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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 181, de 26/04/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 181
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 19
celebrada el martes, 26 de abril de 1994
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta la creación de una cartilla de actividades de las
áreas educativa y laboral, que se incorpore al expediente individual de
cada uno de los internos en establecimientos penitenciarios. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 57, 21-2-94.
Número de expediente 161/000127) (Página 5660)
--Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del
Ministerio del Interior y del Subsecretario del Ministerio de Justicia,
previa remisión de un informe, para que den cuenta de la ejecución de su
presupuesto. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie
D, número 67, de 4-3-94. Número de expediente 161/000147) (Página 5662)
--Sobre la proyectada cárcel a construir en Zuera, Zaragoza. Presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOCG serie D, número 67, de 4-3-94.
Número de expediente 161/000154) (Página 5664)
--Por la que se insta al Gobierno a dejar sin efecto la decisión de
trasladar la prisión provincial de Santander a Santoña. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 71, de 14-3-94.
Número de expediente 161/000157) (Página 5668)
--Por la que se insta al Gobierno a la inmediata regulación del régimen
especial aplicable a los internos incluidos en el llamado «Fichero de
Internos de Especial Seguimiento» (FIES). Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 76, de 22-3-94. Número de
expediente 161/000168) (Página 5672)
Se abre la sesión a las diez y cincuenta minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA LA CREACION DE UNA CARTILLA DE ACTIVIDADES DE LAS
AREAS EDUCATIVA Y LABORAL, QUE SE INCORPORE AL EXPEDIENTE INDIVIDUAL DE
CADA UNO DE LOS INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000127.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
El orden del día de la sesión de hoy está compuesto exclusivamente de
debates acerca de proposiciones no de ley a iniciativa de distintos
grupos parlamentarios.
Con la anuencia del Grupo Parlamentario autor de la misma, las cuatro
primeras proposiciones no de ley se van a sacar del orden del día a la
espera de que, una vez que se reúna la Mesa, se decida en qué sesión
corresponde su debate. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.)
Por lo tanto, el primer punto del orden del día es el número 5, relativo
a la proposición no de ley por la que se insta la creación de una
cartilla de actividades de las áreas educativa y laboral, que se
incorpore al expediente individual de cada uno de los internos en
establecimientos penitenciarios. La iniciativa es del Grupo Parlamentario
Popular y para su defensa, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, el ordenamiento
penitenciario español se vertebra a partir de la afirmación de los
principios de reinserción y de custodia como ejes esenciales de
aplicación del sistema de penas privativas de libertad. En consecuencia
con ello, los artículos 26, 55 y 56 de la Ley Orgánica conciben trabajo y
educación como piezas angulares de la tarea resocializadora, y, a su vez,
los capítulos II y IV del título III del Reglamento desarrollan todo lo
concerniente a la regulación de los centros de enseñanzas y ciclos de la
actividad educacional en prisión, así como los aspectos esenciales sobre
los que se organiza el hecho laboral en el interior de los
establecimientos.
Tanto en el terreno de la educación como en el del trabajo, nuestra
legislación recoge previsiones muy significativas. Así, por ejemplo, se
dice que el trabajo será considerado como un derecho y como un deber del
interno. Siendo un elemento fundamental del tratamiento, se dice que se
dará carácter preferente a las tareas de formación profesional y a las
necesidades de enseñanza en los niveles obligatorios, y se añade que la
Administración penitenciaria fomentará el interés de los internos por el
estudio y les dará las máximas facilidades.
En la ordenación reglamentaria de estas cuestiones se señala que el
régimen de los establecimientos para jóvenes se caracterizará por una
acción educativa intensa; que en cada centro existirá una escuela; que,
al ingresar en el establecimiento, los internos serán examinados por el
profesor de EGB y clasificados en los ciclos correspondientes a la
instrucción cultural que posean; que los ciclos correspondientes a los
cursos primero a quinto de Enseñanza General Básica serán obligatorios
para todos los internos; y que durante el curso escolar el número de
horas de clases no será inferior al de cinco horas diarias. Igualmente
ser prevé que el proceso formativo se contrastará por medio de
evaluaciones, con una referencia inicial, continua y final y que, en caso
de traslado de un interno a otro centro penitenciario, se incluirá en su
expediente personal la historia escolar del mismo.
En lo concerniente a la estructuración del trabajo se afirma que estará
orientado a preparar a los internos para las condiciones normales del
trabajo libre y que tendrá carácter formativo, creador o conservador de
hábitos laborales. Se afirma que será facilitado por la Administración;
que todos los penados tendrán la obligación de trabajar conforme a sus
aptitudes físicas y mentales, si bien el trabajo no tendrá carácter
aflictivo ni será aplicado como medida de corrección; y que la capacidad
de los reclusos trabajadores, en orden a la promoción profesional, se
valorará por medio de exámenes ante tribunales constituidos en la forma
reglamentariamente prevista y que del resultado de estos exámenes se hará
anotación en el expediente del interno.
Sin embargo, el detallado y ambicioso modelo que se recoge en nuestro
ordenamiento en materia educativa y laboral no acaba de tener una exacta
y satisfactoria traslación a lo que es la realidad cotidiana de nuestro
sistema penitenciario. De entrada, puede afirmarse que tan sólo un 3,5
por ciento del total de la población penitenciaria realiza trabajos
remunerados en prisión. Además, la red de talleres es escasa y resulta
significativo comprobar cómo prisiones como Málaga 2, con 1.700 internos,
o Madrid 4, en
Navalcarnero, con 1.800 internos, carecen de estas instalaciones; o cómo
--y ahí queda lo dicho en los informes anuales del Defensor del Pueblo--
algún centro como el de Monterroso, que disponía de unas buenas
instalaciones de talleres, se habían deteriorado muy gravemente por su
falta de uso en el momento del estudio realizado por la institución del
Defensor.
Conviene tener muy presentes ciertos datos que resultan expresivos de las
necesidades de la población penitenciaria española en materia laboral y
educativa y que inciden directamente sobre la cuestión que nos ocupa.
Así, el interno medio que ingresa en prisión es varón, con una edad de 30
años, y el 50 por ciento de los mismos se encuentra en paro, disponiendo
de una baja capacitación profesional pues el 7 por ciento no ha trabajado
nunca. Un 46,9 por ciento posee estudios primarios incompletos y sólo un
29,9 por ciento los había finalizado. Alrededor de un 10 por ciento de la
población penitenciaria es analfabeta y el incremento de ingresos de
menores de 30 años es muy elevado, llegando a representar éstos alrededor
de un 31,6 por ciento del total de los internos de la red.
Según datos del Ministerio del Interior, en el último año y medio las
detenciones e ingresos en prisión de personas comprendidas entre los 16 y
25 años ha crecido de forma muy notable, con lo que esto significa en
cuanto a la agudización de las exigencias educativo-laborales a prestar
por el sistema. Piénsase que, según esos mismos datos, este colectivo
menor de 30 años ingresó en prisión con menos de 20 años en un 51,8 por
ciento de los casos y un 19,5 por ciento lo hicieron por vez primera a
los 16 años. El 54 por ciento de este segmento de la población
penitenciaria ni tiene ninguna capacitación profesional ni realizaba
actividad laboral alguna en el momento de entrar en prisión, y sólo el
6,9 por ciento estudiaba.
Pues bien, en este panorama resulta además que, por ejemplo, las
previsiones del artículo 160 del Reglamento son, hoy por hoy, papel
mojado y el índice de participación de los internos en tareas
estrictamente académicas resulta muy bajo. Desde los diversos sectores
profesionales relacionados con el hecho penitenciario se coincide en
señalar que la ociosidad es la característica esencial del transcurso del
tiempo en prisión y que desde la Administración se ha venido primando la
participación de la población reclusa en actividades puramente lúdicas
sobre las laborales y de formación, probablemente porque las carencias
materiales en ambos campos resultaban más cómodamente sustituibles por
otras de naturaleza recreativa, que no obligan al interno a realizar un
esfuerzo de autorresponsabilización y de superación y que, por tanto, no
son adecuadas como base de tratamiento penitenciario si, como ahora
ocurre, el papel complementario de estas actividades se trastoca en única
alternativa a la ocupación de la jornada diaria del interno y no
efectivamente en tales actividades de complemento, a las que debería ser
esenciales, de educación y de trabajo.
Así pues se comprende que en los últimos informes anuales del Defensor
del Pueblo se insista en la necesidad de que la Administración realice
una urgente reconsideración de sus políticas en materia de educación y
trabajo en los establecimientos penitenciarios pues si éstas --educación
y trabajo-- son la base del tratamiento y el tratamiento es el método
previsto para lograr la reinserción del penado, es obvio que, fallando
aquéllas, se imposibilita el objetivo final propuesto para la ejecución
de las penas. El Defensor del Pueblo reclama planes concretos, por
ejemplo, en materia de alfabetización de jóvenes internos, y entre sus
recomendaciones figura precisamente la que constituye el motivo de esta
iniciativa.
Entendemos, pues, que la misma favorecerá un mejor seguimiento de la
trayectoria de cada interno y de su efectiva participación y
aprovechamiento de los medios formativos y laborales. Y al incorporar esa
cartilla al expediente de cada recluso, resultará igualmente posible
conocer con detalle lo que hoy constituye casi un misterio, esto es, el
número concreto de internos que participa en cada nivel educativo, el
rendimiento real de los mismos, el número total de la población
penitenciaria que realiza trabajos remunerados. En definitiva, desde ahí,
se podrá efectuar una evaluación cierta del funcionamiento del sistema en
dos ámbitos que son absolutamente vertebrales del mismo. Por todo ello,
solicitamos de SS. SS. el voto favorable a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición no de ley no tiene enmienda alguna.
¿Algún grupo parlamentario quiere fijar su posición? (Pausa.) El señor
Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Presidente, voy a fijar la posición
del Grupo Socialista sobre la proposición no de ley del Grupo Popular,
por la que se pretende instaurar la creación de una cartilla de
actividades de las áreas educativa y laboral, que se incorpore al
expediente individual de cada uno de los internos en establecimientos
penitenciarios. Adelanto que, con alguna pequeña matización que
incorporaré «in voce» en mi intervención, básicamente el Grupo Socialista
coincide y considera razonable la proposición no de ley del Grupo Popular
en esta materia.
No obstante, conviene hacer alguna precisión, dado que pudiera quedar la
imagen, deducida del contenido de la citada proposición, de que en estos
momentos no se realiza este tipo de actividades en nuestros centros
penitenciarios. En ese sentido, es conveniente precisar que actualmente
en los centros penitenciarios se realizan actividades orientadas a los
reclusos que tienen como finalidades básicas adquirir y actualizar su
formación básica, mejorar su cualificación profesional y, desde luego,
desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural y
económica. Esta oferta actual de actividades en los centros
penitenciarios está estructurada en diversas áreas --escolar, formación
profesional, laboral, sociocultural, ocupacional, deportiva y
terapéutica--, y estos programas se definen a partir, del año 1992, en el
marco del programa de ocupación integral, que es un instrumento para la
organización y racionalización de los incentivos y medios humanos y
materiales.
Desde hace algún tiempo también, la Administración penitenciaria está
elaborando un documento modelo que recoja todo el historial
formativo-laboral del interno en el ámbito penitenciario, para
incorporarlo a su expediente personal. La intención de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias era implantar este documento en
los próximos meses a nivel general, documento en el que se recogiera en
todos los centros el nivel de participación del interno en las siguientes
actividades: educativa, formación profesional, ocupacional, laboral
sociocultural, deportiva y terapéutica. También, obviamente, serviría
como un instrumento de medida, de control de los beneficios
penitenciarios que nuestro ordenamiento recoge y que son conocidos por
todas sus señorías.
Entendiendo que la medida, aun con otra denominación, tiene una filosofía
similar --yo creo que es lo mismo que hablemos de un documento que de una
cartilla--, para que quede clara que la voluntad política del Grupo
Socialista --y en este caso, también la del Gobierno-- es la de coincidir
con los informes del Defensor del Pueblo y con las valoraciones políticas
que podamos hacer, estamos de acuerdo en la necesidad de implantar algún
documento, que aceptaríamos que se denominara cartilla educativa laboral,
tal como aparece en la proposición.
Sin embargo, nos gustaría hacer dos matizaciones como enmienda «in voce»,
para precisar del texto, que serían del siguiente tenor. Casi al final de
la línea dos se dice: «a fin de incorporar inmediatamente...». Nos
gustaría que dijese: «a la mayor brevedad posible», pues el término
«inmediatamente» es demasiado imperativo y podría crear algún problema al
propio desarrollo de la medida. Diría el texto: «A fin de incorporar, a
la mayor brevedad posible, a los expedientes individuales...» El resto
seguiría como está. Y al final, después de la palabra «profesional»,
habría que añadir una frase, que iría un punto y seguido, que diría:
«Dicha cartilla tendrá efectos solamente en el ámbito penitenciario.» Con
ello queremos subrayar qué es lo que nos parece más importante a la hora
de acotar cuál es la filosofía de la medida, que esa cartilla educativa
laboral sea válida a efectos del historial, del expediente de los
reclusos en el ámbito penitenciario. Sería un riesgo muy fuerte que esa
cartilla tuviera efectos y que en algún momento pudiera servir. Como
todos sabemos, en estos momentos los avances educativos de un preso se
recogen lógicamente en un certificado escolar ordinario, que es lo que la
persona que ha estado en prisión esgrime ante cualquier institución,
empresa, etcétera. Sería terrible --y por eso nos parece muy importante
que quede recogida esa precisión-- que existiera una cartilla con origen
en un centro penitenciario que pudiera circular más allá. Eso sería
contrario a la resocialización. Creemos que el Grupo Popular está en una
buena actitud y, por tanto, nosotros aceptamos la proposición, repito,
cambiando la palabra «inmediatamente» por la expresión «a la mayor
brevedad posible» y añadiendo al final, en un punto y seguido: «Dicha
cartilla tendrá efectos solamente en el ámbito penitenciario.» No sé si
ya ha quedado recogido por los servicios de la Mesa
El señor PRESIDENTE: A efectos de aceptación de la enmienda «in voce», el
señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Nosotros vamos a aceptar las enmiendas que ha
propuesto el portavoz del Grupo Socialista, porque coinciden,
completamente y mejoran el sentido de nuestra proposición no de ley.
Simplemente quiero señalar que nos parece oportuno, desde un punto de
vista instrumental, esa precisión que hace el portavoz del Grupo
Socialista en cuanto a la sustitución del término «inmediatamente» por la
expresión «a la mayor brevedad posible». Pero sí queremos incidir, aunque
sea una afirmación un tanto perogrullesca, en que a la mayor brevedad
posible tiene que ser, efectivamente, a la mayor brevedad posible.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la proposición no de ley. (El
señor Pérez Mariño pide la palabra.) El señor Pérez Mariño tiene la
palabra.
El señor PEREZ MARIÑO: A efectos de sustituciones, señor Presidente. El
señor don Federico Sanz sustituye al señor Mohedano Fuertes. Don Fernando
Gimeno sustituye a don Luis Carlos Piquer. Don Ramón Santos Jurado
sustituye a don Eduardo García Espinosa. El señor Jerez Colino sustituye
al señor Aguiriano Forniés. El señor Cremades sustituye al señor Cuesta.
(El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: También a efectos de sustitución, don Guillermo
Gómez Martínez-Conde sustituiría a don Federico Trillo-Figueroa, y don
Angel Mario Carreño a don Julio Padilla. (El señor Mur Bernard pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Mur tiene la palabra.
El señor MUR BERNARD: También por el Grupo Mixto, el señor Albistur es
sustituido por don José María Mur.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la proposición no de ley.
(Pausa.)
Sometida a votación, dijo: El señor PRESIDENTE: Se aprueba por
unanimidad.
--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SUBSECRETARIO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA,
PREVIA REMISION DE UN INFORME, PARA QUE DEN CUENTA DE LA EJECUCION DE SU
PRESUPUESTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000147.)
El señor PRESIDENTE: Punto seis del orden del día. Proposición no de ley
por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del
Ministerio del Interior y del Subsecretario del Ministerio de Justicia,
previa remisión de un informe, para que den cuenta de la ejecución de su
presupuesto. La iniciativa es del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. El señor González Pérez tiene la palabra.
El señor GONZALEZ PEREZ: Esta iniciativa nace del desconcierto que se ha
producido en la ejecución del Presupuesto del Estado para 1993. Este se
ha saldado con una fuerte desviación que ha llevado al déficit del total
de las administraciones públicas al 7,5 por ciento del producto interior
bruto, lo que supone un récord histórico. Además, ha obligado a suprimir
en 1993 la vigencia del artículo número 10 de la Ley de Presupuestos, que
limitaba tanto el volumen de las modificaciones presupuestarias como el
total de obligaciones de pago que se podrían reconocer con cargo al
presupuesto. Esta evolución, demostración palpable del actual descontrol
presupuestario, hace necesario plantear medidas que recuperen la
credibilidad de los presupuestos como expresión y proyección del volumen
máximo del gasto público de cada ejercicio.
Pero el problema de los presupuestos en 1993 no ha sido sólo el que se ha
gastado más, también se ha gastado en partidas distintas a las
inicialmente previstas. Así, las facilidades para transferir y modificar
créditos presupuestarios, las sucesivas ampliaciones de créditos, vía
créditos extraordinarios y suplementarios, junto con la incorporación de
créditos de años anteriores, facilitan que el destino final del gasto sea
muy distinto al inicialmente previsto en los presupuestos. La
desnaturalización de la especialidad cualitativa de los presupuestos está
en la base de la dinámica perversa que hoy caracteriza a su ejecución.
En definitiva, se trata de devolver a los presupuestos su sentido legal
originario de límite cuantitativo y cualitativo al gasto público. Para
ello, no obstante, habrá que eliminar las prácticas que se han hecho del
instrumento al servicio de la discrecionalidad del Gobierno.
El objetivo de la presente proposición no de ley se enmarca dentro de las
iniciativas que pretenden recuperar la credibilidad de los presupuestos
como límite cuantitativo y cualitativo al volumen del gasto público,
evitando así el bochornoso espectáculo que ha supuesto la ejecución del
año 1993.
De lo que se trata es de establecer un seguimiento más cercano e intenso
de la ejecución presupuestaria a través, como ya se expresa en la propia
proposición no de ley, de las comparecencias en la Comisión de los
Subsecretarios de estos dos Ministerios.
En efecto, el Parlamento no sólo ha de ser informado de la evolución de
las grandes cifras de ingresos y gastos públicos. El Parlamento aprueba
los presupuestos de cada año con un detalle no sólo de los capítulos de
gasto (sueldos, salarios, compra de bienes y servicios, intereses de la
deuda, transferencias corrientes, inversión pública y transferencia de
capital), sino también de secciones y programas.
El seguimiento de la ejecución del presupuesto no puede ni debe limitarse
a las grandes cifras de los capítulos de gasto. Las comparecencias se
solicitan a nivel de los ministerios con el objeto de salir de la esfera
de las grandes cifras del gasto y de su impacto macroeconómico, para
entrar en la de la eficiente gestión de los recursos públicos y del
cumplimiento estricto de una ley aprobada por el Parlamento, como es la
de presupuestos. Para que esto sea posible es imprescindible, no
obstante, que exista una mayor y mejor información al Parlamento, que
carece de los medios materiales y de las fuentes de información para
efectuar ese seguimiento por sí mismo. Por ello se plantea que previo a
las comparecencias de los Subsecretarios se remita un informe detallado
con el cumplimiento de los créditos presupuestarios por servicios y
programas y del anexo de inversiones reales por provincias y comunidades
autónomas.
En este mismo espíritu de control del cumplimiento de los presupuestos y
de la eficacia de la gestión se plantea que la primera comparecencia del
año dé cuenta de la ejecución de los presupuestos del ejercicio anterior.
Esta comparecencia ha de permitir no sólo un mejor seguimiento del
resultado final del presupuesto, sino también una dispersión y extensión
del coste político de las posibles desviaciones en los presupuestos a
todos los responsables ministeriales.
Como conclusión, y para finalizar, con la presente iniciativa se pretende
restituir la credibilidad y esencia primigenia de la institución
presupuestaria que se ha deteriorado con la nefasta praxis presupuestaria
de los sucesivos Gobiernos de Felipe González y del PSOE, que ha visto en
el presupuesto un mero instrumento al servicio de sus objetivos políticos
finales.
Con las comparecencias trimestrales que se plantean se trata de que el
Parlamento conozca más de cerca la evolución de los presupuestos en
detalle, por secciones y programas, y que ese seguimiento sirva de alarma
temprana de posibles desviaciones en el gasto o de la mala gestión
pública, que es lo que ha sucedido en 1993.
Lo que hay que evitar a toda costa, tanto por el coste político que
supondría como por la desnaturalización de la propuesta que introduciría,
es que estas comparecencias se conviertan en ruedas de prensa del
Gobierno en las que se realice una propaganda gratuita de la política
gubernamental. Estas comparecencias han de suponer un trabajo duro y de
mucho número y mucha explicación y de poco discurso político o retórica
de partido.
En definitiva, lo que se pide con esta proposición no de ley y estas
comparecencias sería claridad y transparencia. Por todo ello solicitamos
el voto afirmativo de los diputados presentes en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición no de ley tampoco tiene enmienda
alguna.
Consecuentemente, pasamos al turno de fijación de posiciones. En nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pérez Mariño tiene la
palabra.
El señor PEREZ MARIÑO: Nosotros creíamos que los representantes del Grupo
Popular iban a retirar esta proposición porque parece que se está en
conversaciones para aceptar el control que tiene que haber del
presupuesto, pero los métodos que han propuesto no son los mejores. De
hecho, el Grupo Popular ha presentado proposiciones no de ley idénticas a
ésta en todas las Comisiones, lo cual significa que ello no obedece a un
problema de la Comisión de Justicia e Interior, sino a un problema
global.
Nosotros estaríamos de acuerdo con la filosofía que impera en la
propuesta del Partido Popular, es decir, el control presupuestario.
Obviamente, no estamos de acuerdo con ninguno de los calificativos que el
representante del Partido Popular, haciendo una generalización
insultante, ha manifestado. Ha hablado de la mezquindad de los Gobiernos
de Felipe González y del PSOE, de los nefastos Gobiernos que han existido
y del mal gasto que se hace de todas las partidas presupuestarias. Parece
que aquí están los buenos y los malos. Los nuevos jacobinos de la derecha
española convertidos en Marat van a acabar guillotinando todo lo que no
son ellos. No parece que ésa sea la mejor fórmula de cambio, de
construcción, de sensatez, de prudencia, de moderación ni, sobre todo, de
algún tipo de tolerancia. Toleren que además de ustedes hay otras
personas que hasta ahora por lo menos han gozado del favor y de la
credibilidad popular. Toleren que tan buenos no deben ser ni tan sabios
ni tan prudentes, porque hasta ahora no han gozado de ningún tipo de
favor más que el de ustedes mismos y de pocos más.
No parece prudente que para solicitar un control que nosotros podemos
pensar o pactar, para solicitar la presencia de los responsables del
gasto presupuestario, se nos empiece a hablar de grandes elementos
políticos y de lo mal que lo hacemos. Algunas cosas habremos hecho bien.
Entre otras, establecer la democracia y, entre todos, permitir que
ustedes puedan estar aquí. No digo permitir como si fuera un elemento
patrimonial, sino lógicamente en el sentido de ahondar en el sistema
democrático para que todos podamos decir incluso estas cosas. Pero no
vayan ustedes mucho más allá, porque a la larga va a parecer que hay
buenos y malos y esos sistemas maniqueos no parecen prudentes.
El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a estudiar sistemas de
control presupuestario para todos los ministerios, no en el seno de una
Comisión, y establecer los acuerdos pertinentes que han de servir no sólo
para el control cuando esté al frente del Gobierno el Partido Socialista,
sino cuando en su día --porque ese día vendrá, no le quepa la menor
duda-- lo esté cualquier otro Gobierno. Lo que nosotros queremos que se
nos imponga ha de servir lógicamente para el futuro.
En consecuencia, nuestro voto ha de ser negativo a la espera de
negociaciones más globales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Pérez.
El señor GONZALEZ PEREZ: Yo no sé si el señor Pérez Mariño ha oído mi
intervención o simplemente la ha transformado. En ningún momento he
hablado de mezquindad. De lo nefasto, sí. Ahí están las pruebas y a ellas
me remito.
Señor Ventura Pérez Mariño, hablar de permisividad a la hora de hacer
exposiciones parlamentarias o políticas solamente lleva a ciertas
reminiscencias de métodos totalitarios y eso quizás es lo que quede en
algunas de las personas de su Grupo a la hora de hacer ese tipo de
manifestaciones. (Rumores.)
Señor Pérez Mariño, yo lamento profundamente el que la exposición de esta
proposición no de ley haya llegado a tan profundo sentir en este aspecto.
Lo que sí me gustaría es defender la forma y la pretensión de la
proposición no de ley, que no es otra que la de ayudar a ese control
presupuestario, que --insisto--, hasta ahora y por los números que han
venido sucediéndose a lo largo del tiempo y de los gobiernos de Felipe
González, han sido auténticamente nefastos.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Mariño, tiene la palabra.
El señor PEREZ MARIÑO: Señor Presidente, nada tengo que decir después de
la ratificación de las palabras del representante del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la proposición no de ley.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho;
en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley que ha sido
objeto de debate.
--SOBRE LA PROYECTADA CARCEL A CONSTRUIR EN ZUERA (ZARAGOZA). PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR Y EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000154.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir el punto número 7 del orden del día
de la sesión de hoy, que es la proposición no de ley sobre la proyectada
cárcel a construir en Zuera (Zaragoza). El autor es el Grupo Mixto y el
Grupo Parlamentario Popular.
El señor Mur tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, esta proposición no de ley que
hemos presentado conjuntamente el Grupo Mixto, en concreto este Diputado
en nombre del Partido Aragonés, y el Grupo Parlamentario Popular, es
consecuencia de la comparecencia de la señora Secretaria de Estado de
Asuntos Penitenciarios, señora Fernández Felguerosa, que tuvo lugar en
esta misma Comisión el día 22 de febrero de 1994, para explicar las
actuaciones realizadas y previstas en relación con la cárcel que se había
decidido construir en Zuera (Zaragoza). Como aquella
comparecencia no fue suficientemente aclaratoria y, sobre todo, no disipó
las dudas y los temores que este Diputado tenía, y sigue teniendo, sobre
ese proyecto y sobre esa obra, presentamos una proposición no de ley, que
es la que hoy ponemos a debate y a votación de esta Comisión. Es una
proposición no de ley que tiene un objetivo claro, el de llamar a la
prudencia al Gobierno de la nación a través del Ministerio de Justicia
para que, dados los problemas que se han planteado con la construcción de
ese establecimiento penitenciario --dice la proposición no de ley, que
voy a leer textualmente--: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a paralizar el proyecto de construcción de una cárcel en la villa de
Zuera (Zaragoza) y a estudiar otras soluciones acordes con la Ley General
Penitenciaria, que permitan renovar los establecimientos penitenciarios
existentes en Huesca y Zaragoza.
Todas sus señorías recordarán la sesión del 22 de febrero a la que he
hecho referencia, en la que los grupos políticos que, en Aragón y aquí,
estamos en contra de ese proyecto expusimos las razones que teníamos en
aquel momento, que siguen siendo válidas porque ni una de las dudas se ha
aclarado, ninguno de los errores se ha rectificado y, por tanto, creemos
que esta proposición no de ley es la última alternativa que queda para
evitar cometer un gravísimo error. Gravísimo error que se deriva del
fondo de la cuestión que estamos tratando: Ese establecimiento está
intentando construirse teniendo en contra a los vecinos, teniendo en
contra informes valiosos de juristas, de Jueces para la Democracia, del
Justicia de Aragón, de las Cortes de Aragón, que se han pronunciado en
contra, y teniendo en contra también el más elemental sentido común. Hay
numerosas alegaciones de vecinos afectados por la expropiación de los
terrenos, que lógicamente no han sido resueltas. Solamente por eso creo
que sería útil y prudente paralizar el expediente, no vaya a ser que,
después, los tribunales les den la razón cuando ya el mal esté hecho y la
rectificación resulte imposible. Todavía hoy estamos a tiempo, como digo,
de evitar, en principio, un grave riesgo jurídico, pero,
fundamentalmente, un error histórico desde el punto de vista político. Yo
creo que ha habido suficientes pronunciamientos en contra, suficientes
razones, suficientes motivos para cuestionar esta obra, y porque también
en estos momentos nosotros seríamos capaces de presentar alternativas a
este proyecto.
No decimos no, por oponernos; no decimos no, sin dar alternativas; no
decimos no, porque no queramos tener un establecimiento penitenciario en
la Comunidad Autónoma aragonesa. Decimos no, porque la solución que se ha
planteado --no voy a reiterar aquí los argumentos y las razones que ya di
el martes 22 de febrero-- es la peor de las posibles. Parece ser que
incluso, con posterioridad a esta fecha, Instituciones Penitenciarias
está cambiando los criterios de construcción de establecimientos
penitenciarios. Parece ser que ésta puede ser la última de las
macrocárceles o de ciudades penitenciarias que se vayan a construir.
Sería lamentable que, si se va a rectificar porque se han dado cuenta de
que este tipo de establecimientos no cumple la Ley General Penitenciaria;
porque se han dado cuenta de que no van a servir ni al interés común ni
al interés de todas las personas relacionadas con el cumplimiento de las
penas, con los propios reclusos, con los familiares, con los abogados y
procuradores que tienen que asistirles; si se han dado cuenta de que esto
es un error, no se rectifique antes de proceder a la construcción de esta
macrocárcel que, como digo, todavía no ha empezado su construcción.
El que no se haga no ocasionaría ningún grave costo económico. Por el
contrario, de seguirse adelante, después, por algún motivo, quizás habría
que rectificar, bien porque los tribunales dieran la razón a los
expropiados, bien por algún otro cambio político. No olvidemos que hay
elecciones en el futuro y, en menos de un año, puede cambiar el color
político tanto del Ayuntamiento de Zuera como del Gobierno aragonés, que,
como ustedes saben, ha sido absolutamente ignorado en este procedimiento,
por lo menos hasta el día 15 de septiembre --cuando yo hablo del Gobierno
aragonés me refiero siempre hasta el día 15 de septiembre--, y, por
tanto, tampoco podrá ejercer la competencia que tiene en exclusiva de la
ordenación territorial, porque difícilmente se puede ordenar un
territorio cuando una construcción de esta envergadura que va a marcar en
este caso negativamente una zona, y hacer uso de esa competencia. Pero es
que además, señorías --y esto hay que decirlo--, hay alternativas
mejores.
El Ayuntamiento de Huesca tiene unos terrenos, que ha puesto a
disposición del Ministerio de Justicia mediante la firma de un convenio,
para hacer un establecimiento nuevo en Huesca. Y el Ayuntamiento de
Zaragoza, con el voto favorable de los grupos políticos de Izquierda
Unida, Partido Popular y Partido Aragonés, también está en disposición de
aportar unos terrenos en el términos municipal de Zaragoza para sustituir
al actual centro penitenciario, que, evidentemente, no reúne ninguna de
las condiciones. Por tanto, hay alternativas; alternativas más lógicas,
alternativas más razonables, alternativas que no tienen la oposición de
nadie y yo creo que hoy en esta Comisión haríamos un buen servicio al
interés general, un buen servicio a lo que piensan los ciudadanos más
inmediatamente afectados, si tomáramos en consideración esta proposición
no de ley, la votáramos por unanimidad y nos diéramos un período de
reflexión para volver a estudiar el tema y si al final ninguna de las
alternativas propuestas es viable, siempre estaríamos a tiempo de retomar
esta cuestión. Creo que esta medida cautelar y de prudencia de no
llevarse a cabo dirá muy poco de la manera de gestionar los intereses
públicos del Gobierno Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Rudi
tiene la palabra.
La señora RUDI UBEDA: Hay que decir que el plan de amortización y
creación de centros penitenciarios, de julio de 1991, previó precisamente
la construcción del centro penitenciario para el área territorial de
Huesca y Zaragoza con una capacidad de 950 plazas y, por tanto, el cierre
de los establecimientos que actualmente funcionan en las citadas
capitales.
Este asunto viene de antiguo. Llevamos tres años y, desde luego, toda la
comarca de Zuera y de sus
alrededores, ya se ha dejado constancia en esta Comisión, está
profundamente dividida o, mejor dicho, está profundamente unida en
rechazar la construcción de esta cárcel en Zuera. Buena prueba de ello
son los acuerdos que las Cortes de Aragón adoptaron en su momento, las
cuales se manifestaban en contra de la instalación de la macrocárcel, a
cuyos acuerdos ya ha hecho referencia el representante del Grupo Mixto,
el señor Mur, del Partido Aragonés. No voy a hacer especial hincapié en
el clima que existe en Aragón y en la zona más directamente afectada por
la construcción de esta macrocárcel; sí me voy a referir a unos
fundamentos más generales.
El artículo 25 de nuestra Constitución establece, como una de las
finalidades fundamentales de las penas privativas de libertad, la
reinserción y la resocialización. En este mismo sentido la Ley orgánica
General Penitenciaria ha supuesto un importante avance y actualmente es
un instrumentos normativo que se considera válido para responder a esa
finalidad constitucional; pero precisamente el fin contemplado en el
artículo 25 de la Constitución, como el espíritu de la Ley orgánica
General Penitenciaria, no se cumplen en absoluto con la construcción de
este centro. Este centro, al igual que otros, cuya construcción está
prevista en desarrollo del plan, no se adecua, repito, el espíritu de la
ley, en tanto en cuanto que el artículo 12.2 de la referida Ley señala
que los establecimientos penitenciarios no deberán acoger más de 350
internos por unidad y, como es bien conocido, el centro diseñado por la
Administración penitenciaria constaría de 15 módulos para 70 reclusos,
con una serie de servicios comunes.
La verdad es que el argumento fundamental que se ha esgrimido por parte
del Gobierno, para sostener la creación de estos centros, obedece a
razones puramente economicistas que, además, tampoco han sido
suficientemente razonadas. Desde el Grupo Popular entendemos que no se
pueden anteponer razones economicistas, insisto, al espíritu mantenido en
nuestra Constitución, posteriormente desarrollado por la Ley General
Penitenciaria, en la cual se prevé que el objetivo fundamental de la
privación de libertad sea la reinserción y la resocialización de los
reclusos.
Por otra parte, con la construcción de estas macrocárceles o
centros-tipo, hay que tener en cuenta lo que se ha dado en llamar una
capacidad mayor que la establecida a efectos de la legislación
penitenciaria. Se pretende abarcar lógicamente un ámbito territorial
amplio por lo que surge el problema de la ubicación de estos centros, a
la vez que se impide el arraigo social y familiar del interno. Es
incongruente que, por un lado, se pretenda evitar la masificación
existente en las cárceles españolas y, por otro lado, la solución
arbitrada sea concentrar de forma masiva a los internos. Es decir, en
definitiva, ni el plan de amortización y creación de centros
penitenciarios puede dar, hoy por hoy, respuesta efectiva a estos
problemas que tiene planteada la Administración penitenciaria y buena
prueba de ello es que este proyecto de construcción de macrocárcel no da
solución, insisto, al problema creado en la zona, ni, por supuesto, a lo
previsto en la Constitución y en la Ley orgánica Penitenciaria. Por ello
creemos que no sólo respecto a la macrocárcel de Zuera, sino al diseño de
estos centros, no es conveniente.
Si además (y hago especial referencia a lo expuesto aquí por el portavoz
que me ha precedido en el uso de la palabra), tenemos en cuenta que hay
posibilidades de que desde la Administración se cambie de criterio, creo
que sería una medida poco meditada que en estos momentos no se aceptara
el texto de esta proposición no de ley que presentamos el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Mixto. Lo bueno sería que
nos diéramos un tiempo para reconsiderar en concreto el asunto de la
construcción de la macrocárcel de Zuera y el diseño global de estas
macrocárceles.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.
El señor MARTINEZ BLASCO: La Comisión podrá comprobar, como ya se ha
señalado, que hablamos de este tema el día 22 de febrero pasado, pues hay
una especial sensibilización en nuestra comunidad autónoma con el tema de
la construcción de la macrocárcel. Por eso pensamos que sería una lástima
que se perdiese la ocasión para resolver definitivamente el problema.
Aragón fue una comunidad autónoma pionera en la reforma psiquiátrica. Se
cerraron los grandes hospitales psiquiátricos que existían y se ha
intentado que los enfermos convivan con los ciudadanos en la búsqueda
precisamente de la reinserción y resocialización de ese tipo de enfermos;
otras experiencias pioneras han hecho frente a una mecánica que ha
existido en la sociedad de marginar, de aislar los problemas.
Podría leer a SS. SS. el contenido de la moción del Ayuntamiento de
Zaragoza donde se dice que los presos son un problema de todos los
ciudadanos y que no es cuestión de llevarlos a grandes fortalezas
aisladas en medio de los páramos.
El modelo carcelario que se propone con la construcción de esta
macrocárcel, que es una fortaleza con siete barreras de seguridad
impresionantes --no sé si SS. SS. han visto las maquetas--, un cárcel
para todo tipo de presos, preventivos, penados, jóvenes, incluso para los
enfermos, nosotros creemos que impiden la reinserción y la
resocialización. En la línea de la Ley General Penitenciaria, que
nosotros hemos mantenido y mantenemos, que fue un avance muy importante
en nuestro país, hay que hacer atención individualizada, hay que mejorar
las condiciones de los presos, pero buscando ese objetivo.
Nosotros no nos oponemos a que se modifiquen, se cambien, se supriman
instalaciones penitenciarias que son obsoletas y producen ese tipo de
hacinamiento e incluso de corrupción interna de las propias prisiones,
donde se extienden las enfermedades, la drogadicción, etcétera. Por eso
vean SS. SS. que la posición de nuestro grupo no es la de estar en contra
de la ubicación en un punto para trasladarlo a otro, sino que queremos
hacer la reflexión general del modelo carcelario, incluso del modelo
penitenciario
que no tiene por qué sustentarse fundamentalmente en instalaciones que
aíslen a los presos.
Pero además, como ya se ha señalado, señorías, hay dos resoluciones de
las Cortes de Aragón, de 13 de febrero de 1992 y 9 de diciembre de 1993,
en contra de la instalación de la macrocárcel. Tenemos conciencia de que
en estos momentos la comunidad autónoma no tiene competencias; pero en la
línea de lo que he señalado antes hecho por el Ayuntamiento de Zaragoza,
la comunidad autónoma quiere afrontar los problemas de los presos
aragoneses, porque también son sus problemas. En esa línea las Cortes de
Aragón, insisto, se han pronunciado por dos veces en el sentido de que
este modelo, esta gran instalación no es adecuada a la ley ni a los
intereses de los aragoneses. Como se ha señalado, también existen
alternativas de hacer centros penitenciarios, en el caso de que sea
imprescindible este tipo de instalaciones como centros, pero buscando
siempre la reinserción y la resocialización, y ahí están los acuerdos de
los ayuntamientos de Huesca y de Zaragoza que son los que en estos
momentos albergan las dos cárceles que habían de ser sustituidas.
Nuestro grupo, señorías, va a apoyar la proposición no de ley, y pediría
al resto de los grupos que en una reflexión que respetase la voluntad
expresada dos veces por las Cortes de Aragón, que respetase el principio
de la Ley General Penitenciaria, permitiese construir nuevas
instalaciones, que no siempre deberían ser cárceles, insisto, sino
buscando el objetivo fundamental que creo nos debe alentar a todos, que
es la reinserción y la resocialización y no el abaratamiento, por lo
demás discutible, de hacer macrocentros, como en tiempos también se
intentaban hacer grandes hospitales, y al final deviene en que, por
contra, son todavía más caros que las instalaciones de tipo medio o
pequeño.
Por tanto, señorías, vamos a apoyar esta proposición no de ley y
pediríamos al resto de los grupos que hiciera lo mismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Piquer, que sustituye al señor Gimeno.
El señor PIQUER JIMENEZ: Como SS. SS. conocen, el 22 de febrero de 1994
se celebró una comparecencia en la que tuvimos ocasión de exponer
nuestras razones y de decir cuál era la posición del Grupo Parlamentario
Socialista respecto a la construcción de un centro penitenciario en la
comarca del bajo Gállego. En julio de 1991 el Gobierno de la nación
aprobó un plan para la modernización de instalaciones penitenciarias que
pretendía suplir la grave situación en que se encuentran estos
establecimientos en nuestro país. Es, por tanto, conocido que muchos
centros penitenciarios en el conjunto del Estado ofrecían una notable
obsolescencia en sus instalaciones, debido, por un lado, a la antigüedad
de un buen número de ellos y, por otro, a condiciones no óptimas que
hacen inviables los objetivos de rehabilitación y de reinserción social
de los penados, así como también el crecimiento de la población reclusa
en los últimos 15 ó 18 años. Dicho plan, el de julio de 1991, como decía,
señor Presidente, suponía, en primer lugar, la amortización de los viejos
establecimientos que con el crecimiento de las ciudades habían quedado
insertos en el interior del casco urbano de las mismas, generando
críticas considerables y oposición de los movimientos vecinales desde la
llegada de la democracia a nuestro país.
Se preveía así la construcción de dieciocho nuevos centros
penitenciarios, uno de ellos en Aragón, reclamado e introducido en este
plan que comentaba, para sustituir los actualmente existentes en Huesca y
Zaragoza. Por tanto, señorías, nos encontramos con una situación en la
que posteriormente se han producido algunas intervenciones de grupos
políticos y votaciones, como decían SS. SS., en las Cortes de Aragón,
pero que fundamentalmente se inscribe en el plan que el Gobierno de la
nación aprobó en 1991, dentro de las competencias que él tiene y dentro
de las competencias municipales que han ratificado esta decisión.
Por tanto, señorías, quisiera manifestar lo siguiente. En primer lugar,
la falta de alternativas que permanentemente nos hemos encontrado desde
aquellos grupos parlamentarios que hemos apoyado la posición del Gobierno
de la nación, la falta de alternativas con que permanentemente nos
encontramos. En segundo lugar, todos los grupos políticos han defendido
durante años, históricamente y sin excepción, que las cárceles de Huesca
y Zaragoza deberían abandonar su actual emplazamiento. La capacidad total
del establecimiento, que está fijada en este momento en 950 reclusos
supone, de forma aproximada, la población reclusa actual de los centros
de Huesca y Zaragoza. La ubicación en el término de Zuera, situado entre
las dos capitales de provincia, Huesca y Zaragoza, garantiza una correcta
comunicación con ambas ciudades mediante la actual carretera nacional.
Nuestro grupo, señorías, va a votar en contra de la proposición no de
ley, no sin antes hacer una reflexión. Señorías, alguna de las
afirmaciones que se hacen, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Aragón, conducen a que la población tenga una referencia equivocada de lo
que puede ser y de lo que puede suponer en el bajo Gállego la instalación
de este centro penitenciario. Se ha afirmado en muchas ocasiones, y yo lo
comparto, que el futuro de la zona pasa por el desarrollo industrial de
la misma; es decir, se ha dicho permanentemente que los problemas de la
zona del bajo Gállego pasaban exclusivamente por un desarrollo
industrial, cuando en realidad, señorías, la inversión que supone la
creación del centro penitenciario y la generación que en este momento
supone, desde el punto de vista de puesto de trabajo y de seguridad para
la población, hace inviable este tipo de argumentación.
Por tanto, señor Presidente, quiero insistir, una vez más, en que la
posición de nuestro grupo es defender la creación de este centro
penitenciario y rechazar, en todo caso, manifestaciones que lo único que
producen es alarma social y que no tienen ningún fundamento. En el
devenir de los hechos y en el devenir de los acuerdos municipales se ha
afirmado aquí que la oposición, dentro del término municipal y dentro del
Ayuntamiento, era mayoritaria, pero quiero decir, señor Presidente, que
tales afirmaciones no son
ciertas. El Ayuntamiento de Zuera ha suscrito los acuerdos pertinentes,
es más, ha tomado acuerdos en la dirección de que en este momento esto
alivia y disminuye el impacto social que tenía la primera ubicación
decidida por el Gobierno. Esta segunda ubicación cumple las
peculiaridades de distancia entre dos ciudades como Huesca y Zaragoza y
lo aleja a más de ocho kilómetros del centro de la población más próxima.
Además, señorías, las actas previas de expropiación ya se han levantado.
Las indemnizaciones están a disposición de los vecinos --algunos de ellos
ya las han cobrado-- y, por tanto, señorías, tengo que decir que la
alarma que se pretende crear no tiene ningún fundamento y que nuestra
posición es apoyar la creación del centro penitenciario.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DEJAR SIN EFECTO LA DECISION DE
TRASLADAR LA PRISION PROVINCIAL DE SANTANDER A SANTOÑA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000157.)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: proposición no de
ley por la que se insta al Gobierno a dejar sin efecto la decisión de
trasladar la previsión provincial de Santander a Santoña.
El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor González Blázquez tiene la
palabra.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Intervengo con mucha brevedad, puesto que
existen múltiples y variadas razones que avalan nuestra proposición no de
ley y que fundamentalmente se explican en la propia exposición de motivos
que la acompaña; pero me voy a permitir insistir y resaltar alguno de
estos aspectos.
Sin duda, varios diputados y diputadas que hayan sido elegidos en la
región defenderían esta proposición no de ley mejor que yo, puesto que
conocen «in situ» cuáles son las razones contra el traslado de la prisión
provincial de Santander a Santoña, incorporándose al centro penitenciario
de El Dueso como unidad independiente.
Como decía, la Asamblea regional de Cantabria ha aprobado recientemente,
prácticamente por unanimidad, una proposición no de ley en el mismo
sentido que la que traemos hoy a la aprobación de SS. SS. Por tanto, sus
homólogos en el Parlamento de Cantabria, señorías, se han pronunciado de
forma clara en cuanto a su desacuerdo con este traslado, junto con las
fuerzas políticas, sociales y económicas del municipio y de la comarca de
Santoña. (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la
Presidencia.)
Sin duda, también las diputadas y diputados elegidos en la región
conocerán mejor que yo el rechazo que dichas fuerzas políticas y sociales
de la comarca mantienen sobre la decisión del plan de amortización y
creación de centros penitenciarios que preveía dicho traslado. Incluso
algunos habrán participado también en las masivas manifestaciones
--algunas de casi cinco mil personas--, en una pequeña población, contra
la ejecución de dicho plan. Espero, por tanto, señor Presidente,
señorías, que expliquen hoy aquí con su voto lo que dicen, hacen y avalan
en Cantabria, no vaya a ser que este diputado, que sólo va allí de
visita, tenga que explicárselo a los ciudadanos de dicha comunidad.
Perdónenme, señorías, digo con todo respeto esta advertencia, pero es
demasiado frecuente el doble lenguaje, el doble juego que se realiza
dependiendo del lugar donde se actúa, dependiendo de la tribuna que se
utiliza.
En el caso que nos ocupa pudiera existir ese doble lenguaje cuando
recientemente la Secretaría de Estado para Asuntos Penitenciarios se
atrevió a decir lo siguiente: Las decisiones políticas de la Asamblea de
Cantabria no son vinculantes para Instituciones Penitenciarias; aunque
Cantabria ofrezca no uno, sino varios lugares alternativos a Santander y
a Santoña no cambiaremos nuestra decisión. La prisión irá a Santoña
porque es más económico para nuestro ministerio. Ya no hay nada que
negociar.
Es decir, para las autoridades penitenciarias no hay más razones que las
económicas, aunque también sus razones económicas vayan en contra de las
razones económicas de la región, y aunque esta decisión de trasladar la
prisión provincial de Santander a Santoña choque contra todo tipo de
aspectos legales, incluso los medioambientales, porque estamos hablando,
señorías, de una reserva natural y la Ley de Reserva de las Marismas de
Santoña imposibilita legalmente el crecimiento del actual penal de El
Dueso.
Además, señoría, la ocupación de la parcela actual de El Dueso no
facilitaría el cumplimiento escrupuloso de la legislación vigente.
Dependencias para hombres, mujeres, jóvenes, arrestos de fin de semana,
en régimen abierto, harían de un centro poco conflictivo un ejemplo
negativo de la filosofía penitenciaria al sobrecargarle con consecuencias
nefastas para los internos, para los trabajadores y ciudadanos ante la
incertidumbre de la nueva situación que entorpecería la reinserción y la
reeducación.
Por otra parte, el mapa judicial y demográfico delincuencial social no
son acordes con la ubicación de Santoña, al suponer este municipio el 2
por ciento de los habitantes de Cantabria, siendo además Santander y
Torrelavega quienes acumulan el mayor número de familiares de internos,
de juzgados, servicios sociales, posibilidades laborales, colegios
profesionales, etcétera.
Por otra parte, Santoña carece también de buenos servicios de
comunicación en su sistema comarcal oriental y carece de medios públicos
--ferrocarril, autobuses-- con la comarca occidental y con La
Campurriana, estando a cincuenta kilómetros de Santander.
En otras ocasiones, señorías, razones parecidas han servido para que la
Secretaría de Estado para Asuntos Penitenciarios dialogara y buscara
soluciones alternativas. Por poner un ejemplo, en Navarra se ha frenado
la decisión de instalar una macrocárcel para 1.000 reclusos gracias a la
presión institucional y ciudadana. ¿Por qué en Santoña no? ¿Por qué los
santoñeses van a tener que soportar que un espacio ecológicamente
protegido sea destinado a una macrocárcel, a un Alcatraz, como llaman
ellos, un espacio que pertenece a la Reserva nacional de las Marismas de
Santoña?
No se especule, pues, con otras razones. La oposición ciudadana y
política a la cárcel no duda de la necesidad social de estas
instalaciones, pero frente al concepto de grandes centros penales, ¿no
será preferible la realización de otros más pequeños cercanos a la idea
de que lo penitenciario debe servir a la reinserción en el ambiente
social de los reclusos?
Señor Presidente, señorías, frente al rechazo social, frente a la opinión
del Parlamento de Cantabria, frente al medio ambiente, frente a la
legislación penal y por razones puramente economicistas, no se puede
realizar este traslado. Un diálogo con la sociedad, con la administración
autonómica, encontrará sin duda una solución más acorde con la ordenación
del mapa penitenciario de la región y más sensible con las necesidades de
la población reclusa, a la vez que dé respuesta a las demandas expresadas
por los ciudadanos e instituciones de Santoña y Cantabria.
Por esa razón, señorías, señor Presidente, pedimos a los grupos políticos
que aprueben esta proposición no de ley que, vuelvo a recordar, se
compadece totalmente con otra aprobada, por práctica unanimidad, en la
Asamblea regional de Cantabria.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Esta proposición no de ley
tiene una enmienda del Grupo Socialista en el Congreso. Para defenderla,
el señor Rodríguez Zapatero tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: En efecto, el Grupo Socialista ha presentado
una enmienda a la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida pero
sucede que la previsión de no aceptación, de la que tenemos constancia,
hará seguramente más útil que se produzca su retirada, si es el momento
procedimental adecuado, y en todo caso que nos reservemos la intervención
para el turno de fijación de posiciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): ¿Se produce la retirada de la
enmienda? (Asentimiento.) Se retira.
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir para fijar posiciones?
(Pausa.)
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
El señor GOMEZ MARTINEZ-CONDE: Nos encontramos en este momento ante una
proposición no de ley procedente de la iniciativa del Grupo de Izquierda
Unida que coincide sensiblemente con la que se ha estudiado
anteriormente. En definitiva, se trata, señorías, de un acuerdo derivado
del plan de amortización y creación de centros penitenciarios, que se
aprobó el 5 de julio de 1991, de donde, como digo, se deriva un acuerdo
del Consejo para traslado de la prisión provincial de Santander al penal
de El Dueso, de Santoña.
En su momento se pronunció el Ayuntamiento de Santoña cuando era regido
por un alcalde socialista, excelentísimo señor Valle, Senador hoy del
Reino, en negativo a este traslado y posteriormente al nuevo
Ayuntamiento, regido por un alcalde del Partido Popular, tuvo la misma
manifestación.
Aparte de estas posturas contrarias al acuerdo del Consejo de Ministros y
al plan de amortización y creación de centros penitenciarios, el pueblo
de Santoña se manifestó en masa, como ha dicho el ilustre compañero del
Grupo de Izquierda Unida que me acaba de preceder en el uso de la
palabra, en manifestaciones masivas, de alrededor de cinco o seis mil
personas en una población de diez mil habitantes. Esto se ha hecho
reiteradamente no sólo por parte de la población, sino asociaciones de
vecinos y otras organizaciones de todo tipo, incluso hasta los
sindicatos.
La verdad es que se trató en la Asamblea regional o Parlamento cántabro
como ha dicho el anterior interviniente, Diputado de Izquierda Unida,
pero no por medio de una sola proposición no de ley, sino de dos que se
estudiaron acumuladas, procedentes del Partido Regionalista y del Grupo
Mixto de la Cámara, siendo aprobadas las dos por unanimidad de la Cámara
excepto tres abstenciones. Con esto quiero decir que el Grupo Socialista,
el Grupo Popular, el Grupo Regionalista y el Grupo Mixto aprobaron,
prácticamente por unanimidad, la proposición no de ley pidiendo al
Gobierno que dejara sin efecto el traslado de la prisión provincial de
Santander al penal de El Dueso.
Sin embargo, no fue una negación absoluta, puesto que todos los grupos,
todos los ciudadanos, todas las organizaciones, instituciones y
asociaciones de vecinos, culturales, de medio ambiente, etcétera, eran
conscientes de la necesidad de trasladar o tomar una solución respecto a
la prisión provincial de Santander, dado que está en medio de la
población y con las circunstancias negativas que esto produce, la
incomodidad, el deterioro del medio ambiente, la imposibilidad de
mantener una prisión provincial en una manzana de casas, rodeada de otras
muchas manzanas, con un contacto casi continuo, no sólo visual, sino
hasta de hablar prácticamente desde el patio o centro de recreo o de
deportes con los demás vecinos de la localidad. Incluso se prestaba esto,
y ha ocurrido muchas veces, como se sabe públicamente por la prensa, que
con el pretexto de devolver pelotas que salían de los campos de juego de
la prisión, se devolvían llenas de droga. Esto produce una incomodidad,
un malestar en Santander. Nos parece muy bien que el Consejo de Ministros
haya tomado la decisión de trasladar la cárcel de Santander a otro sitio,
a Santoña o a donde fuere; sin embargo, como decimos, la postura de la
Asamblea regional no ha sido negativa contra este proyecto o acuerdo de
trasladarlo, sino que precisamente ha dicho que se espere este año,
puesto que no está considerado en la Ley presupuestaria de este
año, sino que se verá en la próxima, para poder establecer un diálogo
tanto con el Ayuntamiento de Santoña como con la Asamblea regional y el
Gobierno de la Diputación de Cantabria, puesto que creemos sinceramente
que algo tendrá que decir el Gobierno de Cantabria cuando tiene la
competencia de la ordenación del suelo.
Mi ilustre compañero nos ha recordado que entonces se pronunció la
Secretaria de Estado en el sentido de decir que jamás se atenderá a otras
peticiones u otras alternativas, sino que un poco por capricho, y sobre
todo por razones económicas, se trasladará a Santoña.
Nos parecen interesantes las razones de tipo económico que deben tenerse
en cuenta para un traslado de este tipo o para la solución del problema
de la cárcel de Santander. En efecto, hay que tener en cuenta los
criterios económicos, pero mucho más, como ha dicho también mi compañera
señora Rudi anteriormente, hay que tener en cuenta otros criterios de
tipo social, de tipo de reinserción y de reeducación de los penados para
seguir las orientaciones del Primer Congreso de Naciones Unidas sobre el
tratamiento de presos preventivos y de delincuentes ya condenados, puesto
que ésas son las principales que deben mover, además de las económicas,
pero no necesariamente sólo las económicas.
La Ley Orgánica General Penitenciaria, en su artículo 12.2, habla de la
creación de centros de 350 internos por unidad. En el penal de El Dueso
existe ya en este momento una población reclusa de alrededor de 700 a 750
presos, si a ellos se llevan los 80 ó 100 presos preventivos que
constantemente existen en la cárcel de Santander, más otros 100 presos
definitivos o condenados ya presos, de cumplimiento que existen en esta
cárcel, nos encontramos con un aumento de alrededor de 200 a 250 más, lo
que convierte a la cárcel de El Dueso en una macrocárcel, que es
precisamente contraria --esta creación-- a los criterios que están
teniendo las instituciones penitenciarias españolas y las directrices que
nos marca, como hemos dicho antes, el Congreso de Naciones Unidas sobre
tratamientos de presos preventivos y presos en cumplimiento.
Pero además de esto, ya se ha hecho anteriormente hincapié y yo daría por
reproducidas todas las afirmaciones que ha hecho tanto el señor Mur, como
la señora Rudi, como mi compañero de Izquierda Unida proponente de esta
proposición no de ley, en el sentido social y peligroso. No se ha tenido
en cuenta, por ejemplo como se ha dicho un poco velada pero no
claramente, la realidad de que Santoña está a 50 kilómetros de Santander,
lo que supone una ida y vuelta para jueces, para visita de letrados de
asistencia a los presos, de 100 kilómetros. En esa zona oriental de
Santander, que es la zona de Castro-Urdiales, Laredo y Santoña, sólo
existen tres juzgados de primera instancia, cuando en Santander existen
diez, y en la parte occidental de la provincia de Santander (aparte del
Campoo, que ya se ha señalado, con dos juzgados de primera instancia)
existen los diez de Santander, cuatro de Torrelavega y otro en San
Vicente de la Barquera. Es decir, que la mayor parte de las necesidades
que debería atender este centro que se crease en Santoña, si así fuese,
habría de depender de juzgados de primera instancia situados, los que
menos, a 100 kilómetros de distancia, ida y vuelta, con la excepción del
de Laredo y el de Castro-Urdiales, que están a menos distancia; el de
Laredo muy cerca, y el de Castro-Urdiales a unos 40, ida y vuelta. El
resto, hasta Santander 100 kilómetros ida y vuelta, Torrelavega 20
kilómetros más, que son 40 ida y vuelta, y San Vicente de la Barquera y
Reinosa supondría un viaje de ida y vuelta de alrededor de 140 kilómetros
cada vez que se necesitase una visita no solamente, como digo, de los
letrados en asistencia a los delincuentes, sino de los jueces, de
inspección, visitas, interrogatorios o demás diligencias que es necesario
practicar. Si tenemos en cuenta, además, que aunque sería una unidad
independiente se nos dice que habría de tener servicios comunes de
cocina, de campos de deporte, de programas culturales, nos encontramos
que incluso presos preventivos que, como ocurre en un porcentaje muy
elevado, alrededor del 80 por ciento pueden salir absueltos, han estado
conviviendo con toda clase de presos y delincuentes en cumplimiento,
desde terroristas a violadores, asesinos, toxicómanos, etcétera. Si
tenemos en cuenta que ya la villa de Santoña ha sido y es en este momento
la villa con más problemas de toxicomanías en proporción a la población,
nos encontramos con que esto iba a aumentar, francamente de forma grave,
este problema. Nótese que Santoña es la villa, la ciudad o el pueblo que
recibe las salidas de los permisos de los presos, fines de semana,
etcétera, con una alarma grande de la población de Santoña, que por eso
se manifestó masivamente en contra de este traslado. Además, ha habido
esta aprobación, como he dicho antes, de las dos proposiciones no de ley
en el mismo sentido, por toda la Asamblea regional de Cantabria, incluso
el propio Partido Socialista, como se nos ha indicado, pero si allí en un
foro va a decir no al traslado a Santoña y aquí se va a decir sí,
queremos que se nos explique esta contradicción manifiesta, cuándo debe
hacerse caso a las instituciones y a los grupos políticos que conocen
perfectamente el problema en su origen --«in situ» que dirían los
cursis--, y que saben de verdad cuáles son los verdaderos problemas que
este tema ha creado en la población de Santander y principalmente de
Santoña con todas sus consecuencias.
Por ello, señorías, señor Presidente, nosotros estamos totalmente de
acuerdo con la proposición no de ley que ha hecho Izquierda Unida y,
sobre todo, rogamos al Partido Socialista que reconsidere su postura aquí
y su postura en el Parlamento de Cantabria. La proposición no de ley no
supone una negación absoluta o final, sino que, como muy bien señala en
su resumen, dice no al traslado, pero que se reconsidere, que se abra un
diálogo entre las instituciones y autoridades de Cantabria para tratar de
solventar este problema de otra forma, incluso a sabiendas --como se ha
dicho-- de que existen algunos ayuntamientos que no tendrían
inconveniente; incluso se han ofrecido a instalar o a admitir el traslado
de la cárcel provincial de Santander a otro lugar fuera de Santander.
Somos conscientes de que la nueva Ley Penitenciaria y el plan de
amortización, aprobado el 5 de julio de 1991, suprimen la dualidad de
prisiones preventivas y prisiones en cumplimiento. Somos conscientes --y
nos parece muy bien que pueden existir criterios de tipo económico, pero
no a base de un perjuicio
social muchísimo mayor--. Por todo ello, solicitamos de SS. SS., sobre
todo del Partido Socialista, que reconsidere su postura y atienda la
proposición no de ley iniciada por Izquierda Unida, que tampoco se trata
de una negación absoluta y definitiva, sino de abrir un diálogo para
buscar otra solución alternativa a este problema grave, que somos
conscientes de su existencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): ¿Algún otro grupo quiere fijar
posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista en el
Congreso.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Voy a fijar la posición del Grupo Socialista
en torno a una nueva propuesta en relación con el desarrollo del plan de
amortización y construcción de nuevos centros penitenciarios que el
Gobierno ha puesto en marcha; un plan que se ha debatido yo creo que
hasta la saciedad en esta Cámara y que es absolutamente necesario a tenor
de la situación de muchos centros penitenciarios y de las necesidades de
nuestra población reclusa desde el punto de vista cuantitativo; un plan
que, reiteradamente también, es fácilmente susceptible de las posiciones
demagógicas, en muchos casos comprensibles, que responden lógicamente a
esa facilidad de llamada a la preocupación a la ciudadanía donde se ubica
o donde se prevé ubicar una cárcel. Simplemente diré en ese contexto de
carácter general que pienso sinceramente que algunos grupos políticos no
contribuyen mucho a la filosofía y al mandato constitucional de la
reeducación y de la resocialización de los reclusos, y de esa finalidad
del sistema penitenciario en su conjunto cuando dan la voz de alarma,
cuando utilizan argumentos como el que acabamos de oír ahora, de que se
va a ampliar un centro penitenciario allí donde hay muchos problemas de
toxicomanía y donde se alerta a la población que la instalación de un
centro penitenciario, cuyo fin es reeducar y resocializar, es algo
extraordinariamente negativo casi nefasto. Sinceramente, creemos que
desde esa perspectiva no se hace un discurso que responda a lo que todos
proclamamos con mucha facilidad retórica, pero que luego, en el terreno
de la responsabilidad, cuesta asumir las decisiones que hay que tomar.
Estamos ante un nuevo episodio de esa película, seguramente en este caso
con alguna particularidad que agrava un poco la contradicción a que en
algún momento se ha hecho referencia aquí, porque de la intervención
última que he oído del Grupo Popular --leeremos luego el «Diario de
Sesiones»-- parece que la deducción es que la situación o ubicación más
adecuada del centro penitenciario provincial o regional de Cantabria debe
ser en la ciudad de Santander. Se ha manifestado que ahí es donde está el
mayor número de juzgados, la actividad jurídica, el mayor número de
letrados, las condiciones más adecuadas. Sinceramente, eso ya compone un
jeroglífico difícil de entender a tenor de las posiciones que se han
venido manteniendo por los representantes políticos, por el Alcalde de
Santander, incluso por el propio Partido Popular.
La proposición no de ley, secundada por el Grupo Popular, lo que plantea
es que no se haga nada. No plantea ninguna alternativa. Parece asumir que
el centro penitenciario, en estos momentos, se ubica en la ciudad de
Santander, en un sitio que todo el mundo coincide que es absolutamente
negativo, que no reúne las condiciones, y cuyo estado es muy lamentable
por su antigüedad, pero, ciertamente, a la hora de plantear la necesaria
alternativa nadie emite una opinión, nadie se atreve a hacer una
propuesta. Desde esa perspectiva, parece razonable que si Cantabria ha de
contar con un centro penitenciario, que si en estos momentos existen dos
centros penitenciarios y uno de ellos no reúne las condiciones objetivas,
lo lógico es que a tenor del número de reclusos que habría de
incrementarse en el centro que existe en estos momentos, fuera ésa la vía
a utilizar; parece la vía más racional, no sólo por razones económicas,
sino incluso por razones de índole política. Estamos hablando, además, de
que el incremento en la prisión de Santoña sería el incremento de un
número bastante reducido de reclusos que obviamente impediría --creo que
en términos objetivos-- hablar de una macrocárcel y que, además, ese
incremento o ese módulo se produciría en el mismo ámbito de lo que es la
actual prisión de El Dueso.
En consecuencia, desde la perspectiva del Grupo Socialista, creemos que
el conjunto de razones que se han invocado más allá de la reacción de la
población de Santoña que, insistimos, es bastante común, sobre todo
cuando se lanzan discursos de la naturaleza que hemos oído aquí y que
también en otras ocasiones hemos escuchado, quizá incluso más
apasionados, no permitiría, en este caso, ninguna solución alternativa.
Cabe recordar que la ciudad de Santoña o el municipio de Santoña ha
convivido con este centro penitenciario que ahora se trataría únicamente
de aumentar en un número poco amplio, y, desde luego, parece que eso no
ha podido incidir en los aspectos que aquí se han puesto de manifiesto,
relacionados con el turismo, etcétera, sobre todo, porque ningún
elemento, ninguna ubicación física sería fuera del propio centro. Sería
abrir en estos momentos el debate sin que en la proposición no de ley o
en la intervención del Grupo Popular se tuviera la valentía política (que
en ese caso el Grupo Socialista reconsideraría su posición) de decir ésta
ha de ser la ubicación, cualquier otro municipio de Santander, incluso
con lo que supondría de mayor coste económico. Es evidente que un nuevo
módulo en un centro penitenciario resulta mucho más barato, desde el
punto de vista presupuestario, que hacer una nueva cárcel en otro
municipio. De lo que se trataría, si diéramos el visto bueno a esta
proposición, si la apoyáramos, sería que el problema se pudriera y que
las necesidades, desde el punto de vista penitenciario de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, no tuvieran una solución. Pónganse de acuerdo,
planteen con valentía una alternativa, parece que al Ayuntamiento de
Santander ésta le valía, al Alcalde de Santander ésta le valía, pero no
parece serio ni responsable, desde un punto de vista político, venir aquí
a decir simplemente que no se traslade o no desaparezca la prisión de
Santander y se amplíe la de Santoña.
Aquí se ha invocado mucho al diálogo. Lógicamente ha habido diversos
tipos de diálogo, se ha dialogado con el Ayuntamiento de Santander,
también con el Ayuntamiento
de Santoña, y ese diálogo que se invoca a la Administración autonómica
parece bastante difícil por razones que no voy a explicar habiendo
personas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, máxime un interviniente.
Sólo he de subrayar que a pesar de la casi imposibilidad objetiva del
diálogo con ese Gobierno regional, tampoco ese Gobierno regional ha dicho
cuál es su alternativa. Lo único que se ha propuesto en una conocida
estrategia dilatoria: dígase no a esto y luego hablemos. Lógicamente en
la fase del diálogo ninguna alternativa saldría porque a ver qué grupo
político se atreve a decir que sea en este o en otro municipio.
Por todas las razones expuestas, porque al Grupo Socialista le
corresponde lógicamente la responsabilidad de que una cuestión tan
importante como es el plan de amortización de centros y de construcción
de nuevos centros se desarrolle en los términos previstos, porque es
necesario para este país, para ese fin de reeducación y de
resocialización al que todos aspiramos y que recoge la Constitución, no
vamos a apoyar la proposición no de ley de Izquierda Unida que, como ya
es conocido, contaba con una enmienda que entendíamos podría dar una
respuesta razonable, racionalizar en alguna medida las aspiraciones de
este grupo, pero que no ha contado con su apoyo y, por tanto, la hemos
retirado.
En definitiva, vamos a oponernos a la proposición no de ley; seguimos
insistiendo en que el Grupo Socialista puede dialogar cuando se plantee
una alternativa seria y no la alternativa del no, sin más. (El señor
González Blázquez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor don Franco, ¿qué desea?
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Sé que mi petición de palabra es atípica,
pero como se ha aludido a una enmienda que finalmente no se ha
presentado, quisiera explicar por qué no hemos aceptado esa enmienda.
No pido la palabra por alusiones porque en la intervención del Grupo
Socialista no me sienta evidentemente aludido; las razones que él esgrime
para votar en contra de esta proposición no de ley no las he dicho yo.
Acepto el voto del Partido Popular que vota por otras razones que no son
las mías.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor González, tiene usted un
minuto para tratar la primera cuestión a la que se ha referido.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Se lo voy a explicar. No hemos aceptado la
enmienda propuesta por el Grupo Socialista porque al final nos decía que
instaba al Gobierno a dejar sin efecto la decisión actual. Sin embargo,
nos volvía a proponer la misma, al final. Decía: la prisión provincial de
Santander se trasladará a Santoña y con menos reclusos. Como yo
normalmente en matemáticas sé que dos y dos son cuatro, dos y dos no
pueden ser cinco, ni tres, no me explico cómo iba a trasladar la prisión
provincial de Santander a Santoña e iba a haber menos reclusos en el
penal de El Dueso. Por tanto, sí hay propuesta alternativa que es el
diálogo con las fuerzas políticas y sociales y, entre todos, sobre todo
los responsables, busquemos una solución y un lugar adecuados. Desde
luego, aunque no tenemos voz en el Parlamento, ante la sociedad la
tenemos y nos atreveríamos a dar nuestra alternativa después del diálogo.
El señor GOMEZ MARTINEZ-CONDE: Con la venia del señor Presidente me
gustaría que me aclarasen una cuestión: he entendido que se ha retirado
la enmienda del Partido Socialista; no he entendido por qué ha dicho no a
la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Se ha retirado.
El señor GOMEZ MARTINEZ-CONDE: Quería otra aclaración. Se ha entendido
por el Partido Socialista que tanto Izquierda Unida como el Partido
Popular hemos dicho no al traslado. Hemos dicho no al traslado en tanto
no se abra un diálogo.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Procedemos a la votación de la
proposición no de ley presentada por Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
votos en contra, 16; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Queda rechazada la proposición
no de ley de Izquierda Unida.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA INMEDIATA REGULACION DEL REGIMEN
ESPECIAL APLICABLE A LOS INTERNOS INCLUIDOS EN EL LLAMADO «FICHERO DE
INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO» (FIES). PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000168.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): A continuación, pasamos a
debatir el punto 9 del orden del día que es la proposición no de ley por
la que se insta al Gobierno a la inmediata regulación del régimen
especial aplicable a los internos incluidos en el llamado Fichero de
Internos de Especial Seguimiento.
De esta proposición no de ley es autor el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso y para defenderla tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: La proposición no de ley que hoy presenta el Grupo
Parlamentario Popular se justifica en la necesidad de que el Gobierno
resuelva, de una vez por todas, una de las lagunas más notables del
ordenamiento penitenciario español. Se trata con ella de urgir al
Gobierno para que en el plazo de dos meses proceda a las
reformas reglamentarias oportunas a fin de establecer el régimen
aplicable a los reclusos incluidos en el llamado Fichero de Internos de
Especial Seguimiento, dotando a ese régimen de la adecuada expresión
jurídica que desde muy diferentes sectores se viene reclamando con
insistencia.
De lo dicho se desprende que esta proposición trae causa en la reiterada
demora con que el Gobierno ha estado aparcando la conclusión de tan
imprescindible regulación a pesar de llevar años anunciando ésta como un
objetivo prioritario.
No queremos articular un pliego de reproches, pero es lo cierto que si el
Ejecutivo hubiera sido fiel a sus propios compromisos ésta sería la hora
en que no tendríamos que estar hablando de este vacío normativo y, por
ello, todos nos hubiéramos ahorrado muchas de las polémicas surgidas
entre jueces y autoridades penitenciarias a propósito de las célebres
circulares de la entonces Secretaría General de Asuntos Penitenciarios,
así como también las reconvenciones que el Defensor del Pueblo se ha
visto forzado a dirigir al Ministerio de Justicia y, desde luego, los
funcionarios y demás personal penitenciario estarían ya desarrollando sus
tareas con un margen mayor de seguridad, tanto física como jurídica. Sin
embargo, lo que más nos importa resaltar es lo que para nuestro grupo
debe ser el principio que ha de inspirar esta regulación que proponemos,
y que parte de la consideración de que la misma ha de cimentarse en el
debido equilibrio entre las exigencias dimanadas de las características
de especial peligrosidad de los internos FIES-1 o de las singularidades
propias del resto de internos incluidos en este fichero y, a su vez, la
premisa básica de que el primer grado penitenciario comporta, como ha
recordado el Defensor del Pueblo, una limitación de las actividades de
quien está clasificado como tal, pero nunca significa la exclusión
absoluta de las mismas ni el decaimiento de los derechos básicos que
asisten a todo interno según señala el ordenamiento penitenciario
vigente.
En este contexto conviene recordar que la predicada regulación del
sistema FIES debe distinguir, a su vez, los contenidos aplicables a
aquellos internos que se encuadra en el hoy llamado régimen especial, los
FIES-1, del resto de aquellos otros que, formando parte de este fichero,
no presentan esas condiciones de extrema conflictividad, violencia o
peligrosidad de los primeros. Los internos sometidos a régimen especial,
alrededor de unos 150, según cifras de la propia Administración, y que
ésta reconoce como irrecuperables, configuran el colectivo más peligroso
de la población penitenciaria española, y su trayectoria viene marcada
por un amplio historial de motines, secuestros, agresiones a
funcionarios, evasiones y asesinatos de internos. Es un grupo que rechaza
frontalmente el sistema penitenciario y que lo hace desde la perspectiva
de sus largas condenas y desde taras de naturaleza psicológica, según los
propios informes de la Administración. Para el resto de internos
sometidos al sistema FIES, alrededor de unos 2.000 (narcotraficantes,
terroristas, delincuentes pertenecientes a bandas organizadas, ex
miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, funcionarios de
prisiones, policías locales y autonómicos y todos aquellos que por su
relación con el Estado así se determine o se ha determinado), cabe tomar
como referencia lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento con las
matizaciones convenientes a los efectos de asegurar el orden regimental y
la propia concepción del modelo a aplicar. Por ejemplo, dentro de la
categoría de los narcotraficantes, esa futura regulación que nosotros
estamos pidiendo deberá huir de la generalización para atender la
especificidad del problema, actitudes y comportamientos que la
experiencia práctica acredita que se dan, según se trate de grandes o
pequeños traficantes, de correos o de intermediarios.
Algo parecido cabe decir respecto de las normas aplicables en esa futura
regulación a los presos pertenecientes a organizaciones terroristas,
siendo preciso que la nueva regulación busque fórmulas para impedir
alguno de los efectos que se han venido observando hasta la fecha, esto
es, por ejemplo las vinculaciones establecidas entre presos terroristas y
organizaciones peligrosas de presos ordinarios, el papel de liderazgo que
estos presos terroristas asumen en ocasiones respecto al resto de la
población reclusa, induciendo protestas colectivas y altercados, o la
estrategia de denuncias judiciales y de acopio de información sobre
funcionarios desde el propio interior de los establecimientos.
En la regulación FIES que solicitamos habrá que plantearse igualmente
cuestiones de naturaleza material que inevitablemente van unidas a los
contenidos de orden regimental desde la perspectiva de la seguridad,
porque, y con singular importancia en el caso de los FIES-1, hay que
reordenar ya, por ejemplo, el sistema de traslados y las condiciones de
su estancia en tránsito en establecimientos de la red o su ingreso en
centros hospitalarios. Desde luego, es preciso determinar normativamente
las características que deben reunir los centros o departamentos
especiales previstos en el artículo 10 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, actualmente carentes de regulación, como el conjunto del
régimen especial, debido a la supresión del artículo 47 del Reglamento,
efectuada de manera desafortunada por el Real Decreto 787/1984, de 28 de
marzo, texto que, además, contravenía el sentido de la enmienda número
72, de fecha 27 de septiembre de 1978, presentada entonces por el Grupo
Parlamentario Socialista durante el debate de la Ley Orgánica, y en la
que literalmente se decía, y nuestro grupo juzga que con acierto, que era
necesario que el futuro Reglamento determinase con precisión las
características que han de reunir estos centros o departamentos
especiales, cuestión que sigue todavía pendiente.
En definitiva, se trata de lograr con nuestra iniciativa que no se
prolongue más una situación de inadecuada regulación de uno de los
aspectos más esenciales para garantizar la estabilidad del sistema, por
su incidencia directa en las condiciones de seguridad y disciplina de los
centros.
La incorporación de la regulación FIES a la reglamentación vigente será,
sin duda, un paso muy singular a efectos de la mejor estructuración
normativa y de la más óptima consolidación de las condiciones cotidianas
de organización de los establecimientos penitenciarios.
Por todo ello, solicitamos el voto favorable de SS. SS. a esta
proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): En esta proposición no de ley
hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, el
señor Rodríguez Zapatero tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Nuevamente intervengo para abordar un tema
que afecta al sistema penitenciario y de nuevo con una propuesta del
Grupo Popular, la segunda de esta mañana, en temas de cierto interés, lo
que me sirve para subrayar, como puede comprobar el portavoz del Grupo
Popular, que cuando se plantean alternativas concretas, como le dije en
el último debate sobre la situación penitenciaria, la posición del Grupo
Socialista es de plena razonabilidad y de intentar concluir en acuerdos
más que cuando únicamente se hace ese pliego de críticas abundantes y
prolijas, al que él mismo se refería, que siempre hace el señor Gil
Lázaro.
Diré que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda que creemos
define un poco más, de manera sintética, intentando matizar, lo que es la
proposición, pero que básicamente en la sustancia supone una aceptación
de la proposición no de ley del Grupo Popular. Unicamente incorporamos el
matiz de que en vez de dos meses de plazo para la aprobación por parte
del Gobierno del Real Decreto que regule la situación de los FIES, sean
cuatro meses, porque dos meses nos parecía un tiempo excesivamente
perentorio.
Resumimos algo más lo que es el texto en sí de la proposición porque nos
parecía algo prolija y, en definitiva, ese texto de modificación, ese
Real Decreto que habrá de modificar el Reglamento penitenciario,
lógicamente debe de respetar, como va de suyo, lo que es en estos
momentos la propia Ley Orgánica Penitenciaria y el fin primordial de
reeducación y reinserción social.
Creo, por tanto, que la enmienda puede ser perfectamente aceptable. Hay
coincidencia en que es necesario regular esta materia y me permitiré
subrayar simplemente que lo que ha sido la creación del fichero de
internos de especial seguimiento ha sido valorado, así lo quiere subrayar
el Grupo Socialista, como un acierto en la gestión de la Secretaría
General, en aquel entonces Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, y que, evidentemente, la aplicación de esa medida ha
tenido alguna dificultad de orden menor seguramente, interpretativa de la
circular que en su día emitió la propia Secretaría General, y que ha dado
lugar a que algún juez de vigilancia penitenciaria, como es conocido,
haya matizado la actuación de la Administración en esos aspectos.
Es verdad que el Defensor del Pueblo ha hecho un seguimiento en la
aplicación de este régimen y que ha estado permanentemente solicitado.
Todo ello nos lleva a concluir que yo creo objetiva y, además, es un
compromiso del propio Ministerio de Justicia, la necesidad de una reforma
del Reglamento Penitenciario que regule la situación de este tipo de
presos que, por otra parte, representan un porcentaje ciertamente pequeño
en las diversas categorías, tanto en FIES-1, como en FIES-2 y FIES-3.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para mostrar su conformidad o,
en caso contrario, el rechazo de la enmienda, tiene la palabra el señor
Gil Lázaro, del Grupo Popular.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, debo señalar, con carácter previo
y al hilo de la intervención del portavoz del Grupo Socialista, que desde
nuestro Grupo solemos no confundir las churras con las merinas y
viceversa; por tanto, tenemos muy claro cuál es el trámite reglamentario
oportuno para cada uno de los actos de la vida parlamentaria que se van
suscitando. Es evidente que, cuando se trata de hacer comparecer a una
autoridad, en este caso a una autoridad penitenciaria, hay que señalarle,
desde la vertiente de la oposición, los puntos del sistema que creemos
que no funcionan, y es evidente también que una oposición constructiva
como la nuestra tiene, a su vez, que vertebrar otro tipo de iniciativas
como la que nosotros en este momento planteamos.
Vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista por
entender que, por la importancia del asunto y aunque ya se produce una
larga demora en la conclusión de esta reforma reglamentaria que permita
la plena incorporación de la regulación del régimen FIES a nuestro
ordenamiento vigente; a pesar de esa demora y de esta pequeña nueva
demora que se nos propone, es interesante que haya una expresión
colectiva unánime de la Cámara respecto de la necesidad urgente de esta
regulación. A su vez, comprenderá el Grupo Parlamentario Socialista
también que esta unanimidad se vertebra, en la otra cara de la moneda, en
una exigencia en su momento al Gobierno de explicaciones, en el supuesto
de que, en este nuevo plazo temporal de cuatro meses que nos proponen, no
se haya producido el inicio de este camino de reformas.
Por otra parte, nosotros hemos dicho, ahora y en muchas ocasiones, que,
efectivamente, fue un acierto, en su momento, la vertebración de este
modelo FIES; que el único inconveniente ha sido precisamente el retraso
en esta regulación legal, con los conflictos, yo creo que no de
naturaleza menor, que se han suscitado en la interpretación del mismo
entre las autoridades y los jueces de vigilancia penitenciaria, y la
caracterización, yo creo que bastante contundente, que de lo que eran las
circulares de la Secretaría General en su momento hizo el Defensor del
Pueblo.
En definitiva, nos parece oportuna la enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista por cuanto que vertebra esa posición unánime de
la Cámara a la hora de llamar la atención del Gobierno sobre esta
necesidad, y creemos que, aunque se elimina una parte del texto que
nosotros proponíamos, es decir, aquel que hacía referencia a los
principios esenciales que deben vertebrar la regulación de este primer
grado penitenciario, está en el ánimo del Grupo Socialista que esos
principios se mantengan, y estamos convencidos que tambien lo
estará en la regulación que nos proponga el Gobierno, porque --insistimos
en ello porque lo han dicho además otras muy altas magistraturas
jurídicas--, efectivamente, el primer grado penitenciario, en el contexto
de nuestro sistema constitucional y de nuestro ordenamiento jurídico,
comporta limitaciones, pero no una exclusión absoluta de derechos.
Estamos convencidos de que todo ello vendrá...
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Gil Lázaro, vaya
concluyendo.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
Estamos convencidos de que todo ello vendrá en la interpretación que nos
dé el Gobierno de esta nueva regulación, y esperemos que esta nueva
regulación se produzca en este plazo de cuatro meses que hoy vamos a
aprobar.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Vamos a proceder a la votación
de la enmienda de sustitución del Grupo Socialista. (Pausa.)
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Se acepta por unanimidad, y
con la aceptación de la enmienda queda aprobada la proposición no de ley
también por unanimidad.
A continuación figura el punto 10 del orden del día, que ha sido excluido
con la anuencia del Grupo proponente, por lo que pasará a la Mesa para
que ésta fije nuevo día y hora para que se debata en Comisión.
Sin nada más que tratar, y dando las gracias a los medios de comunicación
y a los servicios de la Cámara, se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.