi intervención
diciéndole que no le creo, entre otras cosas porque no ha dicho nada en
su primera intervención. Pero no sólo por esta razón, señor Asunción,
sino porque nosotros nunca hemos tenido motivos fundados para dudar de la
veracidad de sus palabras en ningún trámite parlamentario. No los hemos
tenido; no hemos tenido ninguna reserva mental en cuanto a su gestión al
frente del Ministerio del Interior hasta que usted tuvo que dimitir.
Nosotros tampoco entendíamos muy bien en sentido reglamentario, el
sentido incluso constitucional de esta comparecencia, y le aseguro que
hemos estado indagando y estudiando los textos legales, la Constitución y
el propio Reglamento.
Se ha comentado por algún compareciente que no es fácil la ubicación
reglamentaria, la legitimación reglamentaria de esta comparecencia
solicitada, que tiene lógica política, sin embargo, según se ha comentado
también. Nosotros dudamos de que haya una lógica política que pueda
contradecir lo que prevé la Constitución en materia de comparecencias o
lo que prevén, en términos inequívocos, las disposiciones reglamentarias,
que son las únicas que pueden ordenar nuestro trabajo parlamentario,
nuestra conducta parlamentaria.
Si usted ha cometido un delito, señor Asunción, si alguien se querella,
si alguien persigue este delito de oficio --hipotéticamente--, si usted
lo hubiera cometido, si se incoan diligencias sumariales y eso da lugar a
un juicio posterior, ahí se tendrán que imputar y dilucidar sus
responsabilidades criminales, si éstas existen. Yo no puedo hablar más
que en términos hipotéticos porque nadie aquí tiene competencias para
hacer imputaciones de esta naturaleza, imputaciones de criminalidad;
nadie tiene competencia en esta Cámara.
En materia de responsabilidades políticas, usted ha dimitido ya, y esa es
la máxima sanción que cabe en el ámbito de este concepto metajurídico que
son las responsabilidades políticas; algo no precisado por nuestro
ordenamiento jurídico; algo que no tiene más pena aparejada ni más
sanción que la propia dimisión de un ministro, y usted es un ex ministro,
usted es un ministro dimisionario.
Por eso nosotros le comentábamos, señor Presidente, que no encontrábamos
fácil la ubicación reglamentaria de esta comparecencia. Porque ¿de qué se
trata? ¿Es una especie de sesión de control restrospectiva por hechos
cometidos anteriormente? ¿Se trata de esto? Esto no lo legitima el
Reglamento tampoco, salvo que estos actos, cometidos anteriormente, estén
concatenados, estén inevitablemente relacionados con responsables
políticos que siguen todavía ejerciendo su función. Esta sería la única
posibilidad reglamentaria de una sesión de control de naturaleza
retrospectiva, de naturaleza histórica, vinculada a hechos anteriores,
hechos del pasado.
En la Comisión Roldán ya compareció (y voy a hacer una referencia a la
Comisión Roldán exclusivamente «obiter dicta», señor Presidente), allí
realizó una exposición exhaustiva y en aquel momento (y me interesa
enfatizar esta expresión) satisfactoria para mi Grupo. Ahora, aquí sí hay
un problema que nos preocupa, señor Asunción, y que yo se lo quiero
comentar con claridad también. ¿Transmitió a la Comisión Roldán toda la
información que usted poseía y que era relevante para el trabajo
indagatorio de esta Comisión? Sí que nos preocuparía, desde una
perspectiva política, que usted no transmitiera documentación que era
esencial, quizá sólo importante, quizá irrelevante, eso es indiferente,
porque usted hubiese tenido que transmitir toda esa información de que
disponía. Desde esa perspectiva, repito, sí nos gustaría que usted
aclarara, si este episodio de las cartas es real, qué trascendencia, qué
dimensión en su opinión tiene, y si usted entiende que en aquel momento,
en el momento de su comparecencia ante la Comisión Roldán, debía haber
transmitido a los comisionados aquella información.
Y ya por último, señor Presidente, yo tengo que hacer una declaración con
toda la honestidad, y que quizá no me honre personalmente o no honre a mi
Grupo. Si llego a estar presente en la Comisión de Justicia en el momento
en que se decidió su comparecencia, hubiese votado en contra de la misma.
No pude estar presente porque tuve que asistir a la Mesa del Congreso.
Porque no entiendo, no comprendo o no percibo que yo tenga en este
momento, personalmente (no puedo hablar más que a título personal),
elementos de legitimación para imputarle ninguna responsabilidad, para
hacer calificaciones jurídicas o políticas sobre su persona, sobre su
talante, sobre su gestión al frente
del Ministerio del Interior. Y puesto que esto es así, señor Presidente,
y puesto que no es la tendencia habitual, o la proclividad de mi Grupo
recurrir a la retórica, al discurso retórico vacío, o recurrir a la
paráfrasis, o a las reflexiones elípticas, yo renuncio ya al uso de la
palabra.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, en este punto parece obligado que
la Presidencia también tome la palabra para decir que, a mi entender, se
trata de una Comisión cuya voluntad ha sido formada en su convocatoria
mayoritariamente por todos los comisionados. Para esta Presidencia esa es
una obligación que tiene, que es ejecutiva, desde el primer momento, y
quiero recordar a S. S., que con toda legitimidad pone en cierta duda la
posible legalidad de esta Comisión, que tiempo tuvieron para recurrir si
consideraban que la decisión de la asamblea, que en el fondo es la
decisión de esta Comisión, era una decisión descabellada. En todo caso,
yo creo que es una decisión democrática, que pudo ser objeto de recurso y
que no lo tuvo en su momento.
Aceptando legítimamente la palabra de todas SS. SS., sí acepto, como
riesgo de esta Presidencia, y lo asumo desde este momento, en la línea de
lo que está diciendo el señor Olabarría, que quizá he aceptado demasiado
(posiblemente por intentar que esta Comisión siga su viejo estilo de
magnificar la libertad de expresión por encima de todo), sin llamar a la
cuestión a alguna de SS. SS. por temas que no tienen nada que ver con la
Comisión, por juicios de valor que escasamente tienen que ver en una
Comisión que sí tiene carácter informativo y no de control, o por control
de carácter político que en este momento seguramente no venía al caso,
porque estamos frente a un Diputado y no frente a un miembro del
Gobierno.
En ese sentido, asumo el riesgo y, en todo caso, sí vale como
justificación de lo hecho el ampliar un poco la libertad de expresión, a
la que todos tanto amamos. En cualquier caso, sí sería bueno sugerir a
los señores intervinientes que hablen a continuación que se sometan a la
cuestión, por respeto al Reglamento y por respeto al compareciente.
Gracias. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.) Señor Olabarría,
tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, no me siento contradicho por
las palabras que acaba de exponer, porque son impecables desde una
perspectiva formal y reglamentaria, y porque yo no he dudado de la
regularidad en la convocatoria de esta Comisión. Yo he expuesto sólo, y
me interesa que haya una constancia en el acta de esta Comisión, que el
sentido del voto de mi Grupo Parlamentario, desde una perspectiva
política, y ¿por qué no decirlo? porque estoy legitimado para emitir
opiniones personales sobre esta cuestión, incluso desde una perspectiva
reglamentaria, no existía.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: Señor Presidente, el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) muy brevemente, en primer lugar quiere agradecer la
comparecencia del Diputado señor Asunción en esta Comisión. En segundo
lugar, nuestro Grupo lamenta el hecho de que no pudiéramos estar
presentes en la última sesión de la Comisión porque en aquel momento
estábamos trabajando en otras comisiones, aunque tampoco hubiéramos
votado favorablemente. Lo que sí voy a hacer es reiterar la postura del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), que ya hemos manifestado varias
veces, y es que no vamos a articular una acción política basada en
documentos, manifestaciones y hecho de los que se tiene conocimiento bien
por boca del prófugo señor Roldán, bien por los medios de comunicación,
porque nosotros creemos que nos llevaría a seguir una peligrosa trama que
no nos llevaría a ningún final. Quizás por esto no nos merece ningún tipo
de credibilidad, ni antes ni ahora, lo que el señor Roldán pueda decir o
escribir. Lo que debería hacer el señor Roldán, como ya hemos dicho
muchas veces, es presentarse ante la justicia, porque pensamos --y esta
es la opinión de nuestro Grupo-- que la justicia es la que tiene en estos
momentos la responsabilidad del tema; pensamos que la responsabilidad
última de todo esto debe recaer en un proceso judicial. La Cámara, a
través de la Comisión Roldán, ya indagó y presentó unas conclusiones y,
por tanto, no creemos que ahora esta Comisión de Justicia deba reabrir
otro debate y otro nuevo proceso. Se ha hablado ya por otro portavoz de
la legitimación de la comparecencia y a esto yo también me quería
referir. Por tanto, dejemos las cosas como están. Esperamos que el
proceso judicial que está en marcha nos pueda dar a todos la vía para
solucionar el tema.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Pérez Mariño.
El señor PEREZ MARIÑO: Con la venia, señor Presidente, me gustaría
empezar con las mismas palabras que ha terminado el señor Trillo, por el
Grupo Popular, y creo que también, si no textualmente, la señora Aguilar
y la señora Rahola, por sus respectivos grupos. Lo tiene usted difícil,
señor Asunción, porque aquí ya le han condenado. Diga usted lo que diga,
dé la explicación que usted dé, hay personas que le han condenado. Han
opinado, han afirmado, han juzgado, han condenado y casi han ejecutado la
pena. Si sale usted con bien de aquí, será casi de puro milagro. Porque
esto se parecía esta tarde a un drama pirandelliano en donde los papeles
se han invertido. La oposición aconseja --el señor Trillo llegó a hablar,
recordando quizá sus antiguas funciones profesionales, de asesorarle,
textualmente--, le han aconsejado todos, le han dicho que sea bueno, que
no sea usted un tonto útil, que se arrepienta. Recordaba esto a aquellos
coros de los juicios de Moscú, en donde al final se pedía: Arrepiéntase
usted por el bien del pueblo. Como le dijo la señora Rahola, por el bien
del pueblo. Además, en este drama pirandelliano al que asistíamos esta
tarde, los políticos eran jueces. Ya en la primera parte de esta Comisión
aconsejaban al Fiscal General del Estado que hiciera leyes; ahora han
juzgado y también han hecho moralina. No podía faltar moralina en este
caso,
después de una cierta regañina religiosa: No se deje usted llevar, no sea
usted solidario con los malos, con las malas compañías, que le van a
llevar a usted a la perdición personal. Porque usted además podía ser un
buen ministro, señor Asunción, pero se deja usted malaconsejar. Y ese es
el drama pirandelliano, si no fuera serio.
Los que pretenden conseguir la estabilidad del país y para quienes los
principios de su país son los más fundamentales, se hacen eco de la
primera palabra inquisitorial que venga contra el Gobierno o que pueda
molestar. Y como usted ya no les sirve como chivo expiatorio, no asuma
usted ninguna responsabilidad, que siempre van a pasar a instancias
superiores. Diga usted lo que diga, ya no le sirve a usted para nada. A
usted ya le hemos echado y algunos incluso hemos opinado que bien, como
usted recordará. Pero ya no sirve usted, usted no tiene interés. Tiene
interés por elevación: tienen que condenar al anterior Ministro o al
posterior, al Presidente del Gobierno o al señor Serra, como han dicho.
No le quiero yo aconsejar, pero si le aconsejara... Haga usted lo que
quiera, que da igual. (Risas.) Porque, claro, hay algunos principios
constitucionales que en este drama pirandelliano no han existido. El
sofisma se ha elevado a la categoría de verdad. ¡Dónde nos ha quedado la
presunción de inocencia! Si el señor Asunción, el Diputado señor Asunción
ha dicho aquí que eran papeles intrascendentes, ¿por qué ustedes han
hecho una teoría a partir de que son papeles muy importantes? ¿Con qué
derecho ustedes vulneran su principio de presunción de inocencia? ¿No
saben ustedes que en nuestro Derecho español al acusado se le ruega o
exhorta a decir verdad, pero no se le exige la verdad, porque justamente
al que ustedes acusan no tiene por qué involucrarse en cualquier caso?
Eso, a cualquier reo o delincuente que va a ser juzgado. ¿Por qué ustedes
invierten los términos? ¿Por qué ustedes, no sé si consciente o
inconscientemente, porque a veces se confunde la consciencia con la
inconsciencia, se permiten el lujo de volver a un sistema inquisitorial?
El principio, el sistema acusatorio se rige fundamentalmente porque la
carga de la prueba está de parte de aquellos que acusan. Y ustedes de
prueba no han aportado ninguna más que su estricta voluntad política para
involucrarle en la comisión de un hecho delictivo del artículo 364 del
Código Penal. Podemos traer todos los artículos del mundo. Traer aquí el
artículo 721 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ha hecho el señor
Trillo, es también dar un salto por elevación, porque evidentemente el
Tribunal juzgará con arreglo a los documentos que constituyan piezas de
convicción que tenga en su poder, pero no todo lo que se le aporte o que
se le tiene que aportar tienen que ser piezas de convicción, porque hay
una elección en el denunciante de aquello que considera que puede ser
objeto o pieza de convicción.
En esta marea de la historia, en la que en este momento estamos, es
probable que ustedes venzan. Es probable que mañana salga en otro medio
de comunicación cualquier tipo de información o carta. ¿Tiene que venir
también el señor Asunción? Y si sale dentro de cuatro días, ¿tiene que
volver el señor Asunción? ¿Quieren ustedes que por cada carta que
publique un medio de comunicación social venga aquel que se vea
involucrado? (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la
presidencia.) ¿No recuerdan algunos de ustedes los tiempos en que se les
acusaba a ustedes así? ¿No recuerdan cuánto defendimos los derechos de
esas acusaciones falsas que se han hecho en épocas en que no había
libertad en este país? ¿Es que algunos quieren repetir la acusación sin
ningún tipo de prueba? ¿Es que algunos quieren volver en los métodos a
hacer un discurso exactamente igual? ¿En el método de acusar a una
persona, en este momento, que ha dicho que no conoce una carta y decirle
que sí la conoce y elaborar toda una teoría política alrededor de eso?
Prueben ustedes que conoce, prueben ustedes el contenido de la carta.
Cuando ustedes tengan esas pruebas, tendrán derecho a acusar, y no en una
Comisión probablemente parlamentaria. Hagan lo que dijo el señor Trillo
que hay que hacer, que es ponerlo en manos del Fiscal General del Estado,
porque de lo que acusan al señor Asunción, lo que han dicho ustedes, es
de haber cometido un hecho delictivo. Si ha cometido un hecho delictivo,
tienen ustedes obligación de ponerlo en manos del Fiscal General del
Estado o del juez, si ya está instruyendo.
A nosotros probablemente nos va a ser difícil vencer, pero ustedes no han
convencido. Si algún día, pasado el tiempo, leen ustedes sus
intervenciones en el «Diario de Sesiones», tendrán que reconocer que han
hecho un mal uso de sus derechos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra don Antonio
Asunción.
El señor ASUNCION HERNANDEZ: Señorías, en la exposición que se ha hecho
ya se ha partido de afirmaciones tan concretas como que lo publicado era
conocido por el Ministro del Interior, y demás cosas. Por tanto, rogaría
que este tipo de cuestiones las analizáramos con serenidad.
Señorías, estando el señor Roldán compareciendo ante la Comisión de
investigación creada por este Parlamento, durante tantas horas como
parece que estuvo, donde se sometió sin duda, y por lo que se ha podido
leer en los medios de comunicación, a todas las preguntas que SS. SS. le
hicieron, incluso de las respuestas que después leía yo en los medios de
comunicación --casi todos los de Madrid--, parecía que el resultado de
esa comparecencia no era negativo, mostraban algunos satisfacción. Me
remito a las hemerotecas, buen testimonio de todo esto. De pronto resulta
que las notas manuscritas, tarjetones y demás que el señor Roldán me
enviaba cuando no podía hablar conmigo se convierten en pruebas
acusatorias. Señorías, eran cosas que no tenían ninguna importancia, eran
irrelevantes. Es sorprendente porque de no montarse una estrategia, donde
la ausencia y la fuga le dan tintes de credibilidad, parece que eso es lo
que ha cambiado, es decir, que se ha fugado. A partir de ese momento lo
que queda escrito y la ausencia del presunto delincuente es lo que parece
ya palabra de Dios para imputar delitos a quienes naturalmente no los
hemos cometido.
Señorías, rogaría que reflexionáramos sobre todo, porque también es
delito imputar delitos no cometidos, y también está tipificado en el
Código Penal. Rogaría que lo hiciéramos con seriedad. Y entendiendo que
esta persona ha
eludido la acción de la justicia, que por las conclusiones que el
Parlamento conoce y por las investigaciones judiciales puede tener
gravísimas responsabilidades, que intentó en un primer momento montarse
una estrategia exculpatoria en base a un patrimonio heredado, y después
en base a una utilización de fondos reservados, yo rogaría que no
cayéramos en la trampa de Roldán, porque está tejiéndola desde fuera y
hoy debe estar encantado de que estemos aquí discutiendo lo que él quiere
que se discuta y siguiendo las pautas que él marca. Señorías, me niego
también a eso.
Por mi anterior cargo he tenido ocasión de hablar con muchísimos
delincuentes y quiero hacer una observación. No se actúa en la
clasificación penitenciaria por lo que dicen los arrepentidos sino por
sus hechos. Si no fuera así, tendríamos declaraciones de terribles
asesinos al minuto; las hay y no se hace caso de ellas porque está
previsto. El legislador y esta Cámara lo tuvieron en cuenta y en el
sistema penitenciario está previsto incluso para aquellos que puedan
mentir continuamente para obtener beneficios. Por tanto, no vale aquello
de la credibilidad con la palabra del arrepentido. Creo que es un mal
ejemplo. Tal vez el desconocimiento hace que eso se pueda utilizar, pero
las declaraciones simplemente no han servido. Es la actitud del día a día
la que hace que se pueda creer o no si esa conducta es tal como se dice o
no.
En cualquier caso, lo que quiero dejar aquí claro, señorías, es que
ninguna de esas misivas tenía la trascendencia suficiente como para
ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Si la hubiera tenido lo
hubiera hecho. ¿Por qué no? Por tanto, señorías, no me imputen ustedes
delitos no cometidos porque también eso es delito. ¡Jamás he faltado a la
verdad! Jamás. Me podrán decir que no he explicado todos los extremos. Es
probable que ahora se puedan quedar también extremos sin explicar. Pero
mentir, no. También acusar de eso puede ser una injuria, señorías, y hay
quien hace de ello casi oficio y sistemáticamente lo va imputando. Parece
que en el último Pleno alguien me imputaba --no estaba presente y no he
leído el «Diario de Sesiones»-- un hecho que podría ser tipificado
también como delito. También eso es delito y la inmunidad parlamentaria
no debería servirnos para protegernos continuamente de esos temas. Toda
la estructura y el tono, que tengo que agradecer de esta comparecencia,
están montados básicamente, como decía el portavoz del Grupo Socialista,
a ver si éste se anima e imputa o implica a otro. ¡Si es que no hay nada
que imputar ni implicar!
Por tanto, señorías, yo rogaría que el respeto al Parlamento se ciña a
seguir lo que los plenos acuerdan respecto a las comisiones de
investigación y éstas, dotadas de todos los mecanismos de que se las ha
dotado, sin duda, podrán llevarlo a cabo. Pero, cuando el Parlamento ya
considera cerrada una investigación, trasladarla a otro espacio
simplemente porque no se tienen votos para mantener otra fórmula, me
parece, poco más o menos, que es dar la vuelta o liar el planteamiento
básico de la democracia, es decir, aceptar las resoluciones soberanas y
legítimas del Congreso de los Diputados.
Yo no he recibido ninguna llamada telefónica después de la huida del
señor Roldán, ninguna; ninguna llamada después de la incomparecencia
porque, si hubiera sido así, no hubiera caído yo en el engaño de explicar
a los medios de comunicación en el Congreso, como lo hice, una posible
presentación, una casi segura presentación. Un error gravísimo, sin duda,
el creer a quien había hecho de la mentira oficio. También me engañó a
mí. Pero después ya no, después no ha habido ocasión. Por tanto, ojalá
hubiera llamado, hubiéramos procurado localizar el origen de la llamada a
ver si de esa forma era detenido rápidamente y puesto a disposición de la
justicia.
Un último ruego, señorías. La colaboración del ex Ministro del Interior,
del actual, de todos los ministros de Interior socialistas, del
ministerio en su totalidad ha sido plena para la investigación, hasta el
extremo de que incluso documentación no solicitada se ha enviado; eso
debe estar ahí. Por tanto, tras la tarea realizada, la Comisión de
Investigación también debe reconocer que, en contra de lo que
sistemáticamente se ha estado diciendo, ha habido una completa
colaboración por parte de los ministros, del Ministerio del Interior,
para que se aclarara la verdad. Les vuelvo a repetir, señorías, que
podrán tener las mismas ganas que tengo yo, pero más no, de que se
detenga a Roldán y que se llegue hasta el final. Muchas gracias. (El
señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde pide la palabra.) (El señor Ramallo
García: ¿Y las cartas?)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Trillo, esto es una
comparecencia. El artículo 203 que citó al inicio de la sesión el
Presidente de la Comisión abre un turno escuetísimo, excepcional. Su
señoría me dirá en qué consiste la excepcionalidad de su petición de
palabra.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente, su señoría
menciona ese turno excepcional que está previsto en el artículo 203.3
para que escuetamente se puedan formular preguntas o pedir aclaraciones
sobre la información facilitada, pero no voy a agotar un turno. Me parece
que es inútil, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Un minuto, señor
Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Sí, señor Presidente. Creo que
es inútil hagamos el planteamiento que hagamos. El señor Asunción no
quiere responder nada, no quiere clarificar la verdad. Le reiteraría
todas las preguntas, y para no perder ni un segundo de ese minuto las doy
por reproducidas. No puedo admitir, señor Asunción, que usted considere
que no tiene importancia, que son cosas sin importancia el manejo de más
de 4.000 millones de fondos reservados.
Señor Presidente, déjeme decirle una cosa con toda cordialidad al señor
Pérez Mariño. En cierta medida ha efectuado una contradicción de nuestros
argumentos. Yo creo que, en efecto, esto podría equipararse a una obra
pirandelliana porque entre Vera, Asunción, Colorado, Roldán y Barrionuevo
forman casi seis personajes en busca de un
autor. Señor Pérez Mariño, la diferencia es que en este caso el que da
vida a los personajes no se llama Pirandello, veo que se sigue llamando
Felipe González.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): El señor Asunción tiene la
palabra para cerrar el debate. (Rumores.) Dije que era un turno
excepcional y como el único que ha sido citado es don Ventura Pérez
Mariño, tiene un minuto. (Las señoras Aguilar Rivero y Rahola i Martínez
piden la palabra.) Lo siento mucho, el señor Pérez Mariño tiene la
palabra por un minuto.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Tenemos derecho a réplica, lo mismo que el
señor Trillo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por un minuto la señora Aguilar y
después la señora Rahola. (Risas.) Un minuto nada más.
El señor PEREZ MARIÑO: Creo que deben comenzar por el mismo orden, señor
Presidente.
La señora AGUILAR RIVERO: Yo supongo que es el Presidente en funciones
quien ordena el debate y no el señor Ventura Pérez Mariño. Por tanto,
como me ha cedido la palabra voy a hacer uso de ella.
Aquí hay una cuestión clara desde nuestro punto de vista. El señor
Ventura Pérez Mariño ha hecho una provocación para desviar la atención de
esta comparecencia que habíamos pedido del señor Asunción y ha caído en
una clara contradicción, y es que, señor Pérez Mariño, quien se debe
creer la presunción de inocencia del señor Asunción es usted, y no hacer
aquí de abogado defensor porque desde ese momento le está usted
convirtiendo, y permítame la expresión entre comillas, en reo. En ese
sentido, nosotros hemos pedido la comparecencia porque sí creemos en la
presunción de inocencia del señor Asunción y por eso le hemos dicho que
en esta comparecencia responda a toda una serie de cuestiones que nos
parecen fundamentales. Además, el señor Pérez Mariño ha tenido la
oportunidad, desde el Grupo Parlamentario Socialista, de demostrar que la
información que pedimos y las cartas que han aparecido en los medios de
comunicación no son verdad.
Por tanto, para concluir, doy por reproducidas las preguntas que no ha
contestado el señor Asunción. Y le repito sólo una: ¿Es cierto que cuando
la esposa de Roldán le estaba entregando la carta le llamó el
Vicepresidente del Gobierno señor Serra?
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Se ha terminado su tiempo,
señora Aguilar, y no se admite la repregunta porque eso no era la
cuestión excepcional.
Tiene la palabra la señora Rahola por tiempo de un minuto.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: La verdad es que después de este espectáculo
de profesor paternalista riñendo a toda la oposición, dándonos todo tipo
de consejos proféticos y sobre todo poniendo tintes de melodrama, señor
Ventura Pérez Mariño, en la etapa histórica que estamos viviendo, después
de hacer de detentador de la verdad y de la moral frente a una oposición
que resulta desmemoriada e irresponsable y sobre todo porque todo el
mundo sabe que la responsabilidad del destino histórico está en manos
socialistas, es difícil decir nada. Nosotros tenemos el derecho no sólo
personal sino político de no creer al señor Asunción, fruto de toda la
trayectoria del caso, y no porque hayamos condenado al señor Asunción,
sino porque ustedes han puesto permanentes obstáculos a la investigación.
Dónde ha quedado la presunción de inocencia, se preguntaba el señor Pérez
Mariño. Señoría, la presunción de inocencia no está tocada, pero su
credibilidad política sí está tocada. ¿Quieren que se acabe este drama
pirandelliano? Pues que Serra explique lo que sabe y dejen de destruir
cartas que puedan ser importantes. Reabran la investigación del caso y se
acabará la alarma, se acabarán sus dramas pirandellianos y sus
necesidades de reñirnos a todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Por un tiempo de dos minutos,
tiene la palabra don Ventura Pérez Mariño (Protestas.) porque contesta a
tres. (Risas.) La equidad es una de las fuentes del Derecho.
El señor PEREZ MARIÑO: Muchas gracias, señor Presidente, por su
benignidad, pero voy a renunciar de los dos minutos a uno y medio, porque
yo creo que hemos hablado y nos movemos en contextos diferentes. Por lo
que se ve, el Grupo Socialista tiene que demostrar la veracidad de las
afirmaciones o su mendacidad, Yo creo que no es así. Yo no he aconsejado
nada; al contrario, me he permitido decirle al señor Asunción, que es el
protagonista, o debía de serlo, de esta comparecencia, que contestara lo
que quisiera. No le he dado ningún consejo magnánimo ni bondadoso, porque
me parecía que ya es mayor para dárselo y porque una comisión
parlamentaria no es el sitio para hacerlo.
Si realmente creen la señora Rahola y la señora Aguilar que el sistema
acusatorio funciona como ellas dicen, yo desde luego debo estar
equivocado y es probable que lo esté, pero hasta ahora creí que la
defensa de los derechos y libertades se hacía de otra forma diferente a
como la entienden ustedes. Qué le vamos a hacer. Tenemos dos concepciones
diferentes, la de las señoras Rahola y Aguilar y el señor Trillo y la que
defendemos nosotros.
Les decía al final, y es probable, que vencer no significa convencer. Yo
creo que no han convencido porque la razón, con independencia de la
corrupción del señor Roldán y de todo ese problema, no la tienen ustedes
en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Se levanta la sesión.
Eran las nueve de la noche.