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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 113, de 22/02/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 113
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN
Sesión núm. 12
celebrada el martes, 22 de febrero de 1994
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira),
para informar del proceso por el cual fue posible la compra por el Grupo
Ferruzzi de una participación accionarial en la aceitera española Elosúa.
A solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular (Número de expediente
213/000044) y Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número
de expediente 213/000153) (Página 3616)
--Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley
sobre participación de España en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
(Número de expediente 121/000020) (Página 3629)
--Dictamen, a la vista del Informe de la Ponencia, del proyecto de ley
sobre participación de España en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
(Número de expediente 121/000020) (Página 3629)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SOLBES MIRA),
PARA INFORMAR DEL PROCESO POR EL CUAL FUE POSIBLE LA COMPRA POR EL GRUPO
FERRUZZI DE UNA PARTICIPACION ACCIONARIAL EN LA ACEITERA ESPAÑOLA ELOSUA.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (Número de expediente
213/000044) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000153.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Como punto o eje central del orden del día, sin perjuicio de la
ratificación de la ponencia y dictamen del proyecto de ley sobre
participación de España en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial,
tenemos la comparecencia del Ministro de Economía y Hacienda para
informar sobre el proceso de compra por el grupo Ferruzzi de una
participación accionarial en la aceitera española Elosúa.
En el orden del día que han recibido SS. SS., aparece la petición de
comparecencia del Ministro a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular;
sin embargo, tengo que comunicar a SS. SS. que dicha comparecencia, en
unos términos similares, ha sido pedida también por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con entrada en
Comisión el 4 de enero de 1994. Fue acuerdo de la Mesa y Junta de
Portavoces de la semana pasada acumular las dos peticiones de
comparecencia dado que es el mismo tema de referencia. Por eso vamos a
proceder a la acumulación de las dos peticiones de comparecencia del
señor Ministro de Economía y Hacienda para dar en primer lugar la palabra
sucintamente, como es habitual en esta Comisión, a los grupos
parlamentarios que han pedido la comparecencia del ministro y que, en un
breve turno, puedan fijar la posición sobre los términos por los que
solicitan la comparecencia, sin perjuicio de que, después de la
intervención del señor ministro, los grupos parlamentarios que han pedido
la comparecencia puedan entrar a discutir más a fondo con el señor
ministro los términos de la comparecencia.
Sin más dilación pasamos al primer punto del orden del día, dando la
palabra al señor Ramírez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Efectivamente, esta primera intervención
nuestra va a ser exclusivamente para intentar fijar los términos del
debate y para solicitar al señor ministro aclaración de las actuaciones
administrativas que se han producido durante los últimos años en relación
a este proceloso asunto Elosúa, donde ha habido una verdadera confusión
respecto a tensiones internas, empresariales, familiares, accionariales;
actuaciones de la Administración; declaraciones ante los tribunales de
justicia italianos por personas pertenecientes al grupo Ferruzzi, sobre
actuaciones cerca de las autoridades españolas en relación a la voluntad
de las mismas de favorecer la incorporación del grupo Ferruzzi en el
control de esta sociedad; el propio valor de la sociedad, la marcha de la
sociedad y, en definitiva, todo lo relacionado con el sector estratégico
aceite de oliva, que, como bien sabe el señor ministro, en declaraciones
anteriores suyas en esta Comisión y en la Comisión de Agricultura cuando
era titular de aquella cartera, estaban plasmadas en un intento de
mantener la españolidad de este sector.
Por tanto, señor ministro, rogamos que su declaración al menos se
circunscriba a unos hechos que para nosotros son fundamentales. Primero,
cómo y por qué se concedieron a la familia Elosúa aquellos créditos
blandos por valor de 4.500 millones de pesetas, a una subvención del 50
por ciento, mediante los cuales Elosúa compraba Carbonell --una empresa
también emblemática en el sector aceitero-- para mantener la españolidad;
cómo inmediatamente después --poquísimos años depués-- esa misma familia
pone en venta un importante paquete accionarial y se vende a una serie de
empresas sin que Transacciones Exteriores investigue quién está detrás,
de tal forma que parece ya un grupo multinacional, controlando un paquete
importante, por encima de los límites que establece nuestra legislación
en relación a la posesión de acciones en una empresa; por qué se produce
una sindicación de acciones en manos de titularidad española, bien sector
público o Banco Pastor y familia Elosúa, con el intento de frenar
presencias extranjeras; cómo, inmediatamente después, la propia
Administración gira y, a través de la creación de Alycesa, se pone a
negociar con el grupo italiano; cómo, posteriormente, se llega a un
acuerdo de control de esa sociedad a través de una OPA pública, que
permite un reparto para nosotros extraño de la presencia de capital
extranjero y de los gerentes en la sociedad; cómo definitivamente, señor
ministro, esta sociedad emblemática entra en pérdidas --unas pérdidas
importantes, como luego podremos tener ocasión de ver--, y cómo en este
momento se puede decir que, en febrero de 1994, el 56 por ciento del
capital ya no pertenece a manos españolas. Es, por tanto, un largo
proceso el que ha recorrido la Administración española en esta situación.
Ha habido cambios brutales en la posición de los representantes de la
Administración desde la defensa a ultranza del sector a no considerarlo
ya estratégico y, en definitiva, a dejar la gestión y dirección del mismo
en manos extranjeras, hasta tal punto que en este momento, según dicen
otros representantes del sector, estamos en manos extranjeras, aunque la
fusión final es de Elosúa con Koipe, según dice el presidente de Koipe.
Por tanto, señor ministro, creo que tenemos temas suficientes para que
termine por conocerse de una vez lo que ha sucedido. En paralelo,
suponemos que el señor ministro estará en posición de informarnos de las
gestiones realizadas por el Fiscal General del Estado. Esas diligencias
previas sobre las que se nos informó, habían sido abiertas a raíz de las
declaraciones efectuadas por el administrador italiano ante los jueces
italianos. En
resumen, aclarar algo que está conmocionando no solamente a la opinión
pública española, sino al propio sector productor de aceite en España.
¿Qué ha sucedido con Elosúa y cuáles han sido las gestiones puntualmente
desarrolladas por la Administración española?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: La comparecencia del ministro, señor Solbes, es
la primera que se produce del conjunto de comparecencias que ha
solicitado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con el ánimo de que
este tema quede esclarecido ante la opinión pública.
Por tanto, consideramos que es muy interesante la primera aportación que
se produce en este sentido, y que la va a hacer el señor ministro. En
este sentido, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya considera que
fundamentalmente lo que debe aclararse, señor ministro, es el papel del
conjunto de las empresas públicas que han actuado en todo el proceso de
compras y de ventas de la empresa Elosúa y cómo este conjunto de empresas
públicas ha dejado que, en última instancia, sea un grupo extranjero el
que se haya quedado con la mayor participación de esta empresa, y cómo,
cuando aun no teniendo la mayor participación, cedió la posibilidad de
que este grupo extranjero fuera el que realmente mandara en esta empresa.
Este aspecto, así como el control que ha seguido la Administración de
todo este tipo de procesos es lo que fundamentalmente aclaramos al señor
ministro en esta primera intervención suya, en su primera comparecencia,
que nosotros solicitamos sobre el caso Elosúa.
El señor PRESIDENTE: Seguidamente, el señor Ministro de Economía y
Hacienda tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señorías, voy a
intentar dar cumplida cuenta a las informaciones que me plantean. Es
verdad que éste es un tema difícil, complejo, que tiene múltiples
vertientes que voy a intentar aclarar. Hay una, sin embargo, sobre las
actuaciones del Fiscal General del Estado de la que no puedo decir
absolutamente nada porque no conozco cuál es la actuación del Fiscal
General del Estado. Posiblemente debería ser la propia Fiscalía quien
informase sobre ese punto.
Ante todo, y para iniciar mi exposición, desearía destacar un punto
fundamental, una afirmación que me gustaría fuese totalmente rotunda y
clara. La participación accionarial del sector público en Elosúa no ha
disminuido sino que ha ido creciendo en los últimos años y ha pasado del
27,24 por ciento, en 1989, al 37,05 por ciento que existe en la
actualidad. En este sentido, puedo afirmar que el sector público no sólo
no ha vendido ni una sola acción de Elosúa a Ferruzzi ni a otro grupo
privado, sino que ha comprado acciones adicionales, aumentando su
participación en la sociedad.
También me gustaría destacar que todas las compras de acciones que ha
hecho el grupo Ferruzzi ha sido a la familia Elosúa o a pequeños
accionistas en Bolsa, y ése es un punto que también me gustaría quedara
claro en el momento actual. Sin embargo, para ver cómo llegamos a este
proceso, me gustaría ir clarificando, ir desgranando una serie de
aspectos que me parecen esenciales.
Primero, la importancia de la presencia del sector público en el sector
aceitero. El señor Ramírez ha hecho referencia al carácter estratégico
del sector, carácter que yo comparto. Creo que es muy importante nuestra
presencia en el sector aceitero, tanto por el aceite de oliva como,
evidentemente, por nuestra participación en el aceite de girasol. Sin
embargo, esa importancia del sector aceitero en España no es sólo una
conclusión a la que llega el Gobierno, sino que es una conclusión a la
que también llegan otros grupos aceiteros internacionales,
fundamentalmente multinacionales, que desean tener una participación en
nuestro sector aceitero. Por ello, cerrando las negociaciones con la
Comunidad, empiezan a tomar posiciones determinadas empresas en nuestro
país y de modo creciente entran a invertir en el sector aceitero en
España.
¿Cuál ha sido dentro de este contexto o marco la presencia del Estado? Me
gustaría decir que la presencia del Estado surge en términos
relativamente recientes y como respuesta a dos motivaciones concretas:
por una parte, potenciar la existencia de sociedades sólidas dentro del
sector, contribuyendo a su desarrollo y al de las regiones donde están
asentadas y, en segundo lugar, intentar mantener la mayoría de capital en
manos españolas dentro de la estructura accionarial de algunas de estas
empresas. Sin embargo, esta participación del sector público
--participación pública, en opinión nuestra, no opinión del Gobierno-- no
debe implicar necesariamente la mayoría de capital público en esas
sociedades, sino que el porcentaje accionarial puede ser superior o
inferior al 50 por ciento, según los casos --es el segundo punto que me
gustaría destacar también--, e incluso en muchos casos hemos propiciado
la presencia del sector privado español, que considerábamos también
relevante, porque no siempre pensamos que la empresa pública debería
jugar el papel fundamental en estos casos.
Sin embargo, hechos los comentarios anteriores, querría reconocer un
hecho que también me parece fundamental, y es que la presencia de grupos
extranjeros, especialmente comunitarios en este sector, sobre todo en
multinacionales, en algunos casos ha tenido un claro efecto positivo, ya
desde el punto de vista de los intereses españoles, la dimensión
multinacional está permitiendo apoyar la defensa de los intereses del
aceite de oliva en los mercados internacionales.
En el marco de esta política, tal como hemos comentado, se producen las
actuaciones del sector público en relación con la empresa Elosúa, y ésta
es una larga historia que empieza prácticamente en el año 1985, en
consecuencia, hace prácticamente diez años.
La empresa aceitera Carbonell, que en su día pertenecía a un grupo
familiar del mismo nombre y que por una
serie de razones termina siendo controlada por el Banco Hispanoamericano,
fue puesta a la venta en esas fechas. En aquel entonces Carbonell era,
como sigue siendo hoy, la marca más importante del aceite de oliva en el
mercado español y, por tanto, una de las marcas más prestigiosas a nivel
mundial.
Con objeto de que precisamente el Grupo Carbonell siguiera en manos de
propietarios españoles, el Gobierno aprobó entonces la propuesta que le
plantearon dos grupos familiares: por una parte, la familia Elosúa y, por
otra, la familia Pont, propietarios de la empresa Borges.
El planteamiento suponía la concesión por la banca pública de un crédito
blando a una empresa constituida por ambas familias con objeto de comprar
Carbonell. Dicha empresa fue creada con el nombre de Aceites Españoles,
S. A., y quedó participada el 75 por ciento por la familia Elosúa y el 25
por ciento por la familia Pont. Dada la condición de mayoritarios, fue la
familia Elosúa la encargada de la gestión, quedando integrada esta
sociedad dentro del grupo Elosúa, S. A., como filial de ella. Carbonell
quedaba así en manos de accionistas españoles.
Sin embargo, pronto y desgraciadamente irían surgiendo desavenencias
familiares dentro de los propietarios de Elosúa, desavenencias que
llevaron a una tensión muy fuerte dentro de la sociedad y a la
consiguiente inestabilidd de la misma. En aquel contexto, en el año 1989,
una parte de la familia Elosúa decidió salirse de la sociedad y vender su
paquete a algunas empresas extranjeras, que en aquel momento se pensó
podrían estar vinculadas al grupo Ferruzzi. Por otra parte, este grupo
Ferruzzi había ya tomado una posición mayoritaria en otra de las grandes
empresas de aceite en España, concretamente en la empresa Koipe. Por
supuesto, esta venta se produce una vez que se han devuelto estos
préstamos a la banca pública.
Con el objeto precisamente de seguir manteniendo de modo coherente la
política de apoyo al grupo español y contribuir a que la sociedad Elosúa,
y por tanto Carbonell, continuaran en manos nacionales, los miembros de
la familia que desean seguir en el accionariado acuden de nuevo al
Gobierno y éste decidió renovar su apoyo con el objeto de evitar que el
grupo Ferruzzi se hiciese con la mayoría de capital en aquel momento.
El apoyo se traduce en la entrada, como accionistas de Elosúa, de la
empresa pública Mercasa, que fue adquiriendo pequeños paquetes hasta
llegar a un total de participación pública del 27,24 por ciento que es el
inicio de la presencia pública en Elosúa. Este inicio de presencia
pública viene acompañado, además, por un pacto de sindicación de acciones
entre la citada participación pública, el Banco Pastor que entonces era
propietario del 10 por ciento del capital y de los miembros de la familia
que no habían vendido sus paquetes a empresas extranjeras y que estaban
aglutinados en torno a una sociedad tenedora de acciones llamada
Consejeros Empresariales Españoles. De esta manera el grupo sindicado
constituía una mayoría del 51 por ciento, que se comprometía a garantizar
la españolidad del capital de la sociedad, continuando la gestión de ésta
en manos de la familia Elosúa.
En cuanto a la participación que pasó a manos extranjeras se encontraba
en dos entidades financieras que parecía actuaban en esta operación por
cuenta del grupo Ferruzzi.
En este sentido es elocuente, como reflejo de estos hechos, la
información de la propia empresa Elosúa, trasladada a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en respuesta a un requerimiento de la
misma, en un escrito del 2 de octubre de 1989, en el que informaba que el
día 21 de septiembre de dicho año la sociedad había recibido un
requerimiento notarial por el que dos accionistas extranjeros, el Banco
Paribas, de Luxemburgo, y Fidinam Fiduiciaria, de Ginebra, agrupaban sus
acciones proponiendo nombrar un consejero común en la sociedad. Dichas
acciones ascendían al 14 por ciento y al 14,94 por ciento y habían sido
adquiridas por dichas sociedades a la familia Elosúa Rojo por un precio
no conocido. Las compras --se decía en la información-- se habían
producido dos meses antes sin haberse comunicado a la propia sociedad, ni
a la Bolsa.
Tras estos acontecimientos, y entre septiembre del año 1989 y la
primavera del año 1991, la estructura de la sociedad permanece estable,
siendo controlada por los integrantes del pacto de sindicación que
mantenían una situación de cierta hostilidad, no oculta ni disimulada,
frente a estos accionistas extranjeros agrupados que detentaban el 30 por
ciento y que se pensaba, como he dicho anteriormente, que estaban
vinculados de algún modo al grupo Ferruzzi. La gestión de la Sociedad
estaba, como he señalado, en manos de la familia o, lo que es lo mismo,
en manos de consejeros empresariales que detentaban el 14 por ciento del
capital.
A comienzos del año 1991 surgirían nuevas desavenencias entre los
accionistas. Esta vez entre los que componían la mayoría sindicada.
Dichas desavenencias estaban relacionadas con la situación de la empresa
y su gestión. La familia Pont, que había participado en la operación de
compra de Carbonell, venía manifestando su deseo de retirarse del grupo
Elosúa. Paulatinamente se iba haciendo también más patente una clara
falta de entendimiento entre el accionista público y Consejeros
Empresariales Españoles. Por su parte, el Banco Pastor también manifestó
su interés en dejar la sociedad. De este modo, pues, la situación, en la
primavera del año 1991, reflejaba una falta de sintonía en el seno de los
componentes del grupo de sindicación y, al mismo tiempo, el mencionado
enfrentamiento con los propietarios del 30 por ciento de capital que
reclamaban insistentemente una participación en la gestión.
En esas circunstancias llegamos al mes de junio del año 1991. En julio de
1991 el grupo Ferruzzi intenta hacerse con la mayoría del capital de la
sociedad. El 14 de junio Koipe, S. A., remite un escrito a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores comunicando la presentación de una OPA
por el 75,1 por ciento del capital de Elosúa. Ese mismo día la empresa
Koipe había adquirido, a través de una aplicación en Bolsa, el paquete de
acciones que estaba en manos de Fidinam y una parte del que tenía
Paribas, sumando una participación del 24,9 por ciento de la
sociedad y, en consecuencia, sin tener que recurrir a una OPA previa para
dichas adquisiciones.
Ante estas circunstancias, la Comisión Nacional del Mercado de Valores
suspendió la cotización en Bolsa ese día, suspensión que no levantaría
hasta un mes más tarde.
Ante este planteamiento de OPA por el total prácticamente de la sociedad,
la respuesta del Gobierno a los responsables del grupo Ferruzzi fue
tajante: La OPA era considerada como hostil habida cuenta la posición
expuesta reiteradamente por el Gobierno español de que la mayoría de
Elosúa debería quedar en manos españolas.
Este Ministro de Economía era entonces Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación y en esa responsabilidad también fue el responsable, por
tanto, de definir la posición frente al grupo Ferruzzi. Sin embargo,
conscientes de que no tenía sentido mantener un abierto enfrentamiento
entre el sector público como accionista de Elosúa y la empresa Koipe,
tratándose de las dos primeras empresas aceiteras existentes en nuestro
país y que la posición accionarial de Koipe no sólo era perfectamente
legal, sino que, además, tenía unos derechos societarios previstos por
las leyes, el criterio del Gobierno fue propiciar una colaboración que,
salvaguardando el objetivo de mantener la mayoría del capital de Elosúa
en manos españolas, permitiese a ambas sociedades colaborar en beneficio
del aceite de oliva español.
Con este planteamiento se llegó a un acuerdo entre los accionistas que
constituían la mayoría sindicada, esto es, el sector público, Banco
Pastor y Consejeros Empresariales y la empresa Koipe y su accionista
mayoritario --el grupo Ferruzzi, por otra parte--, basado en los
siguientes compromisos.
Koipe aceptaba retirar la OPA que había presentado y aceptaba no tener la
mayoría del capital en la sociedad Elosúa.
Dado que el grupo Ferruzzi tenía directa o indirectamente algo más del 30
por ciento del capital de Elosúa, se le reconocía su derecho a estar
presente en el Consejo de Administración de la sociedad y a participar en
el control de la gestión de esta sociedad.
Koipe y Elosúa se comprometían a colaborar específicamente en el área de
la exportación con el objeto de aunar esfuerzos para fortablecer la
presencia de aceite español con marca en los mercados internacionales.
Para ello se decidió encargar un estudio en profundidad a una prestigiosa
consultora externa, con el objeto de que se diseñara de modo objetivo la
mejor estrategia conjunta, que podría incluir la adquisición de filiales
en el exterior.
En cuarto lugar, los accionistas se comprometieron también a plantear y
suscribir una ampliación de capital en Elosúa que, duplicando su cifra de
capital social, permitiese modernizar sus instalaciones y reducir su
endeudamiento.
Por último, Elosúa se comprometía a ir adquiriendo en Bolsa pequeñas
participaciones de Koipe, incorporándose también al Consejo de
Administración de esta aceitera, en aras a un mayor equilibrio dentro de
esta colaboración mutua.
Con este acuerdo se cerraba el capítulo de la OPA frustrada y se abría el
camino para una mayor cooperación de ambas sociedades en apoyo del aceite
de oliva español en los mercados internacionales.
En esta situación se inician contactos con grupos industriales y
financieros de capital español, con el objeto de buscar a algún
accionista español que estuviera dispuesto a incorporarse como socio de
Elosúa en sustitución del Banco Pastor que había manifestado
reiteradamente su deseo de vender, si era posible, e incluso que pudiera
adquirir todo o parte del paquete de Consejeros Empresariales, si --y
éste sí me parece importante destacarlo ahora--, como digo, realmente
estaba interesado también en vender acciones. La búsqueda de un posible
nuevo gran accionista español se vio entorpecida por el conocimiento de
las dificultades financieras nuevas que aparecen en Elosúa como
consecuencia de las pérdidas que se derivan de la actuación de su filial
Mafisa.
En efecto, dentro del grupo Elosúa existía esta filial con unas modernas
instalaciones que nunca habían funcionado y cuya necesaria enajenación
implicaba pérdidas importantes y la consiguiente necesidad de
provisionarlas y reducir los beneficios del grupo.
Ante la no existencia de un accionista privado español dispuesto a
aportar recursos financieros suficientes e incorporarse a la sociedad en
ese momento, la decisión del Gobierno, a propuesta de la Dirección
General del Patrimonio, fue que el grupo Tabacalera asumiera dicha tarea.
La entrada de Tabacalera permitiría seguir manteniendo el control de la
sociedad y el capital en manos españolas sin tener que convertir Elosúa
en una empresa de mayoría pública. Se encomendó así a esta empresa que
fuera adquiriendo del modo que mejor considerara los paquetes del Banco
Pastor y de Consejeros Empresariales si ambos realmente querían vender.
Más aún, cabía la posibilidad de venta parcial, esto es, que ambos
accionistas aceptaran seguir con parte del paquete temporalmente o de
modo definitivo. Al mismo tiempo se tomó la decisión de proceder al
relevo de los responsables de la gestión de Elosúa. Esta tarea fue
encomendada a la sociedad Alimentos y Aceites, empresa 100 por ciento
pública que detentaba toda la participación del Estado entonces y que
seguiría estando hasta que Tabacalera se hiciera cargo de la sociedad. En
noviembre de 1991 se produce dicho cambio sustituyendo la cúpula
ejecutiva. En los meses siguientes los nuevos gestores llevaron a cabo un
proceso de saneamiento solucionando el costoso lastre que suponía la
filial Mafisa y trabajando en el proyecto de exportación conjunta. El
capital seguía siendo mayoritariamente español y la gestión en manos del
socio público.
Enero del año 1992 es un nuevo hito en esta larga historia de evolución
de Elosúa. El Banco Pastor reitera de nuevo su deseo de vender; más aún,
comunica que la empresa Koipe le había planteado que en el caso de que el
sector público pudiera decidir no comprarle ella estaría dispuesta a
hacerlo y de hecho comunica formalmente al Banco Pastor esa opción de
compra en un documento que Banco Pastor transmite a los accionistas en el
grupo
sindicado para que ejerzan, en su caso, el derecho de tanteo. El Banco
Pastor se dirige a estos accionistas, el 29 de febrero, comunicando la
existencia de la oferta y ofreciendo la posibilidad de que ejerciten
dicho derecho en un plazo máximo de 60 días, tal como estaba establecido
en el pacto de sindicación.
El 23 de abril del año 1992 el accionista público de Elosúa adquirió, por
cuenta de Tabacalera, la mitad del paquete del Banco Pastor; esto es el 5
por ciento del capital social, siendo Consejeros Empresariales Españoles
quienes adquirieran el otro 5.
La salida del Banco Pastor del pacto de sindicación lo afecta gravemente.
Al quedar como accionistas únicamente el grupo público y Consejeros
Empresariales y solicitar estos últimos ejercer su derecho de venta o
renunciar al pacto de sindicación, se procede a dar por finalizado el
mismo y a plantear una estrategia algo distinta respecto al futuro de
Elosúa.
En paralelo a estos hechos hay que señalar que algunos de los pequeños
accionistas fueron vendiendo sus paquetes en Bolsa siendo adquiridos, en
la mayor parte de los casos, por sociedades domiciliadas fuera de España
o por sociedades españolas que posteriormente vendían a otras en el
exterior; en total los porcentajes eran pequeños.
En julio de 1992 y tras la adquisición del paquete del Banco Pastor antes
mencionado, Tabacalera ultimó su propuesta concreta de entrada en la
sociedad con la incorporación, como socio minoritario, del Grupo Ebro que
manifestó su interés por participar en esta operación.
A finales de ese mes los accionistas de Tabacalera y Koipe concretaban la
manera de llevar a cabo la gestión de la sociedad de modo compartido
dentro del compromiso de que Koipe no superaría el 40 por cien del
capital y otro tanto haría Tabacalera. Asimismo concretaban también la
manera de llevar a cabo una OPA conjunta que permitiera controlar a ambas
sociedades un porcentaje similar del capital. Posteriormente y dado que
prácticamente no quedaban ya accionistas en Bolsa se llevó a cabo una
segunda OPA de exclusión. Todo ello se hizo dando cumplido conocimiento a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores que estuvo informada
puntualmente de cada uno de estos acuerdos.
En consonancia con el planteamiento de la Dirección General de Patrimonio
del Estado de que fuera Tabacalera la que asumiera la defensa de los
intereses públicos en la empresa aceitera, la mayoría de las acciones de
Elosúa que estaban en Alimentos y Aceites fueron traspasadas a
Tabacalera. Desde julio del año 1992 Tabacalera y Koipe asumieron, pues,
la gestión compartida de Elosúa, siendo la estructura accionarial tras la
OPA de exclusión, llevada a cabo en verano de 1992, la siguiente: el
sector público tiene el 37,04 por ciento de los que Tabacalera detenta el
21,3 por ciento; de ello el 4,8 de modo directo y el 16,50 a través de su
filial Food Premier en la que participa también Ebro. El resto de la
participación pública, el 15,74 por ciento, se encuentra en la sociedad
Alimentos y Aceites que actúa como simple tenedora de estas acciones sin
participar en la gestión. En correlación a la participación pública,
Koipe tiene el 37,04 por ciento.
En tercer lugar, Consejeros Empresariales españoles detenta el 19,66 por
ciento del que un 5 por cien está pignorado en Paribas. El BBV tiene el
5,30 por ciento y el resto del capital inferior, al 1 por ciento, está en
auto-j cartera.
En cuanto al Consejo de Administración está compuesto por representantes
del grupo público y de Koipe, en igual proporción, y de la familia
Elosúa. El Presidente de la empresa representa al grupo público y el
equipo gestor lo nombra y controla, como en toda sociedad, el Consejo de
Administración.
Esta es, pues, la estructura accionarial hoy día y es, en síntesis, la
evolución de los cambios operados en los últimos años.
Como recapitulación final de esta comparecencia quisiera subrayar una
serie de puntos ya avanzados al comienzo de mi intervención y que
considero muy importantes a destacar.
Primero, y vuelvo a insistir, el sector público no ha vendido ni una sola
acción al grupo Ferruzzi ni a ningún otro grupo privado; por el contrario
la participación del capital público en Elosúa, como he dicho, se ha
incrementado en los últimos años desde un cero inicial hasta el 27,24 por
ciento en el primer momento, en el año 1989, y el 37,04 por ciento en la
actualidad.
Segundo. Todas estas operaciones de compraventa de acciones, por las que
el sector público ha incrementado su participación, han sido hechas con
absoluta transparencia informando puntualmente de ello a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Tercero --y esto es algo también muy importante-- las adquisiciones de
acciones por parte de las diversas sociedades vinculadas, de un modo u
otro, al grupo Ferruzzi, han sido siempre compras a miembros de la
familia Elosúa o a pequeños accionistas privados que estaban en Bolsa. En
este sentido me gustaría poner de relieve algo y es que los órganos
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda han tenido conocimiento
en los últimos meses de unas solicitudes de verificación de inversión
extranjera que consiste en la venta a compradores extranjeros de nuevos
paquetes pertenecientes a la familia Elosúa o al grupo a ella vinculado.
Estamos en una economía de mercado, dentro del Espacio Europeo, y estas
operaciones son evidentemente legales y normales.
Cuarto. Del mismo modo que el sector público se ha esforzado por tratar
de mantener la mayoría de capital de Elosúa en manos españolas, la
gestión de la sociedad se ha dejado siempre en manos de profesionales,
bajo el control y la responsabilidad del propio Consejo de Administración
de la empresa en cada momento. Hasta noviembre del año 1991 la gestión
estuvo en manos de un representante de la familia; desde esa fecha y
hasta la entrada de Tabacalera, fue llevada por un representante del
socio público mayoritario al que se encargó el saneamiento mencionado
anteriormente. Desde julio de 1992, la gestión es llevada, de modo
compartido, por sus dos accionistas mayoritarios, Tabacalera y Koipe, con
el correspondiente control del Consejo de Administración en
el que están representados, evidentemente, todos los accionistas.
Quinto. La política llevada a cabo por el Gobierno, en relación con
Elosúa, se ha enmarcado siempre dentro de las consideraciones que hacía
referencia al comienzo de esta intervención, sector de interés
fundamental para la economía española, pero sin que en ningún momento
ello tuviera que implicar la nacionalización de empresas con mayoría de
capital privado. En este sentido, el comportamiento del sector público
respecto a Elosúa ha sido de coherencia en el sentido de defender la
deseabilidad de la mayoría de capital en manos españolas, pero sin que
supusiera la toma efectiva de esta mayoría por parte del sector público,
así como delegar el control de la gestión en manos del Consejo.
Sexto. Con independencia de las consideraciones que puedan hacerse acerca
de la nacionalidad de los accionistas de las sociedades, es muy
importante subrayar que tanto Elosúa como Koipe son dos empresas
españolas, líderes en el sector de aceites vegetales, con una actividad
industrial en varias provincias y con una importante proyección
internacional. En este sentido, en beneficio de ambas empresas y yo diría
que de la imagen del sector español en el mundo y del propio sector
público, considero muy importante que de una vez por todas queden
perfectamente clarificados todos estos acontecimientos que han tenido
lugar en los últimos años.
Esta ha sido la intención mía al hacer esta exposición en la presente
comparecencia y espero haber dado cumplido objetivo de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
¿Además de los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia,
algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, el señor Ramírez tiene la palabra.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Enlazando con las últimas palabras del señor ministro, es la intención
del Grupo Parlamentario Popular, a través de estas comparecencias y de
otras que se desarrollarán posteriormente, porque, adelanto un juicio,
señor ministro, no nos ha convencido de nada y no nos ha despejado
ninguna de las dudas que teníamos al comienzo de esta sesión, es nuestra
intención, repito, clarificar el proceloso mundo que se ha producido en
estos últimos años alrededor de la empresa Elosúa.
Efectivamente, señor ministro, en 1985 la familia Elosúa recibe un
tratamiento específico y generoso por parte de la Administración española
para hacerse cargo de Carbonell; son 4.500 millones de pesetas,
procedentes del Banco de Crédito Agrícola, que al 6 por ciento suponen,
prácticamente, la subvención del 50 por ciento de la cantidad. El
pretexto: mantener la españolidad de una empresa líder en el sector
distribuidor de aceite de oliva. Pero esa pretensión dura muy poco, como
bien ha dicho el señor ministro. Ya en el año 1989 un paquete de
acciones, en el entorno del 30 por ciento, se venden a dos empresas
Paribas y Fidinam. Dice el señor ministro: parece ser que estaban en
manos del grupo Ferruzzi. Señor ministro, ¿se da cuenta de lo que acaba
usted de decir? ¿Es que en 1989 el Gobierno no sabía quién compraba?
Parece ser que estaban controladas por una multinacional que ya estaba
situada mayoritariamente en la otra gran distribuidora de aceite en
España, Koipe; y eso solamente parece ser el juicio que le merece al
Ministro de Economía.
Durante estos años, señor ministro, surge la colisión de dos estrategias
políticas que se han seguido en el seno del Gobierno, dos estrategias que
se han confrontado duramente, y el resultado es éste: por una parte,
Ministerio de Agricultura, con el anterior titular y usted mismo,
partidarios del mantenimiento de la españolidad de esta importante
distribuidora; por otro, Economía, partidario de la liberalización de
este sector y entrega a quien sea y como sea, del control de la
distribución de aceite de oliva. Además esa estrategia se ve
perfectamente en el tiempo. Fruto de la primera es cuando Mercasa, a
través de su Presidente, señor Prieto, compra en el mercado acciones que
alcanzan el 27,4 por ciento, sin autorización de Economía y con una seria
advertencia del Tribunal de Cuentas, según informe que obra en esta
Cámara. El Tribunal de Cuentas critica la actuación de Mercasa y dice que
así no se puede proceder, que no había autorización para tal actuación.
Mercasa compra porque está siguiendo una estrategia, la del Ministero de
Agricultura, y Economía enfrentada a la misma. Tanto es así que el señor
Prieto recibe el nombre de tiburón de la Bolsa, porque sorpresivamente
aparece con este paquete.
Eso le permite, efectivamente, hacer la sindicación de acciones con el
resto de la familia Elosúa, que mantenía su participación en el capital,
y con el Banco Pastor, y hacen un acuerdo de sindicación del 51 por
ciento. Pero sorpresivamente también, Koipe, a través de un acta
notarial, exige y lanza una OPA y sorprende, porque no solamente tenía el
paquete procedente de los tíos de don Marcelino Elosúa, sino que también
aparece con el 5 por ciento comprado a través de Eridania; es decir, se
coloca en una posición mayoritaria, del orden del treinta y tantos por
ciento. Nadie se había enterado que Eridania había comprado acciones, y
nadie había hecho seguimiento de un sector declarado estratégico (usted
lo había dicho varias veces en la Comisión de Agricultura); luego
leeremos una contestación textual de S. S. como responsable del
Ministerio de Agricultura.
Frente a esa OPA hostil de Koipe, el Gobierno reacciona porque aún
prevalece el criterio del Ministerio de Agricultura, y ustedes crean el
holding Alimentos y Aceites, con el que controlan toda la participación
pública. Desde tal posición, cuando todos esperábamos que se iba a
mantener ese criterio político, giran ustedes 180 grados y entran en
negociaciones con el competidor, entran en negociaciones, con Koipe, para
que retire la OPA y para llegar a un reparto de la gestión de Elosúa, que
no es tal
como la ha dicho el señor Ministro. La gestión es que la Presidencia
honorífica --ahí está el reparto de funciones en el interior de Elosúa--
corresponde al sector español, pero la gestión directa y las
responsabilidades económicas y políticas de la empresa corresponden al
competidor, a la multinacional, a Koipe, a Ferruzzi.
Acto seguido de ese acuerdo deciden alcanzar un nivel homogéneo en su
participación, e interesan en esta gestión a Tabacalera, que es incapaz
de hacerla ella sola, tiene que buscar otro socio, y aquí aparece KIO,
aquí aparece el representante de KIO, aquí aparecen las reuniones que ha
habido en el Ministerio de Agricultura con el representante de KIO y el
abogado de KIO, reuniones que han sido publicadas por la prensa, por lo
que no creo sea necesario extendernos. Fruto de ese acuerdo resulta la
paridad en las participaciones, la imposibilidad de comprar el paquete
del Banco Pastor porque la familia Elosúa, lo que resta en la sociedad,
no se sabe de dónde obtiene el dinero para comprar el 5 por ciento del
capital, es decir, el 50 por ciento del Banco Pastor.
Señor ministro, aquí es donde empieza uno a dudar de por qué la
Administración española gira 180 grados; por tanto es natural que
sospechemos que, cuando dentro del proceso de manos limpias que se está
llevando a cabo en Italia por la judicatura italiana, un administrador de
Ferruzzi dice que gracias a la presencia de dinero negro depositado en
manos de responsables políticos españoles es cuando logran romper el
hasta ahora frente unido y una estrategia que estaba llevando a efecto la
Administración española: el mantenimiento de la sociedad bajo
responsabilidad española.
Dice el señor ministro: la sociedad estaba mal, había que sanearla...
Señor ministro, digamos la verdad; el saneamiento de la sociedad se hace
en 1991, hasta tal punto que a principio de 1992 la empresa aparece con
beneficios. Ahí está el informe de Price Waterhouse; 450 millones de
pesetas después de impuestos, 1.046 millones de pesetas de beneficios en
1991. Cuando se entrega la gestión a los italianos, en 1992, es cuando
Elosúa aparece con 1.834 millones de pesetas de pérdidas. Es decir,
cuando se entrega la gestión al competidor, que en septiembre de 1993, en
una posición en este momento dura, dice que lo que hay que hacer es la
fusión entre Elosúa y Koipe --acaba de decirlo el Presidente de Koipe--,
es cuando se ha provocado la ruina de Elosúa. Por tanto, el proceso
Mafisa, esa filial de Elosúa que tantos quebraderos --ha dicho el
Ministro-- estaba provocando, no se produce con la gestión de 1992. Se
había saneado, si no miente Price Waterhouse, en 1991. Por tanto, la
nueva gestión (el señor ministro ha hecho una defensa) al decir que no
han vendido participación pública, pero sorpresivamente han permitido que
hayan comprado participación de Elosúa, porque el señor ministro dice que
parecía que estas empresas estaban controladas por el grupo Ferruzzi y
luego ha resultado que estaban bajo control de una multinacional, esa
gestión de 1992 es la que permite señalar los 1.834 millones de pesetas
de pérdidas de Elosúa. Y ¿qué ha hecho mientras Elosúa, señor Ministro?
Pues ha vendido el gran capital de Carbonell, ha dejado sectores que eran
importantes para Carbonell, ha dejado la vinagrería, ha vendido activos y
ha vendido patrimonio. En este momento, no cabe duda que estamos ante una
empresa en pérdidas, eso sí, dando la cara la Administración, comprando
ese paquete y permitiendo, en un pacto que no ha sido explicado, que la
gestión se deje al competidor, que en un momento determinado puede
desaparecer del mercado español, como en este momento estamos siendo
testigos de que un grupo japonés esté abandonando una empresa emblemática
en Andalucía porque no le interesa. No hay garantías, señor ministro, en
esta operación. La principal aceitera española en 1992 ha vendido por
valor de 61.407 millones de pesetas y su competidor italiano, Koipe, ha
vendido 38.000 millones de pesetas; la proporción es el doble. No hay
garantías, después de haber entregado la gestión y después de los
resultados de 1992, de que se produzca esa defensa de la españolidad.
Cuando preguntábamos por qué Tabacalera estaba entrando en el sector, S.
S. contestó diciendo: La razón esencial era mantener la españolidad de la
empresa Elosúa y así defender los intereses de los agricultores españoles
productores de oliva, conservar la fabricación de los aceites en manos
españolas y defender nuestras marcas en el extranjero. ¿Se ha producido
esto en 1992, según esos datos? ¿Qué garantías tenemos? Ninguna, señor
ministro. ¿Por qué cambia la Administación española en 180 grados su
criterio? ¿Por qué se desautorizan las actuaciones de Mercasa, a través
del señor Prieto, y por qué cuando a través de la creación de alimentos y
Aceites, en junio de 1991, estábamos en una posición de avanzar en esa
situación, de la noche a la mañana hemos cambiado de criterio y
entregamos la gestión de la empresa emblemática a nuestros más directos
competidores? No tiene explicación, señor ministro. Hay muchas dudas
respecto a lo que ha dicho.
Lo último es cómo se ha actuado con casi el 20 por ciento que está en
manos de parte de la familia Elosúa. La información que tenemos es que
esa transacción ya se ha hecho al Banco Internacional de Luxemburgo, que
se ha vendido el 20 por ciento, y nadie sabe quién está detrás del Banco
Internacional de Luxemburgo. Hay versiones para todo: que está Cargil,
otra gran multinacional, también que están restos del grupo Ferruzzi. Es
notorio que el Presidente de Koipe diga hay que fusionar y dejarnos de
tonterías. Elosúa es inviable, dice el Presidente, de la filial española
de Ferruzzi en España, el señor Koipe.
Por tanto, no ha quedado nada clara, señor ministro, la posición
mantenida por el Gobierno español. Aquí hemos detectado que en un momento
determinado, a raíz del cambio de Gobierno, de junio de 1991, hay un
drástico cambio de estrategia. Por tanto, es natural que nos alarmemos
cuando el señor Berlini dice ante los jueces italianos que ese cambio se
ha producido gracias al pago de voluntades hecho con dinero negro. No ha
quedado nada clara su intervención, señor Solbes, y mire que lo siento.
Me hubiera gustado que el Gobierno español en esta comparecencia hubiera
aclarado todas las dudas que surgen en relación a este proceloso asunto:
desde los
4.500 millones de pesetas, de 1985, hasta las pérdidas de Elosúa, en
1992, fruto de la nueva gestión en manos de los gerentes y de los
representantes accionariales de Koipe. Desgraciadamente, salimos mucho
más preocupados de lo que entrábamos en esta Comisión y si no logramos
que S. S. sea más explícito en su segunda intervención, desgraciadamente,
el Grupo Popular se reserva todo tipo de acciones, parlamentarias y de
toda índole, para intentar seguir investigando y aclarando esta cuestión.
El resultado final es que la empresa emblemática de aceite de oliva en
España ya no es española, su 56 por ciento está en manos de capitales
exteriores y de estar en una posición de beneficios, hasta 1991, ha
entrado en una situación de pérdidas, en 1992. Por tanto, señor ministro,
lamentamos todo el proceso que se ha seguido con Elosúa, principal
distribuidora de aceite de oliva en España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: A salvo de lo que el señor ministro nos pueda
decir en su segunda intervención, la que ha tenido nos hace pensar que si
realmente queremos conocer cómo se ha producido todo el proceso de
compraventa por parte del grupo Ferruzzi de este importantísimo paquete
de acciones de Elosúa, vamos a tener que entrar en el detalle y vamos a
tener que conocer cuál es la opinión y qué nos pueden transmitir los
diferentes gestores públicos que han estado en el detalle, como los
señores Prieto, Alcaide, Ballesteros y algunos que no son gestores
públicos, pero que han tenido una participación accionarial importante,
como don Marcelino Elosúa.
La única manera que vamos a tener de conocer la realidad de todo este
proceso o de conocer la realidad que nos interesa, y no sólo una visión a
vista de pájaro de cómo se ha producido globalmente todo el proceso de
ventas accionariales, sin entrar en el detalle, y de cómo ha participado
la Administración en ese conjunto de ventas, me temo que después de la
intervención del señor ministro sólo la vamos a poder conocer con la
comparecencia de estos sujetos totalmente activos durante este proceso.
El señor ministro nos ha planteado esta visión absolutamente global, en
la que parece que en la transmisión de acciones entre los diferentes
agentes privados de ninguna manera participa persona adscrita a la
Administración o que pertenece a alguna de las empresas públicas. Pediría
al señor ministro que, en este sentido, me especificara esta pregunta tan
concreta que le hago: ¿En ninguna de estas ventas accionariales entre
privados ha participado de ninguna manera persona adscrita a empresas
públicas o a la Administración Pública? ¿Usted puede garantizarlo? ¿Han
sido únicamente transacciones entre privados que no han sido aconsejadas
ni participadas de ninguna manera por parte de la Administración Pública?
Creo que esto es enormemente interesante porque ahí es donde radica,
según nuestro criterio, el fondo de la cuestión y en el que se puede
plantear si realmente ha habido o no alguna actuación digamos irregular
por parte de la Administración y sí se puede hablar de los conceptos de
que hablaba el anterior portavoz y que son los que se han planteado en
las investigaciones que realizan el proceso de manos limpias en Italia.
Un detalle que nos llama la atención en su comparecencia es cuando el
señor ministro ha manifestado desconocer categóricamente lo que el Fiscal
General del Estado está haciendo sobre este asunto. No son éstas nuestras
noticias. De la relación que ha mantenido mi compañero, Antonio Romero,
con el Fiscal General del Estado (en una actuación brillante que le ha
llevado a plantear e, incluso, a investigar en Italia cómo se ha
producido todo este proceso) se deduce que el Fiscal General del Estado
ha solicitado información a varios ministerios, entre ellos al de
Economía. Y le ruego que nos saque del error si esto no se ha producido.
¿Es que el Fiscal General del Estado no le ha solicitado a usted ningún
dato sobre todo este proceso? Le ruego que nos aclare realmente este
asunto.
En definitiva, señor ministro, creo que hasta el momento en que
Tabacalera entra a participar en el paquete accionarial de Elosúa, usted
ha evitado incluso decir cuáles son concretamente las partes del sector
público que han participado en dicha empresa. Usted ha hablado
genéricamente del sector público y ni siquiera nos ha detallado qué
empresas del sector público eran las que estaban participando en Elosúa.
También ha evitado en todo momento decir con detalle cómo se ha producido
y si ha habido alguna participación pública en las diferentes ventas de
acciones, a pesar --y eso también lo ha manifestado el anterior
portavoz-- de que había una visión manifiestamente diferente entre los
ministerios de Agricultura y de Economía sobre cómo debería producirse el
reparto accionarial en sectores de la alimentación y concretamente en el
sector aceitero. A pesar de eso, a pesar de que existía este debate en el
seno del propio Gobierno y que, por tanto, es perfectamente comprensible
que haya habido una acción directa por parte de alguno de los ministerios
del Gobierno para señalar cómo se debió producir el reparto accionarial
en Elosúa, a pesar de eso, sobre ese aspecto no ha manifestado nada.
Por tanto, le rogaría una mayor concreción en esos aspectos en su
siguiente intervención, sin perjuicio de que nosotros sigamos pensando
que es absolutamente necesario que todos los gestores públicos que han
participado en este proceso de venta deben comparecer ante esta Comisión
de Economía y Hacienda para intentar esclarecer al máximo cómo se ha
producido este proceso de venta, y de control en última instancia por la
empresa Koipe de la empresa Elosúa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Moreno.
El señor MORENO MONROVE: En primer lugar y en nombre de mi Grupo, quiero
agradecer al señor Ministro su comparecencia en esta Comisión y decir,
ante todo, que a nuestro Grupo sí le ha convencido el señor
Ministro con sus argumentos (Un señor Diputado: ¡Hombre, claro!) y que le
ha satisfecho la exposición que ha realizado, una exposición que creemos
que ha sido, en vez de global, detallada, exhaustiva, y que ha revestido
todos los matices que acaecen en una situación empresarial tremendamente
compleja y complicada y a lo largo de un período de tiempo dilatado.
Decir --como ha dicho el señor Ramírez-- que el Gobierno entrega el
sector a quien sea y como sea, no se compadece, en absoluto, con la
realidad de haber pasado de ostentar un cero por ciento, hace muy poco
tiempo, a ostentar el 37 por ciento del capital de Elosúa. El sector era
muy privado, en este sentido, y ahora es un poquito menos privado, aunque
no es nacional. Por tanto, todas las acciones del Gobierno han estado
dirigidas, orientadas, a mantener la españolidad del sector y de Elosúa.
Y, efectivamente, señor Andreu, nuestro Grupo también está convencido de
que las transmisiones privadas son eso, transmisiones privadas de
acciones, como ha dicho el señor Ministro y, por otra parte, como es
evidente, con independencia de lucubraciones, que desde luego se pueden
hacer todas y caben absolutamente todas.
A nuestro Grupo le interesa fundamentalmente, al fijar su posición,
definir algunos aspectos. Primero, la posición del Gobierno, apoyada por
el Partido, en cuanto a la consideración del sector como un sector
estratégico para la economía española. Segundo, el resumen de unos
acontecimientos que llevan a la situación actual. Tercero, el futuro de
este grupo de compañías y, en cuarto lugar, algo que se ha tocado muy
tangencialmente, que es el tema relacionado con la actuación del
Ministerio Fiscal.
En este sentido, quiero decir que el sector del aceite tiene la
consideración de estratégico por parte del Gobierno --como bien ha dicho
el señor Ministro y nuestro Grupo comparte--, y esto lo apoya, si cabe
con vehemencia, por razones comunitarias, en la medida en que España es
un gran productor de aceite de oliva, producto que tiene una originalidad
que lo hace muy importante, y que hasta hace bien poco era exportadora
fundamentalmente de graneles básicamente a Italia, que se reexportaban
desde Italia con marca y, por tanto, con valor añadido, para otros países
comunitarios. Así pues, en Europa, España tiene un papel importante en
relación con el sector aceitero de oliva y en defensa del aceite de oliva
y también por razones económicas y sociales, por lo que significa,
fundamentalmente en Andalucía y en la provincia de Jaén, la extensión
plantada, la mano de obra empleada y, por tanto, el aspecto social de
este asunto. Por estas razones interviene el sector público, a partir de
la posibilidad de que Carbonell --empresa emblemática, marca insignia del
sector aceitero-- pase a manos extranjeras, apoyando con créditos a otros
aceiteros también españoles. Posteriormente, entra, a través de Mercasa,
en el capital social de Elosúa, con un 27 por ciento, en el mismo momento
en el que Ferruzzi tiene un 28 por ciento, producto de la venta de la
familia Elosúa, y apoyada la españolidad en un pacto de sindicación hasta
el 51 por ciento.
Señorías, a partir de ese momento, la participación pública no ha hecho
más que crecer hasta el 37 por ciento actual. El sector público no ha
participado en ninguna operación de venta de Elosúa --en ninguna--, ha
sido siempre de compra, siempre a accionistas españoles, siempre. Quienes
han vendido han sido siempre accionistas privados, la familia Elosúa y
otros pequeños accionistas.
La intervención más directa del sector público en la gestión se produce a
través de Alycesa en un período muy concreto, muy determinado de la vida
de estos últimos años, como consecuencia de la necesidad de un
saneamiento a partir de los problemas de Mafisa, aunque el señor Ramírez
parece que opina de una manera diferente. (El señor Ramírez González: Le
traigo esta documentación.) Ha sido así. Había un boquete financiero y
económico importante como consecuencia de lo manifestado y ahí se produce
una intervención directa a través de Alycesa, en el único período en que
la gestión total ha estado en manos públicas.
Posteriormente y en estos momentos, la gestión es --a pesar de algunos
comentarios de otros portavoces-- una gestión compartida, como dice el
señor Ministro, entre el sector público y Ferruzzi, que se representa
claramente en el Consejo de Administración --no se pueden defender una
posición y la contraria al mismo tiempo--; ambos grupos, ambos
accionistas más importantes tienen una representación paritaria en este
Consejo de Administración y ahí es donde hay que explicar todos los
elementos de gestión de los últimos tiempos. Y sobre todo existe un
acuerdo en la voluntad inequívoca del Gobierno de mantener la españolidad
y de potenciar en la Comunidad el sector de oliva con marca española;
existe un acuerdo de un proyecto de exportación de las marcas españolas,
superando esa situación tradicional que hacía que nuestros aceiteros
hicieran una exportación fundamentalmente de graneles. Ahí había una
necesidad de que el valor añadido, con marca, estuviera directamente
residenciado en España y no desde Italia, como se venía haciendo
tradicionalmente.
En conclusión, aparte de manifestar nuestro apoyo a la información y al
desarrollo de los acontecimientos, tal como lo ha manifestado el señor
Ministro, querría, como portavoz en este momento del Grupo Parlamentario
Socialista, incidir en tres o cuatro temas. Primero, el Gobierno ha
considerado y considera el sector de grasas como estratégico y esto lo
avala su presencia activa en él hasta este mismo momento. Segundo, las
operaciones de venta han sido totalmente privadas. Tercero, las
operaciones públicas de compras han sido realizadas escrupulosamente y el
sector público ha pasado de un 27 por ciento inicialmente a un 37 por
ciento. Y, en cuarto y último lugar, está abierta una investigación por
el Ministerio Fiscal sobre el tema tan traído y llevado de las
comisiones, tal como --no quiero hacer una referencia demasiado
exhaustiva a este tema-- quedó expresado en la comparecencia que el señor
Ministro de Justicia realizó en la Comisión correspondiente, también a
iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, en la cual se hicieron las
manifestaciones que pueden ser leídas en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las diferentes intervenciones,
tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): He intentado, en
mi primera intervención, comentar los hechos con detalle. Yo creo que
gran parte de los puntos que posteriormente se han suscitado aparecen
implícitos en mi exposición inicial. Sin embargo, parece que sería
oportuno insistir en algunos elementos adicionales para clarificar
algunos de ellos.
Al señor Ramírez le preocupa --a mí también-- por qué hay un apoyo
público para alguien que entra en una empresa y después se marcha. A mí
también me preocupa y me parece que es un comportamiento incorrecto. Pero
dicho que es un comportamiento incorrecto, cuando a alguien se le da un
préstamo y lo ha devuelto, la capacidad de actuar frente a esa persona es
realmente muy reducida.
Al señor Ramírez yo le diría dos cosas. En todo este fenómeno, frente a
lo que pueda parecer por alguna intervención posterior a la que haré
referencia, la obsesión del Gobierno ha sido actuar con el más absoluto
respeto de la legalidad y muchas de nuestras actuaciones deben entenderse
en ese contexto. Al señor Ramírez le preocupa que el Gobierno no sepa
quién está detrás de Paribas y detrás de Fidinam. El Gobierno conoce que
compran Paribas y Fidinam, pero no puede ir más lejos. Todo lo que vaya
más lejos serán juicios de valor, pero nunca hechos probados. Por tanto,
yo comprendo que alguien que escriba en los periódicos pueda dar
opiniones de otro tipo, pero el Gobierno no puede permitirse el realizar
juicios de valor, sino únicamente constatar hechos.
El señor Ramírez plantea en términos muy maniqueos --comprendo que a
efectos pedagógicos se entiende mejor-- una estrategia del Ministerio de
Agricultura encaminada a mantener la españolidad y una estrategia del
Ministerio de Economía encaminada a liberalizar el sector. Mire usted,
señor Ramírez, la realidad es bastante más compleja que eso. Ni hay una
posición del Ministerio de Agricultura de mantener la españolidad sin
más, ni hay claramente una posición del Ministerio de Economía de
liberalizar. Hay una posición del Gobierno, después de múltiples
discusiones, en las que, evidentemente, se intenta hacer el máximo
esfuerzo para mantener la españolidad en el sector, con la aprobación del
Ministerio de Economía --Tabacalera depende del Ministerio de Economía--,
y evidentemente con dos limitaciones importantes: primero, el respeto de
las leyes vigentes en este país; segundo, las restricciones
presupuestarias que nos hacen tener que utilizar algunas fórmulas
instrumentales adicionales para jugar al máximo en el mantenimiento de
esa españolidad. Por tanto, esa doble estrategia que, al final, produce
un giro en un sentido o en otro, realmente no se produce. Yo creo que la
línea es bastante clara y bastante coherente desde el momento inicial.
No conocíamos que el 5 por ciento de Elosúa lo tenía Eridania en el
momento de la compra. Las acciones, cuando son nominales, evidentemente
se conocen, pero se conoce la titularidad directa, no la indirecta. Por
tanto, se puede conocer quién es el titular formal de la acción, pero en
ningún caso se puede conocer más que eso. Y, desde luego, en ningún
momento se plantea ese giro de 180 grados al que S. S. hace referencia.
Es más, S. S. plantea los temas, para hacer su explicación, en el sentido
inverso a como suceden en la realidad. No se produce un reparto de
gestión en Elosúa, no se produce eso que S. S. dice de que acto seguido
hay un nivel homogéneo de participación, y no se produce --digamos--,
como consecuencia de eso, un proceso de vinculación o de pacto de la
Administración española con Ferruzzi. El proceso es exactamente el
contrario. Hay un pacto entre la Administración y los nuevos accionistas,
los accionistas que tienen una parte muy sustancial de Elosúa. En ese
pacto evidentemente se pacta el sistema de gestión de la nueva sociedad
y, por supuesto, previamente, se había hablado también de la
participación homogénea de una y otra sociedad.
En cuanto al problema de participación de KIO, yo comprendo que dicho así
suena más contundente, pero no es KIO directamente quien participa, sino
que es la empresa más importante del sector agroalimentario español, Ebro
(participada por KIO, pero no sólo por KIO), la que intenta, en una
operación que en mi opinión tiene bastante sentido desde el punto de
vista de crear una gran multinacional del sector alimentario, vincularse
al sector aceite de oliva además de a los dos sectores, el del arroz y el
del azúcar, a los que está tradicionalmente vinculada. Evidentemente, la
gestión es una gestión compartida. El presidente es un presidente de
Tabacalera y no es honorífico. Es un presidente que tiene detrás un
respaldo del 37 por ciento de las acciones y es un presidente con gran
capacidad de toma de decisiones y de control de lo que se está realizando
en Elosúa en el momento actual.
Hay un tema que me preocupa especialmente. Es la referencia a ese punto
de que un administrador de Ferruzzi ha dicho ante la justicia italiana
que la Administración española ha cobrado o ha dejado de cobrar, y lo
vincula con ese giro de 180 grados que S. S. pretende demostrar que se ha
producido. Debo mostrarle mi irritación con este planteamiento. Me parece
absolutamente inaceptable. Es el viejo sistema de «difama que algo
queda». Yo creo que lo que hay que hacer es, si realmente existe algo,
que la justicia italiana se ponga en contacto con la justicia española
hablando de hechos concretos, no de estas afirmaciones absolutamente
intolerables que lo único que hacen es introducir más ruido en un sistema
y en un tema en el que le puedo asegurar, señor Ramírez, que podemos
llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a la investigación,
porque estoy absolutamente tranquilo de lo que vamos a encontrar en el
tema Elosúa. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: no hay ninguna venta del
sector público a la empresa Ferruzzi. No pueden existir comisiones de
ninguna clase en este aspecto concreto, e intentar sacar esa conclusión a
la que se ha hecho
referencia de un giro de la política de Gobierno por unos --digamos--
comentarios sin, en mi opinión, ninguna base real en el momento actual,
me parece totalmente intolerable.
A partir de ahí, a S. S. le preocupa lo que ha sucedido en la Sociedad.
Es verdad que la Sociedad se sanea en 1991. Es verdad, sin embargo, que
el saneamiento no es suficiente y ese saneamiento hay que seguirlo en el
año 1993. Aparecen pérdidas, evidentemente, pero la impresión que tenemos
es que el futuro de la empresa va mejorando cara al futuro. ¿Se reduce
alguna actividad de la empresa? Sin duda alguna, sí, porque se considera
que es más razonable concentrarse en el negocio de aceites y,
evidentemente, no plantear una ampliación a otro tipo de actividades que
no estaban dando los resultados razonables desde el punto de vista de los
beneficios de la empresa.
A S. S. le preocupa mucho el problema de la vinculación de Koipe y
Elosúa. A mí me preocupa bastante menos. Es como si S. S. me dijera que
Koipe es una empresa que no tiene nada que ver con este país. Mire usted,
Koipe es una empresa de propiedad no española y, en ese sentido, es
cierto que las definiciones de ciertas políticas pueden estar
condicionadas por decisiones externas, pero no olvidemos que tiene sus
plantas en España, tiene sus operarios en España, tiene sus materias
primas en España y tiene su producto en España. Por tanto, intentar
plantear ese esquema en comparación con otras inversiones extranjeras de
nuestro país, me parece que no es relevante en absoluto. Koipe es una
gran empresa española, de propiedad italiana, cosa por otra parte
bastante normal en el ámbito de la Comunidad Europea, trabajando en el
mercado español y con proyección internacional, y pensamos que el sistema
de cooperación entre Koipe y Elosúa más bien va a ser favorable para
ambas empresas y no al contrario. Me hubiera preocupado mucho más hablar
de una guerra entre Koipe y Elosúa, teniendo además, como ya teníamos,
una participación de Koipe en Elosúa del 30 por cien del capital de esta
empresa. Por lo tanto, no hay ninguna sorpresa, hay más bien el intento
de reforzar dos grandes empresas españolas en el sector aceitero, que
esas dos grandes empresas sean lo más sólidas y lo más potentes posible,
y manteniendo, por supuesto, la independencia de cada una, seguir
adelante con objeto de dar --lo que al final yo creo que a todos nos
preocupa-- la mejor salida al aceite español y en las mejores condiciones
posibles.
Al señor Andreu le diría que me parece bien que solicite la información
que crea oportuna. No me preocupa absolutamente nada y me parece
estupendo que se clarifique al máximo este punto. El Gobierno no tiene
nada que ocultar, y ahí le contestaría a su pregunta que parece esencial.
Su señoría me pregunta si podemos garantizar que en ninguna de estas
ventas entre privados ha participado ninguna persona de la Administración
pública española, S. S. me hace la pregunta en términos tan absolutamente
genéricos que, digamos, la respuesta inmediata sería decirle: Usted me
hace ir demasiado lejos. Pero voy a ir demasiado lejos. Estoy
absolutamente convencido y, de acuerdo con la información que yo tengo,
le puedo garantizar que no hay ninguna persona de la Administración
pública que haya participado en estas ventas entre privados. Si ésa es su
preocupación fundamental, esté tranquilo porque por ahí, desde luego, no
hay ningún problema.
También pregunta S. S. si desconozco lo que el Fiscal está haciendo. Pues
sí, no he hablado con el Fiscal ni me ha planteado ningún tema. No sé si
se habrá dirigido oficialmente al Ministerio y tal vez no me hayan
comunicado esa petición oficial de información, pero no tengo constancia
de esa demanda de información por parte del Fiscal General. En todo caso,
si el Fiscal General nos pide información, con todo gusto se la
facilitaremos, aparte de ser nuestra obligación, porque, evidentemente,
todo lo que se ha hecho sobre Elosúa se puede mostrar a la luz del día
sin ningún tipo de problema.
A S. S. parece que le preocupa el que yo no haya dicho cómo está el
sector público en Elosúa y yo creo haberlo dicho y de forma bastante
tajante. Tal vez, en este marasmo de datos y cifras, S. S. ha perdido el
hilo, pero, en un momento determinado, he dicho que, tras la OPA de
exclusión llevada a cabo en el verano del 92, la estructura accionarial
de Elosúa es la siguiente: Sector público, 37,4 por ciento, de lo que
Tabacalera detenta un 21,3 por ciento; de ese 21,3 por ciento, 4,8 de
modo directo, es decir, propiedad de Tabacalera directamente; 16,5 por
ciento a través de la filial Food-Premier, en la que participa con Ebro;
el resto, que son 15,74 por ciento, está en manos de una empresa que se
llama Alimentos y Aceites, que es una empresa pública propiedad del
Patrimonio y del Ministerio de Agricultura. Esta empresa, como he dicho,
actúa como simple tenedora de acciones porque hemos considerado que la
gestión, por razón de que Alimentos y Aceites es más una empresa
«holding» y trabajando en la gestión de otra empresa aceitera, debería
llevarla Tabacalera por su experiencia en el manejo de grandes empresas.
En consecuencia, yo le diría: Señor Andreu, esté usted tranquilo, no hay
ningún problema en ese sentido, no hay ningún problema en cuanto a la
participación del sector público, el sector público ha seguido aumentando
su participación. El problema que tenemos en este momento es: ¿Es
razonable que siga el sector público en una empresa de este tipo? ¿Sería
preferible que hubiese una empresa privada con mejor capacidad de
actuación y control del sistema? Son dos opciones que están encima de la
mesa, que se pueden discutir. Por otra parte, como S. S. sabe, el sector
público está en otra empresa aceitera a través de Alimentos y Aceites.
Por lo tanto, yo creo que los dos elementos que deberían preocupar en la
presencia del sector público, que son la garantía de la compra del
producto a los agricultores, introduciendo una razonable competencia y,
posteriormente, la presencia en los mercados a través de marcas propias y
una posibilidad de mejora de la exportación, están bastante garantizados.
En cuanto al debate entre los Ministerios de Economía y Agricultura, ya
he hecho una referencia anteriormente y le he dicho que las cosas no son
tan simples como las
planteaba el señor Ramírez. El acuerdo ha sido al cien por cien y es
verdad que ese acuerdo, como decía, tiene dos límites, que encuadran toda
la actuación del Gobierno en el caso Elosúa, y son: por una parte, el
necesario respeto de la legislación vigente, incluida la legislación
sobre inversiones extranjeras, que no podemos modificar; y, por otra
parte, las restricciones presupuestarias que, evidentemente, nos han
llevado en algunos casos a tener que actuar a través de empresas del
sector público en vez del sistema de participación inicial que teníamos
planteado.
Al señor Moreno le diría que su análisis es correcto, que responde a
nuestra preocupación fundamental y que, al final, lo que pretendemos es
eso. Pretendemos una presencia para dinamizar un sector muy importante
desde el punto de vista económico en este país. Es verdad que ese sector
puede tener posibilidades importantes, pero no creemos que necesariamente
esas posibilidades importantes exijan una presencia permanente del sector
público. El sector público puede estar en un momento determinado, puede
salir de él si están debidamente garantizados los intereses españoles en
una determinada empresa, y ésa ha sido nuestra actuación fundamental. En
cuanto al tema de la actuación del Ministerio Fiscal, ya he comentado
cuál es el punto de vista del Ministro de Economía. Evidentemente, si hay
alguna petición de información por parte del Ministerio Fiscal, con todo
gusto le daremos curso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
¿Algún grupo desea hacer una breve matización al respecto, en un turno
graciable de la Presidencia? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muy brevemente, señor Ministro. Usted ha
calificado de inaceptables algunos juicios de valor que hemos pronunciado
nosotros. Yo le rogaría, por lo tanto, concisiones para que podamos
retirar esos juicios que hemos hecho. ¿Cuándo van a demandar ustedes al
señor Berlini? Ha hecho unas manifestaciones en un proceso judicial, que
constan en el acta de ese proceso de investigación de los jueces
italianos, diciendo que ha habido dinero para administradores españoles.
Supongo y espero que ustedes habrán actuado ya judicialmente contra el
señor Berlini y que defenderán el buen nombre del Gobierno de España y de
sus administradores. Por lo tanto, es absolutamente necesario y urgente
que ustedes procedan contra el señor Berlini, porque si no, como dicen en
mi pueblo, el que calle otorga.
Segunda cuestión. Usted no ha comentado, en absoluto, por qué Mercasa
está actuando en Bolsa como actúa, sin autorización de Economía e
infringiendo las normas que regulan el acceso a ese importante paquete de
capital, para luego, cuando ustedes tienen el 51 por ciento sindicado en
manos del sector público, cuando se produce la salida del señor Romero
del Ministerio de Agricultura, en ese momento, Ferruzzi lanza la OPA y
ustedes --perdonen la expresión por la vulgaridad de la misma-- se
arrugan y empiezan a pactar con Ferruzzi y con Koipe. Esa es la realidad,
por eso hemos dicho: giro de 180 grados, de estar defendiendo la
españolidad a pactar con el competidor.
Tercera cuestión, y no menos importante. Dígase lo que se diga, la
gestión a partir del pacto se entrega a Koipe. Y para aclaración del
representante del Grupo Socialista, le diré que 1991 es positivo a pesar
de que se ha hecho el saneamiento de Mafisa; si no, léase usted --le
puedo dejar la fotocopia-- el informe de gestión de Alimentos y Aceites.
Se sanea en 1991 y Elosúa tiene ganancia, y pierde 1.800 y pico millones
de pesetas en 1992, con gestión de los administradores italianos.
Señor Ministro, usted podrá decir lo que quiera respecto a que el
presidente tiene no sé qué. La empresa está siendo llevada por los
gestores de Koipe en este momento, y en el mercado y en el mundo del
aceite la gente, los operadores, saben quién manda dentro de esa empesa,
que la presidencia es absolutamente honorífica y que la gestión está en
manos del grupo multinacional.
¿A usted no le preocupa que la suma de Elosúa y Koipe dependa de nuestro
principal competidor, como bien decía el representante del Grupo
Socialista, en el sector de las grasas vegetales y, en concreto, del
aceite de oliva? A nosotros nos preocupa, señor Ministro, porque no
solamente hemos exportado graneles, señor representante del Partido
Socialista, hemos exportado hasta aceituna de almazara. Si luego quiere
usted le aclaro quién era el principal gestor de las exportaciones que
hace dos años se hacían desde Andalucía en camiones de gran tonelaje de
aceitunas de almazara con destino a las almazaras italianas. Le puedo
aclarar incluso la persona que hacía esas exportaciones. Por tanto, claro
que nos preocupa, y a usted, por lo visto, señor Ministro, no le
preocupa.
En resumen, señor Presidente, y terminamos, esperamos una inmediata
acción judicial contra las declaraciones del administrador Ferruzzi.
Segundo, mientras no se produzcan esos acontecimientos, creemos que el
Gobierno giró drásticamente en su política, y este cambio drástico ha
terminado por entregar el control de Elosúa a la multinacional italiana.
Y, en último lugar, algo que no ha sido comentado por el señor Ministro:
el resto de acciones que mantenía la familia Elosúa, según información
nuestra, en este momento ya no es de capital español, ya está en manos
del Banco Internacional de Luxemburgo, detrás del que, en ese
desconocimiento que tiene el Gobierno de las acciones que se realizan con
intereses españoles, dicen los entendidos, está otra gran multinacional
que, a su vez, está comprando los restos del imperio Ferruzzi.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Andreu
tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Muy brevemente, señor Presidente. Mi referencia a
las empresas públicas era
hasta que usted se refirió a Tabacalera. Antes de referirse a la
participación de Tabacalera no había citado a ninguna en ese proceso.
Simplemente quiero plantearle una aclaración. ¿Ha tenido alguna
participación en todo este proceso de compras o ventas de gestión la
empresa Coosur, que es una empresa pública en el sector aceitero? ¿Ha
tenido algún tipo de participación?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Ramírez, el
viejo aforismo de que el que calla otorga, me temo que desgraciadamente
en los tiempos actuales no tiene el mismo valor que en el pasado. Si no
fuera así, tendríamos que estar todo el día en la prensa y en los medios
de comunicación y, evidentemente, alguna vez tendremos que trabajar.
Cuando el señor Berlini, o quien sea, plantee un tema ante los jueces
italianos, los jueces italianos consideren que el tema tiene algún valor
y lo transmitan a la fiscalía española y la fiscalía española o los
jueces españoles entren en el tema, será cuando tengamos algo que decir.
Desde luego, no vamos a entrar en una dinámica de prensa, de comentarios
y no comentarios en uno o en otro sentido. Puedo decirle que para mí
siguen siendo juicios de valor absolutamente inaceptables y, desde luego,
mientras no exista la menor prueba --ni siquiera el menor indicio-- de
que algo de esto es verdad, desgraciadamente la práctica nos demuestra
que las acusaciones hechas a base de palabras, sin ningún tipo de
fundamento, son moneda corriente hoy en día y no tienen una finalidad de
recuperar o de entrar en temas de fondo, sino posiblemente de difamar,
creando problemas de otra naturaleza.
En el segundo punto, S. S. vuelve a confundir las cosas. Me mezcla lo que
sucede en el año 1991 con lo que sucede en el año 1992. El pacto de
gestión con Elosúa es en 1992; la salida del sistema empieza en 1991, y
evidentemente por razones distintas. ¿Qué sucede en 1991 con la OPA de
Koipe? Koipe puede plantear una OPA y sólo la retira de una forma
pactada, y la forma pactada plantea algo (por eso le hablo de
reconocimiento de la legalidad vigente) que parece bastante razonable, y
es que si yo tengo el 24,9 por ciento de una empresa, ¿puedo o no puedo
participar en el Consejo de Administración de la misma? Esa es la razón
por la que el Gobierno negocia con Koipe e intenta buscar una solución
negociada que, sin duda alguna, es mucho mejor que el enfrentamiento
entre ambas empresas.
Su Señoría puede opinar lo que quiera, pero si formalmente los
propietarios de las acciones se llaman Paribas y Fidinam, el Gobierno a
partir de ahí puede hacer --como S. S.-- suposiciones, pero esas
suposiciones en ningún caso se convierten en hechos objetivos o en
pruebas que puedan permitir actuar legalmente en una o en otra dirección.
Pero digo más, aunque hubieran aparecido a nombre de Ferruzzi, legalmente
se podía hacer perfectamente, de acuerdo con la legislación de
inversiones extranjeras en este país. Por tanto, no busquemos culpables
donde no los hay. El problema es quién vende a Ferruzzi en cada momento,
y ninguna otra razón es la que explica por qué Ferruzzi entra en esta
empresa en España.
¿Hay cambio en la política del Gobierno? El Gobierno sigue con su
obsesión fundamental, que es mantener al máximo la españolidad y la
presencia de estas actividades en nuestro país. Es cierto que las
circunstancias evolucionan y hay que ir adaptándose a esas
circunstancias, pero le puedo asegurar que ese cambio de circunstancias
no se debe a ninguna mano negra ni a ninguna situación de otra
naturaleza.
Su Señoría dice, dentro de ese hablar de forma distinta a lo que yo he
intentando interpretar, que no he hecho referencia --según su
información-- a ventas adicionales que, según parece, se realizan por la
familia Elosúa, o lo que queda de la familia Elosúa, en el paquete actual
remanente de Elosúa. Se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir de forma
estricta, y ahora le daré más información. Le he dicho exactamente en
este sentido: Los órganos competentes del Ministerio de Economía y
Hacienda han tenido conocimiento en los últimos meses de una serie de
solicitudes de verificación de una inversión extranjera, que consiste en
la venta a compradores extranjeros de nuevos paquetes pertenecientes a la
familia Elosúa. Por tanto, había hecho referencia a ese punto concreto en
mi intervención, y si a S. S. le interesan los detalles, no saque de
ellos conclusiones que yo no voy a sacar. Su Señoría puede pensar en lo
que quiera sobre quién está detrás de cada una de las empresas, pero yo
lo que voy a contar son los hechos, que es lo que corresponde al
Gobierno.
El día 4 de noviembre del año 1993, se plantea un expediente de
verificación de inversiones, por el cual la Banca Internacional de
Luxemburgo compra el 0,05 por ciento del capital social de la empresa
Aldorta, S. A. Con este 0,05 por ciento la participación extranjera en
esta sociedad, que era del 49,99 por ciento, pasa al 50,04 por ciento.
Sin embargo, la Banca Internacional de Luxemburgo es una empresa
formalmente distinta y parece ser que sin ninguna relación con la
sociedad luxemburguesa Bessol, S. A., que es la titular del 50,04 por
ciento de la operación. Aldorta, S. A., es una empresa que controla, a
través de su filial Caladre, S. A., antes denominada Consejeros
Empresariales, el 19,66 por ciento del capital de Elosúa.
Estos son los hechos. Desgraciadamente no tenemos más. Evidentemente,
estamos comprobando si esta verificación se ha realizado para actuar en
consecuencia, pero el actuar en consecuencia no quiere decir que podamos
actuar de forma distinta a lo que permite la legislación vigente.
Señor Andreu, le diría que antes de Tabacalera también me he referido a
la participación de Mercasa y de Aliementos y Aceites.
Me plantea una pregunta muy concreta y es la participación de Coosur en
todo este proceso. Coosur no ha participado en este proceso. La única
vinculación,
absolutamente indirecta, es que el propietario de una parte de Coosur es
Alimentos y Aceites, y en ese sentido, en la medida que Alimentos y
Aceites es una especie de «holding» que está en Elosúa y está también en
Coosur, hay una vía indirecta de relación, pero Coosur nunca ha tenido
nada que ver con el problema Elosúa, es un tema totalmente distinto y su
único punto de conexión radica en que el titular de las acciones públicas
en ambos casos es un mismo «holding» financiero, que es Alimentos y
Aceites, que actúa en ambos sentidos.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, agradecemos la presencia del
señor Ministro y suspendemos momentáneamente la sesión de la Comisión
para despedir al señor Ministro y pasar al último punto del orden del
día. (Pausa.)
--RATIFICAR LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE
PARTICIPACION DE ESPAÑA EN EL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL.
(Número de expediente 121/000020.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión de la Comisión.
El segundo punto del orden del día es la ratificación de la Ponencia
encargada de informar el proyecto de ley sobre participación de España en
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. ¿Sus señorías ratifican la
Ponencia? (Asentimiento.) Ratificada la Ponencia por unanimidad.
--DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, EL PROYECTO
DE LEY SOBRE PARTICIPACION DE ESPAÑA EN EL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE
MUNDIAL. (Número de expediente 121/000020.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día que es el
dictamen, a la vista del informe emitido por la Ponencia, del proyecto de
ley sobre participación de España en el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial.
No habiendo ninguna enmienda pasamos a la votación del proyecto de ley, a
la vista del informe emitido por la Ponencia.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda dictaminado el proyecto de ley.
¿Algún Grupo Parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, en primer lugar, el señor Milián tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, voy a consumir un breve turno
simplemente para fijar nuestra posición, como Grupo Parlamentario, a los
efectos de autorizar al Banco de España a librar una contribución de diez
millones de derechos especiales de giro para la participación de nuestro
país en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
Vaya por delante que nuestra posición ha sido, naturalmente, favorable,
porque entendemos que no hay razón para otra cosa en este momento, mucho
más cuando la conciencia colectiva está creciendo al respecto, dada la
enorme gravedad del problema medioambiental en todo el mundo. Pensamos
que se trata de una inversión esencial para facilitar que algunos países
en vías de desarrollo --algunos específicamente, y todos, comúnmente, por
el problema compartido-- puedan compaginar su crecimiento económico con
un menor coste o impacto medioambiental.
Problemas de este tipo se han ido dando en los últimos tiempos de forma
alarmante, Chernobil está en la memoria de todos, pero algunos problemas
menos conocidos en los países del este y centro de Europa no dejan de ser
menos graves que Chernobil. Tal es el impacto medioambiental de la lluvia
ácida, por ejemplo, en extensas zonas boscosas del centro de Europa que
ha provocado en este momento auténticas crisis a instituciones --y
recuerdo un caso concreto en Alemania como el Fuggerheit--, instituciones
que han vivido durante cuatro siglos la explotación de los bosques y que
se encuentran en este momento en produnda crisis financiera a causa
precisamente del deterioro de los bosques centroeuropeos. Pero hay otro
problema que resulta mucho más próximo a nosotros, como puede ser, por
ejemplo, la lluvia ácida en España, que es el segundo país en importancia
y gravedad en la Comunidad Europea, del que son casos específicos,
Andorra, Teruel y As Pontes en Galicia. Entendemos, por tanto, que no son
problemas lejanos --Centroeuropa y Europa del Este son una auténtica
catástrofe-- sino próximos, como es, en nuestro caso, el antes
mencionado. Pero hoy los programas de actuación medioambiental tienen la
ventaja comparativa con otros programas de cooperación con los países en
vías de desarrollo de su objetividad, realización sobre programas
específicos y control de resultados, algo no siempre factible.
Sin duda, es ésta una vía de cooperación que a nuestro Grupo le parece
mucho más adecuada que ciertas otras aportaciones a países de régimen
dictatorial a los que nuestro Gobierno, algunas veces, ha entregado
reiteradamente recursos y dinero de los contribuyentes sin ningún control
finalista, y a modo de ejemplo citaría en este caso a la Nicaragua de
pasado sandinista, a la propia Cuba en la actualidad y, probablemente,
incurriríamos en el mismo caso con Guinea, cuyas consecuencias inmediatas
tenemos en este momento en la conflictiva relación de nuestro país con
esa nación. ¿Hemos tenido siempre la garantía de su buen fin en estos
casos? Es una pregunta que probablemente no podamos contestar, pero sobre
la que algún día habría que hacer una consideración.
El daño que se está provocando en este momento es un daño universal, no
existen fronteras en el medio ambiente,
recuerdo que nos lo decía un día en el año 1990, en Moscú, el señor Vadim
Zagladin, y la teoría vieja de la casa común europea, o casa común
simplemente, se supone en este caso absolutamente cierta, puesto que
nadie limita los daños que se producen en áreas adyacentes o en países
ajenos al propio afectado. En consecuencia, éste es un problema
comunitario, internacional, universal, y los resultados también deben
buscar soluciones que tengan participación genérica y abierta.
Sin embargo, dicho todo esto, existe alguna reflexión y alguna pregunta
que me gustaría, al menos, dejar encima de la mesa. Se trata primero de
una observación presupuestaria y de plazos. En relación al plazo, el
Gobierno propone a esta Cámara votar sobre un asunto al que España se
adhirió ya en noviembre de 1991 y, en lo referente a la capa de ozono, en
1990. Según los términos del compromiso adquirido por las partes
firmantes estamos ante un plazo perentorio de fin de año de 1993 para
hacer efectiva la aprobación por las Cortes de este proyecto de ley, y
ésta es una irregularidad recurrente que, al menos en la Comisión de
Asuntos Exteriores, nos encontramos en tratados internacionales de forma
sistemática y continuada.
Señorías, resulta de todo punto evidente que no es proyecto en el que, a
pesar de las protestas de su importancia, el Gobierno haya puesto una
especial diligencia para su tramitación. Esta práctica es común, como
decía antes, y entendemos que debería ser rectificada a fin de evitar
otros casos que son demasiado recurrentes y que lo que hacen es
menospreciar de alguna manera la consideración de esta Cámara en cuanto a
la seriedad del cumplimiento de los plazos convenidos.
Pero hay también una observación presupuestaria. Estamos autorizando el
pago en el presente ejercicio de casi la mitad del monto total de nuestra
aportación --bien modesta, por cierto-- de 4.000 millones de derechos de
giro, esto es, unos cinco millones de dólares americanos. La pregunta
lógica sería: ¿estamos autorizando un crédito extraordinario o hay una
partida presupuestaria ya prevista en algunos de los programas
ministeriales para hacer frente a este desembolso? Si se trata de un
crédito extraordinario, vaya por delante la constatación otra vez de la
imprevisión o de la mala fe --no creo que sea el segundo caso, más bien
el primero-- presupuestaria del Gobierno, ya que debería haber previsto
este desembolso en la elaboración de los presupuestos del año 1992. Pero,
incluso, se podría plantear en los presupuestos de 1994. Es decir, existe
tal imprecisión al respecto que no sabemos a qué partida corresponde una
asignación de este tipo.
Entendemos que es una característica francachela presupuestaria y que a
cada problema se le aplica un remedio a base, muchas veces, de créditos
extraordinarios sobre la marcha, no siendo la manera más correcta de
hacer buen control del gasto y mucho menos, en definitiva, de los gastos
de la Administración pública. Hora es que nos apliquemos el rigor de los
plazos convenidos y el rigor en el gasto. Entendemos que ambas cosas son
necesarias para administrar con corrección nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: Intervengo para explicar la posición favorable
del Grupo Parlamentario Socialista a esta autorización de la
participación de España en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial en los
términos de la resolución del Comité Director del Banco Mundial, la
número 91/5, y en esa cuantía que se ha comentado de diez millones de
derechos especiales de giro.
La posición favorable del Grupo Parlamentario Socialista se basa en el
criterio de que la participación de España --casi me atrevería decir-- en
cualquiera de las instituciones financieras multilaterales que existan
está más que justificada por el mero hecho de su presencia, y mucho más
cuando, en este caso, la gestión de este fondo está llevado no ya por el
Banco Mundial, como fideicomisario de los fondos, sino, desde un punto de
vista de selección y garanttía de los programas, por dos programas de
solvencia de Naciones Unidas: el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, que es quien realmente se pronuncia sobre la viabilidad de
los proyectos, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
que es quien proporciona el personal especializado capaz de hacer la
evaluación de los proyectos. Digamos que éstas serían razones suficientes
para explicar nuestro apoyo a esta participación española en el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial. Pero, si me permiten SS. SS., comentaría
brevísimamente ciertas circunstancias particulares de la naturaleza y de
la historia de este fondo que hacen aumentar nuestro interés como grupo,
pero que, al mismo tiempo, hacen razonable el expresar ciertas cautelas y
ciertas atenciones especiales hacia su futuro.
¿Cuál es la historia particular de éste, que, en el argot de las personas
implicadas en los temas, se conoce como el GEF, acrónimo de la expresión
inglesa de «Global Environment and Facility»? Tiene su origen --primer
punto a recordar-- en una iniciativa del Banco Mundial en el año 1991,
que en ese momento era una financiación de un programa piloto de ciertas
políticas de préstamos a los países en desarrollo para facilitar
programas que redujesen el impacto sobre ecosistemas en general. Pero ese
inicial planteamiento se vio aumentado tanto en fondos como en
importancia cuando los fondos implicados en el protocolo de Montreal, del
cual España también es parte, y que se ocupa del problema del daño a la
capa de ozono atmosférica a nivel mundial, se unieron a esta primera
iniciativa del Banco Mundial, adquiriendo entonces una dimensión, incluso
financiera, superior a la primitiva. Pero nuevamente esto se vio
incrementado en la misma dirección de importancia financiera y política
cuando, como consecuencia de la Conferencia de Río, los fondos
previsibles en instrumentos financieros provisionales en esos momentos
para el Convenio de Biodiversidad y para el Convenio de Cambio Climático
también se añadieron a este Fondo para el Medio Ambiente Mundial. De tal
manera que en estos momentos la consideración es si este fondo va a
llegar a ser o no el instrumento financiero
definitivo para atender al Programa 21, que ha surgido de esa Conferencia
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo. Por lo tanto,
ésta es una proyección hacia el futuro mucho más importante en todos los
órdenes, no ya sólo de implicación financiera, sino de proyección
política a nivel mundial. Todo ello hace que nuevamente el interés de
nuestro Grupo por este fondo sea más que explicable, mucho más cuando,
después de la Conferencia de Río, ahora, que ya se van sedimentando las
exaltaciones líricas respecto de lo que significó, empieza a quedar claro
para cualquiera que la base si no exclusiva sí más importante de todo el
problema de perturbación del medio ambiente y de su deterioro está en una
naturaleza estrictamente económica. Es un problema en el que, mediante la
proyección de externalidades, se están generando descontroles en las
lógicas de funcionamiento del sistema. Por tanto, se empieza a reconocer
que si la raíz del problema es fundamentalmente económica, es previsible
que sólo mecanismos e instrumentos de naturaleza económica puedan ser las
armas lógicas para combatirlo. Tenemos más claro que nunca que está más
justificada la presencia de España en aquellos proyectos y planteamientos
en los que esta naturaleza profundamente económica del problema ambiental
sea tenida en cuenta y se actúe en consecuencia, pero simultáneamente
también, por las incertidumbres que pueda tener este fondo, que ha nacido
de esta forma tan compleja y por agregación de iniciativas dispersas,
pensamos que su futuro debe ser vigilado, atendido y contemplado de la
forma más cuidadosa posible. Creemos, en resumen, que éste es un muy
importante sendero hacia el futuro, pero, como sendero inicial, debe ser
atendido, contemplado y vigilado con la máxima atención, como este Grupo
Parlamentario piensa hacer no sólo en este momento, sino en las
actividades legislativas y parlamentarias de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día, se levanta la sesión, no
sin antes felicitar en mi nombre y en el de la Comisión a la miembro de
la Comisión señora Mendizábal, en el día de su cumpleaños. (Risas.)
Eran las doce y treinta minutos del mediodía.