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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 115, de 22/02/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 115
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 9
celebrada el martes, 22 de febrero de 1994



ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Rector de la Universidad de Sevilla (Medina
Precioso), para informar sobre las experiencias del actual sistema de
selectividad, acceso a los centros universitarios y financiación de la
universidad (referido a los solos efectos de la Universidad de Sevilla. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/000353) (Página 3674)
--Comparecencia del señor Rector de la Universidad de Valladolid
(Tejerina García), para informar sobre las experiencias del actual
sistema de selectividad, acceso a los centros universitarios y
financiación de la universidad (referido a los solos efectos de la
Universidad de Valladolid. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.

(Número de expediente 212/000354) (Página 3689)
Proposiciones no de ley:
--Por la que se solicita la creación de una Ponencia en el seno de la
Comisión de Educación y Cultura a fin de estudiar, junto a los diversos
representantes del sector, las medidas que posibiliten la defensa de los
intereses del cine y del sector audiovisual español. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 41. Número de
expediente 161/000090) (Página 3699)
--Sobre el estado actual y necesidades del Museo del Prado. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000097)
(Página 3701)



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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (MEDINA
PRECIOSO), PARA INFORMAR SOBRE LAS EXPERIENCIAS DEL ACTUAL SISTEMA DE
SELECTIVIDAD, ACCESO A LOS CENTROS UNIVERSITARIOS Y FINANCIACION DE LA
UNIVERSIDAD (REFERIDO A LOS SOLOS EFECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA).

A SOLICITUD DEL G. P. POPULAR. (Número de expediente 212/000353.)



La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Buenos días, señorías. Vamos
a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Educación, convocada, como
todos ustedes conocen, con un orden del día que incluye dos
comparecencias: una, la del Rector de la universidad de Sevilla y, otra,
la del Rector de la universidad de Valladolid, y a continuación el debate
de dos proposiciones no de ley.

Está con nosotros el Rector de la universidad de Sevilla, señor Medina,
al que damos la bienvenida a esta Comisión. Como SS. SS. saben, el señor
Rector comparece para explicar el actual sistema de selectividad y acceso
a los centros universitarios, así como la financiación de la universidad.

Esta comparecencia ha sido solicitada, en su día, por el Grupo
Parlamentario Popular. Si el señor Ollero lo desea puede utilizar un
turno para exponer el motivo de la solicitud de comparecencia y a
continuación intervendrá el señor Rector.

¿Desea intervenir, señor Ollero? (Asentimiento.) Tiene la palabra.




El señor OLLERO TASSARA: La petición de comparecencia, dentro de la
obligada generalidad de su texto, ya indica más o menos cuáles son los
puntos de interés para mi grupo parlamentario. En todo caso, haré un
brevísimo índice de los aspectos que podían ser relevantes en este
trámite parlamentario.

Nos interesa que el señor Rector de la universidad de Sevilla, en este
caso, nos informe sobre sus experiencias y posibles sugerencias en
relación al actual sistema de selectividad; a la situación de
masificación de algunos centros universitarios; al grado de satisfacción
de los universitarios al conseguir o no los estudios que solicitaron en
primera opción; a la movilidad actual de los universitarios, lógicamente
en la medida en que resulte o no impedida por la normativa vigente; a la
experiencia sin duda muy interesante, en el caso de Sevilla, del distrito
único, que, como es sabido, ha sido puesto en marcha en Andalucía para
toda la comunidad autónoma y que sirve, no sé si deliberadamente o no, de
campo de experimentación para su posible extensión al resto de las
universidades españolas; al sistema de acceso a la universidad en la
medida en que se ve condicionado por dos aspectos, tasas por una parte y,
por otra, becas que se ofrecen a los estudiantes; y por último,
cuestiones relativas a financiación de la universidad, lógicamente
conectadas también con la puesta en marcha de las nuevas titulaciones.

Este sería un breve bosquejo de aspectos que para nuestro grupo tendrían
especial relevancia.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Tiene la palabra el señor
Medina, Rector de la universidad de Sevilla.




El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (Medina Precioso): Señora
Presidenta, señorías, quisiera, en primer lugar, manifestar que es para
este Rector un honor comparecer ante esta Comisión de Educación y Cultura
del Congreso de los Diputados, y espero poder servir a las señoras y
señores Diputados con la máxima eficacia y con la máxima lealtad posible.

Los temas que el señor Ollero ha ido planteando permiten, quizá, hacer
una doble intervención; una sobre el sistema general de acceso a la
universidad, y otra sobre el problema de la financiación, aunque
evidentemente ambas cuestiones están relacionadas.

El sistema general de acceso a la universidad presenta una serie de vías
que aparecen condicionadas por las enseñanzas previas a la universidad.

Como enseñanzas previas a la universidad tenemos, en primer lugar, las
enseñanzas medias (bachillerato y COU), siendo el COU la vía de acceso
ordinaria a la universidad; se supone que es un curso que tiene por
objeto la profundización en las ciencias básicas y la orientación del
alumno para una adecuada elección de los estudios universitarios,
colaborando las universidades en esa labor de orientación. Por ejemplo,
en el caso de la universidad de Sevilla, existe un secretario de acceso
que nombra una serie de tutores cuya función es visitar los institutos y
entrevistarse con los directores y profesores de los mismos para
transmitir orientaciones tanto a los profesores como a los alumnos. Los
profesores de estas enseñanzas medias se centran con bastante más
intensidad en la preparación de los programas que en lo que podríamos
denominar la propia orientación para la universidad, función que, de
alguna manera, tiene una gran importancia en la propia universidad
mediante estas charlas que se hacen en los centros de enseñanza
secundaria. La superación de COU da derecho a pasar a las llamadas
pruebas de selectividad que constan de una serie de pruebas sobre
materias comunes (en general lengua extranjera y filosofía) y unas
pruebas que dependen de la opción que haya elegido el estudiante durante
la enseñanza secundaria. Como consecuencia de ese conjunto de pruebas se
obtiene una nota comprendida entre 0 y 10 que se suma a la media obtenida
por el alumno durante el bachillerato y el COU, siendo la media de esa
suma la nota final obtenida. ¿Qué efectos reales surten estas pruebas de
selectividad? Si tenemos en cuenta algunos datos estadísticos nos podemos
hacer una idea más exacta de lo que estas pruebas significan de hecho.

Un dato que resulta bastante interesante es que la mayor parte de los
alumnos que se presentan a las pruebas



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de selectividad las superan. Por ejemplo, en el caso de la universidad de
Sevilla, si hacemos referencia a los tres últimos años (1991, 1992 y
1993) nos encontramos con que, en el año 1991, había 17.333 alumnos
matriculados en COU, de los cuales se matricularon en selectividad
11.044, habiendo aprobado la misma 9.752 (nueve onceavos). En 1992 había
matriculados en COU 17.618, matriculados en selectividad 11.907 y
aprobados en la misma 10.613 (diez doceavos, en términos aproximados). En
1993 hubo 14.000 alumnos matriculado en COU (se observa un ligero
descenso respecto a años anteriores, al igual que en los matriculados en
selectividad) y 9.503 matriculados en selectividad, con una tasa de
aprobados de 8.314 (ocho novenos). He de advertir a SS. SS. que estos
datos se refieren al conjunto de Sevilla y Huelva puesto que, hasta este
curso, era la misma universidad, siendo en el presente curso cuando se ha
segregado la universidad de Huelva, por tanto, a partir del próximo curso
los datos serán ya exclusivamente referidos a lo que ahora es la
universidad de Sevilla.

En cuanto a la distribución por opciones de los alumnos que han aprobado
la selectividad en estos tres cursos, los datos son los siguientes. La
opción A (científico-técnica), en el año 1991, fue elegida por el 33 por
ciento; en 1992 por el 34 por ciento y en 1993 por el 34 por ciento. La
opción B (biosanitaria) fue elegida por el 24 por ciento en 1991, el 24
por ciento en 1992 y el 25 por ciento en 1993. La opción C (ciencias
sociales) fue elegida por el 26 por ciento en 1991, el 25 por ciento en
1992 y el 25 por ciento en 1993. La opción D (humanístico-lingüística)
fue elegida por el 16 por ciento en 1991, el 17 por ciento en 1992 y el
16 por ciento en 1993. Al observar estos datos vemos que la opción D es
la minoritaria frente al resto de opciones, como la científico-técnica,
biosanitaria y la de ciencias sociales, que es donde se sitúan los
estudios de economía y derecho que tienen bastante demanda en estos
momentos. Quizá habría que comparar estos datos para poder interpretar
mejor las ofertas que realiza la universidad. Como ustedes saben
perfectamente, el Consejo de Universidades determina anualmente los
módulos objetivos de capacidad de los centros universitarios sobre la
base de una propuesta que parte de la propia universidad. En el caso de
la universidad de Sevilla, el número de plazas asignadas (la cifra es
aproximada puesto que luego sufre pequeñas variaciones al alza a medida
que comprobamos que hay más alumnos que quieren estudiar en la
universidad que plazas que podemos ofrecer y, como consecuencia de ello,
hacemos siempre un esfuerzo que va más allá de lo que la ley nos exige y
procuramos dotar plazas adicionales, superando los límites que nos impone
el Consejo de Universidades, si bien son variaciones relativamente
pequeñas) para el curso 1990/1991 fue de 11.174; para el curso 1991/1992,
10.993; para el curso 1992/1993, 12.795; y para el curso 1993/1994,
13.549. Con estas cifras que he expuesto ya tenemos lo que, a mi juicio,
son los tres datos básicos de las pruebas de selectividad: número de
alumnos que están en COU, número de alumnos que aprueban la selectividad
y número total de plazas que ofrece la universidad. Mi deducción
personal, tras la comparación de estos datos, es que las pruebas de
selectividad, aunque se denominan así, de hecho, no cumplen una función
selectiva en el sentido de que los resultados de esas pruebas no conducen
a una diferenciación de estudiantes por su calidad, de tal modo que los
que estén más preparados ingresen en la universidad y el resto queden
excluidos. Por el contrario, ese filtro se ejerce en la propia enseñanza
secundaria ya que el número de alumnos matriculados en COU es claramente
superior al número de alumnos que se matriculan en las pruebas de
selectividad. Dicho de otro modo, la distribución por conocimientos de
los alumnos se verifica más bien en los propios institutos y en las
pruebas de COU que luego en la propia selectividad.

¿Qué función cumplen entonces las pruebas de selectividad? A mi juicio
ello está relacionado, tal y como planteaba el Diputado señor Ollero, con
la primera opción, ya que, aunque la universidad de Sevilla y en general
todas las universidades están ofreciendo un número suficiente de plazas
para que todos los alumnos de COU que haya en la provincia (cuestión
aparte es el distrito único y los problemas de movilidad) puedan ingresar
en la universidad, sí es cierto que no todos pueden estudiar lo que ellos
definen como la primera opción. El sistema de determinar las opciones
varía de unas universidades a otras. En el caso de la universidad de
Sevilla lo que hacemos es que entregamos a los alumnos un impreso, que
llamamos de preinscripción a la universidad, en el que le damos a elegir
entre doce posibilidades y el alumno debe ir marcando cuál de esas
posibilidades es la primera, cuál es la segunda, y así hasta la
duodécima. A continuación, cuando se efectúa la matrícula, vamos
matriculando según el orden de notas que han obtenido en la selectividad,
que, repito, es la media de las pruebas específicas de selectividad más
la nota media que el alumno tuviera de la enseñanza secundaria, y van
entrando en cada centro los alumnos que tienen las mejores notas de los
que han pedido ese centro. ¿Eso a qué conduce? A que no se queden fuera
de la universidad (estoy hablando todo el rato de los alumnos de
selectividad, pero habría que concretarlo especificando de junio, porque
otro problema que quizá convendría debatir en esta Comisión es el que
plantea la convocatoria de pruebas de selectividad en septiembre, que es
un problema importante para la universidad) como digo, no se quedan fuera
pero no todos ellos logran estudiar su primera opción.

¿Cuál es el porcentaje de alumnos que logran estudiar su primera opción?
Varía de un año para otro, porque la demanda de estudios es relativamente
errática. Aunque tratamos continuamente de ir aproximando la oferta a la
demanda, como es nuestra obligación de dar este servicio público,
procurando que cada uno estudie lo que en primera opción quiere, sin
embargo, esta oferta evoluciona más lentamente porque supone nuevas
instalaciones, contratación de profesorado, etcétera, y eso no evoluciona
tan rápidamente como las preferencias de los estudiantes. ¿Cuál es la
media general de alumnos que estudian su primera opción? El 77 por
ciento. Es un número



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que desde cierto punto de vista se puede considerar bajo. Quizás sería
más interesante aproximarnos al 90 por ciento en estudios de primera
opción, pero habría que matizar esta afirmación porque se observa lo
siguiente: Habría que diferenciar, en primer lugar, los estudios del área
biosanitaria, en concreto los estudios de medicina, enfermería y
fisioterapia. Estos son estudios que llevan prácticas, en general, en el
Servicio Público de Salud de la comunidad autónoma de que se trate. En el
caso de la universidad de Sevilla tenemos conciertos con todos los
hospitales públicos que hay en la ciudad de Sevilla, todas las escuelas
de enfermería, incluido el Hospital Militar; es decir, que hemos
alcanzado el cien por cien de uso de los recursos sanitarios a efectos de
enseñanza universitaria. Existe una grandísima demanda de estudios para
el área biosanitaria, pero resulta imposible atender esta demanda no sólo
porque no depende únicamente de los recursos de la propia universidad,
sino también de los recursos del sistema sanitario que, naturalmente, no
va a dimensionar su capacidad en función de los estudios universitarios
porque también tiene una labor importantísima, que es la asistencial. Ahí
se da un problema de primera opción, que es el relativo a las personas
que quieren estudiar medicina, enfermería o fisioterapia, cuyo índice de
primera opción es bastante bajo. No tengo los datos aquí, pero es
bastante más bajo que el 77 por ciento, que es la media.

¿Ese problema tiene solución? En mi opinión, sin una reestructuración
importante de los estudios biosanitarios, que no sé si sería aconsejable,
no tiene solución. Hay que asumir que los estudiantes del área
biosanitaria van a tener que hacer uso de recursos sanitarios públicos y,
en consecuencia, la oferta universitaria va a estar necesariamente
restringida por esos recursos públicos. Por consiguiente, lo mejor es
informar a la sociedad de que eso es así y de que no se trata de un
problema estrictamente universitario sino de la interrelación entre
universidad y el sistema público sanitario. Caso diferente son otros
estudios que sí son estrictamente universitarios pero que, por
concentrarse una altísima demanda en ellos, crean una incapacidad de
satisfacer la demanda de los estudiantes. ¿Cuáles son esos estudios?
Fundamentalmente, en el caso de la universidad de Sevilla, los estudios
de Ciencias de la Información y de Ingeniería de Telecomunicaciones. En
Ciencias de la Información, por ejemplo, tenemos 1.200 peticiones para
350 plazas y en Ingenieros de Telecomunicaciones tenemos menos
peticiones, del orden de 600, pero quizá porque existe una autocensura,
el estudiante sabe que necesita una nota muy alta para ingresar y lo
borra de sus preferencias; si no hubiera numerus clausus no sabríamos
cuántos estudiantes irían hacia esa ingeniería. Otra demanda muy fuerte
se da en Derecho y en Ciencias Económicas, pero sobre la base de
sucesivas ampliaciones de las instalaciones y de los profesores nos hemos
ido acercando a la satisfacción del cien por cien de la primera opción.

En la universidad de Sevilla tenemos preparado para el curso próximo un
método nuevo de enseñanza, que nos ha autorizado la Junta de Andalucía,
que es la enseñanza libre asistida --que presentaría ciertas similitudes
con el tipo de enseñanza que da la UNED--, que vamos a aplicar
precisamente al caso de enseñanzas no experimentales en las que exista
una fuerte demanda insatisfecha, como es, por ejemplo, el caso de los
estudios de periodismo.

En la mayoría de los centros actualmente se encuentra satisfecha la
primera opción. Les puede resultar paradójico que estando satisfecha en
la mayoría de los centros, sin embargo, sólo el 77 por ciento de los
alumnos logre estudiar la primera opción. ¿Eso por qué es? Dicho muy
sencillamente, porque hay tres o cuatro centros con un gran exceso de
estudiantes que no están en su primera opción y que son los que van al
área biosanitaria, a periodismo y a las ingenierías en general. En la
mayor parte de las demás titulaciones sí está satisfecha la primera
opción. Para estos centros, en cambio, se plantea otro tipo de problemas:
que se ven obligados a recoger estudiantes que no han puesto en su
primera ni segunda opción ese centro, sino que tienen que estudiar esa
titulación porque no han logrado estudiar medicina o porque no han
logrado estudiar periodismo.

Mi previsión de futuro, si les interesa saber cuál es, en el plazo de 2/3
años, está en función de si la enseñanza libre asistida se consolida y el
ritmo de inversiones de la Junta de Andalucía no decrece. Aquí también se
podría hablar de que en la ciudad de Sevilla está prevista, por la Ley de
coordinación del sistema universitario, la creación de una segunda
universidad. Ustedes saben que en Andalucía, hasta el año pasado, había
cinco universidades: Granada, Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla, y este
año hay ocho porque de la universidad de Granada se han segregado las
universidades de Jaén y Almería, de la universidad de Sevilla se ha
segregado la universidad de Huelva, y la Ley de coordinación del sistema
universitario prevé la creación de otras dos universidades, una la
llamada Universidad Internacional, que es, para entendernos, de extensión
universitaria o de verano, cuya ley de creación ya está en el Parlamento
andaluz y cuando éste la apruebe se podrá crear y poner en marcha esta
universidad de verano que actualmente depende de la universidad de
Sevilla en La Rábida, y la segunda universidad de Sevilla, cuya creación
también está prevista en la Ley de coordinación del sistema universitario
andaluz y que según me informa el señor consejero de Educación y Ciencia
se prevé su remisión al Parlamento andaluz bien en los últimos días de la
actual legislatura, bien en los primeros días de la siguiente. Hay
elecciones autonómicas me parece que el 12 de junio en Andalucía. Esta
segunda universidad contribuiría, desde luego, a aliviar la carga docente
de la Hispalense. En cualquier caso decía que mi previsión, salvo en el
área biosanitaria (que yo honradamente considero que va a haber un
problema crónico de desajuste entre la oferta y la demanda, por lo que ya
he señalado la necesidad de utilizar recursos del sistema sanitario), es
que podríamos irnos acercando a una tasa próxima al 90 por ciento de
satisfacción de la primera opción con las acciones previstas en la
universidad de Sevilla --si ustedes quieren luego les amplío los
detalles--, que es el traslado de la actual Escuela de



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Ingenieros a la Isla de la Cartuja, donde se crea una nueva escuela,
amplía sustancialmente su capacidad y se puede utilizar la actual escuela
para estudios de periodismo, y también tenemos firmado un convenio con la
Consejería de Educación y Ciencia para hacer obras de ampliación de
distintas facultades que nos acercarán a la primera opción.

Resumiendo --perdonen el tono didáctico, pero llevo veinticinco años
dando clases y tengo la costumbre de hablar así--, la selectividad actual
no sirve para excluir estudiantes de baja calidad de la universidad
--ésta es una primera conclusión que hay que aceptar--; esa labor se hace
en los institutos, previas las pruebas de selectividad. Las pruebas de
selectividad sirven fundamentalmente para que el alumno tenga una nota
media que le permita elegir centro y, por tanto, en la práctica sirve
para que los alumnos que tengan mejores notas de selectividad puedan
estudiar su primera opción y los que tengan peores notas de selectividad
no puedan estudiar su primera opción, cuando se trate de opciones muy
concurridas, porque incluso cuando se trata de opciones poco concurridas
lo pueden hacer aun con baja nota porque no hay mucha demanda de esos
estudios. El índice de satisfacción de la primera opción ahora mismo
viene a ser del 77 por ciento de media y esperamos alcanzar en 2/3 años
el 90 por ciento de satisfacción, excepto en los estudios del área
biosanitaria.

Quiero también exponer mi opinión sobre un problema serio sobre el que
quizá convendría reflexionar para ver si se puede encontrar una solución.

Como ustedes saben, existen dos pruebas de selectividad, una en junio y
otra en septiembre, lo que introduce un problema grave de planificación
de la vida universitaria porque, normalmente, los alumnos que se
presentan en septiembre son los que han suspendido el COU en junio y, en
consecuencia, tienen que examinarse de COU en septiembre. Los institutos
realizan las pruebas a lo largo de septiembre, remiten a la universidad
los resultados de esas pruebas a principios de octubre y en ese momento
la universidad tiene que hacer la prueba de selectividad. Es deseable que
el curso empiece a primeros de octubre. Me parece que este año inauguré
el curso el 2 de octubre porque mi propósito --supongo que será el de
todos los rectores-- es aprovechar al máximo el período lectivo. Esto
significa que la prueba de selectividad nos obliga a empezar el curso sin
conocer exactamente los datos de selectividad de los alumnos de
septiembre y, por tanto, sin poderlos ubicar en centros, etcétera, lo que
introduce una anomalía que no es que no permita el funcionamiento de la
universidad en octubre pero, de alguna manera, sí la dificultad. El
problema con el tipo de estudios actual es menor porque la mayoría de las
asignaturas son anuales, se imparten a lo largo de todo el curso, y
siempre es posible compensar los problemas de comienzo de curso
intensificando la acción docente a finales de curso. Por ejemplo, el
problema típico son las prácticas. Con las clases teóricas siempre es más
sencillo empezar desde un principio, pero las clases prácticas hay que
organizarlas por grupos y se necesita saber exactamente cuántos
estudiantes tiene uno en esa licenciatura en ese curso, y también hay que
hacer una labor de planificación del número de profesores, sobre todo
cuando se crean grupos nuevos en primer curso como consecuencia de la
afluencia de muchos estudiantes. Cuando se implanten con carácter general
los nuevos planes de estudios o los nuevos títulos, que en muchos casos
contemplan asignaturas cuatrimestrales, el problema sí se puede convertir
en más serio, porque esa asignatura tiene menos margen de flexibilidad en
el calendario. En consecuencia, como rector me gustaría estudiar alguna
fórmula que nos permitiese planificar la vida universitaria con mayor
antelación. La solución radical sería suprimir la prueba de septiembre y
dar una única opción en junio. Yo no creo que los estudiantes salieran
muy perjudicados por esto porque, al fin y al cabo, se puede comprobar
estadísticamente que en septiembre aprueban bastantes menos alumnos que
en junio las pruebas de selectividad, lo cual quiere decir que, por
intuición y por sentido común, es difícil aprovechar el verano para
tratar de recuperar la debilidad de conocimientos que uno arrastra desde
junio y, además, los alumnos de septiembre están en peores condiciones
que los de junio porque las normas prevén que los alumnos de junio tienen
preferencia a la hora de elegir opción, de tal manera que cuando llegan
los alumnos de septiembre muchas de las opciones más apetecibles ya están
cubiertas por los alumnos de junio. En consecuencia, se ven obligados a
estudiar otras carreras, por lo que su índice de satisfacción en primera
opción es menor que en junio. Yo no sé si no sería mejor para la vida
universitaria y para los propios alumnos ir a la prueba única en junio
porque, en ese caso, sí podríamos empezar con garantía los cursos a
primeros de octubre, aunque también soy consciente de que esto podría
despertar cierto rechazo social, porque uno tiene experiencia de que
siempre que trata de reducir el número de convocatorias, en general, la
opinión de los alumnos es más bien negativa. Por tanto, soy consciente de
que no es una decisión fácil de tomar pero quizá sí deseable, o habría
que buscar una opción alternativa.

El señor Ollero me preguntaba por los problemas de masificación y de
movilidad universitaria y distrito único. No creo descubrir nada a su
señoría si le digo que la universidad actual está masificada y que en los
últimos quince años ha habido un cambio del modelo de universidad. A la
universidad en la que yo estudié, que fue la Universidad Complutense en
1968, accedían entre el 5 y el 8 por ciento de los jóvenes de la cohorte
de 18 a 25 años. Los estudios más recientes de los que disponemos (los
tenemos cuantificados con exactitud y se les podrían dar los datos
concretos por autonomías e incluso por universidades, no habría ningún
problema, están a disposición de sus señorías en un estudio que he
preparado para esta comparecencia) indican que la media general en España
viene a ser del 31 por ciento; el 31 por ciento de los jóvenes estudian
en la universidad, uno de cada tres jóvenes entre 18 y 25 años. Si
comparamos estos datos con la situación de otros países desarrollados nos
encontramos con que es un número muy alto.




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Unicamente Canadá y Estados Unidos, que tienen tasas entre el 50 y el 60
por ciento, superan estos índices. Hay que advertir que, no obstante, en
Estados Unidos el concepto de universidad es mucho más amplio que aquí,
existen muchos tipos de universidad; no son todas las universidades como
la de Yale y otras que investigan y que son las que podemos tener en la
mente, sino que existen unos institutos de enseñanza postsecundaria, a
los que también les llaman universidad, que incrementan notablemente el
número de titulados superiores. En Europa las tasas relativas son
ligeramente más bajas que en España. En Japón es mucho más baja, en
Alemania también es más baja, del orden del 21 por ciento, Francia está
como nosotros, más o menos en el 28 ó 29 por ciento, etcétera. Nuestra
tasa es más alta que la media de la Unión Europea. ¿Cómo valorar esto?
Desde el punto de vista político de cada cual tiene valoraciones
diferentes. Desde mi punto de vista, es positivo el incremento en el
número de estudiantes universitarios por cuanto supone una mayor difusión
de la cultura, una mayor difusión de las posibilidades de promoción
social, porque es obvio que buen número de estudiantes universitarios
buscan en la universidad un título que está ligado a su promoción social
y a la profesión que van a ejercer y es bueno por lo que supone de
ampliación del principio de igualdad de oportunidades. Las estadísticas
que tenemos sobre la procedencia social de los universitarios actuales
indican que no existe una distribución sesgada hacia las clases
económicamente más fuertes, sino que está llegando un número considerable
de estudiantes provenientes de clase media-baja o de clase baja.

Personalmente creo que es muy positiva esta ampliación del número de
estudiantes. Sin embargo, hay otros factores que no me parecen tan
positivos. No me parece tan positivo que la relación titulados
superiores-estudiantes que cursan la formación profesional sea
anormalmente alta en España. Por ejemplo, nosotros tenemos tantos
estudiantes universitarios como Alemania, siendo nuestra población
aproximadamente la mitad de la población alemana; en cambio, ellos tienen
muchos más estudiantes de formación profesional. Eso va a conducir a una
estructura de preparaciones profesionales española bastante atípica. En
los próximos años se va a producir un gran número de titulados superiores
y un déficit relativo de personas que tienen una formación profesional
para ejercer oficios o profesiones menos cualificadas que las
universitarias.

Otro punto de vista en el cual puedo ser crítico es que --y esto ya se
relaciona directamente con el problema de la financiación-- esta
masificación universitaria (puede ser llamada así, aunque quizá esa
denominación conlleve un juicio de valor, también se le puede llamar
ampliación del número de estudiantes universitarios para eliminar la
connotación peyorativa que tiene la idea de masificación, esto hay que
tenerlo en cuenta, tenemos universidades a las cuales accede uno de cada
tres jóvenes), como decía, esta masificación universitaria habría que
relacionarla con el nivel de inversiones que se realizan en las
universidades y, por tanto, con las condiciones de trabajo de nuestros
universitarios en cuanto a aulas, biblioteca, formación del profesorado,
etcétera. Puedo referirme a estas cuestiones cuando hable de la
financiación porque ambos factores están relacionados, pero ya apunto un
dato que evalúo positiva y negativamente. En los últimos diez años se ha
hecho un esfuerzo considerable por parte del Estado en inversiones
universitarias. Los presupuestos han crecido en general, la tasa superior
al 10 por ciento y la tasa acumulada general supera el 40 por ciento.

Tenemos datos concretos que indican ese esfuerzo grande que ha hecho el
Estado para subvencionar a las universidades, pero simultáneamente había
tales carencias al comienzo del proceso y el número de estudiantes ha
crecido tan rápidamente que la inversión real por estudiante se ha
multiplicado en pesetas constantes por 1,6. Se ve que el Estado ha hecho
un esfuerzo considerable en materia de inversión universitaria, pero el
resultado de este esfuerzo sigue siendo que la proporción de producto
interior bruto que España dedica a universidades es del 0,8 por ciento en
el último año, mientras que la media europea puede estar en torno al 1,7
y algunos países dedican el 2,2, lo cual quiere decir que estamos
escolarizando a muchos estudiantes en comparación con otros países, pero
los estamos escolarizando con menos recursos que otros países en relación
con el PIB. Cuando hablemos de financiación veremos qué consecuencias
tiene esto y qué medidas se podrían arbitrar para corregirlo.

Me planteaba también el señor Diputado la cuestión del distrito único. El
distrito único es una norma, que emitió el Parlamento de Andalucía y que
se aprobó, creo, por unanimidad, que viene a decir que a efectos únicos
de matrícula, no a los demás efectos de profesorado, etcétera, Andalucía
es un distrito único. Es decir, que cualquier estudiante puede intentar
matricularse en cualquier centro de la Comunidad Autónoma andaluza sin
que su origen, la residencia familiar o el instituto donde ha estudiado
el COU establezcan ninguna diferencia. ¿Cuál es el sentido que el
Parlamento andaluz da a esta norma? Según me ha explicado se pretenden
dos objetivos con esta Ley de distrito único. Por un lado se pretende el
objetivo de que no queden puestos vacantes. Es decir, que si hacemos la
suma total de puestos universitarios que hay en Andalucía y la comparamos
con la suma total de su oferta universitaria no hacen falta plazas
universitarias en Andalucía. Si tenemos en cuenta la distribución
provincial, para que nadie que quiera estudiar en Andalucía se vea
excluido de la universidad por falta de plazas, para que este hecho surta
efecto habría que aprovechar al máximo los recursos de Huelva, de Jaén,
de Almería, de cada una de las universidades. Como la demanda endógena no
necesariamente garantiza eso, porque en una provincia puede haber menos
estudiantes que plazas ofrezca esa universidad, podríamos caer en que
existirían recursos ociosos en determinadas universidades si la matrícula
en las universidades estuviera ligada, digamos, a la provincia de origen
del estudiante. Para evitar ese efecto, para lograr que se aprovechen al
máximo los recursos el Parlamento, a propuesta del Gobierno, ha emitido
la Ley de distrito único. También persigue



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otro objetivo, que es el de establecer cierto grado de competencia entre
distintas universidades, en el sentido de que hay ocho universidades
--puede que en el futuro haya nueve con la segunda de Sevilla-- y los
estudiantes pueden elegir no necesariamente la universidad de la
provincia o ciudad en la que viven sino aquella cuyo título les ofrezca
más garantías. Podría suceder que un título en la universidad X tuviera
mucho prestigio y ahí fueran los mejores estudiantes porque quisieran
obtener no sólo ese título sino en esa universidad, lo que impulsaría a
las universidades a establecer una cierta competencia académica para
mejorar su prestigio y redundaría en beneficio de la sociedad y de las
propias universidades. Esos son los dos objetivos que se pretende, según
esta Ley, que es de implantación progresiva y me parece que a partir del
curso próximo de implantación total. ¿Qué es lo que ocurre con la
aplicación de la Ley? Pues que la aplicación de la Ley no es tan sencilla
como las previsiones que uno hace sobre el papel. ¿Por qué? Pues porque
hay distorsiones, separaciones entre el modelo teórico y la realidad.

Aquí ya habría que hablar no sólo de la universidad de Sevilla sino del
conjunto de las universidades andaluzas, de lo que cada una de ellas
significa y de la percepción que tienen los ciudadanos andaluces de cada
una de las universidades.

En Andalucía existen dos universidades muy antiguas, que son la de
Granada y la de Sevilla. La universidad de Sevilla tiene 500 años y la de
Granada más o menos lo mismo; por tanto tienen toda la solera que da 500
años de historia. Son universidades, me atrevería a decir, prestigiosas.

Junto a ellas existen universidades mucho más jóvenes: las universidades
de Córdoba, de Cádiz y más recientemente de Huelva hace poco, unos veinte
años, se han segregado de la de Sevilla y también hace relativamente poco
la de Málaga de la de Granada. Esto tiene ventajas porque esas nuevas
universidades pueden aprovechar los beneficios que da crear una
institución de nuevo cuño habiendo aprendido de los errores e
insuficiencias de las anteriores, pero no cabe duda de que a veces
también sufren el peso de su juventud y de que se necesita cierto tiempo
para consolidar un profesorado estable, de calidad, instalaciones,
etcétera. Además de eso existe un reparto demográfico en Andalucía que no
es regular. En Sevilla se encuentran el Parlamento andaluz, la sede del
Gobierno andaluz y una serie de atractivos para el ciudadano andaluz que
hacen que entre que es una universidad antigua y que la ciudad de Sevilla
puede resultar atractiva, incluso por motivos tan sencillos como que es
más fácil tener un pariente en Sevilla que en otra ciudad andaluza
elegida al azar porque es una ciudad un poco más grande, si uno tiene que
desplazarse del domicilio familiar a cualquier otra ciudad, para abaratar
costes, lo normal es que uno vaya allí donde encuentre más fácil acogida.

Como digo, el resultado neto de todos estos factores es que la
universidad de Sevilla ha recibido el doble de número de estudiantes de
distrito único que todas las demás universidades andaluzas juntas. Esto
nos produce satisfacción, por un lado, porque siempre lo es que la oferta
que haga la universidad de Sevilla tenga una respuesta tan amplia en la
sociedad, pero por otro lado tenemos una grave preocupación porque
nuestros recursos son limitados y si tenemos que sumar a los estudiantes
de la propia provincia de Sevilla, que en general no se mueven hacia
afuera, el gran número de estudiantes que recibimos de fuera, nos pone en
una situación verdaderamente de insuficiencia de recursos a corto plazo.

Para solventar este problema nosotros firmamos un convenio con la
Consejería de Educación y Ciencia que preveía unas obras de urgencia en
la universidad de Sevilla para ampliar el número de plazas. Ese convenio
supone una inversión aproximadamente de 5.000 millones en tres años y,
desde luego, aumentará la capacidad de la universidad de Sevilla en
10.000 nuevas plazas aproximadamente, lo que sería más que suficiente
para atender la demanda total, incluida la que pueda provenir de distrito
único.

Otro problema que tiene el distrito único --éste ya no específico de la
universidad de Sevilla, sino, en general, de las universidades
andaluzas-- es que es fácil ver que la capacidad de movilidad de un
estudiante depende mucho de la renta familiar y, en consecuencia, aunque
sobre el papel haya una igualdad de oportunidades y todo ciudadano
andaluz pueda ir a la universidad que libremente elija, lo cierto es que
las familias económicamente más débiles tendrán más dificultades para
ejercer ese derecho por motivos económicos. Sería deseable por tanto, en
mi opinión, complementar el distrito único con algún sistema de becas que
facilite la movilidad, de tal manera que se puedan beneficiar de él los
estudiantes con mejores notas, independientemente de su situación
familiar, si queremos establecer realmente un principio de igualdad de
oportunidades en este sistema. En un convenio que hemos firmado
recientemente con la Consejería de Educación y Ciencia para disminuir la
proporción de precios de matrícula que pagarán los estudiantes de las
universidades andaluzas, en concreto la de Sevilla, hemos incluido una
cláusula en la cual pedimos que el Consejo Andaluz Interuniversitario
estudie la posibilidad de dotar estas becas de movilidad que solventarían
uno de los dos problemas que yo le veo al distrito único. Sobre el
distrito único luego podré responder más preguntas, si ustedes lo
consideran oportuno. Esta es mi valoración del distrito único. En general
es una ley que persigue objetivos deseables, pero hay que prever que
puede concentrar la demanda en ciertas universidades y que, por tanto,
habrá que aumentar los recursos en ellas y sería conveniente dotar a los
alumnos de un sistema de becas de movilidad.

Señora Presidenta, ¿hablo de financiación o no?



La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Sí, señor Medina, hable de
financiación, pero le rogaría que hiciese un esfuerzo de síntesis. Ya nos
ha dicho antes que es profesor y sabemos la tendencia de los profesores a
hablar mucho, pero le rogaría que lo hiciera de la forma más breve
posible.




El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (Medina Precioso): Muchas
gracias. Procuraré hacerlo de forma sintética.




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La financiación de las universidades tiene dos fuentes principales en el
capítulo de ingresos: las subvenciones del Estado, en nuestro caso de la
Comunidad Autónoma andaluza, y los precios de matrícula que pagan los
estudiantes. Las subvenciones del Estado tienen a su vez (voy a centrarme
en Andalucía porque lo conozco mejor y, además, es el problema que
directamente nos interesa ahora) dos cuestiones que hay que señalar.

Primero, no existen unos criterios basados en módulos objetivos de
distribución del presupuesto, sino que ésta se hace por criterios
históricos. Es decir, cada universidad tiene un cierto presupuesto, el
Parlamento andaluz en su ley de presupuesto anual fija la cantidad total
a distribuir entre las universidades y, luego, la distribución de ese
presupuesto se hace partiendo del presupuesto de esa universidad en el
año anterior e incrementándolo en el porcentaje que sea posible, dado lo
que haya fijado el Parlamento. Eso conduce a un sistema de financiación
que, en general, lleva a que el 85 por ciento aproximadamente de los
presupuestos de las universidades sea por transferencia de la Junta de
Andalucía. No obstante existen desigualdades entre las distintas
universidades. Esa proporción puede variar de unas universidades a otras
porque está basada en criterios históricos. En concreto, las
universidades de Córdoba y Cádiz gozan de una financiación superior a la
media de la transferencia, y las universidades de Málaga y Sevilla
padecen una financiación por transferencia ligeramente inferior a la
media. Cuando nos referimos al número de alumnos, las diferencias son más
acusadas porque Sevilla es la universidad que más estudiantes tiene, con
diferencia, 72.000 estudiantes universitarios de los 210.000 que hay en
Andalucía, es decir, una tercera parte de los estudiantes están en
Sevilla, y Málaga tiene 32.000 estudiantes en la actualidad y es la
universidad que más rápidamente ha crecido. El 15 por ciento restante
proviene, fundamentalmente, de los precios de matrícula de los
estudiantes. Hay que decir que estos precios de matrícula han ido
disminuyendo su contribución relativa en los cinco últimos años; es
decir, que hace cinco años el estudiante venía a pagar aproximadamente el
20 por ciento del coste real de la enseñanza y ahora ha bajado al 15 por
ciento. Han subido los precios de matrícula pero, como el Estado ha hecho
un esfuerzo muy considerable en materia de inversión universitaria, los
incrementos de los precios de matrícula han ido siempre por debajo del
esfuerzo del Estado y, como consencuencia, la contribución relativa de
los precios de matrícula ha disminuido.

Actualmente la universidad de Sevilla tiene un presupuesto de unos 22.000
millones de pesetas, de los cuales 17.000 provienen de transferencias de
la Junta de Andalucía. ¿Hay suficiencia financiera en la universidad de
Sevilla? Hasta ahora sí la ha habido en el sentido de que, si excluimos
las inversiones en infraestructura, hemos podido abordar presupuestos
verdaderamente equilibrados, no sólo a efectos contables sino que, en la
práctica real, no tenemos déficit, las universidades no se pueden
endeudar, necesitan permiso de la comunidad autónoma para ello, y en el
último año estamos ya en el límite de la capacidad presupuestaria. El
intento que ha habido de subir los precios de matrícula no ha tenido
éxito total, ha habido que establecer unas negociaciones entre los
estudiantes y la Junta de Andalucía, y como consecuencia de ello, se van
a prever unas devoluciones de parte de las tasas. La financiación de la
Junta de Andalucía cubre, en el caso de la universidad de Sevilla,
aproximadamente el 85 por ciento de la nómina. Quiere decirse que con el
precio de matrícula hay que pagar el 15 por ciento restante de la nómina,
más todo lo que son actividades de extensión universitaria, pequeñas
reparaciones, etcétera. La investigación, en el caso de la universidad de
Sevilla, como en las otras, viene fundamentalmente financiada desde fuera
de la universidad. O sea, la financiación pública española se hace por
concursos que establecen la CAYCIT, la Junta de Andalucía o la Comunidad
Europea; prácticamente las universidades no tienen un sistema propio de
financiación de la investigación. A mí me parece adecuado, porque tener
un sistema propio de financiación de la universidad conduciría fácilmente
a la tentación de repartir por igual los fondos, independientemente de la
capacidad investigadora, y me parece más adecuado el método de concurso
que hay. Cosa aparte son los problemas de infraestructura, que necesitan
de una financiación especial que no va en el presupuesto ordinario de las
universidades. Por tanto, satisfaciendo ahora, quizá exageradamente, el
afán de brevedad que me pedía la señora Presidenta, yo haría el siguiente
resumen de cuál es la situación financiera de las universidades
andaluzas, en particular la de Sevilla, con las previsiones que habría
que establecer.

En primer lugar, sería necesario, o muy conveniente al menos, que se
hiciera una ley de financiación de las universidades que se basara en
módulos objetivos. No estoy diciendo que el único factor para establecer
ese módulo fuera el número de estudiantes, soy consciente de que no debe
serlo, pero debería tenerse en cuenta ese factor entre otros, lo que
permitiría ir corrigiendo las diferencias internas entre universidades en
los próximos años.

En segundo lugar, sería conveniente establecer un plan plurianual de
infraestructura para las universidades andaluzas, en particular para la
de Sevilla, a fin de crear la infraestructura necesaria para mejorar la
situación de déficit en determinados títulos que ahora existen. Ese
déficit no es general, pero sobre todo en los títulos de nueva creación
sí existe, a veces, un déficit en los medios docentes e investigadores.

En tercer lugar, habría que estudiar un incremento --yo no vengo aquí a
decir que hay que subir el cien por cien, pues sería un poco irracional
por mi parte-- de las tasas del orden del 15 por ciento, en los próximos
años, en la financiación global. Un debate que está en la calle y al que
yo no puedo dar una solución es qué proporción de ese incremento deben
pagar los estudiantes y qué proporción debe pagar el Estado, en nuestro
caso la Junta de Andalucía. Hay que señalar que las universidades apenas
reciben financiación de fuentes externas si no es para investigación. Eso
sin duda se debe a que, al no haber una ley de mecenazgo, es
extraordinariamente generosa la



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empresa que colabora con la universidad haciendo donaciones. Se podría
estudiar, en mi opinión, una ley de mecenazgo, quizá no específicamente
para la universidad, que facilitase la ayuda a la universidad española
por parte de la sociedad, ya que, cuando hacemos análisis comparativos
con otros países, detectamos que ésa es una de las principales
diferencias de nuestro sistema universitario con el europeo o el
americano. Nuestra universidad recibe muchos menos fondos externos, es
todo de los estudiantes o del Estado.

Finalmente, porque creo que es de justicia reconocerlo, habría que
agradecer el fuerte ritmo de inversiones, incluso en época de crisis
económica, que la Junta de Andalucía ha venido haciendo en materia
universitaria a lo largo de los cinco últimos años, que nos ha permitido
ampliar de manera importante el número de estudiantes que acceden a las
universidades.




La señora PRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Muchas gracias, señor Medina.

Antes de dar paso a la intervención de los distintos grupos
parlamentarios, si algún grupo solicita que se interrumpa durante unos
minutos la sesión de la Comisión para ordenar sus notas o ajustar su
intervención podemos hacerlo. (Denegaciones.) Entonces, además del Grupo
Popular, ¿qué otros grupos desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Rector, por su interesante
información. Permítame, ahora, dado que también este modesto Diputado es
profesor, que le convierta metafóricamente en alumno, rejuveneciéndole, y
voy a intentar ir enumerando las preguntas concretas que me interesaría
que en este cordial examen me respondiera.

Hemos hablado de selectividad y hemos hablado de ese distrito único para
el que Andalucía ha servido de campo de experimentación, al parecer, con
algún que otro problema. Yo tengo algunos datos que no son precisamente
aportados por usted en su interesante intervención, sino fruto de unas
declaraciones del vicerrector de estudiantes de la universidad de
Sevilla, señor Huete. Según esos datos, de las 6.410 solicitudes que han
llegado, vía distrito único --2.058-- o traslado de expedientes
--entiendo que ajenos a la comunidad andaluza--, que han sido 4.400, han
quedado excluidas 3.491, o sea, más de la mitad. De los estudiantes de
Sevilla han acabado quedando fuera 844, y 977 estudiantes sevillanos no
han podido cambiar de carrera, aunque lo pretendían, debido también a los
problemas que se han planteado. En total, han quedado excluidos de la
universidad hispalense 4.335 alumnos que pretendían estudiar en ella, sin
ninguna opción, ni primera ni segunda ni ninguna. Esta es la situación.

La verdad es que yo creí que las razones de esta peculiar afluencia a
Sevilla se debían a lo que ha dicho usted aquí, pero el Vicerrector dijo
una razón más que usted no ha mencionado, y es que las notas de corte de
la universidad de Sevilla son más bajas que las del resto de las
universidades, lo cual no deja de ser sorprendente. En su explicación
parecía que era la falta de calidad, la inmadurez de universidades como
las de Huelva, Jaén o Almería, la que motivaba la búsqueda de las
universidades de prestigio como Granada --piropo que le agradezco porque
soy catedrático de esa universidad-- o Sevilla, pero parece que las notas
de corte de Sevilla son más bajas, y eso hace que la gente busque Sevilla
más. Es un dato que quizá convendría tener en cuenta también. En todo
caso, tampoco le he oído ninguna información sobre cómo han resuelto esta
sobrecarga de peticiones. Según tengo entendido, han llegado a algún tipo
de acuerdo extralegal --me da la sensación--, por el cual se han creado
unas notas de corte peculiares para los sevillanos, distintas de las del
resto de los andaluces, con lo cual, evidentemente, no se ha respetado la
legalidad existente. Quiero hacer notar que mi interés por todo esto se
debe a que en el ámbito del Ministerio, que es el que nos ocupa en esta
sala, se está proponiendo un incremento del distrito compartido o
distrito único, idea que, por cierto, mi grupo comparte. El problema son
las fórmulas que hay que buscar para que eso sea posible y la experiencia
de fórmulas, quizá no muy aconsejables, a las que ha habido que recurrir
cuando se ha encontrado uno ante la situación tal cual llega luego a
desarrollarse. Aparte de que me confirme esos extremos de la nota de
corte y de si se ha medido con un doble rasero a los estudiantes (con lo
cual realmente no ha habido distrito único, sino una actitud defensiva y
ha quedado aplazado el auténtico problema), quisiera hacerle una segunda
pregunta sobre qué centros son los receptores de las ulteriores opciones.

Porque usted ha hablado de los centros que expulsan primera opción, que
son los sanitarios, pero eso, ¿dónde va?, ¿se ha estudiado?, ¿va a
Derecho, por ejemplo?, ¿a qué tipo de centros va?«
Un segundo aspecto que tiene que ver con el acceso a la universidad son
las tasas. Hemos hablado de ellas, pero no ha aclarado un aspecto que me
parece que tiene su interés, y es que se han subido las tasas
universitarias a todos los españoles, pero cada Comunidad autónoma ha
actuado luego dentro de sus competencias. En la Comunidad Autónoma
andaluza, especialmente subdesarrollada y con menos nivel de renta, sus
autoridades políticas han considerado oportuno --del partido que sean, da
igual-- incrementar menos las tasas porque entienden que los andaluces no
tienen dinero para pagárselas. A usted, que es Rector, le pregunto: ¿cómo
le han complementado el déficit de ingresos que usted ha tenido al
conseguir menos tasa que si fuera el Rector de Valladolid, o el de
Zaragoza, por ejemplo? ¿Ha habido alguna medida por la que se le
complemente, o esa actitud social se hace a costa de la universidad y,
como consecuencia, comunidades autónomas más pobres, que no pueden cobrar
tasas como las demás, acaban teniendo universidades más pobres porque
tienen menos dinero por dichas tasas? Es un asunto que no es baladí,
sobre todo porque aquí decidimos la política de tasas, sin perjuicio de
lo que haga luego cada comunidad autónoma. Quizá habría que tener en



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cuenta que se van a crear problemas de ese tipo y habrá que buscar alguna
fórmula para no dar lugar a esas injusticias.

Habla usted de becas, y hay un asunto que no entiendo. En el Convenio con
la Consejería andaluza, al que ha hecho referencia, se ha tocado el tema
de las becas de movilidad. Como es bien sabido, las becas es una
competencia que no está transferida; las becas son competencia del
Gobierno central. Hay un dato que quizá usted ignore, y es que hay años
que de 700.000 becas previstas (obviamente para todos los niveles
educativos) se quedan sin dar 200.000. No acabo de entender que, por un
lado, se queden sin dar 200.000 becas de las que habría presupuestadas y,
por otro lado, comunidades autónomas como la andaluza, bastante
deprimida, se vean obligadas a dar becas por su cuenta. Es algo
asombroso, me parece. Quizá habría quue sacar alguna consecuencia. Por
tanto, en cuanto a las becas de movilidad, si la política del Ministerio
es incrementar esa movilidad y favorecer una ampliación del distrito
compartido, evidentemente es el Ministerio el que debe poner en marcha,
porque además tiene las competencias, esas becas de movilidad, y no unas
comunidades autónomas, en plan altruista, a las que parece que no les
sobra el dinero.

Tercera cuestión. Hemos hablado de masificación. Muy indulgente ha estado
usted cuando ha dicho que masificación es un término que puede sonar
negativo. Pues no. Masificación es lo que es. Masificación no es que haya
muchos estudiantes; masificación es que haya muchos estudiantes y poco
sitio. Que haya muchos estudiantes me parece muy bien, pero la
masificación surge cuando están metidos o cuando no están metidos --para
qué nos vamos a engañar--, simplemente cuando no van porque no caben. Me
gustaría que hiciera referencia a algunas cosas a las que ha aludido muy
de pasada.

Hemos hablado de primera opción y de segunda opción. Imaginemos que cada
cual está donde puede estar. ¿En qué condiciones se está dando la
enseñanza? ¿Por ejemplo en Derecho o en Económicas, a las que usted ha
aludido y a las que aludio aquí también un predecesor suyo hace ahora
cinco años, el profesor Pérez Royo, que en abril de 1989, y en esta misma
Comisión, decía en concreto: En el área de Derecho y de Economía la
situación es absolutamente inadmisible. Y añadía luego: En el área de
Derecho y Economía tendríamos que dejar el 15 o el 25 por ciento de los
alumnos que hay para que hubiera una enseñanza aceptable. Yo no sé si en
cinco años ha cambiado mucho la situación, pero me gustaría saberlo. ¿En
qué condiciones se está impartiendo esa enseñanza?
Usted ha dicho antes algo que no es cierto, señor Rector. Ha dicho que el
Consejo de Universidades fija cada año los módulos de capacidad de los
centros. No. Los módulos de capacidad de los centros están sin fijar.

Esta Cámara los ha pedido, una vez más, en diciembre pasado, pero repito
que no están fijados. Lo que hace el Consejo de Universidades (según
dicen algunos rectores que han pasado por aquí antes que usted), a su
gusto y antojo, ignorando las peticiones de los propios rectores que sí
que han hecho estudios de módulos de capacidad de los centros, es decir
qué alumnos van a entrar y cuáles no, según le parezca. Yo quisiera hacer
una pregunta concreta: ¿tiene hecho el estudio de módulos de capacidad de
los centros en su Universidad? ¿Se respetan las propuestas que usted hace
respecto a esos estudios? Porque a otros rectores no se les respetan,
pero a lo mejor usted es un privilegiado. Vamos a aclarar, por tanto, la
situación.

Por cierto, una nota puramente marginal y localista, si me lo permite. Ha
aludido a la Universidad internacional y me ha parecido entender que va a
estar en Sevilla. Ha hablado de La Rábida, pero no ha hablado de Baeza,
que también creo que tiene algo que ver la Universidad de Antonio Machado
con eso, es más, creo que se va a llamar Universidad Internacional
«Antonio Machado». Si puede me aclara esta idea localista, que sólo es
una parte del paisaje andaluz.

Sigamos con nuestros problemas. Propuestas de emergencia. Ha hablado de
un asunto que según creo se parece a la Universidad a Distancia, pero no
es la Universidad a Distancia. Desde hace tiempo se vienen haciendo
bromas sobre en qué medida la distancia que hay de los alumnos a los
profesores en la universidad convencional es mayor que en la Universidad
a Distancia y en qué medida era justo dicho rótulo de Universidad a
Distancia.

Hace cinco años estuvo aquí el profesor Pérez Royo y ya hablaba de los
libres tutelados, que no sé si es a lo que usted ha aludido. Yo entonces
le sugerí al señor Pérez Royo que esa propuesta consistía en el fondo en
ofrecer a los alumnos un tratamiento que los oficiales no tienen. ¡Qué
más quisieran los alumnos oficiales que tener un tutor con el que poder
hablar, por ejemplo en Derecho! ¡Ni por asomo! Entonces, a estos alumnos
libres tutelados se les ofrece algo que a los oficiales de verdad no se
les ofrece. Le llamé la atención a su antecesor sobre esa actitud
chocante y él fue muy sincero --le pediría a usted que lo fuera también--
y dijo cosas como la que le voy a leer a continuación. Dijo: Yo tenía que
preparar el comienzo de curso y me encontraba que los límites de
capacidad de los centros estaban superados por tres mil y pico de
alumnos. Es decir, había más de los módulos objetivos de capacidad, por
supuesto con la bendición del Consejo de Universidades. ¡Faltaría más!
¿Qué hay que hacer? Pacificar aquello como fuera, parar como sea la
avalancha, dar capotazos, y una vez que ya tenga a la gente más o menos
situada --algo parecido a lo que usted ha dicho aquí respecto a los
exámenes de septiembre--, ver cómo afronto el año siguiente. Y eso es lo
que he hecho. Y todas esas declaraciones que yo hice sobre los libres
tutelados eran para ir haciendo propuestas y mantener un diálogo que no
se rompiera y que no ocuparan el rectorado (no sé si usted tiene ese
problema); que no me ocuparan el rectorado --insistió de nuevo--, que no
volviéramos a los follones. Y tuve que hacer filigranas y política. Lo de
los alumnos libres fue lo que se me ocurrió para salir del paso, y una
vez tranquilo buscar una solución más razonable.

Señor Rector, ¿usted está saliendo del paso o cree de verdad lo de los
libres tutelados? Porque el profesor



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Pérez Royo no lo creía ni por asomo. Le parecía que era impresentable
para lo que es una Universidad.

Usted nos ha recordado, con gran acierto, que en Estados Unidos hay cosas
que se llaman universidad y que no lo son, y yo le preguntaría si esta
figura no es una cosa que se parece a una universidad pero que no tiene
nada que ver con ella, y si usted quiere ser el primero en España que
asuma la responsabilidad de poner en marcha esa cuestión, porque
realmente me parece que es una situación preocupante.

¿En qué condiciones están los alumnos? Porque los alumnos a los que se ha
ofrecido eso están intranquilos. Han dicho hace unos días, el pasado mes
de noviembre, y usted lo sabe: No quisiéramos que por ser una enseñanza
de menor calidad empezaran a aparecer ofertas de trabajo que dijeran:
Titulados de enseñanza por tutorías, abstenerse. Eso dicen los alumnos.

Ellos piden que durante una carrera se pueda pasar de la enseñanza por
tutorías a la normal en cualquier momento, es decir, de la anormal a la
normal si hay especiales dificultades, que los proresores sean los mismos
y que las tasas sean más bajas. ¿Está en condiciones, señor Rector, de
que en esa Universidad los profesores sean los mismos? ¿Las tasas van a
ser más bajas? Por cierto, hablando de los profesores, ¿tiene previsto
algún tipo de incentivo económico para los profesores que se vayan a
ocupar de esa curiosa función? ¿O cree que lo van a hacer sin incentivos
especiales? Eso daría lugar a otro tipo de comentarios, porque ¿cuál es
el motivo por el que a un tipo de enseñanza se le va a pagar más? ¿Está
previsto así? Es interesante también ese problema.

Para terminar, le agradecería muchísimo que ese estudio tan serio que nos
ha traído lo dejara a disposición de la Comisión para que se pudiera
fotocopiar y pudiéramos disponer de él, porque ya que se ha tomado el
trabajo de recoger los datos --que le agradecemos enormemente-- nos
gustaría poder disponer de ellos de una manera más estable.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Voy a hablar como Diputado por Sevilla que
conoce directamente la Universidad. El señor Rector me puede decir que
eso es competencia del Parlamento andaluz, pero lo que pasa es que como
no estamos en el Parlamento andallluz, yo también voy a hablar de todo
desde mi punto de vista.

A veces he tenido la impresión de que hablaba más el Consejero de la
Junta de Andalucía que el Rector de la Universidad de Sevilla por el
distinto tono que damos a los problemas el señor Rector y yo, en cuanto
representante de un Grupo Parlamentario. Pensamos incluso que desde el
principio, hablando del funcionamiento del Consejo Social de la
Universidad, ésta no está conectada con la sociedad sevillana, que era la
función esencial de este organismo, no funciona la conexión
universidad-sociedad, y se trata --a nuestro juicio y para empezar-- de
un modelo fracasado; habría que empezar por ahí, repito, a la hora de
hablar de una universidad no elitista, no desagregada de la sociedad, no
lunática.

En este sentido, si tenemos en cuenta que el Presidente es don José
Aureliano Recio, elegido prácticamente al principio de la legislatura que
está a punto de terminar, tendremos una expresión clarísima de por qué no
funciona el enlace sociedad-universidad. El señor Recio no sólo no vive
en Sevilla, sino que es consejero del BBV y está constantemente siendo
llamado por el Juez Barbero. Con esto no estoy echando la culpa al Juez
Barbero de la falta de conexión entre la sociedad y la universidad, es
decir, desde hace tres años y pico, pero desde el principio, insisto, el
organismo que conecta la universidad con la sociedad no funciona, y este
señor sigue siendo el Presidente del Consejo Social, vive en Madrid y de
vez en cuando cae por allí, pero no reúne a dicho Consejo y todos tan
contentos. Aprovecho la ocasión para decirlo, aunque ya lo hemos dicho
bastantes veces en el Parlamento de Andalucía, que es donde corresponde.

En cuanto al resto de los problemas, nosotros tenemos una visión
distinta, pero pensamos que objetiva. Quizá la falta de coincidencia se
deba a la bondad del señor Rector. Por ejemplo, en el tema de
financiación, la Universidad de Sevilla ha crecido a un ritmo tal, con
una política abierta de tal manera, que es imposible, teniendo en cuenta
la financiación lineal que ahora se produce, que se cubra la necesidad
financiera. Por tanto, hay una política objetiva en la base que contrasta
en el seno del distrito único, como aquí se ha dicho.

Pero no sólo es éste el problema, sino también el de la liquidez, que me
extraña que aquí no haya saltado. Allí se habla de que incluso la
Universidad de Sevilla ha llegado a deber 5.000 millones de pesetas
(pongamos 4.000 o quizá 3.000 millones como dicen los charlatanes) y en
prensa se ha publicado que han sido 4.000 ó 5.000 millones. También se ha
dicho que se han suscrito --se lo pregunto ya directamente-- pólizas de
crédito con entidades bancarias para pagar nóminas y pagar otros gastos,
e inmediatamente se ha manifestado allí: «La Universidad de Sevilla no
paga porque no paga la Junta»; nosotros hemos dicho en la Junta: «Pague
usted», y la Junta nos ha dicho: «Es que no paga el Estado.» ¿Dónde está
la madre del cordero, señor Rector? El problema es que se están
suscribiendo pólizas de crédito para pagar nóminas y para otros gastos, y
a veces, según se ha publicado igualmente en la prensa, había deudas de
hasta 5.000 millones de pesetas en la Universidad de Sevilla.

Referente al tema del espacio y la infraestructura, parece que se han
quedado fuera más de 3.000 alumnos, aunque realmente el número es mayor,
ya que abandonan muchos de ellos al no obtener sus primeras opciones. Se
ha ampliado el número de gente que no estudia lo que quiere en su primera
opción; eso, insisto, se ha ampliado muchísimo.

Usted dice que se ha firmado un convenio con la Junta para actuaciones
urgentes en varios centros. ¿Para cuándo el cumplimiento de este
convenio?
Desde luego, con los efectos del distrito único,



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teniendo en cuenta todo lo que usted ha dicho, incluido lo del pariente
en Sevilla, no estamos de acuerdo. Creemos que hay otras razones, otras
causas que utilizar a la hora de ver los efectos del distrito único sobre
Sevilla; es decir, al faltar medidas generales, porque la restricción del
«númerus clausus» es mucho más seria en otros distritos universitarios,
se aumenta el número de Sevilla. Pero a Sevilla no sólo van los que
tienen parientes allí, sino los que tienen medios económicos; por tanto,
se produce una selección económica de profundo calado, que aquí no se ha
evocado y que está en la base objetiva de muchas de las cosas que
entorpecen la actividad de muchos estudiantes. Por tanto, habría que ir a
una idea general del sentido restrictivo del «númerus clausus» y, desde
luego, habría que habilitar como sea algo que usted tocaba, que son las
becas de movilidad; eso es absolutamente necesario. Al mismo tiempo, hay
que ir a una ampliación a través de la segunda universidad en Sevilla,
aunque parece que la Junta, a pesar de lo que aquí se ha dicho, no avala
todavía firmemente esta idea y no la va a presentar en esta legislatura.

Como en la próxima ya veremos cómo se gobierna allí, con quién se
gobierna --allí no está Pujol-- y en qué dirección se gobierna,
naturalmente esto está bastante en el aire, ya que lo que es seguro es
que no se va a presentar este proyecto antes de que finalice el curso.

Sobre la masificación usted ha sido excesivamente optimista,
singularmente cuando tocaba el problema de Derecho. Nosotros tenemos
noticias de que hay grupos de 700 alumnos en aulas donde sólo hay 125
asientos y que se están celebrando así las clases. Esto, desde luego, sí
es masificación, o quizá falta de masificación en los asientos. ¿Cuáles
son las soluciones que usted da a este tema?, porque a nuestro juicio no
están realizadas, no hay soluciones reales.

Respecto a los nuevos planes de estudios --y termino-- y su financiación,
¿se va a mantener el diseño primitivo? ¿Hay ya un recorte y un recorte
del recorte quitando créditos, etcétera, sobre los nuevos planes de
estudio y su financiación?
Todos éstos son temas planteados en Sevilla directamente con mayor
crudeza que con la que aquí han sido expuestos; yo he tocado algunos,
empezando por el Consejo Social, y me parece que no he exagerado la
situación de la Universidad de Sevilla.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Lazo.




El señor LAZO DIAZ: Señora Presidenta, yo he pedido la palabra para
exponer, en nombre del Grupo Socialista, nuestra posición respecto a esta
comparecencia; no, por ejemplo, respecto a comparecencias de hace cinco
años, dentro de un orden del día que figura escrito y donde no se
contienen cosas como, por ejemplo, el Consejo Social. En consecuencia,
hablo de lo que nos ha parecido y lo que nos ha sugerido la intervención
del Rector de la Universidad de Sevilla, uno de los rectores, en una
lista al parecer inacabable, que van compareciendo en esta Comisión. Digo
lista inacabable de comparecencias de rectores puesto que nada nos
garantiza que, comparecido el último rector, no empiece otra vez la ronda
para plantear las mismas cuestiones u otras similares. Por supuesto, no
faltaría más, cada grupo tiene toda la libertad del mundo para convocar a
quien quiera. Pero nosotros también tenemos toda la libertad del mundo
para pensar y para señalar que en política parlamentaria, como en
cualquier otro aspecto de la vida, hay que tener sentido de la medida, y
si no se tiene se cae en la desmesura.

Dicho esto, mi Grupo quiere expresar nuestra doble satisfacción por la
presencia del Rector de la Universidad de Sevilla aquí.

En primer lugar, para los rectores, que no están escasos de trabajo y
disponen de poco tiempo, desplazarse a Madrid para venir a esta Comisión
significa, sin duda, un esfuerzo, y nosotros agradecemos al Rector de la
Universidad de Sevilla el esfuerzo que ha hecho.

En segundo lugar, expresamos nuestra satisfacción por sus propias
palabras. Han sido unas palabras realistas, ha reconocido los problemas
que existen, pero no ha adoptado una actitud catastrofista, no ha buscado
catástrofes aunque fuera debajo de la alfombra. Es un realismo que
coincide con el realismo que en esta materia, sobre todo de acceso a la
universidad, viene sosteniendo el Grupo Socialista.

Para nosotros --lo hemos repetido muchas veces y seguramente tendremos
que repetirlo otras muchas-- es bueno que en un país como España exista
un gran número de estudiantes universitarios. Nos sentimos orgullosos, y
el Rector lo ha reconocido, de que en los últimos diez años España se
haya convertido en el primer país de Europa en población universitaria.

Pero, naturalmente, igual que lo ha dicho el Rector, reconocemos que este
bien que supone una amplia población universitaria será sólo un bien si
el incremento de estudiantes va acompañado de un incremento de la calidad
de la enseñanza y de un incremento de la calidad de la investigación en
las aulas universitarias. Ahí es donde yo quería llegar.

En los últimos veinte años --y digo veinte años para que nadie piense que
acercamos el ascua a nuestra sardina-- la calidad de la universidad
española no ha hecho otra cosa sino progresar. Hace veinte años teníamos
una universidad con pocos alumnos y una universidad de mediocre calidad.

Hoy tenemos una universidad con muchos alumnos y una calidad en la
enseñanza y en la investigación que nada tienen que envidiar a la mayor
parte de las universidades europeas. Negar esto es, o bien hablar de
oídas sobre la universidad española, sobre la Universidad de Sevilla o
sobre cualquier otra del país sin haber estado en ellas desde hace mucho
tiempo, o bien es adoptar una actitud partidista, pero en el peor sentido
del término. Es bueno que la situación de la actual universidad española
sea ésa: muchos estudiantes y una calidad muy superior a la de hace
veinte años.

Sin embargo, al igual que el Rector de Sevilla, nosotros somos realistas
y sabemos, porque no puede ser de otra manera, que todo cambio, aunque
sea para mejor,



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aunque sea un cambio en sentido positivo, lleva consigo la aparición de
nuevos problemas, de problemas que no existían antes de producirse este
cambio positivo. El incremento en los últimos diez años del número de
alumnos, algo que es bueno en sí, evidentemente ha traído problemas que
antes no existían en la vacía y mediocre universidad española. Se trata
de reconocer esos problemas, se trata de ir resolviéndolos poco a poco,
como ha dicho el Rector, a medida que se vayan planteando, pero desde
nuestro punto de vista hay que intentar resolverlos desde dos supuestos a
los que nosotros no estamos dispuestos a renunciar. Primero, estos
problemas deben resolverse sobre la base de mantener y de incrementar la
calidad de la enseñanza universitaria, y, segundo, esos problemas deben
mantenerse sobre el principio de que es bueno que exista una gran
población en la universidad española.

Nosotros estamos seguros de que en ese esfuerzo que está haciendo el
Gobierno y el Partido Socialista para ir resolviendo los nuevos problemas
que se presentan contaremos siempre con la ayuda de los rectores
españoles, y especialmente con la ayuda del Rector de la Universidad de
Sevilla.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Para responder a las
intervenciones de los distintos portavoces, tiene la palabra el señor
Medina.

Quiero indicarle que no tiene por qué hacer referencia a temas que no
aparezcan reflejados en el motivo de la convocatoria, como son el acceso
a la universidad, las pruebas de selectividad y la financiación de la
universidad.

Tiene usted la palabra.




El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (Medina Precioso): Quiero
dar las gracias a los portavoces por el tono de sus intervenciones,
incisivo pero agradable para este Rector; especialmente al señor Alcaraz,
viejo amigo mío, le agradezco su intervención.

El señor Ollero empieza señalando el problema de las plazas que han
quedado fuera de la universidad, y luego ha hecho una reflexión general
sobre si este Rector va a asumir la responsabilidad, por primera vez, de
poner la enseñanza libre asistida. Este Rector está bastante tranquilo
porque, en general, quien asume la responsabilidad es la Junta de
Gobierno y el Claustro, no el Rector, primero por mandato estatutario y
segundo por convicción propia, de tal manera que cualquier iniciativa en
un sentido o en otro que se adopte en la Universidad de Sevilla son los
órganos colegiados, que tienen un absoluto predominio sobre los
unipersonales, los que la tomarán.

Yo llevo sólo un año y medio de mandato, y mi informe de gestión se
aprobó por 107 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, de tal
manera que con referencia a la problemática a la que estamos haciendo
referencia, que es del curso anterior lógicamente, ya tuvo el Claustro la
oportunidad de pronunciarse sobre las iniciativas que el equipo rector
había tomado, y parece que hubo conformidad, incluidos los estudiantes
(que dividieron su voto y una parte votó a favor y otra se abstuvo), en
respaldar la política que se venía siguiendo. En cualquier caso, yo me
presento a rector voluntariamente y mi obligación es asumir la
responsabilidad a medida que se vayan produciendo las incidencias, porque
para eso soy Rector, no para eludir responsabilidades sino para
asumirlas.

Los datos que da el señor Ollero son absolutamente correctos respecto al
número de rechazados, y coinciden con la información por escrito que yo
pongo a disposición de esta Comisión. Hay que evaluarlos también según su
evolución temporal. Este es el año en que menor número de estudiantes se
ha quedado fuera de la Universidad de Sevilla de los siete últimos. Ese
dato hay que saberlo, porque el número absoluto en sí mismo es grave,
pero digamos que las medidas que ha venido adoptando la Universidad de
Sevilla han permitido reducir la gravedad del problema, no incrementarla,
y eso lo deben conocer los señores Diputados. Este es el año, repito, que
menos estudiantes han quedado fuera.

El señor Ollero señala una cosa que es absolutamente cierta, y es que las
notas de corte de la Universidad de Sevilla son menores que las de las
otras universidades andaluzas. Esto es así efectivamente y vamos a
analizar por qué.

Entre los motivos que he señalado de por qué hay una afluencia grande de
estudiantes de fuera de Sevilla he incluido dos factores que me parecen
ciertos: uno, el atractivo de la ciudad, que no necesariamente ha de ser
turístico, sino por ser una ciudad grande, una metrópoli, en la que
existe facilidad de comunicación, etcétera, y, por tanto, es una ciudad
que sirve de polo de atracción; dos, el atractivo que pueda tener la
Universidad de Sevilla, que no me atrevo yo a exagerarlo porque tampoco
quiero dar la impresión de que las otras universidades difieren de la
nuestra en calidad, ni siquiera sería elegante, pero me consta que
algunos títulos de nuestra Universidad tienen prestigio, por ejemplo,
Derecho, cuya situación se ha criticado aquí, que es criticable y este
Rector comparte la crítica, pero también puedo decir que nuestra Facultad
de Derecho es la única que ha sido elegida para el Programa Europeo de
Derecho Comunitario en la Unión Europea. Supongo que cuando los otros
países de la Unión Europea eligen nuestra Facultad de Derecho para que se
integre en ese Programa de Derecho Comunitario será porque les ofrece
ciertas garantías, lo cual no quiere decir que las críticas que se han
realizado no sean ciertas, y ahora entraré en ellas.

Hay un tercer factor que ha señalado con mucha agudeza el Diputado
Ollero, y es que la Universidad de Sevilla está haciendo una política
distinta de las otras universidades y que podríamos calificar de extrema
generosidad con la sociedad. Nosotros estamos voluntariamente fijando
límites de acceso que en algunos casos exceden lo que sería una
evaluación totalmente objetiva de nuestra capacidad, y lo hacemos
voluntariamente porque nos vemos en un dilema. La situación óptima
sabemos cuál es: que entren todos los alumnos y que las condiciones
docentes e investigadoras sean buenas. Ese criterio, como es



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compartido por todos, supongo que no tendrá discusión. Pero como la
opción real que tenemos no es ésa, ya que adolecemos de una cierta
insuficiencia de medios, arrastrada mor motivos históricos, nuestra
opción real es: ¿Qué es preferible, dejar muchos alumnos fuera y que los
que entren estudien en las mejores condiciones posibles que puede ofrecer
nuestra Universidad, o dejar menos alumnos fuera, aunque las condiciones
de trabajo para los que entran sean inferiores? Esa es, insisto, la
opción que tenemos, y en eso las universidades actúan de distinto modo.

Hay universidades que consideran su obligación el dar la mejor calidad
posible desde todos los puntos de vista y hacen una restricción fuerte
del número de alumnos. Nuestra Universidad no ha actuado así. Nuestra
Universidad ha actuado tratando de maximizar el número de alumnos que
entran en sus aulas, y la consecuencia de eso es que, inevitablemente,
baja la nota de acceso. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Pues que
los alumnos que vienen de otras universidades lo hacen por dos motivos:
uno, porque prefieran estudiar en Sevilla por la ciudad o por la
universidad y, otro, que prefieran estudiar en Sevilla porque con su nota
no podrían estudiar para obtener ese título en la universidad de origen.

Por eso hay un hecho que yo he manifestado en la prensa repetidas veces:
que la Universidad de Sevilla --lo tengo que decir con claridad-- está
prestando un servicio a la Comunidad Autónoma muy importante, ya que si
hay 210.000 estudiantes universitarios en Andalucía es porque hay 72.000
en Sevilla, cuando a lo mejor debería haber algunos menos dado los
recursos que nosotros tenemos.

El señor Ollero se pregunta si, como defensa del distrito único, hubo un
trato diferenciado para la Universidad de Sevilla, una nota de corte
peculiar. La situación exacta fue la siguiente. Una vez que el distrito
único entró totalmente en vigor en Andalucía yo hice dos cosas: primero,
realizar previsiones para Andalucía y, segundo, un estudio comparado de
aplicaciones de distrito único en otros países, y estudié el caso de la
Universidad del Estado de Texas, en Estados Unidos, y de Burdeos, en
Francia, donde se ha implantado ese distrito único, para ver qué
consecuencias tenían y no hablar solamente por intuición. En ambos casos
los estudios me confirmaron que un distrito único produce una
concentración de estudiantes en las universidades más grandes y una
disminución de estudiantes en las universidades más pequeñas de la zona
afectada; por tanto, mi temor era que la aplicación del distrito único en
Andalucía supusiera que en la Universidad de Sevilla aumentara la demanda
estudiantil todavía más y que, en cambio, las universidades más
recientemente creadas no cubrieran siquiera toda la oferta que tenían. Yo
propuse entonces al Director General de Universidades que se reuniera el
Consejo Andaluz de Universidades para establecer una cierta regulación
del distrito único, regulación que consistiría en fijar unas notas de
corte comunes para todas las universidades --SS. SS. sabrán que la nota
de corte es la nota con la cual un estudiante puede prepararse para
obtener el título que quiere y, como es obvio, es tanto más superior
cuanto más déficit de oferta hay--, y que esas notas comunes fueran las
más altas del año pasado. Por ejemplo, que para estudiar medicina en
cualquier universidad andaluza por distrito único fuera necesario haber
podido estudiar medicina en cualquier universidad andaluza el curso
pasado. No era una medida para la Universidad de Sevilla, sino para todas
ellas.

¿Qué es lo que pretendía yo con esa medida? Conservar el objetivo de que
se estableciera una competencia académica entre universidades, porque
verdaderamente serían los alumnos con mejores notas los que se podrían
mover por distrito único, y evitar así los posibles efectos perversos de
concentrar la demanda en Sevilla, trayendo alumnos de fuera y que, sin
embargo, hubiera plazas no ocupadas en otras universidades. Esa reunión
se tuvo, con asistencia de todas las universidades andaluzas excepto la
de Málaga, y se aprobó la medida por unanimidad, que, como digo, no fue
exclusiva para Sevilla, sino para todas.

No obstante, con posterioridad a la adopción de esa medida, las otras
universidades reconsideraron su situación y decidieron no aplicarla, y
así Sevilla quedaba como la única universidad que en principio la iba a
adoptar, y yo, por prudencia y afán de colaboración con los rectores de
las otras universidades y con la Junta de Andalucía, decidí que tampoco
en Sevilla se aplicaría, puesto que las demás universidades habían
considerado oportuno no aplicarla, de forma que, finalmente, los
estudiantes que vinieron a Sevilla por distrito único concurrieron en
igualdad de condiciones que todos los estudiantes que estaban
concurriendo a las demás universidades andaluzas. Esa ha sido la historia
de la nota de corte peculiar que señalaba el Diputado Ollero.

Por tanto, aprendiendo de la experiencia, en este curso no he tratado de
promover este tipo de iniciativas, pero sí he insistido públicamente --e
insisto aquí de nuevo-- en que serían útiles las becas de movilidad,
porque si no, como efectivamente la capacidad de movilidad depende mucho
de la renta familiar, el distrito único iría en detrimento de los alumnos
con menor capacidad económica, y el caso de Sevilla sería particularmente
penoso porque nosotros recibiríamos alumnos de Jerez y de Cádiz. Además,
hay un dato concreto: en informática la mitad de los alumnos que tenemos
provienen de Cádiz, cuando existe factultad en Cádiz.

Con estos datos quiero significar que provienen de las familias más
favorecida de otras provincias, sobre todo en Andalucía occidental, pero
los alumnos de familias económicamente débiles de los barrios de Sevilla
no tendrían la oportunidad de moverse fuera de Sevilla y, en
consecuencia, ¿qué pasaría? Que quedaría un gran número de estudiantes
fuera de la universidad de Sevilla y serían, además, ciudadanos de esa
ciudad, lo cual resulta un poco chocante. Yo insisto en la conveniencia
de regular el distrito único, o al menos de implantar este sistema de
becas que podrían ayudar.

Respecto a la masificación, si se quiere afinar en el análisis (estoy
seguro de que todos los que han intervenido son universitarios y una de
las características del



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universitario es precisar en el análisis, no conformarse con primeras
aproximaciones), la masificación, decía, varía muchísimo de un centro a
otro, ocurre como con el problema de la primera opción. Si nosotros
tomamos los datos en bruto y decimos que el 77 por ciento sólo estudia su
primera opción, es verdad; pero si hacemos el análisis inverso y decimos:
¿en cuántos títulos están estudiando la primera opción?, entonces vemos
que en el 90 por ciento de los títulos la primera opción está satisfecha.

Y eso mismo pasa con la masificación. Nosotros tenemos una Facultad de
Derecho absolutamente masificada, en el sentido peyorativo del término,
pero en la mayoría de nuestros centros realmente no existe masificación.

Por ejemplo, en Biología no hay masificación; nosotros podemos dar las
prácticas de Biología perfectamente porque el número de alumnos que
estudian allí se pueden atender con los recursos disponibles.

Por tanto, quizá sería mejor hacer el análisis de la masificación no con
carácter general, que no es correcto, sino precisamente en qué centros
hay esa masificación. Y en unos sí la hay, pero en otros lo que hay es un
gran número de alumnos con los caracteres positivos que hemos señalado.

Realmente teníamos masificación en Económicas, pero lo estamos
solventando porque estamos ampliando la Facultad a ritmo grande. Tenemos
una masificación muy importante en Derecho, que está al 140 por ciento de
su capacidad real, y tenemos una masificación importante en Ciencias de
la Información. ¿Por qué? Porque Ciencias de la Información se creó hace
cinco años sin haber previsto un edificio y entre las medidas urgentes
que hemos tomado con la Consejería para ampliar espacios está previsto
precisamente el traslado a la Isla de la Cartuja de la actual Escuela de
Ingenieros, que ocupa 27.000 metros cuadrados, y dedicar ese espacio de
la actual Escuela de Ingenieros para Ciencias de la Información, con lo
cual podríamos cubrir buena parte de la demanda actual. El problema de
Derecho hay que solventarlo en conexión con Geografía e Historia y con
Filología, que comparten el edificio, y ése es uno de los retos que yo no
he podido resolver hasta el momento --lo confieso, es verdad-- y que hay
que abordar en un futuro inmediato.

Respecto de las becas, no estoy seguro de que la competencia la tenga el
Ministerio. La Junta de Andalucía da determinados tipos de becas, y la
universidad, con cargo a sus fondos de ayuda social, también las da.

Nosotros --tengo aquí los presupuestos y podría detallarlo-- damos becas
de residencia, de transportes, etcétera. Posiblememente la palabra
técnica no es la de becas, quizá se debería llamar ayudas sociales, pero
popularmente se llaman becas. ¿Condición? Que lo apruebe el Consejo
Social. La valoración política de si es bueno o no que la Junta de
Andalucía implante el sistema de becas es algo en lo que no entro, porque
es una valoración política, pero esas becas realmente existen.

La Universidad de Sevilla, ¿ha estudiado los módulos objetivos? Sí, y
además hemos implantado este año un método lo más transparente y
democrático posible, que ha sido que esos módulos objetivos los ha
determinado una comisión tripartita constituida por el alumno delegado
del centro, el decano o director del centro y el vicerrector de
estudiantes, de tal manera que han sido esos propios centros los que nos
han dicho en ese edificio cuántos alumnos caben, supervisado por el
vicerrector de estudiantes para tener una garantía de control de que
dichos datos no estaban tergiversados. Los propios alumnos han
intervenido en la determinación de los módulos objetivos.

¿El Consejo de Universidades ha respetado los módulos objetivos? Sí, con
tres excepciones. La excepción más grave ha sido la de la Facultad de
Ingeniería Técnica Agrícola, que es un Centro adscrito propiedad de la
Diputación Provincial --no es de la Universidad de Sevilla, pero está
adscrito a ella--, que tradicionalmente venía determinando su capacidad
en 1.500 alumnos, se ha saturado y este año determinó ciento y pico
alumnos más. Eso le pareció inaceptable al Consejo de Universidades y
subió sustancialmente el número. En todos los demás casos ha respetado el
número de la Universidad de Sevilla, salvo en dos, en que ha habido
variaciones de diez o veinte plazas que tampoco son significativas. En el
caso de la UITA, insisto, sí hubo un incremento fuerte respecto de la
propuesta de la Universidad de Sevilla.

También hay que decir que esto se debe quizá a que como nosotros estamos
siguiendo esa política (no sé si equivocada o no pero es la que seguimos)
de intentar matricular a un número alto de alumnos en relación a nuestros
medios, los números que damos son bastante indiscutibles, porque si yo
comparo el número de Sevilla con los de otras universidades andaluzas y
se empiezan a ver notas de corte, podría fácilmente argumentar a favor de
restringir los número de Sevilla sin que pasara nada, y nadie me podría
decir que estoy jugando de forma distinta a las otras universidades. Esa
es la realidad.

Lleva usted toda la razón (y disculpe porque yo soy de Córdoba, pero
llevo algún tiempo viviendo en Sevilla y puedo adolecer de un cierto
sevillano centrismo), en que la universidad internacional va a tener dos
sedes. La sede la La Rábida se llamará Universidad Hispanoamericana Santa
María de La Rábida y la de Baeza se llamará Antonio Machado. El conjunto
de las dos será la universidad internacional.

En la provincia de Sevilla no va a haber instalaciones, las instalaciones
van a ser en La Rábida, lo que ocurre es que en esta etapa transitoria La
Rábida sigue dependiendo de Sevilla hasta que se cree la universidad
internacional de verano.

Respecto a la enseñanza libre asistida, ha hecho usted varias preguntas.

En primer lugar, todavía no está aprobada. Lo único que estamos haciendo
es un reglamento con la colaboración de los decanos, de los profesores y
de los alumnos de los centros implicados para ver si llegamos a una
definición común. No es la única universidad española que tiene enseñanza
libre. De hecho, la Politécnica de Madrid, por ejemplo, tiene una
enseñanza libre bastante prestigiosa para cursos de tercer grado y
estudios de posgrado, y tiene sedes incluso en Granada y Sevilla, es
decir, no es la única.




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Los Estatutos, en cualquier caso, lo que prevén es que la enseñanza será
oficial y libre, y nosotros hasta ahora hemos hecho sólo uso de la
enseñanza oficial. Los alumnos, porque ellos son los principales
impulsores de esta política de apertura en la Universidad de Sevilla,
dicen que pongamos enseñanza libre para que no quede nadie fuera, pero a
mí eso me preocupa porque no existe ninguna garantía de que esos alumnos
libres no utilicen los recursos de los oficiales, en cuyo caso habríamos
creado un problema sin solución, habríamos colapsado la Universidad de
Sevilla.

Si no fuera así, si los alumnos libres realmente se comportaran como
libres también me preocuparía, porque eso sería decirle a un alumno:
usted se matricula y vuelva en junio, que yo le voy a examinar, y aprenda
en su casa. A mí eso no me parece deseable. Por eso estamos tratando de
buscar, en colaboración con los alumnos, una situación intermedia
satisfactoria para ambos, que sería que el alumno se matriculara como
libre, que nosotros pusiéramos los mecanismos para que no se viese
obligado a utilizar los recursos de la enseñanza oficial, pero que le
prestemos una asistencia para que tampoco tenga que hacer todo el
esfuerzo por su cuenta y riesgo. Entonces, ¿qué es lo que estamos
pensando? Utilizar los sábados, en general los días no lectivos, y los
propios recursos de la Universidad para dar tutorías a estos alumnos de
enseñanza libre asistida.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Señor Medina, siento
interrumpirle, pero le rogaría que hiciese un esfuerzo de brevedad y de
síntesis en sus respuestas, ni no le importa.




El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (Medina Precioso): Perdonen,
es que estoy intentando tratar cada uno de los temas que me han
mencionado, pero responderé con más brevedad.

Está previsto que haya un paso de la enseñanza oficial a la libre
asistida y de la libre asistida a la oficial, está por reglamentarse cómo
sería ese paso, está garantizado que los profesores sean los mismos que
los de la enseñanza oficial y tenemos dos posibilidades en estudio: una,
incluirlos en los planes de organización docente y, por tanto, que les
compute como horas lectivas y, otra, estudiar un sistema de ayudas con
cargo al fondo social, y que sobre la base de conferencias se les
incentive económicamente. Tenemos sujetas a examen, insisto, jurídico
esas dos posibilidades, y adoptaremos la que sea mejor para la
universidad.

Respecto a la intervención del Diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, señor Alcaraz, referente a que la intervención parece más del
consejero que de un servidor, tengo que decir que fue lo primero que me
dijeron cuando me presenté a rector. Les respondí que en aquella ocasión
me presentaba a rector y no a consejero, pero que agradecía el piropo,
porque se supone que el consejero sabe más, en general, de educación que
un humilde rector.

En cualquier caso, algunas de las cosas que he dicho aquí creo que no las
hubiera dicho el consejero. Las críticas al distrito único y a la
necesidad de seguir financiando con tasas del 15 por ciento no estoy muy
seguro de que el consejero las hubiera dicho con la misma claridad que
yo. O sea, que tampoco ha sido una intervención que intentara ocultar los
problemas que existen. No ha sido ése mi objetivo.

El Consejo Social de Sevilla, como todos los consejos sociales que yo
conozco, no está aportando dinero a las universidades, pero eso sería
objeto de un debate aparte. Yo he señalado en mi intervención que no hay
una ley de mecenazgo, y mientras no la haya es difícil que el mundo
empresarial done dinero para la universidad.

¿Tenemos problemas de liquidez? Sí, como las otras universidades
andaluzas. Cuando yo subí al rectorado, la Junta de Andalucía debía a la
Universidad de Sevilla 4.800 millones de pesetas. En este momento, la
Junta de Andalucía le debe a la Universidad de Sevilla 2.500 millones de
pesetas. Hemos establecido una póliza de crédito de 1.500 millones de
pesetas con Caja Monte de Sevilla en unas condiciones muy favorables, ya
que no nos obligan a pagar intereses sobre el capital no dispuesto.

¿Hemos tenido que disponer de este crédito? Pues el período más largo en
que tuvimos que hacerlo fue durante tres días para asegurar el pago de
las nóminas en tiempo. Inmediatamente después de los tres días llegó la
transferencia. Por tanto, el coste de los intereses es pequeño, ésa es la
verdad, y todavía tenemos un saldo positivo de intereses en el conjunto
de las cuentas.

¿Por qué este retraso en la liquidez? No es exclusivo de la Universidad
de Sevilla. La Junta de Andalucía parece que plantea un problema de
liquidez, que a mí se me escapa cuál es su origen último, pero las ocho
universidades están en esa situación. No existe un trato discriminatorio
contra Sevilla, y a finales de diciembre nos reunimos todos los rectores
con el Presidente Chaves y con don Jaime Montaner, Consejero de Economía,
firmamos un documento para ir asegurando el pago de la deuda desde
diciembre hasta mayo, y hasta ahora se ha cumplido; es decir, la deuda se
ha rebajado en dos meses en 2.000 millones.

El convenio para los espacios incluye la ampliación de Económicas en
1.500 plazas, la ampliación de Farmacia en 700 plazas y el traslado de la
Escuela de Ingenieros, con lo que se crearían unas 6.000 plazas, y
después actuación en el área de la salud para mejorar la calidad de la
docencia sin incremento de plazas.

El período del convenio son tres años, a partir de junio pasado que fue
cuado se firmó. En este momento, las obras de Ingenieros están ya en
concurso, las obras de Farmacia están ya iniciadas y para las de
Económicas nos reuniremos el 1 de marzo para sacarlas a concurso. De los
cinco mil millones previstos, 3.500 están comprometidos.

Comparto sus afirmaciones sobre que el distrito único, si no va
acompañado de medidas complementarias respecto a becas, se puede traducir
en una discriminación, por carácter económico, del acceso a los estudios
universitarios. Yo sería partidario, insisto, o de regular el



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distrito único, limitándolo a cierto grado de notas, o de establecer esas
medidas universitarias.

Sobre la segunda universidad me da el consejero todo tipo de garantías de
que se va a crear. En cualquier caso, si antes de final de la legislatura
en Andalucía no estuviera ya esa segunda universidad, es una magnífica
oportunidad para que los grupos políticos que lo consideren oportuno
incluyan en sus programas electorales su creación inmediata, de tal
manera que todos tuviéramos garantías de que se van a crear porque es
necesaria.

Respecto a la masificación, le puedo repetir los comentarios que le hice
al señor Ollero. La masificación va por centros, y tenemos algunos en
condiciones manifiestamente mejorables de recursos, ya que necesitaríamos
más de esos recursos para impartir la docencia, y en la mayoría de los
centros ésa no es la situación. Concretamente tenemos un problema grave
en Derecho y en Ciencias de la Información.

Nuevos planes de estudio. Al Consejo de Universidades del próximo día 24
va un borrador de decreto, en el cual se regula la normativa sobre planes
de estudio en el sentido de especificar algunos criterios de elaboración
de los mismos que estaban muy abiertos en la norma inicial y creaban
confusión a la hora de aplicarlos, ya que cada universidad lo
interpretaba de una manera. ¿Existen restricciones en ese sentido? No más
de las que los propios rectores habían recomendado a las universidades.

El decreto se basa en unas recomendaciones de dichos rectores al conjunto
de las universidades, y lo que viene es a recoger --no total sino
parcialmente-- esas recomendaciones del Consejo de Universidades.




La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Muchas, gracias, señor
Medina.

Agotado este punto del debate del orden del día, si no se manifesta lo
contrario, damos de nuevo las gracias al Rector de la Universidad de
Sevilla, señor Medina, por habernos acompañado y habernos detallado de
forma amplia, por su experiencia como Rector, la situación de la
Universidad de Sevilla. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)



--COMPARECENCIA DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
(TEJERINA GARCIA), PARA INFORMAR SOBRE LAS EXPERIENCIAS DEL ACTUAL
SISTEMA DE SELECTIVIDAD, ACCESO A LOS CENTROS UNIVERSITARIOS Y
FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD (REFERIDO A LOS SOLOS EFECTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID). A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR (Número de
expediente 212/000354.)



El señor PRESIDENTE: A continuación, y dentro de este punto del orden del
día, pasamos a la comparecencia del señor Rector de la Universidad de
Valladolid, para informar sobre las experiencias del actual sistema de
selectividad, acceso a los centros universitarios y financiación de la
universidad, referidos a la Universidad de Valladolid.

Para fijar los términos de la petición de comparecencia, por el Grupo
Popular tiene la palabra el señor Ollero, muy brevemente si es posible.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, no es que quiera ser
especialmente puntilloso, pero permítame, ya que ha aludido a eso, que
exprese una vez más la discrepancia de mi Grupo Parlamentario respecto al
intento de restricción, por otra parte manifiestamente imposible, al que
S. S. se ha referido al final de su intervención.

En el Pleno, y por unanimidad, esta Cámara se ha referido a problemas
como los que estamos tratando, por lo que hay un debate trabado. No hay
razón alguna para intentar limitar la libertad de expresión de los
grupos, y el mío protesta formalmente en la medida en que se intente,
aunque no se consiga.




El señor PRESIDENTE: De todas formas, señor Ollero, la tradición de las
comparecencias ni siquiera tiene previsto un primer turno, pero la
experiencia de esta Comisión le hizo necesario para evitar que la
comparecencia discurriese por términos absolutamente diferentes a los
pretendidos por el Grupo proponente. Por esto hay un primer turno,
insisto, simplemente para fijar los términos de la comparecencia, y a eso
he hecho referencia en cuanto a la brevedad.




El señor OLLERO TASSARA: Me refiero al intento de que sólo hablemos de
Valladolid y del Pisuerga, y tal vez podremos ir en barca por el
Pisuerga, pero yo estoy dispuesto a hablar de la Universidad, que es más
que el Pisuerga.

Ante todo, una vez aclarada esta situación...




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, de todas formas, le advierto que si se
sale del tema de la Universidad de Valladolid le llamaré al orden. Para
eso está citada la Comisión, el resto de SS.. SS. y el propio Rector de
la Universidad.




El señor OLLERO TASSARA: Si S. S. quiere hacer de práctico del puerto
está en su derecho, pero yo ya le he dicho cuál es mi actitud.

Señor Rector, nuestra más cordial bienvenida, con el respeto que siempre
merece alguien que gobierna una institución autónoma, universal por su
propia definición, poco localista, poco pueblerina y que aborda
cuestiones que afectan a todos los ciudadanos españoles.

Usted ha tenido la amabilidad de atender el debate de la comparecencia
anterior, con lo cual ya conoce los aspectos que nos interesan de
selectividad, masificación, primera opción, movilidad, distrito único,
acceso, tasas y becas. Evidentemente, creo que no se dan en su
Universidad con la virulencia con que se daban en la de Sevilla, que
precisamente ha sido el motivo del debate.

Dentro de esta voluntad declarada del Grupo Popular



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de que la universidad haga oír su voz en esta Cámara, aunque moleste a
algún grupo parlamentario (al que por lo visto no le gusta que hagan oír
su voz las instituciones sociales), quería, aparte de recordar esos
extremos para que, en la medida en que pueda, ilustre lo que considere de
interés sobre estas cuestiones de Universidad; quería, insisto, situarme
más en los problemas de financiación, en la medida en que, al depender su
Universidad del Ministerio, estamos en unas condiciones particularmente
oportunas para ocuparnos de dichos problemas de financiación. Al fin y al
cabo, todos los problemas de financiación de la Universidad de Sevilla
dependen, como ha quedado reiteradamente puesto de manifiesto, de la
Junta de Andalucía, por tanto, de instancias ajenas a esta Cámara en lo
que a control parlamentario se refiere.

Los problemas de financiación de la universidad son bien conocidos. Son
continuas las declaraciones de los rectores --recurdo incluso alguna
suya-- sobre la necesidad de una ley específica que se ocupe de esa
financiación de la universidad. Nos interesaría muchísimo cualquier
sugerencia sobre cómo plantear esa legislación específica.

Nadie conoce mejor que usted la situación concreta de la Universidad de
Valladolid. De todas maneras, le voy a decir los datos de que dispongo
para que, en su caso, me los confirme; son los datos que nos suministran
en esta Cámara con motivo de los presupuestos de cada año. Según estas
cifras, las transferencias de capital para inversiones de la Universidad
de Valladolid en este año han sido de 313 millones de pesetas, lo cual
supone una merma de 45,5 por ciento respecto al mismo concepto en el
presupuesto anterior.

En cuanto a transferencias corrientes para gastos de funcionamiento, a la
Universidad de Valladolid se le presupuestaban 8.872 millones, lo cual
suponía también una cifra inferior, aunque no en ese porcentaje tan
escandaloso, a la del año anterior.

Respecto al número de alumnos presupuestados, era de 44.956, lo cual
suponía un incremento del 5,4 por ciento respecto al presupuesto del año
anterior. Sin embargo, el número de profesores presupuestado era de
2.357, lo cual, sorprendentemente, suponía una disminución de 2,9 no
respecto a los profesores existentes, ya se imagina, sino a los
presupuestados el año anterior. Concretamente, para este año se
presupuestan menos profesores para la Universidad de Valladolid de los
que se presupuestaron el año pasado. Estos son los datos.

También disponemos de cifras, por ejemplo, sobre cuál es el porcentaje,
dentro del personal de cada universidad, que corresponde al profesorado
dentro del capítulo de personal. Es curioso que en la Universidad de
Valladolid los profesores suponen el 87,31 de su personal. Sin embargo,
nos llama la atención que en universidades como la Carlos III o la de
Alcalá de Henares, por el contrario, el porcentaje de profesores dentro
de su personal es, en el caso de la Carlos III, del 76,56 por ciento, y
en Alcalá de Henares del 79,66 por ciento, lo que no deja de ser
llamativo. Esto quiere decir, a contrario, que decían los clásicos, que
el número de personal no docente de estas universidades es enormemente
superior al de la Universidad de Valladolid. Teniendo en cuenta que,
mientras que en Valladolid se presupuestan 44.000 alumnos, en la Carlos
III sólo se presupuestan 7.300 y en Alcalá de Henares 17.300, no acabamos
de entender muy bien con arreglo a qué criterios se elabora la
financiación de las universidades, y en este caso algo tan decisivo para
la calidad de la enseñanza como el personal no docente disponible. Quizá
la explicación pueda estar en lo que ha dicho el Rector anterior: que los
criterios de distribución no son objetivos, sino históricos. No sé a qué
siglo habrá que remontarse para explicarse situaciones como ésta respecto
a la Universidad de Valladolid.

Por último, nos interesaría mucho todo lo que nos pueda decir sobre la
polémica suscitada sobre el condicionamiento económico de las nuevas
titulaciones, asunto del que no se ha hablado en absoluto en la
comparecencia anterior y que tiene que ver con la financiación de la
universidad, obviamente.

Queremos saber si es cierto o no que la puesta en marcha de nuevas
titulaciones se está haciendo de tal manera que en ocasiones se exige un
coste cero, y en qué medida, dados sus conocimientos y dado que usted al
fin y al cabo forma parte del Consejo de Universidades que es el que está
en estos momentos, según se afirma, planteándose la posibilidad de una
contrarreforma de las titulaciones (quitémosle a esto aire excesivamente
vallisoletano o castellano viejo), existe un intento de marcha atrás
sobre la reforma en curso, al parecer movido por motivos de financiación.

No sé si eso es así o no es así. Nos gustaría muchísimo que usted, como
buen conocedor del asunto, nos explique cuál es su visión de la cuestión.

Estos serían algunos puntos de interés.




El señor PRESIDENTE: Para responder a esta comparecencia está con
nosotros el señor Tejerina, Rector de la Universidad de Valladolid, a
quien damos la bienvenida ante su presencia en esta Comisión. Queremos
agradecérselo sinceramente.

Tiene en estos momentos la palabra y le rogaríamos que lo hiciese en unos
quince o veinte minutos como máximo en esta primera intervención. Después
intervendrán los diferentes Grupos y a continuación podría responder, si
así lo considerase oportuno.




El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Tejerina García):
Señorías, buenos días.

Deseo, en primer lugar, expresar que, para mí, como universitario y como
ciudadano, es un honor asistir a esta comparecencia y tener la
posibilidad de colaborar con SS. SS. para, si es posible, mejorar el
servicio que la Universidad española en general y la de Valladolid en
particular debe prestar a la sociedad, y asimismo responder adecuadamente
a este compromiso que las universidades tienen con el progreso en el
conocimiento, en todos sus ámbitos.

Dado que la citación que yo he recibido pone al final, entre paréntesis,
«Referido a los solos efectos de la Universidad de Valladolid», yo, en
principio, me centraré en



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mi Universidad, en la Universidad de Valladolid. Ello no obsta para que,
si SS. SS. lo desean, podamos dialogar sobre cualquier aspecto general de
la Universidad española, por si acaso esta comparecencia o la experiencia
mía pueda tener una aportación positiva.

De acuerdo con esta idea, permítanme entonces que inicialmente
proporcione una perspectiva de nuestra Universidad, con el anhelo de que
nos ayude a interpretar lo que ha sido el discurrir de nuestra
Universidad en la última década y, al mismo tiempo, interpretar cuál es
su situación actual.

La Universidad de Valladolid prolonga sus raíces hasta el siglo XIII. A
finales de esta centuria esta Universidad debe tener un desarrollo
jurídico completo y, al mismo tiempo, debe desarrollar una actividad
académica plena por cuanto el rey Sancho IV la utiliza como modelo para
crear la Universidad de Alcalá de Henares.

Asimismo durante los siglos XV y XVI esta Universidad es considerada,
juntamente con las de Alcalá y Salamanca, como una de las tres
universidades mayores del Reino.

En la actualidad, el distrito universitario de Valladolid comprende las
provincias de Burgos --que en breve adquirirá la condición administrativa
de Universidad--, Palencia, Soria y Valladolid, y también parte de
Segovia, concretamente la comarca de Cuéllar.

Las humanidades, especialmente la Historia, el Derecho y la Medicina,
jalonan su historia, más de siete siglos secular, y representan su
patrimonio histórico y cultural más relevante. En el presente, sin
renunciar al desarrollo de los ámbitos del saber citados que representan
su identidad histórica, ha ampliado considerablemente la oferta
universitaria en los sectores científico y tecnológico como una expresión
del compromiso con el desarrollo regional y para mejor servir a la
sociedad en la que está inserta.

De esta forma, en la actualidad la Universidad de Valladolid imparte más
de 60 titulaciones, si consideramos titulaciones diferentes las que
tienen diferente denominación o que con la misma denominación se imparten
en campos diferentes.

El número de profesores supera los 2.350. Si a SS. SS. les interesa, en
su momento les podré dar el porcentaje de catedráticos, profesores
titulares, etcétera. El personal de administración y servicios es
ligeramente superior a 900 personas y el número de matriculados en el
curso supera los 45.000 alumnos, de los cuales, aproximadamente, entre el
primer y segundo ciclo algo más del 1 por ciento son alumnos extranjeros
permanentes, es decir, que siguen los estudios en la Universidad de
Valladolid. En este grupo no consideramos los alumnos de los cursos
tradicionales de extranjeros, que son del orden de 2.000 y que
fundamentalmente se acumulan durante el verano.

Más de quinientos alumnos de nuestra Universidad realizan anualmente
estudios en universidades europeas, merced a los programas de la
Comunidad Europea, convenios suscritos con universidades o programas de
becas de la propia Universidad. Un número análogo de alumnos europeos
realizan anualmente estudios en nuestra Universidad, al que es menester
añadir cerca de un centenar de alumnos africanos, que cursan estudios
habitualmente en nuestra Universidad como consecuencia del convenio
suscrito entre la Universidad de Valladolid y la Agencia Internacional de
Cooperación. Por otra parte, cerca de un millar de alumnos realizan
prácticas anualmente en empresas, administraciones públicas, etcétera, a
través, por ejemplo, de la Fundación Universidad-Empresa, de las
asociaciones empresariales, de los convenios universidad-empresa,
etcétera.

Para fomentar la movilidad del profesorado con objeto de propiciar su
formación y el desarrollo de su actividad docente e investigadora,
nuestra Universidad ha establecido los programas siguientes: Programa de
año sabático; ayudas para asistencia a congresos, seminarios y
conferencias internacionales; programa para financiar estancias cortas,
inferiores a un mes, en centros de investigación o universidades;
programa de estancias de varios meses; programas de becas de doctorado;
programa de ayudas a grupos competitivos de investigación; programa de
ayuda a quipos de jóvenes investigadores y colaboración económica para la
organización de congresos y seminarios. Asimismo facilita la presencia de
profesores foráneos para conferencias y seminarios, de profesores
visitantes, profesores visitantes de investigación, becas de doctorado
para postgraduados de países en vías de desarrollo y programas para
intercambio de profesores, previsto en los convenios de colaboración
suscritos con otras universidades.

Como consecuencia de lo anterior, no debe sorprender que la actividad
investigadora haya alcanzado carta de naturaleza en nuestra Universidad,
tanto en la investigación pura como en la investigación aplicada. Esta
actividad tiene expresión a través de un tejido de unidades orgánicas de
docencia e investigación, como son los institutos universitarios, los
departamentos, los centros de innovación y desarrollo y centros mixtos de
investigación, innovación y desarrollo, en los que participan empresas y,
en ocasiones, la Administración, que ponen de manifiesto la colaboración
de la Universidad con otras entidades e instituciones para propiciar el
desarrollo económico, social y cultural de la sociedad, así como para
responder al compromiso de la Universidad con el desarrollo de su
entorno. Esa misma voluntad tiene expresión en los cursos de
postgraduado, de especialistas, «master» y titulaciones propias
impartidas por nuestra Universidad. Como referencia evocadora de esta
actividad debo señar que durante los últimos años nuestra Universidad ha
registrado una veintena de patentes, de las cuales dos ya han sido
comercializadas y en estos momentos existe interés de algunas empresas
por gestionar otras dos.

Otra faceta de nuestra Universidad son sus relaciones internacionales.

Amén de la participación de grupos de investigadores de nuestra
Universidad en proyectos de investigación financiados por la Comunidad
Europea y de la integración de varios laboratorios de la Universidad en
las redes de laboratorios europeos he de indicar, como elemento más
relevante, que nuestra Universidad mantiene vigentes convenios con más de
medio centenar de



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universidades extranjeras y que en la actualidad imparte el doctorado
--tal vez ésta sea una de las características peculiares de nuestra
Universidad en lo que se refiere a relaciones internacionales-- en Puerto
Rico, en los ámbitos de la Historia y del Derecho; en Méjico, en
Arquitectura; en Argentina, en Economía y Administración de Empresas, y
en Chile, en Lengua y Literatura y Filología. Asimismo, para el curso
próximo será iniciado el doctorado en Cuba, en la rama de las
ingenierías.

Para desarrollar esta actividad, tanto docente como investigadora, de un
modo competitivo, es menester disponer, obviamente, de una
infraestructura adecuada y nuestra Universidad, aunque con carencias
lógicas, la posee en los términos siguientes: Una red de comunicaciones
de fibra óptica, conexión con bases internacionales de datos,
equipamiento informático competitivo, instalaciones adecuadas para el
desarrollo de proyectos experimentales, laboratorios de técnicas
instrumentales, hemerotecas, bibliotecas, salas de estudio, salas de
informática, salas de audiovisuales, salas de estudio colectivo,
etcétera; residencias universitarias, tanto para alumnos como para
profesores visitantes, doctorandos nacionales y extranjeros, etcétera;
edificio para el desarrollo de congresos y reuniones científicas, equipos
cualificados para el mantenimiento de esta infraestructura, sala de
control remoto de instalaciones, etcétera. Por todo ello, estimamos que
nuestra Universidad ha accedido, aunque con evidentes limitaciones, a la
órbita de una universidad moderna, cuyas normas definitorias son: intento
de mejorar la calidad de la enseñanza constante, preocupación y
potenciación de la investigación y una presencia y colaboración cada vez
más intensa con la sociedad.

Lo anterior, ese salto cuantitativo y cualitativo de nuestra Universidad,
ha sido posible por las razones siguientes. Primero y fundamental, por la
aportación de recursos por parte del Ministerio. En segundo lugar, es
debido al esfuerzo mancomunado de la comunidad universitaria. En tercer
lugar, o tercera razón, es debido a la captación de recursos allende los
proporcionados por el Ministerio. En cuarto lugar está la racionalización
y optimización de recursos. Y, en quinto lugar, la disciplina
presupuestaria y, en cierta medida también, la austeridad en el gasto.

Sin embargo, a partir de 1991 observamos y sentimos un desfase, cada vez
más acusado, entre las necesidades requeridas por el crecimiento de
nuestra Universidad, por el desarrollo de su actividad investigadora, que
requiere instalaciones cada vez más complejas y sofisticadas, así como
personal adecuado para su mantenimiento, y por la oferta de nuevos
estudios, para mejor sintonizar con la sociedad y los recursos recibidos,
tanto a través del presupuesto ordinario como a través de las inversiones
reales en infraestructura, equipamiento científico y mantenimiento.

Los aspectos observables del desfase detectado en 1991 son los
siguientes. No es posible continuar con el proceso de cualificación de
las plantillas de personal, tanto docente como personal de administración
y servicios. Para entender el incremento de docencia, debido al
incremento del número de alumnos, hemos de contratar profesorado a los
niveles de dedicación y retributivos más bajos. No es posible atender
debidamente las necesidades de equipamiento correspondientes a los
estudios en proceso de implantación. Dificultad en atención a los gastos
corrientes de los centros, derivados fundamentalmente de la puesta en
funcionamiento de nuevas instalaciones sin la contrapartida de subvención
correspondiente. En ese año 1991 las acciones comprendidas en el plan
general de inversiones ya han sido comprometidas, salvo una: el
desdoblamiento de la Facultad de Filosofía y Letras y de Derecho. El
programa de inversiones previsto para 1992 se comienza a deslizar. Por
ejemplo, el desdoblamiento citado aparece en el programa del MEC de
inversiones públicas 90-93 con 550 millones para 1992 y en la actualidad
ha sido desplazado al año 1997.

Estos síntomas son la evidencia del diferente ritmo de evolución de las
necesidades y los recursos. Las primeras, las necesidades, evolucionaron
así: Incremento del número de alumnos, aproximadamente a 2.500 alumnos
por año. Ello representa una tasa de crecimiento del alumnado en nuestra
Universidad doble de la tasa media del crecimiento del alumnado en las
universidades de territorio MEC. En efecto, entre 1984 y 1994, diez años
de la LRU, el crecimiento medio universitario, en universidades de
territorio MEC, es del orden del 50 por ciento; en nuestra Universidad es
del 100 por cien.

Igualmente es necesario tener en cuenta el desarrollo de esta Universidad
en lo referente a la oferta de titulaciones de carácter científico y
tecnológico. Lo anterior, esas dos circunstancias que he citado, exige,
en primer lugar, ampliar la infraestructura física, aulas laboratorios,
seminarios, bibliotecas, salas de informática, etcétera; en segundo
lugar, nuevo profesorado.

Hay otros factores que van incrementando las necesidades: instalaciones
cada vez más caras de mantener, más complejas y sofisticadas. Asimismo,
el paso natural del tiempo incrementa las necesidades económicas para
financiar trienios, méritos docentes e investigación; el incremento de
sueldo de los funcionarios y del personal laboral de los años 1992 y
1993, etcétera. Igualmente es necesario resaltar el incremento del coste
de las revistas científicas, la mayor parte de ellas editadas por
editoriales extranjeras, y la adquisición de equipamiento, debido a la
devaluación de nuestra moneda.

Sin embargo, la evolución de la financiación no ha seguido una línea
paralela. En efecto, la subvención nominativa ha sido la siguiente: en
1992, 8.916 millones de pesetas; en 1993, 8.801 millones de pesetas, y en
1994, 8.872 millones de pesetas.

A lo anterior es necesario añadir que desde el curso 1991-1992 la
Universidad, igual que todas las universidades de territorio MEC, no
recibe la financiación correspondiente a las nuevas titulaciones en
proceso de implantación (esto en nuestra Universidad supone unos 700
millones de pesetas), cuyas memorias económicas fueron previamente
aprobadas y periodificadas anualmente.

Tal vez SS. SS. tengan una referencia más clara de las



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dificultades económicas de nuestra Universidad si tenemos en cuenta la
evolución de la subvención media por alumno a las universidades del
territorio MEC. En 1988 la subvención media por alumno a la Universidad
de Valladolid coincide con la media de las universidades en territorio
MEC, de responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia. En 1993 la
subvención media por alumno en la Universidad de Valladolid es inferior
en 34.500 pesetas por alumno. Si nos referimos al grupo de universidades
comprendidas entre 25.000 y 50.000 alumnos, entonces la subvención media
es inferior en 46.100 pesetas por alumno. Es decir, existe un déficit
nominativo entre 1.500 y 2.000 millones de pesetas. Por ello,
comprenderán SS. SS. que de la preocupación del año 1991 nosotros hayamos
pasado a una situación crítica.

Esta situación ha sido expuesta, como es lógico, al Ministerio de
Educación y Ciencia, tanto de palabra, a partir de 1990-91, como por
escrito en 1992-93. Al respecto he de indicar la sensibilidad y acogida
de la actual Dirección General, de suerte que está estudiando la solución
del problema, aunque sea en un proceso de dos o tres años, y de modo
inmediato, con vistas a este año, para poder elaborar el presupuesto del
presente ejercicio.

Lo anterior, ese parámetro subvención media por alumno, es característico
y refleja la situación de nuestra Universidad respecto a la media.

Existen otros aspectos que afectan a las universidades de territorio MEC,
generales, y también de índole presupuestaria. Por ejemplo, para 1994, ha
sido suprimida la partida presupuestaria que se conoce con el nombre de
RAM, Reforma, Ampliación y Mejora. En nuestra Universidad significaba 245
millones anuales, que son los que se utilizan para esas obras menores,
para todas esas averías: que si en una instalación o edificio es
necesario cambiar la instalación eléctrica, que en el otro es necesario
cambiar parte de la instalación calefactora, que si es necesario para un
profesor adecuar unos nuevos espacios para desarrollar un proyecto de
investigación, etcétera.

Al mismo tiempo, en el presupuesto ordinario de 1994 están incluidos
fondos estructurales FEDER. Esos Fondos Estructurales FEDER, como SS. SS.

conocen perfectamente, no se reciben hasta que el gasto no ha sido
ejecutado. De suerte que es previsible que si es un gasto ejecutado, con
lo cual tienen que adelantar el dinero las instituciones, no tendrá
retorno, en principio, por la experiencia de otros programas FEDER, hasta
el año 1995. Esto va a provocar un problema de liquidez importante en las
universidades de territorio MEC.

Quiero indicar que, a pesar de estas dificultades, nuestra Universidad,
en primer lugar, ha cerrado el ejercicio 1993 sin déficit y, además, sin
trasladar gasto al año 1994. Cerrar sin déficit es una obligación; lo
otro es una estratagema para evitar que de esa forma aparezca el déficit.

Nuestra Universidad ha cerrado el año 1993 sin déficit y, además, sin
trasladar gasto al año 1994. Las razones hay que buscarlas en los
aspectos que les indiqué al principio, esa evolución de nuestra
Universidad en la disciplina presupuestaria, racionalización de recursos,
optimización, etcétera.

En segundo lugar, nuestra Universidad ha respondido al reto y al
compromiso que tenía con la sociedad, no interrumpiendo el proceso de
implantación de los nuevos estudios autorizados y cuya financiación fue
suprimida en 1992. Asimismo ha proporcionado plaza universitaria a todos
los alumnos que lo demandaron. Ello representa un gran esfuerzo por parte
del profesorado y del personal de administración y servicios. Nuestra
preocupación reside en evitar el deterioro de la calidad de la docencia y
evitar el deterioro en el rigor y la excelencia que se ha alcanzado en
muchas áreas del conocimiento. Al mismo tiempo, mantener la ilusión de la
comunidad universitaria, que, con su entrega cotidiana hace posible que
nuestra Universidad, a pesar de las carencias, a pesar de tantas
dificultades, continúe progresando y mire con sincera esperanza el nuevo
milenio.

Hasta aquí lo que iba a indicarles respecto a la situación de mi
Universidad en lo que hace a una visión perspectiva y al mismo tiempo una
visión panorámica de la situación económica.

Respecto a los otros aspectos sobre los que se solicitan información creo
que poco puedo añadir a lo que ha dicho mi compañero el profesor Medina,
de la Universidad de Sevilla. Prácticamente todos estos datos de personas
que aprueban el COU, la selectividad, suelen ser generales a todo el
territorio nacional y fluctúan entre el 85 y el 95 por ciento. También
son generales los aprobados que hay en los centros de bachillerato y de
COU, etcétera, y poco novedoso puedo aportar en ese sentido.

Unicamente he de indicarles que, en mi Universidad, cada dos años el
Instituto de Ciencias de la Educación realiza una encuesta sobre los
alumnos de segundo o tercero de BUP y, después, de COU para ver cuáles
son sus preferencias sobre la opción universitaria que desean estudiar,
lo cual nos sirve para ir preparando, dentro de las posibilidades que
tiene una universidad, la infraestructura necesaria para la acogida de
esos alumnos. Igualdamente nos da una idea para ir completando nuestra
oferta universitaria en cuanto a titulaciones.

Al mismo tiempo, nuestra Universidad hace una serie de observaciones, que
pongo a disposición de SS. SS. para ser estricto en el tiempo, e incluso
tiene elaborado todo el organigrama que hace referencia al nuevo sistema
de pruebas de evaluación de la LOGSE, que es un sistema realmente
bastante complejo, puesto que pone en movimiento prácticamente a un
porcentaje muy elevado de profesores de instituto, inspección, profesores
de universidad, Ministerio, etcétera.

Me encuentro igualmente también a su disposición para contestar a las
preguntas que ustedes me quieran formular, en aquello que tenga
experiencia y las pueda contestar.




El señor PRESIDENTE: En primer lugar, por parte del Grupo proponente de
la comparecencia, voy a dar la palabra al señor Ollero, pero antes, a fin
de hacer una



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previsión de tiempo, ¿algún otro Grupo va a intervenir? (Pausa.)
El señor Ollero tiene la palabra.




El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Rector, por su
intervención sucinta y, a la vez, expresiva, que demuestra precisamente
el sentido de esta comparecencia. Cuando en esta Comisión hablamos de
financiación de las universidades se hace siempre en el marco,
inevitablemente polémico, de un debate presupuestario, donde determinadas
afirmaciones con facilidad pueden ser tachadas, con más o menos
fundamento --ésa es otra cuestión--, de catastrofistas. Creo que los
datos que usted ha dado se comentan por sí solos y además los ha dado en
un tono, no sé si espontáneamente o no, bastante imperturbable. No creo
que haya cargado las tintas en modo alguno y, desde luego, los déficit
por alumno en su Universidad en la financiación ahí están y pasan al
«Diario de Sesiones». Tengo la esperanza de que al pasar al «Diario de
Sesiones» la actitud que se ha registrado por parte de la Dirección
General de atención a sus problemas se consolide y tenga un motivo más
para convertirse en realidad, y por eso tengo la esperanza de que no
solamente nuestro Grupo va a seguir llamando a rectores a esta Comisión
sino que a lo mejor se da la circunstancia de que algún rector nos anime
a que le llamemos para tener también ocasión de exponer públicamente
cuáles son los problemas que aquejan a su Universidad.

En todo caso, le agradecería cualquier información adicional que pudiera
ofrecer, incluso cualquier opinión personal, dada su experiencia, sobre,
en primer lugar, qué posibilidades ve en cuanto a la ampliación del
distrito compartido, en qué medida crearía o no problemas en su
Universidad, en concreto, y cuáles serían, en todo caso, los modos de
solventarlo, ya que, como digo, parece haber unanimidad, por lo menos en
los principales grupos parlamentarios, sobre la conveniencia de romper la
dimensión actual de ese distrito compartido, que no pasa de ser meramente
simbólica.

En segundo lugar, cuál es su experiencia, y por tanto su opinión, sobre
las tasas, el porcentaje que las tasas suponen en la financiación, dado
el tipo de estudiantes que hay en su universidad, y sobre las becas,
sobre la suficiencia o no de las mismas. Se ha hablado antes también, y
sería interesante volver a considerarlo, sobre el problema de cambiar la
filosofía de las becas para integrar la movilidad de los estudiantes
dentro de los aspectos a cubrir por ellas.

Por último, sugerencias, por un lado, sobre criterios de financiación de
las universidades. Creo que en ese aspecto el rector anterior ha sido más
explícito que usted y, según parece, sin embargo, su Universidad está
sufriendo especialmente la situación. E igualmente quisiera conocer si en
la puesta en marcha de nuevas titulaciones, a las que no se ha referido
en modo alguno (ya nos ha dado algunos datos sobre cómo esas memorias
plurianuales que se habían hecho a la hora de la verdad no pueden ponerse
en práctica), las propuestas de un nuevo decreto que vuelva a replantear
las condiciones de desarrollo de las nuevas titulaciones se ven o no
afectadas por aspectos de financiación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Rector, por comparecer
ante esta Comisión. Con el permiso del señor Presidente quisiera hacer
unas breves manifestaciones antes de entrar en el contenido de las
preguntas que quiero hacer al señor Rector sobre el sentido de estas
comparecencias o cómo las entendía mi Grupo.

Quiero empezar por felicitar al Presidente de la Comisión por recordarnos
continuamente cuál es el objeto y el sentido de estas comparecencias, o
cómo entendía yo que eran. A mi juicio, estas comparecencias sirven para
que aquellas personas que están dirigiendo una universidad nos cuenten
sus experiencias y aquellos que tenemos la obligación de legislar sobre
ella lo hagamos con más tino, tengamos más riqueza intelectual.

Por tanto, a mi juicio todo intento de debate con los rectores sobre el
modelo de Universidad u otros aspectos me parece totalmente inadecuado,
como me lo parecería que algún Grupo tuviera la tentación de incitar a
los rectores a que entraran en el debate. Entiendo que si en una
universidad existiera un problema específico ya haríamos comparecer a los
rectores para que opinaran sobre él.

Mi Grupo, al preparar esta comparecencia, se ha adaptado al sentido de la
misma. Por tanto, no ha entrado ni siquiera, permítanme la expresión, en
las alcantarillas de la Universidad de Valladolid, si ellas existieran, y
simplemente ha escuchado esta comparecencia como una experiencia más.

Agradezco una vez más al señor Rector que se haya referido a su
Universidad. Para ello le hemos pedido que compareciera. Es lógico y
natural que haya destacado aquellos aspectos más positivos de su gestión,
como pueden ser los convenios citados o incluso sus relaciones
internacionales. También me parece normal que destaque otros aspectos
que, a su juicio, han colocado a la Universidad en la situación que nos
ha detallado al final, que parece, a pesar de sus esfuerzos, que son
aspectos externos.

Después de estas breves manifestaciones quisiera entrar concretamente en
algunas preguntas a ras de suelo.

Quisiera preguntar al señor Rector si en sus experiencias en la
Universidad de Valladolid ha habido algún problema con los tribunales de
selectividad y su opinión sobre las formas de designación actual de
dichos tribunales en Valladolid.

En la anterior comparecencia, el Rector de la Universidad de Sevilla nos
ha contado sus relaciones con los institutos o colegios para orientar a
los alumnos que están haciendo el curso de orientación universitaria.

¿Qué experiencias hay en ese sentido en la Universidad de Valladolid?



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Nos ha dicho que la masificación es un problema importante en su
Universidad. Me parece que ha crecido el doble de la tasa media. Con esa
masificación, ¿existe espacio suficiente para impartir en su Universidad
la docencia de forma adecuada?
No se ha referido, al menos no lo he escuchado, al porcentaje aproximado
de alumnos que no pueden acceder a la Universidad de Valladolid por
problemas económicos.

Tampoco he oído, ni en ésta ni en la anterior comparecencia, cuál es la
participación de los alumnos en los órganos rectores de la Universidad,
si es a su juicio suficiente en cuanto se refiere a la Universidad de
Valladolid y si hay algún tipo de encuesta en dicha Universidad para que
opinen los alumnos sobre la organización, etcétera.

Ya respecto a la cuestión más concreta de la financiación, quería
preguntar al señor Rector cuál es el porcentaje actual que cubren los
alumnos para los gastos de la Universidad y si hay una política adecuada
de becas que compense este porcentaje si fuera elevado.

Se ha referido también el señor Rector a algunos recursos allegados a su
Universidad, incluso a la buena utilización que se hace de ellos, por
investigación, por fundaciones, derivados de colaboración
universidad-empresa, donaciones, etcétera. Estos recursos, lógicamente,
entrarán en el presupuesto normal de la universidad. Si no fuera por
ellos, ¿consideraría suficiente la subvención recibida en los
Presupuestos Generales del Estado, las inversiones en su Universidad?
Porque me ha sorprendido que en cierto momento de la intervención parecía
que el señor Rector se consideraba satisfecho con los recursos que tiene
su Universidad en algunos aspectos. Incluso nos cantaba las excelencias
en temas de informática, etcétera. Sin embargo, al final ponía algunas
cautelas sobre las posibilidades que tenía para mantener y llevar
adelante el nivel de su Universidad.

Como quiera que los Presupuestos Generales del Estado son los que son y
ya lo hemos juzgado en su momento, ¿qué medidas piensa adoptar el Rector
de la Universidad de Valladolid, sabiendo --insisto-- que los
Presupuestos son los que son, para poder mantener el nivel que había
alcanzado su Universidad?
Esas son las preguntas concretas. Agradezco una vez más su presencia y
agradecería también su concreción en las respuestas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Lazo.




El señor LAZO DIAZ: Como en el caso de la comparecencia anterior,
nosotros queremos agradecer al Rector de la Universidad de Valladolid, en
primer lugar, su presencia aquí. A veces uno tiene la sensación de que
los rectores pueden ver esta Comisión como una especie de cámara de
tortura en cuanto que se les plantean, amén de lo que aparece en el orden
del día, que siempre suele ser algo muy concreto y muy limitado, una
serie de preguntas extensísimas, que naturalmente muchas de ellas les
tienen que coger por sorpresa, y se les plantean también preguntas que
están totalmente fuera del orden del día. Entonces, ante esta sensación
que pueden tener de sorpresa y de una cierta tortura, evidentemente se
les agradece que hayan venido.

En segundo lugar, le agradecemos también el realismo de que ha impregnado
su intervención, exactamente igual que el Rector de la Universidad de
Sevilla. El Rector de la de Valladolid ha reconocido los progresos de su
Universidad en los últimos años. A nosotros nos ha interesado
especialmente su referencia explícita a progresos en el campo de la
investigación y a la presencia de la Universidad de Valladolid en el
extranjero. Ha llegado a decir --creo que textualmente-- que Valladolid
ha accedido a lo que se llama una universidad moderna. Esto nos satisface
y congratula.

Debemos decir que no es, por supuesto, sólo la Universidad de Valladolid
sino que yo creo que son la mayoría de las universidades españolas --lo
decía antes-- las que se encuentran en un nivel comparable al de las
universidades europeas, y también que Valladolid --y es una satisfacción
para nosotros, ya que el Gobierno Socialista hizo la Ley de Autonomía
Universitaria-- ha sido capaz de utilizar su autonomía universitaria de
una manera positiva y eficaz.

Por supuesto que, junto con este reconocimiento de logros en su
Universidad, el Rector de Valladolid también reconoce los problemas que
se plantean con la afluencia creciente de alumnos a la misma. Es
inevitable que los ponga sobre la mesa porque un rector no va a
desaprovechar una ocasión como ésta de plantear al Parlamento todos los
problemas que se le puedan ocurrir. Yo haría exactamente lo mismo; yo,
rector de una universidad, soy convocado ante el órgano legislativo de la
nación e inmediatamente busco todos los problemas que existan, todos los
problemas que tenga mi universidad, para plantearlos. Es un buen rector
el que actúa de esa forma.

Cada universidad es un mundo distinto, tiene situaciones muy diferentes,
depende de muchos factores, depende del número de alumnos, depende de la
actitud de su profesorado, depende, incluso, de la actitud del Gobierno
autónomo al que esa universidad pertenezca, si tiene competencias o no
las tiene, si es de una tendencia o si es de otra. Cada universidad es un
mundo, pero yo creo que todas las universidades españolas tienen algo en
común: que están dirigidas por rectores elegidos democráticamente por la
universidad. Rectores que no son, de ninguna manera, un grupo de amigos,
sino que son personas extraordinariamente preocupadas por resolver --y
por resolver de modo positivo-- los problemas que se van planteando en la
institución que ellos rigen.

Sepa el Rector de la Universidad de Valladolid que en esta búsqueda de
solución de los problemas de esa Universidad contará siempre con el apoyo
del Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Tejerina para contestar a
las diferentes preguntas, si así lo considera oportuno.




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El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Tejerina García):
Agradezco a todas SS. SS. la deferencia de escucharme, teniendo
personalmente la experiencia de trasladar lo que es mi Universidad. Yo
creo que todos y cada uno debemos estar enamorados de nuestra
Universidad, de la misma forma que entiendo que ustedes están enamorados
del Congreso, de esta Comisión y de las labores que realizan. Al mismo
tiempo aprecio esta deferencia para establecer un diálogo que, por el
tipo y el tono, me justifica y me confirma la razón de mi comparecencia
por si en el diálogo pudiera aportar algo positivo de la experiencia que
tengo como universitario.

Entrando concretamente en las cuestiones que se han planteado, en primer
lugar yo deseo dejar claro que el Ministerio de Educación y Ciencia es mi
Ministerio, independiente, y que es con el Ministerio de Educación y
Ciencia con quien la universidad, y de una forma especial el Rector,
tiene que colaborar para solucionar todos los problemas que se le
planteen. Esto lo digo porque, al hilo de la información que he
facilitado a SS. SS. sobre todos los parámetros de nuestra Universidad,
también ésta en su momento ha sido remitida al Ministerio de Educación y
Ciencia. La última relación escrita creo que es del 16 de noviembre de
1993. En este sentido quiero decir que nada más alejado del talante
universitario que la ausencia de nobleza o de leatad ante quienes son los
colaboradores.

Hecha esta observación, sucintamente --para no extenderme demasiado--,
voy a hablar sobre los diferentes temas que SS. SS. han tenido la
amabilidad de plantearme.

Han hecho referencia, en primer lugar, al distrito compartido.

Recientemente, en concreto creo que fue en el discurso de apertura de
curso, yo he propugnado el espacio universitario único europeo en el
sentido siguiente. ¿Qué Universidad demanda la sociedad española para las
primeras décadas del siglo XXI? Esa universidad tiene que ser acorde con
el tipo de sociedad en la que se va a desenvolver y a la que va a servir.

Esa sociedad será muy competitiva, una sociedad caracterizada por la
movilidad, movilidad que en la Unión Europea es una realidad para la
circulación de mercancías, personas y también profesionales. Desde mi
punto de vista, es un tanto paradójico que el universitario no tenga esta
misma capacidad de movimiento en la Comunidad Europea, en el distrito
único europeo. Pienso, sinceramente, que ésta será la mejor forma de
garantizar el futuro de la unidad europea, de suerte que propugno que
incluso nuestros becarios, los becarios del Estado español, al igual que
sucede con becarios de países, por ejemplo, como Dinamarca o Países Bajos
--tema que está ahora en estudio--, puedan utilizar su beca en cualquier
universidad europea. La única limitación para acceder a esas
universidades es únicamente la limitación académica que imponga cada una
de ellas. En consecuencia, si propugno ese espacio europeo universitario
único, es obvio que desde el punto de vista nacional con más razón
debería existir.

¿Qué dificultades puede haber? Cualquier medida en política universitaria
tiene que ser tal que no discrimine a las personas por su situación
geográfica o económica, de forma que --desde mi punto de vista-- la
democratización real de la universidad es que ningún alumno con
capacidad, con espíritu de sacrificio y con deseo de adquirir una
formación universitaria quede fuera de las aulas universitarias, para lo
cual son necesarias una serie de medidas que después podríamos comentar.

En este primer punto, distrito único, como ya se ha indicado tanto por
parte de SS. SS. y del profesor Medina, Rector de la Universidad de
Sevilla, es necesaria una política adecuada de becas, pero también es
necesaria una infraestructura previa, una infraestructura en residencias,
una infraestructura para dar una oferta cultural allende la oferta
académica, etcétera. Y es más, esa infraestructura y esa posibilidad va a
ser necesaria para las universidades españoles, va a ser fundamental
dentro de una década. ¿Por qué razón va a ser importante? Porque las
pirámides demográficas indican que en el año 2002 la población de alumnos
comprendida en el sector universitario, 18-24 años, se reduce al 66 por
ciento de la actual, lo que quiere decir que, una de dos, o entonces las
universidades estarán vacías o de lo contrario hay que hacer otro tipo de
política universitaria cara a diez años.

¿Cómo se configurará una universidad competitiva dentro de diez años?
Pues tal vez el 65-76 por ciento de los alumnos sean de primer y segundo
ciclo y, de esos alumnos, del orden del 10 por ciento deberán ser alumnos
allende a su distrito universitario, incluso a su nacionalidad, y el
resto de alumnos deberán ser alumnos de tercer ciclo y alumnos de
formación permanente, bien sea a través de los cursos de especialidad, de
«master», etcétera, en colaboración con la sociedad de su entorno.

Desde mi punto de vista, ésa deberá ser la configuración de la
universidad dentro de diez años. Y para eso es necesario preparar su
infraestructura. De esta suerte que, por ejemplo, si tiene una
infraestructura fácil para el alojamiento de estudiantes y, por tanto,
también barata, y al mismo tiempo hay una oferta cultural más allá de la
oferta académica, a través de actividades culturales, conferencias,
actividades musicales, deportivas, etcétera, entonces hay una posibilidad
de que las universidades tengan un «lobby» diferente y que atraigan a los
alumnos. Ese va a ser el problema fundamental dentro de diez años. Por
tanto, estoy totalmente de acuerdo con el distrito compartido, porque yo
lo propugno desde el punto de vista europeo, como ciudadanos de la
Comunidad. Es más, en alguna ocasión he indicado que un becario del
Ministerio de Educacia y Ciencia, un becario de las universidades, lo que
tiene que recibir en el mes de septiembre es una tarjeta de crédito con
un gasto limitado por el importe de la beca y entonces moverse libre y
responsablemente por donde le corresponda y por donde él crea
conveniente, haciendo una utilización adecuada de esos recursos y que
sean para el estudio. Así es como se debe proceder.

En segundo lugar se habla de si el porcentaje de financiación de las
tasas es adecuado o no. Si SS. SS. me permiten (puedo estar equivocado
porque se trata solamente la experiencia de una persona que ha vivido la



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universidad desde el año 1960 como estudiante, después como simple
posgraduado y la última década como Rector, y es una experiencia que está
sometida a errores o a percepciones ópticas inadecuadas), desde mi punto
de vista lo que ha periclitado es el sistema de financiación de la
universidad. El sistema actual de financiación de nuestra Universidad
parte del año 1836 ó 1838. Como consecuencia del último proceso
desamortizador, las universidades dejan de ser autónomas desde el punto
de vista económico. Hasta entonces las universidades tenían un
presupuesto de ingresos configurado de la forma siguiente: las famosas
tercias, las rentas que sacaban; los juros y los censos y todo el dinero
que obtenían de los certificados, estudios, etcétera. Esa situación decae
aproximadamente a mediados del siglo pasado y, a partir de entonces,
todas las universidades comienzan a tener en los presupuestos del Estado
una partida presupuestaria, de suerte que entonces el presupuesto se
configura como partida presupuestaria, más recursos que se obtienen por
matrículas, certificaciones, etcétera. Si ustedes observan, es el mismo
sistema que está perenne hoy día, y sin embargo la sociedad es una
sociedad totalmente diferente, es una sociedad que no se puede comparar
desde ningún punto de vista: ni económico, ni social, ni cultural, ni de
solidaridad, etcétera. Entonces, yo creo que eso exige un nuevo sistema
de financiación de las universidades que va, según mi punto de vista,
desde la revisión de la política de tasas, la revisión de la política de
becas, incluso la concesión de préstamos a interés cero, avalados por el
Estado, a situaciones locales, a fin de que el alumno lo reembolse
nuevamente cuando comience su actividad profesional. También con las
consideraciones que sean pertinentes para propiciar la atracción de
recursos foráneos, como pueden ser de empresas, de fundaciones, etcétera.

Así pues, éste es todo el contexto nuevo en el que, desde mi punto de
vista, sería necesario contemplar una ley de financiación, porque hablar
de que el 15 por ciento es adecuado para la financiación de las tasas de
la Universidad, etcétera, yo creo que es una forma muy parcial, muy
singular, de abordar el problema, porque entonces la situación puede
suponer, como en la actualidad, que para el alumno que no tenga beca a lo
mejor 100.000 ó 150.000 pesetas, que es una matrícula, resulta que es una
cantidad muy asequible, pero puede ser que para otras personas sea
realmente una barrera infranqueable, y yo creo que en un Estado social
desde el punto de vista de la cultura, de la Universidad, debemos estar
preocupados si eso se produce.

Creo que ya he hablado de la financiación con las tasas y un poco de la
financiación de las universidades. No obstante, sigo estando a
disposición de SS. SS., pues no quiero abusar porque son las dos menos
cuarto.

Respecto a las nuevas titulaciones, no me he referido a ellas porque
realmente puede ser que yo esté un poco desfigurado por ser un
científico, y entonces me he limitado únicamente al texto, en el que se
hablaba de financiación, de pruebas de acceso y de selectividad. Y como
sobre pruebas de acceso y de selectividad, con todos esos números que
aparecen por ahí, he ayudado a SS. SS. en el sentido de eximirles de
escuchar porcentajes, etcétera, pues yo creo que tienen ustedes una
visión incluso mucho más amplia que yo en ese sentido, por eso no había
hablado de las nuevas titulaciones. No obstante, sobre las nuevas
titulaciones, estoy a disposición de la Comisión por si en otra ocasión
quieren que hablemos de nuevas titulaciones, pero creo que ahora no
procede. Entonces veríamos lo que significaban las nuevas titulaciones
desde el punto de vista de los objetivos que se persiguen en la Ley de
Reforma Universitaria con los nuevos planes de estudio, que sean unos
planes apoyados en este tríptico que son la modernidad, la innovación y
la multidisciplinariedad. Obviamente, para todo esto es necesario también
una financiación adecuada y oportuna para formar especialistas, para
equipamiento nuevo, etcétera; por ejemplo, todo lo que hace referencia a
las nuevas tecnologías.

Me parece que de esta forma, aunque superficialmente, he contestado a los
puntos que yo tenía anotados respecto a la intervención de la primera de
las señorías que han tomado la palabra.

Con respecto a la segunda intervención, quiero indicar que sí, es cierto,
me siento orgulloso de mi Universidad. Puede ser porque yo me he
entregado a mi Universidad, a las tres universidades españolas en las que
he estado, que son Valencia, Autónoma de Barcelona y Valladolid, con
generosidad y creo que siempre con honestidad y honradez, intentando
impregnar a todas mis actividades de un talante universitario, que
considero que debe ser lo que caracterice la vida del universitario, no
solamente durante los años de estudiante. Pero también, siempre que he
hablado de esas excelencias de mi Universidad, he puesto la coletilla,
entre comás, haciendo referencia a «con muchas carencias», con las
debidas carencias y las limitaciones. Quiérese decir que no es todo
orégano ni todo es miel sobre hojuelas en la Universidad.

Pero yo creo también que es necesario, en algunas ocasiones, intentar
trasladar ese «flash» que haga referencia a una realidad de la vida
universitaria, que puede ser muy dispar según se considere unas facetas y
otras.

Respecto al tema concreto, la información que yo tengo al respecto es,
por ejemplo, que han aumentado mucho las reclamaciones. Las reclamaciones
en las pruebas de acceso, en los últimos tres años, han seguido una
progresión ascendente. Las reclamaciones, por la información que yo
tengo, que son atendidas y muchas debidas a errores materiales, fluctúan
entre el 6 y el 8 por ciento. En ese sentido, el Vicerrector de
Profesorado, que es el que se encarga de la conexión y de la ordenación,
ha reunido también a los presidentes de los tribunales para indicarles
que los errores materiales y, por supuesto, la transcripción, etcétera,
tienen que ser reducidos al mínimo. No se comprende, por ejemplo, que
existan 14 ó 18 errores materiales, aunque se estén manejando cinco mil
alumnos. Eso es, como se diría hoy en otros términos deportivos, si SS.

SS. me permiten el tono distendido, falta de concentración o falta de
aplicación al sistema.

Nuestra experiencia en la orientación universitaria es la siguiente. A
todos los centros de bachillerato y que



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imparten COU se les distribuye una serie de vídeos y, al mismo tiempo, se
les invita a una serie de visitas a las instalaciones de los diferentes
centros de la Universidad y durante el mes de abril, fundamentalmente,
profesores de distintas áreas del conocimiento de la Universidad pasan
por todos los centros que imparten el Curso de Orientación Universitaria
para hablar de las titulaciones correspondientes. Si es un científico, de
las científicas y, dentro de eso, va acompañado, si es un matemático, de
un físico, de un químico, de un estadista, etcétera; si es un biólogo, de
un farmacéutico, e igual sucede con todos los ámbitos del saber: con las
ciencias de la salud, las tecnologías, las jurídico-sociales, etcétera.

Respecto a la infraestructura, hemos crecido muy rápidamente hasta el
período 1991-92, de suerte que en ese salto cualitativo y cuantitativo
que he indicado de mi Universidad, yo ponía como primer protagonista de
los cinco que había al Ministerio, es decir, a la Administración, por los
recursos que nos había dado. Es lógico, yo creo, porque es un tema de
calidad de vida. En todos los ámbitos de la sociedad, y sobre todo en los
políticos, se está indicando que es necesario hacer todos los esfuerzos
por mantener el estado de bienestar social alcanzado. Por lo tanto, habrá
que hacer sacrificios, adoptar soluciones imaginativas, etcétera. Pues
bien, eso mismo se puede trasladar al caso de la universidad cuando
accede a esos estadios de competitividad desde el punto de vista de
investigación, de equipamiento desde el punto de vista de los
laboratorios, de las redes de informática, por ejemplo. A lo mejor SS.

SS. se sorprenden si les indico que nuestra Universidad tiene redes
informáticas con cableados de más de kilómetro y medio de longitud en
algunas de las partes, que no es habitual en una zona universitaria.

Quien conozca Valladolid, por ejemplo, desde la Plaza de la Universidad,
Plaza de Santa Cruz, puede ir, por cable óptico, hasta el final del
«campus», que está en el apeadero que ha hecho la Universidad en
colaboración con Renfe. Igualmente, tenemos interconectados todos los
centros y en este momento estamos ya con control remoto de instalaciones.

¿Por qué razón? Porque nosotros somos conscientes de que la universidad
también tiene que administrarse correctamente. Y uno de los aspectos
fundamentales, al analizar el gasto, son los gastos corrientes: gastos de
electricidad, gastos de calefacción, etcétera, máxime en universidades
que están en zonas de climas duros, de climas continentales, como es el
de Valladolid. Es necesario hacer el ejercicio imaginativo conveniente
para poder disminuir ese gasto. De suerte que en la actualidad, con esa
sala de mandos a distancia, llega un día de anticiclón en Valladolid, a
partir de las diez, y en lugar de poner las calderas a una temperatura
determinada, se bajan 15 grados las calderas, con lo cual disminuimos el
gasto, que puede significar un ahorro de medio millón de pesetas y un
desahogo. Igual sucede con el servicio de los combustibles. Con los
servicios de combustibles se ha ido a las mejores ofertas, teniendo en
cuenta que la Universidad garantiza del orden de tantos litros de consumo
de combustible al año. O la modificación de los contratos que nuestra
institución tenía con la compañía eléctrica correspondiente. Todo eso ha
significado una optimización de ciertos recursos.

Respecto a la participación de los alumnos en los órganos de gobierno,
está especificada por los Estatutos. Por ejemplo, en el claustro es el 28
por ciento y el 2 por ciento son los alumnos correspondientes al tercer
ciclo. Creo que es así, pero puede fluctuar en una unidad o dos.

En los órganos de gobierno, por ejemplo, en la Junta de Gobierno, la
proporción es la misma que el número de decanos. En nuestra Universidad
la Junta de Gobierno se conforma de este modo: número de decanos igual a
números de directores de escuelas universitarias, número de alumnos,
etcétera, y, lógicamente, al menos en Junta de Gobierno tienen una
participación activa en todos los debates. Es más, también participan
nuestros alumnos en todas las comisiones delegadas de la Junta de
Gobierno. Tal vez haya sido Valladolid una de las primeras universidades
que en su Consejo Social tiene un alumno, porque desde el principio de la
constitución de los consejos sociales está presente en ellos un alumno.

Creo que con esto he dado un repaso general al tema.

En cuanto a S. S., portavoz del Grupo Socialista, le agradezco mucho sus
disculpas del principio por lo que era sorpresa y tortura. Creo que no;
repito que para mí ha sido un honor y que si mi trabajo sirve para algo a
SS. SS. es positivo. Por otra parte, uno de los aspectos del talante
universitario es la búsqueda de la verdad, por lo que en esta
comparecencia me sucede como cuando, por ejemplo, en la vida ordinaria
universitaria iba a un congreso y exponía un trabajo: todas las preguntas
que se me formulaban consideraba que eran para mejorar el trabajo y para
ver si realmente respondía al esquema científico adecuado. Se trata de
esa búsqueda de la verdad y así lo he entendido yo en este caso. No
obstante, le agradezco muy sinceramente esa especie de verónica previa
para que no me encontrara aquí demasiado en corral ajeno.

Y si desean algo más, sigo a su disposición.




El señor PRESIDENTE: Terminada esta comparecencia, agradecemos de nuevo
la presencia del señor Rector.

Estas comparecencias de diversos señores rectores se están produciendo en
el ámbito de una preocupación temática de esta Comisión, como habrá
podido observar, tanto por los problemas de financiación global como por
los de acceso, de selectividad, etcétera. Se están produciendo, repito,
una serie de comparecencias que tienen el objetivo, que usted ha
señalado, de intercambiar puntos de vista y, sobre todo, de incrementar
el conocimiento de esta Comisión para lo que tenga que legislar, si lo
tiene que hacer, o por lo menos para cuando tenga que discutir los
Presupuestos Generales del Estado.

Por tanto, agradecemos de nuevo la documentación que ha ofrecido, si nos
la deja. Quiero advertir a los diferentes grupos que también el señor
Rector de la Universidad de Sevilla ha dejado un «dossier» que se
reproducirá y se enviará un ejemplar a cada uno de los grupos. Si algún
otro señor Diputado o señora Diputada desea que se le haga copia, que lo
diga en la Secretaría, pero si no es así se enviará a cada uno de los
grupos un ejemplar.




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DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--POR LA QUE SE SOLICITA LA CREACION DE UNA PONENCIA EN EL SENO DE LA
COMISION DE EDUCACION Y CULTURA, A FIN DE ESTUDIAR, JUNTO A LOS DIVERSOS
REPRESENTANTES DEL SECTOR, LAS MEDIDAS QUE POSIBILITEN LA DEFENSA DE LOS
INTERESES DEL CINE Y DEL SECTOR AUDIOVISUAL ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000090.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
Proposiciones no de ley.

En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se solicita la
creación de una Ponencia, a fin de estudiar las medidas que posibiliten
la defensa de los intereses del cine y del sector audiovisual español.

Para la defensa de la proposición tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASSATS: Tanto por razones de oportunidad, por el
peligro que está corriendo el cine español (véanse si no las
declaraciones de los distribuidores, españoles y norteamericanos, en
Berlín hace un par de días), cuanto de cara al futuro, haría falta la
creación de esta Ponencia para que los distintos grupos entrecruzaran sus
argumentos y surgiera una política de empleo, una política de fomento de
la producción, una política audiovisual en general, que en estos momentos
no existe en nuestro país.

El protagonismo de este Parlamento debería ser fundamental. Por lo tanto,
por razones de oportunidad y de futuro, pedimos la creación de esta
Ponencia.

El primer Decreto, que ahora se tramita como proyecto de ley, se ha
redactado en torno a los acuerdos definitivos del GATT. No ha conseguido
este país la excepción cultural y sí una miniexcepción, que se contiene
en ese decreto de ayuda urgente al cine, que se está viendo en estos
momentos en un marco específico. El marco específico es que no se han
terminado de firmar los acuerdos del GATT, se terminan el 15 de abril en
Marrakech; pero no sólo es eso, sino que los acuerdos del GATT, que son
un complejo de acuerdos bilaterales, seguirían abiertos en un tema en el
que se está haciendo una presión tremenda, incluso se está preparando un
boicot por parte de los distribuidores nacionales si se aprueba el
proyecto de ley presentado por el Ministerio de Cultura en este Congreso
de los Diputados. Por lo tanto, hay que seguir dando la batalla y tomar
posiciones respecto al nuevo frente que se abre tras los acuerdos del
GATT.

Antes de ayer, en Berlín, el representante de los grandes distribuidores
norteamericanos dijo que efectivamente están estudiando medidas para
realizarlas en colaboración con aquellos que se oponen al proyecto de ley
actual --fíjense, yo defendiendo un proyecto de ley del Gobierno, ¡qué
cosas!-- que se ha presentado en esta Cámara. Este señor, que es uno de
los representantes fundamentales, como digo, de los distribuidores
norteamericanos, coincide con unas declaraciones en el mismo foro, de don
Pedro Zariategui, distribuidor español, que lo que anuncia es un boicot
activo si se aprueban las medidas propuestas en este proyecto de ley,
boicot que ya ha empezado porque han depuesto la compra de cine español
en estos días, desde que apareció el Decreto hasta ahora, y están
esperando a que se termine de tramitar, no sin interponer --lo que están
haciendo ya-- una gran presión para que no se aprueben los términos
actuales.

De hecho, ya se ha producido esa presión. Todavía no conozco a fondo las
enmiendas presentadas por los distintos grupos, pero desvirtuarían
gravemente el texto de un decreto, que era de mínimos --ya lo dijimos en
el Pleno del Congreso--, un decreto que intenta salvaguardar la cultura y
las cuotas de pantalla en España, en un momento en que los
norteamericanos tienen el 91 por ciento del mercado nacional. Y
facilitarían la segunda licencia de doblaje, lo que quiere decir que
cambiarían todas las cuotas de pantalla. Nos encontraríamos ante la
paradoja de que el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya va a defender el texto del proyecto, mientras el PSOE
posiblemente vote las enmiendas, que van en la dirección de la doble
licencia de doblaje, contra el texto de su propio Gobierno.

Esta es una de las causas que hacen ver la necesidad de la constitución
urgente de esta Ponencia, junto a temas que habrá que empezar a estudiar
porque, en función de la estructura del mercado, ocupada en el 91 por
ciento en este país por el mercado norteamericano, más del 65 por ciento
de los actores está en paro, no existe ninguna política de fomento, en
absoluto, y hará falta inversión pública de cara, como mínimo, a la
realización de setenta largometrajes este año y la producción de
trescientas horas de ficción, de relatos cinematográficos, o no hay
salida posible para la industria nacional. El Decreto no sólo significa
la protección cultural del cine, sino el intento de crear, con la
protección, con la intervención del Estado --en Izquierda lo vemos así de
una manera totalmente consecuente--, una mínima industria cinematográfica
en este país. Es el momento de empezar la creación de esta industria
cinematográfica o de tirar la toalla. Nos encontramos en esta tesitura.

Segunda razón por la que hace falta esta ponencia en el seno de la
Comisión de Cultura, para tomar posiciones en una situación en la que
todo se va desarrollando de manera muy rítmica.

Esa ponencia debiera estudiar la necesidad de crear un solo organismo con
capacidad para controlar y desarrollar toda la problemática audiovisual,
hoy dispersa en diferentes ministerios, en un momento en que, por fin,
después de superar el plazo concedido por la Unión Europea en tres años,
se acaba de trasponer la directiva de televisión sin fronteras, que
también afecta a lo que estoy diciendo. A nuestro juicio, la directiva no
se ha traspuesto de manera rigurosa al proyecto de ley español, cuyas



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enmiendas, si no se amplía el plazo, concluyen el 28 de febrero. Por
tanto, es algo que habría que ver de manera urgente, porque afecta a la
situación que estamos denunciando, de la que queremos salir por una
puerta de progreso.

Al mismo tiempo, se nos anunció en el debate en el Pleno de la Cámara,
respecto a la convalidación del Decreto antes citado de ayuda urgente al
cine, que se estaba preparando un macrodecreto a través del cual se
desarrollaría el Real Decreto, que se convalidó y que ahora se tramita
como proyecto de ley, para refundir y armonizar las disposiciones
reglamentarias en materia de cinematografía y audiovisual en este país.

Es decir, que este país empezara a tener una política cinematográfica y
audiovisual, por fin. Hay que refundirlo todo, armonizarlo, redactarlo, y
hace falta una mínima ponencia previa, o nos vamos a encontrar,
posiblemente, y no sabemos en qué tiempo --no hay promesas, no hay
horizonte temporal comprometido-- con una refundición que, a lo mejor, no
es aceptable, que nos va a coger a todos desprevenidos y no va a generar
el debate necesario para centrar la situación en un momento en que se
están produciendo rápidos cambios en el terreno de la comunicación
audiovisual, tanto en el nacional como en el internacional y,
fundamentalmente, en el ámbito de la Unión Europea.

Hacen falta estas medidas de fomento y estímulo, de conservación del
patrimonio audiovisual, de la difusión en las distintas lenguas,
románicas o no, del Estado, de la obtención de datos para un sistema de
control de taquilla adecuado y, naturalmente, de mantener como mínimo las
cuotas de pantalla y sus antecedentes en la licencia de doblaje en los
términos en que aparecía en el anterior proyecto de ley, todavía no
concluido en su tramitación.

Se me podrá decir que esto va a pertenecer a la Ponencia correspondiente
al proyecto de ley, pero no, es que el tema es mucho más amplio,
muchísimo más, y, además, con la estructura surrealista de la situación
en la que nos vamos a ver: una parte de la oposición defendiendo el texto
del proyecto mientras el Gobierno ataca su propio texto.

Esto hay que estudiarlo tranquilamente, en el seno de una ponencia de
ámbito estratégico, porque la refundición y la armonización de la serie
de medidas que están por ahí flotantes va a tardar.

Por lo tanto, pensamos que, de manera directa, coyuntural y estratégica
haría falta constituir esta ponencia y pedimos a SS. SS. que la voten
favorablemente.




El señor PRESIDENTE: Hecha la defensa de la proposición no de ley, ¿qué
Grupos desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Baltà.




El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, la petición de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para que sea creada una
ponencia en el seno de la Comisión para el estudio de las medidas que
posibiliten el mejor conocimiento de la problemática del cine y del
sector audiovisual, llega en el proceso de debate parlamentario de la ley
de Medidas Urgentes para la Cinematografía, cuyo enunciado ya habla de su
necesidad. Me refiero a la ley como texto legislativo puente entre la
pasada situación del sector, presidida por una situación de crisis que
hizo imprescindible el proteccionismo estatal con un intervencionismo del
sector, que mi Grupo solamente justifica en situaciones excepcionales,
como puede ser la defensa de la identidad cultural, que tiene en los
medios audiovisuales un peligroso instrumento de igualación hacia
culturas ajenas a la nuestras.

Las mejoras del sector que se apreciaban en los últimos años corren ahora
peligro por la liberalización de los mercados internacionales como
consecuencia de los acuerdos del GATT. La ley de medidas urgentes
pretende modificar los criterios de protección adaptándolos al ámbito
europeo, en un proceso al final del cual se prevé la liberalización que
temen los ámbitos de creación cinematográfica y demandan los de la
exhibición comercial. La situación de ahora mismo, cuando es
imprescindible acogerse a la cláusula de excepción cultural, cuando está
en debate la ley, cuando nuevamente se ha optado por la prohibición,
aunque transitoria, exigida por un acto de responsabilidad asumido por
los distintos grupos que lo han votado como mecanismo exclusivo de
autodefensa cultural, hace aconsejable proseguir con el debate
parlamentario de la ley, cuya profundización nos ha de permitir
adentrarnos en la problemática. No queremos que los miembros de esta
Comisión intervengan en el debate de la ley de medidas urgentes sin
conectarse con los profesionales del sector, de uno u otro ámbito,
estableciéndose, como quien dice, espontáneamente la encuesta y el
subsiguiente análisis de la situación.

La creación de la ponencia que se pide sería ahora una interferencia a
las tareas de esta Comisión, a pesar de que la petición en sí misma es
una llamada tal hacia el futuro que seguramente todos los grupos
parlamentarios tenemos conciencia de que la ley en trámite es en sí misma
una medida necesaria, pero no la solución definitiva para el sector del
cine y de lo audiovisual, que difícilmente se resolverá en el plazo de un
lustro. Por tanto, la idea que hoy nos parece poco oportuna pudiera ser
un acierto en cuanto tengamos datos sobre la aplicación de la ley ahora
en debate.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Cortés.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, en sus estrictos justos
términos y a pesar de la intervención del señor Alcaraz, estamos a favor
de la creación de esta ponencia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Ballesteros.




El señor BALLESTEROS DURAN: Señor Presidente, señorías, tomo la palabra
para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la
proposición no de



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ley defendida por el representante del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

¿Qué plantea la proposición? ¿Con qué finalidad se ha presentado? Desde
nuestro punto de vista, con una doble finalidad. Por un lado, que se
estudien las medidas que posibiliten la defensa de los intereses del cine
y del sector audiovisual español y, por otro, que lo hagamos contando con
el parecer y los criterios de los sectores afectados. Respecto a la
primera finalidad, tengo que decir fundamentalmente dos cosas. La
primera, que hubo un debate hace muy poco tiempo, un debate largo y
sabroso, en el que cada grupo expuso sus posiciones, en el que se llegó a
los siguientes planteamientos básicos compartidos, aunque, naturalmente,
desde diferentes perspectivas: Valorar positivamente lo que ha venido a
llamarse la excepción cultural discutida en la Ronda Uruguay; la
necesidad de adecuar la legislación española a la legislación comunitaria
vigente en estos momentos sobre el tema que nos ocupa; la valoración
positiva del mantenimiento de las subvenciones; valorar positivamente el
mantenimiento de las cuotas de pantalla y, por último, las denominadas
licencias de doblaje, que únicamente discute, si no recuerdo mal, un
grupo parlamentario. Estos son los planteamientos básicos que se
compartieron y que dieron como lógica consecuencia que, en el momento de
la votación, no hubiera ni un solo voto en contra. Por otra parte, con
todos los votos a favor menos una abstención, los grupos parlamentarios
consideraron positiva la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto a cuyo debate en Pleno acabo de hacer referencia.

Pues bien, acaba de cerrarse el plazo de presentación de enmiendas y, con
carácter inmediato y con competencia legislativa plena, esta Comisión las
debatirá, estoy seguro, con todo rigor y seriedad. Será el momento
oportuno, desde nuestro punto de vista, para que entre todos encontremos
las medidas de carácter urgente que intenten defender ambas industrias,
la cinematográfica y la audiovisual, tan íntimamente relacionadas con la
creación cultural y artística de los pueblos.

Desde ahora quiero manifestar en nombre de mi Grupo, nuestra mejor
disposición para profundizar en todos los planteamientos que puedan
conducirnos al consenso y al entendimiento.

Por tanto, consideramos que la primera finalidad que propiciaba esta
proposición no de ley está colmada en la propia dinámica inminente, por
otra parte, de trabajo de esta Comisión y antes del propio Pleno.

La segunda finalidad que se propone es que los sectores afectados
pudieran hacernos llegar sus propuestas concretas, sus propios
planteamientos. Tenemos que decir que el Ministerio de Cultura ha
elaborado un proyecto de desarrollo reglamentario que ya ha entregado
para su discusión, debate y posterior presentación de sus planteamientos
y criterios, a las siguientes entidades que engloban y representan
actores, directores, productores, distribuidores, realizadores,
guionistas, empresarios del doblaje, de la sonorización y de los vídeos.

Creemos, por tanto, que contaremos en el momento oportuno con los
criterios defendidos por los diferentes sectores implicados.

Por todo lo dicho, vamos a votar en contra de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida.




El señor ALCARAZ MASATS: Si me deja, señor Presidente...




El señor PRESIDENTE: No, señor Alcaraz.

Producido el debate, vamos a proceder a la votación de la proposición no
de ley por la que se solicita la creación de una ponencia para estudiar
las medidas que posibiliten la defensa de los intereses del cine y del
sector audiovisual español.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.




--SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y NECESIDADES DEL MUSEO DEL PRADO. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000097.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley, sobre el
estado actual y necesidades del Museo del Prado.

Para su defensa tiene la palabra, por el Grupo proponente, el señor
Cortés.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, desde hace tiempo el Museo del
Prado, probablemente la más conocida y más representativa de nuestras
instituciones culturales, arrastra problemas que, lejos de resolverse, se
van agravando, principalmente debido a la incuria y la incompetencia de
los sucesivos gobiernos socialistas que han considerado la cultura como
un elemento de propaganda y un instrumento de creación y mantenimiento de
clientelas electorales.

En los últimos tres años, señor Presidente, hemos conocido, para
demostrar cuál es el estado del Museo del Prado, a tres directores del
Museo, y han sido tres también los presidentes del Patronato, uno de los
cuales dimitió, sin que se conozcan aún las razones que le llevaron a
hacerlo. Seguro que SS. SS. y el señor Presidente conocen el informe que
el Real Patronato del Museo del Prado elevó al Gobierno de la nación en
diciembre de 1992 y que tiene el significativo título de «Sobre los
problemas y carencias actuales del Museo del Prado, la ineludible
urgencia de atenderlos y la diversidad de soluciones y recursos
disponibles».

En este informe, repito, informe del Patronato, se dice en su página 3:
El Museo del Prado sigue sufriendo un lento deterioro. Sus problemas son
casi los mismos que ya se denunciaban a fin del Siglo XIX: falta de
espacio,



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insuficiente atención técnica, inadecuación del personal, penuria de
recursos, dificultades en el control de lo que se ha dado en llamar el
Prado disperso, burocratismo en la gestión, a los que hay que añadir
otros nuevos: riesgos de deterioro por la contaminación ambiental,
hacinamiento de visitantes en fechas u ocasiones especiales, problemas de
seguridad, etcétera. Termina la cita del informe que el Real Patronato
eleva al Gobierno de la nación.

Pese a la reforma de su régimen jurídico (1985), el Museo del Prado sigue
teniendo unos problemas serios de funcionamiento y organización que
fueron reconocidos, no sólo en este informe del que he dado lectura a uno
de sus párrafos, sino también por sucesivos responsables socialistas que
se comprometieron, y así figura en los «Diarios de Sesiones», a traer a
la Cámara una ley del Prado y que en la pasada legislatura, sin
encomendarse ni a Dios ni al diablo, anunciaron una reforma de la
composición del Patronato que, afortunadamente, quedó en simple anuncio,
para dar entrada, con una fórmula tan compleja como sin sentido, a
consejeros de Cultura de comunidades autónomas. Esta fue una propuesta
del Gobierno, no algo que se comentó en los pasillos.

A los problemas de financiación, que son escandalosos si se comparan los
presupuestos del Prado con los del Reina Sofía, hay que añadir unas
carencias de personal y unas dificultades en cuanto a la dotación y
selección del mismo con ejemplos que han trascendido a los medios de
comunicación muy recientemente. La ampliación del Prado, señor
Presidente, es otra de las asignaturas pendientes que no se logra abordar
con acierto. A este respecto recuerdo simplemente el último y lamentable
episodio protagonizado por el Gobierno de pretender ampliar el Museo con
un subterráneo que destrozaba uno de los espacios más bellos de Madrid.

Las colecciones del Prado siguen sin tener una definición precisa en
cuanto a los límites y el prestigio del Museo todavía no se ha repuesto
del bochornoso traslado del Guernica, como bien puso de manifiesto, en su
momento, el profesor Calvo Serraller, con el posterior intercambio de
cuadros, como si se tratara de cromos, con el Reina Sofía, del que
tampoco se ha sabido mucho más, una vez que se anunció, en infeliz
ocasión, por el anterior responsable del Ministerio de Cultura.

Las goteras, en fin, no han sido un accidente climatológico, porque la
irresponsable política de escaparate que se ha seguido durante esta
década socialista ha desatendido todo aquello que no se puede lucir de
forma inmediata y esta Comisión tendrá que tomar cartas en el asunto
pidiendo un informe sobre el estado de las cubiertas del Museo del Prado.

Hay más razones, pero las que he enunciado y lo que he leído del propio
informe elaborado por el Real Patronato creo que son más que suficientes
para que el Congreso de los Diputados se ocupe del Museo del Prado. Se
trata, señor Presidente, de cuestiones de tal envergadura que sólo un
acuerdo de las fuerzas parlamentarias permitirá afrontarlas con éxito.

Ya en la pasada legislatura ofrecimos, como consta en el «Diario de
Sesiones», dejar los grandes museos fuera de la pendencia política, con
la condición de que existiese el compromiso del Gobierno y del Grupo que
lo soporta de abordar la situación en serio y estudiar las necesidades
del Prado con visión de futuro y ánimo de lograr un marco estable, que
dejase al Museo al margen de los vaivenes de la política.

Para ello, era imprescindible un compromiso parlamentario en torno a los
puntos sobre los que debía versar el acuerdo, con un debate nacional,
abierto y libre, en sede parlamentaria, con la participación de todos los
expertos y especialistas que considerasen oportunos los distintos grupos
parlamentarios. Pero el debate libre y la transparencia en la actuación
provoca en los socialistas la misma reacción que la luz del día en los
vampiros de la Transilvania. (Rumores.) Y así se rechazó una proposición
no de ley en este sentido. La mayoría, entonces absoluta, no sólo rechazó
esta proposición no de ley, sino que impidió la comparecencia en la
Comisión, entre otros, y cito sólo un ejemplo, del profesor Pérez
Sánchez, Director del Prado, nombrado por el Gobierno Socialista, y
miembro, entonces y ahora, del Patronato del Museo como Director
honorario del mismo. A lo que parece quiere seguir impidiendo el debate y
esta y otras comparecencias.

Al inicio de esta legislatura, en nombre del Grupo Popular volví a
ofrecer este acuerdo, que aceptó la Ministra de Cultura, no sé si por
sentido de la responsabilidad o por inteligencia política, haciendo de la
necesidad virtud, viendo lo que la nueva aritmética parlamentaria había
llevado a que ocurriere, por ejemplo, con la colección Thyssen o
simplemente por ganar tiempo.

Para el Partido Popular, señor Presidente, un acuerdo sobre el Museo del
Prado pasa por el Parlamento y el 175 aniversario del primer Museo de
España es una buena ocasión para que los representantes de la nación,
como responsables en última instancia de su patrimonio histórico, se
ocupen del Museo.

Sobre esta base, hablamos con el Gobierno y con el Grupo Socialista y el
acuerdo quedó plasmado en una proposición no de ley que marcaba el
procedimiento y los objetivos a conseguir, sin prejuzgar cuál debía ser
el contenido del acuerdo, pues para ello hace falta un informe sobre la
situación y necesidades del Museo elaborado por sus órganos rectores y
transmitido a la Cámara por el Ministerio de Cultura y conocer la opinión
de especialistas y expertos para poder decidir los Diputados sobre un
programa cuya presentación corresponde, lógicamente, al Gobierno, a
través del Ministerio de Cultura.

El texto que propusimos inicialmente fue corregido, a petición de los
responsables del Ministerio de Cultura, hasta llegar a la proposición no
de ley que hoy figura en el orden del día. El portavoz del Grupo
Socialista y los responsables del Ministerio de Cultura no me dejarán por
mentiroso en este extremo.

Esta proposición no de ley no es la que nosotros queríamos, pero
representa el mínimo imprescindible para que el acuerdo sea posible.

Puede imaginarse la Presidencia y la Comisión nuestra sorpresa cuando
supimos la semana pasada que aquellos con quienes habíamos acordado el



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texto presentaban una enmienda que vaciaba completamente el contenido del
mismo.

En la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista quedan fuera dos
aspectos esenciales sobre los que debían versar las resoluciones que se
adoptasen finalmente después de todo este proceso en la Comisión: el
régimen jurídico, organización y financiación del Museo, así como los
criterios para la selección de personal y regulación de su estatuto,
puntos ambos sobre los que el Real Patronato consideraba en la
legislatura pasada que era necesario que se adoptase alguna posición y
punto primero, el del régimen jurídico, organización y financiación, en
el que juzgaría el Gobierno anterior que hacía falta cambiar algo la
actual situación cuando anunciaron reiteradamente una ley del Prado. No
sólo esto, sino que desaparecen las comparecencias en Comisión, que para
nosotros eran esenciales para que se produzca un auténtico debate
nacional libre y en sede parlamentaria y, finalmente, ya no habrá
programa de gobierno, con propuestas concretas, sino un informe que, en
principio, a nada obliga.

Señor Presidente, la proposición no de ley de la que estoy hablando no es
la del Grupo Popular, sino un fruto del consenso que ahora se ha roto sin
responsabilidad ninguna por nuestra parte. Tendrán razón quienes nos
acusen de ingenuos por confiar a estas alturas en quienes no merecen
confianza, pero creíamos que el Prado merecía un esfuerzo por alcanzar un
acuerdo que nuestro Grupo no ha regateado.

Creímos en la buena fe de una Ministra que empeñó su palabra, pero no
podemos abdicar de nuestra responsabilidad y dejar que en el Prado las
cosas sigan como hasta ahora, sin aplicar luz y taquígrafos a la
situación del Museo.

Eso es lo que se pretendía con la proposición no de ley pactada, repito,
con el Gobierno y el Grupo Socialista, pero, a la vista de la enmienda
que la deja sin contenido, nos vemos, señor Presidente, en la penosa
obligación de retirar la proposición, lo contrario sería confundir a la
opinión pública con una cortina de humo, haciéndole creer que los
problemas del Prado habían salido de la oscuridad y la arbitrariedad y se
trataban en el Parlamento con la adecuada claridad. Ese no sería el caso
de prosperar la enmienda del Grupo Socialista.

El Partido Popular, señor Presidente, es consciente de su responsabilidad
como primer partido de la oposición y anuncia formalmente que no abdicará
de ella y procurará por todos los medios que los problemas del Museo del
Prado sean tratados en esta Cámara del modo que merecen. Si no va a ser
con el procedimiento que habíamos acordado, señor Presidente, no será por
nosotros.

En nombre del Grupo Popular retiro la proposición no de ley que figura
como punto último del orden del día.




El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, S. S. ha introducido una variante en
el debate parlamentario, que es entrar en el debate no ya de la
proposición no de ley, sino incluso de las enmiendas que habían sido
presentadas a esa proposición no de ley y, al finalizar su intervención,
retirar la proposición. Esa es una novedad y en cuanto tal hay que
tratarla y el criterio de esta Presidencia es que, de acuerdo con la
posición de su Grupo, no se someta a votación la proposición no de ley y
tampoco la enmienda, pero sí que se debe abrir un debate porque el resto
de grupos puede querer opinar, puesto que S. S. lo ha hecho e insisto en
que no sólo sobre la proposición no de ley, sino incluso sobre la
enmienda que había sido presentada.

Por tanto, con la advertencia de que, de acuerdo con la posición que
mantiene el Grupo proponente, no se somete a votación este proposición no
de ley, se abre un turno de debate entre los diferentes grupos que
quieran hacerlo.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de
orden.

No será mi Grupo Parlamentario quien impida que en esta Comisión se
exprese quien quiera para lo que quiera. Lo único que quiero decir es que
no conste como precedente que se va a opinar sobre una enmienda que ya no
existe en la medida en que no hay una proposición no de ley. Se podrá
opinar sobre mi intervención, pero no sobre una enmienda que no existe.

Desde luego, no será mi Grupo ni quien polemice con la Presidencia ni
quien limite la expresión en esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, esta Presidencia entiende que S. S. no
sólo se ha referido a su proposición, sino que se ha referido incluso a
la enmienda presentada. Su señoría dice que la enmienda no ha lugar
puesto que se retira la proposición. Eso es cierto, no se someterá a
votación tampoco la enmienda, puesto que no va a ser sometida a votación
la proposición, pero insisto en que S. S. ha abierto un turno de debate.

¿Grupos que deseen opinar en este turno de debate? (El señor Nieto
González pide la palabra.)
Señor Nieto, un momento. A ver si hay más grupos que desean intervenir en
este turno de debate.




El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, quisiera plantear una cuestión
previa como consecuencia de la retirada de la proposición no de ley del
Grupo Popular. Si ha lugar, el Presidente luego puede darnos la palabra
para hablar de otras cosas. No sé si ha lugar o no.




El señor PRESIDENTE: Si S. S. va a hablar sobre si ha lugar o no a la
proposición no de ley, a la retirada, etcétera, es el turno de debate,
puesto que en estos términos está establecido. Ruego a S. S. que guarde
turno.




El señor NIETO GONZALEZ: Yo ruego al señor Presidente que nos diga para
qué abre turno. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: El turno tiene una justificación y es que el Grupo
proponente de la proposición no de ley no se ha limitado a retirarla,
sino que ha intervenido con argumentos a favor de su proposición, ha
entrado en el debate de su proposición y además se ha referido a las
enmiendas que habían sido presentadas. Por tanto,



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insisto: el Grupo no se ha limitado a retirar, sino que ha entrado en el
debate. Hay que dar la oportunidad al resto de los grupos para que
intervengan si así lo desean. Tampoco es obligatorio intervenir. Si su
Grupo no desea intervenir, no intervendrá, pero esta Presidencia abre un
turno por si acaso algún Grupo lo desea.




El señor SEDO I MARSAL: Acaso, un turno por alusiones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra, brevemente, el señor
Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Se trata de un trámite exótico. Me recuerda
aquel chiste de que va un loco a visitar a otro que le dice desde detrás
de la puerta: No estoy. Y contesta el primero: ¡Menos mal que no he
venido! (Risas.), porque vamos a debatir algo que no existe como texto
básico sobre un tema que es de enorme importancia. Ya dijo Azaña que el
Museo del Prado es más importante que la República y la Monarquía juntas.

Espero que no me pase a mí, en esta ocasión, como al Gran Wyoming.

(Risas.)
Pediría seriedad a los grupos en el sentido de que cuando traten temas de
esta importancia, como es el del Museo del Prado --inmediatamente
nosotros ya anunciamos una proposición no de ley enmendable en el seno de
esta Comisión--, no sometan a los demás a una situación de indefensión.

No tendría sentido que yo me explayara en el discurso que había más o
menos preparado en una situación absolutamente excéntrica.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: Muy brevemente, porque la verdad es que es un
turno atípico y extraño el que se está produciendo en estos momentos.

Es verdad que hay muchas fórmulas de filibusterismo parlamentario. Esta
es una de ellas: llegar, en este caso, al debate en la Comisión de una
iniciativa parlamentaria --podría haber sucedido en el Pleno--, no
solamente defenderla, sino contar unas historias previas amplias y
detalladas, con una crítica dura para la gestión del Gobierno, y al mismo
tiempo entrar en una enmienda que se había presentado. Después de hecho
todo eso se retira la iniciativa. El resto de los grupos quedamos en la
indefensión más absoluta.

Tampoco quiero alargar mucho mi intervención, pero sí decir un par de
cosas. Primero, que me parece muy mal la utilización de estos métodos por
cualquier Grupo Parlamentario, en este caso por el Grupo Popular.

Segundo, a pesar de lo que ha dicho el señor Cortés, no existe ningún
acuerdo del Grupo Socialista con el señor Cortés en relación con esta
iniciativa parlamentaria que acaban de retirar, salvo que exista en la
imaginación del señor Cortés, pero, desde luego, no existe ningún acuerdo
de este Grupo Parlamentario con el Grupo Popular ni con el señor Cortés.

Además, ha habido algunas palabras que no sé cómo calificar, como las de
los vampiros, la luz y las sombras... No sé si este acuerdo que el señor
Cortés dice que existe lo ha llevado a cabo con alguna otra persona o con
algún otro Grupo y, a lo mejor, en algún viaje que ha hecho a
Transilvania, pero desde luego insisto en que con el Grupo Socialista no
existe ningún acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Quiero recordar a las señoras y señores Diputados
que la próxima sesión será el miércoles día 2 --ya nos trasladamos a los
miércoles y, por tanto, con horario normal de principio de la mañana--,
con las comparecencias que tienen relación con la Logse.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.