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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 99, de 22/12/1993
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 99
P R E S U P U E S T O S
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 9
celebrada el miércoles, 22 de diciembre de 1993



ORDEN DEL DIA:
--Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley
sobre concesión de dos créditos extraordinarios, por importe acumulado de
6.844.812.000 pesetas, al Ministerio de Industria y Energía, con destino
a la Empresa Nacional Hulleras del Norte, S. A. (HUNOSA) y a la Sociedad
Minas de Figaredo, S. A. (Número de expediente 121/000018) (Página 3180)
--Dictamen, a la vista del informe de la Ponencia, del proyecto de ley
sobre concesión de dos créditos extraordinarios, por importe acumulado de
6.844.812.000 pesetas, al Ministerio de Industria y Energía, con destino
a la Empresa Nacional Hulleras del Norte, S. A. (HUNOSA) y a la Sociedad
Minas de Figaredo, S. A. (BOCG, serie A, número 32-1, de 8-11-93. Número
de expediente 121/000018) (Página 3180)
--Comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda (Martínez
Robles), para informar de la situación del déficit. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000372) (Página 3181)



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Se abre la sesión a las cinco y treinta minutos de la tarde.




--RATIFICAR LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE
CONCESION DE DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS, POR IMPORTE ACUMULADO DE
6.844.812 MILES DE PESETAS, AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, CON
DESTINO A LA EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S. A. (HUNOSA) Y A LA
SOCIEDAD MINAS DE FIGAREDO, S. A. (Número de expediente 121/000018.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comienza la sesión.

Como SS. SS. conocen, hemos hecho una pequeña modificación en el orden
del día para atender a la coordinación de los trabajos parlamentarios. En
primer lugar, vamos a considerar el proyecto de ley de concesión de
créditos extraordinarios a la Empresa Nacional Hulleras del Norte, S. A.,
y a Minas de Figaredo. En segundo lugar, tendremos ocasión de celebrar la
comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda.

En relación con el proyecto de ley de concesión de créditos
extraordinarios, en primer lugar la Comisión tiene que ratificar el
nombramiento de la Ponencia designada a través del cauce reglamentario.

¿Se ratifica el nombramiento de la Ponencia? (Asentimiento.)



--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME DE LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE
LEY SOBRE CONCESION DE DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS, POR IMPORTE
ACUMULADO DE 6.844.812 MILES DE PESETAS, AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
ENERGIA, CON DESTINO A LA EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S. A.

(HUNOSA) Y A LA SOCIEDAD MINAS DE FIGAREDO, S. A. (Número de expediente
121/000018.)



El señor PRESIDENTE: En relación con el proyecto de ley de créditos
extraordinarios, hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. En su nombre tiene la palabra el señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, los créditos extraordinarios a los que se refiere el proyecto
de ley son el resultado de las diferencias entre la entrega a cuenta y
las liquidaciones definitivas de los años 1989 y 1990, correspondientes a
los contratos programa que con las citadas empresas mantiene la
Administración del Estado. Puesto que los contratos programa están ya
firmados, no es pertinente oponerse a la aprobación de los créditos
extraordinarios a los que se refiere el proyecto de ley.

Sin embargo, lo que sí deben exigir es que estos créditos extraordinarios
estén incluidos en el marco presupuestario en vigor y sujeto a los
controles que se establecen en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, lo que justifica y se refleja en la enmienda que se ha presentado
al artículo 2.º del proyecto de ley de referencia.

Lo que sí se constata es que las desviaciones para estas empresas entre
las subvenciones otorgadas de forma preliminar y las que finalmente hay
que liquidar como significativas, sobre todo en el caso de Hunosa, son de
casi un siete por ciento en el año 1989 y más de un ocho por ciento en el
año 1990. Eso demuestra la existencia de unos déficit en las empresas
mayores de los previstos y, por tanto, un comportamiento más ineficaz que
el inicialmente estimado, lo cual resulta muy preocupante en el entorno
comunitario, teniendo el recorte de las subvenciones públicas a las
explotaciones mineras no viables económicamente a medio plazo.

Este es un dato más que obliga a tomar conciencia de la necesidad de la
mejora de los indicadores económicos de las empresas mineras sujetas a
contratos programa y que reciben subvenciones públicas.

Sin embargo, existe la posibilidad de que desde el principio el cálculo
de las subvenciones a estas empresas fuera demasiado optimista, y
estimado por defecto, con el objeto de no reflejar en el presupuesto
todos los gastos en los que realmente se iba a incurrir en el ejercicio
al que pertenecen las subvenciones que ahora se liquidan definitivamente,
haciendo muy difícil la estimación real de las desviaciones
presupuestarias en cada ejercicio.

En cualquier caso, sea la causa del desfase una u otra, hay que constatar
que se están liquidando en este momento las cuentas correspondientes a
los ejercicios que han transcurrido, cuatro y tres años, respectivamente.

Eso implica unas cargas financieras que agravan la situación económica de
las empresas. En el caso de Hunosa son 2.968 millones los que se deben
desde 1989 y 3.560 millones desde 1990. En el caso de Minas Figaredo, son
91 millones y 221 millones, respectivamente.

El Presidente de Hunosa declaró en el año 1991 en el Congreso de los
Diputados que de los 12.708 millones de pesetas de gastos financieros de
la empresa, 4.268 millones, es decir, más del 33 por ciento de los
mismos, fueron debidos al impacto del retraso en la entrega de las
subvenciones estatales. No se dispone de las cifras del pasado año, pero
se sabe que la situación no ha mejorado en modo alguno.

Es preciso demandar una mayor celeridad en las operaciones necesarias
para llegar a las liquidaciones definitivas de las cantidades que hay que
dar a las empresas, en virtud de los contratos programa suscritos, para
que el retraso producido sea el menor posible, y no se aumente la
necesidad de dichas subvenciones por los gastos financieros que ocasionan
el retraso en su percepción, incluyéndolos en un círculo vicioso,
costando más el dinero al contribuyente y hundiendo más a las empresas
que pretenden ayudar.

Estos son los razonamientos que dan lugar al apoyo y



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defensa de nuestra enmienda, para la que esperamos su voto favorable.




El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: Intervengo para consumir un turno en contra de
esta enmienda, cuya valoración tiene poco que ver con algunos de los
argumentos que ha expuesto el representante del Grupo Popular.

Efectivamente, este es un crédito extraordinario que tiene por objeto
atender el pago de las diferencias existentes entre las subvenciones de
explotación de los ejercicios 1989-1990. Respecto a los
contratos-programas, entre las cantidades entregadas por la
Administración y la liquidación definitiva hay una desviación, que en el
caso máximo es del 7 por ciento. Nos parece una desviación razonable y
relativamente lógica. En cualquier caso, esta cuestión tiene poco que ver
con la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular que, desde
nuestro punto de vista, es redundante y no añade nada. Si se aceptara,
creo que la interpretación que habría que hacer de cómo se financia la
ley con Deuda sería exactamente la misma que la del texto actual, pero
con menos claridad.

El artículo 64.1 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria
establece que en los proyectos de ley de concesión de créditos
extraordinarios debe especificarse el recurso que haya de financiar el
mayor gasto público. En este caso, el texto del proyecto de ley
especifica que sea con Deuda pública, y eso no significa que se salga de
los controles presupuestarios y del planteamiento que hace la Ley General
Presupuestaria vigente, sino que, efectivamente, la Ley Presupuestaria no
establece la vía de financiación de los créditos extraordinarios, pero
autoriza al Gobierno a incrementar la Deuda del Estado en el importe de
las modificaciones netas de créditos extraordinarios correspondientes a
los capítulos I a VIII. Esas revisiones incrementarán o reducirán el
límite señalado en la Ley de Presupuestos. Por tanto, pensamos que con el
texto actual de la ley en ningún caso hay alguna carencia de control, se
está dentro de lo establecido en la Ley General Presupuestaria y, además,
se cumple de una forma más rigurosa las exigencias del Texto Refundido de
la Ley General Presupuestaria.

Por todo ello, por ser redundante, pensamos que no conviene aceptar la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que, repito, caso de ser
aceptada tampoco modificaría el planteamiento de financiación de este
crédito extraordinario.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición en relación con
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, así como con
el informe de la Ponencia? (Pausa.)
Procedemos a la votación de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, defendida por el señor Landeta.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Sometemos a votación el texto del proyecto de ley, de acuerdo con el
informe de la Ponencia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Damos por terminado este punto del orden del día relacionado con el
proyecto de ley de concesión de dos créditos extraordinarios a Hulleras
del Norte, S. A. y a Minas de Figaredo, S. A.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA, PARA QUE
INFORME DE LA SITUACION DEL DEFICIT. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 212/000372.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto tercero del orden del día:
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda, solicitada por
el Grupo Parlamentario Popular.

De acuerdo con el criterio sustentado por la Mesa, aplicaríamos a esta
comparecencia el mismo sistema de las normas internas de la Comisión
relativo a las comparecencias del Secretario de Estado de Hacienda, las
habituales, es decir, aquéllas que se celebran a petición del propio
Secretario de Estado. Sus señorías recuerdan que, en primer término,
tiene lugar la intervención del Secretario de Estado de Hacienda, a
continuación pueden hacer uso de la palabra los representantes de todos y
cada uno de los grupos por el orden establecido, primero el Grupo
Popular, seguidamente el resto de los grupos y, en último lugar, el Grupo
Parlamentario Socialista. A continuación se da la oportunidad de una
pequeña intervención por si algunos aspectos que están presentes en la
solicitud de comparecencia no lo estuvieran en la intervención del
Secretario de Estado; a continuación haría uso de la palabra, de nuevo,
el Secretario de Estado y cabría una segunda y última ronda de
intervenciones para lo que, en términos domésticos de la Comisión,
denominamos de posibles insuficientcias.

Comienza el segundo punto del orden del día, que es la comparecencia del
señor Martínez Robles. Tiene la palabra el señor Secretario de Estado de
Hacienda.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Vamos a
examinar cuál ha sido la ejecución del presupuesto del Estado hasta
finales del mes de noviembre de 1993. Supongo que los señores Diputados
habrán recibido un informe preparado por la Intervención General del
Estado, que se ha remitido a la Cámara, y al que haré referencia en mi
exposición.




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La ejecución del presupuesto del Estado a noviembre de 1993 se ha saldado
con un déficit de caja superior en casi dos billones al alcanzado el año
anterior. Este fuerte crecimiento es una clara evidencia de la importante
desviación presupuestaria que se registrará al final de este año. Como
tendré ocasión de ir analizando a lo largo de mi intervención, esta
desviación coincide plenamente con las previsiones de ejecución
presupuestaria que a finales del mes de septiembre el Gobierno estableció
al presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Como pueden ver en el cuadro de la página 4, la ejecución del presupuesto
no financiero del Estado hasta noviembre de 1993 muestra un déficit de
caja no financiero de dos billones 956.000 millones, importe que absorbe
el 4,8 por ciento del PIB nominal y que experimenta un crecimiento del
188,8 por ciento respecto de igual período de 1992.

Este comportamiento en las cuentas públicas se explica por la conjunción
de un crecimiento del 15 por ciento en los pagos y una disminución del
0,6 por ciento en la recaudación, si bien la evolución de esta última se
debe principalmente a la caída de los impuestos directos e indirectos en
un 7,2 por ciento y un 6,4 por ciento, respectivamente, ya que el resto
de los capítulos de ingresos registraron un crecimiento global del 53,2
por ciento.

En el cuadro de la página 5 se analiza el efecto de añadir al déficit de
caja la variación neta de activos financieros, con lo que se obtiene la
necesidad de endeudamiento, concepto que permite conocer la totalidad de
recursos que el Estado necesita para financiar sus operaciones, tanto
financieras como no financieras. En los once primeros meses de 1993 la
variación neta de activos financieros ha disminuido un 22,2 por ciento en
relación al ejercicio pasado, hasta alcanzar el importe de 402.000
millones, lo que provoca que la necesidad de endeudamiento del Estado por
este período se eleve a tres billones 459.000 millones, un 118 por ciento
más que en 1992.

Como se pone de manifiesto en el informe, la disminución registrada y la
variación neta de activos financieros responde a un hecho coyuntural que
altera la comparación homogénea entre 1992 y 1993. Como creo que ya
conocen ustedes, a 31 de diciembre de 1991 la deuda acumulada no imputada
al presupuesto en el Insalud-Gestión directa ascendía a 251.000 millones,
y teniendo en cuenta la participación de las comunidades autónomas, la
deuda se elevaba a 561.000 millones en el Insalud estatal.

Para sanear la situación financiera del Insalud, el Estado concedió un
préstamo a la Seguridad Social a lo largo de tres anualidades: la primera
de ellas, por 280.000 millones, tuvo lugar a finales de 1992, y el resto
del préstamo se decidió distribuir en dos anualidades de idéntico
importe, 140.000 millones, de modo que en 1993 el importe del préstamo
del Estado al Insalud es la mitad del que tuvo lugar en 1992.

No obstante, el resto de las rúbricas que afectan a la variación neta de
activos financieros ha registrado reducciones en todos sus conceptos, si
bien es significativa la disminución relativa a la participación del
Estado en la cartera de valores de las empresas públicas, que con un
volumen global de adquisiciones netas de 68.000 millones, minora en un
26,8 por ciento la participación existente en 1992.

En el cuadro de la página 8 se muestran los instrumentos que ha utilizado
el Estado para financiar su necesidad de endeudamiento. En este cuadro
implícitamente se pueden apreciar dos efectos de claro signo favorable.

En primer lugar, un paulatino proceso de sustitución de la deuda a corto
por la deuda a medio y largo plazo, por lo que no sólo se obtiene un
ahorro en los costes financieros al aprovechar los menores tipos de
interés, sino que además se garantiza la estabilidad, la financiación del
Tesoro.

En segundo lugar, las emisiones de activos financieros han aportado una
cantidad de fondos que han permitido reducir la deuda con el Banco de
España en un billón 637.000 millones, garantizándose así el cumplimiento
legal del límite de recurso al Banco de España.

En efecto, con unos recursos de cinco billones 116.000 millones que el
Estado ha obtenido de la deuda interior a medio y largo plazo y con los
412.000 millones captados de los mercados financieros del exterior, el
Tesoro público ha podido materializar una disminución neta de casi
390.000 millones en títulos a corto plazo, reducir más de un billón y
medio la apelación al Banco de España y financiar las necesidades de
endeudamiento.

Entrando en el presupuesto de ingresos del Estado, en el cuadro de la
página 11 pueden observar que en noviembre de 1993 la ejecución del
presupuesto de ingresos no financieros del Estado es menor en un 0,6 por
ciento a la obtenida en igual período del año anterior hasta situarse en
once billones 343.000 millones.

Como ya les he anticipado, la principal causa del bajo rendimiento del
crecimiento de los ingresos se explica por la caída de los impuestos
directos en un 7,2 por ciento y de los indirectos en un 6,4 por ciento.

Incluso el empeoramiento hubiera sido más pronunciado de no haberse
registrado la evolución positiva del resto de las partidas de ingresos y,
en concreto, de los ingresos patrimoniales al alcanzar dicho capítulo
presupuestario un volumen de un billón 205.000 millones frente a 697.000
millones de recaudación en igual período del año anterior.

Esta expansión obedece a los dividendos ingresados por el Banco de
España, donde las plusvalías obtenidas en la gestión de las divisas, como
consecuencia de la devaluación de la peseta, junto con los beneficios
normales, han permitido un ingreso de algo más de un billón de pesetas en
los dividendos procedentes del INH, en virtud de la privatización parcial
de Repsol y la Sociedad Estatal Patrimonio Uno, como consecuencia de la
privatización parcial de Argentaria, que en total suman unos dividendos
de 128.000 millones.

En el cuadro de la página 12 aparece la recaudación por impuestos
directos, cuyo importe asciende a cinco billones 292.000 millones. Dentro
de la imposición directa sobresale el descenso en un 7,2 por ciento de
los ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y



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un 7,7 por ciento de los correspondientes al Impuesto sobre Sociedades,
que ya han alcanzado un importe de cuatro billones 193.000 millones y un
billón 8.000 millones, respectivamente. Aunque la mayoría de las causas
que explica la evolución negativa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas está ligada al ciclo económico adverso, me gustaría
destacar alguna de las más significativas.

En primer lugar, los ingresos por retenciones de trabajo han
experimentado una reducción del 3,6 por ciento con motivo de la caída del
empleo, a lo que hay que añadir la falta de ingresos de las retenciones
de trabajo por la Seguridad Social frente a 82.500 millones que ingresó
en 1992, y los 113.000 millones ingresados por las comunidades autónomas
por este concepto frente a los 336.000 millones ingresados el año pasado.

Otro factor significativo que explica el comportamiento del tributo se
encuentra en los 381.000 millones de mayores devoluciones realizadas en
lo que llevamos transcurrido del año, tanto por la mayor agilidad en la
gestión de las mismas como por los 250.000 millones de devoluciones
correspondiente a las liquidaciones de 1991 que se desplazaron a 1993.

Por último, un aumento en torno al 28 por ciento en los aplazamientos y
el moderado avance de los ingresos por pagos fraccionados, derivados
tanto de la negativa evolución de la actividad económica como de la
reducción de los mismos en estimación objetiva por módulos, explican la
disminución del 7,2 por ciento en la recaudación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

A pesar de todo ello, pienso que las previsiones de liquidación al cierre
de 1993 contenidas en el proyecto de ley de presupuestos pueden
alcanzarse. Si recuerdan, la estimación de recaudación para final de este
año ascendía a cuatro billones 818.000 millones, lo que significa que en
diciembre están pendientes de ingresar unos 600.000 millones más.

Teniendo en cuenta que aún quedan por ingresar las retenciones de trabajo
y el capital mobiliario del último mes, que están firmados unos acuerdos
de compensación de deudas con las comunidades autónomas por las que éstas
deberían ingresar las retenciones pendientes del año que ascienden a unos
182.000 millones y que la Seguridad Social debe, en concepto de
retenciones por trabajo, 270.000 millones, existe margen suficiente para
recaudar una cantidad compatible con el cumplimiento de la previsión.

La recaudación obtenida en noviembre por Impuesto sobre Sociedades ha
ascendido aproximadamente a un billón de pesetas, lo que supone 84.000
millones menos que en noviembre del año pasado.

El claro empeoramiento de estos ingresos está influido por la caída de
los beneficios empresariales en 1992, por lo que se tributa en 1993 y
que, según los últimos datos facilitados por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, se minoran en un 15 por ciento. También en este
tributo existen garantías de recaudar a final de año un billón 149.000
millones previsto, puesto que está pendiente el pago a cuenta de
diciembre por el que se liquidará el 20 por ciento de la cuenta ingresada
en junio de 1993, correspondiente a los beneficios de 1992, y las
retenciones por rendimiento del capital mobiliario del último mes.

Pasando al cuadro de la página 16, en lo que se refiere a los impuestos
indirectos, la recaudación se eleva a cuatro billones 208.000 millones,
cifra inferior en un 6,4 por ciento a la efectuada en igual período de
1992. En este decrecimiento ha influido el descenso del IVA en un 10,2
por ciento, así como la caída en un 51,6 por ciento de los ingresos
procedentes del tráfico exterior.

La recaudación por IVA asciende a dos billones 630.000 millones, un 10,2
por ciento menos que en el mismo período del año anterior, siendo las
siguientes razones las principales que indican esta evolución. La caída
del consumo, principal componente de la base imponible de este Impuesto,
y especialmente la del sector automovilístico, en los diez primeros meses
del año ha sufrido un descenso en las ventas del 25 por ciento, así como
la reducción de las importaciones; el fuerte incremento de los
aplazamientos que a noviembre supone un crecimiento en torno al 86 por
ciento y, por último, la reducción del tipo incrementado del 28 por
ciento al 15 por ciento, recaudación que si bien se traslada al nuevo
impuesto especial sobre determinados medios de transporte, supone una
minoración en torno a 87.000 millones.

También la nueva subida de las adquisiciones intracomunitarias desplaza
ingresos anteriormente recogidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido,
importaciones, estimados en el 61 por ciento de los mismos, hacia
Impuestos sobre el Valor Añadido de operaciones interiores. Esta
circunstancia incide en una ligera minoración de la recaudación al
desplazarse a las diputaciones forales del País Vasco y de Navarra
ingresos por adquisiciones intracomunitarias de las entidades con
domicilio fiscal en esos territorios, ingresos que en 1992 estaban
incluidos en IVA importación.

El comportamiento de la recaudación de este tributo indica la posibilidad
del cumplimiento de la previsión al cierre del año. La estimación al
final de 1993 se situaba en dos billones 682.000 millones, con lo que
esta cifra se cumplirá si en el mes que resta para acabar el año se
ingresa un poco más de 50.000 millones, circunstancia que parece más que
probable teniendo en cuenta que está pendiente de realizarse la
recaudación correspondiente a la última liquidación mensual de grandes
empresas.

En el resto de rúbricas que componen la imposición indirecta cabe
destacar el aumento del 1,3 por ciento en los impuestos especiales de
fabricación con una recaudación de un billón 309.000 millones. Se ven
afectados por la elevación de los tipos en el Impuesto sobre
Hidrocarburos aplicados a las gasolinas y a los gasóleos a partir de
agosto. La reducción del consumo del alcohol y bebidas derivadas explica
la disminución del 14,3 por ciento en la recaudación del tributo que
grava estos productos y, por el contrario, los impuestos sobre cerveza y
las labores del tabaco ven aumentada su recaudación en un 57,2 por ciento
y en un 9,9 por ciento, respectivamente, en virtud



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del aumento de tipos recogidos en la ley de 28 de diciembre de 1992, de
Impuestos Especiales.

El resto de los capítulos del presupuesto de ingresos no financieros del
Estado aporta una recaudación de menor importancia cuantitativa. No
obstante, me gustaría hacer referencia al capítulo de transferencias
corrientes que, con unos ingresos de 223.000 millones, aumentan un 11,2
por ciento respecto del año anterior. La partida más significativa de
este capítulo es la transferencia del Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado, con unos ingresos de 143.000 millones, pero también
debe considerarse que está pendiente el ingreso de una transferencia
corriente de la Seguridad Social de unos 92.000 millones.

Las operaciones del capital han generado una recaudación de 165.000
millones. Entre ellas destaca el aumento en un 63,1 por ciento en las
transferencias de capital, cuyo origen procede en su totalidad de las
aportaciones del presupuesto comunitario, que se elevaron a 160.000
millones. En este sentido me gustaría recordarles que en el informe que
se les ha entregado sólo se registran los ingresos procedentes de la
Comunidad Económica Europea que recibe el Estado. No obstante, muchas de
las aportaciones comunitarias son recibidas por organismos y entes
distintos del Estado, tales como el Forppa, el Inem o bien las
comunidades autónomas, otros entes públicos, etcétera. De modo que el
análisis más adecuado exige referirse al flujo financiero de ingresos que
por todos los conceptos proceden de la Comunidad Económica Europea. En
este sentido los ingresos totales recibidos por España de la Comunidad
Económica Europea a noviembre de 1993 se situaron en algo más de un
billón de pesetas, del que las aportaciones comunitarias derivadas del
Feoga-Garantía, Feder, Fondo Social Europeo, así como del instrumento
financiero de cohesión, explican la práctica totalidad de este importe,
unos 900.000 millones los tres primeros y 27.000 millones el Fondo de
cohesión.

En lo que se refiere a los gastos, el volumen total de pago no financiero
se situaba a finales de noviembre en 14 billones 300.000 millones, lo que
supone que, frente al ligero descenso de los ingresos, los pagos han
discurrido de forma inversa, creciendo un 15 por ciento. Es cierto que
esta desviación al alza de los gastos distorsiona las previsiones que se
hicieron a principio de año, pero también es verdad que la evolución de
los mismos está en consonancia con las previsiones que para 1993 están
recogidas en el proyecto de ley de presupuestos. De esta manera, como
tendré ocasión de justificar después, el gasto total por operaciones no
financieras para final de año estará en torno a los 16 billones 700.000
millones previstos.

En el cuadro de la página 19 se observa que la ejecución del presupuesto
de gasto parte de unos créditos inicialmente aprobados por las Cortes
para el ejercicio 1993 de 14 billones 752.000 millones, cifra superior en
un 7,8 por ciento a la registrada en 1992. Acumulado a noviembre, se han
autorizado modificaciones de crédito por importe de un billón 535.000
millones. Por tanto, el volumen de créditos finales en noviembre de 1993
asciende a 16 billones 287.000 millones, cuantía que supera en un 10 por
ciento la alcanzada en igual período del ejercicio anterior.

Como pueden ver en el cuadro de la página número 20, los créditos
extraordinarios y suplementos de crédito constituyen las modificaciones
presupuestarias de mayor importancia cuantitativa, con 719.000 millones.

Los mayores créditos por estos conceptos se han concentrado en las
transferencias corrientes y más concretamente en los créditos
extraordinarios destinados a cubrir las insuficiencias producidas en el
Inem durante 1991 y 1992 en materia de gestión de prestaciones por
desempleo, por 222.000 y 237.000 millones respectivamente.

Los gastos de personal también han necesitado créditos extraordinarios
por 80.000 millones, cuya finalidad ha sido la actualización de las
retribuciones del personal al servicio del sector público y, por último,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley de Medidas Urgentes,
se han aprobado créditos extraordinarios por 50.000 millones al objeto de
financiar programas de inversión en infraestructura.

Aunque no aparece recogido en el informe, quisiera recordarles que con
fecha 4 de diciembre se aprobó el Real Decreto-ley 17/1993, por el que se
concede al Inem un crédito extraordinario para cubrir las insuficiencias
por prestaciones de desempleo durante 1993 por 456.000 millones. Si a
estos 456.000 millones se le añaden los 16 billones 287.000 millones de
créditos aprobados a 30 de noviembre, les resultarán unos créditos
finales a diciembre de unos 16 billones 700.000 millones, cifra que
coincide con los gastos no financieros previstos para 1993 por el
Gobierno al presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1994.

En lo que se refiere a las ampliaciones de crédito, de un montante total
de 257.000 millones, las aportaciones del Estado al Insalud para
financiar sus operaciones corrientes y las ampliaciones para atender los
intereses de la deuda pública explican el 47 por ciento del total. Por su
parte, las incorporaciones de remanente han incrementado los créditos en
514.000 millones. La mayor parte de estas incorporaciones se refieren a
operaciones de capital, ya que sólo en inversión civil las
incorporaciones ascendieron a 325.000 millones.

Centrándonos ya en la ejecución del presupuesto de gasto, les diré que en
el cuadro de la página 24 se observa que la evolución de las obligaciones
reconocidas durante los once primeros meses de 1993 ha experimentado un
aumento del 13,2 por ciento, hasta situarse en 14 billones 518.000
millones. Los gastos de personal, con algo más de dos billones, han
mostrado un diferente comportamiento entre personal activo y pasivo,
puesto que el gasto en personal activo creció en 2,7 por ciento y las
pensiones de clases pasivas lo hicieron en un 6 por ciento. Los 341.000
millones de pesetas de gastos en bienes corrientes y servicios suponen el
significativo avance del 20,8 por ciento, que se explica casi en su
totalidad por las incorporaciones de remanentes de años anteriores, que
ascendieron a 48.000 millones.




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Continuando en el cuadro de la página 24, los gastos financieros se han
elevado, a finales de 1993, a 2 billones 207.000 millones, cifra que
supone un aumento del 15,3 por ciento en relación a la obtenida en el
ejercicio anterior y que contrasta con el aumento del 35,7 por ciento que
registran los pagos por este capítulo, tal como pueden ver ustedes en el
cuadro de la página 31. Este diferente comportamiento entre gastos y
pagos se debe al vencimiento de gran parte de las letras del Tesoro
emitidas a finales del año pasado, que da lugar al correspondiente pago
de intereses. Como ya les dije al principio de mi intervención, se está
produciendo un continuado proceso de reestructuración de la deuda pública
a favor de los instrumentos a medio y largo plazo, lo que permite la
estabilidad en la financiación del Tesoro y, además, la reducción de las
cargas financieras por intereses, al ser menores éstos que la deuda a
medio y largo plazo. Así, por ejemplo, en la última subasta de 28 de
octubre de bonos a tres y cinco años, las emisiones se colocaron a un
tipo de interés medio en torno al 8 por ciento, mientras que las letras
del Tesoro, subastadas el 5 y el 19 de noviembre, se colocaron alrededor
de un tipo medio del 8,5 por ciento. En todo caso es significativamente
inferior a los tipos de algunos meses atrás.

Como consecuencia de todo lo anterior, los intereses de la deuda a medio
y largo plazo han crecido un 21,7 por ciento respecto de noviembre de
1992, y la carga financiera derivada de los valores a corto plazo lo ha
hecho sólo en un 6,2 por ciento. Por su parte, los intereses y demás
gastos de la deuda exterior han crecido en torno al 75 por ciento, si
bien el volumen global de los mismos es poco significativo respecto a los
intereses totales.

En definitiva, la evolución de los tres primeros capítulos del
presupuesto de gastos a finales de noviembre no va a plantear dificultad
alguna para que cuando acabe el año se cumplan las previsiones
contempladas en el avance de liquidación, puesto que los gastos que
restan en el mes de diciembre son perfectamente conocidos y están
adecuadamente controlados.

En lo que se refiere a las transferencias corrientes, el gasto incurrido
hasta noviembre de 1993 es de casi ocho billones, lo que supone algo más
del billón si se compara con las obligaciones reconocidas en el mismo
período del año pasado, tal como pueden ver en el cuadro de la página 26.

Esta evolución es perfectamente consistente con la que pueden apreciar en
el cuadro de la página 32, donde se recogen, entre otros, los pagos por
transferencias corrientes que como verán también exceden en poco más de
un billón de los registrados en noviembre de 1992.

De todos los capítulos del presupuesto de gastos, sin duda es el capítulo
4 el que mayor desviación ha sufrido respecto a los créditos que
inicialmente se aprobaron, siendo el desbordamiento de los gastos por
desempleo y las desviaciones del Insalud las principales razones de tal
divergencia. No obstante, quisiera incidir, una vez más, en que estas
desviaones ya estuvieron previstas cuando se prsentó el proyecto de ley
de presupuestos y el avance de liquidación para 1993, de modo que tampoco
existen dificultades para que esta última previsión se materialice.

El principal destino de las transferencias corrientes ha sido la
aportación dirigida a financiar la asistencia sanitaria, por un billón
878.000 millones, y el complemento de las pensiones mínimas, por 214.000
millones. Por su parte, las comunidades autónomas y las corporaciones
locales han recibido transferencias por un total de dos billones 456.000
millones, correspondiendo la práctica totalidad de los mismos a la
participación de estos entes territoriales en los ingresos del Estado.

Por último, el Estado ha transferido al Inem, en concepto de aportación
al desempleo, algo más de un billón de pesetas.

Como ya he dicho, las transferencias corrientes a noviembre de 1993 se
sitúan en casi ocho billones y, para el final del ejercicio, el gasto
compatible, por las estimaciones de avance de liquidación, sitúan a éstas
en nueve billones 219.000 millones, lo que supone que, en diciembre, los
fondos transferidos para el capítulo cuatro crecerán en algo más de un
billón de pesetas. Esta circunstancia aparece perfectamente recogida en
las previsiones y obedece a los gastos derivados de las mensualidades
destinadas a sanidad, a la participación en los ingresos del Estado,
etcétera, y sobre todo al crédito extraordinario de 456.000 millones que,
como les apuntaba anteriormente, se aprobó con fecha 4 de diciembre de
1993 y cuyo destino era cubrir las insuficiencias del Inem durante 1993
por prestaciones por desempleo.

Por lo que respecta al gasto por operaciones de capital, el cuadro de la
página 24 muestra las obligaciones reconocidas en inversiones reales que
se han incrementado en un 15 por ciento, situándose en 883.000 millones.

Sin embargo, los pagos que aparecen en la página 31 presentan tan sólo un
crecimiento del siete por ciento, siendo el motivo principal del desfase
el mayor importe de pagos por presupuestos cerrados que se efectuó en
1992.

Por último, en el cuadro de la página 29, se recogen los gastos por
transferencias de capital por un importe de 854.000 millones, un 12,5 por
ciento más que en noviembre del año pasado, aunque, por similares causas
que en las inversiones reales, los pagos sólo crecen un 2,2 por ciento.

De entre ellos destaca la disminución de los fondos transferidos a
comunidades autónomas en un 14 por ciento, hasta alcanzar 153.000
millones, lo cual se explica por la integración de la compensación
transitoria y la participación en los ingresos del Estado. Del importe
total de estas transferencias, 112.000 millones corresponden a la
financiación de las comunidades autónomas vía fondo de compensación
interterritorial.

Hasta aquí, señor Presidente, la explicación del documento que había sido
presentado y, como resumen, sólo me falta añadir que, como se pone de
manifiesto, la ejecución del presupuesto, a finales de noviembre de 1993,
presenta los mismos rasgos que ya presentaba este presupuesto cuando lo
vimos a finales de agosto de 1993, o cuando lo vimos con ocasión de la
presentación del proyecto de ley de presupuestos; sus características
fundamentales eran una reducción importante de los ingresos previstos
como consecuencia de la situación económica,



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así como un aumento también importante de las previsiones de gasto como
consecuencia de las nuevas necesidades a que ha habido que hacer frente
desde el presupuesto de gastos. Todo ello, a la altura del mes de
noviembre, nos permite ver que podrán cumplirse las previsiones de
liquidación del Presupuesto de 1993 que fueron avanzadas con motivo de la
presentación del presupuesto para 1994.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo con las normas de esta Comisión, habría
lugar en este momento a un turno de intervenciones, pequeñísimo, por
parte de los grupos para indicar qué aspectos tenían que haber figurado
en el informe escrito presentado a los grupos, así como en la
intervención del propio Secretario de Estado, que no han figurado. En
términos estrictos, dado que la comparecencia del señor Martínez Robles
se produce por la inicial petición del Grupo Popular, debería ser
expuesto en su caso por este Grupo; no obstante, si cualquier otro Grupo
quiere hacerlo, ahora es el momento de efectuar ese trámite en un breve
espacio de tiempo. (Pausa.)
Entiende la Presidencia que, bien en el documento o bien en la
intervención, se han cumplido todos los aspectos que debían figurar en el
informe y, por tanto, vamos a proceder a dar la palabra a los distintos
grupos según el orden establecido.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Arias-Salgado.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Cumpliendo con el ritual parlamentario,
quiero agradecer, en primer término, la presencia del Secretario de
Estado y quiero agradecerle también la información escrita y oral que nos
ha suministrado, lo suficientemente completa como para evitar algunas
preguntas, por haber despejado algunas de las incógnitas que teníamos. En
cualquier caso, creo que la comparecencia del señor Secretario de Estado
está justificada por la gravedad de la situación presupuestaria. Yo creo
que la afirmación de que se cumplen las previsiones es una afirmación
optimista, son previsiones modificadas una y otra vez y, en cualquier
caso, la situación desde el punto de vista presupuestario es una
situación complicada, y era preciso tener los últimos datos de que
disponía la Administración pública dada la conclusión del debate
presupuestario la próxima semana en la sesión plenaria de este Congreso
de los Diputados.

Hay otra razón, que yo agradecería al señor Secretario de Estado que se
tuviera en cuenta para fases sucesivas. Con motivo de esta comparecencia,
el envío de la información ha funcionado correctamente, pero ha ocurrido
en ocasiones anteriores y con una cierta frecuencia que, en el momento
que se envía a las Cámaras determinada información, aparece ya en los
medios de comunicación la información relativa al mes siguiente. Eso es
exactamente lo que ha ocurrido con la información sobre el déficit de
Caja: el folleto, muy bien editado y con colores magníficos, se envía a
la Cámara en el mes de septiembre, ya el Ministerio había suministrado a
los medios de información todo lo relativo al déficit de Caja del mes de
octubre.

Yo no tengo ningún inconveniente en que, como es lógico, el Ministerio
cumpla con los medios de comunicación social, lo que me parecería todavía
más correcto es que esa remisión de información se produjera, al menos,
de forma simultánea a la Cámara y a los medios de comunicación, con
objeto de poder emitir opiniones razonables y fundadas a la vista de esa
información.

Siguiendo las instrucciones de la Presidencia, voy a realizar al señor
Secretario de Estado algunas preguntas relacionadas con el informe de
ejecución presupuestaria y con la intervención que acaba de realizar. La
primera de ellas se basa en uno de los cuadros que aparece en el informe
de presentación de los presupuestos relativo a la evolución del déficit
de Caja no financiero del Estado, donde se hace una previsión total, para
el año 1993, de 3 billones 688.000 millones de pesetas, equivalentes al 6
por ciento del PIB. Pues bien, en este cuadro hay un renglón que se
denomina «operaciones no presupuestarias» que dan un saldo positivo por
una cuantía de 75.000 millones de pesetas, que naturalmente van
destinadas a disminuir el déficit. Yo querría saber exactamente cuáles
son esas operaciones no presupuestarias que implican una disminución del
déficit, partida que si bien con relación al año 1993 no es
cuantitativamente muy importante, sí lo ha sido en los dos años
anteriores que alcanzaron una cuantía de 259.000 millones, en 1991, y de
251.000 millones, en 1992, y no sé exactamente a qué hacen referencia
esas operaciones extrapresupuestarias.

La segunda pregunta está relacionada con el cambio de financiación de la
deuda pública, no tanto en el sentido en que ha expresado el señor
Secretario de Estado de ir cambiando la deuda a corto por deuda a medio y
largo plazo para rebajar los costes financieros, sino más bien en el
sentido de que si esto se ha producido por una parte, por otra, hay un
cambio de financiación al obtenerse en mayor medida financiación de
mercado al tener que abandonar por cumplimiento del Tratado de Maastricht
la financiación privilegiada del Banco de España. Lo que pregunto es si
se puede evaluar el coste que supone pasar de esa financiación
privilegiada de recursos del Banco de España a la financiación obtenida
en términos de mercado. Esta sería la segunda pregunta: si, de alguna
manera, se puede evaluar el mayor coste financiero que supone ese
obligado cambio en el sistema de financiación del endeudamiento.

La tercera pregunta va referida al saldo que, como consecuencia de todas
estas operaciones, tiene la cuenta del Tesoro en el Banco de España.

¿Cuál es el saldo actual del recurso del Tesoro al Banco de España?
La cuarta es una pregunta relacionada con la deuda. La deuda pública en
circulación se ha incrementado como consecuencia de los nuevos mecanismos
de financiación a los que nos hemos referido, aunque no hay que olvidar
que la raíz del problema es la fuerte desviación del déficit público.

Dentro de la deuda pública, como ha dicho el señor Secretario de Estado,
la deuda interior negociable a medio y largo plazo es la que más aumenta,
aumenta un



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206,9 por ciento, seguida de los préstamos al exterior, que aumentan en
un 18,8 por ciento. Ahora bien, en su anterior comparecencia, el señor
Secretario de Estado estimó que la deuda pública de las administraciones
públicas se situaría, para el conjunto del año, en el 53 por ciento del
PIB. En el segundo trimestre, según los datos del Banco de España, la
deuda pública alcanzaba ya el 53,1 por ciento. Por tanto, había superado
ligeramente ese nivel y el déficit casi se ha duplicado desde esa fecha.

¿Mantiene, señor Secretario de Estado, la previsión del 53 por ciento a
que se refirió en su anterior comparecencia del pasado 3 de noviembre?
Por cierto, que esa cifra no se dio desglosada, por lo cual querría saber
también si esa previsión incluye sólo la deuda del Estado, la deuda de
todas las administraciones centrales o la deuda de todas las
administraciones públicas.

Pasando a los ingresos no financieros, creo que aquí el elemento
fundamental de reflexión, señor Secretario de Estado, es, evidentemente,
la caída de los ingresos. En mi posterior intervención tendré ocasión de
hacer alguna reflexión, crítica, sobre lo que supone esta caída de los
ingresos, para poner de relieve también la necesidad de adoptar algunas
medidas coyunturales que reactiven la actividad económica, y
concretamente la demanda, tanto por el lado del consumo como por el lado
de la inversión, para evitar precisamente que continúe la caída de los
ingresos. En todo caso, la caída de los ingresos pone de relieve que se
elaboran unos presupuestos sin tener muy en cuenta, exactamente, cuál es
la situación económica concreta en el momento de la elaboración, por lo
cual se producen con posterioridad una serie de desviaciones.

El señor Secretario de Estado ha dicho que el total de ingresos no
financieros se eleva a 11 billones 343.000 millones, frente a los 11
billones 414.000 millones registrados en 1992, con lo cual hay una caída
del 0,6 por ciento menos que en 1992, que es una cifra significativa. La
pregunta va relacionada con la explicación, que yo no he acabado de
entender bien y que tampoco pude entender en su anterior comparecencia,
de la caída de la recaudación del IRPF y con la contabilización que ha
hecho de las retenciones. El IRPF registra una caída del 7,2 por ciento,
que se convierte en un crecimiento del 4,1 si se tiene en cuenta las
operaciones realizadas con las retenciones. En su intervención del 3 de
noviembre se refirió a una cifra de 250.000 millones que habría que
contabilizar, pero no se hace referencia a esa corrección en el informe
que se ha enviado para esta comparecencia. Por ello, yo le haría aquí dos
preguntas. ¿Cuál es el importe de las devoluciones correspondientes a la
liquidación de 1991, que se desplazaron a 1993? LA segunda es si se ha
cerrado la campaña de renta de 1992 en este ejercicio de 1993. Dicho de
otro modo, ¿se han realizado todas las devoluciones de 1992 o queda
alguna partida pendiente para 1994? Es importante conocer estas cifras
para saber exactamente hasta qué punto continúa la caída en el IRPF o,
por el contrario, si se va a poder cumplir la previsión del 4,1 por
ciento positiva, a que se ha referido también el señor Secretario de
Estado.

¿Ha mantenido la previsión de recaudación en lo que afecta al Impuesto de
Sociedades? Yo creo que la caída de los beneficios empresariales es
extraordiariamente fuerte, y no sé si será posible recaudar solamente en
el mes de diciembre los 140.000 millones de pesetas que hay que recaudar
por el Impuesto de Sociedad para mantener la previsión a que hacía
referencia el señor Secretario de Estado. En cualquier caso, si pudiera
extenderse algo más en la explicación en la que asienta la afirmación de
que se podrá cumplir la previsión realizada, se lo agradecería.

Lo que preguntaría también con respecto a los ingresos, es si mantienen
la previsión de recaudación en lo que afecta al IVA. Para el conjunto del
año se había previsto una caída del 13,8 por ciento. Para cumplir esta
previsión habrán de recaudarse en diciembre 51.500 millones de pesetas en
concepto de IVA. Dada la caída del consumo, ¿hay razones justificadas,
sólidas, para mantener esta previsión?
No voy a entrar en otros ingresos, salvo en lo relativo a las
transferencias corrientes en las que se ha producido un incremento de
recaudación o de ingreso del 11,2 por ciento. Hasta noviembre del
presente año se han recaudado 223.500 millones y la previsión es de
417.000 millones; es decir, que están muy por debajo de la previsión los
ingresos realizados a 30 de noviembre del presente año. ¿Será posible
también mantener esta previsión? De lo contrario, habría que incrementar
consecuentemente la cifra del déficit.

En relación con el presupuesto de gastos no financieros en el que se ha
producido una notable desviación y que pone de relieve una fuerte
morosidad del Estado en sus pagos, y sin perjuicio de que me referiré
críticamente, con posterioridad a la contestación del señor Secretario de
Estado, a algunas de las cuestiones que plantea el presupuesto de gastos
no financieros, querría hacerle la siguiente pregunta. Lo más destacado,
y así lo ha referido el señor Secretario de Estado, es que crecen más
deprisa los pagos realizados, 15 por ciento, que las obligaciones
reconocidas, 13,2 por ciento. Esto quiere decir que para una recaudación
próxima a los derechos reconocidos, el déficit de Caja es superior a la
necesidad de financiación, es decir, al déficit en términos de
contabilidad nacional, justo lo contrario de lo que se recoge en el
avance de liquidación para todo el año, en que el déficit de Caja es de
tres billones 688.000 millones, 6 por ciento del PIB, que es inferior a
la necesidad de financiación, tres billones 785.000 millones, es decir,
6,2 por ciento del PIB. La pregunta es la siguiente. ¿Significa esto que
están ustedes restringiendo en estos momentos el reconocimiento de
obligaciones, es decir, se está frenando desde el Gobierno la ejecución
presupuestaria para que haya menos déficit?
En relación con las modificaciones de los créditos iniciales, realmente
es espectacular el dato de que se ha producido un 39,5 por ciento en
relación con las modificaciones habidas en el año 1992, modificaciones
que afectan, ni más ni menos, que a un billón 535.000 millones de
pesetas. A ellas me referiré también con posterioridad para desglosar esa
cifra en lo que afecta a créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, a incorporaciones



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de crédito y a ampliaciones de crédito; técnicas presupuestarias
deficientes que expresan, a mi juicio, una pérdida del control del
proceso presupuestario por parte del Gobierno en el transcurso del
presente año.

Quisiera hacerle una última pregunta para acortar un poco este trámite.

¿En términos de contabilidad nacional se mantiene la previsión del
déficit en el 6,2 por ciento, expresado en términos de PIB? Me parece que
es la previsión relativa al conjunto de las administraciones centrales,
pero no al conjunto de las administraciones públicas, en administraciones
públicas me parece que es un punto y medio más; en cualquier caso, con
respecto a las administraciones centrales, habida cuenta de todos los
datos que el señor Secretario de Estado nos ha dado, a 30 de noviembre, y
de las previsiones que con arreglo a esos datos se pueden realizar para
el mes de diciembre, ¿se mantiene como previsión razonable la cifra de
déficit en términos de contabilidad nacional del 6,2 por ciento,
expresado en términos de producto interior bruto?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Hoy es un día de sorteos. A unos les han
agraciado con «el gordo», y a otros el Estado nos ha triplicado el
déficit. Yo creo que son exhaustivos los datos que ha traído el señor
Secretario de Estado de Hacienda, pero me gustaría centrar la solicitud
de información en este trámite en cuatro bloques de preguntas.

La primera iría dirigida a las previsiones iniciales que tenía el
Gobierno a la hora de aprobar este presupuesto en cuanto al déficit de
caja, que parece ser que ya ha sobrepasado los tres billones de pesetas,
aunque la cifra que ahora mismo barajamos es de 2,9 billones de pesetas.

Sobre todo, quisiera saber de qué manera se van a ajustar a los
parámetros de convergencia que el Gobierno utilizó hace apenas un año con
aquel acuerdo con las distintas administraciones, incluidas las
autónomas, comprometiéndolas al recurso a la deuda hasta una determinada
cantidad para, progresivamente, en el año 1996, llegar a un déficit o a
un recurso a la deuda bastante inferior. En este caso concreto, le
pregunto qué medidas piensa adoptar el Gobierno para ajustarse a esos
parámetros de convergencia y de qué manera se pueden abrir aquellos
acuerdos que se tomaron con las distintas administraciones. Porque esta
enfermedad que padece el Estado como Administración central también la
padece el Estado a nivel de administraciones autónomas y locales. En
cualquier caso, me gustaría conocer si el Ministerio de Hacienda tiene
hecho el cálculo, a cuánto asciende la deuda del conjunto de las
administraciones.

En cuanto a la composición de la deuda, usted ha hecho una valoración
positiva, porque es cierto que se ha reducido el recurso a la deuda a
corto plazo, las letras del Tesoro, y se ha incrementado la deuda a largo
plazo, a cinco o diez años. Por eso, ha crecido lo que llaman deuda
interior en un volumen importante. Me gustaría preguntar, reconociendo
que eso es positivo para las finanzas públicas, si era necesario, si era
prioritario para las arcas públicas actuar con esas prisas o ese enorme
esfuerzo que ha supuesto quitar la relación de privilegio con el Banco de
España, 1,6 billones de pesetas, para transformarlo en deuda más cara,
puesto que la hemos tenido que negociar con más requisitos. ¿Era esto
prioritario para la construcción de Maastricht? ¿Qué nos pueden haber
costado esos recursos extra? ¿Qué es lo que vamos a pagar en concepto de
intereses por ese ajuste en función de una serie de compromisos?
Hay un dato que desconozco, lo digo sinceramente y, por tanto, puedo
estar equivocado: si los pagarés del Tesoro debieran haberse suprimido ya
y la proyección que tienen en estos presupuestos. No recuerdo bien, pero
parecía que iban a desaparecer tras la aprobación de la ley de la renta.

Se contrajo una especie de deuda especial para zanjar aquella cuestión,
pero sigue proyectándose, aunque reducida sensiblemente. Me gustaría que,
si es posible, me lo explicara.

En relación con esto, observamos en la página 31 que los gastos
financieros se han incrementado en un volumen importante para hacer
frente a esta evolución. En esta página se contempla un incremento en los
gastos del Estado, con respecto al año pasado, de un 35,7 por ciento. Me
gustaría también conocer cuál es la evolución de estos gastos financieros
para ver cómo han evolucionado en el año. Queremos saber si el acumulado
se ha producido en el mes de noviembre o si ha ido evolucionando durante
todo el ejercicio.

En la distribución de la deuda, habla S. S. de que la deuda interior
negociable sufre un incremento importante. Me gustaría conocer cuándo ha
contraído esa deuda interior el Gobierno, si se ha distribuido a lo largo
del año o si se ha contraído al final de la liquidación que ahora se nos
presenta; de qué manera se han distribuido esos 5,1 billones a lo largo
del ejercicio o si se han concentrado en algún momento determinado.

Por otro lado, me gustaría hacer referencia a la evolución de caja y al
pago de las administraciones para saber si existe retraso real del pago
por parte de la Administración del Estado.

Podemos estar cumpliendo aparentemente la legalidad, aunque creo que no,
porque ya hay retraso importante en el pago. Por ello, me gustaría que se
supiera, en primer lugar, qué tarda la Administración central desde la
adjudicación a la certificación de un pago determinado de una obra; en
segundo lugar, qué tarda desde que entra la certificación hasta que se
reconoce la obligación; y, en tercer lugar, qué tarda desde que es
reconocida la obligación hasta que se le paga a la empresa.

Por otro lado, en la página 19, donde se habla de la liquidación del
presupuesto de gastos (usted también ha hablado de ello, aunque parece
que íbamos a hablar sólo de endeudamiento), me gustaría que donde hace
referencia a las obligaciones pendientes de pago, que ascienden a 1,3
billones de pesetas, me dijese cuáles de esas obligaciones pendientes de
pago son del presupuesto corriente y cuáles son de ejercicios anteriores.

Asimismo, en esta página se recogen las modificaciones de crédito, que



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constituyen un volumen importante, pues este presupuesto ha tenido un
deslizamiento de 1,5 billones de pesetas. Estas modificaciones de crédito
están explicadas en todo el ejercicio anterior y tienen un deslizamiento
de casi medio billón de pesetas. Nos gustaría conocer cómo han
evolucionado esos remanentes, que son de ejercicios anteriores.

Por último, se anunció por parte del Gobierno, cuando se ponía en marcha
esta legislatura, un principio de austeridad. No sé cómo ha funcionado
esa austeridad en las cuentas públicas porque la evolución final es que
han tenido un deslizamiento importante: empezaron con un volumen
determinado y han subido 1,6 billones de pesetas. En su anterior
comparecencia, cuando le pregunté en dónde se iba a practicar la
austeridad de los 10.000 millones que se anunciaron, S. S. me contestó
que con posterioridad nos informaría qué ministerios tendrían esa
reducción, dónde el Gobierno se había apretado las tuercas. Me gustaría
saber todo eso y, si no lo tiene a mano, que aportara la información por
escrito.

Hay una distribución de la evolución del gasto en la página 20, así como
de las modificaciones de crédito. Me gustaría, si es posible, que esta
plantilla que se aplica a la globalidad del presupuesto la pudiéramos
tener distribuida en los distintos ministerios, puesto que nos daría una
realidad de cómo ha evolucionado en la acción de cada Ministerio, de qué
manera se ha gestionado en cada sección. En todo caso, esperamos que al
término del año no siga aumentando el gasto y que las previsiones
positivas que usted apuntaba sean una realidad en cuanto a la gestión de
los recursos.

En cuanto a las figuras impositivas, se ha hablado de la liquidación de
las previsiones del Impuesto de la Renta. Me gustaría conocer si en esta
liquidación está comprendido el año 1992 o no, y si hay previsión para
que, al final del ejercicio 1993, es decir, en diciembre, se cubra
totalmente esa liquidación del ejercicio de 1992.




El señor PRESIDENTE: El señor Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra.




El señor CASAS I BEDOS: Como conclusión, decía el señor Secretario de
Estado al terminar su intervención que la evolución de ejecución de los
Presupuestos del Estado a finales de noviembre ha seguido las previsiones
realizadas en septiembre, cuando el Secretario de Estado también
compareció para explicar la evolución de los Presupuestos del Estado a
finales de agosto.

En aquella ocasión, mi Grupo Parlamentario mostró su inquietud. Pedíamos,
desde septiembre hasta final de año, un esfuerzo de rigor y de contención
del gasto público para frenar, precisamente, esta evolución al alza del
déficit público. Esta es la magnitud, señor Presidente, que, a nuestro
juicio, gravita muy negativamente sobre nuestra economía productiva. Sin
una contención del gasto y una reducción del déficit público no será
posible presionar a la baja, por ejemplo, los tipos de interés, con lo
que va a ser muy difícil que ayudemos a la esperada recuperación de la
actividad económica. Ya en aquel entonces, en septiembre, nuestro Grupo
anunció que iba a hacer un esfuerzo importante para coincidir con el
Gobierno en una política presupuestaria. Lo hemos hecho, hemos podido
coincidir y hemos introducido una serie de medidas en los Presupuestos
Generales del Estado para 1994 que para nosotros tenían dos grandes
finalidades: una primera, garantizar la estabilidad política necesaria
para que el Gobierno pudiera gobernar y, por tanto, afrontar la crisis
con fuerza, y una segunda, que va ligada a la primera, consistente en
introducir elementos de política activa que apoyaran lo que hemos venido
en llamar la economía productiva.

Si la semana que viene se aprueba definitivamente el proyecto de ley en
el Congreso, este esfuerzo dará como fruto una política presupuestaria
para el conjunto del Estado que puede ayudar a superar la especial crisis
que está sufriendo nuestro país. Esta crisis --lo hemos dicho, pero
merece la pena recordarlo hoy con ocasión de esta comparecencia--, si
bien es cierto que estamos inmersos en una economía occidental del
conjunto de la Comunidad que está sufriendo una recesión importante, no
menos cierto es que una buena parte de la situación especial que vive
España, que es más grave que la de los demás países comunitarios, es
consecuencia de una política del anterior Gobierno, obstinado en mantener
una moneda alta y unos altos tipos de interés, que nosotros veníamos
diciendo reiteradamente que perjudicaban enormemente al tejido industrial
español. Esto se está corrigiendo; ya se corrigió con las devaluaciones y
se intentará corregir --de hecho, ha habido una inflexión importante en
esta política económica-- con la nueva política presupuestaria.

De todas maneras, si no hay un esfuerzo muy importante para contener el
déficit público (quiero decir que cuando comparezca el señor Secretario
de Estado, en marzo, veremos cómo va la ejecución del Presupuesto durante
el primer trimestre del año), si la tendencia a la desviación del gasto
no se corrige drásticamente, de nada habrá servido nuestro esfuerzo y
probablemente de nada servirán reformas estructurales tan importantes
como las que se van a hacer ahora del mercado de trabajo. Es fundamental
acompañar las políticas que se han diseñado en el presupuesto --de las
que nosotros nos sentimos satisfechos y las vamos a votar con
satisfacción porque creemos que hemos elaborado un buen presupuesto-- de
un extremado rigor en la contención del gasto público y del déficit
público, porque, si no, difícilmente darán fruto estas medidas que se han
introducido en los Presupuestos y difícilmente darán fruto medidas que
hay que tomar, que son urgentes, pero que pueden ser traumáticas y que le
va a costar entender a una parte de la sociedad española, tales como la
reforma del mercado de trabajo; a veces es difícil explicarlas, pero son
muy necesarias para la economía española.

Está en manos del Gobierno hacer todo lo posible para que la situación
económica empiece a cambiar el rumbo; está en manos del Gobierno tener un
extremado rigor en la ejecución del Presupuesto. Ya sé que el señor
Secretario de Estado no es el responsable. Los responsables son



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los distintos Ministros que son los que gastan el dinero, pero en este
caso debe ejercer su responsabilidad con muchísimo rigor y frenar
aquellos Ministerios que no sepan ejecutar a rajatabla lo que se ha
presupuestado para 1994. Si no, nos habremos equivocado todos. Yo lo
lamentaré no por el Gobierno, no por el Grupo Socialista, no por el
Secretario de Estado; lo lamentaré por el conjunto de la sociedad
española porque le habremos prestado un mal servicio. Estamos a tiempo.

El 1 de enero empieza un ejercicio presupuestario distinto y, en
consecuencia, me gustaría que la próxima comparecencia para hablar de la
ejecución del Presupuesto para el año que viene fuera de signo distinto.

Le presto mi confianza para que esto pueda ser así y nuestro Grupo al
menos intentará que esto pueda ser así. Todos nos jugamos mucho y hay que
hacer un esfuerzo de rigor.




El señor PRESIDENTE: El señor Zabalía tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario Vasco del Partido Nacionalista Vasco.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: También quiero sumarme al agradecimiento de los
otros grupos al señor Secretario de Estado de Hacienda por su
comparecencia y por la información que nos ha facilitado, suficientemente
expresiva e ilustrativa de la situación del déficit público y de las
cuentas del Estado, lo cual agradecemos.

Le estamos mandando demasiados deberes para hoy por la tarde al
Secretario de Estado de Hacienda con tantas preguntas. Simplemente quería
hacer una reflexión sobre esta situación. Dado que estamos preguntando, a
mí se me han ocurrido dos preguntas un tanto ingenuas: ¿por qué no puede
controlar el Gobierno la desviación del Presupuesto? ¿Por qué los
Presupuestos se tienen que desviar permanentemente todos los años? La
otra pregunta sería: ¿Van a continuar desviándose los Presupuestos en el
futuro? ¿En 1994 y 1995 se van a desviar con la tendencia que están
teniendo? Porque, al final, llegamos a la conclusión de que lo que
verdaderamente importa son las desviaciones, no cómo queda el Presupuesto
a 1 de enero de cada año, sino cómo queda al 31 de diciembre. Ese es el
verdadero problema. Lo que hay que hacer es un ejercicio enorme de
control del Presupuesto de gastos y de ingresos.

El Gobierno tiene que pensar que el Estado es una empresa y que cuando
las empresas tienen déficit toman las medidas necesarias para que no lo
tengan porque, si no, desaparecen. Tendrán que reducir gastos como sea.

Tendrán que reducir gastos y controlarlos. Tendrán que incrementar los
ingresos. Y si no pueden incrementar los ingresos porque la crisis no
permite que existan incrementos considerables de ingresos, tendrán que
buscar las fórmulas para ingresar más. Tendrán que establecer los planes
de persecución del fraude público. Tendrán que gestionar mejor. En
definitiva, ésta es una tarea que tiene el Gobierno como la tiene
cualquier empesario cuando su empresa está en crisis.

Esto es lo que verdaderamente debe importar. Usted ha hecho un análisis
de la ejecución del Presupuesto con respecto al año 1992 --está
establecido en el informe que nos ha enviado-- y ha tomado también como
referencia las previsiones a través de lo que se adelantó tanto en el
Presupuesto General del Estado como en las cifras que se dieron en
agosto. Esa es una situación de referencia que está bien, pero a mí me
gustaría hacer la reflexión desde el punto de vista del compromiso de
ejecución del Estado. Para eso, lo que tendremos que hacer es ver cuál es
el presupuesto y qué está pasando, porque ahí es donde verdaderamente se
puede medir la gestión del Gobierno.

Si nosotros comparamos --como debe compararse también con la realidad del
Presupuesto al final-- lo que podemos establecer son las conclusiones:
por qué se han dado esas desviaciones que están ahí explicadas; por qué
la gestión del Gobierno no ha sido suficientemente válida como para que
estas desviaciones no se produjeran, para que haya un compromiso de
realizar lo que el 1 de enero la Cámara, el Parlamento, aprueba como
Presupuestos. Eso debería ser una obligación permanente del Gobierno. Ya
no es explicar el porqué de las desviaciones, sino intentar que no se
produzcan.

Sé que esto es fácil de decir y muy difícil de llevar a la práctica, pero
este es el compromiso que debemos realizar, porque al final, ¿qué va a
pasar en el año 1993? De acuerdo con el presupuesto de ingresos, y con
respecto a lo presupuestado el 1 de enero --los 13,3 billones de pesetas
presupuestados que llevan a una ejecución del 11,3--, si sigue esta
tendencia de disminución de ingresos, posiblemente al final del año 1993
pueda haber una desviación de un billón de pesetas de menos ingresos.

Esto nos hace pensar que, como no cambie la trayectoria, en el año 1994
vamos a volver otra vez a tener desviaciones de ingresos porque la crisis
que tenemos actualmente no nos permite ser optimistas en cuanto a que se
puedan producir unos ingresos provenientes de la mejora de la actividad
económica.

Ello se debe a que, a finales de 1993, puede haber una desviación
negativa de los impuestos directos, quizá en más de 500.000 millones de
pesetas, principalmente por la menor recaudación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y por la otra desviación importante que
vendrá a través de la recaudación de impuestos indirectos, obviamente del
IVA, que en principio y dado que no existe ninguna previsión de subida
del tipo general, salvo algún giro importante en el crecimiento de la
actividad económica y un plan serio y riguroso de la lucha contra el
fraude, no habrá posibilidad de incrementar los impuestos indirectos.

Lo mismo podemos decir del presupuesto de gastos. A finales de noviembre
de este año, las modificaciones presupuestarias de crédito se elevan
--creo recordar haberle oído al Secretario de Estado y viene aquí
establecido-- a 1,5 billones de pesetas, a lo que hay que añadir, como
usted bien ha dicho, las ampliaciones de crédito aprobadas en el
Parlamento, especialmente la que aprobamos la semana pasada de cerca de
456.000 millones de pesetas de suplemento de crédito destinado a la
cobertura de las obligaciones derivadas de las prestaciones por
desempleo. Esto puede hacer que al final del ejercicio las



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desviaciones presupuestarias en gastos sean del orden de dos billones de
pesetas.

Yo entiendo que la razón de su comparecencia de hoy ha sido para explicar
cuál es la situación, y quizá yo me estoy refiriendo más a temas que no
son exclusivamente de su competencia y que no tiene por qué contestar en
estos momentos. Pero ésa es la preocupación general, y sobre todo la
preocupación de nuestro Grupo Parlamentario, sobre la negativa evolución
y la persistencia del déficit público. Es por ello por lo que nosotros
consideramos que hay que establecer los criterios y los objetivos propios
de una buena gestión de la Administración.

Es claro que con la persistencia de los criterios y planteamientos
actuales, sin aplicar políticas de reactivación de la economía, dentro de
un año, por estas fechas vamos a seguir hablando en los mismos términos y
con algunas desviaciones en las cantidades, porque no van a ser las
mismas; vamos a estar hablando de lo mismo, y esto es lo que de alguna
forma hay que romper. Tenemos que romper esta dinámica porque, si no, las
consecuencias pueden ser desastrosas. Yo no quisiera extenderme más
porque creo que tiene muchas preguntas que contestar el señor Secretario
de Estado.

Hay otro tema que le preocupa a nuestro Grupo Parlamentario, y es la
situación económica y financiera del Estado que se produce a través de
los presupuestos. Habría que contar que en los cuatro últimos años,
presupuestariamente, el margen no financiero del Estado era positivo. Lo
fue en los años 1990, 1991, 1992 y 1993. En los Presupuestos de 1994
establecemos un margen no financiero negativo de 435.660 millones de
pesetas. Es decir, rompemos de alguna forma una dinámica que estaba
estableciendo el Gobierno de crear un margen no financiero positivo. Y,
de repente, para el año 1994 lo hacemos negativo. Esto es, desde nuestro
punto de vista, muy importante. Habría que estudiar la posibilidad de que
esto no se produjera. Si a ello le sumamos (me estaba refiriendo a los
márgenes no financieros, Capítulos I al VII) los gastos por intereses de
deuda, ahí queda un superávit --en este caso, déficit público--, para
1994, de 3 billones 300.000. Eso va a crear unas necesidades de
endeudamiento de más de 4 billones de pesetas. Al final, el déficit
presupuestario de 1994 establecido en los Presupuestos es de 5 billones
700.000, pero no va a quedar así porque ya eso está superado en el año
1993.

El panorama es francamente preocupante. Yo quisiera dejar esta reflexión
para que se traslade a todos los ámbitos de su Departamento y del
Gobierno el que habrá que establecer los criterios y los planes
necesarios para que esto no pueda seguir la trayectoria que tiene.

Nada más. Muchas gracias por sus contestaciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, yo no estoy muy seguro de si el
representante del Grupo Popular ha hecho sólo el turno de preguntas y
aclaraciones o también el turno de fondo. ¿Ha hecho todo?



El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Creo que básicamente ha sido de
preguntas.




El señor ALMUNIA AMANN: Me pregunto si todavía le queda una intervención
sobre el fondo al Grupo Popular o no.




El señor PRESIDENTE: Después de la intervención del señor Secretario de
Estado a todos los grupos les queda un segundo turno. Pueden darle SS.

SS. el tratamiento que quieran pero, en todo caso, debe ser de una
duración con la máxima brevedad posible.




El señor ALMUNIA AMANN: Haré uso de la palabra en este turno para, en
primer lugar, agradecer, como han hecho los demás portavoces de los
grupos, la presencia del Secretario de Estado de Hacienda, agradecérsela
muy especialmente en esta ocasión porque la comparecencia sobre la
situación de la ejecución del Presupuesto del Estado le ha sido
solicitada fuera de las reglas establecidas en esta Comisión, con pocos
días de plazo, y nos ha podido entregar una documentación completa y
satisfactoria en tiempo suficiente como para haber podido analizarla
antes de la reunión de la Comisión.

Sabiendo que habría problemas de celeridad en celebrar la reunión de la
Comisión, el Grupo Socialista estuvo interesado en apoyar la petición de
comparecencia que le había sido dirigida al Secretario de Estado por el
Grupo Popular. La apoyamos por dos razones. Una, general, porque
valoramos positivamente las técnicas y las posibilidades de ejercer un
control parlamentario en relación con la ejecución del Presupuesto.

Dentro de esa valoración positiva, nos parece que en un ejercicio como el
del año 1993 en el que las desviaciones presupuestarias están siendo muy
significativas, merecía la pena celebrar una reunión como ésta, fuera de
las previamente establecidas en las normas de funcionamiento de nuestra
Comisión de Presupuestos.

Nuestro Grupo está --como los demás grupos, como sin duda también lo
están el Secretario de Estado y el Gobierno-- preocupado por el déficit,
por la evolución que ha seguido en el año 1993, aunque también es cierto
--como han dicho otros portavoces-- que lo que nos ha comunicado hoy el
Secretario de Estado de Hacienda no nos ha sorprendido porque lo había
anticipado el propio Gobierno en la presentación de la documentación que
acompañaba al proyecto de presupuestos que estamos debatiendo y que el
próximo martes quedará aprobado en el último trámite, en la votación que
tendremos en el Pleno del Congreso respecto a las modificaciones
introducidas por el Senado.

El 6 por ciento de déficit sobre el producto interior bruto, y más
todavía si no había sido previsto de antemano --como es el caso--, es una
cifra importante. No somos el único país que la tiene, estamos en la
media de la Comunidad Europea en cuanto al tamaño del déficit público
para el año 1993. Hay países que hace dos o tres ejercicios estaban en
una situación de equilibrio presupuestario superior a la nuestra, que han
sufrido la



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recesión y los efectos de la misma sobre los ingresos y los gastos
públicos de forma aún más intensa de lo que lo está sufriendo nuestro
sector público. Pero el hecho de que no seamos los únicos no nos genera
ningún consuelo ni nos aporta ninguna solución. Las soluciones las
tenemos que buscar con nuestras decisiones sobre el propio presupuesto y,
en general, sobre la política económica y las actuaciones que decidamos
llevar adelante en el ámbito de nuestras competencias, como Congreso de
los Diputados, como Cortes Generales, y el Gobierno en el ámbito de las
suyas, para mejorar la situación económica, contribuir a su mejora y, a
partir de ella, recuperar el mayor equilibrio posible de las cuentas
públicas a través de la consolidación fiscal. Para iniciar ese camino hay
que partir de una buena evaluación de la situación y de una
presupuestación realista. Creo que estas dos condiciones: una buena
evaluación de la situación en la que nos encontramos y una
presupuestación realista se dan en este caso.

Los datos que hoy nos ha ofrecido el Secretario de Estado coinciden,
básicamente, con las previsiones que había avanzado el Gobierno en
septiembre, previsiones sobre las que está basado el presupuesto del año
1994. Así como hasta ahora en los dos últimos años, básicamente, hemos
tenido problemas de desviación presupuestaria, y en particular en el
ejercicio de 1993, no parece que tenga por qué ser el caso en el próximo
ejercicio de 1994, sino más bien al contrario, parece que nos aproximamos
a los últimos días del ejercicio de 1993 con mayor grado de confianza,
con un grado de confianza elevado en que las cifras, las previsiones de
ingresos y gastos para el próximo ejercicio se cumplan. Quizá la única
duda que me surgía al analizar el informe que nos había enviado el
Secretario de Estado de Hacienda para este debate en Comisión era la
relativa a las previsiones de recaudación del IRPF para el año 1993. He
escuchado con atención las consideraciones que ha hecho el Secretario de
Estado para pensar que, a pesar de una baja de recaudación con relación a
las previsiones hasta noviembre, al final del ejercicio pueda cubrirse,
si no todo, al menos la mayor parte de esa diferencia, que se sitúa en
torno al medio billón entre lo que sería el camino normal para el
cumplimiento de las previsiones y la cifra recaudada efectivamente en el
mes de noviembre. Por tanto, si esa tranquilidad que dan las palabras del
Secretario de Estado de Hacienda se confirma en la práctica, habrá,
efectivamente, un cumplimiento casi exacto entre las previsiones hechas
hace dos o tres meses de cómo iba a acabar el ejercicio y las cifras
reales de liquidación que tendremos ocasión de ver en el mes de febrero o
marzo.

Ahora bien, no me resisto a hacer alguna consideración, no ya sobre las
cifras de ejecución del presupuesto, sino sobre las actuaciones de
política económica que sugieren estas cifras. Las preguntas lógicas son:
¿cómo se obtienen más ingresos?, y también, ¿cómo se controla la
evolución de los gastos? A mi juicio, y lo ha dicho algún otro portavoz,
en concreto el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), buena
parte de lo que hay que hacer está incorporado en los dos proyectos de
ley que van a entrar en vigor el próximo 1 de enero: en el proyecto de
ley de presupuestos para 1994 y en el proyecto de ley que acompaña a los
presupuestos, de medidas urgentes de carácter fiscal, laboral, etcétera.

En esos dos proyectos de ley que van a condicionar de modo muy importante
y significativo la política económica del próximo año hay incentivos
relevantes para la economía productiva, para dinamizar la actividad; no
incentivos generales que pudiesen traducirse en una falsa reactivación
que pudiese agrandar nuestros desequilibrios y no dar lugar a un
crecimiento sostenido, sino incentivos selectivos a la inversión, al
tejido productivo, a la parte que debe necesariamente tirar para que
nuestra economía recupere una senda de crecimiento estable sin agrandar
nuevamente los desequilibrios macroeconómicos. Estos incentivos a la
economía productiva van a ser recibidos por las empresas en un contexto
de descenso importante de los tipos de interés, que han descendido cinco
puntos en los últimos nueve meses; sobre todo, los tipos de interés a
corto, que son aquellos sobre los que se puede actuar directamente por
las autoridades económicas, han mostrado un descenso claro. Los tipos de
interés a largo están siguiendo la evolución de los tipos de interés a
corto, lo cual indica que los mercados creen en el conjunto de las
actuaciones de política económica y no se resisten a esa evolución a la
baja en los tipos de interés y, a su vez, el tipo de cambio de la peseta
está ayudando a un reequilibrio de nuestro sector exterior y a un aumento
importante de las exportaciones, que ayudan a tirar de la demanda, ya que
no de la demanda interior sí de la exterior, como vía para iniciar una
reactivación sana.

Además de esto hay que seguir acometiendo reformas estructurales que
también vamos a comenzar a debatir la próxima semana: la reforma del
mercado de trabajo y otras que serán objeto de atención de esta Cámara en
los próximos meses, y todo ello configura, creo, un conjunto de
actuaciones que contribuyen a dar más credibilidad y confianza a unos
presupuestos para 1994 que van a iniciar su andadura en un marco de
credibilidad y de ajuste en sus previsiones iniciales a lo que había sido
la intención del Gobierno cuando los trajo a esta Cámara hace unos pocos
meses.

Por encima de todo ello a nosotros nos queda contribuir como fuerzas
políticas parlamentarias al mantenimiento y a la profundización de esa
confianza y, en nuestro caso, en la medida en que a través de nuestras
decisiones parlamentarias podemos actuar sobre los ingresos y los gastos,
creo que es bueno, recordando lo que todos hemos dicho en esta sesión de
la Comisión, que no se aliente mediante iniciativas parlamentarias a lo
largo del ejercicio 1994 a ir más allá en los gastos de lo que está
previsto en los presupuestos, porque todos compartimos la necesidad de
controlar el gasto. Una parte de esa responsabilidad de control la tiene
quien gasta directamente, el Gobierno, la Administración del Estado, el
conjunto de las administraciones públicas, pero también, qué duda cabe,
que desde las iniciativas parlamentarias se puede ser sensible a la
necesidad de controlar el gasto o insensible a la misma, poniendo en
peligro la



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credibilidad de los presupuestos que esta propia Cámara aprueba. Por lo
tanto, creo que de las intenciones expresadas por todos los portavoces en
esta sesión de la Comisión, habrá que tener buena memoria y buenos
reflejos cuando en las proposiciones de ley o no de ley o en las mociones
o en cualquier tipo de iniciativa parlamentaria a lo largo del ejercicio,
se trate de incidir al alza o a la baja en la evolución del gasto público
y también en la evolución del ingreso. No deja de ser curioso que el
Grupo Popular, que se manifiesta, como todos los demás, pero quizás a
veces haciendo especial énfasis, preocupado por la dimensión de nuestro
déficit público, simultáneamente haga propuestas, a mi modo de ver
totalmente incoherentes con esa preocupación, que llevarían a un mayor
descenso todavía de los ingresos del Estado mediante unas reducciones de
impuestos que no parecen haber producido los efectos que el Grupo Popular
alega que puedan producir en ningún país donde se ha intentado esa vía y
en cambio agravarían todavía más la situación de nuestro déficit público.

Con ese espíritu, señor Presidente, reitero el agradecimiento al
Secretario de Estado por la información que nos ha proporcionado y por su
comparecencia de hoy ante nosotros, y le propongo, como ha sido la
posición tradicional del Grupo Socialista en anteriores comparecencias
suyas o de sus antecesores, nuestra colaboración para que la ejecución
del presupuesto, en este caso ya del próximo ejercicio 1994, se atenga a
lo que esta propia Cámara le va a entregar al Gobierno el 1 de enero con
los presupuestos que aprobemos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Robles.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Gracias,
señor Presidente. Agradezco el tono y el contenido de la intervención de
los portavoces de los distintos grupos.

Empezando por las cuestiones que se me han planteado por el señor
Arias-Salgado, coincido con él, al igual que lo han hecho otros
portavoces, en resaltar la grave situación presupuestaria por la que
atravesamos y la necesidad de realizar una serie de actuaciones concretas
para el control de esta situación, tal como se viene haciendo por el
Gobierno y se comprueba en los proyectos de ley que se remiten a las
Cámaras o en las actuaciones que se han tomado. No coincido sin embargo
con él en la consideración que hace sobre el momento en que el Ministerio
remite a las Cámaras la información del presupuesto en relación con el
momento en que los medios tienen esta información. El Ministerio remitió
a las Cámaras el documento preparado --creo que hace dos o tres días-- y
posteriormente lo hemos visto aparecer en los medios sin que por parte
del Ministerio se haya hecho alguna actuación en este sentido.

Posteriormente me hace una serie de consideraciones sobre un cuadro que
no sé muy bien cuál es. Me habla de un cuadro en el que se recogen las
previsiones del déficit de caja, que son efectivamente 3 billones 688.000
millones, que determinan un déficit del 6 por ciento, y en el que me ha
parecido entenderle se recogen en los ingresos y en los gastos unas
rúbricas que se conocen con el nombre de «no presupuestarias». Creo que
se trata más bien de un cuadro que aparece en la documentación que se
envió en el avance de liquidación del presupuesto (El señor Arias-Salgado
Montalvo asiente con la cabeza.) más que en el que hemos remitido hoy, en
el que se recogen entre los ingresos no presupuestarios 14.000 millones,
puede ser, y en cuanto a los ingresos no presupuestarios y en anticipo de
tesorería 61.000 millones. Creo que se refería a eso. En todo caso se
trata de actuaciones que no están recogidas en el presupuesto y que
tienen escasa cuantía, que posteriormente, como es lógico, se formalizan
en el presupuesto. Esa es la razón de estas cuentas que se conocen con la
rúbrica general de «no presupuestarias».

Después hace alguna consideración sobre el cambio de financiación de la
deuda pública. Efectivamente, hay un cambio importante en la financiación
de la deuda pública para ir aproximando la financiación del déficit
público a lo establecido y obligado en el Tratado de Maastricht, y por
otro lado por la necesidad de conocer bien cuál es el coste de la deuda
pública mediante su financiación normal en el mercado. Evidentemente, una
financiación a través del mercado va a suponer, a partir del momento en
que eso sea obligatorio (el 1.º de enero de 1994), un mayor coste para el
Tesoro, puesto que la financiación que se obtenía hasta ahora a través
del recurso al Banco de España era una financiación que no tenía un coste
explícito, si bien es cierto que a través del mecanismo general sí que lo
tenía, porque, a estos efectos, el Tesoro y el Banco de España funcionan
de manera consolidada. Por tanto, yo creo que no va a haber, globalmente
considerado, una gran diferencia en el coste; lo que sí resulta necesario
es establecer unos mecanismos de financiación para que en 1994, cuando
ya, una vez entre en vigor la modificación introducida en la Ley de
Presupuestos, no pueda hacerse apelación al recurso del Banco de España
para financiar, el Tesoro haya de financiarse en el mercado. Por eso yo
creo que durante este año ha habido una desapelación, por así llamarlo,
al Banco de España, y se ha obtenido una financiación del mercado
superior a lo que era estrictamente necesaria, más que nada con la
intención de iniciar el día 1.º de enero con una cierta flexibilidad en
orden a la financiación del déficit.

Hacía referencia también al saldo de la cuenta del Tesoro en el Banco de
España. Efectivamente, el saldo de la cuenta del Tesoro en el Banco de
España en estos momentos es de 381.000 millones, de los cuales 37.000
corresponden al ejercicio corriente y 344.000 a ejercicios anteriores.

Como sabe bien el señor Diputado, estos pagos que se realizan por parte
del Banco de España no aparecen en la contabilidad presupuestaria hasta
tanto no se formalicen, y hasta ese momento no aparecen recogidos tampoco
en el déficit de caja, pero también sabe el señor Diputado que sí
aparecen debidamente contabilizados en la contabilidad nacional desde el
momento en



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que se han realizado esos pagos, con independencia de que no se haya
realizado su contabilización presupuestaria. Por tanto, en el déficit de
la contabilidad nacional que manejamos sí aparecen recogidas estas
operaciones; no así, hasta tanto no se formalicen, en el déficit de caja
de cada uno de los años.

Hay una caída del 0,6 por ciento en los ingresos previstos por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Su señoría ha hecho
referencia a una intervención mía anterior en la que dije que habría un
crecimiento si descontábamos los 250.000 millones que estamos devolviendo
en este ejercicio, pero que correspondían a ejercicios de años
anteriores, y me pregunta en qué situación se encuentra la devolución del
Impuesto sobre la Renta del ejercicio 1992.

En este punto quería hacer una aclaración que ya hemos efectuado en otro
lugar, y es que no coincide exactamente el período previsto en la ley
para la devolución del Impuesto sobre la Renta con el ejercicio
económico, porque, como bien saben los señores Diputados, el plazo es de
seis meses a partir del mes siguiente a la presentación de las
declaraciones; el plazo de presentación termina en el mes de junio, el
mes siguiente es julio y seis meses después incluye el mes de enero del
ejercicio siguiente. Normalmente, gran parte de las devoluciones se
realizan en el ejercicio corriente, y las devoluciones relativas a
aquellas declaraciones que exigen una mayor comprobación se suelen
devolver en el primer mes del ejercicio siguiente y, si no es posible
hacerlo en esa fecha, en los siguientes.

En el ejercicio correspondiente a 1992 fueron presentadas un total de
8.149.000 declaraciones con derecho a devolución, y en estos momentos se
ha procedido ya a la devolución de 6.330.000 de las mismas. En pesetas,
el importe a devolver es de 725.000 millones y, a 20 de diciembre, se ha
devuelto ya la cantidad de 458.000 millones, lo que representa el 63 por
ciento de la cantidad que había que devolver; resta por devolver 266.000
millones, y las previsiones que sobre este particular se tienen son que
durante el mes de enero se procederá a su devolución.

Las previsiones de recaudación del Impuesto sobre Sociedades esperamos
cumplirlas, como dije antes en la explicación que hacía del documento,
teniendo en cuenta que en el mes de diciembre resta por ingresarse un
pago a cuenta que han de ingresar las sociedades, un 20 por ciento de la
cuota correspondiente al ejercicio anterior, por lo que esperamos que la
previsión corregida, la previsión que avanzamos en el mes de septiembre,
se cumpla. Ya he señalado anteriormente que para cumplir las previsiones
del IVA faltan por ingresar 50.000 millones, y pensamos que durante el
mes de diciembre se va a proceder al ingreso de estos 50.000 millones, y
por tanto vamos a alcanzar las previsiones del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

A continuación, me preguntaban sobre --si le he entendido bien-- si era
posible cumplir las previsiones por ingresos de transferencias
corrientes, en donde me decían que se había incrementado en lo que iba de
año en un 11,2 por ciento con respecto al año anterior y si se iban a
cumplir las previsiones que se mantenían. Yo creo que también aquí se van
a cumplir las previsiones que hay con respecto a las transferencias
corrientes. Están pendientes de ingreso algunas transferencias
importantes, entre ellas las procedentes del Organismo Nacional de
Loterías, alguna transferencia procedente de las diputaciones con régimen
foral, y alguna otra, y las perspectivas son que se cumplirán también en
este capítulo las previsiones de ingresos.

Después, me hace la observación de que existe una diferencia --si he
entendido bien-- entre los pagos realizados y las obligaciones
reconocidas y si eso quiere decir que se está poniendo un freno en el
reconocimiento de obligaciones al efecto de cumplir las previsiones de
déficit. No se está realizando ninguna actuación para cumplir las
previsiones de déficit. Ya estas previsiones fueron formuladas teniendo
en cuenta cuál iba a ser la gestión de los distintos ministerios. Yo creo
que la diferencia entre pagos realizados y obligaciones reconocidas
procede de que las obligaciones reconocidas son obligaciones del
ejercicio corriente, mientras que los pagos realizados incluyen
obligaciones que fueron reconocidas en ejercicios anteriores. Por eso hay
esa aparente diferencia entre obligaciones reconocidas y pagos
realizados.

En cuanto a las modificaciones presupuestarias, el señor Diputado hace
algunas consideraciones sobre el importe de estas modificaciones, de 1
billón 531.000 millones, y lo que esto supone de pérdida de control de
gastos presupuestarios. Yo creo que el tema de las modificaciones
presupuestarias es quizá uno de los aspectos más importantes que pone de
manifiesto realmente lo que está ocurriendo en la gestión del
presupuesto. En principio, yo creo que habría que decir --aquí también
algún otro portavoz ha incidido en esta cuestión-- que una gran parte de
estas modificaciones han sido también aprobadas por estas Cámaras, al
igual que lo fueron los presupuestos en su versión original, porque, como
bien conocen, los créditos extraordinarios o los suplementos de crédito
deben ser también aprobados por esta Cámara. Sobre esta cifra que estamos
hablando, de 1 billón 531.000 millones, si recuerdan, en el cuadro
setecientos y pico mil millones, aproximadamente la mitad, proceden de
créditos extraordinarios y suplementos de créditos que han sido aprobados
por esta Cámara, a lo que siempre hemos de añadir el que falta por
computar aquí, porque ocurre en el mes diciembre, los 456.000 millones
pendientes. Eso por un lado; entonces el presupuesto inicial de esta
Cámara es modificado durante la gestión presupuestaria por esta misma
Cámara con esta cantidad y el resto de modificaciones proceden de
incorporaciones y de ampliaciones. El concepto de crédito ampliable viene
configurado por la Cámara, porque, como bien saben los señores Diputados,
en los anexos de las leyes de presupuestos se recoge exactamente cuáles
son los créditos que son ampliables, y la incorporación de crédito no es
más que una práctica normal, legítima y admitida por la Ley General
Presupuestaria.

De todas formas, a pesar de este aspecto al que me he



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referido, que más que nada es un aspecto formal, yo sí quisiera decirle
que, efectivamente, las modificaciones ponen de manifiesto cómo el
presupuesto se adapta a la realidad económica. Ya digo que ésta es una
cuestión que ha sido manifestada por todos los portavoces y lo que ocurre
es que necesariamente la realidad económica no se agota en los
presupuestos, sino que los presupuestos actúan fuera incluso de sus
propios límites. El mundo no se acaba en los presupuestos, como decía
anteriormente. Existen una serie de normas y de disposiciones que
determinan una serie de derechos y hay, además, una serie de necesidades
a las que debe hacerse frente, por lo que todas estas cuestiones deben
tratarse en el presupuesto. Por eso, creo que aquí es importante resaltar
que no puede pensarse que los problemas presupuestarios pueden resolverse
exclusivamente con normas formales sobre los presupuestos, sino que los
problemas que se ponen de manifiesto en la gestión del presupuesto no son
problemas formales sino problemas reales de la economía y de la sociedad,
y sólo actuando en el campo más amplio de todas las normas y
estableciendo las modificaciones necesarias en otros ordenamientos puede
establecerse una adecuada gestión presupuestaria. Por tanto, yo creo que
una cifra como ésta de modificaciones presupuestarias no indica una
pérdida del control del presupuesto --el presupuesto, como hemos tenido
ocasión de ver en otras reuniones en esta misma Comisión, está
perfectamente controlado--, sino que indica simplemente que el
presupuesto es un documento flexible y que se adapta a la realidad
económica. Históricamente --eso es algo que se puede comprobar--, cuando
la situación económica es mala, las necesidades de afrontar gastos del
presupuesto son mayores y, al mismo tiempo, los ingresos decrecen.

Por último, el señor Diputado preguntaba si con estas previsiones se
mantenían los cálculos del déficit, en contabilidad nacional, que habían
sido avanzados para el año 1993, que se fijaban en un 6,2 por ciento.

Efectivamente, se mantienen estas previsiones de déficit del 6,2 por
ciento en contabilidad nacional y se mantienen también las previsiones de
déficit de caja en el 6 por ciento. Este déficit lo es sólo para las
administraciones centrales y a él habría que añadir, como ha dicho el
señor Diputado, entre 1 y 1,5 de déficit; más bien podría ser un 1 por
ciento. Si las comunidades autónomas y las corporaciones locales cumplen
los acuerdos presupuestarios que tienen, habría que agregar,
aproximadamente, alrededor de un 1 por ciento de déficit que añadan las
administraciones territoriales.

Creo que con esto doy contestación a todas las cuestiones que se me han
presentado por el señor Arias-Salgado y paso a contestar a las que me
plantea el señor Ríos.

El señor Ríos hace referencia al déficit de caja y a si existe algún
acuerdo o si hay la posibilidad --he creído entender-- de que otras
administraciones varíen las sendas que se habían acordado con ellas en
orden a mantener una cierta línea en cuanto a sus déficit, todo ello de
cara a la convergencia en la Comunidad Económica Europea. La cuestión del
déficit de las administraciones territoriales es importante, habida
cuenta de la trascendencia cuantitativa que éstas tienen en España
después del proceso de descentralización. En este sentido, desde el año
1991 existen acuerdos, especialmente con las comunidades autónomas, y se
establecen unos programas conjuntos, comunidades autónomas-Administración
central, para el mantenimiento de unos déficit de las comunidades
autónomas que sean compatibles con el requisito de convergencia europea,
que, como bien sabe el señor Ríos, es un requisito que está referido a
todas las administraciones públicas. Aún no hemos comprobado cuál ha sido
este año el cumplimiento por las comunidades autónomas de los parámetros
previamente establecidos. Algunas de ellas ya nos han puesto de
manifiesto que no van a cumplir --porque les resulta imposible hacerlo--
en 1993 los parámetros que se habían fijado para el mantenimiento de sus
déficit dentro, como digo, de la senda que permitiese la consolidación.

Examinaremos con ellas los programas que convergencia que se tenían
establecidos. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la
Presidencia.)
Aquí sí quiero decir que, efectivamente, se puede alegar que con una
desviación tan importante en el presupuesto del Estado no puede señalarse
a otras administraciones públicas que no tengan también desviaciones en
sus gastos. Sin embargo, hay una cuestión importante que quisiera señalar
al señor Diputado, y es que la naturaleza de los gastos, en la mayoría de
los casos, de las comunidades autónomas y de la Administración central es
diferente. La razón de la existencia de déficit en la Administración
general del Estado no se da en alguna de las comunidades autónomas.

Algunas comunidades autónomas no están afectadas por los gastos cíclicos,
por los que sí está afectada, como bien sabemos, la Administración
central.

La segunda cuestión que me señalaba hacía referencia a la composición de
la deuda y al cambio de financiación de ésta también con respecto al
Banco de España, qué coste suponía --si le he entendido bien-- cambiar la
financiación del Tesoro a través de la deuda o de la apelación al Banco
de España haciéndola en el mercado. Ya se lo señalaba antes al señor
Arias-Salgado. Creo que de forma consolidada, Tesoro-Banco de España, esa
operación no representa un coste diferente y, por otro lado, el Tesoro
necesariamente se ve necesitado de cambiar los hábitos de financiación
con la apelación al Banco de España, y no sólo porque es una exigencia
del Tratado de Maastricht, sino también porque a partir del 1 de enero de
1994 será obligatorio, habida cuenta de la entrada en vigor del artículo
al que antes hacía referencia que se contiene en el proyecto de ley de
presupuestos. Existen todavía pagarés del Tesoro, pero son algunos restos
que quedan y que dan desapareciendo, porque, como es lógico, no se están
haciendo nuevas emisiones de pagarés del Tesoro.

Hacía referencia a la evolución de los gastos financieros, según se
reconoce en la página 31. Preguntaba cómo han ido evolucionando los
gastos financieros a lo largo del ejercicio. No tengo aquí los datos,
tengo alguna nota, pero probablemente no es esto lo que pregunta el señor



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Diputado, cómo ha ido evolucionando el tipo de interés al que se ha ido
emitiendo la deuda durante este período, aunque probablemente la deuda
que se ha ido emitiendo tiene sólo un pequeño reflejo en los gastos
financieros que se han pagado durante 1993 y si lo tendrán en 1994. Si a
lo que se refería el señor Diputado es, por ejemplo, a cómo ha ido esta
rúbrica mes a mes, se lo puedo remitir, porque es un dato que no tengo
aquí en estos momentos.

Sobre la deuda interior hacía también una pregunta que no sé muy bien a
qué se refería y le agradecería que me la ampliara. (El señor Ríos
Martínez pronuncia palabras que no se perciben.)



El señor VICEPRESIENTE (García Ronda): Señor Ríos, si realmente es
necesario, brevemente tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Es la distribución, cuándo se ha contraído esta
deuda interior, si ha sido al final, en el mes de septiembre o en el mes
de octubre, o si ha sido distribuida en todo el ejercicio; de qué manera
ha evolucionado para comprometerse esa deuda.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Estamos en
un caso parecido al anterior. Si le entiendo bien, el anterior se refería
a los gastos financieros y ahora se refiere a la emisión de deuda
pública. La emisión de deuda pública se ha ido realizando a lo largo del
año, de acuerdo con el plan de financiación del Tesoro. No tengo aquí los
datos, pero también se lo podemos remitir.

Me pregunta qué plazo tarda la Administración del Estado en pagar las
distintas obligaciones. Me imagino que quiere conocer la diferencia, todo
el íter administrativo desde que se contrae un gasto hasta que se paga.

Es un dato que depende de la naturaleza del gasto. El tipo es muy
variable y no tengo aquí esos datos. No sé si el señor Diputado podría
concretar más para poderle dar datos referidos a tiempos medios respecto
a algunas obligaciones concretas que me señale. Le podría dar cualquier
información, pero es difícil sin los datos delante, con la generalidad de
la pregunta, hacer precisiones sobre este aspecto. Quedo a su disposición
para que me concrete de la manera que considere conveniente.

Me dice que en la página 19 hay también una referencia. En el año 1993 se
va haciendo un repaso del presupuesto, empezando por los créditos
iniciales, las modificaciones de créditos, el total sumando los dos, los
créditos finales. De estos créditos finales hay unas obligaciones
reconocidas de 14.518.000 millones; obligaciones pendientes de pago por
1.299.000 millones y se han pagado durante este año de presupuesto
corriente 13.219.000 millones. Yo creo que la pregunta se refería a si
este billón 299.000 millones se correspondía a obligaciones del año, como
es efectivamente, porque a continuación, en el renglón ocho, aparecen
pagos de presupuestos de ejercicios anteriores y se recogen aquellos
pagos que se han realizado en este ejercicio pero que se corresponden a
obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores y que ascienden a
1.085.000 millones. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)
Habla de la austeridad de los ministerios y hace referencia a mi
intervención anterior, en la que dije que se iba a realizar una gestión
presupuestaria presidida por el principio de austeridad. Preguntaba cómo
se había hecho esta distribución por ministerios. Creo que hacía
referencia a la reducción de 100.000 millones que se hizo en el mes de
agosto. Tengo aquí ese dato, se lo puedo decir, pero si le resulta más
fácil le puedo proporcionar una fotocopia. Efectivamente, durante el mes
de agosto se tomó un acuerdo de no disponibilidad por un total de 100.000
millones, que estuvieron repartidos entre las distintas secciones del
presupuesto. Le cito las más importantes; después, si acaso, le doy una
fotocopia. Son 32.000 millones al Ministerio de Obras Públicas, 6.000
millones al Ministerio del Interior, 6.000 millones al Ministerio de
Educación y Ciencia, 8.000 millones al Ministerio de Industria, 6.000
millones al Ministerio de Agricultura, 5.000 millones al Ministerio de
Asuntos Exteriores, 3.000 millones al Ministerio de Justicia, 6.000
millones al Ministerio de Defensa, 2.000 millones al Ministerio de
Economía, 2.000 millones al Ministerio de Trabajo, 2.000 millones al
Ministerio de Administraciones Públicas, 3.000 millones al Ministerio de
Cultura, 4.000 millones al Ministerio de Sanidad, 1.000 millones al
Ministerio de Relaciones con las Cortes, 4.000 millones al Ministerio de
Asuntos Sociales y 2.000 millones en la Sección 32. Después le daré una
fotocopia para que tenga mayor detalle. En todo caso, sí le puedo decir
que los problemas de déficit público no proceden de una gestión no
austera por parte de los ministerios, sino que, como antes señalaba, los
problemas en la gestión del gasto público se producen por la precisión de
financiar nuevas necesidades sociales que se ponen de manifiesto por la
crisis económica.

Al final me hace una pregunta sobre el estado de las devoluciones en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Entiendo que vale la
respuesta que le daba al señor Arias-Salgado sobre esta cuestión. Por
tanto, creo que todas las cuestiones que me planteaba están contestadas.

El señor Casas hace una intervención general en la necesidad de mantener
un esfuerzo para la contención del déficit público y, resumiendo mucho,
se refiere también a cómo este esfuerzo se concreta en los proyectos de
ley que se han presentado durante estos meses, tanto a la ley de
presupuestos como a la ley financiera como a otras sobre el particular.

No puedo por menos de manifestar mi acuerdo con lo expresado por el señor
Casas.

El señor Zabalía también hace referencia a cómo se efectúa por el
Gobierno el control de las desviaciones del presupuesto. En términos
generales, creo que ésa es la cuestión que se presenta. Habla de qué
actuaciones se realizan para controlar el fraude público o cómo se hace
una mejor gestión; cuáles son las actuaciones para



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controlar las desviaciones de ingresos y, sobre todo, qué está pasando
para que se produzcan estas desviaciones del presupuesto. También hace
una referencia a una cuestión --a la que he hecho mención
anteriormente--, señalando las diferencias que existen entre el
presupuesto que se gestiona, el presupuesto que se ejecuta y el
presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso. Sobre esta cuestión, de
carácter general, me remito también a las consideraciones que he hecho
anteriormente. Creo que el presupuesto debe dar respuesta a las
necesidades sociales que se van planteando durante la gestión del mismo.

Pienso que el presupuesto, como señalaba anteriormente, no puede con su
propio razonamiento interno hacer frente a esta situación. No se produce
una desviación del presupuesto porque haya una mala gestión del Gobierno
o porque no esté controlado --como se ha apuntado por algún otro señor
Diputado-- el gasto público, sino porque en una situación de crisis las
necesidades del gasto público aumentan y porque, además, es necesario
cubrir este gasto público. Existen derechos subjetivos que así lo
demandan o, en todo caso, existe un principio de solidaridad social que
así lo demanda. También se ha señalado por algún otro Diputado, y así lo
creo, que esto no es una situación peculiar de la gestión presupuestaria
en nuestro país. Nuestros socios en la Comunidad Económica Europea se
encuentran en este año de gestión presupuestaria con los mismos problemas
que nos encontramos en España. Hay un decrecimiento general también de
los ingresos en los demás países, Francia, Italia o Alemania, y hay, al
mismo tiempo, la necesidad de financiar gastos que no estaban previstos
en la configuración inicial del presupuesto. Por tanto, creo que los
problemas de desviación del gasto público no son unos problemas que se
puedan resolver desde el criterio estricto de gestión presupuestaria
entendida de forma, como digo, estricta, sino que hacen referencia a la
necesidad de introducir modificaciones sustanciales y estructurales en
otro orden de cosas y en otros ordenamientos, como son las medidas que se
han instrumentado bien en la ley de presupuestos, bien en la ley
financiera o en otras normas. Por eso, yo creo que toda la acción del
Gobierno va dirigida a establecer este control del déficit público y, al
mismo tiempo, a hacerlo de forma solidaria. Podría señalarse un principio
rígido de control del gasto público de no gastar más allá de aquellas
previsiones que se contienen en el presupuesto, pero si esto se hiciera
así estaríamos haciendo un control del déficit, una reducción del gasto
público de manera absolutamente insolidaria y en muchos casos bastante
aleatoria. Por tanto, creo que debemos entender que toda la gestión del
presupuesto, toda la gestión del Gobierno va en esta dirección.

Efectivamente, la reducción del déficit público y del gasto es un
objetivo prioritario de la política económica y a él se dirigen todas las
actuaciones, no sólo aquellas que son estrictamente presupuestarias.

El señor Almunia ha hecho una serie de consideraciones generales con las
que estoy totalmente de acuerdo. Después ha hecho una pregunta concreta
sobre la previsión de recaudación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Me remito a lo que dije en la exposición inicial. En
las previsiones de recaudación de este impuesto inciden de manera
especial los ingresos de las retenciones que están pendientes de las
comunidades autónomas y de la Seguridad Social, de tal manera que
esperamos alcanzar la cifra que nos permita cubrir todas las previsiones
de dicho impuesto en este año 1993.




El señor PRESIDENTE: Abrimos un segundo y último turno de intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Arias-Salgado.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: En primer lugar, quiero dar las gracias
al señor Secretario de Estado de Hacienda por sus respuestas. Querría
decirle que considero suficientes sus respuestas salvo en lo que afecta a
las operaciones no presupuestarias. Al término de la sesión le trasladaré
el cuadro con el fin de saber exactamente de qué naturaleza son esas
operaciones, porque tampoco tiene mucha lógica que haya operaciones
económicas que se trasladen de una manera discrecional, gratuita o
voluntaria, a tiempo o a destiempo, a la contabilidad presupuestaria.

Como no conozco cuál es el contenido de ese renglón luego le trasladaré
el cuadro. Pero al hilo de sus contestaciones sí querría hacer algunas
consideraciones.

En primer término querría congratularme con la coincidencia que ha
manifestado el señor Almunia por la pertinencia de esta convocatoria para
informar sobre la situación presupuestaria. Y querría añadir que estas
sesiones son informativas no sólo para darse por informado; son sesiones
informativas para ejercer el control político del Gobierno, y en esa
naturaleza están incluidas en el Reglamento de la Cámara. Dígase lo que
se diga, creo que en este punto hay un incumplimiento grave de
previsiones. El hecho de que el déficit de caja tenga una desviación del
188 por ciento ya es el incumplimiento de una previsión --se ponga como
se ponga-- y de una imprevisión grave. Si queremos hablar de
imprevisiones o de previsiones no cumplidas, que haya habido que derogar
el artículo 10 de la Ley de Presupuestos mediante un decreto-ley es la
expresión máxima, en términos jurídicos, de lo que es la pérdida del
control del proceso presupuestario, puesto que es una limitación de la
propia ley la que se tiene que derogar por vía de urgencia y por un
decreto-ley. Pero todavía voy más allá. Hay imprevisiones o hay
previsiones no cumplidas respecto a algunas de las cifras anunciadas por
el propio Gobierno en octubre, por tanto por el nuevo Gobierno.

En relación con el Inem, si mal no recuerdo, el señor Ministro de
Economía --que a mi juicio ha tenido una positiva política de afloración
de situaciones contables confusas, con objeto de aclarar las cuentas del
Estado en la mayor medida posible-- dijo que de acuerdo con los cálculos
del Gobierno había aproximadamente unos 871.000 millones de déficit en
las cuentas del Inem, que 459.000 millones correspondían a los ejercicios
de los años 1991 y 1992, y que el resto era la previsión que se



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iría realizando en el transcurso de 1993 y, por tanto, en lo que quedaba
del año 1993. Pues bien, si sumamos los créditos extraordinarios ya
aprobados, incluido el más reciente de ellos en la pasada sesión
plenaria, tenemos una cantidad de 916.300 millones de pesetas, lo cual
significa que en dos meses y en relación con el Inem se ha producido, ni
más ni menos, que una desviación presupuestaria de 45.000 millones de
pesetas. Una previsión hecha en el mes de octubre que a 30 de noviembre,
10 de diciembre ó 15 de diciembre es ya una desviación de 45.000 millones
de pesetas, que no es precisamente una pequeña cantidad, porque si cada
dos meses se produjera una desviación de ese calibre tendríamos, al cabo
del año, aproximadamente unos 300.000 millones más de desviación. Por
consiguiente, hay ya una desviación inicial respecto a previsiones
hechas, previsiones tardías, que a mi juicio son graves.

No querría insistir mucho más en el incumplimiento de las previsiones,
pero sí en el incumplimiento de las previsiones presupuestarias que hace
el Gobierno. Hay incumplimientos muy serios, hay incumplimientos que
ponen de relieve desviaciones presupuestarias graves y todo lo que afecta
a las modificaciones presupuestarias, a mi juicio, revela esa pérdida de
control del proceso presupuestario a que yo me refería con anterioridad.

El señor Secretario de Estado hace un razonamiento con el cual en
principio yo estoy de acuerdo. Naturalmente que las normas formales
pueden ser desbordadas por la realidad y tratándose de los Presupuestos
Generales del Estado en mayor medida. Pero eso me lleva justamente hacia
las previsiones económicas. Si las previsiones económicas sobre las que
se elaboran los presupuestos son equivocadas, naturalmente los
presupuestos saltan por los aires, y de esto también hay una gran
responsabilidad del Gobierno. Hay equivocación en las previsiones
económicas, consecuentemente los presupuestos que se derivan de esas
previsiones económicas resultan a la postre equivocados; fenómeno que,
como me referiré después, se reproduce en relación con el año 1994.

La caída de los ingresos es, a mi juicio, una de las cuestiones más
importantes de las que se han producido en el presente ejercicio
económico. Yo creo, señor Secretario de Estado, que en el Ministerio de
Economía y Hacienda ha debido sorprender, como mínimo, que las
devoluciones a realizar por IRPF ascendieran a 800.000 millones de
pesetas; en alguna medida ha debido de sorprender porque me parece a mí
que no existía una previsión exacta de esa cantidad. ¿Qué es lo que
significa eso? Que la caída de ingresos está poniendo de relieve el
exceso de presión fiscal existente. Si hay un exceso de presión fiscal,
lógicamente se está produciendo, como consecuencia de la falta de
actividad económica y de la crisis, una caída de los ingresos. Sin
embargo, el señor Vicepresidente del Gobierno, en la sesión de ayer, hizo
referencia a la famosa curva de Laffer y el señor Almunia hoy, una vez
más, hace referencia a lo que ocurrió en su momento en Estados Unidos. No
tiene nada que ver la realidad de los Estados Unidos con la realidad
española. Pero yo sí le digo una cosa. Léase usted las informaciones
sobre la evolución de la recaudación en Estados Unidos en los diez años
de la época de Reagan. No es cierto que cayera la recaudación como
consecuencia de la bajada de los tipos; no es cierto. Lo que pasa es que
se disparó el gasto en defensa y de ahí que se produjera un mayor déficit
público. Pero no hay ni un solo estudio riguroso sobre la recaudación de
impuestos en Estados Unidos, como consecuencia de la política fiscal de
Reagan, que llevara a una menor recaudación debido a la no producción de
una mayor actividad económica que se esperaba al rebajar la presión
fiscal.

Por tanto, con todos los respetos, estos temas hay que tocarlos con mucha
mayor seriedad. Y tratar de aplicar la teoría de la curva de Laffer a
unas medidas coyunturales, propuestas por el Partido Popular, para
reactivar la demanda me parece que es llevar las cosas demasiado lejos,
porque el problema es que la actividad económica está cayendo y, como
siga cayendo, me parece que va a continuar cayendo también la recaudación
de ingresos y, por consiguiente, se va a incrementar el déficit. De una
forma o de otra, ésos son los resultados que ya estamos obteniendo.

Combatir los hechos en nombre de las teorías me parece que es una
ingenuidad. Los hechos son que cae la recaudación, los hechos son que la
actividad está haciendo caer las inversiones y que la actividad económica
hay que reactivarla porque, de lo contrario, se continuará incrementando
el déficit público.

En relación con las operaciones de capital, hay que decir también alguna
consideración que tiene su importancia. Es verdad que las operaciones de
capital en el presente ejercicio han crecido a buen ritmo y, sin embargo,
se ha producido un fenómeno curioso que es que han perdido importancia
relativa en el conjunto del gasto. En 1992 las operaciones de capital
representaron el 13 por ciento del conjunto del gasto y los pagos
financieros el 12,9 por ciento; en 1993 las operaciones de capital
representan el 11,9 por ciento y los pagos financieros el 15,3 por
ciento. Por tanto, aun siendo cierto lo que ha dicho el señor Secretario
de Estado, a los efectos del proceso económico es importante resaltar que
las operaciones de capital han disminuido su importancia relativa en el
conjunto del gasto, lo cual es también uno de los indicios que puede
explicar la situación económica por la que estamos atravesando. En fin,
si hay algo en lo que todo el mundo coincide es en que efectivamente hay
que reducir el déficit, por tanto hay que contener el gasto, y habría que
adoptar también algunas medidas para reactivar la demanda, que ha sido la
propuesta que ha hecho el Partido Popular pensando que era una solución
razonable; por lo menos algunas de sus medidas así fueron calificadas por
el propio Vicepresidente del Gobierno, que se encontró en una posición no
fácil y para tratar de criticarlas tuvo que acudir ni más ni menos que a
la curva de Laffer para decir que aquellas medidas no podrían ser
aplicadas. En fin, el clamor es unánime. Al Gobierno le han dicho desde
la derecha, desde la izquierda, desde el centro, por todos lados que
tiene que cambiar de política económica y, por consiguiente, que tiene
que cambiar de política presupuestaria. El Fondo Monetario Internacional,
la



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Comisión Europea y recientemente la OCDE se lo han dicho con toda
claridad. Y es precisamente la OCDE, en un informe de los más recientes,
quien no se cree la previsión económica del Gobierno. Estos presupuestos
están basados sobre una previsión de crecimiento del 1,3 por ciento y en
el informe de la OCDE se considera que es difícil que se pueda superar el
crecimiento del 1 por ciento. Ya es mucho el 1 por ciento, pero en
definitiva lo dice un organismo solvente que, por otra parte, reelabora
sus informes en cierto modo de acuerdo con el propio Gobierno.

Por tanto, respecto a los presupuestos de 1994, que ha sido el tema
principal de la intervención del señor Almunia, tenemos una posibilidad
de desviación presupuestaria basada en unas previsiones económicas
excesivamente optimistas. En todo caso y de cara al presente año lo que
cabe resaltar, en virtud de la experiencia adquirida en este ejercicio
presupuestario, es que se ha utilizado la misma técnica en la elaboración
de los presupustos para el año 1994 que en relación a los presupuestos
que ahora concluyen. Son unos presupuestos típicamente «incrementalistas»
en los que el gasto público, en términos nominales, crece más del doble
del PIB, con lo cual difícilmente se puede hablar de un esfuerzo de
contención del gasto.

Tampoco hay un esfuerzo serio de reconducción del déficit, dígase lo que
se diga, señor Secretario de Estado. Cuando en la Administración central
se está en un déficit del 6,2 por ciento y en el conjunto de las
administraciones públicas en un déficit entre el 7 y el 7,5 por ciento,
proponer una reducción de medio punto del déficit, no partiendo del
presupuesto inicial sino del presupuesto finalmente liquidado, hacer una
previsión de reducción de medio punto no es un esfuerzo de los que ha
requerido el Libro Blanco o las orientaciones económicas aprobadas por el
Consejo Europeo y por el Ecofin, no es un esfuerzo de los requeridos por
esos organismos internacionales y, por consiguiente, mucho me temo que
ahí ha faltado, en primer término y ante todo, una voluntad política para
hacer un ejercicio mucho más riguroso en la elaboración y en el debate de
los presupuestos en esta Cámara. Por eso llama enormemente la atención la
permanente interpretación laxa que ustedes hacen de la Ley General
Presupuestaria. Yo le dije al señor Ministro en el debate plenario que me
parecía una actitud, en principio, poco prudente el interpretar de forma
laxa la Ley General Presupuestaria, pero desde luego me parecía también
una actitud poco inteligente, una actitud muy poco inteligente, porque en
un momento en que efectivamente, como consecuencia de la crisis
económica, la realidad presiona tremendamente sobre los presupuestos, no
tiene ningún sentido rechazar sistemáticamente mecanismos que inhiben el
gasto público, que dificultan el gasto público, que tienden a la
restricción del gasto público. Todo el esquema de los créditos
ampliables, toda la negativa a admitir los créditos o un mayor número de
créditos vinculantes, la absoluta facilidad con que se realizan las
incorporaciones de crédito, etcétera, son mecanismos presupuestarios
internos de los que se hace una interpretación excesivamente laxa y que,
de una forma o de otra --y lo dicen notables y relevantes profesores de
Hacienda Pública-- contribuyen a canalizar con extraordinaria facilidad
el incremento del gasto público.

En definitiva, señor Presidente, señor Secretario de Estado, nosotros
recogemos respecto a la liquidación de los presupuestos de 1993, en
primer término, los errores de una política económica que se mantienen
respecto al año 1994. No tiene mucho sentido, en términos verdaderamente
rigurosos, que establezcamos medias de comparación con la Comunidad o que
echemos la culpa al cien por cien a la crisis económica internacional,
que no es internacional sino más bien europea, porque ni Japón está en
las mismas circunstancias, ni lo están los Estados Unidos, e incluso
dentro de la Comunidad Inglaterra está ya en una situación muy distinta.

La media del déficit público en la Comunidad Europea naturalmente que
puede estar en torno al 6 por ciento, pero esa media no representa nada,
señor Almunia, porque incluye países como Portugal, Italia o Grecia que
tienen déficit muy altos, y naturalmente baja la media. Pero no son
precisamente las economías que pueden influir en mayor medida sobre la
nuestra en la interrelación intracomunitaria. Hay que pensar en los
déficit de los países serios y los países serios tienen unos déficit
mucho menores que nosotros. Nosotros deberíamos tender hacia ese nivel de
déficit y no precisamente, apelando a la media comunitaria, acogernos a
lo que supone la influencia en la media de Grecia o de Italia. Por
consiguiente, las medias comunitarias es un argumento socorrido pero que
no demuestra absolutamente nada.

La presión sobre los presupuestos es obvio que se produce en todos los
países, pero el esfuerzo de contención del gasto en España, durante el
presente ejercicio, ha sido prácticamente nulo y el esfuerzo de
contención del gasto de cara a los presupuestos de 1994 es también muy
pequeño. Mucho me temo --yo no lo querría, sinceramente-- que tendremos
bastantes sesiones de control presupuestario en las que iremos poniendo
de relieve las sistemáticas desviaciones que previsiblemente se van a
producir durante el año 1994. Yo deseo que no sea así y deseo sobre todo
--y con ello concluyo, señor Presidente-- que no ocurra algo parecido a
lo que ocurrió el pasado año, que recién aprobados los presupuestos, en
la primera semana de enero, entró en la Cámara un crédito extraordinario
para cubrir el incremento de retribuciones de los funcionarios. Si ya los
últimos presupuestos, particularmente de los gobiernos socialistas, han
perdido casi toda su credibilidad como consecuencia de desviaciones
graves, si después de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en
Europa, de todo lo que ha ocurrido en España y de todo lo que ha ocurrido
en el Consejo Europeo de Bruselas y del Libro Blanco, el Gobierno nos
viene en el mes de enero con unos créditos extraordinarios, la poca
credibilidad que queda --si es que queda alguna--, señor Presidente,
habrá desaparecido definitivamente. Yo lo lamentaría porque creo que la
institución presupuestaria hay que perfeccionarla y modernizarla, que
debe ser el reflejo real de una política económica, que tiene que ser el



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reflejo de una política económica acertada, situación que
desgraciadamente no se da en estos momentos como obstinadamente
demuestran los hechos y las cifras. Por consiguiente, querría que los
presupuestos que esta Cámara aprueba --frecuentemente con el voto en
contra, como es lógico, del Partido Popular-- fueran realmente cumplidos
y pudiéramos nosotros, como representantes de la soberanía popular,
demostrar ante nuestros electores que hemos ejercido de manera efectiva
el control, un control que debería llevar al Gobierno a hacer mayores
esfuerzos para cumplir unos presupuestos que hace mucho tiempo que no
cumple.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar ser breve cumpliéndolo, no
solamente diciéndolo.

Quisiera agradecer el tono y el contenido de la respuesta sobre algunos
temas que posteriormente a esta comparecencia podré aclarar solicitando
una información concreta. Hay una frase que usted ha dicho y que ahora me
gustaría resaltar. Ha dicho, más o menos, que el presupuesto está
controlado, que la actuación presupuestaria está controlada. Y yo le digo
que menos mal que está controlada. Las modificaciones de créditos son las
que son, las desviaciones del déficit público son las que son y el
cumplimiento de los objetivos y los programas que ustedes tenían
previstos es el que es. En todo caso, no quisiera caer en lo que puede
ser una ola en un pulso de iniciativas, porque no comparto la
intervención del Grupo mayoritario de la oposición ni en los contenidos
ni en las propuestas ya que se están mezclando cosas que no son
ajustadas. Decir que la presión fiscal es excesiva en este país, pero no
decir que la presión fiscal mayor se ejerce sobre las rentas del trabajo
y no sobre otras realidades impositivas, es para plantearse una actuación
bastante diferenciada.

Luego se ha mezclado gasto público con déficit público y yo comparto que
habrá que hablar de redistribuciones del gasto público; pero creo que hay
gastos públicos que hay que mantener e incluso ampliar. No quiero
sacralizar la figura del déficit público ni la idea de la reducción de lo
público a costa de lo que sea, porque pan de hoy es hambre para mañana y
los ejemplos los hemos tenido cerca.

En todo caso me gustaría pedir rigor presupuestario, que no está reñido
con que podamos desarrollar unas políticas determinadas. ¿Por qué digo
esto? Porque usted ha venido a decir algo así como que la austeridad no
tiene nada que ver con el incremento del gasto. Con la capacidad de
maniobra que se tiene y las modificaciones presupuestarias que aquí
tenemos (que no recogen las modificaciones de las previsiones porque aquí
habla de las ampliaciones de crédito y de las incorporaciones de
remanentes), si miráramos en qué se iba a gastar el dinero y en qué se ha
gastado, al final veríamos que las variaciones han sido mayores. Es
decir, que lo que aprobamos y lo que liquidamos no se parece o se parece
poco. Por tanto, a mí me gustaría que hubiese un mayor rigor, un mayor
control presupuestario, un severo control presupuestario para que los
programas, los presupuestos y las inversiones que se proponen en un
principio sean las que se cumplan al final.

A nivel de déficit a mí me gustaría conocer si tienen previsto o si es
posible que el Tesoro Público hiciera una especie de presupuesto
financiero, igual que lo hacen las corporaciones locales, que empiezan a
valorar, a hacer un cuadro de previsiones financieras mensuales para
evitar todo un devenir complicado; si es posible o si tienen previsto
introducir esa idea de presupuesto financiero para acometer los gastos
que mensualmente tenemos para que luego no nos pille de sorpresa que hay
que pagar los salarios, que hay que hacer frente a determinadas
actuaciones, y que sea extraordinario lo que es extraordinario y no que
sea una evolución complicada de la actuación económica la que se pueda
proyectar. En todo caso, a la primera pregunta que le he hecho yo no he
encontrado respuesta; me refería a las previsiones de gasto o de déficit
público que ustedes tenían a principios de 1992, porque la evolución ha
sido bastante diferente a aquellas previsiones. Fíjese que en junio de
1993 el Ministro de Economía, entonces abocado a la campaña, nos dijo que
no había problema de déficit público, que no estaba disparado, y en junio
ya se conocían las cosas. Se ocultó información, por lo menos de la
realidad que había, y se nos dijo que íbamos a un déficit del 3,5 por
ciento, cuando usted ha hablado del 4,8, e incluso de que al final del
ejercicio vamos a acercarnos al 6 por ciento del producto interior bruto.

En cualquier caso, no es malo «per se» que se hayan incumplido las
previsiones que había, sino qué se ha hecho con ese déficit público. Eso
es lo que yo creo que es complicado.

A mí me gustaría --no es para que se me responda ahora-- tener ese cuadro
que hay en la página 20, pero de los distintos ministerios, para conocer
los deslizamientos que ha habido en cada uno de ellos. Si no es posible,
lo tendremos con la liquidación del presupuesto y entonces podremos
trabajar sobre él. Si puede entregarnos los documentos que ha dicho que
nos podía dar, se lo agradeceríamos y, si no los tiene hoy, le rogaría
que los entregara al señor Presidente en lo que queda de mes para que nos
los haga llegar.

Nada más. Esperamos que el hijo que pueda salir el día 28, día de los
Santos Inocentes, que es el presupuesto, tenga una liquidación con menos
inocentadas que el que liquidamos hoy.




El señor PRESIDENTE: Acorde con la última parte de la intervención del
señor Ríos, quería hacer una precisión a los grupos.

Señoras y señores Diputados, normalmente el trámite de información por
escrito al Gobierno está establecido en el Reglamento y son preguntas que
se hacen por escrito y el Gobierno contesta también por escrito. Hay un
trámite extraordinario que la costumbre parlamentaria ha establecido de
petición de información y facilitación de esa información por parte de la
Administración, por lo



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demás atípico y no prohibido en el Reglamento, pero no establecido --cree
la Presidencia que es una de las lagunas del Reglamento--, que consiste
en que en ese momento de la presencia ante las Comisiones, y en
particular ante la Comisión de Presupuestos, de los representantes de la
Administración del Estado, se les pida información por escrito y, siempre
que ellos dicen que es posible darla, la Mesa de la Comisión ampara a los
Diputados y a los grupos para la facilitación de esa información. Llevar
ese trámite, señor Ríos, a este tipo de comparecencias creo que sería un
poco excesivo. Sería ser más papista que el Papa que esta Presidencia
prohibiera al Secretario de Estado dar una información por escrito más
allá de la que se ha facilitado, pero también tengo que decir con toda
claridad que ése sería un trámite en el que la Mesa se vería
absoslutamente imposibilitada de amparar a las señoras y señores
Diputados y a los grupos; es un trámite que si la benevolencia de las
relaciones normales del Secretario de Estado lo quiere facilitar, lo
facilita, pero sin nuestra intervención y, si me apura, sin nuestro
amparo, porque normalmente eso tiene acogida en las preguntas escritas a
hacer por los grupos y por los Diputados al Gobierno.

Tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, deseo dar las gracias al
señor Secretario de Estado de Hacienda por las respuestas a las
cuestiones que he planteado.

Me voy a referir muy brevemente a tres cuestiones que en cierto modo me
han llamado la atención. Una de ellas es el hecho de que la Cámara haya
aprobado, de esa desviación presupuestaria de un billón y medio, 700.000
millones de desviación. Creo que el señor Secretario de Estado no ha
querido hacernos cómplices de las desviaciones al decir que se haya
aprobado por la Cámara; también en el Parlamento se aprueban los
presupuestos y yo, desde luego, no me siento responsable de la ejecución
de los mismos.

La segunda cuestión que también me ha llamado la atención es que el hecho
de que existan desviaciones no es consecuencia de una mala gestión.

Indudablemente, las desviaciones se producen por muchas causas, pero
también una de esas causas es la mala gestión o, dicho de otra forma, si
se realizara una buena gestión posiblemente se podrían controlar mucho
más las desviaciones. Por eso creo que gestión y desviación tienen una
correlación importante; al margen de las necesidades sociales, de la
situación económica internacional y de todas esas variables que influyen
en las desviaciones, creo que la gestión es fundamental y no debemos
intentar siempre eludir la responsabilidad o, dicho de otra manera, el
que sean siempre otros factores externos los que tengan la culpa de las
consecuencias que tiene la desviación presupuestaria. (El señor
Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.)
La tercera cuestión que he recogido ha sido el hecho de que haya dicho
que el objetivo prioritario de la política económica del Gobierno es la
disminución del déficit público, al menos eso es lo que he entendido. No
sé si lo ha dicho así, pero yo he entendido que el objetivo prioritario
de la política económica del Gobierno es la disminución del déficit
público. Si el objetivo prioritario es la disminución del déficit
público, desde luego las políticas económicas que desarrolla el Gobierno
no van en la dirección de reducir el déficit público. Como creo, por los
gestos que hace el señor Secretario de Estado, que no he debido
interpretarlo bien, no me voy a extender en este punto.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Agradezco al Secretario de Estado de Hacienda la
contestación que ha dado a nuestras intervenciones. Sin embargo, no me
voy a referir a esa contestación, que agradezco, sino a algunas de las
consideraciones efectuadas por el portavoz del Grupo Popular. Lo haré con
brevedad, puesto que me imagino que durante la próxima semana todavía
vamos a tener tiempo para hablar de estas mismas materias y, por tanto,
lo hago simplemente por no dejar en el aire algunas de sus reflexiones en
lo que contradicen o chocan con los pensamientos expresados hoy y en
otras ocasiones por el Grupo Socialista.

En primer lugar, debo reconocer que hoy me ha parecido más acertado el
señor Arias-Salgado que otros portavoces de su Grupo en anteriores
ocasiones al valorar las desviaciones presupuestarias. Me parece que
hacen bien en referirse de vez en cuando a las causas que generan esas
desviaciones, como por ejemplo que el escaso crecimiento económico lleva
a menores ingresos, e igualmente cómo se puede compensar en un momento de
recesión económica la caída de ingresos, o qué hacer ante determinados
gastos que inexorablemente en un Estado con un sector público grande,
como es el nuestro, aumentan en momentos de crisis, etcétera. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) Me parece que ésa es una reflexión y un
debate político digno y muy necesario para ejercer el control
parlamentario y en ello estamos de acuerdo; en cambio, siempre me ha
parecido mucho menos interesante tratar de contrarrestar las desviaciones
presupuestarias generadas, por ejemplo, por el aumento en el gasto de
prestaciones por desempleo, o por menores ingresos en el Impuesto sobre
Sociedades porque desaparecen los beneficios de las empresas, la
Intervención General del Estado creo que tiene que hacer. Cuando se
desvía el Capítulo II en estudios o actividades, o cuando se desvía el
Capítulo I por contratación de más personasl del previsto o porque se
elevan los complementos específicos, ahí la Intervención General del
Estado y el control presupuestario tradicional tienen que intervenir y
tienen que ser interpelados si eso sucede. Pero, en lo que hoy nos ocupa
como causa del 95 por ciento de las desviaciones del ejercicio de 1993,
yo creo que el señor Arias-Salgado acierta al no referirse tanto a la
Intervención General del Estado, como algunos de sus antecesores en el
cargo de



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portavoz en esta Comisión de Presupuestos, e ir más al fondo; creo que
eso es lo relevante.

Por ejemplo, se extrañaba usted de que, frente a lo que decía el Gobierno
en el libro amarillo de los presupuestos y lo que dijo el Ministro de
Economía en el sentido de que la desviación del Inem iba a ser cubierta
por un crédito complementario de 407.000 millones, en cambio ayer hayamos
votado uno de 456.000 millones y pregunta por qué sucede eso. Ello se
debe a que la desviación ha sido mayor al haber menores ingresos y al
existir todavía una cantidad que no estaba regularizada con los créditos
extraordinarios anteriores. ¿Qué es mejor, haber incluido esa desviación
adicional --que se conoce ahora y que no se sabía a principios de
septiembre cuando se redactó ese libro-- como ha hecho el Gobierno y como
ha querido esta Cámara convalidar ayer, o no haberla introducido para
fijarse en la literalidad de las previsiones, pero haber dejado una
cantidad pendiente de formalización en el ejercicio próximo? Yo creo que
es mejor lo que ha hecho el Gobierno y lo que ayer hemos convalidado en
esta Cámara con su abstención.

Ese tipo de análisis, en el cual coincido al analizar las causas de las
desviaciones y no sólo sus manifestaciones superficiales o unos
instrumentos técnico-burocráticos que no pueden hacer nada ante el
aumento del gasto en prestaciones por desempleo en momentos de crisis, sí
conecta con el error en previsiones económicas. Ahí sí que me reconocerá
que no estamos solos; es más, cualquiera que se lea los informes de la
OCDE, del Fondo Monetario o de organismos internacionales prestigiosos
que analizan la situación de las economías industrializadas, sobre todo
cuando la recesión influye de forma fuerte sobre estos países, encuentra
incluso análisis económicos sesudos sobre las desviaciones entre
previsión y ejecución de cada ejercicio económico presupuestario en el
conjunto de los datos económicos en todos los países industrializados, y
no sólo en este país intermedio al cual nosotros dedicamos nuestras
tareas políticas y representamos a sus ciudadanos. Todos los países,
cuando hay una recesión, cuando cambia el signo del ciclo y nos
adentramos en una depresión --y pasará dentro de poco, espero, cuando nos
adentremos en la reactivación-- ven cómo la realidad se desvía de las
previsiones, que son mucho más fáciles de hacer cuando el signo de la
evolución económica no varía entre el momento de realizar la previsión y
la comprobación de su veracidad que cuando está variando, como ha
sucedido en nuestra economía a finales de 1992 y en la primera mitad del
año 1993.

Hace usted una reflexión importante y pregunta qué hay que hacer desde el
punto de vista de los ingresos, porque desde el punto de vista de los
gastos ustedes nunca dicen lo que hay que hacer, aunque nosotros nos lo
imaginamos; ustedes cogerían una tijera y pegarían un corte a las
prestaciones por desempleo y a gastos de naturaleza social bastante
fuerte, porque dicen que hay que controlar el gasto y, en cambio, un
digno representante de su Grupo, cuando debatimos los presupuestos del
Capítulo I, suele decir siempre que es escaso y que la inversión pública
no debe disminuir, sino que debe mantenerse como está en el cinco por
ciento del PIB. Por tanto, nos imaginamos lo que harían, pero es su
problema decirlo o no decirlo.

En cuanto a los ingresos, había que aumentar la recaudación a base de
bajar los impuestos, a base de bajar los tipos impositivos, como hacen
con el IRPF en sus propuestas de ayer; incluso van más allá de sus
propuestas de ayer, de las que han hecho escasamente dos meses en el
propio Pleno del Congreso.

Ahora han descubierto que lo de Reagan, ese momento de déficit público
tremendo, que nos ha traído a todos consecuencias nocivas en estos años,
no se debió a haber hecho caso al señor Lapher, sino a que gastaba
demasiado en defensa; gastó demasiado en defensa porque le había hecho
caso al señor Lapher y contaba con unos ingresos que no se produjeron, no
porque estuviese en otro tipo de batallas. Contó con más gastos en
defensa porque creyó en una teoría de un señor que malas lenguas dicen
que la escribió en la servilleta de un restaurante. No sé si es cierto
(el señor Montoro lo sabrá que para eso es catedrático en la materia),
pero el problema es que los ingresos no vinieron. Aquí los experimentos
con gaseosa, como sabiamente dice el castellano, y mientras tengamos
posibilidades de impedir con nuestros votos que ustedes echen gasolina al
fuego, lo haremos.

Cambiar de política económica. En fin, no creía que usted hoy, ya
cercanos al final del ejercicio, iba a repetir eso; porque cambiar de
política económica ¿qué es? Usted lo decía hace un año cuando los tipos
de interés eran seis puntos superiores a los actuales. Hoy todavía hablan
de cambiar de política económica, no sabemos si es para volver a la de
hace un año porque les gustaban los tipos de interés en el nivel en que
estaban hace un año, o creen que es posible bajarlos a tipo nominal más
negativos.

Hablan de cambiar de política económica hace un año o hace año y medio
cuando la peseta estaba apreciada un 20 o un 25 por ciento por encima del
nivel actual, y ayer todavía el portavoz de su Grupo en el debate con el
Vicepresidente del Gobierno criticaba -- no sé en qué sentido, si por
escasez o por abundancia-- la depreciación de la peseta que se había
producido en el último ejercicio. Critican que no se afloren gastos, pero
critican cuando se afloran los gastos reales en el ejercicio de 1993 del
Inem; critican que el Capítulo I no crezca, así como que el gasto
corriente crezca. Me parece que los que tienen que cambiar de ideas y,
sobre todo, precisar algunas de ellas, o por lo menos explicitarlas, son
ustedes. Si piden que aflore el gasto público y que los presupuestos
reflejen la realidad, también esperamos todos que públicamente sean
conocidas sus ideas, porque la verdad es que nos dejan con muchas más
interrogantes que respuestas.




El señor PRESIDENTE: La última de las intervenciones de esta
comparecencia corresponde al señor Martínez.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Señor
Presidente, le aclararé al señor Arias-Salgado las cuestiones sobre las
operaciones



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presupuestarias, ya que no hay ningún problema sobre el particular.

Creo que se ha referido al incumplimiento de previsiones, al fallo de
previsiones. Ya hemos analizado esta cuestión en esta Comisión otras
veces y siempre decimos las mismas cosas. Ustedes dicen que hay
imprevisiones, aunque hay incumplimientos; yo siempre les digo que esto
ha ocurrido no sólo con las previsiones del Gobierno, sino con las de los
demás gobiernos, con las de las instituciones internacionales, con las de
las universidades, etc. No deberíamos señalar aquí, como un hecho
novedoso, que en 1993 ó 1992 las previsiones económicas no se hayan
cumplido porque evidentemente es un lugar común que no nos dice nada. Lo
que hemos hecho ha sido adaptarnos a la situación económica.

Creo que el señor Arias-Salgado hacía muy bien las cuentas, porque una de
las cuestiones fundamentales que se está poniendo de manifiesto aquí esta
tarde es el tema de las modificaciones presupuestarias. Las
modificaciones presupuestarias que aparecen recogidas en el informe son
de un billón 500.000 millones; hemos dicho que faltan 456.000 millones
del presupuesto que, aproximadamente, van a sumar dos billones de
pesetas.

Como digo, el señor Arias-Salgado hacía muy bien las cuentas cuando decía
que aproximadamente un billón sería para pagar mayores gastos en el Inem.

Esa yo creo que es la causa. Podríamos seguir ampliando y podríamos decir
que el otro billón y medio de pesetas se produce como consecuencia de la
financiación de inversiones, que también se considera como un hecho
importante desde el punto de vista económico.

Eso nos pone de manifiesto esta cuestión que es importante, de la que
estábamos hablando antes. Primero, que no quiere decir desviaciones
presupuestarias, descontrol en la gestión del presupuesto; no se trata de
que los ministerios despilfarren los créditos presupuestarios que tienen,
sino que se está haciendo frente a la crisis económica, con lo que
significa un presupuesto
moderno, con los mecanismos automáticos que se comprenden en el propio
presupuesto.

A partir de ahí, creo que el señor Arias-Salgado hacía una serie de
consideraciones, quizá un poco exageradas y a lo mejor no muy propias, al
entender que el hecho de las devoluciones en el Impuesto sobre la Renta
pone de manifiesto un exceso de presión fiscal. Yo creo que eso no es así
porque siempre la presión fiscal la deberemos ver una vez que a este
señor se le ha devuelto la cuota correspondiente. El importe de las
devoluciones no pone de manifiesto cuál es la presión fiscal, sino que
precisamente la presión fiscal la determinaremos una vez que se hayan
hecho estas devoluciones. Aquí enlazó el señor Arias-Salgado con la
necesidad de bajar las tarifas del Impuesto sobre la Renta. Yo creo que,
en el momento actual, ésa no es una política adecuada. Creo que una
política de ese tipo, inmediatamente, nos va a producir una mayor
situación de déficit. No sé si está comprobado --yo creo que sí-- que
cuando se produce una bajada de tarifa se produce una bajada de ingresos,
pero lo que no está comprobado de ninguna manera es que cuando se produce
una bajada de la tarifa se produzca un aumento de ingresos; eso sí que no
está comprobado en ninguno de los casos. Una bajada de tarifa nos va a
determinar, seguro, una ampliación del déficit y entonces vamos a ir en
sentido contrario de lo que constituye uno de los objetivos fundamentales
de la política fiscal de los distintos países de la Comunidad Económica
Europea que, como bien saben es una política de consolidación fiscal.

En este sentido, creo que el señor Arias-Salgado hace pocas
consideraciones con el esfuerzo de reducción del déficit que contienen
los Presupuestos para 1994. Ha dicho que contiene sólo una reducción del
déficit del 0,5 por ciento y ha considerado que eso era muy poco. Yo creo
que no hemos conseguido convencer al señor Arias-Salgado con todas las
explicaciones que hemos dado, en este libro amarillo y en el resto de la
información, de lo que supone ese 0,5 por ciento, de lo que supone que, a
pesar de ese 0,5, va a aumentar el déficit que se va al ciclo, de lo que
ese 0,5 significa de disminución del déficit estructural del Estado, de
lo que significa de reducción del déficit y de reducción del gasto una
vez que descontamos los gastos que son necesarios, como las aportaciones
a las comunidades autónomas, etcétera. Eso no le ha convencido, pero yo
creo que lo peor es que no debe tener información sobre lo que hacen los
demás países. No quería hacerlo, pero le voy a leer unos datos.

La otra vez que comparecí ante esta Comisión, di lectura de cómo andaba
el déficit por los demás países europeos. En aquellos momentos traje el
informe del Fondo Monetario Internacional, que se acababa de publicar, y
hoy traigo los datos que se contienen en el reciente informe de la OCDE,
al que usted hacía referencia anteriormente. Para calibrar el importe del
esfuerzo que se hace en el presupuesto para 1994, le diré que Alemania,
en el año 1993 va a tener un déficit del 4 por ciento y en el año 1994 lo
va a reducir al 3,5 por ciento; una reducción del 0,5 por ciento.

Francia, que va a tener un 6 por ciento, en el año 1994 lo va a dejar en
un 6 por ciento; no va a haber ninguna reducción del déficit. Italia, que
en 1993 está en el 9,7 por ciento, lo va a reducir al 8,7 por ciento; van
a hacer un esfuerzo, pero Italia, lógicamente, debe hacer este esfuerzo.

Reino Unido, que está en el 8,2 por ciento, va a bajar al 7,4 por ciento.

Creo que, con estos datos, debemos calibrar y valorar exactamente el
esfuerzo que se hace en el presupuesto del Estado para 1994 en orden a la
reducción del déficit, ya no por las explicaciones que hemos dado en la
documentación que acompaña al presupuesto, sino por estos datos que, como
le digo, están extraídos del informe de la OCDE, tratando a la vez de
alcanzar --eso siempre-- un principio de solidaridad en la acomodación a
la crisis económica. Cuando hablan sólo de cantidades en el gasto público
y cuando consideran que es poco reducir el 0,5 por ciento, sin valorar
cómo surge este 0,5 por ciento, ustedes simplemente están haciendo
referencia a que el gasto público se debe cortar. Vimos anteriormente
dónde están las desviaciones del gasto público; usted hizo los cálculos y
determinó que en el año 1993 la desviación



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respecto al Inem era de 900.000 millones de pesetas. Creo que eso es lo
que subyace en ese sentido.

También estas cifras hacen referencia a algo que creo que cuando usted ha
contestado al señor Almunia lo decía erróneamente, porque pensaba que el
6 por ciento del déficit medio de la Comunidad en 1993 venía determinado
por países como Grecia, Portugal, etcétera; pero ya le he dicho que
Francia, por ejemplo, está en el 6 por ciento, Italia en el 9,7 por
ciento y el Reino Unido en el 8,2 por ciento. Por tanto, creo que esta es
una de las cuestiones fundamentales que hemos debatido aquí en relación a
la naturaleza de las desviaciones presupuestarias.

La otra cuestión es que esta no es --en esto siempre insisto cuando hago
estas comparecencias-- una situación propia de España, no es consecuencia
de que la Administración española administre mal o que se estén
utilizando técnicas contables inapropiadas o que estemos utilizando, como
usted ha dicho --yo también lo creo--, con poco rigor, laxamente la Ley
General Presupuestaria, sino que estamos en la misma situación en la que
están los demás países de la Comunidad Económica Europea y estamos
contemplando resolver, salvar la situación económica manteniendo los
compromisos, los derechos adquiridos por los ciudadanos y manteniendo,
además, un principio de solidaridad. Creo que esa es la diferencia en
este tipo de cuestiones cuando las tratamos en la Comisión. Creo que con
esto he contestado a todas las cuestiones que usted planteaba.

El señor Ríos también hacía referencia a alguna información que si
podemos le daremos. Después hablaba también de las previsiones de
variación del déficit público, de las previsiones del presupuesto inicial
al final. Creo que esto se ha explicado al dar respuesta a otros señores
Diputados.

El señor Zabalía hacía referencia a lo que yo había dicho respecto a los
decretos-ley. Los decretos-ley se remiten por el Gobierno y se aprueban
por estas Cámaras. Yo creo que no es un razonamiento formal y se me decía
que el presupuesto que se gestionaba estaba muy alejado del aprobado por
estas Cámaras. Yo le contestaba que una parte de esas modificaciones
presupuestarias a su vez eran aprobadas también por las Cámaras.

Simplemente quería decir eso.

No he querido decir, aunque lo haya hecho literalmente, que el objetivo
prioritario de la política económica del Gobierno fuera la reducción del
déficit. Ese no es un objetivo prioritario, simplemente es instrumental.

El objetivo prioritario de la política económica del Gobierno, si hemos
de sintetizarlo de alguna manera es la creación de empleo. Para eso y
para el mantenimiento de todos los equilibrios macroeconómicos, el
objetivo de conseguir disminuir el déficit público es simplemente
instrumental.

Creo que las desviaciones, como he dicho anteriormente al señor
Arias-Salgado, no son producto de una mala gestión del presupuesto. Estoy
seguro de que la gestión presupuestaria se puede mejorar y estamos
empeñados en hacerlo, de eso no cabe duda. Siempre se podrá mejorar, pero
creo que la desviación del presupuesto no tiene como consecuencia que el
presupuesto se gestione mal, sino esas otras consideraciones generales
que hacía anteriormente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.

Con su intervención finaliza la sesión. Buena Navidad. Buen año.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y treinta minutos de la noche.