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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 167, de 14/04/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 167
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 13
celebrada el jueves, 14 de abril de 1994



ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a reconocer el título de Ingeniero de
Montes. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i
Unió. (BOCG serie D, número 39. Número de expediente 161/000084) (Página 5286)
--Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del
Ministerio de Cultura y del Subsecretario del Ministerio de Educación y
Ciencia, previa remisión de un informe, para que den cuenta de la
ejecución de su presupuesto. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG serie D, número 67. Número de expediente 161/000148)
(Página 5289)
Preguntas:
--De la señora Sainz García (Grupo Parlamentario Popular), sobre
generalización de la educación preescolar desde los 3 a los 6 años. (BOCG
serie D, número 48. Número de expediente 181/000403) (Página 5292)



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--De la misma señora Diputada, sobre establecimiento gradual de la
gratuidad de enseñanza de los 3 a los 18 años. (BOCG serie D, número 48.

Número de expediente 181/000404) (Página 5295)
--De la misma señora Diputada, sobre revisión de la política de becas
universitarias. (BOCG serie D, número 48. Número de expediente
181/000405) (Página 5298)



Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECONOCER EL TITULO DE INGENIERO DE
MONTES. PRESENTADA POR EL G. P. CATALAN. (Número de expediente
161/000084.)



El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión correspondiente al día de hoy,
que tiene un orden del día compuesto por dos partes: la primera, debate y
votación de dos proposiciones no de ley, y la segunda parte es la
contestación a diferentes preguntas.

Comenzamos con la primera proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a reconocer el título de ingeniero de montes. Señorías, quiero
recordarles que ésta es la peor sala de todo el edificio. Siempre que nos
reunimos aquí insisto en la necesidad de guardar un extraordinario
silencio, no el habitual, para que puedan seguirse los debates.

Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor
López de Lerma.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señorías, nuestra proposición no de ley,
como conocerán a través de la publicación oficial de nuestro Congreso de
los Diputados, lleva fecha de 3 de diciembre de 1993. Tiene como
antecedentes un acuerdo del Consejo de las Comunidades Europeas adoptado
en fecha 21 de diciembre de 1988, relativo a una directiva que se refiere
al sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior que
sancionan formaciones profesionales con una duración mínima de tres años,
con el objetivo de suprimir entre los Estados miembros de la Comunidad
Europea aquellos obstáculos a la libre circulación de personas y
servicios y, en particular, establecer en favor de los nacionales de cada
uno de esos Estados la facultad de ejercer una profesión por cuenta
propia o bien por cuenta ajena en un Estado miembro que no sea aquel en
el que hayan adquirido sus cualificaciones profesionales. De una manera
cualificada esta directiva ayuda a establecer el nivel al menos desde el
punto de vista, académico de ciudadano de la Unión Europea.

Como sea que a tenor de lo previsto en el artículo 12 de esta Directiva
89/48 de la Comunidad Europea los Estados miembros, también España,
lógicamente, están obligados a la adopción de las medidas que sean
necesarias para poder aplicar la misma, precisamente en base a esa
directiva y a esa obligación derivada de la misma, el Gobierno efectuó la
trasposición de la mencionada directiva mediante la aprobación de un Real
Decreto el 25 de octubre de 1991, que todas sus señorías conocerán, sobre
reconocimientos de títulos de enseñanza superior de nacionales de Estados
miembros que exijan una formación superior de tres años. En este Real
Decreto de 25 de octubre de 1991 se regulan los mecanismos de
reconocimiento de títulos de enseñanza superior, expedidos en un Estado
miembro, con objeto de que se habilite a su titular para el ejercicio,
por cuenta propia o ajena, de una profesión regulada precisamente en
España, es decir, por el Estado español, por su Administración,
considerándolo como Estado miembro de acogida, y en él se establece todo
un elenco de profesiones reguladas, clasificadas a su vez por sectores,
así como también por ministerios con los que se relacionan los títulos
que dan acceso a las mismas.

Por tanto, este Real Decreto configura el marco normativo básico para la
aplicación de lo establecido en esa directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas de fecha 21 de diciembre de 1988. Y mediante una
orden que desarrolla en buena parte ese Real Decreto, de fecha de 12 de
abril de 1993 --por tanto, relativamente reciente--, se procedió al
desarrollo del sistema general de reconocimiento de los títulos de
enseñanza superior de los Estados miembros de la Unión Europea en lo que
se refiere a las profesionales de ingeniero de caminos, canales y
puertos, ingeniero aeronáutico, así como otras seis profesiones
correspondientes al sector técnico y de ciencias experimentales.

Desde la entrada en vigor de este Real Decreto de 25 de octubre de 1991,
hasta la fecha el Gobierno aún no ha aprobado las normas de desarrollo
del mismo en lo que concierne al título de ingeniero de montes,
contraviniendo en buena parte lo dispuesto en la propia disposición final
primera de este texto legal.

En el Real Decreto de referencia, de 26 de octubre de 1990, se establece
el título universitario oficial de ingeniero de montes, así como las
directrices generales conducentes a su obtención. En consecuencia,
estando regulada la titulación de ingeniero de montes en nuestro Estado y



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relacionada, además, como profesión dentro del sector técnico de ciencias
experimentales a que se refiere el Real Decreto de 1991, corresponde al
Gobierno dictar las normas necesarias de desarrollo y de ejecución del
mismo en lo que afecta a la titulación de ingeniero de montes, a los
efectos de proceder a su reconocimiento, tanto para las cualificaciones
profesionales obtenidas en un Estado miembro, como también para poder
ejercer la profesión en el Estado español, como igualmente para aquellas
obtenidas en las universidades españolas, a los efectos de poder acceder
a la correspondiente a ella en otro Estado miembro de la Comunidad
Europea que no sea España.

Por toda esta exposición, por toda esta motivación, por todo ese aval
legal, desde la Comunidad Europea a las propias disposiciones normativas
del Estado español, nuestro Grupo parlamentario propuso en su día, y hoy
lo tratamos en esta Comisión de Educación y Cultura, una proposición no
de ley por la que solicitamos el voto favorable de SS. SS. para que este
Congreso de los Diputados inste al Gobierno a la aprobación o al dictado
de las disposiciones de desarrollo y aplicación del Real Decreto de 1991,
de fecha 25 de octubre, en lo que se refiere a la profesión de ingeniero
de montes, reconociendo, por tanto, el correspondiente título académico y
solucionando una laguna legal académica, o académica legal, que venimos
arrastrando hasta esta fecha.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley han sido presentadas
dos enmiendas: una, por el Grupo Popular, y otra, por el Grupo
Socialista.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Gómez-Alba.




El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: El día 30 de marzo de 1985, el Consejo Europeo
adoptó la decisión de establecer un sistema general de reconocimiento
mutuo de títulos de enseñanza superior con una formación mínima de tres
años. Se trataba de permitir la libre circulación de todos los
profesionales de nivel superior, regular su movilidad en el ámbito
comunitario. La fórmula utilizada se basaba en el principio de la mutua
confianza y en la comparación de los niveles de formación. Se optaba por
un sistema de reconocimiento de títulos comunes a todas las profesiones
que habían sido reguladas. España participó activamente en el proceso
para la elaboración del texto de la directiva, que fue finalmente
aprobada por el Consejo el 21 de diciembre de 1988.

La tramitación de esta directiva coincidió con otra de carácter
sectorial, relativa a los ingenieros, sobre la que no se alcanzó el
consenso. La propuesta revestía importancia para España, ya que las
normas sobre la movilidad de estos profesionales incidían en el campo de
actuación de los ingenieros superiores y técnicos de nuestro país.

De acuerdo con la Ley de 1 de abril de 1986, sobre regulación de las
atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos,
éstos pueden desarrollar funciones y actividades similares a las
ejercidas por los ingenieros. Resultaba, pues, necesario que la movilidad
profesional prevista por la directiva beneficiase tanto a los ingenieros
superiores como a los ingenieros técnicos. Finalmente, se consideró más
oportuno que este importante sector profesional quedara comprendido
dentro del ámbito de aplicación de la directiva general de reconocimiento
de títulos, en lugar de continuar por el camino de elaboración de una
directiva expresa para los ingenieros.

La directiva general, de tramitación muy laboriosa, afectó a todas las
actividades profesionales que están reguladas en un Estado miembro,
siempre que no hayan sido objeto de una directiva específica. La
directiva general se basa en el principio de que una autoridad de un país
comunitario no pueda denegar a un nacional de otro Estado miembro el
acceso a una profesión en las mismas condiciones que a sus nacionales si
posee el título pertinente. Esta regla, que responde a la mutua
confianza, permite la movilidad si no hay diferencias sustanciales de
formación y el campo de actividad es coincidente.

La directiva general afectó a un amplio campo de actividades de gran
repercusión en el sector público. Por ello se hizo necesario dictar las
normas de derecho interno para la aplicación de la directiva general, que
habrán de ser coordinadas con las que aprueben los gobiernos de los otros
Estados comunitarios. A su vez, es preciso que las organizaciones
profesionales estén dispuestas a favorecer la libre circulación. Dichas
organizaciones han sido consultadas sobre las medidas adoptadas para
aplicar la regulación de la directiva general.

Las normas de aplicación de Derecho interno han sido: un Real Decreto
1456/1990, de 26 de octubre, otro Real Decreto 1665/1991, de 25 de
octubre y una Orden del 12 de abril de 1993. En esta situación, el
Consejo de Universidades se ha planteado, en su reunión de 28 de febrero
de 1994, la reforma del Real Decreto 1497/1987 que establecía las
directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional. El objetivo de la reforma de este Decreto es reducir el número
de créditos de los nuevos planes de estudio, provocando que las carreras
tengan una menor carga lectiva, por lo que se modificarán cerca de
trescientas titulaciones, entre ellas la de ingeniero de montes.

Por tanto, pensamos que debería retirarse la proposición no de ley que
presenta CIU por las siguientes razones.

En primer lugar, en la misma se alude solamente a una de las
titulaciones, la de ingeniero de montes, olvidando de una manera
incomprensible, para nosotros al menos, las de ingenieros agrónomos,
ingenieros técnicos agrícolas e ingenieros técnicos forestales.

Presentamos una enmienda a la proposición no de ley en la que se incluyen
las otras tres titulaciones mencionadas y discriminadas por la presente
proposición.

La reforma del Real Decreto 1497/1987, que modificará más de trescientas
titulaciones, en la que el Ministerio, de acuerdo con lo que establece la
Constitución en su artículo 149.30 vela por la homogeneidad de las
carreras universitarias, dando un plazo para que las universidades
adapten de nuevo sus planes de estudio, provoca que resulte conveniente
la retirada de esta proposición no de ley,



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que con posterioridad debe ser planteada no solamente a las titulaciones
que tienen relación con el Ministerio de Agricultura, sino con todas las
que todavía quedan por trasponer para los diferentes Ministerios respecto
a las titulaciones que exijan una formación superior mínima de tres años.




El señor PRESIDENTE: Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, tiene la palabra la señora García Manzanares.




La señora GARCIA MANZANARES: Señorías, la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es
plenamente compartida por el Grupo al que represento en cuanto a los
objetivos que persigue, también los motivos que la apoyan, así como el
compromiso y el sentimiento, compartidos por todos, de que formando parte
activa de la Unión Europea, debemos avanzar en cuantas disposiciones sean
necesarias para favorecer la libre circulación y la movilidad de los
ciudadanos, de acuerdo con lo previsto en el Tratado constitutivo de la
Unión Europea.

Es precisamente por ello, señorías, por lo que el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado una enmienda de sustitución, en el ánimo de
contribuir a mejorar y completar la formulación que se hace en la
proposición no de ley que nos presenta el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) para dar cumplimiento al Real Decreto 1965/1991, de 25 de octubre.

Efectivamente, señorías, el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó la
Directiva 89/48, de la Comunidad Europea, en diciembre de 1988, relativa
al sistema general de títulos de enseñanza superior de nacionales de
Estados miembros que exigen una formación superior mínima de tres años.

La mencionada Directiva indica, en su artículo 12, que los Estados
miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo que
en ellas se dispone.

El Gobierno español dictó las normas de trasposición de esta Directiva
aprobando el Real Decreto 1965/91, de 25 de octubre, ya mencionado.

Sería reiterativo por mi parte volver a señalar las medidas que en el
Decreto se contemplan, referentes a la supresión de obstáculos, a las
condiciones y certificaciones de las distintas titulaciones, así como a
los distintos mecanismos de compensación para titulaciones equivalentes
en su caso, que permitan el libre ejercicio y la libre circulación en el
ámbito comunitario de los ciudadanos de los países miembros.

La oportunidad de esta proposición no de ley, así como el interés que,
tanto para mi Grupo como para el Gobierno, tiene el dar cumplimiento a
dicha directiva y ejecutar el Real Decreto de trasposición 1965/91, de 25
de octubre, nos van a permitir, señorías, ser breves y espero que llegar
a un amplio acuerdo.

La proposición no de ley se refiere a la profesión de ingeniero de
montes, pero he de recordar al respecto que, de acuerdo con lo que
establece la disposición final primera del mencionado Real Decreto, deben
aprobarse para cada profesión las oportunas ordenanzas ministeriales de
desarrollo de su normativa, a propuesta de los ministerios afectados. En
el caso de los ingenieros de montes, el Ministerio a que corresponde es
el de Agricultura, Pesca y Alimentación, según contempla el anexo IV de
dicho Real Decreto. Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 8 del
mismo, es este Departamento el competente para el reconocimiento de los
títulos de ingenieros de montes. Además, señorías, el Real Decreto de
trasposición de la directiva comunitaria que nos ocupa incluye otras
titulaciones más junto a la de ingeniero de montes. Considera mi Grupo
que quizá ha sido un lapsus el que ha ocasionado que esta proposición no
llegara completa. Esas tres titulaciones más, que junto a la de ingeniero
de montes están en las mismas circunstancias y de acuerdo a las
mencionadas normas, son las de ingeniero agrónomo, ingeniero técnico
agrícola e ingeniero técnico forestal, todas ellas reguladas en España e
incluidas en la relación del sector técnico y de ciencias experimentales,
según consta en esta documentación a la que estamos haciendo referencia.

El Ministerio de Agricultura está elaborando en estos momentos la orden
ministerial correspondiente para dar cumplimiento a la disposición final
primera y al anexo IV del Real Decreto 1965/1991. Y es por ello que el
Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de sustitución que
permita, por una parte, ampliar a las cuatro titulaciones mencionadas, no
sólo a la de ingeniero de montes, el reconocimiento del correspondiente
título académico, en concordancia con la competencia que el anexo IV del
Real Decreto confiere al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;
y, por otra parte, nuestra enmienda plantea igualmente una ampliación de
tres a seis meses para su ejecución, teniendo en cuenta, precisamente,
esta ampliación de homologación a las cuatro titulaciones mencionadas, y
aportar un período de tiempo más adecuado a dicha homologación.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo, además de los que han defendido
enmiendas, quiere intervenir en este punto? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Intervendré con mucha brevedad, señor
Presidente, porque después de que se aprobara una directiva de la
Comunidad Económica Europea, como se ha dicho aquí, por la que se
establecen los requisitos de homologación de titulaciones de ciclo largo
en los países miembros, después de que se aprobaran los Reales Decretos a
que se ha hecho referencia también --y no voy a repetirlo--, después de
que el Gobierno no haya aplicado estos Reales Decretos a todas las
titulaciones, y después de la enmienda que completa, a mi juicio, la
proposición no de ley, nuestro Grupo va a votar favorablemente esa
proposición no de ley, especialmente si se acepta la enmienda del Grupo
Socialista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López de Lerma, a los
efectos de que manifieste si acepta



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alguna de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, efectivamente nuestra
iniciativa hace referencia tan sólo al título de ingeniero de montes. Las
aportaciones que aquí han hecho, tanto el Grupo Parlamentario Popular
como el Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de ampliarlo a
otras profesiones, como a la de ingenieros agrónomos, a la de ingenieros
técnicos forestales, nos parecen totalmente oportunas. Sería completar el
listado de homologaciones académicas a nivel del Estado español respecto
del conjunto de Europa. Precisamente esta ampliación de homologaciones de
titulaciones académicas nos hace ser sensibles a la petición que ha hecho
la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Es decir, si para una
sola titulación nosotros instábamos al Gobierno a realizarlo en tres
meses y ampliamos esta única titulación a cuatro, es lógico que el
Gobierno requiera de un mayor tiempo para un mejor estudio, un mejor
desarrollo del texto normativo y, por lo tanto, para la ejecución
posterior de la misma.

En ese sentido, señor Presidente, agradeciendo al Grupo Parlamentario
Popular su aportación a este debate, su enriquecimiento en cuanto
enmienda que amplía las posibilidades de nuestra propia iniciativa,
aceptamos la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.

Antes rogaría a los diferentes Grupos que hagan constar las sustituciones
que se van a producir en las votaciones.

Vamos a proceder, como he dicho, a la votación de esta proposición no de
ley en los términos que resultan de la aceptación de la enmienda de
sustitución presentada por el Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SUBSECRETARIO DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y
CIENCIA, PREVIA REMISION DE UN INFORME, PARA QUE DEN CUENTA DE LA
EJECUCION DE SU PRESUPUESTO. PRESENTADA POR EL G. P. POPULAR. (Número de
expediente 161/000148.)



El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley por la que se insta una
comparecencia trimestral del Subsecretario del Ministerio de Cultura y
otra del Subsecretario del Ministerio de Educación, previa remisión de
informe, para dar cuenta de la ejecución del presupuesto, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra, para su
defensa, el señor Alegre.




El señor ALEGRE GALILEA: Señor Presidente, señorías, el planteamiento de
esta iniciativa por parte de mi Grupo nace, en un principio, del
desconcierto, diríamos, que ha producido la ejecución del presupuesto del
Estado para 1993.

Creo que todo el mundo sabe que este presupuesto se ha saldado con una
fuerte desviación, que ha conducido a un déficit del 7,5 por ciento del
PIB a las administraciones públicas y que puede calificarse, sin
paliativos, como de un récord histórico. Pero no solamente el récord ha
sido histórico, sino que ha obligado a suprimir la vigencia del artículo
10 de la Ley de Presupuestos, en la que se limita tanto el volumen de las
modificaciones presupuestarias como el total de las obligaciones de pago.

Por lo que se refiere al ámbito educativo, la primera crítica que cabe
hacer a ese presupuesto de 1993 es la falta de rigor presupuestario. Es
un maremágnum de cifras el que aparece en las distintas Memorias del
Presupuesto de 1993, ya que, partiendo de un presupuesto inicial
presentado a la Cámara de 1.069 millones, no se corresponde con el
aprobado y que fue de 1.070 ni tampoco con una cifra fantasma, que
aparece con posterioridad, de 1.065 millones. Esa falta de rigor se
acentúa cuando se hace el avance de liquidación de dicho presupuesto, ya
que los créditos totales que aparecen en ese Ministerio son de 1.126
millones de pesetas. (La señora Vicepresidenta, Rodríguez Ortega, ocupa
la Presidencia.)
Esta evolución, que yo diría que más que evolución es una revolución o,
mejor, revoltijo, es una demostración palpable del actual desconcierto
presupuestario. Este desconcierto presupuestario es el que obliga, según
nuestro criterio, a plantear medidas que recuperen la credibilidad,
palabra mágica y necesaria que debe acompañar a cualquier presupuesto. Y
digo credibilidad como expresión y proyección del volumen máximo de gasto
que se debe contener en estas memorias presupuestarias.

Pero el problema de los Presupuestos de 1993 no ha sido sólo que se ha
gastado más, sino que también se ha gastado en partidas distintas a las
inicialmente previstas. Así, las facilidades para transferir créditos y
para modificar esos créditos presupuestarios mediante sucesivas
ampliaciones (créditos complementarios, créditos ampliables y créditos
suplementarios) han facilitado que el destino final del gasto sea muy
distinto al que en un principio fue concebido. Y esa desnaturalización de
la especialidad cualitativa del presupuesto, es decir, en qué se gasta,
no ya cuánto se gasta, sino en qué se gasta, es lo que está haciendo que
se esté originando una dinámica perversa en cuanto a la ejecución
presupuestaria.

Si de alguna manera habría que calificar la proposición no de ley
presentada por el Grupo Popular sería de premonitoria de lo que, con
posterioridad, se ha suscitado a nivel social. Yo creo que los motivos de
esta proposición no de ley se justifican hoy mucho más que hace dos
meses. Baste leer algunas de las noticias que estos días se publican para
penetrar en el calado y en la importancia de la aprobación



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de esta proposición no de ley. El Interventor de Hacienda en Interior
hablaba no hace muchos días de adjudicaciones fraudulentas, de apariencia
de legalidad, de adjudicaciones amañadas en las que se evitaba
sistemáticamente la concurrencia de ofertas. Por recoger otro testimonio,
la Interventora General del Ministerio de Hacienda avisa al Ministro
diciéndole las irregularidades que se dan en su Ministerio respecto a la
contratación de obras.

De ahí que esta proposición se enmarque dentro de las iniciativas que hoy
toda la sociedad clama para, por lo menos, pretender recuperar la
credibilidad de los presupuestos como límite cualitativo y cuantitativo,
es decir, del cuánto y del cómo se gasta el dinero público, evitando, qué
duda cabe, el bochornoso espectáculo que han supuesto esas cifras del
presupuesto del año 1993, y que mucho nos tememos que esto se ha repetido
en 1990, en 1991, y en 1992. Tengo aquí datos verdaderamente curiosos de
cómo en las plurianualizaciones, por ejemplo, en inversiones educativas,
en el presupuesto de 1991 para 1994 aparecía la cantidad de 3.473
millones. Pues bien, en el presupuesto de 1992 para ese mismo año se
rebajaba ya a 2.627 millones, en los de 1993 para 1994 ya aparecían 1.800
millones y en 1994 la cifra era de 1.192 millones. ¿Es que tanto han
cambiado las necesidades de inversión, en concreto en el programa de
educación infantil y primaria? Pero lo mismo podríamos decir de la
educación universitaria, de la investigación o de la compensatoria.

¿Tanto han cambiado las necesidades como para que se produzcan
modificaciones en las valoraciones plurianualizadas de un 30, de un 40 y
de un 50 por ciento? Porque queremos un seguimiento más estrecho, más
cercano y más intenso de ese presupuesto del año 1993, pretendemos que
los subsecretarios comparezcan, con carácter trimestral, ante la Cámara,
en concreto y por lo que a nosotros nos atañe, tanto el de Cultura como
el de Educación.

El Parlamento aprueba los presupuestos, pero no solamente los capítulos
de gasto, de grandes gastos, sueldos y salarios, compras, servicios,
intereses de la deuda, transferencias, etcétera, sino que también aprueba
las secciones y los programas. Yo creo que el seguimiento del presupuesto
no se debe limitar a las grandes cifras de los capítulos de gasto, es
decir, las comparecencias tienen por objeto salir de la esfera de las
grandes cifras y entrar un poco más en el día a día de la ejecución
presupuestaria, en ver qué es de nuestra «pela», qué se hace con ella en
el devenir de la gestión diaria en cada ministerio. Hay que salir de las
macrocifras y hay que entrar en el seguimiento detallado de la gestión
presupuestaria. Para que esto sea posible es imprescindible que exista
una mayor y mejor información al Parlamento. El Parlamento carece de los
medios materiales y de las fuentes de información para hacer un
seguimiento minucioso de los comportamientos de la gestión
presupuestaria. Por ello, previamente a la comparecencia de los
subsecretarios, es necesario que se remita un informe detallado del
cumplimiento de los créditos presupuestarios, por servicios, por
programas, en el que se contemple el anexo de inversiones por comunidades
autónomas y por provincias. Basándonos en este espíritu de control del
cumplimiento de los presupuestos y de la eficacia de la gestión,
entendemos que el subsecretario, en su primera comparecencia del año,
debe dar una explicación detallada de la ejecución de los presupuestos
del ejercicio anterior.

En cualquier caso, señorías, creo que ha llegado el momento de que los
presupuestos dejen de ser un mero instrumento al servicio de objetivos
políticos finales, bien del Gobierno o bien del Partido que sustenta al
Gobierno, y que se conviertan en lo que auténticamente deben ser: en el
motor del desarrollo de nuestro país, pero con un control exhaustivo por
parte de quien tiene encomendada esa labor, que es el Parlamento. De ahí
que hagamos esta propuesta y pidamos la aprobación de nuestra proposición
no de ley para que el Subsecretario del Ministerio de Cultura y el
Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia comparezcan
trimestralmente, previa remisión de un informe, para dar cuenta de la
ejecución del presupuesto. La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): A
esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas por parte de
los diferentes grupos parlamentarios.

¿Qué grupos desean intervenir en un turno de fijación de posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
López de Lerma.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señora Presidenta, señorías, nuestro
Grupo Parlamentario podría compartir lo sustantivo de las críticas que
aquí se han expuesto en relación a la ejecución del presupuesto, no sólo
para el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Cultura,
sino para el conjunto del bloque presupuestario que esta Cámara aprueba y
libra al Gobierno. Podría estar de acuerdo en lo sustantivo. Por supuesto
diferimos en muchos de los calificativos que aquí se han expuesto como
argumentación de base, pero no estamos de acuerdo con la propuesta que
nos hace el Grupo Parlamentario Popular.

Reconozco que es una iniciativa que va a reforzar el papel del Parlamento
como tutor y controlador de este presupuesto, que --repito-- libra al
Gobierno para su ejecución. Desde esa perspectiva es una iniciativa
loable y nosotros la entendemos positiva porque, repito, se trata de dar
un mayor protagonismo al Parlamento y no dejar al libre albedrío de la
ejecución todo un bloque presupuestario que después, años después
lamentablemente, con el informe del Tribunal de Cuentas conocemos
trasvases de partidas, altas y bajas, en el marco lógicamente legal, pero
en todo caso sin aparecer finalmente como cierta una ejecución
presupuestaria en relación al presupuesto aprobado por este Parlamento.

Pero la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, siendo positiva, nos
sorprende. Es una iniciativa que se plantea en todas y cada una de las
comisiones de esta Cámara, cuando debería hacerse en el marco del
Reglamento de la Cámara.

No entiendo por qué el control presupuestario debe residir en todas y
cada una de las comisiones, cuando existe una Comisión de Presupuestos y
cuando existe una Comisión del Reglamento, vía la cual podríamos incluir
en este



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Reglamento ese control permanente de la ejecución presupuestaria. Eso se
intentó, como saben SS. SS., en diversas ocasiones, concretamente en las
tres últimas legislaturas, y hubo iniciativas en el sentido, que nosotros
apoyamos, de crear en esta Cámara una oficina presupuestaria que sirviera
de apoyo a todos los grupos parlamentarios, no sólo para el momento de la
aprobación de los presupuestos sino, sobre todo, para el momento
posterior de un seguimiento puntual de los mismos a lo largo de los 365 ó
366 días de un año. Esta propuesta no vio la luz; y no vio la luz en el
paquete de la reforma del Reglamento precisamente porque, entre otros, el
Grupo Parlamentario Popular no participó en el consenso que otros grupos
animábamos. Si la oficina presupuestaria no existe todavía es porque no
ha visto la luz un nuevo reglamento del Congreso de los Diputados donde
sí se contemplaba esta posibilidad, donde sí se arbitraban los medios
para ese seguimiento puntual de la ejecución presupuestaria que nos pide
el Grupo Parlamentario Popular. Y no se pudo, entre otras cosas, porque
el Grupo Parlamentario Popular no participó en ningún momento en el
consenso, mejor dicho abandonó la sala.

Desde esta realidad, no acabo de entender cómo ahora se nos presenta en
todas y cada una de las comisiones algo que debía haber sido ya
solventado en la pasada, en la anterior y en la más que anterior
legislatura. Desde esa perspectiva entendemos que, siendo loable la
iniciativa, no encontramos lógica la vehiculación en cada una de las
comisiones. Por ello, señorías, señora Presidenta, nos vamos a oponer a
la misma.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ (don Antonio): Para fijar la posición del
Grupo Socialista precisamente en este turno y no en el turno en contra.

Para indicar que, si bien vamos a desestimar esta proposición no de ley
del Grupo Popular, lo hacemos más por una cuestión formal que por
desacuerdo con el fondo de lo que aquí se pretende, aunque probablemente
no coincidiéramos totalmente en la formulación material.

En este aspecto coincido totalmente con lo que acaba de exponer el
portavoz del Grupo Catalán, ya que la cuestión formal deriva, señores
Diputados, como se sabe, de que nuestro grupo ha llevado este tema
precisamente a la reforma del Reglamento de la Cámara. Como consecuencia
de ello se ha creado en la Comisión de Presupuestos una ponencia cuyas
conclusiones se han de incorporar a la reforma del reglamento, en la que
se incluye todo lo relacionado con el seguimiento y control de la
ejecución presupuestaria. Esta comisión está trabajando --precisamente se
reúne estos días-- y de ella forman parte todos los grupos, incluido el
Popular.

No parece procedente que aquí se tome un acuerdo que afecta a dos
ministerios exclusivamente, adoptando una resolución paralela en el
tiempo y que sería totalmente coincidente o no con la que adopte la
Comisión de Reglamento, y que en algún aspecto, tal como se formula en la
redacción, probablemente sea menos operativa de lo que hoy nos propone el
Grupo Popular.

Quiero manifestar nuestra coincidencia y acuerdo con el fondo de la
cuestión que aquí se trata, es decir la necesidad de una mayor
transparencia y control, siempre perfectible, de todo lo que es la
ejecución presupuestaria. En este aspecto no es sospechosa nuestra
posición, dado que está acreditada por la iniciativa de mi grupo de
trasladar, antes de esta reforma del reglamento, a las distintas
comisiones los debates previos a la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado. Como saben SS. SS., hasta la legislatura pasada los
debates de presupuestos se hacían única y exclusivamente en la Comisión
de Presupuestos. Nosotros, los socialistas, teniendo mayoría absoluta en
esta Cámara, hemos hecho que se lleven los debates previos a cada una de
las Comisiones. Por otra parte, lo avalan también las sugerencias que
nuestro Grupo ha presentado a esa ponencia que, como he referido, está
trabajando en la reforma del reglamento.

Es por ello que coincidimos con lo que aquí se pretende. Tanto es así que
nos gustaría que la propuesta de comparecencias y de control
presupuestario, que mediante esta proposición no de ley se propone y que
nosotros aceptaremos a través de la vía ya iniciada con la propuesta de
reforma del Reglamento, pueda ser una fórmula válida para todas y cada
una de las asambleas parlamentarias, también de ámbito autonómico, para
los respectivos seguimientos y controles presupuestarios. Por tanto,
entendemos que el Grupo Popular va a propiciar y facilitar, allí donde
tiene mayoría suficiente --a mí me parece un tema concreto de Galicia--
el que en estos parlamentos exista este tipo de control y seguimiento que
nosotros, los socialistas, vamos a promover en esta Cámara. Suponemos
que, en coherencia con lo que aquí acaba de defender el portavoz del
Grupo Popular, ellos harán lo mismo en estas asambleas.

Tengo que decir que si todo discurso parlamentario debe estar orientado a
motivar y convencer a los demás comisionados para la aprobación de una
iniciativa, mi posición responde a lo que es la coherencia del Grupo
Socialista, pero no a la exposición, motivación y justificación que ha
hecho el portavoz.

Finalizo, señora Presidenta, aceptando la filosofía de fondo, pero vamos
a desestimarla por la coincidencia con el trabajo que está haciendo la
ponencia de la Comisión de Presupuestos que en este momento aborda estos
temas. (El señor Alegre Galilea pide la palabra.)



La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señor Alegre, ¿con qué
pretensión pide la palabra?



El señor ALEGRE GALILEA: Simplemente por alusiones, ya que no sólo ha
fijado la posición, sino que reclama mi opinión y mi gestión ante otros
organismos o instancias.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señor Alegre, conoce
perfectamente que en este turno de



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debate de proposiciones no de ley no hay posibilidad de réplica, sino
sólo el turno de fijación de posición. Por tanto, vamos a proceder a la
votación.




El señor ALEGRE GALILEA: Pero, señora Presidenta, entienda que se ha
hecho algo más que fijar la posición.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señor Alegre, la presidencia
no lo entiende así. Vamos a seguir la costumbre y el hábito marcado por
el Reglamento en el debate de las proposiciones no de ley y vamos a
proceder a la votación de la proposición no de ley por la que se acuerda
la comparecencia trimestral del Subsecretario del Ministerio de Cultura y
del Subsecretario del Ministerio de Educación.




Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 18.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Queda rechazada.




CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:



--SOBRE GENERALIZACION DE LA EDUCACION PREESCOLAR DESDE LOS 3 A LOS 6
AÑOS. FORMULADA POR LA SEÑORA SAINZ GARCIA, DEL GRUPO POPULAR. (Número de
expediente 181/000403.)



La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Cumplimentado el primer
punto del orden del día, pasamos al segundo punto, que consiste en la
contestación de tres preguntas.

Para responder a las preguntas formuladas, contamos con la presencia en
la Comisión del Secretario de Estado de Educación, señor Marchesi.

Voy a dar la palabra a la señora Sainz, del Grupo Parlamentario Popular,
para que formule la primera pregunta sobre generalización de la educación
preescolar desde los 3 a los 6 años.




La señora SAINZ GARCIA: Estoy un poco sorprendida porque no comparezca el
señor Ministro para contestar a tres preguntas a las que mi grupo da la
máxima importancia. En cualquier caso, con el debido respeto y
consideración se las formulo al Secretario de Estado, señor Marchesi.

Quiero plantear la primera de esas tres preguntas, que tiene que ver con
el interés y con la preocupación que nuestro Grupo tiene en torno a la
generalización de la educación preescolar desde los tres a los seis años.

Lo hacemos desde la realidad de conocer en educación infantil la tasa de
escolarización en nuestro país, y quiero manejar datos del Informe
Mundial de la Unesco, que hacen referencia al año 1991, para que puedan
ser comparados con Europa, porque son los últimos datos que tenemos,
aunque haré referencia al dato actual también de escolarización en
nuestro país.

En lo que se refiere en general a la educación infantil, de acuerdo con
ese informe, las ratios de escolarización están en el 51 por ciento. En
lo relativo a los dos años es del 5,7 por ciento, el 27,6 para los tres
años y del 93,5 por ciento para los niños de cuatro años.

En este mismo año el gasto público unitario por alumno de educación
infantil, en proporción con el gasto total del producto interior bruto,
era del 14 por ciento, más bajo por lo tanto, que el porcentaje de los
países de la OCDE. Por lo tanto, esa constante que ha seguido
produciéndose, lamentablemente, en nuestro país habla de una realidad y
justifica, por lo tanto, la preocupación y al mismo tiempo la pregunta de
nuestro grupo, que en nombre del mismo realizo.

Desde entonces nos encontramos con que el informe sobre la aplicación de
la LOGSE al curso 1992-1993 que se acompañaba se constataba que no se
incorporaron todos los centros que se preveían en los presupuestos de
1992. Solamente 1.245 de los 1.561, es decir, un 79,7 por ciento de lo
previsto en relación con este tipo de nivel de enseñanza. Es una realidad
que hoy día no se ha cubierto la totalidad de la escolarización de los
niños de cuatro años, y es un punto de referencia importante en el marco
de esa educación infantil, lo mismo que en cursos pasados, según la
memoria de la LOGSE. No sabemos si será cierto lo que dicen también los
presupuestos de 1994 en el sentido de que se alcanzó el año pasado la
escolarización en un porcentaje del 98 por ciento en los cuatro años. En
cualquier caso, un incremento de la tasa de escolarización de este nivel
del 2,5 por ciento en dos cursos, lo que significaría que tendríamos que
esperar a 1996 para que se alcanzara la escolarización total para esta
edad.

Esto habla de un lento avance en esta edad, de una lejanía también grande
en los porcentajes de los alumnos de las otras edades que están dentro de
la educación infantil y naturalmente, al final, de una tasa de
escolarización en la educación infantil demasiado baja.

El crecimiento real, por otra parte, del programa de educación infantil y
primaria para este año en el presupuesto de 1994 es del 2,5 por ciento.

Ello significa, como nuestro Grupo ha dicho ya en numerosos debates y
ocasiones, así como en el momento en que el presupuesto fue analizado en
esta Cámara, un descenso en términos reales si tenemos en cuenta la
inflación. Pero donde además más espectacular resulta este descenso es
precisamente en las inversiones, que descienden un 22,3 por ciento.

Por todo ello, desde este enmarque y con esta preocupación le hacemos en
este caso al señor Secretario de Estado de Educación la pregunta de
referencia: ¿cómo piensan generalizar y cuándo la educación preescolar de
tres a seis años?



La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Para responder a la
pregunta, tiene la palabra el señor Marchesi.




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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Creo que
el Ministerio comparte la preocupación y el interés que ha manifestado la
señora Diputada en relación con la generalización de la educación
infantil, especialmente en su segundo ciclo.

Creemos que una oferta más amplia en educación infantil es un índice de
progreso educativo y, además, es una apuesta por evitar después abandonos
o para facilitar la compensación de desigualdades que empiezan a
manifestarse en los primeros años de la incorporación al mundo educativo.

En ese sentido creo que compartir el interés de la pregunta cuando afirmo
que tenemos un enorme interés y una enorme voluntad para alcanzar el
ciento por ciento de la oferta educativa en los próximos tres años.

Si bien es cierto, como bien comentaba la señora Diputada, que todavía no
hemos alcanzado una oferta completa para los alumnos desde los tres años,
hay que reconocer --y creo que en la pregunta o al menos en la exposición
de motivos de la pregunta se recoge-- alguno de los progresos que en los
últimos años se han hecho.

Nos encontramos en este momento en tasas próximas al ciento por ciento de
escolarización de alumnos de cuatro y cinco años. Creemos que es ya muy
difícil seguir avanzando porque, como bien sabe la señora Diputada, la
escolarización de cuatro y cinco años no es obligatoria y, por tanto, es
posible que el mínimo porcentaje que falta para llegar a ese porcentaje
no proceda de que no exista la oferta suficiente, sino tal vez de que
algunos --muy escasos-- sectores de alumnos o de padres todavía no llevan
a sus hijos a un centro educativo a los cuatro años porque, en cambio, a
los cinco años prácticamente todos los alumnos --el ciento por ciento--
están escolarizados.

El problema más importante es que el porcentaje es menor en relación con
los alumnos de tres años. En este momento el porcentaje en el ámbito de
gestión del Ministerio está en torno al 54 por ciento de los niños de
tres años. Ello quiere decir que se ha producido un incremento importante
en los últimos tres cursos, un incremento sostenible en la escolarización
de los niños de tres años. Nuestro objetivo, como decía anteriormente, es
conseguir en los próximos tres cursos que exista una oferta completa para
la escolarización de niños de tres años. Con esto quiero decir que
posiblemente no haya una total escolarización de los niños de tres años,
porque, como antes indicaba, puede existir algún sector de familias que
no consideran adecuado que sus hijos de tres años accedan a un centro
educativo. Si eso ya lo notamos en los niños de cuatro años, puede que
sea algo más amplio en los de tres años. Todavía no tenemos --y hay que
reconocerlo-- una oferta suficiente para dar respuesta a esta demanda,
pero nuestro compromiso es que en los próximos tres años esto lo llevemos
a la práctica.

Pone en duda la señora Diputada la posibilidad de cumplir estos
compromisos al utilizar las cifras de los incrementos presupuestarios.

Pero quiero también señalar --y creo que a la señora Diputada no se le
escapa-- que en la educación primaria tenemos una situación de enorme
consolidación y que, además, hay un descenso importante en el número de
alumnos que acceden a la educación primaria. Como bien ha señalado la
señora Diputada, incluso hemos perdido un 2,5 por ciento en todas las
inversiones en el capítulo presupuestario de educación infantil y
primaria, ha habido aumento en los gastos de funcionamiento de los
centros y, por tanto, en el capítulo de personal, y no así, como también
ha dicho, en inversiones fundamentalmente, porque los centros de
educación primaria infantil están sólo consolidados. Con este
mantenimiento y este pequeño incremento estamos en disposición de avanzar
en la oferta de educación infantil.

Pero he de señalar también que, aunque tal vez podríamos avanzar con algo
más de celeridad, la oferta de educación infantil supone al mismo tiempo
no extender, no abrir exclusivamente unidades actuales de preescolar, de
cuatro o cinco años para incorporar a niños de tres años.

Como bien sabe la señora Diputada, la incorporación de niños de tres años
plantea problemas más específicos. Los niños de tres años necesitan un
período de adaptación, necesitan un tipo de unidades más adecuadas a sus
necesidades, necesitan la incorporación, en muchos casos, de profesores
de apoyo, de profesores tutores y es necesaria la elaboración, por parte
de los profesores del segundo ciclo, de un proyecto educativo y de una
oferta de formación. En ese sentido queremos que la ampliación de la
oferta para niños de tres años esté acompañada con estos compromisos de
formación, de elaboración de materiales y, por lo tanto, de participación
de los centros en la oferta del segundo ciclo de educación infantil. De
esta manera creemos que se responde a las inquietudes de la señora
Diputada y conseguiremos en los próximos tres años una oferta no sólo
completa sino de calidad para atender a toda la demanda de los niños de
estas edades.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señora Sainz, ¿desea añadir
algo más?



La señora SAINZ GARCIA: Sí, señora Presidenta.

Señor Marchesi, usted ha hablado de un porcentaje de prácticamente el
ciento por ciento de la escolarización --por lo tanto, total-- de alumnos
de cuatro años. Yo digo que dudaba de las cifras que se dan y que
acompañan la memoria de los presupuestos de este año y, de hecho, como
usted sabe, hubo una contradicción entre las declaraciones del Ministro
en la comparecencia y lo que reflejaban los presupuestos.

De todas formas, usted ha respondido asumiendo la preocupación de nuestro
Grupo que iba implícita en la pregunta y en la exposición que yo he hecho
en nombre de mi Grupo, y ha hablado de llevar a la práctica unos
compromisos en términos de ir poco a poco avanzando en la escolarización
de este nivel, pero yo creo que no se cumplen ya los compromisos y las
previsiones anteriores. Entonces, ustedes tienen que reconocer --y en
este mundo de la educación lo tenemos muy claro--, que son maestros en
prometer y en comprometerse, pero en cambio baten todos los récords de
incumplimiento, por lo que nuestro escepticismo es grande.

Por otro lado, quiero decirle a usted que el Grupo Popular, en todos sus
planteamientos políticos, lleva haciendo una política decidida para
ayudar a extender la



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escolarización y la gratuidad en el nivel de referencia, de una manera
especial desde los 3 a los 18 años. Y ustedes han mantenido una constante
resistencia a esa política decidida del Grupo Popular. ¿Por qué? Pues
porque la realidad, incluso lo que en la Ley se refleja, nos dice que eso
es cierto. Ante nuestras peticiones --la de la gratuidad, por ejemplo--,
ustedes remitían a unos convenios, a unos conciertos que se firmarían con
los ayuntamientos y con centros --dice la Ley-- de iniciativa social,
para asegurar esto, para asegurar lo que difícilmente se está alcanzando.

Pues bien, este año, nuestro Grupo no tiene noticias de que se hayan
firmado esos convenios con los ayuntamientos. Esto puede suponer un
problema para la escolarización del nivel de referencia, provocando, por
otra parte, una insatisfacción en la sociedad, en muchas familias, al ver
que no se cumple, entre otras cosas, lo establecido y lo que se les había
asegurado que se iba a hacer en la Ley.

Quiero dejar constancia de que cuando desde un Gobierno autónomo --en
concreto un Gobierno del que también yo tengo información, y en el que he
tenido responsabilidades-- se pretende, de una manera yo creo que
coherente con esa apuesta, sobre todo, por la libertad, ofrecer ayudas a
este nivel, desde el Ministerio se presentan recursos. Y por otro lado,
ustedes descienden en términos reales --como le decía--, no incrementan,
sino que descienden en términos reales el presupuesto de 1994 destinado a
este nivel. Y además donde el descenso en este nivel resulta más
espectacular es precisamente en las inversiones, en el capítulo VI,
descenso de un 22,3 por ciento, como le decía. Pero usted mismo en sus
argumentaciones me ha dado la razón. Usted hablaba de que ya hay un
descenso de la natalidad --éste es otro debate también importante pero no
es este el momento-- y que había una serie de centros que estaban
consolidados. Pero necesitan recursos económicos, porque si queremos
ofrecer no un aparcamiento para los niños sino una buena educación, una
educación de calidad que, como usted decía al principio, además, es
básica para ir trabajando en esa política de acabar con las
desigualdades, tenemos que ofrecer una buena educación. Nosotros sabemos,
y usted lo conoce perfectamente, que es cierto lo que yo le digo respecto
a que la mayoría de los centros que tenemos en estos momentos no reúnen
los requisitos exigidos en la Logse. Y usted ha dicho también, y con
razón, que además se necesita un esfuerzo y, por tanto, un compromiso
económico para formar a una serie de profesores, para que la aplicación
de esa enseñanza se haga de acuerdo con las necesidades pedagógicas de
ese nivel y con las destrezas que los alumnos tienen que conseguir desde
esa etapa. Pues bien, eso es una realidad, y nos habla de que en algunos
de los niveles todavía hay mucho que trabajar y hay muchos alumnos que no
tienen la posibilidad de acceder a un puesto de este nivel educativo.

Yo creo que algo importante en un Gobierno es la coherencia, la
coordinación sobre todo, y si esto es una realidad en el Ministerio de
Educación, por si fuera poco el problema presupuestario, nos encontramos
con que desde el Ministerio de Asuntos Sociales existe un recorte, se
reduce cerca de 200 millones la partida destinada a la atención de la
primera infancia, es decir, a guarderías, y dice que la reducen porque
Educación se hace cargo ya de esa escolarización. Y eso no es así. De
alguna manera es como lo del perro del hortelano, cuando otro Gobierno,
desde otras competencias, hace algo, ustedes recurren, no dejan hacer, y
mientras tanto ustedes tampoco tienen una política decidida encaminada a
atender a los alumnos en ese nivel.

Por tanto, lo que tenemos, al final, es una serie de familias en nuestro
país con problemas para encontrar centros, para la atención, para la
educación de sus hijos. Creo que éste es un mal camino para, por otra
parte, ayudar a las familias, pero de una manera especial, señor
Secretario de Estado, para ayudar a muchas mujeres que hoy desean
integrarse en el mundo laboral activo, y las recomendaciones de las
directivas europeas hablan precisamente de un esfuerzo en la calidad y en
la necesidad de ofertas de infraestructura para la atención de los
niveles de referencia educativos. Por tanto, desde esa defensa también de
la mujer, desde esa política decidida, pedimos que haya una atención
especial desde el Ministerio de Educación, puesto que el Ministerio de
Asuntos Sociales quiere dejar de responsabilizarse de ese nivel
educativo.

Por tanto, señorías --y con ello termino, señor Presidente--, señor
Secretario de Estado, creo que es importante que quede constancia de que
en estos momentos hay una insuficiencia en cuanto a las posibilidades de
acoger niños, de dar cabida también al nivel educativo de esta enseñanza
infantil, y ello constituye un obstáculo para la actividad de muchas
mujeres con hijos, un problema para muchas familias y un derecho
constitucional que tienen los padres para la educación de sus hijos. Por
tanto pensamos que es importante que exista esa correlación entre la
actividad femenina y los servicios que el Estado dispensa a la familia,
especialmente en el nivel relativo al cuidado de los niños. Y en este
momento el Gobierno no lo ofrece y, sinceramente, señor Secretario de
Estado, creo que ustedes tampoco fomentan la iniciativa social. Por ello,
estamos ante un problema que consideramos debe dársele una solución mucho
más decidida y comprometida que la que podemos esperar después de la
intervención que usted ha hecho.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Tiene la palabra el señor
Marchesi.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Voy a
hacer un breve comentario a la cuestión que se ha vuelto a formular.

Comparto con la señora Diputada su interés por avanzar en la ampliación
de la oferta y comparto la preocupación porque haya sectores, sobre todo
los sectores menos favorecidos, que no puedan beneficiarse de esa oferta.

En ese sentido, los datos que nosotros tenemos hablan de que hemos ido
mejorando la oferta pública a lo largo de estos años, sobre todo para los
niños de tres años, y que vamos a seguir comprometidos en una oferta
pública de 3 a 6 años para conseguir llegar a una oferta del cien por
cien.

Yo no pensaba hacer comparaciones, pensaba situarme solamente en la
respuesta a su pregunta, pero usted ha hecho mención a alguna comunidad
autónoma, a la



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Comunidad Autónoma gallega que usted conoce bien; yo no tan bien como
usted, pero tengo alguna referencia de los presupuestos, de lo que se
destina a la enseñanza pública y de lo que se destina a la enseñanza
concertada e incluso del porcentaje de niños de tres años que hay
escolarizados en Galicia, y he de decir que me sorprende mucho que con
estos planteamientos ustedes financien la enseñanza privada, me sorprende
mucho, porque sus porcentajes de escolarización son muy inferiores a los
del ámbito de gestión del Ministerio, y el porcentaje de recursos que
ustedes destinan a los centros públicos proporcionalmente es muy
inferior. En ese sentido me sorprende que, con sus planteamientos de
conseguir llegar a una oferta muy superior, ustedes destinen dinero a
financiar a unos alumnos que ya accedían a la enseñanza de 3 a 6 años,
porque ya la estaban pagando, lo que pasa es que ahora, en vez de pagarla
sus familias, que podían pagarla, la está pagando el Gobierno autónomo
por las razones que haya considerado oportunas. En ese sentido, nosotros
consideramos que nuestro esfuerzo debe ir en la línea de lo que yo creía
entender que usted planteaba, que es conseguir que haya una oferta para
todos los sectores, especialmente los más desfavorecidos, y esa oferta
debe ser un compromiso con la oferta pública que es lo que, a lo largo de
estos años, el Ministerio, en su ámbito de gestión, ha venido haciendo. Y
ahí están los datos. Nuestros datos indican que hemos ido avanzando curso
a curso. ¿No lo suficiente? Tal vez; ¿Ojalá hubiéramos ido más rápido?
Tal vez. Pero no hay ninguna otra comunidad autónoma que haya tenido en
estos años una subida porcentual tan acusada como la que ha tenido el
Ministerio en su ámbito de gestión.




--SOBRE ESTABLECIMIENTO GRADUAL DE LA GRATUIDAD DE ENSEÑANZA DE LOS 3 A
LOS 18 AÑOS. FORMULADA POR LA SEÑORA SAINZ GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000404.)



La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): La segunda pregunta
formulada por la misma señora Diputada dice textualmente: Pregunta sobre
el establecimiento gradual de la gratuidad de enseñanza de los 3 a los 18
años.

Para formular esta pregunta tiene la palabra la señora Sainz.




La señora SAINZ GARCIA: Señor Secretario de Estado, al Grupo Popular le
preocupa el que se pueda dar una oferta educativa de calidad a todos. No
tenemos miedo a la libertad y respetamos el derecho de todos a elegir el
tipo de educación. Es ésta, tal vez, la diferencia más importante que nos
separa. Y se lo dice, además, una persona que se ha educado en la
enseñanza pública. Con orgullo se lo digo, me he educado y he estudiado
todos los años en la enseñanza pública. Por tanto, valoro la enseñanza
pública, estoy agradecido a la enseñanza pública, quiero a la enseñanza
pública, ejerzo la enseñanza pública, pero respeto también el que haya
opciones diferentes. Eso es verdad. No son meras palabras. Son
realidades, hechos contrastados. Quizá les moleste a algunos, pero eso es
una realidad.

La verdad es que como nos preocupa el que se pueda ir ofertando una mejor
educación y una mejor calidad de la educación para todos y que haya una
gratuidad en la enseñanza, porque sabemos de la importancia que para todo
en este mundo tiene la educación, la enseñanza y la formación, nos
preocupa también el que se pueda conseguir el establecimiento gradual de
esa gratuidad en la enseñanza de 3 a 18 años.

Las tasas de escolarización, por otra parte, en nuestro país de 15, 16,
17 y 18 años, dejando ya lo que hemos señalado de una manera más
específica en la anterior pregunta, son mucho más bajas que las que
existen de media en los países de la OCDE. Por tanto, aquí estamos
también ante una realidad que habla de una serie de déficit en la
formación y en la educación. El Gobierno tiene que reconocer que la
escolarización en esta última etapa --la anterior ya la hemos analizado--
de la enseñanza secundaria es baja. Estamos a 10 puntos de la media
existente en los países de la OCDE. Y, por cierto, hablando de ese
porcentaje, señor Secretario de Estado, cuando Galicia asumió las
competencias educativas, en ese momento, teníamos un déficit de 10 puntos
en la tasa de escolarización en el nivel llamado entonces de preescolar,
y con un esfuerzo importante de la Comunidad Autónoma gallega se salvaron
esas diferencias y hoy estamos en porcentajes similares de educación en
este nivel de referencia, sin que desde el Gobierno central se hiciese
nada, porque ustedes siguen sin querer desarrollar entre otros el
artículo 15 de la Lofca para la nivelación de los servicios básicos
importantes. Eso que quede claro. Por tanto, repito, sirva de
consideración para enmarcar también el que no estamos conformes con ese
nivel de escolarización que tenemos en comparación con los niveles del
resto de los países a los que he hecho referencia; no podemos estar
satisfechos, no podemos quedarnos sin hacer nada sin tomar medidas para
reconducir esta situación. Por tanto, repito la pregunta: ¿Cómo piensan
ustedes extender la gratuidad de la enseñanza hasta los 18 años, si es
que lo piensan hacer?



La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Tiene la palabra el señor
Marchesi. El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi
Ullastres): La pregunta es, en parte, prolongación de la anterior y, en
consecuencia, voy a responder con mayor brevedad, si cabe.

Nosotros creemos que debemos seguir haciendo un esfuerzo por conseguir
que exista una oferta de enseñanza, una oferta pública inicialmente, pero
respetando y apoyando en los niveles de educación obligatoria a la
enseñanza concertada, de tal manera que se respete el principio
constitucional de que la educación obligatoria sea gratuita. Se ha hecho
un esfuerzo importante durante estos años y hemos avanzado mucho en la
oferta educativa. Yo no sé qué datos maneja usted, yo recuerdo el último
informe, año 1993 de la OCDE sobre el número de alumnos escolarizados de
3 a 24 años que sitúa a España en el cuarto o



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quinto lugar de todos los países de la OCDE. Creo que no está mal.

Tenemos por delante, si mal no recuerdo a Estados Unidos, a Canadá, a
Francia, luego hay otro país y después estamos nosotros. No hablo de 3 a
18, sino de 3 a 24 que son los datos que están en el informe de la OCDE,
que son datos contrastables y que se pueden manejar. Es decir, en ese
sentido se ha hecho un esfuerzo por parte de todos. Esfuerzo importante,
que debemos valorar, de ampliar la oferta educativa, tanto de 3 a 6 años
--en este nivel somos uno de los países que más alumnos tiene
escolarizados-- como de 16 a 18; de 14 a 16 prácticamente, no tengo las
cifras ahora mismo en la mente, pero más del 90 por ciento están ya
escolarizados y de 16 a 18 se ha ido subiendo progresivamente año tras
año. Y, como le digo, de 3 a 24 años el porcentaje de escolarización
española es satisfactorio. No somos los primeros, pero sí los cuartos o
los quintos de los países de la OCDE. Yo creo que es un dato que debe ser
tenido en cuenta, aunque no digo que con esto podamos echar las campanas
al vuelo.

El debate que se vuelve a plantear de nuevo en su pregunta es el de la
gratuidad. Y se remite a la pregunta anterior. Nosotros creemos que hemos
de garantizar la educación gratuita en la etapa obligatoria. Y la etapa
obligatoria es en este momento de 6 a 14 años y será, dentro de unos
años, de 14 a 16. Y esta extensión de la educación obligatoria de 14 a 16
años va a suponer un enorme esfuerzo de financiación de la educación
concertada. No nos parece que, en un momento en que debemos hacer frente
a demandas muy importantes de reforma en el tramo de la educación
secundaria, de convalidación de la primaria y de reforma de la formación
profesional, sea adecuado derivar más recursos para financiar no sólo la
educación obligatoria, sino también la educación preobligatoria de 3 a 6
años y la educación postobligatoria, porque los recursos son los que son
y si usted dedica más recursos a la educación privada, está dedicando
menos, evidentemente, a la educación pública. Usted tiene diez pesetas en
su presupuesto y dedica seis a la privada y cuatro a la pública. Yo
prefiero menos cariño y más pesetas a la educación pública y menos a la
privada, porque creemos que es la manera de demostrar el compromiso con
la enseñanza pública porque los presupuestos son los que son. Su
distribución es lo que indica el compromiso con una enseñanza y, en ese
sentido, nosotros mantenemos el compromiso con toda la enseñanza en el
ámbito concertado. Por tanto, consideramos a todos los centros dentro de
la red pública, pero no así otras ofertas que creemos que entran dentro
todavía de la oferta privada. En esa dirección he de decirle que estamos
haciendo también un esfuerzo por adelantar nuestros compromisos en la
extensión de la educación obligatoria desde los 14 a los 16 años. No creo
que haya habido muchas administraciones educativas que lo hayan hecho.

En el mes de enero, como usted, supongo, conoce, el Ministerio de
Educación y Ciencia invitó a los centros concertados y privados a que
solicitaran la anticipación de la educación secundaria obligatoria con el
compromiso de financiar a esos centros, en los próximos años, el ciclo
14-16 que actualmente no está financiado. Esa solicitud ha sido
respondida muy mayoritariamente por los centros concertados. En este
momento, hace diez minutos el Ministro de Educación firmaba la orden en
la que se establecen los centros concertados que van a anticipar la
educación secundaria obligatoria y, por tanto, el compromiso de financiar
a esos centros. Es decir, hay un compromiso presupuestario con esos
centros que va a ir por delante de la generalización de la educación
secundaria obligatoria; es decir, estos centros que voluntariamente lo
han solicitado van a tener una respuesta presupuestaria previa. Creemos
que en el ámbito de la educación obligatoria no sólo estamos cumpliendo o
cumpliremos nuestros compromisos, sino, me atrevo a decir, que lo están
haciendo con antelación de otras muchas comunidades autónomas que
todavía, desde el ciclo 14-16, no se han planteado la anticipación
concertada de las enseñanzas. Creemos, en este sentido, que nuestra
posición es respetuosa con la oferta existente, es respetuosa con la
opción de los alumnos, es respetuosa con los compromisos constitucionales
y legales; lo que sucede es que tenemos en las etapas no obligatorias un
especial compromiso de ampliar la oferta para llegar a todos los sectores
educativos, especialmente a aquellos a los que normalmente no se llega
desde otro tipo de enseñanzas.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): La señora Sainz tiene la
palabra para un segundo turno, en el que espero que respete el tiempo
establecido.




La señora SAINZ GARCIA: Procuraré hacerlo, señora Presidenta.

La verdad es que, al final, después de unos años de inicio --porque no ha
sido implantada en su totalidad-- de aplicación de una ley, nos hemos
encontrado. El Grupo Popular claramente defiende y trata de que las tasas
de escolarización en estos años se eleven compaginadas también con la
gratuidad. El incremento de las tasas de escolarización tiene mucho que
ver con la gratuidad. Ese es un objetivo. Yo tengo unos datos de tasas de
escolarización de los 15, 16, 17 y 18 años que son en los que en estos
momentos me muevo, y hay diferencias importantes con la media de los
países de la OCDE. Por tanto, seguimos pensando que hay importantes
lagunas que salvar.

Por esa diferencia que señalaba en mis primeras palabras de este segundo
turno, nuestro Grupo señaló y pidió en la Logse la gratuidad hasta los 18
años. Ustedes solamente la establecían en el período obligatorio, pero
por qué vamos a castigar a los alumnos en esa etapa, a los padres y a las
familias. Ustedes han establecido --hay que decirlo todo-- la gratuidad
hasta los 18 años en la enseñanza pública, pero se niegan a establecerla
en otro tipo de enseñanza que no sea la pública. Permítame que le vuelva
a decir que eso es tener miedo a ejercer la libertad. ¿Por qué no dan
ustedes la posibilidad de elegir? ¿Por qué sí en la enseñanza pública,
pero no en la enseñanza privada en ese nivel? ¿Qué razones puede haber?
Nosotros vemos que, en aras a la pluralidad, buscando, además la eficacia
y, si quieren, incluso --va a pasar lo mismo que con Sanidad--, la mejor
gestión y el ahorro económico, no tiene el Gobierno por qué poner
fronteras ni límites a la gratuidad.




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Y, repito, se lo dice una persona que ha estudiado en la enseñanza
pública.

A esas limitaciones que ustedes están poniendo a la gratuidad hay que
añadirle algo más. Han movido a la enseñanza con una serie de reformas y
de contrarreformas. Yo, que llevo tiempo en esto, sé cómo en un principio
había una reforma, después una contrarreforma, después unas medidas, e
incluso en las últimas intervenciones han dado marcha atrás. Esta
Diputada que le habla ha tenido con responsables del Gobierno discusiones
importantes, por ejemplo, acerca de la eficacia o no del sistema de la
inspección educativa que ustedes montaron. Al final nos han dado la
razón. Han sacudido la enseñanza educativa, pero creo, sinceramente, que
no hemos mejorado en términos de calidad como se debiera. No tenemos la
calidad.

Le voy a dar otros datos que avalan también mi preocupación, por ejemplo,
el fracaso escolar. El porcentaje de suspensos en estos niveles es
importante. De 1.º a 2.º año de BUP, un 23 por ciento; de 2.º a 3.º, un
23 por ciento. Y si hablamos de la formación profesional, ya mucho más
fuertes. Por otro lado, ya que he introducido lo de la formación
profesional, tengo que decir que ustedes han apostado por la vinculación
al mundo de la empresa --nuestro Grupo también-- pero luego no lo hacen.

El número de alumnos que pueden tener la posibilidad de realizar
prácticas en las empresas es muy pequeño frente al total. Por tanto, hay
un fracaso en ese intercambio entre las empresas y centros educativos. De
alguna manera, usted conoce perfectamente cómo han abandonado, han dejado
en solitario a muchos profesores para enfrentarse con la necesidad de
hacer un complemento de la enseñanza en los centros de prácticas, en las
empresas. No podemos obviar esos resultados.

Usted ha hablado del respeto hacia la enseñanza privada. Pues bien, desde
que ustedes gobiernan se han ido reduciendo sus posibilidades, su
presencia en la enseñanza secundaria de manera importante, según mis
cifras, creo que en un 60 por ciento. Frente a esto, tampoco es verdad
que ustedes hayan hecho una apuesta clara y decidida por la enseñanza
pública. ¿Por qué? Porque los incrementos presupuestarios de la enseñanza
pública, como consecuencia de la tremenda crisis económica que sufre el
país, no han podido elevarse, se han reducido claramente y de una manera
importante sobre todo en estos dos últimos años. Por tanto, el gasto
público en educación ha disminuido y, sin embargo, no hay la posibilidad
de una presencia de la enseñanza privada que cubra esos problemas por los
que está atravesando ahora el presupuesto público. Nuestra preocupación
está ahí, desde la responsabilidad, desde unos hechos contrastados.

Por otra parte, repito, tampoco observamos calidad. Ustedes están
conformes, pero saben que las «ratio» profesor-alumno siguen siendo muy
altas. Conoce perfectamente la necesidad --y no son capaces de
abordarla-- de la reforma de los centros que se requieren para implantar
la nueva enseñanza. Por ello, hay muchas deficiencias que hablan de
calidad y de esas mejoras que habían prometido. Nuestra preocupación está
ahí. Seguimos en nuestro país con unas diferencias en términos de
eficacia y de rendimiento, incluso de objetivos, que algunos podríamos
compartir, pero que en otros hay una diferencia importante que nos
separa. Todo esto tiene que ver con el porcentaje que en otros países se
dedica a la enseñanza privada, la posibilidad de que haya la libertad de
elegir. En cambio, esa actitud rara que ustedes tienen...




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señora Sainz, lamento
interrumpirla, pero lleva usted mucho más del tiempo previsto para este
segundo turno. Le ruego que termine en 30 segundos.




La señora SAINZ GARCIA: Sí, señora Presidenta.

Termino diciendo que nuestros jóvenes, en esa edad importante, se
encuentran muchas veces con que no tienen centros públicos, con una
enseñanza que no les atrae, que no tienen posibilidades de elegir e
incluso ni siquiera a lo mejor tienen en las cercanías un centro para
ejercer la formación profesional que ellos desean y, por ello, se
encuentran con unas dificultades importantes en una edad fundamental para
su futuro. Creo, sinceramente, que el Gobierno no está asumiendo estos
problemas como debiera.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Para responder, tiene la
palabra el señor Marchesi.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Plantea
usted muchos temas realmente importantes, pero creo que su réplica es más
un conjunto de preguntas relevantes que exigen una respuesta amplia para
la que no voy a tener tiempo. Por tanto, voy a hacer unos breves
comentarios en relación con lo que usted ha señalado.

Creo que hemos mantenido las propuestas iniciales de la reforma. Usted
comentaba que hemos ido dando bandazos, que hemos ido modificando la
reforma. Creo que en sus líneas generales no. Hemos ido adaptándola a la
situación, a las demandas y a los acuerdos que podíamos alcanzar, pero
los tres grandes objetivos que hemos manifestado desde el comienzo los
estamos manteniendo: la extensión de la educación obligatoria, la
reordenación de las escalas educativas (educación infantil, primaria,
secundaria, bachillerato y formación profesional), la reforma de la
formación profesional para vincularla al mundo del trabajo y, finalmente,
la apuesta por mejorar la calidad de la enseñanza es algo que se sigue
manteniendo. Ahora bien, en esta dinámica y en torno a estos objetivos, a
lo largo de estos años hemos ido adaptándonos a su puesta en práctica y a
aprender de la propia experiencia y de las propias demandas sociales. En
ese sentido, yo creo que debe verse como algo positivo el que en algunos
momentos hayamos pensado que era importante poner en marcha determinados
programas, programas de garantía social o programas de evaluación. Hemos
creado un Instituto Nacional de Evaluación, que no estaba previsto en sus
orígenes. Hemos creado unos sistemas de participación en la formación
profesional, que no estaban previstos en sus orígenes. Hemos incorporado
la formación en centros de trabajo como elemento fundamental de la nueva
formación profesional. Es



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decir, hemos ido adaptando determinados aspectos para responder a las
demandas sociales y para encontrar la solución a problemas que existen,
sin duda. Esos problemas nos van a conducir a que en los próximos años
tengamos, igualmente, que adaptar nuestras previsiones a la realidad del
sistema educativo. Pero yo creo que eso, más que verse como un motivo de
zigzagueo, más que verse como un motivo de falta de claridad, yo creo que
debe valorarse como sintonía con las demandas sociales, como un intento
de adecuarnos a la realidad y a propuestas que se nos han hecho desde
distintos sectores.

Por eso quiero decir que, a lo largo de estos años, hemos ido avanzando
en algunos aspectos que se han planteado: en el funcionamiento de la
inspección, en la reducción de las «ratio», en el número de alumnos por
aula, en el número de profesores en la educación secundaria. Creo que hay
elementos que nos permiten señalar que ha habido un avance durante estos
años.

¿Es suficiente? Sin duda no es suficiente. Sin duda tenemos que seguir
impulsando un proceso que lleva consigo un esfuerzo importante, que exige
una planificación cuidadosa, y que exige un diálogo y un debate
permanente con el conjunto de la comunidad educativa: mejorar los
sistemas de evaluación, mejorar la organización de los centros, mejorar
la oferta de formación profesional, hacer más atractiva la formación
profesional, vincular la formación profesional al mundo del trabajo,
diseñar una formación profesional que se adelante a las demandas futuras.

Sí, son retos que tenemos que llevar a la práctica. Son cuestiones que
todavía no están suficientemente resueltas, pero ésa es la reforma en la
que estamos y en la que existe, yo creo, un enorme consenso para llevarla
a la práctica, y existe una enorme voluntad de hacerlo así.

Usted me hacía el comentario de que ni destinamos recursos a la enseñanza
privada ni destinamos recursos suficientes a la enseñanza pública. Este
razonamiento me hace fácil la respuesta. Si todavía no son suficientes ni
las inversiones ni nuestro compromiso con la enseñanza pública, no sabría
cómo explicar al conjunto de la sociedad que de esas insuficiencias
todavía se detraen recursos para dedicarlos a la enseñanza privada en sus
niveles no obligatorios. Yo creo, como usted bien dice, que debemos hacer
un esfuerzo en las etapas no obligatorias para conseguir consolidar una
oferta suficiente, y en ese momento, cuando existan los recursos,
estaremos abiertos para buscar fórmulas, como la Logse establece, de
convenios, de colaboración, que permitan resolver los problemas
existentes, pero en ese momento. Como usted bien decía, estamos en un
contexto de crisis, y al mismo tiempo que usted me reconoce que estamos
en un contexto de crisis, me está solicitando que aumente los recursos
para la enseñanza privada. Permítame que le comente que debemos hacer el
esfuerzo suficiente para consolidar la oferta pública y que en ese
proceso estamos abiertos a cumplir lo que la Logse establece, como cuando
usted se refería a los convenios con las corporaciones locales y
entidades sin fines de lucro para la educación infantil o algunas otras
ofertas que nos permitan responder a las demandas existentes.

He de decirle finalmente que si el objetivo futuro de la reforma es
conseguir que la educación obligatoria, y por tanto la educación
gratuita, llegue hasta los 16 años, esperemos a cumplir ese objetivo, que
todavía no se ha cumplido, y cuando todos los alumnos tengan la educación
obligatoria y gratuita hasta los 16 años, que es el objetivo de la
reforma, podremos plantearnos el avanzar y extenderla a otras etapas que
ni siquiera están todavía contempladas en la propia Logse.




--SOBRE REVISION DE LA POLITICA DE BECAS UNIVERSITARIAS. FORMULADA POR LA
SEÑORA SAINZ GARCIA (G. P. POPULAR). (Número de expediente 181/000405.)



La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Para formular la tercera
pregunta, sobre política de becas universitaria, tiene la palabra la
señora Sainz.




La señora SAINZ GARCIA: Precisamente esta pregunta la hago en el marco de
ese contexto de crisis, que también es importante que se reconozca al
menos ahora desde el Gobierno, y en ese contexto, desde el reconocimiento
del importante papel que juegan precisamente las familias, hago esta
pregunta, porque, como sabe usted, las familias actúan en épocas de
crisis como un colchón de ayuda a unos jóvenes que no encuentran un
puesto de trabajo, a unas personas que no tienen la posibilidad de
emprender una vida en común, etcétera. Por tanto, es importante el papel
que juega la familia en una sociedad, y desde luego decisivo en época de
crisis, la familia española (además estamos en el Año Internacional de la
Familia) es, lamentablemente, la que menos ayuda recibe de todos los
países europeos y el tratamiento fiscal es el más raquítico. El
reconocimiento de esto ha sido precisamente lo que ha llevado a que esta
Cámara, a iniciativa de nuestro Grupo (yo he tenido la oportunidad de
defenderla en nombre de mi Grupo) haya constituido una ponencia para
tomar medidas que puedan contribuir a reconducir esta situación. Por
tanto, hay un reconocimiento de esas insuficiencias.

Pues bien, la educación de los hijos es, sin lugar a dudas, el objetivo y
la preocupación mayor de los padres, y la situación económica de las
familias españolas está inmersa en esas turbulencias (ahora vamos a dejar
la crisis) económicas que atraviesa de manera grave nuestro país. Por
ello, nuestro Grupo considera que, en este marco general, la política de
becas es muy importante y requiere unas modificaciones. ¿En qué línea? En
la línea de mejorar los criterios para que de verdad se pueda decir que
las normas tienen en cuenta a las familias, al número de hijos de las
familias, porque en estos momentos nuestro Grupo considera que esto no es
así, que los criterios establecidos lejos están de considerarlas, sino
que más bien castigan a las familias con más hijos. Repito que nuestro
Grupo considera que ayudar a las familias es también reconsiderar la
política de becas, y en estos momentos no se ha tenido en cuenta como
debiera el número de hijos en cuanto a los criterios para su concesión y,
naturalmente, con ello, a



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nuestro juicio, se quiebra también el principio de igualdad de
oportunidades.




La señora VICEPRESIDENTA: (Rodríguez Ortega): Señor Marchesi, tiene la
palabra para responder a esta última pregunta.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): He
escuchado con atención la pregunta porque he percibido que me iba a
plantear algunos criterios de modificación de las convocatorias de becas.

Me he quedado un poco a medias, porque el planteamiento ha sido muy
general. Me dice usted que no se ha tenido en cuenta suficientemente a
las familias. No lo sé. En la convocatoria de becas, como usted bien
sabe, se tienen en cuenta el número de miembros que hay en una familia y,
por tanto, para el acceso a la beca, en concreto, si el número de
miembros son tres, cuatro u ocho, las condiciones son diferentes. Por
ejemplo, para obtener la gratuidad en las tasas universitarias, sabe
usted bien que en la última convocatoria, si mal no recuerdo, si la
familia es de tres miembros, la gratuidad se obtiene si los ingresos son
inferiores a dos millones y medio de pesetas, si es de cuatro miembros,
inferiores a tres millones, y si es de ocho miembros, inferiores a cuatro
millones. Se tiene en cuenta el número de miembros de la familia para
acceder a la gratuidad de las tasas universitarias.

En consecuencia, considero que el número de miembros de la familia y, por
tanto, el número de hijos, se tienen en cuenta para el acceso a las becas
y, en este caso concreto, en el ejemplo que he puesto a la gratuidad de
las tasas universitarias. Lo que desconozco es si ese criterio parece
insuficiente y si habría que tener más en cuenta determinado número de
miembros o que debiera haber, desde su punto de vista, una reformulación
de los criterios existentes que, con mucho gusto, escucharé y estudiaré.

Pero sí le puedo asegurar, y así consta en la propuesta, que existe una
diferencia, de acuerdo con el número de miembros de una familia y en
función de sus ingresos para acceder a las becas o a la gratuidad de las
tasas. En todo caso, lo que sí quiero decirle es que hemos avanzado mucho
durante estos años en la cuantía de las becas y en el número de los
becarios. En este momento nos encontramos en cifras cercanas a los 75.000
millones de pesetas destinadas a las becas, y el número de becarios está
próximo a 750.000; no voy a aburrirles con los datos de incremento
durante los últimos años, pero yo creo que cualquier observador imparcial
estaría de acuerdo en que en los últimos años ha habido un progresivo
crecimiento de las cuantías dedicadas a las becas y del número de los
becarios, que han pasado de los escasos 200.000, hace diez años, a más de
700.000 en el año anterior. Es decir, que hemos hecho un esfuerzo muy
importante para avanzar en la política de becas, porque creemos que es
una política enormemente importante para ayudar a aquellos que están en
condiciones sociales más desfavorecidas, para garantizar el acceso a
todos los sectores a la enseñanza no obligatoria.

Si en la réplica usted me puede precisar más cuáles serían los criterios,
con mucho gusto yo los estudiaré y trataré de tenerlos en cuenta antes de
elaborar la próxima convocatoria de becas que, como sabe, hacemos poco
antes del verano.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): La señora Sainz tiene la
palabra.




La señora SAINZ GARCIA: Señor Secretario, con sumo gusto le voy a exponer
que, a nuestro juicio, sería importante reconsiderar esto en el momento
de sacar la nueva convocatoria. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con los
datos que obran en mi poder, para acceder a una beca, el umbral de la
renta de la familia de un miembro es de 810.000 pesetas; la familia de
dos miembros, 1.345.000 (más 535.000 pesetas); familia de tres miembros,
1.780.00 (más 435.000); pero ya empezamos a hacer diferencias: familia de
cuatro miembros, 2.120.000 (esto supone más 340.000) y, en función ya de
que sean cinco miembros representa más 240.000; en 5 y 6 el incremento se
congela en 240.000 pesetas; para la de 7 miembros, más 230.000; las de
ocho, más 230.000. Es decir, se va reduciendo, por tanto, en función del
número de hijos. Parece que un hijo cuesta más pero, en cambio, cuando
son tres, menos, y a lo mejor la casa cuesta muchísimo más, porque hay
que ver la carestía de los pisos, la necesidad de un alquiler, etcétera;
el dar la educación y el mantener a un hijo no tiene por qué tener esta
reducción.

Si nos remitimos a las tasas, pasa lo mismo. Para la familia de un
miembro, un millón; la familia de dos miembros, 1.800.000 (más 800.000),
pero luego, en función del número de miembros, de 3, más 700; de 4, más
500; de 5, más 280, y de 6, más 250. Es decir, se va reduciendo en
función del número de hijos, pero en una cuantía verdaderamente
importante. Por tanto, creemos que en estos momentos no se está llevando
a cabo, en relación con la política de becas, una protección de la
familia que tiene un número determinado de hijos. Por otro lado, estos
criterios a la hora de ayudar a la familia nos siguen alejando también de
los países europeos. Los padres cuyos hijos realizan estudios superiores
ya no reciben las prestaciones. Incluso le puedo decir una cosa, hasta mí
han llegado informaciones de que las ayudas que reciben los padres en
función del número de hijos es tan discriminatoria en España en relación
con otros países que esto está teniendo repercusión en las dificultades
para que los jóvenes españoles puedan acceder a determinados programas de
intercambio con jóvenes europeos.

Por tanto, es una realidad que ahí está. Las becas creemos sinceramente
que no son suficientes. Hay muchos jóvenes que se ven obligados a
abandonar los estudios porque --usted lo conoce perfectamente-- no son
capaces de hacer frente a los costes y, encima, lamentablemente, no
tienen un puesto de trabajo. Las tasas se han incrementado de una manera
enorme y fuerte, en un momento además de una crisis económica importante;
se ha roto un compromiso que ustedes habían firmado de que no se
incrementarían las tasas más allá del crecimiento del IPC; el número de
becarios universitarios supone un incremento muy pequeño, y ya no vamos a
hablar de cuando no se pagan las becas, etcétera.




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Sinceramente, según los criterios existentes para la concesión de becas,
pensamos que no hay una ayuda a la política de familia en función del
número de hijos, que solamente se consideran el primero y el segundo hijo
y que, conforme aumentan, se empieza a hacer una discriminación, de tal
manera que parece ser que van ustedes a consolidar la ayuda en función de
que la familia sólo tenga un hijo, al mismo tiempo que hablan de que es
necesario cambiar esa dinámica y que, como no nacen niños en España, hay
problemas para pagar las pensiones. Esto se lo he oído a los ministros de
este Gobierno. Creemos que hay que tener una coherencia política. Por un
parte, la Ministra de Asuntos Sociales habla de ayudar a la familia y
que, por tanto, hay que cambiar esto; por otra, Economía no le hace caso,
porque reflejo presupuestario para ayudar a las familias, desde luego, no
hay ninguno, y, en Educación creemos que tampoco se hace una política
decidida en este sentido.

Por tanto, a nuestro Grupo le preocupa lo relativo a las becas. Son
muchas las familias españolas que necesitan de una ayuda económica para
que sus hijos puedan cursar unos estudios, hijos a los que, además, no se
les da ninguna otra oferta de insertarse en el mundo del trabajo,
lamentablemente. Por tanto, yo le agradecería que esa oferta que ha hecho
se convirtiera en una realidad, que lo estudien y puedan cambiar los
criterios para ayudar a todas las familias españolas.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Para cerrar este último
turno tiene la palabra el señor Marchesi.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION (Marchesi Ullastres): Muchas
gracias por la precisión y la información que me ha proporcionado.

He de decirle que la convocatoria de becas está basada en estudios sobre
el coste familiar y, en consecuencia, los porcentajes de incremento
derivan de los estudios de que disponemos para analizar el coste familiar
en función del número de hijos. En todo caso, con mucho gusto reitero el
compromiso de estudiar el planteamiento que usted me hace y de tener en
cuenta y analizar hasta qué punto es posible incorporar algunos elementos
que colaboren más aún al apoyo que queremos dar a las familias que puedan
tener un número mayor de hijos. En ese sentido tendré en cuenta, cuando
hagamos la convocatoria, estas reflexiones, pero le insisto en que los
criterios que hemos mantenido hasta ahora no son simplemente criterios
aleatorios o criterios que hayan surgido al azar, sino que son criterios
que derivan de los estudios del coste familiar en función del número de
hijos y, a partir de ahí, hemos establecido los incrementos para las
becas. Pero con mucho gusto estudiaremos las propuestas que usted me ha
hecho, y además agradezco que me las haya hecho llegar.

Muchas gracias.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Muchas gracias, señor
Marchesi.

Concluido el orden del día que estaba previsto para la Comisión de esta
tarde, agradecemos de nuevo la presencia del Secretario de Estado de
Educación, y agradecemos también la colaboración de SS. SS.

Se levanta la sesión.




Eran las cinco y cincuenta minutos de la tarde.