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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 133, de 07/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 133
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 8
celebrada el lunes, 7 de marzo de 1994
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Secretario General de la Unión General de
Trabajadores, UGT (Redondo Urbieta), para dar a conocer la posición de su
organización respecto al proyecto de ley de Medidas Urgentes de Fomento
de la Ocupación, del proyecto de ley por la que se modifican determinados
artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral, así como del proyecto de ley por la que se
regulan las empresas de trabajo temporal. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 219/000047) (Página 4200)
--Comparecencia del señor Secretario General de Comisiones Obreras
(CCOO), don Antonio Gutiérrez, para dar a conocer la posición de su
organización respecto del proyecto de ley de Medidas Urgentes de Fomento
de la Ocupación, del proyecto de ley por la que se modifican determinados
artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral, así como del proyecto de ley por la que se
regulan las empresas de trabajo temporal. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 219/000048) (Página 4210)
--Comparecencia del señor Secretario General de Unión Sindical Obrera
(USO), don Manuel Zaguirre, para dar a conocer la posición de su
organización respecto al proyecto de ley de Medidas de Fomento
de la Ocupación, del proyecto de ley por el que se modifican determinados
artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la
ley de Procedimiento Laboral, así como del proyecto de ley por el que se
regulan empresas de trabajo temporal. A solicitud del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència y Unió). (Número de expediente 219/000082) (Página 4220)
Comparecencia del señor Presidente de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, CEOE (Cuevas Salvador), para informar:
--Sobre los proyectos de ley de reforma del mecado laboral. A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 219/000074)
(Página 4229)
--Dar a conocer la posición de su organización respecto del proyecto de
ley de Medidas de Fomento de la Ocupación, del proyecto de ley por el que
se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y
del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, así como del
proyecto de ley por el que se regulan las empresas de trabajo temporal. A
solicitud del Grupo Catalán, Convergència y Unió. (Número de expediente
219/000081) (Página 4229)
--Comparecencia del señor Presidente del Consejo Económico y Social, CES
(Durán López), para informar sobre el proyecto de reforma laboral. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/000520) (Página 4244)
--Comparecencia del Catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos de
la Universidad Complutense, don Julio Segura, para informar sobre los
proyectos de ley de reforma del mercado laboral. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 219/000076) (Página 4251)
Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras Diputadas, señores Diputados.
Se abre la sesión.
--COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UNION GENERAL DE
TRABAJADORES (UGT), D. NICOLAS REDONDO, PARA DAR A CONOCER LA POSICION DE
SU ORGANIZACION RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE
FOMENTO DE LA OCUPACION, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN
DETERMINADOS ARTICULOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL TEXTO
ARTICULADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL, ASI COMO DEL PROYECTO DE
LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL A SOLICITUD
DEL G. P. IU-IC. (Número de expediente 219/000047.)
El señor PRESIDENTE: Para dar trámite al orden del día que comienza por
la comparecencia del Señor Secretario General de la Unión General de
Trabajadores, don Nicolás Redondo, para dar a conocer la posición de su
organización respecto del proyecto de ley de medidas urgentes de fomento
de la ocupación, del proyecto de ley por la que se modifican determinados
artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral, así como del proyecto de ley por la que se
regulan las empresas de trabajo temporal.
Señorías, damos la bienvenida a don Nicolás Redondo y, además de la
bienvenida, le doy también la palabra en este momento.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES, UGT
(Redondo Urbieta): En primer lugar, quisiera manifestar mi más profundo
agradecimiento por la amable invitación que me han hecho para intervenir
en esta Comisión, ante lo que es la reforma del mercado laboral.
En segundo lugar, quiero decir que ha habido siempre una voluntad
inequívoca, tanto por parte de la Unión General de Trabajadores como por
Comisiones Obreras, de llegar a acuerdos, una voluntad inequívoca de
diálogo, en un tema tan importante como es el del mercado de trabajo.
Señalar esta disposición me parece más que necesario y, quizá más que esa
disposición, el interés, la voluntad con que mi organización encaró las
negociaciones tendentes a alcanzar un pacto para el empleo, un pacto que
fuera en un doble sentido; por una parte, equilibrado en los sacrificios
y eficaz en el resultado, y que combinara un compromiso de moderación de
todas las rentas, incluidas las salariales, con el mantenimiento de las
prestaciones sociales y una reforma consensuada del llamado mercado de
trabajo.
He de recordar, ustedes lo conocen, que ya en el mes de septiembre
presentamos al Gobierno un documento conjunto de UGT y Comisiones Obreras
que era: Bases para
un acuerdo por el empleo. Con él queríamos, en algún modo, iniciar una
negociación que nos llevara a un posible acuerdo. Se aceptaba la
posibilidad de que las rentas salariales evolucionaran durante un período
en función de la previsión de inflación, siempre que ésta fuera realista
y estuviera garantizada por una cláusula efectiva de revisión y que los
incrementos de la productividad fueran negociados para destinarlos
íntegramente a la creación de puestos de trabajo.
Me parece necesario señalar que esta propuesta inicial, antes incluso de
que se abriera negociación, va más allá de lo que, por ejemplo, tantas
veces aquí se ha glosado como «el pacto a la italiana» y que es, en
cierta medida, equivalente a lo que pedía el Gobierno belga al reclamar
que los salarios no crecieran más que los precios.
Lamento decir que el maximalismo con que se plantearon las cosas por
parte del Gobierno no hizo posible el acuerdo. Se ha estado más
interesado en enviar determinados mensajes, mensajes de firmeza, mensajes
de adopción de medidas presupuestarias y laborales que eran muy bien
recibidas por los empresarios y por sus socios políticos; había más
interés en eso que en lograr un acuerdo con los sindicatos. Y creo que
con ello se ha hecho un flaco favor a este país, pues me parece que
hubiera dado más confianza, más estabilidad y más dinamismo, un acuerdo
posible, realista y equilibrado con los sindicatos, aunque se hubiera
alejado de las declaraciones doctrinarias y maximalistas de algunos
responsables políticos y empresariales, que la imposición unilateral de
medidas de recorte social y de desregulación, que lo único que están
acarreando es una profunda, desde nuestro punto de vista, fractura
social.
Entrando en la cuestión de la reforma laboral, debo señalar, de entrada,
que nunca, repito, que nunca, hasta su remisión al Parlamento, hemos
tenido la posibilidad de discutir un texto articulado de lo que se
proponía. Hemos tenido que discutir siempre sobre criterios generales y,
además, durante muy pocas semanas, lo que contrasta de manera evidente
con cualquier otra experiencia de este país, o de otros países, que es el
consenso en materia de mercado laboral. Bajo mi punto de vista, esto pone
otra vez de manifiesto que nunca se ha buscado un consenso sobre esta
materia con los sindicatos, sino que, simplemente, se ha pretendido
realizar una consulta rápida, y supongo que modesta, para llevar a efecto
lo que desde un principio se tenía ya decidido realizar.
En tercer lugar, en cuanto al contenido de la reforma, los sindicatos
hemos sido partidarios de realizar una reforma del mercado de trabajo,
aunque no esto se puede calificar como auténtica contrarreforma, como
otro modelo laboral, que, por otra parte, han rechazado masiva y
contundentemente los trabajadores, el pasado 27 de enero, y que, según
encuestas que han aparecido en algún periódico, más del 80 por ciento de
los ciudadanos desean que se cambie. Hemos señalado la necesidad de
sustituir las ordenanzas laborales, en particular la que hace referencia
a las categorías profesionales, pero de forma negociada, no a través de
una derogación que lleva a la simple desregulación.
Siempre hemos dicho --y estamos de acuerdo en ello-- que hay que reformar
el Inem como agencia pública y gratuita de colocación; que es necesario
volver al principio de causalidad en la contratación, pues el que haya un
34 por ciento de contratos temporales --porcentaje que crece
continuamente, ya que más del 90 por ciento de los contratos que se
realizan son temporales-- o que el 30 por ciento de los trabajadores
lleven menos de un año en la empresa, es no solamente una auténtica bomba
social, como se ha demostrado en este período de recesión, sino algo
profundamente antiproductivo, que va contra la vinculación del trabajador
a la empresa, contra toda promoción y cualificación profesional y,
consiguientemente, contra la calidad de los productos.
Hemos pedido sistemas de autocomposición de conflictos. Hemos aceptado la
legalización de las empresas de trabajo temporal, con las debidas
cautelas, como, por ejemplo, las que existen en Alemania. Hemos defendido
por la vía de la negociación colectiva que se adopten cuestiones como los
horarios anuales, las categorías, las condiciones de trabajo o de
formación, como se hizo en 1983, cuando se pactó la posibilidad de una
distribución irregular de la jornada anual de trabajo, como se hace en
miles de expedientes de regulación de empleo o de jornada y como se hace
en múltiples materias en los convenios.
Desde nuestro punto de vista, lo que se pretende con esta contrarreforma
no es una adaptación o modificación de aquellas cuestiones que, por
supuesto, ya están desfasadas o que requieren regulaciones nuevas y
equivalentes. No se trata, a nuestro juicio, de establecer una
flexibilidad negociada. Estas medidas que se plantean suponen un cambio
radical de nuestras relaciones laborales y de nuestro modelo social. Se
pretende eliminar los mínimos de la ley para obligar a negociar a la
baja, empeorando lo que figura en la Ley y en los convenios. Se pone en
circulación lo que se ha dado en llamar empleos basura, empleos mucho más
baratos y discriminados respecto a la protección social, como el llamado
contrato de aprendizaje o el contrato a tiempo parcial de menos de 48
horas mensuales. Se abarata drásticamente el coste del factor trabajo por
los contratos, por la negociación y el descuelgue, por la vía de la
facilitación del despido y, dentro de poco, a través de la reforma de las
pensiones y de las cotizaciones sociales. Se rebajan fuertemente las
prestaciones de desempleo para, así, obligar a aceptar estos contratos
laborales y esas condiciones de trabajo degradadas, pues, como dijo un
ministro, los subsidios fomentan la pereza. Se pretende reducir las
conquistas sociales, debilitar la negociación colectiva, individualizar
las relaciones laborales y reducir la influencia de los sindicatos. En
ese sentido, veremos qué es lo que pasa con la ley de huelga que se pactó
con las organizaciones sindicales y el Gobierno.
Se pretende, en suma, desde nuestro punto de vista, llevar a cabo lo que
siempre han señalado los economistas liberales: recomponer la tasa de
beneficios y restituir la relación de fuerzas favorable a los
empresarios. Pero permítanme que dude de la eficacia económica y social
de lo que se pretende, los males de nuestra falta de competitividad no
están en nuestro mercado de trabajo ni en nuestros
salarios; la vía de competitividad por los bajos salarios, la precariedad
del empleo y el desmantelamiento del poco Estado de bienestar que tenemos
es una vía, desde nuestro punto de vista, con muy poco recorrido; no es
especializándonos en mano de obra barata y productos de bajo valor
añadido como avanzaremos hacia Europa sino, quizá, en dirección al Tercer
Mundo y aquí la verdad es que nadie entona el «mea culpa» de la
responsabilidad que han tenido en la crisis que padecemos los años de una
política de cambios de peseta sobreevaluada, nadie asume la
responsabilidad de una política de enfriamiento y ajuste permanente, ni
de la política monetaria superrestrictiva, ni de la total ausencia de una
política industrial o de una política de precios en el sector servicios,
ni la falta de políticas de formación o de investigación y desarrollo.
También se nos dijo, cuando en 1984 el Gobierno, yendo muchísimo más allá
de lo que había pactado con UGT, convirtió la contratación laboral en una
selva con catorce modalidades de contratación temporal, que aquello era
imprescindible para crear empleo, que ahora sí, ahora sí vamos a crear
empleo, y diez años después España tiene al mismo tiempo un doble récord:
el récord de la temporalidad con el 40 por ciento del sector servicios y
el récord del desempleo con el 23,9 por ciento.
Después de once años de continuos éxitos, parece, en la política
económica, tenemos un millón y medio de parados más que hace once años.
Que haya el 34 por ciento de precariedad en el empleo, que, a pesar de
dos decretazos, nuestro sistema de desempleo esté como esté, que, pese
al, según se dijo, definitivo recorte de las pensiones en 1985, hoy se
diga que el sistema está amenazado --incluso aparecen algunas noticias
hoy mismo poco gratas--, que las multinacionales se están yendo, que
regiones enteras se están desmantelando industrialmente, que todas las
previsiones del Plan de convergencia han saltado por los aires y que,
pese a todo, se siga sin controlar la inflación, ni el déficit, ni el
desequilibrio comercial, creo que no es para alardear de modernización ni
mucho menos de aciertos, ni para, una vez más, pretender que todo se va a
solucionar en base a reducir los salarios y a empeorar las condiciones
sociales.
La contrarreforma laboral que está en curso es apostar, desde mi punto de
vista, por una vía fracasada; no va a ser eficaz para solucionar los
problemas de competitividad de nuestra economía, que depende
fundamentalmente de otras cosas, como nuestra baja inversión por ocupado,
la dimensión de otras empresas, las inversiones en investigación y
desarrollo y en formación, la política industrial, los precios en el
sector servicios y, en general, una política más expansiva. Es más, esta
vía de la desregulación resulta excluyente con la otra. Tampoco va a
solucionar el problema del paro, como no lo solucionó la desregulación de
la contratación, lo único que va a conseguir es llevar el conflicto al
seno de las empresas y a una desmotivación laboral.
Por ello, nosotros pedimos que reflexionen, que se haga un gran esfuerzo
para llegar a un consenso con los sindicatos en este tema. Todavía
estamos a tiempo. Hemos presentado propuestas y alternativas en base a
las cuales se podría llegar a un acuerdo, que es básico para las
relaciones laborales de este país. Se puede reformar el mercado de
trabajo, como ya se hizo en otros momentos, de forma consensuada.
Les quiero recordar que lo que hoy está vigente fue fruto del consenso,
fue acordado por la UGT, por el Gobierno de la UCD y por el Partido
Socialista Obrero Español, con la aquiescencia y el acuerdo de la CEOE.
No es una legislación franquista la que hoy existe; es reciente, de 1980,
fruto del consenso, y tiene la firma del señor Cuevas, entre otros.
Pretender darle la vuelta en contra de los sindicatos, en contra del
sentir de los trabajadores, en contra de la mayoría de los ciudadanos,
hacerlo de esta manera tan mayoritaria, desde el ámbito parlamentario
como tan impopular en la calle, es apostar por su ineficacia social. Si
alguno de ustedes tiene duda ¿por qué no ha habido una sola voz que haya
reclamado un referéndum para comprobarlo? Además, es absolutamente
incierto que España sea una especie de «rara avis» en el contexto
europeo. Con las peculiaridades de cada país, estamos en línea con lo que
es la Europa laboral y en algunos aspectos, como la precariedad, mucho
más desregulados. Ningún análisis avala la tesis de que la legislación
española, antes, no ahora, de las reformas introducidas por el reciente
Real Decreto-ley, era más rígida que la europea. Incluso se pone en duda
lo que señalamos y hemos dicho respecto a la contratación temporal, que
exista tal legislación europea como cuerpo homogéneo.
De estos informes puede extraerse que, examinada desde la óptica
flexibilidad-rigidez, la normativa española estaba, en general, en un
punto intermedio. En ese sentido, hay informes de la Comisión Europea de
los años 1989, 1991, 1992, en los que se dice que nuestra reglamentación
está en sintonía y se aviene con lo que es la legislación comunitaria.
Terminaría con una licencia que dice: Como sabes, los informes a que hace
referencia dicho artículo 17 fueron remitidos a este Ministerio a
primeros de abril, tanto por UGT como por CEOE; después de haberlos
estudiado con atención e interés, el Gobierno --el Gobierno socialista;
la fecha es 1985-- ha llegado a la conclusión de que, en lo relativo a
despidos colectivos, no es necesaria ninguna modificación de nuestra
actual legislación, dado que lo previsto a este respecto en la Ley del
Estatuto de los Trabajadores cumple perfectamente, y así se desprende del
Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, con las normas
comunitarias. Por ello, considero que ya se ha dado cumplimiento, en
relación a este tema, con los compromisos del citado artículo 17. Recibe
un fuerte abrazo Joaquín Almunia, Ministro de Trabajo en aquel entonces.
Creo que muchos de ustedes lo van a lamentar, sobre todo desde un punto
de vista de la izquierda. Quizá sea una de las próximas y más sentidas
reivindicaciones que tengan que realizar ustedes el día de mañana para
volver efectivamente al punto de partida. No sé quién será el Rocard o el
Mauro del día de mañana, pero seguro estoy, en mi condición de
socialista, de que una de las reivindicaciones
fundamentales que tendrán que realizar es volver a lo que ustedes ahora
tan graciosamente están entregando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Redondo.
Por el Grupo parlamentario solicitante de la comparecencia, tiene la
palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: En primer lugar, quiero dar las gracias al señor
Redondo por su comparecencia en esta Comisión, yo creo que
particularmente interesante en la medida en que nos ha permitido dar un
repaso --es verdad que rápido, pero yo creo que especialmente jugoso en
cuanto a su contenido-- a todo lo que ha sido la incidencia, la
evolución, la dinámica del --vamos a calificarlo-- diálogo social de los
últimos meses.
Ha sido interesante situar la reforma del mercado laboral en el contexto
más amplio del conjunto de política social del Gobierno en donde está
también, como usted ha hecho referencia, el tema del cambio en los
sistemas de revalorización de pensiones, los anuncios de más cambios
--inconcretos algunos de ellos y especialmente preocupantes todos--, el
recorte en materia de desempleo, las medidas adoptadas en relación con
funcionarios, etcétera.
Quiero decirle, señor Redondo, que su opinión coincide en buena medida
con la de nuestro Grupo, pero, no obstante, más allá de esta
coincidencia, valoramos especialmente su carácter de persona
especialmente conocedora de la realidad laboral de nuestro país.
Desde ese punto de vista, yo creo que los datos que nos ha dado, sin
lugar a dudas, van a movernos a la reflexión. Estoy convencido de que una
reforma tan importante, tan amplia, tan trascendente, con repercusiones
no sólo en el terreno laboral sino también en el terreno económico e
incluso político, a tenor de las últimas reflexiones que usted hacía, va
a ser tomada en consideración al menos por la mayoría de esta Cámara que,
a tenor de las elecciones del pasado 6 de junio, se configuraba como una
mayoría progresista. Yo quiero creer que, efectivamente, se van a atender
esas peticiones desde una organización progresista, que vamos a
reflexionar la mayoría de esta Cámara sobre el contenido, la
trascendencia y los efectos de esta reforma.
A partir de ahí, brevemente, en atención al calendario que tenemos
señalado, yo solo le quisiera plantear tres preguntas concretas, señor
Redondo.
Se ha intentado justificar esta reforma --yo creo que ha hecho usted
alguna referencia parical a ella, especialmente significativa en el punto
concreto de la cita de la carta dirigida por el Ministro de Trabajo,
entonces el señor Almunia, en el año 1985, a usted como Secretario
General de UGT--, en definitiva se ha hecho alguna referencia por parte
del Gobierno a que con esta reforma se trataba de equipararnos a Europa.
Yo desearía que profundizara usted en si realmente esta reforma tiende a
equipararnos con Europa o, por el contrario, da la impresión de que el
Gobierno asume la avanzadilla de una tendencia a la que se incorporan
otros gobiernos conservadores, como el caso del Gobierno francés,
etcétera. Desearía que nos ampliara cuál es su opinión sobre este punto
concreto.
En segundo lugar, se ha intentado justificar esta reforma --por no darle
carácter valorativo-- diciendo que pretende combatir el paro. ¿Cree
usted, señor Redondo, que es más eficaz para combatir el paro el conjunto
de política económica que lleva el Gobierno que medidas estrictamente
laborales?
Me parece que ya ha anticipado en alguna medida su opinión, al hacer una
petición de autocrítica de la política económica y entre los resultados
que ha producido, se encuentran algunos de los que usted ha dicho; por
ejemplo, las tasas más altas de precarización, las tasas más altas de
paro, un sistema de Seguridad Social que se afirma que está en
dificultades y, sobre todo, también nos parece importante esa pérdida de
competitividad de la economía española que se refleja en la destrucción
creciente de empleo.
¿Son particularmente adecuadas medidas que se plantean, por ejemplo,
abaratar el despido, en un momento de recesión, en un momento de
destrucción de empleo especialmente grave? Los datos de destrucción de
empleo del mes de enero son los más elevados de los últimos ocho años. De
febrero, se nos anticipan ya resultados también negativos.
¿Qué valoración haría, señor Redondo, de los anuncios, extraños por poco
frecuentes, de años anteriores en los que antes de terminar el mes ya se
nos hace referencia a que crece el número de contratos de aprendizaje,
por ejemplo, a tiempo parcial, etcétera?
¿Cree usted que realmente se está creando empleo o estamos asistiendo a
fenómenos de sustitución?
Señor Redondo, desde una organización sindical más representativa, con
una particular trayectoria negociadora en la historia de nuestro país,
que nosotros reconocemos y valoramos, yo le quisiera preguntar si
entiende usted que este conjunto de medidas refuerza la posición de los
trabajadores y, en consecuencia, va a hacer más real, más dinámica la
negociación colectiva o, por el contrario, la negociación colectiva va a
tener más dificultades.
Eso en la perspectiva de un proceso negociador ya abierto, pero más en
concreto en la perspectiva del proceso de sustitución de las ordenanzas
laborales.
Por último, en la medida en que este conjunto de medidas tenga alguna
coherencia interna, yo le preguntaría, señor Redondo, si considera
coherentes con la filosofía última de esta contrarreforma esos recortes
en la Seguridad Social que se nos anuncian.
Nada más. Reiterándole las gracias en nombre de nuestra fuerza política
por su presencia, quedo a la espera de su contestación.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Seré muy breve. Quiero agradecer al señor
Redondo su comparecencia y su intervención.
Mi Grupo coincide en gran parte, en lo esencial, con sus opiniones. Pero
lo que importa en este momento es que esta Comisión está ya en el debate
final de los tres proyectos de ley; el próximo jueves ya tendremos el
primer proyecto de ley en el Pleno, será sometido a votación, y
posteriormente pasará al Senado.
En esta fase ya tan acelerada y tan rápida de la tramitación de estos
tres proyectos de ley, usted ha manifestado que aún estamos a tiempo de
impedir que se produzca este destrozo desde el punto de vista de la Unión
General de Trabajadores y de la mayoría de los trabajadores de este país.
¿Qué posibilidades tenemos aún de recuperar el diálogo social y de que no
se produzca una ruptura tan importante en el diálogo social y político de
este país para que la recuperación no se haga de forma traumática y
conflictiva?
He oído que hay propuestas sobre esta reforma laboral, con tres o cuatro
cuestiones de fondo, como la de sustituir el contrato de aprendizaje por
un contrato de formación con limitaciones en la edad y con garantías
sociales; sobre la fórmula de los despidos y su facilidad desde el punto
de vista de las causas organizativas; la necesidad de los controles
administrativos para que no se produzca la sustitución de trabajadores
con empleo fijo por trabajadores en precario y algunas otras medidas.
El señor Redondo, yo creo que acertadamente, ha dicho que lo que en el
fondo significa todo esto es una ruptura en el equilibrio entre
empresarios y trabajadores, entre organizaciones empresariales y
sindicales. Por tanto, sería necesaria alguna medida para reequilibrar,
para hacer realmente posible que el diálogo se produzca en condiciones de
igualdad y que todo el proceso de negociación colectiva, que tanto se
quiere ampliar, y el consejo social puedan producirse.
Estoy oyendo que hay organizaciones políticas que están teniendo en este
momento debates intensos. Algunas de ellas tienen que pronunciarse sobre
estos asuntos, en un plazo máximo de quince días, en sus congresos, con
enmiendas que podrían, y ésta es la pregunta, modificar las condiciones
actuales de confrontación y recuperar el diálogo. Qué posibilidades hay,
no sólo en estas leyes, pues es un debate mucho más amplio y complejo. Yo
pediría al señor Redondo que se pronunciara, porque lo que se ha abierto
con estas tres leyes es una etapa política y social nueva. Es verdad que
en 1979 y 1980, con los Pactos de la Moncloa y el Estatuto de los
Trabajadores se lograron algunos avances en la protección social de este
país, abriéndose una etapa que ahora se está cerrando. Yo creo que se
cierra, no sólo en este país, sino en otros países europeos; de lo que se
trata es de saber si se cierra en una etapa nueva, con un
desmantelamiento del Estado social y democrático de Derecho que defiende
nuestra Constitución o con una reforma que garantice competitividad y
productividad, pero con la protección social, con el Estado del bienestar
y con el Estado social y democrático de Derecho: todo el tema de las
pensiones, la reforma del seguro de desempleo, la empresa pública, la
función pública, el conjunto del sistema de relaciones laborales, la
presencia de los sindicatos en las instituciones y en las empresas, la
política de empleo activo y la reforma del Inem, la ley de huelga,
etcétera.
En resumen, señor Redondo, la posición de mi Grupo, aparte de compartir
muchas de las opiniones dadas, es que los cambios y el progreso de este
país, sin duda, se garantizarían con el diálogo y el consenso social, con
un gran pacto de nuevo que redefiniera y reorganizara los sistemas de
este país, pero desde una posición progresista en el Estado social y
democrático de Derecho. Lamentablemente pensamos que si esto culmina en
el Congreso y en el Senado, en un plazo máximo de un mes o mes y medio,
en la forma actual, se va a producir una ruptura y va a ser muy difícil
luego recuperar el diálogo social. ¿Es posible recuperarlo ahora? ¿Cuáles
son las posibilidades de una oferta sindical; en dónde se concentrarían
las propuestas centrales de la oferta sindical para que ese diálogo se
recuperara, y qué posibilidades hay de abrir un gran diálogo mucho más
amplio, a efectos de tratar todos los temas que relacioné antes, para que
el desmantelamiento del Estado social y democrático de Derecho no se
produzca de la forma en que se está produciendo en estos momentos?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Agradezco al señor Redondo su comparecencia;
le anuncio que tomamos nota de su introducción y escucharemos con mucha
atención la respuesta que dé a los distintos Grupos.
Al hilo de su intervención, señor Redondo, se me ocurren sólo un par de
preguntas, porque ha venido usted a decirnos cosas que ya sabíamos, pero
con una especial incidencia en la gravedad de las decisiones que se
puedan tomar en esta Cámara.
Si yo no estoy mal informado, desde abril de 1993, en una institución
como el Consejo Económico y Social, de la que forma parte su
organización, ustedes tienen el libro verde de la reforma laboral que les
envió el Gobierno. Si yo no estoy equivocado, desde junio, después de las
elecciones, ustedes han estado reuniéndose con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social para tratar de pactar la reforma laboral que ustedes no
cuestionaban y que el Gobierno creía necesaria.
¿Es posible que en seis meses no se haya llegado a ningún tipo de
aproximación, como efectivamente no se ha llegado, y es posible que eso
sólo sea por culpa de una de las partes? ¿Es posible que desde hace seis
o siete años los sindicatos mayoritarios, con gobiernos con mayoría
absoluta, y ahora con un gobierno sin mayoría absoluta, no hayan podido
llegar a ningún pacto sustancial en todo lo que supone la reforma de la
legislación laboral?
Son preguntas que se me ocurre que no se pueden despachar diciendo: los
otros tienen la culpa; porque éste creo que es el «leit motiv» del tema.
Ustedes se han sentado en una mesa en la que en un lado había unos que
decían: vamos a tirar adelante con la reforma, tanto si ustedes quieren
como si no; y en el otro lado de la mesa otros que
decían: si ustedes tiran adelante con la reforma laboral, nosotros les
montaremos una huelga y, además, todas aquellas actividades en la calle
que sean necesarias para contrarrestar su decisión. Ustedes se han
levantado de la mesa tirando las sillas, rompiendo la relación entre unos
y otros. Pero no creo que sea correcta la culpabilización que usted hace
hoy sólo al Gobierno. Yo estoy convencido de que ustedes, los sindicatos
mayoritarios, tienen también una responsabilidad en la situación en que
hoy nos encontramos.
Usted ha hecho una pequeña alusión al inicio de su intervención y yo
quiero clarificarle que mi Grupo está tremendamente preocupado por las
728.000 personas que aún no han podido encontrar trabajo y está
tremendamente preocupado por el 1.020.000 trabajadores y trabajadoras que
llevan más de dos años sin tener trabajo y están en la expectativa de
encontrarlo, apuntados al Inem. Mi Grupo cree que, si con esta
legislación se ha llegado a esta situación, más allá de la voluntad de
unos y otros, es evidente que hay que hacer algo, es evidente que tenemos
que remover la legislación y otras cosas, no sólo la legislación; no es
un problema simplemente jurídico, hay otros problemas. Hay que remover
también otros temas económicos y de otra naturaleza, es indudable que hay
que hacer la reforma laboral, y es en esa línea en la que mi Grupo está,
en la de buscar soluciones a la situación de estos 2.700.000 parados
reales que parece que hay en el Inem o de los 3.600.000 que nos dice la
EPA que tenemos. No nos parece que sea el mejor camino el de
culpabilizarnos. Sería mejor camino el de que usted hubiese aportado aquí
hoy, además del documento que ya nos entregó en su momento, una línea de
posibles acuerdos, más que una línea de amarga crítica y de velada
amenaza al Parlamento si aprobamos la reforma laboral que usted llama
contrarreforma. Lo hacemos desde nuestra responsabilidad, convencidos de
que no usted solo defiende a los trabajadores, nosotros también; podemos
equivocarnos. En todo caso, arrastramos las consecuencias de nuestro
error, pero piense, señor Redondo, que lo hacemos desde la honestidad de
creer que estamos ayudándole a usted y a su organización, en función de
que usted representa un sector de trabajadores muy importante para
nosotros.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, en primer lugar, quiero
agradecer la presencia en esta Cámara y en esta Comisión, de nuevo, al
Secretario General de la UGT, don Nicolás Redondo. Ya tuvimos una
comparecencia no hace mucho para hablar precisamente de algo muy
relacionado con lo que hoy nos trae aquí. Yo quiero compartir con el
señor Redondo algunas reflexiones que ha hecho a lo largo de la mañana.
Desde luego, le puedo garantizar que si algo preocupa a nuestro Grupo
Parlamentario es cómo salir de la crisis económica y cómo generar empleo
en nuestro país. Creo que si algo puede motivar a un grupo parlamentario
y a un grupo político, con el respaldo social que tiene hoy en esta
Cámara, es la búsqueda de políticas económicas y laborales que
contribuyan a solucionar el grave problema que tiene España, que es la
destrucción continuada de puestos de trabajo. En ese sentido se tiene que
enmarcar cualquier actitud o posición de nuestro Grupo en esta Cámara y
fuera de esta Cámara.
El señor Redondo ha dicho algo que yo he dicho aquí por activa y por
pasiva, porque creo profundamente en ello: que no se puede hacer una
reforma laboral si no está consensuada. Nosotros hemos intentado buscar
fórmulas que hicieran posible el consenso con los agentes sociales. Yo
sigo sin entender cómo es posible que el Estatuto de los Trabajadores que
ha estado vigente en este país, con algunas reformas, a lo largo de
catorce años, que no era un texto que satisficiera a todo el mundo, pero
que sí halló ese punto de encuentro entre los agentes sociales, el
Gobierno --en aquel momento UCD-- y el Partido Socialista --en aquel
momento en la oposición--, lograra un pacto que hizo posible que en las
empresas españolas se pudieran aplicar unas reformas laborales, que
entonces eran tan necesarias como lo son hoy, catorce años después.
Sinceramente, yo tengo que lamentar que el Gobierno socialista haya
buscado la confrontación y no el consenso, porque el señor Redondo ha
dicho algo que a mí me sigue preocupando al día de hoy y pensando en un
futuro muy próximo, y es trasladar la conflictividad, por falta de
consenso, a las empresas. Yo creo que las empresas españolas están en una
situación de crisis, de expedientes de regulación de empleo, de
adecuación de sus plantillas, a la que no favorece nada la conflictividad
en el seno de las empresas. Yo no sé si el señor González, a la hora de
plantear su no consenso, ha pensado en la carga terrible de
responsabilidad que está echando en las empresas españolas a partir de
este momento.
No entiendo tampoco por qué el señor González, que puso como base
fundamental de su programa en las últimas elecciones la búsqueda de un
consenso social para el empleo --incluso decía que sería la única fuerza
política capaz de llegar al consenso--, analizando los últimos meses, la
realidad y la conclusión es que no tenía esa voluntad. A mí me hubiera
gustado reconquistar el consenso en España, porque entiendo que la
política de confrontación no lleva a nada; a lo único que lleva es a más
desempleo, a más desesperación y a no salir de la crisis.
Por tanto, creo que ha habido un error, creo que ha habido una falta de
credibilidad por parte del Gobierno. Se debería de haber hecho un
esfuerzo mayor para que esta ley se hubiera remitido a esta Cámara con un
consenso lo mayor posible. Previsiblemente no hubiera sido una reforma
del estatuto que hubiera gustado a todo el mundo, pero sí un punto de
encuentro, y UGT hubiera hecho exactamente igual que hizo en el año 1980,
que tenía carteles que decían «Estatuto sí»; había una batalla dentro de
la propias empresas promovida por dicho sindicato para aplicar aquel
estatuto, y ahora vemos que en esas empresas no vamos a encontrar a los
sindicatos, en general, en contra de la aplicación del mismo, con lo cual
no creemos que vaya a ser excesivamente positivo para las empresas, sobre
todo si lo que, desde mi punto de vista, debe mover la reforma
del estatuto es la competitividad de nuestras empresas y la adecuación de
nuestro sistema productivo a las nuevas realidades de la
internacionalización de la economía y a los nuevos modos de producción.
Por consiguiente, lamento profundamente la falta de consenso. Nuestro
Grupo Parlamentario ha planteado la necesidad de trasladar a esta Cámara
dicho consenso. Los agentes sociales de los partidos representados en la
Cámara hemos hecho una oferta para intentar trasladar esa búsqueda de
acuerdos a esta Cámara. Siento decir que, hasta ahora, por lo que se ha
visto en el Real Decreto-ley de fomento de la ocupación, nos hemos
encontrado con la negativa absoluta del Grupo Socialista para apoyar
cualquier reforma que planteara nuevas modalidades de contratación,
incentivación de dicha contratación para mayores de 45 años y para
jóvenes, y un modelo de contrato de aprendizaje que, desde nuestro punto
de vista, se acercaba mucho más a lo que es el modelo de contrato de
aprendizaje en el resto de los países de la Comunidad, incluso en el
mundo anglosajón, que al Grupo Socialista parece que últimamente le gusta
mucho.
Quiero agradecer sinceramente al señor Redondo su presencia aquí, y
decirle que no ceje en su empeño de buscar ese consenso. Le puedo
garantizar que, en ese sentido, encontrará el apoyo del Grupo Popular,
porque creemos que es la única fórmula para poder aplicar un estatuto que
contribuya a la adecuación de nuestras empresas a estas nuevas
realidades. Si no lo conseguimos, me da la sensación de que va a suponer
un esfuerzo enorme por parte de la sociedad, con la carga de
conflictividad que hemos acumulado en los últimos meses, incluida una
huelga general, todo lo cual se va a unir con una frustración política de
los grupos parlamentarios por haber peleado intentando conseguir ese
estatuto mejor para todos que, al final, sea inaplicable en cada una de
nuestras empresas.
Muchísimas gracias, señor Redondo, por su intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor
Secretario General de UGT por su comparecencia en esta Comisión.
Créame, con honestidad desde el Grupo Parlamentario Socialista le diré
que la reforma que estamos debatiendo persigue conservar y promover el
empleo. Lo que pretendemos es aumentar la propensión a contratar por
parte de los empresarios. Para ello estamos regulando nuevos instrumentos
de contratación que esperamos que sean, al menos, tan eficaces como los
que regulamos el año 1984. Acuérdese, señor Redondo, que en ese año 1984
aquellos instrumentos de contratación vinieron avalados por UGT; está
expresamente recogido por el AES el efecto positivo que podría alcanzarse
con aquellos instrumentos de contratación, y conviene recordar esto a la
hora de interpretar la historia, a la hora de ver lo que estamos haciendo
entre todos para beneficiar la situación de los trabajadores.
Atribuimos al convenio colectivo un papel fundamental en la regulación y,
por tanto, en esta regulación, en esta reforma de las relaciones
laborales atribuimos a los agentes sociales, a ustedes los sindicatos y a
la patronal, una importancia decisiva. El convenio colectivo sí es el
instrumento que va a cambiar la cultura en las relaciones laborales y,
por tanto, el protagonismo que atribuimos a los sindicatos y a la
patronal está absolutamente en consonancia con la importancia que
atribuimos al convenio colectivo.
Evidentemente, todos hubiéramos querido que la reforma nos hubiera
llegado pactada, pero el pacto no ha sido posible. Tampoco se aceptaron,
por ejemplo, el programa de convergencia ni otras propuestas del
Gobierno. En cambio, sí se ha llegado a un acuerdo tripartido importante
en materia de formación ocupacional continua, pero no creemos que sea el
momento de entrar en causas ni en culpabilidades, como ha hecho la
representante del Partido Popular, ni en lo que usted ha llamado, señor
Redondo, maximalismos. Yo creo que, igual que se dice que cuando dos no
quieren uno no pacta, también se dice que cuando uno no quiere dos no
riñen; es decir, que entrar en estos momentos en maximalismos o en
atribuidas culpalidades creo que no es el objeto de la reunión de hoy.
Yo quiero recordar también, dentro de los pactos y de lo que esta reforma
laboral contiene, una parte muy importante de la misma que nos llega
acordada entre las centrales sindicales mayoritarias y aceptada por el
Gobierno. Mi Grupo no ha presentado ninguna enmienda a esta parte, y creo
que tampoco lo ha hecho el Grupo de Izquierda Unida. Me refiero a la
normativa sobre elecciones mal llamadas sindicales, porque efectivamente
son las elecciones a representantes de los trabajadores. Hasta ahora, la
representatividad sindical se medía por los resultados electorales
habidos en un período limitado de tiempo, un período de cómputo cerrado.
Este sistema ha generado problemas de confrontación entre los sindicatos
mayoritarios, sobre todo durante ese período cerrado; problemas de
litigiosidad a la hora del cómputo de los resultados electorales que han
retrasado los resultados porque existía una proclamación global de los
mismos y se traslada a la sociedad una imagen sindical negativa a raíz de
lo que he dicho. A este problema vamos a darle solución en esta reforma,
que no contrarreforma; solución que consiste en prorrogar los mandatos de
los actuales delegados y miembros del comité de empresa, en que se
celebren elecciones durante un período abierto en el tiempo y en la
acreditación de la representatividad por medio de los resultados vigentes
en el momento en el que deban ejercerse las funciones representativas. Ya
digo que solamente el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya no han presentado enmiendas a esta parte,
que consideramos importante, de la reforma.
¿Cómo valora, señor Redondo, este hecho? ¿A qué se debe que, pese a la
importancia de la modificación y viniendo como viene, ya digo, esta parte
importante de la reforma acordada entre las centrales sindicales
mayoritarias y el Gobierno, ningún representante sindical de las
centrales más representativas haya destacado este acuerdo y la
importancia del mismo?
Le agradecemos, por último, su presencia aquí, señor Redondo, y tenga
usted nuestro absoluto reconocimiento por su labor al frente de la UGT,
independientemente de que nuestros puntos de vista sean diferentes, tan
diferentes como los que usted ha expresado y los que el Grupo Socialista
mantiene.
El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a las manifestaciones de los
grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Redondo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES, UGT
(Redondo Urbieta): Siguiendo el orden en el que han intervenido,
contestaría a Izquierda Unida en primer lugar.
Desde mi punto de vista no se pueden justificar una serie de medidas de
las que se van a tomar a tenor de la reforma del mercado de trabajo, en
función de la equiparación del nuestro al europeo, sobre una supuesta
rigidez del español. Hay declaraciones múltiples, como digo, de la propia
Comisión, de los propios estamentos de la Comunidad, en las cuales dicen
que nuestro ordenamiento laboral es equiparable al de la Unión Europea.
(El señor Barrionuevo Peña: Señor Presidente, ¿podría acercar un poco más
el micrófono? No se oye.)
Digo que, con relación a la argumentación que se me daba de la
equiparación con Europa, si este mercado de trabajo es rígido en
comparación con lo que puede ser el de la Unión Europea, todas las
manifestaciones de dicha Unión Europea inciden en que este es un marco
laboral idéntico al de ellos, aunque cuando hablamos de Europa habría que
decir qué Europa, porque es una cosa bastante heterogénea. ¿Qué Europa?
Porque dentro de la Europa comunitaria hay legislaciones laborales muy
distintas. En Holanda, por ejemplo, también tienen la autorización previa
administrativa; en otros países no la hay, y las legislaciones laborales
también son muy diferentes.
Pero a tenor de la media, nuestro marco laboral resiste la comparación, y
no solamente lo dicen las autoridades europeas, sino que aquí ha habido
algún trabajo, que ha sido sugerido por el Ministerio de Trabajo, que
dice que los despidos y las dificultades en los mismos están en una zona
media, superior a la de algunos países europeos e inferior a la de otros.
Eso es de dominio público y todos ustedes lo tienen que conocer como
Diputados. Es un trabajo, no quisiera decir el nombre, en el que se ve
que estamos equiparados. Hubiese sido bueno --lamento profundamente que
no haya sido así-- que hubieran aceptado la invitación de que hubiese
venido don Emilio Gabaglio, porque hubiese dicho de propia voz si
existían o no diferencias. Recientemente, en la preparación de la huelga
del 27 de enero, en una rueda de prensa manifestó de manera inequívoca
que efectivamente no había ninguna rigidez en nuestro mercado de trabajo
y que, por el contrario, en el tema de la contratación en la entrada es
incomparablemente más flexible que cualquier otro país. En cuanto a la
salida, también es equiparable a la de otros países. Por último --y que
nadie lo tome como un rasgo de mal humor--, incluso dijo que lo que se
pretendía aquí era muy preocupante para el conjunto de los trabajadores
europeos, porque podía ser una referencia que llenaría de alegría a los
empresarios y de una profunda incertidumbre y tristeza a dichos
trabajadores europeos. Esto en cuanto la primera pregunta.
Hay declaraciones de todos los tipos en las que se dicen que esta medida
no va a incrementar el empleo. Recientemente, un grupo de expertos,
catedráticos en Derecho laboral, etcétera, han manifestado que, desde su
punto de vista, están convencidos que esto no va a crear empleo. Yo estoy
igualmente convencido de ello, pero no me quiero dejar guiar solamente
por juicios de intenciones; es una canción muy conocida.
El señor Chirac, en un gobierno de derechas, en una situación de
cohabitación con el señor Mitterrand, vino a decir que si se quitaba la
autorización previa administrativa se iba a crear mucho empleo. Se quitó
la autorización previa administrativa, que los gobiernos socialistas de
Mauroy, de Rocard, etcétera, no modificaron, y la verdad es que el paro
se siguió incrementando de una manera extraordinaria. En diciembre de
1992, a propuesta de un grupo parlamentario comunista, se fijaron otra
vez unas normas para que el despido no fuera libre, como lo había sido
hasta entonces.
El señor Balladur --y lo tomo como referencia-- recientemente hablaba del
orden de 80.000 millones de francos que se dieron a las empresas para que
crearan empleo. El propio señor Balladur les ha dicho que no han creado
ni un solo empleo. El señor Mitterrand, en su discurso de primero de año,
viene a decir también al gobierno de Balladur que ha entregado 80.000
millones de francos franceses para que se cree empleo y no se ha creado
nada de empleo; al contrario, se sigue despidiendo. Mi impresión es que
aquí, con esas facilidades de despido, que no se conocen en otra parte de
Europa, no va a haber más empleo sino más despido, y me preocupa tanto
como a cualquiera. Ahora, ¿por no decir lo que uno siente se solucionan
mejor los problemas, o tenemos todos quizás la obligación, aunque sea un
poco antipática, de ver la realidad frente a frente?
Hay una serie de preguntas que se formulan. Por ejemplo, a mí me parece
que estas medidas no sólo van a debilitar a los trabajadores en la
defensa de sus intereses; sigo pensando que van a debilitar también a los
sindicatos. Me atrevo a manifestar que va a dejar en cierta medida
maltrecha a la izquierda política de este país o a una parte de ella. Son
manifestaciones personales que me parecen tan discutibles como otras
cualesquiera. ¿Por qué razón? Porque estas medidas favorecen
principalmente a un sector y a un electorado determinado y perjudican
fundamentalmente a otro sector y a otro determinado electorado; suponen,
digamos lo que digamos, sacrificios para unos y privilegios para otros;
suponen dejar a los trabajadores más inermes frente a los empresarios.
Luego a mí me parece que toda esta serie de medidas que se están tomando
demuestran que hay una estrategia, una concatenación en las medidas
tomadas, pero que no van a conseguir de ninguna de las maneras, desde mi
punto de vista, crear más empleo.
Repito que aquí ha habido una falsa antinomia muy corriente en el Partido
Socialista, que, además, se vendió muy bien, y que era decir: ¿ustedes
qué prefieren, 800.000 puestos de trabajo de contrato temporal o 400.000
puestos de trabajo fijo? Incluso algunos decían: ¿qué es más socialista,
crear 800.000 puestos de trabajo temporal o 400.000 puestos con contrato
fijo? Ni era más socialista ni menos socialista, era una falsa antinomia,
era una falsa disyuntiva; se ha estado viviendo de falsas disyuntivas y
de falsas antinomias. Como la experiencia es la que es, que no es otra,
la verdad es que con las 14 medidas de contratación temporal, con todas
las facilidades que se han dado para la contratación, tenemos el 34 por
ciento de temporalidad.
¿Esto quiere decir que no somos tan responsables como ustedes, es decir,
como algunos de ustedes? En absoluto. Somos tan responsables como ustedes
en cuanto al 23,9 por ciento de paro, ¡estaría bueno!, además, estamos
pidiendo que se cambie la política económica. ¿Pero lo piden sólo los
sindicatos? Hay una encuesta que dice que el 75 por ciento de los
españoles clama porque se cambie la política económica y, aunque no sé lo
que valdrá, aquí hay un sondeo que habla de esa reforma del mercado de
trabajo --y no habla de los sindicatos, como una especie rara-- que dice:
Tras esta huelga, ¿qué cree usted que debería hacer el Presidente del
Gobierno, don Felipe González? Y el seis por ciento dice que suspender la
reforma del mercado de trabajo, el 16 por ciento convocar elecciones
generales y el 58 por ciento negociar con los sindicatos una nueva
reforma del mercado laboral. Esto viene en los periódicos y tendrá la
legitimidad que tenga, pero demuestra que existe la consideración de que
hay una mayoría de gente que no está de acuerdo con esta reforma, en
absoluto. Y con esto no sé si voy contestando al Grupo de Izquierda Unida
y a alguien más.
Tengo que agradecer también a Izquierda Unida la enmienda de totalidad
que presentó al proyecto, lo mismo que a Coalición Canaria. Estamos a
tiempo, aunque personalmente soy muy pesimista en este sentido, porque,
si no se ha hecho hasta ahora, habría que realizar esfuerzos ímprobos
para intentar hacerlo. Y en este caso creo que hay piezas claves y
algunas de ellas las ha dicho usted. Creo que está todo concatenado, aquí
no hay nada hecho a la ligera, aquí hay una estrategia determinada. Por
tanto, todas las medidas están profundamente ramificadas con una
concatenación que tiende al abaratamiento del despido, a la precariedad,
al recorte en el desempleo, etcétera. Esto se puede decir de muchas
maneras, pero que beneficia más a las empresas que a los trabajadores va
de sí, «de soi», como decía aquél.
Ahora bien, hay algunas cosas que sí podríamos intentar hacer, diciendo a
continuación que yo soy pesimista En algunas piezas claves, por ejemplo
las empresas de trabajo temporal, el tema del contrato de aprendizaje o
los despidos individuales, se podría hacer un esfuerzo. Y esto desde una
postura que yo quiero manifestar, la de que nuestra cultura ha sido y es
de concertación; que si algo ha caracterizado y ha tipificado a la UGT es
su capacidad de concertación. Hemos concertado con gobiernos de
centro-derecha o de derecha, como era la UCD, y también hemos concertado
con el Gobierno socialista, pero otras veces no ha sido posible, porque
había diferencias fundamentales. Y siendo partidarios de la concertación
solamente se concierta cuando el contenido de la misma es asumible; sin
pedir canonjías ni cambios radicales de 180 grados, sino pidiendo lo que
es elemental. Esto sin salirnos del tiesto.
Consiguientemente, a mí me parece que va a ser muy difícil, pero que sí
haría falta un esfuerzo, y a nosotros siempre nos encontrarían en
condiciones, porque creemos que es bueno para los sindicatos, creemos que
es positivo para el Gobierno y creemos que es positivo para este país.
¡Ojalá hubiéramos podido llevar de manera permanente una política de
consenso! ¿Alguien se acuerda de cuando se quisieron imponer aquí los
requisitos de Maastricht --o no se acuerda ya nadie--, y de cómo se
quiso, además, apretar a los sindicatos, requisitos que ahora realmente
ya nadie habla de ellos, porque todo el mundo está avergonzado de haber
defendido en aquel entonces esos requisitos? Por tanto, seamos
conscientes. En aquel momento tampoco pudo haber ningún acuerdo en unos
cumplimientos que todo el mundo sabía que eran imposibles y que nos
llevaban, en cierta medida, y porque tenían unos rasgos afines, a no
poder haber llegado a un acuerdo sobre el tema del pacto de la
competitividad.
Y después hay una cuestión sobre la que quiero que reflexionen y que no
es una cosa sólo de los sindicatos españoles. Por ejemplo, Jacques
Delors, en una Europa muy heterogénea, dice que si se hubiesen aplicado
las medidas del libro blanco que él pedía en un principio, el paro
hubiese bajado del diez por ciento, en el que está ahora, al cuatro por
ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paro hubiese bajado del diez al
cuatro por ciento habría habido países que tendrían el pleno empleo, dado
el alto grado de paro que hay en España, Portugal, Irlanda, etcétera.
Luego que se puede hacer más es evidente; se puede hacer más para la
creación de empleo. Y si Jacques Delors, Ministro de Economía y Hacienda
en su momento, un hombre con un equipo técnico extraordinario, formula
unas propuestas diciendo que el paro en Europa se puede bajar del diez al
cuatro por ciento, quiere decir que si hay una cierta voluntad y una
política económica adecuada se sale de esta situación.
Señor Hinojosa, yo le tengo pleno respeto a usted y a su propio Partido,
o a su Coalición; eso lo digo desde un principio. Tengo, repito, pleno
respeto a usted y a la Coalición que usted representa, pero tenemos
puntos de vista totalmente distintos, y consiguientemente se manifiestan
de una manera no digo poco educada, sino con una cierta franqueza. A
nadie supongo lo suficientemente estúpido o malvado para desear el paro
que existe en España, y sé que todo el mundo tiene la intención, la
voluntad de ir reduciéndolo, y hace esfuerzos para ello. El problema no
es ése, el problema es el acertar o no en esas medidas. Y no me haga
usted de un problema económico un problema teológico. No me haga
problemas de buena fe y me diga: ahora sí. ¿Por qué ahora sí y antes no?
Tenemos que mirar si esas medidas van a conducir a lo que usted cree que
va a ser la creación de un mayor número de puestos de trabajo. Nosotros
creemos que no, pero --ya digo-- nos
regimos por algunas experiencias pasadas, con el mismo y tan respetable
criterio que el que pueda tener usted.
A continuación le quiero decir que en la negociación no tratamos el
mercado de trabajo, negociamos lo que era el plan de empleo. Una parte
era ese mercado de trabajo, pero estuvimos tiempo y tiempo --si recuerda
usted-- negociando, por ejemplo, las pensiones, el recorte de las
prestaciones por desempleo, las subvenciones o exenciones fiscales
también para los empresarios, etcétera.
Creo que hay que saber para qué está el Consejo Económico y Social y está
para cualquier cosa menos para negociar, porque no es ésa su misión.
Elevará dictámenes, discutirá, pero si hemos dicho algo serio y de manera
permanente desde la UGT es que el Consejo Económico y Social, que era
importante, no era el marco adecuado de ningún tipo de negociación. Luego
no se confunda, tendrá su función estimable, muy positiva, toda la que se
quiera, menos la de negociar. Allí no se ha negociado, insisto,
absolutamente nada, y cuando hemos empezado a negociar --lo he dicho-- es
cuando hemos visto todo el proyecto articulado, y hemos dado rápidamente
una contestación articulada que creo que las llaman propuestas o
enmiendas, de las cuales habrá en torno a las treinta. Mientras tanto no
se ha hablado nada más que de generalidades. ¿Y sabe usted por qué?
Porque el Gobierno estaba mucho más interesado en un acuerdo con ustedes
que en un acuerdo social; es decir, el interés fundamental estaba en la
mesa con ustedes no en aquella otra. Y no hago ninguna acusación, tenían
perfecto derecho. A mí, personalmente, no me parece ni tan siquiera mal,
pero había una paradoja: que había dos mesas de negociación, y la que era
a nivel político tenía mucha más importancia que la otra.
En el tema de la competitividad habrá que hacer grandes cosas, y nosotros
no estamos tampoco de acuerdo en que todo se mantenga de manera estática
y de manera permanente. Habrá que mirar lo que hay que modificar en
función de una sociedad que ha cambiado, y claro que estamos dispuestos a
negociar los temas que fueran negociables y en función de situaciones
cambiantes. Pero lo que no deja de ser chocante es que en una cosa tan
definitoria como es el modelo laboral, que es parte de un modelo social,
haya la total identificación que hay entre una parte de la izquierda y
toda la derecha política. No deja de ser chocante, porque si algo es
definitorio en políticas más o menos conservadoras o más o menos
progresistas es el marco de relaciones laborales, es el modelo de
sociedad, y aquí la paradoja te lleva a ver que no hay nada de ello.
Al Grupo Popular quisiera decirle que sí, que estamos dispuestos a
consensuar, y es más, creo que este país tiene mala salida si no hace un
esfuerzo de consenso, de concertación. Lo que pasa es que es difícil
concertar después de tener que asumir esta serie de medidas.
Alguien ha hablado, por ejemplo, de la huelga del 27 de enero. ¿Pero no
recuerdan ustedes que hubo cantidad de manifestaciones el 25 de noviembre
que eran disuasorias porque no queríamos ir a una huelga general,
queríamos que el Gobierno y esta Cámara recapacitaran y reflexionaran?
Fueron manifestaciones multitudinarias para evitar, repito, ir a la
huelga y dar un toque de atención de que se podía negociar. Las cosas
siguieron como realmente han seguido hasta lo que nos ha llevado a esta
situación de la huelga.
Nosotros no tenemos ninguna voluntad de crear problemas a nivel de
empresa, ni crispar la situación, ni crear tensiones sociales. Eso va a
venir de por sí de manera natural por las medidas que ustedes van a tomar
o están en trance de tomar; no es porque haya una voluntad política de
acrecentar el descontento ni el malestar en un país que, además, da lugar
a todo menos al optimismo. Y sin realizar los aspectos sombríos me parece
que todo el mundo tiene que estar muy preocupado por el devenir de este
país. Luego cualquier cosa menos instigar realmente las tensiones, la
discusión y la confrontación en el seno de las empresas. Eso, de verdad,
puede venir de una manera indeseada, pero también de una manera impuesta
por las medidas que se están tomando.
En cuanto al compañero del Partido Socialista, le voy a decir, en
respuesta a una de las cuestiones, que conviene aclarar lo de la reforma
de 1984, porque eso sí fue un acuerdo con UGT que después ustedes
modificaron de manera unilateral en algunos aspectos, y lo que
modificaron es lo que ha dado lugar a esta situación. No recuerdo el
apartado en concreto, pero en aquel entonces, insisto, claro que hubo el
acuerdo de 1984. Y ¿saben ustedes por qué? Porque estimamos que un buen
uso de la contratación temporal podría ir a solucionar los problemas que
tenía este país en este sentido. Pero después, de manera unilateral, se
hizo de esto una especie de jungla en la cual hay catorce tipos de
contratos sin muchas o sin ninguna garantía, y eso fue lo malo. Nos han
pasado muchas más cosas que luego no se han cumplido, pero ¿para qué
entrar en ellas? Una fue que después de haber hecho el acuerdo, de haber
supuesto eso para nosotros una crítica acerba de las demás organizaciones
sindicales, ustedes, de manera unilateral y en muy poco tiempo, lo
modificaron de una manera bastante estimable.
Respecto al convenio colectivo, yo creo que es un argumento que han
utilizado. ¿Pero ustedes qué quieren? ¿Quieren fortalecer el convenio
colectivo? Lo que no pueden hacer es reducir los mínimos legales, porque
hace falta un mínimo legal para luego llevar una buena negociación
colectiva, y eso, me parece a mí (lo digo con pleno respeto), es una
argucia dialéctica, porque, efectivamente, hay que mantener unos mínimos
legales, y si los mantuvo un gobierno de UCD, que era un gobierno de
derechas, ¿cómo ustedes dicen que recortan esos mínimos legales para
fortalecer más la negociación colectiva? Si aquí lo que se pretende
realmente es que los empresarios estén en mejores condiciones porque así
ustedes quizá crean que van a ser mucho más diligentes ante los
trabajadores, y consiguientemente esto va a llevar a una mayor
competitividad. Pero no sé si alguien se lo creerá. Pienso que es un
criterio erróneo, y lo que haría falta sería mantener los mínimos
legales, como las nueve horas de trabajo y otra serie de cosas que están
ahí realmente y que se van a quitar.
Agradezco profundamente lo de la normativa electoral, porque además, lo
he dicho, llegaron a un acuerdo las dos organizaciones que tienen el 85
por ciento de los delegados
entre ambas, negociamos con el Gobierno durante un cierto tiempo y el
Gobierno aceptó realmente esta propuesta. Y no quiero decir el nombre,
pero hay algún miembro del Ministerio de Trabajo que nos dice ahora: a
ver si se hace un esfuerzo, porque hay alguna enmienda de otro grupo y
tendrían que ser ustedes un poco más flexibles. No sabemos de qué
enmienda se trata, ni en qué va a consistir y hasta qué punto puede
cambiar o modificar realmente el contenido. De cualquier manera, el
jueves que viene los compañeros de UGT y Comisiones Obreras estarán con
todos los grupos parlamentarios para informarles. No obstante, quiero
decir que no va en contra de los sindicatos minoritarios, no va en contra
de los sindicatos nacionalistas, sino que mantiene lo que es la filosofía
actual de los preavisos, y en lugar de intentar dar una imagen como si
fueran elecciones políticas, teniendo que dar los resultados a los tres
meses, todo eso, en vez de hacerse por la comisión tripartita, se va a lo
que es una oficina pública, que tiene el mismo sentido. Creo que es una
ley que favorece de verdad un proceso electoral sindical mucho más
sosegado.
Recordarán que hace un tiempo las elecciones eran cada dos años y el que
propuso que fueran cada cuatro fue la Unión General de Trabajadores. Eso
nos valió una serie de descalificaciones por parte de todos, también de
los empresarios y de los demás sindicatos, a excepción del Partido
Socialista. Ahora se ha demostrado que era positivo, como el tiempo
también demostrará que esto que estamos proponiendo será eficaz no
solamente para los trabajadores, sino para el propio país, que no puede
estar convulsionado durante tres meses por un proceso electoral que
siempre crea una serie de confrontaciones.
No sé si he contestado a todos, pero por lo menos, lo he intentado. Si
alguien se ha molestado, le pido disculpas.
El señor PRESIDENTE: Para una precisión en torno a una cuestión
planteada, tiene la palabra el señor Santillán, que acompaña al señor
Redondo como asesor.
El señor SANTILLAN (Asesor del señor Redondo Urbieta): Muy brevemente voy
a hacer la aclaración que me pide que haga Nicolás.
Sobre la reforma de 1984 diría dos cosas. La primera es que esa reforma
que pactó UGT con CEOE y con el Gobierno de aquel momento no tiene ningún
parecido con lo que se está haciendo ahora. Era, efectivamente, un avance
flexibilizador, pero en materia de contratación; se habló de un contrato
en práctica aclarando las titulaciones; de un contrato para la formación
buscando acentuar el contenido formativo; de un contrato a tiempo parcial
más adecuado, etcétera, todo lo cual ahora se modifica radicalmente.
En segundo lugar, que lo que manifestó UGT en aquel momento sobre los
decretos de desarrollo de aquella reforma, no en todos los casos, lo que
apareció en el Boletín Oficial se adecuaba exactamente a lo que se había
pactado en algunos puntos concretos, por ejemplos, en lo referido al
contrato de fomento del empleo o al contrato de nueva actividad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santillán, y muchas gracias,
señor Redondo, por su comparecencia en la Comisión.
--COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS (CCOO), D.
ANTONIO GUTIERREZ, PARA DAR A CONOCER LA POSICION DE SU ORGANIZACION
RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE FOMENTO DE LA
OCUPACION, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS
ARTICULOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL TEXTO ARTICULADO DE LA
LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL, ASI COMO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. A SOLICITUD DEL G. P. IU-IC.
(Número de expediente 219/000048.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos el trámite del orden del día con la
comparecencia del Secretario General de Comisiones Obreras, don Antonio
Gutiérrez, a los mismos efectos que la comparecencia precedente.
Quiero dar la sincera bienvenida en la Comisión a don Antonio Gutiérrez,
a quien cedo la palabra para que haga la exposición que crea conveniente.
El señor SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS (Gutiérrez Vergara):
Quiero, en primer lugar, agradecerles esta invitación, a propuesta del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, aunque
quiero exponer con franqueza que por tratarse de un asunto, el de la
reforma laboral, con el que, según se argumenta, pretendemos una mayor
homologación con el ordenamiento laboral y el funcionamiento del mercado
de trabajo de otros países industrializados, especialmente de la Unión
Europea, sí me permito decirles que habríamos considerado también
positiva, reveladora e ilustrativa la invitación, como se había propuesto
inicialmente, al señor Emilio Gabaglio, Secretario General de la
Confederación Europea de Sindicatos, y al señor Enzo Frizzo, Secretario
General de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres, así como al señor Ferrer Salat. Este no es extranjero como los
otros dos, pero tiene una responsabilidad al frente de la patronal
europea.
No obstante, ya que ellos no han podido asistir, quisiera recordar
rápidamente algunas consideraciones que hicieron estos dos destacados
sindicalistas en vísperas de la huelga general del 27 de enero, cuando
vinieron a expresar su solidaridad y coincidencia con el movimiento
sindical español en la convocatoria de dicha huelga.
El señor Emilio Gabaglio consideraba que el proyecto de reforma, ahora en
tramitación en las Cortes, es precisamente el antimodelo de lo que se
pretende construir en una Europa más cohesionada económica y socialmente
e incluso un peligroso precedente que en estos momentos no tiene parangón
con el ordenamiento laboral europeo y que,
sin embargo, induce a una mayor desregulación y pérdida de derechos
sociales conquistados a lo largo de muchos años.
También el señor Enzo Frizzo indicaba que esta desregulación laboral a la
que se va a proceder en nuestro país abunda en la vía de redistribución
de los mercados a nivel internacional, que consideraba --y yo comparto
ese criterio-- muy perniciosa en la medida en que basa los parámetros de
competitividad y de redistribución del mercado de trabajo en esta vía de
eliminar derechos sociolaborales, impidiendo incluso a muchos países de
la tierra que todavía están en vías de desarrollo y aspirando a
ordenamientos laborales y sociales más dignos impulsar o respaldar esas
justas aspiraciones.
La comparecencia anterior, si no recuerdo mal, se daba a mediados de
octubre, el pasado otoño, cuando estábamos negociando un pacto por el
empleo respecto del cual Comisiones Obreras había mostrado, más que
disposición, verdadero interés desde que en nuestro país habíamos
conocido, en febrero del año pasado, que se había superado la barrera de
los tres millones de parados. Un pacto por el empleo en el que, además de
este interés, mostrábamos, lógicamente, nuestra determinación a
corresponsabilizarnos de los acuerdos que pudieran (repartiendo
equitativamente los sacrificios necesarios para afrontar en lo inmediato
la crisis) abundar en políticas económicas, industriales y reformas
estructurales que de verdad estuviesen encaminadas al objetivo
fundamental de crear empleo e ir avanzando hacia metas de desarrollo más
homologables con nuestro entorno.
En aquella ocasión, sin embargo, existía todavía un llamado libro verde,
remitido por el Gobierno al Consejo Económico y Social, en el que se
apuntaban las líneas generales de lo que se decía iba a ser la reforma
laboral. Sin embargo, los proyectos de ley ahora en tramitación, el que
hace referencia a la contratación, el de empresas de trabajo temporal y
la reforma del Estatuto de los Trabajadores, contradicen en gran medida
aquel libro verde en aspectos importantes. Quiero decir que lo que hoy
está tramitándose en las Cortes no guarda relación, ni es coherente
siquiera, con aquellas líneas con las que se empezó a trabajar en el
Consejo Económico y Social. Pienso, por tanto, que esta manera de
proceder ha perjudicado seriamente a un órgano para el diálogo social (no
para la negociación, pero sí para el diálogo) necesario en nuestro país y
justamente en el momento de arranque en su andadura como órgano para el
diálogo social. Pero más grave todavía es que estos proyectos de ley
--quiero reafirmar una vez más--, que no fueron objeto de negociación, no
se sometieron a los interlocutores sociales en la mesa de negociación que
se ocupaba de aquel, lamentablemente fallido, pacto por el empleo. Esto
es lo que ha provocado un grave conflicto social en nuestro país;
conflicto social explícito mediante una gran huelga general el pasado 27
de enero, pero hoy latente, dada la negativa del Gobierno, tras la huelga
general, a recomponer las negociaciones, y posiblemente entorpecedor,
este clima de tensión y conflictividad, de todos los ámbitos de la vida
sociolaboral de nuestro país, justamente en el momento en el que más
necesitaríamos de la recomposición de estos climas de mayor consenso, de
mayor diálogo, etcétera.
Como presentamos nuestras propuestas para ver si podían ser tenidas en
cuenta, a modo de enmiendas, justo antes de finalizar el plazo para la
presentación de las enmiendas, creo que habrán podido examinarlas, aunque
sea mínimamente, y de entrada quisiera destacar que, si han prestado esa
atención elemental a nuestras sugerencias y propuestas, habrán podido
calibrar que no estamos, ni hemos estado, ante una disyuntiva marcada por
una flexibilidad laboral, entendida por algunos como necesaria, y una
supuesta rigidez laboral en la que pretendiésemos mantenernos los
sindicatos. No ha sido ésta la disyuntiva, sino justamente la de proceder
a una flexibilidad negociada, capaz de adecuar ordenamiento laboral, pero
también tejido productivo, a un país, un mundo que cambia con mucha
celeridad, mientras que, de otra parte, lo que hemos tenido, y sin
negociación, repito una vez más, ha sido una desregulación pura y dura de
derechos sociolaborales.
Podrán ver que, para abundar en esta primera idea, hemos hecho todo tipo
de propuestas para reformar cosas. No considerábamos, ni consideramos,
que el Estatuto de los Trabajadores fuese ningún dechado de virtudes ni
inamovible. Era necesario acometer distintas reformas, partiendo también
de la propia experiencia y de la evolución del empleo en los últimos
años. Así, por ejemplo, ateniéndonos a distintas consideraciones,
análisis, estudios que se habían hecho con anterioridad, hicimos
propuestas para reformar las maneras de entrar en el mercado de trabajo,
es decir, la contratación laboral. Para ello partíamos, por ejemplo, de
un informe, encargado por el Ministerio de Trabajo a un grupo de
expertos, coordinados por el señor Julio Segura (espero que tendrán la
oportunidad de comentar con él esta tarde estas cuestiones), informe que
ya nos alertaba precisamente sobre un exceso, y hasta un abuso, de
flexibilidad en la entrada en el mercado de trabajo en nuestro país en
relación a otros países de la Unión Europea. También partíamos de algunas
consideraciones, esgrimidas durante la propia campaña electoral y en los
distintos programas electorales, especialmente de aquel Partido que
nuevamente ha formado Gobierno, que tendían a restaurar el principio de
causalidad en los contratos, a ir, por lo tanto, acotando tanta
precariedad. Sin embargo, nos encontramos justamente con todo lo
contrario, con que, además de mantener el 17.3 del Estatuto, --por tanto,
la posibilidad de seguir haciendo los mismos contratos temporales--, se
añaden otras formas de contratación que, a nuestro juicio, abundan en esa
excesiva precarización de empleo, ya advertida por distintos expertos
desde 1990-91.
Al mismo tiempo, creo que la introducción de nuevas fórmulas de
contratación, como el llamado contrato de aprendizaje, arruina en gran
medida un gran esfuerzo hecho por los interlocutores sociales, sindicales
y dirigentes empresariales, hasta que logramos dos cosas que, combinadas,
habrían hecho que, de verdad, contásemos en nuestro país con un auténtico
contrato de aprendizaje homologable a esta figura contractual, tal y como
existe en otros países. Me estoy refiriendo al mayor consenso
logrado en torno al contrato en formación y en prácticas, en vísperas
--creo recordar-- de las elecciones generales del pasado 6 de junio,
texto que se llegó a ver en el Consejo Económico y Social, y al acuerdo
sobre formación continuada; acuerdo que nos ha costado más de cuatro años
discutirlo y, finalmente, alcanzarlo entre empresarios y sindicatos. Esto
es lo que habría permitido, de verdad, recuperar la figura del
aprendizaje para que, así como ocurre en otros países de la Unión
Europea, los jóvenes demandantes del primer empleo sin la necesaria
titulación o formación profesional, hubieran podido contar con contratos
que establecen una relación más flexible que otros contratos de trabajo,
pero asociados a planes de formación homologados desde este acuerdo
general de formación continua, planes homologados en las empresas, con
mecanismos para verificar que estos contratos se dedican a la obtención
de una mayor cualificación profesional y la inserción, con más garantías
de futuro, de los jóvenes de nuestro país. Sin embargo, repito, se
introduce este contrato de aprendizaje que, tanto por la edad del
colectivo al que va a abarcar como por la retribución que va a tener, la
desprotección social, etcétera, creemos que, en gran medida, como se
constata por los propios datos que estamos recogiendo las distintas
asesorías del Sindicato a lo largo y ancho del país, para lo que está
sirviendo es para anular o sustituir aquellos contratos de formación por
estos otros, más precarios, con menor retribución y con menores
prestaciones sociales; así como se da un paso más en lo que nosotros
consideramos, incluso, la deslaboralización de algún contrato de trabajo,
como es el contrato a tiempo parcial por debajo de las doce horas.
Hemos hecho propuestas también en orden a reformar seriamente el
Instituto Nacional de Empleo, para que pudiera ejercer en la práctica
como auténtico intermediario público, servicio público que intermedie
eficazmente en el mercado de trabajo. Lejos de acometer con el suficiente
empeño esta tarea, nos encontramos con la legalización de las agencias
privadas de colocación; agencias privadas que siguen sin estar
legalizadas en la mayoría de los países de la OCDE o de la Unión Europea.
Por ejemplo, Austria, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Grecia, son
países que al día de hoy siguen sin tener legalizadas estas agencias
privadas de colocación, y ello contando, no obstante, con mercados de
trabajo más estables, más compactos, menos disgregados que el que tenemos
en nuestro país, por lo que los perjuicios que pueden ocasionar estas
agencias privadas de colocación en el mercado de trabajo de nuestro país
son mayores que los que podrían originar en estos otros países de la
Unión Europea, donde no tienen catorce maneras de contratación ni el 35
por ciento de eventuales, de trabajadores con contratos atípicos, como
hay en nuestro país.
Hemos propuesto cubrir algunos vacíos legales y que guardan relación con
la evolución que se ha dado en los procesos productivos y en el
desarrollo de las industrias; cuestiones derivadas de la propia
internacionalización de la economía. Por ejemplo, en nuestro país no se
acomete una nueva regulación de los grupos de empresa o de las contratas
y subcontratas atendiendo a procesos de descentralización productiva, que
hoy están mucho más a la orden del día que cuando se promulgó el
estatuto, en 1980.
Hemos hecho también, como conocen, propuestas y aun acuerdos para
desarrollar el derecho de huelga en nuestro país, acuerdo que sigue
estando en suspenso.
En un país en el que todos nos hemos quejado --y coincidimos en ello-- de
la excesiva judicialización de las relaciones laborales, venimos
proponiendo el acuerdo y concreción de aquellos mecanismos de solución de
conflictos, tanto individuales como colectivos, de carácter extrajudicial
que, a su vez, habrían agilizado y facilitado todo tipo de procesos,
entre ellos aquellos que se refieren a la extinción de los contratos,
tanto individuales como colectivos, y por esa vía también haber
descargado algunos costes derivados del exceso de judicialización que hay
en nuestro país. Lejos de trabajar en esta dirección, se apuntan en esta
reforma multitud de cuestiones --las referidas a la modificación de las
condiciones de trabajo, los traslados, etcétera-- que terminarán
recabando los juzgados de lo social y que, al decir de un buen número de
expertos y de buena parte también de la judicatura de nuestro país, el
temor más generalizado es que, lejos de facilitar la solución de los
conflictos ejerciendo la autonomía de las partes, vamos a tener una mayor
judicialización de la que ya existía anteriormente.
Hemos hecho propuestas también en orden a adecuar nuestro país en materia
de salud laboral a las normativas que existen en la Unión Europea.
Fundamentalmente, si por rígido entendemos, en el nuevo ordenamiento
laboral, aquello que no se adecua a los tiempos, que no es capaz de
responder a los cambios que se están produciendo en los procesos
productivos, habrá que convenir que la antigualla mayor que tenemos en
nuestro país son las viejísimas ordenanzas laborales; algunas datan de
1944. Como sabrán, hemos venido propugnando la sustitución negociada de
estas viejas ordenanzas laborales por nuevos convenios sectoriales,
produciendo un nuevo entramado en la estructura de negociación colectiva,
que sigue, en gran medida, intacta respecto de la etapa anterior previa a
la democracia, cuando no distorsionada por algunos acontecimientos o
hechos que puede resultar innecesario abundar en ellos. Sin embargo, lo
cierto es que no tenemos una estructura de negociación colectiva adecuada
y mucho menos acorde con la que existe en otros países.
Nos encontramos, sin embargo, con una forma de desincentivar
especialmente a los empresarios acerca de este proceso de sustitución
negociada de las ordenanzas laborales. Habría sido en ese marco en el
que, precisamente estudiando las nuevas organizaciones del trabajo,
hubiéramos podido, y deseado, acometer aspectos que sí deben ser objeto
de flexibilización, aquellos que se refieren a la movilidad funcional, a
la movilidad geográfica, a la modificación de condiciones de trabajo y
tantas otras cosas, de tal manera que la flexibilidad laboral, por estar
conectada con los cambios que se producen en la organización del trabajo,
hubiese sido una flexibilidad operativa, una flexibilidad positiva. Así,
nos encontramos, a mi juicio, con una desregulación mediante una reforma
un tanto
leguleya --permítanme la expresión--, desconectada de las realidades del
trabajo y de los cambios que se están produciendo, simple pretexto para
proceder a la eliminación de muchos derechos sociolaborales y
desequilibrar --y aquí viene otra de las cosas graves, a mi juicio-- la
relación entre trabajadores y empresarios a la hora de acometer los
próximos procesos de negociación colectiva.
En países que llevan décadas desarrollando la democracia industrial,
habiendo hecho de ella el eje vertebrador fundamental de las relaciones
laborales en democracia, el vector que más ha animado la propia
modernización de las relaciones laborales, una desregulación laboral
puede tener algunos efectos negativos; en un país como el nuestro, en el
que, por el contrario, llevábamos décadas sin ese ejercicio de la
democracia industrial, porque no ejercíamos democracia alguna en ninguno
de los ámbitos después de una transición democrática, por lo que sea,
también por responsabilidades de los propios sindicatos que podríamos
desgranar --y, por mi parte, asumir también lo que nos corresponde como
sindicatos--, la cuestión es que seguimos, como decía antes, teniendo un
entramado de negociación colectiva realmente viejo, con ámbitos de
contratación, como pueden ser algunos convenios provinciales, que se
siguen considerando poco menos que un feudo privado de determinados
empresarios, como reconocen, por otra parte, algunos líderes
empresariales, al reconocer su propia falta de hábito, de ejercicio, de
proceder a estos cambios en la negociación colectiva. Es decir, pasar,
por tanto, de un autoritarismo presidiendo las relaciones laborales --no
tan lejos, hablando en términos históricos-- a una desregulación que
produce un desequilibrio a favor de los empresarios me parece que va a
suponer un gran hándicap, cuando no un serio retroceso, en el desarrollo
de la democracia industrial y, por tanto, terminará también repercutiendo
en la democracia con mayúsculas, en general, es decir, habrá una merma
democrática procediendo de esta manera.
Por otra parte, se procede también a una descausalización de los
despidos, otro de los aspectos sinceramente graves y criticados por el
movimiento sindical, manteniendo al día de hoy nuestro más rotundo
rechazo sobre esta cuestión. Nosotros pensamos que habría habido
mecanismos más que suficientes para agilizar los costes derivados de
procesos que ciertamente podían ser muy pesados, lentos en el tiempo,
etcétera, pero al incluir nuevas razones que, por otra parte, son
potestad exclusiva del empresario --como las razones que atienden a
cuestiones de producción u organización de las empresas--, para dar pie a
nuevas causas o formas de despido de los trabajadores, se produce esta
descausalización de los despidos.
Finalmente, una última consideración. Quisiera decir que esta reforma se
había justificado como una condición necesaria para promover nuevas
inversiones provenientes de fuera y también de nuestro propio país. El
mensaje, con respecto a estos inversores y al mercado en general, de que
en nuestro país se camina en una línea de desregulación laboral está más
que lanzado. Sin embargo, los datos que informan sobre la evolución real
de nuestra situación económica no pueden ser más inquietantes. Justamente
en estos días estamos viendo que distintos inversores, ya instalados en
nuestro país desde hace bastante tiempo, no solamente no mantienen sus
inversiones, sino que en momentos de recesión, carentes de política
industrial, no pueden argumentar --yo no he visto, por ejemplo, que lo
haga la Suzuki, con un mínimo de seriedad, ni siquiera con la boca
pequeña-- la rigidez laboral. Son empresas que no pueden quejarse de los
sucesivos expedientes de regulación de empleo, ni de los esfuerzos que
han asumido mediante la negociación los trabajadores una y otra vez para
aumentar la productividad un 14 por ciento en muy corto espacio de tiempo
--por cierto, mucho más que los trabajadores de la Suzuki Corporation en
Japón-- ni de los sacrificios que han asumido en orden a reducir su
propia plantilla o a contener sus salarios. Son otras ausencias del
tejido industrial español, aparte de políticas económicas, las que han
deprimido hasta tal punto la demanda interna que, efectivamente, ponen en
grave riesgo la continuidad de algunas empresas, y cuando llegan estas
circunstancias, por mucho que se quiera insistir en lo mismo, nos
encontramos con que no son razones de un exceso de rigidez laboral las
que ahuyentan estas inversiones que, repito, ya estaban instaladas en
nuestro país.
Yo comparezco hoy aquí con el máximo interés, esperando que, puesto que
todavía no está definitivamente aprobada esta reforma, se inste a todas
las partes (empezando por los propios sindicatos, pero también a aquellos
que, teniéndolo en su mano, no han querido recomponer las negociaciones
en un proceso simultáneo a la tramitación parlamentaria --puesto que,
tras la huelga general del 27 de enero, no pedimos la retirada ni la
paralización de nada, sino simplemente acometer un proceso de negociación
que pudiera enriquecer y darle todavía una mayor base, un mayor respaldo,
a la propia tramitación parlamentaria--) a que este proceso se pueda
reconducir antes de que sea demasiado tarde, a la vista de que, como
decía, los propios datos que informan de la evolución de nuestra
situación económica y social no pueden ser más desalentadores, por un
lado, pero también desmitificadores de tantas otras razones y argumentos
que se han utilizado para justificar esta desregulación laboral.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, solicitante de la comparecencia, tiene la
palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Gutiérrez, por su comparecencia
en esta Comisión en representación de la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras.
Creo que su intervención ha sido particularmente ilustrativa para esta
Comisión respecto a los trabajos que está abordando en torno a las leyes
conocidas normalmente como de reforma del mercado laboral. Es verdad,
como usted ha puesto de manifiesto, que una reforma de esta profundidad
requería la comparecencia de la organización a la que usted representa,
de las organizaciones más representativas de nuestro país y posiblemente
también --así lo propusimos nosotros-- de otras organizaciones
representativas
a nivel europeo, en la medida en que nuestro país hoy forma parte de la
Unión Europea y este tipo de problemas tiene una trascendencia no sólo a
nivel nacional, como usted ponía de manifiesto citando expresiones del
señor Gabaglio, sino en otros países.
Le tengo que agradecer, porque me ha parecido muy ilustrativa, la reseña
que ha llevado a cabo de los distintos planteamientos elaborados por los
sindicatos de nuestro país en orden a aspectos fundamentales de la
reforma laboral. Por ejemplo, ha hecho referencia a las reformas que se
propusieron por parte de los sindicatos en torno a la contratación
laboral e incluso ha hecho referencia al acuerdo que se alcanzó con el
Gobierno en torno al contrato entonces llamado de formación y al contrato
en prácticas y que hoy, desgraciadamente, parecen puntos y criterios
olvidados a tenor de lo que se contiene en el Real Decreto-ley y en el
proyecto de ley que en estos momentos estamos tramitando.
Ha hecho referencia a las propuestas de reforma del Inem. Recientemente
he tenido ocasión en esta Comisión de hablar de que era posiblemente el
emblema más claro del fracaso en la reforma administrativa por parte del
Gobierno socialista, y de hecho es tan explícito ese reconocimiento que
hoy nos encontramos con que se habla de agencias privadas de colocación y
de empresas de trabajo temporal, olvidando todo lo que hace referencia a
reforma del Inem como organismo público de intermediación en el mercado
laboral y con carácter previo.
Ha hecho referencia también a propuestas para cubrir vacíos normativos
importantes; por ejemplo, las relativas a los grupos de empresa, no
digamos ya el derecho de huelga, y la normativa sobre salud laboral.
También ha hecho referencias a las propuestas en torno a los despidos.
Creo que es importante que se recuerde en estos momentos en los que, de
una manera sin lugar a dudas injustificada, pero me atrevería a decir que
incluso excesiva, se habla de que los sindicatos mantienen posiciones
cerradas, posiciones poco flexibles. Es bueno oír ese tipo de
manifestaciones por parte de los sindicatos y recordar todos que esas
manifestaciones coinciden con la realidad porque todos los Grupos
Parlamentarios hemos tenido ocasión de recibir esas propuestas, de la
misma manera que hemos tenido ocasión de recibir las enmiendas
presentadas a este proyecto de ley por las organizaciones más
representativas; enmiendas que nuestro Grupo en buena medida ha
incorporado para intentar un acuerdo en esta vía de tramitación
parlamentaria, intentando suplir, desde luego no de la mejor forma --lo
más adecuado sería con negociaciones directas con las organizaciones
sindicales, y así lo hemos defendido-- esta falta de consenso social de
que adolece claramente esta reforma, y buena prueba de ello fue, tal como
usted ha puesto de manifiesto, la pasada huelga general del día 27 de
enero.
En relación con la intervención, que, insisto, me parece que ha sido
particularmente amplia e ilustrativa, quisiera, no obstante, pedirle tres
reflexiones concretas. La primera de ellas --y urgida por la actualidad--
en relación con que mañana es el día de la mujer trabajadora. La
reivindicación del papel de la mujer en el trabajo ha sido una de las
enseñas claras de las organizaciones sindicales españolas. Estoy
convencido de que los sindicatos, y en concreto Comisiones Obreras, han
hecho una reflexión específica sobre la incidencia de esta reforma
laboral en el ámbito específico de la mujer trabajadora. ¿Cuál es esa
reflexión, cuáles son las líneas fundamentales de esa reflexión que me
parece, insisto, especialmente urgida por la fecha importante de mañana?
Segunda valoración que quisiera pedirle. Desde el punto de vista de la
eficiencia económica, no ya de la eficiencia sindical, desde el punto de
vista de los derechos sindicales, de los sindicatos, de los trabajadores,
¿opina su organización que esta reforma laboral, que da la impresión, a
primera vista, de apostar por mano de obra barata, es adecuada al
contexto de competitividad del siglo XXI? ¿Qué opinión tiene su sindicato
en relación con este tipo de reflexión?
En tercer lugar, desde el punto de vista del mantenimiento del Estado del
bienestar, conoce usted perfectamente, señor Gutiérrez, que la discusión
en torno al mantenimiento del Estado del bienestar fue, sin lugar a
dudas, una de las claves del pasado proceso electoral de nuestro país,
reciente, del mes de junio pasado. A los pocos meses de ese proceso
electoral nos encontramos con una reforma amplia que estoy convencido de
que va a incidir notablemente en el Estado del bienestar. La
multiplicación de fórmulas contractuales que se pretende que tengan una
incidencia importante, masiva, como el aprendizaje, como los contratos a
tiempo parcial y que tienen una protección social notablemente limitada,
¿contribuyen a fortalecer, a expandir el Estado del bienestar o, por el
contrario, contribuyen a debilitarlo? Este tipo de medidas, ¿son la
antesala de unos recortes en la protección social? Ya se multiplican sus
anuncios. Hoy, por ejemplo, los medios de comunicación hablan de un
recorte concreto en determinados tipos de prestaciones, etcétera. Hace
dos semanas era el propio Ministro de Economía el que ponía en cuestión
la viabilidad de este actual sistema de protección social. ¿En qué medida
este tipo de reforma laboral incide en el Estado del bienestar, en los
límites concretos en que lo conocemos en nuestro país todavía,
desgraciadamente, lejos de los que son los parámetros sociales europeos?
Pero, en nuestra realidad concreta, pequeña, pero apreciable, sin lugar a
dudas, ¿qué incidencia van a tener estas medidas?
Señor Gutiérrez, lo que me gustaría es que nos diera su opinión sobre
estas tres reflexiones. No quiero alargarme más; sé que vamos ajustados
de tiempo e insisto, señor Gutiérrez, en agradecerle su comparecencia, en
manifestarle, a la vista de su intervención, el respeto de nuestra
organización al papel llevado a cabo por las organizaciones sindicales y,
desde luego, deseo animarles a que continúen en una vía que creo que han
mantenido y era la de hacer posible, en nuestro país, una reforma
consensuada del mercado laboral, quizá más globalmente, de toda la
política económica que, desde luego, haría falta para sacar a nuestro
país de la grave situación de crisis.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Ciertamente, quiero agradecer al señor
Gutiérrez su comparecencia y su información, siempre en el ánimo de que
el diálogo entre la institución parlamentaria y los agentes sociales sea
algo normal y fluido, en ésta y en cualquier otra situación de las que
estamos viviendo en este país.
En cualquier caso, habría que decir --y solamente voy a hacerle unas
breves preguntas o reflexiones al señor Gutiérrez--, en primer lugar, que
parece que el diálogo social está roto, al menos en todo lo que se
refiere a este aspecto, y, lamentablemente --entiendo yo e informo al
señor Gutiérrez--, el diálogo parlamentario también. Es decir, el debate
que está teniendo lugar en esta Comisión, a efectos del primer proyecto
que el jueves se lleva ya al Pleno, no ha dado de sí, prácticamente, para
ningún diálogo. Estamos, simplemente, en un proceso de defender las
posiciones de cada uno, y yo aprovecho para decir que las posiciones de
Coalición Canaria coinciden sustancialmente con el análisis que ha hecho
el señor Gutiérrez --y anteriormente el señor Redondo--, y que nuestras
enmiendas van en esa dirección. Sin embargo, no se trata aquí de
justificar posiciones, sino de saber si, en la línea que el señor
Gutiérrez ha marcado al final de su intervención y que el señor Redondo
también antes citó, hay que hacer un último esfuerzo --aunque todos
seamos pesimistas y ya se expresó así el señor Redondo-- para ver si hay
alguna posibilidad de recuperar, por lo menos, el diálogo parlamentario,
como reflejo de lo que sería su diálogo social.
Antes se ha dicho aquí --en una opinión que ha expresado el Partido
Popular y con la que yo coincido plenamente-- que la reforma laboral sin
consenso social es mala y difícil de aplicar. Y en ese espíritu y en ese
ánimo le vuelvo a preguntar --como hice con el señor Redondo-- qué
perspectivas, qué posibilidades ve en esta fase del trámite parlamentario
-- a punto ya de entrar en el proceso de votaciones en el Congreso, pero
aún abierto el Senado--; qué posibilidades y qué propuestas existen,
aunque sean mínimas --aunque supongan desacuerdos o discrepancias
sustanciales en otros aspectos de la ley, que ahora no tratamos --, sobre
todo en el tema del contrato de aprendizaje, en el del despido, de la
regulación administrativa, en el tema de las agencias privadas de
colocación, etcétera. Repito, en esa línea, cuáles serían las propuestas,
si es que existen, que permitirían recuperar el diálogo parlamentario e
intentar que no se frustrara, definitivamente, todo el diálogo social
que, en último término y según la opinión de Coalición Canaria, sigue
siendo imprescindible para todo el proceso de negociación y de reforma
que tenemos por delante: la reforma de la Seguridad Social, del seguro de
desempleo, de la empresa pública, de la función pública, de la reforma de
las políticas activas de empleo y la reforma del Inem, la ley de huelga e
incluso aspectos tan importantes como la financiación en educación y
sanidad, que están prácticamente planteados y que son los elementos
esenciales de la que podríamos resumir como el Estado social y
democrático de Derecho, que define nuestro artículo 1.º de la
Constitución Española.
Por tanto, en esa línea y reiterando el pesimismo que parece que embarga
esta comparecencia, la reafirmación de posiciones no produce sino una
cierta sensación de esterilidad y nuestro Grupo pediría al señor
Gutiérrez, si es posible, que hiciera alguna propuesta de diálogo, al
menos para que quede claro quién está por el diálogo y quién no lo está,
que tampoco es inútil, porque ahora lo más importante es que la mayoría
de los ciudadanos españoles están por el diálogo. Y la reflexión que hay
que hacer en este momento histórico de la sociedad española no es qué
pasa con el proyecto de ley el próximo jueves, sino qué pasa con todo el
Estado el bienestar --que a mí me gusta más llamar Estado social y
democrático de Derecho, según la Constitución--, qué pasa en este período
de crisis de la sociedad europea, en este momento de finales del siglo X.
Y en este contexto no es cuestión baladí el que el Partido del Gobierno
va a tener que hacer, en un plazo máximo de 15 días, una reflexión
histórica sobre cuál es su posición definitiva para ese problema
esencial, a través de su Congreso.
Sería bueno que al menos en esta Comisión quedara claro quién está por el
diálogo y quién no lo está, y que si se está por el diálogo, no se
convierta en retórica sino que se hagan propuestas --no me refiero a los
sindicatos, que las están haciendo aquí hoy, sino a los otros grupos--,
porque no basta encerrarse en su castillo y en su trinchera diciendo que
el tiempo dirá, sino que vamos a ver si, efectivamente, somos capaces
--al menos nosotros lo intentamos-- de arbitrar posiciones de
acercamiento que no frustren definitivamente el diálogo social en este
país.
El señor PRESIDENTE: El señor Hinojosa, por el Grupo Catalán, tiene la
palabra.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Quiero agradecer al señor Gutierréz su
presencia y su exposición en esta Comisión.Unicamente quiero hacerle una
pregunta porque he visto que a lo largo de su intervención, al igual que
ha sucedido con el anterior interviniente, no ha hecho mención a una
parte importante de la reforma que ha sido cons ensuada entre las fuerzas
sindicales y el Gobierno. Me estoy refiriendo a la reforma del Título II.
Me gustaría conocer su criterio respecto a esta reforma que ha sido
pactada y consensuada entre ustedes.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Agradecemos la presencia del señor Gutiérrez con
nosotros, hoy, desde lo que yo creo que es una convicción compartida cual
es el papel que a unos y a otros, agentes sociales y partidos políticos
y, en este caso, a los grupos parlamentarios nos corresponde desempeñar.
El Grupo Popular siempre ha querido dar importancia y un tono de absoluto
respeto y de máxima comprensión posible desde esa diferencia que,
insisto, nace de los propios textos constitucionales. Ya decía en la
intervención de hace unos instantes en la anterior
comparecencia del portavoz del Grupo Popular que, sin duda alguna, todos
coincidimos en la gran carencia de diálogo previo, de consenso, con la
que ha llegado este proyecto al Parlamento, lo cual supone una dificultad
común, tanto para quienes debemos actuar sobre los textos, como para
quienes en un futuro inmediato estarían llamados a desempeñar y a poner
en funcionamiento algunas de las propuestas que recogen los propios
textos.
También hacíamos referencia --es uno de los aspectos que nos sigue
inquietando-- al riesgo que existe de que la previa no aceptación de
estas propuestas de reforma pudiera llevar a unas situaciones de
conflictividad adicional ya localizada en el seno de las empresas
individualizadamente, y todo ello en un momento muy difícil dada la
complicadísima situación económica y las excepcionales cuotas de
desempleo en las que nos movemos.
El Grupo Popular va a intentar que esta reforma sea no sólo una
herramienta --creo que todos la buscamos-- de lucha contra el desempleo,
buscar la eficacia en esa principal y prioritaria preocupación, sino,
además, tratar de dejar puertas abiertas para la recuperación, para la
reconstrucción de ese clima de diálogo, de ese clima de cooperación que
podría ser infinitamente más eficaz que ninguna otra posibilidad en la
resolución del problema del desempleo.
Queremos dar las gracias. Suponemos que habrá habido --creo que eso es
obvio-- problemas, como ha explicado también, en la metodología previa a
la negociación. Nos gustaría que si hay una fase posterior en la que
pueda alcanzarse concertación o diálogo no se regatearan esfuerzos. Al
menos, puedo manifestar la buena disposición de nuestro grupo
parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Agradecemos la comparecencia del señor Secretario
General de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Le confieso
que al Grupo Parlamentario Socialista le hubiera gustado escuchar, además
de críticas, algunas alternativas al contrato de aprendizaje, al problema
de tantos jóvenes que están parados, mujeres y hombres, al contrato a
tiempo parcial y a la movilidad. A la movilidad en concreto porque en el
documento «El mercado de trabajo en la Unión Europea en relación con la
reforma laboral española», suscrito por Comisiones Obreras y UGT, no se
hace expresa mención de este problema y nada se dice a este respecto en
el informe. A nivel comparado tengo que advertir que no hay normativa
legal que regule la movilidad geográfica y funcional de los trabajadores
ni en Alemania, ni en Bélgica, ni en Dinamarca, ni en Francia, ni en
Holanda, ni en el Reino Unido, ni en Irlanda. En todos estos casos las
decisiones empresariales son recurribles judicialmente por novación
unilateral.
Dice el señor Secretario General de Comisiones Obreras que le preocupa la
judicialización excesiva de las relaciones laborales. Tengo que
indicarle, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que hemos
presentado una enmienda, que está ya recogida en el informe de la
Ponencia y aprobada en el dictamen de la Comisión, que incluye en el
contenido de los convenios colectivos sistemas de mediación y, al mismo
tiempo, otorga al laudo arbitral que se dicte en estos sistemas de
mediación el carácter de acuerdo, lo cual es bueno a efectos de solventar
conflictos que pudieran producirse en la movilidad o en la modificación
de condiciones en el despido.
Dice también el señor Gutiérrez que esta reforma implica una
desregulación. No estamos de acuerdo. Desde nuestro punto de vista, lo
que pretende esta reforma es una re-regulación, pretende situar al
convenio colectivo como centro neurálgico de las relaciones laborales y,
por tanto, otorga a los protagonistas sociales una parte importante en la
regulación de las relaciones laborales.
Dice también que esta desregulación llevará a un retroceso de la
democracia industrial y a un incremento del poder de los empresarios. Yo
le preguntaría, señor Gutiérrez, si usted está tan convencido de que esto
va a ser así, de que va a haber abusos, de que va a haber prácticas
ilegales por parte de los empresarios, si su sindicato tiene algún plan,
programa o proyecto con vistas a aumentar su presencia en las empresas,
con vistas a estar al tanto de lo que pudieran hacer los empresarios
después de que esta regulación se apruebe.
Por último, una pregunta muy concreta. Estoy convencido de que la
preocupación primordial del sindicato Comisiones Obreras, como la
nuestra, es la de crear empleo. ¿Cómo se compatibiliza, señor Gutiérrez,
intentar que se cree empleo con incrementos salariales como los que ha
habido el año pasado de dos puntos por encima de la inflación de 1993?
¿Es esto posible? Esta pregunta es muy concreta y me gustaría que usted
nos diera una contestación también concreta.
El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a las preguntas y posiciones de
los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS (Gutiérrez Vergara): No
solamente por ahorrarles tiempo sino por respeto a los distintos grupos
parlamentarios, he obviado reiterarles, una por una, todas las propuestas
alternativas que hemos sugerido a los distintos grupos parlamentarios
para, si lo tenían a bien, transformarlas en enmiendas. Por lo tanto, no
solamente no carecemos de alternativas y de propuestas sino que, si nos
hemos empeñado en algo, ha sido justamente en elaborarlas
concienzudamente en cada uno de los aspectos y detalles de los distintos
proyectos de ley que se están tramitando. También he hecho una brevísima
síntesis en la intervención inicial, que creo ocioso repetir.
Me parece que sería bueno que en este país, alguna vez, la no
coincidencia con otras propuestas no se la tilde de ausencia de
propuestas. Ha habido propuestas alternativas desde el momento mismo de
sentarnos a la mesa de negociaciones con los otros interlocutores, el
Gobierno y la CEOE. Durante el conflicto del 27 de enero e inmediatamente
después de él, haciendo sobre todo la gran propuesta que de nuevo
reiteraba --yo se lo agradezco-- el señor
Mauricio, representante del Grupo de Coalición Canaria. También aprovecho
la ocasión para reiterar nuestro reconocimiento a su Grupo, que ha tenido
una gran receptividad sobre las propuestas que hemos hecho los sindicatos
respecto a esta reforma laboral.
Efectivamente, mañana es el día de la mujer trabajadora en un país que
presenta la tasa de paro femenino más alta de toda la Unión Europea,
posiblemente motivada por dos razones: por los mayores prejuicios que se
mantienen en nuestro país a la hora de incorporar a la mujer al mercado
laboral y por la mayor discriminación de que es objeto la mujer durante
la permanencia en el mercado de trabajo.
Pues bien, esta reforma, en todos y cada uno de sus aspectos, empezando
por la contratación, todavía alimentará más estos prejuicios que impiden
una plena inserción de la mujer trabajadora en el mercado laboral, si
acaso dejándoles los contratos a tiempo parcial que pueden ser --como
decía-- contratos absolutamente deslaboralizados. Si generalmente hay un
mayor porcentaje de mujeres trabajadoras en el sector terciario, en el
sector de los servicios, nos podremos encontrar con que en alguna de
estas actividades mujeres y trabajadores en general, que están sometidos
a una relación con distintas empresas y que sucesivamente han ido
encargándose, por ejemplo, de tareas de limpieza en los hospitales, en
los aeropuertos, etcétera, que hoy cobran con cuatro o cinco nóminas
distintas, con estas nuevas de contratación, nos podremos encontrar con
personas, especialmente mujeres, que trabajando toda la semana y aún más
pero en distintas empresas y, por lo tanto, con diferentes nóminas, se
les considere cada una de ellas por debajo del umbral necesario para
tener un contrato laboral, generándose, posiblemente, una mayor
desprotección a la mujer trabajadora si esto se lleva a término.
Este fue el único dato puntual de la reforma que le expusimos al señor
Presidente del Gobierno en la conversación que tuvimos a raíz de la
huelga general. El se limitó a decir que le parecía imposible o poco
probable que esto fuera así. Hemos hecho enmiendas y sugerencias, de las
que disponen SS. SS., para corregir esta perversión que no podrá evitarse
sólo --aunque lo intentaremos, no le quepa la menor duda a S. S.-- con
nuestras líneas de negociación colectiva en el próximo futuro. Ahora es
el momento de atender a estas posibles distorsiones, muy graves, que se
pueden operar y que afectarán de manera muy singular, muy destacada, a la
mujer trabajadora. Con estas nuevas medidas la discriminación sobre la
mujer trabajadora también se va a ver incrementada en tanto en cuanto se
dan nuevas facilidades --como decía antes-- para el despido de los
trabajadores y de las trabajadoras por razones gobernadas
unilateralmente, exclusivamente, por el empresario.
Creo que es un momento oportuno, conveniente, para reflexionar sobre
estas materias y ver en qué medida se pueden paliar los efectos más
negativos sobre un colectivo ya de por sí especialmente castigado en el
mercado laboral de nuestro país.
En cuanto a la manera de competir, estos días pasados observábamos,
felicitándonos todos, cómo el Banco de España bajaba los tipos de interés
hasta un mínimo histórico del 8 por ciento. Recordarán SS. SS. que en
momentos de crecimiento providencial, como los que ha vivido este país
entre 1986 y 1990, algunos insistíamos en la necesidad de variar algunos
aspectos de la política económica, entre otros, aquellos que,
desincentivando la inversión productiva fomentaban otro tipo de
actividades que podían ser muy lucrativas para quienes las hacían, pero
absolutamente nefastas para el desarrollo económico e industrial del país
y para su competitividad. Entre otras cosas, sugeríamos una bajada de los
tipos de interés. Se nos decía entonces que mientras no se redujese el
déficit público no se podrían acometer estas políticas de bajada de los
tipos de interés. En aquella ocasión --creo recordar-- teníamos el 3,2
por ciento de déficit público; hoy tenemos el siete por ciento
--oficialmente, no sabemos en cuánto está el déficit público-- y, sin
embargo, se han bajado los tipos de interés.
Lo que no se quiso hacer en momentos en los que era más que conveniente,
en momentos de crecimiento económico, para, coherentemente con lo que se
decía en los discursos oficiales, hacer de verdad una política
competitiva que mejorase la competitividad de nuestro país, lo que no se
quiso hacer en aquella ocasión, se hace ahora. Es una contradicción de la
que nadie ha dado respuesta, por la que nadie ha respondido y creo que
hay responsables que han regido y rigen las políticas económicas de
nuestro país que siguen sin explicar nada.
A mí me parece que este país ha estado haciendo una política
anticompetitiva durante mucho tiempo. Momentos en los que, no obstante,
había ya una alta dosis de flexibilidad laboral en la entrada al mercado
de trabajo, pero que, a la vez, determinaba flexibilidad en la
permanencia, con trabajadores y trabajadoras que, contratados
eventualmente, tenían retribuciones sensiblemente inferiores --hay quien
estima que hasta en un 40 por ciento menos-- a las de los trabajadores y
trabajadoras fijos o estables, y también flexibilidad en la salida puesto
que sus despidos, como bien saben, se producían con un mínimo coste; con
crecimientos salariales en términos reales, incluido el año pasado, por
debajo de los crecimientos, en términos reales, que han tenido los países
con los que competimos, especialmente los países de la Unión Europea. De
1986 a 1991, el crecimiento, en términos reales, de nuestros salarios ha
sido de dos puntos y medio. En los países de la Unión Europea, esos
crecimientos en términos reales han sido del 6,7. En 1993, aparte de que
el crecimiento nominal de los salarios no ha estado dos puntos por encima
del IPC, como desgraciadamente se ha demostrado al final del año, hemos
tenido un crecimiento de casi el cinco por ciento y los crecimientos
salariales, por término medio, han rondado el seis por ciento. Pero lo
más grave es que hay colectivos numerosísimos de trabajadores y
trabajadoras que siguen teniendo incremento cero, porque ni se estimuló
antes el deber de negociar inherente a cualquier democracia industrial
mínimamente sólida ni, mucho menos, se va a estimular ese deber de
negociar con esta nueva reforma laboral. Al contrario, se debilitará el
deber de negociar. Nos hemos encontrado con muchos trabajadores y
trabajadoras que no han podido firmar al final un convenio colectivo.
Por tanto han sido, globalmente consideradas, unas retribuciones
salariales inferiores a las de años anteriores. Nuestro país, se quiera o
no, si ha querido utilizar la ventaja comparativa, ha tenido y tiene
altas dosis de flexibilidad laboral; una precarización en el empleo como
no existe en otros países de la Unión Europea; y nuestros costes
laborales unitarios estaban y están los cuartos, pero por la cola, tan
sólo por delante de Irlanda, Grecia y Portugal. En términos reales, es
así.
Si faltaba alguna consideración acerca de los factores que históricamente
han atenazado o impedido una mayor competitividad de nuestra economía,
tenía que venir la OCDE a principios de este año para que, a través de
las cátedras Jean Monet de economía europea que se han instalado en
distintas universidades españolas, conociéramos la evolución en los
últimos 30 años de tres factores que son esenciales para este debate.
Estudiado el período entre 1960 y 1991, es decir, 30 años, la
productividad del factor trabajo en nuestro país se sitúa por encima de
la media de todos los países de la OCDE; los rendimientos del capital en
nuestro país están por encima de los rendimientos del capital de la OCDE,
pero la productividad del capital en nuestro país está muy por debajo de
la productividad del capital en los países industrializados.
¿Qué es, por tanto, lo que no produce adecuadamente para hacer de éste un
país competitivo? ¿El factor trabajo o el capital? ¿Cuándo, además de
(porque no negamos la necesidad de discutir una reforma laboral) acometer
reformas laborales, nos vamos a plantear la reforma de algo que permanece
intacto, que cuando se ha actuado sobre él se ha hecho de una manera
absolutamente desordenada, sin un norte claro? Me refiero a nuestro
propio desarrollo industrial, a nuestro tejido productivo, a nuestra
manera de producir. ¿Cuándo se van a acometer políticas adecuadas que de
verdad incentiven un desarrollo industrial que ubique nuestros productos
en un segmento del mercado menos rígido que el que viene ocupando
tradicionalmente, en aquellos segmentos del mercado más elástico, los que
incorporan más valor añadido tecnológico en los productos, que, por
tanto, son los más adecuados para competir en un país europeo como es el
nuestro?
De esta política anticompetitiva que fomentó la economía del pelotazo
--me sigue resultando demasiado duro, no alcanzo a asociar los términos
cultura y economía del pelotazo, que se han acuñado por ahí en la pasada
década-- parece que, en lugar de acometer definitivamente una auténtica
política de desarrollo competitivo, se quiere pasar a una época de
economía de la subasta. Lo que ocurre es que lo que se subasta en esta
coyuntura, con estas políticas, es el empleo y los derechos asociados al
empleo. Es decir, subastar empleos a ver quién los puede ofrecer más
baratos, más desregulados, con menores derechos sociales asociados y peor
retribuidos. Me parece una vía absurda desde el punto de vista
intelectual, peligrosísima desde el punto de vista social, e ineficiente
desde el punto de vista económico. No serán éstas las políticas que
saquen a nuestro país de ese lugar del ranking de la competitividad tan
bajo en el que nos situaba hace muy poco tiempo, por ejemplo, el Fórum
Económico Mundial, colocándonos en el puesto 20 de 22 países analizados,
lo que venía a señalar precisamente como factores que impedían nuestra
mayor competitividad desde las técnicas de gestión empresarial hasta
precisamente este desarrollo industrial timorato, que obedece a
parámetros del pasado y que, paradójicamente, coloca nuestra economía,
repito, en los segmentos más rígidos del mercado. Ahí si hay rigidez y no
en el mercado laboral.
Esto también incide en el porvenir de lo que, a mi juicio, de manera
precipitada, tal vez más cargado de deseos que de constataciones reales,
se ha dado en llamar el Estado del bienestar social en nuestro país. Es
verdad que en España se ha hecho un esfuerzo considerable, desde la
transición democrática, para aumentar los gastos de protección social.
Esto es verdad. Pero el Estado de bienestar social no es solamente la
cantidad, el porcentaje del PIB que se dedica a gasto social, que, por
cierto, en nuestro país sigue estando siete puntos por debajo de la media
comunitaria. El Estado de bienestar social es algo más, bastante más. Son
las culturas fiscales, económicas, políticas, en definitiva, asociadas al
Estado de bienestar social.
Por tanto, en nuestro país, sin haber llegado a cuajar esas culturas
fiscales, esas culturas que canalicen la solidaridad social para atender
derechos de la ciudadanía (y entre ellos derechos esenciales son los que
hacen referencia a la protección social, pensiones, desempleo y otros),
sin haber llegado a cuajar esas culturas, repito, empezamos un
desmantelamiento peligrosísimo. Se empieza por exponer la imposibilidad
material de financiar los distintos subsistemas de protección social.
Imposibilidad material ¿por qué?, en un país que sigue presentando los
índices de fraude fiscal y de elusión fiscal más altos de toda Europa; un
país que todavía tiene un trato más que de favor con respecto a aquellas
rentas de capital que no se dedican a actividades productivas, y por
tanto no pagan la Seguridad Social, pero que tampoco contribuyen más que
simbólicamente a la Hacienda pública. ¿Cuándo podremos tener aquí, antes
del debate alarmista de que no se pueden pagar determinadas prestaciones
sociales, o que están en peligro las pensiones del futuro, otros debates
que sí se dan en otros países europeos? Por ejemplo, cómo estudiar la
aportación a la Seguridad Social de aquellas empresas intensivas en
tecnología que pueden obtener volúmenes de negocio y de beneficio muy
superiores a aquellas otras que, siendo intensivas en mano de obra, se
dedican a actividades manufactureras u otras cosas que reportan un
volumen de negocio menor y una menor tasa de beneficio.
¿No habrá otras cosas que acometer, mucho antes que plantearse estas
imposibilidades materiales, constatadas en una coyuntura de recesión, de
financiar derechos ciudadanos esenciales, sistemas de protección social;
caminos por los que este país sigue sin avanzar y sin indagar y por los
que han avanzado otros países europeos, para pasar después, ante la
imposibilidad de autofinanciarse los distintos subsistemas, concepto que
ya lleva implícita una cierta ruptura de la cultura del bienestar social,
una cierta quiebra en esa cultura? Porque si consideramos que cada
subsistema se debe autofinanciar, estamos abundando también en la
desresponsabilización de los distintos colectivos sociales para acometer
de manera suficiente estas necesidades de un Estado de Derecho que se
pretende avanzado.
Creo que esta reforma laboral, lejos de solidificar la cultura del Estado
de bienestar social, con todo lo que ello comporta en nuestro país, la
debilita gravemente, muy seriamente, en la medida en que el trabajo
dependiente es sustituido como eje vertebrador del desarrollo económico,
del crecimiento, del futuro, del porvenir de un país por el supremo
hacedor de todo tipo de regulaciones, que es el mercado. Esto comportará,
más pronto que tarde, que, en lugar de considerarse vinculado a una
sociedad y, en tanto que ese vínculo, tener derecho a determinadas
prestaciones sociales, que estas necesidades sociales y prestaciones
dependen única y exclusivamente de cómo esté ubicado el individuo con
relación al mercado, de cual sea la posición en la que le ubica el
mercado. En función de sus estrictas capacidades individuales y no como
ser social, es como podrá atender sus necesidades presentes y, sobre
todo, por lo que se dice en estos días, las del futuro.
Creemos que, efectivamente, el discurso coherente con la desregulación
laboral que se pretende operar en esta Cámara, a propuesta del Gobierno,
es el que se está lanzando ya, atemorizando a la población y alertando
sobre la imposibilidad de mantener las pensiones en el futuro. Es un
discurso absolutamente coherente, y permítanme decirles que, además de
coherente, irresponsable en mi opinión. No se le puede decir a una
población que aumenta su esperanza de vida cara al futuro, como en todos
los países desarrollados, pero que, al mismo tiempo, esa esperanza de
vida han de asociarla a peores condiciones de vida y a una mayor
inseguridad. Antes de lanzar estas inquietudes de esta forma --son
pretextos para proceder a lo que se ha hecho siempre, a recortar
directamente en lugar de reformar, seriamente hablando-- sería el momento
de inducir otro tipo de diálogo social, de debates que permitan, en
primer lugar, explorar seriamente la capacidad de recursos que debe tener
el Estado y que no los obtiene hoy por hoy (y no estoy hablando de
aumentar la presión fiscal sino de tener un sistema tributario más justo,
más equitativo y, desde luego, más eficiente, para que contribuyan todos
los que deben hacerlo) y, en segundo lugar, conectar la evolución de los
sistemas de protección social a las pautas de desarrollo industrial,
tecnológico, económico, etcétera, que queramos para el futuro.
En otro orden de cosas, se ha hecho una referencia a la nueva normativa
sobre elecciones sindicales. Yo no he comentado nada de esto porque
formalmente no tenemos todavía una comunicación; no obstante, algunas
noticias o indicaciones que nos llegan nos suscitan algunas inquietudes
acerca de, también, otro incumplimiento más de acuerdos alcanzados entre
el movimiento sindical y el Gobierno. (El señor Arnau Navarro pronuncia
palabras que no se perciben.) Sí, le digo simplemente que nos llegan
estas noticias y, por lo tanto, nos inquietan.
Se ha hecho un gran esfuerzo para que una de las cuestiones que ha
marcado una mayor división sindical desde el principio de la transición,
como es el proceso de elecciones sindicales, pudiéramos darlo por
superado mediante un gran acuerdo, especialmente entre UGT y Comisiones
Obreras y los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. Pero no solamente era un acuerdo para superar una diferencia
entre dos grandes sindicatos, sino para que también el proceso de
legitimidad democrática de los sindicatos en nuestro país fuese todavía
mejor, más solvente.
Nosotros hemos defendido, y defendemos, que la legitimidad del sindicato
no puede proceder de sí mismo, por muchos afiliados que tenga este
sindicato. La legitimidad debemos obtenerla, si nos la otorgan,
democráticamente, de los trabajadores y de las trabajadoras, en procesos
electorales limpios, transparentes, etcétera; desprovistos también de
aspectos o de cuestiones circulares que puedan distorsionar o
desnaturalizar lo que es un proceso de elecciones sindicales en el ámbito
laboral, que no es lo mismo, ni tiene por qué ser lo mismo, que las
elecciones legislativas, por ejemplo. En este orden de cosas, se habían
conseguido algunos acuerdos para que la renovación de una manera más
abierta, más natural, más desprovista de lo que son las características
propias de las campañas electorales convencionales o habituales y para
asegurar también mucho más la transparencia, la veracidad de los
resultados electorales que se van obteniendo, etcétera. Nos llega la
noticia de que pueden ser asumidas algunas enmiendas --por cierto, unas
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y, otras, del Partido Popular--
que podrían dar al traste con buena parte de esos acuerdos. Yo espero que
no sea así, que sean noticias equivocadas porque, si no es así,
estaríamos, de nuevo, en otra quiebra de la credibilidad de la
negociación y de los acuerdos, puesto que se sumaría un incumplimiento a
los muchos que se han tenido que sumar en el último período.
Nosotros, aun siendo pesimistas --y dejo para el final la sugerencia que
hacía el señor Mauricio, que me parece importantísima--, tras la huelga
general fuimos simplemente a proponerle al señor Presidente del Gobierno
reabrir un proceso de negociación en las condiciones que ya he señalado
anteriormente, sin entorpecer ni paralizar nada, al contrario, con el
ánimo de facilitar la tramitación parlamentaria, sin poner límites a los
confines de esa mesa de negociación --considerábamos que había sido una
negociación en la que deberíamos habernos involucrado el Gobierno,
empresarios y sindicatos--, pese a todo esto, la respuesta del Presidente
del Gobierno fue tan clara como tajante: «Ni tengo margen, ni quiero
tener margen para negociar esta reforma laboral.» Estas fueron sus
palabras textuales en aquella entrevista posterior a la huelga general.
Por nuestra parte, no hemos querido abandonar, ni abandonamos, la lógica
de la negociación. Tanto es así que, si han podido reparar en ello,
recordarán SS. SS. que, aun en el conflicto, aun en la convocatoria de la
huelga general, nuestro objetivo no era otro que el de la negociación.
Quisimos ser, aun en la huelga general, consecuentes con lo que había
animado la estrategia de los sindicatos los meses precedentes, que no era
otra que la de la negociación de un pacto por el empleo.
Después de la huelga general mantenemos esta actitud; queremos dejarla
bien clara. A mí me parecería un atrevimiento decir a los distintos
grupos parlamentarios qué es lo que pueden o no pueden hacer en orden a
retomar esta negociación antes de que, consumándose con un profundo
desacuerdo entre esta reforma laboral y las propuestas del movimiento
sindical, se traslade la tensión, que está latente, a todos los ámbitos
de la vida sociolaboral, a dificultar enormemente una negociación
colectiva que no solamente no se convierte en el eje de las modernas o
pretendidas modernas relaciones laborales, sino que se debilita mucho más
la negociación colectiva. Una negociación colectiva que parte de un
profundo desequilibrio entre representantes de los trabajadores y de los
empresarios en favor de estos últimos, no es precisamente una negociación
colectiva reforzada, están reforzados los empresarios, una de las partes,
cuando hay muchas cuestiones que, efectivamente, en otros países europeos
se dejan a la autonomía de las partes: las referidas a la movilidad
funcional, etcétera. Aquí, no; aquí vienen previamente desreguladas. El
recurso posterior a la negociación colectiva no hace que se equilibren
las fuerzas para el ejercicio de la autonomía de las partes en la
negociación colectiva, sino que --como decía anteriormente--, se parte de
ese desequilibrio, que, a su vez, hará mucho más difícil el desarrollo de
la negociación colectiva, ya que será mucho más difícil acometer estas
tareas. Podríamos haberlas acometido --como apuntaba antes-- y
mantenemos, por si acaso hay algo, hoy por hoy imprevisible,
lamentablemente imprevisible, pero algo que induzca a este país y a
quienes tenemos la responsabilidad de lograrlo, a un nuevo proceso de
negociación para alcanzar un auténtico pacto por el empleo.
Apuntaba que en esa dirección habríamos tenido la oportunidad de
sustituir aquellas viejísimas ordenanzas laborales por una nueva
negociación de carácter sectorial, convenientemente articulada con otros
ámbitos, que pudiera atender a realidades específicas que hay en algunas
nacionalidades históricas de nuestro país. Fundamentalmente, ir a ese
nuevo entramado de negociación colectiva más moderno, más actual, más
acorde con los retos de los tiempos. En ese proceso se podría haber
hablado de un reforzamiento de la negociación colectiva, de la democracia
industrial como eje fundamental del desarrollo de unas relaciones
laborales flexibles, bien entendidas y modernas. Y dentro de ello
acometer, como decía, estos aspectos referidos a la movilidad funcional,
a la movilidad geográfica, a nuevas condiciones de trabajo, etcétera.
Si hay algo que haya dejado en el tintero, les pido disculpas y, con
mucho gusto, contestaré posteriormente.
Había una referencia del Partido Popular a la fase posterior de la
negociación. Nosotros, además de trabajar inmediatamente para ofrecerles
a todos ustedes nuestras propuestas para la tramitación parlamentaria,
hemos empezado a trabajar también y culminado unas líneas, unos enfoques,
para acometer la negociación colectiva en estas nuevas condiciones.
Nosotros pretendemos que la negociación colectiva transcurra por cauces
mejores de los que se apuntan. No haremos de la negociación colectiva un
terreno de revancha ni nada por el estilo. Sin embargo, sí estamos ya
registrando las respuestas de distintas patronales de carácter sectorial
ante las indicaciones de las respectivas federaciones de industrias y de
servicios para iniciar las negociaciones colectivas, lo que significa
estar --se lo diré de manera muy coloquial-- con la escopeta cargada de
reforma laboral, esperando a que ésta esté en vigor y, mientras tanto,
paralizando la negociación colectiva, es decir, la amenaza de erradicar
derechos anteriores, de vaciar de contenido los convenios colectivos. Por
cierto, me permito decirles a los representantes del Partido Popular que
una de sus enmiendas que podría acabar con la ultraactividad de los
convenios, es decir, dejar sin vigencia el contenido de los convenios si
al cabo de unos cuantos meses no se han renovado por otro pacto, sería, a
nuestro juicio, otra aportación muy negativa de cara a reforzar la
contractualidad en nuestro país, es una enmienda que hemos enjuiciado muy
negativamente. Les decía que, hoy por hoy, quienes amenazan con una
negociación colectiva mucho más tensa y conflictiva de lo deseable son
aquellos empresarios que creen que esta reforma laboral les da nuevas
prerrogativas para vaciar de contenido convenios que ya se tenían de
carácter general, para cambiar unilateralmente con mayor arbitrariedad y
mayores posibilidades de las que tenían antes determinadas condiciones de
trabajo, etcétera.
Por nuestra parte, hemos trazado unas líneas de negociación colectiva con
las que trataremos de impulsar de verdad unas relaciones laborales que
palien, en la medida de lo posible, los efectos, consideramos que muy
negativos, que se van a derivar de esta reforma laboral.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez, en nombre de la
Comisión, por su comparecencia esta mañana en la misma. (Pausa.)
--COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE UNION SINDICAL OBRERA (USO),
DON MANUEL ZAGUIRRE, PARA DAR A CONOCER LA POSICION DE SU ORGANIZACION
RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FOMENTO DE LA OCUPACION, DEL
PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS ARTICULOS DEL
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DE
PROCEDIMIENTO LABORAL, ASI COMO DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN
(CIU). (Número de expediente 219/000082.)
El señor PRESIDENTE: Comparecencia de don Manuel Zaguirre, Secretario
General de la Unión Sindical Obrera.
Tiene la palabra el señor Zaguirre.
El señor SECRETARIO GENERAL DE UNION SINDICAL OBRERA (USO) (don Manuel
Zaguirre): En primer lugar, quiero agradecerles, en nombre de la Unión
Sindical Obrera, la posibilidad de dirigirnos a esta Comisión de Política
Social y Empleo. Deseo decirles que para la USO, después de casi 35 años
de historia de lucha por la democracia, por las libertades y el progreso
social de nuestro país, tiene una especial significación y emoción pisar
por primera vez nuestro Parlamento democrático; que yo personalmente
nunca antes me he visto en este trance y les pido disculpas anticipadas
por las insuficiencias y torpezas de esta comparecencia.
Quisiera empezar por el final, refiriéndome al Título II del proyecto de
reforma del Estatuto de los Trabajadores, que hace alusión a las
propuestas de reforma en materia de normativa de las elecciones
sindicales, lo que comúnmente, en nuestro argot, empezamos ya a manejar y
conocer como reforma sindical. Permítanme utilizar una imagen cuaresmal
pues es tiempo de ello. Para nosotros, si la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, desde el punto de vista de los principios y valores de la
libertad sindical y de los legítimos derechos y aspiraciones de los
sindicatos todavía no más representativos o minoritarios; si esa LOLS,
repito, ha constituido hasta ahora un calvario, sinceramente creemos que
el proyecto de reforma de la normativa de elecciones sindicales, de
consumarse, sería una auténtica crucifixión y muerte, desde el punto de
vista de los principios y valores de la libertad sindical y de las
legítimas aspiraciones de los sindicatos que aún no ostentamos la
condición de más representativos.
Voy a hacer hincapié en los aspectos centrales, en las peores aristas de
este proyecto de reforma de la normativa de elecciones sindicales, que,
sin duda, conocen, y no tienen por qué compartir nuestros propios juicios
sobre ellas. En primer lugar, el proyecto establece una capacidad
universal exclusiva para los dos sindicatos más representativos en el
ámbito nacional, igual que es excluyente para los demás, de promover
elecciones sindicales sin ninguna limitación en todos los centros de
trabajo y sectores con un carácter universal. En la misma medida en que
establece una capacidad exclusiva, es excluyente para los demás.
En segundo lugar, el proyecto fija esa misma capacidad exclusiva y
universal de acceso para los dos sindicatos más representativos a los
censos y los datos de las empresas y las administraciones,
imprescindibles para hacer frente a procesos electorales de por sí
complejos y difusos en el tiempo, como son las elecciones sindicales.
En tercer lugar, en lógica con la anterior, el proyecto de reforma de la
normativa establece la capacidad de fijar los calendarios, de agrupar las
elecciones con carácter global, sectorial para esos dos sindicatos,
dándose de hecho la paradoja de que, incluidas aquellas empresas y
sectores en los que otros sindicatos, distintos a esos dos, ostentamos la
condición mayoritaria de más representativos, tenemos que supeditar
nuestra iniciativa electoral en nuestros propios feudos sindicales a esa
iniciativa de establecer los períodos, los calendarios, los procesos
electorales a los que me vengo refiriendo en exclusiva y excluyentes,
para los dos sindicatos más representativos.
El proyecto de marras --y vamos en orden ascendente-- prevé la supresión
de la actual Comisión Nacional de Elecciones Sindicales y de las
Comisiones Provinciales de Elecciones Sindicales. No son órganos de
control electoral perfectos. Han evidenciado en el transcurso de las
últimas dos comisiones sindicales, de 1986 y 1990, deficiencias notables,
pero, evidentemente, suponen un grado notable de garantía en el enmarque,
el desarrollo, el control y la certificación de los resultados
electorales. Se propone la supresión lisa y llana de la Comisión Nacional
de Elecciones Sindicales y de las comisiones provinciales. Se sustituyen
en la propuesta por una oficina de registro --no quiero ser peyorativo en
absoluto, quiero expresarme con el mayor respeto de que soy capaz--, cuya
razón y función última, como SS. SS. saben, es registrar todo aquello que
se le meta por ventanilla, sea un acta electoral o cualquier otra cosa.
Una oficina de registro en sí misma no tiene otra función.
Siguiendo en este orden ascendente, el proyecto de reforma de la
normativa electoral establece sistemas de arbitraje obligatorio en los
casos de litigio por causa de fraudes o irregularidades electorales;
fraudes e irregularidades electorales que, lamentablemente, forman parte
de las señas de identidad de los comicios sindicales en España desde que
hay democracia.
Reparen en que en las últimas elecciones sindicales, las celebradas en el
último trimestre de 1990, es casi verificable, con los datos de las
hemerotecas en mano, que las reseñas electorales aparecieron más en las
páginas de sucesos que en las de economía y trabajo y reparen en que esas
elecciones sindicales, concluidas el 15 de diciembre de 1990, debieron
esperar once meses, hasta el 8 de noviembre de 1991, para que se hicieran
públicos sus resultados. Desde luego, esta demora en la proclamación de
los resultados de las elecciones sindicales de 1990 no fue en absoluto en
razón a ningún fallo técnico en los ordenadores del Ministerio de
Trabajo. Fue por otras razones que afectan más al fraude y a las
irregularidades.
En ese sistema de arbitraje obligatorio en los casos de litigio
electoral, el proyecto de reforma de la normativa establece que los
árbitros serán designados por los sindicatos más representativos. Vamos
cerrando el círculo en cada uno de los aspectos que conforman este
proyecto.
En el ámbito de la pequeña empresa, genéricamente las de menos de 30
trabajadores, que aportan más del 80 por ciento del total de delegados
que se someten a elecciones en los comicios sindicales, el proyecto de
normativa es excesiva y peligrosamente vaporoso, dejando abierta la
posibilidad, por ejemplo, de que los procesos electorales, con la
importancia cuantitativa que tienen, se resuelvan en un solo día y de que
haya mecanismos de elección de representantes sindicales que no se
circunscriban exclusivamente a depositar el voto en la urna.
Para redondear lo anterior, el proyecto de reforma de la normativa
electoral, tras un primer período de quince meses sugerido o propuesto
entre el próximo septiembre y finales de diciembre del próximo año, a
partir de ese momento, empieza un «perpetuum mobile», es decir, un
proceso electoral perpetuo, sin principio ni final, sin
proclamación pública de los resultados electorales a plazo fijo, tasada,
del cómputo de resultados electorales y de la correspondiente asignación
de representatividad y legitimación representativa, por tanto, a las
distintas opciones sindicales. Este factor último que redondea el
catálogo de perlas normativas a las que muy brevemente me he referido,
nos lleva a una situación que cabe calificar de elecciones sindicales
invisibles. Hasta ahora, el llamado listón de la mayor representatividad
nacional, establecido en un diez por ciento del total de delegados
electos, creo, a riesgo de escaso rigor técnico por mi parte, que, en el
ámbito político parlamentario, se sitúa en torno al cinco por ciento. Ese
listón era de por sí, por razones contextuales y normativas, difícil. En
este momento, para los sindicatos que no ostentamos la condición de más
representativos la dificultad ya no es saltar el listón, la dificultad es
que haya listón en sí mismo y que podamos ubicar en un tipo de proceso
electoral, perpetuo e invisible, a la vez, dónde está ese listón de la
mayor representatividad.
En este punto --y perdonen el comentario-- uno, a la vista de esto,
tiende a pensar que los inspiradores del proyecto lo hubieran tenido
mucho más fácil obviando estas sutilezas y yendo directamente a una
tentativa de disolver los sindicatos que hoy no ostentamos la condición
de más representativos; seguramente todo hubiera sido más claro en las
formulaciones y en las intenciones.
Abreviando, dos o tres comentarios, si me permiten, señorías, señor
Presidente, sobre los efectos de fondo, de aplicarse esta reforma
sindical. Extraigo, en tres de esos efectos, las consideraciones de mayor
importancia, desde nuestro punto de vista.
El primero es que el efecto de implantar y consolidar esta nueva reforma
normativa sería, de hecho y de derecho petrificar la vida sindical
española, fijar la foto de la actual configuración sindical en nuestro
país «ad aeternum», en detrimento directo de la capacidad democrática, en
todo caso, de ostentar alguna vez la condición de la mayor
representatividad nacional otros proyectos, otros modelos, otras
concepciones y alternativas sindicales.
Este primer efecto, en sí mismo, nos parece enormemente transgresor de
principios y valores democráticos esenciales que se resumen en la
posibilidad de que las minorías de hoy sean las mayorías de mañana y
viceversa, a condición siempre de que los cauces democráticos estén
expeditos, estén abiertos. A partir de ahí es la soberanía democrática,
expresada en las urnas, a los distintos niveles electorales --en el
ámbito de los trabajadores, en este caso-- quien determinaría esas
correlaciones mayoritarias y minoritarias en el futuro. Si se cierra el
camino, si en el camino de la libertad sindical y de comicios sindicales,
realmente libres y democráticos, se establece una losa de esta
envergadura, como el proyecto de reforma normativa que nos ocupa,
sinceramente, deviene prácticamente imposible un desarrollo sindical que
no sea estrictamente la petrificación de lo que hay para la eternidad.
Quisiera, también, poner acento, al referirme a este primer efecto de
fondo, en un catálogo notable de sentencias del Tribunal Constitucional
que se han producido en esta última década, singularmente desde que entró
en vigor en nuestro país la Ley Orgánica de Libertad Sindical, sentencias
todas ellas que inciden en la misma dirección: la primacía de los valores
y factores de libertad sindical sobre aquellas disposiciones, legítimas,
en todo caso, que establecen en su funcionalidad la condición de la mayor
representatividad. Insisto, hay un catálogo, una jurisprudencia notable
del Tribunal Constitucional en esa dirección, en temas que afectan a
derechos de los sindicatos de forma universal, sobre las subvenciones del
Estado, sobre el patrimonio sindical, sobre la misma capacidad de todos
los sindicatos de intervenir en el control de procesos electorales. Le
remito a esa rica jurisprudencia del Tribunal Constitucional, siempre con
el mismo hilo conductor: el imperativo es la libertad sindical de todos y
lo específico, lo que diversifica, es la condición de mayor
representatividad de algunos.
Tanto es así que yo estoy personalmente convencido de que si no se
hubiera producido en esta década ese catálogo de sentencias del Tribunal
Constitucional, absolutamente positivas --indiscutibles, en todo caso--,
desde el punto de vista de la libertad sindical, muy probablemente yo no
podría estar dirigiéndome a ustedes hoy en mi condición de Secretario
General de la USO. En segundo lugar, a efectos de aplicar esta normativa,
sería una peligrosísima electoralización de la vida sindical cotidiana,
en detrimento de prioridades que todo el movimiento sindical tenemos
clamorosamente delante, respecto a la crisis y respecto a situaciones de
desvertebración sindical y social muy notables.
Esa electoralización de la vida sindical cotidiana, para nosotros es uno
de los mayores y peores riesgos de esta norma. Sin duda que los
inspiradores de la norma lo han hecho pensando en que la actual relación
unitaria, que saludamos, entre los dos sindicatos mayoritarios va a ser
perpetua y que este largo proceso de noviazgo sindical, que saludamos y
valoramos, puede culminar armónicamente, más pronto que tarde, en un
sólido matrimonio sindical. Sin duda, los inspiradores de la norma dan
eso por supuesto. Pero es necesario preguntarse: ¿Y si así no fuera? ¿Y
si se volviera a épocas relativamente recientes de disenso y
confrontación intersindical? En ese contexto --que es probable, no
deseable pero probable; hay algunos datos que, lamentablemente,
apuntarían en esa dirección--, esta electoralización cotidiana, este
hacer de lo electoral, de la lógica electoral, la cotidianidad de la vida
sindical, deviene peligrosísima; haría de la vida sindical un infierno,
con altos riesgos de inestabilidad, fruto de ese «perpetuum mobile», de
esa tensión y confrontación electoral perpetua y sistematizada en el día
a día. Es necesario reparar en este dato.
Finalmente, en tercer y último lugar, en orden a los efectos de fondo de
esta reforma normativa, caso de que llegara a prosperar, no podemos dejar
de referirnos a los riesgos de una cierta verticalización de la vida
sindical española, con todo el efecto que ello pudiera tener sobre la
realidad sindical de base. En un momento de crisis aguda, que no hay
expectativas a corto plazo de que remita, ese exceso de concentración de
la vida sindical en las cúpulas
puede suponer serios riesgos de indisciplina, de quebranto aún mayor de
la cohesión sindical en las bases y de radicalización sindical en ellas.
El fenómeno de los cobas italianos no se circunscribe sólo a ese ámbito
nacional, es una posibilidad, un fantasma latente en los escenarios
sindicales europeos, mucho más próximo cuanto mayor es la tentativa de
cerrar en las cúpulas esa capacidad omnímoda, exclusiva y excluyente, de
algunas conducciones sindicales, en detrimento de los factores de
libertad, de pluralismo y de un desarrollo sindical mucho más armónico y
democrático desde las bases.
Concluyo con algunos comentarios muy breves, que se caen por su peso en
nuestra perspectiva, después de lo que acabo de decir sobre lo que
nosotros proponemos o sugerimos respetuosamente. La propuesta es muy
elemental. Queremos que la vida electoral sindical se regule de la forma
más homóloga posible a la vida electoral política en nuestro país,
salvadas las distancias y hechas las adaptaciones funcionales que sean
precisas; asumimos la diferencial entre el espacio sindical y el espacio
político; no podía ser de otro modo. Pero ¿por qué conformarnos con
menos? ¿Por qué tener que seguir soportando el drama de elecciones
sindicales? Repito que desde el año 1978, que se inauguraron en
democracia, muchas veces hay la tentación y el riesgo de que figuren más
en las páginas de sucesos, como les decía, que en las de vida laboral,
teniendo una referencia tan próxima y tan directa en los comicios
políticos en los que genéricamente nadie cuestiona en nuestro país su
pureza y la absoluta impecabilidad de sus resultados y procedimiento.
Nosotros aspiramos, en términos deliberadamente máximos o maximalistas,
tal como están las cosas y siendo conscientes de que hay un proyecto
normativo sobre la mesa respecto al cual hemos presentado a los grupos
parlamentarios una serie de enmiendas puntuales, a que una ley electoral
sindical realmente democrática regule para el inmediato futuro y para
siempre los comicios sindicales en nuestro país, que, por otra parte,
son, a fecha de hoy, el único instrumento, el único cauce para legitimar
la representatitivad de los sindicatos. No hay ningún otro que afecte a
la historia, que afecte a las tasas de afiliación, no hay ningún otro de
orden cualitativo para legitimar esa representatividad sindical,
estrictamente el elector.
En ese sentido, una ley electoral sindical para nosotros debiera
contemplar, en primer lugar, un período fijo de realización de las
elecciones sindicales; éstas deberían empezar y acabar en tres o cuatro
meses, si fuera necesario alargar el actual período de tres. Obviamente,
el resultado de ese período debería ser la proclamación pública de
resultados, la proclamación pública del cómputo electoral y la asignación
de representatividad a cada sindicato, tanto en el nivel global como en
los distintos ámbitos funcionales. A su vez, un proyecto de ley electoral
sindical como a la que aspiramos debería establecer una igualdad de
oportunidades en la comparecencia electoral de todos los sindicatos,
tanto en la capacidad de promover elecciones sindicales como en la
capacidad de un acceso igualitario a los censos y a los datos electorales
imprescindibles. Asimismo, propugnamos comisiones de control electoral
bajo la responsabilidad y dirección del Poder Judicial, con la presencia
obvia en el orden técnico de la Inspección de Trabajo y con carácter de
observadores de los distintos sindicatos concurrentes. Una ley electoral
sindical como la que decimos debiera tipificar el delito electoral y sus
sanciones en el orden administrativo y penal. Y, finalmente, debieran
regularse con especial rigor los comicios sindicales en las empresas de
menos de 30 trabajadores porque son las que aportan intensivamente, como
he dicho, más del 80 por ciento del total de delegados que se eligen.
Dos palabras para terminar, señor Presidente --disculpen si estoy
abusando del tiempo disponible, sin duda que sí--, sobre el resto de
cuestiones, que comúnmente conceptuamos bajo la reforma laboral. Sólo dos
palabras porque, sin duda, los representantes sindicales y amigos no
obstante, que me han precedido en el uso de la palabra se habrán referido
extensamente a la reforma laboral, tal vez en la misma medida en que
habrán sido parcos en comentar el Título II del Estatuto sobre la reforma
electoral sindical.
Desde el punto de vista de la USO, el proyecto de reforma laboral que nos
ocupa, de llevarse a efecto en toda su integridad y dureza, para nosotros
tendría algunos efectos clarísimos. El primero de ellos supondría en la
práctica una mayor desregulación, descualificación y precarización del
llamado mercado de trabajo. En segundo lugar, supondría una mayor
desigualdad y desvertebración social, por tanto. En tercer lugar,
generaría un peligroso desequilibrio del marco de relaciones laborales de
la democracia, contenido en el Estatuto de los Trabajadores. Y no
conviene olvidar que la convivencia social en su conjunto, la paz social
es siempre reflejo de una convivencia equilibrada entre capital y
trabajo. En cuarto lugar, la reforma laboral supondría, de aplicarse en
toda su extensión, un deterioro de los factores de eficiencia empresarial
y, por tanto, de calidad y competitividad de nuestros productos, efecto
ello de la precarización, la eventualidad progresiva y la falta de
estímulos de fondo de la fuerza laboral del país. En quinto lugar y en
último extremo, la reforma deviene prácticamente estéril como terapia
positiva frente a las altas tasas de paro y a sus causas de fondo, la
quiebra de nuestras estructuras industriales y de nuestra economía
productiva.
Sinceramente, desde nuestro punto de vista, lo que nuestro país está
reclamando a voces es una versión actualizada de lo que fueron en su día
los Pactos de la Moncloa, salvadas las distancias y superado cualquier
mimetismo histórico, un esfuerzo de concertación histórica para alcanzar
un gran acuerdo nacional para la reactivación económica, la
reconstrucción industrial y productiva, la creación de empleo y la
definición, de una vez, de nuestra ubicación en Europa en la doble
perspectiva de la primacía de nuestros intereses nacionales y del aporte
positivo de España a la Unión Europea integral no sólo mercantil. En el
marco de ese compromiso histórico, para sacar a nuestro país de la
crisis, no les quepa duda de la disposición sindical a negociar los
esfuerzos debidos en materia salarial o a abordar las reformas positivas
del mercado de trabajo que fueran precisas, esperando y deseando esa
misma disposición de los demás agentes en materia de políticas
económicas,
industriales, fiscales, inversoras, de control de los beneficios,
etcétera.
Señor Presidente, señorías, con la legitimidad que nos da no haber
cuestionado nunca la iniciativa y soberanía del Parlamento, ni antes, ni
durante, ni después del 27 de enero, les pedimos respetuosamente dos
cosas: La primera, que corrijan en positivo las aristas más negativas de
la reforma laboral; la segunda, que este Parlamento sea marco e impulso
de ese acuerdo nacional para sacar a nuestro país de la crisis que le
atenaza y bloquea sus expectativas de futuro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo solicitante de la comparecencia, el
Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, don Manuel Zaguirre, por su
presencia y exposición que, aun siendo breve, ha sido densa,
entendiéndose lo que ha dicho y lo que no ha dicho respecto a la reforma
de la legislación de las elecciones sindicales.
Usted se ha felicitado de estar aquí y nosotros también. Usted es la
primera y única fuerza minoritaria sindical que se ha presentado en este
Parlamento. Nosotros habíamos solicitado su presencia precisamente por
eso, como símbolo de que éste es un Parlamento que defiende las minorías,
no podría ser de otra manera, y porque entendemos que el proyecto de
reforma que se nos presenta atenta contra esas minorías; minorías que
tienen tanto derecho como las mayorías, si no más, en algunos aspectos,
porque su lucha ha sido más dura, más difícil; algunas se iniciaron en la
sombra del franquismo y padecieron tanto como cualquier otra fuerza, que
luego la fortuna les ha llevado a ser mayoritarias.
Queríamos saber qué opinaba de la reforma del Título II, también qué
opinaba de la reforma general, así como (y esto es lo que le pregunto
porque sabemos, y fue público, que usted hizo un llamamiento a otras
fuerzas sindicales minoritarias cuando supo que existía este proyecto y
auspiciaron la creación de una plataforma por la libertad sindical) si
esta plataforma tiene todavía vigencia, incidencia y aporta criterios de
conjunto o si los criterios vertidos sólo son de la USO.
Querría preguntarle, señor Zaguirre, ¿ha sido usted invitado en alguna
ocasión a dialogar con las fuerzas mayoritarias respecto al proyecto de
reforma de las elecciones sindicales? Porque llevamos unas cuantas horas
hablando aquí del diálogo y de la necesidad del diálogo entre las partes
y tengo la sospecha de que esta parte de la reforma ha venido aquí sin
haber sido dialogada con una parte esencial de los que habrán de
sufrirla, que son ustedes, los sindicatos minoritarios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Zaguirre, bienvenido a esta Comisión y al
Congreso, en definitiva. En nombre de mi Grupo, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, quiero transmitirle que valoramos de
manera especial, como dice usted, la presencia de una organización como
USO a la que nosotros reconocemos un papel importante en la consecución
de la democracia en nuestro país y más específicamente de la libertad
sindical. Estoy convencido de que hoy tiene lugar un acto de reparación
importante, que nosotros creemos que es especialmente oportuna. Quizá
porque tenemos una cierta sensación de haber contribuido también en ese
trabajo por la democracia, podemos compartir algunas de las quejas que
manifiesta su organización en torno al devenir de los años.
Yo no creo que haya sido la fortuna, como se ha dicho recientemente, lo
que ha dado lugar a que en el terreno sindical unas fuerzas sean
mayoritarias y en el terreno político lo sean otras; es la voluntad de
los ciudadanos de este país. Creo que lo reconoce usted así, como
nosotros reconocemos que es esa voluntad la que hoy da lugar a una
determinada correlación de fuerzas políticas que nosotros, tal como usted
decía, reconocemos que es así fundamentalmente por la voluntad de los
ciudadanos. Como también reconocemos que esa voluntad de los ciudadanos
es la que ha dado lugar a una determinada ordenación de los procesos
electorales en los que las fuerzas mayoritarias tienen un determinado
peso que no tenemos las fuerzas minoritarias, pero que entendemos que
tiene una determinada lógica.
Señor Zaguirre, sus reflexiones en ese terreno son unas reflexiones que
hemos seguido con interés. He tomado nota de las mismas. Ha sido usted
muy detallado en eso y creo que serán tomadas en consideración por esta
Cámara. No obstante, me parece, señor Zaguirre, que, sin lugar a dudas,
en consideración a que otras intervenciones anteriores se han centrado en
otros apartados, la valoración global de esta reforma laboral se contiene
en las afirmaciones últimas que ha hecho. No en vano usted recientemente
formaba parte no sólo de esa plataforma por la libertad sindical por la
que se le preguntaba, sino también de la plataforma que convocaba una
huelga general en este país. Ese aspecto no se le ha querido recordar y
es también un título importante que hoy tiene la Unión Sindical Obrera.
En un momento en el que se ha producido una huelga general mayoritaria,
masiva, en nuestro país, la Unión Sindical Obrera estaba dirigiendo ese
proceso, participando con las otras organizaciones sindicales en ese
proceso. En un proceso en el que se valoraba la globalidad de la reforma
laboral de nuestro país, Unión Sindical Obrera estaba en la vanguardia de
la contestación seguida mayoritariamente por los trabajadores. Es bueno
recordarle eso; no sólo recordarle su participación en esa plataforma,
como se hacía por parte de algún grupo político.
Yo creo que los aspectos, muy sintéticamente citados por usted, de
valoración de esa reforma laboral son el punto en el que Unión Sindical
Obrera coincide con la mayoría de los trabajadores de nuestro país, como
se vio el 27 de enero.
Sin lugar a dudas tiene plena legitimidad para plantear sus discrepancias
con puntos concretos de la reforma sindical que ha sido pactada, al
parecer, por el Gobierno con
las organizaciones sindicales mayoritarias. Sin entrar a valorar
--insisto-- si eso corresponde a una determinada correlación de fuerzas
decidida por los trabajadores, yo sí que pienso, señor Zaguirre, que lo
importante hoy, al hablar de la reforma laboral, es su posición unitaria,
global, junto con las restantes fuerzas sindicales de este país,
mayoritarias y no mayoritarias --es oportuno recordarlo--, criticando
esta reforma laboral por los efectos negativos que usted, de una manera
muy sintética, ha puesto de manifiesto.
Finalmente, quisiera decirle que nuestro Grupo, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, comparte plenamente esas dos peticiones
que usted hacía al Congreso. El Grupo que precisamente quería oír su
opinión no ha hecho referencia a ese punto concreto. Yo le digo que sí,
que nosotros lo compartimos. Nos gustaría que se corrigieran las aristas
más negativas de la reforma laboral, por supuesto, y nos parecería
especialmente idóneo que el Parlamento fuera, según ha dicho usted, el
marco, el impulsor del gran acuerdo nacional que es preciso para superar
la crisis; absolutamente de acuerdo.
De sus afirmaciones, señor Zaguirre, sólo quisiera pedirle, si es
posible, por su brevedad, una referencia a dos puntos concretos. Ha dicho
usted que la reforma laboral es ineficaz para combatir el paro y que va a
producir una desprofesionalización del mercado laboral. ¿Podría ampliar
estos dos puntos concretos de su sintética --yo creo que acertada, pero
sintética-- exposición global sobre la reforma laboral?
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: En primer lugar, quiero agradecer la
presencia del Secretario General de USO, Manuel Zaguirre, en esta
Comisión.
Efectivamente, era necesario que un viejo luchador sindical y por la
democracia en nuestro país estuviera en esta Cámara. Tal vez a
determinados partidos políticos no les guste que se hable en otro idioma
que no sea el idioma más próximo a los representantes o a los que estaban
en aquel momento más próximos a su partido, pero si son respetuosos con
la democracia en todos los sentidos deberían serlo también con otras
opciones sindicales que no respondan a su estricto modelo sindical.
Sinceramente, me preocupa el Título II tal como queda contemplado en la
reforma, entre otras razones porque creo que, en el fondo, puede crear un
modelo sindical que no colabore mucho a la implantación real de las
centrales sindicales, en general, cualquiera que ésta sea en el mundo de
la empresa.
Reconociendo, como debe ser, el papel fundamental que debe jugar en una
democracia una organización sindical, también este Grupo Parlamentario
tiene cierta preocupación por la falta de implantación de las centrales
sindicales, en general, en el mundo laboral, desvertebración que sucede
exactamente igual en otros ámbitos de la democracia española, pero que
desde mi punto de vista puede provocar, a medio plazo, situaciones de
conflictividad incontrolada por parte de esas estructuras sindicales.
Por tanto, yo creo que el Título II, tal como queda, va en contra de la
propia implantación de esas centrales sindicales en el seno de las
empresas. Es una medida que a lo mejor a muy corto plazo a las
organizaciones consideradas más representativas puede parecerles
positiva, pero yo creo que a medio plazo no va a favorecer la necesaria
potenciación de esas organizaciones, sea el que sea el resultado en las
elecciones.
A mí, sinceramente, me preocupa la aparición de sindicalismos de base
incontrolados que puedan romper la dinámica de potenciación de
organizaciones sindicales con una capacidad de moderación y de
negociación que hasta ahora han demostrado.
Agradezco al señor Zaguirre su planteamiento sobre el Título II. Los
propios secretarios generales de las organizaciones más representativas,
UGT y Comisiones, han hecho una leve referencia al Título II (bien es
verdad que a petición de algún grupo parlamentario); sin embargo, lo han
hecho desde el punto de vista del consenso entre las dos centrales y el
Gobierno que refleja dicho Título II.
Yo, francamente, creo que las enmiendas del Grupo Popular no están en
contra de los sindicatos. Intentamos una mayor potenciación de las
organizaciones sindicales que este Título II, desde mi punto de vista, no
favorece, además planteadas en esta reforma laboral de una forma un tanto
imprevista. El señor Ministro de Trabajo, a lo largo de los meses
anteriores a la aprobación por el Consejo de Ministros de la reforma del
Estatuto, en ningún momento se había referido a este Título II. Sin
embargo, el texto que se remite a la Cámara proveniente del Consejo de
Ministros ya lo recoge.
Nosotros hemos pedido que reflexione el Grupo de la mayoría en este
sentido para que en una ley aparte, al margen de la reforma de las
relaciones laborales, se debata de una forma más serena el Título II y
buscar un consenso entre todos los grupos que me gustaría que hubiera
abarcado también un consenso con los agentes sociales de la reforma
laboral en su conjunto.
Insisto, en la reflexión que hemos hecho en las comparecencias de los
Secretarios Generales de UGT y de Comisiones Obreras, y es que, desde
nuestro punto de vista, una reforma del estatuto que afecta
fundamentalmente a las relaciones laborales y que tienen que poner en
marcha los representantes de los trabajadores en las empresas
conjuntamente con el empresario, si ya nace con la desconfianza y con la
negativa de una de las partes a ponerla en marcha es muy difícil que sus
efectos puedan ser positivos en el mercado laboral.
Por tanto, en el sentido de las peticiones que el Secretario General de
USO ha hecho a esta Cámara, he de decirle que ésa ha sido, en cierta
forma, la petición del Partido Popular al resto de los Grupos: buscar el
consenso en la Cámara, consenso no conseguido entre el Gobierno y los
agentes sociales, para intentar que esta reforma laboral saliera de la
Cámara de una forma más equilibrada y más consensuada, algo que hubiera
sido posible poner en
marcha inmediatamente después de aparecer en el Boletín Oficial del
Estado.
Sin embargo, la experiencia acumulada hasta ahora ha sido la negativa por
parte del Grupo Socialista. Esperemos que las comparecencias que a lo
largo del día se van a producir en esta Comisión hagan posible la
reflexión en torno a un mayor acuerdo en esta Cámara.
Una vez más quiero agradecer al señor Zaguirre su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arnau, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Zaguirre, por su comparecencia, y
gracias también al Grupo Catalán, Convergència i Unió, que solicitó la
misma, porque así hemos tenido ocasión de conocer los puntos de vista
diferentes que existen sobre la reforma normativa de elecciones
sindicales entre UGT, Comisiones Obreras (los protagonistas del llamado
noviazgo sindical, al cual se ha referido el señor Zaguirre) y
concretamente USO.
El Grupo Socialista cree que es bueno el criterio de atribución de la
condición de sindicato más representativo que contiene la Ley Orgánica de
Libertad Sindical, exactamente igual que estamos convencidos de que el
señor Zaguirre, como Secretario General de USO, y otros sindicatos
minoritarios, no han renunciado a ostentar la condición de sindicato más
representativo.
Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a defender el pacto
mantenido entre los sindicatos más representativos, sin perjuicio de que
quepa alguna enmienda técnica, porque, señor Zaguirre, ¿no cree que es
positivo evitar problemas de confrontación sindical con el sistema
normativo que existe actualmente; evitar los excesivos litigios que
existen, y evitar el resultado retrasado (al cual usted también se ha
referido en su intervención) que se da de las elecciones sindicales?
El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a las preguntas y reflexiones de
los grupos, tiene la palabra el señor Zaguirre.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNION SINDICAL OBRERA, USO (don Manuel
Zaguirre): Si me permite referirme a la última intervención que se ha
producido, la del señor Arnau, quiero decirle que no estamos discutiendo,
tal como lo ve la USO, si debe prevalecer en nuestro ordenamiento, en el
marco normativo electoral y sindical, la figura, y todos los efectos que
de ella se derivan, del sindicato más representativo. Eso no está en
discusión, quedó incorporado a nuestro marco legislativo hace ya muchos
años; se trata de principios universales que ampara la OIT, etcétera. La
discusión es que la existencia de esa figura, y la funcionalidad que de
ella se deriva de sindicato más representativo, no colisione con los
factores de la libertad sindical. Esto es lo que, desde nuestro punto de
vista y respetuosamente, creemos que se dirime. Por eso yo he hecho
referencia insistente, dentro de lo que cabe en una intervención de
veinte o veinticinco minutos, a sucesivas sentencias del Tribunal
Constitucional con este fondo y esta base. Y cuando hablo de sucesivas
estoy hablando de casi una decena de sentencias, con todo lo que ellas
comportan en cuanto cuerpo jurisprudencial, y todas tienen el mismo hilo
conductor: la condición de sindicato más representativo y lo que de ella
se deriva; pero su aplicación no puede darse en términos transgresores,
reductores --no sabría cómo decirlo--, agresivos para los principios
constitucionales de libertad sindical.
Para nosotros éste es el fondo de la cuestión y conecta con la segunda
parte de su intervención, cuando me requería si a nosotros no nos parece
conveniente acabar (si me permite la expresión, vulgarizándola) con el
rifirrafe endémico de las elecciones sindicales. Respuesta: Sí. Tan
conveniente como que no haya perros con rabia, pero la metodología no es
dejar el país sin un solo perro. Tenemos que establecer terapias
positivas, adecuadas para la rabia. Estoy diciendo con esto, parece
obvio, que se trata de democratizar las elecciones sindicales en nuestro
país, de establecer las garantías para que no sea nunca más un rifirrafe,
para que no sean un espacio de controversia, muchas veces encarnizada,
con todo el efecto añadido de desprestigio, de poner en cuestión la
credibilidad de conjunto del movimiento sindical, que ello comporta.
Pero, insistimos, seamos consecuentes, procedamos a eliminar de los
comicios sindicales al menos los elementos esenciales, a partir de lo
cual estos procesos se pueden llamar comicios: el arranque de los mismos,
su duración, su finalización, la proclamación con publicidad de sus
resultados y los asignables a cada cual. Por debajo de esos mínimos no
hay comicios, y al proceso tendríamos que llamarlo de otro modo, pero
difícilmente comicios sindicales en este caso. Eliminar eso realmente nos
parece un contrasentido.
Por eso sinceramente creemos --y por ello las estamos sugiriendo y
solicitando de esta Comisión parlamentaria-- que hay fórmulas de
garantizar la continuidad como es debido --fuera de toda sospecha-- de
las elecciones sindicales en nuestro país y de superar algunas de sus
deficiencias más llamativas que se han dado en las cinco elecciones
sindicales que hemos celebrado desde que empezó el período democrático,
desde 1978 hasta ahora.
En cuanto a lo que decía la señora Villalobos, tras agradecer sus
observaciones he de decirle que nosotros hemos hablado, en privado y en
alguna ocasión en público, con las direcciones nacionales de UGT y
Comisiones Obreras sobre este problema y les hemos hecho saber que este
afán --que, insisto, tal como acabo de decir, a nuestro juicio está
basado en el despropósito--, en su propia perspectiva, desde la lógica de
sus propios intereses estratégicos como sindicatos mayoritarios, puede
ser pan de hoy y hambre de mañana. ¿Por qué? Fundamentalmente por la
razón a la que me refería antes. Es decir, ojalá que este noviazgo --lo
digo en el sentido más afectivo-- que ellos sostienen pueda ser duradero
e incluso eterno cuando exista el vínculo matrimonial, ya que como
noviazgo no sería eterno; en algún punto del proceso sería matrimonio.
Pero puede ocurrir lo contrario en cualquier momento, ya que hay algunos
datos flotando en el ambiente amenazadores respecto a ese noviazgo, y no
voy a referirme a
ellos por recato y por respeto a la intimidad de otras organizaciones que
no son la nuestra. Evidentemente, si indeseablemente eso fuera así, el
haber electoralizado la vida sindical, el hacer de la vida sindical el
común denominador cotidiano puede ser tremendo. No se pueden imaginar los
niveles de confrontación, de exacerbación, de competitividad que se
pueden alcanzar en un país donde, sinceramente, tal como lo vemos
nosotros, la principal prioridad del movimiento sindical es aplicarse en
el desarrollo afiliativo y asociativo de los trabajadores. La segunda
principal prioridad es empezar a generar algunos síes respecto a la
situación de crisis de fondo para no estar instalados en un superávit de
noes, como en algunos aspectos nos viene ocurriendo.
Es decir, confronten esas dos prioridades centrales con el imperativo
--que nos vendría dado por efecto normativo y legislativo-- de tener que
estar en el día a día, fajándonos unos contra otros, en una dinámica
electoral perpetua, y evalúen ustedes mismos los resultados; en este caso
usted, señora Villalobos, que es a su intervención a la que me estoy
refiriendo. Esta y otras consideraciones, más de fondo y más de forma,
están vinculadas a principios y valores democráticos que connotan con la
integridad del sistema de libertades, que es único e indivisible. No se
le puede hacer ningún arañazo a ningún segmento, por imperceptible que
sea, del sistema de libertades sin que todo el conjunto se resienta. Todo
eso hemos tenido ocasión de abordarlo con las directivas de UGT y
Comisiones, con las que, por muchas razones y no en pocos planos, nos
unen elementos de proximidad, de cooperación y de diálogo.
Finalmente, en cuanto a la intervención de la señora Villalobos, yo
agradezco y saludo la intencionalidad de su Grupo de intentar abrir un
espacio expreso para que este debate sobre la reforma de las elecciones
sindicales no sea parte más o menos gris, más o menos oculta del iceberg
que supone el debate del conjunto del Estatuto de los Trabajadores,
porque el tema lo merece, ya que afecta al cambio de las reglas de juego
democrático, en este caso en el espacio sindical de la democracia.
Cierto que la iniciativa, en principio legítima, parte de dos
organizaciones sindicales indiscutiblemente mayoritarias que han llegado
a acuerdos sólidos, en este caso con el Gobierno a través del Ministerio
de Trabajo. Pero no es menos cierto que cambios de fondo con esta
trascendencia y alcance de las reglas de juego democrático requieren,
creemos, de esfuerzos de consenso, de esfuerzos de cohesión mayores, si
cabe, que los que pueda representar el acuerdo, en todo caso de
formulación y tramitación discreta --si me permite la expresión--, entre
UGT y Comisiones y el Ministerio de Trabajo.
Por tanto, todo lo que vaya en esa dirección nosotros lo saludamos, y en
la medida de nuestras posibilidades lo apoyaríamos por esta razón de
fondo, no porque estemos intentando dirimir intereses corporativos como
sindicato más representativo o minoritario; ése no es el problema.
Nosotros tenemos la certeza de que, en el marco de una normativa
electoral plenamente democrática, UGT y Comisiones, juntas o por
separado, seguirían ganando los comicios por mucho tiempo. Esa no es la
discusión, insisto. La discusión es que el camino de la libertad sindical
siga expedito o se bloquee y se cierre sin solución de continuidad; ése
es el fondo de lo que discutimos, desde nuestra perspectiva.
Voy concluyendo, señor Presidente. En cuanto a la intervención del señor
Peralta, que es una intervención densa, estructurada, de fondo (y, en
todo caso, en una tonalidad muy afectiva, si me lo permite, que yo
empiezo por agradecerle), para no ir tan minuciosamente a todos los
elementos, ya que sería una pena que, por efecto de esta primera
comparecencia en el Parlamento y a estas horas ustedes tuvieran un
recuerdo absolutamente negativo, habida cuenta de que el almuerzo ya no
creo que sea aplazable por más tiempo, le diré, señor Peralta, que hace
algo más de un año, una delegación de la plataforma por la libertad
sindical, que yo encabezaba en mi condición de portavoz de la misma,
tuvimos una entrevista con una amplia delegación de su coalición, aquí,
en Madrid. No creo que esté yo violentando factores de confidencialidad
de ningún tipo si le digo que alguno de los conceptos utilizados por
representantes de su coalición a muy altísimo nivel para definir este
proyecto de reforma normativa era una cacicada.
Por supuesto, que la actual correlación sindical, la actual configuración
sindical de nuestro país es, «grosso modo», reflejo de la voluntad de la
ciudadanía (en este caso de la ciudadanía trabajadora) expresada en los
cinco comicios sindicales que se han celebrado. Vamos a coincidir como
demócratas globalmente con esa apreciación. Pero hay que diseccionar e ir
un poco más abajo. No hay un mimetismo, en términos de legitimidad y de
pureza, entre esos comicios y los comicios políticos de la democracia,
impecables desde todo punto de vista, aunque siempre hay algún marginal.
La democracia española jamás ha puesto en duda ni ha sometido a cuestión
la pureza de nuestras elecciones políticas y, por el contrario --basta
con repasar las hemerotecas--, no podemos hacer esa afirmación con la
misma rotundidad en lo que se refiere a los comicios sindicales, y no
quiero extenderme más por razón del tiempo.
Simplemente en las elecciones sindicales celebradas en España en el
último trimestre de 1990 se tardó once meses en poder proclamar sus
resultados. Y --repito-- esa demora de once meses no fue debida a razones
técnicas; lo fue por razones de fondo. Y la proclamación hubo que hacerla
en la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales, con todo respeto, por
un cierto sistema de brazos de madera, con el cómputo pendiente en
provincias como Madrid y alguna otra, no de índole menor
cuantitativamente hablando. Se tardó, insisto, once meses en conocer los
resultados de unos comicios. Creemos, humildemente, que es la quiebra
base de la legitimidad y credibilidad de esos comicios. Afortunadamente
no se ha producido ni es es previsible que se produzca nunca en nuestra
democracia una demora igual en unas elecciones políticas, pero tendríamos
que convenir que si esa demora ocurriera sería la quiebra del sistema, y
esto ocurre con bastante naturalidad y habitualidad en las elecciones
sindicales. Me estoy
refiriendo a las del año 1990, para no cansarles más, pero podríamos
referirnos a las anteriores de 1986, 1982, 1980, 1978, etcétera.
Concluyo, en cuanto a la intervención del señor Peralta, diciendo que yo
no creo haber eludido en mi intervención nuestra responsabilidad y
nuestro protagonismo en la reciente huelga general del 27 de enero, pero
tenía que abreviar necesariamente. Por supuesto, no hay nada que ocultar
ni nada que relativizar, y lo tenemos a gala, en todo caso, decir que
somos corresponsables de su preparación, desarrollo y resultado. Ahora
bien, nosotros, como Unión Sindical Obrera, fuimos al 27 de enero
enfrentando, en su integridad, el proyecto de reforma del Estatuto de los
Trabajadores, y evitando, por todos los medios, que esa convocatoria
entrara en colisión con la iniciativa y la soberanía del Parlamento. Para
mí, personalmente, éste era uno de los elementos centrales de los mítines
y las asambleas preparatorias de ese 27 de enero. Es un juego de
legitimidades diversas (la legitimidad parlamentaria, la legitimidad en
la iniciativa y en la acción del movimiento sindical) que no tienen que
colisionar, no tienen que confrontarse en ningún momento. Pero nosotros
lo hicimos por todo el paquete: por la reforma laboral y por la reforma
sindical, y ahí están nuestros textos, nuestras convocatorias, etcétera.
Son otros los que tendrían que responder de cómo se puede convocar y
abandonar una huelga general por la mitad de la reforma y al mismo tiempo
tienen pactada sólidamente la otra mitad hace largo tiempo entre esos
sindicatos y el Gobierno que alienta la globalidad de la reforma, la
laboral y la sindical.
Yo no estoy haciendo aquí acusaciones o insinuaciones de esquizofrenia en
el comportamiento de nadie, pero de haberla habido no ha sido en el
nuestro, que desde el primer momento dijimos que la reforma laboral y la
sindical tenían una coherencia indivisible en su planteamiento. A un
determinado modelo de relaciones laborales, a un determinado paisaje
social derivado de un proceso perpetuo de desregulación y precarización,
tal vez se corresponda un determinado modelo sindical fuertemente
verticalizado y centralizado, porque a ver quién maneja, desde la
libertad y la diversidad sindicales y un desarrollo sindical más de base,
un paisaje social como el que la reforma alumbra. Creo que he utilizado
el término estéril al decir que los efectos de la reforma laboral en su
aplicación serían estériles respecto a la principal prioridad nacional,
que es la generación de empleo; es decir, contener la sangría del
desempleo y generar empleo. Lo digo sin ninguna sobrecarga de
animadversión. Estamos todos deseando abrir espacios de solución a esta
situación que estamos atravesando, ténganlo por seguro; no creo que nadie
medre a base de recrearse, de columpiarse en esta situación de crisis.
Digo esto por una razón muy sencilla, porque las causas de fondo de las
que devienen estos efectos de desempleo son causas que, contrariamente a
algunos tópicos en vigor, no están directamente vinculadas a esa llamada
rigidez de nuestro mercado de trabajo, a ese llamado desmadre de nuestros
costes laborales, que no existen en la realidad. ¿De qué rigideces de
nuestro mercado de trabajo se puede hablar con más de una docena de
fórmulas diversas de contratación eventual o temporal? ¿De qué costes
laborales, considerando éstos sobre ejercicios comparativos de
competitividad con nuestro entorno europeo? ¿Qué comparación de costes
laborales con nuestros costes medios respecto al entorno europeo? ¿De qué
se está hablando?
Desde esa perspectiva, la reforma laboral puede extremar los peores
efectos de esta situación de crisis, pero prácticamente no es una terapia
impositiva para ninguna de sus causas de fondo. Por eso, nosotros tenemos
que trascender los esfuerzos de concertación buscando esas causas de
fondo, sin duda en el marco de esos esfuerzos positivos. Hay que remover
todas las palancas puntuales para caminar en la dirección de un gran
acuerdo nacional frente a la crisis, incluyendo aquellos elementos
puntuales. Si fuera necesario, objetívese, negóciese en materia de
reforma del mercado de trabajo y otras a las que me he referido.
Concluyo comentando con la misma brevedad, y a uña de caballo, la primera
intervención que se produjo, la del señor Hinojosa. La plataforma por la
libertad sindical está vigente. Yo, por razón de premura y sin duda de
falta de hábito, omití involuntariamente referirme expresamente a ella al
hacer mi primera exposición, pero es obvio (y por eso lo resalto
agradeciendo que el señor Hinojosa lo haya requerido) que yo me estoy
refiriendo a ello en esta comparecencia no desde el punto de vista de las
inquietudes, propuestas o sugerencias de la USO, sino del conjunto de la
plataforma por la libertad sindical, que agrupa a un número notable de
organizaciones sindicales diversas de ámbito interprofesional, y sobre
todo sectorial, y en términos puramente aritméticos en 1990 la suma de
esa plataforma por la libertad sindical fue del orden de casi 25.000
delegados, ateniéndonos a la proclamación oficial de resultados que se
produjo en noviembre de 1991. Por tanto, aclaro eso.
Sobre la segunda cuestión que él suscitaba, si hubo algún tipo de
intercambio, de negociación, de diálogo entre nuestra organización, la
USO, la plataforma para la libertad sindical y el Ministerio de Trabajo,
yo creo que no, pero tengo que explicarme para ver si coincidimos.
El origen de este proceso de reforma de las elecciones sindicales es un
acuerdo que jamás llegó a concretarse en el seno de la Comisión Nacional
de Elecciones Sindicales. Cuando acabaron las de 1990, y a la vista del
espectáculo, en el seno de dicha Comisión Nacional de Elecciones
Sindicales se tomó un acuerdo formal. Hay actas donde se decía que sería
en ese ámbito donde inmediatamente se pondrían en común las propuestas de
reforma de la actual normativa electoral para que lo de 1990 no se
repitiera nunca más. Nosotros madrugamos por razones obvias y en torno a
la primavera de 1991, sin haberse proclamado todavía los resultados
oficiales de esas elecciones de 1990, introdujimos, dentro de la Comisión
Nacional de Elecciones Sindicales, un proyecto de ley electoral sindical
de cabo a rabo, desde la exposición de motivos a las transitorias. Lo que
pasa es que ese ámbito institucional, la Comisión Nacional de Elecciones
Sindicales, nunca operó, nunca ha sido disuelta, pero desde luego nunca
ha sido resuelta, nunca ha sido activada.
En ese marco y mientras el acuerdo estuvo en vigor (y en vigor sigue
mientras esa Comisión Nacional de Elecciones Sindicales no se disuelva),
nosotros procedimos, hace ya dos años largos, desde la primavera de 1991,
introduciendo un proyecto de ley electoral sindical. Lo demás es «a
posteriori». Pasa el tiempo y ya el tema entra en los circuitos del
Ministerio de Trabajo; no enjuicio el que de la Comisión Nacional de
Elecciones Sindicales se vaya al circuito del Ministerio de Trabajo.
Realmente, dentro de esos circuitos, la cosa de mano siempre vino muy
hecha, es decir, el texto base fue el texto de UGT y Comisiones de buen
principio. Tengo que reconocer, digamos, el nivel de cortesía de la
circular, del oficio administrativo comunicándonos que había un texto
base, que se nos adjuntaba y que estábamos en condiciones y derecho de
hacer observaciones y enmiendas a ese texto base, la Dirección General
correspondiente del Ministerio de Trabajo lo hizo en su momento, digamos
en la anterior etapa, en la etapa en la que era Ministro de Trabajo el
señor Martínez Noval.
Nuestra respuesta --y con esto concluyo-- fue elemental: Este no es el
terreno, la lógica con la que nosotros queremos abordar de mano el tema
de la reforma actual de la normativa de elecciones. Este es un texto que
tiene otra concepción, otra inspiración, en muchos aspectos antitético
con nuestra propia línea de pensamiento. Consecuentemente, en democracia
no es imperativo jugar en la cancha y con las reglas de juego que a uno
no le gustan o que cree que le son directamente nocivas, y hasta aquí
hemos llegado, es decir, hasta el proceso de tramitación parlamentaria de
este importantísimo tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zaguirre, por su comparecencia
en la Comisión.
Señorías, se suspende la sesión hasta las dieciséis treinta horas.
Eran las tres y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE), DON JOSE MARIA CUEVAS, PARA:
--QUE INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE LEY DE REFORMA DEL MERCADO LABORAL.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
219/000074.)
--DAR A CONOCER LA POSICION DE SU ORGANIZACION RESPECTO DEL PROYECTO DE
LEY DE MEDIDAS DE FOMENTO DE LA OCUPACION, DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE
SE MODIFICAN DETERMINADOS ARTICULOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y
DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL, ASI COMO DEL
PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CIU). (Número de expediente
219/000081.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión para dar trámite a la
comparecencia del Presidente de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, don José María Cuevas, a los mismos efectos
de las comparecencias de esta mañana.
Tiene, por tanto, la palabra el señor Cuevas.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (Cuevas Salvador): Muchas gracias, señor Presidente. Muchas
gracias a todos ustedes por su amabilidad y por su atención.
Creo que, respondiendo a su invitación, podré hacer algunas observaciones
en relación con un tema tan importante o tan significativo como es la
reforma de determinados aspectos de nuestra legislación laboral.
Podría hablarse, en principio, de la necesidad o la justificación de esta
reforma. Creo que no es excesivo el afirmar que ha existido y existe un
diagnóstico muy generalizado en instituciones tanto nacionales (el
Gobierno, Banco de España) como en otras instituciones de carácter
privado (expertos), o bien en instituciones internacionales del mayor
prestigio, como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, etcétera,
sobre la conveniencia y necesidad de reformar, adaptar o modernizar, en
determinados aspectos, la regulación legal de nuestro mercado de trabajo.
Quiero también en este punto recordar que es algo que habíamos debatido
hace bastantes años, o habíamos discutido los propios agentes sociales
con el propio Gobierno. Incluso se había establecido algún acuerdo
respecto de esta necesidad o de esta obligación una vez que España se
incorporara a la Comunidad Económica Europea. Me refiero al último
acuerdo social que se suscribió, creo recordar, en 1984 entre el
Gobierno, la Unión General de Trabajadores y la CEOE. En aquel acuerdo,
suscrito por el actual Presidente del Gobierno, por el Secretario General
de UGT, don Nicolás Redondo, y por mí mismo, se establecía un compromiso
muy claro en el sentido de que el Gobierno asumía la necesidad, la
oportunidad y la responsabilidad de adaptar nuestra legislación laboral a
la legislación habitual en los países de la Comunidad Económica Europea y
a las directivas propias de esta Comunidad, y en especial a la directiva
que regulaba los procesos de adaptación de plantillas, lo que se entiende
técnicamente entre nosotros como los expedientes de regulación de empleo
o los que generan el llamado despido colectivo. Así está firmado y así
está suscrito con esta solemnidad por el Gobierno, UGT y CEOE, en ese
último acuerdo social que se logró en 1984.
En mi opinión, debido al retraso con que se ha podido dar cumplimiento, o
comenzar a dar cumplimiento, a este compromiso, han jugado o están
jugando día a día otro tipo de razones, como puede ser, una de ellas, el
diferencial de nuestras propias tasas de desempleo en relación con la
media que en este punto tienen los países de la Comunidad Económica
Europea. Recuerdo que España está en tasa oficial de desempleo del 23 por
ciento y la media de la Comunidad Económica Europea está en el 10 por
ciento. Y los períodos de recesión o de pérdida de actividad económica
han sido paralelos en el tiempo prácticamente en todos los países de la
Comunidad Económica Europea.
Hemos llegado a la conclusión de que España, en las situaciones de
regulación que hoy tenemos, necesita incrementos de la riqueza por encima
o en el entorno del 3 por ciento para que se produzca la más mínima
repercusión en el empleo. Quiere decirse que la propia organización de
nuestro mercado de trabajo, o la propia organización del trabajo en las
empresas por sí mismo no sólo no puede repercutir en creación de empleo,
sino más bien al contrario en destrucción permanente y preocupante de
empleo.
Podría también añadir que en los últimos tiempos, y cada vez con más
intensidad, el convencimiento, la urgencia o la exigencia de los propios
operadores económicos nacionales, y de manera singular internacionales,
han puesto de relieve ante el Gobierno y ante la opinión pública española
la necesidad urgente de abordar esta reforma. En mi opinión, la reforma
se sitúa en el marco de un conjunto de medidas que deben ir dirigidas al
crecimiento económico y, sobre todo, a que el mismo tenga un efecto o un
impacto diferente al que ha tenido en los últimos años en el mercado de
trabajo o en el mercado del empleo.
La reforma seguramente por sí misma no contribuye ni tiene por qué
contribuir a la creación de empleo, aunque existen obstáculos jurídicos
que la dificultan, como pueda ser la regulación de la contratación o el
tratamiento que se le da a la extinción de las relaciones laborales.
¿Cuáles pueden ser, como criterios, las orientaciones generales con las
que en nuestra opinión se debería haber abordado o se debería abordar
esta reforma? En principio un criterio orientador de carácter general,
que es la política comunitaria o la adaptación de nuestra legislación
laboral, como se ha hecho en otras áreas legislativas o de política en
otras parcelas muy importantes de nuestra economía o de nuestra propia
actividad social, con objeto de adaptarlas a lo que es usual en la
Comunidad Económica Europea. Desde este punto de vista, la situación con
la que nos encontramos ciertamente es muy distinta de la que, por
ejemplo, dio origen al Estatuto de los Trabajadores, y nuestra política
laboral no debe disentir de la que se aplica en la mayor parte de los
países de la Unión Europea, es decir, del criterio aplicado en la
legislación y en la práctica en mayor grado de flexibilización compatible
con el reconocimiento y la defensa de los intereses de todos cuantos
participamos en la relación laboral.
Desde ese punto de vista, aspectos muy importantes deben de ser la
reducción del intervencionismo público, tanto normativo como
administrativo o jurisdiccional en apoyo, beneficio o respaldo de la
autonomía colectiva; los acuerdos que libre y legítimamente establezcan
los empresarios, los trabajadores y sus propias organizaciones; reducción
o aligeramiento de las trabas colectivas en beneficio de un cierto
concepto de autonomía individual correctamente entendida, y también el
desarrollo equilibrado y eficaz del principio de mayor libertad de
empresa para que el empresario pueda asumir su responsabilidad, que es la
de adoptar decisiones y contraer responsabilidades en su propia
actividad.
Qué duda cabe que esto también se produce dentro de una determinada
situación económica nacional e internacional, derivada fundamentalmente
de una competencia que en gran parte viene establecida por la diferente
incidencia de los costos laborales en el valor de los productos finales.
El peso de los gastos de personal, incluidos salariales y sociales, en el
balance de las empresas depende sin duda de los diferentes sectores, pero
en promedio representan en nuestro país el 19 por ciento de las ventas o
el 60 por ciento del valor añadido. Hasta 1992 ese elevado peso ha sido
creciente, entre otras cosas como consecuencia del mayor incremento de
los gastos de personal, mayor que el del valor añadido generado por las
propias empresas. Al hablar de gastos de personal no me refiero sólo al
salario nominal, sino también al conjunto de costos sociales que se
añaden a ellos.
Ese comportamiento expansivo de los gastos de personal en España ha sido
tal que, sin duda, ha ampliado la brecha que, de forma preocupante,
venimos manteniendo con los países de la Unión Europea. Así, dividiendo
el período transcurrido desde nuestra incorporación en dos fases de
cuatro años, se puede apreciar que en el período 1986-1989 el crecimiento
de la remuneración por persona en España fue del 7,4 por ciento --es
decir, un punto y medio por encima de la media de la Unión Europea--,
ampliándose este diferencial hasta 2,8 puntos de media en el período
siguiente --es decir, de 1990 a 1993--, que recuerdo que coincide con la
mayor situación de crisis y, como consecuencia, de destrucción de puestos
de trabajo o de desempleo.
¿Cuál puede ser nuestra valoración general respecto del contenido de la
reforma que hoy está sometida al debate y a la aprobación de ustedes como
representantes del pueblo español? En general, para nosotros el contenido
en conjunto de esta reforma no puede considerarse suficiente en relación
con el gran objetivo propuesto, que es la adaptación o el máximo grado de
adaptación de nuestra legislación laboral a lo que pueda ser la
legislación laboral habitual en los principales países europeos o, sobre
todo, en los países más competitivos. Aquí tendrán que jugar, sin duda,
las decisiones de prudencia política, como ha jugado --estoy seguro-- en
el caso del Gobierno al avanzar sus proyectos de disposición, y, sin
duda, tendrá que jugar en la propia responsabilidad de los señores
Diputados o de los señores Senadores en el momento de aprobar esta
reforma.
Yo no hago análisis, por lo tanto, respecto de lo que la prudencia
política aconseja u obliga, sino que lo hago casi exclusivamente en
función de ese gran objetivo
fundamental, que es adaptar nuestra legislación cuanto antes a la
legislación habitual en Europa.
Por ejemplo, el excesivo peso de nuestras normas legales o convenidas
sobre la determinación del contenido de la relación laboral ha relegado,
hasta hacerlo desaparecer prácticamente, el papel del contrato de trabajo
y me temo que, después de esta reforma, tampoco tendrá una situación muy
boyante el papel del contrato de trabajo. Por ejemplo, el sistema de
negociación colectiva, tal y como se encuentra concebido en la
actualidad, homogeniza desde arriba el contenido de la relación laboral
excesivamente. La reforma debería haber revisado o debería revisar el
carácter excesivamente centralizado y excesivamente formalizado de la
negociación colectiva y ser, al mismo tiempo, un poco respetuosa con la
libertad individual expresada a través del contrato de trabajo u otro
tipo de acuerdos o compromisos, dejando siempre un espacio significativo
de iniciativa a los concretos y singulares contratantes.
Por otro lado, sigue prevaleciendo en el texto presentado por el Gobierno
la prórroga automática de los convenios colectivos hoy vigentes, por lo
que la ley debería facilitar la extinción de determinadas materias o de
determinadas cláusulas de los efectos de dicha prórroga automática en los
convenios colectivos si de verdad se quiere que la pieza esencial del
convenio colectivo se deba adaptar en cada momento a lo que es la
realidad y, sobre todo, a lo que es el juego de los intereses libremente
defendidos por cada una de las dos partes.
Por ejemplo, la administración laboral sigue en nuestra opinión
conservando competencias jurisdiccionales incompatibles con el principio
de autonomía de la voluntad de las partes, que está expresamente
reconocida en el artículo 37 de la Constitución Española. En este
sentido, ha sido una reclamación tradicional del mundo empresarial la
adaptación plena de nuestra legislación a la Directiva Comunitaria que
regula las extinciones colectivas de las relaciones del trabajo.
La reforma en este sentido mantiene sustanciales diferencias con la norma
europea, conservando la autoridad administrativa notables competencias en
esta materia, así como en lo referente a las modificaciones sustanciales
de las condiciones de trabajo y también en la resolución de conflictos
sobre traslados,
Por lo que respecta a las cuantías indemnizatorias por resolución de la
relación laboral, tanto colectiva como individualmente consideradas,
aquéllas siguen superando con creces la media de las indemnizaciones
vigentes en las legislaciones significativas de la Comunidad Económica
Europea.
La reforma, pues, en nuestra opinión debería adaptar estas cuantías hasta
alcanzar las existentes en promedio en los países de la Comunidad.
Un punto muy sensible, como es la reforma de las modalidades de
contratación, no debería llevar necesariamente aparejada, y sobre todo de
forma casi automática, la supresión del llamado contrato de fomento del
empleo, sino que debidamente ajustados sus efectos no deseados debería
mantenerse por su contribución positiva a la creación de empleo, máxime
en los momentos como los que atraviesa en la actualidad nuestra economía
pero, en todo caso, y como principio de carácter general si aceptamos --y
creemos que no es malo aceptarlo-- el principio de causalidad de este
tipo de contratos, también tendría que tratarse en los contratos
permanentes o definitivos ese principio de causalidad en la extinción en
términos parecidos y no en términos de una excesiva intervención, como se
va a mantener si no se modifican las disposiciones que se han presentado
a debate en esta Cámara.
En materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de
condiciones de trabajo, la administración laboral sigue ostentando
facultades de autorización que requerirían también ser consideradas o
modificadas en la línea de atribuir capacidad de adoptar tales medidas a
la decisión empresarial con la negociación con los sindicatos o los
trabajadores, con informe también de esa representación, pudiendo
impugnarse ante la misma, o la decisión que tome la empresa ante la
propia jurisdicción.
Por lo que se refiere a la derogación de ordenanzas laborales, el
anteproyecto de ley sigue supeditando aquella derogación a la existencia
de ámbitos sectoriales concretos de negociación colectiva, ignorando la
pluralidad de situaciones que ofrece hoy la realidad convencional en
nuestro país.
Como conclusiones, podría proponerles las siguientes. Es preciso fomentar
el crecimiento económico, abordando en conjunto reformas estructurales.
Una de ellas muy esencial es la del mercado de trabajo. En este contexto
corresponde a las normas legales favorecer la llamada flexibilidad
externa, es decir, aquella que está asociada a los mecanismos de
contratación y despido, por lo que la reforma ha de plantearse en
términos de globalidad. En materia de contratación, es preciso favorecer
e impulsar con decisión una incorporación progresiva de los jóvenes al
trabajo a través de diferentes vías.
En este momento existe en España casi un millón y medio de jóvenes menos
de 28 años sin empleo, de los cuales aproximadamente la mitad llevan
buscando trabajo más de un año. Es preciso, por lo tanto, articular
medidas de contratación, bien sea a través de los contratos de
aprendizaje o los de prácticas en los que, sin perjuicio de las garantías
formales precisas, se posibilite a las empresas tal tipo de contratación
asociada, en todo caso, a procesos formativos suficientemente flexibles.
Perdonen que en este punto haga también alguna reflexión personal. Me
parece importante una iniciativa como el contrato de aprendizaje, y es
algo que no se ha incluido nunca como reclamación concreta o específica
de nuestra Organización ni, en general, de los empresarios. Yo creo que
es algo que dicta, entre otras cosas, el sentido común cuando la
situación empieza a ser tan grave en el desempleo o en la insuficiencia
tan evidente de la inserción en un primer puesto de trabajo de tantos
jóvenes. Pero quisiera destacar ante ustedes que, en mi opinión, más
importante que las manifestaciones laborales del contrato de trabajo
deben ser, por su inquietante situación, los aspectos o las deficiencias
de todo nuestro sistema educativo y, en general, del sistema de formación
profesional.
Estudios recientes que hemos venido haciendo en cada una de las
provincias españolas nos dan el siguiente dato. En la enseñanza de
Formación Profesional --primer ciclo y segundo ciclo--, aparte del
problema de que gran parte de los jóvenes quieren ir a enseñanzas
superiores de otro tipo, a enseñanzas universitarias, hay un dato muy
preocupante: el 41 por ciento de los alumnos que siguen primero y segundo
ciclo de Formación Profesional constituyen fracasos de ese sistema; es
decir, el 41 por ciento de nuestros alumnos de Formación Profesional
acaban sus enseñanzas sin ninguna cualificación profesional. Ahí es donde
yo creo que, como se ha hecho en otros países, puede entenderse y
situarse de verdad para qué debe servir el contrato de aprendizaje.
El contrato de aprendizaje debe entenderse en función de una mejora o de
una adaptación de nuestra legislación sobre Formación Profesional. Hay un
ejemplo suficientemente conocido: Alemania. En Alemania se planteó hace
muchos años el mismo problema: la falta de cualificación de jóvenes en el
orden profesional y la necesidad de las empresas de contar con jóvenes
con cualificación profesional. Algo parecido pasa en España, que la
demanda de trabajadores con cualificación profesional es muchas veces
superior a la oferta de los que tenemos en este momento en el propio
mercado laboral. En Alemania se adoptó en serio y con rigor un sistema de
enseñanza dual: por un lado, estaba el sistema docente y, por otro lado,
operaban las propias empresas que, cumpliendo la legislación
correspondiente, tenían facultades para crear y prestigiar
cualificaciones profesionales a los alumnos que de verdad estuvieran
siguiendo esas enseñanzas en el seno de las empresas. La realidad es que
en Alemania, después de bastantes años, una gran parte de la formación
profesional está justamente en las empresas. La realidad nos dice que hay
más de un millón de jóvenes que están obteniendo su cualificación
profesional en las empresas y que, lógicamente, existe un contrato
especial para que eso sea posible, que no sé si se llama contrato de
aprendizaje o de otra forma, pero que es más o menos nuestro contrato de
aprendizaje; no se retribuye más allá del 30 por ciento del salario
mínimo por obtener esa cualificación profesional y no hay límite de edad
para los alumnos que quieran obtener esa cualificación profesional en los
centros o en las actividades profesionales que, en definitiva, ponen a su
servicio las empresas.
Ese podría ser, en mi opinión, un marco más ajustado, donde se pudiera
entender y explicar mejor lo que se persigue o lo que se quiere con el
contrato de aprendizaje y, por favor, que después de los debates en esta
Cámara y de las opiniones --lícitas todas ellas-- que den ante la opinión
pública o que expresen los sindicatos, no vayamos a caer en el error de
someter a un juicio de sospecha en los próximos meses a cualquier
empresario que haga un contrato de aprendizaje, simplemente porque
alguien tenga la sospecha de que quiere explotar en salario o en otras
razones a ese trabajador. Creo que haríamos un flaco servicio a nuestra
sociedad y, sobre todo, a esos jóvenes. Por tanto, no pongamos el énfasis
en el contrato de aprendizaje como pieza esencial de una reforma laboral.
Creo que debemos buscar un equilibrio entre el papel que tiene esa figura
en la mejora de nuestro sistema de enseñanza profesional y la
responsabilidad que las empresas puedan asumir en esa mejora.
Hay otro tipo de contratos que deben tener un fortalecimiento y una
potenciación en los próximos tiempos; me estoy refiriendo, por ejemplo,
al contrato a tiempo parcial, que creo que puede incidir mucho en otro de
los aspectos diferenciales con carácter negativo que tiene en este
momento nuestro país, que es la exigua población laboral en activo que
tenemos en relación con la que tienen otros países europeos. El contrato
a tiempo parcial puede integrar en esa población activa a colectivos
significativos que hoy no están en el mundo laboral.
En cuanto a los despidos --ya me he referido anteriormente a este tema--,
creo que no debería haberse sido tan prudente o tan timorato al no querer
adaptar con mayores consecuencias la Directiva de la Comunidad Económica
Europea, y creo también que habría que esforzarse para adaptar nuestras
indemnizaciones a lo que son las indemnizaciones por despido en la
mayoría de los países de la Comunidad Ecónomica Europea.
Respecto a lo que se puede llamar o concebir como flexibilidad interna,
la que se refiere a la mejora de la organización del trabajo propio de
las empresas, creo que es un tema que debería fundamentalmente
corresponder a la negociación colectiva, y en ese aspecto se inclinan
bastante los proyectos de disposición que se están debatiendo en esta
Cámara; sin embargo, aquélla puede llegar a ser inoperante si no se
modifica, se adapta o se corrige lo que los técnicos o los expertos han
llamado la excesiva ultraactividad o la excesiva ultravigencia de los
convenios colectivos, cuya virtualidad, al final, siempre será el
empobrecimiento progresivo de los propios convenios colectivos y no el
favorecimiento de las adaptaciones precisas a las circunstancias en casa
caso. Como en cualquier otro negocio jurídico, los convenios colectivos,
por lo menos en determinadas materias, sobre todo en las que afectan
fundamentalmente a la organización interna del trabajo en las empresas,
deberían finalizar sus efectos al término de la propia vigencia pactada o
en un plazo prudencial para renovar el convenio en los términos en que
las partes lo consideren oportuno, sin prorrogarse de oficio más allá del
período temporal acordado por las propias partes. De no recogerse así en
la norma legal esta precisión, nos vamos a encontrar con la prórroga
eterna de los convenios colectivos en los que, sin duda, no existe gran
aliciente para entrar en el juego de contraprestaciones recíprocas que,
en definitiva, es lo que constituye la esencia del propio contrato.
Por último, debería también articularse, tanto en la norma legal
(artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores) como en los propios
convenios colectivos, una mayor recuperación del papel y de la vigencia
que debe tener, como ejemplo de la relación laboral, el propio contrato
de trabajo.
Muchas gracias, señor Presidente. No quiero extenderme más.
El señor PRESIDENTE: Señorías, dos grupos parlamentarios han solicitado
la comparecencia de don José María Cuevas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Quiero agradecer al Presidente de la
Organización Patronal Española, CEOE, señor Cuevas, su presencia en esta
Comisión, así como también la del Secretario de la Organización, señor
Aguilar, que le acompaña, porque, desde nuestro punto de vista, para
afrontar la reforma laboral que va a afectar muy directamente al papel
que tienen que jugar los empresarios, nos parecía que era necesario
escuchar no sólo el criterio de las centrales sindicales, sino también el
de los empresarios, para analizar sus puntos de vista.
Entiendo que el papel de los agentes sociales es fundamental en esta
materia. Creo que no se podría hacer una reforma laboral que no
encontrase un apoyo en los agentes sociales que, al final, son los que
tienen que ponerla en marcha; reforma laboral que se basa
fundamentalmente, al menos desde mi punto de vista, en la negociación
colectiva, en la responsabilidad del empresario como organización de la
empresa y de los trabajadores y en la coparticipación de los resultados
finales de esas empresas. A mí me preocupa que no se haya conseguido un
consenso suficiente --incluso desde el planteamiento que se hacía esta
mañana por parte de los sindicatos-- y que se vaya a trasladar al nivel
interno de las empresas la conflictividad social que hemos vivido durante
estos últimos meses, y que seguimos viviendo. No creo que en este momento
la economía y la empresa españolas estén en situación de aguantar una
conflictividad, derivada de una falta de habilidad política o de un
análisis más profundo y sean ahora las empresas las que tengan que pagar
el no haber adoptado determinadas medidas para que esas empresas se
adaptaran a las nuevas realidades del mercado internacional y a las
nuevas realidades de producción que ya tenemos hace varios años encima de
la mesa.
Yo creo que esta reforma profunda de las relaciones laborales se tendría
que haber hecho antes. Desde el año 1987 lo llevamos planteando en la
Cámara y ahora nos vamos a encontrar con esas dificultades añadidas para
poner en marcha esta nueva cultura de la empresa, que era lógico que
naciera porque era, desde mi punto de vista, necesario y fundamental.
Por lo tanto, señor Cuevas, deseo agradecerle sus aportaciones. Usted ha
hablado de algo que para mí es también importante: la necesidad de no
perder de vista el objetivo último de por qué se hace esta reforma; es
decir, la creación del empleo.
Efectivamente --lo comparto con usted--, no es suficiente una reforma del
mercado laboral --y sobre esto haría mi primera pregunta, aprovechando su
presencia--, sino estudiar qué otras reformas estructurales de la
economía española serían imprescindibles para salir de la situación de
crisis y de destrucción de puestos de trabajo. Porque a mí, preocupándome
las tasas de desempleo, en torno al 23 por ciento, me preocupa muchísimo
más el alto índice de destrucción de puestos de trabajo. Este país ha
entrado en una dinámica de destrucción de empleo, que está poniendo en
peligro cuestiones que hasta ahora eran inmutables, me refiero a la
Seguridad Social y a otra serie de cuestiones que están encima de la
mesa.
Usted ha planteado también las medidas que afectan al contrato o a la
relación interna de la empresa, y los costes laborales. Usted ha expuesto
aquí, incluso, no solamente costes salariales, sino los costes de las
cuotas de la Seguridad Social y todos aquellos costes laborales que
acompañan en este momento a nuestras empresas.
Yo, sinceramente, me alegro de que haya planteado aquí algo que esta
mañana no se ha suscitado, como es la necesidad de la cualificación de
nuestros trabajadores. Comparto con el Presidente de la CEOE su
preocupación por la falta de cualificación y de criterios más exactos
entre la formación profesional específica, la continuada y la
ocupacional. Pienso que aquí radicaría, en cierta forma, la
competitividad de nuestras empresas y la adecuación de nuestros
trabajadores a esos nuevos mercados.
Hay otro problema, que también ha planteado el Presidente de la CEOE, que
se refiere a la ultraactividad de nuestros convenios. Creo profundamente
en la negociación colectiva como base de esta reforma, y comparto la
necesidad (creo que con otros grupos de esta Cámara que han planteado
enmiendas similares a las del Grupo Popular y que esta mañana fueron muy
criticadas por algún representante sindical) de conseguir que se pongan
en marcha en nuestro país la fuerza que debe tener la negociación
colectiva, con lo que significa de una nueva cultura de cooperación
frente a la hasta ahora cultura de la confrontación en nuestras empresas,
que tan negativo ha sido. Nuestros trabajadores son lo suficientemente
responsables y maduros --exactamente igual que nuestros empresarios--
para enfrentarse, en el seno de sus empresas, a una negociación que haga
posible que esa empresa consiga salir adelante y mantener, cuando menos,
sus puestos de trabajo. Por lo tanto, creo que es importante reflexionar
sobre la situación de la ultraactividad, tal como queda recogida en esta
reforma laboral.
Por último, señor Cuevas, una vez rotos los acuerdos con las centrales
sindicales, desaparecidos del panorama laboral de nuestro país los
grandes acuerdos-marco, que han colaborado, en cierta forma, a crear un
clima de moderación y de racionalidad, fundamentalmente en el sindicato
UGT y en la organización que usted representa, que han sido los que han
firmado todos los acuerdos en la democracia española, una vez rota esa
dinámica de grandes acuerdos, me gustaría saber si en este momento la
organización patronal estudia la posibilidad de incidir sobre acuerdos
con los sindicatos para seguir avanzando en esa política de cooperación,
que para mí es la base fundamental de las nuevas relaciones laborales que
deben predominar en nuestro país. También quisiera saber si sería posible
limitar esa conflictividad ya anunciada por los mismos sindicatos, de
cara a la negociación colectiva de estos próximos años, que haga posible
que nuestros empresarios respiren y que los trabajadores, en el seno de
las empresas, vean este año con menos conflictividad de la que en este
momento parece vislumbrarse en el panorama laboral español.
Muchísimas gracias, señor Cuevas, por sus aportaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hinojosa, en nombre del
Grupo Parlamentario Catalán, que también ha solicitado la comparecencia
de don José María Cuevas. El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor
Cuevas, por su comparecencia y su explicación; explicación que nosotros
habíamos solicitado no tanto porque aportase usted grandes novedades
--que creemos que no podía hacer como tampoco ha podido ser esta
mañana--, sino simplemente para reflexionar todos juntos sobre algunos
aspectos de esta reforma.
Quiero aprovechar esta ocasión en que está usted aquí y la Comisión
reunida sólo para hacer una reflexión en la siguiente línea... Esta sala
tiene la dificultad de que no se oye. Espero que los miembros de la Mesa
me oigan. Nosotros normalmente no oímos nunca a los miembros de la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Hinojosa, ¿sería tan amable de
acercarse más el micrófono?
El señor HINOJOSA I LUCENA: Yo me acerco el micrófono todo lo que el
Presidente desee, pero sigo diciendo que esta sala es un desastre, porque
esta mañana no nos oíamos...
El señor PRESIDENTE: Pero, señor Hinojosa, estará conmigo en que no es
oportuno comentarlo en este momento.
El señor HINOJOSA I LUCENA: No vamos a cambiar la sala ahora.
Decía, señor Cuevas, que aprovechaba la oportunidad de su presencia y de
la reunión de la Comisión sólo para hacer una reflexión: desde este
Congreso todos estamos adquiriendo una importante responsabilidad ante la
sociedad española cuando hablamos de la reforma laboral. Desde distintas
ópticas políticas, lo único que nos mueve a los que estamos de acuerdo
con la reforma laboral es el intento de dar una respuesta a los más de
tres millones de parados que tenemos en este momento en nuestro país y
muy especialmente a dos sectores: uno que ha mencionado usted, el de los
728.000 jóvenes que todavía no han encontrado su primer empleo; y otro,
que también es muy preocupante, el formado por 1.020.000 personas que
hace más de dos años que están en espera de encontrar empleo nuevamente,
que han sido expulsados de su lugar de trabajo y que esperan encontrar un
nuevo puesto de trabajo, siendo muchos de ellos mayores de 45 años.
Desde nuestra óptica política, desde nuestra responsabilidad política
aceptamos este reto ante la sociedad, y esperamos y deseamos que la CEOE
y todos sus asociados también acepten este reto y esta responsabilidad y
aprovechen la reforma para dar respuesta a esta necesidad, a la necesidad
de crear empleo.
Lo que voy a indicar es una perogrullada, pero hay que decirlo de cuando
en cuando: sólo las empresas crean empleo. Si nosotros intentamos con la
reforma hacer un cierto guiño de protección a la empresa, lo hacemos en
función de que ésta es la única fuente de riqueza que tiene el país y la
única posibilidad de que los parados puedan trabajar y los que están
trabajando no dejen de trabajar.
Después de lo que hemos oído hoy, creemos que nadie está contento con
esta reforma, por lo menos todos los ponentes que han pasado por la mesa
se han manifestado más descontentos que contentos, lo que quiere decir
que seguramente estamos en la buena línea, porque una reforma de esta
naturaleza probablemente no tiene que contentar a nadie, sino que tiene
que llamarnos a la responsabilidad y al esfuerzo de todos y que todos
dejemos algo en el camino en bien del conjunto de la sociedad y, sobre
todo, del mundo del trabajo y del mundo de la empresa.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Agradezco la comparecencia y la intervención
del señor Cuevas.
Hago uso de la palabra solamente para dar una opinión muy breve en nombre
de mi grupo sobre la reflexión a la que me lleva la intervención que
acaba de hacer el Presidente de la CEOE. Tengo la impresión de que al
hablar del problema de la crisis económica española y la necesidad de
superarla se deberían plantear las diferentes cuestiones no sólo en el
marco de las relaciones laborales, aunque éste es el tema que nos afecta,
sino que deberíamos intentar enmarcar siempre esta discusión en un
contexto más amplio, porque esta situación de conflicto y de ruptura de
negociación está provocando en los ciudadanos españoles la sensación de
que no se soluciona el problema con el simple tratamiento o abaratamiento
de la mano de obra y los costes laborales, al que se ha referido el señor
Cuevas, que, según creo haberle entendido, ha hablado de dos puntos por
encima de la media de crecimiento salarial de la Comunidad Europea de
1986 a 1993.
La primera pregunta sería: ¿No cree usted que del año 1986 al 1993 los
tipos de interés, la cotización de la peseta, la falta de una política
industrial activa, el marco fiscal tan poco atractivo para el desarrollo
económico y para la creación de empleo, la presión fiscal sobre la
empresa por la vía de las cotizaciones de la Seguridad Social, etcétera,
han hecho muchísimo más daño a la empresa española y a la actividad
económica para generar empleo que los costes laborales que, en último
término y en un marco de espacio económico europeo, lógicamente tienden a
igualarse por razones de mercado y tienden a crecer? Yo creo que sería
muy artificioso intentar parar o frenar lo que es un proceso natural. Lo
que habría que plantearse es si la organización de las empresas, la
inversión, la competitividad española no ha estado excesivamente afectada
por la política
monetaria en los últimos años. Aunque no tanto para un debate de carácter
general, habría que plantearse cuáles son las propuestas de la CEOE en
esta línea que estamos abriendo de reforma estructural, de la que ahora
se habla, por ejemplo, en la reforma de la Seguridad Social nuestro Grupo
entiende que habría de ir por la vía del IVA y no tanto por la cotización
directa de las empresas o por encontrar soluciones que no graven al
empleo y que la imposición indirecta o directa fuera la que debiera
resolver ese tipo de problema.
Otro tema es el de las reformas estructurales. Me parece que el Grupo
Popular le ha preguntado qué reformas estructurales y yo también se lo
pregunto. Ahora, cuando está abierto el tema de la reforma del sistema
financiero, yo noto una ausencia de opinión sobre todo en la crisis de
Banesto --en la que no quiero entrar-- que, en cualquier caso, abre todo
un debate sobre la modernización y las reformas del sistema financiero
español para adaptarlo a un proceso de progreso económico que en estos
momentos no tenemos y la fórmula con que aparentemente se está llevando
el reflotamiento de Banesto indica que no es ésa la voluntad. He citado
estos dos elementos --podría citar otros-- en la dirección de que parece
que todo el mundo ha puesto la solución mágica de la crisis española pura
y simplemente en un problema de precarización del mercado de trabajo
español, por tanto, la reducción de salarios. A mí me parece muy bien que
se intente homologar con la Comunidad Europea, ¿pero no es también
homologable en la composición, en el porcentaje de trabajo fijo y de
trabajo en precario? ¿No sería ésta una manera de ir logrando una mayor
calidad y productividad del trabajo porque, en definitiva, la
competitividad no es sólo la cantidad que se produce sino la calidad de
lo que se produce?
Por último, señor Cuevas, yo estoy muy de acuerdo con su propuesta de que
la formación profesional necesita un mayor esfuerzo en este país para
vincularla a la empresa. La universidad, la empresa, la enseñanza en
general y la administración pública deberían llegar a grandes pactos para
el empleo y la formación. Yo creo que el contrato de aprendizaje se
debería haber estudiado justo en ese marco y no tanto en la necesidad de
encontrar mano de obra más o menos barata en un momento determinado, que
es la impresión que ha dado. Yo estoy completamente convencido de que el
objetivo de un buen contrato de formación, como se hace en Alemania, era
y sigue siendo un elemento esencial, pero no sólo se trata de la
formación profesional reglada, porque una de las cosas que a mí me
angustia es el despilfarro que hay en este país en formación profesional
ocupacional, en la que participan las empresas y otros agentes sociales,
y se invierten miles de millones de pesetas con una rentabilidad nula o
escasa. Cuando hablamos de recuperar el diálogo social es en ese marco en
el que Coalición Canaria, como grupo muy minoritario de esta Cámara, pero
simplemente para dar su opinión, está interesada para que esta situación
no provoque una ruptura definitiva. Se han de lograr las reformas
estructurales, las reformas sociales de la sociedad española desde un
marco de consenso, de diálogo y de modernización, pero de modernización
de todos, de los partidos políticos y de la visión que los agentes
sociales pueden tener de una nueva etapa social y económica que se ha
abierto en la Europa comunitaria y que se ha abierto en el mundo dentro
de la globalización de la economía mundial.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la
palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Cuevas, señor Aguilar, doy por
cumplimentado el trámite de los agradecimientos, haciendo propias las
palabras de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra.
Sí les voy a indicar una cuestión metodológica. Mis reflexiones van a ser
menos intelectuales o menos especulativas que las de los anteriores
portavoces, y me voy a centrar más en las reflexiones, en las sugerencias
más llamativas de su intervención. Desde luego, señor Presidente, sin
polemizar, porque me da la impresión de que sería contradecir la esencia
de este trámite.
El señor PRESIDENTE: No permitiría la polémica, señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Lo más llamativo, señor Cuevas, es, en primer
lugar, que su reflexión me parece bastante crítica con alguna de las
esencialidades o de los presupuestos teóricos de esta reforma articulada
a través de tres proyectos de ley. Yo he percibido cierto tono de lamento
en sus palabras cuando ha comentado... Señor Presidente, no sé si su
mirada es indicativa, utilizando procedimientos semióticos, de que estoy
saliéndome de la ortodoxia reglamentaria del trámite. No tiene ninguna
connotación, espero.
El señor PRESIDENTE: Ninguna. El único problema, señor Olabarría, es que
es un problema general: sus palabras se escuchan mal, de manera que
acérquese más al micrófono.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: O sea, que no es un problema semiótico sino de
audición sólo.
El señor PRESIDENTE: Eso es. Es un problema auditivo, no semiótico.
(Risas.)
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Le decía, señor Cuevas, que me da la impresión
de que usted comentaba en cierto tono de lamentación la escasa relevancia
que, tras esta reforma articulada a través de estos tres proyectos de
ley, sigue poseyendo en nuestro ordenamiento laboral el contrato de
trabajo. Desde luego, ésta sí que es una reflexión sumamente crítica con
las esencias, con el presupuesto teórico de los proyectos normativos que
estamos debatiendo en este momento en esta Cámara. Usted sabe que en el
Derecho del trabajo, y así se caracteriza el Derecho del trabajo español,
el contrato de trabajo apenas cuenta, apenas tiene relevancia como fuente
de la relación laboral, como fuente normativa. El contrato de trabajo uno
se lo encuentra predeterminado, bien sea a través de lo que
disponen las leyes y los reglamentos, heterónomamente, bien sea a través
de lo que disponen los convenios colectivos, autónomamente. Y esto no se
modifica en esta reforma. El contrato de trabajo sigue siendo, como
fuente normativa, irrelevante.
Me gustaría que pormenorizara un poco más, a ver si usted considera
inconveniente que en esta reforma no se haya querido ir más allá de donde
se ha ido; es decir, que sea la negociación colectiva (ésta es la esencia
de estos proyectos normativos) la que remueva las rigideces que todavía
pivotan negativamente contra la competitividad de nuestras empresas, y
que no se pueda disponer de estas materias, no se puedan remover estas
rigideces a través del contrato de trabajo. Me gustaría que usted
explicara con cierta claridad esta cuestión, porque es un avance
sustancial, es un avance esencialista, ya, pretender que sea el contrato
de trabajo el que provea a modificaciones estructurales o esenciales del
Derecho del trabajo, y casi es poco menos que negarle algunas de las
esencias del Derecho del trabajo, su carácter tuitivo, su especial
jerarquía de fuentes, donde el contrato de trabajo sigue contando con muy
poca relevancia. Esa es la primera cuestión que consideramos llamativa.
La segunda usted la ha dicho con mucha claridad. Considera que se debe
aplicar la normativa comunitaria en materia de despidos colectivos. Si no
entiendo mal, señor Cuevas, usted a sensu contrario, con claridad
palmaria, está indicando que no debe ser un sistema de autorización
administrativa previa el que sirva de soporte a los despidos colectivos.
Luego de alguna manera nos gustaría que nos concretara mejor si no le
parece adecuada (parece que no) la regulación del actual artículo 51 del
proyecto de ley que reforma el Estatuto de los Trabajadores. Y nos
gustaría saber, señor Cuevas, si lo que usted considera pertinente es
aplicar literalmente la Directiva de 27 de febrero de 1975 y que las
competencias administrativas de la autoridad laboral sólo sean
competencias de mediación, de intermediación, pero nunca resolutorias en
este ámbito.
En materia de ultractividad, señor Cuevas, nosotros hemos presentado la
enmienda (que ha sido propuesta, sugerida por la señora Villalobos, que
ha sido propuesta, sugerida por las organizaciones empresariales) porque
nos parece pertinente esta cuestión. De todas formas, yo quería decirle
si no sería oportuna, señor Cuevas, alguna explicación también más
pormenorizada por su parte. Ya en primer lugar llama la atención el
concepto, el vocablo ultractividad, que es un concepto metajurídico
absolutamente, es un concepto vulgar, es un concepto que no tiene
relevancia jurídica alguna. ¿Por qué se llama ultractividad a la vigencia
continuada de los convenios colectivos que no son objeto de sustitución o
de reposición por otros posteriores? Ultractividad, además, que es un
concepto, un vocablo que va cargado de connotaciones peyorativas, de
connotaciones aparentemente obstaculizadoras de la competitividad de las
empresas; esto probablemente no sea siempre así, ni ocurra en todos los
convenios colectivos. Muchos convenios colectivos tendrán una dimensión
cuantitativa y cualitativa, en cuanto a las condiciones de trabajo que
regulan, asumible perfectamente por la competitividad de esa empresa en
cuestión. Quizás en otros convenios colectivos... Pero ésa es una
cuestión terriblemente trascendente en ete proyecto de reforma y, además,
desgraciadamente poco explicada. Quizás una más prolija, una más
pormenorizada explicación sobre cuáles son las dificultades de la
ultractividad y de por qué son tres condiciones las que se proponen, las
que ustedes consideran que deben mantenerse cuando un convenio colectivo
no es sustituido por el posterior, que son las condiciones-jornada, las
condiciones-salario y las condiciones de seguridad e higiene en el
trabajo; por qué esas condiciones y no otras. No creo que la posibilidad
de didactismo que su presencia aquí pueda cumplir sea precisamente baladí
o irrelevante en una materia tan importante.
Voy acabando, señor Presidente. Ahora ya capto, a través de la semiótica
que antes hemos comentado, lo excesivamente prolija de esta intervención
por mi parte.
Quiero decirle, señor Cuevas, que sus reflexiones sobre la formación
profesional --reflexiones que nosotros hemos hecho en esta Cámara-- son
muy pertinentes. Estamos absolutamente de acuerdo con lo que usted ha
comentado. Sigue siendo deficiente la configuración de la formación
profesional en el Estado español y ésta sí que es una de las medidas
--esta reflexión nos parece muy oportuna por ello-- realmente
estructurales para incidir en el mercado del trabajo, para fomentar la
creación de empleo; de las pocas medidas que realmente son eficientes en
este ámbito y donde hay mucho que mejorar. Por eso nosotros agradecemos
esas reflexiones críticas, fundadamente críticas que usted ha hecho sobre
la formación profesional.
Por último, quiero hacer una reflexión de carácter un poco más
especulativo, la única que me voy a permitir, señor Presidente.
Unicamente quiero decir que a nosotros no nos termina de gustar que se
vincule esta reforma del mercado de trabajo, estos tres proyectos
normativos, al empleo «in genere». El problema del empleo es mucho más
complejo que el atinente a estos tres proyectos de ley. El problema del
empleo es un problema absolutamente interdisciplinar, es un problema de
carácter económico, es un problema de carácter macroeconómico y
microeconómico, es un problema de carácter formativo, es un problema de
carácter casi intelectual, de talantes mentales y de recuperación de
ciertos valores desgraciadamente perdidos; es un problema estructural en
el sentido más global, más lato del concepto, y esto sí que puede
condicionar o contribuir --por eso nosotros apoyamos la esencia de estos
tres proyectos de ley-- a mejorar parcialmente la competitividad de las
empresas desde el momento en que pueden contribuir a remover algunas
rigideces que nos hacen no competitivos, en términos comparativos, con
otros países donde una legislación no tan tuitiva y tan protectora como
la nuestra no pivota negativamente sobre la competitividad de sus
empresas, desde esa perspectiva. Pero pretender que estos proyectos de
ley estén vinculados a la creación de empleo, al fomento del empleo, nos
parece una reflexión exagerada. Por eso le preguntaría, como han hecho
otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, qué otras
reformas estructurales de carácter perentorio, de carácter más o menos
urgente deberían acometerse para
poder empezar a avanzar eficientemente en un problema que, en el Estado
español, ya tiene dimensiones tan dramáticas como el desempleo.
Gracias, señor Presidente, y perdón por la extensión excesiva.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Cuevas, gracias por su comparecencia en
esta Comisión junto con el Secretario General.
Sabe usted perfectamente, señor Cuevas, que nuestro grupo parlamentario
no había solicitado la comparecencia de la CEOE. No era por ninguna razón
de carácter institucional, obviamente, ni mucho menos de carácter
personal. Era, simplemente, por la convicción de que esta reforma contaba
sustancialmente con el apoyo empresarial y que, por tanto, el gran lastre
que tenía la misma era intentar conseguir el apoyo social. De ahí que nos
pareciera más oportuna, más necesaria la comparecencia de las
organizaciones sindicales. No obstante, hemos de reconocer que esta
comparecencia suya nos ha resultado ilustrativa. Nos ha permitido saber,
por ejemplo, que en algunos aspectos ha ido más allá de lo que pedían los
empresarios. Ha dicho usted que el contrato de aprendizaje nunca lo
habían pedido los empresarios. Pues aquí lo tiene; y además, le he oído
apoyarlo y decir que es un buen instrumento. Yo imagino que miel sobre
hojuelas, como dice el refrán clásico castellano. Ha dicho usted que lo
que los empresarios pedían era el despido colectivo. Incluso ha dicho
usted literalmente que era necesario abordar el asunto de los despidos
colectivos en función de un acuerdo del año 1984 suscrito por UGT,
Gobierno y CEOE. Es verdad, señor Cuevas, que en el año 1984 se firmó un
acuerdo lo suficientemente ambiguo como para que lo firmaran todos y como
para que, a su vez, dos de los tres firmantes de ese acuerdo llegaran a
una conclusión que esta mañana nos recordaba uno de ellos y que yo me
permito citarle literalmente. Dice: El Gobierno ha llegado a la
conclusión de que en lo relativo a despidos colectivos no es necesaria
ninguna modificación de nuestra actual legislación, dado que lo que dice
a este respecto la Ley del Estatuto de los Trabajadores cumple
perfectamente, y así se desprende del Tratado de Adhesión a la Comunidad
Europea, con las normas comunitarias. Este era el texto literal de una
carta que remitía el entonces Ministro de Trabajo al Secretario General
de UGT, con posterioridad a ese acuerdo, en julio de 1985. Creo que
también es oportuno recordar cuál era la conclusión que sacaban dos de
los tres firmantes de ese acuerdo que usted, creo que de una manera
parcial, consideraba que justificaba esta razón.
De todas maneras, insisto, me ha resultado ilustrativa y esclarecedora su
intervención. Ha dicho usted, yo creo que con habilidad y realismo, que
quien ha llevado a cabo la reforma e incluso esta Comisión, el Congreso,
debe actuar con prudencia política y eso obviamente limita alguna de las
posiciones que se pudieran pensar. No me cabe la menor duda de que usted
en su intervención, libre de esas ataduras, ha tenido la capacidad y la
brillantez de plantear determinados objetivos que yo, seguramente con
algún error, podría resumir en los siguientes planteamientos. Es
necesaria menos intervención pública. Este es un tema, como sabe, señor
Cuevas, muy discutible. Nuestro país ha conocido épocas de mucha
intervención pública, incluso de tanta que no había libertad. Sin mirar
al pasado, que siempre es motivo de reproches de unos a otros, le diría
que entiendo perfectamente compatible intervención pública y libertad.
Incluso una determinada intervención pública puede garantizar libertad en
todos los órdenes de cosas. Después de requerir menos intervención
pública ha dicho usted que la contratación colectiva también debería
tener menos amplitud. Ha dicho usted incluso que homogeniza
excesivamente. Finalmente ha dicho usted que sería bueno un mayor
protagonismo del contrato individual y ha reclamado fórmulas en este
sentido, un poco con la posición filosófica general, compatible con pedir
más flexibilidad del despido. Utiliza el término flexibilidad, quizá
podría decir abaratamiento. Ha hecho usted referencia a las
indemnizaciones. Ha hecho usted una defensa del contrato de aprendizaje.
Y al hacer referencia al contrato de aprendizaje no ha caído usted en
considerar, por ejemplo, la homogeneización que implica el que, por ley,
el salario es referido al salario mínimo interprofesional. No hay ninguna
distinción en sectores. Va a cobrar lo mismo un aprendiz en banca que en
la panadería, por poner un caso; en una empresa de informática, con un
valor añadido extraordinario, que en una empresa de cerámica. Eso no
puede introducir ningún tipo de distorsión, desde el punto de vista de
las organizaciones empresariales, ¿o es una distorsión que en la medida
en que juega a la baja es admisible?
Yo creo, señor Cuevas, que esta filosofía de fondo que ha expuesto usted,
insisto, sin encontrarse atado por esa obligación de prudencia política
que lógicamente los políticos tenemos, puede tener una determinada
justificación, pero, de verdad, creo que es difícilmente compatible con
determinadas consideraciones o con determinadas normas en las que sí ha
habido consenso. Y quiero decirle, por ejemplo, que nuestro Estado
constitucionalmente se proclama un Estado social y democrático de
Derecho, y esto tiene implicaciones. Un Estado social y democrático de
Derecho no puede contemplar un derecho laboral desde la perspectiva del
Derecho ordinario. El Derecho laboral no es eso, señor Cuevas. Le voy a
citar, por no darle afirmaciones mías, lo que dice una sentencia antigua,
de enero de 1983, del Tribunal Constitucional: A diferencia del Derecho
de los contratos, basado en los principios de libertad e igualdad entre
las partes, el Derecho laboral se constituye en un ordenamiento
compensador e igualador en orden a la corrección, al menos parcial, de
las desigualdades fundamentales. Esto lo decía el Tribunal Constitucional
y lo ha repetido en numerosas ocasiones, algunas en sentencias dictadas
en recursos interpuestos por la organización a la que usted representa.
Creo que el Derecho laboral y esta reforma que se aborda en la que se
pretende, según ha dicho usted, avanzar en la vía de la libertad
individual, del
contrato individual, es una reforma que, en definitiva, va a dar mayor
peso a esas desigualdades fundamentales que se producen en la realidad.
Es una reflexión que quisiera que tuviera en cuenta porque en ese punto
concreto sí que había un importante consenso en la sociedad española: el
consenso de la Constitución. Creo que eso es fundamental no sólo para los
políticos, por prudencia, sino para todas las instituciones, por supuesto
para una institución tan representativa, tan importante y tan necesaria
como es la organización empresarial en un sistema de economía de mercado.
Ha aludido usted a las referencias europeas. Le consta, señor Cuevas, que
las directivas comunitarias tienen como objetivo igualar normativas, pero
partiendo de la base de que son normativas mejorables. Ese es el caso
concreto, por ejemplo, de la directiva que citaba, la del despido
colectivo. Pero hay otros aspectos, señor Cuevas, en las que esa
referencia no se la he oído comentar; por ejemplo, los temas de salud
laboral. Hay montones de directivas comunitarias incumplidas en nuestro
país. Incluso cuando ha habido un proyecto muy avanzado de ley de salud
laboral, por utilizar un nombre vulgar con el que nos entendamos, la CEOE
ha manifestado una oposición importante a ese tema.
¿Qué pasa con el derecho de huelga? La normativa del derecho de huelga es
claramente preconstitucional, no anticonstitucional. Cuando ha habido un
proyecto de huelga, basado en la Constitución, los empresarios han sido
muy críticos.
Ha hecho referencia a Alemania y a la organización del aprendizaje en
Alemania. ¿Cree que las empresas alemanas son como las españolas? ¿Cree
que la gestión de las empresas alemanas es similar a la gestión de las
empresas españolas? Me parece que es una reflexión importante. Yo
apostaría por el modelo de empresa alemana, sin lugar a dudas. Mi duda es
si la organización a la que usted representa iría en esa dirección.
En definitiva, señor Cuevas, creo que su intervención ha sido
interesante. Nos ha permitido constatar cuál es la posición de las
organizaciones empresariales en relación con esta reforma. Es verdad que
en algunos aspectos ha ido más allá de lo que ellos pedían, pero es
verdad que partiendo de esta base hoy afirma usted que la considera
insuficiente y que le gustaría más temas, tanto más, señor Cuevas --y
ésta sí es mi reflexión final--, que creo que han cometido ustedes un
grave error. Ha citado el caso de ese millón de jóvenes que deben
incorporarse al trabajo; para nosotros, ese millón de jóvenes y los más
de tres millones de trabajadores sin empleo, jóvenes y no jóvenes en
nuestro país. Ante una situación de crisis tan grave como la que hay, lo
importante sería un acuerdo entre todas las fuerzas con capacidad de
decidir en este tema. En ese sentido, señor Cuevas, creo que ustedes
cometieron recientemente el error de afirmar que con los sindicatos no
había nada que negociar en relación con la reforma laboral. Sinceramente
creo que es un error. Pretender sobre esta base negociar a continuación
un pacto de rentas, en la línea que usted ha anunciado de moderar rentas,
es algo absolutamente inviable, desgraciadamente. Yo creo que si se
produjera un vuelco en el derecho laboral en nuestro país en sentido
contrario al que ha tenido lugar, la CEOE difícilmente aceptaría limitar
simplemente a un pacto de rentas y jamás apostaría por ese tipo de
fórmulas. Una reforma tan importante como ésta, que ha ido en ocasiones
más allá de lo que ustedes preveían, sin lugar a dudas en nuestra opinión
debería haberse hecho de acuerdo con los sindicatos. No se ha hecho así
por el Gobierno y ha cometido un error tremendo. Yo creo que ustedes
todavía estarían a tiempo de intentar que ese error no les implique
excesivamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Cuevas, Presidente de la CEOE, por
su comparecencia y también por su presencia entre nosotros al señor
Jiménez Aguilar.
La verdad es que el Grupo Parlamentario Socialista después de escucharle,
señor Cuevas, refuerza su convicción de que esta reforma es equilibrada.
El señor Cuevas nos ha dicho que la reforma laboral es insuficiente en
relación con la homologación con otros países europeos y también con la
importancia que se otorga al contrato individual de trabajo. Nosotros
pensamos que el contrato individual de trabajo está bien donde está, que
esta reforma lo que hace es potenciar el convenio colectivo; refuerza,
por tanto, a las partes sindicales y patronal y refuerza su presencia en
la empresa, su presencia y protagonismo en las relaciones laborales.
Ha dicho también el señor Cuevas que esta reforma es también deficiente
en relación con la llamada cláusula de ultractividad. Yo comparto las
reservas con el señor Olabarría en cuanto a esta denominación. También
creo que alguien la ha llamado cláusula zombi, en la medida en que
permite la vigencia de un contenido normativo del convenio colectivo una
vez concluida su duración pactada, es decir, después de muerto. También
ha dicho el señor Cuevas que es una reforma timorata en relación con los
despidos. Yo he creído entender que también en relación con los costes
del despido. Esta mañana el Secretario General de Comisiones Obreras,
señor Gutiérrez, nos ha dicho que lo que había que cambiar no eran
nuestras relaciones laborales, sino la forma de producir. Ha aplicado al
capital la categoría de insolidario en su comportamiento. Especialmente
ha considerado inadecuada la supresión que se pretende por otros grupos
de la llamada cláusula de ultractividad.
En suma, por tanto, señor Cuevas, señor Jiménez Aguilar, el Grupo
Parlamentario Socialista, después de escuchar esta mañana a los
representantes sindicales y ahora a ustedes, concluimos que esta reforma
es, como digo, equilibrada. Señor Cuevas, si usted tuviera que aplicar
una escala, ¿en qué lugar colocaría a España en relación con los demás
países europeos después de esta reforma laboral? Yo le adelanto, para no
hacerle trampa, que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario
Socialista nos parece que ocuparía una posición intermedia. Por ejemplo,
en relación con el coste de los despidos --y recojo estos datos del
informe Segura--, España ocupa una posición
entre Italia, Bélgica y Francia, que tienen los costes más altos, y los
del Reino Unido, Holanda y Dinamarca, que son los menores, encontrándose
en valores muy próximos a los de Alemania. Por tanto, reforma
equilibrada, por una parte, que coloca a España en una situación
intermedia entre los países que aplican la flexibilidad máxima en el
mercado laboral y los que sostienen una mayor rigidez.
Por otra parte, señor Presidente, señor Cuevas, esta mañana un
sindicalista destacado también ha considerado que era una auténtica
amenaza la que algunos empresarios decía que mantenían en cuanto a su
intención de dejar vacíos los convenios colectivos una vez se aplicara la
reforma laboral. Yo le quería preguntar al señor Cuevas cuál es la
posición de la CEOE en relación con esta afirmación, porque a buen seguro
que tendrá una información más exacta de la que nosotros podamos disponer
en estos momentos.
Por último, en relación con la formación profesional, evidentemente la
formación ocupacional es responsabilidad de todos, sobre todo después de
la firma del acuerdo nacional sobre formación continua que contempla la
constitución de una comisión mixta estatal de formación continua y
comisiones paritarias sectoriales. La comisión mixta estatal de formación
continua, según tengo entendido, consta de ocho representantes de las
organizaciones sindicales y ocho de las organizaciones empresariales.
Entre sus misiones está la de elaborar los planes de formación. Por
tanto, señor Cuevas, no le extrañe si una vez puesto en práctica este
acuerdo, y aplicados los planes de formación, el Grupo Parlamentario
Socialista pide su comparecencia para que nos dé cuenta de la aplicación
de este acuerdo tan importante.
El señor PRESIDENTE: Para comentar reflexiones y dar respuesta a
preguntas, tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (Cuevas Salvador): Muchas gracias señor Presidente, y
muchas gracias a todos ustedes por sus intervenciones, comentarios o
sugerencias, que sin duda son también muy valiosos para nosotros. Voy a
tratar de responder a las principales cuestiones que se han sugerido.
A la Diputada señora Villalobos le diré que ha hecho, en mi opinión
adecuadamente, un énfasis especial en la falta de consenso. Yo también
siento esa situación y la he sentido durante bastante tiempo, pero quiero
--y perdóneme el señor Presidente que a lo mejor me extienda un poco
más-- transmitir lo que durante unos cuantos años hemos vivido en el
proceso que se ha llamado de concertación y que realmente ha tenido dos
grandes pivotes, aparte de la actitud de los Gobiernos: el pivote de un
sindicato como la Unión General de Trabajadores y el pivote de una
organización empresarial como la CEOE; y casi siempre, excepto en una
sola ocasión, la oposición o la contestación del otro gran sindicato que
se llama Comisiones Obreras.
Yo quiero recordar aquí cómo se hizo en esta Cámara el Estatuto de los
Trabajadores. En aquella ocasión el Gobierno elaboró un anteproyecto y
anunció que las modificaciones que pudieran ser pactadas o negociadas
entre los empresarios y los sindicatos se incorporarían a ese texto antes
del debate parlamentario. A ese ofrecimiento del Gobierno respondimos
exclusivamente la Unión General de Trabajadores y la CEOE;
exclusivamente. Curiosamente, la posición de Comisiones Obreras entonces
fue que eso era competencia de este Congreso de los Diputados, que era
aquí donde se tenían que discutir y aprobar las leyes y que, por tanto,
no tenía que ser objeto de negociación en absoluto. Lo cierto es que en
un tiempo récord, con mucha ilusión y con muchos esfuerzos, incluso en
algunos momentos esfuerzos de comprensión por parte del propio Gobierno
que, como es lógico, tenía su propia idea y su propia estrategia de cómo
debía orientarse el Estatuto de los Trabajadores, en quince o veinte días
fuimos capaces de ponernos de acuerdo la Unión General de Trabajadores y
nosotros; y no tanto en la parte que regulaba los derechos individuales
sino fundamentalmente los derechos colectivos.
La regulación actual de los derechos colectivos y la negociación
colectiva en el vigente Estatuto de los Trabajadores es fruto del acuerdo
entre las dos organizaciones, plenamente aceptado por el Gobierno y
después plenamente aceptado por los grupos parlamentarios, excepto el
Partido Comunista. Yo creo que todavía estará en los anales y en la
memoria de muchos las intervenciones de los dirigentes de los diferentes
partidos y la intervención singular del portavoz en el Congreso de los
Diputados del que entonces lo era del Partido Comunista.
Esta es la historia de un consenso importante. A partir de ese consenso
vinieron otros. Vinieron los acuerdos-marco, el AMI y una serie de
acuerdos. Por las razones que sea, en los años 1985, 1986 y 1987, la
Unión General de Trabajadores consideró que no debía de continuar esa
estrategia y, a partir de ese momento, salvo en temas concretos y
puntuales, no ha habido más procesos de concertación; no ha habido más
procesos de acuerdos o de desacuerdos que los tres mil y pico largos
convenios que se negocian todos los años. ¿Qué es lo que ha sucedido en
esta ocasión? Yo creo que el Gobierno inició un proceso muy parecido al
que entonces inició con el Estatuto de los Trabajadores el Gobierno de
turno. Elevó un documento importante a las partes, elevó un documento
importante a dictamen, informe del Consejo Económico y Social, incluso en
la legislatura anterior. Desde ese mismo momento hemos hecho verdaderos
esfuerzos en el seno del CES o fuera del CES por querer entrar a discutir
y a reproducir un acuerdo mínimo como el que se produjo entonces en el
Estatuto de los Trabajadores. Les puedo asegurar que no ha sido posible
porque siempre hemos entendido que la posición de los sindicatos es que
no se necesitaba esa reforma; una posición que en algún momento he
querido recordar con alguna de las frases que ha vertido el señor
Peralta, con todos mis respetos y con todo mi cariño. Después de las
nuevas elecciones y formado el nuevo Gobierno se inicia de nuevo el
trámite, se mantiene ese informe en el Consejo Económico y Social, se
elabora un nuevo documento que se distribuye a las partes en lo que fue
el proceso intentado de lograr un acuerdo de pacto
social o de pacto por el empleo. Después de cinco meses de discusión y a
pesar de nuestras insistencias --y la mía en concreto muy intensa--,
nunca los sindicatos quisieron entrar a discutir ese tema en particular.
Tenían que discutir antes los temas relativos al presupuesto del Estado o
algunas otras cosas por el estilo. Y cuando fijamos una fecha, la del 4
de noviembre (advirtiendo que si en dicha fecha no se entraba a discutir
este tema se rompían las discusiones), se asumió por los sindicatos que
el 4 de noviembre asistiríamos todos a esa reunión, Gobierno, sindicatos
y CEOE, con nuestras propuestas concretas en relación con la reforma
laboral. Tengo que decirles que al llegar esa fecha los sindicatos no
habían presentado un solo papel y, además, esa reunión prevista y
comprometida ya no se celebró. Esto es, en resumen, lo que hemos vivido
en el proceso de consenso.
Señor Peralta, todos los acuerdos que sean posibles son para nosotros muy
queridos y los hemos buscado siempre. Es más, no sólo hemos ofrecido a
los sindicatos en este momento discutir los temas relativos al convenio
colectivo, como el de los salarios, sino fundamentalmente cómo
aplicábamos en los convenios colectivos la reforma laboral para que esta
Cámara la aprobara definitivamente. Ni el tema de los salarios ni el tema
de la aplicación de la reforma laboral en los convenios colectivos han
merecido la atención para discutir o para negociar por parte de los
sindicatos. Lo único que se ha dicho por parte de los sindicatos, más o
menos veladamente --y me preocupa, sin ninguna duda--, es que la
conflictividad, que ya la intentamos, frente al Gobierno y frente a la
actitud de los grupos parlamentarios, en la huelga del 27 de enero, se la
vamos a transmitir a los propios empresarios en la negociación de los
convenios colectivos. Esa es toda la respuesta que hemos recibido de los
sindicatos a nuestras propuestas, a nuestros ofrecimientos. Si eso es lo
que van a hacer yo lo sentiré mucho, pero quiero que en esta Cámara se
conozca realmente cuáles son nuestras preocupaciones y nuestros
sentimientos. Seguramente lo pasarán muy mal los empresarios, pero
seguramente lo van a pasar también muy mal muchos trabajadores de este
país. Esto era lo que yo quería precisar en relación con el consenso.
Se ha dicho por parte no sólo de la señora Villalobos, sino también de
alguna de SS. SS., que la reforma laboral no es la que determina de forma
definitiva el empleo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero sin la reforma
laboral no se mejora el empleo. No se engañen ustedes. Los costos
salariales, señor Peralta, son el 60 por ciento del valor añadido de toda
nuestra producción y si nuestros costos laborales, sociales y salariales
van muy por encima, como han ido en los últimos tres o cuatro años, de la
media del resto de los países que integran, en definitiva, aquellos
países que ocupan más del 60 por ciento de nuestro comercio exterior, la
consecuencia es la que hemos vivido en los años 1992 y 1993, la búsqueda
de la capacidad de competir por parte de las empresas no queda más que en
un punto: cómo se reducen los puestos de trabajo. Y ésa es la dinámica
que hay que destruir y que hay que cortar, y hay que empezar a cortarlo
con negociaciones colectivas realistas en el aspecto de los salarios.
Estamos absolutamente convencidos de que el objetivo fundamental de esta
negociación colectiva, de la que tenemos en este año, no es cuántos
puntos crecen los salarios de los trabajadores; el objetivo fundamental
es justamente cómo somos capaces de cortar la dinámica de destrucción de
puestos de trabajo, que no tengan que acudir a ese sistema de restaurar
su capacidad de competir las empresas reduciendo sus puestos de trabajo
para buscar un coste unitario del trabajo mínimamente competitivo. Y lo
digo no sólo como sentimiento general y como ciudadano sino también como
empresario cuya actividad depende mucho de cómo puede crecer el consumo.
Les aseguro a ustedes que el consumo hoy ya no está condicionado a
cuántos puntos crecen los salarios de los que tienen trabajo; el consumo
está condicionado y va a estar cada vez más condicionado en los próximos
meses por algo que se ha perdido en los últimos tiempos, una mínima
seguridad en el puesto de trabajo: para el que lo tiene, o de encontrarlo
el que no lo tiene. Y si no somos capaces de arreglar eso en la
negociación colectiva, no veo la reactivación que se pueda producir en
los próximos meses en nuestro propio país. Y ése es un poco el análisis
que hacemos al realizar estas propuestas en la negociación de los
convenios colectivos.
Qué duda cabe que se necesitan otras cosas. Se dice todos los días, y no
lo decimos la CEOE; lo dicen los expertos y los órganos exteriores e
interiores, internacionales. Qué duda cabe que se necesitan otras
reformas estructurales. Ustedes saben mejor que yo cuál es la situación
de nuestras cuentas públicas o cuál es el enorme crecimiento de nuestro
gasto y de nuestro déficit, y qué efectos perniciosos tiene ese déficit,
justamente en el relanzamiento de la economía. Al final nuestra
preocupación no es cuándo se reactiva la economía, que se está empezando
a reactivar en otros países, y en España estoy seguro que se empezará a
reactivar más pronto o más tarde, sino cuánto dura esa reactivación si no
hemos conseguido reformas estructurales de ese tipo --y la reforma
laboral es una de ellas, y la reforma de determinados servicios es otra
de ellas--, y qué hacemos en la devolución de competencias, por las
razones que sea, que deben corresponder más a la sociedad que al propio
Estado, incluidos temas tan significativos y tan cruciales como puedan
ser los temas sociales. Nadie habrá oído poner en nuestra boca que hay
que privatizar o que hay que hacer desaparecer el sistema público de
pensiones o de Seguridad Social; no lo diremos nunca, entre otras cosas
porque yo no creo que haya sistema privado que quiera asumir la
responsabilidad de funcionar como sistema privado y con ánimo de lucro
justamente en campos como el de las pensiones o determinadas prestaciones
sociales. Lo que sucede es que ese sistema se puede gestionar de otra
manera; se puede gestionar como se está gestionando, exclusivamente desde
el propio sector público, o se pueden buscar fórmulas de equilibrio en
las cuales tenga cabida la propia sociedad, y entiendo que los sindicatos
y nuestra propia Organización deberían estar más --por lo menos nosotros
aspiramos a ello-- en la sociedad que en otras áreas de los
condicionamientos políticos. Esa es otra de las grandes reformas
estructurales, fíjense, no tanto cuánto se recortan o cuánto no se
recortan
determinadas prestaciones sociales, sino cómo ponemos de verdad en
cuestión y cómo analizamos el sistema de gestión de las prestaciones
sociales, y sobre todo aquellas en donde más se ha embolsado el fraude.
Estas son, en pocas palabras, las reformas estructurales. ¿Que en el
desempleo o en la destrucción de puestos de trabajo que se ha producido
en estos años no sólo ha tenido importancia la pérdida o la falta de
modernidad de nuestras leyes laborales? Totalmente de acuerdo, pero el 60
por ciento la han tenido nuestros excesivos costes salariales, y nuestros
excesivos costes salariales y sociales vienen en gran parte determinados
por nuestra propia legislación social. ¿Que eso lo ha agravado una falta
de política industrial o una política industrial equivocada o una
política de cambio de nuestra moneda absolutamente errónea y
absolutamente equivocada? Sin ninguna duda; todo eso ha contribuido al
proceso de destrucción de empresas y de puestos de trabajo. Algunas cosas
se están reorientando de forma importante; deberán de ser más profundas
las modificaciones, deberán de ser, en mi opinión, mucho más profundas
para poder decir que, de verdad, hemos salido de la crisis, porque no
vamos a tener otra crisis en cuanto tengamos un mínimo de reactivación.
Todo ése es el conjunto que siempre hemos explicado y siempre hemos
defendido desde la CEOE. Nunca hemos dicho que esto se arregla
exclusivamente desde la reforma laboral, pero nunca hemos dejado de decir
que nuestras leyes laborales y la regulación de nuestro mercado de
trabajo son una de las principales causas de esta situación, por lo menos
del proceso tan intenso de destrucción de puestos de trabajo que se han
generado en los años de crisis, cosa que no se ha generado con la misma
intensidad en otros países.
Estamos de acuerdo en el tema de la cualificación de trabajadores,
estamos de acuerdo en la dinámica o en la necesidad de nuevos acuerdos,
señora Villalobos. Yo no soy nada optimista, sobre todo después de las
respuestas recientes, además, que estoy recibiendo de los sindicatos.
Parece como si ahora tocara, después del 27 de enero, echar el pulso en
relación con la reforma laboral, no ya al Gobierno o a los grupos
parlamentarios sino justamente a las empresas y abrir la conflictividad
laboral. Señor Peralta, le puedo decir que algunas de las propuestas que
están pasando algunos de los sindicatos consiste únicamente en lo
siguiente: aceptamos la moderación salarial, incluso que no suban
mínimamente los salarios, si ustedes nos firman en el convenio que no se
va a aplicar en absoluto la reforma de la legislación laboral que apruebe
el Parlamento español. Eso es lo más concreto que hemos recibido hasta el
momento, y están proponiéndoselo así a empresarios con los que se están
sentando para negociar el convenio colectivo. Quien está en esa actitud
malamente puede invocar con credibilidad realmente el deseo de negociar o
el deseo de llegar a acuerdos. Se busca exclusivamente que no se aplique
en absoluto esta reforma de las leyes laborales. Y punto. Detrás de eso
yo no encuentro nada más que esa intención o ese objetivo, y ya me
gustaría poderles transmitir una impresión o una sensación totalmente
distinta.
Se ha hablado, la primera que lo ha planteado, del famoso tema de la
ultraactividad de los convenios. Efectivamente, uno de los principales
aspectos de esta reforma es cómo se fortalecen y cómo se potencian los
convenios colectivos, y no lo criticamos. Fíjese usted, podría haber
hecho en esta reforma laboral lo que se hace en algunos otros países. La
ley retira determinadas cuestiones y dice: eso que se discuta libremente
entre empresarios y trabajadores, y si no se llega a un acuerdo (en
algunos países así se hace), la responsabilidad de organizar internamente
el trabajo corresponde a los empresarios, si no hay acuerdo en cuestión
de horas y cómo se distribuyen las horas y las movilidades y estas cosas
que funcionen. No se ha hecho así, y no invoco la prudencia política. Me
parece bien que no se haya hecho así; que se lleve a los convenios
colectivos, porque es necesario que se fortalezcan los convenios
colectivos. En los últimos años, una de las consecuencias de la
estrategia de los sindicatos ha sido el enorme debilitamiento de los
convenios colectivos. El gran objetivo era cómo subíamos los salarios por
encima del crecimiento de los precios. Y poco más. Creo que un paso
importante es el fortalecimiento de los convenios colectivos, pero
precisamente por eso es por lo que creo que es muy importante que en los
convenios colectivos se puedan señalar aquellas materias que no tienen la
conceptuación de ley sino simplemente de convenio y que se pueden
extinguir en el momento en que el convenio en el que se han pactado se
extingue. Y por supuesto yo no me estoy refiriendo a temas que deben
estar regulados y atendidos por la ley, todo lo que es la legislación de
salud, de accidentes o incluso las tablas salariales que están pactadas
de convenios anteriores; no creo que haya que modificar ese tipo de
cuestiones o deben tener su vigencia. Hay otro tipo de cuestiones que sí
deberían extinguirse. Si no se permite hacer eso, los convenios
colectivos seguirán igual de débiles e igual de ineficaces que los que
han existido en los últimos cuatro, cinco o seis años. Como este tema se
ha planteado por varios de ustedes, aprovecho para contestarles.
El señor Hinojosa hablaba del problema de los jóvenes y del problema de
los parados de larga duración. El problema de los jóvenes para mí no
tiene más que esa salida de cómo mejoramos su capacidad de inserción en
el mundo del trabajo, cómo mejoramos, al mismo tiempo, su cualificación
profesional. Insisto en la enorme importancia de modificar --en lo que
haya que modificar-- la legislación y la práctica de nuestro sistema de
enseñanza o de formación profesional. Es decir, lo que ha sido la
formación ocupacional tenía otros componentes, y lo que va a ser o está
siendo la formación continua, gracias a un acuerdo --de los pocos que se
han logrado últimamente con los sindicatos--, tiene, seguramente, también
un componente distinto. Justamente el tema de la formación continua a lo
mejor es lo que puede incidir, a medio o largo plazo, en el problema
angustioso de los parados de larga duración. Es es uno de nuestros
dramas. Uno de los condicionamientos de nuestra flexibilidad es la
insuficiente formación para otro trabajo que tienen nuestros trabajadores
si pierden el que han tenido muchos años. Si somos capaces de ser
eficaces, los sindicatos, nosotros y las empresas en todo este proceso de
formación continua que nos hemos impuesto, creo que podrá, de alguna
forma, variarse.
En el tema de desempleo, no nos engañemos, está siempre por detrás cuál
es nuestro grado de actividad económica, y nuestro grado de actividad
económica no puede ser voluntarista. Nuestro grado de actividad económica
no depende de mayor o menor intervencionismo, de mayores o menores
decisiones públicas, etcétera. Depende de si somos o no capaces de
competir, y, por tanto, crecemos en los mercados internos y en los
mercados exteriores conforme van creciendo las circunstancias. Si no
crecemos en ese sentido y de manera sana, tampoco mejoraremos nuestro
problema de parados de larga duración ni, seguramente, muchos de los
problemas de los jóvenes.
El señor Mauricio insistía en que se necesita un debate más amplio sobre
las causas por las cuales se ha originado esta situación, que no sólo era
por el tema laboral. Estoy de acuerdo, pero sigo insistiendo: démosle el
valor que tiene a lo que ha sido la ineficacia de nuestro mercado de
trabajo en los últimos años, sobre todo en 1990, 1991, 1992 y 1993. Si me
piden un porcentaje, se lo doy, el 60 por ciento. Los otros factores está
claro que han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño la excesiva política
monetaria (sobre eso hemos hecho permanentemente propuestas y las
seguimos haciendo) o las reformas estructurales que están pendientes y
que, de alguna manera, también lo he insinuado o lo he corregido.
El señor Olabarría se ha referido a mi opinión de la escasa ambición de
la reforma. He deseado hacer en presencia de SS. SS. un análisis bastante
prudente y sobre todo, ustedes, que son muy sagaces en lo que son las
intervenciones, se habrán dado cuenta que he dado un valor excesivo o muy
importante a eso que he llamado la prudencia política. La prudencia
política está en ustedes, ésa es su responsabilidad. La mía, a lo mejor,
es otra, y quizá por eso algunas veces me acusan de imprudente. Cuando
hago este análisis de que me parece poco ambiciosa esta reforma lo hago,
exclusivamente, en función del objetivo que creo que debería tener, que
es la máxima adaptación de esta legislación a las legislaciones
habituales en Europa y a las normas comunitarias. Estoy totalmente de
acuerdo con el señor Peralta. Las directivas de la Comunidad Económica
Europea, en todo caso, se pueden entender como mínimos. Todos los países
lo pueden mejorar. El único problema que podemos tener es que, quizá, con
la mejor buena fe, queriéndolo mejorar, lo ponemos peor. Hemos mejorado
tanto en los últimos años la directiva de la Comunidad Europea --ésta u
otras-- que la consecuencia es el 23 por ciento de desempleo. Así de
claro. Luego, vamos a ver cómo mejoramos. Pero quiero también recordarle
que yo conocía esa carta que me ha mostrado del Ministro de Trabajo. Mire
usted, cuando firmamos aquel acuerdo, fue el punto más delicado para
firmar aquel acuerdo y se redactó sin ninguna ambigüedad, no hay más que
leer lo que dice el acuerdo. Dice: El Gobierno se compromete a adaptar la
legislación laboral española a la legislación habitual en los países de
la Comunidad Económica Europea y, de manera especial, en el sistema de
despidos colectivos, a la directiva de la Comunidad Económica Europea de
tal fecha.
Las razones políticas o las que sean, en un momento determinado,
aconsejaron el Ministro de Trabajo o al Gobierno a decir algo en lo que
no mentía, no mentía desde el punto de vista de la directiva comunitaria
al decir que lo que nosotros teníamos era mejor que la directiva
comunitaria, por lo que a nosotros no nos obligaba la directiva
comunitaria. Efectivamente, no decía mentira, era verdad, estamos muy por
encima de esa directiva. Precisamente por eso fue por lo que insistimos
tanto para que en ese acuerdo se pusiera, de manera especial, lo que dice
la directiva de la Comunidad Económica Europea. Si no, no hubiéramos
tenido que ponerlo, señor Peralta. Esa es la situación. Otra cosa es que,
después, la presión de los sindicatos, en concreto de UGT, la
conveniencia o la oportunidad del Gobierno, el que estuviéramos en una
época boyante de empleo y de boom económico y que todo era fenomenal, al
Gobierno le aconsejaran que por qué se iba a meter políticamente en ese
lío. Seguramente, si entonces se hubiera metido en ese lío, lo hubiera
hecho en mejores circunstancias que en las que ha tenido que meterse en
los últimos meses.
Quería simplemente darle a usted esa pincelada de información, no estoy
hablando a humo de pajas. Si hubiéramos hecho alguna cosa por cubrir el
expediente, no habría costado las horas que costó, hasta las tres o las
cuatro de la mañana, convencer a don Nicolás Redondo para que firmara
aquello. Eso lo vivieron este servidor, don Nicolás Redondo, el
Presidente del Gobierno y el señor Ministro de Trabajo, que entonces no
era don Luis Martínez Noval, era un compañero de ustedes, don Joaquín
Almunia. Sé muy bien lo que fue, las horas de tensión que costó que se
firmara aquel acuerdo, justa y exclusivamente por eso. Allí nadie dijo
que no se firmaba para no cumplirlo; si no, no nos hubiéramos reunido
hasta altas horas de la madrugada. Eso, en cuanto a la aplicación de las
famosas directivas.
Decía el señor Olabarría en su reflexión que lógicamente no habría que
vincular la reforma al problema del empleo. El problema del empleo es más
amplio, efectivamente, pero insisto, el 60 por ciento del problema del
empleo en nuestro país en estos momentos, a lo mejor en otros no, el 60
por ciento es la falta de unas leyes laborales que no nos lleven a la
situación que nos han llevado en 1992 y 1993. Fíjense en el dato: en 1992
y 1993, con un volumen de parados muy superior al del resto de los países
europeos, nuestros salarios han crecido uno o dos puntos por encima de la
inflación; nuestro déficit comercial ha crecido de una manera
impresionante, pero es que además hemos tenido importación neta de mano
de obra. Luego algo habrá tenido que influir una imperfecta regulación de
nuestro mercado de trabajo. Que eso sea el cien por cien no me atrevo a
decirlo, y además creo que no lo es; me quedo en el 60. Si ustedes
contribuyen, como en mi opinión lo están haciendo, con equidad y con
prudencia a reducir o a eliminar ese 60 por ciento, creo que se lo van a
poder agradecer no sólo muchos empresarios sino muchísimos ciudadanos de
este país.
Por otro lado, el señor Peralta ha hecho referencia a las intervenciones
públicas, al Derecho laboral, etcétera. Qué duda cabe de que se necesita
un Derecho laboral, no cabe ninguna duda, y qué duda cabe de que se
necesitarán intervenciones públicas, no cabe ninguna duda, pero lo que no
se puede es invocar a estas alturas que son buenas las mismas
concepciones del Derecho laboral o de la intervención pública en un
sistema político que tenía cerradas sus fronteras que en uno que las
tiene totalmente abiertas. Simplemente, ésta es la diferencia, y le
aseguro que puede haber muchos empresarios que prefieren pedir al
Gobierno: señores del Gobierno, más proteccionismo y siga usted
gobernando y diciendo hasta cuánto deben de subir los salarios. Hay
muchos empresarios que opinan eso, pues es lo mejor, que les defiendan
frente a sus competidores, que les cierren las fronteras, que les fijen
los salarios y después ya les dirán lo que tienen que pagar cuando haya
que despedir a alguien. Bueno, pues, si eso es lo que quieren los grupos
parlamentarios o los grupos políticos o la sociedad española, que se diga
claramente. Pero no es por ahí por donde va el mundo, no es por ahí por
donde va el mundo; el mundo va por otros sitios, y seguramente va a ir
por otros sitios, y los dirigentes y los empresarios responsables de
muchísimos de los sectores de este país van por ahí con todos sus
problemas y con todas sus dificultades.
Homogeneizar. Yo no he hablado de homogeneizar el salario mínimo, por
ejemplo, pero me parece que es lógico que sea homogéneo, como me parece
lógico que en el contrato de aprendizaje haya una referencia para el
primer año a un porcentaje para todos. ¿Mi experiencia qué me dice? Mi
experiencia me dice que a continuación, en el transcurso de los meses,
eso estará seguramente metido en la negociación colectiva, y seguramente
en el contrato de aprendizaje evolucionará la retribución muy por encima
de ese mínimo. Luego, no se preocupe usted. Si ese contrato de
aprendizaje es eficaz y funciona para lo que debe de funcionar, los
jóvenes a los que se contrate dos, tres, cuatro, cinco años seguidos o
los que sean no van a estar con una retribución del salario mínimo. Y le
aseguro que en Alemania sí lo están.
Y ya que ha citado usted Alemania, pues sí, la gestión de las empresas
alemanas puede ser mejor, puede ser peor, habrá de todo. Yo le puedo
contar algunos ejemplos, algunos vividos personalmente. Soy
vicepresidente y participo en una importante empresa industrial española
que hace años compró la principal competidora alemana al cien por cien,
y, por lo tanto, sé lo que es la relación de trabajo en esa empresa con
4.000 ó 5.000 trabajadores y sé lo que es la capacidad de gestión de los
directivos de esa empresa o la que era, y lo que es la capacidad de
gestión de los directivos de la empresa española. Y le puedo dar algunos
casos más. Luego, no hagamos análisis al decir que unos son imposibles y
otros son los mejores del mundo. Pues, mire usted, el sistema alemán
tiene grandes ventajas y sobre todo tiene una ventaja sobre el nuestro,
que es que es un país capitalista y además tiene capital, ¿sabe usted? Y,
además, durante muchos años los Gobiernos de diferente signo han
protegido a ultranza la capitalización de sus empresas, la han protegido
a ultranza varias decenas de año, cosa que desgraciada o lamentablemente
no puedo decir que se haya hecho con carácter general en España y, sobre
todo, en los últimos años. Y la capitalización de nuestras empresas deja
bastante que desear a la hora de enfrentarse a una competencia tan dura y
tan fuerte como la que tenemos, y la vamos a notar en los próximos meses
incluso, aunque haya reactivación.
Ha sacado usted también otro tema, el de la directiva de la salud
laboral. Es verdad, durante mucho tiempo hemos estado intentando lograr
un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, y en éste sí que ha participado
de manera intensa don Luis Martínez Noval, como Ministro de Trabajo,
precisamente para eso, para ver cómo dábamos cumplimiento a esa directiva
mediante un acuerdo. El puede decirles mejor que yo cuál ha sido la
actitud de la CEOE a la hora de lograr algún acuerdo de éstos. No nos
hemos opuesto más que a una cosa: a la exigencia insistente de los
sindicatos que, mediante ese acuerdo, querían que se establecieran en
todas las empresas del país miles y miles de delegados de prevención de
riesgos, con capacidad por sí mismos y ante sí mismos para paralizar la
vida de las empresas o la actividad de las empresas en cuanto tuvieran la
más mínima presunción de que se iba a producir algún riesgo o algún
accidente, nada más que eso. Hicimos números y nos dimos cuenta de lo que
costaba eso. El problema no era garantizar la salud laboral; el problema
era otra cosa. Era cómo se aumentaba el importante número de liberados a
disposición de los sindicatos, y ya está.
Y, por fin, señor Presidente, quiero hacer alguna referencia a las
intervenciones del señor Arnau. Ha hecho su análisis de que es una
reforma. A nosotros nos parece insuficiente, y lo digo en función de ese
objetivo que he fijado; si no, es otra cosa. El ha tenido la delicadeza y
la amabilidad de decir que no es la mejor reforma del mundo. Ha dicho: al
menos es una reforma intermedia. Bueno, pues muy bien, puede ser una
reforma intermedia. En algunos aspectos no es una reforma intermedia. En
algunos aspectos no lo es. Por ejemplo, en la aplicación o en la no
aplicación de la directiva de la Comunidad Económica Europea sobre
expedientes de regulación de empleo es una minirreforma. Yo he dicho que
es la reforma del 10 por ciento, ni siquiera llega a intermedia. En lo
que es la retirada de la ley en la regulación por ley de determinados
aspectos que se refieren a la organización interna de las empresas y que
se transmiten a los convenios colectivos, a mí me parece que es una
reforma ambiciosa y es por lo que decimos: si el sentido más importante
de esta reforma es ése, fortalezcamos un poco la negociación colectiva y
demos sentido a la negociación colectiva. Y ahí es donde situamos
exclusivamente la preocupación de dar a los convenios colectivos, en los
temas que sean lógicos y necesarios, el período de vigencia que
libremente pactan entre sí las partes. Yo creo que el ideal podría llegar
justamente a ser eso. Es decir, hay una serie de temas que se deben de
regular en convenios colectivos de amplio espectro y que deben de tener
una vigencia superior a uno, dos o tres años, y otros que tienen una
vigencia de un año, que en definitiva son temas muy coyunturales. Yo creo
que ahí es donde está la sabiduría, pero para eso necesitamos que la ley
al menos
permita ese resquicio, que diga que en los convenios colectivos habrá
diferentes materias que se pueden regular de una manera o de otra y eso
es la voluntad de las partes. Por ejemplo, que el convenio para no sé qué
situación tiene que durar cinco años, pues tiene que durar cinco años, y
no es malo. Y al acabar los cinco años, vamos a volver a estudiarlo otra
vez, porque en cinco años ha cambido mucho la situación de la economía,
de las empresas, de los trabajadores. En función de eso,
fundamentalmente, defendemos la necesidad de que la ley contemple ese
principio de, por lo menos, no imponer, de manera cerrada y total, la
vigencia o la ultravigencia absoluta de todos los convenios.
En cuanto a la posición de los sindicatos que creen que vamos a dejar
vacíos los convenios colectivos, les aseguro que no, les aseguro que lo
que ha dejado desgraciadamente vacíos los convenios colectivos, en los
últimos años, ha sido la propia estrategia de los sindicatos, porque han
centrado toda su potencia y toda su fuerza exclusivamente en cómo se
podía explicar, en los medios de comunicación y en el momento oportuno,
que habían arrancado una subida de uno o de dos puntos por encima del
objetivo del crecimiento de los precios. Punto, nada más. Y debajo de
todo eso, muy poca vida sindical y muy poco contenido sindical a los
convenios colectivos.
Para terminar, señor Arnau, debo señalar una simple referencia que me
pasan mis servicios --usted es un experto y mucho más conocedor de ese
tema sin duda que yo-- en cuanto a las indemnizaciones. En despidos
individuales nos dicen lo siguiente: Bélgica está en un máximo de seis
meses, Dinamarca en un máximo de diez meses, Francia en un máximo de seis
meses, Alemania en un máximo de dieciocho meses, Irlanda en veintiséis
meses, Italia en catorce meses, Luxemburgo en doce meses, Reino Unido en
doce meses y medio y España cuarenta y dos meses. Esos son los datos que
me facilitan. Hay otros datos con relación al despedido colectivo, donde
también estamos, en la realidad, muy por encima de la media de las
indemnizaciones que se producen en estos países, donde además no hay una
legislación muy unitaria en cuanto a la indemnización.
Señor Presidente, nada más. Simplemente debo señalar que sigo a la
disposición de ustedes si precisan que aclare alguna otra cuestión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas, por su disposición y
por su comparecencia.
--COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES), DON
FEDERICO DURAN LOPEZ, PARA QUE INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA
LABORAL. A SOLICITUD DEL G. P. POPULAR. (Número de expediente
212/000520.)
El señor PRESIDENTE: Comparecencia del señor Presidente del Consejo
Económico y Social, don Federico Durán.
Tiene la palabra el señor Durán.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (Durán López): Con la
venia, señor Presidente. Buenas tardes a todos.
El motivo de mi comparecencia como Presidente del Consejo Económico y
Social está relacionado con la discusión del proyecto de reforma del
mercado de trabajo y los planteamientos que en relación con el mismo han
prevalecido en el seno del Consejo.
Haciendo una breve referencia histórica a la marcha de los
acontecimientos, quiero recordarles a ustedes, en primer lugar, que en
abril de 1993 fue remitido al Consejo Económico y Social, por parte del
Gobierno, un documento para debate y, en su caso, elaboración de un
dictamen acerca de la reforma del mercado de trabajo. En cumplimiento de
lo solicitado por el Gobierno y a pesar de que algunas de las
organizaciones representadas en el Consejo tuvieron inicialmente
reticencias acerca del cumplimiento de dicho encargo, de la discusión y
de la elaboración, en su caso, de un dictamen acerca de la reforma del
mercado de trabajo, en cumplimiento, repito, de ese encargo, se inició el
debate en el seno de la Comisión de Relaciones Laborales y Empleo del
propio Consejo Económico y Social. Tras numerosas reuniones --fueron más
de veinte las sesiones de trabajo de la Comisión de Relaciones Laborales
y Empleo-- se produjo en el seno de la misma un indudable acercamiento de
posturas entre las distintas organizaciones, una clarificación de muchos
puntos del debate, y, en todo caso, un proceso de reflexión para
comprender cuáles eran los problemas fundamentales que estaban sometidos
a discusión.
Fruto de esa labor dilatada de la Comisión de Relaciones Laborales y
Empleo fue una propuesta de dictamen del Consejo Económico y Social en la
que se trataba de exponer los planteamientos del mismo en relación con la
reforma del mercado de trabajo y las orientaciones que tendrían que
revestir el desarrollo de la misma. Esa propuesta de dictamen fue
sometida a discusión y votación en un Pleno del Consejo Económico y
Social el día 28 de octubre de 1993. En dicho Pleno se discutió
exclusivamente sobre la propuesta de dictamen en su totalidad. No hubo
enmiendas a la totalidad con texto alternativo y, por consiguiente, se
pudo interpretar en aquel momento que no había un rechazo global al
planteamiento que se formulaba en el seno del Consejo Económico y Social,
si bien, es lógico, subsistían discrepancias en relación con diversos
puntos entre las distintas organizaciones en él representadas. Como
consecuencia de eso en un Pleno posterior, el 4 de noviembre, previo el
transcurso del plazo fijado para la presentación de enmiendas parciales,
se procedió a la discusión de las distintas enmiendas presentadas y a la
votación de las mismas para su inclusión, en su caso, en el proyecto de
dictamen, y a la votación del dictamen en su totalidad.
Como todos ustedes conocen, el dictamen, con alguna de las enmiendas
producto de la discusión del Pleno del día 4 de noviembre, no consiguió,
sin embargo, en aquel momento la aprobación formal por parte del Consejo.
La normativa reguladora del Consejo exige, para que sean aprobadas sus
propuestas o sus dictámenes, el voto
favorable por mayoría absoluta de los consejeros presentes. No se
consiguió dicha mayoría y, por consiguiente, el dictamen inicial no fue
formalmente aprobado. Con independencia de eso, se dio traslado al
Gobierno no sólo de la propuesta de dictamen sino del conjunto de los
trabajos del Consejo y de las posturas de cada una de las organizaciones
representadas en el mismo. No le corresponde al Consejo Económico y
Social, ni a mí como su Presidente, valorar la influencia que aquellos
meses de trabajo y de reflexión tuvieron en la elaboración definitiva de
los proyectos de ley presentados a esta Cámara por el Gobierno. En todo
caso, yo sí les quiero decir que parece, en nuestra opinión, que hay una
influencia clara de las reflexiones y de los debates del Consejo en la
formulación definitiva de los distintos proyectos de ley. En todo caso,
con esas actuaciones se dio cumplimiento a la labor legalmente
encomendada al Consejo Económico y Social, que es la de participar como
órgano consultivo en el proceso de consulta legislativa, en el proceso de
formulación de los textos legislativos. Las distintas organizaciones
representadas en el Consejo Económico y Social pusieron de manifiesto sus
posturas a través de las enmiendas y de los votos particulares expresados
al proyecto de dictamen y de todo ello tuvo puntual conocimiento el
Gobierno, que pudo, en base al conocimiento de las distintas posturas de
las organizaciones representadas en el Consejo, elaborar los proyectos
definitivos.
Elaborados esos proyectos, fueron sometidos de nuevo al dictamen del
Consejo Económico y Social. En este caso ya no era un dictamen genérico,
lógicamente, sobre los planteamientos de reforma del mercado de trabajo,
sino que se trataba de una solicitud de dictamen sobre unos proyectos
legislativos concretos, sobre unos anteproyectos de ley, tal como exige
la Ley Reguladora del Consejo Económico y Social. Frente a este nuevo
requerimiento del Gobierno, frente al sometimiento a dictamen de los
proyectos de ley concretamente elaborados, la postura del Consejo
Económico y Social se puede resumir en los siguientes puntos.
En primer lugar, en el seno del Consejo se expresó una mayoría de opinión
que coincidía en afirmar la necesidad de la reforma del mercado de
trabajo español. La opinión mayoritaria del Consejo, con el voto
discrepante fundamentalmente de los consejeros del Grupo primero,
representantes de las organizaciones sindicales, coincidió en la
necesidad de reforma del mercado de trabajo, y coincidió también en el
diagnóstico de las deficiencias fundamentales que la ordenación actual
del mercado de trabajo español presenta: dificultades de conexión de
oferta y demanda de trabajo, defectos de funcionamiento del servicio
público de empleo, vacíos normativos y problemas formativos de los
trabajadores, que dificultan la obtención de empleo por parte de los
mismos, que frenan la adaptación a la evolución técnica y que reducen la
productividad del trabajo.
Por otra parte, coincidía también la mayoría de los miembros del Consejo
en denunciar una peligrosa tendencia a la dualización del mercado de
trabajo en nuestro país. Al mismo tiempo, denunciaban una cierta rigidez
que dificultaba la adaptación de la realidad laboral a una economía
permanentemente cambiante.
Por último, coincidía también la opinión mayoritaria de los consejeros en
denunciar la limitada responsabilización de las partes sociales, de los
agentes sociales, en la ordenación y en la evolución de las relaciones de
trabajo, del propio mercado de trabajo y en la escasa articulación de las
relaciones entre ellos.
Como consecuencia de esa opinión mayoritaria (repito con el voto
discrepante, fundamentalmente, de los consejeros representantes del Grupo
primero), el Consejo Económico y Social consideró también, por mayoría de
sus componentes, que era precisa una actuación equilibrada que abordase
las deficiencias que se han señalado del mercado de trabajo mediante una
actuación coordinada, que debía responder a una serie de líneas básicas y
fundamentales. En opinión mayoritaria del Consejo Económico y Social, la
reforma del mercado de trabajo tenía que orientarse a lo largo de una
serie de directrices.
En primer lugar, a la mejora de los mecanismos de colocación y de
formación de los trabajadores, tratando de conseguir mayor estabilidad en
el empleo, reduciendo la excesiva rotación de la mano de obra, conectada
con la excesiva dualización del mercado de trabajo a la que se ha hecho
referencia, que está perjudicando, estima el Consejo, a la economía
productiva, a la profesionalidad de los trabajadores y a la propia
estructuración social.
En segundo lugar, la reforma, en opinión del Consejo, debía orientarse al
favorecimiento de una mayor flexibilidad durante la relación de trabajo,
buscando una posibilidad razonable de adaptación a los cambios de la
actividad económica y productiva, sin merma de los derechos de los
trabajadores.
En tercer lugar, tendría que tender la reforma a una mejora de los
mecanismos extintivos del contrato de trabajo, limitando la alteración de
las finalidades causales de cada uno de esos mecanismos y la sustitución
de unos por otros.
Por último, la reforma tendría que buscar la potenciación de la
negociación colectiva, que debería convertirse en el eje del sistema de
relaciones laborales y en el eje también de la propia reforma del mercado
de trabajo.
La reforma del mercado de trabajo concebida, fundamentalmente, para la
realización de esos cuatro objetivos, por decirlo de una manera más
esquemática, para ir a un sistema de relaciones laborales más libre y más
participativo, a unas relaciones laborales más estables, a cambio de un
reequilibrio de los factores de flexibilidad dentro del sistema de
relaciones laborales, reduciendo la excesiva flexibilidad en las
modalidades de contratación y aumentando algunas posibilidades de
flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo y, por último,
rediseñando, por así decirlo, el sistema de negociación colectiva,
buscando un mayor protagonismo de los agentes económicos y sociales, la
reforma en torno a esas líneas fue considerada, como he dicho, una
necesidad por parte del Consejo Económico y Social.
A la hora de valorar los proyectos de ley presentados por el Gobierno, el
Consejo consideró también
mayoritariamente que en esta línea se orientaban los proyectos de reforma
presentados por el Gobierno. El Consejo Económico y Social estimó que los
proyectos legislativos sometidos a dictamen contenían medidas orientadas
a la solución de los problemas del mercado de trabajo que se han
señalado, tratando de conseguir un funcionamiento del mercado de trabajo
más en consonancia con las necesidades de la economía española,
facilitando la capacidad de adaptación a los cambios económicos y
productivos, sin merma de los derechos de los trabajadores.
En segundo lugar, consideró el Consejo que los proyectos normativos se
orientaban a fórmulas de regulación del mercado de trabajo vigentes en
otros países de nuestro entorno económico y político, así como se
orientaban también a iniciativas de reforma planteadas en algunos países
europeos.
Por último, el Consejo estimó que se establecían reglas que permitían la
adaptación de las relaciones laborales a los cambios de las
circunstancias económicas y productivas, manteniendo los principios de
control jurídico y social, así como el núcleo de los derechos mínimos
legales uniformes garantizados a la totalidad de los trabajadores y no
sólo a parte de los mismos.
Como consecuencia de todo ese planteamiento, de las orientaciones que
creía el Consejo Económico y Social a las que tenía que responder la
reforma del mercado de trabajo y del análisis de los proyectos normativos
presentados por el Gobierno, el Consejo emitió un dictamen en el que,
como todos ustedes saben, se contiene una valoración globalmente
favorable a la iniciativa del Gobierno. Por consiguiente, los proyectos
de ley fueron dictaminados de una manera globalmente positiva, sin que
eso ocultase las legítimas discrepancias en relación con puntos concretos
de los proyectos normativos de cada una de las organizaciones
representadas en el Consejo.
Considera la mayoría --insisto-- del Consejo, con el voto discrepante de
determinados consejeros del mismo --fundamentalmente representantes del
Grupo primero--, que se persigue un razonable equilibrio en los intereses
contrapuestos de las partes y que los proyectos normativos constituyen un
correcto punto de partida para una reordenación de nuestras instituciones
laborales.
Por último, el Consejo Económico y Social formuló dos recomendaciones y
una sugerencia al Gobierno en el momento del dictamen. La primera
recomendación, seguida en gran parte por el Gobierno, fue la unificación
de los textos normativos, de tal manera que la reforma del Estatuto de
los Trabajadores se contuviese en un solo proyecto de ley y no en una
serie de proyectos de ley superpuestos. La segunda recomendación del
Consejo era la reafirmación de la importancia de la participación de los
agentes sociales en el proceso de reforma que se ha emprendido. El
Consejo consideraba que era necesario fomentar los instrumentos de
participación y de negociación colectiva y que ése era el mejor camino
para el cambio de la cultura empresarial y laboral que demandaba la nueva
realidad económica en la que nos encontramos. La sugerencia al Gobierno
era que se estableciese un mecanismo de seguimiento de los efectos de la
reforma en períodos predeterminados de tiempo.
No existe en nuestro sistema jurídico una tradición de normas temporales,
de normas sometidas a plazo y, por consiguiente, se le sugería al
Gobierno que fuesen valorados periódicamente los resultados de la
reforma, de tal manera que se pudiese tener un seguimiento lo más
ajustado posible de la evolución de los efectos de las nuevas normas que
se venían introduciendo.
Todo eso concluye con un llamamiento expreso a la reflexión de los
agentes políticos, económicos y sociales. El Consejo consideró que, en
las circunstancias económicas y del mercado de trabajo español, ni la
inactividad ni la alteración radical e inmediata del sistema eran
posibles, sino que había que prestar atención a las exigencias de cambio,
tratando de coordinarlas con las exigencias también de continuidad de un
modelo social equilibrado, que no se podía someter de una manera global a
discusión.
Repito que ésa ha sido la postura mayoritaria del Consejo Económico y
Social --en el que, como todos ustedes saben, están representadas 20
organizaciones distintas y seis expertos nombrados por el Gobierno--, que
contó con el voto discrepante fundamentalmente de las organizaciones
sindicales y de algún otro de los miembros del Consejo.
El señor PRESIDENTE: El grupo parlamentario solicitante de la
comparecencia es el Grupo Popular. En su nombre, tiene la palabra la
señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: En primer lugar quiero saludar al Presidente
del Consejo Económico y Social porque es la primera vez que comparece en
el seno de Comisión. Otra vez fue solicitada su presencia por nuestro
Grupo pero, por motivos profesionales, no pudo estar con nosotros.
Deberíamos habituarnos a la comparecencia del Consejo Económico y Social,
en tanto en cuanto tiene que informar al Gobierno de los anteproyectos de
ley que afectan no solamente a las relaciones laborales, sino a todo lo
que tenga relación con él, exceptuando los presupuestos generales. La
opinión del señor Durán, en este caso como Presidente, es importante para
nosotros porque aunque haya transcurrido poco tiempo, un año, desde que
empezó el ejercicio del Consejo, todavía está caminando hacia lo que será
en el futuro.
Esta mañana algún grupo parlamentario así como alguno de los
comparecientes, representante de los sindicatos, hablaban de la función
del Consejo. Yo no le voy a pedir al señor Durán que se salga de sus
competencias como Presidente del mismo pero, habida cuenta de que es un
gran conocedor de la realidad sindical y laboral de nuestro país, tal vez
podría darnos luz sobre algunas cuestiones que se han planteado.
Desde nuestro punto de vista, giraban fundamentalmente en torno a la
necesidad de un consenso para las relaciones laborales. Yo considero que
tal vez no sea el Consejo Económico y Social el lugar de encuentro de ese
consenso, puesto que en el Consejo Económico y Social se ven
representadas organizaciones que no le afectan. En
este caso, ni son patronales ni sindicales, sino de otros intereses, tan
legítimos como ésta, pero no sería el punto de encuentro.
Mi primera pregunta al señor Durán es si considera que el Consejo
Económico y Social debería potenciar su papel de mediador en caso de que
se den situaciones de desacuerdo, como se ha producido en el caso de la
reforma laboral en nuestro país. No basta con decir que los
representantes de los sindicatos votaron en contra de este acuerdo puesto
que ya está reflejado en los propios votos particulares, sino si podría
articularse alguna fórmula para conseguir ese consenso.
En segundo lugar, el señor Durán nos ha hablado de un documento de abril
de 1993. Efectivamente, lo conocemos, no por supuesto a través de la
Cámara, porque era un documento que el Gobierno remite al Consejo, que no
es un texto articulado, sino una serie de reflexiones en torno a las
relaciones laborales en nuestro país. Nos gustaría que el señor Durán
--ya que lo ha nombrado-- nos comentara si desde su punto de vista tiene
que ver con el anteproyecto que se le somete a dictamen en el mes de
diciembre.
En tercer lugar, en las recomendaciones del Consejo se habla de la
necesidad de utilizar un solo texto normativo. Seguimos discutiendo en la
Cámara dos textos diferentes: el Decreto y la reforma del Estatuto. Hay
una promesa del Grupo Socialista relativa a que en el Senado podremos
discutir la parte del Decreto que corresponde al Estatuto, porque se está
hablando de los artículos 15, 16, 43 del propio Estatuto de los
Trabajadores.
La segunda recomendación del Consejo sería la potenciación de la
negociación colectiva. Tal como quedan todas las reformas que afectan a
la negociación colectiva, ¿se puede decir que queda culminada esa
potenciación de la negociación colectiva con la corresponsabilidad de los
agentes sociales? ¿Podría decirse que está al cien por cien o podría ser
mejorada esa potenciación de la negociación colectiva?
Señor Durán, espero que tengamos más ocasiones de tenerle entre nosotros.
Quiero que entienda la petición de mi Grupo parlamentario no como un
examen que queremos hacer al Consejo. Nosotros presentamos nuestra
alternativa de lo que debería ser el Consejo Económico y Social. Tal como
está, creemos que es un buen instrumento aunque podría ser perfeccionado.
Nuestra intención es que venga más veces a esta Cámara, que se acostumbre
a estos debates y que en ningún caso se pueda interpretar la petición del
Grupo Popular como un arma arrojadiza contra el Grupo ni contra el
Gobierno socialista. Simplemente estimo que es un instrumento que está
ahí y que no debe estar sólo al servicio del Gobierno, sino también de
aproximación de posiciones entre lo que representan hoy el pleno del
Consejo Económico y Social y los grupos parlamentarios de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: En esta primera intervención de don Federico
Durán, simplemente quiero agradecerle su presencia y aprovechar la
ocasión para felicitarle, a él y al Consejo Económico y Social, por el
trabajo realizado durante este año que llevan de funcionamiento.
En los trabajos que nos ofrece el Consejo Económico y Social comprobamos
que no es fácil llegar al consenso. Hay más discrepancia que consenso.
Quizás no es lo importante alcanzar el consenso en este ámbito. En
definitiva, el CES es un lugar de encuentro, una plataforma de diálogo y
de exposición de posturas que quizás de momento ya está bien como ésta,
aunque la lectura de los dictámenes que hace el Consejo Económico y
Social nos sirve para constatar la dificultad para consensuar las
distintas partes ante un tema tan concreto como es el de la reforma de la
legislación laboral.
Desgraciadamente, estos esfuerzos por el consenso no se logran en el CES
y tampoco en otros escenarios, lo que es más grave, porque allí ya se
tienen posturas definitivas que no dan lugar a volver sobre el tema, sino
que ya hay que tomar resoluciones y gobernar y entonces se lamenta de que
no se haya llegado aún a un consenso, aunque se haya dedicado un tiempo
largo a intentarlo. El consenso no siempre se logra y el CES es un
exponente de lo difícil que es llegar a ello. De todas formas, en el
Consejo Económico y Social sí llegan a coincidir las distintas fuerzas
sindicales y patronales en la necesidad de la reforma y la flexibilidad
de las relaciones laborales y en la necesidad de la potenciación de la
negociación colectiva; todo ello son aportaciones positivas para este
debate en el que estamos involucrados ahora en esta Comisión.
Nada más, señor Federico Durán. Le agradecemos su presencia. En futuras
ocasiones --ya le han amenazado con que le seguirán invitando-- tendremos
ocasión de seguir hablando de otros temas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Durán, por su presencia en esta
Comisión. Aprovecho también para felicitarle, con retraso, por su
nombramiento, así como a todo el Consejo Económico y Social por su
trabajo en el año 1993, aunque no sería sincero si no le dijera que, en
lo que se refiere a este dictamen número 9, mi Grupo y yo personalmente
echamos de menos una mayor concreción. Al hablar de flexibilidad y de
otros conceptos genéricos, todos podemos afirmar que estamos de acuerdo o
todos podemos afirmar que no estamos de acuerdo; alguien ha dicho que el
debate sobre la flexibilidad, así planteado, es un debate bastante
abstracto y yo, en ese sentido, estoy de acuerdo. Ahora bien, no es menos
cierto que, en buena medida, el Consejo Económico y Social funciona con
arreglo a la ley que hemos aprobado en esta Cámara. Ha habido quienes lo
han apoyado y quienes decían que ese Consejo Económico y Social no era el
que en su día se preveía en la Constitución. Así lo dice la propia ley
que regula el Consejo Económico y Social. A mí me alegra
comprobar que algunos de los grupos que apoyaron ese Consejo Económico y
Social hoy manifiestan determinadas insatisfacciones con su
funcionamiento; eso es bueno y, desde luego, a nosotros nos parece que
cabe la posibilidad de reflexionar sobre su modificación en el futuro.
No obstante, ése no es el motivo de reflexión en el día de hoy, porque
tenemos algo yo creo que más urgente y seguramente más importante.
Sepamos distinguir cada esfera de las instituciones y, por tanto, sepamos
distinguir el papel que desempeña el Consejo Económico y Social, incluso
el papel que desempeña su Presidente cuando comparece en esta Comisión
como tal Presidente del Consejo Económico y Social, en el que
difícilmente es posible plantear --al menos, no creo que sea prudente--
que vaya más allá de lo que puede decir como Presidente de ese órgano y
tampoco se puede pretender que el Consejo Económico y Social lleve a cabo
consensos; difícilmente es ésa su labor. Cuando no se ha pretendido ni
buscado en negociaciones reales con los sindicatos decir que tampoco se
ha alcanzado en el CES, suena más a argumento dialéctico que a coherencia
con el diseño institucional de estos organismos.
Le agradezco, señor Durán, su comparecencia y celebro el trabajo que
llevan a cabo. En ocasiones, insisto, me gustaría que en un tema tan
amplio como éste se hubieran abordado más a fondo los asuntos. Como
consecuencia de la falta de una verdadera negociación previa eso ha sido
imposible y ha venido a agravar todavía más el tema, lo cual debería
servir de reflexión para el desarrollo parlamentario de estos proyectos
de ley. Esta mañana le oía decir al representante de Coalición Canaria
que, hasta la fecha, en algunos proyectos ya hemos pasado el trámite de
Comisión y que ese pretendido diálogo que se iba a llevar a cabo en el
Parlamento brilla por su ausencia, pero no es menos cierto que todavía
faltan trámites, no sólo en esta Cámara, sino también en el Senado. Desde
luego, manifestamos nuestra voluntad de colaborar en la mejora de ese
proyecto.
Quisiera terminar diciéndole, señor Durán, que algunas de las
afirmaciones que contiene el dictamen aprobado sobre este tema me
resultan particularmente llamativas. Decir que al menos en el proyecto de
ley del Gobierno se atisban intenciones coincidentes con las
mayoritariamente compartidas por el Consejo Económico y Social, en
concreto en lo relativo a llevar a cabo determinadas reformas, etcétera,
sin merma de derechos laborales, yo no sé hasta qué punto eso es
compatible con rupturas significativas del modelo de protección social,
tal y como contiene el contrato de aprendizaje, o el contrato a tiempo
parcial, de escasa jornada en cada empresa, al parecer; con la
regulación, por primera vez en nuestro país, de salarios por debajo del
salario mínimo interprofesional; o con un tema que usted ha citado y que
ha dicho que era uno de los objetivos que se perseguían, cual es reducir
la rotación de la mano de obra. Aunque no le pido su opinión porque no
quiero que dé opinión más allá de la que ha dado en ese dictamen, le
tengo que decir que el contrato de aprendizaje, con su configuración
actual, la que hoy conocemos, como contrato temporal, contrato por debajo
del salario mínimo, contrato con escaso coste social, tiene grandes
incentivos para los empresarios. Quisiera llamar su atención sobre un
tema que ha sido introducido en este trámite y que usted a lo mejor no
conoce, y es que cuando ese contrato se hace en fraude de ley, es decir,
incumpliendo los deberes formativos del empresario, la sanción no es la
normal de los contratos en fraude de ley (su conversión en un contrato
ordinario y, por tanto, indefinido), no; la sanción simplemente es que
pague la diferencia hasta el salario mínimo interprofesional. Con esos
incentivos, sin lugar a dudas, las leyes del mercado que,
desgraciadamente, en ocasiones se trasladan mecánicamente al mercado
laboral, van a dar lugar a que la rotación del contrato de aprendizaje
sea la ley inexorable, que no me atrevería a calificar de la selva pero
sí de la vida de esos contratos.
El reforzamiento de los poderes empresariales, con la posibilidad de
pactar la polivalencia funcional al inicio de la contratación laboral,
cuando es más clara la diferencia y la desigualdad entre empresarios y
trabajadores; un período de prueba más amplio que el existente
anteriormente; la posibilidad de distribuir la jornada de forma irregular
a lo largo del año --sin límites en ocasiones--, más allá de las 12 horas
diarias; la modificación y la libertad que se introduce en materia de
retribuciones; la nueva regulación de las modificaciones sustanciales del
contrato, con mayor capacidad decisoria de los empresarios; la movilidad
geográfica en los mismos términos; la reducción del concepto de despido
colectivo sometido a autorización previa en sólo supuestos excepcionales;
todo ello, en la realidad empresarial de nuestro país que se caracteriza
por la pequeña empresa, son, en definitiva, medidas que difícilmente
permiten hablar de que no se merman los derechos laborales. Es verdad que
se ha hablado de los derechos laborales básicos, y es posible que los
básicos básicos sean tan básicos que no alcancen ni siquiera este nivel
que, cuando menos, nos atreveríamos a calificar de mínimo. En todo caso,
insisto, señor Durán, no le pido su opinión sobre este tema porque, lo
dicho dicho está, pero sí quiero que sepa, cuando menos, la opinión de
nuestro Grupo, y es que nos hubiera gustado un dictamen más detallado
--sería bueno-- y, desde ese punto de vista, una valoración más positiva
de lo que son los derechos laborales de este país que, en nuestra
opinión, con esta reforma se ven alterados de una manera notable en
perjuicio de los trabajadores.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Arnau. El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Durán, por su
comparecencia.
Tampoco yo voy a preguntarle, señor Durán, su opinión acerca de la
reforma laboral, en tanto en cuanto pensamos que está usted aquí como
Presidente del Consejo Económico y Social y no como catedrático de
Derecho del Trabajo, si bien es cierto que estoy tentado de hacerle
alguna pregunta o reflexión sobre algunas de las conclusiones de la
comisión que analizó la contratación temporal en España, que presidió el
profesor Segura y de la que usted
formaba parte, como aquella sobre la tendencia natural y deseable del
mercado de trabajo como la de cualquier mercado --se hablaba--, de una
menor intervención administrativa y una mayor sencillez y eficacia de las
normas reguladoras de las relaciones contractuales de trabajo.
Mi Grupo piensa que estas dos premisas se dan en la reforma laboral,
pero, como digo, no le voy a hacer ninguna pregunta ni voy a someterle
tampoco a ningún interrogatorio al respecto. Sin embargo, sí le he de
decir que esta mañana, en la comparecencia de algunos representantes
sindicales, uno de los secretarios generales de las principales
confederaciones sindicales ha dicho que el CES está para cualquier cosa
menos para negociar.
Mi Grupo no comparte esta opinión porque, teniendo en cuenta el
reglamento del Consejo Económico y Social, en el que, en concreto, en el
artículo 35 se dice que, recibida en el Consejo una solicitud de dictamen
o informe, la comisión permanente la trasladará a la comisión de trabajo
correspondiente y, a partir de ahí --se dice en el artículo 36--, que,
una vez recibido el encargo, la comisión de trabajo nombrará un ponente o
varios co-ponentes para que formulen una propuesta de acuerdo, a la vista
de esto, se aprecia que en el centro de las funciones del Consejo
Económico y Social está el acuerdo, está el diálogo, está el intento de
concertación.
Simplemente le voy a preguntar, para terminar, señor Durán, en qué medida
cree usted que el CES puede contribuir a la formulación de acuerdos en el
futuro, sobre todo, entre los agentes sociales.
El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a las preguntas, tiene la palabra
el señor Durán.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (Durán López): Voy a
tratar, brevemente, de dar respuesta a las cuestiones que se han
suscitado en las distintas intervenciones.
En primer lugar, la Diputada del Grupo Popular ha planteado algunas
cuestiones y voy a empezar por la última. Yo no tengo inconveniente, en
absoluto, es para mí un placer y al mismo tiempo una obligación,
comparecer ante esta Comisión y someterme, incluso, a examen de la misma.
Yo he pasado muchos años de mi vida examinándome y no tengo inconveniente
alguno en que, de vez en cuando, se me examine a mí también. Con mi
colaboración a ese respecto cuentan todos ustedes sin ninguna reticencia.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el Consejo Económico y
Social, como todos ustedes saben también, es un órgano consultivo del
Gobierno. Eso no impide que sea un órgano abierto a otro tipo de
intervenciones y colaboraciones. No sé si se está siguiendo esa pauta en
estos momentos, pero, en mi opinión, el dictamen del Consejo debe formar
parte del expediente de los proyectos legislativos, una vez que se
remitan al Parlamento, después de la emanación de su dictamen, con lo
cual la interlocución del Consejo Económico y Social con las
instituciones parlamentarias es algo que no contradice su naturaleza de
órgano consultivo del Gobierno.
En relación con los contenidos de sus distintas preguntas, hay que
insistir en que la función fundamental --tiene otras muchas-- del Consejo
Económico y Social, de éste como de otros consejos económicos y sociales,
es permitir la intervención de las organizaciones representativas de
intereses económicos y sociales en el proceso de elaboración de proyectos
legislativos. De lo que se trata es de establecer una sede formal en la
que, en el «íter» de creación de las leyes en materia económica y
laboral, puedan hacer oír su voz las organizaciones representativas de
intereses. Los consejos son el punto más formalizado de los mecanismos de
representación de intereses, pues cuando no existen los consejos se
realizan informalmente los grupos de presión o los sistemas de «lobbies»
que todos ustedes conocen.
Por tanto, no es estrictamente la función del Consejo Económico y Social
la búsqueda de consenso o acuerdo. El Consejo Económico y Social tiene
que transmitir al Gobierno, a la hora de elaborarse un proyecto
legislativo, cuál es el sentir social mayoritario; si es posible, el
sentir social unánime, en cuyo caso el planteamiento del Consejo tendrá,
sin duda, mucha mayor efectividad. Pero cuando eso no es posible no hay
que pensar que el Consejo es un organismo para la obtención de consensos
y que, si no se obtienen, el Consejo no ha cumplido su función. No. El
Consejo cumple transmitiendo al Gobierno los planteamientos de las
distintas organizaciones y se puede saber, además, con mayor
transparencia y con mayor claridad cuáles han sido las presiones o los
planteamientos que han influido en la elaboración de los distintos
proyectos legislativos.
Por otra parte, respecto de la importancia del consenso para una reforma
de este tipo, cuestión que me planteaba también la Diputada Celia
Villalobos, hubiese sido importante y es conveniente la reforma del
sistema de relaciones laborales. No tengo ninguna obsesión personalmente
por el consenso, pero creo que la reforma del sistema de relaciones
laborales hubiera sido importante. Lo que es evidente es que se ha
intentado conseguir, lo que pasa es que ha habido dificultades de muy
diverso tipo que lo han impedido. Eso es algo a lo que respondo
exclusivamente desde el punto de vista de mi función institucional como
Presidente del Consejo Económico y Social. Aunque se ha hecho referencia
en alguna de las intervenciones a la posible expresión de criterios o de
opiniones personales, desde el punto de vista de la competencia
profesional o de mi cualificación como conocedor de las relaciones
laborales, yo coincido con el Diputado Ricardo Peralta cuando ha dicho
que mi presencia aquí es como Presidente del Consejo y no para exponer
criterios que yo pueda tener al respecto. De todas maneras, como
Presidente del Consejo yo sí puedo decir --porque el Consejo ha insistido
en el asunto-- que una reforma del mercado de trabajo vivida en términos
de victoria y de derrota no es buena; no es buena una reforma del mercado
de trabajo que sea sentida como una derrota por una de las partes
fundamentales de las relaciones laborales. Lo que sucede es que
probablemente en algunas ocasiones hay medidas legislativas que
no se pueden introducir más que por la decisión de autoridad de los
poderes públicos en un determinado momento.
El documento remitido por el Gobierno en abril de 1993 era un documento
abierto y, por consiguiente, no prejuzgaba los contenidos concretos.
Precisamente yo creo que el Gobierno intentó en aquel momento incitar al
debate, a la discusión y a la reflexión de los interlocutores sociales y,
por tanto, era un documento que permitía muchos desarrollos. Desde ese
punto de vista no cabe duda que los proyectos de ley se pueden referir al
documento inicial, si bien es verdad que entre la formulación del primer
documento y la de los proyectos de ley no cabe duda que ha tenido una
influencia decisiva todo el proceso de discusión y de reflexión que ha
tenido lugar. La recomendación del Consejo Económico y Social sobre la
paridad de textos normativos, como dije, había sido seguida en parte; se
ha incluido en la reforma del proyecto de ley del Estatuto de los
Trabajadores lo referente a la normativa de modificación del sistema de
elección de los representantes de los trabajadores en la empresa, queda
fuera del Estatuto de los Trabajadores, probablemente por razones
técnicas, el proyecto de ley regulador de las empresas de trabajo
temporal y queda pendiente la articulación de las medidas contenidas en
el Decreto-ley tramitado en estos momentos como proyecto de ley.
Por último, me preguntan si la potenciación de la negociación colectiva
está suficientemente reflejada en el proyecto de ley. Yo he sido
enormemente cuidadoso durante todo este debate y procuro seguir siéndolo
para no dar opiniones personales sobre el contenido de los proyectos de
ley, y prefiero seguir así, ni las he dado durante la discusión ni las
quiero dar ahora. Lo que sí puedo hacer es transmitir el criterio del
Consejo Económico y Social, criterio en el que yo coincido plenamente
como Presidente y como representante del órgano, y es que el futuro de
los sistemas de relaciones laborales está en la potenciación de las
facultades de actuación de los sujetos del propio sistema. Yo creo que en
los modernos sistemas sindicales y de relaciones laborales la
participación tiene una relevancia tan fundamental como la
reivindicación, desde el punto de vista de la estrategia sindical, pero
en la medida en que eso se consiga en el proyecto de ley, sin duda alguna
es en el debate parlamentario donde todos ustedes tienen que decidirlo.
Respecto a la intervención del representante del Grupo Catalán, aparte de
agradecer, como en el caso anterior, sus palabras, quiero insistir en lo
que he dicho con anterioridad: el Consejo Económico y Social no tiene
como función principal la consecución del consenso entre los agentes
económicos y sociales, ellos tienen sus sedes de negociación distintas de
la del Consejo; el Consejo tiene como función trasladar al Gobierno la
opinión de los representantes de intereses económicos y sociales, si es
posible unificada y, si no, la diferencia entre cada uno de ellos. De
todas maneras, hemos repartido, con permiso del Presidente, el volumen
que acaba de salir hoy mismo que recoge los dictámenes del año 1993 del
Consejo Económico y Social. Casi todos esos dictámenes han sido aprobados
por una amplísima mayoría del Consejo. Las discrepancias se centran,
lógicamente, en algunos puntos que son aquellos que están ocupando ahora
su atención.
El representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya me dice que
el dictamen del Consejo es muy genérico. Efectivamente, el dictamen es
genérico, no entra en el detalle. ¿Por qué? Sería entrar en las
interioridades, aunque yo no tengo inconveniente en entrar en las
interioridades. En la medida en que no fue posible un dictamen del
Consejo con la mayoría requerida, en el que se estableciesen los
planteamientos que tenían que inspirar la reforma, los grupos que operan
en el Consejo (aquí hay que distinguir la responsabilidad de la
institución de la responsabilidad de los grupos, porque, en definitiva,
son los grupos de representación presentes en el Consejo los que
determinan las estrategias de la propia institución) consideraron en su
mayoría que había que ir a un dictamen en el que no se entrase en el
detalle porque, de otra manera, no iba a ser posible establecer una
opinión mayoritaria por parte del Consejo Económico y Social.
En lo que se refiere a alguna de las observaciones que ha hecho, sí tengo
que hacer una aclaración respecto al contrato de aprendizaje: el
Decreto-ley no ha sido dictaminado por el Consejo Económico y Social
precisamente porque es un Decreto-ley. Ahora se está tramitando como
proyecto de ley, pero eso no ha significado que haya sido sometido al
dictamen del Consejo Económico y Social. Por tanto, el Consejo no se ha
pronunciado en ningún caso sobre las regulaciones contenidas en el
Decreto-ley, y el que no se produzcan mermas de los derechos de los
trabajadores obviamente es una opinión que puede ser susceptible de
manifestaciones, de opiniones discrepantes.
Yo lo que les he transmitido y les reitero es que hay criterios
mayoritarios, lógicamente no unánimes, del Consejo Económico y social, y
es que los proyectos del Gobierno se orientaban en la dirección adecuada
de introducir los cambios necesarios en el sistema de relaciones
laborales sin merma excesiva --hay que presuponer-- de los derechos de
los trabajadores y, por tanto, ése es el criterio mayoritario del
Consejo, lógicamente sometido al contraste del análisis normativo como el
que realizaba el Diputado. El dictamen más detallado hubiese sido, sin
duda, más valioso, pero presentaba esas dificultades y, en todo caso, fue
una decisión estratégica de los grupos de representación presentes en el
Consejo Económico y Social.
Por último, en cuanto a la intervención del representante del Grupo
Socialista, le diré que efectivamente las funciones del Consejo Económico
y Social se encuentran suficientemente claras en el Reglamento del mismo
y yo creo que la actuación del Consejo --por ir directamente al tema que
me planteaba--, la mera existencia del Consejo, el hecho de sometimiento
a discusión y a dictamen de los proyectos legislativos, aunque tenemos
una andadura brevísima de poco más de un año e insuficiente sin duda
alguna para extraer consecuencias desde el punto de vista histórico de la
institución, podemos decir que la experiencia, la corta experiencia,
demuestra que eso es un incentivo, un acicate importante para el
acercamiento de posturas y para la reflexión.
En la mayoría de los proyectos de ley sometidos a dictamen del Consejo se
ha comprobado cómo la discusión en las Comisiones ha permitido un
acercamiento de posturas que, en algunas ocasiones, ha llegado a la
formulación de un dictamen coincidente, de un dictamen de consenso. Ha
habido ocasiones en que las posturas de partida eran tan alejadas que eso
resultaba totalmente inviable.
De todas maneras, para terminar con la intervención, yo quiero decir que
el dictamen sobre la reforma del mercado de trabajo, desde el punto de
vista de la dinámica actuación del Consejo, ha sido algo distinto al
resto de los dictámenes, por una sencilla razón, porque ponía en juego,
en discusión, un tema fundamental que habrá que ir resolviendo conforme
vaya ganando experiencia la propia institución, que es la relación entre
la consulta legislativa a los grupos representativos de interés a través
del Consejo y la negociación directa de los poderes públicos con las
propias organizaciones representativas de interés.
Estaba claro que el someter a dictamen un proyecto de reforma del mercado
de trabajo que después tenía que ser negociado bilateralmente con las
organizaciones representativas de intereses --como había sido anunciado y
como así efectivamente fue-- hacía imposible la formulación de un
verdadero consenso en el seno del Consejo Económico y Social. Cualquiera
que conozca principios o rudimentos de estrategia militar, o de ajedrez
siquiera, sabe que ningún contendiente puede exponer cuáles son sus
posturas definitivas en una fase intermedia de la negociación. Así pues,
yo no creo que haya que dar mayor importancia a la existencia de consenso
en ese dictamen concreto y, por el contrario --y aquí termino aclarando
la pregunta que se me hacía-- yo creo que la propia existencia, la propia
actuación del Consejo es un elemento de fortalecimiento importante, de
acercamiento de planteamientos entre los interlocutores económicos y
sociales que está rindiendo sus frutos en materias muy importantes,
aunque sin duda no de la trascendencia de la reforma del mercado de
trabajo que a ustedes les ocupa en este momento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Durán, por su presencia en la
Comisión que seguramente será tan asidua como demanden los grupos
parlamentarios.
--COMPARECENCIA DEL CATEDRATICO DE FUNDAMENTOS DE ANALISIS ECONOMICOS DE
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, DON JULIO SEGURA, PARA QUE INFORME SOBRE LOS
PROYECTOS DE LEY DE REFORMA DEL MERCADO LABORAL. A SOLICITUD DEL G. P.
POPULAR. (Número de expediente 219/000076.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, proseguimos el trámite
del orden del día: comparecencia de don Julio Segura, catedrático de
Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad Complutense, que no
es ciertamente la primera vez que comparece en esta Comisión. Tiene la
palabra el señor Segura.
El señor CATEDRATICO DE FUNDAMENTOS DE ANALISIS ECONOMICOS DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (don Julio Segura): Con la venia. Buenas tardes.
Como yo soy el único interviniente en esta Comisión que no tiene ningún
tipo de representación institucional, he tenido mis dudas respecto de
cuál es la clase de intervención previa que tendría sentido que hiciera,
porque las contestaciones o las preguntas sobre mi intervención es un
problema que no depende de mí. Por tanto, lo que voy a hacer básicamente
es tratar, primero, de describir algunos rasgos estilizados del mercado
de trabajo español; señalar, a partir de estos rasgos estilizados, cuáles
deberían ser los objetivos de cualquier reforma del mercado de trabajo y
tratar de evaluar de manera bastante general, en una primera
aproximación, cómo abordan los proyectos de ley que se están tramitando
en estos momentos en las Cortes los cuatro grandes temas de la reforma
del mercado de trabajo.
Respecto de las especificaciones o los rasgos estilizados del mercado de
trabajo en España, simplemente, quiero señalarles cosas que ya conocen
ustedes tan bien como pueda conocer yo. El mercado de trabajo español es
un mercado que tiene una pesada carga de herencia intervencionista
derivada de la no existencia de mercado de trabajo con autonomía por las
partes, la no existencia de organizaciones sindicales hasta bien entrada
la democracia, de manera tal que no solamente no existe autonomía de las
partes, sino que existe en la tradición española un largo período de
regulación, en el cual las leyes tratan de regular simultáneamente los
salarios y el empleo, en un ejercicio imposible de resolver para un
economista que tratase de ordenar absolutamente precios y cantidades en
un mercado.
En segundo lugar, la economía española, y en particular su mercado de
trabajo, durante las últimas cinco décadas, han mostrado una dificultad
para generar empleo notoriamente más alta que la de otros países,
comparativamente, de la Unión Europea. Desde principios de la década de
los 60, tasas de crecimiento reales de la economía inferiores al 2,5 por
ciento no generan empleo neto, y esto sigue ocurriendo así ahora, de
manera tal, que en términos muy aproximados, la economía española ha
tenido siempre diez puntos porcentuales más de tasa de desempleo que la
media de lo que es hoy la Unión Europea; la tenemos ahora y la hemos
tenido en los años 60, donde existía el factor o la válvula de escape de
la emigración. Esto se refleja en el hecho de que, haciendo comparaciones
agregadas muy simples, el volumen de empleo que genera la economía
española en estos momentos es, prácticamente, el mismo que generaba en
1964, lo cual indica que, puesto que entre 1964 y 1993, la productividad
del trabajo ha crecido aproximadamente del orden de un 270 por ciento y
el incremento del PIB real ha sido parecido, estamos en una situación en
la que el volumen de empleo es muy parecido al de hace 30 años;
naturalmente, los trabajadores empleados han mejorado de manera sensible
y el proceso de ajuste en la etapa recesiva, que estamos posiblemente
terminando de
vivir en estos momentos, recae fundamentalmente sobre los desempleados.
Lógicamente, esto no es responsabilidad sólo de la regulación o de la
legislación referente al mercado de trabajo. No existe ninguna posible
institucionalización del mercado de trabajo que sea responsable de 10
puntos porcentuales de diferencia en la tasa de paro; existen otros
factores bien conocidos, pero, de la misma manera, es difícil pensar que
un mercado de trabajo no es, en alguna medida, responsable de alguna
parte de ese diferencial de tasa de desempleo.
Por otra parte, otro fenómeno significativo del mercado de trabajo
español es la escasa correlación que existe entre tasas de crecimiento
salarial y nivel de desempleo, y la escasa correlación que existe entre
tasas de crecimiento salarial y condiciones de demanda y de productividad
de las empresas, de manera tal que esto tiende a configurar una
estructura salarial muy rígida y que se desplaza paralelamente a las
tasas que sean, pero básicamente independientes de cuál sea la situación
económica. Este conjunto de rasgos muy simplificados son argumentos que
me parecen significativos para plantearse la necesidad de reformar
algunos aspectos del mercado de trabajo.
¿Cuáles serían, desde este punto de vista, los objetivos de cualquier
reforma? Yo diría que, en primer lugar, un mercado de trabajo más
flexible, quiera decir esto lo que quiera decir. En cualquier caso,
debería significar un mercado donde es más fácil la entrada y es más
fácil la salida del trabajo. Dicho de otra forma: trataría de huir de
modelos polares, del modelo que defiende que el mejor mercado de trabajo
es un mercado donde es muy fácil la entrada pero se dificulta
extraordinariamente la salida (esto tiene costes de ajuste muy
importantes para las empresas y termina repercutiendo en la capacidad de
inversión y en las posibilidades de crecimiento de la economía) como del
modelo contrario, extremo polar, en el que lo importante es que la salida
del mercado de trabajo sea muy fácil y la entrada dependerá de las
condiciones económicas y de cuál sea la legislación existente. Por tanto,
yo creo que la traducción en términos económicos de esto que se llama el
consenso en la reforma del mercado de trabajo, es, en buena medida, que
una reforma de mercado que conduzca a una flexibilización de la salida
debe conducir también a una flexibilización de la entrada en el mercado
de trabajo o, si conduce a una flexibilización en la entrada, debe
facilitar, asimismo, la salida, en el bien entendido simplificado de que
facilitar entrada y salida es abaratar la entrada y abaratar la salida en
el mercado de trabajo.
En segundo lugar, un aspecto crucial de cualquier reforma del mercado de
trabajo es que el marco institucional favorezca el comportamiento de los
agentes con arreglo a los objetivos que persigue la reforma. Dicho de
otra manera, con frecuencia, en la discusión sobre la actuación de los
agentes en el mercado de trabajo tienden a verterse afirmaciones
relativamente maniqueas respecto de que algunos de los agentes,
indistintamente uno u otro, no persigue intereses nacionales, u otras
frases de similar corte. Esta puede ser una apreciación moral relevante,
pero es bastante inútil a efectos de discutir la reforma del mercado de
trabajo. Las soluciones cooperativas entre agentes que compiten en el
mercado solamente se dan si el marco institucional hace que ambos agentes
se beneficien de las situaciones cooperativas y, si no, se producen
situaciones competitivas. Por tanto, lo fundamental es tener en cuenta
que la autonomía de las partes es crucial y que lo que no se puede hacer
a través de la legislación es cambiar los comportamientos de los agentes.
Se puede tratar de modificar las reglas del juego, modificar el marco
institucional de manera tal que el propio interés de los agentes haga que
sea coherente que tomen decisiones que están en la línea de lo que
persigue la reforma, pero más allá de eso creo que es difícil tratar de
conseguir algo a través de los cambios estrictamente legislativos. Por
último, quiero señalar el hecho, que ya me habrán oído en mi anterior
comparecencia en esta Comisión, hace tres años aproximadamente, cuando se
trató el informe sobre modalidades de contratación, de que las
modalidades de contratación no afectan al nivel de empleo que una
economía es capaz de generar a medio y largo plazo establemente. A lo que
sí afectan es a la adaptación cíclica de ese nivel de empleo.
Básicamente, como saben ustedes, la reforma de 1984-1985 lo que hizo fue
hacer más sensible la demanda de trabajo al nivel de actividad, tanto en
las expansiones como en las depresiones, y posiblemente en estos dos
últimos años, 1992-1993, el fuerte proceso de destrucción de empleo es,
aparte de sus aspectos negativos, resultado de un mercado de trabajo más
flexible que el que había en 1984 y que, por tanto, permite una
adaptación más rápida a unas condiciones depresivas de la economía. Dicho
de otra manera, es imposible conseguir una situación en la cual cuando la
economía se expande se genere empleo muy rápidamente y cuando la economía
se contrae no se destruya empleo muy rápidamente; o que las adaptaciones,
tanto al alza como a la baja, son muy rápidas, que es lo característico
de un mercado flexible, o son muy lentas, como es la característica de un
mercado muy rígido o excesivamente intervenido, como posiblemente era
nuestro mercado de trabajo antes de 1984.
Por tanto, la evaluación que uno personalmente pueda tener de los
proyectos que están ustedes dictaminando en estos momentos, la voy a
agrupar en cuatro grandes temas. En primer lugar, el tema de la entrada;
segundo, el tema de la salida; tercero, el tema de la negociación
colectiva; y, por último, el tema de la organización interna de trabajo.
Respecto de la entrada tengo que decir que es un problema
fundamentalmente tratado por la vía de nuevas modalidades contractuales.
Yo creo que no existen más que dos vías de favorecer la entrada en el
mercado de trabajo que son: por una parte, abaratar la contratación de la
mano de obra no cualificada y, por otra parte, fomentar los procesos de
formación de la mano de obra. En el mercado de trabajo existirá siempre
un cierto grado de dualidad, no en términos de temporalidad o no, sino en
términos de mano de obra cualificada frente a mano de obra no
cualificada; o siempre habrá dos partes del mercado de trabajo que no
funcionarán siempre igual: una, la que agrupa a los trabajadores con
menor nivel de cualificación, sea éste el que sea, y otra, la que agrupa
a los trabajadores cualificados.
Por tanto, se pueden discutir aspectos concretos del contrato de
aprendizaje o de las nuevas modalidades de contratación (por supuesto,
estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta que quieran ustedes y
que sea capaz de responder), pero básicamente los temas de entrada en la
reforma han intentado resolverse por la vía de la nueva forma de
contratación, el contrato de aprendizaje, algunas modificaciones
significativas en el contrato temporal de fomento del empleo y algunas
modificaciones, menos significativas posiblemente, en el contrato de
prácticas.
Respecto a la salida tengo que decir que es un tema esencialmente de
costes de despido y, adicionalmente, de autorización administrativa
previa. Por lo que se refiere a los costes de despido, fundamentalmente
sigo manteniendo la misma posición que mantenía la Comisión que elaboró
el informe sobre las modalidades de contratación, cuando el presidente de
la Comisión era Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y es que
básicamente lo que son en sí costes de despido en España no son
significativamente distintos de los de la media de la Comunidad. Siguen
siendo parecidos a los alemanes; son más altos que los británicos, los
daneses, los irlandeses y son más bajos que los italianos y los franceses
pero, básicamente, están en la media. En el tema de los costes de
despido, de los costes de rescisión de la relación laboral en España,
tenemos, por una parte, el grado de judicialización que existe en este
país respecto de la resolución de los conflictos individuales y, por
otro, el grado de aleatoriedad de las sentencias de Magistratura.
Se interprete como se interprete lo que son despidos procedentes e
improcedentes, es absolutamente inimaginable que en un país exista un
porcentaje de despidos improcedentes como el que se deriva, en el caso
español, de las sentencias de la Magistratura de Trabajo. Dicho de otra
manera, si la figura del despido improcedente fuera la anómala y la
frecuente fuera la del despido prodecente, los costes indemnizatorios
medios de la rescisión de la relación de trabajo en España no serían
significativamente más altos que los de la media de la Comunidad. Lo que
ocurre es que, uno, el proceso de tramitación es más largo y, dos, el
porcentaje de sentencias que declaran improcedentes los despidos también
es más alto. En consecuencia, esto hace que los costes efectivos de
rescisión del contrato de trabajo sean más altos. Por eso resulta difícil
optar entre el siguiente dilema: si lo que ocurre es que, en la práctica,
la mayor parte de los contratos que se rescinden se considera que, desde
el punto de vista jurídico, son despidos improcedentes, eliminemos o
reduzcamos los 45 días por año trabajado con un máximo de 42 meses;
frente a otro problema que es que si el despido es improcedente, es
razonable que la indemnización sea significativamente alta. Lo que ocurre
es que en la práctica se están aplicando con seguridad indemnizaciones de
despidos improcedentes a despidos que posiblemente sean procedentes. Hay
otro aspecto importante. Es el hecho de que si los costes de tramitación
son largos, existe una parte significativa de los costes de despido que
no van en beneficio de ninguna de las partes, sino de terceros que
intervienen en el proceso de despido. Y existe un tercer problema, que
es, en algunos casos, la posibilidad de acumular simultáneamente salarios
de tramitación, más indemnización, más seguro. Todo esto son las
disfuncionalidades fundamentales que aparecen en el área de costes de
despido. Posiblemente yo simpatizo con la solución adoptada en los
proyectos de ley de no alterar los costes indemnizatorios, aunque difiero
en alguna medida de que no aparezcan en los proyectos de ley mecanismos
que permitan desjudicializar, en alguna medida, los procesos de rescisión
de la relación laboral.
Respecto del tema de la negociación colectiva, soy partidario claramente
de que cuanto más esté en manos de la negociación colectiva el mercado de
trabajo, mejor es para el mercado de trabajo. En este aspecto mantengo la
misma posición que mantenía cuando se elaboró el informe sobre las
medidas de contratación. Los proyectos que están ustedes dictaminando
aumentan significativamente las áreas de las que se ocupan los convenios.
Por tanto, hay una cierta pérdida de poder de la regulación del mercado
de trabajo en favor de la autonomía de las partes en los convenios. Y hay
dos aspectos importantes: uno, que la práctica dirá en su caso si es
importante o no, que son los llamamientos al aumento de los componentes
variables en los costes salariales; y otro, que con seguridad me parece
algo importante, que es el tratar de hacer frente a un fenómeno
especialmente perturbador del proceso de contratación colectiva español
que es la existencia de una negociación en cascada. De manera tal que
cada convenio de ámbito geográfico superior constituye unos mínimos para
el siguiente convenio, y al final, si se consiguen suficientes saltos en
la cascada, el convenio a nivel de empresa pierde casi todas sus
posibilidades de adaptarse a las condiciones de la empresa. Por tanto,
esto tiene que ver con la cláusula de descuelgue que básicamente me
parece un aspecto significativo para tratar de evitar esta existencia de
negociación en cascada.
El último aspecto al que voy a hacer una mención es el tema de la
organización interna, el tema de la flexibilidad funcional y geográfica,
pero sobre todo funcional. Ya en el informe sobre modalidades de
contratación la Comisión defendía que los cómputos de tiempos en los
contratos a tiempo parcial y en los contratos no indefinidos sino a
tiempo completo fueran más flexibles. Los proyectos de ley incluyen un
cómputo anual y esto era lo que proponíamos nosotros hace tres años. Por
tanto, en los aspectos de movilidad funcional parece que el proyecto de
ley apunta en la línea que parece más razonable. Esto es todo lo que se
me ocurre como comentario previo antes de someterme a su examen.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo solicitante de la comparecencia tiene
la palabra la señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Agradezco muchísimo la presencia en esta
Comisión del profesor Segura. Comprendo que le hemos dado muy poco tiempo
para que pueda preparar esta comparecencia. Me hubiera gustado la posible
participación --pero debido al poco tiempo que hemos tenido ha sido
imposible-- de un mayor número de personas independientes, porque yo creo
que
esta Comisión debe recibir también la opinión de personas que no
representan a ningún grupo ni colectivo determinado de agentes sociales,
empresarios, sindicatos, etcétera. Por lo menos para mi grupo es
importante escuchar la opinión de personas expertas en la materia que no
tienen vinculación a ningún tipo de organización, sino que tienen sus
propios criterios. Creo que es importante escucharle y le agradezco
muchísimo al profesor Segura su presencia aquí hoy, porque de entrada le
reconozco esa independencia. Aparte de reconocerle su conocimiento
profundo de la materia, pedí también su comparecencia porque ya había
elaborado un informe muy parcial, como es lógico, de la situación laboral
en nuestro país, ciñéndose a la contratación temporal y no al análisis
global de las relaciones laborales. Sentí mucho que aquel informe no se
tradujera en nada hace tres años. Compartía muchos de sus puntos de
vista, otros no. El esfuerzo que realizó no sólo el profesor Segura, sino
todos aquellos que le acompañaban, entre los cuales se encontraba el
anterior compareciente, el profesor Durán, sentí muchísimo que no se
convirtiera en nada positivo. Yo creo que si se hubieran puesto en marcha
algunas de sus recomendaciones habríamos evitado muchos de los problemas
que tres años después tenemos encima de la mesa.
La primera pregunta que quiero hacer al señor Segura está relacionada con
aquel informe. En él se hacía un análisis sobre los contratos temporales
de fomento de empleo que, como bien sabe el profesor Segura, han
desaparecido de nuestro ordenamiento laboral. Se mantiene una prórroga
por un año y medio, pero desaparece la posibilidad de ese tipo de
contratación. Le quiero hacer una pregunta, insisto, como profesor, como
experto en estas materias: si entiende que eso es positivo o negativo
para la creación de empleo, si cree que hubiera sido necesario mantener
una cierta contratación temporal no causal. En principio digo que yo no
soy partidaria, pero me gustaría saber su opinión. También quisiera saber
si cree que uno de los motivos de la desaparición de ese tipo de
contratación ha sido la mala utilización que se ha hecho de ella, porque
me preocupa mucho que ahora que se mantiene un contrato determinado, como
es el de aprendizaje, pueda sufrir el mismo proceso: que algo que en
principio era bueno se convierta en negativo y tenga que desaparecer de
nuestro ordenamiento por una mala utilización del proceso.
Ha hecho también referencia a la necesidad de un marco que favorezca la
cooperación. Estoy de acuerdo con el profesor Segura en que este país
necesita una cultura diferente en las relaciones laborales. Estoy de
acuerdo con él en que las leyes no dan la cultura, pero sí inciden o por
lo menos la puedan favorecer. Me gustaría saber si en esa búsqueda de un
modelo de relaciones laborales en cooperación y no en confrontación, como
se ha planteado en este país, donde estaría también ubicada la
negociación colectiva, fundamentalmente la fuerza que tenga ésta, cree
que esta reforma laboral, tal como está planteada, crea ese marco que
favorezca esa política de cooperación.
En el tema de la relación interna comparto con usted la fuerza de la
movilidad. Yo creo que uno de los problemas de nuestro país ha sido la
falta de flexibilidad interna. Usted ha hecho un juego entre la
flexibilidad externa e interna, y parece que puede desprenderse de sus
palabras que este país necesita una flexibilidad interna. Es decir, la
flexibilidad interna en la movilidad geográfica, funcional, estructura
salarial, jornada, condiciones internas dentro de la empresa, que al
mismo tiempo tiene que estar combinada con la flexibilidad externa en la
que se produzca una mayor flexibilidad en la entrada, por tanto
abaratamiento de la entrada, y al mismo tiempo una mayor flexibilidad en
la salida. ¿No entiende el profesor Segura que este planteamiento podría
dar lugar a situaciones que favorezcan poco la cualificación de nuestros
trabajadores, la vinculación del trabajador con el desarrollo y el futuro
del mantenimiento de esa empresa? Es decir, si no puede perjudicar que el
trabajador se sienta vinculado al proyecto empresarial, lo que significa
la empresa, no el empresario, y en cierta forma no favorezca la
cualificación, la competitividad, el estítulo al trabajador para que
produzca mejor, se adapte a los cambios de producción necesarios en
función de la internacionalización de la economía y de los cambios que se
producen en el consumo; porque unir tanta flexibilidad yo creo que
favorece poco esa corresponsabilidad en el funcionamiento interno de la
propia empresa.
Usted ha hablado de algo que a mí me ha preocupado muchísimo a la hora de
elaborar las enmiendas de nuestro grupo parlamentario: la excesiva
judicialización en el sistema laboral. Comparto con usted que en la
salida de nuestro mercado, en los costes de despido y en la situación que
se plantea tal vez sigue habiendo una excesiva judicialización, con todo
lo que conlleva de encarecimiento de los despidos, de inseguridad también
en los acuerdos a los que se pueda llegar o no, pero me gustaría
preguntarle cómo cree que se podría haber resuelto ese problema de la
excesiva judicialización, porque yo creo que al final es el huevo de
Colón. Hay una dificultad enorme y lo digo sin ningún tipo de ataque al
proyecto de Gobierno porque quiero que esta comparecencia quede aislada
totalmente de cuáles han sido las posiciones del Gobierno y de los
diferentes grupos parlamentarios. Quiero aprovechar la presencia de un
experto independiente para que nos dé luz sobre las posibilidades de
resolver los problemas que todavía no ha resuelto este proyecto de ley y
que, en palabras del representante de la mayoría, está abierto a posibles
soluciones que mejoren el texto. Yo creo que tenemos que poner todos
nuestro granito de arena para intentar resolverlo. ¿Usted cree que hay
alguna posibilidad de resolver la excesiva judicialización de nuestro
sistema, que incluso el propio Consejo General del Poder Judicial, en su
informe que acompaña al texto del proyecto, así lo plantea?
Al margen ya de lo que es la reforma laboral, pero aprovechando que está
usted aquí y que ha hecho mención a ello, quiero decirle que comparto con
usted que nuestra situación económica mantiene unos niveles de desempleo
en torno al 16 por ciento, lo que hace inviable acercarnos en nuestro
país a situaciones en las que se cree empleo similares a las del resto de
la Comunidad. A mí me preocupa que España esté en tasas de desempleo del
23 por ciento respecto a la media comunitaria, pero me preocupa muchísimo
más la incapacidad de generar empleo, la
facilidad con que nuestro sistema económico expulsa de las empresas y del
mercado laboral en el momento en que se atisba una mínima situación de
crisis, es decir, la destrucción del empleo. Los datos que usted ha dado,
que son los que son y no los que nos gustaría que fuesen, reflejan que
estamos en un volumen de empleo similar al del año 1964. ¿Qué medidas
económicas o laborales se podrían tomar en nuestro país para intentar
romper esa dinámica de destrucción de empleo y de no rompimiento de esa
cifra de desempleo en torno al 16 por ciento, incluso con crecimientos
económicos que han estado en España en los años 1987 y 1988 bastante por
encima del dos por ciento? ¿Qué ocurre en nuestras estructuras económicas
que impide romper esa dinámica? ¿Es que España está castigada
permanentemente a mantener niveles de desempleo estructural en torno al
16 por ciento y ante el más mínimo síntoma de crisis inmediatamente se
empieza a destruir empleo a unas velocidades que ponen en peligro
políticas de bienestar y políticas de solidaridad propias de un sistema y
de un país desarrollado de la Europa continental como el que en este
momento disfruta nuestro país?
Muchísimas gracias, señor Segura, por su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Quiero agradecer, por cortesía parlamentaria,
la presencia del señor Segura en esta Comisión. Es muy difícil hacer
comentarios a lo que ha dicho porque comparto totalmente tres o cuatro
afirmaciones de las que he tomado nota.
Usted ha dicho que tenemos una legislación muy intervencionista; para eso
hacemos la reforma. Que el crecimiento económico no crea empleo a la
velocidad que necesitamos. En épocas de crecimiento económico no se ha
creado empleo, lo malo es que esto va a seguir sucediendo. Todos los
datos indican que probablemente saldremos de la crisis económica, pero no
habremos resuelto el problema del desempleo y, por tanto, habrá que
imaginar qué hacemos para crear más empleo. Una de las rigideces que
usted ha mencionado es la estructura salarial, idea que yo comparto. Y
finalmente usted dice que el quid de la cuestión está en facilitar la
entrada y la salida de la empresa. En eso queremos acertar con esta
reforma: cómo hacemos para que se entre y se salga de la empresa sin
violentar los derechos de los trabajadores, facilitando que la empresa
pueda generar empleo y sea posible hacer proyectos empresariales viables.
En este tema nosotros tenemos que esforzarnos --y su ayuda es valiosa--
para acertar en la reforma.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene
la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Segura, por su comparecencia, que
yo valoro especialmente no tanto por su independencia (que en ese sentido
difícilmente tiene algo que decir a personas tan dependientes como las
que estamos aquí), sino fundamentalmente por su competencia, que yo creo
que está constatada principalmente en el tema económico. Respecto de este
tema yo tendría un cierto reproche, que por otra parte considero que es
un reproche lógico a un economista: ver el mercado laboral exclusivamente
como un mercado más. Me decía un compañero, hace un momento, que alguien
que era economista clásico escribió aquello de salario, precio y
ganancia, que era una cierta aproximación a los problemas de la economía.
Desde el punto de vista económico, señor Segura, ha dicho cosas
interesantes y que nos deberían motivar a alguna reflexión. Ha hecho
referencia, por ejemplo, a que en nuestro país la democracia es reciente,
con todo lo que eso implica; que tenemos un lastre importante de residuos
no sólo en relación con la normativa laboral, sino de residuos de un
pasado dictatorial, así como que históricamente nuestra economía ha
tenido dificultades para crear empleo en las últimas cinco décadas --ha
dicho usted-- en mucho tiempo. Yo me atrevería a llevar mucho más allá en
el tiempo los problemas de la economía española y de la creación de
empleo. Este es un problema mucho más profundo. No se trata de
reflexionar aquí sobre el mismo, pero es interesante constatar este dato.
Quisiera centrarme, señor Segura, en los temas económicos, en los que
creo que su juicio es particularmente apreciable. Desde ese punto de
vista yo creo que esta reforma laboral --cuyo emblema es el contrato de
aprendizaje-- es una opción por un abaratamiento de la mano de obra en
materia de contratación, en el día a día de la relación laboral, y
también en materia de despidos. ¿Es económicamente compatible esa opción
con un intento de competitividad de la economía española en el marco
europeo? Le digo el marco europeo porque es en el que en principio nos
movemos, con un mercado único de dieciséis países prácticamente en virtud
del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, etcétera, y mucho más si
se avanza en la línea de integración de tres o incluso cuatro países más.
Desde ese punto de vista y desde la perspectiva de lo que debe ser la
competitividad de la economía española, este factor es el más importante
y el que nos puede garantizar realmente que nuestra economía gane
espacios de competitividad o, por el contrario, teniendo en cuenta la
incidencia de factores como la creciente liberalización de mercados a
nivel internacional, el GATT y otros procesos que se llevan a cabo en
distintos continentes, la capacidad de competir de la economía española
por la vía del coste de la mano de obra, específicamente en el terreno
europeo en que está nuestro país y en ese proyecto ambicioso de la Unión
Europea, es difícilmente valorable en cuanto a sus resultados prácticos.
Uno de los temas a que usted ha hecho referencia, y que al menos se ponía
de manifiesto en el informe que en su día dirigió al Ministerio de
trabajo, es el de la precarización de la mano de obra o la rotación de la
mano de obra, si queremos evitar utilizar la palabra precarización;
recuerdo que en aquel debate se polemizó sobre el término precarización
en la medida en que pueda tener un
determinado sentido peyorativo. Tal como está configurado el contrato de
aprendizaje, que se caracteriza por un bajo coste de mano de obra
--quiero recordarle, señor Segura-- de manera homogénea para todos los
sectores productivos, el aprendiz cobra lo mismo --por poner un ejemplo
que ya he citado muchas veces-- en la banca o en la panadería; tiene un
porcentaje del 70, del 80 o del 90 por ciento del salario mínimo, con
independencia del sector en el que trabaje, con independencia del valor
añadido, con independencia de tecnología, con independencia de todo. ¿No
es un factor de distorsión importante en el mercado laboral? Y en la
medida en que tiene incentivos para el empresario de bajo coste de mano
de obra, bajo coste de Seguridad Social, temporalidad, ¿no será un factor
que incremente la precarización o la rotación en el mercado?
Por lo que se refiere a la contratación colectiva creo que todos, tanto
las fuerzas políticas como los agentes sociales sin excepción, somos
conscientes de que nuestra Constitución democrática hace una apuesta por
la contratación colectiva. En este sentido nos parece particularmente
acertada esa opción constitucional. Nuestra duda es si esa opción
constitucional se ve reflejada de manera coherente en unos proyectos de
ley que yo me atrevería a preguntarle, recogiendo alguna expresión suya,
si contienen los suficientes incentivos empresariales para que negocien
convenios colectivos en la medida en que se suprime, de manera notable,
la intervención legal, desaparecen terrenos en los que hay intervención
legal que antes podían ser objeto de negociación. ¿Los empresarios pueden
tener algún interés en negociar ahora, por ejemplo, si saben que en un
momento determinado desaparecen las ordenanzas; pueden tener interés los
empresarios en negociar o pueden estar más interesados en esperar a que
se produzca la derogación o el mantenimiento de situaciones en las que el
Estado se ha replegado?
Factores que se introducen a lo largo de toda la reforma, desde el punto
de vista de los trabajadores: facilidades de contratación temporal en
reforzamiento de las posiciones empresariales en el día a día, mayor
capacidad empresarial de despido, abaratamiento del despido por la vía de
que se incrementan las causas de despido a más bajo coste; antes eran
sólo causas técnicas y económicas, ahora son organizativas, de
producción, etcétera. Creo que los trabajadores se encuentran en una
posición individualmente más débil, lo que me hace pensar que su
capacidad de intervenir vía negociación colectiva queda debilitada. ¿Es
coherente esa opinión desde el punto de vista económico?
Estas serían las reflexiones sobre las que me gustaría hiciera alguna
valoración, desde luego con mayor criterio económico que el que ha tenido
el placer de dirigirle la palabra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arnau, por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, profesor Segura, por su
comparecencia y por la intervención valiosa y clarificadora desde nuestro
punto de vista.
Efectivamente, el mercado de trabajo español tiene una pesada carga de
herencia intervencionista, la economía española crea empleo con
dificultad, se produce una escasa relación entre la tasa de crecimiento
salarial y la productividad, etcétera. En definitiva, nosotros pensamos
que las rigideces existentes en nuestro ordenamiento laboral, derivadas
principalmente del mantenimiento de ordenanzas laborales y
reglamentaciones, limitan la movilidad funcional y la movilidad
geográfica del personal y dificultan la adaptación de las empresas a las
novedades impuestas por las nuevas tecnologías. Como además los
empresarios, si quieren competir, no tienen más remedio que proceder a la
movilidad y adaptar su organización a las exigencias de los nuevos
tiempos, se muestran dispuestos a hacer mayores compensaciones salariales
a cambio de conseguir una mayor flexibilidad en la empresa. Por otra
parte, también los sindicatos la mayor parte de las veces centran la
negociación colectiva especialmente en la cuestión salarial. Se abandonan
frecuentemente las cuestiones organizativas y las cuestiones tecnológicas
y, por otro lado, la eficacia general de los convenios colectivos, dentro
de su ámbito normalmente sectorial o provincial, conduce a una escasa
dispersión salarial a la que se une una importancia muy limitada del
componente variable frente a la remuneración garantizada. Creo que el
componente variable en términos generales está situado en un 14 por
ciento. De ahí que esta reforma laboral pretenda poner fin a todas estas
rigideces y a todas estas anomalías de funcionamiento.
Pero yo me quiero referir a una de las conclusiones de la Comisión que
analizó la contratación temporal en España y que usted presidía, señor
Segura, porque estamos de acuerdo en que la tendencia natural, la
tendencia deseable del mercado de trabajo, como la de cualquier mercado,
según se dice en dicho informe, es hacia una menor intervención
administrativa y una mayor sencillez y eficacia de las normas reguladoras
de las relaciones contractuales de trabajo. Es decir, en primer lugar, la
sencillez jurídica es un bien en sí misma; en segundo lugar, la tendencia
hacia mercados menos intervenidos exige el cambio en prácticas muy
arraigadas de las partes provenientes de la legislación franquista. La
reforma laboral que estamos debatiendo implica, a nuestro entender, una
menor intervención administrativa en temas como la movilidad funcional,
la movilidad geográfica, la modificación de condiciones, sin que por ello
sufran las garantías de los trabajadores. En cuanto al cambio de
conductas o cambio de prácticas arraigadas, nosotros pensamos que una de
las funciones del Derecho es fomentar nuevas actuaciones sociales, nuevas
conductas sociales, de ahí que seamos también en este aspecto optimistas.
A mi Grupo y a mí nos gustaría que ampliara su punto de vista sobre el
papel de la Administración en la nueva regulación de las relaciones
laborales, la intervención administrativa y la sustitución de la
intervención administrativa por la judicial, teniendo en cuenta que
entendemos que en el mercado de trabajo deben subsistir algunas
condiciones de rigidez en tanto en cuanto lo exigen las garantías de los
trabajadores. Por otro lado, supuesto el caso más
simple --se decía en el informe Segura-- en que el tipo de interés real y
la tasa de baja voluntaria sean nulos, lo relevante --se decía-- a
efectos de decidir una contratación es la suma de los costes de
contratación y de despido, por lo que un aumento de cualquiera de ellos
conduce a la inhibición de la contratación. Mantenidos, como usted mismo
ha dicho, los costes de despido y rebajados de alguna manera algunos
costes de la contratación, creemos que puede aumentarse la propensión a
contratar. Pero, profesor Segura, ¿cree que económicamente tiene sentido
que se produzca una sustitución de trabajadores experimentados pero caros
por aprendices, como se mantiene desde alguna posición sindical y
política? Por último, profesor Segura, ¿qué opinión le merece la
supresión de la figura de contratos de fomento del empleo?
El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a las preguntas tiene la palabra
el señor Segura.
El señor CATEDRATICO DE FUNDAMENTOS DE ANALISIS ECONOMICOS DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (don Julio Segura): Después de oír las preguntas
al interviniente anterior, señor Durán, pensaba que esto iba a ser más
sencillo. Me van a permitir ustedes que trate de contestar a todas las
preguntas, si se me olvida alguna, me lo dicen, pues no sé si podré
contestar a todas.
A la Diputada señora Villalobos, del Grupo Popular, quiero agradecerle su
opinión sobre independencia, así como agradezco anticipadamente la de
Izquierda Unida sobre competencia, y espero que sean compartidas las dos.
La primera pregunta --que también ha hecho el representante del Grupo
Socialista al final-- se refiere a los contratos temporales de fomento
del empleo y su supresión en la nueva legislación. En primer lugar, el
informe es de hace tres años, por tanto han pasado cosas en este tiempo,
entre otras la crisis más importante desde el punto de vista de
disminución de la tasa de crecimiento de la economía española en los
últimos treinta años, pero adicionalmente el proceso más rápido de
destrucción de empleo por existir modalidades de contratación más
flexibles después de la reforma de 1984. Por tanto, aunque básicamente
sigo manteniendo la posición que mantuvimos en la Comisión hace tres
años, algunas cosas se han cambiado relativamente.
Las dos preguntas concretas que ha hecho la representante del Grupo
Popular respecto a los contratos temporales de fomento del empleo han
sido, la primera, si es bueno o malo mantener cierta no causalidad, y la
segunda, que quizá el motivo de desaparición del contrato temporal de
fomento del empleo sea su mala utilización. Respecto de la primera, ¿es
bueno o malo mantener cierta flexibilidad de contratación no causal?,
depende de cuál sea el grado de flexibilidad que la reforma introduzca en
la entrada en el mercado de trabajo. Posiblemente, suficiente
flexibilidad en la entrada no requeriría el recurso al contrato temporal
de fomento del empleo, que en la propia reforma de 1984 era un recurso al
que el Gobierno podía aparentemente recurrir en situaciones
extraordinarias y para hacer frente a situaciones de crisis muy aguda,
etcétera. Por tanto, en principio, la eliminación del contrato temporal
de fomento del empleo, que no defendía la Comisión, no me parece
básicamente mal si en los proyectos de ley que están ustedes dictaminando
aparece suficiente flexibilidad de entrada por otras vías. De hecho, he
de decir que en aquella Comisión el parecer no era unánime respecto de
los contratos temporales de fomento del empleo y se discutió, entre otras
cosas, la posibilidad de recomendar su eliminación. No lo hicimos porque
no nos parecía que en ese momento fuese adecuada. Pensamos que no se
había llegado todavía a lograr un equilibrio entre el porcentaje de
contratos temporales y el porcentaje de contratos indefinidos o causales
y no causales, que existía en otros países de la Comunidad, y que romper
esa modalidad de contratación posiblemente implicaba no dejar ajustarse a
las empresas a una proporción más baja y más normal de contratación
temporal que la que existía en aquel momento.
Respecto a que el motivo de desaparición puede ser la mala utilización,
no lo sé, porque no sé cuál es el motivo de la desaparición del contrato
temporal de fomento del empleo en los proyectos que están dictaminando.
Lo que sí es cierto es que susceptible de mala utilización es cualquier
tipo de contrato laboral. Sin embargo, lo que sí parece es que así como
el contrato temporal de fomento del empleo permitía algunas prácticas
legales pero que dudosamente estaban en el espíritu de la ley, como era,
por ejemplo, combinar o encadenar un contrato de formación con un
contrato en prácticas, con un contrato temporal de fomento del empleo, en
los proyectos que están dictaminando sí aparece muy explícitamente la
imposibilidad de encadenamiento de unas formas contractuales con otras, o
la repetición de la misma forma contractual, tanto de aprendizaje como de
prácticas en la misma empresa o en otra con el mismo trabajador. Por
cierto, acercándome a las posiciones que en su día mantuvo Izquierda
Unida, a mí no me preocupa particularmente que se elimine el contrato
temporal de fomento del empleo, que no se elimina porque se deja para
empresas pequeñas. Ya se verá qué ocurre después de la última prórroga
que se contempla para los contratos en vigor en abril de este año.
La segunda cuestión ha sido el tema de la cultura de las relaciones
laborales. Creo que la única forma de cambiar la cultura de relaciones
laborales, si se mira lo que es la regulación del mercado de trabajo, es
básicamente aumentando los contenidos de la contratación colectiva y
dejando en manos de las partes cuantas más materias y mayores
competencias mejor, en el bien entendido (ya lo matizaré más adelante
porque ha habido preguntas sobre este tema) de que el mercado de trabajo
no es un mercado como el de tornillos; si en algún momento he podido dar
esa sensación en la afirmación luego explicaré por qué no creo que sea un
mercado como el de tornillos, desde el punto de vista de economista, no
ya desde el punto de vista social, que es una obviedad. Por tanto, ahí sí
creo que es clara la apuesta por que la autonomía de las partes y los
contenidos de la contratación colectiva sean cada vez más amplios. Por
consiguiente, cualquier sustitución razonable de regulación
administrativa por acuerdos entre las partes en los convenios colectivos
me parece que es la línea positiva.
Aunque éste sea un inciso, no oculta el hecho de que este tipo de
modificaciones en favor de la autonomía de la mayor continuidad de la
contratación colectiva y de la menor rigidez de la regulación
administrativa topa con muchos intereses corporativos absolutamente
respetables pero que no me resisto a señalar. Siento que no esté Federico
Durán porque es un tema que he discutido con él con frecuencia.
Básicamente tres colectivos se encuentran afectados en lo que son sus
competencias profesionales por una reforma que vaya en esta línea, los
magistrados de Trabajo, los catedráticos de Derecho del Trabajo y los
inspectores de Trabajo. Los inspectores de Trabajo porque tienden más a
ser inspectores de condiciones de salud e higiene, que es posiblemente lo
que al final, tendencialmente, tendrían que terminar siendo; los jueces
porque si básicamente existen mecanismos de conciliación entre las partes
y mayores grados de acuerdo, la judicialización es menos importante, y
los catedráticos de Derecho del Trabajo porque si la regulación del
mercado de trabajo es menos exhaustiva, los contratos del mercado de
trabajo se parecen cada vez más a una rama de los contratos de Derecho
Civil ordinario. Quiero decir esto porque con frecuencia en el debate se
habla de los intereses corporativos de empresarios y trabajadores, pero
hay muchos más intereses corporativos en esta reforma. A eso no son
ajenas ciertas vacilaciones que se han experimentado en la línea básica
de la reforma.
La tercera pregunta se refería a movilidad funcional interna,
flexibilidad de entrada y salida. Me da pie, porque además lo ha
mencionado usted, a hacer un comentario sobre un tema que me parece
absolutamente crucial, que he tocado de paso en la exposición inicial
cuando he hablado de que siempre habrá dos mercados de trabajo, uno para
la mano de obra menos cualificada y otro para el resto. Si uno observa
las tendencias de la organización de las empresas en países muy diversos
--no voy a poner el ejemplo de Japón-- como Estados Unidos, Alemania,
Francia, se ve que, a lo largo de la última década, década y media, ha
habido un proceso de esto que los economistas, con un anglicismo
horroroso, llamamos «internización» del mercado de trabajo. Dicho de otra
manera, contemplemos dos tipos distintos de empresas, una empresa que
trabaja en un sector tradicional, donde se utiliza mano de obra no
cualificada, tecnología fácilmente accesible a los competidores, produce
un bien muy estandarizado y homogéneo donde cumplir los requisitos de
calidad internacionales es bastante sencillo. En este caso, lo que esa
empresa necesita básicamente es mano de obra no cualificada y barata
porque la tasa de rotación de la mano de obra tiene un coste organizativo
muy pequeño para la empresa: un trabajador es fácilmente sustituible por
otro trabajador, dada su poca cualificación. En empresas que no compiten
en esos sectores, que son naturalmente todas las empresas de sectores de
futuro, la cualificación de la mano de obra es el factor de
competitividad más importante. En este caso, cualquier empresa que haga
inversiones significativas en la formación de la mano de obra de sus
trabajadores tenderá a ofrecerles simultáneamente condiciones
contractuales más de medio plazo que impliquen una colaboración mayor del
trabajador con los objetivos de la empresa. Esto es algo que se observa
en todas las organizaciones importantes extranjeras.
Lo que esto quiere decir es que existe en el mercado de trabajo una parte
de rigideces, que son técnicamente rigideces, pero que es dudoso que sean
malas en el sentido de que están libremente consentidas y van en
beneficio tanto de los trabajadores como de los empresarios. Los
empresarios en sectores estratégicos o de futuro tienden a acorazar una
parte de su mercado de trabajo internamente porque han hecho un esfuerzo
importante de inversión en su formación. Por tanto, la posibilidad de
que, sobre todo en las grandes empresas y en las empresas de sectores con
fuerte futuro, se «internice» parte del mercado de trabajo y se
introduzcan cláusulas que no son generales para el resto de las empresas
y de los trabajadores me parece muy importante. Esto, a su vez, es algo
que solamente se puede conseguir si realmente existen posibilidades de
que, dentro de una misma empresa existan algunos trabajadores que puedan
estar sometidos a prácticas distintas de la contratación colectiva.
Sospecho que éste es un problema enormemente complejo desde el punto de
vista político, pero está claro que en el mundo se va hacia
organizaciones donde las empresas, casi con independencia de su tamaño,
«internizan» una parte del mercado de trabajo cuando se trata de mano de
obra cualificada en la que la empresa ha hecho un esfuerzo importante de
formación. Y si estamos intentando, como luego comentaré a una pregunta
del representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya --supongo
que todos estamos intentando-- forzar o aumentar la importancia de este
tipo de empresas en nuestro tejido industrial, entonces ese tipo de
posibilidades de creación de mercados internos de trabajo es muy
importante.
Tercero, el tema de la excesiva judicialización. Comprendo que quizás
haya sido una expresión alegre por mi parte, pero la mantengo. ¿En qué
sentido? En el sentido de que básicamente, aparte de aumentar el coste de
despido, se trata del tema de la inseguridad jurídica. Es decir, hasta
ahora es absolutamente aleatorio cuál es la sentencia final en la
Magistratura de Trabajo. Es más, no es aleatorio; como es bien sabido, y
yo lo he sufrido por pasiva, como empresario pequeñito, a un abogado
laboralista con experiencia en Madrid le dicen: ¿cuál te ha tocado? ¿No
es la doce o la veintitrés? Pues no tienes ninguna posibilidad de ganar.
Luego lo puedes ganar en el Tribunal Central de Trabajo, pero eso es más
proceso, es decir, más problemas. Fundamentalmente, yo creo que el
problema es la aleatoriedad en las sentencias de Magistratura, pero
sospecho que esto no tiene solución porque, claro, no se puede
desjudicializar el mundo laboral porque la judicialización es una
garantía de los derechos de los trabajadores, y, por tanto, esto hay que
respetarlo radicalmente. Pero, por otra parte, la única vía de salida
sería tratar de diseñar mecanismos de arbitraje algo más imaginativos que
los que existen en estos momentos, y por más imaginativos quiero decir
que no sean mecanismos que lo que hagan sea básicamente valorar cuáles
son los costes de la tramitación del despido por la vía judicial; cada
parte los calcula, y entonces la
empresa está dispuesta, por no asumir esos costes, a pagar incluso algo
más que eso, y los trabajadores, por no tener la inseguridad de cuál es
la decisión final, están dispuestos a negociar en condiciones de
indemnización que son buenas, si además se les suma el seguro de
desempleo, los salarios de tramitación, etcétera.
Por tanto, sigo manteniendo que es mala la excesiva judicialización. Creo
que el recurso a la Magistratura es un derecho fundamental y garantía de
los derechos individuales de los trabajadores y en consecuencia me parece
que sobre eso no se puede hablar, pero mi línea sería fundamentalmente
que debería haber mecanismos de arbitraje y conciliación más flexibles y
más inteligentes que los que existen en estos momentos en el mercado de
trabajo, y que parte de la conflictividad debería orientarse hacia
mecanismos de conciliación y no por la vía judicial necesariamente.
El último punto que ha tratado la señora Villalobos en su intervención ha
sido su preocupación por el 23 por ciento de tasa de paro, el comentario
a la incapacidad de generar empleo. Este es un problema esencialmente,
como es obvio, de política económica general, y no a corto plazo sino a
más largo plazo. Yo siempre he sostenido que los dos defectos
estructurales que tiene la economía española, que se parece mucho al
resto de las economías de la Unión Europea --por mucho que con frecuencia
digamos que somos especiales, no somos tan especiales, salvo en dos cosas
que son muy importantes y que son herencia del pasado esencialmente--
son, en primer lugar, que este país inició su proceso de
reindustrialización en la década de los 40 y los 50 en condiciones de
autarquía y durante dos décadas realizó un esfuerzo importante de
inversión industrial que no tenía en cuenta ni tecnología ni costes ni
precios de los competidores. Por tanto, esto está bien analizado, se
crean empresas en condiciones de reserva de mercado interior, con tamaños
insuficientes porque no exportan y sin objetivos de competitividad
internacional, etcétera. Esta cultura proteccionista, que, por cierto, es
mucho más antigua, como ha señalado el señor Peralta, es de finales del
siglo IX, principios del XX, con el textil catalán y la siderurgia y la
minería vascas, representa un marco de absoluta protección. Esto nos ha
desvinculado hasta 1986 o hasta fechas un poco anteriores de lo que es la
competencia internacional. Yo creo que éste es un lastre que seguimos
teniendo y que ha ayudado a crear una estructura industrial y una
composición de las más productivas que no son las que corresponden a un
país con nuestro nivel de renta. Y la otra gran diferencia es que el
sector público español durante las décadas de los 40, 50 y 60 no ha hecho
una inversión importante en infraestructura civil, y, por tanto, cuando
otros países de la Unión Europea están reconsiderando la aportación del
sector público tanto a protección social, pero éste es el tema que nos
preocupa hoy, como a creación de infraestructura civil, ellos están
volviendo de un modelo en el que tienen la infraestructura civil hecha y
lo que se plantean es temas de mantenimiento esencialmente, no de
ampliación radical, mientras que en nuestro caso no tenemos hecha
infraestructura civil o es muy débil y, por tanto, hay que hacer un
esfuerzo mucho más acusado.
Creo que ésos son los dos temas esenciales y, por supuesto, podríamos
hablar mucho respecto de aspectos de política económica general. Por
ejemplo, yo siempre he sostenido, como es bien sabido, que la peseta
estaba sobrevaluada durante mucho tiempo y yo creo que esto es malo para
la estructura productiva, porque lo que se hace es, posiblemente,
dificultar la expansión del sector más dinámico de la empresa española,
que es el sector exportador, y lo ha sido durante treinta años. Como he
defendido incluso siendo Consejero del Banco de España --lo cual me ha
valido algún rapapolvo, porque no se pueden sostener estas posiciones,
por lo visto, siendo Consejero del Banco de España--, sigo creyendo que
políticas de altos tipos de interés y políticas de tipos de cambio muy
altos no son las idóneas para favorecer la inversión productiva; esto,
por otra parte, es una obviedad que todos ustedes conocen.
Por tanto, claro que me preocupa el 23 por ciento, pero yo creo que es
básicamente un problema, primero, de falta de competitividad en términos
relativos; segundo, de insuficiencia de infraestructuras públicas; y
tercero, de políticas económicas muy orientadas, como objetivo básico, al
control de la inflación, yo diría sobreorientadas al control de la
inflación, que siempre es conveniente pero que, a partir de ciertos
niveles, puede entrar en contradicción con el tipo de objetivos que
podríamos genéricamente llamar reindustrialización o industrialización
--el país no está desindustrializado como para hablar de
reindustrialización--. No sé si con esto he contestado a todos los puntos
que me ha dicho usted, pero en cualquier caso he intentado hacerlo.
Respecto al representante del Grupo Catalán, nada más que agradecer su
opinión coincidente con la mía en los puntos que ha tenido a bien
manifestar que era coincidente y que no manifestara ninguno en que no
estaba de acuerdo.
En cuanto a la intervención del señor Peralta, de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en primer lugar, mi visión del mercado de
trabajo como un mercado más. En alguna medida, he contestado ya. No es un
mercado más, y no es un mercado más porque es un mercado de factor y en
los mercados de factores hay dos aspectos esenciales que los diferencian
de los mercados de productos o de servicios en general, que son: en
primer lugar, que la estabilidad de esos mercados es absolutamente
crucial; mientras que la estabilidad en el mercado de tornillos es
bastante secundaria, la estabilidad en el mercado de trabajo y la
estabilidad en el mercado financiero son absolutamente fundamentales para
la solvencia y la minimización de riesgos y de incertidumbres en un país.
Y, en segundo lugar, por la importancia de los mercados de factores, y es
que cualquier modificación del precio o de la cuantía afecta a muchas
rentas y no a rentas muy localizadas. Por tanto, no creo que sea el
mercado de trabajo un mercado como otro cualquiera.
Una de las críticas fundamentales ha sido al contrato de aprendizaje.
Posiblemente, yo tenga una posición algo distinta respecto del contrato
de aprendizaje. En efecto, ¿cuál
es su objetivo? Dicho de una manera muy descarnada, abaratar la
contratación de mano de obra no cualificada. Yo creo que es un contrato
que está diseñado para un colectivo muy concreto de personas, en estos
momentos entre dieciocho y veinticinco años, que no tienen titulación
alguna y que el mercado de trabajo no es capaz de absorber salvo que:
uno, obtengan cualificación previamente a entrar en el mercado de
trabajo; dos, entre en el mercado de trabajo y obtengan cualificación
dentro de la empresa. La opción es la segunda. Y si la pregunta es si
esto es compatible --como me ha dicho el señor Peralta-- con la
competitividad que queremos de la economía española respecto a la
europea, la contestación sería: si ése fuera el único tipo de mano de
obra cuya entrada hay que facilitar en el mercado de trabajo, no. El tema
es --insisto-- que la importancia del contrato de aprendizaje es que es,
yo creo, un contrato diseñado para un colectivo numéricamente muy acotado
de personas con características muy concretas, para las cuales la opción
no es entrar con un contrato indefinido en una empresa o entrar con un
contrato de aprendizaje, sino que es entrar con un contrato de
aprendizaje o no entrar en la empresa, fundamentalmente, porque es muy
desdichado, pero el hecho crucial es que la mano de obra no cualificada
tendrá siempre un tratamiento en el mercado de trabajo peor que la mano
de obra cualificada. Esto es inevitable, lo cual plantea otro tipo de
cuestiones, que son las de protección de la mano de obra no cualificada,
de protección de las personas que no consiguen entrar en el mercado de
trabajo, que entran y salen con cierta frecuencia.
Respecto a la capacidad de competir por costes de mano de obra, le diré
que, así hecha la pregunta, la contestación es: en parte sí y en parte
no. Desde luego, nadie sensato puede tener en la cabeza el modelo de que
España pueda competir con los nuevos países industrializados o con la
cuenca sur del Mediterráneo en términos salariales, porque sería
inimaginable, aparte de enormemente perjudicial. Lo que ocurre es que
existen algunas actividades productivas que coinciden con eso que
llamamos actividades maduras o tradicionales en la industria, como es
básicamente la siderurgia, la construcción naval, algunas partes del
textil, algunas partes del mueble, donde los costes de mano de obra son
un porcentaje muy elevado de los costes totales. En este caso, la
reducción de los costes de mano de obra es un elemento de competitividad
importante, lo quiera uno o no. La cuestión es que --por razones que he
comentado parcialmente antes-- este tipo de actividades tiene todavía un
peso significativo en la economía española. Por tanto --aunque yo siempre
he sido muy contrario a plantear el problema de la competitividad como un
problema de costes, ni siquiera de precios, sino, básicamente, de
factores no ligados a costes y a precios-- conviene no olvidar que en la
estructura productiva española tienen todavía un peso muy importante
actividades donde el porcentaje que de los costes totales representan los
costes laborales es importante, y en estos sectores sí que se puede ganar
competitividad moderando los crecimientos de los costes laborales. Pero
esto solamente afecta a una parte de las actividades productivas, y
además a las que tienen menos futuro, como es obvio.
Respecto al tema de la dualización que se puede producir en el mercado de
trabajo --para buscar una tercera palabra a las que ha mencionado el
señor Peralta-- es una discusión parecida a la que se tuvo con contratos
no causales frente a contratos causales. En primer lugar, querría señalar
que con relación al contrato de aprendizaje la ley fija porcentajes
mínimos y que la negociación colectiva puede dar lugar a salarios más
altos. Y no me vale la contestación --que no la ha dado usted pero
aprovecho para darla yo, porque me la han dado en otras ocasiones
representantes sindicales-- de que ningún empresario firmará un salario
más alto. Pero los convenios colectivos los firman dos partes. Por tanto,
en esto tengo la misma posición que cuando critico las protestas de los
empresarios de que los salarios crecen mucho en este país: si ustedes
también firman los convenios colectivos; no los firmen. Que va a haber
salarios de aprendizaje menores que el salario mínimo, pues no los firmen
ustedes. Entre otras cosas, el salario de un contrato de aprendizaje,
técnicamente, debería incluir no sólo lo que es el salario, sino lo que
es el coste imputado del proceso de formación, y esto tiene su valor pero
es un componentes no salarial. Y el que este componente de formación sea
efectivo es algo absolutamente crucial, porque, si no, es verdad que el
contrato de aprendizaje servirá solamente para rotar durante dos años
mano de obra no cualificada y mantener la mano de obra no cualificada en
condiciones de no cualificación. Por otra parte, aquí sí me parece que es
un tema fundamental el ver cómo se puede controlar el que realmente el
mínimo del 15 por ciento de formación que implica un contrato de
aprendizaje se lleve a la práctica. En este sentido, las experiencias que
se tienen con la reforma de 1984 respecto de los contratos de formación
es mala. He de decir que posiblemente una modificación de las reglas del
juego en el mercado de trabajo favorezca el que esto no sea tan malo
ahora, pero creo que el aspecto fundamental del contrato de aprendizaje
es no tanto lo que se le paga al trabajador como el obtener una primera
inserción y que se le empiece a formar. Si no se le empieza a formar,
suscribiría cualquier tipo de calificativo de contrato basura, que no
suscribo ahora pero que se oye con cierta frecuencia.
Respecto a si la reforma del mercado de trabajo que están ustedes
discutiendo está en la línea de la opción constitucional por la
negociación colectiva, así como respecto al aumento de causas de despido
y a la aparición de causas organizativas y de producción, particularmente
no entiendo muy bien que son causas organizativas y de producción,
particularmente no entiendo muy bien que son causas organizativas y de
producción. Es más, tengo el temor de que la aparición de causas
organizativas y de producción cause más complicaciones todavía en
Magistratura, porque habrá que ver lo que un juez de lo Social interpreta
que es una causa organizativa o de producción. En esto yo tengo una
posición algo menos maniquea. Yo creo que los empresarios no despiden por
maldad. Básicamente despiden --y éstas serán las causas organizativas y
de producción--, porque incluso aunque tengan beneficios, saben que los
dos años siguientes van a ser malos. Y
a uno, como economista, le resulta difícil negar que un empresario pueda
despedir --existiendo protección al trabajador parado-- si tiene la
certeza o la amplia seguridad de que, aunque hoy tenga beneficios
positivos, dentro de dos años va a estar mal. Es decir, resulta difícil
pensar que a un empresario habría que prohibirle despedir el año 1991
porque tuvo buenos beneficios, sabiendo que en los años 1992 y 1993 le
iba a ir mal. Sin embargo y como siempre, éste es un problema de
equilibrio entre el funcionamiento del mercado y los mecanismos de
protección para las personas que temporalmente salen del mismo, pero creo
que, básicamente, el proyecto de ley va en la línea de aumentar los
contenidos de la negociación colectiva. Si los trabajadores van a ser más
débiles en la negociación colectiva porque ciertas protecciones que
tenían hasta ahora desaparecen o no, ya lo veremos, pero sospecho que lo
que es difícil es pedir simultáneamente mayor margen a las partes de la
negociación colectiva y mayor protección por parte de la Administración
pública a una de las partes, y digo una de las partes porque también hay
protección de la otra parte en algunos aspectos del mercado de trabajo.
Por último, las preguntas del representante del Grupo Socialista señor
Arnau. Fundamentalmente me ha hecho tres preguntas, que son: el papel de
la Administración en la nueva regulación; la importancia de la suma de
costes de contratación y despido; y la supresión de los contratos
temporales de fomento del empleo. Creo que a la última ya he contestado.
Respecto de las otras dos, el papel de la Administración en la nueva
regulación a mí me parece que va en la línea sensata. Reducir las
competencias de la Administración y reducir los controles de la
Administración, partiendo de una situación en que se trataba de un
mercado enormemente regulado y enormemente intervenido, me parece que es
ir en la buena dirección. Ya he comentado antes que yo creo que las
competencias de los inspectores de trabajo (y aquí seguro que hay alguno
porque es prácticamente inevitable) (Risas), por ejemplo, que
corresponden a la legislación antigua, me parecen excesivas. Por tanto,
creo que básicamente va en la buena dirección. Tengo cierto temor, no
obstante, y con esto ligo con una pregunta de la representante del Grupo
Popular, en que la pura sustitución de la Administración por la vía
judicial me plantea algún tipo de problema, pero no voy a insistir en
este tema porque en seguida se me puede acusar de que trato de impedir
que los jueces actúen y dicten sentencias, lo cual no es cierto.
Básicamente yo creo que en la línea razonable, y lo que me preocupa es
que posiblemente la Administración no tiene instrumentos para controlar
el cumplimiento de algunos aspectos de la contratación, como es, por
ejemplo, que en los contratos de aprendizaje realmente el contenido de
formación sea efectivo, y esto es algo que me preocupa.
Respecto de que si como lo relevante es la suma de costes de contratación
o despido, la reforma va en la línea de mantener los de despido, aunque
facilitando en ciertas formas los despidos colectivos por la no
autorización administrativa previa en algunos casos o la limitación de la
autorización administrativa previa, y de reducir los costes de
contratación, si esto va a hacer sustituir trabajadores cualificados
caros por no cualificados baratos, le diré que ninguna empresa con dos
dedos de frente, por tanto que sobreviva, sustituirá trabajadores
cualificados por no cualificados; para eso ya los tendría no cualificados
directamente, que son más baratos. Por tanto, a mí eso no me preocupa
nada. Lo que me preocupa más bien es que los instrumentos cruciales de
competitividad, que a medio plazo son de formación de la mano de obra y
de adquisición de tecnología por parte de las empresas --y ésa es la
competitividad al final, no es otra cosa, y no es nada más ni nada menos
que eso--, que las nuevas modalidades de contratación no sirvan para
facilitar la formación de los trabajadores. Esta es mi preocupación
fundamental con el contrato de aprendizaje, con el contrato de formación
y el contrato en prácticas que sobreviven y con todas las modalidades
contractuales que siguen sobreviviendo.
Con esto creo que he tratado de contestar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al profesor Segura por su
comparecencia.
Señorías, ahora sí que se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.