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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 166, de 14/04/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 166
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON JOAQUIM MOLINS I AMAT
Sesión núm. 15
celebrada el jueves, 14 de abril de 1994



ORDEN DEL DIA:
--Proposición no de ley por la que se acuerda la comparecencia trimestral
del Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, previa remisión
de un informe, para que dé cuenta de la ejecución de su presupuesto.

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 67,
de 4-3-94. Número de expediente 161/000141.) (Página 5268)
Preguntas:
--Del señor Such Pérez (Grupo Parlamentario Popular), sobre situación del
proyecto de construcción de la línea de alta tensión Aragón-Cazaril.

(BOCG
serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000350.) (Página 5271)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
medidas para reducir los niveles de contaminación provocados por la
central térmica de la Empresa Nacional de Electricidad, S. A. (ENDESA),
en Andorra (Teruel). (BOCG serie D, número 57, de 21-2-94. Número de
expediente 181/000497.) (Página 5272)



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--Del señor Cholbi Diego (Grupo Parlamentario Popular), sobre traslado de
los depósitos de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.

A. (CAMPSA), del puerto de Alicante a un emplazamiento menos peligroso.

(BOCG serie D, número 57, de 21-2-94. Número de expediente 181/000509.)
(Página 5275)
--Del señor Martínez Blasco (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
presentación ante la Comisión de la Unión Europea de un plan de
modernización, racionalización y reestructuración de la industria del
carbón de la provincia de Teruel. (BOCG serie D, número 61, de 25-2-94.

Número de expediente 181/000512.) (Página 5277)
--Del mismo señor Diputado, sobre ayudas a la producción y a la
reconversión concedidas por las diferentes administraciones a la
industria
del carbón de la provincia de Teruel desde la aplicación de la Decisión
2064/86/CECA. (BOCG serie D, número 61, de 25-2-94. Número de expediente
181/000513.) (Página 5277)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas que el Gobierno piensa
comunicar
a la Comisión de la Unión Europea en relación a las ayudas previstas en
los artículos 3 al 7 de la Decisión 3632/93/CECA para el desarrollo y
mejora de la producción de carbón en la provincia de Teruel. (BOCG serie
D, número 61, de 25-2-94. Número de expediente 181/000514.) (Página 5277)
--Del señor García Fonseca (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
repercusión de los costes de construcción del gasoducto del Magreb sobre
la factura de los consumidores. (BOCG serie D, número 61, de 25-2-94.

Número de expediente 181/000523.) (Página 5280)



Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




--PROPOSICION NO DE LEY POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL
DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, PREVIA REMISION
DE UN INFORME, PARA QUE DE CUENTA DE LA EJECUCION DE SU PRESUPUESTO.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000141.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, si me lo permiten,
vamos
a iniciar la sesión de esta Comisión de Industria, Energía y Turismo, con
el primer punto del orden del día: Debate y votación, en su caso, de la
proposición no de ley por la que se acuerda la comparecencia trimestral
del Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, previa remisión
de un informe, para que dé cuenta de la ejecución de su presupuesto;
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Aguirre, por
un tiempo de diez minutos.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, la ejecución presupuestaria
que se ha registrado en los últimos años ha venido a arrojar unas
desviaciones, casi de carácter permanente, en torno al 12 por ciento,
entre lo aprobado y lo definitivamente liquidado. Una muestra muy
expresiva de este tipo de desviaciones, señor Presidente, ha sido lo que,
a nuestro entender, podemos calificar de una ejecución del ejercicio de
1993 absolutamente fuera de control. Y como muestra de esta ejecución
presupuestaria, tenemos el dato --que obra en poder de todas SS. SS.--
del
déficit público previsto en la aprobación de los presupuestos para 1993,
en torno a un tres por ciento del PIB, y el definitivamente liquidado, en
torno, para los más optimistas, del 7,5 por ciento del PIB; algunos otros
autores llegan más lejos todavía.

Por tanto, entendemos que la ejecución presupuestaria del ejercicio de
1993 no sólo ha estado fuera de control, sino que marca un récord
histórico en las desviaciones de este tipo de ejecución de presupuestos.

Añadido a esta posición de récord histórico de la desviación del
presupuesto para 1993, tenemos que anotar, lamentándolo, que en un
momento
determinado de esta ejecución, tuvo que ser suprimido el artículo 10 de
estos presupuestos, artículo que --como SS. SS. conocen--, de alguna
manera, autodisciplina la ejecución del presupuesto. Mi Grupo, señor
Presidente, considera necesario recuperar la credibilidad de los
presupuestos, pero no sólo recuperarla en el terreno de las desviaciones,
sino también en que se pueda notar que se han producido partidas gastadas
en distintos capítulos de los que inicialmente fueron previstos. En
consecuencia, creemos que no sólo en las desviaciones; también en las
prácticas de ejecución.

Se trataría, como decía al inicio de mi intervención, de devolver a los
presupuestos un sentido legal originario, eliminando las prácticas que se
han hecho de considerarlos como un instrumento al servicio de la
discrecionalidad del Gobierno.

El objetivo de la presente proposición no de ley que presenta el Grupo
Popular, insisto, es recuperar la



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credibilidad del presupuesto, a través de lo que nosotros entendemos un
seguimiento cercano e intenso a esa ejecución.

Hasta la fecha, la ejecución de los presupuestos en este Parlamento ha
sido controlada y seguida exclusivamente en el terreno de las grandes
cifras y, por tanto, nosotros entendemos que hay que pasar a un estadio
superior y complementario: no sólo hay que vigilar la evolución de
sueldos, salarios, compras y bienes y servicios, intereses de la deuda o
inversiones públicas. Creemos que hay que entrar en el seguimiento y en
el control, por parte del Parlamento, de la evolución de las secciones y
de los programas. Por consiguiente, con nuestra proposición no de ley
queremos complementar el seguimiento que se hace actualmente de las
grandes cifras y su impacto en los asuntos macroeconómicos respecto a las
secciones y programas, para intentar vigilar la eficacia de la gestión.

Por ello, señor Presidente, el Grupo Popular, en esta proposición no de
ley, solicita sea aprobada la comparecencia trimestral del Subsecretario
del Ministerio de Industria y Energía, para poder valorar la evolución de
la ejecución del presupuesto de su Sección, del presupuesto de sus
programas y, en definitiva, entendemos que para que este seguimiento
tenga
un carácter positivo debería estar precedido de la entrega de un informe
a los miembros de esta Comisión, que contenga fundamentalmente la
evolución de los créditos de servicios, los créditos por programas, las
inversiones reales por provincias y las inversiones reales por comunidad
autónoma.

Señor Presidente, por este conjunto de razones solicitamos la votación
favorable a la proposición no de ley del Grupo Popular para la
comparecencia trimestral del Subsecretario del Ministerio de Industria,
a efectos de tener un seguimiento más intenso y cercano de la evolución
y ejecución de su presupuesto.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea utilizar el turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Para un turno de fijación de posición, en nombre del Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió entiende que lo que pide en la proposición no de ley
el Grupo Parlamentario Popular es posible hacerlo a través de otros
mecanismos parlamentarios establecidos en el reglamento de la Cámara.

Existe dentro del Congreso de los Diputados la Comisión de Reglamento, en
la cual hay una Ponencia adscrita, donde se puede estudiar cuál puede ser
el comportamiento del desarrollo presupuestario. Nuestro Grupo
Parlamentario entiende que es en esta Ponencia creada en la Comisión de
Reglamento donde sería posible proponer la fórmula de la comparecencia de
los subsecretarios para hacer este estudio riguroso del control
presupuestario, con la matización de que nuestro Grupo apoyaría esta
propuesta en dicha Comisión y en dicha Ponencia siempre y cuando este
control parlamentario del gasto pudiera establecerse, en vez de en tres
meses, en seis meses.

Por tanto, no vamos a votar en contra de esta iniciativa y, como ya
dijimos ayer al Grupo Popular en otra Comisión, si hicieran esta
propuesta
en esta comisión de Reglamento la votaríamos favorablemente, con las
matizaciones que antes le he expuesto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Gerardo Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, también brevemente.

La intervención del portavoz del Grupo Popular, si la escucha alguien que
no conozca el funcionamiento de la Cámara, podría pensar que los
presupuestos generales del Estado discurren sin ningún control por parte
del Parlamento; no hay control sobre él. Y, evidentemente, eso a
cualquiera le podría preocupar. Si la escuchara alguien que conociera el
reglamento, probablemente lo que se le ocurriría sería pedir cuentas a
los
grupos parlamentarios por no ejercer la función que les corresponde.

Lo que creo es que aquí hay que llevar el debate no al fondo, sino a la
forma, porque, en resumidas cuentas, lo que está proponiendo el Grupo
Parlamentario Popular es una forma más de control sobre la ejecución del
presupuesto. No voy a entrar en el fondo de las argumentaciones que se
hacen en la exposición de motivos.

El portavoz de Convergència i Unió ha dado bastantes razones, que, por
otra parte, se vienen repitiendo Comisión tras Comisión; me imagino que
se repetirán en las próximas reuniones de comisiones, donde está
presentada la misma iniciativa, porque no puede haber muchas más. El
Grupo
Parlamentario Socialista no sólo está de acuerdo con que los grupos
parlamentarios tengan en su mano todas las armas parlamentarias
necesarias
para controlar la ejecución del presupuesto, sino que siempre --y digo
siempre-- ha sido un Grupo que ha propiciado que esto fuera posible, y lo
va a seguir haciendo, por convicción democrática y porque, como Grupo
Parlamentario, queremos también, con la información, ejercer el control
sobre la ejecución del presupuesto de manera correcta.

Dicho todo esto, hay que manifestar que no entendemos por qué, habiendo
una Ponencia, como bien decía el señor Sánchez i Llibre, Ponencia que se
ha creado en la Comisión de Presupuestos, a petición de la Comisión que
está elaborando un nuevo reglamento de la Cámara para, con el acuerdo de
todos los grupos, determinar cuál es el sistema más correcto y más eficaz
para controlar, desde los grupos parlamentarios, la ejecución del
presupuesto, el Grupo Parlamentario Popular lleva esta iniciativa a todas
las Comisiones y precisamente no la lleva a la Ponencia que está creada
al efecto; donde se está debatiendo y se está intentando encontrar la
fórmula correcta, allí el Grupo Parlamentario Popular no lleva esta
propuesta; la lleva al resto de las Comisiones.

Sinceramente, con todo respeto al Grupo Parlamentario Popular y a su
iniciativa, no entendemos este procedimiento, no nos parece que sea
correcto. Pensamos, por el contrario, que el trabajo que todos los grupos
--también Grupo Parlamentario Popular-- están desarrollando en esa



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Comisión debe dar un fruto que a todos los grupos parlamentarios nos
permita ejercer ese control de manera correcta, que a todos nos parezca
bien. Del consenso, del trabajo de esa Comisión, de todos, debe salir ese
procedimiento eficaz y no hacerlo de esta manera que nos parece, desde el
punto de vista procedimental, respetable siempre pero algo incorrecta,
por
cuanto hay una Ponencia que ha estado trabajando en el asunto.

Por todo ello, señor Presidente, pensamos que no ha lugar a la
proposición
no de ley y, en consecuencia, votaremos en contra.




El señor PRESIDENTE: Para un brevísimo turno de comentarios, tiene la
palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, quiero agradecer el tono de
las intervenciones que se han producido en contestación a la del Grupo
Popular y decir al portavoz del Grupo Socialista que, cuando he utilizado
«fuera de control», me he limitado a utilizar un término que viene
avalado
por multitud de informes de los que ustedes ahora quieren exhibir para
apoyar su tesis de recuperación sí, recuperación no. Esos mismos informes
llevan diciendo mucho tiempo que el ejercicio de 1993 ha sido un
ejercicio
ejecutado fuera de control. Y a las pruebas me remito; si se tiene
previsto un déficit público del 3 por ciento y los más optimistas dicen
que es del 7,5 por ciento del PIB --hay autores que llegan hasta el 10
por
ciento--, señoría, a usted mismo le dejo que lo califique o no fuera de
control. En cualquier caso, es una desviación absolutamente desorbitada
de la ejecución presupuestaria de 1993.

Sobre la intensidad con la que se quiera seguir la ejecución
presupuestaria, me tengo que remitir a que son muchos años de Gobierno
socialista en los que, por el momento, no ha habido forma de poner en
marcha en este Parlamento una oficina técnica de seguimiento y control
presupuestario. Usted mismo se contesta cuál ha sido el motivo de que
hasta la fecha no sea posible tener esta oficina que sería el instrumento
más acertado para tener un seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Lógicamente, no nos tenemos que limitar a hacer el seguimiento de las
cifras macro o de las grandes cifras del presupuesto y queremos llegar a
más detalle, a un seguimiento más cercano, que complemente al que
actualmente se lleva a cabo.

Me remite, señoría, al posible reglamento que vea la luz próximamente con
su aprobación en esta Cámara. La verdad es que la reforma del reglamento
de esta Cámara, que yo sepa, desde que soy Diputado, llevamos cuatro años
debatiéndolo y nosotros creemos que no podemos esperar a que la
aprobación
de este reglamento se produzca, que sería bueno que no se tenga que
repetir una ejecución tan distorsionada del presupuesto como la de 1993;
que el reglamento, en su momento, recoja esta propuesta que hacemos pero,
mientras que se aprueba, aprobemos esta propuesta.

En cualquier caso, como sabe usted, no es exactamente una ponencia lo que
hay dentro de la Comisión de Presupuestos: es sencillamente que la Junta
de Portavoces está haciendo una serie de recomendaciones a su Grupo para
que las instrumenten en las correspondientes enmiendas. Es una conjunción
de voluntades políticas para reformar el reglamento en el sentido que
dice
esta proposición.

Entretanto venga ese reglamento, que vaya usted a saber cuándo se puede
hacer esa reforma, creemos muy oportuno anticiparnos por el carácter
urgente en el que nos hemos visto metidos, dadas las características de
las desviaciones que se han producido en la ejecución presupuestaria de
1993.




El señor PRESIDENTE: Señor Torres, tiene la palabra para también, por
favor, un breve turno.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Me veo en la obligación de hablar desde la a
a la zeta pero muy brevemente, de lo que posibilita el reglamento. ¿Puede
el Grupo Parlamentario Popular, me pregunto, solicitar la comparecencia
de un miembro del Gobierno o de un miembro de la administración en la
Comisión correspondiente para pedirle cuentas de la ejecución del
presupuesto? Sí, puede. Es la respuesta. ¿Puede presentar una
interpelación en Pleno el Grupo Parlamentario Popular o preguntas orales
en Comisión o en Pleno sobre lo mismo? Puede. ¿Tiene, por tanto, el Grupo
Parlamentario Popular, o cualquier otro Grupo de esta Cámara, a su
alcance, hoy, con el reglamento actual, posibilidades suficientes de
control sobre la ejecución del presupuesto? Evidentemente las tiene.

¿Qué es lo que ocurre? Los grupos parlamentarios, todos, hemos entendido
que, a lo mejor, a la hora de elaborar un nuevo Reglamento era más
correcto establecer ya algún tipo de norma que se fuera cumpliendo, para
hacer el ejercicio de ese control quizá más eficaz, porque más amplio es
imposible, pero más eficaz probablemente.

También sabe usted, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que
hay consenso entre todos los grupos para crear la Oficina Técnica
Presupuestaria en el Parlamento y, desde luego, por nuestra parte no hay
ningún problema en que eso sea así, dentro de lo que es el nuevo
reglamento de la Cámara. Esa Comisión lleva mucho tiempo, y supongo que
va a hacerlo algún tiempo más, trabajando en el Reglamento, pero mientras
tanto, señorías, no digan ustedes que no tienen en su mano suficientes
medios de control sobre el Ejecutivo para hablar del presupuesto y para
hablar de lo que ustedes quieran, porque el reglamento que hay así lo
dice. Otra cosa es que ustedes quieran o no ejercer su función como Grupo
parlamentario utilizando el Reglamento que existe, pero, en todo caso,
será problema de ustedes, nuestro o de cualquier otro grupo, que no lo
haga. No observamos que haya ninguna razón de peso que contradiga lo que
les hemos dicho. Lleven ustedes su propuesta a la Ponencia que está
estudiando este asunto, háganlo con la colaboración de todos los demás
grupos y no se preocupen. Verán cómo ese trabajo sale algo correcto,
bueno
y eficaz, parlamentariamente hablando, que es lo que creo que todos
debemos perseguir.




El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, vamos a proceder a la
votación.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 14; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley objeto del
debate.




CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:



--SITUACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALTA TENSION
ARAGON-CAZARIL. FORMULADA POR EL SEÑOR SUCH PEREZ (GP). (Número de
expediente 181/000350.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al segundo punto del orden del día:
Respuesta a una serie de preguntas dirigidas al Gobierno, en nombre del
cual dará respuesta el Secretario General de la Energía y Recursos
Minerales, don Luis María Atienza Serna, a quien ruego que ocupe su lugar
en esta Mesa. (Pausa.)
La primera de las preguntas, de la que es autor don Diego Such Pérez, se
refiere a la situación del proyecto de construcción de la línea de alta
tensión Aragón-Cazaril.

Para efectuarla, tiene la palabra el señor Such.




El señor SUCH PEREZ: Gracias, señor Atienza, por su presencia.

De forma breve, dado que creo que la pregunta está bastante clara. Nos
gustaría saber un poco cuál es la situación actual de esta línea de alta
tensión y, a ser posible, que usted pudiera facilitar algunas cifras
concretas respecto a los plazos en que puede estar totalmente finalizada,
qué inversión ha sido realizada hasta estos momentos y, en definitiva, si
esta línea de alta tensión se va a poder llevar a cabo o no, dados los
esfuerzos que, al menos, ha realizado la parte española.




El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta, tiene la palabra don Luis María
Atienza.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES: (Atienza
Serna): Los trabajos que se han efectuado en el tramo español hasta la
fecha en la línea Aragón-Cazaril se han limitado a la zona que se
comprende los términos municipales de Castelnou, en Teruel, que es el
origen de la línea, y el de Valle Bardají, en la provincia de Huesca. En
esa zona se han izado doscientos cincuenta y dos apoyos, que representan
aproximadamente el 60 por ciento de la totalidad de la línea. Una línea
que tiene un presupuesto algo superior a los 9.000 millones de pesetas.

En el resto de la línea, que afecta a los términos de Bisaurri, Castejón
de Sos, Chía, Sahún, San Juan de Plan y Gistain no se han iniciado aún
los
trabajos.

En el tramo francés, los trabajos de construcción no se han iniciado
porque el Tribunal Administrativo de Pau suspendió el permiso de
construcción de forma cautelar el 5 de noviembre de 1991. Esa suspensión
ha sido recurrida ante el Consejo de Estado por Electricidad de Francia
y está pendiente de resolución por parte del Consejo de Estado.

Por otra parte, la línea Aragón-Cazaril tiene la autorización
administrativa y la declaración de utilidad pública. Por tanto, la
finalización de la línea está pendiente de que el dictamen del Consejo de
Estado reboque la suspensión cautelar de la autorización en el tramo
francés, que se inicie la construcción en ese tramo. Hasta ese momento no
tiene sentido seguir invirtiendo en esa línea y, a partir de ese momento,
el plazo previsto de construcción alcanza tres veranos, ya que son muy
pocos los meses del año en los que se puede trabajar en esta zona de alta
montaña --se estiman que son cuatro o cinco--. Por eso se tardará tres
veranos desde el momento en que se tenga la resolución del Consejo de
Estado. Si se produjese antes de este verano, podrían empezar los
trabajos
este año; pero si no, nos iríamos previsiblemente a los veranos de 1995,
1996 y 1997 y sólo a finales de ese verano podría estar finalizada la
línea.

Quiero decir también que esta línea ha sido incluida entre los tres
únicos
proyectos que han sido retenidos por el Grupo Christophersen como de
interés prioritario en las redes europeas de electricidad. Sólo ha habido
tres proyectos para toda Europa que han sido retenidos por el Grupo
Christophersen en materia eléctrica y cuatro en materia de gas. De los
primeros uno es la línea Aragón-Cazaril y de los cuatro proyectos
retenidos como prioritarios en materia de gas dos se refieren a España.

Uno es el tramo peninsular del gaseoducto Magreb-Europa y el otro es la
conexión entre España y Portugal.

Espero haber respondido a su pregunta y termino diciéndole que el
presupuesto invertido representa en torno al 60 por ciento de esa cifra.

Quizá también merezca la pena comentar para conocimiento de SS. SS., que
la no disponibilidad de esta línea por causas exclusivamente francesas ha
sido el motivo argumentado por nuestros negociadores en el contrato de
suministro eléctrico con Electricidad de Francia para la renegociación de
ese contrato; ser de responsabilidad de la parte francesa la no
disponibilidad de esta línea, que era necesaria para poder transportar
esa
energía con las correctas garantías de suministros. Ello nos ha permitido
renegociar un contrato de suministro con Francia aplazando esas
importaciones y beneficiando al sistema eléctrico peninsular que, como
consecuencia de la caída de la demanda en estos dos últimos años, se
encontraba con un excedente de capacidad, como ustedes conocen.

Por tanto, el aplazamiento, si ustedes lo quieren así, ha facilitado una
renegociación que ha sido favorable para reducir el excedente de
capacidad
de nuestro sistema eléctrico en estos años.




El señor PRESIDENTE: ¿Desea el señor Such preguntar? (Asentimiento.)
Tiene
la palabra el señor Such.




El señor SUCH PEREZ: Muy brevemente.

El señor Atienza ha dado una serie de datos que nosotros conocemos,
evidentemente, pero quizá la intención de



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la pregunta iba en el sentido de que invertir más de 5.000 millones de
pesetas, como se han invertido ya, a nosotros nos sorprende que el
Secretario General de Energía diga que nos ha beneficiado, cuando
existen,
o, al menos, nosotros entendemos que existen, serias dudas respecto a la
viabilidad final de este proyecto. Quizá la intencionalidad de esta
pregunta iba más en el sentido de si tienen ustedes alguna otra
alternativa para el caso de que esto no pueda llevarse a efecto con el
coste que eso ha supuesto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Atienza.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Atienza
Serna): Quiero decir que esta línea ha sido evaluada como una línea de
interés nacional, de interés para nuestro sistema eléctrico y de interés
para el sistema eléctrico europeo, en el proceso precisamente de
promoción
de los intercambios internacionales en el sistema eléctrico.

La paralización de la línea no ha sido una paralización en la parte
española, sino en la parte francesa; ha sido objeto de una coordinación
entre las administraciones de ambos lados de la frontera de ambos países,
que han concedido simultáneamente las autorizaciones. Ha comenzado la
construcción antes en el tramo español; porque quiero recordarle que el
tramo español es notablemente más largo que el tramo francés (el tramo
español tiene 187 kilómetros y el tramo francés 55 kilómetros). La
programación adecuada de los trabajos para garantizar la correcta
finalización simultánea de los trabajos en ambos lados de la frontera
aconsejaba lógicamente que los trabajos en el lado español fuesen
adelantados respecto a los del lado francés.

Las razones por las que el tribunal de Pau ha suspendido una autorización
administrativa, que es a la que se puede exigir responsabilidades, es
algo
que incumbe a la legislación francesa y a sus mecanismos institucionales
y eso es algo que se nos escapa. Lo que sí repito es que yo no he dicho
que esto se haya convertido en un bien, sino que ha sido un argumento que
ha favorecido una renegociación que ha permitido, sin duda, mejorar las
condiciones del contrato de suministro que se había firmado y que estaba
previsto transportar, entre otras, por esa línea.

Indudablemente, hay otras líneas; la conexión España de los sistemas
eléctricos español y francés tiene en estos momentos otros puntos de
conexión y hay otros puntos previstos de conexión en el futuro que,
indudablemente, tendrán que completar nuestra capacidad de interconexión,
que, dada la importancia y las dimensiones de los sistemas eléctricos
español y francés, incluso aunque no exista un contrato de suministro,
como existe, debe ser reforzada, pero mucho más teniendo en cuenta que
esa
interconexión sirve para el transporte de energía eléctrica de Francia a
Portugal, que utiliza el sistema eléctrico español como portador.




--MEDIDAS PARA REDUCIR LOS NIVELES DE CONTAMINACION PROVOCADOS POR LA
CENTRAL TERMICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S. A. (ENDESA),
EN ANDORRA (TERUEL). FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC).

(Número de expediente 181/000497.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta de don Ricardo
Fernando Peralta Ortega, sobre medidas para reducir los niveles de
contaminación provocados por la central térmica de la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDESA) en Andorra (Teruel).

Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Atienza, desde que entró en funcionamiento
la central térmica de Andorra, se ha puesto de manifiesto una incidencia
de la misma en las condiciones medioambientales de las comarcas
limítrofes. Esa incidencia ha dado lugar a una polémica importante en la
opinión pública, que ha tenido, finalmente, su traslado a los tribunales,
en donde usted conoce perfectamente que en estos momentos se siguen
actuaciones por presunto delito ecológico contra la empresa Endesa, que
es la titular de la central térmica.

Al margen de esas actuaciones judiciales, parece claro que existe una
determinada incidencia del funcionamiento de esta central térmica en las
condiciones ambientales.

En la respuesta que da el Gobierno a una pregunta reciente se hablaba,
por
ejemplo, de que en todo caso y para corregir las elevaciones en las
inmisiones se hace uso de un sistema de control suplementario. Cuando se
produce un aumento en la inmisión, la central quema una cierta fracción
de gas natural o modifica sus condiciones de operación hasta el
restablecimiento de la situación normal a nivel del suelo. Es evidente,
por tanto, que hay una determinada relación entre el funcionamiento de la
central y las condiciones medioambientales. Tan cierto como esta relación
y esta incidencia del funcionamiento de la central térmica de Andorra en
las condiciones medioambientales es el dato de que se han adoptado
medidas
por parte de Endesa para intentar corregir esa situación. Pero parece que
esas medidas todavía no son suficientes en la medida en que se siguen
apreciando en estos momentos daños ambientales importantes por la
extensión del terreno afectado y por la gravedad de los daños que se
observan.

En este sentido, por parte de Endesa y por parte del Ministerio,
recientemente se han hecho alusiones a la adopción de un plan de medidas
para corregir y mejorar aún más la situación. Esas medidas irían
dirigidas
en varios órdenes, pero fundamentalmente dos: en primer lugar, la
adopción
de sistemas de combustión limpia, el desarrollo y la aplicación de
tecnología de combustión en lecho fluidizado. Esto se llevaría a cabo
mediante la puesta en funcionamiento de un cuarto grupo termoeléctrico en
la central térmica de Andorra, que, en una respuesta reciente del
Gobierno
a una pregunta parlamentaria, decía que no se puede precisar la fecha en
la que se pondrá en funcionamiento, con lo cual la mejora importante que
supondría este



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sistema de combustión limpia no sabemos en qué fecha se va a producir.

No obstante, tal como decía, esta mejora de sistema de combustión limpia
sólo sería aplicable al nuevo grupo, al cuarto, pero seguirían
funcionando
tres grupos con mucha más potencia que el cuarto; de 175, este cuarto,
mientras que cada uno de los tres son de 350 megavatios, en los que no se
aplica el sistema de combustión limpia. Y una de las soluciones que se
baraja es la de introducir sistemas de modificación en la depuración de
los gases.

En este sentido, se ha planteado la readaptación de la central térmica de
Teruel, que parece ser que se va a llevar a cabo también, que podría
suponer una espectacular reducción de las emisiones atmosféricas. La
instalación de sistemas de desulfuración de gases en los grupos
existentes
podría suponer la reducción a niveles inferiores, muy inferiores a los
fijados en las autorizaciones administrativas de la central.

Por tanto, señor Atienza, la pregunta concreta que le haría en estos
momentos, partiendo de la base de que la opinión de nuestro Grupo es que
hay que tomar medidas para hacer compatible el funcionamiento de la
central térmica de Andorra con los valores medioambientales, es en qué
fecha concreta se van a poner en práctica estos mecanismos de depuración
de gases, en concreto la instalación de sistemas de desulfuración en los
tres grupos termoeléctricos actualmente existentes, todo ello en la
medida
en que la entrada en funcionamiento del cuarto grupo termoeléctrico siga
sin poder establecerse con precisión por parte del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Atienza para las
respuestas
a la pregunta.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS NATURALES (Atienza
Serna): La central térmica de Teruel viene desarrollando ya una serie de
medidas para minimizar sus emisiones atmosféricas por debajo de los
niveles autorizados. Por supuesto que no vamos a negar a estas alturas
que
éstas, como todas las grandes instalaciones de combustión, tienen una
incidencia atmosférica que precisamente es la que motiva una regulación,
tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, para la reducción de
esas
emisiones y para el control y la miniminización de las inmisiones.

Las líneas en las que se viene trabajando, yo las clasificaría
fundamentalmente en dos. Una referida al tipo de combustible utilizado y
otra a las tecnologías de combustión o de limpieza de los gases.

En lo que se refiere a los combustibles utilizados, como usted sabe, el
utilizado en Teruel es de alto contenido en azufre; es uno de los de más
alto contenido en azufre que se quema en las grandes instalaciones de
combustión de la Comunidad Europea pero, sin duda, constituye un recurso
energético y económico de gran importancia para la zona, con gran
capacidad de generación de empleo y del que difícilmente podemos
prescindir. Desde el punto de vista de la combustión, lo que se realiza
es una mezcla de combustibles que permite reducir el porcentaje
contenido,
fundamentalmente en azufre, del combustible utilizado, lo que facilita la
desulfuración en concreto, por su impacto más importante, así como la
reducción de las emisiones, por la mayor eficacia de las tecnologías de
combustión limpia cuanto más bajo es el contenido en azufre del
combustible que se utiliza. Por tanto, se avanza en una utilización,
mezclada y homogeneizada de hullas de importación y de lignitos
nacionales; se avanza también en el lavado de estos combustibles para
reducir esos contenidos. Y, desde el punto de vista tecnológico, yo creo
que se ha avanzado en tres direcciones, en las que las centrales de
Teruel
están constituyendo puntas de lanza. En primer lugar, porque se construyó
la central térmica de Escatrón, con 80 megavatios y con carácter yo diría
que casi experimental por ser una tecnología, la del lecho fluido a
presión, poco desarrollada y que, sin duda, reduce las emisiones en torno
a un 90 por ciento, lo que contribuye notablemente a la capacidad para
seguir aprovechando estos carbones, cumpliendo sobradamente la normativa
nacional y comunitaria. En segundo lugar, está prevista la construcción
de un lecho fluido atmosférico, que es la tecnología más conocida y más
desarrollada, de 175 megavatios, de acuerdo con el PEN, lo que permitirá
seguir quemando esos carbones, complementar lo que se deja de quemar como
consecuencia de la mezcla con carbón de importación y que todo este
proceso no vaya en detrimento de los niveles de actividad en la zona, que
se incorpore para mezcla hulla importada pero que el incremento de la
potencia permita sustituir los lignitos por carbones de importación.

Este grupo, previsto en el Plan Energético Nacional, no tiene en estos
momentos una fecha fija, en función, precisamente, de que la
planificación
energética tiene que ser una planificación flexible que permita adaptarse
a la evolución de la demanda; si la evolución de la demanda, como ha sido
el caso, ha ido por debajo de las previsiones, lógicamente, algunas de
las
inversiones previstas para atender esa demanda tienen que retrasarse. ¿Se
puede dar una fecha ficha? Yo diría que no. En función de cómo se vaya
recuperando la demanda, a partir de los datos que empezamos a observar ya
de recuperación notable y a medida que empiezan a aparecer los primeros
signos importantes de reactivación económica, previsiblemente pueda
situarse entre principios y finales de 1998 la fecha de su entrada en
funcionamiento; por tanto, sin que se produzca un retraso excesivamente
importante respecto de su previsión más optimista que lo situaba en 1997.

La tercera línea que afecta a las plantas existentes es la relativa a las
tecnologías de desufulración. Han comenzado ya los trabajo para
introducir
estos sistemas de combustión limpia durante un período de tiempo cuya
finalización no conozco exactamente, pero seguramente se situará en torno
a dos o tres años. Con ello, teniendo en cuenta el elevado contenido en
azufre del combustible incorporado, que supera el cinco y en ocasiones el
seis por ciento, los niveles de emisión de azufre que se prevén en el
conjunto del plan, lo que significa unas inversiones adicionales a las ya
realizadas por Endesa de 65.000 millones de pesetas, suponen una
reducción
de en torno al 90 por ciento, lo que



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situaría los niveles de emisión muy claramente por debajo de las
limitaciones establecidas a nivel comunitario.

Simultáneamente se realiza un control de las inmisiones y del impacto que
esas emisiones pueden tener sobre cada metro cuadrado, a partir de unos
sistemas de control de carácter automático que emiten su información al
despacho de las centrales. Cuando esos límites de inmisión superan lo
admitido, cosa que no sucede casi nunca pero que cuando se produce
circunstancialmente se debe a razones fundamentalmente atmosféricas, lo
que se hace es utilizar una inyección de gas que permita mejorar la
calidad del combustible utilizado y, por tanto, reducir las emisiones.

Resumiendo, se trata de grandes instalaciones de combustión que utilizan
un combustible de baja calidad medioambiental pero de importancia
económica notable para la zona, por su impacto económico y por su impacto
en el empleo, al que se están aplicando las tecnologías más avanzadas (el
lecho fluido a presión lo demuestra, al igual que el lecho fluido
atmosférico que se va a utilizar) al que, además, se aplican los sistemas
más avanzados de lavado y al que se incorporan los sistemas también más
avanzados de desulfuración y de limpieza de gases de la combustión.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Norniella): Tiene la palabra el señor
Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Atienza, por su respuesta, si
bien
tengo que decirle con claridad que aprecio notables insuficiencias en la
misma.

Vienen ustedes insistiendo en que se aplican las tecnologías más
avanzadas
en la central térmica de Andorra, cuya importancia, desde el punto de
vista social y de empleo, así como desde el de producción de energía, no
cuestionamos; lo que ocurre es que esa importancia debe ser compatible
con
un respeto a las realidades medioambientales, aspecto en el que contemplo
que usted manifiesta estar de acuerdo. Me consta, porque no puede ser de
otra manera, que estamos de acuerdo en ese terreno, pero no me diga que
se están aplicando las tecnologías; lo que sí hay es voluntad de aplicar
las tecnologías más desarrolladas. Porque hablar, como ha hecho usted, de
la alternativa de combustión en lecho fluidizado atmosférico... Eso no
existe en estos momentos, señor Atienza; está previsto en el cuarto grupo
que se ponga en funcionamiento, pero no sabemos en qué momento. Usted
dice
que será en el año 1998, dentro de cuatro años. Por tanto, hay voluntad
de ponerlo en funcionamiento, yo lo reconozco, pero lo cierto es que no
se está aplicando en estos momentos.

Me habla usted de la tecnología punta en materia de desulfuración de
gases. Tampoco existe eso en estos momentos. Hay una previsión de
inversión de 20.000 millones de pesetas en esta materia que, junto con
los
45.000 millones del cuarto grupo, suman los 65.000 millones a que ha
hecho
usted referencia. La central térmica de Andorra está funcionando hoy en
unas condiciones muy distintas a las que tienen ustedes previsto que se
apliquen en su día. De ahí que yo le pregunte, señor Atienza, por la
fecha
en que va a ponerse en funcionamiento, si no ya el cuarto grupo, del que
usted ha dicho que razones de demanda eléctrica hacen previsible su
entrada en funcionamiento de 1998, sí, por lo menos, los sistemas de
desulfuración, porque eso afecta a los tres grupos que están funcionando
en estos momentos.

Yo creo que usted me podrá decir concretamente cuál es el estado de ese
proyecto, qué es lo que prevé el mismo y para qué fechas, de tal manera
que podamos llevar a cabo un seguimiento, más allá de afirmaciones como
las que contiene una respuesta del Gobierno de 14 de marzo de 1994 en la
que se dice que está previsto que en los próximos cuatro años se
inviertan
150.000 millones de pesetas, en lugar de los 65.000 millones a que usted
ha hecho referencia. En ella se alude a un proyecto de gasificación con
ciclo combinado, Elcogás, y al sistema de desulfuración en la central
térmica Compostilla, que tienen un costo de 85.000 millones de pesetas a
añadir a los 65.000 a que usted ha hecho referencia. Todo esto hasta la
fecha está en el papel y tiene una previsión de cuatro años, cuando es
bien cierto que la central térmica de Andorra está funcionando día a día.

Y nos gustaría conocer un tema importante, como es en qué fecha concreta
está prevista la aplicación de los sistemas de sulfuración en los tres
grupos que están funcionando. Relacionado con esto, aunque es distinto,
recientemente, los municipios que, en su día, interpusieron una querella
contra Endesa, tal como conoce usted, han planteado la posibilidad de
alcanzar un acuerdo con la empresa en este procedimiento judicial, en la
medida en que por Endesa se adoptaran medidas de corrección de los daños
que se han producido. La Generalitat Valenciana ha asumido un papel de
mediar ante la empresa y yo creo que no estaría de más que al Ministerio,
en la medida en que se trata de una empresa pública, se le traslade esa
petición de los municipios, esa posición de la Generalitat Valenciana y,
desde luego, la petición de nuestro Grupo de que el procedimiento
judicial, ya que no parece que lleve camino de terminar en fecha pronta
por su marcha normal, terminara en que la empresa Endesa asumiera una
posición de contribuir por otra vía distinta a los valores
medioambientales de las comarcas en las que la incidencia de su
funcionamiento ha dado lugar a pérdidas importantes.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Norniella): Por cinco minutos, tiene
la palabra el señor Atienza.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Atienza
Serna): Voy a reiterar que no se trata sólo de actuaciones de futuro,
sino
de actuaciones ya consolidadas. No sé si es necesario que le recuerde que
la central de Escatrón, de lecho fluido a presión, se encuentra en
funcionamiento en estos momentos y constituye una innovación tecnológica
puntera en la combustión limpia de carbón a nivel europeo y a nivel
internacional. Lo mismo que otra que ha mencionado, Elcogás, representa
una apuesta tecnológica de futuro de gran envergadura, liderada por una
empresa pública como Endesa, con la participación de las empresas
eléctricas más importantes europeas, bajo el liderazgo de Endesa. Es una
apuesta de futuro tecnológico para la combustión limpia,



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que es una apuesta por nuestros carbones, que son de baja calidad
medioambiental, y por su aprovechamiento, con el cumplimiento más
estricto
de nuestras exigencias en materia medioambiental.

Por tanto, no hablamos de futuro, hablamos de una realidad indudable,
como, de hecho, es una realidad que se están utilizando carbones
mezclados
que han mejorado, sin duda alguna, la calidad de las emisiones; como, de
hecho, se están aplicando ya los procedimientos de lavado de esos
carbones; como es un hecho que existen en estos momentos trabajos ya
emprendidos, desde el punto de vista de ingeniería y de adjudicación,
para
la instalación de nuevos sistemas, porque existen actualmente sistemas de
limpieza de los gases en la central térmica de Teruel, sistemas más
avanzados, que nos permitan reducir los niveles de emisiones. Son
trabajos
que han comenzado ya el año pasado, en 1993, que esperamos que culminen
en los dos o tres años próximos.

La central térmica de Teruel es un compromiso importante para compaginar
la utilización al mismo nivel de los carbones de Teruel con las mayores
exigencias en materia medioambiental. Es un compromiso que está
supeditado, por su necesidad de flexibilidad, a la evolución de la
demanda, porque no tiene ningún sentido que hagamos una inversión si
nuestro sistema eléctrico no la necesita. Se puede haber retrasado un año
respecto del plazo inicialmente previsto, de tal forma que pueda tener su
finalización en torno a 1998. No estamos hablando de futuro, sino de
realidades muy concretas.

Respecto del compromiso medioambiental de Endesa, Endesa ha realizado
múltiples estudios, está gastando decenas de millones de pesetas en esa
zona, en las de El Maestrazgo y en las de Alicante, que han sido objeto
de debates sobre el impacto de estas emisiones, etcétera. Tengo que decir
que hay muchos informes técnicos de diferente tipo que ponen en cuestión
que sean las emisiones de la central térmica de Teruel las que han
producido ese deterioro de las masas forestales de la zona; que hay otros
agentes patógenos, un período muy prolongado de sequía durante los
primeros años ochenta e incluso otras tesis sólidamente argumentadas,
desde el punto de vista científico, que no voy a entrar a discutir, sobre
otros elementos de contaminación de la zona mediterránea, que pueden
haber
incidido en el deterioro de esas masas.

En cualquier caso, Endesa en absoluto ha querido escurrir el bulto
respecto de la posibilidad de que fuesen sus emisiones las que han podido
contribuir a esa labor y, por ello, extendió el control de las inmisiones
en las zonas cercanas a la central hasta las zonas de esas comarcas
alicantinas que se encuentran ya a setenta kilómetros y más, de tal forma
que se ha podido tener un seguimiento muy estricto de los niveles de
inmisión, que no han superado en ningún momento los niveles máximos
permitidos. Por tanto, no se puede considerar en absoluto que Endesa no
esté realizando sus mejores esfuerzos, desde el punto de vista de la
tecnología disponible, teniendo en cuenta, además, su compromiso con la
zona y con la utilización de esos carbones para cumplir nuestras
exigencias, creo que saludables y que deben ser crecientes, en materia
medioambiental.




--TRASLADO DE LOS DEPOSITOS DE LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE
PETROLEOS, S. A. (CAMPSA) DEL PUERTO DE ALICANTE A UN EMPLAZAMIENTO MENOS
PELIGROSO. FORMULADA POR EL SEÑOR CHOLBI (GP). (Número de expediente
181/000509.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Norniella): Pasamos a la cuarta
pregunta, del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Cholbi.




El señor CHOLBI DIEGO: Señor Presidente, señorías, la pregunta se refiere
al traslado de los depósitos de Campsa desde la ciudad de Alicante a otro
lugar que tenga más seguridad.

Como se conoce, las concesiones de la Administración central, que
autorizaron ya hace años la instalación de los depósitos de combustible
de Campsa en la zona portuaria de Alicante, seguramente estaban
justificadas en aquellos momentos y circunstancias, pero, como S. S. debe
conocer, desde hace ya unos quince o veinte años la situación se ha ido
modificando progresivamente porque el desarrollo urbano de la ciudad se
ha ido extendiendo y ha hecho que zonas muy próximas a los depósitos de
Campsa estén ya casi pegadas.

Han transcurrido ya más de cinco años desde que amplios sectores de la
ciudad, diría sin miedo a equivocarme que toda la ciudad, todo el pueblo
de Alicante capital, especialmente los residentes en las zonas
colindantes
a las instalaciones, están pidiendo razonablemente el traslado de estas
instalaciones a lugares más seguros, para evitar el peligro que ello
supone.

Nuestro Grupo Parlamentario, el Grupo Popular, en distintas ocasiones ha
manifestado su preocupación, recogiendo el sentir de la población y
denunciando esta grave situación. Creo que no existe hoy en día ningún
sector que no se haga eco de este hecho y que no pida una solución pronta
y eficaz. También entiendo, señorías, que no es el momento de extenderse
en amplias consideraciones y entrar en la polémica pública que han
mantenido las distintas administraciones, la central y la municipal. No
lo es porque la conclusión final ha quedado tremendamente clarificada: se
coincide en que hay que trasladar los depósitos de Campsa a un lugar más
seguro.

Si ya no se discute la peligrosidad que supone, la conveniencia de
trasladar los depósitos de donde están hacia un lugar de menos riesgo,
puesto que se ha llegado ya a unos preacuerdos entre el Ayuntamiento de
la ciudad, la Junta de Obras del Puerto y Campsa, si hay unos terrenos
adecuados y suficientes, facilitados por el Ayuntamiento de la ciudad, yo
pregunto: ¿Cómo se puede explicar, señorías, a los ciudadanos en estos
momentos la lentitud, incluso yo diría que la incertidumbre, que pesa
sobre este problema? Los peligros son tremendamente ciertos y



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evidentes y todos deseamos --y el que les habla, si cabe, más todavía--
que no se produzca una situación que lamentaríamos enormemente por no
haber adoptado las medidas oportunas, en el tiempo y en la forma. Yo creo
que es imprescindible un esfuerzo de colaboración entre las distintas
administraciones para solucionar este grave problema. Como ya debe saber
usted, se anuncian distintas movilizaciones y acciones de presión. Hay
una
gran sensibilidad social por esta cuestión. Es raro el mes que en los
medios de comunicación no aparezca algún estudio sobre la actitud
negativa
de la Administración para solucionar eficazmente esta situación. Nuestro
Grupo, y este Diputado personalmente, le solicitaría que se hiciese un
esfuerzo de las partes implicadas para agilizar el traslado de los
depósitos de combustible instalados en el puerto de Alicante a un lugar
más seguro. Creo que es aquí donde este tema se debe traer, porque llega
al Gobierno a través del Congreso de los Diputados y, por lo menos, se
nos
oirá para poder influir en esta decisión que tanto beneficiaría a los
ciudadanos alicantinos.

Yo espero su contestación con gran interés porque, de acuerdo con ella,
indudablemente tendré que ampliar una serie de datos.




El señor VICEPRESIDENTE: (Fernández Norniella): Para dar respuesta, tiene
la palabra el señor Atienza.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES: (Atienza
Serna): A mí me gustaría hacer un comentario previo respecto de su
pregunta, en la que hace usted referencia a Campsa, y que quizá
precisamente condicione una parte del contenido de la misma. Campsa, como
usted sabe, es ahora la Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH, S. A.,
ya no es Campsa, no es el monopolio de petróleos, es una compañía en la
que la participación del Estado es minoritaria. Es una compañía en un
sector liberalizado y, por tanto, sometida a una fuerte competencia,
cuyas
decisiones empresariales están muy condicionadas precisamente por esa
competencia, y sus decisiones sobre inversiones y sobre costes afectan
notablemente a su capacidad para competir con otras logísticas, con otras
empresas, en un mercado que, desde su proceso de liberalización, viene
incrementando notablemente esa competencia.

Repasando un poco los acontecimientos, efectivamente CLH es propietaria
de los terrenos en los que se encuentran los depósitos que se mencionan,
en virtud de concesiones administrativas de órdenes ministeriales de 15
de enero de 1959 y del 30 de junio de 1969. Tales concesiones, que sirven
de soporte a una unidad industrial indivisible, se encuentran vigentes,
expirando, a tenor de la legislación portuaria en vigor, en el año 2022.

Pese a ello, la autoridad portuaria, con fecha de 26 de julio de 1993,
notificó a CLH que procedería a formalizar el acta de reversión de esas
concesiones que, como usted conoce, ha sido recurrida en vía judicial por
CLH y que en la actualidad se encuentra suspendida en su eficacia por el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. No obstante y
dado el interés, indudable, de las autoridades locales, de las
autoridades
autonómicas y de las autoridades portuarias por que se proceda al
traslado
de esos depósitos en función de la evolución urbanística que ha tenido la
ciudad, CLH ha planteado una serie de contrapartidas que, en su opinión,
sería necesario obtener para que ese proceso de traslado se realice sin
un impacto apreciable sobre los resultados de la empresa, como
consecuencia del coste de ese traslado. El proceso de discusión entre
CLH,
como empresa, y las autoridades locales está teniendo lugar, a partir de
una propuesta de convenio que ha estado sobre la mesa y que en estos
momentos se encuentra sometida a discusión.

Desde el punto de vista de la Administración, indudablemente desea que
esas conversaciones lleguen a un resultado equilibrado y positivo para
todos en el plazo más breve posible, porque efectivamente nosotros
compartimos el sentir de las autoridades municipales, de su Alcalde y de
las autoridades autonómicas sobre el interés social en que se produzca
ese
traslado de los depósitos, pero también entendemos la opinión empresarial
de CLH, que debe conducir a una negociación y a un acuerdo lo más
equilibrado y razonable posible y en el plazo más breve posible, y en esa
línea están yendo nuestras actuaciones ante ambas partes. (El señor
Cholbi
Diego pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE: (Fernández Norniella): Para repreguntar, tiene
la palabra el señor Cholbi.




El señor CHOLBI DIEGO: Señor Atienza, yo estoy de acuerdo con parte de lo
que usted ha manifestado, que ha sido subrayar la peligrosidad de las
instalaciones de Campsa en la zona portuaria y también que,
indudablemente, ha habido un cambio y que ahora es de la CLH la compañía
propietaria de lo que antes era de Campsa. Pero no me negará usted que el
problema es sumamente grave y, además, que hay poca voluntad para
solucionarlo por parte de CLH, y me explico. En el borrador que ha
presentado el Ayuntamiento, sobre el cual el Alcalde ya ha hecho unas
declaraciones, se pide una serie de cosas tan sumamente costosas que
parecen más propias de un grupo de presión económica o de una mafia
extraña que de una compañía que sabemos de dónde procede, y le voy a
decir
por qué. Es intolerable que el Ayuntamiento disponga y preste unos
terrenos, con la suficiente extensión, seguridad y características
favorables para que allí pueda ejercerse esa actividad, y que la CLH, no
contenta con todo eso, pida además terrenos dentro del propio casco
urbano, que no tienen nada que ver con las instalaciones, para
construcción de pisos, de locales comerciales, etcétera; que pida,
además,
subvenciones de los distintos órganos de la Administración, autonómica y
central; que pida exenciones en las licencias de obras al Ayuntamiento.

Esto ha hecho que el propio Alcalde, que no es de mi partido --pero
cuando
hay que defender los intereses de la colectividad, que priman sobre los
de algún particular, uno debe sumarse a esas manifestaciones--, en fecha
muy reciente, dijera que así ni de broma se puede negociar. Y tiene toda
la razón el Alcalde, toda (Risas.), que es un alcalde del PSOE, pero hay
que reconocer que en esta ocasión estuvo muy bien. (Risas.) Pero también
hay que reconocer que quizá llega tarde



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porque, desde el año 1993, si hubiesen hecho caso a lo que manifestaba
nuestro grupo municipal, encabezado por el señor Such, posiblemente se
hubiese solucionado este tema de una forma más digna y más favorable.

En resumidas cuentas, señor representante del Gobierno, a mí me gustaría
--por eso insisto-- que se adquiriese un compromiso por su parte, aunque
ya nos ha dicho que no es el responsable, para, por lo menos, intentar
coadyuvar a que ambas administraciones, la municipal y la de la empresa
CLH, se reunieran para tratar de activar esta cuestión, para no ir a la
explotación de unos terrenos municipales en beneficio de una empresa
privada. En esto es en lo que quiero insistir, y si puede ser cuanto
antes
mejor por la seguridad de los ciudadanos.




El señor VICEPRESIDENTE: (Fernández Norniella): Tiene la palabra el señor
Atienza.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Atienza
Serna): No puedo más que unirme a su apreciación de los esfuerzos que
realiza el Alcalde en esta tarea. Yo haría lo mismo si estuviese en su
lugar. Creo que lo está haciendo con gran firmeza y muy bien, como
corresponde a una negociación en la que está sobre la mesa la defensa de
los intereses municipales frente a los intereses económicos de una
empresa
que también tiene sus limitaciones, desde el punto de vista de su
competitividad. Al mismo tiempo que comprendo la posición de la empresa,
animo al Alcalde a que siga defendiendo los intereses de la ciudad como
lo está haciendo. Creo que ambas cosas son compatibles. A la hora de
entender la posición de la empresa desde el punto de vista de ésta no
sólo
hay que hablar de los terrenos de los que se dispone sino también del
coste del desmantelamiento y de construcción de nuevas instalaciones. Lo
que está poniendo la empresa sobre la mesa es el coste no sólo de los
terrenos a los que renunciaría sino al coste del desmantelamiento y
construcción de nuevas instalaciones. No me parece difícil que se pueda
llegar a una negociación en la que si es necesario se pueda recurrir a
terceros a expertos independientes, que evalúen correctamente esos costes
y las compensaciones que se puedan ofrecer. Quizás ésta pueda ser una
vía.

Al mismo tiempo entiendo perfectamente la posición del Alcalde. Quizá sea
aconsejable buscar el arbitraje de terceros para que el resultado se
pueda
conseguir en el plazo más breve posible.




--PRESENTACION ANTE LA COMISION DE LA UNION EUROPEA DE UN PLAN DE
MODERNIZACION, RACIONALIZACION Y REESTRUCTURACION DE LA INDUSTRIA DEL
CARBON DE LA PROVINCIA DE TERUEL. FORMULADA POR EL SEÑOR MARTINEZ BLASCO.

(GIU-IC). (Número de expediente 181/000512.)



--AYUDAS A LA PRODUCCION Y A LA RECONVERSION CONCEDIDAS POR LAS
DIFERENTES
ADMINISTRACIONES A LA INDUSTRIA DEL CARBON DE LA PROVINCIA DE TERUEL
DESDE
LA APLICACION DE LA DECISION 2064/86/CECA. FORMULADA POR EL SEÑOR
MARTINEZ
BLASCO. (GIU-IC). (Número de expediente 181/000513.)



--MEDIDAS QUE EL GOBIERNO PIENSA COMUNICAR A LA COMISION DE LA UNION
EUROPEA EN RELACION A LAS AYUDAS PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 3 AL 7 DE LA
DECISION 3632/93/CECA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA PRODUCCION DE
CARBON EN LA PROVINCIA DE TERUEL. FORMULADA POR EL SEÑOR MARTINEZ BLASCO.

(GIU-IC.) (Número de expediente 181/000514.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Norniella): Vienen a continuación tres
preguntas que, por tratarse de un mismo tema y haber sido realizadas por
un mismo Diputado, quizá pudiesen ser unificadas en una sola, si el
Diputado no tiene inconveniente.




El señor MARTINEZ BLASCO: Efectivamente, las tres preguntas pueden
unificarse, aunque habrá observado el señor Atienza Serna, al que saludo,
que corresponden a dos fases del problema, referido todo ello
específicamente a las cuencas mineras turolenses. Por una parte, se
trataría de hacer un balance de cuáles han sido los efectos del plan
90-93
de reordenación minera del carbón, y otras dos preguntas se refieren al
futuro en función de la nueva decisión de la Comisión, la 3632/93, que
permite prorrogar hasta el año 2002 las ayudas al carbón. Por tanto,
aunque es el mismo tema, son dos fases diferentes.

Sobre la primera, cumple hacer un análisis que no sé si el Ministerio lo
tendrá hecho. Si no es así, le pido formalmente que se haga como se hacen
los balances, no sólo dando una imagen de lo que se ha hecho, sino de lo
que se ha hecho en función de los objetivos. Cuando se aprobó el plan de
reordenación de la minería del carbón 90-93, se dijo: aquí hay unos
objetivos de reducción de la producción, cuando ello sea necesario; de
mejora de la competitividad en las empresas, cuando ello sea posible, y,
en todo caso, de reindustrialización de las diferentes zonas; y de ayudas
sociales a los trabajadores afectados. Para eso, se dijo en aquellos
momentos, se dispone de unos 89.000 millones de pesetas de ayudas.

Los resultados que yo le he escuchado al Ministro hace muy poco en la
Cámara son que se han cerrado 55 empresas y que ha habido una reducción
de 6.700 trabajadores. Ese es un dato, pero qué tiene que ver eso con los
objetivos de que se haya reducido la producción en aquellas que era
imprescindible reducirla e incluso cerrarlas y con que se haya mejorado
la productividad. Quiero recordar también que uno de los objetivos de
este
plan 90-93 era reducir los precios. Se hablaba de unos objetivos
concretos
de reducción en pesetas/termia, del coste del carbón para que pudiera
entrar dentro de los cauces de competitividad. Por tanto, el primer
bloque
se referiría a un balance, en lo que



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se relaciona con la cuenca minera de Teruel, de todos estos objetivos, no
sólo de cuántas empresas, sino de cuánto se ha conseguido de mejora en la
productividad, cuánto se ha conseguido de mejora en los precios, y qué se
ha hecho en la línea de la reindustrialización.

Las otras dos preguntas se refieren al cumplimiento de la nueva decisión
de diciembre pasado que, como digo, permite a los diferentes países y a
España prorrogar las ayudas al carbón siempre que --volvemos al mismo
sitio que en la decisión que se había tomado en el año 86 que nos
permitió
hacer el programa 90-93-- siempre que se hagan programas que permitan
resolver los diferentes problemas que hay en la minería del carbón. Señor
Atienza, en este bloque referente al cumplimiento de la decisión, en el
artículo 8.º de la decisión ya había una fecha, y la pregunta de este
Diputado fue anterior a esa fecha, el 31 de marzo de 1994, fecha que ya
ha pasado. Entonces, la pregunta, en lugar de si tiene intención el
Gobierno de presentar el programa que requería la Comisión, pretende
saber
si lo hemos presentado. Si es así, qué componentes tiene el plan de
modernización, racionalización y reestructuración del carbón,
circunscrito
fundamentalmente a la provincia de Teruel en todos sus apartados, como se
señala, tanto en el artículo 3.º, ayudas al funcionamiento, como en las
de reducción de actividad o en las de investigación y desarrollo,
etcétera. He hecho énfasis en que me parece muy interesante el artículo
2.º de la decisión donde dice que deben ser tres los objetivos y nunca
deben desligarse. No sé si por encargar al Secretario General de Energía
que conteste se va a dejar alguno de esos aspectos de lado, como es el
medioambiental o el social. Por una parte, dice la decisión de la
Comisión
que se debe proceder a una degresividad progresiva de las ayudas,
buscando
la viabilidad económica; por otra parte, se deben resolver los problemas
sociales y regionales. Quiero advertir al señor Atienza que en estos
momentos estamos en una fase crítica, puesto que los desempleos
provocados
por reducciones o por cierres en la fase 90-93 se han terminado. Por
tanto, no son sólo problemas sociales o regionales los provocados por el
nuevo programa, sino, incluso, repescar trabajadores que están en esta
situación. El tercer objetivo que contiene el artículo 2.º son las normas
de protección del medio ambiente.

Señor Secretario General, estoy absolutamente convencido de que conoce el
panorama lunar de la provincia de Teruel. Se han distinguido en este
panorama lunar los efectos producidos con anterioridad a la década de los
ochenta, donde kilómetros y kilómetros cuadrados de superficie tienen una
imagen que recuerda a la Luna. No he estado en la Luna, pero lo que he
visto en fotografías es lo más parecido al paisaje turolense. En un
determinado momento se evaluó que había por lo menos 40 ó 50
explotaciones
anteriores al año 1982 que estaban, ahí, alegrando el panorama. Desde esa
fecha se tomaron algunas medidas como pedir una serie de avales para las
autorizaciones que se daban para nuevas minas de cielo abierto, para que
tuviesen por lo menos un aval. Lo que es verdad es que hay empresas que
prefieren perder el aval, por la cuantía, a restituir en algunos casos.

En todo caso no es menor para el interés de la provincia de Teruel este
tercer objetivo de la adaptación a las normas de protección de medio
ambiente.

Termino concretando los dos bloques: un análisis con relación a los
objetivos del plan 90-93, si se ha presentado y con qué contenidos el
programa solicitado antes del 31 de marzo. Y en relación a lo que
establece la decisión de diciembre en todos sus artículos y con los tres
objetivos del artículo 2, ¿qué es lo que piensa hacer el Gobierno?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Norniella): El señor Atienza tiene la
palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Atienza
Serna): Voy a procurar darle los datos de los que dispongo aquí. Quizá le
pueda remitir por escrito algunas otras informaciones complementarias
sobre el resultado de los planes de reestructuración 1990-1993, ya no
solamente en Teruel, sino en el conjunto del territorio nacional, que no
se planteaban en su pregunta y, por tanto, no me los he traído conmigo.

Las ayudas que han correspondido a la minería del carbón de Teruel en el
período del anterior plan de reordenación 1990-93 han ascendido a 18.428
millones de pesetas, de los cuales 9.896,5 constituyen los gastos
relacionados con las bajas de personal producidas para hacer frente al
coste de las correspondientes indemnizaciones y prejubilaciones; los
8.531,5 millones restantes corresponden a las empresas, fundamentalmente
por el concepto de reducción de suministros, de acuerdo con la resolución
de la Delegación del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico del
10 de diciembre de 1990. De esta cifra --de los 18.428 millones de
pesetas-- han sido ya abonados 14.000 millones de pesetas --es decir, un
76 por ciento--. En lo que se refiere a la compensación laboral ha sido
ya abonado el 85 por ciento, suponiendo lo que se ha pagado a las
empresas
el 65 por ciento de la cantidad total prevista, y el resto queda
pendiente
de liquidación a medida que se vayan cumpliendo los requisitos previstos
para ello. En lo que se refiere a las ayudas a la inversión en
reestructuración e
I + D se han concedido a empresas de Teruel productoras de carbón 47
millones de pesetas.

Estos son los datos de los que dispongo y, por tanto, los otros datos que
ha planteado usted en su pregunta yo me comprometo a remitírselos por
escrito si quiere en unos días.

En lo que se refiere a la aplicación de la decisión 3632/93 de la CECA,
de 28 de diciembre, efectivamente el artículo 8 establece el plazo de 31
de marzo para presentar los planes de racionalización o de reducción de
actividad de la industria de carbón en determinados supuestos. El plazo
de tres meses que media entre la publicación de la decisión y la fecha de
presentación prevista para el plan resultaba totalmente insuficiente,
habida cuenta del alcance y de las repercusiones que tiene un plan de
esta
naturaleza y que obliga a una preparación muy detallada del mismo y a una
discusión previa con múltiples agentes implicados --las empresas
productoras, los consumidores del carbón, las empresas eléctricas, las
centrales sindicales, las administraciones regionales--. Por ello, el
Gobierno pretende



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disponer de un plazo mayor del conjunto del primer semestre para llevar
a cabo ese proceso, previo a la presentación del plan ante la Comisión
Europea, ante la que ha planteado ya la correspondiente solicitud de
ampliación del plazo.

Aunque aún no está definido el esquema de ayudas futuras a la minería del
carbón, en líneas generales, como estructura general, no diferirá
sustancialmente del que ha estado en vigor hasta el 31 de diciembre de
1993, que incluía, por tanto, ayudas a la reducción de la actividad en
las
empresas inviables y ayudas a la inversión en las empresas viables y que
contemplará, sin duda, una reducción en términos reales del precio de
venta del carbón para su consumo en las centrales térmicas, lo que
significará, sin duda, una reducción de la ayuda implícita, que ha pasado
a ser considerada como ayuda de acuerdo con la nueva decisión
comunitaria,
y, por supuesto, contemplará asimismo ayudas a la creación de empleo
alternativo en las áreas afectadas por estos cierres de actividad. Por
tanto, deberá cumplir la degresividad progresiva de las ayudas como
consecuencia de la reducción en términos reales del precio del carbón
para
su utilización térmica, incluirá un programa de ayudas al coste social de
la reducción de la actividad y de la reducción de empleo, y ayudas a la
reindustrialización, a la creación de empleo en las zonas afectadas por
esta reducción de la actividad.

Esperamos también que las inversiones que hemos comentado, referentes a
las tecnologías de combustión de lavado y de combustión del carbón,
contribuyan a la mejora del medio ambiente en estas zonas en lo que es
responsabilidad de la comunidad autónoma, porque, como usted sabe, la
restauración, tanto en las concesiones de minas de cielo abierto como su
restauración medioambiental, es una competencia de las comunidades
autónomas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Norniella): Tiene la palabra el señor
Martínez Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: La verdad es que no podré preguntar mucho
porque
tampoco es mucho lo que se ha dicho. Se está estudiando y, además, el
Gobierno español, una vez más, le dice a la Comisión que no puede hacer
los deberes en el tiempo previsto. Yo supongo que cuando la Comisión
decidió que el 31 de marzo se presentasen los programas tendría en cuenta
el nivel medio de los estudiantes para aprobar los ejercicios, pero ahora
ya el señor Atienza dice que ni siquiera el primer semestre. O sea, ya no
es en junio, o en septiembre sino que será el curso que viene. En
cualquier caso, como efectivamente los trabajos no están hechos, yo
comprendo que poco se pueda decir sobre cuáles son las medidas
financieras
que se piensan aplicar, cuáles son las diferentes líneas de actuación en
cuanto a mejora de precios, de productividad, resolver los problemas
sociales o potenciar la protección al medio ambiente.

En todo caso sí haré algunas puntualizaciones. Yo acepto, y también haré
el recordatorio por escrito al Gobierno, el compromiso de enviar una
evaluación del plan 1990-93, insisto, no con los elementos que han ido
apareciendo, de tantos trabajadores, etcétera. Aquí aparecen cifras de lo
que se ha dado en bajas y demás, pero las bajas no eran per se, sino
porque se buscaba incrementar en algunos casos la productividad, y dígase
ahora en qué parámetros de productividad, costos; cuando se analizó este
programa 1990-93 en el año 1990 se hablaba de pesetas/termia como
objetivos a conseguir, etcétera. Evidentemente ya sé que cualquier
disminución de trabajadores provoca un incremento de la productividad per
se, eso sí, pero no debería ser una relación absolutamente directa
porque,
si no, evidentemente, por ese sistema, se cerrarían todavía más empresas
de las que se cierran en este país. Ahí hay elementos que me parecen que
son muy significativos, de los que se tiene que hacer esa evaluación,
como
por ejemplo que para reestructuración empresarial y para investigación
haya 47 ridículos millones de pesetas, lo que indicaría por dónde han ido
los tiros; es decir, a buscar que sobraban 6.000 ó 7.000 trabajadores y
eso es mucho más fácil que no mejorar la producción de las empresas y
demás.

En todo caso ese tiempo que ha pedido ahora el Gobierno yo creo que es
para tomárselo efectivamente muy en serio. Por tanto, no voy a objetar
nada si la Comisión decide al final darle a España otro plazo. Lo que
pasa
es que estaba ya el otro plazo de septiembre que decía la propia
decisión,
que ya está casi al caer. Yo creo que es una buena oportunidad para hacer
un plan serio. El carbón y la reconversión de la minería que afecta a
tantos trabajadores, a tantas zonas del país, no es un tema efectivamente
fácil porque tiene muchísima mano de obra, tiene una serie de
características --antes se ha señalado el problema de la calidad de
nuestros carbones, el precio de los carbones internacionales, estas cosas
que se suelen decir-- pero tenemos diez años. La Comisión ha hecho una
cosa que yo creo que es muy importante, abrir un período hasta el año
2002. Tenemos diez años para planificar. Por tanto, no estamos hablando
de tomar medidas coyunturales de un año para otro para ver cómo sale,
sino
que tenemos diez años para planificar. Evidentemente, si se consigue
hacer
buenos planes y buenos programas, en diez años se pueden cumplir. Se
puede
cambiar el aparato productivo de todo un país durante diez años, eso es
evidente, y así se está haciendo en muchos países. Por tanto, yo creo que
es una buena oportunidad, como ha dicho el señor Atienza, con la
participación de todos los agentes y de todas las administraciones.

Respecto a la participación de todas las administraciones, hay que hacer
una puntualización. Habrá observado que le he hablado de las cuarenta y
tantas explotaciones a cielo abierto anteriores al año 1982 y lo he hecho
voluntariamente para hablar del período en que la comunidad autónoma no
era la competente, porque evidentemente ahora en la Administración
central
cuando hay problemas es muy fácil decir: es que la comunidad autónoma es
la competente. Yo le he hablado de que parte de la culpa del paisaje
lunar
la tienen explotaciones anteriores a ese año. Incluso le podría también
señalar de cara al futuro que cuando se imputen los costes, en ese
mecanismo que efectivamente ahora la Comisión nos exige de que en el
plazo



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máximo de tres años aparezcan en los Presupuestos Generales del Estado
para que quede claro, se tengan también en cuenta los costes
medioambientales, porque aquí ha aparecido --en todo esto del
funcionamiento del mercado al final se aprende-- que las empresas
productoras del carbón no han sido las más beneficiadas con el cambio de
la minería subterránea a la minería de cielo abierto. Ahora resulta que
quien se lleva la plusvalía, en términos marxistas, son las grandes
empresas de construcción que hacen los desmontes. Efectivamente la
disminución del coste del carbón no está repercutiendo en la estructura
de las empresas productoras tradicionales a las que se pretendía ayudar
con este permiso de cambio. Lo digo para que se tenga en cuenta ese
aspecto. Efectivamente si hay alguien que está sacando una especial
tajada
también, sería bueno que asumiera una parte de responsabilidad.

En todo caso y para terminar no me ha parecido bien la expresión de que
el esquema de ayudas no diferirá sustancialmente, porque sobre todo en
los
apartados medioambientales y de la reindustrialización aquí no creo que
se pueda dar como triunfo el proceso seguido, por lo menos en lo que se
refiere a la provincia de Teruel, de reindustrialización, y si hace falta
seguiremos más días hablando de cómo se ha hecho, cuando tengamos los
datos, este proceso de reindustrialización en el trienio 90-93.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Norniella): Tiene la palabra el señor
Atienza



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Atienza
Serna): Efectivamente tengo que confirmarle que seguramente la Comisión
Europea ha sobreestimado la capacidad de todos sus estudiantes porque
según mis noticias ningún Estado miembro ha presentado el plan antes del
31 de marzo de 1994. (El señor Torres Sahuquillo pronuncia palabras que
no se perciben.)
En lo que se refiere a la competencia, antes de las transferencias, en la
regeneración medioambiental de las explotaciones mineras y, en
particular,
de las explotaciones a cielo abierto, he de decirle que cuando se produce
una transferencia es con todos sus derechos y todas sus cargas; por
tanto,
la Administración que asume una transferencia asume todas las funciones
y todas las cargas que se derivan de la tarea que le encomienda la
sociedad, y no se produce una asunción de la responsabilidad del
deterioro
medioambiental que tenga lugar a partir de que se asume una determinada
competencia, pero esto seguramente nos llevaría a un debate más amplio.

Hace un comentario sobre el cielo abierto que yo creo que es bastante
pertinente. A mí me parece que tenemos que tener un cierto debate sobre
cuál es el impacto que el cielo abierto tiene para nuestra seguridad de
suministro, para nuestra creación de empleo en las zonas, porque es un
impacto relativamente reducido y, sin embargo, a veces no reduce las
ayudas y nos crea problemas de stocks cuando la demanda de energía
eléctrica disminuye como consecuencia precisamente de su mantenimiento en
la actividad. Yo creo que quizá hay que reforzar el carácter coyuntural
del cielo abierto para adaptarse a la evolución de la demanda en el
sistema eléctrico, de tal forma que pueda modularse en mayor medida para
adaptarse a las necesidades de consumo en función de la evolución de la
demanda en el sector eléctrico, mientras que parece razonable que el
cielo
subterráneo goce de una mayor estabilidad en sus consumos. Efectivamente
una parte de los cielos abiertos tiene un impacto sobre el empleo muy
reducido y puede ser más flexible a que la minería subterránea, que
tiene,
sin duda, una mayor rigidez y que necesita una mayor estabilidad en
cuanto
a sus contratos de suministro, pero ése es un tema que seguramente tiene
que ser objeto de discusión.




--REPERCUSION DE LOS COSTES DE CONSTRUCCION DEL GASODUCTO DEL MAGREB
SOBRE
LA FACTURA DE LOS CONSUMIDORES. FORMULADA POR EL SEÑOR GARCIA FONSECA
(GIU-IC). (Número de expediente 181/00523.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Norniella): Para concluir tenemos una
última pregunta del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra el señor Martínez Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: Efectivamente es una pregunta que firmó en su
momento mi compañero señor García Fonseca, quien a última hora no ha
podido asistir a esta Comisión, y que voy a formular también al señor
Atienza. Tiene que ver con el proceso de gasificación, un proceso tan
importante en estos momentos, tan controvertido; tiene que ver con las
fusiones, con la financiación y que tiene que ver, evidentemente, con los
precios.

Lo que ha movido en estos momentos nuestra preocupación son algunas
noticias contradictorias que se escuchan en uno o en otro sitio --según
el territorio de la comunidad autónoma que se pisa se dicen unas cosas u
otras-- y que tienen que ver con todo lo que es la inversión, los precios
y los costes, en definitiva. Por una parte se dijo hace no muchas fechas
y se garantizó a las compañías eléctricas que el coste en pesetas/termia
en los próximos años se mantendría constante en el gas. Es más, las
cifras
que el Ministerio de Industria facilitó a las compañías eléctricas en
estos debates es que sería un coste de 1,8 pesetas/termia hasta el año
2000, pero he aquí que no hace muchas semanas el señor Ministro anuncia
subidas del precio del gas para financiar inversiones y ahí es donde
viene
la primera cuestión. Sus palabras, entrecomilladas en los medios de
comunicación, es que se debería producir --dice-- probablemente un
reajuste al alza en los próximos años para la financiación de las grandes
inversiones.

La primera cuestión es que aclare el Ministerio si se mantiene la
estructura de costes ofertada a las compañías eléctricas y que apareció
también en los medios de comunicación recientemente --incluso yo he
señalado el detalle de 1,80 pesetas por termia-- o qué es lo que va a
suponer ese anuncio, si es un globo sonda, como otras veces se hace, o si
realmente va a ser así, que para financiar las



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grandes obras --en este caso se habla del gasoducto del Magreb-- se va a
tener que incrementar al alza en los próximos años. Si es así, en qué
años; si se va a hacer acumulación previa a la propia ejecución de las
obras, si va a ser después de ejecutadas las obras y qué va a suponer eso
en la estructura de costes.

Relacionado evidentemente con esto de la financiación y de las
inversiones
también han aparecido en estas últimas semanas unas noticias en los
medios
de comunicación sobre si algunas de las grandes inversiones de la
infraestructura gasística deberían reconsiderarse. Es más, yo tengo aquí
detalles sobre si los elementos previstos inicialmente para el puerto del
Ferrol, la gasificación de Galicia --antes incluso el señor Atienza ha
hecho una leve mención al problema portugués--, si todo eso de las
infraestructuras además va a ser reconsiderado. En concreto le pregunto
expresamente por el tema de la gasificación de Galicia y las previsiones
que había para la planta de gasificación del Ferrol, si va a haber o no
reconsideración y qué calendario efectivo quedaría, si puede aportarnos
datos en relación con estas preocupaciones que nos han movido a plantear
la pregunta y que están en los medios de comunicación en relación con la
financiación de las inversiones y los costes que va a suponer la
gasificación.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Norniella): Tiene la palabra el señor
Atienza.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Atienza
Serna): Yo creo que hay muchas preguntas y de gran interés en la cuestión
que usted ha formulado, pero yo creo que hay que separar algunos temas.

En primer lugar en el tema de las tarifas la última revisión se produjo
en noviembre de 1991. Se ha producido indudablemente una evolución de los
precios desde noviembre del 91 --por tanto hace prácticamente dos años y
medio-- que hace necesaria una actualización de esas tarifas;
actualización que será notablemente inferior a la evolución de la
inflación en este período, pero que, en cualquier caso, necesita tener en
cuenta que en lugar de producirse una revisión periódica como se produce
en otras energías, se ha reducido un retraso en esta revisión que es
necesario realizar. Ello es así entre otras cosas porque esta no revisión
se ha traducido fundamentalmente en un estrechamiento muy importante de
los márgenes de rentabilidad de Enagás, que es la empresa de
aprovisionamiento y transporte, que tiene unos márgenes prácticamente
nulos, una rentabilidad sobre activos muy baja, como consecuencia
precisamente de que, para favorecer la penetración del gas, cosa que es
deseable desde el punto de vista de las opciones de los consumidores,
desde el punto de vista del perfeccionamiento de nuestro sistema
energético, desde el punto de vista de la calidad medioambiental, desde
el punto de vista de la eficiencia energética, para favorecer la
penetración del gas, también por razones de seguridad de suministro, se
han mantenido unos precios notablemente más bajos que los precios
europeos, cuando en realidad nuestro coste de materia prima es el mismo,
cuando no más alto, teniendo en cuenta que nos encontramos más alejados
de la mayor parte de los yacimientos de los que se abastecen el resto de
los países europeos, sobre todo de los que se abastecen por la vía de
gasoducto. Por tanto, es necesaria una revisión de las tarifas, una
actualización de las tarifas que, repito, será por debajo de la evolución
del IPC durante este período, para recomponer la rentabilidad sobre
activos que indudablemente la puede usted conectar con las inversiones
necesarias, indudablemente, porque esta empresa no necesita ese margen
para retribuir a sus accionistas, sino que lo necesita fundamentalmente
para poder financiar los 500.000 millones de pesetas que nosotros, entre
todos, hemos decidido en el Plan Energético Nacional que es necesario
realizar en los próximos seis o siete años para poner al día nuestro
sistema gasístico, en el gasoducto del Magreb-Europa, en los sistemas de
almacenamiento estratégico, en nuestra red de distribución para llegar a
todas las regiones europeas, en nuestra conexión con Portugal. Por tanto,
recomponer ese margen es razonable desde el punto de vista de la
capacidad
financiera de esta empresa, que no por ser una empresa pública tiene que
ser una empresa que tenga que perder dinero y que necesite ese dinero
para
financiar esas inversiones indudablemente.

Sobre si las inversiones deben reconsiderarse y sobre el proyecto del
gasoducto Magreb-Europa que usted planteaba en su pregunta, tengamos en
cuenta que la mayor parte de los países europeos no se abastecen de gas
con gas licuado, sino que se abastecen por gaseoducto, lo que les abarata
su sistema de aprovisionamiento, y esto pueden hacerlo porque se
encuentran más cercanos a los yacimientos más importantes, ya sea porque
son yacimientos holandeses o yacimientos del Mar del Norte o yacimientos
rusos, que, aunque estén alejados, tienen una red de gasoductos
importante
y que en cualquier caso está 1.500 ó 2.000 kilómetros más cercana al
centro de Europa que nosotros. Hay que tener en cuenta que nosotros
estamos a 2.000 kilómetros de los yacimientos de Noruega, de los que
ahora
recibimos gas, y estamos a 6.000 kilómetros de los yacimientos rusos, de
los que difícilmente podemos recibir gas, por razones fundamentalmente de
coste, lo que nos hace más dificultoso nuestro sistema de
aprovisionamiento. Solamente tenemos una ventaja geográfica, quizá por
una
vez, que es que estamos razonablemente cerca de unos yacimientos de gran
importancia, que son los yacimientos argelinos; razonablemente cerca
porque la frontera argelina está de Tarifa a 580 kilómetros, es decir, a
menor distancia que Madrid de Barcelona, y por tanto esos 580 kilómetros
tenemos que ponerlos en relación con los 2.000 kilómetros que recorre el
gas que nos llega de Noruega, que además está dependiente de la capacidad
de transporte de todo el sistema gasístico europeo, y por supuesto esa
distancia de los 580 kilómetros es mucho menor que los miles de
kilómetros
a los que se encuentra el gas que podríamos obtener del producto de
procedencia rusa u otra.

Por lo tanto, el gas argelino es un gas con yacimientos de gran volumen
que se encuentran a una distancia muy cercana, que por tanto nos permite
acceder a suministro de gas más barato por ser gas por gasoducto, y no
gas
licuado



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que es necesario regasificar de nuevo, y, además, porque solamente
depende
de la capacidad de transporte de nuestro gasoducto, del gasoducto
Magreb-Europa, a través de Marruecos. Por tanto es una opción estratégica
de primerísima magnitud, no solamente porque contribuye además a la
estabilidad del Norte de Africa, sino porque nos permite aprovechar la
única energía para la cual estamos geográficamente bien situados en
Europa, porque las dos entradas naturales del gas argelino son Italia,
que
ya la está explotando al máximo con su gasoducto submarino, que está
incrementando su capacidad de transporte, incrementando la presión a la
que se transporta ese gas, y, además, está pensando en construir un
segundo gasoducto. Por lo tanto, es sorprendente que alguien en este país
se pueda plantear que ese gasoducto de Argelia-Marruecos-España pueda ser
objeto en cuestión. Hay que estar ciego desde el punto de vista
estratégico para no valorar la importancia que tiene ese gasoducto para
disponer de una energía que en todas las reuniones internacionales en las
que yo he participado, de la Agencia Internacional de la Energía y en
otras, está considerada como la energía de más valor, por los avances
tecnológicos que se están consiguiendo, por eficiencia energética, por su
calidad medioambiental, la energía de más valor para la próxima década o
para las dos próxima décadas. Por lo tanto, tener una posición firme,
sólida, en el suministro del gas, aprovechándonos por una vez de nuestra
posición geográfica, más allá de la inestabilidad política que se puede
producir en un determinado momento o en otro, nos permite tener un
sistema
gasístico fuertemente diversificado, conectado por el norte y por el sur
por gasoducto y por una red de plantas de licuefacción que nos permite
diversificar el suministro y tener gas licuado también procedente de
Argelia; hay que recordar que este que recibimos ahora es más vulnerable
que el de gasoducto, porque cualquier incidente en una planta de
licuefacción tardaría muchos meses en recuperarse, mientras que en un
gasoducto es reparable en muy corto plazo, pero nos permite también
recibir de Libia, de Nigeria, de Abu Dabi o de otros suministros, y
diversificar un poco y complementar nuestro sistema de aprovisionamiento.

Como también es necesario fortalecer esa seguridad de suministro con los
almacenamientos estratégicos de Serrablo, de Gaviota, de lo que han sido
nuestros yacimientos subterráneos virtualmente agotados y eventualmente
de otros que están en estos momentos en investigación.

¿Algunas de estas inversiones pueden ponerse en cuestión? Ya he dicho que
el gasoducto Magreb-Europa está siguiendo el calendario previsto y ha
sido
considerado por la Comunidad Europea, por el grupo Christophersen, el
grupo que se constituyó en la última cumbre europea de Bruselas, como uno
de los cuatro proyectos de interés prioritario en las redes europeas de
gas, uno de los cuatro, como la conexión con Portugal, la conexión que va
desde Córdoba hasta la frontera portuguesa, y la conexión del sistema
gasístico con Galicia ha sido considerado como el segundo de los cuatro
únicos proyectos calificados a nivel europeo por este grupo
Christophersen
como de interés prioritario. Tengo que decir que no solamente no está en
cuestión el proceso de gasificación de Portugal, que ha adjudicado ya su
gasoducto Setúbal-Braga, sino que acaba de firmar, no sé si ayer u hoy,
su contrato de suministro de gas natural, no de gas licuado, con Argelia
para utilizar nuestro gasoducto tanto en su tramo marroquí como en su
tramo español, teniendo todavía pendiente de decidir si va a comportarse
como un arrendatario del gasoducto o como un copropietario del mismo. Es
una decisión que corresponde tomar a la administración portuguesa.

Respecto a si algunas inversiones están puestas en cuestión, en diciembre
de 1993 el consorcio que tiene prevista la explotación del yacimiento de
Nigeria anunció un retraso en su previsible puesta en explotación y no ha
anunciado de nuevo cuál puede ser el calendario definitivo de puesta en
explotación del yacimiento nigeriano. Esto puede llevar, si no se
consiguen otros suministros de carácter estable de gas licuado, para lo
cual se están realizando todos los esfuerzos posibles, a un retraso en la
planta de regasificación de Galicia. ¿Por qué? Porque no tiene sentido
realizar una inversión de más de 20.000 millones de pesetas para una
planta de regasificación cuando no tiene el suministro de gas licuado
garantizado. Indudablemente, desplazar hacia una nueva planta una parte
de nuestros suministros de las plantas existentes lo único que haría
sería
cargar el coste fijo y reducir el nivel de utilización del resto de las
plantas. Pero no está en absoluto puesta en cuestión ni la gasificación
de Galicia ni la planta de regasificación de El Ferrol, y no sólo no está
puesta en cuestión, sino que están desarrollándose y se van a realizar
las
inversiones necesarias para la gasificación doméstica y comercial con gas
propano que, como seguramente podrá contrastar con expertos, solamente
tiene sentido desde el punto de vista económico si luego ese gas propano,
que es más caro, va a ser sustituido por gas natural. Es decir, nuestro
compromiso en la gasificación de Galicia llega hasta que se realicen esas
inversiones, incluso aunque el nivel de su rentabilidad en estos momentos
vaya a ser bajo para la empresa, sabiendo que posteriormente vamos a
disponer del gas natural que va a permitir sustituir esa materia prima
más
cara que es el gas propano. Por tanto, reitero que no está en absoluto en
cuestión. Solamente desde el punto de vista de los plazos estamos
pendientes de que el consorcio nigeriano confirme cuál puede ser su fecha
definitiva de puesta en explotación o que se encuentren suministros
estables alternativos que permitan garantizar el funcionamiento de esa
planta.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Norniella): Tiene la palabra el señor
Martínez Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: Tomo nota de que entonces, en cuanto a la
planta
de El Ferrol lo que en los medios de comunicación había sido puesto en
cuestión está exclusivamente relacionado con el retraso producido por los
yacimientos nigerianos.

El señor Atienza se ha referido al otro tema, al de la actualización de
los precios (no sé si es gallego) en gallego. Dice: ha de hacerse una
actualización que evidentemente será por debajo de la inflación para
recuperar la evolución



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de los precios desde 1991 pero, si quiere usted, puede conectar esa
actualización con las inversiones. Eso no es contestar evidentemente a
una
pregunta --por eso decía lo de si es gallego--. Admito que tiene sentido
una actualización, que además yo entiendo que debe hacerse por debajo de
la inflación, al igual que el compromiso que se ha asumido con las
tarifas
de otros servicios públicos; pero aquí he señalado que había un
compromiso
de un mantenimiento de los precios, se supone que en términos reales, en
1,80 pesetas, hasta el año 2000, se suponía que eran términos reales de
pesetas/termia, porque es lo razonable, sin perjuicio de que pueda haber
un control más o menos efectivo sobre la inflación. Pero ésa no era la
cuestión. La cuestión es si se iba a producir una modificación en la
estructura tarifaria para incluir las inversiones como parece que en la
prensa de hace unas semanas sugería el señor Ministro.

Yo no soy quien debe hacer la conexión o no de la estructura tarifaria
nueva. Esto es lo que pregunto: ¿Se va a producir, además de esa revisión
motivada por el desajuste tarifario? Por cierto, me va a permitir el
señor
Atienza, aunque ya sé que no es el tema del debate, y con permiso de la
Presidencia, decirle que esto debería dar que pensar, en ese contencioso
que tiene nuestro Grupo con la propuesta del Gobierno de aceptar la
fusión
--a lo mejor se podía calificar de otra forma-- entre Gas Natural con
Enagás, en si no se estaría produciendo una especie de descapitalización
de Enagás para que le sea más barato a Gas Natural el tragarse a la
compañía pública. En todo caso, también pareja a esta reflexión, la
inversión en infraestructuras en este país --que ya sé que hay debates en
temas sobre todo de autovías, no tanto de ferrocarriles-- las suele hacer
el Estado (porque es el que más garantías tiene de que se pueda cumplir
no sólo por razones generales sino con instrumentos generales), no
empresas privadas, como va a ser en el caso de esa gran empresa de Gas
Natural una vez que compre Enagás. Esto lo digo entre paréntesis. ¿No se
estará haciendo alguna operación de este tipo para hacer más barata la
compra de Enagás y no se estará haciendo la inversión de esos 500.000
millones para realizar infraestructuras en este país vía tarifaria? Yo
creo que en este país también estamos un poco advertidos de otras
experiencias de este tipo de que las grandes infraestructuras se paguen
vía tarifa, brutalmente. Por eso la pregunta se mantiene. No me devuelva
usted la cuestión y diga si efectivamente se va a proceder a una revisión
tarifaria incluyendo en las tarifas del gas, en favor ya de la nueva
empresa, el financiar las inversiones que hay que hacer en este país de
los gasoductos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Norniella): Para concluir tiene la
palabra el señor Atienza.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES (Atienza
Serna): Si me pregunta si las tarifas se van a revisar para incluir el
desarrollo de la inversión, le diría que no. Si me pregunta si los
recursos que se obtengan con esas tarifas se van a utilizar para
financiar
esas inversiones, la respuesta es sí. A ver si me explico un poco más. El
gasoducto en su tramo extrapeninsular es propiedad de una empresa,
mayoritariamente de Enagás, y tiene un plazo de amortización de 25 años.

Enagás va a ser un usuario y va a pagar un canon por cada termia que se
transporte por ese gasoducto. Eso formará parte de sus costes. Nuestro
sistema tarifario precisamente para proteger a los consumidores tiene un
sistema de cost plus, es decir que se calculan los costes de materia
prima
de la empresa, los costes de transporte, los costes de almacenamiento,
etcétera, y eso es lo que determinan las tarifas dada una determinada
rentabilidad de los activos. Por tanto, no es un sistema que deje el
precio de tal forma que se puedan producir oscilaciones y grandes
beneficios. Es un sistema de beneficio controlado, como consecuencia de
una concesión de monopolio en esa concesión administrativa.

Sobre si estamos depreciando Enagás para su integración en Gas Natural,
yo casi le diría lo contrario. Lo que podría hacer otro Gobierno de otra
composición política sería precisamente vender Enagás y revisar las
tarifas después. Pero un Gobierno que lo que pretende es revisar las
tarifas para recomponer la tasa de rentabilidad de los activos antes de
tomar ninguna decisión sobre la integración lo que está considerando es
que esa actividad necesita una determinada rentabilidad sobre los activos
y tiene que transmitirse y valorarse de acuerdo con la rentabilidad que
se obtenga con esos activos. Desde luego de lo que podría ser acusado el
Gobierno es de hacer lo contrario; es decir, de transferir unos activos
y una actividad y de elevar el margen posteriormente. Lo que quiere hacer
el Gobierno es lo contrario, es revisar los márgenes porque considera que
lleva un retraso de dos años y medio en esa revisión, porque eso ha
colocado la rentabilidad de esos activos en niveles cercanos a cero y
porque indudablemente eso lo puede sufrir una empresa pública si luego
recibe recursos presupuestarios para financiar sus inversiones, y parece
razonable que se recomponga su margen que permita afrontar esas
inversiones.

Indudablemente luego la evolución de los precios del gas siempre va a ser
de reducción en términos reales y ni siquiera de mantenimiento en
términos
reales.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Norniella): Muchas gracias, señor
Atienza por su presencia.

Sin más temas que tratar, levantamos la sesión.




Eran las seis y treinta minutos de la tarde.