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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 220, de 26/05/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 220
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 20
celebrada el jueves, 26 de mayo de 1994
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre medidas para controlar el cumplimiento de la normativa sobre
tráfico marítimo en lo relativo a la navegación cercana a las costas,
especialmente en las Islas Baleares. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 67, de 4-3-94. Número
de expediente 161/000137) (Página 6662)
--Relativa al traslado de un puente sobre la Autopista A-19 a su paso por
Badalona, Barcelona. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOCG
serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente 161/000177) (Página 6665)
--Sobre creación de una línea de financiación específica destinada a
asociaciones ecologistas y de protección o conservación del medio
ambiente. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG
serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente 161/000180) (Página 6665)
--Relativa a que el corredor ferroviario Lisboa-Valencia de
Alcántara-Madrid sea incluido en la red transeuropea de transporte
combinado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D,
número 82, de 12-4-94. Número de expediente 161/000182) (Página 6668)
--Sobre ampliación de las zonas metropolitanas de tarifación telefónica a
todas las poblaciones del área de influencia de las grandes ciudades
españolas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular (BOCG serie D,
número 90, de 25-4-94. Número de expediente 161/000193) (Página 6671)
Se abre la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE MEDIDAS PARA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE
TRAFICO MARITIMO EN LO RELATIVO A LA NAVEGACION CERCANA A LAS COSTAS,
ESPECIALMENTE EN LAS ISLAS BALEARES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000137.)
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Vamos a iniciar la sesión de la
Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente con arreglo al orden del
día que ustedes tienen, que es debate y votación de las siguientes
proposiciones no de ley. La primera es proposición no de ley sobre
medidas para controlar el cumplimiento de la normativa sobre tráfico
marítimo en lo relativo a la navegación cercana a las costas,
especialmente en las Islas Baleares, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Nuestro Grupo Parlamentario ha creído
conveniente presentar esta proposición no de ley en base a una situación
que se produce en todas nuestras costas, pero que tiene una especial
virulencia en las costas de Menorca, como se ha podido observar a través
de los distintos medios de comunicación después del verano de 1993. Hemos
presentado esta proposición no de ley, concretada también en el
territorio balear, porque Baleares es la comunidad autónoma donde se
produce un mayor número de accidentes causados por embarcaciones de
recreo, según estadísticas del propio Ministerio de Obras Públicas. En el
Puerto de Ciudadela se produce concretamente un tráfico de 15.000
embarcaciones en invierno y de 30.000 en verano. Son embarcaciones que,
en este momento, están fondeando sin ningún tipo de control ni
vigilancia, no tributan, por otra parte, a las arcas municipales y
provocan graves molestias a los bañistas porque no hay balizas y no se
delimitan correctamente las zonas. De estas embarcaciones el 50 por
ciento son yates que emiten residuos que, por supuesto, no pasan por
ningún tipo de depuradora, con los consecuentes peligros para la salud
pública. En Ciudadela concretamente no hay ni una sola playa que esté
debidamente balizada y señaladas las zonas que son de bañistas y las que
pueden ser de fondeo.
Al parecer, aparte de la Ley de Costas y del Reglamento que la
desarrolla, no hay una normativa que prohíba fondear en las calas. Por
otra parte, Capitanía Marítima, de quien depende la vigilancia y control
de las embarcaciones, no tiene medios técnicos ni humanos para el control
efectivo. La solución, por tanto, pensamos que debe venir de la
conjunción de esfuerzos de las administraciones central, local y
autonómica. Tenemos ejemplos de otras comunidades autónomas donde en
zonas concretas de playa, por ejemplo en la Costa Brava, se ha llegado a
un acuerdo con las administraciones locales que delimitan las zonas de
bañistas y las zonas de fondeo y, por otra parte, tributan a las arcas
municipales, con lo cual también puede haber una mayor dotación para
vigilancia, tanto en medios técnicos como humanos.
Es por eso que nuestra proposición no de ley, señor Presidente, se basa
en los siguientes puntos. Primero, en que se llegue a un acuerdo de
cooperación con las administraciones locales y autonómicas de Baleares,
los acuerdos que sean necesarios, para que se proceda a balizar las zonas
de baño y colocar las señalizaciones y los avisos necesarios para dar a
conocer la normativa sobre el tráfico marítimo y utilización de estas
zonas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Y en segundo lugar,
aspecto muy importante, que se destine una parte de los recursos
disponibles para la vigilancia y sanción de aquellas conductas que puedan
constituir infracciones de la normativa existente.
Nos gustaría obtener el consenso de los grupos parlamentarios de esta
Comisión. Como somos conscientes de que este tema no se circunscribe a
las playas y calas de las Islas Baleares (hemos querido resaltar los
problemas que se producen en esta comunidad autónoma por ser allí donde
más accidentes se han producido en los últimos veranos) no nos
opondríamos a que esta proposición no de ley fuera extensible a las demás
playas y costas de nuestro territorio.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Entes de dar la palabra a los intervinientes, debo comunicar que se ha
presentado con legalidad y, por tanto, dentro del Reglamento, una
enmienda del Grupo Socialista, que dice: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que, en el marco de sus competencias, colabore con
las administraciones local y autonómica en el establecimiento de acuerdos
de cooperación, con el objeto de aumentar la
seguridad en las zonas de baño de nuestras costas, y en el conocimiento
de la normativa sobre tráfico marítimo y utilización de dichas zonas.
¿Están de acuerdo los grupos parlamentarios respecto a la tramitación de
esta enmienda del Grupo Socialista? (Asentimiento.) En ese caso, se
admite a trámite la enmienda, y para fijar su posición tiene la palabra,
en nombre del Grupo Socialista, el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Señorías, estudiado en primera instancia el
texto de la proposición no de ley que presenta el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la postura del Grupo Socialista debería
ser la de solicitar la retirada de la proposición no de ley, no por estar
en desacuerdo, en absoluto, con lo que en ella se plantea, sino, muy al
contrario, por entender que las actuaciones del Gobierno y de otras
administraciones superan con creces los planteamientos del Grupo
Parlamentario proponente.
Debería, asimismo, reiterar esta petición de retirada de la proposición,
puesto que en los términos en los que se plantea, y con los que es
imposible no estar de acuerdo, no pasa de ser una mera declaración de
principios que no establece prioridades, ni límites, ni objetivos, ni
asigna recursos, etcétera, extremos que podríamos esperar de una
proposición no de ley de estas características. Parecería más lógico
convertir esta proposición en otro tipo de iniciativa parlamentaria que
nos permitiera debatir sobre los importantes planes que hace muy pocas
semanas ha aprobado el Gobierno en relación al tema que nos ocupa o sobre
el nivel de coordinación de las distintas administraciones competentes,
según la actual legislación vigente.
Como suponía que nuestra petición no iba a ser atendida, intentaré dar
algunas explicaciones sobre los motivos por los que nuestro Grupo no
puede dar apoyo a esta proposición, compartiendo, como he dicho antes, la
preocupación que se demuestra en la misma, por lo cual presentamos una
enmienda transaccional por estar de acuerdo también con el espíritu que
anima a la proposición y que nos ha explicado su portavoz, en el sentido
de intentar encontrar un lugar de acuerdo entre el máximo posible de los
grupos parlamentarios de la Cámara.
Desde la entrada en vigor de la actual Ley 22/1988, de Costas, y de la
Ley de Puertos del Estado se establecen distintos grados competenciales
sobre el ordenamiento, vigilancia y salvamento en las costas españolas y
éstas se reparten entre la Administración central, la autonómica y la
local, según sea el caso, administraciones que tienen clara convicción de
que la mejor forma de aplicar correctamente la ley y, por tanto, de dar
el mejor servicio al usuario, es decir, al ciudadano, es hacerlo de forma
coordinada. Así, la Administración general del Estado ha formalizado
acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas de Andalucía,
Galicia y Valencia, estando en discusión actualmente proyectos de acuerdo
con el resto de las comunidades autónomas litorales e insulares y, por
tanto, con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
No obstante no contar con un acuerdo ya formalizado, existe una
continuada colaboración entre las tres administraciones públicas en
materia de balizamiento de las zonas de baño de las Islas Baleares,
extremo éste que ya es una realidad en muchas playas de nuestro litoral,
prácticamente en todas las más concurridas, estén o no urbanizadas, y
aceptando también, por supuesto, los incidentes que a lo largo del verano
se suceden no solamente en las playas de Baleares sino en las playas del
conjunto del Estado español; balizamiento que hasta la fecha se efectuaba
según las previsiones de planes insulares, como es el caso de las Islas
de Ibiza y Formentera, plan aprobado en el año 1991 por la demarcación de
costas, a propuesta de la Comandancia de Marina, y que este año superará
el 90 por ciento de su aplicación, o a planes municipales que prevén
actuaciones de este tipo, con responsabilidad compartida entre los
propios ayuntamientos del litoral, asociaciones de vecinos, clubes y
concesionarios de playas, que también tienen un alto índice de aplicación
en las Islas de Mallorca y de Menorca.
No comparto, señora Rivadulla, sus afirmaciones sobre el estado de cosas
del Puerto de Ciudadela, que creo que no se atiene a la realidad. Yo
tengo la suerte de vivir en la Isla de Menorca y puedo decir que las
afirmaciones que usted acaba de hacer hace un momento no se adecuan a lo
que realmente está pasando en el Puerto de Ciudadela y en otras zonas de
la isla.
Como decía, a partir del presente año, esas actuaciones pueden, y deben,
ser objeto del definitivo espaldarazo, ya que, con fecha 2 de marzo de
1994, la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del
Gobierno Balear publicó una Orden por la cual se aprobaron los criterios
generales de distribución de instalaciones de servicio de temporada en el
litoral balear y se clasificaban los espacios de las playas en distintas
zonas, entre las cuales se hace referencia expresa a una zona marítima de
baños y a otra de entrada y salida al mar de embarcaciones y otros
elementos náuticos, en las que se recoge esencialmente lo dispuesto en el
artículo 69 del Reglamento de Costas. Suelen ser las zonas donde se
producen las incidencias que la proposición no de ley del Grupo
proponente señala.
Asimismo, en el Decreto --y me parece importante reseñarlo-- se
desarrollan los artículos 115 de la Ley de Costas y el 208 de su
Reglamento, se regulan las competencias municipales en materia de
limpieza y seguridad, muy especialmente, se recogen las obligaciones
municipales en cuanto a salvamento y seguridad de las vidas humanas. Este
Decreto ha visto la luz tras un debate intenso entre los responsables de
la Demarcación de Costas de Baleares y la Consejería de Ordenación del
Territorio y viene a demostrar que la colaboración y la cooperación
interadministrativa que nos reclama la proposición no sólo es posible
sino que, creo, es un hecho ampliamente incuestionable.
En otro orden de cosas, señorías, quisiera significar que cada año se
procede, mediante los bandos correspondientes de las tres comandancias de
Marina de Baleares, a que administraciones, instituciones e interesados
en general den publicidad de las normas de seguridad marítima para
los usos legítimos de las aguas litorales, según se establece en la
actual Ley de Costas.
Asimismo, los esfuerzos que el Gobierno de la nación ha destinado a
mejorar todos los aspectos de la seguridad y vigilancia de las costas
españolas se han visto plasmados en la reciente aprobación del Plan
Nacional de Salvamento, que prevé una inversiones superiores a los 6.000
millones de pesetas para el período 1994-1997, en el que se contempla una
serie de medios que van a ponerse a disposición de la administración
marítima para ejercer en mejores condiciones los servicios de búsqueda,
rescate y salvamento marítimo, así como vigilancia y ayuda al tráfico,
prevención y lucha contra la contaminación, remolque y otras ayudas
complementarias. Como saben todos ustedes, el Plan abarca todo el litoral
español, incluidas, claro está, las Islas Baleares.
Con ello ¿quiero decir, señorías, que ya todo está hecho o se está
haciendo, que ya no puede hacerse más? En absoluto. Estoy firmemente
convencido de que las actuaciones en el sentido de lograr una mejor
adecuación del litoral y de mejorar la seguridad de sus usuarios tienen
un largo camino que recorrer --no en balde, este país tiene más de 8.000
kilómetros de costas-- y que sólo se está en sus fases iniciales. Será
imprescindible, para garantizar el éxito de sus objetivos, contar con la
colaboración de las distintas administraciones, así como con las
necesarias previsiones presupuestarias. En este sentido va la enmienda
que hemos presentado a la consideración de todos ustedes.
Señorías, mientras tanto, creo que sería justo reconocer que se ha hecho
mucho, que se está haciendo mucho y que precisamente este conjunto de
actuaciones permite que el grado de incidencias en las zonas de baños y
navegación sea ínfimo, teniendo en cuenta el uso masivo de las mismas.
Son millones de usuarios los que utilizan y disfrutan de estas zonas en
las Islas Baleares y, como digo, la siniestralidad e incluso las
incidencias son mínimas. Tenemos que hacer algo más que mejorar, como es
natural, el estado de seguridad de nuestros conciudadanos y de los
visitantes, pero hemos de reconocer --y creo que es justo hacerlo así y
aquí-- que los actuales planteamientos, las actuaciones contempladas, no
sólo por la Administración general del Estado sino también por las
administraciones regionales y locales, en una clara muestra de
coordinación interadministrativa, pueden hacer que este camino largo sea
breve, más fácil y más llevadero para todos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para fijar posición, tiene la
palabra, en nombre de Convergència i Unió, el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Nuestro Grupo, al fijar posición respecto a esta
proposición no de ley, tiene que hacer algunas observaciones, pero le
parece bien todo el texto y hubiese votado afirmativamente la proposición
no de ley, ya que las observaciones que tenemos que hacer quedan
prácticamente solventadas, como puede ser preservar las competencias
autonómicas y las de las administraciones locales, que parece que queda
asegurado en el texto que se ha propuesto. Sin embargo, no estamos tan de
acuerdo en definir el tema como de alto índice de siniestralidad. Es un
tema preocupante, se trata de la seguridad de los bañistas desde un punto
de vista previo, pero también de la seguridad posterior en caso de
accidente, por lo que nos parecía positiva. Incluso, en el punto segundo
no se piden más recursos sino que se trata de una mejor distribución de
los recursos existentes.
A nuestro Grupo también le parece bien la enmienda del Grupo Socialista,
en cuanto contempla esta temática del tema competencial, que nos ofrecía
alguna duda, y lo extiende en general a un más amplio ámbito. Por lo
tanto, nos parece positivo y votaríamos favorablemente la enmienda del
Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Vilafranca.
El señor VILAFRANCA BOSCH: Intervengo en nombre del Grupo Popular para
fijar nuestra posición en torno a la proposición no de ley que nos
presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Estamos ante una iniciativa que, como muy bien indica la propia
proponente, se halla regulada por la ley de Costas de 22 de julio de 1988
y su Reglamento, por consiguiente un tema jurídicamente resuelto. En este
sentido, el Gobierno Balear, ejerciendo sus competencias, ha propiciado,
con el respaldo de todas las fuerzas políticas, los correspondientes
acuerdos entre las administraciones pertinentes para llevar a la práctica
el balizamiento de sus playas para regular el acceso de las embarcaciones
que puedan provocar riesgos a la seguridad de los bañistas. Más
concretamente, por lo que hace referencia a Menorca, debo indicar también
que el propio Consejo Insular de Menorca, en fecha 22 de noviembre de
1993, tomó un acuerdo en este mismo sentido, es decir, propiciar esa
coordinación entre las diferentes administraciones que concurren en ese
tema. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Vilafranca.
Ruego un mínimo de silencio para que podamos escuchar las palabras del
señor Diputado.
El señor VILAFRANCA BOSCH: Decía que es criterio que no se ha completado
en su totalidad dicho balizamiento, pero no es menos cierto que se está
trabajando en este sentido, en colaboración con la Demarcación de Costas
y la autoridad de Marina y se confía concluir dicho trabajo en el menor
plazo posible. Por consiguiente, entendemos que estamos ante una
iniciativa ya atendida.
Con referencia a la transaccional que nos propone el Grupo Socialista, no
tenemos ningún inconveniente en asumirla, puesto que no representa más
que reiterar una voluntad, como ya he dicho, explicitada en diferentes
acuerdos, tanto dentro del ámbito del Gobierno balear como del propio
Consejo Insular en los temas que hacen referencia a Menorca.
Por consiguiente, nuestro Grupo va a votar afirmativamente a esa enmienda
transaccional.
El señor PRESIDENTE: A continuación, damos la palabra a la señora
Rivadulla para opinar sobre la enmienda presentada por el Grupo
Socialista.
La señora RIVADULLA GRACIA: En primer lugar, quiero agradecer al Grupo
Convergència i Unió su disposición a aprobar nuestra proposición no de
ley.
En relación con la transaccional que nos plantea el Grupo Socialista,
pensamos que es insuficiente porque, tal como ha manifestado el portavoz
del Grupo Socialista, parece ser que ya se dan por satisfechos con la
situación existente; me ha remitido a unas disposiciones posteriores a la
presentación de nuestra proposición no de ley que todavía no han
manifestado su vigencia. Digo que la considero insuficiente por cuanto
que no recoge el segundo punto de nuestra proposición en el sentido de
que se distribuyan de mejor forma los recursos disponibles para atender a
la vigilancia y a la imposición de las sanciones de las infracciones que
se producen, que se han venido incrementando durante los últimos años,
porque todas SS. SS. saben que el uso de embarcaciones de recreo
--embarcaciones que no sólo son yates ni barcos, sino que incluso son
motos-- están dificultando mucho los ratos de ocio de los bañistas que
tienen derecho a utilizar las playas con toda tranquilidad.
No se nos admite ese segundo punto, pero, de cualquier manera, el
propósito de nuestra proposición no de ley, que era que desde esta
Comisión saliera un acuerdo para instar al Gobierno para que potenciase
la colaboración entre las distintas administraciones y que se
instrumentasen más medios para el tema de la vigilancia, aunque no queda
absolutamente reflejado, queda asumido por esta Cámara, que instará al
Gobierno para que esto se produzca. Por tanto, estamos en disposición de
aceptar la enmienda transaccional del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Consecuentemente, pasamos a votar la enmienda
transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de
ley sobre medidas para controlar el cumplimiento de la normativa sobre
tráfico marítimo en lo relativo a la navegación cercana de las costas,
especialmente en las Islas Baleares, presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--RELATIVA AL TRASLADO DE UN PUENTE SOBRE LA AUTOPISTA A-19 A SU PASO POR
BADALONA (BARCELONA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000177.)
El señor PRESIDENTE: Quiero comunicarles que la señora Rahola me ha
dicho, al iniciar la reunión, que retiraba su proposición no de ley, la
número dos del orden del día, la que hacía referencia a la autopista A-19
a su paso por Badalona (El señor Sedó i Marsal pide la palabra.).
Tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: No sé si es por una cuestión de orden, pero
quisiera que me dejase un minuto para fijar la posición de nuestro Grupo
respecto a la proposición retirada, o al menos para hacer constar en acta
que ya es habitual que nos encontremos...
El señor PRESIDENTE: Señor Sedó, reglamentariamente no se le puede dar la
palabra porque se ha aprobado ya la enmienda de transacción.
El señor SEDO I MARSAL: Perdón, señor Presidente. Quiero hablar sobre la
proposición no de ley de la autopista a Badalona.
El señor PRESIDENTE: La proposición no de ley sobre la autopista A-19 a
su paso por Badalona ha sido retirada por la señora Rahola.
El señor SEDO I MARSAL: Entonces, pido la palabra por una cuestión de
orden. Es habitual en esta Comisión y en alguna otra Comisión que se
presenten proposiciones no de ley que después son retiradas. Los
Diputados que estamos trabajando sobre el tema nos encontramos, cuando
venimos aquí, que desde el Grupo Mixto se retiran, y concretamente lo ha
hecho la señora Rahola en esta Comisión con un tema del Prat de
Llobregat. Precisamente, la proposición no de ley que presentaba hoy no
es competencia de esta Cámara, y está resuelta en la competencia
autonómica. También se ha hecho en la Comisión de Defensa; se presentan
proposiciones no de ley y después se retiran, cuando, a lo mejor, ya se
ha podido llevar a cabo la actuación en otros medios. Por tanto, quiero
que conste la protesta de nuestro Grupo por este tipo de proceder.
El señor PRESIDENTE: Señor Sedó, pido también que figure en el acta su
intervención. Es lo más que podemos hacer reglamentariamente.
--SOBRE LA CREACION DE UNA LINEA DE FINANCIACION ESPECIFICA DESTINADA A
ASOCIACIONES ECOLOGISTAS Y DE PROTECCION O CONSERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000180.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a darle la palabra a la
señora Rivadulla para su defensa de la proposición no de ley sobre la
creación de una línea de
financiación específica destinada a asociaciones ecologistas y de
protección o conservación del medio ambiente.
La señor RIVADULLA GRACIA: Con esta proposición no de ley el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se quiere hacer eco
en esta Cámara de las reivindicaciones...
El señor PRESIDENTE: Perdone señora Rivadulla.
Me ha pasado a mí cuando hablaba el señor Sedó y nos está pasando a
todos. Esta sala tiene malas condiciones acústicas y si no hay un poco
más de silencio del habitual será difícil que oigamos de qué se está
hablando, como me ha pasado con el señor Sedó. Ahora me está pasando con
la señora Rivadulla, y lo siento porque su intervención seguro que va a
ser muy clarificadora.
Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Había iniciado mi intervención diciendo que
el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con esta
proposición no de ley se hace eco de las reivindicaciones de múltiples
asociaciones y colectivos ecologistas que nos han manifestado sus
dificultades de actuación y de funcionamiento derivadas de la falta de
financiación que tienen para todo el tema de infraestructuras.
Si tenemos en cuenta que el movimiento ecologista integrado en distintas
organizaciones agrupa, en el momento actual de nuestro país, a más de
70.000 asociados que constituyen, después de los sindicatos, el
movimiento asociativo más importante de España, nos podemos dar cuenta
del trato que de alguna manera les estamos dando, un trato
discriminatorio por cuanto se observa que otras entidades asociativas
como pueden ser las de jóvenes, como pueden ser las de consumidores,
tienen una dotación presupuestaria específica que viene dada en relación
con el número de sus asociados y que se distribuye con criterios
objetivos, dotación presupuestaria que, por contra, el movimiento
ecologista, en este momento, no tiene. Se le subvenciona por programas,
pero en los presupuestos de nuestro país no hay unas dotaciones
presupuestarias destinadas a dotar a estas instituciones de la
infraestructura necesaria.
Teniendo en cuenta que todo el problema medioambiental y de educación
medioambiental es reconocido como importantísimo por todas las
instancias, no solamente de nuestro país, sino por todas las instancias
comunitarias, pensamos que el papel que desarrollan estas asociaciones es
de primer orden para educar a la población en el debido respeto al medio
ambiente, y desde aquí debemos dotarlas de suficiente presupuesto para
que puedan actuar.
En ese sentido, nuestra proposición no de ley propone instar al Gobierno
para que abra una línea de financiación específica anual, de carácter
presupuestario, en donde los fondos dotados se destinen a asociaciones
ecologistas y a asociaciones de protección y conservación del medio
ambiente para la creación de infraestructura, realización de actividades
regulares y proyectos concretos. Como somos conscientes, señor
Presidente, de las dificultades de establecer criterios objetivos, de que
muchas veces las subvenciones se distribuyen con un criterio que podíamos
considerar clientelar o mando menos discrecional --y así lo reflejamos en
nuestro segundo punto--, pensamos que se debería crear una comisión en el
seno del Consejo Nacional del Medio Ambiente, con participación social,
para la elaboración de criterios objetivos (como podrían ser la
implantación territorial real que tengan esas asociaciones, el número de
sus asociados y la capacidad técnica y organizativa de las asociaciones)
en la concesión de las subvenciones y en el uso de las mismas.
Pensamos que el tema requiere el interés y el consenso de esta Comisión.
Mediante la aprobación de esta proposición no de ley no estaríamos
solamente apoyando las asociaciones ecologistas, sino que, de alguna
manera, estaríamos apoyando el futuro tanto de estas asociaciones como de
las venideras, en el sentido de que el tema medioambiental ha de ser en
nuestro país uno de los principales ejes sobre el que gravite la
preocupación nacional.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren fijar la posición respecto de la
proposición no de ley? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Gortazar, en nombre del Grupo Popular.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señora Rivadulla,
señorías, nos encontramos, a juicio de nuestro Grupo, con un nuevo
intento de neutralización electoral de los grupos ecologistas, esta vez
procedente de Izquierda Unida.
Tenemos la percepción, por no decir la seguridad, de que ustedes, señores
de Izquierda Unida, prefieren a los ecologistas convertidos en
funcionarios en lugar de competidores electorales o de ciudadanos
preocupados por el medio ambiente. Dice usted que apoyando una
financiación presupuestaria a los ecologistas estamos apoyando el medio
ambiente y el futuro de las generaciones venideras en nuestro país.
Señora Rivadulla, nosotros no compartimos ese criterio. Creemos que el
medio ambiente se defiende con leyes claras, con una justicia que hace
cumplir esas leyes y con una Administración que vigila y controla la
aplicación de esas leyes. Eso es lo esencial.
Por supuesto, que el movimiento ecologista es importante en nuestro país.
Hay diversos grupos y asociaciones y creemos que tienen un papel
importante que jugar. Pero no compartimos el que sea discriminatorio que
no tengan una línea de financiación específica, por la sencilla razón de
que tampoco la tienen ni las amas de casa ni las asociaciones de vecinos,
movimiento bien importante, por cierto, etcétera. Lo que hay --y usted lo
sabe muy bien-- son financiaciones prácticamente en la totalidad de los
ministerios en función de programas concretos, de tal manera que los
señores interesados pueden solicitar una financiación de estudio, de
seguimiento, de denuncia, que es para lo que están los grupos ecologistas
en todo el mundo. En ese sentido se evalúa, se contrasta y se concede,
según las posibilidades presupuestarias y según el resultado de su
acción. Desde este punto de vista, lo que sería discriminatorio es que si
no se da a otras asociaciones civiles importantes con
relación a otras materias, no se debe poner a los ecologistas en una
línea presupuestaria específica. Sería convertirlos en funcionarios en
lugar de aprovechar su impulso de denuncia, su impulso de independencia,
que creemos deben tener. Es más, estimamos que si tienen unas posiciones
políticas atractivas para el electorado deben presentarse y competir con
el conjunto de los partidos políticos.
Con relación al segundo punto que ustedes plantean, denota por parte del
Grupo de Izquierda Unida una confusión entre el Legislativo y el
Ejecutivo, porque ustedes dicen que una Comisión dependiente del Consejo
Nacional de Medio Ambiente va exactamente a conceder, distribuir y
controlar. Es decir, usted atribuye a un órgano de asesoría unas
facultades que corresponden a esta Cámara, a la soberanía nacional.
Señora Rivadulla, yo creo que a ustedes la práctica parlamentaria de 15
años les debe hacer reflexionar sobre lo que son las funciones de cada
uno de los poderes del Estado. Para un órgano consultivo, para un órgano
de asesoría, compuesto por los mismos ecologistas que se van a atribuir
sus propias subvenciones, usted pide que una comisión les conceda que
distribuyan y controlen. Este es un dislate jurídico, político y
parlamentario, señora Rivadulla. Yo creo que ustedes no han meditado esta
propuesta que, desde todo punto de vista, no tiene ni pies ni cabeza. Yo
le sugiero que no hagan ustedes de abogado de esos planteamientos, porque
son un dislate absoluto y, desde luego, no puede contar con el apoyo de
nuestro Grupo Parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Dávila, quiero
pedir excusas al Grupo Socialista, puesto que va a ser el ponente, por
haber cambiado el orden de intervención en esta proposición no de ley.
Tiene la palabra el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, señorías, desde la perspectiva
del Grupo Parlamentario Socialista la proposición no de ley que nos ocupa
tiene dos aspectos políticos fundamentales. Dicho sucintamente hay, por
un lado, una proposición de financiación pública del movimiento
ecologista, puesto que se implica una línea de financiación específica
que figura en los Presupuestos Generales del Estado, no para cualquier
cosa sino para cubrir infraestructuras, gasto corriente, proyectos
concretos, es decir, la totalidad de la actividad de ese movimiento.
Aunque no se cita si esa financiación pública debería ser total o parcial
para subvenir a ese funcionamiento, desde la perspectiva del Grupo
Parlamentario Socialista, y aunque pueda parecer sorprendente, eso sería
de menor cuantía. Nuestra discrepancia viene de otro aspecto.
El segundo matiz político de fondo que subyace en la proposición no de
ley es que los criterios, e incluso el control de esa financiación
pública, deberían residenciarse en el Consejo Asesor del Medio Ambiente.
Pues bien, señorías, nuestras discrepancias son de dos órdenes y voy a ir
exponiéndolas en orden inverso a la importancia. Tenemos una discrepancia
procedimental y una discrepancia de fondo o de filosofía. La
procedimental es aquella que se refiere a la intervención del Consejo
Asesor del Medio Ambiente en la propuesta que se hace en estos momentos.
No lo creemos congruente ni necesario. No lo creemos congruente,
señorías, porque tenemos la impresión (parece que ha sido ya mencionado
por el Grupo que nos ha precedido en la intervención) de que no se ha
hecho una lectura atenta del Real Decreto 224/1994, de 14 de febrero, por
el que se crea el Consejo Asesor del medio Ambiente, porque si se hiciera
esa lectura cuidadosa y atenta se vería con nitidez que la naturaleza de
ese Consejo Asesor es precisamente para la consulta y participación
--atención al matiz-- de los sectores sociales. Incluso en el artículo
1.º se mencionan los intereses sociales, en ningún momento se hace una
mención restringida o particularizada, y mucho menos exclusiva, de lo que
se conoce como el movimiento ecologista tradicional. Por lo tanto, no
figura en la propia naturaleza del Consejo Asesor, e incluso se dice que
su finalidad específica es la participación en el desarrollo de la
política ambiental. No figura para nada un concepto de potenciación u
otra finalidad que no sea la de participación del movimiento ecologista.
Creemos, señorías --como consecuencia de la ambigüedad que en castellano
tienen algunas preposiciones-- que no se percibe que el hecho de llamarse
Consejo Asesor de Medio Ambiente no debe suscitar en el subconsciente que
es Consejo Asesor del Movimiento Ecologista sino que, por el contrario,
es Consejo Asesor --la preposición castellana más nítida hubiera sido
«para»-- para el Medio Ambiente, para desarrollar una política de medio
ambiente.
Decía que aunque no hubiese este problema procedimental no sería
necesario matizarlo, señorías, porque está perfectamente regulado. Y en
el Real Decreto 2.225/1993, de 17 de diciembre, hay un muy preciso
reglamento de procedimiento de concesión de subvenciones públicas en el
que con toda nitidez se precisa cómo las transferencias corrientes que
deben figurar en los Presupuestos Generales del Estado para instituciones
sin ánimo de lucro deben hacerse con unas convocatorias públicas en los
que los criterios de objetividad, concurrencia y publicidad están
precisados con toda claridad. El mecanismo de apoyo a las actividades del
movimiento ecologista y de tantos otros existe ya y, de hecho, es
utilizado todos los años en la convocatoria anual que hace el Ministerio
de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, precisamente en
convocatorias en este sentido. Por lo tanto, ni es el órgano adecuado ni
es necesario.
Pero nuestra discrepancia es más de fondo, señorías. Ha habido muchas
ocasiones, y, por ello, puedo mencionarlo muy brevemente, en las que
hemos expresado ante esta Comisión, incluso ante el Pleno, que, desde la
perspectiva de nuestro Grupo, con el respeto absoluto a cualquier otra
que fuese discrepante, toda concepción sectorial de la política ambiental
hoy está superada. Desde la perspectiva de nuestro Grupo, es hasta
ineficaz y retardataria. Tenemos la evidencia --y lo hemos manifestado
con reiteración-- de que los movimientos sociales de tendencia ecologista
o proteccionista de la naturaleza, no sólo en nuestro país sino en el
mundo, tuvieron su gran éxito en la Conferencia de
Río 92 y lograron lo que consiguieron otros temas suscitados en el mundo,
que es la mayor concentración de jefes de estado que ha habido hasta este
momento. Sin embargo, su gran éxito ha significado su superación
histórica.
Señorías, aquella demostración de Río, que fue la de que los
condicionantes medioambientales forman parte esencial de toda la
estructura económica y social de cualquier país, tiene como corolario
necesario hoy que la preocupación, el conocimiento, hasta la ejecutoria
en el movimiento ecologista no es ya un elemento --no quiero negar la
característica de diferenciador-- relevante en las tomas de decisión en
la gran política de los países.
Dicho rápidamente, señorías, desde la perspectiva de nuestro Grupo, la
política ambiental ya no es patrimonio de quienes se confiesan o hagan
señas de identidad de la preocupación ambiental, es responsabilidad de
cualquiera que tenga que dirigir un país, sea el que fuere, entre ellos
el nuestro.
De la misma manera que estamos habituados a que la política exterior no
es patrimonio, ni objetivo exclusivo de los diplomáticos, si la política
de seguridad no lo es tampoco de los militares, nuestro Grupo cree que
culturalmente deberíamos asumir con rapidez que los temas ambientales no
son privativos de nadie, precisamente por su trascendencia. ¿Quiere decir
esto que nuestro Grupo tiene no sólo algo en contra, sino que no es
sensible a la preocupación porque la potenciación de las actividades del
ecologismo tradicional sean sustentadas? No, señor. Evidentemente,
nosotros tenemos la experiencia --y más de uno de los que estamos aquí
podríamos ser testigos de excepción-- de cómo el movimiento ecologista,
incluso en los tiempos recientes de la historia de nuestro país, ha sido
un rico fermento social y debe continuar siéndolo, pero tenemos también
muy clara la idea de esa naturaleza de movimiento social, de fermento
social y, por tanto, creemos que su apoyo, su potenciación, su estímulo
debe hacerse en el marco general de toda la política de movimientos
sociales de este país, dentro de la política de organizaciones no
gubernamentales.
Termino, señor Presidente diciendo --y hago uso de ello como argumento
que refuerce nuestra perspectiva y no como crítica a la Mesa del
Congreso-- que si la Mesa del Congreso hubiera tenido conocimiento de los
aspectos delicados de la cuestión que nos ocupa, en lugar de ser ésta la
Comisión en la que vemos la potenciación y financiación de los
movimientos ecologistas, habría sido la Comisión de Política Social la
que habría contemplado este tema y se habría pronunciado como Cámara
sobre las medidas que deben ser adoptadas para potenciar, dentro de las
prioridades que socialmente se reconocen, todos los movimientos sociales
que tienen como expresión organizaciones no gubernamentales, entre las
que, desde luego, este Grupo Parlamentario Socialista reconoce una
relevancia importante, pero que sitúa en ese marco general de movimientos
sociales al movimiento ecologista tradicional.
El señor PRESIDENTE: Después de la intervención de la señora Rivadulla
defendiendo la proposición no de ley y la de los dos grupos
parlamentarios que han fijado su posición tiene, brevemente, la palabra
la señor Rivadulla, porque normalmente no se da réplica en este tipo de
debate.
La señora RIVADULLA GRACIA: Quiero hacer uso de la palabra por alusiones.
La alusión viene referida a los términos dislate, disparatado,
desconocimiento... Se puede hacer una argumentación política en pro o en
contra, pero me veo obligada a responder. Yo creo que el representante
del Grupo Popular no ha entendido el segundo punto de nuestra proposición
no de ley en el que, de ningún modo, se dice que el Consejo Nacional sea
el que distribuya las subvenciones, sino el que establezca los criterios
objetivos para la distribución posterior de esas ayudas, en un intento de
objetivar al máximo esta situación.
Por otra parte, entendemos precisamente por sus características de
participación social, en la que no solamente están los movimientos
ecologistas sino también otras entidades, se podrían establecer mejor
esos criterios objetivos, porque es absolutamente impensable que el
movimiento ecologista haya perdido su virtualidad. Está claro que en
manos de las administraciones no se puede dejar solamente el tema del
medio ambiente, porque la tarea importantísima de sensibilización,
educación y denuncia que todavía tiene el movimiento ecologista, requiere
de una financiación que tomo nota de que ninguno de los grupos
parlamentarios está dispuesto a asumir, por lo menos los que han hecho
uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Después de esta manifestación sobre los aspectos
lingüísticos, pasamos a votar la proposición no de ley sobre la creación
de una línea de financiación específica destinada a asociaciones
ecologistas y de protección o conservación del medio ambiente, cuyo autor
es el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 28; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
--RELATIVA A QUE EL CORREDOR FERROVIARIO LISBOA-VALENCIA DE
ALCANTARA-MADRID SEA INCLUIDO EN LA RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE
COMBINADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000182.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la proposición no de ley
relativa a que el corredor ferroviario Lisboa-Valencia de
Alcántara-Madrid sea incluido en la red transeuropea de transporte
combinado. El Grupo proponente es el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: La comunicación ferroviaria entre las
respectivas capitales de los Estados que componen la Unión Europea es un
objetivo claramente definido en todas las políticas de infraestructuras
comunitarias y no podía ser menos tampoco en el caso de la Península
Ibérica, que afecta a dos capitales, Madrid y Lisboa.
Aparte de este interés tan europeo, en el caso de esta Península tendría,
además, la ventaja de que vertebraría, de una forma necesaria y
eficazmente, áreas en fase socioeconómica en evolución. En algunos casos
se ha conseguido, como es el área de Lisboa y su entorno, con la zona
occidental española y la capital del Estado español, habida cuenta de las
conexiones importantes que desde Madrid salen hacia todas las partes del
mundo, vías aéreas y ferroviarias.
Todo esto va en favor de la procedencia de considerar este eje
ferroviario Lisboa-Valencia de Alcántara-Madrid, incluido en la red
transeuropea de transporte combinado.
Se da el caso, por otra parte, de que este Parlamento en sesión plenaria,
al aprobar las propuestas de resolución del Plan de Transporte
Ferroviario, dejó constancia ya de prioridad de la potenciación de este
corredor ferroviario. Además, se da la circunstancia de que, habida
cuenta de lo que aprobó el dictamen del Consejo de la Unión Europea,
contenido en su decisión 93/628 de la Comunidad Económica Europea, en
estos momentos sólo hay dos ejes españoles considerados y aprobados como
redes transeuropeas: uno es la conexión ferroviaria
Madrid-Barcelona-Puigcerdá, y otro es la conexión por carretera de Lisboa
en dirección a Francia, vía Valladolid. Esta es la situación actual.
Lo que sí está claro es que se espera que antes de julio de 1995 haya
otra propuesta. Pensando en esa nueva propuesta hemos presentado esta
proposición no de ley que intenta que, previo acuerdo con el Gobierno
portugués, este corredor ferroviario al que me estoy refiriendo sea
incluido en la red transeuropea de transporte combinado, a instancias del
Gobierno español.
Como razonamientos en favor de esta proposición no de ley tenemos un
antecedente trascendente, el debate que tuvo lugar recientemente en esta
Comisión, justamente el 27 de abril último, por el que se instaba al
Gobierno a que tomara las medidas oportunas, directamente o en
combinación con el Gobierno francés, para que la línea ferroviaria
Zaragoza-Canfranc-Pau fuera incluida en la red transeuropea de transporte
combinado, iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El portavoz de Izquierda Unida, señor Martínez Blasco, entre otras cosas,
manifestaba que la actualidad de esa propuesta obedecía a que, en octubre
de 1993, el Consejo de las Comunidades Europeas había adoptado una
decisión sobre una red transeuropea de transporte combinado y que le
faltaba adoptar otras sobre redes transeuropeas de ferrocarril
convencional y de algún otro tipo. Este razonamiento que hizo el portavoz
de Izquierda Unida, por supuesto, es aplicable también en el caso que nos
ocupa relativo al corredor Lisboa-Madrid.
El portavoz socialista, señor Morlán Gracia, hizo un alegato muy
interesante en favor de la consideración de este corredor como red
transeuropea y dijo, entre otras cosas, que el Grupo Socialista iba a
seguir ratificándose en la necesidad de que exista una comunicación
ferroviaria entre España y Francia, a través de Canfranc y que,
efectivamente, en la Unión Europea se estaban planteando una serie de
decisiones encaminadas a desarrollar unas redes transeuropeas de
transporte combinado, dos de las cuales ya fueron aprobadas el pasado año
y se espera que otra lo sea antes del 30 de julio de 1995. Antes de esa
fecha --decía el portavoz socialista-- tendrán que entrar y ser aprobadas
otro tipo de comunicaciones que, en este caso concreto, lo deberán ser a
través de transportes ferroviarios, bien de alta velocidad o bien
convencionales. Asimismo, planteaba la necesidad de que el Gobierno
español siguiera instando al Gobierno francés para que se consiguiese
llegar a un acuerdo en favor de la comunicación ferroviaria entre España
y Francia. Pues bien, todos estos argumentos son válidos también para
este caso; lo único que habría que cambiar es que, donde dice Francia,
diga Portugal.
Esa decisión --insistía el portavoz socialista-- se debía adoptar sobre
esta red transeuropea que habrá de aprobarse sobre la base legal del
Tratado de la Unión Europea; por tanto, tendría que ser mediante un
procedimiento de codecisión entre el Consejo de las Comunidades y el
Parlamento Europeo y la decisión adoptada por el Consejo lo tendría que
ser previo acuerdo de las dos partes (España y Francia), sin que pudiese
ser sólo por decisión española. Este argumento también es válido en esta
ocasión, exceptuando que, donde dice Francia, tendría que decir Portugal.
Por todo ello, entendía el portavoz socialista, que, en el fondo,
coincidía perfectamente con los planteamientos de Izquierda Unida y de
los otros grupos de la Cámara y proponía que se estudiara conjuntamente
la posibilidad de incluir esta comunicación en la red transeuropea de
transportes, lo cual satisfaría la voluntad política de todos los grupos
de mantener abierta una esperanza no sólo referida a Aragón. El portavoz
socialista terminó diciendo que aprovechaba la coyuntura para hacer esta
propuesta y para que la aprobación de esta proposición estuviera lista
antes de julio de 1995. Estos argumentos son absolutamente válidos en
este caso, sólo habría que sustituir, donde dice aragoneses, por
portugueses, extremeños y castellanos.
El portavoz de Convergència i Unió también estuvo a favor de esta
proposición no de ley de Izquierda Unida y dijo le parecía completamente
aceptable. La portavoz de mi Grupo Parlamentario manifestó asimismo la
voluntad de apoyar la iniciativa de Izquierda Unida, al tratarse de una
proposición de tanto interés para la comarca de Aragón; argumentos que,
repito, son aplicables al caso que nos ocupa.
Este debate tan reciente terminó con palabras del señor Presidente
diciendo que quedaba aprobada por unanimidad la proposición no de ley que
estoy recordando. Pues bien, yo entiendo que habiendo sido aprobada en
esta Comisión esa proposición no de ley hace tan poco tiempo, no hacer lo
mismo con la presentada hoy supondría una discriminación, por lo menos
con extremeños y castellanos, y estoy seguro de que ningún Grupo querrá
consumar esa discriminación.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no ha sido presentada
ninguna enmienda.
¿Grupos que desean fijar su posición sobre esta proposición no de ley?
(Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, voy a comenzar haciendo un
comentario a lo manifestado por el portavoz del Grupo Popular al final de
su intervención, cuando hacía referencia a los argumentos aplicables a la
proposición no de ley a que hacía alusión.
Lamento que hoy no sea un día en el que exista unanimidad en esta
proposición no de ley, pero puede estar seguro que, por nuestra parte, no
hay ninguna discriminación hacia extremeños y castellanos, lo que sucede
es que votamos a favor de la proposición no de ley que usted mencionaba
por cuanto en ningún documento de la Comunidad figuraba el eje que en
aquel momento íbamos a aprobar. Sin embargo, estudiando la proposición no
de ley que hoy tratamos, he de decir que mi impresión es que se trata de
un tema ya incluido y resuelto. En todo caso, habrá matices de
interpretación de los documentos que obran en nuestro poder. Del propio
documento del Consejo («Diario Oficial de las Comunidades Europeas», de
10 de diciembre de 1993) yo saco una serie de conclusiones y así, aunque
en la proposición no de ley se cite que se refiere a carreteras el eje
que aparece recogido en el apartado 13 del artículo 2
(Lisboa-Madrid-Barcelona), yo entiendo que no sólo se refiere a
carreteras, sino que queda incluido el tema ferroviario. En ese documento
se explica, y para mí queda claro, que el asunto está ya resuelto.
Analizando el Plan Director de Infraestructuras --cito de memoria, pero
no creo equivocarme mucho--, en las páginas 134, 146, 147, 162, 163 y 164
del mismo, encontramos que el eje que hoy se pide en la proposición no de
ley del corredor ferroviario Lisboa-Valencia de Alcántara-Madrid, incluso
con la palabra Valencia de Alcántara dentro del redactado de los
distintos corredores que se prevén, figura incluido. Yo creo que hoy
estamos discutiendo una proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a hacer algo que, desde mi punto de vista y mi interpretación de
la documentación que obra en mi poder, está resuelta. Por todo ello,
nuestro voto hoy no puede ser favorable. Lamento que el portavoz del
Grupo Popular considere que, por nuestra parte, hay una desatención a
zonas que puedan verse discriminadas. No es así. Para nosotros es un tema
resuelto y, por tanto, nuestro voto no será favorable.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Me van a permitir SS. SS. que, antes de fijar
la posición de nuestro Grupo sobre la proposición no de ley concreta --el
señor Sedó ya ha dado abundantes argumentos sobre lo que significa y
sobre su situación real en los documentos de la Comunidad y del propio
Gobierno español--, realice alguna excursión por temas colaterales porque
vienen a cuento.
Nuestro Grupo entiende que aquí hay un claro intento de confundir a la
opinión pública extremeña puesto que, antes de discutirse esta
proposición, se ha realizado la defensa de la misma, en términos
parecidos a los expuestos hoy aquí, en lo que algunos llaman el
parlamento de papel, en los medios de comunicación, donde incluso se
decía que se esperaba de los socialistas que no se amilanasen ante el
poder central y no se sometieran a la sumisión de siempre. En ese intento
de confundir a la opinión pública se hablaba de una decisión (la 93/628
del Consejo, a la que aquí se ha aludido), que no se refiere para nada a
líneas de alta velocidad sino a transporte combinado, y que tampoco se
refiere a los proyectos aprobados en el Libro Blanco del paquete Delors o
los proyectos en estudio del informe Christophersen. Es decir, se
mezclaban --y yo creo que no por ignorancia-- temas, conceptos, redes y
situaciones totalmente diferentes, al igual que consideraciones sobre el
Plan de Transporte Ferroviario que tampoco son procedentes. Pues bien,
los socialistas no se amilanan ante esas situaciones y el Gobierno
socialista ya ha incluido en sus relaciones con la Unión Europea este eje
que hoy se demanda. Está incluido en los trabajos previos, en la
propuesta de decisión, del Parlamento Europeo, en los informes de la
Comisión de Transportes y después en la decisión del Consejo. Pero es
más. En los documentos de planificación del Gobierno español está
incluido y viene siendo incluido permanentemente en las definiciones de
líneas estratégicas y prioritarias del transporte combinado, donde es de
los considerados ejes-piloto dentro del territorio portugués.
Sólo me queda decir, ante una aclaración que ya el señor Sedó ha hecho
sobre el Plan Director de Infraestructuras, que no sólo está incluido
sino que, además, en su página 164, dando respuesta tanto a los tráficos
nacionales como a los internacionales, dice y concreta que será necesario
actuar en los ejes (habla de ejes: Port Bou, Barcelona, Madrid, Irún,
Algeciras, etcétera, que también están incluidos dentro de esa red en el
documento europeo) y las conexiones con Portugal, dice concretamente y,
entre paréntesis, Fuentes de Oñoro y Valencia de Alcántara. Es decir,
además del itinerario global Lisboa-Madrid-Barcelona, el Plan Director de
Infraestructura habla de Lisboa-Valencia de Alcántara-Madrid-Barcelona.
Por tanto, señorías, en este Parlamento, que es el de verdad, no el de
papel, nuestro Grupo quiere dejar claro que esta proposición es
totalmente innecesaria y que, en nuestra opinión, solamente ha buscado la
confusión en ese parlamento exterior de papel. Por consiguiente, nuestro
Grupo, sin ninguna discriminación, quiere dejar claro que nuestro
Gobierno ya ha ido por delante de esas posiciones que hoy se nos quieren
decir aquí, o que alguien se ha querido apuntar en ese parlamento de
papel, y que la Unión Europea también está por delante. (El señor Camisón
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, tiene la palabra por ligeras
alusiones nada más.
El señor CAMISON ASENSIO: Muy ligeras, señor Presidente, porque quiero
dejar constancia de un tema que creo es importante.
Este tratamiento tan ligero del parlamento de papel le extraña a este
Diputado puesto que el portavoz socialista utiliza ese parlamento de
papel, el mismo que yo, cuando le viene en gana, y lo hace también con
frecuencia. Por tanto, no entiendo esa depreciación de la prensa
extremeña en estos momentos.
Y para terminar, que quede claro que aquí ha habido muchos razonamientos
para votar en contra, pero hay un hecho que no se ha podido desmontar, y
es que la consideración de red transeuropea de este corredor no está
todavía decidida, y es lo que yo intentaba aclarar, en calidad de red
transeuropea. Puede estar previsto más o menos mejorarlas en el PDI, pero
en calidad de red transeuropea todavía no está tomada en consideración.
(El señor Roncero Rodríguez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Para qué pide la palabra?
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, para leer un documento a la
Comisión, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, y por alusiones
respecto a mi utilización o no del parlamento papel, entre comillas.
El señor PRESIDENTE: Si el documento que va a leer hace referencia al
tema sometido a debate, tiene la palabra.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Respecto a la alusión, he de decir que
utilizo el parlamento de papel (que yo no lo llamo así, son otros los que
lo han llamado así) para replicar adecuadamente intervenciones como la
que he referido antes y como la que hoy hemos sufrido en esta Comisión.
El documento que leo es el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
número 305: Decisión del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la
creación de una red transeuropea de transporte combinado. El Consejo de
las Comunidades Europeas dicta un dictamen, hace unos considerandos y
adopta la presente decisión. Define la red, la enmarca en el tiempo en el
punto 2 del artículo 1 (en plazo de seis años y en plazo de doce años) y
en el artículo 2, punto 1, señala los ejes prioritarios de esa decisión
de red transeuropea adoptada como transporte combinado, proyecto número
13, eje Lisboa-Madrid-Barcelona. Diario Oficial de las Comunidades
Europeas número 305.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo con el Reglamento de esta Cámara que le
ha permitido leer ese documento, ruego lo haga llegar a la Presidencia.
Pasamos a la votación de esta proposición no de ley relativa a que el
corredor ferroviario Lisboa-Valencia de Alcántara-Madrid sea incluido en
la red transeuropea de transporte combinado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--SOBRE AMPLIACION DE LAS ZONAS METROPOLITANAS DE TARIFACION TELEFONICA A
TODAS LAS POBLACIONES DEL AREA DE INFLUENCIA DE LAS GRANDES CIUDADES
ESPAÑOLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000193.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos seguidamente a la proposición no de ley
sobre ampliación de las zonas metropolitanas de tarifación telefónica a
todas las poblaciones del área de influencia de las grandes ciudades
españolas, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. A esta
proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y otra por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Posada en nombre del Grupo Popular.
El señor POSADA MORENO: El Grupo Popular considera esta proposición de
enorme importancia. Es de todos conocida en esta Comisión la situación en
la que se encuentran unos determinados municipios que, teniendo una
distancia muy corta respecto a las capitales, sin embargo, por un proceso
tarifario anterior, sienten una cierta discriminación grave en sus
tarifas respecto a otros municipios cercanos. Indudablemente esto tiene
un carácter objetivo, es así, y una repercusión económica, pero yo me
atrevería a decir que tiene una repercusión mayor, desde un punto de
vista social, de sentimiento por una serie de ciudadanos de una
injusticia --les parece a ellos-- que no acaban de comprender por qué en
unas distancias tan mínimas hay unas diferencias de tarifas tan grandes.
Nosotros creemos que es urgente adoptar medidas en este tema.
Una proposición no de ley de Izquierda Unida, que vino a esta Comisión,
trataba específicamente el tema de la zona metropolitana de Madrid. Nos
pareció entonces que no era suficiente tratar sólo Madrid, porque creaba
una discriminación respecto a otras zonas en las que también ese problema
existía. Nuestra proposición lo que pretende es que de una forma general
se trate este tema. ¿Cómo? Entrando en las implicaciones últimas que esto
tiene, lo que supone una variación tarifaria. Estamos inmersos en una
situación en la que la Compañía Telefónica, el Gobierno, tiene que
cambiar las tarifas de cara a la liberalización de las
telecomunicaciones. En ese proceso creemos que este tema debe tener una
prioridad sobre esa generalización de la reforma de tarifas. Por supuesto
que no se trata de hacer recaer de golpe, y sobre todo sin previsión, los
efectos económicos sobre Telefónica, que ha de tener un balance de
situación y tiene que precaverse de lo que va a originar una primera
disminución de ingresos. Nosotros creemos que con el decremento de las
tarifas puede haber una mayor utilización y, por tanto, puede incluso
compensarse esta situación de Telefónica, pero es muy importante conocer
ese
informe de Telefónica. Nuestra proposición no de ley pretende que en un
plazo de dos meses tengamos ante esta Comisión la situación de esos
municipios, lo que de ella se desprende y consecuencias que tiene para el
balance económico de Telefónica, para que podamos estudiar, decidir y
aprobar lo más conveniente que, sin duda ninguna, será corregir esa
situación de injusticia en la que se siente una serie de ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Es verdad que, tal y como recordaba el
portavoz del Grupo Popular, hace tan sólo unas semanas el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
presentó una proposición no de ley sobre este tema. También es cierto que
los argumentos que avalaban nuestra proposición no de ley eran casi
idénticos, salvo en algunas matizaciones, a los que acaba de expresar el
señor portavoz del Grupo Popular. Lo que no es verdad es que nuestra
proposición no de ley no se refiriera a todas las áreas metropolitanas de
las ciudades españolas. Quiero recordar al portavoz del Grupo Popular
que, en relación con una enmienda in voce del señor González Lizondo, el
proponente, que era el mismo que está hablando hoy en nombre de su Grupo,
no se refirió a todas las ciudades españolas y a sus áreas
metropolitanas. Parece que el texto final de la proposición no de ley
--pudiera no ser así la exposición de motivos-- no es el mismo que el de
Izquierda Unida. Mientras el Grupo Popular insta al Gobierno a que
presente un estudio, realice un debate y apruebe que esta ampliación debe
adoptarse en no sé qué entornos, etcétera, nuestra enmienda viene a decir
claramente que se inste al Gobierno para que en el plazo determinado se
lleve a cabo. Es una matización importante. No pedimos que se debata o
que se presenten estudios que en un futuro, mareando la perdiz, nunca se
realizarán. Nosotros venimos a decir que se lleve a cabo. Por tanto, no
es cuestión de tiempo, no es cuestión de meses, es cuestión de que se
lleve o no a cabo. En consecuencia, no me acaba de convencer el portavoz
del Grupo proponente de que sus intenciones sean las mismas que las que
se manifiestan en la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Me voy a permitir recordarle, con toda cortesía, que conviene que se
pongan ustedes de acuerdo con los responsables políticos de su partido
que, en todos los ayuntamientos donde tienen representación, vienen
promoviendo una moción con mi texto o similar. Les ruego que se pongan de
acuerdo porque si sus intenciones son llevar a cabo la moción que
presentan en sus ayuntamientos, y que tiene mi texto, yo estaría de
acuerdo. La ambigüedad es mala, y se lo recuerdo con toda cortesía de
nuevo. También aprobaron ustedes, señores del Grupo proponente, una
moción en la Asamblea de Madrid con mi texto que, si quieren, se lo leo.
Por consiguiente, conviene que tengamos el mismo discurso en unos sitios
y en otros, no vaya a especular alguien con que ustedes piensan o están
movilizando a sus alcaldes y concejales por unas determinadas
reivindicaciones que se compadecen con la enmienda que presenta Izquierda
Unida hoy, y no quieran llevar a cabo lo que ustedes están reivindicando.
Por eso conviene que se aclaren.
Nosotros no nos podríamos oponer a que se hicieran estudios, pero
consideramos que esto es una simple maniobra de dilación y que no ataca
el problema en su profundidad. Por esa razón vamos a mantener nuestra
enmienda, que es clara, concisa, tajante y que viene a instar a que se
lleve a cabo y que, les vuelvo a recordar, se compadece con aquellas
mociones o enmiendas que ustedes han votado en aquellas instituciones
donde han podido hacerlo. Porque ustedes siguen manteniendo (y me voy a
referir a Madrid aunque la proposición no de ley alude a todas las
comunidades autónomas, a todas aquellas ciudades que están afectadas en
su área metropolitana por situaciones discriminatorias) digo que ustedes
siguen manteniendo la actividad de sus alcaldes y concejales
reivindicando lo que yo estoy diciendo. Conviene que se aclaren porque si
es verdad que, en un primer momento, el Grupo Socialista votó también en
la Asamblea de Madrid el texto que yo les puedo leer o parecido
posteriormente se ha arrepentido y ha retirado a sus alcaldes y
concejales de esas manifestaciones y reivindicaciones, con lo cual no
comprendo su actitud, no acepto su actitud porque, al fin y al cabo, es
corresponsable con lo que se hace en unos sitios y en otros. Por tanto,
acepten nuestra enmienda que viene a decir claramente y en concreto lo
que ustedes vienen reivindicando en sus ayuntamientos y en las asambleas
de comunidad autónoma en las que pueden hacerlo, y no hagamos una
discusión eterna del tema que luego no se soluciona. Si se ha podido
solucionar en otros municipios que ustedes y yo conocemos, se puede hacer
en éste. Razones técnicas que lo dificulten no existen; quizá pueda haber
razones económicas, aunque no en las cantidades que han expresado otros
portavoces en el debate de la proposición no de ley anterior y, además,
no son justificables ya que se sabe que en otras ocasiones y cuando se
han querido solucionar problemas ha habido recursos en Telefónica que,
por otra parte, aprovecho para recordar que algunos se despilfarran en la
compra de empresas extranjeras.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra el señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: La proposición no de ley del Grupo Popular y, en
su día, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida plantean un problema que se refiere fundamentalmente,
como bien ha explicado el señor Posada, a una situación que algunos
alcaldes y ciudadanos consideran injusta y que de alguna forma debe
corregirse.
En nuestra opinión, el problema no se arregla fácilmente trazando sobre
un plano una nueva demarcación tarifaria. Esa ampliación de la zona
urbana en las áreas metropolitanas o en torno a las capitales y
provincias españolas supondría una disminución de ingresos para
Telefónica y, como bien ha recordado el portavoz del Grupo Popular, hay
un compromiso del Estado en mantener el equilibrio
financiero de Telefónica. Por consiguiente, si se amplía la zona
tarifaria metropolitana en torno a las capitales de provincia,
inevitablemente ello llevaría aparejado un aumento de las tarifas
urbanas. Como bien se ha explicado, debemos enmarcar esto en la
renovación de las tarifas en general. En cualquier caso, va a ser
necesario aumentar las tarifas urbanas y disminuir las tarifas
provinciales, nacionales e internacionales. No se trata de trasladar la
frontera. Esa nueva delimitación había conseguido trasladar la frontera
y, por tanto, trasladar el problema a una zona diferente. Yo creo que la
política que defiende el Gobierno y que todos los grupos políticos
aceptamos es la necesidad de la reconversión de las tarifas ajustándolas
a costes, lo cual implica, como he dicho anteriormente, el aumento de
ciertas tarifas y la disminución de otras. Así, el actual efecto que se
produce de sensación de agravio o de sensación de injusticia en torno a
las zonas fronterizas de las delimitaciones de las zonas tarifarias
desaparecerían.
La enmienda que hemos presentado a la consideración del Grupo Popular y a
la de todos los grupos presentes en la Comisión va en el sentido de que,
en el plazo de seis meses, el Gobierno presente en esta Cámara un estudio
relativo a la ampliación de las zonas metropolitanas con objeto de
evaluar la viabilidad económica y técnica de dicha ampliación, así como
las diferentes repercusiones que la misma tendría en Telefónica de
España; en lugar de que exista una definición clara y rotunda de esta
Comisión en el sentido de que es inevitable una modificación de las
actuales zonas metropolitanas, encargar al Gobierno que haga ese estudio,
que lo presente en la Comisión y que, a la vista del mismo, esta Comisión
adopte una decisión.
El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición sobre la proposición no de
ley, en nombre del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Nuestro Grupo tiene una predisposición al voto
favorable respecto a esta proposición no de ley, pero a partir de un
análisis del texto de la proposición no de ley y de las dos enmiendas
presentadas.
El texto nos parece aceptable, aunque cuando habla de «en torno a las
grandes ciudades españolas», nos queda la duda de a qué grandes ciudades
españolas se refiere la proposición no de ley. ¿Las seis o siete que
encontramos en el PDI, las zonas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Bilbao, u otras que amplía en las que entran Zaragoza, Asturias y Cádiz?
Esta es la pega que encontramos y que podría resolverse en parte con la
enmienda de Izquierda Unida que se refiere a los municipios que lo
soliciten, aunque aquí nos pasamos por el otro lado, por comprender
demasiadas solicitudes, pero esta enmienda, aunque fuese aceptada, no la
votaríamos a favor porque es imperativa.
La enmienda del Grupo Socialista pide un estudio que, en el fondo, no
dejaría de ser una propuesta de ampliación en la que se podría ver el
volumen de lo que se está pidiendo. Creemos que falta el estudio
económico de lo que la proposición no de ley original está pidiendo. En
todo caso, si la enmienda del Grupo Socialista fuese aceptada la
apoyaríamos, pero el plazo de seis meses nos parece excesivo.
El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Popular, señor Posada, tiene
la palabra.
El señor POSADA MORENO: Todos los grupos, y desde luego el grupo
proponente, sienten que éste es un problema verdaderamente grave que ha
llegado a la sociedad. Lo hemos visto en los últimos días en las
manifestaciones de alcaldes, de grupos políticos y de ciudadanos. Ahora
bien, yo no creo que los problemas, porque sean muy urgentes o muy
graves, puedan ser resueltos de un plumazo porque a todos nos parezcan
muy injustos. Si aceptáramos la enmienda de Izquierda Unida nos
encontraríamos con que a la vuelta de dos meses no se habría podido
resolver este tema. Probablemente aducirían razones técnicas y tendríamos
siempre la duda de si era una razón técnica o una razón política. Es
decir, llevar las cosas más allá de lo que es factible hacer impide la
solución, no la promueve. Ciertamente que en nuestro partido (y contesto
a lo que decía el señor González) hay personas que querrían resolverlo
ya, porque lo ven desde un punto de vista más particular y quieren que la
situación de sus conciudadanos se resuelva inmediatamente. Pero las
fórmulas llevan un tiempo y un trabajo. Por tanto, es preciso conocer
primero la delimitación de las zonas metropolitanas, como muy bien decía
el señor Sedó, cuáles son los municipios que se encuentran afectados,
cómo puede resolverse ese tema sin que se produzca el nuevo efecto
frontera y cómo repercute en Telefónica, porque Telefónica tiene un
acuerdo con el Gobierno por el cual hay unas compensaciones económicas. A
nosotros eso nos parece aceptable. Por tanto, no vamos a aceptar la
enmienda de Izquierda Unida.
En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, que recoge el espíritu del
que estamos hablando, el plazo de seis meses me parece excesivo, máxime
cuando tenemos por medio los meses de verano que no se sabe muy bien cómo
computan. Por eso presentamos una enmienda transaccional a la del Grupo
Socialista, para dejar claramente establecidas las cosas y mandar un
mensaje a los ciudadanos en el sentido de que estamos estudiando las
fechas, partiendo de que tenemos por delante julio y agosto. Diría así:
El Congreso de los diputados insta al Gobierno para que antes del 31 de
octubre presente en esta Cámara un estudio relativo a la ampliación de
las zonas para que pueda ser discutido, etcétera. Sería fijar una fecha
para estudiar a fondo este tema.
El señor PRESIDENTE: Señor Martinón, ¿su opinión respecto a esta
transaccional in voce?
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, nos parece razonable y la
aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Mi grupo no quiere solucionar el problema de
un plumazo. A lo mejor nos hemos precipitado en dos meses y no nos
importa dar vacaciones también al Gobierno o poner algunos meses más. El
problema no es ése; el problema es que se lleve a cabo o no. No se vaya a
dejar la imagen de que somos unos irresponsables que sin estudios de
ningún tipo queremos llevar adelante una cuestión. Los estudios están
hechos. Si quieren les presento a sus propios alcaldes para que se los
transmitan. Sus alcaldes se han reunido ayer, se van a reunir dentro de
unos días, acudan a la reunión y les entregarán los estudios que ya están
hechos. No es cuestión de meses. Si el problema es ése les propongo un
plazo y les doy hasta final de año, pero que se lleve a cabo, no que se
inicien estudios, etcétera. Eso es demorarlo y marear la perdiz.
El señor PRESIDENTE: Señor González, le ruego que considere que ha
terminado.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: En treinta segundos voy a leer lo que votaron
ustedes en la Asamblea de Madrid. ¿Me lo permite?
El señor PRESIDENTE: Su señoría ya ha insistido en dos o tres
ocasiones...
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Ustedes votaron la incorporación de todos los
municipios sin más...
El señor PRESIDENTE: Señor González, estoy diciendo que de eso ya se han
enterado los Diputados de esta sala, todos, los del Partido Popular y
todos los que están presentes...
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Es por si acaso...
El señor PRESIDENTE: Si yo lo he oído, ellos lo han oído también
perfectamente.
Por tanto, sin más dilación sometemos a votación la proposición no de ley
enmendada por el Grupo Socialista y a su vez enmendada in voce por el
Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Anuncio que el próximo día 31, después de la sesión de la mañana,
tendremos reunión de Mesa y Portavoces.
Se levanta la sesión.
Eran la una y cuarenta minutos de la tarde.
CORRECCION DE ERROR. En el «Diario de Sesiones» n.º 168, de 14 de abril
pasado, intervención de la señora Secretaria de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda, en la página 5.331, primera columna, se hace mención en la
séptima línea del segundo párrafo a «una presa en el Odiel» y, en el
siguiente renglón, a «las aguas del Odiel», cuando en realidad la
interviniente quería referirse en ambos casos al río Tinto.