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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 209, de 23/05/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 209
D E F E N S A
PRESIDENTE: DON JUAN MUÑOZ GARCIA
Sesión núm. 13
celebrada el lunes, 23 de mayo de 1994



ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del
Ministerio de Defensa, previa remisión de un informe, para que dé cuenta
de la ejecución de su presupuesto. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG, serie D, número 67, de 4-3-94. Número de expediente
161/000145) (Página 6404)
--Por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias
para que la Delegación Provincial del Ministerio de Defensa de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenga su sede en la ciudad de
Cartagena. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG,
serie D, número 79, de 28-3-94. Número de expediente 161/000173) (Página 6408)
--Por la que se insta al Gobierno a realizar el informe relativo a los
vertidos al mar de material militar realizado por parte de las Fuerzas
Armadas españolas o por las organizaciones militares en las que participe
nuestro país, así como elaborar un archivo sobre los mismos para su
comprobación por parte del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

(BOCG, serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente 161/000179)
(Página 6408)



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Comparecencias:
--Del señor Secretario de Estado para la Administración Militar (Arévalo
Arias), para exponer los criterios que se van a aplicar en el futuro en
relación con ascensos del personal de las escalas auxiliares a extinguir
del Ejército de Tierra. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.

(Número de expediente 212/000503) (Página 6408)
--Del señor Ministro de Defensa (García Vargas), para informar de las
medidas que piensa adoptar ante los sucesos en los que se vieron
involucrados legionarios en Ronda (Málaga) y en los cuales fueron
agredidos un policía y una joven. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000119.) Esta comparecencia será
cumplimentada por el señor Secretario de Estado de Administración Militar
(Página 6412)
--Del señor Ministro de Defensa (García Vargas), para explicar la
situación del personal laboral local de la Base Naval de Rota (Cádiz). A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000127.) Esta comparecencia será cumplimentada por el señor
Secretario de Estado de Administración Militar (Página 6413)



Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Señorías, expresando el sentir de toda la Comisión de Defensa, queremos
manifestar a los familiares del teniente Miguel Peralta Utrera, al
Ejército de Tierra y a las Fuerzas Armadas, nuestra solidaridad en su
dolor por el criminal y abyecto atentado del que ha sido víctima, al
tiempo que reiteramos nuestra repulsa por este atentado, así como nuestra
más firme determinación y apoyo para acabar con esta ciega y execrable
lacra.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SUBSECRETARIO DEL
MINISTERIO DE DEFENSA, PREVIA REMISION DE UN INFORME, PARA QUE DE CUENTA
DE LA EJECUCION DE SU PRESUPUESTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000145.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al primer punto del orden del día:
Proposición no de ley sobre el desmantelamiento del campamento militar de
«Els Castillejos» del Baix Camp.

Al haber sido solicitado su aplazamiento por la Diputada del Grupo Mixto,
pasamos al segundo punto, que es la proposición no de ley por la que se
acuerda la comparecencia trimestral del Ministro de Defensa, previa
remisión de un informe, para que dé cuenta de la ejecución de su
presupuesto.

Tiene la palabra el señor Moya Milanes.




El señor MOYA MILANES: Pido la palabra para una cuestión de orden.

En relación con el primer punto del orden del día en el que se ha
solicitado el aplazamiento de una iniciativa de la Diputada, señora
Rahola, quisiera manifestar que es la segunda o tercera vez que se
solicita ese aplazamiento y que se tenga en cuenta este hecho cuando se
configure un nuevo orden del día a los efectos de su valoración, para
incluirlo en el momento en que a toda la Comisión le parezca más
conveniente. No parece del todo correcto que durante dos o tres ocasiones
sucesivas se aplace una iniciativa. Queríamos manifestar nuestra sorpresa
por este hecho.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Sin ánimo de entorpecer la marcha de la
Comisión, pero en la misma línea del portavoz socialista, queríamos decir
que nos parece totalmente correcto que la Diputada, señora Rahola,
presente esta iniciativa, pero es el segundo aplazamiento sin ninguna
justificación aparente. Quiero dejar constancia también de mi sorpresa
por este proceder y que estimamos que quizá sea la Mesa quien decida si
decae esta iniciativa o en qué momento se cursa de nuevo.




El señor PRESIDENTE: Señor Carrera, la Mesa ha tenido la misma idea. Lo
que hemos decidido es mantenerla en lo sucesivo como actividad y
tramitarla en el momento en que lo estimemos más adecuado, que
evidentemente será cuando la Mesa estime que debe darse trámite. La
opción de darla por decaída no conducía más que a que se volviera a
presentar de nuevo y a tenerla otra vez en el orden del día como
cuestiones pendientes. Por eso hemos optado, finalmente, por aplazarla
«sine die», en los términos más estrictos.




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Pasamos a la segunda proposición no de ley. Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor De Torres.




El señor DE TORRES GOMEZ: Me imagino que me da la palabra S. S. para
defender nuestra proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Había leído el segundo punto del orden del día, y me
han pedido luego la palabra.




El señor DE TORRES GOMEZ: Señor Presidente, quiero poner de manifiesto
que ha habido un error, como sabrá la Mesa, en la proposición no de ley.

Donde dice «Subsecretario del Ministerio de Defensa», debe decir
«Secretario de Estado de la Defensa», por cuanto no existe el
Subsecretario.

Otra cuestión que mi Grupo quiere poner de manifiesto es expresar nuestro
pésame por la muerte del sargento Fernando Casas Martín, en Mostar. Son
dos muertes tan completamente distintas: la del sargento, un hombre que
ofrece su vida en solidaridad por los demás, y la del inútil asesinato
cometido en la persona del teniente de ingenieros, Miguel Peralta Utrera,
que merece la pena recordarles a ambos, a cada uno, por lo que ha
aportado a la vida de los demás.

Los términos de la proposición no de ley ponen de manifiesto, al igual
que se viene haciendo en todas las comisiones del Congreso, el alcance y
los objetivos que persigue el Grupo Popular con su presentación y con la
defensa en esta Comisión de esta proposición no de ley. Se pretende que
el Secretario de Estado de la Defensa, que es la autoridad que tiene
reglamentariamente la responsabilidad de la elaboración, preparación y
ejecución del presupuesto de Este Ministerio, comparezca ante esta
Comisión e informe en el seno de la misma de la marcha y ejecución del
presupuesto.

Es palpable, señorías, y todos lo sabemos, que año tras año vienen
produciéndose desvíos en la ejecución de los presupuestos. Nada tienen
que ver los presupuestos que salen del Congreso de los Diputados con los
que maneja y ejecuta la Administración. Por acuerdo del Consejo de
Ministros se permiten y autorizan ampliaciones, ahorros, desviaciones,
etcétera, que hacen que en nada se parezcan a la concesión primitiva.

La práctica de la ejecución de los presupuestos en los últimos años, si
hay algo por lo que deben caracterizarse es por la permanente desviación
de las cifras de los Presupuestos Generales en su aprobación por el
Pleno, y las que resultan luego de la ejecución y liquidación definitiva
del presupuesto de cada año. Por poner un ejemplo, por su inmediatez,
sirva como tal el del año 1993. Es precisamente en ese año en el que
hemos batido todas las marcas de desviación presupuestaria. De una
previsión del déficit del tres por ciento del producto interior bruto, se
ha pasado a una liquidación de cuatro puntos y medio por encima, que se
dice muy pronto; es decir, al 7,5 por ciento del producto interior bruto,
lo que obligó al Gobierno a pasarse por el pelo --por decirlo de alguna
manera-- el artículo 10 de la Ley de Presupuestos que, como SS. SS.

saben, limitaba la posibilidad de aumentar gastos por la vía de créditos
extraordinarios o bien por ampliaciones de créditos. Digamos que era un
artículo de autodisciplina. Estas afirmaciones no las hace el Grupo
Popular a título gratuito, sino que por las conversaciones que hemos
tenido con el resto de los grupos de la Cámara, todos las compartimos,
excepto el Socialista, como es obvio.

Las prácticas presupuestarias de los sucesivos gobiernos socialistas
vienen poniendo de manifiesto que el destino final del gasto es muy
distinto del inicialmente previsto en los presupuestos. Creemos que hay
que acabar con esas prácticas y hay que devolver a los presupuestos su
sentido legal originario. El presupuesto no puede ser un instrumento al
servicio y a la discrecionalidad del Gobierno; hay que recuperar la
credibilidad de la ejecución presupuestaria. Eso es lo que pretendemos
sencillamente con la presente proposición no de ley: que la Comisión de
Defensa tenga un mayor protagonismo a la hora de conocer la ejecución de
su presupuesto. Pretendemos que el Ejecutivo, el Ministerio de Defensa,
tenga presente que, de forma trimestral, tiene que comparecer ante esta
Comisión e informar de la ejecución del presupuesto, y que, además la
comparecencia que se requiere se produzca con la previa remisión de un
informe que contemple los elementos que se contienen en el párrafo
segundo de nuestra proposición no de ley.

Decía al principio de mi intervención que esta proposición no de ley se
había presentado en todas las Comisiones, pero insisto en que reviste una
especial importancia en esta de Defensa. Buena prueba de ello, señorías,
fue la comparecencia del Secretario de Estado el pasado día 5 para
analizar los presupuestos de 1991--los presupuestos de 1991 en 1994--, en
la que no supo, no quiso o no pudo contestar a preguntas mías tales como
la ilegalidad de ampliaciones de crédito para gastos de operaciones
decretadas por la ONU, gastos en Torrejón, deuda de diversas empresas, la
existencia de saldos negativos con proveedores o, lo que a mi juicio es
más grave, la inclusión como acreedor del Banco de España por 3.690
millones de pesetas.

Para evitar esto presentamos esta proposición no de ley a fin de que no
ocurra lo que en la comparecencia del día 5 de mayo, porque hasta
entonces no conocimos que oficialmente en el Consejo de Ministros del 5
de julio de 1991 se acordó la no disponibilidad de créditos para el
Ministerio de Defensa de 107.000 millones, y actualmente a duras penas se
ha conseguido confirmar que también por acuerdo de Consejo de Ministros
no se iba a incorporar en 1994 más que el 10 por ciento de los remanentes
de 1993, lo que ha dado origen, lógicamente, a que los cuarteles
generales en los dos últimos meses de 1993 se apresuraran a gastar sus
créditos rápidamente y, por tanto, mal (las prisas nunca son buenas
consejeras), hasta conseguir un porcentaje de realización de casi el
ciento por ciento, el 99,4 por ciento. Si estas comparecencias
trimestrales que hoy solicitamos se hubiesen producido, nos hubiésemos
enterado todos los miembros de esta Comisión de estas desviaciones a su
debido tiempo.

En definitiva, señorías, lo que pedimos es que esta Comisión disponga de
la máxima información posible, sobre



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todo de cómo se está ejecutando el presupuesto de Defensa. La queremos,
como dice esa fórmula de la Administración, en tiempo y forma.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Carrera tiene la
palabra.




El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, queremos fijar nuestra
posición y, al mismo tiempo, remarcar inicialmente que ésta puede ser una
iniciativa interesante.

Dentro de las discrepancias, deseamos indicar que una de ellas podría ser
el período que se marca de tres meses pues es un período muy corto. Las
comparecencias semestrales serían suficientes para que el Secretario de
Estado, en el caso de esta propia Comisión, nos informara de la ejecución
del presupuesto.

Discrepamos no sólo con el período, sino también con otras más de fondo
que seguidamente voy a exponer. Saben SS. SS. que en el Congreso de los
Diputados está constituida una Comisión que está analizando y redactando
la reforma del Reglamento de la Cámara. Es más, en la Comisión de
Presupuestos, y por mandato de la Comisión que está reformando el
Reglamento, se ha constituido una ponencia en la que estamos analizando
todos los grupos qué criterios deberíamos transmitir a la Comisión de
Reglamento para modificar aquellos aspectos que hacen referencia a la
aprobación del presupuesto y a su ejecución y, por tanto, control
posterior.

Todos los grupos han presentado escritos y sugerencias sobre cómo
podríamos regular este Reglamento en cuestión. Entendemos que sería más
operativo que esta propuesta del Grupo Popular --y que, como todas SS.

SS. saben, la ha venido haciendo en todas las Comisiones-- se trasladara
a los trabajos que estamos haciendo todos en la ponencia de referencia.

No me parece un buen procedimiento que hoy tomemos el compromiso de que
cada tres o seis meses --sería igual-- comparezca en esta Comisión el
Secretario de turno, dejando un poco de lado los trabajos que está
realizando la ponencia, que discute, como decía antes, el Reglamento,
desde la perspectiva global de cómo debe funcionar la aprobación y la
ejecución del presupuesto en esta Cámara y las acciones de control
posterior.

Creo que no sería --y quiero que quede constancia-- un buen proceder que,
al margen de los trabajos que estamos haciendo todos los grupos con un
instrumento que nos hemos dado a nosotros mismos para reflexionar y
mejorar el marco de operatividad, de aprobación y control del
presupuesto, aprobáramos paralelamente en una Comisión otras decisiones
que alteran lo que se está discutiendo en esta ponencia que hemos
constituido, repito, para tratar estrictamente el tema de los
presupuestos generales del Estado.

Esta sería la posición de nuestro Grupo Parlamentario de la cual quería
dejar constancia en este trámite, porque quizás sería bueno --no sé si
puede ser un ensayo-- consensuar una redacción con todos los ponentes y
que traslademos este compromiso, de cuya redacción deberíamos hablar, a
la propia Comisión o a la ponencia que está estudiando el Reglamento
sobre los presupuestos dentro de la Comisión de Presupuestos.

Esta es nuestra posición. Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Quiero aclararle que la proposición no de ley dice
textualmente: En la primera comparecencia del año, además de informar de
la ejecución de los presupuestos del año en curso, se dará cuenta de la
liquidación definitiva de los presupuestos del ejercicio anterior, pero
no habla nada de comparecencias trimestrales. Lo manifiesto por lo que a
su vez ha expuesto el señor De Torres.




El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, ésta venía siendo la tónica
en las distintas Comisiones. Quizás he hecho referencia a otros textos
que no eran exactamente el de hoy. En el propio orden del día viene como
comparecencia trimestral.




El señor PRESIDENTE: Si la Presidencia no ha leído mal, la proposición
dice esto exactamente.




El señor DE TORRES GOMEZ: Sopena que manejemos distintos documentos, he
dicho que estaba enmendada y que el número de la enmienda es el 11.567.

La enmienda dice: El Congreso de los Diputados acuerda la comparecencia
trimestral del Subsecretario del Ministerio de Defensa y lo que se
corrige es la palabra «Subsecretario» por «Secretario de Estado», pero si
manejamos distintos escritos...




El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor De Torres, no se esfuerce más
porque tiene razón.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.




El señor MOYA MILANES: Señor Presidente, mi Grupo se va a oponer a la
iniciativa del Grupo Popular por una serie de razones que expondré a
continuación.

En primer lugar, quisiéramos poner de manifiesto que nos ha llamado un
tanto la atención en la iniciativa del Grupo Popular un cierto cambio de
criterio al compararla con otras anteriores del citado Grupo sobre esta
materia. Efectivamente, a finales de noviembre de 1993 el Grupo Popular
presentó una proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso
desarrollando la oficina parlamentaria del seguimiento y control
presupuestario y reforzando las funciones y competencias de la Cámara en
materia de elaboración y seguimiento de los Presupuestos Generales del
Estado. Dicha iniciativa --que, como digo, es de finales del año pasado--
todavía no ha tenido una discusión completa dentro de la actual
negociación del Reglamento del Congreso y, por tanto, no deja de
sorprender que cuando todavía esta iniciativa no se ha discutido en
profundidad se proponga ahora una medida de un alcance mucho más reducido
y que, en cierto modo, podría estar englobada dentro de la iniciativa
anterior.




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Pasando de esta aparente contradicción que le suscita a mi Grupo esta
iniciativa del Grupo Popular, y centrándonos en su fondo, se observa que
el contenido de cada una de las comparecencias trimestrales que se
solicitan en todas las Comisiones se refieren a decisiones que forman
parte de la competencia normal de cada Comisión afectada. Efectivamente,
si observamos el artículo 44 del Reglamento del Congreso vemos que en él
se faculta a las Comisiones a recabar la presencia de autoridades y
funcionarios públicos y a pedir la información que precisen del Gobierno.

Por tanto, no había una necesidad estricta de acudir a la figura de la
proposición no de ley para plantear una decisión que cada Comisión se
basta por sí misma para adoptar dentro de su funcionamiento normal. Ahora
bien, lo que se propone en la iniciativa del Grupo Popular es algo
distinto que se sale de la dinámica ordinaria del artículo 44 del
Reglamento del Congreso, porque se quiere comprometer a cada una de las
Comisiones a una decisión que valga para todas, estableciendo una
periodicidad en las comparecencias y en el envío de informes previos.

En definitiva, lo que se pretende con la iniciativa es institucionalizar
un procedimiento permanente de control sobre la ejecución presupuestaria
que afecta a todos los departamentos ministeriales. Aunque en estricta
formalidad reglamentaria puede aceptarse la capacidad de una Comisión
para adoptar este tipo de decisiones, habría que preguntarse, al
plantearse la iniciativa con un carácter de generalidad para todas ellas,
si no estamos ante un procedimiento que, de alguna forma, excede de los
términos actuales del artículo 44 del Reglamento del Congreso, y en ese
caso --coincido plenamente con la argumentación del portavoz de
Convergència y Unió-- quizá sería más acertado plantear esta materia en
el marco de la reforma del Reglamento del Congreso.

Como, por otra parte, está pendiente de incorporarse también al
Reglamento de la Cámara, dentro de esa reforma reglamentaria, la oficina
presupuestaria y todas las consecuencias del seguimiento, de la ejecución
presupuestaria, parece que hay razones más que sobradas para pensar que
dentro de esa reforma del Reglamento que está pendiente es donde cabe, en
todo caso, discutir, negociar y consensuar todas estas iniciativas.

Pues bien, no nos parece acertado en este momento introducir una nueva
figura reglamentaria que, en cierto modo, excede del artículo 44 del
Reglamento, estando pendiente, por otra parte, una inminente, a nuestro
juicio --ojalá que próxima--, reforma del Reglamento del Congreso.

Por otra parte, no quisiera dejar pasar la ocasión para decir que,
independientemente de esta razón fundamental de la espera a la reforma
del Reglamento, podría preguntarse si en la presencia trimestral de los
subsecretarios o secretarios de Estado en cada Comisión debiera ser la
Comisión de Presupuestos la que recibiera a todas estas autoridades o
funcionarios que han de explicar los presupuestos en su fase de
elaboración, de proyecto, en lugar de que fuera la Comisión concreta la
adecuada para recibir esta información del gasto por razones de
especialización. En cualquier caso, creo que es un tema secundario a
discutir cuál debiera ser el ámbito. Lo que a nuestro juicio parece más
razonable es que estando pendiente la reforma global de todo el
Reglamento y tratándose de una iniciativa que de alguna forma excede a lo
que es la formalidad actual de la vigencia reglamentaria a través del
artículo 44, a nuestro Grupo le parece más oportuno no tomar en
consideración esta iniciativa, esperar a la reforma del Reglamento y, en
su caso, decidir, en la medida de lo posible también por consenso, todo
este tipo de iniciativas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Intervengo únicamente para dejar constancia de
que, efectivamente, cuando yo hacía referencia a comparecencias
trimestrales se ajustaba al propio redactado de la proposición no de ley
del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De Torres.




El señor DE TORRES GOMEZ: Voy a consumir un turno breve, porque,
efectivamente, tengo que dar la razón al portavoz del Grupo Socialista.

Lo que pretendemos es que antes de la comparecencia tengamos los informes
previos.

También queremos institucionalizar el control presupuestario.




El señor PRESIDENTE: Señor De Torres, sabe que en las proposiciones no de
ley no hay turno de réplica, pero le permito una explicación.




El señor DE TORRES GOMEZ: Señor Presidente, estaba haciendo alusión a la
oficina técnica presupuestaria, cuando todos sabemos que no ha habido
forma de ponerla en marcha, y eso a pesar de que hay consenso entre los
grupos.

En cuanto a la reforma del Reglamento, como bien sabe su señoría,
llevamos cuatro años debatiéndola y tampoco hay acuerdo. En su día,
cuando se haga, que se recoja esta proposición no de ley. Lo que ocurre
es que con el curso que lleva, me parece muy difícil.

En cuanto al portavoz de Convergència i Unió, con mucha corrección lo
único que ha venido a decir es que no. Lo que se pretende al negarse a
aceptar esta iniciativa es eludir la responsabilidad que tiene esta
Comisión de poner en sus manos un mecanismo al servicio del Parlamento
para el control presupuestario. Si lo que pretenden es que sean seis
meses, que lo propongan y mi Partido lo aceptará con mucho gusto.




El señor PRESIDENTE: Señor De Torres, no abra un debate sobre lo que es
una reflexión. Como reflexión, se lo agradecemos todos; como debate, creo
que no ha lugar.




El señor MOYA MILANES: Señor Presidente, creo que tengo derecho a una
contrarreflexión.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.




El señor MOYA MILANES: Brevísimamente. Ha habido una alusión, en cierto
modo velada, a que si no ha llegado a buen término la reforma del
Reglamento no es, en definitiva, sino por el entorpecimiento del Grupo
Socialista. Quiero dejar constancia de que no es así. Tampoco voy a
entrar a colocar culpables. Sólo quiero decir que en este momento no hay
reforma, que parece que hay voluntad de que la haya --desde luego, la hay
por parte de mi Grupo-- y que deseamos que en esa reforma se incluya la
discusión de iniciativas de esta naturaleza.




El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA QUE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA TENGA SU SEDE EN LA CIUDAD DE
CARTAGENA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000173.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día,
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que adopte las
medidas necesarias para que la Delegación Provincial del Ministerio de
Defensa en la Comunidad Autónoma de la región de Murcia tenga su sede en
la ciudad de Cartagena.

Esta proposición ha sido presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que tendría la palabra para su defensa si
estuviera presente.

Al no estar, la Mesa decide darla por decaída.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR EL INFORME RELATIVO A LOS
VERTIDOS AL MAR DE MATERIAL MILITAR REALIZADO POR PARTE DE LAS FUERZAS
ARMADAS ESPAÑOLAS O POR LAS ORGANIZACIONES MILITARES EN LAS QUE PARTICIPE
NUESTRO PAIS, ASI COMO ELABORAR UN ARCHIVO SOBRE LOS MISMOS PARA SU
COMPROBACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y
MEDIO AMBIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000179.)



El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día, proposición no de
ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la
que se insta al Gobierno a realizar el informe relativo a los vertidos al
mar de material militar realizado por parte de las Fuerzas Armadas
Españolas o por las organizaciones militares en las que participe nuestro
país, así como elaborar un archivo sobre los mismos para su comprobación
por parte del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Produciéndose la misma circunstancia, también se da por decaída, al
tiempo que la Mesa manifiesta su malestar por este tipo de ausencias.

Dado que el siguiente punto del orden del día estaba programado para las
cinco y media, suspendemos la sesión hasta las cinco y cinco o cinco y
diez, dado que se ha avisado al señor Secretario de Estado.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.




COMPARECENCIAS:



--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION MILITAR (AREVALO
ARIAS) PARA QUE EXPONGA LOS CRITERIOS QUE SE VAN A APLICAR EN EL FUTURO
EN RELACION CON ASCENSOS DEL PERSONAL DE LAS ESCALAS AUXILIARES A
EXTINGUIR DEL EJERCITO DE TIERRA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000503.)



El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día, comparecencia del
Secretario de Estado para la Administración Militar ante la Comisión de
Defensa para que exponga los criterios que se van a aplicar en el futuro
en relación con ascensos de personal de las escalas auxiliares a
extinguir del Ejército de Tierra.

La comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Popular.

Además de darle nuestra bienvenida, también queremos manifestar nuestro
agradecimiento al Secretario de Estado para la Administración Militar por
su disponibilidad para estar presente inmediatamente en esta Comisión de
Defensa.

Señor Secretario de Estado, muchas gracias. Tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo
Arias): En relación con la solicitud de comparecencia del Grupo
Parlamentario Popular cabe decir lo siguiente.




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Como es sabido, el orden de escalafón de los componentes de las
diferentes escalas auxiliares del Ejército de Tierra ha sido modificado
en cumplimiento de sentencias de diversos tribunales superiores de
justicia. En concreto, las sentencias recaídas pueden agruparse en dos
subgrupos, de las cuales, y en relación con el tema que se juzgaba, 114
han estimado el derecho al ascenso sin existencia de vacante y 753 han
desestimado el recurso, y, consiguientemente, sentado que cabe solamente
el derecho al ascenso previa existencia de vacante.

Hay que decir también que las 114 sentencias a favor de los recurrentes
no siguen un criterio único en materia de ascensos, con lo que esta
situación viene a complicar cualquier posible solución a la problemática
creada. De las 114 sentencias, siete afectan a oficiales que están en
activo y las 107 restantes afectan a oficiales en la reserva transitoria.

Respecto a los oficiales de la reserva transitoria, éstos ascenderán
cuando lo haga el que les precede en el escalafón en situación de
servicio activo según establece el Real Decreto de 1985, de creación de
la reserva transitoria, y para los que se encuentran en situación de
servicio activo se va a evitar que los ascensos originados directa o
indirectamente por cumplimientos de sentencias creen un retraso en el
ascenso de los demás oficiales. Para ello, el Ministerio de Defensa ya ha
aumentado en dos la plantilla de comandantes y en uno la de capitanes de
estas escalas, y en el futuro tendrá en cuenta los ascensos derivados del
cumplimiento de sentencias y adoptará, en caso de que tal sea, medidas
correctoras similares, aunque el hecho de que previsiblemente se
establezca la jubilación única para temas sustantivos de personal
militar, en cuanto que se radiquen en la Audiencia Nacional, como
tribunal único, todos temas sustantivos que en relación con este asunto
se planteen, hará que ya no existan sentencias contradictorias en la
materia.

Es todo lo que esencialmente cabe decir en relación con la pregunta,
señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: No es una pregunta, es una solicitud de
comparecencia, señor Secretario de Estado.

Por el Grupo solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor
Elorriaga.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Secretario de Estado, se produce su
comparecencia en un día marcado por el asesinato de un oficial de las
Fuerzas Armadas, el Teniente de Ingenieros don Miguel Peralta Utrera, y
la impresión dolorosa de este crimen nos obliga a condenar a los
terroristas y a condolernos ante los familiares y compañeros de esta
víctima. Pero el trágico suceso nos lleva también a una reflexión, y ésta
no puede ser otra que la especial atención que deben merecer para
nosotros los problemas que afectan al personal de las Fuerzas Armadas por
parte de los representantes del pueblo español al que sirven
ejemplarmente.

Cuando los enemigos de la convivencia pacífica en nuestro pueblo apuntan
sus armas, lo hacen preferentemente contra quienes cumplen en silencio su
trabajo para mantener el marco de seguridad y unidad imprescindible para
que un Estado de Derecho pueda garantizar la libertad a los ciudadanos.

La selección de los asesinos, su odio hacia el personal militar debe de
tener su contrapartida en nuestro cuidado, en nuestro cariño y admiración
hacia nuestros ejércitos, y una forma de manifestarlo no deben ser las
declaraciones, sino la atención que pongamos desde nuestro trabajo
legislativo en cuanto pueda afectarles de alguna manera.

En este caso nos encontramos ante un problema derivado de unos enfoques,
a nuestro entender, inicialmente equivocados por parte del Ministerio de
Defensa, que han perjudicado a un sector numeroso de oficiales de una
escala del ejército y que deben ser corregidos, aunque me da la impresión
que lo que expone aquí usted es una forma raquítica de corrección.

Nosotros en este caso creemos que no han tenido en cuenta, en su momento,
la situación que se iba a crear con estas sentencias que usted ha
mencionado, sentencias efectivamente contradictorias, pero también, en
los casos estimatorios, muy fundadas y muy importantes. Y ante sentencias
firmes de obligado cumplimiento y provocadas en distintos ámbitos
territoriales, por supuesto sería deseable que hubiese un criterio único
y en su día un tribunal único para juzgar estos casos, pero el hecho es
que las cosas se han producido como se han producido y se han creado
situaciones distintas, desigualdades y complicaciones en los escalafones
muy lamentables.

Es verdad que no es fácil una solución jurídica una vez que existen estas
sentencias firmes, eso lo comprendemos todos, pero precisamente por eso
creemos que lo que es necesario es una solución política, que corresponde
a la Administración darla. Nosotros, desde luego, hemos tomado la
decisión de presentar una iniciativa legislativa para intentar resolver
el problema de la escala auxiliar. Pero precisamente porque no buscamos
un éxito político, ni una polémica con ustedes en favor o en contra de
nuestro brillo, ni un pacto electoral, ni un agradecimiento particular,
sino una solución real en el plazo más breve posible, una solución
equitativa; por eso mismo le hemos convocado a usted hoy aquí para
escucharle, para saber cómo piensa y para saber en qué medida hay alguna
posibilidad de que el problema se resuelva. Nosotros nos alegraríamos
mucho que lo resolviesen ustedes. No tenemos --digamos-- ningún prurito
especial en hacerlo nosotros y que además no se solucionase. Lo que
queremos es que se resuelva, y sabemos que como nosotros piensan otras
fuerzas parlamentarias, que desearíamos que se pronunciasen
favorablemente por una solución. Nos parece de difícil justificación que
no busque también una solución el Grupo Socialista, cuya pretensión de
defender las causas de los más débiles debía manifestarse también en
favor de este sector de la oficialidad del ejército que ha sido objeto de
decisiones en algún caso discriminatorias.

Sabemos que los mandos profesionales del ejército están preocupados por
esta situación, que crea, además de desigualdades, y como consecuencia de
ellas, una cierta desmoralización en el seno de establecimientos y de
unidades, y tensiones en un ambiente donde debe reinar el compañerismo,
la equidad y la igualdad de derechos y de



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posiciones de acuerdo con unas normas internas del estamento militar, y
no con resoluciones judiciales diversas, que por otro lado no tienen por
qué extrañarnos, porque todos los que hemos tenido a lo largo de nuestra
vida que actuar en el terreno jurídico, sabemos lo que sucede en estos
casos, es decir, que hay unas personas que han recurrido a los tribunales
y otras no, a lo mejor por falta de decisión, por exceso del concepto de
disciplina o por falta de medios económicos. Y sabemos también que el
obtener unas decisiones u otras de los tribunales no depende de un
sentido estricto de la ley y de la justicia. Los tribunales interpretan
las leyes, y esas interpretaciones no tienen que ser iguales, ya que los
abogados de cada una de las causas pueden haber sido más claros y más
convincentes en su exposición.

Por tanto, es normal que ante problemas parecidos haya soluciones
diferentes cuando se recurren ante los tribunales jurídicos. Pero creo
que es malo que esta realidad, que puede tener su aplicación en la vida
privada en otro tipo de asuntos individualizados, se produzca en el seno
de colectivos de esta naturaleza militar, donde debe predominar la
equidad, el compañerismo y la igualdad en las soluciones.

Por todo eso, nos alegraría mucho que el señor Secretario de Estado
hubiese venido hoy aquí a decirnos que el problema estaba resuelto de la
única forma que puede resolverse globalmente, es decir, con una decisión
política, ya que existen sentencias contradictorias. Y también nos
alegraría que al no haberse resuelto hasta hoy este problema, las tomas
de posición de los diferentes grupos parlamentarios le hiciesen ver a la
Administración, a través del señor Secretario de Estado para que se lo
transmita al señor Ministro, que si en un breve plazo no es capaz de
resolver el problema, intentará resolverlo esta Cámara --ojalá fuese por
unanimidad y no por iniciativa del Grupo Parlamentario Popular--, con el
superior poder legislativo de la representación de la soberanía nacional.

Nosotros no tenemos en este caso el menor afán de protagonismo ni de
rentabilidad política; sólo queremos que triunfe la equidad para quienes
por su servicio a España lo merecen. (El señor Vicepresidente, Fernández
de Mesa Díaz del Río, ocupa la Presidencia.)
Debe quedar muy claro que no nos vamos a conceder a estas alturas otro
plazo que el del turno que marquen las órdenes del día a partir de la
inmediata presentación de una proposición de ley en el registro de esta
Cámara, tiempo suficiente para que la Administración ofrezca su fórmula,
ya que no me parece satisfactoria tal como lo ha hecho ahora usted, y
para que el Grupo Parlamentario que respalda al Gobierno se manifieste
conforme con el sentir también de los otros grupos de la Cámara.

Nosotros creemos que, de alguna manera, hay un daño moral que se ha
infringido a la escala auxiliar, y de rechazo al ambiente interno del
Ejército, al no haberse cumplido por la Administración militar lo
dispuesto en la disposición transitoria segunda, quinta, de la Ley
13/1974. Estas personas tenían planificado de otra manera, de acuerdo al
derecho entonces establecido, sus ascensos sin vacante, implantados por
la escala superior y escala media; sin embargo, le ha sido denegado a la
escala auxiliar, y la ejecución de las sentencias ha modificado la
situación de las antigüedades de más de 50 compañeros hasta la fecha, lo
cual es algo bastante notorio y bastante espectacular. Nosotros pensamos
que han sido positivos más casos, 152 sentencias, y además debe haber
alguna pendiente. Pero no sabemos por qué no se ha integrado la escala
media, cuando se ha integrado la escala de complementos, los procedentes
de las antiguas academias regimentales, que inclusive no tenían
titulación académica; se ha integrado también la escala de la legión, que
tampoco tiene titulación alguna; se ha reducido la plantilla de la escala
auxiliar con respecto a las demás escalas, y sin embargo se siguen
anunciando vacantes para personal en la reserva recibiendo los mismos
emolumentos que en activo.

También pensamos que la proposición de ley que plantearemos debe ser para
que se apruebe una plantilla eventual transitoria de comandantes y
capitanes, no tan reducida como esos pequeños aumentos que ha mencionado
usted, de modo que puedan ascender las personas en esta situación al
cumplir los tiempos mínimos que determina la ley de 22 de diciembre de
1955: cuatro años en el empleo de capitán para el ascenso a comandante, y
tres años en el empleo de teniente para el ascenso a capitán.

Por otra parte, hay algunas propuestas que quiero hacerle que serían más
razonables, y que, de alguna forma, trataríamos de hacer cristalizar en
nuestra proposición. Una primera sería la rectificación de la antigüedad
en el empleo de teniente por la fecha en que se superó el curso, de
acuerdo con las sentencias ejecutadas positivamente escalafonándose por
el orden de puntuación: el ascenso a capitán de acuerdo con el
escalafonamiento de teniente y las sentencias ejecutadas, y el ascenso a
comandante como máximo a los catorce años de haber superado el curso de
teniente; ascensos que podrían realizarse, al no ser fruto de sentencias,
sin efectos económicos de atrasos para aquellos que no han ganado su
pleito en los tribunales, es decir, a la fecha en que se rectificase su
antigüedad.

Otro camino podría ser el ascenso inmediato a comandante y capitán de
aquellos capitanes y tenientes que reúnan las condiciones para el ascenso
según la antigua ley del 22 de diciembre de 1955: los cuatro años en el
empleo de capitán y los tres en el de teniente.

Creemos que con ello se haría justicia a la escala auxiliar sin un gran
coste económico, y sobre todo teniendo en cuenta que en activo hay muy
pocos componentes, que se puede dar salida a la reserva transitoria y que
las vacantes de teniente y capitán son indistintas al estar destinados en
estas vacantes casi la totalidad de tenientes.

Por tanto, nosotros esperaríamos que la Administración tenga en cuenta
nuestras consideraciones y las aspiraciones de estos oficiales, que
además, según mis noticias --eso mejor lo sabrá usted--, han hecho llegar
también por distintas vías al propio Ministerio de Defensa su inquietud y
sus aspiraciones, e inclusive en algunos casos se les ha dado, no hace
mucho tiempo, buenas esperanzas de solución; sin embargo, se ha ido
dejando pasar el tiempo, se ha ido dejando que tengan que resolver
individualmente estos problemas en los tribunales, y el asunto está,
digamos, pudriéndose sin solución durante demasiado tiempo.




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A nosotros nos gustaría que fuese un poco más explícito sobre si hay
alguna posibilidad de reconsideración del tema por parte del Ministerio
de Defensa. En todo caso, y si ustedes no presentan una solución,
trataremos de ofrecerles nosotros una vía a través del trámite
parlamentario. Pero repito para terminar que nada nos alegraría más que
el que nuestra actitud y nuestra lucha en este tema fuera innecesaria, es
decir, que llegasen ustedes antes que nosotros; estaríamos encantados de
que se solucionase. No obstante, vamos a intentar luchar por este grupo
tan estimable de oficiales, de militares profesionales con una larga
carrera, con unos largos servicios y con una actitud verdaderamente
ejemplar por el modo en que están planteando este problema, y que si han
recurrido, como lo han hecho, a los representantes de la soberanía
popular es porque hasta ahora no han encontrado en sus cauces naturales y
en el Departamento de la Administración del que depende el eco que
razonablemente debían encontrar a una situación que es evidente que es
anómala y que los propios hechos y la decisión de los tribunales
demuestran que es capaz de contemplarse en Derecho como anómala desde un
punto de vista exclusivamente objetivo y jurídico.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lagunilla.




El señor LAGUNILLA ALONSO: En primer lugar, tendría que manifestar, en
nombre del Grupo Socialista, que, según nuestro criterio, el Ministerio
de Defensa, a lo largo de estos años en los que se están produciendo los
ajustes necesarios en sus plantillas debido a una serie de leyes,
principalmente la 17/1989, ha demostrado el suficiente talante de
intentar, por todos los medios, producir los cambios necesarios de una
ley que en su momento se vio como muy necesaria e importante para
nuestras Fuerzas Armadas; ha hecho lo posible, decía, yo creo que
consiguiéndolo en la mayoría de los casos, para evitar las posibles
violaciones de derechos adquiridos, etcétera, que se pueden producir
según el criterio de alguno de los integrantes de nuestras Fuerzas
Armadas.

A nuestro Grupo no le cabe ninguna duda de que el Ministerio de Defensa
continuará con ese talante y con ese espíritu de intentar evitar los
problemas que puedan surgir, desde el punto de vista personal, en algunos
de los colectivos a los que afectan todas estas disposiciones.

De la exposición que ha hecho hoy mismo el Secretario de Estado, así como
de otras contestaciones que se han producido sobre este mismo tema a
iniciativas parlamentarias de componentes de diversos grupos, entendemos
que la complejidad del asunto es bastante grande y que se ve incrementada
por los datos que nos acaba de aportar y que conocíamos, aunque se
manifiesten algunas discrepancias sobre los números, lo que no quita que
la complejidad continúe a producirse en casos prácticamente idénticos
sentencias absolutamente contradictorias.

Habría que recordar, aunque eso está en el ánimo del Gobierno y de los
que representamos la soberanía del pueblo, que las sentencias que hay que
ejecutar son tanto las estimatorias como las desestimatorias. No vale
decir que aquellas que estiman una causa --que al hacerlo para mí es
justa, porque lo ha dictaminado un tribunal-- ésas hay que cumplirlas, y
en cambio no hay que cumplir aquellas que desestima. Yo creo que ahí el
Ministerio está actuando con la corrección debida, como no podía ser de
otra forma porque en caso contrario se produciría un grave quebranto de
la ley y de desobediencia incluso a los tribunales. Ambas sentencias,
repito, hay que ejecutarlas: las que estiman y las que desestiman.

La medida que nos ha anunciado el Secretario de Estado de intentar evitar
las posibles discriminaciones que se produzcan al dar cumplimiento a las
sentencias estimatorias, es una medida inteligente y que va a permitir
que no se den esos saltos espectaculares en el escalafón que produzcan
daños a terceros al darse cumplimento a alguna de estas sentencias. Por
tanto, manifestamos nuestro acuerdo con este tipo de medidas.

Poco más podríamos decir en este caso. Simplemente seguir manifestando
que el Grupo Socialista apoyará las iniciativas que el Gobierno vaya
adoptando para que este tipo de ajustes, como he dicho al principio, se
produzcan afectando lo menos posible a las personas.

Yo creo que estas actuaciones del Ministerio son reconocidas por los
integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y, por tanto, las entienden
perfectamente. Bien es cierto que yo no pienso que sea generalizable el
decir que este tipo de situaciones delicadas que se resuelven al final
ante los tribunales tengan que desanimar a nuestras Fuerzas Armadas.

Nuestras Fuerzas Armadas, como todos nos cansamos de decir, son
disciplinadas, conocen perfectamente la legalidad vigente y son
conscientes de que las sentencias ante distintos tribunales pueden
producir situaciones diferentes y así lo acatan respetuosamente.

Nos parece una iniciativa inteligente la de intentar que, en el futuro,
aquellas cuestiones de personal que tengan que ser resueltas por los
estados mayores, etcétera, lo sean en una instancia de la Audiencia
Nacional. Vamos a ver si esto avanza en la correspondiente reforma
legislativa que está tramitándose en estos momentos en la Cámara, lo cual
evitaría, clarísimamente, la posibilidad de que se repita esta nueva
situación de soluciones contradictorias con sentencias distintas, que por
otro lado no nos deben de extrañar, ya que no se han producido sólo en
nuestras Fuerzas Armadas, sino también, y habitualmente, en otros ámbitos
de la Función Pública y de la vida ciudadana, y no es que sean
lamentables, pero sí irreversibles.

El representante del Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que si la
actitud del Gobierno continúa no dando una solución que a ellos les
pudiera parecer correcta presentarían una iniciativa legislativa,
distinta a una simple comparecencia. Yo voy a terminar mi intervención
diciendo que, desde nuestro Grupo, se estudiará con el cariño y atención
con que nos merecen todas las iniciativas legislativas, y nuestra
posición será la que entendamos nosotros que es beneficiosa en ese
momento para las personas individualmente, para los colectivos en general
y para las Fuerzas Armadas y, por supuesto, para la misión que éstas
tienen que desempeñar continuamente y que les fija



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nuestra Constitución. No le quepa la menor duda de que la estudiaremos
con detenimiento, pero mientras tanto seguimos instando al Ministerio de
Defensa para que en éste como en otros casos que se han producido --y
recientemente tenemos algunos también que venían coleando desde la
aprobación de la Ley 17/1989-- se vayan dando soluciones no traumáticas,
factibles, que vayan permitiendo que una ley como aquella, que salió con
un apoyo parlamentario importantísimo de nuestra Cámara, permita que con
el paso de unos pocos años reordene, coloque, sitúe y dote a las Fuerzas
Armadas de una estructura profesional y de personal que le permita
cumplir los objetivos que tiene encomendados por parte de la sociedad.

Por tanto, agradecemos las explicaciones del señor Secretario de Estado,
que sabemos que las da gustosamente siempre que se las pedimos y que las
seguirá dando, tanto sobre éste como sobre otros temas similares que sin
duda se irán produciendo en aplicación de esta ley, e insisto al
representante del Grupo Popular que estudiaremos, si es que se presenta,
esa iniciativa legislativa y le daremos la respuesta que a nuestro
criterio sea más conveniente para las Fuerzas Armadas y para la sociedad
en general.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa Díaz del Río): Para contestar
a los distintos grupos, tiene la palabra el señor Secretario de Estado
para la Administración Militar.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo
Arias): Creo que existe una solución que no cabe calificar de raquítica o
de ilegal; pienso que es razonable y legal.

Haciendo un poco de historia quiero recordar a SS. SS. que las escalas
auxiliares fueron declaradas a extinguir por la Ley 13/1974, y desde esta
fecha el colectivo afectado ha ido disminuyendo progresivamente, a lo
cual ha contribuido mucho durante los últimos años la existencia de la
reserva transitoria. Por darles un dato de última hora les diré que por
la orden correspondiente del Ministro de 20 de mayo pasaban a la reserva
34 capitanes y 55 tenientes de la escala auxiliar y que continuaba una
larguísima relación de oficiales provenientes de esta escala que ya se
encuentran en la reserva transitoria; desde luego, muchísimos más de los
que continúan en activo.

Quiero recordar también que la escala auxiliar no se integró en las
escalas de la Ley 17/1989 por dos razones. Una, porque ya eran unas
escalas a extinguir desde hace 20 años y, dos, porque las funciones
desempeñadas por los dignísimos miembros, siempre respetables en todos
los sentidos y que han desempeñado funciones importantes para las Fuerzas
Armadas españolas, eran funciones burocráticas y no operativas o
vinculadas con las actividades logísticas. Consiguientemente, ésta es la
segunda razón por la que no se integraron las escalas correspondientes en
la Ley 17/1989.

Había un gran tema a discutir, que inevitablemente tenía que tener
solución legal: si los ascensos a tener lugar en los miembros de la
escala auxiliar habían de producirse con ocasión de vacante o sin ocasión
de vacante. En ese sentido quiero recordar a SS. SS. que la problemática
al respecto nos hace ver que el ascenso sin ocasión de vacante en otras
escalas lo que pretendía era, aplicando la Ley 48/1981, rejuvenecer los
cuadros de mando, mientras que en las escalas a extinguir desde el año
1974 se continuaba ascendiendo como estaba establecido, esto es, con
ocasión de vacante. La duda en relación con la legalidad de esta decisión
--si el ascenso es con o sin ocasión de vacante-- ha sido saldada
definitivamente por el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de junio de
1993, fallando a favor de la Administración y fijando como doctrina legal
correcta la exigencia de vacante para el ascenso; es decir, que es un
tema que ya está resuelto por el alto tribunal. El Ministerio de Defensa,
lógicamente, va a respetar dicho acuerdo, que da la razón en todos sus
términos a sus planteamientos y ha buscado solución singularizada a
aquellas situaciones creadas como consecuencia de las sentencias
contradictorias habidas hasta el momento y que cabe pensar que en algún
caso marginal todavía pudieran producirse, aunque, como digo, existe esa
referencia de obligado cumplimiento, que es la sentencia de 23 de junio
de 1993 del Tribunal Supremo. Por consiguiente, procede, y parece
razonable, que sea por este marco legal por donde se resuelva el
problema, ya que es un marco real, y cuenta, además, con una serie de
medidas coadyuvantes, como es la existencia de la reserva transitoria, a
la cual se han acogido desde hace muchos años numerosos miembros de esta
escala auxiliar. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Por último, quiero referirme a que me parece, según mi información, que
los mandos profesionales de nuestras Fuerzas Armadas estarían más bien
preocupados por una solución como la que previsiblemente apuntaba S. S.

que por la que, respetando la sentencia del alto tribunal y la
funcionalidad de las Fuerzas Armadas, va a desarrollarse, tal como hasta
aquí ha venido siendo, por parte del Ministerio de Defensa.

En definitiva, señorías, creo que el esquema tiene un encuadramiento
razonable en cuanto a solución, es real y es legal, ha respetado las
singularidades y ha hecho posible que, sin demérito de nadie, se respeten
igualmente las sentencias habidas hasta el momento, si bien en algunos
casos, muy minoritarios en relación con aquellos en los que han dado la
razón a la Administración central, se ha dado la razón a la parte
demandante. Por consiguiente, no vemos ningún problema para que este
colectivo, que forma parte con toda dignidad de nuestras Fuerzas Armadas,
siga desempeñando sus funciones dentro de las mismas en el marco legal
establecido y que ha sido avalado y ratificado por la sentencia del
Tribunal Supremo tantas veces mencionada.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.




--DEL MINISTRO DE DEFENSA PARA INFORMAR DE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR
ANTE LOS SUCESOS EN LOS QUE SE



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VIERON INVOLUCRADOS LEGIONARIOS EN RONDA (MALAGA) Y EN LOS CUALES FUERON
AGREDIDOS UN POLICIA Y UNA JOVEN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 213/000119.)



El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día, comparecencia del
Ministro de Defensa ante la Comisión para informar de las medidas que
piensa adoptar ante los sucesos en los que se vieron involucrados
legionarios de Ronda y en los cuales fueron agredidos un policía y una
joven. Esta solicitud de comparecencia ha sido efectuada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

En relación con este punto he de manifestar que el Grupo Federal de
Izquierda Unida me ha pasado una nota señalando que habían solicitado por
la mañana la posposición de las dos proposiciones no de ley y la
conversión de esta petición de comparecencia en pregunta. La Mesa no ha
tenido constancia de estas circunstancias, y en todo caso creo que estas
advertencias se deberían haber hecho con la debida antelación para haber
puesto el orden del día en consonancia con las necesidades de los
distintos grupos. (El señor Moya Milanés pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Moya.




El señor MOYA MILANES: Yo quisiera, igual que mi Grupo manifestó su
sorpresa y su malestar en relación con la iniciativa de la Diputada del
Grupo Mixto, señora Rahola, manifestar en esta ocasión nuestro malestar
por el hecho de tratarse de una sesión de esta Comisión en la que
prácticamente el 60 por ciento de su contenido corresponde a iniciativas
de grupos que no han tenido presencia en ella.

Independientemente de que hayan presentado un escrito solicitando su
aplazamiento, lo cierto es que todos los comisionados y la propia Mesa
hemos tenido conocimiento de esta circunstancia una vez que ya estábamos
aquí. Por tanto, si la fecha del lunes por la tarde puede haber resultado
incómoda --no sé las razones por las que no han asistido-- a los
representantes de estos grupos, quiero decir que esa misma incomodidad
puede predicarse para todos, y el resto de los grupos hemos estado aquí
me parece que al completo. En ese sentido yo quiero dejar constancia de
este malestar.

Mi Grupo siempre ha sido comprensivo cuando algún otro ha solicitado el
aplazamiento de sus iniciativas, pero siempre hemos entendido que han
sido solicitudes de aplazamiento de cuestiones muy puntuales, una
pregunta o una comparecencia, enmarcadas en el contexto de las
iniciativas de ese grupo; en este caso se trata de todas las iniciativas
de un grupo, y la única del otro grupo en este caso es reincidente,
porque ya es la segunda o tercera vez que solicita el aplazamiento. En
ese sentido, creo que, aunque sólo sea por respeto y consideración a los
miembros, en este caso de mi Grupo --de todos, pero cada portavoz lo hará
extensivo a su propio grupo si lo cree conveniente--, me parecía oportuno
dejar constancia de ese malestar por la ausencia de los representantes de
grupos que han presentado iniciativas. La Mesa hará lo que crea más
conveniente con respecto a dichas iniciativas y de acuerdo con el
Reglamento, pero, en cualquier caso, creo que a la hora de evaluar o de
configurar futuros órdenes del día no debería otorgársele a esas
iniciativas ningún criterio benevolente de prioridad o de urgencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Valdivielso.




El señor LOPEZ VALDIVIELSO: En nombre del Grupo Parlamentario Popular he
de decir que hago mías y suscribo todas y cada una de las palabras
pronunciadas por el portavoz del Grupo Socialista, señor Moya. También he
de añadir que comprendo que el orden del día de esta Comisión, de tarea
legislativa y de control al Gobierno, no era susceptible de producir
grandes titulares de prensa, pero quiero llamar la atención del Grupo
proponente y no asistente en el sentido de que al Parlamento se viene no
sólo a sacar titulares de prensa, sino también a legislar y a controlar
al Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Me pregunta el Letrado qué vamos a hacer con la
comparecencia solicitada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Yo creo que la Mesa, en la primera
reunión que tenga, decidirá al respecto, ya que no he tenido tiempo
material de hablar con los distintos miembros de la misma.




--DEL MINISTRO DE DEFENSA, PARA EXPLICAR LA SITUACION DEL PERSONAL
LABORAL LOCAL DE LA BASE NAVAL DE ROTA (CADIZ). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000127.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo del orden del día,
comparecencia del Secretario de Estado ante la Comisión para explicar la
situación del personal laboral local en la Base Naval de Rota, a
solicitud del Grupo Popular.

Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo
Arias): El personal laboral local de la Base Naval de Rota viene regulado
por el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y el Gobierno
de los Estados Unidos, y muy en concreto en su anejo ocho, referente a
asuntos laborales. Asimismo, determinadas normas de ámbito legal español
avalan y legislan en relación con este tema.

En el ejercicio de sus funciones, existe un Comité de establecimiento,
constituido por 23 miembros del personal laboral local como
representantes de los sindicatos UGT, Comisiones Obreras e
Independientes, contemplando el propio convenio el procedimiento de
reducción y los



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derechos de los trabajadores cuyo puesto de trabajo se suprime, incluida
la indemnización correspondiente y el derecho preferente de reingreso en
otras instalaciones de apoyo de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos.

En la situación actual, el personal laboral local que presta sus
servicios en Rota se eleva a un total de 1.393 personas, que incluye a 59
correspondientes a personal laboral local eventual. Durante el pasado año
1993 se produjeron 132 bajas y 58 altas, teniendo establecido la
Administración militar norteamericana un programa de jubilación
anticipada que, hasta el momento, se ha concretado en el pago de
indemnizaciones con una horquilla comprendida entre los cerca de 14
millones y los dos millones, aproximadamente, con un promedio próximo a
los seis millones de pesetas.

Como consecuencia de la retirada de efectivos de las Fuerzas USA en
España, prevista en el correspondiente y vigente Convenio de Cooperación,
como sabe S. S., se ha ido procediendo a reducir las plantillas de
personal en algunas de las antiguas bases de utilización conjunta,
singularmente en las bases aéreas de Zaragoza y de Torrejón. No es éste
el caso de la Base Naval de Rota, donde el personal laboral local no está
afectado por procesos importantes o significativos de reducción de
personal, y en términos generales cabe decir que la situación laboral es
muy estable. A nivel personal, se acusa satisfacción por el empleo de que
se dispone y por el nivel de retribuciones alcanzado en relación con
contextos laborales comparables al que aquí consideramos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, autor de la solicitud de
comparecencia, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Secretario de
Estado, por su explicación tan sumamente sintetizada --me imagino que
será una síntesis de la síntesis de lo que usted podría contarnos sobre
el personal laboral de la Base Naval de Rota--, aunque no comparto en
modo alguno que la situación laboral es muy estable. Es muy estable para
los que continúan teniendo su trabajo en la Base Naval de Rota, pero no
lo es tanto para aquellos que se ven sometidos a criterios de
jubilaciones anticipadas, de bajas incentivadas e incluso de
indemnizaciones. Es lógico que en este momento, en el que se están
perdiendo tantos puestos de trabajo en España entera, exista una cierta
preocupación por parte de este personal, que depende, como muy bien decía
el Secretario de Estado, no sólo de la legislación española, sino también
del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados
Unidos. Y lo que es más importante resaltar es que, desde nuestro punto
de vista, esta iniciativa presentada en el mes de noviembre de 1993 no ha
perdido su vigencia al día de la fecha, y en la que sigue existiendo
alguna falta de concreción con respecto a lo que el Comité de la
plantilla laboral (compuesto por 23 personas) ha venido solicitando y a
lo que tiene derecho.

Desde hace tiempo se lleva solicitando la entrega de los cuadros
numéricos por parte de este Comité de plantilla laboral, petición
amparada por el Real Decreto 2205 de 1980, por el 144 del año 1981 y por
la Orden Ministerial 166 también del año 1981. Después de muchos años
solicitando esta relación de los cuadros numéricos, se les ha entregado,
por parte del detall de la Base Naval de Rota, una relación que no se
corresponde en modo alguno con la realidad, ni siquiera con la que acaba
de dar el Secretario de Estado en este momento, que yo no sé si es que ha
sufrido algunas variaciones desde el mes de noviembre hasta el día de la
fecha.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, apartado primero, y en el
artículo 17, apartado primero, punto uno, del Real Decreto 2205 del año
1980, y conforme a los anexos primero, segundo y tercero que se citan,
les corresponde a ellos conocer en primera instancia, y siempre que lo
soliciten, los cuadros numéricos a los que se va a dar lugar dentro de
las posibles reestructuraciones de personal que pudieran existir en el
caso concreto de la Base Naval de Rota. El presentado, del que yo tengo
copia, señor Secretario de Estado, y que me imagino que usted conoce
perfectamente o tendrá acceso a él con toda facilidad, está totalmente
desfasado e incluye una serie de errores. Se han detectado personas que
ya no están ni siquiera destinadas en España, personas que han fallecido,
personal jubilado y personal contratado en otras administraciones, con un
desajuste de un número importante de personas entre lo que ofrece el
detall de la Base Naval de Rota y lo que debería de figurar en los
cuadros numéricos.

Nosotros entendemos que, de lo que se desprende de la lectura de los
Reales Decretos en vigor y de la normativa vigente, tal como la Orden
Ministerial citada, correspondería al detall la entrega del exacto cuadro
numérico en que se encuentra el personal laboral de la Base Naval de
Rota.

Por tanto, lo único que nuestro Grupo reclama del Secretario de Estado en
este caso concreto es que se entregue el cuadro numérico para que el
personal laboral y el Comité de empresa puedan hacer un estudio real que
se ajuste a la realidad para, a partir de ahí, poder efectuar sus
propuestas, porque lógica es la preocupación y lógico es su interés por
el futuro, de acuerdo con la reestructuración laboral que se está
realizando y de acuerdo con el desuso o la falta de uso que se va a
producir y que se está produciendo ya por el abandono de determinadas
instalaciones militares en España. Consideramos que es de justicia que,
cuando menos, el personal laboral en su totalidad y el Comité de empresa
en particular conozcan este cuadro numérico que solicitan. Por
consiguiente, sin entrar en mayores discusiones sobre el número de
efectivos de que consta en este momento el detall de la Base Naval, o
bien por lo que debería de entregársele de acuerdo con los cuadros
numéricos solicitados por ley, lo único que solicitamos es que la
Secretaría de Estado dé la orden o la autorización para que esos cuadros
numéricos lleguen en su integridad y con total fiabilidad al Comité de
empresa para poder, por lo menos, contrastar, negociar y planificar el
futuro.




El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que deseen intervenir? (Pausa.)



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Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Novella.




El señor NOVELLA SUAREZ: Intervengo para fijar la posición del Grupo
Socialista en esta cuestión.

La verdad es que las informaciones que tiene mi Grupo coinciden, como no
podía ser menos en tanto que grupo que apoya al Gobierno, con las
manifestaciones hechas por el Secretario de Estado. El personal eventual
de la base laboral de Rota está cifrado en 59 trabajadores, y tendría
mayores dificultades si los niveles de fuerza disminuyeran en dicha Base.

Ya ha manifestado el Secretario de Estado cómo la regulación ha afectado
principalmente a las Bases Aéreas de Zaragoza y de Torrejón, pero no así
a la Base Naval de Rota.

Lo que sí conoce mi Grupo Parlamentario, por informes de los mismos
diputados de la zona, es que parece que existen problemas de comunicación
entre el Comité de establecimiento --representante del poder laboral
local de Rota-- y los sindicatos, con lo cual la función del Ministerio
es la de propiciar --y en este caso así lo ha comunicado a los
sindicatos-- la representatividad de éstos en el establecimiento de
relaciones, de acuerdo con el artículo 89 del Estatuto de los
Trabajadores.

Sobre esta cuestión hay que decir que ya ha habido antecedentes
parlamentarios, aparte de los que ha aludido el autor de la solicitud de
la comparecencia, como por ejemplo de Izquierda Unida en preguntas del 20
de febrero de 1992 y del 7 de abril de 1994.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista estima que la respuesta del
Secretario de Estado ha quedado clara, y espero que ahora profundice algo
más en lo que antes nos ha expuesto y se llegue a dar satisfacción, en la
medida de lo posible, al personal laboral local de la Base de Rota.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo
Arias): Toda realidad empresarial viva es, inevitable y
gratificantemente, dinámica y, consiguientemente, sujeta a cambio.

La realidad laboral y la realidad funcional de la Base Naval de Rota
conlleva el que, como en toda realidad empresarial funcional viva, haya
altas y bajas, pero en ningún caso puede pensarse y decirse que exista,
ni mucho menos, una extinción generalizada de contratos por una situación
arrumbada a llegar a la extinción, como fue el caso de las bases de
utilización conjunta, cuando tal era su situación jurídica, de Torrejón y
de Zaragoza.

Consiguientemente, nos encontramos con una situación en la que la
estabilidad es la nota dominante. Es cierto que se amortizan determinados
puestos de trabajo, pero se crean otros. Las retribuciones del personal
laboral local son importantes y, por supuesto, muy superiores a las
medias del entorno para igual capacitación, y respetan, en el caso
incluso de que fueran objeto de reducción, unas expectativas adicionales
que no disfrutan otros trabajadores afectados por expedientes de crisis o
de regulación de empleo, independientemente de que se puedan o no hacer
ofertas de puestos de trabajo, así como una ayuda económica adicional e
incluso el reconocimiento, a efectos de trienios, de los perfeccionados
habidos o devengados como consecuencia del servicio en las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos de América.

El Diputado del Grupo Socialista quizás ha apuntado hacia donde el
problema existe. Los cuadros numéricos están entregados y se entiende que
si alguna diferencia existe puede ser perfectamente corregida por el
diálogo entre partes. Donde sí parece haber problemas de comunicación es
entre la representación del personal laboral local y los sindicatos más
representativos. Problema de representación que lógicamente se incrementa
en términos relativos por un conglomerado institucional y legal complejo
y múltiple, que hace preciso y que exige un trabajo pormenorizado para
hacer posible la existencia de relaciones más fluidas. Este problema,
nace, insisto, de diferencias de criterio, parece ser, entre el personal
laboral local y los sindicatos más representativos, por un lado, y
después por la complejidad institucional y de legalidad que regula la
gestión de este personal en las bases de utilización conjunta.

El Ministerio de Defensa lo que puede y quiere hacer en este sentido es
contribuir a superar las dificultades y ha pedido a los sindicatos que,
de acuerdo con el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores, procedan
a determinar su representatividad. A ello nos dedicamos y, en
consecuencia, y tras esta situación, creemos que el problema quedará
embridado definitivamente, en caso de que lo hubiere, y las diferencias
saldadas mediante el diálogo oportuno.




El señor PRESIDENTE: Señorías, agotado el orden del día, y después de
darles las gracias, así como al señor Secretario de Estado, se levanta la
sesión.




Eran las seis de la tarde.