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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 123, de 01/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 123
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 8
celebrada el martes, 1 de marzo de 1994
ORDEN DEL DIA:
--Deliberación y votación acerca de la solicitud de comparecencia del
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para dar a conocer a la
Cámara su opinión y medidas adoptadas en relación con la venta de Elosúa
al Grupo Italiano Ferruzzi, así como del conjunto de operaciones
financieras de este Grupo en España, actividades relacionadas con las
mismas, y condiciones en que se llevaron a cabo las distintas operaciones
del Grupo Ferruzzi en relación con Elosúa. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000155) (Página 3882)
Proposiciones no de ley:
--Defensa de la agricultura española frente a la apertura del Mercado
Comunitario a terceros países no miembros de la Comunidad Europea, CE.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 35,
de 7-12-93. Número de expediente 161/000075) (Página 3884)
--Medidas a tomar en favor de los productores españoles de patata.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 39,
de 20-12-93. Número de expediente 161/000078) (Página 3890)
--Medidas a tomar para mejorar la situación por la que está atravesando
el sector productor de champiñón en España. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 39, de 20-12-93. Número de
expediente 161/000083) (Página 3894)
--Establecimiento de una línea de ayudas en favor de los agricultores que
dediquen sus explotaciones agrarias a la obtención de productos
biológicos, así como para fomentar el consumo de los mismos. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 41, de 5-1-94.
Número de expediente 161/000088) (Página 3898)
--Medidas a tomar para mejorar la situación del sector productor de ajos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 46,
de 28-1-94. Número de expediente 161/000101) (Página 3904)
--Medidas a tomar en favor del sector productor de algodón en España.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 46,
de 28-1-94. Número de expediente 161/000102) (Página 3909)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
--DELIBERACION Y VOTACION ACERCA DE LA SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL
MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, A PETICION DEL G. P.
FEDERAL IU-IC, PARA DAR A CONOCER A LA CAMARA SU OPINION Y MEDIDAS
ADOPTADAS EN RELACION CON LA VENTA DE ELOSUA AL GRUPO ITALIANO FERRUZZI,
ASI COMO DEL CONJUNTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DE ESTE GRUPO EN ESPAÑA,
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS MISMAS, Y CONDICIONES EN QUE SE LLEVARON
A CABO LAS DISTINTAS OPERACIONES DEL GRUPO FERRUZZI EN RELACION CON
ELOSUA. (Número de expediente 213/000155.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se inicia la sesión.
El primer punto del orden del día es la deliberación y votación acerca de
la solicitud de comparecencia del Ministro de Agricultura en la Comisión,
formulada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para
informar de las medidas adoptadas en relación con la venta de Elosúa al
Grupo italiano Ferruzzi.
Como saben SS. SS., la competencia para la aceptación de las solicitudes
de comparecencia es una competencia que tiene la Comisión. En virtud de
la delegación que normalmente se efectúa al inicio del período de
sesiones, se delega en las mesas este tipo de atribución. No obstante,
por acuerdo de la Mesa y de la Comisión en el inicio de la legislatura,
en el caso de no existir acuerdo en la reunión de la Mesa y la Junta de
Portavoces, como la competencia ya reside inicialmente en la Comisión, se
le plantea a la Comisión la posibilidad de aceptar o no estas solicitudes
de comparecencias. Dado que no hubo acuerdo en la reunión de la Mesa y
Junta de Portavoces acerca de la conveniencia o no de aceptar esta
comparecencia, se va a debatir votar esta solicitud en esta Comisión.
Vamos a dar un pequeño turno para que el Grupo proponente pueda exponer
las razones por las cuales solicita la comparecencia, indicándole que no
se trata de entrar en el fondo de la cuestión, sino solamente, como es
lógico, en las razones que impulsan al Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida a solicitar la comparecencia.
Señora Rivadulla, tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo
mantiene la petición de comparecencia del Ministro de Agricultura
precisamente por la posición divergente que mantuvo este Ministerio en
relación con el Ministerio de Economía y Hacienda. El Ministerio de
Agricultura se mantuvo muy firme para que el Grupo italiano Ferruzzi no
pudiese ejercer el control de la empresa Elosúa, que significaba un
sector estratégico en nuestro país, como es el de la producción de
aceite. Hay que tener en cuenta que durante muchos años los italianos
habían vendido a granel el aceite producido en zonas importantes de
nuestro país y, en el momento en que conseguimos tener una empresa
importante y competitiva, el Ministerio de Agricultura entendió que esta
empresa tenía que mantenerse como patrimonio nacional. Por esa situación,
es decir, por la confrontación que se produjo entre el Ministerio de
Economía y Hacienda, que al final permitió que el Grupo italiano Ferruzzi
tuviese el control de la empresa Elosúa, es por lo que no consideramos
suficiente únicamente la explicación que pueda dar el Ministerio de
Economía y Hacienda, sino que también entendemos importantísimo que el
Ministerio de Agricultura nos explique su actuación y las razones que le
movieron para mantenerla.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, en primer lugar quiero
manifestar que nuestro Grupo no se opone ni se va a oponer a cualquier
información y a la clarificación que se pueda hacer de la venta de Elosúa
al Grupo Ferruzzi. Pero sí, en este caso concreto, en esta situación y en
este trámite procesal, nos oponemos a la solicitud de comparecencia del
Ministro de Agricultura en
esta Comisión. Explicaremos por qué. Porque el mismo Grupo solicitante de
esta comparecencia tiene presentadas multitud de iniciativas sobre el
tema, que están siendo contestadas por el Gobierno, y solicitudes de
comparecencia en esta Cámara del Ministro de Economía y Hacienda, del
Fiscal General del Estado e incluso del Ministro de Justicia; solicitudes
que están siendo tramitadas ya alguna de ellas y otras se ha acordado que
se van a producir.
La opinión de nuestro Grupo es que la primera instancia que debe
responder, como Gobierno, a las actuaciones que el Gobierno ha realizado
en la venta de Elosúa es el Ministerio de Economía y Hacienda, puesto que
la empresa dependía de la Dirección General del Patrimonio. Por tanto,
nosotros entendemos que este trámite procesal debe ser resuelto por el
Ministerio de Economía y Hacienda con su comparecencia. Los trámites que
se refieran a actuaciones de la justicia o a actuaciones judiciales serán
resueltos en la Comisión de Justicia. No se puede prejuzgar --la señora
Rivadulla lo ha hecho y en el «Diario de Sesiones» constará-- y señalar,
antes de que se produzcan las comparecencias, que no le parecen
suficientes las explicaciones que pueda dar el Ministerio de Economía. Yo
creo que hay que esperar a oír las explicaciones que pueda dar el
Ministerio de Economía, y en función de esa satisfacción o no a su Grupo
e incluso al nuestro y a los demás grupos, podremos decidir y podrán
tomarse iniciativas en otro sentido o, incluso, en el de aceptar
comparecencias en esta Comisión del Ministro o de otras personalidades.
Pero en este momento nuestro Grupo cree que el trámite a seguir es, por
un lado, escuchar las explicaciones de los responsables de Economía y,
por otro, escuchar las explicaciones que en el ámbito judicial solicite
el Grupo de Izquierda Unida, por quienes son competentes en la materia.
Creemos que son explicaciones razonables. Llamamos también a esas
posiciones razonables al resto de los grupos, a que no hagamos
simplificaciones que puedan ser caldo de cultivo hacia las demagogias
sobre las posiciones de cada grupo. Nuestro Grupo quiere dejar claro que
no desea ocultar nada de las actuaciones del Gobierno en esa venta al
Grupo Ferruzzi. Lo que sí quiere es que se sigan los trámites que parecen
de más sentido común y más razonables en esta Cámara. Por todas estas
razones, nuestro Grupo se opone a esta solicitud de comparecencia en
estos momentos, puesto que hay las otras pendientes y lo lógico será
esperar a esas explicaciones y no prejuzgar que no van a ser suficientes.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran explicar su voto? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, yo creo que la exposición
que acaba de hacer el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista parte
de un error: la comparecencia del Ministro de Economía ya se ha producido
en la Comisión de Economía, señor Roncero, y las explicaciones fueron
absolutamente insuficientes. Por ello cobra el máximo interés que
conociéramos la posición del Ministro de Agricultura. Estamos tratando
del cambio de titularidad de la mayor empresa aceitera española, por
tanto inmersa en las competencias del Ministerio de Agricultura como
industria emblemática que es del sector aceitero, que tiene una cuota de
mercado de 61.000 millones de pesetas, prácticamente el 22 por ciento del
total del sector aceitero embotellado.
Sería bueno que conociéramos la posición del Ministerio de Agricultura,
que también es propietario de Elosúa y de la aceitera española que
participa de una forma importante, con el 36,4 por ciento del capital de
la sociedad, y que está gestionada, como sabe el señor Roncero, por el
Patrimonio nacional, propietario también de una parte, y por el FORPPA.
Sería bueno que supiéramos los avatares de esta industria, cómo se ha
producido esa privatización, cómo se ha producido la gestión de la misma
por parte del Grupo Ferruzzi, a su vez propietario de otra gran aceitera
española, Koipe, y es natural que la Comisión de Agricultura se llame a
la competencia.
También sería bueno resaltar, señor Presidente, que sería la primera vez,
al menos en los últimos años, que esta Comisión rechazara la
comparecencia de una autoridad a nivel de Ministro que hubiera sido
solicitada por un Grupo Parlamentario. Sería un mal precedente que,
cuando algo ha funcionado perfectamente en el seno de la Comisión de
Agricultura, y es que no hemos obstruido jamás la pretensión de ningún
Grupo Parlamentario y no hemos prejuzgado, por tanto, su pretensión a la
hora de dar luz verde a las comparecencias solicitadas, ahora empezáramos
a hacer esta labor de obstrucción.
Por tanto, señor Presidente, por las razones expuestas, porque yo sí
estuve en la Comisión de Economía y oí lo que dijo el Ministro de
Economía y no me satisfizo en absoluto aquella comparecencia, creo que
tiene máxima actualidad que permitamos que el Ministro de Agricultura,
que tiene competencia directa respecto de los avatares de la principal
aceitera española, comparezca en la Comisión, que parlamentariamente
también tiene competencia sobre el futuro del sector aceitero español.
El señor PRESIDENTE: Señor Roncero, ¿para qué solicita la palabra?
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, sólo por alusiones en
cuanto a la acusación al Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por alusiones, rápidamente.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Muy rápidamente. Por eso insistía en que lo
hiciéramos de manera razonable y no hiciéramos simplificaciones. La
posición del Grupo Socialista no es de obstrucción, sino de
racionalización de la tramitación sobre este tema. Creemos que la
tramitación debe dirigirse en todos sus términos, hasta que pueda salir
de ahí porque se considere inaceptable --pero creemos que no está en esa
fase--, a las informaciones del Ministerio de Economía y Hacienda como
responsable final de la empresa y de la venta, y no al Ministerio de
Agricultura. También hay empresarios privados que han tenido sus
responsabilidades en la propia empresa y, por tanto, creemos que lo que
hay que delimitar y lo que debe informarse exhaustivamente son las
actuaciones del Gobierno en su conjunto, que serán explicadas y ampliadas
por el Ministerio de Economía y las judiciales por el Ministerio de
Justicia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, también por alusiones. Yo
le rogaría al representante del Grupo Socialista que tuviese en cuenta
que mi Grupo no estaba prejuzgando absolutamente nada. Yo era consciente
de que se había producido la comparecencia y que no ha satisfecho,
concretamente, a mi Grupo. Las declaraciones del Ministro Solbes no han
satisfecho en absoluto las pretensiones que nuestro Grupo tenía cuando
pidió su comparecencia.
Por otra parte, también le ruego que, cuando se plantee una proposición
por un Grupo, en este caso como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
no se acuda a la solución fácil de que la pretensión es demagógica.
Estará acertada políticamente o no, pero le ruego que esas alusiones
continuas a la demagogia se las ahorre el representante del Partido
Socialista.
Por otro lado, también quiero preguntarle por qué no puede venir aquí el
Ministro de Agricultura para explicar la actividad de ese Ministerio en
el conjunto de operaciones que dieron lugar a la privatización del Grupo
Elosúa. Pienso que, cuanta más información tengamos los Grupos
Parlamentarios, más claras podremos sacar las conclusiones de cómo se ha
producido, y más teniendo en cuenta que el Fiscal General está
interviniendo ya y que es un tema que va a estar muy presente en la
actualidad, y esta Comisión tiene que estar absolutamente enterada para
poder emitir un juicio de valor sobre este tema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal, en nombre del Grupo
Catalán (Convergència i Unió).
El señor VIDAL I SARDO: Voy a anunciar la posición del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) respecto a esta petición de comparecencia del señor
Ministro de Agricultura para informar a esta Comisión de la venta que el
Departamento del Patrimonio del Estado realizó de la empresa Elosúa al
Grupo italiano Ferruzzi. Nuestro Grupo entiende que tanto por lo
anunciado en la petición de la comparecencia como por los argumentos
alegados aquí por unos y otros Grupos Parlamentarios, unos en defensa de
la iniciativa y otro en contra, y entendiendo que se pide un debate sobre
una operación financiera del Estado, creemos que en realidad corresponde
al Ministerio de Economía y Hacienda dar al Congreso la máxima
información posible (Rumores.), porque es él el responsable de la
operación, además de ser quien controla toda la información y toda la
documentación pertinente al caso concreto de la citada venta y la
correspondiente a la segunda petición, que es más amplia información del
conjunto de intereses y operaciones financieras emprendidas por el Grupo
italiano en España.
Además, como nos consta que ha sido solicitada y aceptada esta
comparecencia del Ministro de Economía para dar una información
monográfica de este tema, y también la del Fiscal del Estado para el
esclarecimiento de presuntas irregularidades que pudieran tener
incidencia penal, pensamos que, por el momento, es innecesaria la
comparecencia del Ministro de Agricultura, porque se reiteraría un debate
del mimo tema, que debe quedar suficientemente resuelto con las
comparecencias de las autoridades que tienen competencia directa. En otro
momento, si esta información no fuera suficiente, nuestro Grupo apoyaría
la comparecencia del Ministro de Agricultura.
El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta solicitud de comparecencia.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEFENSA DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA FRENTE A LA APERTURA DEL MERCADO
COMUNITARIO A TERCEROS PAISES NO MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA (CE).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
161/000075.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a debatir las proposiciones
no de ley que figuran en el orden del día de hoy. La primera de ellas,
que figura como punto segundo, es defensa de la agricultura española
frente a la apertura del Mercado Comunitario a terceros países no
miembros de la Comunidad Europea.
La proposición está formulada por el Grupo Popular y la va a defender el
señor Arqueros.
Tiene la palabra el señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: La Comisión Europea, al final del verano de
1993, aprobó, a propuesta del Comisario de Cooperación y Desarrollo, don
Manuel Marín, una «recomendación» --entre comillas-- dirigida al Consejo
de Ministros de la Comunidad, por la que se preveía una mayor
liberalización del Mercado Comunitario de frutas y hortalizas para
determinados productos originarios de Marruecos, entre los que destaca el
tomate por la fuerte competencia que supondrá para las exportaciones
españolas de este producto, originario fundamentalmente de Almería, del
Levante, de Murcia y de Canarias, y afectaría esta medida también a
hortalizas y a agrios.
Dicha propuesta de la Comisión Europea, de aprobarse, entraría en vigor
en el cuatrienio 1997/2000, y contempla dos vías para la mejora de las
condiciones de acceso al mercado comunitario para los tomates originarios
de Marruecos, que son las siguientes: A) un incremento de los
contingentes de tomates originarios de Marruecos a importar por la
Comunidad Europea con arancel cero, concretamente un 3 por ciento
acumulativo para todo el cuatrienio 1977/2000. B) Las cantidades que
sobrepasen a las exportaciones marroquíes con arancel cero tendrán la
rebaja de hasta el 4 por ciento del tipo reducido del arancel aplicable a
las cantidades de tomate originario de Marruecos, es decir, importados
por los mercados comunitarios por encima de los contingentes señalados.
Tal propuesta es totalmente lesiva para los intereses agrarios españoles
y muy especialmente para los agricultores productores de tomate y para la
propia economía nacional, toda vez que el incremento de las exportaciones
de productos agrícolas por parte de Marruecos hacia mercados comunitarios
se hace a costa casi exclusiva de las propias exportaciones españolas.
Hay que tener en cuenta que las producciones marroquíes llegan a los
mercados de la Unión Europea a unos precios muy inferiores a los
españoles, habida cuenta de sus mínimos costes de cultivo por los bajos
salarios que se pagan en Marruecos, además de la no existencia de costes
de Seguridad Social, o con una mínima presión fiscal, la tierra es más
barata, el agua tiene un coste de cuatro pesetas metro cúbico, los
salarios son del orden de las 320 pesetas día, los abonos son menos
caros, pero es que, además, los abonos importados de la Unión Europea son
para los marroquíes más baratos que para los agricultores españoles; no
hay convenios colectivos, no hay ordenanzas laborales, existen grandes
concentraciones en la propiedad, no el minifundio español. Ayer mismo
decía el Ministro de Agricultura que se le va a dar un crédito de 150.000
millones para crear la segunda mayor presa de Africa, después de la de
Asuán, que va a regar 130.000 hectáreas. Eso, a la larga, va a ser en
perjuicio de la agricultura española.
Por este motivo y ante el grave daño que la aprobación de dicha propuesta
puede causar a la agricultura de Almería, gran número de ayuntamientos de
esta provincia han aprobado mociones, prácticamente por unanimidad de
todos los concejales, en el sentido de instar al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para que defienda a los agricultores
españoles y se realicen cuantas gestiones sean precisas para que el
Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea desestime la
recomendación de la Comisión Europea del Comisario señor Marín, que
propugna una mayor apertura del mercado comunitario a determinados
productos agrícolas procedentes de Marruecos.
El Grupo Popular es solidario para con el Norte de Africa, pero esa
solidaridad no la han de pagar los agricultores españoles, especialmente
mediterráneos. Nuestra solidaridad debe ser muy especial para con
nuestros agricultores, para con nuestra economía.
Estas medidas propuestas por el Comisario señor Marín, de acuerdo que
favorecerían a Marruecos, y también a las grandes potencias industriales
de la Unión Europea, que, a cambio, venderían sus productos, sus bienes
de equipo, a un nuevo mercado norteafricano, pero todo ello iría en claro
perjuicio de nuestra agricultura mediterránea y canaria.
Ayer tarde, en esta Comisión, durante la comparecencia del señor Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación para informar sobre la postura del
Gobierno español en relación con las negociaciones del establecimiento de
una zona de libre cambio entre la Unión Europea y el Norte de Africa,
advertí que todos los grupos parlamentarios de la Cámara, menos el
socialista, recriminaban y advertían al Ministro que el Tratado con el
Norte de Africa desprotegía a nuestros agricultores. Igual valoración
hago ahora, y espero que los grupos parlamentarios, en base al mismo
fundamento, apoyen la proposición no de ley tendente a desestimar la
recomendación del Comisario señor Marín a la Comisión Europea, incluso
que la apoye el Grupo Socialista, ya que la misma está fundada en
mociones aprobadas por la práctica unanimidad de Ayuntamientos
almerienses, como El Egido, Adra, Roquetas, Cuevas del Almanzora, entre
otros; todos, menos el primero, de mayoría y gobierno municipales
socialistas. Por eso invito al Grupo Socialista en el Congreso a que
apoye la proposición no de ley del Grupo Popular. No sería muy
comprensible que los señores socialistas digan unas cosas en los pueblos
almerienses y aquí lo contrario y sean rechazadas sus peticiones. ¿Cómo
podemos hacer comprender esta disparidad de criterios y cambios de
opinión a los sufridos, honrados y laboriosos trabajadores del campo
español?
Por todo ello, y por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente proposición no de ley: «El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que, en defensa de los agricultores
españoles, realice cuantas gestiones sean precisas para que el Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea desestime la recomendación
de la Comisión Europea, que propugna una mayor apertura del mercado
comunitario a determinados productos agrícolas procedentes de Marruecos,
y, en todo caso, obtenga de la Comisión Europea las compensaciones
suficientes en favor de los agricultores españoles que están gravemente
perjudicados por las elevadas importaciones que la CE realiza de terceros
países no comunitarios.»
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arqueros.
Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda del Grupo
Socialista. Para defender y explicar la posición respecto a la
globalidad, tiene la palabra el señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, de entrada debo dejar claramente puesto de
manifiesto, tal y como ayer declarábamos en la comparecencia del señor
Ministro de
Agricultura, que el Grupo Socialista está plenamente convencido de las
actuaciones en defensa de la agricultura española, partiendo del sector
hortofrutícola, por parte del Gobierno español, así como del intento,
difícil, pero evidente, de hacer compatible esta defensa con el
reforzamiento y la intensificación de las relaciones de España con los
países del Norte de Africa y muy especialmente con Marruecos.
En consecuencia, a nuestro juicio no procede adoptar la estrategia
planteada en la oposición no de ley que hoy presenta el Grupo Popular. De
ahí, ya digo, de entrada, nuestra posición contraria.
He de señalar, tal como decía ayer, que España concede una extraordinaria
importancia a las relaciones de nuestro país con el Reino de Marruecos,
al que consideramos, naturalmente, un país amigo, al que consideramos un
aliado de primer orden y que, consiguientemente, nos empeñamos en
privilegiar con este tipo de relaciones. En esta línea, como todas SS.
SS. conocen, el anterior Ministro de Asuntos Exteriores español lanzó la
iniciativa en la Comunidad Europea de intensificar y de mejorar las
relaciones de España con Marruecos, en todos los aspectos, pero muy
particularmente en el aspecto político. El interés manifiesto de España
por conseguir que un país de gran interés geoestratégico para nosotros
refuerce su situación política, intensifique sus planteamientos
democráticos y de libertad económica, llevaron al Gobierno español a
solicitar un nuevo acuerdo preferencial, no solamente con Marruecos, como
digo, sino con el conjunto de los países del Norte de Africa. Primera
idea, en consecuencia, a retener, señorías: la iniciativa política para
la suscripción de un nuevo acuerdo preferencial con Marruecos corresponde
al Gobierno español.
La segunda idea que me interesa dejar claramente puesta de manifiesto es
la amplitud de objetivos de carácter político, económico, cultural,
financiero, social, etcétera, que se contienen en el proyecto de
directrices, en el ya hoy mandato negociador emanado de la Comunidad para
la suscripción de un nuevo Acuerdo preferencial con Marruecos y con los
países del Norte de Africa, el reforzamiento de su desarrollo político,
el compromiso de respeto a los derechos humanos, los principios
democráticos y de libertad económica, la instalación de un diálogo
político y social para temas bilaterales y para temas multilaterales de
interés conjunto, el desarrollo de un diálogo cultural, etcétera. En
suma, diálogo político, cooperación económica, social y cultural serán
las bases, los ejes del nuevo acuerdo a suscribir por la Comunidad con
Marruecos. Ni que decir tiene, y SS. SS. tienen en su poder, como ayer
comprobamos, las directrices o el mandato negociador de la Comunidad para
la suscripción del nuevo acuerdo con los países del Norte de Africa, que
en el mismo se contienen capítulos de la más diversa cooperación
económica, política y social: educación o transporte, telecomunicación y
tecnología de la información, cooperación científica y tecnológica,
cooperación en el campo energético, medio ambiente, lucha contra la droga
y blanqueo de capitales, etcétera.
En el ámbito de los intercambios comerciales, se persigue --esto es
verdad-- la liberalización total y recíproca para los productos
industriales, que se habrá de llevar a cabo --tal y como establece el
mandato negociador-- de forma progresiva; aunque también queda claramente
establecida la liberalización de los intercambios agrícolas. Las
directrices de negociación en la primera etapa que, como bien ha dicho el
portavoz del Grupo Popular, se extenderán hasta el año 2000, en ningún
momento hablan de una zona de libre cambio, sino de una mayor
liberalización en materia agrícola y no solamente hortofrutícola. Yo ayer
recordaba, en la comparecencia del Ministro, cómo en el propio mandato
negociador se contiene que después del quinto año la Comunidad y los
países afectados, Marruecos, Túnez, etcétera, realizarán el seguimiento
de la mayor liberalización en los intercambios para plantear nuevas
etapas progresivas a partir del sexto año.
Puesto que al grupo proponente parece preocuparle, por las referencias
que ha hecho, especialmente el tema de la exportación de tomate, voy a
detenerme unos instantes en este tema. Como ustedes conocen, la
competencia con el tomate marroquí en los mercados comunitarios se
presenta fundamentalmente para el tomate español en los meses de enero a
marzo, no constituyendo en principio ningún problema en el resto de la
campaña de comercialización, puesto que hay un precio de referencia o, a
partir de los Acuerdos del GATT, un precio de entrada, desde el 1 de
abril hasta el 20 de diciembre. Las exportaciones que a la Comunidad
Europea realizamos tanto España como Marruecos en los tres primeros meses
del año han evolucionado de la siguiente forma: Marruecos exportó en el
año 1986 43.134 toneladas, y en 1933, siete años después, 88.318
toneladas en estos tres primeros meses del año; es decir, ha habido un
incremento de 45.184 toneladas. España ha pasado de 169.030 toneladas en
1986 a 247.558 en 1933 o, lo que es lo mismo, un incremento de 78.528
toneladas. Es decir, que el aumento de la exportación de Marruecos en
absoluto ha ido en detrimento de la exportación de tomate español a la
Comunidad. Además, las exportaciones totales del conjunto del año a la
Comunidad han supuesto un récord en España en la campaña 1992-93, al
alcanzar las 464.110 toneladas. Como ustedes conocen, con la política
mediterránea renovada, que se aprobó en junio de 1992 y que actualmente
está vigente, los derechos arancelarios aplicables al tomate han sido
eliminados para un contingente aproximadamente de 92.000 toneladas, que
además se incrementarán hasta 96.300 en 1995. Las cantidades que exceden
dicho contingente abonan un derecho preferencial del 4,4 por ciento «ad
valorem». Este derecho no se prevé rebajarlo --por lo menos que este
Grupo conozca-- al 4 por ciento, como afirma en su proposición no de ley
el Grupo Popular.
El Gobierno ha planteado --y ustedes lo conocen perfectamente-- la
necesidad de garantizar para el sector hortofrutícola una preferencia
comunitaria efectiva. El caso quizá más significativo es, desde luego, el
del tomate, para el que durante los meses de enero a marzo no se aplican
precios de referencia o precios de entrada. España viene solicitando --y
ustedes son perfectamente conscientes de ello-- la modificación de los
calendarios de aplicación de los precios de referencia. El señor Ministro
--nos lo
recordaba ayer en la Comisión-- planteó en el Consejo de Asuntos
Generales, de 7 de diciembre de 1993, que aprobó las directrices de
negociación o el mandato negociador, que si no se modificaban los
calendarios de aplicación de los precios de referencia, España no
ratificaría en su momento el acuerdo. En los momentos finales de la Ronda
Uruguay se ha conseguido, tal y como ayer manifestaba, un acuerdo
político al más alto nivel, Comisión y Consejo, para modificar estos
calendarios de los precios de referencia. Concretamente, se ampliarán,
una vez esté modificada la OCM de productos mediterráneos, a los meses de
enero, febrero y marzo los precios de referencia para el tomate.
En definitiva, señorías --y voy terminando, señor Presidente--, a nuestro
juicio los esfuerzos del Gobierno para que el nuevo acuerdo preferencial
respete los derechos españoles son evidentes: evitar el incremento
excesivo de los contingentes, modificar los calendarios de los precios de
referencia y fomentar la producción en Marruecos de productos agrarios
deficitarios y diversificar sus producciones agrarias; de ahí la
propuesta española de ofrecer nuevos contingentes para una serie de
productos que actualmente figuran en el régimen bilateral francés, y que
no han sido tenidos en cuenta en la propuesta de la Comisión.
En conclusión, señoras y señores Diputados, la ampliación de los
calendarios de los precios de referencia a enero, febrero y marzo, por
una parte, el establecimiento de los contingentes previsto en el mandato
negociador efectuado en el Consejo de Ministros del pasado 7 de
diciembre, con cuyos niveles --quizá con la excepción de flores-- España
ha mostrado su conformidad, incluso el incremento del 3 por ciento anual
previsto entre 1997 y el año 2000, con el que en principio no estamos de
acuerdo, pero que tampoco sería imposible de asumir, nos permite afirmar,
en consonancia con lo defendido por el señor Ministro de Agricultura, que
ya puede existir un amplio margen de maniobra para ratificar el nuevo
acuerdo; eso sí, una vez que ya haya sido negociado, lo que no se prevé
quizá antes de unos cuatro o cinco meses.
Además, señor Presidente, permítame dos puntualizaciones: Primera, la
proposición aboga porque el Consejo de Ministros de Agricultura desestime
el proyecto de directrices, yo no diría de recomendación. Al respecto
debo recordar al grupo proponente que las decisiones en materia de
política comercial común corresponden al Consejo de Ministros de Asuntos
Exteriores, que decide por mayoría cualificada, según lo establece el
procedimiento general del artículo 113 y siguiente del Tratado de Roma. Y
en segundo lugar, que no hay justificación económica para solicitar
compensaciones cuando todavía está en plena negociación el nuevo acuerdo
euromagrebí.
Por consiguiente, pensamos que se están defendiendo los intereses
nacionales, no solamente los hortofrutícolas, con amplias miras --y en
esto sí que quiero poner especial énfasis-- políticas, sociales,
culturales y económicas y que, en consecuencia, no procede adoptar la
estrategia planteada por el Partido Popular. No obstante, en consonancia
con la moción aprobada en el Pleno, en el primer período de sesiones de
esta legislatura, sí que proponemos una enmienda de sustitución a la
planteada hoy por el Grupo Popular, que se establece en los siguientes
términos: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
establezca en breve plazo ayudas a la modernización de la producción de
tomate consistente en la bonificación de intereses a las inversiones que
tengan por objetivos: uno, reducir los costes de producción; dos,
racionalizar el aprovisionamiento y empleo de los medios de producción;
tres, mejorar el nivel técnico de la explotación, especialmente en los
problemas sanitarios causados por los virus y sus formas de transmisión,
y cuatro, la adaptación de las explotaciones con vistas a reducir los
costes de producción, ahorrar energía o agua, o incorporación de nuevas
tecnologías, incluidas las de la informatización.»
Esto permitiría continuar con la actual estrategia negociadora del
Gobierno español, que consideramos adecuada, y, por otra parte,
implementar, en consonancia con lo ya aprobado por todos los grupos,
medidas que favorezcan el desarrollo del sector del tomate.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate para
fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Canario,
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Voy a ser muy breve, señor Presidente, y
dentro de la óptica de la solidaridad agraria que deduzco que existe, por
la exposición del portavoz del Grupo Popular proponente, en el fondo de
esta proposición no de ley, dado que aunque hay una especial referencia
en los fundamentos a los posibles daños que en la producción
hortofrutícola, concretamente de tomate, se pueden producir en la
provincia de Almería, no son menores los que afectan fundamentalmente a
la economía de Canarias, que tiene en el tomate precisamente el segundo
renglón, después del plátano, de sus producciones de exportación hacia
los mercados comunitarios de la Unión Europea y, por tanto, entran en
competencia directa con lo que aquí se ha dicho tanto por el portavoz del
Grupo Popular como por el portavoz del Grupo Socialista con respecto a
las producciones marroquíes. Estamos de acuerdo con el fondo de esta
proposición no de ley que nos trae el Grupo Popular en la medida en que
la voy a comparar con la enmienda del Grupo Socialista, porque, a nuestro
juicio, son dos cuestiones diferentes, pero complementarias. La
proposición no de ley del Grupo Popular es una recomendación o una
instancia al Gobierno sobre su gestión en los órganos comunitarios, bien
de Ministros de Agricultura, bien de Ministros de Comercio, bien de
Ministros de Asuntos Exteriores o de cualquiera que sea el nivel de los
consejos del ámbito de la Unión Europea. Por tanto, debe ser objeto, por
un lado, de un tratamiento, de una política específica de gestión dentro
de los ambientes de la Unión Europea y, por otro lado --y aquí está el
aspecto complementario con respecto a la enmienda del Grupo Socialista,
que a nosotros nos parece bien si va a ser aceptada por el Grupo
Popular--, sería necesario también, vuelvo a decir, buscar la
complementariedad porque la enmienda del Grupo Socialista, a nuestro
juicio, se dirige
como medida interna hacia la Administración agraria española, y
precisamente en su comparecencia del año pasado, el Secretario General de
Producciones Agrarias ante la Comisión de Agricultura para el estudio de
los Presupuestos Generales del Estado anunció la preparación de un real
decreto conteniendo medidas de fomento o de apoyo a la producción del
tomate español, concretamente por la línea de bonificación de intereses.
Nos parece muy interesante la línea de los créditos subvencionados, la
línea de bonificación de intereses en los convenios que las unidades del
Ministerio de Agricultura, como el IRYDA, viene realizando con entidades
de crédito y ahorro en España, como son las cajas o los bancos, para
bonificar precisamente estos intereses.
Estamos de acuerdo en la enmienda del Grupo Socialista, pero dentro de
los cuatro puntos específicos que contiene dentro de la bonificación de
intereses hay uno que es verdaderamente muy delicado y en el que pediría
una reconsideración. Es el punto tercero, cuando habla de mejorar el
nivel técnico de la explotación, especialmente de los problemas
sanitarios causados por los virus. Es una recomendación. Los reglamentos
sanitarios dentro de la Unión Europea, como saben SS. SS., muchas veces
son utilizados como discriminatorios para levantar barreras a la
importación de determinados productos. Si encima nos van a decir que, a
nivel de una Comisión del Congreso, reconocemos la existencia de
problemas sanitarios causados por virus, difícil se lo estamos poniendo a
la exportación de los tomates españoles. Estos se van a agarrar a un
clavo ardiendo y cualquier país va a decir que los propios españoles
reconocen que sus tomates están infectados por virus. Pediría una
recomendación muy cautelar. Si es preciso, que se acepte aquí una
enmienda «in voce», pero hemos de evitarlo, porque no hay país que
reconozca implícita y expresamente enfermedades, y más en el caso de
enfermedades víricas. No estamos hablando de ectoparásitos u otros
organismos que se vean en una inspección fitosanitaria realizada por las
autoridades del Soivre. ¿Hacer una referencia al nivel técnico de la
explotación? Correctísimo. ¿Introducir ahí problemas de garantías
fitosanitarias? De acuerdo.
Otro de los problemas que tiene en este momento el tomate español, igual
que el tomate holandés o el francés, es el derivado del tratamiento con
fitohormonas y problemas de genética, que están dentro de los costes con
los que hoy en día tiene que enfrentarse cualquier agricultor para
mejorar la calidad, aunque sea visual, de presentación de sus productos.
Pediría al Grupo Socialista una reconsideración porque es muy peligroso
hablar a niveles internacionales de efectos causados por los virus en los
tomates españoles para la exportación. No digo que eso se enmascare, pero
sí que se presente de otra manera, porque tampoco es cierto porque
nuestros tomates están saliendo con una altísima calidad fitosanitaria y
esto lo pondría en cuestión. Que una explotación determinada tenga
problemas de una determinada contaminación, eso ocurre en cualquier
población vegetal o animal.
Por tanto, mostramos nuestro apoyo a todo lo que sean medidas tendentes a
la protección del mercado del tomate español, de cualquiera de sus
regiones productoras, y hacemos una reflexión muy importante y
suscribimos lo que ha dicho el portavoz socialista de que de una vez por
todas es necesario suprimir esos tres meses críticos, de enero a marzo,
en los que estamos totalmente desprovistos y desarmados de los precios de
referencia y, por tanto, reiteramos que apoyaremos cualquier gestión
administrativa, política, etcétera, tendente a la ampliación del
calendario.
Ya hubo un compromiso de nuestro propio Ministro de Agricultura, a una
pregunta de este Diputado, y me pareció entenderle que ya estaba resuelto
el problema de la ampliación de los calendarios de los precios de
referencia. Parece ser que la realidad no ha sido así. Resuélvase este
problema en el contencioso con Marruecos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència iUnió),
tiene la palabra el señor Vidal
El señor VIDAL I SARDO: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) participa de los temores que han motivado la proposición no de ley
que presenta el Partido Popular respecto a las importaciones de frutas y
hortalizas de terceros países, especialmente los de la zona del Magreb,
como consecuencia de una mayor apertura del mercado comunitario a estos
terceros países, algunos de ellos con tratados preferenciales con algunos
países comunitarios, y que ahora por especial recomendación de la
Comisión de Agricultura de la Unión Europea se generalizan al conjunto de
la Comunidad, ampliándose sus concesiones.
En el debate subsiguiente a la comparecencia del señor Ministro,
celebrada ayer, nuestro Grupo ya dejó patentes estos fundados temores y
la necesidad de que se tomaran precauciones en una serie de productos,
especialmente respecto al tomate.
También en la moción marco del GATT y de otras medidas de política
agraria, presentada por mi Grupo, y que fue aprobada por unanimidad de
todas las fuerzas políticas en el Pleno del Congreso, propusimos un
conjunto de medidas para contrarrestar los posibles efectos perniciosos
de la ampliación del tratado preferencial con estos países del Magreb.
Estas medidas tenían dos vertientes complementarias, las relacionadas con
el Mercado Común, que urgían la modificación de los calendarios de
importaciones y la obtención para nuestras frutas y verduras de una OCM
que compensara los excedentes posibles y los bajos precios, que
desplegara cláusulas de salvaguarda en caso de graves perturbaciones del
mercado, así como cláusulas de preferencia comunitaria.
Nuestra propuesta ya aprobada, tal como decía, se completaba con algunas
medidas de política agraria interna que ahora quedan definidas y
ampliadas en la enmienda de sustitución socialista que votaremos
favorablemente en el caso de ser aceptada por el Partido Popular. No
podríamos votar la impugnación de una recomendación de la Comisión
Europea porque pensamos que éste no es el camino acertado. A nuestro
juicio, lo es la OCM y las medidas internas propuestas por la enmienda de
sustitución socialista.
También nos parece acertada la recomendación que acaba de hacer el
Diputado y compañero don Luis Mardones respecto a los virus.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: El Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en el debate que tuvo lugar ayer tarde con
motivo de la comparecencia del señor Ministro, expresamos nuestro
criterio respecto al contenido de la proposición no de ley del Partido
Popular. Efectivamente, expresábamos la importancia que para la Unión
Europea y para España tiene el lograr un acuerdo global con Marruecos que
abarque aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Decíamos
en esa ocasión que el tema del Magreb es importantísimo para el Estado
español, y como Diputada y mujer de izquierdas entiendo que también es un
tema de principio el hecho de que podamos contribuir todos, el
Mediterráneo Norte y el Mediterráneo Sur, a un mayor equilibrio del
entorno y a un crecimiento sostenible por parte de todos los países de la
zona.
No compartimos la proposición no de ley del Grupo Popular por cuanto
entendemos que no podemos estar absolutamente en contra del conjunto del
mandato negociador de la Comisión. (Rumores.) Expresábamos ayer la
importancia...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rivadulla.
Ruego silencio, por favor.
La señora RIVADULLA GRACIA: Expresábamos ayer la importancia de que los
sectores que podrían verse perjudicados por un tratamiento preferente
hacia el Reino de Marruecos o hacia otros países del Magreb, como son
aquellos productores de frutas y hortalizas, en conjunto productos
mediterráneos, tuviesen una salvaguarda, que no es la cláusula de
salvaguarda, por parte de la Comisión, por cuanto no podían ser los
paganos del acuerdo global que podamos tener con el Reino de Marruecos o
con otros países del Magreb.
En ese sentido, instábamos al Ministro a que solicitase la inmediata
puesta en vigor de los calendarios de precios de referencia y a que se
formulase ya la Organización Común de Mercados para frutas y hortalizas.
Señalábamos también nuestra prevención con respecto a que la actividad
económica de Marruecos pudiese verse distorsionada por la actuación de
empresas multinacionales o no, como dijo el señor Ministro, que en lugar
de contribuir a que el Reino de Marruecos pudiese adquirir unas cuotas de
crecimiento económico que le llevasen también a un desarrollo del sistema
democrático pudiesen incidir en una mayor explotación o en una mayor
especulación. Nosotros pedíamos que esas actividades económicas se
tuviesen en cuenta por parte de la Unión Europea y que se atendiesen las
reclamaciones del Parlamento Europeo en el sentido de no colaborar con
sistemas que no tengan todavía perfeccionado el sistema democrático de
tal manera que estemos consolidando este tipo de regímenes. Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya estaría en condiciones de aceptar la
segunda parte de la proposición no de ley, sin prejuzgar que eso se vaya
a producir, y sería en el caso de que esos sectores productores de
tomates, frutas y hortalizas en general se viesen perjudicados por los
objetivos del acuerdo global con Marruecos. En ese sentido, nosotros
reclamaríamos compensaciones económicas para que no fueran concreta y
específicamente esos sectores los que se hicieran cargo del coste que
pudiese suponer el acuerdo.
Con respecto a la enmienda del Grupo Socialista, estamos de acuerdo con
la prevención que ha explicado el representante de Coalición Canaria,
pero entendemos que es otra proposición no de ley. De todas maneras, si
el Grupo Popular la acepta, nosotros la aceptaríamos también, pero
entendemos que es otra proposición no de ley.
Quisiera aprovechar también este punto para hacer una reflexión en el
sentido de intentar conseguir un ahorro en la economía de nuestra
actividad, ya que si este tema fue objeto de una moción aprobada en
Pleno, no reiteremos cuestiones que ya han sido tratadas. Es una
reflexión que yo, como Diputada, hago a esta Comisión.
No he entendido tampoco la expresión del Grupo Socialista cuando ha dicho
que el tema de los calendarios de referencia quedaría supeditado a la
aprobación de la OCM. Yo entendí ayer al Ministro que los calendarios
estaban aprobados y que pensaba que debían de entrar en vigor este mes,
aunque la propuesta sobre la Organización Común de Mercados todavía no
estaba encima de la mesa y que hasta mayo o junio no se vería esta
propuesta. Por tanto, creo que continúa habiendo una confusión al
respecto que convendría ir solucionando entre todos.
En conclusión, estaríamos de acuerdo con la segunda parte de la
proposición no de ley del Grupo Popular por cuanto que garantizaría que
esos sectores no fueran perjudicados y que todo ello repercutiría sobre
la Unión Europea. Compartimos también la proposición no de ley del Grupo
Socialista, aunque entendemos que es otra, pero si el Grupo Popular la
acepta, nosotros también lo haríamos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arqueros Orozco.
El señor ARQUEROS OROZCO: Los agricultores españoles, las organizaciones
agrícolas, las cooperativas y los sindicatos son los que nos han
planteado estas cuestiones, así como los ayuntamientos socialistas de la
provincia de Almería. Y yo me pregunto: ¿es que todos estos colectivos se
están quejando de vicio? ¿O es que esos agricultores...?
El señor PRESIDENTE: Señor Arqueros, S. S. conoce la finalidad de este
turno. Le ruego se ciña a la aceptación o no de la enmienda del Grupo
Socialista.
El señor ARQUEROS OROZCO: De acuerdo, señor Presidente.
La enmienda que presenta el Grupo Socialista, a nuestro entender, es
vaga, dice poco y, sobre todo, desvirtúa la motivación de la proposición
no de ley del Grupo Popular; es etérea, es vaga, no concreta, habla «sine
die» --habla de un breve plazo y yo me temo que ese breve plazo sea un
«sine die»-- y habla también de reducir los costes de producción, pero
sin concretar cómo. Y yo pregunto: ¿cómo, con una menor presión fiscal y
con abonos más baratos, se puede hacer eso? Yo le rogaría que me
concretase ese punto.
En cuanto al tercer punto relativo a los problemas sanitarios, pienso que
tanto las comunidades autónomas españolas como el Ministerio de
Agricultura estarán haciéndolo ya, puesto que es una tarea de oficio; en
su oficio de gobernar tienen que tener previsto todo esto. ¿O es que no
se está haciendo y por eso lo proponen ahora los socialistas?
Estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones del Diputado don Luis
Mardones, haciendo hincapié, como él mismo ha hecho, en que estas
enmiendas socialistas son diferentes totalmente a la proposición no de
ley del Grupo Popular, pero sí pueden ser complementarias. Por tanto,
nosotros podríamos aceptar esas enmiendas como enmiendas de adición, pero
no como enmiendas de sustitución. Como también se ha dicho aquí, parece
una segunda proposición no de ley que pueden presentar y que la
aprobaremos como enmienda de adición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Mesa, del Grupo
Parlamentario Socialista, para decir si acepta o no esta propuesta.
El señor MARTIN MESA: De entrada, he de decir que nos parece más acertada
la redacción que del tercer punto de nuestra propuesta realizaba el señor
Mardones, en el sentido de que ése era nuestro espíritu y no, en
absoluto, que nosotros reconociéramos la existencia de problemas
fitosanitarios, sino que, sencillamente, queríamos poner de manifiesto
que cualquier inversión que se llevara a cabo en el sector para mejorar
el nivel técnico también fuera en esa dirección. Ese era el espíritu y no
otro.
Con respecto a la afirmación del Grupo Popular de que seamos más
sensatos, he de decir que esa reflexión también se la puede aplicar el
propio Grupo Popular. Cuando se está en pleno proceso de negociación, la
sensatez, en contra de las afirmaciones de que las cosas van mal como
forma generalizada, facilitaría las negociaciones con terceros países por
parte de España.
Señorías, el objetivo de la enmienda que nosotros proponíamos no es otro
que el de incrementar la competitividad de las explotaciones y para ello
le aclaro al portavoz del Grupo Popular que la reducción de costes de
producción se instrumenta a partir de la bonificación de tipos de
interés. Si el Grupo Popular acepta la enmienda, nosotros estaríamos de
acuerdo en rectificar el punto tercero y plantearlo según lo expuesto por
el señor Mardones, es decir, poniendo de manifiesto que hay que mejorar
el nivel técnico de la explotación y sus garantías fitosanitarias y
genéticas.
El señor PRESIDENTE: Lo que yo he entendido de la intervención del Grupo
Parlamentario Popular es que aceptaban la enmienda como añadido, pero no
como sustitución de su proposición no de ley. Por tanto, si el Grupo
Socialista la formula como sustitución del texto, entiendo que el Grupo
Popular no la acepta. ¿Es así, señor Arqueros?
El señor ARQUEROS OROZCO: Efectivamente, señor Presidente, no la
aceptamos como sustitución, puesto que esto es algo que ya le viene al
Gobierno de oficio y tiene que hacerlo, y si no lo ha hecho, pues un
cero.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Arqueros. (El señor Arqueros
Orozco pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, se me había olvidado decir
que aceptamos también lo que ha dicho el representante del Grupo
Socialista en el sentido de que en vez de figurar en la proposición no de
ley el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que,
efectivamente, sea el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la
Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, a la votación de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular, con la modificación del texto que ha
indicado el señor Arqueros.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 23; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular.
--MEDIDAS A TOMAR EN FAVOR DE LOS PRODUCTORES ESPAÑOLES DE PATATA.
PRESENTADA POR EL G. P. POPULAR. (Número de expediente 161/000078.)
El señor PRESIDENTE: El tercer punto del orden del día es la proposición
no de ley que insta al Gobierno a tomar medidas en favor de los
productores españoles de patata. La proposición ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, y para defenderla tiene la palabra el señor
Isasi. (Varios señores Diputados abandonan la Comisión.)
El señor ISASI GOMEZ: Una vez más, vamos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Isasi. Ruego guarden silencio.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Isasi, puede continuar su intervención.
El señor ISASI GOMEZ: Ya veo que no atrae mucho el tema a los señores
Diputados, aunque confío que, cuando menos, el consumo sea más agradable.
(La señora Pelayo Duque: Mucha patata.) Es verdad que va habiendo en esta
Cámara mucha patata, pero también es verdad que los problemas del sector
son abundantes. El Grupo Popular es altamente sensible a los problemas de
este sector y a buscar las mejores soluciones para el mismo. Por ello, en
los últimos tiempos hemos venido debatiendo en varias ocasiones los
problemas que afectan al sector de la patata.
Señorías, este sector, por humilde que pueda parecer, es fundamental en
nuestro país, se cultiva en numerosas comarcas y provincias españolas;
sin riesgo a equivocarnos podríamos afirmar que en la práctica totalidad
de las provincias españolas con más o menos intensidad se están
produciendo patatas en explotaciones familiares, explotaciones pequeñas,
en parcelas pequeñas, en definitiva, por parte de modestos agricultores
que en demasiadas ocasiones dependen casi en exclusiva de la economía de
este producto. Pero la situación del mercado en los últimos años, yo
diría que en los últimos tiempos, viene siendo muy errática, porque es
uno de los productos que no está ordenado en la Comunidad Económica
Europea, hay intereses económicos dentro de los propios Estados miembros
de la Comunidad, de esos Estados miembros que controlan fundamentalmente
las decisiones de la Comunidad para que no se ordene, para que no se
regule, para que no exista una organización común de mercado de la
patata, y ello porque a partir de 1985 ó 1986, año en que España empezó a
formar parte de la Comunidad Económica Europea, prácticamente fuimos
invadidos por este producto desde los Estados miembros, en el mejor de
los casos, y desde terceros países a través de los Estados miembros de la
Unión Europea.
Señorías, en la producción de patatas en la Unión Europea España se sitúa
en segundo lugar en cuanto a superficie dedicada a tal fin, con una
producción total de poco más de los cinco millones de toneladas, pero con
un rendimiento que nos sitúa en el décimo lugar de once países
productores en la Comunidad. Alemania, con poco más de la superficie
dedicada por España, produce prácticamente el doble que España. Los
productores españoles se sitúan en unas 19.000 toneladas por hectárea y,
sin embargo, en Alemania están en 30.000, en Bélgica, en 44.000, en
Dinamarca, en 38.000, en Francia, 37.000, etcétera. Esto viene a
demostrarnos cómo los rendimientos en España son mucho menores, cómo los
costes de producción en España son muchísimo más altos y, por tanto, cómo
esos costes de producción son prácticamente el doble de la media europea:
en España producir un kilo de patatas viene a costar alrededor de las
doce pesetas, frente a las seis o siete pesetas de coste de producción
que tiene el resto de los países comunitarios.
Ello nos ha llevado a presentar nuevamente una proposición no de ley en
esta Cámara tendente a plantear una serie de iniciativas por parte del
Gobierno para mejorar las infraestructuras, en definitiva, para mejorar
los costes de producción. Hace un año y unos meses en esta misma Cámara,
en la legislatura pasada, a iniciativa del Grupo Popular y ante la
convulsión que supuso la campaña 1992-93 para el sector de la patata, año
en el que prácticamente se arruinaron muchos de los productores de
patatas a causa de las salvajes importaciones que se hacían del resto de
los países comunitarios a costes muy por debajo de los costes de
producción en España, el Grupo Popular, digo, presentó una proposición no
de ley que, entre otros puntos, planteaba por segunda vez en esta Cámara
el establecimiento de una organización común de mercado para la patata.
Digo por segunda vez porque en octubre de 1990, también en esta Cámara,
en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas, otro
compañero nuestro presentó por primera vez entonces la petición de una
organización común de mercado para la patata, previendo todas estas
situaciones y, sin embargo, el Grupo Socialista votó en contra en aquella
ocasión, y eso nos abocó a la situación, incluso yo diría a la dramática
situación de la campaña 92-93 sobre el mercado de la patata. Y en esta
ocasión yo creo que el Grupo Socialista, de alguna manera sorprendido y
asustado por la situación que se estaba padeciendo en este sector, sí dio
el apoyo al Grupo Popular, y, en definitiva, todos los grupos de la
Cámara por unanimidad aprobamos que el Gobierno instara a los organismos
comunitarios e incluso liderara la presentación de una propuesta de
organización común de mercado para la patata de forma que en los años
sucesivos tuviéramos regulado este sector y no padeciera los graves
problemas de comercialización que está sufriendo.
Sin embargo, un año y meses después, nos encontramos con que, según
conocimiento de este Grupo, el Gobierno prácticamente no ha hecho nada
sobre ese mandato de esta Cámara de petición de la organización común de
mercado de la patata, y es por ello por lo que uno de los puntos que
nosotros planteamos en nuestra nueva proposición no de ley es que el
Gobierno dé cuenta a esta Cámara del grado de cumplimiento del mandato de
esta Comisión y, en definitiva, del Congreso de los Diputados sobre la
organización común de mercado para la patata aprobada en octubre de 1992.
El resto de los puntos, hasta siete, pretenden enmarcar de alguna manera
las condiciones mínimas que, a nuestro entender, debe entender esa
organización común de mercado y, por tanto, a los planteamientos básicos
que el Gobierno español debe defender y conseguir en el reglamento de la
organización común de mercado, donde debe figurar la cláusula de
salvaguardia para que en el momento en que sea necesario se establezca
esa cláusula de salvaguardia, como debió suceder en el año 1992-93, para
regular el mercado durante un tiempo determinado. Asimismo, se deben
establecer unos mecanismos de vigilancia sobre las subvenciones que el
sector o el productor recibe en algunos países comunitarios aun a costa o
aun a sabiendas de que oficialmente esté prohibido o no esté permitido.
Nos consta a este Grupo y al propio sector español cómo, directa o
indirectamente, Estados miembros interesados en este sector están
subvencionando bien directamente a los productores, bien directamente a
las interprofesionales, pero, en definitiva, procurando colocar en otros
países, en este caso en nuestros mercados, las patatas, como decía
antes, a unos precios muy por debajo de los costes de producción.
Asimismo en el punto 5.º nosotros pedimos que se incentive por parte del
Gobierno el asociacionismo en la producción en la normalización y en la
comercialización. En estos tres ámbitos el sector debe implicarse, pero
para implicarse tiene que verse motivado. El Gobierno tiene que
incentivar al sector para que en los tres procesos de producción,
normalización y comercialización el productor pueda recibir ese valor
añadido que suponen esos tres grupos de producción.
En el punto 6.º nosotros pedimos que el Gobierno incentive la mejora de
las estructuras productivas al objeto de reducir los costes de producción
y, por consiguiente, ser plenamente competitivos. Creo que a lo largo de
la intervención he puesto de manifiesto repetidamente el gran problema
que existe en el sector para poder competir en igualdad de condiciones
con el resto de los países comunitarios, y no vamos a repetir aquí la
diferencia de costes, el coste del dinero, de los riesgos, de la
maquinaria, de la fiscalidad, etcétera. Por último, solicitamos que desde
las pertinentes instancias comunitarias se organicen campañas de ayuda de
alimentos de primera necesidad, entre ellos el de la patata lógicamente,
destinadas al Tercer Mundo, a aquellos países más necesitados.
Señorías, entre la proposición no de ley aprobada en el Pleno de la
pasada semana y esta proposición no de ley, para la que desde el Grupo
Popular pedimos el apoyo de la Cámara, sentaríamos las bases para la
modernización de un sector importante de la producción agraria española
que está padeciendo cíclicamente problemas muy graves. Precisamente, es
en estos momentos de una relativa paz comercial cuando de una forma más
sosegada, entre todos --el sector por una parte y nosotros como
representantes del sector y de la sociedad española, del pueblo
español--, con la responsabilidad de establecer las reglas del juego más
apropiadas para la solución de esos problemas, entre todos, digo, tenemos
la responsabilidad y la obligación de buscar las mejores soluciones.
Nosotros pensamos que entre ellas están las medidas que se contienen en
esta proposición no de ley, para la que les pedimos el voto desde el
Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta proposición no
de ley. ¿Grupos que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) En nombre
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, la
señora Rivadulla tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro Grupo entiende que
esta proposición no de ley fue debatida y votada ya en sesión plenaria y,
por tanto, que ya hay una resolución del Congreso sobre el tema de la
patata. Por ello, cuando se produzca la votación votaríamos a favor del
primer párrafo y del último, que no se incluyen en la proposición no de
ley que el Pleno de la Cámara ya votó en su día. Y, por tanto, para no
ser reiterativos, nosotros pediríamos una votación por separado para
poder pronunciarnos sobre estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Varela.
El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, es indudable que el
mercado de la patata tiene importancia en nuestro país por causas
objetivas de carácter económico y social, afectando a un importante
número de agricultores de todas las regiones de España, y prueba de ello
es el tratamiento que del tema está realizando esta Cámara. Hoy lo
abordamos en Comisión por iniciativa del Partido Popular, la pasada
semana lo hacíamos en Pleno por iniciativa del Grupo Vasco (PNV), y esto
dentro de un período, como dijo el portavoz del Grupo Popular, de
relativa tranquilidad en el sector, a diferencia de lo ocurrido en 1992
en que se produjo un debate sobre la situación crítica por la que
atravesaba el mercado de la patata, con una caída de los precios que
hacía que éstos no cubrieran los costes de producción y debido,
esencialmente, a la situación de coyuntura que producía el retraso en la
recolección de la patata temprana y el adelanto en la producción de la
patata de media estación, dando lugar a una oferta extraordinaria ante la
rigidez de la demanda característica de este producto.
Escuchando las intervenciones de todos los Grupos Parlamentarios del
pasado martes es incuestionable la coincidencia que se produce al
diagnosticar la problemática situación del mercado de la patata tras la
adhesión de España a la Comunidad Europea y la apertura de sus fronteras
a la importación, lo que supuso una reducción de un 20 por ciento de la
superficie de cultivo, sobre todo para la patata de conservación, tras
una fuerte reconversión, consolidando unos niveles medios de importación
de 350.000 toneladas de patata tardía procedentes de la Comunidad
Económica Europea y exportando unas 100.000 toneladas de patata temprana,
que se comercializa en el período de enero a junio, de las que más del 95
por ciento compiten en el mercado de la Comunidad con la patata de
Chipre, Egipto y Marruecos, países con los que mantiene acuerdos
preferenciales.
También coincidimos todos al considerar que en España la comercialización
asociativa se encuentra en unas cotas muy bajas, y las entidades que se
dedican a esa actividad, salvo algún caso aislado, son de reducida
dimensión, limitando esta deficiencia estructural la capacidad
competitiva de nuestros productos en el marco de la organización común de
mercado que la Comisión propone. La coincidencia con el diagnóstico es lo
que nos ha llevado el pasado día 22 de febrero a apoyar la proposición no
de ley presentada por el Grupo Vasco (PNV) y que no supone
fundamentalmente otra cosa que insistir y respaldar la política que en
torno a esta materia defiende el Gobierno español en los órganos de la
Unión Europea y que pasa por la creación de una organización común de
mercado para la patata, por dotar las normas que regulen la
interprofesión y por fomentar la constitución y funcionamiento de las
organizaciones de productores mediante la concesión de ayudas para el
inicio de sus actividades, en particular, además de las previstas para su
reconocimiento, otras ayudas para constituir fondos de rotación, en línea
con lo que existe en
otras organizaciones comunes de mercado, pudiendo constituirse este fondo
con un 30 por ciento del valor de la producción comercializada y
financiado al 50 por ciento por el Feoga en una sola vez.
En cuanto al establecimiento de la organización común de mercado en el
sector de la patata, como SS. SS. saben, la Comisión ha presentado al
Consejo, a través del documento 185 de 25 de noviembre de 1992, una
propuesta de reglamento que, justificándose en el establecimiento del
Mercado Unico, comprende los elementos básicos siguientes: en el mercado
interior el estímulo de la constitución de agrupaciones de productores
reconocidos voluntariamente por los Estados miembros con ayudas máximas
que van del 5 al 1 por ciento del valor comercializado desde el primer
año hasta el quinto respectivamente. En el régimen con los países
terceros, además del arancel común, el establecimiento de certificados de
importación sin carácter restrictivo, pero que puedan permitir un
seguimiento estadístico que pueda llevar al desencadenamiento de la
cláusula de salvaguardia prevista ya en el artículo 7, en caso de
perturbaciones graves. Se establece también, como consecuencia del propio
concepto de organización común de mercado, la aplicación de los artículos
92, 93 y 94 del Tratado, lo que implica la prohibición de concesión de
ayudas nacionales. Igualmente se constituye un comité de gestión para el
seguimiento del mercado e informe sobre las propuestas correspondientes.
Además, a lo largo de los debates, la propia Comisión ha aceptado una
enmienda propuesta inicialmente por el Parlamento Europeo, introduciendo
las normas de calidad en la comercialización de estos productos. Pero,
como SS. SS. saben también, existen tres posiciones diferenciadas: la de
los países que no desean una organización común de mercado, como son
Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda; la de la Comisión, en los
términos ya comentados; y la de aquellos países que quieren dotar de un
contenido real a esta Comisión, como es el caso de España. España,
Grecia, Portugal e Italia defienden una organización común de mercado más
completa para enfrentarse eficazmente a situaciones de crisis,
permitiendo la intervención y protección frente a las importaciones de
países terceros con una vigilancia especial de estas importaciones de los
países mediterráneos, así como del uso que se hace de los contingentes
arancelarios preferenciales, para que dichas importaciones se realicen en
armonía, contribuyendo en equilibrio al desarrollo de las regiones
afectadas, en los términos utilizados en la anterior intervención por la
portavoz del Grupo de Izquierda Unida y como tuvimos ocasión de escuchar
ayer en la comparecencia del Ministro de Agricultura ante esta Comisión,
a raíz del acuerdo de la Unión Europea con Marruecos y de la posición que
en defensa de nuestros productos, entre los que se incluye la patata,
mantiene el Gobierno español.
Dicho esto, y concretando, la postura del Grupo Socialista ante esta
proposición no de ley del Grupo Popular es la de no aceptación, no ya por
el contenido, que puede ser básicamente asumido, como lo fue también la
semana pasada el contenido de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), debatida y aprobada, sino porque precisamente
esa aprobación por el órgano máximo de esta Cámara, que es el Pleno, no
justifica que en el plazo de una semana se vuelva a realizar, y ahora por
parte de una Comisión, órgano de carácter jerárquicamente inferior al del
Pleno; no parece positivo --como digo-- que se realice un nuevo mandato
sobre el mismo tema y en la misma línea.
Respecto al primer punto, no tendríamos inconveniente en que el señor
Ministro comparezca para explicar cómo están en estos momentos las
negociaciones en la Unión Europea sobre la aprobación de esa organización
común de mercado que consideramos tan necesaria y, como decimos, todavía
más completa de lo que la propia Comisión propuso en su reglamento de
1992. Sin embargo, creemos que para este trámite existe una habilitación,
a través del Reglamento del Congreso de los Diputados, que permite que
las comparecencias se pidan por un cauce específico para las mismas y no
a través de la inclusión en un punto de una proposición no de ley, como
es ésta que estamos tratando en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la proposición no de ley.
(El señor Isasi Gómez pide la palabra.)
El señor Isasi tiene la palabra.
El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, yo pretendía hacer alguna
aclaración a los dos portavoces que han intervenido, por haber aludido a
algún concepto en que hay algún error.
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, tiene la palabra durante un minuto.
El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
En las dos intervenciones anteriores se ha hecho alusión a que este
trámite hoy puede ser una repetición y, además, en un órgano
jerárquicamente inferior. Es jerárquicamente inferior, efectivamente,
pero con el mismo valor en cuanto a la aprobación o denegación de los
asuntos en esta Cámara. Pero no es éste el asunto importante por el que
quería intervenir. Como argucia parlamentaria, está bien que se esgrima,
pero no es cierto. Si quieren SS. SS., repasamos punto por punto la
proposición no de ley que debatimos. El diagnóstico, por supuesto que es
el mismo, porque la situación es la que es; pero en la propuesta concreta
de la proposición no de ley que aprobamos la semana pasada en el Pleno de
la Cámara instaba al Gobierno para que solicitara una OCM para la patata.
Eso sí que se repitió respecto de lo que ya esta Cámara había aprobado en
octubre de 1992, a propuesta del Grupo Popular. La semana pasada sí que
fue una repetición; en esta ocasión, no. Es en todo caso complementario,
es de servicio interno o doméstico, es para que el Gobierno español ayude
a la modernización de las estructuras del sector de la patata; es para
que, a través de esas siete propuestas, dé cuenta el Gobierno --la
primera-- a esta Cámara de cómo está ese tema, y el resto, señor
Presidente...
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, no repita el contenido.
El señor ISASI GOMEZ: No lo pretendo repetir, en absoluto, sino demostrar
a SS. SS. que nada tiene que ver lo aprobado la semana pasada con lo que
aquí se propone. Insisto, como argucia parlamentaria, está bien, pero no
se ajusta a la realidad, porque son propuestas para que el Gobierno
español tome iniciativas en una serie de temas tendentes a mejorar las
estructuras y en definitiva a rebajar los costes de producción del sector
de la patata en España.
El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre medidas en favor de los productores
españoles de patata.
Señora Rivadulla, ¿quiere votación separada del primer punto y del último
punto? (Asentimiento.)
Votamos, en primer lugar, el primero y el último punto de la proposición
no de ley del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos primero y último de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
A continuación, votamos los restantes puntos de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve;
en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los restantes puntos de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
--MEDIDAS A TOMAR PARA MEJORAR LA SITUACION POR LA QUE ESTA ATRAVESANDO
EL SECTOR PRODUCTOR DE CHAMPIÑON EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000083.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto 4.º del orden del
día, proposición no de ley que insta al Gobierno a tomar medidas para
mejorar la situación que está atravesando el sector productor de
champiñón en España, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para defender esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Isasi. (Rumores. Varios señores Diputados abandonan la Comisión.)
El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, a pesar del aperitivo que pueda
suponer la patata y el champiñón, parece ser que nos vamos quedando sin
audiencia. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, yo creo que la audiencia todavía es
considerable.
El señor ISASI GOMEZ: Sobre todo, señor Presidente, de calidad. (Risas.
El señor Roncero Rodríguez: Muy bien, muchas gracias.)
Señor Presidente, señorías, el sector del champiñón en España no es un
sector que se asiente, como en el caso anterior, en la práctica totalidad
de las provincias españolas, pero sí en unas siete comunidades autónomas,
donde se da de forma importante este cultivo que también, como el
anterior, está pasando por problemas estructurales considerables.
El Grupo Popular, al final de la pasada legislatura --final, sin saberlo,
lógicamente, el Grupo Popular--, en marzo de 1993, presentó una
proposición no de ley, tras haber mantenido varias reuniones con el
sector afectado, llegando a la conclusión de que el Gobierno debería
actuar en concreto en este sector, por lo cual presentamos entonces una
proposición no de ley que, luego, con motivo de la disolución de las
Cámaras, lógicamente decayó, causa por la cual, nuevamente reunidos con
el sector, hemos presentado, en el pasado mes de diciembre, una nueva
proposición no de ley muy semejante, muy parecida en sus términos a la
formulada en marzo del pasado año.
Señorías, la producción del champiñón bien se puede afirmar que es un
sector que cumple una labor eminentemente social, porque para su función
se requiere una cantidad de mano de obra muy importante y se produce
también a través de pequeñas explotaciones de modestos cultivadores en la
Comunidad de La Rioja, en Navarra, en Aragón, en Cataluña, en Castilla-La
Mancha, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Madrid y en Castilla
y León. Estas funciones tienen un valor aproximado en torno a los 10.000
millones de pesetas, con lo que, dentro del sector agroalimentario, hace
que tengan una cierta importancia sus explotaciones --como decía antes--,
muy difuminadas a través de pequeñas explotaciones agrarias. Sin embargo,
en los últimos años también este sector está padeciendo importaciones
indiscriminadas, y en este caso no ya tanto procedentes de la Unión sino
de terceros países, fundamentalmente de Polonia y de China.
El sector del champiñón en España está dispuesto a competir con sus
propios compañeros de la Unión en igualdad de condiciones, pero lo que es
absolutamente imposible y, según ellos, intolerable, es que se les
pretenda hacer competir con países como Polonia o China, donde tienen
unos costes de producción que nada tienen que ver con la situación en que
están implícitos en la producción de España, con unos costes sociales y
estructurales importantísimos, que nada tienen que ver, como decía, con
los costes de los países de donde se importa. Además, no se respeta para
nada el principio que tenemos que tener permanentemente presente los
miembros de esta Cámara, al margen del Grupo al que pertenezcamos, que es
el de la preferencia comunitaria para los productos agroalimentarios
fundamentalmente.
Señorías, a partir de 1987 se produjo un hecho importante y, según el
propio sector, trascendental en los cotes de producción y
fundamentalmente en los costes sociales del sector del champiñón. A
partir de 1987 la mayoría de los productores del champiñón tuvieron que
pasar del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social al Régimen General. Y
aquí se está producido un gran debate entre el propio sector, la
Administración de la Seguridad Social y el Gobierno, que, en el mejor de
los casos, mira para otro lado mientras se pelea el sector con los
responsables de la Seguridad Social. Señorías, se da la paradoja de que,
dependiendo de la ubicación de la explotación, de si paga contribución
urbana o contribución rústica, los responsables de la Seguridad Social
les afilian al Régimen General (si pagan contribución urbana) o al
Régimen Especial Agrario (si pagan contribución rústica). Dicen ellos, y
repito yo en esta Cámara, ¿qué tendrá que ver el hecho de pagar una
contribución u otra para defender que el sector es uno más de la
agricultura española? Además, se da el hecho también de que un productor
tenga su explotación en un terreno rústico pero que el ayuntamiento
decida en un momento determinado ampliar el caso urbano, y, mediante este
mecanismo, la explotación se vea acogida al terreno urbano. Entonces,
automáticamente, la Seguridad Social, a la que el día anterior ese
productor estaba cotizando en el Régimen Especial Agrario, le inscribe en
el Régimen General.
Este es uno de los ejes fundamentales de los problemas que está
padeciendo el sector y de las luchas más importantes que tiene este
sector en España. Además de esa competencia desleal que suponen las
importaciones, de los altos costes de explotación y, por tanto, la falta
de rentabilidad, este punto, la adscripción al Régimen General de la
Seguridad Social, es, repito, uno de los debates más importantes que
están teniendo y entiende el sector y mi Grupo Parlamentario que es uno
de los asuntos sobre los que esta Cámara, los representantes también de
esos ciudadanos, tenemos la obligación de buscar las mejores soluciones
para que los responsables de la Seguridad Social no tengan dudas a la
hora de fijar los regímenes de la Seguridad Social a través de los cuales
han de cotizar, el Régimen Especial Agrario o el Régimen General, porque
no es pequeña causa, como entenderán SS. SS., la diferencia de costes de
producción, incluso de competencia entre los propios cultivadores
españoles, porque unos están cotizando en un régimen y otros en otro, y
sobre todo respecto de los cultivadores del resto de Europa. Por eso,
señorías, nosotros proponemos con esta proposición no de ley que a través
de esta Cámara se declare el cultivo del champiñón en todas sus fases
como actividad agraria y no quede absolutamente ninguna duda sobre este
tema ni tenga nadie dentro de España la duda, repito, de que el cultivo
del champiñón es una actividad agraria. Por eso se requiere una
declaración solemne de esta Cámara, de esta Comisión, sobre este tema.
Consecuentemente con lo anterior, pedimos que, al margen de la ubicación
de las explotaciones agrarias y de que esté pagando contribución rústica
o urbana, los cultivadores de champiñón y los trabajadores del sector
coticen a la Seguridad Social a través del Régimen Especial Agrario. En
tercer lugar, habida cuenta del bajo consumo de champiñón en nuestro
país, uno de los de menor consumo de toda la Unión Europea, pedimos que
se impulse, de acuerdo con el propio sector y tendente al incremento del
consumo, la asociación de productores y se estudie la conveniencia de
promover programas y campañas de carácter nacional y comunitario. En
cuarto lugar, se solicita la aplicación en todo el territorio nacional de
la directiva comunitaria --esto es algo obvio, pero se hace necesario
resaltarlo-- que prohíbe el uso de aditivos en las conservas de
champiñón. En quinto lugar, proponemos incentivar la creación de una
interprofesional, como desde el Grupo Popular estamos pidiendo desde hace
años, para todos los sectores productivos de nuestro país. En sexto
lugar, se solicita la creación de un programa técnico y de investigación
para el cultivo de los hongos comestibles en nuestro país, al igual que
existe en el resto de los países comunitarios
Señorías, debido a un error de la redacción de los puntos 7.º y 8.º de
nuestra propia proposición, nos hemos presentado a nosotros mismos una
enmienda de sustitución de dichos puntos, que seguramente obrará en poder
de SS. SS., que es de modificación, por un nuevo punto 7.º en el que se
dice que se colicite de las instancias comunitarias de las que España
forma parte la revisión inmediata del Reglamento 1122 del Consejo,
relativo a las medidas aplicables a la importación de champiñón en sus
diversas formas, en salmuera, conserva, etcétera.
Por otro lado, señorías, pedimos el voto favorable del resto de los
grupos de la Cámara a esta proposición no de ley, pero fundamentalmente
apelo una vez más a la sensibilidad de SS. SS. sobre el punto relativo a
la Seguridad Social, porque el sector ha puesto grandes esperanzas en que
se pueda resolver este tema en el trámite de esta mañana en esta Cámara.
Son múltiples las gestiones que se vienen haciendo cerca de los
responsables de la Seguridad Social, a todos los niveles, regionales y
nacional, a través de la Secretaría de Estado, en el Ministerio para las
Administraciones Públicas, para intentar resolver este problema, e
incluso en este ámbito se les dieron buenas palabras de flexibilizar la
aplicación de la norma, hecho por el cual el sector, repito, ha puesto
grandes esperanzas en que el resto de los grupos de esta Cámra sea
sensible y vote favorablemente esta mañana en este aspecto.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la
proposición. La señora Novoa tiene la palabra para defenderla.
La señora NOVOA CARCACIA: Señor Presidente, señorías, señor Isasi, el
Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda a la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas a tomar para mejorar
la situación por la que está atravesando el sector del champiñón en
España. Lo hacemos porque mi Grupo es sensible a las necesidades de este
sector, que se ha desarrollado en España en los últimos treinta años y
que, como expresa el Grupo Popular en el fundamento de su proposición, se
cultiva en una red de provincias españolas. No obstante, no podemos
aceptar globalmente las ocho medidas que se nos plantean --después de la
intervención del señor Isasi, siete-- respecto a las cuales haré una
serie de observaciones.
No podemos aceptar la inclusión en el Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social de todas las fases que intervienen en la producción del
champiñón, en tanto que introduciría una diferenciación no justificada en
el tratamiento que a efectos de la Seguridad Social se da a la
producción, transporte, manipulación y comercialización de productos
agrarios. De aceptar la propuesta del Grupo Popular, uno de estos
productos, el champiñón, quedaría incluido en el Régimen Especial
Agrario, mientras que para el resto se mantendría en vigor el actual
artículo 8 del Reglamento de la Seguridad Social Agraria, que define las
labores consideradas agrarias a efectos del Régimen Especial. Por otra
parte, señorías, con fecha 6 de julio de 1993 se adoptó una resolución
interpretativa respecto a cuál era el régimen de Seguridad Social
aplicable a la producción del compost o sustrato orgánico del champiñón,
mediante la cual dichas labores quedaron ya encuadradas en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social. Otra razón, señorías, nos lleva
a no considerar los puntos 1 y 2 de la proposición del Grupo Popular, y
es que el Pleno del Senado aprobó en sesión celebrada el día 3 de
noviembre de 1993 la creación de una ponencia en el seno de la Comisión
de Agricultura, con el fin de elaborar un informe al Gobierno que sirva
como base para dar solución a la situación actual del Régimen Especial
Agrario, por lo que, estando pendiente de elaboración el citado informe,
no parece oportuna la adopción de una medida singularizada aplicable al
sector del champiñón.
Respecto a que España aplique la directiva comunitaria sobre aditivos, he
de indicarle al señor Isasi que no existe tal directiva, que se sabe que
está en fase de elaboración y que precisamente para cubrir la ausencia de
normas comunitarias sobre la conserva de setas, sobre los procesos de
fabricación y los elementos que pueden incluirse en los preparados a base
de estos productos, la Comisión redactó la recomendación 8912, de 21 de
diciembre de 1988, que ha sido trasladada a nuestra reglamentación
técnico-sanitaria, y a falta de una directiva más precisa, dicha
disposición constituye un instrumento eficaz para evitar que los
fabricantes usen aditivos como el almidón, que aumenta la retención de
agua, con el consiguiente fraude en peso.
Sobre otras medidas que propone el Grupo Popular, restrictivas del
sistema de importación, he de indicar que la propia Comisión de la
Comunidad Económica Europea ha venido adoptando desde 1978 medidas de
salvaguardia respecto a la importación de países terceros; en definitiva,
el régimen de importación del champiñón es ya una excepción restrictiva
al sistema general de importación de frutas y hortalizas transformadas,
siendo poco razonable solicitar el endurecimiento del régimen que sólo
podría plantearse en caso de perturbaciones graves del mercado, con el
procedimiento previsto para las medidas de salvaguardia, que siempre
tienen un carácter coyuntural.
Hechas estas observaciones, paso a dar lectura a la propuesta alternativa
que el Grupo Parlamentario Socialista presenta y que se expresa en los
siguientes términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para
que solicite de la Comisión Europea la potenciación de las organizaciones
de productos del champiñón, que posibilite el establecimiento de
relaciones interprofesionales con el fin de intervenir en los mercados,
ajustando la oferta a la demanda y favoreciendo el consumo. Asimismo,
insta a que aplique en todo el territorio nacional la futura directiva
sobre uso de aditivos en las conservas del champiñón y que en el programa
sectorial de I+D agrario y alimentario, dentro de la línea de producción
y mercados agrarios, se promueva la elaboración de un programa de
investigación relativo al cultivo de los hongos comestibles en nuestro
país.
Mi Grupo Parlamentario, como decía al principio, es sensible a las
necesidades del sector del champiñón y cree, señorías, que la adopción de
medidas como las contempladas en nuestra enmienda contribuirá a mejorar
la situación del sector, a la vez que se toman en consideración las
propuestas del Grupo Popular que son asumibles desde el realismo político
al que estamos obligados. Más concretamente, se recoge en nuestra
enmienda el espíritu de los puntos 3, 4, 5 y 6 de la proposición no de
ley del Grupo Popular, en concreto el impulso al consumo interno, la
aplicación de la futura directiva comunitaria en el uso de aditivos, la
creación de la interprofesional y la promoción de un programa de
investigación técnica relativo al cultivo de hongos comestibles en
nuestro país.
Esperando que esta enmienda sea aceptada, termino mi intervención, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate para
fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) el señor Vidal tiene la
palabra.
El señor VIDAL I SARDO: El Grupo Parlamentario Catalán conoce las
dificultades por las que está atravesando el sector cultivador del
champiñón como consecuencia de los bajos precios con que se cotizan,
provocados por múltiples causas y entre ellas las derivadas de las
importaciones de otros países y por el descenso importante del consumo
acaecido en los últimos tiempos, debido a la competencia de otras setas
más apreciadas o que están más de moda. Por ello consideramos que está
justificada la petición de impulsar asociaciones de productos con la
finalidad de promocionar el consumo del champiñón. También está
justificada la prohibición de aditivos en las conservas e igualmente nos
parece acertado que se incentive la creación de la interprofesional del
sector, así como el desarrollo de programas de investigación sobre hongos
comestibles, que diversifiquen la oferta, mejoren las calidades y
permitan el aprovechamiento de las instalaciones hoy dedicadas al cultivo
del champiñón. Estas previsiones están contenidas en los apartados 3, 4,
5 y 6, para los que pedimos votación separada.
La proposición no de ley contiene, además, otras propuestas que no
podemos apoyar, porque algunas de ellas son de imposible aceptación por
la propia Comisión de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, la señora Rivadulla
tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro Grupo va a apoyar
la proposición no de ley del Partido Popular. Entendemos que recoge la
mayor parte de las reivindicaciones del sector cooperativo productor de
champiñón, que está pasando una situación realmente difícil. Creemos que
el Régimen Especial Agrario se ha de extender a toda la actividad --no
solamente a la de compost-- por cuanto esta actividad se desarrolla en el
sector cooperativo y hemos de entender que es una actividad puramente
agraria. Por eso nuestro Grupo sí va a apoyar los puntos 1 y 2 de la
proposición no de ley.
Nos parece también especialmente importante el punto 7, con la
modificación que ha recogido el representante del Grupo Popular, porque
la pretensión es que se impida que so pretexto de que las importaciones
son salmuera o conserva, la realidad es que se están produciendo
importaciones, especialmente de Polonia, con adición de sal, que no se
puede llegar a considerar salmuera, pero que realmente está incidiendo en
el mercado nacional. Por tanto, esta recomendación, este reglamento,
debería incluir todo tipo de champiñón, no solamente limitarse a los
tipos de salmuera y conserva.
Hemos planteado una enmienda no escrita in voce al Partido Popular porque
creemos que el sector tiene también otros problemas derivados de la
situación difícil en la que se encuentra el movimiento cooperativo, por
dos razones: una por la conceción indiscriminada de ayudas, que no van,
precisamente, encaradas a fomentar y a impulsar el mundo cooperativo, que
es el que está haciendo inversiones en las instalaciones, el que está
modernizando toda la estructura, sino que las ayudas se están repartiendo
de forma indiscriminada, y, después, por la incidencia importante que
tiene la actividad ilegal sumergida por parte de sectores que no están
sujetos a ningún tipo de impuestos porque realmente no constan como
actores económicos. Por eso, aparte de señalar que nuestro Grupo va a
aprobar esta proposición no de ley, formulamos una enmienda in voce en el
sentido de que el Gobierno ejerza un estricto control para impedir la
economía sumergida del sector que está poniendo en serio peligro la
rentabilidad del sector organizado cooperativo. De hecho, nos han
señalado en muchas cooperativas que hay cooperativistas que se dan de
baja porque les es más rentable estar en la economía sumergida. Por
tanto, entendemos que esta proposición debería completarse con la
enmienda in voce que ahora formulamos.
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, tiene la palabra a los efectos de la
aceptación o no de las enmiendas.
El señor ISASI GOMEZ: Con relación a los puntos primero y segundo, que se
refieren a la declaración como actividad agraria o no del cultivo del
champiñón, quiero aclarar a SS. SS. cómo puede existir o existe de hecho,
una contradicción. La fabricación o la composición del compost sí se ha
admitido como actividad agraria y, sin embargo, al cultivo --insisto,
señorías, resalto-- propiamente del champiñón no se le considera como
actividad agraria, y nosotros, aquí, los representantes de los ciudadanos
españoles, insistimos en no considerarlo como actividad agraria, en
contra de la realidad, porque no deja, por mucho que digamos nosotros
aquí, de ser una actividad agraria. Otra cosa es que queramos seguir
cargándoles a estos cultivadores, a estos productores agrarios una carga
social mucho más gravosa que la que están padeciendo otros cultivadores
de la Unión Europea e incluso españoles, por el hecho de tener su
explotación en una ubicación o en otra, pagando contribución rústica o
urbana. Esa es una realidad objetiva, al margen de lo que aquí se
manifieste.
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, por favor, exprese la aceptación o no
de la enmienda.
El señor ISASI GOMEZ: Sí, señor Presidente.
En cuanto a las dos enmiendas del Grupo Socialista, a la vista está
también objetivamente que no son de sustitución, a no ser que lo que se
pretenda sea disfrazar la proposición no de ley del Grupo Popular,
distraer la intención del Grupo Popular y del propio sector, de cuyas
inquietudes y problemas ha sido vehículo el Grupo Popular, para al final
no decir absolutamente nada. Por tanto, en todo caso, mostrando nuestra
buena voluntad de llegar a acuerdos, admitiríamos la adición de esas dos
enmiendas del Grupo Socialista a la proposición no de ley que hemos
debatido aquí esta mañana, pero en ningún caso, las admitiríamos como
enmiendas de sustitución, porque no podemos sustituir el hecho
fundamental de la declaración solemne de actividad agraria de la
producción de champiñón. Respecto de la segunda, prácticamente lo mismo.
Podemos admitirla, no contradice en nada lo que nosotros proponemos, sino
que añade alguna cosa más, una redacción u otra, pero podemos admitirla
como adición.
En cuanto a la enmienda in voce de Izquierda Unida, por supuesto nadie
encontrará que el Grupo Popular que ampare, activa o pasivamente,
supuestas economías sumergidas, de ninguna manera. Por tanto,
aceptaríamos esa enmienda in voce, si reglamentariamente es posible, pero
políticamente admitimos, en todo caso, la enmienda propuesta por el Grupo
de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Sabe S. S. que en este trámite parlamentario este
tipo de enmiendas, ya que tienen un contenido sustantivo, no pueden
aceptarse. En todo caso se aceptan enmiendas in voce que tienen un
carácter técnico o de modificación de alguna cuestión específica. El
trámite parlamentario prevé la presentación de enmiendas de este calado
hasta seis horas antes de la tramitación de este tipo de proposiciones no
de ley. (La señora Novoa Carcacia pide la palabra.)
Señora Novoa, tiene la palabra.
La señora NOVOA CARCACIA: Mi Grupo Parlamentario, como ha indicado ya en
su intervención esta portavoz, está plenamente sensibilizado por el
problema del sector del champiñón en España (El señor Ramírez González:
Ya lo veo.) y de ello es reflejo la enmienda que hemos presentado. En
absoluto queremos que el Grupo
Popular nos fuerce a una votación en contra y, por ello, mi Grupo estaría
dispuesto a una votación separada de los respectivos puntos; como ya he
indicado, la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista
recogía perfectamente los puntos 3, 4, 5 y 6 de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular, y si dicho Grupo desea someter a
votación separada los respectivos puntos, el Grupo Parlamentario
Socialista votaría los puntos que he indicado siempre y cuando se
produzca en ellos una corrección de estilo, no de contenido, por
supuesto.
¿Cómo concretaría el Grupo Socialista esa corrección de estilo? En el
punto tercero entendemos que la primera parte de la formulación no es
tanto una medida sino la atribución de una causa que nos lleva a adoptar
una medida. Por tanto, ese punto lo formularíamos de la siguiente forma:
Impulsar entre las asociaciones de productores la conveniencia de
promover programas y campañas con carácter nacional y comunitario
tendentes a incrementar el consumo de estos productos. El punto cuatro,
buscando que realmente la formulación adquiera la forma de una medida
concreta, quedaría expresado de la siguiente forma: Aplicar en todo el
territorio nacional la futura directiva comunitaria que prohíbe el uso de
aditivos en las conservas de champiñón. El punto quinto, incentivar la
creación de una interprofesional, quedaría tal como lo formula el Grupo
Popular. Y del punto sexto la formulación que haríamos sería: Promover la
elaboración de un programa de investigación y técnico relativo al cultivo
de los hongos comestibles en nuestro país similares a los existentes en
los países comunitarios con los que España compite. Hacemos esta
modificación porque los términos empleados: creación de un programa de
investigación y técnico, delegan totalmente la responsabilidad en el
Gobierno, cuando para el desarrollo de un programa de esta naturaleza los
operadores han de presentar proyectos en las convocatorias que se
realicen.
Insisto, señorías, en que la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista
es que podamos adoptar desde esta Cámara medidas que se puedan cumplir y
que mejoren la situación del sector del champiñón y sobre las cuales
lleguemos a un consenso entre todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: ¿Se aceptan estas modificaciones técnicas?
El señor ISASI GOMEZ: Efectivamente, en aras a buscar el máximo consenso
posible aceptamos las propuestas del Grupo Socialista sobre los puntos
tercero, cuarto, quinto y sexto. Desearía hacer una aclaración sobre
nuestra última enmienda, la enmienda al punto séptimo, por si no se ha
entendido bien. Nuestra enmienda, sobre todo en la segunda parte, se
refiere a que los productores españoles están muy preocupados por las
importaciones indiscriminadas que se están haciendo, sobre todo de
champiñón en congelados, en vinagre y deshidratados. Ellos estarían
dispuestos a enclavar estas especializaciones de champiñón en
contingentación con los de salmuera según el Reglamento 1.122, que
establece dicha contingentación para el período 1992-1996 de champiñón en
salmuera y conserva, pero no dejar fuera, como están en estos momentos
los otros productos de champiñón, porque a través --como decía Izquierda
Unida-- de esta especialización se están produciendo importaciones de
forma indiscriminada. Esa era la aclaración de nuestra enmienda y la
preocupación que tiene el propio sector.
El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, la proposición no de ley en
los siguientes términos: vamos a separar de la votación los puntos 1.º y
2.º, y seguidamente votaremos en otro bloque los puntos 3.º, 4.º, 5.º,
6.º y 7.º, indicando que el punto 7.º es con la inclusión de la enmienda
que el propio Grupo Popular ha formulado y con la supresión del punto
8.º, que dicho Grupo Popular ya ha retirado de su proposición.
Recuerdo a SS. SS. que el punto 7.º dice textualmente: Solicite, en las
instancias comunitarias de las que España forma parte, la revisión
inmediata del Reglamento de la CEE 1.122 del Consejo, relativo a las
medidas aplicables a la importación de champiñón en salmuera y conserva
en los años 1992 a 1996, incluyendo, en todo caso, la contingentación de
las importaciones procedentes de países terceros de champiñón en fresco,
congelados, en vinagre y deshidratados.
En los puntos 3.º, 4.º y 6.º están las modificaciones técnicas que ha
indicado el Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos los puntos 1.º y 2.º de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos 1.º y 2.º de la
proposición no de ley.
A continuación, votamos los restantes puntos.
Efectuada la votación, fueron aprobados por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobados los restantes
puntos de la proposición no de ley.
--ESTABLECIMIENTO DE UNA LINEA DE AYUDAS EN FAVOR DE LOS AGRICULTORES QUE
DEDIQUEN SUS EXPLOTACIONES AGRARIAS A LA OBTENCION DE PRODUCTOS
BIOLOGICOS, ASI COMO PARA FOMENTAR EL CONSUMO DE LOS MISMOS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000088.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto 5.º del orden del día,
que trata sobre el establecimiento de una línea de ayudas en favor de los
agricultores que dediquen sus explotaciones agrarias a la obtención de
productos biológicos, así como para fomentar el consumo de los mismos.
Para defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular,
el señor Llorens tiene la palabra.
El señor LLORENS TORRES: Señoras y señores Diputados, como sin duda todos
ustedes sabrán, la agricultura biológica o ecológica, que viene a ser lo
mismo, se basa en la obtención de productos agrarios sin el empleo de
fertilizantes, de herbicidas o de cualquier otra sustancia química.
Hay una moda creciente por el consumo de los productos naturales y sanos,
una cierta añoranza por la tradición, una preocupación por el medio
ambiente, y todo esto hace pensar que esta proposición que hoy nosotros
tenemos el honor de traer a esta Comisión es oportuna.
Unos recientes sondeos a escala europea revelan que alrededor de un 15
por ciento de los consumidores manifiestan su preferencia por el consumo
de productos ecológicos y naturales.
En Francia, que en tantos aspectos (sobre todo en los relacionados con el
sector agrario) es un modelo a imitar, hay 14.000 agricultores que
destinan su explotación a productos biológicos. Esos 14.000 agricultores
cultivan unas 270.000 hectáreas, lo que viene a representar un 0,23 por
ciento del total de la superficie agraria del vecino país. El valor de la
producción agraria biológica en Francia supone 45.000 millones al año.
Pero es Alemania, un país en el que el cultivo agrario no tiene una gran
preponderancia, el que está a la cabeza de la producción biológica, con
un valor agrario anual del orden de 200.000 millones de pesetas.
En España, sin embargo, tan sólo se dedica a la producción biológica
7.860 hectáreas, lo que supone una superficie del 0,05 por ciento del
total del terreno cultivado, y representa una superficie treinta y cinco
veces inferior a la que se destina al mismo fin en Francia. Aquí no
llegan a los 700 agricultores, eso sí, absolutamente desamparados porque
no reciben ninguna ayuda, los que destinan su producción a la agricultura
biológica.
La producción de cultivos biológicos y ecológicos plantea un triple
problema. En primer lugar, el que no se empleen herbicidas y
fertilizantes de carácter químico supone una disminución de los
rendimientos. En segundo lugar, también plantea una dificultad en la
distribución de este tipo de productos, porque hay unas dificultades
ciertas para que sean introducidos en los grandes canales comerciales.
Por otro lado, se requieren unas campañas de información pública para que
el consumidor sepa valorar que esos productos están en el mercado, que
existe una alternativa.
La disminución de rendimientos, como todas las señorías comprenderán,
plantea el verdadero problema de la cuestión, es decir, si un agricultor
tiene que dejar de producir lo que está cultivando y dedicarse a
productos ecológicos y biológicos, lo que supone que no puede emplear ni
fertilizantes ni herbicidas de carácter químico, su producción
disminuirá. Entonces, para compensar esa pérdida de rentas tiene que
repercutirlo en precios, por eso los precios son superiores, y entonces
el consumidor se retrae y no vende. Por tanto, este tipo de fomento de la
agricultura ecológica y medioambiental debe tener un auxilio, por lo
menos para ponerlo en marcha, de los gobiernos respectivos para que los
precios sean competitivos y el consumidor pueda satisfacer sus demandas.
La propuesta que hoy traemos aquí tiene una triple ventaja: por un lado,
supone una protección efectiva del medio ambiente; por otro lado, como ya
hemos dicho antes, supone también que se puede satisfacer una creciente
demanda del consumidor, y tercero, que no es una ventaja menor, ya que
supone el planteamiento de una alternativa que está contemplada en el
Programa de medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC. En las
medidas de acompañamiento en esa reforma de la PAC, que en definitiva lo
que tratan es de plantear una sustitución de aquellos cultivos
excedentarios por unas alternativas en las que la producción no sea
excedentaria (una de ellas es la jubilación anticipada y otra es el
programa de reforestación), hay una tercera línea que es el programa de
agricultura ecológico y medioambiental. Como ustedes saben, estos
programas son proyectos cofinanciados, donde la Comunidad Económica
Europea pone la mitad de los fondos, es decir, el mismo dinero que pone
cada país. Hay que recordar que España está a la cola de los países de la
Comunidad Económica Europea por la sencilla razón de que España no pone
la mitad de los fondos necesarios.
Todo en un momento especialmente delicado para los agricultores
españoles, como lo demuestran los índices, aunque se utilice el índice
comparativo que se quiera. Es decir, el sector agrario español, si se
compara con el resto de los sectores productivos de nuestro país, es el
único que, desde nuestro ingreso en el mercado común, ha tenido un
crecimiento real cero, ya que mientras que el sector construcción ha
subido un 57 por ciento, el sector industria un 22 por ciento y el de
servicios un 30 por ciento, el sector agrario es el que ha estado más
perjudicado, como lo demuestra el que ha crecido cero.
La caída de la renta agraria española ha sido la mayor de la Unión
Europea; en nuestra población es la más envejecida, con más de 58 años,
de la Unión Europea.
Todo ello indica que se ha negociado mal, como reiteradamente hemos
denunciado desde nuestro Grupo; se han negociado mal todos los acuerdos
internacionales, empezando por el de nuestra integración en el Mercado
Común, siguiendo por el de la reforma de la PAC y terminando por el
último acuerdo del GATT.
Somos conscientes de que todos los agricultores europeos están sufriendo,
de alguna forma, la consecuencias de una política como la que marca la
reforma de la política agraria comunitaria, que está orientada a reducir
los excedentes agrarios, cuya colocación en los mercados internacionales
exige un gran sacrificio, porque tienen que estar subvencionados por
nuestros mucho mayores costos de producción, lo que hace que el precio
también sea mayor. Como, en definitiva, el GATT es un fomento de libre
intercambio comercial, por lo que supone que desaparezcan todos aquellos
procedimientos que lo están impidiendo y se traduce en que se reduzcan
los aranceles y se disminuyan las subvenciones a la exportación, que son
prácticas que oscurecen el libre mercado, se comprenderá que la
agricultura de todos los países comunitarios está en graves dificultades
y que los agricultores están sufriendo
importantes pérdidas de renta. Pero mientras otros países están tratando
de compensar esta difícil situación de su sector agrario, en el nuestro
no aprovechamos las medidas de acompañamiento de la PAC, una de ellas la
que hoy nos trae aquí esta proposición de la ley, que es el fomento de la
agricultura ecológica y biológica, y tampoco hemos sabido proteger, con
organización común de mercados, el sector más competitivo de nuestra
agricultura, que es la agricultura mediterránea, lo que nos coloca en
condiciones mucho peores que las del sector agrario del resto de los
países de la Comunidad.
Por todo ello, en nombre del Grupo Popular estimo que traer hoy a la
consideración de todas SS. SS. esta proposición es una de las medidas que
esperan nuestros agricultores para que, desde el Gobierno, se contemple
con una sensibilidad que hasta ahora no ha existido a un sector que está
en muy mala situación.
Terminamos apelando a la sensibilidad de todos los diputados de los
diversos grupos políticos aquí representados para que nuestra propuesta
sea aprobada.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición se ha presentado una enmienda del
Grupo Socialista. Para defenderla, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SANCHEZ DIAZ: Señorías, en primer lugar voy a explicar a la
Cámara que no estoy de acuerdo con la exposición del Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular respecto a que el Ministerio de Agricultura en
ningún momento se ha preocupado por potenciar el fomento de la
agricultura biológica. Como me parece que o bien no recuerda, o bien no
quiere recordar la trayectoria seguida por este Ministerio desde el
principio respecto a la agricultura biológica o ecológica y su fomento,
me voy a permitir enumerar unos cuantos reglamentos y órdenes que este
Ministerio ha realizado para esos efectos.
En primer lugar, antes de que fuera aprobado el Reglamento comunitario
2.092, en el año 1991, sobre producción agrícola ecológica y su
indicación en los productos agrarios y alimenticios, el Ministerio de
Agricultura desarrolló una legislación propia para este sector, siendo
España el tercer país comunitario, después de Francia y Dinamarca, que
creó un marco jurídico para el control de los productos ecológicos,
porque ya era consciente de la potencialidad de este sector en el futuro
marco de la política agraria. Concretamente, el 15 de julio de 1988 se
aprobó el Decreto 759, por el cual se incluyen los productos
agroalimentarios obtenidos sin el empleo de productos químicos de
síntesis en el régimen de denominaciones de origen. Más tarde, el 25 de
noviembre de ese mismo año, se nombró el Consejo Regulador de la
Denominación Genérica. Este Consejo se encargó de elaborar el Reglamento,
que fue publicado el 4 de octubre de 1989.
La función del Consejo Regulador ha sido de vital importancia para el
fomento de la agricultura biológica o ecológica en España, pues desde
octubre de 1989 hasta octubre del año pasado ha sido el único organismo
encargado de la certificación y control de los productos ecológicos en
estos cuatro años. Más tarde, a partir de octubre del año pasado, se
promulga el Real Decreto 1852, por el que, sobre la producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, se
crea un marco armónico para que las comunidades autónomas asuman las
competencias de control establecidas en el Reglamento. Es de destacar
que, desde octubre del año pasado hasta ahora, la Comunidad Autónoma
andaluza ha asumido dichas competencias, por que lo que en la actualidad
existen dos autoridades de control en España: el Comité territorial
andaluz de agricultura ecológica en la Comunidad andaluza, y el Consejo
Regulador de la Denominación Genérica en el resto de España.
Creo, señor Llorens, que toda esta legislación propia creando un marco
jurídico adecuado cuyo objetivo ha sido potenciar el desarrollo de la
agricultura biológica es uno de los claros apoyos que está ofreciendo y
ha ofrecido la Administración a los agricultores que se dedican a
cultivos biológicos.
Pero, además de eso, ha habido y hay ayudas muy claras. Se aprobaron dos
órdenes en el Boletín Oficial del Estado, una del 7 de septiembre de 1989
y otra del 21 de septiembre de 1991, cuyo objetivo era la puesta en
funcionamiento y desarrollo de estos consejos reguladores. Concretamente,
en la del año 1991, en su artículo 4 se contemplan ayudas de hasta seis
millones para gastos de funcionamiento, de infraestructura, de confección
de registros y sobre todo para campañas de promoción y creación de
imagen, y ayudas de hasta 15 millones para establecer sistemas de control
de calidad, análisis de suelos y materias primas, en general para
investigación.
Por tanto, hay financiación para aquellos agricultores que quieran
dedicarse a cultivos biológicos; hay financiación por parte de la
Administración para hacer campañas. Prueba de ello es que el Consejo
Regulador de la Denominación Genérica ha recibido ya 37 millones y medio
para promoción de consumo de productos ecológicos.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen ha
realizado ya una promoción de consumos ecológicos, con celebración de
reuniones a través de asociaciones de consumidores, y ha asistido a
ponencias, ferias y seminarios. Todo esto ha dado unos resultados
bastante considerables en nuestro país, donde, en cuestión de dos años,
hemos pasado de tener inscritas 223 fincas con unas 3.000 hectáreas, a
tener 522 con unas 9.000 hectáreas en el año 1992. Es previsible que
también en pocos años consigamos el incremento de agricultores que se
dediquen a este tipo de técnicas productivas.
Por otra parte, la proposición no de ley que presenta el Partido Popular
recoge que el Ministerio de Agricultura no tenía en sus presupuestos
dotación económica para la financiación y potenciación de la agricultura
ecológica. Señorías, este año 1994, y usted lo puede recordar, existen
26.000 millones para ayudas de acompañamiento de la política agraria
comunitaria. Concretamente, sobre las últimas alusiones que hace respecto
a que España no se ha preocupado de pedir en la Unión Europea ayudas para
las políticas de acompañamiento, y sobre todo para las medidas
agroambientales, usted sabrá, y si no se lo voy a recordar, que el
Ministerio de Agricultura, conjuntamente con
las comunidades autónomas, ha presentado un programa que está en curso de
aprobación, de acuerdo con el Reglamento comunitario 2.078 del año 1992.
Es un programa cuya primera fase es de cuatro años, desde 1994 hasta
1998, donde se contemplan medidas horizontales con el objetivo de
contribuir a la realización de la política comunitaria en materia de
agricultura y medio ambiente, para garantizar a los agricultores una
compensación de sus pérdidas de renta por contribuir a dicha política y
también para realizar los cambios previstos en el contexto de las OCM
paliando los efectos negativos sobre los agricultores. Sabrá que estas
medidas horizontales, a las que van a poder acogerse los agricultores,
entre otras, van encaminadas a dedicar sistemas extensivos en las tierras
cerealistas con prácticas de cultivos para el mantenimiento de la
fertilidad del suelo, a hacer tratamientos integrados de lucha contra las
plagas y enfermedades de los cultivos, a fomentar una producción agraria
utilizando métodos de agricultura ecológica, y también habrá ayudas para
la formación de agricultores en práctica de cultivos compatibles con el
medio ambiente.
Este programa, que está en curso de aprobación por la Comunidad Económica
Europea, sí ha sido presentado por el Ministerio de Agricultura, y además
con mucho interés, para que nosotros podamos recibir, en todo el ámbito
territorial y también en aquellas zonas de actuación que el Ministerio
considere adecuadas, con unas características especiales, ayudas
complementarias que, como usted sabrá, pueden ser de 25.000 pesetas por
hectárea para cultivos actuales, de 30.000 por unidad de ganado mayor que
se reduzca, etcétera; es decir, una serie de ayudas que aquí no quiero
enumerar.
Con todo esto quería decirle que no estoy de acuerdo con las
declaraciones que ha hecho de que somos un país a la cola porque Francia
y Alemania tengan un número mayor de agricultores con cultivos
biológicos. España ha sido de los países más preocupados por este tipo de
agricultura; ha potenciado y ha promocionado la agricultura biológica a
través de todo lo que antes he referido sobre los consejos reguladores, y
sigue potenciándolos.
Al mismo tiempo, con este importante programa presentado en Bruselas para
las medidas de acompañamiento de la PAC, y sobre todo para las medidas
agroambientales, pretende que vayamos a la extensión y sensibilización de
la agricultura, pero con mucho tacto, señoría, porque usted debe ser
conocedor de unas declaraciones realizadas hace muy pocas semanas por
organizaciones agrarias, y de los enfrentamientos con algunos grupos
ecologistas. Todavía no está muy claro cuál es el término y el equilibrio
a mantener entre qué es lo que vamos a recibir, qué es lo que debemos
pedir en Bruselas como medidas de acompañamiento, y qué es aquello que
nos interesa producir.
Hay que tener cierto tacto en la petición de las ayudas. Se han pedido
por Madrid, vendrán y se pondrán en marcha por el Ministerio y las
comunidades autónomas, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los
agricultores nacionales, y concretamente muchas comunidades, viven del
campo, no viven de otro tipo de actividad, son agricultores a título
principal, y las ayudas que vengan tendrán que ser compatibles con sacar
productos de la tierra. Además, como usted bien sabe, este tipo de
medidas que protegen el medio ambiente llevan consigo una pérdida de
producción, y esto también es para tenerlo en cuenta. (El señor
Vicepresidente, Grau y Seris, ocupa la Presidencia.)
Por tanto, en la línea que el Ministerio de Agricultura está potenciando,
que demuestra que está muy interesado y sigue queriendo que el número de
agricultores dedicados a la agricultura biológica se vaya incrementando
más cada año, nosotros presentamos una enmienda a la proposición no de
ley sobre el fomento de la agricultura biológica, en la que decimos: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del
programa nacional sobre aplicación de prácticas de cultivo compatibles
con el medio ambiente, y una vez aprobado por la Comisión Europea,
desarrolle, en el plazo más breve posible, la normativa nacional para el
establecimiento de ayudas a los agricultores que cultiven productos
ecológicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Grau i Seris): Por el Grupo Catalán,
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Tan sólo para anunciar nuestro voto favorable a
la proposición no de ley, caso de ser admitida la enmienda de sustitución
socialista, por estar, a nuestro juicio, más de acuerdo en su redacción
con las posibilidades de incidir en el fomento de una agricultura
biológica o ecológica, dentro del marco de intervención permitida por la
normativa comunitaria, para cuya aplicación sólo hace falta que se
desarrolle, en el plazo más breve posible, la normativa nacional para el
establecimiento y la concreción de las ayudas y beneficios a los
agricultores que se decidan a practicar esta agricultura biológica.
El señor VICEPRESIDENTE (Grau i Seris): Por el Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: También muy brevemente, para decir que vamos
a apoyar la proposición no de ley con la enmienda formulada por el
Partido Socialista. Creemos que en el programa de desarrollo de las
medidas agroambientales de acompañamiento de la PAC es donde se deben
recoger las ayudas para este sector. Pensamos que, efectivamente, en
España todavía es un sector muy reducido, con posibilidades limitadas de
expansión debido a que sus productos van dirigidos a niveles de renta
alto. Coincidimos con los dos portavoces que me han precedido en que se
necesitan campañas para potenciar el consumo, y en esa línea nosotros
vamos a votar la enmienda socialista, si el Partido Popular la acepta
como sustitución a su proposición no de ley.
Creemos, sobre todo, que en esta medida sí hay que estimular el consumo.
Debemos reglamentar, pero también debe haber un control mucho más rígido,
tanto por parte de las comunidades autónomas como por parte de la
Administración central, para que, efectivamente, estas ayudas que se
proponen estimulen la agricultura ecológica y puedan cumplirse sus
objetivos. Pensamos que de momento no existe un control riguroso sobre
las certificaciones que se están produciendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Grau i Seris): Por el Grupo Popular, para que
manifieste si acepta o no la enmienda, tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los
demás grupos, porque, en definitiva, la finalidad del Partido Popular es
el servicio al agricultor, lo ponemos por delante de nuestras diferencias
políticas. Recientemente lo hemos podido comprobar cuando nosotros
trajimos un proyecto a la Cámara que fue rechazado y luego presentado por
los mismos que lo rechazaron al cabo de quince días.
Yo ahora no quiero entrar aquí en discusiones, porque además serían
interminables con los datos que ha dado la portavoz socialista, pero
tengo conocimiento de toda la normativa que en materia de agricultura
ecológica y biológica ha hecho el Partido Socialista, la última el Real
Decreto...
El señor VICEPRESIDENTE (Grau i Seris): Señor Llorens, su intervención es
para fijar su posición en cuanto a la enmienda.
El señor LLORENS TORRES: Efectivamente, normativa, la que se quiera; lo
que quiero decir es que dinero muy poco, como lo demuestra que aquí sólo
hay 7.000 ó 9.000 hectáreas destinadas a la agricultura ecológica y
biológica, y en Francia 270.000. ¿Eso qué quiere decir? Como ha dicho muy
bien la portavoz de Izquierda Unida que habrá que hacer un esfuerzo para
el fomento del consumo de este tipo de producción.
Por tanto, para que vean ustedes que hay una voluntad real de
entendimiento, nosotros presentamos una propuesta diferenciada en tres
bloques. Es decir, no hay nada que impida que el Gobierno socialista
realmente ponga en práctica una política de ayudas para que esta
irrisoria superficie que se destina a la agricultura ecológica y
medioambiental sea potenciada. Por consiguiente, el primer punto de la
enmienda alternativa que presenta el Partido Popular sería el siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del
programa nacional sobre aplicación de prácticas de cultivo compatibles
con el medio ambiente, primero: Establezca una línea de ayudas en favor
de los agricultores que cultiven productos ecológicos.
El segundo punto de nuestra enmienda alternativa (y lo tengo que explicar
ya que luego, a lo mejor, lo votan en contra simplemente porque lo hemos
redactado nosotros o lo hemos diferenciado) es idéntico al que ha
presentado hoy como sustitución del Partido Socialista: Una vez aprobado
por la Comisión Europea, que se desarrolle en el plazo más breve posible
(eso demuestra un ejercicio de optimismo impenitente, porque el plazo más
breve posible para ustedes puede ser cualquiera) para el establecimiento
de ayudas a los agricultores que cultiven productos ecológicos. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) Y, tercero, y yo creo que en sintonía
con la acertada sugerencia de la portavoz de Izquierda Unida: Que se
realicen campañas de fomento del consumo de los productos ecológicos.
Por tanto, el Grupo Popular, al que tengo el honor de representar en esta
intervención, plantea un texto alternativo con una enmienda diferenciada
en tres puntos, y nosotros pediríamos al señor Presiente la autorización
para que se voten por separado.
El señor PRESIDENTE: Señor Llorens, la parte sustantiva de su proposición
yo entiendo que solamente tiene un punto.
El señor LLORENS TORRES: Sí, señor Presidente, lo que pasa es que, con el
ánimo de encontrar un entendimiento, yo he recogido la iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista, y también como consecuencia de unos
apuntes de la portavoz de Izquierda Unida, que asimismo estaban recogidos
en nuestra proposición, el punto más especificado de que se realicen
campañas de fomento del consumo de los productos ecológicos. Es decir, lo
que abunda no daña, y creo que está más aclarado; por eso nosotros
planteamos esto como texto alternativo a nuestra propuesta originaria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Quisiera hacer una salvedad, y es que ya que
la voluntad del Grupo Popular, queremos entender que es una voluntad de
consenso --la nuestra también, pero queremos entender, repito, que la
suya lo es--, no nos fuercen a esos equilibrismos procesales.
Aquí hay una proposición suya que habla de establecer ayudas a la
agricultura ecológica y al fomento del consumo de productos ecológicos,
ésa es su propuesta inicial. A esa propuesta inicial, y dados los datos
objetivos de la realidad española de que existen ayudas y campañas de
fomento, hemos presentado una enmienda adaptada a los hechos objetivos
del marco europeo y del programa marco nacional, en ese panorama de
ayudas o medidas agroambientales, porque es el futuro. Lo otro que dice
el Partido Popular existe, pero nosotros insistimos en el futuro.
En ese sentido, en ese ánimo de consenso, acogiendo su idea de la
intensificación --también de Izquierda Unida-- de las campañas de
consumo, para no hacer ese tipo de equilibrismos, acepten nuestra
redacción, que insisto que es de futuro, del programa marco nacional,
etcétera, y añadamos, si quiere, en una corrección «in voce», al final,
donde hablamos de agricultores que cultiven productos ecológicos, «e
intensifique las campañas de promoción de fomento del consumo de los
mismos», que de hecho, reconozcámoslo, las hay, existen en nuestro país,
está puesto de manifiesto y todo el mundo las conoce.
Por eso decimos que no hagamos ese equilibrismo, no forcemos las cosas a
tener que decir que sí o que no, no sacamos ningún rendimiento de ello.
Si queremos de verdad ayudar a los agricultores y a la agricultura
biológica, pongámonos de acuerdo en una cosa tan sencilla.
El señor PRESIDENTE: Señor Llorens, entiendo que la propuesta del Grupo
Socialista sería si el Grupo Parlamentario Popular aceptaría la enmienda
con el añadido final que ha aportado el portavoz del Grupo Socialista.
¿La acepta en estos términos, señor Llorens?
El señor LLORENS TORRES: Eso sí que es equilibrismo puro, porque nosotros
diferenciamos aquí tres puntos: el nuestro originario, después el suyo
añadido, el que han traído aquí, y una tercera aclaración en la que todos
estamos de acuerdo, y es que hay que fomentar, porque habrá habido
grandes campañas de fomento del consumo y todo eso, pero los resultados
son los que son.
El señor PRESIDENTE: Señor Llorens, entiende la Presidencia, y creo que
podemos entenderlo todos, que en estos momentos lo que deberíamos votar,
en todo caso, sería la proposición del Grupo Parlamentario Popular, bien
de la manera que la presentó o bien con la enmienda del Grupo Socialista,
con la corrección «in voce» que ha apuntado su portavoz. Sinceramente, no
creo que haya posibilidad reglamentaria de la modificación que el propio
Grupo Parlamentario Popular planteaba en su intervención, y me parece,
con el Reglamento en la mano, que solamente existen estas dos
posibilidades: o bien votamos la proposición del Grupo Parlamentario
Popular en sus términos iniciales, o bien la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, con la corrección, ésta sí, «in voce» que
finalmente se ha apuntado.
El señor LLORENS TORRES: Igual que ellos tienen el derecho de plantear
aquí una enmienda «in voce», nosotros planteamos otra, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Es diferente una enmienda «in voce» de algún
añadido, que es una práctica que hemos utilizado siempre en cualquier
Comisión, que reformular toda la proposición no de ley, incluso con una
estructura totalmente diferente, y la Presidencia entiende que no
podríamos aceptarlo.
Tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, una última aclaración para
demostrar una vez más nuestra buena voluntad.
Entiendan que no queremos desvirtuar su propuesta, sino adaptarla al
marco real de los programas comunitarios y agroambientales, que es donde
va dirigida la propuesta, parece ser, por la intervención del propio
señor Llorens, no a hablar de que no existe ningún tipo de ayudas, que de
hecho existen en otros marcos. Es decir, nuestra buena
voluntad es apoyar el espíritu de la propuesta, no desvirtuarla, pero
adaptarla con una redacción más correcta a la situación en que nos
movemos, y añadirle lo del fomento que nosotros habíamos puesto: que se
intensifique el fomento de la promoción y del consumo de los mismos. Nada
más. Esa es la aclaración, no estamos desvirtuando nada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Vamos a demostrar una vez más (Risas), a pesar
de las risas de los que invocan lo mismo cuando lo presentan los socios
que mandan, que la finalidad de nuestra acción política y de nuestras
iniciativas es mejorar la situación del sector agrario. Luego pasaremos
cuentas; ya veremos qué ocurre con el plazo.
El señor PRESIDENTE: Señor Llorens...
El señor LLORENS TORRES: Por tanto, lo aceptamos, pero yo rogaría al
señor portavoz, que no sé ya cuál es, porque aquí, con tanto equilibrio,
hemos cambiado incluso de portavoz.
El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Socialista es el mismo.
El señor LLORENS TORRES: Es que anteriormente ha intervenido la señora
Diputada.
Yo le rogaría, decía, que le dé una lectura final a esta brillante
exposición.
El señor PRESIDENTE: Señor Roncero, tiene la palabra.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Ironías aparte, voy a leer brevemente el
contenido de la propuesta final de nuestro Grupo: El Congreso de los
Diputados insta la Gobierno a que, en el marco del programa nacional
sobre aplicación de prácticas de cultivo compatible con el medio
ambiente, y una vez aprobado por la Comisión Europea, desarrolle, en el
plazo más breve posible, la normativa nacional para el establecimiento de
ayudas a los agricultores que cultiven productos ecológicos e
intensifiquen las campañas de promoción del fomento del consumo de los
mismos.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de este texto.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición del Grupo
Parlamentario Popular, con la enmienda del Grupo Socialista.
--MEDIDAS A TOMAR PARA MEJORAR LA SITUACION DEL SECTOR PRODUCTOR DE AJOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 161/000101.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a debatir el sexto punto
del orden del día, sobre medidas a tomar para mejorar la situación del
sector productor de ajos. La proposición es del Grupo Parlamentario
Popular. El señor Madero tiene la palabra.
El señor MADERO JARABO: Señorías, en esta especie de paseo parlamentario
que estamos haciendo por la huerta española, ahora le toca el turno al
cultivo del ajo (Risas.), que, según tengo noticias, es de las primeras
veces que acude a esta Comisión y a esta Cámara. Seguramente esto será
porque ha sido de los últimos en tener problemas serios derivados de la
situación nueva de nuestro país de cara a mercados exteriores, producida,
sin duda, por un mal tratado de adhesión a la Comunidad Económica
Europea. Quizá por ser un cultivo nuevo se me permita, en breves
instantes, hacer una referencia a algunas de las características del
mismo, para cifrar la importancia económica y social que tiene en general
en España y en particular en algunas provincias, y muy en particular en
algunas comarcas.
Podemos considerar que hay una superficie media sembrada en toda España
de unas 40.000 hectáreas, con una producción de unas 200.000 toneladas.
(El señor Vicepresidente ocupa la Presidencia.) Por provincias, las
estadísticas del propio Ministerio nos dicen que en la provincia de
Cuenca se cultiva la tercera parte; en Albacete, Córdoba y Granada, la
otra tercera parte de esas 40.000 hectáreas que he citado anteriormente,
y el resto está disperso por toda España, con algún núcleo comarcal de
notable importancia, como pueden ser, dentro de la provincia de Gerona,
las zonas de Puigcerdá o Bañolas.
En cuanto a distribución regional, obviamente Castilla-La Mancha es la
que mayor superficie cultiva, se produce aproximadamente, tanto en
superficie como en tonelaje, el 60 por ciento del ajo de España, y
Andalucía cultiva y produce alrededor del 20 por ciento.
Para evaluar su importancia social diremos que este cultivo requiere,
aproximadamente, unos 30 jornales por hectárea, más el 40 por ciento de
jornales añadidos en cuanto a manipulación, envasado y expedición. La
producción final en destino puede ser de unos 25.000 millones de pesetas,
a unos precios medios que podemos considerar de 125 pesetas/kilo
percibidas por el agricultor, aunque bien es cierto que de un año para
otro existen unas muy fuertes oscilaciones del precio percibido por el
ajo producido en España y exportado fundamentalmente a Europa, América y
Asía.
Este es un cultivo típico, como saben SS. SS., de pequeños agricultores,
de explotaciones familiares agrarias e incluso de agricultores sin
tierra, pues el hecho de que agronómicamente es imposible la siembra en
el mismo terreno donde se cultivó el año anterior ha obligado a que los
cultivadores tengan que buscar tierras nuevas que arriendan en cada
campaña, y lo que es indudable es que, tras la cosecha de cada año, en
las zonas tradicionales, y sobre todo en el centro de producción y
elaboración --que podemos situar en Las Pedroñeras, en la provincia de
Cuenca--, se crea un proceso de selección, preparación, envasado y
expedición para comercializarlos que realizan fundamentalmente las
cooperativas de los propios agricultores; es decir, que en este subsector
se produce, elabora y comercializa, habiéndose integrado en él todo el
ciclo productivo, y además los agricultores acceden al valor añadido del
producto cosechado.
En la normativa de la Unión Europea no ha sido considerado y, por tanto,
no goza de ningún tipo de subvención, de ningún tipo de pago
compensatorio ni de nada similar, ni supone ni ha supuesto históricamente
ninguna carga para las arcas nacionales o comunitarias. Por el contrario,
he dicho al principio, y reitero ahora, que ha sido gravemente
perjudicado por nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea, y a
pesar de ello se ha acreditado en todos los mercados exteriores como un
producto de excepcional calidad muy apreciado por todos los consumidores.
Debo señalar, además, que nuestras exportaciones no han tenido nunca
problemas sanitarios --esto me interesa resaltarlo--, ya que el cultivo
está perfectamente tratado contra enfermedades, plagas o virosis.
Asimismo, se cumplen con exquisito rigor las normas fitosanitarias de la
exportación y las recomendaciones sanitarias que la Organización Mundial
de la Salud hace al respecto. Se trata, por tanto, de un cultivo de gran
importancia regional y de vital importancia comarcal en algunas
provincias; que ha movido, en el mercado de arrendamiento anual, unas
40.000 hectáreas de tierra, con una producción de 200.000 toneladas, en
buena parte para la exportación, y que da trabajo a unas doce mil
familias, que han acreditado ya en el exterior, como decía antes, un
producto agrícola español.
Actualmente, y es quizá una de las razones por las cuales presenta mi
Grupo esta proposición no de ley, este cultivo se encuentra con unos
problemas que ha ido sorteando hasta donde ha podido, y me explico. Para
los mercados no europeos la competencia del ajo de países asiáticos ha
sido creciente, y las exportaciones se han ido orientando hacia países
europeos, tanto dentro de la Unión Europea como fuera de ella, es decir,
para terceros países también europeos. Ahora bien, en la última campaña,
en los países de la Unión Europea, e incluso en nuestro país, se ha
producido una auténtica invasión de ajo procedente de China. Ello produjo
la inmediata reacción del sector, que consiguió de las autoridades
españolas y comunitarias que, como medida protectora, se pusiera la
cláusula de salvaguardia prevista en la reglamentación europea. Ahora
bien, dicha cláusula terminó el 31 de diciembre de 1993, y a comienzos de
1994 estamos ante una situación similar, ya que nuestra producción está
permanentemente amenazada por la de ajos chinos, con unos precios
sospechosamente bajos y con una calidad fitosanitaria no suficientemente
contrastada.
Por ello, señor Presidente, señorías, presentamos esta proposición no de
ley que nuestro Gobierno defienda, en España y en Bruselas, un cultivo
vital para algunas
comarcas españolas y cuya alternativa es ninguna, ya que al ver la
distribución geográfica de este cultivo, observamos que los ajos se
producen en zonas agrícolas de productos excedentarios, regulados
mediante subvenciones por la nueva política agraria comunitaria.
¿Qué se pretende, en concreto, con esta proposición no de ley? En primer
lugar, que el Gobierno español vigile atentamente la entrada procedente
de países terceros, estrechando de una manera especial la vigilancia en
un doble aspecto. De una parte, los precios. El coste de conservación del
producto, su transporte y distribución, con independencia del coste de
producción, ya he dicho antes que es sospechosamente bajo, y hace pensar
en prácticas comerciales no admitidas por la reglamentación internacional
del comercio. De otra parte, los certificados de importación no sólo
deben referirse, como se está haciendo hasta ahora, a cantidades y
formulismos aduaneros, sino que debe vigilarse muy especialmente el
aspecto sanitario, porque de China sabemos que son muchos, pero no
sabemos que estremen el rigor a la hora de hacer la expedición de sus
productos. Si fuera preciso habría que adoptar fuertes cuarentenas a la
entrada de este producto en las fronteras comunitarias. deben adoptarse
todas las medidas que garanticen la total ausencia de plagas, si quieren
se las cito, porque ya hemos importado algunas, como el gusano rojo o
nematodos, y de enfermedades como la esclerostimia o el penicilium.
Además de un producto sospechamos que estamos importando plagas y
enfermedades.
En otro orden de cosas se pretende que para evitar el desplome de nuestro
mercado, y dentro de la normativa comunitaria, el Gobierno español debe
solicitar, y obtener de manera inmediata --aquí la brevedad de los plazos
y la lasitud en las peticiones deben ser obviadas--, la prórroga de la
cláusula de salvaguardia para el ajo como mínimo hasta el 31 de marzo de
1994, y ello de cara a terceros países, aunque podemos excluir a los
sudamericanos, cuyo ciclo productivo hace que no podamos ser competitivos
con ellos en el tiempo.
Asimismo, las importaciones de terceros países no deben superar las
quince mil toneladas en toda la Unión Europea, cantidad coincidente con
el cinco por ciento del consumo de los Doce. Debe también, y esto es muy
importante, establecerse un calendario de importaciones, con un período
inhábil de importación de ajos en la Unión Europea desde el uno de junio
de cada año hasta el 31 de enero del siguiente. Con estas medidas de
carácter urgente se actúa en favor del sector del ajo de manera
coyuntural en cada campaña y siempre al amparo de la reglamentación
comunitaria.
Pero para dar un carácter más estable (y ése es otro de los puntos de
nuestra proposición no de ley) al apoyo que nuestros agricultores
requieren, el Gobierno español debe solicitar y negociar, en las
condiciones adecuadas, la inclusión del ajo en la reformada futura
organización común de mercado de frutas y hortalizas. Es decir, en vez de
mirar para otro lado y no considerar este cultivo, hacerlo, dada la
importancia que comarcal y provincialmente tiene en algunos sitios de
España.
De esta manera, el ajo entraría, junto con otros productos, en un
adecuado régimen de precios e intervenciones por parte de la Unión
Europea, que despejaría, al menos en parte, el futuro de muchos miles de
agricultores, que en determinadas zonas han cultivado tradicionalmente el
ajo y lo han acreditado en el exterior como un producto de alta calidad.
Termino, señor Presidente. Por todo lo expuesto hasta ahora pido a esta
Comisión el voto favorable para esta proposición no de ley que presenta
el Grupo Popular en defensa de un cultivo y, sobre todo, en defensa de
miles de pequeños agricultores, que ven amenazado su futuro por una falta
de previsión y de reglamentación que defienda su profesionalidad y su
trabajo.
El señor VICEPRESIDENTE (Grau i Serís): Para defender la enmienda del
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Voy a consumir un turno para defender la
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición
no de ley del Grupo Popular que acaba de ser defendida.
De entrada, quisiera decir que nos parece que el contenido de la
proposición no de ley defendida por el portavoz del Grupo Popular recoge
propuestas que nos parecen interesantes y que están apuntando a
solucionar algunos problemas, unos de carácter coyuntural y otros de
carácter estructural, que tiene el sector. Reconocido esto, nos hemos
acercado al contenido del texto de la proposición no de ley con el mejor
espíritu para intentar ofrecer una enmienda que recoja aquellas partes
del texto de la misma que miren en beneficio del sector.
Del texto de la proposición no de ley hemos quitado tres cosas que
creemos que no deben contemplarse en una resolución que adopte esta
Cámara, en este caso esta Comisión, y son las siguientes. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) En primer lugar, nos parece que no es
necesario recoger, en el texto de una proposición no de ley, aquellas
cuestiones que ya está realizando el Gobierno, es decir instar a realizar
aquellas políticas que ya se están haciendo; además, pensamos que se
están haciendo bien. En segundo lugar, cualquier resolución que tome esta
Cámara en un asunto como este debe ajustarse al marco jurídico
comunitario, si no, estaríamos entrando en una contradicción entre lo que
es nuestro ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico comunitario,
que también nos afecta. En tercer lugar, hemos eliminado de nuestra
enmienda cualquier concesión a la galería, aunque comprendemos que desde
la oposición es razonable hacer algún guiño al conjunto del sector, a
pesar de que muchas veces sea un brindis al sol o un simple gesto.
Insisto, eliminadas estas tres cuestiones, hemos presentado una enmienda
de sustitución, que de ser aprobada estaríamos beneficiando al sector,
puesto que lo que hace es mirar al futuro. ¿Cuál es el texto de la
enmienda? Es el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
para que defienda, en la futura reforma de la OCM de frutas y hortalizas,
la exigencia de certificados de
importación a toda importación española de ajos. En segundo lugar, la
inclusión de los ajos, así como de la cláusula de salvaguardia para su
aplicación en el caso de perturbación del mercado.
Creemos que esto es lo sustancial; pensamos nosotros que es la parte
sustantiva del contenido de la proposición no de ley que presenta el
Grupo Parlamentario Popular.
Las otras cuestiones planteadas en su iniciativa, por las tres razones
que decía antes creemos que no debemos aceptarlas, y voy a tratar de
justificarlo, voy a dar razones para ello.
Plantea el Grupo Popular, en su iniciativa, la exigencia de certificados
a toda importación española de ajos. Señoría, el Reglamento 1.859/93 de
la Comisión establece, para todo el territorio aduanero de la Comunidad,
la obligatoriedad de la presentación de un certificado a la importación
de los ajos originarios de países terceros. Dicho Reglamento, como su
señoría sabe, todavía está en vigor, por tanto, no parece razonable
exigir certificados a la importación que en estos momentos, según la
regulación comunitaria, se están exigiendo; parece que sería una
redundancia innecesaria.
En segundo lugar, la iniciativa del Grupo Popular plantea solicitar
urgentemente a las instancias comunitarias varias cuestiones, entre
otras, la prórroga de la cláusula de salvaguardia para el sector del ajo
para terceros países, como mínimo hasta el día 31 de marzo de 1994,
exceptuándose, como decía el portavoz del Grupo Popular en su
intervención, las importaciones procedentes de países sudamericanos.
Señoría, como usted ha reconocido también en su intervención, el Gobierno
español, consciente de los perjuicios económicos que estaban causando las
importaciones de ajos procedentes de China al sector productor español,
solicitó, con fecha 31 de agosto, la aplicación de la cláusula de
salvaguardia, prevista, como su señoría sabe, en el Reglamento 1.035/72,
que establece la organización común del mercado de frutas y hortalizas.
En consecuencia, la Comisión Europea publicó un nuevo Reglamento, el
2.448/93, de fecha 2 de septiembre, aprobando la suspensión de la emisión
de certificados de importación de ajos originarios de China con efectos
desde el 3 de septiembre hasta finales de 1993, y estimando, como su
señoría sabe y ha reconocido también, lo que fue la demanda española a la
Comisión.
¿Qué sucede a partir del 1 de enero de 1994? A partir de esta fecha es
verdad que el Reglamento que acabo de citar dejó de ser aplicable, y con
ello también ha dejado de ser aplicable la cláusula de salvaguardia. Sin
embargo, tiene que reconocer conmigo que permanece vigente el Reglamento
relativo a la obligatoriedad de solicitud de certificados de importación.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio. Es difícil seguir el
debate en estas condiciones.
El señor NIETO GONZALEZ: Este Reglamento permite hacer un seguimiento
estadístico de la evolución de las importaciones de ajos en la Comunidad
según procedencias. De dicho seguimiento estadístico se deduce que en
nuestro país, desde el 1 de enero, solamente se han solicitado
certificaciones de importación por un importe total de 240 toneladas
procedentes de China. Dichos datos se refieren a un período de 40 días, y
la cifra que le estoy dando va desde el 1 de enero hasta el 10 de
febrero.
Estará conmigo su señoría en que con estas cantidades no parece
justificado que por parte de España se solicite una nueva ampliación de
la cláusula de salvaguardia, dado que, por otro lado, se pueden dar por
terminadas las importaciones procedentes de China durante la presente
campaña. En ese sentido consideramos que la prórroga de dicha cláusula no
tendría efectos prácticos; las importaciones de China se extienden en el
período de julio a octubre, como usted muy bien sabe, por lo que la
cláusula de salvaguardia ha cubierto suficientemente dicho período
sensible.
Otra de las peticiones que ustedes hacen se refiere a la limitación de
las importaciones de ajo a un cupo máximo de 15.000 toneladas anuales
para toda la Unión Europea, cantidad igual al cinco por ciento de su
consumo. En este sentido tengo que decirle también que no se pueden
aplicar al sector de los ajos los compromisos de acceso mínimo acordados
en la Ronda Uruguay del GATT. Dicho acceso mínimo, como usted sabrá, es
aplicable únicamente a los productos que se arancelizan, y, como usted
sabe, eso no se ha producido con los ajos. Por tanto, desde nuestro punto
de vista no tiene ningún sentido esta limitación a la que usted hace
referencia.
En último lugar, también piden que se establezca un período inhábil para
las importaciones de ajos entre el 1 de junio de cada año y el 31 de
enero del año siguiente. Quisiera decirle que no es posible establecer
ningún período inhábil sin causa justificada, sólo por motivos de aumento
excesivo de importaciones o de baja de precios. Se podría solicitar la
aplicación del Reglamento comunitario 1.035, que prevé la instalación de
una cláusula de salvaguardia, en su caso. Si en la campaña próxima se
produjeran estos hechos, habría que recurrir, como digo, a esta cláusula,
pero no está prevista la introducción previa en la legislación del sector
de un período inhábil, que iría claramente en contra del citado
Reglamento al que acabo de referirme y que prohíbe las restricciones
cuantitativas.
Por toda esta serie de razones quiero decirle a su señoría que hemos
tratado de recoger en nuestra enmienda (creemos haberlo conseguido, no sé
si el Grupo Popular estará de acuerdo con lo que acabo de decir) la parte
sustantiva del contenido de la proposición no de ley que ustedes
presentaban, y no hemos incorporado partes que no eran sustanciales y
que, en algunos casos, o no tenían sentido porque se están haciendo, o
claramente contradicen la reglamentación comunitaria.
Dicho esto, pedimos al Grupo Popular que acepte a trámite la enmienda que
presenta el Grupo Socialista, porque pienso que con ello estaríamos
haciendo un buen servicio al sector del ajo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir en el debate? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, intervengo
brevemente para fijar la posición de nuestro Grupo, señalando que para
resolver la situación que plantea el Grupo Parlamentario Popular nos
parece que las medidas que ahí se plasman podrían valer, pero nos parece
que también es preciso tener un diseño general y buscar una solución de
futuro.
Anteriormente se habrá debatido la proposición no de ley relativa al
convenio con Marruecos, yo no he podido estar presente, señor Presidente,
pero creo que siempre andamos con problemas parecidos; es decir, ahora
puede ser el ajo, luego será el algodón, pero, en definitiva, lo que está
ocurriendo deviene de la situación de apertura, quizá excesiva, de
nuestros mercados a los de otros países que actúan con modelo, con
parámetros de vida económicos y de bienestar muy diferentes y con los
cuales no disponemos de índices y niveles de calidad suficientes para
competir, en la medida en que el coste, el régimen económico y de vida en
dichos países, como digo, es diferente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gatxagaetxebarría.
Ruego a sus señorías silencio. Esta sala tiene un nivel acústico
deficiente y hay problemas luego para transcribir el acta.
Puede continuar.
El señor GATXAGAETXEBARRIA BASTIDA: Entendemos el planteamiento que hace
el Grupo Popular, pero creemos que el tema de fondo está en defender el
principio de preferencia comunitaria en la materia por las razones que
anteriormente exponía, al encontrarnos con sistemas económicos
completamente diferentes y que requieren de determinados mecanismos de
protección.
Nosotros seríamos partidarios de fijar unos precios mínimos de
importación que hagan referencia al precio del mercado en el ámbito de la
Unión Europea. Para ello nos parece oportuno que existan exacciones
reguladoras variables, de forma que esa exacción reguladora ajustara el
precio (en este caso del ajo, pero puede ser de cualquier otro producto)
dimanante de un tercer país que no tenga las connotaciones económicas o
sociales, como puede tener los modernos Estados de la Unión Europea, a la
realidad y al precio del mercado en la Unión Europea, de forma que al ser
la exacción reguladora variable, se impidiera la entrada de productos por
debajo del precio que se estuviera cotizando en ese momento en el mercado
europeo.
Por ello, nuestro Grupo entiende que en este momento, y al entrar en
vigor el espacio económico europeo, es muy difícil aprobar una cláusula
de salvaguardia. No obstante, nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo
con la filosofía del Grupo Parlamentario Popular y va a apoyar la
iniciativa, sin perjuicio de que también nos parece oportuna la enmienda
del Grupo Socialista, que en caso de ser aceptada también la apoyaríamos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, respecto al problema del sector
de los ajos que expone la proposición no de ley del Partido Popular,
nuestro Grupo Parlamentario cree que, efectivamente, hay un problema
grave y que su solución definitiva y viable pasa por obtener su inclusión
en la reforma de la OCM de frutas y hortalizas. De alguna forma el
Gobierno debería actuar para obtener de la Comisión la rápida aprobación
de esta reforma de la OCM para evitar la reiteración de las importaciones
masivas de ajos y otras causas que están perjudicando al sector. Esta
rapidez en la aprobación de una OCM que acotara más los calendarios de
las importaciones, adaptándolos a nuestras producciones, donde quedaran
asegurados los precios mínimos rentables y aplicando cuando fuera
necesario las cláusulas de preferencia comunitaria, nos parece que sería
la solución idónea.
Por tanto, un mandato al Gobierno, adoptado por unanimidad de esta
Comisión del Congreso de los Diputados, para la obtención de algo tan
razonable y justificado en las instancias europeas como es la inclusión
de todo el sector del ajo en la reforma de la OCM de frutas y verduras
pienso que sería la mejor forma de defender este sector, dando, a la vez,
un plus de fuerza a las autoridades de nuestro país, a nuestros
negociadores comunitarios, para que obtuvieran lo que se precisa, con la
máxima urgencia, esto sí, para la supervivencia de este sector de los
ajos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya va a votar a favor de esta proposición no de ley relativa a
la salvaguarda del sector del ajo, como no podía ser de otra manera.
Izquierda Unida presentó una proposición similar en las Cortes de
Castilla-La Mancha, que fue aprobada, lo que dio lugar a la constitución
de la Mesa Nacional del Ajo, Mesa de seguimiento que nos ha hecho llegar
a todos los grupos parlamentarios sus preocupaciones y sus
reivindicaciones en este sector.
Nuestro Grupo en este tema, como en otros que hacen referencia a la
protección que de alguna manera establecemos respecto a países de
producciones similares a las nuestras, se mueve, he de reconocerlo, en un
difícil equilibrio. Se mueve en el equilibrio de propugnar al mismo
tiempo el desarrollo de los países en vías de desarrollo y mantener una
protección para los agricultores de diversos sectores de nuestro país. Lo
que nos movió en las Cortes de Castilla-La Mancha y en esta Cámara a
votar a favor de esta proposición y la que nosotros planteamos en las
Cortes de Castilla-La Mancha, es la siguiente. Se trata de una economía
social que agrupa a muchas familias y de zonas de difíciles alternativas
de desarrollo. Por eso pensamos que proposiciones como ésta ayudan a que
sectores que se encuentran en dificultad en nuestro país no se vean más
perjudicados y carguen con los costes de una política que debe ser mucho
más global de potenciación de desarrollo de los países del tercer mundo.
Somos conscientes, señorías, de que esta proposición no de ley es muy
limitada, es un parche; nos veríamos obligados, año tras año, a demandar
medidas como las que se contemplan en la misma, hasta que no se consiga
el punto de esta misma proposición no de ley que es que el ajo sea
incluido en la organización común de mercado de frutas y hortalizas.
Pensamos que realmente ésta será la solución definitiva. Por eso, se
debería instar al Gobierno a que esta organización común de mercado se
realice a la mayor brevedad posible y que se incluya al ajo.
Creemos que también hay otras ayudas que son necesarias para el sector,
como las relativas a su modernización, a medidas para el almacenamiento,
de tal manera que los agricultores no se vean obligados a sacar en unas
fechas determinadas su producción, sino que dispongan de un tiempo
razonable para su comercialización.
En definitiva, votaremos a favor de la proposición no de ley que presenta
hoy el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero a los efectos de
aceptar o no la enmienda del Grupo Socialista.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, me permitirá que, al hablar de
la enmienda del Grupo Socialista, agradezca la postura de la señora
Rivadulla, del Grupo de Izquierda Unida, que veo que hace apelación a una
iniciativa en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha, que es donde
este tema nos duele de manera específica.
Coincido con S. S. en que esta proposición no de ley si no un parche, es
algo más que un parche, pero poco más, porque efectivamente la solución
definitiva pasa por la inclusión de este cultivo en la OCM reformada de
frutas y hortalizas. Por cierto que, aunque no esté reformada --y me
dirijo al portavoz del Grupo Socialista--, sin embargo permite que cada
uno de los puntos que están incluidos en nuestra proposición no de ley
estén dentro de la reglamentación comunitaria más estricta, incluidos
algunos de los acuerdos conocidos de las últimas negociaciones del GATT.
En definitiva, apelando al principio de preferencia comunitaria, como
algún otro grupo ha mencionado, entre otros el Grupo Parlamentario Vasco,
al amparo de determinado precepto, entraría de manera plena cada uno de
los puntos que constituyen nuestra proposición no de ley, en donde estar
de acuerdo con algunos y rechazar otros sin causa aparente nos obliga,
señor Presiente, a no aceptar la enmienda que propone el Grupo
Socialista, porque no se trata de aceptar algo sí y algo no, sino que hay
una interrelación. Ya he dicho que no era la medida definitiva, pero si
encima le quitamos alguna de las partes se va a quedar no ya en un
parche, sino en un vulgar remiendo que no va a valer absolutamente para
nada.
Me va a permitir también, señor Presidente, que, una vez visto que se
ajusta totalmente a cualquier precepto o normativa del marco jurídico
comunitario, rechace la imputación de que en esta proposición no de ley
se hacen concesiones a la galería o brindis al sol. No los veo por ningún
sitio, señor Presidente; al contrario, mi Grupo, el Grupo Popular, ha
sido sensible a la demanda que la Mesa Nacional del Ajo hace en los
medios públicos, en todas las instancias regionales, nacionales y
comunitarias. Es aquí donde debemos decidir buena parte de lo que el
Gobierno deba hacer, o, al menos, instar a que lo haga. No es hacer
brindis al sol, ni es hacer concesiones a la galería hacerse eco y
recoger literalmente las peticiones de las organizaciones profesionales
agrarias y de las cooperativas del sector.
Voy a fundamentar el rechazo de la enmienda que nos propone el Grupo
Socialista. Al hablar, por ejemplo, de los certificados, ha habido una
intervención esta mañana del representante del Grupo de Coalición Canaria
en la que hablaba del cuidado exquisito que hay que tener al hablar y
sobre todo al escribir, sobre problemas fitosanitarios. Cuando yo he
hablado de certificados, y no lo incluimos en el texto de la proposición
no de ley pero sí lo he dicho para que vaya en el espíritu, no solamente
se trata de que haya una serie de complementos aduaneros y burocráticos
y, además, un control estadístico, como decía el portavoz socialista,
sino que estamos hablando del gravísimo problema fitosanitario, tanto
para cultivos como, esperemos que no, para el consumo humano. En todo
caso, de ese certificado debe derivarse también, porque así lo exige la
normativa, la procedencia y el origen de aquello que se consume, y ahora
mismo estamos consumiendo en España ajos chinos y nos creemos que son
españoles. Y este Diputado y este Grupo tienen serias dudas de que
cumplan la reglamentación fitosanitaria internacional al respecto.
Finalmente --y ya termino, señor Presidente--, es cierto que la cláusula
de salvaguarda que el sector pidió el año pasado y que acababa el 31 de
enero, dio sus resultados, pero, al no haberse continuado, han vuelto a
aparecer los problemas. Efectivamente, señor portavoz del Grupo
Socialista, han entrado pocas toneladas de ajos por las fronteras
comunitarias en los cincuenta días hábiles que llevamos de año, pero es
que habían entrado ya antes y están en las cámaras frigoríficas de
España, concretamente de Las Pedroñeras, y ahora es cuando se van
despachando, en la medida en que el mercado lo va demandando.
Por ello, pensamos que mutilar la ya de por sí escuálida proposición no
de ley del Grupo Popular sería dejarla en nada, porque esto sería salvar,
si se aprueba --y vuelvo a apelar al buen sentido de la Comisión para que
se apruebe esta proposición no de ley en defensa del cultivo del ajo--,
esta campaña. Pero, en definitiva y de cara al futuro, coincido con otros
portavoces en que es uno de los puntos que ahí se dicen incluir este
cultivo en la organización común de mercados de frutas y hortalizas
reformada.
El señor PRESIDENTE: El señor Nieto tiene la palabra.
El señor NIETO GONZALEZ: Yo, la verdad, después de escuchar la
intervención del portavoz del Grupo Popular, me reafirmo en todo lo que
he dicho en mi primera
intervención. Pero sí quisiera decir un par de cosas y hacer una
sugerencia a la Presidencia, en cuanto a lo que podamos votar.
Decía que nos habíamos acercado a esta proposición no de ley con el mejor
espíritu y con la idea de aprobar algo que sea bueno para el sector, que
favorezca los intereses del sector y que no entre en contradicción con la
normativa comunitaria, sin que aprobemos cosas que, de hecho, se vengan
realizando por parte de las administraciones españolas; no aprobar algo
superfluo o algo sin sentido.
Proponíamos una enmienda que nos parecía que iba a la parte sustancial de
la proposición no de ley, cual es la petición al Gobierno español para
que se incluya el ajo en la reforma de la OCM de frutas y hortalizas.
Pero, puesto que por parte del Grupo Popular se plantean objeciones a
nuestra enmienda, que impedirían su tramitación, damos un paso más para
intentar conseguir en este trámite parlamentario algún acuerdo que sea
positivo para el sector. En este sentido, propondríamos al Grupo Popular
--puesto que, repito, no van a aceptar la tramitación de nuestra
enmienda-- que se vote separadamente el punto 1 y punto 2 D, en un
bloque, separado del resto. Si eso es posible, el Grupo Socialista
votaría en consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Al no aceptarse la enmienda, la inicial se puede
votar por separado. Saben SS. SS. que si el Grupo Parlamentario afectado
hubiese aceptado una enmienda, tendría que votarse en bloque, pero al no
aceptarse la enmienda, cualquier grupo tiene la posibilidad de pedir
votación separada.
El señor NIETO GONZALEZ: Como vemos que hay problemas por parte del Grupo
Popular para aceptar una propuesta del Grupo Socialista y quieren que
quede muy reflejado que la iniciativa es suya, a nosotros no nos duelen
prendas en votar parte de su iniciativa y que la medalla se la ponga el
Grupo Popular. No hay ningún problema.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: El trámite en el que estamos es simplemente
para pedir votación separada. Por lo tanto, los juicios de valor del
representante del Grupo Socialista sobran. Estos juicios de valor le
recomiendo que los haga en las asambleas que se celebran periódicamente
en Las Pedroñeras protestando contra la política ajera socialista. Le
recomiendo una visita a esa localidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, sobran estas últimas palabras. La
intervención del señor Nieto se encuadraba en el contexto. (El señor
Madero Jarabo pide la palabra.)
Señor Madero, ¿para qué quiere la palabra?
El señor MADERO JARABO: Para decir más o menos lo mismo que ha dicho el
señor Ramírez, pero, si me permite, en un tono más rebajado, porque yo no
vengo aquí a ponerme medallas, señor Presidente, ni mi Grupo las quiere,
sino a solucionar un problema.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del primer punto de la
proposición no de ley.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos a continuación el segundo punto, menos el apartado d), que
votaremos separadamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados a), b) y c) del
punto 2 de la proposición no de ley.
Votamos a continuación y finalmente el apartado 2, d) de la proposición
no de ley.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--MEDIDAS A TOMAR EN FAVOR DEL SECTOR PRODUCTOR DE ALGODON EN ESPAÑA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
161/000102.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir el último punto del
orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular relativa a las medidas a tomar en favor del sector productor de
algodón en España.
Para defenderla, el señor Jordano tiene la palabra.
El señor JORDANO SALINAS: La proposición no de ley que presenta el Grupo
Popular... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ya he comentado que esta Sala tiene
dificultades acústicas. Ruego que colaboren en no aumentarlas.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Popular en relación con el
cultivo del algodón es una consecuencia lógica de la advertencia que ya
hizo este Grupo y este mismo Diputado en el año 1988, en concreto el 3 de
noviembre, en la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas, cuyo
debate consta en el «Diario de Sesiones» número 360.
Ya advertíamos en aquella ocasión que la legislación comunitaria aceptada
por el Gobierno español para el cultivo de algodón era perjudicial para
el sector y era perjudicial para toda España, puesto que se aceptaba una
cantidad máxima garantizada global para toda Europa, en vez de distinguir
claramente la producción de los dos países que fundamentalmente integran
la producción de algodón en Europa, que son Grecia y España.
Nos encontramos ahora con que en todo el territorio de la Unión Europea
se pueden cultivar 701.000 toneladas en esta presente campaña. Y,
evidentemente, por el sistema utilizado, si se supera la cantidad máxima
garantizada en hectáreas, se produce una serie de penalizaciones en las
subvenciones a recibir por los agricultores.
Es difícil para el agricultor español entender cómo reduciendo
paulatinamente la producción española, tanto en hectáreas como en
producto final, se encuentra, no obstante, penalizado a la hora de
percibir las subvenciones. Y es difícil entender también cómo es posible
que se alcance este volumen de producción cuando, objetivamente, los
sistemas de producción en Grecia, la superficie asignada y las técnicas
que se utilizan, no son adecuados para obtener estas producciones, y es
conocido del sector y reconocido en esta Cámara por la propia
Administración que a esas producciones, aparentemente griegas, se llega
en función de un contrabando organizado de productos de fuera de la Unión
Europea, probablemente de Turquía, que entran como si fueran griegos en
la Unión Europea.
Si hubiera dos cantidades máximas garantizadas diferentes, una para
Grecia y otra para España, nos importaría muy poco que, por otras razones
de relaciones geopolíticas que pueda haber dentro de los países de la
OTAN, se permitiera o se hiciera la vista gorda sobre este sistema de
contrabando, pero, evidentemente, al ser la cantidad máxima garantizada
común para toda la Unión Europea no podemos admitir esta situación.
Por ello, planteamos la proposición no de ley en los siguientes términos:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, de una forma
inmediata, exija ante las instancias comunitarias la asignación a España
de una cantidad máxima garantizada de algodón sin desmotar del orden de
325.000 toneladas anuales.
A esta proposición se presenta una enmienda por parte del Grupo
Socialista que aparentemente puede venderse como que suaviza los términos
de nuestra proposición y se adapta al lenguaje de la negociación
comunitaria. Y en estos términos el Grupo Socialista propone que el
Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que solicite de las
instituciones comunitarias la distribución de la cantidad máxima
garantizada entre los países productores con criterios que permitan a los
agricultores españoles el cultivo de superficie similar a la registrada
en los últimos años.
Esta forma de redactar y el contenido de la enmienda nos llevan a tener
que rechazarla y ello por lo siguiente. De un lado, porque no queda claro
si lo que se pretende es que haya una cantidad máxima garantizada
exclusivamente para los agricultores españoles o no y, de otro lado,
porque no se sabe a qué superficies similares se refiere.
En la campaña de 1988 se cultivaron en España 133.000 hectáreas por
20.000 cultivadores; en el año 1992, se cultivaron 76.026 hectáreas por
12.633 cultivadores y en la campaña de 1993 se han cultivado 31.769
hectáreas por 6.188 cultivadores.
Es cierto que en los dos últimos años se ha producido una incidencia de
reducción de la superficie por la sequía y por la no disponibilidad
suficiente de agua para riego, pero también es verdad que desactiva
totalmente al agricultor el hecho de que al final va a haber una
penalización, que no se sabe cuál va a ser al principio de la campaña y
que, además, no la ha provocado él.
Por otra parte, el lenguaje que nos propone el Grupo Socialista de que el
Gobierno solicite es el mismo lenguaje que ya utilizó en 1988 y en
aquella ocasión el portavoz del Grupo Socialista decía: Cuando llegue el
momento de las negociaciones se solicitará el incremento del umbral
establecido. Y, además, añadía: No es que España tenga la intención de
solicitar el incremento de la cantidad garantizada, sino que ya lo ha
hecho en cuantas ocasiones ha sido oportuno.
Vista la diferencia que hay entre número de hectáreas y número de
cultivadores desde el año 1988 al año 1993, es evidente que el lenguaje
de solicitar o el tono de la solicitud no es el adecuado para
relacionarse con las instancias comunitarias.
Precisamente la prensa del día de hoy recoge una serie de comunicados de
organizaciones agrícolas francesas que plantean que si los agricultores
españoles no reducen el volumen de sus exportaciones de frutas y
hortalizas en esta presente campaña bloquearán las exportaciones
--bloquear las exportaciones en el lenguaje comunitario franco-español
supone atacar camiones, presionar a los distribuidores y hacer una
campaña para que los consumidores franceses no utilicen productos
españoles-- y ello lo van a hacer a partir del mes de abril, que es
cuando realmente entran en producción los territorios agrícolas
franceses.
Realmente tenemos que comprender y enterarnos de una vez que el lenguaje
europeo es un lenguaje, al menos en la agricultura, duro y amenazante y
que, por tanto, no tiene sentido pedir, sino exigir, como se hace en
nuestra proposición.
No vale en esta materia del algodón hablar de la renta individual del
agricultor o de la renta individual de los cultivadores, puesto que en el
cultivo del algodón lo de menos es la renta que obtiene el cultivador; lo
de más es el dinero que este cultivo mueve en el entorno comarcal. Una
hectárea de algodón de regadío requiere una inversión a lo largo del año
de aproximadamente unas 250.000 pesetas. Estas 250.000 pesetas de gasto
en la producción se reparten por toda la comarca y potencian toda la
comarca. Cualquier sistema que provoque una reducción de la superficie
cultivada, aunque garantice la renta del agricultor, provoca un
hundimiento económico en toda la comarca y se puede constatar claramente
en comarcas con una vocación tradicional algodonera, como es todo el
valle del Guadalquivir, toda la zona sur del valle del Guadalquivir, que
se está produciendo un importante incremento de desempleo en el sector
servicios y en el sector agroindustrial y un
importante número de cierres y suspensiones de pago en empresas
relacionadas con el servicio al agricultor.
Ante esta situación, no podemos adoptar una actitud comprensiva hacia
normas comunitarias en un producto en el que la Comunidad es claramente
deficitaria y, por tanto, tenemos que exigir a las instancias
comunitarias que se fije una cantidad para todo el Estado español y que
ello sea en nivel de exigencia.
Repito, el lenguaje agrícola europeo es un lenguaje duro y amenazante y
en esos términos da resultado. Todo lo que sea solicitar, que es lo que
lleva haciendo el Gobierno Socialista desde el año 1988 en materia de
algodón, no ha dado más resultado que se reduzca la superficie sembrada
de algodón en un 80 por ciento y que salgan realmente del campo miles de
agricultores.
Por ello no podemos admitir la enmienda presentada por el Grupo
Socialista y vamos a solicitar que se someta a votación la moción en los
términos en que aparecía redactada originalmente.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Como ha anunciado el señor Jordano, el Grupo
Socialista ha presentado una enmienda. Para defenderla y expresar su
opinión sobre el resto de la proposición no de ley, el señor Velasco
tiene la palabra.
El señor VELASCO RODRIGUEZ: Lamentamos que ya se nos diga que no se va a
aceptar la enmienda. Creemos que es una enmienda que tiende
fundamentalmente a resolver el problema que tiene en este momento el
sector algodonero y de ahí que el Gobierno español ya haya solicitado
formalmente de la Comunidad la distribución de la cuota de algodón entre
los países productores, es decir, entre España y Grecia.
Esta petición --y nos sorprende-- se hizo en el Consejo de Ministros del
13 al 17 de diciembre y la proposición no de ley entra un mes más tarde
en la Cámara. Nos sorprende porque pensamos que viene con retraso. Viene
con retraso y, además, como saben SS. SS., se alcanzó un acuerdo para que
la Comisión reflexionara sobre el funcionamiento del régimen actual,
pudiendo llegar a una distribución de las cuotas de forma equitativa para
los dos países.
Creemos que éstos son los términos correctos de exponer el problema. Por
parte del Gobierno español se es consciente de que la producción griega
--sobre todo la de los últimos años-- está incrementándose de una forma
importante y, por lo tanto, está perjudicando los intereses de nuestro
sector. De ahí que se presente, como digo, esta propuesta dentro del
Consejo de Ministros También hay que tener en cuenta que España, tras su
adhesión a la Comunidad Económica aumenta de una manera sensible su
producción en los primeros años y, por tanto, hay que analizar
rigurosamente cuál ha sido la evolución de las producciones tanto en
España como en Grecia.
A nosotros nos parece que la enmienda que presentamos es una enmienda
correcta en cuanto que el primer paso ya se ha dado. Es voluntad del
Gobierno español que se separe la cuota que tenga asignada España y la
que tenga asignada Grecia. Por tanto, en ese término, como el paso ya
está dado, entendemos innecesaria esta proposición no de ley.
En cuanto a la cuota que quedaría por determinar, en el momento en que se
abra el camino yo creo que no sería bueno aportar algunos datos que
incluso podían ser desfavorables para los propios intereses algodoneros
españoles, teniendo en cuenta que no ha habido --como se dice en la
exposición de motivos de la proposición no de ley del Partido Popular--
disminución de toneladas, sino que simplemente ha habido un ajuste en
cuanto a las calidades del algodón. Se ha modificado la humedad, se ha
modificado los criterios de impurezas y eso da como resultado, después de
unos cálculos, que las 2.000 toneladas que teníamos cuando nos
incorporamos en el conjunto de la Comunidad se quedaran en 701.000. Es
decir, se ha mantenido la misma.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que si bien faltaba una pequeña
cantidad de producción por parte de Grecia cuando nos incorporamos, tras
nuestra incorporación se fija una cantidad adicional de 185.000
toneladas.
Ahora bien, es cierto que nosotros podríamos producir más. Podríamos
producir más --efectivamente si pusiéramos más superficie en cultivo.
Para eso hay que tener presente cuál es la política común y cuál es la
situación en este momento de la PAC, que condiciona de una manera
fundamental los resultados de la propia negociación.
En primer lugar, hay que considerar las disponibilidades financieras y
las nuevas orientaciones de la reforma de la OCM y, en segundo lugar, la
repercusión de los acuerdos alcanzados recientemente con la finalización
de la Ronda Uruguay y que conducen a una limitación de los apoyos
internos a las producciones comunitarias, así como a la limitación de
éstas.
Nosotros entendemos que se puede defender perfectamente el sector si se
separa el cupo de España y de Grecia.
En cuanto a la cantidad, yo diría que, haciendo el balance histórico,
haciendo el estudio de cuál ha sido la evolución, lógicamente hay que
despreciar la última campaña, puesto que ha habido unos problemas de
riego y, por tanto, no reflejan en absoluto cuál es la situación del
sector. Yo creo que a eso era a lo que se refería el portavoz del Grupo
Popular cuando decía que, efectivamente, este año está generando un
problema importante en todo el área de influencia. Esperemos que este
tema se regularice y vayamos a las producciones normales.
Si vemos todas estas estadísticas, salvo en la campaña 1988-1989, en la
cual estábamos en producciones alrededor de las 380.000 toneladas, la
fluctuación va de 284.000 en el año 1986, a aproximadamente 279.000 en el
año 1991-1992. Pero también sabemos que cuando se han separado cuotas de
mercado o de cantidades máximas garantizadas, se tienen en cuenta las
producciones de los países afectados, y en la relación Grecia y España
hemos estado habitualmente en la tercera parte. De ahí que la única
salida posible que tendríamos sería el incremento de esa producción
máxima garantizada, que vemos que puede resultar bastante complicado en
este momento a tenor de cuáles son las directrices de la propia
Comunidad.
Por ello, nosotros entendemos que la proposición no de ley es innecesaria
en cuanto al aspecto de la petición, puesto que ya está tomado el
acuerdo. Y en cuanto al tema de la cantidad, creemos que es arriesgar
demasiado el poner una cantidad fija, puesto que entendemos que el
Gobierno español va a defender al máximo los intereses del sector
algodonero y, por tanto, a la vista de todos los parámetros de conjunto,
intentará, por todos los medios, obtener el mayor cupo posible que nos
corresponda, y que estoy convencido de que va a ser satisfactorio para el
sector.
Por último, no quisiera pasar por alto la acusación que se hace en cuanto
a las producciones griegas. Efectivamente, estas denuncias han llegado a
la propia Comisión y, como saben SS. SS., ha habido durante dos años una
retención de las subvenciones a este sector. Pero, por el contrario, las
inspecciones realizadas por la Comisión en Grecia no han podido demostrar
que exista un fraude, y nosotros, en principio, no somos quiénes para
aceptarlo y no aceptarlo. Será la propia Comisión la que tendrá que velar
porque la producción declarada sea la que realmente se está obteniendo.
Termino diciendo que creo que se complementarían perfectamente las
gestiones que ya ha realizado el Gobierno español con la enmienda que el
Grupo Socialista presenta ante esta Comisión, y que en absoluto ayudaría
a la buena marcha de las negociaciones fijar una cantidad, porque, como
digo, si nos ponemos en un plan optimista se han quedado cortos, podíamos
ir más alto, ya que nuestras posibilidades podían ser superiores a las
que la propia enmienda contempla. Pero las superficies y las producciones
obtenidas en los últimos tiempos nos dicen que, salvo un año, nunca hemos
llegado tampoco a esas producciones.
Por tanto, creemos que no es bueno cerrar en una cifra concreta la
petición, y que se debe seguir negociando a través del Gobierno español,
que al final obtendrá, conjunta y combinadamente por la información
amplia que tiene, el cupo preciso para cubrir las necesidades de este
sector y de todo el conjunto de industria que está trabajando y que
depende también de este sector algodonero.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate?
(Pausa.)
La señora Urán, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra.
La señora URAN GONZALEZ: Nuestro Grupo va a votar favorablemente la
proposición no de ley del Grupo Popular porque consideramos que la
situación del sector requiere que por parte de esta Cámara respaldemos,
con esta exigencia, la postura del Gobierno en Bruselas.
Nosotros estamos de acuerdo con que hay que solicitar para España una
cuota separada de la general para la Unión Económica, y además estamos
también de acuerdo en que hay que fijar una cantidad. Las expectativas
del sector algodonero, con todas las informaciones que a nosotros
nos han llegado, están en torno a la cantidad que por parte del Partido
Popular se propone, y, por tanto, creemos que es conveniente orientar
hacia esas cifras la negociación que tiene que hacer el Gobierno.
No dudamos de que el Gobierno estará interesado en conseguir lo mejor
para el sector algodonero. De todas formas, consideramos que, respaldado
por esta Cámara, todavía tendrá muchísimos más argumentos para defender
en la Unión Económica.
El señor PRESIDENTE: El señor Jornado, brevemente, tiene la palabra.
El señor JORDANO SALINAS: Simplemente para hacer una serie de
precisiones. La primera es que nosotros no hablamos en la proposición de
una cifra concreta y cerrada, sino que se establece una cantidad del
orden de 325.000 toneladas, con lo cual se da margen al negociador
español para moverse tratando de acercarse a ese límite.
En segundo lugar, respecto al fraude griego, nos ratificamos totalmente
en que no hay producción en Grecia para cubrir la cantidad por la que
está cobrando subvenciones de la Unión Europea, y además no es que no
exista nada, existe un expediente tramitándose tanto por parte de
Bruselas como por las autoridades griegas, y ha habido ya una exigencia,
dentro del territorio griego, de responsabilidades por el mayor fraude
que se ha registrado hasta ahora en la historia de la Comunidad Económica
Europea en la percepción de subvenciones.
Por tanto, nos ratificamos en algo que, además, basta con verlo, y otro
día podíamos hablar de los olivos en Italia, porque también ahí basta con
ver dónde están los olivos para darse cuenta de que no hay producción
suficiente como para la cifra que se declara. Y algo parecido pasa en
Grecia, basta ver los campos griegos de algodón y las zonas de cultivo
para darse cuenta de que no se puede sacar, en modo alguno, de esa tierra
y de esas plantas la producción que sostiene.
En cuanto al aumento de producción, evidentemente se produjo en su
momento, pero se olvida que en la zona de máxima producción, que es
Andalucía, hubo dos planes quinquenales de desarrollo de la misma en un
momento en que se estaba aplicando la Ley de Reforma Agraria, que exigía
tanto nivel de producción como número de jornales por hectárea, y el
algodón se prestaba a cubrirlo. Y ese aumento de producción se hizo
también con un esfuerzo por parte de los agricultores, tanto en cuanto a
la mejora de regadío, como en cuanto a la mecanización del campo,
esfuerzos que han resultado baldíos salvo para la obligación que tienen
ahora de pagar los préstamos que se concertaron para estas finalidades.
Por ello, entendemos que lo que el sector necesita es lo que se recoge en
los términos de la proposición no de ley del Grupo Popular. Y quiero
agradecer, finalmente, a la representante del Grupo de Izquierda Unida el
apoyo a la misma.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la
proposición no de ley en los términos exactos en que la formula el Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve;
en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.
Antes de levantar la sesión, recuerdo a SS. SS. que el próximo miércoles,
día 9, tenemos reunión de la Comisión de Agricultura.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.