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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 229, de 02/06/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 229
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON JOAQUIM MOLINS I AMAT
Sesión núm. 19
celebrada el jueves, 2 de junio de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray
Ucelay), para dar a conocer la justificación y criterios utilizados para
la venta de la Empresa Nacional del Gas (ENAGAS) a Gas Natural. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente
213/000192) (Página 6946)
Proposiciones no de ley:
--Relativa al cierre de las centrales nucleares de primera generación,
«José Cabrera», de Almonacid de Zorita (Guadalajara) y «Santa María de
Garoña» (Burgos). Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

(BOCG serie D, número 71, de 14-3-94. Número de expediente 161/000158)
(Página 6968)
--Sobre la aplicación a la Central Nuclear de Vandellós del nivel 3 de
clausura. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOCG serie D,
número 76, de 22-3-94. Número de expediente 161/000161) (Página 6972)
--Por la que se insta al Gobierno a realizar diversas actuaciones en la
Empresa Nacional Bazán de Cartagena, así como a adoptar diversas medidas
para garantizar el futuro estable de la misma. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 79, de 28-3-94. Número
de expediente 161/000169) (Página 6975)



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--Sobre revisión del Plan Energético Nacional. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 92, de 29-4-94. Número de
expediente 161/000195) (Página 6979)
--Sobre cogeneración de electricidad. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 92, de 29-4-94. Número de
expediente 161/000196) (Página 6982)



Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray
Ucelay) PARA DAR A CONOCER LA JUSTIFICACION Y CRITERIOS UTILIZADOS PARA
LA VENTA DE LA EMPRESA NACIONAL DE GAS (ENAGAS) A GAS NATURAL. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000192.)



El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Buenos días, señorías.

Damos comienzo a la decimonovena sesión de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo y, de acuerdo con el orden del día aprobado, comenzamos
atendiendo una iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, de petición de comparecencia ante esta
Comisión del Ministro de Industria y Energía para dar a conocer la
justificación y criterios utilizados para la venta de la Empresa Nacional
del Gas (Enagás), a Gas Natural.

Comenzamos por la intervención del señor ministro, para lo cual le cedo
la palabra.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas
gracias, señor Presidente.

Quiero expresar, en primer lugar, ante esta comisión, mi satisfacción
porque, en un plazo tan corto de tiempo como el que media entre tres
días, tenga ocasión de comparecer dos veces, lo cual quizá sirva para
compensar algunos períodos en los que, por distintas razones, en todo
caso no por la voluntad de este Ministro, ha sido menos fácil tener este
contacto permanente con los miembros de la Comisión de Industria del
Congreso de los Diputados.

Hace algún tiempo, hace algunos meses, en momentos en los que que yo
había comparecido ante esta comisión, o en algunas preguntas o
interpelaciones en el Pleno de la Cámara, se suscitó el interés porque
pudiera haber una discusión, una explicación pausada, calmada, con
tiempo, sobre los problemas relacionados con el gas y, sobre todo, con
operaciones que el Gobierno había impulsado, a través del Ministerio de
Industria, para la configuración de un sector gasista importante en
nuestro país.

Quizá sea éste un buen momento para hacer esta reflexión, una reflexión
que, a mi juicio, debe abarcar, no solamente como quizá reza el título de
la comparecencia, los problemas derivados de la adquisición de una
empresa por otra, sino, si ustedes me lo permiten, tratar de tomar un
poco más de vuelo para dar una explicación cabal de qué se está jugando
en el terreno del gas, cuáles son las previsiones del Gobierno, cuáles
son los retos en curso, y cuál es la magnitud de los problemas a los que
este país tiene que hacer frente.

Empezaré, por tanto, por hacer un recorrido sobre la situación del gas en
nuestro país, para desembocar finalmente en las razones que aconsejaron
al Gobierno para impulsar un proceso, aún no culminado y al que luego me
referiré, de integración de las principales empresas del gas.

Como saben SS. SS., uno de los objetivos fundamentales de la política
energética en España a partir del PEN-84 se ha concretado en el aumento
de la participación del gas natural en el balance energético español.

Este objetivo, que inicialmente estaba concebido como un medio para
disminuir el peso del petróleo en el balance de la energía primaria, se
ha visto a la vez reforzado por razones adicionales de eficiencia
energética, menor coste de generación eléctrica, objetivo o búsqueda de
objetivos de calidad medioambiental, y búsqueda también de la
preservación de la diversificación de la oferta al consumidor.

La consecución de este objetivo supone una modificación muy significativa
no sólo del sector energético, sino también de los procesos productivos
de la pequeña, mediana y gran industria, cuyas dificultades de
planificación y coordinación no deben ser infravaloradas.

Efectivamente, la evolución seguida por el sector avala estas
dificultades. Entre los años 1975 y 1985 el crecimiento previsto del
sector gasista se vio impedido por la conjunción de dos factores básicos:
un contexto general de recesión económica, que ciertamente imperó en ese
período, y el famoso contencioso del gas con Argelia de la época.

A partir de 1985, sin embargo, se inicia la expansión del gas natural en
España. La normalización de las relaciones con Argelia y el cambio de
ciclo iniciado en esa fecha abonaron el terreno para este desarrollo que
se vio definitivamente impulsado por el establecimiento de un nuevo marco
económico, coordinado entre el Ministerio de Industria y Energía, el
Instituto Nacional de Hidrocarburos y las principales empresas
distribuidoras de gas, denominado Protocolo de intenciones para el
desarrollo del gas en España --más abreviadamente, Protocolo del gas--,
firmado en 1985.

Por su lado, la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones básicas
para un desarrollo coordinado de



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actuaciones en materia de combustibles gaseosos, constituye hoy el marco
jurídico fundamental para la penetración del gas en la cobertura de la
demanda de energía en nuestro país.

Pues bien, estos son los antecedentes. El PEN 1991-2000 contiene en
relación con el sector del gas el conjunto de líneas directrices de
ampliación de la infraestructura y de los suministros necesarios para que
la participación de este combustible en la cobertura de nuestras
necesidades energéticas converja hacia una situación próxima a la media
de los países comunitarios.

Describiré en primer lugar la situación actual de los mercados gasistas
en España y ofreceré, a continuación, las líneas de evolución futura del
sector.

¿Cuál es la situación, señorías, del sector del gas hoy en España desde
una perspectiva energética y desde una perspectiva económica? La
participación del gas natural en el balance energético primario ha pasado
del 3,1 por ciento, en el año 1985, al 6,5, en el año 1993. Se trata, por
tanto, de una energía en crecimiento pero, como luego veremos, con una
participación todavía muy insuficiente, por lo menos en términos
comparativos, con nuestros países vecinos.

Por su lado, la participación de los gases licuados de petróleo se
encuentra ya estabilizada, y me temo que quizá con tendencia al
decrecimiento, en torno al 3 por ciento del balance de energía primaria.

El consumo de gas natural ha tenido un fuerte crecimiento en estos años.

Entre el año 1985 y el año 1993 ha crecido a una tasa acumulativa media
del 13,3 por ciento, lo cual explica precisamente este aumento de
participación en el balance total de la energía primaria, un proceso de
penetración del gas, que se ha sustentado en el crecimiento de los dos
mercados tradicionales (el industrial y el doméstico-comercial) y,
paralelamente, se ha producido una fuerte sustitución del gas
manufacturado por gas natural, a la vez que se ha estabilizado el consumo
de gas licuado de petróleo en torno a 2,4 a 2,5 millones de toneladas.

Por su lado, la distribución del consumo del gas natural se centra
fundamentalmente en el sector industrial, que significa el 70 por ciento
del consumo total. El sector doméstico-comercial supone el 22,3 por
ciento, junto a su utilización como materia prima para la petroquímica.

Estos tres mercados (industrial, consumo doméstico-comercial y materia
prima) significan el 99,3 por ciento del consumo total de gas. Si
tuviéramos que hacer una valoración global, se debe destacar que si bien
la expansión del gas, en el período 1985-93, ha sido muy significativa
--les hablaba de un crecimiento acumulativo anual del 13,3 por ciento--,
la participación del gas natural en el balance energético español se
encuentra todavía muy alejada de la media comunitaria, media que es de
alrededor del 19 por ciento, en el año 1992.

Adicionalmente la estructura del consumo de gas natural en nuestro país
está fuertemente sesgada hacia la industria y es, por tanto, distinta de
la media comunitaria, donde el consumo en el sector doméstico prima sobre
el consumo en el sector industrial-comercial.

Es difícil exagerar las ventajas del gas natural como fuente de
suministro energético, pero partiendo de estas ventajas que doy por
conocidas y que figuraban también en el texto del PEN 1991-2000, sin duda
alguna tenemos que trabajar en esta dirección de hacer posible un proceso
de mayor penetración del gas en nuestro país a efectos de los distintos
tipos de consumo.

Me permitirán a continuación esbozar brevemente, desde el punto de vista
económico y desde el punto de vista de la regulación del sector, cuál es
la situación. El sector del gas natural está definido como un servicio
público en la mayor parte de sus actividades por la Ley 10/1987.

Constituye un sector sometido a regulación, tanto como consecuencia de
sus características técnicas y económicas (la distribución y el
transporte del gas constituyen un monopolio natural, las inversiones en
este sector se caracterizan por largos períodos de maduración y a su vez
hay una extraordinaria concentración en la oferta de suministro) como por
tratarse de un servicio esencial para la diversificación energética.

Todas estas razones motivaron los fundamentos de la Ley 10/1987 y la
actual regulación del sector.

El sector público ciertamente ha asumido un papel protagonista,
fundamentalmente a través del Instituto Nacional de Hidrocarburos, que es
el propietario al 100 por ciento de Enagás, S. A., y a través de Repsol,
S. A., que posee una mayoría de control en Gas Natural como segunda
sociedad más relevante del sector.

El sector se estructura básicamente en torno a estas dos sociedades. La
primera, Enagás, adquiere y transporta el gas natural, además de actuar
como suministradora gasista en los mercados industriales. La segunda, Gas
Natural, así como el resto de compañías distribuidoras de menor
dimensión, tamaño y fundamentalmente objetivos locales o regionales,
adquiere el gas de Enagás, S. A., para su distribución en distintos
mercados.

En cuanto a los precios de venta, la Ley 10/1987 establece que las
tarifas y los precios de venta al público de los combustibles gaseosos
serán únicos para todo el territorio nacional, estando su estructura
determinada adicionalmente por el contenido del Protocolo del gas, de
1985, al que antes he hecho referencia.

Los precios de venta al público del gas natural tienen hoy la siguiente
estructura de tarifas. Usos domésticos y comerciales, cuyos precios de
venta al público se fijan previo acuerdo del Consejo de Ministros en
función de la evolución de los precios de venta al público de las
energías alternativas, que para el caso de los usos domésticos y
comerciales, hasta el momento presente --luego haré referencia a los
cambios operados--, son los gases licuados de petróleo, el gasóleo C y la
electricidad. En el caso de los mercados industriales los precios de
venta al público responden también al sistema de precios máximos del gas
para usos industriales, variando cada 14 días en función de los precios
de venta al público de las energías consideradas alternativas, que en
este caso son el fuel-óleo, el gasóleo C y el propano. En el caso de la
cogeneración, centrales térmicas y materia prima, los precios se
encuentran actualmente liberalizados.

Pues bien, para entender lo que ocurre dentro del sector del gas, aparte
de las referencias que les estoy haciendo a



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la regulación de los precios, es importante hacer alguna referencia
también a los precios de transferencia. La Ley 10/1987 especifica que el
Gobierno fijará a las empresas concesionarias los precios de adquisición
y de transferencia del gas natural. El sistema de fijación de precios de
transferencia vigente es el del Protocolo del gas, de 1985. Este
protocolo, como se podía fácilmente deducir de mis palabras anteriores,
tenía como objetivo fundamental contribuir a la expansión, a la
penetración del gas en nuestro país, y este objetivo ha descansado sobre
el principio de garantizar --y subrayo la palabra garantizar-- un margen
individualizado a las empresas distribuidoras, definiendo este margen
como diferencia entre el precio de venta del gas y el coste de
adquisición a Enagás o precio de transferencia.

Por tanto, la aplicación de los precios de transferencia del Protocolo
del gas, a lo largo de su período de vigencia, ha introducido una
distribución de riesgos, que se puede calificar de asimétrica, entre
Enagás y las compañías distribuidoras. Esta distribución asimétrica de
riesgos ha operado penalizando los resultados de Enagás frente a las
empresas distribuidoras, con el límite del coste variable de Enagás que
el protocolo establece como precio mínimo de cesión, con el fin de evitar
algo que hubiera sido grave: que el gas pudiera ser suministrado a alguna
empresa distribuidora a un precio inferior incluso al coste incurrido por
Enagás en su compra. Por tanto, como ven, salvo por el respeto al coste
variable, sin embargo el margen que se garantizaba a cada una de las
empresas distribuidoras significaba o podía significar que la retribución
de los activos o de otros costes fijos incurridos por Enagás, dependiendo
de las circunstancias, pudiera no ser suficiente mediante esta estructura
de precios de cesión, de precios de transferencia.

La fórmula de reconocimiento del margen establecida en el protocolo
explica en gran parte la expansión del sector desde su vigencia, y debo
decir que fue un objetivo voluntariamente deseado para favorecer
precisamente este proceso de expansión. El sector de los gases licuados
de petróleo, como ya les he avanzado, ha sido fuertemente desregulado en
fechas muy recientes. El Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre,
desmonopolizó este producto y reguló la apertura del mercado a compañías
distintas de Repsol Butano, estableciendo únicamente los requisitos
necesarios para el desarrollo de esta actividad, para un desarrollo
seguro desde el punto de vista industrial, coherente con la relevancia
del gas licuado de petróleo en nuestro consumo energético. El gas licuado
de petróleo se encuentra hoy sometido a un sistema también de precios
máximos, tanto para el envasado como para el granel y para el gas licuado
de petróleo canalizado. La extensión de este sistema al ámbito
territorial de las Islas Canarias, contemplando las características
específicas de la distribución en las mismas, acaba de ser aprobada por
sendos acuerdos del Consejo de Ministros, de 13 de mayo, en el caso del
gas licuado canalizado, y de 28 de abril, en el caso del gas licuado de
petróleo envasado y a granel. Por tanto, tenemos un sistema similar en
todo el territorio nacional, con un proceso de liberalización que,
manteniendo el carácter regulado del sector, ha llegado hasta una
estructura de precios fundamentalmente asentada en el principio de
precios máximos para todos los tipos de gas, incluido el gas licuado de
petróleo.

¿Cuál es el futuro, señorías, del sector del gas en España y cómo
podríamos contemplar la evolución y las necesidades tanto de garantizar
el suministro de nuestro país como las que se derivan de las demandas hoy
previsibles para los próximos años? De acuerdo con el PEN 1991-2000, el
objetivo básico en la planificación de la demanda del sector del gas
durante los próximos diez años consiste en continuar potenciando el
consumo del gas natural en línea con la Unión Europea, por razones de
diversificación de aprovisionamientos, de calidad medioambiental, de
costes de generación eléctrica y de diversificación de la oferta al
consumidor, cuatro razones que me importa extraordinariamente subrayar,
porque las decisiones sobre la utilización en mayor o menor grado de una
fuente energética, naturalmente, no pueden derivar de un único componente
en un sector como el nuestro, en el que aspectos tan importantes como la
seguridad en los abastecimientos, la diversificación o los temas de
calidad medioambiental, además de los temas de costes y de precios, han
de ser incluidos en cualquier proceso de orientación responsable de la
política energética. Todos estos elementos, por cierto, son los que están
siendo objeto de consideración en todas las discusiones en la Unión
Europea cuando se aborda la necesidad y las posibilidades de crear un
mercado común energético en el área de la electricidad o en otras.

La expansión del consumo de gas en España se producirá fundamentalmente
como consecuencia de estas ventajas medioambientales del gas natural y,
además, del desarrollo tecnológico de las turbinas de gas registrado en
los últimos años, que ha potenciado los usos eléctricos de esta energía.

Los desarrollos tecnológicos, como los de cogeneración, ciclo combinado,
«repowering» --por citar las tres principales figuras--, han ampliado las
aplicaciones técnica y económicamente competitivas del gas a la
generación de la electricidad en centrales y a la cogeneración. Y todo
ello ha dado lugar a la reorientación de la política energética hacia el
ámbito gasista.

Las previsiones de gas natural son previsiones de un consumo importante,
consumo que parte de una hipótesis que asegura la conveniencia de este
gas energético sobre la base de unos precios del crudo que se mantengan
en rangos moderados en el entorno entre los 19 y los 23 dólares. En este
marco, las previsiones indican que el consumo de gas registrará un
aumento durante la presente década, pasando de 54.000 millones de termias
en el año 1990 a 151.000 millones de termias en el año 2000, con una tasa
media anual de crecimiento --antes les he hablado de una tasa de
crecimiento en torno al 13 por ciento en los últimos años-- del 18,1 por
ciento. Este ritmo de crecimiento será relativamente uniforme a lo largo
de la década. Los usos finales y la cogeneración impulsarán la demanda
durante el primer quinquenio y el consumo en centrales eléctricas durante
los cinco años siguientes. Esta evolución deberá llevar a un aumento de
la participación del gas natural en el total de energía primaria desde un
5,57 por ciento en el año



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1990 a un 12 por ciento en el año 2000, que, si han retenido las cifras
que antes les he dado, seguirá siendo todavía, aproximadamente, 6 ó 7
puntos inferior a lo que hoy es la media de participación en la energía
primaria en la Unión Europea. Permítanme destacar que, naturalmente, la
participación de los distintos sectores consumidores no será igual. En
usos domésticos y comerciales, las estimaciones permiten pensar en un
crecimiento anual medio del 6,53 por ciento durante el período 1990-2000,
que hará pasar de 9.342 millones de termias en el año 1990 a alrededor de
17.500 millones de termias en el año 2000.

En usos industriales se estima un crecimiento anual medio del 4,3 por
ciento, pasando de 34.000 millones de termias a unos 52.000 millones de
termias. En cogeneración, el fomento de la cogeneración de calor y
energía eléctrica continuará ciertamente en los próximos años a ritmos
muy intensos, alcanzando, esperamos, casi unos 25.000 millones de termias
en el año 2000, con una tasa anual media de crecimiento en el entorno del
55 por ciento. En centrales eléctricas, la demanda de gas natural
prevista para centrales eléctricas, tanto por «repowering» de centrales
existentes como por introducción de ciclo combinado y de consumo en el
resto de centrales policombustibles de fuel-gas, se estima en alrededor
de 49.000 millones de termias en el año 2000.

Este es el panorama en el que se ha producido la planificación a partir
de estas estimaciones de demanda de consumo y de las consiguientes
necesidades de abastecimiento también energético.

¿Qué podemos decir sobre los aprovisionamientos de gas y sobre todos los
problemas que de ahí se derivan?
Las principales importaciones, señorías, del gas natural se siguen --como
saben, sin duda-- realizando desde Argelia y desde Libia por vía marítima
mediante buques metaneros y en forma licuada. A estos dos países hay que
añadir, como suministrador actual de España, a Noruega, mediante un
contrato de importación que llega por gasoducto. Es el primer gas que
llega por gasoducto directamente, una vez producida la conexión que tuve
el honor de inaugurar en octubre de 1993, con toda la red de gasoductos
europeos para, tras un proceso de planificación y de construcción de los
gasoductos a través del Pirineo, abrir el grifo del gas exactamente el
día que estaba previsto cinco años antes y hacer posible el que el
contrato de adquisición de gas de Noruega, que, naturalmente, obliga a
pagar también aunque no se consuma, pudiera ser utilizado exactamente
desde el primer minuto en el que entraba en funcionamiento. Hay, además,
otro proveedor, que es Australia, pero con suministros más puntuales. En
el año 1993 el total de aprovisionamiento ascendió a 68.000 millones de
termias. En relación con los contratos de aprovisionamientos futuros,
cabe destacar que Enagás, S. A., y Sonatrac, empresa, como saben
argelina, han concertado las bases del nuevo contrato de gas natural
argelino por gasoducto, que será el fundamental para los próximos años.

Adicionalmente, en junio de 1990 se llegó a un contrato con Libia en
relación con los suministros de gas natural licuado, prorrogando el
vigente contrato hasta el año 2008 e incrementando las cantidades
contractuales hasta 25.000 millones de termias/año.

Finalmente, en este apartado resumen sobre los aprovisionamientos, dada
la cercanía geográfica de las reservas de gas natural existentes en el
golfo de Guinea, del Africa Occidental, Enagás, S. A., está dirigiendo
sus esfuerzos a esta área, junto al golfo Pérsico, para la adquisición de
cantidades adicionales de gas natural licuado con origen distinto a los
anteriormente señalados.

Permítanme un paréntesis en esta cuestión para explicar algunos problemas
que tiene hoy nuestro sistema gasista y algunas de las previsiones que se
habían hecho, algunas que tienen que ver con la gasificación regional de
ciertas áreas de nuestro país.

En el año 1991 Enagás llegó a un acuerdo con un consorcio formado por las
compañías Shell, Agip, Elf y la Nigerian Peetroleum Production Company
para la adquisición de mil millones de metros cúbicos de gas natural
licuado a partir de 1997, con opción a igual cantidad adicional en una
segunda fase. Dicho consorcio, cuyo objetivo consiste en la producción y
venta de 5.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado, depende
críticamente de la venta a la Empresa Nacional de Electricidad Italiana
(ENEI), de 3.500 millones de metros cúbicos para generación de energía
eléctrica.

El Ministro de Medio Ambiente italiano (por lo menos el Ministro pasado;
ha habido unos cuantos Ministros que han cambiado en relación con esta
competencia en los últimos meses) denegó en su momento la autorización
para la construcción de la planta de ENEI que, en nuestro conocimiento,
está siendo revaluada en este momento y quizá se eliminen estas
dificultades, poniendo en peligro la viabilidad futura del consorcio que,
como les digo, estaba llamado a explotar del orden de 5.000 millones de
metros cúbicos, de los que 3.500 tenían que ir a Italia.

Dentro de este contrato España quería participar con alrededor de mil,
que iban a servir precisamente para abastecer a los gasoductos del
Noroeste de la península y fundamentalmente para hacer frente a la
gasificación de Galicia.

Pues bien, ésta es la causa fundamental, la falta de resolución de los
compromisos con Nigeria, derivados de problemas relacionados con Italia,
la que puede producir un relativo retraso, como lo está produciendo en
las fechas inicialmente consideradas para la gasificación de Galicia, de
acuerdo con la planificación existente.

En materia de infraestructuras, señorías, en el período 1984-1993, la red
básica de transporte y distribución del gas natural en alta presión ha
pasado de 1.437 kilómetros a nada menos que 5.722 kilómetros, extendiendo
el servicio de gas de 5 a 13 comunidades autónomas.

Con el fin de desarrollar y mejorar la fiabilidad y la estabilidad de las
infraestructuras del gas les relaciono, muy brevemente, algunas de las
infraestructuras más importantes y de las medidas fundamentales
adoptadas.

Como proyectos básicos desarrollados, o que acabarán por desarrollarse
durante esta década, están los siguientes: en primer lugar, la
interconexión de las redes españolas y francesas, vía el gasoducto
Lack-Calahorra, al que acabo de hacer referencia, que permite desde el
pasado mes de



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octubre transportar gas noruego a España, tras transitar 2.000 kilómetros
de las redes internacionales del Mar del Norte de Bélgica y de Francia.

En realidad --quizá ésta sea una forma de decirlo-- una cosa es que en
los costos están incluidos los peajes y otra cosa es que el gas
físicamente transite todos estos kilómetros, porque, naturalmente, hay
acuerdos Swap y acuerdos con otras empresas, incluidas las francesas, por
las cuales se puede intercambiar gas del norte por gas producido en Lack,
etcétera, pero el resultado es equivalente.

En segundo lugar, el gasoducto Magreb-Europa, que entroncará con la
actual red nacional de gasoductos españoles, a la altura de Córdoba,
después de recorrer 1.370 kilómetros desde los yacimientos de Hassi
BRÕMel, en Argel.

En tercer lugar, la extensión del gasoducto del Magreb hasta Portugal,
dada la intención de adhesión a este proyecto, felizmente para los
propios intereses españoles, anunciados ya por la administración
portuguesa a finales del año pasado y que se ha concretado recientemente
en el análisis de la conexión Córdoba-Campo Maior, lo que le confiere
desde su inicio a este gasoducto del Magreb una dimensión también
claramente europea. Un proyecto que lleva, además, aparejada la
posibilidad de interconexión del gasoducto portugués con la red española
gasista del noroeste a través de Galicia, lo mismo que la conexión, vía
Extremadura, con Portugal. La extensión, además, del gasoducto del Magreb
por el este de España, y en una segunda etapa, podría quedar
adicionalmente interconectada con Francia.

Las orientaciones comunitarias en materia de redes transeuropeas de
energía, de refuerzo de la seguridad de aprovisionamiento energético,
puesta en marcha del mercado interior de la energía y cohesión económica
y social avalan adicionalmente el planteamiento de la infraestructura de
interconexión descrita, dados los objetivos prioritarios establecidos por
la Comisión de introducción del gas natural en nuevas regiones, de
interconexión de redes aisladas a las redes transeuropeas, incluyendo los
refuerzos necesarios en estas últimas, y de aumento de las capacidades de
transporte y de almacenamiento. Estas prioridades se establecen hasta el
año 2000, fecha que marca el horizonte temporal para el que es posible
presentar hoy previsiones con algún nivel de realismo en materia de redes
de transporte de energía.

Añadiré a lo que les acabo de comentar que en la última reunión del
Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, en la que se pasó
revista precisamente a las redes transeuropeas en materia energética, los
proyectos españoles están configurados en el anexo de aquellas redes que
pueden tener la caracterización de redes de interés común europeo y, en
consecuencia, ser objeto de apoyo y de ayuda eventual por parte de la
Unión Europea en materia económica.

En materia de infraestructura peninsular, se trata de extender la red
básica hacia las diferentes regiones de nuestro país. La gasificación del
noroeste es una de esas finalidades que conecta la Comunidad de Asturias
con la red nacional de gasoductos en Avilés, y por la parte atlántica
llega a la frontera portuguesa, vía Vigo. Este gasoducto alimentará las
principales poblaciones gallegas, extenderá el servicio de gas natural a
la Comunidad Autónoma de Galicia, a lo que puede contribuir, asimismo, la
planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural
licuado en El Ferrol. Las oportunas concesiones han sido ya otorgadas a
Enagás.

Los problemas de incumplimiento de calendarios, de acuerdo con los
previstos, son los que tienen su origen, como les he dicho, en un
problema del abastecimiento, con independencia de que las empresas
implicadas en el tema, incluso en relación con las autoridades de
aquellas comunidades autónomas, asturiana y, fundamentalmente, gallega,
estén analizando qué vías alternativas existen para tratar de adelantar
los trabajos de infraestructura y preparar la recepción, cuando llegue,
del gas natural licuado, incluso considerando otras alternativas, como
las de gases propanados, etcétera, en el ínterin, mientras no haya la
oferta de suministro que es indispensable.

En segundo lugar, otra infraestructura fundamental es la del gasoducto
Valencia-Alicante-Cartagena, cuyo primer tramo, Paterna-Orihuela, se
encuentra en fase avanzada; en tercer lugar, la gasificación de
Extremadura y de Murcia; en cuarto lugar, el aumento de las instalaciones
de almacenamiento estratégico, un tema absolutamente crucial, y en
quinto, la intensificación de la política exploratoria de gas,
concentrándose en la zona de medio y bajo riesgo.

Desde una perspectiva económica, señorías, la expansión prevista del gas
natural en España supone un desafío de una enorme magnitud. Las
inversiones previstas en el PEN para el período 1991-2000 ascienden
solamente en esta materia a un total de 540.000 millones de pesetas. ¿Qué
medidas son necesarias para asegurar un sector gasista saneado ante una
expansión hasta el año 2000 de la magnitud que he tratado de sintetizar
con estos datos y con esta cifra? En primer lugar, era imprescindible el
diseño de un nuevo marco tarifario gasista, que se ha llevado a cabo por
el Ministerio de Industria y que ha sido aprobado por acuerdo del Consejo
de Ministros de fecha 13 de mayo de 1994, que ha requerido, asimismo, la
modificación del mecanismo de regulación de precios de transferencia a
las sociedades distribuidoras, sobre el que me he detenido anteriormente.

El nuevo sistema establece un criterio de asignación del margen global
entre las empresas involucradas más coherente con sus contribuciones
económicas respectivas y con los retos inversores a los que tiene que
hacer frente en el futuro.

En segundo lugar, el flujo de caja esperado debe ser suficiente para
garantizar una tasa razonable de rentabilidad económica. Se plantea, por
consiguiente, la necesidad de actualizar los precios del gas en usos
domésticos y comerciales --que, por cierto, estaban congelados en los dos
años y medio últimos--, así como los precios del gas natural en los
mercados industriales, actualmente entre los más bajos de la Unión
Europea. Esta actuación ya se ha realizado también a propuesta del
Ministro de Industria, por acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de mayo
de 1994, que ha supuesto una actualización en el entorno del 5 por



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ciento de los precios de venta al público del gas natural en ambos
mercados, doméstico y comercial.

En tercer lugar, dentro de este marco era necesario contar con unas bases
estables para la contratación de gas en las centrales eléctricas con los
recursos generados por las ventas en este mercado. Les puedo decir, sin
adelantarles todavía lo que espero que pueda ser objeto de anuncio
público en los próximos días, que se encuentran muy avanzadas las
conversaciones que el Ministerio de Industria ha impulsado para la firma
de un protocolo de acuerdo entre las compañías eléctricas y el Instituto
Nacional de Hidrocarburos y Enagás.

Finalmente, los precios del gas para cogeneración podrán reflejar también
los mayores rendimientos de este importante y creciente mercado.

En definitiva, la expansión prevista del gas natural para el período
1992-2000 deberá apoyarse más sobre las ventajas económicas derivadas de
la utilización de esta fuente energética que sobre la base de una
política de precios agresiva, de alguna manera una política de precios
subvencionada, con especial atención a un reparto equitativo de los
recursos generados entre las compañías que integran el sector, y a la
generación, en consecuencia, de recursos suficientes para amortizar las
inversiones necesarias en el desarrollo de los mercados eléctricos y de
cogeneración. Estas modificaciones en el marco tarifario del sector
podrán venir acompañadas de cambios en la regulación del acceso a las
redes de transporte y distribución de gas natural en función de la
evolución de la regulación comunitaria en este aspecto; un tema que, lo
mismo que en el mercado común eléctrico, ocupa en este momento, como
saben, y ocupará todavía durante algún tiempo, a los Ministros de Energía
de los diferentes países.

Pues bien, quizás he hecho una introducción muy larga, pero que me
parecía, en todo caso, indispensable para contemplar la magnitud de los
problemas del gas, la dimensión de los desafíos de nuestro país, las
oportunidades estratégicas también que el mercado del gas ofrece y, en
consecuencia, para que pueda entenderse cabalmente qué significa una
operación gasista como la de la integración de los diferentes intereses
empresariales existentes en el sector.

El 22 de septiembre de 1993 se estableció el protocolo de acuerdo de
integración, anunciado por mí mismo, de las dos principales compañías del
sector gasista español: Enagás, propiedad, como saben, al ciento por
ciento, del Instituto Nacional de Hidrocarburos (que tiene encomendada la
importación, el almacenamiento, la distribución de gas natural a las
empresas distribuidoras, distribuyendo a un 50 por ciento del mercado por
sí misma, fundamentalmente en el segmento de la gran industria y de la
generación eléctrica), y Gas Natural, una empresa participada por Repsol,
el Instituto Nacional de Hidrocarburos, la Caixa de Cataluña y más de
20.000 pequeños accionistas, una empresa resultante de la fusión de
Catalana de Gas, Gas Madrid y los distintos activos gasistas de Repsol
Butano y que distribuye y comercializa el 40 por ciento del gas natural
consumido en España, alcanzando el 90 por ciento en lo que se refiere al
mercado doméstico comercial.

¿Qué es lo que se busca con esta operación? Se busca una mayor
integración en el sector gasista, a la vez que se crea un grupo con más
capacidad para competir en un contexto europeo crecientemente
liberalizado.

La constitución de Gas Natural ya respondió en el año 1991 a los
objetivos del PEN de impulsar el crecimiento del sector del gas natural,
al ser una empresa de dimensión adecuada para emprender proyectos de
envergadura que serían de difícil realización en el esquema excesivamente
atomizado que anteriormente existía.

La segunda fase del proceso de integración se instrumentará jurídicamente
por medio de la adquisición por parte de Gas Natural de la mayoría del
capital de Enagás, manteniendo, no obstante, Enagás y Gas Natural la
personalidad jurídica diferenciada. Como antes he indicado, el objetivo
es la constitución de un grupo potente con dimensión adecuada para
afrontar un escenario de progresiva liberalización y competencia, un
grupo sometido a la disciplina del mercado, un grupo capaz de asumir las
enormes inversiones que precisa el sector para promover un desarrollo
compatible con la calidad del servicio y una integración que permite,
naturalmente, aprovechar sinergias y economías de escala, además de ser
una operación de búsqueda, allí donde la administración puede influir,
como es el caso de grandes grupos industriales que tanto escasean en este
país, más amplios que los nacidos en un mercado pequeño e históricamente
protegido. En suma, la integración gasista española es una pieza o
pretende ser una pieza más también de una política industrial y
energética para los retos del mercado único europeo.

Sin duda alguna, señorías --y me adelanto a algunas inquietudes que
pueden tener--, desearían saber cuáles son los términos finales de ese
proceso de integración. Recuerdo que, ante alguna pregunta de algún
miembro ilustre de esta Comisión en el Pleno del Congreso de los
Diputados, tuve la ocasión de contestar que les daría todos los detalles
de la operación tan pronto como ésta se hiciera. Hay un protocolo que es
público, que es conocido y que acabo de resumir en muy breves palabras de
integración entre Gas Natural y Enagás. Hay, sin embargo, un conjunto de
operaciones que desde la firma del protocolo se han venido poniendo en
marcha, operaciones tendentes a una valoración definitiva en distintas
condiciones de la operación de integración; operaciones que les puedo
decir que están tan avanzadísimas que quizás en los próximos días
conocerán SS. SS. los acuerdos a los que hayan llegado los distintos
agentes económicos implicados en la operación, pero operación que en sus
términos precisos, con independencia de que los pueda intuir, no debiera
en este momento producirlos, porque finalmente todavía no hay el acuerdo
sobre todos y cada uno de los detalles. Me parecería, sin embargo, un
cierto fiasco para ustedes, y podrían tener la tentación de acusarme de
ocultar información, no adelantarles algunas líneas generales de lo que
hoy es claro y que forma parte de la operación tal y como se viene
concibiendo. En este sentido, aunque todavía no hay un precio
establecido, sí querría señalarles dos o tres elementos que forman parte
de la operación y que significarán que la operación se lleve a cabo, por
así decirlo, en varias etapas. Una primera etapa



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es la correspondiente a la construcción del gasoducto del Magreb, que es
un tema que no solamente está unido a un volumen importantísimo de
inversiones, sino a aspectos que tienen que ver con las relaciones con
los gobiernos de Argelia, Marruecos y Portugal; y no sólo es importante
por el aspecto de las relaciones políticas, sino porque todavía estamos
en la fase de construcción de un tubo a partir del cual tendrá que llegar
un gas. Esta etapa, que, en todo caso, tendrá que estar terminada, desde
el punto de vista físico, el 1 de enero de 1996 para que llegue el gas
argelino, debiera separarse temporalmente de la operación de integración
entre Gas Natural y Enagás. Esto significa, en consecuencia, que se
seguirá residenciando en el Instituto Nacional de Hidrocarburos una parte
de esta operación, con independencia de que exista posteriormente una
opción de compra por parte del nuevo grupo gasista sobre el gasoducto tal
y como se configure finalmente mediante los costes oportunos.

Sobre este tema, naturalmente, en el momento en que todos estos detalles
estén ultimados, les podré dar mucha más información, pero me gustaría
que tuvieran esto muy en cuenta a la hora de analizar lo que significa la
operación de integración: la segregación, en primer lugar, del gasoducto
del Magreb en Enagás y, por lo tanto, la no toma en consideración de
estos valores a los efectos de lo que pueda significar el valor para le
INH, para Enagás, etcétera, de sus actuales activos; en segundo lugar, la
compra de Enagás, y, en tercer lugar, naturalmente, la adquisición
diferida del gasoducto del Magreb en los años posteriores a la
culminación del gasoducto.

En todo caso, como les digo, es una operación jurídicamente llena de
complicaciones, a la vista de las dificultades técnicas, a la vista de
las relaciones por lo menos con cuatro gobiernos, entre ellos, el
argelino, el marroquí, más el portugués, en la medida en que ha asumido
su voluntad de participar en el gasoducto, más todo un conjunto de
empresas que intervienen en los diferentes tramos de construcción del
gasoducto: Sonatrac, como explotador del gas en los campos argelinos y,
al mismo tiempo, como responsables el gobierno argelino y esta empresa de
la construcción del gasoducto en su propio territorio, más los tramos y
las distintas compañías configuradas para hacer los distintos trabajos,
tanto en la zona marroquí como en los diversos tramos marítimos del
Estrecho que han de ser atravesados por el tubo, que llegará finalmente a
Córdoba. Es un conjunto de operaciones que involucran a un buen número de
figuras societarias, de compañías a través de una serie de acuerdos
jurídicos ya establecidos, que han debido ser analizados de una manera
muy minuciosa por las empresas interesadas, tanto por Enagás como por Gas
Natural, antes de concluir su operación, que espero puedan finalizar en
los próximos días y ser anunciada también públicamente.

En todo caso, señorías, quedo a su disposición para profundizar sobre
estos u otros aspectos, pero permítanme, antes de terminar esta mi
primera intervención, decirles que estamos ante una enorme operación, por
la magnitud que tiene la consideración del gas en la energía, por la
enorme magnitud que tienen las consideraciones industriales que se
derivan también de que nuestro país ha optado por una mayor dieta
energética asentada en el gas y, en tercer lugar, por todo un conjunto de
operaciones directamente ligadas a la reconfiguración del mercado del gas
y de la estructura empresarial del propio gas, que creo que forman parte
--lo digo modestamente, pero con absoluta convicción-- del esfuerzo que
hemos de hacer en este país para tener empresas, grupos empresariales
sólidos, significativos en terreno de futuro en un mercado que ya no es
el exclusivamente español, sino en el que tenemos que hacer frente a
precios, a negociaciones y contar con la dimensión adecuada para sacar el
máximo partido de nuestras posibilidades en el futuro en Europa.

Esto es, señor Presidente, lo que me parecía que debía decirles en este
momento, sin perjuicio, naturalmente, de que después podamos ampliar
otros elementos de información y de análisis.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Gracias, señor Eguiagaray,
Ministro de Industria y Energía.

En nombre del Grupo solicitante de la comparecencia, Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor García Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Ministro, por su comparecencia,
no tanto por su información, a no ser que en la segunda intervención nos
pueda facilitar mayor abundancia de datos, en cuyo caso se le aplicaría
aquella lógica de dejar el vino bueno para el final. Digo esto,
sencillamente, porque la información que hoy nos ha dado en relación al
tema sustancial motivo de la comparecencia, es decir, la compra de Enagás
por Gas Natural, no añade nada a lo que ya sabíamos no sólo por otras
comparecencias suyas, sino por lo manifestado por el propio Ministerio a
través de los medios de comunicación.

Ha empleado la mayor parte de su intervención en describir la política
energética del Ministerio en relación al gas, en inscribir la política
sobre el gas dentro de la política energética general del Ministerio. Lo
ha hecho bien, en el sentido de que ha hecho una descripción bastante
exhaustiva, aunque esquemática. Pero ésta es una cuestión en la que no me
voy a centrar mucho, simplemente porque no era el tema de la
comparecencia y porque, además, sobre ello hemos discutido en esta
Comisión en muchas ocasiones, empezando por la larga discusión que
mantuvimos cuando se elaboró, se discutió y se aprobó el Plan Energético
Nacional.

Con relación a esta primera parte, la más larga de su exposición, quiero
decirle que mi Grupo, en esa discusión a la que me he referido, la del
Plan Energético Nacional, y en un plan energético alternativo que
nosotros presentábamos, incluso por escrito y del que facilitamos una
copia al Ministerio y a los demás grupos de esta Cámara, se manifestaba
partidario del incremento del gas natural en nuestro país en su
estructura energética.

Tengo que decir que incluso en las previsiones que usted ha señalado
ahora seguiremos manteniendo un considerable desfase en relación a lo que
el gas ocupa en la



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estructura energética de otros países europeos. Me ha llamado la atención
que haya dicho que, en el conjunto de Europa --supongo que será en el
conjunto de la Unión Europea--, el gas, en la estructura energética,
ocupa el 19 por ciento. Si yo no recuerdo mal, la cifra que barajábamos
en el Plan Energético Nacional hace dos años era el 14 --hablo de
memoria--, lo cual quiere decir que la figuración del gas dentro de la
estructura energética en los países de nuestro entorno inmediato sigue
creciendo, es decir, que sus previsiones de que nosotros podamos llegar,
en el año 2000, a un 12 por ciento pueden significar que, si Europa sigue
incorporando mayor porcentaje de gas en su estructura energética, nuestro
desfase, en relación a esa estructura europea, seguirá siendo parecido.

Quería hacer esta reflexión a partir de sus datos.

Lo que me interesaba manifestar es que, con relación a la parte primera
de su exposición, sobre la importancia del gas y su incremento en nuestro
consumo energético, nuestro Grupo está absolutamente de acuerdo y así lo
manifestó en la discusión que hubo al respecto en el Plan Energético
Nacional. De tener alguna discrepancia sería esta última que acabo de
señalar, en la medida en que nos parece que nuestros ritmos son bajos
comparándolos con los de Europa.

En el resto de mi intervención, y desgraciadamente no puedo disponer del
mismo tiempo que usted, quiero centrarme en el tema objeto de la
comparecencia, que era la compra de Enagás por Gas Natural, al que usted
ha dedicado la segunda parte de su intervención, de manera muy breve,
esquemática y, repito, con casi nula información nueva en relación a la
que ya poseíamos.

También tengo que decir que Izquierda Unida, mi Grupo, es partidario de
la constitución de un grupo gasístico fuerte y, por lo tanto, pensamos
que es lógica la integración vertical entre las distintas empresas,
fundamentalmente estas dos, que existen en nuestro país; por una parte
Enagás, dedicada fundamentalmente al aprovisionamiento mayoritario y a
los contratos de aprovisionamiento con el exterior, a la logística del
transporte, a las plantas de gasificación, etcétera, mientras que Gas
Natural ha desarrollado fundamentalmente la comercialización al
consumidor final. La integración vertical de ambas empresas, repito, no
es lo que pone en cuestión mi Grupo, sino todo lo contrario.

Antes de seguir adelante, quiero señalar, un poco al hilo de una
manifestación que usted ha hecho --yo entiendo que valorativa, aunque ha
empleado calificativos más geométricos que políticos o simplemente
éticos-- cuando hablaba de que había una distribución asimétrica, que
penalizaba a Enagás, que me parece que es un primer elemento a tener en
cuenta en relación al distinto tratamiento entre una empresa, en este
caso pública, Enagás, y las empresas privadas. Ya hubo un tratamiento
diferencial, un tratamiento que usted llama asimétrico y que yo creo que
es más correcto decir que es un tratamiento injusto, en la medida en que
la empresa pública vendía a Gas Natural a precio de coste y, sin embargo,
era Gas Natural, una empresa privada, la que obtenía, sin ningún tipo de
riesgo, ni industrial ni empresarial, los beneficios más importantes.

Valga esta primera constatación valorativa de lo que ha sido el proceso
en las dos empresas gasísticas más importantes en nuestro país.

Así como digo que nuestro Grupo está de acuerdo y que cree que es
conveniente, incluso necesaria, la integración vertical de ambas empresas
nosotros pensábamos que, en principio, habría tres opciones posibles: la
compra de Gas Natural por Enagás; lo contrario, que es, parece, la que
ustedes están llevando a cabo; o la fusión de ambas empresas.

Una primera pregunta, quizá la pregunta sustancial y la que motiva esta
petición de comparecencia por parte de mi Grupo, es: ¿Por qué la
operación se plantea como una venta y como una fusión? Además, como una
venta de la empresa grande a la empresa pequeña, de la empresa que domina
la red mayorista, de distribución, a la empresa que hace ya la
distribución al consumo fundamentalmente doméstico, minoritario. Parece
que la lógica sería exactamente la contraria, y ya no sólo porque fuese
una empresa pública, sino, simplemente, por la lógica habitual en otros
países. Es la empresa mayor y la que tiene el dominio de la red mayorista
la que lógicamente integra, por la vía de la compra o por otras vías, a
la empresa minorista y más pequeña.

Esta es la primera y fundamental cuestión que nosotros quisiéramos que
usted nos aclarara: cuáles pueden ser los motivos, las razones por las
cuales esta operación se hace al revés de lo que parecería lógico.

Una segunda cuestión que mi Grupo cree necesario abordar (yo esperaba que
ya en su intervención nos hubiera dado algún elemento, algún dato al
respecto), y que pensamos que es tan fundamental casi como la primera, o
en todo caso unida a ella, a la primera, es cuál es el valor neto, activo
menos pasivo, de la empresa pública Enagás y cuál va a ser el valor por
el que se va a producir esta operación de venta a Gas Natural. Porque en
los libros auditados (y como usted lo reconoció, además, en su día) se ve
que el valor estimado era de 100.000 millones de pesetas. Y hay que tener
en cuenta, a mi juicio, que los activos de entonces no estaban valorados
en pesetas actuales, por lo que esta cifra anterior de 100.000 millones,
en principio, sería claramente conservadora. Sin embargo, las noticias
que han ido apareciendo en la prensa, algunas de ellas puestas en su
boca, otras en boca de altos cargos de su Ministerio, hablan ya de una
valoración desde luego muchísimo más baja; e incluso en algunos casos se
ha llegado a hablar de una valoración cero.

A mi grupo le parece que ésta es una segunda cuestión fundamental, que
debiera ser aclarada: cuál es la razón, primero, de que se venda una
empresa mayor y de distribución mayoritaria a una empresa menor y de
distribución minoritaria, y a qué precio.

Nosotros pensamos que la opción más adecuada de integración de ambas
empresas es la fusión y no la compra, repito, y mucho menos la compra por
Gas Natural vía endeudamiento de esta última de Gas Natural. Este sería
otro de los elementos que nos gustaría que se nos aclarara.

A nosotros nos parece que se debe evitar que un sector tan estratégico
como el del gas, y de futuro, comience con



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una empresa endeudada. Pensamos que sería conveniente que esta nueva
empresa tuviera unos recursos propios capaces de llevar a cabo la
necesaria implantación de toda una red gasística, sin depender del sector
financiero, que es un mal endémico emblemático, casi, de nuestras
empresas, y particularmente las eléctricas, por aquello (dicho lisa y
llanamente, que es una magnífica manera de decirlo) de no tener que
trabajar para los bancos. En este sentido y con relación a este tema, lo
que nos gustaría saber es a qué bancos se piensa recurrir para las
inversiones que, lógicamente, van a tener que realizarse y que son
inversiones cuantiosas.

No se ha escapado a la opinión pública, y no es una cuestión que ponga de
relieve o de manifiesto este portavoz, que uno de los socios importantes,
que incluso preside, digamos, Gas Natural, es la Caixa. A partir de ahí,
obviamente surgen interrogantes que convendría despejar. En todo caso,
habría que saber si esta realidad y que sea la Caixa uno de los
prestamistas futuros para estas inversiones pueda ser algo que haya
influido en esta operación.

Otra cuestión igualmente importante es la segregación. Sobre esto sí que
usted, de nuevo, ha vuelto a informar y, además, con bastante claridad,
porque, cuando ha hablado de las tres etapas, ha señalado que la primera
es precisamente la segregación para la construcción del gasoducto
magrebí. Hay ahí varias cuestiones que nos preocupan.

La primera, que nos resulta sorprendente, es que, en primer lugar, se
hace una operación de venta de una empresa pública --por otra parte,
rentable y, repito, mayoritaria, etcétera-- a una empresa privada. En
segundo lugar, a esta empresa pública, a lo que quede de ella, se endosan
las inversiones, enormes y cuantiosas inversiones; además, ni siquiera
claramente cuantificadas, porque las cifras bailan --no, eso no es
bailar, eso es saltar--, saltan de forma que uno se queda verdaderamente
perplejo. Porque resulta que en el Plan energético nacional, que, repito,
es de hace poco tiempo, se calculaba en unos 110.000 millones el coste de
este gasoducto. Posteriormente, se manejan cifras que van desde 350 a
500.000 millones. Es difícil de entender tamaña diferencia. No sé si se
trata de una imprevisión realmente gravísima por parte del Plan
energético nacional o qué otras razones puede haber para estas
valoraciones tan dispares, tan tremendamente dispares.

Y ahora quiero señalar algunos otros aspectos que, siendo menos
centrales, en relación a éstos que acabo de enumerar, nos parece, de
todas formas, que tienen también importancia. Uno de ellos --y tratándose
del Ministerio de Industria-- es qué planes tienen ustedes para el
aprovechamiento industrial del proyecto. El volumen de inversión de esta
naturaleza que estamos hablando obviamente puede ser una palanca de
reactivación para ciertos sectores o subsectores como, por ejemplo, los
fabricantes de tubos, cuya reestructuración --dicho sea de paso-- debía
ser explicada, o para subsectores como el de ingenierías. Está el caso,
en plena reestructuración de una empresa pública como INITEC.

Nos parece que sería prioritario establecer el coste previsto por tramos
concretos, fijar la forma de financiación por parte de todos los
beneficiarios y que esto se programe de tal forma que la industria
nacional pueda encontrar ahí un fuerte incentivo, para que no nos ocurra
como en otros casos de grandes compras o inversiones públicas --piénsese,
por ejemplo, en el caso del AVE--, que, por una parte, pasó de un primer
presupuesto, que, en principio, era rentable, a un presupuesto mucho más
elevado que le hace fácilmente deficitario. Que se supere esta política
de inversiones o de compras por parte del Gobierno español, absolutamente
al margen, en muchos casos, de nuestro tejido industrial nacional.

Por último, dado el carácter estratégico que para Europa tiene este
gasoducto, nosotros entendemos que los créditos internacionales para su
construcción --ya sean del Banco Europeo de Inversiones o de otros--
debieran tener presente en sus cláusulas de amortización su
correspondencia en termias y no en monedas, bien sea en pesetas o en
ecus, porque entendemos que esto daría mucha mayor estabilidad y
disminuiría el riesgo de una obra de tal envergadura, con la garantía
para Argelia de fijación de una relación de intercambio.

Estos son, señor Ministro, algunos de los interrogantes o de las
cuestiones que a mi Grupo le parecen de una extremada importancia y
gravedad y a los que esperábamos y seguimos esperando que nos pueda dar
alguna explicación satisfactoria.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Murcia Barceló.




El señor MURCIA BARCELO: Señor Ministro, voy a intentar que mi
intervención sea breve tras su prolija intervención, explicándonos una
serie de materias relacionadas con la situación gasística si bien
escapaban un poco de lo que era realmente el problema de fondo que hoy se
pretendía tratar, como era concretamente la compra de Enagás por la
compañía Gas Natural.

En esta pequeña intervención, breve introducción, he de decir que de sus
propias palabras se desprende que en septiembre del pasado año se anunció
la compra por parte de Gas Natural de Enagás. El acuerdo estaba
propiciado por el Ministerio de Industria y Energía con el fin de crear
un gran grupo gasista español y europeo, el cual sería, parece ser, el
tercero de Europa, que pudiera competir en un mercado próximamente
liberalizado.

Enagás pertenece en su totalidad, como se sabe, al Instituto Nacional de
Industria, mientras que Gas Natural está participada por Repsol, en un 45
por ciento; la Caixa, en un 25 por ciento; Instituto Nacional de
Industria, en un cuatro por ciento, y el resto distribuido entre pequeños
accionistas. En la futura empresa integrada, el sector público mantendría
un 49 por ciento.

Sin embargo, queremos señalar que desde el momento en que la compra,
fusión o absorción, porque la forma de integración ha ido cambiando con
el tiempo, se realice efectivamente, se creará de hecho un monopolio de
gas natural en nuestro país, con los inconvenientes que esto representa.




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Mientras que la liberalización del sector a nivel europeo, que
teóricamente justifica la operación, no hace más que dilatarse en el
tiempo, dada la oposición de los estados miembros a los deseos de la
Comisión, y, al igual que para el sector eléctrico, no parece que vaya a
producirse a corto o medio plazo, la empresa conjunta controlará todo el
transporte y el 90 por ciento de la distribución capilar del gas en
nuestro país. El resto permanecerá en Gas de Euskadi, un ocho por ciento,
y en Gas de Asturias y en pequeñas distribuidoras en Aragón, un dos por
ciento.

Es necesario definir claramente --entendemos-- cuáles pueden ser las
ventajas concretas de la operación para el usuario nacional y nos
gustaría, señor Ministro, que usted nos diera su opinión.

Asimismo, sería interesante conocer la opinión personal del compareciente
sobre el proceso de privatización del gas iniciado en el Reino Unido,
prácticamente simultáneo al que se está produciendo en España, proceso
que parece justamente el inverso al español.

De las grandes cifras del negocio planteadas, llamaba la atención, en
primer lugar, el gran volumen de inversiones previstas por ambas empresas
a corto plazo. Enagás tenía previsto invertir 380.000 millones de pesetas
hasta 1997 y Gas Natural 150.000 millones de pesetas para el mismo
período. Es decir, conjuntamente más de medio billón en inversiones. Es
muy importante, por tanto, estar seguros de que la nueva compañía
garantizará estas inversiones requeridas.

¿Cómo se garantizarán estas inversiones? El primer escollo que entendemos
surgió en las negociaciones fue la valoración de Enagás. Ya el primer
protocolo firmado indicaba textualmente: Las partes reconocen la
complejidad de la valoración de Enagás, que requiere tener en cuenta,
entre otros factores, sus compromisos nacionales e internacionales, su
régimen tarifario y el marco regulatorio en que desarrollar su actividad.

Las primeras noticias dieron una valoración de Enagás de entre 90.000 y
120.000 millones de pesetas, pero las últimas cifras han rebajado dicha
valoración a la banda entre 45.000 y 60.000 millones de pesetas, pese a
que usted haya dicho que todavía no se sabe cuál puede ser la valoración
y sería apresurado decirlo.

La primera cuestión a plantear es: ¿Se ha llegado ya a una valoración
definitiva? Creo que ya está contestada porque antes ha dicho que no se
había llegado a ella.

Segunda: ¿En base a qué criterios contables y con qué garantía de
transparencia? Esto es especialmente importante en este caso en el que
una empresa totalmente pública va a ser repartida, al menos parcialmente,
entre inversores privados.

Uno de los aspectos que ha contribuido a modificar la valoración inicial
de Enagás creemos que ha sido la previsión de subida de las tarifas,
inicialmente estimada en un 30 por ciento y posteriormente rebajada.

¿Cuál será la previsión del Gobierno sobre la futura evolución de las
tarifas de Gas Natural en nuestro país? ¿Van a sufrir las tarifas el
incremento drástico que parece ser ha anunciado el señor Ministro para
pagar la infraestructura de conexión con Argelia?
Quizás los problemas derivados de esta valoración de Enagás son los
responsables de que incumpliera el primer plazo fijado en la negociación
para la integración, el 30 de noviembre de 1993, pero también ha
transcurrido la prórroga prefijada de dos meses sin resultados positivos.

¿Qué plazo de tiempo se maneja en este momento para dejar completamente
terminado el proceso negociador iniciado hace más de medio año? ¿Existe
realmente la voluntad de llegar a un acuerdo o, como se ha dicho, no se
realizan nada más que maniobras dilatorias por parte de los
representantes de ambas entidades?
Por otro lado, también hay que preguntarse y tratar de conocer cuál va a
ser el mecanismo concreto de la operación, porque hasta el momento se han
formulado distintas opciones, pero no se ha concretado cuál va a ser la
finalmente seleccionada. Parece que una de las alternativas que se está
barajando para avanzar en las conversaciones es la segregación de las
inversiones del gasoducto del Magreb, que quedaría en la esfera del
Instituto Nacional de Industria. Desde luego, es lógico que esta medida
ayude en el proceso negociador, ya que esta inversión es, sin ningún
género de dudas, la de mayor cuantía y mayor riesgo de Enagás. Sin
embargo, es muy discutible que se privatice la parte más segura y
rentable de Enagás, manteniendo en el Instituto Nacional de Industria y
en la esfera pública las inversiones con riesgo.

Sería necesario, por tanto, conocer, si esto se va a hacer así, qué
pasaría con las sociedades ya constituidas para ir construyendo y
gestionando el gasoducto y dónde participa Enagás, cómo se va a remunerar
el transporte de gas por este gasoducto y a quién se están trasladando
los riesgos de esta inversión. Esto último es de importancia primordial,
entendemos, ya que en las discusiones actuales entre Enagás y el sector
eléctrico parece que toda la incertidumbre del contrato y del suministro
del gas se quiere trasladar a éste y, finalmente, a los consumidores a
través de la tarifa eléctrica. ¿Por qué esto se hace así y no asume Gas
Natural su cuota de riesgo? ¿No estaremos ante una nueva moratoria
nuclear, la realización de unas inversiones en centrales de gas que las
disponibilidades de esta materia prima o el crecimiento de la demanda
hacen completamente inútiles y que se acaban pagando entre todos los
consumidores?
Por otro lado, sería también importante refutar, negar los rumores de un
próximo cambio accionarial en Gas Natural con la entrada de la
Generalitat y un aumento de la participación de La Caixa. Un desmentido
de estos rumores contribuiría a conseguir que el proyecto se viera
exclusivamente desde el punto de vista empresarial, en lugar de una
concesión y una negociación políticas.

Finalmente, queremos señalar que, desde el inicio del proceso de
integración de ambas compañías, se nota una ralentización en sus
actividades. El resultado de esta ralentización está siendo especialmente
perjudicial para la toma de decisiones pendientes. En este caso está la
gasificación de Galicia, sobre lo que algo ha dicho usted, señor
Ministro, pero muy por encima, y, por tanto, nos gustaría saber si, por
fin, se va a construir la planta de gasificación de El Ferrol, si va a
estar disponible el gas de Nigeria destinado



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a esta planta de regasificación o podrían llegar hasta ella barcos
metaneros procedentes de otros orígenes, si se va a sustituir la planta
de El Ferrol por otra planta de regasificación situada en el norte de
Portugal y si la opción definitivamente elegida va a ser la construcción
de un gasoducto prolongación de los existentes o previstos y partiendo
bien desde Cantabria o bien desde Portugal.

Aunque se dice que la paralización del proyecto se debe a la espera de
fondos Feder comunitarios para desarrollarlo, lo cierto es que en el seno
de Enagás no se toman las decisiones técnicas adecuadas que permitan
gasificar la región. Esta dilación supone un importante perjuicio
económico por las inversiones y procesos paralizados, por la
incertidumbre, y está condicionando de forma importante el desarrollo a
corto y medio plazo de Galicia. Por este motivo, se debe pedir que se
aclaren a este respecto los planes de Enagás o de la nueva empresa de Gas
Natural que haya absorbido a Enagás y que se dé una fecha concreta de
llegada del gas a Galicia que suponga un compromiso firme con la región.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Quisiera iniciar la intervención, como han hecho
otros grupos, analizando muy por encima el objetivo fundamental de la
cuestión que aquí se está tratando y del que deriva después tanto la
creación del grupo gasístico integrado verticalmente como la construcción
del gasoducto, que es, en definitiva, la aplicación de una determinada
política energética, votada en esta Cámara, por otra parte, y contenida
en el Plan energético nacional, de intentar incrementar, dentro del «mix»
de materias primas en la generación de energía eléctrica, el consumo del
gas, de acuerdo con lo que son los «mix» que existen en Europa.

Quiero mencionar, como también se ha dicho, que, después de estas fuertes
inversiones de las que estamos hablando, probablemente iremos hacia un 10
por ciento, más o menos, de consumo de gas natural, dentro del «mix» de
generación de energía eléctrica, contra casi un 20 por ciento, que es la
media europea. Es decir, incluso después de este enorme esfuerzo,
estaremos por debajo de los consumos medios de gas en el resto de Europa
o de la media comunitaria.

He de hacer constar también que este gran esfuerzo de construcción de un
gasoducto que podrá transportar hasta 7.000 u 8.000 millones de metros
cúbicos lo tiene hecho Italia desde hace tiempo y transporta 14.000
millones de metros cúbicos desde el mismo punto de abastecimiento
argelino. Lo digo para dimensionar, por las intervenciones habidas, no
sólo la del señor Ministro, en sus justos términos esta inversión que se
está realizando. Por tanto, lo que se está haciendo es dar cumplimiento a
una política energética aprobada en esta Cámara, que parece lógica,
insisto, por la política energética del resto de los países comunitarios.

Quiero señalar también que tanto para nosotros como para Italia, es
decir, para los países situados en el sur de Europa, el mercado lógico de
abastecimiento debe ser, a pesar de todos los pesares, los países del
norte de Africa, por cuanto el coste del transporte tiene una incidencia
directa importante en el coste de la termia transportada, y este núcleo
de abastecimiento se sitúa a 500 kilómetros, aproximadamente, de nuestras
fronteras, tanto si se cuenta vía gasoducto hasta Tarifa como si se
cuenta vía marítima hasta Barcelona, mientras que las otras posibilidades
de abastecimiento en el resto de Europa son desde los Urales, con 5.000
kilómetros aproximadamente, o desde Noruega, que es el otro núcleo
situado a 2.000 kilómetros. Por consiguiente parece lógico que esa
política de diversificación de abastecimiento se haga, en primer lugar,
con gas y, en segundo lugar, con gas procedente del norte de Africa.

La forma de implementar esta política energética se ha ido realizando a
lo largo de estos años y culmina con la creación de una determinada
infraestructura, la construcción del gasoducto del Magreb, y desde el
punto de vista societario de impulsión, con integración vertical de las
empresas que participaban hasta ahora en el mercado del gas, una desde
muy antiguo, Catalana de Gas, y otra desde los años setenta, Enagás.

Parece lógico comentar la opción tomada, la que ya nos ha explicado el
señor Ministro y está en la calle. Y entran aquí nuevamente las legítimas
opiniones de cada grupo político respecto a lo privado y a lo público. Ya
sabe, señor Ministro, que nuestro Grupo, en esa tesis, se inclina
prioritariamente, no siempre, en favor de lo privado, excepto cuando
concurren una serie de circunstancias que creo que se dan en este caso.

Es evidente que el sector energético es un sector estratégico. Se trata,
además, no tanto de la distribución interior como del abastecimiento
desde el exterior, con compra de un gas en la que normalmente participan
los Estados por el volumen de las transacciones y por ser compras,
insisto, hacia el exterior, por lo que participan, repito, los Estados. Y
participan, incluso, en este abastecimiento concreto --y así espero que
sea en el futuro-- otros Estados como posibles receptores de ese gas,
toda la dinámica que se puede abrir respecto a Portugal e incluso el
empalme a través de los gasoductos que puedan derivar hacia Francia parte
de ese abastecimiento. Por eso parece que se dan algunas de las
circunstancias en las que estaría justificada, a nuestro parecer, la
participación pública.

Por otra parte, no deja de ser cierto (y probablemente de aquí deriva una
nueva razón, y no la menos poderosa, de esa participación pública) el
hecho de que el sector energético tiene unas tarifas marcadas desde la
Administración que retribuyen al operador en ese mercado.

En consecuencia, insisto en que creo que en esa polémica siempre posible
entre lo público y lo privado, la participación pública está justificada.

¿En qué porcentaje? Eso ya es muy dependiente de las circunstancias en
que se produzca esa integración o esa intervención. En este caso la
integración vertical de las empresas que operaban en el sector gasístico
planteaba dos posibilidades, que aquí han sido analizadas ya por la
intervención de algún compañero



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anteriormente, entre una empresa que, como su nombre indica, es una
empresa nacional del gas, y una empresa cien por cien privada, que
finalmente se ha decidido por una integración respecto de la cual querría
remarcar dos cosas.

En primer lugar, que el nombre definitivo que se adopta, que es el de una
de las dos --de la privada-- no nos lleve a pensar que es porque la
participación privada es mayoritaria. A lo mejor ha sido precisamente una
compensación para que no lo sea. La realidad es que el nombre es el de la
privada, pero la participación mayoritaria (prácticamente un 47 ó 48 por
ciento) va a seguir siendo pública. Y, en segundo lugar, el nombre del
Presidente tampoco nos debería llevar a pensar que es en representación
del grupo que es minoritario (que es el 25 por ciento de la Caixa), entre
otras cosas porque don Pere Durán-Farrell nunca ha sido un empleado de la
Caixa, sino que era el Presidente de la empresa privada del gas que
operaba.

Querría, para no confundir a la opinión, insistir en que ni el nombre del
Presidente ni el de la empresa nos debe llevar a pensar que la parte
privada es mayoritaria, opción que a nosotros tampoco nos hubiera
disgustado. Creo que es coherente con nuestra posición de que los
privados pueden ser mayoritarios, aunque, como decía antes, eso depende
de muchas circunstancias, entre otras de las situaciones de las arcas del
Estado en un momento determinado. Y si se es capaz, dominando
estratégicamente la inversión, de incitar al capital privado a que
concurra a la financiación de inversiones tan importantes, creo que debe
ser aprovechado. Esta, que es una posición nuestra de siempre, no nos la
hace cambiar el hecho de que la empresa sea catalana, evidentemente. Es
decir, nosotros estamos a favor de la privatización aunque sea una
empresa catalana. Lo digo por cosas que también se han oído por aquí.

No hay duda de que lo que nos interesa es la incidencia que en la
política energética puedan tener todas estas actuaciones, y
fundamentalmente algo que sabe el señor Ministro, y que aquí hemos
expresado reiteradamente por lo que repercute en la competitividad de
nuestra industria, que es el precio de la energía. Insisto, la incidencia
que esta diversificación pueda tener en el precio de la energía es lo que
finalmente interesa a nuestro Grupo Parlamentario.

En este sentido he tomado buena nota de la intervención del señor
Ministro, de su aseveración o afirmación de que la política tarifaria
respecto al gas no irá dirigida, a través de subvenciones encubiertas, a
una política tarifaria subvencionada que pudiera promocionar el uso del
gas por parte del consumidor último, sino que irá a mantener un
equilibrio que permita que el «mix» energético se mantenga --y ésa ya es
petición de nuestro Grupo-- en los términos en los que está planteado
actualmente, con la posibilidades de que la evolución futura de la tarifa
eléctrica no sólo no se encarezca, sino que incluso pueda disminuir
respecto a la situación actual. Ese sería un ruego de nuestro Grupo
Parlamentario, que quizá por la reiteración con que ya ha sido
manifestado pueda demostrar hasta qué punto creemos que es necesario,
insisto, para la competitividad de la industria del país. Quisiera
conocer del señor Ministro si esa política tarifaria puede incidir en el
impulso de la utilización del gas a través de ciclos combinados en la
generación de energía eléctrica, cuál es la evolución que se piensa desde
el Ministerio de Industria, si marcando, como hace, la política
tarifaria, puede impulsar en una dirección o en otra este tipo de
inversiones; cuál es la evolución, repito, que prevé y cuál es la
influencia que el uso del gas puede tener en el futuro al coste de la
tarifa eléctrica comparativamente con la generación de energía eléctrica
a través de otras materias primas o de otros mecanismos.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz.




El señor SAENZ LORENZO: Nuestro Grupo quiere, en primer lugar, manifestar
nuestro acuerdo de fondo con la política que se viene desarrollando sobre
el gas. No es una política que nace hace poco tiempo, sino que, como ha
dicho el señor Ministro, tiene sus orígenes en un protocolo del gas, en
1985; después, en una Ley del Gas, en 1987; en la creación de Gas
Natural, en 1991, y en las operaciones que se están haciendo en este
momento en los contenidos del Plan energético nacional de 1991. Se está
haciendo una política coherente que aplaudimos, uno de cuyos pasos es el
que se discute hoy, que difícilmente se puede sacar de ese contexto. Es
un paso más dentro de una política que se viene realizando, con cuyo
objetivo estamos totalmente de acuerdo. Objetivo que no es sólo de
nuestro país, sino de los países europeos, de diversificar combustibles,
de dar mayor papel al gas y sustituir, en buena medida, los consumos de
petróleo; objetivo que plantea la Comunidad Económica Europea y que tiene
nuestro país, objetivo de diversificar también el origen de los países de
importación de los combustibles; objetivo de mejorar la eficiencia en la
utilización de estos mismos combustibles y, por tanto, aumentar las
utilización del gas e introducirlo como más eficiente en la generación de
electricidad.

Este debate lo plantemos en el Plan energético de 1991. Fue uno de los
temas que más tiempo ocupó, y el paso del tiempo, una vez más, está dando
la razón a las posiciones que entonces mantuvimos y que hoy son
sostenidas también por todos los países europeos, cualquiera que sea el
tipo de gobierno que tengan en cada momento. Importante también es el
objetivo de disminución de impacto ambiental, que es fundamental para la
potenciación del gas.

Todos estos elementos básicos nos llevan a tomar una serie de opciones
políticas que tienen un elevado coste económico de inversiones que se
vienen realizando en la construcción de una serie de infraestructuras,
fundamentalmente en los gasoductos, en el desarrollo de una serie de
mercados simultáneos. Porque no nos olvidemos que, al mismo tiempo que se
hacen las infraestructuras, tienen que desarrollarse los mercados. Es
todo un proceso que hay que señalar que se está llevando con coherencia,
con eficacia, y que va a desembocar en que el gas tenga una presencia en
nuestro país, algo que era casi inexistente hace unos años y que se
muestra como un objetivo necesario en el contexto de cualquier política
energética.




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Por tanto, nos parece corto de miras que se pueda plantear en estos
momentos que esto responde a operaciones políticas de corto plazo.

Estamos en un proceso que se inicia en el año 1985 con un protocolo del
gas, que tiene una Ley del Gas en 1987, que discutimos el Plan
energético, y ahora resulta que esto es la coyuntura política de las
alianzas. La cortedad de miras que presenta tal posicionamiento señala
que hay algunos partidos políticos que todavía no se sitúan en los
planteamientos de los objetivos de nuestro país, de qué es lo que
necesitan para afrontar con eficacia el futuro. Están más en poner
piedras en el camino que en discutir los elementos básicos de una
política.

Me sorprendió cuando algún grupo de esta Cámara eludió que hoy hubiera un
debate sobre la empresa pública, debate que se ha venido pidiendo
reiteradamente. Hoy lo entiendo más que ayer, porque las posiciones que
mantienen algunos grupos difícilmente tienen alguna coherencia entre lo
que se está diciendo respecto del papel de la empresa pública y lo que se
dice en un sector en el que la presencia de dicha empresa pública es
importante, como es el sector del gas.

Desde el punto de vista del Grupo Socialista yo quisiera señalar que en
la actuación del Gobierno en el tema del gas se pone de manifiesto, de
forma fehaciente, un argumento que nuestro Grupo ha venido manteniendo a
lo largo de todo este tiempo, y es el decir que no tenemos una posición
de partida ni una posición ideológica respecto al tema de la empresa
pública; que el interés del Gobierno en el tema de la empresa pública es,
sobre todo, el defender y el poner por delante los intereses del país,
los intereses industriales de nuestro país; el que nuestro país disponga
de empresas capaces de competir, suficientemente eficaces, con tamaño
adecuado en cada uno de los sectores, y que no pueda ocurrir que cuando
los sectores se liberalizan podamos ser absorbidos porque tengamos una
serie de empresas dispersas, pequeñas, ineficientes, y que lleguen las
multinacionales o las grandes empresas europeas y rápidamente se puedan
hacer con una parte del mercado absorbiendo pequeñas empresas que se
encuentren en situaciones más o menos precarias.

Yo no sé cuál es el modelo que plantea el principal grupo parlamentario
de la oposición, porque en este caso me ha dejado absolutamente
despistado. Parece que se critica la actuación yo creo que simplemente
por poner piedras en el camino y porque es el Gobierno el que la ha
llevado adelante. Porque, ¿qué modelo se pretende? ¿Qué haya una serie de
empresas dispersas que en el momento en que se liberalice el sector
puedan ser absorbidas por empresas del exterior? ¿O es que se pretende
defender los intereses de nuestro país planteando que vamos a tener una
empresa que tenga tamaño suficiente, que tenga capacidad suficiente para
estar presente en el mercado europeo y para eso vamos a tratar de
aprovechar todo lo que hay, lo público y lo privado? Porque parece que el
principal partido de la oposición plantea que hay que privatizar cuando
no hay empresario privado, y en este caso que sí lo hay no sé qué es lo
que plantea. Lo que plantea el Gobierno es que haya cooperación con ese
empresario privado que tenía una parte del mercado; es decir, poner en
común los planteamientos de ese sector privado y los intereses públicos.

Nosotros pensamos que, una vez más, en la actuación del Gobierno en este
sector se pone de manifiesto esa voluntad de poner por encima de todo,
por delante de todo, los intereses del país, los intereses industriales
de nuestro país. Necesitamos tener en el sector del gas una empresa
potente, aprovechando toda la fuerza que exista en el sector público y en
el sector privado. Esta es la operación que, desde nuestro punto de
vista, se está haciendo, y que nuestro Grupo, desde luego, una vez más
aplaude.

También le tenemos que decir al Gobierno que sea cuidadoso,
evidentemente, con la defensa de los intereses públicos, y nosotros
aisladamente le pediríamos las tres cosas que pedía el Grupo que ha
solicitado la comparecencia. Podríamos decir que defienda los intereses
públicos y que la valoración de los activos sea alta. También podríamos
decirle que las inversiones las haga toda la empresa que surge y, al
mismo tiempo, que se endeude menos. Lo que nos parece difícil es pedir
las tres cosas al mismo tiempo. Porque si tiene que pagar más por los
activos, y además tiene que hacer todas las inversiones, difícilmente se
podrá endeudar menos. Nos parece que lo que le tendremos que pedir al
Gobierno es que, teniendo en cuenta todos esos intereses a los que somos
sensibles, busque el equilibrio más adecuado para poderlo sacar adelante,
de forma que se cumpla el objetivo que creo que hay que pretender: que
salga una empresa fuerte, una empresa con viabilidad, que sea capaz de
llevar adelante los proyectos de futuro que queremos, los proyectos de
infraestructura, la conexión con el Magreb; que sea capaz de que dentro
de unos años dispongamos de activos que nos permitan rentabilizar, y que
al mismo tiempo que se aumenta la presencia del gas en nuestro país, que
es beneficioso desde el punto de vista energético, tengamos también unos
intereses públicos y privados lo más conjuntados posibles, que puedan
estar presentes y que no sean barridos del mercado, como ha ocurrido en
otros sectores en los que no hemos podido hacer operaciones de este tipo.

Por tanto, nuestro Grupo, pidiéndole al Gobierno que sea sensible a la
defensa de los intereses públicos, le pide sobre todo que negocie de
forma que sea viable el proyecto de conjunto, que nos parece un proyecto
muy positivo y que se está llevando con una gran coherencia desde hace
años. Y, desde luego, lo que nos gustaría es que cuando oímos críticas,
que siempre es bueno oírlas, estas críticas se plantearan desde el punto
de vista de una alternativa y no fueran plenamente contradictorias con
las posiciones que otros grupos mantienen cuando discutimos de la empresa
pública o de otros temas que tienen una relación directa con ella.

Por parte de nuestro Grupo animamos al Gobierno a que, al mismo tiempo
que sea cuidadoso en todo el proceso, porque evidentemente en los
procesos es bueno que se defiendan en todo momento los intereses
públicos, sobre todo que pretenda obtener los objetivos que creo que son
más importantes: por una parte, sacar adelante la política del gas y, por
otra parte, que haya una empresa en el sector fuerte y competitiva que
sea viable y que se pueda



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llevar adelante con éxito mediante las adecuadas aportaciones de unos y
otros.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Tiene la palabra el señor
Ministro de Industria y Energía para responder a las intervenciones de
los grupos.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor
Presidente, me van a permitir que empiece hoy mi contestación a las
intervenciones alterando el orden en el que se han producido, por lo
menos en una primera parte.

Quería decirle, señor Sáenz, que hay veces que me siento especialmente
satisfecho, naturalmente, de las intervenciones de mi propio Grupo. Creo
que hoy, en su intervención, ha puesto usted el dedo en bastantes llagas.

No solamente me agrada la identidad de criterios, sino la identidad de
planteamientos. Y, al mismo tiempo, el énfasis con el que usted ha
planteado tres o cuatro de las cuestiones que me parecen más relevantes
me anima a iniciar mi intervención por aquí.

Déjeme decirle que estoy de acuerdo al cien por cien con todo lo que ha
dicho, y además creo que ha tenido usted una intervención especialmente
aguda. Esta no es una operación solamente en el sentido político que
algunos pretenden asignar: ésta es una gran operación nacional, y digo
nacional en el pleno sentido de la palabra, como operación económica,
como operación industrial y como operación en la que muchas personas
pueden ver un intento, por lo menos voluntarioso y acreditado, me parece,
de integrar intereses muy diversos de nuestro país.

De todas formas, quiero añadir, al hilo de esto, algo que creo que hay
que decir y que lo debo decir yo como Ministro de Industria. Nadie tiene
el derecho de suscitar ningún tipo de sospechas por el hecho de que haya
intereses catalanes en una operación industrial y económica española. Lo
digo, señorías, con toda mi convicción. Me parece simplemente
impresentable el que se puedan estar suscitando dudas siquiera de
intereses no dignos de defensa por el hecho de que haya operaciones en
las cuales sectores económicos catalanes estén contribuyendo a un
proyecto nacional, económico e industrial.

Como supongo que nadie va a sostener esto, lo digo sin hacer referencia a
nadie, pero como una proclamación que me parece que es importante que la
haga el Ministro de Industria, sobre todo cuando creo que es una
operación no solamente ejemplar, modélica, sino al mismo tiempo
absolutamente necesaria para los intereses generales del país.

Señor Sáenz, creo que la discusión sobre empresa pública en algún momento
la tendremos que hacer, ojalá que llegue este momento pronto. Pero tal
vez esto sea también una expresión de cuál es la concepción del Gobierno
sobre la política de empresa pública, dirigida, como usted ha dicho
anteriormente, no solamente a defender en abstracto la presencia
mayoritaria de socios públicos, sino una política fundamentalmente para
la defensa, para el fortalecimiento del tejido industrial en los
diferentes sectores en los cuales estemos confrontados, que muchas veces
es perfectamente compatible con una reducción de la participación del
sector público y que muchas veces es perfectamente compatible con el
hecho de la integración de intereses privados, como es en este momento el
caso. Me parece que ésta es también una buena expresión de una política
industrial en la que la defensa de lo público y de lo estratégico para
este país se puede cohonestar con la participación del sector privado,
como a continuación trataré de poner de manifiesto.

Créame que tomo muy en consideración lo que ha dicho, que por otro lado
forma parte de lo que preocupa a otros Grupos: la defensa de los
intereses públicos. Esta es, obviamente, una preocupación del Gobierno,
de este Ministro en particular. Seremos cuidadosos, pero --y creo que lo
ha expresado con notoria plasticidad-- no se pueden pedir todas las cosas
a la vez, sobre todo si todas las cosas, además, son contradictorias. No
se puede pedir que el precio de Enagás sea máximo, que los compromisos y
los riesgos que asuma el sector privado sean máximos y que,
simultáneamente, las inversiones sean todas asumidas por aquellos que,
naturalmente, están pretendiendo tener una rentabilidad para sus
inversiones. Todas las cosas, repito, y a la vez es el mejor ejercicio,
cuando se solicita, de demagogia, pero la peor forma de aproximarse a la
realidad.

Por tanto, vamos hacia la configuración de un grupo fuerte, de un grupo
viable, de un grupo capaz de invertir en un sector que sigue siendo un
sector regulado y en el que SS. SS., a través del control del Gobierno o
a través de iniciativas incluso legislativas, tendrán la posibilidad de
seguir controlando el grado de equilibrio que se pueda ir generando entre
los distintos intereses en juego en los próximos años.

De todas formas, me parecía importante decir esto al comienzo de mi
intervención, sin perjuicio de que creo que hay aspectos muy interesantes
en las intervenciones de los demás grupos de la Cámara, especialmente el
que ha planteado el señor García Fonseca, que no ha dicho que tuviera
objeciones, sino que fundamentalmente tenía interrogantes sobre la
importancia de las cuestiones que están en juego y sobre la gravedad de
algunas de las decisiones que se han tomado, se están tomando o se van a
tomar.

Lamento, señor García Fonseca, que le haya decepcionado un poco, pero he
sido muy coherente con lo que le contesté en el Pleno. Le dije que le
daría información sobre todas las cosas tan pronto como yo la tuviera y,
naturalmente, no le puedo dar un precio de Enagás cuando en este momento
no hay un precio acordado entre las partes, es obvio que con la
participación del Ministerio de Industria. Hay muchas valoraciones que se
vienen haciendo desde hace muchos meses, incluso antes de que se hubiera
acordado el protocolo de intenciones que nos conducirá a esta operación.

Por tanto, si se queja de que no añado nuevos elementos de información,
tal vez tenga una cierta razón, pero quizás es porque se ha preocupado de
espigar entre las muchas informaciones que el Ministerio de Industria ha
venido dando yo sobre la marcha de este proceso y lo que es susceptible
de ocurrir. Se lo digo porque usted es el que ha expresado en este
sentido el mayor interés. No quisiera pillarme con los días, pero confío
en que dentro de este



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mes usted sabrá el precio y todos los términos de la operación de
integración, ya que las partes están prácticamente de acuerdo en dar el
último paso, que es el que lleva, una vez establecidos todos los
mecanismos de aseguramiento jurídico, a culminar esa operación.

Se ha referido a algunas otras cosas. Efectivamente, usted hablaba de
memoria al referirse a la comparación de la participación del gas que se
puede esperar en nuestro país y la que hay en Europa --desde luego, no es
el 14 por ciento; está más cerca del 19, que es la cifra media que yo he
dicho--, pero no es legítimo sacar la conclusión mecánica de que por eso
va a seguir nuestro desfase. Sin duda alguna es verdad, tendremos menos
participación del gas, pero no todos los países europeos tienen la misma
estructura de abastecimiento energético que la nuestra. Nosotros tenemos
algunas opciones y hemos establecido una cierta prioridad por la
seguridad en el abastecimiento energético asentando una parte de nuestros
suministros en el carbón, por algunas razones de seguridad en
suministros. Esto hace que nuestra cesta, con independencia de que vaya
creciendo la participación del gas, no podrá, seguramente, equipararse a
la de algunos de los países europeos que no son sólo productores de gas,
sino incluso productores de petróleo, cosa que nosotros no somos ni en un
caso ni en el otro, salvo por el modesto yacimiento Gaviota que, como
saben ustedes, está a punto de extinguirse.

Los ritmos no son bajos, señor García Fonseca, ni muchísimo menos. Se ha
retenido usted las cifras que he dado de introducción del gas desde el
año 1985, fecha de la firma del protocolo, hasta hoy, son tasas de
crecimiento extraordinariamente importantes, y fue un objetivo de la
política energética española el que eso fuera posible, incluso asumiendo
algunas de las consecuencias negativas que desde el punto de vista de la
rentabilización de determinados activos en empresas públicas pudieran
derivarse. En ese sentido, no me tome una afirmación que es de análisis
como una afirmación de crítica a una empresa del sector privado, no me lo
tome en ese sentido. Es verdad que ha habido una distribución asimétrica
de los márgenes, voluntariamente perseguida, para hacer posible una mayor
introducción del gas, y es verdad que se ha primado, desde una mayor
absorción por el sector público, la introducción del gas en nuestro país,
rentabilizando en menor medida los activos de Enagás de lo que en un
régimen estrictamente privado cualquier inversor hubiera hecho para
facilitar la introducción del gas en nuestro país.

Son dos afirmaciones distintas, aunque de ahí me parece que sí debemos
sacar algunas conclusiones, sobre todo en un proceso de integración como
el que estamos contemplando, que si es necesario hacer frente a las
necesidades de inversión y, en consecuencia, garantizar determinados
cash-flow de las empresas que han de invertir, tenemos no solamente que
homogeneizar la forma de distribución de los márgenes entre todas las
empresas, sino, al mismo tiempo, hacer que esto sirva, sin un
endeudamiento insoportable, posible, la operación o el conjunto de
operaciones de inversión que están en curso.

Desde esa perspectiva, a la cual creo que se refería también antes el
señor Sáenz, hay que contemplar todo el conjunto de la operación. Cómo
hacer posible una operación de reestructuración tarifaria, distribución o
redistribución de márgenes, colocación de las empresas del gas en
condiciones de invertir, compatible con un aumento inevitable de su
endeudamiento durante un período como es el que tiene lugar con la
generación de todas estas infraestructuras y minimizando en parte el
apoyo público para hacer posible el que todo esto se lleve a cabo, algo
que tiene que hacerse en condiciones equilibradas, no solamente poniendo
el peso en un lugar de la balanza, como podría ser la pretensión de que
una empresa asumiera todos los riesgos y sin tarifas que permitieran la
remuneración de su capital haciendo, naturalmente, inviable cualquier
intento de participación de capitales privados.

Pero el núcleo de su intervención, señor García Fonseca, era por qué de
las posibles opciones se opta por una, que es la compra por parte de Gas
Natural de Enagás. Sin duda alguna, en su pregunta (me va usted a
permitir que lo diga) hay un sesgo, que no lo valoro, pero que significa
que lo natural es que Enagás compre Gas Natural y no al revés.

Simplemente se lo planteo en términos de interrogación; esto me lo tiene
que justificar, pero no como un «a priori». Por qué --siguiendo con su
desarrollo-- es más natural que una empresa pública como Enagás,
participada al cien por cien, compre una empresa, por cierto, privada
relativamente, con un 49 por ciento de participación pública, como es Gas
Natural, entre la suma de Repsol más el INH, y por qué es eso más natural
que lo contrario, sobre todo en un proceso como éste; por qué es así,
digo, sobre todo si asumimos algo de lo que he dicho anteriormente al
contestar al señor Sáenz desde el punto de vista de la participación
pública en operaciones estratégicas.

Por qué es más natural si se tiene en cuenta cuáles son las decisiones
que se están tomando. Usted lo puede defender, pero me aceptará el que
eso forma parte de un «a priori» --no sé si ideológico legítimo, pero en
todo caso de un «a priori»--, no necesariamente de algo que signifique
mayor preservación de los intereses públicos o conveniencia desde el
punto de vista de los intereses industriales españoles. ¿Por qué se hace
así? Se hace así porque, entre otras cosas, esto conduce a resultados
prácticamente idénticos y tiene, además, algunas ventajas.

Déjeme empezar haciendo una afirmación, que liga también con lo que he
dicho antes sobre la empresa pública. Repsol es una empresa pública,
afirmación difícil de discutir y, sin embargo, Repsol en este momento ya
no tiene una participación mayoritaria del sector público. Pero es una
empresa en la que hay una posición de control del sector público,
suficiente sin duda alguna en este momento, mucho más que suficiente,
para defender los intereses estratégicos de España en un sector que es
estratégico. Sin embargo, hace tiempo he anunciado que el Gobierno tiene
la intención de reducir su participación pública accionarial, a la vez
que seguir preservando, incluso por la vía de la ley, determinados
derechos que son relevantes para este país y que forman parte del
panorama de todas las privatizaciones que se han hecho en todos los
países europeos occidentales. Por lo tanto, es perfectamente posible una
reducción de Repsol, como se hará a lo



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largo de este año, y simultáneamente seguir manteniendo esa consideración
de una empresa que cotiza en Bolsa, que está sometida a la disciplina del
mercado, que tiene que velar no solamente por intereses públicos, aunque
también obviamente, sino por los intereses de inversores privados, de sus
accionistas, y seguir manteniendo las consideraciones estratégicas. Pues
bien, Repsol en este momento tiene una participación importante en Gas
Natural. El INH tiene una participación pequeña, de un tres y pico por
ciento. La suma total es alrededor del 49,3 por ciento, si no me
equivoco, entre Repsol y INH (45,3 Repsol, 3,8 por ciento INH). Y Enagás
es una empresa participada al cien por cien por el INH.

La operación, señor García Fonseca, consiste en que Gas Natural, empresa
participada con una posición de control por el sector público, compra el
91 por ciento de Enagás, y el INH sigue participando todavía en un 9 por
ciento en Enagás. Y esa operación es compatible con posibles procesos
ulteriores de reducción de la participación pública en Repsol y,
eventualmente --no lo sé porque no está decidido, pero no me repugna
conceptualmente--, con procesos ulteriores también de reducción de la
participación pública, incluso en el conjunto de las empresas de gas.

La pregunta, señor García Fonseca, es: ¿Qué es relevante, la
participación accionarial o la defensa de los intereses estratégicos de
España y de los intereses industriales de España? Yo creo que es la
segunda la relevante y es la que me encontrará defendiendo siempre. Me
encontrará defendiéndola tanto más cuanto crea que es más compatible con
la integración de intereses privados de nuestro país, que van a seguir
siendo los dominantes en la configuración de una industria cada vez más
competitiva de nuestro país.

En esos términos, no solamente se puede sino que se debe defender esta
opción, aquélla por la que nos hemos encaminado, como una opción de
efectos, sin duda alguna, equivalentes a los que intuyo que había en su
preocupación por el hecho de que aparezcan intereses privados y públicos
y que usted atribuyese incluso una cierta mayor naturalidad a una forma
de hacerlo que a otra.

El sector tiene --lo he dicho antes-- fuertes compromisos de inversión
hasta el año 2000, en torno a los 500.000 millones de pesetas, incluso
más, depende de cómo se compute, si estamos hablando en pesetas
corrientes, en pesetas constantes, etcétera, por tener un orden de
magnitud, de esa cuantía. Obviamente, hay muchos problemas que han de
seguir siendo defendidos; problemas que tienen que ver, desde luego, con
la presencia internacional de España y con las negociaciones con
gobiernos. Esto hace inevitable, especialmente en esta etapa, una
presencia pública muy importante. Hay muchos elementos que forman parte
de riesgos políticos y de relaciones políticas internacionales de nuestro
país con otros países --no me estoy refiriendo sólo a Argelia; me estoy
refiriendo a las relaciones con los demás países-- que aconsejan que esto
se produzca de esta manera.

Este es un sector en el que además hay riesgos que son difíciles de
desconocer. Los que están familiarizados con este tema saben la
importancia que tienen en un sector como éste --sector regulado, y luego
me referiré a ello-- el que los contratos sean mayoritariamente «take or
pay». En consecuencia, cualquiera que tenga que establecer una
contratación a largo plazo, sabiendo que tendrá no sólo que garantizarse
esos suministros, sino también que pagarlos (y son suministros de un
enorme volumen), tiene que empezar a garantizarse el tener las ventas.

Este es un riesgo empresarial de una magnitud difícil de captar e incluso
de estimar en términos financieros como para que, ante estos volúmenes,
empresarios privados, sin más, acometan semejantes tareas.

Fíjense que no estamos hablando de situaciones como las que se producen
en el Reino Unido donde, si me permiten una expresión muy simple, hay un
pozo en cada esquina en el Mar de Norte, y donde, por tanto, se pueden
configurar múltiples empresas de exploración y de aprovisionamiento de
gas y celebración de contratos con relativa sencillez. España no tiene
gas, España tiene que contratar el gas de otros países, de países a veces
lejanos, y en un momento en el que, por cierto, no hay demasiada oferta,
sino que ha habido algunos problemas de oferta.

Hay un riesgo extraordinariamente importante. De ahí que los objetivos de
penetración del gas tengan que ir unidos a objetivos de planificación
energética, aprovechando que estamos hablando de sectores, como los
energéticos del gas y de la electricidad, regulados y a la necesidad de
hacer una diversificación de oferta y una combinación de fuentes
energéticas dirigida a minimizar los costes de la cesta energética, a la
vez que la seguridad en los suministros.

Ya he explicado anteriormente lo que significaba la operación, en qué
términos se podía defender, qué significa en términos accionariales (lo
he vuelto a repetir, señor García Fonseca).

Problema del valor. Usted se ha referido a algunas valoraciones y casi
siempre convertimos (y quizás ustedes me permitan que haga esta amable
queja) algunas de estas discusiones en discusiones de analistas
financieros. Yo creo que (no sé, tengo el interés en darles toda la
información) tengo sobre la mesa de mi despacho no menos de una docena de
valoraciones. Valoraciones hechas por los compradores y valoraciones
hechas por los vendedores y, naturalmente, les puedo garantizar que, las
que eminentes casas de auditoría hacen por cuenta de los compradores,
llevan siempre un valor de Enagás --qué curioso-- mucho más bajo del que
dan las casas de auditoría que trabajan naturalmente para los vendedores.

Por tanto, la horquilla es extraordinaria entre quienes pretenden decir
que son tales los riesgos que, en consecuencia, Enagás no valdría nada en
términos financieros, hasta los que pretenden exclusivamente valorar los
activos por su valor contable y, en consecuencia, no toman en cuenta cuál
es el flujo de ingresos que puede provenir de esa inversión en los años
próximos y descontarlos en el momento presente.

Es verdad que esas diferencias se han venido horquillando y créame, señor
García Fonseca, que tengo el máximo interés, no solamente como Ministerio
tutelar del Instituto Nacional de Hidrocarburos, de que la valoración



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sea la más razonable posible, pero en posiciones de equilibrio. No se
trata tampoco de hacer una valoración al máximo para poder decir: el
sector público ha obtenido tantos miles de millones de pesetas, si esto
lo que significa es que, con un horizonte tarifado moderado, lo que vamos
a estar haciendo es imposibilitar una parte de la inversión que en el
futuro tengan que hacer las empresas integradas dentro del sector del
gas.

Creo que entenderá mi argumentación, a la vez que supongo que yo tengo
que entender su relativa insatisfacción por el hecho de que hoy no le
pueda dar una cifra, pero si usted se espera dos semanas, estoy seguro de
que conocerá la cifra a la que se llegue entre los unos y los otros.

¿Qué bancos se van a utilizar? No tengo la menor idea, señor García
Fonseca. Al parecer, esto le preocupa mucho. Desde luego, la Caixa ha
venido trabajando en el mundo del gas. Lo venía haciendo anteriormente a
la creación de la sociedad Gas Natural, cuando se creó Catalana de Gas. Y
ciertamente es y ha sido una de las empresas financieras de este país que
ha tenido un papel más relevante en el mundo del gas, históricamente
hablando. Por lo tanto, tiene no solamente la experiencia, sino una
posición derivada de los núcleos, de las relaciones históricas que ha
mantenido con las empresas del gas desde su origen, desde la primitiva
entrada del gas natural en España a través de Catalana de Gas, que
ciertamente ha querido mantener, lo cual no impide que en este proceso
--tal y como sin duda alguna conocerá por el protocolo del gas-- la
participación que ahora se contempla para la Caixa en la nueva empresa
sea una participación que vaya unida a una renuncia a algunos derechos
que anteriormente tenía en relación con Gas Natural y, fundamentalmente,
en sus relaciones con Repsol, derivado de que antes había una operación
de un tamaño, que era la operación Gas Natural, sociedad de gas, y ahora
hay una operación infinitamente más importante. De ahí que haya
renunciado a la opción de venta que tenía de sus acciones sobre Repsol,
que implicaba la posibilidad de transmisión de todo su riesgo a Repsol.

Sin embargo, es verdad que mantiene y mantendrá una posición, como yo
espero, adecuada a lo que es su actual participación en Gas Natural. ¿Qué
bancos se van a utilizar? No lo sé. Espero que las empresas de gas
trabajen con toda la banca, como suele ser habitual en estos casos.

La utilización industrial del proyecto, señor García Fonseca, forma parte
en esta operación, como en tantas otras, de mis prioridades
fundamentales. Ya se ha venido contemplando en toda la planificación del
gasoducto del Magreb la participación de empresas españolas, de empresas
de tubos, de la siderurgia, etcétera. Desde luego, seguiremos velando
para que, en el marco de las normas de competencia y esperando que las
empresas españolas de gas compitan y se hagan los concursos
internacionales que correspondan por la naturaleza e importancia de los
contratos, puedan verse naturalmente favorecidas también las empresas
españolas, como nos preocupa a todos.

El señor Murcia, del Grupo Popular, me planteaba un conjunto de
cuestiones. En su intervención, señor Murcia, laten sobre todo algunas
contradicciones. No sé si sospechas, pero, en todo caso, a unas y a otras
me quisiera referir.

Ya he dicho antes lo que pienso sobre la participación del sector privado
y del sector público, incluso sobre si el sector privado tiene algo que
ver con Cataluña. No lo repetiré porque estoy seguro de que usted
coincidirá conmigo en esto. Pero ha hecho S. S. una afirmación que me
parece complicada de aceptar, sobre todo teniendo en cuenta que ha dicho
que se creará un monopolio del gas natural.

Se lo voy a decir con mucha amabilidad. Cuando hicimos esta operación, el
ex comisario español de la Energía, el señor Matutes, estuvo plenamente
informado, y fue un entusiasta partidario de esta posición. Yo no sé si
ahora tenemos que defender lo contrario de lo que anteriormente defendía
como comisario, y estoy seguro de que el señor Matutes en público va a
seguir optando y defendiendo esta posición. Como ahora es candidato de su
Partido, yo no quisiera encontrar contradicciones en sus posiciones
anteriores, que sabe de lo que habla, incluso defendiendo el mercado
único de energía y cómo cohonestar esa defensa en Europa con los
intereses de España.

Yo no creo tampoco que usted vaya a defender hasta el final que esto no
es algo que coloque a nuestro país ante el mercado único de la energía en
una posición más ventajosa. Por cierto --no lo digo por usted, que es
seguro que lo conoce--, éstas son las operaciones que se han hecho
precisamente en otros países: las operaciones que en este momento existen
en Francia, donde, sin duda alguna, hay una integración de empresas
gasísticas infinitamente mayor, o las que tiene lugar en otros países
también europeos. Debe ser perfectamente compatible con una mayor
competencia, como aquella competencia que deriva precisamente de las
nuevas reglas que nos demos los países europeos en el mercado energético.

Por lo tanto, una cosa es tener una empresa fuerte e importante, un grupo
empresarial fuerte, a la vista de todos los problemas en juego en el
mundo de la energía y del gas, y otra cosa es --y en eso estaría de
acuerdo con usted-- no introducir, a pesar de la regulación y
precisamente por ser un sector regulado, mecanismos que induzcan a las
empresas a comportarse eficientemente y no aprovechar una posición de
monopolio de oferta, como usted dice, sino, por el contrario, a compartir
esa posición --y ésta es la función de la regulación y de la
intervención-- con aquellos a los que suministran el gas, sean empresas
eléctricas, sean consumidores domésticos, sea el resto de las empresas
industriales.

¿Cómo se garantizarán las inversiones? Señor Murcia, las intervenciones
se tendrán que garantizar desde muchos puntos de vista: a partir de los
recursos generados por las empresas --por lo tanto, por su cash-flow--;
en segundo lugar, a través del endeudamiento; y, en último lugar, también
a través de los apoyos públicos nacionales y comunitarios que puedan
existir a proyectos, como este del gasoducto del Magreb, que naturalmente
pueden ser susceptibles de apoyos con fondos europeos, entre otros. Desde
esa perspectiva es cómo se han de garantizar las inversiones.

Respecto a las valoraciones sobre ellas, ya me he referido. Supongo que
me aceptará el mismo argumento que le



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he expuesto al señor García Fonseca. Se ha hablado de muchas cifras.

Aprovecho la ocasión para decir que yo jamás --a veces se me atribuyen
cosas que no digo-- hice propia ninguna valoración de las muchas que se
han hecho por los auditores y por las sociedades de asesoramiento de las
distintas empresas que están en este momento en liza. Es verdad que se ha
hablado de valoraciones de 100, de 80, de 40, de 60, de 30, de cero y de
menos algo. Se ha hablado de todo eso y yo como Ministro no he hecho
nunca una valoración propia, ni la haré hasta el momento en que esa
operación se consume. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos, dependiendo
de la metodología que se acepte. Si ustedes están familiarizados con la
metodología de valoración de inversiones, se darán cuenta de que,
dependiendo del tipo de descuento que tomen para actualizar los flujos
futuros, tiene una sensibilidad absolutamente brutal en el precio de
Enagás simplemente una variación de medio punto, de un cuarto de punto o
de mucho más de un punto de tasa de descuento.

Hay muchos elementos en ese sentido que están siendo tratados por los
asesores de los unos y de los otros hasta llegar a una valoración
compatible con el volumen de activos que el sector público también ha
invertido en Enagás y, al mismo tiempo, compatible con la tarea de futuro
que le toca hacer a este conjunto de empresas integradas.

Se adoptarán, naturalmente, señor Murcia, criterios de transparencia
contable. Enagás es una empresa absolutamente transparente, al igual que
Gas Natural, y todas las cifras, todas las cuentas, no solamente son
objeto de las auditorías correspondientes, sino que han sido en este
momento puestas a disposición de quienes están discutiendo y negociando
estas cifras.

Salgo al paso, señor Murcia, de algo que sé que se me ha atribuido. Dicen
que yo he manifestado que hay que aumentar las tarifas para pagar el
gasoducto. Sin embargo, yo nunca he dicho eso. Lo que es cierto es lo que
ya he dicho hoy: que la estructura tarifaria del gas había propiciado
unas tarifas de gas que hoy son felizmente más baratas en materia
industrial que la media de las tarifas en la Unión Europea, y unas
tarifas incluso en consumo que han servido para potenciar la introducción
del gas natural. Tenemos que ir avanzando hacia un mecanismo no agresivo
en materia tarifaria, pero que tampoco signifique una especie de
introducción del gas con fórceps a base de subvenciones en última
instancia.

Esto es lo que he dicho y esto es lo que hemos hecho en estos meses
pasados: preparar una nueva estructura tarifaria, más sencilla, que dé
cuenta y que modifique los elementos de referencia de la tarifa doméstica
que anteriormente regían por las llamadas energías alternativas de la
época, y las energías alternativas de la época para el gas natural era el
butano; un butano, por cierto, subvencionado que no puede seguir siendo
elemento de referencia de las tarifas de gas doméstico y comercial. Esto
es lo que hemos modificado, a la vez que hemos modificado también, en
relación --en este caso, sí-- con las energías alternativas, las tarifas
para uso industrial, pero en un escenario que es mucho menor que el que
todas las empresas del gas hubieran deseado, a las que les hubieran
gustado unas tarifas un poco más altas, naturalmente, para garantizarse
en el futuro cash-flows mucho más altos también. Pero como éste es un
juego de equilibrios, hemos hecho una adaptación que significa, teniendo
en cuenta los dos o tres años que se llevaban sin actualizar las tarifas,
aproximadamente entre un 4 y un 5 por ciento de crecimiento medio, en
algunos casos, en el caso industrial, con varios peldaños hasta que se
llega a ese nivel, en consecuencia, un perfil de crecimiento incluso más
bajo que estos porcentajes, pero que servirá para que ese cash-flow esté
en parte asegurado, aunque no sea ésta la única finalidad de la
modificación de las tarifas.

Retraso de la negociación. Señor Murcia, sin duda alguna, cuando se firmó
el protocolo se pensaba que se podían hacer algunas cosas en un poco
menos de tiempo del que después esto ha significado, pero no solamente es
un problema de las valoraciones, sino que es un problema de que ha sido
necesario renegociar y reanalizar jurídicamente (supongo que les constará
y que tendrán información, en todo caso, yo he pedido que a su Grupo le
den información sobre todos estos pormenores) las relaciones con el Reino
de Marruecos y con Argelia, que se llevaban a cabo anteriormente a través
de Enagás y que posteriormente ha sido necesario modificar los contratos
para que la entidad contratante sea una empresa que, como saben, es el
reflejo en el espejo del mismo nombre: Enagás, que ahora se llama Sagane,
que es la empresa que se encarga, durante el período en el que se va a
segregar el gasoducto de toda esta operación, de hacer todo ese conjunto
de operaciones. Modificar los sujetos jurídicos ha llevado a un conjunto
de negociaciones, análisis, etcétera, que son los que explican que hoy
estemos a punto de culminar la operación, pero que no se haya podido
culminar en los meses anteriores. Por tanto, es un conjunto de
operaciones muy complicado desde el punto de vista societario, pues en el
gasoducto intervienen no menos de seis empresas y seis relaciones
jurídicas distintas, con diferente composición accionarial y distintos
sujetos, y todo esto ha sido necesario trabajarlo a lo largo de los meses
pasados. Como antes he dicho, dentro de este mes esta operación estará
culminada, y espero que me quede muy largo al decir un mes cuando les
anuncio el inmediato final de esta operación.

¿Quién asume el riesgo? El riesgo, señor Murcia, al final lo asumimos
todos. Quizás este exceso de sinceridad no me ayude mucho, pero creo que
todos ustedes lo saben, el riesgo de una operación en un sector regulado
lo asumen el regulador, el regulado y el país. Los ciudadanos, al final,
van a pagar con su tarifa todo lo que hagamos y, si no lo pagan con su
tarifa, lo pagarán con sus impuestos. Me gusta hablar con mucha claridad,
no nos hagamos trampas en el solitario. Si queremos que no lo asuman las
empresas tendremos que otorgar algunas subvenciones, y entonces estaremos
en una estructura de precios muy poco transparente. Si, como es el
criterio del Ministerio, lo que tenemos que hacer es eliminar las
intervenciones que oscurecen todo el funcionamiento del mercado, lo que
tenemos que hacer es crear una estructura con capacidad de hacer, con
cargo a su cash-flow, más su endeudamiento y con las subvenciones que
estén claramente acotadas para toda la tarea



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de creación de infraestructuras, etcétera, frente a todo este proceso.

Pero, al final, ¿qué es lo que ocurre? Si no hay suficientes recursos
para hacer frente a este proceso, caben dos posibilidades: que no se haga
o que, a pesar de todo, queramos hacerlo, y entonces tendremos que hacer
frente a cómo ayudan los presupuestos públicos a una tarea como ésta, que
la hemos concebido como parte de una tarea nacional. En este momento no
les estoy anunciando, de ninguna manera, un mayor recurso a los
presupuestos públicos, sino todo lo contrario, pero todos los productos
que se venden en el mercado, incluido el gas, deben ser finalmente
pagados por aquellos que los consumen, sea el sector eléctrico, sean los
consumidores, sean los que lo utilizan en sus procesos industriales,
etcétera. Esto es bastante claro y el proceso de reparto de los riesgos
es el natural en las líneas que les acabo de señalar.

Respecto a Galicia, señor Murcia, usted ha insistido en varias cosas, y
hay una que no se la puedo aceptar. Ha dicho que no se toman decisiones
adecuadas por parte de la empresa. Yo creo que se toman las adecuadas, y
le explico por qué. El problema de Galicia no es el problema de los
retrasos administrativos ni de la falta de voluntad de la empresa, sino
de la falta de la materia prima. No tiene sentido hacer un tubo para que
esté vacío, supongo que aceptará este análisis. Si es necesario
justificar, incluso con los apoyos públicos que tienen los gasoductos de
Galicia, la rentabilidad de esas inversiones, han de estar solapadas con
la seguridad de que ese gas va a llegar. Ya he explicado las dificultades
que hay en Nigeria, dificultades que espero se puedan vencer, pero le
puedo garantizar que no solamente desde el Ministerio de Industria, sino
desde Gas Natural, desde Enagás y desde el Instituto Nacional de
Hidrocarburos se vienen haciendo nuevas gestiones para buscar proveedores
alternativos que puedan permitir adelantar los procesos que estaban
comprometidos. Entre tanto se están considerando otras alternativas que
puedan permitir la puesta en marcha de las redes de gas incluso si
temporalmente, para algunas utilizaciones, no se usara exactamente gas
natural sino modalidades de gas propanado, etcétera, que puedan ser
útiles para algunos consumidores, no para todos. Por tanto se están
haciendo todos los esfuerzos para tratar de quemar las etapas, pero es
evidente que si hay un suministrador, como Nigeria, que en estos momentos
no está en condiciones de cumplir sus compromisos, es muy difícil
proceder a un proceso que estaba planificado, establecido y programado en
los términos de una determinada garantía, que ha fallado, y no
precisamente por responsabilidad de las empresas que intervienen en el
sector del gas. Por cierto que todos los presidentes de las empresas del
gas, de Gas Natural, de Enagás, del INH están en permanente contacto con
las autoridades de Galicia, como yo mismo lo estoy con el Presidente de
la Xunta y con el Consejero de Industria.

Señor Molins, estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Esto forma
parte de una política energética, política energética aprobada por esta
Cámara y por tanto, de decisiones que pretenden dar cumplimiento a esa
estrategia o política energética aprobada por la Cámara.

No insistiré mucho más en lo que ya he explicado sobre las opciones de lo
público y lo privado. Sí insistiré, no obstante--usted representa a un
grupo con presencia fundamentalmente en Cataluña-- en que desde el punto
de vista del Ministerio de Industria los intereses, intereses, por
cierto, que han tenido una extraordinaria importancia en la historia del
gas en nuestro país, han representado inversores catalanes, que no
solamente son bienvenidos sino que yo los saludo como parte de una
política económica e industrial adecuada, lo mismo que saludaré otros
intereses andaluces, gallegos, extremeños, madrileños, etcétera, que para
operaciones de este tipo se puedan conseguir. Me gustaría que esto
quedara claro tanto para usted como para el resto de la Cámara.

Este es un sector regulado, señor Molins, y es un sector que seguirá
siendo regulado vía tarifas. Naturalmente a usted le preocupa cuál puede
ser el horizonte de futuro. Me hacía una pregunta muy concreta sobre cuál
pueda ser la incidencia de la opción por el gas en el mundo energético.

Sin duda alguna hoy no sabemos todo, hoy no sabemos lo que va a ocurrir
en el año 2000, estamos programando; hay una senda de evolución
tarifaria, que es la que les he explicado, que se ha trazado en las
últimas reformas con procesos de adaptación y de actualización de las
tarifas que están ya establecidos. Eso configura una senda de eventuales
posibles ingresos para las empresas del gas siempre que la demanda se
comporte de acuerdo con las previsiones que en este momento tenemos.

Creo que es bueno retomar una discusión que ya se produjo en el PEN para
ver si la opción que este país ha hecho por el gas a propuesta del
Gobierno y a propuesta del Ministerio de Industria, es una opción
adecuada frente a otras opciones energéticas alternativas o si, como en
algunos lugares oigo todavía, con lo que en mi opinión es una manifiesta
ignorancia, ésta es una opción más cara.

Si ustedes repasan el PEN, Plan energético que fue aprobado por esta
Cámara, se encontrarán que allí se contemplaban distintas opciones,
incluso para el suministro de electricidad. Teníamos que hacer frente a
nuevas necesidades de potencia, fundamentalmente hacia el final de la
década de los noventa, de acuerdo con unas previsiones de demanda. Se
contemplaban incluso otras opciones alternativas, por ejemplo, la puesta
en marcha de Valdecaballeros, como una posible opción, y se contemplaban
otras opciones, como una mayor dosis de petróleo o una mayor contratación
con Francia a través de EF, etcétera.

En el texto del PEN figura una consideración que les recuerdo y que sigue
siendo, a mi juicio, una consideración básica. En el escenario básico
considerado por el PEN el coste del kilovatio/hora generado con la nueva
potencia prevista en el PEN es inferior un 23 por ciento a la opción
nuclear basada en Valdecaballeros. Por tanto, descontadas otras
consideraciones medioambientales e incluso de riesgo, sobre todo por la
parte de gestión de los residuos, etcétera, o por problemas que, sin duda
alguna, todos los países que hemos optado en alguna medida por la opción
nuclear tenemos que hacer frente a ello, sí quiero dejar muy claro que
este escenario me sigue pareciendo hoy



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válido y, por tanto, sigue justificándose esta opción también en términos
de generación eléctrica, en términos de costes.

En segundo lugar, les quiero decir que la opción de gas que figura en el
PEN para la producción eléctrica, comparada con la de Valdecaballeros,
significa el 15 por ciento menos de inversión en el sistema público
peninsular que la correspondiente opción por ultimar la nuclear al margen
de otras consideraciones o por culminar algunas de las centrales
nucleares.

Quizá esto le sirva al señor Molins de recordatorio de que esto es
compatible con un horizonte tarifario; toda esta operación, todas las
modificaciones tarifarias de Enagás, son compatibles con algo que he
repetido en diversas ocasiones en esta Comisión: con una opción de
reducción en términos reales de los costes energéticos, eléctricos en
este caso, para nuestro país.

Señor Presidente, creo que con esto he intentado dar una respuesta,
espero que cumplida, a los distintos puntos de vista, con el máximo
respeto, desde luego, a las posiciones discrepantes, pero convencido,
como estoy, de que ésta es una importante y buena opción y decisión para
nuestro país.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Pasamos ahora al turno que el
Reglamento de la Cámara, con gran sentido del humor, llama breve turno de
aclaraciones. Ruego que contribuyamos todos a que esa ironía se acerque a
la realidad lo que pueda.

En consecuencia, el señor García Fonseca tiene la palabra.




El señor GARCIA FONSECA : Permítame comenzar, señor Presidente, con un
poco de ese mismo sentido del humor, diciendo que personalmente en esta
Cámara he sufrido en alguna ocasión un vértigo físico. En esta sesión
tengo que confesarles que he sufrido un vértigo político de relativa
importancia. Me he sentido en alguna ocasión fuera de sitio,
políticamente hablando, teniendo a mi izquierda, no sólo geográfica sino
política, un discurso como el del portavoz del Grupo Popular. En ese
sentido entiendo que el portavoz socialista se haya dirigido
fundamentalmente a él; yo creo que es una reacción cuasi biológica cuando
se lucha por la ocupación del propio espacio contra los okupas --con K.

Yendo al tema, también una aclaración que, igualmente señor Ministro, no
va dirigida a nadie, sino que es simplemente fijación de posición sobre
un tema de fondo general e importante de un grupo como el mío, que tiene
en su propio título lo de Iniciativa por Cataluña. Mi grupo quiere decir
que en absoluto pretende poner trabas a ninguna empresa, mucho menos por
el hecho de ser una empresa catalana. Lo que me parece que no haría falta
poner de manifiesto en esta Cámara es que los intereses de una empresa,
en este caso una empresa catalana, o de un banco catalán, no son
necesariamente los intereses de Cataluña, como tampoco serían
necesariamente los intereses del Estado español los del Banco
Bilbao-Vizcaya, por poner otro ejemplo.

Entrando ya en el tema fundamental, el señor ministro hace una especie de
juego malabar, y me vuelve otra vez a desubicar, en este caso
físicamente, porque parece que el compareciente soy yo, tendría que estar
situado ahí, y responderle, porque mi grupo se plantea que sea Enagás
quien compre a Gas Natural y no a la inversa.

Señor ministro, el que tenía que responder por qué sucede a la inversa,
de hecho, es usted. Yo ya le diría luego razones, algunas he apuntado,
pero es usted quien tiene que responder y no lo ha hecho, porque siendo
Enagás una empresa pública mayor, que va a tener que realizar inversiones
incomparablemente más fuertes que ninguna otra, no es ella la que asume
la mayor parte en la fusión de Gas Natural y en la dirección de la misma.

Hasta el propio portavoz del Grupo Catalán, en un tema para ellos tan
sintomático, tan de frontispicio, tan definitorio, decía que en este
sector, donde hablamos de un monopolio natural en un sector estratégico,
ahí sí cabe, de alguna manera, la empresa pública. Hasta el Grupo Catalán
se lo pone fácil. Lo que tiene usted difícil, hasta ahora al menos no lo
ha intentado, es explicar por qué esta opción y no la otra.

En todo caso, señor ministro, esta opción, a mi juicio, hace que la
empresa pública cargue con las grandes inversiones, baile con la más fea,
y la empresa privada, al final, se beneficie de las mismas. Incluso en la
tercera fase, usted mismo ya planteaba que después de estas grandes
inversiones en el gasoducto del Magreb, daba casi por supuesto que esto
se volvería a reprivatizar. Usted dice, señor ministro, que Gas Natural
es una empresa con mayoría pública. Efectivamente, si juntamos el
porcentaje de acciones de Repsol y del INH suman el 48 por ciento, y de
la Caixa el 25 por ciento. Entonces , ¿cómo se explica que en el
protocolo firmado en Madrid, el 22 de septiembre de 1993, por el
representante de Repsol-INH y por el representante de la Caixa y de Gas
Natural, cuando establecen que Gas Natural va a ser una empresa madre y
Enagás la filial, se diga que tendrán una composición paritaria entre
miembros propuestos por la Caixa y miembros propuestos por el grupo
INH-Repsol, de modo de que en el total de los miembros del Consejo sus
grupos se dividen por mitad entre uno y otro? Todavía dicen cosas más
sorprendentes desde esta disparidad en la posesión de acciones. Por
ejemplo, cuando se habla del nombramiento de principales responsables, se
dice que los nombramientos, tanto del presidente, como el consejero
delegado, de Gas Natural y de Enagás se harán por unanimidad entre ambas
partes, es decir, Caixa y el grupo INH-Repsol, si bien la capacidad para
proponer el nombramiento o sustitución de presidente en ambos corresponde
a la Caixa. Tendrá que reconocer que en esto ha faltado una explicación
que es usted quien la tiene que dar, señor ministro, y no yo. Mi Grupo,
como mínimo, se extraña y cuestiona esta operación. Es más, en el mismo
protocolo se llega a afirmar que el Presidente de Gas Natural podrá ser
al mismo tiempo presidente del 10 por ciento de Enagás. Si a usted le
parece que esta es una buena manera de defender los intereses públicos,
explíqueme esta lógica con tantos recovecos, que se escapa complemente a
lo que a mí me parece una lógica de interés común.




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Por último, señor Presidente, me gustaría que explicara dos cuestiones
relativamente secundarias pero importantes que no planteé en la primera
intervención. Una es la participación que va a tener Endesa, tanto en la
generación de utilidad en base a gas, cuanto en la distribución del gas.

Porque quien produce y luego distribuye, en una especie de ley de este
mercado, parece que Endesa es la única empresa con solvencia económica
capaz de afrontar sin graves endeudamientos la construcción de la redes
distribuidoras.

Finalmente, una cuestión muy particular, pero no menos sorprendente.

¿Cómo explica usted que el empresa Europa Magreb Pipeline, la EMP, tenga
su sede en un paraíso fiscal siendo una empresa pública que, además, va a
tener las mayores inversiones con muchísima diferencia con relación a
cualquier otra?



El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): El señor Murcia tiene la
palabra.




El señor MURCIA BARCELO: Señor Presidente, muy brevemente para matizar
tres cuestiones que han salido a la palestra. Concretamente, por parte
del Portavoz del Partido Socialista parece ser que nos tilda de que
nosotros pretendemos defender unos interés muy particulares y que en
absoluto pretendemos defender intereses nacionales, intereses españoles.

Nada más lejano a la realidad. Sí defendemos, quizás, posturas y formas
distintas de conseguir los objetivos, y no se puede pretender
exclusivamente que el Partido Socialista, con esa autocomplacencia, esté
en la posesión de la verdad absoluta. Yo supongo que, pese a la defensa
que podamos hacer de los intereses nacionales, que están por encima de
cualquier otra cosa, las formas y las técnicas puedan ser distintas, si
bien no voy a entrar ahora mismo en un nuevo debate, porque creo que no
hay tiempo ni es el momento.

Respecto a otra suspicacia también que se ha generado cuando he
mencionado la Caixa y las posibles cuestiones políticas que esto
encerrara, que no se vean tampoco fantasmas ni perversión en mi pregunta:
simplemente estoy facilitando al propio señor ministro que aclare la
situación para que la gente sepa que de eso no hay nada, y si hay algo,
pues que se diga. O sea, que no se pretenda que por el Partido Popular
hay una permanente persecución al Grupo Catalán, que no existe, en
absoluto.

En tercer lugar, cuando yo hablo de monopolio, y hablo de monopolio de
hecho, no de monopolio legal, estoy incluso siguiendo los términos
empleados por el Presidente de Enagás, señor Durán, quien dijo que se
creaba un monopolio de hecho y que, efectivamente --yo estoy de acuerdo
en que dada esa situación--, habrá que buscar los mecanismos que
permitan, tanto en la tarifas como en las fórmulas, controlar de alguna
manera ese monopolio de hecho que efectivamente es.

Por último, simplemente quiero decir que lamento profundamente que se
haya sacado a la palestra el nombre del señor Abel Matutes, Comisario en
su día designado por el PSOE, cuando nada tiene que ver en este caso y en
este acto.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Tiene la palabra el señor
Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Muy brevemente, señor Presidente. En primer
lugar, quiero aclarar una cuestión al hilo de la intervención del señor
García Fonseca, que me ha mencionado concretamente. Quiero decirle lo
siguiente. He comentado en mi intervención --y me reafirmo, obviamente,
en lo que he dicho-- que siendo éste, como es --el de la energía--, un
sector estratégico, en el cual existen tarifas reguladas, como nos
recordaba el señor Ministro, es uno de los sectores en el que se dan, a
nuestro entender, circunstancias que pueden justificar la actuación
pública. Por tanto, nosotros entendemos que puede existir participación
pública, que puede existir incluso control público, y lo que yo ponía en
cuestión era que necesaria o inevitablemente ese control público
significara el control mayoritario de la empresa. Quisiera aclarar
simplemente que todos estos supuestos se dan en el caso de Gas Natural,
que es una empresa con participación de los intereses públicos por encima
de cualquier otra que tiene el 49 por ciento de las acciones y que, a
nuestro parecer, debería irse disminuyendo --y lo he dicho también
antes-- a lo largo del tiempo. Por eso me han parecido muy bien las
palabras del señor Ministro, respecto a las cuales sólo quiero decir, ni
más pero tampoco menos, que se las agradezco extraordinariamente.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Tiene la palabra el señor
Sáenz.




El señor SAENZ LORENZO: Brevemente, señor Presidente.

Nuestro grupo, desde luego, no pretende tener la verdad absoluta, pero sí
nos gustaría que las posiciones políticas se mantengan con cierta
coherencia y no con contradicciones tan flagrantes como las que, desde
nuestro punto de vista, se han puesto de manifiesto hoy aquí.

Nosotros pensamos que en el sector del gas hay una presencia pública
significativa y hay una presencia privada significativa; se trata de
integrar ambas presencias para conformar un grupo suficientemente fuerte
que haga viable la mayor penetración del gas y su gestión en el futuro.

Creo que ese es el objetivo que se pretende y lo que no acabamos de
entender es que algunas veces se esté pidiendo que se privatice cuando no
hay empresario privado y que se proteste también cuando habiendo
empresario privado se le integra en los proyectos de futuro y se busca
que su presencia sea lo más significativa posible.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Para cerrar este interesante
debate, tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias,
señor Presidente.

Como estamos ya en el turno de breves aclaraciones, creo que se llama
así, señor Presidente, hacer algunas al señor García Fonseca.




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Estoy seguro, señor García Fonseca, de que sabe usted que no ha sido mi
interés suscitar ninguna reticencia; solamente he hecho frente a algunas
reticencias que a veces me llegan sobre esta operación asentadas en
planteamientos que sé usted no comparte, ni ningún grupo de esta Cámara
comparte, pero que ciertamente me parece son profundamente inadecuadas
desde el punto de vista político y en absoluto justificadas.

Segundo, es posible que usted se haya sentido desubicado. Señor García
Fonseca, con el afecto que le tengo, creo que está un poco desubicado en
esta cuestión, pero no porque le corresponda a usted la carga de la
prueba, sino porque yo le he contestado a lo que usted me ha planteado
sobre por qué la operación se ha hecho en estos términos, por qué los
efectos son equivalentes en términos de los intereses que están en juego
y los que usted me pareció decía que había que defender. Por tanto, no le
estoy trasladando a usted ninguna carga, sino simplemente le he hecho una
pregunta que era por qué le parecía a usted que para alcanzar
determinados objetivos era más necesario, más natural, más conveniente o
más adecuado que esta operación se hiciera mediante la compra por parte
de Enagás de la sociedad Gas Natural. Ya he dicho que ambas son empresas
hoy con participación pública; ya he dicho que en ambos casos se va a
producir, se produce, una reducción de la participación accionarial
pública y, sin embargo, en ambos casos sigue siendo cierto que hay una
posición de control por parte del sector público, se empiece por un lado
o por otro.

¿Es verdad que la empresa pública carga con las inversiones, que es una
afirmación que usted ha hecho? No, salvo que usted piense que es más
pública en este caso Enagás que Gas Natural, que no lo es desde este
punto de vista, señor García Fonseca; no confunda las participaciones
accionariales con el sentido y la orientación estratégica de las
empresas.

De todas formas esto tiene una contestación que antes no he dado y me
gustaría, incluso sin hacer demasiada profusión de cifras, dársela en
este momento. Como consecuencia del actual funcionamiento de la empresa
es verdad que Enagás ha asumido múltiples inversiones y ha llevado a cabo
toda la tarea de la creación de infraestructuras de gas con unas tarifas
que no siempre han servido para compensar todos sus costes y, por tanto,
con una rentabilidad sobre sus inversiones bastante baja. En este
momento, y antes de las reformas tarifarias a las que he hecho
referencia, Enagás tiene unos «cash-flows» relativamente bajos en
relación con las necesidades de inversión. Una situación completamente
contraria se produce por parte de Gas Natural, que tiene unos
«cash-flows» mucho más importantes que los proyectos de inversión que en
principio tenía encomendados.

La integración permite hacer frente conjuntamente a todas estas
necesidades de inversión y, por tanto, eso significa también un cierto
reequilibrio entre los ingresos de las diferentes empresas, pero empresas
que ya forman parte de un mismo grupo. Si usted lo plantea en términos de
público y privado dese cuenta de que los intereses públicos expresados en
empresas públicas, como pueden ser Repsol o el INH, están presentes en
ambas empresas y los intereses llamemos en este caso privados que están
en Gas Natural van a estar también en Enagás. Por tanto, lo que hay es
una compartición de riesgos, si quiere usted, y un aumento de las
sinergias entre las dos empresas.

Es falso, por tanto, decir que a la empresa pública, entendiendo por
pública Enagás, en este proceso se le carga con la parte negativa y a la
otra se le libera de lo negativo, no es cierto; lo que se hace es
precisamente un grupo que con una participación de Gas Natural del 91 por
ciento del capital de Enagás, asume todos los riesgos derivados de ese
conjunto de operación. Por tanto, si algo existe, visto desde esta
perspectiva e incluso desde la perspectiva privada, es una valoración
extraordinariamente cautelosa de cuáles son los riesgos que asume una
empresa como Gas Natural, que actualmente ha venido creciendo a unas
tasas extraordinariamente grandes, mediante una operación de integración
que la sitúa en un sector con unas inversiones cuyas consecuencias
económicas y financieras todavía son extraordinariamente difíciles de
evaluar. En este sentido --se lo digo con toda amabilidad--, está un poco
desubicado. No es así como creo honestamente que hay que plantear el
problema.

En segundo lugar, dice que no es una buena forma de defender los
intereses públicos la que se configuró en el protocolo que firmaron INH,
Enagás y Gas Natural y en el que se establecen no solamente los pasos de
lo que ha de ser la operación de integración, sino determinadas fórmulas
para el gobierno de las sociedades. Creo que en esto tampoco tiene razón,
señor García Fonseca, salvo que usted crea que porque los socios
principales, esto es, el INH, Repsol y la Caixa, tengan que acordar la
figura del presidente y del vicepresidente o del consejero delegado, se
está incurriendo en algo así como una traición a los derechos públicos o
a los intereses públicos. Por el contrario, ésta ha sido la forma de
funcionamiento en la empresa Gas Natural y si algo se produce en este
proceso, como ya he explicado, es que la Caixa renuncia a una opción de
venta que significaba que los riesgos, incluso en Gas Natural, los podía
trasladar permanentemente a Repsol. En la medida que asume una mayor
participación en este proceso, ha considerado equilibrado con esta
posición renunciar a esta opción de venta que anteriormente tenía y que,
naturalmente, colocaba a la Caixa, debo decirlo, en una posición muy
cómoda; con una posición ante el Protocolo del gas que garantizaba las
inversiones y los retornos de esas inversiones en el gas doméstico
comercial y con la posibilidad de que si las cosas, bien sea por el
riesgo de regulación o de otro tipo, no fueran tan convenientes como
estaba anticipado, pudiera vender su participación y Repsol tendría que
comprarla inmediatamente.

Esta es una posición que se ha modificado. Por eso, desde la perspectiva
de los intereses públicos, y también de los intereses de la Caixa, se ha
llegado a una posición que creo es equilibrada, en la que la Caixa
participa en un proyecto más amplio, sin duda alguna, pero también hace
algunas renuncias, como me parece corresponde. Por cierto, si lee el
protocolo contemplará que en la empresa Enagás se prevé que habrá siempre
un consejero más en



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representación de lo que usted llama público en relación con la
representación nombrada por la Caixa.

Sobre el tema de Endesa, señor García Fonseca, no he entendido del todo
la pregunta. Todas las empresas del sector eléctrico sienten de vez en
cuando la tentación de penetrar en otros sectores, incluido el del gas;
esta es una consideración que se ha hecho. No solamente empresas
públicas, sino ilustres representantes del sector eléctrico privado han
hecho operaciones, amagos y han tenido intereses, incluso algunas de las
dificultades para configurar cierto acuerdo en materia de precios de
cesión al sector eléctrico del gas, quizás puedan explicarse también en
términos de intereses de participación en ese negocio que se avecina y
que puede ser extraordinariamente importante: el gas. Hoy por hoy, la
posición del Gobierno es la de que cada palo aguante su vela y que las
empresas eléctricas lo hagan bien en el sector de la electricidad, las
del gas lo hagan bien en el sector del gas y los demás lo hagan bien cada
uno en el suyo, sin perjuicio de que, a través de mecanismos, aunque no
hay previsiones expresas, como los que espero que aprobemos con la ley de
ordenación del sector eléctrico, y mediante procesos filiales, pueda ser
posible que empresas eléctricas aparezcan ligadas a determinados
intereses del gas o de cualquier otra cuestión, que es otro problema
completamente distinto.

El señor Murcia ha dicho que le he tildado de defender intereses
particulares; no era esa mi intención, y como usted pretende, ciertamente
de distinto modo que el Gobierno y que el Partido del Gobierno, defender
los intereses de España, no vamos a polemizar sobre la forma de cada uno.

Nunca he creído que nadie, y desde luego tampoco el Partido Socialista o
el Gobierno, esté en posesión de la verdad absoluta; por tanto, como
estoy muy acostumbrado a equivocarme, también estoy dispuesto a aceptar
que usted pueda tener parte de razón. En consecuencia, no vamos a
polemizar sobre cuestiones de principio, ni siquiera con elegancia. Creo
que son cuestiones que están ahí.

Sí he advertido, señor Murcia, algunas contradicciones. Si usted ha
entendido que era una referencia inadecuada el que yo citara al señor
Matutes, le diré que lo he hecho como argumento de autoridad y porque me
llama la atención el que desde su Grupo en su primera intervención se
hayan vertido algunas dudas sobre la conveniencia de hacer esta
operación, cuando yo personalmente he recibido la satisfacción del
Comisario de Energía, en su condición de Comisario español de la Energía,
por una operación que ciertamente es racionalizadora del sector,
compatible con las normas europeas y que ciertamente, aunque usted esto
lo ha vuelto a repetir, no crea un monopolio, señor Murcia, no crea
ningún monopolio. Si quiere usted, hoy hay un monopolio de hecho, pero no
lo crea; por tanto, no veamos una operación de racionalización del sector
--y usted lo ha expresado-- como la creación de un monopolio de ningún
tipo. Este es un sector regulado y la regulación tiene que ser capaz de
introducir elementos de eficiencia, de competencia, aun asumiendo la
condición de monopolio natural que puede tener la distribución del gas.

Señor Molins, me parece que no vale la pena seguir añadiendo nuevos
elementos a lo que ya hemos hablado. Creo que estamos de acuerdo en que
esta es una operación importante. Yo me congratulo también de seguir
teniendo el apoyo de esta orientación del Partido del Gobierno, del señor
Sáenz, como portavoz hoy, para llevar adelante esto que creo que sigue
siendo muy importante para todos, tengamos algunas dudas, algunas
inquietudes, unos u otros, pero que, en todo caso, es una operación que
responde a la planificación energética y al Plan Energético Nacional que
fue aprobado por esta Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Gracias, señor Ministro.

En nombre de la Comisión le expreso nuestro agradecimiento por su
contribución a este debate que --incluso saliéndome mínimamente de mis
transitorias funciones de Presidencia-- no dudo en calificar como uno de
los de mayor profundidad política, y no sólo energética, de los que hemos
tenido en tiempos recientes en esta Comisión.

Gracias, señor Ministro.

Señorías, suspendemos la sesión brevísimamente sólo a efectos de despedir
al señor Ministro y continuar con nuestro orden del día, con las
proposiciones de ley previstas. (Pausa.)



El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señorías, les ruego ocupen sus
escaños para continuar la sesión y poder, en tiempo razonable, desde una
perspectiva gastronómica, acabar, al menos, la primera de las
proposiciones no de ley previstas en el orden del día.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--RELATIVA AL CIERRE DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE PRIMERA GENERACION,
«JOSE CABRERA», DE ALMONACID DE ZORITA (GUADALAJARA) Y SANTA MARIA DE
GAROÑA (BURGOS). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000158.)



El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Comenzamos con la proposición
no de ley relativa al cierre de las centrales nucleares de primera
generación «José Cabrera», de Almonacid de Zorita (Guadalajara), y Santa
María de Garoña (Burgos), correspondiente al Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en cuyo nombre la señora
Urán tiene la palabra.




La señora URAN GONZALEZ: Señorías, hace tres meses que presentamos esta
proposición no de ley, en un momento en el que se habían detectado una
serie de grietas en la tapa de la vasija del reactor de la central
nuclear de Zorita. En esta intervención quiero hacer un poco de historia
de lo que ha sido el funcionamiento de esta central nuclear desde que se
puso en marcha. Hay que tener en



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cuenta que es una central ya bastante obsoleta, con más de veinticinco
años de funcionamiento, que ha estado presentando problemas prácticamente
desde su puesta en marcha. Según informes del propio Consejo de Seguridad
Nuclear, aparecen en el generador fugas en los años 86, 89, 90 y 93,
fugas que han tenido importancia relativa unas y otras han tenido que
llevar incluso a la parada de la central nuclear para poderlas solventar,
con lo que eso genera de coste añadido a los costes de funcionamiento de
la central.

En la vasija aparecieron también defectos de funcionamiento en los años
90 y 93. Estos también figuran en los informes del Consejo de Seguridad
Nuclear y, por tanto, señorías, no me voy a extender en explicárselos,
puesto que supongo que todos ustedes ya los conocen, incluso casi mejor
que yo.

Si a esto añadimos que en estos momentos no se sabe a ciencia cierta el
coste que van a tener las reparaciones que necesita esta central para
tener un funcionamiento con unas mínimas garantías de seguridad (tengamos
en cuenta que ya está prevista la reparación de las grietas, que, según
informaciones directas de los propios directores de la central nuclear,
no han valorado todavía en concreto, pero que se supone que se elevarán a
cientos de millones de pesetas); si a esto le añadimos el que la central
tiene que hacer inversiones de torres de refrigeración, porque ya se
produjeron en el año pasado, en 1993, problemas en la refrigeración de la
central a causa de la sequía y bajar el nivel del río que la refrigera,
que tuvo que estar funcionando a un 60 por cien, para evitar problemas de
calentamiento en su funcionamiento normal: si a esto además le añadimos
que en el año 1998 las piscinas estarán llenas y tendrán que hacer una
inversión en contenedores para que las barras de uranio estén almacenadas
en seco; si, además, a esto le añadimos que la empresa no se atreve de
momento a dar todas las garantías de que el arreglo que le van a hacer a
las fisuras que en estos momentos existen no vaya a depender el que
después se tenga que hacer una tapa nueva; si a esto le añadimos todos
estos costes y si, además, nos planteamos el que la producción de esta
central nuclear representa el 0,7 por ciento del total de la producción
nacional; si añadimos también, señorías, que en estos momentos nuestro
país no tiene un problema energético, sino todo lo contrario, tiene un
excedente de potencia, teniendo en cuenta que en el Plan Energético
Nacional se preveía un aumento del consumo de un 3 por ciento y el real
ha sido de 1,02; si a esto le podemos sumar que teníamos firmado un
contrato con Francia para comprar energía y se ha aplazado su entrada en
vigor porque seguimos teniendo excedentes; esto viene a reafirmar nuestra
posición de que cerrar Zorita sería lo más beneficioso para los intereses
de nuestro país y de los ciudadanos y de las ciudadanas, porque todas
estas inversiones que he venido apuntando, al final, quienes las van a
pagar van a ser los ciudadanos a través de la fijación de las tarifas, en
función de los costes y ustedes saben perfectamente que ello está
encuadrado en lo que es el marco legal y estable; que, por lo tanto, al
final, las inversiones de esta central las vendríamos a pagar nosotros;
que aunque el Estado se planteara el hacer un ahorro con bombillas de
bajo consumo, supondría una menor inversión que la que tiene que hacer en
estos momentos la central Nuclear de Zorita para estar en unas
condiciones mínimas de funcionamiento.

Señorías, esta planta ya está amortizada. Por lo tanto, con todo lo que
he dicho, no supondría para la producción energética ningún coste
adicional, sino, todo lo contrario, un beneficio total.

Haciendo alusión y apropiándome de las palabras tanto del señor Ministro
en su comparecencia anterior como del portavoz del Grupo Socialista,
relativas a que hay que defender los intereses de nuestro país, a la
reducción de los costes energéticos a través de la introducción del gas
natural y a que eso tenía que ver con la no puesta en funcionamiento de
Valdecaballeros por cuestiones medioambientales y de residuos, señorías,
cerrar Zorita vendría en beneficio de los intereses de nuestro país,
vendría a reducir costes energéticos y, además, vendría a tener un coste
medioambiental muchísimo menor del que en esos momentos podemos tener.

Por lo tanto, señorías, seguimos defendiendo el cierre de la central
nuclear de Zorita y mantenemos nuestras posiciones. El tiempo nos está
dando la razón. Lo mejor es cerrar Zorita.

Con respecto a la central de Garoña, también es una central antigua, de
primera generación, que está empezando a presentar ya problemas. Tenemos
un informe que nos ha sido remitido por el Consejo de Seguridad Nuclear,
en el que se nos notifica que han aparecido ya desperfectos que no son,
en principio, parece ser, importantes, pero sí plantean el que este tipo
de centrales van a estar constantemente produciendo problemas de
funcionamiento y averías y que, al final, redundarán en inversiones con
grandes costes para poca rentabilidad, según nuestro criterio.

Por lo tanto, señorías, seguimos considerando que es necesario que estas
centrales se cierren en beneficio de todos nosotros y de todas nosotras.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Esta proposición no de ley
tiene presentada por el Grupo Parlamentario Socialista una enmienda de
sustitución. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ros.




El señor ROS MAORAD: Quisiera empezar por referirme, dándole la razón a
la representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a que,
efectivamente, tanto Zorita como Santa María de Garoña son dos centrales
de la primera generación, tan de la primera generación que la
autorización de funcionamiento de «José Cabrera», de Zorita, fue el 11 de
octubre del año 1968 y, en lo que se refiere a la de Santa María de
Garoña, lo fue el 3 de octubre del año 1970. Ambas centrales en estos
momentos operan con autorizaciones concedidas por el Ministerio de
Industria y Energía. Estas autorizaciones, por cierto, fueron renovadas
por un período de dos años: el 14 de octubre de 1993 para Zorita y el 9
de julio de 1993 para Santa María de Garoña.

Es obvio, por tanto, que se trata de las dos centrales más antiguas que
tiene el parque nuclear español. Sin embargo, su situación en la
actualidad es muy diferente. Por una



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parte, la central nuclear de Santa María de Garoña finalizó la parada de
recarga el día 28 de abril y, como consecuencia de la revisión y
verificación que al mismo tiempo de la recarga se realizaron, se observó
que aparecían unas grietas en el barrilete y una grieta en una patilla
del soporte superior de las tuberías de alimentación de las bombas de
chorro.

El Consejo de Seguridad Nuclear ha evaluado los análisis correspondientes
a estos defectos y ha condicionado el arranque de Santa María de Garoña a
un incremento en la vigilancia para el período de 22 meses que se supone
que habrá hasta la próxima recarga, realizando una intensificación en las
inspecciones y, desde luego, un refuerzo de la vigilancia en las bombas
de chorro.

Por otra parte, la central nuclear de «José Cabrera» se encuentra en
parada de recarga prolongada como consecuencia de las actividades
relacionadas con los daños encontrados en las penetraciones de la tapa de
la vasija, de los que esta Comisión ha tenido cumplida información a
través de la comparecencia en la misma del Presidente del Consejo de
Seguridad Nuclear y mediante los informes enviados a esta Comisión y a
los miembros de la misma el día 21 de enero de 1994, el 4 de febrero de
1994, el 3 de marzo de 1994 y, por último, ha habido también una
comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear el día 19
de abril en el Senado. En dichos informes se da cuenta de las actuaciones
de dicho Consejo respecto a la central nuclear de Zorita. La situación es
que en estos momentos se encuentra abierta hasta en tanto en cuanto el
explotador responsable de la central cumpla el programa de inspecciones y
verificaciones que el Consejo ha fijado.

Hasta este momento no han llegado al Consejo todos los informes que este
explotador responsable debe hacer, y asimismo se espera también en fechas
próximas la llegada al Consejo de los estudios y verificaciones hechos
por los técnicos inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear residentes
en Zorita, así como de otros estudios colaterales que se han podido
llevar a cabo por técnicos del propio Consejo.

Por tanto, a nuestro juicio, hay que esperar a que estos informes y estos
estudios estén en el Consejo de Seguridad Nuclear para que éste emita el
informe previo y el informe vinculante a cualquier decisión que en el
futuro haya que tomar.

Nos hubiera gustado que con Izquierda Unida hubiera sido posible el
entendimiento en esta enmienda de sustitución que yo quería proponer. Lo
cierto es que podemos compartir con Izquierda Unida una serie de
elementos que aquí se han expresado, pero yo quisiera recordar que la
moratoria nuclear es fruto de una decisión del Gobierno socialista y que
en el asunto de Zorita compartimos con Izquierda Unida el objetivo
primero y principal de la seguridad. En segundo lugar, compartimos
también la preocupación por los defectos que han aparecido en la central
de Zorita de los Canes. Sí que nos gustaría que no se pusiera --y si es
inteligente para el medio rural lo debería ser también para la vida
pública-- la carreta delante de los bueyes. En ese sentido me parece
precipitado entrar a valorar los costos económicos que pueda suponer el
arreglar, si hay que arreglarlos, los defectos de Zorita.

Creemos también que lo relacionado con la seguridad nuclear, el control
radiológico, etcétera, es competencia exclusiva del Consejo de Seguridad
Nuclear, de acuerdo a la propia Ley del Consejo de 15 de abril de 1980 y,
por tanto, esperaremos a que el Consejo dicte ese informe preceptivo y
vinculante para, como digo, no poner la carreta delante de los bueyes.

Cabría también en esta Comisión referirnos a actuaciones no muy alejadas
en el tiempo y que el propio Consejo ha llevado. Me estoy refiriendo en
estos momentos a la central Vandellós I, que, gracias precisamente a esa
decisión, es una central que ha concluido su vida activa definitivamente,
y nos gustaría que esta enmienda fuera aceptada por Izquierda Unida y por
el resto de los Grupos, porque pensamos que estamos todavía en un proceso
abierto, hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear haga el dictamen al
que me he referido anteriormente, y desde luego en estos momentos yo creo
que no cabría excluir ningún tipo de decisión de cara al futuro, desde el
cierre definitivo de Zorita hasta, una vez estudiados y analizados todos
los procesos que en Zorita han existido, ver si técnicamente es posible
una solución buscando ese objetivo que compartimos con Izquierda Unida de
seguridad, que en el tiempo que sea necesario pudieran rectificarse.

Por tanto, insisto en que nos hubiera gustado llegar a un entendimiento
con el Grupo que propone esta proposición no de ley, pero pensamos que,
sin entrar a considerar si la presentación de la proposición no de ley
puede tener algo que ver también con el «tempo» político que estamos
viviendo, hay un organismo competente en materia de seguridad y en la
autorización de las aperturas y cierres de centrales nucleares, que es el
Consejo. Debemos tener la paciencia suficiente para que ese dictamen sea
hecho por el Consejo, y desde luego no tenemos ningún tipo de problema en
dejar una horquilla también abierta en cuanto a las hipótesis que puedan
presentarse, siempre buscando la máxima seguridad, tanto interna como
externa, desde el cierre definitivo a las rectificaciones a que hubiera
lugar.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): ¿Grupos que quieran fijar
posición?
El señor Sánchez i Llibre tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores Diputados, la posición del
Grupo de Convergència i Unió respecto a la proposición no de ley
presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en
cuanto al cierre de las centrales nucleares de Santa María de Garoña y de
Zorita, es coincidente con el fondo de la misma, desde la perspectiva de
que, en el caso de que no hubiera seguridad en dichas centrales
nucleares, el Grupo de Convergència i Unió estaría totalmente de acuerdo
en cerrarlas. Pero también entendemos que existe un organismo, que es el
Consejo de Seguridad Nuclear, que es el que ha de dictaminar la seguridad
de dichas centrales nucleares.




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También encontramos muy positiva la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista desde esta perspectiva de que sea el Consejo de Seguridad
Nuclear quien dictamine la seguridad de dichas centrales, y a partir de
este dictamen nuestro Grupo actuaría en consecuencia.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Murcia.




El señor MURCIA BARCELO: Mi Grupo, en principio, muestra su adhesión a la
enmienda presentada por el Partido Socialista. Estima que es correcta,
dado que el principal objetivo sería la seguridad, en todo caso, que
hubieran de tener las centrales nucleares que pretenden cerrar mediante
la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, pero queremos incidir en que parece lógico seguir las
recomendaciones de los técnicos e incluso del propio Consejo de Seguridad
Nuclear, en el sentido de terminar todos aquellos trabajos técnicos que
fueran necesarios para evaluar con detalle el problema que se plantea,
analizar, desde el punto de vista técnico y de seguridad a largo plazo,
las alternativas de reparación que existen y las empresas que puedan
realizar dichas reparaciones con totales garantías de éxito, evaluar el
impacto económico que esta reparación conlleva y si los indicadores
económicos financieros la hacen aconsejable, y en ese momento tomar la
decisión pertinente.

Si en este momento el Grupo proponente aceptara la enmienda presentada
por el Partido Socialista, nosotros votaríamos a favor.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Aunque formalmente en la
documentación que tengo en la Mesa la presentan como enmienda de
sustitución, si he entendido la intervención del señor Ros y algunas de
las posteriores, estarían dispuestos a ofrecerla como transaccional, y
si, como dice el catecismo, me contestan sí o no, como Cristo nos enseña,
le pregunto al señor Ros si la transforma en transaccional, y después
preguntaremos al Grupo propietario de la proposición no de ley si la
acepta o no en esas condiciones.

Señor Ros, ¿la convierte en transaccional?



El señor ROS MAORAD: Sí.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señora Urán, ¿estaría su Grupo
en condiciones de convertir en transaccional la oferta del texto que le
hace el Grupo Socialista?



La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, para que hubiera una
transaccional tendría que haber una parte de nuestra proposición que
fuera aceptada; si no, no entiendo muy bien cómo podría convertirse en
transaccional.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): En cambio, yo creo entender de
su intervención que no la acepta como transaccional.

En consecuencia, como enmienda de sustitución votémosla primero.




La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, yo todavía no me había
pronunciado si aceptábamos o no la enmienda de sustitución. Además, creo
que, si no se acepta, la enmienda no se somete a votación.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señorías, ilustrado
adecuadamente por la Mesa y el letrado, corrijo mi iniciativa imprudente
y procedemos a la votación de la proposición no de ley en sus justos
términos.




La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, es que no me ha concedido
usted la palabra. Lo único que he hecho ha sido matizar su intervención.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Entonces rectifico nuevamente
mi precipitación, motivada por la hora, que no por otra cosa, y concedo
la palabra a la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, voy a intentar argumentar, de
la manera más breve posible, el porqué no se acepta esta enmienda a la
proposición no de ley presentada por mi Grupo.

En principio nosotros no estamos haciendo hincapié en la seguridad
solamente. Decimos que, por lo menos hasta ahora, no se ha asegurado por
la propia empresa que la reparación de las grietas vaya a ser segura. Lo
que sí decimos es que, económicamente, a este país no le resulta rentable
mantener Zorita. Por tanto, nosotros no podemos aceptar que simplemente
sea un informe del Consejo de Seguridad Nuclear, cuando tenemos datos
suficientes, no sólo de ahora, sino de antes, de que esta situación se
puede perpetuar y que, además, las inversiones son costosas.

Por ese motivo, señor Presidente, no aceptamos la enmienda que se nos
plantea por el Grupo Socialista.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Pasamos a la votación de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 29.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Queda rechazada la proposición
no de ley.

Suspendemos la sesión para continuarla, de acuerdo con el orden del día,
a las dieciséis horas de hoy.




Eran las dos y cinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.




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--SOBRE LA APLICACION A LA CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLOS DEL NIVEL 3 DE
CLAUSURA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/000161.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, vamos a continuar la
sesión de esta Comisión de Industria, Energía y Turismo con el debate y
votación de la siguiente proposición no de ley, que figura con el número
3 en el orden del día: proposición no de ley sobre la aplicación a la
central nuclear de Vandellós del nivel 3 de clausura.

Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la
palabra doña Pilar Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Intentaré ser breve. Todos tenemos ganas de
coger aviones.

Respecto a esta proposición quería decir que Esquerra Republicana ya la
presentó en su momento, como parecía coherente, en el Parlamento de
Cataluña... (La oradora pronuncia palabras que no se perciben.)



El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, debido a la especial megafonía de
esta sala, me parece que los servicios de la Cámara no consiguen entender
sus palabras. Le ruego que se aproxime el máximo posible al micrófono.

Muchas gracias.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Decía que esta proposición es la segunda parte, por así decir, de la
primera que presentó Esquerra Republicana en el Parlamento de Cataluña
con el ánimo de conseguir un consenso para que, unánimemente, el
Parlamento de Cataluña pidiera precisamente la aplicación de ese nivel 3
en el desmantelamiento de la central nuclear de Vandellós 1. Este debate
se produjo el 10 de mayo, no consiguió unanimidad y, por tanto,
mantenemos el debate ahora en el Congreso de los Diputados, órgano en el
cual tiene que tramitarse.

Entendemos que esta proposición presentada por Esquerra Republicana se
enmarca en principio en tres buenas noticias, y es difícil hablar de
buenas noticias con relación a las centrales nucleares. La primera es que
la central nuclear de Vandellós 1, que fue la tercera que entró en
explotación y que protagonizó, como todo el mundo sabe, un gravísimo
accidente en el año 1989, se encuentra clausurada desde ese momento y es
evidente que nunca va a ser reabierta. La segunda buena noticia, tal como
yo lo entiendo, fue en su momento el debate que en esta misma Comisión,
el 14 de diciembre, si no me equivoco, se produjo a raíz de una
proposición del Diputado Xavier Sabaté en el sentido de conseguir el
máximo control en el proceso de descarga de combustible del reactor de
Vandellós 1, así como del futuro desarrollo del plan de desmantelamiento
y clausura de la central. Esa proposición fue aprobada y entiendo que fue
un paso adelante en el control de la seguridad en las centrales
nucleares. Finalmente, la tercera buena noticia es la decisión de Enresa
de completar el proceso de cierre de Vandellós 1, cierre que en principio
se concreta en lo que se conoce como nivel 2 de clausura. Es aquí donde
surge nuestra proposición y probablemente también nuestra reincidencia en
el punto en que nos encontramos.

Entendemos que la concreción de Enresa en lo que se conoce como nivel 2
de clausura en el caso de Vandellós 1 supone que el propio edificio no
será desmontado ni desmantelado y que tendrá que hacer en cierta medida
de sarcófago nuclear, ya que permanecerán los elementos radiactivos
indefinidamente o, como mínimo, hasta que no se plantee la clausura en el
nivel 3.

Entendemos que, por diferentes motivos, el primero, la seguridad; el
segundo... (La oradora pronuncia palabras que no se perciben.); el
tercero, la propia tranquilidad de los ciudadanos, sería bueno plantear
en el plan de desmantelamiento de la central nuclear Vandellós 1
directamente lo que se entiende como nivel 3 de clausura, denominado
también clausura por desmantelamiento, que, como SS. SS. saben, consiste
en la retirada de todo el material radiactivo o contaminado y el
desmantelamiento completo del edificio. Es evidente que entendemos que
éste es un proceso que, por su naturaleza, es de una gran complejidad. Es
más, según me parece, nunca se ha producido hasta el momento un
desmantelamiento a nivel 3 de clausura, pero sí entendemos que sería
bueno que Enresa ya lo planteara en estos términos. El nivel 3 de
clausura representa, de acuerdo con los criterios internacionales
establecidos por la OIEA, el nivel completo de desmantelamiento de la
central nuclear y, por tanto, entendemos que es el único que puede
garantizar absolutamente la seguridad de la zona.

Por todo ello y para terminar, entendemos que habría que plantear esta
proposición instando al Gobierno a aplicar a la central nuclear de
Vandellós 1, por seguridad fundamentalmente, por tranquilidad y por
compromiso con la seguridad de las centrales nucleares, el nivel 3 de
clausura, y en consecuencia disponer de los mecanismos correspondientes
para iniciar el proceso de desmantelamiento completo de Vandellós 1.

Entendemos que la buena noticia con la que encabezaba esta proposición,
que es que esta central nunca más va a ser reabierta, y la segunda buena
noticia que era la proposición que en su momento trajo aquí Xavier
Sabaté, podría cerrarse con la tercera buena noticia, que es iniciar
definitivamente el desmantelamiento completo de la central y, por tanto,
lo que entendemos por clausura 3.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Nadal.




El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, desearía ser muy breve en tanto
que los planteamientos que realiza la señora Rahola ya han sido tratados
numerosas veces por las fuerzas políticas de la circunscripción de
Tarragona y por otras personas e instituciones que afectan al caso. Sin
embargo, sí desearía hacer unas pequeñas y muy breves puntualizaciones.

La primera es que el 10 de mayo no es



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que en el Parlamento de Cataluña no existiera unanimidad, sino que la
proposición de la señora Rahola no fue aceptada. Esto quiere decir que
existió unanimidad en criterios contrarios a los que proponía la señora
Rahola. La segunda es que, para mí, como Diputado de la circunscripción
de Tarragona, no es ninguna buena noticia el accidente de la nuclear de
Vandellós y su cierre, sino que el accidente pudo ser un grave percance.

Considerar que, como consecuencia de un accidente, su cierre es una buena
noticia, lo considero francamente, no diré deplorable, pero sí un poco
grave, ya que cualquier accidente que pone en riesgo a las personas que
están alrededor de la nuclear y que, en definitiva, causa un cierto
peligro, por mucho que sus consecuencias puedan ser buenas, para nosotros
nunca es una buena noticia.

En definitiva, consideramos que el tratamiento que se está dando por
Enresa --que creo que desde este viernes pasado está a cargo de la
nuclear-- para producir el cierre, de acuerdo con la instrumentación
establecida, es lo lógico, y a partir de ese momento estaríamos en la
idea de que Enresa tiene que ir decidiendo en momentos sucesivos cuáles
son los tratamientos que hay que ir dando a la central nuclear.

También desearía decir, señor Presidente, en todo lo que hace referencia
a la nuclear de Vandellós, que en aquel momento muchas personas
estuvieron por el no cierre de la nuclear de Vandellós, y que el primer
Grupo Parlamentario que sugirió el cierre de la nuclear fue el Grupo de
Convergència i Unió en la circunscripción de Tarragona.

Por otra parte, señor Presidente, el tratamiento que está dando Enresa en
nivel 2 creemos que es el aceptado por todos los alcaldes, concejales e
instituciones que están alrededor de la central nuclear, que están en
franco diálogo con la nuclear, no sólo con aquélla sino con otras, y por
tanto darle premura, pasar a un número 3, cuando en definitiva, de una
forma concreta, correcta y eficaz, se va a iniciar --espero yo-- el
tratamiento del número 2, no es lógico.

Por todo ello, señor Presidente, creemos que la presentación de esta
moción no es aceptable y votaremos en contra.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Voy a ser breve.

La señora Rahola hablaba de tres buenas noticias. Nosotros compartimos el
criterio del portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) de que no
es buena noticia que una central nuclear se cierre por un accidente
grave, sino que lo mejor hubiera sido que, por ejemplo, esta mañana se
hubiera aprobado la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y hubiéramos cerrado una central nuclear que no ha sufrido
un accidente grave todavía, pero que si no se ponen las medidas adecuadas
puede que así sea.

Sí compartimos el criterio de que los desmantelamientos tendrían que ser
no sólo en esta central nuclear, sino en todas, a nivel 3. Lo que está
claro es que en estos momentos, en nuestro país, no existe ningún
emplazamiento definitivo que pueda almacenar los residuos de alta
intensidad. Por lo tanto, nos parece que sería correr un grave riesgo,
porque no sabemos dónde se iban a ubicar estos residuos y lo único que
podría pasar es que les quitáramos el problema a los ciudadanos y
ciudadanas de Tarragona, que nos parece muy bien, pero se lo enviáramos a
otros ciudadanos y ciudadanas del territorio nacional, lo cual no nos
parece tan bien. Por lo tanto, nuestro Grupo se va a abstener en esta
proposición no de ley porque no tenemos claro dónde se podría enviar este
tipo de residuos.

Lo que sí nos gustaría hacer constar es la necesidad urgente y perentoria
que va existiendo en nuestro país de que se cree el almacenamiento
definitivo de los residuos de alta intensidad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Murcia.




El señor MURCIA BARCELO: Intervengo en nombre de mi Grupo para fijar
nuestra posición ante la proposición no de ley presentada por Esquerra
Republicana de Cataluña, en la cual se propone que se aplique a la
central nuclear Vandellós 1 el nivel 3 de clausura y desmantelamiento.

El permiso de operación de la central nuclear Vandellós 1 le fue retirado
a la misma el 31 de julio de 1990, como consecuencia del accidente que
tuvo lugar en la central y que se originó por un incendio en el edificio
de turbinas. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa, es la
encargada de la disposición definitiva de los residuos nucleares, y como
tal residuo puede ser considerada una planta nuclear una vez terminada,
por un motivo u otro, su vida útil. Por tanto, es Enresa la principal
responsable de disponer el tratamiento de la central citada como residuo
y de desmantelarla.

En cumplimiento de esta responsabilidad, Enresa presentó al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, el 17 de junio de 1991, un documento
denominado: Informe sobre alternativas para el desmantelamiento de la
central nuclear Vandellós 1, propuestas de actuación. Una resolución de
la Dirección General de la Energía del citado Ministerio, del 27 de
noviembre de 1992, señalaba literalmente: Se considera aceptable la
alternativa propuesta por Enresa consistente en la realización de un
desmantelamiento inmediato a la finalización del plan de retirada del
combustible fuera del emplazamiento de la central nuclear Vandellós 1
hasta el nivel 2. Liberación restringida del emplazamiento, tal como se
define en el documento del OIEA, Tecnical Reports, Series, número 230,
conservándose de la instalación sólo las estructuras, sistemas y
componentes contenidos en el interior del cajón, que debidamente sellado
permanecerá como barrera de confinamiento, y la ejecución, después de un
período de espera, de un desmantelamiento hasta el nivel 3. Liberación
restringida del emplazamiento, definido asimismo conforme al documento
del OIEA, Tecnical Reports, Series.

Por tanto, la primera consideración a realizar es que en la resolución de
desmantelamiento de la central nuclear



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Vandellós 1 se contempla el nivel 3 de desmantelamiento, aunque tras un
período de espera. En la actualidad se está terminando de retirar el
combustible de la planta y, por tanto, la fase siguiente debería ser el
inicio de las actividades de desmantelamiento del nivel 2, según está
previsto.

Los distintos niveles de desmantelamiento se definen, el primero, como la
primera barrera contra la radiación; es decir, los componentes del
circuito primario se mantienen como estaban durante la operación de la
planta. También permanece intocada la contención. Nivel 2. Se reduce el
circuito primario eliminando todos los elementos posibles y se refuerza
el mismo con blindaje biológico. La contención puede ser desmantelada o
no. Nivel 3. Todos los equipos de la planta son desmantelados al mantener
niveles sensibles de radiación. La planta se desmantela sin
restricciones. El emplazamiento quedaría como antes de la construcción de
la planta.

Obviamente, a largo plazo, la situación ideal sería alcanzar el
desmantelamiento del nivel 3, sin embargo, si no se permite que
transcurra un cierto tiempo y, por tanto, que los niveles de radiación
disminuyan e incluso desaparezcan de algunos elementos, se crean
importantes problemas. En primer lugar, las operaciones de
desmantelamiento son muy costosas en cuanto a dosis radiológica para los
trabajadores que realizan el desmantelamiento. En segundo lugar, el
material desmantelado ha de ser considerado residuo radiactivo de baja y
media actividad y, por tanto, depositado en un almacenamiento apropiado.

El volumen sería en este caso tan importante que llenaría muy pronto los
almacenamientos disponibles. En concreto, sabemos que en España en este
momento sólo existe el de El Cabril, en Córdoba, que no tiene capacidad
suficiente para disponer de todo este material. En tercer lugar, y por
las razones anteriores, el desmantelamiento es extraordinariamente
costoso.

Por todo lo anterior, parece apropiado limitarse a un desmantelamiento
del nivel 2 a corto plazo, si bien teniendo unas previsiones de
desmantelamiento de nivel 3 a largo plazo, cuando los costes radiológicos
y económicos sean menores y se disponga de espacio suficiente para
colocar el material desmantelado. En consecuencia, parece adecuado
trabajar en la línea que representa la resolución del Ministerio de
Industria comentada anteriormente.

Las razones anteriores aconsejan no apoyar la proposición no de ley que
se comenta, teniendo que tener en cuenta adicionalmente que el
desmantelamiento del nivel 3 de la central nuclear Vandellós 1 está ya
previsto, aunque no de una forma inmediata.

Hay que señalar que la citada resolución concedía a Enresa 18 meses desde
la fecha de la resolución para la presentación del programa detallado del
nivel 2 para la central. Ese plazo ha terminado el 26 de mayo del
presente año. Justo cuando iba a concluir dicho plazo Enresa ha
presentado su proyecto. Sería necesario recabar información detallada de
este proyecto con objeto de conocer detalles importantes, como puede ser
el análisis de seguridad del proyecto de desmantelamiento de la
instalación, el calendario del plan de desmantelamiento, el plan de
gestión de los residuos radiactivos generados, el plan de emergencia o el
de seguridad física. Se podría recabar esta información de la Dirección
General de la Energía, que ha fijado un plazo de dieciocho meses para
aprobar el citado programa, y pedir la comparecencia de la responsable de
la Dirección para dar personal y oralmente una explicación detallada en
la Comisión de Industria.

En la documentación presentada por Enresa parece que figura el abordar el
desmantelamiento del nivel 3 de la central en una plazo de 30 ó 35 años,
para lo que se elaboraría el necesario programa de trabajos.

Por todo lo dicho, entendemos que mi Grupo no podrá apoyar la proposición
no de ley presentada por Esquerra Republicana de Cataluña.




El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Sabaté.




El señor SABATE IBARZ: Después de la intervención del portavoz del Grupo
Popular se puede decir que la mía sobraría, porque técnica y
administrativamente ha explicado cuáles son las razones del plan.

El plan se presentó el viernes pasado, día 27, en la Delegación de
Industria de Tarragona, al filo del plazo --es cierto--, pero cumpliendo
los plazos, por lo tanto, referirse a un plan que se desconoce, nos
parece temerario. Yo que pertenezco al Grupo que apoya al Gobierno no lo
conozco; se supone que podría tener más posibilidades, pues ni eso.

(Risas.) Lo digo por la inmediatez del tiempo y por su volumen, porque
creo que está formado por catorce tomos. Me parece que es prácticamente
imposible haberlo analizado en los cuatro días que llevamos de esta
semana.

Como bien se ha dicho aquí, no nos corresponde analizarlo en este
momento, tienen que informar sobre él tanto el Ministerio como el Consejo
de Seguridad Nuclear. Ya han anunciado que un plan de esta complejidad
llevará su tiempo, pero sí seríamos partidarios de que en el momento
oportuno tuviéramos conocimiento de ese plan. Por lo tanto, la
proposición no de ley, desde nuestro punto de vista, contiene numerosas
inexactitudes y no se corresponde con la realidad. No se corresponde con
la realidad porque en ningún momento en el plan --según nuestras
noticias-- y como aquí también se ha dicho, obvia el nivel 3; el nivel 3
está contemplado. Se afirma, además, que el edificio de la central
nuclear tendrá que hacer de sarcófago nuclear de aquellas partes y de
aquellos elementos radiactivos que quedarán indefinidamente en la misma
instalación, y tampoco parece que eso sea cierto. Por otra parte, el
término anglosajón «entombing», actualmente en desuso salvo en la Gran
Bretaña, donde la espera entre el nivel 2 y el nivel 3 es de cien años,
podría inducir a error por su etimología, ya que en Vandellós 1 el cajón
del reactor y sus internos serán los que permanecerán durante el período
de latencia, debidamente sellados y confinados, y al cabo de dicho
período se procederá a su desmantelamiento total como corresponde a la
definición del nivel 3.

La alternativa aceptada, la del nivel 3, consiste en la realización de un
desmantelamiento que comenzará inmediatamente después de la finalización
del plan de retirada



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del combustible, que previsiblemente acabará este año. Este
desmantelamiento primeramente alcanzará el nivel 2, tal como ya se ha
dicho, y en este nivel 2 únicamente se conservarán las estructuras,
sistemas y componentes contenidos en el interior del cajón, que
permanecerá como barrera de confinamiento. Tras un período de espera o de
latencia, al que nos referíamos antes, se efectuará el desmantelamiento
hasta el nivel 3, liberación no restringida de emplazamiento, y cuando se
alcance el nivel 3 el emplazamiento quedará en condiciones tales que
pueda ser utilizado sin ningún tipo de restricción. Por tanto, no es
cierto lo que se aduce en la exposición de motivos de la proposición no
de ley que hoy estamos debatiendo.

Finalmente, si se abordara inmediatamente el nivel 3 que reclama la
proposición no de ley, tendríamos que decir tres cosas. En primer lugar,
que sería un tipo de intervención desconocida en todo el mundo. En
segundo lugar, que no se ha producido en ninguna otra central de estas
características un tipo de intervención inmediata del nivel 3. Ello,
además, aumentaría los riesgos. No hay garantías de que se pudiera
ejecutar con todas las medidas de seguridad necesarias y, por tanto, en
aras a esa tranquilidad a la que aludía la proponente, no sería de recibo
aprobar un tipo de intervención de estas características. Y, en tercer
lugar, que ese tipo de intervención teóricamente sí que podría darse.

Técnicamente parece que eso sería posible, seríamos los primeros en el
planeta que nos decidiéramos a hacer eso, a costa de unos recursos
económicos difíciles de calcular en estos momentos y a costa, también, de
una inseguridad que haría peligrar desde la salud de los trabajadores que
tuvieran que hacer este tipo de intervención hasta la misma población.

Repito que el Ministerio y el Consejo de Seguridad Nuclear tienen que
aprobar este plan, que entró en la Delegación de Industria de Tarragona
el pasado viernes 27, y quedaría muy bien que hoy aprobáramos aquí el
nivel 3 de intervención: clausura y desmantelamiento. Quedaría bien de
cara a la galería, a los medios de comunicación, pero no creo que ése sea
el procedimiento ni la voluntad de los hoy aquí presentes, sino el actuar
con seriedad, con rigor y de acuerdo con lo que dicta la ciencia y los
conocimientos hoy en día en vigor. Por tanto, evidentemente, nos vamos a
oponer. (La señora Rahola i Martínez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Para qué solicita la palabra, señora Rahola?



La señora RAHOLA I MARTINEZ: Entiendo que ha habido una manipulación de
mis palabras al principio de las intervenciones de alguna otra señoría y
que la gravedad de la manipulación hace que pida una brevísima
intervención.

Alguien ha dicho aquí que yo he interpretado como una buena noticia un
accidente...




El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Para este solo efecto tiene la palabra
durante un minuto.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Quiero decir que me parece una grave
manipulación o que quizás es fruto de la mala audición de esta Cámara que
alguien pueda interpretar que en ningún momento que se haya hablado de
buena noticia respecto a una cosa tan grave, que preocupó a los
ciudadanos de todos los colores en su momento, como fue un accidente
nuclear. Lo único que se ha dicho es que era una buena noticia que esta
central nuclear no se reabriera nunca, porque, a pesar del accidente,
podría haber cabido la posibilidad de que alguien hubiera pensado que se
podría reabrir.

Por tanto, quede sentado --lo contrario me parece de profundo mal gusto--
que nadie ha hablado de buena noticia en una cosa tan grave como es un
accidente nuclear, sino de la buena noticia que representa que nunca más
se reabra esta central. (El señor Nadal i Malé pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Señor Nadal?



El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, ¿debo entender que la señora
Rahola se refería a mí?



El señor PRESIDENTE: La interpretación es subjetiva. Por tanto, si usted
lo interpreta y me pide la palabra por un minuto, yo se la daré. Si no lo
interpreta, todos estaríamos muy satisfechos.




El señor NADAL I MALE: En todo caso, para la satisfacción de usted, yo no
me he sentido aludido por la señora Rahola. (La señora Rahola i Martínez:
¡Muy mal, señoría!)



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 32; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR DIVERSAS ACTUACIONES EN LA
EMPRESA NACIONAL BAZAN DE CARTAGENA, ASI COMO A ADOPTAR DIVERSAS MEDIDAS
PARA GARANTIZAR EL FUTURO ESTABLE DE LA MISMA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 161/000169.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día,
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a realizar diversas
actuaciones en la Empresa Nacional Bazán de Cartagena, así como a adoptar
diversas medidas para garantizar el futuro estable de la misma,



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presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el señor García Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, voy a intervenir en lugar de
Pedro Antonio Ríos Martínez, que es el Diputado de Murcia por Izquierda
Unida, que presentó la proposición no de ley en nombre de nuestro Grupo.

Cuando se presentó esta proposición no de ley tenían plena vigencia los
tres puntos. Posteriormente, a partir de que fuera pactado el expediente
de regulación de empleo con los sindicatos, expediente que afectaba al
cien por cien de la plantilla, en el sentido de que entonces se haría una
rotación trimestral, a partir de ahí, repito, nuestro Grupo presentó
también otro escrito mediante el cual retiraba el primero de estos
puntos, pero nosotros entendemos que a pesar del tiempo transcurrido
siguen absolutamente vigentes los otros dos, es decir, el 1.º en el que
decimos «Demandar del Ministerio de Industria la apertura de
negociaciones sobre el plan de viabilidad que garantice el futuro estable
de la empresa». Y el 2.º, «Que por el Ministerio de Defensa se acelere
para el primer semestre del presente año la gran carena de los submarinos
S.60 y S.70 que estaba previsto realizar por el Ministerio de Defensa
para enero de 1994». Creo que no hace falta argumentar especialmente
estos dos puntos. Simplemente quiero decir que de haberse mantenido la
regulación de empleo en los términos inicialmente planteados, esto
hubiera supuesto abandonar los cursos de formación del personal
necesarios para abordar la futura construcción del programa de cazaminas,
ignorar la necesidad de impulsar programas de investigación tales como el
proyecto Bulcam (buque de intervención rápida ante desastres ecológicos),
renunciar a los estudios de reciclaje sobre diversificación de
actividades dirigidas a la industria civil (buques ecológicos,
actuaciones medioambientales terrestres, vehículos de vigilancia y
socorrismo, diques flotantes, etcétera), cuya orientación se viene
reclamando insistentemente por agentes sociales, y constituir el futuro
inmediato hacia el que debe dirigirse la empresa. Seguir, efectivamente,
con ese planteamiento de regulación de empleo, aparte de las
repercusiones para el conjunto de la empresa, para una comarca tan
duramente golpeada como la de Cartagena, hubiera supuesto incidir más
todavía sobre el déficit productivo, sobre la destrucción de tejido
productivo y el incremento de una situación de paro que realmente es
altamente alarmante si tenemos en cuenta que es una comarca que alcanza
casi el 30 por ciento de desempleados.

Dicho esto, y sin nada más que añadir, quiero someter a la consideración,
y espero que a un voto positivo, de los grupos parlamentarios aquí
presentes los dos puntos de la proposición no de ley que nuestro Grupo
entiende que siguen aún en vigor, tanto desde el punto de vista jurídico
como práctico.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Celdrán.




El señor CELDRAN VIDAL: Voy a defender la enmienda y fijar la posición de
mi Grupo en relación con la proposición no de ley que discutimos, y lo
voy a hacer empezando por decir que compartimos el fondo que subyace en
la misma, según la entendemos nosotros.

En la proposición se manifiesta una preocupación por el futuro de esta
factoría de la Empresa Nacional Bazán, y ciertamente que hay motivos de
preocupación, puesto que esta empresa ha ido perdiendo, a lo largo de los
años, una serie de puestos de trabajo, siendo ésta la quinta regulación
de empleo a la que se enfrenta la práctica totalidad de su plantilla; de
ahí que compartamos con el Grupo proponente la preocupación por el futuro
de la empresa. Igualmente compartimos lo que nosotros creemos que
pretende esta proposición no de ley, que es despejar esas incertidumbres
y contribuir a garantizar la pervivencia de esta empresa. En
consecuencia, anunciamos que la vamos a apoyar. No obstante, he de decir
que, en el preámbulo --ya lo ha matizado el defensor de la proposición no
de ley--, hay algunas imprecisiones, sin duda porque fue presentada hace
más de dos meses, pero lo que sí es cierto es que la comarca donde se
ubica esta factoría se encuentra en una situación --como dice la
proposición no de ley-- de crisis generalizada. Como es natural, no voy a
entrar a relatar las circunstancias que justifican esta afirmación.

Exclusivamente me limitaré a decir que a esta comarca le cabe el triste
honor de haber sido declarada por el Gobierno de la nación zona en
declive, situación que, desde luego, yo no deseo para ninguna otra parte
de nuestro país. También es cierto, como dice el preámbulo o introducción
de la proposición no de ley, que esta situación industrial de la comarca
de Cartagena demanda, por parte de los poderes públicos, todos los
esfuerzos y actuaciones necesarias para el mantenimiento de la actividad
productiva. Nosotros compartimos al cien por cien este párrafo; creemos
que, dada la situación en que se encuentra esta zona, es un deber del
Gobierno intentar, por todos los medios a su alcance, tratar de paliar
esta situación. Por tanto, compartimos el fondo, compartimos la
preocupación que manifiesta la proposición no de ley y por eso la vamos a
apoyar.

Entrando ya en la parte resolutiva, es al primer punto de la misma al que
hemos presentado una muy concreta enmienda que trata de sustituir las
palabras «la apertura de negociaciones» por «la apertura de un proceso de
diálogo». Creemos que la expresión que nosotros proponemos define mejor
lo que debe producirse, las relaciones que sin duda han de iniciarse
entre el propio Ministerio de Industria, al que se demanda este plan de
viabilidad, y la dirección de la empresa, o también con el Ministerio de
Defensa, y por supuesto con los trabajadores, a quienes habrá de
presentarse este plan de viabilidad. Creemos que este conjunto de
actuaciones se definen mejor con la expresión que nosotros proponemos.

En cuanto al segundo punto, en el que se pide que se acelere la gran
carena de los submarinos S.60 y S.70, sin duda, habrá que modificar el
texto literal de la proposición,



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puesto que en ella se dice que se ejecuten estas obras en el primer
semestre; creo que habría que decir a lo largo de este año, ya que la
proposición se presentó hace más de dos meses. En cualquier caso,
consideramos oportuno este segundo punto, si bien queremos aclarar que,
en nuestra opinión, es al propio Estado Mayor de la Armada al que compete
este asunto, porque, con más conocimiento que nadie, podrá decidir cuáles
son las obras más urgentes a realizar de reparación o de mantenimiento de
toda la Armada; sin duda, es el propio Estado Mayor el que tiene la mejor
opinión y el mejor conocimiento para decidir qué obra de mantenimiento o
reparación se debe hacer. Hecha esta precisión, lo que sí es cierto es
que ha habido anuncios públicos por parte del Gobierno en el sentido de
que estas obras se iban a acometer durante este año; por tanto, dejando
sentado lo anterior, creemos que estamos legitimados para recordarle al
Gobierno que cumpla los anuncios que hace públicos.




El señor PRESIDENTE: Señor Celdrán, perdóneme. Sin perjuicio de que,
obviamente, está en el uso de la palabra y tiene todo el derecho a
ejercerla como crea oportuno, me ha parecido entender al Grupo proponente
que quedaba viva de esta proposición no de ley exclusivamente el primer
punto y que retiraban el resto. ¿Es así, señor García Fonseca?



El señor GARCIA FONSECA: Exactamente al revés.




El señor PRESIDENTE: Exactamente al revés, es decir, que quedan vivos
todos, excepto el primero. De acuerdo. (El señor García Fonseca pide la
palabra.)



El señor CELDRAN VIDAL: ¿Estoy en el uso de la palabra?



El señor PRESIDENTE: Está en el uso de la palabra, señor Celdrán. Después
procederemos a aclarar lo que se deba aclarar. Adelante, señor Celdrán, y
discúlpeme.




El señor CELDRAN VIDAL: Decía, sencillamente, que el tercer punto también
lo compartimos. Parece claro que a cualquier empresa, con tal de que
reúna cierto tamaño y que tenga vocación de futuro, le conviene tener
abiertos trabajos de investigación y desarrollo que de una manera
permanente mantengan y mejoren su capacidad tecnológica para afrontar
cualquier proyecto futuro. Eso es lo que dice el tercer punto de la
moción. Nosotros naturalmente lo consideramos oportuno, así como también
consideramos oportuno y deseable que la actividad de la empresa se amplíe
dentro del sector civil. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este tercer
punto.

Finalmente, quiero señalar que nosotros echamos de menos que en esta
proposición no de ley no se demande una mayor implicación del Ministerio
de Defensa en cuanto a que defina sus proyectos de inversión, puesto que
a ninguna de SS. SS. se le ocultan las dificultades que va a tener el
Ministerio de Industria para establecer un plan de futuro para esta
empresa sin conocer cuáles son los pedidos que en un próximo futuro le va
a hacer el Ministerio de Defensa, que es cliente prácticamente único.

Pero la proposición está redactada en los términos que lo está, y
nosotros, como digo, la vamos a apoyar, pidiendo, eso sí, encarecidamente
al proponente que acepte nuestra puntual enmienda en el convencimiento de
que no desvirtúa en modo alguno la intención de la proposición no de ley.

Eso es todo.




El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, le pediría que aclarara al
conjunto de la Comisión y por lo menos a esta Presidencia el contenido de
su intervención y cuáles son los puntos exactamente de su proposición no
de ley que retira y cuáles los que continúan en discusión.




El señor GARCIA FONSECA: Sí, señor Presidente. Muy brevemente, y espero
que con claridad.

La proposición no de ley de mi Grupo tenía inicialmente cinco puntos,
pero luego mi propio Grupo, en escrito de 16 de marzo de 1994, retiró el
primero de aquellos cinco puntos; por lo tanto, los que quedan son los
cuatro puntos que en el primer documento tenían la numeración 2, 3, 4 y
5, y ahora supongo que tendrán la numeración 1, 2, 3 y 4.




El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, ahora ha entendido la
Presidencia a qué se refería.

Para no producir malos entendidos en la Comisión, se está debatiendo la
proposición no de ley publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes», de
28 de marzo de 1994, que consta de cuatro puntos y no de cinco. Por
tanto, esa es la base del debate y de la votación que con posterioridad
realizará la Comisión, de la que no hay que retirar por lo tanto ningún
punto.

¿Grupos parlamentarios que deseen expresar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: En cuanto a la posición del Grupo de
Convergència i Unió sobre la proposición no de ley formulada por el Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, respecto a instar al
Gobierno a realizar diversas actuaciones en la Empresa Nacional Bazán de
Cartagena, así como a adoptar diversas medidas para garantizar el futuro
estable de la misma, queremos hacer las siguientes consideraciones.

Estimamos que la mayor parte de lo que se solicita en los cuatro puntos
que estamos debatiendo esta tarde, y con los que estamos de acuerdo
exceptuando el cuarto, por las noticias que nosotros tenemos al respecto
ya se ha conseguido, y me gustará mucho también después conocer la
posición del Grupo que da soporte al Gobierno para ver si efectivamente
los datos que nosotros tenemos coinciden con los que tiene el Grupo
Parlamentario Socialista. Si dichos datos coincidieran, nosotros no
votaríamos a favor de esta proposición no de ley, porque entendemos que
los objetivos que persiguen todos estos puntos ya están conseguidos.




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Respecto al primer punto, cuando se demanda al Ministerio de Industria la
apertura de negociaciones sobre el plan de viabilidad que garantice el
futuro estable de la misma, nosotros entendemos que dichas negociaciones
ya están realizadas. Incluso ha habido un importante acuerdo entre la
empresa y los sindicatos respecto a un plan de viabilidad para aprobar un
expediente de regulación de empleo, basado en las futuras construcciones
de diversos submarinos y cazaminas para poder complementar las horas de
trabajo durante los próximos años. Por tanto, estas negociaciones están
iniciadas, están realizadas e incluso están aprobadas.

Respecto a los puntos segundo y tercero, según los datos de que
disponemos, por parte del Gobierno se ha aprobado la ejecución del plan
de la carena de submarinos por un valor de 2.320 millones de pesetas para
la construcción de los S.70. Y sobre esto cabe la pregunta de saber si va
a haber dotación para la carena de los submarinos S.60. Me gustará mucho
oír la posición del Gobierno socialista respecto a este punto.

En cuanto al punto número 3, cuando se habla de la realización de
proyectos de los cazaminas y de los buques ecológicos, tenemos constancia
de que hay un proyecto aprobado y en ejecución de 48.500 millones de
pesetas para la construcción de las cazaminas correspondientes. Por lo
tanto, entendemos que dicho plan de viabilidad y dicho expediente de
regulación están en consonancia con los proyectos de futuro que tiene
previsto realizar el Gobierno y no cabría en este momento votar
favorablemente esta proposición no de ley, porque estos puntos ya están
debidamente aprobados.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Antonio Cuevas.




El señor CUEVAS DELGADO: En nombre del Grupo Socialista, voy a fijar
nuestra posición en relación con esta proposición no de ley.

Voy a ser breve porque aquí se ha producido la retirada del punto que era
el eje de la proposición --los demás eran de acompañamiento--, que era el
relativo a la retirada del expediente planteado en la Empresa Nacional
Bazán. Este expediente ha sido aprobado por todas las partes y está en
pleno vigor, lo cual ha motivado la retirada de ese punto. Por
consiguiente, los demás pierden sentido porque cuando se habla de un plan
de viabilidad, señorías, si atendemos a la dificultad de establecer un
plan de viabilidad en una empresa que, además, se dedica a la
construcción naval para las Fuerzas Armadas, todo el mundo entiende que
debe haber planes de viabilidad, pero planes que tengan en cuenta la
situación por la que pasa toda la industria de armamento, no solamente en
nuestro país, sino en el mundo entero.

De todas formas, la situación que vive la Empresa Nacional Bazán es
claramente coyuntural. Incluso en la memoria del expediente viene
recogido todo el acuerdo, que equivale a un plan de viabilidad, en el que
se han establecido las capacidades de la empresa y la carga de trabajo
desde los años 1994 a 1997, con una reducción notable del paro estimado
que se produciría en la factoría. Hay que decir también que este
expediente en ningún caso supone la paralización de la actividad en la
empresa, ni siquiera su reducción en cuanto a los planes de futuro, sobre
todo en lo que se refiere al gran plan de los cazaminas. Siguen
funcionando una serie de secciones muy importantes de la empresa, como
son la fábrica de motores, las reparaciones, los sistemas de control, la
informática, la logística y toda la oficina técnica, que está preparando
la logística de cara a la gran carga de trabajo que se producirá como
consecuencia de la ejecución de los cuatro cazaminas ya aprobados.

Y con el fin de informar, porque creo que hay alguna desinformación, de
lo que realmente está sucediendo y se está desarrollando allí, hay que
decir que en cuanto a lo que se pide sobre las grandes carenas de
submarinos, sobre la serie S.70 (que se solicita que se haga en el primer
trimestre o semestre, no recuerdo bien) se ha aprobado en el Consejo de
Ministros del 20 de mayo la ejecución de la segunda gran carena del
submarino Siroco de la serie S.70, por un importe, como bien ha dicho el
representante de Convergència i Unió, de 2.320 millones de pesetas. En
cuanto a lo que se refiere a las grandes carenas de los submarinos de la
serie 60, que tienen dificultades, la Armada tiene en estudio en estos
momentos la reestructuración global de su mantenimiento, debido no sólo a
dificultades presupuestarias sino también a dificultades técnicas.

Respecto a la pregunta que se nos hace, he de decir que el Ministerio de
Defensa tiene interés en que estas grandes carenas se realicen, creo que
hay un problema presupuestario que tendremos que abordar en los
presupuestos del año que viene, después de conocer las previsiones del
plan de la Armada con respecto a las grandes carenas de estos submarinos.

También es cierto que en el anterior ejercicio hemos visto el interés del
Ministerio de Defensa para abordarlas. Yo creo que se seguirá manteniendo
el interés del Ministerio de Defensa, y si cuenta con el apoyo
parlamentario no solamente de este Grupo, sino de los demás, podremos
abordar la ejecución de estas grandes carenas.

Aquí tengo que hacer una puntualización, y es que este debate no es
inconexo en el tiempo con los que se tienen en los presupuestos. El Grupo
que presenta la proposición no de ley, el Grupo de Izquierda Unida,
cuando llegan los presupuestos tiende a retirar partidas destinadas al
Ministerio de Defensa y a la Armada. Si no dotamos presupuestariamente
estos gastos, difícilmente podemos después venir aquí pidiendo más dinero
en las proposiciones no de ley. Digo esto porque guarda mucha relación
con lo que aquí se propone. En el punto 3.º solicita la puesta en marcha
de los programas de I+D, y yo recuerdo que en el debate de presupuestos,
en los programas de I+D, el Grupo de Izquierda Unida pedía una reducción
considerable de la I+D dedicada a Defensa. Hay que ser un poco coherentes
porque si no podemos estar aquí discutiendo cosas bastante
contradictorias.

En todo caso, creo que lo que queda de esta proposición no de ley, que
puede ser objeto de discusión, como es la viabilidad de la empresa en el
futuro, va a estar garantizado por algo que también ha aprobado ya el
Consejo de Ministros. Los cuatro cazaminas para la Armada se



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aprobaron el 7 de mayo de 1993 y el gasto autorizado son 48.500 millones,
que se financiarán en ocho anualidades entre los años 1993 y 2000. Creo
que con esto --además se aplica tecnología nueva, como es la de plástico
reforzado para estos cazaminas-- va a haber no ya un plan de viabilidad
sino viabilidad en esta factoría.

El punto 4.º, como decía al principio, me parece que es un punto de
acompañamiento, porque decir que de todas las actuaciones que se realicen
sobre este tema se remita información periódica a la Comisión de
Industria me parece un poco excesivo. Creo que el Grupo de Izquierda
Unida puede plantear cualquier petición de información, porque, si no,
estaríamos aquí inundados de todas las actuaciones que en relación con
este tema vaya a llevar la Empresa Nacional Bazán. No sé si lo que se
pide es una información global o el parte de horas extraordinarias que se
van haciendo diariamente. No se especifica mucho.

Nuestro Grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley. No sé
si se ha querido mantener, después de lo que era el punto fuerte de esta
proposición, que era la retirada del expediente, por la situación
electoral que atravesamos o porque el que realizó la proposición no se
encuentra aquí y no ha tenido la oportunidad de conocer que las cosas que
se pedían ya están en marcha y que la viabilidad de esta empresa es algo
en lo que el Grupo Socialista está empeñado, como lo demuestra la
enmienda que en los presupuestos de 1993 se introdujo para que el
Programa 322-A, de fomento y gestión del empleo, pudiera realizarse
durante los años 1993-1994.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario proponente, para expresar
su opinión respecto a la aceptación o rechazo de la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García
Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, también la solicito para
hacer, muy brevemente, alguna aclaración sobre las contradicciones que se
me imputan y alguna alusión al Diputado que dije que había firmado y
presentado inicialmente esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, sabe perfectamente que no está
contemplado en el Reglamento que se puedan rebatir los argumentos,
excepción hecha de que, como en el caso anterior, piense un diputado que
se han tergiversado sus palabras.




El señor GARCIA FONSECA: Le aseguro que no voy a rebatir ni a entrar en
polémica.




El señor PRESIDENTE: Para expresar la aceptación o el rechazo de las
enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor García Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: En ese sentido, quiero decir que mi Grupo no
tiene inconveniente en aceptar la modificación del Grupo Popular, porque
me parece que no cambia sustancialmente nuestro texto, en el sentido
estricto, semántico de los términos. Por lo demás, mi Grupo, al defender
los cuatro puntos que planteamos, considera que el sustancial es
precisamente el 2.º, el que se garantice un plan de futuro. Las razones
que llevan a mi Grupo a seguir manteniendo estos cuatro puntos son las
mismas que me expresó directamente mi compañero Pedro Antonio Ríos
Martínez.

Por último, debo decir que no hay ninguna contradicción en que nosotros
planteemos una reducción de gastos en defensa, porque ello no significa
que no mantengamos un programa de defensa nacional, que lógicamente
necesita algún tipo de gasto. Y en cuanto al I+D, la mayor parte de lo
que nosotros le asignamos aquí es precisamente, aparte del tema de los
proyectos de cazaminas para buques ecológicos, para diversificación de la
producción de la factoría de Cartagena que amplía su superficie,
etcétera.

Si éstas eran algunas de las cautelas o reservas que impedían al Grupo
Socialista votar a favor, quizá una vez aclaradas puedan cambiar el
sentido de su voto.




El señor PRESIDENTE: Aceptada la enmienda de modificación al punto
primero, presentada por el Grupo parlamentario Popular, vamos a proceder
a la votación de esta proposición no de ley incorporando esa enmienda del
Grupo Popular aceptada por el Grupo proponente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--SOBRE REVISION DEL PLAN ENERGETICO NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000195.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto quinto del orden del día:
Proposición no de ley sobre revisión del Plan Energético Nacional,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Such.




El señor SUCH PEREZ: Señor Presidente, señorías, cuando uno contempla por
qué en este país, por qué en España cada día van desapareciendo las
empresas, fácilmente puede ver que hay tres pilares fundamentales a
través de los cuales se puede garantizar o no la competitividad de las
mismas.

Por un lado están los costes salariales; por otro, los costes financieros
y, por otro, los costes energéticos.

Es indudable que, referente a los costes salariales y a los costes
financieros, algo se ha hecho últimamente desde el Parlamento, pero
también es cierto que en lo relativo a los costes energéticos apenas se
ha hecho nada. Cuando uno tiene la posibilidad de poder parlamentar y
poder conversar con los empresarios españoles, siempre vienen a plantear
la misma demanda: Es necesario reducir los



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costes de la energía para que nuestras empresas puedan ser competitivas
en Europa y en el mundo entero.

El Plan Energético Nacional es el instrumento esencial de elaboración de
la política energética en España; Plan Energético Nacional que si se
analiza con cierta seriedad, se puede llegar a la conclusión de que hoy
se encuentra completamente desfasado.

Por tanto, yo creo que es un buen momento, que el Grupo Popular en esta
Cámara aprovecha, para tratar de reflexionar sobre la necesidad de
reducir estos costes energéticos y, por tanto, a través de una
proposición no de ley mejorar, en la medida de lo posible, el instrumento
básico de la política energética española. ¿Por qué decimos que este plan
energético está completamente desfasado? Hay varias razones, algunas de
las cuales voy a enumerar, que al menos pueden ser útiles para argumentar
en esta dirección.

En primer lugar, este Plan Energético Nacional contemplaba y preveía la
posibilidad de que se pudiera importar energía eléctrica de Francia a
través de la línea Aragón-Cazaril, línea que, como todo el mundo sabe,
está paralizada en la parte francesa, principalmente por problemas
ecológicos.

Otra razón que uno también puede contemplar en el Plan es que los
resultados de la producción de energía eléctrica por cogeneración han
estado muy por encima de lo que se preveía, incluso llegando, como
posteriormente veremos --y tendremos más tiempo para ello--, a
situaciones un tanto anómalas.

También es evidente, cuando uno analiza lo que ha ocurrido con la
evolución de la demanda energética, que se ha producido otro
incumplimiento de este Plan Energético y la demanda, ya que en vez de ir
aumentando, como se preveía dentro de este Plan, ha disminuido en los
últimos años.

No menos cierto es también que uno de los pilares fundamentales en los
cuales este instrumento esencial para la política energética estaba
basado era el gasoducto argelino, que, debido a razones que el Grupo
Popular ha podido explicar también en esta Cámara, ha trastocado
completamente las previsiones del Plan.

Por último, algo que también nos preocupa es la aparición de planes
energéticos en distintas comunidades autónomas que apenas tienen relación
o coordinación con el Plan Energético Nacional.

Todas estas razones nos indican que es un buen momento para tratar de
revisar ese Plan Energético Nacional. La proposición no de ley que
presentamos pretende que el Gobierno, en un plazo no superior a seis
meses, pueda traerlo a esta Cámara para un análisis riguroso y un estudio
lo más razonable posible que permita, en definitiva, el objetivo que yo
creo que todos compartimos, que es la disminución de los costes
energéticos, para que nuestras empresas puedan ser mucho más competitivas
y puedan competir también en el extranjero.




El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta proposición no
de ley. Por tanto, corresponde ahora el turno de fijación de posiciones
por parte de los distintos Grupos.

¿Grupos que desean intervenir para fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
García Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, brevemente voy a fijar la
posición de mi Grupo, que adelanto que va a ser de abstención.

Si bien es cierto que por una parte el texto literal de la proposición no
de ley pudiera ser aceptado por mi Grupo, no es menos cierto, en aras de
una buena clarificación política, que las posiciones que ha mantenido el
Grupo Popular cuando ha demandado la revisión del Plan se han basado en
criterios y planteamientos realmente muy distintos y distantes de los de
mi Grupo, en algunos casos claramente contradictorios.

Nosotros abundaríamos en la idea de una revisión del Plan Energético
Nacional, pero marcando como primer objetivo algo que nos parece que
figura de manera muy insuficiente en el actual Plan Energético, como es
el ahorro y la eficiencia energética. Nosotros plantearíamos como
objetivos en la revisión del Plan, por supuesto, el mantenimiento de una
moratoria; incluso, yendo más allá, el cierre lo antes posible de las
centrales de la primera generación y la sustitución paulatina de la
energía nuclear, así como la participación de las energías renovables en
el cómputo total de la producción energética y en la estructura
energética de nuestro país, y un largo etcétera. Esto creo que pone de
manifiesto que, efectivamente, entre los criterios para la revisión del
Plan Energético que puede mantener legítimamente el Grupo Popular y los
nuestros hay diferencias realmente grandes.

Por estas razones que acabo de expresar y para mayor claridad política,
nosotros, aunque, repito, pudiéramos ser en principio partidarios de que
el PEN se revise, no nos vamos a sumar positivamente a esta petición que
hace el Grupo Popular y nos abstendremos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Dávila.




El señor DAVILA SANCHEZ: Señorías, estoy seguro que ni el tiempo previsto
para la intervención en el Reglamento ni probablemente la paciencia de
SS. SS. me permitirán el que me extienda excesivamente sobre la
reflexión. Sin embargo, no tengo más remedio que invocar que cuando se
quiere hablar de política energética, con sus características propias e
intrínsecas, hay que hacerlo sobre la de una dimensión temporal, que no
me parece que acompañe a la iniciativa que hoy contemplamos ni, a veces,
a algunas de las intervenciones o comentarios que escuchamos.

Es evidente que la correlación tan directa, tan rígida que hay entre lo
que es la demanda energética (solemos elevar a demanda energética lo que
a veces son problemas o demandas de algunos de los sectores de las
energías y, normalmente, debido a otras presiones y otras circunstancias,



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los del sector eléctrico cuando se hace la reflexión de esa demanda
energética y su correlación, como a veces se hace un reduccionismo no
aceptable --si no se quiere utilizar para otras cosas-- con el sistema
productivo, y a veces también se hace con el sector industrial) y la
economía estructural que existe en su sentido más amplio y global del
sistema que estamos contemplando, hace que la dimensión temporal tenga la
inercia propia de los cambios y transformaciones que suceden en esas
grandes estructuras.

Hay otra dimensión que no se les escapa a SS. SS., porque conocemos en
nuestros debates políticos las consecuencias de ignorarla. Cualquier
decisión de política energética tiene unas implicaciones financieras de
tal magnitud que la inercia que supone trasladan los efectos de los
aciertos o los errores a veces hasta una década más allá del momento en
que se toman esas decisiones. Todo eso hace que, si no es por otras
razones, cualquier reflexión respecto de aquello que es el documento, en
el cual un gobierno expresa cuáles son sus opciones concretas sobre la
política energética de un país, debe hacerse en una dimensión temporal
bastante más amplia. Estamos acostumbrados a que se hagan --y no es
gratuito porque menos de eso no tiene sentido-- incluso por una década;
cualquier plan energético lo hace como tal.

En menos de la quinta parte del período de vigencia del plan energético
--y esta es la parte que me importa resaltar a SS. SS. porque es lo que
nos corresponde a nosotros, no al Gobierno-- nos hemos posicionado sobre
el mismo. Concretamente hace apenas dos años. Por tanto, salvo que haya
otras motivaciones --las que no quiero ni siquiera considerar--, ello
supondría una precipitación, una frivolidad o una imprevisión de las
consecuencias que podría tener el cambiar la sensata reflexión que
hicimos. Me he traído aquello que sí nos pertenece a nosotros, es decir,
qué posiciones tomó esta Cámara tan recientemente, como fue el 9 de abril
de 1992, en relación a la política energética del país, que es lo que
realmente importa, mucho más allá que lo que pueda ser la concreción
numérica y cronológica que se refleja en un plan.

Señorías, les voy a leer sólo unas cuantas de las resoluciones que
realmente reflejan la posición nuestra, de esta cámara --ni siquiera de
un grupo, sino de esta Cámara-- en ese momento.

Por ejemplo, la primera de las resoluciones que aprobamos en ese momento
dice que el Congreso de los Diputados estima válidas, en lo fundamental,
tanto la descripción de la situación energética española que se contiene
en el documento aprobado por el Gobierno, como las líneas generales de
actuación que se proponen para configurar el futuro energético español.

Esto todavía es una declaración que me podrían decir SS. SS. que es
demasiado general, demasiado de principios, pero vayamos a concreciones
mayores, aquéllas que reflejan la prudencia de esta Cámara y esa
dimensión temporal que requiere una reflexión sobre políticas
energéticas.

La resolución número 13 dice: Dentro de las incertidumbres inherentes a
cualquier estimación a diez años vista (lo decíamos entonces, éramos
conscientes de las incertidumbres inherentes a cualquier estimación a
diez años vista desde la demanda energética de un país), el Congreso de
los Diputados encuentra razonables y prudentes --fuimos nosotros los que
hicimos esta estimación-- las presentadas en el PEN-91, tanto para la
energía primaria como para la final. Las estimaciones de demanda
energética del PEN-91 resultan aceptables como previsión indicativa de
las necesidades nacionales. Ahí también hicimos reflexiones que hoy es
pertinente recordar, donde incluso avanzamos a situaciones que hoy son
reales. Dijimos entonces que, en todo caso, estas previsiones, que nos
parecían aceptables como previsión indicativa, estarían sesgadas hacia
una prudente sobreestimación derivada de la conjunción de una optimista
valoración de la tasa media de crecimiento económico durante la década en
curso y de un contenido esfuerzo en la mejora de la eficiencia energética
de nuestro sistema productivo. Sin embargo, nosotros consideramos que
valía más ser prudentes en esa estimación, incluso incurriendo en lo que
siempre es un pecado desde un punto de vista financiero de una
sobreestimación, que hacer lo contrario. Lo dijimos y le dijimos al
Gobierno cómo probablemente las estimaciones de crecimiento de demanda no
iban a ser las que hacía, pero nos parecía razonable que las tuviese en
cuenta.

Como detrás de cualquier reflexión de política energética, salvo que se
tenga la prudencia de esquivarlo, están los --iba a decir-- intereses
--voy a corregirme a mí mismo y decir las perspectivas-- del sector
eléctrico (El señor Gamir Casares: Endesa.), en la resolución número 15
dijimos: El Congreso de los Diputados encuentra aceptable la estimación
que realiza el PEN-91 de la potencia eléctrica necesaria durante la
década en curso. Dicha potencia parece coherente con una previsión
optimista de la tasa de crecimiento de la demanda, con una actitud
razonablemente conservadora de la propuesta de potencia de reserva. Esta
Cámara consideró que era una actitud conservadora, que quiere decir
excesiva estimación de la potencia de reserva. Incluso eso que podría ser
en puridad estimarse como un exceso, lo considerábamos prudente y lo
aceptábamos. Terminábamos diciendo que nosotros considerábamos que
también esa sobreestimación era consecuencia de la inevitable --y nos
resignábamos-- gradualidad en la mejora de la política de gestión de la
demanda. Expresábamos como Cámara que una gestión más rigurosa y estricta
de la demanda, que no de la oferta, sería deseable, pero aceptábamos la
realidad de que una política de ese tipo es a muchos años vista.

Señorías, les hago gracia para no entretenerles, y antes de que el señor
Presidente me llame la atención, de otra serie de resoluciones, la
quinta, la sexta, la décima, la onceava... (El señor Artiles Bolaños: La
undécima.) Perdón, la undécima, agradezco la corrección que se me hace.

Resoluciones como las citadas, la vigesimosexta, etcétera, en las que
incertidumbres que hemos constatado hace tan poco tiempo, sin embargo
hacen referencia a la política del gas, que se ha mencionado, u otras que
no han sido citadas esta tarde, pero que también estuvieron presentes en
aquel momento. Había indefiniciones, y sigue habiendo, sobre la política
energética de la Unión Europea, porque en aquellos tiempos todavía
estábamos en el rebufo de las



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ideologías liberales de la señora Thatcher y cuando se pronosticaba la
inmediata y absoluta y radical liberalización del sistema energético de
la Unión Europea. Hoy ya no son esas perspectivas, pero entonces tuvimos,
y yo sugiero que sigamos teniendo, la prudencia de decir que nada sucede
en energía que vaya tan rápido como para que no pueda ser contemplado con
la tranquilidad correspondiente.

Todo ello, señorías, me llevaba hasta este punto a verme en la necesidad
de proponer a mi Grupo la posición negativa. Pero es conocida de SS. SS.

mi proclividad a intentar encontrar formas de aproximación. Creí
encontrarla, porque había también la resolución número 30, que aprobamos
en ese momento, que decía: Con objeto de facilitar un puntual seguimiento
y con periodicidad anual, el Gobierno remitirá al Congreso de los
Diputados, para su eventual estudio y debate en la Comisión --decía
entonces-- de Industria, Obras Públicas y Servicios, un informe en el que
se dé cuenta de la evolución de la demanda y de los balances energéticos,
así como del cumplimiento de las actuaciones orientadas a la consecución
de los objetivos del Plan.

Creí encontrar la solución, porque hubiera propuesto al Grupo Popular que
sustituyésemos la grandilocuencia e inoportunidad, desde nuestra
perspectiva, de la revisión del Plan a fin de celebrar un debate en el
que viésemos las desviaciones que hubiera habido en ese tiempo tan corto,
de sólo el 20 por ciento, en el cual el Plan Energético hubiera tenido
vigencia. Pero me encontré con una dificultad y todo mi gozo en un pozo.

Resultó que me encontré --yo y todos nosotros-- con que hemos recibido
hace algunas semanas en el Congreso de los Diputados el informe sobre las
actuaciones energéticas en el año 1992, que el Ministerio de Industria y
Energía, y explícitamente en su preámbulo lo dice, en cumplimiento de
esta resolución del Plan Energético, nos presentaba.

Me quedó simplemente la duda de decir: podría argumentarse, en un exceso
de ansia de debate, que esto hace referencia al año 1992 y estamos en
junio de 1994, pero tuve que reprimir esos impulsos porque me encontré
con que sólo hace tres días UNESA, la patronal del sistema eléctrico, por
lo tanto quien sólo se preocupa de una parte concreta, pero evidentemente
muy interesante --estoy seguro de que las actas no reflejan el matiz con
el que digo interesante--, del sector energético, sólo ha podido, con
todos sus medios, presentar los estudios del año 1993 hace sólo tres o
cuatro días. Me quedó entonces la duda razonable de que el Ministerio
probablemente en un tiempo un poco mayor, puesto que tiene que hacer
referencia a la totalidad de todos los otros sectores energéticos, nos
hará llegar ese informe y en ese momento es cuando mi Grupo estará
encantado de contrastar con los restantes grupos cuáles puedan ser las
profundidades de las desviaciones y el significado que haya tenido el
Plan Energético, como para que sea considerado por algunos la urgente
necesidad de su revisión, y podamos entonces hacer el debate con más
fondo y más contenido.

En resumen, todos mis esfuerzos han sido inútiles y me veo, no tanto por
nuestro Grupo, sino por la imagen que el Parlamento pudiera tener ante el
sector energético --que sí es consciente de que en energía nada tiene
importancia, salvo catástrofes que nadie ha invocado del sistema
energético mundial-- en la necesidad de decir que deben hacerse las
reflexiones con calma y con sosiego, con perspectiva suficiente. A
efectos de que ante ese sector experto de los responsables --no me
refiero a la Administración, sino de los intereses económicos del sector
energético-- no hacemos las cosas precipitada ni frívolamente, mi Grupo
va a tener que oponerse a esta propuesta que hoy nos ocupa.

Gracias y le ruego al señor Presidente que me excuse porque no reflejo
con esto más que el interés y el apasionamiento por un tema como el
energético de trascendencia, desde luego, superior a la permanencia de
cualquiera de nosotros en esta Cámara. (El señor Such Pérez pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Such, no ha habido en ninguna de las
intervenciones motivo, entiendo yo, para que, de acuerdo con lo que está
previsto en el Reglamento, me pudiera llevar a aceptar una petición de
palabra.

Si usted me lo hace ver, quizás sea así, pero de momento le digo que no
lo he visto. Dígame usted para qué pide la palabra.




El señor SUCH PEREZ: Simplemente por alusiones.

El señor Dávila ha dejado caer algún planteamiento de defensa de
intereses de alguien que, desde luego, quien ha presentado la proposición
no de ley y quien la ha explicado delante de tanta gente y tanto Diputado
como hay aquí, me parece que merecería la pena simplemente aclarar ese
punto.




El señor PRESIDENTE: Yo creo que con lo que ha dicho ya queda aclarado,
señor Such. Si le parece lo dejamos aquí. Con la petición de palabra ya
ha explicado el motivo y ha quedado bien claro que no es aceptable el que
le sea imputable eso.

Ha sido un turno para fijar la posición de su Grupo. De la misma manera
que cada cual expone sus ideas, lo ha hecho así el Grupo Socialista,
entiendo señor Such. De veras que no ha lugar a ese turno que me
solicita. Entiendo que no.

Vamos a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 18; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.




--SOBRE COGENERACION DE ELECTRICIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000196.)



El señor PRESIDENTE: Finalmente, vamos a pasar al sexto punto del orden
del día: proposición no de ley sobre



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cogeneración de electricidad. Presentada por el Grupo Popular en el
Congreso.

Para la defensa de dicha proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Such.




El señor SUCH PEREZ: Voy a ver si brevemente intento explicar también la
oportunidad de por qué presentamos esta proposición no de ley.

Es evidente que hoy la cogeneración es un fenómeno importante y creciente
en todos los países desarrollados. Si nos referimos al caso de España,
podemos decir que el número de plantas instaladas se está incrementando
de forma significativa en los últimos años, con un crecimiento casi
exponencial tanto en el número de plantas como en potencia y en energía
producida. (El señor Vicepresidente, Dávila Sánchez, ocupa la
Presidencia.) Incremento que, sin lugar a dudas, ha sobrepasado las
previsiones establecidas en el PEN, en el Plan Energético Nacional. Sin
embargo, la electricidad producida en España por este sistema apenas
llega al 5 por ciento del total, mientras que esta cifra se triplica para
países como Alemania, Reino Unido y Holanda.

Es indudable que la cogeneración tiene mucha importancia e interés, ya
que puede utilizar determinados combustibles con un impacto
medioambiental menor. Es cierto también que este sistema de producción
eléctrica ha sido fuertemente protegido en España, pagando precios por
esta energía que elevan los costes energéticos de forma importante.

Sin embargo, cuando uno ve qué es lo que realmente ha ocurrido con el
sistema de cogeneración en España, estas ventajas que yo he tratado de
exponer se convierten en desventajas por algunas razones que voy a
señalar a continuación y que son, fundamentalmente, dos. La primera es
que se utilizan mucho más los motores alternativos en lugar de las
turbinas, empleando más el fuel-oil que el gas natural, que es mucho
menos contaminante.

Por otro lado, también se puede observar cómo el propio sistema que se ha
generado y protegido por parte de este Gobierno ha inducido a que existan
ciertos datos falseados de consumo energético. Se plantean muchas veces
nuevas necesidades de vapor por ampliación de proceso industrial que
nunca llega a producirse, e incluso se puede observar que se vierte
directamente a la atmósfera determinado vapor no utilizado.

Por tanto, entendemos que es un buen momento para tratar de corregir los
defectos perniciosos que este sistema de cogeneración tiene planteados y
por ello presentamos esta proposición no de ley, con el ánimo de que las
medidas que aquí proponemos puedan perfectamente corregir estas
desventajas, siempre teniendo en cuenta los intereses que legítimamente
se han ido conformando por parte de este Gobierno alrededor de la
legislación vigente. Lo que tenemos que tratar de evitar es que el
sistema no se convierta en más pernicioso de lo que ya es.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): A esta proposición no de ley
hay una enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra
el señor González.




El señor GONZALEZ GARCIA: Voy a ser muy breve, porque creo que del gas y
de la cogeneración, entre otros aspectos, hemos hablado mucho a lo largo
de todo el día. El señor Ministro, en su comparecencia, creo que ya
introdujo y explicó el tema con suficiente amplitud. En todo caso, del
uso del gas, como conveniencia genérica, podemos aceptar los cuatro
grandes conceptos de sus ventajas. Primero, diversificación energética
con lo que conlleva de garantía de aprovisionamiento; segundo, su
carácter menor en el terreno de la contaminación, su menor impacto
contaminante tanto en las emisiones como en las infraestructuras
necesarias para su utilidad; tercero, el mejor rendimiento que se obtiene
con su utilización por los sistemas de turbinas, principalmente en el
ciclo combinado; y cuarta, la fundamental, la que nos ocupa con esta
proposición no de ley, la generación de electricidad y de calor por medio
de la cogeneración. Su limpieza en cuanto al uso y la economía que
representa son aspectos importantes que hacen poner en valor de nuevo el
Plan de ahorro energético que se introdujo como anexo en el PEN
1991-2000, en el cual se hacían unos cálculos aproximados para el fomento
del desarrollo de la cogeneración, entre otros aspectos, en el uso del
gas. Hemos llegado a situaciones que, como muy bien decía el
representante del Grupo Popular, están superando las previsiones, pero
esto no es ninguna desventaja; sino todo lo contrario. Es una gran
ventaja que el crecimiento de la cobertura de nuestra demanda discurra
por el campo de los combustibles menos contaminantes y de mejor
aprovechamiento en cuanto a su potencial. De los últimos datos de que
disponemos se deduce que existen más de 350 megavatios de nueva
instalación de cogeneración, que generan más de 2.500 gigavatios hora/año
y, como consecuencia, podemos decir que se está desarrollando un plan con
grandes coberturas de inversión por parte de la Administración que está
beneficiando al conjunto de nuestro aprovisionamiento.

Nuestro Grupo, como ya manifestó en relación con el PEN y como hoy por la
mañana ha quedado claro en la comparecencia del señor Ministro, apoya
claramente estos planes de desarrollo previstos para la cogeneración y es
consciente, asimismo, de que este fuerte incremento en el ritmo de su
utilización hace conveniente que se actualicen las normativas por las que
venía regulándose todo lo referido a estos nuevos aspectos de generación
eléctrica. Por tanto, las normas que hasta ahora venían funcionando
derivadas de la Ley 82/1980, de Conservación de la Energía, han de ser,
como digo, actualizadas y unificadas, de tal manera que se pueda poner
coto a la mala utilidad que pudiera hacerse de las mismas para aprovechar
sus incentivos y no para llevar a cabo unas inversiones de generación que
beneficien al conjunto tanto del medio ambiente como de la propia
industria que las aprovecha. No obstante, no estamos de acuerdo en que la
norma, es decir, la Ley 82/1980, esté obsoleta, sino que más bien creemos
que es cuestión de actualizar las normas derivadas de esta ley, es decir,
que deben modificarse. Por tanto, parece oportuno presentar una enmienda
en la que el texto que nuestro Grupo plantea es de orden similar al del
Grupo Popular, pero más adaptado a las cuestiones que entendemos más
puntuales y, por



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tanto, más susceptibles de ser reguladas por una vía más directa e
inmediata por el Gobierno, sin que pretendamos tampoco agotar con esta
enmienda alternativa que planteamos todas aquellas necesidades que
indudablemente van a verse agudizadas en el tiempo en razón del mayor uso
y de la mayor aparición de explotaciones de cogeneración.

Nuestra enmienda alternativa consta de cuatro puntos que entendemos
incluyen de una manera más amplia, pero con un fondo común, el texto que
plantea el Grupo Popular. Como enmienda de sustitución, de ser aceptada
por el Grupo proponente, contaría con nuestro apoyo y serviría para
agilizar los trámites que posteriormente el Gobierno tiene que llevar a
cabo, una vez que este mandato salga del Parlamento.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor García Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, no voy a entrar en la
valoración que hace mi Grupo sobre la necesidad de potenciar las energías
independientes, la cogeneración y demás, pues ya tendremos ocasión de
ello; ocasiones también hemos tenido en el pasado, donde se ha puesto de
manifiesto la preocupación de mi Grupo por la autoproducción. Les informo
de que, en una propuesta alternativa que nosotros hemos elaborado junto
con la Asociación Ecologista para la Defensa de la Naturaleza, uno de los
capítulos de más relieve versa precisamente sobre la autoproducción. Por
supuesto pensamos y estamos de acuerdo, creo que los tres grupos que
hemos intervenido, en que hay que potenciarla, tanto por razones
energéticas cuanto por razones medioambientales, por razones económicas,
e incluso desde el punto de vista de la industria que cogenera y, además,
teniendo en cuenta un hecho también importante y es que el peso de la
cogeneración en nuestro Estado es claramente inferior a la media
comunitaria.

No voy a abundar en estas razones sino simplemente a manifestar que mi
Grupo, en general, con algunas matizaciones que posiblemente sería
cuestión de hacerlas posteriormente, cuando se debata la medida legal
correspondiente, considera aceptables tanto la propuesta del Partido
Popular como la enmienda de sustitución del PSOE. Ambos textos nos parece
que coinciden en lo sustancial. Y repito que aunque mi Grupo en algunos
aspectos tiene dudas, entre otras cosas porque no están absolutamente
claros, al menos para nosotros, los términos de algunos de los puntos, si
son entendibles en el sentido que nosotros lo hacemos haríamos alguna
matización. Me refiero al primer punto de la proposición no de ley del
Grupo Popular que dice: «La regulación de las situaciones en que la
cogeneración no la desarrolle directamente el industrial sino una
sociedad constituida al efecto.» O al punto 4 del Grupo Socialista que
habla de relaciones técnico-económicas entre los productores
independientes y las empresas eléctricas. Mi Grupo considera que, en
puridad de doctrina, en la cogeneración no debieran participar las
compañías eléctricas porque sería estar a la vez repicando y en la
procesión o, si quieren ustedes, beneficiarse por dos vías, para lo cual
no encontramos absolutamente ninguna razón. En todo caso, en aras de un
sentido pragmático tan al uso en los tiempos que corren, mi Grupo, para
evitar posiciones obstruccionistas, por parte de las eléctricas, que
pudiesen dar al traste con que en la práctica la cogeneración pudiera
desarrollarse, admitiría una cierta participación, pero estableciendo un
límite porcentual determinado. Esta sería una de las matizaciones, si se
expresaran así, que nosotros propondríamos en relación a alguno de los
puntos.

Dicho esto, y como los puntos están formulados de una manera bastante
genérica y en lo sustancial coincidentes ambos, repito que mi Grupo en
principio votaría a favor de cualquiera de los dos, pero con matizaciones
que entendemos que en su día habría que hacer y, desde luego, mi Grupo
hará las que le parezcan importantes. Querría decir también que sería
interesante que, sobre una materia como ésta, lográramos el máximo
consenso. Mi Grupo ha pedido la comparecencia del señor Secretario de
Energía para que nos informe sobre los puntos fundamentales del decreto
de autoproducción, y sería bueno y deseable que la mayoría de los grupos
de esta Cámara pudiéramos coincidir en una serie de puntos básicos sobre
esta materia.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Tiene la palabra el señor
Molins, por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió.




El señor MOLINS I AMAT: Nuestro Grupo Parlamentario quisiera expresar su
opinión respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular que hace referencia a la cogeneración y a la
necesidad de adaptar o regular la misma más de lo que está o de forma
distinta a como lo está actualmente, así como también en relación con la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a esta
proposición no de ley.

En primer lugar, quisiéramos decir que nuestro Grupo Parlamentario
entiende que desde que se reguló por primera vez la cogeneración, que era
uno de los objetivos del Plan Energético Nacional, se están obteniendo
unos buenos resultados, si bien la práctica demuestra que en algunos
casos, que son la excepción y no la regla, también se han producido
abusos. Por ello quizá sea necesario, a la vista de la experiencia de que
disponemos en este ámbito, intervenir o regular nuevamente, de forma
parcialmente distinta, el proceso de cogeneración y, sobre todo, la forma
de impulsarlo a través de la fijación de unas tarifas determinadas,
dentro de las normas reguladoras del marco eléctrico.

Quisiera poner de manifiesto que nuestro Grupo sigue siendo partidario
--y no es que aquí lo haya puesto nadie en duda-- de la cogeneración, y
además pensamos que, desde el punto de vista energético global, la
cogeneración está funcionando, como decía anteriormente, francamente bien
en la gran mayoría de los casos y que, por tanto, esa nueva regulación
tendente a evitar los abusos también ha de llevar mucho cuidado en no
hacer imposible esa cogeneración que todos desearíamos que se siguiera
produciendo, sobre todo la generada al amparo de esta



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legislación y que ahora podría malbaratarse si cambiáramos de tal manera
esa legislación que la hiciéramos imposible, cosa que podría ocurrir.

Creemos que éste es un tema que es conveniente regular de nuevo, pero
también creemos que hay que hacerlo con sumo cuidado.

En este sentido --aunque quizá me adelante puesto que es a ellos a
quienes les corresponde opinar al respecto--, como tenemos entendido que
la enmienda del Grupo Socialista pudiera llegar a buen término, nosotros
propondríamos, dentro de esa enmienda que hemos estudiado en profundidad,
aquí mismo, in voce, unas ligeras modificaciones que creo que no van en
línea distinta a la expuesta aquí por todos los grupos y que serían las
siguientes --siempre referido a la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista--. El primer párrafo de esta enmienda dice que el Congreso
insta al Gobierno a que en el plazo de tiempo más breve posible elabore y
promulgue la necesaria normativa encaminada a regular de forma unificada
la producción de electricidad independiente. Nosotros pensamos que ni en
el Plan energético ni en los distintos borradores de la ley de ordenación
del sistema eléctrico es ésta la denominación que se utiliza para
referirse a la cogeneración. Por tanto, nuestra propuesta sería sustituir
los términos «electricidad independiente» por «régimen especial», que
creo que es el que hace referencia a este tipo de producción eléctrica.

En su punto 1 querríamos aclarar que cuando dice «... en consonancia con
el coste evitado al sistema» se refiere al coste, creemos que ése es el
sentido, pero pensamos que valdría la pena aclarar que se refiere al
coste total evitado al sistema, es decir, el coste fijo más variable, con
sus costes de transporte, con sus pérdidas en transporte, etcétera. Por
tanto, quisiéramos añadir la palabra «total», que no figura en el texto
de la enmienda socialista.

El punto 3 dice: «Definición de energía excedentaria que evite la compra
y venta simultánea de energía eléctrica.» Se hace una referencia a uno de
los temas más complejos de la ordenación y que, según qué interpretación
se diera a la segunda parte, nuestro Grupo no podría estar de acuerdo por
cuanto creemos que impediría la cogeneración en empresas que puede
interpretarse que están haciendo compra y venta simultánea de energía
eléctrica y que no es ése el espíritu de lo que se quiere evitar. Por
tanto, creemos que valdría la pena dejarlo simplemente en «Definición de
energía excedentaria», sin ningún añadido más, y ahí terminaría el punto
3.

Por último, en el punto 4, por coherencia con el 1, habría que sustituir
nuevamente «productores independientes» por «productores en régimen
especial» y las empresas eléctricas.

Con estas salvedades, nuestro Grupo Parlamentario anuncia su voto
favorable, así como a algunos de los acuerdos mayoritarios que pudieran
incluirse de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular,
proponente de la misma, y en particular el punto 3, que nos parece
conveniente incluirlo, el que hace referencia a la realización de
auditorías energéticas, que nos parece de contenido muy positivo.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Such, tiene la palabra
para expresar su aceptación o no de la enmienda socialista, aunque luego
tendríamos que ver sobre ella si la transaccional que ha presentado in
voce el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, se debería
incluir. Sin embargo, yo le ruego que contemple S. S. esa posibilidad
porque me parece deducir de las expresiones de los miembros de la
Comisión que ése sería el fin que podríamos conseguir.




El señor SUCH PEREZ: Por el bien de los intereses eléctricos lo voy a
intentar.

Nuestro Grupo acepta las pequeñas pero importantes consideraciones que ha
hecho el Grupo Catalán y también la enmienda de sustitución presentada
por el Grupo Socialista, pero eliminando el punto 2 entero y
sustituyéndolo por el punto 3 nuestro: «La conveniencia de la realización
de auditorías energéticas independientes, etcétera.» Y en el resto
estaríamos totalmente de acuerdo. ¿Lo leo?



El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señorías, ¿les parece que
suspendiésemos un momento la sesión a efectos de que lleguen a un texto?



El señor SAENZ LORENZO: Yo creo que no haría falta si la leemos.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez ): Lean la enmienda de
sustitución con las modificaciones que se proponen.




El señor GONZALEZ GARCIA: El texto completo de la proposición no de ley,
si estamos todos de acuerdo, con la enmienda de sustitución y las
inclusiones aportadas in voce tanto por el Grupo Popular como por el
Grupo de Minoría Catalana, quedaría de la siguiente manera: «El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de tiempo más breve
posible elabore y promulgue la normativa apropiada encaminada a regular
de forma unificada la producción de electricidad en régimen especial,
poniendo al día y clarificando los siguientes aspectos relacionados con
la misma: 1. Precio de la energía eléctrica vertida a la red, con
diferenciación de tipos de productores, en consonancia con el coste
total, variable más fijo, evitado al sistema. 2. Conveniencia de la
realización de auditorías energéticas independientes, antes de la
concesión del estatuto de autoproductor para la cogeneración y durante
toda la vida de la instalación, que comprueben la veracidad de los
ahorros estimados. 3. Definición de energía excedentaria. 4. Relaciones
técnico-económicas entre los productores en régimen especial y las
empresas eléctricas.»
Este es el texto final con la aceptación de las enmiendas propuestas in
voce por el Grupo Catalán y las aportaciones, una en un punto completo de
lo que era la proposición no de ley del Grupo Popular y la rectificación
de la introducción de los puntos que he mencionado. Yo espero que el
Grupo de Izquierda Unida pueda seguir sumándose, con su voto positivo, a
esta aceptación por nuestra parte.




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El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): ¿Señor Molins, recoge ese texto
su enmienda in voce?



El señor MOLINS I AMAT: Absolutamente.




El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Gracias, señor Molins.

¿Señor Such, este texto definitivo podría ser el que sustituye al suyo?
(Asentimiento.) Gracias, señor Such.

Creo que procede votar este texto como el definitivo de la proposición no
de ley que estamos debatiendo.

Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Señorías, concluido el orden del día, podemos dar por terminada esta
decimonovena sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo y, en
consecuencia, se levanta la sesión.




Eran las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde.