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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 245, de 21/06/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 245
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 30
celebrada el martes, 21 de junio de 1994
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre razones por
las que estando ya inaugurado el Hospital Penitenciario de Picassent
(Valencia) continúan realizándose salidas extrapenitenciarias para
atenciones médicas elementales. (BOCG serie D, número 67, de 4-3-94.
Número de expediente 181/000568) (Página 7389)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para garantizar la debida
custodia de los reclusos que tienen que permanecer internados en
establecimientos hospitalarios de la red general. (BOCG serie D, número
67, de 4-3-94. Número de expediente 181/000569) (Página 7391)
--Del mismo señor Diputado, sobre cumplimiento del Plan de zonificación
sanitaria de la población penitenciaria elaborado en el año 1991. (BOCG
serie D, número 109, de 10-6-94. Número de expediente 181/000830) (Página 7391)
--Del mismo señor Diputado, sobre valoración de la situación actual de la
red de establecimientos psiquiátricos penitenciarios. (BOCG serie D,
número 67, de 4-3-94. Número de expediente 181/000570) (Página 7393)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para garantizar que los
internos en establecimientos penitenciarios no vuelvan a realizar
trabajos en los domicilios particulares de los cargos directivos de la
Administración Penitenciaria. (BOCG serie D, número 72, de 14-3-94.
Número de expediente 181/000584) (Página 7395)
--Del mismo señor Diputado, sobre explicación de los hechos acaecidos en
el centro penitenciario de Alcalá-Meco en los que presos «skins» dieron
una paliza a un recluso de raza negra para «conmemorar» la intentona
golpista del 23-F. (BOCG serie D, número 72, de 14-3-94. Número de
expediente 181/000585) (Página 7397)
--Del mismo señor Diputado, sobre previsiones de la Administración
penitenciaria respecto de la creación de plazas para el cumplimiento de
la prestación social sustitutoria del servicio militar. (BOCG serie D,
número 72, de 14-3-94. Número de expediente 181/000586) (Página 7398)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para la ampliación del número
actual de plazas de trabajo remunerado para internos en los centros
penitenciarios. (BOCG serie D, número 72, de 14-3-94. Número de
expediente 181/000587) (Página 7399)
--De la señora Aguilar Rivero (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
explicación de la contratación por adjudicación directa del suministro de
materiales de cerámica destinados a la cárcel de Picassent (Valencia),
con la empresa «Maintegas, S. A.», así como a la instalación de estos
materiales por una empresa tercera, incumpliendo las normas de limitación
en la cesión de contratos de suministros. (BOCG serie D, número 76, de
22-3-94. Número de expediente 181/000630) (Página 7401)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre motivos por
los que se ha sustituido a los máximos responsables de la Administración
penitenciaria. (BOCG serie D, número 79, de 28-3-94. Número de expediente
181/000651) (Página 7402)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones por las que un interno del
centro penitenciario de Picassent (Valencia) permaneció durante cuatro
horas en un furgón policial sin poder asistir al entierro de su hijo.
(BOCG serie D, número 97, de 16-5-94. Número de expediente 181/000747)
(Página 7403)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas a adoptar para racionalizar el
sistema de conducción y traslado de presos y detenidos. (BOCG serie D,
número 109, de 10-6-94. Número de expediente 181/000788) (Página 7403)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para dar efectividad a las
Comisiones de Seguridad y Salud Laboral creadas por la Administración
penitenciaria. (BOCG serie D, número 97, de 16-5-94. Número de expediente
181/000748) (Página 7406)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para modificar el Plan de
Ocupación Integral de los establecimientos penitenciarios. (BOCG serie D,
número 109, de 10-6-94. Número de expediente 181/000792) (Página 7408)
--Del mismo señor Diputado, sobre cese del Gerente del Organismo Autónomo
«Trabajos Penitenciarios». (BOCG serie D, número 109, de 10-6-94. Número
de expediente 181/000793) (Página 7409)
--Del mismo señor Diputado, sobre valoración de la situación de
clasificación de la población reclusa española en el interior de los
establecimientos penitenciarios. (BOCG serie D, número 109, de 10-6-94.
Número de expediente 181/000794) (Página 7410)
--Del mismo señor Diputado, sobre motivos por los que la práctica
totalidad de las obras de reparación, mejora y mantenimiento, efectuadas
durante los últimos cuatro años en los establecimientos penitenciarios,
han sido adjudicadas de forma directa. (BOCG serie D, número 109, de
10-6-94. Número de expediente 181/000797) (Página 7411)
Deliberación y votación acerca de las siguientes solicitudes de
comparecencia del ex Ministro del Interior (Asunción Hernández), para:
--Esclarecer diferentes extremos sobre sus contactos con el ex Director
General de la Guardia Civil, don Luis Roldán, en el momento en que se
produjo la fuga de éste. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 219/000370) (Página 7412)
--Informar sobre el contenido de la carta que le dirigió don Luis Roldán
y que recibió, según ha sido publicado por los medios de comunicación, el
mismo día que el ex Director General de la Guardia Civil no compareció
ante la Jueza que instruye su caso. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 219/000371) (Página 7412)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Buenos días, señoras y señores
Diputados. Se abre la sesión.
Debo decir que los diversos grupos han acordado empezar por las preguntas
formuladas que ha de contestar la Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios, doña Paz Fernández Felgueroso, y, posiblemente, al final
de la mañana será la deliberación y votación acerca de las solicitudes de
comparecencias del ex Ministro del Interior don Antonio Asunción
Hernández.
Como son muchas las preguntas que aparecen en el orden del día, les
ruego, tanto al Diputado señor Gil Lázaro como a la Secretaria de Estado
de Asuntos Penitenciarios, doña Paz Fernández Felgueroso, que sean los
más breves posible. El tiempo que van a tener para preguntar y contestar
es, como máximo, de cinco minutos.
Dándole la bienvenida a doña Paz Fernández Felgueroso, tiene la palabra
el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Para una cuestión previa. Si la Presidencia no
tuviera ningún inconveniente, la pregunta que figura en el orden del día
como número 4, expediente número 181/000569, la podríamos ver acumulada
con la que figura como número 22, expediente número 181/000830. Y la
pregunta que figura como número 12, expediente número 181/000747,
podríamos acumularla a la que figura como número 14, expediente número
181/000788, y así agilizaríamos el debate.
El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo, señor Gil Lázaro.
PREGUNTAS:
--RAZONES POR LAS QUE ESTANDO YA INAUGURADO EL HOSPITAL PENITENCIARIO DE
PICASSENT (VALENCIA) CONTINUAN REALIZANDOSE SALIDAS EXTRAPENITENCIARIAS
PARA ATENCIONES MEDICAS ELEMENTALES. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO.
(Número de expediente 181/000568.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Pregunta número 3 del señor
Gil Lázaro: Razones por las que estando ya inaugurado el hospital
penitenciario de Picassent, en Valencia, continúan realizándose salidas
extrapenitenciarias para atenciones médicas elementales.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: El centro hospitalario penitenciario de Valencia
cuenta con dotación presupuestaria propia, con organigrama y estructura
funcional independiente del resto de los centros que componen el complejo
de Picassent, es decir, cuenta con director, subdirectores, administrador
y una relación de puestos de trabajo propio, lo que parecía apuntar hacia
una capacidad de funcionamiento específico. Sin embargo, la realidad es
que este hospital ha venido funcionando como mera enfermería del centro
de preventivos, internando en él a una serie de personas que por sus
características conviene que permanezcan separadas del resto de la
población preventiva. Desde luego, el llamado hospital no realiza ninguna
de las actividades propias de un centro denominado como tal, esto es:
intervenciones quirúrgicas, reconocimientos especializados, exploraciones
especiales o unidad de cuidados intensivos. De esta manera, las salidas
extrapenitenciarias para atenciones, incluso muy elementales, son
continuas, y son continuas también las dudas sobre si esa salida que se
efectúa será finalmente atendida en un centro hospitalario y en cuál,
habida cuenta que algunos de ellos se han negado a recibir a los internos
y éstos han tenido que regresar a Picassent sin recibir la
correspondiente asistencia.
Sabe perfectamente la señora Secretaria de Estado que esta situación se
produjo al denunciar unilateralmente la Diputación Provincial el convenio
que tenía suscrito con Instituciones Penitenciarias, según la Diputación
Provincial, por falta de pago de la administración penitenciaria.
En este llamado hospital, que fue inaugurado ya con un año de retraso
sobre la fecha prevista y sólo al 50 por ciento de su capacidad, no se
realizan guardias médicas, siendo teóricamente un centro asistencial, y
en los cuatro primeros meses de funcionamiento se han llevado a cabo,
según las propias fuentes oficiales del centro, una media de ocho salidas
diarias a establecimientos de la red general, con lo que esto supone para
las arcas públicas, ya que, amén del mantenimiento del teórico hospital,
hay que añadir 12.000 pesetas del coste de ambulancia por salida más las
alrededor de 30.000 pesetas interno/día que cuesta la permanencia en uno
de esos centros de la red general, en el supuesto de que la atención
médica exija internamiento.
Por todas estas cuestiones, desearíamos que se nos explicara qué
patologías pueden ser atendidas en dicho Hospital Penitenciario sin
necesidad de salida; qué y cuántos médicos especialistas prestan servicio
en dicho hospital, concebido no sólo para atender las necesidades de todo
el complejo de Picassent, sino incluso para recibir enfermos provenientes
de otros centros penitenciarios, así está al menos en su diseño teórico;
cuál es el concepto y número de cada una de las categorías existentes en
dicho hospital y cuál fue el coste de construcción y dotación del citado
hospital. Todo esto sería una información útil, en definitiva, para saber
qué dimensión está teniendo este hospital en su utilidad como tal y las
razones por las que, estando ya inaugurado este hospital, continúan
realizándose salidas extrapenitenciarias para atenciones médicas muy
elementales.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra doña Paz
Fernández Felgueroso para contestar por cinco minutos.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Con mayor brevedad que la indicada, quiero decirle al señor
Gil Lázaro que hay un número muy importante de patologías que
evidentemente se tratan en el hospital a que hace referencia su pregunta.
En concreto, y para darle un dato, entre noviembre de 1993 a abril de
1994 se dieron en el hospital del complejo de Picassent 7.398
asistencias. Solamente en el mismo período fueron remitidas a los
hospitales de referencia 317. En qué supuestos, se pregunta el señor Gil
Lázaro. Pues en aquellos en los que los facultativos de Picassent
consideran que son patologías agudas y que necesariamente deben de
derivarse hacia los hospitales. Por muy bien dotados que estén, y lo sabe
el señor Gil Lázaro, los hospitales, aunque los llamemos hospitales, son
enfermerías muy bien dotadas y hay determinadas dolencias que resulta
completamente imposible tratarlas intramuros, es decir, en las propias
instalaciones hospitalarias, porque realmente no hay forma de que la red
hospitalaria propia cubra determinadas patologías, ni por su coste, ni
porque el número de personas que deben de recibir esa atención
justificara en absoluto que tuviéramos ese dispositivo. Nuestras
previsiones son complementar siempre la red pública de salud con nuestras
propias instalaciones; es decir, en función de los criterios que en cada
momento establezcan los facultativos que están al frente de nuestras
instalaciones sanitarias, salir extramuros penitenciarios o recibir la
atención dentro de nuestros hospitales.
El señor Gil Lázaro demanda una serie de datos sobre plantilla, coste,
etcétera. No dispongo de ellos en este momento puesto que no era objeto
de su pregunta y, por tanto, no puedo facilitárselos, sin perjuicio de
que no sé si se los he facilitado en otra pregunta ya contestada; en todo
caso, tendré muchísimo gusto en enviarlos. Pero ésta es la contestación a
su pregunta: Porcentualmente son mínimas las salidas que se han hecho,
siempre para patologías agudas y bajo el criterio de los facultativos que
regentan nuestro hospital o nuestra enfermería de alto «standing», o como
quiera llamarla.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Gil Lázaro, tiene la
palabra por un tiempo de dos minutos que le quedaban de los cinco.
El señor GIL LAZARO: Muy brevemente, señor Presidente.
El problema es que usted, señora Secretaria de Estado, en este momento,
está intentando jugar conceptualmente con una confusión, porque decir que
llamemos a esto hospitales o enfermerías bien dotadas es ya, de entrada,
una denegación del propio concepto teórico con el cual nació este
hospital. Este hospital nació como hospital penitenciario, con la
intención no solamente de atender al complejo, sino incluso de atender a
otros enfermos provenientes de otros centros penitenciarios. Lo que no se
nos puede decir ahora, sobre la marcha, es que ese carácter de hospital
queda sustituido por el de una enfermería especializada. Lo que no nos ha
dicho S. S. es lo que en realidad la administración penitenciaria está
pensando hacer: cerrar el hospital penitenciario de Picassent como tal
hospital penitenciario y convertirlo exclusivamente en eso que S. S. está
diciendo, es decir, en una especie de macroenfermería. Por lo demás, sabe
perfectamente o deberá saber perfectamente la señora Secretaria de Estado
que en el momento en que se diseñó ese centro como tal hospital
penitenciario los propios técnicos y asesores de la administración
penitenciaria se lo desaconsejaron al impulsor de la idea, al anterior
Secretario de Estado. En definitiva, y para terminar, lo que en este
momento la administración penitenciaria nos tiene que decir es qué es lo
que piensa hacer con el hospital penitenciario de Picassent, pero no
jugar con esa confusión conceptual de que es lo mismo un hospital que una
enfermería especializada. Por lo demás, no tengo por qué dudar de las
cifras que me da S. S., pero no casan con las que daba don Manuel Avilés,
antes de cesar en sus responsabilidades en dicho centro, cuando afirmaba
que se estaba produciendo una media de siete u ocho salidas diarias y no
solamente para atenciones muy especializadas, porque ésa no es la
realidad, sino para atenciones muy elementales, como dice el texto de
nuestra pregunta, incluso para hacer una escayola.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra, señora
Secretaria de Estado, por tres minutos de tiempo que le quedaban.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Reitero las cifras, pero le recuerdo al señor Gil Lázaro que
se refieren de noviembre de 1993 a abril de 1994; por tanto, las cifras
pueden variar en función de la anterior información de que disponga. Es
decir, esas cifras, esas salidas, ese período de tiempo.
En cuanto a la confusión, he de decirle que la buena dotación que tiene
el hospital o la enfermería --como queramos llamarlo-- o el hospital
penitenciario de Picassent
nunca dio lugar a pensar en la eliminación total de algunas patologías
agudas, porque es imposible en un centro penitenciario, por ejemplo,
tener una UVI con las mismas disponibilidades que hay en un centro
público, es completamente imposible. Por tanto, nunca se pensó en
sustituir el que determinadas patologías --aunque las menos posibles--
tuvieran que ir a la red sanitaria pública. De hecho, es verdad que
Valencia, en su momento, denunció el convenio, como hospital de
referencia, porque había unos retrasos o impagos --como usted quiera
llamarlos-- por parte de Instituciones Penitenciarias, pero no es menos
cierto que después se ha firmado un preacuerdo y que, por tanto, se está
simplemente a la espera de poder acometer en el hospital de referencia
las obras necesarias; tendremos ocasión de comentarlo al hilo de dos de
sus preguntas que han sido acumuladas respecto a unidades de custodia
dentro de esos hospitales de referencia. Por tanto, la administración
penitenciaria, en ningún momento, ni antes de mi llegada a esta
responsabilidad ni después, ha desistido precisamente de esas unidades de
custodia, en el entendimiento de que por muy bien dotados que estén
nuestros hospitales, necesariamente debemos contar con unidades de
custodia en todas las comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Quedamos a la espera de que la
Secretaria de Estado remita a la Mesa de la Comisión los datos numéricos
o estadísticos que ha ofrecido.
Antes de seguir, he de hacer notar que ha llegado a la Mesa un escrito de
doña Rosa Aguilar Rivero, portavoz del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, pidiendo sea pospuesta la pregunta oral
181/000630, que está señalada en el orden del día como número 10.
--MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA DEBIDA CUSTODIA DE LOS RECLUSOS QUE TIENEN
QUE PERMANECER INTERNADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS DE LA RED
NACIONAL. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente
181/000569.)
--CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ZONIFICACION SANITARIA DE LA POBLACION
PENITENCIARIA ELABORADO EN EL AÑO 1991. FORMULADO POR EL SEÑOR GIL LAZARO
(GP). (Número de expediente 181/000830.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Dicho esto pasamos a dar la
palabra a don Ignacio Gil Lázaro para que formule la pregunta número 4
acumulada con la 22: Medidas para garantizar la debida custodia de los
reclusos que tienen que permanecer internados en establecimientos
hospitalarios de la red general y cumplimiento del Plan de zonificación
sanitaria de la población penitenciaria elaborado en el año 1991.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Su antecesor, don Antonio Asunción, modeló una
política de inversiones en infraestructuras sanitarias, tal y como
recogen los Diarios de Sesiones de esta Cámara, destinada esencialmente
--se nos decía-- a disponer de una red casi autosuficiente que, entre
otros beneficios, redujera de forma drástica el número de salidas e
internamientos extrapenitenciarios. Sin embargo, a pesar de las
importantes cantidades destinadas a tal objetivo, lo cierto es que, hoy
por hoy, continúa siendo muy elevado el número de consultas que se han de
realizar en el ámbito de la red pública de salud y fuera, por tanto, de
los recintos hospitalarios penitenciarios, como acabamos de ver en la
pregunta anterior.
El cambio brusco entre lo que ayer se quería hacer y lo que ahora se toma
como objetivo lo dejó claro la señora Secretaria de Estado cuando, en su
comparecencia del pasado 22 de febrero, señalaba que «no pretendemos la
autosuficiencia en materia sanitaria, sino que la posición de Asuntos
Penitenciarios es, precisamente, la de mantener un cierto grado de
autosuficiencia con respecto a aquellos enfermos que puedan ser tratados
en nuestras instalaciones, pero siempre con el objetivo de ir
incorporando los reclusos al sistema universalizado de la Seguridad
Social». Y añadía la señora Secretaria de Estado que «se había convenido
con las comunidades autónomas el establecimiento de unas medidas que
impidan que se produzcan efectos no queridos o efectos perversos por ese
acudir de los reclusos a los centros de la Seguridad Social». Hoy nos ha
reafirmado ese criterio.
Con independencia de lo que es la tarea de custodia, que corresponde
estrictamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (y, por
cierto, sería necesario que la administración penitenciaria, ahora todos
dentro de un mismo Ministerio, procurara coordinar mejor los detalles del
asunto que nos ocupa), lo que sí es obvio es que dentro de ese concepto
amplio de custodia caben hacer algunas referencias o reflexiones que sí
afectan directamente a las competencias de la Secretaria de Estado,
porque, en primer lugar, las debidas garantías de custodia exigen que el
número de salidas sanitarias extrapenitenciarias se reduzcan a las
estrictamente necesarias. En segundo lugar, es necesario avanzar en un
acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el de Sanidad --el Ministerio
de Justicia e Interior en este caso-- para dotar a los establecimientos
sanitarios de la red general de las adecuadas instalaciones --los antes
llamados pabellones judiciales, ahora, unidades de custodia-- para que
reúnan las debidas condiciones materiales de seguridad. En tercer lugar,
se deberían dotar debidamente a las enfermerías de los centros del
material técnico y de consultas de especialisas, para que se redujera la
necesidad de las salidas extrapenitenciarias.
Por esa razones, preguntamos: qué medidas se van a observar para
garantizar la debida custodia de los reclusos que tienen que permanecer
internados en establecimientos hospitalarios de la red general.
Y la pregunta 181/000830, en la que pedíamos información sobre el
cumplimiento del plan sobre zonificación sanitaria de la población
penitenciaria elaborado en el año 1991, parece que tiene una evidente
conexión de sentido. En septiembre de 1991 la administración
penitenciaria presentó un sistema de zonificación a través de la creación
de zonas de salud, en un total de doce, con una cabecera de cada una de
ellas; se especificaba un hospital de referencia al que los centros
penitenciarios comprendidos en cada zona enviarían sus enfermos. El plan,
según sus propios objetivos, pretendía la creación de unas enfermerías
regionales bien dotadas, en cuanto a recursos humanos y recursos
técnicos, para la formulación de diagnósticos básicos que debería haber
permitido tanto una atención primaria de calidad como una atención
ambulatoria lo más especializada posible. Sin embargo, a estas alturas,
puede decirse que el citado plan no ha cubierto en modo alguno sus
objetivos y que la situación no ha hecho sino deteriorarse aún más, tanto
por el incremento de la población penitenciaria o por la evolución de
ciertas enfermedades como también por los conflictos surgidos en el
ámbito de la red general respecto de la atención médica a esta población
penitenciaria. A pesar de todo ello, no parece que desde la
administración penitenciaria existan planteamientos claros tendentes a
dar la debida respuesta a estos hechos, y, mientras tanto, cada año crece
la necesidad de ingresos hospitalarios.
Ahora, parece que el nuevo equipo quiere retomar el plan de integración
de la sanidad penitenciaria en la red general mediante el sistema de las
llamadas unidades de custodia, tal y como ya se viene aplicando en
provincias como Lugo, Alava o Bilbao, radicando estas unidades en los
hospitales provinciales, que recibirán a los internos de cada provincia.
Al parecer, se pretende combinar esto con la potenciación de las
enfermerías de los centros, aunque, a la vez, parece que se va a cerrar,
por ejemplo, el Hospital de Picassent. No nos ha dicho esta mañana la
señora Secretaria de Estado si como tal hospital, no como enfermería
mejor o peor dotada, sino, repito, como tal hospital, va a cerrarse o no,
y nada se nos dice en cuanto a qué va a pasar, por ejemplo, con los
profesionales médicos de Instituciones Penitenciarias, cuya situación de
discriminación respecto de los de la red general resulta tan notable como
injustificada y no puede continuar.
Por estas cuestiones, pedimos a la señora Secretaria de Estado que nos
haga una valoración de cuál es, a su juicio, el cumplimiento del plan de
zonificación sanitaria de la población penitenciaria elaborado en el año
1991.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para contestar, tiene la
palabra la señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Reiterando el planteamiento que hacía en mi contestación
anterior y siguiendo la argumentación que ha hecho el señor Gil Lázaro,
que ha puesto de manifiesto que mi antecesor hablaba de una red propia
casi autosuficiente, tengo que decir que, efectivamente, no hay ningún
giro copernicano en la situación de la Secretaría de Estado. Seguimos
entendiendo que hay una autosuficiencia limitada o una casi
autosuficiencia y, en ese sentido y respondiendo directamente a su
pregunta, quiero manifestar que a partir de 1991 esta red propia de
instituciones penitenciarias se ha reforzado con la apertura de
enfermerías en Málaga, en Valdemoro, en Navalcarnero y en Villabona y con
la puesta a punto del establecimiento penitenciario de Picassent, con 80
y 64 camas en dos centros. Además, en 1994 se inaugurará una enfermería
en Soto del Real y en 1995 en Topas, con 75 camas cada una de ellas. Por
comunidades autónomas, hay zonas de custodia hospitalaria en Andalucía
--en cuatro provincias--, en Aragón, en Asturias, en la Comunidad
Autónoma de Baleares, en Canarias, en Cantabria, en Castilla-La Mancha,
en Castilla y León, en la autonomía de Extremadura, en la autonomía
gallega, en La Rioja, en Madrid, en el País Vasco, en Navarra y en
Valencia, y para 1995 se ha presupuestado la habilitación de 19 zonas de
custodia distribuidas por comunidades autónomas de la siguiente manera:
en Andalucía, en Galicia, en Madrid, en Murcia, en Canarias, en Valencia,
en Navarra, en Castilla y León y en el País Vasco. Por tanto, se da
siempre un solapamiento o reforzamiento de la atención sanitaria propia
en enfermerías o en hospital, como se ha llamado a Picassent por tener un
número superior de camas y por estar mejor dotado.
No hay intención de cerrar el hospital de Picassent, con las limitaciones
que antes dije respecto al tratamiento de algunas patologías agudas y
siempre bajo el criterio de los facultativos que allí prestan su
servicio. El criterio de los facultativos que prestan servicio en
Instituciones Penitenciarias es el que debemos seguir, salvo que
comprobemos que hay anomalías en esas decisiones. Ese es el criterio, y
por tanto, los límites, las fronteras de hasta dónde llega nuestra
atención están en el propio criterio de los facultativos de la red propia
de Instituciones Penitenciarias.
Yo no opino que exista una discriminación de nuestros facultativos en
relación con los facultativos que prestan sus servicios en la red pública
o en la red del Insalud.
Con esto, señor Presidente, en aras de la brevedad y porque creo que ésos
son los datos que directamente se solicitaban, termino esta primera
intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor Gil
Lázaro, durante un minuto.
El señor GIL LAZARO: También en aras de la brevedad, señora Secretaria de
Estado, le haré algunas consideraciones muy esquemáticas.
En primer lugar le diré que, tal y como están ustedes reorientando esa
nueva política sanitaria penitenciaria, no vale decir que mantienen el
criterio de autosuficiencia que esgrimió al anterior titular de la
Secretaría de Estado, porque esto en la práctica se está desmoronando.
No hay intención, dice S. S., de cerrar Picassent. Yo celebro esa
respuesta, pero me da la sensación de que esa afirmación no casa con
ciertas valoraciones que se han hecho recientemente, por ejemplo, en una
reunión con todos
los directores de los establecimientos penitenciarios. En esa reunión
ustedes hicieron una evaluación de la situación sanitaria penitenciaria.
Piensan ustedes que los hospitales penitenciarios no son operativos en su
funcionamiento ni viable la construcción de nuevos hospitales
penitenciarios, debido fundamentalmente a los siguientes motivos --y son
tres los que esgrimen ustedes--. Primero, que los costes se disparan.
Ejemplo: para que la colocación de un quirófano sea rentable se necesitan
realizar más de 2.000 intervenciones. Segundo, que se tiende a la
igualdad del interno en cuanto a condiciones de las prestaciones
sanitarias; es decir, que se trata de que tengan idénticos servicios que
el resto de los ciudadanos, cosa que nos parece admirable. Y, tercero,
que la deuda actual de la sanidad en Instituciones Penitenciarias
contraída con la red general sanitaria es de unos 1.000 millones, deuda
que piensan ustedes renegociar con la red general de sanidad la deuda, de
tal forma que se rebaje a 700 u 800 millones. Se realizarán acuerdos con
Sanidad --dicen ustedes--, bien a través de las Consejerías --en aquellas
autonomías que tengan transferidas competencias--, bien con la
Administración general --en las que no las tengan--; se reformarán unas
determinadas salas de los hospitales, acondicionándolas con las
suficientes medidas de seguridad para acoger internos o se utilizarán los
departamentos de judiciales en aquellos hospitales que ya dispongan de
alguna infraestructura. Estas reformas correrán a cargo de la institución
penitenciaria y ustedes calculan que supondrán unos 37 millones por cada
departamento a reformar, que pasarán a llamarse departamentos de custodia
y será la administración sanitaria la que se haga cargo de la atención
sanitaria.
Esto es todo un proyecto de integración plena de la sanidad penitenciaria
en la red general, que no tiene nada que ver con lo que se venía haciendo
anteriormente. Lo que sí será necesario es que una vez hecho esto, si es
que finalmente lo hacen, lo coordinen bien en el ámbito estricto de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que no se produzcan las
situaciones que se están produciendo en este momento en el interior de
los hospitales.
Concluyo diciéndole que las referencias que usted hace en cuanto a las
dotaciones que se han llevado a cabo en ciertas enfermerías están bien
desde el ámbito del centro directivo, pero después habría que seguir que
eso tenga una buena estructuración en los centros, porque el informe
anual del año 1993 del Defensor de Pueblo sobre el estado de algunas
enfermerías --algunas muy nuevas, como, por ejemplo, la de Villabona--
llama la atención.
En cuanto --y ya termino-- a lo que usted me decía de que no tiene la
impresión de que los médicos de la administración penitenciaria se
sientan discriminados en relación con los médicos del Sistema General de
Salud, le diré que respeto que ésa sea su percepción, pero no es, desde
luego, la percepción que tienen los propios profesionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Arquero Orozco): Para contestar, tiene la
palabra la señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por dos
minutos.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Empezando por la última frase, quiero manifestar que no dije
«se sienten», sino «estén». No digo que no se sientan, sino en mi opinión
es que no están discriminados en relación con las condiciones que tienen
los médicos en la red pública y, si lo están, sería en sentido positivo y
no negativo. Si no lo he dicho así, lo rectifico. Mi opinión es que no
están discriminados, otra cosa es lo que sientan, que es ya una
percepción subjetiva en la que yo no entro ni creo correcto entrar.
En relación con los demás criterios que el señor Gil Lázaro ha tenido
ocasión de leer ante la Comisión, diré que, evidentemente, ésos son los
criterios, que, desde mi punto de vista, en nada contradicen la
explicación que he tenido ocasión de dar ante esta Comisión. Volvemos al
inicio de la contestación: no hay una reorientación, criterio que ha sido
también el de mi antecesor. Nunca se expresó la autosuficiencia, si bien
hay instalaciones, especialmente las más nuevas, mejores que otras. Hay
alguna instalación peor, como ha puesto de manifiesto el Defensor del
Pueblo, como es el Hospital Penitenciario de Madrid, pero ya estaba
prevista su amortización en su momento, precisamente por no reunir las
condiciones; habrá que reorientarlo a la mayor brevedad posible y dentro
de todo el sistema. Por tanto, no tengo nada que añadir, simplemente
reiterar que no existe ninguna contradicción y que el control que el
señor parlamentario demanda de los servicios centrales sobre los
periféricos, en cuanto a las salidas a centros hospitalarios y zonas de
custodia, existe y lo seguimos puntualmente, para comprobar que lo que
pueda ser tratado dentro de nuestros hospitales o de nuestras enfermerías
bien dotadas, como antes comentábamos. Así se haga y no se produzcan
salidas innecesarias, pero siempre con esa matización de que no la
totalidad de las intervenciones que son precisas en relación con la
población reclusa se van a poder hacer, por bien dotadas que estén, en
nuestras enfermerías. Ese es el criterio de diferenciación.
--VALORACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA RED DE ESTABLECIMIENTOS
PSIQUIATRICOS PENITENCIARIOS. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP).
(Número de expediente 181/000570.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arquero Orozco): Para formular la pregunta que
figura en quinto lugar del orden del día, expediente número 181/000570,
sobre valoración de la situación actual de la red de establecimientos
psiquiátricos penitenciarios, por cinco minutos, tiene la palabra don
Ignacio Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Es criterio común de los especialistas la
consideración de que los hospitales psiquiátricos penitenciarios no son
el lugar más adecuado para el tratamiento de los enfermos recluidos en
ellos, fundamentalmente por dos razones: esto es, por ciertas carencias
materiales de estos centros y por el hecho insólito de que la
Ley Orgánica y el Reglamento penitenciario establecen una equiparación en
cuanto a normativa regimental de estos centros psiquiátricos con los
centros de cumplimiento. Lo dicho supone que, inevitablemente, en estos
centros psiquiátricos predomine teóricamente la cultura penitenciaria
sobre la propiamente asistencial y, si no es así, se debe estrictamente
al esfuerzo del personal médico acreditado en ellos, con las dificultades
evidentes que esta situación conlleva.
Piénsese, por ejemplo, que aunque las sentencias vienen señalando que el
futuro del interno depende de los correspondientes informes médicos, sin
embargo, el Reglamento penitenciario sólo contempla al psiquiatra como un
auxiliar del equipo de tratamiento. Cuestión incidental es, además, la
posible falta de adecuación de algunas previsiones de la legislación
penitenciaria al espíritu constitucional en lo que afecta al
internamiento en estos centros, y sobre lo cual ya presentaremos en su
momento la correspondiente iniciativa. Y cuestión no menos importante es
también la que deriva de la permanencia en estos establecimientos
psiquiátricos penitenciarios de personas que, estando clínicamente
recuperadas, no disponen de ninguna otra posibilidad de cuidado
institucional, lo que evidencia imprevisión y falta de coordinación en lo
que se supone debiera ser una acción común de las diversas instituciones
y de todas las administraciones, no sólo de la penitenciaria, en orden a
la atención social de estos enfermos, que debieran cubrir el tramo final
de su recuperación en establecimientos de otra naturaleza a la
estrictamente penitenciaria.
Por otra parte, es necesario señalar también que, de continuar con la
reiteración de una cierta tendencia que se viene produciendo, va a darse
el caso, en fechas no muy lejanas, de un absoluto colapso de las
disponibilidades de acogida de internos en la red psiquiátrica
penitenciaria, ya que la aplicación de la llamada reforma psiquiátrica se
está efectuando de manera muy desigual en toda España, en cuanto a
recursos, pero se observa, además, que en la mayoría de los centros se
argumenta que éstos son ahora de naturaleza abierta, por lo que rechazan
aceptar internos, o ciertos internos, argumentando las dificultades para
su custodia, de modo que la única alternativa que está quedando para los
tribunales, en lo que concierne a ingresos judiciales, sea en la red
psiquiátrica penitenciaria.
Nosotros debemos dejar constancia aquí del esfuerzo, porque nos consta,
de los profesionales que prestan servicios en estos psiquiátricos
penintenciarios, incluso no tenemos ningún inconveniente en señalar el
esfuerzo de la Administración en cuanto al mejoramiento continuo de las
condiciones materiales de estos psiquiátricos penitenciarios. Pero
creemos que, por las reflexiones apuntadas, podemos estar muy próximos a
una situación preocupante y, en virtud de ello, le preguntamos a la
señora Secretaria de Estado que nos haga una valoración de la situación
actual y futura de la red de establecimientos psiquiátricos
penitenciarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para contestar, y por el mismo
tiempo, tiene la palabra doña Paz Fernández Felgueroso.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): En la actualidad, la Secretaría de Estado cuenta, como sabe
el señor Gil Lázaro, con dos hospitales propiamente psiquiátricos, uno en
Alicante y otro en Sevilla, con un conjunto de 394 camas, además de camas
psiquiátricas, en Carabanchel.
Los dos hospitales psquiátricos han sido objeto de una reestructuración
en el siguiente sentido, que yo creo que responde a la pregunta del señor
Gil Lázaro. En primer lugar, ha habido una mejora en la calidad de vida
de los enfermos, mejorando las condiciones materiales, el régimen de
vida; ha habido una mejora de la plantilla, especialmente con la
contratación de psiquiatras titulados, suficientes para la debida
atención especializada. Este ha sido el mayor problema, por la falta de
psiquiatras titulados. En este momento ya lo son todos y el único
problema está en Sevilla que, al haberse marchado dos de ellos, está
pendiente la contratación de otros dos nuevos. Por tanto, la plantilla en
este momento cuenta con la adecuada especialización y es la que debe ser,
en definitiva.
Se han producido cambios organizativos en la formación de equipos
multidisciplinarios y la potenciación de los programas de rehabilitación.
Coincido con el señor Gil Lázaro en que es de agradecer el esfuerzo de
los profesionales que están en los hospitales psiquiátricos, y gracias a
su esfuerzo y al de la Administración, como ha expresado también el señor
Gil Lázaro, se han producido estas mejoras.
También ha habido un control de los ingresos, de modo que, además de las
personas que lo hacen por decisión de los tribunales de Justicia, sólo
ingresan en nuestros hospitales aquellos penados que realmente puedan
beneficiarse de un tratamiento intensivo en ambos hospitales y siempre
que no pueda hacerse en la red sanitaria pública. Se han llevado a cabo,
con buen resultado, actuaciones encaminadas a la activación de las altas,
a través del diálogo fluido con los jueces, con los centros de sanidad
pública a los que deben transferirse algunos enfermos dados de alta,
siempre que así lo consideren los tribunales sentenciadores.
Complementariamente, ha habido una revisión periódica de los expedientes
judiciales y médicos de todos los internos en ambas instituciones
hospitalarias, en colaboración, como antes decía, no solamente con los
jueces, sino también con los fiscales e igualmente con la Oficina del
Defensor del Pueblo, que ha mostrado también una sensibilidad en este
aspecto.
La colaboración con las instituciones de la red sanitaria pública se
considera fundamental, por lo que se están propiciando convenios con las
administraciones periféricas. Como las competencias en materia de salud
mental están residenciadas incluso en aquellas comunidades que no tienen
transferida la sanidad, se está trabajando con las comunidades autónomas
de referencia y con las diputaciones, en un intento --yo creo que
conseguido-- de coordinar con la administración respectiva todo lo
referente a la atención de los internos de los distintos centros
penitenciarios.
Podría describirle los conceptos o los objetivos que incluye el programa
de colaboración, pero creo que ésta es
en síntesis la respuesta que puedo darle y que responde a la preocupación
que ha expresado el señor Gil Lázaro en cuanto a condiciones materiales,
en cuanto a números de camas, que entendemos que son suficientes,
precisamente por esa colaboración y coordinación que antes señalaba, y en
cuanto a que nuestros dos hospitales cuentan con el personal técnico
debidamente cualificado, en ese esfuerzo que se ha hecho por mejorar la
atención de estos reclusos que tienen una singularidad en la ejecución de
las penas, cual es la de estar ingresados en los hospitales
psiquiátricos.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): El señor Gil Lázaro tiene la
palabra por dos minutos.
El señor GIL LAZARO: Tan sólo deseo apuntar dos ideas. En primer lugar,
que, a pesar de ese esfuerzo que están realizando los profesionales,
incluso --insisto, y vuelvo a reconocerlo-- esa misma sensibilidad en
cuanto a mejoras materiales de que está haciendo gala la Administración,
sí que es cierto que deberían abordarse algunas mejoras puntuales en
estos dos centros.
No voy a hacer mención ahora de ellas, en aras a la brevedad, pero sí
deseo decir que desde una consideración general, en primer lugar, es
imprescindible una reforma reglamentaria que redimensione en el texto del
Reglamento penitenciario la figura y el papel que desarrolla y que debe
de corresponder al psiquiatra, al personal técnico especializado, dentro
de estos hospitales psiquiátricos penitenciarios y, desde luego, una
reforma reglamentaria que especifique o singularice las condiciones
regimentales en estos centros, porque parece obvio que su asimilación a
las condiciones regimentales de los centros de cumplimiento no es la más
adecuada desde un punto de vista terapéutico.
En segundo lugar, quiero señalar que el problema fundamental que tiene la
administración penitenciaria respecto de esta red de hospitales
psiquiátricos penitenciarios no es el que dimana de la administración
penitenciaria, sino la situación de endoso de enfermos que el resto de
las administraciones, en muchos casos, y por las razones apuntadas en mi
fundamentación, le hace a la administración penitenciaria. Voy a esbozar
simplemente unos datos en lo que afecta, por ejemplo, al hospital
psiquiátrico de Font Calent, en Alicante. Según un reciente estudio, 235
de los 275 recluidos no debieran estar en el centro, sino en otro de
carácter civil. De 52 libertades pedidas en 1993 sólo se concedieron 14.
Y, en definitiva, si los psiquiátricos penitenciarios, como dicen los
especialistas, deben estar concebidos esencialmente para el tratamiento
de psicópatas, es obvio que el resto de enfermos ha de estar en otro
lugar. Comprendiendo las carencias que en este ámbito se producen en el
conjunto de la Administración, exhortaría a la administración
penitenciaria a que, de alguna manera, en la medida de sus posibilidades
y competencias, fuera firme para evitar esta situación de endoso que se
está produciendo por parte del resto de las administraciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra la señora
Fernández Felgueroso.
La señora SECRETARIA DE ESTADO PARA ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Dos puntualizaciones, muy brevemente.
El señor Gil Lázaro se ha referido a la conveniencia de alguna reforma
reglamentaria. Yo no le contradigo en esa apreciación. En este momento,
estamos haciendo un estudio muy puntual de algunas modificaciones
reglamentarias con ocasión de que, precisamente, el Congreso de los
Diputados se pronunció en relación con la necesidad de incluir en el
Reglamento, por ejemplo, la regulación de los llamados FIES --fichero de
internos de especial seguimiento--, regulación que estaba formulada en
circulares. Por tanto, al hilo de esta reforma puntual, que ya había
expresado el Ministro de Justicia en su primera comparecencia ante el
Congreso de los Diputados, y también en aras de la resolución del
Congreso de los Diputados, que le indica esa reforma a Instituciones
Penitenciarias en un plazo de tres o cuatro meses --creo recordar--,
estamos planteándonos, no solamente con un equipo penitenciario sino
también extrapenitenciario, una posible reforma del Reglamento en otros
artículos. Desde luego, esta preocupación que expresa el señor Gil Lázaro
respecto de preceptos reglamentarios en relación con este asunto también
será objeto de estudio pormenorizado para ver si se precisa o no esa
reforma. Por tanto, existe una inicial coincidencia de criterios en que
este aspecto, que desde luego a nosotros nos preocupa, debe ser objeto de
una eventual revisión, si fuera necesario, una vez que se estudie
puntualmente.
En relación con la otra cuestión que a él le preocupa sobre el endoso de
las comunidades autónomas, creo que no es muy riguroso hablar de endoso,
porque lo que hay es un criterio judicial que decide: no hay tanto un
endoso de las comunidades autónomas, sino un criterio judicial, con el
que, lo consideremos acertado o errado, debemos cumplir. Por tanto, no
creo que se pueda decir que existe un endoso, sino, especialmente, un
criterio judicial que hace que estén los que están en el hospital
penitenciario.
--MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LOS INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS NO VUELVAN A REALIZAR TRABAJOS EN LOS DOMICILIOS
PARTICULARES DE LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACION PENITENCIARIA.
FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente
181/000584.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Pasamos a la pregunta sexta
del orden del día, expediente número 181/000584. Medidas para garantizar
que los internos en establecimientos penitenciarios no vuelvan a realizar
trabajos en los domicilios particulares de los cargos directivos de la
administración penitenciaria.
Por cinco minutos, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Hay situaciones que son de endoso «ab initio» o
directo y otras de endoso indirecto o por permanencia indebida. Así como
en el caso anterior
sabía perfectamente lo que estaba diciendo, no sé si en este caso cabe
hablar de endosos directos o indirectos, pero sí es cierto que, en su
comparecencia del pasado 22 de febrero, la señora Secretaria de Estado
manifestó que era su criterio que, para evitar confusiones y malas
interpretaciones, los cargos directivos de instituciones penitenciarias
no debían realizar encargos.
Suponemos que la señora Secretaria de Estado, con ese concepto de
encargos, se refería tanto a la realización de trabajos por parte de
internos en los domicilios de directivos de esta administración, como a
la formulación de pedidos por parte de dichos directivos para la
realización de proyectos concretos destinados a su uso particular o
vivienda y solicitudes a talleres dependientes del organismo autónomo
Trabajos Penitenciarios.
La señora Secretaria de Estado invocaba razones, con las que estamos
absolutamente de acuerdo, de transparencia y claridad para sostener su
opinión; razones que evidentemente, como he dicho, compartimos. Por ello,
y también a la vista de la reiteración con la que venían produciéndose
este tipo de sucesos que motivan la pregunta, no nos basta con que la
señora Secretaria de Estado haya formulado una opinión, sino que queremos
saber de qué forma ha dado cuerpo concreto a esa opinión. Por tanto,
preguntamos qué medidas se han dictado para garantizar que los internos
en establecimientos penitenciarios no vuelvan a realizar trabajos en los
domicilios particulares de los cargos directivos de la administración
penitenciaria o, en su sentido amplio, a la referencia que la propia
Secretaria de Estado hizo en su comparecencia del 22 de febrero.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): También por tiempo de cinco
minutos, tiene la palabra la señora Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Una primera aseveración por mi parte en el sentido de que
creo que nos estamos refiriendo, tanto el señor Gil Lázaro como yo misma,
a los trabajos que pudieran hacer para cargos directivos internos
clasificados en tercer grado. En aquel entonces, yo expresé, como bien ha
recordado hoy el señor Gil Lázaro, que, aunque no había ninguna norma que
prohibiera contratar a personas en tercer grado, que tienen posibilidad
de trabajar sin ninguna otra licencia, mi criterio, en aras de esa
transparencia que él ha repetido hoy, era que no lo hicieran. Igualmente,
aunque una parte importante, significativa o al menos con un cierto peso
en Trabajos Penitenciarios, eran los encargos de los propios funcionarios
de la casa, también expresaba mi criterio de que, para evitar malas
interpretaciones, los cargos directivos no continuasen en esa política de
encargar estos trabajos, aunque no veía la misma connotación en
funcionarios que en cargos directivos.
En desarrollo de esa opinión de transparencia que expresaba en la
comparecencia del mes de febrero, en distintas reuniones que se han
tenido con los directores, tanto con cada uno de ellos como en conjunto,
se ha expresado esa instrucción, que más bien es una recomendación puesto
que nada impide hacerlo, desde la pura perspectiva de lo lícito o
ilícito, de lo correcto o incorrecto. En todo caso, poniéndoles de
manifiesto que esto podría suponer una confusión y que no debiéramos dar
lugar a esa confusión, se ha hecho una recomendación en el sentido que
había puesto de manifiesto ante esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Gil Lázaro, tiene tres
minutos que le restan de la formulación de la pregunta.
El señor GIL LAZARO: No voy a extenderme, señora Secretaria de Estado,
porque le anuncio ya que en el próximo período de sesiones podremos
abordar esta cuestión muy detalladamente, al hilo del planteamiento que
haremos acerca del funcionamiento del organismo autónomo Trabajos
Penitenciarios, pero sabe perfectamente la señora Secretaria de Estado,
incluso me atrevo a decir que creo en la sensibilidad de la Secretaria de
Estado hacia esta situación, que estos conceptos de transparencia y
claridad no se han dado hasta la fecha. Ha habido situaciones
absolutamente escandalosas al hilo de la realización de esos trabajos por
parte de internos en situación de tercer grado penitenciario y al hilo de
encargos a talleres dependientes del organismo autónomo Trabajos
Penitenciarios. Sin embargo, quiero dejar la cuestión aquí porque habrá
ocasión, insisto, en el próximo período de sesiones, tanto desde un
planteamiento general como entrando en casos específicos, de poder
abordar esto con detenimiento.
Lo que sí le señalo a la señora Secretaria de Estado es que cualquier
esfuerzo por mantener un clima --y quiero utilizar la palabra exacta-- de
rigor en este asunto no será baladí y será, todo lo contrario, muy
conveniente para la propia institución penitenciaria. Quisiera que esa
expresión de voluntad que la señora Secretaria de Estado manifestó ante
esta Comisión, que hoy reafirma, y que ha manifestado en reuniones con
los directores de los centros tuviera incluso una constancia escrita
concreta y que, a través del sistema de circulares, tan utilizado por la
Administración Penitenciaria, se dieran unas concretas órdenes para que
no se reprodujeran determinadas situaciones que han venido produciéndose
en los últimos años. Creo que esas situaciones las conoce perfectamente
la señora Secretaria de Estado, entre otras cosas porque le habrá bastado
repasar papeles e informes anteriores. En todo caso, insisto, hablaremos
de ellas en el próximo período de sesiones, cuando hablemos de la
necesidad de remodelar ciertos aspectos o el conjunto del organismo
autónomo Trabajos Penitenciarios y ciertas situaciones que de hecho se
vienen produciendo en el ámbito de esta administración penitenciaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra, para
contestar, la señora Secretaria de Estado, también por tiempo de tres
minutos.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso):
Efectivamente, yo estaré absolutamente dispuesta a formular todas las
aclaraciones que tengan interés para esta Comisión. Yo creo, señor Gil
Lázaro, que no se puede hablar de situaciones escandalosas sin aclarar
una a una. Yo tendré muchísimo interés en aclarar cualquier situación que
haya podido inducir a confusión, pero, desde luego, por la documentación
que yo he tenido ocasión de manejar, no se puede hablar de situaciones
escandalosas; sólo alguna muy puntual ha dado lugar a actuaciones
judiciales. En términos generales, no se puede hablar de actuaciones
escandalosas genéricas respecto a esos dos temas, es decir, contratación
de trabajos al Organismo autónomo por parte de personal directivo y
contratación de terceros grados. Se puede estar de acuerdo o no con el
criterio de si es conveniente o no, pero de hecho, por ejemplo, en las
reuniones de directores no fue fácil hacerles comprender, especialmente
con relación al Organismo autónomo, que esa contratación no se debía
hacer. No lo podían entender porque, desde hace muchísimo tiempo,
consideraban que era una fuente de ingresos para el Organismo autónomo.
Por tanto, si era una fuente de ingresos para el Organismo autónomo y si
la mayor parte de ellos pagaban religiosamente --puede haber morosos a
los que tiene que perseguir el Organismo autónomo--, la explicación de
transparencia ni siquiera fue fácil porque los cargos directivos no
entendían por qué no podían encargar trabajos al Organismo autónomo. Por
tanto, eso se ha hecho. ¿Que usted sugiere que debiera hacerse a través
de circulares? Pues a lo mejor hay que hacerlo a través de circulares. En
todo caso, la constancia de que el criterio de la Secretaría de Estado es
el que, pese a que no hay una maldad intrínseca en ninguna de las dos
cuestiones, no se haga, yo creo que es un criterio que tienen claro las
personas con responsabilidades dentro de la institución.
Como usted dice, tendremos ocasión de tratar de todos estos temas,
probablemente con mayor precisión y puntualidad, pero reitero que no se
puede pluralizar y hablar de situaciones escandalosas porque, desde
luego, yo no las he constatado. En todo caso, habrá podido darse alguna
situación en un momento anterior a mi responsabilidad, pero denunciadas
las que usted conoce. A mí me parece que al hablar de situaciones, en
general, con este tinte negativo, la buena fama de las personas, a las
que yo creo que usted tiene en toda su consideración, podría verse
debilitada ante esa pluralidad que, evidentemente, no existe.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Muchas gracias, señora
Secretaria de Estado.
--EXPLICACION DE LOS HECHOS ACAECIDOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE
ALCALA-MECO EN LOS QUE LOS PRESOS «SKINS» DIERON UNA PALIZA A UN RECLUSO
DE RAZA NEGRA PARA «CONMEMORAR» LA INTENTONA GOLPISTA DEl 23-F. FORMULADA
POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 181/000585.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): A continuación, para formular
la pregunta que figura con el número 7 en el orden del día, sobre
explicación de los hechos acaecidos en el centro penitenciario de
Alcalá-Meco en los que presos «skins» dieron una paliza a un recluso de
raza negra para «conmemorar» la intentona golpista del 23-F, por cinco
minutos, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, según nuestras informaciones, que
además coinciden con otras de carácter público y publicado, un grupo de
«skins» recluidos en Alcalá-Meco dio una paliza, en la víspera del 23 de
febrero, a un interno de raza negra para conmemorar --naturalmente entre
comillas, y entre comillas repugnantes-- la intentona golpista. En este
grupo estaban incluidos tres menores presuntamente implicados en el
asesinato de la súbdita dominicana Lucrecia Pérez. La agresión se produjo
sin que mediara provocación alguna por parte de la víctima ni ningún
género de incidente, es decir, única y exclusivamente con la finalidad de
conmemorar --repito, entre comillas y repugnantes-- esa intentona
golpista. En virtud de ello pedimos que se nos formule una explicación de
los hechos acaecidos en este incidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado, también por tiempo de cinco minutos.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Sus informaciones y las mías no coinciden. Por tanto, desde
el punto de vista de la explicación yo he de decir que realmente el 23 de
febrero de 1994 --y mi información se corresponde con una apertura de
diligencias informativas que hizo la Inspección penitenciaria-- no se
produjo ninguna agresión colectiva con ese encaje de presos «skins» y
conmemoración del 23-F. Desde la explicación de las diligencias abiertas
por la Inspección penitenciaria, los hechos son que a las nueve horas y
treinta minutos del 23 de febrero los funcionarios sorprendieron a dos
reclusos enzarzados en una pelea a empujones y puñetazos, separándolos
inmediatamente, sin que ningún otro interno tuviera participación alguna.
Como es preceptivo, se tomaron las medidas reglamentarias
correspondientes. Parece que uno de estos reclusos era de raza negra.
Probablemente esto y una noticia de prensa, que es la que usted habrá
manejado, que decía: «Skins» presos en Meco propinan una paliza a un
recluso negro para festejar el 23-F, es lo que yo supongo que ha dado
lugar a su pregunta, pero ésa es la explicación. No hay esa previsión de
presos «skins» frente a una persona de raza negra y para conmemorar. Esa
es la explicación que yo le puedo ofrecer y que, desde luego, está basada
precisamente en las actuaciones desarrolladas por la Inspección
penitenciaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Gil Lázaro, tiene la
palabra.
El señor GIL LAZARO: Señora Secretaria de Estado, entonces vamos a
esperar a las conclusiones, que quizá sean un tanto sorprendentes, de esa
información reservada que supongo que estará desarrollando la Inspección
penitenciaria, porque colijo clarísimamente de lo que acaba de decir la
señora Secretaria de Estado una negación de hechos. Es decir, no hubo
--nos dice-- una agresión localizada en el patio de la prisión, no hubo
una actitud digamos chulesca por parte de los agresores señalando que lo
hacían con motivo de la conmemoración de ese hecho que acabo de citar y
no hubo, además, por lo que me dice la señora Secretaria de Estado, una
agresión, no colectiva, sino de cuatro o cinco internos, a esta persona.
Me dice la señora Secretaria de Estado que esa es la información de que
dispone y yo, desde luego, dispongo de otra totalmente distinta y mucho
más ajustada a la información transcrita en su momento. Lo que me
sorprende es que, si la Administración penitenciaria tiene tan claro que
los hechos no se produjeron como nosotros decimos que sucedieron, no
hubiera salido inmediatamente a matizar las informaciones publicadas. En
todo caso, a nosotros nos da la sensación, por las informaciones de que
disponemos, de que ese incidente sí que se produjo en los términos en los
que nosotros hemos señalado y que se produjo, entre otras cuestiones, por
algo que venimos señalando desde hace tiempo: la falta del cumplimiento
debido de las RPT en materia de servicios de interior, es decir, por la
falta de una debida dotación del servicio de interior en el patio en el
momento en que se produjo la agresión. Por tanto, las preguntas a
contestar serían: ¿Qué números de funcionarios prestaban servicio en ese
patio (nuestra información es que la agresión se produjo en el patio; la
señora Secretaria de Estado dice que no) en el momento de producirse la
agresión, cuántos en realidad debían estar prestando dicho servicio en
función de la RTP del centro y del número de internos a custodiar, y cuál
era el total de funcionarios, de los que estaban prestando servicio, que
se hallaban en situación de práctica y que, por tanto y por definición,
pueden carecer de la lógica experiencia para prevenir y evitar un suceso
de esta índole?
En todo caso, veo que hay una discordancia entre el relato de hechos que
hace S. S. y el que yo hago. Supongo que en las próximas semanas vamos a
tener oportunidad de conocer las conclusiones definitivas de esa
información reservada y, por tanto, podremos saber exactamente qué ha
ocurrido. En todo caso, a nosotros nos parece que lo que ha ocurrido es
un hecho muy lamentable que denota también, por la repetición --en la
última ocasión que tuvimos S. S. y yo de vernos en esta Comisión hice un
relato de algunos de los incidentes acaecidos recientemente, en las
últimas semanas, en centros penitenciarios españoles--, la situación de
inseguridad que se vive en el interior de las prisiones, o de grupos de
hecho y de fuerza que pueden tratar de estar imponiendo su propia ley al
resto del colectivo de reclusos...
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Concluya, señor Gil Lázaro,
por favor.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente. Esto es urgente
remediarlo y esto se remedia entre otras cuestiones, señora Secretaria de
Estado, tomando algo de lo que ya hablamos en la comparecencia anterior,
es decir, acomodando de manera definitiva las RPT de los centros a las
necesidades reales de los mismos.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Quiero puntualizar que esa información reservada se terminó
en breves días. Es decir, es una información definitiva de la Inspección
General Penitenciaria la que dice que lo que sucedió fue lo que antes
tuve ocasión de relatar, una agresión, pelea o reyerta entre dos internos
y la separación inmediata por parte de los funcionarios. Ello quiere
decir que no se daba ninguna situación, como parece preguntarse S. S., de
insuficiencia de servicios.
Sabe perfectamente el señor Gil Lázaro, que conoce las prisiones y su
medio, que aunque esté absolutamente completo la RPT con suficientes
funcionarios, el que de repente se produzca una agresión entre dos
internos que están en el patio, que empiecen a pelearse y a darse
empujones y puñetazos, es absolutamente imprevisible. No hay ninguna
posibilidad de evitarlo, aunque estén los centros totalmente cubiertos y
que haya una excelente relación entre funcionario y recluso, lo que de
ninguna manera se produce. Lo que hay que tener es el dispositivo
suficiente y necesario --y esto fue lo que sucedió en la fecha en que
hace la pregunta-- para que si se produce esa mutua agresión o pelea
inmediatamente puedan ser separados los reclusos por los funcionarios que
los tienen a su cargo. Esto es lo que sucedió exactamente en esa fecha.
Por tanto, se trata de información a diligencias abiertas y terminadas
con el esclarecimiento que le he dicho y con las sanciones
correspondientes a los internos que participaron en esa mutua agresión.
--PREVISIONES DE LA ADMINISTRACION PENITENCIARIA RESPECTO DE LA CREACION
DE PLAZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA DEL
SERVICIO MILITAR. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000586.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): A continuación pasamos a la
pregunta número 8 del orden del día: Previsiones de la Administración
penitenciaria respecto de la creación de plazas para el cumplimiento de
la prestación social sustitutoria del servicio militar. Tiene la palabra
el señor Gil Lázaro por cinco minutos.
El señor GIL LAZARO: En mayo de 1993, la Secretaría de Estado estuvo
manejando un anteproyecto de
creación de plazas para jóvenes en cumplimiento de la prestación social
sustitutoria dentro del ámbito de la Administración penitenciaria y,
fundamentalmente, en tareas de apoyo a los equipos de observación y
tratamiento. No sabemos en este momento en qué situación se encuentra ese
anteproyecto, pero sí tenemos constancia de que en una reciente
comparecencia, ante esta comisión, del Director General de la Oficina de
la Prestación Social Sustitutoria afirmó a preguntas mías que,
efectivamente, estaban en conversaciones con la Administración
penitenciaria para poder establecer una oferta de creación de plazas en
este ámbito penitenciario a efectos de descolapsar la situación que se
está produciendo, en conjunto, respecto a la disponibilidad general de
plazas para el cumplimiento de la prestación social sustitutoria. En su
virtud nosotros quisiéramos que se nos informara acerca de las
previsiones de la Administración penitenciaria respecto de esa hipotética
o posible creación de plazas para el cumplimiento de la prestación social
sustitutoria del servicio militar en el ámbito directo o indirecto de
esta Administración.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): La señora Secretaria de Estado
tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): En este momento hay un colectivo de 233 objetores de
conciencia en centros penitenciarios. Como anunció el Director General de
Objeción de Conciencia, se ha elaborado un informe en el que se han
descrito los perfiles y cometidos posibles y más convenientes, lo que
supone el ofrecimiento para el cumplimiento de la prestación social
sustitutoria de unas 1.200 plazas. El estudio con los perfiles ya se ha
terminado y se ha remitido a la Dirección General de Objeción de
Conciencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Simplemente quiero decirle a la señora Secretaria de
Estado que desearíamos poder conocer los términos de ese informe. Nos
imaginamos que por pura razón de sentido común en ese informe se hará la
previsión correspondiente de la naturaleza de estas plazas, siempre desde
un carácter de apoyo indirecto a los profesionales de la Administración
penitenciaria. Es obvio decir que el mundo interior de los centros
penitenciarios es un mundo muy especial, que requiere por tanto de unas
condiciones técnicas y de formación muy singulares, y que pudiendo ser
útil el que se oferte a las personas que esgriman esta objeción la
posibilidad de que cumplan su tarea de contribución social en este ámbito
muy humano de la Administración del Estado, sin embargo, podría ser
inconveniente si se prevé que ese trabajo se pudiera realizar en el
interior de las prisiones. Yo creo que en ámbitos como el de las
comisiones de asistencia social o en tareas de apoyo indirecto al mundo
penitenciario podría haber una satisfacción en cuanto al cumplimiento de
la prestación social sustitutoria, pero que si se implicara directamente
en la vida interior de los centros quizá podrían surgir problemas que
nadie desea. En todo caso confiamos conocer y recibir ese informe.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Siempre con esa especialidad de apoyo con los criterios que
ha mantenido es como se ha elaborado este informe que tendré mucho gusto
en remitir a esta Comisión. Compartiendo que los criterios son de apoyo y
la singularidad de esa función en el ámbito penitenciario, no comparto
tanto esa línea divisoria que hace el señor Diputado de que no puedan
hacerlo en el interior de las prisiones, siempre en esa condición de
apoyo, repito. De hecho, objetores incorporados a través de Cruz Roja han
hecho esta labor social dentro de algunas prisiones sin ningún problema y
con toda clase de valoraciones positivas por parte de la institución
penitenciaria y de la propia Cruz Roja.
Reitero que comparto que el criterio en todo caso, por esa especialidad
de los centros penitenciarios, es en labores de apoyo y muy
cuidadosamente seleccionadas. Este es el criterio que se ha tenido en
cuenta y no tanto el que algunos de ellos puedan hacer esas labores de
apoyo dentro de los centros penitenciarios, como de hecho se hace. Yo he
tenido ocasión de decir en esta Comisión que Instituciones Penitenciarias
colabora con cerca de 160 organizaciones no gubernamentales en los más
diversos campos, con todo el apoyo posible. Y a pesar de esa
sensibilidad, entre comillas, de los asuntos penitenciarios, esa labor de
colaboración que realiza un número muy importante de voluntarios, que son
los que se incardinan o trabajan para estas organizaciones no
gubernamentales, se produce, en general, a plena satisfacción. En este
momento es un apoyo muy importante y también es una conexión de la
sociedad con Instituciones Penitenciarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Quedamos a la espera de la
remisión del informe que ha prometido.
--MEDIDAS PARA LA AMPLIACION DEL NUMERO ACTUAL DE PLAZAS DE TRABAJO
REMUNERADO PARA INTERNOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS. FORMULADA POR EL
SEÑOR GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000587.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para formular la pregunta
número 9: Medidas para la ampliación del número actual de plazas de
trabajo remunerado para internos en centros penitenciarios, tiene la
palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: En todo caso, quiero señalar que cuando hablamos de
interior de las prisiones nos
estamos refiriendo a un límite conceptual que no físico, como es obvio.
El concepto de trabajo como derecho o deber del interno que prevé nuestra
legislación penitenciaria y la acepción que en ella se hace de la
posibilidad de que el interno pueda realizar en prisión una actividad
laboral que le permita obtener ingresos son, hoy por hoy, uno de los
aspectos en los que de manera más notoria quiebra nuestro sistema
penitenciario. No es ésta una afirmación que se haga desde la óptica
caprichosa de un grupo parlamentario en la oposición, sino que es una
afirmación que recogemos incluso de criterios compartidos por fuentes
oficiales. Se estima que sólo alrededor de un 3,5 por ciento de la
población reclusa dispone de una ocupación en prisión que le reporte un
salario.
En su comparecencia del pasado 22 de febrero, la señora Secretaria de
Estado reconocía que era una carencia que no se alcanzasen mayores cotas
de incorporación de los reclusos al trabajo productivo porque ésta era la
única fórmula --decía-- para que el interno no sólo redimiera la pena
sino también dispusiera de una aportación económica para sí o para su
familia. El problema es que la señora Secretaria de Estado parecía unir
la búsqueda de ese incremento en la oferta de trabajo productivo con una
potenciación del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios, lo cual
parece querer persistir en el error actual, habida cuenta del pobre
balance que ofrece este organismo y de las muchas situaciones de escasa
transparencia que se vienen y se han venido produciendo a su cobijo y en
muy diversos órdenes y de las que, como ya he dicho en otro momento de
esta comparecencia, hablaremos muy puntual y detenidamente en el próximo
período de sesiones. Sobre esta carencia real de oferta media, además, la
picaresca y la falta de racionalidad en la actual organización del
trabajo en los centros. Los internos realizan una jornada laboral media
de tan sólo cuatro horas de ocupación real, lo que supone que el salario
que perciben, cobrado por horas, no sobrepase las 35.000 pesetas como
valor medio; insistimos en que como valor medio. Si a eso se añade que la
red de talleres es mínima y que un número importante de internos no se
sienten incentivados para trabajar, ya que unos continúan cobrando el
subsidio de desempleo y otros perciben ayudas de las comisiones de
asistencia social, y que por una y otra vía sus ingresos son más altos
que si estuvieran desempeñando un puesto de trabajo en el interior de las
prisiones, resulta que el horizonte demanda medidas y cambios urgentes.
Desde estas consideraciones nosotros preguntamos a la señora Secretaria:
¿Qué medidas concretas se van a adoptar, con ese carácter detallado y
urgente, para la ampliación del número actual de plazas de trabajo
remunerado para internos en los centros penitenciarios, entendiendo que
ese derecho de dar, que la Ley Orgánica General Penitenciaria y el propio
Reglamento establecen en cuanto al concepto trabajo en el interior de los
establecimientos, es básico, entre otras cosas, para la propia
estabilidad del sistema penitenciario y para incentivar el fin último del
sistema de ejecución de las penas privativas de libertad, que no puede
ser otro que la reeducación y la plena resocialización de los internos?
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Por el mismo tiempo y para
contestar a la pregunta, tiene cinco minutos la señora Secretaria de
Estado de Asuntos Penitenciarios.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Ciertamente, uno de los objetivos prioritarios de la
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios en esta legislatura es la
potenciación de los talleres penitenciarios y, en consecuencia, la mejor
orientación o la intensidad en la orientación o la intensidad en la
orientación en el organismo autónomo Trabajos Penitenciarios, en un doble
sentido, no solamente el relativo a trabajos remunerados o a unidades
productivas, que es un objetivo importante, sino también a la mejor
utilización o a la utilización más complementaria de estos talleres en la
formación de los reclusos; formación inexcusable si se quiere que cuando
vuelvan a la vida en libertad puedan disponer de un trabajo en una
sociedad tan compleja y con las dificultades, por todos ustedes
conocidas, en cuanto a la consecución de un puesto de trabajo. Por tanto,
ese es un objetivo, una prioridad que he tenido ocasión de expresar y que
la reiteraré cada vez que comparezca ante esta Comisión.
Creo que dije también en aquella ocasión que un elemento muy importante
para esta mayor consecución de disponibilidades de trabajo productivo o
de posibilidades de formación para los reclusos es la construcción de los
nuevos centros penitenciarios y, en ellos, las naves industriales, porque
en cada uno de ellos hay una previsión de cuatro naves industriales de
ochocientos metros cuadrados de superficie productiva. A lo largo de 1994
se han incrementado en 350 los puestos productivos acreditados por los
talleres penitenciarios y, en especial, se han incrementado en el resto
de los talleres también las posibilidades de funcionamiento con la
contratación, por importe de mil millones de pesetas de dotaciones, por
ejemplo, de mobiliario para los nuevos centros penitenciarios. Por tanto,
este es el esfuerzo que se ha hecho para este año, 350 puestos de trabajo
más en las nuevas instalaciones, más la intensificación de los trabajos
por importe de esos mil millones. La contratación se acaba de hacer y su
desarrollo habrá que valorarlo. Al final de 1994 podré decir a S. S. en
qué número de horas pudieron redundar estos mil millones de pesetas de
contratación y la cuantía de las percepciones que con ocasión de este
contrato han obtenido los reclusos que están trabajando en estas unidades
productivas de los centros penitenciarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra, por un
tiempo de dos minutos, el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muy brevemente, señora Secretaria de Estado, y en un
tono absolutamente constructivo, coincidirá S. S. conmigo en que
presentar una nueva
ampliación de plazas de oferta de trabajo, 350, sobre un total de 46.000
reclusos parece un logro siquiera mínimo. Seguimos echando en falta que
esa declaración política de S. S. se concrete en un plan cierto y en un
plan singularizado de cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, en qué
calendario se va a hacer y en base, además, a qué orientación general. Y
nos preocupa que la orientación general que viene dando S. S. sea la de
reincidir sobre el papel, como hemos dicho anteriormente, de un organismo
que está absolutamente finiquitado en su valor funcional, como es el
organismo autónomo Trabajos Penitenciarios. Y no le digo ya si entramos,
además --que entraremos en el próximo período de sesiones-- en la
conexión de éste con la SIEP. En todo caso, lo que no nos ha dicho S. S.
es que incluso ustedes son conscientes de la necesidad de remodelar la
situación misma de este organismo para poder entrar en una mayor
capacidad de creación de puestos de trabajo, y ustedes mismos están
pensando en este momento en incluir ese organismo dentro del ámbito de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiendo de la
Subdirección General de Asistencia Social, entre otros extremos.
Quisiera que estas informaciones, que S. S. debería suponer que yo las
sé, nos las plasmara oficialmente en esta Comisión porque, desde luego,
sería mucho más útil para todos. En todo caso, le quiero señalar que el
detallado informe que acaba de entrar en esta Cámara del Defensor del
Pueblo, correspondiente al ejercicio de 1993, vuelve a hacer una especial
mención sobre lo que otros decían que ahora incorpora también el Defensor
del Pueblo como conclusión propia. Es decir, que la ociosidad y la mala
organización del tiempo y de las capacidades productivas siguen siendo el
eje del transcurso del tiempo de la vida en prisión y que, por tanto,
sobre eso convendrá actuar de manera definitiva, para lo que, señora
Secretaria de Estado, es imprescindible un plan de actuación concreto y
no volver a intentar jugar con pequeñas modificaciones sobre presupuestos
fundamentales que ya están finiquitados, que están fracasados y que han
sido insuficientes, como es la política desarrollada desde el organismo
autónomo Trabajos Penitenciarios.
Vamos a esperar al final de 1994 para hacer la evaluación que requiere S.
S. En todo caso, si en los próximos meses observamos que por parte de la
Administración penitenciaria no se pone en marcha ese plan concreto
tendente a obviar uno de los problemas principales que tiene planteado
nuestro sistema penitenciario, tendremos que, de alguna forma, ser
nosotros quienes planteemos ante esta Comisión las iniciativas
correspondientes.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Por el mismo tiempo, para
dúplica, tiene la palabra la señora Fernández Felgueroso.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Gil Lázaro, el incremento de puestos de trabajo, de
plazas en el organismo autónomo Trabajos Penitenciarios o en los talleres
productivos --como quiera llamarlo-- puede parecer poco o mucho, no
obstante significa más de un diez por ciento sobre las 3.242 personas que
desarrollaron trabajos productivos en el organismo autónomo Trabajos
Penitenciarios a lo largo de 1993. Como perfectamente sabe el señor Gil
Lázaro, el cómputo no hay que hacerlo sobre 42.000 reclusos, puesto que
es bastante difícil que personas que como preventivos pasan un corto
período de tiempo en prisión puedan incorporarse a esa estadística. Creo
que la media hay que hacerla sobre los penados y, por tanto, la relación
es distinta.
No he dicho que me satisfaga, digo que es un avance. En todo caso,
personalmente soy bastante más ambiciosa que ese avance que hemos hecho
en el año 1994 y esa es la razón de que hayamos llegado a ese convenio
con SIEP, que espero pueda dar unas cifras más satisfactorias.
En relación con esa modificación que nos proponemos hacer en el organismo
autónomo Trabajos Penitenciarios, no es que yo haya querido hurtar
ninguna información a S. S. --conozco que está bien informado de
cualquier cuestión que afecta al ámbito penitenciario-- sino que no me
parece procedente. Simplemente he hablado de una reorientación del
organismo, pero creo que lo procedente es presentarlo cuando esa
orientación haya recibido la aprobación administrativa correspondiente.
En ese caso, me ofrezco a comparecer para informar ampliamente de cuáles
son los propósitos en esa reordenación, qué es lo que se piensa conseguir
y cuáles son los objetivos por los que se prevé hacer esa reorientación
del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios. Tendré mucho gusto en
comentarle los detalles cuando esta reorientación tenga la aprobación
administrativa correspondiente.
--EXPLICACION DE LA CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA DEL SUMINISTRO
DE MATERIALES DE CERAMICA DESTINADOS A LA CARCEL DE PICASSENT (VALENCIA),
CON LA EMPRESA «MAINTEGAS, S. A.», ASI COMO DE LA INSTALACION DE ESTOS
MATERIALES POR UNA EMPRESA TERCERA, INCUMPLIENDO LAS NORMAS DE LIMITACION
EN LA CESION DE CONTRATOS DE SUMINISTROS. FORMULADA POR LA SEÑORA AGUILAR
RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 181/000630.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Como saben SS. SS., ha quedado
pospuesta para otra sesión la pregunta que figuraba con el número 10 en
el orden del día, de doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
--MOTIVOS POR LOS QUE SE HA SUSTITUIDO A LOS MAXIMOS RESPONSABLES DE LA
ADMINISTRACION PENITENCIARIA. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000651.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): A continuación pasamos a la
pregunta número 11: Motivos por los que se ha sustituido a los máximos
responsables de la Administración penitenciaria. La pregunta ha sido
formulada por el señor Gil Lázaro, que tiene la palabra por cinco
minutos.
El señor GIL LAZARO: Con ocasión de la sesión celebrada el pasado 22 de
febrero instamos a la señora Secretaria de Estado a que se decidiera, con
urgencia, a configurar un equipo directivo propio en el que no se dieran
las situaciones internas de enfrentamiento entre la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Administración
Penitenciaria que habían caracterizado el último tramo de la etapa del
señor Asunción, con los consiguientes y graves efectos negativos que todo
ello había reportado al conjunto de las responsabilidades de organización
y ejecución que dependen de esa Secretaría de Estado. Por más que
sistemáticamente se nos negara que estos enfrentamientos se habían
producido, eran absolutamente vox populi. Sin embargo, en esa misma
comparecencia, la señora Secretaria de Estado afirmó que su intención
básica era realizar una política de continuidad respecto a lo hecho hasta
el momento de su nombramiento, de manera que, a pesar de nuestra
solicitud, cabía suponer que era coherente con la actitud de la señora
Secretaria de Estado proceder a la ratificación de los citados directores
generales como exponentes de un trabajo cuya inspiración y desarrollo la
nueva titular de la Secretaría de Estado afirmaba querer mantener. No
obstante todo eso y apenas 48 horas después de aquella comparecencia y de
nuestra solicitud, la señora Secretaria de Estado procedió a cesar a
ambos directores generales y hasta la fecha no se ha explicado de una
manera oficial el motivo de ambos ceses. Por eso nosotros preguntamos
cuáles son los motivos por los que se ha sustituido a los máximos
responsables de la Administración penitenciaria, entendiendo que nos
estamos refiriendo al anterior Director General de Administración
Penitenciaria y al anterior Director General de Instituciones
Penitenciarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra, para
contestar, la señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Como puede suponer, no hay ninguna relación causa-efecto en
la sustitución de los dos directores generales a las 48 horas de haber
sido interrogada sobre el asunto en esta Comisión; no hay ninguna
relación causa-efecto. La contestación es muy simple y seguramente la
conoce el señor Diputado, ya que, además, está implícita en su propio
razonamiento: la voluntad, el deseo de configurar un equipo propio. Hay
que distinguir entre el hecho de que haya una política de continuidad en
los objetivos --que la hay, puesto que es la política del Gobierno
socialista-- y quién debe llevar a cabo esa política en los niveles de
responsabilidad del equipo directivo. Evidentemente, cada gestor que
llega a un área de responsabilidad puede tener el deseo de configurar su
equipo propio. A esto se suma el hecho de que uno de los directores
generales me había puesto de manifiesto, cuando llegué a la
responsabilidad de Asuntos Penitenciarios, su deseo de dejar el puesto.
Por tanto, existía el deseo de uno de los dos directores de dejar esa
responsabilidad y existía también el deseo, creo que absolutamente
legítimo, de quien les habla de constituir un equipo propio que diera un
nuevo impulso al programa que, siendo el mismo, cada uno implementa con
las matizaciones o prioridades que considera oportuno.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra, para
réplica, el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señora Secretaria de Estado, como comprenderá muy
bien S. S., no podíamos nosotros ser tan pretenciosos como para
considerar que la decisión de S. S. casaba con la solicitud que nosotros
habíamos formulado, pero lo cierto es lo cierto, y lo cierto es que en
esa sesión del 22 de febrero nosotros le hicimos mención de la necesidad
explícita de proceder a esas sustituciones y que del tenor de la
intervención de S. S. --lo verá si la estudia detenidamente-- se observa
un clarísimo matiz no anunciado de continuidad de ambos directores
generales en el ejercicio de sus responsabilidades. Sin embargo, apenas
48 horas después se produce el cese de ambos, mediando 24 horas antes la
contestación a una pregunta parlamentaria formulada por el señor Arqueros
y por mí mismo en relación a posibles situaciones de contratación o de
suministro de las que ya hemos hablado en una anterior pregunta. En todo
caso, lo que quiero señalarle, señora Secretaria de Estado, es que no
podemos entender --no se nos han dado razones claras y suficientes-- por
qué desde su punto de vista, que no era el nuestro, se produjo en 48
horas un cambio tan llamativo como el de pasar de afirmar una política de
continuidad, de cuyas palabras se desprendía además el mantenimiento del
actual equipo, a proceder a una remodelación absoluta del mismo. Nosotros
lo celebramos, porque ya le dijimos que considerábamos que esa
remodelación se debía producir, entre otras cosas por una situación
lastrada de enfrentamiento entre ambas direcciones generales que se venía
produciendo desde hacía tiempo y que originaba una situación un tanto
peculiar en el ámbito de esta Administración penitenciaria y una
paralización de la propia administración en su conjunto, como usted pudo
observar --otra cosa es que lo diga-- en los primeros meses de ejercicio
de su nuevo mandato.
En todo caso, señora Secretaria de Estado, nosotros celebraríamos que en
lo sucesivo, si se producen decisiones tan llamativas como éstas, haga
uso de los mecanismos que le permite el Reglamento de la Cámara para
explicarnos cambios tan importantes y fulminantes en un equipo tan
singular y tan importante como es el equipo rector de la
Administración penitenciaria, porque lo cierto es que han tenido que
transcurrir casi cuatro meses para que en esta Cámara podamos hablar de
los motivos por los que fue cesado el anterior Director General de
Administración Penitenciaria y el anterior Director General de
Instituciones Penitenciarias. Por cierto, que es verdad que el anterior
Director General de Administración Penitenciaria estaba a punto de
abandonar sus responsabilidades en el ámbito de esta Administración
penitenciaria para sumarse al nuevo equipo que en ese momento configuraba
el recién nombrado Ministro del Interior, pero sorprendentemente se
produjo su cese en el ámbito de la Administración penitenciaria y no fue
incorporado al nuevo equipo del Ministro del Interior. Quisiera que, en
lo sucesivo, cuando se produzcan decisiones como la renovación de ese
equipo, que nosotros aplaudimos y compartimos en base a la gestión y al
balance que ofrecía el equipo anterior, tenga a bien dar una explicación
oficial al Parlamento sobre las razones básicas del mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado para responder, por un minuto.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Sólo quiero reiterar la explicación que le he dado
inicialmente. No comparto los juicios de valor que ha expresado el señor
Diputado y, en definitiva, quiero manifestar, en relación con ese plazo
perentorio de 48 horas, que yo estoy segura de que, con la información de
primera mano y siempre actualizada que tiene el señor Gil Lázaro de
Asuntos Penitenciarios, también tenía la información de que con bastante
anterioridad a la comparecencia, y por tanto a ese plazo de 48 horas, la
Secretaria de Estado tuvo diversas entrevistas con posibles candidatos a
ese nuevo equipo que quería configurar. Estoy complemente segura de que
usted conoce que había tenido esas entrevistas, pero no parece correcto,
hasta que alguien no es nombrado, informar sobre el asunto. Estoy
completamente segura de que no interpreta ese plazo como ha dicho aquí,
porque, repito, seguro que conocía mis diversas entrevistas con posibles
candidatos.
--RAZONES POR LAS QUE UN INTERNO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PICASSENT
(VALENCIA) PERMANECIO DURANTE CUATRO HORAS EN UN FURGON POLICIAL SIN
PODER ASISTIR AL ENTIERRO DE SU HIJO. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000747.)
--MEDIDAS A ADOPTAR PARA RACIONALIZAR EL SISTEMA DE CONDUCCION Y TRASLADO
DE PRESOS Y DETENIDOS. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000788.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): A continuación pasamos a la
pregunta duodécima del orden del día, a la que se acumula la pregunta
número 14, sobre las razones por las que un interno del centro
penitenciario de Picassent (Valencia) permaneció durante cuatro horas en
un furgón policial sin poder asistir al entierro de su hijo. El señor Gil
Lázaro tiene cinco minutos para formular las preguntas.
El señor GIL LAZARO: Efectivamente, acumulamos la formulación de las
preguntas 12 y 14 puesto que, desde lo general y desde lo particular,
guardan una evidente y tristísima conexión de sentido.
Sabe perfectamente la señora Secretaria de Estado que en estos momentos y
desde hace ya muchos años gozamos, entre comillas, de un sistema
inaceptable, tanto en lo que concierne al diseño de los itinerarios como
a las condiciones de los vehículos utilizados y al estado general que
presenta la mayoría de los denominados departamentos de tránsito, todo
ello en lo que afecta a los sistemas de conducción y de traslado de
presos y detenidos. Sobre esta cuestión, el Defensor del Pueblo --amén de
las organizaciones sindicales del sector-- viene insistiendo desde hace
tiempo, habiendo formulado la Administración, años atrás, una serie de
promesas en relación con recomendaciones del propio informe anual del
Defensor del Pueblo, promesas que, esencialmente, no se han cumplido. No
es de recibo --por sintetizar-- el periplo kilométrico de estas
conducciones ni el penoso estado en que las mismas se efectúan por las
condiciones de muchos de los vehículos que se utilizan, ni mucho menos el
que se puedan producir extremos evidentemente singularizados, pero no por
ello menos graves, como la violación de una interna en el propio vehículo
de conducción --efecto que viene recogido en un informe anual del
Defensor del Pueblo de hace unos años--, las fugas que se han producido
en estos itinerarios de conducción desde estos vehículos, o los errores
de identidad en el traslado de alguno de los presos que no se corresponde
con el requerido, como el producido muy recientemente, como conoce S. S.,
y que ha sido muy notable puesto que ha afectado a uno de los presos
considerados como máximo especialista en fugas dentro de la población
reclusa española. Que la inversión a realizar es importante ya lo
sabemos, pero eso no obsta para que, en una adecuada priorización de
gastos, se haga. Cada vehículo autobús tiene un precio aproximado de 89
millones de pesetas y nos gustaría saber cuántos se van a adquirir por
parte del Ministerio. Hasta la fecha se podía mantener la dicotomía entre
la inversión o el deseo del Ministerio de Justicia-Administración
Penitenciaria y las posibilidades de inversión o de priorización del
gasto del Ministerio del Interior, pero, a partir de la fusión de ambos
ministerios y de cara al ejercicio presupuestario del año 1995, es
evidente que esta dicotomía ya no se puede plantear puesto que las
necesidades son comunes y el presupuesto es igualmente común. Nos
gustaría saber también qué criterios, ya no sólo presupuestarios, se van
a adoptar para racionalizar el trazado de los itinerarios, así como
también qué planes existen en relación con el acondicionamiento,
absolutamente necesario en algunos de ellos, de esos denominados
departamentos de tránsito. Sabemos que está en período de elaboración un
protocolo, junto con la Guardia Civil, para la remodelación de todos
estos aspectos, pero insistimos en que, en este momento, ambas
administraciones (la de Interior y la Penitenciaria) están insertas en
una misma estructura ministerial y, habida cuenta de esta situación que
se viene produciendo con carácter penoso desde hace muchos años, nos
parece imprescindible que todo ello tenga un reflejo en el ejercicio
presupuestario de 1995.
Desde esta consideración general pasamos a una dolorosísima consideración
particular. El pasado 9 de marzo falleció un niño de dos años, hijo único
de un recluso del centro penitenciario de Picassent que fue autorizado
por la dirección del mismo para asistir al sepelio --días antes había
sido autorizado también para visitar al niño enfermo-- y que fue
trasladado al hospital general, permaneciendo durante cuatro horas en el
interior del furgón, siendo reintegrado más tarde al centro penitenciario
porque no había guardia civil para su custodia. Ante esta situación, la
madre decidió aplazar 24 horas la incineración de los restos de su hijo
para que pudiera estar presente su esposo. En esa ocasión, y aduciendo
nuevamente falta de fuerzas para la custodia, ni siquiera el recluso
llegó a ser autorizado a salir de la prisión, por lo que la madre del
niño ha presentado una denuncia en el juzgado contra la Dirección del
centro penitenciario de Picassent. Por todo ello, desde esa consideración
general y desde la expresión de un caso tan dolorosamente particular como
éste, que yo creo que nos debería avergonzar a todos por su carácter
inhumano y porque hechos de esta naturaleza no pueden volver a repetirse,
nosotros preguntamos qué medidas se van a adoptar para racionalizar con
urgencia el sistema de conducción y traslado de presos y detenidos, así
como las razones por las que un interno del centro penitenciario de
Picassent (Valencia) permaneció durante cuatro horas en un furgón
policial sin poder asistir al entierro de su hijo, digámoslo así, en
primera instancia, y al día siguiente sin poder siquiera salir del centro
penitenciario. No se nos diga que no había fuerzas de la Guardia Civil
suficientes para la custodia porque esa razón ya la conocemos. Lo que
queremos saber es la razón por la que, ante un hecho de la carga humana
del relatado, no hubo una movilización general de esfuerzos para poder
suplir adecuadamente la inicial falta de fuerzas de custodia.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Iniciando mi contestación por lo que el señor Diputado
califica como doloroso incidente y que, evidentemente, tal y como él lo
describe, yo también lo calificaría en esos términos, lo cierto es que si
el señor Gil Lázaro no me aclara de qué persona se trata, no puedo darle
una contestación al respecto. De la información recabada por mí en
relación con los permisos extraordinarios del artículo 47.1 en Valencia,
durante el año 1994, no hay ninguna solicitud para la asistencia al
entierro de un hijo. Las solicitudes de permiso fueron las siguientes:
para la visita de un recluso a su madre ingresada en un hospital, para la
visita de un recluso a su padre también internado en un hospital, por el
fallecimiento de un hermano, para la visita de un recluso a su padre
internado en un hospital, por el fallecimiento de un hermano, y el último
también por el fallecimiento de un hermano. Entre estos seis supuestos
que tengo aquí relacionados con los nombres de los internos, no hay
ninguno que se refiera a la asistencia de un interno al entierro de su
hijo. Si ese hecho se ha producido, tendría que remitirle la contestación
por escrito, o con ocasión de otra comparecencia proceder a su
aclaración. Si el señor Diputado me facilita el nombre, le podría decir
si está entre estos seis internos relacionados que pidieron permiso
extraordinario por circunstancias familiares también extraordinarias, o
lo dejamos para la segunda parte de la pregunta, si es que puede
facilitarme ese dato.
En relación con la pregunta acumulada sobre medidas a adoptar para
mejorar el sistema de conducción, he de decirle lo siguiente. Yo no sé si
se puede hablar de un sistema irracional, de lo que sí se puede hablar es
de un sistema perfectible; en ese sentido es en el que se ha trabajado.
Por una parte, se han sistematizado los sistemas aéreos, y por otra, se
ha modificado el sistema de traslados de mujeres con hijos, que antes
también se hacía a través de los furgones, pero considerando que no hay
ninguna peligrosidad, en estos momentos se hace en vehículos normalizados
con la custodia policial de seguimiento. En esa racionalización de todo
el sistema y de las distintas líneas se ha logrado reducir el tiempo de
traslado de una media de 15 días a cuatro días. La contestación que puedo
darle se sintetiza en ese esfuerzo de racionalización en las distintas
conducciones.
El señor Diputado me pregunta por el número de vehículos que vamos a
adquirir o mejorar y yo necesariamente tengo que decirle que, a pesar de
que creo que suelo traer el mayor número posible de datos --a la vista
está la documentación que me acompaña en cada comparecencia--, esa
petición de información puntual y adicional no puedo dársela en términos
generales, sino que necesariamente tengo que decirle que se lo trasladaré
por escrito puesto que no dispongo del dato exacto sobre los vehículos
que vamos a adquirir, y aunque creo que un porcentaje importante del
parque de vehículos está en buenas condiciones, ello no quiere decir que
no haya una renovación constante del mismo en el hoy Ministerio de
Justicia e Interior. Es un dato del que no dispongo, pero creo que
contesto directamente a su interés en cuanto a la racionalización de los
traslados de un centro penitenciario a otro, e igualmente de los
traslados de centro penitenciario a las audiencias y a los juzgados.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor Gil
Lázaro, por un tiempo de dos minutos, para puntualizar.
El señor GIL LAZARO: Seré breve, señor Presidente.
En primer lugar, señora Secretaria de Estado, con toda cordialidad, pero
al mismo tiempo con toda firmeza, he de decirle que no entiendo que en
relación con el caso concreto de Picassent me pueda dar S. S. la
respuesta que me ha dado. Y eso me insta a pedirle que averigüe por qué
no tiene esa información, cuando esa información consta en el juzgado de
guardia y consta, desde luego, porque es pública, por el relato que la
madre del niño, esposa del recluso, ha realizado a todos los medios de
comunicación. Pero es que, además, la Dirección del centro autorizó al
recluso, en días sucesivos anteriores al fallecimiento del niño, a que se
trasladara al centro en donde estaba hospitalizado su hijo para la
realización de la correspondiente visita. Que a estas alturas se me diga,
como toda contestación, que no consta que se haya solicitado ningún
permiso para la salida al sepelio de un hijo de un interno del centro
penitenciario de Picassent, lo único que me hace pensar es que alguien,
en toda esa cadena de comunicación en el centro penitenciario de
Picassent, ha fallado y muy gravemente, porque los hechos están ahí y son
absolutamente incontrovertibles. Yo públicamente no le voy a dar el
nombre, por respeto a la intimidad de esta persona. No tengo ningún
inconveniente en trasladárselo privadamente, pero, desde luego, sobre
este hecho, habida cuenta de la contestación que acaba de darme, vamos a
exigir una explicación de la Secretaría de Estado mucho más completa,
porque cuando se produce un hecho tan dramáticamente notorio como éste no
se me puede decir que a efectos administrativos este hecho no existe.
En segundo lugar, en cuanto a la cuestión general tengo que decirle,
señora Secretaria de Estado, que la reducción de quince días, como
término medio, a cuatro está muy bien, pero sigue siendo muy deficiente
el trazado de esos itinerarios y lo que podríamos denominar la
infraestructura general de los mismos. Sigue siendo inconcebible que se
puedan producir suplantaciones de personalidad de los internos
trasladados, como se ha producido recientemente, y S. S. conoce
perfectamente el caso del traslado, insisto, de uno de los presos
calificados como más peligroso, no un personaje anónimo sino uno de los
presos calificado como más peligroso dentro de la población penitenciaria
española, que tenía que haber sido trasladado desde Picassent a Granada y
que se permitió el lujo de mandar a otro. Todo esto es absolutamente
kafkiano.
Insisto en que hasta la fecha podía ser dialécticamente admisible, que no
en términos reales, este juego de esgrima en virtud del cual el
Ministerio de Justicia deseaba a efectos presupuestarios y de
organización una cosa, pero el Ministerio del Interior a efectos
presupuestarios y de organización hacía otra. Pero es que ahora hay un
Ministerio de Justicia e Interior y, por tanto, tiene que hacer unas
previsiones y unas inversiones en común. Yo insisto en que espero que
para el ejercicio presupuestario de 1995, tanto en inversiones materiales
como en las ampliaciones de plantilla que puedan ser oportunas para poder
racionalizar todo este sistema, haya un verdadero efecto de cambio,
porque las cosas en este sistema general de traslado, de conducción de
presos y detenidos, no pueden seguir como están. Insisto, y con esto
concluyo, en cuanto al tema particular que voy a pedirle muy cordial pero
firmemente una explicación de este hecho, porque decirme que el hecho a
nivel administrativo no existe es francamente inaceptable.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): La señora Secretaria de Estado
tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Presidente, con su venia, quisiera hacer una
repregunta al señor Gil Lázaro, porque investigando y entendiendo que no
podía equivocarse tanto el señor Gil Lázaro en esa pregunta, he visto un
supuesto que puede...
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señora Secretaria de Estado...
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Solamente una pregunta, señor Presidente. Señor Gil Lázaro,
¿se refiere usted... Perdón, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señora Secretaria de Estado,
aquí quien pregunta es el señor Diputado y usted la que contesta. No se
van a invertir los términos. El señor Gil Lázaro le ha ofrecido que en
una conversación particular le podrá dar datos más concretos en razón de
una intimidad. Por tanto, ruego a la señora Secretaria de Estado que
conteste a las preguntas que se le han formulado, no que repregunte.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Presidente, es que dispongo de información que podría
ofrecer en este momento al señor Gil Lázaro sin decir el nombre del
recluso. En la suposición de que el único incidente que ha habido en los
seis supuestos atinentes a permisos de salida, estimo que a lo mejor se
refiere a un interno, cuyo nombre no voy a mencionar, que estaba en
Puerto 1 y que fue trasladado a Valencia. El 17 de marzo solicitó la
concesión de un permiso de salida por fallecimiento de un hermano que se
había producido el día 12 de marzo. La Dirección del centro penitenciario
donde se encontraba el interno acuerda, el 23 de marzo de 1994, conceder
el permiso extraordinario solicitado y elevarlo para su autorización al
juez de vigilancia penitenciaria, quien lo autoriza en auto de fecha 28
de marzo de 1994. Para dar cumplimiento al auto citado, el 25 de abril es
trasladado al centro penitenciario de Valencia, preventivos, donde
ingresa el 27 de abril de 1994, desde Puerto 1. El 8 de mayo de 1994,
sobre las diez horas, fuerzas de la Guardia Civil recogen al citado
interno y reingresa en el centro de Valencia, preventivos, a las once y
veinte, manifestando el jefe de la fuerza conductora que el interno
expresó su voluntad de reingresar en el centro alegando que en esas
condiciones, es decir, esposado y con efectivos de la Guardia Civil, no
quería visitar a su familia. Este es el único incidente que puedo relatar
y que preveo es al que puede referirse.
Señor Diputado, usted ha hecho unas aseveraciones tan sumamente graves
que una explicación posterior a los miembros de esta Comisión realmente
no sería suficiente para enjuiciarla. Yo no le pido que indique
exactamente el nombre del recluso, pero nada obsta a ese cuidado y a esa
discreción el que me diga que era un interno de tal sitio y fue
trasladado a tal otro. No hace falta que me diga el nombre del interno.
Cuando le digo que en mi relación no existe ningún permiso extraordinario
solicitado para esto, a lo mejor me equivoco o me han dado una
información incompleta, que todo puede ser. Si usted no me da ningún otro
dato, no le puedo contestar.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): El señor Gil Lázaro tiene la
palabra.
El señor GIL LAZARO: Señora Secretaria de Estado, desde luego no se trata
del caso que me ha relatado. Yo he sido bastante preciso en cuanto a la
formulación que le he hecho. Le he dado fechas. El 9 de mayo falleció en
el Hospital General de Valencia un niño de 2 años --obvio la causa del
fallecimiento pero la sé--, hijo de un interno que cumple condena en el
centro penitenciario de Picassent por atraco a mano armada. La Dirección
del centro penitenciario había autorizado los días previos al
fallecimiento visitas de dicho interno a su hijo. Se comunicó por la
noche el fallecimiento, que se produjo a partir de las diez de la noche,
telefónicamente al centro penitenciario. El responsable en ese momento
del servicio manifestó a la familia que a esas horas no podía
comunicárselo al interno. A primera hora de la mañana siguiente se
comunicó al interno el fallecimiento y se dispusieron, por parte del
centro penitenciario, todos los efectos precisos para que pudiera
desplazarse al Hospital General a visitar el cadáver de su hijo y asistir
al sepelio. Trasladado al Hospital General, permaneció durante cuatro
horas en el interior de un furgón...
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Gil Lázaro, eso ya lo
dijo usted antes.
El señor GIL LAZARO: ... y al día siguiente no fue autorizado a salir del
centro penitenciario para asistir a la incineración. Más preciso no puedo
ser.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Gil Lázaro, le retiro la
palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Presidente, un segundo, si lo tiene a bien.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Un minuto.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Me parece que el señor Gil Lázaro ha dicho que el 9 de mayo
de este año en curso, pero su pregunta, que quedó en suspenso, tiene
fecha 18 de abril, o sea que es imposible. (Rumores.) Quedó suspendida la
sesión anterior y la contesto ahora. Estamos hablando de un hecho sobre
el que yo, cuando pedí la información, no la tenía. Espero poder
contestarle a la pregunta en la próxima comparecencia.
El señor GIL LAZARO: Pues probablemente...
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Gil Lázaro, no tiene la
palabra.
--MEDIDAS PARA DAR EFECTIVIDAD A LAS COMISIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL CREADAS POR LA ADMINISTRACION PENITENCIARIA. FORMULADA POR EL
SEÑOR GIL LAZARO (G. P.). (Número de expediente 181/000748.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para formular la pregunta
número 13: Medidas para dar efectividad a las comisiones de seguridad y
salud laboral creadas por la Administración penitenciaria, tiene la
palabra don Ignacio Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, simplemente me gustaría dejar en
la Mesa la nota que yo tengo sobre este hecho. Dice 9 de marzo. Ha sido
un error mío cuando he dicho 9 de mayo; dice 9 de marzo. Por tanto, el 18
de abril se puede preguntar perfectamente sobre este hecho. Quiero que
compruebe que dice 9 de marzo.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Entregue ese documento a la
Mesa y, por favor, formule la pregunta número 13. (El señor Gil Lázaro
entrega a la Mesa una nota.)
El señor GIL LAZARO: ¿Qué medidas se van a adoptar para dar efectividad a
las comisiones de seguridad y salud laboral creadas por la Administración
penitenciaria, habida cuenta de que éstas son consecuencia, en un primer
precedente, de los acuerdos de agosto de 1989, que posteriormente fueron
modificados en parte por los suscritos en fecha 5 de marzo de 1992? Sin
embargo, lo cierto es que el marco de esos acuerdos de fecha 5 de marzo
de 1992 ha tenido muy poca o ninguna vigencia en términos reales. El 29
de noviembre de 1993 una resolución de la Dirección General de
Administración Penitenciaria establecía un programa de vacunación para
los trabajadores, y en fecha 25 de febrero de 1994 --en este caso leemos
bien-- preguntábamos por escrito al Gobierno acerca de estas comisiones,
y el tono de la insatisfactoria respuesta gubernamental nos fuerza a
replantear la cuestión hoy aquí, pues aunque el Gobierno nos dice que
estas comisiones están constituidas en 68 centros, no evalúa la realidad
de las mismas y, además, del propio tenor literal de esa respuesta se
desprende también lo poco que se ha hecho desde la comisión central,
apenas tan sólo un par de programas.
Por todo ello y por parecernos absolutamente básico el ámbito conceptual
que afecta a todas las cuestiones relativas a la seguridad y salud
laboral de los trabajadores penitenciarios, preguntamos qué medidas se
van a adoptar para dar efectividad a las comisiones creadas en este
ámbito, tanto las de carácter periférico como las de carácter central.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): La señora Secretaria de Estado
tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Por las mismas razones que se le han dado al señor Gil
Lázaro en anteriores ocasiones, he de manifestar que nosotros creemos que
no hay que adoptar ninguna medida adicional puesto que, como él mismo ha
comentado, en aquella respuesta se le informó que en 68 centros
penitenciarios están funcionando estas comisiones o los grupos de
trabajo, como se han llamado en el nivel periférico y con posterioridad
al recurso; que en Puerto de Santa María 2 no han trabajado con la misma
actividad que en otros centros porque, al final, los convocados no
acudieron a la convocatoria que se hizo; que en Vigo y Teruel, que no
están incluidos en estos 68 centros, se mantiene la estructura de las
antiguas comisiones de seguridad; y que en Santa Cruz de la Palma, como
es un centro muy pequeño no hay representantes sindicales, no se ha
llevado a cabo esa comisión. Los programas a los que ha hecho alusión el
señor Diputado son los que se están llevando a cabo de acuerdo con las
organizaciones sindicales, cuyo objetivo es la mejora de esas condiciones
laborales de determinados colectivos que son, concretamente, los
funcionarios o funcionarias mayores de 60 años y funcionarias
embarazadas, así como el programa de vacunaciones para los trabajadores
que, como conoce S. S., tiene un grado alto de voluntariedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): El señor Gil Lázaro tiene la
palabra.
El señor GIL LAZARO: De la propia respuesta que acaba de dar la señora
Secretaria de Estado se deduce la necesidad de esta pregunta que
formulábamos. Si tomando como referencia 1989 o la más inmediata de 1992,
al final resulta que el balance es que en diciembre de 1993 existe un
programa de vacunación preventiva y que se han establecido desde la
comisión central tan sólo dos programas muy específicos referidos a
trabajadores mayores de 60 años y mujeres embarazadas, y vista la
situación evidente de riesgo para los trabajadores penitenciarios habida
cuenta del medio en el que desarrollan su función, tendrá que evaluar
conmigo, señora Secretaria de Estado, que el balance es muy pobre y que,
por tanto, algo hay que hacer y con notable urgencia.
En este momento, se nos diga lo que se nos diga, la realidad de estas
comisiones pasa, en síntesis, por las siguientes consideraciones
principales: primero, no hay coordinación entre las comisiones
periféricas y la central. Ejemplo de ello: obras no solicitadas por la
comisión de un centro se han llevado a efecto en el mismo, y obras
insistentemente solicitadas por esa comisión del centro no han sido
atendidas en absoluto.
En segundo lugar, la figura de los subdirectores de seguridad en el marco
de estos acuerdos nacía como una figura especializada por razones obvias,
se ha convertido en un puesto más de libre designación dedicado única y
exclusivamente a satisfacer o a premiar ciertas afinidades, pero en
ningún caso a cubrir esos criterios especializados y técnicos con los
cuales de todos estos subdirectores de seguridad en ningún caso se ha
tenido en cuenta el criterio de la comisión del centro.
En tercer lugar, hay una evidencia: en la práctica, las comisiones
periféricas han sido vaciadas de contenido, carecen de autonomía
presupuestaria y sus decisiones no vinculan a la comisión central; no se
conoce un solo caso en el que una decisión de la comisión periférica haya
sido atendida en sus propios términos por la comisión central.
En cuarto lugar, en muchos establecimientos y por toda la situación
descrita, hace ya mucho tiempo que sus respectivas comisiones de centros
ni se reúnen ni elaboran propuesta alguna.
En quinto lugar, no se ha facilitado a los funcionarios integrantes de
estas comisiones una formación técnica especializada, y la consecuencia
dimanante de ello es que en ningún centro, señora Secretaria de Estado,
se ha establecido un plan de seguridad integral. Y concluyo diciendo que
no se ha firmado ni por parte de la comisión periférica ni por parte de
la central un solo convenio de colaboración con organismos tales como,
por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo o
Protección Civil, y, finalmente, sólo existe un único departamento de
salud laboral en toda la red penitenciaria, sito en el Hospital
Penitenciario de Madrid.
Dice usted que no hay nada que hacer porque esto funciona y no hay que
cambiarlo. Pues ésa no es la expresión de la realidad, pero ésa tampoco
es la expresión ni la percepción que tiene su nuevo Director General de
Instituciones Penitenciarias. Su nuevo Director General de Instituciones
Penitenciarias --yo creo que con muy buen sentido común-- está
sorprendido de encontrarse estas cosas en el ámbito en el que están --por
lo menos ha hecho alguna manifestación en este sentido-- y, desde luego,
considera prioritario reconvenirlas adecuadamente y establecer, entre
otras cuestiones, un mapa sanitario de riesgos o la determinación de unos
riesgos de enfermedad profesional.
Señora Secretaria de Estado, en un tono absolutamente cordial le pediría
que en los próximos meses avancen fundamentalmente en este ámbito en
cuanto a dotarlo de contenido, no simplemente decir que en 68 centros ya
están constituidas las comisiones periféricas, porque la realidad es que
dichas comisiones periféricas están muertas de aburrimiento y sometidas a
la más absoluta inutilidad y pasividad, y no por la voluntad de las
personas que las integran.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para contestar, tiene la
palabra por tres minutos la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Una primera cuestión significativa y que me parece que el
señor Gil Lázaro no tiene en cuenta es que, como él conoce perfectamente,
se trata de comisiones paritarias. No hay una actuación preferente ni
sola o con criterios exclusivos de la Administración, sino que son
comisiones paritarias en las que están representadas todas las
organizaciones sindicales más representativas. Por consiguiente, su
funcionamiento está en ese marco y no se refleja una actividad exclusiva
de la Administración.
Hay una cuestión que hay que matizar y que se ha plasmado en otras
preguntas: que consideremos que algo está funcionando razonablemente bien
no significa que el conjunto del equipo de Asuntos Penitenciarios, tanto
en mi persona como en la de los directores generales, sea un equipo
inmovilista, que no pensemos que hay que mejorar las cosas. Si no,
sobraríamos. Con independencia de que estén funcionando o no,
consideramos que todavía pueden jugar un mayor papel. Una cosa no elimina
a la otra, o no puede impedirnos ver el referente que le comentaba: las
funciones son las que se plasmaron en el anexo y, desde luego, son
comisiones de asesoramiento, de sugerencias, pero en ningún caso se dice,
ni en el cuerpo del acuerdo ni en los anexos, que esas comisiones o esos
grupos de trabajo tengan autonomía presupuestaria. Desde el punto de
vista de funcionalidad administrativa, esto no tendría ningún sentido.
Están funcionando en los centros que he dicho, lo que no obsta para que
la seguridad y la salud laboral sea un asunto de enorme importancia en el
desarrollo del trabajo penitenciario y al que, evidentemente, le
prestamos y le prestaremos en el futuro el mayor interés posible.
--MEDIDAS PARA MODIFICAR EL PLAN DE OCUPACION INTEGRAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP).
(Número de expediente 181/000792.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para formular la pregunta
decimoquinta del orden del día, medidas para modificar el Plan de
ocupación integral de los establecimientos penitenciarios, tiene el uso
de la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: El denominado Programa de ocupación integral es, hoy
por hoy, un mero sistema burocrático de recuento de datos y en modo
alguno un programa de actuaciones efectivas e individualizadas. Además de
ese programa de ocupación integral, está absolutamente excluida, hoy por
hoy, en cuanto a su contribución, la participación que pueden y deben
tener los funcionarios, especialmente aquellos que prestan servicios de
interior por su permanente conexión con los internos. En virtud de todo
ello, preguntamos qué medidas se van a adoptar para modificar el Plan de
ocupación integral de los establecimientos penitenciarios sabiendo, como
sabemos, que el nuevo equipo rector de la administración penitenciaria
considera que hay que desburocratizar ese Plan, pero no sabemos bajo qué
filosofía, de qué modo concreto o bajo qué calendario va a llevar
adelante esta apuntada voluntad política de modificación.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Realmente no puedo explicitar ninguna medida, como se me
demanda, porque la evaluación que nosotros hacemos del Plan de ocupación
integral no es una evaluación desfavorable como para modificarlo. En lo
que sí realmente estamos trabajando es en una comprobación más
sistemática y en un análisis más pormenorizado de cómo se desarrolla y
cómo afecta a cada individuo interno en nuestros centros penitenciarios.
No hay una modificación en los criterios, dado que el criterio
fundamental es la mayor ocupación, como conoce el señor Gil Lázaro, de
los reclusos en el centro penitenciario. El objetivo es la mayor
ocupación posible y la evaluación, centro por centro y recluso por
recluso, de cómo se está produciendo esta ocupación de su tiempo libre.
En este sentido, también estamos desarrollando (no sé si era una
proposición no de ley o una moción, creo que más bien tenía la naturaleza
de proposición no de ley) lo que se llamó la cartilla de cada recluso,
que es una modalidad de este Plan de ocupación integral y con la que
vamos a tener ocasión de contrastar precisamente esa ocupación por
interno. En principio, el fin básico del Plan de ocupación integral sigue
siendo el mismo y lo que queremos mejorar es, por una parte, el
porcentaje de ocupación y, por otra, el control de ese porcentaje de
ocupación.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Intervengo con toda brevedad, señor Presidente,
porque tenemos preparadas iniciativas al respecto para el próximo período
de sesiones.
Le quiero apuntar a la señora Secretaria de Estado que si usted y yo
leemos juntos los objetivos del Programa de ocupación integral es obvio
que tenemos que estar absolutamente de acuerdo, porque el diseño de
objetivos no puede ser otro. El problema no es ése. El problema es la
dimensión práctica de ese diseño de objetivos a la hora de llevarlo en el
día a día de los centros.
A mí me gustaría que S. S. se estudiara detenidamente el informe anual
del Defensor del Pueblo, el recién presentado del año 1993, en donde
cierto es, porque hay que decir las cosas como son, que se pone énfasis
en el buen funcionamiento de algunos centros, pero también se señalan
algunas deficiencias estructurales que permanecen todavía vigentes y que
son las que condicionan la adecuada ocupación del tiempo libre de los
internos en prisión.
Los dos parámetros esenciales son claros, señora Secretaria de Estado.
Si, por una parte, no hay plazas suficientes
de trabajo remunerado y, por otra parte, el diseño de las actividades de
carácter educativo está subordinado a un puro carácter lúdico y, por
tanto, la implicación de esfuerzo del interno en la realización de esa
actividad es nula, yo creo que estamos lastrando en su concepción el
propio fin del sistema y estamos, sin quererlo, causándole un perjuicio
al interno, porque no se le están creando hábitos adecuados para poder
llevar adelante unos presupuestos psicológicos propios y de personalidad
para poder acometer debidamente su reingreso a la vida en libertad.
El POI es en este momento un instrumento fracasado, porque es un
instrumento puramente burocrático y teórico y, por tanto, lo que hay que
hacer es dar al POI una dimensión real. Ese es, sin lugar a dudas, uno de
los retos más urgentes que tiene planteado su señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Doña Paz Fernández Felgueroso
tiene tres minutos para contestar.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Yo no comparto ese criterio de fracaso del POI. El POI, como
conoce perfectamente el señor Diputado, se desarrolla en áreas de
intervención, en áreas propiamente educativas, formativas, laboral,
deportiva, terapéutica y sociocultural. ¿Que algunas de las horas de
ocupación del POI tienen también carácter lúdico? Evidentemente, pero eso
no implica que, a su vez, no signifique una orientación positiva para el
recluso. Por tanto, no compartimos esa idea. No obstante, sí que
compartimos la necesidad de que porcentualmente cada vez sea mayor el
tiempo de ocupación de los reclusos.
Es cierto que lo resalta el Defensor del Pueblo y que ésa es una
preocupación de la Secretaría de Estado. En una reciente reunión de
directores de centros yo misma tuve ocasión de ponerles de manifiesto que
un objetivo de la Secretaría de Estado era precisamente la mejora
sustancial de la ocupación dentro de esas áreas que señala el POI, y la
construcción de nuevos centros penitenciarios permitirá efectivamente
hacer una distribución mejor de la que ahora tenemos en las distintas
áreas.
--CESE DEL GERENTE DEL ORGANISMO AUTONOMO «TRABAJOS PENITENCIARIOS».
FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO. (GP). (Número de expediente
181/000793.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): A continuación, pasamos a
formular la pregunta decimosexta del orden del día: Cese del gerente del
Organismo Autónomo «Trabajos Penitenciarios», para lo que tiene la
palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señora Secretaria de Estado, ¿puede usted explicar
por qué razones ha sido cesado el gerente del Organismo Autónomo Trabajos
Penitenciarios, bien entendido que nos estamos refiriendo a don Emilio
Hernández?
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Don Emilio tenía el deseo de ser sustituido en el organismo
autónomo, tenía ocasión de pasar a desempeñar un trabajo en la SIEP, en
la Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias. Ese deseo personal
coincidía con la renovación del equipo en el ámbito de la Secretaría
General, aunque no dependiendo directamente de ella, con la posibilidad
también de tener un equipo propio, y el puesto de gerente del Organismo
Autónomo ha sido recientemente convocado en el «Boletín Oficial del
Estado» en base a esas consideraciones que he tenido ocasión de
expresarle.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Entiendo, por tanto, que ésos son estrictamente los
motivos del cese del gerente del Organismo Autónomo Trabajos
Penitenciarios.
Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que ese traslado --por así
decirlo-- del señor Hernández a la SIEP no es anterior o causa de su
cese, sino posterior al mismo; digamos que es una especie de reubicación.
No me ha hecho usted ninguna mención a un recientísimo informe de la
Intervención delegada del Ministerio de Justicia sobre el funcionamiento
del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios, no me ha hecho usted
ninguna valoración de lo que en ese informe se dice respecto a la gestión
del Organismo y a la actuación de la gerencia. Podría S. S. haberme hecho
referencia a ese informe, que es casi inmediatamente anterior al cese.
De ese informe y de muchos otros vamos a hablar el próximo período de
sesiones, cuando abordemos detalladamente la situación del organismo.
Pero es que en ese informe de la Intervención delegada se dice, por
ejemplo, que se pagó una factura de más de 11 millones dos veces a la
misma empresa o que el gerente y el director comercial cobraron dietas de
forma irregular y duplicada, y se habla de otras cuestiones. Por cierto,
¿sabe S. S. si en algún momento en el Organismo Autónomo se contrató una
empresa para la gestión de impagados y si esa empresa tenía despacho en
la propia sede del Organismo o en la Secretaría de Estado?
Lo que yo no entiendo es cómo después de un informe de esas
características se puede producir un traslado de una determinada persona,
que es responsable de esa gestión, retratada en esos términos por la
Intervención delegada, se puede trasladar --digo-- a esa persona como
director comercial de la SIEP, y no entiendo tampoco que el presidente de
la SIEP venga ante esta Comisión y nos diga que ese nombramiento se ha
producido porque le parece la persona idónea para desarrollar la
dirección de esa gestión comercial. Por lo visto, los mecanismos de
evaluación de la
SIEP y de la Intervención delegada son absolutamente distintos. Pero ya
tendremos ocasión, en el próximo período de sesiones, de hablar mucho más
detalladamente de todo esto. Lo que me gustaría saber es si en ese cese
hay alguna relación de sentido entre el informe de la Intervención
delegada y la decisión tomada por su señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): La señora Secretaria de Estado
tiene dos minutos para puntualizar las cuestiones planteadas.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Contestando directamente a su pregunta, le diré que no hay
ninguna relación porque, como conoce S. S., el informe de la Intervención
delegada, como usted ha tenido a bien expresar, es un informe favorable
en sus términos y sólo destaca ese error en el cobro de una factura.
Respecto a dietas, la Intervención delegada también señala algún caso en
el que considera que no se ha hecho con el rigor con el que debería de
hacerse. No es un informe esencialmente negativo sino, simplemente, un
informe en el que la Intervención delegada, como por otra parte es su
obligación, destaca las cuestiones no ajustadas a Derecho administrativo
o que podían hacerse de otra manera. En consecuencia, no hay relación
causa-efecto, porque ese informe de la Intervención delegada solamente
señala esa cuestión y, por tanto, no hay ningún demérito específico que
hubiera podido impedir el nombramiento de esta persona por parte de la
SIEP. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): ¿Señor Gil Lázaro?
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, para una cuestión de orden. Habida
cuenta que parece que ya hemos traspasado la hora inicialmente prevista,
si estuvieran los portavoces en situación de abordar los puntos del orden
del día que hemos dejado diferidos, yo le pediría que me permitiera
formular una única pregunta más. Si después podemos concluir el orden del
día con la señora Secretaria de Estado, lo concluiríamos, pero en todo
caso, antes de entrar en los puntos previstos, desearía formularle una
pregunta por si luego no es posible continuar la sesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Gil Lázaro, estoy de
acuerdo con usted, pero para entrar en los puntos del orden del día que
figuran con los números 1 y 2, sobre deliberación y votación acerca de
las solicitudes de comparecencia de don Antonio Asunción, necesitamos
tener «quórum», y no lo tenemos.
El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, hay gente fuera.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Pues que se les llame, por
favor. (El señor López Garrido pide la palabra.)
¿Señor López Garrido?
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, dado que hay miembros de esta
Comisión que están en otras ocupaciones en esta Cámara y nos han
anunciado que van a venir enseguida, yo pediría que esperáramos unos
minutos para entrar en los puntos del orden del día a los que usted se ha
referido, números 1 y 2. Mientras tanto, podíamos seguir con las
preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Estoy totalmente de acuerdo
con el señor López Garrido.
--VALORACION DE LA SITUACION DE CLASIFICACION DE LA POBLACION RECLUSA
ESPAÑOLA EN EL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. FORMULADA
POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 181/000794.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Pasamos a la pregunta número
17 del orden del día: Valoración de la situación de clasificación de la
población reclusa española en el interior de los establecimientos
penitenciarios.
Para formularla, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, solamente una aclaración previa.
Me gustaría saber si, en el momento en que interrumpamos la sesión para
abordar los puntos 1 y 2 del orden del día, después se va a reanudar para
tratar las pocas preguntas que quedan o vamos a suspender
definitivamente, porque, si después no se fuera a reanudar la sesión
--salvo que el criterio de la Presidencia fuera otro--, yo desearía
modificar el orden de las preguntas porque hay una que me interesa
especialmente formular en esta mañana. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Gil Lázaro, no sabemos
el tiempo que vamos a tardar y la hora que se nos va a echar encima, pero
si S. S. tiene especial interés en modificar el orden del día para
formular una pregunta, no hay ningún inconveniente. Dígame usted qué
pregunta es, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: En ese caso, señor Presidente, agradeciéndoselo,
desearía formular ahora la que figura como número 20 en el orden del día,
expediente 181/000797: Motivos por los que la práctica totalidad de las
obras de reparación, mejora y mantenimiento, efectuadas durante los
últimos cuatro años en los establecimientos penitenciarios, han sido
adjudicadas de forma directa.
--MOTIVOS POR LOS QUE LA PRACTICA TOTALIDAD DE LAS OBRAS DE REPARACION,
MEJORA Y MANTENIMIENTO, EFECTUADAS DURANTE LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS,
HAN SIDO ADJUDICADAS DE FORMA DIRECTA. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000797.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene cinco minutos, señor Gil
Lázaro, para formular la pregunta.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente, lo haré en sus estrictos
términos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Señora Secretaria de Estado, ¿puede usted explicarme, por más que no le
afecte directamente, pero en virtud del principio de continuidad de la
responsabilidad de la acción de gobierno, los motivos por los que la
práctica totalidad de las obras de reparación, mejora y mantenimiento
--subrayo, reparación, mejora y mantenimiento--, efectuadas durante los
últimos cuatro años en los establecimientos penitenciarios, han sido
adjudicadas de forma directa?
El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado, tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Gil Lázaro, esa pregunta, concretamente, le fue
respondida por el Ministro de Justicia --a sus términos me remito-- el 26
de abril de 1994, cuya contestación obra en mi poder, donde se explicó
suficientemente por qué se había realizado de esa forma una de las
contrataciones, la de una cocina.
En relación con su importe, le puedo ofrecer los siguientes datos: En el
año 1993, el porcentaje de contratación directa supuso el 39,4 por
ciento, mientras que la contratación por concurso supuso el 60,6 por
ciento. Los porcentajes son diferentes en el año 1992, pero ésa es la
relación que le puedo ofrecer. En relación con esos importes, en
contratación directa hubo un 47 por ciento, por concurso un 18, para un
total de 65. En términos generales, salvo dos excepciones que tuvo
ocasión de aclararle el propio Ministro de Justicia, la adjudicación se
hizo dentro de los parámetros que para contratación directa permite la
Ley de Contratos del Estado, por la singularidad de la contratación
penitenciaria y, algunas veces, por urgencia, sanidad, o por la propia
tranquilidad del centro penitenciario.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, tiene la palabra para una réplica
muy breve.
El señor GIL LAZARO: Apenas he consumido los cinco minutos, señor
Presidente.
Señora Secretaria de Estado, nos interesaba simplemente conocer un apunte
de opinión por parte de la Secretaría de Estado porque, desde nuestro
punto de vista, estamos ante un asunto de gran trascendencia y del que ya
le anunciamos que hablaremos muy detenidamente en el próximo período de
sesiones, ya que entendemos que hay muchas cosas que se nos deben
explicar. Los datos son suficientemente elocuentes como para comprender
el alcance de la cuestión que nos ocupa. Los datos, señora Secretaria de
Estado, están extraídos rigurosamente de la documentación oficial que
ustedes nos han proporcionado. En 1989 se formalizaron 43 contratos de
obra de reparación, reforma y mantenimiento, por un importe global de
2.041.047.768 pesetas, todos por adjudicación directa. En 1990 se
formalizaron 34 contratos, por valor de 1.106.444.963 pesetas, todos por
adjudicación directa. En 1992 se formalizaron 104 contratos, por valor de
957.630.738 pesetas, y sólo cuatro no fueron por adjudicación directa. En
1993 se formalizaron 70 contratos, por valor de 947.249.661 pesetas, de
los cuales sólo 18 no fueron por adjudicación directa. Nos ha hablado S.
S. de adjudicaciones dentro de los parámetros que establece la ley. Debo
decirle que, entre 1989 y 1993, la administración penitenciaria ha
adjudicado un total de 5.374.575.387 pesetas, de forma directa, entre un
grupo de 35 empresas, de las que están excluidas todas las grandes
empresas constructoras del país, que, en conjunto y durante estos años,
reciben una adjudicación global, en obras de reparación, conservación y
mantenimiento, que tan sólo suma 862.890.317 pesetas. ¿Cree usted que es
explicable, por ejemplo, dentro de esos parámetros de normalidad a los
que S. S. hacía referencia, que se haga de manera directa una
adjudicación de más de 797 millones de pesetas, o que del total de estos
más de 5.000 millones una sola empresa se lleve más de 1.500 en
adjudicaciones siempre directas?
Por otra parte, los criterios de urgencia y seguridad nunca se han
correspondido después con el tiempo exacto de ejecución de las obras.
Termino. Por si S. S. siente la intención de decirme que todo esto
formaba parte de la manera de actuar de sus predecesores, pero que no es
la suya, le recordaré que en el año 1994, es decir, bajo su mandato,
también se han adjudicado, según nuestras informaciones, de forma directa
y por un valor global de 674.844.784 pesetas, los diez lotes de
mantenimiento integral de los centros entre ocho empresas. Su Señoría ha
dado instrucciones para modificar el sistema de contratación por el
sistema de mantenimiento en lotes integrales a empresas que puedan asumir
el conjunto de las obras a realizar en un centro y ha dado instrucciones
de que haya especial transparencia en este ámbito de cosas, instrucciones
que nosotros celebramos pero que S. S. fundamenta en muchos de los
conflictos que han surgido en épocas precedentes.
Como le decía al principio de la intervención, vamos a seguir hablando de
este asunto, porque de la información oficial, insisto, información
oficial y datos oficiales que nos han proporcionado, hay muchas cosas que
no vemos claras, hay muchas cosas que se nos tienen que explicar.
El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández
Felgueroso): Señor Gil Lázaro, explicaré todo lo que haya que explicar,
sin duda, para que usted se lleve el convencimiento de la actuación de
transparencia a la que me he referido.
Está usted dando datos de cinco o seis años, en su conjunto (El señor Gil
Lázaro: cuatro años.), y, por tanto, vuelvo a reiterar el planteamiento.
Para un riguroso análisis de la situación, yo creo que no es posible
mezclar aquellos supuestos en que, vuelvo a decir, la Ley de Contratos
del Estado permite la contratación directa, de aquellos en los que, en
algún supuesto singularizadamente, pese a la Administración
penitenciaria, pudiera haber traspasado los límites establecidos por
dicha Ley.
Creo que esa primera separación es absolutamente necesaria para enjuiciar
con un mínimo de rigor los hechos. En esa situación especial se le ha
explicado puntualmente, incluso por el máximo responsable del Ministerio,
por qué en algún supuesto especial y por razones de urgencia,
evidentemente, se superaron los límites establecidos por la Ley de
Contratos del Estado.
Como usted dice, tendremos ocasión de analizar supuesto por supuesto, en
especial a partir de las contrataciones del año 1994, de las que soy ya
más directamente responsable, sin perjuicio de hacer la valoración que
antes le decía respecto a las contrataciones anteriores en las que, con
los datos en la mano, el porcentaje más importante, en todo caso, se hizo
por concurso, si se tiene en cuenta (me estoy refiriendo a 1993) el
último dato que le he dado. Hay una evolución a partir de 1990 --1991,
1992 y 1993-- que se refiere a la gestión de mi antecesor; en 1993 hay
una modificación ya sustancial, porque seguramente se pudieron hacer las
cuestiones con más calma y ya estaba reparado lo que tenía más urgencia.
Decía usted que por qué las grandes empresas. Pues porque las grandes
empresas de construcción lo que están haciendo y a lo que están siendo
llamadas es a la construcción de los grandes centros penitenciarios.
Usted lo conoce perfectamente y conoce con qué transparencia se está
haciendo. Esas obras, acumulativamente, tienen el importe que usted dice,
pero estamos hablando de la acumulación en seis años, o en cuatro, y, en
todo caso, son obras a las que generalmente no concurren las grandes
empresas, porque no tiene para ellas ningún interés el asunto.
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, desarrollo práctico del artículo
77 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, para finalizar el orden del día
quedan seis preguntas. Yo creo que, por mucho esfuerzo de síntesis que
hagamos, 20 ó 25 minutos se nos van. Entonces, quizá sería más oportuno,
si estamos en situación de quórum ya, poder proceder a ese debate previo
y, en todo caso, estas preguntas nosotros las retiraríamos y las
replantearíamos en el mes de septiembre, siempre sometido a lo que S. S.
disponga.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, ¿he entendido bien al entender que
está usted dispuesto a retirar sus preguntas?
El señor GIL LAZARO: No. He dicho lo siguiente: Que si S. S. dispone que
en este momento retomamos los puntos uno y dos del orden del día y que,
finalizado este debate, no vamos a continuar el debate de preguntas con
la señora Secretaria de Estado, estas preguntas quedarían, por tanto,
pendientes y nosotros cursaríamos el escrito de retirada para
replantearlas oralmente en el mes de septiembre.
Eso es lo que seguramente ha entendido Su Señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Por tanto, vamos a suspender la sesión durante tres minutos, entendiendo
que las preguntas que restan quedan retiradas hasta el mes de septiembre,
esperamos que lo haga S. S. por escrito, y dentro de esos tres minutos
iniciaremos el debate de los puntos números uno y dos, que llevan consigo
votación y que se hará de manera acomulada.
Señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, muchísimas gracias
por la información prestada.
Se suspende la sesión durante tres minutos.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
DELIBERACION Y VOTACION ACERCA DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE
COMPARECENCIAS DEL EX MINISTRO DEL INTERIOR DON ANTONIO ASUNCION
HERNANDEZ, PARA:
--ESCLARECER DIFERENTES EXTREMOS SOBRE SUS CONTACTOS CON EL EX DIRECTOR
GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, DON LUIS ROLDAN, EN EL MOMENTO EN QUE SE
PRODUJO LA FUGA DE ESTE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000370.)
--INFORMAR SOBRE EL CONTENIDO DE LA CARTA QUE LE DIRIGIO DON LUIS ROLDAN
Y QUE RECIBIO, SEGUN HA SIDO PUBLICADO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION, EL
MISMO DIA QUE EL EX DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL NO COMPARECIO
ANTE LA JUEZA QUE INSTRUYE SU CASO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
219/000371.)
El señor PRESIDENTE: El punto número 1 del orden del día precisa la
deliberación y votación, toda vez que los grupos parlamentarios
solicitaron la comparecencia del ex Ministro del Interior, don Antonio
Asunción Hernández, ante esta Comisión para esclarecer una serie de
extremos sobre su relación con don Luis Roldán.
Como saben SS. SS., la aprobación que la Comisión de Justicia e Interior
realizó al inicio de esta legislatura fue
delegar en la Mesa la solicitud de comparecencias y su tramitación cuando
éstas se adoptaran por unanimidad por parte de todos los miembros de la
mesa.
La Mesa no ha estado de acuerdo, alguno de sus miembros, en que esta
comparecencia tuviera lugar. De ahí que se solicite de la Comisión la
deliberación, en su caso, y la votación, para resolver directamente sobre
esta comparecencia. Lo que sí haremos, señorías, es, en caso de que haya
votación, que ésta se produzca de manera acumulada, con referencia tanto
a la primera como a la segunda comparecencia, toda vez que se trata de
objetos similares, aunque los grupos parlamentarios que lo han solicitado
son diferentes. (Rumores.) Señorías, ¿hay alguna posibilidad de que
serenen el ánimo y escuchen a esta Presidencia?
Decía que la votación se hará acumuladamente de las comparecencias
números 1 y 2, en el caso de que la votación se produzca, como parece
sospechar esta Presidencia.
Los grupos que deseen intervenir para fijar su posición antes de la
votación de estas dos comparecencias que levanten la mano, para que la
Presidencia pueda tomar notar. (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Sólo quiero fijar la posición a favor de la
comparecencia, porque entendemos que ya no sólo es necesaria, sino que
sería muy oportuna.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
el señor Casas tiene la palabra.
El señor CASAS I BEDOS: Nuestro Grupo va a votar en contra de estas dos
comparecencias por las siguientes razones: en cuanto a la primera de las
comparecencias, que se expliquen los contactos con el ex Director General
de la Guardia Civil, don Luis Roldán, en el momento en que se produjo su
fuga, el hecho probado es que el señor Roldán se fugó y, a nuestro
juicio, se fugó sin conocimiento del Gobierno. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
Señor Casas, puede continuar.
El señor CASAS I BEDOS: Por esta misma razón compareció el ex Ministro
Antoni Asunción, y presentó su dimisión, explicando los motivos por los
cuales había dimitido, porque hubo una negligencia por parte del Ministro
en los hechos que motivaron la fuga del señor Roldán y, a nuestro juicio,
este tema está claro.
Por otra parte, ha habido ya una Comisión de Investigación que ha estado
estudiando durante un largo tiempo toda esta problemática, que ha emitido
su dictamen, que esta misma semana vamos a debatir en el Pleno.
En cuanto a las cartas, comunicaciones y mensajes del señor Roldán, que
comparezca para explicar esto, a nuestro juicio, cualquier carta o
declaración que formule el señor Roldán, en su actual situación de
prófugo, no merece ninguna consideración. Otra cosa distinta sería que el
señor Roldán compareciera ante la justicia y ante ésta hiciera este tipo
de declaraciones y de manifestaciones. En ese caso, tomaríamos en
consideración las manifestaciones del señor Roldán en situación de
presentado ante la justicia, pero en ningún caso vamos a seguir el juego
de una persona prófuga que bastantes problemas ha causado ya al conjunto
del Estado y que para nosotros, repito, no merece ninguna credibilidad
mientras no comparezca ante donde debe comparecer.
No quiero decir con ello que demos el caso por cerrado. En principio, lo
vamos a cerrar en el Pleno esta misma semana, pero si se produjeran
novedades en situación distinta y de comparecencia ante la justicia del
señor Roldán, mi Grupo estudiará lo que considere más oportuno y en aquel
momento fijará su posición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, a nosotros nos parece
necesaria y oportuna la comparecencia del señor Asunción. Creemos que hay
muchos puntos que el señor Asunción tiene la obligación de aclarar para
dar mayor transparencia a la situación que está concurriendo en el tema
Roldán y, con absoluta brevedad, nosotros vamos a plantear una cosa,
también con claridad. Se está esgrimiendo, tanto por parte de
Convergència i Unió como por parte del Partido Socialista Obrero Español,
el hecho de que el señor Roldán esté huido para no dar crédito a las
manifestaciones o a las denuncias que puede realizar. A lo mejor nosotros
tenemos que decir que se le ha dejado ir, precisamente, para que concurra
esta situación... (Rumores.) y en ese sentido que cada uno asuma su
responsabilidad...
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.
Señora Aguilar, espere un momento, para que la gente se calle y podamos
escuchar atentamente su intervención.
Guarden silencio, señorías.
La señora AGUILAR RIVERO: Como aquí cada cual tiene que asumir su
responsabilidad, el señor Asunción deberá asumir la suya viniendo a esta
Comisión a dejar claro lo que ya en su primera comparecencia, entre otras
cosas, no dejó y a exponer pormenorizadamente una serie de extremos que
han concurrido, nuevos, a la luz de la información que hemos tenido en el
tema de fondos reservados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Señoras y señores comisionados, es lo cierto que
la Comisión que ha estudiado el caso Roldán ha clausurado sus trabajos el
pasado día 17 y aquí estamos debatiendo, en un debate que no es procesal,
no sobre la admisibilidad, sino sobre la conveniencia de que el señor
Asunción explique ante la Comisión los contactos que ha sostenido con el
ex Director General de la Guardia Civil, señor Roldán, huido de la
justicia.
El señor Asunción, siendo Ministro del Interior, compareció ante esa
Comisión especial el 6 de abril. La verdad es que la fuga se produjo el
día 28 y, aunque él dimitió en los primeros días de mayo, es lo cierto
que entre su comparecencia ante la Comisión y la fecha de huida o de fuga
del señor Roldán se han producido hechos significativos que se han dado a
conocer con posterioridad.
Si bien la Comisión no ha tenido posibilidades de llamar nuevamente a
comparecer, por el juego de la mayoría, en la Comisión, es lo cierto que
en el sistema de control ordinario es conveniente que el señor Asunción
venga aquí a explicar ese tipo de contactos. Entre ellos, una carta que
el señor Roldán --y no se ha discutido su fiabilidad ni por la caligrafía
de su letra ni por ningún otro medio probatorio-- envió al Presidente del
Gobierno, que dice, además, el doble Ministro de Justicia e Interior,
ayer desde Bruselas --no sé donde está su sensibilidad jurídica-- que
destruyó el señor Asunción, cuando podía ser un medio probatorio válido
para el juzgado que instruye, ahora mismo, ese procedimiento, esa causa.
En este sentido, quiero entender que es un titubeo, una actitud
titubeante del señor Belloch, endosándole al señor Asunción una
responsabilidad por la ruptura de una carta cuando eso podía formar parte
de la causa. Entre otras cosas, porque es bien sabido que las cartas son
de sus destinatarios, incluso pierde su propiedad el remitente. Por
tanto, ¿quién es el señor Asunción para romper una carta dirigida al
Presidente del Gobierno, don Felipe González?
Aparte de eso, ha habido otros contactos telefónicos, como se ha sabido
por el listado de llamadas inalámbricas que ha recibido el señor
Asunción, de parte del prófugo señor Roldán.
Por otra parte, yo debo oponerme rotundamente a ese argumento, que no me
parece nada razonable, de decir que no se puede creer en absoluto a un
prófugo, cuando durante diez años, siendo primero Delegado del Gobierno
en Navarra, y siete años Director General de la Guardia Civil, ha tenido
toda la fiabilidad y toda la credibilidad.
Por eso, mi Grupo se pronuncia porque se celebre esa comparecencia en
Comisión y en el sistema ordinario de control al Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Pérez Mariño tiene la palabra.
El señor PEREZ MARIÑO: Ultimamente, tanto en el seno de las Comisiones
como fuera de ellas, aprovechándose de la especial coyuntura sociológica
en la que vivimos, la gente se permite hacer afirmaciones del más puro
sistema inquisitivo en contra de lo que creíamos que era la bondad, que
era el sistema acusatorio.
Así, la señora Rosa Aguilar se ha permitido el lujo de acusar a una
persona que no está presente de un delito de calumnia, y lo dice con la
más absoluta de las tranquilidades, impropia de aquella persona que por
lo menos tendría que asumir el principio de presunción de inocencia que
todos tenemos. Lo dicen desde principios democráticos, y nosotros
tendríamos que decir aquí que nos parece justamente todo lo contrario.
Dicho esto sobre esas afirmaciones calumniosas, que recuerdan aquello de
«injuria, que algo queda», porque es difícil después poder demostrar lo
contrario, sobre todo cuando uno se ampara en las inmunidades
parlamentarias; dicho lo anterior, repito y con todo cariño, además, a
Rosa Aguilar, he de añadir que, siendo conscientes de que esta votación
la vamos a perder, siendo conscientes, por tanto, de que el señor
Asunción va a comparecer ante esta Comisión, vamos a mantener una postura
contraria y vamos a explicar, desde la racionalidad que a nosotros nos
parece oportuna, cuáles son las razones para ello.
En primer lugar, se trata de una Comisión ordinaria y no de una Comisión
de investigación. Hay una Comisión de investigación abierta en la que se
han dirimido todos los fenómenos Roldán, en la que se tenía que haber
dirimido este problema y a la que deben y pueden asistir todas aquellas
personas que son llamadas.
Esta será la primera vez que en una Comisión ordinaria comparezca un
diputado no un ministro, no un cargo del Gobierno, sino un diputado,
repito, pura y simplemente, lo cual abre una nueva forma de hacer
comparecer a personas, y nosotros creemos que inaugura una práctica
perjudicial para el desarrollo de lo que debe ser una Comisión.
En segundo lugar, y además del problema formal tan importante, me parece
que, sin menoscabo ni desmerecer el método utilizado en este momento por
el señor Roldán para hacer llegar sus acusaciones o mensajes, ni la
Cámara ni el Gobierno, ni los ciudadanos, ni los partidos pueden vivir
pendientes de las acusaciones de nadie, y menos de él. Porque
imaginémonos que mañana cambiaran las tornas y dijera que alguien de
Izquierda Unida, o del PP, o de Convergència i Unió había cometido algún
tipo de delito de cualquier clase, pues tendríamos también que llamar a
las personas presuntamente vulneradas. Es decir, con este método vamos a
convertir a Luis Roldán en el acusador público mayor del Estado español,
y eso realmente no parece que sea el mejor sistema ni para terminar con
la corrupción ni para aclarar el caso Roldán.
Cuando a los tribunales se les plantean las pruebas por las partes, nunca
será mejor tribunal ni mejor juez aquel que en barbecho admite la
totalidad de las pruebas, porque como dice la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, en extrapolación que nos podría servir de algo, han de
rechazarse aquellas pruebas que por inútiles o dilatorias sólo sirvan
para oscurecer y no para aclarar el fondo de un asunto.
El que cada día el señor Roldán escriba una carta a través de un medio de
comunicación, y eso nos dé pie para llevar la disputa política a los
medios de comunicación y poner en dos bandos los que quieren aclarar y
los que no quieren aclarar, es falsear el verdadero sentido de la lucha
contra la corrupción.
Nosotros creemos que ésas no son las soluciones buenas, y como creemos
que no son las soluciones, pero al mismo tiempo no queremos eludir las
responsabilidades, ofrecemos desde aquí, primero, que los grupos
comparecientes la retiren, si lo creen oportuno, y que venga el Ministro
de Justicia e Interior a explicar las razones y el conocimiento que tiene
de lo mismo.
Cualquier otro método nos parece absolutamente falso. (La señora Sainz
García: Será incorrecto.) Agradezco a la señora Diputada la corrección
que me hace, pero estoy en el uso de la palabra.
Para terminar, quisiera solicitar de la representante de Izquierda Unida
que retirase la acusación que ha formulado contra un compañero nuestro en
el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: La señora Aguilar tiene la palabra; muy breve, por
favor.
La señora AGUILAR RIVERO: Yo creía que en la Comisión teníamos un
compañero diputado, portavoz de un Grupo, en este caso del Grupo
Socialista, y no un juez que estuviera juzgando las opiniones políticas
que damos otros diputados.
Creo que son producto de ese nerviosismo, acaso porque ha anunciado que
el Grupo Socialista va a perder la votación, las imprecisiones que el
señor Ventura Pérez Mariño ha tenido tanto de oído como de palabra.
En este caso hay que decir imprecisiones de palabra porque no hay una
Comisión abierta, hay precisamente una Comisión cerrada, en la que el
Grupo Socialista no ha querido que se vea este tema, y por eso nos están
obligando a llevarlo a comisiones y a Pleno en preguntas y demás. Es
decir, que si el Grupo Socialista dice aquí que la Comisión Roldán
permanece abierta y se desdice de lo que acaban de decir en la Junta de
Portavoces, nosotros estamos dispuestos a que se residencie otra vez en
la Comisión Roldán todo lo que es propio de la Comisión Roldán. Pero
precisamente porque el Grupo Socialista, con Convergència i Unió,
acompañados del Partido Nacionalista Vasco, cierra en falso la Comisión
Roldán, es por lo que nos obligan a las comisiones del Parlamento y a las
sesiones de control plenario a llevar la iniciativa en relación a Roldán.
Por tanto, señor Ventura Pérez Mariño, conozca la realidad de la Comisión
Roldán, y es que ustedes han obligado a cerrar esa Comisión Roldán cuando
cada día surgen más datos y la Comisión tendría que tener la oportunidad
de investigar sobre esos datos nuevos que surgen.
En ese sentido, a Luis Roldán, nosotros al menos, no le vamos a convertir
absolutamente en nada. La responsabilidad es de aquellos a quienes se les
ha escapado o le han dejado ir, cuando don Luis Roldán tendría que estar
en estos momentos en la cárcel, declarando ante la justicia y dando todos
los datos que al parecer tiene y que afectan a la seguridad del Estado.
Por consiguiente, vamos a situar cada cosa en su lugar. Desde luego yo no
voy a rectificar nada porque ya le he dicho al señor Ventura Pérez Mariño
que posiblemente como resultado de su nerviosismo ha tenido graves
imprecisiones, y no sólo de palabra, que las acabo de demostrar, sino de
oído, al oír lo que él ha querido y no lo que esta Diputada ha dicho.
El señor PRESIDENTE: Señor Baón, tiene la palabra; muy rápido.
El señor BAON RAMIREZ: Tan sólo para dar réplica a algunas alusiones del
señor Pérez Mariño.
En primer lugar, las acusaciones del señor Roldán contra ciertas personas
vienen sustentadas en que la Comisión tiene otros indicios de conductas
irregulares y de ahí la oportunidad y la conveniencia de que venga el
Ministro aquí a aclarar todo eso, precisamente en honor a que pueda tener
una mejor defensa.
En segundo lugar, nos invita el señor Pérez Mariño a que los grupos
proponentes retiremos la iniciativa. Yo creo que no. No una taza de café,
sino todas las que sean necesarias, catorce. Porque yo también entiendo
que la Comisión se ha cerrado en falso; se ha cerrado «a fortiori», por
las votaciones que todos conocemos, y en ese sentido no nos vale el
cambio de que no venga el señor Asunción y que venga el Ministro de
Justicia; no. Vendrá el señor Asunción y también el Ministro de Justicia
para asumir sus responsabilidades, y, entre ellas, la de hacer una
afirmación tan en el vacío, tan irresponsable, a mi juicio, como decir
que su colega en el Gobierno había destruido una de las pruebas que puede
ser muy útil en la instrucción del sumario que se sigue en el Juzgado 16.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Para una cuestión de forma, señor
Presidente.
El diputado Ventura Pérez Mariño ha dicho que inaugurábamos un nuevo
método, que era traer diputados a una comparecencia en una Comisión.
Entendemos que no es así, puesto que estamos pidiendo que el ex ministro
venga a dar razones del tiempo en que fue ministro, ya que hay nuevas
informaciones sobre este tema. Por tanto, quiero dejar muy claro que lo
que estamos pidiendo es la comparecencia del ex ministro y no del actual
diputado.
También quiero decirle al señor Ventura Pérez Mariño que si el hecho de
que él considere abierta la Comisión Roldán es una buena noticia,
significará seguramente que el Partido Socialista ha cambiado de actitud,
ya que en la Junta de Portavoces, hasta este momento, mantenía la actitud
de cerrar la Comisión; es más, hemos tenido una colorida discusión porque
entendíamos que tenía que mantenerse abierta, puesto que hay indicios
nuevos que no hemos podido investigar, y precisamente el Partido
Socialista ha sido el más duro en mantenerla cerrada. Por ello, porque la
Comisión está cerrada y entendemos que se cierra en falso, es por lo que
los grupos de la oposición creemos que tenemos que mantener el control
sobre este tema a través de otros métodos parlamentarios que no sea la
Comisión de investigación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
Ha de quedar claro cuál ha sido la posición de mi Grupo Parlamentario,
porque se han interpretado legítimamente
mis palabras, pero quiero que conste en el «Diario de Sesiones» cuál es
exactamente nuestra posición.
En primer lugar, quiero decir que para nosotros la comisión Roldán no se
cierra en falso, y no se cierra en falso porque todos los datos que
obraban en condiciones normales para los trabajos de esta Comisión han
sido tenidos en cuenta. Insisto en que cualquier aportación novedosa que
pueda hacer el señor Roldán será tenida en cuenta por mi Grupo
Parlamentario para considerar si merece la pena reabrir la Comisión,
siempre y cuando estas aportaciones se hagan ante la Justicia y no desde
la situación de prófugo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Mariño.
El señor PEREZ MARIÑO: Solamente quería aclarar que la Comisión Roldán se
cerró por decisión y acuerdo de la Cámara. Tenía un plazo de tres meses,
que se prorrogó hasta el 17 de junio por acuerdo del Pleno y, por tanto,
se cerró en esa fecha. Sólo quería hacer esa precisión, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter estas comparecencias a la
correspondiente votación, y vamos a hacerlo de manera acumulada, de forma
que quien vote «sí» se entiende que vota por la comparecencia ante esta
Comisión de don Antonio Asunción para explicar determinados extremos
sobre sus contactos con el ex director general de la Guardia Civil, don
Luis Roldán, y quien vote «no», se entiende que vota por la no
comparecencia.
El señor PEREZ MARIÑO: Señor Presidente, a efectos de sustituciones,
quiero comunicar que el señor Sanz Díaz sustituye al señor Piquer
Jiménez; el señor Neira León, al señor Rodríguez Zapatero, y el señor
Madrid López, al señor Mohedano Fuertes.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay más sustituciones? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: El señor Alcaraz Masats sustituye al señor
Romero Ruiz.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Yo misma sustituyo al señor Albistur Marín.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
Procedemos a la votación sobre la comparecencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Se entiende que la solicitud de los Grupos
parlamentarios Popular y de Izquierda Unida ha tenido éxito, de forma que
en la sesión más próxima que así lo considere la Mesa comparecerá don
Antonio Asunción para dar cuenta de los extremos a que hacen referencia
dichas comparecencias.
Señorías, mañana estaba prevista la comparecencia del Fiscal General del
Estado a las 11 de la mañana. No ha sido posible, por determinados
problemas, que el Fiscal General del Estado esté en las mejores
condiciones posibles para comparecer, y la previsión de la Mesa, que se
reunirá mañana para abordar este tema, es que comparezca el martes o el
miércoles de la próxima semana. Por tanto, mañana no hay sesión de esta
Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.