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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 204, de 12/05/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 204
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA
Sesión núm. 18
celebrada el jueves, 12 de mayo de 1994
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes sobre:
--Convenio Europeo número 70 sobre el valor internacional de las
sentencias penales, hecho en La Haya el 28 de mayo de 1970, así como
reservas y declaración que España va a formular en el momento de la
adhesión. (BOCG, serie C, número 105-1, de 15-4-94. Número de expediente
110/000090) (Página 6257)
--Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de Mónaco
al Convenio número XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
(BOCG, serie C, número 106-1, de 15-4-94. Número de expediente
110/000091) (Página 6258)
--Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de
Mauricio al Convenio número XXVIII de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre
de 1980. (BOCG, serie C, número 107-1, de 15-4-94. Número de expediente
110/000092) (Página 6258)
--Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de Rumania
al Convenio número XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado sobre los aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de
octubre de 1980. (BOCG, serie C, número 108-1, de 15-4-94. Número de
expediente 110/000093) (Página 6258)
--Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de Burkina
Fasso al Convenio núme-ro XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
(BOCG, serie C, número 109-1, de 15-4-94. Número de expediente
110/000094) (Página 6258)
--Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de Polonia
al Convenio número XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
(BOCG, serie C, número 110-1, de 15-4-94. Número de expediente
110/000095) (Página 6258)
Preguntas:
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre actitud
del Gobierno en relación al Pacto para la Estabilidad inicialmente
propuesto por la República Francesa. (BOCG, serie D, núme-ro 57, de
21-2-94. Número de expediente 181/000471) (Página 6259)
--Del señor Milián Mestre (Grupo Parlamentario Popular), sobre grado de
entendimiento del Gobierno español con el de la República Argentina a la
vista de determinados disensos producidos en torno a inversiones
españolas en Aerolíneas Argentinas. (BOCG, serie D, número 61, de
25-2-94. Número de expediente 181/000527) (Página 6262)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Ministro de Asuntos
Exteriores sobre si el cambio de orientación de la política de Rusia
supondrá una modificación en el trato otorgado por el Gobierno a dicha
nación. (BOCG, serie D, número 61, de 25-2-94. Número de expediente
181/000528) (Página 6264)
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre opinión
del Gobierno acerca de la relevancia de que un familiar de un miembro
cualificado de un gobierno de un país comunista trabaje para el
Ministerio de Asuntos Exteriores en un puesto equivalente al de
Subdirector General del mismo. (BOCG, serie D, número 76, de 22-3-94.
Número de expediente 181/000605) (Página 6267)
--Del señor Milián Mestre (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas
adoptadas para proteger las vidas y los bienes de los españoles
residentes en Argelia. (BOCG, serie D, número 61, de 25-2-94. Número de
expediente 181/000529) (Página 6269)
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre razones
por las que el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) ha
clausurado los locales que hasta hace poco tiempo ocupaba en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. (BOCG, serie D, número 72, de 14-3-94.
Número de expediente 181/000602) (Página 6273)
Proposiciones no de ley:
--Sobre medidas para detener el deterioro de las condiciones de vida del
pueblo iraquí, desbloquear los recursos económicos de dicho Estado
existentes en nuestro país, así como apoyar iniciativas encaminadas a
favorecer el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos en Iraq.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D,
número 76, de 22-3-94. Número de expediente 161/000166) (Página 6276)
--Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del
Ministerio de Asuntos Exteriores, previa remisión de un informe, para que
dé cuenta de la ejecución de su presupuesto. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 67, de 4-3-94. Número de
expediente 161/000144) (Página 6279)
Se abre la sesión a las siete de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, quiero empezar esta sesión de la Comisión
de Asuntos Exteriores dando la bienvenida a los señores don Carlos
Westendorp, don José Luis Dicenta y don Máximo Cajal, que nos acompañan y
van a contestar a las preguntas que figuran en el orden del día, pero
antes quiero hacerles una reflexión. Para evitar las inquietudes, las
tensiones que genera la incertidumbre sobre el horario, creo que a partir
de ahora tenemos que atenernos a unas reglas fijas. La primera es que si
fijamos un día y una hora, tenemos que respetarlo, aunque esto nos
acarree alguna incomodidad personal, porque no podemos estar pendientes
de las situaciones que se creen en el Pleno y que, desde el punto de
vista horario, son incontrolables. Por otro lado, la Presidencia del
Congreso me ha advertido hoy que, al parecer, van a impedir a partir de
ahora que se convoquen sesiones de las comisiones los jueves por la
tarde, porque la previsión general es que en lo que queda de período
legislativo estén ocupados y, por consiguiente, tendremos que movernos
con unos límites de tiempo distintos a los actuales.
Dicho esto, vamos a iniciar la sesión de hoy, según el orden establecido.
Por consiguiente, empezaremos por las preguntas. Según me informan los
representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores la primera pregunta
será contestada por el Secretario de Estado, señor Westendorp; la segunda
y la tercera, por el Secretario de Estado señor Dicenta; la cuarta y la
quinta por el Subsecretario señor Cajal, y la sexta, también por el señor
Dicenta.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (Miguel Angel): Señor Presidente, comprendo
que la propuesta que voy a hacer puede ser inconveniente y quisiera,
sobre todo, que las autoridades que comparecen no lo entendieran así.
Algunos de los colegas tienen compromisos muy complicados que requieren
que salgan esta tarde de Madrid, por lo que me atrevería a pedir de la
buena comprensión de todos que pudiéramos ver los convenios, que suponen
tres o cuatro intervenciones, y pudiéramos terminarlos en un cuarto de
hora. Ello no nos llevaría a terminar mucho más tarde --a algunos no nos
causa mayor problema el mantenernos aquí hasta terminar, con todo
respeto--, pero podría ayudar a algunos el que, repito, viéramos los
convenios en primer lugar. Prácticamente los convenios son tres, porque
hay cinco convenios que en ningún caso requerirían más de una
intervención. Por tanto, si los demás grupos no tienen inconveniente,
podríamos hacerlo así, ya que creo que no nos va a retrasar y, como digo,
podría ayudar a los colegas que tienen realmente prisa por salir. Las
proposiciones no de ley no digo que las tratemos antes porque son más
largas y realmente no parece razonable que los señores comparecientes
estén esperando, pero los convenios son más cortos y me parece razonable
que los viéramos antes, ya digo que si no hay inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Señorías, en relación con esta propuesta que acaba
de hacer el señor Martínez debo decir lo siguiente. El punto número 9, es
decir, el primer dictamen, queda excluido del orden del día porque se ha
presentado una enmienda que la Mesa ha calificado de enmienda de
totalidad y, por consiguiente, pasa directamente al Pleno, el señalado
con el número 10 es específico, pero los señalados con los números 11,
12, 13, 14 y 15 se refieren al mismo tema. Por consiguiente, creo que se
podrían defender los convenios en dos turnos. ¿Están de acuerdo?
(Asentimiento.)
--CONVENIO EUROPEO NUMERO 70 SOBRE EL VALOR INTERNACIONAL DE LAS
SENTENCIAS PENALES, HECHO EN LA HAYA EL 28 DE MAYO DE 1970, ASI COMO
RESERVAS Y DECLARACION QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA
ADHESION. (Número de expediente 110/000090.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la discusión con el Convenio número 10,
con el ruego de que sean lo más breves posible.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fabra.
El señor FABRA VALLES: Señor Presidente, intervengo muy brevemente para
felicitarnos por la firma de dicho convenio ya que con él viene a
ampliarse el espacio jurídico europeo, pues justamente con los otros
tratados, tales como extradición, auxilio judicial internacional,
transmisión de procedimientos penales y traslado de condenados a pena de
prisión, viene a ampliar de una forma definitiva el llamado espacio
jurídico europeo.
Por todo ello, y viendo que no hay más temas que significar, el Grupo
Popular adelanta que va a votar afirmativamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor De Puig.
El señor DE PUIG I OLIVE: Señor Presidente, con la misma brevedad, este
convenio trata de facilitar el funcionamiento de la justicia penal
obviando los inconvenientes de la presencia de extranjeros ante los
tribunales y prisiones. Estamos absolutamente de acuerdo con este
planteamiento. Nuestro Gobierno ha presentado unas reservas, una de ellas
la petición de que los documentos anejos de cualquier petición de
ejecución vayan con una traducción al español; otros en relación a
denegar la ejecución si se estimare que la condena se refiere a una
infracción de orden fiscal o religiosa, y alguna reserva más que no vale
la pena detallar, que tiene una naturaleza perfectamente coherente con
nuestro ordenamiento constitucional y jurídico y, además, se sostienen
porque son elementos de sentido común en este tipo de prácticas
jurídicas.
Por todo lo anterior, nuestro Grupo va a apoyar la votación de este
Convenio número 70 de Justicia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, de forma sintética y
únicamente a los efectos de que quede constancia en el «Diario de
Sesiones» de la Comisión del apoyo de mi Grupo a la ratificación de este
convenio europeo sobre el valor internacional de las sentencias penales,
hecho en La Haya en el año 1970.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE MONACO
AL CONVENIO NUMERO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION
INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente 110/000091.)
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE
MAURICIO AL CONVENIO NUMERO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA
SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE
DE 1980. (Número de expediente 110/000092.)
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE RUMANIA
AL CONVENIO NUMERO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION
INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente 110/000093.)
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE BURKINA
FASSO AL CONVENIO NUMERO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION
INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente 110/000094.)
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE POLONIA
AL CONVENIO NUMERO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION
INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente 110/000095.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los puntos del orden del día que hemos
acumulado en uno solo, puesto que se refieren todos ellos a declaraciones
por parte de España de aceptación de la adhesión de diversos países al
Convenio número 28 de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado, sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. El punto número 11 se
refiere a la adhesión de Mónaco; el número 12 a la adhesión de Mauricio;
el número 13 a la adhesión de Rumania; el número 14 a la adhesión de
Burkina Fasso, y el número 15 a la adhesión de Polonia. Por consiguiente,
éstos son los convenios que vamos a debatir a continuación.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo
Socialista tiene la palabra el señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, el XXVIII Convenio de La Haya
sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores
pretendía hacer frente a los problemas derivados de la retención ilícita
de menores cuando afectaba al ámbito internacional. Ese convenio ya fue
suscrito y ratificado en su momento por España y el problema que nos
plantea actualmente es que el artículo 38 del mismo estipuló que la
adhesión al convenio de Estados que no fueran miembros de la Conferencia
de La Haya sobre Derecho Internacional Privado en su decimocuarto período
de sesiones, es decir, cuando se suscribió el convenio, solamente surtirá
efecto, respecto a cada uno de los Estados contratantes, cuando éstos la
acepten. Esto es lo que debemos hacer actualmente en relación con algunas
nuevas adhesiones. Concretamente, como aquí se ha dicho, Burkina Fasso,
Mauricio, Mónaco, Polonia y Rumania, que no eran Estados miembros de la
Conferencia de La Haya que suscribió en su momento este convenio, ya han
hecho la adhesión. Sin embargo, esa adhesión respecto a España no surtirá
efectos si, de acuerdo con lo que exige el artículo 38, no es aceptada
previamente por el Estado español.
Por ello, señor Presidente, parece que está plenamente justificado el
voto favorable a estos acuerdos por parte de nuestro Grupo Parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Poco más tengo que añadir a lo dicho por el
señor Jover sobre estas cinco declaraciones de aceptación respecto de la
adhesión de los cinco países citados a este Convenio XXVIII sobre
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Me gustaría
subrayar que se trata de una cuestión muy importante en estos tiempos de
amplios viajes y combinaciones entre unos países y otros, que afecta
fundamentalmente a la restitución inmediata de los menores trasladados o
retenidos de manera ilícita en cualquiera de los Estados contratantes, y
que se propone velar por los derechos de custodia y de visita vigentes en
uno de los Estados contratantes que deben respetar los demás Estados
contratantes. Se trata, por tanto, de una cuestión de derecho de familia,
aunque se señala que no afecta a la sustancia del derecho de familia sino
a aspectos procedimentales o de tipo formal que, sin duda alguna, son muy
importantes.
Por supuesto que vamos a votar favorablemente estos cinco convenios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Mi Grupo también va a votar a favor de estos
cinco convenios que incluimos en bloque porque no solamente van a
facilitar la solución de problemas referidos a la restitución de menores
entre los países que se adhieren a este convenio de la Conferencia de La
Haya, sino que probablemente también pueden servir para evitar algunos
problemas que, con gravísimas imputaciones y consecuencias, se han
producido en algunos países, aunque quizá en ninguno de estos cinco que
hoy nos ocupan, pero sí en otros en los que, en el pasado e incluso en el
presente, se han producido acusaciones muy graves respecto a tráfico de
menores, tráfico de órganos, etcétera.
En cualquier caso, la aceptación por parte de España de la adhesión a
este convenio de los cinco países que nos ocupan la consideramos
positiva.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, votamos la Declaración de aceptación por parte de España
de la adhesión de Mónaco al citado convenio.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Votación sobre la Declaración de aceptación por parte de España de la
adhesión de Mauricio al citado convenio.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Votación de la Declaración de aceptación por parte de España de la
adhesión de Rumania al citado convenio.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Votación sobre la Declaración de aceptación por parte de España de la
adhesión de Burkina Fasso al citado convenio.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Finalmente, pasamos a la votación sobre la Declaración de aceptación por
parte de España de la adhesión de Polonia al citado convenio.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE: ACTITUD DEL GOBIERNO EN
RELACION AL PACTO PARA LA ESTABILIDAD INICIALMENTE PROPUESTO POR LA
REPUBLICA FRANCESA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de
expediente 181/000471.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día, tal como
estaba inicialmente previsto, relativo a las preguntas.
Ruego al señor Secretario de Estado que nos haga el honor de acompañarnos
en esta mesa.
Tiene la palabra el señor Rupérez, del Grupo Parlamentario Popular, para
formular la pregunta sobre la actitud del Gobierno en relación al pacto
para la estabilidad inicialmente propuesto por la República Francesa.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, como seguramente
usted sabe, hace pocas semanas, concretamente el 23 de febrero de 1994,
pedimos la comparecencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores para
hablar precisamente de este tema, referente al pacto de estabilidad como
iniciativa que fue tomada por el Consejo Europeo en diciembre de 1993
para convocar --cito literalmente-- una conferencia sobre la seguridad
europea que aborde, entre otros, los problemas y derechos de las minorías
del antiguo bloque comunista. Mi compañero de Grupo, el señor Robles
Fraga, tuvo ocasión de hacer toda una serie de consideraciones al
respecto, que fueron contestadas en su momento por el señor Ministro de
una manera un tanto liminar. Le hago gracia del contenido concreto de esa
comparecencia porque seguramente el señor Secretario de Estado lo conoce,
pero simplemente quería insistir en los aspectos fundamentales de la
razón para la petición de aquella comparecencia, sobre todo teniendo en
cuenta que, si nuestras noticias son exactas, el comienzo de la puesta en
práctica de ese pacto para la estabilidad tendrá lugar en París
--recordando que fue francesa la iniciativa-- los próximos días 26 y 27
de mayo de este mismo año. De manera que estamos en las mismas vísperas
del comienzo de la iniciativa.
Digo que la sustancia fundamental de la razón para la petición de
comparecencia, que viene siendo la razón fundamental para la realización
de esta pregunta, es, en primer lugar, por supuesto conocer los
desarrollos concretos que ya se han producido, y de los que seguramente
el Gobierno español ya tiene noticia, cara a la inminente celebración de
ese pacto. En segundo lugar, insistir en algo que ya hicimos en aquel
momento, y es la preocupación que nos merece y que, según consta en los
«Diarios de Sesiones» de esta Comisión, también merece al Gobierno por la
excesiva proliferación de organismos que esta iniciativa pudiera llegar a
producir.
No es la primera vez que organismos reciente o no tan recientemente
creados en la historia europea se ocupan de los temas de las minorías
(ahí tenemos el caso del Consejo de Europa), no es la primera vez que
instituciones reciente o no tan recientemente creadas en Europa se ocupan
de la estabilidad fronteriza y de la estabilidad territorial (ahí tenemos
el caso de la Conferencia sobre la Seguridad y la
Cooperación en Europa) y nos preocuparía --harto, añado-- que una nueva
iniciativa viniera a complicar el paisaje, ya por demás complicado, de lo
que convencionalmente se conoce como la paz y la seguridad en Europa.
Somos conscientes de que esta iniciativa ha surgido como una de las
primeras, por no decir la primera iniciativa que tiene la bendición o el
bautizo de ser una acción común en el contexto de la nueva política
exterior y de seguridad común, y consiguientemente tiene ese tipo de
añadido significativo, pero --repito-- nos preocuparía que fuera a
entorpecer, a incidir de una manera negativa sobre las competencias de
los organismos ya creados y ya existentes, concretamente la Conferencia
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. De manera que en esos dos
territorios, por una parte, cuál es el estadio de preparación de la
inminente conferencia, cuáles son las actitudes, opiniones o actividades
que al respecto piensa establecer o ya ha establecido el Gobierno
español, cuáles son las preocupaciones del Gobierno español, y cuáles son
las posibles modalidades de coordinación del Gobierno español de esa
actividad, de esa iniciativa respecto a la Conferencia sobre la Seguridad
y la Cooperación en Europa, están las razones fundamentales de esta
pregunta.
Quería añadir que con fecha todavía muy reciente, el 13 de abril de 1994,
el Ministro francés de Asuntos Exteriores comparecía ante la Asamblea
Nacional para hablar precisamente de este tema, y la verdad es que apenas
ha transcurrido siquiera un mes de esa fecha, consiguientemente una fecha
bastante cercana a la realización del mismo comienzo del proceso del
pacto para la estabilidad, y ante mi no escasa sorpresa he podido
comprobar que en fecha, como digo, de 13 de abril de 1994, los
preparativos seguían siendo tan liminares como eran el 23 de febrero de
1994. No está claro exactamente cuál va a ser el contexto en el que se va
a producir la familia de pactos que el pacto de la estabilidad aconseja;
no parece claro tampoco cuáles van a ser los países que van a entrar en
ese tipo de acuerdos, aunque los convocados estén nominativamente
expresados; no está claro tampoco cuál va a ser el alcance jurídico y
político de los pactos bilaterales y del pacto en general. En definitiva,
nos parece que siendo posiblemente brillante la idea --como muchas de las
ideas francesas lo son--, sin embargo, nos podemos encontrar con que,
siendo brillante, en el fondo no hace más que complicar ese panorama que,
como ya le decía, es de por sí complicado. Por eso esta pregunta y esta
preocupación sobre las cuales le agradeceríamos nos transmitiera los
pareceres del Gobierno español.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Con mucho gusto voy a responder a S. S. a las distintas
cuestiones que ha formulado y que en el fondo lo que pretenden
--entiendo-- es poner al día la información que hace un par de meses el
Ministro de Asuntos Exteriores dio a esta Comisión sobre el origen, los
mecanismos y las finalidades del pacto de estabilidad en Europa.
Desde el 23 de febrero a esta parte se han dado una serie de pasos y se
han producido unos elementos nuevos que han enriquecido este proyecto,
que había nacido con un propósito explicitado, más que explícito, que
consistía básicamente en dotar de estabilidad a las fronteras europeas y
también a la situación política, a través de la protección de los
derechos de las minorías. Por otra parte, pretendía constituir una
diplomacia preventiva, actuando ex ante de un conflicto, y en ningún caso
entraría a intentar regular los conflictos ya abiertos, como por ejemplo
el de Yugoslavia, y con un propósito más implícito --los otros eran los
explícitos--, que era el de preparar el terreno a la aproximación de los
países del centro y del este de Europa para que se prepararan a la
adhesión a la Unión Europea. (El señor Vicepresidente, Muñoz-Alonso y
Ledo, ocupa la presidencia.) Incluso --y éste es el recelo que en algunos
países del centro y del este de Europa ha levantado-- a montar un sistema
de examen de convergencia de criterios políticos y económicos, que en el
fondo la virtualidad sería retrasar, por así decirlo, la adhesión de
estos países a la Unión Europea, al constatarse, a través de unos
análisis complejos de los problemas que estos países plantean en el
terreno de fronteras y sobre todo en el terreno de minorías, que todavía
existen muchas cuestiones por resolver.
El esquema es conocido, es el de lanzar una conferencia los próximos días
26 y 27 en París, con todos los países que constituyen la CSCE, tanto
como invitados o como países observadores. Sin embargo, esta magna
conferencia, una vez lanzada y aprobado el documento final, entraría en
unas mesas de tipo regional y de tipo bilateral, con objeto de ir
identificando y resolviendo los problemas concretos de minorías o de
fronteras de esas regiones o de cada uno de los países. Se circunscribe,
evidentemente, a aquellos países que tienen una vocación de entrada en la
Unión Europea, que son los tres países de Visegrad más Rumania, Bulgaria
y la República Eslovaca, por una parte, y por otra los tres países
bálticos, en cuyas mesas, obviamente, también tiene que estar Rusia, que
mantiene una presencia de minorías en los mismos. Por tanto, conferencia
que se lanza, documento final y establecimiento de mesas regionales y de
mesas bilaterales. Por último, en el plazo de un año, se celebrará una
conferencia final para aprobar el pacto de estabilidad.
Pues bien, para llegar a todo esto ha habido una serie de reuniones, en
primer lugar, por parte de la troika --de los distintos países que ocupan
la troika en estos momentos-- con diferentes países a los que me he
referido en segundo lugar, los países sobre los que se concentra la
acción del pacto de estabilidad en un primer momento, sobre todo con los
países bálticos y con Rusia. Un acontecimiento importante en este marco
han sido los acuerdos entre Letonia y Rusia para la retirada de las
tropas rusas en dicho país. En segundo lugar, y aparte de las visitas de
la troika, han tenido lugar contactos a través de la Presidencia,
explicitados en distintos telegramas Coreu, en los que se ha intentado
sondear la posición de cada uno de los países. La República Checa tiene
una posición menos reticente, más
abierta. Se considera, en primer lugar, la avanzadilla de los países del
centro y del este de Europa en el terreno del desarrollo, de la
democracia y de la economía y, por otra parte, no tiene problemas de
minorías ni de fronteras. Sin embargo, como es lógico, los países más
reticentes son, sobre todo, los que reciben grandes contingentes de
minorías como pueden ser Eslovaquia o Rumania, que tienen importantes
contingentes de minoría húngaras, como SS. SS. conocen. Por tanto, se
trata de contactos bilaterales que todavía presentan algunas dificultades
en la celebración de la conferencia y que hacen planear sobre ella no
pocas incertidumbres.
Por otra parte, ayer mismo se reunieron en Atenas los expertos, el grupo
de directores de alto nivel, y han ultimado ya un borrador de documento
que sería el que se va a presentar a la conferencia; un documento que es
una síntesis de aportaciones de todos los países tanto de la Unión
Europea, porque había habido una coordinación interna, como de los países
objeto del pacto de estabilidad en Europa. Este es un documento oficioso
que evidentemente todavía tiene que ser discutido, que será discutido el
próximo lunes por el Consejo de Asuntos Generales y, eventualmente,
también aprobado para que sea presentado, en lo que se refiere a la Unión
Europea, por parte de la Unión Europea.
El próximo lunes, en el Consejo de Asuntos Generales, también se va a
tratar otro tema importante, el de los incentivos económicos. Es decir,
que los países en cuestión, los países implicados, a los que el pacto de
estabilidad presenta no pocos problemas, sientan un acicate para
colaborar en la resolución de los mismos, la Unión Europea --dentro de
los programas que ya están establecidos al efecto, sobre todo el programa
Phare y la ayuda de los apoyos crediticios del BERD y del Banco Europeo
de Inversiones-- establecería una serie de recalificaciones, es decir,
trasvase de unos proyectos a otros para hacerlos más interesantes para
estos países y que tuvieran una especie de marchamo específico que los
hiciera más elegibles en los distintos proyectos. Por tanto, los
incentivos económicos son la otra evolución importante que se ha
producido en los últimos tiempos.
Otro tema que se va a discutir, y que ya está muy avanzado, es el de los
gastos administrativos a que va a dar lugar el montaje del pacto de
estabilidad, tanto en sus reuniones regionales como en sus reuniones
bilaterales. Ha quedado ya claro y admitido que los gastos
administrativos que se produzcan en la sede de las instituciones de la
Unión Europea serán financiados por la Unión Europea. En cambio, en una
solución típica de desviar los problemas a un momento posterior, en los
gastos operativos no hay acuerdo sobre de qué manera se van a financiar.
En cambio, existe un principio de acuerdo sobre que los gastos de las
mesas regionales que se produzcan en algún país ajeno a la Unión Europea
sean financiados por la organización del propio país anfitrión de dicha
conferencia.
Finalmente, dentro del capítulo de incentivos, el más importante es el
lanzamiento de una serie de iniciativas para acercar a los países del
Centro y del Este de Europa más a la Unión Europea, un poco en la línea
del partenariado para la paz que se ha hecho en el terreno de la
seguridad en su calidad de observadores en la Unión Europea Occidental.
Con la Unión Europea se trataría de establecer, en primer lugar, un
diálogo político, una cooperación política que responde a la iniciativa
llamada Andreatta-Hurd lanzada hace un par de meses, pero, además, una
serie de mecanismos similares al del espacio económico europeo de
aproximación de legislaciones, de la necesidad de que los países del
Centro y de Este de Europa, cuando vayan a legislar, lo hagan ya en
dirección al acervo comunitario, que les permita estar en una situación
de plataforma de lanzamiento de cara a la adhesión a la Unión Europea
cuando el momento sea oportuno. Por tanto, podríamos estar hablando ya de
una especie de fase preadhesión a la Unión Europea.
Su Señoría también se ha referido, aparte de a la evolución de la
situación, a las incertidumbres que planean todavía sobre la iniciativa
Balladur. Sin duda alguna, son grandes. En primer lugar, ya hemos visto
las reticencias en lo que se refiere a la regulación substantiva de
fronteras, de minorías sobre todo, y aunque es seguro que todos van a
participar en la conferencia, es necesario saber, después de la
conferencia, qué países van a estar dispuestos a participar en las mesas
regionales y en las negociaciones bilaterales, que son las que van a dar
estabilidad al pacto final.
En cuanto al alcance jurídico-político está todavía sin definir, pero sin
duda alguna tendría un contenido vinculante para todos los países y,
posteriormente, sería ratificado por cada uno de ellos según sus
procedimientos constitucionales, siendo a partir de ese momento cuando
tendría una virtualidad jurídica y política.
Una preocupación importante del Gobierno español, y no sólo del Gobierno
español sino de muchos otros gobiernos, es el famoso solapamiento o doble
empleo de las distintas instituciones europeas; es decir, si la
Conferencia de Seguridad en Europa ya se ocupaba del problema de las
minorías, si el Consejo de Europa también se ocupa del problema de las
minorías, ¿no introducirá esta iniciativa una confusión en el panorama de
las instituciones europeas o incluso dará lugar a un mal funcionamiento
de la substancia que regula estas instituciones?
Ultimamente ha quedado muy claro --y ahí no solamente está España sino
muchos otros países, los Estados Unidos y Rusia-- que el pacto de
estabilidad tiene una duración limitada en el tiempo: la acción común de
la Unión Europea de momento termina cuando se reúna la conferencia. A
partir de ese momento será necesario aprobar una nueva acción común si la
Unión Europea tiene que intervenir hasta el final del pacto, pero, en
todo caso, este pacto que tendrá lugar en una conferencia un año después
del inicio de los trabajos, es decir, a partir de abril de este año, en
abril del año que viene habrá terminado sus trabajos y se integrarán los
resultados de los mismos en la CSCE. Esto ha quedado claro, y yo creo que
es una buena manera de haber evitado cualquier tipo de duplicación con
dicho organismo y también con el Consejo de Europa. Ayer hubo una reunión
del Comité de Ministros y también quedó muy claro que había que evitar
todo tipo de solapamientos no sólo con la CSCE sino también con el pacto
de estabilidad
sobre todo en materia de minorías, y que cada institución debe
especializarse en aquello para lo que tiene una vocación especial,
concretamente el Consejo de Europa, para la defensa de la democracia y de
los derechos humanos. No sé si he contestado a la pregunta de su señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): El señor Rupérez tiene la
palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, me alegra esta última
precisión porque, como antes le he dicho, nuestra preocupación era que se
produjeran solapamientos que a nadie favorecerían. Formalmente, queremos
encarecer al Gobierno que se mantenga muy firme en esa línea, que la
finalización del pacto de estabilidad caiga, a todos los efectos, en las
manos de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa,
que me parece que es la institución europea existente que, por razones
varias y sin demérito de ninguna de las demás, está mejor situada para
vigilar o favorecer el cumplimiento de ese pacto de estabilidad.
También le agradecería, como es un tema que me parece muy importante y
que va a tener una serie de consecuencias no únicamente políticas, sino
también jurídicas, que el Gobierno mantuviera puntualmente informadas a
esta Cámara y a esta Comisión de todos sus aspectos. Acaba de mencionar
el señor Secretario de Estado un documento --no sé qué calificación o
naturaleza tiene-- que parece describir las líneas fundamentales por las
cuales va a transcurrir la conferencia sobre el pacto de estabilidad.
Para esta Comisión sería bueno conocerlo. Creo que todos los grupos
parlamentarios aquí representados alcanzaríamos un mejor conocimiento y
posiblemente también una mejor facilidad de acuerdo con las acciones del
Gobierno en una actividad realmente importante. Como digo, tendrá que
volver a esta Cámara para la consideración de los aspectos eventualmente
políticos y forzosamente jurídicos, si es que los hay. En cualquier caso,
me alegra que ésa sea la disposición del Gobierno español. Por nuestra
parte, le alentaríamos a seguirla de manera muy firme.
EL señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Para decir a S. S. que, con mucho gusto, este documento
oficioso, con carácter de difusión restringida, se lo suministraré a SS.
SS. y pedirles que hagan uso de él también con el mismo carácter.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Muchas gracias, señor
Westendorp. Con eso queda contestada la pregunta. Ahora, viene un bloque
de preguntas que va a contestar el señor Dicenta, a quien rogamos que
ocupe el lugar reservado a los comparecientes.
--GRADO DE ENTENDIMIENTO DEL GOBIERNO ESPAÑOL CON EL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA A LA VISTA DE DETERMINADOS DISENSOS PRODUCIDOS EN TORNO A
INVERSIONES ESPAÑOLAS EN AEROLINEAS ARGENTINAS. FORMULADA POR EL SEÑOR
MILIAN MESTRE (G. P.). (Número de expediente 181/000527.)
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Leso): Vamos a proseguir el
desarrollo del orden del día.
La siguiente pregunta es la número 2, del señor Milián Mestre. Grado de
entendimiento del Gobierno español con el de la República Argentina a la
vista de determinados disensos producidos en torno a inversiones
españolas en Aerolíneas Argentinas. Tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Esta pregunta parecería ociosa en este momento y
en cierto modo lo es puesto que se formuló en un momento álgido de estos
disensos, cuando aparecían en la opinión pública española y en la
argentina las discrepancias existentes entre un Gobierno y otro acerca de
cómo tratar el tema, harto delicado en aquel momento y ahora parece que
resuelto. Esto es lo que me gustaría conocer del señor Secretario de
Estado sobre Aerolíneas Argentinas.
El fundamento de la pregunta en aquel momento estaba perfectamente
justificado. Ahora, como hay ya una resolución, queda menos justificado y
por eso va a ser más sobria mi exposición. Sin embargo, quisiera resaltar
algún detalle del planteamiento de este problema.
En primer lugar, era evidente que el Gobierno español hizo un aterrizaje,
en el mejor sentido de la palabra, en inversiones e intereses en el Cono
Sur americano, específicamente en Argentina, a través de empresas como
RENFE, Endesa, con la compra de centrales eléctricas, Iberia en
Aerolíneas Argentinas y Telefónica en el sector de la telefonía. España
ha hecho unas enormes inversiones y ha asumido unos riesgos considerables
en el mercado argentino y era lógico, hasta cierto punto, que se
produjeron disensos y problemas consiguientes a estas enormes inversiones
y a la cuantificación de las propias deudas o pérdidas que de las mismas
se derivaban, como es el caso específico de Aerolíneas Argentinas.
En segundo lugar, este problema se planteaba como consolidación del
control mayoritario, a la vista de la renuncia previa del Gobierno
argentino al control directo de la gestión y de la mayoría de acciones de
esa compañía. Tanto es así que en el cruce de cartas --justamente el
origen de mi pregunta fue cuando observé ese cruce de cartas en noviembre
de 1993 y la respuesta creo que es en febrero de 1994-- por parte de
Felipe González y de Menem acerca de cómo resolver ese problema, se
cuestionaba incluso la posibilidad legal de poder acceder a la mayoría de
las acciones de Aerolíneas en virtud de lo que es el Reglamento
aeronáutico argentino. Su artículo 59 ó 69 --no recuerdo bien-- plantea
justamente la no legalidad de la transmisión de la mayoría del control de
las acciones a sujetos o personas jurídicas o físicas no argentinas. Esto
ofrecía una solución jurídica, con un tratamiento idóneo en el Parlamento
argentino para rectificar la ley y, consecuentemente, daba posibilidad de
acceso a otros accionistas, en este caso Iberia y el Gobierno español y,
en algún caso concreto, como pareció derivarse de ciertos planteamientos
del Embajador estadounidense en Argentina, de otras compañías americanas
como American Airlines, Delta, etcétera.
En tercer lugar --y esto roza más al plano estrictamente gerencial de
Iberia--, España asumió un riesgo, creo que exagerado, con los costes de
la compra de Aerolíneas. Obviamente, según la distribución de
accionistas, si a Iberia le correspondía, en el momento de cerrarse la
operación el 30 por ciento; 7,5 por ciento a Banesto, y 7,5 por ciento al
Banco Central, esto componía todavía un insuficiente paquete mayoritario
puesto que el Estado argentino mantenía el 42 por ciento, al que sumaron
el 12 por ciento de iniciativas privadas y de bancos específicamente
argentinos. En consecuencia, cambiar todo este panorama, con pérdidas en
el año 1993 de 14.800 millones de pesetas en la Compañía y con una deuda
consolidada de 154.000 millones de pesetas en la explotación de
Aerolíneas, supone un riesgo altamente peligroso para la virtualidad de
Iberia como gran Compañía de bandera, de marcado carácter supranacional
y, diría, mundial.
Creo que esto nos debe hacer reflexionar, y en este sentido quiero marcar
esos posibles disensos que, como digo, después de la visita a España del
Presidente Menem parece ser que se cerraron y que se llegó a unas
conclusiones determinadas. Quisiera, señor Secretario de Estado, que, en
este contexto, me aclarara en lo posible cómo quedó cifrada la conclusión
de este proceso, en qué condiciones se ha comprado la mayoría, que creo
que es el 85 por ciento de las acciones --según tengo entendido-- y
capitalizando la deuda acumulada. Finalmente, si estos disensos en un
momento determinado los utilizó, creo que de forma artera y no muy
legítima, el propio Menem, cuando dijo: El Gobierno español me exige
compartir las pérdidas de Iberia, pero, en cambio, no me comparte las
ganancias de Telefónica. Creo que ése no es un argumento serio, más bien
es falacia o un sofisma. Estos son los tres puntos que me gustaría que
pudiera aclarar.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Señor Secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Quisiera empezar aclarando que,
efectivamente, los determinados disensos que se hayan podido producir en
una relación de contactos y de conversaciones muy fluidas, como es la
relación entre Argentina y España, no tienen por qué condicionar ni
entorpecer, por supuesto, el entendimiento global entre estos dos países.
Ha habido un relanzamiento fuerte en la relación hispano-argentina en los
últimos años, como S. S. señalaba, no solamente en el terreno de las
inversiones españolas en Argentina y viceversa, sino también en el
terreno de los intercambios comerciales.
Por facilitar alguna cifra que puede ser ilustradora de este proceso,
quisiera señalar que las exportaciones españolas a Argentina eran en el
año 1989 de 108 millones de dólares, y en 1993 fueron de 608 millones;
mientras que las importaciones, que eran de 348 millones en 1989, lo
fueron de 606 millones en 1993. Igualmente, el proceso inversionista,
especialmente --como S. S. ha señalado-- español en Argentina, ha ido en
aumento de una manera progresiva y muy sustancial.
En cuanto a la específica relación entre Iberia y Aerolíneas Argentinas,
en un primer momento, la inversión inicial en Aerolíneas Argentinas fue
de un total del 49 por ciento del capital social de la Compañía. De este
49 por ciento, un 30 por ciento lo tenía Iberia, como accionista
mayoritario, y el Banco Central Hispano, el Banco de Crédico y
Cofivacasa, eran accionistas con el 19 por ciento restante. Aerolíneas
Argentinas pasó por una serie de situaciones críticas, que llevaron a
diferentes conversaciones y, finalmente, el 18 de enero de este año, la
asamblea de accionistas decidió aprobar una ampliación de capital de 500
millones de dólares, a propuesta de Iberia, insistiéndose desde el
principio en la necesidad de que el Estado argentino participara en esta
ampliación.
Se sucedieron las negociaciones y los contactos entre responsables de
ambas partes, españoles y argentinos, para encontrar una solución y, por
fin, el 17 de marzo se llegó a un acuerdo que supuso el desbloqueo de la
situación. Este acuerdo de 17 de marzo sobre el que S. S. me preguntaba,
tiene los siguientes aspectos más significativos y fundamentales. Iberia
se compromete a suscribir íntegramente el aumento de capital de 500
millones de dólares, con lo cual pasa de ser titular del 49 por ciento
que señalábamos antes, a ser titular del 85 por ciento del capital de
Aerolíneas Argentinas. De estos 500 millones, 400 se destinan a disminuir
el pasivo y los otros 100 a reservas legales. Ese es el compromiso de
Iberia.
Por su parte, el Gobierno argentino se compromete a defender los derechos
de tráfico bilaterales con terceros Estados, los derechos que Aerolíneas
Argentinas tenía como compañía de bandera, pese a que ahora pasa a ser
una compañía que tiene una participación de capital mayoritariamente
extranjera. En segundo lugar, por el acuerdo de 17 de marzo, el Gobierno
argentino renuncia a su derecho de veto, permitiendo que Aerolíneas
Argentinas actúe con criterios estrictamente comerciales y empresariales
en relación a la ordenación del plan de rutas de Aerolíneas Argentinas.
De esta forma, se posibilita el cierre de algunas rutas domésticas muy
deficitarias que, antes, Aerolíneas Argentinas venía sirviendo por
razones de imposición gubernamental. Y, en tercer término, se limita el
tráfico de cabotaje a vuelos regulares operados por empresas que cumplan
determinados requisitos técnicos y económicos, con lo cual lo que se
pretende es crear una especie de barrera que tienda a limitar el mercado
interno y que evite la proliferación de concesionarios que podían
desestabilizar ese mercado, concesionarios básicamente chárter. No
obstante, el Gobierno argentino no garantiza la exclusividad para
Aerolíneas Argentinas del mercado de cabotaje y mantiene, aunque de forma
más matizada, su política de
desregularización (que corresponde a la política económica global del
Gobierno) de ese mercado.
El Gobierno argentino, por último, se compromete a desregularizar los
servicios de asistencia en tierra, el «handling» «free-shop» y depósitos
fiscales en todos los aeropuertos argentinos que venían siendo explotados
desde el año 1989, y por un período de 20 años, en régimen de monopolio
por una empresa que se llama Intercargo, permitiendo Aerolíneas
Argentinas que se suministre a partir de ahora con sus propios servicios,
lo cual reduce de forma importante los costes de estos servicios. Por
otra parte, la gestión de Intercargo había venido siendo muy contestada
desde todos los sectores de la aviación comercial, tanto argentinos como
extranjeros, por posibles prácticas no regulares, monopolios abusivos y
por las tarifas excesivamente elevadas que venía aplicando.
Estos son los términos en que ha quedado en la actualidad el acuerdo
entre Aerolíneas Argentinas e Iberia. Sin embargo --repito--,
refiriéndome de nuevo a lo que se señalaba al principio respecto a los
disensos, que las relaciones con la República Argentina pasan por un
momento intenso de intercambios de todo tipo y de inversiones, como se
puso de manifiesto con la reciente visita de Estado del Presidente Menem,
sin que la negociación sobre este en algunos momentos muy espinoso tema
de Aerolíneas Argentinas-Iberia haya afectado en sentido alguno a esta
relación bilateral.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): El señor Milián tiene la
palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, estoy satisfecho con la
respuesta. Ya he dicho que era ociosa, en buena parte, mi pregunta,
puesto que estaba ya fuera de contexto habiendo una conclusión feliz al
contencioso. Sin embargo, me gustaría que me aclarara usted tres puntos
que, de alguna manera, marcarían las perspectivas de este contencioso
cerrado. Primero, Aerolíneas Argentinas, al perder el control de la
mayoría el Estado argentino, ¿queda plenamente integrada en la gestión y
en el «holding» de Iberia? Segundo, ¿perderá su condición de compañía de
bandera algún día Aerolíneas Argentinas y, por tanto, engrosará el común
paquete del «holding» de Iberia con Viasa, Austral y otras compañías del
Cono Sur, ya gestionadas y con titularidad prácticamente de Iberia? Y,
tercero, ¿podría, de alguna manera, el Gobierno argentino condicionar
algunas opciones de futuro por parte de Iberia? Es decir, si todo esto
alcanzare mercados superiores y, consecuentemente, se integrare en otras
compañías supranacionales, puesto que ya está el rumor en la calle de que
hay posibilidades, reales o no, pero posibilidades, de consorcio de
Iberia con compañías norteamericanas, American Airlines y, según se dice,
también Delta Airlines ¿podría quedar condicionado, de alguna forma, por
la naturaleza de compañía de bandera de Aerolíneas Argentinas, o
simplemente, al desregularizarlo, el Gobierno argentino ha cedido el
control total y se desentiende de cualquier otra condición respecto a la
identidad de origen de la compañía?
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): El señor Secretario de
Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Señor Presidente, yo entiendo que
Aerolíneas Argentinas, a partir del momento en que ese importante
porcentaje, que señalaba anteriormente, de sus acciones pasa a formar
parte de Iberia, ésta queda integrada, efectivamente, en el «holding» de
Iberia. Pero si quiere que le sea franco, señorías esta respuesta
quisiera dársela con precisión, realizando la oportuna consulta, porque
no conozco exactamente si está integrada en el «holding» de Iberia o no.
En cambio sí entiendo que no pierde su condición de bandera y que, por
ello, precisamente, se negoció con el Gobierno argentino que siguiera
Aerolíneas Argentinas manteniendo los privilegios que como compañía de
bandera tenía antes de que Iberia tomase una parte importante --ahora
mayoritaria-- del capital de esa compañía. Por consiguiente, al obligarse
y comprometerse el Gobierno argentino a mantener los privilegios que
tenía Aerolíneas Argentinas como compañía de bandera, entiendo que, de
alguna forma, cara sobre todo a las restantes compañías de otros países,
deberá mantener las características de compañía de bandera argentina.
Por último, le agradecería, señoría, que me repitiera la tercera
pregunta, porque no he entendido bien su contenido.
El señor MILAN MESTRE: La tercera cuestión era si, de alguna manera, el
Gobierno argentino había condicionado esta operación de pérdida de
control de la mayoría o de posible absorción de las líneas aéreas
argentinas ante posibles y futuros convenios o integraciones superiores
de Iberia con otras compañías de bandera, por ejemplo norteamericanas,
como American Airlines o Delta Airlines, que se conoce por los medios de
comunicación como rumor con alguna posibilidad real.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Señor Presidente, muchas gracias,
señoría.
No, entiendo que no ha condicionado en absoluto, que no ha impuesto ese
tipo de condición y, por consiguiente, que la actuación de Iberia en ese
marco se atenderá exclusivamente a los principios y acuerdos a los que se
ha llegado el 17 de marzo con el Gobierno argentino, pero sin
condicionamiento alguno.
--OPINION DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE SI EL CAMBIO DE
ORIENTACION DE LA POLITICA DE RUSIA SUPONDRA UNA MODIFICACION EN EL TRATO
OTORGADO POR EL GOBIERNO A DICHA NACION. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN
MESTRE (GP). (Número de expediente 181/000528.)
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Pasamos a la siguiente
pregunta, la número 3, que es también del señor Milián Mestre. Opinión
del Ministro de asuntos exteriores sobre si el cambio de orientación de
la política de Rusia supondrá una modificación en el trato otorgado por
el Gobierno a dicha nación.
El señor Milián tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Justamente, señor Secretario de Estado, esta
pregunta ya hace mucho tiempo que la tenía planteada, como la anterior, a
primeros de febrero. Sin embargo, ayer tuvimos oportunidad algunos
miembros de esta Comisión de recibir alguna información por parte del
señor Gorbachov que pudiera ser de alguna manera clarificadora para el
interés de la pregunta.
Yo quisiera, antes de formularla, hacerle los considerandos necesarios
para que se vea cuál es mi intención en la misma. Primero, en la antigua
URSS, en lo que es la Rusia actual y secesionados los países
correspondientes del llamado imperio interior, se ha producido un cambio
de escenario político tras los acontecimientos del mes de octubre de
1993, y sobre todo las consecuencias que de los mismos se derivan en el
orden político, cuales fueron las elecciones de diciembre de 1993. Ahí se
cambia el escenario, se cambian los condicionamientos, se cambian muchas
cosas, quizá demasiadas. En primer lugar, se observa a todas luces un
endurecimiento general de la situación política; en segundo lugar,
aparecen grupos radicales neonazis o parafascistas, como puede ser el
señor Zhirinovski, creando un ultrapatriotismo de simbología preocupante;
en tercer lugar, se agravan las condiciones de la crisis económica con
las frustradas medidas de choque del señor Gaidar, lo cual da lugar ahora
mismo a un desconcierto filosófico en cuanto a con qué metodología se
puede llegar realmente al término del mercado libre o de la economía de
mercado. El tema es especialmente grave cuando las tensiones sociales
están evidentemente «ad peiorem» de forma alarmante; un 34 por ciento de
la población, por encima de los 53 millones en cifras absolutas, vive por
debajo de los niveles de la pobreza, consecuentemente, esto es algo que
inquieta en serio.
En segundo lugar, el Tratado de amistad de España con la URSS, firmado en
el año 1990, con motivo de la visita del Presidente Gorbachov, favoreció,
por nuestra parte, a ese país con una notable ayuda, muy superior a la de
otros países, como, por ejemplo, nuestra vecina Francia; 1.500 millones
de dólares se aportaron para programas de ayuda sobre los que yo, en
varias ocasiones, he pedido información y he reiterado mis preguntas. Por
eso, ahora, uno de los motivos de la pregunta es saber exactamente cómo
se han reajustado esos créditos y esas ayudas que, obviamente, según
tengo entendido, no fueron totalmente utilizados, pero que incluso la
parte que lo fueron, si no recuerdo mal unos 500 millones de dólares,
parece ser que ha habido serios problemas de cobro, e incluso el Gobierno
español ha tenido que adelantar 60.000 millones de pesetas al CESCE en
compensación a los impagados que han tenido las empresas españolas que
han acudido a estos créditos para sus exportaciones. Por tanto, aquí
tenemos un primer problema real y efectivo que nace derivado de esa ayuda
del Tratado de Amistad del año 1990 a la Rusia de Gorbachov y que ahora
nos encontramos con inconveniencias, o al menos con irregularidades y
morosidades en la recuperación de intereses, créditos y pagos.
En consecuencia, quisiera que usted me aclarara qué política piensa
seguir el Gobierno en cuanto ayudas financieras o crediticias, vista esta
experiencia y vistas las nuevas ayudas que el Gobierno español, en la
reciente visita de Yelsin, firmó y convino con el Gobierno ruso,
información que sólo tengo por la prensa, sin ninguna precisión.
Tercera consideración sobre este tema es la compleja situación para los
intereses de las empresas españolas. En el contexto de una situación tan
crítica de la economía rusa, que es efectivamente un caballo desbocado e
incontrolado, que se produce en medio de un desbordamiento de la
producción industrial de forma palmaria y, en tercer lugar, que hace
surgir estructuras mafiosas que generan un método absolutamente
arbitrario y ajurídico de las garantías de mercado, esto de alguna manera
condiciona seriamente a los empresarios españoles que ya han invertido en
Rusia y a los que piensan invertir, si es que alguno queda en este
momento. Lo cierto es que tenemos conocimiento, primero, de la «débâcle»
de muchos empresarios, más de 30, que hace cuatro años hicieron el
esfuerzo de llegar a Rusia con esta intención. Pero es que después han
quedado algunos casos que parece ser están arrojando resultados no
negativos, cual es el caso de Campofrío, cual es el caso de Chupa-Chups,
cual es el caso de Galerías Preciados. Y, por último, el intento de
llegar a acuerdos con Mercasa para que de alguna manera componga esa red
de distribución alimentaria masiva que, efectivamente, es uno de los
grandes fracasos de la estructura de distribución económica del sistema
ruso en este momento.
Por tanto, aquí yo quisiera que usted, ante esta falta evidente de
garantías jurídicas, ante casos muy concretos y específicos que yo podría
citar, que no pasaron a la opinión pública, pero que concretamente a un
catalán le afectó muy seriamente, por esas mafias, en los resultados de
una operación donde le volaron 45 camiones de productos de bebida --no
especifico cuál--, ante esos casos, es evidente que hay una gran falta de
garantías jurídicas y, por tanto, el Gobierno español tiene que velar
seriamente ante los esfuerzos y empeños que están haciendo los
empresarios españoles.
En cuarto lugar, se ha producido un clima social, intelectual y político
que yo creo que afecta a elementos inquietantes y que los que hemos
estado recientemente, yo lo he hecho en octubre de 1993 y hace diez días,
hemos podido ver un deterioro ad peiorem de forma sistemática, y
Gorbachov ayer no hizo más que puntualizar en el mismo sentido.
Entiendo que aquí se está produciendo una cierta regresión hacia un
inveterado determinismo nostálgico en busca de la recuperación de aquella
vieja consideración de potencia que Rusia ha perdido, pero que tiene
elementos sustantivos para poder reacreditar, cual es, por ejemplo, el
elemento nuclear. Segundo, se ha producido un desconcierto respecto a la
opción de la OTAN o de la Asociación para la
Paz, lo que está claramente definido en cuanto que hace diez días vimos
cómo nos abandonaban prácticamente en la Conferencia de la Asamblea de la
OTAN con una representación importante rusa y nos dejaron en blanco a la
hora de aportar soluciones a lo que era un claro disenso interno; por una
parte, Yeltsin y su Gobierno queriendo alguna integración con la OTAN o
con elementos previos, como podía ser la Asociación para la Paz, y por la
otra, Parlamento y Fuerzas Armadas rusas claramente definidos en la
postura contraria. Parecer ser que ha prevalecido la segunda tesis y que
en este momento no habrá, ni siquiera, Asociación para la Paz.
Tercero, hay elementos claramente definidos en el mundo intelectual ruso
que empiezan a dar voces de alarma. Por ejemplo, Elena Bouner, la viuda
de Sajárov, ha denunciado no hace mucho tiempo lo que ella llama el
«veranillo» del comunismo. Por ejemplo, otro intelectual reconocido por
todos nosotros como es Yuri Afanásief ha dicho claramente y cito sus
palabras textualmente: El período de las dudas ha quedado en el pasado y
si hasta ahora no parecía que en Rusia, incluso después de las elecciones
de diciembre, continuarían las malas reformas de Gaidar, ahora está claro
que no habrá ni siquiera reformas malas.
Como verá, señor Secretario de Estado, es un notable pesimismo el que se
advierte en todo esto y cuantos se acercan a Rusia ven con cuánta
desconfianza empieza a contemplarse a Occidente, cosa que ayer nos dijo
claramente el señor Gorbachov y que se corresponde ciertamente con lo que
piensa el común denominador de la opinión pública y de la opinión
política en aquel gran país. Por otra parte, uno ve amanecer de nuevo un
cierto muro de seguridad, próximo al perímetro de la antigua Unión
Soviética, antigua URSS, que, por una parte, atemoriza a los rusos y, por
otra, tampoco se evidencia con toda transparencia para Occidente con qué
intencionalidad se podría levantar o al menos insinuar. Ayer fue otra de
las denuncias que también nos hizo el señor Gorbachov.
Termino. Todos estos elementos deben hacernos reflexionar en el sentido
claro de cuál ha de ser nuestra definición de política respecto a este
gran país, Rusia. Es imprescindible la ayuda fundada sobre la comprensión
de una transición errática que ciertamente ahí está y difícilmente nadie
puede componer. Segundo, yo creo que hay que apoyar las vías ordenadas
hacia la génesis hacia un mercado económico lo más asimilable posible al
occidental, pero siempre presumiendo que sin apelar demasiado a una
dogmática del sistema liberal, puesto que es difícil que nadie dé lo que
no tiene, y aquello no puede dar para mucho liberalismo dada la situación
real y objetiva. Tercero, creo que hay que secundar los procesos de
estabilización, no aceptando otro tipo de seguridades bastardas, como
alguien apunta políticamente y con electorado importante detrás. Yo digo
que habría que apoyar o secundar estos procesos de estabilidad interna y
externa de Rusia, desarmando ciertos recelos occidentales que,
obviamente, ayer de nuevo el señor Gorbachov nos manifestó y que son
evidentes e innegables. Por último, habría que forzar y condicionar las
garantías necesarias para las inversiones españolas y para los
empresarios españoles, que sí que están jugándose sus intereses directos
en una epopeya económica de difícil salida.
Yo quisiera que sobre esto usted nos cifrara cuál es la perspectiva de la
política del Gobierno español respecto a Rusia en este nuevo escenario.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Comparecí para tratar este tema el 22
de diciembre, señoría. Me parece bien que sigamos de cerca la evolución
de la política económica rusa y de las diferentes incidencias que se van
produciendo en el proceso de ese país; una situación que, además, como S.
S. señalaba, posiblemente se caracteriza por una fluidez muy
considerable, con cambios personales en los distintos ministerios
económicos, cambios que además se están produciendo con harta frecuencia
y que los observadores a menudo interpretan como posibles mutaciones en
la orientación de la política en general o de la política económica en
particular, pero que hasta la fecha, por lo menos a nuestros ojos, no
acaban de concretarse en variaciones claras de la política económica
definida hasta ahora por parte del Gobierno ruso.
A todo esto hay que añadir que estas modificaciones de política económica
se están produciendo en un marco de todos conocido, de deterioro
progresivo de la situación económica de Rusia que está originando
consecuencias sociales serias, graves.
Por el momento el Gobierno español no contempla la modificación del trato
económico positivo que se ha venido otorgando a Rusia, pero en todo caso,
si las circunstancias variasen de tal forma que así lo aconsejasen, el
Gobierno intentaría realizar, en la medida de sus posibilidades, un
esfuerzo aún mayor para facilitar y coadyuvar a la normalización de la
economía rusa, ya fuera directamente o a través de los mecanismos de la
Unión Europea, siempre que, como S. S. ha puntualizado en varias
ocasiones, se dieran las condiciones de garantía suficientes para que no
corrieran riesgo nuestros empresarios, nuestras empresas, nuestros
hombres de negocios que tienen una relación directa con aquel mundo.
Se ha referido usted, repito, a estas garantías, a las que ha prestado
gran atención el Gobierno, hasta el punto de que cuando el pasado día 8
delegaciones del Ministerio de Comercio español y ruso rubricaron un
protocolo --que creo que se firma en estos días, si no es hoy mismo, por
los Ministros de Comercio respectivos--, protocolo que supone una ligera
ayuda económica a Rusia, existían reservas en la Administración y se
trataron de contener sobre la base de establecer garantías de una manera
clara en cuanto a las posibilidades de riesgo que se pudieran presentar.
Es cierto que la economía rusa tiene una velocidad de endeudamiento
importante, que los impagos son también importantes, y, por tanto, esto
hacía necesario establecer cautelas que garantizasen que había un riesgo
mínimo en el acuerdo que se suscribía.
Por ese protocolo España va a conceder a Rusia --y esta es la novedad que
se produce entre mi comparecencia del pasado mes de diciembre y ésta--
425 millones de dólares entre el año 1994 y 1997 en condiciones
comerciales normales. Sin embargo --y aquí vienen lo que podríamos llamar
las cautelas--, estas sumas se establecerán anualmente en función del
cumplimiento de los pagos rusos a España, tanto los que corresponden a la
deuda refinanciada como a los próximos vencimientos. Estos 425 millones
de dólares suponen, aproximadamente, el monto total de los vencimientos
por esta razón. Por otra parte, España le concede un crédito total de 100
millones de dólares --50 a corto plazo y 50 a medio y largo plazo-- para
este mismo período 1994/1997, y éste es realmente el dinero fresco que se
concede a Rusia y cuya concesión está también condicionada a los pagos
rusos corrientes. Estas cantidades se pueden ampliar con proyectos
concretos, proyectos que se aprueben de común acuerdo. En este sentido se
ampliarían con otros 100 millones de dólares para complementar proyectos
financiados por fondos de la Unión Europea y del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo. Por último, en el protocolo se plantea un
objetivo, un desiderátum de inversiones recíprocas por un monto de 300
millones de dólares.
Quiero hacer una precisión en cuanto a la deuda de Rusia con España que
puede servir para completar la información de S. S. al respecto. Del
total de la deuda consolidada por el Club de París, de 13.900 millones de
dólares, corresponden a España 593 millones, lo cual representa un 4,3
por ciento del total refinanciado, excluidos los intereses por atrasos, y
de esta cantidad, aproximadamente unos 450 millones, corresponden a deuda
a corto plazo. Este acuerdo bilateral de refinanciación con España, al
que aludimos en la comparecencia --repito-- del 22 de diciembre, como
acuerdo que se tenía que negociar, se firmó el 7 de marzo de este año,
incluyendo los vencimientos hasta el 31 de diciembre del año pasado.
Finalmente S. S. ha hecho referencia a una situación de notable
pesimismo. Se preguntaba si la ayuda es o no imprescindible. Yo entiendo
que sí hay una situación de notable pesimismo, de notable confusión. La
situación es en cierto modo muy confusa, no sé si llega a ser caótica,
pero posiblemente esté próxima a ese calificativo, y ello induce
--interna y externamente, quizá más internamente en estos momentos-- a un
estado de pesimismo, de escepticismo, de no ver con claridad cuáles
pueden ser las resultantes finales de este proceso. Pero en el proceso yo
creo que sí es necesaria la ayuda, mantener una actitud de comprensión,
de colaboración, de cooperación y de ayuda para que, en la medida de
nuestras posibilidades, podamos ir sacando adelante un proceso que a
todos nos interesa que salga bien, porque, de lo contrario, se crearía un
elemento de inestabilidad y desequilibrio grave y, por consiguiente, nos
interesa que no se produzca, y en ese sentido sí creo que la ayuda es
imprescindible. Que la ayuda que se otorgue necesite venir amparada o
abrigada por las cautelas y las garantías que se consideren de rigor para
no incurrir en una aproximación un poco ingenua y que puede ser nociva
después para los intereses nacionales o incluso comunitarios me parece
perfectamente correcto; en cualquier caso, con garantías, con
seguridades, pero la ayuda es necesaria e imprescindible para ir sacando
de ese estado de confusión, y de indefinición a menudo, el proceso de
Rusia.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Tiene la palabra el señor
Milián.
El señor MILIAN MESTRE: No voy a solicitar más información al señor
Secretario de Estado porque creo que ha sido suficiente y muy precisa.
Además como ayer tuvimos un conocimiento complementario, entiendo que el
tema está suficientemente claro.
--OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA RELEVANCIA DE QUE UN FAMILIAR DE UN
MIEMBRO CUALIFICADO DE UN GOBIERNO DE UN PAIS COMUNISTA TRABAJE PARA EL
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES EN UN PUESTO EQUIVALENTE AL DE
SUBDIRECTOR GENERAL DEL MISMO. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP).
(Número de expediente 181/000605.)
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Pasamos a la pregunta
número 6, a la que también va a contestar el señor Dicenta. Está
formulada por el señor Rupérez Rubio y es sobre la opinión del Gobierno
acerca de la relevancia de que un familiar de un miembro cualificado de
un Gobierno de un país comunista trabaje para el Ministerio de Asuntos
Exteriores en el puesto equivalente al de subdirector general del mismo.
Tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, no es la primera vez
que nuestro Grupo le pregunta por la presencia en la Secretaría de
Estado, en un puesto de responsabilidad, como asesora ejecutiva del
Secretario de Estado, de una persona, concretamente de la señora
Rodríguez, doña Anabelle, hija del Viceprimer Ministro cubano. Le hemos
preguntado por las condiciones en las que se ha producido la
contratación, por las funciones o misiones que la señora Rodríguez
realiza en la Secretaría de Estado, y preguntamos también por el grado de
cobertura de seguridad que tenía la señora Rodríguez, según las normas
establecidas en nuestro país y estandarizadas en el contexto de la NATO.
Y esta pregunta tiene exactamente la misma finalidad, es decir, nos
encontramos con una situación en la que esa persona, con esas
características, descritas de manera objetiva --no hay ningún tipo de
consideración de las cualidades positivas o negativas de la persona en
cuestión--, con las vinculaciones personales y familiares a las que me
refiero, sin las correspondientes garantías de seguridad, está
desempeñando esas altas funciones en la Secretaría de Estado. Nos
gustaría conocer la opinión del Gobierno sobre la relevancia de que una
persona de esas características pueda estar realizando o desempeñando
tareas
de asesora ejecutiva en la Secretaría de Estado del Ministerio de Asuntos
Exteriores de España.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Señoría, aunque la pregunta no lo
especificaba, efectivamente, me imaginaba que S. S. iba a preguntar por
el caso de Anabelle Rodríguez y asumía que ésa era la persona a la que se
refería, persona que efectivamente está contratada como asesora ejecutiva
de la Secretaría de Estado, y creo que alguna de las observaciones hechas
por S. S. las contesté ya en las siete preguntas que se me formularon el
9 de febrero de este mismo año en esta misma Comisión.
Doña Anabelle Rodríguez no es una señora que necesite ningún tipo de
credencial NATO, puesto que ése es un control que se aplica únicamente al
personal restringido que trabaja vinculado a los temas NATO, y éste no
es, como ya dije entonces, por descontado, el caso, en absoluto, de la
señora Anabelle Rodríguez. Nosotros consideramos que lo verdaderamente
relevante, y creo que lo señalé así, en un nombramiento de este tipo son
dos cosas: por una parte, la capacidad que puede tener la persona en
cuestión para desempeñar correctamente las funciones para las que ha sido
elegida o seleccionada, y, por supuesto, la lealtad que esta persona haya
demostrado en su conducta a lo largo de toda su vida. Esos son los
baremos que a nuestro entender son válidos para hacer un juicio sobre esa
persona, persona que, como señalé en mi anterior comparecencia, tiene en
estos momentos la nacionalidad española.
Lo que nos parece sumamente peligroso es hacer presunciones de supuesta
peligrosidad sobre una ciudadana, cuya conducta hasta la fecha no ha dado
ningún lugar a sospechas de ningún tipo, únicamente por su relación de
parentesco con otra persona. Descalificar a un ciudadano para el
desempeño de una función basándose en un argumento de esta naturaleza no
nos parece que sea correcto. Aparte de eso, y en el caso específico de la
señora Anabelle Rodríguez, creo que expliqué también en mi comparecencia
anterior que sus funciones y sus responsabilidades no rozan, y no rozan
de ninguna manera, ni siquiera tangencialmente, temas que toquen ni
siquiera asuntos relacionados con la seguridad nacional, en absoluto. Por
consiguiente, no hay altas funciones en la labor que desempeña, como
asesora ejecutiva de la Secretaría de Estado, la señora Anabelle
Rodríguez.
En cuanto a la apreciación de que ocupa un puesto equivalente al de
subdirector general, diré que, como SS. SS. saben, en todos los gabinetes
de altos cargos existen, además de las plazas de vocales asesores, que se
proveen a través del escalafón del funcionariado permanente de cada
Ministerio, un número determinado de plazas de libre designación, que son
las que reciben el nombre de asesores ejecutivos y que son funcionarios
de empleo eventual, precisamente porque son nombrados por dichos altos
cargos para el período de tiempo en el que vayan a permanecer en sus
funciones y para funciones específicas que sean de interés para la
Secretaría de Estado o para el alto cargo que contrate a ese asesor.
Todos estos asesores ejecutivos, en todos los gabinetes, tienen un nivel
30 y no se consideran equivalentes, en absoluto, a un subdirector
general; sus funciones son enteramente diferentes a las de un subdirector
general. Es cierto que tienen un nivel 30, que es el mismo que tiene un
subdirector general, pero no están equiparados a subdirectores generales
ni tienen las mismas funciones.
Las funciones de la señora Anabelle Rodríguez creo que no hace falta que
las reitere, puesto que las expliqué en mi comparecencia del pasado día 9
de febrero, desde luego son funciones que están muy lejos de temas que
afecten o puedan afectar a la seguridad nacional y de temas que tengan
que ver con la NATO. Sus funciones tienen que ver, en líneas generales,
con América Latina, sobre todo en terrenos de educación: programas
educativos, de alfabetización, etcétera, en los cuales su labor es
eficaz, es práctica y es leal, repito, es leal. Es práctica porque tiene
relaciones en ese mundo y conocimientos propios que nos son muy útiles,
y, por consiguiente, repito que no veo ninguna razón especial que pueda
inducirnos a descalificar su trabajo; ni a descalificar su trabajo ni a
poner en entredicho la lealtad y la eficacia de los servicios que presta
como asesora ejecutiva de la Secretaría de Estado de Cooperación.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Tiene la palabra el señor
Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, usted es
perfectamente consciente, y si no lo debería ser, de que las capacidades
que el Gobierno español está demostrando últimamente para la selección de
las personas que trabajan a su servicio no son precisamente como para ser
puestas de ejemplo de nada, y esto tratándose de directores generales de
la Guardia Civil; tratándose de asesores ejecutivos permítame que ponga
en duda que lo que tan altamente ocurre no pueda ocurrir mucho más bajo.
Y que conste que nosotros no queremos poner, en absoluto, una mota de
duda sobre los comportamientos de la señora Rodríguez. Nos dirigimos
exclusivamente al Gobierno en su responsabilidad y como una cuestión
objetiva de seguridad en donde no hay ni debe tener cabida ninguna
consideración de tipo subjetivo.
Desde ese punto de vista también quería recordarle que cuando nosotros
hacemos referencia a los parámetros NATO en relación con las credenciales
de seguridad no nos estamos refiriendo a que los funcionarios en cuestión
tengan conocimiento o no del tráfico NATO, sino simplemente a los
criterios que la NATO utiliza para todos los funcionarios a determinados
niveles de los países que son miembros de la NATO, con independencia de
que tengan acceso o no a ese tipo de información. La situación es
exactamente la misma, porque, repito, pretendemos que el Gobierno entre a
juzgar lo que todo el mundo califica, y por lo que parece el Gobierno
español no, como criterios objetivos de seguridad.
Es cierto, y lo veremos inmediatamente después, seguramente con el señor
Subsecretario, que el Cesid tampoco está en estos momentos en situación
de ser presentado como modelo de nada, pero entre no ser modelo de nada y
no recurrir a sus servicios para saber si una determinada persona con
unas determinadas conexiones familiares, que son riesgos objetivos de
seguridad, puede o no hacer algo que esté en demérito de la seguridad
nacional hay un trecho que el Gobierno parece no querer recorrer. Y
parece no quererlo recorrer porque en el fondo no hemos tenido ninguna
noción, ninguna información que demuestre que haya una capacitación
especial en la persona de que se trata para ocupar ese puesto.
Efectivamente, es un puesto de libre contratación, de libérrima
contratación, pero en las explicaciones que hemos recibido no hay ninguna
razón especial para saber por qué esa persona está en ese puesto en
función de capacitaciones que no conocemos.
En consecuencia, no hemos estimado que exista ninguna circunstancia
especial para la contratación de una persona con esas características de
las cuales, naturalmente, ella no es responsable. Nadie es responsable en
el fondo de determinadas condiciones objetivas de seguridad; lo que pasa
es que nadie es responsable de que los Gobiernos y los Estados
responsables tengan que juzgar también cuáles son los límites de esa
responsabilidad o de esa irresponsabilidad, y el Gobierno no lo hace. No
hemos encontrado ninguna circunstancia que hicieran conveniente o
necesaria su contratación, nada más que la referencia a la libérrima
voluntad, que parece que no fue de usted mismo sino de su predecesor.
Es evidente, señor Secretario de Estado, que no se han tomado las medidas
elementales para que una persona de esas características no se
convirtiera en un riesgo objetivo de seguridad. Más allá de la
descripción de determinadas tareas que, si no recuerdo mal, tenían que
ver con el año 1992, no con el año 1993 ni con el año 1994, no hemos
llegado a saber con precisión cuáles son las tareas, cuál es la
descripción básica de las misiones de la señora Rodríguez como para
justificar su contratación en esos altos niveles de la Administración.
Quiero recordarle, señor Secretario de Estado, que como le señalé en la
última ocasión que hablamos de este tema, un buen porcentaje --si no
recuerdo mal, más de las tres cuartas partes-- de los funcionarios
diplomáticos que están destinados en el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Madrid en este momento tienen un nivel inferior al 30. De manera que
cuando una persona accede a esos niveles, independientemente de cuál sea
la descripción del puesto, estamos hablando de altos cargos, y
consiguientemente de responsabilidades que se presuponen altas, de
capacidades altas y de servicios especialmente cualificados.
Esto es lo que nos lleva, señor Secretario de Estado, a manifestarle
nuestra creencia de que el Gobierno debe proceder al cese de la señora
Rodríguez. Y decimos, lo decíamos ya hace unos meses y lo repito, que no
emitimos absolutamente ningún juicio de valor sobre la persona de la
señora Rodríguez, sobre sus capacidades, sus lealtades, sus virtudes,
absolutamente nada, sino simplemente sobre los datos personales que en
ella confluyen. Y esos datos y la falta de explicaciones correspondientes
es lo que nos hace decirle, señor Secretario de Estado, que el Gobierno
debería proceder, de la manera y forma que estimara pertinente, desde
luego sin lesionar derechos adquiridos y sin infligir ningún tipo de
ofensa innecesaria a la persona de la señora Rodríguez, al cese de la
mencionada señora. Posiblemente nos evitaríamos otras historias, y no
hago juicios de valor ni juicios de intención ni juicios de futuro, y
seguramente el Gobierno español tendría una razón más para explicar con
toda claridad y con toda transparencia, y al mismo tiempo con toda
justificación, cuáles son las razones que le inducen a contratar a
personas en esos altos cargos de asesores ejecutivos de la Secretaría de
Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Señorías, insisto en que en un Estado
de Derecho no me parece que sean esgrimibles las razones que alega S. S.
para descalificar a un ciudadano para desempeñar una función, aduciendo
simplemente relaciones de un determinado parentesco, cuando está probada
no solamente la eficacia, como S. S. ha señalado, sino también la lealtad
en todo momento de esta persona. Ahora bien, lo que veo una contradicción
es que por una parte se reconozca que los asesores ejecutivos de un
Gabinete pueden ser elegidos libérrimamente y que además, al elegirles,
se debe poner de manifiesto la competencia y los conocimientos de esa
persona, que, por otra, y en este caso, después que se ponen de relieve
los conocimientos, la competencia y la lealtad, repito, de esa persona y
se la elige libérrimamente, se pretenda descalificarla por unas
suposiciones que la verdad no me parece que sean atendibles en este caso,
que no quiero en absoluto poner en relación con ningún otro. Creo que la
capacidad de la señora Rodríguez está fuera de toda duda y he de decir
que, cuando se la contrató, se estimó que tenía suficientes conocimientos
para desempeñar correctamente las funciones para las que era contratada;
funciones que no se limitan a 1992, sino que son funciones que siguen
siendo vigentes hoy y que seguirán siéndolo en años sucesivos. En función
de esos datos y de la libertad absoluta de que goza un gabinete para
elegir a sus asesores ejecutivos, se nombró a la señora Rodríguez.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): Muchas gracias, señor
Secretario de Estado, por su presencia.
--MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROTEGER LAS VIDAS Y LOS BIENES DE LOS ESPAÑOLES
RESIDENTES EN ARGELIA. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE (GP). (Número
de expediente 181/000529.)
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Pasamos al bloque de
preguntas que van a ser contestadas por el Subsecretario, señor Cajal, a
quien rogamos que pase al puesto reservado a los comparecientes.
Pregunta número 4 del señor Milián Mestre sobre medidas adoptadas para
proteger las vidas y los bienes de los españoles residentes en Argelia.
Tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Subsecretario, creo que en el pasado mes de
diciembre planteamos una pregunta similar a la presente, puesto que en
aquel momento concurrían una serie de circunstancias verdaderamente
inquietantes, ya que había sido asesinado un español, al que después
siguieron 34 extranjeros más y, curiosamente, a pesar de que la pregunta
lleva fecha 10 de febrero, esta semana nos ha aportado nuevos datos a la
alarmante cuestión que voy a intentar plantearle.
El agravamiento de la situación general en Argelia es de todos conocido
y, a pesar de que el nuevo Presidente ha tratado de recomponer una
situación muy deteriorada, lo cierto es que la fluidez de la misma
persiste y que el fundamentalismo no parece parar mientes a la hora de
sacudir a cuantos elementos puedan ser utilizables para el escándalo y la
amenaza. En ese sentido, siguen los mismos problemas de fondo que
planteábamos el mes de diciembre pasado, pero más agravados, es decir, el
grado de preocupación es más alto. Tanto es así que Amnistía
Internacional acaba de denunciar lo que llama textualmente ejecuciones
extrajudiciales, y nada menos que a mediados de marzo ha denunciado de
una atacada 200 desapariciones o ejecuciones. En segundo lugar, la
intensificación del conflicto, fundamentalista, con contagios directos e
indirectos en la zona, como, por ejemplo, en Egipto, no parece ser sino
otro motivo más de preocupación para un Gobierno como el nuestro, tan
próximo y tan vinculado a los intereses de Argelia.
La cuantificación específica cifra en 35 las víctimas, pero la
cualificación de las últimas me parece especialmente alarmante y por eso
las aduzco como prueba de la gravedad de la situación. Hace pocas semanas
fueron degollados dos franceses dentro de su domicilio y ante su propia
familia; por tanto, ya violabilidad directa de los domicilios, y ni
siquiera la mínima defensa de la propia intimidad. El pasado fin de
semana dos religiosos católicos han sido asesinados brutalmente, con lo
cual no digo que se mande un aviso, pero sí una clara indicación --como
muy bien ha dicho la prensa francesa e incluso el propio «Le Monde»--
acerca de la intencionalidad de esta virtual batalla del fundamentalismo
en el norte de Africa. Por tanto, aquí aparecen dos referencias muy
específicas que afectan o pudieran afectar, en buena medida, a buena
parte de nuestra colonia, si no estoy mal informado. Creo que en estos
momentos tenemos en Argelia 50 religiosos españoles, la mayoría de los
cuales se resisten a abandonar la zona --según mis noticias--, a pesar de
las presiones que en este sentido ha efectuado el propio Embajador
español, persistiendo en realizar su trabajo en hospitales y en
desempeñar otras labores caritativas, lo que les pone en mayor riesgo, a
la vista de lo que acaba de suceder.
Recientemente, «El País», los días 10 y 11 de mayo, ha abundado en esas
informaciones, y la verdad es que ello le impele a uno a plantear con
mayor decisión y mesura esta cuestión.
Los extranjeros que hay en este momento en Argelia --usted, a lo mejor,
tendrá cifras de última hora-- parece ser que son 386, pero los españoles
son unos 160, según tengo entendido. Por lo tanto, permanece la situación
todavía potencial de riesgo y es evidente que se están dando unas
condiciones agravadas, lo cual puede preocupar e inquietar mucho más a
nuestro país y a nuestro Gobierno.
En tercer lugar, la repercusión sobre nuestros intereses. ¿Existen
tendencias claramente definidas sobre migraciones hacia España? Lo digo
porque lo trajo a colación justamente el señor Ministro de Asuntos
Exteriores, señor Solana, en la última comparecencia, creo que fue en el
mes de marzo, donde él hizo alusión a que, si se deterioraba mucho más la
situación, probablemente nuestro país tendría un acopio importante
migratorio de refugiados. Lo digo porque yo mismo, en la televisión
francesa, a finales de año o a comienzos --no recuerdo bien--, creo que
fue en los tres primeros días de este año, yo le oí al Ministro del
Interior, Charles Pasqua, citar textualmente el problema de España como
frontera primera de incidencia del conflicto argelino.
A preguntas del periodista de la televisión francesa de si usted,
Gobierno francés, no se inquieta por lo que ocurre en Argelia, contestó:
Antes que ocurra algo en España, no será motivo para inquietarnos. Cuando
en España suceda algo en este sentido, entonces sí que nosotros
empezaremos a cuestionar la situación. A mí me sorprendió la respuesta.
(El señor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores --Cajal
López--: A mí también.) A mí me sorprendió la respuesta y, como tal
respuesta sorprendente, yo la aduzco en este momento para que usted me la
aclare de algún modo.
Hay otras cuestiones de carácter económico que afectan a nuestros
intereses; esto es de todos conocido, puesto que nosotros estamos
vinculados energéticamente. Por ejemplo, en el año 92 las importaciones
del 96 por ciento fueron de orden energético, o sea, petróleo y gas, y
nuestros intereses --ya lo hablamos en el mes de diciembre; simplemente
lo aludo; no voy a explicar más esta cuestión-- están directamente
relacionados con el gaseoducto, que me gustaría saber cuál es el «status»
en cuestión, si sigue el proyecto adelante, si sigue nuestro compromiso
de financiamiento de los 140.000 millones de pesetas a aportar en este
proyecto y si se están cumpliendo las perspectivas de su realización, a
pesar del cambio de clima o de escenario.
¿En qué condiciones ha quedado el patrimonio de los intereses de los
españoles en la zona tras abandonar su residencia? Esta es otra cuestión
que a mí me gustaría conocer, y cuáles son las garantías de respeto de
los derechos de propiedad y de sus negocios, puesto que, evidentemente,
uno tiene la sensación que los que se van se van ya a precario y en
mínimas condiciones de garantía de nada.
Por lo tanto, yo quisiera que usted me concretara también en qué términos
se produce la denominada evacuación discreta, que parece ser el término
utilizado convencionalmente por todos los países de la Unión Europea para
sacar, no digo clandestinamente, pero sí suavemente, sin alharacas,
cuanta población extranjera de nuestros países de la Comunidad sea
posible antes de que ocurran males mayores.
Por último, a mí me gustaría saber si se ha introducido ya en los
contratos de las empresas españolas la cláusula de riesgos especiales que
suspendan automáticamente los contratos sin ninguna penalización por
incumplimiento a la vista de la nueva situación creada y ante casos
claros como, por ejemplo, creo que fue a Construcciones y Contratas o
Dragados --no recuerdo ahora bien--, que el propio Gobierno español le
pidió o aconsejó que se retirara de la construcción de una presa por los
riesgos que suponía.
Por lo tanto, estas son las cuestiones que me gustaría que, en el
conjunto de la pregunta, pudiera clarificar, señor Subsecretario, y
añadirle simplemente, respecto a lo que está ocurriendo, si el Gobierno
tiene previsto de alguna manera el subsidiar a los españoles que repatria
en estas condiciones de discreción o no discreción, entre otros extremos
que creo que son especialmente útiles para considerar nuestra condición
de solidaridad con ellos. Primero, en cuanto al acceso a una vivienda
para poder residenciarse en nuestro país, y, segundo, en las pensiones no
contributivas para los refugiados mayores de cincuenta años, que no han
podido contribuir y que, obviamente, difícilmente van a poder contribuir
en el futuro, vista la situación creada en este lugar y en estas
condiciones.
Este era el conjunto de mi planteamiento, que, como usted comprenderá, yo
creo que los últimos acontecimientos refuerzan todavía la urgencia y la
premura a esta pregunta, puesto que la situación, lejos de clarificarse,
se va agravando día a día.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): El señor Subsecretario
tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal
López): Señoría, voy a hacer un repaso rápido de lo sucedido desde
aproximadamente septiembre de 1993, en relación con el tema que ha
suscitado S. S., y luego trataré de responder de una manera más puntual a
los aspectos concretos.
Es obvio que uno de los objetivos prioritarios que persigue el Gobierno,
en el caso de la crisis argelina, por llamarla de alguna manera, es la
protección de los ciudadanos españoles allí residentes y de sus
intereses.
La crisis por la que está atravesando Argelia inició una fase de
radicalización, de todos conocida, a lo largo del último trimestre del
pasado año. Ya en septiembre fueron asesinados dos súbditos franceses y
un mes después, en octubre, fueron secuestrados tres funcionarios del
Consulado general de Francia en Argelia. El 1 de diciembre expiró el
ultimátum que había lanzado el grupo integrista radical GIA, exigiendo la
salida de los extranjeros, y, al día siguiente, como es sabido, fue
asesinado un súbdito español no residente en Argel, Manuel López Bailén,
que transitaba en un automóvil desde Orán hacia la ciudad de Annaba.
En septiembre, la Embajada de España en Argel, su sección consular y el
Consulado general de Orán activaron, por decirlo así, los planes de
contingencia que estaban previstos, consistentes en actualizar la
relación de españoles que allí residían, con objeto de mantener un
contacto permanente y fluido con ellos y, sobre todo, para mentalizar a
la colectividad española de los riesgos que aparentemente se avecinaban.
Simultáneamente, se activaron también unos mecanismos de consulta con
Exteriores y un grupo de trabajo que a lo largo del mes de diciembre se
reunió tres veces, bajo la presidencia del Subsecretario.
Al mismo tiempo, la Embajada en Argel, continuando ese contacto con los
súbditos españoles, se encargó, junto con otras representaciones de la
Unión Europea, de poner a punto eventuales planes de evacuación,
concentrar en el «compound» de la Cancillería a aquellos miembros de la
representación diplomática que allí debían permanecer, mantener reuniones
con los directivos de las empresas que trabajan en Argelia, designando
enlaces para asegurar una comunicación eficaz para el caso de que las
circunstancias así lo exigieran, en la línea de garantizar, como digo, la
inmediata localización de los españoles allí residentes y tomar
eventualmente las medidas de evacuación, si las circunstancias así lo
exigieran.
Hay que hacer una precisión en relación con lo que está sucediendo en
Argelia, porque es una crisis, por decirlo así, que en nada se parece a
lo que ha ocurrido en países africanos, como es el caso, por ejemplo, de
Burundi. Frente a una crisis como la de este último país, allí no hay una
situación de caos, allí se mantienen las estructuras de un Estado, hay un
Gobierno, hay unas fuerzas de seguridad y la vida continúa, salpicada,
eso sí, de atentados, de enfrentamientos en zonas montañosas, pero es un
Estado que funciona normalmente. Consecuentemente, los países terceros
cuyos ciudadanos allí residen tienen que hacer frente a estos
acontecimientos con unos planteamientos distintos de los que podrían
acudir en circunstancias más dramáticas.
Lo que sucede claramente en Argelia es que hay un movimiento
fundamentalista, integrista, que lo que pretende, entre otras cosas, es
que los extranjeros abandonen ese país y para ello utilizan tácticas o
técnicas terroristas que, si no responden a una planificación única, en
todo caso van claramente dirigidas a crear pánico y provocar una
desbandada y, consecuentemente, que la colectividad extranjera abandone
ese país. Por eso sus atentados --al margen de atentar, obviamente,
contra las fuerzas de seguridad argelinas-- van de una manera muy clara y
específica a extranjeros. Fueron asesinados 12 croatas y bosnios el 14 de
diciembre de 1993; fue asesinado el ciudadano español que antes he
mencionado, y las víctimas extranjeras a las que ha hecho referencia S.
S., sin distinguir nacionalidades. Ha habido asesinatos de rusos, de
algún alemán, de religiosos, etcétera.
El ataque a que ha hecho referencia S. S. de los dos religiosos hace días
tiene también un significado evidente, y es que tampoco se respeta a los
religiosos, está claro. Puede ser producto del azar o puede ser algo
calculado previamente y es, naturalmente, un riesgo adicional, porque
muchos de estos religiosos o religiosas --sobre todo religiosos--
españoles están en zonas muy inmersas en la sociedad argelina, sobre todo
en las capas más pobres de esa sociedad, sin protección alguna. Y es
verdad también que no quieren abandonar Argelia, a pesar de las
recomendaciones que se les han hecho.
En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo el día 3 de
diciembre una primera recomendación a los españoles residentes en Argelia
para que adelantaran sus vacaciones de Navidad, redujeran sus movimientos
y permanecieran en contacto con la representación diplomática y consular,
en el caso de Orán, y, si hubieran de viajar por el país, detallar sus
movimientos. A partir de esa fecha, se han producido tres nuevas
recomendaciones, una el 5 de diciembre --es decir dos días después de
aquélla--, aconsejando a los turistas eventuales no viajar a Argelia;
otra el 23 de marzo de 1994, solicitando la salida de Argelia de aquellas
personas cuya presencia no fuera imprescindible, y el 10 de mayo pasado
--hace unos días, anteayer concretamente-- reiterando a los residentes
este llamamiento a abandonar el país, salvo que su presencia fuera
imprescindible.
Estoy seguro que S. S. entenderá que una evacuación forzada hasta donde
se pueden hacer las cosas de esta naturaleza-- o un llamamiento
generalizado a una salida de connacionales tiene un riesgo, y es que en
el fondo se está haciendo el juego al FIS o al GIA. Se está haciendo el
juego a los fundamentalistas, en un ejercicio que, obviamente, es
delicado para países terceros, para países europeos, y desde luego para
España, consistente en tratar de mantener las relaciones con este país,
no emitir señales que puedan interpretarse negativamente por parte de
Argelia, asumir, al mismo tiempo, las responsabilidades con los
connacionales que allí viven, preservar nuestros intereses comerciales y
económicos con este Gobierno. Quiero decir con ello que éste es un
equilibrio bastante difícil de preservar.
Han continuado las reuniones de coordinación --que se iniciaron como
antes he dicho-- y se han mantenido desde el 1 de enero a esta parte seis
reuniones formales de coordinación en el Ministerio, a las que ha
asistido en más de una ocasión el Embajador señor Conde, cuya actuación
debo encomiar aquí, la suya y la de todo el personal de la Embajada,
tanto diplomático como no diplomático, y del Consulado General en Orán,
en condiciones manifiestamente difíciles. Se han mantenido dos reuniones
con el gabinete de crisis de Presidencia, una el 13 de enero y otra el
pasado 20 de abril. Todo ello tenía varios objetivos: asegurar una
comunicación permanente, como he dicho antes, con la colectividad
española, mantener abiertos canales de comunicación con las restantes
representaciones, en particular con las de los países de la Unión Europea
y de las embajadas iberoamericanas, al objeto también de realizar
gestiones con las autoridades argelinas para asegurar, hasta donde fuera
posible, la protección de los españoles, de sus bienes, de los locales de
la representación diplomática y consular, obviamente, y de las empresas
españolas; también las gestiones que se hicieron para investigar el
asesinato del señor López Bailén. Finalmente, todas estas reuniones
tenían el objetivo de definir las medidas de seguridad e ir adaptando
estas medidas para los locales de nuestra Embajada y Consulado en Orán y
su reforzamiento al hilo de la evolución de las circunstancias.
En septiembre pasado había en Argelia en torno a 600 súbditos españoles,
digo en torno porque hay un porcentaje no desdeñable de españoles que
trabajaban en empresas, muchas de ellas españolas establecidas en
Argelia, pero que rotaban periódicamente antes de que se produjera la
crisis, con lo cual no se puede hacer una fotografía, por decirlo así,
una instantánea, pero, en fin, en todo caso los datos de que disponíamos
los cifraba en 594 ó 595. En la actualidad son algo menos de 300 los que
quedan allí. Eso quiere decir que ha salido el 50 por ciento, pero,
insisto, esto son cifras que pueden variar de un día a otro, aunque no
substancialmente. Obviamente, en estas cifras está incluida parte de
nuestra representación diplomática y consular que también ha salido y se
ha reducido. Ha habido, efectivamente, como S. S. ha dicho, una salida
discreta, porque lo que se ha ido recomendando reiteradamente a nuestra
colectividad es, como he dicho antes, que quien no tuviera estricta
necesidad de permanecer allí viniera a España, y lo mismo se ha hecho con
los funcionarios de las distintas oficinas sectoriales de la Embajada y
del Consulado, a fin de no dañar o de mantener un funcionamiento que
garantizara el normal desenvolvimiento de la representación diplomática y
consular. A 30 de esos compatriotas se les ha pagado el billete de
regreso a España, y aprovecho para hacer una referencia al tema de si se
subsidia o no a los repatriados. Algunos repatriados, como ya he dicho, a
30 de ellos, es decir, a todos los que lo solicitaron, se les aplicaban
las medidas de repatriación, es decir, el pago del billete de regreso a
España. Se han hecho gestiones --en este momento no puedo afirmar que
hayan tenido éxito o que hayan culminado-- con determinadas comunidades
autónomas, en función del origen de los españoles, y con el Ministerio de
Asuntos Sociales, para que se les facilite, hasta donde sea posible,
vivienda y también pensiones no asistenciales, pensiones cuya puesta en
marcha, por decirlo así, después del correspondiente expediente, deben
incoar los interesados.
Un tema muy concreto al que ha hecho referencia S. S. es la situación de
nuestras empresas. Al margen de la información concreta y puntual a los
directivos de las empresas y a sus enlaces para garantizar, siempre hasta
donde sea posible, la seguridad de nuestros compatriotas que trabajan en
ellas, se han hecho gestiones con el Gobierno argelino para hacer frente
al problema que S. S. ha suscitado, es decir, los problemas derivados de
que, como consecuencia de los riesgos de seguridad a que están sometidas
las empresas y sus trabajadores, algunos contratos que las empresas --en
este caso españolas, pero, por supuesto, no sólo españolas-- habían
suscrito y que comprendían la realización, dentro de determinados plazos,
de ciertas
actividades, no se han podido cumplir. Se han hecho gestiones con las
autoridades argelinas. Concretamente, el Ministro de Asuntos Exteriores
la hizo con su colega argelino el pasado 12 de enero para que no
penalizara a unas empresas españolas, Dragados y alguna otra, por el
aplazamiento de sus obras. El 6 de abril, la troika comunitaria hizo una
gestión semejante ante el Gobierno argelino.
Hasta la fecha no se tiene conocimiento de que haya habido resoluciones
de contratos o ejecuciones de fianzas que no hayan sido regulares. En
todo caso, este es un tema en el que las autoridades argelinas mantienen
una actitud muy prudente. Como digo, no ha habido hasta el momento
noticias, por decirlo así, negativas. Es cierto que el Ministerio de
Asuntos Exteriores desaconsejó a una empresa española --creo recordar que
era concretamente Dragados-- que aceptara embarcarse en la construcción
de una presa, la presa de Beniharum, un negocio obviamente sustancioso
porque, al parecer, estaba presupuestada en 150 millones de dólares
--tengo la información de «El País» delante--, que requería el envío de
más de un centenar de ingenieros y de técnicos, se presumía que
españoles, a Argelia y no parecía que las circunstancias aconsejaran
permanecer impasible ante una operación que, desde el punto de vista
comercial, parecía interesante, pero que podría acarrear riesgos
evidentes.
No tengo noticias de que haya habido ningún problema en materia de
energía. Podría tratar de averiguarlo, pero no me ha llegado ninguna con
este sentido.
Creo que he hecho alguna referencia a la evacuación. Se ha ido
produciendo con un cierto goteo, aunque debo señalar que, mirando las
estadísticas, hay más españoles viviendo en este momento en Argelia que
hace dos meses y medio. Ha habido una inflexión y supongo que estas
inflexiones están en función de los acontecimientos; si hay una
agravación de la crisis, evidentemente se acentúa la salida de españoles;
si las cosas, dentro de la situación de gravedad, se normalizan o
distienden, los españoles regresan.
En cuanto a las emigraciones, me sorprende mucho lo que dice el Ministro
del Interior francés, porque yo diría que, por la situación geográfica de
España, la distancia que nos separa de Argelia es pequeña, menor, en todo
caso, que la que separa a Argelia de Francia, pero no es menos cierto que
la presencia de más de un millón, no sé si de argelinos cien por cien o
franceses de origen argelino --me refiero a los trabajadores que ahí
están--, me parece que sería un lugar de acogida evidente para muchos
cientos de miles de argelinos si las cosas llegaran a estos extremos.
Creo que es un escenario excesivo el que pudiera plantearse una
emigración masiva de Argelia; sólo se podría plantear en el caso de una
crisis realmente incontrolable, cuando el aparato del Estado argelino
desapareciera.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Gracias, señor
Subsecretario.
Señor Milián.
El señor MILIAN MAESTRE: Ha sido muy completa su información y quiero
simplemente agradecérselo. No insisto más porque los extremos planteados
son satisfactorios.
Solamente creo que usted no ha reparado --se lo he preguntado con
especial incidencia-- en el tema de la continuidad o no del proyecto del
gasoducto, y si la situación actual ha repercutido, de alguna manera, en
frenar el proyecto, cuya terminación creo que es en el año 1995; en dicho
proyecto estamos implicados con la cuantiosa inversión de 140.000
millones de pesetas.
Simplemente si puede aclarar este pequeño detalle que no ha
pormenorizado. En lo demás estoy muy satisfecho porque ha sido muy
clarificador.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal
López): En relación con el tema del gasoducto concretamente no tengo
información en ningún sentido. Trataré de averiguarlo y se lo haré llegar
a través de la Presidencia.
--RAZONES POR LAS QUE EL CENTRO SUPERIOR DE INFORMACION DE LA DEFENSA
(CESID) HA CLAUSURADO LOS LOCALES QUE HASTA HACE POCO TIEMPO OCUPABA EN
EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ
RUBIO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000602.)
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Pasamos a la pregunta
número 5, del señor Rupérez Rubio: Razones por las que el Centro Superior
de Información de la Defensa (Cesid) ha clausurado los locales que hasta
hace poco tiempo ocupaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Subsecretario, mi compañera la señora
Tocino, al ver la pregunta que le voy a formular, me inquiría sobre si la
razón de la clausura era que el Cesid había trasladado sus locales al
Club Puerta de Hierro. Creí que era oportuno decirle que no, pero sí
requerir al señor Subsecretario la razón por la cual esta clausura se ha
producido.
La pregunta está formulada hace casi dos meses. He visto que
posteriormente la noticia ha tenido eco en algún medio de comunicación.
Es una pregunta muy directa. Son las razones por las cuales no se sabe
bien quién ha clausurado a quién, si ha sido el Cesid quien ha clausurado
sus locales o ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores el que, viendo
la que estaba cayendo, ha decidido poner en la calle al Cesid.
En cualquier caso, nos gustaría saber cuáles son las razones por las que
esa larga asociación que unía al Cesid, desde el punto de vista del
mantenimiento de los locales en
el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha cesado de manera un tanto abrupta
hace todavía pocas semanas.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Siento que mi
respuesta no va a aportar emoción alguna a S. S. y a su compañera de
banco en este momento.
La explicación es bien sencilla. Fue el Subsecretario de Asuntos
Exteriores quien pidió al Director del Cesid lo que ha sucedido, que los
funcionarios del Cesid que trabajaban en el Ministerio de Asuntos
Exteriores dejaran el local que ocupaban, por razones que voy a tratar de
explicar. Esas mismas razones se las expliqué de manera sencilla y clara
al periodista que hizo esa información, pero tuvo que añadir esa dosis de
duda que siempre sazona, por decirlo así, los artículos de prensa, que si
no a veces son pura información que no excita al lector.
El Cesid ha prestado asesoramiento al Ministerio de Asuntos Exteriores
desde el año 1985 para el diseño de los sistemas de seguridad de nuestras
embajadas y consulados, y sobre todo cancillerías, en el exterior,
exclusivamente en este terreno. Este asesoramiento se efectuaba por un
equipo de dos o tres personas en función del trabajo que a ellos se
sometiera por los servicios de la Dirección General del Servicio Exterior
del Ministerio, y más concretamente, por una parte, de la oficialía
mayor, que como S. S. sabe es la responsable de los temas de seguridad en
el ministerio, y por el equipo de arquitectos, que son los que diseñan y
dirigen las obras de las cancillerías, tanto si son de nueva planta como
si se trata de remozamiento de edificios.
A principios de este año, escribí al Director del Cesid para que
estudiara una nueva fórmula de asesoramiento en esta materia, por dos
razones, pero sobre todo por una, que es la más importante y cuya
credibilidad está en función de la que se me conceda, señoría.
Las obras de nueva planta, o las de remozamiento de las cancillerías y
residencias (insisto, en particular cancillerías) de embajadas y
consulados que se habían iniciado a finales de la década de los ochenta,
y que afectaban a grandes cancillerías (hemos tenido oportunidad de
hablar más de una vez de este tema en esta misma sala, creo recordar), se
culminaron recientemente. Hablo de las embajadas en Washington, en última
instancia, París, Londres, Moscú, en su momento, por supuesto la Reper,
en Bruselas, y otras de menor fuste, por decirlo así, como El Cairo,
Varsovia.
Parecía que no era preciso contar con la presencia de estas personas una
vez que esa labor de asesoramiento tenía menos urgencia y, sobre todo,
menos contenido. Por otro lado, nos liberaban un espacio que siempre es
bienvenido en Santa Cruz donde, como S. S. sabe, no andamos sobrados de
espacio.
El Director del Cesid ofreció una fórmula, que me parecía plenamente
satisfactoria para las necesidades de Exteriores, y que, en cualquier
caso, garantizaba lo que justificó en su momento la presencia de estos
funcionarios del Cesid, que era este asesoramiento técnico. La propuesta
del teniente general Alonso Manglano fue que siguiera prestando este
servicio un equipo especializado, pero localizado, no ya en Santa Cruz,
sino en la sede del Cesid, donde además dispondría, no solamente de la
infraestructura técnica con la que obviamente no contaba en Santa Cruz,
sino que, precisamente, al disminuir las exigencias de asesoramiento en
Exteriores, podrían ocupar parte de su tiempo en prestar su cooperación a
los fines u objetivos para los que les dedicara el Director del Cesid.
Esto es todo. Así se hizo. El Ministerio sigue contando con este
asesoramiento del Cesid y el traslado se efectuó el pasado 1.º de marzo.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Subsecretario.
Debemos entender que suavemente, diplomáticamente, el señor Subsecretario
se ha quitado de encima al Cesid, y no sabemos si lo ha enviado a Puerta
de Hierro o a algún otro lado, pero ciertamente se lo ha quitado de
encima. No vamos a entrar en este momento en las razones que pueda haber
tenido, porque las razones que nos da son plausibles, no necesariamente
las últimas, y no vamos a poner en duda la credibilidad del señor
Subsecretario sobre las últimas razones que pueda haber tenido para
proceder a ese tipo de decisión. Posiblemente (seguramente) se encuentra
esa decisión dentro de un contexto donde las cosas que están pasando en
este momento con el Cesid hacen que su compañía no sea precisamente la
más grata de las posibles.
Aunque no sea éste el momento ni la intención última de la pregunta, yo
quería animar al señor Subsecretario (en el tiempo que le quede como tal
y, en cualquier caso, a su sucesor) a que siguiera esa tarea de cierta
limpieza, a que procediera no únicamente a vaciar locales que en la
central del Ministerio pueda ocupar el Cesid, sino también a tener en
cuenta algunas cosas que son bastante más importantes y que al señor
Subsecretario, como atento observador, por gusto, por necesidad, y por
profesión de lo que ocurre en la carrera, seguramente no se le han
escapado.
Creo que ésta es hora en la que el Ministerio de Asuntos Exteriores, el
Gobierno, en definitiva, proceda a una cuidadosa regularización de las
presencias y comportamientos de los agentes del Cesid destinados en las
embajadas de España en el exterior. Yo creo que ésta es hora también de
que el Gobierno tome nota de la necesaria subordinación de los agentes
del Cesid a la autoridad del embajador, cumpliendo aquel viejo principio
--desgraciadamente no siempre atendido-- de la unidad de exterior del
Estado.
Al señor Subsecretario que seguro sabe mucho más que yo al respecto, no
se le escapan situaciones graves que se han podido producir, que se han
producido de hecho, en el curso de los últimos tiempos y que han
enfrentado de manera grave a funcionarios diplomáticos, embajadores y
agentes del Cesid.
Creo que también es necesario --aprovechando este final de inquilinato
que el Cesid tenía en el Palacio de Santa
Cruz-- pensar todos en un replanteamiento completo de las funciones del
Cesid, de los agentes y de los servicios de seguridad en nuestras
embajadas, porque muchos de los agentes diplomáticos se han preguntado a
quién espían, sobre qué informan y para quién trabajan los agentes del
Cesid que están destinados en las embajadas de España en el exterior.
Seguramente, al señor Subsecretario no le es ajena la preocupación de
constatar que, así como en España, desgraciadamente --y nosotros somos
los primeros en lamentarlo--, existe una conciencia cada vez más
extendida, de que el Cesid se está dedicando a tareas que no tienen nada
que ver con su función primordial, que es atender a la seguridad nacional
y no atender a intereses particulares, sean lo que sean estos intereses,
no son pocos, al mismo tiempo --y lo digo también, desgraciadamente--,
los indicios o los temores de que en las embajadas, los agentes del Cesid
estén haciendo lo propio y que, en consecuencia, se esté produciendo esa
pregunta de para quién trabajan, a quién espían y a qué tipo de
información responden.
Comprendo que la anécdota de si están o no están en Santa Cruz, puede
quedarse en anécdota; pero la categoría es: Cuál es el contexto genérico
que ocupa el Cesid en el tejido de la seguridad del Estado, en el
contexto del servicio al Estado, que no tiene necesariamente su encaje en
esta Comisión, pero sí tiene su encaje en lo que se refiere al servicio
exterior del Estado y, consiguientemente, a la coordinación y
subordinación de esos servicios en esas mismas finalidades de servir al
interés superior de la nación.
Aprovechando este final del inquilinato, yo creo que sobre estas
reflexiones, señor Subsecretario --sobre las cuales seguramente tendrá
algunas consideraciones que hacer--, me gustaría que comenzáramos todos a
meditar y empezáramos y acabáramos esa reflexión urgentemente, porque
algunos aspectos, a los cuales me he referido anteriormente, sobre la
seguridad del Estado, desgraciadamente, no pueden tener más espera.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal
López): Gracias, señor Presidente.
Hace S. S. unas observaciones o unos comentarios que creo trascienden,
obviamente, mi cometido aquí.
Pienso que el Cesid (y me parece que no soy la persona que debe contestar
a esa pregunta, pero le voy a hacer un comentario), hasta donde yo sé y
por lo que sé, obviamente, desempeña el papel que le ha sido encomendado,
sin perjuicio de que pueda haber errores en su gestión. No me corresponde
a mí pronunciarme al respecto; pero sí me puedo pronunciar --hasta donde
sé, naturalmente-- respecto a lo que hacen los agregados del Cesid
acreditados como tales en las embajadas, quiero decir, perfectamente
conocidos y, como tal, acreditados ante las autoridades locales del país
de que se trate.
Es verdad --por qué ocultarlo-- que, a veces, hay problemas con los jefes
de misión; pero esos problemas no quedan circunscritos a estos agregados.
Es verdad, y alguna vez se ha hablado aquí también de que el principio de
unidad de acción en el exterior puede reforzarse, no el principio como
tal sino esa unidad de acción en el exterior, sin duda alguna, y es un
objetivo loable por el que hay que seguir trabajando. Pero a mí me parece
injusto achacar intenciones ocultas a los agregados del Cesid y pensar
que nos espían a los diplomáticos. Me parece injusto, primero, porque no
he tenido nunca en los tres años que yo soy subsecretario --y lo digo
francamente--, una denuncia en este sentido. Es cierto que ha habido
algunas protestas de embajadores, pero no por este tema, sino porque
pensaban que la actuación de tal o tal agregado en algún caso concreto no
era la que a ellos les parecía adecuada. En estas cosas, como en tantas,
funciona o no funciona la relación personal, y estoy seguro que S. S.
sabe que así sucede y que eso no queda circunscrito a los agregados del
Cesid, sino a muchas relaciones entre el embajador y el ministro
consejero, siendo todos de la misma cofradía. No siempre el embajador
tiene razón, como es perfectamente obvio; por eso, yo creo que es injusta
esa observación. Otra cosa es que haya agregados del Cesid competentes y
otros que no lo sean, por supuesto, ¡estaría bueno!
Debo decir una cosa claramente. Todo lo que haya sucedido después no
tiene absolutamente nada que ver con la decisión que yo tomé, que tomé
por mí, ante mí, sin consultar a nadie porque ya soy mayor, y mi
clarividencia no llega a tanto.
Gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Gracias, señor
Subsecretario.
Acabamos así este turno de preguntas...
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): Señor Presidente,
brevísimamente.
Como bien pudiera ser el caso, señor Presidente, que ésta fuera la última
comparecencia del señor Cajal en su condición de subsecretario, puesto
que sabemos que va a otra función, yo no querría dejar pasar la
oportunidad, en nombre del Grupo Socialista, de felicitar al señor Cajal
por el trabajo que ha cumplido, que para nosotros ha sido una
colaboración extraordinariamente positiva en la subsecretaría;
agradecerle la disponibilidad que siempre ha demostrado respecto de
nuestra Comisión y, desde luego, desearle mucho éxito en la nueva
responsabilidad que va a afrontar a la cabeza de nuestra Embajada en
París. Seguro que ahí seguiremos teniendo la oportunidad de vernos, de
seguir trabajando juntos y de seguir cultivando la vieja amistad que con
él nos une.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Se ha adelantado usted,
señor Martínez. Me proponía agradecerle su presencia aquí y felicitarle
por su nombramiento próximo.
Muchas gracias, señor Cajal.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE MEDIDAS PARA DETENER EL DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DEL
PUEBLO IRAQUI, DESBLOQUEAR LOS RECURSOS ECONOMICOS DE DICHO ESTADO
EXISTENTES EN NUESTRO PAIS, ASI COMO APOYAR INICIATIVAS ENCAMINADAS A
FAVORECER EL FORTALECIMIENTO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN IRAK.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000166.)
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Proseguimos el desarrollo
del orden del día.
Pasamos al debate de dos proposiciones no de ley. La Mesa ha accedido a
la petición que ha hecho la señora Maestro, por razones de tiempo, de
debatir en primer lugar la proposición número 8. ¿A la Comisión le parece
bien? (Asentimiento.) Así lo haremos.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre medidas para detener el deterioro
de las condiciones de vida del pueblo iraquí, desbloquear los recursos
económicos de dicho Estado existentes en nuestro país, así como apoyar
iniciativas encaminadas a favorecer el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos en Irak.
A esta proposición no de ley el propio Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado una enmienda de
modificación, por entender que habían cambiado las circunstancias que la
motivaron desde el día de su presentación hasta la fecha.
Para defender la proposición en su forma actual, la señora Maestro tiene
la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer a la Mesa y a los grupos
parlamentarios haber accedido a cambiar el orden del día, dado que, en
función de la extensión imprevista de la Comisión, por motivos
personales, voy a tener que ausentarme y como deducirán del contenido de
la autoenmienda realizada por nuestro grupo y de la exposición que voy a
hacer, trasladar la proposición no de ley a fecha posterior carecería de
virtualidad.
En primer lugar, quiero señalar que la proposición no de ley que voy a
defender soy consciente de que aborda un tema espinoso, excluido desde
hace tiempo tanto del interés de los medios de comunicación como de la
preocupación de la mayoría de las conciencias. Lo abordo con la
pretensión de exponer ante SS. SS. una visión de la realidad de Irak en
este momento que he tenido ocasión de conocer directamente hace un mes y
que, en mi opinión, introduce serios interrogantes acerca de la
oportunidad de mantener intactas, desde hace 45 meses, las durísimas
sanciones que han degradado gravemente las condiciones de vida de la
población iraquí y que afectan a la supervivencia de decenas de miles de
personas.
De hecho la situación de la población iraquí ha sido puesta de manifiesto
por el Vicesecretario General de Naciones Unidas, tanto por él como por
el Delegado Ejecutivo de Naciones Unidas, en visitas a Irak
inmediatamente después de la guerra. En el informe remitido al Secretario
General de Naciones Unidas se expresaba lo siguiente:
Los miembros de la Misión estábamos completamente al tanto de las
informaciones publicadas por los medios de comunicación, respecto a la
situación en Irak y, por supuesto, del reciente informe de la OMS y
Unicef sobre la situación de aprovisionamiento de agua, el saneamiento y
la salud en la zona metropolitana de Bagdad. Sin embargo, quiero señalar
desde el principio que nada de lo que hubiéramos podido ver o leer nos
habría preparado para esa forma peculiar de devastación que ha sufrido el
país. El conflicto ha tenido unos efectos casi apocalípticos en la
estructura económica de lo que hasta enero de 1991 era una sociedad muy
urbanizada y mecanizada. La mayoría de los medios de apoyo a la vida
moderna han sido destruidos o han quedado reducidos a un estado precario.
Se ha enviado a Irak a una era preindustrial para mucho tiempo y, además,
con todos los inconvenientes que presenta una dependencia posindustrial
respecto a la utilización intensiva de la energía y la tecnología.
La Misión recomienda que, dadas las graves dificultades a las que debe
enfrentarse la población, y las nada alentadoras perspectivas que se
ofrecen a esta situación, se levanten inmediatamente las sanciones
referentes al aprovisionamiento de productos alimenticios, así como las
que se refieren a la importación de material y de útiles agrícolas.
Recomienda vivamente que se proporcionen urgentemente productos básicos
para proteger a los grupos vulnerables y que se ponga a disposición de
toda la población una serie de productos alimenticios. Estos productos
son necesarios para responder a las necesidades mínimas de la totalidad
de la población hasta la próxima cosecha.
La observación final indicaba: Si estas medidas imprescindibles no se
toman inmediatamente, no cabe la menor duda de que el pueblo iraquí se
puede ver expuesto muy pronto a una nueva catástrofe, incluyendo
epidemias y hambre. Hay que actuar, y rápido.
Asimismo, un informe de la Universidad norteamericana de Harvard, hablaba
en el mismo sentido sobre Irak.
Ya han muerto 50.000 niños como consecuencia directa de la guerra, de
epidemias, de cólera, de tifus y de gastroenteritis. Esta situación no
tiene ningún precedente. La mayoría de nosotros tiene bastante
experiencia en los problemas sanitarios del Tercer Mundo y dos de
nosotros han trabajado en los campos de refugiados de Sudán. Sin embargo,
es la primera vez que nos enfrentamos a una destrucción de tal magnitud
de toda la infraestructura de un país.
Ciertamente, como saben SS. SS., las resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas permiten la compra de productos de primera
necesidad para la población iraquí, pero la lectura extremadamente
restrictiva que hace el Consejo de Seguridad del texto de las
resoluciones
en relación a cuáles son los productos que Irak puede adquirir y, sobre
todo, la congelación de fondos en el exterior y la imposibilidad de
exportar petróleo han impedido, de hecho, su adquisición.
No quiero tomar su tiempo en la descripción detallada de lo que supuso la
guerra en Irak y de las consecuencias que se están agravando con el paso
del tiempo en la medida que se van agotando poco a poco las reservas de
piezas de repuesto de aprovisionamiento. Simplemente quería señalar algo
que hemos podido ver en cuanto a la situación del sistema educativo
iraquí. Las deficiencias higiénicas y por falta de materiales y productos
de limpieza y el abandono del trabajo por el personal no docente como
consecuencia de la caída real de los sueldos, cierran el triángulo que
relaciona alimentación, higiene y salud. Tal situación está obligando a
cancelar las actividades físicas en el currículum escolar por el aumento
de escolares que padecen enfermedades infectocontagiosas por el estado de
malnutrición y por la debilidad física generalizada.
Como ustedes pueden ver en la exposición de motivos de la proposición no
de ley, la tasa de mortalidad --y esto es algo inédito en cualquier país
del mundo-- en el primer año de vida se ha multiplicado por 5,5 entre
1990 y 1993. Ha aumentado la incidencia de enfermedades infecciosas ya
erradicadas y la frecuencia de síndromes de desnutrición aguda que sólo
se veían en los libros o de una manera muy anecdótica. En Irak se ha
multiplicado la malnutrición por 16,5; el marasmo por 39, y el
kwashiorkor por 45,1, desde 1990.
Los productos incluidos en la cartilla oficial de abastecimiento sólo
cubren un tercio del consumo de los años anteriores a la guerra y sólo el
60 por ciento de las necesidades alimentarias mínimas. De una población
total en Irak de 20 millones de personas, siete millones se encuentran en
la actualidad por debajo del nivel de supervivencia. Por ejemplo, la
cartilla de abastecimiento cubre la mitad de los requerimientos de leche
de los nacidos y solamente durante el primer año de vida. El resto de los
niños no tiene ningún acceso a este alimento de primera necesidad,
especialmente en su edad.
Como saben ustedes, la valoración por parte de Naciones Unidas del grado
de cumplimiento de las resoluciones sobre Irak ha vivido circunstancias
diversas. Sin embargo, puede decirse que desde el 26 de noviembre de 1993
el Estado iraquí ha manifestado su voluntad de aceptar la totalidad de
las resoluciones de Naciones Unidas, especialmente la 715, que prevé un
mecanismo de control a largo plazo de la capacidad militar iraquí. Tras
esta decisión, Bagdad solicitó la aplicación concreta del párrafo 22 de
la resolución 687 y de las posteriores resoluciones 706 y 712, que
contemplan la posibilidad de que Irak exporte cierta cantidad de petróleo
para la compra de productos de primera necesidad.
El Jefe de la Comisión Especial de Naciones Unidas para el Desarme valoró
de manera suficiente y satisfactoria la información facilitada por las
autoridades iraquíes, si bien preveía un plazo de tiempo, que en un
primer momento se cifró en seis meses, para que Naciones Unidas pudiera
poner en marcha las medidas de verificación del desarme que,
evidentemente, retrasarían la aplicación de este levantamiento parcial
del embargo.
El motivo por el cual hemos hecho la autoenmienda viene determinado por
la aparición de noticias nuevas y esperanzadoras respecto a un
levantamiento parcial del embargo en Irak.
El pasado 18 de marzo, como quizá SS. SS. sepan, el Comité de sanciones
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que volvió a prorrogar las
sanciones a Irak, votó mayoritariamente en contra de la posibilidad de un
levantamiento parcial del embargo; pero también por primera vez la
comunidad internacional se mostró dividida. Francia, al frente de una
serie de países, entre los que se encontraban Brasil, China y Rusia,
defendió la flexibilización del régimen de sanciones y la posibilidad de
este levantamiento parcial del embargo.
En esta ocasión, el Gobierno español se abstuvo, si bien mis noticias son
que el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el espacio transcurrido desde
el 18 de marzo hasta ahora, valora la actitud de las autoridades iraquíes
y pudiera estar estudiando la posibilidad de que en la nueva revisión de
las sanciones a Irak, que debe producirse el próximo 19 de mayo, haya un
cambio positivo en la postura española. Como SS. SS. saben, esta actitud
diferenciada del Gobierno español y favorable al levantamiento, al menos
parcial, de las sanciones a Irak se manifestó en esta misma Comisión de
Asuntos Exteriores por el señor Villar y Ortiz de Urbina el día 9 de
febrero de 1994, cuando dijo que el Gobierno español es muy consciente de
los sufrimientos del embargo y de las acciones que está provocando en la
población iraquí; que el Gobierno español reconoce que Irak ha empezado a
flexibilizar en el curso de los últimos meses su actitud y que sería
partidario de una interpretación flexible del término «suministros
médicos y sanitarios», flexibilidad en la interpretación del régimen de
sanciones.
Señorías, quiero señalar que la proposición no de ley de Izquierda Unida
no pretende --porque no entiende que ése sea el objetivo del debate en
estos momentos-- tratar de juzgar el contenido del régimen iraquí ni de
ninguno de los regímenes de la zona que, por otra parte, son los mismos
de antes de la guerra, que no impidieron el mantenimiento de unas
relaciones políticas y comerciales con España, en opinión de los
Ministerios de Asuntos Exteriores español e iraquí, satisfactorias para
ambos países.
El debate internacional, por lo tanto --y el que nosotros pretendemos
introducir en esta Comisión--, debe producirse sobre la medida en que se
ha cumplido o están en vías de cumplirse por parte de Irak las
resoluciones de Naciones Unidas, que sería el único hecho que
justificaría el mantenimiento de las sanciones que están afectando tan
drásticamente a la supervivencia de la población y que, por el contrario,
dejaría de ser legítimo en la medida en que se mantuviera más allá del
contenido literal de las mismas. Por lo tanto, pido el voto favorable de
los grupos parlamentarios a esta proposición no de ley.
Quiero señalar que la actitud de mi Grupo parlamentario ha sido en todo
momento favorable a debatir o aceptar enmiendas que pudieran reflejar una
posición global de la
Comisión de Exteriores que pudiera representar las sensibilidades de los
grupos parlamentarios y que reforzaría los avances que, sin duda, se
están produciendo en la posición del Gobierno español, que probablemente
se materialicen el próximo día 19 de mayo en la votación de la revisión
de las sanciones sobre Irak en el seno del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas. De producirse una votación negativa, aparte de
contradecir los objetivos de sustancioso o al menos tímido avance en la
posición sobre Irak, a mi juicio, discordaría incomprensiblemente de la
posición del Gobierno y, en mi opinión también, dejaría serias dudas
acerca de la coherencia entre el Gobierno, que se manifiesta en una
dirección, y la posición del Grupo parlamentario que sostiene al
Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): ¿Grupos que desean fijar
su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: A pesar de los encomiables razonamientos que ha
dado nuestra colega en defensa de la proposición no de ley, nosotros
entendemos que políticamente no es deseable el apoyo a la misma. Me
explico.
El embargo de las Naciones Unidas no es responsable de la situación
generada por Sadam Hussein sobre sus ciudadanos, el embargo de las
Naciones Unidas no le impide la entrada de medicinas y alimentos. Es más,
fue Sadam Hussein quien se retiró de las conversaciones con la ONU, que
ofrecía la posibilidad de vender petróleo iraquí por valor de 1.600
millones de dólares al año, siempre y cuando ese dinero se empleara para
mejorar las condiciones de vida de los propios iraquíes, así como en
reconstrucción de infraestructuras y en pagos de compensación a Kuwait
por el expolio y destrucción a que se vio sometido el emirato durante la
ocupación iraquí. Tales condiciones fueron consideradas inaceptables por
Sadam Hussein; consecuentemente, no es directa, la razón esgrimida y es
indirecta la repercusión sobre una población por causa del dictador.
Igualmente Sadam no ha dudado en concentrar el gasto estatal en
recomponer su mermado ejército tras la «Tormenta del desierto», así como
su policía secreta, su guardia personal en detrimento de otros posibles
gastos de mayor y mejor rentabilidad par la población, y tampoco dudó en
castigar a cerca de tres millones de kurdos ni en emboscar algo más de un
millón de iraquíes fundamentalistas en las marismas de Basora.
Es políticamente ingenuo pensar que Sadam, que no ha demostrado nunca
respeto alguno por su pueblo sino todo lo contrario, va a utilizar los
beneficios económicos del levantamiento del embargo en la mejora de las
condiciones de vida de los iraquíes. Eso es desconocer, sencillamente, la
realidad de la última década o pecar tremendamente de ingenuos.
Nosotros, señorías, creemos que la mejor forma de hacer respetar los
derechos humanos en Irak es continuar con la presión sobre un líder que
ha dado muestras antes, durante y después de la guerra del Golfo de un
incontrolado despotismo, y su única preocupación es permanecer en el
poder cueste lo que cueste.
Si no fueran suficientes estas explicaciones, entendemos que existen dos
consideraciones elementales a realizar: primero, la experiencia y
sensibilidad de la zona, a pesar de haber desaparecido la guerra fría o
la condición bipolar de la política internacional, pero se dan elementos
muy concretos que afectan directamente a ese lugar, y basta simplemente
citar el famoso libro «Los Secretos de Estado», donde se habla de las
guerras del petróleo, de por qué la necesidad de esas guerras o por qué
la ineludibilidad de esas guerras en esa zona; y, segundo, porque a todo
ello se suman intereses estratégicos evidentes en el orden económico
mundial, cuales son la realidad del 60 por ciento de las reservas
petrolíferas concentradas en el golfo Pérsico.
Consecuentemente, el riesgo de un personaje como Sadam Hussein,
recuperando la plenitud de sus recursos, y so pretexto de mejorar las
condiciones de su pueblo, para emplearlos en mejorar sus condiciones
estratégicas en función de otros intereses es más que probable y, por
tanto, nosotros entendemos que políticamente sería ingenuo apoyar esta
propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Tiene la palabra el señor
Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, querría empezar por hacer
una consideración sobre lo que viene a ser el eje de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que es en torno a las
sanciones y las consecuencias que ellas tienen.
Recuerdo que en el año 1986 visitaba con una delegación socialista
Sudáfrica y en todos los encuentros que tuve con la población, que estaba
comenzando a sufrir lo que entonces era la intensificación de las
sanciones, escuchaba un mensaje constante, que era: por supuesto que las
sanciones van a producir un daño tremendo a la población, que va a ser
fundamentalmente la población sudafricana y la más débil, la población
negra, la que las va a sufrir pero, por favor, intensifiquen ustedes las
sanciones para que esto acabe cuanto antes.
Creo que no es baladí hacer esa reflexión. Porque la portavoz de
Izquierda Unida ha explicado los cambios que se han producido en la
proposición que hoy nos trae. Y es cierto que ha habido un cambio
sustancial entre el primer texto y el segundo. A ello podría añadir
incluso que, en una conversación que hemos podido mantener esta tarde en
ese largo Pleno, hemos tenido un intercambio de opiniones sobre cómo esa
propuesta podría llegar a ser más equilibrada. Pero, quizá, a lo que no
hemos podido llegar es a abordar la grave responsabilidad que incumbe a
Sadam Hussein y a su gabinete en la situación actual, probablemente por
timidez mía, porque considero que es un ejercicio intelectual que todavía
no le puedo pedir a Izquierda Unida que realice. A lo mejor la señora
Maestro quizá sí podría hacerlo y entonces yo debía haberle pedido que lo
hiciera.
Es cierto que hay una grave responsabilidad por parte de Sadam Hussein y
su gobierno al haber desencadenado la invasión de Kuwait, al haber
provocado la reacción de la
comunidad internacional, al haber rechazado, y lo recordaba ahora el
portavoz del Grupo Popular, la posibilidad de exportar petróleo por una
cantidad de hasta 1.600 millones de dólares, que se recogía en las
Resoluciones 706 y 712, que hablaban y recordaban la grave situación que
estaba padeciendo el pueblo iraquí. Había informes que ya en 1991
describían esa situación. Sadam Hussein perdió bastante tiempo antes de
decidirse a aceptar otras resoluciones de Naciones Unidas, que han
permitido desbloquear el proceso y llegar a una situación sustancialmente
distinta, como en la que nos encontramos ahora. Pero se retiró de las
conversaciones para la aplicación de la Resolución 706, que hubiera
permitido aliviar bastante la situación del pueblo iraquí. Se retiró en
febrero de 1992 y ha tardado más de dos años en aprobar la Resolución
715, a la que también se hace referencia en la proposición de Izquierda
Unida. Creo que en cualquier país democrático, e Irak no lo es, la
oposición ya estaría desde hace bastante tiempo pidiendo la dimisión del
jefe de ese Gobierno. Esa es una de las razones que llevan a nuestro
Grupo, incluso valorando muy positivamente la actitud del Grupo de
Izquierda Unida los cambios que se han producido en el texto e incluso en
las expresiones de voluntad política, que yo personalmente he podido
escuchar de su portavoz, votar en contra de esta proposición.
Además, querría destacar que ha habido cambios cualitativos que se
recogen parcialmente en la proposición, y nuestro embajador de Naciones
Unidas lo ponía de manifiesto en la última reunión del Comité de
Sanciones, destacando que había habido avances importantes en la
aplicación de la Resolución 687 y en lo relativo a los programas de
eliminación de armas de destrucción masivas. Destacaba y pedía el
embajador de España, y ello avalaba y justificaba la abstención de
nuestro representante, que se eliminase del preámbulo de la declaración
rutinaria que venía haciendo la Comisión la fórmula según la cual no hay
nuevas circunstancias que hagan necesaria la modificación del régimen de
sanciones, porque se entendía por parte de España que sí había nuevas
circunstancias que aconsejaban entrar a valorar una eventual
modificación, con independencia de que no existían las circunstancias de
cumplimiento de la Resolución 687, especialmente en sus apartados ocho a
trece.
Creo que si hacemos un ejercicio honesto tendríamos que producir una
resolución de exigencia a Irak de cumplimiento de estas resoluciones,
pero la verdad es que en los últimos meses se está produciendo un cambio
importante, que por parte de Irak se está prestando colaboración, y yo
estoy convencido de que en la próxima reunión, previsiblemente el día 19
de este mismo mes, se podrá valorar, con información de la que nosotros
evidentemente no disponemos en este momento, el grado de cumplimiento o
de voluntad de cumplimiento, porque parece claro que algunos de los
requisitos no son cuestión de voluntad, sino de tiempo. Si hubiera habido
voluntad antes, probablemente hoy estaríamos en una situación muy
distinta.
Por esas razones que he apuntado, y por un temor que en el Grupo
Socialista hemos valorado sobre la posibilidad de que una resolución, no
del tenor de la que presenta Izquierda Unida, sino mucho más equilibrada
incluso y con un texto distinto, dijera lo que dijera, pudiera ser
utilizada por parte del régimen de Sadam Hussein de una manera
propagandística, como presentación de un apoyo a su régimen que, desde
luego, no existe en este Parlamento y que, estoy convencido, no es ésa la
voluntad de quien presenta la proposición, el Grupo Socialista va a votar
en contra, convencido, al menos yo personalmente, de que ello no es óbice
ni devalúa en absoluto un ejercicio político y parlamentario de diálogo,
de entendimiento y de acercamiento de posiciones que los portavoces del
Grupo de Izquierda Unida y el portavoz que les habla hemos realizado y,
al menos a mí, me ha sido de gran utilidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Vamos a proceder a la
votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en
contra, 20.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Queda rechazada.
--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SUBSECRETARIO DEL
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, PREVIA REMISION DE UN INFORME, PARA QUE
DE LA CUENTA DE LA EJECUCION DE SU PRESUPUESTO. PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000144.)
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Pasamos al último punto
del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del
Ministerio de Asuntos Exteriores, previa remisión de un informe, para que
dé cuenta de la ejecución de su presupuesto.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: El planteamiento de esta iniciativa nace del
desconcierto que ha producido la ejecución del presupuesto del Estado
para 1993. Este presupuesto se ha saldado con una fuerte desviación que
ha llevado al déficit total de la Administración pública al 7,5 por
ciento del PIB, lo que supone, sin lugar a dudas, un récord histórico.
Además, ha obligado a suprimir en 1993 la vigencia del artículo 10 de la
Ley de Presupuestos, que limitaba tanto el volumen de modificaciones
presupuestarias como el total de obligaciones de pago que se podían
reconocer con cargo al presupuesto. Esta evolución, demostración palpable
del actual descontrol presupuestario, hace necesario plantear medidas que
recuperen la
credibilidad de los presupuestos como expresión y proyección del volumen
máximo del gasto público de cada ejercicio.
El problema de los presupuestos de 1993 no ha sido sólo que se ha gastado
más, también se ha gastado en partidas distintas a las inicialmente
previstas. Se trata de volver, por tanto, a los presupuestos su sentido
legal originario, de límite cuantitativo y cualitativo al gasto público.
Para ello, no obstante, habrá que eliminar las prácticas que han hecho de
él un instrumento al servicio de la discrecionalidad del Gobierno.
Esta proposición se enmarca dentro de las iniciativas que pretenden
recuperar la credibilidad de los presupuestos. Se trata, como he dicho,
de un seguimiento más cercano e intenso a la ejecución presupuestaria. El
Parlamento no sólo ha de ser informado de la evolución de las grandes
cifras de ingresos y gastos públicos; el Parlamento aprueba los
presupuestos de cada año con un detalle no sólo de capítulos de gastos,
sueldos y salarios, compra de bienes, servicios, intereses de la deuda,
transferencias corrientes, inversión pública y transferencias de capital,
sino también de secciones y programas.
El seguimiento de la ejecución del presupuesto no puede ni debe limitarse
a las grandes cifras de los capítulos de gastos. Es por ello que las
comparecencias se solicitan al nivel de los ministerios, con el objeto de
salir de la esfera de las grandes cifras de gasto y su impacto
macroeconómico para entrar en la eficiente gestión de los recursos
públicos y el cumplimiento estricto de una ley aprobada por el
Parlamento, que es la Ley de Presupuestos.
Es por ello por lo que se plantea que comparezca el Subsecretario con la
remisión detallada del cumplimiento de los créditos presupuestarios, por
servicios y programas, y del anexo de inversiones reales por provincias y
comunidades autónomas. Esta comparecencia ha de permitir no sólo el mejor
seguimiento del resultado final presupuestario, sino también el
conocimiento de la dispersión y extensión del coste político de las
posibles desviaciones. En definitiva, se trata de conocer cuanto antes la
evolución de los presupuestos en detalle para poder, sin lugar a dudas,
detectar, ante esta alarma y corregir a tiempo, sus posibles
desviaciones.
Ese es el sentido de esta iniciativa que proponemos hoy a esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): ¿Grupos que desean fijar
su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Señor Presidente, nos vamos a oponer a esta
proposición no de ley de forma similar a como se ha hecho en otras
comisiones en las que sabemos que la ha presentado el Grupo Popular. No
sé si quedará alguna comisión más por presentarla, además de la nuestra,
pues parece que se ha presentado en varias comisiones de esta Cámara. Y
nos vamos a oponer por dos razones. La primera, una de dos, o estamos
ante una iniciativa que no es necesaria porque cualquier comisión, de
acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, puede recabar la presencia de
autoridades o de altos cargos de un Departamento y exigirles o
solicitarles que presenten documentación relativa al punto concreto de
que se trate (si estamos en ese caso, insisto, no es necesaria), o en
otro supuesto no se usa el camino procedimental adecuado; es decir, si se
trata de establecer un mecanismo de control adicional a los existentes,
sobre la ejecución del presupuesto. Entonces nos encontraríamos ante un
supuesto de reforma del Reglamento que está en vías de negociación entre
los distintos grupos parlamentarios, y en ese supuesto parece que ese
mecanismo de control adicional sería más adecuado ejercitarlo a través de
la Comisión de Presupuestos.
Por consiguiente, señor Presidente, señorías, de acuerdo con lo dispuesto
en otras comisiones, nos vamos a oponer a esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Vamos a proceder a la
votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho;
en contra, 12.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso y Ledo): Queda rechazada la
proposición no de ley.
A efectos de que conste en el acta de la sesión, se me informa que, en el
Grupo Socialista, don Julio Bassets ha sustituido a don Marcelo Palacios,
y doña María Dolores Sánchez a don Francisco Fuentes, y en el Grupo
Popular, doña Elena García-Alcañiz ha sustituido a don Gabriel Díaz
Berbel.
Muchas gracias, señores comisionados, por haber aguantado esta sesión tan
tardía, después de un Pleno tan prolongado.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.