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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 165, de 14/04/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 165
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE: DON VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ
Sesión núm. 6
celebrada el jueves, 14 de abril de 1994
ORDEN DEL DIA:
--Informe a la Comisión de la dimisión del Secretario Segundo de la Mesa
de la Comisión (Página 5240)
--Aprobación de la propuesta de remisión al Pleno del Informe de la
Ponencia encargada de estudiar las actuales condiciones de elaboración
del Censo Electoral. (Número de expediente 154/000001) (Página 5240)
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que
la programación de las televisiones privadas respete la pluralidad
cultural y lingüística de los pueblos del Estado. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 4, de 30-7-93. Número
de expediente 161/000003) (Página 5240)
--Por la que se insta al Gobierno a la regulación del derecho de petición
previsto en el artículo 29 de la Constitución. Presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán, Convergència i Unió. (BOCG serie D, número 13, de
4-10-93. Número de expediente 161/000029) (Página 5245)
--Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del
Ministerio de la Presidencia, previa remisión de un informe, para que dé
cuenta de la ejecución de su presupuesto. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 67, de 4-3-94. Número de
expediente 161/000150) (Página 5248)
--Comparecencia del señor Presidente de la Agencia EFE (Sobrado
Palomares), para informar del ejercicio económico de 1993 y las
previsiones para 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 212/000472) (Página 5250)
--Pregunta del señor López Garrido (Grupo Parlamentario Federal IU-IC),
sobre actuación del Delegado del Gobierno en Melilla respecto de la
situación por la que atraviesan ciudadanos de diversos países africanos
solicitantes de asilo y refugio en dicha ciudad. (BOCG serie D, número
26, de 8-11-93. Número de expediente 181/000145) (Página 5265)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
--INFORMAR A LA COMISION DE LA DIMISION DEL SECRETARIO SEGUNDO DE LA MESA
DE LA COMISION.
El señor PRESIDENTE: Señorías, tenemos ya quórum para comenzar la sesión.
Les agradezco que hayan podido cambiar sus viajes y sus otros compromisos
previstos para mañana, y que podamos celebrar la sesión en la tarde de
hoy.
El primer punto del orden del día trata únicamente de informar a la
Comisión de que hay que proceder a la elección del Secretario segundo de
la Mesa cuando proceda, puesto que no es necesario hacerlo hoy, habida
cuenta de que el Diputado, señor Camp i Batalla, del Grupo de
Convergència i Unió, ha presentado su dimisión.
¿Alguna pregunta u observación al respecto? (Pausa.) Por tanto, en su
momento someteremos a decisión de la Comisión la elección del Secretario
segundo de la Mesa.
--APROBACION DE LA PROPUESTA DE REMISION AL PLENO DEL INFORME DE LA
PONENCIA ENCARGADA DE ESTUDIAR LAS ACTUALES CONDICIONES DE ELABORACION
DEL CENSO ELECTORAL. (Número de expediente 154/000001.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día trata de dar
cuenta a SS. SS., brevísimamente, de que la Ponencia aprobada por
decisión del Pleno, pero nombrada por esta Comisión, para proceder a
someter a examen los problemas derivados del censo electoral en pasadas
elecciones, ha terminado su trabajo; y lo ha terminado con unas
conclusiones que han sido firmadas por todos los miembros de la Comisión,
que representan a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Yo les sugiero que, dado que estas conclusiones han sido aprobadas y
firmadas por los miembros de la Comisión, decidamos hoy elevarlas a la
consideración del Pleno, en el orden del día que crea la Mesa, dándolas,
por consiguiente, por aprobadas, si les parece a sus señorías.
(Asentimiento.)
Así queda aprobado.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE
LA PROGRAMACION DE LAS TELEVISIONES PRIVADAS RESPETE LA PLURALIDAD
CULTURAL Y LINGÜISTICA DE LOS PUEBLOS DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 161/000003.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas
necesarias para que la programación de las televisiones privadas respete
la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos del Estado.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ribó.
El señor RIBO MASSO: La proposición no de ley pretende instar al Gobierno
a tomar medidas para que la programación de las televisiones privadas
respete la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos del Estado.
Esto en un primer punto que yo quisiera destacar de forma especial sobre
el conjunto de la proposición no de ley, incluso con el conocimiento de
la reticencia, cuando no la oposición, de algunos grupos a suscribir el
contenido de la misma.
En un segundo apartado nos atrevemos a cifrar, en el tiempo y en el
espacio de programación, cómo se podría traducir el principio de respeto
a la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos del Estado.
Recuerdo a SS. SS. que la Constitución Española, en su artículo 20,
reconoce y protege derechos que se regularán por ley, como el de respetar
el pluralismo de la sociedad y de sus diferentes lenguas en la
organización de los medios de comunicación social que dependan del Estado
o de cualquier entidad pública, y garantizar el acceso de grupos sociales
y políticos significados.
Creo que más que principios, como argumentos para fundamentar la
pretensión de esta proposición son importantes los hechos. Hoy, en las
diversas comunidades autónomas españolas con una lengua propia estamos en
las antípodas del cumplimiento de aquel mandato constitucional. En
Cataluña, la estadística de la programación televisiva en las diversas
lenguas, si nos atenemos a las televisiones públicas, da que hoy un
telespectador allí puede ver hasta un 42,9 por ciento de programación en
catalán, teniendo en cuenta que, además, Televisión Española en Cataluña
está progresivamente reduciendo el espacio de emisión llamada regional en
lengua de la comunidad autónoma. Pero si vamos al conjunto de horas que
cualquier ciudadano o ciudadana de Cataluña puede contemplar la
televisión, tan sólo el 22,1 por ciento son en lengua catalana. Públicas
y privadas nos dan este enorme desequilibrio en favor de la programación
en lengua castellana.
Debo reconocer que, desde que se presentó la proposición no de ley, un
canal privado, Tele 5, emite por el sistema dual dos películas semanales,
la serie «Melrose Place» y una de dibujos, en lengua catalana. También en
lengua catalana sería sorprendente analizar los datos de la comunidad de
las islas Baleares, no llegaría al tres por ciento de la programación
global, o del País Valenciano, donde no llegaríamos al nueve por ciento.
En el caso de Euskadi, la programación de las televisiones públicas en
euskera da el 19,06 por ciento, pero si sumamos públicas y privadas
llegamos tan sólo al 9,7 por ciento. En Galicia, las televisiones nos dan
como cifras, si sólo son las públicas, el 28 por ciento en gallego, y si
sumamos las privadas tan sólo el 13 por ciento. Debería decir, como
ciudadano que habita en Cataluña, que aún somos unos privilegiados. Pero
es evidente que, en general, estamos muy lejos de que se cumpla aquel
mandato constitucional.
Se han escuchado y leído opiniones en diversos ámbitos, incluso en esta
Cámara (a mi entender fruto de la desinformación, cuando no del
ideologismo o de la ignorancia) en contra de estos hechos tan elementales
que derivan del mandato constitucional.
En temas lingüísticos, el nacionalismo español, tan a menudo olvidado,
acostumbra a optar por posiciones --entre comillas-- «partidarias de la
libertad», y críticas con todo lo que para ellos son políticas
autonómicas equivocadas de normalización lingüística. No creo que a los
fines del siglo XX exista un solo constitucionalista que interprete que
la defensa de los derechos fundamentales sea equiparable a una actitud de
abstención, de «laisser faire», por parte de los poderes públicos. Los
poderes públicos, para impulsar los derechos fundamentales, en todas las
democracias maduras expresan un programa de medidas positivas para hacer
aquellos derechos efectivos. Incluso nuestra Constitución, en su artículo
9 (copiando literalmente, excepto una palabra, la Constitución italiana),
pone mucho énfasis en este aspecto positivo de impulso por parte de los
poderes públicos para que los derechos sean efectivos.
El Estado español ha participado en las negociaciones sobre GATT y ha
suscrito planteamientos muy claros, como el de la excepción cultural, que
van en línea contraria a los que he afirmado que defienden a menudo los
nacionalistas españoles. Incluso, cuando se trata de defender la lengua
castellana, salen planteamientos muy curiosos que son intervencionistas,
como cuando la Comunidad Europea pretendía suprimir la letra eñe de los
ordenadores y de otro tipo de instrumental informático. Intelectuales de
muy diversos signos y de distintas ideologías llegaron a afirmar cosas
tan curiosas como la de decir que es muy grave depender de una maquinaria
universal que no tiene en cuenta las características locales, y podría
cansar a la Comisión con citas de personas muy destacadas de la cultura
castellana en esta línea intervencionista de impulso para defender un
ámbito lingüístico.
Se puede argumentar --creo que con desconocimiento jurídico-- que las
televisiones privadas son, efectivamente, privadas y, por tanto, no son
ámbito de regulación por parte de los poderes públicos. Hay una cuestión
fundamental que no podemos olvidar, y es que el Estatuto de
Radiotelevisión habla de servicios públicos esenciales de titularidad
estatal, y la Ley de Televisión Privada dice que es objeto de dicha Ley
regular la gestión indirecta de servicio público esencial de la
televisión cuya titularidad corresponde al Estado, y estamos hablando del
término Estado en su acepción plena, amplia, que afecta a estas parcelas.
Son servicios públicos gestionados indirectamente a través de una
concesión administrativa, y tampoco canso a la Comisión con toda la
doctrina, que hoy ya es sobrante, que avala esta afirmación, como sería
una concesión administrativa el transporte público de viajeros o la
explotación de autopistas.
No debe haber la más mínima duda sobre la posibilidad de que los poderes
públicos entren a regular la prestación de aquellos servicios en las
condiciones que derivan de los mandatos constitucionales. La misma Ley de
las televisiones privadas afirma que se debe mantener el principio de
respeto al pluralismo cultural y lingüístico. Habla de programaciones
territoriales, habla de unos porcentajes de producción, y creo que las
cifras que he dado al principio son una auténtica burla a estas
afirmaciones constitucionales y legales. Con la sola excepción de la
cadena que he citado en unas expresiones en sistema dual, ninguna otra
televisión privada --ni la misma que he citado-- hoy está respetando
estos principios constitucionales. Pero es más, la Directiva de la
Comunidad Europea del año 1989 impone a los Estados miembros vigilar
porque las televisiones públicas y privadas respeten aquel pluralismo, y
marca
a dichos Estados miembros unos objetivos de política lingüística, incluso
con su pluralismo interno.
Podría citarles resoluciones de parlamentos autonómicos que han ido en la
misma dirección, y que, curiosamente, por lo que puedo imaginar que va a
pasar esta tarde en esta Comisión, han contado con el respaldo unánime de
los grupos parlamentarios. Les podría citar, igualmente, las diversas
leyes de normalización lingüística que se han ido produciendo en
parlamentos con mayorías tan dispares como el Parlamento Balear, el
Valenciano o el Catalán, que en sus diversos artículos mantienen los
mismos principios que defendemos en esta proposición no de ley.
Por último, podría citar lo que, en términos homologables, sería la
necesidad de tener en cuenta el impacto ambiental por el hecho de que
hoy, a través de las televisiones privadas, se está rompiendo el
equilibrio de aquella pluralidad lingüística y cultural. No alimentemos,
desde posiciones centrales --y no he dicho centralistas-- lo que después
se convierte en absurdas y artificiales guerras lingüísticas por no
respetar hechos sociales elementales.
Esta proposición no de ley, que tiene dos mandatos completamente
diferenciables --y de nuevo brindo la diferencia a los diversos grupos
parlamentarios por si cree demasiado atrevida la pretensión de su segundo
punto--, va en la dirección de empezar a cumplir, tras muchos años de
democracia y algunos ya de televisiones privadas, con aquellos mandatos
constitucionales.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Brevemente, para decir que el objetivo que
se persigue con esta proposición no de ley le parece acertado a nuestro
Grupo Parlamentario.
Poco voy a añadir a la documentada exposición que ha realizado el
Portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Ribó, que ha
descrito una situación real, la que se produce tras la puesta en
funcionamiento en nuestro país de las televisiones privadas, que vienen
a romper un pretendido equilibrio que se había alcanzado en el ámbito
televisivo lingüístico. Sólo ha sido corregido el rompimiento que se
produce en este ámbito de funcionamiento de las televisiones privadas
con la reciente iniciativa, insuficiente todavía, que ha puesto en
marcha Tele 5.
Quiero recordar, para terminar, que nuestro Grupo Parlamentario ha
presentado muy recientemente, en el debate todavía vivo en esta Cámara
relativo al proyecto de ley de transposición de la Directiva comunitaria
de televisión, una emienda, que no fue aceptada en su momento en Comisión
y que nos gustaría que fuera admitida por el Pleno de la Cámara,
precisamente en el mismo sentido de recomponer este equilibrio entre las
diversas lenguas y culturas del Estado en el panorama televisivo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: A mí en esta intervención me gustaría no
resultar incurso en algunas de las imputaciones que el señor Ribó ha
formulado apriorísticamente sobre aquellas posiciones que podrían no
compadecerse o no ir en auxilio de la proposición no de ley que su Grupo
postula. Es decir, yo no creo incurrir en ninguna suerte de nacionalismo
español, por ejemplo, por expresar alguna reserva o alguna puntualización
a sus tesis. Desde luego, tampoco querría ser objeto de la imputación de
ideologista, y me aceptará el señor Ribó que su intervención no ha estado
ciertamente exenta de fuertes elementos ideológicos, tales como suponer
que el ejercicio de los derechos fundamentales, desde cualquier
perspectiva constitucional, obliga necesariamente a una acción activa,
positiva, de fomento de intervención, cuando en muchas ocasiones --y de
libertad de expresión estamos hablando-- cabalmente a lo que obliga la
máxima expansión de esos derechos es justamente a la más rigurosa
inhibición, a la más absoluta abstención de la intervención estatal.
También ha hablado incluso de ignorancia. No quiero, en absoluto, ser
acogido por esa imputación ni tampoco pretendo retrucársela, pero
permítame recordarle, por indicación de algún compañero, que la
denominación constitucional y estatutaria de Valencia es la de Comunidad
Valenciana y no la de País Valenciano, y que la lengua cooficial --en el
Estatuto de la Comunidad Valenciana se le atribuye esa condición-- es la
lengua valenciana y no la lengua catalana.
Ciertamente agradezco al señor Ribó la amplia y muy documentada
información que nos ha dado sobre la cobertura de la utilización de las
distintas lenguas cooficiales en aquellas comunidades que disponen de
ella. Ha ilustrado nuestra posición y también nos ha permitido
interpretar adecuadamente la propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, porque de su lectura, no fácil en su comprensión, parecía
deducirse el carácter no cooficial de la lengua castellana en dichas
comunidades, y después, de hecho, en su intervención ha hablado de
lenguas propias de la Comunidad Autónoma, sin tener en cuenta que en
razón del bilingüismo, situación real de tales comunidades, la lengua
de la Comunidad Autónoma es la lengua castellana, como aquella
específica propia del pluralismo cultural de dichas comunidades.
Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra. No se trata de plantear
aquí un debate de normalización lingüística. Creemos que muchos de los
esfuerzos y muchas de las tentativas de normalización lingüística son muy
plausibles y las respaldamos plenamente, siempre que no alcancen, no
introduzcan unos elementos coactivos; no introduzcan una lesión del
derecho fundamental, del derecho individual a la utilización de la
lengua, y a la educación, y a la recepción de información en el idioma
propio.
Este es exactamente el centro de gravedad --en nuestra opinión-- del
problema, y es el que puede haber dado lugar a algunos planteamientos
poco o mal comprendidos, a unos planteamientos polémicos en un tema en
el que a todos nos importa mantener el máximo de armonía, en el que
cursen de la forma más espontánea, más fluida y más pacífica posible. Y
si cursa así (espontánea, pacífica y fluidamente) no
se acaba de entender cómo unas televisiones que concurren en régimen de
mercado, que concurren en régimen competitivo, de libertad, respondiendo
a principios de economía de empresas, pueden no estar atentas a esas
condiciones sociolingüísticas que se predican, porque tienen que ser
ellas, obviamente, las máximas interesadas, por razones de mercado, en
buscar el acomodo a esas condiciones sociolingüísticas.
Yo pienso, señor Ribó --a él no se le ocultará-- que la emisión o no
emisión en la lengua propia de la comunidad autónoma puede imputarse a la
televisión privada como una no concurrencia en ese esfuerzo de
normalización, pero en ningún caso como un atentado a la pluralidad de
esa realidad sociolingüística.
Creo que el señor Ribó convendrá conmigo en que no es posible, por la vía
de una proposición no de ley, instar al Gobierno a adoptar determinadas
medidas para corregir esa situación. En última instancia se trataría de
una iniciativa legislativa, de una proposición de ley de reforma de las
televisiones privadas, que con grave daño, con grave menoscabo de los
principios --insisto--, de la economía de mercado, introduciría, «a
posteriori» y adicionalmente, unas obligaciones para estas televisiones
privadas que no estaban contempladas en el momento del régimen
concesional en que se les otorgaron las respectivas licencias, de suerte
que, como él mismo apuntaba, invocamos ese carácter privado que no está
afectado por la definición de servicio público esencial que
conceptualmente se le atribuye al medio televisivo, pero que no puede en
ningún caso, enrarecer, enmascarar o llegar a neutralizar su autonomía
para buscar los medios de difusión en la lengua que entienda más
pertinente para conseguir su finalidad de una cobertura de mercado lo
más amplia que sea posible. En todo caso, tendrá que aceptarme, con
independencia de que ciertamente podría ser --él mismo lo ha reconocido--
excesivo o abrumador el punto segundo en cuanto a la determinación
normativa de un porcentaje determinado, que está perfectamente claro en
la filosofía de los terceros canales.
Señor Ribó, nosotros creemos que, efectivamente, en los terceros canales
--que yo pienso que no tendrían otra justificación más que en aquellas
comunidades que disponen de una lengua propia distinta de la común, del
castellano-- tendría una mayor acogida, una más clara expresión la
inquietud que el señor Ribó manifiesta. Pero al señor Ribó no se le
oculta que por vía de una proposición no de ley ni este Gobierno ni
ningún otro gobierno podría modificar los términos legislativos de la Ley
Reguladora de la Televisión Privada, marco que, naturalmente, sólo por
una reforma legislativa podría ser alterado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Sáenz Cosculluela.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Señor Presidente, señorías, podría parecer,
a la vista de la exposición que ha efectuado el portavoz de Izquierda
Unida, señor Ribó, que habría que inscribir cualquier respuesta de los
grupos a la proposición que ha presentado en el marco de un debate acerca
de la normalización lingüística o incluso en un debate que ha tratado de
suscitar en torno a cuestiones ciertamente más ideológicas, como la
relativa al nacionalismo español.
Yo quisiera excluir categóricamente, de ese marco de discusión, la
propuesta o la posición que voy a tratar de reflejar y que sostiene el
Grupo Parlamentario Socialista. De ninguna manera cabe deducir que un
pronunciamiento eventualmente favorable o negativo a la iniciativa que ha
tomado el Grupo de Izquierda Unida deba inscribirse en ese debate más
amplio de carácter ideológico del que con mucho gusto hablaría, pero me
parece que no es el momento adecuado en forma alguna.
Una primera aproximación a esta proposición no de ley que formula el
Grupo de Izquierda Unida requiere, indudablemente, la consideración de
sus términos bajo aspectos formales.
La proposición insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para
intervenir o regular la programación de las televisiones privadas, y hay
que deducir esta interpretación del texto literal de la proposición que
dice: «Insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que la
programación... etcétera.» Y para tomar las medidas necesarias para que
la programación se adecue a sus propósitos no cabe más vía o camino que
el de la intervención o regulación de la programación en la televisión
privada.
Asimismo, la proposición no de ley insta al Gobierno a adoptar medidas
para garantizar, lo cual conlleva también un tipo de intervención.
Pues bien, cuando se insta al Gobierno a actuar, se olvida que tomó una
iniciativa legislativa (que, por cierto, hay que respetar), como es la
Ley 10/1980, que regula la concesión de emisiones de programas de
televisión por cadenas privadas y las propias bases de la concesión, de
tal manera que la vía de la proposición no de ley, habría que calificarla
como no apta o no idónea para los objetivos que pretende la propia
proposición de ley. No es el camino adecuado para alterar las condiciones
establecidas por la Ley 10/1980 la de una proposición no de ley acerca de
cuestiones que están reguladas específicamente, tanto en la ley que
regula la televisión privada como en los sucesivos decretos que aplican
lo previsto en esta ley a la hora de otorgar concesiones.
La intervención posible del Estado en esta materia se ha configurado a
través de la iniciativa legislativa aprobada por esta Cámara y que ya he
mencionado, la Ley 10/1980, de regulación de la televisión privada. Y
debo señalar a SS. SS. que esta televisión con los requisitos, con las
limitaciones que establece, jamás fue calificada de inconstitucional. Por
tanto, habría que pensar que siguen siendo válidos los principios que
llevaron a esta Cámara a aprobar una ley que establece unos requisitos
para la emisión de programas en estas emisoras privadas de televisión. Y
esos requisitos son, en primer lugar, que se prevea la posibilidad de
emisión en diversas zonas territoriales (que no siempre coinciden
literalmente con las zonas donde existe una lengua cooficial), según un
plan técnico que debe desarrollarse, y que supone inversiones y la
implantación de una serie de instrumentos técnicos, complejos por cierto.
Y, en segundo
lugar, establece la Ley que debe ser uno de los criterios de adjudicación
(no el único) la capacidad para que los aspirantes a la concesión puedan
producir emisiones en las diferentes zonas territoriales.
Por tanto, la intervención que se solicita ya se ha adoptado, y no
solamente por una iniciativa del Gobierno, sino por la propia adopción
legislativa de esta Cámara a través de la aprobación de dicha ley.
Cualquier iniciativa tendente a alterar los términos de las concesiones
previstas en esta Ley por la vía de una proposición no de ley se
configura como una vía no idónea, no apta, y solamente estos requisitos
formales ya deberían ser suficientes para desestimar la proposición no
de ley que se nos ha presentado.
Pero es que, además, hay (y no voy a extenderme, en absoluto, en amplios
argumentos) cuestiones que podíamos calificar materiales en torno a esta
proposición, o sustantivas, que tienen su importancia. Porque las
pretensiones de la proposición de ley no solamente generan problemas
técnicos que todo el mundo comprende; suscitan también, en el marco de
unas emisiones, dentro de una concesión a una sociedad privada, problemas
económicos. Nada dice la proposición de la trascendencia que, en una
emisora de carácter privado puede ocasionar por gastos de producción, por
disminución de ingresos de publicidad, la adopción de estos porcentajes
de emisión a que alude la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida.
Supondría, por otra parte, alterar los términos legales en que fue
otorgada la concesión administrativa para emitir desde las tres
concesiones de canales privados, y acarrearía, como es lógico, un
perjuicio a unos titulares de esa concesión administrativa que tiene
perfecto derecho a que los términos en que se estableció esa concesión no
sean variados.
Quisiera hacer una mínima mención (y no por ser la última supone que sea
menos trascendente) a la cuestión política de la interpretación de la
libertad de expresión. Yo creo, señorías, que esta Comisión
Constitucional no tiene facultades para interpretar, en términos tan
estrictos como lo hace la proposición no de ley, el concepto de la libre
expresión referida a la forma en que se producen las emisiones de los
canales privados, tanto en lo que se refiere a los tiempos de emisión
específicos para cada zona territorial como a los propios contenidos.
Señorías, permítanme relativizar un poco la trascendencia de estas
cuestiones, sin que ello quiera decir que no tenga importancia la
cuestión de fondo que ha suscitado pero que no es esta tarde el momento
de plantear, y es la evolución que van a tener estos medios técnicos de
emisiones de programas de televisión.
Los progresos que se están desarrollando van a permitir que cada vez haya
más acceso a distintas emisiones privadas y públicas de programas de
televisión a través de la vía de satélite. Esto nos lleva a pensar que la
estrechez de planteamientos de la proposición no de ley no contempla la
virtualidad y la propia realidad de las emisiones de televisión en las
sociedades modernas actuales, en las que las emisiones vía satélite, van
a dejar pequeños, seguramente (si no los están dejando ya), los marcos de
los otorgamientos de concesiones administrativas de emisiones de
programas.
Creo, señorías, que son todo un conjunto de argumentaciones que sustentan
fundadamente la posición que mantendrá en la votación el grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo desea intervenir? (Pausa.)
El señor Ribó tiene la palabra.
El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, quisiera puntualizar cinco
aspectos de esta cuestión.
En primer lugar, la cooficialidad de lenguas en las comunidades autónomas
se basa en el principio de la igualdad. Creo que las cifras que yo he
dado, y que nadie ha desmentido en esta sesión, son claramente una prueba
de que estamos lejos de la igualdad y, por supuesto, estamos muy lejos de
cualquier afirmación, como se ha hecho a veces, no en esta Comisión ni en
esta Cámara pero sí en medios de comunicación, sobre la opresión de una
lengua sobre otra en cualquier comunidad.
El segundo lugar, creo que el constitucionalismo mantiene que los
derechos implican medidas, y no inhibiciones. Lo diría de la mano del
artículo 9 de la Constitución Española, que dice literalmente que los
poderes públicos promoverán y removerán todos los obstáculos para
conseguir una igualdad eficaz. Removerán todos los obstáculos (aparte de
otros mandatos tan taxativos como el que acabo de citar) de la propia
ley de televisiones privadas que, en su artículo 14, para ilustración de
la Comisión, recuerdo que fija porcentajes de hasta el 50 por ciento, al
menos, en expresión originaria española; o sea, que lo que parece que,
con el sentido más literal de la palabra, repugna algunas de las
posiciones de esta Comisión, está en la Ley de televisiones privadas.
En tercer lugar, sería interesante que todos recordásemos argumentos que
se oyeron en esta Cámara cuando nos enfrentábamos a la defensa de la
excepción cultural ante el GATT, y lo que era la posible invasión que
teníamos de productos culturales foráneos al área cultural europea. Por
ello, me sorprende que seamos capaces de defender nuestras culturas ante
determinada posible invasión, y, en cambio, seamos tan prudentes por
decirlo de una forma muy limitada, ante planteamientos que afectan a
nuestras propias realidades más inmediatas.
Penúltimo. Quiero recordar a la Comisión que la Real Academia Española,
en dos dictámenes extensos, ha afirmada que la lengua valenciana es una
variante de la lengua catalana, que tiene diversas: catalana oriental y
occidental, siendo el valenciano plenamente catalán occidental.
Y, por último, que es normal que al Grupo Parlamentario que defiende,
como ha dicho muy legítimamente, que sean sólo las televisiones
autonómicas las que impulsen la normalización, se oponga a estas
medidas. A nuestro entender, no sólo las cifras, sino el propio mandato
constitucional, debería ir bastante más lejos que al ámbito de las
televisiones autonómicas.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de la proposición no de ley
defendida por el señor Ribó.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada, por consiguiente, la proposición no
de ley.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA REGULACION DE DERECHO DE PETICION
PREVISTO EN EL ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCION. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN, CONVERGENCIA I UNIO. (Número de expediente
161/000029.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a la regulación del derecho de petición previsto en el artículo
29 de la Constitución.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Para defender nuestra proposición no de ley
quisiera remitirme a la proposición no de ley que también a propuesta del
Grupo Parlamentario Catalán (en aquel momento el Grupo Parlamentario de
Minoría Catalana) aprobó el Pleno de la Cámara el día 22 de marzo del año
1988, en la que se instaba al Gobierno a remitir a la Cámara, a la mayor
brevedad posible, la propuesta de los proyectos de ley que desarrollan
aquellos preceptos constitucionales que, a su juicio, así lo requieren
para su completa efectividad.
Para completar el sentido de esta proposición no de ley, que si no me
falla la memoria fue aprobada por la unanimidad del Congreso, el Diputado
que en ese momento la defendió, don Josep María Trías de Bes, en la
defensa que hizo de la misma, y citando algunos de los preceptos
constitucionales que, a su juicio, debían de ser desarrollados con
urgencia por el Gobierno, citó expresamente el previsto en el artículo 29
de la Constitución, es decir, el derecho de petición.
Han transcurrido más de cinco años desde que se aprobó la proposición no
de ley citada, y el Gobierno, como es sabido, no ha presentado todavía un
proyecto de ley orgánica que desarrolle el derecho de petición individual
y colectiva; derecho que, como decía hace un momento, regula y prevé el
artículo 29 de la Constitución.
Concretamente, en el citado artículo de nuestra Constitución se proclama
que todos los españoles tendrán el derecho a petición individual y
colectiva por escrito, en la forma y con los efectos que determine la
Ley.
Creo, además, que es importante resaltar que este artículo 29 se incluye
precisamente en el marco de la Sección 1.ª, del Capítulo segundo, de la
Constitución, en el cual se enumeran aquellos derechos que tienen la
consideración de fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico.
Esta omisión en el desarrollo legislativo del derecho de petición
entiende nuestro Grupo Parlamentario que no puede justificarse por el
hecho de que exista una normativa preconstitucional que lo regulaba --y
me refiero concretamente a la Ley 92/1960--, dado que esta Ley no recoge
todos los aspectos que el mismo derecho comporta, y ni tan siquiera
reconoce o contempla el derecho de petición colectiva. Ya el propio
Tribunal Constitucional sentenció, en el año 1993, que la citada Ley del
año 1960 precisaba --cito textualmente al Tribunal Constitucional-- de
las inevitables adaptaciones que exige su aplicación en un marco de
libertades muy distinto del existente en la época de su promulgación.
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario propone a la Comisión que
apruebe la siguiente proposición no de ley: «El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales, en el plazo de
seis meses desde la aprobación de esta proposición no de ley, un proyecto
de Ley Orgánica reguladora del derecho de petición reconocido en el
artículo 29 de la Constitución.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo Parlamentario desea intervenir?
(Pausa.)
El señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Mi Grupo Parlamentario apoya la proposición
presentada por el Grupo de Convergència i Unió sobre el desarrollo del
derecho de petición, que no viene sino a recordar la necesidad de poner
en práctica una proposición aprobada en estas Cortes hace cinco años, y
que pone también de relieve la dificultad que tiene esta Cámara para que
algunos de sus acuerdos no jurídicamente vinculantes se pongan en
práctica, aunque sí lo sean políticamente. El hecho de que esta
proposición no haya sido ejecutada después de cinco años de su aprobación
creo que nos debe poner sobre aviso del poco caso que en muchas ocasiones
hace el poder ejecutivo a lo que se acuerda por el poder legislativo,
cuando no es un acuerdo de carácter estrictamente jurídico legislativo.
Este es un ejemplo de laboratorio. Desde este punto de vista sería
absolutamente necesaria la aprobación de esta proposición oportunamente
presentada por el Grupo de Convergència i Unió. Efectivamente, el derecho
de petición está establecido en el artículo 29 de nuestra Constitución y,
sin embargo, está regulado en una ley de 1960, de carácter
preconstitucional, y que, por tanto, no tiene nada que ver con la nueva
situación jurídica después de aprobada la Constitución.
Además de ello, resulta que la situación jurídica del derecho de petición
está completamente desperdigada en múltiples normas, ya que dicho derecho
de petición se regula según cuál sea la institución a la que se va a
presentar y, por tanto, no hay una regulación unitaria que permita a los
ciudadanos españoles saber que cuando desea pedirle algo a los poderes
públicos tiene que seguir una u otra vía. En ese sentido, la regulación
de este derecho dificulta enormemente el que se pueda poner en práctica,
aunque está reconocido en el citado artículo 29 de la Constitución.
También nos parece que es otro argumento fundamental para que por parte
del Gobierno se envíe este proyecto de Ley Orgánica, que es uno de los
que sin duda implícitamente quedan por desarrollar de la Constitución
Española.
Igualmente, creo que el derecho de petición debería resucitarse en el
futuro como instrumento de participación
política. Se ha dicho que el derecho de petición es, en nuestros días,
una reliquia histórica, que ya no tiene mucho sentido. Nosotros
discrepamos de esa opinión, dado que en la complejidad de las relaciones
entre ciudadanos y Estado del mundo actual hay ocasiones en las que no
existe sencillamente ninguna vía por la que pueda solucionarse alguno de
los problemas que personalmente se sienten, y este derecho de petición
es algo que va muy unido a la individualidad más que a las peticiones
colectivas.
Por eso es por lo que debe ser regulado, fortalecido y unificado en su
regulación.
Ese proyecto que se solicita en esta proposición no de ley debería
respetar, en todo caso, el contenido esencial de ese derecho, la
posibilidad de que se recabe la tutela de ese derecho por los Tribunales
y que no pueda ser suspendido en ningún caso.
Además, creemos que hay un problema que debería solucionar ese proyecto
de ley, y que es la obligación de contestar a las peticiones que hacen
los ciudadanos a la Administración. Sabemos que la Constitución no
resuelve ese problema, y que la Ley de 1960 no obliga a la
Administración, a los poderes públicos, a contestar a las peticiones de
los ciudadanos. De ahí que hay una multiplicidad de ellas que
sencillamente son desoídas, no contestadas, puesto que la única
obligación que existe en esa Ley es que se acuse recibo de la petición.
Creemos que en ese proyecto de ley debería estar incluida la obligación
de contestación a cualquier solicitud, algo que de alguna forma se ha
avanzado en la reciente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que debería
extenderse al conjunto del ejercicio de este derecho fundamental del
artículo 29.
Por todas esas razones, nuestro Grupo va a apoyar esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Cava
de Llano.
La señora CAVA DE LLANO I CARRIO: Voy a comenzar mi intervención
anunciando ya de entrada el voto favorable del Grupo Parlamentario
Popular a la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió,
por la que se insta al Gobierno a la regulación del derecho de petición
previsto en el artículo 29 de la Constitución. Y lo vamos a hacer desde
el convencimiento de que su desarrollo no sólo es conveniente, sino
necesario.
La inclusión de dicho derecho en la Sección 1.ª, del Capítulo segundo,
del Título I de la Constitución, aunque sólo sea en último lugar, como se
hace, le confiere rango de derecho fundamental. Y a pesar de que hay
quien opina que el ámbito del derecho de petición se estrecha conforme se
va afianzando el Estado de derecho y que la figura del Defensor del
Pueblo debilita, en parte, la razón de ser de ese derecho de petición,
nosotros --y en esto coincido con el señor López Garrido-- no estamos de
acuerdo con esta opinión, porque consideramos que las lagunas legales,
la rigidez de las leyes, etcétera, siempre impondrán la necesidad de
utilizar instrumentos de protección al ciudadano. Y ahí es precisamente
donde el derecho de petición puede jugar un importante papel si sabemos
potenciar su ejercicio y rodearlo de las garantías suficientes para que,
quien lo desee utilizar, pueda hacerlo aportando sus ideas y sugerencias.
Por otra parte, el derecho de petición no es nuevo; data de antiguo. Se
dice que el archivo de Simancas está lleno de memoriales dirigidos a
Felipe II y que resolvía el Rey personalmente.
La Comisión que redactó el proyecto de la Constitución de Cádiz consideró
que el derecho de petición era el primero de todos en un Estado libre. La
Constitución de 1837 reconoció este derecho, al igual que la de 1845, la
de 1869, la de 1876, la Constitución republicana de 1931 y el Fuero de
los Españoles de 17 de julio de 1945.
El artículo 29 de la Constitución, que recoge el derecho de petición
individual y colectiva, limita a los miembros de las fuerzas o
instituciones armadas o de los cuerpos sometidos a disciplina militar
este derecho, que sólo podrán ejercer de forma individual y con arreglo
a lo dispuesto en su legislación específica.
Este artículo 29 viene complementado con el artículo 77, que preceptúa
que las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas,
siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por
manifestaciones ciudadanas. Tal y como se ha dicho por parte del
compañero del Grupo Catalán (Convergència y Unió), el Pleno del Congreso
aprobó, el 22 de marzo de 1988, una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de la Minoría Catalana en la que se instaba al Gobierno a
remitir a la Cámara la propuesta de los proyectos de ley que desarrollen
los preceptos constitucionales que a su juicio así lo requieran para su
completa efectividad.
Pero lo cierto es que el artículo 29 de la Constitución parece ser uno de
los preceptos de tardío desarrollo legal, ya que resulta paradójico que
a los pocos años de vigencia de la Constitución se regulara, por ejemplo,
el ejercicio de la iniciativa legislativa popular, y aún hoy se encuentre
falto de desarrollo un derecho como el de petición, mucho más accesible
para los españoles.
Sé que se me puede decir que la Ley 92/1960, de 22 de diciembre, por la
que se regulaba el derecho de petición, dictada en aplicación del Fuero
de los Españoles, tardó en dictarse 15 años, pero es que van a cumplirse
16 sin que el artículo 29 de la Constitución haya alcanzado su
desarrollo, lo que sinceramente nos parece ya demasiado tiempo. Y máxime
si tenemos en cuenta que el programa electoral del Partido Socialista
Obrero Español presentado para las elecciones de 1982 contenía una
interesante declaración sobre el derecho de petición que decía lo
siguiente. Leo: «Puede decirse que el reconocimiento constitucional y el
desarrollo legal de los derechos de participación representan una novedad
en nuestro ordenamiento jurídico, con algunas escasas excepciones, como
el derecho de petición, cuya normativa exige una reforma.» Así decía el
programa electoral de 1982. Pues bien, a pesar de ese claro propósito,
aún a estas alturas no lo han desarrollado.
Me adelanto a lo que posiblemente me conteste el portavoz del Grupo
Socialista, ya que luego probablemente no
podré volver a intervenir. Es posible que me diga dos cosas. Primero, que
a raíz del contenido de su programa electoral se creó, por acuerdo del
consejo de Ministros de fecha 22 de diciembre de 1982, el Servicio de
Comunicación con los Ciudadanos de la Presidencia del Gobierno
(dependiente del Gabinete de Presidencia del Gobierno), que tiene como
función estudiar y dar respuesta a las preguntas o reclamaciones que
mediante carta efectúan los ciudadanos al Presidente del Gobierno. Pero
supongo que todos ustedes convendrán conmigo en que eso no es suficiente,
pues el artículo 29 recoge una expresión genérica del derecho de petición
que no tiene por qué restringirse a las que puedan hacerse concretamente
al Presidente del Gobierno.
También se me puede decir por el compañero socialista que intervenga a
continuación que no existe urgencia en desarrollar el artículo 29 de la
Constitución, ya que la forma y efectos del derecho de petición están
regulados por la Ley 92/1960, de 22 de diciembre, que desarrolló este
derecho reconocido en el artículo 21 del Fuero de los Españoles. A esto
le respondo por adelantado que, en nuestra opinión, dicha ley es
inconstitucional, debido a que reconoce únicamente el derecho de petición
individual y no el colectivo y por haberse derogado expresamente a través
de la disposición derogatoria primera de la Constitución.
En cuanto al punto 2.º, del artículo 29, queda patente que el derecho de
petición no es aplicable a los miembros de las fuerzas o institutos
armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar, aunque
entendemos que esta previsión es aplicable únicamente al ejercicio de
este derecho cuando se refiera a asuntos relacionados con lo militar,
pues en los demás casos el interesado estará actuando como ciudadano y
le será aplicable el artículo 29.1.
Hay que tener en cuenta que el hecho de que haya que desarrollar este
precepto constitucional está invocado, por ejemplo, por la mayoría de las
constituciones vigentes que reconocen este derecho, tanto en los
regímenes políticos democráticos como en los regímenes carentes de
libertades, aunque en estos últimos, obviamente, el derecho de petición
tenga un reconocimiento simplemente nominal, ya que este derecho es
inherente a un sistema democrático en el que exista, además, una
auténtica libertad de petición.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha recomendado a los
Estados que informen a la opinión pública de la existencia de derecho de
petición y que lo promuevan, ya que es un vínculo fundamental de los
ciudadanos con las instituciones democráticas. También el artículo 57 del
Reglamento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reconoce y
regula el derecho de petición, aunque establece un trámite ciertamente
engorroso consistente en que es necesario que su firma esté legalizada
conforme a la legislación interna del país de residencia.
El Reglamento del Parlamento Europeo también reconoce, en su artículo
128, que todo ciudadano de la Comunidad tendrá derecho a presentar por
escrito, a título individual o con otros ciudadanos, peticiones al
Parlamento Europeo.
Lo que sí que esperamos, y ya lo anunciamos, es que cuando mediante ley
orgánica se desarrolle en España el derecho de petición, no se cometa el
error que se incurrió en el Tratado de la Unión Europea hecho en
Maastricht el 7 de febrero de 1992, que en la parte dedicada a la
ciudadanía de la Unión reconoce el derecho de petición de la siguiente
forma. Dice así: Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier
persona física o jurídica que resida o que tenga su domicilio social en
un Estado miembro, tendrá derecho a presentar al Parlamento Europeo,
individualmente o asociado con otros ciudadanos y personas, una petición
sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Comunidad que le
afecte directamente. Si he hablado de error es porque consideramos que la
incorporación de la cláusula «que le afecte directamente», que equivale
al concepto de interesado en el derecho administrativo, supone desconocer
la verdadera naturaleza del derecho de petición como un derecho político
fundamental. Esta redacción del Tratado va a suponer la falta de
operatividad de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ya que
el reconocer el derecho de petición en los asuntos que afecten
directamente al peticionado está reconduciendo ese derecho a las quejas
para las que se ha creado la figura del Defensor del Pueblo europeo.
Ante este error jurídico, la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo, en el dictamen por el que se pronuncia sobre los resultados de
la conferencia intergubernamental, así como sobre el Tratado de la Unión
Europea, ha dejado ya muy claro que va a hacer caso omiso a la cláusula
que dice «que le afecte directamente», pues será aplicada simplemente en
el sentido de que se requerirá al peticionario una preocupación real y
efectiva sobre el tema de su petición, pero sin exigir que tenga un
interés individual y personal sobre dicha petición.
Esta redacción del Tratado, que esperamos que se tenga en cuenta cuando
se desarrolle nuestra ley, es triste porque supone observar que el
Parlamento Europeo ha tenido que buscar interpretaciones retorcidas para
evitar que se perjudique a los ciudadanos en el ejercicio de este
derecho.
Señorías, por todo lo anteriormente manifestado, porque consideramos que
el desarrollo del derecho de petición representa para los ciudadanos una
progresiva ampliación de su actividad política, porque creemos que la
democracia no puede funcionar adecuadamente si el pueblo no tiene la
convicción de que puede actuar sobre los gobernantes de manera eficaz, no
sólo en tiempo de elecciones sino también en los períodos intermedios, y
porque creemos que el derecho de petición tiende a garantizar la igualdad
política de los ciudadanos en el sentido de posibilitar su participación
haciendo oír su propia voz, vamos a dar entero soporte a la proposición
no de ley presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor PRESIDENTE: Por si quedara algún argumento a favor, por el Grupo
Socialista tiene la palabra el señor García Espinosa. (Risas.)
El señor GARCIA ESPINOSA: Soy perfectamente consciente de que en política
lo último que se puede hacer es defraudar, pero me temo que hoy voy a
defraudar a la representante del Partido Popular, porque la pretensión
que
nos pone sobre la mesa el Grupo Catalán (Convergència i Unió) va a contar
con el concurso del Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, no habrá
lugar a las respuestas que ella presumía en su primera intervención antes
de que yo lo hiciera.
Pocos argumentos quedan por decir que no hayan expuesto otros grupos
parlamentarios. Parece que va a ser unánime la aprobación de una
proposición que, como se acaba de explicitar ahora por otros grupos
parlamentarios, se remonta a la tan reiteradamente expuesta de marzo de
1988. Creemos que con buen criterio, el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) hoy concreta aquella proposición no de ley y la referencia
concretamente al derecho de petición. Estamos hablando de un derecho de
configuración legal, es decir, que necesita un desarrollo legal posterior
para su efectiva realización.
Hoy el derecho de petición está regulado, efectivamente --en eso sí
coincido con la Portavoz del Grupo Popular--, por una ley
preconstitucional, por una ley del año 1960 que se dictó entonces por
aplicación del llamado Fuero de los Españoles. Sin duda hoy,
afortunadamente, el marco de libertades es radicalmente diferente y nos
vemos obligados a esa nueva regulación, máxime después de la sentencia de
julio de 1993 del Tribunal Constitucional, en la que se indica al
legislador la inevitable adaptación que este derecho de petición ha de
tener.
En consecuencia, y dando por reproducidos los argumentos que otros
portavoces han manifestado antes, diré que estamos de acuerdo con esa
pretensión y prestaremos nuestro concurso y nuestro apoyo para la
regulación, en ese plazo que se indica en la proposición, de ese derecho
de participación democrática que hemos dado en llamar derecho de
petición.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a someter a votación la proposición no de
ley por la que se insta al Gobierno a la regulación del derecho de
petición previsto en el artículo 29 de la Constitución.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la citada proposición no de ley por
unanimidad.
--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SUBSECRETARIO DEL
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, PREVIA REMISI--N DE UN INFORME, PARA QUE DE
CUENTA DE LA EJECUCION DE SU PRESUPUESTO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000150.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley por la que se acuerda la
comparecencia trimestral del Subsecretario del Ministerio de la
Presidencia, previa remisión de un informe, para que dé cuenta de la
ejecución de su presupuesto.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: El Grupo Popular observa con inquietud la
evolución de la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios. Sin
intentar remontarnos a años muy anteriores, creemos, y los datos así lo
avalan, que la ejecución presupuestaria durante los últimos cinco años ha
tenido una desviación media en torno al 12 por ciento; ha habido una
diferencia de un 12 por ciento entre las cifras aprobadas por el
Parlamento y las liquidadas definitivamente por el Gobierno socialista.
Una muestra importante de esta desviación ha sido la ejecución
presupuestaria del año 1993. Sus señorías conocen que estos presupuestos
fueron aprobados con la previsión inicial de registrar un déficit público
en torno al 3 por ciento del PIB, e igualmente conocen que el cierre
definitivo del ejercicio de 1993 se ha hecho con un déficit público en
torno al 7,5 por ciento del PIB, dicho esto en términos absolutamente
optimistas, dado que otros autores fijan esta desviación en torno al 10
por ciento del producto interior bruto.
Por tanto, estamos ante una ejecución presupuestaria del ejercicio de
1993 que, a nuestro entender, está fuera de todo control, y no es ésta
una frase nuestra, sino una frase recogida de multitud de informes de
entidades financieras, de entidades de estudios económicos que han dicho
que el año 1993 ha sido un año que ha situado un «récord» histórico en
las desviaciones que se han producido en la ejecución presupuestaria. Por
si faltara algo en este año 1993, en plena ejecución presupuestaria, allá
por el mes de septiembre, el Gobierno se vio obligado, para intentar
amparar legalmente estas desviaciones, a suprimir el contenido del
artículo 10 de la Ley General Presupuestaria, que, como SS. SS. conocen,
es un artículo que de alguna manera viene a autodisciplinar la ejecución
presupuestaria.
Por tanto, señor Presidente, mi Grupo entiende que es necesario recuperar
la credibilidad de estos presupuestos, pero entiende también que esa
recuperación de credibilidad no tiene que ser exclusivamente en materia
de desviaciones. A nuestro entender, se ha gastado en partidas distintas
de las previstas inicialmente y mi Grupo, con esta proposición, pretende
devolver a los presupuestos su sentido legal originario, eliminando las
prácticas que han hecho de éstos un instrumento al servicio de la
discrecionalidad del Gobierno.
El objetivo de la proposición no de ley que defiende el Grupo Popular en
este trámite es, como decía, recuperar la credibilidad del presupuesto.
Creemos que esta recuperación se puede conseguir a través de un
seguimiento más cercano e intenso de esta ejecución presupuestaria. Hasta
la fecha, este Parlamento ha vigilado la ejecución presupuestaria
exclusivamente en lo que podríamos llamar las grandes cifras, ha vigilado
la evolución de los presupuestos y su ejecución en materia de sueldos y
salarios, en materia de compras y bienes de servicio, en materia de
intereses de la deuda, de inversiones públicas o de transferencias
corrientes o de capital. Nosotros entendemos que hay que completar este
seguimiento con otro que, como decía antes, sea más cercano y más
intenso; por ello, creemos que el Parlamento también debería aprobar el
poder efectuar un seguimiento periódico en torno a la evolución de las
secciones y los programas. Creemos, insisto, que es necesario
complementar el seguimiento de las grandes cifras y el impacto que tienen
en términos macroeconómicos con el seguimiento de la eficacia en la
gestión de estos presupuestos.
En consecuencia, señor Presidente, el Grupo Popular presenta esta
proposición no de ley para, con el objeto de ejercer este seguimiento,
plantear la comparecencia del Subsecretario del Ministerio de la
Presidencia, con el fin de que en ese acto se valore políticamente la
evolución de la ejecución de su sección, de sus presupuestos, en concreto
en lo relativo a los créditos por servicios, los créditos por programas,
las inversiones reales por provincias y las inversiones reales por
comunidades autónomas.
Creemos necesario que para que esta comparecencia --con carácter
periódico y trimestral-- tenga mayor eficacia, los miembros de esta
Comisión deben tener previamente un informe que contenga precisamente las
partidas sobre las que se quiere mantener un seguimiento.
Estas son, señor Presidente, las razones que nos mueven a presentar esta
proposición no de ley y a solicitar el voto favorable de los miembros de
esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: No me voy a extender, señor Presidente,
puesto que la proposición no de ley que nos plantea esta tarde el Grupo
Popular no es nueva, en tanto en cuanto ha sido planteada una proposición
en términos idénticos en la mayoría de las Comisiones de la Cámara. Me
remito, por tanto, a las manifestaciones que se han realizado por otros
portavoces de este Grupo ante proposiciones no de ley similares, y es
que, si bien estamos de acuerdo, y es más, consideramos necesario
reforzar los mecanismos de que dispone la Cámara para ejercer un correcto
control presupuestario e incluso podemos considerar una propuesta similar
a la que nos propone el Grupo Popular con esta proposición no de ley,
entendemos que si en este momento la Cámara está ultimando unos trabajos
de reforma de su Reglamento, una propuesta de este tipo debe ser
considerada en el marco del debate de la reforma del Reglamento y, en su
caso, incorporada en el nuevo Reglamento de la Cámara.
Por tanto, nuestro Grupo va a votar en contra de dicha proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Neira.
El señor NEIRA LEON: Señor Presidente, me cabe el honor de intervenir por
primera vez en esta Comisión en representación del Grupo Socialista para
manifestar, en relación con la proposición no de ley del Grupo Popular,
nuestra coincidencia en el fondo, en la motivación que les anima a
presentar esta proposición no de ley. Pensamos que no huelga un esfuerzo
mayor aún para que el control de la ejecución presupuestaria sea perfecto
o se acerque a la perfección, pero discrepamos con la visión, un poco
tremendista, que ha hecho de la situación hasta la fecha, hablando de
discrecionalidad en el gasto por parte del Gobierno. Hasta ahora han
existido, y existen, mecanismos de control parlamentario de un nivel
homologable al de cualquier otro país del entorno en relación a este
tema.
Sin embargo, entendemos que, efectivamente, cualquier esfuerzo en esta
línea es bienvenido y nosotros estamos dispuestos a avanzar en este
sentido.
Ahora bien, como ya se ha indicado aquí, no nos parece indicado el método
que se propone. Pretender que en todas y cada una de la Comisiones de
este Congreso, ahora un subsecretario, mañana un director general, vayan,
de una manera aislada, controlando la ejecución del presupuesto que le
afecta, no nos parece el mecanismo más idóneo. Nosotros entendemos que se
requiere una visión de conjunto para resolver este problema. No se trata
del «pero» típico, de decir que estamos de acuerdo en el fondo, pero no
en la forma, porque hoy en día ya está en fase de discusión en esta
Cámara el Reglamento de la Cámara, en el que está prevista --aún no está
cerrado, pero sí previsto-- la creación de la oficina presupuestaria, que
puede ser un instrumento, un organismo mucho más eficaz que estos
planteamientos aislados que pretende el Grupo Popular, para cumplir el
objetivo que les mueve, que también nos mueve a nosotros. Yo entiendo,
repito, que es en ese marco donde deberíamos afrontar este tema, lo que
nos va a permitir continuar con el control macro, con el gran control, y
también entrar en el detalle, en el micro control de la ejecución
resupuestaria.
Por todo lo dicho, señor Presidente, señorías, entiendo que el Grupo
Popular podría perfectamente retirar su propuesta y, si no fuese así,
nosotros votaríamos en contra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: En primer lugar, el Grupo Popular quiere
agradecer el tono de las intervenciones que le han seguido como respuesta
a la suya y contestar de una forma global, porque parece ser que el
argumento central para rechazar nuestra proposición no de ley, tanto del
Grupo de Convergència i Unió como del Grupo Socialista, es prácticamente
el mismo. Se remiten SS. SS. a la próxima redacción del reglamento de la
Cámara.
Señorías, el problema está precisamente en la próxima redacción del
reglamento de la Cámara; es una revisión del reglamento que, como SS. SS.
conocen, los que llevan más de una legislatura, que pasa como un Guadiana
por esta Cámara. De alguna manera, hay momentos en los que hay mucha
voluntad política por llevar a cabo esta redacción definitiva, en otros
momentos decrece esta intensidad de la voluntad política y el resultado
final es que han pasado
cinco años --que yo sepa-- en los que esta Cámara está estudiando la
reforma de este Reglamento y, por lo tanto, no sé cuántos años más van a
tener que pasar hasta que se encuentre el nivel de coincidencia política
suficiente para reformar este Reglamento. Por lo tanto, en tanto se
encuentre ese punto de coincidencia y pueda ver la luz la redacción
definitiva del Reglamento, creemos muy conveniente dotar de instrumentos
de forma periódica a cada una de las comisiones para que se pueda hacer
el seguimiento no sólo --como decía antes-- de las grandes cifras, sino
también de la evolución de las secciones y los programas de cada
ministerio.
No se trata, señoría, de una visión tremendista la que he reflejado en
los calificativos de mi intervención; me estoy remitiendo --y lo he dicho
con toda suavidad-- a terminología utilizada en los informes de entidades
financieras, informes que ustedes ahora manejan con mucha frecuencia a
los efectos de apoyar o avalar su debate recuperación sí recuperación no
de la economía, y cuando les interesa esos informes son válidos y cuando
no les interesa no lo son. Pero en esos informes durante el año 1993 han
venido a calificar que la ejecución presupuestaria del año 1993
constituye un récord histórico de desviación y de alguna manera viene a
indentificarla como una ejecución fuera de control. Yo me limito a leer
lo que dicen estos informes para precisamente evitar ser calificado, como
dice S. S., de tremendista.
Cuando dice S. S. que sí han puesto los suficientes mecanismos de control
parlamentario, señoría, yo tengo que decirle que no se han puesto todos
los mecanismos. Sabe S. S. que en esta Cámara se propuso, por parte de
otro grupo parlamentario (que ya no está en esta legislatura; se planteó
de antiguo y contó con los votos favorables de la mayoría de la Cámara),
la puesta en marcha de la oficina técnica de seguimiento y control
presupuestario. Pues bien, pasa lo mismo que con el Reglamento: hasta la
fecha esta oficina no conseguimos que vea la luz, en unos casos porque
dice el Ministerio que es responsabilidad de la Mesa de la Cámara y en
otros casos porque la Mesa de la Cámara dice que es responsabilidad del
Ministerio.
Mientras todo esto ocurra, mi Grupo lo que pretende, señoría, es poner en
marcha un mecanismo que complemente el que actualmente existe en cuanto
al seguimiento de la ejecución de las grandes cifras que, a nuestro
entender, es insuficiente y quisiéramos complementar con este otro
mecanismo.
Estas son las razones, señor Presidente, por las que insistimos en pedir
el voto favorable para nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a someter a votación la proposición no de
ley por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario
del Ministerio de la Presidencia. Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos a favor, 14; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (SOBRADO
PALOMARES) PARA QUE INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 1993 Y LAS
PREVISIONES PARA 1994. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 212/000472.)
El señor PRESIDENTE: A continuación comparece ante la Comisión el
Presidente de la Agencia Efe a quien damos la bienvenida.
En primer lugar intervendrá el señor Presidente de la Agencia Efe.
Tiene la palabra el señor Sobrado Palomares.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Sobrado Palomares): Señor
Presidente de la Comisión Constitucional, señorías, para comprender
cualquier análisis económico de la Agencia Efe debe tenerse muy en cuenta
la vertiente informativa de esta empresa y resulta evidente que Efe es
una agencia internacional estratégica en el mundo de la comunicación y,
como tal, el Estado debe aceptar un coste si desea, consecuentemente, ese
proyecto.
Señorías, Efe es la gran agencia del mundo hispanohablante que garantiza
a los medios de comunicación de esta zona una autonomía y una soberanía
informativa. Lo consigue contándoles diariamente la historia del mundo
desde una consideración de los intereses españoles e iberoamericanos.
En el plano interior, Efe tiene delegaciones perfectamente dotadas en
todas las autonomías españolas para recoger y distribuir noticias
literarias y gráficas, así como para radio y televisión a toda España.
Cumple una labor integradora de primer orden en el Estado de las
autonomías. La existencia y nacionalidad de las agencias de prensa son
expresión, en buena medida, de apuestas políticas y económicas de los
Estados, defensa de la lengua, autonomía informativa, influencia cultural
y política en su entorno regional, apertura de negocios e intereses en el
exterior. Afirmación que mantiene su vigencia en el caso de Estados
europeos como Italia, Francia, Alemania, que siguen de cerca las
vicisitudes de sus agencias y participan de modo directo o indirecto en
su sostenimiento o consolidación.
Paso a hacerles una radiografía económica que dé respuesta al motivo de
mi comparecencia en esta Comisión. El origen de los recursos económicos
ordinarios de Efe proviene de dos fuentes, es decir, nuestros ingresos
tienen un doble origen: primero, la venta de nuestros productos a los
clientes; segundo, el contrato de servicios que firmamos con el Estado.
Hasta el año 1988 el contrato de servicios con el Estado aportaba
alrededor del 60 por ciento del presupuesto de la Agencia y el 40 por
ciento se lograba por la venta de servicios a los clientes. Las cifras
concretas de 1988 fueron: el contrato de servicios con el Estado supuso
unos ingresos de 3.296 millones --hablo siempre de pesetas,
naturalmente--, mientras que la facturación por servicios propios fue de
2.340 millones de pesetas. Las cifras del ejercicio de 1993, el último
ejercicio, fueron: el contrato de servicios con el Estado supuso unos
ingresos de
3.448 millones de pesetas, mientras que la facturación por servicios
propios se elevó a 7.218 millones de pesetas. En porcentajes, el contrato
de servicios con el Estado aportó el 32 por ciento y hace seis años
aportaba el 60 por ciento, mientras que nuestra facturación aportó el
67,5 por ciento. En los últimos cinco años el contrato de servicios con
el Estado permaneció prácticamente congelado, e incluso puedo afirmar que
disminuyó debido a la decisión de incluir en dicho contrato en 1992 el
importe que se facturaba por suministro de servicios informativos a los
organismos de la Administración central sin incrementar a cambio la
cuantía del contrato. La facturación de ese año a los citados organismos
era de 220 millones y se trataba de un mercado que iba en creciente
progresión. Por el contrario, en 1987 la cifra de ingresos por
facturación propia fue de 2.078 millones y, como he indicado antes, la
del ejercicio de 1993, el último ejercicio, ascendió a 7.218 millones, lo
que supone un incremento de 5.140 millones de pesetas, y en términos
porcentuales significó un crecimiento o un aumento del 247 por ciento. El
volumen total invertido en inmovilizado material en el último quinquenio
asciende a casi 5.000 millones de pesetas, la mayor parte dedicado a
infraestructuras tecnológicas de informática y telecomunicaciones.
En el período de 1987 a 1993 se han creado en Efe 370 puestos de trabajo,
pasando de 665 trabajadores fijos a 1.035, un incremento porcentual del
56 por ciento. Todo este crecimiento se debió en un cien por cien a la
facturación propia.
Las cifras que les acabo de dar han sido auditadas hasta el año 1989 por
la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), del 90 al
92 por Price Waterhouse y en 1993 por Arthur Andersen. Todos los
ejercicios auditados han sido limpios, sin ninguna salvedad.
Ejercicio de 1993. El entorno de este ejercicio se ha caracterizado por
una notable recesión que se ha reflejado en los principales indicadores
económicos, y no parece exagerado afirmar que la crisis ha sido
especialmente severa en los medios de comunicación, una crisis marcada de
manera especial por la evolución negativa de la publicidad. Las medidas
que los gestores de los medios de comunicación han tomado para paliar
esta crisis han actuado fundamentalmente sobre el gasto, dada la rigidez
por ingresos de venta de ejemplares. Estas actuaciones han disminuido la
demanda de servicios de Efe que calificamos de variables, como
reportajes, banco de datos, archivo gráfico, algunos servicios técnicos,
y en determinadas empresas, fuera del ámbito de los medios de
comunicación, prescindieron de algunos de nuestros servicios básicos o
generales. Tengo que decir que todos, absolutamente todos los periódicos
son clientes --me refiero a los periódicos diarios-- de nuestros
servicios clásicos: nacional, internacional, deportes y telefotografía.
Por eso, la desaparición de algunos títulos afectó directamente a nuestra
cuenta de resultados.
En nuestra estructura de costes el peso de los gastos en divisas es
considerable debido a la cobertura mundial de Efe presente en 94 países,
y la devaluación o devaluaciones de la peseta han supuesto para la
Agencia un coste de 200 millones de pesetas. hablo del ejercicio de 1993.
Las cifras más significativas de 1993 fueron: ingresos totales, 10.667
millones; éstos se lograron, por venta de servicios, 7.218 millones, y
contratos de servicios con el Estado, 3.449 millones. Costes: el del
personal fue de 6.888 millones, amortizaciones y dotaciones, 1.048
millones, y resto de costes, 3.480 millones. Asimismo, los costes
financieros se elevaron a 543 millones y el resultado final arrojó una
pérdida de 1.456 millones. Esta cifra --fíjense bien-- equivale a la
diferencia entre el importe actual del contrato de servicios con el
Estado y la que se hubiera obtenido de haber incrementado cada año el
IPC, el importe de dicho contrato de servicios con el Estado desde 1988.
Aquí cabe la pregunta siguiente: ¿puede una agencia mantenerse sola con
sus ventas, una agencia de esta estructura, de estas características
mundiales? No, es imposible. Aquí tenemos un parque de clientes de
3.500.000 ejemplares de periódicos diarios, una tirada muy baja; sumando
todos los periódicos, tres millones y medio diarios, mientras que, por
ejemplo, la vecina Francia tiene alrededor de diez millones de tirada.
Las tarifas se formulan según las tiradas y, por tanto, esta tirada de
periódicos es una estructura muy frágil como para sostener un andamiaje
de una agencia mundial. Le voy a decir como referencia que la Agencia
France Press recibe del Estado el 50 por ciento de su presupuesto. Si
nosotros hubiéramos recibido el año pasado el 50 por ciento de nuestro
presupuesto, aunque ésta es una hipótesis un poco absurda, pero, en fin,
conviene señalarla --Efe y France Press se mueven en un campo análogo--,
hubiera supuesto que habríamos tenido unos beneficios de cerca de 3.000
millones de pesetas.
También podríamos ver los ingresos. Y ya que hablamos de ingresos, aquí
tengo --no sé si se ve bien esta gráfica-- (Mostrándola a la Comisión.)
unos datos que, como verán, comienzan en 1978 y lo que está en azul es lo
que aportaba el Estado, el porcentaje. La columna entera es el
presupuesto total de Efe anual, empieza el año 1978 y termina el año 1994
y 1993 con las correspondientes previsiones. Fíjense ustedes: el azul es
lo que aportaba el Estado en porcentajes y ahora verán que el descenso es
espectacular, porque es así. Aquí se puede comparar lo que aportaba el
Estado con lo que aporta actualmente. Aquí aportaba casi un 70 por ciento
en 1978 y ahora es el 32 por ciento. Si a partir de 1978 se ha bajado el
50 por ciento, y si el Estado aportara ese 50 por ciento, se vería
claramente que se habría producido un aumento espectacular. Estos datos
son según cifras auditadas por las empresas que les he dicho
anteriormente.
Información. Desde el punto de vista informativo, el año 93 significó la
consolidación de Efe como la primera agencia en Iberoamérica. El señor
Reyes Mata, que es el profesor de periodismo internacional de la
Universidad Nacional Andrés Bello, de Chile, y hasta hace poco asesor de
prensa de Chile en la ONU, analizó 21 diarios de diversos países los días
9 a 11 de mayo, 13 a 15 de junio, 7 a 10 de julio y también del 14 al 17
de julio. La Agencia Efe firmó esos días 4.802 noticias, lo que significa
el 28,76 por ciento del total. La siguió Associated Express con 3.068
noticias, lo que equivale al 18,37 por ciento. Es decir, la Agencia Efe
le saca una ventaja de más de diez puntos.
En cuanto a noticias sobre España, el 55 por ciento de las noticias que
se publican en los periódicos americanos llegan a través de la Agencia
Efe. Esto significa que Efe contribuye de forma muy importante a
conformar la visión que tienen en Iberoamérica de España.
En cuanto al intercambio o intercomunicación u ósmosis de noticias entre
los países iberoamericanos, Efe es la primera agencia con un 40 por
ciento del mercado. Es decir, las noticias de Méjico que se venden en
Argentina, Bolivia o Chile son en un 40 por ciento de la Agencia Efe; el
vehículo es la Agencia Efe.
También Efe juega un papel clave en la consolidación y posición del
español. Diariamente, desde Florida a Argentina, en todos y cada uno de
los países iberoamericanos, Efe publica las mismas noticias con las
mismas palabras, y ejerce un seguimiento y vigilancia sobre el uso
correcto de nuestra lengua por medio del departamento del español
urgente. Efe es, sin duda alguna, la institución más eficaz en la defensa
de la unidad del idioma.
En este cuadro vemos cómo ha crecido. Se ve dónde estaba la Agencia Efe
cuando arrancó en 1976 y cómo está ahora. Actualmente está en primer
lugar, bastante distanciada de la segunda. El crecimiento espectacular
fue a partir de 1988. Se ve la curva roja, Va hacia arriba. Creció de un
modo espectacular. Eso se observa en los periódicos diarios de allí.
Los datos son de Fernando Reyes Mata, de 1976, de la Universidad Central
de Venezuela en 1983 y de Fernando Reyes Mata desde 1993 en adelante.
Esas son las fuentes de las noticias para confeccionar este cuadro.
Tecnología. En la vertiente tecnológica se puso a punto un nuevo sistema
de transmisión, vía Retevisión, que definimos como Datacas. Este sistema
facilita enormemente las transmisiones de noticias y permite abrir nuevos
mercados para Efe, tanto entre las empresas como entre los profesionales,
con un significativo abaratamiento del producto final. Es decir, nosotros
lo enviamos a Retevisión; para recibir Retevisión hace falta tener
solamente una antena normal de televisión en casa, llega la información
de Efe, baja a un ordenador compatible con un «model», que cuesta
aproximadamente unas 20.000 pesetas, y entra en nuestro ordenador. Esto
abre unas posibilidades enormes. Esto lo pusimos a punto hace unos meses
y está funcionando en estos momentos.
Previsiones para el ejercicio de 1994. Los análisis económicos sobre la
posible evolución del ejercicio 1994 coinciden en señalarlo como el año
en que se va a iniciar la recuperación; sin embargo, difieren en el mes
en que esto ocurrirá y en la intensidad de la misma.
Los medios de comunicación no son ajenos a esta situación. Los
Presupuestos Generales del Estado y las administraciones autonómicas y
locales son de claro carácter restrictivo, lo que, sin duda, afectará a
la capacidad de contratación de servicios por parte de autonomías y
municipios.
Si la peseta, respecto a las principales monedas, evoluciona de forma
adversa, y especialmente respecto del dólar, repercutirá negativamente en
los resultados de la Agencia, dado el alto volumen de pagos en esta
moneda. Si evoluciona positivamente, afectará de modo favorable a nuestra
cuenta de resultados.
Como aspecto muy positivo cabe señalar el incremento del importe en el
contrato de servicios con el Estado, de 1.033 millones netos, pasando de
3.448 millones a 4.481 millones. Este incremento nos permite plantearnos
como objetivo un resultado cercano al que se prepara este año, aunque
para obtener ese objetivo no es suficiente el citado incremento, sino que
tenemos que instrumentar, lo estamos haciendo, unos objetivos y medidas
que actúen sobre los dos componentes de la cuenta de resultados: ingresos
y gastos.
Expansión desde la concentración. Nos planteamos la gestión para este año
bajo el lema o la filosofía empresarial de: «expansión desde la
concentración», que define un conjunto de medidas encaminadas a aumentar
los ingresos mediante la optimización de los recursos tecnológicos
existentes y también de nuestros recursos humanos, diversificando la
producción y poniendo en marcha proyectos que no necesitan inversiones
costosas o que estas inversiones las hagan otros y nosotros pongamos la
información. Más concretamente podríamos definirlo así: incrementar los
ingresos a través de la comercialización de nuevos servicios que
aprovechen la producción informativa ya existente; controlar los recursos
de manera que se optimicen al máximo los propios disponibles,
disminuyendo los recursos ajenos que no sean imprescindibles para la
operatividad diaria de la Agencia, y reducción del coste de estos
recursos de forma que el incremento del gasto sea consecuencia de la
puesta en marcha de nuevos proyectos y no de un crecimiento de costes que
comporte riesgos económicos notables.
Las principales magnitudes económicas son las siguientes. Una primera
aproximación a los objetivos económicos que se plantea la Agencia para
1994 nos la ofrece el cuadro siguiente. El presupuesto para 1994 supone
un punto de inflexión en el resultado económico después de los dos
últimos años, estimando un balance positivo de 463 millones. Esta mejora
será posible por los siguientes hechos: a) la recuperación, en parte, de
la pérdida de ingresos que la congelación del contrato de servicios con
el Estado ha significado en los últimos años, 1.033 millones; b) un
incremento respecto a otros años en la cifra de venta de servicios, un
13,2, lo que supone casi 6 puntos por encima del incremento estimado en
1993; c) el control en el aumento del gasto y compensación del incremento
que suponen los nuevos proyectos. El resultado financiero descenderá
debido principalmente a la baja de tipos de interés y al menor
endeudamiento medio. Los costes financieros supondrán unos 400 millones
de pesetas. El resultado final del ejercicio en el que estamos será
cercano al equilibrio.
El eje de la filosofía empresarial de este ejercicio se moverá en el
marco antes aludido: expansión desde la concentración. En el orden
concreto hemos puesto en marcha las siguientes acciones o proyectos. El
pasado 23 de febrero firmamos un contrato con la empresa norteamericana
Magic Radio, con sede en Miami, para desarrollar el sistema de producción
latinoamericana. Efe aporta su estructura informativa en todo el mundo
para la revisión de los
programas informativos y pondrá unos servicios de noticias en el Hispasat
a disposición de las emisoras clientes de Magic Radio, que se estima en
unas 400 en dos años en el mundo hispanohablante. O sea, en el plazo de
dos años, y comenzando desde el próximo mes o prácticamente a finales de
este mes, tendremos 400 emisoras que darán noticias en español con voz de
la Agencia Efe.
Con Telefónica tenemos un proyecto en marcha, que es cerrar una red
integrada de comunicaciones de la Agencia Efe. El desarrollo lo hace
Telefónica. En este momento tenemos la distribución vía satélite de lo
que llamamos «punto multipunto», que es partir desde la central de Madrid
y distribuir a todo el mundo, concretamente a Europa, a Africa, a América
y también a Asia hasta Riad, aproximadamente. Y tenemos un proyecto, que
estará terminado dentro de un año, en el que habrá una intercomunicación
de puntos multipuntos. Desde Argentina se podrá enviar a Madrid, a Méjico
y a El Cairo. Esto también nos pone en punta de la tecnología de las
comunicaciones de las agencias de prensa.
Dentro de un mes comenzaremos a vender en la América hispanohablante el
nuevo servicio Efecom para América bajo el lema «La brújula de los
negocios en Latinoamérica». Ya tenemos el diseño y el rodaje. Aquí tengo
el folleto. Da las noticias económicas en esa zona, las noticias
económicas principales. En estos momentos estamos distribuyendo el
díptico en América a nuestros potenciales clientes y daremos: noticias
económicas; en mercados daremos Bolsas, materias primas, divisas,
monetario, como tipos de interés, deuda y emisiones de los bancos
centrales en América Latina y en las principales plazas del mundo;
metales de los precios de Londres y Nueva York; oro con los precios de
Londres, París, Zurich, Nueva York y Milán; futuro y opciones, datos de
interés de los mercados de Chicago, Nueva York, Londres para América, así
como los datos de inflación del PIB, de desempleo, de déficit, de balance
comercial, coyuntura, etcétera. También daremos áreas regionales, mundial
y ferias y congresos de la zona iberoamericana. Es mucho más completo,
pero no voy a pararme.
También hemos puesto en marcha estos días, y ya se está comercializando,
Euroefe, que es la información de la Comunidad, se llama «Euroefe, la
clave de sus decisiones». Esto lo hemos presentado en sociedad, por
decirlo de alguna forma, hace unos veinte días, y en estos momentos ya
han contactado con nosotros unas seiscientas empresas, aunque no se hayan
suscrito. Aquí se da la información de todos los temas que afectan a la
Comunidad, y es un servicio continuo de información especializada en
español sobre todas las actividades de la Unión Europea: la agenda, la
legislación y normativa, el diario oficial, estadísticas comunitarias,
comunicados... La agenda es para conocer con urgencia hacia dónde se
orienta la Comunidad Europea, órdenes del día y calendarios de Comisión,
Consejo de Ministros, Parlamento, Tribunal de Justicia, Comité Económico,
etcétera. También estamos dando información sobre las ayudas comunitarias
para ciertos sectores empresariales, así como anuncios de licitaciones y
concursos convocados por las instituciones comunitarias.
En televisión estamos haciendo un despliegue de corresponsales en las
principales capitales del mundo para cubrir informaciones para cadenas de
televisión españolas y del mundo hispanohablante. Efe, señorías, tiene en
estos momentos la capacidad, una capacidad que se traduce en realidad, de
contar cotidianamente las noticias del mundo y de la comunidad
hispanohablante, y los medios de esta comunidad reciben Efe en su mayoría
sobre cualquier otra agencia, porque poco importa tener una agencia con
capacidad para hacerlo si los grandes medios de comunicación no conectan
con esa agencia, y en estos momentos hay una conexión con Efe de todo el
mundo hispanohablante.
El señor PRESIDENTE: La señora Mato tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular.
La señora MATO ADROVER: En primer lugar, agradecemos al Presidente de la
Agencia Efe su comparecencia en esta Comisión Constitucional para
informar tanto de la gestión y resultados de la Agencia en 1993 como de
las previsiones para 1994. Quiero decir que me ha parecido una
intervención muy didáctica, en un principio incluso me parecía haberle
oído anteriormente; luego, pensando, he dicho: «No, no puede ser que le
haya oído anteriormente», y lo cierto es que no le he oído, pero sí le he
leído, y su intervención coincide prácticamente, quitando los datos
numéricos del año 1994, porque en ese momento no estaban, al cien por
cien con la de 1993, y aunque, como decía, es muy didáctica, creo que es
poco clarificadora de la situación actual de la Agencia Efe.
En todo caso, usted ha liquidado el ejercicio de 1993 simplemente con la
lección teórica y nos ha esbozado una serie de programas futuros, algunos
de los cuales parece que ya están en funcionamiento y otros empezarán a
funcionar durante este año 1994, y ya le anticipo que vamos a pedir su
comparecencia de nuevo para que nos explique con todo detalle todos estos
nuevos programas que tienen previsto plantear.
Antes de entrar en el contenido concreto de mi intervención, y al objeto
de centrar la misma, le quería reiterar que nuestro Grupo considera que
la Agencia Efe, al garantizar la conexión informativa del mundo de habla
hispana y de la sociedad española, y sobre todo por su proyección
internacional, es un proyecto de Estado. Esto quiere decir que requiere
una ayuda estatal, fundamentalmente, como decía, en su proyección
internacional.
Compartimos con el Presidente de la Agencia Efe la importancia de que
exista un contrato económicamente suficiente de carácter plurianual,
pero, eso sí, con equipo gestor que garantice una buena utilización y un
control de esos recursos que, como usted sabe, proceden del bolsillo de
los ciudadanos. En este sentido, si bien tenemos que mostrar nuestra
satisfacción por la ayuda económica concedida por el Estado a la Agencia
Efe para 1994, a través del contrato de prestación de servicios, creemos
que ese contrato para el año 1994 quizá no es sólo suficiente, sino más
que suficiente y, por tanto, exigimos una buena gestión, y también nos
gustaría saber a qué es debido ese incremento espectacular del contrato
para este año 1994.
Como le hemos dicho, somos partidarios de garantizar la estabilidad
económica de la Agencia, siempre que se realice una buena gestión. Lo que
no es posible es que la subvención crezca y crezca y la gestión cada vez
sea peor; lo que no es posible es que, como usted decía, cada vez tengan
más recursos propios y, sin embargo, necesiten cada vez una subvención
mayor por parte del Estado. Lo lógico y coherente sería que, al crecer la
aportación propia y los ingresos propios de la Agencia, pudiera decrecer
la aportación del Estado. No quiero dejar de recordar que estamos
hablando de una Agencia estatal con una gestión pública, con la
importancia que el término «público» debería tener para todos, y en
cualquier caso lo tiene para el Grupo Popular, y por tanto no queremos
que ocurra como en otras entidades y otras empresas públicas que están
gestionadas por el Partido Socialista, en que lo público es el
justificante de una mala gestión económica.
En todo caso, sin perjuicio de que, como decía, consideramos excesiva esa
cantidad, sí surge una pregunta lógica después de varios años de no
haberse incrementado el contrato de prestación de servicios, como nos ha
comentado el Presidente de la Agencia Efe: ¿por qué se ha dado esa
cantidad después de varios años de haberse negado algún incremento? ¿Por
qué se ha dado precisamente ahora y por qué precisamente ahora el
Presidente de la Agencia Efe ha entrevistado --y repartido gratuitamente
la entrevista-- a Felipe González en este año 1994? Tenemos una duda
razonable sobre ello y esperamos que no haya existido ninguna
contraprestación política que perjudique al prestigio de la Agencia y
ponga en duda la profesionalidad de los trabajadores de Efe, temas de los
que hablaré al final de mi intervención.
En cualquier caso y para cerrar este capítulo, me gustaría nos dijera qué
previsiones tiene de financiación ajena para 1994. Para 1992, según los
datos presupuestarios, eran 1.700 millones; para 1994, aparecen en los
presupuestos 77 millones, y nos gustaría conocer este dato, puesto que,
al haberse aportado por parte del Estado 5.000 millones de pesetas,
parecería que se podría evitar recurrir a ningún tipo de financiación
ajena para este año 1994. En este punto también nos gustaría conocer con
más amplitud --y no ha hablado nada en esta intervención-- las sucesivas
ampliaciones de capital, especialmente la que estaba prevista para los
años 1993/94, para dos años, de 1.500 millones, que estaría delegada en
el Consejo de Administración, y las perspectivas que hay para este año de
ampliación de capital.
Como cuestión general, querría reiterarle que nuestro Grupo no descarta
la posibilidad de que se plantee la privatización parcial de la Agencia,
dando entrada a los clientes, por supuesto en igualdad de condiciones y
sin que en ningún caso ellos tengan la posición mayoritaria ni se
incremente el problema que ya existe hoy en España de concentración de
medios.
Señor Palomares, usted imputa las pérdidas económicas y el déficit de Efe
del año 1993 y de años anteriores fundamentalmente a la insuficiencia del
contrato con el Estado. Esa coartada no la podrá utilizar ya para 1994,
porque se ha incrementado considerablemente la cantidad, pero me
pregunto: si, como usted dice, Efe es la primera Agencia en Iberoamérica,
si distribuye --me parece que llega ya-- el 50 por ciento de la
información a diarios nacionales y extranjeros y tiene los mejores
profesionales, ¿por qué no tiene una situación económica estable? ¿Qué es
lo que falla? Le podría dar tres soluciones: la primera, que falla el
Gobierno, que no ha entendido --y no le ha interesado hasta ahora, al
parecer-- la Agencia Efe; en segundo lugar, que falla su gestión y, en
tercer lugar, que fallan las dos cosas. Nuestro Grupo se inclina a pensar
que, lamentablemente, fallan las dos cosas y, por tanto, queremos que nos
aclare una serie de temas que, por supuesto, no ha tocado en su
intervención.
La situación de la Agencia Efe este año ha alcanzado de nuevo un récord
histórico en su cuenta de resultados, y nos gustaría saber los motivos
del incremento en las pérdidas, los motivos del endeudamiento y los
motivos de los gastos financieros. Me parece que, si he cogido bien la
cifra, los gastos financieros son 543 millones de pesetas, y me gustaría
saber si son consecuencia de la congelación de estos años del contrato
del Estado, porque me parece una cantidad excesiva para que sea eso, y si
no sería, en todo caso, una imprevisión a la hora de elaborar los
presupuestos por parte del Presidente de la Agencia.
Podría concretarnos también cada uno de estos apartados con su
correspondiente desviación, así como las previsiones para el año 1994,
una vez que ya han transcurrido tres meses desde que se aprobaron los
presupuestos. También nos gustaría que nos especificara cuáles son las
deudas a proveedores. Según los presupuestos, se deben, a corto plazo,
5.519 millones de pesetas, y queríamos saber si esta cifra es correcta y
cuánto le deben sus clientes, quiénes son y, fundamentalmente, si son
empresas públicas o privadas.
En fin, señorías, como decía, estamos ante un récord en resultados
económicos de la Agencia y, eso sí, como siempre, tienen ustedes una
excusa: todo se le puede permitir a Efe porque Efe es una empresa
pública, y además aquí está, como se ha demostrado, «papá Estado», que en
un momento de apuro puede dar dinero suficiente como para que, a lo
mejor, este resultado económico acabe sin pérdidas ni beneficios, o sea,
cercano, ha dicho --ni siquiera ha dicho seguro--, al equilibrio, y a lo
mejor incluso nos encontramos con que todavía sigue habiendo alguna
pérdida.
Su argumento fue siempre el mismo: a otros Gobiernos europeos les cuestan
sus agencias más que al Gobierno de España. Esta canción la oímos siempre
que se habla de un medio de comunicación público; siempre que se habla
vemos un interés sublime y extraordinario en que el Estado cada día
aporte más, las autonomías, los ayuntamientos, las diputaciones,
etcétera. En este aspecto nos gustaría que nos diera datos sobre los
contratos de la Agencia Efe con cadenas privadas de televisión y los
contratos con autonomías, ayuntamientos y diputaciones.
Hablemos de la gestión, de una gestión que no ha podido evitar un rápido
deterioro de la situación económica. Me remito al 15 de diciembre de
1992, a su comparecencia ante esta Comisión. Hablaba durante un largo
tiempo --hoy también lo ha hecho y haré referencia a ello-- de
EFECOM y EFEARO; fundamentalmente dedicaba gran parte de su intervención
a contar y a cantar las excelencias de EFECOM, lamentando que entonces
tenía poca proyección y señalaba que ésta era la apuesta que tenía que
hacer no sólo el Estado español, sino toda la comunidad iberoamericana,
y cito textualmente, porque es el agujero más grande que tiene la
información microeconómica en el mundo hispanohablante.
Señorías, ese alegato sobre EFECOM durante el año 1993 se ha convertido
en papel mojado; se ha procedido a su desmantelamiento y se ha decidido
desinvertir en los proyectos de EFECOM y EFEARO. Hoy, sin embargo, nos
enteramos de que va a haber un proyecto de EFECOM --si no he cogido mal
la nota-- para América. También nos gustaría que nos informara sobre eso.
Quisiéramos saber la situación real de estos proyectos, de EFECOM y de
EFEARO, las causas de la decisión de desinvertir en los mismos, ya que
parece que ha tardado usted mucho tiempo en darse cuenta del fracaso de
los mismos, porque desde el año 1991 se apreciaban pérdidas claras.
Otro tema importante que tampoco nos ha comentado en su intervención de
hoy ha sido el del Hispasat. Me gustaría saber si se sigue enviando toda
la información a través del Intelsat-4 o se ha pasado ya al Hispasat. Si
se ha pasado al Hispasat, cuál ha sido su costo y cuáles han sido las
ventajas al cambiar o si, además de utilizar el Intelsat para unas cosas,
se está utilizando el Hispasat para venderlo a Magic Radio y desarrollar
producciones americanas y supongo que esas ventas se pagarían a Hispasat,
en vez de a la Agencia Efe. También me gustaría conocer ese dato
concreto, si el Hispasat que se ha contratado para América se ha
contratado también para España, se ha dejado el Intelsat o se está
pagando por las dos partes y, además, la cadena americana paga
directamente a Hispasat o a la Agencia Efe.
En cuanto a las líneas de actuación para el año 1993 que ustedes
marcaban, en el punto quinto de las mismas señalaban la realización de un
nuevo plan de objetivos a medio plazo con el horizonte de 1997. Tampoco
nos ha hablado usted de este plan de objetivos y quisiéramos conocer si
existen detalles de dicho plan. En caso de que no exista, parece difícil
que se elaboren presupuestos sin ese plan a medio plazo. También parece
más difícil que el Estado aporte más de 5.000 millones de pesetas sin un
plan de objetivos a medio plazo.
Quisiéramos saber --y se lo he dicho también al principio-- qué proyectos
tiene para 1994, y usted ha comentado unos cuantos. Nos gustaría que nos
explicara un poco más estos proyectos, así como su repercusión
presupuestaria. En todo caso, ya le he anunciado que pediremos su
comparecencia para que nos explique con todo detalle estos proyectos.
El punto cuarto de sus líneas básicas de actuación decía que había que
controlar el gasto con medidas de ahorro estimadas en 500 millones de
pesetas. Tampoco sabemos si se han producido esos 500 millones de ahorro;
si no es así, me gustaría saber qué ha fallado, y si se han producido
quisiéramos saber qué medidas de control de gasto se han llevado a cabo
y también que nos justificara por qué hasta esta fecha no se habían
llevado esas medidas. Me da la impresión de que no se han llevado, puesto
que también nos las ha anunciado para el año 1994. Nos gustaría saber qué
tipo de medidas se van a hacer; si no se han hecho, por qué no se han
hecho, y si han dado resultados, que nos los explicara.
Por otro lado, el incremento del gasto en relaciones públicas sólo en el
primer semestre del año 1993 había supuesto 2.700.000 pesetas, y sólo el
apartado de comidas, también en el mes de junio, se había incrementado en
más de dos millones de pesetas. Quisiéramos saber cuál ha sido el
incremento final de estas partidas y el montante final de las mismas. ¿No
cree usted que el control del gasto debe empezar por estas partidas? Nos
gustaría que definiese, si es posible, cuánto se gastó la Agencia en
viajes varios, relaciones públicas y publicidad. Señor Palomares, ¿por
qué se han perdido contratos con agencias oficiales? ¿En qué volumen se
han perdido? ¿Cómo perjudican económicamente a la empresa? También
quisiera saber --se lo dije antes-- el incremento de gasto financiero,
que ya nos ha dicho que para el año 1993 eran 543 millones. Quisiéramos
saber cuál ha sido el incremento concreto entre 1992 y 1993 y a qué se ha
debido ese incremento. En resumen, como puede ver, hay muchos puntos
oscuros de su gestión que esta comparecencia no ha contribuido a
despejar, y espero que con su contestación de ahora pueda despejar
algunos de ellos.
Me gustaría acabar con la cuestión económica, pero no sin antes comentar
un tema que estoy segura de que le encantaría que se me hubiera pasado,
que es el de Telemadrid. Decía en su comparecencia de diciembre de 1992
que el edificio del complejo Espronceda podría ser el buque insignia de
Efe porque allí se aceptó a Telemadrid y por ello es un edificio
rentable. También es cierto que hoy nos ha hablado de un proyecto de
televisión, que también nos gustaría que aclarara con más detalle, con un
despliegue de corresponsales. Me imagino que a lo mejor es la solución al
problema de Telemadrid que le voy a plantear.
Hoy es una realidad que Telemadrid se va a marchar a la ciudad de la
imagen, va a dejar los edificios de la Agencia Efe. A este Grupo le
gustaría saber qué va a pasar con toda la inversión que se ha hecho en
televisión, fundamentalmente para Telemadrid; qué va a suponer
económicamente la salida de Telemadrid. Nos gustaría saber si existe
algún plan o lo dejan a la improvisación para cuando llegue el momento, o
si ya han hablado con el Gobierno y lo que pretenden es que el Estado se
haga cargo de ello en su momento.
También me gustaría que nos dijera si Telemadrid se encuentra entre los
deudores de Efe; si es así, en qué cantidades. Todos sabemos que
Telemadrid es una empresa pública con aproximadamente 30.000 millones de
pesetas de pérdidas. Por tanto, y puesto que es una empresa en quiebra,
parece difícil que esté cumpliendo regularmente sus compromisos
económicos con Efe. Nos gustaría saber si de verdad lo está haciendo.
Antes de pasar a los temas de política retributiva, solamente una
pregunta. A ver si nos puede contestar cómo es posible que en dos
ejercicios, 1992-1993, el déficit sea tan
alto para la Agencia Efe. En cuanto a política retributiva, simplemente
quisiéramos que nos informara sobre los salarios de los directivos y de
los empleados y su evolución en estos años de crisis. No quisiéramos
pensar que ha habido congelación para los trabajadores y que ha habido un
incremento para los directivos.
En cuanto a la plantilla, usted ha hablado de creación de puestos de
trabajo en la Agencia Efe; lo que no sé muy bien es a qué años se refería
o durante cuántos años. En todo caso, en estos momentos, si mis datos no
están equivocados, habría aproximadamente 814 personas fijas y 225
contratadas, de las que el 29 por ciento tienen la consideración de
directivos o jefes, es decir, 210, de los cuales --a lo mejor
precisamente éste ha sido el incremento de puestos de trabajo-- más de la
mitad, 130, han sido nombrados directamente por usted.
¿Cree el señor Palomares que alguna empresa de comunicación puede
mantener esta proporción de plantilla, con el 29 por ciento de jefes y el
resto de trabajadores de la empresa? Nos gustaría que nos lo dijera.
Voy finalizando, señorías. Desde nuestro Grupo siempre hemos mantenido la
necesidad de la actualización del contrato con el Estado para la Agencia
Efe, ya que creemos que la Agencia Efe está formada y compuesta por unos
profesionales independientes e imparciales que ofrecen un servicio que,
como decía al principio de mi intervención, obedece a un proyecto de
Estado. Somos conscientes, por ejemplo, de que los fotógrafos de Efe
envían siempre las mejores fotografías que hacen, somos conscientes de
que la información que se facilita, en líneas generales, es objetiva y
plural.
En este sentido, y por su proyección internacional, como comentaba
anteriormente, somos absolutamente partidarios de las aportaciones del
Estado a la Agencia Efe.
No obstante, no podemos dejar de plantear, a raíz del volumen de la
subvención concedida para 1994, y lamentablemente de la entrevista
realizada por la Agencia Efe y por su Presidente a Felipe González, la
posibilidad de que la Agencia se esté convirtiendo, como ya lo es hoy
Radiotelevisión Española, en un instrumento de poder en manos del Partido
Socialista para ganar las elecciones. Nos preocupa que esa entrevista sea
el inicio de una campaña propagandística del Partido Socialista a través
de una agencia estatal. No preocupa que sea usted mismo el que haya
realizado y haya llevado a cabo esa entrevista. Y nos preocupa, como le
decía antes, que pretenda conseguir la ayuda económica para Efe como lo
hace Radiotelevisión Española: poniendo al servicio de un partido
político que Gobierna, del Partido Socialista, la Agencia.
Señor Palomares, con esta actuación creemos que ha hecho un gran daño, un
daño irreparable a la Agencia Efe y a toda su redacción. Por ello le
solicito que abandone de inmediato ese camino y convierta a la Agencia
Efe en lo que tiene que ser: un instrumento de cohesión de la política
española en otros países de Iberoamérica. Si Felipe González quiere una
campaña publicitaria la puede contratar con otra Agencia, pero que no
utilice una Agencia estatal para ese propósito.
Esto nos lleva al último punto que quería tratar. El problema fundamental
es que no hay quien controle actuaciones como éstas que se han dado en
Televisión. Se hizo una entrevista a Felipe González --para ponerles un
poco en antecedentes--, la hizo el propio Presidente de la Agencia Efe;
fue una entrevista de 16 folios; remisión gratuita a todas las
televisiones y radios, por cierto, con unos planos de recurso de tres o
cuatro minutos de usted mismo, que supongo habrán gustado mucho a su
familia, pero que no tienen mucho sentido en la información que puede
facilitar una Agencia, como tampoco lo tiene el que sea usted el que haya
realizado esa entrevista. Nunca se había producido un hecho semejante y
quisiéramos saber por qué ha ocurrido. El problema al final, señorías, es
que quien podría controlar que esto no sucediese es el consejo de
administración. Pero, ¿qué ocurre? Que el consejo no es profesional ni
representativo de la agencia. No es un consejo de gestión ni es un
consejo de actuación; es un consejo político y, además, inoperante.
¿Por casualidad tiene el Presidente una media de la duración de los
consejos de administración de Efe? Si la tuviera sabríamos que ningún
asunto se estudia en profundidad en ese consejo. Y esto es así porque el
consejo de Efe está formado por personas del Partido Socialista. En la
mayoría de los casos, por cargos públicos de los distintos ministerios
para proporcionarles un sobresueldo y, además, para realizar de vez en
cuando actuaciones como ésta que estamos comentando sin que se pida
ninguna explicación por parte del propio consejo. Le voy a citar algunos
ejemplos de componentes del consejo de administración. Tenemos a la
Asesora Ejecutiva del Gabinete del Ministerio de Economía, al Secretario
General de la Salud, del Ministerio de Sanidad, al Subdirector General de
Servicios Consultivos, al Subdirector General de Telefónica, al
Subdirector General del Patrimonio, al Director de Análisis del Gabinete
de la Presidencia, al Director General de la OID y a la ex Jefa de
Gabinete del anterior Ministro de Relaciones con las Cortes y hoy
Presidente de esta Comisión, entre pocos más.
La Agencia Efe no puede seguir con la independencia de los periodistas y
la parcialidad del consejo. Por ello, reiteramos nuestra solicitud de que
el consejo de administración de Efe y el nombramiento de sus líderes
obedezca a planteamientos plurales y no se base en una decisión
arbitraria del Gobierno, ni siquiera en la influencia de los partidos
políticos.
A usted, señor Palomares, le solicito formalmente que no entre en una
competición con la televisión pública para ver quién apoya más al
Gobierno, ni siquiera a cambio de un poco más de dinero, porque esto
llevaría a la Agencia Efe y a sus trabajadores a la ruina, no sólo
económica sino también moral.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Palomares.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Sobrado Palomares): He tratado de
tomar nota de todos los puntos que usted ha expuesto. Le aseguro que si
en estos
momentos no puedo aclarar alguno --concretamente me refiero a las
cifras--, si tiene a bien hacerme llegar su pregunta completa tendrá
cumplida, precisa respuesta al cien por cien de todos los puntos. No sé
si me faltarán algunas cifras; incluso manejar todos estos números que
tengo aquí me resulta un poco difícil. Aunque soy de letras, también
ahora estoy bastante familiarizado con los números, sé leer la cuenta de
resultados.
Señala que coincide lo que he dicho ahora con mi intervención en 1993, de
lo cual me alegro. Quiere decir que no hay contradicciones. Me alegro de
que no haya estridencias con mi anterior intervención.
Le agradezco que haya dedicado el adjetivo de didáctica a mi
intervención.
Sinceramente se lo agradezco. Dice que ha sido poco clarificadora. Lo
lamento. Yo traté de clarificar lo máximo posible, pero a lo mejor no lo
he conseguido.
En cuanto a programas previstos, me cita para un futuro. Naturalmente
explicaré Euro-Efe o Efe-Com para América, con mucho gusto. Y coincidimos
en que es un proyecto de Estado.
Paso a contestar a una parte medular, que es el contrato de servicios con
el Estado. Yo creo que era a todas luces insuficiente después de
congelarse durante cinco años por razones que yo desconozco. Pero en
cuanto a la gestión económica he de decir que contra los hechos no valen
argumentos. La gestión económica está aquí. (Mostrando un documento a la
Comisión.) Esto era lo que daba el Estado en el año 1978 y lo que dio
hasta el año 1988. Ve que pasa del 60 por ciento de todo el presupuesto
y en cambio este año es el 32 por ciento de todo el presupuesto.
Respecto a personal, tenemos 370 personas más. En los últimos seis años
crecimos en 370 personas. Me parece que las cifras que me citó del
personal de Efe están equivocadas, pero puedo haber entendido mal. En
estos momentos hay 1.035 personas. Aunque sea alterando un poco el orden,
le contesto a otra cuestión. Dice que hay mucha jerarquía. El problema de
la jerarquía depende de cómo se tome. En cualquier redacción del mundo
hay redactores, jefes de sección, redactores jefes, subdirectores,
directores, toda una gama. La estructura jerárquica es bastante cercana a
la propia de los grandes medios de comunicación. La proporción de
subdirectores es la misma que yo me encontré; incluso ahora es menor,
porque al aumentar el personal no creció el número de subdirectores, sino
que, al revés, aumentó el número de redactores. Yo me encontré con
seiscientas sesenta y tantas personas y le aseguro que respecto a hoy
había más jefes. La proporción de jefes era mayor; ahora es ligeramente
menor. La pirámide de jerarquía es bastante racional. A veces, como en
todos los medios de comunicación y en muchas empresas, hay
proporcionalmente más subdirectores. No hay saturación para ellos en el
nivel jerárquico concreto y se dedican a otras actuaciones. Eso ocurre
prácticamente en todos los medios de comunicación. Yo quería crear una
jerarquía de función operativa y una jerarquía de niveles y hasta ahora
no me ha sido posible.
Estaría bien una jerarquía de niveles, independientemente de la función.
Podían ser directores, subdirectores o redactores jefes que tuvieran
nivel 30, nivel 25 o nivel 24 y que ejercieran en un momento determinado
esa función.
Ya dije antes que el contrato de servicios con el Estado era sustantivo.
En América nuestros precios son mucho más bajos y no pueden resistir la
estructura mundial de Efe. Es prácticamente imposible resistir esta
estructura con tres millones y medio de periódicos. Cuando yo llegué
teníamos cobertura en 53 países y por eso no eran clientes muchos
periódicos de América, porque no atendíamos muchas zonas geográficas del
mundo; en estos momentos atendemos a 94 países. En este sentido, se
elevaron bastante los costes por la cobertura mundial, que es una
exigencia para ser una agencia mundial. Durante cinco años estuvo
congelado el contrato, incluso reducido, porque teníamos contratos con
diversos ministerios por 220 millones, aproximadamente. Cuando se
suprimió en 1992 no podía resistir. Repito lo que en la filosofía
aristotélica se dijo por primera vez: contra los hechos no valen
argumentos. Aquí, contra los hechos no valen muchos argumentos. Desde
que tenemos una contabilidad precisa y concreta en la Agencia Efe
--porque durante los años cincuenta no la había--, la proporción es
espectacularmente menor, porque jamás bajó del 58 por ciento de
aportación de contratos de servicios con el Estado hasta el año 1988 y el
año pasado fue el 32 por ciento, que es muy poco.
Este año, que hablamos de una referencia cero en el presupuesto --veremos
cómo se comportan nuestros mercados, porque son muy móviles y muy
frágiles y no podemos tener en estos momentos una proyección exacta y
concreta--, la proporción del contrato de servicios con el Estado es del
35,55 por ciento y nuestra facturación debe ser el 64,55 por ciento. Es
una proporción a todas luces muy baja. No me gusta acudir al recurso
exterior.
Otras veces citan France Presse como ejemplo para otras cosas; le diré
que --tengo aquí las cifras concretas-- aporta el 50 por ciento. Es
decir, que aporta 12.000 millones el Estado francés y facturan 12.000
millones. La productividad de Efe es alta. En términos de comparación,
por ejemplo, el año pasado --y son cifras que les puedo hacer llegar,
autentificadas además por la cuenta de resultados--, el contrato de abono
con el Estado francés, con fecha 17 de marzo, a razón de 24,1 pesetas el
franco, fueron 13.120 millones de pesetas lo que aportó el Estado francés
y la venta que ellos hicieron fue de 12.865 millones. Es decir, la
facturación propia fue un 49,5 por ciento y lo que aportó el Estado
francés con el contrato de servicios, que se llama convention générale o
convention avec l'Etát, fueron el 50,5 por ciento. Incluso France Presse
precisó en 1993 de unos gastos de explotación de 26.230 millones de
pesetas para generar unos ingresos por ventas de servicios de 12.865
millones de pesetas. Efe precisó de 11.482 millones de pesetas para
ingresar 7.188 millones de pesetas. La productividad de recursos de
France Presse es, por tanto, de un 49 por ciento, mientras que la
productividad de Efe es de un 62,5 por ciento. Y a la agencia italiana
Ansa --y tienen los datos de estos días, que pasan por una grave crisis,
lamentablemente-- lo que aportó el Estado italiano el año pasado fueron
5.600 millones de pesetas, 2.000 millones más que lo que aportó Efe, y
Ansa --no me gusta entrar en
comparaciones-- no tiene la dimensión mundial de Efe, y eso lo reconocen
sus propios directivos. El contrato de servicios con el Estado es
necesario y este año no sobra, ni mucho menos. Incluso nosotros tenemos
que gestionar con rigor, con responsabilidad para lograr esto.
Hacía una relación de todas las cosas gestionadas por el Partido
Socialista. Yo le digo que la Agencia Efe no la gestiona el Partido
Socialista. La gestionamos unos gestores, alguno será socialista o no, yo
no pido a nadie el carnet ni yo lo tengo, pero eso no quiere decir que
esté de acuerdo o no con el proyecto. No hablamos de eso. Efe no la
gestiona el Partido Socialista.
En cuanto a uno de los temas medulares que me señala, la entrevista con
Felipe González, le tengo que decir que yo llevo en este cargo casi ocho
años y en estos ocho años se le han hecho tres entrevistas al Presidente
del Gobierno Felipe González: una la realizó el Director de Información,
Miguel Angel Aguilar, y dos yo. Esto bastaría para aclarar que no es
instrumento del Gobierno una empresa, una agencia que en ocho años le
hace tres entrevistas al Jefe del Gobierno; casi sería para pedir mi
dimisión si fuera instrumento, o la dimisión de los gestores. A partir de
esa realidad y de este dato primario y primero, de tres entrevistas en
ocho años, podemos discutir todo. Primero, se la hice en un momento muy
concreto, por una coyuntura muy concreta y era un hecho informativo de
primera magnitud una entrevista con el Presidente del Gobierno. Además,
la Agencia Efe distribuye a todos los medios de comunicación, y los
medios de comunicación son los termómetros de si algo tiene interés
informativo, porque yo no les obligo a publicarlo, lo hacen libremente y
lo publican cuando ellos valoran que es interesante. Yo le puedo decir
que hemos acertado plenamente porque ese día los periódicos la
publicaron.
Me dice que es muy larga. No son exactamente 16 folios, me parece que son
doce folios y medio en folios de 27 líneas. Si es largo o corto lo
determinan también un poco los medios de comunicación, que son libres
para publicarlo. Le puedo asegurar a usted --y puedo dar testimonio de
ello, pues me consta analizado directamente-- que un 70 por ciento
publicó la entrevista casi en su totalidad, lo cual quiere decir que
entonces no la encontraron amplia; la encontraron aceptable para ellos y
les interesaba.
Incluso algún periódico la criticaba al tiempo que la daba entera, la
criticaba y lo respeto mucho, me parece muy bien el ejercicio de la
crítica, como en otro momento yo la ejercí; ahora no ejerzo la crítica
sino la información. A partir de ahí yo le digo que no se utilizó ni
quiso utilizarse como instrumento.
Me dice que se dio gratuitamente. Estas informaciones se dan a las
televisiones normalmente a un precio de 60.000 pesetas, pero nosotros
tenemos suscripciones, por lo que se distribuía con una filosofía, que
además la decidió el Director del departamento de Televisión; nos pusimos
de acuerdo en decidirlo así. La filosofía que nos llevó a esto fue:
primero, nosotros tenemos contratos muy altos con las televisiones. Las
televisiones que menos pagan a Efe pagan, aproximadamente, 200 millones
de pesetas y la que más 1.500 millones de pesetas. Comprenda que dárselo
a 60.000 pesetas, cuando tienes una noticia de esta envergadura, es
mejor, incluso desde el punto de vista puramente comercial de sociedad
anónima, darla como aliciente comercial. Pero, por otra parte, con otras
televisiones nosotros tenemos suscrito un contrato que nos pagan una
cantidad por la cual tenemos que dársela, no es que se la diéramos
gratuitamente, es que va incluido en el contrato que se la demos. Por
ello hicimos esta evaluación. Dijimos: a los que tienen contrato con Efe
de algún tipo, que tienen una cantidad importante, se la damos
gratuitamente, y a los otros se les cobra. A las agencias mundiales que
vinieron trató de cobrárseles, aunque la verdad es que no sé los
resultados. A las radios se les cobra cuatro mil y pico pesetas. Entonces
se les cobró esa cantidad que es un poco el coste del envío, la línea
telefónica dedicada.
No creo que cause sensación el que un presidente de la Agencia Efe haga
una entrevista al Jefe del Gobierno de su país si tiene ocasión. Yo le
puedo asegurar que en otras partes el comportamiento es análogo, e
incluso se realizan con más frecuencia. Y aquí se realizaban con mucha
mayor frecuencia en otra época en la que yo no estaba de presidente. Y
además me parece muy bien. Así, el periódico de mi pueblo, Orense, o de
otro pueblo, pero por citarle el que tengo más cercano, tiene una
entrevista con el Presidente del Gobierno que no tiene que recoger de
otro medio de comunicación sino de un supermercado de medios que es la
Agencia Efe.
Le voy a contestar a todos los datos, pero es que algunos los tomé un
poco aprisa. Si me dejo algo sin contestar después usted me lo aclara y
le digo si se lo contesto hoy o se lo contesto mañana, porque no me hace
falta más término que mañana, no tengo que bucear en nada.
En cuanto al endeudamiento, el año pasado fue un año con un endeudamiento
de 2.300 millones de pesetas, aproximadamente el giro de negocio que
nosotros teníamos en aquel momento era de unos dos mil y pico millones de
pesetas. Los costes financieros --y me salto un poco el orden pero estoy
en esta línea-- fueron de quinientos y pico mil --lo puedo mirar pero
usted lo dijo correctamente-- y este año están presupuestados
cuatrocientos y pico mil. El año pasado hubo retrasos de pagos
importantes de muchas empresas, retrasos de pagos que nosotros teníamos
que financiar.
La verdad es que la coyuntura económica no era buena para muchos medios,
y muchos de ellos me llamaron a mí para que no cortara el servicio y
teníamos que financiarlo. Muchas veces tratábamos que lo financiaran
ellos pero era difícil por la coyuntura. A principios del año pasado tuvo
un pico alto el coste del dinero, aunque al final de año bajó el precio
del dinero. También influyeron en nuestra cuenta de resultados el año
pasado, de una manera muy fuerte, las devaluaciones; fueron doscientos y
pico millones de pesetas lo que afectaron las devaluaciones a la cuenta
de resultados, porque nosotros tenemos un negocio exterior importante, ya
que le dije que operábamos en 94 países.
Financiación ajena para este año. Siempre necesitamos financiación porque
siempre hay un desfase en el pago, incluso también hay desfase de pago en
el contrato de servicios con el Estado; muchas veces hay algún desfase
de
pago y podemos presionar. Son desfases de pago normales, es decir, desde
que se genera lo exigible pueden transcurrir dos o tres meses más, como
en todas las agencias de nuestro entorno comercial. A veces este margen
se extiende, afectando a la gestión y hay que presionar, otras veces es
un desfase normal en los hábitos de comercio. En cuanto a financiación
futura, yo en ese sentido no puedo decir nada, soy un empleado, un
trabajador de la Agencia Efe y no voy a hacer filosofía del futuro. Si
alguna vez me piden una opinión, yo puedo hacer un informe sobre este
tema, pero creo que no es el momento en el que yo pueda hacer un análisis
sobre esta financiación.
La Agencia Efe efectivamente es la primera en recursos económicos en
América. En América estamos luchando encarnecidamente todas las agencias
que tienen una proyección internacional. Allí comparecemos unas ocho
agencias. Normalmente todas las agencias aplican unos precios mucho más
altos en su país que en el exterior. Prácticamente en el exterior todos
hacemos dumping, porque lo que queremos es tener influencia en el
exterior. Puedo decirle que el mercado iberoamericano --que es riquísimo
desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista
económico-financiero-- es pobre aunque haya periódicos muy ricos, porque
hay una competencia muy grande por la que todos luchamos y el mero hecho
de entrar en un periódico ya es importante, aunque los precios más altos
son los nuestros. Pero nunca lograremos un apoyo, por lo menos a medio
plazo. Ojalá haya un despegue económico en esos países y alguna vez
puedan contribuir a la financiación de Efe, pero en estos momentos no lo
hacen.
El despliegue de estructura que nosotros tenemos en esos países es muy
costoso, porque es la primera estructura de cualquier agencia en el mundo
en esos países.
En cuanto a los gastos financieros a los que S. S. hace referencia, tengo
que decirle que, por ejemplo, este año ascienden a 400 millones de
pesetas. Consideramos que es importante pero no alto, teniendo en cuenta
un volumen de negocio de 12.000 millones de pesetas. La razón fundamental
es que el coste del dinero es más bajo y nosotros tratamos de obtenerlo
al precio más bajo posible y el endeudamiento de Efe es bastante menor.
Me ha preguntado S. S. por Efe-Com. Efe-Com, sociedad anónima, dijo que
yo había dicho --lo dije y lo sigo diciendo-- que el gran agujero negro
del mundo iberoamericano de la información es la información
microeconómica. Efe-Com, sociedad anónima, fue una empresa que Efe creó
en colaboración con varias entidades financieras, entre ellas, Caja
Madrid, el Banco Exterior de España mediante Negocios Panafex, S. A., la
Zona Franca de Barcelona y Telefónica; todas estas empresas eran socios
muy fuertes. Efe tenía el 32 por ciento de las acciones. Influyó mucho la
crisis, la caída de la actividad financiera en esta empresa, aunque una
empresa de esta envergadura necesitaría que transcurrieran siete años
para ser rentable. Como vimos la coyuntura económica preferimos no seguir
con este negocio. Para entender lo que es Efe-Com para América y Efe-Com
para España les diré que Efe-Com, sociedad anónima, se componía de tres
líneas de negocio. Una, que se llamaba Datacom, cuya función consistía en
dar las Bolsas en tiempo real, mercados de futuro en tiempo real,
opciones en tiempo real y una serie de productos financieros en tiempo
real. Otra línea de esta sociedad anónima estaba dirigida a las noticias
económicas.
Otra línea de negocio era Money Center, un departamento que se dedicaba
a la información sobre el coste y venta de materias primas, lo que se
llama mercados testigos en el mundo. Renunciamos a ello y Efe recobró el
nombre de Efe-Com, sociedad anónima, porque lo había cedido, y recobró
también el producto Efe-Com de noticias. En estos momentos lo que estamos
explotando es Efe-Com de noticias en España y Efe-Com de noticias en
América. Yo dije aquí y repito ahora --y lo debería decir con mucho
énfasis-- que el gran vacío y el gran agujero negro, desde el punto de
vista informativo, en el que estamos colonizados al cien por cien es en
la información microeconómica. En estos momentos no se da información
microeconómica desde el mundo hispanohablante. Toda la información que se
da al mundo hispanohablante, incluida España, viene del mundo del norte
y, además, lo hacen muy bien. La información viene de Reuters, A. P Down
Jones Telerate, Lumber y Telebourse; esta última se ocupa sobre todo de
Bolsa. Prácticamente no hay ninguna empresa de expresión hispana que dé
este tipo de información. Había que apostar por esto, porque muchas veces
--y me refiero a Iberoamérica-- hacen negocios por la información que
tienen, de forma que productos de Nueva Zelanda pueden conocerse en algún
país de Iberoamérica mejor que los productos de algún país vecino. Hay un
ejemplo muy claro. Hace unos años hablaba de este tema con Belisario
Betancourt --ésta es una vieja obsesión que tengo y seguramente voy a
seguir luchando por esta idea, espero que no inútilmente-- y en una
reunión que tuvimos me dijo, para confirmar esta tesis, que ellos habían
comprado carbón en Polonia. Me recordó que en una ocasión tenía que hacer
una visita a Brasil y preguntó a sus colaboradores qué era lo que
Colombia podía vender a Brasil. Le dijeron que tenían un carbón
espléndido y que estaban importando carbón de Polonia. Efectivamente
Belisario Betancourt fue a esta entrevista y comprobó que tenían carbón
de Polonia; hicieron un análisis del carbón y comprobaron que era
análogo. Belisario me decía que no quería dañar a los polacos --que
bastantes problemas tenían--, pero que también quería vender sus
productos. ¿Cómo habían tomado la decisión? A través de uno de los
terminales de estas agencias que habían dicho que había un stock de
carbón en Polonia a un precio determinado. En estos momentos muchas
materias primas se compran en un país y en el país de al lado es más
barata.
En cuanto a Efe-Con pensamos trabajar más modestamente. Pensamos empezar
por noticias --es lo que le dije--, pero no en tiempo real, lo que exige
una estructura y unas inversiones mucho más fuertes. Posiblemente para
hacer una gran agencia, una agencia de esta envergadura, habría que
dotarla del doble de las inversiones que tiene la Agencia Efe hoy.
Posiblemente es un desafío muy fuerte y un reto para la comunidad
hispanohablante. Es un agujero negro que alguna vez tendremos que llenar.
De lo contrario estaremos colonizados, informativamente, en la
información microeconómica. Lo digo como un dato, pero puedo
desarrollarlo de forma mucho más amplia, como algunas veces lo he
desarrollado directamente.
También me ha hablado de Efe-Agro. Efe-Agro no se disolvió, sigue
funcionando. Antes estaba en unas oficinas fuera, ahora está en unas
oficinas dentro. Es una pequeña empresa en la que la Agencia Efe tiene el
50 por ciento y el Banco de Crédito Agrícola el otro 50 por ciento. Se
trata de una empresa de información agroalimentaria, que queremos dar, de
unas dimensiones muy pequeñas. En estos momentos tiene ocho personas
dedicadas directamente a este tema y unos costes de infraestructura de
personal de 47 millones de pesetas, que es una cifra pequeña. Además,
creo que puede prestar un gran servicio --espero que incluso sea
rentable-- a la dinámica agroalimentaria española.
Respecto a lo que me decía de los satélites, nosotros tenemos conviviendo
en estos momentos tres satélites: Intelsat 6 y no el 4, me parece... (La
señora Mato Adrover: En la comparecencia anterior dijo usted el 4.) Es
que entonces era el 4 y ahora es el 6, pasamos del 4 al 6; yo dudaba de
cuál era el modelo pero ahora lo tengo más claro. Efectivamente, del
Intelsat 4 pasamos al Intelsat 6, que es el último modelo de la misma
compañía y por el mismo coste, el modelo más nuevo, y están retirando el
Intelsat 4.
Ya saben que los satélites tienen una vida de 12 ó 14 años, luego se van
extinguiendo y muriendo y aparecen generaciones nuevas de satélites, los
clientes van pasando de unos satélites a otros, y nosotros ahora estamos
en el Intelsat 6. ¿Por qué tenemos el Intelsat 6? Tenemos el Intelsat 6
porque nos cubre hasta Riad, en la zona de Asia, al este de Moscú, a unos
300 kilómetros, toda Africa, toda América, norte y sur y este, excepto el
oeste, Los Angeles, y toda Europa. Tiene un haz muy amplio. También
tenemos el Eutelsat, que cubre España y las zonas del Mediterráneo y de
Europa. ¿Y por qué utilizamos éste? Por la señal audio. El otro no nos
permite la señal audio a no ser que tuviéramos un espectro muy amplio de
antena, una antena elíptica enorme; y a pesar de todo la antena elíptica
del otro es muy grande, de dos metros y pico. El Eutelsat tiene una
antena más reducida y en costes va de aproximadamente 140.000 pesetas a
las 700.000 pesetas de cada antena del Intelsat. Por ello a nuestros
clientes de España llegamos por el Eutelsat, que es mucho más barato en
costes, incluso, que si tuviéramos el Intelsat, que nos valía para llegar
a España pero no nos servía para llegar con señal audio.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Palomares.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Sobrado Palomares): El Hispasat lo
tenemos para señal de audio para América, porque no nos vale para señal
de audio el Intelsat.
En cuanto al rigor del control del gasto lo podemos deducir. Los gastos
que no sean de personal, de amortizaciones, son tres mil y pico millones
y el año pasado tuvimos un menos un uno por ciento. Dadas las medidas de
control de viajes, de control de transmisión, hicimos también unas
inversiones en transmisiones, que salen mucho más baratas, y por eso las
hicimos. Habla también de Telemadrid y dice que parece que se marcha. No
lo sé. Ellos se están marchando desde hace cuatro años. No lo sé. Cuando
firmamos un contrato hace cuatro años me dijeron que se iban a marchar al
año siguiente y no fue así. Ahora bien, sí estamos preparados en el caso
de que se marche Telemadrid. Telemadrid paga bien, en estos momentos paga
bien, aunque hubo momentos en que no lo hizo. Al día de hoy paga
estupendamente. No sé por qué, pero me parece muy bien que pague de esta
manera. Y me pregunta si se va a marchar. Hace cuatro años nosotros
dependíamos en un 80 por ciento de Telemadrid. Actualmente la factura de
Telemadrid es el 50 por ciento de la factura del departamento de
televisión, y para eso tenemos el 50 por ciento del personal contratado
temporal para, si se marcha, poderlo adecuar y que no lesione los
intereses de Efe.
¿Cuántas inversiones se han realizado? Ha visto su señoría que el 50 por
ciento no son inversiones para Telemadrid, hay un 50 por ciento que son
inversiones destinadas a otros objetivos, y le puedo decir que, como son
cinco años, están amortizadas las inversiones que hemos hecho.
Respecto a las cuestiones planteadas relacionadas con el consejo de
administración, le puedo decir que el consejo de administración nombra al
Presidente de Efe, el Presidente de Efe no nombra al consejo de
administración. Las personas que lo componen me parecen muy capacitadas,
colaboran a fondo en la gestión de Efe. Jamás se inmiscuyen en la
política informativa de Efe, le puedo decir que jamás se han entrometido
en dicha política, nadie jamás me dio ninguna indicación. Y respecto a la
duración de los consejos de administración, ésta en una media de dos o
tres horas.
El señor PRESIDENTE: El señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias por su comparecencia, señor Palomares.
En una comparecencia llena de datos económicos, me gustaría hacer algún
tipo de reflexión más bien cualitativa que cuantitativa y lo más breve
posible sobre algunos aspectos de la situación de la Agencia Efe y de su
estatuto. La Agencia Efe, como usted sabe mejor que nadie, es una de las
cinco grandes agencias internacionales de noticias y es, sin duda, la
primera de origen y habla hispana por distintos conceptos. Sólo con
conocer cuál es el consumo de información en Iberoamérica pone de
manifiesto la importancia de la función que desempeña la Agencia Efe, ya
que una tercera parte de la información publicada se refiere a la propia
Iberoamérica. Las noticias en Iberoamérica están servidas aproximadamente
en una tercera parte por agencias anglosajonas y en otra tercera parte
por agencias latinas, y de éstas las dos terceras partes corresponden a
Efe.
En consecuencia, en el mundo en el que estamos, dominado por grandes
agencias anglosajonas o por la francesa AFP, que la Agencia Efe tenga
esta capacidad de penetración en el mercado iberoamericano
fundamentalmente le da un carácter estratégico y hace que su estatuto
jurídico público nos parezca el más adecuado para la Agencia Efe. Esta es
una de las cuestiones que quería señalar, porque en
alguna otra intervención como la realizada por la señora Mato se ha
indicado que el propósito del Grupo Parlamentario Popular era la
privatización de la Agencia Efe. Nuestro grupo parlamentario está
absolutamente en desacuerdo con ese propósito. Nos parece que a la vista
de estos datos, con los que yo iniciaba mi intervención, relativos a la
presencia de la Agencia Efe en Iberoamérica, solamente la importancia que
tiene la presencia cultural española en el mundo, aparte de la presencia
en el interior de nuestro país --no parece que puedan disociarse ambas
cosas--, justificaría su carácter de estatuto público. En consecuencia,
apoyamos claramente el tenimiento de la Agencia Efe con su estatuto
público.
Ahora bien, esto significa que pueden producirse una serie de problemas
económicos por los que ha atravesado la Agencia Efe y todas las agencias,
problemas que deben ser resueltos con una buena gestión, y en este
momento es insustituible el apoyo financiero público. El hecho de que el
gran cliente de las agencias, que eran en su momento los periódicos,
hayan disminuido su presencia en la comunicación, en beneficio de la
radio y de la televisión, hace que haya habido problemas financieros en
las agencias internacionales y en la Agencia Efe también, naturalmente.
Nosotros apoyamos el mantenimiento de una financiación pública, parcial,
de la Agencia Efe e incluso en algunos aspectos no nos parece todo lo
extensa que debería ser. Lo mismo que sucede en países de nuestro
entorno, el caso de Italia, el caso de Francia que usted ha mencionado o
el caso de Alemania. Ahora bien, partiendo de esta posición previa, creo
que hay algunos elementos que deberían modificarse sustancialmente, en la
forma de funcionamiento de la Agencia Efe, en sus aspectos económicos y
de gestión y yo brevísimamente voy a enumerarlos por si es posible que
usted nos diera su opinión al respecto.
En primer lugar, en cuanto a los datos, le agradecería que la respuesta
que dé a la señora Mato sobre los datos que le ha pedido también los
hiciera llegar a nuestro grupo parlamentario, pues nos serían de mucha
utilidad. En concreto, no nos queda claro cuáles son los resultados de la
gestión, desde el punto de vista estrictamente económico, en cuanto al
ámbito nacional e internacional; es decir, la gestión del negocio de la
Agencia Efe en el Estado y la gestión en el ámbito internacional.
Imaginamos que son bastantes diferentes los resultados y, como están
agregadas las cantidades casi siempre, nos gustaría saber, me imagino que
en la Agencia Efe habrá una forma de evaluar cuál es la rentabilidad de
la gestión de Efe en el Estado y fuera del Estado. Seguramente esto
conduciría a plantearnos cuál es el tipo de relaciones económicas que hay
con el Estado a través del contrato de servicios y si éste es el modelo
que debería funcionar en un futuro o no. Más adelante voy a volver sobre
esta cuestión.
En segundo lugar, me quería referir también a la forma de la dirección de
la Agencia Efe. Tengo aquí la Constitución Española que en su artículo
20.3 dice que la ley regulará la organización y el control parlamentario
de los medios de comunicación social dependientes del Estado y
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad. No es fácilmente
comprensible que exista un consejo de Radiotelevisión en Televisión
Española, al que tienen acceso los grupos políticos, y sin embargo, nos
sucede los mismo con la Agencia Efe. Precisamente en estos momentos
estamos en trance de plantearnos una reforma del Estatuto de
Radiotelevisión, como usted sabe. Quizá sería el momento de plantearnos
también esa reforma respecto de la Agencia Efe, puesto que Efe es un
órgano de comunicación dependiente del Estado (es una sociedad anónima
estatal) y debería adecuar la dirección de su gestión a esa situación.
Por último, me querría referir a algunos puntos frágiles del proyecto de
Efe en estos momentos y sobre los que le agradecería también una
contestación; puntos frágiles compartidos dentro de la propia Agencia
Efe, por tanto no es una novedad lo que le voy a contar, pero me gustaría
saber cómo piensan afrontarlos. En primer lugar, la Agencia Efe no ha
conseguido un liderazgo cualitativo en las primeras páginas de los
periódicos (éste es un elemento de calidad, no de cantidad, no tiene que
ver con el número de noticias sino con la audiencia de esas noticias) por
ausencia de una cierta agresividad a la hora del funcionamiento
estrictamente profesional en el campo de la comunicación. En segundo
lugar, la Agencia está considerada como la segunda agencia en medios
escritos iberoamericanos porque no existe un servicio de fotos en la
oferta de la Agencia Efe, lo que significa que en un momento determinado
podía ser más fácil prescindir de la Agencia que de AP o de France
Presse, por ejemplo, y ése sin duda es un riesgo que existe para el
futuro. En tercer lugar, en España (y también esto proviene de estudios
realizados en el interior de la Agencia Efe, por tanto yo creo que
compartido por la propia Agencia) usted sabe que los incrementos de
ingresos generados en los servicios básicos de la Agencia, en los últimos
años, se han originado vía aumento de tarifas y no vía aumento de la
productividad.
Por último, también hay que ser conscientes de que la diversificación que
se ha emprendido en el sector audiovisual tiene un techo (se manifiesta
en las dificultades que ahora mismo están atravesando televisiones o
radios), y es difícil que en el futuro estos servicios puedan actuar como
financiadores de la estructura básica de la Agencia, a diferencia de lo
que ha sucedido en estos últimos años. Es decir, estamos en una situación
de una cierta posición de riesgo para el futuro, de cambios importantes
para el futuro, y nos gustaría saber si existen unos planes en la Agencia
para enfrentar estos significativos problemas con los que se va a
encontrar y se está encontrando ya la Agencia Efe, y que van a afectar a
su propia estabilidad. Seguramente no es posible mantener por más tiempo
un sistema de contrato de servicios que se hace año a año, un poco en
función del resultado de la gestión del año anterior, por tanto con
previsiones algo arbitrarias, y se echa en falta una planificación a
medio y largo plazo, que no existe en este momento y que solamente sería
posible yendo a técnicas de contratos-programa del Estado con Efe, o algo
parecido, que signifiquen que existe una verdadera estrategia en la
Agencia Efe. Probablemente en estos momentos no existe una verdadera
estrategia desde el punto de vista no
solamente comunicacional, sino económico, de cara a nuevos negocios que,
sin duda, es la única vía posible en el futuro de mantenimiento de los
niveles de autofinanciación que la Agencia Efe tiene, e incluso en esa
línea que usted señalaba en el gráfico de ir haciendo descender la parte
que el Estado aporta a Efe por vía del contrato de servicios. Nos
gustaría saber cuál es su opinión al respecto, cómo piensa contrarrestar
estos desafíos del proyecto, que ha sido bien calificado como proyecto de
Estado, esto que representa Efe, y que viene referido nada menos que a la
opinión pública mundial.
El señor PRESIDENTE: Señor Mohedano, tiene la palabra.
El señor MOHEDANO FUERTES: Tendría derecho nuestro Grupo,
reglamentariamente, a plantear al Presidente de la Agencia Efe algunas
preguntas en relación con la exposición que ha hecho en esta
comparecencia. Pero aparte de lo exhaustiva que ha sido su intervención,
y también para evitar que la señora Mato, portavoz del Grupo Popular,
pudiera pensar que nuestras preguntas podrían tener casi un efecto de
reduplicar ese carácter propagandístico que injustamente le atribuía en
algunos momentos de su intervención a la Agencia Efe, y dada también la
hora que es, no vamos a hacer ninguna pregunta; tiempo habrá en próximas
comparecencias para hacer preguntas sobre los aspectos más fundamentales,
podríamos decir mollares, que cumple o debe cumplir una agencia estatal
de las características de la Agencia Efe, una de las principales agencias
mundiales de información.
Créanme, señor Presidente, señoras y señores Diputados, que he estado
escuchando atentamente, con el máximo interés, la exposición del
compareciente y también las de la Diputada y el Diputado que han
intervenido. Mi intervención va a ser exactamente la misma, en sus líneas
fundamentales, que hubiera sido en la comparecencia del Presidente de
esta agencia estatal en otro momento anterior y en otro momento político
distinto, mañana o pasado mañana (me refiero en tiempos políticos), ante
una comparecencia de estas características. Porque no sólo a tenor de lo
que se pide en la comparecencia, sino a tenor de lo que nos debe
interesar como responsables políticos y como parlamentarios, lo
fundamental es si la Agencia Efe española cumple su función de
divulgadora y de presencia idiomática e informativa de España en el
mundo, primordialmente en el mundo iberoamericano, no sólo en el mundo
iberoamericano pero fundamentalmente. Y en segundo lugar, si el
presupuesto y los recursos financieros en orden a esa presencia
informativa e idiomática son los correctos, incluido su contrato de
servicios con el Estado, y si esos recursos son administrados de forma
correcta y, por tanto, la gestión de esta Agencia, que es más que una
empresa (porque es una empresa no sólo económica sino también al servicio
de los intereses culturales y de la presencia en España en el mundo), se
ha realizado correctamente. En esos términos, en los que pienso que
coincidiríamos todos los presentes, no habría que hacer excesivas
intervenciones o excesivas disquisiciones sobre la comparecencia que se
ha realizado. Tan es así que una parlamentaria que es una persona
inteligente y una parlamentaria incisiva, lo que tenemos que agradecer
siempre desde el Partido que soporta al Gobierno, no digo que haya
cometido el error, pero no ha tenido más remedio o la necesidad de acudir
a bordear algunos asuntos periféricos, no centrales, sobre lo que debe
ser la función de la Agencia Efe y la gestión de sus directivos, lo cual
ha dado lugar a dos consecuencias.
La primera consecuencia es que en esta comparecencia ha puesto un mayor
énfasis, como derivación de estos temas que se han planteado por los
peticionarios de la comparecencia, en aspectos no digo que no sean
importantes ni que sean secundarios pero que no son los asuntos mollares,
probablemente, porque sinceramente no hemos apreciado, con los datos que
se nos han dado y que conocemos, nada incorrecto. La Agencia Efe --no
sólo por lo que conocemos o por lo que se nos ha dicho en este caso, sino
cuando viajamos por Iberoamérica y cuando nos enteramos de la opinión de
la comunidad informativa en España-- es una agencia que tiene un
prestigio en el mundo, al que llega fundamentalmente en Iberoamérica y
también en la comunidad de medios de comunicación en España. Por otro
lado, no hay ningún dato de los que conocemos, de los que han sido
preguntados y han sido dados, no sólo con exhaustividad sino
diáfanamente, casi espontáneamente, por el compareciente, que nos haga
pensar en una incorrección en la gestión económica. Nos decía la señora
Mato que ella no quiere una mala gestión económica de la Agencia Efe.
Nosotros no la queremos, efectivamente. Y si ella hubiera apuntado
realmente algún dato importante, sobre él podríamos discutir, pero no ha
sido así.
La segunda consecuencia --en ese tono a veces serio pero sarcástico de la
portavoz del Grupo Popular-- es que ha provocado al compareciente, en esa
misma línea de algunos aspectos periféricos, a que nos inundara
exhaustivamente de información sobre esos otros aspectos que --como
digo--, sin dejar de ser importantes, quizás la hora en que estamos no
nos permita plantear algunas de esas cosas que el Diputado López Garrido
decía que eran aspectos cualitativos, sobre los cuales a veces debemos
tener también una cierta precaución, porque cualquier medio de
comunicación, incluida una agencia estatal, tiene una gran libertad de
expresión y es difícil preguntarse --no sé si se podrá preguntar o no--
si la información que da ocupa o no muchas veces las primeras páginas de
los periódicos. Yo estoy seguro, y al hilo de la intervención también de
la señora Mato, de que una de las informaciones que ha ocupado la primera
página de los medios de comunicación escrita en estos últimos tiempos de
manera más amplia ha sido, precisamente, la entrevista con el Presidente
del Gobierno que se realizó hace pocas semanas. Por tanto, nos meteríamos
quizá en un terreno no digo que no sea importante, pero en un terreno un
poco vidrioso. Entrevista con el Presidente del Gobierno, señora Mato,
que por el énfasis que ha puesto usted por lo menos en dos ocasiones en
esta comparecencia, que era fundamentalmente sobre la situación económica
de la Agencia Efe y las previsiones económicas para el ejercicio del año
1994, me reconocerá usted --se lo digo con todo respeto y con todo
afecto-- que es un poco
estrecha, un poco cicatera la relevancia que le da usted. Yo comprendo
perfectamente que desde una opción política determinada, beligerante en
el juego democrático, le pueda a una persona gustar o no en un momento
determinado que la agencia estatal haga una entrevista al Presidente del
Gobierno. Pero si atendemos a las circunstancias, al momento --no al
momento electoral sino precisamente después de las elecciones--, no
podemos dar esa relevancia de reproche y de crítica a la Agencia Efe
porque haga una entrevista --de las pocas que se han hecho al Presidente
del Gobierno por esta agencia durante los últimos años-- al Presidente
del Gobierno en España, cualquiera que sea su afiliación política, la
ideología o el partido al que pertenezca; una entrevista al Presidente
del Gobierno que quiere para sí no sólo la Agencia estatal Efe sino
también muchos medios de comunicación que probablemente están pujando (El
señor Cisneros Laborda: Pero no se la dan.) sobre todo en algunas
coyunturas, para realizar esa entrevista. La prueba es que precisamente
de manera coetánea a la entrevista de la Agencia Efe al Presidente del
Gobierno se le hicieron varias entrevistas más en otros medios de
comunicación, fundamentalmente televisiones y radios privadas, no por una
agencia estatal.
En consecuencia, aceptando perfectamente los términos en los que se
plantea por la portavoz del Partido Popular --y nos parece absolutamente
lógico que lo haga así--, reconozcamos también, en una especie de examen
de conciencia colectivo, que es un poco cicatero plantear ese reproche
por el hecho de que se haga una entrevista al Presidente del Gobierno de
España en un momento no electoral y cuando, además, era requerido no sólo
por la Agencia Efe sino por otra serie de medios de comunicación
privados, porque también es importante conocer cuál es la opinión del
Presidente del Gobierno --igual o más que la de otros responsables
públicos-- en determinadas coyunturas políticas.
Dejando al margen esta circunstancia concreta que ha sido planteada por
la portavoz del Partido Popular, que sinceramente creemos que es un poco
exagerada aunque nos parece, como decimos, lógico que la platee, quizá en
otra oportunidad podamos volver a discutir más concretamente cuál es la
proyección real que desde el punto de vista de la función idiomática y de
la función informativa tiene la Agencia Efe en el mundo, y algunos
aspectos de mejora quizás de este papel que cubre la Agencia Efe.
No vamos a entrar en otros detalles como, por ejemplo, el consejo de
administración de la Agencia Efe, entre otras cosas porque no es función
del compareciente, porque no es él el que nombra al consejo de
administración. Sí que es una agencia estatal. Nuestro grupo político
mantiene el que tenga ese carácter estatal y carácter público, que tenga
esa financiación actual a través del contrato de servicios que, por
cierto, en términos relativos, no ya sólo comparado con los contratos
similares que tienen otras agencias en países circundantes, en Francia,
en Italia o en Alemania, pensamos sinceramente que en esos términos, por
ejemplo, el Parlamento francés no dejará de apoyar hasta el máximo la
agencia France Presse, que cubre un papel informativo importantísimo de
Francia en el mundo, no dejará de apoyarla, no en los términos actuales
sino incluso incrementando ese apoyo, porque es un contrato de servicios
que se ha mantenido congelado en los últimos seis años y que, además, en
términos relativos su aumento ha sido absolutamente escaso o incluso
decreciente si hablamos en términos relativos. Y, sobre todo, teniendo en
cuenta que el índice de rentabilidad de la empresa ha sido importante,
porque se han invertido prácticamente los términos del apoyo económico
del Estado a través del contrato de servicios y los resultados económicos
de su gestión. Ha pasado de un 35-65 en contra de los resultados de la
empresa, a un 65-30 a favor precisamente de esos resultados de la propia
empresa, disminuyendo en esa proporción en contrato de servicios del
Estado.
El Consejo de Administración no es función del Presidente de la compañía,
como he dicho. En cualquier caso, apoyamos ese carácter estatal de la
compañía y un consejo fundamentalmente técnico. Podemos discutir en otro
momento cuál debe ser la composición del Consejo de Administración de la
Agencia Efe, pero precisamente cuando estamos hablando de revisar el
Estatuto de Radiotelevisión, una de las líneas de orientación que se
están planteando es perfilar un futuro consejo de administración más
técnico y precisamente ese carácter más técnico es el que, en principio,
parece que tiene la Agencia Efe, sin que hasta el momento nadie haya
podido decir que el Consejo de Administración de la Agencia Efe, se reúna
mucho o se reúna poco, haya interferido en lo más mínimo en la línea
informativa y en el trabajo independiente de los profesionales de ese
medio.
Nos da igual, a esos efectos, que los miembros del Consejo de
Administración, designados --me parece, no estoy muy seguro-- por el
Patrimonio, pertenezcan a un organismo del Estado o a otro. Lo que es
importante es que en estos momentos, igual que decía que no teníamos
ningún dato hasta ahora, a la vista de los informes, de que no haya
habido una expansión de la labor idiomática informativa de la Agencia
Efe, una expansión además acertada, adecuada a las innovaciones
tecnológicas en el mundo; de que se hayan administrado incorrectamente
los fondos, los recursos y los presupuestos al servicio de esa función de
la Agencia Efe, tampoco tenemos ningún dato de que el Consejo de
Administración haya interferido en lo más mínimo en el trabajo
informativo de los profesionales de dicha Agencia Efe.
Por eso, señor Presidente, quería fijar mi intervención en estos
términos, sin dejar de agradecer al compareciente el carácter exhaustivo
y su espontaneidad en toda la información que nos ha dado y, cómo no,
también a la señora Mato, representante del Grupo Popular, que haya
ejercido esa sana labor de control democrático, en este caso
correctamente, como es natural, porque se trata de una agencia estatal.
Pero le pediría también, sinceramente, que, al margen de la perspectiva
política desde la que ella enfoca el control en esta comparecencia,
pudiéramos también reconocer que una agencia estatal, que siempre ha
tenido importancia para España en el mundo en el que ha desarrollado su
labor, si no ha acrecentado su prestigio --que yo creo que sí--, al menos
lo ha mantenido en ese papel
importante que juega no para el papá Estado, señora Mato, sino para el
Estado español.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sobrado Palomares por
cinco minutos, porque al señor Subsecretario de Interior, que de vez en
cuando aparece y abre la puerta, le tenemos esperando desde las cinco de
la tarde.
Le ruego, por tanto, que en cinco minutos dé contestación y, en todo
caso, envíe por escrito respuestas a lo que parece que ha quedado
comprometido.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Sobrado Palomares): No sé si
siempre tienen la razón los clientes o no, pero los clientes de una
agencia son muy importantes a la hora de medir su eficacia. Los clientes
de la Agencia Efe, la AEDE, lo han mostrado públicamente y cuando se han
firmado los contratos de servicios --con la AEDE, no con el Estado-- han
aceptado alguna vez subidas en virtud de que era importante la labor de
Efe y que era totalmente imparcial.
Le tengo que decir que en los últimos años nunca, jamás, a pesar de que
hemos cubierto dos elecciones generales, muchas autonómicas y
municipales, hemos tenido de ningún grupo parlamentario, de ningún
partido político una protesta o cualquier crítica de este tipo, sino todo
lo contrario. Incluso le puedo decir que de su Partido, señora Mato, a
través del máximo dirigente del mismo se ha dicho que la labor de Efe era
correcta en términos generales, y lo han dicho exponentes de su partido.
En cuanto a lo del Consejo de Administración --y voy terminando-- no me
meto en esos temas, pero sí que voy a dar una idea de filosofía
pragmática, y es que es una agencia mundial, y lo que no se debe percibir
en los ámbitos mundiales, principalmente en Iberoamérica, donde hay una
sensibilidad especial, es que el Gobierno español actúa sobre la Agencia
Efe. Cualquier fórmula de consejo --no me meto en ella-- o de control
parlamentario que sirviera a una incidencia de los poderes públicos y
políticos en la Agencia Efe sería perjudicial.
Después de los puntos frágiles, primeras páginas de los periódicos. A
veces nosotros somos como un canódromo, que se suelta al lebrel y coge la
liebre. Nosotros a veces cazamos las noticias y las levantamos, pero lo
hacemos a las once de la mañana, entonces los periódicos tienen todo el
día para trabajar sobre esa noticia y la dan en primera página al día
siguiente, pero no citan a Efe. Por ejemplo, nosotros fuimos los que
dimos lo de don Mariano Rubio ayer, y hoy llena todas las primeras
páginas de los periódicos; fue, repito, la Agencia Efe la primera que lo
dio. No me meto en el fondo. Por ejemplo, la entrevista con el Presidente
del Gobierno ocupó todas las primeras páginas, pero no quiero meterme en
eso.
Hay muchas noticias que después los periódicos utilizan a su antojo y
hacen muy bien, para eso nos pagan.
Respecto a lo que me decía usted de que crecimos por aumento de tarifas,
es que el cien por cien de los periódicos españoles son clientes de Efe,
entonces sólo nos queda el recurso de dichas tarifas o no habrá
servicios.
Y hemos creado servicios regionales, los cuales han tenido una
aceptación, y en este momento estamos creando servicios gráficos para las
autonomías.
Esto nos permitirá una nueva facturación en las empresas, pero como el
cien por cien son clientes, insisto, no tenemos otro medio, sólo ese.
El contrato de servicios con el Estado quisiera que fuera un contrato
jurídicamente sólido, suficiente económicamente y también con una
temporalidad que nos permita hacer unos esquemas de operación de futuro.
Tenemos una estrategia económica perfectamente definida y escrita, y
antes de final de año la imprimiremos para que todos tengan los objetivos
a corto y medio plazo de la Agencia Efe; unos objetivos clarísimos desde
el punto de vista económico e informativo.
En resumen, puedo asegurar que la Agencia Efe gestiona con el máximo
rigor, con la máxima transparencia y le diría que incluso con ascetismo.
El señor PRESIDENTE: La señora Mato tiene la palabra.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, voy a ser absolutamente breve.
Solamente tres cosas.
En primer lugar, anticipar al Presidente de la Agencia Efe que le voy a
plantear todas las preguntas prácticamente que he expuesto en esta
Comisión, puesto que no se ha contestado concretamente a ninguna de
ellas.
Fundamentalmente no se ha respondido ni a la referente a deudores, ni a
incrementos retributivos, ni al propio plan de objetivos que es
importante. Y anticipo también que si existe ese plan de objetivos
pediremos una comparecencia para que se nos explique en esta Cámara.
En segundo lugar, quiero aclarar que cuando he hablado de la posibilidad
de privatización he dicho que era privatización parcial de la Agencia
Efe, tan parcial que hemos dicho que daba entrada a los clientes, pero
que nunca tuvieran una posición mayoritaria en la Agencia. Eso que quede
bien claro.
En cuanto al carácter propagandístico, que nunca se había dado en la
Agencia Efe. Espero que se haya dado única y exclusivamente con la
entrevista que se le realizó al Presidente Felipe González y estoy segura
de que se acabará con eso y no tendremos que volver a lamentar incidentes
como este.
En tercer lugar, ratificar todos los datos que he presentado y lo único
que sí queda claro de esta intervención es que el resultado negativo de
la Agencia Efe de 1993 es casi de 11.000 millones de pesetas: seis mil de
deuda entre corto y largo plazo, 1.456 de pérdidas y 3.400 del contrato
con el Estado. Casi, repito, 11.000 millones de pesetas es el resultado
del año 1993 según los datos que se han facilitado en esta Comisión.
Por último --agradeciendo la comparecencia del señor Presidente--,
comentar que el carácter estatal de la Agencia Efe nada tiene que ver con
un carácter gubernamental de la misma. Por tanto, es impresentable
absolutamente la composición del Consejo de Administración en estos
momentos, de lo cual sí tiene toda la responsabilidad no el Presidente de
la Agencia Efe, sino el Gobierno y don Felipe González.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Presidente de la Agencia Efe.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Sobrado Palomares): Tendrá usted
todos los datos que quiere.
Tengo que decir que, desde el punto de vista periodístico --hablo como
periodista--, me parecía que me debía ir de la Agencia Efe si no le
hubiera hecho esa entrevista al Presidente Felipe González (en ese
momento y con la personalidad de Felipe González). Si no se la hubiera
hecho, teniendo ocasión de ello, repito, desde luego merecería que me
echaran de la Agencia Efe; palabra que yo dimitiría desde mi sensibilidad
de periodista.
No entendí bien la cifra de 11.000 millones. Esa cifra es prácticamente
el Presupuesto global de la Agencia Efe. El endeudamiento fueron 2.300
millones el año pasado. No sé si he mezclado algo ahí. Puedo haberme
equivocado yo antes.
El señor PRESIDENTE: En todo caso está el «Diario de Sesiones» y se puede
aclarar leyéndolo.
Le ruego, señor Sobrado Palomares, que tal y como se ha comprometido, lea
el «Diario de Sesiones» y respecto de las preguntas sobre las que quiera
hacer alguna matización o complemento, lo puede hacer perfectamente por
escrito y daremos traslado de ello a los señores Diputados que lo han
solicitado.
Muchas gracias, señor Sobrado Palomares, por su comparecencia, y
esperamos verle nuevamente entre nosotros.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Sobrado Palomares): Muchas
gracias, señor Presidente.
--PREGUNTA SOBRE ACTUACION DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MELILLA RESPECTO
DE LA SITUACION POR LA QUE ATRAVIESAN CIUDADANOS DE DIVERSOS PAISES
AFRICANOS SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIO EN DICHA CIUDAD. FORMULADA POR
EL SEÑOR LOPEZ GARRIDO (Grupo IU-IC). (Número de expediente 181/000145.)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a tramitar el último punto del orden del
día, que es la comparecencia del señor Subsecretario del Ministerio del
Interior para contestar a la pregunta sobre la actuación del Delegado de
Gobierno en Melilla respecto a la situación por la que atraviesan
ciudadanos de diversos países africanos solicitantes de asilo y refugio
en dicha ciudad.
Señor Subsecretario, bienvenido al seno de esta Comisión.
El señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: También muy brevemente, dado el tiempo que lleva
aquí esperando esta ocasión el señor Subsecretario.
El 20 de diciembre del año pasado formulé una pregunta a su antecesor en
el cargo, señor Moreno Catena, sobre esta misma cuestión relativa a que
casi doscientas personas solicitantes de asilo atravesaban una situación
de penuria económica, sanitaria y de todo tipo en Melilla.
Como usted sabe, este problema empezó a nacer en octubre del año 1991,
cuando crece de una forma inusual el número de personas que proceden de
países de Africa negra y da lugar a una serie de situaciones inaceptables
desde el punto de los derechos humanos, ya que estas personas son, en
primer lugar, expulsadas de Melilla hacia Marruecos, pero este país no
las quiere admitir y las sitúa en un territorio de nadie en opinión del
Gobierno español en ese momento, no del Defensor del Pueblo, que
interviene activamente. Esto desemboca en una demanda ante la Comisión
Europea de Derechos Humanos y como consecuencia de la misma empieza a
solucionarse el problema, pero parcialmente, ya que aún quedaban en ese
momento bastantes personas en Melilla, concretamente en el Hospital de la
Cruz Roja, sin un alojamiento mínimamente adecuado.
Nosotros señalamos en ese momento que seguramente los problemas venían,
aparte de por cuestiones fácticas debido a la dificultad de documentar a
esas personas, de las difíciles relaciones del Delegado del Gobierno con
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y abogábamos porque se
restablecieran unas buenas relaciones con CEAR, que, como usted sabe,
tiene una importante capacidad de relación y de contacto --decía yo en
aquella intervención de hace algunos meses-- con personas en el Africa
sudsahariana.
La pregunta que hoy le hacemos es sobre la situación de esas personas en
este momento, cómo ha evolucionado este problema, si se han solucionado
las difíciles relaciones del Delegado del Gobierno con quienes se
preocuparon por todo ello, tanto CEAR como otras organizaciones no
gubernamentales, y cuál es, en lo sucesivo, la posición que va a adoptar
el Gobierno español a ese respecto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR: (Puig de la Bellacasa y Aguirre):
Señoría, no voy a entrar a explicar la actuación del Delegado del
Gobierno en Melilla en relación con el colectivo centroafricano.
Remontándonos al año 1991, creo que ha habido diferentes comparecencias
sobre este tema; S. S. se ha interesado en varias ocasiones por la
situación de este colectivo, la última de ellas, efectivamente, en el mes
de diciembre. Yo creo que el interés de mi comparecencia aquí es
justamente el de explicar la situación del colectivo de centroafricanos
que todavía están en la ciudad de Melilla.
Nos estamos refiriendo a un colectivo de ciudadanos que entraron en
España de manera irregular --esto es importante destacarlo--, en la
ciudad de Melilla, a lo largo del año 1992. Se habla, al referirse a este
colectivo, de un número inusual. Yo creo que 200 personas, teniendo en
cuenta lo que pueden ser los flujos migratorios en otras zonas de Europa
o del mundo, es una cifra casi irrisoria.
Tiene importancia teniendo en cuenta la propia idiosincrasia de la ciudad
de Melilla, en donde conviven diferentes colectivos: hay un colectivo
importante musulmán, evidentemente español, ya que se ha nacionalizado a
partir de la Ley de Extranjería, en los años 1985-1986; hay un colectivo
importante de origen hebreo, y otro colectivo de origen hindú. Es decir
que hay un problema de una convivencia --yo creo-- bastante armónica,
sobre todo en los últimos años, de los diferentes colectivos étnicos que
conviven en la ciudad de Melilla, y la entrada en un momento determinado
de 200 personas, que, vuelvo a repetir, es un dato irrisorio a nivel
nacional, podía plantear, teniendo en cuenta que alguno de estos
colectivos, fundamentalmente el colectivo musulmán, todavía tiene
carencias de tipo social importantes, problemas de agravios comparativos
que, evidentemente, en la acción del Delegado del Gobierno había que
tener en cuenta ya que hubo quejas de representantes del colectivo
musulmán a dicho Delegado por determinadas actuaciones que pudo haber
excesivamente favorecedoras del grupo de centroafricanos, que, vuelvo a
repetir, habían entrado irregularmente en la ciudad de Melilla. Hay que
recordar que, además del alojamiento en Cruz Roja, se les suministraron
alimentos, ropas y enseres de aseo, y algunos de ellos, los que reunían
las condiciones establecidas, tuvieron la ayuda individual de 32.000
pesetas por parte del Inserso. A lo largo de este proceso, parte de este
colectivo, no todo, solicitó asilo y refugio.
No voy a entrar en lo que fue todo ese proceso --creo que ya ha habido
alguna comparecencia al respecto-- pero sí diré que de esas 196 personas
solamente cinco se pudieron acoger al Estatuto de Refugiado, con el voto
unánime de la Comisión de Asilo y Refugio, es decir, de todos los
componentes de los diferentes Ministerios que participan en esa comisión,
y del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Evidentemente, por el proceso, que fue muy difícil, muy largo, de
entrevistas de estas personas --el propio proceso de irregularidad en la
ciudad de Melilla--, nos encontramos con un colectivo de, repito, en
torno a 190 personas con el que había que hacer algo. Partiendo de esta
base, y con carácter excepcional fundamentalmente por razones
estrictamente humanitarias, se tomó --después de una reunión con el
anterior Ministro del Interior en el mes de septiembre pasado, de acuerdo
con organizaciones no gubernamentales-- la decisión de intentar
regularizar, de integrar al máximo número posible de estas personas en la
ciudad de Melilla o en otros lugares del territorio nacional. Esto se ha
venido haciendo de manera paulatina, atendiendo en muchos casos a la
situación documental de estos ciudadanos (muchos de ellos no tenían
ningún tipo de documentación; otros, en el período anterior, incluso la
habían ocultado, y la prueba es que han aparecido documentos en el
momento en que se ha abierto este proceso de regularización), y para ello
se contó con la colaboración fundamental, por un lado, de Cruz Roja y,
por otro, de Cáritas, que ha sido la organización que ha trasladado y que
ha intentado integrar (con el acuerdo, en algunos casos, de
ayuntamientos, y, en otros casos, de diputaciones, de organizaciones no
gubernamentales) este número de personas en diferentes lugares de España.
Se les ha dotado de permiso de trabajo y residencia.
Yo mismo, en mi anterior responsabilidad de Director general de Política
Interior, di instrucciones a los gobernadores civiles para que
favorecieran justamente la entrega de esta documentación de permisos de
trabajo y residencia, y por tanto, creo que se ha hecho un esfuerzo
importante.
Paralelamente a esto, se tuvo, a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores, contacto con diferentes embajadas para intentar
documentarles, y después de este proceso, desde el mes de septiembre, en
que se decide por parte del Ministro la integración de este colectivo y
su salida de la ciudad de Melilla, al día de hoy, sólo queda en Melilla
un grupo de 39 personas, de las cuales 32 ya han sido recientemente
documentadas a lo largo del mes pasado, y esperamos, según una
conversación que he tenido antes de venir a la Comisión con el Delegado
del Gobierno y con responsables de Cáritas, que su traslado a la
península se produzca en el plazo de una semana, con lo cual quedarían
única y exclusivamente siete personas que vamos a intentar hacer todas
las gestiones con las delegaciones diplomáticas justamente para
documentarlas, porque, en caso contrario, sería absolutamente imposible
su regularización y tendrían que ser devueltas a sus países de origen.
Por tanto, yo creo que la actuación del Delegado del Gobierno en Melilla
ha sido correcta, lo reitero en este momento. Me parece que se han
enfrentado, en una ciudad complicada --vuelvo a repetir--, con diferentes
colectivos; se ha enfrentado a un problema de difícil solución; se ha
encontrado con una situación de hecho complicada, y yo creo que frente a
esa situación ha cumplido con su misión, que es intentar aplicar la ley,
y hacerlo en todo momento con un sentido equilibrado y humanitario, como
ha demostrado con el resultado de estas gestiones. Pienso que ha
impulsado y ha apoyada la actuación de otro tipo de organizaciones no
gubernamentales. Usted cita a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado,
que en mi conocimiento no tiene representación en la ciudad de Melilla;
se ha trasladado alguna vez desde Sevilla el responsable de CEAR en
Andalucía, pero los que han llevado directamente el trabajo con este
colectivo fueron, por un lado, el responsable de Cruz Roja en la ciudad
de Melilla, y, por otro, el responsable de Cáritas interparroquial en
dicha ciudad.
Yo creo que el Delegado del Gobierno ha apoyado justamente estas tareas,
ha colaborado en las mismas, ha coordinado la actuación de estas
organizaciones humanitarias y, por tanto, desde la posición de nuestro
Ministerio, ha actuado con todo rigor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario.
Finalizamos el orden del día con este último trámite. Le doy las gracias
por su asistencia y convocaremos una próxima reunión.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.