CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 202
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 17
celebrada el miércoles, 11 de mayo de 1994



ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia de la señora Ministra de Cultura (Alborch Bataller), para
informar del impacto que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) tendrá sobre los diversos sectores de su competencia. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000183) (Página 6220)
Preguntas:
--Del señor Souvirón García (Grupo Parlamentario Popular), sobre
financiación de las obras necesarias para la rehabilitación de la casa en
que se ubica la Fundación Pablo Picasso, de Málaga, así como para la
creación de una galería de arte y un museo. (BOCG serie D, número 72.

Número de expediente 181/000588) (Página 6231)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre previsiones
respecto del proyecto de creación de un centro coreogáfico nacional en
Valencia. (BOCG serie D, número 76. Número de expediente 181/000634)
(Página 6233)
--Del señor Alcaraz Masats (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
causas por las que la entrada a los Museos se cobra por un importe que
supera el límite de las cantidades simbólicas (BOCG serie D, número 85.

Número de expediente 181/000705) (Página 6235)

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Proposiciones no de ley:
--Sobre la devolución a la ciudad de Figueres de los cuadros de Salvador
Dalí «Monument imperial a la donna-infant», «L'Home invisible» y «El gran
masturbador». Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOCG serie D,
número 61. Número de expediente 161/000135) (Página 6238)
--Por la que se insta al Gobierno a incluir, para los alumnos que
provienen del Bachillerato anticipado establecido por la Ley Orgánica
1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en futuras
pruebas de acceso a la universidad, la realización de un
resumen-comentario sobre una conferencia de contenido histórico o
filosófico, de tal forma que la elección de uno u otro contenido sea
optativa para el alumno. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal
IU-IC. (BOCG serie D, número 85. Número de expediente 161/000188) (Página 6242)
--Por la que se insta al Gobierno a la modificación del apartado 4.1 del
Real Decreto 406/1988, sobre organización de las pruebas técnicas
superiores, colegios universitarios y composición de los tribunales.

Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D,
número 85. Número de expediente 161/000189) (Página 6244)



Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA (ALBORCH BATALLER) PARA
INFORMAR DEL IMPACTO QUE EL ACUERDO GENERAL SOBRE LOS ARANCELES ADUANEROS
Y EL COMERCIO (GATT) TENDRA SOBRE LOS DIVERSOS SECTORES DE SU
COMPETENCIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 213/000183.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a comenzar la sesión
del día de hoy que tiene tres partes: en primer lugar, la comparecencia
de la señora Ministra de Cultura; en segundo lugar, la contestación a una
serie de preguntas; y, en tercer lugar, debate y votación de unas
proposiciones no de ley.

El primer punto del orden del día corresponde a la comparecencia de la
señora Ministra de Cultura para informar del impacto que el Acuerdo
General sobre los Aranceles Aduaneros y el Comercio tendrá sobre diversos
sectores de su competencia, que ha sido solicitada por el Partido
Popular.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Muy buenos días. Como
recordarán SS. SS., el pasado día 15 de abril los ministros
representantes de los 124 gobiernos que participaron y participan en la
Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales realizaron en
Marrakech una declaración final, en la que manifestaban la finalización
de su labor como comité de negociaciones comerciales y declaraban
concluida formalmente la Ronda Uruguay, lo que representa ciertamente un
paso histórico en lo que podemos denominar el fortalecimiento de la
economía mundial, que permitirá previsiblemente un mayor crecimiento del
comercio, de las inversiones y del empleo en todo el mundo.

Sin que haya transcurrido, por tanto, un mes de la firma de estos
acuerdos, comprenderán SS. SS. que lo que podemos hacer en estos momentos
más que una valoración de los efectos en los sectores relacionados con
los ámbitos de la competencia del Ministerio, es realmente informar de
aquellas menciones o previsiones en el acuerdo en el ámbito del
Ministerio de Cultura. Como sabrán también SS. SS., los Estados miembros
del GATT tienen en general un plazo de un año a partir de la constitución
de la Organización Mundial del Comercio para la aplicación de los
acuerdos y, en especial, cuatro años en los países en desarrollo y diez
años en los países menos adelantados, por lo que podemos afirmar que en
este momento tanto la Comisión de la Unión Europea como cada Estado
miembro del GATT han abierto los correspondientes debates en diferentes
foros especializados, con el objeto de analizar la incidencia de estos
importantes acuerdos en sus diferentes ámbitos.

En el ámbito de la cultura, como veremos a continuación, las
repercusiones no van a ser muy grandes ni importantes, y realmente donde
mayor debate ha habido en el ámbito de la cultura, como SS. SS. saben
perfectamente, es en lo que ha afectado a la política de lo audiovisual.

De todas maneras, si ustedes me lo permiten, vamos a analizar
someramente, insisto, sobre todo a nivel informativo más que de
valoración de efectos, algunos de los aspectos de los acuerdos del GATT
que pueden repercutir en el ámbito del Ministerio de Cultura.

Por lo que se refiere a los acuerdos generales sobre aranceles aduaneros
y de comercio tenemos que señalar en primer término que su repercusión,
como decía, sería escasa, tanto en el ámbito del libro como en el ámbito
de la producción musical, porque su comercialización ya está bajo un
régimen arancelario de base cero en el caso del



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libro, o muy reducido por lo que se refiere a la partida arancelaria
8524, relativa a los soportes de todo tipo para la grabación musical. En
estos casos, por tanto, se parte de un arancel, insisto, que oscila entre
el 4,9 ó 5,1, y la oferta comunitaria incluida en los acuerdos del GATT
prevé una reducción al 3,5. A ello tendríamos que añadir que más del 80
por ciento de nuestro comercio, en términos generales, ya se desarrolla
en un régimen arancelario de base cero, lo que, insisto otra vez, puede
dar la idea de la escasa repercusión que tendrá la reducción arancelaria
en nuestros intercambios comerciales en estas áreas. Me refiero
concretamente otra vez al área del libro y de la producción musical. No
obstante, en el sector del libro ya se han iniciado, por el sector y en
concreto por la Federación de gremios de editores de España, un estudio
de dichas repercusiones que afrontaremos y expondremos en su momento de
manera conjunta.

Por otra parte, como ustedes saben también, en lo que se refiere al
sector de exportación e importación de bienes integrantes del patrimonio
histórico español, estamos igualmente ante un supuesto restrictivo en lo
que se refiere a la libre circulación de dichos bienes, ya que el
comercio de bienes culturales es un comercio específico que está
protegido también por regulaciones especiales de cada país y también por
normas comunitarias, quedando por tanto al margen del GATT. Sin embargo
sí hay otros ámbitos en los que el GATT puede repercutir de una manera
más directa, como es el ámbito que se refiere fundamentalmente a la
propiedad intelectual. En el ámbito, por tanto, de lo que denominamos los
derechos de autor y otros derechos conexos se está debatiendo en los
diferentes foros que se ocupan en este momento de la propiedad
intelectual, como son la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, la propia Unión Europea y el Consejo de Europa.

Las novedades más importantes introducidas por los acuerdos GATT-TRIPs
(aspectos comerciales de los derechos de propiedad intelectual e
industrial) se refieren, en este ámbito, a lo siguiente. La primera de
las novedades, insisto en que estamos hablando de la propiedad
intelectual, es la creación de un nuevo marco institucional legitimado
para resolver las diferencias de criterios en este campo. A este respecto
se crea, como un órgano adjunto a la Organización Mundial del Comercio,
un Consejo para tratar de los aspectos referentes a los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio. En este Consejo se
sustanciarán en el futuro los conflictos derivados del desigual
tratamiento por los países signatarios de estos derechos, limitándose, en
consecuencia, las soluciones unilaterales de estos conflictos.

La segunda de estas novedades se refiere a la inclusión, en el ámbito de
la propiedad intelectual, de los principios básicos del GATT; es decir,
que se establece también en este caso la prohibición de trato diferente a
los ciudadanos de otros Estados signatarios respecto a los propios, la
llamada..., iba a decir la cláusula de nación más favorecida, pero, como
ustedes saben, también se incluye tanto la aplicación de la cláusula de
nación más favorecida como la obligación de extender cualquier ventaja de
un Estado determinado al resto de los Estados. Es decir, que por una
parte se introduce el principio de trato nacional y, por otra, se aplica
también a esta área la cláusula de nación más favorecida.

La tercera peculiaridad en este ámbito del acuerdo GATT-TRIPs es la que
se refiere a las disposiciones específicas sobre los derechos de autor y
derechos conexos. En este sentido la protección del derecho de autor se
extiende como referida a la forma o expresión de las obras y no a las
ideas, métodos o conceptos, y se protegen expresamente dos tipos de obras
de propiedad intelectual, como son, por una parte, los programas de
ordenador y las bases de datos. Como saben también sus señorías, en
relación con los programas de ordenador, existe una directiva de la Unión
Europea, cuyo contenido se ha incorporado recientemente al derecho
español, que está en sintonía con estos planteamientos. En cuanto a las
bases de datos, se está debatiendo también una nueva directiva sobre las
mismas. El resultado de los debates del grupo de trabajo del Consejo de
la Unión Europea y la directiva correspondiente espero que se
incorporarán finalmente a nuestro ordenamiento.

Por otra parte existe el llamado derecho de alquiler y préstamo de los
derechos de autor, que se incluye entre los derechos patrimoniales que
corresponden al autor de los programas de ordenador y a las obras
audiovisuales, así como a los artistas intérpretes, ejecutantes y a los
productores de fonogramas. A este respecto también se aprobará
próximamente en el Consejo de Ministros la trasposición de la
correspondiente directiva de préstamo y alquiler. Finalmente, en esta
área el período de protección mínima de los derechos de propiedad
intelectual se establece en 50 años, contado, según los casos, a partir
de la muerte del autor, de la publicación de la obra, de la fijación, del
momento de la interpretación o de la ejecución. Como también recordarán
sus señorías, sin duda, la Unión Europea ha aprobado recientemente una
directiva sobre la duración de los derechos de propiedad intelectual, y
en este caso el plazo que se establece es el de 70 años; directiva que
suponemos que también en su momento incorporaremos a nuestro
ordenamiento.

Otros aspectos también del acuerdo GATT-TRIPs referido a otros
instrumentos internacionales y su relación con dicho acuerdo están siendo
estudiados en este momento por el grupo de trabajo comunitario de
propiedad intelectual, con el fin de sentar las bases de una postura
coordinada de la Unión Europea.

Como decía al inicio de la comparecencia, el aspecto más debatido y que
más repercusiones ha tenido a nivel internacional en el área de la
cultura es el que hace referencia a la política de audiovisuales. Ya
saben ustedes, porque hemos tenido muchas ocasiones de hablar del tema,
que dentro de la Unión Europea los distintos Estados miembros, y nuestro
país de una manera muy activa, se estuvieron planteando la política
audiovisual, precisamente porque no se podía hacer referencia a lo
audiovisual exclusivamente como mercancía, sino que también había que
tener en cuenta su alto contenido cultural y de transmisión de valores.

Tuvimos una participación activa, de tal manera que se pretendía que se
aplicara la excepción cultural prevista en el artículo 14. Finalmente y
después de todas las



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movilizaciones que ha habido por parte de los distintos subsectores
integrados en el mundo de lo audiovisual, la política audiovisual no se
ve afectada, en principio, por el GATT, de tal manera que podemos afirmar
que la Unión Europea, dentro de los acuerdos del GATT, no ha asumido
obligaciones en lo que respecta a las reglas de acceso al mercado y
tratamiento nacional en este sector de lo audiovisual.

La Unión Europea y los Estados miembros mantienen, desde una perspectiva
jurídica, una entera libertad formal para desarrollar las políticas
audiovisuales que estimen convenientes, ya sea a través de medidas
reglamentarias o a través de incentivos económicos. Los resultados
obtenidos en este ámbito merecen una valoración positiva, puesto que
somos conscientes de que la defensa de los valores que entraña la cultura
no puede quedar limitada o restringida exclusivamente a las reglas y a
los efectos del mercado.

El sector audiovisual, como todas SS. SS. saben, es un instrumento
esencial para la difusión de la cultura, de la educación y del
conocimiento; es también un instrumento esencial para favorecer la
integración social, la defensa del pluralismo y el acceso a la
información, y es también un instrumento esencial para impulsar la
comunicación entre los pueblos, así como el desarrollo de una Europa
unida.

Estos valores que podemos considerar como valores superiores del orden
democrático, evidentemente, han condicionado que los audiovisuales no se
pudieran considerar exclusivamente como una mercancía que se sometiera a
las reglas del mercado. Sin embargo, estos resultados del GATT tampoco
pueden llevarnos al error de considerar que el sector debe o puede quedar
al margen del mercado, de la apertura de las culturas y de la competencia
transnacional. La cultura audiovisual, como ustedes saben perfectamente,
depende decisivamente de condicionamientos de carácter económico,
industrial y tecnológico. En esta línea, cualquier tentación de aislar a
Europa en este ámbito sería un esfuerzo no sólo indeseable sino también
inútil. Por tanto, el objetivo a conseguir es lograr el equilibrio entre
el juego del libre mercado y la acción de los poderes públicos; ese
equilibrio que se pretende lograr es importante en estos momentos, pero
también lo será en el futuro, ya que, como consecuencia del desarrollo de
las nuevas tecnologías, los audiovisuales incidirán también de una manera
decisiva en áreas fundamentales como pueden ser la enseñanza y la
investigación; áreas que clarísimamente no pueden quedar al margen de la
acción de los poderes públicos. En definitiva, señorías, la Unión Europea
y los Estados miembros conservan entera libertad y plena soberanía para
desarrollar, en el sector audiovisual, las políticas que estimen
oportunas, lo cual, por supuesto, tiene como consecuencia que los
europeos asumamos una mayor responsabilidad, así como también los Estados
que integran la Unión Europea.

Si me permiten, quisiera hacer una breve referencia a las líneas maestras
de la política que el Ministerio de Cultura tiene trazadas para el
futuro, fundamentalmente en lo relativo a la acción internacional.

Por una parte, nuestras prioridades políticas, como ya hemos tenido
ocasión de exponer en algún momento, se basarían en las relaciones con la
Unión Europea y también con Iberoamérica en lo que hace referencia a la
comunidad hispanohablante. En el ámbito de la Unión Europea, como ustedes
saben, se ha presentado recientemente el Libro Verde sobre las opciones
estratégicas para el fortalecimiento de la industria de programas, en el
que se ha tenido en cuenta, después de un largo período de estudio, que
hay que plantearse, dentro del sector audiovisual, temas importantes como
son la competitividad, el crecimiento del sector, las posibilidades de
empleo dentro de ese sector y la promoción de las culturas europeas,
respetando, dentro de esas culturas europeas, la identidad de cada país.

En ese Libro Verde, que supongo que en su momento tendremos ocasión de
analizar y de presentar con un mayor detenimiento, se plantean tres
líneas de actuación. En primer lugar, el establecimiento de lo que se
puede denominar las reglas del juego; en segundo lugar, el estímulo
financiero o las medidas económicas que se pueden y se deben adoptar en
este ámbito del audiovisual; y en tercer lugar, la convergencia de los
sistemas nacionales. Todo ello porque se ha sido consciente de la
necesidad de un esfuerzo colectivo para reforzar la industria europea
audiovisual.

En esta línea, también quisiera apuntar que, a finales de junio, con el
fin de definir las líneas prioritarias de actuación para la próxima
década, se celebrará en Bruselas la Conferencia del Audiovisual. Ello
significa que los responsables de los distintos países integrantes de la
Unión Europea somos conscientes de que es necesario un impulso y una
participación entre todos los Estados miembros para crear una industria
más fuerte, más sólida y más competitiva, ya que los problemas del sector
--sería una de las conclusiones del Libro Verde-- sólo pueden abordarse
adecuadamente desde una perspectiva europea. Asimismo, quisiera recordar
que, en el segundo semestre de 1995, nuestro país tendrá la Presidencia
de la Unión Europea, en la que el sector audiovisual será uno de los
temas centrales, como ya viene siéndolo.

También en el ámbito internacional, como decía anteriormente, otra de las
áreas con la que debemos tener una necesaria relación es la
iberoamericana, en lo que se refiere a la comunidad hispanohablante, sin
excluir los Estados Unidos de América, en los que, como ustedes saben,
existe una comunidad de hispanohablantes muy amplia; por tanto, las
posibilidades de cooperación, en estos momentos, se puede considerar que
son mucho más amplias y mucho más sólidas de lo que podían serlo en el
pasado.

Dentro de esas medidas en el ámbito internacional, quisiera informar a la
Comisión que, para un mejor conocimiento de la situación y de las
posibilidades de actuación en este sector, el Ministerio de Comercio, el
Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cultura van a
convocar la primera Conferencia Euroamericana del Audiovisual, en la que,
por supuesto, nos gustaría que los invitados principales fueran los
agentes del sector audiovisual de ambos lados del Atlántico.

En el ámbito interno --para no cansar más a SS. SS.--, simplemente
quisiera recordar que está pendiente de



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aprobación en el Senado la Ley de fomento y protección de la
cinematografía. Tras la aprobación de esta ley, dentro de la política del
Ministerio en el ámbito de la cinematografía, nos centraremos en el
reglamento del desarrollo de la misma --reglamento que ya está siendo
elaborado en una primera fase--, en la actualización del sistema de
ayudas estatales, en la concertación de acciones con las comunidades
autónomas, así como en el fomento de la cooperación con las televisiones,
fundamentalmente con aquellas que están dirigidas por entes públicos.

Como ustedes también saben perfectamente, la finalidad de estas medidas
consiste en desarrollar el sector para que se encuentre en mejores
condiciones para competir y, por otra parte, en facilitar a los
ciudadanos la posibilidad de elección de las distintas cinematografías,
tanto españolas como europeas o de terceros países. Estos objetivos son
coincidentes con los que se están planteando en la mayoría de los países
de la Unión Europea; las previsiones para la política del sector también
coinciden con el plazo de 10 años establecido por la Unión Europea para
un mayor fomento y consolidación del mismo.

La voluntad de lograr estos objetivos con el mayor grado de consenso
posible entre el conjunto de los sectores afectados y las comunidades
autónomas es un propósito clarísimo de este Ministerio de Cultura. Por
ello, antes de terminar, quería decir que espero que llegue a buen puerto
la Ley de fomento y protección de la cinematografía, en la que se incluye
la constitución del Consejo Superior de Cinematografía, que es un órgano
de gran importancia, puesto que es el que va a hacer posible el consenso
entre los distintos sectores o subsectores del ámbito audiovisual y más
concretamente de la cinematografía.

Por tanto, como conclusión, en la parte que hace referencia a la política
cinematográfica, podíamos decir que estamos dispuestos a impulsar
decididamente la apertura y la integración a nivel internacional, así
como a acelerar el proceso de desarrollo, para convertir este sector en
uno más eficiente y competitivo, con la finalidad, por supuesto, de
encontrar los procedimientos más eficaces para garantizar el futuro de
nuestra cultura y la defensa del interés general.

Para concluir mi primera intervención, diré que sobre los acuerdos del
GATT, que, como hemos dicho, acaban de ser aprobados, nuestro país está
participando en todos los foros donde se debate este proceso de
adaptación y está coordinado con los sectores implicados, sectores que,
por otra parte, como les ha puesto de manifiesto, no se van a ver
afectados notablemente en la mayoría de los casos; en otros, como el
audiovisual, que podían haber resultado más directamente afectados, ya
estamos en sintonía con los acuerdos del GATT y trabajando muy
estrechamente en el ámbito de la Unión Europea.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

En este turno de los diferentes grupos, además del grupo solicitante, el
Grupo Popular, ¿qué otros grupos desean intervenir? (Pausa.)
Por parte del Grupo Popular, solicitante de esta comparecencia, tiene la
palabra el señor Cortés.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, quisiera, en primer lugar,
hacer un par de consideraciones generales.

Una de ellas es que la Presidencia y la Comisión observarán lo que hemos
perdido en esta Comisión al interrumpir una tradición que habíamos
mantenido desde la pasada legislatura, consistente en que, cuando se
solicitaba la comparecencia de algún miembro del Gobierno, el grupo
proponente podía formular una breve introducción para enmarcar esta
comparecencia, porque siempre cabe el peligro de que quien comparece no
se haya leído el motivo de la comparecencia o quiera aprovechar la
ocasión para decir otras cosas que nada tienen que ver con la misma.

Quiero recordar a la Presidencia de la Comisión que el motivo de la
comparecencia de la Ministra de Cultura era informar del impacto que el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio --GATT-- tendrá
sobre los diversos sectores de su competencia. Pues bien, la señora
Ministra ha dedicado las cuatro quintas partes de su intervención a
hablar sobre hipotéticas consecuencias del no GATT. El sector de lo
audiovisual ha quedado fuera del GATT; por tanto, no tiene ninguna
consecuencia sobre las áreas de su competencia.

La segunda consideración general se la hago a la señora Ministra. La
señora Ministra dispone de mecanismos reglamentarios por los cuales puede
solicitar su comparecencia en esta Comisión cuantas veces quiera, y,
créanos, señora Ministra, que estaremos encantados de contar con su
compañía y con su información, en Comisión, en el Pleno y en cuantas
ocasiones quiera.

Yo no quiero sentar un mal precedente ni que, a lo mejor, el señor
Presidente, en esta segunda parte, esté un poco más atento que en la
primera y me llame a la cuestión y, por tanto, me centraré estrictamente
en las cuestiones del orden del día, es decir, lo que tiene que ver con
el GATT, pero, de verdad, nos encantaría que la señora Ministra nos
explicase aquí cuantas cosas considere. La señora Ministra inició su
mandato en esta misma Comisión diciendo que iba a tener un comportamiento
parlamentario ejemplar, que le gustaba mucho el Parlamento. Y la verdad
es que hasta ahora no lo hemos notado.

Entrando en la cuestión, para no ser llamado al orden por el señor
Presidente, pese a su conocida y general benevolencia, tengo que decir
que nuestro Grupo Parlamentario tiene una clara opinión favorable del
GATT. Creemos que el GATT --y en esto me alegra compartir la opinión con
la señora Ministra, aunque, inmediatamente después de hacer
consideraciones generales, se llega a hacer excepciones que pueden
desvirtuar esa primera consideración general--, que todo lo que sea
facilitar y liberalizar el comercio y las relaciones entre las naciones,
entre las personas, entre las empresas, es muy bueno para todos. Lo que
ocurre es que en estos marcos generales y, sobre todo, cuando se producen
marcos nuevos, hay que estar preparado para saber aprovechar las nuevas
circunstancias, y no tiene por qué ser un proceso de suma cero, donde
unos ganan y otros



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pierden, pueden ganar todos, todos los países y todos los sectores, pero
aquellos que están mejor preparados, aquellos que han negociado mejor,
aquellos que tienen mejor información, están en mejores condiciones de
hacerlo.

En España tenemos, señor Presidente, alguna experiencia de cómo se hizo,
por ejemplo, la incorporación al Mercado Común, donde también se pasó de
un régimen bastante cerrado a una mayor apertura, había un mercado mucho
mayor y el Gobierno que lo hizo, del que era titular, en su cabeza, la
misma persona que está ahora, la verdad es que hizo una negociación muy
mala y lo que es peor --porque en esto siempre se podrá decir que cuando
se negocia con once uno solo no puede imponerse-- es que hubo una peor
preparación todavía, dentro de España, de manera general y para los
distintos sectores que iban a tener una obligación porque se liberaban
las protecciones aduaneras, fronterizas y entraban en una época de mucha
mayor competencia. Muchos sectores han sufrido, casi todos han sufrido,
algunos de manera irreversible.

Ahora tenemos la ampliación de la Unión Europea en dos fases; una
primera, con la incorporación de los antiguos países EFTA, donde ya se
equiparan las condiciones en cuanto al comercio, y eso tiene unas
consecuencias, y ahora con el GATT. Lo que nosotros queríamos con esta
comparecencia de la señora Ministra no es que nos volviese a recordar
aquí que el audiovisual estaba fuera del GATT, que se habían tenido unas
reuniones en las que --todo el mundo dice que ha sido Francia, la señora
Ministra dice que ha sido ella-- ha convencido a los franceses de que
tenían que rectificar esa posición y que teníamos que protegernos. No
vamos a hacer cuestión de esto, porque estoy aterrorizado pensando que el
señor Presidente me pueda llamar a la cuestión, al punto que hoy nos
convoca, pero lo que sí es verdad es que en todos aquellos otros aspectos
que sí están en el GATT, el Ministerio, hasta donde se sabe, no tenía
ningún estudio previo o, si lo tenía, lo ha ocultado a la opinión pública
y, desde luego, a esta Cámara. Imagino que todos los demás Diputados de
la Comisión pueden tener acceso a este mismo documento, pero, como va
dirigido a mí, porque era una solicitud de información que yo había
planteado, quiero dar lectura al mismo. Habíamos pedido una copia del
informe elaborado por el Ministerio de Cultura en relación al impacto que
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio supondrá para el
sector del libro. Señor Presidente, la respuesta que ha dado el Gobierno,
firmada por el Ministro de la Presidencia, con fecha 11 de marzo de 1994,
dice así, y leo textual e íntegramente toda la contestación: La
Federación de Gremios de Editores de España en relación con la Dirección
General del Libro ha encargado a un grupo de expertos la realización de
un informe sobre el GATT y el libro. Dicho informe se halla todavía en
fase de elaboración.

Esta es la forma de proceder que tiene el Gobierno de España cuando se
plantean unas negociaciones del GATT, que van a abrir de manera
considerable el comercio mundial. La señora Ministra ha dicho que no hay
impacto. Si no hay impacto, ¿para qué se encarga esto? No se entiende muy
bien. Ahora bien, si hay impacto y se encarga esto... La Dirección del
Libro, de acuerdo con la Federación de Gremios de Editores, encarga a
unos expertos. Imagino que la cosa será algo así como que la Federación
de Gremios de Editores encarga a los expertos y lo paga la Dirección del
Libro. El triángulo suele venir por aquí. Y los expertos imagino que
serán expertos, pero, probablemente, también tendrán alguna
característica más, además de la de expertos. Y ahora, una vez que se han
firmado los acuerdos, dicen que cuáles van a ser los impactos. Esto
habría que tenerlo antes. La señora Ministra lleva ya bastantes meses en
el Ministerio. Y hemos escuchado a la señora Ministra en esta Comisión, y
al señor Subsecretario, la gravísima preocupación que tenía por las
consecuencias que podía tener el GATT. Así es como se va a las
negociaciones, habiendo estudiado las cosas antes y sabiendo el impacto.

Pero vamos a suponer, incluso, que la señora Ministra estaba demasiado
preocupada con las cuestiones que tenía en el propio Ministerio, buscar
sus colaboradores, quitar a unos, poner a otros, asistir a todos los
congresos, saraos, ir a dar la bienvenida a Garzón a la finca de Toledo,
ir a dar la despedida a Garzón al otro sitio... Eso se comprende, porque
cuando uno es ministro tiene que hacer estas cosas. Y resulta que no
había hecho estos estudios.

Por lo menos, lo que tendrá que hacer es, una vez que ya se sabe cuáles
son los acuerdos a los que se ha llegado en el GATT, informar a los
sectores, para que puedan estar preparados. Porque esto va a tener
consecuencias y no sabemos cuáles son. Y comprenderá que los que no somos
expertos somos los que estamos en esta Comisión. Para eso está el
Gobierno. Claro que si resulta que el Gobierno lo que tiene que hacer es
decir al gremio de libreros que encargue a unos expertos que hagan un
estudio, cuando es el Gobierno el que negocia, uno empieza a plantearse
que para qué está el Gobierno. Y lo mismo podíamos decir de tantas otras
cuestiones. Desde luego, de la producción musical, parece que ni siquiera
hemos encontrado un gremio de músicos con el que podamos concertar que
encarguen a unos expertos músicos que hagan otro informe.

Respecto de la propiedad intelectual --parecía que la señora Ministra, al
principio, estaba muy contenta de ser Ministra y, a lo mejor, ahora, con
estos tiempos de turbulencia, ha añorado su época de profesora, y de
verdad que se lo reconocemos personas que no teníamos tal capacidad de
síntesis y que, sin embargo, sí nos hemos leído los acuerdos del GATT y
muchos otros comentarios que se han publicado en revistas especializadas
o en informes de administraciones extranjeras que han estudiado en serio
estas cosas de la propiedad intelectual--, le estamos muy agradecidos de
que nos haya hecho una buena síntesis académica de lo que se aprueba en
el GATT. Nos ha dicho que hay un nuevo marco institucional, nos ha dicho
que se introducen los principios básicos del GATT, de la nación más
favorecida. Luego nos ha contado que va a haber un libro, no sabía muy
bien si era verde o era blanco, pero, en cualquier caso, un libro de
colores. (Risas.)
No es esa la cuestión, señora Ministra, la razón de la comparecencia que
hemos pedido de S. S. Lo que queremos es que nos diga cuál va a ser el
impacto de estas



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cuestiones que usted ha descrito, seguro, que con rigor, en España.

Porque en España tenemos una Ley de la Propiedad Intelectual que se ha
aprobado muy recientemente, hay una abierta insatisfacción en muchos
sectores por cómo se está aplicando --algunos lo habíamos avisado y
habíamos mantenido una posición discrepante respecto a determinados
aspectos de esa Ley que se aprobó cuando S. S. no era Ministra, no estaba
en esta Cámara-- y ahora se dice que hay que ir a una revisión porque las
expectativas que se tenía respecto de determinados cánones compensatorios
y unas figuras arbitrarias no se están cumpliendo.

Sobre esto no nos ha dicho nada. Todo lo que nos ha dicho es que hay una
directiva que supone que, en algún momento, el Consejo de Ministros
aprobará. Los profesores pueden decir estas cosas cuando explican a los
alumnos; les puede decir: supongo que en algún momento se aprobará y,
cuando se apruebe, entrará en el próximo parcial. Pero los Ministros,
cuando vienen aquí, tienen que decir otra cosa, tienen una
responsabilidad y tendrán que adquirir ante la Cámara, en este caso ante
la Comisión, y ante la opinión pública, que puede estar representada por
los medios de comunicación, una serie de compromisos. Porque me imagino
que no estará el Gobierno español simplemente esperando a que un comité,
un grupo de trabajo comunitario de propiedad intelectual --creo que es a
lo que se ha referido la señora Ministra-- decida sobre cosas que van a
afectar de manera decisiva a intereses vitales de España y de su cultura.

Tendrá que haber una posición del Gobierno español, que tendrá que ser
conocida. Tendrá que ser una posición no al capricho del administrador de
turno, sino algo que deriva de unos estudios. Y se tendrán que contemplar
distintos escenarios. ¿Qué pasaría si se hiciese así? ¿Qué pasaría si se
hiciese de aquella otra forma? Porque los sistemas de protección de la
propiedad intelectual, como bien sabe la señora Ministra, no son
homogéneos en el seno de la Unión Europea. Hay modelos muy distintos.

Por otra parte, no es esto de lo que estábamos hablando en esta Comisión.

Estábamos hablando del GATT. Era una cosa que trascendía los límites de
la Unión Europea. Pero nos tendrá que decir cuál es la posición del
Gobierno español. Que luego a lo mejor no sale. Todos entendemos que,
cuando se está en una Comunidad de doce o de dieciséis y mucho más cuando
se está en una Comunidad o en un acuerdo multilateral con más de cien
países signatarios, las posiciones de un solo país no se pueden imponer.

Pero en lo que estará conmigo la señora Ministra es que, en un régimen
parlamentario, el control parlamentario y el control de la opinión
pública se puede ejercer una vez que la señora Ministra nos diga: Esta es
nuestra posición, ésta es la que defenderemos. Y resulta que nos quedamos
sólos si nos quedamos en minoría. Entonces, los ciudadanos, la oposición,
los medios de comunicación, podremos enjuiciar si tenemos un Gobierno que
merece nuestro apoyo, que merece nuestra confianza, o si tenemos
simplemente un Gobierno que no tiene otra finalidad más que la de
permanecer, aparecer en cuantas ocasiones se le brinden para demostrar
que tiene presencia, pero que no se ocupa de los papeles.

Señora Ministra, yo le pido encarecidamente que solicite una
comparecencia, puesto que tiene interés en hablarnos de todas estas
cuestiones comunitarias, iberoamericanas, la Ley de Fomento y Protección
de la Cinematografía..., pero nos podía haber hablado también de lo
importante que es, para la competitividad de la industria española, la
mejora de los puertos, de los aeropuertos y de las telecomunicaciones,
porque probablemente vendría más gente a ver cine; el Plan de
reforestación o la Ley de Costas tienen un interés decisivo, porque si
mejorásemos nuestro paisaje, probablemente lograríamos que se rodasen más
películas o que hubiese un mejor ambiente para la gente, lo cual elevaría
su nivel cultural. Pero no es ésa la cuestión. La cuestión es el impacto
del GATT.

Espero que, después de esta introducción en la que la señora Ministra ha
aprovechado para decirnos otras cosas, que tienen interés, sin duda,
señora Ministra, que se lo agradecemos, pero que no hacen al caso, nos
pueda decir algo, algo más allá de esta peculiar interpretación del
principio de la subsidiariedad, que consiste en que se encarga al gremio
de los libreros que, a su vez, encargue a unos expertos que hagan un
informe, cuando ya se ha firmado el GATT, que nos explique cuál va a ser
el impacto que estas medidas, que se han firmado en Marrakech y que
tendremos que ratificar en este Parlamento, como en todos los demás
parlamentos, van a tener en los sectores a los que afecta. Le hacemos
gracia, señora Ministra, de que nos explique el no GATT, si quiere, de
verdad. No vamos a invocar la autoridad del Presidente para que le llame
a la cuestión. Hágalo, tampoco tenemos tantas oportunidades de disfrutar
de su compañía y de su elocuencia, pero, por favor, en cualquier caso,
tenemos especialísimo interés en que nos diga cuál va a ser el impacto,
según las previsiones que tiene el Ministerio de Cultura, sobre los
sectores a los que afecta el GATT. Y si no lo tiene, dígalo también: no
lo hemos estudiado. Entonces, nosotros tendremos que actuar en
consecuencia y pedir las oportunas responsabilidades políticas, pero creo
que conviene no engañar a la Cámara y decir la verdad y conviene no
eludir la responsabilidad, porque, cuando se tiene un puesto de la
responsabilidad del que tiene la señora Ministra, hay que hacer honor a
él fuera de la Cámara y, desde luego, en la Cámara, cuando se trata de un
régimen parlamentario, ante el que usted se comprometió a ser una
Ministra ejemplar en sus relaciones con el Parlamento y, de momento,
señora Ministra, los parciales no los va aprobando.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia del señor Presidente, quiero
agradecer a la señora Ministra su presencia en esta Comisión y entrar de
lleno en cuestiones de contenido, porque nosotros no disputamos una
gestión diferente, sino que vamos a los contenidos, muchos de ellos
alternativos y, en algún caso como en éste, en función de la necesaria
protección del cine, coincidente, en un cierto grado, con los
planteamientos que se han hecho por parte



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del Ministerio de Cultura. Me refiero a la Ley de Medidas Urgentes para
el Cine, la llamada «Ley Alborch».

El GATT no acepta los acuerdos audiovisuales europeos en general y se ha
planteado una cierta libertad formal para las políticas audiovisuales con
medidas reglamentarias o incentivos económicos, como ha dicho la señora
Ministra. Todo esto en el marco de lo que, sin duda, es la cultura
europea, desde que empezaron estos debates en el Parlamento, a través de
los sucesivos informes del señor Barzanti. En uno de ellos hablaba de la
necesidad de que la propia Comunidad emprenda, con severidad y
competencia, la lucha contra esa tendencia patológica hacia la
concentración multinacional, que amenaza con destruir la competitividad
bien entendida y la multiplicidad real. Si el mercado queda dominado por
una situación de oligopolio excesivo, como ya lamentablemente ocurre, se
correrá el riesgo de no disfrutar de la libertad de elección ni de una
mayor riqueza de información y conocimiento. Aquí es donde se establece
una de las luchas fundamentales con respecto a lo que puede significar
para Europa los acuerdos del GATT y para España muy singularmente.

Esta es la primera batalla, que se ha dado ya en el Pleno, en el Senado,
y volverá de nuevo al Congreso de los Diputados, donde hay dos
posiciones, una, extraliberal, y otra, que está apoyando esa Ley de
Medidas Urgentes, una ley de mínimos pero una ley que, hasta cierto
punto, consolida en parte la excepción cultural para España.

Incluso yo quiero agradecer aquí que se nos haya no sólo oído sino
también escuchado en el tema del Consejo Superior. No sé si nosotros
hemos inspirado esta enmienda que acaba de aprobar el Senado pero, en
todo caso, nosotros aquí defendimos la necesidad de un consejo superior
de lo audiovisual, que se va a llamar Consejo Superior de la
Cinematografía, al objeto de lograr, en el seno de un ente participativo
y democrático, el consejo necesario para gestionar los acuerdos de esta
ley y la ley posterior, que parece que se va a llamar de fomento y
protección, esa ley que va a resumir todas las reglamentaciones y
normativas anteriores, el macrodecreto que se estaba preparando. Por lo
tanto, en esta dirección quiero saludar que esta enmienda vuelva viva al
Congreso y que aquí se mantenga, porque se trata de una idea, correlativa
a las que se han desarrollado en Francia y en otros países, muy
interesante de cara a conseguir los acuerdos necesarios.

Ahora, señora Ministra, voy a tocar un tema que nos preocupa en función
de ciertas informaciones que han aparecido con cuentagotas pero que
muestran la existencia de un debate duro, más o menos soterrado pero muy
duro, en esas mesas de negociación abiertas por el Ministerio de Cultura
en las que participan, de cara a un posible reglamento, a un posible
acuerdo para la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes, productores,
distribuidores, exhibidores, e incluso multinacionales o representantes
de ellas. Se ha filtrado la tensión, el pulso, que están echando los
exhibidores de cara a modificar esta ley en el Senado, fundamentalmente
los temas de cuota de pantalla, incluso amenazando con la posibilidad de
una nueva huelga de cine, de salas de proyección, si la Ley se mantiene
en los términos actuales, tal como salió de aquí, incluyendo ahora la
creación del Consejo Superior de la Cinematografía.

Cultura parece que intenta un pacto intersectorial, se ha dicho que más
allá de las licencias de doblaje y más allá de las cuotas de pantalla;
incluso se ha llegado a decir --y ahora citaré palabras más o menos
textuales del señor Balmaseda, director del Instituto Cinematográfico de
Artes Audiovisuales-- que si en unos meses vemos que la cuota de pantalla
es alta, se baja de común acuerdo. El señor Balmaseda, que me parece que
hoy preside una de las reuniones de esta Comisión de cara a la
posibilidad de un acuerdo intersectorial, ha dicho que se puede cambiar
el tema de la cuotas pantallas y las licencias en función de un acuerdo
entre todos y con las multinacionales. Esto nos preocupa, por eso se lo
pongo sobre la mesa, por si tiene que hacer algún comentario o tiene que
transmitir alguna información porque nosotros vamos a apoyar la ley tal
como está y mucho más ahora con la recogida de esta enmienda del Consejo
Superior de la Cinematografía. Y nos gustaría saber en qué dirección va
este acuerdo, si es en la dirección del macrodecreto, de la nueva ley, o
si en la dirección de readaptar, a través de un Reglamento o a través de
decisiones del Gobierno, los acuerdos que se han adoptado en el seno de
esta Ley de Medidas Urgentes para la protección de la cinematografía; si
se va a romper en algún grado el acuerdo parlamentario que hemos logrado,
con respecto a las licencias, con respecto a las cuotas de pantalla, con
respecto a la protección de la cinematografía europea y española, máxime
en un momento en que mañana, jueves, vamos a aprobar, van a aprobar,
quien la vote, la transposición de la Directiva televisión sin fronteras,
donde, aunque nosotros no estamos de acuerdo en que se dé un plazo de
cinco años, se protege hasta el 51 por ciento la necesidad de que las
producciones de la Unión Europea se emitan por los trece canales de
televisión existentes en este país, de los cuales sólo cumplen la mitad,
en este momento. Flexibilizar estas normas, en este momento en que aún no
se han alcanzado los mínimos ni en televisión ni en las salas
cinematográficas, nos parecería un error fuerte y la ruptura de consenso
con respecto a los acuerdos a los que hasta ahora hemos llegado de cara a
la Ley de Medidas Urgentes. Por eso se lo planteo a la señora Ministra.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Clotas.




El señor CLOTAS CIERCO: El Grupo Socialista agradece a la señora Ministra
su información y su valoración de la repercusión de lo acuerdos GATT en
los temas culturales, que comparte. Pero, antes de entrar en un
comentario más detenido, el Grupo Socialista desea felicitar a la
Ministra por el resultado de la negociación GATT. El papel que ha jugado
España y, en concreto, el Ministerio de Cultura para que las resoluciones
de la Ronda Uruguay favorecieran a las distintas políticas culturales
europeas, a las distintas identidades culturales europeas, ha sido una
tarea muy difícil y el papel que jugó España, como decía, ha sido muy
importante. Parece que lo reconoce la opinión mundial, parece que lo
reconocen todos los grupos



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políticos, excepto un grupo que está en esta Cámara y que parece que es
el único grupo que se niega a reconocer ese protagonismo que España y el
Ministerio de Cultura han tenido en el resultado final de las
negociaciones de la Ronda Uruguay, resultado que, por encima de todos los
aspectos que podemos ver con más detenimiento, representa que hemos
conseguido salvaguardar algunos valores que nos van a permitir mantener
nuestra identidad y nuestra producción cultural en el futuro.

A partir de este éxito --y quiero enfatizar mucho mi felicitación--,
podemos discutir las repercusiones más concretas del acuerdo adoptado,
acuerdo que, en términos generales, todos debemos valorar positivamente,
porque representa un gran paso adelante en el comercio, en el intercambio
internacional, y, va a tener, seguramente, beneficios para todos. Podemos
valorarlo con detenimiento, con tranquilidad incluso, porque hay un plazo
de un año para ver la aplicación de los acuerdos en cada uno de los
sectores, y ver en qué medida va a tener alguna incidencia en los
distintos subsectores o sectores de la cultura.

El Grupo Socialista coincide también en lo que ha manifestado la señora
Ministra, que en ningún momento he oído que afirmara que no va a tener
ningún efecto en el libro; ha dicho que van a ser escasos en el libro y
en los productos musicales, lo que parece que es bastante evidente, y la
señora Ministra lo ha explicado con claridad. Tampoco va a tener una
importancia decisiva ni mucho menos en lo que se refiere al patrimonio, y
hemos hablado ya largamente del tema audiovisual, que es el que se
trataba de mantener fuera de la negociación del resultado, porque eso era
lo que realmente comprometía una política cultural europea y una política
cultural española.

Respecto a lo audiovisual, efectivamente, sí le ha afectado el GATT, le
ha afectado positivamente, dejándolo fuera. Y quiero aprovechar la
benevolencia del señor Presidente --que lo ha permitido a otros
portavoces-- para decir aquí que, efectivamente, en el Senado, la ley de
protección y fomento del cine, como va a llamarse a partir de una
enmienda del Grupo Socialista, ha dado pasos importantes en el sentido
del consenso, como habían afirmado la señora Ministra y este portavoz en
distintas ocasiones, que deseábamos que la ley respondiera al máximo
consenso. No todo es posible, pero en el Senado se han dado pasos
importantes.

Respecto a las valoraciones de la repercusión en distintos sectores,
sinceramente creo que el Ministerio ha adoptado el mejor camino, que era
hacerla conjuntamente con los sectores implicados, y no veo otra manera
posible. Las cosas pueden tener distintas valoraciones, pero me parece
que lo que sería criticable es que se intentara estudiar en serio este
problema sin contar con los diferentes sectores.

También creo que hay un problema que tiene una especificidad especial, el
de la propiedad intelectual, y quiero aprovechar para decir que tenemos
una Ley de Propiedad Intelectual que ha suscitado una gran admiración
dentro y fuera de nuestro país, porque seguramente es la ley más moderna,
la ley más progresista que existe en este momento de propiedad
intelectual. Y tampoco goza de las simpatías del Grupo Popular, ¡qué le
vamos a hacer! Pero en esta Cámara y en esta Comisión, en la legislatura
anterior, hemos celebrado unas sesiones en las que han comparecido
ilustrísimos y muy diversos representantes de los distintos sectores
culturales que han elogiado --todos, absolutamente todos-- la Ley de
Propiedad Intelectual que hizo esta Cámara --con el apoyo, por cierto del
Grupo Popular-- y que criticaron bastante duramente la posición de dicho
Grupo.

Seguramente en este momento hemos de ver esa Ley a la luz de una
directiva que se va a producir. Lo vamos a hacer, y con toda seriedad,
pero sabiendo que tenemos un patrimonio que defender, que es una Ley que
ha sido modélica, que está siendo modélica, y que realmente representa,
sin duda, lo más actual, lo más progresista en materia de propiedad
intelectual.

Por tanto, señorías, y resumiendo, el Grupo Socialista, coincidiendo
totalmente con el Ministerio de Cultura, piensa que hay que hacer una
valoración, en términos generales, muy positiva de estos acuerdos, que
hay que estudiar caso por caso lo que en muchos de los sectores es una
escasa o mínima influencia, pero que en cualquier caso hay que estudiarlo
con toda profundidad, y que eso hay que hacerlo con los que conocen mejor
que nadie algunos aspectos de lo que son, sobre todo, las transacciones
comerciales y los temas que más pueden ser influidos por esta
negociación.

Repitiendo la felicitación de mi Grupo a la señora Ministra y al Gobierno
por su participación y por los resultados en esta negociación, le
agradezco, una vez más, su presencia hoy en esta Comisión.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clotas.

La señora Ministra tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): En primer lugar,
quisiera contestar al señor Cortés y, como ustedes comprenderán, voy a
ahorrar a la Comisión la respuesta o comentarios a ciertas apreciaciones
de carácter personal, que eso sí que no me parece que entra dentro del
motivo de mi comparecencia.

Ya entrando en el tema, he dicho que la valoración que nosotros hacíamos
era, en principio, positiva. Tienen ustedes que tener en cuenta también
que las negociaciones del GATT han sido unas negociaciones muy
complicadas, y que precisamente en el ámbito de la cultura, insisto, el
sector que podía resultar fundamentalmente afectado era el de lo
audiovisual, y por eso me he detenido más en la explicación de este tema,
por supuesto sin atribuirme protagonismo alguno. No ha sido ésa mi
intención ni he dicho, en ningún momento, que yo haya sido la
protagonista de ésta, diríamos, victoria, porque así se ha valorado en la
postura de todos los ministros de la Unión Europea, y también en la
coordinación con los distintos sectores audiovisuales.

Me he detenido en el tema de la propiedad intelectual porque me parece
que es importante informar sobre las medidas que se han ido adoptando,
que se han incorporado a nuestro Derecho interno o que están pendientes
de incorporación. Por supuesto, tengo mis propios criterios sobre



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estos temas y, en su momento, las directivas que estén por trasponer
serán debatidas, como es obvio, en esta Cámara; en el Pleno de la Cámara,
porque la trasposición tendrá que realizarse a través de ley, y en ese
momento tendremos ocasión de debatirlas, repito, en profundidad y hacer
las valoraciones correspondientes.

Una primera conclusión es que la valoración es positiva. Una segunda
conclusión sería, dejando aparte estos casos a los que he hecho mención,
que la repercusión será escasa en el ámbito del libro y también en el
ámbito de la producción musical. ¿Y por qué va a ser escasa? Pues, repito
el argumento. Resulta que en el caso del libro el régimen arancelario ya
es de base cero, como sabe muy bien el señor Cortés; España es la quinta
potencia mundial en la industria editorial, y, por tanto, creemos que no
va a haber ninguna repercusión negativa, en absoluto, en lo que afecta al
libro.

Por otra parte, como he insistido también, el arancel referente a las
grabaciones musicales es reducido. El arancel actual de que se parte
oscila entre el 4,9, repito, o el 5,1, y la oferta comunitaria --no la de
España, sino la comunitaria-- incluida en los acuerdos del GATT prevé una
reducción al 3,5. Y precisamente las repercusiones de esa reducción son
las que se están estudiando por parte de esta Comisión, que lo que
pretende es que también haya un mayor diálogo y un análisis en más
profundidad de las personas que específicamente conocen los problemas del
sector y que pueden proporcionarnos una valoración sobre este ámbito.

Por tanto, no hay intención alguna de eludir ningún tipo de
responsabilidad, sino que, partiendo de la idea de que tenemos el plazo
de un año a partir de la constitución de la organización mundial de
comercio para la aplicación de los acuerdos, a lo largo de este año
podremos ir, insisto, profundizando en todos estos temas, pero --otra vez
insisto-- partiendo de la idea general de que la valoración es positiva y
que la repercusión, salvo en los supuestos mencionados, es escasa.

Contestando a la intervención del representante de Izquierda Unida, el
señor Alcaraz, sobre las declaraciones que ha realizado el Director
General del Libro, así como en la línea de preocupación que puede
suscitar al Grupo de Izquierda Unida, quisiera decir que lo que nosotros
sí tenemos claro es que hay unas medidas obviamente contenidas en el
proyecto de ley, y que esas medidas suponen un compromiso. También
podemos partir de la idea de que las medidas legales se tienen que
adaptar a las realidades cambiantes, por lo que en el supuesto de que se
produjera un fortalecimiento en este ámbito --que incluso se pudiera
considerar como extraordinario--, como siempre, se podría proceder a la
revisión de las medidas legales adoptadas. Pero creo que esto no es nada
nuevo, porque las leyes no sólo deben impulsar la realidad, sino que
tienen que tener en cuenta esa realidad sobre la que legislan. Por tanto,
no quisiera, en absoluto, que las declaraciones del Director General
supusieran un motivo de preocupación sobre los contenidos del proyecto de
ley de fomento de la cinematografía, porque, en definitiva, lo que se
pretende con esta ley es la consolidación, obviamente, del sector.

Quiero agradecer la intervención del señor Clotas, representante del
Grupo Socialista. Por supuesto, hay que tener en cuenta que las medidas
que hemos adoptado en el ámbito de la Unión Europea respecto al GATT y el
tema del audiovisual han sido, insisto, con la participación de la
mayoría de los países, ya que, como ustedes saben, en noviembre del año
pasado se acordaron toda una serie de medidas que fueron aceptadas por
los países integrantes de la Unión Europea. Me parece que en este caso
nuestro país ha mantenido la postura correcta, y creo que nos deberíamos
felicitar todos por ello.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cortés.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, tengo que recordar, una vez
más, que la comparecencia de la señora Ministra se hace a petición del
Grupo Parlamentario Popular para informar sobre el impacto que tendrá el
GATT, no sobre cosas que no están en el GATT. Por tanto, sólo la
benevolencia de la Presidencia, que sienta un precedente con su
actuación, y también, desde luego, la de los grupos parlamentarios que no
han pedido a la presidencia, como una cuestión de orden, que la señora
Ministra o los demás intervinientes se atengan a aquella cuestión que nos
ocupa, es lo que ha permitido que la sesión discurra por estos
derroteros.




El señor PRESIDENTE: Tiene S. S., precisamente en este turno excepcional,
la oportunidad de expresar, con la mayor concreción posible, aquellas
cuestiones que a su juicio no han sido contestadas por la señora
Ministra; con concreción, repito, porque es un turno excepcional.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, es un turno que no era
excepcional hasta ayer, pero en cualquier caso acepto la excepcionalidad
introducida por la Presidencia ahora, puesto que parece que esta sesión
va de novedades en la interpretación parlamentaria hay tres cuestiones
concretas, señora Ministra, a las que, al parecer, afecta el GATT. Una
primera es el libro. En el libro lo único que nos dice la señora Ministra
es que se ha encargado a la federación del gremio de libreros que haga un
informe, que ellos han encargado, a su vez, a unos expertos. Lo que no
nos ha dicho la señora Ministra es lo que nos tenía que decir: cómo va a
afectar el GATT.

Créame que, aunque nosotros tenemos una opinión bastante crítica respecto
del actual Gobierno, nos cuesta pensar que haya ido a negociar un acuerdo
de tanta transcendencia como el GATT sin tener previamente los estudios,
las valoraciones, las posibles consecuencias que tendría el GATT si se
aprobase en unos términos o si se aprobase en otros. Nos cuesta creer,
repito, que no tengan ese informe. Lo que pasa es que la señora Ministra
nos está demostrando que han ido a ciegas completamente, sin saber cuáles
eran las consecuencias. Y hablar de esas consecuencias no es decir que
ahora se va a tratar con los sectores para ver qué es lo que puede pasar,
no es eso; es haberlo sabido antes, en función de lo que allí se haya
acordado, que a lo



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mejor resulta que es muy poco, como dice la señora Ministra, pero yo
estoy manejando información oficial y resulta que en el sector de artes
gráficas y edición --y sólo hablo del empleo-- en España en 1982 había
empleadas 93.063 personas, y en 1990 hay 85.000. Por tanto, ha habido una
disminución del empleo. Pero en ese mismo sector y en ese mismo plazo de
tiempo, en Alemania se ha pasado de 216.000 a 234.000 y en Francia se ha
pasado de 87.000 a 139.000. Puedo citar todos los demás países, pero
seguro que es una documentación que tiene la señora Ministra. Esto antes
del GATT, esto como consecuencia de nuestra incorporación a la Comunidad
Europea, hoy Unión Europea.

Queremos saber si en las previsiones del Ministerio de Cultura se piensa
que el nuevo marco arancelario tendrá incidencias o no las tendrá; esto
es el impacto y no me diga que han encargado un estudio. Eso lo tendría
que saber antes, porque a lo mejor resulta que a los intereses españoles
les venía bien otra cosa, o a lo mejor era inevitable que saliese lo que
ha salido en el GATT. Pero entonces habrá que avisar al sector y decir:
«les informamos que a partir de tal fecha las nuevas circunstancias van a
ser éstas; prepárense ustedes tecnológicamente, prepárense ustedes
laboralmente, asóciense, intégrense, firmen alianzas con otras compañías
de fuera». Así es como actúa un gobierno responsable, y eso es lo que no
ha hecho el Ministerio de Cultura en este sector.

En el sector de la producción musical parece que ni siquiera se ha
encargado ese estudio, que ni siquiera lo tiene el Gobierno. Porque
tampoco me puedo creer que la señora Ministra dispusiese de ese informe y
se lo negase al Parlamento, ya que confío en la buena fe de la señora
Ministra cuando dijo que iba a comportarse como debe hacerlo una Ministra
en un régimen parlamentario y que no iba a ocultar información al
Parlamento. Por tanto, sigo pensando que este Gobierno, en este asunto
concreto, también ha ido a las negociaciones sin saber qué es lo que nos
jugábamos, y eso puede tener consecuencias.

Yo no sé cómo incidirá la mucha producción musical, por ejemplo, en
países del centro y del este de Europa o en países del Extremo Oriente,
que salen del área de la Unión Europea y tienen una competitividad muy
elevada. Y sobre eso habrá que tener una valoración, por mucho que usted
y yo tengamos una opinión globalmente favorable sobre el GATT, y que
--usted no porque no es diputada, pero yo sí-- votemos a favor de su
ratificación. Pero habrá que saber qué es lo que votamos, y ésa es
responsabilidad del Gobierno, porque él tiene, junto con unos privilegios
de aparecer en una posición preferente respecto de los demás, unas
obligaciones, que es la razón por la que se está en el Gobierno, y no
para trasladar un acuerdo con el gremio de los libreros.

Finalmente, la Ley de la Propiedad Intelectual. Yo no he hecho una
valoración sobre la Ley de la Propiedad Intelectual, por mucho que ahora
el señor Clotas lo pueda mencionar en una clara contradicción, porque ha
dicho que nosotros la criticamos y que luego la habíamos votado
favorablemente. Ese tipo de incoherencias son propias de otros lados de
la Cámara, nosotros no lo hacemos. He dicho que la Ley de la Propiedad
Intelectual está teniendo problemas en su aplicación y que hay críticas y
comentarios que dicen que no responde a las expectativas que se habían
creado con ella. Yo pregunto cuáles son las consecuencias de la nueva
regulación de la propiedad intelectual en el GATT en la legislación
española.

Y ahora, señora Ministra, vuelvo a decirle lo que le manifestaba antes, y
no sé si esto es lo que usted consideraba una cuestión personal. Yo he
dicho que cuando se es profesora se explican los textos, y se dice: «esto
es lo que hay», y se describe. Usted lo ha hecho bien, y se lo
agradecemos. Ha hecho una buena síntesis de lo que todos podíamos haber
leído, pero que algunos, a lo mejor, no lo habían hecho, y eso, repito,
está bien. Pero lo que tiene que hacer un político, sobre todo un
político que tiene responsabilidades de gobierno, a diferencia de lo que
tiene que hacer un profesor, no es decir: «yo tengo mi criterio, pero ya
se lo contaré cuando veamos la directiva». No es eso, porque si le hemos
pedido que comparezca ante el Parlamento es para que nos explique cuál es
su posición, no para que venga cuando llegue una directiva que se está
decidiendo o negociando en un grupo de trabajo comunitario de propiedad
intelectual.

El Gobierno, insisto, tendrá que tener alguna posición. Tendremos que
saber los españoles si habremos de estarle agradecidos o habremos de ser
críticos con la posición que está defendiendo. ¿Cómo se puede ejercer, si
no, el elemental control democrático, que es la base de un régimen
parlamentario? El que usted sea ministra y responda ante un parlamento
significa que a través de ese parlamento y de los medios de comunicación,
la opinión pública tiene que saber si con las decisiones que usted está
tomando o con sus omisiones se está beneficiando o se está perjudicando a
los intereses nacionales, globales o sectoriales. Y para eso es para lo
que se tienen estas comparecencias: para que el Parlamento pueda ejercer
su obligación constitucional de controlar al Gobierno. Pero si usted
viene aquí y simplemente nos dice que un grupo de expertos, que no
sabemos quiénes son, y que escapan fuera de todo control, van a decidir
no sé qué cosa, y luego decidirán la trasposición de una directiva que
vendrá de allí a esta Cámara para que la ratifique, una vez que haya sido
además acordada por los Doce, ya me dirá usted qué es lo que hacemos en
este Parlamento y sobre todo qué es lo que hace usted como ministra de un
régimen parlamentario que tendrá que responder ante el Parlamento.

Tiene usted la oportunidad, en el próximo turno, para explicarnos cuál es
el impacto del GATT sobre el sector del libro. Yo le he dado algunos
datos, por ejemplo, en cuanto al empleo, pero también nos podría haber
dicho cómo se va a producir en cuanto a la posibilidad de uniones, de
colaboración entre empresas de distintos países o también las
posibilidades de la exportación con la nueva valoración de la peseta. Nos
podría decir algo, que no ha dicho absolutamente nada, sobre la
producción musical; puede indicar que el impacto es cero; entonces, usted
dice que es cero, figura en el «Diario de Sesiones» y luego ya lo
veremos. Pero asuma usted alguna responsabilidad que



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nos permita a nosotros y a la opinión pública que ejerzamos el control
que tenemos que ejercer sobre un Gobierno.

Sobre la propiedad intelectual, díganos si con las novedades que se han
introducido en el GATT se va a ver afectada nuestra legislación. Como
bien ha recordado el señor Clotas, nosotros votamos dicha Ley
favorablemente pero no para deslumbrar al mundo como piensa S. S., ya que
aquí hemos pasado de deslumbrar al mundo. Somos un país donde uno se
enriquecía fácilmente, pero luego también parece que somos un país donde
se va a la cárcel en circunstancias más nocturnas, vamos de sorpresa en
sorpresa. Pero vamos a dejar de asustar al mundo, vamos a dejar de
sorprenderle y vamos a hacer cosas normales, cosas que interesan a los
ciudadanos y que permitan que la propiedad intelectual en España esté
protegida en el marco nacional y esté protegida en el marco más amplio,
en el que, necesariamente y gracias a Dios, se tiene que mover nuestra
economía y nuestra producción cultural, artística e industrial. Tiene
usted una nueva oportunidad de decirnos algo, señora Ministra.

Le agradecemos las explicaciones sobre lo que ya conocemos, pero, de
verdad, la solicitud de comparecencia que ha presentado este Grupo
Parlamentario es para que nos informe del impacto que tendrá el GATT en
los sectores que son de su competencia: libro, producción cinematográfica
y propiedad intelectual. El audiovisual está fuera del GATT; no tendrá
repercusión en ninguno de los sectores sobre los que tiene
responsabilidad la señora Ministra. (El señor Clotas Cierco pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: El señor Clotas tiene la palabra.




El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, solicito un brevísimo turno por
alusiones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Clotas, para lo que quiera.




El señor CLOTAS CIERCO: Quiero decir dos cosas. La primera, señor Cortés
--esto creo que lo sabe-- es que la Ley de Propiedad Intelectual española
es la última ley que se ha hecho en Europa y, efectivamente, todo el
mundo ha reconocido que es una ley moderna, progresista y que mejora
claramente las situaciones jurídicas anteriores. Por tanto, no estoy
diciendo nada que no haya oído en otros labios importantes, de
responsables de organismos internacionales muy significativos, que están
unánimemente de acuerdo en que la ley española supone un paso muy
positivo.

Usted se equivoca en el tiro, porque estuvieron de acuerdo y también
hicieron esa ley. Lo que ocurre es que después han venido con una especie
de rebaja, que más bien les desautoriza, les hace quedar muy mal frente a
los sectores de artistas e intérpretes de este país, como quedó en
evidencia en esta Cámara, y permítame que le diga que no entiendo mucho
su posición, señor Cortés, en este aspecto. Por consiguiente, no me
atribuya palabras que no he dicho ni valoraciones que están fuera de la
realidad, porque la realidad está de acuerdo con mis palabras.

En segundo lugar, señor Cortés --y en el asunto que nos ocupa--, la
impresión que tengo al escucharle es que quien realmente no conoce el
impacto de los acuerdos del GATT sobre los sectores culturales --y
perdone la alusión tan directa-- es usted; porque en toda su larga
intervención, señor Cortés, sólo he oído una abstracción prolongada, pero
no he oído ni una sola referencia a alguno de los aspectos concretos en
que la ley podía afectar. La señora Ministra ha sido muy clara cuando le
ha explicado cuál es la situación del libro, que tienen unos aranceles de
base cero en el comercio; cuál es la situación de los productos de
soporte musical; cuál es la situación del patrimonio, y, efectivamente el
gran efecto que podían producir los resultados de la negociación del GATT
se referían al audiovisual, por tanto, es lógico y correcto que empecemos
valorando ese aspecto. Y luego, los otros aspectos --que usted desconoce,
no el Ministerio ni el Grupo Socialista-- que pueden existir son de un
carácter bastante menor, y creo, señor Cortés, que antes de pedir la
comparecencia de la señora Ministra en este aspecto, el Grupo Popular
haría bien en informarse mejor del tema sobre el que va a pedir
explicaciones al Gobierno. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, yo creo que el asunto no ha
sido bien enfocado, porque la cuestión audiovisual y del cine es el
problema clave en los asuntos del GATT, y aquí no hay gato encerrado de
ningún tipo, señor Cortés, porque el GATT no está nunca definitivamente
cerrado. Se trata de un complejo de acuerdos bilaterales, en función de
los cuales, los distintos gobiernos y los distintos entes empresariales
de todo tipo seguirán presionando siempre, como lo están haciendo ahora,
por ejemplo, poniendo a la industria cinematográfica española serios
obstáculos en su difusión en los Estados Unidos, donde usted sabe que no
hay doblaje. Aquí se quejan ustedes de que hagamos un doblaje repetido
con una serie de condiciones previas; y nos están poniendo serias
dificultades a la calificación de las emisiones de distintas películas
españolas en los Estados Unidos, y siguen presionando en el seno del
mercado internacional (y aquí mismo, en España, en estas reuniones a las
que he hecho referencia) los representantes de las multinacionales de
forma muy intensa y muy firme.

Por tanto, no saquemos el asunto del cine de los acuerdos nunca cerrados
del GATT y nunca cerrados en ls relaciones bilaterales. Nosotros vamos a
intentar mantener esa seria tensión de cara a cómo se aplica la Ley de
Fomento y Protección del Cine y cómo se elabora --y me parece que es una
pregunta que ha quedado por contestar-- la futura ley del cine, la que va
a armonizar y refundir toda la normativa anterior de cara a una
ordenación total, con un amplio horizonte del sector español.




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Desde ese punto de vista, señora Ministra, el consenso parlamentario a
cierto nivel que se consiguió respecto a la Ley de Fomento y Protección
del Cine --el doblaje y la cuota de pantalla son los dos temas
fundamentales que están planteados para revisar ese posible acuerdo
parlamentario--, debiera conseguirse sobre la consolidación de algo que
tiene un camino por delante, y no de rosas, que recorrer: la
consideración de la industria cinematográfica española. No me refiero a
un consenso sobre posibles presiones por arriba de multinacionales, de
chantaje o de posibles --de nuevo otra vez-- huelgas de salas
cinematográficas. Es decir, se puede empezar a ver la matización de
ciertos acuerdos sobre la base de lanzamiento, apoyo y estructuración
definitiva de la industria cinematográfica española, que está
absolutamente en pañales, aunque, efectivamente, hay una serie de
conquistas. Ya dije en el Pleno que lo de «Belle époque» no había sido el
gol del cojo, sino también obra de la creatividad y de la incipiente
posibilidad de una industria cinematográfica española seria.

Más todavía, señora Ministra, y termino. En todo caso, ese acuerdo de
matización sobre el tema de licencias de doblaje o cuota de pantalla
quizás habría que situarlo en el consejo superior de la cinematografía,
cuando se constituya. Me parece que ése sería el sitio adecuado,
residenciar ahí, donde estarían todos los sectores afectados, desde los
actores, productores, exhibidores, distribuidores, incluso representantes
de las multinacionales, para no entrar en una contradicción entre la
promoción de la industria española y el impacto muy serio de la industria
norteamericana, que supera ya en cuotas de pantalla el 90 por ciento en
las salas españolas; el 80 por ciento es la media europea y el 90 por
ciento en las salas españolas.

Esas son las cosas que yo quería plantearle en esta segunda y brevísima
intervención.




El señor PRESIDENTE: Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Creo que el señor
Cortés, en esta su segunda intervención, tampoco ha añadido nada nuevo a
lo que ha dicho en la primera. Por tanto, lo único que puedo hacer es
reiterar lo que ya he manifestado en mis dos intervenciones anteriores.

Como ustedes comprenderán si en el sector del libro el régimen
arancelario es de base cero, ahí parece que no va a haber ningún tipo de
problema y además, insisto, teniendo una industria editorial potente la
situación pensamos que es positiva, no sólo en el presente sino también
hacia el futuro, teniendo en cuenta, además, que afortunadamente cada día
se incrementa el número de personas que hablan nuestra lengua.

Respecto al tema de la producción musical, insisto en que si la rebaja
del arancel sería de un punto aproximadamente, en ese caso las
valoraciones que se pueden hacer, y las perspectivas primeras que de una
manera informal se han hecho por el sector (en concreto hemos mantenido
algunas conversaciones con la Sociedad General de Autores) son favorables
porque se trata de un sector ampliamente creciente.

Respecto al tema de la propiedad intelectual, insisto en que la
aplicación de los principios, tanto el principio de trato nacional como
la incorporación de la cláusula de nación más favorecida a estos temas,
se consideran positivos. Por supuesto las Directivas de la Unión Europea
en esta materia y nuestra posición siempre son mejorar los mecanismos de
protección de los diferentes derechos que hoy se contienen en la Ley.

Por otra parte, quisiera decirle al señor Alcaraz que más que de una
nueva ley de lo que estamos hablando es de la elaboración del decreto, o
sea, el desarrollo reglamentario de la ley. Evidentemente estoy de
acuerdo con el representante de Izquierda Unida, porque sí creemos que
las funciones del Consejo Superior de Cinematografía serían, por un lado,
la preparación de las diferentes medidas legales y, por otro, el
establecimiento de las estrategias. Me parece que, si finalmente se
incorpora a la Ley, sería un órgano muy eficaz y facilitaría el consenso,
como él mismo ha apuntado.

Obviamente, no podemos perder el interés en el tema del audiovisual,
efectivamente, porque la tensión es fuerte, pero precisamente porque
existe esa tensión fuerte nosotros creemos que no sólo tenemos que
mantener nuestras posiciones, sino también procurar que haya el mayor
consenso posible, y de eso sí puedo informar a la Comisión que los
intentos de diálogo, sin abandonar, por supuesto, las medidas iniciales,
se están produciendo en todo momento pero, por otra parte, junto con esa
voluntad de diálogo, también está la voluntad de no dejarnos vencer ante
determinadas amenazas que, en nuestra opinión, no tienen sentido,
amenazas que, por otra parte, se han reproducido en los medios de
comunicación pero, por supuesto, no en relación con el Ministerio de
Cultura.

Muchas gracias.




CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:



--SOBRE FINANCIACION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION DE LA
CASA EN QUE SE UBICA LA FUNDACION PABLO PICASSO, DE MALAGA, ASI COMO PARA
LA CREACION DE UNA GALERIA DE ARTE Y UN MUSEO. FORMULADA POR EL SEÑOR
SOUVIRON GARCIA, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000588.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
contestación a preguntas.

Para formular la pregunta número 588, el señor Souvirón García tiene la
palabra.




El señor SOUVIRON GARCIA: Quiero empezar agradeciéndole a la señora
ministra su disposición a responder sobre un asunto referido a la ciudad
de Málaga. Sin duda por la importancia del personaje que está en su
origen, Pablo Ruiz Picasso, traspasa los límites provinciales



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y, por utilizar palabras de su antecesor en el cargo, señor Solé Tura, es
un tema que interesa a la política cultural del Estado y, por tanto,
compete al Gobierno central y en concreto al Ministerio de Cultura.

Espero que a partir de esta respuesta también se restablezca la
comunicación entre el Ministerio y la dirección de la Fundación Pablo
Picasso, de Málaga, que ha sido muy fluida en momentos anteriores del
Ministerio de Cultura con los señores Semprún y Solé Tura, y que en este
momento se encuentra suspendida desde el último relevo ministerial, sin
duda por las múltiples ocupaciones a que tiene que hacer frente cada día
la señora ministra.

El Ayuntamiento de Málaga compró la casa natal de Pablo Picasso, creó la
Fundación pública municipal Pablo Picasso, de Málaga, y a partir de ahí
se empiezan a cumplir objetivos que estaban en la base de todos estos
actos. En primer lugar, el mantenimiento de la propia casa natal, la
creación de un importante centro de documentación y bibliografía sobre el
artista; la inclusión de la ciudad de Málaga en eso que se llama el
itinerario picassiano y la creación de un centro de cultura que ha tenido
iniciativas, alguna de las cuales, sin duda, conocerá la señora Ministra
porque se hicieron en colaboración con el IVAM en el momento en que ella
lo dirigía. También se ha conseguido, y es importante, implicar a la
familia Picasso en la viabilidad futura del proyecto y hay cierto
compromiso de futuros depósitos y secciones de obras originales de Pablo
Picasso.

La verdad es que en momentos anteriores al último verano se llegó a un
compromiso con el anterior Ministro, señor Solé Tura, en virtud del cual
prometió facilitar la financiación precisa para que la Fundación Picasso
pudiera ser un instrumento vivo de cultura y se creara una galería de
arte contemporáneo y un museo que, con todas las garantías técnicas
necesarias de los museos modernos, fuera capaz de acoger las futuras
donaciones que fueran en su momento cedidas por personas que tuvieran
obras relacionadas con Picasso.

Pasa el tiempo y la verdad es que la dirección de la Fundación entiende
que ese compromiso no se cumple. Es por eso por lo que planteamos la
pregunta. Toda la iniciativa parte de un gobierno municipal con mayoría
del grupo que apoya la gestión de la ministra, del que también forma
parte, lógicamente, el Grupo Popular, que comparte en todo momento las
gestiones que se han venido realizando. Yo creo que es un proyecto detrás
del cual está Málaga entera y en estos momentos en que parece que el
Ayuntamiento de Málaga --desgraciadamente, no parece, sino que es así--
tiene serios problemas económicos y se ha quedado hasta sin voz, nosotros
con mucho gusto la ponemos para preguntar a la ministra cuándo piensa el
Ministerio de Cultura cumplir el compromiso adquirido con la Fundación
Pablo Picasso, de Málaga, consistente en la financiación de las obras
necesarias para la rehabilitación de la casa en que se ubica y la
creación de una galería de arte y un museo.




El señor PRESIDENTE: La señora ministra tiene la palabra para contestar.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Efectivamente, a través
de los medios de comunicación tuvimos noticia --es la primera información
que tuvimos-- sobre un posible incumplimiento por parte del Ministerio de
Cultura de un compromiso de financiación de las obras necesarias para la
rehabilitación de la casa en que se ubica la Fundación Pablo Ruiz Picasso
y para la creación de una galería de arte y un museo.

Precisamente al aparecer esta noticia en la prensa (insisto en este tema,
porque con anterioridad no habíamos tenido ninguna petición de entrevista
sobre este particular por parte de los responsables de la Fundación) me
preocupé de saber hasta qué punto ese compromiso existía y después de
consultar en el Ministerio de Cultura toda la documentación que podía
hacer referencia a ese tema no había constancia alguna de este compromiso
a nivel documental. Lo que sí se había producido era una entrevista entre
mi predecesor, el señor Solé Tura, y los responsables de la Fundación, en
la que según tengo entendido (porque, además, continúa estando en el
Gabinete una de las personas que asistió a la celebración de esta
reunión) mi antecesor no asumió ningún compromiso.

Se trató de una entrevista en la que se planteó a problemática de la
Fundación y del museo. No obstante, la Fundación Pablo Ruiz Picasso, de
Málaga, se adhirió en 1991, mediante un convenio firmado con el
Ministerio de Cultura, al sistema español de museos. Como sabrá S. S., el
ministerio convoca cada año subvenciones para inversiones en
infraestructuras para los museos de titularidad no estatal que estén
incluidos en este sistema. Esta es la vía que mantenemos para la
realización de este tipo de obras o adquisiciones de material para los
museos que no son de titularidad estatal.

En 1993, tras adherirse al sistema de museos, la Fundación Picasso
solicitó al Ministerio de Cultura una subvención para adquirir una
biblioteca privada, mobiliario y diverso equipo técnico, y le fue
concedida en esa ocasión una subvención de 2.826.000 pesetas para la
mejora de su infraestructura material.

Con la contestación a esta pregunta no quiero que el señor diputado
interprete que hay una negativa por parte del Ministerio de Cultura a
reiniciar las conversaciones para poder apoyar a la Fundación Pablo Ruiz
Picasso en sus legítimas pretensiones de tener ayuda por parte del
ministerio para un mejor acondicionamiento de las instalaciones y, por
tanto, para poder realizar las actividades con el nivel que Picasso se
merece. Estamos completamente abiertos a retomar las conversaciones que
en su día se iniciaron pero, insisto, no hay constancia de ese
compromiso. Por tanto no podemos hablar de incumplimiento de un
compromiso, sino que me gustaría abrir una puerta para que en su caso ese
compromiso sí se pudiera generar.




El señor PRESIDENTE: Señor Souvirón.




El señor SOUVIRON GARCIA: En cualquier caso, señora ministra, lo que
puede haber son problemas de comunicación entre una y otra parte, que yo
creo se pueden superar.




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Tomo de sus palabras lo que es más esperanzador y, en ese sentido, le
animo a que establezca ese contacto con la dirección de la fundación para
que conozca a fondo el proyecto que se está llevando a cabo y vea que,
siendo un proyecto realista, además también necesita el correspondiente
apoyo de la Administración como justo y necesario reconocimiento del
Estado y del Gobierno hacia los propios merecimientos de Picasso por lo
que ha supuesto para el nombre de España y para el arte mundial en
general.

Por tanto, buenas son todas las iniciativas que se llevan a cabo y que
favorezcan que su casa natal además de ser un museo, como usted bien
dice, sea un proyecto de futuro e incluso de vanguardia de arte en una
ciudad que quizá es de las importantes de España --o sin quizá--, la
única que requiere (a lo mejor se me puede tachar de localista, pero creo
que es así) un tratamiento especial porque es la única en sus
características que, al no ser capital de comunidad autónoma, no tiene
los beneficios administrativos y económicos que las demás tienen.

Aprovecho la ocasión para pedir ese tratamiento especial, centrándonos en
este tema que puede ser importante para Málaga.

Por lo demás quedamos a lo que el futuro pueda traernos y que deseamos
sea esperanzador.




El señor PRESIDENTE: Señora ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Quiero insistir sólo en
que efectivamente es una fundación que merece todo mi reconocimiento y a
la que, además, visitaré próximamente para pronunciar una conferencia
sobre Julio González y sus relaciones con Picasso. En ese momento tendré
oportunidad de ver cómo está funcionando y cuáles son sus necesidades.




--SOBRE PREVISIONES RESPECTO DEL PROYECTO DE CREACION DE UN CENTRO
COREOGRAFICO NACIONAL EN VALENCIA. FORMULADA POR EL SR. GIL LAZARO, GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000634.)



El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 634, el señor Gil
Lázaro tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: Señora Ministra, por desgracia, en la sociedad
valenciana existe una percepción muy poco satisfactoria en lo que
concierne a los resultados obtenidos de los convenios que se han suscrito
en los últimos años con la Administración del Estado, porque, a fin de
cuentas, el incumplimiento del texto de estos convenios ha sido la nota
predominante de los mismos.

Desde luego no no estamos refiriendo al Ministerio de Cultura, porque ese
departamento ha sido tan absolutamente cicatero en años anteriores, a la
hora de concluir instrumentos de colaboración cultural con las
administraciones valencianas, que ni siquiera ha tenido la ocasión de
poderlos incumplir. Lo dicho es igualmente de aplicación a las promesas o
expectativas de convenios que se iban a formalizar y de los que nunca más
se supo, volatilizándose después de ese anuncio.

En este contexto es natural que, frente a la comentada supuesta intención
del Ministerio de Cultura de concluir un convenio con la Generalitat
Valenciana para la instalación de un centro coreográfico nacional, nos
sintamos obligados a solicitar del Gobierno la información oportuna
acerca del mismo, a fin de evitar que este asunto pudiera quedar diferido
a una mera declaración de buenas intenciones sin ulterior concreción.

Por el momento, lo único que la opinión pública conoce, en relación con
este posible convenio, es la afirmación hecha por la señora Consellera de
Cultura, el pasado 15 de febrero, indicando que se iban a entablar
conversaciones con el ministerio para crear ese centro coreográfico
nacional, que se especializaría únicamente en el ámbito de la danza
contemporánea. Sin embargo, la señora Pedraza no fue capaz de ser más
explícita en cuanto al alcance, contenidos y plazos de ese hipotético
convenio, limitándose a señalar que en los próximos meses se estaría en
condiciones de presentarlo ante la opinión pública.

No queremos insistir en el enorme valor que para la producción
coreográfica española tendría un centro de estas características porque
resultan obvias. Eso sí, nos extraña que se parta de cierta limitación
conceptual cuando se señala que dicho centro sólo desarrollaría sus
tareas experimentales, investigadoras y de creación en el ámbito de la
danza moderna, porque entendemos que, puestos a realizar un esfuerzo
presupuestario de organización, didáctico y de programación como el que
un proyecto de esta naturaleza comporta, convendría dotarle, desde el
principio, de una proyección temática amplia que permita obtener la
máxima rentabilidad cultural a la inversión realizada, dando igualmente
por ello opción a la más plena participación de los profesionales del
sector y no sólo a los vinculados a una determinada especialidad.

En definitiva, entendemos que el proyecto formulado en la inconcreción
que hasta ahora lo hemos conocido puede ser un proyecto interesante para
el conjunto de la vida cultural española. Entendemos, además, que la
sociedad valenciana dispone de infraestructuras culturales y de una
sensibilidad acreditada como para ser sede de este proyecto. Desde esa
evidencia, parece que puede operar dicha sociedad como un soporte
adecuado para que este centro coreográfico nacional pueda tener su sede
en Valencia y para la mejor extensión social de las futuras actividades
del mismo. Dicho centro coreográfico permitiría, también, que se avance
mucho más adecuadamente en el protagonismo internacional de los trabajos
que los profesionales españoles vienen desarrollando y será, sin duda, un
punto de encuentro para intercambio de técnicas y experiencias.

En virtud de estas consideraciones, nosotros preguntamos qué previsiones
tiene el Ministerio de Cultura en relación con la posible creación de
este centro coreográfico nacional con sede en Valencia. Nos gustaría que
la señora ministra en su respuesta pudiera ser especialmente concreta en
lo que se refiere a líneas de inspiración, plazos y, desde luego,
inversiones previstas.




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El señor PRESIDENTE: Señora ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): En primer lugar, hay
que partir de la idea de que los convenios que se han realizado en la
Comunidad Valenciana con el Ministerio de Cultura no creo que se hayan
incumplido. De hecho, el Museo San Pío V, como muy bien sabe S. S. es de
titularidad estatal y de gestión autonómica, y se están cumpliendo los
plazos para su reacondicionamiento. Quiero recordarle, como ejemplo, que
el Palau de la Música, de Valencia, se construyó gracias a la amplísima
intervención del Ministerio de Cultura.

Entrando más en el tema, voy a ser muy concreta, lo cual no quiere decir
que pueda dar plazos ni cantidades, pero no porque quiera ocultar datos,
sino porque lo importante en este momento es informar a la Comisión sobre
el proceso que puede haber generado la noticia a que hace referencia al
señor diputado y que es la base de la pregunta que realiza.

El Ministerio de Cultura se planteó en su momento la posibilidad de
crear, como muy bien ha dicho el señor diputado, un centro coreográfico
nacional. Dicho centro tendría los siguientes contenidos u objetivos. Por
una parte la formación de alto nivel; por otra parte la producción de
espectáculos, la investigación sobre nuevas coreografías, sobre la
sociología y la cultura de la danza, y también un apartado importante de
documentación, tanto escrita como audiovisual sobre el tema.

En esa línea se hizo un primer proyecto de creación de este centro
coreográfico nacional que nos parecía sería importante, dada la afición y
las aptitudes que existen en nuestro país para el desarrollo de este
arte. El proyecto se presentó en el Consejo de Danza, que se celebró,
además, en nuestra Comunidad; este proyecto se presentó, insisto, el
pasado día 18 de febrero, y en este momento está siendo objeto de estudio
por parte de sus miembros.

Con posterioridad a esa reunión, la Consejera de Cultura de la Comunidad
Valenciana manifestó un gran interés para que la ubicación del centro
coreográfico fuera en la Comunidad de Valencia, y lo manifestó en la
Comisión mixta que estamos celebrando no sólo con la Comunidad Valenciana
sino con todas las comunidades autónomas con la finalidad de llegar a
acuerdos que tendrán su trascendencia y su aplicación no sólo en estos
ejercicios presupuestarios sino también a medio y a largo plazo. En esta
Comisión mixta, insisto, la Consejera manifestó su interés para que la
ubicación del centro coreográfico fuera en la Comunidad Valenciana, de lo
que tomamos nota. Pensamos que la Comunidad Valenciana reúne las
características adecuadas para ser la sede del centro coreográfico
nacional, entre otras cosas porque existe un gran número de grupos
dedicados a la danza contemporánea, es decir, existen las aptitudes, las
cualidades o las condiciones idóneas y, por otra parte, porque la
Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Cultura, manifestó
su interés en la colaboración y, por tanto, en el mantenimiento del
centro coreográfico.

Puedo decir a S. S. que esto ha sido una declaración de interés y de
intenciones. También quiero decirle que existen estas razones para que se
se ubique el centro en la Comunidad Valenciana, que iría también en la
línea de la descentralización de determinadas actividades o unidades de
producción del Ministerio de Cultura. Lo único que quiero poner de
manifiesto es que en la creación de ese centro coreográfico y en la
elaboración de ese primer proyecto, todavía no se ha realizado una
cuantificación económica. Precisamente porque estamos en un momento de
austeridad presupuestaria, como SS. SS. saben perfectamente, y me parece
que antes de iniciar un nuevo proyecto tenemos que saber su
cuantificación y las posibilidades de financiación del mismo.

No me gustaría que pensáramos que ya se ha tomado la decisión de
constituir este centro coreográfico y que la sede va a ser Valencia. Creo
que Valencia, por las circunstancias a que me he referido, podría ser la
adecuadísima ubicación del centro, pero no me gustaría que hubiera
precipitación en este tema precisamente porque creemos que es muy
importante asumir los compromisos adquiridos y la finalización de
determinados proyectos antes de emprender otros nuevos que, además,
insisto, están en fase de estudio.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil.




El señor GIL LAZARO: Gracias, señora Ministra, porque en esta ocasión
--rompiendo, quizá, con lo que viene siendo sus últimas comparecencias--
creo que ha sido usted elegantemente explícita a la hora de desmentir las
afirmaciones hechas por la señora Consellera de Cultura. Me ha dicho
usted que el Consejo, efectivamente, se reunió el 18 de febrero y que fue
entonces cuando la señora Consellera de Cultura, en nombre de la
Generalidad valenciana, manifestó su interés. Sin embargo, tal y como yo
señalaba en la fundamentación de mi pregunta, la señora Consellera de
Cultura, en nombre de la Generalidad valenciana, el 15 de febrero, es
decir, tres días antes de la reunión del Consejo, ya expresó
públicamente, en el acto de presentación del Certamen «Valencia a Dansa»
de este año, que existía un compromiso con el Ministerio de Cultura para
la creación de este centro coreográfico nacional, que la sede del mismo
iba a ser la Comunidad Valenciana y que en los próximos meses se podría
ser más explícito en cuanto a los contenidos, al desarrollo, inversiones,
es decir, en cuanto al cuerpo de este convenio, pero dio por sentado que
era una decisión tomada.

Hoy la señora ministra nos ha dicho, en síntesis, que no se ha tomado
todavía la decisión de constituir el centro en virtud de una serie de
consideraciones que ha hecho, entre ellas de orden presupuestario, ni,
desde luego, se ha tomado la decisión de que, constituido el centro,
tenga su sede en la Comunidad Valenciana y en concreto en la ciudad de
Valencia.

Creo que la señora ministra y yo coincidimos en el análisis general que
hemos hecho en cuanto a la idoneidad de la sociedad valenciana y de las
infraestructuras culturales valencianas para poder ser sede de este
importante proyecto, si es que, efectivamente, se lleva a cabo. Lo cierto
es que lo que nos importaba a nosotros dejar hoy



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suficientemente claro como punto de partida es lo que claramente ha dicho
la señora ministra, es decir, que no hay todavía una decisión firme en
cuanto a la constitución de este centro coreográfico nacional
--insistimos en que nos sigue pareciendo un proyecto muy interesante--
ni, desde luego, hay decisión en cuanto a que vaya a tener su sede en
Valencia.

La señora ministra ha hecho un esbozo en cuanto a que podrían ser cinco
grandes vertientes el armazón conceptual del centro: formación de alto
nivel, producción, investigación, sociología de la danza y documentación.

Veo que también ha reafirmado algo de lo que ya se anticipó en la propia
fundamentación de mi pregunta y es que el centro, en el supuesto de que
efectivamente viese la luz, nacería única y exclusivamente orientado a lo
que es el desarrollo de estas tareas en el ámbito de la danza
contemporánea. Vuelvo a repetir que nos parece que de alguna forma, dado
el importante esfuerzo que un proyecto de esta naturaleza comporta,
limitarlo de origen solamente a una especialidad es, de alguna manera,
restar una posible mucho más amplia rentabilidad de ese esfuerzo a
realizar y que, por tanto, este proyecto, si efectivamente se lleva
adelante, debería nacer con una vocación conceptual y con una ordenación
temática mucho más general.

Concluyo diciendo que me gustaría, señora ministra, que todo esto no
quedara referido a esa mera declaración de intenciones con la que usted
ha calificado de alguna manera la afirmación hecha en su momento por la
señora Pedraza, en nombre de la Generalidad Valenciana, y que fuera un
proyecto que pudiera llevarse a cabo de manera feliz, porque creemos que
es una iniciativa interesante. Ahora bien, también tengo que decirle que
por lo que hoy nos ha dicho la señora ministra, que, insisto, contradice
esencialmente las afirmaciones rotundas que hizo en su momento la
portavoz del Gobierno autonómico, nos da la sensación de que podemos
estar otra vez en el mismo marco al que yo hacía referencia al inicio de
la fundamentación de mi pregunta, es decir, a esa exposición reiterada de
meras declaraciones. Evidentemente, la señora Ministra de Cultura ha
citado algunos convenios que se han suscrito con la Administración
autonómica valenciana en materia cultural. Ya le he dicho que mi
referencia a los convenios, fundamentalmente afectaba a otros
departamentos y no estrictamente al de Cultura, pero si quiere que
también haga referencia al departamento de Cultura, tengo que decirle
que, desde luego, los retrasos en la ejecución del convenio con el San
Pío V o los retrasos en la ejecución del convenio con el González Martí
han sido francamente notorios, y eso la señora Ministra lo sabe, entre
otras cosas, porque no tenía entonces esa responsabilidad ministerial y
como responsable cultural valenciana estrictamente también hizo
manifestaciones al respecto.

En definitiva, y con esto concluyo, habrá que decirle a la señora Pedraza
y al Gobierno autonómico valenciano que, desde luego, el Ministerio de
Cultura en este momento no tiene las mismas seguridades de las que hace
gala esa Administración en cuanto a que el proyecto del centro
coreográfico nacional sea una realidad y en cuanto a que tenga finalmente
su sede en Valencia



El señor PRESIDENTE: Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Quisiera insistir en
que creo que hay que realizar una valoración del coste del centro
coreográfico nacional antes de ponerlo en marcha y hay que debatir
también el proyecto de dicho centro, porque me parece que es importante
que se debatan estos proyectos, cuáles son sus objetivos, cuál es su
estructura, etcétera. Comprendo perfectamente que la Consejera de la
Comunidad Valenciana manifestara su interés y sus perspectivas y
ofrecimiento de que el centro coreográfico nacional tuviera allí su sede.

A mí me gustaría muchísimo --y estoy segura que al señor Gil Lázaro
también-- que finalmente pudiéramos constituir el centro coreográfico
nacional y que además su sede estuviera en Valencia, porque, por las
razones que hemos expuesto, existe base suficiente como para que la
ubicación de ese centro fuera allí, pero no me gustaría constatar que
existe un compromiso formal, que no existe, porque en cuanto decimos que
lo hay, inmediatamente se nos acusa de incumplimiento. Por tanto, me
parece que es mejor dejar las cosas como están, decir que, efectivamente,
existen razones para que el centro se ubique allí, pero que es un
proyecto que hay que debatir y que valorar, y en su día supongo que
tendremos ocasión de volver a hablar del tema.




--SOBRE CAUSAS POR LAS QUE LA ENTRADA A LOS MUSEOS SE COBRA POR UN
IMPORTE QUE SUPERA EL LIMITE DE LAS CANTIDADES SIMBOLICAS. FORMULADA POR
EL SEÑOR ALCARAZ MASATS (GIU-IC). (Número de expediente 181/000705.)



El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 705, tiene la
palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señora Ministra, le voy a preguntar sobre el
cobro de la entrada a los museos, algo que puede generar, a nuestro
juicio, una pequeña sublevación de la vida cotidiana, porque hay mucha
gente --jóvenes, mujeres, mayores-- que mantenía con los museos una
relación de vinculación muy importante que se puede romper en este
momento, aunque ustedes hayan dicho que será una entrada simbólica, lo
que vale una cerveza, no sé si será una cerveza con media ración de
ostras o una cerveza en algún bar especial. A mí me gustaría conocer el
precio, por qué se le pone un precio a la entrada en los museos, y si
esta medida, que pensamos que es absolutamente antipopular, no se podría
congelar, porque aunque puedan tener en el Gobierno una obsesión por
superar el grado de déficit público, ésta tampoco supondría una cantidad
muy importante de dinero para las arcas del Estado.




El señor PRESIDENTE: Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Sobre la pregunta que
plantea el señor Alcaraz, quisiera aclarar algunas cuestiones previas.

Como el señor



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Alcaraz y el resto de la Comisión sin duda conocen, una reciente
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 15 de marzo
de 1994, establece la necesidad de modificar nuestra normativa interna
para dar un mismo trato a los ciudadanos españoles que visitan nuestros
museos y al resto de los ciudadanos de la Unión Europea. Por ese motivo,
el pasado 17 de marzo se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto
496/1994, que modifica el artículo 22 del Reglamento de Museos de
titularidad estatal y del sistema español de museos, y donde se establece
precisamente el principio de igualdad de trato para los españoles y los
nacionales de los otros países miembros de la Unión Europea. En esta
línea, el Ministerio de Cultura está preparando --ya está prácticamente
finalizada-- una orden que va a regular la visita a los museos de
titularidad estatal y esta orden ha recibido ya el informe favorable del
Consejo de Consumidores y Usuarios, que ha sido remitido al departamento
de Cultura el pasado 27 de abril.

Comprendo que el señor Alcaraz esté preocupado porque a partir de la
llegada del Partido Socialista al poder se estableciese la gratuidad de
los museos y ahora nos planteemos el que se cobre la entrada a los
mismos. Hay toda una serie de razones. Lo que sí estaba clarísimo es que
teníamos que conceder el principio de igualdad de trato. Nos parecía que
optar por la gratuidad para los españoles y para todos los nacionales del
resto de los países de la Unión Europea no era lo más adecuado, dado que
en nuestro entorno, en la Unión Europea, se cobra la entrada a los
museos. Además, pensábamos que las circunstancias, afortunadamente, han
cambiado desde que se estableció la gratuidad. En aquel momento era
absolutamente necesario impulsar y fomentar la sensibilidad de la
población hacia las artes plásticas y hacia la cultura en general y
permitir el mejor conocimiento de nuestras colecciones y de nuestros
museos; afortunadamente, ese hábito podemos decir que ya se ha generado
en nuestra sociedad, y, por tanto, y sobre todo enlazando con la primera
razón, veíamos que tampoco era la medida adecuada el establecer la
gratuidad para todos los ciudadanos de la Unión Europea.

También pensábamos --y éste sería el otro principio general-- que ningún
ciudadano ni ciudadana españoles ni de la Unión Europea debía quedarse
sin visitar un museo porque no tuviera la capacidad adquisitiva para
ello. Por ello, junto con el establecimiento de un precio para la entrada
en los museos, consideramos absolutamente necesario --y así lo hemos
puesto de manifiesto-- que exista al menos un día en que la entrada sea
gratuita, lo cual garantiza el acceso de los ciudadanos a las colecciones
y a las exposiciones temporales de los museos, y, por otra parte,
consideramos asimismo necesario que exista una serie de exenciones y
reducciones de precios. Al mismo tiempo, hay toda una serie de medidas
positivas, en el sentido de apoyar la asistencia a los museos.

Inicialmente, hemos previsto la cantidad de 400 pesetas. No es un precio
simbólico, sino más bien un precio político, porque si lo comparamos con
el de las entradas que se cobran en los países de características
similares al nuestro --y tengo una relación bastante detallada de lo que
se cobra, tanto en los museos franceses, como en los alemanes, holandeses
o estadounidenses-- el precio que nosotros hemos previsto es
sustancialmente inferior. Si ello lo combinamos con la existencia de las
exenciones, con el día de entrada gratuita y con las reducciones, muy
sinceramente no va a haber ningún ciudadano español ni ciudadana española
que deje de asistir a visitar los museos, sus colecciones o exposiciones
temporales. Al mismo tiempo, también hay otra serie de días a lo largo
del año en que se establece la gratuidad para la entrada a los museos.

Para proporcionar información a la Comisión, en la orden ministerial que
hemos elaborado se considera que deben estar exentos del pago de la
entrada una serie de colectivos, entre ellos los menores de edad, el
voluntariado cultural y educativo, y que disfrutarán de una reducción del
cincuenta por ciento del precio de la entrada, es decir, pagarán 200
pesetas, con excepción de los domingos y los días de fiesta que se
consideran gratuitos, otros colectivos, como por ejemplo los mayores de
65 años o los jubilados, los titulares del carné joven o del carné de
estudiante.

También quisiera decirle que estamos elaborando otra serie de medidas,
como es la emisión de unos bonos, que podemos denominar bonos o carnés de
museos, para entrar a los 21 museos de titularidad estatal existentes en
nuestro país. Habíamos pensado que, en principio, también se podían
establecer otros bonos para la visita a los museos de titularidad estatal
de una misma ciudad. Todo este tipo de bonos o de carnés van a hacer
posible que finalmente tampoco se pague íntegro el precio de la entrada
cada vez que se visita un museo.

Por otra parte, quisiera decir que de la experiencia de dirección
anterior del Instituto Valenciano de Arte Moderno hemos visto que se ha
cobrado entrada y, sin embargo, ha ido creciendo el número de visitantes
de una manera espectacular y generándose este hábito de asistencia a los
museos, precisamente porque siempre se ha considerado que al establecer
el día de entrada gratuita que procuraremos que sea el domingo (porque es
cuando las personas tienen más tiempo libre y es importante que se
vincule el ocio a la cultura), el objetivo que se persigue es que nadie
se quede sin visitar un museo porque no posea las 400 pesetas. Cuando
decía que más que hablar de precio simbólico, terminología que yo he
empleado, me parecía más correcto decir precio político era porque
precisamente el Ministerio de Cultura sigue manteniendo el coste
fundamental de los museos, es decir, se sigue en la línea de facilitar el
acceso de los ciudadanos a todos los bienes culturales, porque seguimos
creyendo que ése es un factor de democratización social.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señora Ministra, parece que el argumento
fundamental es una sentencia de la Unión Europea y que, por tanto, con
esta medida nos acercamos a Europa de nuevo--siempre hablamos de Europa
como si nosotros no fuéramos una parte integrante de ella--, pero me
parece que siempre nos acercamos a Europa en lo que más nos perjudica;
incluso en las directivas que estamos trasponiendo ni siquiera nos
acercamos a la



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media europea, y en este caso me refiero a la que se va a aprobar mañana
en relación con la televisión sin fronteras. Yo creo que, a pesar de esta
sentencia, es posible realizar una serie de excepciones culturales,
incluso singulares, con respecto a la entrada en los museos. Por ejemplo,
el modelo inglés no se parece en nada a los que usted ha citado
anteriormente. Es posible incluso en el seno de esta sentencia un modelo
de aportación voluntaria de los visitantes de los museos.

Por tanto, es una medida fundamentalmente política en el seno de una
política específica que, desde luego, ha relegado al Ministerio de
Cultura al 0,25 por ciento del total de los Presupuestos Generales del
Estado. No sé si lo han calculado, pero con esta medida ustedes pueden
obtener entre 1.000 y 1.500 millones anuales, teniendo en cuenta las
visitas que se producen actualmente. Incluso con respecto al tema de la
sentencia y a cómo se cumple en los distintos países, por ejemplo los
visitantes españoles nos sentimos discriminados en Italia cuando se nos
cobra por tramos en una serie de museos. ¿Se va a inaugurar esto aquí
también? Por ejemplo, ¿va a haber que pagar un ticket más para ver Las
Meninas o las Pinturas Negras de Goya? Porque si se inicia el cobro de la
entrada y uno se quiere homologar a ciertos países europeos, al final
también podemos cobrar por tramos si el señor Solbes dice que hacen falta
1.000 millones más, porque la política del señor Solbes es tirarse de
cabeza allí donde pueda salir un duro o una peseta, en función del
déficit público que atravesamos, sin tener en cuenta los problemas de la
cultura y de que se trata de un Ministerio con presupuesto absolutamente
guineano, si me permite la expresión, del 0,25 por ciento con respecto al
monto total.

Desde ese punto de vista, yo creo que se va a producir una separación
entre los museos y la calle precisamente en el momento en que se exponen
los «gordos» y las «gordas» de Botero en plena calle y hay otra serie de
costumbres que se van a establecer que pueden conseguir para los museos
ese aire estancado de otras etapas, de otros tiempos: el museo como algo
no visitado, como algo muy elitista, porque usted me dirá que 400 pesetas
es muy poco, pero hay que tener en cuenta lo que son 400 pesetas para
aquel que tiene que vivir la vida cotidiana de manera directa y teniendo
en cuenta las pensiones y las cantidades de que dispone la juventud en su
bolsillo, y no ha citado usted a las mujeres para nada.

El otro día en la exposición de Antonio López vi a muchísimas más mujeres
que hombres visitándola, y las mujeres aparecen absolutamente
discriminadas. Y le repito que 400 pesetas no es lo que vale una cerveza,
como usted dice. La cerveza cuesta entre 60 y 100 pesetas. Por lo tanto,
hemos superado con mucho la expectativa que usted nos creó, a menos de
que sea una cerveza más grande o, insisto, con media docena de ostras,
pero no se habló de esta segunda parte en la propuesta que usted hizo.

Desde luego, y termino, nosotros planteamos que el modelo no es
homologable absolutamente a los países europeos, tal como hasta ahora se
está accediendo a los museos --caso inglés por una parte, caso italiano
por otra--, y no tenemos por qué aceptar de manera mecánica esta
sentencia, que más que nada parece una excusa para cobrar este precio,
teniendo en cuenta que es posible, sin duda, introducir una miniexcepción
cultural en este caso, dada la situación económica del país con respecto
a esos países que usted acaba de citar, respecto a cuyo nivel adquisitivo
estamos muy por debajo.




El señor PRESIDENTE: Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Efectivamente, el
sistema inglés es diferente pero más complicado que el nuestro en el
mecanismo, en el funcionamiento, porque la entrada al museo es gratuita,
pero la visita a las exposiciones temporales --le puedo citar el ejemplo
de la Tate Gallery-- cuesta más que la entrada para visitar un museo de
titularidad estatal español, o costará, incluidas las colecciones y las
exposiciones temporales. También nos planteamos este tipo de solución,
pero vimos que en el actual funcionamiento del museo era introducir unas
complicaciones mayores y pensamos que era mejor el unificar y que se
pagara la entrada para la visita al museo, exista sólo colección
permanente o exista, junto con la colección permanente, una exposición
temporal.

Me alegra que el señor representante de Izquierda Unida, señor Alcaraz,
haya hecho mención a las mujeres que haya constatado que cada vez está
siendo creciente la utilización de los bienes y de las infraestructuras
culturales por parte de las mujeres. Es verdad que según las estadísticas
y los estudios hay un incremento importante de las mujeres en el ámbito
de la cultura, en lo que son las prácticas culturales, no sólo en las
visitas a los museos sino también en el hábito de la lectura, por
ejemplo. Pero no creíamos que dentro de las exenciones o de las
reducciones de precio hubiera que incluir a las mujeres. En este caso la
discriminación positiva de la que somos partidarias no parecía que fuera
lo más adecuado.

Por otra parte, respecto al precio de la entrada también hemos consultado
a los distintos patronatos de los organismos autónomos, en concreto al de
El Prado y del Museo Nacional Reina Sofía, así como a los directores,
etcétera, y en esa línea es en la que se ha establecido el precio de la
entrada. Yo pensaba que inicialmente la cantidad podría oscilar entre las
300 y las 400 pesetas, y finalmente hemos decidido que fueran 400
pesetas, pero yo quisiera insistirle sinceramente en que tengo el más
profundo convencimiento de que esta medida no conducirá a que el museo se
convierta en un contenedor de un tesoro inaccesible, y por tanto no va a
suponer, en absoluto, que los museos y sus actividades queden
restringidos a una élite. Insisto en que si hay un día de entrada
gratuita, si existen unos bonos, si existen exenciones, si existen
reducciones, el hábito que se ha generado se va a consolidar, va a crecer
y no va a suponer la aplicación de una medida elitista, y lo digo muy
profundamente convencida.




El señor PRESIDENTE: Agradecemos sinceramente a la señora Ministra que
nos haya dedicado una buena parte de la mañana.




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DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE LA DEVOLUCION A LA CIUDAD DE FIGUERES DE LOS CUADROS DE SALVADOR
DALI «MONUMENT IMPERIAL A LA DONA-INFANT», «L'HOME INVISIBLE» Y «EL GRAN
MASTURBADOR». PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/000135.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, que es
debate y votación de tres proposiciones no de ley.

Quiero recordar a los diferentes grupos que han de hacer constar las
sustituciones que se produzcan, para uno o para varios de los temas que
vamos a debatir, para tenerlas en cuenta en el momento de la votación.

Quiero también señalar que las tres proposiciones de ley tienen
diferentes enmiendas. La primera proposición no de ley tiene tres
enmiendas, la segunda tiene dos y la tercera también dos, que están a
disposición de SS. SS. en la mesa de la primera fila.

Existe quórum en la Comisión para empezar el debate y votación. La
primera proposición no de ley es del Grupo Mixto. Para su defensa, tiene
la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: señor Presidente, señorías, voy a ser muy
breve, puesto que he tenido que abandonar los trabajos de la Comisión
Roldán para poder cumplir también mis compromisos en esta Comisión.

Respecto al tema del reparto del legado Dalí, tengo que decir que es un
tema muy delicado que, además, como ustedes ya deben saber, acaba de
protagonizar lo que yo llamaría un inicio de escándalo en la prensa,
puesto que existe un reportaje de televisión, que Televisión Española de
momento no ha querido emitir, en el cual se reabren nuevamente muchas
incógnitas sobre este legado y sobre el reparto de la herencia. Avanzo ya
aquí que esta Diputada, puesto que en Televisión Española no se emite, va
a pedir la retransmisión de este reportaje en la Comisión de
Radiotelevisión Española, puesto que entendemos que, a partir de la
visión del reportaje, se vuelve a plantear qué pasó con la herencia Dalí,
qué pasó con los últimos testamentos y, en todo caso, qué pasó con muchas
de las incógnitas. En concreto, por ejemplo, qué significa que el
Presidente Pujol diga que «en el reparto Dalí nos han engañado». En todo
caso, sí quería decir que, tal como está planteada la herencia, la
herencia deja heredero universal del legado Dalí al Estado, pero
entendemos que el reparto que se hizo de esta herencia en realidad a
quien ha convertido en heredero ha sido a la ciudad de Madrid, puesto que
la inmensa mayoría de los cuadros están en el Centro de Arte Reina Sofía
y no en Cataluña.

La voluntad de la proposición era plantear la cuestión de tres cuadros
concretos, uno de ellos fundamental en todo el movimiento surrealista,
que es, por supuesto, «El gran masturbador» y dos cuadros más, que son
«Monument imperial a la Dona-infant» y «L'Home invisible». Respecto a
estos tres cuadros, como ya se contempla en la proposición que hemos
planteado, en vida de Salvador Dalí y reiteradas veces en diversas
declaraciones públicas, entre ellas actas del propio Ayuntamiento de
Figueras, quedó muy clara la voluntad del pintor de que dichos cuadros se
pudieran ver en el Museo Dalí. Incomprensiblemente, yo entiendo que fruto
de la discriminación, estos tres cuadros no quedaron en el Museo Dalí,
como era la voluntad del pintor, sino que también han ido al Centro de
Arte Reina Sofía. La proposición no de ley lo que pide es la restitución
de estos cuadros a Cataluña, entendiendo que la interpretación de la
herencia Dalí permite que permanentemente sean vistos en el Museo de
Figueras y, por supuesto, que, si hay exposiciones itinerantes, puedan ir
donde tengan que ir.

Avanzo ya --y con esto ya acabo-- que se han presentado tres enmiendas a
esta proposición, que la enmienda presentada por el Partido Popular me
parece muy seria y consecuente y comparto la mayoría de sus
planteamientos, pero, puesto que sólo puedo aceptar una, en principio no
lo aceptaré. También la enmienda del Partido Socialista me parece
correcta, pero entiendo que la enmienda que se acerca más a los
planteamientos de la proposición, a pesar de que yo la considero
incompleta y de que hubiera preferido una decisión mayoritaria a favor de
una devolución inmediata de los cuadros, es la presentada por
Convergència i Unió y, por tanto, la aceptaré.




El señor PRESIDENTE: Como he señalado anteriormente, a esta proposición
no de ley se han presentado tres enmiendas.

Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Aragonés.




El señor ARAGONES MENDIGUCHIA: Con el permiso del señor Presidente, para
defender la enmienda de modificación, y en correspondencia a la brevedad
de la señora Rahola, este miembro de la Comisión procurará también ser
breve y hacer las siguientes consideraciones sobre nuestra enmienda y
sobre el asunto que trae a debate esta Comisión.

En primer lugar, quisiera decir que, a nuestro juicio, se trata, con
motivo de una discusión sobre el legado de Dalí, de traer a esta Comisión
dos asuntos: en primer lugar, el destino de cuadros tan apreciados como
respetados en el conjunto de la obra pictórica daliniana, y después la
cuestión de la ordenación debida de los museos a cargo del Estado. En
esta cuestión concreta de la herencia de Dalí, pensamos que el punto de
partida esencial es la misma voluntad del finado, que, como por otra
parte es obvio, está reflejada en su testamento definitivo --se puede
hablar de dos testamentos, se debe hablar, pero no hace a la cuestión--.

Lo que da forma, lugar y contenido a la discusión es el testamento del
mismo pintor, sobre el que, efectivamente, ha habido recientes noticias
publicadas en la prensa. No se nos oculta tampoco como grupo nacional que
hay una segunda cuestión muy importante: el heredero universal de los
bienes es --lo diré con esta expresión, que



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no es de mi particular agrado-- el Estado español. El Estado español como
tal tiene por misión atender a los intereses generales, y en este caso
tampoco se nos escapa que forma parte de los intereses generales atender
a la vertiente catalana de la obra y de la voluntad de Dalí, puesto que
es voluntad personal y muy temprana, muy anterior --datará de hace 24 ó
25 años--, que Figueras fuera el lugar habitual y preferente de la
exposición de la obra daliniana, no sólo ya de cuadros, sino de otra
serie de bienes. Por cierto, que el Museo de Figueras, cosa que los
miembros de esta Comisión no desconocerán, es ahora mismo la primera
pinacoteca catalana visitada, a distancia muy considerable de otros
museos catalanes. Por tanto, la vertiente local, por decirlo de una
manera estricta, de la capital del Ampurdán es muy importante en este
debate, y queríamos --y este era el sentido de nuestra enmienda-- que la
Comisión lo tratara y que el Gobierno iniciara a instancias nuestras un
informe general.

Sobre las últimas noticias y a propósito de lo que dice la ponente de que
son noticias contradictorias, yo no comparto su juicio. Hemos conocido la
reproducción de una fotocopia de una carta y el desmentido por parte
incluso de la persona particular, del abogado, el señor Briones, respecto
a la interpretación que se hace de esa carta; es decir, que eso está
sujeto a consideraciones, interpretaciones, discusiones y hasta
desmentidos, lo cual en cualquier caso avala que el asunto --y eso es lo
que nos parece más oportuno-- sea tratado por esta Comisión, puesto que
tiene multitud de facetas.

Por otro lado, tenemos que decir --y procuraré ser muy breve-- que por
parte de la Administración española estimamos que se ha llevado a cabo, y
conviene mencionarlo, un cuidado y una diligencia en la donación a que
fue graciosamente acreedora, de manera que, si la memoria no me falla, en
el plazo de un año, y por un importe considerable, de varios centenares
de millones, se va a poder establecer una ruta entre los otros dos
lugares dalinianos por excelencia, y en ese aspecto la Administración ha
cuidado mucho de mantener, conservar y hasta mejorar las propias
instalaciones de Dalí y su familia.

En cuanto a las otras enmiendas presentadas, he de manifestar que
consideramos que ambas --no negamos su intención de resolver el
problema--, lejos de facilitar las cosas, aun con ánimo de hacerlo, dejan
pendiente y hasta oscurecen la cuestión principal. Ambas hablan de
depósitos o de exposiciones rotatorias en el Museo de Figueras. Nosotros
no entramos a discutir, de momento, hasta no conocer la cuestión a fondo,
dónde deben depositarse, dónde deben residenciarse estas obras. Quizá sea
ahí, quizá no; no entramos en esto, queremos que se discuta, no darlo por
supuesto. La voluntad del pintor fue muy clara en estos términos y cabe
suponer que ésa es la localización adecuada, pero ¿por qué no se discute?
Cuando hablo de discusión hablo de la estricta discusión, no de un
alboroto interminable, ni de hacer de esto una cuestión sensacional que
tenga ribetes pintorescos o detectivescos. No se trata de eso, estamos
hablando en términos totalmente políticos.

No podemos apoyar la proposición presentada, en primer lugar, porque da
un rango hasta superior a actas, muy atendibles, del Municipio y de la
Fundación, pero que no valen apenas, aunque deben ser atendidas y, desde
luego, no tienen fuerza legal al lado del testamento existente, ni
siquiera del primer testamento al que tantas veces se refieren. Creo que
eso es un equívoco que se desliza y que no conviene tomarlo como supuesto
indiscutible.

Hay otra cuestión y es un trato discriminatorio respecto a otras obras o
bienes en el legado Dalí. Esto no es tal y bastaría con adjuntar el
íntegro apartado tercero, letra a), del testamento, para que la
proponente conviniera conmigo, y quizá con los demás grupos, que la
exclusión de determinadas obras y bienes no es exclusiva de los
destinatarios adicionados por la proposición. Y, aunque lo fueran,
existiría también una justificación personal indudable que me ahorro
considerar por la largueza de la reunión de la Comisión.

En definitiva, volviendo a la enmienda presentada, nosotros pretendemos
lo siguiente y lo sometemos así a la Comisión. Primero, la comparecencia
de aquellas personas que puedan testimoniar --aquellas personas
plenamente justificadas, no pretendemos una comparecencia interminable de
una serie de personalidades gratuita y caprichosa-- cuál era la voluntad
de Dalí; no son una ni dos, pero probablemente baste con los dedos de las
dos manos. Sus testimonios serán muy interesantes al respecto, puesto que
el debate es de calado para la pintura contemporánea española. Estamos
hablando de Dalí, pintor, junto a Picasso, más popular y mundialmente
apreciado. Y también aquellas otras personas que intervinieron en la
determinación del lugar de las obras referidas.

Segundo, a propósito de la cuestión y porque se trata de un caso
particular, probablemente ejemplar y, en cualquier caso, de un relieve
tan considerable, que aprovechemos la ocasión para conocer del Ministerio
cuáles son sus disposiciones al respecto de la ordenación de las
colecciones estatales, del destino de las mismas y de su uso, los
criterios de exposición en los museos de su titularidad, y también su
política de depósitos.

Entendemos que va de lo particular a lo general y que esto no es óbice,
ni son ganas de distraer de la cuestión, porque precisamente la cuestión
del legado de Dalí pone de relieve la necesidad de aclarar --al menos
este Grupo no acaba de conocerlo sobradamente-- cuáles son los criterios
del Gobierno, que seguro que los tiene, sobre el destino, uso o depósito
de tantas colecciones como, por fortuna, dispone en su patrimonio
artístico el «Estado» español.

Por último, después de oír el informe y las comparecencias, que esta
Comisión traslade al Gobierno, a la autoridad gubernativa, su criterio
dominante al respecto para que fuera conocido y, en cualquier caso,
respetado.

Este es el sentido de la enmienda.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez.




El señor PEREZ SEGURA: Señor Presidente, también en aras del tono y la
brevedad que han utilizado los



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otros portavoces, introduciremos el debate y la presentación de nuestra
enmienda abundando en lo que en su día fue una polémica y que parece ser
una vieja polémica sobre la idoneidad o no del reparto del legado Dalí,
que se explotó, me atrevo a calificar, con criterio localista, por parte
del señor Alcalde de Figueras y de otros miembros del Consistorio, que,
no casualmente, sino por derecho, son miembros de la Fundación Dalí, que
intervino de una manera determinada y en todo caso aceptadora de la
participación en el acuerdo soberano que se instrumentó entre dos
gobiernos, el de la Generalitat de Cataluña y el del Estado.

En aquellos momentos se ponía en cuestión la adjudicación a título de
propiedad del Estado de estos tres cuadros, invocando la mención en
determinadas actas de organismos municipales y también de la Fundación de
una voluntad expresada por don Salvador Dalí.

Eso es cierto, pero la voluntad libre y expresada en el séptimo
testamento es que se declaró al Estado heredero universal y libre, con el
fervoroso deber de conservar, divulgar y proteger las obras de arte de
Salvador Dalí. Este es el hecho importante, el hecho objetivo, como lo es
también que la partición de la ubicación en diversas ciudades del Estado
se hizo con un criterio de extrema generosidad.

No es cierto lo afirmado aquí de que una parte mínima, una parte no
importante, esté residencia en Figueras, en el Museo Dalí. Esto no se
ajusta a la realidad. Exactamente, de las 134 obras de gran relevancia,
24 están ubicadas en el Museo Dalí, de las 190 que componen el legado en
su totalidad, y 56 están en el Centro de Arte Reina Sofía, 23 de las
cuales son de gran relevancia.

Los medios de comunicación ya reflejaron en su día que la voluntad
ministerial era que este fondo tuviese la máxima difusión, que, en ese
momento, ya se concretó en un anuncio de que, a través del Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona podrían ser contemplados y disfrutados estos
bienes culturales por la mayoría de ciudadanos.

Estas razones son las que han llevado a nuestro Grupo a pronunciarse,
mediante la presentación de la correspondiente enmienda, en el sentido de
que, ratificándose en la voluntad ya expresada en su día, se haga posible
la exposición rotatoria ya anunciada de esas obras concretas en la ciudad
de Figueras, además de en el Museo de Arte de Cataluña.

Me consta que es una voluntad política del Ministerio y en este sentido
hemos presentado esta enmienda.

Quisiera volver a recalcar que existe un testamento libre, que existe un
acuerdo soberano entre gobiernos. Se dice, en concreto, en el documento
que, en señal de conformidad con el mismo, la Fundación Gala-Dalí
suscribe el acuerdo y que, por tanto, no ha lugar a cualquier otra
interpretación, aunque, en todo caso, sí hay una que quisiera destacar.

Me refiero a que en la partición se explicita de una manera notable la
idea que el Gobierno tiene del concepto de Estado, que el Estado somos
todos, que el Estado también son las comunidades autónomas, también son
los municipios, y, por tanto, la partición, residenciar en diversos
lugares de la geografía española obras de Dalí permite el acceso, de una
manera más cómoda, de todos los ciudadanos de este país a estos ya
denominados bienes culturales.




El señor PRESIDENTE: Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Catalán, tiene la palabra el señor Baltá.




El señor BALTA I LLOPART: La genialidad y unas mesuradas contradicciones
protagonizaron el legado del pintor Salvador Dalí, como si tras su muerte
hubiera querido dejar la estela de una personalidad que, más allá de la
capacidad artística indiscutible, se proyectaba desde una cierta ruptura
los esquemas clásicos de la vida.

Desde este planteamiento, tenía cierta lógica que la distribución de su
legado fuera centro de polémica por su calidad y por la proyección que
otorgaría al lugar donde finalmente se ubicara un gran alcance público.

Por ello, las instituciones implicadas hicieron cuanto fue posible para
ser los beneficiarios de la voluntad testamentaria del pintor.

La voluntad inicial de dejar el legado a partes iguales entre las
instituciones del Estado y de la autonomía, con su ciudad natal,
Figueras, a la que ya había dotado el Museo que hoy goza de renombre
universal, produjo la polémica y el forcejeo legal, que sólo se pudo
resolver con una solución de compromiso, por cuanto, entre otras
cuestiones contradictorias, el testamento y el legado a la Fundación eran
tan contradictorios como contradictoria y peculiar fue la propia vida de
Dalí.

La voluntad de reunir el conjunto de la obra en el Teatro-Museo que el
propio Dalí había ido preparando en vida, tiene su lógica en la unidad de
exposición, sobre todo si se contempla desde la ciudad de Figueras, la
cual justifica la legítima obstinación con que la Fundación y el Alcalde
de Figueras, al frente del Ayuntamiento de la bella ciudad ampurdanesa,
defendieron esta posibilidad, poniendo en discusión unas disposiciones
testamentarias que se confrontaban entre sí y con la voluntad expresada
por el pintor a los colaboradores más directos que, a su lado y desde
hacía años, desarrollaban la idea de su Teatro-Museo.

La marginación de la Generalitat de Cataluña del testamento definitivo,
en contra de la voluntad que se conocía, provocó el forcejeo legal que
todos conocemos y únicamente se acabó imponiendo la voluntad del pacto.

Sin embargo, fue necesario forzar la división de la ubicación del
patrimonio y la aplicación de los criterios íntimamente inaceptables por
la parte perjudicada por los cambios de las disposiciones que recogían la
voluntad testamentaria.

Entre la presentación de esta proposición no de ley, que corresponde al
pasado 17 de febrero, y el debate que finalmente se produce hoy, tres
meses después, debido a que, por la coincidencia con otras comparecencias
de la proponente señora Rahola, fue aplazado, ha surgido algo así como un
pequeño milagro al conocerse que la voluntad del pintor fue alterada
desde el Ministerio de Hacienda al ser forzado el cambio de testamento
como contrapartida a los débitos que Dalí tenía con el fisco, que es lo
que saldría con toda seguridad de la investigación que propone el



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Grupo Popular, tal como ha sucedido otras veces, sobre todo partiendo de
la forma de vida de no pocos artistas, que les lleva a olvidar
obligaciones comunes a la ciudadanía.

No obstante, no podemos generalizar el caso Dalí entre estas típicas
conductas de reparación impositiva, porque, en esta situación concreta,
la solución que dan los responsables de Hacienda es la de marginar a una
de las partes implicadas por la voluntad testamentaria, cuando la
Generalitat de Cataluña también constituye Estado. Dejamos a los juristas
la interpretación legal de esta alteración de voluntades en el caso de
que la información publicada se compruebe, cosa que consideramos posible.

Pero no podemos dejar de lamentar la errónea interpretación de un
concepto de Estado en la que parece ser que hay una persona de las que se
considera inteligentes. La comprobación del hecho debiera servirnos como
ejemplo de aquello que no debe hacerse, si se cree de verdad en este
modelo de convivencia que se ha definido como el Estado de las
autonomías.

No obstante, no cabe insistir ahora en el particular porque hay que
esperar la interpretación jurídica de lo que en su día sería una
negligencia. Consideramos que esta Comisión debería valorar el contenido
de la proposición no de ley, no desde el valor que pudiera tener el 17 de
febrero en que fue presentada, sino el que puede tener hoy, miércoles 11
de mayo, cuando todos, incluida la portavoz proponente, tenemos
conocimiento de una posible verdad que muy probablemente altera, cuando
menos «moralmente», entre comillas, lo que se pactó en su momento.

En esta línea, mi Grupo ha presentado una enmienda que matiza el texto
original de la proposición no de ley, al instar al Gobierno a que haga
posible la exposición en el Museo Dalí de los cuadros mencionados en
dicho texto, en espera de que el nuevo conocimiento y comprobación de los
hechos genere una más justa reconsideración de aquella negociación que
debiera ser, sobre todo, más ajustada al concepto de Estado, que no
debiera manipularse desde la cicatería.

Hubiéramos acabado diciendo que nos agradaría que la proponente aceptara
nuestra enmienda porque en ella se pide, en cierto sentido, un retorno,
que, en su enmienda, el Grupo Socialista, a través de su portavoz, el
señor Pérez, también ha planteado. Un retorno, decía, geográfico, hacia
la ciudad de Figueras, y conceptual, en cuanto a ciertas maneras de
interpretar el Estado. Hubiéramos pedido esta aceptación, pero después de
la intervención de la señora Rahola, que ha aludido a una lógica
proximidad, debemos agradecer la aceptación y pedimos a los restantes
grupos apoyo hacia el texto que es por todos conocido.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo que no haya presentado enmiendas
desea intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Rahola, a los efectos de concretar su
aceptación o no de las diferentes enmiendas.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Acepto, señoría, la enmienda de Convergència
i Unió.




El señor PRESIDENTE: ¿Es una enmienda de sustitución?



La señora RAHOLA I MARTINEZ: Sí, sí.




El señor PRESIDENTE: Señor Pérez.




El señor PEREZ SEGURA: Para una cuestión estrictamente de orden, antes de
pasar a la votación.

Aprovecho la benevolencia de la Presidencia para manifestar en nombre de
mi Grupo, que, en aras al buen tono del desarrollo del debate de esta
proposición no de ley y teniendo en cuenta y congratulándonos de que la
enmienda de sustitución de Convergència i Unió sea similar, aunque
creemos que técnicamente en más rigurosa la del Grupo Socialista,
retiraríamos nuestra enmienda y nos sumaríamos a la del Grupo de
Convergència i Unió.




El señor PRESIDENTE: Señor Pérez, le advierto que no ha lugar a la
retirada de la enmienda, puesto que las enmiendas no se votan, salvo que
sean aceptadas por el grupo proponente.

Señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Una cuestión de forma. Yo entiendo que la
enmienda es de modificación. No lo pone en la enmienda de Convergència i
Unió, pero entiendo que es de modificación del texto y no de sustitución.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le han hecho la pregunta y S. S. ha
dicho que es de sustitución.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Con dudas, señoría. Creo que es de
modificación, aunque tendrá que decirlo el grupo proponente.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, desde el punto de vista estrictamente
objetivo, da la impresión de que son contradictorias y, por tanto, se
debe aceptar una redacción u otra. Si los términos en los que estuviese
redactada permitiesen entender que podía adicionarse, pero esta
Presidencia entiende que los términos en los que está expresada son
contradictorios. Por tanto, la aceptación es de sustitución.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: De acuerdo.




El señor PRESIDENTE: En los términos de sustitución por parte del texto
que ha presentado el Grupo Catalán, es decir: «El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que haga posible la exposición en el Museo
Dalí...» va a someterse a votación la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.




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--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCLUIR, PARA LOS ALUMNOS QUE
PROVIENEN DEL BACHILLERATO ANTICIPADO ESTABLECIDO POR LA LEY ORGANICA
1/1990, DE ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE), EN FUTURAS
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, LA REALIZACION DE UN
RESUMEN-COMENTARIO SOBRE UNA CONFERENCIA DE CONTENIDO HISTORICO O
FILOSOFICO DE TAL FORMA QUE LA ELECCION DE UNO U OTRO CONTENIDO SEA
OPTATIVA PARA EL ALUMNO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000188.)



El señor PRESIDENTE: Segunda proposición no de ley, presentada por el
Grupo Federal de Izquierda Unida, para incluir en las pruebas de acceso a
la Universidad una determinada prueba.

Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra el señor
González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, la Orden de 10 de diciembre
de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero de 1993, por la que
se regulan las pruebas de acceso a la Universidad de los alumnos que
hayan cursado las enseñanzas del Bachillerato-Logse, en su apartado
6º.2.c), al describir el primer ejercicio de dichas pruebas, expone
claramente: Análisis de un texto y respuesta a cuestiones sobre el mismo
o repertorio de cuestiones de carácter filosófico o histórico, a elección
del alumno, sobre los propuestos por el Tribunal. Dice finalmente: Su
duración será de una hora.

Por otra parte, en los centros que imparten el segundo curso del
Bachillerato-Logse se ha recibido por fax una orden, con fecha 31 de
enero de 1994, firmada, supongo, por las autoridades competentes, en la
que se indican, entre las asignaturas que van a ir a examen para el
primer ejercicio de comunes, las siguientes: Lengua, Idioma e Historia.

En consecuencia, ha desaparecido de este primer ejercicio la materia de
Filosofía.

Entiende mi Grupo que hay una manifiesta contradicción entre la Orden del
10 de diciembre de 1992 y esta circular que, a nuestro juicio, incumple
lo establecido en la citada Orden. Tal incumplimiento entendemos que es
claramente perjudicial, por cuanto establece una injustificada
discriminación entre unas y otras materias comunes del Bachillerato, y
esta discriminación entre materias comunes que van a la prueba de acceso
a la Universidad y materias comunes que no van a dicha prueba puede
repercutir negativamente en la motivación y rendimiento de los escolares.

Por otra parte, al suprimir también la materia de Filosofía del primer
ejercicio de las pruebas de acceso, se priva a los alumnos de la opción
que les otorga la Orden Ministerial que hemos citado repetidamente, por
lo que, tal vez, esas pruebas, si se realizaran de acuerdo con la
circular y no de acuerdo con la Orden Ministerial, podrían ser
impugnadas.

Por otra parte, como decimos en la exposición de motivos de la
proposición no de ley, la Filosofía, a nuestro juicio, crea en los
alumnos un cuerpo no sólo de conocimientos, sino de hábitos de
razonamiento y enfoque crítico de la realidad social, científica,
personal, constituyendo, por tanto, una materia de evidente contenido
formativo, por lo que no se comprende a qué se debe tan drástica
eliminación en las pruebas que permiten el acceso a la Universidad.

En el texto de nuestra proposición no de ley, proponemos incluir, para
los alumnos que provienen del Bachillerato anticipado, establecido en la
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, un
resumen-comentario sobre una conferencia de contenido histórico o
filosófico, de tal forma que pueda ser elegido uno u otro contenido por
el alumno. ¿Y por qué decimos que una conferencia? Porque no queremos que
los alumnos que vayan a examinarse tengan que recurrir continuamente a
cuestiones memorísticas, sino que, más bien, si conocen la filosofía, sea
un desarrollo, un resumen-comentario sobre una conferencia de contenido
histórico o filosófico.




El señor PRESIDENTE: Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Popular a esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora
Fernández de Capel.




La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Ayer ya tuvimos ocasión, con motivo
de la comparecencia del señor Marchesi en esta Cámara, a petición del
Grupo Popular, de hablar también de este tema, que nuestro Grupo había
recogido como una gran preocupación de los profesionales de la enseñanza
y, en suma, de muchos miembros de la Comisión que nos preocupamos por las
graves deficiencias que se observan en las pruebas de selectividad, de
las que ayer tuvimos ocasión de hablar con motivo de otra comparecencia y
alarmados por la circular que, con fecha 31 de enero, y firmada por los
señores Salvador y de Toledo y Ubieto, se recibió en los diferentes
centros donde se está preparando a los alumnos para las pruebas de
selectividad del Bachiller experimental de la Logse, que iba en
manifiesta contraposición, como también ha explicado el señor
representante del Grupo de Izquierda Unida, con la Orden de 10 de
diciembre, aparecida en el Boletín de 12 de enero de 1993, en la que
quedaba expresamente manifiesta la realización de una prueba específica
de Filosofía en el examen de selectividad de estos alumnos procedentes
del Bachillerato experimental de la Logse. Quedaba recogido en su
apartado 6.2.c), describiendo el primer ejercicio.

Por no ser reiterativos, queremos hacer hincapié en que, como ya decíamos
ayer --y sin querer usar la frase en el sentido de Fray Luis--, un fax
recibido por el Ministerio no puede en ningún momento modificar una ley,
una orden ministerial en relación a cómo han de desarrollarse las pruebas
de selectividad, aparte de que manifestábamos también nuestra
preocupación por lo que suponía la alarma de la devaluación de una
asignatura como la Filosofía. Esta orden recibida por fax contradice
todos los principios que el Ministerio está esgrimiendo en torno a los
valores, en torno al sentido autocrítico, en torno a la reflexión, a que
el



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alumno se enfrente con una enseñanza crítica que haga que no sea
solamente una enseñanza memorística o de resultados. Nuestra alarma
partía también de que, como lo que cuenta son los resultados, si esta
orden que anulaba la orden de mayor rango se llevaba a cabo, peligraba
enormemente la asignatura de Filosofía y el conocimiento de la misma en
el Bachillerato experimental de la Logse.

Por tanto, si se admiten las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado
a este efecto, enmiendas en las que dejamos claro que, para cumplir las
órdenes emanadas del propio Ministerio, debe constar en la proposición no
de ley de Izquierda Unida, nosotros, siempre que conste la disposición
del propio Ministerio de Educación y Ciencia, para que no exista esa
confusión y esa contradicción, estamos dispuestos desde el Grupo Popular
a apoyar esta proposición no de ley.

No quiero extenderme en más consideraciones en mor de la hora.




El señor PRESIDENTE: Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Sanz.




El señor SANZ DIAZ: El tema, efectivamente, como ha indicado la portavoz
del Grupo Popular, ya fue tratado ayer con amplitud por el Secretario de
Estado de Educación, explicando cuál es la situación de la Filosofía en
el Bachillerato Logse y las razones que han llevado a ello.

Concretamente, se trata de una asignatura obligatoria para todos los
alumnos y que, al darse en el segundo curso en el territorio que abarca
el Ministerio de Educación y Ciencia y también en el de algunas otras
comunidades autónomas con competencias, forma parte del primer ejercicio
de la selectividad.

Las instrucciones de 31 de enero de 1994 de las Direcciones Generales de
Renovación Pedagógica y de Enseñanza Superior, a que se han referido
quienes me han precedido en el uso de la palabra, en realidad lo que
hacen es explicar un aspecto de la Orden de 10 de diciembre de 1992,
puesto que al tratarse de una orden básica debía contemplarse la
posibilidad de que las distintas administraciones educativas pudieran
decidir que se impartiera filosofía o historia en el segundo curso de
bachillerato, y, en consecuencia, que la materia objeto del examen en la
prueba de acceso fuese o bien filosofía o bien historia, en función de
cuál era la materia que se cursaba en segundo.

Una vez que el Ministerio de Educación y Ciencia ha decidido situar en el
currículum oficial la filosofía en el primer curso y la historia en el
segundo, la materia sobre la que debe versar la prueba propuesta por las
universidades dependientes del Ministerio es la de historia, y en este
sentido es en el que se produce la aclaración de las mencionadas
instrucciones. El que una materia esté o no en las pruebas de
selectividad no es, a juicio del Ministerio, una cuestión fundamental en
cuanto a la prioridad que esta materia tiene en el currículum, pues se
trata, en todo caso, tanto las de primero como las de segundo, de
materias que han debido estudiarse por todos los alumnos, de las cuales
se han examinado en el primer curso, y lo que sí consideramos que
constituiría un problema es que los alumnos tuvieran que hacer el
esfuerzo suplementario de repasar la materia, en este caso filosofía, que
se da en primero.

El criterio del Ministerio es el mismo que se está siguiendo para el COU,
vigente en la mayor parte del territorio, y es que en la selectividad los
alumnos se examinan de las materias del COU, no de las que han dado en el
bachillerato; es decir, se examinan de las materias que han dado ese
mismo curso, para no obligárseles a un esfuerzo suplementario. En el caso
que estamos tratando, que es el bachillerato Logse, lo que se hace es que
se aplica este mismo criterio al curso que acaban de dar, el
correspondiente al COU, que es segundo de bachillerato, y se examinan de
las materias obligatorias en dicho curso.

Por consiguiente, la finalidad es evitar esta obligatoriedad que se
plantearía a los alumnos de realizar un repaso suplementario y un
esfuerzo que entendemos que no sería justificado. Ahora bien, la Orden
del 10 de diciembre, al establecer que son las comunidades autónomas las
que determinan dónde se sitúa la historia o la filosofía, si en primero o
en segundo, naturalmente permite que en aquellas comunidades autónomas
que hayan decidido situar la historia en primero y la filosofía en
segundo, de lo que se examinarán los alumnos será de filosofía y no de
historia, y entiendo que los profesores de historia no se van a sentir
discriminados porque su asignatura no esté en las pruebas de
selectividad.

En definitiva, el criterio del Grupo Socialista es el de oponernos a esta
proposición, salvo en lo que se refiere a una cuestión que se ha
detectado, que es una cuestión de interpretación en lo que se refiere a
los ejercicios, por lo cual ofrecemos una enmienda transaccional que,
efectivamente, no afecta al fondo del tema, pero que permitiría mejorar
el entendimiento de cómo se realiza este ejercicio, y para lo cual ya el
Ministerio de Educación y Ciencia ha tramitado ante el Consejo de Estado
y el Consejo de Universidades una modificación del texto, para que quede
más claro, insisto, cómo se realiza esta prueba. Concretamente, se
aprobará en breve y se refiere a la redacción del apartado séptimo, 2,c),
que diría: «Análisis de un texto y contestación de preguntas sobre el
mismo o respuesta a un repertorio de cuestiones a elección del alumno,
relacionados con filosofía o historia, en función de cuál de estas
materias haya cursado el alumno en el segundo año de bachillerato.» En
este mismo sentido se va a producir, en breve, la modificación que
indico. Por tanto, presentamos una enmienda por si Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya estimase oportuno aceptarla, aunque
entiendo que no afecta, insisto, al fondo de la cuestión.

Presentamos otras dos enmiendas, que son meramente técnicas, y espero que
no tengan ninguna dificultad para ser aceptadas, puesto que se trata,
entiendo, de erratas.




El señor PRESIDENTE: De todas formas, señor Sanz, esta Presidencia
entiende que su enmienda no es transaccional, sino de sustitución, y su
señoría ha dicho que ofrece una transaccional.




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El señor SANZ DIAZ: Efectivamente, es una enmienda de sustitución.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

¿Algún grupo que no haya presentado enmiendas desea intervenir? (Pausa.)
Entonces, tiene la palabra el señor González, a los efectos de decir si
acepta alguna de las cuatro enmiendas presentadas, una del Grupo Popular
y tres del Grupo Socialista.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Aunque he dicho anteriormente, en mi
intervención, que nuestra intención era otra, con la enmienda de
modificación que nos presenta el Grupo Popular queda claro y patente el
contenido de la Orden del 10 de diciembre de 1992 y al menos la
asignatura de filosofía será objeto de examen en el curso de
selectividad.

En consecuencia, con la aceptación de esta enmienda de modificación del
Grupo Popular no podemos aceptar las enmiendas del Grupo Socialista. Pero
yo quería aclarar que la Orden del 10 de diciembre es muy clara; es
tajante, además. Y no se puede modificar, lógicamente, mediante una
circular de las Direcciones que se citan en nuestra proposición no de
ley. Y ello no sólo porque se puedan sentir marginados los profesores de
filosofía, sino porque la filosofía, como hemos dicho anteriormente, es
una materia de evidente contenido formativo.

En resumen, señor Presidente, aceptamos la enmienda de modificación del
Grupo Popular en los términos expresados por su portavoz, y no podemos
aceptar, lógicamente, las enmiendas del Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Entiende esta Presidencia que la enmienda del Grupo
Popular es de sustitución de la parte dispositiva. Por consiguiente, en
los términos de la aceptación del texto de la parte dispositiva de la
proposición no de ley, que sería en los de la enmienda presentada por el
Grupo Popular, se va a someter a votación la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA MODIFICACION DEL APARTADO 4.1 DEL
REAL DECRETO 406/1988, SOBRE ORGANIZACION DE LAS PRUEBAS TECNICAS
SUPERIORES, COLEGIOS UNIVERSITARIOS Y COMPOSICION DE LOS TRIBUNALES.

PRESENTADA POR EL G. P. IU-IC. (Número de expediente 161/000189.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley, también
del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, instando a
la modificación de las pruebas técnicas superiores, colegios
universitarios y composición de los tribunales.

Para defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor
González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: También en esta ocasión voy a ser muy breve.

La composición y asignación de los miembros de los tribunales para las
pruebas de acceso a la universidad han quedado reguladas en su día por la
Dirección General de Universidades. Posteriormente, un Real Decreto de 29
de abril establece que el presidente de cada uno de los tribunales será
nombrado por el rector, y el resto del tribunal será designado, en igual
número, entre los profesores de universidad de los cuerpos anteriormente
mencionados. Por tanto, en la legislación, en este momento, a nuestro
juicio no existe criterio alguno para la designación de los miembros de
dichos tribunales, por lo que frecuentemente esta designación, en la
práctica, es discrecional.

Nuestro Grupo, como anunciamos en la exposición de motivos, ha realizado
un trabajo de investigación entre profesores que han sido miembros del
tribunal de acceso durante las últimas convocatorias, y como consecuencia
de ese trabajo de investigación hemos podido concluir que el nombramiento
de los vocales de los tribunales es totalmente arbitrario y, además, se
producen todo tipo de irregularidades en el aspecto de recomendaciones,
etcétera.

Señor Presidente, me voy a permitir leerles textualmente el contenido de
los resultados de algunas de estas investigaciones en relación con los
miembros de los diversos tribunales. Se llegan a decir frases tan
concretas como ésta: Los exámenes nos son entregados para que los
corrijamos en casa, situación que nos parece improcedente por el riesgo
que entraña y las circunstancias a las que puede dar lugar el que los
exámenes salgan del recinto del tribunal. Los exámenes se nos dan
ordenados por centros, alfabética y numéricamente. Como hay que pasar
lista a los alumnos, los miembros del tribunal tienen fotocopias de los
listados de los centros ordenados alfabéticamente y con la especificación
de la opción y las asignaturas optativas. Aunque los exámenes estén
descabezados, la identificación es sumamente fácil y, por tanto, lo del
anonimato queda al albedrío del tribunal.

Refiriéndose al tema de las actas, que es otro de los contenidos de
nuestra proposición no de ley, hacen afirmaciones como esta que leo
textualmente, y que se refiere a las denuncias que ha habido sobre las
irregularidades producidas en los tribunales diez y once de la
Universidad Complutense en los últimos exámenes realizados. Dice así: El
día 6 de julio, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos
aproximadamente, hago entrega de los exámenes corregidos a dos personas;
al parecer una de ellas es la secretaria del tribunal, la otra una
administrativa. Me hacen firmar la nómina donde figura la cantidad de
exámenes que había corregido y me emplazan a volver el día 8 a firmar las
actas. (Según ellos, a esto se reduce la sesión de evaluación de los
alumnos.)
Ante estos procedimientos --se sigue afirmando-- es fácil deducir que
cualquier error que se produzca al pasar



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las notas que los profesores dejan seguramente no será advertido por
éstos. De esta manera, y en el peor de los casos, tal vez las notas
obtenidas por algunos alumnos y las realmente evaluadas por los
profesores no tengan ningún parecido (y hacen referencia a casos
concretos). El día 8 de julio pasado, a las ocho horas, y en presencia,
al comienzo del acto, de dos administrativas, los profesores, según
íbamos llegando, firmábamos las actas, hecho que se producía sobre diez
hojas en blanco, que eran los reversos de las actas de los cinco centros
por duplicado. Traté de ver la nota de matemáticas de determinada
persona, la nota media del expediente académico y la calificación
definitiva de la prueba de selectividad. Sí pude comprobar la nota media
de la prueba --7,8-- alta para tener un uno en matemáticas que le había
puesto este profesor.

Incluso algunos de estos profesores tuvieron la responsabilidad de
conservar las notas especificadas por ellos y después, al leer las actas
de nuevo y compararlas con la serie de números que obraban en su poder,
veían que no se compadecían unas con otras.

Por no cansarles más les diré que está claro que la designación de los
tribunales por un criterio arbitrario puede producir fácilmente
situaciones como la denunciada. Sin embargo, la elección de los vocales
de los tribunales por sorteo al menos minimiza un poco esta posibilidad.

Y sobre todo es importante la letra b) de nuestra proposición no de ley,
donde se indica, aunque parece algo obvio, que hay que garantizar que
dichos vocales deben firmar las actas finales, con la consiguiente
comprobación entre las notas adjudicadas por ellos y las que finalmente
figuran, ya que aunque esto parece algo obvio, en la práctica no se
realiza dicha comprobación.

Por tanto, señor Presidente, pedimos al resto de los grupos que apoyen
esta proposición no de ley, que viene a solucionar alguno de los aspectos
a los que nos hemos referido y que por lo menos garantiza, en mayor
medida, la igualdad de oportunidades de los examinados en las pruebas de
selectividad.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas por el
Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.




La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señorías, ayer, en la comparecencia
del señor Fereres para hablar, a petición de este Grupo, sobre la
selectividad, nosotros pusimos de manifiesto la preocupación del Grupo
Popular por las graves deficiencias que se observan en la selectividad, y
la proposición no de ley que Izquierda Unida presenta hoy aquí refleja,
en esa selva de decretos de la que hablábamos ayer, una más de las
deficiencias que observamos en esta prueba.

También en la sesión de ayer quedó clara la preocupación de nuestro Grupo
por la transparencia y el rigor que sería exigible a una prueba tan
importante como ésta, y para no ser reiterativos nos ceñiremos
estrictamente al tema que hoy nos ocupa.

Según establece el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril, las
universidades constituirán los tribunales de las pruebas de acceso, y la
forma de constituirlos está recogida en el artículo 4.2. En el mencionado
artículo se especifica la designación del presidente, nombrado por el
rector entre los profesores de los cuerpos que establece la LRU, pero no
se indica nada respecto al nombramiento de los especialistas que deben
estar en cada uno de los tribunales. Solamente se establece que dichos
especialistas serán nombrados en igual número entre profesores de
universidad y profesores numerarios de instituto de bachillerato. Es
decir, estos últimos nombramientos se han venido realizando hasta ahora
de forma totalmente aleatoria.

Sin que dudemos de la buena fe del legislador, a todos nos consta la
absoluta discrecionalidad que hasta ahora se ha observado en dichos
nombramientos. Este sistema de elección ha provocado sospechas y rumores
que a nadie beneficia, y menos que a nadie a las pruebas de selectividad,
cuya consideración tampoco sale muy airosa en cuanto a la opinión del
ciudadano.

En este sistema de elección se ha puesto en duda desde la pertinencia de
algunos especialistas adscritos a diferentes materias, hasta el sitio
físico o geográfico al que son enviados para realizar dichas pruebas, y
concretamente todos fuimos testigos el año pasado de algún escándalo que
saltó a la prensa con desprestigio de la institución y de las pruebas a
las que nos estamos refiriendo.

Además, en la proposición no de ley de Izquierda Unida hay otra enmienda
que queremos introducir, que es la del nombramiento de los profesores.

Pretendemos adaptar esta proposición no de ley poniendo la denominación
con relación a la Logse que se da a los profesores de bachillerato, que
han desaparecido.

Por eso, si el proponente de Izquierda Unida está decidido a admitir
nuestras dos enmiendas, la primera en relación a reflejar con exactitud
el mencionado Real Decreto que regula la denominación de los tribunales,
y la segunda para destacar la importancia que nuestro Grupo da a que los
correctores de las pruebas de selectividad sean docentes, nosotros
estaremos de acuerdo con apoyar esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Laseca.




El señor MARTINEZ LASECA: Por parte de nuestro Grupo, el Grupo
Parlamentario Socialista, se ha presentado una enmienda de sustitución a
esta proposición no de ley que estamos debatiendo del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta
al Gobierno a la modificación del artículo 4.º1 del Real Decreto
406/1988, de 26 de abril, concerniente al Ministerio de Educación y
Ciencia, sección de universidades, y referido a la organización de las
pruebas de aptitud y composición de los tribunales de acceso a las
facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios,
siendo ésta su denominación exacta y no la que erróneamente se ha
transcrito por parte de los diferentes grupos parlamentarios.




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En el mencionado Real Decreto, que supone un desarrollo reglamentario de
la Ley 30/1974, de 24 de julio, en materia de tribunales calificadores,
se pone de manifiesto la necesidad de que la evaluación de cada materia
esté atribuida a un grupo de especialistas y que exista homogeneidad de
criterios a la hora de evaluar a todos los alumnos que se examinan en una
misma universidad.

Asimismo, dicho Real Decreto, en sus artículos 1.º, 2.º y 3.º, deposita
en las universidades la responsabilidad de tales pruebas, a fin de
salvaguardar dos aspectos esenciales de las mismas, cuales son, por una
parte, la objetividad en la selección de los alumnos que se presentan y,
por otra, el secreto de los exámenes propuestos en dicho procedimiento.

Sin embargo, es en el artículo 4.1 donde se establecen los criterios para
la constitución de los tribunales de las pruebas de selectividad, y más
concretamente en el segundo párrafo de su apartado b), en donde se señala
que dichos especialistas serán designados, en igual número, entre
profesores de universidad pertenecientes a los cuerpos a los que se
refiere el artículo 33.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, así como profesores numerarios de instituto de
bachillerato. Este último aspecto es el que se pretende regular mediante
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en el siguiente triple sentido: a)
Garantizar la aleatoriedad de los vocales especialistas que conforman los
tribunales de acceso al ser designados por sorteo entre los profesores
solicitantes de dicha titularidad; b) garantizar la firma de las actas
finales por parte de dichos vocales, con la consiguiente comprobación de
las notas, y c) considerar como requisito imprescindible para formar
parte de un tribunal de selectividad el encontrarse impartiendo la
docencia durante el curso académico que corresponda.

En consecuencia, nuestra enmienda de sustitución, la del Grupo
Parlamentario Socialista, encuentra su motivación en una corrección
técnica a la proposición no de ley que nos ha sido planteada. Pese a lo
escueto de esta enmienda presentada, se nos antoja que, al sustituir la
expresión «a la modificación» por la expresión «al desarrollo»,
propiciamos una mayor eficiencia en la consecución de los objetivos que
se persiguen, toda vez que no parece procedente modificar el Real Decreto
406/1988 por tratarse de cuestiones que pueden resolverse mediante orden
ministerial en desarrollo del citado Real Decreto, acorde con la
disposición final primera recogida dentro del mismo.

En definitiva, nuestro Grupo comparte la filosofía que se desprende de
esta proposición no de ley, asumiendo la propuesta b) por cuanto tal
pretensión corresponde al derecho y a la obligación de cada profesor
integrante de los tribunales en cuestión. Igualmente, nos resultan
asumibles las propuestas a) y c), si bien consideramos que ello se
entenderá siempre que exista el suficiente número de profesores
especialistas que hayan solicitado tomar parte en los tribunales de
selectividad, cautela esta que habrá de observarse en la orden
ministerial reguladora.

Señor Presidente, señoras y señores Diputados, con los argumentos
expuestos doy por defendida la enmienda de sustitución que presentamos
desde el Grupo Parlamentario Socialista, en el deseo de que la misma
merezca la aceptación del Grupo Parlamentario proponente, ya que
coincidimos en el interés por proteger el principio de igualdad de
oportunidades, estimando, no obstante, la conveniencia de que las
precisiones que aportamos a este respecto se vean contempladas en la
proposición no de ley que finalmente resulte.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: En todo caso, señor Martínez Laseca, esta
Presidencia entiende que la enmienda que presenta su Grupo y que S. S. ha
defendido no es de sustitución de la proposición no de ley, sino que es
de modificación de una expresión. Lo digo porque S. S. varias veces ha
hecho mención a que es una enmienda de sustitución.




El señor MARTINEZ LASECA: Sí, señor Presidente. La teníamos transcrita
como de sustitución, pero es de modificación.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo que no haya presentado enmiendas
desea intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor González, a los efectos de señalar si su Grupo
acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo
Socialista.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Efectivamente, la enmienda del Grupo
Socialista, que vamos a aceptar, es de sustitución de la palabra
«modificación» por la palabra «desarrollo».

En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, tampoco habría ningún
inconveniente en aceptar la primera, siempre que se ajustara a la
denominación del Real Decreto. El Real Decreto, que tengo aquí delante,
en su artículo 4.1, dice que «las universidades constituirán los
tribunales de las pruebas de aptitud para el acceso a las facultades,
escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, de acuerdo con
los siguientes criterios». A mí me da lo mismo, señor Presidente, el caso
es que se ajuste al Real Decreto de denominación que ofrece el Grupo
Popular, y si lo hace ésa es la que acepto.




El señor PRESIDENTE: Señor González, puesto que S. S. dice que tiene
delante la fotocopia del Real Decreto 406/1988, no se trata de la
denominación del artículo 4.1, sino de la denominación del Decreto.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Tiene razón, señor Presidente. Pues dice
concretamente: «organización de las pruebas de aptitud y composición de
los tribunales para acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores
y colegios universitarios». Eso es lo que dice y en esos términos
aceptamos la enmienda, siempre que también se acepte, por parte del Grupo
Popular, la propuesta de sustituir la expresión «modificación» por
«desarrollo», porque en su enmienda figura la palabra «modificación», y
como hemos aceptado ya al Grupo Socialista sustituirla por «desarrollo»,
espero que la proponente del Grupo Popular



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también acepte ese cambio. Luego seguiría en los términos contenidos en
el Real Decreto de 29 de abril de 1988. Creo que me he explicado, señor
Presidente.

La siguiente enmienda del Grupo Popular, que es de modificación de
nuestro apartado c), también la aceptamos.

Por consiguiente, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista y las
enmiendas del Grupo Popular en los términos a que antes me he referido.

(El señor Ollero Tassara pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Intervengo en la medida en que pudiera
clarificar la situación. Yo creo que el señor González aún no se ha dado
cuenta de que a su Grupo, al presentar la iniciativa, se le ha ido una
línea, y el Grupo Socialista, más pendiente de defender al Gobierno que a
la gramática, tampoco lo ha advertido.




El señor PRESIDENTE: Para eso está la Comisión, para resolverlo. (El
señor Nieto González pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: Es cierto que falta una línea, pero también en
la enmienda del Grupo Popular. Por tanto, pido que se corrija de acuerdo
con el texto del Boletín.




El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos llegado a la conclusión de que es la
fotocopiadora del servicio de comisiones la que produce un salto
sistemático de líneas en las diferentes iniciativas, y, por tanto,
resolvemos el problema técnico.

La proposición no de ley se va a someter a votación en los siguientes
términos. La denominación del Real Decreto 406/1988 es la que figura en
el «Boletín Oficial del Estado». En el primer párrafo, donde dice «se
insta al Gobierno a la modificación», dirá «se insta al Gobierno al
desarrollo». El apartado a) queda en sus propios términos, al igual que
el apartado b), y el apartado c) es sustituido por la redacción del Grupo
Popular. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.)
Se somete a votación la proposición no de ley en estos términos.




Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.




Era la una y cinco minutos de la tarde.