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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 109, de 15/02/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 109
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 8
celebrada el martes, 15 de febrero de 1994



ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez
Pertierra), para informar sobre la valoración, a 31 de diciembre de 1992,
del plan de extensión de la educación física y deporte escolar en los
centros educativos, así como las previsiones del mismo para el año 1993 y
sucesivos. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 213/000115) (Página 3472)
Preguntas:
--Del señor Ollero Tassara (Grupo Parlamentario Popular), sobre
calendario para ultimar el proceso de transferencias en materia educativa
a las Comunidades Autónomas. (BOCG, serie D, número 46. Número de
expediente 181/000336) (Página 3484)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
razones por las que el Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, por el que
se regula la provisión de puestos de trabajo en centros públicos de
preescolar, educación general básica y educación especial, perjudica a
los maestros que obtienen su primer destino definitivo en virtud de
concurso convocado con posterioridad a su entrada en vigor. (BOCG, serie
D, número 46. Número de expediente 181/000347) (Página 3489)



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Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a proceder a la devolución de la
documentación depositada en el Archivo Histórico de Salamanca a la
Generalidad de Cataluña, para su depósito en el Arxiu Nacional de
Catalunya. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG,
serie D, número 22. Número de expediente 161/000046) (Página 3492)
--Por la que se insta al Gobierno a que encargue a una empresa
especializada una doble auditoría, económica y de gestión, sobre las
obras llevadas a cabo en el Teatro Real para su reconversión en Teatro de
la Opera. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D,
número 31. Número de expediente 161/000057) (Página 3497)
--Sobre el llamado uno por ciento cultural. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 31. Número de expediente
161/000059) (Página 3500)



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez
Pertierra), PARA QUE INFORME SOBRE LA VALORACION, A 31 DE DICIEMBRE DE
1992, DEL PLAN DE EXTENSION DE LA EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS, ASI COMO LAS PREVISIONES DEL MISMO PARA EL AÑO
1993 Y SUCESIVOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 213/000115.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados.«
Comenzamos la sesión debatiendo el primer punto del orden del día, que se
refiere a la comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia para
hablar del Plan de extensión de la educación física y deporte escolar en
los centros educativos en los años 1992, 1993 y sucesivos, a petición del
Grupo Popular.

Para un turno en el que fije las demandas de su Grupo --turno que
solicitaría fuese muy breve--, tiene la palabra, por el Grupo
solicitante, el señor Carreño.




El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Señor Presidente, esta solicitud de
comparecencia responde, en primer lugar, a la comparecencia aplazada,
también a petición del Grupo Popular, el 30 de noviembre de 1993.

Señorías, que el Plan de extensión de la educación física y el deporte
escolar en los centros educativos no universitarios no ha concluido,
cuando debía haberlo hecho el 31 de diciembre de 1992, y no va bien ni se
ha cerrado bien en 1992, lo demuestran, al menos, dos hechos: primero,
que el Gobierno nunca ha informado públicamente sobre este Plan de
extensión de la educación física haciendo un balance del mismo, y tampoco
lo ha hecho en el Parlamento más que a petición del Grupo Parlamentario
Popular, como ocurre hoy. Ello evidencia claramente el que no debía poder
presentar un balance positivo, pues de lo contrario hubiera actuado de
otra forma. Segundo, preguntamos hoy sobre dicho Plan, el cual, insisto,
debía haber concluido el 31 de diciembre de 1992. Preguntamos también por
sus previsiones para 1993, ya concluido, y para años siguientes.

Esperamos, por tanto, las explicaciones del señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías.

Hubo algunas comparecencias en esta Comisión para explicar determinadas
circunstancias en relación con el Plan de educación física y deporte
escolar en los centros educativos. La última de ellas, para explicar
precisamente la situación general del Plan, tuvo lugar el 19 de junio de
1991. En cualquier caso, el tiempo transcurrido desde entonces ofrece un
período suficientemente dilatado como para poder hacer una valoración
objetiva del Plan desde sus inicios, es decir, desde abril de 1988, que
es la fecha en que se aprueba el Plan por el Consejo de Ministros, hasta
la fecha de hoy, como S. S. me pide.

Puesto que lo que ahora se me requiere es un informe sobre la valoración
del Plan, paso a hacer, con el permiso de la Presidencia, una breve
exposición recordatoria sobre los propios antecedentes del Plan, para
seguir con una referencia a la situación del mismo a finales del año
1992. Pasaré a referirme a su situación a la fecha actual y finalizaré
con las previsiones de futuro en relación con el Plan.

Recordarán SS. SS. que en 1987 se realizó una encuesta en todos los
centros escolares públicos de las comunidades autónomas que no tenían
transferidas las competencias en materia educativa, con el fin de
detectar las



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carencias que existían en la dotación de medios humanos y materiales para
impartir la enseñanza de la educación física. Teniendo en cuenta los
resultados de la citada encuesta y la filosofía de la reforma en la
educación, se presenta al Consejo de Ministros un plan de extensión de la
educación física en centros escolares, que es el que se aprueba en abril
de 1988. Este acuerdo vino a representar la puesta en marcha de un
ambicioso proyecto en el que se preveía la financiación de la dotación
necesaria para profesores especialistas en instalaciones deportivas y en
material deportivo con destino a los centros públicos de EGB y a los
centros de bachillerato y formación profesional que no tuviesen estas
instalaciones, profesorado o material. De esta manera se detectó la
necesidad de actuar en un conjunto muy numeroso --luego iré concretando
las cifras que S. S. me pide-- de centros públicos, de los cuales la
mayoría correspondían a educación general básica y un cierto número,
también importante, a los centros de enseñanzas medias. El material
deportivo existente tampoco ofrecía las condiciones adecuadas, por lo que
se planteó la necesidad de intervenir una cantidad importante, que luego
también concretaré, en el material deportivo. La situación en cuanto a
profesorado especializado tenía características semejantes y se planteó
la necesidad de formar un número alto de profesores especialistas, una
labor que se incluiría en los planes de formación de profesorado del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Una vez conocidos los objetivos y los medios económicos de que se podía
disponer para llevar adelante este Plan, en la Administración central se
pensó en integrar en dicho Plan a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos, puesto que ambas instituciones llevaban, y siguen
llevando, políticas de construcción e instalaciones deportivas para
satisfacer las demandas generales de los ciudadanos. En ese momento se
proyectaron en común todos los fondos disponibles para la construcción de
instalaciones deportivas que permitiesen impartir la educación física en
el horario escolar. La aplicación de esta idea suponía establecer un
convenio con cada comunidad autónoma; suponía planificar para cinco años
los fondos del Consejo Superior de Deportes, que eran fijos para cada
comunidad y que se habían calculado en función de las necesidades de los
centros; suponía realizar una planificación similar de los fondos de las
comunidades autónomas en función de sus disponibilidades y, por último,
también suponía definir los fondos que ayuntamientos o diputaciones
pudieran aplicar al Plan.

Como resultado de las negociaciones mantenidas se firmaron, durante los
años 1988 a 1990, quince convenios que reflejan los distintos niveles de
financiación y disposición de las comunidades autónomas para llevar a la
práctica el Plan. También se firmaron algunos convenios con ayuntamientos
que reunían unas características especiales. Igualmente, en 1990 se
incorpora al Plan el acuerdo de uso y gestión, que regula la gestión y el
uso de instalaciones entre direcciones provinciales del Ministerio de
Educación y Ciencia y los ayuntamientos correspondientes donde las
instalaciones se encuentran ubicadas.

Con todo ello se estableció un programa económico de partida que suponía
para el Ministerio de Educación y Ciencia la aportación al Plan de una
cantidad situada casi en los 36.000 millones de pesetas, de los cuales
más de 27.000 correspondían a la inversión en instalaciones deportivas,
1.795 correspondían a la inversión en material deportivo y 6.227 a la
inversión en formación del profesorado, mientras que las comunidades
autónomas y los ayuntamientos con convenios individuales a los que me he
referido aportarían un total de casi 25.000 millones de pesetas. El Plan,
por tanto, ofrecía de salida una inversión total de 60.000 millones de
pesetas para llevarlo adelante y conseguir asumir los objetivos básicos
que en el mismo se planteaban. Restaba, por supuesto, la aportación de
los restantes ayuntamientos, que no podía conocerse hasta el año en que
se programaran las diferentes instalaciones municipio a municipio,
discutiendo en las comisiones mixtas las financiaciones correspondientes
en cada término municipal.

Vayamos ahora a la situación del Plan a finales del año 1992 por la que
S. S. preguntaba. La situación del Plan en cuanto a instalaciones
deportivas en diciembre de 1992 se puede resumir de la siguiente manera.

Se había previsto actuar a lo largo del Plan en 1.210 instalaciones, que
eran las programadas por las diferentes comisiones mixtas, es decir,
actuaciones identificadas en cuanto a localidad, centro escolar, tipo de
instalación, etcétera. De ellas, a finales de 1992 estaban concluidas 481
actuaciones, exactamente un 39,75 por ciento de las actuaciones
programadas; existían otras 361 actuaciones en marcha, exactamente un
29,84 por ciento a esa fecha, y faltaban por contratar 668, que equivale
a un 30,41 por ciento. De estas 368, 175 correspondían al Consejo
Superior de Deportes, mientras que 193 a las distintas instituciones
colaboradoras: comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. Esta
es la situación del Plan a finales de 1992.

De las cantidades inicialmente previstas y anteriormente señaladas para
instalaciones deportivas, el Ministerio de Educación y Ciencia hasta la
fecha de hoy ha comprometido un total de 23.658 millones de pesetas, las
comunidades autónomas 17.352 millones de pesetas y los ayuntamientos
19.522 millones, lo que hace una cifra total comprometida que supera los
60.000 millones de pesetas. Cuando hablamos de inversión comprometida nos
referimos a los compromisos de los planes de 1988 a 1991, y conviene
señalar que las actuaciones contratadas y programadas por el Ministerio
vienen afectadas por los costes reales de las obras a las que se han
imputado los honorarios de redacción y dirección de los proyectos, los
reformados, los complementarios y liquidaciones, los estudios
geotécnicos, material deportivo, etcétera. Las que han contratado las
comunidades autónomas o los ayuntamientos están actualizadas en función
de la información que se nos remite de los costes reales puestos al día.

Sobre las cifras iniciales comentadas anteriormente se puede observar,
pues, que existen todavía ciertas



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cantidades por comprometer, que ascienden a 4.209 millones de pesetas por
parte del Consejo Superior de Deportes y a 6.423 millones de pesetas por
parte de las comunidades autónomas, por una cifra total de 10.801
millones de pesetas, que se irán cubriendo progresivamente.

En el momento actual y con las adiciones ya señaladas, programadas todas
ellas en el seno de las comisiones mixtas, se puede realizar un desglose
que intentaré exponer a sus señorías. A la fecha de hoy, se han
finalizado un total de 693 actuaciones --hablo siempre de instalaciones
deportivas--, que corresponden al 55,44 por ciento de las previstas.

Ahora ya son no 1.210, sino 1.250, porque se han incorporado 40
actuaciones correspondientes a la Comunidad de Murcia, como SS. SS.

seguramente saben. De 1.250 instalaciones, a la fecha de hoy se han
cubierto actuaciones completas en 693 --repito, un 55,44 por ciento--;
existen otras 284 actuaciones en marcha, que equivalen a un 22,72 por
ciento, y faltarían por contratar 273, que equivalen a un 21,84 por
ciento. Esto por lo que se refiere a instalaciones deportivas.

Por lo que se refiere, a su vez, al profesorado especializado en
educación física y a material deportivo, que es otro de los aspectos que
contempla el Plan escolar, a la fecha actual, obviando estadios
intermedios, se podría hacer el siguiente resumen. La relación de puestos
de trabajo de los colegios públicos de primaria o educación general
básica para 1993-1994 tiene catalogados 4.274 puestos de educación
física, de los que están ocupados por profesores definitivos ya en dicha
especialidad 4.059. Todos los colegios públicos de educación primaria a
partir de cinco unidades disponen en su relación de puestos de trabajo de
al menos un puesto de profesor de educación física. Todos los centros
públicos de educación secundaria de BUP o de FP disponen en su relación
de puestos de trabajo de los profesores necesarios de educación física,
estando en su totalidad cubiertos estos puestos de trabajo por
licenciados del Instituto Nacional de Educación Física.

Finalmente, todas las instalaciones deportivas terminadas y entregadas a
los municipios para su utilización disponen del material deportivo móvil
establecido en el Plan para la práctica de la educación física.

¿Cuáles son las causas del retraso en la finalización del Plan por las
que S. S. pedía explicación? Es evidente que estas causas son de
diferente naturaleza y que a ellas hay que unir diversos factores, tanto
de carácter técnico cuanto de carácter administrativo. En primer lugar,
es evidente que las dotaciones presupuestarias iniciales del Consejo
Superior de Deportes en el plan escolar han sufrido un conjunto de
variaciones a lo largo de los años de duración del plan que han reducido
el ritmo inversor del mismo y que han producido un cierto deslizamiento
en el tiempo, siempre en función de las disponibilidades presupuestarias
anuales del Consejo Superior de Deportes, que suelen, por lo demás, ir
parejas con las disposiciones presupuestarias de las diferentes
comunidades autónomas.

Hay que indicar también como factor que ha influido en esta cuestión
(puesto que la inversión realizada, en las cantidades indicadas a S. S.,
supone, como he dicho, más de los 60.000 millones de pesetas) que las
cifras iniciales de coste de cada uno de los módulos deportivos a
construir e integrados en el Plan se valoraron a precios de 1988 y que no
se habían incluido los preceptivos estudios geotécnicos, que son
necesarios para dar paso a la construcción, u otras circunstancias
técnicas, e incluso los previsibles excesos de mediciones o variaciones
que a lo largo de las obras siempre van surgiendo. Esto supone que cada
año no puedan iniciarse la totalidad de las actuaciones previstas porque,
en función de estas razones técnicas, no hay soporte presupuestario
suficiente. También habría que añadir que los propios ayuntamientos
tienen dificultades para remitir determinada documentación sobre el
suelo, o una serie de deudas que ha generado también, por parte de las
corporaciones municipales, la puesta en práctica del Plan.

¿Cuáles serían las perspectivas de futuro en el corto plazo, por las que
también ha preguntado S. S. y que en un intento de dar información
exhaustiva y puntual quisiera indicar? A corto plazo, el final del curso
escolar, puede pensarse que se concluirán el 70 por ciento de las
actuaciones en marcha y que se habrán iniciado, al menos, un 20 por
ciento de las obras todavía por contratar. En esas condiciones, en julio
de 1994 habrán finalizado 891 actuaciones, el 71,28 por ciento de las
programadas; existirán otras 142 en marcha, el 11,28 por ciento, y
faltarán por contratar 218, el 17,44 por ciento. Son cifras ya de por sí
importantes, dadas las carencias existentes en el llamado territorio MEC
a comienzos del Plan.

Con toda la información suministrada anteriormente se pueden establecer
ciertas comparaciones con las tres fechas analizadas, es decir, diciembre
de 1992, enero de 1994 y julio de 1994, finales del curso escolar. De las
1.250 actuaciones programadas, en diciembre de 1992 se habían terminado
481; en enero de 1994, 693, y en julio de 1994 se terminarán 891. Obras
en ejecución, en diciembre de 1992 estaban previstas 361, que pasan a ser
284 en enero de 1994 y que serán 141 a finales de junio del presente año.

Y en obras sin contratar se pasa de 368, en diciembre de 1992, a 273 en
enero de 1994 y a 218 en julio de 1994. Estas cifras reflejan un aumento,
desde finales de 1992 hasta la fecha actual, de 212 obras finalizadas y
unas previsiones para julio de 1994 de 410 obras más, entregadas y en uso
por la población escolar y municipal. Durante 1993 se iniciaron 95 obras
más y de aquí a julio de 1994 se iniciarán otras 55, reduciéndose, por
tanto, las obras en lista de espera a las 218 que he indicado.

Así pues, con respecto al Plan de extensión de la educación física en
centros escolares, y de acuerdo con las previsiones y líneas generales a
desarrollar por mi Departamento, continuaremos con la ejecución del Plan
hasta su completa financiación en lo que se refiere a las instalaciones
deportivas y continuaremos con las previsiones del Plan en lo que se
refiere a dotar de profesorado de educación física a la totalidad de los
centros de enseñanza primaria que todavía no tuvieran este profesorado.

Por mi parte, señorías, espero y deseo que el



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incremento de las instalaciones deportivas, la dotación de profesorado
especializado en educación física y la disposición social de estas
instalaciones sean factores favorecedores de un mayor índice de práctica
deportiva en el sistema educativo.

Finalmente, soy consciente de que las dificultades ya señaladas han
retrasado el Plan y que concluir el proyecto no fue posible en el plazo
inicialmente previsto. Pero, como se ha señalado en otras ocasiones, se
hará el esfuerzo necesario para mantener los objetivos del Plan de
extensión de la educación física en los centros escolares, intentando
cumplir los compromisos adquiridos con las instituciones colaboradoras,
ya que el hecho de que la ejecución del Plan se haya dilatado en el
tiempo no debe significar la renuncia a ninguna de las actuaciones que
están contempladas en el mismo.

Nada más, señor Presidente, señorías.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carreño.




El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor Ministro, por
las explicaciones que nos ha facilitado. En primer lugar, voy a hacer un
breve comentario, a plantear alguna pregunta en relación con su
exposición y a ampliar la mía con algunos datos que, naturalmente, he
preparado para esta comparecencia.

En primer lugar, la última comparecencia sí fue el 19 de julio de 1991,
explicando el Plan exclusivamente, pero el 30 de octubre de 1991, cuando
el señor Solana explicó la política deportiva del Ministerio, en Comisión
aquí, se refirió ampliamente al plan y, por tanto, tenemos datos de su
seguimiento hasta dicha fecha. También el 30 de junio de 1992 tuvimos una
explicación parcial en cuanto a situación del plan en las comunidades de
Asturias y Madrid. Y ha habido dos últimas comparecencias del Secretario
de Estado del Deporte, en el Congreso, el 19 de octubre y el 11 de
noviembre de 1993, en las que se refirió pintorescamente --diría yo-- al
Plan, dentro de la comparecencia, para explicar o contestar las preguntas
sobre los presupuestos del Estado. Después aclararé lo del
pintoresquismo.

Creo que el primer Plan tuvo un error inicial grande y grave, porque el
que se aprobó en Consejo de Ministros en abril de 1988 señalaba cuáles
eran la extensión y el objetivo del plan. Decía: Disponer en todos los
centros educativos no universitarios, y en los de EGB de ocho o más
unidades, de gimnasio y pista polideportiva --gimnasio y pista
polideportiva, en todos-- y valoraba ese conjunto de objetivos, ese
conjunto de obras e instalaciones, en 27.000 millones las instalaciones,
en casi 2.000 el equipamiento, en un total de 37.000 millones de pesetas,
aproximadamente, que ha citado, coincidiendo con estas cifras, el señor
Ministro de Educación.

Creo que hubo inmediatamente una corrección del Plan, porque éste
valoraba esas instalaciones --según mis datos y según la información
facilitada en su momento-- en 37.000 millones de pesetas. Plan que tuvo
que ser recogido --como ha indicado el señor Ministro-- para extenderse y
que ha sido corregido con una cofinanciación con las comunidades
autónomas hasta 50.000 millones de pesetas en instalaciones y 60.000 en
total, entre equipamiento, especialización de profesores, etcétera. Sin
embargo, aunque las primeras instalaciones se cubrían con el presupuesto
inicial aprobado por el Consejo de Ministros, financiado única y
exclusivamente por el Consejo Superior de Deportes --no tengo ninguna
referencia de que hubiera que cofinanciarlo--, se planteó luego un
complemento de financiación desde las comunidades autónomas y
posteriormente, en algún caso excepcional, diputaciones y, en muchos más,
ayuntamientos.

¿Hubo error inicial en el Plan en ese planteamiento de aprobación del
Consejo de Ministros y esa corrección presupuestaria de aportación de
corporaciones locales o comunidades autónomas? Esa es mi pregunta.

De la situación del Plan a 31 de diciembre de 1992 hasta ahora ha habido
--insisto-- una devaluación importante del mismo porque él no se ha
centrado en las obras del listado que me facilitó el Gobierno en
diciembre de 1993. Muchas de esas obras no son polideportivos ni
gimnasios sino que son obras de reparación de importes de tres millones
de pesetas, de dos millones y medio, que desde luego no estaban incluidas
en aquel plan inicial, que era en su presentación objetivo estrella y
base. Ha habido --como digo-- una devaluación y figuran a 31 de diciembre
de 1992, según los datos que me ha facilitado el señor Ministro, 361 en
marcha. Yo pregunto: ¿Qué llama «en marcha»? ¿Llama «en marcha» a una
obra firmada? Después pondré bastantes ejemplos y tengo muchísimos más a
su disposición. ¿Llama obra en marcha a obra adjudicada o llama obra en
marcha a la firma y compromiso de gasto de un polideportivo, de un M-2,
un M-3, un M-4, cofinanciado con un ayuntamiento o con una comunidad
autónoma y en el que todavía no se ha puesto la primera piedra?
En el balance del plan echo en falta la inversión. Si el primero de los
objetivos del Plan era que el Consejo gastara 27.000 millones de pesetas
en instalaciones, posteriormente ampliadas a 50.000 ó 51.000 con la
aportación de las comunidades autónomas y a 70.000 incluso, según las
cifras de una comparecencia --tendría que buscarla y prefiero por
brevedad no hacerlo-- en la que decían que sería de 70.000 millones el
coste final del Plan, no entiendo por qué no se nos dice el balance
económico a 31 de diciembre de 1992. ¿Cuánto se ha gastado de aquellas
previsiones a 31 de diciembre de 1992? ¿Cuánto se ha gastado,
certificado, pagado a 31 de diciembre de 1992 por el Consejo Superior de
Deportes y por las otras corporaciones? Sería conveniente saberlo para
contrastar con el objetivo económico inicial. Hasta hoy ya se pasa lo
comprometido. No lo voy a analizar porque tiene su discusión.

En cuanto a las causas estoy absolutamente de acuerdo en que eran
complejas. Cuando las peticiones, las necesidades eran, y son hoy
todavía, muy superiores a las posibilidades económicas, una forma de
cribar, de seleccionar y de hacer más eficaz el Plan era precisamente la



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previa garantía de disponibilidad de terrenos, la previa garantía de la
urbanización prevista o garantizar su ejecución en tiempo y calidad. Eso
hubiera servido para corregir el Plan.

La conclusión es: ¿Cuándo se va a acabar este plan? El pintoresquismo es
la calificación. El señor Cortés Elvira dice que era un plan dinámico
porque se estaban incorporando actuaciones. Veo que se han incorporado
40, de 1.210 a 1.250 actuaciones. Dice que era un plan dinámico y ello le
alegraba, porque era señal de que se estaban creando nuevas instalaciones
educativas y, como consecuencia, nuevas necesidades en instalaciones
deportivas para las mismas. Estamos analizando el Plan --igual que en
carreteras, etcétera--, no un anejo al plan dinámico.

A continuación paso a hacer mis comentarios, al margen ya de la
intervención del señor Ministro, complementando o pidiendo aclaración.

En cuanto al objeto del Plan considero que no se cumple. Se está
pretendiendo cumplirlo con el siguiente objetivo: 713 instalaciones
cubiertas, que pueden sera ahora 740; 279 pistas polideportivas y
vestuarios y 216 obras menores y obras de reparación. Incluso citó el
señor Solana, en su explicación anterior sobre la marcha del Pan, que el
Ministerio no tenía datos --ahora veo que los tiene más actualizados-- de
las comunidades autónomas en muchas ocasiones hasta el final. No
entiendo, entonces, qué hacen las comisiones de seguimiento, que deben
reunirse periódicamente para hacer ese seguimiento y corregir las
dificultades y retrasos y suplirlos.

Decía antes, y citaba el 30 de octubre de 1991, que la inversión total
del Plan era de cerca de 70.000 millones. No sé si fue una cifra alegre
en un momento de euforia. Está registrada en la documentación que traigo.

El profesorado ha pasado de 859 (se dice en esa misma comparecencia) en
1989 a 4.440 en 1991. Supongo que serán puestos catalogados, porque,
según los datos que tengo yo del Gobierno, el total de profesores
especializados en educación física, al terminar junio de 1992, iban a ser
3.135.

En cuanto a la evolución de la calificación de la marcha del Plan, según
iba avanzando el mismo se ha pasado de un ligerísimo retraso a un
carácter vivo o dinámico que comenté y no sabemos en este momento cuál va
a ser el final de la ejecución del Plan. Yo creo que ha sido debido a
reducciones presupuestarias del Estado, que aumentan considerablemente y
cada vez más y, por tanto, el plazo de ejecución.

Hay deficiencias en la calidad de muchas de las instalaciones realizadas.

Se produce la no explotación ni por suficientes especialistas y
profesores de educación física en jornada lectiva, ni por la población de
los municipios fuera del horario escolar, conforme está previsto que se
haga en los convenios entre el Consejo Superior de Deportes, el
Ministerio de Educación y Ciencia y el respectivo ayuntamiento.

Yo creo que el impulso de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que debió
servir para garantizar el cumplimiento del Plan en tiempo y en calidad y
con dotación presupuestaria suficiente para fomentar después desde la
base, desde la primera edad la educación física y el deporte,
lamentablemente se ha incumplido, se ha olvidado a partir del año 1991.

Las inversiones en el programa de deporte escolar y universitario del
Consejo Superior de Deportes han evolucionado. En 1991, 6.182 millones de
pesetas; en 1992, 4.182 millones de pesetas. Hablo de presupuestos
iniciales para instalaciones deportivas en cumplimiento de este plan. En
1993, 3.431 y en 1994, el actual, 2.416. ¡Pobre balance, pobre evolución
de estos presupuestos! Mal auguro la ejecución al ritmo previsto, salvo
esas circunstancias, que espero aclare el señor Ministro, y si no, en mi
réplica le pediré nueva aclaración.

Al Plan se le calificaba de objetivo estrella, actuación sobresaliente
del Ministerio, como vemos analizando comparecencias y algunos documentos
de evolución de la LOGSE, etcétera. Ha palidecido aquella estrella y en
lugar de sobresaliente lo que tenemos es un suspenso, en mi opinión.

En resumen, del Plan se ha hecho un pésimo seguimiento. Se ha hecho --así
se ha reconocido en comparecencias anteriores y supongo que lo reconocerá
el señor Ministro-- un pésimo seguimiento porque no se ha seguido con
rigor la vigilancia de la ejecución de las obras, tanto las del Consejo
Superior de Deportes como las que se realizan sin financiación del
Consejo, con aportaciones de las comunidades y ayuntamientos, pero
incluidas en el Plan.

He visitado instalaciones deportivas en Asturias, Madrid, Castilla y
León, Castilla-La Mancha y Extremadura; las últimas, en Leganés el pasado
9 de febrero. Voy a citar como balance del Plan, como resumen de éste,
dos ejemplos: Alcorcón y Leganés. Están bien próximos, bien fáciles de
comprobar por los miembros de la Comisión y por el señor Ministro. Ya
otro Ministro anterior se comprometió a ir a visitar Torrejón de Ardoz en
función de las circunstancias pésimas que tenían algunas de las
instalaciones deportivas o de la carencia y retraso de instalaciones
deportivas en Torrejón de Ardoz. Lo incumplió. Espero que el señor Suárez
Pertierra cumpla este reto que le lanzo.

Alcorcón tiene una población escolar de 35.000 alumnos, siendo muy
lamentable que hasta febrero de 1993 no se haya iniciado la primera obra
en Alcorcón, un M-4 que se está terminando y un M-2 actualmente en
construcción. Como es lamentable la situación del ayuntamiento de
Leganés, bien cerquita, con 172.000 habitantes, que en el Plan de
extensión de la educación física empezó como estrella --pudiendo servir
de modelo al resto de los ayuntamientos, objetivo político importante--
en el año 1988, con siete gimnasios, y en el año 1989, con seis. Pues
bien, se ha parado y desde el año 1990 no hay más que un grandioso
pabellón o recinto polideportivo, actualmente en ejecución, en el que se
están gastando el dinero que tienen, y el que no tienen, el ayuntamiento
y la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay un gimnasio en el Colegio Juan de
Austria, en el antiguo comedor, que es también salón de actos; hay otro
gimnasio que no tiene vestuarios y un colegio que tiene vestuarios pero
no



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gimnasio. En fin, una delicia de visita. Le pido que corrija la situación
de estos dos casos.

Otro ayuntamiento: Madrid. Ya se ha hablado de Madrid, que no ha estado
nunca en el Plan, y en este momento hay un plan en estudio previo por
parte de la Comunidad Autónoma, que dice que hacen falta no menos de 78
instalaciones deportivas y 3.500 millones de pesetas para llevarlos a
cabo. Yo creo que son muchas más instalaciones las necesarias, pero a lo
mejor es imposible y hay que apoyarse en alguna instalación deportiva
próxima.

Según lo que nos dicen el Ministerio y el Consejo Superior de Deportes en
su respuesta del pasado 9 de diciembre de 1993, y por la revisión que he
hecho personalmente, en algunos casos «in situ» y en otros
telefónicamente --datos que luego expondré--, no se queda más que en
intenciones cuando nos dicen que se han incluido en comisión en el año
1990. No quiere decir que esa obra esté ya en ejecución, ni muchísimo
menos, y ahí están los datos, que yo creo que no han contrastado
suficientemente, o por lo menos no los exponen públicamente de manera
adecuada, porque aquí figura como comprometida alguna obra que estimo que
está ejecutada. Y luego voy a poner algún ejemplo recientísimo del PER en
Andalucía y Extremadura, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero,
que confirma el juicio que yo hago en mi exposición sobre la marcha del
plan.

¿Sabe, señor Ministro, cuántas instalaciones deportivas --según sus
datos, no según los míos-- aprobaron en 1992 en toda España para todos
los colegios públicos e institutos de diez comunidades autónomas, más
Ceuta y Melilla? Diecisiete. ¿Sabe cuántas en todo el año 1993 (y repito,
según sus datos, no según los míos)? Una, en la provincia de Badajoz,
concretamente en Zarza de Alange, con un presupuesto de 84 millones de
pesetas.

Contaré dos anécdotas con las que pretendo valorar el Plan, y luego le
daré la documentación. La primera de ellas demuestra el perfecto
incumplimiento en explotación. Ayuntamiento de Villalba de los Barros,
Badajoz, obra inaugurada en noviembre de 1992. Hay un cartel en el que
figura: «Prohibida la entrada en todo el recinto del colegio fuera de
horas de clases» (cuando existe un convenio entre el ayuntamiento y el
Ministerio de Educación por el que hay obligación de garantizar la
entrada) «bajo multa de 5.000 pesetas.»
La segunda anécdota muestra un oscurantismo en cuanto al Plan. Pregunta,
en solicitud de respuesta escrita, de don Rodolfo Orantos, Diputado del
Grupo Parlamentario Popular, a la Mesa de la Asamblea de Extremadura:
Primero, ¿qué obras de carácter deportivo tienen pendiente el pago de
certificaciones? Respuesta: las que están en curso. Segunda pregunta:
¿Qué importe tiene cada una de ellas? Respuesta: el que corresponda a
cada una. Tercera: ¿A quién se adeuda? Respuesta: a los sujetos activos
de las certificaciones que están en curso. Cuarta pregunta: ¿Por qué?
Respuesta: porque las certificaciones están en curso. Y quinta: ¿Qué
previsiones se mantienen respecto al pago? Respuesta: las propias de
estas circunstancias. (Risas.) Desde aquí debemos dar gracias a la
claridad de la explicación, que afortunadamente no es la del señor
Ministro, que estoy seguro de que después me va a ampliar la información
respondiendo a las preguntas que le he formulado.

Si hablamos de retraso, ya que cito Murcia (no tenía preparado esto en la
respuesta, no sabía que iba a citar Murcia en cuanto a la ampliación de
instalaciones), un ayuntamiento, Jumilla, el 4 de mayo de 1992 reclama el
comienzo de una cobertura de pista polideportiva y de vestuarios en el
Colegio Público Miguel Hernández de Jumilla, y contesta el Ministerio de
Educación y Ciencia desde el Consejo Superior de Deportes: «Hemos tenido
que retrasar toda la nueva programación hasta que se vayan realizando las
transferencias previstas y se libere parte del presupuesto de 1992. Una
vez tengamos preparada la nueva programación nos pondremos en contacto
con los diferentes ayuntamientos para solicitar la aportación municipal y
proceder a la contratación de las obras.»
Yo creo que estos datos que he aportado, no exhaustivamente --y después
podré aportar alguno más, incluso anecdóticamente--, suponen un marco
suficiente de preguntas y de preocupación por la marcha del plan.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Está claro que la percepción que teníamos
nosotros era que los planes de educación física en los centros educativos
prácticamente no existían. La intervención del señor Ministro nos ha
recordado algunas cuestiones. Nos ha recordado cómo se elaboraron los
planes y los convenios firmados por las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, y nos ha dicho más o menos que hay un nivel de
cumplimiento importante, aunque nosotros seguimos percibiendo que
prácticamente no existen esos cumplimientos en los centros educativos,
salvo que las deficiencias fueran tantas que no se note la realización o
concreción de esos planes.

Está claro que el señor Ministro reconoce que no se han realizado todas
las actuaciones y el motivo que da para ello es la carencia
presupuestaria. Eso hay que arreglarlo. Cuando uno elabora un plan
siempre debe destinar los recursos para cumplirlo; si no, absolutamente
todos son brindis al sol. Lo que nos ha sorprendido, y no tenemos por qué
dudar de las manifestaciones del señor Ministro, es que diga que todos
los centros de secundaria disponen de profesores y de material para la
práctica deportiva. No es ésa nuestra percepción, pero esperemos que ello
sea así. A lo mejor es que, cuando pasamos a tener contacto directo con
los afectados, somos un poco ciegos, pero nos tenía preocupados, como ya
decía al principio, porque en las diversas comparecencias que el señor
Ministro ha tenido ante esta Comisión su atención al deporte ha merecido
poca dedicación dentro de sus discursos. En su primera comparecencia ante
la Comisión simplemente hubo dos o tres párrafos dedicados a la educación
física en los centros educativos, y uno de ellos haciendo una



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llamamiento a la colaboración del resto de las instituciones,
especialmente de los ayuntamientos.

Tengo que decirle al señor Ministro que tengo la percepción de que son y
han sido los ayuntamientos, fíjese, con mucha escasez de recursos, los
que han tapado en muchas ocasiones las deficiencias del Ministerio en
este tema ofreciendo sus instalaciones, o bien acondicionando, en la
medida de sus posibilidades, los campos de deportes de los colegios o los
centros educativos para su utilización.

Se ha citado al Ayuntamiento de Madrid. Señor Ministro, estoy muy
preocupado. Como le gane el Ayuntamiento de Madrid en preocupación por el
deporte, un Ayuntamiento gobernado por la derecha tradicional que tiene
el concepto de que el deporte es un lujo y que el que quiera realizarlo
se lo tiene que pagar, vamos a estar apañados. Procure, señor Ministro
--y estoy dispuesto a colaborar con usted--, que no le gane el
Ayuntamiento de Madrid, porque entonces el nivel de comparación sería
terrible y muy negativo para usted.

Decía que había merecido poca atención. Incluso sus setenta y siete
medidas, que ya estudiaremos en su día, dedican unos bellos párrafos,
pero sin concreción ninguna. Usted sabe como yo, señor Ministro, como le
decía anteriormente, que en los temas tanto de profesores especialistas
como de intalaciones como en material deportivo hay un claro
incumplimiento de la LOGSE. Faltan profesores de educación física, faltan
auténticos especialistas en los centros educativos. No hay recursos
suficientes ni medios para finalizar, a mi juicio, un proceso de
implantación efectiva de la educación física y de la práctica deportiva
en todos los niveles y grados educativos; a pesar de sus promesas de hoy,
no hay recursos.

No se ha fomentado tampoco, a mi juicio, el asociacionismo y la
participación para desarrollar los clubes escolares desde la escuela a la
universidad. Creo que en este aspecto hay una deficiencia notable. Sobre
todo, no se ha coordinado, no sé si por voluntad del Ministerio --creo
que cuando intervienen varias partes no sólo es por culpa de uno--, con
las demás instituciones para aunar recursos y solucionar el problema. Si
acaso en algunos momentos, como decía anteriormente, se ha delegado
excesivamente en los ayuntamientos que, como comentaba, tienen escasez de
medios y recursos.

Todavía, señor Ministro, como usted y yo sabemos, quedan muchos centros
educativos sin instalaciones y hay que considerar que desde su concepción
y la mía el deporte es un derecho constitucional que hay que garantizar;
no es un lujo, como decía anteriormente, desde la concepción de otros.

Tengo que creer, como siempre, en las buenas intenciones del señor
Ministro de cumplir y poner en marcha en estos próximos meses o años ese
porcentaje de instalaciones a que se ha referido. Lo que pasa es que,
como siempre le digo, si usted no tiene recursos, si no reclama recursos,
si dentro de los presupuestos no se destinan más recursos al deporte,
malamente va usted a poder cumplir, y voy a tener que volver a decirle
que lo suyo son bonitas palabras, buenas intenciones, pero pocas
concreciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martín del Burgo.




El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Quiero agradecer y recordar. Agradecer
al señor Ministro sus exhaustivas informaciones, agradecer también el
tono de los Grupos Parlamentarios intervinientes, y recordar que fue
precisamente el Gobierno socialista quien promovió esta iniciativa, tan
necesaria como benefactora para los cimientos y práctica de nuestro
deporte base, el deporte y la educación física en la escuela, con un
único objetivo, cual era, y sigue siendo, el dotar de instalaciones
deportivas a la red de centros en nuestro país. Más de 1.200
instalaciones programadas para 1.500 centros aproximadamente y que pueden
atender, que de hecho están atendiendo, a más de 600.000 alumnos. Es un
Plan ambicioso, a juicio de mi Grupo Parlamentario, tanto por su montante
económico como por los centenares de instalaciones construidas. También
es un Plan complejo por su dimensión y por la urdimbre administrativa que
supone, que ha supuesto, al poner en combinación distintos niveles de la
Administración, a saber, Administración Central, el Estado, las
comunidades autónomas y las corporaciones locales, que se han ido
incorporando paulatinamente en el proceso y la ejecución del Plan.

Desde mi Grupo Parlamentario queremos manifestar también, para público
conocimiento, con luz y taquígrafos, que las instalaciones ya culminadas
no sufrirán retroceso o regresión respecto a su puesta en funcionamiento
en este paréntesis de 1994, o ralentización del Plan; que, aun
estableciéndose prioridades en los presupuestos, la preparación y la
actividad deportiva están aseguradas, y éste es un aspecto fundamental
que tenemos que tener en consideración a la hora de valorar
ponderadamente la ejecución del Plan. No es baladí, a nuestro juicio,
indicar que este período presente puede ser muy útil para verificar y
dotar de contenido a las propias instalaciones deportivas escolares. Me
refiero al material, al profesorado y a la utilización polivalente, por
ejemplo.

A nuestro juicio, en este período no se ha distinguido el Consejo
Superior de Deportes precisamente como ejecutor mediocre. Ha superado en
nivel de ejecución a varias comunidades autónomas, y me reservo citar su
color político porque ni es un dato relevante ni ello mejora o nos acerca
más a los objetivos que guían el Plan.

Señorías, señor Presidente, señor Ministro, la disponibilidad de
terrenos, la redacción y aprobación de proyectos, los compromisos
económicos de financiación, las múltiples modificaciones de éstos
solicitadas por los ayuntamientos, la adjudicación, la ejecución, la
liquidación, la recepción de las obras inciden en la marcha de este
programa.

Pero también quisiera formular un llamamiento a la coherencia para
aquellas corporaciones locales que aún no hayan aportado sus partes
proporcionales de la financiación final resultante de cada programa y de
obra, porque estas corporaciones locales son dedudores del Plan y son
deudores también del Consejo Superior de Deportes.

El Grupo Parlamentario Socialista no renuncia a



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ninguno de los objetivos propuestos por el Plan. Señor Ministro,
apostamos por su continuidad y culminación. Valoramos como altamente
positivo el incremento de instalaciones deportivas en centros escolares,
la dotación de profesorado de educación física y la puesta a disposición
de la sociedad de las instalaciones deportivas para su uso multifuncional
y polivalente, principio, por cierto, fijado en la Ley del Deporte.

Anécdotas aparte, también consideramos que este proyecto, este Plan, no
es un brindis al sol, porque en muchas comunidades autónomas se ha pasado
de ocho instalaciones deportivas en el inicio del Plan a más de cien en
la actualidad. Todos estos factores serán, sin duda, elementos
estimuladores e incentivadores de la práctica deportiva de los escolares
en el sistema educativo español.

Concluyo señor Presidente, señorías, señor Ministro. Para aquellos que
pretendan poner negro sobre blanco o destacar sólo los claroscuros del
plan, apelar a que miren retrospectivamente y se fijen, por ejemplo, en
los años de la emergencia democrática, en cómo debíamos adaptarnos a las
exigencias, condiciones materiales y humanas aquellos que enseñábamos
educación física y trabajábamos en el campo de la preparación deportiva y
cómo se practica hoy la educación física en el sistema educativo español
y cómo crece la red de instalaciones deportivas en nuestros centros.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro para contestar a
las intervenciones de los diferentes Grupos.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias,
señor Presidente. Gracias, señorías.

El señor Carreño me plantea una serie de cuestiones concretas a las que
procuraré dar respuesta, aunque es evidente que en esta sesión a todas
ellas, por la concreción a la que su señoría ha llegado, no será posible
darla. Se pasará la información correspondiente a su señoría, como no
podía ser menos, en la medida en que mi Departamento disponga de ella.

Esta serie de cuestiones concretas llevan finalmente a su señoría a
plantear una valoración del Plan que, desde luego, lo adelanto desde
ahora, no coincide con la que desde la perspectiva de la Administración,
que en este caso no es interesada, se tiene con respecto del grado de
cumplimiento del Plan, aunque evidentemente es necesario que reconozcamos
ese deslizamiento en el cumplimiento de las previsiones, por otra parte
me parece que perfectamente explicable en las circunstancias actuales en
que nos movemos en España, que se ha producido finalmente.

Comienza S. S. refiriéndose a un error inicial en el acuerdo de Consejo
de Ministros. Sin perjuicio de cómo se haya planteado la cuestión en el
año 1988, si ese error inicial consiste en no haber previsto en el
soporte financiero del Plan y en la propia planificación de las
actuaciones en las diferentes zonas de España en el territorio
administrado directamente por el Ministerio de Educación y Ciencia la
concurrencia de otras instituciones como comunidades autónomas,
ayuntamientos o en algunos casos las propias diputaciones, sería un error
que habría que reconocer. Sin embargo, a mí me parece que ha habido los
suficientes reflejos como para incorporar de inmediato a la financiación,
pero también a la planificación, a estas instituciones, lo que supone el
que, junto con los recursos que aplica el propio Consejo Superior de
Deportes al Plan sobre el que estamos informando en este momento, pueda
darse finalmente un cumplimiento en grado suficiente --creo-- y después
de muchos esfuerzos a sus previsiones. En planificación y en aportación
de recursos siempre es positivo que las diferentes administraciones
públicas estén conformes y en contacto, a través de las diferentes
comisiones mixtas o de los diferentes instrumentos de comunicación de las
previsiones para actuar en cada localidad geográfica de España.

Por otra parte, y después de esta apelación genérica al error inicial en
el planteamiento del Plan, dice S. S. que no sabe muy bien a qué se
refiere la obra en marcha que ha servido de plantilla en mi exposición
para indicar de forma detenida y desglosada cómo va evolucionando el
propio Plan. Le diré que obra en marcha significa --en términos genéricos
que concretaré a S. S., si así lo estima, en cada una de las obras
enumeradas en las diferentes cifras que he ido citando-- iniciada la
tramitación y en alguna fase de su proceso. Con esto se quiere decir que
hay ya un compromiso formal y no sólo un compromiso de índole política
general, esto es, un compromiso concreto en relación con la puesta en
marcha de las obras e incluso con calendario de finalización de las
mismas. En cualquier caso, cuando se dice, respecto del grupo de lo que
llamamos obras sin contratar u obras en marcha en cualesquiera de las
referencias que he citado en los tres momentos históricos que he
utilizado como eje de mi exposición, que a finales de julio de 1994 habrá
400 obras más entregadas y en uso, ya significa un nivel de concreción
importante; obras que, por supuesto, pueden seriarse y sobre las que si
S. S. no tuviera información en este momento --creo que probablemente la
tenga-- podría tenerla. Cuando se dice que de aquí a julio de 1994 se
iniciarán otras 55 obras, reduciéndose por tanto las obras en lista de
espera a 218, es decir, 150 actuaciones menos en esta casilla respecto a
enero de 1994, quiere decirse que S. S. podrá comprobar, en julio de
1994, si se ha cumplido la previsión de iniciar otras 55 obras. El
epígrafe genérico de obras en marcha, obras en ejecución u obras sin
contratar en un momento determinado --fecha a la que me comprometo-- no
puede hacer dudar de la valoración que aquí se realiza de las diferentes
fases del cumplimiento del Plan.

Su señoría echa en falta cifras presupuestarias respecto al 31 de
diciembre de 1992. Creo, señoría, que esto lo he referido exactamente a
lo largo de mi exposición. En cualquier caso, por si no hubiera sido así,
puedo decir que el Ministerio de Educación y Ciencia ha comprometido, a
través del Consejo Superior de Deportes, hasta la fecha del 31 de
diciembre de 1992 la cifra de 23.658.772 pesetas. Las comunidades
autónomas han



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comprometido hasta esa fecha 17.352 millones y los ayuntamientos 19.522
millones, lo que hace una cifra total comprometida de 60.533 millones un
poco largos. Supongo que S. S. entiende que con esto se alcanza por mi
parte el suficiente nivel de concreción que, en cualquier caso, estoy
dispuesto a desagregar si así lo requiere.

Sobre las cifras iniciales comentadas a lo largo de mi exposición, hay
que observar que todavía existen unas ciertas cantidades por comprometer;
cantidades que respecto a las previsiones iniciales ascienden a 4.209
millones de pesetas por parte de los presupuestos del Consejo Superior de
Deportes --me parece que ya lo he indicado así en mi exposición-- y a
6.423 millones por parte de las comunidades autónomas. Por consiguiente,
con estas cifras expreso la mayor transparencia en lo que se refiere al
grado de cumplimiento del Plan en su soporte financiero y presupuestario
y en lo que se refiere a su falta de cumplimiento. Aprovecho para decir
que los presupuestos del Consejo Superior de Deportes, en lo que se
refiere al caso, alcanzan un grado de ejecución verdaderamente notable y
que puede hacerse sentir muy satisfechos a los administradores del
Ministerio de Educación y Ciencia. Lo ha dicho así el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista y yo no tengo más que reafirmarlo; en concreto,
para 1993 el grado de ejecución presupuestaria está por encima del 95 por
ciento.

¿Cuándo se va a terminar el Plan? He indicado a S. S. que seguiré con
todas las actuaciones previstas en el Plan y que se irán incorporando
otras nuevas a medida que se identifiquen necesidades específicas, de
acuerdo evidentemente con las disponibilidades presupuestarias. Puedo
decir que las cifras previstas para este año --ha hecho referencia a ello
el portavoz del Grupo Socialista-- son menores en función de la situación
presupuestaria en que se encuentran todas las líneas políticas del
Gobierno en este momento, que la cifra a la que ascienden, por ejemplo,
las deudas que tienen los ayuntamientos respecto al Consejo Superior de
Deportes. Voy a intentar que la financiación del Plan sea lo más holgada
posible, de forma que permita su ejecución completa en el menor tiempo.

Es evidente, señorías, que no puedo hablar más que del ejercicio
presupuestario de este año --algunas cifras ya he dado al señor
Diputado-- y que no puedo referirme a escenarios que todavía no están
construidos, cosa natural en buena técnica presupuestaria.

A su señoría le parece pintoresco que se diga que éste es un plan
dinámico. Es S. S. muy dueña de que esa referencia le parezca pintoresca.

No obstante, no hay que desconocer que lo que es dinámica es la propia
reforma educativa en sí misma y que el Plan de construcción de
instalaciones deportivas en los centros escolares debe estar
estrictamente conectado con la puesta en práctica gradual y progresiva de
los nuevos estudios previstos en la propia reforma educativa con carácter
general.

Si a esto se le quiere llamar, como yo creo que se le puede llamar
perfectamente, dinamismo de la propia reforma educativa y por
consiguiente del Plan, lo cual hace referencia justamente a la
planificación continua y dinámica que respecto de la puesta en marcha de
los estudios no universitarios se está haciendo en España, en función de
la gradualidad de aplicación de la Logse, si a esto se le quiere llamar
dinamismo, a mí me parece una expresión sumamente adecuada.

Ha citado S. S. algunas cifras (no he podido tomar nota de las cifras
concretas) que supuestamente no coinciden con las que yo he dado del
número de profesores de educación física existentes. Además de lo que he
dicho en mi intervención, señoría, hay que decir que desde 1988 a 1993,
que es el tiempo de vigencia del Plan al que nos estamos refiriendo, se
han convocado para el territorio administrado por el Ministerio de
Educación y Ciencia específicamente 4.761 plazas de educación física para
el cuerpo de maestros. El total de puestos de trabajo de educación
física, catalogados en la relación de puestos de trabajo de los colegios
públicos de primaria para el curso 1993-1994 en que nos encontramos, es
exactamente 4.724 plazas. El total de puestos ocupados por profesores
definitivos en la especialidad de educación física es de 4.059 plazas, y
además de estos puestos definitivos señalados, el Ministerio dispone de
un conjunto de 1.121 maestros especialistas en educación física,
correspondientes a las oposiciones últimas del año 1992 y 1993, que aún
no han obtenido un puesto definitivo de trabajo por el sistema específico
de concurso-oposición que aplicamos.

Es verdad, señoría, que los presupuestos del Consejo Superior de
Deportes, los presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia y los
presupuestos de otros departamentos han sufrido una adaptación provocada
por las circunstancias económicas que está atravesando nuestro país. Esto
provoca que la financiación prevista para la aplicación del Plan desde
1988 haya sufrido determinadas carencias que S. S. conoce y que no se
puede por menos de reconocer desde el campo de la Administración. Es
verdad, por consiguiente, señoría, que bajan los presupuestos y es verdad
que esto provoca un deslizamiento en el cumplimiento del plan que nos
lleva a superar la fecha de 1993. Lo que yo defiendo, señoría, es que, en
las circunstancias adversas que estamos atravesando, el grado de
ejecución del plan puede permitir que nos sintamos nunca satisfechos pero
sí suficientemente satisfechos del grado de aplicación de los recursos
escasos a las previsiones que existieron en 1988. Por mi parte y por lo
demás, señoría, no tengo la impresión que S. S. ha indicado en relación
al pésimo seguimiento o a la falta de control del cumplimiento del Plan
por parte de la organización responsable del deporte en España; antes
bien, tengo la mejor de las opiniones en relación con ese control que en
algún caso puede no haber sido efectivo.

No dispongo en este momento, señoría, de datos relativos a la aplicación
del plan en algunos de los lugares que S. S. ha citado, pero sí de otros.

En relación con lo que S. S. ha indicado respecto del Ayuntamiento de
Leganés, se ha programado entre el Consejo Superior de Deportes, la
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, la realización de catorce
instalaciones deportivas cubiertas (corríjame su señoría) de distintas
dimensiones, y nueve reparaciones de pistas polideportivas. Se han
finalizado y se



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encuentran en uso veintidós instalaciones y está pendiente de comenzar,
con finalización prevista para julio de 1993, otra instalación. Excuso a
SS. SS. de la expresión de las actuaciones realizadas, muchas de ellas
importantes, otras de menor cuantía, pero sí quisiera decir que el coste
final de todo este programa ha sido 646 millones de pesetas, de los
cuales el Consejo Superior de Deportes ha aportado 559 millones de
pesetas y el municipio 86 millones de pesetas. Hay veintidós
instalaciones en uso y pendiente de comenzar otra instalación que
finalizará en julio de 1993.

En relación con el Ayuntamiento de Madrid, sabe S. S. seguramente que
estamos pendientes de las observaciones del Ayuntamiento de Madrid a la
propuesta, que se ha hecho desde la Comisión mixta constituida por el
Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma madrileña, que prevé
un conjunto de 78 actuaciones en el municipio, que son las que se han
seleccionado como de carácter prioritario, con una financiación de 3.460
millones de pesetas, que creo que es la cifra que S. S. ha indicado.

Finalmente, señoría, con estas cifras en concreto y con las expresiones
de algunas otras que he hecho a lo largo de mi intervención, no puedo
considerar que el cumplimiento del plan tenga un mal balance,
reconociendo, sin embargo, el deslizamiento en su cumplimiento sobre las
previsiones iniciales por causas de todos conocidas.

Tendría que decir lo mismo ante las referencias iniciales que en su
intervención ha hecho el señor González, portavoz del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida. Yo creo, señoría, que no se puede decir que no haya
cumplimiento del Plan; lo hay en la medida en que lo hay y en que he
expresado a S. S. ese cumplimiento. Creo que el balance es finalmente
positivo y, en cualquier caso, señoría, ha sido un esfuerzo importante de
gestión y de aportación de recursos por parte de la Administración
central y de las diferentes administraciones implicadas. Hay datos de
inversión, hay datos de actuaciones en instalaciones deportivas,
profesorado y material deportivo que en cualquier caso no se pueden
desconocer, si bien no son capaces de habernos permitido el cumplimiento
íntegro de las previsiones del plan, como he indicado.

Yo creo que S. S. no debe pensar que por parte de este Ministro se aplica
poca atención al caso del deporte, que es una de las responsabilidades
que tiene asumidas el Ministro de Educación y Ciencia en nuestra
organización de Gobierno, y especialmente por cuestiones del deporte tan
ligadas específicamente a la educación, como es el plan de instalaciones
deportivas escolares. Señoría, yo no sé los párrafos que he dedicado en
mi primera comparecencia ante esta Cámara, pero, probablemente, a una
cosa específica como es el plan de instalaciones deportivas en los
centros escolares dedicar en una comparecencia de una hora unos cuantos
párrafos será probablemente suficiente. Lo que sí quiero decir a S. S. es
que dedico bastantes horas a la cuestión, que comporta por supuesto
bastantes preocupaciones.

He presentado hace poco tiempo, señoría, y tendré ocasión de comparecer
en esta Cámara para explicarlo, el plan de calidad que he anunciado en mi
primera comparecencia ante esta Comisión el mes de septiembre del año
pasado, que he publicado para debate de los diferentes sectores y que
dará lugar a la adopción de una serie de medidas. Es, señoría, un plan de
calidad de la enseñanza que pretende desarrollar de manera específica el
Título IV de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo; no se
refiere específicamente al caso. De todas maneras, señoría, no se puede
desconocer que bastantes de las medidas en él implicadas tienen que ver
--ahora pondré a S. S. algún ejemplo-- con la cuestión que le preocupa de
que el Ministerio y el Ministro presten una atención especial y
prioritaria, en el grado que corresponda, a las instalaciones deportivas
en los centros escolares. Precisamente al hilo de la existencia de
instalaciones deportivas y otro tipo de instalaciones en centros
culturales, se propone la adopción de una de las medidas que dará lugar a
otras diversas y concretas previstas en el conjunto de las medidas para
la calidad que he presentado, que es la posibilidad de intensificar la
utilización de las instalaciones de los centros escolares, que son muy
ricas en muchos casos, entre ellas las deportivas, por parte de los
ciudadanos del entorno y por parte de los propios alumnos fuera del
horario escolar.

En el mismo planteamiento de las medidas para favorecer la calidad de la
enseñanza, señoría, se contiene el favorecimiento del asociacionismo, a
lo que S. S. da mucha importancia --como creo yo mismo que hay que darle
mucha importancia--, y que desde luego será uno de los factores de
calidad más importantes y para nosotros de una mayor preocupación.

También está incluido en las medidas de calidad que en desarrollo del
Título IV de la Logse publicamos. Señoría, de todas maneras quiero
afirmar la voluntad política de este Ministerio de obtener la máxima
rentabilidad social de estas instalaciones que existen en los centros
educativos, y entre ellas las deportivas, y de potenciar la voluntad
política, las actuaciones que se nos ocurran a todos, dirigidas a una
mayor integración social ciudadana en los centros educativos, junto con
la mayor apertura de los centros a que me refería para habilitar la
disponibilidad del uso de las instalaciones en favor de la comunidad
social del entorno.

Ya me he referido a las actuaciones en relación con la Comunidad de
Madrid. Hay una propuesta en este momento que suscriben el Consejo
Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma, que está informando desde
--creo recordar-- el mes de diciembre o quizá el mes de noviembre el
Ayuntamiento de Madrid y a la que formulará las observaciones
pertinentes. Están previstas en nuestro planteamiento un total de 78
actuaciones prioritarias con un nivel de financiación cercano a los 3.500
millones de pesetas, prueba de que en Madrid damos importancia a la
existencia de instalaciones deportivas de la mejor calidad en nuestros
centros. Todo esto, señoría, me parece que no permite decir que el
planteamiento en relación con ésta, como en relación con otras cuestiones
del Ministerio de Educación y Ciencia, sea de buenas intenciones pero de
pocas concreciones. Como a S. S., también preocupa a este Ministro la
necesidad de un



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soporte financiero suficiente para llevar adelante la implantación de la
reforma educativa y todas aquellas cuestiones que conlleva, que son
muchas. Señoría, vamos a intentar, aplicando correctamente los recursos
que tenemos, hasta el último dinero, que esas buenas intenciones que,
desde luego lo son, se conviertan ciertamente en realidad.

Por lo que se refiere a la intervención del portavoz del Grupo
Socialista, no puedo sino suscribir los conceptos que ha indicado en
relación con el Plan. Es un plan ambicioso, es un plan que va dando
buenos resultados y que actúa en beneficio de todos. Pretendemos que
actúe en beneficio de los estudiantes y del conjunto de la sociedad,
aunque no haya sido posible conseguir su cumplimiento total, pero sí,
creo yo, en un grado muy importante, en el plazo que en 1988, hace seis
años, se había previsto.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea hacer uso del turno de réplica?
(Pausa.)
Señor Carreño, le quiero advertir que en su primera intervención ha
consumido bastante más del duplo del tiempo reglamentario previsto. Con
esa observación tiene la palabra.




El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias. Van a pagarlo las
estenotipistas, que tendrán que escribir más rápido.«
Obra en marcha parece ser que se llama a iniciada la tramitación. Por
tanto, estimo que el Ministerio y el Consejo Superior de Deportes están
considerando obra en marcha en Alcorcón un M-4 para, entre otros
colegios, Blas de Otero, que en noviembre de 1990 me contestaron que
estaba en marcha, en construcción, ese M-4. Durante 1991, 1992, 1993 no
estaba en marcha, ahora está en marcha. Pondré algún otro ejemplo de
Extremadura, que antes he citado, muy brevemente.

Dinero comprometido. He pedido dinero gastado, pesetas pagadas a 31 de
diciembre de 1992. Liquidado el presupuesto del Estado y de sus
organismos autónomos, y dentro de ellos el del Consejo Superior de
Deportes, dinero pagado a 31 de diciembre de 1992 en el concepto
«instalaciones deportivas» y en el concepto «reparaciones de
instalaciones deportivas». Pregunta que amplío, toda vez que ha concluido
el año 1993, al presupuesto del año 1993, a 31 de diciembre.

Los datos de Leganés coinciden con los que he expuesto. Hay nueve
reparaciones de pistas deportivas, por importe cada una de 3.300.000
pesetas, que incumplen perfectamente el objetivo del plan, que era dotar
de gimnasio y pista polideportiva. El gimnasio no existe, evidentemente,
en esas nueve instalaciones deportivas de esos colegios y existen otros
muchos centros hoy carentes de ellas en Leganés.

Sorprende que entre las 77 medidas propuestas para mejorar la calidad de
la enseñanza figuren tres referidas al terreno deportivo que sólo hablan
de fomento de actividades deportivas, como si ya estuviera resuelto por
el Ministerio la existencia de instalaciones en/o a disposición de los
centros para practicar primero la educación física y después el deporte.

Conviene saber --no lo sé-- si se cubren todos los colegios con el número
de especialistas en educación física y todos los institutos con el número
de profesores de educación física.

Hablaba el señor Ministro de deudas de ayuntamientos con el Consejo
Superior de Deportes. Sorprende que el dinero dedicado a inversiones por
el Consejo Superior de Deportes en toda España, en el año 1993, haya sido
--según mis datos-- 7.938 millones y a inversiones en centros educativos,
en 1993, en todo el territorio del MEC, 3.431 millones, cuando en ese
mismo año el Estado, vía Holsa, pagó deuda del Ayuntamiento de Barcelona,
de los Juegos Olímpicos de Barcelona, inversión comprometida por el
Ayuntamiento de Barcelona, posteriormente aliviada, por importe de 5.739
millones de pesetas. Sorprende que en 1994 el dinero que el Estado dedica
a las instalaciones deportivas para el deporte en toda España sea 4.210
millones, a inversiones del programa escolar 2.416 millones, y también
este año 1994 a través de Holsa aporta el Estado al pago de inversiones
deportivas, hasta 1992, 5.969 millones de pesetas.

Sorprende que para el año 1995 la crisis económica vaya a permitir
mantener como máximo los presupuestos de inversiones del Consejo en toda
España y de instalaciones deportivas en centros educativos en territorio
del MEC al nivel de este año, y el año que viene, en cambio, se van a
dedicar 6.804 millones a pagar, y así sucesivamente hasta el año 2009,
inversiones en un solo ayuntamiento.

Sorprende, o al menos me sorprende a mí, que en el Real Decreto por el
que se regula el Plan de Empleo Rural, publicado en el BOE del 5 de
febrero, sábado, se incluyan obras del Consejo Superior de Deportes.

Construcción de polideportivos en Esparragosa de Lares (Badajoz), 36
millones de pesetas. Evidentemente, esa obra está contabilizada como obra
en marcha en 1991, según la definición de obra en marcha, y es obra que
primero se compromete en 1994 y veremos a ver si se inicia en 1994.

Sorprende que haya tres obras de reparación de polideportivos, en Villar
del Rey, Pueblonuevo y Guadiana, obras recientemente terminadas por el
Consejo Superior de Deportes, en la provincia de Badajoz; sorprende que
se dediquen 22 millones de pesetas a reparar tres polideportivos
recentísimamente concluidos. Sigue sorprendiendo, al menos a este
Diputado, la construcción de polideportivos en Miajadas, obra prevista,
en esa lista, en el año 1991 por la Comisión Mixta Comunidad Autónoma de
Extremadura-Consejo, en Miajadas, en Coria y en Losar de la Vera, 228,8
millones de pesetas. Evidentemente, no son obras en marcha, por lo menos
no son obras iniciadas, que pueden tener problemas si no hay
disponibilidad de terrenos, si no hay accesos, si no hay servicios o si
no hay aportación municipal. Sigue sorprendiendo la reparación de
polideportivo en Navas del Madroño, también obra incluida en el año 1990
y, por tanto, obra en marcha y, al parecer, obra desafortunadamente mal
concluida.

En resumen, primero, pido el cierre, a 31 de diciembre, de la situación
del plan; segundo, completar y corregir el



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plan: caso Leganés, caso Madrid, caso Monesterio en Cáceres, que aparece
aquí, pero no en el plan, ni es Murcia, que son obras ampliadas a 1.250;
tercero, vigilancia en cuanto a terrenos, servicios, acceso, agua, luz y
ejecución; cuarto, garantía de utilización, tanto en jornada lectiva como
extraescolar; quinto, completar los especialistas y profesores de
Educación Física en los centros, es decir, cumplimiento de la LOGSE y de
la Ley del deporte, y sexto, control parlamentario periódico, que es lo
que estamos haciendo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Blázquez.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Con mucha brevedad y haciendo caso de su
recomendación, simplemente para aclarar al señor Ministro que,
evidentemente, yo no juzgo su dedicación al plan por la cantidad de
párrafos que destina a sus discursos, pero formalmente es un indicativo.

A mí me preocupan más la consignaciones presupuestarias, pero hay que
reconocer también que el señor Ministro es muy hábil, porque, cuando se
le pone de manifiesto la escasez de presupuestos, él lo pone de excusa
para no cumplir determinados planes o proyectos, y, cuando se le critica
esta situación dice que hay poco presupuesto y, de forma solidaria con su
Gobierno, dice que con un informe adicional, supongo que de imaginación,
y con cierto retraso se cumplirán.

De todas maneras, el señor Ministro suele reconocer sus culpas y hacer
propósito de enmienda. Espero que este propósito de enmienda se concrete
y se realice.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): En
contestación a lo que me plantea el portavoz del Grupo Popular, yo no sé,
señoría, si hay mucho que discutir en relación con la conceptuación
técnica, que se puede aclarar con respecto de cada obra en concreto, de
obras en marcha, obras en ejecución u obras sin contratar. No discuto los
datos que S. S. ha indicado, que probablemente tienen alguna explicación
si se estudian en concreto, explicación que, con toda evidencia, yo no
estoy en este momento en condiciones de hacer con respecto a todos ellos.

De todas maneras, señorías, creo que es verdad --pero S. S. puede
comprobarlo en relación con los datos desglosados que estaría en
condiciones de hacerle llegar-- que en diciembre de 1992, de las 1.250
obras previstas en el plan, había 481 obras terminadas, que son 693 en
enero de 1994 y 891 serán en julio de 1994, lo que quiere decir,
señorías, que, con la cadencia del cumplimiento del plan que nos permiten
nuestros recursos presupuestarios, las obras se van terminando. Obras de
las llamadas en ejecución había 361 en diciembre de 1992; para julio de
1994 solamente habrá 141, y obras sin contratar había 368 en diciembre de
1992 y en julio de 1994 habrá 218, lo que quiere decir que, con pocos
recursos, el plan se va aplicando progresivamente.

Es verdad, señorías, porque lo he comprobado ante la referencia que
indicaba, que en el ayuntamiento de Leganés hay un conjunto de obras, que
antes indicaba que eran obras menores, de tres millones y pico de
pesetas, para un conjunto de institutos, pero no desconozca S. S. que, a
lo largo del período de vigencia del plan y para este mismo ayuntamiento,
ha habido obras muy importantes; si se dice la cifra menor, hay que hacer
referencia también a las cifras mayores. Ha dicho S. S. que hay nueve
obras menores que no las he contado, aunque sí las mayores, que son
catorce, que suponen una aplicación de recursos de 49 millones, 50
millones, 26 millones, 80 millones, 84 millones, 49 millones, etcétera.

Por consiguiente, el esfuerzo es importante, aunque habrá que seguir
insistiendo en él y evidentemente faltan cosas por hacer.

Pasaré a S. S. por conducto de la Presidencia de la Comisión, si el señor
Presidente me lo admite, la relación del dinero gastado a diciembre de
1992 en el plan y lo mismo para diciembre de 1993. Lo que sí puedo
adelantar es que el plan alcanzó en 1992 un grado de ejecución
presupuestaria situado en el 84,5 por ciento, y en 1993, en el 92,2 por
ciento. También son cifras bastante significativas, pero haré llegar a S.

S. su concreción.

Su señoría se sorprende, entre otras cuestiones, sobre todas las cuales
daré una contestación concreta, si me lo permite, de las cuestiones
relativas al deporte escolar incluidas en el plan de calidad que hemos
presentado. Señoría, es que se trata de un plan de calidad de la
enseñanza. Las medidas que en él se incluyen están específicamente
dirigidas a la calidad de la enseñanza, que tocan, como otras muchas
cuestiones, aspectos relativos al deporte escolar. Estas medidas están
flanqueadas, entre otras cuestiones, por toda una política, que no consta
ahí, relativa al personal, relativa a la incorporación --a lo que me he
comprometido en mi primera intervención de la sesión de hoy-- de
profesores de Educación Física en los colegios de menos de cinco
unidades, como decía, o flanqueadas por el propio plan de construcción o
reparación de instalaciones escolares, que sigue vigente hasta el momento
en que podamos alcanzar su grado de cumplimiento, pero esto no evita que
se incluyan otros aspectos que tienen que ver específicamente con el
desarrollo del título IV de la Logse. También hay muy pocas medidas
introducidas en este plan de calidad, aunque hay alguna, que se refieren
específicamente a, pongo por caso, la formación profesional, como digo,
de una manera concreta, pero hay todo un plan de formación profesional
--para la exposición del cual pediré la comparecencia de esta Comisión a
las Cámaras, dentro de muy poco tiempo--, que no tienen por qué estar
propiamente incluido en un plan de calidad que tiene una dirección muy
específica.

Señoría, por supuesto que me brindo, como no podría menos de suceder,
pero, por lo demás, con mucho gusto, como S. S. sabe, a cualquier control
periódico que se haga en relación con el cumplimiento del plan, al que le
aseguró a S. S. que aplicaré muchos esfuerzos. En ese control periódico,
señor González, es en el que se va a ver



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mi grado de propósito de la enmienda, como usted lo llama, o, lo que es
lo mismo, mi grado de posibilidad de aplicación de recursos financieros
al cumplimiento de esta política, como de otras políticas cuya
responsabilidad tengo asumida desde el Ministerio de Educación y Ciencia.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




CONTESTACION DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:



--SOBRE CALENDARIO PARA ULTIMAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIAS EN MATERIA
EDUCATIVA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. FORMULADA POR EL SR. OLLERO
TASSARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000336.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
contestación de las preguntas.

Para formular la pregunta número 336, tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Ministro, el texto de la pregunta tal como
fue redactada en el momento de iniciarse su trámite era: Teniendo en
cuenta las previsiones presupuestarias para 1994, ¿qué calendario
considera el Gobierno más adecuado en el momento actual para ultimar el
proceso de transferencias en materia educativa a las comunidades
autónomas? La pregunta surge como consecuencia de una indisimulada
perplejidad ante la situación que se ha ido creando. Como el señor
Ministro sabe bien, hay unos acuerdos autonómicos, firmados hace ahora
dos años prácticamente, el 28 de febrero de 1992, que por supuesto son
firmados por unas fuerzas políticas, pero que se comprometen a que tengan
un reflejo en las Cámaras. No pienso, por tanto, confundir, como es
lógico, ambos ámbitos de responsabilidades, pero sí, indudablemente, es
un punto de referencia ilustrativo.

En estos acuerdos, los firmantes reconocen la necesidad de adecuar el
calendario de transferencias educativas a los compromisos establecidos
para implantar la reforma educativa, aprobada por las Cortes Generales,
los plazos en ella previstos para los diferentes niveles educativos, así
como los específicos mecanismos de financiación contemplados para su
realización. La perplejidad surge porque en los dos años transcurridos se
ha modificado absolutamente el marco de referencia. En primer lugar, ha
cambiado el calendario de aplicación de la Logse. Por tanto, habría que
plantearse cuáles eran los motivos que llevaban a vincular las
transferencias a la aplicación de la Logse y en qué medida los motivos
que van originando, y que presumiblemente seguirán originando,
modificaciones en el calendario de aplicación de la Logse deben o no
afectar a las transferencias a las comunidades autónomas. Por otro lado,
se han producido recortes presupuestarios continuos y todo parece indicar
que, mientras que este Gobierno continúe siendo el responsable de la
situación, se seguirán produciendo, con lo cual se está incumpliendo otro
de los aspectos básicos del marco de referencia que justificaba esa
ralentización de la transferencia a las comunidades autónomas. Por eso,
un primer aspecto de la pregunta sería: ¿cuáles son las consecuencias que
el señor Ministro estima que deben producirse al modificarse el
calendario de la Logse y al modificarse claramente las previsiones
presupuestarias, a la baja, respecto a las mismas previsiones hechas por
el Gobierno en la documentación presupuestaria de años anteriores que,
como usted muy bien sabe, contempla inversiones a tres años vista, que se
ven cercenadas radicalmente; en qué medida eso debe o no llevar a
reconsiderar esta ralentización en la transferencia a las comunidades
autónomas? Porque el señor Ministro, que es buen jurista, sabe que en
todo pacto hay una cláusula rebus sic stantibus de la que depende la
validez del pacto mismo, y desde luego las cosas no están como estaban,
eso es obvio.

Por otra parte, la modificación del calendario no ha sido puramente
cronológica, sino que ha llevado consigo también una clara modificación
de la política de aplicación de la Logse, en la que se ha pasado de todo
intento de llevarla a cabo con una coordinación y con una homogeneidad,
elementos que serían los que justificarían el retraso de la transferencia
autonómica, y se ha pasado al puro oportunismo como criterio decisivo. El
mismo Gobierno que obliga a retrasar la aplicación de la Logse, a la vez,
no pierde oportunidad de adelantar la aplicación de la Logse donde le
parece y cree conveniente, con lo cual está llevando a cabo una política
discutible, por supuesto, pero en todo caso absolutamente contradictoria
con lo que justificaría el retraso de transferencia, porque si aquí todo
vale y en cada asunto se hace lo que corresponda según dependa de no se
sabe qué, pues yo no sé cómo puede eso justificar el que se retrasen las
transferencias, a no ser que lo que se pretenda sea retener competencias
en el Gobierno central el máximo tiempo posible para así poder llevar a
cabo determinadas medidas. Y ya que hablo de medidas, el señor Ministro
me reconocerá que de ese bonito librito que nos ha ofrecido, con setenta
y siete presuntas medidas, la inmensa mayoría de ellas no es que las
puedan llevar a cabo las comunidades autónomas perfectamente, es que
algunas de ellas son de competencia municipal. El que se abra o no un
centro escolar por la tarde, de eso se puede ocupar un concejal. Lo que
no entendemos es que se condicione todo el proceso de transferencias
autonómicas si todo lo que tiene que ofrecer el Gobierno es lo que dice
ese librito, a no ser que tres o cuatro medidas de las que hay ahí
justifiquen que se paralice todo para poder hacer un montaje en el cual
se consoliden posiciones conseguidas de manera precaria y acaben en su
sitio los que se han ido colocando, etcétera; pero de eso hablaremos otro
día.

Señor Ministro, no entiendo muy bien por qué, a esas comunidades
autónomas que van a tener pronto estas competencias, se las margina
totalmente de las conferencias sectoriales. Indudablemente, no es
preceptivo que formen parte de ellas, pero en los mismos acuerdos se



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hablaba de mecanismos mediante los que se canalizan las relaciones de
colaboración o cooperación y se considera a las conferencias sectoriales
como el medio habitual y normal. Si queremos de verdad poner en marcha un
proceso de transferencias, parece que, por lo menos y dado que además
esas conferencias, en gran medida, van a ser consultivas, deberían
asistir a ellas y tener voz esas comunidades, entre otras cosas, para que
se vayan familiarizando con problemas que luego tendrán que asumir. No
olvidemos que en esos mismos pactos se dice que la consecución de
resultados en las conferencias sectoriales sólo se logrará mediante la
asistencia y la participación de todas las comunidades autónomas a las
reuniones de las mismas. No vendría mal que empezaran a acudir ya; sin
embargo, no tenemos noticias de que haya ocurrido así. En ese sentido, me
gustaría tener alguna información sobre cuál es la experiencia actual de
estas curiosas comisiones mixtas que, al margen de la conferencia
sectorial, al parecer, se están poniendo en marcha, ignoramos en qué
número y con qué resultados, como ignoramos también cuáles están siendo
los frutos y las medidas que se están tomando, que están también
contempladas en ese pacto. En concreto, cuando se hablaba de las
competencias de educación, se decía que una de las competencias propias
del Gobierno central en todo este proceso sería poner en práctica medidas
que permitan, en cada momento y en su caso, corregir las desigualdades o
desequilibrios que se produzcan en la prestación del servicio de
educación. ¿Podría ilustrarnos el señor Ministro sobre qué medidas
concretas se han tomado para corregir desigualdades, por ejemplo, en lo
relativo a formación profesional? Una de las excusas que se da para no
transferir es que hay que consolidar primero la puesta en marcha de la
formación profesional. Es obvio que si hay desigualdades en algo entre
las comunidades autónomas, es en sus posibilidades de cara a poner en
marcha una formación profesional que se apoye de verdad en el tejido
empresarial. ¿Qué medidas se están tomando ya para evitar que, cuando se
consumen las transferencias, determinadas comunidades autónomas se
encuentren con que no tienen prácticamente apoyo alguno con el que
contar?
Por último, señor Ministro, los recortes presupuestarios sostenidos que
se han venido produciendo están, inevitablemente, acarreando un
empobrecimiento de los servicios. No olvidemos que en ese pacto se decía
también que, entre los instrumentos convenientes para lograr la
preparación de las administraciones autonómicas, de manera que éstas
puedan, en el momento de recibir los traspasos, prestar adecuadamente los
servicios, está claramente el de la financiación. En la medida en que
ustedes están recortando los presupuestos todos los años, están
empobreciendo los servicios que van a transferir, en un momento en el que
todo el mundo sabe que las comunidades autónomas, algunas de ellas
--aquellas que no tienen gobierno socialista desde luego-- que tienen
competencias plenas en educación, están llevando a cabo la reforma
educativa dedicando más medios que el Gobierno central y están poniendo
en marcha determinadas medidas antes que el Gobierno central, en muchos
casos están consiguiendo la gratuidad de la educación infantil que niega
el Gobierno central y están poniendo en marcha determinadas medidas antes
que el Gobierno central, que incluso les anima a llevarlas a cabo, por
ejemplo en la formación profesional. ¿Por qué? Porque para esos gobiernos
es una prioridad la educación y para el Gobierno central no, lo cual
quiere decir que si ustedes transfirieran, a lo mejor habría comunidades
autónomas para las que sea una prioridad la educación, que estarán
aplicando la Logse mejor que ustedes, con más medios. Hay comunidades
autónomas con competencias plenas que se encuentran con el cuadro de que
ustedes les han transferido 80 profesores de música y necesitan para
poner en marcha la Logse, 1.000. ¿Qué ocurrirá cuando ustedes transfieran
a las comunidades autónomas que aún no tienen competencias, si siguen
ustedes recortando presupuestos? Yo creo que están frenando la
posibilidad de que gobiernos con una política presupuestaria, con unas
prioridades distintas, que valoran más la educación que ustedes, puedan
estar mejorando los servicios, y están impidiendo en la medida en que
congelan esas transferencias. Eso sí, lo que ustedes parecen dispuestos a
transferir son problemas, porque no deja de ser curioso que mientras que
el pacto autonómico al que me refiero dice que es competencia de la
conferencia sectorial la creación de nuevos centros y la implantación de
nuevos estudios, de acuerdo con criterios de planificación general, que
será acordado en la conferencia sectorial, sin embargo ustedes lo que
están haciendo es traspasar la patata caliente de la red de centros que
consideran que es políticamente negativa para ustedes no a la conferencia
sectorial sino a unas comisiones mixtas que se han inventado, para que
sean las comunidades autónomas las que pechen con las consecuencias
políticas de la cuestión. Los problemas sí que los transfieren; los
recursos económicos no y las competencias tampoco. Nos parece una
política curiosísima. Por eso yo le animo, señor Ministro, a que nos
explique cuáles son los criterios que están rigiendo en esa especie de
mare mágnum y cuál será el calendario previsible para estas
transferencias, porque siguen vinculadas a la Logse y parece razonable
temer que sea ad calendas graecas cuando se produzca la transferencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y
Ciencia.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señoría,
vamos a ver si consigo explicar procedimiento, calendario y razones por
las que S. S. me pregunta.

Tenemos una Ley, la Ley Orgánica 9/1992, que prevé la transferencia a las
comunidades autónomas del artículo 143 de la Constitución de la
competencia para el desarrollo legislativo, ejecución de la enseñanza en
toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. La
propia Ley indica que en materia de educación se adecuará el calendario
de traspasos a los compromisos establecidos para implantar la reforma
educativa --lo ha dicho S. S.--, los plazos en ella previstos para los



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diferentes niveles educativos, así como los específicos mecanismos de
financiación contemplados para su realización. Lo dice la exposición de
motivos. A partir del marco legal que nos da esta Ley, la efectividad de
las competencias de las transferencias educativas sólo requiere el
acuerdo formal de las correspondientes comisiones mixtas de
transferencias o de traspasos, con una reserva temporal, establecida en
la Logse, la que afecta a la enseñanza o educación no universitaria, cuyo
proceso de transferencia debe acomodarse al calendario de implantación de
aquella enseñanza, especialmente en aquellos aspectos, en efecto, que
requieran una planificación coordinada que garantice la igualdad básica
interterritorial, a la que S. S. daba tanta importancia, como no puede
menos de dársele.

Los acuerdos autonómicos contribuyen a conformar ese marco de referencia,
y en consecuencia con este marco, la actuación del Ministerio viene
siendo la siguiente. Después de estudiar durante algún tiempo --también
había anunciado que se entraba en proceso de transferencias en mi primera
comparecencia de esta Comisión-- el modo de cómo enfrentarse con este
proceso que ahora va a afectar a diez comunidades autónomas y para el
cual, por número, entidad, etcétera, y en el momento en el que nos
encontramos, existían pocos puntos de referencia, puesto que las
transferencias a las siete comunidades autónomas que tienen hoy
competencia plena se habían hecho con otra gradualidad y en otro momento
histórico, después de resolver una serie de cuestiones previas, hemos
iniciado un proceso de reuniones con las correspondintes administraciones
educativas, es decir, con los correspondientes consejeros responsables de
la educación en todas y cada una de las comunidades autónomas, con el fin
de intercambiar los criterios necesarios para poder entrar en el proceso
de transferencias. En estas reuniones bilaterales que estamos teniendo se
han celebrado ya sesiones de esta índole, que adelanto a S. S. que han
ido yo diría que muy bien; la valoración por mi parte no es sino positiva
--espero que también lo sea por parte de todas las comunidades autónomas
con las que ya me he entrevistado--; hemos tenido entrevistas con nueve
de las diez comunidades autónomas y en este mes finalizaremos esta
primera fase inicial de explicación a las comunidades autónomas del
planteamiento del Ministerio de Educación y Ciencia, para dar lugar a la
fase de iniciación del proceso de transferencias.

Yo me atrevo a decir que hay plena coincidencia con las demás
administraciones educativas en los aspectos sustantivos que deben hacer
viable, por parte de las diferentes comunidades, la asunción de las
competencias en materia de educación. En cualquier caso, esos aspectos
sustanciales pueden resumirse de la siguiente manera, para dar a S. S.

una información lo más completa y exhaustiva posible del proceso que he
abierto.

Existe una plena coincidencia en iniciar el proceso de transferencia
relativo a las enseñanzas universitarias. Para ellas no existe en la Ley
9/1992 la reserva legal que hay para las enseñanzas cobijadas en la
Logse, las enseñanzas de nivel inferior a la universidad, y para esto
procederemos, probablemente a lo largo del mes de marzo y desde luego
cuando las comunidades autónomas lo deseen, a la constitución de las
correspondientes ponencias técnicas del traspaso, donde tienen que estar
representados los diferentes organismos de la Administración y desde
luego la administración sectorial, el Ministerio de Educación y Ciencia,
que intervienen en materia de traspasos, y la comunidad autónoma
correspondiente, como se hace en cualesquiera traspasos de competencias
desde la Administración central a las comunidades autónomas; ponencias
técnicas necesarias que acabarán, espero yo, con el acuerdo que se eleve
a la Comisión Mixta de Transferencias, para dar lugar al pleno ejercicio
de la titularidad que en materia de enseñanza universitaria ya tienen en
principio asumida, aunque no puede ejercerse hasta que se produzca el
traspaso desde la Ley 9/1992. Pese a la complejidad técnica que ello
supone, el Ministerio ha manifestado su disposición de llevar adelante,
de una manera simultánea, los traspasos universitarios con las diez
comunidades autónomas que tienen que recibirlos, y me estoy refiriendo a
la materia universitaria, a lo largo del curso 1994-1995. Con ello, sobre
lo que estimo que existe un pleno acuerdo por parte de todas las
administraciones educativas con las que me he entrevistado que, como he
dicho a SS. SS., son nueve de diez, se da cumplimiento y un margen
suficiente para poder actuar, a través de las comisiones técnicas o de
las ponencias técnicas o grupos de trabajo de transferencia, y dar
cumplimiento a lo dispuesto en los pactos autonómicos y, por supuesto, en
la ley.

El planteamiento es otro con respecto a la enseñanza no universitaria,
que está sometida a la reserva legal a la que me refería. El proceso de
traspasos aquí se ha planteado desde la perspectiva de los ritmos de
aplicación generalizada de las nuevas enseñanzas establecidas en la
Logse, y señaladamente en los niveles de la educación secundaria
obligatoria, que comenzarán a implantarse en el curso 1996-1997, y de la
formación profesional, a lo que S. S. se refería, por entender que es
precisamente en estos niveles de enseñanza donde se requiere una estricta
planificación que garantice la implantación de estos estudios en
condiciones básicas de igualdad.

Esto, por supuesto, sin perjuicio de que las medidas que deban adoptarse
--estoy plenamente de acuerdo con su señoría--, teniendo en cuenta el
principio de competencia asignada, cuenten con el consenso y la
cooperación de todas las comunidades autónomas y de la Administración
central.

Justamente desde esos planteamientos de consenso y cooperación, el
Ministerio ha propuesto a todas las comunidades (y esto es también
contenido, materia de enseñanza no universitaria en las reuniones que
estamos manteniendo) un convenio que tiene su base justamente en el
compromiso adquirido en los acuerdos autonómicos de 1992 a los que su
señoría se refería. El convenio pretende que las relaciones
institucionales, Administración central y comunidades autonómicas, puedan
planificar conjuntamente los estudios, las inversiones, puedan conocer
las disposiciones jurídicas que se emitan desde el Gobierno central, en
tanto tenga asumidas las



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competencias o los proyectos que se remitan a las Cámaras y puedan
informarlos, o puedan participar en cuestiones tales como la definición
del calendario escolar o la definición del mapa de formación profesional,
a lo que me parece que su señoría también se refería.

Se propone la conclusión de ese convenio; las comunidades autónomas
realizarán la información oportuna de ese convenio a través de sus
órganos de Gobierno y como el convenio es de plantilla, el mismo para
todas las comunidades autónomas, sin perjuicio de lo cual puede
contemplarse en él la singularidad específica de todas o de alguna de
ellas, en el momento en que emitan sus observaciones y el proyecto quede
enriquecido, el Gobierno lo pasará a informe y aprobación de la Comisión
delegada del Gobierno para asuntos autonómicos y se firmará entre el
Presidente de la comunidad correspondiente y el Ministro de Educación y
Ciencia.

Queda, por consiguiente, iniciado a partir de este momento el proceso de
transferencias que en materia de enseñanza no universitaria tiene como
punto de referencia, por las razones que antes indicaba, comienzo de la
aplicación generalizada de la educación secundaria obligatoria y
posibilidad de puesta en marcha de la formación profesional, que es un
plan que prevé la formación profesional en tres años, según la Logse. Con
estos puntos de referencia prevén nuestras conversaciones que las
transferencias en materia de educación no universitaria comiencen a
realizarse a partir del curso 1996-1997, que es el momento en que estos
nuevos estudios se inician.

Sobre esto, y en términos generales, creo que también hay acuerdo, como
sucede con la transferencia de la enseñanza universitaria, con las
comunidades autónomas en general. (El señor Ollero Tassara pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Ollero, le concederé la palabra exclusivamente si no ha tenido
satisfacción en algún elemento de la pregunta, para pedir aclaraciones.

Lo digo porque éste no es un procedimiento de debate y su señoría ha
consumido diez minutos en su primera intervención. Es muy dueño de
administrar su tiempo, pero le hago esa observación.




El señor OLLERO TASSARA: En efecto, me limitaré a algunos aspectos que
creo que no han quedado explicitados.

En primer lugar, señor Ministro, esa reserva legal a la que se refiere es
una reserva que, evidentemente, hay que interpretar. Entonces, el
problema no es si hay una reserva legal, sino cómo la interpreta el
Gobierno en este caso concreto; porque de lo que se trata es de conseguir
una planificación coordinada, según ha dicho usted, y una igualdad
básica. No olvide que hay siete comunidades que ya tienen competencias
plenas; por tanto, ya hay una desigualdad básica inicial. Habría que
plantearse entonces qué sentido tiene mantener esta situación.

Un detalle concreto. Aunque sólo sea por curiosidad, podría informar a
esta Comisión de cuál es la comunidad autónoma con la que ni siquiera ha
iniciado conversaciones.

Otro detalle concreto sería que hiciera un pronóstico para saber en
cuántas comunidades autónomas estarán ya transferidas las universidades
al comienzo del curso 1994-1995, para que tengamos una idea, porque eso
de a lo largo del curso es un poco largo, como la propia expresión
indica. Al comenzar el curso 1994-1995, ¿cuántas universidades va a haber
transferidas y en qué comunidades autónomas? Por lo menos, queremos que
haga un pronóstico.

Dice usted que la reserva legal lleva a aplazar hasta 1996-1997, porque
la puesta en marcha de la secundaria obligatoria es fundamental a efectos
de planificación. Señor Ministro, será todo lo fundamental que usted
quiera, pero si hay algo que no está en absoluto coordinado es la puesta
en marcha de la secundaria obligatoria, que la está usted poniendo en
marcha donde le parece y cuando quiere. Por tanto, será muy importante,
pero no para usted; será importante para que no la hagan las comunidades
autónomas, pero usted la hace cuando quiere y donde le parece. La
anticipa a su gusto y antojo, sin ningún criterio didáctico. Está
metiendo en la secundaria obligatoria a alumnos a los que ha desahuciado
de la FP-I y los coloca en el tercer curso de la secundaria obligatoria,
sin saber ni dónde están. Si ésa es su planificación y esto motiva todo
este asunto, la verdad es que no tiene credibilidad ninguna el motivo que
ha elegido.

Que haya convenios me parece muy bien, pero también los hay con las
comunidades con transferencias plenas. Todos esos convenios que usted
dice que va a hacer los podría hacer igual habiendo transferido las
competencias, porque los está haciendo con las que tienen competencias
transferidas. Por tanto, sigue sin entenderse dónde va esto.

Por tanto, lo que le pregunto es: ¿Contempla el Gobierno la posibilidad,
por lo menos a petición de alguna comunidad autónoma, de un adelanto en
el calendario? Si alguna comunidad autónoma está dispuesta a gastarse más
dinero en educación y usted se lo está impidiendo y está frenando y está
deteriorando el servicio, porque está dando unas dotaciones que no están
siquiera en consecuencia con lo que el propio Gobierno había establecido
como imprescindible, ¿por qué no va a ser posible adelantar?
Por último, está claro que los objetivos de la reserva legal no se están
cumpliendo. Insisto en lo que he dicho antes, señor Ministro, de las
setenta y siete medidas que ha ofrecido, cuántas piensa usted que no
podrían llevar a cabo perfectamente las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Es verdad,
señoría, que la reserva legal, que no es, en términos técnicos, aunque yo
he empleado esa palabra, una reserva legal, como su señoría sabe muy
bien, depende de cómo se interprete. Por eso precisamente está incluida
en los términos genéricos que su señoría conoce, y a los que hemos
aludido tanto su



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señoría como yo, en la Ley y recogida en los acuerdos autonómicos.

Lo que sí es cierto es que lo previsto en la Ley y en los acuerdos
permite llevar las transferencias hasta el final, permite realizar las
transferencias en todo el proceso de aplicación del calendario de puesta
en práctica de la reforma educativa de la Logse. Nos lleva, como límite
máximo, que es el único efecto que, entiendo yo, tiene esa ficticia
reserva legal, al año 2000.

¿Cuál es el planteamiento del Gobierno en relación con la cuestión? Creo
haberlo indicado al final de mi intervención a su señoría. El
planteamiento del Gobierno es no agotar en absoluto ese plazo, sino
llevar el inicio de las transferencias y, en función de los resultados de
las conversaciones con las diferentes administraciones educativas, al
momento que me parece más complejo de la implantación de la reforma
educativa, que es el momento en que comienza a implantarse de una manera
generalizada la educación secundaria obligatoria, curso 1996-1997. Ese
es, desde mi planteamiento, por esa razón y por otra a la que voy a
aludir a continuación, el momento más adecuado para producir el comienzo
de las transferencias en función de las necesidades, de las previsiones o
de las pretensiones de cada comunidad autónoma. Creo que ese plazo de
tiempo permite aplicar, sobre todo sustanciando un convenio, criterios
objetivos, que para esto se hace, justamente, el convenio al que también
me referiré a continuación, permitirá aplicar, repito, los planteamientos
de la reforma educativa para que en ese momento de mayor complejidad de
la propia reforma puedan salvarse las desigualdades, pueda funcionar
correctamente la fase de educación secundaria obligatoria.

La otra razón es porque este tiempo permitirá, y tendré ocasión de
exponerlo, si me lo permite el Presidente, a SS. SS. en la comparecencia
que pediré para exponer el programa de formación profesional
próximamente, que transcurran los tres años necesarios para extender la
aplicación de la reforma de los estudios en materia de formación
profesional y, por consiguiente, para que las comunidades autónomas,
habiendo intervenido antes en el diseño del mapa de la oferta educativa
de la formación profesional, puedan adquirir plena gestión sobre una
formación profesional ya lanzada a lo largo de los tres años hasta que
comience el curso 1996-1997.

Por consiguiente y en resumidas cuentas, señoría, plazo máximo, 2000;
realista y razonable, desde el punto de vista que incluso está previsto
en los pactos autonómicos de conseguir obtener o liberar las
desigualdades básicas interterritoriales que pudieran producirse, curso
1996-97.

Creo, señoría, que con este planteamiento la generalidad de las
comunidades autónomas se encuentra de acuerdo, lo cual me parece, por
otra parte, significativo.

Para cubrir este período de tiempo intermedio estamos proponiendo a las
comunidades autónomas realizar un convenio que da un paso cualitativo
sobre otros convenios de cooperación que tenemos, tanto la Administración
central con comunidades que tienen competencia plena, cuanto con
comunidades que no tienen todavía asumida competencia plena. Pero éste no
es un convenio de cooperación para cuestiones de carácter concreto. Este
es un convenio de cooperación general que permitirá la planificación
conjunta y adecuada de las enseñanzas educativas, de la oferta educativa
en una serie de aspectos que brevísimamente, y con el permiso del
Presidente, voy simplemente a enunciar para que quede claro el contenido
del convenio al que SS. SS., en el momento en que observen las
comunidades autónomas, pueden, por supuesto, tener el mismo acceso que
yo.

Los contenidos del convenio hacen referencia a la definición de la red
actual de centros escolares y servicios, hacen referencia a las
actuaciones previstas para la planificación de la red de centros y la
oferta de enseñanzas, de acuerdo con el calendario de implantación de las
nuevas enseñanzas establecidas en la Logse. Aprovecho para decir a S. S.

que, en el supuesto de que fuera verdad que --con toda evidencia,
señoría, a mí me parece que no lo es-- adelanto la reforma educativa
donde deseo en cada momento, a partir de la firma de este convenio ya no
podré; por consiguiente, el paso cualitativo, señoría, por lo menos, en
este extremo, se dará. Planificación de la oferta de formación
profesional específica, de acuerdo con las características
socioeconómicas propias de la comunidad, se hará conjuntamente;
programación de las inversiones en el ámbito educativo no universitario,
no podré hacerlo de una manera unilateral como se viene haciendo teniendo
en cuenta las necesidades del lugar hasta ahora; normas y disposiciones
que tengan incidencia en el sistema escolar; presencia de peculiaridades
propias de la comunidad en los planes de estudio que se desarrollan en
los centros del ámbito de la comunidad; actividades de formación del
profesorado; programas específicos dirigidos a centros escolares, salud
escolar, educación medioambiental, deporte, intercambios escolares y
promoción de la participación de la comunidad escolar en los centros,
especialmente en los centros sostenidos con fondos públicos, convenio que
es evidente con este simple enunciado que supone un paso cualitativo en
la cooperación con las comunidades y que pretende cubrir el período
transitorio y que en su momento coexistirá incluso con las comisiones de
transferencias que se inicien a partir del momento en que las comunidades
autónomas deseen entrar en contacto con la Administración central para
preparar ese proceso a la referencia del curso 1996-97.

En universidades, el sistema es inverso. Creo que es muy razonable y en
esto, señoría, tengo que repetir el mismo concepto y fíjese que procuro
decirlo con la mayor delicadeza. Creo igualmente que todas las
comunidades autónomas, todas, con las que he hablado consideran este
planteamiento sumamente razonable. En el caso de las universidades, el
punto de referencia es el curso 1994-95. Esto quiere decir que las
universidades estarán transferidas desde el planteamiento que hace la
Administración central y en la medida en que haya acuerdo con las
diferentes comunidades autónomas a la finalización del curso 1994-95,
máximo. Si las ponencias técnicas de



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transferencia, como sucede en cualquier transferencia de competencias,
solucionan los problemas técnicos que puedan producirse antes del
comienzo del curso 1994-95 yo, señoría, no opondré en absoluto ningún
inconveniente. Las ponencias técnicas comenzarán a producirse a partir de
una primera fase general, que será la única reunión general que se hará
con las comunidades autónomas por parte de la Administración central, que
se realizará a partir del 15 de marzo; por consiguiente, algunas de estas
comisiones de transferencia pueden estar funcionando, o todas ellas, en
la segunda quincena del mes de marzo. El ritmo que se le dé dependerá de
la resolución de los problemas técnicos que pueda haber y del deseo de
cada comunidad autónoma, no de la Administración central.

Me he entrevistado con todas las comunidades autónomas que no tienen
asumida competencia plena en la materia de educación menos Asturias,
señoría, por razones de calendario. El día 28 del mes de febrero está
preparada la última sesión de esta fase inicial con la Comunidad Autónoma
de Asturias.

Me parece que he ido contestando a lo que su señoría me decía, salvo a la
última cuestión que hace referencia a lo relativo a las medidas para
mejorar la calidad de la enseñanza que he presentado en ese documento que
me alegro que a S. S. le resulte tan bonito y sobre el que tendré
ocasión, porque hay una comparecencia pedida para esta Comisión, de
informar.

Su señoría pregunta cuáles de estas 77 medidas no podrían ser aplicadas
por la administración educativa correspondiente. Ninguna, señoría. Todas
pueden ser aplicadas por la administración educativa correspondiente. Si
lo desea, la administración educativa que tenga en este momento asumidas
las competencias plenas, las siete comunidades autónomas que así están
legalmente consideradas, pueden asumir estas medidas, o no. Yo he
informado a estas comunidades autónomas efectivamente de la emisión de
este documento de calidad. Las comunidades autónomas que no tienen
asumida esa competencia en el momento en que la tengan asumida podrían,
naturalmente, aplicar estas medidas o no; es una cuestión puramente de
planteamiento y de responsabilidad de quien tiene en cada momento la
competencia en relación con el sistema educativo. Lo que sí quiero es
poner de manifiesto a S. S. que a mí me parece que el desarrollo del
Título IV por esta vía, sobre la calidad de la Logse, resulta, desde mi
punto de vista, muy importante y por eso lo constituyo, como anuncié a
esta Comisión, como el eje programático de la actuación del Departamento
en esta legislatura y que, por consiguiente, en el territorio que
administra el Ministerio de Educación y Ciencia y en la medida en que lo
siga administrando entiende que la puesta en práctica de estas 77 medidas
contribuirá a mejorar la calidad de la enseñanza de nuestros niños, niñas
y jóvenes.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Quedamos ya para el día 2
del próximo mes de marzo, salvo imprevistos, para esa sesión monográfica
que tratará del cumplimiento de la Logse y de las medidas de mejora de la
calidad.

Quiero advertir a sus señorías que el Ministerio ha tenido la deferencia
de remitirnos bastantes ejemplares de los anexos, que, como SS. SS.

recordarán, cuando se les envió el informe sobre el cumplimiento de la
Logse, se hacía referencia a que estaban en la Secretaría de la Comisión
a disposición de los señores Diputados; en estos momentos hay un número
suficiente de ejemplares de los anexos y si alguna de S. S. quiere pasar
por la Secretaría de la Comisión, puede hacerlo.




--SOBRE RAZONES POR LAS QUE EL REAL DECRETO 895/1989, DE 14 DE JULIO, POR
EL QUE SE REGULA LA PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO EN CENTROS PUBLICOS
DE PREESCOLAR, EDUCACION GENERAL BASICA Y EDUCACION ESPECIAL, PERJUDICA A
LOS MAESTROS QUE OBTIENEN SU PRIMER DESTINO DEFINITIVO EN VIRTUD DE
CONCURSO CONVOCADO CON POSTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR. FORMULADA POR
EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO (GP). (Número de expediente 181/000347.)



El señor PRESIDENTE: El señor Ministro nos deja y contestará a la
siguiente pregunta el señor Subsecretario.

Para formularla tiene la palabra el señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, el Real Decreto 895,
de 14 de julio de 1989, regula la provisión de puestos de trabajo en
centros públicos de preescolar, educación general básica y educación
especial. En su exposición de motivos se justifica esta nueva regulación
por lo obsoleto de la regulación anterior, que arranca, nada menos, que
del Decreto de 24 de octubre de 1947, y en la necesidad de acompasar los
concursos a la nueva regulación prevista en la Ley de la Función Pública
del año 1984, modificada posteriormente en el año 1988. Se dice,
asimismo, que esta nueva regulación ha recibido el acuerdo previo de las
comunidades autónomas con competencias en materia educativa, sin que ello
implique la renuncia al ejercicio de sus competencias propias, respecto
de las cuales el Decreto asume el carácter de derecho supletorio que el
artículo 149.3 de la Constitución española reconoce, lo cual hace que las
comunidades autónomas estén aplicando este Real Decreto supletoriamente,
puesto que así se establece en su propia exposición de motivos.

El nuevo sistema --se dice-- permitirá una mejor atención a las
necesidades de la enseñanza, respetando los derechos de todos los
docentes a la valoración de sus méritos y capacidad. Y nos encontramos
con que en el Capítulo IV, bajo el título de prioridad en la adjudicación
de vacantes, se establece en su apartado a) que se contemplará como
mérito el tiempo de permanencia ininterrumpida como funcionario de
carrera con destino definitivo en el centro desde el que se participa,



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valorando el artículo 22 del mismo Real Decreto en un punto cada uno de
los tres primeros años de servicio. De otra parte, el mismo artículo 21,
en su apartado c), contempla no ya la situación del funcionario de
carrera con destino definitivo, sino el tiempo transcurrido en situación
de provisionalidad por los maestros funcionarios de carrera que nunca han
obtenido destino definitivo, valorando el artículo 22, en un punto cada
uno de los años de servicio prestados en esa situación de
provisionalidad. Quiere esto decir que a los maestros con destino
provisional se les cuenta a estos efectos todo el tiempo que llevan en
esta situación de provisionalidad, mientras que a los maestros que
adquieren destino definitivo no se les cuenta el tiempo de servicios
prestados con carácter provisional.

La transitoria novena del propio Real Decreto pretende paliar esta
evidente desigualdad dando la posibilidad a los maestros que se
encuentran prestando servicios en el primer destino definitivo obtenido
por concurso, al que hubieron de acudir obligatoriamente desde su
situación de provisionales, de computar todos sus años de servicio como
provisionales, pero se les niega tal posibilidad a los que obtengan su
primer destino definitivo con posterioridad a la entrada en vigor del
propio Real Decreto citado anteriormente, número 895, de 14 de julio de
1989.

La citada disposición transitoria novena hubiera sido innecesaria, por
supuesto, si en el apartado a) del artículo se hubiera permitido, como
parece lógico, a los maestros que tengan destinos definitivos, acumular,
a los efectos de puntuación, los años servidos en situación de
provisionalidad. Parece que el Ministerio no tiene intención de enmendar
este agravio que se comete con los maestros que obtengan destinos
definitivos con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto
citado de 14 de julio de 1989 --el 1 de enero de 1990--, ya que este Real
Decreto es modificado por otro Real Decreto de 8 de noviembre de 1991,
número 1.664, e incluso se modifica el artículo 21, pero no a los efectos
indicados.

Este problema ha sido planteado ya con frecuencia, y en una reunión de la
mesa sectorial se elevan unas propuestas en cuyo punto quinto se dice
literalmente que se solicita la revisión de la forma de aplicar el baremo
a aquellos maestros que participen desde su primer destino definitivo
obtenido por concurso al que hubieren de acudir obligatoriamente desde la
situación de provisionales de nuevo ingreso.

Sinceramente, por mucho que le he dado vueltas a una explicación más o
menos coherente de este agravio comparativo entre los maestros con
destino definitivo y los maestros con destino provisional, tengo que
reconocer que no encuentro explicación alguna, máxime cuando se trata de
funcionarios de carrera y los tiempos de servicios provisionales son
reconocidos a todos los efectos --a efectos de trienios y a efectos de
pasivos--, como si fueran funcionarios de carrera, y no alcanzo a
entender por qué a estos maestros que han adquirido la condición de
maestros definitivos después del 1 de enero de 1990, no se les cuenta el
tiempo de servicios prestados con destino provisional.

Por este motivo, la pregunta que formulo es muy concreta: por qué razón,
el Real Decreto de 14 de julio de 1989, número 895, por el que se regula
la provisión de puestos de trabajo en centros públicos de preescolar,
educación general básica y educación especial, perjudica a los maestros
que obtienen su primer destino definitivo en virtud de concurso convocado
con posterioridad a su entrada en vigor, es decir, con posterioridad al 1
de enero de 1990, al no permitirles computar los años de servicios
prestados como provisionales y sí se les permite a los que aún no han
obtenido un primer destino definitivo y siguen ocupando un destino
provisional.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario para
contestar.




El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Gracias,
señor Presidente.

Señor Diputado, en primer lugar, y si me permite, le diré que no debe
sorprenderse de que se haya devaluado el nivel de quien responde, no así
del que plantea la pregunta, dado que estamos hablando, efectivamente, de
un Real Decreto que lleva casi cinco años en vigor, que su período
transitorio termina muy próximamente y, por lo tanto, su actualidad,
desde mi punto de vista, es relativamente menor, máxime cuando en estos
casi cinco años de aplicación de esa situación de transitoriedad que a
usted parece que no le gusta mucho, más allá de la casuística, no ha
habido especial clamor, digamos, en contra de esta situación. En
cualquier caso, agradezco que me explique el contenido de los presuntos
agravios comparativos que hay entre distintos colectivos porque,
obviamente, nosotros no lo entendemos así.

Su argumentación fundamentalmente se soporta en el hecho de que no se
computan los años en situación de destino provisional a determinados
efectos. Nosotros creemos que sí se computan; lo que pasa es que el
Decreto 895, de 1989, establece un nuevo sistema de provisión de los
destinos definitivos, establece un nuevo sistema, por lo tanto, en el
método de concurso para proveer vacantes, y ese sistema nuevo supone,
desde su punto de vista, que a los maestros que adquieren destino
definitivo después de la entrada en vigor de ese Real Decreto no se les
computan los puntos que habían adquirido en situación de destino
provisional, cosa que no es así. Justamente es más bien al contrario; de
hecho, en la situación anterior al Decreto 895, los destinos
provisionales no contaban a efectos de obtener el primer destino
definitivo, cuestión que ahora sí ocurre. A un profesor que estaba
obligado a concursar para obtener destino definitivo anteriormente a la
entrada en vigor de este Real Decreto no se le computaban los años que
había estado en destino provisional. Se le computaban posteriormente, una
vez que ya había obtenido el destino definitivo, sí se le contaban los
que había tenido en destino provisional, que le servían para un posterior
concurso de traslado. Por cierto, la memoria histórica del Departamento
indica que era



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una reclamación permanente, y yo diría que clamorosa, por parte de los
profesores, en el sentido de que les computasen sus años en destinos
provisionales para poder obtener su primer destino definitivo.

En consecuencia, nosotros entendemos que la razón de que este Decreto
produzca este tipo de concurso es incorporar precisamente a la obtención
del primer destino definitivo esos puntos que los profesores habían
adquirido en sus años de provisionalidad. Una vez que esto se produce,
gastarían esos puntos de los años de provisionalidad, y, por lo tanto, en
los siguientes concursos ya entrarían en las mismas condiciones que los
demás, de acuerdo con la puntuación que obtengan en los años de destino
definitivo.

Usted alude a que hay una situación de perjuicio aparente para estos
profesores en comparación con los que habían obtenido destino definitivo
antes de 1989 o antes del 1.º de enero de 1990, cuestión que puede tener
distintas lecturas. Nosotros entendemos que no es así, porque a estos
señores, que habían obtenido este destino definitivo, digamos que no les
han servido para nada sus años de provisionalidad para obtener ese primer
destino definitivo, y lo que se da en esta disposición transitoria es
que, efectivamente, durante un período transitorio de cinco años se
permita que estos señores opten por uno u otro de estos sistemas y de
alguna manera poder obtener una cierta ventaja en la utilización de sus
años transcurridos en destino provisional, cosa que no tenían y que sin
embargo, sí tienen los otros. Me alegro que me haya aclarado la dirección
en la que, según usted, van esos perjuicios porque podía haberse
utilizado en cualquier dirección.

Espero haber dado contestación a su pregunta, más o menos, y, en
cualquier caso, creo que no estamos hablando de la obtención del primer
destino definitivo. Estamos hablando del agravio que parece que detecta
entre dos colectivos distintos, es en cuanto a ulteriores concursos de
traslados una vez obtenido ese primer destino definitivo. Comprendo que
esto es un cierto galimatías, pero le aseguro que yo lo entiendo
perfectamente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Yo no entiendo nada, porque creo que no
hace falta ser jurista para interpretar las disposiciones legales, y las
disposiciones legales son tan evidentes que se están interponiendo
recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo por esta evidente
discriminación de unos profesores respecto a otros. Me alegra muchu su
intervención, porque va a ser aportada como prueba en todos los
contenciosos-administrativos que se están planteando en estos momentos,
ya que, una de dos, o yo no sé leer, o el señor Subsecretario no ha
interpretado correctamente lo que se dice en este Real Decreto. Se dice
específicamente, en la disposición transitoria, que aquellos profesores
que a la entrada en vigor del presente Real Decreto se encuentren
prestando servicios en el primer destino definitivo, a ésos sí se les
podrá permitir que unan sus tiempos de servicios provisionales. Pero como
dice que «a aquellos profesores que a la entrada en vigor del presente
Real Decreto», quiere decir que a los profesores ingresados después de
esa entrada en vigor no se les permite esa posibilidad, y quedan, en
consecuencia, discriminados. Además, en el artículo 21 se dice que el
tiempo de permanencia ininterrumpida como funcionario de carrera con
destino definitivo en el centro en el que se participa es el único que da
derecho a computar. Y esto es tan evidente y tan manifiesto que yo, con
todos los respetos, señor Subsecretario, no he entendido nada de su
explicación, porque ésta es una interpretación literal del propio
precepto que está motivando en las comunidades autónomas múltiples
problemas que los maestros en esta mesa sectorial se lo han planteado al
Ministerio en una serie de propuestas, y ésta hace la número cinco, que
si quiere se la presento.

En consecuencia, créame, su interpretación no resiste el más mínimo
análisis jurídico, no ya solamente jurídico sino simplemente saber leer.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Veo que
usted no ha entendido nada. No lo había entendido antes de iniciar esta
comparecencia y tampoco lo entiende ahora, porque, si leyese usted con
atención, vería que lo que ocurre es que no se acumulan, como usted podrá
observar de una lectura atenta de ese Real Decreto, los puntos. Los
profesores que han obtenido el primer destino definitivo antes de la
entrada en vigor de ese Real Decreto no acumulan los puntos que tenían de
provisionales, y ahora los computan (entiendo que es lo que acaba de
decir), y tienen la posibilidad de optar...




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Los anteriores, no los posteriores. Yo
me refiero a los posteriores.




El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Esos
profesores tienen la posibilidad de optar --repito-- entre la puntuación
que obtendrían. Y si me lo permite trato de explicárselo una vez más,
aunque no va a ser fácil que usted lo entienda, por lo que veo.

Estos profesores pueden optar entre seguir con el sistema de puntuación,
una vez obtenido el destino definitivo, o contar su destino provisional
desde el primer momento que han tenido...




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Se refiere a los anteriores, yo me
refiero a los posteriores.




El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Perdón,
señoría. Yo estoy hablando de los anteriores.




El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, si se interpelan



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de esta forma no permiten a las señoras y señores Diputados que están
leyendo hacerlo con tranquilidad. Les ruego que intervengan uno tras
otro.




El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Entonces,
señoría --repito--, usted decía que se acumulaban los puntos, y yo le
digo que de una lectura del Real Decreto usted verá que no es así. Por
ello, yo creo que a estos señores lo que se les hace dándoles esta opción
es precisamente evitar una posibilidad de planteamiento de los profesores
en cuanto a sentirse ciertamente perjudicados, los anteriores, en la
medida en que, si no fuera así y se les aplicase el Decreto exactamente
como se prevé en el nuevo sistema y sin aplicación de la transitoria
novena, su tiempo de destino provisional no les hubiera contado
absolutamente para nada.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: No me refiero a eso.




El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Señor
Presidente, si me permite continuaré.

A estos señores no les hubiese contado su tiempo de destino provisional
para nada. De lo que trata la disposición transitoria novena precisamente
es de que estos señores que presuntamente podrían salir ciertamente
perjudicados, no lo sean. (El señor Soriano Benítez de Lugo sigue
interrumpiendo al orador con palabras que no se perciben.)



El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, le hemos escuchado tres o cuatro
veces ya.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Y sigo insistiendo. Me refiero a los
posteriores.




El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, usted ha formulado una pregunta y el
señor Subsecretario le contesta. Si no le da satisfacción puede repetir
la pregunta en todas las sesiones, hasta que todos nos enteremos
perfectamente tanto de la pregunta como de la contestación, pero no se
interrumpan por favor.




El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Como
parece que no nos ponemos de acuerdo en cuanto al método para seguir esta
discusión, lo que trato de evidenciar es que la disposición transitoria
novena trata de corregir una posible desigualdad que pudiera haber
existido en el caso de los anteriores. Eso quiere decir, por tanto, que
si nosotros entendemos que, a través de esa disposición transitoria
novena, se corrige una posible desigualdad para determinado colectivo, al
corregir esa desigualdad, aparentemente y desde nuestro punto de vista no
se produce perjuicio del otro colectivo.

Creo que está suficientemente claro, al menos, nuestro planteamiento.

Porque, naturalmente, lo que usted plantea es un problema de perjuicios y
de beneficios totalmente ajeno a esta situación, y además se hace omisión
absoluta de que estamos hablando de puntuación en los puestos
provisionales para acceder a un primer destino definitivo. Ese es el
argumento. Usted está mezclando, deliberadamente o no, un sistema de
provisión de destinos definitivos con un posterior sistema de concurso de
traslados.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: No es así, señoría.




El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Señor
Presidente, no tengo nada más que decir.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.




DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROCEDER A LA DEVOLUCION DE LA
DOCUMENTACION DEPOSITADA EN EL ARCHIVO HISTORICO DE SALAMANCA A LA
GENERALIDAD DE CATALUÑA, PARA SU DEPOSITO EN EL ARXIU NACIONAL DE
CATALUNYA. PRESENTADA POR EL GP IU-IC. (Número de expediente 161/000046.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al tercer punto del orden del día,
debate y votación de las proposiciones no de ley.

Quiero advertir a SS. SS. que, salvo error de esta Presidencia, sólo hay
presentadas enmiendas a la tercera proposición no de ley, que es la
referida al uno por ciento cultural, y aquí tienen ejemplares de dicha
enmienda, que fue presentada ayer por parte del Grupo Catalán. Insisto en
que si alguna de SS. SS. la quiere la tiene aquí.

Comenzamos, por tanto, con la primera proposición no de ley, por la que
se insta al Gobierno a proceder a la devolución de la documentación
depositada en el Archivo Histórico de Salamanca a la Generalitat de
Cataluña.

Para la defensa de la proposición, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Ribó.




El señor RIBO MASSO: Usted mismo ha citado el texto del mandato que se
pretende con esta proposición no de ley: instar al Gobierno a la
devolución de aquel conjunto de documentos que provienen de la
Generalitat para su depósito en el Archivo Nacional de Cataluña.

Creo que los argumentos son más que de paseo para justificar aquel
mandato. El conjunto de documentos que reclamamos que hoy están en el
Archivo de Salamanca forman parte del patrimonio histórico del pueblo de
Cataluña y, por tanto, como se dice en la exposición de motivos de la
proposición, es irrenunciable la reivindicación



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de su retorno a Cataluña. Se podía justificar, incluso, con la lectura
sencilla de la Constitución y de la misma historia político-democrática
de España y de Cataluña, y yo añadiría: con la petición razonable y
elemental que han hecho docenas de profesionales en la materia.

¿Por qué están en Salamanca estos documentos? La razón es muy sencilla:
fueron incautados, robados en la guerra civil española, y lo fueron con
un afán pura y exclusivamente de represión y depuración de
responsabilidades individuales o colectivas. Aquellos documentos fueron a
parar al convento de San Ambrosio, de Salamanca, y quedaron en manos de
la llamada Delegación de Asuntos Especiales, en el archivo de la Sección
Especial y Sección de Masonería. Formaban parte, como después los utilizó
el Ministerio de la Gobernación, de la tarea de recuperación,
clasificación y custodia de documentación republicana para proporcionar
al Estado información relativa a la actuación de sus enemigos, y es así
como fueron utilizados por el Tribunal Especial para la represión de la
masonería y el comunismo hasta el año 1963, fecha en que, con una
selección muy restrictiva, pudieran acceder los investigadores a aquel
fondo documental.

El año 1958 se creó la Delegación Nacional del Servicio Documental del
Estado, en 1977 pasaron a depender del Ministerio de Cultura y en 1979
pasaron a la llamada Sección de Guerra Civil del Archivo Histórico
Nacional.

Desde hace muchos años, empezada ya la nueva etapa democrática, en este
Parlamento y en otros, en concreto en el de Cataluña, se han producido
cantidad de iniciativas para la recuperación de aquel patrimonio. El año
1979, el señor Senillosa presentó una moción en este Congreso de los
Diputados; en 1980 fue Josep Benet, entonces Senador; en 1982 fue Xavier
Folch, Diputado al Parlament de Cataluña, el mismo año en que se firmó un
acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat para microfilmar
parte de aquellos documentos, un acuerdo que era vergonzante, en el cual
implícitamente el Estado se atribuía la propiedad de los mismos, incluso
el criterio de microfilmarlos y de su selección quedaba al arbitrio del
Archivo Histórico Nacional, que podía vetar la presencia de una
delegación catalana en el trabajo conjunto para su reproducción.

Hasta hoy se han llegado a conseguir 420 legajos de los 507 que existen
en esta tarea de microfilmación y depósito en el Archivo Nacional de
Cataluña.

El año 1985, la ley de archivos del Parlament de Cataluña, en su
disposición transitoria, encargaba al Gobierno de Cataluña las gestiones
para la recuperación de la propiedad de aquellos documentos. El año 1986
se exigía por parte de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, igual
que en 1987. Asimismo, Minoría Catalana presentaba una proposición no de
ley en este Congreso, que fue rechazada por los votos del Grupo
Socialista.

El año 1992, el Senador Ferré preguntaba oralmente en el Pleno del Senado
sobre el tema y le respondía el Ministro de Cultura, señor Solé Tura.

Ahora volvemos a la carga los representantes de un grupo parlamentario
que, a su vez, es una formación política que hereda 58 años de historia
de Cataluña, que están, por voluntad expresa, depositados en el Archivo
Histórico Nacional de Cataluña con toda la documentación de la República,
de la guerra civil y de la clandestinidad, como una prueba de
transparencia, pero también de lo que entendemos como un servicio a los
profesionales de la investigación y de la historia.

El mandato es muy sencillo: que se devuelva la propiedad a sus legítimos
dueños y con un proceso muy simple de articular. La Generalitat de
Cataluña tiene, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, competencia
exclusiva sobre temas de cultura. La Generalitat de Cataluña ha creado un
archivo nacional, donde se están depositando, desde hace años ya, todos
los documentos que afectan a la historia de Cataluña. La Generalitat y
nuestra petición se mueven como consecuencia elemental de principios del
Derecho internacional y principios reconocidos por la misma Unesco, como
es aquel que establece que la documentación debe estar en su país de
origen, o como es el artículo 19 de la Convención de La Haya sobre
protección de bienes culturales confiscados en conflictos armados,
convención suscrita por la Unesco y por el propio Estado español, que
habla de la inmunidad y retorno de los documentos requisados en cualquier
conflicto, sea internacional o civil.

Se ha argumentado diversas veces por parte de la Administración central
que no se puede proceder a esta devolución por una razón elemental de
unidad de archivo. Se ha dicho que si se llegasen a devolver aquellos
documentos se produciría un vacío irreparable, se rompería la unidad
documental y se mermarían los documentos del archivo de la guerra civil.

Creo que no les debe costar mucho a SS. SS. hacer un ejercicio «a sensu
contrario»: pensar si es o no un vacío irreparable para el Archivo
Nacional de Cataluña la inexistencia de aquellos documentos, si es o no
romper el principio de unidad documental el que no estén depositados en
el lugar que les pertenece y, en tercer lugar, cómo consideraríamos hoy
un solo archivo de la guerra civil española.

El vacío que hoy existe en el Archivo Nacional de Cataluña se origina con
una incautación, y sería realmente cómico, por no decirlo de otra forma
más escandalosa, que reivindicar el retorno de lo incautado pueda
producir al incautador un daño irreparable.

La unidad documental se puede explicar a través de todos los documentos
de la historia de Cataluña y de la misma Generalitat, que, como SS. SS.

saben, tiene ya centenares de años de historia, en sus depósitos
habituales, competenciales y reconocidos, que son los de los diversos
archivos que hoy existen en Cataluña.

Es ridículo argumentar sobre una pretendida unidad del archivo de la
guerra civil española, unidad documental, cuando hay centenares de
archivos esparcidos por el mundo con miles y miles de documentos,
archivos a veces con colecciones mucho más completas que la de Salamanca,
como es el de Amsterdam, el de Nueva York o el de Moscú, por no decir los
que hay en la misma geografía española.

El mandato, pues, es muy sencillo, y puede superar,



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incluso, los problemas de carácter técnico que parecían ser los últimos
que quedaba a la Administración en la respuesta de Solé Tura del año
1992. Decía el Ministro entonces --y al «Diario de Sesiones» del Senado
me remito-- que era un problema de grandes dimensiones y que el cuerpo de
archiveros estaba en aquel trabajo. Por tanto, esta cuestión técnica se
podría vencer con un calendario de devolución y con una dotación de
efectivos correspondiente para realizarla.

Acabo, pues, pidiendo a esta Comisión y a los representantes de esta
Cámara que tengan en cuenta la posibilidad de esta devolución por el
momento político en que vivimos, como una muestra de voluntad autonomista
y de sensibilidad para un hecho que afecta de plano a la
plurinacionalidad del Estado.




El señor PRESIDENTE: Como he señalado antes, a esta proposición no de ley
no se han presentado enmiendas. Por tanto, ¿grupos que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Baltá.




El señor BALTA I LLOPART: Dado lo avanzado de la hora, obviaré la...




El señor NIETO GONZALEZ: Perdón, señor Presidente.

Quizá proceda, desde el punto de vista reglamentario, intervenciones en
contra, si las hubiere, y fijación de posición a continuación.




El señor PRESIDENTE: Este Presidente ha consultado al señor Letrado y
parece ser que ése no es el procedimiento previsto en el Reglamento. Pero
si S. S. quiere que establezcamos un debate sobre dicho procedimiento en
las proposiciones no de ley lo establecemos.




El señor NIETO GONZALEZ: Yo creo que el Reglamento lo estipula así.




El señor PRESIDENTE: Señorías, de acuerdo con el artículo 195 del
Reglamento no está previsto un turno específico en contra, sino que
después de la intervención de los grupos que tengan presentadas enmiendas
dice así: «... y, a continuación, de aquellos que no lo hubieran hecho»,
no especificando si están a favor o en contra. Es lógico pensar que en su
intervención unos se expresarán a favor y otros lo harán en contra, pero
no hay, repito, un turno específico previsto para expresar la opinión en
contra, sino simplemente la sucesión de los diferentes grupos que no
hayan presentado enmiendas.

¿Satisface a S. S. el Reglamento?



El señor NIETO GONZALEZ: Procédase según decida la Presidencia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Baltá.




El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, decía que, dado lo avanzado
de la hora, obviaré citar la relación de datos que ya ha expresado
magníficamente el señor Ribó, porque, en el fondo, están sacados de la
misma fuente documental y, por tanto, huelga la repetición. No obstante,
en los mismos se puede comprobar la reiteración con que mi Grupo
Parlamentario ha insistido en alcanzar este objetivo, que es, en cierto
sentido, una reparación histórica de un acto, yo diría de vandalismo
político, que se produjo en el momento en que fueron sustraídos estos
documentos a su legítimo propietario, que era la Generalitat de Cataluña
en el caso fundamental, y las organizaciones de la sociedad civil,
partidos, sindicatos o ateneos, que también fueron investigados.

A partir del momento en que Cataluña dispuso de nuevo de la Generalitat
se llevó a cabo un proceso de recuperación de esta documentación, que se
inició en el mismo año 1980, con el encargo a unos historiadores de un
informe sobre la situación de los fondos documentales de la Generalitat.

El 21 de noviembre de 1982 se firmó un convenio entre la Generalitat y el
Ministerio de Cultura sobre microfilmación de los legajos, que originó la
publicación del inventario de fondos, en cuya presentación el Conseller
de Cultura Joan Guitart pidió de nuevo la restitución de los documentos
originales.

Hace tres o cuatro años la Generalitat obtuvo el archivo fotográfico del
Departamento de propaganda de la Generalitat republicana, que ya obra en
estos momentos en Cataluña y que establece un precedente que, desde
nuestro punto de vista, se pudiera plantear. El propio Presidente Pujol,
dando importancia al hecho que estamos reivindicando desde estas
posiciones políticas, ha mantenido su posición --que es la posición del
Gobierno de la Generalitat--, de la necesidad de que se produzca una
reparación de este agravio histórico.

No somos solamente los partidos que hasta ahora hemos expuesto nuestra
opinión sobre el particular los que estamos interesados en esto, sino que
el programa del propio Partido Socialista de Cataluña para las últimas
elecciones autonómicas precisaba con exactitud la necesidad de
recuperación del material documental de la Generalitat de Cataluña, que
fue requisado por las tropas franquistas para restituirlo al Archivo
Nacional de Cataluña. Aparecerá así en los criterios --como ha aparecido
a lo largo de los debates que se han producido-- para conseguir estos
documentos originales, y siempre les estamos hablando de los documentos
originales porque la microfilmación de los mismos ya se ha producido y
está en Cataluña, e incluso su inventario ha sido publicado hace
justamente un par de años por el Archivo Nacional de Cataluña,
dependiente del Departamento de Cultura de la Generalitat.

Decía que los documentos originales que reivindicamos en este momento, y
ante los cuales se plantean unos criterios de unidad de archivo que han
sido expresados por el señor Ribó en sus aspectos fundamentales, desde
nuestro criterio no pueden justificarse sobre la base de que se trataba
de una acción represiva nada menos que protagonizada por el franquista
Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo, y llevada a
cabo,



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por otra parte --los documentos llegan al archivo por diferentes
caminos--, por la oficina de investigación y propaganda anticomunista. El
hecho se produce prácticamente desde una perspectiva de «manu militari»,
y constituye un expolio de los documentos necesarios para este fin
represivo, siendo quemados los restantes documentos; es decir, algo que
hoy nos debiera llenar a todos de vergüenza.

Los criterios que podemos considerar estrictamente documentalistas para
mantener esta unidad de archivo que tanto se plantea se centran siempre
en el acto de expoliación que quebró el orden original de la
documentación, la procedencia de la misma en la persona jurídica que la
originó, es decir, la Generalitat de Cataluña y las restantes
instituciones catalanas (partidos, sindicatos, ateneos, ayuntamientos), y
el respeto al orden documental primitivo y original. Es, por otra parte,
una agrupación de un comentario en torno a un tema de interés más propio
de una biblioteca especializada que de un archivo central.

Nuestro Grupo ha planteado esto en diversas ocasiones, el señor Ribó
decía que se había debatido esta cuestión en 1992; en 1993 se volvió a
formular la pregunta al Ministro de turno, que era el señor Solé Tura, el
cual se manifestaba convencido de que esta acción se podía llevar a cabo,
pero planteaba la necesidad de que se hiciera no ya desde un cierto
criterio de unidad de archivo, que es lo que impide la devolución de
estos documentos a Cataluña, sino de unidad de criterios que
satisfacieran a todas las partes.

Nuestra impresión es que el problema, la no devolución de estos
documentos a Cataluña no se produce desde el ámbito político, sino desde
el ámbito político-técnico, es decir, desde los primeros cargos de los
archivos del Estado español que hacen que lo que es un patrimonio
reconocido, según criterios de la Unesco y según todos los criterios que
podamos poner sobre la mesa --porque todos nos convencerían de ello--,
hacen, repito, que estos documentos que constituyen una reparación
histórica no vayan a Cataluña.

Por tanto, la posición de mi Grupo Parlamentario, como ha sido siempre,
no es más que la de apoyar completamente la posición que ha planteado
ante esta Comisión el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, señor Ribó.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gómez-Alba Ruiz.




El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: La segregación, primero, de estos fondos y,
segundo --por qué no--, del resto de los fondos que conforman el Archivo
Histórico de Salamanca supondría su desaparición. Está claro que todos
los fondos que se encuentran depositados en un archivo proceden de algún
otro organismo o entidad, no han sido generados por el propio archivo. Si
se procediera a su devolución a las entidades que lo generaron o, en todo
caso, a las entidades herederas de aquéllas, supondría la desaparición de
todos ellos.

Respecto a los argumentos esgrimidos en la introducción de la proposición
no de Ley, hay que tener presente que la documentación catalana que se
conserva en dicho archivo no procede directamente de la Generalitat, sino
de los servicios documentales de la Presidencia del Gobierno,
constituidos en parte por documentos de la Generalitat, incautados por el
ejército durante la guerra civil, pero también por documentos procedentes
de otros organismos de la Administración del Estado, de archivos
militares e incluso de archivos particulares. Eso se ve en el inventario
que ha publicado recientemente la Generalitat de Cataluña con dichos
documentos. Por tanto, el argumento de que la sección guerra civil no
constituye un archivo unitario cae por su propio peso, puesto que lo era,
el de los servicios documentales de la Presidencia del Gobierno. Tenía
una finalidad específica --estamos de acuerdo en lo que ha dicho el señor
Ribó--, facilitar antecedentes políticos sociales y masónicos a todas las
instancias que lo precisaran; archivo que estaba formado, como hemos
dicho, por documentos incautados durante la guerra civil, procedentes de
diversas instancias oficiales y archivos particulares, pero que pasaron a
constituir un nuevo fondo con una nueva función, y a los que añadiéronse
después documentos de nueva y posterior creación.

Finalmente, no compartimos que existan grandes lagunas en los archivos de
Cataluña por la ausencia de estos documentos, puesto que disponen de los
microfilms de todos ellos. Su segregación del archivo en el que
actualmente están depositados para pasar a integrarse en los fondos de
otro archivo rompería una unidad, contraviniendo en este caso las
recomendaciones de la Unesco en este sentido.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Caldera.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Cuatro tipo de razones avalan la
posición de mi Grupo Parlamentario en orden, señorías, a no tomar en
consideración esta proposición no de ley defendida por el señor Ribó.

Admito que sus razones han sida largas, creo que no de peso, aunque sí
admitiré que tampoco pesadas. Esos cuatro tipos de razones, que quiero
sucintamente explicar a SS. SS., son del siguiente carácter: unas,
históricas; otras, técnico-documentales; otras, políticas y unas últimas
que yo llamaría de carácter cultural.

Vayamos por las primeras, las históricas. Es cierto que la proposición no
de ley no parecía referirse con tanta claridad, pero lo ha hecho el señor
Ribó en su exposición, a la materia objeto de debate; es decir, son
aquellos documentos que se encuentran en la sección de Guerra Civil del
Archivo Histórico Nacional, ubicado en la ciudad de Salamanca. Pues bien,
señorías, esta sección se forma por los documentos que la llamada
Delegación del Estado para la recuperación de documentos, del ejército
franquista, obtenía no de forma ordinaria sino selectivamente, con
criterios selectivos, en las unidades administrativas



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de los diversos organismos e instituciones que iba ocupando. Derivado de
esta circunstancia, señorías, estos documentos sólo tenían valor
administrativo. Es hoy, con el paso del tiempo, a la luz de los
acontecimientos ocurridos, cuando puede considerarse que tienen
ciertamente un determinado valor histórico. Por lo tanto, es verdad que,
de acuerdo con lo que usted indica en la exposición de motivos de su
proposición, estos documentos eran clasificados y ordenados para apoyar
la unidad administrativa que se encargaba de la represión franquista, con
el objetivo, además, de encontrar, hallar, pruebas de carácter
incriminatorio. Esto, señorías, señor Ribó, ocurría no solamente con los
documentos que se obtuvieron en Cataluña sino con todos los documentos
obtenidos por esta Delegación de tan triste recuerdo.

Señorías, nosotros repudiamos de un modo absoluto --y creo que así lo
hacemos todos-- aquellas trágicas circunstancias; ahora bien, yo me
resisto a compartir el criterio de que la reparación, que podría
derivarse de la exposición que ha hecho el señor Ribó, de aquellos hechos
consista en la devolución de documentos a sus pretendidos titulares. Ello
haría --y lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular-- imposible la
existencia de cualquier archivo. Ello haría imposible, de otra parte, la
conservación de la memoria colectiva, aun cuando se basare en hechos
trágicos que todos repudiamos, pero que son parte de la memoria colectiva
de un pueblo, en este caso del pueblo español.

Segundas razones técnico-documentales. La eficacia, señorías, buscada por
aquellos represores dio lugar a la organización en series documentales
que atendían únicamente a la ciudad o lugar de incautación, es decir, se
mezclaban, no sé si deliberadamente o no, los documentos procedentes de
distintos organismos e instituciones de un mismo lugar, no pudiendo hoy
--y le aseguro que tengo conocimiento muy directo del modo en que se
trabaja en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca--, en consecuencia,
determinar con certeza cuántos y qué documentos proceden de organismos de
la Generalitat de Cataluña, no se puede saber con absoluta certeza.

Muchos de ellos fueron producidos por organismos --también lo ha indicado
el portavoz del Grupo Popular-- de la Adminsitración central; incautados
en Cataluña sí, pero producidos por organismos de la Administración
central, tanto en Madrid como en Barcelona.

Si atendiéramos a las razones expuestas por el señor Ribó y tuviéramos
que devolver a sus llamados legítimos propietarios todos los documentos
que se encuentran en esta sección, haríamos imposibles los argumentos que
él esgrime, es decir, el de los investigadores que desean tener
concentrado el material objeto de trabajo. Si hubiera que devolver los
documentos a todos aquellos a quienes se les incautó en todos los puntos
del país está documentación, sería imposible atender a la necesidad
científico-cultural que tienen los investigadores de conocer nuestro
pasado.

La Delegación del Estado para la recuperación de documentos quedó después
plenamente integrada en la estructura administrativa del Estado con el
nombre de Delegación Nacional de los servicios documentales de la
Presidencia del Gobierno. Esto, señorías, significa que los fondos que
constituyen esta sección deben de considerarse como un fondo único. Al
formar una unidad documental, ésta debe mantenerse, en nuestra opinión,
de acuerdo con los principios establecidos por la Unesco y el Consejo
Internacional de Archivos. Fíjense ustedes qué diferencia en el análisis
que formulaba el señor Ribó y el que desarrollamos nosotros. Parece que
todos nos acogemos a los criterios de la Unesco para defender nuestra
posición. Estos criterios determinan incluso, como usted bien sabe, que
en supuestos de sucesión de Estados --supuesto que de ningún modo es
contemplado en este momento-- aconseja la Unesco recurrir al concepto de
patrimonio común, que se sobrepone siempre al de la división que puede
destruir o puede amenazar con destrucción el valor jurídico,
administrativo o histórico de un archivo.

Con ser importantes todas las razones anteriores, yo creo que las
políticas parecen, en nuestra opinión, determinantes. Yo quiero despejar
esa hipotética nebulosa que pudiera extenderse en este debate sobre
determinadas titularidades dominicales, y ahora hablaré de ello.

Nosotros, señorías, partimos del expreso reconocimiento (artículo 2 de la
Constitución española) de la unidad absoluta de la Nación con
independencia naturalmente y salvaguarda absoluta del juego de derechos
que el mismo texto reconoce para las nacionalidades y regiones que le
integran, y si para el supuesto extremo, como dije antes, de sucesión de
Estados --que vuelvo a indicar que no es en modo alguno el que aquí
contemplamos-- los archivos deben quedar físicamente intactos en uno de
los países interesados, con cuánta más razón debemos mantener el
principio de unidad documental a custodiarse en el Archivo Histórico
Nacional con sede en Salamanca.

Antes hemos hablado de propiedades. Yo estoy convencido que la posición
política de S. S. estará de acuerdo en este caso con la mía. Yo prefiero
no hablar de propiedad; prefiero hablar de posesión, y como usted sabe
que nosotros hemos conseguido que en nuestro Derecho el concepto de la
propiedad absoluta o el concepto de la propiedad entendida como el
derecho de gozar o disponer de una cosa, sin más limitaciones que las
establecidas en las leyes, que olvida la función social de los mismos,
debe ser repudiable, debe ser rechazable, entendemos que lo importante es
la posesión; es decir, lo importante es dar lugar a cubrir la necesidad
que se pueda derivar del hecho de acceder a una documentación
determinada. Esto quiere decir la tendencia de una cosa o el disfrute de
un derecho. Para ello, con muy buen criterio, la Generalitat --usted ha
dicho en un acuerdo me ha parecido entender que vergonzante; yo no lo
considero así-- firmó un convenio con el Ministerio de Cultura el 21 de
febero de 1982 de resultas del cual se celebró la última entrega, el 26
de octubre de 1993, de la microfilmación de documentos de los cuales
pueda tener un interés directo la Generalitat de Cataluña. Yo diría más.

El problema puede incluso --porque pudiera existir algún problema de
orden administrativo-- solucionarse definitivamente, si



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existiera algún problema grave, en el momento en que se proceda a la
digitalización completa del Archivo Histórico Nacional, con sede en
Salamanca, porque ello permitirá consultar y reproducir los documentos
prescindiendo del soporte documental, tarea que me consta, señorías, está
bastante avanzada.

Por último, hay razones de carácter cultural. Señorías, un archivo que ya
he dicho antes es parte de la memoria colectiva de un pueblo y aun cuando
mantenga o contenga documentos referidos a hechos luctuosos, puede
considerarse un elemento cultural de primer orden. Salamanca, la ciudad
de Salamanca, ha jugado, como usted sabe muy bien, un papel señero en la
cultura española sin desmerecer para nada el de otras localidades. ¡Qué
mejor lugar, pues, para albergar este trozo de nuestra historia!
Salamanca es la ciudad donde Elio Antonio de Nebrija publicó en 1492 la
Gramática Castellana; aquella que un ilustre sabio del siglo XVII, Diego
Torres Villarroel, describiera así: Yo nací entre cortaduras de papel y
los rollos de pergamino, en una casa breve del barrio de los Libreros de
Salamanca. Señorías, ¿puede caber mayor gloria? Salamanca es la ciudad a
la que el celebérrimo viajero Hyeronimus Münzer, es decir, aquel a quien
se atribuye la afirmación de haber pasado en su recorrido desde el
Pirineo catalán a Gibraltar por una bóveda continua de arbolado a traves
de la cual una ardilla podría recorrer la distancia sin pisar el suelo,
retratara así: No existe en toda España más esclarecido estudio general
que el salmanticense.

Le aseguro que respetando todas otras manifestaciones y aportaciones de
la cultura, los salmantinos nos encontramos muy orgullosos de nuestro
pasado.

En fin, señorías, este conjunto de razones yo creo que invitan a la
retirada de la proposición no de ley, porque entiendo que el conjunto de
las mismas determinaría su no toma en consideración. Si así no fuere, si
aun respetando los criterios que se nos han explicado el señor Ribó la
mantuviera, yo tengo que acabar con un excelente y creo que traído a
cuanto refrán castellano. En ese caso, señoría, de ambos creo que fue el
acertar, de ustedes al pedir y del Grupo Parlamentario Socialista el no
dar.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Mixto, que no había intervenido (Rumores),
ha solicitado la palabra, puesto que todavía no hemos cerrado el turno de
intervenciones, que estaba aún abierto. En todo caso, se puede achacar al
orden de las intervenciones.

Para un turno que sí le ruego que sea breve, en función del tiempo y del
retraso que lleva acumulado la sesión de hoy, tiene la palabra, por el
Grupo Mixto, la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Agradezco muy mucho la paciencia del
Presidente y de mis colegas parlamentarios, y perdón por el retraso.

Realmente voy a intervenir muy brevemente.

Sólo quiero decir que, desde luego, desde Esquerra Republicana no podemos
entender, como mínimo, las últimas razones que le he podido oír a mi
colega socialista, y sólo quiero dejar muy claro encima de la mesa que
apelamos al sentido democrático y apelamos al hecho de que una cosa que
fue ganada por derecho de conquista y, por tanto, por derecho de armas de
ninguna manera el Estado de Derecho la pueda legitimar. Por razones no
sólo culturales, no sólo de necesidad, de reivindicación y de derecho
catalán, sino también por razones de Estado de Derecho, que de ninguna
manera puede legitimar aquello que hizo posible el franquismo --y que
además lo hizo por derecho de conquista--, por razones, pues,
democráticas, entendemos que este archivo tiene que volver a Cataluña, de
donde fue arrancado, repito, a través de las pistolas y no a través de
las razones. Por tanto, ningún otro argumento me parece válido para
mantener una ficticia unidad que fue hecha a través, repito, del
franquismo. Un Estado de Derecho, y sobre todo un partido progresista,
entiendo que lo tendría que devolver a Cataluña, de donde salió y nunca
tenía que haber salido.

Por ello pido, desde el sentido democrático, que sea devuelto este
archivo a Cataluña.




El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación.

Antes quisiera solicitar de los diferentes Grupos que comuniquen a la
Mesa si hay modificaciones en las sustituciones de los componentes de los
Grupos. (Pausa.)
Resuelto el tema, vamos a proceder a la votación de la proposición no de
ley por la que se insta al Gobierno a proceder a la devolución de la
documentación depositada en el Archivo Histórico de Salamanca a la
Generalitat de Cataluña.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 30.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ENCARGUE A UNA EMPRESA
ESPECIALIZADA UNA DOBLE AUDITORIA, ECONOMICA Y DE GESTION, SOBRE LAS
OBRAS LLEVADAS A CABO EN EL TEATRO REAL PARA SU RECONVERSION EN TEATRO DE
LA OPERA. PRESENTADA POR EL G. P. POPULAR. (Número de expediente
161/000057.)



El señor PRESIDENTE: Segunda proposición no de ley, por la que se insta
al Gobierno a que encargue a una empresa especializada una doble
auditoría, económica y de gestión, sobre las obras llevadas a cabo en el
Teatro Real.

El señor Gómez-Alba tiene la palabra.




El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: El Grupo Parlamentario Popular presenta esta
proposición no de ley para ver si de esta forma logramos por fin
enterarnos de cuánto dinero se lleva gastado en la reconversión del
Teatro Real de Madrid en Teatro de la Opera. Este mismo



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Diputado, en lo que fue su primera intervención en esta Comisión,
preguntó sobre este extremo a la señora Ministra de Cultura, al final de
su también primera comparecencia en esta Comisión para explicar las
líneas generales que pensaba desarrollar en su Departamento. La respuesta
de la señora Ministra fue ambigua e insatisfactoria. Dijo que, si su
memoria no le fallaba, hasta la fecha se llevaban invertidos alrededor de
6.000 millones de pesetas en las obras del Teatro Real y que estaba
previsto invertir 9.000 millones más hasta la terminación de las mismas,
lo que daría un total de alrededor de 15.000 millones de pesetas. Digo
que su respuesta no satisfizo a este Diputado porque, habiéndome tomado
la molestia de sumar las diferentes partidas consignadas a este fin en
los Presupuestos Generales del Estado desde el año 1986, así como las
previsiones de inversión para los próximos años consignadas en el
proyecto de ley de Presupuestos para el año 1994, la cantidad resultante
superaba los 19.000 millones de pesetas.

Por su parte, el señor Subsecretario de Cultura, en su comparecencia
informativa sobre la Sección 24 en los Presupuestos Generales del Estado,
en la que, más que informar de los presupuestos de su Departamento,
repitió el discurso de intenciones de la señora Ministra, puntualizó
respecto a este tema, con sorprendente precisión, que la cantidad que
estaba prevista para la inversión total era exactamente 16.052,1 millones
de pesetas y que el tema tenía tanta importancia que él se estaba
ocupando personalmente del Teatro Real. En la misma intervención, además
de discrepar con la señora Ministra en 1.000 millones, después de decir
que sus cifras coincidían con las de ella --pero ¡qué más da 1.000
millones de diferencia arriba o abajo!, parece--, contestó al portavoz
del Grupo Parlamentario Popular que la cifra que se desprende de las
diferentes partidas presupuestarias, 19.000 millones, no era fiable, en
la medida en que dichas partidas no eran finalmente gastadas en esa
inversión sino en otras, dentro del mismo programa o de otro; asombrosa
flexibilidad presupuestaria, desde luego.

En vista de ello y teniendo en cuenta los requisitos que la Ley General
Presupuestaria establece para las desviaciones o modificaciones de
créditos presupuestarios ya aprobados, el Grupo Parlamentario Popular
solicitó al Ministerio de Cultura todos los expedientes de modificación
de créditos presupuestarios que hubieran sido aprobados para las obras
del Teatro Real pero que hubieran sido destinados, finalmente, a
financiar otros proyectos del mismo programa o de otros programas. La
remisión --como siempre, tarde-- por parte del Ministerio de Cultura de
dichos expedientes de modificación de crédito no ha servido para explicar
la diferencia entre los 19.000 millones, que se deducían de los
Presupuestos Generales del Estado, y los 16.052,1 millones que se empeña
el Ministerio en mantener como cifra total de la inversión.

Finalmente, en la misma fecha en que se solicitaron dichos expedientes de
modificación de créditos al Ministerio de Cultura, se solicitaron de la
Intervención General de la Administración del Estado todos los datos e
informes con los que contase sobre los gastos realizados hasta la fecha
en las obras de remodelación del Teatro Real en Teatro de la Opera. La
respuesta de la Intervención General de la Administración del Estado fue
mucho más rápida que la del Ministerio de Cultura pero igualmente
insuficiente, dado que la cifra de 5.836 millones de pesetas que allí se
consignaba como gastos del INAEM en el Teatro Real corresponde sólo, como
indica una nota a pie de página, al período 1989-92, sin tener en cuenta
que el proyecto data del año 1986. Sospechamos que la clave o truco de
este baile de cifras está precisamente en la fecha a partir de la que se
cuentan las inversiones realizadas en el Teatro Real. En los Presupuestos
Generales del Estado de 1991 se dio por terminado --también un poco
asombrosamente-- el viejo proyecto de reconversión del Teatro Real en
Teatro de la Opera, pero se consignaron cuatro nuevos proyectos para
sustituirlo, que eran: de equipamiento escénico, de obra civil, de
suministros técnicos e instalaciones y de mobiliario y decoración. Pues
bien, tenemos la impresión de que las cuentas que hace el Ministerio de
Cultura sólo tienen en consideración las inversiones realizadas desde
1991 en la ejecución de estos cuatro nuevos proyectos, sin que ya nadie
se acuerde del viejo proyecto de remodelación al que éstos sustituyeron.

En cualquier caso, como no se trata de hacer suposiciones y como parece
imposible conseguir que el Gobierno aclare las cifras en torno a lo que
se lleva ya gastado en las obras de remodelación del Teatro Real, por
estas razones pedimos que se encargue una doble auditoría, económica y de
gestión, a una empresa especializada.




El señor PRESIDENTE: Tampoco se han presentado enmiendas a esta
proposición no de ley. Por tanto, ¿grupos que desean intervenir para
fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Con mucha brevedad, casi sólo para manifestar
el sentido de nuestro voto, porque es verdad que, desde que incluso algún
medio de comunicación llegara a calificar el tema del Teatro Real como un
culebrón interminable, después de que se conociera que el Gobierno
rechazó en su día el proyecto de un arquitecto para la reforma del Museo
del Prado y aceptó a continuación su propuesta para el Teatro Real, una
obra evidentemente importante, se ha puesto en general de manifiesto que
la reforma del Teatro Real se puede haber realizado con un cierto grado
de imprevisión. Hay otros datos que se han conocido públicamente, como es
que alguien ganaba 22 millones de pesetas por no hacer nada, sueldo que
se justifica en el año 1989 porque se iba a inaugurar el Teatro Real en
1992, lo que también pone de manifiesto esa imprevisión que yo decía.

Desde luego, el confusionismo de fechas, cifras, retrasos y opiniones de
técnicos que cuestionaban un proyecto y otro, una vez más, pone de
manifiesto una cierta falta de rigor en la previsión.

La Ministra de Cultura, en su comparecencia ante esta Comisión, manifestó
que ella iba a coger como bandera



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esta obra, que iba a dedicarse especialmente a ella y que se iba a
inaugurar en el año 1995. Con toda esa falta de transparencia y toda la
improvisación que hemos observado en el tema de las obras, de los
proyectos, manifestándonos a favor de que deba realizarse auditoría, no
cree mi Grupo que sea éste el momento adecuado para hacer una auditoría
económica y de gestión. Yo creo que el momento adecuado es el momento de
finalización de la obra, eso sí, reclamando, y mi Grupo lo hará, todo
tipo de control y transparencia en los futuros recursos que se pueden
dedicar a la finalización de reconversión del Teatro Real.

Por esa razón, señor Presidente, señorías, mi Grupo, que se manifiesta
partidario de realizar la auditoría, cree que no es éste el momento de
hacerlo, sino cuando tenga lugar la finalización de la obra, y por eso
nos vamos a abstener.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: La propuesta que hace el Grupo Popular de una
auditoría especial para los gastos realizados en las obras de
reconversión del Teatro Real en Teatro de la Opera no tiene, para nuestro
Grupo, ningún fundamento. Es cierto que las obras se han demorado, que el
coste es elevado, como normalmente lo es el coste de obras de tal
envergadura, pero yo no creo que haya que confundir este tema de tardanza
en el desarrollo de las obras y del coste elevado que en sí mismo tiene
este tipo de obras con una situación presupuestaria y de gestión del
propio gasto confusa o poco clara.

Los datos que tengo, evidentemente, no coinciden para nada con lo que
aquí ha expresado el portavoz del Grupo Popular. Las obras van a tener un
coste aproximado de 16.000 millones, que van repartidos en distintas
fases o aspectos del proyecto: 10.000 millones tendrán que ver con todo
lo que es remodelación del edificio, 4.000 millones con lo que es el
equipamiento escénico y 2.000 con lo que es el equipamiento general y
otros gastos.

Según los datos que me constan, en primer lugar, las obras del Teatro
Real han empezado en 1991 por problemas para desalojar el propio edificio
que tenía que ser remodelado. Usted sabrá que el Conservatorio abandona
lo que es el Teatro Real en septiembre de 1990, el Centro de Arte
Dramático y el Ballet Nacional lo hacen en la navidad de 1990. Es decir,
toda la remodelación del edificio, lo que es adecuar la caja escénica, la
estructura general del edificio y la adecuación arquitectónica, no se
puede abordar hasta 1991.

Estas obras generales de remodelación han tenido tres fases. La primera
fase se adjudica por un concurso público a Huarte en noviembre de 1990 y
comienzan en enero de 1991, con un presupuesto de 1.183,7 millones. Se da
un plazo de 10 meses para su realización, que luego se amplía a 17, y
esta parte de la obra está terminada y recibida. La segunda fase, que es
la de la estructura general del edificio, se adjudica a Huarte por
concurso público en febrero de 1992. La fase de desarrollo está muy
avanzada y se tiene previsto que finalizará en el primer trimestre del
año 1994, con un presupuesto de 1.850 millones. La tercera fase, que es
la más puramene arquitectónica y que presenta discusión y debate sobre lo
que es el mismo proyecto, como no puede dejar de pasar nunca ante lo que
es el diseño o el proyecto de un arquitecto frente a otro, se adjudica en
septiembre de 1992, también por concurso público a Huarte, y comienza en
noviembre de 1992, por un importe de 5.583,5 millones, con un plazo de
ejecución de 24 meses. No se espera ninguna demora, por lo cual está
prevista la finalización de la obra a finales de 1994 o principios de
1995.

Otro aspecto importante de lo que es la remodelación o la reconversión
del Teatro Real en Teatro de la Opera para Madrid, que es el equipamiento
escénico, comienza antes, puesto que la primera parte del proyecto no iba
ligada al desalojo del espacio del Teatro Real, y en diciembre de 1989 se
hace la primera adjudicación por un concurso público de proyecto y
construcción de lo que sería la ingeniería de diseño, la fabricación en
taller y el montaje de toda la maquinaria escénica en la caja escénica
del teatro. Los dos primeros aspectos de este proyecto están finalizados
y queda sólo el último, que es el relativo a la instalación de la
maquinaria escénica en la caja escénica del teatro. El presupuesto
vigente en este momento es de 2.660,9 millones. El otro aspecto del
equipamiento escénico, lo que es iluminación escénica y equipamiento
audiovisual, tiene ya un proyecto que saldrá a concurso público en
--calculo, por la información que tengo-- el primer trimestre de 1994 o
en los seis primeros meses de 1994. Hay incluso unos presupuestos en
donde iría la iluminación escénica, en torno a un proyecto de 600
millones, y el equipamiento audiovisual, en torno a los 400 millones.

Sobre lo que es el equipamiento general todavía no existe un proyecto
claro, ni se va a sacar inmediatamente a concurso, sino que está previsto
solucionarlo, tener un proyecto y sacarlo luego a concurso, en torno a
1994 y una parte para 1995.

Entonces, sobre ese coste estimado de 16.000 millones, lo que sí le puedo
decir es que a finales de 1993 la contratación realizada era de 11.500
millones, pero, de ésta, la ejecutada ascendía a 7.700, con lo cual queda
una inversión pendiente para los presupuestos de 1994 de aproximadamente
cero que son 4.150 millones. Es decir, las cuentas están claras al
entender de esta portavoz que le habla. Por otro lado, en cuanto al otro
aspecto del que ustedes hablan y que es el que promueve la iniciativa
legislativa que estamos discutiendo, el control de este gasto, de todas
las obras del Teatro Real para su conversión en Teatro de la Opera, está
sometido, como cualquier otro, a la Intervención General del Estado y al
Tribunal de Cuentas. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, en su
artículo 17 adjudica a la Intervención General del Estado ejercer el
control del funcionamiento de los organismos autónomos en los aspectos
económico-financieros y de eficacia, debiéndose elaborar incluso un plan
de auditorías de carácter anual. El Instituto Nacional de Artes Escénicas
y de la Música, es decir, el INAEM, del que dependen las obras del Teatro
Real, es,



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por tanto, un organismo autónomo de carácter comercial y que está
sometido a un control económico-financiero trimestral de la Intervención
Delegada, y al mismo tiempo a un control anual específico de la
Intervención General del Estado, de acuerdo con las circulares
correspondientes.

Evidentemente, existe la posibilidad de recurrir a la colaboración de
empresas privadas para la ejecución del plan anual de auditorías, esto se
contempla también en la disposición adicional segunda de la Ley General
Presupuestaria a la que hacía referencia anteriormente; ahora bien, para
que se recurra a auditorías externas, de carácter privado, como ustedes
defienden en su proposición no de ley, se exige que el Ministerio de
Economía y Hacienda dicte una orden en la que se especifiquen las
insuficiencias de la Intervención General del Estado que justifiquen esta
colaboración.

Si ese control no les pareciera a ustedes suficiente, cosa que a mí sí me
lo parece, por otro lado está el Tribunal de Cuentas que, como dice el
artículo 136 de la Constitución, es el órgano supremo fiscalizador de las
cuentas de la gestión económica del Estado, así como del sector público,
y dispone la remisión anual de un informe de este Tribunal a las Cortes
Generales, en el que, cuando proceda, se comunicarán las infracciones o
responsabilidades en que se pueda haber incurrido.

Por todo esto, tanto por la claridad de las cuentas, como les he
explicado por la información que tiene mi grupo parlamentario, como por
el control asegurado a través de la Intervención Delegada y la
Intervención General del Estado, así como, incluso, el Tribunal de
Cuentas, que sabemos es más lento, pero la Intervención Delegada y la
Intervención General está claro que llevan un control, nuestro grupo cree
que en el caso de las obras del Teatro Real existe un control económico,
financiero y de eficacia que no justifica en ningún momento recurrir a
una intervención o a una auditoría de carácter excepcional.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de esta proposición
no de ley.




El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, hay más sustituciones. Don
Jesús Caldera está sustituido por don José Luis Rodríguez Zapatero.




El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 18; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--SOBRE EL LLAMADO UNO POR CIENTO CULTURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000059.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley, sobre el
llamado uno por ciento cultural.

Señor Cortés.




El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, una vez más vuelve a la
Comisión el 1 por ciento cultural; la verdad es que esta reiteración y el
hecho de que se haya hecho bastante tarde en la sesión de la mañana me
lleva a ser muy breve en la presentación de esta proposición.

Desde que soy miembro de esta Comisión he escuchado ya a tres ministros y
a otros tantos subsecretarios reconocer que la Ley del Patrimonio
Histórico Español, en lo que se refiere a medidas de fomento, no se
estaba aplicando correctamente. Eso se ha reconocido no sólo en la
Comisión, sino que se dice también en los informes que legalmente tienen
que presentar al Consejo de Ministros los Ministros de Cultura que no han
hecho con la debida regularidad, pero en estos momentos ya contamos con
todos ellos. En estos informes hay quejas del Ministerio de Cultura de
que otros ministerios no le informan como sería su obligación. En muchos
casos se ha destinado la cantidad del 1 por ciento cultural a inversiones
que nada tienen que ver con el espíritu ni con la letra de la Ley y, por
supuesto, cada año es menor la cantidad transferida al Ministerio de
Cultura que, por dar sólo un dato, en la previsión presupuestaria para
1994 es de 50 millones, cuando era de 400 millones en 1991.

Nuestra proposición no de ley, señor Presidente --no voy a extenderme en
ella porque se ha repartido y está publicada-- pretende ayudar al
Ministerio de Cultura a tener el debido protagonismo en la aplicación de
los fondos que se derivan del 1 por ciento cultural.

Queremos que la voluntad política del Congreso expresada a través de esta
Comisión supla el escaso peso político que los titulares de Cultura
tienen en los gobiernos socialistas. La ley se podría haber redactado
mejor y el reglamento quizá no ha aclarado demasiado lo que no quedó
claro en la ley, pero no creemos que haga falta, que sea imprescindible
modificar la ley. Bastaría con que ésta se interpretase de una manera
adecuada; por eso los tres puntos de la proposición no de ley del Grupo
Popular son criterios interpretativos de la misma. Lo que ha faltado
hasta ahora es voluntad o capacidad política para llevarlo a cabo.

Creemos que la Comisión debe respaldar esta proposición no de ley en la
que se insta al Gobierno a que adopte las medidas que él considere
necesarias, le deja margen de maniobra y vamos a dar un margen de
confianza a la señora ministra que anunció aquí en la Comisión que estaba
comprometida con procurar un buen uso de las medidas de fomento de la Ley
del Patrimonio Histórico. Por lo tanto, señalamos simplemente tres
criterios con los que se debe interpretar esta norma que creó muchas
ilusiones, que creó expectativas y que, en la realidad, se está viendo
que defrauda las expectativas que allí se crearon.

Creo que ya tenemos una perspectiva suficiente de una ley aprobada en
1985 para darnos cuenta de por dónde está fallando en su aplicación. Los
tres criterios que



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plantea mi grupo parlamentario, si son apoyados por la Comisión, pueden
ser una buena pauta para que el Ministerio de Cultura de manera
inmediata, y estaremos muy vigilantes para que pasemos por una vez de los
lamentos y las quejas a los compromisos y a las realizaciones y que esto
se pueda materializar en medidas legislativas. A lo mejor bastaría, en
algunos casos, que fuesen simplemente medidas políticas y que a la señora
Ministra de Cultura le hagan caso en el Consejo de Ministros; que los
demás ministerios colaboren con el Ministerio de Cultura; no sólo eso
sino que cumplan simplemente la ley. Aquí hay quejas de que no se informa
al Ministerio de Cultura y que, por tanto, éste no puede tomar las
medidas necesarias en los planes anuales y de que se interpreta la ley,
por ejemplo, en el caso de las inversiones cofinanciadas con partidas
europeas (los 100 millones mínimos que se tienen que considerar) para el
conjunto de la obra y no sólo lo que aporta el Estado; no se excluyen
aquellas que han sido cofinanciadas, sino que se mantiene el principio de
unidad de obra aunque se tenga que realizar en distintos años etcétera.

Todo esto viene dicho en los informes del propio Ministerio de Cultura.

Se ha debatido en esta Comisión; se ha hablado en el Pleno y, por tanto,
a estas horas de la tarde hago gracia a SS. SS. de extenderme más
pidiendo simplemente el apoyo de la Comisión para esta proposición no de
ley.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada una
enmienda por el Grupo Parlamentario Catalán. Para su defensa, el señor
Baltà tiene la palabra.




El señor BALTA I LLOPART: Brevemente porque la hora lo aconseja y por
cuanto los criterios fundamentales que han sido expresados por el
portavoz del Grupo Popular, señor Cortés, son los mismos que motivaron
que mi grupo parlamentario presentara otra proposición no de ley para su
debate ante el Pleno de la Cámara. Diríamos que el procedimiento
parlamentario nos ha jugado una pequeña trastada porque ha ocurrido que
la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular unos días
después que la nuestra ha entrado en debate en Comisión antes, cosa que
tiene su sentido pero que pospone nuestra proposición.

Por tanto, la decisión de mi grupo ha sido presentarla como enmienda de
sustitución buscando y ya que coincidíamos plenamente con la preocupación
que nos llevó a presentarla, quizá fuera posible unificar ambas en un
solo texto. No obstante nuestra proposición --también se preocupa en
primer lugar, en su justificación por la presencia decreciente y
alarmante del 1 por ciento cultural en los Presupuestos Generales del
Estado, que es el motivo de la proposición no de ley que nosotros
presentamos y, en segundo lugar, la voluntad expresada en el sentido de
que este 1 por ciento sea traspasado al Ministerio de Cultura para que
dicho ministerio aplique en su ejecución criterios estrictamente
culturales. Esto nos preocupa; por tanto, en nuestra proposición dejamos
claro que tienen que hacerse las transferencias de crédito al Ministerio
de Cultura.

Existe otra preocupación y es que la inversión se produzca en las
comunidades donde la obra que ha motivado el 1 por ciento correspondiente
se haya realizado. Los criterios de solidaridad estatal en este caso a
nosotros nos parecen poco oportunos, porque afortunadamente vivimos en un
país con una gran historia, de una gran capacidad cultural, y no puede
decirse que sea imprescindible traspasar partidas de una comunidad a
otra. Para nosotros es difícil justificar esta interterritorialidad en un
hecho como éste. Por tanto, insistimos en el punto 5, en el cual decimos
textualmente que los trabajos a que se refiere el apartado 3 de este
artículo deberán efectuarse en el territorio de la comunidad autónoma en
donde se realiza la obra pública, y se ejecutarán por la Administración
del Estado previo informe de la correspondiente comunidad autónoma. Queda
claro que nos referimos no solamente a nuestra comunidad autónoma sino a
todas. Nos gustaría que fuera aceptado y que siguiera el trámite
parlamentario recurriendo a esta propuesta de cierta descentralización de
nuestra cultura.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean opinar sobre esta proposición?
(Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Voy a ser también muy breve, señor
Presidente, para manifestar nuestra opinión tanto sobre el tema como
sobre el voto.

Está claro, como ha manifestado el señor Cortés y lo manifiesta también
el informe de la Ministra de Cultura sobre la consideración y el destino
del 1 por ciento cultural, que hemos recibido recientemente, que las
inversiones no se destinan, por regla general, a la propia obra pública,
aunque se aplican a acciones de interés general. También es verdad que
muchos proyectos no se someten previamente al Ministerio de Cultura y
que, de las dos opciones a que se refería el señor Cortés, sigue
utilizándose demasiado la opción «B». Si ustedes estudian con
detenimiento el informe a que hacía referencia anteriormente, uno de
ellos tiene además la delicadeza de utilizar una simbología al margen
para explicar cada uno de los proyectos de los que es informado o no el
Ministerio de Cultura. Con tres circulitos se señalan los proyectos o
actuaciones de los organismos públicos en los que no ha intervenido el
Ministerio de Cultura pero cuyo dato, descripción e información ha sido
comunicado al Ministerio. Son demasiados los que tienen los tres
circulitos, en los que no interviene el ministerio, y por demasiada
cuantía.

Señor Presidente, señorías, nos hubiera gustado que el grupo proponente
hubiera aceptado una enmienda de Convergència en el sentido de que no
hablara sobre la exigencia de que fueran realizados en el territorio de
la comunidad donde haya inversiones, sino que hablaran de una
preferencia. Si se hubiera producido así, seguramente hubiéramos votado
la proposición con ese texto.




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Está claro que, aunque no haya que hablar de criterios de solidaridad,
algunos que conocemos y somos nativos de ciudades como Avila, pensamos en
esa ciudad, de mucha riqueza artística, de mucho patrimonio
histórico-artístico y de pocas inversiones. ¿Qué sería de ciudades como
ésta o ciudades como Alcalá o Salamanca?
Nosotros vamos a votar a favor de la proposición no de ley del Grupo
Popular por las razones expuestas.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Rodríguez.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Señor Presidente, señorías, la proposición no
de ley que presenta el Grupo Popular nos permite ciertamente debatir de
nuevo en esta Comisión un tema, el 1 por ciento cultural, sobre el que mi
grupo parlamentario mantiene unos planteamientos coherentes con lo que ha
sido nuestra posición en anteriores debates. Estos planteamientos,
además, siempre han coincidido en la necesidad de que en la propia
gestión y en la aplicación del 1 por ciento cultural, participe el
Ministerio de Cultura más activamente de lo que lo había venido haciendo
hasta estos momentos.

En este sentido, también apoyamos, en boca del portavoz del Grupo
Socialista en aquel momento, las manifestaciones de la señora ministra en
una Comisión celebrada hace muy pocos meses, diciendo que su ministerio
estaba estudiando la reforma del Reglamento de aplicación de la Ley del
Patrimonio Histórico.

Es cierto y el señor Cortés lo ha puesto de manifiesto, que esta
proposición no de ley propone algunas medidas para que el Ministerio de
Cultura tenga más protagonismo en la aplicación de estos fondos derivados
del 1 por ciento. Además, tengo que decir que coincidimos con los
planteamientos, con la filosofía y con el objetivo que se recoge en esta
proposición no de ley y, por tanto, votaremos afirmativamente y
apoyaremos esta iniciativa del Grupo Popular.

También se ha puesto de manifiesto --voy a referirme a este tema con
mucha brevedad-- que la aplicación del 1 por ciento en los últimos años
se acentúa cada vez más en la segunda opción de las que aparecen
recogidas, que da posibilidad a los propios organismos públicos, a los
distintos ministerios, de invertir directamente ellos y no a través del
Ministerio de Cultura este 1 por ciento en las obras que exceden de los
100 millones de pesetas.

También es cierto y por eso queremos que se mejoren estos mecanismos, que
se ha producido cierta dispersión en lo que es la aplicación de estos
fondos, que no repercuten todo lo positivamente que quisiéramos en la
propia conservación e incremento de nuestro Patrimonio Histórico Español.

Por eso decía que coincidimos fundamentalmente con los planteamientos del
Grupo Popular, y no me voy a alargar en exceso.

Sí quiero hacer mención expresamente a la referencia de la proposición no
de ley en la que se dice que se dé una mayor participación al Consejo del
Patrimonio a la hora de establecer los criterios generales de aplicación
de este 1 por ciento cultural. Entendemos que esta medida es adecuada y
necesaria porque, además, entre las funciones de este Consejo del
Patrimonio está la de facilitar esa comunicación o ese intercambio de los
programas de actuaciones y de información que se recogen anualmente en
los planes que elabora el Ministerio de Cultura, y sería conveniente
posibilitar una mayor participación del Consejo.

Existe, además, una razón que quiero poner de manifiesto en mi
intervención y es que la propia composición del Consejo del Patrimonio,
que está presidida por el Director General de Bellas Artes, contempla
como vocales a un miembro de todas y cada una de las comunidades
autónomas, y esto sin duda creo que puede posibilitar un consenso amplio,
también entre las comunidades autónomas. Es necesario este consenso a la
hora de aplicar este 1 por ciento cultural.

Con absoluta brevedad y para acabar, me refiero a un tema que se debe
tener en cuenta, bien en un seguimiento más de cerca del propio
cumplimiento de la Ley del Patrimonio o del Real Decreto, o incluso en su
día si se produce una reforma del Reglamento, y es aquel que hace
referencia a que la aplicación del 1 por ciento no se debe limitar
exclusivamente a la propia obra o a su entorno inmediato sino que debe
tener un carácter preferencial, pero, insisto, no exclusivo; no debe ser
un tema que quede totalmente cerrado puesto que evidentemente esto no
favorecería el reequilibrio entre las distintas comunidades autónomas,
que, además, fue uno de los temas en que se pensó cuando se introdujo la
novedad del 1 por ciento cultural en el debate de la Ley del Patrimonio.

En este sentido, el propio Ministerio ha tomado una serie de iniciativas,
que no voy a referir en este momento. Simplemente, reiterar señor
Presidente, para acabar, que estamos de acuerdo con los planteamientos,
con los objetivos y con la propia formulación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, la apoyaremos y votaremos
afirmativamente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cortés, a efectos,
exclusivamente, de si acepta o no la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán.




El señor CORTES MARTIN: Como ya ha adelantado amable y sagazmente el
portavoz de Izquierda Unida, no vamos a aceptar esta enmienda porque
comprenderá la Comisión que después de la cantidad de elogios que ha
recibido nuestra proposición no de ley del Grupo Socialista (aquí corrían
voces en el sentido de que después de recibir tantos elogios iban a decir
pero y, sin embargo, no ha habido el pero), no podemos correr el riesgo
de que estos apoyos que hemos conseguido se pongan en peligro. Por otra
parte, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Catalán (Convergència y
Unió), no hay diferencias profundas entre su propuesta y la que se va a
votar en Comisión, salvo en la territorialización estrictamente
automática, criterio sobre el que se ha manifestado también la portavoz
del Grupo Socialista, e interesa, por tanto, que conste, al igual que sus
declaraciones, en el «Diario de



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Sesiones» nuestro grupo no está de acuerdo en la territorialización
automática.

Mantenemos, por tanto, nuestro texto y estamos seguros que lo entenderán
bien nuestros amigos de Convergència i Unió, puesto que son dos textos
profundamente parecidos. Además, nosotros lo hemos hecho por confianza en
la señora Ministra de Cultura, y ellos tienen bastantes más motivos para
confiar en ella.




El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la última proposición del
orden del día.

Quiero advertir a SS. SS., antes de que levantemos la sesión después de
la votación, que esta Comisión se vuelve a reunir esta misma semana
después de la sesión plenaria del jueves por la mañana. Lo digo para que
todo el mundo lo tenga en cuenta, si no ha recibido la correspondiente
convocatoria.

Pasamos a votación de la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30;
abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.