Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 168, de 14/04/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 168
INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 17
celebrada el jueves, 14 de abril de 1994
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a que tome determinadas medidas en
relación con las obras de construcción realizadas en la variante de la
carretera N-340 a su paso por Muro de Alcoy (Alicante). Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 26, de 8-11-93.
Número de expediente 161/000050.) (Página 5302)
--Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, previa
remisión de un informe, para que dé cuenta de la ejecución de su
presupuesto. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie
D, número 67, de 4-3-94. Número de expediente 161/000146.) (Página 5305)
Comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda (Narbona Ruiz), para dar a conocer:
--Las propuestas de composición y funciones del denominado «Consejo del
Medio Ambiente». A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
(Número de expediente 212/000480.) (Página 5306)
--La situación y contenidos del proyecto de Plan de Ordenación de
Recursos Naturales de «Ses Salines» de Ibiza y Formentera. A solicitud
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000482.)
(Página 5314)
--La situación y contenidos del proyecto de plan de desarrollo sostenible
del entorno del Parque Nacional de Doñana. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000483.) (Página 5322)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la reunión
de hoy, que es la sesión número 17.
Como todo el mundo sabe, tenemos dos proposiciones no de ley que vamos a
debatir y votar, y a las cinco y cuarto tenemos la comparecencia de la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente. Vamos a ver si podemos ajustar el
tiempo de las proposiciones no de ley para estar dentro del programa
previsto, y así lograremos algo importante: el trabajo hecho en el tiempo
y que los señores Diputados se puedan desplazar a donde tengan que
hacerlo.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE TOME DETERMINADAS MEDIDAS EN
RELACION CON LAS OBRAS DE CONSTRUCCION REALIZADAS EN LA VARIANTE DE LA
CARRETERA N-340 A SU PASO POR MURO DE ALCOY (ALICANTE), PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000050.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a debatir la proposición no
de ley por la que se insta al Gobierno a que tome determinadas medidas en
relación con las obras de construcción realizadas en la variante de la
carretera Nacional 340 a su paso por Muro de Alcoy (Alicante), cuyo autor
es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El señor Vázquez tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, señorías, esta proposición no
de ley seguramente tiene graves dificultades de comprensión para la
mayoría de todos ustedes, porque se refiere a un tema muy local, que
exige el conocimiento de la zona a la que nos estamos refiriendo para
poder entender la utilidad y la justeza de las peticiones que en ella se
hacen. Va a ser difícil que aquellas de SS. SS. que no conozcan la zona
de Alcoy, Cocentaina y Muro puedan votar con conocimiento de causa
estricto esta proposición no de ley. En cualquier caso, tengo, para que
ustedes puedan echar una ojeada, si les parece oportuno, un plano de la
zona en el que están marcadas aquellas cosas que pedimos en la
proposición.
Esta es una proposición que parte de un acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Muro de Alcoy, por unanimidad de todos los grupos, en la
que se vierten una serie de mejoras necesarias para que la construcción
que se hizo en el pasado de esta carretera Nacional 340, que en origen va
de Cádiz y Gibraltar hasta Barcelona, por Málaga y obviamente por Alcoy y
Muro de Alcoy, junto con las ventajas que la construcción de la carretera
tuvo en su día, pueda ver resueltos los inconvenientes que la misma ha
creado o, al menos, que no resolvió la construcción inicial. Estamos
hablando de tres circunstancias. Una, la ampliación de la propia
carretera significó un muro de contención y un cambio del vertido
tradicional de las aguas fluviales --y les ahorro a ustedes los nombres
de las zonas concretas, porque probablemente no tengan interés para
ustedes--, lo que obliga a que las mismas sigan un curso diferente al
tradicional que puede poner en peligro los bienes y haciendas y las
personas de esa localidad. Convendría recordarles a SS. SS. que en mi
tierra, en el País Valenciano, cuando llueve, no llueve poco y despacito,
sino mucho y en muy poco tiempo, lo que significa que con frecuencia es
causa de grandes problemas, y estamos hablando de una zona en la que hay
un importante declive orográfico que obliga a que esas aguas
potencialmente torrentosas pasen por ahí.
La segunda petición de la proposición no de ley es ampliar un puente que
existe en lo que se llama el Barranco de Quereda que haría útiles las vía
de servicio paralelas a la propia carretera, que hoy no lo son en función
de que a la llegada de ese puente se acaba la vía de servicio y
obligatoriamente hay que pasar a la carretera, saltando la valla de
protección metálica, lo que hace prácticamente inviable la comunicación
entre Cocentaina y Muro a través de esa vía de servicio, que es para lo
que teóricamente estaba pensada. Significaría simplemente ampliar el
cauce del puente para permitir que la vía de servicio tuviera
continuidad.
La tercera, se trata de construir una pasarela peatonal que comunique las
dos zonas del pueblo, porque, tras la construcción de la carretera, con
una valla en el centro de la misma, se impide el normal transcurrir entre
la parte de abajo del pueblo y aquellas personas que habitan en la parte
de arriba de la autopista. Se trata, por tanto, de hacer una pasarela
peatonal. Insisto en que el núcleo urbano está en la parte de abajo, pero
en la parte de arriba hay una gran cantidad de domicilios, de primeras
viviendas, lo que se dificulta enormemente la circulación cotidiana de
esas personas.
Son tres peticiones en la misma proposición no de ley estrictamente
razonables y lógicas, que vendrían a resolver un problema que afecta a la
vida cotidiana de estos ciudadanos. No sólo al Grupo proponente, sino a
todos los grupos de esta Cámara, los ciudadanos de esta industriosa, rica
y viva localidad de Alicante nos estarían agradecidos, porque, repito, la
inexistencia de estos arreglos a esa construcción de la carretera 340
está significando dificultades en su vida cotidiana. Espero de la
sensibilidad de SS. SS. apoyo a esta proposición no de ley y que, a
través del mecanismo que articulemos, podamos resolver este problema que
afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos de esta localidad.
El señor PRESIDENTE: Aunque a esta proposición no de ley no existe
ninguna enmienda por escrito, el señor Dávila tiene una enmienda «in
voce» que hacer. (Un señor Diputado: El señor Madrid, de Madrid.--El
señor Madrid López: De Zamora.)
Perdón, el señor Madrid tiene la palabra.
El señor MADRID LOPEZ: Queda aclarado de dónde procede este Diputado,
aunque los intereses, naturalmente, son los de España, independientemente
de cuál sea la circunscripción de la que los Diputados provengamos.
La intervención del Diputado de Izquierda Unida plantea una situación
como otras que pueden existir dentro de la red vial y de las
comunicaciones entre las distintas poblaciones, situaciones que se dan en
todas las obras públicas, como hemos tenido ocasión de comprobar, cuando
afectan a núcleos de población que a veces «desbarrian» --como se dice en
palabras de nuestra tierra-- a los propios ciudadanos del lugar donde
habitan normalmente, del lugar donde desarrollan su vida.
El Grupo Socialista va a hacer una propuesta, porque, de aprobarse tal
como propone el Grupo proponente, entraríamos probablemente en un
precedente peligroso en esta Cámara, cual sería decir al Gobierno qué
cuestiones técnicas son las que hay que acometer para resolver un
problema. En ese sentido, el Congreso de los Diputados, los políticos en
general, al observar los problemas existentes, deben sugerir la necesidad
de solucionarlos, pero nunca establecer qué aspectos técnicos son
necesarios, porque si no no tendríamos necesidad ni de los ingenieros, ni
de los técnicos, ni de aquellos gabinetes que se dedican a buscar
soluciones.
Por todo ello, presentamos una enmienda de sustitución que espero que el
Diputado del Grupo proponente vea con buenos ojos, porque, evidentemente,
hay un deseo claro de dar solución a los problemas. El texto de la
enmienda de sustitución, señor Presidente, es del siguiente tenor: «El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el plazo de seis
meses, tome las medidas necesarias que den solución a los problemas
anunciados en la presente proposición no de ley.»
Confiamos en que esta enmienda dé satisfacción al Grupo proponente,
porque le comprometería al Gobierno a solucionar los problemas con las
medidas oportunas y precisas, y no con el voluntarismo que todos podemos
tener a la hora de hacer proposiciones de tipo técnico.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Lizondo, en
nombre del Grupo Mixto.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Efectivamente, señor Presidente, no son
demasiadas las veces que se traen a esta Cámara proposiciones que
correspondan al territorio del Reino de Valencia. Si en estos momentos
existe una es bueno, porque dentro de la nación valenciana necesitamos y
precisamos de muchas atenciones y esta es una prioritaria.
Precisamente soy de esos privilegiados que conocen el territorio y muy
rápidamente les diré que en la bajada del Port d'Albaida hay una pequeña
ermita, la Ermita de Sant Antoni, que coge una recta hacia Concentaina y
que esta recta de la carretera recibe nada más y nada menos que de toda
la sierra Mariola, y fundamentalmente del Mont Cabrer, que se encuentra
en su parte derecha, en dirección a Alcoy, todas las aguas. Por cierto,
también sería importante que el Ministerio recordara que en esta sierra
de Mariola existe una variedad herbácea extraordinaria, con una cantidad
de plantas medicinales de gran calidad que es muy difícil encontrar en el
resto del Estado.
Por tanto, vamos a estar de acuerdo con esta proposición. Creemos que va
a aceptar el señor Vázquez la enmienda que con anterioridad hemos
comentado el señor Cholbi, el señor Vázquez, el ponente del Partido
Socialista, etcétera, y creemos que va a aprobarse por unanimidad; y será
bueno que en alguna ocasión se apruebe algo importante para la nación
valenciana.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Nuestro Grupo tenía una posición similar a la del
Grupo proponente, en el sentido de que siendo una cosa tan local es un
poco absurdo entrar en tantos particularismos.
Vemos bien la proposición del Grupo de Izquierda Unida para que se
resuelva el tema, aun cuando, desde nuestro punto de vista, hay que pulir
la enmienda «in
voce» porque hace mención a los problemas de esta proposición de ley
cuando es de sustitución y desaparecen los problemas en el enunciado. Me
parece que la redacción, como digo, debería pulirse para entrar en los
verdaderos problemas que no quedarían reflejados en la proposición.
En todo caso, si esto se corrige, no tendríamos ningún inconveniente en
dar el voto favorable a la enmienda de sustitución que presenta el Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Esto significa que si no se acepta esa matización
no la votarían a favor? (Asentimiento.)
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cholbi.
El señor CHOLBI DIEGO: Señorías, esta proposición no de ley que acaba de
debatirse le satisface plenamente al Grupo Popular, así como la enmienda
de sustitución que en estos momentos ha presentado el Grupo Socialista.
Nos satisface porque desde hace tiempo, cuando se detectaron esas graves
deficiencias y anomalías, que recogió la corporación municipal en el
pleno del 7 de mayo del año 1992, el Grupo Popular, a través de sus
Diputados, ya presentó preguntas escritas sobre este particular. Han
tenido que transcurrir casi dos años para que hoy veamos con gran alegría
que se marca una fecha, seis meses, para proceder a la subsanación de las
deficiencias y a hacer ciertas obras que traigan la seguridad a los
distintos ciudadanos que por allí transitan.
Nuestro Grupo va a apoyar la enmienda de sustitución. Además, antes de
iniciar este debate hemos mantenido una reunión los distintos portavoces
de esta Comisión y como conocemos las dificultades y el terreno, hemos
sumado nuestro conocimiento a estas ilusiones. Cuando las personas de esa
localidad puedan ver el resultado de los debates de esta Comisión, una
vez más verán que pueden confiar en las instituciones y en el Parlamento,
porque ha sabido estar muy próximo a los problemas y a la realidad,
porque aunque sea un pueblo pequeño es importante porque forma parte de
la Comunidad valenciana y, por tanto, de España.
Quiero dar las gracias al proponente, al Grupo Socialista, porque, en
definitiva, se ha sumado a la preocupación que detectó nuestro Grupo a
partir del pleno en el que se debatió esta cuestión que fue aprobada por
unanimidad de todos sus miembros, en mayo de 1992.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vázquez para manifestar su
acuerdo o desacuerdo con la enmienda «in voce» presentada por el Grupo
Socialista.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Haré una mínima reflexión. Sinceramente, uno no
sabe cómo hacerlo, si muy concreto o muy abstracto, porque a veces los
argumentos para oponerse también cambian, y cuando se plantea una
proposición abstracta se dice que no es concreta y viceversa. En
cualquier caso, nos alegramos de que ésta vaya adelante.
En ningún momento nos hemos metido en el terreno de los técnicos; no
decimos cómo debe ser, ni de qué forma será la construcción. Estamos
apuntando tres cuestiones concretas para solucionar el problema de una
localidad. El criterio de los técnicos será el que valga finalmente. En
la proposición únicamente intentábamos señalar cuáles eran esos tres
problemas.
Independientemente de esos detalles --tampoco quiero rivalizar con el
señor Lizondo en el conocimiento de la flora y la fauna de la zona, que
conozco, por otra parte, perfectamente--, la enmienda que nos ha
presentado el Grupo Socialista nos parece que puede dar satisfacción a
los habitantes de la zona, que son los que realmente nos importan. Aunque
sea con un mínimo retraso de unos meses, pueden encontrar satisfacción a
sus justas demandas. Aceptamos esa enmienda de sustitución entendiendo
que lógicamente es de sustitución complementaria a lo que hemos estado
discutiendo aquí esta tarde.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, quisiéramos saber la redacción
final de esta enmienda, porque entra dentro de lo expresado en la
definición. En todo caso, hay que introducir la corrección exponiendo los
problemas que surgen.
El señor PRESIDENTE: ¿Sería tan amable el señor Madrid de leer
tranquilamente, para que todo el mundo pueda escuchar, la propuesta de
sustitución?
El señor MADRID LOPEZ: Señor Presidente, con toda la serenidad,
tranquilidad y sin ningún nervio, voy a leer la enmienda de sustitución:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el plazo de
seis meses, tome las medidas necesarias que den solución a los problemas
enunciados en la exposición de motivos de la presente proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la enmienda de
sustitución de la proposición no de ley presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la enmienda de
sustitución.
Tiene la palabra el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Quiero hacer una pequeña corrección
técnica. En la exposición de motivos se habla de aguas fluviales.
Entiendo que debe decir pluviales.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, se aprueba la enmienda de sustitución
con la corrección del error; en lugar de fluviales, debe decir pluviales.
--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SUBSECRETARIO DEL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, PREVIA
REMISION DE UN INFORME, PARA QUE SE DE CUENTA DE LA EJECUCION DE SU
PRESUPUESTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 161/000146.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la proposición no
de ley por la que se acuerda la comparecencia trimestral del
Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, previa remisión de un informe para que dé cuenta de la
ejecución de su presupuesto. Esta petición de comparecencia ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Es indudable que uno de los instrumentos más
importantes que tiene para controlar la acción del Ejecutivo el
Legislativo, el Congreso de los Diputados, es la ejecución del
presupuesto.
Nosotros tradicionalmente hacemos un esfuerzo muy grande en la discusión
del presupuesto, en su aprobación, que cubre casi dos meses de la labor
parlamentaria en el Congreso y en el Senado, y en cambio no se presta, a
juicio de nuestro Grupo, la suficiente atención a esa ejecución del
presupuesto.
Es indudable, si se ven las cifras del presupuesto que ya se conocen de
1993 y de su ejecución, que ha habido profundas desviaciones, tanto en
ingresos como en gastos, cambios en las partidas. Es conveniente conocer,
mientras se está desarrollando ese proceso, cómo se está llevando a cabo.
Aunque coyunturalmente sea oportuno --yo creo que muy oportuno visto el
del año 93-- el conocer este año cómo se ejecuta el presupuesto, creo que
esta propuesta excede de la simple situación coyuntural y es bueno que el
Congreso de los Diputados preste mucha más atención a la ejecución del
presupuesto, porque es un defecto general que se preste a la
planificación y a la presupuestación y no luego a la ejecución.
Este es un tema en el que todos podemos estar de acuerdo. El problema es
cómo se lleva a cabo este control a lo largo del año.
El Grupo Popular propone una fórmula que consideramos idónea. Yo admito
desde el primer momento que para seguir ese control, que tiene que ser
mucho más intenso de lo que ha sido hasta ahora, hay otras fórmulas y
posibilidades. La que nosotros presentamos se basa, primero, en la
presencia de un Subsecretario de cada Departamento en la Comisión
correspondiente. También puede hacerse un seguimiento a través del
conocimiento de las cifras, tal como las da la Intervención, etcétera.
Pero creemos que la presencia aquí, en la Comisión que trata en este caso
de Infraestructuras, Transportes y Medio Ambiente, del Subsecretario de
Obras Públicas, para que explique cómo se ha desarrollado el presupuesto,
es algo que añade interés a ese control, porque si bien en todos los
casos es importante que se conozca el presupuesto, en el caso del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente todavía es
mucho más interesante, puesto que precisamente la labor inversora del
Ministerio tiene una importancia superior con respecto al resto de las
labores de otros ministerios en que la gestión no presupuestaria puede
tener mayor importancia.
Nos parece también absolutamente necesario, antes de esa comparecencia,
que la Comisión conozca los datos para poder opinar sobre ellos. Una
comparecencia detallada del Subsecretario del Departamento que
lógicamente conoce muy bien los datos, casi concepto por concepto, si
previamente no se han estudiado es prácticamente imposible poder hacer
ese control político, que es el que se pide en esta Comisión. Por ello
creemos que es necesario un envío anterior de documentación.
En cuanto a la periodicidad de esa presencia, sugerimos que sea
trimestralmente. ¿Por qué? Porque trimestralmente es lo que permitirá
--quizás al principio sea difícil-- a los Diputados de esta Comisión ir
viendo gradualmente cómo va cambiando, concepto por concepto, el gasto en
cada uno de ellos y poder tener una idea muy precisa de cómo se está
ejecutando la labor inversora, sobre todo, del Ministerio.
Esta es, pues, nuestra propuesta que pretende un control presupuestario
de la labor del Ministerio ya que son unos fondos que la Comisión y el
pleno del Congreso y del Senado hemos dado a un Ministerio para que lo
ejecute y consideramos que es necesario saber cómo se van gastando.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Sedó, por
el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor SEDO I MARSAL: Brevemente, señor Presidente.
La proposición no de ley del Grupo Popular ha sido también presentada en
términos análogos en todas las Comisiones. A nuestro Grupo le parece
adecuada la intención de control que representa, pero con la objeción de
los plazos que se establecen entre las comparecencias. Creemos que no
puede tenerse suficiente eficacia de control con una cadencia trimestral.
Para nosotros sería aceptable que el plazo fuese de seis meses.
Ahora bien, éste es un tema que va a quedar incluido dentro de la reforma
del Reglamento. En ello se está trabajando y creo que se ha llegado a
acuerdos en la Ponencia correspondiente.
Así, pues, como el tema quedará recogido en el Reglamento reformado,
creemos que esta proposición no debería prosperar. Por tanto, nuestro
voto será negativo ya que está discutida esta materia en el lugar
procedimental que le corresponde.
Ahora bien, si no prosperase la reforma del Reglamento, nosotros no
tendríamos inconveniente, en otra ocasión, en votarla favorablemente
porque creemos que es adecuado el control que se pide en la proposición
no de ley.
En este momento, quizás está fuera de lugar ya que hay otra iniciativa en
marcha que la comprende.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Socialista, el señor Jerez.
El señor JEREZ COLINO: Este es un debate que se va a ir repitiendo a lo
largo de todas las comisiones y todos los grupos estamos de acuerdo en el
fondo y en lo que persigue. Lo que quiere es un control presupuestario
--algo a lo que estamos dispuestos todos los grupos-- y propone una
especialización de la información que se vaya dando a las distintas
comisiones en un plazo de tres meses. Oíamos al señor Sedó que podían ser
seis. Yo creo que es un tema que puede quedar abierto.
Efectivamente, tendríamos que hacerlo en lo que hoy es información
importante, no solamente a través de los organismos encargados de ella,
sino de los múltiples acuerdos. Quiero recordar que en los propios
presupuestos de 1994 cuantas enmiendas de control presentó el Grupo
Popular se introdujeron, e incluso hay un artículo 10, una disposición
adicional primera y un anexo tercero que hablan de situaciones
específicas relativas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente. Por lo tanto, estamos en esa idea.
Estimo que es bueno que se plantee en un contexto más amplio, como decía
el representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Debemos
estudiar globalmente cómo se puede plasmar este control presupuestario,
no solamente en los tiempos y definir de una manera clara y concreta si
la especialidad por comisiones es el elemento más interesante, sobre todo
en cuanto a subconceptos, cuando tenemos que entrar en elementos mucho
más concretos, o si es en determinados aspectos más globales donde se
debía producir ese debate y esa información para que tuviera algo que
todos queremos, claridad y componente política prioritaria.
En esa idea estamos, como no podía ser de otra manera; estamos de acuerdo
con lo que propone el Grupo Popular en el fondo, pero no en la forma; no
el presentarlo en cada una de las comisiones para que forme parte, como
una más de la información trimestral que se propone --hay otras
informaciones trimestrales-- y que sigamos teniendo una más de las muchas
informaciones que nos llegan para realizar el control presupuestario.
En función de la eficacia y de la racionalidad del proceso que estamos
siguiendo, sería bueno lo que se ha dicho en otros momentos,
concretamente por el representante de Convergència i Unió: esperar a lo
que se proponga desde esa Comisión del Estatuto, lo cual nos permitirá
completar y ver en su conjunto cómo podría realizarse el control
presupuestario. De esa manera será más eficaz y más razonable. En función
de lo que se está viendo en las distintas Comisiones en esta faceta de la
reforma del Reglamento, podremos estar de acuerdo.
Nuestro Grupo cree que no es el momento adecuado dadas las actuales
circunstancias, pues sería añadir un elemento no clarificador
precisamente en el conjunto de informaciones posibles que tenemos en
estos momentos. Por lo tanto, nuestro voto va a ser negativo, a la espera
de que cuando se plantee de una manera conjunta en esa reforma del
Reglamento podamos tener opiniones concretas para ver si es o no
interesante la especialización que se propone, si es o no interesante el
plazo de tres o seis meses y cómo debe hacerse para que el debate de los
presupuestos, bien en Comisión o bien de manera global, tenga un carácter
mucho más político del que puede tener a esta hora, que muchas veces se
pierde en disquisiciones de cifras y técnicas que hacen prácticamente
imposible de entender este tipo de debates.
Simplemente deseo incidir en que estamos de acuerdo en el fondo, pero que
el voto de nuestro Grupo va a ser negativo, esperando el momento adecuado
para lograr una mayor eficacia.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Posada desea hacer alguna matización?
El señor POSADA MORENO: No pretendo, en absoluto, consumir un turno de
réplica. Simplemente deseo decir que celebro que el fondo del tema se
comparta, porque eso abre el camino para encontrar la solución, en la
cual estamos todos de acuerdo: debe haber un control político del gasto
presupuestario, desde el momento en que políticamente hemos aprobado el
presupuesto.
Nosotros aceptamos el resultado de las votaciones y si el tema no se
resuelve en otras instancias, insistiremos porque creemos que este
control es fundamental para el conocimiento de la labor del Ministerio.
El señor SEDO I MARSAL: Simplemente deseo anunciar una sustitución. El
señor Carrera sustituye al señor Recorder.
El señor PRESIDENTE: Tomamos buena nota.
Pasamos, pues, a votar la proposición no de ley por la que se acuerda la
comparecencia trimestral del Subsecretario del Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y Medio Ambiente, previa remisión de un informe,
para que dé cuenta de la ejecución de su presupuesto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
COMPARECENCIAS: DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y
VIVIENDA (NARBONA RUIZ) PARA DAR A CONOCER:
--PROPUESTAS DE COMPOSICION Y FUNCIONES DEL DENOMINADO «CONSEJO DEL MEDIO
AMBIENTE». A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000480.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con nuestro orden del día e invitamos a la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda que acuda a la Mesa.
Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para que explique a la
Comisión y dé a conocer las propuestas de composición y funciones del
denominado «Consejo del Medio Ambiente».
La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Buenas tardes. He repartido a los miembros de la Comisión --y
lamento que haya faltado alguna carpeta-- información sobre los tres
temas por los que se me ha llamado a comparecer esta tarde. El primero de
ellos, como ha señalado el señor Presidente, es el que se refiere a la
composición y funciones del Consejo Asesor del Medio Ambiente.
Como ven SS. SS., fue aprobado por Real Decreto 224, de 14 de febrero, y
publicado con posterioridad en el «Boletín Oficial del Estado».
Este Consejo Asesor, como reza el Decreto, es un órgano consultivo, al
cual se le atribuyen básicamente las funciones de asesorar sobre
determinados anteproyectos de ley y proyectos de real decreto, así como
planes y programas de ámbito estatal que tengan especial incidencia en el
medio ambiente; emitir cuantos informes y propuestas en materia
medioambiental, a iniciativa propia o a petición de departamentos, de
comunidades autónomas o de corporaciones locales, se le soliciten;
proponer medidas que incentiven la creación de empleo, ligado a la
protección del medio ambiente y que incentiven la participación ciudadana
en la solución de los problemas ambientales; proponer medidas que
considere oportunas para el mejor cumplimiento de los convenios
internacionales en estas materias; e impulsar la coordinación entre la
iniciativa privada y la pública en materia de medio ambiente. (El señor
Vicepresidente, Morlán Gracia, ocupa la Presidencia.)
Para que puedan ver con más claridad que en el texto la composición y los
miembros que prevé en estos momentos el Consejo, les ruego que miren el
final del cuadernillo, donde están incluso las personas que han sido
designadas por las distintas organizaciones e instancias y donde, como
pueden ver en la segunda página, estamos pendientes solamente de la
designación, por parte de la Secretaría de Estado de Universidades, cuyo
consejo se reunió hace dos días y formalmente todavía no me han sido
comunicadas las personas que por esta Secretaría de Estado van a ser
propuestas como miembros del consejo asesor. En el momento en que se nos
comuniquen los miembros que faltan, y concretamente los que proponga la
Secretaría de Estado de Universidades, procederemos a proponer desde el
Ministerio los seis expertos que cierran el número total de miembros del
consejo asesor previstos por el Real Decreto 224.
Esto es lo único que en estos momentos nos falta para poder convocar
formalmente la constitución del Consejo Asesor, en principio prevista
para el 27 de abril. Como les digo, los acuerdos correspondientes a la
designación están prácticamente completos y serán objeto de elevación al
Consejo de Ministros para su ratificación, como está previsto en el texto
del Decreto.
Con esta somera presentación, si los señores Diputados quieren hacer
preguntas al respecto, puedo a continuación contestarles.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Por el Grupo proponente, tiene
la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias por su comparecencia, señora Narbona, y
gracias por la información con que nos va a complementar la misma con
respecto a los tres temas que se contienen en la carpeta.
Respecto al Consejo Asesor he de confesarle que nuestra intención, aparte
de emitir ya algún juicio, es fundamentalmente dinamizar su constitución.
De entrada, queremos mostrar nuestro descontento por el hecho que,
posiblemente, no se pueda reunir a lo largo del mes de abril, en contra
de las expectativas que se habían creado. Se constituyó con muchas prisas
y vemos que, al final de este período y de cara a la primera reunión, se
ha perdido el ritmo.
En cuanto a los contenidos del Consejo Asesor, realmente no era lo pedido
--como usted sabe-- por las organizaciones medioambientales, porque
resulta excesivamente amplio el número de expertos o empresarios, aunque
comparativamente, con respecto a la etapa anterior, hay que saludar que
ha existido un entendimiento mayor con las organizaciones
medioambientales y ecologistas, tal como se viene haciendo en Europa. Lo
digo por cierta crítica generosa que obtuve el otro día del Grupo Popular
en el Pleno. Si este Consejo Asesor ha ampliado el entendimiento de la
etapa anterior se debe, entre otras cosas --y no voy a entrar en juicios
respecto a la política medioambiental, en los que ya he entrado
anteriormente a la hora de discutir los presupuestos--, a las críticas
que se le vienen haciendo al Gobierno español desde Bruselas, críticas
que van en la dirección que nosotros exponíamos en el Pleno anteayer,
donde fuimos injustamente criticados sin derecho a réplica.
No es que nosotros queramos burocratizar a los ecologistas, es que el
nivel europeo de participación de los ecologistas en los organismos
públicos es muy superior al español, y una de las dinámicas que están en
la base de este entendimiento mayor hoy con el Gobierno de la nación es
la caña que está dando Bruselas con respecto a este asunto. Me extrañaba
esta posición no europeísta del Grupo Popular en el Pleno, en estos
momentos de elecciones europeas. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Lo que está pidiendo Bruselas es que España se homologue
rápidamente a otros países precisamente en el tema fundamental de
ecologistas y consumidores. Es Bruselas, es la concepción europea de la
participación, la que está exigiendo a España esta incentivación mayor a
la hora de entenderse a ciertos niveles.
Por otra parte, esta participación mayor no justifica el que no se haya
transpuesto la directiva de libertad de acceso a la información
medioambiental, como en ciertos aspectos se viene insinuando y diciendo
públicamente en
Bruselas en respuesta a las críticas que se hacen de la falta de
transposición de esta directiva. El aumento de participación en este
Consejo Asesor o en el Consejo Nacional del Agua lo hacen por real
decreto, con posterioridad a la petición que hicimos nosotros y que por
razones del tiempo parlamentario tuvimos que defender anteayer, aunque
hay todavía matizaciones, porque ustedes introducen a los ecologistas en
la junta de gobierno a través de un real decreto, ni siquiera real
decreto-ley, que es diferente. Pues bien, esta falta de transposición de
la directiva no puede ser compensada por este otro tema que es diferente
y que no tiene nada que ver. Ha pasado más de un año de la fecha tope que
se dio para la transposición de esta directiva. Saco a colación este
asunto porque distintos miembros de la Administración han dicho en
ciertos foros europeos que se estaba cumpliendo en función de este mayor
entendimiento, de esta mayor participación de los ecologistas en
organismos públicos y oficiales. No es así y no tiene nada que ver.
La primera reunión del Consejo Asesor es de enorme importancia porque,
parece ser que se van a empezar a debatir en ella el reglamento de
funcionamiento, las normas, si se va a dar voto a todos los integrantes
del Consejo Asesor, cómo va a ser el método de crear opinión, de adoptar
acuerdos, cada cuánto tiempo se va a reunir este Consejo Asesor,
etcétera. Es de enorme importancia que la Secretaría de Estado de
Universidades cumpla con su obligación --el señor Pertierra o quien le
corresponda-- se nombren los expertos y empiece a reunirse el Consejo
Asesor del Medio Ambiente, porque hay gente que puede empezar a dudar de
si se trata de una política de imagen o de si vamos en serio en este
aspecto que, por lo menos a nuestro juicio, ha sido valorado
positivamente por los ecologistas. Al igual que no ha participado en el
debate del Plan Hidrológico Nacional el Consejo Nacional del Agua, no se
le ha citado por calendario (me gustaría que, si puede, me lo explicara
en esta comparecencia), también se le ha reducido su participación en el
Consejo Nacional del Clima, donde es cierto que hay tres representantes,
pero tienen que ir en grupos de trabajo designados burocráticamente y de
antemano. Si no hay reuniones, si en temas fundamentales no se les
convoca y si, por otra parte, se les acota, nosotros vemos que se puede
pasar a una situación realmente reduccionista que no sería aceptable.
Quiero recordarle a la señora Narbona que, a nuestro juicio, debe
completarse cuanto antes la integración de este Consejo Asesor porque, si
no, las expectativas se irán disolviendo y la gente empezará a dudar,
empezando por nosotros, de si se trata o no de una política simplemente
de imagen.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición
para preguntar a la señora Narbona a este respecto? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señora Narbona, hay tantas incógnitas con
relación a esta iniciativa del Gobierno socialista que a mí me gustaría
--y para eso me dirijo al señor Presidente de la Comisión-- emplear mi
turno sólo en hacer preguntas, al estilo de lo que es una auténtica
Comisión de control. También quisiera explicar a la Comisión que me
gustaría emplear la mayor parte del tiempo en la réplica, porque lo que
realmente me interesa es que usted me conteste mis preguntas.
Paso a formular muy brevemente las siguientes preguntas: ¿Con cargo a qué
presupuesto va a funcionar el Consejo Asesor del Medio Ambiente, porque
no estaba previsto en los presupuestos del año 1994? Segunda pregunta,
¿van a tener remuneración los asistentes a las reuniones? Porque habida
cuenta de las peleas entre ministerios, funcionarios, ecologistas,
etcétera, para estar presentes en ellas, parece que alguna motivación
extravivencial debe estar de por medio. Me gustaría que usted aclarara si
esto es así o no. Tercera pregunta, ¿con cargo a qué partidas lo van a
hacer ustedes? Yo comprendo que estos temas inquietan a los señores
socialistas, porque están acostumbrados a las dietas, pero no es nuestro
caso. (Rumores.) Cuarta pregunta, ¿qué pasa con la representación de las
autonomías en este Consejo Asesor? Ustedes se han olvidado de las
autonomías. Estamos en un Estado autonómico. No sé si ustedes se dan
cuenta de que realmente la Constitución establece que estamos en un
Estado de las autonomías y no en un Estado de asociaciones. Esto recuerda
mucho a un Estado corporativo. Quinta pregunta, ¿por qué se aplazó la
aprobación de este Consejo Asesor y tuvieron ustedes esas peleas entre
unos ministerios y otros, anunciando que al día siguiente iba a salir
aprobado, etcétera? Explique usted a la Comisión de control --que para
eso estamos aquí los representantes de la soberanía nacional-- qué es lo
que pasa entre ustedes, Ministerios de Agricultura, Industria, Educación,
etcétera, porque queremos enterarnos.
Termino mi turno con brevedad, esperando de la generosidad del señor
Presidente que luego pueda intervenir adecuadamente.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: Señorías, señora Secretaria de Estado, en primer
lugar y en nombre de mi Grupo, quiero expresarle nuestro saludo en esta
Comisión y después fijar ante SS. SS. y ante la señora Secretaria de
Estado la opinión y la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre
este tema, que suscita la comparecencia de hoy, es decir, la constitución
del Consejo Asesor del Medio Ambiente. Quiero hacerlo no sólo porque
otros Grupos ya han hecho la pormenorización y el descenso al detalle y
al planteamiento ordenancista y particularista, sino, además, porque
nuestra perspectiva, sin olvidar estos detalles, tiene otras dimensiones
y otros ámbitos. Me gustaría reflejar ante la Comisión que el Grupo
Parlamentario Socialista ha prestado, además de la debida pero no
exclusiva atención a la parte dispositiva del Real Decreto, una
particular reflexión sobre toda la introducción que tiene el Decreto,
porque nos parece que ahí es donde se refleja la filosofía política de
este órgano, Consejo Asesor, que esperamos y deseamos por el bien de los
intereses ambientales del país que sea algo más que la anécdota y la
pequeña pelea por
las particularidades representativas y de simple exhibición ante los
medios de comunicación.
Creemos que este Consejo Asesor responde a algo de importancia
sustancial. Lo vemos cuando se fija en él como auténtico objetivo
estratégico el que contribuya (la palabra contribuir es importante
indicarla porque quiere decir no definir, prefijar, condicionar o
conducir, sino contribuir) a la definición y al desarrollo de la
estrategia nacional de medio ambiente para España a un futuro y a un
plazo medio. Esa contribución --se indica claramente en esta filosofía
del Real Decreto-- se hace mediante la participación, que se concreta
tanto en la elaboración como en el seguimiento de las políticas
ambientales que materializan esa estrategia nacional de medio ambiente.
Por lo tanto, estamos en presencia de un órgano que tiene mucha más
enjundia de la que me ha parecido deducir, a lo mejor equivocadamente, de
las intervenciones que acabo de oír.
Es un órgano en el que se trata de conseguir que incluso un mandato
constitucional, como es el de la participación ciudadana en cualquiera de
las políticas --no la ambiental, que es sólo el caso que anecdóticamente
en este momento y esta tarde nos congrega, sino en cualquiera de las
políticas económicas y sociales del país-- esa participación ciudadana
establecida constitucionalmente por el artículo 9.2, sea promocionada,
liderada, tutelada y facilitada por el Ejecutivo. Por lo tanto, ésta es
una respuesta a un mandato constitucional.
Esto nos da una dimensión muy superior a la de la mera consideración de
quiénes son las asociaciones que participan en ello. Pero vamos a más. La
vemos también reflejada en esa parte introductoria del Real Decreto,
enmarcada en lo que es una política comunitaria, una política comunitaria
tan reciente --y me importa hacer mención temporal a cuándo estas
posiciones están siendo tomadas en nuestro país, en la Unión Europea e
incluso en el mundo-- como una decisión comunitaria de diciembre de 1993,
tan reciente como ésa. Ahí es donde se toma la decisión, a nivel de Unión
Europea, de que exista un foro consultivo general para apoyar y
contribuir a esa participación de los ciudadanos en esas definiciones de
estrategias ambientales en este ámbito europeo. Insisto, esta dimensión
es también mundial y tan reciente como la Conferencia de Río'92, donde sí
se eleva a principio deseable en todas las políticas de los países a
nivel mundial que esa participación ciudadana, esa incorporación en las
políticas ambientales de todos los países sea facilitada, sea
promocionada, sea llevada a sus términos más eficaces.
En la perspectiva del Grupo Parlamentario Socialista, señora Secretaria
de Estado, sin olvidar ni ignorar cualquiera de los detalles particulares
que se deseen, lo importante es que nuestro país, al mismo tiempo que
todo su entorno, con tan pequeña diferencia como simplemente algunos
meses más tarde que la Unión Europea, no más allá de algo más de un año
de lo que es una decisión a nivel mundial en la Conferencia de Río,
facilita y da cumplimiento al mandato constitucional de que esta política
ambiental, igual que cualquier otra, deba hacerse y se haga con la mayor
participación, con la mayor incorporación posible en su elaboración y su
seguimiento.
Desde la perspectiva de este Grupo no hay sino motivos para felicitar al
Ejecutivo que ha sabido hacer las cosas en el tiempo y forma en que
procedía, más allá de las exigencias momentáneas de las fluctuaciones de
opinión y porque se hace en una forma homologable, acoplable y en
sintonía con todos y cada uno de los organismos de la Unión Europea.
Queda, por tanto, la reflexión derivada de la experiencia política de
saber que los organismos, los entes y las instituciones nacen de las
decisiones normativas, sean éstas del rango que sean, leyes o decretos,
pero su valor político, su importancia en la vida de sus países nace de
su ejecutoria. Quiero decir con esto que el Grupo Parlamentario
Socialista desea y espera que los ciudadanos, que a través de este órgano
tienen abiertas sus posibilidades de participar y contribuir a esa
estrategia nacional de medio ambiente, estén a la altura de las
circunstancias y que la ejecutoria de años de saber hacer uso racional de
las posibilidades de participación sea lo que legitime, más allá de lo
que nace simplemente de un real decreto. Esa ejecutoria es la que este
Grupo Parlamentario espera, desea, y hará todo lo que esté en su mano
para contribuir, para que la participación ciudadana en España en los
temas ambientales sea capaz de estar a la altura de las exigencias de
este nuevo milenio. Este será nuestro mejor deseo en estos momentos en
que celebramos la altura de miras con la que, más allá de los listados de
quienes componen las asociaciones, está reflejado en este Real Decreto
que crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado para
responder a las preguntas y comentarios formulados por los señores
Diputados.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): En primer lugar, en relación con las observaciones formuladas por
Izquierda Unida, a la que agradezco el apoyo e impulso a la rápida
constitución del Consejo Asesor, quiero responder que la fecha de la
primera reunión no depende de esta Secretaria de Estado sino de los
organismos que tienen que hacer las designaciones, porque los expertos
que faltan por nombrar los vamos a nombrar considerando los que nos
queden por parte del resto de las organizaciones y, por tanto, es
evidente que es el último paquete a designar y sobre el cual tenemos una
lista amplia ya para la selección última.
No solamente la Secretaría de Estado de Universidades está formalmente
pendiente de trasmitirme lo que ha decidido en su reunión de anteayer,
sino que, por ejemplo, la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales, que no estuvo excesivamente conforme en el diseño de este
Consejo Asesor por considerar que el número de empresarios era muy
reducido, sólo en fecha reciente nos ha hecho llegar el nombre de sus
representantes y, como pueden ver en el cuadro, todavía no están
nombrados los suplentes a pesar de que se les recuerda todos los días que
hace falta hacer la designación tanto de titular como de suplente. El
retraso en la fecha de constitución formal en
absoluto ha frenado lo que es un impulso que la Secretaría de Estado está
dando a la máxima participación del movimiento ecologista no solamente en
este Consejo Asesor que ahora nace, sino en el resto de las instancias
administrativas donde entendemos que su presencia es oportuna. A eso
responde, como usted mismo ha recordado, el hecho de que hayamos
incorporado al Consejo Nacional del Agua, tanto en lo que es el propio
Consejo como en los organismos de cuenca, a representantes del movimiento
ecologista. Y a eso responde también que hayamos incorporado en los
grupos de trabajo de la Comisión Nacional del Clima, a instancias y con
la representación que han querido darse las propias organizaciones
ecologistas que están en el Consejo Asesor ya presentes, tres personas
para los tres grupos de trabajo con los cuales en estos momentos se está
avanzando.
Cuando me dice que respecto del Plan Hidrológico no ha habido alegaciones
formales, por supuesto, no las hubo en la primera etapa de discusión
sobre dicho Plan Hidrológico; las ha habido después. Hemos tenido
reuniones de trabajo con el movimiento ecologista y tenemos en estos
momentos bien definidas cuáles son las observaciones que se han hecho
desde el movimiento ecologista. Con la revisión en que se encuentra en
estos momentos el Plan Hidrológico, ha habido suficientes modificaciones
como para que personas destacadas de este movimiento estén reconociendo
un cambio sustancial en la orientación del Plan Hidrológico Nacional y,
en general, en el resto de las políticas que tienen que ver en nuestro
país con el medio ambiente, como además es deseo formal y explícito a
desarrollar en esta legislatura.
Por lo que se refiere a la transposición, todavía no efectuada, de la
Directiva en materia de libertad de acceso a la información sobre medio
ambiente, desconozco esas afirmaciones que el señor Diputado me dice que
se han hecho, explicando que no hace falta o que es irrelevante hacer o
no esa transposición. Es compromiso formal de esta Secretaría de Estado,
y tenemos ya un borrador del proyecto de ley por el cual se hará la
transposición de esa Directiva. Por tanto, entendemos que con el Decreto
que ha creado el Consejo Asesor, solamente hemos puesto en marcha lo que
es una pieza, que creemos importante, de la participación ciudadana,
pero, por supuesto, nuestro espíritu de incorporación va mucho más allá
de lo que es la representación ciudadana en relación con la política
medioambiental.
En ese sentido, tengo también que decirle que, desde luego, las críticas
que se nos puedan hacer desde Bruselas, se nos pueden hacer para muchas
cosas; pero en materia de Consejo Asesor, tenga usted la amabilidad de
leerse la composición del Foro consultivo de Bruselas, porque, desde
luego (lo siento, se la digo, porque no está incorporada) el Foro
consultivo de Bruselas ha establecido un número de miembros que es
equivalente, juntando sindicatos, organizaciones ecologistas y de
consumidores, al número de representantes del sector empresarial;
mientras que, como puede ver en el Decreto, hay 11 organizaciones no
gubernamentales ecologistas, están representados los sindicatos, las
asociaciones de vecinos, las organizaciones agrarias y empresarios
solamente hay dos, más el representante de las Cámaras de Comercio. El
porcentaje es tan distinto que, lo que usted critica desde un lado, me
será criticado desde el otro, evidentemente, porque este Consejo Asesor
como hemos querido desde la Secretaría de Estado, es verdaderamente
representativo de quienes defienden el medio ambiente en nuestro país.
Consejos asesores de instancias empresariales, tenemos ya varios y, por
tanto, en este Consejo, el peso fundamental son 11 movimientos
ecologistas sobre 31 miembros del Consejo Asesor, sin contar sindicatos,
asociaciones de consumidores y asociaciones de vecinos; nos parece que,
desde luego, es un buen Consejo Asesor. También le puedo asegurar, porque
he estudiado con mis colegas del Consejo de Ministros de Medio Ambiente
de la Unión Europea, que en ningún país de la Unión Europea hay en estos
momentos un Consejo Asesor donde el peso del movimiento ecologista sea ni
siquiera equiparable. Por consiguiente, creo que es una crítica que no
está justificada; más bien puede estar justificada la crítica contraria,
haber dado un peso reducido al sector empresarial, crítica que asumo,
porque este decreto es el decreto que la Secretaría de Estado quería que
se aprobara y donde solamente hay seis expertos que proponen no los
ministerios, sino el Ministro de Obras Públicas y Transportes; y seis
expertos que no pueden ser miembros de la Administración, es decir, no
pueden ser altos cargos de la Administración, que es el número que
inicialmente habíamos considerado. Efectivamente --como SS. SS. han
recordado--, había tanto interés por parte de otros departamentos
ministeriales en tener alguna forma de vinculación con este Consejo, que
en la tramitación del mismo hubo un deseo, formalmente expresado por
otros ministerios, de estar presente en el Consejo.
Por tanto, la composición que tiene usted delante y que ha sido recogida
en el Decreto, es una composición claramente de presencia mayoritaria de
los movimientos comprometidos con el medio ambiente. Se pondrá en marcha
este mes, porque --como le digo-- ya hay una fecha reservada, el día 27,
para su primera reunión. El borrador de reglamento está ya preparado;
pero es que, además, si usted ve en el propio decreto, lo fundamental en
cuanto a cuándo se tiene que reunir el Consejo Asesor, como mínimo una
vez al trimestre y el régimen de funcionamiento, que ya se contempla en
la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones públicas,
evidentemente, bases sobre las que puede haber en estos momentos
cualquier tipo de concreción ulterior. Por supuesto, los miembros del
Consejo Asesor tendrán todos voto y el Consejo Asesor funcionará en
grupos de trabajo, donde, en su caso, y cuando sea necesario, serán
llamadas a colaborar personas que no serán miembros y, por tanto, no
tendrán voto. Esto es anticiparle algo obvio que, por supuesto, ha sido
comentado con quienes van a formar parte de este Consejo Asesor y que,
desde luego --por lo menos, en lo que se refiere al movimiento
ecologista-- han expresado, incluso por escrito, su amplia satisfacción
con la constitución y con el decreto en relación con el Consejo Asesor.
Por lo que se refiere a las incógnitas que el Grupo Popular quiere
despejar con sus preguntas, puedo decir, en primer lugar, que aquí no hay
ninguna remuneración y que
esa motivación de cuantos han querido estar presentes, por una vía u
otra, es una motivación que espero sea la que corresponde a la
importancia del medio ambiente y a la necesidad que tenemos de contar con
cuantos más mejor. No hay dieta alguna prevista, ni a nadie se le va a
pagar por asistir a las reuniones de este Consejo Asesor, como no lo
hemos hecho tampoco en otros consejos o en otros comités de expertos
promovidos desde el Ministerio de Obras Públicas, en el ámbito, por lo
menos, de mis responsabilidades.
Por supuesto, en el decreto se dice que los gastos que se deriven del
funcionamiento del Consejo Asesor deberán ser cubiertos por la Secretaría
de Estado y estos gastos serán simplemente los de apoyo de carácter
técnico que, en su caso, se requieran. En estos momentos, no hay una
cifra presupuestada. Si es preciso para este año, habrá alguna
modificación dentro de lo que son los gastos normales de asistencias
técnicas que están teóricamente contemplados en las partidas, en
principio, de la propia Dirección de Política Ambiental, que es la que
tiene el papel de hacer de secretaría formal en este Consejo Asesor, pero
entiendo que serán gastos muy reducidos, porque tenemos garantizada ya
una sede, que es un edificio propiedad del Ministerio, y que, en parte,
va a ser ocupado con los espacios necesarios para el desarrollo de los
trabajos del Consejo. No habrá remuneraciones. En estos momentos no hay
partida presupuestaria establecida, porque, además, creemos que, una vez
fijemos el calendario de tareas, podremos ver también si de esas tareas
se deriva, por ejemplo, la necesidad de algún dictamen específico o de
alguna asistencia, en su caso, y, por tanto, en estos momentos, le
reitero que no hay ningún tipo de dieta prevista ni la va a haber.
Por lo que se refiere a las discusiones suscitadas en el seno del
Gobierno, duraron una semana. Yo creo que hay discusiones no sólo en el
Gobierno, a nivel central, sino en todos los gobiernos de nuestro país
que duran bastante más tiempo y por cosas más importantes. Creo que la
discusión sobre cuántos representantes nombrados o designados desde
departamentos ministeriales, ya he hecho mención a ella. El decreto, tal
como ha quedado, es el decreto que nos parece oportuno y, desde luego, su
creación no entraña ningún conflicto, en absoluto, puesto que esos
ministerios que tenían interés en tener algún tipo de vinculación o de
presencia en los desarrollos del trabajo del Consejo Asesor, a través de
las ponencias específicas que se pongan en marcha, posiblemente serán
llamados a colaborar de forma externa y no como miembros del Consejo
Asesor, sino, precisamente, para aportar lo que desde su experiencia
administrativa les corresponda.
Con relación a las comunidades autónomas, le puedo asegurar, señor
Gortázar, que yo no me olvido ningún día de ellas. De hecho, ha habido
una conferencia sectorial de medio ambiente que se ha celebrado después
de dos años sin haberse reunido, que se llevó a cabo hace algo más de un
mes, en la cual se establecieron acuerdos importantes con las comunidades
autónomas que, por supuesto, son las responsables de la gestión
medioambiental de acuerdo con la distribución de competencias, y son los
Gobiernos con los cuales la Secretaría de Estado pretende desarrollar la
estrategia nacional de medio ambiente, de acuerdo con las líneas básicas,
que ya presentamos en el Parlamento, y que volverán, con elaboración
detallada en fecha muy próxima, puesto que las comunidades autónomas
están haciendo todavía algunas observaciones, después de la conferencia
sectorial, que vamos a recoger e incorporar en el documento definitivo de
estrategia nacional de medio ambiente. De hecho, en esa conferencia
sectorial, se estableció que la potenciación de este órgano de
coordinación y cooperación en materia de política ambiental, será una
auténtica comisión nacional de coordinación, porque allí es donde están
representados, por una parte, el ministerio, que tiene la competencia
máxima de coordinación y de impulso, y, por otra, los gobiernos
autónomos, que tienen la competencia de gestión.
Asimismo, en el propio Decreto de creación del Consejo Asesor se indica
en todo momento que los informes que se hagan desde el Consejo Asesor
serán, en todo caso, siempre comentados y analizados con las comunidades
autónomas a través de la conferencia sectorial y que las propias
comunidades autónomas podrán pedir al Consejo Asesor que dictamine sobre
aquellos extremos que consideren oportunos.
Por tanto, son dos niveles muy distintos, no hemos querido hacer un
«totum revolutum», y perdónenme por esta expresión, pero una cosa es la
coordinación en la toma de decisiones y otra es el asesoramiento y la
participación. Creemos que cuando estas dos cosas se mezclan se desvirtúa
lo que son los distintos niveles de actuación. Hay un nivel de actuación
que consideramos prioritario en materia de política medioambiental que es
la relación con la sociedad y otro nivel de actuación de esta Secretaría
de Estado que es el que se refiere al proceso de toma de decisiones, que
no puede ser más que a través de la concertación con las comunidades
autónomas.
Por último, agradezco al representante del Grupo Socialista su
intervención, en la que precisamente se ha señalado que éste es un órgano
cuyo objetivo es contribuir a la definición de la política ambiental, no
hacer la política ambiental. La política medioambiental tenemos que
hacerla quienes tenemos competencias administrativas en la misma y no el
Consejo Asesor. Evidentemente, el peso del Consejo Asesor no es baladí
pero se sitúa en un momento procesal, en un momento de formación de las
voluntades políticas o en un momento posterior en cuanto a la evaluación
de los resultados de las actuaciones políticas que nada tiene que ver con
lo que es la definición. Por supuesto, al menos en esta materia no hemos
sido reticentes en incorporar los criterios comunitarios, porque
efectivamente, como señala el Diputado señor Dávila, hemos hecho en muy
poco tiempo lo que todavía varios países de la Unión Europea no han
hecho, que es crear un órgano asesor de estas características. De hecho
es el primer consejo asesor que se establece después de la definición del
foro consultivo y el primero, por tanto, que tiene en cuenta en el ámbito
nacional los criterios que el foro consultivo ha incorporado en su
definición.
Agradezco los buenos deseos en cuanto a la puesta en marcha y a las
tareas concretas de este Consejo Asesor,
porque por supuesto lo importante no es hacer normas, sino que las normas
sirvan para los objetivos que nos marcamos en cada una de las políticas y
en este caso concreto para que los ciudadanos tengan una correa de
transmisión que sea eficaz en materia medioambiental.
El señor PRESIDENTE: Para hacer alguna precisión, el señor Alcaraz tiene
la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Brevemente, señor Presidente, para dejar tiempo
a los otros dos debates que son también muy importantes.
A la señora Secretaria de Estado a la hora de homologarse con Europa se
le olvida que en la mayor parte de los países existe el ministerio de
medio ambiente y, por tanto, nosotros empezaríamos a ver con seriedad esa
homologación cuando se unifiquen todas las administraciones, las
funciones administrativas dispersas y todas las políticas
medioambientales diversas y dispersas que constituyen este ajedrez chino
del medio ambiente desde el punto de vista político y administrativo
estatal. Eso por una parte.
Por otra parte, saludar que se haya anunciado la existencia de un
borrador sobre la Directiva de acceso a la información medioambiental, me
parece importante; más vale tarde que nunca. Esperemos que esa
transposición esté rigurosamente realizada.
En ese sentido, aclararle una cosa que nos parece interesante. No creo
que lo haya dicho así la señora Secretaria, ni va en mi opinión ningún
tipo de inquina, pero cuando ha dicho que el Decreto es como lo ha
querido la Secretaría de Estado, en eso coincidiría con usted, pero
también marca un cierto grado de contradicción porque se intentó realizar
el decreto de otra manera. Por tanto, el mérito de la actual composición
del Consejo es, posiblemente, de la capacidad de diálogo de la señora
Secretaria de Estado, pero también de la presión, de la lucha, de la
protesta y de la agilidad en la protesta que hicieron las organizaciones
ecologistas.
Termino diciéndole al señor Dávila que estoy de acuerdo con su exordio y
canto a la participación. Pido a su partido que lo lleve a la próxima
reunión con los sindicatos.
El señor PRESIDENTE: El señor Górtazar tiene la palabra.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, algunas de las preguntas
que he realizado efectivamente han sido respondidas por la señora
Narbona.
He oído el cansino discurso del señor Dávila, un poco en la línea de lo
que es un Diputado ministerial justificando el decreto de constitución
del Consejo Asesor. (El señor Dávila Sánchez: Es que lo soy.)
Realmente no se han aportado datos de relevancia o elementos de interés
en relación a esto y me atengo un poco a la intervención del último
debate en el Pleno con el señor Alcaraz en el que, después de una serie
de consideraciones que quizás usted haya leído en el «Diario de
Sesiones», declaraba la preocupación porque la izquierda española, es
decir, ustedes, comunistas y demás miembros de Izquierda Unida, lo que
pretenden en el fondo es domesticar a los ecologistas. Se puede decir más
alto pero más claro no. (La señora Secretaria de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda: No le he oído.) Domesticar a los ecologistas. Ustedes
consideran que son potencial competencia electoral y los meten en
consejos, juntas, etcétera, pero la esencia, la naturaleza profunda y la
conveniencia para la sociedad de los movimientos ecologistas está en su
independencia, no en su condición de funcionarios como es el caso del
Director General del Icona. No los hagan ustedes funcionarios, no los
pongan en consejos; son mucho más útiles a la sociedad como denunciantes
de circunstancias de abusos, normalmente de la administración pública, de
agresiones al medio ambiente. ¡Pero qué manía! Es que realmente ustedes
no ven la manera de neutralizar electoralmente a estos señores que sin
duda no siempre pero en muchas ocasiones han hecho espléndidos servicios
a las sociedades contemporáneas. Sin ir más lejos en las fosas atlánticas
de Galicia han denunciado deposiciones importantes de residuos atómicos y
esto ha llegado a la ONU por la valentía, por el arrojo de estos
ecologistas que no los veo en un despacho y en un consejo asesor.
Realmente su papel es otro.
Cuando se presentan a las elecciones --lo dije hace dos días, señora
Narbona-- el pueblo español, que es muy sabio, dice: Sigan ustedes en las
lanchas neumáticas; no vayan ustedes a los despachos, no vayan a los
coches oficiales. Pero ustedes erre que erre.
En ese sentido tanto ustedes como el señor Alcaraz y compañía tienen el
mismo planteamiento, bien sea por vía decreto-ley, bien sea por vía
legal. Nosotros, sin embargo, tenemos otro planteamiento, señora Narbona
y ustedes lo saben perfectamente. En la próxima mayoría parlamentaria
queremos ecologistas independientes, queremos ecologistas que nos
critiquen desde fuera de las instancias gubernamentales, desde fuera del
presupuesto por mucho que éste sea limitado y en este sentido le
agradezco el gusto, realmente parece que tienen ustedes un planteamiento
limitado.
Tomo buena nota de sus anuncios de que va a ser un coste reducido para
los contribuyentes; tomo muy buena nota. Tengan ustedes mucho cuidado con
los dictámenes, estudios, sedes, despachos, etcétera, pues vamos a seguir
muy cuidadosamente. Los contribuyentes dicen: No gasten ustedes más.
Nosotros estamos en la oposición en el control del Gobierno para que
gasten ustedes lo menos posible.
Quiero simplemente resaltar una idea. Realmente su planteamiento del
medio ambiente se fundamenta en una vía de asesores y consultores y en
diluir las responsabilidades. Nuestro planteamiento es que lo importante
en el medio ambiente, señora Narbona, son las responsabilidades, hay que
saber quién responde de qué, quién hace qué, quién es el responsable de
unos vertidos, quién es el responsable de unas emisiones atmosféricas,
quién es el ministro o el agente de medio ambiente que hace las cosas y
al que hay que reclamar y que no responde. Ustedes, sin embargo, lo que
hacen es establecer unos elementos de consultoría, de asesoramiento y no
se sabe quién responde
en este país de las cosas. Es decir, un ciudadano cualquiera que quiera
saber qué pasa en este país en medio ambiente tiene que irse a la guía
que ha publicado la Dirección General del Medio Ambiente y son 400
páginas, de las cuales 200 son sólo de organismos. ¡No hagan ustedes más
organismos; eso es una locura! Lo que hay que saber es quién responde de
cada cosa.
Quiero decirle, señora Narbona, que nosotros, en nuestra próxima
responsabilidad de Gobierno, estamos por tres elementos en el medio
ambiente: uno, son las normas; dos, las acciones concretas; y tres, los
resultados.
Discrepo totalmente de usted en cuanto a las normas. Las normas no sirven
como ha dicho usted textualmente, para generar políticas concretas o que,
de alguna manera, canalicen o sean correas de transmisión de los
ciudadanos. Las normas no son para políticas concretas; son para que los
ciudadanos sepamos qué hacer o qué no hacer. Sencillamente, qué hacer y
qué no hacer. Con tanto Consejo Asesor y con tanta legislación directiva
no se sabe lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En este
sentido, quiero decirle que nosotros creemos que las normas son las que
conforman el marco de actuación de los ciudadanos, de los responsables
públicos y privados.
En segundo lugar, establecer las acciones. Traigan ustedes aquí, de una
vez, un plan de residuos; traigan ustedes una ley de contaminación;
traigan ustedes las transposiciones que están pendientes.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Gortázar, vaya terminando en medio
minuto.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Termino, Presidente. (Un señor Diputado del
Grupo Socialista pronuncia palabras que no se perciben.) Es que no había
consumido mi turno completo. El señor PRESIDENTE: Tiene medio minuto y
nada más. Puede usarlo como crea oportuno.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: No había consumido mi turno anterior, señor
Presidente. Por eso había pedido su generosidad, su adaptación a las
circunstancias.
Quiero señalar que aquí lo importante no es la Secretaría de Medio
Ambiente, que es la suya, sino establecer planes, acciones y luego venir
aquí, al cabo de unos años, a explicar los resultados: Había tantos
puntos de residuos y los hemos reducido a tales o hemos tratado tal; pero
no nos vengan ustedes con consejos y con comisiones.
Si realmente, señora Narbona, el balance de su gestión en medio ambiente,
al cabo del año, es una ley de alquileres que no sabemos si va a salir
adelante o no, y sacar el Consejo Asesor de Medio Ambiente, francamente
creo que es muy pobre.
Desde ahora le anuncio que nosotros nos proponemos establecer
responsabilidades individuales de los ciudadanos y de la Administración
sometidos al imperio de la Ley, que es otra cosa totalmente distinta. Si
el balance suyo, al cabo de esta legislatura y de la confianza de los
españoles, se limita a un consejo asesor, créame que es
extraordinariamente pobre.
El señor PRESIDENTE: La señora Narbona, ¿tiene algo que añadir?
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Desde luego lo que me queda muy claro por parte del representante
del Grupo Popular es que ellos no hubieran hecho un Consejo Asesor de
Medio Ambiente, ya que si entienden que sin ni siquiera pagarles dietas
se convierte en funcionarios a los ecologistas y se burocratiza la
política de medio ambiente, por supuesto no habrían hecho un consejo
asesor como el que hemos hecho nosotros, donde a nadie se le quiere
domesticar y donde no nos vamos a librar de las críticas, ni lo hemos
hecho para eso, sino para ejercer un principio que el Partido Socialista
introdujo claramente como compromiso en su programa electoral en materia
de medio ambiente, cosa que no hizo ningún otro grupo político. Por
tanto, creo que es lógico que al Partido Popular no le guste la creación
de un consejo asesor que, por supuesto, si fuera lo único que fuéramos a
hacer en esta legislatura, sería bien poco, pero eso no quita la
importancia o los elementos positivos que pueda tener, y que comprendo
usted no comparta desde lo que son sus posiciones políticas propias.
Ahora bien, quiero dejar claro que en mi intervención, cuando he dicho
que es un órgano asesor lo he separado precisamente de los órganos que
tienen la responsabilidad política, que es la Secretaría de Estado en lo
que significan sus competencias de coordinación, impulso y acción directa
en determinadas competencias estatales, y las comunidades autónomas. Mire
usted el organigrama de quiénes en estos momentos son órganos relativos
al medio ambiente, y verá que son las comunidades autónomas, como es
lógico que sea puesto que son las gestoras, las que han multiplicado los
niveles de actuación a través de órganos administrativos. No ha sido
desde luego la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que no tiene en
estos momentos ningún órgano autónomo que dependa de ella en materia
medioambiental y que tiene un presupuesto muy reducido, como corresponde
porque nuestras competencias no son de acción, sino de coordinación y de
legislación básicamente.
Por tanto, nuestros mayores compromisos están en esas dos materias.
Legislación, que por supuesto iremos trayendo a esta Cámara a medida que
vaya siendo promulgada para evaluarla conjuntamente y, por supuesto,
también, aspectos como éste, la creación de un consejo asesor. Entiendo
que si se me pide hoy comparecer aquí es porque se da determinada
importancia al consejo/asesor; pero no toda la importancia, ni toda la
significación que tiene dentro de la política medioambiental.
Sí quiero insistir en que no estamos diluyendo las responsabilidades por
crear un consejo asesor, no estamos queriendo domesticar a los
ecologistas. Los aspectos electorales en mi caso no tienen nada que ver
con las decisiones que se toman desde la responsabilidad de la Secretaría
de Estado y, desde luego, no hay el menor coste que signifique la
vinculación de sus movimientos ecologistas, sino más bien todo lo
contrario. Quieren participar y encuentro lógico y natural que se les dé
un cauce porque, como usted mismo ha dicho, el medio ambiente hay que
defenderlo entre todos, los movimientos ecologistas han dado batallas
importantes, pero quiero terminar diciéndole que no sólo los ecologistas
hacen batallas importantes, sino que el Gobierno español ha jugado un
papel definitivamente relevante en la reciente reunión del Convenio de
Basilea, donde ha sido uno de los países que ha liderado la decisión
comunitaria de prohibición total de exportación de residuos tóxicos al
tercer mundo. El medio ambiente no es sólo patrimonio de los movimientos
ecologistas, pero los movimientos ecologistas deben acompañarnos,
sugerirnos y criticarnos en el desarrollo de nuestras responsabilidades.
Por lo que se refiere a la intervención del señor Diputado de Izquierda
Unida, comprendo que si vamos a esperar a evaluar la política ambiental
hasta que se cree un ministerio de medio ambiente en España, como hay en
otros países, también significará que en cualquier cosa que hagamos
remitiremos su importancia a la no existencia de ese ministerio separado.
En tal sentido, recuerdo, como he tenido ya ocasión de decirle en otros
momentos, que allí donde se dice que hay un ministerio de medio ambiente
siempre lleva otras cuestiones como la sanidad, la ordenación del
territorio, la vivienda, o el urbanismo. Precisamente en países que en
estos momentos tienen una importante política medioambiental, es el caso
de Holanda, el Ministerio de Medio Ambiente es al mismo tiempo de la
ordenación del territorio, de la vivienda y del urbanismo; o el caso de
otros países donde la sanidad pública aparece dentro del organigrama del
ministerio denominado del medio ambiente. Que esas combinaciones sean más
eficaces en términos de resultado que cuando el medio ambiente está con
la obra pública depende evidentemente de cuánto se interiorice la
política ambiental en una de las fuentes de posibles efectos en el medio
ambiente que es la obra pública y, por tanto, a esos resultados habrá que
remitirse en su caso.
Creo inútil volver a discutir sobre si el decreto se hizo gracias a la
capacidad de negociación de la Secretaria de Estado o gracias al impulso
externo. Se hizo por el esfuerzo compartido dentro de lo que es el
departamento al que pertenezco y, por supuesto, también con la
colaboración externa que en todo momento tuvimos de quienes estaban
interesados en su creación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria de Estado.
--LA SITUACION Y CONTENIDOS DEL PROYECTO DE PLAN DE ORDENACION DE
RECURSOS NATURALES DE «SES SALINES» DE IBIZA Y FORMENTERA. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 212/000482.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al segundo motivo de la
comparecencia de la señora Narbona, que, a petición del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quiere
saber por parte de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda,
cuál es la situación y contenidos del proyecto del plan de ordenación de
recursos naturales de «Ses Salines» de Ibiza y Formentera.
La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Respecto de este punto, los señores diputados tienen también una
nota donde se informa del cumplimiento alcanzado en estos momentos de los
cinco puntos de la proposición no de ley que aprobó el Congreso de los
Diputados el 9 de marzo de 1993 en relación con Las Salinas de Ibiza y de
Formentera. Creo que es bueno recordar qué se ha hecho desde ese momento,
porque el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a varias
cuestiones.
La primera de ellas, como aquí se recuerda, era que se procediera a la
delimitación urgente del dominio público marítimo en este espacio natural
de Las Salinas de Ibiza y Formentera, de acuerdo con la Ley de Costas de
1988. En la nota que se ha repartido está descrito cuáles son los
trámites que ya se han efectuado. Hubo una resolución precisamente pocos
días antes de esa proposición no de ley, el 25 de febrero, que
convalidaba la resolución para realizar el nuevo deslinde, ya acorde con
la Ley de 1988, de los bienes de dominio público marítimo-terrestre,
tanto en el término municipal de San José como en el término municipal de
Formentera, incluyendo dentro del deslinde provisional y de la
servidumbre de protección todo lo que son los terrenos de Las Salinas.
Respecto de este expediente de deslinde provisional se han presentado
toda una serie de alegaciones, alegaciones que ya han sido estudiadas.
Concretamente el día 5 de agosto de 1993 se presentaron once alegaciones
en lo que se refiere al deslinde en el término municipal de San José,
distribuidas entre las dos empresas que actúan en la zona y nueve
particulares. También se presentaron alegaciones por lo que se refiere al
deslinde en el término municipal de Formentera; en este caso son ocho
alegaciones, dos de las sociedades y seis de particulares. Estas
alegaciones han sido ya estudiadas por la demarcación de Costas y
desestimadas en su totalidad. En estos momentos, como se señala en la
nota, la situación del expediente de deslinde es la siguiente: se va a
proceder ya a la redacción del proyecto de deslinde para ser sometido a
la Secretaría de Estado, proyecto de delinde que debería estar culminado
a finales del próximo mes de mayo. Una vez que el proyecto se encuentre
en este momento de su tramitación, se debe dar audiencia, como prevé la
Ley de Costas, a todos los que presentaron las alegaciones y, pasado este
trámite, se redacta la correspondiente orden ministerial. Por tanto,
estamos culminando el proceso del deslinde, con las alegaciones ya
desestimadas por parte de la demarcación de Costas y en el trámite de
redacción y presentación del proyecto final para la correspondiente orden
ministerial.
En consecuencia, por lo que se refiere a ese primer punto en donde se
urgía al Gobierno, quiero comentar a los señores diputados que la Ley y
el Reglamento de Costas no prevén ningún procedimiento de urgencia y, por
tanto, los particulares que tengan presentadas alegaciones o que quieran
intervenir en el expediente de acuerdo con sus derechos tienen unos
tiempos que hay que respetar. La única urgencia que cabe y que se ha
manifestado es la de los tiempos que la Dirección General de Costas, y
concretamente la demarcación de Costas, se han tomado en trabajar sobre
dicho expediente.
El segundo punto de la proposición no de ley, era el relativo a la
inclusión de Las Salinas de Ibiza y Formentera en la lista del Convenio
Ransar. Como ven SS. SS. se cumplió el 28 de mayo de 1993 y están
descritos en la nota los límites de la declaración de esta inclusión de
las Salinas de Ibiza y Formentera en el mencionado Convenio Ransar. El
acuerdo del Consejo de Ministros donde se adjuntaban los mapas se publicó
en diciembre y tienen ustedes también información gráfica al respecto
dentro de la documentación que he repartido.
El tercer acuerdo de la proposición no de ley instaba a la revisión de
los límites de la zona de especial protección para las aves. Los señores
diputados recordarán qué zona de especial protección de las aves fue
precisamente la primera figura de protección de que fue objeto este
espacio natural. Se declaró como ZEPA, en 1989, y luego ya acaecieron
otras declaraciones, concretamente las otorgadas desde el Gobierno balear
respecto al área en cuestión. En este sentido, el hecho de que se esté
trabajando para la futura declaración por ley de reserva natural de este
espacio hace que no se considere conveniente en estos momentos hacer una
eventual duplicidad de modificaciones en los límites de la ZEPA, porque
es previsible que los límites de la reserva natural puedan ser distintos
a los que sirvieron de delimitación al humedal que se incluyó en el
convenio Ransar y, dado que vamos hacia una figura de protección de mayor
intensidad, lo correcto es que, efectivamente, se cierren, en su momento,
los límites que establezca para esta zona el plan de ordenación de
recursos naturales.
El punto cuarto era el relativo a la inclusión de este espacio natural en
la lista española de contribución a la red ecológica europea Natura-2000.
Por lo que se refiere a la constitución de esta lista española diré que
hay una serie de elementos en los que está trabajando en estos momentos
el Icona. Concretamente, en la Directiva 1992/43, al ser posterior a la
norma legal 4/1989, figuran en estos momentos determinados elementos
todavía por trasponer a la norma española. Son cuestiones puntuales,
pero, sin duda, la norma en vigor requerirá algunos ajustes y, junto con
estos ajustes, se está trabajando precisamente en los inventarios de base
que permitirán cumplir, frente a Europa, con los compromisos que exigen
que tres años después de promulgación de la Directiva se pueda notificar
por parte del país miembro la lista nacional de espacios a incluir en la
red Natura-2000. Esa lista nacional no puede ser una lista parcial,
porque tiene que ser en sí misma una lista que contemple lo que es la
riqueza ecológica de los distintos espacios que se incluyen y por tanto,
es una lista en la que se está trabajando y que, obviamente, incluirá el
espacio natural de las Salinas, pero que se comunicará junto con el resto
de los espacios en esa lista nacional que, de acuerdo con las previsiones
del Instituto para la Conservación de la Naturaleza, debería estar
terminada el año que viene. Esa es la previsión que se tiene en estos
momentos respecto a lo que es la constitución de la lista nacional, con
la inclusión en la misma de Las Salinas de Ibiza y de Formentera.
Por último, la proposición no de ley instaba a que se iniciaran los
trámites necesarios para la declaración de una reserva natural en Las
Salinas de Ibiza y Formentera, procediendo a la redacción del plan de
ordenación de los recursos naturales para esta zona. En relación con esta
parte de la proposición no de ley puedo comunicarles que Icona está
haciendo los trabajos previos y está a la espera de lo que será la
autorización formal por parte del Consejo de Ministros para iniciar la
tramitación oficial, por decirlo así, en la elaboración del plan de
ordenación de los recursos naturales de esta zona, pero tiene hechos los
trabajos preliminares y necesarios, en particular el inventario de los
bienes ecológicos de la zona que, desde el punto de vista del Instituto
para la Conservación de la Naturaleza, deberían formar parte de esta
reserva natural. Por tanto, es una perspectiva que debería cubrirse en
los próximos meses con la aprobación, por parte del Consejo de Ministros,
y el desarrollo normal de la elaboración del plan de ordenación de los
recursos naturales en esta zona.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Alcaraz,
en nombre de Izquierda Unida.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias por su información, señora Narbona.
Este es un tema que a nosotros, a Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, nos interesa bastante, no es un tema menor; es un tema
simbólico. Hace poco tuve oportunidad de visitar Ibiza y sé que tiene un
gran simbolismo, tanto cultural como histórico y político. Digo que tiene
un simbolismo cultural por la integración natural que se produce entre el
trabajo humano y el medio ambiente, junto a la historia laboral y de
trabajo respecto a la sal; histórico, porque, en función de la misma
titularidad, de la misma propiedad de Las Salinas, de «Ses Salines», el
pueblo tiene una especie de, digamos, cicatriz histórica y, por tanto,
está muy pendiente del futuro de este espacio, futuro que yo percibo
desde fuera que puede hacer que se borre la cicatriz histórica respecto a
la titularidad si, al final, este espacio termina siendo un buen espacio
natural protegido. Es decir, hay que tener muy en cuenta estas razones de
fondo; no razones coyunturales, tácticas, electorales. En este sentido,
nuestro trabajo parte de esas raíces.
Luego, en el tema político más cercano, aunque no tan cercano pues parte
de 1977, hay un deslizamiento a la baja de la protección que se ve venir
para Las Salinas de Ibiza y Formentera. En 1977 incluso se llegó a hablar
por parte de actuales y reconocidos portavoces del Partido Popular de
declararlas parque natural; en 1982 se habló de reserva natural y hoy
también se sigue hablando, pero una reserva natural que ya no podría
tener el mismo contenido una vez
aprobada la Ley de Espacios Naturales que todos conocemos, que puede
llevar esa protección a un nivel inaceptable teniendo en cuenta las
construcciones que se pueden prever respecto a una parte de Las Salinas.
Se habla de viviendas unifamiliares, pero también la Moncloa es una
vivienda unifamiliar y las que yo he visto que se están construyendo son
inmensas, señora Secretaria de Estado. Se declararon como viviendas
unifamiliares en un espacio, creo recordar, de 20.000 metros. Después de
que cambiara la Ley de Espacios Naturales se pueden construir hasta
doscientas; aunque se ofreció en su tiempo un pacto de caballeros para
dejarlas en 72. Declarar eso reserva natural, sin tener en cuenta estos
condicionantes, sería frustrante e inaceptable, con independencia de los
límites del perímetro que se hayan de marcar para la reserva natural. Hay
que recordar que al tiempo que se aprobó la proposición no de ley del
Grupo Socialista, se rechazaba la proposición de ley del grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que hemos vuelto a registrar en
esta Cámara y que se verá cuando acopiemos los datos suficientes a partir
de esta comparecencia y creemos que sea el tiempo político y
administrativo adecuado.
Actualmente tenemos dudas o por lo menos se han sembrado dudas. Don
Humberto da Cruz dijo que el 1.º de marzo se comenzaría a elaborar el
plan de ordenación de recursos naturales, que se terminaría en dos meses,
y ahora nos enteramos de que ni siquiera se ha empezado. También dijo que
el problema no era un chalet más o menos. Llegó a decir que después del
plan de ordenación de recursos naturales podía terminar en reserva
natural o no la figura de protección.
He leído unas declaraciones suyas del 14 de abril, de hoy, en un
periódico de Ibiza en las que intenta despejar esas dudas que usted sabía
que yo iba a plantear aquí. El problema de fondo es que el cumplimiento
de aquella proposición no de ley pasa por qué tipo de perímetro y por qué
tipo de reserva natural, en función de una serie de condicionamientos que
acabo de exponer y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta que ya se vuelve
a retrasar la terminación del plan de ordenación que, según nuestras
noticias, se ha entregado a una empresa privada --hablando de
participación, por cierto--, empresa privada que ya hizo un estudio para
la regeneración de playas, cala San Vicente o las del municipio de Ibiza,
cala d'Or, que hizo en pleno verano, lo cual suponía cierto peligro
porque cuando se remueven los microorganismos se pueden generar
enfermedades de la piel. Lo que quiero decir es que esta empresa, a
nuestro juicio, técnicamente, no es adecuada, no es de recibo. Nosotros
preguntamos por qué no se ha empezado a tiempo el plan de ordenación de
recursos naturales, por qué se ha encargado a una empresa privada, por
qué se han despreciado técnicos de la zona o una participación real, de
cara a la elaboración de algo que va a ser determinante, porque no basta
con declarar la reserva natural, en función de qué parámetros, en función
de qué elementos. La empresa parece que tampoco es directamente de Ibiza,
creemos entender, y en principio se le dio un plazo de dos meses, que
sería imposible cumplimentar, lo que sucede es que tampoco se ha
empezado. Nosotros entenderíamos que no se terminara en dos meses, lo que
no entendemos es que ni siquiera se haya empezado.
Usted ha ido recorriendo los puntos de la proposición no de ley que se
aprobó en esta Cámara y, por cierto, el argumento fundamental que se nos
dio para aprobar esa proposición no de ley fue que era la mejor porque
era la que tenía más votos en esta Cámara, o sea que no era un argumento
de contenido, de fondo, sino aritmético respecto al paisaje electoral. No
nos convenció y por eso hemos mantenido y mejorado la proposición de ley
que actualmente está en esta Cámara contando fechas.
La delimitación de la zona marítimo-terrestre es una obligación legal del
Gobierno que tendría que haber cumplido hace mucho tiempo. La Ley de
Costas es de 1988. Por tanto, no tendría que ser necesario solicitar a
nadie que cumpliera estas obligaciones. Es posible hacer la declaración,
aparte de esta delimitación marítimo-terrestre.
El convenio de Ransar usted, yo y todos los diputados que están en esta
Comisión sabemos que es una declaración de buenas intenciones, pero si no
se complementa con los instrumentos jurídicos que hagan efectiva una
protección singular se queda en símbolo en sentido débil. La ZEPA, la
zona de protección de las salinas en este aspecto es insuficiente. Aquí
estamos de acuerdo con algunas declaraciones que ha hecho el Partido
Socialista Obrero Español y en ese sentido hemos colaborado con la
Sociedad Española de Ornitología para pedir una ampliación, pero quien
tiene las competencias para hacerlo es el Consejo de Ministros, que
tendría que ver este tema cuando corresponda. Si esto ya está realmente
pactado entre los distintos ministerios, querríamos tener una aclaración.
Se podría haber ampliado ya, pero este tema está pendiente, tal como está
escrito; yo estoy retomando ahora algunos de sus planteamientos.
El catálogo Natura-2000 entra en vigor en 1997, creo recordar; por tanto,
hay que darse prisa en otras cosas que sí requieren prisa y en esto, que
no tenemos ninguna incompatibilidad respecto a los acuerdos, hay que
llegar ya a los acuerdos de protección jurídica y territorial con el
perímetro que se haya de marcar. Incluso el Partido Socialista Obrero
Español cuando presentó el perímetro --creo recordar que entonces estaba
en la oposición y yo estaba aquí también de Diputado--, el perímetro era
muy amplio. Ya está muy construido el perímetro que se planteó desde la
oposición, ahora el que se da es mucho más pequeño, y con esto que le he
dicho de las viviendas unifamiliares y otros aspectos, puede redundar en
perjuicio de una auténtica reserva natural para Las Salinas de Ibiza.
Creo que no hay dudas (y termino hablando del tema jurídico-político) en
el sentido de que las Cortes Generales pueden marcar la protección,
aunque después pueda gestionarla la comunidad autónoma, según la doctrina
del Tribunal Constitucional. Lo digo porque también se han establecido
dudas sobre esta posibilidad que, de hecho, tendrá que pasar aquí los
trámites que tenga que pasar, pero que corresponde con la realidad
jurídica de nuestro país.
En todo caso, nosotros no estaríamos a favor de una reserva natural
pactada, teniendo en cuenta problemas que le he citado anteriormente. No
quiero establecer ahora
debates, como pasó en el Pleno de la Cámara, sobre otros problemas que
desviarían la atención de los medioambientales, eso en todo caso iría en
otra iniciativa, ya lo estudiaremos, pero no estaríamos de acuerdo con
una reserva natural pactada con propietarios teniendo en cuenta esa
opinión de don Humberto da Cruz de que un chalet más o menos no importa,
o habiendo adensado muchísimos más la posibilidad de construir chalets
desde el cambio de la ley de espacios naturales. Creo recordar que en
principio estaban fijados 125.000 metros cuadrados y ahora son 20.000
metros, aunque se pueda llegar a ese pacto de caballeros de sólo 72
viviendas unifamiliares. Las que yo he visto tienen de 400 a 500 metros
en cada planta; o sea, que el problema sería muy serio. Por tanto, lo que
pedimos es que ese inicie ya y de manera participativa; no estamos de
acuerdo con que se le entregue a una empresa privada el plan de
ordenación de recursos naturales. En segundo lugar, que, de manera
participativa, se llegue a una protección real con la figura de reserva
natural y que en función de esto se superen problemas culturales muy
serios, problemas históricos y problemas políticos más cercanos que
parten de 1977 en que Las Salinas ha ido sufriendo una especie de luz de
gas, bajando cada vez más las expectativas de su protección.
Esperemos que esta vez --usted lo ha anunciado aquí y de manera firme--
vayamos a la reserva natural --Don Humberto da Cruz hace muy poco tenía
dudas-- y que esa reserva natural, repito, no sea pactada con políticas
desarrollistas, sino que se haga en función de esa participación a la que
aquí se ha hecho un canto y se haga con la izquierda. Me refiero en este
caso con los representantes más genuinos de la izquierda, porque de la
lectura que se ha hecho desde otras bancadas del tema de la participación
me parece que no se corresponde, es lógico, con los planteamientos que
desde la izquierda hacemos en el tema de la participación y que los
ecologistas, que son también parte social de la izquierda, están haciendo
porque quieren participar. No es un paternalismo, la Constitución no les
impide participar en todo tipo de organismos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señora Narbona, a mí se me plantean
dudas, al igual que se le han planteado al señor Alcaraz, debido a las
contradicciones que han aparecido en noticias publicadas en los medios de
comunicación respecto a cuál sería la figura de protección. Se hablaba en
un principio de parque natural, de reserva natural, de parque nacional...
El señor Humberto da Cruz, cuando estuvo en Ibiza, hizo unas
manifestaciones en las que decía que el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de Las Salinas se iniciaba con toda seguridad el 1.º de marzo;
sin embargo, en el cuadernillo que usted amablemente nos ha entregado,
veo que esto no es así. No obstante, aunque participe en las dudas del
señor Alcaraz, en lo que no participo con él es en la celeridad que
quiere dar a la iniciación del plan de ordenación de recursos naturales.
No puedo estar de acuerdo con él porque nos parece inoportuno que, por
parte del Gobierno central, se inicie ahora un plan de ordenación de
recursos naturales cuando la Consellería de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, está
redactando en estos momentos, como usted bien sabe y como muy bien sabe
también el señor Humberto da Cruz, el Plan especial del área natural de
especial interés de esa zona. ¿Por qué se está redactando ese plan? Se
está redactando porque, en nuestra Comunidad, cumplimos nuestras propias
leyes. Como usted bien sabe, Las Salinas de Ibiza y Formentera quedaron
protegidas por la Ley S/1985, de 2 de mayo, en la que se declararon Las
Salinas de Ibiza y Formentera y los islotes adyacentes como área natural
de especial interés.
Esta ley, a la que acabo de hacer referencia, fue asumida y subsumida en
la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen
Urbanístico de las Areas de Especial Protección de las Islas Baleares,
modificada posteriormente en determinados artículos por la Ley 7/1992.
Pues bien, en el artículo 9.º de esa Ley a que he hecho mención, se dice
que la ordenación de esos espacios se realizará mediante planes de
ordenación de medio natural, o mediante planes especiales, y eso es lo
que se está haciendo por parte de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares: dar cumplimiento a nuestra normativa.
Hay una cosa especialmente significativa, extraída de la propia
exposición de motivos de la Ley Autonómica 1/1991, de Espacios Naturales,
al manifestar textualmente que el Parlamento de las Islas Baleares tiene
competencia para legislar un régimen de especial protección para las
áreas con valores naturales y paisajísticos de interés para la comunidad
autónoma, ya que el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares atribuye el ejercicio de potestad legislativa en aquellas
materias de su competencia y, concretamente el artículo 10, atribuye a la
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del
territorio y urbanismo y en materia de patrimonio paisajístico de interés
para la comunidad. Para ello, en el cuerpo de la ley, concretamente en su
artículo 3.º, se declaran 46 áreas naturales de especial interés que se
relacionan y que pertenecen a la isla de Mallorca, 19 a la isla de
Menorca, 11 en la isla de Ibiza y ocho en la isla de Formentera.
Consideramos que este dar cumplimiento a esa proposición no de ley,
aprobada en el año 1982, y los estudios previos para la realización del
plan de ordenación de recursos naturales para que deriven en una figura
de protección como reserva natural, lo único que hacen es desvirtuar el
contenido de las leyes autonómicas, todo ello bajo un manto puramente
nominalista muchas veces, al sobrevalorar de forma exagerada los
elementos naturales existentes en aquella zona y, sobre todo, con el
ánimo de buscar un título competencial estatal que permita regular
normativamente de forma distinta a la voluntad mayoritaria del Parlamento
de las Islas Baleares, expresada ya por dos veces en las mencionadas
leyes autonómicas. Es decir, se pretende, de alguna forma, darle carácter
estatal que, en la práctica, descalifique el contenido de las leyes
autonómicas.
Pero es que además, como usted bien sabe --lo ha comentado hace un
momento--, tanto Las Salinas de Ibiza como de Formentera son de propiedad
privada, ya que no se ha aprobado definitivamente el deslinde
provisional, que es requisito inexcusable, de conformidad con el artículo
13 de la Ley 22/1988, la Ley de Costas, para que pasen a ser de
titularidad estatal y, por tanto, se conviertan en bienes de dominio
público marítimo-terrestre; por ello nos parece muy precipitado. Usted
decía: Ha habido alegaciones, pero como han sido desestimadas por Icona,
seguimos los trámites. Imagínese usted que, una vez agotadas todas las
instancias de la Administración de Justicia, se llegara a dar la razón a
los recurrentes y no dar la razón a la demarcación de Costas; el guisado
que se habría organizado sería tremendo. Por tanto, una mínima prudencia
exige que se vaya despacio, que primero se aten bien todos los temas y
que luego se pueda hablar, si es que se debe hablar porque yo creo que no
se debe hacer. Creo que están ustedes haciendo una injerencia en
competencias que son exclusivas de nuestra comunidad autónoma. Dejen
ustedes que nosotros nos regulemos; nosotros tenemos nuestros métodos de
protección, nuestros cauces de protección aprobados mayoritariamente por
quien tiene representación auténtica en las Islas Baleares. No nos parece
oportuno que lo que no se puede conseguir en Baleares por tener nula
representación, en el caso de Izquierda Unida, o una escasa
participación, en el caso del Partido Socialista, se pretenda trasvasar
al Gobierno Central y al Parlamento de la nación para conseguir aquí lo
que la gente de Baleares no quiere. Nada más. (Varios señores Diputados
del Grupo Popular: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Socialista, señor Costa, tiene
la palabra.
El señor COSTA COSTA: Si me permite, señor Presidente, quería fijar la
posición de nuestro grupo en este tema, ya que fue impulsor, junto a
otros grupos, de la proposición no de ley.
Me gustaría hacer una recopilación histórica breve de este tema para no
alargarme excesivamente, puesto que podríamos hablar toda la tarde de Las
Salinas de Ibiza y Formentera, aunque siempre en dos frentes
políticamente nítidos: Por un lado, la derecha, que ha estado protegiendo
los intereses de los propietarios; y por otro, la izquierda, ampliada en
este caso en su conjunto, siempre buscando figuras de protección que
estuvieran en la normativa vigente en cada momento histórico en que se
han producido las iniciativas.
Ya sé que a ustedes no les gustó nada lo que dije en el Pleno y tampoco
les va a gustar lo que voy a decir aquí pero, si están atemperados, a lo
mejor lo lograremos todos. ¿Les parece? (Rumores.) No se pongan nerviosos
porque sus compañeros son vecinos míos y seguramente nos vamos a entender
en otras cosas, aunque no en ésta.
El ente preautonómico de Baleares, ya en el año 1979, inició la redacción
de un plan para proteger Las Salinas de Ibiza y Formentera --gobernaba
entonces UCD-- impulsado por un compañero nuestro, Jaime Rivas, Diputado
en el ente preautonómico, si bien no se llegó a aprobar porque se
disolvió el ente preautonómico y se pasó al Estado de las Autonomías. Sin
embargo, en el ínterin, en el año 1981, el Grupo Parlamentario
Socialista, entonces en la oposición, presentó a las Cámaras una
proposición de ley que no fue aprobada porque no fue votada, entre otros,
por el Partido Comunista en aquel entonces ya que se ausentaron de la
Cámara en esa ocasión, pero, si hubieran estado, dado el resultado de la
votación y la relación de fuerzas de aquel momento, se hubiera podido
aprobar. Fíjense bien en la votación que aparece en el «Diario de
Sesiones» porque es muy significativa.
En el año 1983 se constituye el Parlamento de las Islas Baleares y la
primera ley que se debate en ese Parlamento autonómico, a iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de las Islas Baleares, es
una ley de protección de Las Salinas de Ibiza y Formentera; ley que es
rechaza con los votos conservadores de la Cámara y por un grupo
regionalista que, siguiendo las instrucciones de los independientes de
Ibiza y Formentera, encabezados por el señor Marí Calbet, hoy miembro del
Partido Popular, votaron en contra y consiguieron también mayoría.
En el año 1985, efectivamente, se aprobó un área natural de especial
interés y, hasta ahora, no han movido para nada ni un solo instrumento
para hacer efectiva esa protección. La protección a que hace referencia
la señora Cava de Llano, aquí y en otros momentos, es una protección de
Boletín Oficial; es decir, vamos a poner la protección en el Boletín
Oficial y con esto vamos de ecologista, pero no se da ni un solo paso
positivo para que esa protección tenga de verdad los elementos positivos,
educativos y de protección medioambiental que deberían acompañar a la
declaración de estas figuras.
Finalmente, en el año 1991 se consigue, en el Parlamento Balear, que se
apruebe la Ley de Espacios Naturales, ley que da satisfacción a la
mayoría de los grupos de esta Cámara, a excepción del Partido Popular, y,
miren ustedes por donde, en la primera oportunidad, el Grupo Popular lo
que hace es descalificar, reducir la protección en todas las áreas en
Ibiza y Formentera y, particularmente, cambiar la delimitación de áreas
próximas a esta área natural.
En el año 1993 hay una proposición de ley de Izquierda Unida que se
rechaza en el Parlamento y una proposición no de ley del PSOE que se
aprueba con una amplia mayoría, y que es lo que estamos tratando hoy aquí
de desarrollar.
Creo que tenemos que partir desde el primer momento en que se logra una
iniciativa positiva, que es en el año 1993. Desde el año 1993 se han ido
desarrollando actuaciones de la Administración del Estado tendentes a
proteger esta área. Se aprueba la proposición no de ley, se inicia la
delimitación de dominio público, que no es tan fácil ni tan sencilla como
aparentemente nos quiere mostrar el portavoz de Izquierda Unida, y que
tiene unos trámites que cumplir de audiencia pública de los interesados,
de exposición pública, es decir, unos trámites administrativos que, desde
luego, nosotros no vamos a forzar, y se incluye también el 28 de mayo en
el Convenio Ransar de Humedales.
Digo esto porque fíjense en qué poco tiempo se iniciaron las acciones que
era posible realizar. En estos momentos creo que se tienen ya elementos
del Plan de ordenación de recursos naturales y que próximamente va a ir
al Consejo de Ministros. Cuando esté este Plan aprobado, se tendrá que
iniciar el proyecto de ley de declaración de reserva natural, al amparo
del artículo 21.3 de la Ley de Conservación de Espacios Naturales de la
Flora y Fauna Silvestres. No sé lo que quiere decir el Grupo Popular
cuando habla de que no hay legitimidad para actuar en esta Cámara, cuando
estamos hablando de dominio público marítimo-terrestre, competencia
exclusiva del Estado --no de la comunidad autónoma-- en todos y cada uno
de los desarrollos constitucionales y sentenciado por el Tribunal
Constitucional en esta materia. Por tanto, sobre el dominio público
marítimo-terrestre me parece que quedan pocas dudas a dilucidar sobre
quién tiene la competencia. Pues el Estado.
La Ley 4/1989, de Espacios Naturales, a que he hecho referencia,
establece claramente como única excepción que el Estado tiene las
competencias para desarrollar reservas naturales en este ámbito
particular de su competencia. Por tanto, creo que hay discursos
inteligentes, pero trasladados al medio en donde se producen son, diría,
insoportables. Insoportables quiere decir que no se pueden soportar, que
no se pueden mantener, que la gente no los comparte, que los ciudadanos
no los quieren. La verdad es que ha habido un discurso inteligente porque
en ningún caso se ha dicho que se rechazaba esta figura, pero se ha
rechazado todo lo que da pie a esta figura.
En este contexto, la comparecencia de la Secretaria de Estado solicitada
por Izquierda Unida se podría entender como un estímulo a las iniciativas
gubernamentales y del Grupo Socialista derivadas de la aprobación de la
proposición no de ley por este Grupo y otros el 9 de marzo de 1993. Me
temo que eso no es así, porque si de verdad lo que hubiera fuera una
preocupación --que quiero entender que existe-- por la protección del
espacio, lo que no debieran haber hecho, paralelamente y conociendo
perfectamente las manifestaciones del Director General del Icona en Ibiza
(que conozco porque estaba allí; el portavoz de Izquierda Unida no estaba
y se las han trasladado mal), es presentar otra vez una proposición de
ley, como lo han hecho, sabiendo que en el momento en que aprobemos aquí
un instrumento legal va a ser recurrido por la Comunidad Autónoma de las
islas Baleares. Por lo tanto, nos tenemos que armar de razón para que los
intereses particulares, amparándose en formalismos, no logren otra vez el
objetivo de que esta zona no sea protegida.
Quiero mostrar aquí mi satisfacción por la actuación del Gobierno en la
protección de esta zona. Les quiero encarecer que sigan trabajando con la
máxima diligencia posible para hacer efectiva esta protección a lo largo
de esta legislatura, pero les quiero encarecer también que sigan
escrupulosamente todo aquello que manifiesta la ley, en este caso más que
en otros, porque, de no ser así, los problemas que puede tener esta
protección pueden ser elevados, pues están contra ella intereses
económicos importantes, personas de peso en el Partido Popular, y si este
Partido lograra ganar las elecciones generales una vez, le aseguro que
esta zona no sería protegida, sería desprotegida de nuevo.
Le pido a Izquierda Unida que, en un acto de responsabilidad, retire su
proposición no de ley y que se sume a quienes solicitamos que esta
protección se lleve a cabo en los instrumentos acordados por estas
Cámaras, que legitiman al Gobierno en su actuación.
Tengo poco más que añadir en esta fase. No nos dejemos engañar, no basta
el voluntarismo para llevar a cabo acciones tendentes a proteger la
naturaleza. Aquí se han dicho algunas cosas que no son ciertas,
seguramente por desconocimiento. Tal vez, algún portavoz se sorprenda
cuando conozca qué personas están trabajando en el Plan de ordenación de
recursos naturales; a lo mejor son personas que han estado colaborando
con ustedes en un momento, no lo sé, sería posible. Me parece que poner
en cuestión quién hace el Plan de ordenación de recursos naturales es un
mal precedente, sin estar --si no, no creo que lo pudiera mantener--
suficientemente informado.
Hay que solicitar que este Plan de ordenación de recursos naturales lo
hagan profesionales, profesionales que, a ser posible, conozcan esta zona
y que tengan en cuenta los elementos ambientales que existen y que son
muy importantes en esta zona, que no voy a relatar aquí para no
cansarles.
Una vez más quiero dar nuestro apoyo al Gobierno por las acciones
realizadas y encarecerle que siga en el mandato que dio esta Cámara al
Gobierno de hacer posible el proyecto de ley de una reserva natural.
El señor PRESIDENTE: ¿Tiene algo que añadir la Secretaria de Estado?
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Señor Presidente, muy brevemente, voy a contestar a las tres
intervenciones, con alguna referencia específica, pero adelantando como
argumento común a todas ellas que he aceptado comparecer ante esta
Comisión para dar cuenta de lo que está siendo el cumplimiento de los
acuerdos derivados de la proposición no de ley que en su momento el
Congreso de los Diputados aprobó por mayoría. Ahora bien, esto incluye,
como es evidente, actuaciones que no están en el ámbito de mi
responsabilidad directa y de las cuales doy información a los señores
Diputados en la medida de la información suministrada, a su vez, por el
Ministerio de Agricultura.
Entiendo que no soy la persona que puede, ni debe, contestar muchas de
las cuestiones que se me han suscitado en relación con las declaraciones
que se hayan podido hacer por los responsables del Icona u otro tipo de
argumentos. Creo que eso motivaría, en su momento, una comparecencia
distinta de la mía. Yo he intentado explicar a SS. SS. qué es lo que
desde el Ministerio de Agricultura se transmite a la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente en lo que hace a los elementos de esa proposición no de
ley, cuyo impulso corresponde al Ministerio que tiene las competencias en
materia de conservación de la naturaleza.
Tomo buena nota de cuanto se me dice por los miembros de esta Comisión,
lo trasladaré a los máximos responsables del Ministerio de Agricultura y,
en particular, les haré llegar esos aspectos de mayor diligencia o de
concreción final de lo que el Congreso en su momento aprobó y constituye
un mandato para el Gobierno en su conjunto, por lo tanto, para la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente como coordinadora en materia de
políticas medioambientales. Insisto en que puedo explicitar compromisos,
fechas y cuestiones de detalle en lo que hace a la actuación de la
demarcación de costas y en lo que se refiere, precisamente, a lo que está
siendo la tramitación del expediente.
La señora diputada decía que las alegaciones las había desestimado el
Icona. No, las alegaciones, en este caso, las desestima el órgano
competente, que es la Dirección General de Costas. Por supuesto, éste es
un proceso en el que debemos actuar de forma muy coordinada entre los dos
ministerios, como se nos ha pedido desde esta Cámara, e intentaremos
seguir avanzando, precisamente, en esa línea.
Sí quiero decir a la señora Diputada del Grupo Popular, con todo respeto
hacia el desarrollo autonómico de las normas en materia de conservación
de la naturaleza, que la modificación que ustedes hicieron a la Ley
1/1991 ha motivado una queja comunitaria; queja precisamente relativa a
la menor protección que supone la modificación de la Ley 1/1991 y a la
eventual delimitación de la zona de protección de aves anteriormente
constituida.
Se ha transmitido a Bruselas en su momento lo que es el análisis de la
modificación que ustedes introdujeron, también con los compromisos,
respecto de los cuales usted ha avanzado el trabajo que están
desarrollando, pero quiero manifestarle mi preocupación en cuanto a que,
por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas, todavía no se ha
contestado a esa queja ni a la documentación que se ha remitido desde el
Gobierno español. Por lo tanto, como en otros casos, estamos ante
competencias que se ejercen desde las comunidades autónomas, pero desde
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente debemos de tener no sólo el
máximo de información, sino el máximo de argumentos para analizar lo
sustantivo de las quejas y también, por supuesto, en su caso, para hacer
que las instrucciones que se nos envíen desde los órganos comunitarios se
cumplan, sea cual sea el órgano competente.
A la Unión Europea le da lo mismo que en materia de gestión
medioambiental el responsable sea la comunidad autónoma, el ayuntamiento
o la Administración central del Estado. Nos exige el cumplimiento de las
directivas comunitarias y, en ese sentido, cuando se vulneran, exige al
Gobierno español una respuesta, que en este caso evidentemente no podemos
dar sin manifestar nuestra preocupación ante lo que entendemos que,
efectivamente, es cierto en cuanto a la rebaja de protección que suponía
la modificación de la Ley 1/1991 hasta el momento actual. Creemos que con
la proposición no de ley que aprobó el Congreso el año pasado se producía
un estímulo y un avance notable en el ámbito de las leyes en vigor,
precisamente para dotar a una zona amplia de Ibiza y Formentera de la
máxima protección.
Entiendo también que no hay por qué vulnerar las competencias autonómicas
en cuanto a la elaboración de los planes de relación de recursos
naturales, puesto que es evidente que habrá que dar --y en esto aunque la
responsabilidad del Ministerio de Agricultura es obvia--, de alguna
manera, cauce de participación y de consulta, como se está haciendo en
otros casos y con otras comunidades autónomas, en la elaboración del plan
de ordenación de recursos naturales.
El señor PRESIDENTE: Hay un problema de tiempo. Si los señores Diputados
pueden adaptarse un poco, y también la Secretaria de Estado, cumpliríamos
todos nuestros objetivos. La Secretaria de Estado me ha comentado que
tiene que estar a una hora determinada, que se va aproximando, en el
Ministerio. O sea, que ruego la mayor concreción posible a ustedes y a
ella también. Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, aquí estamos en uno de los
Poderes del Estado, que es independiente del Gobierno; por lo tanto,
vamos a pactar la hora entre ese poder y éste antes de que se vaya la
señora Secretaria de Estado.
Señor Presidente, nosotros no vamos a retirar la proposición de ley
porque Izquierda Unida está funcionando como la dinamizadora real de esta
situación y de este debate.
El señor Costa ha sido imprudente cuando ha hablado de que entre el PSOE
y nosotros teníamos mayoría absoluta antes de 1982 y que nosotros nos
retiramos ante este debate. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Yo era
Diputado entre 1979 y 1980. Ninguna de las cosas son ciertas. Y si
hubiera sido verdad, que no lo era, ustedes, inmediatamente después de
que consiguieron mayoría absoluta en 1982, la mayoría absoluta más grande
que ningún otro partido haya tenido en la historia de este país, hubieran
debido presentar de nuevo inmediatamente la proposición, en ese caso ya
como proyecto de ley. Desde ese año 1982 hasta hace un año se ha
mantenido un silencio tremendo, que nosotros, de nuevo, rompimos con la
proposición de ley que no fue aprobada, y sí la proposición no de ley que
la señora Secretaria de Estado ha defendido, y ahora igual.
Yo le quiero decir al señor Costa que tampoco ha dicho cosas, a mi
juicio, que se acerquen a lo que es real --voy a utilizar palabras
prudentes-- cuando ha hablado de que sería interpuesto un recurso de
inconstitucionalidad y cosas por el estilo. Aquí se ha aprobado la
reserva natural de Santoña; aquí, en el Congreso de los Diputados, por lo
tanto, nadie la ha declarado inconstitucional, ni lo es. Lo que le
pedimos al señor Costa es que ese silencio que ha observado durante
tantísimo tiempo, que ahora parece que piensa romperlo, no lo rompa ahora
cuando también sabe que puede poner pegas Convergència i Unió, que es la
que les da en este caso la mayoría absoluta. Ellos, en todo caso,
justificarían su posición diciendo que de nuevo la han presentado; pero,
en los momentos en que han tenido mayoría absoluta, entre 1982 y 1983,
nunca han presentado --no sé si me explico-- esta proposición de ley.
Incluso cuando la
presentaron en las Baleares, tampoco tenían mayoría absoluta.
Un argumento político, señor Costa, simplemente político, para decirle
que no me convence y que, por lo tanto, nosotros, con el perímetro que
ahí señalamos, teniendo en cuenta toda la legislación, teniendo en cuenta
los antecedentes de las reservas naturales que se han declarado en este
Congreso, teniendo en cuenta que efectivamente me sorprende la posición
del Partido Popular, porque a mí el Alcalde de Ibiza me decía que todo
era bueno con tal de defender las reservas naturales, incluso «Ses
Salines» de Ibiza y Formentera, nosotros, con independencia de todo ello,
vamos a seguir sirviendo de dinamizadores porque nos parece de una
importancia histórica, política y medioambiental, fundamentalmente
medioambiental, la reserva natural para las salinas. Lo único que veo no
justificable de ninguna manera es un silencio estructural, el del PSOE,
durante el tiempo en que han tenido mayoría absoluta, que no pueden
explicar, a mi juicio, de ninguna manera. Ahora sí podrían taparse con
que Convergència i Unió, en función de no sabemos qué prurito, no legal
sino territorial, no les apoyara. Señora Secretaria de Estado, aquí
estamos todos hablando y vamos a seguir haciéndolo, pero veremos si
ustedes al final señalan un buen perímetro y la figura jurídica de
reserva natural.
Respecto a don Humberto da Cruz, ya he leído sus declaraciones y nadie
las ha desmentido, las he leído en varios medios y las he oído en cintas
por la radio. Dijo que ya veríamos si la figura jurídica, al final del
camino, sería o no reserva natural, porque hay otros modelos, hay otras
formas --nadie puede trucar esta adición-- para proteger que no son las
de reserva natural. Ahí están mis dudas puestas sobre el tapete, sobre el
texto escrito y sobre grabaciones. Nosotros seguiremos luchando.
Yo no sabía que no era una empresa privada --no se ha aclarado nada--,
nosotros creemos que sí es una empresa privada, la que hizo la
regeneración de costas, y no conocemos que se haya dado participación a
nadie de Izquierda Unida. Habrá habido algún contacto, pero en absoluto
ha habido participación en los contenidos, que no se han empezado a
establecer. Hay un copia por ahí de materiales y de elementos y, cuando
llegue el momento, ya diremos cuáles son las limitaciones de
participación que está habiendo. No se puede entregar un tema de esta
importancia a una empresa privada que ha hecho, a nuestro juicio, un
desastre con respecto a la regeneración de playas, al que antes he
aludido.
Dejo esto sobre el tapete, el debate va a continuar y seguiremos hablando
de estos temas, pero con las dudas, algunas estructurales, que nosotros
tenemos de la voluntad política en torno a esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora Cava de
Llano, en nombre del Grupo Popular.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor Presidente, efectivamente, como
decía el señor Costa, del tema de las salinas de Ibiza y Formentera
podríamos hablar la tarde entera, pero, teniendo en cuenta la petición de
brevedad que usted ha hecho, me voy a circunscribir a lo que ha
manifestado la señora Narbona sobre la queja planteada ante la Comunidad
Europea respecto a la modificación que hubo de la Ley de espacios
naturales del Parlamento balear.
Decía la señora Narbona que se formuló la queja y que está pendiente de
solución por parte de la Comunidad. Señora Narbona, lamento decirle que
esto no es así. Esta queja está archivada, puede usted tener la absoluta
certeza de que está archivada. Fueron los técnicos competentes a visitar
«in situ» el tema de las salinas y se archivó la queja por considerar que
de ninguna forma la nueva Ley quebrantaba ninguna directiva ni nada que
pudiera ser tenido en cuenta por la Comunidad Económica Europea. Se lo
digo porque usted decía: nosotros nos veremos obligados a dar
cumplimiento, porque allí lo que se mira.... Esté bien tranquila, señora
Narbona, porque le insisto en que la queja fue archivada, igual que le
comunico también que se planteó ante el Defensor del Pueblo la petición
de que interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de
Espacios Naturales de Baleares, y el Defensor del Pueblo manifestó
rotundamente que no había lugar. Quiero decir que intentos ha habido
muchos; cuando no se quiere aceptar la voluntad de un pueblo claramente
determinada en el Parlamento, que es donde está representado el pueblo en
cuestión, se trata de buscar cualquier solución, y las soluciones han
sido queja ante cualquier organismo, sea la Comunidad Europea, sea el
Defensor del Pueblo, sea el Tribunal Constitucional, y ahora trayendo
aquí por parte de Izquierda Unida una proposición de ley para conseguir
lo que no se puede conseguir en la tierra donde se están debatiendo estos
temas y la afectada, como es el pueblo de las Islas Baleares.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Izquierda Unida, antes de las elecciones generales de junio de 1993, puso
en cuestión toda la política del PSOE en el tema de las salinas de Ibiza
y Formentera: hizo ruedas de prensa, dijo que eso no era creíble, que no
hacíamos nada. Siempre ha dicho lo mismo, nunca ha dado un elemento
positivo, siempre ha estado en contra de todo, ustedes están siempre en
contra de todo.
Entre otras cosas, desde el año 1981, que presentamos la primera
proposición de ley en esta Cámara, hasta 1991, hemos hecho un desarrollo
autonómico muy importante, y es verdad que en las Islas Baleares se han
protegido espacios similares a estos desde la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares. Nosotros creíamos que era bueno para las autonomías
resolverlo desde allí y nos hemos dirigido a aquel Parlamento, que es
desde donde creíamos que se debía hacer, hasta que hemos visto que no
había la voluntad de protegerlo desde la autonomía y hemos buscado las
figuras que, amparadas en la Constitución, den protección a ese espacio
natural que pertenece no a la actual generación, sino a un compromiso de
solidaridad con futuras
generaciones, a los habitantes presentes y futuros de Ibiza y Formentera.
Pero es que estas elecciones de junio de 1993 son muy importantes, porque
eso que acaba de decir la señora Cava de Llano era incuestionable hasta
esas elecciones. Nuestra campaña estuvo basada en este tema. Todo el
mundo hizo la campaña centrada en este tema, también la izquierda, y en
los dos ayuntamientos donde están estas salinas, con los argumentos y con
las competencias en el Estado, el Partido Popular no obtuvo la mayoría
absoluta de votos: en San José los votos que estaban a favor de la
protección de las salinas fueron más que los que tuvo el Partido Popular;
el número de votos sumados de los Grupos que estaban a favor de esa
protección fue mayor, y en Formentera ya no le cuento porque para qué,
Formentera es otra cuestión.
Las quejas de la Comunidad. Se ha estado intoxicando, que no informando,
a la opinión pública respecto a las quejas de la Comunidad sobre esta
zona. Hay un comisario ibicenco en el Colegio de Comisarios y la señora
Cava de Llano debe tener mejor información que la Administración del
Estado, que es a quien se dirige la Administración de la Comunidad
Europea cuando existe una queja. Yo espero que la Secretaria de Estado
pueda aclararnos esto, pero en mi conocimiento está que, efectivamente,
hay una queja no archivada sobre este tema en la Comunidad Europea, a
pesar de que ustedes han dicho en los medios de comunicación que eso no
era así.
Insisto, quiero emplazar a Izquierda Unida a que, si de verdad lo que
quiere es proteger esta zona, retire su proposición. ¿Por qué? Porque en
estos momentos no se da ningún elemento distinto de los que se daban
cuando se discutió este tema en el Pleno del Congreso el 21 de marzo; se
dan los mismos elementos, y es necesario hacer las cosas correctamente.
La marisma de Santoña, a que ha hecho referencia el Diputado de Izquierda
Unida, está recurrida ante el Tribunal Constitucional. No hay ninguna
doctrina sobre este tema, pero si la hubiera y fuera positiva más razón
tenemos de ir dando camino a la proposición no de ley que en su día se
aprobó en esta Cámara. Eso es lo que pretende hacer nuestro grupo. Por lo
tanto, cualquier estrategia que intente desviarse de este camino no
beneficia a los objetivos de protección de esta zona, simplemente
confunde a los ciudadanos y ayuda a quienes no quieren protegerla. (El
señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, no vamos a hacer réplica y
contrarréplica porque si no no agotamos los temas previstos.
El señor ALCARAZ MASATS: Es para una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Sólo para una cuestión de orden.
El señor ALCARAZ MASATS: Nosotros retiraremos este proyecto cuando ellos
presenten uno y lo negociemos.
El señor PRESIDENTE: Falta que la Secretaria de Estado diga las últimas
palabras al respecto.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Para cerrar este tema quería decirle a la señora Diputada del
Grupo Popular que, efectivamente, cuando una queja se archiva por parte
de la Unión Europea se da traslado de esa decisión a la Secretaría de
Estado de las Comunidades Europeas, que es la receptora en nuestro país
por parte del Gobierno de cuantas determinaciones se asuman en el ámbito
comunitario. Por lo tanto, si usted dice que la queja ha sido archivada
es evidente que tiene una información privilegiada. Pero desde el punto
de vista del Gobierno, hasta que esa decisión, de ser archivada, no nos
sea comunicada, la situación que se crea es que la queja se mantiene viva
y que en cualquier momento, por parte de la Unión Europea, se pueden
tomar las medidas al respecto que considere oportunas. Insisto en que si
está archivada y usted lo sabe antes que nosotros, existirán razones para
que eso sea así, pero formalmente esa decisión la tiene que comunicar al
Gobierno de la Nación y a quienes somos responsables en materia
medioambiental.
--LA SITUACION Y CONTENIDOS DEL PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 212/000483.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer motivo de la comparecencia de la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, a petición del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para
que dé a conocer la situación y contenido del proyecto de plan de
desarrollo sostenible del entorno del Parque Nacional de Doñana.
Tiene la palabra la señora Narbona.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Respecto de este punto, SS. SS. también tienen una documentación
de síntesis, y en la contestación a las preguntas concretas que me hagan
podré ampliarla. En primer lugar, lo que es el plan de desarrollo
sostenible, que ya no es proyecto de plan, sino que es un plan que en su
momento la Junta de Andalucía y el Gobierno central han presentado a las
instituciones comunitarias para obtener determinadas ayudas con cargo a
los fondos europeos y que en estos momentos se está desarrollando de
acuerdo con las previsiones iniciales.
Sus señorías tienen lo que es la síntesis de este plan y tienen también,
y voy a ser muy breve, la estructura de programas del mismo, el coste de
cada uno de ellos y concretamente un mayor detalle en lo que se refiere a
aquellos programas en los que es la Administración General del
Estado, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda,
y otros organismos del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio
Ambiente, responsable en la ejecución concreta de las inversiones que
aquí se preveían.
Simplemente quiero recordarles que el importe total de este plan de
desarrollo sostenible del entorno de Doñana, que nace como resultado de
la elaboración de un dictamen de expertos que se había encargado por
parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y que fue sometido a la
opinión de la Comisión Europea, incorporando determinadas observaciones
que se hicieron desde las instituciones comunitarias, se eleva a algo más
de 62.000 millones de pesetas y prolonga su escenario de actuaciones
hasta el año 2000, previéndose que la Administración central, a través de
actuaciones del ámbito del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, ejecute acciones por un total algo superior a 18.000
millones de pesetas, que supone el 30 por ciento del total del plan de
desarrollo sostenible del entorno de Doñana.
Asimismo, lo que está previsto, y ha tenido ya una primera concreción en
1993, es que los fondos comunitarios vayan retornando a los presupuestos
de las Administraciones Públicas hasta el 75 por ciento del coste total
del plan de desarrollo sostenible. Eso ha sido así hasta el momento por
decisión de la Comisión Europea en diciembre de 1993, decisión que se
acompaña también en este documento. Se acordaba financiar con cargo al
Feder las actuaciones que pudieran tener ya un reflejo presupuestario
durante el propio año 1993, en que daba inicio la ejecución de este plan.
En ese sentido, la decisión comportaba el compromiso por parte del Feder
de algo más de 978 millones de pesetas de un coste total de actuaciones
que se complementaban, respecto a esta cuantía, con las actuaciones de la
Junta de Andalucía, hasta algo más de 1.600 millones; tienen ustedes los
datos más detallados, pero quiero ir rápidamente. Lo sustancial es que en
estos momentos se está negociando con la Comisión para incluir en los
nuevos programas, tanto del Feder, del Feoga como del Fondo Social, y
dentro del nuevo marco de apoyo comunitario que comienza este año y que
dura seis años, las actuaciones que están incluidas dentro del plan de
desarrollo sostenible. Esto es lo que dará a este plan la continuidad y
la seguridad en los próximos años en cuanto a la cooperación con cargo a
los fondos europeos; pero, evidentemente, los organismos ejecutores de
este plan son las administraciones públicas españolas y, muy en
particular, la Junta de Andalucía, a la que corresponde la ejecución del
70 por ciento de las inversiones incorporadas en este plan.
Quiero decir también que, por lo que se refiere concretamente al programa
primero, el de la gestión integral del agua, el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, la Secretaría de Estado, ha procedido ya en dos
de las actuaciones más importantes y que más impacto van a tener no
solamente en el entorno de Doñana, sino en el propio Parque Nacional de
Doñana. Por una parte, la relativa a la depuración de los vertidos del
entorno de Doñana, de la mancomunidad de municipios del Aljarafe, con la
cual se depurarán los vertidos de las aguas residuales al río Guadiamar,
producido por los municipios de Sanlúcar la Mayor, Huévar, Villamanrique
de la Condesa, Aznalcázar, Castillejo del Campo y Pilas. Las obras
correspondientes, que consisten en dos estaciones depuradoras, que se
situarán a ambas márgenes del Guadiamar, han sido ya licitadas y se han
adjudicado definitivamente mediante resolución de 11 de abril, de hace
pocos días, por un importe de algo más de 1.700 millones de pesetas. Está
prevista la iniciación de las obras de la depuradora dentro de
aproximadamente dos meses y junto con esta obra está, en estos momentos,
en fase de aprobación técnica del proyecto la red de colectores y
emisarios para saneamiento del entorno de Doñana, la agrupación de
pueblos de la mancomunidad de municipios del Aljarafe, que es otra de las
obras que nos corresponde ejecutar desde la Secretaría de Estado y cuyo
presupuesto es algo superior a 3.200 millones de pesetas.
También esta obra podrá ser licitada dentro de brevísimo plazo, puesto
que se va a someter ya a información pública lo que es el proyecto que
está en fase de aprobación técnica y, por tanto, lo que supone el
procedimiento de licitación se hará también durante el presente
ejercicio.
Con ello, dos de las obras más relevantes respecto a lo que es la calidad
de las aguas y la subsistencia del acuífero de Doñana y, por supuesto,
los efectos que ello tiene también para el entorno, han sido ya iniciadas
por parte de la Secretaría de Estado, dando cumplimiento a los
compromisos que están incorporados a este plan cuya virtualidad es, sin
duda, la de coordinar actuaciones de diversas administraciones públicas
que puedan tener resultados, desde el punto de vista ambiental, en el
desarrollo económico, de cierta envergadura en el entorno de Doñana. Y
digo voluntariamente cierta envergadura porque, desde luego, el plan
puede complementarse con actuaciones que consideramos que seguramente
también serían precisas y que nada nos impide que avancemos en un
escenario más ambicioso.
Pero como a lo que he venido es a informar a sus señorías respecto de
este plan de desarrollo sostenible, a continuación estoy a su disposición
para contestar a sus preguntas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo proponente, el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Estamos ante un tema de enorme importancia,
aunque aquí no se detecte. La imagen de España en muchos aspectos, y
máxime en estos próximos períodos, va a depender muchísimo del Parque
Nacional de Doñana. Aquí se desconoce totalmente este tema, tanto que, el
otro día, creo que era el señor Director de Estructuras Agrarias quien
llegaba a decir que el acuífero 27 no tiene nada que ver con la
alimentación del ecosistema de Doñana y cosas por el estilo.
Habría que partir de la base de que para que el entorno de Doñana sea
sostenible --porque, incluso, en el plan del entorno a veces figura el
concepto, arcaico desde el punto de vista medioambiental, de desarrollo
sostenido; figura como error; es un acto fallido que hay que tener
también en cuenta-- tiene que estar garantizada la conservación del
Parque Nacional de Doñana. Ese es el problema de fondo y no se puede
enfrentar, como se ha intentado en Huelva por ciertos dirigentes del PSOE
y de otros partidos, al hombre con los patos. A veces se nos pone en la
disyuntiva. Sí, sí, el Parque puede sufrir en cuanto a sus recursos
hídricos, en su conservación. Pero ¿qué prefiere usted, un hombre o un
pato? Y cosas por el estilo. No estoy bromeando, porque para algunos los
setenta y tantos mil kilómetros entre el Parque nacional y el Parque
natural son un auténtico lujo.
Este plan de desarrollo del entorno abarca un horizonte de siete años y
tiene dos errores básicos, a nuestro juicio. Primero, si fuese un plan de
desarrollo sostenible, no de crecimiento sostenido, como era la idea
anterior, en la que se basaba la construcción de Costa Doñana, que
actualmente se va a llamar Dunas del Monte, por la que incluso este
Diputado tiene encima tres o cuatro demandas, querellas e historias de
los años en que luchábamos y conquistamos la necesidad de que no se
construyera, aunque todavía en este plan de desarrollo del entorno la
duna del Asperillo no aparece incorporada al parque natural ni al parque
nacional. Lo que quiere decir que quedan todavía ahí problemas muy serios
en cuanto al plan del entorno de Doñana.
Los dos problemas fundamentales son: primero, que está mal orientado el
plan de desarrollo, no es de desarrollo sostenible, es más bien
desarrollista, de crecimiento sostenido, como incluso dice en alguna de
sus líneas. Y, en segundo lugar, si fuese de desarrollo sostenible sería
poquísimo dinero, 63.000 millones, para siete años --1994 al año 2000--.
Lo que resulta más sorprendente, señora Secretaria de Estado, no son esos
63.000 millones --hay políticas de imagen, yo lo reconozco--, sino que
este plan se articule como si estuviese dotado de un presupuesto, cuando
es un simple plan de coordinación administrativa de otros planes
previstos, de gastos, de inversiones ya absolutamente programadas, que se
han unificado y se han lanzado a través de una política de imagen muy
costosa. Y figura aquí lo que van a dedicar al lanzamiento de la idea del
plan de desarrollo sostenible del entorno de Doñana.
Por lo tanto, señora Secretaria de Estado, desde nuestro punto de vista,
es un plan fundamentalmente con matices desarrollistas no aceptable. Es
un plan de coordinación administrativa de planes preexistentes, que se
adscriben a las diferentes partidas de inversión. Ahora hablaré de ellas,
brevísimamente, atendiendo el ruego del señor Presidente, pero es un tema
de enorme importancia.
Hoy el Parque Nacional de Doñana --lo dije en el Pleno, donde pedimos el
aumento de la conservación de 1.000 millones a 2.000, y se nos rechazó
por parte del PSOE la enmienda-- es una flecha en el aire. El último
libro del profesor Castroviejo, prologado por el Director de la Unesco,
lo da a conocer; nadie sabe adónde va a llegar y cuándo va a ir perdiendo
la fuerza de caída, porque lo que se hace no va nunca en la recuperación
de los recursos hídricos, naturales, etcétera. Además, señor Dávila --de
nuevo apelo a la participación--, este plan no ha sido consensuado.
El propio Comisario de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, el señor
Paleo Krassas, en respuesta a la intervención de un representante de
grupos ecologistas, en la visita que se realizó a Bruselas en marzo del
año pasado, creo que fue, expresó que el plan sólo se llevaría a cabo de
manera consensuada y existiendo un período de consultas, una vez
elaborado; condiciones, la primera y la segunda, que no se han cumplido.
Estamos, por lo tanto, ante un plan de inversiones en grandes obras de
infraestructuras, de carreteras, de conducciones de agua, trayendo agua
de fuera, del Chanza, fundamentalmente, o de otras zonas, a las que se
asignan carreteras y conducciones de agua, con el desdoblamiento muy
criticado, inaceptable, de Almonte-Matalascañas, que se lleva la mayor
parte de las inversiones, un total del 56 por ciento.
Si fuese un plan realmente sostenible, estaríamos de acuerdo. Nosotros
estamos luchando por eso. Si fuese un plan sostenible, habría que ir a
una inversión real. Nosotros, en el programa de Huelva, estamos pidiendo
el doble y cambiando el eje del plan de desarrollo sostenible del entorno
de Doñana. Además, le doy una prueba de que no se corresponde con lo que
es el concepto sostenible. Este plan no responde al informe de los
expertos dirigido por el profesor Castells en aspectos fundamentales y
mucho menos con el informe de los expertos del Fondo Mundial para la
Protección de la Naturaleza, que sigue siendo la matriz de análisis a la
hora de ver la situación del Parque Nacional de Doñana.
Por ejemplo, brevísimamente, en el programa de gestión integral del agua,
19.390 millones hasta el año 2000 y no se tiene en cuenta un aspecto
fundamental, que es, y sigue siendo, el descenso del nivel freático. El
acuífero 27 está sobreexplotado por los riegos del Plan Almonte-Marismas,
por los cientos y cientos de pinchazos y de pozos incontrolados para
regadíos y demás. Hay que cambiar ya uno de los refranes de nuestro gran
repertorio: Tienes más vista que un lince; están muriendo en accidente
los linces. O no son tan listos o hay allí más trampas que en una
película de Fu-Manchú, señora Secretaria de Estado, y permítame que
evoque aquella película. Están muriendo los linces en accidentes y eso es
incomprensible, desde el punto de vista zoológico y biológico, pero ahí
está. Sobre el montón de pinchazos de pozos incontrolables no se ha hecho
todavía el censo. Lo venimos pidiendo desde hace un montón de años; lo
pidió también la misión internacional que ha hecho gran parte de las
intervenciones posteriores. Y de los 53 hectómetros cúbicos que se ha
dicho que podían extraerse del acuífero 27, que es un acuífero enorme,
semiconfinado, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se
están extrayendo, según nuestros cálculos, que no han sido nunca
realmente desmentidos en el Parlamento andaluz --ya lo iremos
contrastando aquí-- unos ochenta y tantos hectómetros cúbicos al año, con
una desecación tremenda de ciertas zonas, de los ecosistemas más ricos
del Parque; incluso han desecado marismas o han bajado muchísimo su
nivel, en los distintos ritmos de reacondicionamiento.
El programa de Agricultura preveía 13.000 millones de pesetas. Es un
programa que no tiene una actuación interesante en cuanto a la
reforestación, la sustitución de los
eucaliptos, que usted sabe que tiene consecuencias bastante negativas. No
hay ninguna previsión en este sentido.
El programa de medio ambiente supone 5.655 millones. La cantidad
destinada a proyectos de regeneración hídrica y restauración de
ecosistemas sólo representa el 0,42 por ciento del total de las partidas
asignadas al plan de desarrollo sostenible del entorno.
De otra parte, tampoco, aunque lo recomendaba la Comisión de Expertos que
he citado anteriormente, se va hacia la creación de un parque europeo o a
la integración de los dos parques actuales en un único ente
administrativo. Una de las denuncias fundamentales es el caos
administrativo que actualmente reina y la utilización del Patronato como
una simple máscara de imagen que utilizó en su tiempo el otrora
Vicepresidente del Gobierno y que actualmente tampoco tiene una función
determinante, como debiera ser.
Repito que la duna del Asperillo, en este plan de medio ambiente, no se
incorpora al parque natural. Tampoco se habla de la reubicación de lo que
se llama el proyecto dunas de Almonte, anterior Costa Doñana, que también
va a tener incidencia --nos tememos-- en el entorno del Parque Nacional
de Doñana.
Los equipamientos de infraestructuras viales --voy tocando los temas muy
por encima-- suponen una inversión de 15.814 millones. Y hay que
subrayar, sin duda, que carece absolutamente de sentido el desdoblamiento
de la carretera de Almonte-Matalascañas. Simplemente se nos ha dado el
argumento de que diez fines de semana al año se producen atascos,
saturaciones. No tiene sentido ese desdoblamiento, señora Secretaria de
Estado, que no conduce a ningún sitio construible. O ¿es que quieren que
conduzca a algún sitio posteriormente modificable? No conduce más que a
una no salida y, naturalmente, nosotros estamos amoscados o mosqueados,
que de las dos maneras puede y debe decirse.
El fomento de la actividad económica supone para siete años 3.622
millones y la comercialización de productos agrícolas alternativos
representa sólo un 0,28 del total del presupuesto.
Termino, señor Presidente, porque veo que me está mirando para que me dé
prisa.
Nosotros pensamos que se ha perdido una gran oportunidad. No se ha
empezado a aplicar el plan, señora Secretaria de Estado, realmente no se
ha empezado; el dinero es poquísimo; los 63.000 millones ya estaban
previstos para otras inversiones que se han coordinado ahora en esta
realidad que no se corresponde con el informe de los expertos. El dinero,
en el marco de un plan sostenible, tendría que ser el doble. Nosotros
vamos a defender un plan auténticamente de desarrollo sostenible que se
corresponda con el informe de los expertos presididos por el señor
Castell y el informe del Fondo Mundial. Y, desde luego, vamos a pedir el
doble, pero no el doble para este tipo de plan, que es un plan
desarrollista, para que ganen dinero grandes empresas, fundamentalmente
grandes empresas de fuera, que traen agua de fuera o que hacen
carreteras, no para crear trabajo ni para crear artesanía ni productos
alternativos.
Desde ese punto de vista, reconociendo la parte de responsabilidad que
tienen ustedes en esto, que es menor que en el caso de la comunidad
autónoma, pero también es importante, nosotros dejamos aquí sentada esta
posición y queremos seguir debatiendo sobre el Parque Nacional de Doñana
porque, coincidimos con el profesor Castroviejo, sigue el deterioro. En
el Patronato se habla mucho y no se hace lo que dicen las minorías allí
representadas, se hace muy poco y fundamentalmente en el tono de una
mayoría que no tiene sensibilidad ante lo que significa el Parque
Nacional de Doñana, en el que va el prestigio de España y, desde luego,
el futuro de Huelva. El futuro de Huelva sin el Parque no es concebible
como lo conciben algunos, muchos, desarrollistas de la zona.
Termino diciendo, señora Secretaria de Estado, que coincidimos en la
apreciación con la coordinadora «Salvemos Doñana», un colectivo que
agrupa a más de 150 organizaciones sociales, de Europa, del mundo y de
España; es el colectivo que más asociaciones ecologistas agrupa del
mundo. Nosotros también participamos junto con otros grupos políticos,
pero, naturalmente, no en primera línea. Los estudios son absolutamente
independientes, muy consensuados a lo largo y ancho de Europa y del resto
del mundo; coincidimos en este diagnóstico y hemos elaborado una
alternativa que en otro momento tendré ocasión de exponer.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la
señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente voy a intentar
ceñirme exactamente a lo que hoy nos trae aquí, que es el plan de
desarrollo sostenible del entorno de Doñana.
Indudablemente el Parque de Doñana es un territorio polémico, polémico en
cuanto hay opiniones encontradas en todo lo que afecta a la gestión del
Parque, al desarrollo territorial del entorno, al uso, a la gestión, a la
conservación e incluso a las obras de infraestructuras necesarias
precisamente para la ordenación de ese entorno y del propio Parque. Sin
embargo, Doñana, a pesar de ser convertido, o quizá porque es
controvertido, pero fundamentalmente por su enorme riqueza e importancia
ecológica, es uno de los elementos emblemáticos hoy día del medio
ambiente de Europa entera, incluso a nivel mundial, y desde luego es el
elemento emblemático del medio ambiente en España.
Nos encontramos con que Doñana está en un momento de grave peligro. Y no
estoy dramatizando, estoy reflejando, recogiendo lo que dice precisamente
en sus conclusiones el famoso informe de los expertos, informe que da
lugar a este plan de desarrollo sostenible del que hoy estamos hablando.
Por parte del Grupo Popular, entendemos que las conclusiones esenciales
de ese informe de los expertos están bien recogidas en la página octava
del plan de desarrollo, cuando se dice que se estima necesario intervenir
prioritariamente en dos áreas básicas. En primer lugar, en el terreno de
las obras públicas, fundamentalmente en vías de
comunicación y obras de saneamiento; que se equipe la zona para acoger
ordenadamente un turismo de calidad. Por otra parte, la cualificación y
formación profesional de la población residente. Y que, además, mediante
incentivos, se favorezca la inversión en Doñana en actividades
compatibles con la conservación de la naturaleza que contribuyan a la
formación de una cultura empresarial local que sustente la inversión
productiva, de cara al futuro. Lamentablemente, lo que luego es la
concreción de este plan de programas específicos, en nuestra opinión, no
se corresponde con lo ahí señalado, fundamentalmente en un aspecto
esencial, que es el problema del agua, problema vital dentro de los
problemas que aquejan al Parque de Doñana, tanto en cuanto a la calidad
como a la cantidad.
Podríamos dividir, quizás, en tres los principales problemas que aquejan
a Doñana. Por un lado, los problemas de carácter institucional, que crean
unas ciertas disfunciones, y unos problemas de gestión del parque y del
entorno. En segundo lugar, como he dicho, el problema del agua, que, en
nuestra opinión, es el mayor. Y, en tercer lugar, el problema de combinar
adecuadamente conservación y desarrollo que, en el fondo, es la polémica
que se encuentra en el parque, y conseguir que se produzca un nuevo punto
de equilibrio entre lo que fue una zona despoblada, deprimida, porque
carecía de condiciones adecuadas para un desarrollo agrícola en otras
épocas, que era el elemento esencial, y que en un momento dado se
encuentra inmerso en un gran «boom» de desarrollo urbanístico, ligado a
cierto tipo de turismo de masas en algunos casos, además de un desarrollo
agrícola producido por toda la cuestión de colonización del plan
Almonte-marismas y por el factor de la creación del coto como tal. Este
nuevo equilibrio que hay que encontrar ahora y que hay que ser capaces de
conseguir en este aprovechamiento adecuado del entorno, sin afectar a las
condiciones ecológicas y manteniendo esa riqueza ecológica que supone el
parque, es lo que hay que conseguir. Eso es lo que teóricamente persigue
este plan, pero, en nuestra opinión, no consigue.
Una pequeña anécdota. Los linces se caen en los pozos antiguos, en los
grandes, en los de brocal; esos con los que pinchan el acuífero, con los
que riegan los clandestinos, los piratas, ésos son los pocitos donde no
cabe un lince. (El señor Alcaraz Masats: Los matan los coches, sobre
todo.) No es ése el problema. El problema que voy a señalar es que sobre
el Parque de Doñana, en el fondo, estamos yendo y viniendo, haciendo y
contrahaciendo, declarando y luego negando u olvidando. Hay una serie de
contradicciones, pasan los años y realmente no se ataca de la forma
adecuada la cuestión.
Perdone que aproveche la ocasión, porque corresponde al Ministerio en su
conjunto, pero ya que está aquí la señora Secretaria de Estado no puedo
por menos que señalarle que cuando un Diputado pregunta a su ministerio
sobre el problema del agua en Doñana, que es el problema esencial, según
el informe, hace preguntas muy concretas, se le debe responder. Algunas
de ellas se las voy a repetir por si acaso las sabe, porque es esencial
para ese desarrollo del coto, como, por ejemplo, la construcción de una
presa sobre el río Guadiamar; como, por ejemplo, qué hectáreas de regadío
va a ver por la zona; como, por ejemplo, qué es lo que sucede con
Almonte-marismas o qué estudios específicos ha realizado la Confederación
del Guadalquivir sobre aguas superficiales, aportación e incidencia sobre
el parque Nacional de Doñana, etcétera. Concretamente hay quince
cuestiones y lo que no puede ser es que su Ministerio me mande esta
hojita, donde no da respuesta ni a una sola. Es una falta absoluta de
seriedad por parte de su Administración que esto se produzca así. De 15
cuestiones, algunas de ellas tan concretas como las que les he leído, no
dan respuesta a una sola. Se me dice que la administración del Parque de
Doñana realiza controles complementarios a los de la Confederación y
cuatro bobadas que no tienen nada que ver.
Centrándonos en la cuestión, lo primero que le plantearía es que nosotros
entendemos que este plan puede suceder que termine produciendo una serie
de infraestructuras, una serie de inversiones, si se hacen bien serán
inversiones, si no será despilfarro, pero como no están hechas no hay que
prejuzgar nada, y que se termine muriendo Doñana, que Doñana termine como
Daimiel.
También le tengo que preguntar sobre la financiación. En el plan hay un
cuadro que hace referencia a una confinanciación con Bruselas y en estos
siete años que van de 1993 a 2000 se habla de 47.163 millones de pesetas.
En el primer año, en 1993, lo único que se ha obtenido de Bruselas han
sido 979. Se pretende obtener de cara al año 1994, 8.208. ¿Qué noticias
hay respecto a esta cuestión? Según la información de que yo dispongo de
Bruselas es que, a lo mejor conseguimos dos mil y pico. Si ya empezamos
porque la financiación falla... Se pretende que de los 62.000 millones,
47.000 los asuma Bruselas, el 75 por ciento; si resulta que nos
encontramos con que eso no es así, va fallar por su base.
Dicho esto sobre la financiación, en la contestación a una pregunta
formulada precisamente en Bruselas se nos habla de que no se ha aprobado
el plan en su conjunto, sino que se ha aprobado la primera fase. Punto.
Está pendiente la aprobación del plan a lo largo de este año. Me gustaría
saber, si tiene información, que supongo que la tendrá, cuáles son los
criterios y concretamente qué es lo que va a pasar al final, qué opinión
va a tener Bruselas respecto al desdoblamiento de la carretera
Almonte-Matalascañas, que es uno de los puntos más polémicos de esta
cuestión; qué es lo que dice Bruselas, por ejemplo, y ahora entraremos en
más detalle, respecto al planteamiento que tienen para la depuración de
las aguas de crear grandes macrodepuradoras, contrariamente a lo que se
les ha dicho. Se les había dicho al revés, unas depuradoras de menor
tamaño, y hablan de dos macrodepuradoras.
También quiero preguntarle cómo está haciendo el Gobierno central, si es
que es el Gobierno central, el control del programa, puesto que es
responsabilidad de la Administración central, en su conjunto, de cara a
Bruselas.
En cuanto a la financiación, sólo quiero añadir una cuestión más y es que
cuando uno lee lo que dice el director de la Agencia de Medio Ambiente de
Andalucía que se ha hecho con los mil millones, 979 millones, que ha dado
Bruselas en este año se queda uno realmente fascinado,
porque es la multiplicación de los panes y de los peces. Me gustaría
saber de todo esto qué es lo que se ha podido pagar y qué es lo que no se
ha podido pagar porque se habla de redacción de proyectos de la carretera
de Lebrija-Hinojos, que eso puede ser no muy caro; acondicionamiento y
mejora de la H-612 a la A-49; financiación de la Oficina de Fomento
prevista en el plan; modernización de instalaciones hoteleras;
apartamentos turísticos realizados por la Consejería de Economía y
Hacienda en la zona de Matalascañas; programas de señalización de
recursos turísticos; módulos integrales de playas; prolongación del
ramal. Son una serie de cuestiones que uno dice: eso sí que es
multiplicar y si de verdad se ha hecho todo esto es algo fascinante.
Entramos ya en el punto esencial que es la cuestión hídrica. Podemos ir
uno por uno. Cuando plantean un transporte de agua del sistema
Chanza-Piedras, que es un trasvase, en última instancia, para, por un
lado, suministro de agua a poblaciones de la zona y, por otro, regadíos,
yo le preguntaría a la señora Secretaria de Estado si se ha hecho o no un
adecuado estudio de impacto ambiental de lo que va a suponer la
aportación de esas aguas superficiales en Chanza y en Piedras, del
sistema Chanza-Piedras, al entorno de Doñana, en su aspecto regadíos,
porque, en el caso concreto de lo que son los suministros de las
poblaciones de la zona, no es eso lo más grave.
Quiero decirle, además, que lo de sustituir los suministros de los
acuíferos de las poblaciones de la zona por agua superficial no está
dicho en ningún punto de lo que dice el Comité de Expertos. Lo mismo que
tampoco dice en ningún punto el Comité de Expertos que lo que hace falta
es hacer un trasvase desde el Chanza-Piedras para aumentar los riegos de
la zona. Por eso le pregunto si han hecho un estudio de impacto
ambiental, si han calculado qué efectos sobre la salinidad va a tener
todo esto y qué efectos va a tener también sobre la evaporación en la
zona.
Segunda cuestión. Esto no nos lo han facilitado, pero he tenido la suerte
de disponer de ello. Intento ir deprisa, señor Presidente. Voy a entrar
solamente en lo que son competencias de la Administración central del
Estado. El representante de la CEE había recomendado, en vez de una
megainfraestructura de depuradoras, que supone cruzar con una serie de
canalizaciones, para hacer las conducciones de todos los vertidos desde
los distintos pueblos hasta la zona donde instalen las dos depuradoras,
otro tipo de actuaciones y habían instalado unas pruebas piloto. Yo le
preguntaría qué resultados han arrojado esas pruebas piloto que han hecho
que se incline al final la Administración por la solución de las
macroinfraestructuras de las macrodepuradoras.
Siguiente cuestión. Si hablamos del plan del saneamiento del Condado, se
dice lo siguiente: Administración del Estado, 3.000 millones, completar
las infraestructuras necesarias para el tratamiento integral del agua en
la comarca del Condado al objeto de mantener una calidad ecológica alta.
Yo le pregunto en qué consiste esto. Qué quiere decir una calidad
ecológica alta, y en qué va a consistir exactamente el tratamiento
integral del agua en la comarca del Condado.
Por no entrar en cuestiones que son competencia de la Junta de Andalucía,
quiero preguntarle lo siguiente. Si existe un Decreto del año 1984, que
hace referencia a un plan de regeneración hídrica --que en dicho año se
consideró urgente y vital para la supervivencia de Doñana--, que supone
devolver al caño Guadiamar un perfil semejante al que tenía antes de ser
canalizado, que propone una serie de procedimientos más idóneos para que
el agua acceda al Parque por gravedad, estaciones de bombeos, etcétera, y
sobre todo el espíritu que subyacía, porque había soluciones técnicas que
a lo mejor el paso del tiempo permite unas soluciones mejores, porque la
tecnología para eso está, ¿cómo desde el año 1984 no han hecho nada,
sabiendo que lo esencial y vital para Doñana es precisamente que no hay
agua y que tenemos graves problemas de que suceda algo parecido a lo que
ocurre en Daimiel? Y es más, ¿cómo es que la Confederación del
Guadalquivir, cómo es que la Administración central sigue sin hacer nada?
No hace nada en relación con el plan de regeneración hídrica. Lo único
que hay en este plan de desarrollo sostenible del entorno de Doñana son
24 millones de pesetas que va a invertir la Junta de Andalucía,
teóricamente para dar solución a todos esos problemas que desde el año
1984 no se han solucionado.
Termino, para no alargarme más, diciendo que si al final se consigue el
dinero de Bruselas o con financiación nacional, entre la Junta y la
Administración central, se podrán invertir 60.000 millones, 120.000, como
dice el señor Alcaraz, muchísimos, pero podemos conseguir que, a pesar
todo ese dinero, eso no sirve para lo esencial. Si no somos capaces de
salvar el Parque de Doñana, todo lo relativo al entorno sobra. El entorno
seguirá siendo una zona de nuestra geografía a la que habrá que prestar
una atención especial, si es que está deprimida, para un desarrollo, pero
ya no será entorno de nada. Con estas infraestructuras lo que sí podemos
hacer son grandes obras que permitan un desarrollo turístico, unas
operaciones urbanísticas, otras cuestiones, pero, al final, Doñana no se
salvará.
Termino expresando lo que dice don Francisco García Novo, catedrático de
ecología de la Universidad de Sevilla. Dice muy claramente: Como sistema
natural, no depende sólo de preservar la superficie que ocupa; no basta
con tener cerrado un coto donde se pueda entrar con mayor o menor
dificultad; no basta con tener unos alrededores más o menos
desarrollados. Se requiere además una actuación cuidadosa sobre el
sistema acuífero, agua de muy alta calidad en la red de drenaje que lo
alimenta, apreciable calidad en el Guadiamar, el Guadalquivir, el mar
litoral y la atmósfera, así como la existencia de amplias zonas con
ecosistemas conservados en su entorno.
Eso es lo que hace falta, señora Secretaria de Estado, y, desde luego,
como no nos demos prisa, va a ser demasiado tarde.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, atendiendo su indicación, no
sólo trataré sino que me esforzaré
en ser lo más conciso que pueda en los dos aspectos que querría resaltar.
Lo aconseja la hora y lo aconseja la soledad en la que nos encontramos en
la sala, aunque eso también tiene sus ventajas porque, al no estar don
Guillermo Cortázar en la sala, es seguro que podré hacer, sin sus
críticas, una reflexión de fondo. Señorías, lamento no poder sumarme a
esa angustia existencial que han expresado los portavoces de los grupos
que me han precedido en el uso de la palabra con respecto al futuro de
Doñana, del Parque y de su entorno. Antes al contrario, lo que quiero
expresar desde el Grupo Parlamentario Socialista es una prudente y
razonable --todo lo que las muchas cosas que ya he vivido me permite
realizar-- expectativa optimista con respecto al futuro de Doñana, del
Parque, de su entorno, y de lo que eso significa, no ya sólo para
nosotros sino como Patrimonio de la Humanidad; porque ahí es donde quiero
ir a parar.
¿Cuál es el problema auténticamente más de fondo de Doñana? Que en Doñana
se dan, cualitativamente, todos los problemas ambientales, como tantas
veces en nuestros debates he tratado de resaltar, pero allí de una forma
más intensa y más clamorosa por las tremendas contradicciones de aquello
que es patrimonio de todos. Es cierto que Doñana es patrimonio de todos
los europeos, pero también es patrimonio de los que viven en Almonte, de
los que viven en Bollullos, de los que viven en toda aquella zona. Lo es
también de todos los españoles, y al ser patrimonio de todos, no todos
tenemos los mismos planteamientos ni las mismas necesidades, ni incluso
las mismas perspectivas culturales. Quiero decir que no es lo mismo
--salvo para quien crea que existen categorías objetivamente válidas para
todos y no los relativismos que la experiencia de la vida nos aconseja
tener-- hablar de desarrollo sostenible en un seminario de debate en una
Universidad en Madrid que hacerlo en un ambiente campesino, por ejemplo
en Bollullos del Condado. Esas peculiaridades, que necesariamente son
contradictorias, representan el problema más de fondo. Luego, ¿qué es lo
que a nosotros, nos urgía más ante ese problema de fondo? Que empezase a
haber un planteamiento global, una visión de conjunto de todo lo que
significa Doñana, tanto para responder ante la comunidad --hay que
hacerlo en nombre del Gobierno de la nación pues no vale escudarse en que
esto es de la Junta de Andalucía o de tal ayuntamiento--, como los
planteamientos que, evidentemente, tienen que atenderse con respecto a
los intereses de los municipios que están auténticamente vinculados al
problema. El hecho de que, por primera vez, se estén haciendo
planteamientos absolutamente globales y se esté haciendo un alarde de
coordinación del que no existían precedentes, es positivo, e insisto en
que muchas veces no es sólo necesaria la existencia de los mecanismos
administrativos de coordinación, sino la voluntad política de conseguir
esa coordinación en los distintos escalones de la administración
implicados necesariamente en la cuestión.
La responsabilidad ante la Unión Europea; la responsabilidad como
Administración General del Estado, inexcusable ante nuestra participación
comunitaria; la responsabilidad autonómica que no se puede eludir y que
muchos de nosotros no queremos eludir bajo ningún concepto puesto que lo
consideramos como valor máximo, incluso al margen del planteamiento
ambiental; el planteamiento autonómico, ya que nadie puede ignorar el
planteamiento concretísimo que tiene que darse en el ámbito municipal y
en el ámbito de los intereses que allí se están defendiendo y viviendo.
El hecho de que ahora, como lo demuestra este plan, donde incluso hasta,
desde un punto de vista presupuestario, es evidente la coordinación de
todos los escalones del Estado, insisto en esa proyección europea; que
representa un motivo de esperanza para nosotros, indica que, con todas
las dificultades del día a día que puedan surgir y que inevitablemente
surgirán, existe una filosofía de coordinación, que es la que el Grupo
Parlamentario Socialista siempre defendió y pensó en este como en otros
muchos otros casos, y que en el tema medioambiental es absolutamente
esencial.
Otro brevísimo tema que también querría tocar es que la cortesía
parlamentaria me haría tener remordimientos si me fuese de aquí sin
dedicar una atención a la gentileza que ha tenido el señor Alcaraz de
citarme en varios momentos en un aspecto conceptual. Lo hago no en tanto
que referido a mí, sino por lo que pueda suponer de deslinde conceptual,
señor Alcaraz, de una crítica; no tanto porque la refiriese S. S. a mí,
sino porque la adscribía al plan pues parecía echar en falta el consenso
en su elaboración. Permítame S. S. que le haga la precisión conceptual de
que participación no necesariamente quiere decir consenso. Es evidente
que no puede haber consenso sin participación, pero la recíproca no es
así.
Señoría, consensuar es un proceso al que se llega mediante la
participación, y para consensuar son precisas dos condiciones: una, de la
que todos disponemos, que es la legitimidad de representación para esa
participación; pero hay otra de tipo cuantitativo, que hace que esa
representación no sea igual para todos, que es la que la voluntad
ciudadana expresa en cada momento. Y S. S. me permitirá que le recuerde
que en todo el debate de este plan es evidente la profunda participación,
en el sentido que fuere, de todos los municipios, de todas las
asociaciones, de todos los partidos políticos que en esa zona tienen la
representación que el pueblo ha querido darles. Por tanto, señoría, los
procesos de consenso exigen participación, pero la participación no puede
ser negada por el hecho de no haber llegado al consenso, porque eso
depende de quién tiene la representación para consensuar y la voluntad
manifiesta de hacerlo.
Hecha esta precisión conceptual, quiero precisar que hay un ámbito que
por tradición ideológica no es común. No le quepa la menor duda a S. S.
de que siempre le queda la participación dialéctica que cuando llega a
los procesos suficientes, cuando hay suerte, llega a la síntesis, que es
lo que evidentemente desearíamos. Pero lo que no creo que proceda es que
tilde a este plan de falto de participación porque no se haya llegado al
consenso, y fíjese que tengo la elegancia de no precisar exactamente con
quién. Este proceso ha tenido una participación intensa y tiene la
absoluta legitimidad de que las representaciones que la voluntad popular
ha querido en cada momento han tomado las posiciones que han conducido a
lo que -- y termino en
el mismo ámbito en el que empecé-- creo que es un motivo de esperanza
porque indica un tratamiento absolutamente global, coordinado y en el que
se superan incluso las deficiencias legales y administrativas que tiene
nuestro Estado en este momento para conseguir el objetivo que todos
perseguimos de preservar ese patrimonio que es, insisto, de los vecinos
de Almonte, de todos los ciudadanos europeos y, si me apura S. S., de
todos los ciudadanos del mundo. Hay que saber que, en el día a día, los
problemas de cada uno de nosotros tienen urgencias que no son iguales, y
ésas creo que están siendo tenidas muy en cuenta racionalmente. Por ello,
estimulo a la señora Secretaria de Estado a que continúe por la ruta
iniciada en ese proceso de concertación, de coordinación y de superación
de las deficiencias normativas que podamos tener, que también deben ser
superadas, cuando se pueda.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado, para dar respuesta a todas las preguntas que han
sido formuladas.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): En relación con las observaciones formuladas por el señor Diputado
de Izquierda Unida, quiero señalar que las críticas que se hacen respecto
al contenido del plan son importantes, puesto que lo que se está diciendo
es que éste no es un plan de desarrollo sostenible, sino un plan
desarrollista y que no coincide exactamente con el informe del comité de
expertos. Son dos momentos distintos, uno de ellos el del dictamen que
hacen expertos de reconocida valía, que ha sido aceptada como tal pues
veo que se hace mención a ellos por parte de los distintos grupos
políticos, lo cual siempre es positivo puesto que ha sido el punto de
partida. Ahora bien, lo que puede estar en cuestión, como también ha
planteado la diputada del Partido Popular, es si el plan recoge
suficientemente esas orientaciones y si cubre las necesidades que tiene
el entorno de Doñana y, al final, el Parque Nacional de Doñana, que, en
resumidas cuentas, es lo que se está intentando proteger.
Yo me remito a lo que he dicho en mi intervención. La Secretaría de
Estado cree que tanto en relación con el entorno de Doñana como, por
supuesto, con el Parque de Doñana hay muchas más cosas que hacer, hay
muchas cosas que se están haciendo y que no están dentro de este plan de
desarrollo sostenible. Este plan de desarrollo sostenible es
exclusivamente un esfuerzo, como decía el Diputado socialista, de visión
global de una serie de elementos que, en principio, son absolutamente
necesarios para un desarrollo sostenible. Otra cosa es si dará el sentido
final a lo que es desarrollo sostenible, pero, desde luego, la gestión
del agua, la adecuada gestión del territorio, la defensa de un tipo de
turismo distinto, etcétera, son puntos de partida que todos reconocemos
como necesarios.
¿Que no ha sido debidamente consensuada la redacción de este plan? Yo
quiero insistir no sólo en que hay muchas cosas que no están en este
plan, sino en cómo se va a llevar adelante. Posteriormente me referiré a
cómo se va a llevar adelante respecto a Bruselas, pero en lo que es el
territorio yo tengo la satisfacción de comentar a los miembros de esta
Comisión que la Junta de Andalucía está poniendo en marcha una serie de
mecanismos que van a favorecer precisamente una mayor participación en el
territorio de los agentes implicados directamente. Además de una oficina
de fomento, que ya existe en el Instituto de Fomento de Andalucía, en
estos momentos se está poniendo en marcha lo que debe ser el núcleo de la
agencia de desarrollo de este parque natural del entorno de Doñana, que
se ubicará en el término municipal de Almonte y que tendrá como funciones
el seguimiento de la ejecución de las medidas, la dinamización de la
iniciativa privada y la consolidación de un instrumento de
intercomunicación con las administraciones municipales.
Precisamente para las administraciones municipales se crea por parte de
la Junta de Andalucía otra comisión, que es la comisión intermunicipal de
seguimiento, que como órgano de participación local está llamado a jugar
un papel de una enorme trascendencia en el desarrollo real de este plan
(insisto en lo de real porque posteriormente me referiré a lo que es un
plan no rígido, ni cerrado, ni definitivamente decidido en todos sus
extremos, afortunadamente); y, por último, también hay un comité asesor
que queda adscrito a la agencia de medio ambiente de la Junta de
Andalucía y que debería garantizar ese contacto con grupos como la
coordinadora «Salvemos Doñana» a la que se refería el Diputado de
Izquierda Unida en relación con esa tarea de impulso y, por supuesto, de
toma en consideración de aquellas voluntades y opiniones que no sean
acordes con lo que sea en el futuro el desarrollo del plan.
El plan no ha hecho más que comenzar en su ejecución. Tenemos un
documento que en su momento fue presentado al Parlamento de la Junta de
Andalucía, que fue asumido por el Gobierno español en la negociación con
la Unión Europea, y que la Unión Europea ha aceptado tras haber suscitado
determinadas cuestiones que en el documento se han tenido en cuenta. Por
tanto, se dio el año pasado la posibilidad de arrancar ya. Lo único que
se podía obtener de Bruselas el año pasado es lo que se obtuvo, porque
les recuerdo a SS. SS. que el Feder concluía su marco de apoyo
comunitario del sexenio anterior el 31 de diciembre de 1993. Lo único que
podía acordarse con cargo al Feder era una partida del año 1994, lo cual
no significa, como luego comentaré, que de 1994 en adelante no exista ya
un muy avanzado consenso con las instituciones comunitarias precisamente
para sostener, desde el punto de vista financiero, el desarrollo del
plan.
El plan tiene, por tanto, unos escenarios para toda una serie de
inversiones que el señor Diputado considera que no son nuevas y que ya
estaban previstas. Pero, ¡seamos serios!, planes plurianuales de esta
envergadura no estaban hechos, podía existir la opinión fundamentada de
que había que hacer determinadas cosas, posiblemente muchas de ellas
también se hubieran hecho, pero esto significa poder hacer más cosas y,
sobre todo, crear una dinámica --creo que esto es lo fundamental de este
plan-- en la que se modifiquen, se substituyan o se orienten en otro
sentido las actuaciones de las administraciones públicas cuando
ello sea coherente con los objetivos que marca el plan de desarrollo
sostenible del entorno de Doñana. Esto es lo fundamental: que se cree una
serie de compromisos en torno a un eje común y que se vayan revisando las
inversiones concretas --como, de hecho, algunas se han revisado ya--
cuando se vea que no son oportunas o que son mejores otras de las que
inicialmente se incluyeron el año pasado en las fichas que SS. SS.
tienen, de acuerdo con el documento original.
El desdoblamiento que tanto preocupa a ambos Diputados no se va a
abordar. Lo que ha comenzado la Junta de Andalucía son otras cosas,
precisamente con cargo a esos dineros que la Diputada del Grupo Popular
decía que parecía mentira para cuánto daba. Han dado para iniciar muchas
cosas. Por supuesto, la mayoría de ellas no se han hecho en el año 1993.
En el año 1993 se ha comprometido el gasto que la Junta de Andalucía
tenía que comprometer en correspondencia con la aportación comunitaria,
que afecta a muchas cosas diversas, entre otras, a las obras, ya
iniciadas en este momento, que van a suponer un aumento de la seguridad
vial, exclusivamente de la carretera de Almonte a Matalascañas, y pasos
para que los animales --que usted mismo decía que los matan los coches--
puedan cruzar la carretera sin el peligro con que lo hacen en estos
momentos. Eso es lo que ha decidido hacer la Junta de Andalucía por ahora
y a la vista de las observaciones que se han hecho desde Bruselas, como
bien se ha recordado en esta Cámara. Por tanto, olvidémonos del
desdoblamiento porque, a medida que se va avanzando, hay cuestiones que
se irán descartando y hay cuestiones que, por responsabilidad política se
tendrán, en cambio, que incluir.
Hay cuestiones de una gran envergadura que ya se están haciendo. Por
ejemplo, en depuración, en gestión integral del ciclo del agua, se puede
discutir si son grandes o pequeñas las depuradoras, pero el objetivo que
perseguimos es que el agua se depure. Ese es dinero que ya hemos
comprometido este año en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Creo
que no es un canto al sol, sino un compromiso firme que se está
ejecutando y que se está llevando a cabo.
Hay temas que han quedado completamente descartados, como es el proyecto
urbanístico de las dunas de Almonte. De hecho, la Junta de Andalucía está
en un proceso de recuperación de determinados suelos, precisamente para
que se descarte todo desarrollo urbanístico que atente a los equilibrios
ecológicos de Doñana y de su entorno.
Quiero resaltar, sobre todo, el hecho de que se pone en marcha un
conjunto de actuaciones que tienen --es una palabra que no me gusta
mucho, perdónenme si la utilizo-- un envolvente común, que es ese
compromiso que se ha presentado a Bruselas por parte del Gobierno español
y de la Junta de Andalucía, y que tiene que disciplinarnos en la
evolución durante los próximos años en torno a los resultados que tenemos
que conseguir.
Más que una oportunidad perdida, como decía el señor Alcaraz, es un punto
de partida ante problemas que son muy graves y que no se pueden resolver
en dos días. Es evidente que hay un diagnóstico de preocupación y de
alarma frente al que hay que actuar, y que se comienza actuando en este
contexto. Por supuesto, hay cosas que no están dentro de este plan y que
se están abordando y otras que se tendrán que abordar en el inmediato
futuro para atender los problemas más graves que tiene el Parque.
Por lo que se refiere concretamente a los temas que plantea la Diputada
Loyola del Palacio, coincido con ella en que el gran problema es el del
agua, no tanto en el entorno cuanto en el núcleo del Parque Nacional de
Doñana. Solamente le quiero recordar a S. S. que hay pedida una
comparecencia exclusivamente para la regeneración hídrica de Doñana, pero
que me voy a permitir adelantarle algunos puntos que pueden avanzar en la
línea de lo que en estos momentos se está haciendo.
Es evidente que la gestión del agua ya tiene un peso relativo dentro del
conjunto de programas, un peso muy sustancial, mucho más que otros que se
refieren, por ejemplo, al fomento de la actividad económica. Pesa mucho
más todo lo que significa gestión adecuada del recurso agua, y eso indica
una clara voluntad de atender prioritariamente, con los instrumentos que
inicialmente se habían diseñado, el tema de la gestión.
Respecto del agua, hay cuestiones que, efectivamente, van difiriendo, a
medida que vamos avanzando en el tiempo, respecto de las soluciones que
hay que dar, concretamente las que al final van a cooperar a esa
regeneración hídrica, no sólo del entorno, sino sobre todo del Parque,
puesto que lo que estemos haciendo, no en el estricto límite geográfico
que delimita el Parque, sino en la zona del Condado y lo que haremos en
la zona del Andévalo va a acabar teniendo efectos importantes --así lo
estamos considerando-- en el entorno y en el Parque de Doñana.
Si en estos momentos estamos pendientes, como lo estamos ya, de la
publicación de la declaración de impacto ambiental de la presa del
Andévalo, que supone una inversión sustancial en Huelva y que, con
determinadas modificaciones, impuestas precisamente por la declaración de
impacto ambiental, se va a llevar adelante con finalidades que van a
atender a regadíos y determinados abastecimientos, comenzamos a
consolidar sistemas. En estos momentos, sucede que existe una presión
sobre el entorno del entorno que acaba teniendo efectos negativos en el
centro del problema, que es Doñana y su entorno. Obras importantes que se
están terminando ahora o se van a comenzar en la zona del Condado, como
la presa del Corumbel o la del Corunjoso, que está en estos momentos en
fase de declaración de impacto ambiental, van a permitir abastecer
correctamente los núcleos urbanos de la zona del Condado y liberar
también la presión que supone en estos momentos el uso del agua de esta
zona respecto de los usos que se demandan desde la zona del propio
entorno o del plan.
Por lo que se refiere a las obras que están contempladas en el plan de
desarrollo sostenible, donde se habla del trasvase del Chanza, del
sistema del Chanza, y donde se habla también de la regulación de los ríos
Odiel y Tinto, tengo que decirle que todas estas obras están siendo
sometidas a un análisis de impacto ambiental previo, no una declaración
de impacto ambiental sino a una evaluación previa de impacto ambiental,
para ser incorporadas o no a las obras a declarar de interés general en
el contexto del Plan
Hidrológico Nacional. Son obras de una enorme relevancia, pero pueden
tener otras alternativas y, en cualquier caso, su impacto ambiental hay
que considerarlo no cuando las tengamos ya en proyecto sino ahora, que es
lo que estamos haciendo en estos momentos.
Respecto a ello, la solución a la que posiblemente nos iremos acercando
indica más que las necesidades a cubrir, que suponen aproximadamente esos
8.000 millones de compromiso de la Administración general del Estado en
ese capítulo concreto de obras hidráulicas, posiblemente se superará y
alcanzará los 11.000 millones, porque se está pensando en la oportunidad
de una presa en el Odiel, una presa que sirva ya de decantación de las
aguas del Odiel para llegar a una situación de calidad adecuada de las
aguas y de abastecimiento, que sea la que necesita el entorno de Doñana.
En algún momento la Diputada me preguntaba qué significa calidad
ecológica alta. Hay unos estándares bastante conocidos, que deben ser
respetados, y que nos vienen impuestos por las distintas directivas
comunitarias. Creo que nos entendemos todos cuando decimos que de lo que
se trata es de depurar correctamente el agua y de liberar, en la medida
de lo posible, la presión sobre los acuíferos que sustentan los
equilibrios del ecosistema de Doñana.
Por lo que se refiere al plan de regeneración hídrica, que no es objeto
de mi comparecencia hoy sino de otra comparecencia que está pedida,
simplemente le comunico que mañana, en la Comisión Permanente del
Patronato del Parque Nacional de Doñana, se aprobará el acuerdo final
sobre la famosa solución norte, que sólo en parte había sido abordada; no
es que no se haya hecho nada desde 1984, no se han hecho algunas cosas
pero sí se han hecho otras. Respecto de lo que queda por hacer, el
Patronato, concretamente el grupo de trabajo de aguas, ha tenido en
cuenta, entre otras cosas, sugerencias que sé que vienen de Diputados del
Grupo Popular, en lo que se refiere a aceptar que esa solución norte, que
apunta el proyecto de restauración del Caño Guadiamar y la aportación de
agua por gravedad desde el Arroyo de la Cigüeña y el río Guadiamar, se
haga con un estudio previo de la calidad de las aguas que contemple los
aportes sólidos, se haga con un estudio de la compatibilidad de
complementar esta solución norte en su diseño inicial con un canal
paralelo, y se haga con un estudio del establecimiento de un sistema
adecuado de compuertas. Esto va a ser objeto de acuerdo mañana y ha sido
acordado a su vez, de manera unánime, en la reunión del grupo de trabajo
de aguas del Patronato del Parque Nacional de Doñana.
Por lo que se refiere a la solución sur, aquí también hay una encomienda
urgente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que, de una
vez, estudie el sistema más aconsejable que controle la entrada y salida
de agua provocada por lo que denominamos «solución sur».
Por lo tanto, aunque me extenderé más cuando me corresponda, de acuerdo
con la comparecencia que me tienen solicitada, sí quiero decirle que en
absoluto estamos al margen ni olvidando que hay unos compromisos y que
sobre todo hay un conjunto de soluciones que en su momento se
consideraron las técnicamente adecuadas y que sin duda tienen que ser
revisadas en estos momentos y orientadas a la mejor solución de los
problemas hídricos de Doñana.
Así, pues, olvídese de esos 24 millones de la Junta de Andalucía en lo
que es el plan de entorno. Las soluciones al Plan de Regeneración Hídrica
que correrán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y
lo que se está haciendo ya desde la Confederación son bastantes más miles
de millones, que no me pongo ahora a detallar.
En cuanto a la cuestión de por qué dos macrodepuradoras y no más, le diré
que inicialmente se había pensado en una y se ha llegado a la solución de
dividir en dos, atendiendo y en consulta permanente con los servicios
técnicos de Bruselas en la cuestión de la depuración de las aguas del
entorno de Doñana, puesto que éste es de los temas que preocupan en
Bruselas y en los que creemos que estamos teniendo una relación fluida y
que permite ir incorporando sugerencias con tiempo suficiente como para
no equivocarse en las soluciones.
Por último, vamos a hablar de financiación. Por lo que se refiere a
financiación, por supuesto el plan empezó efectivamente el año pasado, la
Junta se gastó dinero el año pasado y este año 1994 he tenido ya ocasión
de decir que están contratadas las obras de las depuradoras y que en
breve plazo se van a contratar también porque está el proyecto técnico en
fase de aprobación, lo que es el conjunto de los colectores. Por lo
tanto, este año, por parte de la Administración General del Estado, de
forma inmediata estamos ya abordando lo que son 5.000 millones de pesetas
y por parte de la Junta de Andalucía, en lo que se refiere exclusivamente
a actuaciones que pueden incorporarse este mismo año al nuevo marco de
acción comunitaria, el nuevo marco de apoyo comunitario con cargo al
Feder, los presupuestos de la Junta de Andalucía recogen compromisos por
más de 6.000 millones de pesetas distribuidos por partidas, que, igual
que me han sido facilitadas a mí por la Junta de Andalucía, supongo que
no hay ningún problema en que la señora Diputada pueda tener acceso a
ellas. Con ello quiero decir que las Administraciones están incorporando
y cumpliendo partidas presupuestarias este año antes de que las
instituciones europeas confirmen el apoyo que estamos seguros que van a
seguir dando, que se está negociando en estos momentos en Bruselas.
Posiblemente la semana próxima se van a cerrar los relativos a Feder para
este sexenio, van un poco más lentos los compromisos que van con cargo a
Feoga y son más fáciles de resolver y de menor cuantía los del Fondo
Social Europeo.
Por lo tanto, yo creo que en muy breve plazo lo que tendremos será la
incorporación del conjunto de actuaciones que prevé el Plan de Desarrollo
Sostenible en el marco de ayudas comunitarias a largo plazo, por lo menos
a lo largo de seis años, lo cual nos obliga a un seguimiento y a un
control por el que también me preguntaba y que, como cualquier otro
programa de inversión pública que reciba ayudas de Bruselas, el organismo
que tiene la competencia de control es el Ministerio de Economía, y dado
que el grueso de esas actuaciones corresponde a la Junta de Andalucía,
ésta tiene un comité de seguimiento estructurado desde el Gobierno
andaluz para todo lo que se refiere a las ayudas comunitarias. Existen,
por lo tanto, órganos de
control. Hay una documentación exhaustiva que se ha hecho llegar a
Bruselas y hasta la fecha no tenemos ninguna referencia, sino todo lo
contrario, de que no esté siendo aceptada como viable para obtener fondos
para el Plan de Desarrollo de Doñana e insisto en que el Plan de
Desarrollo no deberíamos verlo, en ningún caso, como algo que limita
cualquier otra actuación, sino como algo que orienta y que obliga a la
coordinación entre Administraciones públicas, que es el esfuerzo que
estamos haciendo en este momento, esfuerzo donde, evidentemente la
Secretaría de Estado de manera directa interviene sólo en un pequeño
porcentaje, pero donde el poder orientarnos desde el Ministerio y desde
la Junta de Andalucía de acuerdo con determinados objetivos estoy seguro
que llevará, por lo menos, a ir avanzando en la resolución de problemas
que son graves y que, por supuesto, no se pueden acometer en el corto
espacio de un año y mucho menos de seis meses, que es lo que de verdad
lleva el plan en ejecución desde enero de 1994. La decisión de Bruselas
al respecto fue a principios de diciembre. Por lo tanto, acabamos de
echar a andar, y yo creo que hay que dar un margen, que no significa que
no haya críticas o que no haya sugerencias, porque éste es un plan que
con esos objetivos entiendo que está abierto al debate, dentro de la
Junta de Andalucía, a través del Parlamento andaluz, donde los Grupos
políticos pueden expresar, y lo han hecho, por los debates de los que he
tenido conocimiento, cuáles son sus opiniones al respecto.
Y por lo que se refiere, por supuesto, a la Administración General del
Estado, yo estaré encantada de volver a seguir informando a esta Comisión
de los avances que se vayan produciendo en relación con los compromisos
que aquí se recogen.
Por último, señora Diputada, lamento mucho lo que ha dicho, aunque no
tenga directamente ninguna responsabilidad, porque considero que hay que
contestar adecuadamente a cualquier pregunta que se formule por parte de
los Grupos Parlamentarios, y tomo nota para que se le dé una contestación
adecuada a las 15 preguntas que usted ha formulado a la Dirección General
de Obras Hidráulicas.
El señor PRESIDENTE: Dada la hora, si alguien tiene algún comentario que
hacer, le daremos la palabra. (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Brevísimamente, señor Presidente.
Muchas gracias por su comparecencia, señora Secretaria de Estado. Yo creo
que no hemos perdido el tiempo fundamentalmente hablando de Doñana en
esta última parte o de los otros temas, las salinas o el Consejo Asesor
de Medio Ambiente. Son temas de una enorme importancia. Me parece que
estamos entrando en faena en esa dirección a la que el señor Borrell
aludía hablando de que el medio ambiente en esta legislatura tendría que
tener mucho más protagonismo. Habrá que conseguirlo entre todos, porque
es un tema de enorme importancia.
El discurso que yo acabo de dar aquí es el mismo que yo doy en Bollullos
del Condado, donde tenemos mayoría absoluta Izquierda Unida, o el mismo
que di en Almonte, donde pasamos de tres a seis concejales y el PSOE
perdió la mayoría absoluta. Es el mismo discurso. Lo digo en el sentido
de que no se puede justificar la pertenencia cercana al Parque Nacional
para decir que los que estamos lejos no entendemos la presión social del
entorno. Claro que la entendemos, como entendemos la presión social del
entorno de la Alhambra por construir más cerca, ¿no? Claro que entendemos
la presión social. La Alhambra no es de los granadinos sólo, pero
fundamentalmente los granadinos la miramos con una visión universal.
Igual pasa con Doñana, y el interés general está por encima de esas
presiones que han llegado a hacer esa pregunta: ¿qué es más importante,
¿un pato o un hombre? Es una disyuntiva falsa, pero que se ha hecho
bastantes veces.
Le voy a decir una cosa, señora Secretaria de Estado, ahora que estamos
pocos, que nunca le he dicho a nadie. (Un señor Diputado: ¡Cuidado!)
(Rumores.) Yo tengo aquí un documento-plan. Investigando profusamente en
las bibliotecas oficiales los documentos del Estado, he extraído un
documento del Plan de Desarrollo Sostenido del Entorno de Doñana que
lleva los símbolos de Europa, del Estado español y de Andalucía. Más bien
es literario, responde a la partida de propaganda en torno al Plan.
Conozco las fichas previas de la documentación para la redacción final,
pero todavía no conozco el acuerdo formal entre las tres
administraciones, y no sé si existe, entre la europea, la estatal y la
andaluza. Después de todo esto no he logrado descubrir ese documento. Lo
digo en un sentido serio. A lo mejor existe y yo no he dado con él. He
dado con este documento, con las fichas previas, con la redacción que
hace la Junta de Andalucía, redacción que estamos superponiendo al PDR
que nos acaba de entregar y no coincide exactamente, y son dineros que
proceden también de Bruselas o del Gobierno de la nación. Por lo tanto,
desde ese punto de vista yo le voy a solicitar el documento oficial de
las tres administraciones, porque hasta ahora no he logrado tenerlo.
Conozco la redacción de la Junta, claro está, pero ése no es un documento
oficial en el sentido en que aparecen aquí los tres símbolos de las tres
entidades.
Por tanto, quiero agradecerle su presencia y, en todo caso, decirle que
este debate de Doñana no ha terminado, sin duda, porque repito que Doñana
está en el aire, como lo demuestran los últimos estudios de profesores
absolutamente independientes: Llamas, Custodio, Castroviejo, etcétera.
Por tanto, habrá que seguir discutiendo a tope de unas señas de identidad
de Huelva, pero también españolas y europeas, y por consiguiente hay que
verlo desde esa dimensión (y no digo que lo haya dicho el señor
Diputado), no intentando variar los discursos (no lo ha dicho así el
señor Dávila, en absoluto, no le respondo a él) en los distintos niveles
del mapa.
El señor PRESIDENTE: Brevemente, la señora De Palacio tiene la palabra.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Muy brevemente.
Gracias, señora Secretaria de Estado. Sobre todo, muchas gracias si
además consigue que me conteste a la pregunta. He planteado ya el recurso
y espero que me ampare la Presidencia y, si no, además, que entretanto me
envíen desde ese Ministerio una respuesta seria, y no esa especie de
broma que me han enviado.
El discurso que yo le he hecho hoy aquí, lo mismo que el señor Alcaraz,
lo he hecho en Hinojos, y lo he hecho con la gente de Villamanrique, y lo
he hecho en el entorno de Doñana. Yo hago el mismo discurso aquí y allí.
Entre otras cosas porque hoy ya vivimos en un mundo donde las distancias
no existen; en tiempo real se sabe todo, prácticamente. A veces se
intenta, pero al final se termina sabiendo todo.
El problema de Doñana, y lo he dicho, es que estamos en una situación
distinta, que hay que buscar un nuevo equilibrio, pero ese nuevo
equilibrio tenemos que ser capaces de conseguir que mantenga la realidad
del parque natural, con toda su riqueza ecológica, y a la vez el
desarrollo de la zona del entorno. Y sabe muy bien, como todos lo
sabemos, que lo que hay allí son unas tensiones brutales, que hay quien
incluso hace todo tipo de amenazas; que ha habido invasiones del propio
parque. Bueno, pues ahí hay algo que falla, no se están sabiendo conjugar
adecuadamente las relaciones entre el parque, el entorno, los pueblos de
los alrededores, las gentes de los alrededores. Yo creo que ésa es una
cuestión que nos debe preocupar a todos. Y yo estoy convencida de que las
intenciones son buenas, de que el objetivo (en el cual todos coincidimos,
que es el que he señalado) es absolutamente bueno, pero hay un dicho en
Francia que señala que el infierno está empedrado de buenas intenciones.
No basta con tener buenas intenciones; hace falta ser capaces de
realizarlas, de acertar también en la ejecución y llevar a cabo aquellos
programas, aquellos proyectos que de verdad sean capaces de conseguir ese
objetivo de combinar conservación y desarrollo.
Y nada más, sobre todo porque es muy tarde y vamos a hablar más adelante
del fenómeno que fundamentalmente más me preocupa, que es el de la
regeneración hídrica. Para mantener Doñana hay que mantener también el
entorno, como digo, para conseguir una armonía, porque si no al final
tampoco se mantendrá Doñana si los pueblos de los alrededores no son
capaces de comprender que Doñana es una ayuda, nunca una hipoteca. Pero
ahí también está la demagogia que se ha venido haciendo durante muchos
años en Doñana. Se ha hecho mucha demagogia con la gente de allí cerca.
Se ha llevado a cabo un plan en Almonte de Marismas totalmente demencial
(estamos hablando ya de los años 80). Y se han consumido muchas ilusiones
de mucha gente que confió en que aquello iba a salir adelante y lo único
que pasa ahora es que están absolutamente hipotecados y desesperados. Yo
he visto Almonte, y me he paseado, y aquello parece un cementerio
agrícola, y seguro que lo ha visto la señora Secretaria de Estado. Y es
lamentable ver aquellos hierros, con unos jirones de plástico, en unos
campos abandonados, y nada más que unas cuantas parcelas cultivadas. Y el
esfuerzo que se ha hecho ahí, de inversión, de alternativa de una marisma
que se ha utilizado para unos fines concretos y, sobre todo, las
ilusiones de una serie de personas que han sido absolutamente
decepcionadas y engañadas con todo este asunto. Por eso es por lo que hay
que tener también mucho cuidado de no hacer demagogia, porque luego pasa
lo que pasa.
Nada más quiero decirle, señora Narbona, que hay una cuestión: Bruselas
no ha aprobado más que la primera fase. Y le doy la contestación a fecha
de esta semana, que dice, textualmente: una segunda decisión relativa a
la parte esencial del plan tendrá que tomarse a lo largo de los próximos
meses. Porque se nos ha dicho que se ha aprobado, pero no está aprobado
el plan en su conjunto. (La señora Secretaria de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda hace gestos negativos.) O yo a lo mejor la he entendido mal.
Estoy dispuesta a pensar que la he entendido mal. Pero que quede muy
claro.
Para concluir y no alargarme más, debo decir que lo que hace falta es,
efectivamente, que entre todos acertemos en la cuestión de Doñana, pero
eso supone olvidarse de demagogias en Doñana y olvidarse también de
plantearse Doñana como no debe ser y tener un criterio flexible.
Escuchar, por supuesto, a todo el mundo, a los científicos y expertos a
los que se refería hace un momento el señor Alcaraz, no sólo a los que
han hecho los papeles, sino a los que están involucrados y lo siguen día
a día, y ha citado a Llamas, a Cousteau, a Castroviejo, a Vozmediano y a
tantos otros, pero también hay que escuchar a la gente del entorno, por
supuesto, y hay que tener, al final, la decisión de tomar unas medidas
que sirvan y que nos permitan que las generaciones futuras conozcan
Doñana en su plenitud.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar, no sé si la Secretaria de Estado
tiene algo que decir.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA (Narbona
Ruiz): Gracias, Presidente. Muy rápidamente.
A la Diputada del Grupo Popular tengo que decirle que el infierno está
empedrado de buenas intenciones y de buenas palabras también. Yo acepto
todas las críticas, pero me gustaría que se fuera más allá de las
vaguedades de decir que hay que buscar un equilibrio entre desarrollo y
medio ambiente, porque todo eso está muy bien, pero ¿y ahora? Con este
Plan, ¿qué medidas alternativas proponen ustedes, qué tipo de inversiones
concretas? El Plan está abierto, dentro de lo que son los objetivos
finales, y lo que hay que hacer ahora, evidentemente, es evitar la
demagogia, pero por parte de todos. Dígannos cuál es su opinión sobre
medidas que no están en ese Plan o qué hay que hacer de otra forma, y le
aseguro que existen los cauces para tener en cuenta opiniones distintas
de las que han llevado a ese documento, pero no nos quedemos en decir
sólo: Esto no está bien. Porque decir que esto no está bien, es no decir
nada.
Cuando entremos en cuestiones concretas responderemos con el análisis de
lo que se nos pide y nos comprometeremos también, en la medida en que
estemos de acuerdo, con el discurso concreto que se nos haga. Todos
estamos
de acuerdo en que Doñana está en un momento grave, que hay que hacer
grandes esfuerzos. Pues bien, aquí hay un esfuerzo de 63.000 millones de
pesetas. ¿Está aprobado un documento formal? No un documento formal en
términos de la aprobación de una ley en el parlamento regional o de la
aprobación de un acuerdo de Consejo de Ministros u otras fórmulas que
son, digamos, desde el punto de vista formal y oficial, las más
definitivas. Hay un documento que ha servido para que Bruselas comience a
dar dinero, porque si Bruselas no hubiera aceptado ese documento que
ustedes conocen, ¡de qué iba a haber dado la ayuda que dio el año pasado,
que era la única que podía dar en el marco del 93! Desde luego, no daba
la ayuda por las cuatro cosas que se han hecho el año pasado, sino porque
conocía el documento en su conjunto, porque se había trabajado con el
Ministerio de Economía y con la Junta de Andalucía en la Comisión, y la
Comisión lo ha tomado como un documento que ahora, como bien dice la
señora Loyola de Palacio y como he dicho yo, a partir de la semana que
viene, va a ir suponiendo compromisos concretos dentro del nuevo marco de
apoyo comunitario y de los otros fondos. Luego, evidentemente, no siempre
hace falta que se apruebe por una ley o por un decreto un plan de
actuaciones. Los resultados pueden ser incluso más importantes si lo que
estamos haciendo con la presentación de ese documento, no aprobado
formalmente por esas vías, es estar trabajando juntos, la Administración
General del Estado y la Junta de Andalucía, para ordenar el futuro en el
entorno de Doñana. Hay tantas normas, tantos decretos y tantas leyes que
se quedan en un cajón y no sirven para nada que si esto va sirviendo, por
lo menos, para ir resolviendo cuestiones concretas, entiendo que ya es
algo positivo. Insisto en que la primera que se ha abordado a mí me
parece fundamental: la depuración del agua en el entorno de Doñana. Creo
que nadie podrá decir que no se ha demostrado que se entendía su
prioridad, porque ya están contratadas las obras. Eso es lo importante,
que las cosas se hagan, que los resultados, por supuesto, sean eficaces y
que exista un control, de esta Comisión y de las Cámaras, para que el
Plan se vaya ajustando efectivamente a los mejores resultados para los
ciudadanos de esa zona. Pero no seamos nadie demagogos diciendo que el
Plan no vale y que hay que hacer otras cosas. Díganme ustedes cuáles,
señores Diputados, y yo les aseguro que se tendrán en cuenta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria de Estado.
Gracias a todos, Diputada y cinco Diputados que quedan en la sala.
Creo que la señora Narbona se puede ir satisfecha: el retraso en sus
obligaciones ha valido la pena, porque le han escuchado con atención
hasta horas muy tardías.
Gracias a todos. (El señor Guerra Zunzunegui: Pocos, pero selectos.)
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinte minutos de la tarde.