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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 112, de 16/02/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 112
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 10
celebrada el miércoles, 16 de febrero de 1994



ORDEN DEL DIA:
--Proposición no de ley relativa a la adopción de determinadas medidas
para evitar los altos índices de contaminación acústica en las zonas
urbanas. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG,
serie D, número 13, de 4-10-93. Número de expediente 161/000026) (Página 3588)
Comparecencia del señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles), para informar:
--Sobre los planteamientos básicos que tiene previstos adoptar el
Gobierno en relación con las telecomunicaciones, para potenciar los
intereses nacionales en esta etapa de transición hasta la liberalización
total de los servicios, así como de las medidas concretas para que España
aspire a ocupar el lugar que le corresponde en el nuevo horizonte
competitivo europeo. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número
de expediente 213/000097) (Página 3591)
--Sobre los aspectos básicos del inminente Reglamento que regule las
comunicaciones de telefonía móvil automática, así como del
correspondiente concurso previsto para conceder varias licencias de
explotación de este servicio, en régimen de competencia. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000098) (Página 3591)



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Se abre la sesión a las diez y cinco de la mañana.




--PROPOSICION NO DE LEY RELATIVA A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS
PARA EVITAR LOS ALTOS INDICES DE CONTAMINACION ACUSTICA EN LAS ZONAS
URBANAS. PRESENTADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000026.)



El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Buenos días, señorías. Mientras
llega el señor Presidente de la Comisión, que espero que no tarde mucho,
vamos a iniciar la sesión con el punto primero del orden del día, que es
la proposición no de ley relativa a la adopción de determinadas medidas
para evitar los altos índices de contaminación acústica en las zonas
urbanas. Para defender la proposición no de ley tiene la palabra el señor
Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, el objetivo de la proposición
no de ley que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta es
intentar hacer frente de forma global a los efectos que la obra pública
va provocando, ya que originariamente, al no tener un desarrollo
importante en nuestro país las autovías, las autopistas y las carreteras
de alta velocidad en su travesía por las zonas urbanas no tenían un
efecto perjudicial, no había una contaminación importante. La verdad es
que se ha estado más centrado en otro tipo de contaminaciones o efectos
de impacto ambiental que en la contaminación acústica. La incorporación
de las obras públicas de alta densidad y de alta velocidad, al entrar en
tramos de desarrollo urbano, está provocando un volumen alto de
contaminación acústica. (El señor Presidente ocupa la presidencia.) Lo
cierto es que la necesidad de tomar medidas preventivas como las
pantallas acústicas, o medidas sobre sistemas de asfalto que reduzcan
este efecto, ha sido detectado por el Congreso Mundial de Carreteras
celebrado hace unos meses en Madrid. Todos los estudios que nosotros
hemos barajado indican que no es recomendable para la salud un volumen de
decibelios superior a los 65; incluso el Instituto Torres Quevedo, del
Consejo Superior de Investigacions Científicas, dice que el nivel
aceptable para la comunidad humana está en torno a los 35 decibelios/día.

Por tanto, la propuesta que hace Izquierda Unida se dirige a intentar
superar algo que hasta ahora no ha sido suficientemente escuchado por el
propio MOPTMA (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente), aunque sí es verdad que en algunas travesías, por ejemplo las
que hay en Madrid en la M-30 y en la M-40, en algunas zonas se han
adoptado medios para reducir el impacto ambiental desde el punto de vista
acústico que provocan estas autopistas o autovías. Creemos que también
hace falta tomar medidas en las travesías urbanas ya construidas, y que
en las que están por construir se adopten medidas preventivas o se
incorporen en los proyectos suficientes previsiones para que en el costo
de la obra se recojan las actuaciones para evitar esta contaminación.

Esperamos que el proyecto de reforma de la Ley Atmosférica que desde el
año 1973 se está barajando pueda llegar a la Cámara y recoja lo que
pudiéramos llamar la contaminación acústica.

En resumen, la propuesta de Izquierda Unida va en el sentido de, primero,
adoptar en los tramos de autovías, construidos por el MOPTMA, que
atraviesan zonas urbanas o barrios periféricos medidas antirruido.

Nosotros nos pronunciamos por un tipo de actuaciones, aunque podrían no
definirse. Creemos que las pantallas acústicas ya están experimentadas en
algunos países y podrían servir para reducir estos efectos, o
instalaciones similares a estas que hayan podido adoptar otros países.

Segundo, que los proyectos de obra nueva de autovía, variantes o
desdoblamientos que afecten a zonas urbanas lleven recogida en su
presupuesto una partida para hacer frente a estas actuaciones. Tercero,
que el Gobierno remita a esta Cámara, lo más urgentemente posible
(nosotros decimos que en este período de sesiones o en este año), la Ley
Atmosférica, que data del año 1972. Ese es el objetivo de la proposición
no de ley.




El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda de sustitución del Grupo
Parlamentario Socialista. El señor Dávila tiene la palabra para
defenderla.




El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, señorías, las razones de
introducir unas pequeñas enmiendas a cada uno de los párrafos de la
proposición no de ley que nos ocupa son las siguientes. Si el Grupo
Parlamentario Socialista hubiera atendido exclusivamente a la reflexión,
respecto a esta proposición no de ley, que se puede hacer desde la
Administración, probablemente se hubiera visto en la tesitura de
rechazarla, porque desde la perspectiva, digo, de la Administración
central no es que se discrepe de la filosofía de la proposición no de
ley, sino que se considera innecesaria en tanto en cuanto las
realizaciones en curso sobre las medidas correctoras del impacto acústico
son, puede decirse, ya realidades. Por ejemplo, están en curso de
materialización actuaciones sobre dos de las carreteras nacionales. La
nacional II, en su travesía de Zaragoza, es ya una realidad en cuanto a
la utilización de medidas correctoras del impacto acústico; en la
nacional VI, en la entrada de Madrid, los que por allí pasamos, vemos que
en estos momentos se están realizando. Hay incluso actuaciones realizadas
enfrentando problemas de contaminación acústica en grandes ciudades. Por
ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha contribuido a la instalación de una
red de vigilancia de contaminación acústica y en los presupuestos de este
año 1994 hay previsiones para las mismas redes de vigilancia de
contaminación acústica en otra serie de ciudades de España.

Si nos referimos a actuaciones en estudio para el futuro, la
Administración central considera que los trabajos que se están llevando a
cabo son también realidades; por



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ejemplo, el estudio que se está haciendo de viabilidad de aplicación de
los pavimentos antirruido, que van mezclados con pavimentos drenantes, en
cuando a políticas de seguridad vial. Es un estudio de viabilidad que
está haciéndose en el CDEX. También hay un estudio en curso de las
correcciones de impacto acústico que las actuaciones en la red arterial
prevista en el II Plan de carreteras requerirían. Por tanto, también las
actividades de estudios para actuaciones inmediatas, no ya en curso como
las anteriores. También desde una perspectiva de la Administración
central se estima que hay actuaciones, ya sean administrativas o
legislativas, inmediatas o muy maduradas. Por ejemplo, la variable
contaminación o impacto acústico está ya incorporada a todas las
evaluaciones de impacto ambiental que se estén realizando o vayan a
realizarse en las grandes infraestructuras públicas, con los criterios de
valor máximo admisible para la inmisión acústica más habituales de los 65
decibelios corrección A) para impacto diurno o de los 55 decibelios A)
para el impacto norturno. Asimismo está preparado un real decreto de
regulación del ruido ambiental. Por razones de urgencia y para no esperar
a la corrección que haya que hacer, y que es previsible e incluso
deseable por parte de todos, de la Ley 38/1972, de protección de ambiente
atmosférico, se puede aplicar a la propia ley, como desarrollo, ese real
decreto de regulación del ruido ambiental porque, señorías, aunque pueda
parecer sorprendente, la dificultad administrativa mayor que en estos
momentos nos encontramos es que no hay reglamento que fije los valores
límites de inmisión de contaminación acústica. Existen reglamentaciones,
incluso comunitarias, sobre los valores de emisión de los equipos,
motores, instalaciones, etcétera. En cambio, los valores máximos
admisibles de inmisión no tienen hoy apoyatura jurídica alguna y, por
tanto, es una medida de urgencia y en la mentalidad de la Administración
está previsto no esperar a la corrección de la ley sino como desarrollo
de la antigua, que todos deseamos que se corrija, de 1972. Finalmente,
está en estudio avanzado la corrección de la Ley de Protección de
Ambiente Atmosférico.

Todo esto hubiera llevado a este Grupo a argumentar simplemente ante SS.

SS. la no necesidad de esta proposición no de ley. Sin embargo, este
Grupo, que tiene también otros planteamientos, tiene que recordar que en
el año 1991 presentó una proposición no de ley en la que se instaba al
Gobierno para que extremase las medidas contra la contaminación acústica;
proposición no de ley del Grupo Socialista --como digo-- pero que
recibió, y lo celebramos, el apoyo de toda la Cámara. En aquellos
momentos no se estaba pensando sólo en las travesías urbanas, sino en los
problemas de contaminación acústica en medio urbano en general, y se
recordaba al Gobierno el esfuerzo que debería hacer, sobre todo de
coordinación, en la complejísima, intrincada y por todos conocida
cuestión de conciliar los difíciles problemas que se generan en cuanto a
las competencias.

Por consiguiente, este Grupo, recordando que entonces hizo ese
llamamiento al Gobierno y que no por ello los avances han sido todo lo
intensos que hubiéramos deseado todos, ha propuesto esta corrección a la
proposición no de ley, convirtiendo tal vez en un detalle meramente
gramatical, pero de más hondo contenido desde nuestra perspectiva, los
tiempos del verbo en un presente continuo. Compartimos con los
proponentes de la proposición no de ley ese deseo de estimular al
Gobierno a que siga avanzando en las medidas de corrección del impacto
acústico pero partiendo de la realidad, que la Administración deseaba
fuese reconocida, de que se está actuando en ello. Por tanto, las
correcciones, si SS. SS. las contemplan en el texto, son --insisto--
gramaticales pero no baladíes, y quieren reflejar el concepto de este
Grupo --compartimos con todos el deseo de que esta realidad se
intensifique-- de que es una actuación que está en curso. Con todo ello
hubiera deseado argumentar suficientemente ante SS. SS. esta enmienda que
hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Socialista.




El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la fijación de posiciones
de los distintos grupos parlamentarios que quieran intervenir. (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Recoder en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).




El señor RECORDER I MIRALLES: Voy a intervenir muy brevemente para
manifestar nuestro voto favorable a la aprobación de esta proposición no
de ley porque nos parece un planteamiento acertado el que se realiza. Las
preocupaciones de los grupos parlamentarios sobre la actividad del
Gobierno en lo que sería la corrección de la contaminación acostumbran a
estar centradas en la contaminación del aire o en la contaminación del
agua y a menudo la solución de los problemas de la contaminación acústica
son olvidados cuando entendemos nosotros, y creo que todos los grupos de
la Cámara, que hay que conseguir un medio ambiente en el que estén
ausentes esos molestísimos ruidos que muy a menudo invaden nuestras
ciudades o que ocasionan el paso de importantes infraestructuras que van,
en definitiva, en detrimento del bienestar social de los ciudadanos. Por
todo ello vamos a votar a favor.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra la señora Martínez.




La señora MARTINEZ SAIZ: Señorías, como han dicho los anteriores
intervinientes, la modificación y la toma de medidas para la lucha contra
los efectos producidos por el ruido en nuestro medio ambiente se llevan
tratando en esta Cámara desde hace mucho tiempo. Desde septiembre de 1990
el Gobierno anunció que se estaban preparando medidas legislativas sobre
niveles de emisión de ruidos. Como nos ha recordado el portavoz
socialista, en el año 1991 el Grupo Parlamentario Socialista instó al
Gobierno a hacer las modificaciones pertinentes para luchar precisamente
contra este problema de la contaminación acústica y los problemas
derivados de la misma, tanto en la salud de los ciudadanos como en la
conservación de numerosos monumentos como el



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Acueducto de Segovia, que tenemos muy cercano, que está sufriendo
innumerables problemas debido al tráfico y al ruido.

Llama la atención, sin duda --y por eso nosotros tenemos presentada una
proposición no de ley para debatir en Pleno sobre este asunto-- que,
desde 1990 en que el Gobierno dice que estaba preparando un borrador y
ante unas medidas de carácter técnico con las que estamos todos los
grupos de acuerdo, el asunto sea tan complicado, estemos en 1994 y
sigamos trabajando sobre los borradores. Llama más la atención ante una
proposición no de ley como la del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en cuyo último punto le da tiempo
suficiente al Gobierno para que termine ese borrador; ya dijo el señor
Borrell, ante una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, en marzo de 1993, que estaban trabajando intensamente, así como
el señor Cosculluela, anterior responsable del Minsterio. Debe ser que
están tan ocupados en el Ministerio en hacer planes, en revisar planes de
infraestructuras, de viviendas, y en crear comisiones de expertos para
asesorarse que no tienen tiempo para traer a esta Cámara una cosa tan
sencilla aparentemente. Aunque vamos a apoyar esta proposición no de ley,
como no podía ser menos, nosotros queremos mostrar nuestra queja por esta
tardanza ante una cosa en la que nada más hay que ponerse manos a la
obra, pues no tiene por qué haber un gran debate político ni una
controversia importante ya que todos los ciudadanos de este país, a los
que representamos, están deseando que se acabe con este grave problema.

Creemos que la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista no sería
necesaria porque lo único que hace es no comprometerse a nada en los
tiempos, sobre todo en su último punto. Pero en esta actitud de concordia
de todos los grupos para que salga adelante una cosa tan sencilla como
ésta, que lo único que tiene o podría tener son dificultades técnicas en
su elaboración, pero que con tanto tiempo, como he dicho antes, y con
tanto experto ya tendría que estar subsanada, vamos a apoyar la
iniciativa del Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Y
si dicho Grupo acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista la
aceptaremos, cómo no, poniendo de manifiesto una vez más nuestra queja
por esta dilación en el tiempo ante una cosa tan sencilla como ésta.

Hemos venido pidiendo durante mucho tiempo que en los proyectos de
infraestructuras se contemplaran todas aquellas medidas que significaran
la protección de nuestro medio ambiente, lo que no ha sido posible. Se
están haciendo algunas cosas, pero en comparación con la cantidad de
obras --el Ministerio de Obras Públicas está muy contento de lo que se ha
licitado últimamente--, la proporción de proyectos en los que se han
incluido esas medidas con los que no se han incluido realmente es enorme.

Señorías, señor Presidente, termino mi intervención pidiendo al Grupo
Parlamentario Socialista que inste particularmente al Gobierno a que no
se retrase más y apoyando la proposición del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: Para fijar posición sobre la aceptación o no de la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: La propuesta de enmienda de sustitución que hace
el Grupo Parlamentario Socialista va referida a determinados verbos que
iniciaban nuestros párrafos primero y segundo, y en el tercero a la
modificación de la la redacción de la propuesta. Nosotros vamos a aceptar
la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista porque se limita
a no especificar qué tipo de actuaciones técnicas se deben abordar y
dejar que lo defina el propio Gobierno, después de un estudio, según cuál
sea la obra que se vaya a abordar. En cuanto al último punto, en el que
pedíamos que en este período ordinario de sesiones pudiera traerse a la
Cámara el proyecto de ley de reforma de la Ley Atmosférica, propondríamos
como transacción a la propuesta que hace, en la que se dice que se
incluya el tema de la contaminación acústica en la Ley 38 de 1972, que se
añadiera al final del párrafo que propone el Grupo Parlamentario
Socialista: «Cuya remisión se urge al Gobierno», sin fijar una fecha,
pero que por lo menos delimite la urgencia que esta Comisión, al reiterar
el acuerdo del año 1991, pudiera tener.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Señor Dávila, ¿está de acuerdo con la enmienda
transaccional?



El señor DAVILA SANCHEZ: Sí estamos de acuerdo porque sabemos, por
experiencia, que es de mayor fuerza este énfasis en la urgencia que la
fijación de fechas, que no sirven a veces más que de referente para
constatar su incumplimiento. Apoyamos la redacción que propone el
representante del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación, pues, a votar la enmienda
propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista con el añadido, a la
propuesta de enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, de la expresión
«cuya remisión se urge al Gobierno».




Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, para una cuestión de orden.

Quería únicamente que quedara reflejada la presencia del Grupo Mixto
Unión Valenciana por lo que respecta al voto favorable, pues debido, como
siempre, a la duplicidad en las comisiones me he visto obligado a no
poder intervenir en la fijación de posiciones.




El señor PRESIDENTE: Su voto ha sido constatado



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por todo el mundo, aunque efectivamente no ha podido usted matizar la
posición de su Grupo respecto a la proposición no de ley; su voto sí ha
quedado reflejado.

Señores y señoras Diputados, el señor Ministro está esperando ya en la
puerta. Por tanto, le damos entrada inmediatamente e iniciamos su
comparecencia.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE, PARA INFORMAR:



--SOBRE LOS PLANTEAMIENTOS BASICOS QUE TIENE PREVISTOS ADOPTAR EL
GOBIERNO EN RELACION CON LAS TELECOMUNICACIONES, PARA POTENCIAR LOS
INTERESES NACIONALES EN ESTA ETAPA DE TRANSICION HASTA LA LIBERALIZACION
TOTAL DE LOS SERVICIOS, ASI COMO DE LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA QUE ESPAÑA
ASPIRE A OCUPAR EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE EN EL NUEVO HORIZONTE
COMPETITIVO EUROPEO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 213/000097.)



--SOBRE LOS ASPECTOS BASICOS DEL INMINENTE REGLAMENTO QUE REGULE LAS
COMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL AUTOMATICA, ASI COMO DEL
CORRESPONDIENTE CONCURSO PREVISTO PARA CONCEDER VARIAS LICENCIAS DE
EXPLOTACION DE ESTE SERVICIO, EN REGIMEN DE COMPETENCIA. A SOLICITUD DEL
GRUPO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000098.)



El señor PRESIDENTE: Dado que la presencia del señor Ministro ya es
evidente (risas), agradecemos su comparecencia, solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular, ante la Comisión para que informe sobre los
planteamientos básicos que tiene previstos adoptar el Gobierno en
relación con las telecomunicaciones para potenciar los intereses
nacionales en esta etapa de transición hasta la liberalización total de
los servicios, así como las medidas concretas para que España aspire a
ocupar el lugar que le corresponde en el nuevo horizonte competitivo
europeo. La otra comparecencia, también solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular, es para que el Ministro informe sobre los aspectos
básicos del inminente reglamento que regule las comunicaciones de
telefonía móvil automática, para conseguir varias licencias de
explotación de este servicio en régimen de competencia. Sugiero a los
miembros de esta Comisión que el Ministro pueda informar simultáneamente
sobre ambas peticiones de comparecencia, y a continuación tendrían su
turno correspondiente los distintos grupos políticos, empezando por el
Grupo Popular, que es el proponente. Por tanto, tiene la palabra el señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores
Diputados. En esta comparecencia me acompaña, como también es evidente,
la Secretaria General de Comunicaciones, doña Elena Salgado.

Respecto al primer tema objeto de la comparecencia --tema de una enorme
extensión y de una gran complejidad-- podría remitirme a los documentos
distribuidos hace tiempo a esta Comisión, un libro y su correspondiente
resumen titulados «La liberalización de las telecomunicaciones en España»
y «Aspectos fundamentales de este proceso», que contienen, a mi entender,
toda la información que los señores Diputados pueden desear acerca del
tema objeto de la comparecencia. Como esta vez se han distribuido con
mucha antelación, estoy seguro de que los señores Diputados han tenido
tiempo de conocerlos en profundidad. No les voy a contar nada distinto de
lo que está contenido en estos textos; sin embargo, si al señor
Presidente le parece bien, creo que un pequeño resumen de los mismos
podría servir para encuadrar el debate. En este sentido me referiré
primero al marco de la política de telecomunicaciones, después a las
directrices generales de la política de telecomunicaciones y, finalmente,
a las actuaciones principales en materia de apertura de mercados y al
calendario de liberalización que estamos desarrollando y vamos a
desarrollar en España.

Me parece fundamental encuadrar nuestra política en el marco tecnológico
institucional e internacional en el que se desarrolla; de lo contrario es
prácticamente ininteligible qué es lo que pretendemos hacer, por qué y
cómo. En este sentido, la reseña al marco de la política de
telecomunicaciones debe hacer referencia al proceso en marcha en la Unión
Europea, a la eclosión de las telecomunicaciones multimedia, al Libro
Blanco de Delors y a la situación en nuestro país en el momento presente.

La liberalización en el marco comunitario --es conocido de SS. SS.-- se
inscribe en un proceso de interdependencia creciente, tanto a nivel
nacional como a nivel internacional, de las telecomunicaciones, un factor
decisivo no sólo para los sectores productivos sino también para la
calidad de vida de los ciudadanos, que es soporte de un sector industrial
de alta tecnología, actividad absolutamente internacionalizada y con una
tecnología totalmente distribuida a nivel mundial. El proceso de apertura
de los mercados a nivel continental y a nivel mundial lo ha convertido en
un factor clave del desarrollo y, por tanto, sujeto a regulaciones
trasnacionales. Tiene un innegable potencial de crecimiento y un
importante foco de atracción de inversiones. Todo esto es de sobra
conocido, pero conviene recordarlo porque las telecomunicaciones no son
sólo un producto que se compra y se vende en el mercado, sino que
constituyen también un derecho que cohesiona a las sociedades y es
elemento constitutivo de



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las diferencias o igualdades entre las personas, motor del desarrollo y
factor de reparto internacional del trabajo.

En la Comunidad Europea saben SS. SS. que hay un proceso que empieza con
un libro verde --1990--, dos directivas, liberalización de los
terminales, oferta de red abierta para los circuitos alquilados y,
podemos decir, una primera oleada de liberalización que España traduce,
trasplanta y aplica como el resto de los países. En esta primera fase la
Comunidad Europea se da un plazo, hasta 1992, para efectuar una «review»,
una revisión del escenario que resulta de estas primeras directivas. Esta
«review» se inicia en 1992 bajo las directrices del Comisario Brittan,
persona conocida por su tendencia ultraliberal en el marco comunitario,
posteriormente sustituido por otro comisario, tanto en el sector de las
comunicaciones como en el sector de la competencia, que hace unos
planteamientos más equilibrados que acaban siendo adoptados en un acuerdo
unánime el 16 de junio de este año pasado. Hasta el 16 de junio pasado la
Comunidad Europea había decidido liberalizar los servicios de valor
añadido y, por decirlo en términos generales, había decidido liberalizar
la inteligencia de red, etcétera, todo menos las infraestructuras y la
telefonía vocal de uso público. Resumiendo, esquematizando y olvidándome
de los detalles, todo menos las infraestructuras y la telefonía vocal de
uso público; no así la telefonía vocal de uso privado, ni tampoco todo el
complejo mundo de la asociación entre la telecomunicación y la
informática: la inteligencia de red, el valor añadido, la conmutación de
datos, que han ido entrando poco a poco en libre competencia en los
distintos países. Pero, como digo, había mantenido la telefonía vocal y
las infraestructuras bajo el régimen histórico en el que se habían venido
desarrollando estos servicios, concebidos como un servicio público
prestado en régimen de operador único. Solamente un país, Inglaterra,
había iniciado una trayectoria propia estableciendo un duopolio en la
telefonía vocal y, por tanto, una apertura de las infraestructuras que le
son soporte; sólo un país, ya que los otros once restantes estaban
--estamos-- en igual situación, es decir, manteniendo un único operador
en las infraestructuras de red y un único operador para la telefonía
vocal de uso público.

En la «review» comunitaria se barajaron tres hipótesis. La primera,
dejemos las cosas como están. La segunda, creemos un operador europeo, un
gran regulador que intervenga sobre los operadores nacionales. Y la
tercera, liberalicemos inmediatamente la telefonía vocal de larga
distancia. Más que de tres hipótesis deberíamos hablar de cuatro, porque
finalmente surgió una cuarta, que es la que fue adoptada: liberalicemos
toda la telefonía vocal en un horizonte --1998-- que permita previamente
resolver dos problemas. Primero, eliminar las subvenciones cruzadas entre
grupos de usuarios y tipos de servicio, sin lo cual es imposible arbitrar
mecanismos de competencia; y segundo, garanticemos el servicio público
universal. El debate fue largo, interesante, complejo, de alto nivel y
las propuestas del señor Brittan, encaminadas a liberalizar
inmediatamente la telefonía vocal de larga distancia, y sólo la de larga
distancia --para entendermos, la internacional--, fueron puestas en
minoría claramente porque todos los países, menos Inglaterra, entendimos
que era imposible liberalizar la telefonía internacional sin,
previamente, resolver el problema de las subvenciones cruzadas entre
grupos de usuarios, porque de lo contrario se produciría un descreme
brutal del mercado y una puesta en difícil situación financiera de los
operadores nacionales. El debate acabó con una resolución, adoptada por
once países, por la cual decidimos liberalizar la telefonía vocal de uso
público --toda ella simultáneamente-- a partir de 1998, con la garantía
de que el servicio público de carácter universal se seguiría prestando,
garantizándolo a través de un sistema complejo de tasas de acceso a la
red para asegurar su universalidad. Algunos países, entre ellos España,
pedimos y obtuvimos unos plazos más largos, cinco años más, para el caso
de que los fuéramos a necesitar. Ojalá no los necesitemos y podamos
resolver esos dos problemas antes de 1988. Dependerá de la capacidad
política y técnica que tengamos entre todos para garantizar el servicio
universal y acabar con las subvenciones cruzadas antes de esta fecha. Si
lo hacemos, magnífico, podemos liberalizar la telefonía vocal en ese
momento, pero creí que mi obligación como negociador era dar a mi país
unos plazos potencialmente más largos para el caso de que estimásemos
necesario disponer de más tiempo para efectuar este ajuste. Esto es,
señorías, lo que decidimos el 16 de junio y a lo que el Gobierno español
se va a atener en el marcdo del desarrollo del mercado de las
telecomunicaciones.

Quiero insistir que partimos de una posición y hemos aterrizado en otra,
apoyada por once países con la única discrepancia de Inglaterra, único
país al que le vendría bien liberalizar de forma inmediata la telefonía
internacional porque es el único que tiene resuelto el problema de las
subvenciones cruzadas entre grupos de usuarios, donde las comunicaciones
urbanas reflejan sus costes (son tres veces más caras que en España, por
poner un ejemplo), y a cambio de eso sus llamadas internacionales tienen
unos precios más baratos que los que hay en otros países europeos y
podrían competir en unas condiciones muy ventajosas con el resto de
operadores, que se verían obligados a suministrar red capilar para el
acceso, en última instancia, al usuario doméstico a unos precios que no
cubren costes y, en cambio, no podrían competir en precios en la llamada
de larga distancia. Esto creo que es algo que todo el mundo reconoce, al
menos todo el mundo que entiende algo sobre cómo funciona este sector, y
ha sido reconocido --sus señorías quizá no lo conozcan-- en un informe
elaborado por la Asamblea Nacional francesa, de mayoría liberal
conservadora, la Asamblea Nacional que surgió de las últimas elecciones,
donde supongo que después de una comparecencia, como ésta, del Ministerio
responsable analizan el problema y se felicitan de que los planteamientos
ultraliberales del señor Brittan hayan sido sustituidos por otros más
razonables porque, de lo contrario, se hubiese producido un cambio
tarifario brutal o un descreme del mercado que hubiese acentuado --estoy
leyendo-- el carácter deficitario de los ejes rentables en detrimento de
un servicio público que



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hay que mantener, y solamente hubiera beneficiado a los operadores
ingleses en detrimento de la capacidad de inversión que todavía
necesitamos efectuar para continuar equipando nuestro territorio.

Posición parecida mantuvo el Ministro alemán, que tiene un problema de
equipamiento de los länder del Este y que necesita un esfuerzo de
inversión que no puede ser mantenido si se produce, como se hubiera
producido, este descreme brutal de los mercados.

Con esto no estamos diciendo que no tengamos que asumir el reto que la
liberalización representa, sino que hay que hacerlo de una forma ordenada
para no poner en peligro el operador principal y evitar esos experimentos
que tanto gustan a algunos pero cuyas consecuencias sobre el empleo son
dramáticas. Quiero recordarles que British Telecom perdió 35.000 puestos
de trabajo cuando se produjo la liberalización drástica que impuso la
señora Thatcher y que ahora naturalmente les coloca en una posición
ventajosa, desde el punto de vista tarifario, pero que se ha hecho a
costa de multiplicar por tres las tarifas urbanas, cosa que no se puede
hacer, este Gobierno naturalmente no quiere hacer de la noche a la
mañana, sino a través de un proceso gradual que de momento puede durar
hasta el 98, en el caso español más tiempo si fuera necesario.

En materia de infraestructuras, la Comisión, después de una larga
discusión, aceptó posponer las decisiones hasta el 1.º de enero de 1995.

Durante 1994 se elaboraría un libro verde para analizar qué hacer con las
infraestructuras, que, de momento, todos los países europeos menos
Inglaterra van a mantener en régimen de operador único. Aquí también los
alemanes, perfectamente conscientes de la necesidad de equipar Alemania
del Este, fueron muy beligerantes en el sentido de decir primero
cobertura universal, después entrada en competencia, no hagamos las cosas
al revés, porque, de lo contrario, nos quedaremos sin la capacidad
financiera necesaria para garantizar la extensión del servicio a todo el
territorio. Este es el contexto europeo. Que nadie se llame a engaño. Hay
una política europea de liberalización, que España ha propiciado y ha
pactado, que consiste en evitar cambios bruscos, descremes financieros
imposibles de mantener y que está en lo que es el interés nacional,
resolver primero el problema de la falta de equilibrio tarifario,
garantizar la cobertura de todo el territorio --cosa que todavía no
tenemos conseguida y que no haremos hasta el 96 con los planes que
tenemos-- y a continuación, con los demás países, ¡ojalá que sea al mismo
tiempo que ellos!, entrar en un proceso de apertura a la competencia de
la telefonía vocal, porque el resto de elementos están entrando ya en
competencia, como ustedes saben, ya hemos concedido cinco licencias de
conmutación de datos, de inteligencia de red, que está ya en un régimen
de competencia entre los distintos operadores que han ido apareciendo.

El segundo elemento de referencia trascendental es la eclosión de los
multimedia, una ecosión mundial que resulta de un ménage à trois, que se
está constituyendo entre las telecomunicaciones, la informática y la
televisión. Hay un maridaje de estos tres elementos que hasta ahora
constituían sectores disjuntos, diferenciados, y que están convergiendo
hacia lo que se llama el multimedio, propiciado por un desarrollo
tecnológico y por el desarrollo del cable, no sólo para televisión, sino
para otras aplicaciones. Quiero recordarles que Inglaterra y Estados
Unidos, países de larga tradición liberalizadora, habían venido
históricamente prohibiendo que distribuyesen televisión por red
telefónica los operadores telefónicos y que los que prestasen servicios
de televisión no pudieran prestar servicios de telecomunicaciones. Estas
barreras están cayendo y lo que durante un cierto tiempo apareció como
una exigencia de un mercado dividido en compartimentos estancos, hoy está
convergiendo, como les digo, en función de la aparición de la banda ancha
capaz de prestar todos los servicios a través de una misma
infraestructura. El desarrollo de esta tecnología en Europa va a depender
de las posibilidades de implantación de los servicios multimedia, lo que
va a provocar dos efectos: una evolución tecnológica de extraordinaria
importancia, que va a dar nuevas oportunidades de inversión siempre que
detrás haya una demanda solvente, lo cual en nuestro país no se va a
producir de forma simultánea ni en todos los territorios ni por parte de
los distintos grupos de usuarios; y en segundo lugar, una eliminación de
las barreras normativas que venían separando el mercado, como les digo,
en compartimentos estancos asignados cada uno a operadores
especializados.

En este contexto aparece el Libro Blanco de Delors, que enmarca al sector
de las telecomunicaciones en el ámbito más amplio de lo que ha venido en
llamar la sociedad de la información, factor inductor de evolución
social, de competitividad, etcétera. No se lo voy a repetir. Lo que sí es
importante señalar es que el Libro Blanco de Delors prevé inversiones
importantes que en principio cree que puede acometer el sector privado y
que no es necesaria una aportación de capital comunitario porque entiende
que es suficientemente atractivo para financiar las inversiones
previstas, la rentabilidad esperada, con criterios de rentabilidad
privada. Se desarrolla la terminología de autopista de la información, la
information high-way, una expresión de enorme éxito mediático que tiene
la virtud de visualizar un concepto enormemente abstracto y muy
indefinido, porque no se sabe muy bien qué quiere decir y qué contiene.

Simplemente nos referimos con eso a la banda ancha, pero no solamente en
su forma física de cable, también en enlaces hertzianos, y a cualquier
forma de transmisión de la información que permite la interactividad y la
simultaneidad de los distintos servicios.

En España, en este contexto nos encontramos en una situación que, en
cuanto al desarrollo de redes y servicios, ha mejorado notablemente en
términos de calidad y de modernización de las redes básicas. Y para
ilustrar estos datos he distribuido a SS. SS. --supongo que lo han hecho
ahora-- un conjunto de gráficos. Si son tan amables de observar los dos
últimos podrán ver cómo la lista de espera en Telefónica es prácticamente
cero. A finales del año 1993 había 24.000 líneas en espera, cuando
habíamos alcanzado un pico de 539.000 líneas en 1988; es



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decir, hemos resuelto el problema de las listas de espera. Hoy en día
atendemos a la demanda prácticamente en tiempo real, con una
productividad muy importante que ha pasado de 155 líneas por empleado a
casi 200, lo cual nos sitúa, en lo que a productividad se refiere, en los
mejores estándares europeos existentes actualmente. No así,
desgraciadamente, en penetración del servicio. Ahí seguimos teniendo unos
índices bajos con respecto a Europa, y eso no es tanto en este momento un
problema de oferta, sino de demanda. No tenemos una demanda inatendida,
lo que tenemos son territorios que todavía no están cubiertos.

Preocupación fundamental de este Gobierno es garantizar la universalidad,
que conseguiremos en 1996. Pero hay que reconocer que los índices de
calidad y extensión del servicio logrados en los últimos tres o cuatro
años han resuelto lo que era un problema grave del sector de las
telecomunicaciones en España. Tenemos otros problemas, pero no tenemos
hoy uno de falta de capacidad en planta ni tampoco de calidad, como
tuvimos en su momento. Esto no se ha conseguido por invocaciones a la
divinidad, sino gracias a una inversión del orden de 600.000 millones de
pesetas al año que se ha financiado vía «cash flow» de Telefónica, y éste
es el resultado de un margen de beneficios y del endeudamiento en el que
ha incurrido el operador principal. Pero gracias a eso tenemos un
problema resuelto y otros que no lo están.

No tenemos resuelto el problema de la situación tarifaria. Hay un fuerte
desequilibrio estructural en las tarifas, al que me referiré más
adelante, y que tiene que ser solventado. De lo contrario, es imposible
imaginar que entremos en competencia. Como dicen los parlamentarios
franceses de centro-derecha, mayoría abrumadora en la Cámara, es
inimaginable hacer entrar en competencia a un operador que está obligado
a prestar un servicio básico, para prestar los otros a unos precios que
no cubren sus costes. La competencia está bien, pero en unas condiciones
que cada operador pueda totalizarla sin restricciones administrativas que
se lo impidan.

La extensión al medio rural se está desarrollando de una forma
satisfactoria. A finales del año 1996 habremos acabado el proceso en
función del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en marzo pasado.

En cuanto a liberalización, después entraré en ello, estamos
desarrollando los plazos y las previsiones previstas en la actual
normativa comunitaria en todo lo referente a lo que son servicios de
valor añadido, con exclusión --insisto-- de la telefonía vocal de uso
público y las infraestructuras.

¿Cómo podría resumir este contexto, señorías? Diciéndoles que estamos en
una situación institucional y tecnológica profundamente inestable. A
nivel internacional y tecnológico la situación hay que calificarla así,
de inestable, porque la evolución tecnológica abre mercados nuevos,
fomenta fusiones y asociaciones y crea un escenario que depende de las
decisiones que adopte la Comunidad Europea de aquí a finales del año 1995
en temas tan importantes como las infraestructuras, las comunicaciones
vías satélites o los operadores por cable. Hemos mejorado, pero tenemos
un problema de baja penetración y de estructuras tarifarias que hemos de
resolver, y tenemos una incertidumbre tecnológica donde emergen
actividades nuevas que hacen imposible pensar en un modelo estable para
el sector que pueda ser definido, como nos gustaría a todos, de una forma
inmediata.

Piensen, por ejemplo, que Hispasat fue concebido para transmitir por
cinco canales de televisión en régimen de difusión directa, los cinco
canales DBS de Hispasat, que pueden ser capaces, en un plazo de tiempo
relativamente corto, dos o tres años, de transmitir, por los mismos
transpondedores y con el mismo satélite, hasta veinte o treinta canales
en función de la capacidad de compactación de la señal, eliminando
redundancias que la tecnología está poniendo a punto.

Piensen, por ejemplo, que ya somos capaces, casi, de transmitir
televisión por el hilo telefónico de cobre a través del cual nos
comunicamos; podemos transmitir ya señal de televisión, con calidad
vídeo, a distancia de unos cuantos kilómetros, es decir, en núcleos
urbanos con repetidores suficientemente buenos como para cubrir lo que es
la televisión por cable en el sentido propio de la palabra. Esto dibuja
un escenario que nadie hubiera podido imaginar. Desde luego, los
diseñadores del Hispasat, cuando pensaron que podría servir para cinco
canales de televisión, no podían imaginar que cuando estuviera en el
cielo podía servir para transmitir veinte o treinta canales, ni que el
viejo cable de cobre del teléfono de toda la vida podría servir para
transmitir televisión, como está a punto de ser capaz de hacerlo.

Todo ello se enmarca en esa incertidumbre tecnológica e institucional y
dentro de una voluntad política que anima al Gobierno, que es la
directriz fundamental de la política de telecomunicaciones que entiendo
debo desarrollar como responsable del sector, que es el mantenimiento del
servicio público como una exigencia política; un servicio público de
calidad, moderno, eficaz y financieramente suficiente, y al mismo tiempo,
porque entiendo que no son cosas incompatibles pero que deben ser
complementarias, desarrollar los servicios de telecomunicación con las
más modernas tecnologías, con la participación mayor posible de
operadores en competencia, de la forma más rápida que sea compatible con
el mantenimiento de un servicio público que garantice que en España habrá
servicio de telecomunicación en todo el territorio y al alcance de todos
los usuarios. Y en esto pretendo ser tan progresista como son los
liberales franceses o los gobiernos de centro-derecha alemanes; es decir,
no pretendo adoptar soluciones que no sean el común denominador del
capitalismo centroeuropeo, que se preocupa por la eficacia productiva,
pero que quiere, también, garantizar la cohesión social y que es
consciente plenamente de que las telecomunicaciones son un elemento
básico de la igualdad y la cohesión entre personas y territorios.

Todo esto nos lleva a garantizar el servicio público de telefonía vocal,
su extensión y una política tarifaria que lo haga asequible. Para ello, y
antes de abrir a la competencia el servicio telefónico básico, hay que
proceder a un



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reequilibrio de tarifas mediante la eliminación de las principales
subvenciones cruzadas, actualmente existentes entre los servicios
metropolitano, provincial, nacional e internacional, lo cual va a querer
decir trasladar precios de unas a otras para intentar ajustarlos a sus
costes y ofrecer al operador básico, la Compañía Telefónica de España,
que es el operador en régimen concesional de este servicio, una
estrategia basada en un sistema de «price cap» que le permita ir
avanzando en esa reestructuración tarifaria de una forma gradual,
aprovechando los incrementos de productividad que de ellos se puedan
derivar.

Es difícil conocer los costes de cada uno de los servicios de
telecomunicación que se prestan a través de una misma red; requiere una
contabilidad avanzada de esos costes, desarrollada, que no está exenta de
criterios de imputación discutibles. No conocemos suficientemente bien
esta estructura de costes. El regulador tiene que exigir al organismo
regulado una mayor información para conocer exactamente cuáles son y
hasta qué punto son estándares, que no son el resultado de una situación
creada por ser el único operador, sino que son costes ajustados a la
necesidad de producir con eficiencia, pero estamos en ello y creemos
poder ofrecer al Gobierno y a la sociedad española próximamente dichas
estructuras y la estrategia de convergencia de precios a costes.

En los documentos que les he distribuido creo que hay una información muy
relevante --está en los dos cuadros del final, factura telefónica con
tarifas de diferentes países--, y es qué pagaría un abonado español, los
distintos tipos de abonados, si le facturaran los servicios que consumen
con las distintas tarifas que hay en Europa, si pagara las tarifas
alemanas, las francesas, las italianas o las británicas. Naturalmente no
existe un único consumidor del servicio telefónico, hay muchas clases
distintas. No usa el teléfono igual un empresario de la periferia de
Madrid que un jubilado del centro de una ciudad. Se han clasificado los
usuarios en grupos significativos, y pueden ver, por ejemplo, que un
residencial con consumo bajo pagaría, con tarifas españolas, 1.359
pesetas --factura mensual--, y si se le aplicaran las tarifas británicas
pagaría notablemente más. Es un ejemplo, pero al mismo tiempo verían que
un abonado comercial pagaría menos con las tarifas británicas de lo que
paga con las tarifas españolas, pero pagaría mucho más con las francesas,
las italianas, o las alemanas.

Quiero decir con esto que las comparaciones son difíciles de hacer,
siempre son odiosas, pero hay que hacerlas bien. El mundo es complejo,
pero hay que entrar en esa complejidad, y ese cuadro pretende resumirla,
de igual manera que pretende resumir esta complejidad también el
siguiente cuadro, donde ven la comparación de tarifas en pesetas por tres
minutos de los distintos países. Aquí ven que la tarifa metropolitana en
España es de 8,72 y la inglesa es de 26,2. De manera que a los que cantan
las excelencias del sistema inglés y nos dicen que si hiciéramos como
ellos obtendríamos grandes ventajas, les tengo que decir que
obtendríamos, de momento, una tarifa metropolitana que es tres veces
superior a la española. Pero como la tarifa metropolitana es
prácticamente la única que pesa en IPC, pues naturalmente eso
significaría un impacto sobre el índice de precios que no se podría
mantener no ya por razones sociales, sino también por razones económicas.

Creo que esta información es relevante, porque últimamente asistimos a
una verdadera cacofonía de despropósitos, basada en una desinformación
considerable y en la repetición mecánica de tópicos que deben ser
combatidos desde la información que les suministro a SS. SS. para saber
cuál es el terreno que pisamos al hablar de estas cosas.

¿Qué es lo que hay que hacer en este contexto? Prepararse para competir
en los próximos cuatro años, y puesto que la mejor manera de aprender a
competir es competir, vamos a acelerar en lo posible el programa de
liberalización; digo en lo posible porque lo que no lo sería de ninguna
manera, naturalmente, sería colocar nuestras tarifas telefónicas patas
arriba en las próximas 24 horas. El calendario de liberalización pasa por
reglamentar y prever la reventa de capacidad de los circuitos alquilados,
que en principio debe poderse mantener hasta 1996. El Ministerio está
estudiando la posibilidad de anticipar la liberalización de la reventa de
circuitos alquilados antes del año y medio que tenemos para mantener la
actual situación.

El siguiente aspecto a reglamentar es el servicio de alquiler de
circuitos, aplicando la Directiva de ONP, que es una norma que trata de
garantizar la transparencia en la oferta de circuitos por parte del
operador básico, con el fin de evitar su posición dominante, o los abusos
a que podría dar lugar esta posición dominante.

Hay que establecer un nuevo reglamento del servicio telefónico, abrir su
red y definir qué son grupos cerrados de usuarios. Como no está aprobada
todavía la directiva ONP de telefonía vocal, y es un poco absurdo que
reglamentemos sin que esté aprobada esta directiva, vamos a anticipar, a
través de un conjunto de decretos, aquellos aspectos parciales que pueden
sustituir a la normativa de 1946, pero creo que hay que esperar a que
esté aprobada esa directiva ONP para reglamentar el servicio telefónico
en su conjunto.

En telecomunicaciones por satélite ha habido ya una liberalización
parcial de los servicios V-SAT, a finales de 1995 lo habremos
liberalizado completamente, aunque no hay en este momento ningún problema
pendiente de ajuste entre la oferta y la demanda. Hemos convocado y
fallado los concursos para operadores de radiotelefonía móvil mediante
sistemas «trunking» y durante este año convocaremos los concursos para
poner en competencia la telefonía móvil celular, tema éste al que me
referiré después porque es objeto de un segundo planteamiento.

En cuanto a la ley del cable, está siendo objeto de análisis por la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Aquí hay que
hacer una distinción que me parece trascendental. Una cosa es una ley de
televisión por cable, y otra cosa es la ley del cable, que son
completamente distintas, y además en el sentido más genérico posible,
porque cable lo es todo, también el teléfono que hemos venido utilizando
desde los tiempos



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del señor Bell. Por tanto, cuando hablamos del cable naturalmente nos
estamos refiriendo a la capacidad de transmitir vía banda ancha con todo
lo que esto implica de rapidez, interactividad y capacidad, ya que hoy en
día tan red de cable es el operador de telefonía como los de televisión
por cable que existen, y que lo usan para transmitir televisión. En
resumen, cuando hablamos de una ley del cable nos estamos refiriendo a la
evolución tecnológica que nos permite hablar en términos trascendentales
de una vieja palabra.

Aquí, señorías, hay un problema importante que tiene que ver con la
liberalización de las infraestructuras. El cable es la potente
infraestructura del mañana. En la Comunidad no tendremos una doctrina al
respecto hasta finales del año 1995. Podemos anticipar una ley de
televisión por cable antes de esta fecha, y es lo que el Ministerio ha
propuesto al Consejo de Ministros, que tiene evidentemente la limitación
de ser lo que quiere ser: una ley de televisión por cable, no una ley de
las utilizaciones posibles del cable como elemento de transmisión de
banda ancha de otras aplicaciones en telecomunicación; ése es otro
problema que tendrá que ser resuelto gradualmente o cuando sea oportuno.

De momento, lo que nos estamos planteando es la televisión por cable, y
eso está bastante analizado y creo que puede ser objeto de decisión del
Consejo de Ministros en una fecha próxima, de manera que se resuelvan los
problemas que hemos ido encontrando al ritmo que hemos recibido el
asesoramiento que nos debe el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, que
para eso está, y el debate con otros ministerios, que para eso están
también. Pero la regulación del cable afecta a la liberalización de las
infraestructuras, materia sobre la que no hay todavía decisión a nivel
comunitario, y no quisiéramos cometer los errores del Plan Cable francés,
que impulsó la introducción indiscriminada de alta tecnología para la que
no había mercado. Por tanto, ahora estamos trabajando en una ley que
desarrolle una legislación de las infraestructuras de banda ancha al
servicio de la televisión, que abra el camino gradual a su aplicación a
otros servicios.

Este, señorías, es el esquema en el cual se desarrolla nuestra política
de telecomunicaciones. Quisiera señalar algunos aspectos que me parecen
importantes. En primer lugar, que hemos pasado de 21 teléfonos por cien
habitantes en 1982, a 36 teléfonos por cien habitantes en 1993 --que lo
pueden ver en el segundo gráfico que les he distribuido--, y esto quiere
decir que España ha alcanzado en dicho año 1993 la penetración del
servicio que tenía Europa en 1982. Estamos ahora, después del enorme
progreso efectuado en estos diez años, donde estaban en 1982 nuestros
socios europeos. Por tanto, hay que seguir trabajando en la penetración
del servicio.

Segundo, que las telecomunicaciones en España no han sido inflacionistas,
en contra de lo que se acusa al sector, y todo editorialista que se
precie se cree en la obligación de repetirlo, que hay que liberalizar
para evitar el impacto inflacionista de las telecomunicaciones. Como
pueden ver en este gráfico que les muestro, la línea azul es la evolución
del IPC, y la línea amarilla es el IPC de las telecomunicaciones. Si
ustedes prefieren la línea roja, es la evolución de la tarifa telefónica
media. A mí que me lo expliquen, que me explique alguien dónde está el
efecto inflacionista de las telecomunicaciones como consecuencia de su
odioso sometimiento a la reglamentación.

Señorías, los servicios que son inflacionistas en España son los
servicios que están liberalizados. Cuanto más liberalizado está un
servicio en España, más inflacionista ha sido. Eso es lo que dice la
estadística, la realidad; el dogma dice otras cosas. Pero la estadística,
la realidad de las cosas, lo que debería mover a los científicos y a las
personas que quieran conocer el mundo en el que viven tal como es, es que
el impacto inflacionista de los servicios se produce en los
liberalizados, y ello por razones que no son del caso analizar. Pero los
servicios regulares de las telecomunicaciones han tenido --como puede
ver-- una evolución claramente inferior a la del IPC. Esto,
desgraciadamente, no va a poder seguir siendo así en el futuro, porque
como el IPC solamente recoge, desde el punto de vista de las
telecomunicaciones, aquellos factores que tienen precios por debajo de
sus costes, una reestructuración tarifaria va a tener un impacto
inflacionista que tendrá que ser graduado adecuadamente en el tiempo.

Es verdad que tenemos precios de algunos servicios de telecomunicación
por encima de los estándares europeos, pero también es verdad que estos
precios han ido disminuyendo, y espero que puedan seguir disminuyendo, y
para eso, sin duda alguna, será muy bueno que Telefónica se enfrente a la
competencia de otros operadores, cosa que le vendrá espléndidamente bien
y hará ajustar sus estructuras de costes, confrontando su oferta en el
mercado con la de otros operadores.

También creo que podemos estar satisfechos porque nuestra penetración
telefónica ha sido mucho más rápida, por ejemplo, que la inglesa. España
ha penetrado mucho más su mercado telefónico que lo ha hecho Inglaterra
jugando a una estrategia distinta. Los ritmos de penetración de nuestros
servicios telefónicos han sido --y también está aquí explicado-- mayores
con un único operador, que lo que lo han sido en otros países con varios
operadores. Esto tampoco quiere decir nada más que lo que quiere decir, o
sea, que los servicios públicos regulados no deben ser confundidos con
los monopolios que conoció Adam Smith de importadores de tabaco, que nada
tienen que ver con la situación actual de los servicios públicos basados
en redes de infraestructuras únicas, que garantizan servicios públicos
que se consideran esenciales y que tratan de evitar descremes de sectores
territoriales o sociales.

Quizá podamos entrar ahora en la cuestión de la telefonía móvil
automática, si les parece, porque es un tema que da demasiado de sí como
para poderlo resumir más de lo que he intentado hacerlo.

Señorías, dese el día 1 de enero del presente año la telefonía móvil
automática ha dejado de ser una modalidad del servicio telefónico básico
operado en monopolio por Telefónica. La Ley preveía esta fecha, 1 de
enero de



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1994, para que tuviera lugar esta transformación; la ley prevista también
en el contrato del Estado con Telefónica y que nos va a permitir poner en
funcionamiento durante este ejercicio, si somos capaces de llevar a buen
fin las normas que estamos preparando, la entrada de un segundo operador
que contribuya a la extensión del servicio mediante el acceso celular y
la maduración de las tecnologías digitales.

Como ustedes saben, en este momento hay un sistema --el GSM, sistema
global de comunicación móvil, sistema paneuropeo-- que ha empezado a
funcionar en distintos países hace un año. Ha tenido problemas iniciales,
como tienen todos los sistemas pioneros (no había terminales, algunas
especificidades eran inestables), pero que está ya maduro y que va a ser
objeto de un libro verde que se va a presentar durante este ejercicio por
parte de la Comunidad. Tenemos ya elementos suficientes y en los
próximooos días vamos a remitir al Consejo de Estado, después de haber
sido ya informado por la Comisión Permanente del Consejo Asesor de
Telecomunicaciones, el reglamento del servicio de valor añadido de la
telefonía móvil automática y el correspondiente pliego de bases del
concurso que se convocará a continuación. Está ya previsto --insisto-- en
el contrato entre el Estado y Telefónica. Telefónica tiene derecho a
seguir prestando este servicio en régimen de competencia y sujeta a la
reglamentación que establezca la Administración.

Telefónica está prestando este servicio a través de dos modalidades
analógicas: el 4.50 y el 9.50-A, y es signatura, junto con el Estado
español, de los acuerdos para la introducción coordinada del GSM. Lo que
vamos a hacer es que, tan pronto como se apruebe el reglamento de este
servicio --reglamento de la TMA--, Telefónica solicitará la
transformación de su actual licencia para prestar TMA, basada actualmente
en el contrato, a la otra reglamentación, a la que resulte de la norma
que está en preparación, y esta transformación incluirá la prestación del
servicio en las dos modalidades analógicas actualmente existentes hasta
la extinción, y en la modalidad digital con tecnología GSM, para la cual
está ya efectuando las correspondientes experiencias piloto.

No hay frecuencias disponibles para que un segundo operador trabaje en
las bandas de frecuencia actualmente utilizadas por los sistemas
analógicos, y no tendría sentido que este segundo operador iniciase su
competencia con sistemas cuyo futuro tecnológico es nulo, puesto que van
a ser sustituidos por tecnologías modernas de forma inmediata.

Por tanto, la introducción en competencia de la TMA se efectuará en GSM
--esto parece chino--, es decir, la introducción en competencia de la
telefonía móvil automática se efectuará a través de sistema digital, sin
pasar por las fases analógicas que están ya obsoletas, y el concurso
establecerá este escenario.

¿Cuáles son las características del reglamento que creo puedo informar a
los señores Diputados? ¿Qué requisitos deben cumplir lo operadores? ¿Qué
infraestructuras van a estar disponibles para el nuevo operador? ¿Cómo va
a poder acceder la red telefónica básica a la numeración? ¿Qué tarifas de
acceso va a tener que abonar, ¿Qué especificaciones técnicas va a tener
que cumplir? ¿Cómo va a ser el concurso? Todos éstos son temas
ampliamente complejos que distintos países han resuelto de diferentes
maneras y que el reglamento que el Ministerio ha preparado intenta
resolver.

La primera característica es cuántos operadores. Si trabajamos en
tecnologías GSM, es decir, si estamos en el espectro de los 900
megaherzios, no hay sitio para más de dos operadores; mejor dicho,
podríamos dar o crear espacio en el espectro para un tercer operador,
pero a costa de incrementar extraordinariamente los costes de operación,
porque ello requeriría establecer redes celulares mucho más finas, con
células mucho más pequeñas y, por tanto, con un coste de inversión mucho
mayor. Este es el típico ejemplo de lo que les ocurre a las
telecomunicaciones y les diferencia del modelo de la competencia pura y
perfecta.

Los costes son crecientes con el número de operadores, porque la
posibilidad de introducir más en un espectro limitado induce costes
crecientes, y tres operadores operarían con costes unitarios mucho
mayores de lo que podrían operar dos. ¿Habría más competencia entre tres
que entre dos? Sí, pero el coste de cada uno sería enormemente mayor, y
los beneficios que la competencia podría inducir entre ellos ni de lejos
podrían equipararse a los mayores costes de inversión en los que tendrían
que incurrir todos, y el país con ellos, en el capital fijo que
esterilizaríamos, con una red de células mucho más finas y mucho más
costosas. Por tanto, desde una perspectiva tecnológica y no ideológica,
va a haber dos operadores de TMA trabajando en la banda de 900
megaherzios en GSM.

Ustedes, que siguen el problema de las telecomunicaciones con especial
interés, me podrán decir: «Pero Francia acaba de convocar un tercer
operador en 1.800 megaherzios.» Bien, porque se han dado cuenta los
franceses de que los dos operadores en 900 se han puesto de acuerdo
--como suele ocurrir en los duopolios--, han obviado la competencia para
establecer una entente cordial y tratan de colocar a un tercer operador
en 1.800 megaherzios para romper esta entente cordial. Sin embargo, esta
tecnología es, primero, no del todo disponible, y segundo, mucho más
cara. Por eso no nos parece razonable empezar la casa por el tejado e
invadir las bandas de 1.800 megaherzios mientras no tengamos claro cuál
es el comportamiento de los operadores en los espectros que hoy en día
están disponibles. Por tanto, dos operadores.

Pero hay una importante, y es que el segundo operador podrá contratar
infraestructura con todos los demás habilitados para prestar servicios
portadores, y en el caso de que no haya disponibilidad suficiente,
quedará habilitado a construir sus propias infraestructuras en los
términos previstos en el artículo 23 de la LOT. Es decir, todos los
operadores que hoy en día están habilitados para prestar servicios
portadores podrán suministrar redes al operador de TMA, y éste podrá
también construir sus redes si la oferta que recibe de las actuales no es
satisfactoria. Con esto pretendemos rentabilizar las



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infraestructuras existentes, y en el caso de que el operador crea que no
le son suficientes, y sólo en este caso, proceder a cuantiosas
inversiones adicionales.

El reglamento fija los mecanismos de acceso de los operadores a la red
telefónica fija. Piensen ustedes que al final la llamada tiene que pasar
por el hilo de cobre para llegar a casa del usuario, y que nadie va a
tender dos redes de hilos de cobre osmóticos en todas las ciudades
españolas, luego tendrán que pasar por la red telefónica y tendrán que
pagar la tarifa de paso, de igual manera que tendrán que cobrar a los
otros operadores el paso por la red de radioenlaces del segundo operador.

También se establece la figura del proveedor de servicio como agente
intermediario encargado de la comercialización y los criterios para el
concurso de concesión de la segunda licencia. La duda que tiene el
Ministerio, sobre la cual me gustaría conocer la opinión de los señores
Diputados, es si el concurso debe ser un concurso competitivo o debe ser
simplemente un concurso de méritos y capacidades; es decir, si basta con
escoger la mejor oferta de entre las que nos parezcan mejor, o si hay que
hacer, como dicen los americanos un «competitive bidding», en el sentido
de que hay que buscar un criterio objetivo traducido en términos del
canon que esté dispuesto a pagar el segundo operador para hacerse con la
licencia.

Este segundo criterio es muy transparente y, a la vista del alto interés
que ha despertado este concurso, habrá no menos de cinco o de seis
concursantes, todos ellos muy buenos, muy capaces y muy apoyados
financieramente, con un socio tecnológico y con socios constructores.

Sería realmente difícil imaginar que podemos escoger el bueno o el mejor
con criterios estrictamente subjetivos. La experiencia demuestra, y los
concursantes lo prefieren, que sea a través de un concurso competitivo,
estableciendo una voluntad para pagar un canon en función de la capacidad
de obtener beneficios que tenga el segundo operador, a través, claro
está, de un proceso de precalificación o de una admisión previa de los
operadores.

Este es un tema importante, porque naturalmente queremos que este
concurso se resuelva con la máxima transparencia y sabemos que es muy
goloso, que hay un beneficio latente nada despreciable, de lo contrario,
no habría tanta presión para que se convocara, naturalmente. Esto va a
obligar a un reajuste de tarifas, que espero que el operador básico lo
pueda hacer también durante este ejercicio sin esperar a entrar en
competencia.

Estos son, señorías, los elementos básicos del concurso de TMA, que
espero que pueda ser fallado durante este año para que haya un segundo
operador en la banda 900, en GSM, que aumente la oferta y nos coloque en
una situación análoga a la que han alcanzado otros países europeos, sin
que eso sea incompatible con la cobertura universal del servicio, que
espero se pueda conseguir a finales de 1996.

Lo que el Gobierno no va a hacer es liberalizar la telefonía de larga
distancia antes de 1998, simplemente porque va en contra de los intereses
nacionales y en contra de la posición que hemos defendido en Europa,
junto con otros once países, de resolver, primero, los problemas
estructurales y, a continuación, liberalizar el servicio en su conjunto,
garantizando, insisto una vez más, el servicio público universal, que es
una obligación política a la que no nos queremos sustraer.

Lamento, señor Presidente, haberme extendido en exceso, pero estoy seguro
que comprenderán los señores Diputados que el tema era difícil de tratar
en menor tiempo. Seguramente sí con mayor claridad, pero no, insisto, en
menos tiempo.




El señor PRESIDENTE: Después de esta primera intervención del Ministro
respecto a las preguntas que han sido formuladas, motivo de esta
comparecencia, quiero someter a los miembros de la Comisión el criterio
de que, según el artículo 202 del Reglamento, podemos disponer de hasta
45 minutos de receso para formular preguntas al Ministro.

Creo, y que nadie se asuste, que, como ha dicho el Ministro, todos los
grupos parlamentarios, antes de venir a esta comparecencia, han tenido
tiempo suficiente para elaborar sus preguntas, y aunque su intervención
puede suscitar nuevas cuestiones, y de hecho creo que las ha suscitado y
muy importantes, en cumplimiento, repito, del artículo 202 del
Reglamento, sugiero a la Comisión entre 8 y 10 minutos de pausa
fisiológica para que la gente pueda elaborar debidamente las preguntas
que crean más oportunas. (Pausa.)



Se reaunuda la sesión.




El señor PRESIDENTE Después de esta pausa, estrictamente parlamentaria y
fisiológica a la vez, reanudamos la sesión para poder terminar a una hora
prudente y cubrir todos los objetivos que pretendíamos alcanzar con esta
comparecencia del Ministro.

Por este motivo, voy a dar la palabra, en primer lugar, al señor Camisón,
en representación del Grupo Popular, como demandante de las dos
comparecencias del Ministro.

El señor Camisón tiene la palabra.




El señor CAMISON ASENSIO: Después de escuchar con suma atención el señor
Ministro, además de haber seguido muy de cerca la gran cantidad de
declaraciones públicas sobre la materia que se han venido haciendo a lo
largo de los últimos meses, o la redacción de informes, contrainformes y
estudios en una u otra dirección, contrastamos hoy aquí que,
efectivamente, el señor Ministro adopta y sigue adoptando una postura
retardatoria de las liberalizaciones en España.

Realmente, a nuestro Grupo esto no le extraña, puesto que ya es conocida
su posición en materias como ésta. No hace mucho, en el tema de la
liberalización del suelo mostró su confrontación con el ex Ministro de
Hacienda respecto a la materia, y ahora se repite la historia referente a
otra parte del Gobierno, cual es el Presidente del Tribunal de Defensa de
la Competencia, del Ministerio de Hacienda, ya que ayer mismo el señor
Fernández Ordóñez



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dijo en Barcelona que era lamentable que España hubiera perdido diez años
retrasando la liberalización.

Pues bien, tanta controversia (realmente es una nueva brecha dentro del
Gobierno, entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de
Hacienda) ha acabado en lo que nos ha explicado el señor Ministro, que no
es más que el acuerdo del Consejo de la Unión Europea del 16 de junio
último, que preconiza una liberalización total de las telecomunicaciones,
incluso la telefonía vocal en su momento, garantizando el servicio
público, la cobertura universal y el previo ajuste de tarifas a los
costes, un consenso para establecer tarifas de acceso e incluso el
anuncio de un libro verde para que exista o no la posibilidad de
liberalizar las infraestructuras. Todo esto con el consentimiento de
España, bajo la voz autorizada del señor Ministro en las reuniones de la
Unión Europea.

Resumiendo, en el fondo todos estamos a favor de la liberalización, luego
este objetivo es deseable. La diferencia de actitud del señor Ministro en
esta materia es que no se atreve a activar ese objetivo deseable, sino
todo lo contrario, tiende a retrasarlo. Por eso no nos extraña que, por
ejemplo, la prensa especializada europea, cuando critica la postura
española en este afán dilatador de la liberalización, recuerde la frase
de San Agustín cuando decía: «Señor, hazme bueno, pero no ahora.»
Nosotros entendemos que el retraso de la liberalización de algo que es
bueno y deseable, puesto que el señor Ministro lo ha aprobado, es
consecuencia de que ha existido cierto pánico ante la situación en que
están ahora las telecomunicaciones en España, y el resultado para nuestro
país es que su opción política nos ha embarcado en el furgón de cola,
porque hasta esa fecha del año 1998 para España además hay un período
adicional de cinco años más, con lo cual entramos en el siglo próximo, en
el año 2003.

Sin embargo, entendemos que hay una justificación para que el señor
Ministro actúe así, puesto que todo esto es consecuencia de la situación
de las telecomunicaciones en España y de una ineficiencia de los
gobiernos socialistas de la última década. El debate que hay entre el
Ministerio de Obras Públicas y el de Hacienda en realidad es falso,
puesto que realmente estamos así como consecuencia de algo que se ha
hecho muy mal por parte del Gobierno socialista.

Vemos que hay ya facciones del Gobierno que están a favor de la más
pronta liberalización. Esta conversión de algunos socialistas al
antimonopolismo hace que sea el momento portuno para que este portavoz
diga que se han adherido al programa del Partido Popular en la materia,
que ha venido manteniendo desde siempre esta postura. Por eso, cuando
usted públicamente ha manifestado que nunca va a ejecutar el programa
electoral del Partido Popular, aunque lo propugne el Presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia, tenemos que decirle que lo
sentimos, porque por esa obcecación de no imitarnos es posible que
corramos el riesgo de que España sea dotada de modelos ya adoptados por
países como pueden ser Marruecos o Tanzania.

Para nosotros ahora es fundamental escuchar también aquí la opinión del
señor Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, por tanto,
hemos pedido su comparecencia ante esta Comisión.

Decíamos que esto es resultado de esa política. Por eso, manejando datos
fiables de la UIT, vemos que el desarrollo telefónico español hasta el
año 1982 fue consistente y convergente con Europa. A partir de esa fecha,
coincidiendo con el Gobierno socialista, se ha producido, por sus
políticas incoherentes, una distorsión que se revela en los hechos que
voy a exponer, y estoy dando datos a pesar de que a veces el señor
Ministro disiente de los que ofrecemos, y nosotros de los suyos, como
ocurrió recientemente con los de Correos, y ahora nos encontramos con que
el Tribunal de Cuentas acaba de enviar los datos de Correos a esta
Cámara, hace ocho días, y la primera resolución del mismo es que Correos
ha manipulado los datos.

Estas cifras que voy a dar ahora de la UIT son absolutamente fiables;
usted ha traído unos cuadros y nosotros hemos estudiado el tema. En esta
década 1982-1992, el crecimiento en cuanto a líneas telefónicas
principales ha sido de sólo el 72,03 por ciento, que es el menor
desarrollo del último medio siglo. Comparando esta penetración española
con nuestro entorno, también aparece que estos datos son los más bajos.

Hay un cuadro significativo que ordena estos países por el gasto público
en el que aparecemos los primeros, y en cuanto a la densidad telefónica,
aparecemos justamente de los últimos.

También esta ahí el reciente informe, totalmente digno de confianza, de
la OCDE, donde se analiza la situación de los 24 países. El resumen de
estos datos es que España ocupa el lugar 17 por averías, el lugar 21 por
tiempo de espera y el lugar 19 por coste de usuario. Por ciero, señor
Ministro, usted no ha dicho al anunciar la baja de la lista de espera en
España que el motor fundamental de esa bajada es la crisis, es la falta
de uso telefónico en este país. Creo que aquí no hay ya duda para nadie
de la grave crisis que está sufriendo España en estos momentos.

Se aprecia también que cuando todos los países europeos están llevando
una política de ajuste de personal, sobre todo a niveles directivos, el
operador español fundamental lleva a cabo, por razones, además, no muy
presentables, porque han sido de origen ideológico, una política que es
todo lo contrario. Según datos también recientes, el incremento de
plantilla de este operador desde diciembre de 1982 ha sido de 12.700, de
los cuales, el incremento de directivos y cuadros ha sido de 7.100, lo
que para alta dirección y directores da las siguientes cifras, que
dificultan el comparar la actuación de este operador con los de nuestro
entorno, que están haciendo justamente lo contrario. El número de
miembros de alta dirección y directores de Telefónica en diciembre de
1982 era 130; en diciembre de 1993, 320. Esto significa un incremento de
190, o sea, un porcentaje del 146 por ciento. Este gasto no es muy
importante, pero sumando a todos los chocolates del loro, al final estos
3.000 millones que cuesta hacen que la situación española provoque en el
señor Ministro ese miedo a la competencia.

En cuanto al contraste con otros países que el señor



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Ministro ha relacionado, hay que decir que, efectivamente, el gran paso
mundial liberalizando lo dieron Japón, en su día, y Estados Unidos, y que
Europa, que estaba en manos de sus PTT, fue lenta. Sin embargo, la
reacción en estos países, a raíz de los últimos acuerdos, ha sido mucho
más ágil que la española.

Ahí tenemos, por ejemplo, al Bundespost Telekom anunciando ya que hay que
actuar rápidamente en dirección a la liberalización, porque si no la
situación será muy pronto letal para la economía europea. Por eso, el 7
de diciembre pasado llega a un acuerdo con France Telecom, cruzando
incluso accionariado, para intentar dar la gran batalla. Esto indica que
o hacemos nosotros esta operación, o nos vendrá impuesta desde fuera.

Una de las grandes ventajas de la competencia, señor Ministro, es que el
negocio de operar las telecomunicaciones es cada día más universal y, por
tanto, la oportunidad está ahí. Lo que va a ocurrir, y lo tienen muy
claro nuestros vecinos europeos, es que los socios internacionales
acudirán con más calor a negociar con aquellas empresas que se hayan
desarrollado en mercado competitivo que con aquellas que se hayan
protegido a base de cobijarse bajo el paraguas del Estado.

Ahí tenemos, por ejemplo, a British Telecom, que usted ha criticado a lo
largo de toda su actuación, intentando ya hacer una conexión, de tipo
privado, por supuesto, para temas de combustibles entre España y
Portugal. Todavía está muy lejos el momento en que España intente hacer
una acción semejante, por ejemplo, entre Inglaterra e Irlanda, pero
British Telecom ya ha dado ese paso; va muy por delante de nosotros.

Ante este dinamismo mundial, nos encontramos con que el Gobierno nos
lanza a un quinquenio después de 1998, o sea, al 2003, y nosotros creemos
que no es el camino adecuado.

Además, se da la circunstancia de que España, con su 67 por ciento de
telefónica privada, estaba en mejores condiciones que las PTT europeas
para haber cogido la bandera en esta dirección. Tan es así que nos están
dejando aparte; al principio de la década estábamos en mucho mejores
condiciones que en estos momentos. Incluso en Francia, que usted ha
citado en varias ocasiones, empresas privadas como la CGE están ya
prestando servicio telefónico residencial en un barrio de París,
utilizando tecnología radioeléctrica y compitiendo con France Telecom, en
beneficio, por supuesto, de los usuarios franceses.

Ahí hay un largo camino todavía que tienen que recorrer nuestros vecinos
europeos respecto a los americanos o japoneses, pero están en ello,
porque, por ejemplo, el éxito de la televisión por cable, que está siendo
un éxito total a nivel de Estados Unidos y de Japón, es porque se apoyó
en compañías privadas agresivas, mientras que en Europa, no. Eso es lo
que hay que decir para no citar exclusivamente el caso francés, que lo
apoyó la PTT francesa con unas tarifas que han sido calificadas de
completa usura, según apreciaciones que están en todos los informes
dignos de confianza en estos momentos.

Usted, incluso, a la hora de anunciar un progreso en España, nos ha dado
alguna noticia de la posibilidad que tenemos ya con el cable, que nos
espera incluso ver televisión, pero hay que decirlo completo, y es que,
por ejemplo, el vídeo previo está superextendido en esos países e
Inglaterra empieza ya a extenderlo, lo que va en beneficio del bienestar
de los ingleses, cuando aquí todavía estamos muy lejos y nos quedan años
luz para esa situación.

En cuanto a la crítica que en los libros que ha resumido hace del
Tribunal de la Competencia, hay temas que nosotros no entendemos. Por
ejemplo, dice que no es posible miméticamente asimilar en España el
modelo británico. He leído muy despacio el informe del Tribunal y no veo
que lo ponga como modelo a copiar miméticamente ni mucho menos. En
cambio, en el informe que hace el Ministerio no se toca para nada la
posibilidad de clarividencia, que sería muy positivo, que arrojaría un
potencial presupuesto de restricciones a la competencia. Sería de una
utilidad grande para que los españoles vieran lo que nos cuesta en miles
de millones de pesetas el monopolio español.

No entendemos cómo hay esa reticencia ante la postura extendida en el
mundo de hacer incompatible el operador y el regulador y vemos que en sus
informes-estudios se está muy lejos de esta postura. No sabemos si es por
defender el «status» actual que impera en nuestro país. Tampoco
entendemos cómo no ve conveniente que haya una Junta Superior de Precios
cuando tiene que haber todavía precios regulados. Pensamos que lo hace
porque no quiere que haya competencia de un organismo ajeno al
Departamento.

Usted intenta razonar la ampliación de los plazos de liberalización con
el argumento de la conveniencia de lograr el servicio universal y olvida
con eso que existen fórmulas para subvencionar las insuficiencias de
ingresos de esta universalización por muchos conceptos. Usted sabe que en
estos momentos, en pleno monopolio, hay unas bonificaciones especiales
para los teléfonos de los pensionistas; ahí está, ha sido posible y nadie
se ha rasgado las vestiduras. Nosotros estamos de acuerdo con el Tribunal
de Defensa de la Competencia cuando afirma, porque es normal en todas
partes, que, tanto en monopolio como en competencia, es posible cubrir
universalmente el servicio. Todo es cuestión de hacer la cobertura
adecuada.

También estamos de acuerdo cuando se defiende, porque es de cajón, que
esta liberalización que provoca la competencia va incluso a dar
subvenciones por concurso, a abaratar estas subvenciones, lo cual puede
ir en beneficio de que se puedan hacer más cosas con menos dinero y con
menos gastos para el contribuyente español.

Por tanto, no creemos que sea objetico poner todo el énfasis en el
discurso de los estudios que se han hecho públicos, en que la prestación
de objetivos sociales sea la que no se persigue con la liberalización,
cuando ese objetivo es algo que nadie en este país pone ya en duda. La
regulación será la que se determine y la que se distribuya entre los
diversos competidores. Usted mismo ha defendido las tarifas de acceso,
está de acuerdo con ello y es un



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sistema de compensar; luego ahí tenemos una de las salidas.

No entendemos la inconsistencia de sus informes respecto a la neutralidad
de los operadores. No entendemos cómo ha citado varias veces la
transposición de la Directiva ONP, de líneas alquiladas, que data del año
1991; no está todavía la transposición y han pasado tres años. Otro
detalle del afán retardador del Ministerio. Nosotros creemos que ya se
cae un poco en el cinismo cuando se refugian en el argumento de la
insuficiencia de infraestructura en favor de mantener el monopolio,
olvidando que hace doce años España estaba entre las redes punteras de
Europa.

Tampoco entendemos cómo, a estas alturas, Telefónica, una empresa seria y
con gran cantidad de medios --nosotros hemos visto una pléyade de
directivos--, no tiene ya analizada la estructura de los costes. Creemos
que debe tenerlo, estamos seguros, porque tiene capacidad suficiente para
ello. Ni podemos entender que todas estas infraestructuras, que hoy se
dice aquí que son la causa de no poder liberalizar, no se han hecho en la
última década, como se podía haber hecho.

En cuanto a la telefonía móvil automática, después de oír al señor
Ministro, vemos que se acaba --ya nos lo imaginábamos-- de desvelar otro
fracaso del Gobierno, puesto que no olvidemos que el número de abonados
en 1993 era sólo de 180.000 y las previsiones del PNT para 1993 eran
420.000 y 580.000 para 1994. Luego estamos otra vez viviendo que aquellas
previsiones fueron inútilmente optimistas. Además, se da el caso de que
estamos ante un desarrollo espectacular del TMA y España se ha quedado
absolutamente rezagada, incluso detrás de Malta y de Irlanda. Incluso,
creo que está cumpliendo la LOT cuando establece que el 31 de diciembre
es cuando se acaba el monopolio. En esa fecha tendría que estar acabado;
luego la adjudicación de TMA debía hacerse en 1993 y no en 1994. Son
incumplimientos que se van sumando. Esa fecha se cumplió y el monopolio
sigue, está todavía ahí. Hoy nos lo anuncia, pero nos lo ha anunciado ya
varias veces a lo largo de 1993.

En el TMA estamos ante otra prueba flagrante de ineficacia del monopolio
respecto a la extensión de un servicio creador de bienestar y, sobre
todo, de mayor competitividad. Telefónica, por conveniencia propia y no
por interesar esta extensión a los ciudadanos, la ha estado retrasando
estos años. Bastaba con tarifar alto y retrasar infraestructura, que es
lo que ha estado haciendo. Basta contrastar los datos de Dataquest, que
son contrapuestos en dos cuestiones referidas a la telefonía celular.

En cuanto al precio de venta de terminales, el más barato es el de
España, excepto el de Inglaterra, que, como se sabe, tiene una aplicación
setenta veces superior a la española. El hecho de esta baja de precio de
los terminales en España revela que la industria electrónica y el
comercio han reaccionado adecuadamente. Sin embargo, el nivel de
penetración liderado por Telefónica, después de siete años nada menos, es
de los más bajos de nuestro entorno, lo que descubre la actitud de
Telefónica, en este caso con monopolio duro, que actuaba retrasando la
competencia por razones de conveniencia exclusiva para la empresa.

De este afán retardador hay más datos, señor Ministro. Por ejemplo,
analizando el PNT, usted ha dicho que los servicios TVSAT están ahí, pero
los servicios interesantes TVSAT baratos, la décima parte de coste que
los de Telefónica, son los que tenía que haber ofrecido ya el Hispasat y
no lo ha hecho todavía.

En cuanto a las líneas telefónicas, usted ha dado una cifra del 36 por
ciento, pero no ha dicho que la cifra que preveía el PNT era de casi un
42. Además, estamos utilizando el índice, muy extendido por cierto a
nivel europeo, se lo admito, de líneas principales por cien habitantes,
pero se da la circunstancia, y usted lo sabe, de que, en España, en esas
línes hay un porcentaje muy alto que están montadas y que no se utilizan,
más de un millón y pico de líneas que, o se hicieron como reserva en su
día, pero se pasaron en el cálculo, o se hicieron donde no debía hacerse.

Por eso, el índice correcto es el número de teléfonos por cien hogares, y
en España, otra vez, se viene abajo. Es el uso que se da, habida cuenta
de ese abuso que ha habido de montar líneas que han costado dinero, que
están ahí y que no se están utilizando.

En cuanto al servicio de «trunking», de acuerdo con las previsiones,
tendría que haberse hecho en 1993; se está haciendo ahora, pero es otro
retraso que está ahí.

Donde vemos una gran incongruencia, respecto a este asunto del PNT que
afecta a todo, es en que, por un lado, se hizo la previsión de intentar
activar al máximo las inversiones y las actuaciones en I + D y,
simultáneamente, el Gobierno aprueba la nueva Ley de Impuestos y
Sociedades y penaliza fiscalmente muchas de las aspiraciones de las
empresas en I + D, lo que ha provocado que el sector incluso acuda al
Tribunal Supremo.

Todo esto tiene también una consecuencia, señor Ministro, y es que la
empresa electrónica ha entrado en una crisis, que está ahí. Además, tenía
una gran salida, que era la provisión de servicios de telecomunicaciones,
como está pasando en Europa, como la que he citado de París, actuando
como nuevos intermediarios y pagando a Telefónica sus honorarios
correctos, lo que beneficiaba a la industria, al venderse más terminales,
al empleo, al haber más trabajo, y a los usuarios, que tendrían unas
mejores posibilidades.

Otros datos del fallo del PNT, señor Ministro, es que usted sabe, y la
señora Secretaria de Estado también, que el Hispasat está ahí sin apenas
utilización y con su rentabilidad esperando todavía que llegue su
momento. Y tenemos a Telefónica, Hispasat y Retevisión absolutamente
descoordinados y enfrentados en una andadura incierta.

Señor Presidente, por supuesto desearíamos hablar más, pero de momento,
como espero que habrá una segunda ocasión, reservaré otras cuestiones
para el siguiente turno.




El señor PRESIDENTE: Por voluntad expresa del Ministro, vamos a seguir el
turno de los ponentes de los distintos grupos políticos y, a
continuación, el Ministro



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contestará a todos de forma correlativa y como crea oportuno, como es
habitual.

Tiene la palabra el señor González Lizondo, en representación del Grupo
Mixto.

El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Ministro, bienvenido.

La capacidad de captación interactiva conducida modularmente en base de
técnicas digitales ha permitido a este Diputado corresponder a su TPI con
el CRPE. No hablo en chino; a su TPI, técnica para informar, correspondo
con el CRPE, capacidad de respuesta parlamentaria escueta, en primer
lugar, FRL, favorable a la rápida liberalización, y correcto en que se
actúe con prudencia, correcto en que procure que no nos metamos en un
torbellino total y completo, pero una lentitud demasiado excesiva nos
puede conducir a no llegar en condiciones. En el término medio estriba la
virtud; precaución sí, pero que no lleguemos tarde.

Muy rápidamente, señor Ministro. A la tarifa que nos ha servido usted
hablándonos de que Gran Bretaña es efectivamente más cara en su tarifa
metropolitana, también es cierto que en el provincial somos un 50 por
ciento más caros, en el nacional un 100 por cien, en la unidad europea un
75 por ciento y con respecto a América un 130 por ciento, que también es
interesante que se pueda ver.

Por último y muy rápidamente, porque esto es muy complejo y este Diputado
tiene que intentar estar en todas y cada una de las cuestiones del
Congreso, lo que es casi imposible, hay un tema que me preocupa y que en
estos momentos se está estudiando en diversas ciudades: la instalación en
las redes de las grandes ciudades de fibra óptica para las posibles
expansiones por cable de todo tipo de informaciones. A este respecto,
tengo noticias de que en algunas ciudades se están haciendo estudios, en
Barcelona, y también, en Madrid; en Valencia vamos muy adelantados
también haciendo estudios. Me gustaría saber en qué forma va a intervenir
Telefónica, con qué política y qué tiene previsto a este respecto.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo, por su concreción,
que agradecemos todos.

Tiene la palabra el señor Martín Menis, en representación del Grupo de
Coalición Canaria.




El señor MARTIN MENIS: En primer lugar, querría agradecer la presencia
del Ministro en esta Comisión.

Parece claro que hay dos cuestiones básicas en el desarrollo de la
telefonía que dificultan la liberalización. Uno, es el sistema cruzado de
subvenciones mediante tarifas. Podría ser bueno el sistema actual, pero
está claro que ir a costos reales es una necesidad para liberalizar, por
lo que hay que adecuarlos en el mínimo tiempo posible. Después, la
necesidad de generar los «cash-flow» necesarios para seguir mejorando la
infraestructura, ir a la cobertura universal dentro del territorio
español y, a su vez, mantener empleo, tener estabilidad en el empleo,
teniendo en cuenta también que la tendencia tiene que ser adecuar las
estructuras de empleo a las estructuras necesarias con las tecnologías
actuales.

Por otro lado, la liberalización nos parece necesaria y fundamental
porque es la única forma, está claro, de que se mejore la competitividad,
que lleva normalmente a conseguir las tarifas más bajas y al uso más
intensivo de las infraestructuras disponibles, que es otro de los
objetivos claros que han conseguido países como Gran Bretaña, que
utilizan más su infraestructura. Esa preocupación constante por conseguir
los costos más bajos nos lleva a estar continuamente en punta, buscando
fórmulas para poder utilizar mejor las infraestructuras, como decía el
Ministro, cuando, como en estos momentos se puede conseguir utilizar el
Hispasat con mucha más intensidad.

En Coalición Canaria el índice que nos preocupa es si se utiliza el
teléfono lo suficiente, si el sistema tarifario nos impide, sobre todo en
las medidas y largas distancias, el uso del teléfono lo necesario para
incrementar la competitividad de los sectores económicos de nuestro país.

Podemos, por tanto, estar de acuerdo en mantener durante un tiempo el
«status» actual, pero siempre que tengamos un compromiso, y el compromiso
debe cumplirse en el año 1998 para que podamos tener en ese momento la
infraestructura necesaria en nuestro país, que debe estar a la altura de
la media europea.

Cuando hablamos del sistema tarifario no vemos los inconvenientes en
aceptar compromisos a cinco años para adecuar los sistemas tarifarios a
los costes. Si no se acepta el compromiso a cinco años la realidad es que
lo que va a pasar es que, llegado el año 1998, vamos a necesitar los
cinco años. La dificultad en conocer la infraestructura de los costes no
puede ser disculpa suficiente, cuando, además, por ejemplo, según los
datos aportados por el propio Ministro, las tarifas metropolitanas están
tan alejadas, 8,72 en España, de las de Alemania, Francia, Gran Bretaña e
Italia, que, por mucho que nos desviemos en la contabilidad de costos,
seguro que tenemos margen para irla conociendo en los cuatro años que nos
quedan para la liberalización; tenemos margen para irlo adecuando. Y en
las provinciales y nacionales, si pusiéramos como meta lo que parece
razonable, que es obtener precios como los de Gran Bretaña, también
tenemos margen suficiente.

Por tanto, creo que tiene que haber un compromiso para ir acoplando ese
sistema de tarifas y si lo que impidiera ese sistema de tarifas fuera el
incremento del índice de precios al consumo, lo que tendríamos que hacer
es calcular el índice de precios al consumo según las medias de todas las
tarifas y no sólo con la tarifas metropolitanas, para que realmente
adecuáramos el índice de precios al consumo, a la realidad, y que esa
transformación tarifaria que hay que hacer no nos lleve a disparar el IPC
porque no sería real, porque estaría haciéndose sobre un índice
metropolitano solamente. Nos parece que aumentar la tarifa metropolitana
es difícil, pero parece que es un objetivo que hay que cumplir; hay que
establecer un proceso medido para ello y para que la sociedad sea capaz
de asumir ese impacto.

La telefonía empieza a cumplir, además, en los años



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que vivimos, su objetivo. La telefonía nació para evitar el transporte
físico de las personas; que bajen las tarifas de larga distancia, que las
tarifas se igualen siendo, además, razonable --hoy, pasar por un calle
lleva un costo de infraestructuras mucho menor que pasar por cada una de
las centrales, que llevan una conexión--, nos parece que eso ayuda al
objetivo del uso del teléfono, nos ayuda a evitar los transportes físicos
en muchos casos; indudablemente, mejora la competitividad comercial y,
por tanto, mejora al final el sistema económico de todo el Estado. Ese
compromiso firme nos parece que debe ser el objetivo para poder, como
digo, cumplimentar la fecha de 1998. Otra cosa sería que la
infraestructura en 1998 no fuera la necesaria, después de haber intentado
conseguir ese objetivo, y se precisara una prórroga, pero debe evitarse
al máximo.

En cuanto al TMA, todos estaremos de acuerdo en que la posición lógica
hoy es que la telefonía móvil de los nuevos operadores se desarrolle con
tecnología digital; sería absurdo ir a la tecnología analógica. Lo que sí
nos parece es que hay que tener mucho cuidado --pedía el señor Ministro
opinión-- en los concursos, porque entre el sistema de elegirlos sólo en
función de la tarifa más baja o el sistema donde el canon prime, lo que
no puede pasar es que, por primar el canon, nos encontremos con que la
telefonía móvil la seguimos teniendo a los precios que la tenemos
actualmente, unos precios muy superiores a muchos de los países europeos.

Ese es otro síntoma de adelanto de una sociedad. El número de usuarios en
España es muy corto; las posibilidades de mejora de la competitividad de
todos los negocios con el uso del TMA es evidente y clara y, por tanto,
para que el TMA se pueda ampliar en el número de abonados es necesario y
fundamental que bajen las tarifas. Por eso es muy importante que, al
elegirlo, primen las tarifas de forma fundamental. Estoy de acuerdo en
que no puede ser solamente el sistema tarifario, que habrá que tener en
cuenta un «mix» de tarifas con canon, pero donde el peso básico sea la
tarifa, porque obtener un buen canon y una tarifa alta quizá al sistema
económico global le perjudique más que le beneficie, aun cuando dé al
Estado unos ingresos extra.

Tenemos que preocuparnos en estos momentos mucho más de la competitividad
global de la economía española que del rendimiento puntual en un canon
por un sistema de concurso en la telefonía móvil automática.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sedó, en nombre de
Convergència i Unió.




El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, como es habitual y natural,
quiero saludar al señor Ministro y a la señora Secretaria General.

Tenía interés en tratar dos temas concretos, pero quería hacerlo en un
tono de diálogo-conversación, no de debate y enfrentamiento. Trataban
sobre el Tribunal de la Competencia. El informe del Tribunal de Defensa
de la Competencia incluye una serie de recomendaciones, tanto de carácter
general como sectorial, para fomentar la competencia de la economía
española. Las recomendaciones de carácter sectorial afectan básicamente a
diez ramas de actividad. Curiosamente, según la información que poseo,
los diez sectores objeto del estudio básicamente afectan a su Ministerio,
señor Borrell, excepto uno --toquemos madera--, que se refiere a
servicios funerarios; los demás, telecomunicaciones, suelo, transportes
aéreos, por ferrocarril, marítimos, instalaciones y servicios de recogida
de basuras, que en medio ambiente también creo que puede afectar a su
Ministerio; también puede escaparse energía eléctrica.

Entrando ya directamente en las comunicaciones, nuestro Grupo --al menos
yo, en representación del Grupo he tenido que intervenir en distintas
Comisiones de esta Cámara y en otros foros-- siempre ha defendido la
liberalización, pero algunas veces introdujimos un pero; este pero nos
hace, quizá, acercarnos un poco a las opiniones del señor Ministro. La
liberalización de las telecomunicaciones se plantea en el informe con un
horizonte temporal gradual sólo para ciertos subsectores: servicios de
larga distancia, telefonía móvil y televisión por cable --ésta es la
información que yo tengo--, y cabe destacar la recomendación de mantener
el monopolio de teléfonos domésticos, de los que también ha hablado aquí.

Por lo tanto, quizás las diferencias entre el Ministerio y el Tribunal de
defensa de la competencia no sean tantas.«
Quisiera, señor Ministro, que me hablase fuera del lenguaje de las siglas
para que los Diputados de a pie y de demarcaciones no tan amplias, ya que
las telecomunicaciones pueden ser un objeto muy interesante para nuevos
operadores en grandes demarcaciones, como Madrid, Barcelona o Valencia.

¿Qué puede decirle a un Diputado, a un señor de un pueblecito de las
montañas de Galicia, de las montañas de Andalucía, de Sant Martí de
Canals, respecto a toda la liberalización de estos servicios de
teléfonos? Correos podría ser la respuesta conocida. De acuerdo que el
monopolio les asegurará que tendrán sus teléfonos pero ¿cómo les va a
afectar en cuanto a las tarifas? Y si no les va a afectar a ellos
directamente, ¿cómo va a afectar al operador principal que tenga que
cubrir aquellas zonas? Quisiera que, sin lenguaje de siglas, de una
manera llana, nos explicara qué sucede con esta cuestión.

El segundo tema sobre el que quería preguntarle es sobre el cuadro que
nos ha facilitado en cuanto a la lista de espera de Telefónica en el que
se ven los buenos resultados desde 1988 a 1993. En los últimos años,
1991, 1992 y 1993, el cuadro nos puede dar una visión muy optimista en
cuanto a las inversiones que puede tener Telefónica. Aquí se ha comentado
el aspecto crisis y tengo información de que sobre todo en 1993 ha habido
muchas bajas por impagos --por lo tanto, la baja la ha dado la
compañía--, pero también muchas bajas voluntarias por efecto de la
crisis. Sería interesante saber en estos últimos años en qué tanto por
ciento ha ayudado la crisis, por desgracia, a estos buenos resultados de
la lista de espera en Telefónica.




El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.




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El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecerle al señor Ministro su esfuerzo al
haber hecho una intervención detallada sobre este asunto de
extraordinaria importancia. Creo que ese rehuir continuo del señor
Ministro de cualquier posición ideológica, intentando únicamente entrar
en lo concreto de la situación existente, que viene marcada
fundamentalmente por las Directivas europeas y por el Libro Verde, hace
que sea fácil perderse en su intervención y que ésta sea farragosa. En
este sentido, creo que en la política la forma siempre tiene que ver con
el fondo y que la posición política en cierto sentido es farragosa, no es
clara. Sé que rehúye continuamente de pronunciarse ideológicamente. El lo
dice continuamente con la frase: no es una posición ideológica, sino
simplemente un análisis concreto, con datos. Creo que hay que
posicionarse ideológicamente también en estas situaciones, porque se está
produciendo una liberalización de toda la estructura física del Estado.

La acotación que ha hecho el señor Sedó no es baladí, es importante.

Cuando se plantea la liberalización por parte del Tribunal de la
Competencia se hace fundamentalmente en un Ministerio físico, que es el
portador de todas las infraestructuras físicas del Estado: transportes,
en este caso telecomunicaciones, suelo, etcétera. Desde luego, tengo
serias dudas de que por esta mera liberalización vayamos a ir a una
modernización del Estado y a una mejor organización y eficacia del mismo.

Sé que es una posición ideológica y la admito como tal, o sea que no
tengo ningún rubor en plantearlo. Dudo que el esfuerzo de intentar
aparecer como el más racional de los liberales, en última instancia,
tenga éxito político. Creo que la intervención del señor Camisón en este
sentido ha sido bastante explícita, es decir, nunca va a ser bien
aceptada esta posición de intentar ser el más racional de los liberales.

A mi estimado amigo y enconado adversario político hay que agradecerle lo
explícito que es en este sentido. Cualquier intento por parte del
Ministerio de encauzar mínimamente la liberalización de este sector
siempre va a ser baldío, siempre se va a exigir mucho más porque el
objetivo, en última instancia, es conseguir la liberalización total, al
margen de otro tipo de intereses, incluso yo diría de intereses
nacionales.

En este sentido, su intervención es compleja y farragosa y creo que hay
que hacer un esfuerzo de mayor clarificación. Evidentemente, hay que
reconocer que el debate con la derecha es positivo, extraordinario y una
de las grandes virtudes de la democracia, porque hace que de alguna
manera los grandes fallos que han existido y que existen en la gestión
pública de este sector tengan que superarse. Es positivo y es justo que
desde los sectores conservadores se haga notar cuáles son los profundos
defectos que han existido en esta gestión y con los que nos podemos
seguir encontrando. Creo que hay que tener posiciones más valientes y más
claras, admitiendo que nos encontramos en un marco extraordinariamente
conservador, porque creo que los marcos de las directivas europeas y del
Libro Verde son bastante conservadores y, desde luego, apuestan por una
liberalización importante. A pesar de eso, creo que habría que plantearse
una estrategia ofensiva que de alguna manera defienda mejor los intereses
nacionales en una situación que considero peligrosa, porque los
instrumentos que tenemos en este proceso de liberalización son de
inferior calidad o poder que los que tienen otros países europeos.

En este sentido, echo muy en falta en su intervención la posición que el
Gobierno va a tener en lo que son los instrumentos que existen en nuestro
país para estar en el futuro mercado de las telecomunicaciones; y los
instrumentos que existen en nuestro país son fundamentalmente las
empresas que tienen una amplia participación pública, en esta caso
Telefónica y todo lo que se mueve alrededor de Telefónica, porque desde
el sector de la telemática y de las diferentes empresas que han existido
en España se han movido y se siguen moviendo alrededor de Telefónica.

Echo en falta por parte del señor Ministro que nos dijera cuál es la
política que va a seguir el Gobierno en una empresa como Telefónica, echo
en falta también un pronunciamiento sobre cómo es la relación de
Telefónica con muchísimas empresas, como Initel, Amper, ectcétera, que
creo que están perdiendo el pie y que están haciendo que España se
encuentre cada vez con menos industrias de telecomunicaciones solventes.

En España las únicas industrias de telecomunicaciones solventes han sido
públicas o de amplia participación pública. Creo que esto es necesario
para plantearse una estrategia a la ofensiva, en la cual nosotros,
mediante las empresas que tengamos, podamos defender lo que consideramos
que son intereses nacionales y que todos los países defienden de una
manera u otra, porque, independientemente de que planteen una
liberalización del marco europeo, Francia, Alemania, etcétera, se
plantean mecanismos para defender sus empresas de telecomunicaciones en
última instancia para, de una manera si se quiere indirecta, tener un
control importante de todo el sector de la telecomunicación en cada uno
de esos países.

Otro aspecto sobre el que creo que el señor Ministro debería ser más
explícito sería el de cuáles son las previsiones del Gobierno en la
regulación de la televisión por cable, por ejemplo. Simplemente ha hecho
una mención --o creo haber oído solamente una mención-- a que va a
regular el cable, pero creo que en la regulación de la televisión por
cable deberíamos tener una información más pormenorizada sobre cuáles son
los planes del Gobierno. En este sentido, Izquierda Unida ha presentado
incluso una proposición de ley, que nos parece muy importante, porque el
tema de la televisión es extraordinariamente importante en nuestro país,
es un elemento de poder político importantísimo. Además, creo que es
bastante ilustrativo lo que ha significado la liberalización de la
televisión en nuestro país; ilustrativo en el sentido de que ha hecho
buenas a las cadenas públicas, evidentemente. Creo que las cadenas
públicas, con todos sus defectos, son las de mejor calidad en este país y
creo que sería interesante que supiéramos cuáles son los planes del



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Gobierno en este tema de la televisión por cable, que hasta ahora no los
conocemos en profundidad.

Nosotros, por la importancia estratégica que tiene este sector, al igual
que se ha montado un Consejo del Medio Ambiente, creemos que sería muy
interesante que se montara un consejo de la comunicación, en el cual
estuvieran representados todos los sectores que tienen que ver con este
aspecto en nuestro país. Es una idea que avanza mi Grupo, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y aunque tampoco puedo solicitar al
Gobierno que me dé una respuesta inmediata sobre este asunto, sí quiero
manifestarle la idea que tiene mi Grupo Parlamentario de que es necesario
crear en nuestro país estructuras en las que participen todos los
sectores que tienen que ver con él, precisamente para controlar un sector
estratégico tan importante.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: A continuación y en nombre del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Ministro, por su exposición
sobre un tema que nosotros consideramos de importancia trascendental para
el desarrollo de este país, pero que en la sociedad, en nuestra
ciudadanía, es muy difícil de transmitir, porque, efectivamente, existe
un componente técnico, un componente tecnológico, a cuya terminología no
estamos habituados el común de los españoles.

Sí es cierto --y yo se lo recomendaría al que no lo haya hecho-- que la
lectura de los dos libros a que ha hecho referencia el señor Ministro
vendría muy bien para aclarar muchos de los conceptos que hay actualmente
en boga en el sector de las telecomunicaciones, para entender,
técnicamente y con palabras muy asequibles, en qué consiste cada uno de
ellos y, por supuesto, para observar que es uno de los sectores más
importantes que hay en este país y al que menos atención se le está
prestando desde el entorno ciudadano.

Desde luego, España no nació en el año 1982. Nosotros llegamos al poder
en este país en 1982, pero antes no se había hecho nada en el tema de
telecomunicaciones que hubiera supuesto unos primeros pasos tendentes a
lo que ahora se está pretendiendo por algunos grupos políticos. En el año
1986 nosotros nos incorporamos a la Comunidad Económica Europea; en el
año 1987 aprueba esta Cámara la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones; progresivamente aprueba la reforma de la Ley de
Ordenación de las Telecomunicaciones y al final se aprueba un Plan
Nacional de Telecomunicaciones que, sin duda, es el instrumento
importante y en el que se contemplan todos los pasos que tiene que dar el
sector de las telecomunicaciones para alcanzar las cotas de calidad y de
servicio que hay en otros países de la Comunidad Económica Europea.

Sin embargo, el Plan Nacional de Telecomunicaciones, debido a su
tendencia de liberalizar algunos servicios, entendemos que debe ser un
plan flexible y, como es lógico, adaptable a todo lo que es innovación, a
todo lo que es la evolución de este sector de las telecomunicaciones, y,
desde luego, su desarrollo está también en manos del sector privado; está
en manos del sector privado, que es el beneficiario de esta
liberalización que se está propiciando en el desarrollo del Plan y en el
desarrollo de las normativas comunitarias. Por tanto, existe una
corresponsabilidad entre la Administración y el sector privado para que
este sector de las telecomunicaciones tenga la incidencia y la
importancia que todos esperamos.

Imagino que todos entenderán que el mundo de las telecomunicaciones no
admite comparación alguna con el mundo de la prestación de otros
servicios públicos. Su componente, su universalidad en muchos de sus
aspectos, concretamente en el telefónico, y su necesaria modernización,
su eficacia hay que ratificarlas continuamente, puesto que nos estamos
moviendo en unos conceptos y en unas dimensiones en las que la
delimitación, la frontera o la tecnificación que rodea a los sistemas de
telecomunicación no son definiciones fácilmente asimilables por todos los
ciudadanos de este país.

Los avances tecnológicos que, hora a hora o día a día, se están
produciendo, hacen que cuando hablamos de futuro nuestra imaginación se
quede corta y que cuando hablamos de pasado nos estamos refiriendo a
declarar obsoletas tecnologías que casi no han tenido tiempo de ser
conocidas por la mayor parte de la ciudadanía. Los avances tecnológicos
han superado las fronteras naturales. Es decir, no se puede comparar lo
que es la liberalización del mercado del suelo con lo que es la
liberalización de las telecomunicaciones, en absoluto. Hay un
intercomunicador, a través de las ondas, de los países. Las industrias de
telecomunicaciones tienen un desarrollo internacional; las posibilidades
que se han abierto son cada vez mayores. Es decir, en esta dirección
podríamos hablar de muchísimas condiciones, de muchísimos aspectos que
tienden a demostrarnos que cuando hablamos de la liberalización de las
telecomunicaciones estamos hablando de un proceso que no tiene parangón,
no tiene comparación posible con otros sectores de la vida pública
española.

De todas formas y a pesar de que alguien pueda decir --y se ha dicho en
algunos casos-- que no se pueden poner puertas al campo, nosotros sí
pensamos que en el campo tenemos que jugar todos. Y no puede ser que unos
jueguen y otros no. Y sí debemos, desde el Grupo Socialista, apoyando el
planteamiento que ha hecho el señor Ministro, poner de manifiesto que
debe haber una regulación del sector de las telecomunicaciones
encaminada, de un lado, a mantener un servicio público telefónico de
calidad, moderno, eficaz y financieramente autosuficiente y, de otro
lado, a desarrollar el resto de los servicios de la comunicación lo más
rápidamente posible, entre otras cosas porque estamos en un mundo de
competencia en el que, como no nos espabilemos, otros vendrán que nos
prestarán esos servicios. Y creo que la industria española merece entrar
en este camino de la prestación de estos servicios de telecomunicación
con las mismas garantías, con los mismos derechos y con los mismos
beneficios que otras industrias de otros países.




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En todo el desarrollo que ha hecho el señor Ministro nosotros estamos
completamente de acuerdo, porque al hablar de garantía del servicio
público de telefonía local y de su extensión está hablando del
mantenimiento de un servicio público universal que permite y va a
permitir a todos los ciudadanos de este país disponer de un medio de
comunicación al que tienen derecho. Que para conseguir este objetivo haya
que adoptar una serie de medidas encaminadas a reequilibrar las tarifas,
a intentar que haya incremento en la tarifa metropolitana y que haya
reducción en la tarifa provincial, nacional o internacional es una forma
de intentar que este servicio sea un servicio que llegue a
autofinanciarse, que creo que es otro de los objetivos que, como ya he
indicado anteriormente, usted ha planteado en su exposición y con el que
estamos plenamente de acuerdo. El que se establezcan unas tarifas de
acceso a la red telefónica conmutada para que todos los operadores y
usuarios de los servicios de telecomunicación tengan que contribuir al
mantenimiento del servicio público de telefonía vocal, también pensamos
que es otro elemento importante en lo que es la consecución de estos
objetivos.

El abrir los mercados y el calendario de liberalización en España de los
circuitos alquilados, a pesar de que en estos momentos se siga prestando
el monopolio por Telefónica, también entendemos que ha de producirse en
el tiempo marcado por las propias normativas comunitarias y, desde luego,
con arreglo a las previsiones que ellas establecen y a lo que este país
puede permitirse en función de la defensa de nuestro propio sector
industrial, hay que permitir que exista la reventa de la capacidad
alquilada por los usuarios a terceros.

Es decir, hay que dar una serie de pasos que tienen que encaminarse a que
este sector de las telecomunicaciones, además de que sea más conocido por
el ciudadano, entre otras cosas porque entendemos que de esa manera habrá
una mayor concienciación de la importancia que tiene para el país, además
de su desarrollo, sea un sector estimado, sea un sector conocido del que
todos los ciudadanos nos podamos sentir orgullosos.

En estos momentos nos han instalado en nuestros despachos aquí en la
Cámara unos teléfonos multiuso, por decirlo de alguna manera, que tienen
varios tipos de operaciones a realizar. Esto a veces no se aprecia
porque, como se instala el teléfono, se pone el dedo en los distintos
botones y sale la voz, pensamos que no tiene ninguna trascendencia. Pero
el desarrollo de este esquema de telefonía tiene detrás un sector
industrial, tiene una capacidad importante que no apreciamos, que no
valoramos en toda su dimensión.

Pensamos que ya es hora de que la propia ciudadanía se dé cuenta de que
este sector es uno de los que más incidencia está teniendo, con el que
nos estamos viendo todos los días la cara a través de nuestras llamadas
telefónicas, de nuestra transmisión de datos, de nuestra transmisión de
documentos. Tenemos que aprender a valorarlo y a defenderlo en todo su
conjunto.

Yo, señor Ministro, en nombre del Grupo Socialista, le animo a seguir
trabajando en esta dirección que usted ha emprendido, que el Gobierno ha
emprendido, porque los datos que usted nos ha suministrado son datos
suficientemente elocuentes que marcan la tendencia que viene contemplada
en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que marcan el apoyo al
desarrollo del sector de las telecomunicaciones, que es importante para
este país. Espero que con la aplicación de las normas comunitarias, en
las que participamos voluntariamente --nadie nos ha obligado a ello--, y
que tenemos que cumplir, intentemos mantener el equilibrio de ofrecer un
servicio público básico importante, contribuir al desarrollo de un sector
y que las telecomunicaciones sean uno de los elementos importantes de
nuestra vida diaria.

Respecto a la telefonía móvil automática, el señor Ministro ha preguntado
cuál era la posición de nuestro Grupo respecto a qué tipo de
procedimiento concesional habría que llevar a cabo. Mire, el más
transparente posible. Pero, junto a ello también, el que
internacionalmente esté más reconocido, que goce de un respeto
internacional, porque nos estamos moviendo en unos sectores industriales
en los que la internacionalización y la intercomunicación es uno de los
elementos consustanciales. Desde luego, el hecho de que exista una
precalificación con oferta económica es uno de los elementos que
posibilitarán el buscar el procedimiento concesional más equilibrado y
más ajustado a la realidad.

Por ello, señor Ministro, reciba de este Grupo el apoyo para que el
desarrollo de este plan y de esta normativa comunitaria se lleve a cabo y
esperamos que todo vaya en beneficio de la prestación de unos servicios a
los que todos los ciudadanos de este país tienen derecho.




El señor PRESIDENTE: Me comunica el señor Ministro que tiene que hacer
una comunicación telefónica y que, no disponiendo en su bolsillo del
equipo apropiado de telefonía móvil automática, tiene que ausentarse un
par de minutos de la sala.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE (Borrell
Fontelles): Les ruego me permitan que me ausente.

Quisiera hablar con Extremadura para conocer la situación del accidente
que se ha producido ayer en Miravete. Había quedado en llamar a la una,
esperando que a esa hora hubiéramos terminado. Como no es así, ruego que
me dejen ausentarme un momento. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Después de esta breve pausa y habiendo intervenido
todos los grupos políticos, damos la palabra al señor Ministro para que
conteste a las preguntas adicionales que le han sido formuladas.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Quiero dar las gracias a los señores Diputados por
sus consideraciones. Realmente no son tanto preguntas como comentarios o
consideraciones, a las que intentaré contestar también ampliando la
información que les he dado y, en la medida de lo posible,
clarificándola, porque



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veo que no debo haber conseguido mi propósito en todos los casos.

Quizá sea necesario volver a repetir que el plazo que se ha concedido a
cuatro países comunitarios para que la liberalización de la telefonía
local se produzca después de 1998 es un plazo potestativo. Esos países
utilizarán o no eso según les convenga. Es una posibilidad que en nada
nos afecta negativamente. Creo que decir que el objetivo de España es
liberalizar en el 2003 es una interpretación de las intenciones que
puedan tener los gobiernos que se desarrollen de aquí al 2003. España
tiene la obligación de liberalizar a partir del año 2003 y puede hacerlo
a partir de 1998 si cree que está en condiciones de hacerlo. Nada nos
obliga a esperar hasta el 2003.

¿En qué nos perjudica haber conseguido un plazo adicional que podemos
utilizar y estimamos necesario utilizarlo; o no utilizarlo, si creemos
que en 1998 estaremos ya en condiciones de proceder a la liberalización?
Francamente, creo que algún planteamiento en este sentido debería juzgar
las cosas por lo que son, y no por lo que se intenta plantear que son. De
todas maneras, señor Camisón, perdone usted, pero los datos que he
repartido son de líneas en servicio, no son, como usted cree interpretar,
de líneas instaladas: son de líneas en servicio. La penetración de líneas
en servicio es del 36,5 por ciento. Si hablásemos en términos de líneas
instaladas, en este caso tendríamos una penetración de casi el 40 por
ciento. Por tanto, sus opiniones son suyas, yo las respeto, pero llamemos
a las cosas lo que son y no pretendamos plantearlas como que se hubiera
dado una información que no se corresponde con la realidad.

Por otra parte, usted sabe, o debería saber, que las centrales son
modulares y que no es posible instalar una central exactamente del número
de líneas que se piden hoy. Que las infraestructuras crecen en saltos
discontinuos, y que, naturalmente, cuando se instala una central, hay un
conjunto de líneas que no son usadas hasta que no se satura su capacidad.

Si habláramos en términos de hogares con servicio, España tiene un 81 por
ciento de hogares con servicio. Es verdad que la media comunitaria es del
90 por ciento, pero en España hemos pasado en 10 años del 60 al 81 por
ciento. Estos son los datos que cuentan, y yo creo que la referencia
permanente a la auditoría de Correos tiene tanto que ver con lo que
estamos discutiendo esta mañana aquí que no me voy a ensañar con sus
desviaciones permanentes a salirse del tema para hablar de algo que nada
tiene que ver con el asunto y mucho con sus fijaciones personales. Ya sé
que España no tiene la penetración telefónica europea; ¡si se lo he dicho
yo! Si le he dicho que tenemos la que tenían ellos hace diez años; pero
no hay que dejar de reconocer que en una década hemos pasado del 60 al 81
por ciento, en términos de hogares, o que estamos en el 40 por ciento, en
términos de líneas instaladas, o del 36 por ciento, en términos de líneas
con servicio.

Pero, en fin, yo comprendo que usted no tenga toda la información y
además también comprendo que no la quiera usted tener, porque si quisiera
hacer el mínimo esfuerzo, sabría que Telefónica está invirtiendo el 38
por ciento de sus ingresos, y que la media de inversión de un operador
europeo es del 24 por ciento, y que el esfuerzo de inversión que ha hecho
Telefónica no lo ha hecho ningún operador europeo, entre otras cosas
porque en Europa, afortunadamente para ellos, han tenido Estados más
intervencionistas en el pasado que han financiado las redes de
telecomunicaciones con cargo a los presupuestos, mientras que en España
lo hemos hecho todo con cargo a tarifas o al endeudamiento del operador,
a su cash-flow o a su anticipación financiera, y eso acaba teniendo unos
planteamientos de costes que tienen las consecuencias que tienen.

De manera que podría hacer un esfuerzo adicional para volverle a explicar
cosas que usted debería saber, que están en los libros que le he
entregado, y podríamos entrar en discusiones sobre los datos, pero no
creo que merezca la pena, porque sería, como está siendo, un diálogo de
sordos. Usted dice: la tasa de crecimiento desde 1982 ha sido menor que
antes de 1982. Pues sí, pero éste es elemento absolutamente irrelevante,
porque la penetración de un mercado no es lineal, sigue una curva
logística. ¿Sabe usted cómo son las pendientes de una logística? Pues si
lo viera se daría cuenta de que, naturalmente, cuanto más maduro es el
mercado, más lento es el ritmo de penetración. ¿De qué se sorprende
usted, de que en los diez últimos años hayamos crecido a tasas menores
que en el pasado? Hombre, si partiéramos de un millón de líneas al año,
las duplicaríamos cada año, pero, naturalmente, cuando usted se acerca a
una tasa de penetración mayor, disminuye el ritmo de penetración; no le
debería a usted sorprender, o no debería usted utilizarlo como un
elemento de crítica.

En cuanto al tema francés, también debería usted saber que la cuestión
que usted ha citado es perfectamente compatible con el mantenimiento del
monopolio de la infraestructura de la red conmutada básica, porque son
pequeños terminales de alcance corto que acaban pasando por la red
conmutada. Por tanto, eso no ha alterado para nada el monopolio de France
Telecom con la red conmutada, ni en el servicio telefónico básico; ni las
tarifas de la telefonía móvil automática en España son mayores que en
Europa. Van a bajar, y deberíamos bajarlas antes de entrar en
competencia, pero hoy no son mayores que en Europa. Es mayor que en
Europa la tarifa de conexión. Pero yo les pregunto a los señores
Diputados: ¿creen ustedes razonable, políticamente hablando, que la
tarifa de acceso a un teléfono móvil, que sigue siendo un producto,
digamos, de alta gama, fuera más pequeña que la tarifa de conexión a un
teléfono fijo, que es un producto de gran consumo? ¿Ustedes quieren una
política de telecomunicaciones que ofrezca un teléfono móvil a una tarifa
de conexión menor que la que paga por su conexión un ciudadano en su
teléfono domiciliario fijo? Nosotros no queremos eso, no hemos querido
eso. A partir de ahora, tendremos que aceptarlo, y ya hemos autorizado a
Telefónica a practicar descuentos, pero nos ha parecido razonable que,
mientras la penetración del servicio no fuera universal, no hubiera un
desequilibrio en los precios que reflejen las distintas oportunidades de
acceso.




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Esta es una opción política que se verá naturalmente trastocada por la
entrada en competencia de otro operador que va a cambiar las relaciones
de alternativas que se ofrecen a distintos consumidores, porque ahora
Telefónica está haciendo un esfuerzo para equipar las zonas rurales de
este país con teléfonos que utilizan la tecnología móvil, empleando,
entre otras cosas, los cash-flows que le produce el monopolio, el
servicio público aplicado a unos servicios que, cuando desaparezcan, le
obligarán a repercutir los costes de forma más directa sobre los
usuarios, que ahora se están beneficiando de un esfuerzo en inversión que
no se justifica por criterios de rentabilidad empresarial. Ningún
empresario, buscando maximizar el beneficio, ofrecería servicios
telefónicos en muchas partes de este país. A algunos puede no
importarles; políticamente, a nosotros sí nos importa. ¿Que eso crea
subvenciones cruzadas? Sí. ¿Que hay que limitarlas, para evitar que eso
cree distorsiones en el aparato productivo? También. ¿Que es inevitable
la subvención cruzada, que nunca desaparecerá al cien por cien? Está
también en la lógica de las cosas, en la arquitectura tecnológica de un
sistema.

Pero, al final, yo les pregunto: ¿Señorías, creen ustedes que las redes
tienen especificidades que las caracterizan como algo distinto de otro
bien y servicio, que una red tiene una especificidad estructural y
tecnológica que hace que se separe del modelo de competencia pura y
perfecta? Pues los liberales creen que no. Creen que una red es como
producir yogur. Sin embargo, no es así. Un servicio de estructura de red
tiene economías de escala, tiene economías de alcance, tiene economías de
club, tiene efectos sobre la ordenación del territorio, tiene efectos y
problemáticas medioambientales, efectos de inversión a largo plazo. Ese
no es el sistema que vemos en los libros de texto de que cuantos más
operadores hay más equilibrio se alcanza, porque las ofertas y las
demandas tienden a encontrarse al mínimo coste. Eso no es que lo diga
ideológicamente; ésta es una realidad tecnológica que algunos niegan
desde una posición ideológica, pero a los que la realidad científica, a
la que yo me refiero, no les da la razón. Nadie lo defiende, salvo que se
parta de una posición extrema ideológica y, lamentablemente, de todo hay
en la viña del Señor, pero creo que la mayor parte de los analistas
entienden perfectamente que estamos ante un sector con unas
especificidades tan importantes que no puede considerarse como un sector
más de una economía ideal de libre competencia.

Eso no quiere decir que no tengamos que hacer esfuerzos para inyectar
competencia donde es posible. Y lo han dicho todos ustedes: la
competencia es compatible con el servicio público. Por supuesto. Es lo
que dijimos el 13 de junio en Bruselas; pero no es compatible de forma
automática, hay que hacerla compatible con el servicio público. El
monopolio no es el servicio público; mejor dicho, el servicio público no
tiene por qué presentarse únicamente bajo la forma de un monopolio. Se ha
presentado históricamente de esta forma. No tiene por qué pervivir en
esta forma, pero tiene que pervivir, y esa es otra posición ideológica;
hay gente que piensa que no tiene por qué pervivir, que lo que el mercado
ofrezca bien ofrecido está, y lo que no ofrezca quiere decir que no hay
que ofrecerlo. Pero nosotros entendemos que la comunicación es un
derecho, no es sólo una mercancía, y, por tanto, tiene que estar
garantizado por el poder público a través de una regulación. Pero eso hay
que hacerlo, no basta con decirlo, y el 13 de junio en Bruselas dijimos:
hagámoslo. Establezcamos tasas de acceso a la red, establezcamos
garantías de servicio público, cobertura universal, y cuando lo hayamos
hecho, cuando podamos garantizar que no va a haber ningún ciudadano
europeo que no tenga acceso a las ventajas del desarrollo tecnológico,
entonces dejemos que la competencia aporte el plus que es capaz de
aportar estableciendo entre los operadores el estímulo que da tener que
pelearse por el mercado. Pero esto no se hace solo, señorías, hay que
construirlo voluntariamente en un conjunto de normas y actuaciones.

Al final les voy a hacer una pregunta. Dígame quién cree que en España
hay que proceder mañana a la liberalización de la telefonía internacional
o de larga distancia. Vamos a dejarnos de circunloquios y de
consideraciones más o menos esotéricas. ¿Quién cree que mañana en este
país hay que liberalizar la telefonía internacional, la larga distancia?
Mañana, ¿eh? Ya sé que lo cree y lo propone el Tribunal de Defensa de la
Competencia. Prácticamente es la única propuesta que hace que tenga un
sentido distinto de la dinámica general europea. Pero, ¿algún grupo cree
que eso es lo bueno para el interés nacional? Yo creo que no, y no lo
cree ni el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, ni el Consejo
Asesor de Telecomunicación, ni lo ha creído la Comunidad Económica
Europea. Dejen ya de darme la murga, como decimos en catalán, impulsando
una liberalización que no sé en qué consiste. ¿Me están proponiendo
ustedes, señores del Partido Popular, que mañana, sin cambiar previamente
la estructura de tarifas y sin garantizar la cobertura universal,
liberalice la telefonía internacional, sí o no? Vamos a ver si nos
aclaramos de una vez. ¿Saben qué pasaría? Cojan ustedes esta tabla de
tados y lo verán perfectamente. Para llegar de un usuario a otro no basta
circular por la larga distancia; hay que acabar pasando por la red
capilar que llegue a la casa de cada cual. Telefónica tendría que dejar
usar su red capilar a British Telecom a una tarifa de 8,72, y tendría que
pagar una tarifa de 43,6 para circular por la red capilar inglesa para
llegar al abonado inglés. British Telecom cobraría en larga distancia
294, mientras que Telefónica cobraría 357. ¿Quién es capaz de competir en
estas circunstancias? ¿No se dan cuenta que Telefónica tendría que
prestar su red capilar a unos precios tres veces más bajos que los que
tendría que pagar para circular por la red capilar de otro? Es tan
difícil entender eso?
Todo eso se puede resolver, naturalmente. Resolvámoslo. Pero antes de que
no lo hayamos hecho, no pongamos en marcha mecanismo que irían en contra
de los intereses nacionales. Telefónica no tiene ningún problema en
competir. Si a Telefónica la dejamos mañana poner las tarifas inglesas,
estaría encantada de competir con British Telecom. Es mucho más
eficiente. Si le dejamos



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poner las tarifas inglesas, no hay ningún problema. Y si le liberamos de
obligaciones de servicio público, mejor todavía. El problema es mantener
la exigencia de la obligación de servicio público, exigirle que invierta
y preste servicios donde no lo haría nadie por la lógica del mercado y
mantener unas tarifas que están completamente fuera de los costos de sus
competidores. Por favor, señores, dejemos ya de hacer invocaciones
abstractas y bajemos a la realidad.

Si la respuesta es que hay que liberalizar mañana la telefonía
internacional, les diré: lo siento mucho, ustedes no entienden el
problema y no son conscientes de sus consecuencias. Estarían creando un
grave problema de equilibrio financiero a Telefónica y de pervivencia del
servicio público en España. Si la respuesta es no, vamos a reestructurar
primero, es lo que está proponiendo el Ministerio, es lo que hemos
decidido en Bruselas. Vamos a reestructurar primero. ¿A qué ritmo? Al que
podamos, al que seamos capaces política y socialmente de llevar a cabo.

¿En 1998 hemos terminado? Mejor ¿Que no hemos terminado? Tenemos más
tiempo. No me parece un escenario demasiado perverso, ni demasiado malo
para nuestros intereses. Eso es lo que creo que es importante distinguir.

En todo lo demás podemos discutir si es un mes más o si es un mes menos,
si vamos más despacio o si vamos más deprisa; salvo en TMA no tengo
ninguna conciencia de ir más despacio que otros países. Pero piensen que
España no es Holanda, Francia o Alemania. Piensen que en España hay
todavía zonas del país que no tienen cobertura telefónica, algo que en
Holanda no saben lo que quiere decir. Por lo tanto, su estrategia no
puede ser la misma en un sitio que en el otro.

En 1996 habremos dado la cobertura universal, habremos cubierto todo el
territorio con inversiones que van en contra de la lógica económica y,
por tanto, en contra de la lógica de la competencia, pero cuando lo
hayamos conseguido estaremos en unas condiciones que ahora no estamos y
ellos sí están. Eso no sé cómo llamarlo; no sé si es ideológico o es
empírico-tecnológico, pero desde luego tiene interpretaciones
ideológicas. Me he esforzado en esta comparecencia en separar las
opiniones de los hechos, en separar los informes «opináticos», que son
muy respetables pero que no reflejan más quue la opinión de quien los
escribe, y los hechos en los que se sustenta la realidad que describe el
conocimiento preciso de las cosas como son y no como Adam Smith las
hubiera interpretado. Ahí es donde creo que radica la diferencia entre la
responsabilidad de gobernar y enfrentarse a los problemas concretos, y el
papel que le toca jugar a la oposición, que tiene también, señor Camisón,
un deber de coherencia al que no puede S. S. tampoco faltar.

El señor Sedó me preguntaba de qué manera podría afectar esto a las zonas
marginales del país. Si lo hacemos bien, de ninguna manera, porque vamos
a establecer obligaciones de servicio público. Una obligación de servicio
público quiere decir que un operador tendrá que garantizar el servicio en
todas partes, pero como no le será rentable hacerlo, habrá un sistema de
tasas de acceso que pagarán los otros operadores y que le compensarán del
«descreme» que soporte y de la obligación que sigue manteniendo de servir
a Sant Martí de Canals, porque le aseguro que en Sant Martí de Canals la
competencia no va a poner nunca un teléfono. Una vez más es un problema
ideológico. La comunicación ¿es una mercancía o es un derecho? Hemos de
confiar en el mercado para producir mercancías, pero para garantizar
derechos, no, para garantizar derechos hay que confiar en la norma, en la
regulación. Y la regulación se construye con tasas de acceso y con
obligaciones de servicio público que hoy existen implícitas en España en
el sistema de subvenciones cruzadas, implícitas: entre todos lo pagamos
todo, y algunos pagan más de lo que cuesta y otros pagan menos de lo que
cuesta.

Este sistema históricamente ha funcionado, pero ha dejado de funcionar en
la medida en que la tecnología ha abierto una brecha que debe ser
cubierta con sistemas más sofisticados, donde cada cual paque lo que
cuesta y se establezcan sistemas que identifiquen los sobrecostes de lo
que entendamos que es una obligación establecida por criterios políticos.

Hay una compensación de costes y de beneficios entre los distintos
operadores, pero esto se dice pronto y no se hace tan pronto. Cuatro años
a mí no me parece demasiado tiempo para establecer mecanismos como éstos.

Ya verán las dificultades que va a encontrar la Comisión para hacerlo. No
va a ser nada fácil. Intentemos hacerlo lo más rápidamente posible,
porque, de lo contrario, si es cierto, habrá zonas del país que no
tendrán los servicios a los que creemos que tienen derecho.

El señor Sedó dice: cuánta gente se ha ido de Telefónica porque la crisis
les ha inducido a ahorrar costes, dándose de baja en los teléfonos. Pues
bastantes. Pero, ¿por qué se han ido? Porque saben, entre otras cosas,
que es fácil volver cuando no hay cola. No le quepa ninguna duda. Ha
habido otras crisis en este país y nadie se ha dado de baja de un
teléfono porque sabía que volverlo a conseguir era tremendamente difícil.

Cuando la gente se da de baja fácilmente es porque sabe que puede
volverlo a conseguir fácilmente. Eso es consecuencia de una capacidad de
flexibilidad de la oferta que hemos acumulado gracias a 600.000 millones
de inversión al año, que provienen de unos cash flows que derivan de unas
tarifas que son la base de la productividad. Porque la productividad se
consigue acumulando capital, no se consigue rezando el rosario por las
noches. Acumulando capital implica tener el cash flow para poderlo
financiar. Eso quiere decir tarifas. Entonces el beneficio viene antes de
la inversión, y el incremento de productividad es consecuencia del
beneficio preexistente, no al revés, como algunos pretenden que funciona
el mundo.

En cuanto a Izquierda Unida en particular su portavoz me ha dejado
planchado porque yo creía que sí había definido una posición ideológica y
veo que no, que no la he definido o, al menos, S. S. no la ha
identificado. He procurado que la ideología no se mezcle con la
estadística porque muchas veces confundimos una cosa con la otra.

Alcatel, Ericsson y AT&T son muy eficientes y no tienen participación
pública y son la base de la industria



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electrónica española. ¿Qué va a pasar con Telefónica? Yo creo que
Telefónica debe seguir manteniendo una participación de capital público
del orden del 36 por ciento, que no deberíamos disminuir esta
participación. Es ya la más baja de Europa. Incluso British Telecom tiene
la participación mayor de capital público. Debemos mantener la presencia
de un operador mientras siga siendo un operador básico.

La arquitectura que tenemos que construir --y me gustaría alcanzar con
consenso con todos los partidos políticos al respecto-- es una donde
garanticemos la neutralidad del operador de las infraestructuras con
respecto a los operadores de servicios y la no redundancia en inversión
en infraestructuras, la no sobreinversión, para ofrecer una red de
capacidad suficiente que no tenga costos excesivos. Eso, sin duda, va a
obligar a cambios en la arquitectura de los actuales operadores que hay
que imaginar y que hoy en día no están claros porque no lo pueden estar,
porque no sabemos el impacto que tendrá la banda ancha, lo que va a
significar el Plan Fotón, por el que se interesaba el representante de un
partido político valenciano... ¿cómo se llama?



El señor OLIVER CHIRIVELLA: Unió Valenciana.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Es que a veces llamamos valencianos a los de Unió
Valenciana, y hay otros valencianos que han votado a otros partidos
políticos. (El señor Vicepresidente, Morlán Gracia, ocupa la
Presidencia.)
Al representante de Unión Valenciana le inquietaba saber qué va a pasar
con el cable de Telefónica. Teléfonica tiene el Plan Fotón por el que va
a instalar fibra óptica en todas las ciudades de más de 100.000
habitantes como elemento de conducción de la telefonía, pero eso va a ser
también elemento de conducción de otros servicios: el cable, la banda
ancha. Vamos hacia un multimedia que va a cambiar el escenario de las
infraestructuras europeas y hay que hacerlo de una forma ordenada. No
tiene ningún sentido que España haga ahora lo que no ha hecho ningún país
europeo, salvo Inglaterra --poquito--, liberalizando infraestructuras sin
ton ni son para crear redundancias y sobreinversiones en zonas de alta
rentabilidad, a costa de comprometer la capacidad de inversión en el
conjunto del territorio.

Me pide usted más precisiones sobre la televisión por cable. Sería una
comparecencia mucho más larga. Hay un proyecto de ley que le puedo
remitir. Está siendo discutido por el Gobierno. Quizá sería razonable
esperar a que el Ejecutivo acabase de dar su punto de vista al respecto.

Existe un consejo asesor de telecomunicaciones. No sé si eso es
suficiente para cumplir con su planteamiento. Existe un consejo asesor de
telecomunicaciones, no de la comunicación, sino de las
telecomunicaciones. Quizá podría ampliar su cometido a aspectos no
estrictamente tecnológicos. Este consejo es el que me está asesorando en
la ley del cable y en la normativa de la telefonía móvil automática.

Creo que no debería extenderme mucho más. Agradezco el apoyo de mi Grupo
en un aspecto complejo en el que no hay por qué tener posiciones
predeterminadas en el sentido de que ésta es la verdad y la vida, sino
que habrá que adaptarlas a las circunstancias cambiantes de la tecnología
y de las instituciones, teniendo bien claros los objetivos: aunar la
voluntad de mantener un servicio público universal con los efectos
beneficiosos que la competencia puede aportar en determinados sectores y
en determinadas actividades. Pero la competencia sin límites, sin normas
y sin precauciones podría matar el servicio universal, y no lo queremos
hacer, queremos mantener ambas cosas y creo que lo podemos conseguir
actuando como lo estamos haciendo en el marco europeo, haciendo lo que
hemos decidido que vamos a hacer en Europa. Dentro de ese marco, ¿caben
un operador, dos operadores? ¿Es mejor el duopolio que el monopolio? Pues
tiene ventajas y tiene inconvenientes, porque es verdad que hay una
pérdida de eficacia al duplicar redes y un incremento de eficacia porque
la competencia estimula la eficacia. ¿Qué es mayor, la pérdida de
eficacia sobre la curva de costes al disminuir la dimensión de un
operador en beneficio de otro, porque las funciones de coste
manifiestamente son «subaditivas» --perdón por el tecnicismo, pero se
entiende lo que quiero decir-- o el incremento de eficacia que aporta la
competencia? Es un problema que la realidad describe en cado caso y no se
puede pontificar ideológicamente si es mayor A o B. Dependerá de los
casos y de las circunstancias.

En resumen, señorías, el servicio público no es el monopolio. Competencia
y servicio público deben ser compatibles, pero para que lo sean --y no lo
son de forma natural-- hay que actuar de una manera inteligente y
práctica, que es lo que el Gobierno está intentando hacer. Insisto, me
gustaría conocer la posición concreta de los grupos. ¿Quién está a favor
de que liberalicemos mañana la telefonía internacional, la larga
distancia? El Gobierno no lo va a hacer por coherencia con lo que ha
establecido en Bruselas y por las razones que les he expuesto, que creo
que van en contra del interés nacional. Dentro de este marco, ¿que haya
más operadores? ¡Magnífico! Los tiene que haber a partir de 1998. Por
tanto, que se vayan preparando no nos parece negativo.

Una última observación. No crean ustedes que la competencia va a querer
decir que en España va a competir la telefónica Gómez contra la
telefónica Pérez. La competencia va a ser entre British Telecom y
Telefónica España, entre los consorcios que se están creando en
Centroeuropa, las alianzas de France Telecom y Deutsche Bundespost
Telekom con los grandes operadores que emergerán también en el sur. No
crean ustedes que la competencia es entre operadores que aparezcan
espontáneamente, porque la inversión que hay que hacer, la capacidad
tecnológica que hay que movilizar son tales que la competencia va a ser
entre las grandes empresas nacionales. Luego si no queremos perder
terreno en nuestro espacio económico, tenemos el máximo interés del mundo
en no debilitar a los operadores que tenemos, porque bastante difícil van
a tener competir, no con otros que les



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salgan aquí, porque no tienen dimensión, sino con los que ya existen y
son más grandes que ellos.

No va a haber dos redes capilares. Nadie va a invertir en otra red
capitar. En Estados Unidos, después de no sé cuántos años de
liberalización, sigue sin haber más que una red capilar local, porque
nadie va a hacer otro tendido de cable para llegar a todas las casas. La
competencia se va a concentrar en las zonas rentables y eso,
naturalmente, tiene que hacerse compatible con el mantenimiento de
segmentos de la red que tienen que llegar a todo el mundo con unos costes
que difícilmente pueden repercutirse íntegramente sobre las tarifas de
forma inmediata.

Muchas gracias por su atención y comprendo que esto no ha contribuido
seguramente a aportar una visión mucho más transparente de un problema
complejo, pero las cosas, señorías, son como son y hay que aprender a
lidiar la complejidad que tienen.

El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Para un breve turno de
aclaración, como es normal en esta Comisión, tiene la palabra el señor
Camisón por el Grupo Popular.




El señor CAMISON ASENSIO: Quiero aprovechar para eliminar una duda que ha
planteado el portavoz de Izquierda Unida, el señor Andreu, cuando se ha
referido a mi planteamiento y lo ha calificado también en este caso como
de un enconado adversario. Estoy seguro de que ha sido un lapsus que ha
tenido, puesto que la trayectoria de tanto trabajo conjunto hombro a
hombro en esta Comisión es totalmente diferente, por supuesto, e
ideológicamente distinta, pero personalmente somos amigos. No obstante,
como veo que ha dicho eso porque le han quedado dudas y el señor Ministro
también pregunta, quiero dejar claro en esta Comisión que el Partido
Popular considera la competencia como inevitable y de consecuencias que
pueden ser positivas en la implantación gradual y evolución de todo el
sistema. El ritmo de tal graduación debe ser el máximo posible, aunque
siempre compatible con la racional garantía de salvaguarda de los
intereses nacionales. Creo que queda claro.

Respecto al tema en que insiste el Ministro, sobre la liberalización de
la larga distancia, el Grupo Popular entiende que España hoy por hoy no
está preparada para esa liberalización, y nunca lo hemos dicho. Ahora,
estamos muy lejos de admitir el plazo de 30 años que el señor Ministro
admitió en el contrato con Telefónica y ahora, con el devenir de la
evolución europea, vemos que todo eso se está reduciendo. Luego las cosas
en su punto. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Como en su punto, señor Ministro, debe ser la utilización de los
documentos que nos ha entregado. Ha entregado a esta Comisión un cuadro
de líneas en servicio por empleado y otro de evolución de líneas
telefónicas por 100 habitantes. En un cuadro habla de líneas en servicio
y en el otro no, que es el que yo he comentado. Este cuadro de evolución
de líneas telefónicas por 100 habitantes, fijándola en el año 1993 en 36,
entregado por usted o dice la verdad o dice la mentira. Si dice la verdad
y es evolución de líneas telefónicas, sobra su crítica a mi comentario.

Si lo que quiere decir es líneas en servicio, ha habido un intento de
confundir a la Comisión. Me estoy refiriendo a sus documentos. Aquí dice
líneas telefónicas por 100 habitantes. Luego, no parece muy correcto
entregar documentos que, al explicarlos, no se corresponden con el
documento entregado.

Señor Ministro, ha insistido otra vez en el hecho yo creo que crucial de
este debate cuando dice que en España el usuario urbano está siendo
subvencionado por el internacional y el usuario doméstico por el
industrial, pero no dice la parte fundamental, y da la impresión, después
de oírle, de que este cruce de subvenciones, desde una dirección hacia
otra, es consecuencia de la generosidad del monopolio español. No, señor
Ministro. Esto responde a unos extracostes de unos ciudadanos que lo
pagan y va a favor de otros ciudadanos; o sea que tiene todo el marchamo
de un impuesto. La única diferencia es que en el caso de los impuestos
corrientes pasa por el Presupuesto del Estado y en éste pasa por
Telefónica, complementado con otras aportaciones de otras instituciones.

Por tanto, que quede claro que son unos ingresos de unos ciudadanos como
extracoste de un consumo que gastan otros españoles. Tan es así, que no
entendemos su postura tan radical en el sentido de tener esa especie de
horror a estos presupuestos que pasan por el Presupuesto del Estado y no
en cambio al que pasa por Telefónica porque, al fin y al cabo, son los
mismos galgos con distintos collares.

¿Qué pasa aquí, señor Ministro? Pues pasa que está claro que estamos ante
un problema ni siquiera político; estamos ante un problema electoral.

Esta es la verdad, y están ustedes gobernando, no la oposición. Por
tanto, todo el problema tiene perfecto tratamiento dentro de unas
telecomunicaciones liberalizadas a través de la adecuada regulación de
servicios. Queda claro que los monopolios son unos impuestos encubiertos
que incluso su origen está para atender teóricamente necesidades
públicas, aunque a veces no es así, sino que esos extracostes se dedican
a otras cosas como lo demuestra el informe del Tribunal de la Competencia
cuando hace la comparación del presupuesto del coste del monopolio en el
caso de Telefónica; a ver si es que estamos recibiendo dinero que luego
no se cruza, como se demuestra en ese documento, y en vez de cruzar se
está pagando la ineficiencia de un operador.

Por tanto, su argumentación respecto a este cruce es un tanto ficticia y
se apoya en un sofisma, por lo que no me acuse a mí de incoherencia;
coherencia debía pedírsela yo a usted, señor Ministro de Obras Públicas,
dentro del Gobierno, para que sea coherente con el Ministro de Hacienda.

Ha vuelto a insistir el señor Ministro en el problema de la
liberalización británica. Los últimos informes que tenemos, fehacientes
también, incluso algunos, corroborados por los Trade Unions que están
dentro de la British Telecom, dejan claro que toda la fijación de las
tarifas va en la dirección de que el resultado de las tarifas siguen



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bajando todavía como consecuencia del aumento de productividad que se
está dando en ese país. Efectivamente, y usted tiene razón, cómo no,
cuando afirma que en el período 90-91 la penetración bajó, pero coincidió
con una recesión inglesa importante que luego se ha corregido. Sin
embargo, los índices que han ido en sentido positivo ha sido la relación
beneficio-empleado y los índices de calidad. Usted puede ver en la
primera página del «Times» de anteayer que, como consecuencia de la
competencia entre Mercury y la British Telecom, se está llegando a cotas
muy tangibles y positivas en cuanto a bajada de precios, a aumento de
calidad y, sobre todo, al aumento de tráfico telefónico, que es lo
contrario de lo que está pasando aquí.

Hay un hecho --y con esto termino, señor Presidente-- que no se ha dicho
tampoco y es que en este «match» entre tarifas y costes no sólo es el
problema de adaptarlas subiendo las tarifas, hay otro procedimiento,
señor Ministro --usted tiene el caso inglés--: aumentando el tráfico. Se
puede disminuir la segunda parte que es una bajada de costes y el
operador español tiene un gran campo por delante dentro de esa
disminución de costes en dos caminos: mejorando la gestión e
incrementando el tráfico, cosas que no hace.

Eso es todo de momento, señor Presidente.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): ¿Puedo contestar ahora? Lo digo para evitar que se
me olvide, porque no voy a volver a contestar a todo.




El señor PRESIDENTE: Si lo desea puede hacerlo.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): En ningún caso he planteado que haya que poner las
tarifas urbanas españolas a nivel de las inglesas, porque nuestra
eficacia es notablemente mayor y en absoluto hace falta ponerlas al nivel
de las inglesas para reproducir los costes; en absoluto. No he planteado
eso en ningún caso. Simplemente he dicho que no reflejan los costes. Para
que reflejen los costes, en absoluto hace falta ponerlas al nivel de las
inglesas, porque la eficacia de nuestros operadores es notablemente mayor
que la de British Telecom.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: En primer lugar, señor Ministro, quiero
agradecerle que aquella sopa de letras o siglas de mi anterior
intervención la haya tomado dentro del contexto en que se encontraban,
que no tenían mayor trascendencia que la de distender un poco la reunión.

Usted ha hecho unas preguntas muy claras y muy concretas y yo, desde
luego, me quiero pronunciar muy claramente a favor de la liberalización,
por supuesto que sí. Estamos a favor de la liberalización, pero está
claro que aquí no se trata de unos intereses nacionales normales y
corrientes; se trata de unos intereses nacionales en los que entra la
solidaridad social de la que hablamos mucho.

Por supuesto, yo soy uno de los privilegiados que vive en una gran ciudad
--vivo en Valencia-- que tiene una empresa y que además está pagando unas
tarifas posiblemente superiores a las que correspondería, pero lo
entiendo y es lo normal. Lo que no podemos pretender es tener una parte
de España en la que no va a ser económico el que acuda allí la
competencia totalmente desprovista. Porque está claro dónde va a acudir
la competencia, la competencia cuando venga irá donde pueda sacar
rendimiento económico, entre otras cosas, porque es la obligación del
empresariado. La posibilidad que tenemos hoy en día me parece que tenemos
que agotarla al máximo, para poder tener instalaciones al cien por cien
en todo nuestro país. De ahí que haya dicho que me parece muy bien la
prudencia y que se haya cubierto, pero también le digo que tenemos que
actuar con rapidez.

Con respecto a la red óptica, a la multimedia que se quiere instalar en
las grandes ciudades mayores de 100.000 habitantes, me gustaría que se
tuviera en cuenta una cosa. En todas las ciudades hay planes de
urbanización, reformas, etcétera. Por ejemplo, en estos momentos, en mi
ciudad, Valencia, hay un plan completo de aceras, prácticamente en toda
la ciudad, y sé positivamente que empresas del exterior están hablando
con algunos ayuntamientos para preparar esas obras. Yo le pediría a
usted, y sobre todo a la Secretaría General de Telecomunicaciones, que
entiendo que es más su trabajo, que estableciera un diálogo urgentísimo
entre los responsables de Telefónica a nivel regional; es más, inclusive
a nivel local en las grandes ciudades, porque puede suponer un ahorro
brutal si la ciudad trabaja de acuerdo con la Telefónica y se van
haciendo las instalaciones previas de acuerdo con toda la serie de obras
que se están haciendo. Le hablo a usted de Valencia. En Valencia hay un
plan de aceras completo que recoge aproximadamente 31 kilómetros. Si en
esos 31 kilómetros de aceras se pudiera preinstalar la conducción futura
de ese cable supondría una gran ventaja. Le insisto en ello porque puede
suceder que la competencia exterior llegue antes y más barata porque han
podido hacer unas instalaciones que si las acomete Telefónica
directamente y no en combinación, cuando ya se está haciendo, el costo es
infinitamente superior. Me preocupaba ese tema; se lo vuelvo a señalar.

Creo que es muy conveniente que se haga esto en la línea en la que
Telefónica debe concurrir y yo, siendo naturalmente un liberal convencido
de que la economía debe estar totalmente en manos privadas y de que las
empresas deben estar en manos privadas, coincido en que determinadas
empresas, como puede ser Telefónica, debe dar un servicio social con
anterioridad a preparar esa entrada en el mercado de la competencia
exterior que se dirigirá exclusivamente hacia donde pueda ganar dinero.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Andreu.




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El señor ANDREU ANDREU: En primer lugar, agradezco la acotación del señor
Camisón. En segundo lugar, no debe usted quedarse planchado, porque lo
único que yo hago es reflejar el intento que hace en su exposición de
manifestar que no lo hace desde posiciones ideológicas --por lo menos lo
dijo en su primera exposición--. De todas formas, ese tema no tiene mayor
agresividad.

Siento una cierta satisfacción por haber introducido el concepto de los
intereses nacionales dentro de este asunto, porque me parece capital, y
creo que es muy interesante la aportación que usted ha hecho al final de
que, en última instancia, la competencia será entre los grandes
operadores nacionales, que además son operadores participados
públicamente casi todos ellos, y de forma incluso más importante que el
nuestro, porque British Telecom, Deutch Telekom o France Telecom son
incluso órganos con mayor participación pública. En este sentido, me
parece muy importante que este concepto se tenga muy en cuenta porque lo
que nos estamos jugando es que nuestro operador, en un mercado
absolutamente liberalizado, quede en una situación mucho peor que la de
los otros operadores, que son operadores nacionales. Yo creo que eso no
es bueno para el país y que habría que pensar no solamente en función de
precios (que, por supuesto, es importante, y creo que es bueno para la
competitividad de la economía que los precios de las telecomunicaciones
sean lo más bajos posible), pero no es el único «input», ya que usted
habla con tanta terminología inglesa, dentro de este problema, sino que
hay otros, y uno de ellos es precisamente que este país tenga estructura
nacional y también la tengan las telecomunicaciones. En este sentido, yo
creo que es bueno que se haya introducido este elemento en el debate, y
confío en que, de cara al futuro, sea algo que el conjunto de los grupos
parlamentarios tengan en cuenta a la hora de adoptar su posición sobre la
política de telecomunicaciones en este país.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Muy brevemente, sólo para decirle al señor
Ministro que agradecemos profundamente y estamos muy satisfechos por la
solidez de su planteamiento, porque la verdad es que, en un marco
económico, técnico y científico como en el que se está desarrollando el
sector de las telecomunicaciones, es gratificante que sepamos seguir
defendiendo lo público tal y como lo estamos haciendo y seguir haciendo
planteamientos que pretenden generar una mejor calidad entre los
ciudadanos, sin ningún tipo de reservas ni de límites.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro, por esta comparecencia.

Esperamos verle de nuevo, como es habitual, en las nuevas interpelaciones
que va a haber.




Se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.