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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 163, de 13/04/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 163
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN
Sesión núm. 17
celebrada el miércoles, 13 de abril de 1994
ORDEN DEL DIA:
--Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley
por la que se modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
(Procedente del Real Decreto-ley 21/1993, de 29 de diciembre.) (BOCG
serie A, número 52-1, de 11-2-94. Número de expediente 121/000039.)
(Página 5184)
--Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, del
proyecto de ley por la que se modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias. (Procedente del Real Decreto-ley 21/1993, de 29 de diciembre.)
(BOCG serie A, número 52-1, de 11-2-94. Número de expediente 121/000039.)
(Página 5184)
Proposiciones no de ley:
--Sobre sectores o zonas geográficas en que está justificada la presencia
del sector público empresarial. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG serie D, número 57, de 21-2-94. Número de expediente
161/000122.) (Página 5190)
--Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del
Ministerio de Comercio y Turismo, previa remisión de un informe, para que
dé cuenta de la ejecución de su presupuesto. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 67, de 4-3-94. Número de
expediente 161/000138.) (Página 5194)
--Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del
Ministerio de Economía y Hacienda, previa remisión de un informe, para
que dé cuenta de la ejecución de su presupuesto. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 67, de 4-3-94. Número de
expediente 161/000139.) (Página 5194)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Economía cuyo
objetivo a lo largo de la mañana de hoy es dar cumplimiento al orden del
día que SS. SS. conocen y que se compone, básicamente, de la aprobación,
con competencia legislativa plena, de un proyecto de ley y de varias
proposiciones no de ley.
-- RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 20/1991, DE 7 DE JUNIO, DE MODIFICACION DE
LOS ASPECTOS FISCALES DEL REGIMEN ECONOMICO FISCAL DE CANARIAS
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 21/1993, DE 29 DE DICIEMBRE). (Número de
expediente 121/000039.)
El primer punto del orden del día, la ratificación de la Ponencia
encargada de informar el proyecto de ley por el que se modifica la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del REF
de Canarias, procedente del Real Decreto-ley 21/1993, de 29 de diciembre.
¿Ratifican SS. SS. la Ponencia? (Asentimiento.)
Queda ratificada la Ponencia por unanimidad.
--APROBACION POR LA COMISION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA
VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE
SE MODIFICA LA LEY 20/1991, DE 7 DE JUNIO, DE MODIFICACION DE LOS
ASPECTOS FISCALES DEL REGIMEN ECONOMICO FISCAL DE CANARIAS (PROCEDENTE
DEL REAL DECRETO-LEY 21/1993, DE 29 DE DICIEMBRE). (Número de expediente
121/000039.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día: aprobación
por la Comisión, con competencia legislativa plena, del informe emitido
por la Ponencia del proyecto de ley enunciado anteriormente.
Tengo que comunicar a SS. SS. que, respecto al artículo segundo del
proyecto de ley, se han aceptado en Ponencia las enmiendas números 2, 38
y 3 de los Grupos Popular y Socialista. El informe de la Ponencia dice
que todas estas enmiendas proponen la incorporación del texto normativo
contenido en la enmienda número 3. Sin embargo, la enmienda número 2 no
tiene nada que ver con las enmiendas 38 y 3. La enmienda número 2 ha
quedado incorporada en sus justos términos, como enmienda número 2, y la
enmienda número 3 es la que ha incorporado el texto referido a las
enmiendas 38 y 3.
Con esta salvedad, señorías, vamos a pasar a debatir las enmiendas que
permanecen vivas para su defensa en la Comisión.
En primer lugar, por el orden de presentación de enmiendas, concederé la
palabra al señor Mauricio, representante de Coalición Canaria, para la
defensa de las enmiendas que permanecen vivas después de haber sido
aprobadas en Ponencia sus enmiendas números 12, 21 y 23. Defenderá las
enmiendas 8 a 25, con excepción de la 12, 21 y 23.
Tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve porque
este texto tiene cierta dificultad y complejidad técnica y quisiera
evitar a SS. SS. un debate enormemente farragoso a estas horas de la
mañana.
Algunas de nuestras enmiendas que aún permanecen vivas ofrecen mejoras
técnicas de importante contenido. Este proyecto debería contar con un
esfuerzo de consenso, en el sentido de que los grupos que hemos
presentado enmiendas en la fase de Ponencia ya hemos realizado un notable
esfuerzo de aproximación y ahora, en la Comisión, entendemos que debemos
seguir en esa línea, a efectos, y ésa es la voluntad e intención de mi
Grupo, de conseguir un texto unánime del conjunto de los grupos
parlamentarios, para que pudieran aceptarse algunas de las enmiendas que
permanecen vivas y que todavía están en la última fase de lo que
pudiéramos llamar proceso de negociación.
Nuestra oferta es la búsqueda de ese consenso y en espera de que los
grupos mayoritarios de la Cámara acepten un bloque de nuestras enmiendas
que consideramos que tienen virtualidad y que son verdaderamente
positivas, que buscan la mejora técnica, la mejora de contenido y la
reducción de tipos que ofrecen otras enmiendas presentadas por el Grupo
Popular, en esa línea y dirección, nosotros damos por defendidas las
restantes enmiendas de nuestro Grupo y estamos abiertos y dispuestos a
consensuar, si se aceptan algunas de las enmiendas consideradas
esenciales por el Grupo de Coalición Canaria e incluso la posible
retirada de otras que siempre podrían ser mejoradas en otro trámite
parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cabrera Pérez-Camacho para
defender las enmiendas que permanecen vivas del Grupo parlamentario
Popular, enmiendas números 27, 31, 32 y 33, después del escrito que el
Grupo parlamentario Popular ha trasladado a la Mesa retirando toda una
serie de enmiendas, que no habiendo sido incorporadas en Ponencia,
proponen su retirada.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Nuestro Grupo desea, primero, hacer un
elogio del consenso que se ha logrado, casi total, entre los diferentes
grupos presentes en esta Comisión en relación con el Decreto-Ley 21/1993,
que modifica la Ley 2/1991. En el debate plenario se expusieron
exclusivamente dos grandes preocupaciones, por parte de todos los grupos,
pero especialmente del Grupo parlamentario Popular. La primera era que no
se convirtiera en algo rutinario, en algo que constituyera una cierta
jurisprudencia a nivel de Cortes Generales, el hecho de que se pudiera
modificar continuamente por decreto-ley una materia tan esencial, tan
importante para nosotros como es el Régimen Económico y Fiscal de
Canarias. Fue asentido unánimemente por la Cámara, el objetivo está
cumplido y nos congratulamos de que en el futuro, cuando se regulen las
materias que afectan al REF, cuando se regule una materia tan importante
como la que figura en la disposición adicional tercera de la
Constitución, se sepa que dicha garantía implica no solamente una
protección especial a nivel de informe previo del Parlamento de Canarias,
sino también una garantía de ley formal. No se podrán modificar nunca por
decreto-ley, solamente en casos muy excepcionales, tremendamente
justificados, las materias que están dentro del bloque que implica la
constitución económica de nuestra región.
Este es el primer objetivo, que nos afecta a todos; todos debemos
felicitarnos de que se siente el precedente y de que se siga la costumbre
de que el REF no se reforme sino muy excepcionalmente.
En cuanto al segundo objetivo, también lo anunciamos; en la propia
intervención que tuvimos en el Pleno dijimos que no íbamos a presentar
gran cantidad de enmiendas al texto en sí, ya que considerábamos que con
algunas enmiendas particulares se podía salvar gran parte de las
anomalías o imperfecciones que todo proyecto de ley implica. Y así lo
hicimos: hemos presentado una serie de enmiendas y debemos felicitarnos
de que tanto en Ponencia como en Comisión se haya llegado a un acuerdo
prácticamente global. De alguna manera se ha conseguido un gesto hacia el
consumidor canario, por lo menos en algunos productos que consideramos
esenciales y significativos. Todos sabemos que la recaudación del IGIC ha
superado con creces las cotas que se esperaban de él y, por tanto, se
justificaba que por parte del legislador nacional se estableciesen unas
reducciones o unas exenciones que repercutiesen de alguna forma sobre el
consumidor final canario.
Ello no obvia la responsabilidad que en su día pueda tener el Gobierno de
Canarias para hacer lo que nuestro grupo ha reclamado tantas veces: el
Gobierno de Canarias debe ser consecuente con ese exceso de recaudación
en el IGIC y proceder a una rebaja en los tipos del impuesto de
combustible. Esa es su responsabilidad, pero, por supuesto, no la de esta
Cámara, que es limitarse a las leyes de competencia estatal y en eso
estamos, en el IGIC, que es una ley competencia del Estado.
Conseguido, en virtud de ese consenso, una rebaja, una reducción
importantísima en cuanto a preparados lácteos, en cuanto a material
escolar y en cuanto a algunos productos de prótesis para minusválidos,
nosotros consideramos que es necesario ser consecuentes con lo ya
expuesto en su día en el Pleno, no defender el resto de las enmiendas y
desear que en el futuro las demás leyes que afectan a Canarias puedan
tramitarse con igual consenso que ésta.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas números 55 a 59,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado,
efectivamente, las enmiendas 55, 56, 57, 58 y 59. Consideramos que nos
encontramos ante un proyecto de ley sobre el que se ha trabajado con un
espíritu de consenso y de mejora técnica con objeto de adecuarlo a una
fiscalidad moderna integrada en lo que significa lo específico de
Canarias en el marco europeo. Nosotros hacemos una valoración positiva
del trabajo realizado en torno a esta reforma y a los aspectos y mejoras
que se han introducido en beneficio de la población de Canarias y de sus
agrupaciones económicas, sus intereses, etcétera, y estamos dispuestos a
retirar algunas enmiendas y a consensuar otras; estamos a la espera de
que se nos acepten --como se nos ha comunicado-- algunas de nuestras
enmiendas, ya que son muy pocas las que hemos presentado a este proyecto.
En todo caso, haríamos hincapié en la enmienda número 55 y en la número
57, que están muy relacionadas con una problemática que tiene especial
incidencia en la sociedad canaria: las viviendas sociales o de protección
oficial, que tengan un tratamiento adecuado para su potenciación como un
bien esencial, de acuerdo con lo que la Constitución Española establece,
que se tenga esa consideración para las viviendas de este tipo, las
sociales y las de protección oficial, con objeto de potenciarlas, de
acuerdo con la regulación final de la ley que nos ocupa en la mañana de
hoy. Esas serían para nosotros enmiendas que tienen una gran importancia
al margen de las características técnicas del proyecto, puesto que tienen
una importancia de carácter social que nosotros subrayaríamos. Por eso,
dentro de las enmiendas que mantenemos vivas, ésta se repite.
Las demás enmiendas tratan de suprimir algunos aspectos de ciertos
apartados. Pretenden la supresión para basarse en supuestos que no sean
de interés general o de interés social en relación con lo que recogen
esos apartados, así como evitar que haya renuncias de manera interesada
en torno a una serie de exenciones de carácter fiscal impositivo por
parte de algunos grupos que detenten este tipo de propiedades.
La última enmienda es al artículo primero, apartado veintiuno; proponemos
que se sustituya, en el número 7 de la redacción del artículo 43, «... el
quinto año natural...» por «... el tercer año natural...». Creemos que es
muy importante y que es suficiente un plazo de tres años, y no un plazo
tan prolongado como cinco años, para adecuar la modernización fiscal de
Canarias, con garantías para todo el mundo, pero en un tiempo que no sea
excesivo, con objeto de adecuarnos a la situación europea y a la
fiscalidad moderna lo más pronto posible. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Rogaría a los señores comisionados que hablaran un
poquito más bajo, para que los servicios taquigráficos puedan coger
perfectamente las intervenciones.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Convendría, en primer lugar y como prólogo al
debate, sobre todo por la traslación que se ha hecho al exterior con
respecto a este ahora proyecto de ley, recordar que el inicio de este
proyecto de ley fue la convalidación de un real Decreto-ley hecho por el
Gobierno en diciembre y que básicamente no hacía otra cosa que modificar
una serie de aspectos que la Ley 20/1991, de modificación de los Aspectos
Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, había dejado en una
situación no absolutamente concreta. Además, tenía que producirse una
serie de modificaciones como consecuencia de la regulación de la ley del
IVA. La necesidad de hacer coincidir la vigencia de ese real decreto con
la entrada en vigor en 1994 fue lo que llevó al Gobierno a optar por ese
mecanismo jurídico, aunque, como de todos es conocido, luego fue
convalidado por esta Cámara y hoy nos encontramos tramitándolo como
proyecto de ley.
Valga este preámbulo para señalar que los socialistas somos plenamente
conscientes de la significación que tienen los contenidos en materia de
régimen económico y fiscal de Canarias, los propios preceptos
constitucionales y los respetos institucionales que se establecen con
relación a estas materias, con independencia de la agilidad que hay que
introducir en determinadas ocasiones.
En segundo lugar, nos congratulamos de que se haya producido y se esté
produciendo este alto nivel de consenso entre todos los grupos, en una
ley que, como digo, venía fundamentalmente a dar operatividad al régimen
económico y fiscal. Creo que, al final, este consenso se ha fraguado en
la sensatez; se han ido imponiendo lo que eran los aspectos lógicos en un
debate de esta naturaleza y, por lo tanto, como digo, nos felicitamos en
este aspecto.
En cualquier caso, sí quiero señalar que, como a veces suele ser común en
el territorio canario, cada vez que se discuten estas materias se
producen determinadas huidas o fugas hacia adelante que conllevan la
presentación de determinadas propuestas, vía enmiendas, que pretenden
estar revisando permanentemente la cuasi totalidad de los aspectos del
régimen económico y fiscal. Afortunadamente, repito, el consenso se ha
ido generando en torno de la sensatez y peticiones que estaban
relacionadas con bajadas de impuestos generalizadas, en determinados
sectores que, incluso desde el punto de vista económico, no tienen
importancia social ni incluso su marcha hace pensar que tuviéramos que
adoptar medidas de reducción de los tipos impositivos que se le aplican,
se han reconsiderado. Sí hemos fraguado el consenso en torno a
determinados productos, bien por el volumen de consumo o bien por sus
propias características, como pueden ser preparados lácteos, determinados
artículos como prótesis, órtosis o coches de minusválidos, o incluso,
como vamos a introducir mediante una enmienda transaccional que ya
anuncio, material escolar. Desde luego, el Grupo Socialista no va a tener
ninguna dificultad en encontrarse con el resto de los grupos y lo que
hacemos es felicitarnos de que hayan sentado el consenso en torno a esta
cuestión.
También quería decir que, en esa especie de huida hacia adelante que se
produce a veces en la discusión de estos temas con respecto a la
pretensión de bajadas generalizadas en determinados sectores de las
cargas impositivas, sí se ha plasmado un argumento que no conviene que
traslademos, al menos al exterior, como es ese supuesto exceso de
recaudación de las corporaciones canarias, sobre todo cuando
recientemente en esta Cámara debatíamos, en una ley que va a completar
todo el régimen económico y fiscal, propuestas que van en la línea de
querer incrementar lo que se entiende todavía como insuficientes recursos
de dichas corporaciones. Probablemente el efecto más importante sobre los
consumidores canarios y sobre el acuerdo del índice de precios canarios
lo tiene no la recaudación de la imposición indirecta sino esa imposición
«sui generis» y con potencia, como ha señalado uno de los intervinientes
del Gobierno de Canarias, que es el impuesto de los combustibles. Sin
lugar a dudas, parece que es un clamor de la propia sociedad canaria que
dicho impuesto sea revisado a la baja.
Entrando ya en materia y por lo que se refiere a lo que va a ser mi
intervención --posteriormente intervendrá mi compañero Néstor Padrón para
el resto de los artículos--, las enmiendas al artículo primero, quiero
señalar lo siguiente.
Las enmiendas de Coalición Canaria números 10, 14 y 15, que coinciden con
las enmiendas 31, 32 y 33, del Partido Popular, vienen a introducir lo
que se entiende por los enmendantes una aclaración con respecto al
régimen de los comerciantes minoristas. En nuestra opinión, no haría
falta esta aclaración porque entendemos que está suficientemente claro en
el texto de la Ley, pero, en aras a esa búsqueda de consenso, entendemos
que lo que abunda no daña y, por tanto, estamos en condiciones de aceptar
la
incorporación de esas seis enmiendas, que, como digo, coinciden tres a
tres en su contenido.
En cualquier caso queremos señalar una cuestión y es que, con respecto a
la enmienda número 10 de Coalición Canaria, que coincide con la número 31
del Grupo Popular, entendemos que en la redacción que proponen del
artículo concreto de la Ley están en un error. La redacción correcta es
la que hace el Grupo Popular al artículo primero, punto diecinueve.
Coalición Canaria lo tiene como artículo primero, nueve bis; luego hace
una errónea referencia al artículo 19 de la Ley, aunque «a posteriori»
habla del artículo 40, número 2. Nosotros pensamos que debe ser
incorporado en los términos de la enmienda 31, del Grupo Popular.
También queremos señalar al Grupo de Coalición Canaria que la enmienda
número 18, que incorpora otra aclaración en la redacción respecto a dos
operaciones relacionadas con el levante y la disponibilidad de las
mercancías, estamos dispuestos a aceptarla, aunque, en cualquier caso,
presentaríamos una pequeña transaccional que no va más allá de cambiar un
punto y coma por una coma, por cuanto pensamos que, en esa línea de
mejorar la redacción, de esta forma quedaría más correcto.
Por lo que hace referencia al resto de las enmiendas al artículo primero,
y de una manera muy esquemática, queremos decir que la enmienda número 9,
la propia corrección técnica es un error. El texto es correcto y así está
comprendido en el IVA.
Respecto a la enmienda número 11, que pretende eliminar a los cesionarios
dentro del concepto de importadores, igualmente pensamos que, desde el
punto de vista técnico, es un error y así se recoge en el resto de la
normativa tributaria.
Lo que pretende el contenido de la enmienda número 13 ya está recogido en
la Ley General Tributaria.
La enmienda número 16 pretende aclarar y entendemos que podría crear
todavía mayor confusión; se contradice con la finalidad que persigue.
La enmienda número 17 está contenida en sus términos en la Ley General
Tributaria.
La enmienda número 19 propone una nueva redacción y lo que hace es
confundir. Es una enmienda puramente de redacción, y, como digo, tal como
la plantean, confunde.
La enmienda número 28 propone una nueva letra d), y el contenido de esa
letra d) ya está incluido en la letra c) del proyecto de ley. Estas son
las que no estimaríamos y las otras las que estaríamos estimando.
Con respecto al Grupo Popular, las tres que he comentado, números 31, 32
y 33. A la enmienda número 27 anuncio que propondríamos una enmienda
transaccional.
Por lo que respecta a Izquierda Unida, ha hecho mención a algunas
enmiendas que persiguen que se tenga en cuenta de una manera
discriminatoria positiva lo que es un bien de primera necesidad, como las
viviendas sociales o las viviendas de protección social. Nos parece que
es justamente lo contrario lo que ocurre con las enmiendas. Pensamos que
probablemente el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya se ha equivocado. La enmienda número 55 intenta añadir que son
viviendas sociales o de protección oficial y ustedes convendrán conmigo
que ésa no es, ni mucho menos, una definición de edificación en términos
tributarios. Creo que es un error clarísimo.
La enmienda número 57 situaría a Canarias en peores condiciones que a la
Península con relación a la fiscalidad del IVA. Pensamos que es otro
error.
La enmienda número 58 es al artículo primero, apartado seis, g) cuyo
texto actual coincide con la regulación del IVA, que es permitir
encadenar las distintas deducciones al impuesto. Si estimáramos dicha
enmienda estaríamos colocando la imposición en Canarias en peor situación
y, además, en situación diferente por lo que hace a la armonización de
determinadas leyes tributarias. Como digo, coloca en peor situación a
Canarias que al resto de la Península. Por tanto, pensamos que esas tres
enmiendas, la 55, 57 y 58 son erróneas.
Respecto a la enmienda número 56 anunciamos que vamos a ofertar una
transaccional al Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. El tema de las telecomunicaciones ya lo hemos tratado, incluso
recientemente en esta Comisión en el debate de la ley que trata del
régimen económico y fiscal de Canarias, y, efectivamente, tienen que
estar exentas de la imposición indirecta.
Y la enmienda número 59 estamos en condiciones de aceptarla, porque nos
parece oportuna.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, voy a ser muy breve puesto que
la retirada de muchas enmiendas me deja casi sin argumentos a la hora de
defender el informe de la Ponencia en lo referente a los artículos que
van del segundo al final de la ley.
En todo caso, quiero manifestar que el consenso es consecuencia de dos
razones. En primer lugar, cuando se preparó este Decreto-Ley 21/1993, de
29 de diciembre, anteriormente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» se había remitido un anteproyecto de decreto que es remitido
al Parlamento de Canarias y que incorpora una serie de consideraciones
que luego en el propio Decreto-ley se recogen. Por tanto, muchas de las
enmiendas que han presentado algunos grupos hacen referencia a las
consideraciones iniciales que hizo el Parlamento de Canarias. En la
lectura de los artículos del Decreto-Ley se ve claramente que muchos de
los puntos a los que hizo referencia el Parlamento de Canarias ya vienen
recogidos. Como ya se ha dicho, es un Decreto --en este caso, proyecto de
ley-- que viene a actualizar la Ley 20/1991, de 7 de junio, en donde, en
relación con el IGIC, se precisa la compatibilidad con el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la no
sujeción de estos impuestos en las transmisiones globales, la
clarificación en la tributación de operaciones de entes públicos, que
viene recogido en la Ley, así como una serie de exenciones cuyo alcance y
beneficio van dirigidos a las agrupaciones de interés económico, a las
segundas transmisiones de edificios y a las exenciones en las cuotas
soportadas por
empresarios cuando cambien de actividad y que vienen recogidos
expresamente en la Ley, la localización del hecho imponible, el supuesto
de no sujeción del IGIC adecuado a las modificaciones posteriores que se
han hecho en el IVA, etcétera. En fin, una serie de actualizaciones que
consideramos oportunas y necesarias.
Como muchas de las enmiendas han sido retiradas, solamente me referiré a
algunas de las que quedan. La número 20, del Grupo de Coalición Canaria,
pretende que en la Ley figure la no sujeción al APIC en las importaciones
de pescado. Nosotros consideramos que no es necesario. Venía incluso
recogido en el informe del Parlamento de Canarias. Posteriormente,
publicado el Decreto-ley, por los propios sectores afectados se ha
reconocido expresamente que no se está aplicando y que, si en algún
momento hubo confusión, fue consecuencia de una interpretación errónea de
las autoridades que recaudan el impuesto en Canarias y que este tema está
corregido. Por lo tanto, no es necesario clarificarlo, puesto que en el
artículo 74 de la Ley 20/1991 viene expresamente recogido.
Por todas estas razones, como se han retirado las enmiendas que hubieran
podido dar lugar a debate, no tengo más que congratularme de este grado
de entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas, que va a hacer
posible que el articulado de la Ley se apruebe casi por unanimidad, si no
por unanimidad, y darnos por satisfechos por el trabajo realizado.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea un nuevo turno,
además de fijar su posición respecto a las ofertas que el Grupo
Parlamentario Socialista ha hecho de enmiendas transaccionales?
Concretamente, con el Grupo Parlamentario Popular ha establecido una
transaccional con la número 27, que se daría por decaída, y con el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, con la número 56, que se daría también
por decaída.
El señor ROMERO RUIZ: Aceptamos la transaccional.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Tiene la palabra el señor Mauricio, por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: En aras de ese consenso queremos decir que
es un proyecto que tiene un carácter muy técnico. Como de las enmiendas
presentadas por nosotros una parte ha sido aceptada por los otros grupos,
vamos a retirar las restantes, con el ánimo de estudiarlas, para ver si,
efectivamente, según se ha argumentado aquí, sobre el sector de pesca y
otros aspectos, son innecesarias. Si no lo fueran, siempre estará abierto
cualquier otro trámite parlamentario para corregirlo, pero creo que lo
importante, lo que tiene un significado especial, es el amplio consenso
alcanzado en el mantenimiento del marco fiscal canario propio.
En cualquier caso, como otros grupos han hecho una introducción en un
tema que está fuera de este marco de discusión, que es la bajada de tipos
en el IGIC, y, por lo visto, también hay una coincidencia amplia en el
impuesto de combustible, quisiera decir que el debate parlamentario que
estamos teniendo, que, sin duda alguna, es paralelo al que estamos
teniendo en esta Comisión con la Ley Económica de Canarias, tendrá su
culminación --y ahí es donde discutiremos a fondo-- en la Reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias. Es ahí donde veremos si todo este
marco fiscal ha de tener ajustes o no, en función de la actual redacción
del Estatuto. Me refiero a que en la imposición indirecta, en este caso
el IGIC, el APIM y la imposición sobre combustible, que, por lo visto, se
quiere bajar, el Grupo Socialista critica de otros grupos, en este caso
del grupo Popular, una pretendida huida hacia adelante, y ellos lo hacen
por la vía de los combustibles. De lo que se trata es de una discusión
global que tiene que hacer ahora mismo la sociedad canaria, una vez
definido su marco fiscal completo, sobre qué tipo de cargas fiscales son
necesarias para autofinanciarse, para financiar sus corporaciones --como
aquí se ha dicho, el IGIC es uno de los instrumentos fundamentales para
la financiación de las corporaciones locales canarias--, para la
financiación en conjunto de las administraciones públicas de las islas.
Ese debate está haciendo falta en Canarias y el cierre en Comisión hoy de
este proyecto de ley sin duda va a abrir un debate muy interesante en la
sociedad canaria sobre estos aspectos.
Quisiera terminar diciendo que acepto las propuestas hechas incluso en la
modificación de la enmienda número 10 y retiro las restantes enmiendas
con el ánimo de estudiarlas y ver si efectivamente no es necesario
seguirlas defendiendo en otros trámites parlamentarios. Nos felicitamos
por el amplio consenso logrado, que yo creo que es una base muy
importante para que también en el estatuto de autonomía se logre ese
consenso y se logre la culminación final, que es que el IGIC se convierta
en un impuesto íntegramente canario, es decir, de titularidad de canarias
y no de titularidad estatal. (El señor Romero Ruiz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, no expliqué bien la posición de
nuestro Grupo, que era retirar la enmienda número 58; aceptar la
transaccional que se nos propone para la enmienda número 56; ha quedado
incorporada la enmienda final de nuestro Grupo número 59; vamos a retirar
la enmienda número 57 y queremos que se vote la enmienda número 55, que
nos parece que debe permanecer viva pues indica que nuestro Grupo
Parlamentario tiene un especial interés en esa enmienda --las demás las
retiraríamos y otras se han incorporado parcial o totalmente-- sobre el
tema de la vivienda social, porque hay una definición cuya incorporación
no creemos, como ha dicho el portavoz socialista, que corresponda a un
error, sino a un interés político de nuestro Grupo.
El señor PRESIDENTE: Si no he tomado mal nota de las intervenciones de
los grupos parlamentarios, Coalición Canaria mantiene vivas las enmiendas
números 10, 14 y
15; el Grupo Parlamentario Popular mantiene vivas la 31, 32 y 33 y el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya la 55 y 59.
Como se ha presentado por el Grupo Parlamentario transaccional, la 18 se
ha retirado para que pueda ser tramitada la transaccional, con lo cual
quedaría solamente la 10, 14 y 15, con la particularidad y con la
explicación de que el contenido inicial de la enmienda número 10 tendría
el contenido normativo a efectos del artículo 1.º, punto 19, referido a
la enmienda número 31 del Grupo Parlamentario Popular, dado que su
contenido es exactamente el mismo.
Si les parece, podríamos votar en un mismo bloque las enmiendas números
10, 14, 15, 31, 32 y 33, de los Grupos parlamentarios de Coalición
Canaria Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobadas las enmiendas 10,
14 y 15, del Grupo parlamentario de Coalición Canaria, junto con la 31,
32 y 33, del Grupo Parlamentario Popular, con la salvaguardia que he
hecho al principio respecto al enunciado inicial de la enmienda número
10.
A continuación, votamos la enmienda número 55, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 59, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Seguidamente, vamos a votar las enmiendas transaccionales. ¿Podemos votar
conjuntamente todas las transaccionales? (Asentimiento.) Se votan, a
continuación, las transaccionales con la número 18, de Coalición Canaria,
con la número 27, del Grupo Parlamentario Popular, y con la 56, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad las enmiendas
transaccionales a que me he referido antes de la votación.
Por último, votamos el dictamen de la Ponencia, con la incorporación de
las enmiendas transaccionales que han sido aprobadas en anterior
votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobado el proyecto de ley
por la que se modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias,
procedente del Real Decreto-ley 21/1993, de 29 de diciembre.
Como SS. SS. conocen, dado que la Comisión tiene competencia legislativa
plena, una vez aprobado en Comisión, se dará traslado al Senado para su
posterior trámite parlamentario (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)
¿Qué desea, señor Homs?
El señor HOMS I FERRET: Quería solicitar un breve turno de explicación de
voto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, señorías, la razón de solicitar
este breve turno de explicación de voto es el interés de transmitir a la
Comisión que nuestro Grupo parlamentario, como han visto, no ha
intervenido en la explicación de las enmiendas de los demás grupos
parlamentarios; tampoco habíamos presentado ninguna enmienda. Esto
responde básicamente a nuestra voluntad de depositar, en una norma de
esta naturaleza, que afecta exclusivamente a Canarias, en las fuerzas
políticas que tienen representación en dicho ámbito territorial, el
debate y la discusión. No hemos querido adoptar ningún protagonismo en lo
que debe ser ese marco jurídico fiscal aplicable a Canarias. No obstante,
quería manifestar que nuestro Grupo ha dado su apoyo en todas las
votaciones, mayoritariamente aprobadas, hoy, en torno a este proyecto de
ley; hemos participado con la casi unanimidad de todas las votaciones y
quisiera manifestar, señor Presidente, mi satisfacción al constatar que,
en esta ley, hoy cerramos un trámite con una casi unánime coincidencia de
todos los grupos parlamentarios. (El señor Mauricio Rodríguez: Sin casi.)
Creo que es un buen resultado... El portavoz de Coalición Canaria me
apunta que sin casi. La verdad es que tiene usted razón. Simplemente, he
observado que ha habido una votación de una enmienda que hemos rechazado
y, por eso, he dicho «casi». Pero tiene razón, en el 99,9 por ciento de
las posiciones en torno a este proyecto de ley hemos estado de acuerdo
todos los grupos. Al no haber intervenido y no haber fijado nuestra
posición, he querido, señor Presidente, manifestar el sentimiento de
nuestro Grupo.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, el señor Mauricio le corregía bien.
Ha habido unanimidad, porque lo que hemos aprobado ha sido el proyecto de
ley. El hecho de que una enmienda haya tenido un resultado distinto no
afecta a la votación global y de conjunto del proyecto de ley, que ha
sido aprobado por unanimidad, de lo cual esta Presidencia también se
congratula y quiere felicitar a los parlamentarios canarios y al pueblo
de Canarias, ya que van a disponer de una ley aprobada por unanimidad,
por lo menos en este Congreso de los Diputados.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE SECTORES O ZONAS GEOGRAFICAS EN QUE ESTA JUSTIFICADA LA PRESENCIA
DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 161/000122.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es
la proposición no de ley sobre sectores o zonas geográficas en que está
justificada la presencia del sector público empresarial, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GAMIR CASARES: La razón de fondo de esta proposición no de ley
es buscar un mayor grado de racionalización del sector público
empresarial. La verdad es que el origen de las empresas públicas en
España muchas veces ha sido por las más diversas razones. Quizás, por
aluvión y por razones que hoy sería difícil defender. A menudo, la razón
de que exista una empresa en el sector público ha sido, en ciertos casos,
la socialización de pérdidas de un empresario privado que tenía
suficiente influencia en la Administración, y no me refiero a los
gobiernos actuales, sino a gobiernos muy pasados al respecto, o, por
ejemplo, razones históricas de que en algún sector se suponía que no
había competencia suficiente, que convenía introducir alguna empresa más
para que incrementara esa competencia. Ahora la verdad es que se trata de
sectores que han cambiado su situación y el grado de competencia,
incluida la relacionada con la Unión Europea, es suficiente y más que
sobrada. También se puede incluir todo el problema de las economías de
escala, que en su día tanto hicieron pensar que llevaban a monopolios
naturales por los cuales convenían las empresas públicas. El análisis de
que las economías de escala tienen menos importancia, unido a lo ya dicho
sobre el incremento de la competencia de otras empresas europeas, hace
que no sea tan necesario y que no lleve este sistema de monopolio u
oligopolio, que era una de las razones de la empresa pública. Todo eso ha
hecho que la herencia por aluvión de empresas públicas quizás no se
corresponda con un criterio racional en la actualidad de cuál debe ser el
ámbito del sector público empresarial. Repito que esto no es crítica a la
historia casi económica de cómo se ha creado la empresa pública en
España.
En este sentido de racionalización, de saneamiento del sector público,
consideramos que es positivo para España que el Gobierno realice este
ejercicio de revisión de cuál ha sido la herencia recibida hasta el
momento y de qué es lo que convendría hacer, desde un enfoque, perdonadme
la expresión, más, entre comillas, cartesiano.
La polémica entre empresa pública y privatización se ha comentado a veces
que tiene sus pragmáticos. Cito a una figura de la economía española que
ha tenido intervenciones importantes en los últimos acontecimientos que
ha estudiado esta Comisión, Luis Angel Rojo. Es muy crítico, por ejemplo,
en lo que él llama el pragmatismo sin teoría. Pues bien, elaboremos una
especie de teoría en la cual se puedan basar ciertos criterios
pragmáticos entonces, pero con una teoría detrás, sobre el campo de la
empresa pública y las posibles políticas de privatizaciones.
Por ello, proponíamos que se hiciera una revisión de en qué sectores,
incluso sectores en sentido genérico, sectores, subsectores, actividades,
parece más lógico que en este momento siga existiendo la empresa pública.
Por poner un ejemplo al respecto, hubo una discusión, incluso dentro del
partido en el Gobierno, sobre si debía entrar o no en el sector de la
distribución el sector público y, al final, se consideró, con una
expresión coloquial, que no debía existir el Estado tendero, que no era
un sector en el que el sector público debía tener una fuerte presencia,
después de una polémica interna dentro del propio partido que hoy apoya
al Gobierno existente. Esa especie de reflexión general de en qué
sectores parece más lógico, por economías externas o por otras razones,
que exista la empresa pública, repito, sectores en un sentido muy amplio,
sectores, subsectores o actividades y, además, como es lógico, cambiante
en el tiempo. Esta es una reflexión que pedimos que hiciera el Gobierno
de aquí a seis meses. Luego, como es lógico, no debe quedar petrificado
así, sino que si, dentro de uno o dos años, se considera que hay nuevos
sectores en los que conviene la introducción de la empresa pública o
sectores en los que ya no es necesaria, podría cambiarse. El esfuerzo es
el primero, el esfuerzo es el de hacer todo este análisis en seis meses,
porque luego su actualización no plantearía un problema excesivo y,
además, esta Comisión podría incluso, en la aprobación de su documento,
dejar claro su carácter flexible y el carácter cambiante de ese posible
análisis sector a sector.
Si hemos aplicado la palabra sector desde un punto de vista genérico,
sector, subsector, actividad, lo mismo hay que hacer en relación con los
lugares o zonas geográficas. Nos encontramos con que, por razones
históricas, existen zonas geográficas en las cuales hoy día la
desaparición de la empresa pública sería extraordinariamente traumática.
Y todos lo entendemos. Es el problema de la empresa pública en Asturias,
por poner un problema no solamente de comunidades autónomas; el problema
de la empresa pública en Cartagena, por ejemplo. Parece también que otra
razón es que, aunque sólo sea por la herencia recibida, por la
importancia que en ciertas zonas tiene la empresa pública, la
desaparición de la empresa pública en esas zonas podría ser altamente
traumática, no solamente para esa industria en concreto, sino para todo
el entorno económico de ese lugar. Sería otro elemento a considerar, no
solamente la actividad sino también el lugar. Incluso ¿por qué no? ante
la crisis de desindustrialización de algunas de estas zonas se pudieran
plantear nuevas empresas públicas que ayudasen a disminuir el shock de
esta desindustrialización, debida a los problemas de empresas públicas
antiguas o en sectores en declive.
En principio, aunque no se exige en esta proposición no de ley, esto
podría estar incluido en un estatuto de la empresa pública. No lo hemos
mencionado porque no es necesario, aprobando esta moción, aprobar un
estatuto de la empresa pública, pero podría estar o no incluido en un
estatuto de la empresa pública. Digo esto porque el Partido Socialista
que defendió el estatuto de la empresa pública hasta el año 1982, estando
en la oposición, luego no se ha mostrado partidario de esa fórmula. Por
tanto, aunque lo lógico sería incluirlo en un estatuto de la empresa
pública, no hemos introducido esta expresión para no crear un elemento
conflictivo con el Partido Socialista respecto a esa expresión en
concreto, porque creemos que podría ser un avance en la línea de una
mayor transparencia, de un mayor --si se quiere-- control y --no es una
broma-- iría casi en la filosofía del cambio del cambio, del que tanto se
ha hablado desde el Partido Socialista, esa aceptación de un incremento
de la racionalización y el control interno de las empresas públicas
dentro del sector.
La comparación entre la realidad, entre lo que tenemos y este trabajo en
que se dijera en qué sectores, en qué actividades, en qué lugares debía
haber empresa pública, nos daría unos resultados, y esos resultados
normalmente serían que lo lógico es privatizar equis empresas, porque no
se corresponde su existencia más que a razones históricas y no a la
lógica cartesiana. Pero no nos anticipamos a decir eso. Hagamos primero
el estudio y luego resolvamos el tema. Por ejemplo, una persona de
Izquierda Unida puede considerar que lo que quiere es más empresa
pública, pero lo que estamos diciendo aquí tampoco se opone a más empresa
pública. Lo que decimos es que se haga un estudio, y si de ese estudio se
deduce que hay más sectores y más actividades que las actuales --y lo
aprueba la Cámara-- para más empresas públicas, las habrá. Lo que pedimos
es una ordenación del sistema, una clarificación. Lo que pedimos es, en
resumen, una racionalización del sector público, sin que la aprobación de
esta proposición entre en temas de fondo, sino que sería un primer paso
para decidir las políticas de empresa pública o empresa privada.
El otro punto de esta proposición es que aquellas empresas que requieran
fondos públicos deberán realizar un análisis económico y un análisis de
costes y beneficios sociales. Esto parece lógico. Cuando una empresa
requiere fondos públicos lo primero que debe demostrar es que está bien
gestionada y, como tal, que en su propuesta de recepción de esos fondos
públicos presente un análisis de su gestión, un análisis económico
normal. Pero, muchas veces, aunque esté bien gestionada puede tener
pérdidas y las puede tener porque los beneficios sociales sean mayores
que los beneficios privados; es decir, porque haya externalidades
importantes. Por ejemplo, territorios en subdesarrollo en los cuales
conviene que siga habiendo fuertes medios de transporte, aunque no sean
rentables, en los cuales el beneficio social es mucho mayor que el
beneficio privado. Es lo que los ingleses llaman la diferencia entre el
cost benefit y el cost profit. Lo primero que se ha planteado es un
análisis de cost profit, un análisis en términos de economía de empresa,
de que la empresa vaya bien y esté bien regida.
Lo segundo es la consideración de esos beneficios sociales posibles, que
no entrarían en ese análisis puramente economicista y que, al contrario,
incluso en ciertos casos servirían para justificar empresas públicas y,
sobre todo, para justificar subvenciones a empresas públicas.
La verdad es que este análisis, tanto económico como de coste y de
beneficios sociales, habría que hacerlo para todas las empresas públicas,
porque incluso hay empresas públicas con beneficios que pueden ser
insuficientes, porque estén realizando por debajo de coste determinadas
actividades, precisamente porque tienen un beneficio social mayor que el
privado. Pero en una primera fase, en un primer avance, quizá sea mejor
separar y que las empresas que piden subvenciones al Estado fueran las
primeras en hacer este doble análisis de cost benefit y de
racionalización económica, lo cual no quiere decir que en su día no
pudiera aprobar esta Comisión que se extendiera al resto de las empresas
públicas. Para poner un ejemplo entre otros muchos, pensamos que si aquí
se trajera el caso de Iberia o de cuál es el futuro de Iberia, lo
podríamos dejar fuera del tema de que se privatice o no, porque parecería
lógico mantener, por ejemplo --se acaba de hablar del régimen de
Canarias--, unas bonificaciones especiales relacionadas con el tráfico
entre Canarias y la Península por razones de cost benefit, de beneficios
sociales en el acercamiento entre Canarias y la Península mayores que los
de la pura rentabilidad económica. Esto entraría en este tipo de
análisis.
Esta es, pues, una proposición no de ley que realmente se plantea de
manera muy abierta, dispuesta al consenso, y en la que se podrían incluir
otros criterios. Por ejemplo, criterios de enfoque sobre la función de
los gobiernos de las autonomías dentro de este proceso; criterios sobre
la actuación en determinados sectores u otros que la completaran, porque
repito que lo que buscamos es lo que creemos que esta Comisión y todos
los parlamentarios deseamos: un paso de estudio hacia una mayor
racionalización del sector público, sin que queden en él definidos, por
dar este paso, otros criterios de fondo más importantes sobre la polémica
entre empresa pública y empresa privada.
El señor PRESIDENTE: A la proposición no de ley el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV) y el señor Albístur han presentado una serie de enmiendas que
SS. SS. conocen. Para la defensa de las mismas y para fijar su posición
sobre dicha proposición no de ley, tiene la palabra el señor Albístur.
El señor ALBISTUR MARIN: Brevemente, señor Presidente, consideramos que
la iniciativa que se nos plantea es interesante, y que es precisamente
una función del Legislativo poder plantear al Gobierno proposiciones de
este tenor, sobre todo en cuanto a lo que signifique la información sobre
un sector público que puede quedar, de alguna forma, más alejado del
control del Legislativo. Además, estamos tratando sobre un sector público
empresarial con una fuerte influencia --como ya ha sido dicho por el
ponente-- en determinadas zonas y en determinados sectores, incluso
siendo de alguna forma determinante su presencia para el empleo y para el
futuro económico de determinadas zonas. Apoyamos (y en ese sentido
nuestra idea no es querer enmendar la proposición no de ley sino tratar
de completarla) esta iniciativa en función de la información que puede
proporcionar y del control que puede
significar en la gestión del sector público, que debe ser, a nuestro modo
de entender, el más cuidadoso en el rigor de su propia gestión, de su
propia planificación hacia el futuro y de su propia inserción en las
economías, en este caso concreto, de determinadas zonas o sectores donde,
si no se diera esta presencia del sector público, es muy posible que no
existiera más que un desierto industrial.
Por esta razón hemos presentado estas enmiendas que pretenden únicamente,
repito, completar la iniciativa tomada por el Grupo Popular, planteando,
en primer lugar, que no sólo se nos pueda presentar información sobre lo
que han sido las actividades pasadas de sectores y zonas geográficas en
las que se ha implantado la actuación del sector público empresarial,
sino las previsiones que en el futuro se puedan plantear en esta idea,
dado que hoy día estamos en un Estado compuesto por autonomías;
autonomías que están teniendo una influencia importante en la promoción
industrial, por lo que consideramos también necesario conocer cuáles son
las políticas y actuaciones de coordinación y colaboración con esas
comunidades autónomas y, finalmente, cuáles son los planes de
reindustrialización previstos para aquellas zonas donde hoy incluso el
sector público empresarial presenta crisis --me estoy refiriendo al caso
de la siderurgia, para poner un ejemplo-- y que precisaría planes
alternativos, además de los planes de saneamiento previos a una posible
privatización, que pudiera plantearse, de las empresas industriales del
sector público, porque, como decía anteriormente, debemos considerar que
el sector público debe ser en estos momentos el más cuidadoso y riguroso
en su propia gestión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i
Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
respecto a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular,
referente al estudio de los sectores o zonas geográficas donde es
necesaria la presencia de empresas públicas en el territorio español,
ayer, en el debate del Pleno en el Congreso de los Diputados tuvimos la
oportunidad de discutir este mismo asunto. Lo mismo que ayer indiqué al
señor Gamir la posición de nuestro Grupo respecto al planteamiento
público empresarial del Estado español, voy a comentar ahora en esta
Comisión que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una
proposición no de ley sobre la racionalización del sector público
español, en la cual se puedan elaborar los criterios por los que se fije
la necesaria presencia del sector público español en determinados
sectores por razones de eficiencia, por razones de estrategia o por
razones sociales. En función de la elaboración de estos criterios
entendemos que será cuando realmente podremos precisar en qué sectores o
en qué zonas podrá haber presencia de empresas públicas españolas, y en
sectores o zonas donde no sea necesaria la presencia pública, por motivos
de interés social o por motivos de interés estratégico, será necesario
privatizar paulatinamente.
En nuestra proposición no de ley incluimos también algunas cuestiones más
de fondo y quizás más amplias que las de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Popular. Justamente en esta proposición no de ley
planteábamos la necesidad de la elaboración de un estatuto público de las
empresas públicas, así como --y esto como comentario a la intervención
del señor Albistur-- la participación de las comunidades autónomas en los
consejos de administración de empresas públicas donde radique su
actividad principal. Incorporábamos también en nuestra proposición no de
ley --que se verá el próximo mes de mayo en la Comisión de Industria--
que la Administración elabore un plan de competitividad del sector
público para mejorar su eficiencia y su competitividad.
Por todos estos motivos, estando de acuerdo en el fondo de la proposición
no de ley presentada por el Grupo Popular, pero pensando que nuestra
proposición no de ley es más amplia que la que ellos han presentado y que
quizás tendremos oportunidad de debatirla con más extensión, vamos a
votar en contra de la iniciativa del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, voy a defender la posición
del Grupo Socialista. Lo primero que quería decir es que, en efecto
--como el señor Gamir ha expuesto en su intervención--, la historia de la
empresa pública en España ha sido errática y no ha sido dirigida, desde
luego, con una concepción cartesiana del desarrollo y del crecimiento
económico, sino todo lo contrario.
El INI se inicia con un período que surge probablemente a semejanza del
INI italiano. Tiene una primera fase en la que hay una concepción
autárquica de la economía, derivada fundamentalmente de una concepción
nacionalista a ultranza que impregna la política y la economía, y que
obliga a hacer un esfuerzo extraordinario por cubrir todos los aspectos
de la economía de un país cerrado que necesitaba autoabastecerse de todos
los productos que en ese país se daban. No cabe duda de que ese primer
período autárquico tiene consecuencias desastrosas para la economía
española y, más importante todavía, consecuencias desastrosas para la
población española de aquella época. Es aceptado por todos los
historiadores de economía que uno de los tiempos más oscuros de la
historia de España ha sido todo ese primer período, muy negro, del
crecimiento empresarial dirigido a la autarquía y al autoabastecimiento.
Hay un segundo período del INI --que también describía el señor Gamir--
en el que crece con empresas que se caen, empresas que se adquieren a
amigos del régimen político de la época que correspondiera y que hace que
el INI socialice las pérdidas y se convierta en una institución que
recoge empresas arruinadas o empresas que no convenía mantener en el
sector privado. También es verdad que el INI cumple una función muy
importante como en el caso de Hunosa, donde se agrupan una serie de
empresas mineras con dificultades y se intenta formar un grupo de
empresas que mantenga --desde luego no con mucho acierto
en cuanto a la rentabilidad económica, pero sí a la rentabilidad social--
todo el sector de la minería. O el caso de Ensidesa --que se ha citado
antes-- con la siderurgia, que consiente que el sector siderúrgico
español pueda introducir algunos elementos de racionalidad que permitan
que el sector siderúrgico español se pueda mantener.
En los últimos tiempos yo creo que el INI, de acuerdo con la movilidad
que se exige a una actividad económica fundamental, ha cambiado de
criterio. En estos momentos existe en el INI una división muy importante
con el grupo Teneo, por un lado, y el antiguo grupo INI, de tal manera
que se han constituido en España empresas muy capitalizadas como Repsol,
Endesa, Argentaria, que aportan la confianza y el control de lo público,
pero al mismo tiempo tienen la obligación de gestionar en función de
intereses privados. Tienen, por un lado, la confianza de lo público y,
por otro, la exigencia de gestionar en función de los intereses de miles
y miles de accionistas privados que no entienden otro criterio,
lógicamente, que el de la rentabilidad de sus acciones.
El INI, desde luego, ha cambiado a lo largo de su historia y ha cambiado
a mejor, y desde una concepción autárquica absolutamente inviable desde
el punto de vista económico, de ser recolector de empresas en crisis,
empresas arruinadas de amigos o no del régimen en el período en que se
hizo --desde luego no se ha hecho en los últimos años, no existe ningún
caso--, ha pasado a ser un grupo cuyo objetivo es rentabilizar el sector
público y el capital privado que ha invertido en esas empresas públicas;
casos de Repsol, Endesa, Argentaria y algunas otras que podíamos
mencionar. En estos momentos yo creo que es importante decir que las
nuevas aportaciones económicas consideran el papel expansionista de la
inversión pública que se añade al tradicional enfoque keynesiano de
considerar la inversión pública como impulsora de la actividad económica.
No cabe ninguna duda de que hay nuevas aportaciones, pero en este momento
no cabe tampoco ninguna duda --como decía al principio-- de que la
inversión pública va más dirigida a las infraestructuras genéricas, no
sólo al shock que la inversión pública provoca sobre la demanda, sino que
están trabajando en la idea de un nuevo concepto de competitividad, sobre
todo en la Unión Europea, no ya tanto entre las economías nacionales sino
entre espacios físicos que soportan la actividad económica y social, de
tal forma que el espacio físico que mejores infraestructuras genéricas y
globales tiene es el que mejor puede competir y hacer que las industrias
que se instalen sean más competitivas, más rentables y más eficientes,
desde el punto de vista económico, por lo que nadie en este momento
entiende que la inversión pública no sea dirigida a estos aspectos,
aunque evidentemente tiene una gran influencia en la política regional,
como parte de alguno de los intervinientes se ha planteado.
Nosotros vamos a votar en contra. Nos parece que es una proposición
innecesaria porque hay un gran soporte de documentación en la Cámara --no
hace demasiado tiempo se han discutido los Presupuestos Generales del
Estado--, hay una gran aportación de documentación absolutamente
suficiente como para abordar el estudio que requiere el Partido Popular
para analizar el futuro de la empresa pública. Nos parece voluntarista
porque no se puede determinar la evolución de la empresa pública del
sector público con un estudio de seis meses; hay componentes estratégicos
fundamentales que impiden que la información que tengamos en seis meses
carezca de validez alguna, desde mi punto de vista. Y, desde luego, hay
estudios y artículos --que cualquiera de los que hayan podido intervenir
conocen-- que recogen perfectamente tanto la situación actual del INI
como su historia.
Respecto a la política regional, nosotros pensamos que no cabe ninguna
duda sobre el primordial papel de la empresa pública en algunas regiones
de España: el caso de la Bahía de Cádiz, el de Cartagena, el de Asturias.
Podemos mencionar una serie de localizaciones de gran importancia en las
que juega un papel primordial. Pero la política regional tiene tres
líneas de actuación fundamentales: la primera, el sistema de financiación
de las comunidades autónomas; la segunda, los fondos de compensación
interterritorial, y lo más importante para la actividad económica, de
carácter horizontal, los incentivos regionales que son el mecanismo de
mayor interés, sin duda, en este sentido.
Nosotros pensamos que no puede determinarse de una vez y para siempre la
actuación del sistema público empresarial, ya que el concepto de sector
estratégico y las diferentes situaciones regionales son cambiantes como
la propia realidad económica. Nos parece que es una proposición no de ley
voluntarista justamente por esta razón e innecesaria porque toda esa
documentación existe en la Cámara, se ha manejado en el debate más
reciente de los Presupuestos Generales del Estado y se está manejando en
todas las iniciativas parlamentarias de los distintos grupos.
Por todo ello, nuestro Grupo va a votar en contra de esa proposición no
de ley.
El señor PRESIDENTE: A los efectos del artículo 195, para manifestar su
aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco
(PNV) y de Eusko Alkartasuna, tiene la palabra el señor Gamir.
El señor GAMIR CASARES: Las enmiendas pueden ser perfectamente aceptadas.
La introducción de sectores o zonas geográficas en las que se prevé y
justifica, a juicio del Gobierno, la actuación del sector público es una
adición que complementa bien el punto 1. Igualmente la explicación de las
políticas de actuaciones de coordinación y colaboración con las
comunidades autónomas en las que está implantado el sector público.
También los planes de reindustrialización previstos para aquellas zonas
geográficas donde se está produciendo o se prevé el cierre de plantas y
el cese de actividades de empresas del sector público empresarial.
Igualmente el plan de saneamiento y privatización previsto por el
Gobierno para las empresas industriales del sector público. Todas éstas
son líneas con las que se puede estar muy de acuerdo.
Solamente quiero contestar que me gustaría conocer los estudios de coste
y beneficio de las empresas públicas que, según parece, existían en el
presupuesto y que indudablemente no existen. Quiero agradecer al Grupo
Catalán su
acuerdo de fondo (el pequeño juego del acuerdo de fondo y del voto en
contra), aunque luego haya hecho ese twist hacia el voto en contra.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a pasar a la votación de
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, con la
incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario del
PNV y de Eusko Alkartasuna.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley sobre
sectores o zonas geográficas en la que esté justificada la presencia del
sector público empresarial.
--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SUBSECRETARIO DEL
MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO, PREVIA REMISION DE UN INFORME, PARA QUE
DE CUENTA DE LA EJECUCION DE SU PRESUPUESTO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000138.)
--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SUBSECRETARIO DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA, PREVIA REMISION DE UN INFORME, PARA
QUE DE CUENTA DE LA EJECUCION DE SU PRESUPUESTO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000139.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al debate y posterior
votación de los puntos 4 y 5, dado que tienen el mismo argumento, la
misma filosofía y prácticamente el mismo texto, lo único que afecta a dos
ministerios distintos, las dos proposiciones no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Aguirre.
Señor Aguirre, como he dicho, vamos a hacer un único debate de los puntos
4 y 5, dado que los dos tienen la misma filosofía, aunque posteriormente
se votarán por separado, como corresponde a dos proposiciones no de ley.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, las proposiciones que el
Grupo Popular defiende en este turno son proposiciones que el grupo está
presentando en todas y cada una de las comisiones de la Cámara.
La práctica de la ejecución de los presupuestos en los últimos años,
sobre todo en los años en que se produce la mayor manifestación de la
crisis económica, es una práctica que viene titulada fundamentalmente por
la permanente desviación de aquellas cifras que se aprueban en los
Presupuestos Generales del Estado, en su debate principal, comparadas con
las cifras que resultan de la ejecución y liquidación definitiva del
presupuesto de cada año. Esta ha sido una práctica habitual en los
últimos años y, como digo, más acrecentada en los años en que los
presupuestos han sido certificados como los de la crisis económica, pero
curiosamente en el año 1993 hemos podido batir todos los récords posibles
en las desviaciones entre lo aprobado y lo ejecutado. Creemos que el año
1993 ha sentado las cifras de todo un récord histórico; ha tenido una
desviación absolutamente llamativa, por no decir escandalosa, del déficit
público de las administraciones comparado con el déficit final
resultante. Aproximadamente, un previsto del tres por ciento del PIB se
ha ido a un liquidado del 7,5 por ciento del PIB, lo que obligó al
Gobierno a disolver, por decirlo de manera suave, el artículo 10 de los
Presupuestos Generales del Estado, que, como conocen SS. SS., es un
artículo de autodisciplina en el que se limita la posibilidad de aumentar
los gastos vía créditos extraordinarios y ampliaciones de crédito. Esta
disolución del artículo 10 en los presupuestos del año 1993 es el
certificado de la permanente desviación y, por qué no reconocerlo, del
desconcierto con el que se produjo la ejecución de 1993. Por si faltara
poco y por si estas afirmaciones parecieran óptica de un solo partido,
tengo que decir que todos esos informes que el Grupo mayoritario de la
Cámara está esgrimiendo ahora para apoyar y avalar las posiciones que hoy
defienden respecto a la evolución de la economía en el primer trimestre
del año, esos mismos informes han venido a decir que la ejecución del
Presupuesto del año 1993 ha estado claramente fuera de control.
El problema no es sólo que se haya producido más gasto del que se aprueba
inicialmente. El problema también podemos detectarlo en que se ha gastado
en partidas distintas de las que inicialmente fueron previstas. Por
tanto, en la ejecución presupuestaria tenemos dos problemas: por un lado,
la desviación de lo ejecutado respecto de lo aprobado, y por otro, que se
gasta en partidas distintas de las que inicialmente están previstas. En
definitiva, las prácticas presupuestarias de los sucesivos gobiernos
socialistas facilitan que el destino final del gasto sea muy distinto al
inicialmente previsto en el presupuesto. Creemos que ha llegado la hora,
y así lo pretendemos, de devolver a los presupuestos su sentido legal
originario. El presupuesto no puede ser un instrumento al servicio de la
discrecionalidad de un gobierno. Por ello, el objetivo de la proposición
no de ley es recuperar la credibilidad de la ejecución de los
presupuestos.
En la actualidad se está dando una muy pequeña información a esta Cámara
sobre los presupuestos. No debemos conformarnos con recibir información
sobre la evolución de las grandes cifras de ingresos y de gastos;
información que se produce periódicamente y que da lugar a tres
comparecencias del Secretario de Estado de Hacienda a los efectos de
estudiarlas por todos los grupos, previo informe del Secretario de Estado
de Hacienda sobre la evolución de las grandes cifras. Esta es una
información que satisface a los grupos, pero al mismo tiempo necesitaría
ser complementada. ¿Por qué? Porque, sencilla y llanamente, en el debate
de presupuestos el Congreso no sólo aprueba las grandes cifras de
ingresos y gastos, sino que también
aprueba el contenido de unas secciones y programas. Es por ello que con
nuestra proposición querríamos complementar el debate de las grandes
cifras con la evolución que se produce en las cifras que contienen las
secciones y los programas y, por qué no decirlo, también con los
objetivos que se contienen en secciones y programa.
Por tanto, con esta proposición no de ley, señor Presidente, mi Grupo, de
forma paralela, al intentar recuperar la credibilidad de los presupuestos
para tener un seguimiento más cercano de la ejecución de las grandes
cifras, pretende complementar con esta proposición no de ley la eficacia
con la que se gestionan los fondos y los recursos públicos en los
distintos ministerios en sus secciones y programas. Por ello la
proposición no de ley termina solicitando que esta información
complementaria, que tendría que sumarse a la non nata oficina técnica de
seguimiento presupuestario, se haga a través de la comparecencia de los
subsecretarios de los diferentes ministerios, en este caso y en esta
Comisión los ministerios de Economía y Comercio, con la remisión previa
de un informe detallado en el que vinieran a cumplimentar todo lo
correspondiente a la evolución de los créditos presupuestados en sus
correspondientes servicios y programas.
Creemos, señor Presidente, y con ello concluyo, que es hora de devolver y
recuperar la credibilidad de la ejecución de los presupuestos, pues han
sido muchos los ejercicios en los que se han producido excesivas
desviaciones. Insistimos en que el año 1993 ha sido un ejercicio que ha
batido un récord histórico en cuanto a una mala ejecución presupuestaria,
por lo que creemos que ha llegado el momento de complementar la
información que el Congreso recibe en materia de ejecución presupuestaria
en dos frentes más. Por un lado, el que hoy defendemos con nuestra
proposición no de ley de que los subsecretarios informen de la evolución
de las cifras, de los objetivos y de la eficacia de la gestión en
secciones y programas de cada uno de sus ministerios, y, por otra parte,
el de reiterar, como siempre, el objetivo que muchos grupos de esta
Cámara tienen de la puesta en marcha de la oficina técnica de seguimiento
presupuestario.
Por estas razones, señor Presidente, solicitamos el voto favorable a las
proposiciones no de ley que defiendo en relación con los ministerios de
Comercio y Economía.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el
Grupo Catalán de Convergència i Unió, el señor Homs tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, voy a intervenir consumiendo
también un solo turno para las dos proposiciones no de ley.
En cuanto al contenido de las dos proposiciones no de ley del Grupo
Popular debo manifestar que ambas me parecen interesantes. Podía ser
operativo lo que están planteando, que de forma periódica comparecieran
en las respectivas comisiones los distintos subsecretarios para informar
de la ejecución de los presupuestos. Quizás la discrepancia o el matiz
que nuestro Grupo aporta se refiere al período. Sabemos que en esta
Cámara durante tres meses no hay actividades regladas de Comisión; se
restringe a nueve meses el ámbito temporal de la celebración de
comisiones. Por eso entendemos que tres meses es un período de tiempo muy
corto. Las comparecencias semestrales serían suficiente para que el
subsecretario correspondiente nos informara de la ejecución del
presupuesto. Por tanto, esta medida que nos proponen de seguimiento y
ejecución del presupuesto nos parece correcta, positiva y útil.
Discrepamos en cuanto al período de tres meses; deberían ser seis meses.
Y la discrepancia en la que nuestro Grupo desea hacer más hincapié en
estos momentos se refiere a los aspectos procedimentales de su
iniciativa.
Ustedes saben, deberían saber, que en el Congreso de los Diputados está
constituida una Comisión que está analizando y redactando el Reglamento
de la Cámara. Pero es más. Ustedes saben que en la Comisión de
Presupuestos, y por mandato de la Comisión que está reformando el
Reglamento, se ha constituido una ponencia en la que estamos analizando
qué criterios deberíamos transmitir a la Comisión de Reglamento para
modificar aquellos aspectos que hacen referencia a la aprobación del
presupuesto y a su ejecución y control posterior. Esta Ponencia se ha
reunido ya unas cuatro o cinco veces; precisamente hoy a las doce
volvemos a reunirnos otra vez. Llevamos un largo tiempo meditando,
reflexionando y discutiendo cómo podríamos mejorar los sistemas de
aprobación y de control posterior del presupuesto en esta Cámara. Todos
los grupos hemos presentado escritos y sugerencias sobre cómo podríamos
regular en el Reglamento esta cuestión. El Grupo Popular también formuló
sugerencias, pero en ellas no se detectaba el contenido de las
proposiciones no de ley que presentan a esta Comisión y que, repito, me
parece interesante y aceptable, con el matiz temporal de los seis meses
en vez de tres. Pero sería más operativo que esta propuesta que hacen en
la Comisión de Economía, y que también han hecho en otras comisiones, la
trasladáramos a los trabajos que estamos haciendo en la Ponencia en la
que estamos reflexionando sobre la tramitación exclusiva y específica del
presupuesto y su control y ejecución posterior. No me parece un buen
procedimiento que hoy tomemos el compromiso de que cada tres o seis meses
comparezcan en esta Comisión los subsecretarios, dejando un poco de lado
los trabajos que está realizando la Ponencia que discute el Reglamento,
desde la perspectiva global de cómo debe funcionar la aprobación y la
ejecución del presupuesto en esta Cámara y las acciones de control
posterior. Me parece muy interesante y positivo y por eso propongo al
Grupo Popular --manifestando nuestra coincidencia con esa medida y
aceptando básicamente la propuesta que hacen ustedes con el matiz del
período-- que transmitan esa iniciativa a la Ponencia, que todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara asumiéramos el compromiso de
trasladar esa sugerencia, que perfectamente podría incorporarse a las
resoluciones que tomáramos los distintos ponentes que estamos discutiendo
sobre la tramitación del presupuesto en esta Cámara. Creo que no sería un
buen proceder que al margen de los trabajos que estamos haciendo todos
los grupos, en un instrumento que nos hemos dado a nosotros mismos para
reflexionar y mejorar el marco de operatividad y de
aprobación y control del presupuesto, aprobáramos paralelamente en una
Comisión otras decisiones que alteraran lo que está discutiendo este
instrumento que hemos constituido para tratar estrictamente el tema de
los presupuestos generales del Estado en esta Cámara.
En resumen, coincido con su iniciativa y creo que hacen ustedes en este
acto una propuesta en sí positiva, pero les apunto que el período de tres
meses es muy corto, que con seis meses cumplimos el propósito que tiene
esa acción de seguimiento y de control. Invito al Grupo Parlamentario
Popular a intentar consensuar una redacción con todos los ponentes y que
traslademos este compromiso que hoy quieren ustedes poner a consideración
de esta Comisión a la Ponencia que está estudiando el Reglamento sobre
los presupuestos dentro de la Comisión de Presupuestos, para que ésta
asuma estas sugerencias del Grupo Popular y las integre en las
resoluciones y las conclusiones que va a realizar, porque no tendría
sentido, repito, que esta Ponencia estuviera estudiando un proceder
general para los presupuestos de todos los ministerios y mientras tanto
en la Comisión de Economía aprobáramos un proceder específico para el
Subsecretario de Turismo y el de Economía o para el director general de
un ministerio. Nos parece bien respetar la visión global sobre el control
y la ejecución del presupuesto.
No entiendan ustedes lo que les estoy proponiendo como interés de mi
Grupo por eludir la responsabilidad de tomar esa decisión. Compartimos la
propuesta que ustedes hacen, pues es una buena iniciativa. Les proponemos
que analicemos si el procedimiento que ustedes hoy ponen sobre la mesa es
el más acertado, el más correcto, el más adecuado. Traslademos esta
propuesta. Mi Grupo se compromete a trasladar esta propuesta a la reunión
que tenemos hoy a las 12 con todos los grupos parlamentarios para dotarla
de la visión global que debe tener esta cuestión en lo que debe ser la
tramitación del presupuesto en esta Cámara. Quiero cerrar mi intervención
repitiendo que les felicito por su iniciativa. Creo que es positiva, pero
les ruego que tengan una visión más conjunta de lo que debe ser el
seguimiento y el control no de un ministerio ni de un subsecretario, sino
de todos los subsecretarios o de todos los ministerios. Por eso todos los
grupos nos hemos dotado de un instrumento que es esa ponencia, en la
Comisión de Presupuestos, encargada de acordar unos procedimientos para
el control de los presupuestos.
Señor Presidente, ésta es la posición de mi Grupo en cuanto a las dos
proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Seré muy breve también. No voy a reiterar
--sería por séptima u octava vez-- los argumentos que el señor Homs ha
dado en relación a la falta de conveniencia, quizás, de la proposición no
de ley que el Grupo Popular trae a esta Cámara hoy. Además, lo hago
usando un turno de fijación de posición y no un turno de posición
contraria, porque no estamos en contra del fondo de la cuestión que hoy
nos trae el Grupo Parlamentario Popular. Entiendo, además, que no es una
proposición no de ley ni una argumentación fanática del Grupo Popular,
sino que se trata simplemente de traer un tema que ha sido coincidente en
determinados ámbitos y quizás en comisiones distintas a las propias de
Economía y Hacienda.
Hemos dado buena fe de que en el fondo de la cuestión estamos de acuerdo
cuando en la anterior legislatura esta Cámara se dotó de un mecanismo de
debate parlamentario presupuestario distinto al habitual, donde, como
todas SS. SS. recordarán, había una concentración en las comparecencias
de los distintos altos cargos responsables de los ministerios en la
Comisión de Presupuestos y coincidimos todos en esta Cámara, desde luego
con el apoyo del Grupo mayoritario, en la conveniencia de que el debate
presupuestario se extendiera y se descentralizara en las distintas
comisiones. Es decir, en lo que es el debate presupuestario propiamente
dicho es cierto que ya hubo un nivel de coincidencia alto en la anterior
legislatura. Yo no quiero usar tampoco este turno para discrepar del
posible exceso de peso y de objetivos que se daría a la comparecencia de
los subsecretarios en las distintas comisiones. Desde luego, no creo que
sea el elemento fundamental para analizar o corregir los problemas de las
cuentas públicas del Estado, porque en definitiva creo que ya en este
momento no carecemos de la información que periódica y permanentemente,
ni siquiera con carácter semestral sino con carácter trimestral y en
muchas ocasiones con carácter mensual, el propio Ministerio de Hacienda,
a través de la Secretaría de Estado, transmite a esta Cámara para el
seguimiento de la ejecución de los presupuestos y de las cuentas
públicas. Tampoco está esta Cámara exenta de la capacidad para solicitar
cuantas comparecencias extraordinarias puedan ser consideradas útiles y
convenientes por los distintos grupos parlamentarios. Hay toda una gama
de fórmulas parlamentarias, desde las interpelaciones a las
comparecencias, pasando por las preguntas, que yo creo que garantizan la
capacidad y la posibilidad de tener el máximo nivel de información y de
transparencia en la ejecución presupuestaria. Incluso esta propia
Comisión de Economía y Hacienda ya ha dado buena muestra de la
conveniencia de fijar y de establecer la presencia de determinados
responsables. Quiero recordar que la presencia del Secretario de Estado
de Hacienda, así como la del Secretario de Estado de Comercio, para
hablar tanto del presupuesto como de la balanza comercial de este país
fue una decisión que adoptó esta Comisión en la anterior legislatura. En
cualquier caso, me parece un planteamiento oportuno y conveniente y,
coincidiendo con el señor Homs, una cuestión de coherencia con las
distintas iniciativas que en este momento se están produciendo en la
Cámara. Yo creo que sería más oportuno, más conveniente, más eficaz que
la modificación en el procedimiento de seguimiento de información de la
ejecución del presupuesto fuera trasladada a la Ponencia encargada de la
modificación del Reglamento de la Cámara. Sin duda alguna, el propio
Grupo Parlamentario Popular coincidirá conmigo en que eso tendría la
virtualidad de que no corriéramos el riesgo de tener que desdecirnos de
opiniones y de decisiones que hoy adoptara esta Comisión que pudieran
estar al margen de un criterio más general y mayoritario del que en este
momento se está produciendo en el seno de la Ponencia para la
modificación del Reglamento.
Por tanto, sin que sea interpretada como una posición contraria y
saludando la oportunidad de traer el debate, creo que este saludo debería
ser perfectamente complementario y complementado con la conveniencia de
trasladarlo a quien en este momento está tomando una decisión que creo
que es mucho más eficaz, saludable y, desde luego, mucho más ajustada a
Derecho, que es la modificación del Reglamento del Parlamento. (El señor
Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, le solicito un turno que no
sé si me corresponde reglamentariamente. (Un señor Diputado: ¿Para qué?
Otro señor Diputado: Ya sabes que no.) Lo hago ante tanta invitación y
tanta referencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, la Presidencia podría hacer una
interpretación tremendamente benevolente del artículo 73.1 considerando
que ha podido ser contradicho (risas) en algún elemento de su
intervención y sería el pie jurídico para poder concederle la palabra por
un breve turno de tres minutos. Tiene la palabra, señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Nos decía el señor Homs, después de
felicitarnos y de calificar la proposición no de ley del Grupo Popular de
operativa y útil, aunque con algunos matices, que esta proposición
carecía de una visión de conjunto. Para despejar ese calificativo que
utiliza el señor Homs le tengo que decir que esta proposición se está
viendo en el conjunto de las comisiones de esta Cámara, con lo cual
adquiere la visión de conjunto que usted echaba en falta. En todas las
comisiones de esta Cámara está el Grupo Popular defendiendo esta
proposición no de ley y, por tanto, más visión de conjunto no se puede
tener.
Yo sí creo, señor Homs, que en su actitud, aunque diplomática en el tono
y muy respetuosa en las expresiones, encierra usted la intención de ganar
tiempo y de eludir la responsabilidad sobre la puesta en marcha de este
tipo de seguimientos y controles parlamentarios. Si después del
descontrol sobre la ejecución presupuestaria del año 1993, del cual S. S.
y su Grupo algo tendrán que decir y algo tienen que ver porque han
apoyado esa ejecución presupuestaria, no coincidimos en la necesidad de
hacer un seguimiento mucho más riguroso, que pase de las grandes cifras a
la ejecución de secciones y programas y al seguimiento de las inversiones
reales por provincias y por comunidades autónomas, y se pospone hasta que
se apruebe el nuevo Reglamento de la Cámara, dejo la pregunta en el aire:
¿desde cuándo lleva esta Cámara estudiando la reforma de su Reglamento?
Yo creo que eso tiene que llevar su curso, que por cierto es muy lento,
unas veces por unos motivos, otras veces por otros. Precisamente lo que
se hace urgente y necesario es dotarnos de las piezas, los mecanismos y
los instrumentos parlamentarios para el seguimiento y el control de la
ejecución presupuestaria más amplios posibles y lo antes posible. Si
hasta dentro de un año no vemos la luz de la reforma del Reglamento, ¿qué
va a ocurrir? ¿Que todo el ejercicio de 1994 queda sin estos mayores
controles y seguimientos parlamentarios? He podido recoger de todos
ustedes que se felicitan, que consideran operativa y útil esta
proposición no de ley. Podríamos poner en marcha este mecanismo, sobre el
que veo que hay en el fondo unanimidad, aunque luego se va a traducir en
una votación en contra por parte del Grupo Catalán y por parte del Grupo
Socialista, o sea, que es una unanimidad un poco matizada. Si estamos de
acuerdo en el fondo en los instrumentos que hay que poner en marcha para
este control, no esperemos a un reglamento que puede ver su luz y su
reforma. Dios sabe cuándo y en qué año. Es más urgente y necesario poner
en marcha los instrumentos para impedir que se pueda volver a producir el
descontrol que ha existido en el ejercicio de 1993.
También con respeto y con diplomacia, señor Homs, creo que pretende usted
eludir la responsabilidad de poner un mecanismo al servicio del
parlamentarismo para el control de la ejecución presupuestaria y que lo
que intenta es ganar tiempo. Sin duda, como esta votación va a ser en
contra de las propuestas que está defendiendo en este turno el Grupo
Popular, estaremos junto a ustedes para trasladar el espíritu de esta
proposición no de ley a las conversaciones que se llevan en el seno de la
Ponencia de la Comisión de Presupuestos, pero con una salvedad, señor
Homs. Estaríamos de acuerdo en que la periodificación que nuestra
proposición no de ley contiene podría ser excesiva y a lo mejor
aceptaríamos la propuesta que usted medianamente nos ha formulado
respecto a una periodificación más relajada con dos comparecencias,
siempre y cuando estuvieran ustedes de acuerdo en ubicar y definir
temporalmente el momento en que se produjeran esas dos comparecencias,
que ya adelanto que nuestro grupo estimaría muy conveniente que fueran en
el mes de marzo y en el mes de septiembre para poder hacer un seguimiento
más eficaz de cómo se producen los acontecimientos de ejecución
presupuestaria.
En cualquier caso, señor Presidente, le agradezco que me haya ofrecido
este turno. Estas son las razones por las que insistimos en pedir el voto
favorable para el contenido de nuestras dos proposiciones no de ley en
materia de seguimiento y ejecución presupuestaria de los ministerios de
Comercio y Turismo y de Economía y Hacienda.
El señor PRESIDENTE: Lógicamente tengo que conceder la palabra a los dos
grupos precedentes, me imagino que para hacer alguna matización a su
intervención, que espero no reabra el debate y quede zanjado para pasar a
posterior votación.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: La verdad es que nuestro grupo no tiene ningún
interés en eludir responsabilidades y no facilitar el control de la
ejecución del presupuesto, en absoluto. Simplemente he hecho una oferta
al portavoz del Grupo Popular indicándole que nuestro Grupo estaría
dispuesto a transaccionar la proposición no de ley, lo cual no admite, en
dos puntos. Uno, modificar la periodicidad, a lo que me dice que sí. Y el
otro, que yo le he trasladado que si modifican la redacción y que el
compromiso que adopta esta Comisión hoy sería trasladar esa voluntad de
comparecencia a la Ponencia que está estudiando el Reglamento de la
aprobación y control del presupuesto. Precisamente, de la crítica de la
falta de visión de conjunto la propuesta que le hacía. Usted me dice que
han presentado la proposición no de ley en todas las comisiones, pero lo
han hecho ante todas ellas excepto ante la Ponencia que está estudiando
la tramitación del presupuesto en el Congreso de los Diputados, cuando es
ahí donde debemos garantizar esa visión de conjunto. El hecho de
presentarla ante todas las comisiones menos donde se tendría que hacer y
donde en estos momentos estamos acordando los distintos grupos la
tramitación y control del presupuesto es lo que me ha permitido a mí
indicarle que ustedes no están teniendo esta visión de conjunto.
Les ofrezco una transacción a esta proposición no de ley --no sé si se
puede hacer, señor Presidente-- para que esta Comisión de Economía
acuerde trasladar esta propuesta que ustedes nos hacen hoy a la Ponencia
que está estudiando el Reglamento y que la incorpore con la periodicidad
de seis meses, aceptada la sugerencia que hacemos. Me parece bien que sea
en los meses de abril y septiembre, pero creo que esto tiene que
integrarse en los trabajos que está haciendo la Ponencia que está
estudiando el Reglamento y el control del presupuesto.
El señor PRESIDENTE: Como muy bien decía S. S., en su reflexión iba la
respuesta. Esta Comisión de Economía no puede trasladar esta cuestión de
una Comisión a otra porque no tiene soporte jurídico ni sería oportuno.
Los grupos parlamentarios pueden utilizar otros mecanismos para, en el
caso de que lo deseen y lo juzguen oportuno, en esa Ponencia creada en la
Comisión de Presupuestos hacer las aportaciones que puedan acercar
posiciones respecto al tema central que estamos discutiendo. Sin embargo,
S. S. bien conoce que no hay mecanismos reglamentarios para poder
introducir una enmienda transaccional a la proposición no de ley, ni para
poder trasladar a otra Comisión las decisiones que esta Comisión pueda
tomar.
Por último, tiene la palabra el señor Hernández Moltó por el Grupo
Socialista.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Simplemente quiero matizar algunas cuestiones.
En primer lugar, como el representante del Grupo Popular ha calificado la
interpretación que nosotros hemos dado de su proposición no de ley como
operativa y útil, yo la admito también como poco original, en la medida
en que esta iniciativa de descentralización del debate presupuestario ya
tuvo lugar en la anterior legislatura. En segundo lugar, quiero
manifestar el acto de coherencia y de lealtad que hacemos con la
proposición no de ley, ya que, como ustedes habrán podido observar, no
tiene nada que ver la proposición no de ley que hemos discutido con el
criterio que el Grupo Popular mantiene al final de la sesión, en la
medida en que para nosotros sería discutible y desde luego poco
justificable votar a favor de una proposición no de ley del Grupo Popular
cuando éste no quiere que se apruebe.
Digo esto porque de las dos iniciativas fundamentales que se plantean (en
una, que se discuta en las distintas comisiones, coincidimos
absolutamente con el señor Homs pues pensamos que eso es bueno y que debe
hacerse en el ámbito de la Ponencia de modificación del Reglamento, lo
que suscribe también el Grupo Popular, y dos, que los tres meses es un
plazo poco razonable para discutir los presupuestos) la verdad es que no
sabemos qué podemos aprobar de esta proposición no de ley y, en este
caso, vamos a ser leales con el Grupo Popular para que tenga el destino
que ellos mismos desean que tenga, es decir, que sea rechazada por esta
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a pasar a la votación de
las dos proposiciones no de ley de forma conjunta, por la que se acuerda
la comparecencia trimestral del Subsecretario del Ministerio de Comercio
y Turismo y del Ministerio de Economía y Hacienda, previa remisión de
informes, para que den cuenta de la ejecución de su presupuesto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las proposiciones no de ley del
Grupo Parlamentario Popular.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las once y treinta minutos de la mañana.