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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 223, de 31/05/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 223
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 27
celebrada el martes, 31 de mayo de 1994
ORDEN DEL DIA:
Dictamen, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, del proyecto
de Ley Orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial. (BOCG serie A, número 45-1, de 4-1-94. Número
de expediente 121/000031.) Final (Página 6740)
Proposiciones no de ley:
--Sobre construcción de un centro penitenciario de régimen abierto en
Jerez de la Frontera (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG serie D, número 52, de 11-2-94. Número de expediente
161/000115) (Página 6741)
--Sobre dotación de medios personales y materiales al Juzgado de La Línea
de la Concepción (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(BOCG serie D, número 52, de 11-2-94. Número de expediente 161/000116)
(Página 6741)
--Sobre acondicionamiento de garitas en la prisión Puerto 2 (Cádiz).
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 52,
de 11-2-94. Número de expediente 161/000119) (Página 6741)
--Sobre aumento de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado para combatir el narcotráfico en la provincia de Cádiz. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 52, de 11-2-94.
Número de expediente 161/000120) (Página 6741)
--Sobre libre prestación de servicios en el transporte marítimo en el
puerto de Almería, mediante la creación de un puesto de control de
entrada y salida de viajeros. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG serie D, número 90, de 25-4-94. Número de expediente
161/000194) (Página 6745)
--Por la que se insta al Gobierno a realizar una progresiva señalización
de las carreteras de competencia estatal para salvaguardar la integridad
física y la seguridad de los deportistas. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 82, de 12-4-94. Número
de expediente 161/000185) (Página 6748)
--Por la que se insta al Gobierno a presentar en la Cámara, en el plazo
de un mes, un proyecto de ley de unificación de la fe pública en España.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D,
número 90, de 25-4-94. Número de expediente 161/000191) (Página 6752)
Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.
--EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE
EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REFORMA LA LEY ORGANICA 6/1985,
DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000031.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día es el relativo a la terminación del
dictamen a la vista del informe elaborado por la Ponencia sobre el
proyecto de ley orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial.
Resta únicamente para debate y subsiguiente votación la exposición de
motivos. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor López Martín de la Vega.
El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Con toda brevedad, señor Presidente.
La exposición de motivos, en lo que se me alcanza y he podido ver,
necesita ser modificada en algunos aspectos. Muy brevemente me voy a
referir a ellos, porque son evidentes y no creo que precisen debate.
En el apartado VI de la exposición de motivos --he utilizado el anexo que
se acompaña al informe de la Ponencia-- la sanción de traslado ha sido
suprimida de entre las posibles sanciones a las faltas disciplinarias,
por una enmienda de Coalición Canaria.
Por último, habría que suprimir todo el apartado X de la exposición de
motivos, que hace referencia al régimen de nulidad, puesto que, por
aceptación de diversas enmiendas, entre ellas una del Grupo Socialista,
la ley ya no recoge modificación alguna respecto al régimen de la nulidad
de actuaciones judiciales. Por tanto, al suprimir este apartado X, el XI
pasaría a ser el X. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, sólo para explicación de
voto.
Naturalmente, vamos a votar, en coherencia con nuestra postura respecto
del proyecto, en contra también de la exposición de motivos. Aprovecho
para decir que lamentamos mucho concretamente una de las últimas
modificaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, si quiere explicar el voto, éste
tiene que producirse previamente.
El señor PADILLA CARBALLADA: De acuerdo, señor Presidente, votaremos
primero y después explicaremos el voto.
El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, lo que me interesaba conocer de S. S.
es si está de acuerdo en que lo que ha dicho el señor López Martín de la
Vega son simples correcciones en el preámbulo consecuencia de los
debates. El señor López Martín de la Vega ha puesto de manifiesto algunos
cambios que deben producirse en el preámbulo de la ley, consecuencia de
los debates.
El señor PADILLA CARBALLADA: Sí, pero lo previo es previo y lo sucesivo,
sucesivo. Entonces, como ha puesto especial énfasis concretamente en la
supresión de la parte de la exposición de motivos que se refería
concretamente a la nulidad de actuaciones, iba a decir que una de las más
desafortunadas, entre los muchos infortunios que ha tenido este debate en
Comisión, ha sido la supresión de ese precepto que figuraba en el
proyecto del Gobierno.
Por todas esas razones, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Entienden SS. SS., por lo tanto, que se trata de
correcciones consecuencia del debate que deben aparecer reflejadas en la
exposición de motivos.
Señorías, vamos a votar la exposición de motivos, que es lo único que nos
queda de la Ley por someter a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos del informe
de la Ponencia sobre el proyecto de ley orgánica por el que se modifica
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE CONSTRUCCION DE UN CENTRO PENITENCIARIO DE REGIMEN ABIERTO EN
JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000115.)
--SOBRE DOTACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES AL JUZGADO DE LA LINEA
DE LA CONCEPCION (CADIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000116.)
--SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE GARITAS EN LA PRISION PUERTO 2 (CADIZ).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000119.)
--SOBRE AUMENTO DE EFECTIVOS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO PARA COMBATIR EL NARCOTRAFICO EN LA PROVINCIA DE CADIZ. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000120.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día y los restantes
se refieren al debate y votación de distintas proposiciones no de ley. Si
SS. SS. no tuvieran ningún inconveniente, la proposición número 8 pasaría
a ser debatida después de la proposición número 5.
Las proposiciones números 2, 3, 4 y 5 tienen un mismo autor y un parecido
objeto, es decir, que hay que entender que sería correcto acumular, y
así, además, lo decidió la Mesa en su momento, cuando calificó estas
proposiciones no de ley. Por lo tanto, las proposiciones números 2, 3, 4
y 5 del orden del día de la sesión de hoy se debatirán de forma
acumulada. Quiero poner de manifiesto, además, que la proposición número
5 tiene una enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de las proposiciones, tiene la palabra la señora
Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Aunque se van a acumular estas cuatro
proposiciones no de ley sobre la situación de algunos juzgados, como el
de La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, situación que
podría trasladarse también al resto de los juzgados de la provincia por
las condiciones en las que actualmente se encuentran, también con
respecto al centro penitenciario de Puerto 2 y el de Jerez de la
Frontera, como a la situación de protección y de lucha contra el
narcotráfico en nuestras costas, esta Diputada va a intervenir de acuerdo
con el orden en que figuran, puesto que, además, hay una enmienda, como
bien ha dicho, de sustitución en el punto 5 del orden del día.
Respecto a la proposición no de ley sobre la construcción de un centro
penitenciario en régimen abierto en Jerez de la Frontera, resulta que en
la provincia de Cádiz tenemos cuatro centros penitenciarios, dos de
ellos, el de Jerez de la Frontera y el de Algeciras, desde hace años,
están dentro del plan de amortización y creación de centros
penitenciarios que prevé la amortización de estos centros ubicados en
nuestra provincia, que están en unas condiciones lamentables, aunque los
funcionarios y los equipos de dirección de dichos centros los mantienen
dentro de una dignidad relativa, puesto que no hay celdas, solamente hay
salas donde se acumulan los reclusos en literas, y las zonas de
esparcimiento y los talleres no reúne las condiciones mínimas, sobre todo
teniendo en cuenta que allí hay un 80 por ciento de jóvenes,
principalmente de la provincia, que necesitan un tratamiento porque están
allí por haber cometido delitos contra la salud pública al ser
toxicómanos y necesitar la droga. Como, al parecer, el Ministerio tiene
la intención de construir ese nuevo centro dentro de la zona de
Algeciras, y todos los funcionarios y los reclusos que están en el centro
de Jerez de la Frontera tendrían que ser trasladados a ese macrocentro de
Algeciras, desde el Partido Popular, tanto de Jerez de la Frontera como
desde la provincia, creemos necesario que dentro de Jerez se quede un
módulo de régimen abierto para esos reclusos de la provincia, de la zona
de Jerez y su influencia, donde, al disponer de régimen abierto, puedan
tener una mayor facilidad para reinsertarse en la sociedad, poder
trabajar, estar cerca de sus familias y tener un tratamiento, ese
tratamiento que en este momento no pueden tener en esos centros
penitenciarios y que todavía no les está dando la posibilidad de cumplir
sus penas en un centro de rehabilitación alternativamente. Por tanto,
como los ciudadanos de Jerez de la Frontera no rechazan la ubicación ni
del centro penitenciario ni de este posible módulo de régimen abierto,
creemos que es obligación por parte del Partido Popular y del Grupo
Popular presentar esta proposición no de ley para que, en el supuesto
caso de que se construya esa macrocárcel --que buena falta hace una
cárcel nueva en la provincia de Cádiz--, no se retrase más dicha
construcción
--lleva retrasándose más de seis años-- y haya la posibilidad de tener
este centro abierto en Jerez de la Frontera.
Respecto al segundo punto del orden del día sobre la situación de los
juzgados de La Línea de la Concepción, señor Presidente, ahí la
situación, si se quiere, es mucho más grave, y digo que es mucho más
grave porque tanto el estado del edificio como la situación de los
funcionarios que allí prestan sus servicios y la atención que se presta a
los ciudadanos en los juzgados de La Línea de la Concepción es
lamentable. El desarrollo de la Ley de demarcación y planta judicial
viene siendo incumplido sistemáticamente por el Gobierno hasta el punto
de haberse prorrogado el plazo previsto por la misma en dos años. Ello
está teniendo una especial incidencia en el funcionamiento de la
Administración de Justicia y, en consecuencia, en la efectividad de los
derechos del justiciable, concretamente en el derecho de la tutela
judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas. No obstante,
la repercusión de esos retrasos en el desarrollo de la denominada Ley de
planta es diversa, dependiendo del número de asuntos que se vengan
registrando en un partido judicial. Este, señorías, es el caso de la
localidad de La Línea de la Concepción en la provincia de Cádiz, para la
que la Ley de planta preveía en 1988 la creación de un tercer juzgado de
primera instancia, previsión que hasta el momento no se ha cumplido con
las consiguientes repercusiones para el adecuado funcionamiento de la
Administración de Justicia en esta ciudad. Según datos de la última
Memoria del Consejo del Poder Judicial relativa a 1993, el volumen de
asuntos que vienen registrando los juzgados de primera instancia e
instrucción con los que actualmente cuenta La Línea de la Concepción es
importante, así como el número de asuntos pendientes. En relación con el
número de asuntos civiles de estos juzgados tenemos que los asuntos
pendientes de años anteriores en el Juzgado número 1 son 643 y en el
número 2 de 79, este último con un total de asuntos registrados el pasado
año de 404. Sobre los asuntos penales tenemos que en el número 1 los
asuntos pendientes en años anteriores ascendían a 1.691 y en el número 2
a 397. En líneas generales y a la luz de estos datos, se podría afirmar
que el número de asuntos pendientes tanto civiles como penales superan en
algunos casos la media del número de asuntos pendientes en cualquier
juzgado de Cádiz capital.
En razón a lo anteriormente expuesto, creemos que está sobradamente
justificada la creación del tercer juzgado de primera instancia e
instrucción en La Línea, así como la dotación de mayores medios
personales y materiales para los demás juzgados, dada la sobrecarga de
trabajo que registran los dos juzgados actualmente en funcionamiento,
algo que debe constituir una prioridad para el Ministerio de Justicia y
que, además, viene siendo objeto desde hace tiempo de constantes y
reiteradas quejas por parte de los profesionales de Justicia de La Línea
de la Concepción.
Por último, señor Presidente, además de estas disfunciones hay que
destacar el deteriorado estado de los edificios de las sedes de estos
órganos judiciales, lo que hace prácticamente imposible el desarrollo de
la labor judicial en condiciones adecuadas y dignas. A pesar de la
situación existente, en los Presupuestos Generales del Estado para 1994
no se contempla, señorías, inversión alguna para atender las necesidades
de estos juzgados tanto en el orden material como en el personal. Yo
quiero destacar aquí, señorías, que en los Presupuestos para 1993 el
Gobierno preveía para La Línea de la Concepción un presupuesto de 70
millones de pesetas, de los cuales 20 se iban a gastar en 1994. Pasamos a
los Presupuestos para 1994 y lo que ahora cree el Ministerio de Justicia
que es necesario para mejorar la situación de los juzgados de La Línea de
la Concepción son ya 100 millones de pesetas, no 70 como el año pasado,
pero, eso sí, los 20 millones de 1994 han pasado a 1995.
Señorías, como esta Diputada lleva mucho tiempo reclamando, como otros
Diputados de la provincia de Cádiz, una mejor dotación presupuestaria
para los juzgados de La Línea, de Barbate, de Sanlúcar, incluso de Cádiz
capital, yo le voy a entregar al señor Presidente unas fotografías que
ilustran lo que esta Diputada dice, y es una vergüenza que el Ministerio
de Justicia tenga unas instalaciones en los juzgados de La Línea en esta
situación, con unos expedientes, como se puede ver en las fotografías, de
los que es imposible que ninguna autoridad judicial se haga responsable.
Es lamentable, parece que en vez de estar en Europa estamos en algún país
no del Norte del Africa, sino más allá del Norte de Africa. Este es
impresentable, señor Presidente. Me gustaría que el señor Presidente se
lo hiciera llegar al Ministro de Justicia, sobre todo sabiendo que le va
a ser imposible, por sus numerosas actividades teniendo ahora que ser
Ministro de Justicia e Interior, pasarse por La Línea de la Concepción a
verlo. Yo creo que estas fotografías le van a ilustrar y espero que
rápidamente tome medidas sobre el asunto.
Respecto al tercer punto del orden del día sobre la situación de las
garitas de la prisión Puerto 2, quizás alguna de SS. SS. se pregunte por
qué el Grupo Popular trae una propuesta como ésta a esta Comisión.
Realmente es porque es lamentable que en una cárcel de nueva construcción
como es Puerto 1 y Puerto 2, donde hay problemas de humedades, las
depuradoras no funcionan, hay problemas de conexión del servicio de
transportes desde el Puerto de Santa María a la ubicación del centro
penitenciario, donde viven más de 500 familiares de los funcionarios y ni
tienen transporte urbano que los acerque a ese núcleo de 500 habitantes.
Resulta por otra parte que nos encontramos con que de las dos cocinas,
una ha sido inutilizada y en la otra se están gastando más de 79 millones
de pesetas en una nueva construcción de una cocina para Puerto 2, porque
todos sabemos en la provincia y fuera de la provincia los problemas que
hubo el año pasado con el servicio de alimentación de los reclusos de
Puerto 1 y Puerto 2. Y ahí no queda la cosa, sino que si seguimos viendo
cómo están las instalaciones y se conoce cómo se ha construido, resulta
que Puerto 1 lo está como una construcción normal, con ladrillo, con
hormigón, pero Puerto 2, donde el otro día dos presos peligrosos ya
habían quitado varios bloques, está construida con bloques, con lo cual
es mucho más fácil abrir agujeros. A eso debemos añadir que los
cerramientos y acristalamientos de esas garitas respecto de las que el
Grupo Popular reclama una mejora de construcción en este momento, al
igual que durante el invierno pasado, están
aislados con trozos de colchones foam cerrados y sujetos con papel
adhesivo marrón. Yo creo que ya es hora de que ante presupuestos de
150.000 millones para construir nuevas cárceles en España se preste una
atención mayor ante la situación en la que están trabajando los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y los funcionarios de prisiones, ya que
realmente parecen reclusos de primera porque van a dormir a sus casas,
pero nada más, absolutamente nada más. Yo quisiera que alguna de SS. SS.
y alguno de los responsables del Gobierno se pasaran unas cuantas horitas
en esas garitas en las que realmente es imposible estar, ni en invierno
ni en verano.
Paso al punto 5 del orden del día relativo a la proposición por la que el
Grupo Parlamentario Popular una vez más pide más medios humanos y
técnicos para hacer impermeables las costas de la provincia de Cádiz,
tanto por tierra como por mar, a la entrada de droga y de contrabando. Si
bien es cierto que a la zona del Campo de Gibraltar ya desde 1991-92 el
Ministerio del Interior envió unas dotaciones mayores de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, no es menos cierto tampoco que en el
resto de la provincia nuestras costas siguen estando desprotegidas,
aunque haya aumentado en esa zona del Campo de Gibraltar el número de
funcionarios de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como las
dotaciones de la Guardia Civil del Mar. Tenemos una parte importante de
nuestra costa, desde la zona de Barbate a la desembocadura del
Guadalquivir en Sanlúcar, que realmente está desprotegida. En 1991 se nos
dijo que en la zona de Barbate se iba a crear un puesto de servicio de
vigilancia aduanera para tener cubierta la zona que va desde Tarifa a
Cádiz. Eso lo estamos esperando desde 1991 y allí no han llegado ni
funcionarios ni lanchas del servicio de vigilancia aduanera. Y ha sido
esperpéntico ver cómo en estos últimos días, en una operación diseñada
por los responsables del Gobierno en la provincia de Cádiz, los
contrabandistas de tabaco y los narcotraficantes prácticamente toreaban a
las cinco lanchas del servicio de vigilancia aduanera y de la Guardia
Civil del Mar por las noches, con más de 40 lanchas rápidas de los
narcotraficantes y de los contrabandistas de tabaco en la bahía de
Algeciras y en la zona de la Atunara. Si nos vamos, como decía antes, a
la zona entre Barbate y la desembocadura del Guadalquivir en Sanlúcar,
señor Presidente, señorías, vemos que la situación es lamentable. Y
muestra de que lo que estoy diciendo es cierto es que ya la Gobernadora
Civil de Cádiz en el mes de enero en unas declaraciones dijo que iban a
aumentar las dotaciones en la zona de Chipiona, Sanlúcar y Rota, tanto de
Guardia Civil como de medios marítimos para la defensa de nuestras
costas.
Como nosotros en el Grupo Popular estamos cansados de esperar, como
muchos ciudadanos de la provincia de Cádiz estamos hartos ya
--evidentemente los narcotraficantes y los blanqueadores están felices--
de esperar más medios en esa zona, es por lo que el Grupo Parlamentario
Popular y esta Diputada han presentado esta proposición no de ley
esperando que les sirva de acicate a los responsables del Gobierno para
que las promesas de la Gobernadora Civil de Cádiz, que recogen
precisamente la propuesta alternativa del Grupo Socialista en la enmienda
de sustitución, sea una realidad lo antes posible. Nosotros queremos que
no pase ni un minuto más. Todos los días estamos viendo cómo entran
camiones cargados de droga desde Marruecos, camuflada entre pescado,
flores, fruta, entre todo lo que sea posible. Y existe una incógnita
importante: qué contienen muchos de los contenedores y camiones del
puerto de Algeciras porque es imposible saberlo, debido a la escasez de
medios humanos y técnicos con que cuenta esa aduana y la Guardia Civil de
la zona. Señorías, ya es hora de que en un país como el nuestro, con
tantos riesgos, sobre todo en una provincia como la de Cádiz, de entrada
de droga, para consumo y tráfico, se tomen las medidas oportunas de una
vez por todas.
Para finalizar quiero decir que aceptamos la enmienda de sustitución en
este último punto del Grupo Socialista, esperando que sea una realidad lo
antes posible y que no tengamos que venir dentro de unos meses a hacer la
misma propuesta.
También espero que la diligencia del señor Presidente que las fotos que
le voy a entregar se las haga llegar al Ministro de Interior y Justicia
para ver si, de verdad, se hace algo por los juzgados de La Línea, así
como por sus funcionarios y los ciudadanos de la provincia de Cádiz.
El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, toda la documentación que presente
se enviará al Ministerio de Justicia, de acuerdo con su voluntad.
Tiene la palabra el señor García Espinosa.
El señor GARCIA ESPINOSA: Señor Presidente, intentaré responder a esta
batería de proposiciones que afectan a la provincia de Cádiz, si me lo
permiten, con la brevedad y concreción exigible en este tipo de asuntos,
por mucho que estemos en plena campaña electoral en toda España y también
en Andalucía.
Quiero decir que respecto a las tres primeras proposiciones que ha
defendido la señora Martínez no vamos a poder dar nuestro voto favorable,
pero sí se lo daremos lógicamente a la enmienda de sustitución que
presenta el Grupo Socialista a la última proposición, sobre medios contra
el narcotráfico en la provincia de Cádiz.
Por lo que se refiere a la primera, y voy contestando según la numeración
del orden del día, relativa a la creación de un centro penitenciario de
régimen abierto en Jerez de la Frontera, he de decir que hasta cierto
punto considero innecesaria, contradictoria e incompleta la pretensión
del Partido Popular. Creo que es innecesaria porque, como la misma
proponente ha reconocido, ya está prevista la creación de un nuevo centro
penitenciario de régimen abierto en la provincia de Cádiz. Y digo también
que hasta cierto punto es contradictoria porque dice que para solucionar
los problemas que acarrearía al personal funcionario la amortización de
los centros de Jerez y Algeciras se construya un nuevo centro en Jerez,
que sin duda contribuiría a solucionar los problemas de Jerez, pero no
así los de Algeciras.
Yo creo sinceramente, y en aras de la brevedad que decía al principio,
que las previsiones de Instituciones Penitenciarias para la provincia de
Cádiz son correctas, que se
va a acordar la futura reasignación de funcionarios, como está previsto
en el acuerdo firmado entre sindicatos y el Ministerio, y creo, desde
luego, que es más lógico no alterar ese plan de amortización de centros
penitenciarios a golpes de proposiciones no de ley que hoy afectan a la
provincia de Cádiz y mañana puede afectar a cualquier otra. Como se acaba
de hacer referencia, en julio de 1991 se aprobó ese plan de amortización
y de creación de nuevos centros penitenciarios. Como es es lógico, ese
plan de amortización afectaría sin duda a las condiciones de empleo del
personal, y por eso se firma entre todos los sindicatos, repito, entre
todos los representantes sindicales y el Ministerio en enero de 1993 un
acuerdo sobre criterios de reasignación de efectivos, derivado del plan
de amortización y de creación de centros penitenciarios. Por tanto, la
reasignación de funcionarios derivada de ese nuevo plan está acordada
entre todos los representantes sindicales y el propio Ministerio.
Insisto, señor Presidente, señorías, en que parece mucho más sensato que
se desarrolle ese acuerdo firmado entre todas las partes interesadas y
afectadas, y no que alteremos ese plan de amortización y ese acuerdo
entre sindicatos y Ministerio a golpe de proposiciones no de ley, como en
este caso.
Finalizo diciendo que va a haber un nuevo centro penitenciario en la
provincia de Cádiz cuya ubicación no está totalmente determinada, pero
esperamos contar con el apoyo del Grupo Popular para la misma. Va a haber
un nuevo centro penitenciario para internos clasificados de tercer grado
y que disfrutan de régimen abierto. Por tanto, como decía al principio,
creo innecesaria hasta cierto punto la pretensión que hoy se nos somete a
votación.
Algo parecido quiero decir sobre los juzgados de La Línea de la
Concepción. Creo que en la presentación de la proposición ha hecho la
típica exposición que describe un panorama desolador, desastroso, para
concluir diciendo que se acabarán todos los problemas si se aprueba la
proposición que la señora Martínez, en este caso, nos trae a discusión.
Dice que hay que proveer de los medios materiales y personales necesarios
a los juzgados de La Línea. Yo quiero decir simplemente que hasta 1991
había un solo juzgado en La Línea de la Concepción; hoy funcionan dos
juzgados y en virtud de la Ley de demarcación y planta judicial está
prevista la creación de un tercero. Las plazas de jueces están cubiertas,
si bien es cierto que por jueces de provisión temporal que desarrollan,
según resolución aprobada por el Colegio de Abogados en octubre de 1993,
una labor ejemplar por su eficacia. También el resto del personal
funcionario está cubierto. En cuanto a la creación de un tercer juzgado,
pretensión siempre plausible y que contempla la Ley de Demarcación y
Planta, quiero decirle que, sin duda, hay que hacerlo en comparación con
las necesidades y previsiones a realizar en el resto de España. El
Juzgado de La Línea no supera en trabajo a la media nacional, y también
habría que acudir a algún tipo de parámetro --permítame que se lo diga--
más objetivo que la formulación retórica que aquí ha planteado la señora
Martínez, como es la relación de necesidades que el Consejo General del
Poder Judicial plantea. En esa relación de necesidades del Consejo no se
plantea, en el año 1994, la necesidad de creación de este tercer juzgado.
Por otra parte, en cuanto al estado del edificio, sé y sabemos todos los
representantes de la provincia de Cádiz que el Alcalde está en
conversaciones con el Ministerio de Justicia e Interior para intentar
solucionar los problemas del edificio a los que la señora Martínez acaba
de hacer referencia
En cuanto a la proposición sobre acondicionamiento de las garitas, no sé
muy bien qué decirle, aunque tengo que contestarle porque hay una
obligación y una costumbre parlamentaria de contestar a cualquier
propuesta, incluso a las de este tipo. Hasta donde yo sé, las nueve
garitas de vigilancia están suficientemente acondicionadas y las obras
necesarias se irán haciendo durante el presente año, aunque me permitirá
que le diga que creo sinceramente que este tipo de pretensiones no deben
ser objeto en la Cámara de proposiciones no de ley que más tienden a
manifestar una posición o una voluntad política que una determinada
cuestión de intendencia.
Con respecto a la última proposición, aumento de los medios para la lucha
contra el narcotráfico, quiero decirle, como señalaba anteriormente, que
mi Grupo plantea una enmienda de sustitución. Estamos de acuerdo con el
fondo de la pretensión del Grupo Popular, pero presentamos una enmienda
de sustitución o de mejora, porque mejora, completa y concreta la
pretensión genérica que formula y que ha defendido el Grupo Popular.
Por tanto, estando de acuerdo con el fondo del asunto, presentamos una
enmienda de sustitución, que acaba de anunciarse que va a ser aceptada,
que creemos que, más que una enmienda de sustitución, es una enmienda de
mejora y de concreción de esa pretensión. Sin embargo, no por aceptarla,
debo dejar de pasar este trámite sin resaltar, señor Presidente, que mi
Grupo Parlamentario no puede estar de acuerdo con las afirmaciones
vertidas aquí por la señora Martínez. Tengo que decir que ésta es una
proposición recurrente del Grupo Parlamentario Popular, que se presenta
cada cierto tiempo y con idéntico contenido, al margen, se constata, de
la realidad que se dice se pretende mejorar. Esta es una especie de
proposición-tipo o de cliché que el Partido Popular tiene, al menos para
la provincia de Cádiz, y que, a mi juicio, pretende más personarse
políticamente en esta Cámara, ante una realidad compleja como es la del
tráfico de drogas y el narcotráfico, que solucionar de una forma rigurosa
y sensata este lamentable asunto. Baste subrayar que la señora Martínez,
a finales del año 1992, ya presentaba por primera vez en esta Cámara la
misma pretensión que hoy defiende, y la ha ido defendiendo sucesivamente,
independientemente de los avances habidos en la lucha contra el
narcotráfico en la provincia de Cádiz. A finales de 1992 presentaba esta
misma proposición y, 15 días más tarde, se desarticulaba la red Everest y
se desarrollaba la operación Pitón, operaciones que han tenido una
extraordinaria importancia para desarticular mafias organizadas del
tráfico de drogas y del blanqueo de dinero. Incluso una semana después de
presentar esta proposición no de ley que acaba de ser defendida, por
ejemplo, tuvo lugar la aprehensión de 3.500 kilos de hachís en Algeciras,
localidad a la que acaba de hacer referencia, y anteayer mismo tuvo
lugar otra de 4.500 kilos de hachís en Algeciras aprehendidos por la
Guardia Civil. Insisto, señor Presidente, esta proposición no de ley se
presenta sistemática e invariablemente, independientemente de los avances
que contra el narcotráfico se experimentan en aquella provincia de un
tiempo a esta parte.
Lo mismo que no puedo estar de acuerdo con la afirmación de que el
triángulo Rota-Sanlúcar-Chipiona --que es al que concretamente se hace
referencia-- es una especie de coto sin vallar, porque yo creo que, más
que la señora Martínez, saben que eso no es cierto los propios
narcotraficantes. En ese triángulo, tanto en las ciudades de Rota, de
Sanlúcar como de Chipiona, existe Policía Nacional, existe Guardia Civil,
existen grupos específicos de investigación fiscal y antidroga y, sobre
todo, están desarrollando su trabajo con una extraordinaria eficacia,
como lo demuestra también algo objetivo, que son los resultados en la
lucha contra el narcotráfico. Desearía que la señora Martínez lo mismo
que presentaba las fotos en la anterior proposición, hiciera mención de
esos resultados, que brevísimamente describo. Por ejemplo, en el año 1992
se aprehendieron 37.000 kilos de hachís; en el año 1993, 84.000 kilos. En
1992, de tres kilos de heroína, hemos pasado a más de 12 kilos de heroína
en 1993. Estos son resultados que, entiendo, son un parámetro objetivo
por el que se puede medir la eficacia de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad en la lucha contra el narcotráfico en el triángulo descrito.
Sin embargo --y para acabar, señor Presidente--, como no se trata en
ninguna situación política, y mucho menos en esta lacra social como es la
droga, de hacer apología de la realidad ni de sentirnos autocomplacientes
con lo realizado, por ello hemos presentado la enmienda de sustitución,
que antes decía que creo que es de mejora de la proposición genérica que
presentaba el Grupo Popular, que está en poder de la Mesa, y que tiende a
incrementar los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en esos municipios; a crear un equipo de policía judicial en la
localidad de Chipiona y a asignar a ese citado municipio algunas unidades
de nueva creación del servicio marítimo, que, sin duda, se pondrán en
marcha el presente año.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Espinosa. (La señora Martínez
Saiz pide la palabra.)
Señora Martínez, ya advirtió que se iba a aceptar, pero tiene la palabra.
La señora MARTINEZ SAIZ: Sólo para dejar bien claro que la aceptación de
esta enmienda es para que se cumpla, y no pase como cuando el señor
García Espinosa, en el año 1991, fue a la provincia de Cádiz a anunciar
ese puesto del servicio de vigilancia aduanera en Barbate y todavía lo
estamos esperando. Confiando en que esta vez no ocurra lo mismo y pasando
por alto muchas de las manifestaciones que ha hecho el señor García
Espinosa, porque no merece la pena contestarle, vamos a aceptar la
enmienda de sustitución.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la proposición no
de ley, con la enmienda socialista aceptada por el otro Grupo. (Varios
señores Diputados: Hay varias proposiciones no de ley.)
Disculpen, señorías. Vamos a empezar votando, entonces, la primera
proposición no de ley --número 2 en el orden del día--, sobre
construcción de un centro penitenciario de régimen abierto en Jerez de la
Frontera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la segunda proposición no de ley, sobre dotación de medios
personales y materiales para el Juzgado de La Línea de la Concepción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la tercera proposición no de ley --número 4 en el orden del
día--, sobre acondicionamiento de garitas en la prisión Puerto 2, de
Cádiz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la última proposición no de ley que tiene una enmienda del Grupo
Socialista, sobre la cual se han pronunciado SS. SS. en el sentido de
aceptarla.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--SOBRE LIBRE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL TRANSPORTE MARITIMO EN EL
PUERTO DE ALMERIA, MEDIANTE LA CREACION DE UN PUESTO DE CONTROL DE
ENTRADA Y SALIDA DE VIAJEROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000194.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto número 8 del orden
del día, proposición no de ley sobre libre prestación de servicios en el
transporte marítimo en el puerto de Almería, mediante la creación de un
puesto de control de entrada y salida de viajeros.
Para defender la proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Arqueros, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ARQUEROS OROZCO: Mediante esta proposición no de ley se pretende
remediar una situación de grave discriminación para la ciudad de Almería
sin que
existan razones objetivas para ello. El puerto de Almería carece de un
puesto de control de entrada y salida de viajeros que le impide
desarrollar todas sus potencialidades al bloquear cualquier posibilidad
para que Almería sea un puerto abierto al tráfico de pasajeros con
terceros países. (La señora Vicepresidenta, Pelayos Duque, ocupa la
Presidencia.)
La habilitación de un puesto de control como el que precisa Almería
solamente requiere una medida administrativa, una orden del Ministerio de
la Presidencia adoptada a propuesta conjunta de los Ministerios de
Economía e Interior, previo informe favorable del departamento
ministerial o entidad de la que dependan el puerto y el aeropuerto. No
existe razón alguna para que el puerto de Almería carezca de un puesto de
control que resulta imprescindible al ser un puerto de primera categoría
preparado para recibir un considerable número de pasajeros. Tan necesario
resulta dicho puesto que el Gobierno así lo entendió cuando en julio de
1993 convocó un concurso de vacantes para la provisión de puestos de
trabajo en diversos puertos y aeropuertos españoles para el control de
fronteras exteriores, aéreas, marítimas y terrestres y el cumplimiento de
las condiciones establecidas en el Convenio de aplicación de Schengen,
así como cualquier otra actividad de las especificadas en el artículo
11.2.1 a) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Inexplicablemente las tres vacantes del puerto de Almería
quedaron sin cubrir mientras se cubrían las correspondientes a puertos
que carecen de tráfico regular de pasaje con terceros países, y no fue
por inapetencia del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. En el momento presente las autoridades competentes en materia de
transporte no ponen objeción alguna para que se establezcan servicios
marítimos de líneas regulares entre Almería o cualquier otro puerto y un
tercer país. Sin embargo, el Ministerio del Interior, por medio del
Gobierno Civil de Almería, no permite la implantación de servicios de
pasaje entre Almería y puertos de terceros países al mantener que la
carencia del puesto de control excluye dicha posibilidad, con lo fácil
que es remediarlo.
El Reglamento comunitario 4055/1986, de 22 de diciembre, ha eliminado las
restricciones a la libre prestación de servicios de transporte marítimo.
Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea tienen plena
libertad para prestar servicios de transporte marítimo no sólo entre
países comunitarios sino entre cualquiera de éstos y un tercer país. Sin
embargo, la carencia del puesto de control en un puerto es un obstáculo
insalvable--entre comillas y subrayado-- para que la citada libertad
comunitaria tenga plena efectividad. Como cualquier otra traba a la
aplicación del derecho comunitario, lo anterior supone la existencia de
una situación ilegítima hasta el punto de que la Comisión Europea ha
iniciado un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento
de la normativa comunitaria. La inexistencia de un puesto de control en
un puerto con entidad suficiente para tenerlo, como es Almería, es un
obstáculo incompatible con los compromisos adquiridos por nuestro país a
la entrada en la Comunidad Europea que, de no remediarse, dará lugar
posiblemente a una innecesaria condena para España.
No se puede caer en el error de confundir la habilitación de un puesto de
control con el ejercicio de la soberanía nacional. La soberanía del
Estado para delimitar sus fronteras nada tiene que ver con uno de los
controles que es necesario establecer en los puntos de cruce de las
mismas. En la necesaria exigencia de un puesto de control de entrada y
salida de viajeros no hay ninguna implicación de la soberanía nacional,
pues no se trata de eliminar o definir las fronteras, sino de controlar
el paso de personas por las mismas, de igual forma que se hace respecto a
las mercancías o a la sanidad. En estos casos nadie se plantea que la
soberanía nacional esté en juego. Los puestos de control de entrada y
salida de viajeros son un servicio que debe de facilitar el Estado donde
sea necesario y razonable establecerlo. Almería cumple ambas condiciones,
pues es un puerto especialmente preparado para que se dé un importante
movimiento de pasajeros y no es razonable negarle dicho servicio, que
permitiría implantar servicios de línea regular con terceros países,
cuando puertos menos importantes en lo que a tráfico e instalaciones se
refiere, como por ejemplo Benalmádena o Tarifa, tienen dicho servicio.
Cuando el Gobierno ha tenido a bien dotar a un puerto de los servicios
necesarios para que puedan operar líneas regulares, no ha existido
problema alguno y tampoco se han planteado cuestiones relativas a si la
soberanía del Estado quedaba afectada; tal es el caso de Alicante, que
tiene una línea regular de pasaje con Orán, o de Algeciras, Tarifa y
Benalmádena, con varias líneas regulares de pasaje con Marruecos. Si en
dichos puertos no hay problemas para habilitar los puestos de control y
atraer así la inversión privada que establecen los servicios de líneas
regulares, ¿por qué se discrimina a Almería, negándole la habilitación de
un puesto de control en el puerto marítimo, cuando el aeropuerto sí
dispone del mismo?
Por parte del Gobierno se ha alegado ante esta Cámara y ante el Senado en
varias respuestas escritas sobre cuestiones relativas a los puestos de
control que la propia Comisión de la Unión Europea avalaba su postura al
haber reconocido su Presidente, señor Delors, que los Estados miembros
siguen siendo competentes en lo que se refiere a la delimitación de sus
fronteras terrestres y marítimas. El propio contenido tanto de la
pregunta como de la respuesta del señor Delors a la pregunta 2315 del año
1990 excluye que sea éste un argumento para que el Gobierno niegue a
Almería el establecimiento de un puesto de control. La más somera lectura
del texto de la pregunta y de la respuesta despeja cualquier duda. Se
trata de una cuestión relativa a la delimitación de las fronteras de la
Comunidad para determinar el territorio de aplicación de los tratados. El
mismo está determinado por las fronteras de los Estados miembros, tal y
como éstos la han delimitado con sus Estados colindantes. Resulta, pues,
obvio que el objeto de esta proposición no de ley no guarda relación
alguna con la delimitación de las fronteras a que se refiere la respuesta
del señor Delors del 21 de febrero de 1991, por lo que éste nunca podrá
ser un argumento para no habilitar un puesto de control de entrada y
salida de viajeros en Almería.
Sobre el acuerdo de Schengen el Gobierno ha argumentado, al menos en una
ocasión, que el puerto de Almería no está contemplado en dicho acuerdo
como un paso autorizado para viajeros. Pretende basarse en el manual
común anejo al Convenio de aplicación de Schengen, en el que aparecen los
puertos y aeropuertos que cada Estado parte declara como puntos de paso
autorizado. En una primera versión del manuel común aparecía el puerto de
Almería, y ello era coherente con la designación de tres puestos a cubrir
en dicho puerto en la convocatoria efectuada por la Dirección General de
la Policía en julio de 1993. Sorpresivamente, en la versión del manual
común de noviembre de 1993, el puerto de Almería no aparece. Esto no
obedece a ninguna decisión de los países miembros del acuerdo de Schengen
sino del Gobierno español, que es quien, en definitiva, decide qué
puertos y aeropuertos se designan como puntos de paso autorizado. Resulta
contrario a toda lógica que se pretenda eludir la habilitación del puesto
de control en el puerto de Almería no incluyéndolo en la lista del manual
común cuando, de los diecisiete puertos que aparecen en la misma, sólo
dos de ellos, Algeciras y Alicante, tienen tráfico regular de pasaje con
terceros países. ¿Por qué se designan como puntos de paso autorizados a
puertos que no tienen paso de viajeros de terceros países y se le niega
tal carácter a Almería, donde ya se ha intentado establecer una línea
regular con un tercer país? Esto aparte del próspero pasado del ahora
infrautilizado puerto de Almería.
En todo caso, es preciso tener en cuenta que el acuerdo de Schengen no
puede infringir el derecho comunitario y ello ocurriría si con base en
sus preceptos se impidiera que un reglamento del Consejo, como es el
4.055 de 1986, despliegue todos sus efectos de liberalización de la
prestación de los servicios de transporte marítimo.
En alguna ocasión se ha planteado por el Gobierno la conveniencia de no
habilitar el puesto de control de entrada y salida de viajeros en el
puerto de Almería por no explicadas razones de lucha contra la
inmigración ilegal. No resulta del todo claro cómo un puerto de control
adecuadamente establecido puede impedir la lucha contra la inmigración
ilegal; antes al contrario, resulta obvio que la habilitación del puerto
con todas las garantías permitirá que otros puertos actualmente
congestionados por la gran afluencia de viajeros, como ocurre con
Algeciras, manejen un número más reducido y los controles sean así más
eficaces.
La diversificación de los puntos de entrada y salida de viajeros en
España debe conducir a una mejor gestión de los medios empleados,
pudiendo llevarse a cabo los controles con mayor efectividad que si todo
el tráfico tiende a concentrarse en un solo puerto. Parece existir una
tendencia a concentrar el tráfico de pasajeros con Marruecos en
Algeciras, lo cual supone que se obliga a pasar por dicho puerto a casi
dos millones de pasajeros al año, con las dificultades, a menudo
insalvables, que ello ocasiona en cuanto al control de personas.
La apertura de un puesto de control en el puerto de Almería no puede
suponer en ningún caso un problema para la lucha contra la inmigración
ilegal, salvo que estemos en presencia de la habilitación de un puesto
completamente ineficaz y precisamente se pretende todo lo contrario: la
efectividad del control de la inmigración se incrementará.
Pero es que, además, una elemental razón lógica demuestra que la apertura
de un puesto de control disuadirá a cualquier inmigrante ilegal de
intentar el paso por el mismo. Los inmigrantes ilegales no suelen
utilizar las líneas regulares para entrar en España, y, si lo hacen,
cualquier control adecuado los detectará.
Aunque pudiera parecer que la proposición no de ley presentada por el
Grupo Popular tiene puntos de contacto con la cooperación prevista en el
Título VI del Tratado de Maastricht en materia de justicia e interior, la
realidad es totalmente diferente. Cualquier intento de sustraer al
conocimiento del derecho comunitario la cuestión de la habilitación de un
puesto de control en el puerto de Almería, basándose en el Título VI del
Tratado de Maastricht, choca frontalmente con el hecho de que los
denominados, en su artículo k.1), ámbito de interés común no contemplan
en ningún caso lo relativo al establecimiento de un puesto de control.
Dicho precepto sólo considera de interés común las cuestiones relativas
al cruce, práctica de los controles y a las condiciones de acceso, siendo
materia ajena al interés común el número de puestos habilitado en cada
país.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Perdón, señor Arqueros, vaya
concluyendo.
El señor ARQUEROS OROZCO: Voy a concluir, señora Presidenta, con su
permiso.
La iniciativa del Grupo Popular pretende eliminar una insostenible
discriminación de la ciudad de Almería y su puerto marítimo. La carencia
de un puesto de control de entrada y salida de viajeros en su puerto
impide el establecimiento de servicios de línea regular de pasaje con
terceros países, no permitiendo que pueda desarrollar todas sus
potencialidades y privando así a Almería de los ingresos que tal
actividad supondría.
No existen razones técnicas ni jurídicas para no habilitar el puesto de
control que se propone. Desde un punto de vista de la necesaria igualdad
entre todos los españoles, está totalmente injustificado que puertos de
menor categoría que Almería dispongan de puestos de control, al igual que
otros puertos que no lo necesitan para nada. Almería está dejando de
ingresar muchos cientos de millones al año, al tiempo que se priva de una
importante posibilidad de desarrollo futuro por la ausencia de puestos de
control que el Grupo Popular ha propuesto establecer.
Almería es, una vez más, discriminada, así como sus empresarios, que
podrían crear puestos de trabajo que tan necesarios son hoy en día. La
situación injustificable desde el punto de vista interno carece de
cualquier apoyo legal y conculca la normativa comunitaria y nacional al
impedir la efectividad del principio de libre prestación del servicio en
el transporte marítimo, quizás en aras de una inconfesable defensa de
situaciones de monopolio.
Por todo lo que antecede, se propone a la Comisión se apruebe la
siguiente proposición no de ley: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que, en el plazo no
superior a un mes, adopte las medidas necesarias para establecer en el
puerto de Almería un paso de control de entrada y salida de viajeros con
las garantías necesarias para que cumpla su función en todo momento y
para todo tipo de tráficos, incluso en las épocas de máxima afluencia de
viajeros con destino o procedentes de un tercer país.»
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): ¿Turno en contra? (Pausa.) El
señor Aguiriano tiene la palabra.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Señora Presidenta, voy a ser muy breve, en
parte porque el señor Arqueros ha tenido la amabilidad no solamente de
darnos los argumentos por lo cuales defiende la posición de su Grupo
sobre este tema en concreto, sino porque ha tenido también la amabilidad
de darnos las razones por las cuales el Gobierno se está oponiendo a
continuas preguntas por escrito sobre este mismo tema. El mismo ha dado
los argumentos por los cuales el Gobierno se opone a esta proposición y
el Grupo Parlamentario Socialista ratifica que el Gobierno se mantiene en
la misma situación, pero sería conveniente recordar algunas cosas o por
lo menos dejarlas claras.
Ha habido --o quizás yo lo he entendido así-- una confusión, que estoy
convencido que no ha sido deliberada, pero que ha podido llegar a algunos
de los señores comisionados, de que existe algún problema para que haya
líneas de viajeros, líneas navieras, con Almería. No existe ni el más
mínimo problema para las líneas irregulares de viajeros con terceros
países. El problema se plantea, única y exclusivamente, con las líneas
regulares de viajeros entre Almería y terceros países.
A tal efecto, la decisión de incorporar un puesto fronterizo al anexo del
manual de fronteras del Acuerdo de Schengen se adopta en función de la
existencia de flujos de inmigración de países terceros, de los riesgos de
la inmigración clandestina y de la adecuación de las instalaciones para
proceder a la inspección y control de personas que crucen por dicho
puesto fronterizo. Por ello, en lo que se refiere a los puertos a tener
fundamentalmente en cuenta, hay una racionalización de los flujos de
entrada en viajes regulares, razón esta por la que se han habilitado a
estos efectos sólo tres puertos en el sur de la península: Ceuta, Melilla
y Algeciras, lo que se estima permite el control más adecuado, de acuerdo
con los mencionados compromisos internacionales asumidos por España.
Como ha dicho muy bien, las fronteras exteriores de la comunidad europea
las deciden los países respectivos y España ha decidido que sean Ceuta,
Melilla y Algeciras. Mi opinión es que el Gobierno no niega nada a
Almería, se lo niega, fundamentalmente, a una compañía naviera inglesa,
que se llama Cenargo, que quiera hacer una línea regular entre Almería y
Nador. Yo, sinceramente, no sé, en el caso de que se haga esa línea
regular de viajeros entre Almería y Nador, hasta qué punto puede
beneficiar a Almería. Se crea un problema --y de hecho en Alicante lo
hay-- grave de inmigración ilegal, problemas de control de pasajeros,
porque está claro que ese control no se va a dar en Nador; en todo caso,
se dará en Almería; pero, como digo, no sé si va a dar beneficios a
Almería; lo que es cierto es que va a perjudicar, y muy seriamente, a la
ciudad e intereses de Melilla.
No es cierto tampoco que se obligue a dos millones y medio de pasajeros a
abandonar la Península desde Algeciras. Desde cualquier puerto del sur de
España hay líneas regulares e irregulares en los momentos importantes que
unen, como digo, cualquier punto del sur de la península con Ceuta y con
Melilla.
Por tanto, consideramos que no es necesaria la petición del Grupo
Popular. La necesidad del transporte en líneas regulares está
perfectamente cumplida desde los puertos de Algeciras, Ceuta y Melilla.
Por tanto, la proposición del Grupo Popular no es procedente. El Grupo
Socialista votará en contra.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): ¿Algún otro grupo quiere
consumir el turno correspondiente a fijación de posición? (Pausa.)
Pasamos, a continuación, a votar a la proposición no de ley por la que se
insta al Gobierno sobre libre prestación de servicios en el transporte
marítimo en el puerto de Almería mediante la creación de un puesto de
control de entrada y de salida de viajeros.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 16.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Queda rechazada.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR UNA PROGRESIVA SEÑALIZACION
DE LAS CARRETERAS DE COMPETENCIA ESTATAL PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD
FISICA Y LA SEGURIDAD DE LOS DEPORTISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 161/000185.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Pasamos, a continuación, al
debate y discusión de la proposición no de ley número 6, por la que se
insta al Gobierno a realizar una progresiva señalización de las
carreteras de competencia estatal para salvaguardar la integridad física
y la seguridad de los deportistas, presentada por el Grupo Parlamentario
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Como dice la propia exposición de motivos, de
unos años a esta parte se ha venido desarrollando una mayor actividad por
parte de los ciudadanos y de las ciudadanas del deporte del ciclismo en
las carreteras nacionales e incluso en las comarcales y locales de todo
nuestro territorio nacional. También es cierto que, a partir de ese
momento, han empezado a surgir un
mayor número de accidentes por la falta de sensibilidad, incluso por la
propia imprudencia de los automovilistas, que, no teniendo en cuenta la
desprotección que tienen los ciclistas cuando van por las carreteras,
mantienen las mismas velocidades e incluso hay quien ni siquiera se
aparta.
Por lo tanto, nosotros, ante esta situación y dado que va aumentando el
número de practicantes y, al mismo tiempo, el número de accidentes que
vienen surgiendo por este motivo y, además, considerando que puede ser
una de las formas de aumentar nuestro turismo en épocas que nosotros
llamamos bajas, estimamos que es oportuna esta proposición no de ley
instándole al Gobierno para que señalice y vaya avisando y sensibilizando
a los conductores de la situación y del desarrollo de estas pruebas
deportivas en todas las carreteras, y, al mismo tiempo, creemos que es
necesario que se habiliten carriles en toda la red nacional de carreteras
para que los ciclistas puedan circular con una mejor protección y puedan
hacer uso y disfrute del deporte que les gusta. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
Al mismo tiempo, nosotros planteamos en esta proposición no de ley que,
transitoriamente, para una mayor seguridad de estas personas, los arcenes
que no estén en buenas condiciones sean mejorados y puedan ser utilizados
por estas personas a la hora de practicar este deporte.
Al mismo tiempo, planteamos que es necesario incrementar el servicio de
vigilancia de la Guardia Civil, principalmente a la salida de las grandes
ciudades, porque es donde pueden suceder con mayor frecuencia los
accidentes, dado el volumen de tráfico rodado que allí se presenta y la
falta de señalización y de sensibilidad, como hemos dicho antes, de los
conductores que utilizan los vehículos.
Consideramos que es necesario que se tome en consideración esta
proposición no de ley, puesto que en nuestro país sería una forma de
seguir potenciando este deporte y, además, de proteger a las personas que
lo practican y mantener, incluso incrementar, el turismo de estas
características que en algunas zonas de nuestro país ya va aumentando.
Por mi parte nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Sáez Cosculluela.
El señor SAEZ COSCULLUELA: Señor Presidente, en nombre de mi Grupo me voy
a oponer parcialmente a la proposición no de ley que acaba de ser
sostenida por la portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Formularé a uno de sus apartados una enmienda «in voce», pero
antes quisiera hacer algunas precisiones y sostener alguna argumentación
en torno a esta cuestión.
En primer lugar, en relación a la proposición no de ley, algún dato
necesita precisarse en torno a la vulnerabilidad de los ciclistas en la
red de carreteras españolas, porque, aunque se habla de cien muertos en
el año 1993, conviene precisar que tan sólo ocho se han producido en la
red de interés general del Estado, que absorbe aproximadamente el 70 o el
80 por ciento del tráfico rodado español, y, sin embargo, tanto sólo
ocho, insisto, sobre los cien, se han producido en esta red de interés
general del Estado que es la que tiene más tráfico.
Por tanto, ya el dato nos obliga a pensar que la mayor parte de los
accidentes se produce en la red autonómica, en la red local de
carreteras, donde, por cierto, es bastante más difícil concebir la
creación de un sistema de arcenes, al que luego aludiré porque me parece
interesante comentarlo.
Debe establecerse también con claridad el dato de que el Reglamento
General de Circulación tiene prevista una señalización específica,
concretamente la señal P 22, que se utiliza en las zonas donde
ciertamente hay un tráfico más intenso de ciclistas. No conviene --esto
no hay técnico que lo discuta-- sobrecargar de señales la carretera. El
usuario debe tener también una percepción clara, pero no tan intensiva de
mensajes que dificulten la propia conducción o la propia comprensión de
las señales.
En la red de autovías española, que supone aproximadamente 7.000
kilómetros de los 20.000 que tiene la red de interés general del Estado,
hay prohibición de circular en bicicleta, hay vías de servicio en las
zonas próximas a los cascos urbanos y existe un control total de accesos,
lo cual contribuye precisamente a que esa cifra a la que hemos aludido
anteriormente sea tan baja, y me refiero a los accidentes de ciclistas en
la red general de interés del Estado.
Me voy a detener breves segundos en el análisis de una parte de la
propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se refiere al
uso de los arcenes.
Debe quedar claro, señorías, que los arcenes, al menos en la red de
interés general del Estado, tienen la función de garantizar y descubrir
unos márgenes de seguridad para el tráfico rodado. Los arcenes no son una
calzada especial para ciclistas, aunque se puedan utilizar. En todo caso,
la red de interés general del Estado, con alguna excepción, tiene en sus
20.000 kilómetros arcenes de 1,5 metros en cada uno de los sentidos de la
circulación, salvo un porcentaje de unos 5.000 kilómetros --creo
recordar--, en que los arcenes tienen una anchura de un metro, pero toda
la red del Estado tiene arcenes. Quienes no los tienen son las redes
autonómica y local.
Pero, sinceramente, señor Presidente, creo que no es la vía de una
proposición no de ley el instrumento adecuado para mandatar a los poderes
públicos la construcción de una red o bien de arcenes o bien de
carreteras específicas para ciclistas, que tendría un coste sencillamente
fabuloso, dada la orografía española y la propia configuración urbana que
tiene nuestro país. Parece difícil imponer a las comunidades autónomas
una fórmula de este tipo, a los propios ayuntamientos e incluso a la
dirección General de Carreteras en lo que se refiere a la red del Estado.
Señor Presidente, aunque sea a costa de unos minutos más de la paciencia
de SS. SS., sí quiero hacer una consideración que me parece la
fundamental.
Yo creo que podemos afirmar sin exagerar que hay poco civismo en la
carretera española. El conductor español no suele respetar a los
ciclistas, no suele respetar a los débiles y no suele respetar la ley.
Les voy a dar un dato que
extraigo de la memoria y, por tanto, no de total precisión, pero cuando
se terminaron los primeros miles de kilómetros de la red de autovías, en
un estudio de velocidades que realizó la Administración se comprobó que
tan sólo un tercio de vehículos iba a la velocidad máxima autorizada y
dos tercios de los usuarios circulaban a más de 140 y 160 kilómetros por
hora.
Tenemos un problema de civismo, de respeto al débil, de respeto a la
norma, de precaución ante el ciclista. Y éste es un problema cultural. El
implantar una moral cívica en el uso de los vehículos, en la utilización
de las carreteras, es el gran problema que tenemos por delante y no lo
vamos a resolver sólo con sanciones; es un problema de desarrollar una
conciencia y una moral cívica. La vía de la proposición no de ley la
estimamos positiva, interesante, pero ciertamente no es éste el cauce
para resolver este problema; en todo caso, para hablar de él,
preocuparnos de él y ver si podemos hacer alguna aportación.
Hay países donde la carga de la prueba se invierte en los procesos
penales en los que media el atropello al ciclista y puede ser esa vía a
considerar cuando hablemos del Código Penal y de las leyes de
enjuiciamiento criminal.
Holanda, por ejemplo, tiene establecido el principio de inversión de la
carga de la prueba; es culpable el conductor, salvo que se demuestre que
fue directamente causante del accidente el ciclista o el peatón. También
en la Ley marítima hay precedentes de este tipo. La embarcación que
navega a motor, en principio, tiene la presunción de culpabilidad en un
accidente cuando colisiona con una embarcación que navega a vela. Por
tanto, no es ninguna barbaridad pensar que quizá una forma de concienciar
al usuario de los vehículos de motor en general en España sea pensar en
invertir esa carga de la prueba, que obligará necesariamente a ser mucho
más cauto y más prudente. Porque, al final, el problema no es de arcenes,
porque es imposible tener toda la red de carreteras en España con arcenes
especiales para ciclistas. El problema es de civismo y de respeto.
Por ello, señorías, nosotros, que queremos apoyar el espíritu de esta
proposición no de ley, vamos a formular la siguiente enmienda al apartado
número 1 de esta proposición no de ley. Diría así: «El Congreso de los
Diputados expresa su preocupación por la falta de sensibilidad y de
respeto de los conductores de vehículos de motor hacia los ciclistas que
circulan por las vías públicas e insta a los poderes públicos --en
términos genéricos, señor Presidente, porque no tenemos competencia para
dar un mandato taxativo a otras administraciones que no sean la central,
y vuelvo otra vez al texto-- a que hagan un esfuerzo de sensibilización
sobre esta cuestión, señalizando adecuadamente las vías de las zonas
turísticas donde se circula en bicicleta más intensamente.»
El Grupo Socialista no apoyará el apartado 2 de la proposición por las
razones que ya han sido expresadas, pero sí apoyará el apartado 3 que
insta al Gobierno a incrementar la vigilancia de la Guardia Civil de
Tráfico, principalmente a la salida de las grandes ciudades y en zonas
turísticas con los objetos que ya se expresan en la exposición de motivos
de la proposición no de ley.
Esta es la posición del Grupo Socialista, señorías.
El señor PRESIDENTE: Me imagino, señor Sáenz Cosculluela, que también lo
apoyará, porque se trata de trasladar esta propuesta a los órganos
legislativos de las comunidades autónomas.
El señor SAENZ COSCULLUELA: El apartado 4, señor Presidente, ha sido
declarado improcedente por la Mesa por considerar que afecta a
competencias que no son las del Estado. Por tanto, no nos pronunciamos,
porque da la impresión de que sería inútil pronunciarnos sobre algo que
al final no va a poder ser votado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: En relación con la proposición no de
ley que debatimos, es obvio --lo ha dicho el grupo proponente y el señor
Cosculluela-- que la práctica del ciclismo en las carreteras españolas,
especialmente en las vías situadas en zonas turísticas o en la proximidad
de grandes poblaciones, está experimentando un crecimiento espectacular,
con un incremento paralelo en el número de accidentes, pero también se ha
aclarado que, del centenar de accidentes ocurridos del año 1993, ocho lo
han sido en carreteras estatales.
No menos preocupante que este caso, desde el punto de vista de la
seguridad vial, es, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años
muertos: en automóviles, el 60 por ciento del total; en motos, el 20 por
ciento; en ciclomotores, el 8 por ciento, frente a tan sólo el 1 por
ciento escaso en bicicletas.
Por otra parte, el propio ejemplo del Grupo proponente en su texto dice,
para justificar esta proposición no de ley, que el incremento del
cicloturismo en Mallorca, con 30.000 extranjeros practicándolo, confirma
nuestra argumentación tanto de la importancia y necesidad de adoptar
medidas de mejora para su seguridad, pero significa también --ya se ha
resaltado anteriormente-- que las carreteras que mayor tráfico de
ciclistas soportan no son --al igual que ocurre con el ejemplo de las de
Mallorca-- estatales, son autonómicas o locales. Por ello consideramos
absolutamente insuficiente esta proposición no de ley en sus apartados
primero y segundo. Esto en primer lugar.
En segundo lugar, los programas de mejora de señalización puestos en
marcha por el Gobierno en las carreteras de titularidad estatal, salvo
convenios con las comunidades autónomas, afectan sólo a 20.000
kilómetros, muchos de ellos autopistas o autovías y no itinerarios
ciclistas. Hay que tener en cuenta que 80.000 kilómetros son no
estatales. Por ello consideramos necesario un plan general de seguridad
vial.
En cuanto al apartado 2 de la proposición, ya he indicado --también a
título de ejemplo-- que es insuficiente la propuesta. No son sólo
necesarios arcenes más amplios o carril bici; tan importante como ello
son las áreas de descanso en las subidas a los puertos de montaña, que
son absolutamente insuficientes y escasas en número;
necesidades que creemos, dadas las posibilidades y necesidades
presupuestarias para llevar a cabo este plan, debían ir cubriéndose
paulatinamente, pero siempre a partir de un estudio previo, de
itinerarios prioritarios para ciclistas, coste del plan y su financiación
plurianual. Una vía diferenciada sólo puede llevarse a la práctica en
casos o recorridos singulares, nunca en toda la red viaria.
Finalmente, en cuanto al tercer punto, si hace un momento nuestro Grupo
Parlamentario presentaba una proposición no de ley sobre incremento de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con el tema del
narcotráfico en la provincia de Cádiz, naturalmente que estamos de
acuerdo en el incremento de vigilancia, en este caso por parte de la
Guardia Civil de Tráfico; necesidad que, por otra parte, se ha planteado
ya desde el año 1989 y que prevé pasar en cinco años de 7.400 efectivos a
12.000.
Quiero recordar, además, que hace un mes, el 26 de abril, se firmó en el
Senado el pacto social sobre la seguridad vial, al cual están invitados y
está abierto a más adhesiones. Hoy se comenta en la prensa la recogida de
firmas para solicitar un carril bici que una los pueblos de la sierra,
concretando que sean los ayuntamientos los que lleven a cabo las
gestiones y los estudios técnicos pertinentes en la Comunidad Autónoma
madrileña. Está claro que las competencias fundamentales en la red viaria
afectada por el uso de ciclistas es, fundamentalmente, local y estatal.
Por ello proponemos, como enmienda a los apartados 1 y 2, instar al
Gobierno a llevar a cabo un estudio sobre la incidencia de la práctica
del ciclismo en la red general de carreteras y zonas turísticas e incluir
dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial la progresiva mejora de
arcenes, áreas de descanso y señalización que aumenten la seguridad de
peatones, motociclistas y ciclistas.
Con el punto 3 estamos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: En primer lugar, quiero matizar algunas de las
cosas que se han mencionado en las distintas intervenciones.
Independientemente de que no hayan sido más que ocho el número de
accidentes ocurridos en la red general, lo que sí es cierto es que se
producen accidentes y ello nos debe conducir a sensibilizar, como mínimo,
a los conductores para que éstos tengan mayor cuidado cuando vean a un
ciclista.
Por otra parte, la señalización específica a la que nosotros hacíamos
referencia se refiere a la posibilidad de que circulen ciclistas por el
arcén y que para ello se tenga un mayor cuidado y respeto a las señales.
Vamos a aceptar la enmienda transaccional al punto 1 propuesta por el
Partido Socialista y no vamos a aceptar la enmienda que plantea el Grupo
Popular, sencillamente porque nosotros consideramos que habría que hacer
la mejora de los arcenes y los carriles para bici con el fin de mejorar
la circulación de los ciclistas y su protección. De todas formas, en caso
de que en el punto 2 no sea aceptado, nosotros estaríamos de acuerdo con
la transaccional.
En cuanto al punto 3, parece que todo el mundo está de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: ¿Debo entender que el punto número 2 lo retira?
La señora URAN GONZALEZ: Si no se pueden votar los puntos por separado,
lo retiraríamos.
El señor PRESIDENTE: Sí, se pueden votar por separado.
La señora URAN GONZALEZ: Si se pueden votar por separado, aceptando la
transaccional, votaríamos los tres.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán. (El señor Padilla Carballada
pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, interesaría a nuestro
Grupo que se diera lectura al texto de la transacción del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: La enmienda transaccional «in voce» que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista, y a la que ha dado lectura el señor Sáenz
Cosculluela, es al apartado primero de la proposición no de ley, y dice
lo siguiente: «El Congreso de los Diputados expresa su preocupación por
la falta de sensibilidad y de respeto de los conductores de vehículos de
motor hacia los ciclistas que circulan por las vías públicas, e insta a
los poderes públicos a que hagan un esfuerzo de sensibilización sobre
esta cuestión, señalizando adecuadamente las vías de las zonas turísticas
donde se circula en bicicleta más intensamente.»
El señor PADILLA CARBALLADA: De acuerdo, señor Presidente; nuestro Grupo
la acepta.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación, de manera separada,
de los tres apartados de esta proposición no de ley.
Apartado 1, de acuerdo con la enmienda «in voce» presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Apartado 2 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Apartado 3 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR EN LA CAMARA, EN EL PLAZO
DE UN MES, UN PROYECTO DE LEY DE UNIFICACION DE LA FE PUBLICA EN ESPAÑA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000191.)
El señor PRESIDENTE: Séptimo y último punto del orden del día de la
sesión: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a presentar
en la Cámara, en el plazo de un mes, un proyecto de ley de unificación de
la fe pública en España. El autor de la misma es el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: En primer lugar, quería agradecer la amabilidad
de haber retrasado este punto del orden del día, ya que, al encontrarme
en otra Comisión, no podía asistir en el momento oportuno.
El sentido de esta proposición no de ley es clarificar una situación que
consideramos que es bastante embarazosa para la fe pública en España, así
como terminar de solventar problemas que se están dando por la existencia
de varios tipos de fe pública en España, cosa que no se da en el resto de
los países europeos.
Recientemente han tenido lugar unas jornadas sobre el notariado en
Europa, en las cuales ya se ha especificado cómo las funciones que
desarrollan los corredores de comercio y los notarios en España se
encuentran unificadas prácticamente en todos los países de Europa. Creo
que ha sido bastante clarificador el que hayan asistido a las mismas
notarios importantes de Europa que han dejado clarificados estos extremos
ante el conjunto de la profesión y ante el conjunto de los diferentes
intervinientes en los actos de la fe pública.
Creemos que es importante clarificar este tema porque, hasta hace bien
poco, existían opiniones contrapuestas en el seno del propio Gobierno;
opiniones contrapuestas que han sido expresadas incluso en esta Cámara
hace apenas dos meses. En esas fechas, en la Comisión de Economía y
Hacienda, durante la comparecencia del Director General del Tesoro, señor
Conthe, se producía un debate, que a veces fue duro, sobre el control que
se había realizado por parte del Gobierno de los corredores de comercio.
De la supervisión de ese control, que mi Grupo Parlamentario consideró en
ese momento bastante escaso, se constató cómo muchísimas operaciones de
pólizas mercantiles y de pólizas de créditos no tenían las suficientes
garantías por parte de la fe pública mercantil, ya fuera por el
reglamento por el cual se regía la fe pública mercantil, ya fuera por
otras condiciones relativas a la propia función y a los propios
profesionales que estaban realizando esta misión.
Nos consta que pueden existir, y de hecho existen, problemas corporativos
entre las diferentes profesiones que dictan fe pública en este país. No
es intención de mi Grupo Parlamentario, de ninguna manera, entrar en los
problemas corporativos que puedan existir entre estamentos concretos,
pero, evidentemente, si se produce la fusión de la fe pública, se van a
tener que producir conexiones de profesionales que hasta el momento han
tenido campos específicos y, probablemente, se van a tener que producir
confrontaciones, ajustes y engarces. Desde luego, para mi Grupo
Parlamentario es mucho más importante la clarificación que ante los
usuarios tenga la fe pública que los problemas que puedan existir entre
estos colectivos, que creemos que deben arreglarse de la mejor manera
posible, pero, para nosotros, es mucho más importante que los
consumidores tengan clarificado que la fe pública es un servicio
transparente y seguro para los consumidores antes que servir a unos u
otros estamentos corporativos. Por ello nos parecen acertadas algunas de
las propuestas que se plantean desde otros grupos parlamentarios, ya que
pueden complementar la iniciativa que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha tenido a estos efectos. Nos parece
oportuno que se manifieste claramente cuáles deben ser las actividades de
los funcionarios que detentan la fe pública, el Consejo Jurídico, y, por
supuesto, la presencia en el acto fedatario. Por tanto, nos parece
oportuno que se complementen, desde el Grupo Socialista, los
planteamientos que hace el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señoras y señores Diputados, yo les insto a que aprueben la proposición
no de ley que presenta mi Grupo Parlamentario, en la convicción de que
con ello vamos a modernizar una parte tan importante de la Administración
como es la fe pública. En los últimos meses hemos tenido ejemplos, que no
me resisto a recordar, sobre la importancia de este hecho, como pueden
ser las propias irregularidades que hemos encontrado en el funcionamiento
de los agentes de cambio y bolsa o las propias irregularidades que hemos
encontrado en el funcionamiento de los corredores de comercio. Por tanto,
entrar a regular todo este sistema de la fe pública, creo que es un hecho
fundamental dentro de la administración mercantil y jurídica de nuestro
país.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada una
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Señoras y señores Diputados, la entrada en vigor
de la Ley del Mercado de Valores y del Acta Unica ha puesto en cuestión
un serie de cosas en nuestro país, entre ellas la profesión de corredores
de comercio.
La existencia de dos fe públicas extrajudiciales (la mercantil y la
notarial tradicional) ha hecho que la integración, hasta ahora, no haya
resultado algo pacífico, si bien parece que se va abriendo camino la idea
de la elaboración de un proyecto de ley de unificación de la fe pública
extrajudicial, después de haber superado una serie de planteamientos
iniciales. Esta cuestión no es una cuestión nueva que aborde ni el
Gobierno socialista ni el Grupo Socialista. Ya en el V Congreso Notarial,
celebrado en Granada el 9 de
octubre de 1993, el Ministro de Justicia, señor Belloch, tuvo oportunidad
de exponer ante los notarios, en relación con la integración de los
corredores de Comercio y del notariado, algunas ideas sobre dónde podrían
ir los proyectos del Ministerio. En aquel acto de clausura, el Ministro
se manifestó en el sentido de que era impensable que se perpetuara en el
tiempo una escisión entre la fe pública general y la fe pública mercantil
y que el interés público demandaba --ya lo decía la vieja ley de 1862--
que no existiera en todo el Reino sino una clase de notarios con
idénticas facultades y competencias.
El Ministro también expuso cuál podría ser otra consideración a tener en
cuenta en este tema, y es que el interés público exige una alta
credibilidad en el fedatario público, lo que supone, además de los rasgos
que se han indicado como propios de la función notarial, una
cualificación profesional adecuada y suficiente.
Una tercera consideración que hacía el Ministro era la de que el interés
público sólo tiene un límite, y aun éste con matices, de los derechos
adquiridos, entendidos éstos como categoría jurídica y no corporativa.
Posteriormente, el 4 de diciembre de 1993, en igual sentido tuvo ocasión
de manifestarse el Ministro Belloch, declaraciones que fueron recogidas
por un boletín que nos manda últimamente el Colegio de Notarios.
El Parlamento europeo, como saben SS. SS., el día 18 de enero de 1994,
adoptó una resolución por virtud de la cual pone en evidencia el papel
que desempeñan los notarios en la Comunidad Económica Europea y una
cierta uniformidad en el tratamiento y regulación de la profesión de
notario que existe dentro de los Estados, como especificidades que
también se reconocen en la resolución; como digo, puso en evidencia las
características de la función del notario como actividad que se
caracteriza por una delegación parcial de la soberanía de Estado que
garantiza el servicio público en la elaboración de contratos y la
legalidad, autenticidad y fuerza ejecutoria y probatoria de éstos, así
como el asesoramiento previo e imparcial prestado a las partes
interesadas, con miras a descongestionar los tribunales. También el
Parlamento europeo reconoció la importancia de la profesión, de las
cuestiones referentes a la materia de que trata esta profesión y, sobre
todo, la necesidad de una reflexión, a efectos de la organización de la
misma.
Por último --y también me interesa remarcarlo--, el congreso del Partido
Socialista últimamente ha adoptado en relación con esta materia una
resolución que no me resisto a dejar de recordar, por cuanto que tiene
importancia, y a la vista de que, junto con esta iniciativa de Izquierda
Unida, también está tramitándose otra iniciativa del Partido Nacionalista
Vasco. Nuestro congreso decía que dentro de la reforma de los servicios,
debe destacarse la necesidad de una nueva regulación de los colegios
profesionales, notariales y del registro de la propiedad que elimine las
restricciones a la competencia derivadas de la legislación actual y
aumente la competitividad en el marco de una economía española abierta a
los desafíos de una competencia internacional en la que estas actividades
no suelen gozar de una normativa tan proteccionista como la que aún
subsiste en España.
La cuestión, pues, está marcada por la voluntad, como ha manifestado
reiteradamente no sólo el Ministro, sino también el Director General de
los Registros y del Notariado, de unificar la fe pública extrajudicial y
tener en cuenta una serie de consideraciones que se dan en el citado
proceso de unificación.
Por ello, mi Grupo ha presentado una enmienda de sustitución a la
proposición que ha planteado el Grupo Federal de Izquierda Unida, en el
sentido de que no se fije el plazo de un mes, pues un mes es
excesivamente perentorio para llevar a cabo la tarea de presentar un
proyecto de ley de unificación de la fe pública extrajudicial, aun cuando
deben saber SS. SS. que el Gobierno ha encargado a la Dirección General
de Servicios Jurídicos del Estado un informe definitivo sobre el
anteproyecto que tiene elaborado el Gobierno. Estamos a la espera de ese
informe del servicio Jurídico sobre el anteproyecto, a efectos de que lo
pueda aprobar el Consejo de Ministros y se pueda presentar en esta
Cámara. Por tanto, no en un plazo de un mes, sino de seis meses, se debe
presentar un proyecto de ley de unificación de la fe pública
extrajudicial que contenga, a nuestro juicio, una serie de extremos, que
nos parecen importantes y que van a enmarcar la actuación del Gobierno de
cara a esta cuestión.
En primer lugar, que se tengan en cuenta la integración en un solo cuerpo
de los actuales existentes, en las condiciones y particularidades que se
establezcan, es decir, sí a la integración, con lo cual ya se avanza en
la línea de lo que se ha ido madurando, tanto por parte de los corredores
de comercio como por parte de los notarios.
En segundo lugar, poner en evidencia el papel tan importante de
asesoramiento jurídico imparcial como elemento fundamental de la función.
Y, en tercer lugar, nos parece también importante que se tenga en cuenta
a la hora de aprobar un proyecto de ley de unificación de la fe pública
extrajudicial el que el control de la legalidad sobre los actos de los
que se da fe pública se tenga en también como un valor esencial a la hora
de esta regulación.
Por ello solicito del Grupo Federal de Izquierda Unida la aceptación de
esta enmienda en los términos que he expresado.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, tiene la palabra el
señor Casas, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor CASAS I BEDOS: A ninguna de SS. SS. se le escapa la importancia
de este tema, que tenemos que resolver, a mi juicio, con criterios
claros; es decir, no se trataría tanto de decir sí o no a una integración
de la fe pública mercantil y de la fe pública notarial, sino establecer
en qué condiciones y con qué garantías se hace esta integración, quedando
claro a que ello debe hacerse teniendo en cuenta las especificidades de
la fe pública mercantil, que son unas y muy claras, y las relativas al
notariado, que son otras y muy claras.
Por tanto, entiendo que aprobar sin más una proposición no de ley que
insta el Gobierno en un mes a presentar un proyecto de ley es poca cosa y
mi grupo parlamentario tiene que expresar su coincidencia con la enmienda
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, básicamente por dos
razones: primera, porque da un tiempo más prudencial para que iniciemos a
partir de este momento el debate; sabemos que si se aprobase esta
enmienda tendríamos un plazo de seis meses y tendríamos tiempo todos los
grupos parlamentarios para empezar a concretar nuestra posición política
al respecto, pero sobre todo por los extremos en que concreta esta
enmienda las particularidades que debería tener este proyecto de ley y
que mi grupo comparte. Hay aspectos fundamentales que tenemos que tener
en cuenta. A mi juicio, son el asesoramiento jurídico e imparcial como
elemento fundamental de la función y, por supuesto, el control de la
legalidad sobre los actos en que se da fe pública.
Por esta razón, mi grupo parlamentario votará favorablemente la enmienda
de sustitución presentada por el Grupo Socialista y tiempo habrá para que
cuando se presente este proyecto de ley se maticen los puntos concretos
que mi grupo crea oportuno. Por consiguiente, vamos a apoyar esta
enmienda, repito, porque los dos puntos fundamentales, a nuestro juicio,
recogen nuestra inquietud en este tema.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Olabarría
tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Discúlpeme, en primer lugar, por esta brusca
interrupción, y voy a intentar ubicarme en la materia que nos convoca en
este momento.
En primer lugar, señor Presidente, nosotros participamos del criterio, de
los presupuestos teóricos de la proposición no de ley que presenta en
esta Comisión el Grupo de Izquierda Unida y nos parece también razonable
la enmienda de sustitución que presenta el Grupo Socialista. Nos gustaría
la integración de ambas, pero si no es posible votaremos favorablemente
la enmienda de sustitución, por los siguientes criterios: nosotros hemos
presentado una proposición no de ley, para debatir en el Pleno de la
Cámara, en la que solicitamos la efectiva unificación de la fe pública.
Este es un presupuesto importante para el buen funcionamiento en el
Estado español de la fe pública, mediante la previsión de la integración
del cuerpo de corredores de comercio en el cuerpo de notarios. Nos parece
que el cuerpo de corredores de comercio en este momento, que no tiene
ningún tipo de reflejo en el Derecho comparado en los países de nuestro
contexto socio-económico, debe ser objeto de una integración y debe
preverse su carácter de cuerpo a extinguir. Estos son los presupuestos de
la proposición y de las propuestas que en esta materia hace mi grupo
parlamentario. Pretendemos que la integración en el cuerpo de notarios de
los corredores de comercio tenga como requisito previo la condición de
licenciados en Derecho de éstos y la superación de pruebas prácticas que
acrediten y permitan evaluar un conocimiento suficiente. Y desde esta
perspectiva, a través de esta integración de los corredores de comercio
licenciados en Derecho, manteniendo sus actuales competencias de los que
no lo sean, entendemos que se pueden cumplir los requerimientos de la fe
pública.
El primer requerimiento, indiscutible, es que esta fe pública sea
ejercida por auténticos profesionales del Derecho --es un requerimiento
importante para mi Grupo Parlamentario--, ejercida por profesionales del
Derecho y basada en cuatro principios fundamentales: el del asesoramiento
previo, en primer lugar; el del control de la legalidad, en segundo
lugar; el de la autenticación, en tercer lugar, y el de la autoría y
custodia del documento, en cuarto y último lugar. Entendemos que los
notarios son los que proveen de forma eficiente y suficiente a estos
requerimientos de la fe pública, que la unificación de la fe pública es
absolutamente ineludible.
Puesto que la enmienda del Grupo Socialista se aproxima, si bien sin
pormenorizar ni concretar, a estos criterios que mi Grupo Parlamentario
entiende que son los pertinentes, votaremos favorablemente esta enmienda
de sustitución, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Nuestro Grupo se va a oponer a esta proposición
presentada por el Grupo de Izquierda Unida. De entrada, por un problema
de estricto contenido técnico.
Se está hablando de un proyecto de ley de unificación de la fe pública en
España, sin más matizaciones. Hay que decir que en España la fe pública
es una función del Estado, que es, por tanto, el que la otorga, por lo
que siempre es única. Por consiguiente, no tiene sentido en la forma en
que está establecido en la proposición de ley.
La plasmación concreta de esa fe pública, que es del Estado, se atribuye
a diversos funcionarios y profesionales. Hay que hablar de una fe pública
judicial y una fe pública extrajudicial. Son multitud en España las
personas, agentes públicos, cuerpos de funcionarios y aun organizaciones
abstractas de todo orden, que tienen atribuida por ley la dación de fe
pública. En el ámbito judicial, los secretarios --no sé si la proposición
no de ley se refiere también a los secretarios--; en el ámbito
extrajudicial habría que distinguir varios grupos: la fe pública
administrativa, que, en términos cuantitativos, es la mayor de toda la
actividad extrajudicial, porque administraciones públicas de todo orden
se han provisto de sistemas fedetarios adecuados, bien otorgando la fe
pública directamente a determinados titulares de cargos públicos, como
pueden ser los secretarios de entidades locales, bien confiriendo los
efectos propios de la fe pública a cualquier documento de determinadas
características suscrito por el funcionario o autoridad que en cada caso
sea competente. Podemos referirnos a los contratos administrativos de
obras o servicios de los artículos 40 y 70 de la Ley de Contratos del
Estado en la redacción que le dio la Ley de Presupuestos de 1985.
El segundo grupo sería la fe pública registral --tampoco sabemos si la
proposición se refiere a la fe pública
registral--, que la ejercen todos los encargados de los registros
públicos respecto a los datos, documentos e informaciones que constan a
los mismos, desde el Registro Civil al Mercantil, al de la Propiedad, al
de la Propiedad Intelectual, al Industrial, al de Asociaciones, al de
Fundaciones Culturales Privadas, etcétera.
En tercer lugar --tampoco sabemos si se refiere a ello la proposición de
ley--, la función cedataria de los jefes de misiones diplomáticas y de
los cónsules.
Finalmente, podríamos referirnos, de un lado, a los párrocos y notarios
eclesiásticos. Cuando hablamos de Cataluña, Aragón y Navarra, pueden
autorizar el llamado testamento parroquial. En otro orden de cosas,
determinadas autoridades militares en tiempo de guerra o los capitanes de
barco tienen también atribuida fe pública; en este último caso para los
testamenteos marítimos.
Para que hubiéramos empezado a poder entrar en la materia que se nos
plantea, creíamos que debía de hablarse en la proposición de la fe
pública propia del Derecho privado. Tampoco se trata de distinguir fe
pública mercantil y fe pública civil por separado, puesto que están
interrelacionadas en diversos aspectos. Por tanto, tenemos que hablar de
la fe pública propia del Derecho privado y entonces estaríamos hablando
de notarios y corredores de comercio colegiados.
Hacer una enumeración simple, como la que se hace en la proposición no de
ley, en un tema que es eminentemente técnico, nos marca un camino que
nosotros no queremos recorrer porque creemos que hay que ser más serios y
rigurosos en esta materia; materia que, por otra parte, funciona bastante
bien. Evidentemente, la dación de fe pública en Derecho privado en España
es de las pocas cosas que funcionan bastante bien.
Esta fe pública propia del Derecho privado está atribuida a los notarios
por la Ley de 1862. Cuesta trabajo que por parte del Partido Socialista
se haga una referencia a la Ley como algo de 1862 que todavía hay que
continuar o perfeccionar. Nos cuesta trabajo entender esa referencia que
se ha hecho a la Ley de 1862.
En cuanto a los corredores de comercio colegiados, aparecen en el
Decreto-ley de 1868 y en el Código de Comercio de 1885, aunque se pueden
encontrar antecedentes en el Código de Sainz de Andino de 1829
En cuanto al volumen del que estamos hablando, haría referencia al plazo
del mes que se contiene. Estamos hablando de algo que puede afectar
aproximadamente a 2.000 profesionales entre notarios y corredores de
comercio, a algo que está funcionando bastante bien hasta ahora. Por
tanto, las urgencias en esta materia no tienen ningún sentido. Nos
estamos refiriendo a 3.500.000 contratos, aproximadamente, hechos por
corredores de comercio y a 2.205.000 contratos hechos por notarios en el
año 1992, excluidas de la cifra referente a los notarios las escrituras
de protestos, actas, testimonios, etcétera, que no son contratos en
estricto sentido.
También se ha referido a una urgencia predeterminada por la legislación
europea. A nuestro entender --y no queremos ser taxativos en esta
materia-- no observamos esa urgencia en la legislación europea como un
mandato perentorio al Estado español para regular una unificación de fe
pública, entre otras cosas porque no hay, entre los países de la Unión
Europea, una uniformidad en la dación de la fe pública, ni siquiera en la
fe pública judicial o en la administrativa y, por supuesto, tampoco en la
fe pública de Derecho privado.
Tendríamos que empezar a distinguir, dentro de los países de la Unión
Europea, el modelo anglosajón y el modelo latino, pues no tienen nada que
ver uno con otro. Habría que preguntarse, en ese criterio de unificación
motivado por la legislación europea, si nos estamos refiriendo a los
notarios franceses. ¿Nos estamos refiriendo a que ése es el criterio que
hay que seguir como uniforme para Europa y que el aspirante a notario
tiene que comprar el fondo de comercio para poder asumir la notaría en la
que ha estado en una pasantía previa? Evidentemente, no parece que las
recomendaciones europeas vayan en el sentido de la uniformidad de la
función en todos los países. Por tanto, tampoco existe una razón, por
cierto muy socorrida en los últimos tiempos, de un mandato europeo que
nos presione para ir en una línea determinada.
La Resolución del Parlamento Europeo de 18 de enero reconoce la
diversidad de los cuerpos notariales e incluso de los sistemas anglosajón
y latino de fe pública. Por tanto, tampoco esta Resolución del Parlamento
Europeo es algo que obligue a ir en una dirección determinada.
Sobre el planteamiento de desaparición de un Cuerpo, nos extraña que
Izquierda Unida plantee ahora la desaparición de un Cuerpo porque fue
precisamente su eurodiputado señor Pérez Royo quien formuló una pregunta
el 20 de agosto de 1990 y el comisario Bangemann, que algo debe saber de
la materia, entendía que la creación del gran mercado europeo no tendrá
repercusiones sobre la actividad de los corredores de comercio. Por
tanto, no parece ser un mandato europeo lo que nos tiene que llevar a
regular esta materia.
Es una materia compleja por la distinta procedencia y formación de los
fedatarios públicos en España y por la especialización que se ha
producido en España en determinadas ramas, especialización que carga
hacia atrás en el sentido de que, cuando oímos ahora hablar a la
representante del Partido Socialista de una cualificación profesional
adecuada y suficiente, habría que decir que hay una situación
transitoria, puesto que los notarios se han especializado en ramas de
Derecho privado puro y los corredores de comercio en ramas de Derecho
financiero o de situaciones económicas. Desde este punto de vista, sería
difícil entender cómo vamos a hacer una integración de cuerpos marcada
por una cualificación profesional y pretender que un notario, que lleva
treinta años de ejercicio, liquide ahora una cuenta de crédito al efecto
de reclamar en el Juzgado una deuda o calcule el tipo de interés efectivo
de una operación de crédito. Evidentemente, eso nos presenta serias
dificultades.
El control de la legalidad, que se ha argüido como criterio,
evidentemente presenta también dificultades si ese tiene que ser el
criterio que marque la unificación de la fe pública del Derecho privado,
puesto que el control de la legalidad en las operaciones inmobiliarias
actuales, todas las operaciones de carácter real que tienen acceso al
Registro
de la Propiedad, las realiza el registrador de la propiedad, limitándose
el notario a calificar la capacidad física de quienes intervienen allí y
sin hacer un control previo ni de la representación, ni siquiera de la
existencia del propio bien que se le presenta, puesto que advertirá de
las deficiencias que observe, pero se otorgará la escritura recogiendo
las manifestaciones de los intervinientes. Por ello, tenemos que definir
también, en esa complejidad, qué pasa con el control de legalidad.
¿Eliminamos ya el control de legalidad del Registro de la Propiedad,
puesto que ha entrado en funcionamiento un control de legalidad previo a
la hora del otorgamiento de la escritura?
Hay un problema que tampoco se resuelve, que crea también una gran
complejidad. Cuando estamos hablando de Derecho civil, no estamos
hablando de documentos originales que circulan, ya que el documento
original queda en el protocolo del notario y circulan copias. Cuando
estamos hablando de tráfico mercantil, tenemos que hablar de documentos
originales que van circulando, y lo que queda en la hoja indubitada del
corredor es una copia exacta del documento que se le ha presentado. Por
otra parte, el tráfico mercantil exige ese movimiento del documento
original, y exige el tráfico mercantil que pueda prestarse consentimiento
a lo largo de la vida del documento. Pensemos en una letra de cambio, y
cualquier ejercicio teórico sobre una letra de cambio nos mostraría la
enorme posibilidad de circulación, la enorme posibilidad de
intervenciones en esa letra en distintos momentos de su vida, incluso
después del vencimiento de la cambial.
El señor PRESIDENTE: Señor Jordano, vaya concluyendo.
El señor JORDANO SALINAS: Voy terminando, señor Presidente.
El sistema ha evolucionado en España hacia una especialización. Nosotros
podíamos estar de acuerdo en plantear, no la necesidad perentoria, pero
sí que se avanzara hacia una fusión de los cuerpos que hoy son
depositarios de la fe pública privada en España con criterios similares a
como se han hecho las fusiones de determinados cuerpos en la
Administración pública (y no hay un anteproyecto; han circulado ya tres
anteproyectos desde el Ministerio de Justicia), sin olvidar las
competencias autonómicas en la materia, a las que no se ha hecho ninguna
mención cuando hay comunidades que tienen atribuida la competencia en el
nombramiento de notarios y de corredores, en la participación en la
fijación del número de notarios y en las demarcaciones territoriales de
notarías y corredores. Sobre la materia son ilustrativos dictámenes de
profesores tan prestigiosos como el profesor García de Enterría y el
profesor Santamaría Pastor.
Por tanto, nosotros creemos que la proposición, en la forma en que está
presentada, no es asumible por la cantidad de errores técnicos que
mantiene. No creemos que deba avanzarse en esta materia, cuando estamos
hablando de un cuerpo de profesionales de alto prestigio, tanto en cuanto
a notarios como a registradores contra esos cuerpos, ni contra uno ni
contra otro, y lo que debe predominar, y fue la primera línea que inició
el Ministerio de Justicia, es buscar un acuerdo o consenso de los
distintos colegios profesionales sobre la forma en que se debe llevar
adelante un proyecto de unificación de la fe pública del Derecho privado.
En esta línea, evidentemente, se resolverían todos los problemas.
En la línea que plantea el PNV no se resuelve nada, primero, porque no
tiene sentido definir que un cuerpo es a extinguir porque sí; segundo,
porque ha manifestado la necesidad de unas pruebas prácticas para los
corredores y que la fe pública se atribuya a los profesionales del
Derecho, lo que evidentemente son términos contradictorios. Si unificamos
la fe pública privada en un solo punto, a ese punto van a acudir asuntos
de Derecho estricto y asuntos económico-financieros y, por tanto, a quien
proviene, tanto del Cuerpo de corredores como del Cuerpo de notarios, de
una formación jurídica y tiene el título de licenciado en Derecho, ¿cómo
lo capacitamos para intervenir en operaciones económico-financieras?
Evidentemente, no tiene sentido. En el futuro, si se produce la
unificación, seamos conscientes de que no bastará el título de licenciado
en Derecho para ejercer la función pública única en España. Y sin llegar
a la necesidad de exigir dos carreras, habrá que exigir a los fedatarios
del futuro determinados créditos, tanto de carreras de contenido
económico como de contenido jurídico, para poder desempeñar su función
con un criterio profesional eficaz y de seguridad para el usuario que
acude a recibir la fe pública, y resolver así de una forma justa y con el
criterio de fusión de Cuerpos la situación de los profesionales que la
prestan actualmente. Es verdad que el mercado especializará y que, por
tanto, ante una oferta mayor, se acudirá a aquel profesional que más
preparado esté en la materia de que se trate.
Para terminar, señor Presidente, quiero hacer una única referencia a la
intervención de la representante del Grupo Socialista, porque ha hablado
de algo que nos llama muchísimo la atención...
El señor PRESIDENTE: Señor Jordano, está S. S. en el turno de fijaciones
de posiciones, como bien conoce; lleva aproximadamente 20 minutos. Ha
excitado ya al Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y no quisiera yo que
excitara también al Grupo Parlamentario Socialista. (Risas.) Por tanto,
tiene que concluir, porque sabe bien que es fijación de posiciones.
El señor JORDANO SALINAS: Concluyo. Era sobre el tema de la
competitividad en el Registro de la Propiedad, que es totalmente
contrario a la territorialidad del Registro.
El señor PRESIDENTE: El señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, creo que me he excedido, porque
le corresponde a usted que plantee la aceptación de enmiendas.
Disculpe.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en su defecto, señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, a nuestro juicio, leyendo la
enmienda de sustitución que plantea el Grupo Socialista, se ve que su
texto no justifica que se presente una enmienda de sustitución, ya que,
salvo el plazo en el que se plantea, que son seis meses en vez de uno, no
modifica nada de lo que plantea mi Grupo Parlamentario, aunque sí
entiendo que las letras a), b) y c) significan una adición a lo que
plantea Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sin embargo, a efectos de no crear situaciones problemáticas y de que
esta proposición no de ley tenga éxito en este trámite parlamentario,
propongo al Grupo Parlamentario Socialista una transacción que manifieste
lo siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar
en esta Cámara en el plazo de seis meses un proyecto de ley de
unificación de la fe pública que contenga entre otros los siguientes
extremos...», y a), b) y c), tal como se plantea en la enmienda del Grupo
Socialista, (Rumores.) Perdón: «... fe pública extrajudicial que contenga
entre otros los siguientes extremos...» y, a continuación, a), b) y c),
como plantea el Grupo Socialista, que es dirigir más el contenido de la
ley, aunque la proposición de mi Grupo lo planteaba de forma más abierta.
Pero, a efectos de que tenga éxito la resolución, manifiesto esta
transaccional con la esperanza de que sea aceptada por el Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: La señora Pelayo tiene la palabra.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, yo creo que es una
transaccional nominal. Yo no tengo ningún inconveniente en que la
enmienda de sustitución del Grupo Socialista se llame al final enmienda
transaccional del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya: no tengo ningún inconveniente por cuanto que, a lo largo de la
intervención de mi Grupo, el único motivo que nos ha llevado a la
presentación de esta enmienda es el de poner de manifiesto el interés de
nuestro Grupo sobre la prevalencia de la utilidad social en la prestación
del servicio y de la función de los que estamos hablando y, por tanto, si
eso está garantizado con los vectores que se recogen en la enmienda, no
tenemos ningún inconveniente. Por consiguiente, vamos a aceptar los
términos propuestos por el representante de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. (La señora Pelayo
Duque pide la palabra.)
La señora Pelayo tiene la palabra.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, quiero que quede constancia en
acta de que la enmienda transaccional tiene que aclarar que se trata de
«fe pública extrajudicial».
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Efectivamente, especifico que en la enmienda
transaccional planteamos «fe pública extrajudicial».
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
proposición no de ley con la enmienda del Grupo Socialista a la «in voce»
presentada por el señor Andreu.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Señorías, se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde..