CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 97
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTE: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 6
celebrada el miércoles, 22 de diciembre de 1993



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Director General del Instituto Nacional de la
Salud, INSALUD (Temes Montes), para informar:
--Sobre la política general del citado Instituto. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000337) (Página 3105)
--Acerca de las graves insuficiencias en asistencia sanitaria de la
Clínica Sear, concertada con dicho Organismo. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000339) (Página 3105)
--Para dar cuenta de las líneas generales de actuación del citado
Organismo. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/000361) (Página 3105)
Preguntas:
--De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
información que tiene el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) acerca
de una inspección realizada sobre más de 50.000 recetas de pensionistas,
con objeto de detectar posibles actos fraudulentos. (BOCG, serie D,
número 29, de 22-11-93. Número de expediente 181/000163) (Página 3127)

Página 3104



--Del señor Fernández-Miranda y Lozana (Grupo Parlamentario Popular),
sobre compatibilidad de la aplicación del Real Decreto 1575/1993, de
libre elección de médico, con la vigencia del Estatuto Jurídico del
personal sanitario al servicio del Instituto Nacional de la Salud,
INSALUD. (BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93. Número de expediente
181/000195) (Página 3129)
--De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
importe de las cantidades pagadas indebidamente por la sanidad pública,
en concepto de dedicación exclusiva, a profesionales sanitarios que han
venido percibiendo salarios por parte de sociedades médicas privadas.

(BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93. Número de expediente 181/000229)
(Página 3131)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
financiación del Hospital de Los Dolores en la Isla de La Palma. (BOCG,
serie D, número 31, de 29-11-93. Número de expediente 181/000264) (Página 3132)
--Del señor Villalón Rico (Grupo Parlamentario Popular), sobre mecanismos
de seguridad que no funcionaron en los incendios ocurridos en los
Hospitales Puerta de Hierro y 12 de Octubre, de Madrid. (BOCG, serie D,
número 31, de 29-11-93. Número de expediente 181/000236) (Página 3134)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de si los
controles de seguridad en los Hospitales del Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD) cumplen la normativa vigente. (BOCG, serie D, número 31,
de 29-11-93. Número de expediente 181/000237) (Págima 3134)
--Del mismo señor Diputado, sobre homogeneidad de las medidas de
seguridad en todas las dependencias de los Hospitales del Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD). (BOCG, serie D, número 31, de 29-11-93.

Número de expediente 181/000238) (Página 3134)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas en materia de seguridad
hospitalaria para que no se repitan accidentes como los ocurridos en los
Hospitales de Puerta de Hierro y 12 de Octubre, de Madrid. (BOCG, serie
D, número 31, de 29-11-93. Número de expediente 181/000239) (Página 3134)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
situación en que se encuentran las negociaciones con el Gobierno de
Canarias para concluir el proceso de transferencias en materia de
sanidad. (BOCG, serie D, número 31, de 29-11-93. Número de expediente
181/000234) (Página 3137)
--Del señor García Fonseca (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
promoción en Asturias de Unidades de Vigilancia Intensiva (UVIS) móviles
para el traslado urgente primario de pacientes dentro de un sistema
articulado de emergencias. (BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93. Número
de expediente 181/000228) (Página 3139)
--Proposición no de ley sobre prescripción y comercialización del fármaco
RU-486 en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

(BOCG, serie D, número 13, de 4-10-93. Número de expediente 161/000025)
(Página 3140)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




La señora PRESIDENTA: Señorías, buenos días.

Iniciamos la sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo para la
celebración del orden del día, que ustedes conocen: En primer lugar, la
comparecencia del Director General del Insalud, señor Temes; una serie de
preguntas, y una proposición no de ley.

Quisiera transmitir a SS. SS., antes de iniciar la sesión, la reflexión
de la Mesa de la Comisión cuando acordamos este orden del día. Teniendo
en cuenta las fechas en las que estamos, aunque parezca un orden del día
relativamente concentrado e intenso, transmitimos el deseo de que, pese a
la flexibilidad horaria que habitualmente tenemos, si les parece bien,
agilicen lo más posible sus intervenciones de manera que pudiéramos
acabar con el orden del día hacia las dos o dos y cuarto de esta tarde.

No obstante, como no está cerrado en el orden del día, sí quiero
comunicarles que la proposición no de ley la debatiremos hacia la una o
una y media de la tarde, de manera que las preguntas llegarán hasta ahí
y, posteriormente, continuaríamos, si les parece. Igualmente proponerles
que si llegaran las dos o dos y media de la tarde y quedaran fuera muchas
preguntas, si SS. SS. estarían dispuestas a dejarlas para una próxima
Comisión. Esta es una reflexión que hicimos y que deseábamos
transmitirles. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Señor Fernández-Miranda.




Página 3105



El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, hay que en cuenta
que reglamentariamente quizá la dificultad esté en que al acabar el
período de sesiones antes de las vacaciones de Navidad, las preguntas
orales que no se hayan tramitado teóricamente decaen y habría que
formularlas «ex novo», ¿eso no impediría ser contempladas, aunque la
tramitación se alargase a efectos de la próxima Comisión, sin que
formalmente hubiese que volver a realizarlas?



La señora PRESIDENTA: Me comenta el letrado de la Comisión que,
efectivamente, las preguntas que no hayan entrado, decaen, y son
respondidas por escrito desde el Ministerio, salvo que SS. SS. deseen
volver a plantearlas y en ese caso quedaríamos de acuerdo para hacerlo en
la primera Comisión del próximo período de sesiones.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SALUD (INSALUD), TEMES MONTES, PARA INFORMAR:



--SOBRE LA POLITICA GENERAL DEL CITADO INSTITUTO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000337.)



--ACERCA DE LAS GRAVES INSUFICIENCIAS EN ASISTENCIA SANITARIA DE LA
CLINICA SEAR, CONCERTADA CON DICHO ORGANISMO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 212/000339.)



--PARA DAR CUENTA DE LAS LINEAS GENERALES DE ACTUACION DEL CITADO
ORGANISMO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.

(Número de expediente 212/000361.)



La señora PRESIDENTA: Comenzamos el orden del día de la sesión.

Se encuentra entre nosotros, para dar cumplimiento al primer punto, el
Director General del Instituto Nacional de la Salud, señor Temes, para
informar sobre la política general del instituto. Esta comparecencia ha
sido solicitada por los Grupos Socialista del Congreso y Popular en el
Congreso. Asimismo ha sido solicitada la presencia del señor Temes en
esta Comisión por el Grupo Federal de Izquierda Unida, en relación con un
tema muy concreto, para hablar de las graves insuficiencias en asistencia
sanitaria de la Clínica Sear, concertada con dicho organismos. De acuerdo
con la portavoz de Izquierda Unida, vamos a incorporar también esta
petición suya, que es muy específica y muy concreta, dentro no tanto en
el planteamiento inicial que nos haga el señor Temes, sino en el turno de
intervención de los grupos.

Así, pues, tiene la palabra el señor Director General del Instituto
Nacional de la Salud.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSALUD (Temes Montes): Muchas gracias,
señora Presidenta.

Señorías, ante todo quiero expresar mi satisfacción por comparecer ante
esta Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, así
como desearles que su labor legislativa y de control del Gobierno sea la
más fructífera posible a lo largo de la presente legislatura.

En mi exposición sobre las líneas de actuación del Insalud para los
próximos años me referiré a los principios que inspiran la política
sanitaria del Gobierno, a los objetivos del Insalud y a las medidas
concretas que vamos a adoptar en el futuro. También quisiera pedirles que
formulasen aquellas propuestas y sugerencias que consideren pertinentes,
lo que sin duda enriquecerá nuestras líneas de actuación.

Como saben SS. SS., el Sistema Nacional de Salud, del que el Insalud es
el proveedor principal, es un sistema universal financiado públicamente.

Es el único tipo de sistema que garantiza que el acceso a las
prestaciones sanitarias se determine por su necesidad médica y no por el
nivel de renta de los ciudadanos. Está basado, por tanto, en una doble
solidaridad: la propia de todos los sistemas impositivos progresistas
(paga más quien más tiene) y la adicional de los sanos respecto a los
enfermos (pagan todos los ciudadanos para que puedan tener acceso a las
prestaciones del Sistema Nacional de Salud quienes las necesiten). Este
sistema de aseguramiento universal y financiación solidaria es el que
diferencia profundamente el Sistema Nacional de Salud de otros sistemas
de aseguramiento que, al carecer de esta cobertura universal, tienen que
basarse necesariamente en la selección de riesgos, es decir, en la
exclusión de patologías o ciudadanos por su alto coste. Sólo un sistema
como el nuestro puede asegurar los riesgos sin realizar una exclusión
basada en análisis previos de la situación de salud, de la edad, de la
limitación de la permanencia en situaciones de enfermedad o de la
exclusión de determinadas patologías costosas; sólo un sistema de
aseguramiento universal puede garantizar la atención a un enfermo
terminal de cáncer, el mantenimiento de un infante prematuro, el
tratamiento de un enfermo de sida o la realización de un implante de
cadera a un anciano.

Hoy conocemos que el sistema sanitario español ha sido uno de los
ejemplos que han guiado la reforma sanitaria que quiere implantar el
Presidente Clinton en los Estados Unidos; sin embargo, muchos elementos
de la reforma Clinton, que suponen grandes avances para la realidad
sanitaria de los Estados Unidos, serían regresivos si se pusieran en
práctica en España. Por ello, no dejan de sorprender algunas propuestas
que se están formulando últimamente, donde se cuestiona la esencia misma
del Sistema Nacional de Salud y que, además, conllevarían un aumento del
gasto sanitario hasta límites que nuestro país no podría soportar. En
definitiva, se puede concluir, tal y como señaló la Ministra de Sanidad y
Consumo en una reciente comparecencia ante SS. SS., que el sistema
sanitario público es, en la España de hoy, una de las instituciones
básicas que promueven la seguridad, el bienestar y la convivencia en paz
de todos los



Página 3106



españoles; es una conquista de toda la sociedad española, una conquista
que debemos cuidar, proteger, fortalecer y mejorar.

Me van a permitir SS. SS. que les dé algunos datos sobre el Instituto
Nacional de la Salud, gestión directa, que seguramente ya conocen.

El Insalud, gestión directa, atiende aproximadamente al 43 por ciento de
la población protegida por el Sistema Nacional de Salud (15,5 millones de
habitantes), para ello cuenta con 89 hospitales (unos 35.000 camas en
funcionamiento), 812 centros de salud con 928 equipos de atención
primaria y unos 137.000 trabajadores, de los cuales 30.000 son médicos.

Para dar una idea de la actividad del Insalud, quisiera subrayar que se
realizan 80 millones de consultas por año en asistencia primaria
(aproximadamente 300.000 consultas por día), 13,5 millones de consultas
hospitalarias (alrededor de 37.000 al día), 666.000 intervenciones
quirúrgicas, de las cuales 484 son trasplantes renales, 171 hepáticos y
88 cardiacos. Asimismo, se mantienen 3.200 enfermos en diálisis y se
extienden más de 200 millones de recetas al año.

El coste de este complejo sistema de protección es comparativamente bajo
(209 pesetas por habitante y día en el año 1992), obteniéndose unos
resultados en términos de esperanza de vida (74 años para los hombres y
80 para las mujeres) y de calidad de la misma comparables a los países
más desarrollados y claramente satisfactorios para el conjunto de los
ciudadanos.

Para mantener esta estructura y satisfacer esta demanda, el Insalud
dispone de un presupuesto, para 1994, de un billón 254.000 millones de
pesetas, el 6 por ciento más que el año anterior. No me voy a extender en
detalles sobre el presupuesto porque ya lo hice en otra comparecencia
ante SS. SS., si bien quisiera hacer una valoración de carácter general
sobre el mismo.

Es un presupuesto equitativo porque permite financiar la asistencia
sanitaria, asegurando y financiando el derecho a la protección de la
salud de todos los ciudadanos sin distinción; es un presupuesto realista
porque se adapta a la situación económica actual de nuestro país; es un
presupuesto riguroso, lo que significa que, dado que los recursos siempre
serán limitados, cada peseta deberá gastarse de la mejor forma posible,
ello implica utilizar criterios racionales de gestión económica, de
gestión de personal y de recursos en general. Cumplir el presupuesto en
su doble vertiente de actividad y gasto es uno de los dos objetivos
prioritarios del Insalud para el próximo año.

No quiero que se interpreten mis palabras como mero economicismo, no se
trata de ahorrar por ahorrar, se trata de gestionar de manera eficiente
los recursos que nos ha asignado la sociedad española; sólo así, en una
etapa de crisis económica, podremos mantener un sistema sanitario
equitativo y solidario. Este objetivo no es una responsabilidad exclusiva
de las administraciones públicas sanitarias, es una responsabilidad que
debe compartir la sociedad en su conjunto, empezando por los ciudadanos,
siguiendo por los trabajadores del sector (especialmente los médicos), la
oferta privada de servicios sanitarios, las empresas suministradoras de
bienes y servicios y otras administraciones públicas cuyas decisiones
tienen repercusión en el sistema sanitario.

El otro gran objetivo es convertir las listas de espera en agendas de
trabajo. Las listas de espera son un motivo de seria preocupación para
los responsables de garantizar una asistencia de calidad a la población;
las listas de espera son un fenómeno asociado a todos los sistemas
sanitarios que, como el nuestro, garantizan el acceso universal y
gratuito a las prestaciones sanitarias; las listas de espera habrán de
estar compuestas por patologías leves y procedimientos de escasa
complejidad, tratando de que sólo espere quien puede esperar y que lo
haga el menor tiempo posible. Desde este punto de vista pretendemos tener
agendas de trabajo en las que se canalicen las actuaciones y se programe
la actividad con tiempos de espera que todos puedan entender como
razonables. Por todas estas razones, llama poderosamente la atención que,
sin ningún rigor, se utilicen políticamente las cifras de pacientes en
listas de espera en un intento de restar legitimidad a la sanidad
pública. Se trata de ser más eficientes a la hora de dar respuesta a la
demanda planteada con los recursos disponibles; es pues un problema
fundamentalmente técnico y no político. Sería absurdo negar la existencia
de listas de espera en el territorio del Insalud, gestión directa; las
hay, como las hay en todas las comunidades autónomas con Insalud
transferido y como las hay también en los países de nuestro entorno con
servicios sanitarios públicos. Nuestro compromiso claro y decidido es que
las listas de espera dejen de ser el principal desajuste de un servicio
sanitario eficiente y de alta calidad. Por ello, quiero hacer un
llamamiento para que, entre todos, defendamos a los centros públicos y a
sus profesionales frente a cualquier intento de desprestigio desde dentro
o desde fuera del sistema. Esos centros y esos profesionales son nuestro
principal recurso asistencial, se han creado con el esfuerzo de todos los
españoles y constituyen un activo que pertenece a todos; desprestigiarlos
sistemáticamente es un mal servicio a la sociedad española.

No me voy a detener ahora en detallar acciones concretas sobre las listas
de espera, a las que me referiré más adelante; estas medidas, en
síntesis, se dirigen a incrementar la eficiencia de los hospitales y a
modificar la política de personal y de conciertos con instituciones
públicas y privadas.

Líneas generales de actuación. Las líneas de trabajo iniciadas y
desarrolladas en el contrato-programa marco de 1993, entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y el Instituto Nacional de la Salud, se convierten
en los ejes de actuación para los próximos años. Igualmente se mantienen
como objetivos propios los expresados en el plan de gestión establecido
por el Ministerio de Sanidad y Consumo para el instituto. En este marco,
los objetivos para 1994 se articulan en torno a tres directrices
principales: mejora de la gestión, aumento de la calidad de los servicios
e incremento del grado de libertad y satisfacción de los usuarios.

Mejora de la gestión. Atender los problemas



Página 3107



prioritarios de salud. Estos problemas se derivan de los cambios
demográficos y del patrón de morbi-mortalidad, así como de la aparición
de nuevas enfermedades. La situación demográfica en España, al igual que
en los países de nuestro entorno, se caracteriza por el rápido proceso de
envejecimiento experimentado en los últimos treinta años. En España las
proyecciones de población estiman que en el año 2000 el 15 por ciento de
la población española tendrá más de 65 años, tendiendo a aumentar esta
proporción en los años posteriores. Las personas mayores, junto con las
necesidades de atención específicamente sanitaria, requieren cada vez más
cuidados de tipo social, sin que la frontera entre ambos esté clara. Este
hecho conlleva la posibilidad de que se produzcan solapamientos no
deseados entre ambos tipos de atención.

Por otra parte, se están produciendo cambios en el patrón de
morbi-mortalidad. Las patologías infecciosas del siglo pasado y de la
primera mitad de éste han sido sustituidas por patologías de carácter
crónico y degenerativo, especialmente procesos cardiovasculares y
oncológicos, que son enormemente costosas, invalidantes y de difícil
tratamiento. Además, hay que añadir la aparición de nuevas patologías
como el sida, cuya letalidad e impacto social supone no sólo un gran
coste, sino nuevos problemas de asistencia y de marginación social.

En este contexto se inscribe la necesidad de reordenar los servicios
sanitarios para llevar a cabo aquellas actividades con la mejor relación
coste-efectividad en el logro de objetivos de salud, así como para
adaptarse a la demanda creciente de cuidados. Todo ello deberá
fundamentarse sobre la reforma en marcha de la atención primaria y la
coordinación de los niveles asistenciales. Entre estas actividades están
la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de carácter
crónico y degenerativo, haciendo énfasis en la adopción de estilos de
vida saludables. La implantación de protocolos coordinados de actuación
entre atención primaria y especializada. En 1994 se van a poner en marcha
los protocolos de sida, diabetes, pacientes crónicos y discapacitados y
cáncer de mama. Implantar progresivamente equipos de valoración y
cuidados geriátricos así como crear las comisiones de coordinación
socio-sanitarias a nivel de cada sector sanitario. Mejorar la
coordinación entre las consultas externas de hospitales y ambulatorios
ordenando la utilización de los medios diagnósticos.

Descentralización y participación de profesionales en la gestión. Como
figura en el contrato-programa del Insalud, para 1994, vamos a seguir con
el proceso ya iniciado de descentralización y participación de los
profesionales en la gestión. Los objetivos que se pretenden alcanzar en
este terreno son: reconocer a los profesionales como gestores principales
de la actividad y el gasto de los servicios sanitarios; establecer
unidades de responsabilidad en la provisión de servicios; asignación de
recursos e imputación de costes; establecer un sistema de incentivación
en virtud del balance anual entre recursos consumidos y servicios
prestados; descentralizar de forma progresiva la toma de decisiones en
aspectos de organización y gestión. Estos objetivos se articularán en
torno a una serie de actividades que necesariamente deberán tener
carácter progresivo, puesto que esta descentralización debe descansar en
una nueva cultura de gestión difundida entre todos los profesionales.

Otra medida para conseguir mayor autonomía de gestión es profundizar en
la participación de los centros sanitarios en los ingresos por terceros,
especialmente compañías de seguros de automóvil. Esta medida ya se
introdujo en la Ley General de Presupuestos del Estado para 1993. Las
previsiones de facturación y cobros de este año parecen indicar que se ha
producido una mejora en la gestión de estos ingresos, teniendo en cuenta,
además, que ha descendido la siniestralidad por accidentes de tráfico. El
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 da un paso
más en la configuración de los ingresos a recaudar por los centros
sanitarios, ya que se excluyen de la naturaleza de recursos de la
Seguridad Social no sólo los derivados de la prestación de servicios de
asistencia sanitaria, sino todos aquellos que pueden considerarse afectos
al Insalud como los derivados de convenios, ayudas, donaciones y venta de
productos. Con ello se amplía la vía de incentivación a los centros, ya
que disponen de la posibilidad de realizar pagos con cargo a estos
ingresos en suministros e inversiones de reposición mediante la creación
de una cuenta específica en cada centro sanitario.

Otra de las actividades a la que damos gran importancia es a la política
de directivos y gestores. Un objetivo permanente del Ministerio de
Sanidad y Consumo y del Insalud en estos años ha sido dotar de una
cultura de gestión a las instituciones sanitarias considerándolas como
empresas públicas prestadoras de servicios asistenciales. La introducción
de conceptos empresariales en la gestión de los servicios es una
exigencia por los cuantiosos recursos que deben ser administrados y por
la trascendencia que tiene para la sociedad en general. La complejidad de
la gestión de recursos humanos muy diversos con la presencia predominante
de profesionales altamente cualificados y expertos hacen imprescindible
contar con gestores cualificados. Por esta razón, el Insalud reforzará el
convenio de colaboración que mantiene desde hace varios años con la
Escuela Nacional de Sanidad.

Mejora de la eficiencia. La eficiencia se aumenta, por un lado,
eliminando las rigideces de la gestión de personal que impiden compensar
adecuadamente el mejor desempeño y, por otro, con mejoras organizativas y
de las condiciones de trabajo. En todo caso, cualquier situación para
conseguir una mayor eficiencia pasa necesariamente por continuar con la
política de pactos con los profesionales para conseguir su participación
activa en el logro de los resultados de los centros sanitarios. Sin
ellos, los objetivos que venimos planteando nunca podrán alcanzarse.

Como medidas concretas a realizar en este apartado pueden señalarse las
siguientes: aumentar la cobertura de servicios esenciales en atención
primaria, visita domiciliaria, revisión del niño sano y planificación
familiar; aumentar el rendimiento de los servicios médicos



Página 3108



disminuyendo la estancia media, especialmente la preoperatoria; aumentar
los rendimientos de los quirófanos incrementando la actividad por las
tardes, potenciar los programas de cirugía mayor ambulatoria, cirugía de
corta estancia, que están dirigidos fundamentalmente a los procesos más
frecuentes de lista de espera; incrementar el rendimiento de los
servicios diagnósticos como tomografía axial computerizada, resonancia
nuclear magnética, ecografía y mamografía, hasta alcanzar los estándares
de uso contenidos en el contrato-programa de 1994.

Por otra parte, es preciso implantar una nueva política de conciertos con
centros públicos y privados. Es necesario modificar el actual sistema de
concertación porque la legalidad lo permite y el sentido común lo
aconseja. Ello implica pasar de un sistema basado en el pago por
estancia, que, por lo general, prima la ineficiencia, a otro de pago por
proceso, que se adapta mejor a las necesidades de los servicios
sanitarios. Mediante este sistema está previsto realizar en 1994 10.000
procedimientos quirúrgicos a pacientes en lista de espera comenzando por
los de mayor demora.

Política de personal. Estamos trabajando en el Ministerio de Sanidad y
Consumo en un paquete de medidas que comprenden la definición de un nuevo
sistema retributivo, un estatuto marco y el desarrollo de una carrera
profesional. También hemos creado tres grupos de expertos, profesionales,
médicos y de enfermería, para que nos aporten sugerencias sobre las
actuaciones a llevar a cabo en ese terreno. En este sentido, es
imprescindible buscar mecanismos de incentivación para nuestros
profesionales. Uno muy importante es ligar una parte de la retribución de
los médicos a su trabajo. No puede cobrar lo mismo quien hace dos que
quien hace cuatro, siempre que se mantenga un nivel de calidad apropiado.

En atención primaria ya lo hemos hecho, el 20 por ciento del salario de
los médicos depende del número de pacientes que atiendan. En los
hospitales es necesario hacer algo así. Quien esté dispuesto a realizar
una mayor actividad, probablemente con un horario distinto, tendrá que
recibir un salario diferente.

Por otra parte, estamos empeñados en discutir con nuestros directivos y
profesionales el sistema de guardias médicas en atención especializada.

El sistema español es único y tiene muy poco sentido desde el punto de
vista asistencial, ya que está concebido como un complemento retributivo
y no como una racionalización del trabajo médico. Queremos pasar de la
modalidad actual de guardias de presencia física, cada día peor
soportadas por nuestros profesionales, a otro sistema que, como el
británico o el norteamericano, basa la atención de la guardia en los
médicos en formación. Con ello se pretende ampliar el horario productivo
de los centros sanitarios y mantener el nivel de ingresos de los
facultativos al tiempo que se mejora su calidad de vida.

El absentismo constituye un motivo de honda preocupación para el Insalud,
preocupación que es compartida por la representación social del sector.

Las medidas que están siendo discutidas con los sindicatos más
representativos se orientan a potenciar programas de inspección y salud
laboral en los centros sanitarios.

Control del gasto farmacéutico. El gasto en recetas médicas representa el
19 por ciento del gasto total del Insalud, gestión directa y ha
experimentado importantes tasas de crecimiento durante los últimos años,
aunque se ha moderado su aumento en 1993. Las actuaciones del Insalud en
este campo serán: continuar con la implantación de un programa de uso
racional del medicamento, al que me referiré más adelante, y adoptar
medidas de gestión, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha. Sin
embargo, una política de uso racional y un gasto asumible para el sistema
sanitario exige la adopción de medidas estructurales que reformen la
prestación, puesto que las medidas de gestión no son de por sí
suficientes para frenar el crecimiento del gasto. Por ello llevamos
trabajando hace tiempo con la Dirección General de Farmacia de la
Secretaría General de Salud en el estudio de estas medidas estructurales,
en línea con lo realizado en otros países de nuestro entorno
socioeconómico.

En cuanto a las medidas de gestión que competen al Insalud se contemplan
las siguientes: actuaciones sobre la distribución de recetas, para
conseguir una disminución del 10 por ciento de las recetas facturadas en
1993; introducción de la obligatoriedad de visado de la inspección de
servicios sanitarios para la prescripción de determinados fármacos;
introducción de la medicación de unidosis en servicios de urgencia en
atención primaria y especializada; realización de planes específicos de
gestión para provincias con un crecimiento interanual superior a la media
de Insalud; mejora de la política de compras de las unidades de farmacia
hospitalaria y suministro de tiras reactivas para el control de los
enfermos diabéticos.

Política de suministros e inversiones. La política de suministros trata
de conjugar de forma apropiada tres características de los proveedores:
el precio, la calidad y el servicio. Las medidas a llevar a cabo se
concretan en mejorar la transparencia de la gestión fomentando la
concurrencia de empresas, tal y como establece la Ley de Contratos del
Estado; establecer los precios máximos de referencia para los productos
que suponen la mayor parte del gasto; facilitar información sobre bienes
y servicios entre los centros de gastos del Insalud; y potenciar las
comisiones de compras de los centros sanitarios.

La política de inversiones se articulará en torno a dos ejes principales:
Por un lado mantener y mejorar el capital productivo, por lo que se dará
mayor importancia relativa a las dotaciones de fondos destinados a
reposición en obras y equipamientos sobre los de inversión nueva. Por
otro lado se continuará con las asignaciones de recursos a las zonas más
desfavorecidas, que se traduce en una mayor accesibilidad de los usuarios
a los servicios. Con ello se materializan los principios de equidad y
solidaridad que informan las actuaciones del Instituto Nacional de la
Salud. A esta filosofía responden los nuevos hospitales y centros de
salud que entrarán en funcionamiento durante los próximos años.

Mejora de los sistemas de información. Para contribuir



Página 3109



a la mejora de la organización y gestión llevamos tiempo trabajando en la
introducción de una tarjeta individual sanitaria para todos los
ciudadanos cubiertos por el Insalud. Esta tarjeta es un instrumento de
identificación personal que permite también el seguimiento de
prestaciones de servicios de una comunidad autónoma a ciudadanos de otra,
la diferenciación de personas acogidas a regímenes específicos como los
de mutualidades del Estado o entidades colaboradoras, además de facilitar
el acceso a los servicios. Como no podría suceder de otra manera, el
proceso de implantación de la tarjeta está siendo progresivo, y para
mediados de 1994 está previsto extender la cobertura al 90 por ciento de
la población de derecho del Insalud, gestión directa.

La codificación de todas las altas médicas, mediante el conjunto mínimo
básico de datos, es relevante por la importancia que tiene este sistema
como soporte de la información para el estudio de los costes por proceso,
así como por ser también una información básica para el conocimiento de
la producción y calidad de la atención prestada en los hospitales. En la
actualidad 65 hospitales gestionados por el Insalud recogen el conjunto
mínimo básico de datos al alta hospitalaria. La previsión es que lo
cumplimenten el 70 por ciento de los hospitales.

La introducción del sistema de contabilidad analítica implica el
desarrollo por parte de los hospitales de un conocimiento cada vez más
detallado de sus costes de producción, lo que es una base imprescindible
para la gestión y financiación de estos centros. Sin embargo, este
proceso no debe limitarse a los hospitales. En las áreas de atención
primaria se han desarrollado sistemas de gestión analítica que permiten
conocer los costes de producción de los equipos de atención primaria como
un paso más en su configuración como centros de responsabilidad. A lo
largo de 1993 se ha impulsado la contabilidad analítica a través del
proyecto Signo. Este proyecto ha incorporado hasta ahora a 35 hospitales,
31 de ellos gestionados por el Insalud. En los dos próximos años
pretendemos que el sistema de contabilidad analítica se implante en todos
los hospitales y áreas de atención primaria. Asimismo vamos a dar un paso
adelante en el conocimiento de la actividad y de los costes de los
hospitales mediante la introducción de sistemas de coste por proceso en
15 centros.

Aumento de la calidad. Las actuaciones del Insalud se orientan a culminar
la implantación de los equipos de atención primaria, potenciar una
política de uso racional del medicamento y la estrategia de calidad
mediante el contrato-programa. Mejorar la calidad es uno de los objetivos
fundamentales de los centros sanitarios. La consecución de esta finalidad
implica un cambio cultural que debe impregnar tanto a los gestores como a
los profesionales sanitarios en todas sus actividades, sin perjuicio de
que cada institución tiene características específicas que deben ser
tenidas en cuenta a la hora de diseñar sus programas de calidad.

Implantación de equipos de atención primaria. Durante el año 1984 se ha
producido en nuestro país un cambio profundo en la organización y
carácter de los servicios de atención primaria. Al final de este año más
del 73 por ciento de la población estará cubierta por equipos de atención
primaria, y la petición generalizada es que este porcentaje aumente
cuanto antes por ser el servicio mejor valorado por los ciudadanos.

Quiero adelantar que la previsión es alcanzar en 1996 toda la cobertura
de la población protegida por el Insalud. No obstante, hay que tener
presente que para alcanzar esta cobertura no sólo se precisa un esfuerzo
presupuestario sino también la colaboración de las comunidades autónomas
y la integración de los facultativos en los equipos de atención primaria
que, como saben SS. SS., es voluntaria. Pero no basta sólo con crear,
señorías, sino que además hay que consolidar lo realizado. Para ello
vamos a incidir principalmente, de un lado, en mejorar la relación
individual del usuario con su médico, desarrollando en 1994 el Real
decreto de libre elección de médico y, de otro, constituyendo al equipo
de atención primaria en una unidad responsable de la gestión de recursos
y la provisión de servicios, estableciendo incentivos en virtud de los
resultados obtenidos en ambos campos.

Por último, los servicios de atención primaria deben adaptarse a las
condiciones de vida social y laboral de los ciudadanos. Para ello se
potenciará las visitas domiciliarias y se continuarán estableciendo
horarios y una distribución de consultas más flexibles, incluyendo la
apertura progresiva de los centros de salud por las tardes.

Uso racional del medicamento. Durante los últimos cincuenta años los
avances en la terapia farmacológica han sido formidables. Enfermedades
antes graves e incurables son hoy tratadas con éxito gracias a los nuevos
medicamentos. Sin embargo, en todos los países se ha evidenciado que un
mayor gasto farmacéutico no está relacionado con una mayor calidad de la
prescripción sino, más bien, al contrario. Incluso cuando el consumo de
medicamentos se determina por estrictas necesidades terapéuticas hay que
ser cautos a la hora de evaluar el balance entre efectos beneficiosos y
potenciales reacciones adversas. Por ello, se insiste en el concepto de
uso racional del medicamento.

Las medidas concretas a llevar a cabo en este campo se dirigen a la
oferta, y entre ellas están la introducción de presentaciones genéricas
en atención primaria, dando a conocer a los profesionales el listado de
genéricos y su repercusión económica. Con ello se pretende reducir tres
puntos el incremento anual del coste por receta. El conocimiento de
perfiles terapéuticos por parte de los profesionales. La información es
condición imprescindible si se quiere trabajar con éxito en programas de
uso racional de medicamentos; es necesario que los facultativos estén
informados sobre los medicamentos que están utilizando, su situación
respecto a otros médicos, cómo repercute la implantación de programas y
protocolos y qué relación tienen con las necesidades sanitarias de la
población que atienden. La mejora del funcionamiento de las unidades de
farmacia creadas durante 1993 en todas las gerencias de atención
primaria, potenciando su coordinación con las unidades de farmacia
hospitalaria. La formación permanente, puesto que el médico utiliza con



Página 3110



frecuencia nuevos medicamentos o nuevas indicaciones de los ya
existentes, sin poder acceder, en algunos casos, a conocimientos técnicos
actualizados que contrasten elementos meramente publicitarios o de
ampliación del mercado.

Aumento del grado de libertad y satisfacción del usuario. Esta es una
cuestión a la que damos gran importancia. Aunque parezca obvio, nunca hay
que olvidar que médicos y gestores sanitarios no tendríamos razón de
existir si no hubiese pacientes. Las actuaciones del Insalud en este
campo se dirigen principalmente a hacer efectivos los derechos y deberes
de los usuarios establecidos en el artículo 10 de la Ley General de
Sanidad, teniendo en cuenta que el objetivo central del sistema sanitario
es el ciudadano. En los últimos años, el Ministerio de Sanidad y Consumo
ha realizado diversos estudios sobre imagen, satisfacción y calidad
percibida, que nos permiten conocer la opinión de los ciudadanos
españoles sobre los servicios sanitarios. Con carácter general, todas las
encuestas ponen de manifiesto que el grado de satisfacción es elevado,
anque mejorable, y que se valoran mejor los aspectos asistenciales que
los de trato personal y facilidad de acceso. Por esta razón, vamos a
favorecer la atención personal y la libertad de elección de médico. Como
saben, ya ha sido aprobado el Real decreto de libre elección de médico
general y pediatra y algunas de las normas que lo desarrollan, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley General de
Sanidad. Próximamente, será ampliada la libre elección de ginecólogo, y
también vamos a estudiar la posibilidad de hacerlo extensible a otras
especialidades.

Otra actividad a la que damos gran importancia es la mejora en la
accesibilidad de los ciudadanos a los servicios sanitarios. En este
sentido, vamos a completar el desarrollo del programa Mostrador, que
reduce los trámites administrativos de los usuarios, e igualmente mejorar
los sistemas de información clínica, informe de alta a pacientes
ingresados y atendidos en consultas externas y urgencias, así como el
informe de remisión del médico general al especialista. También queremos
aumentar el horario de las consultas, para adaptarlo a las condiciones de
vida de los ciudadanos. Igualmente, es necesario incidir en los aspectos
del trato e información al paciente y a sus familiares. Para ello, se
potenciarán los programas que ya se vienen desarrollando por el Insalud,
como es la asignación de médico responsable y de equipo de enfermería
identificados por cada paciente hospitalizado; facilitar el contacto
padres-hijo en los hospitales infantiles y la asistencia del padre al
parto. En la misma línea de aumentar la información y la responsabilidad
de los usuarios, vamos a potenciar el consentimiento informado para cada
procedimiento diagnóstico y terapéutico que conlleve riesgos o molestias
relevantes para los pacientes.

Termino aquí, señorías, agradeciendo a todos la atención que me han
dispensado en esta comparecencia, en la que he querido abordar los
asuntos de mayor importancia que competen a la Dirección General del
Insalud, aunque entiendo que el debate puede ser más largo, y saben
ustedes que estoy a su entera disposición para cuando deseen nuevas
comparecencias del Director General del Insalud.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Villalón Rico tiene la palabra.




El señor VILLALON RICO: Señoras y señores diputados, señor Temes,
comparece usted hoy aquí, en la Comisión de Sanidad, a solicitud de tres
grupos parlamentarios, para que nos informe sobre la política sanitaria,
fundamentalmente del Insalud como órgano de gestión del Ministerio de
Sanidad. Realmente hemos escuchado atentamente sus palabras; ha habido
cosas que nos han gustado de las que usted ha dicho, ha habido otras que
nos choca que, después de once años de Gobierno socialista, se planteen
todavía; y ha habido otras cosas, por supuesto, que no nos han gustado,
no sólo por el planteamiento, sino teniendo en cuenta los antecedentes de
los distintos ministros socialistas de Sanidad.

La pregunta que nosotros nos hacemos como primer partido de la oposición,
preocupados por el tema sanitario en nuestro país, y la pregunta que
también se hacen otros grupos sociales que están incardinados en los
problemas de la sanidad, en relación con su intervención de hoy es: ¿es
usted creíble? ¿Es creíble lo que usted nos está contando ahora? En
principio, lógicamente, yo no voy a poner en solfa sus palabras como
persona, pero tengo que decir que no es creíble desde el momento que
representa al Ministerio de Sanidad del Gobierno socalista. ¿Por qué digo
esto? Pues porque llevamos once años de Gobierno socialista y, a lo largo
de estos once años, ha habido exactamente cinco ministros de Sanidad, y
en relación con la política del Insalud durante estos cinco ministros se
han presentado a la sociedad, o aquí en la Cámara, siete proyectos de
gestión del Insalud, que se han caracterizado, una vez, porque el Insalud
tenía más competencias, la siguiente vez porque resulta que esas
competencias que tenía el Insalud luego iban a parar al Ministerio de
Sanidad, porque el responsable del Insalud tenía más alta representación,
dentro del Ministerio y dentro del organigrama administrativo de la
sanidad, en unos casos que en otros; en resumidas cuentas, podemos decir
que ha sido una política de vaivén, que unas veces tenía mayor o menor
responsabilidad el gestor del Insalud en relación con el Ministerio de
Sanidad. Por eso le decimos que no es creíble; usted nos está contando
cosas, pero nos llama la atención, como decía antes, que, después de once
años de Gobierno socialista, las quieran plantear ahora. El problema no
sólo es que las quieran plantear --seguramente las intenciones son
buenas--, sino que lógicamente se tendrían que haber ejecutado a lo largo
de estos años.

Para iniciar la valoración de su intervención, también tengo que hacer
referencia al informe Delphi, un informe que se publicó a finales de este
verano, además fue solicitado por el Ministerio de Sanidad, y que entre
otras cosas hablaba de muchos temas referentes a la sanidad. En cuanto al
Insalud en concreto, creo que había tres



Página 3111



grandes líneas o tres grandes cuestiones que decía que en estos momentos
estaban de capa caída, o por lo menos que no estaban al nivel que la
sociedad española necesita. Hablaba de la calidad asistencial, de la
política de personal sanitario y de la administración y gestión de las
instituciones sanitarias, fundamentalmente dentro del Insalud.

En relación con estos tres apartados que acabo de citar es donde yo voy a
incidir fundamentalmente a la hora de exponer cómo consideramos nosotros
que ha sido el trabajo de todos estos años y cómo puede ser la valoración
que hacemos de sus palabras.

Hay que decir que su intervención ha estado un poco mezclada, porque
atendía a la atención primaria mezclándola con la atención especializada;
atendía en un momento dado a lo que era la gestión mezclándolo con la
participación de los profesionales. Yo voy a intentar esquematizar lo
mejor que pueda. Atendiendo a la atención primaria, el informe Delphi, a
que antes me refería, decía que veía con preocupación, e incluso con
pesimismo, el futuro de la atención primaria como forma de atención
integral a los ciudadanos desde el punto de vista sanitario. Eso no
extraña a nadie que conozca un poco el tema, sobre todo, de la atención
primaria. La atención primaria como puerta de entrada al sistema, como
elemento básico de la atención sanitaria a los ciudadanos, falla de forma
alarmante. Desde el año 1986, año en que se aprobó la Ley General de
Sanidad (y en esas reglas del juego nos tenemos que mover; es lo que
ustedes han llevado a la sociedad), están muy lejos de alcanzar los
objetivos que a lo largo de estos últimos años, en las distintas
comparecencias que han hecho los responsables del ministerio, los
responsables del Insalud, nos han ofertado, como ha hecho usted a lo
largo de su intervención.

Estamos muy lejos de que la cobertura de los centros de atención primaria
llegue al 90 por ciento de los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Estamos muy lejos del proyecto de los objetivos de la creación de equipos
de atención primaria necesarios en diferentes zonas del territorio
nacional; uno puede ir valorando provincia por provincia y se ve que
tanto la construcción de centros de salud como la creación de equipos de
atención primaria está lejos de aquellos objetivos marcados en su
momento. Todo esto origina que la calidad asistencial, desde el punto de
vista de la atención primaria, no sea buena por un fallo, diríamos, en
infraestructuras sanitarias, pero también por un fallo en el modelo
organizativo y para eso le tengo que poner, como se dice, como muestra un
botón.

Datos del Ministerio o del Insalud dicen que la media de tiempo que un
médico de un equipo de atención primaria dedica a un enfermo en su
consulta oscila entre los tres y medio, cuatro o cinco minutos máximo.

Lógicamente, con este tiempo no se puede atender con un buen nivel de
calidad asistencial a los ciudadanos que acuden a los centros de salud, a
los equipos de atención primaria.

Hay que decir, además, que en estos centros de salud fundamentalmente los
equipos de atención primaria se dedican a una labor asistencial desde el
punto de vista diagnóstico y terapéutico, siendo variable este tipo de
asistencia sanitaria que se da, dependiendo muchas veces de la zona donde
estén ubicados los centros de salud.

¿Pero qué queda al margen y es muy importante dentro de una política de
salud integral para todos los ciudadanos? Queda al margen lo que se ha
denominado promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Es
difícil encontrar equipos de atención primaria que realicen estos
servicios sanitarios a los ciudadanos. Ha hablado usted de la que
diríamos nueva lacra social que en estos momentos azota nuestro país. Hay
que recordar que somos el primer país de la Europa comunitaria en número
de casos de sida, y usted se ha referido a ello. Lógicamente en los
centros de salud se debería dar información y notificación a los
ciudadanos de cómo se puede evitar el contagio de esta enfermedad.

También se podría hablar de otras enfermedades contagiosas e infecciosas
de las que en estos momentos creemos que no se da la suficiente
información. Por supuesto, la prevención del cáncer creemos que es una
cuestión primordial. En este caso ustedes siempre han hecho mucha
referencia en el caso de la mujer, a los cánceres de mama y útero.

Por estas cuestiones es por lo que nosotros decimos que no funciona, que
no ha funcionado a lo largo de estos años y, por tanto, tenemos serias
dudas de que vaya a funcionar mientras ustedes sigan en el Gobierno.

Me parece importante hacer referencia, dentro de la atención primaria, a
la tarjeta individual sanitaria, que en estos momentos sólo está
extendida entre el 55 y 60 por ciento de la población, pero que además
presenta problemas graves a la hora de su utilización dentro de aquellos
sectores donde está difundida o donde se ha distribuido, por la ausencia
de un soporte informático. Realmente la tarjeta sanitaria individual como
existe ahora no tiene grandes diferencias con la antigua cartilla de la
Seguridad Social, porque no hay un soporte informático que dé información
desde los diferentes centros de salud o desde los equipos de atención
primaria a otros centros de salud o a los centros de especialización o
los distintos hospitales de la red hospitalaria del Insalud.

La coordinación en las distintas comunidades autónomas que tienen
competencias plenas en sanidad es una cosa en la cual se falla
estrepitosamente dentro de la tarjeta sanitaria.

En atención primaria también hay que hacer referencia a esa información
que difundieron, creo que fue antes del verano, a la que usted ha hecho
referencia, que se presentaba como uno de los grandes logros del
Ministerio, del Insalud y que la ministra parece quería arrogarse como el
primer éxito de su gestión al frente del Ministerio, que era el Real
decreto de libre elección de médico. Hay que decir que ese decreto, con
la estructura sanitaria actual, no cambiaba en nada lo que había hasta
ese momento. La prueba la tenemos en que según las últimas encuestas y
estudios que se han realizado, desde el mes de agosto o septiembre, que
este Real decreto entró en vigor, hasta la actualidad oscila entre el 0,1
y el 0,2 por ciento el número de ciudadanos que han acudido al cambio de
médico general, de cabecera, de familia, o incluso de pediatra.

La preocupación del Ministerio y de usted mismo, que



Página 3112



lo ha referido aquí y en otras informaciones que salen en la prensa
sanitaria, siempre ha sido el desmesurado gasto farmacéutico. Nosotros
consideramos que con las medidas que ustedes han tomado va a ser difícil
atajar el gasto farmacéutico; va a ser difícil atajarlo por diferentes
cuestiones y fundamentalmente creemos que aquel famoso decreto de
financiación selectiva del medicamento no es la medida adecuada para
esto.

Además habría que decir que para que realmente se recorte el gasto
farmacéutico, para que ese gasto farmacéutico sea lógico en relación con
la asistencia sanitaria, hay que incentivar la atención primaria, que es
donde nosotros creemos que está aumentando el gasto farmacéutico y, por
tanto, hay que aumentar la dotación de médicos de familia y médicos de
equipos de atención primaria. Hay que decirle que cuando uno acude a
ciertos centros de salud, es habitual que el médico esté solo en la
consulta, no tenga ningún tipo de ayudante y, además, esté sobresaturado
dentro de las posibilidades horarias de su atención sanitaria. Creemos
que ésas serían, muy a vuelapluma, cuestiones que están pendientes dentro
de la atención primaria y que, además, se repiten a lo largo de los años.

¿Qué decir de la asistencia especializada y fundamentalmente de los temas
de la hospitalización, de los hospitales de la red del Insalud? En
principio, a la hora de calificar el sistema hospitalario español habría
que decir que es un sistema que está en crisis, que es un sistema
hospitalario agotado en relación con lo que se preveía en el momento de
estructurarlo hace ya bastante más de diez años. ¿Por qué decimos eso?
Porque el modelo organizativo y de gestión en la dirección y en la
administración de los hospitales no es el adecuado; porque los gestores
no han sido las personas que deberían asumir las responsabilidades en los
equipos de dirección de los hospitales y en las direcciones provinciales
del Insalud; porque la situación laboral dentro de los hospitales es mala
(hay que decir que, por ejemplo, entre el 45 y el 50 por ciento de las
plantillas de los hospitales de la red del Insalud están con contratos de
interinidad); y porque hay una falta de incentivación en los
profesionales, fundamentalmente en los médicos y también en los
diplomados en enfermería; falta de incentivación de todo tipo, falta de
incentivación económica, de investigación, de formación continuada, de
proceso evolutivo dentro de la red hospitalaria. Por todo esto nosotros
creemos que la gestión de los hospitales ha sido mala a lo largo de estos
años y por tanto, al ser mala la gestión, al no tener buenos gestores en
la dirección de los hospitales es una de las causas por las que ha
aumentado extremadamente el gasto en los hospitales con los problemas de
déficit y de impago a los proveedores. ¿Qué creemos nosotros que se debe
hacer? Pensamos que se debe implicar a los servicios médicos para
alcanzar o, por lo menos, fijar los objetivos que se deben alcanzar en
los hospitales. Las diferentes modificaciones que se deben hacer en los
hospitales, atendiendo a las necesidades de la población, a los
requerimientos de la sociedad que en estos momentos tiene planteamientos
diferentes a los que en los últimos años se hacían en política sanitaria.

Aquí quiero hacer un apartado en relación no solamente con el tema de las
especialidades y los hospitales, sino también con el tema de atención
primaria, pero incide más en las especialidades, que es el debate último
que ha habido sobre el catálogo de prestaciones. Nos preocupa
fundamentalmente el mensaje que se ha dado desde este verano; nos
preocupa el mensaje de recorte de prestaciones sanitarias y aunque
ustedes han dicho, se lo voy a reconocer, que el catálogo de prestaciones
sanitarias solamente es un instrumento para ordenar y clasificar las
distintas prestaciones que puede dar el Insalud, a nosotros nos preocupa
la información que tenemos por otras fuentes. Nos preocupa la
información, ya que esas prestaciones, sin ser puramente sanitarias, sí
afectan al nivel sanitario o al nivel de calidad asistencial de los
ciudadanos: el transporte sanitario, la atención a enfermos que necesitan
rehabilitación y que no están ingresados en los distintos centros
hospitalarios. Eso nos preocupa porque tenemos entendido que es una de
las cuestiones que se plantean.

También habría que decir en relación con este tema que nosotros creemos
que con este catálogo de prestaciones se constituye el Sistema Nacional
de Salud como un sistema cerrado, donde da la impresión de que no pueden
entrar nuevas tecnologías o nuevas formas de atención sanitaria. Nosotros
planteamos que el sistema sanitario debe ser abierto y que lógicamente
debe debatirse en público y dentro de un debate sanitario nacional.




La señora PRESIDENTA: Señor Villalón, le ruego vaya concluyendo, por
favor.




El señor VILLALON RICO: Término, señora Presidenta.

Hay que decir, por ejemplo, dentro de este apartado, de lo que se
denomina catálogo de prestacones, que nos preocupan algunas de las
cuestiones, que además no sólo nos ha preocupado a nosotros sino que ha
sido tratado por los diferentes informes del Defensor del Pueblo a lo
largo de estos últimos años. Me refiero a qué es lo que pasa con la
atención a la salud mental de los ciudadanos. La salud mental, tanto
desde el punto de vista ambulatorio como desde el punto de vista de
hospitalización, ha sido dejada por el Insalud y sistemáticamente se da
cobertura con aquellos centros concertados, fundamentalmente públicos,
centros de las diputaciones provinciales.

También le queríamos preguntar sobre informaciones que hemos recibido del
establecimiento de equipos que se dicen de filtración, equipos a la hora
de valorar los ingresos de las personas de la tercera edad, que,
lógicamente, al ser pacientes con patologías crónicas, lo que ocurre es
que van a estar durante tiempo ingresados en los distintos hospitales,
aumentando el gasto. Parece ser que está previsto realmente establecer la
diferenciación entre hospitales de agudos y hospitales de crónicos,
fundamentalmente hospitales dirigidos a la tercera edad.

Dentro del tema de la contabilidad, ha hablado usted



Página 3113



de los DGR, de los pagos por proceso, dirigido fundamentalmente a la
concertación con otros hospitales. No se ha hecho a lo largo de estos
años y no sabemos cómo se va a hacer. Parece ser que en el año 1994
--dicen ustedes-- quieren implantarlo en quince hospitales de la red del
Insalud, pero a nosotros nos gustaría saber cómo lo pretenden implantar,
porque con las estructuras que hay, con los gestores que tienen ustedes
en los distintos hospitales, es imposible en estos momentos llevarlo a
cabo de una manera efectiva y eficiente.

Ha hablado usted de contabilidad analítica, ha hablado usted de
diferentes cuestiones a la hora de realizar la contabilidad desde el
punto de vista de los hospitales. A mí me parece preocupante que, de
forma sistemática, hayan pasado de diferentes modelos de contabilidad,
que a lo largo de estos últimos años la contabilidad se haya hecho por
diferentes sistemas y, por tanto, no creemos en sus palabras.

También hay que hacer referencia al modelo retributivo del personal
sanitario. Consideramos que se debe modificar --creo que usted está en
esa línea-- el modelo retributivo para incentivar fundamentalmente a los
médicos. Hay cuestiones, como el complemento de dedicación exclusiva, que
creo que ha sido una grave equivocación. Es una de las cuestiones que
nosotros creemos que se debe suprimir para dejar que los distintos
médicos de los hospitales se adapten de forma diferente a las
retribuciones que ustedes les plantean.

Por último, en relación con el sistema retributivo, con el sistema de
incentivación, a mí me gustaría hacer referencia a la carrera profesional
de médicos y de diplomados de enfermería. Es otro de los proyectos de que
ustedes vienen hablando desde hace varios años. Parece ser que ahora hay
un anteproyecto de ley de bases de ordenación de las profesiones
sanitarias y que eso implica un todo, un gran cajón de sastre, donde se
establece, como su nombre indica, una ordenación de profesiones.

Bienvenida sea esta ley de bases de ordenación de profesiones sanitarias,
pero también, por otra parte, creemos que debe ir un poquitín al margen
la carrera profesional, aunque lógicamente esté ligada, por ser
cuestiones distintas dentro de lo que es la profesión sanitaria y las
distintas incentivaciones que puede recoger el proyecto.

Para terminar, señora Presidenta, porque el señor Temes ha tocado muchos
temas, pero es casi imposible fijar posición sobre todas las cuestiones
que él ha planteado, quería hacer una pequeña referencia a la
administración, a los servicios generales y al control del sistema,
fundamentalmente de los hospitales.




La señora PRESIDENTA: Señor Villalón, muy brevemente por favor, se lo
ruego.




El señor VILLALON RICO: Muy brevemente.

Hay que decir que el Sistema ha fracasado en su gestión desde el punto de
vista general, aunque hay que tener en cuenta, y nosotros lógicamente así
lo creemos, que la satisfacción de los ciudadanos es buena en el momento
en que entran en el Sistema, pero no así mientras no llegan al mismo. Son
las famosas listas de espera que tantos años les ha costado a ustedes
reconocer, como tantos años les ha costado poner en práctica los
conciertos con otras instituciones hospitalarias para su solución. Todas
estas cuestiones están originadas en la gestión administativa, en los
equipos de dirección de los distintos hospitales.

Decía yo al principio que ha habido poca participación de los servicios
médicos y de las diferentes comisiones que se han constitutido en los
hospitales. Ello ha sido motivo de desviación del gasto y de no
establecer lógicamente el control necesario, porque las personas que
gestionaban estos centros no estaban capacitadas para ello y, en
resumidas cuentas, no ha habido una fijación de objetivos por parte de
estos gestores.

Usted decía al principio que venía aquí para presentar la política
sanitaria desde el Insalud, la política de gestión del Ministerio de
Sanidad, y que estaban abiertos a diferentes iniciativas de los distintos
grupos parlamentarios a la hora de dar salida a otras iniciativas o de
dar solución a los problemas que tiene la sociedad española desde el
punto de vista sanitario. A mí me llama la atención que usted diga eso
porque nosotros, en repetidas ocasiones, hemos estado dispuestos a
colaborar con el Gobierno socialsta, presentando distintas iniciativas
legislativas, pero nunca el Grupo Socialista en el Congreso ha apoyado
las diversas iniciativas que hemos presentado como arma o instrumentos
para que el Gobierno mejorara la asistencia y la calidad sanitaria; nunca
han sido aceptadas.

Nosotros hemos presentado distintas iniciativas a lo largo de todos estos
últimos años y en el breve espacio de tiempo que llevamos de esta
legislatura hemos presentado diferentes iniciativas legislativas que
siempre han sido rechazadas, pero vamos a seguir presentándolas a lo
largo de los próximos meses y ya veremos si el Grupo Socialista apoya
alguna de ellas.

Para terminar, señora Presidenta...




La señora PRESIDENTA: No; finalice ya, por favor, señor Villalón. Su
señoría ha duplicado con creces el tiempo reglamentario.




El señor VILLALON RICO: Nosotros establecemos en tres grandes líneas lo
que puede ser la mejora del Sistema Nacional de Salud y lo que puede ser
la mejora del órgano de gestión. Establecemos en la libre elección de los
ciudadanos, dentro de los diferentes modelos que puede haber en nuestro
país, la utilización de todos los recursos humanos y materiales de que
dispone nuestro país desde el punto de vista sanitario y, lógicamente, en
una buena bestión y un control del gasto, que es lo que no se ha
realizado hasta el momento actual.




La señora PRESIDENTA: No voy a insistir a SS. SS., en vista del éxito
obtenido por la recomendación inicial de esta Presidenta. (Risas.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Maestro.




Página 3114



La señora MAESTRO MARTIN: Como se hizo mención al principio, yo voy a
dividir mi intervención en dos apartados: uno se refiere a la solicitud
de comparecencia del Director General del Insalud y el segundo a la
solicitud por parte del Grupo de Izquierda Unida de su comparecencia en
relación con las graves insuficiencias de un centro privado concertado
con el Insalud.

En relación con el primer aspecto, quiero señalar que es imposible
olvidar que la intervención del señor Temes se realiza en un marco en el
que, tras once años de gestión socialista, se produce una situación en la
cual el desarrollo de la Ley General de Sanidad es apenas existente y en
un marco presupuestario en el que, más allá de las declaraciones de
intenciones, que yo valoro, por parte de los respresentantes del Gobierno
y del Grupo Socialista de apuestas en favor del sistema público, hecha
exclusión de las partidas presupuestarias referentes a deudas de
diferente tipo y a indemnizaciones a enfermos hemofílicos, se aprecia un
decremento, una disminución global del 7 por ciento del Presupuesto del
Ministerio de Sanidad y Consumo, incluyendo el Insalud. En este marco es
imposible avanzar en el desarrollo del aspecto central, a juicio de mi
Grupo, que propuso la Ley General de Sanidad y el Real Decreto de Reforma
de Estructuras Sanitarias de Atención Primaria de 1984, cuando la
cobertura real con equipos de atención primaria funcionando en este
momento no llega al 50 por ciento de la población en el Insalud no
transferido.

En cuanto a la intervención del señor Temes, quiero decir que hay partes
concretas que comparto y que aplaudo. Sin embargo, mi preocupación viene
dada porque el señor Temes y el Ministerio de Sanidad, en anteriores
comparecencias ante el Pleno o ante esta Comisión, anuncian medidas que
son frontalmente contradictorias.

Es decir, nosotros planteamos y aplaudimos todas las propuestas de mejora
de la calidad de la atención sanitaria en atención primaria, las medidas
de coordinación entre los diferentes niveles del sistema sanitario y la
introducción de criterios sociosanitarios en la atención de enfermos
crónicos. Sin embargo, estas propuestas que, evidentemente --y quiero
decirlo aquí--, son compatibles con los presupuestos, es decir, son
medidas de coordinación, de mejora del funcionamiento existente, nos
parecen frontalmente contradictorias con los criterios y con las medidas
concretas puestas en marcha por el Insalud en cuanto a la
descentralización de la gestión de los centros sanitarios. El concepto de
área sanitaria como elemento fundamental de la planificación sanitaria
exige esa coordinación de niveles asistenciales, que no es compatible con
estructuras de gestión decentralizadas por centros hospitalarios o por
centros de salud.

En diferentes situaciones nos hemos manifestado en contra de la
mixtificación que encierra el concepto repetido por la Administración
sanitaria en lo que se refiere a la cultura de gestión. No existe plan
integrado de salud, es decir, no existe evaluación suficiente de la
situación de salud de la población española, no existe el mínimo soporte
que permita la planificación de los recursos sanitarios, de los
importantes recursos sanitarios de nuestro país, en función de objetivos
específicos de mejora de la situación de salud de la población y, por lo
tanto, capaces de evaluar la eficacia y la calidad del sistema sanitario.

En este marco, las medidas de descentralizacion de la gestión, la nueva
cultura de gestión, tienen, inevitablemente, un coste economicista, es
decir, se superpone y prioriza el objetivo del ahorro sobre el objetivo
de la calidad, sobre el objetivo de la evaluación de la función de los
servicios sanitarios. En tal sentido, quiero decir que criterios de
planificación sanitaria como la eficacia y la eficiencia son vaciados de
contenido y utilizados con criterios prioritarios y fundamentales de
ahorro. La eficacia, como todos ustedes saben, mide el nivel alcanzado en
la consecución de objetivos. No existen objetivos de salud
identificables. (Rumores.)



La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego silencio.

Continúe, señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: El señor Temes no ha planteado a lo largo de su
intervención en qué medida la actuación de los servicios sanitarios va a
tener como resultado mejoras evaluables, mejoras identificables en la
calidad de la atención sanitaria y en la salud de la población. El
criterio de eficiencia, que introduce correctamente el criterio de ahorro
en los servicios sanitarios, debe supeditarse siempre al criterio de
eficacia. Es decir, cuando nosotros identificamos una medida que
intervendría positivamente sobre la salud de la población, por ejemplo,
la realización de mamografías a la población de riesgo para la detección
del cáncer de mama, es susceptible y por parte de los servicios
sanitarios se debe evaluar si la realización de esta técnica puede ser de
un coste inferior o superior a otras que consigan los mismos niveles de
eficacia. Si el objetivo que se plantea fundamentalmente es el de ahorro
y no el de impacto sobre la salud de la población, hay que decir que esa
cultura de gestión plantea el funcionamiento del sistema sanitario como
una empresa, cuando el sistema sanitario, evidentemente, consume recursos
importantísimos, pero tiene objetivos muy superiores al del ahorro. A
este nivel, en opinión del Grupo de Izquierda Unida, la actuación de
gestores, desde el punto de vista económico, del sistema sanitario debe
subordinarse a otro tipo de direcciones, desde el punto de vista de
salud, que realmente utilicen los recursos de la manera más rentable
posible, pero sin supeditar al ahorro objetivos de salud de otros tipos.

A este nivel, decía también que comparto el proceso de coordinación que
plantea el señor Temes y tengo que decir que el Real Decreto por el cual
se plantea la libre elección de médico en un ámbito tan amplio como el
del área de salud pulveriza el criterio fundamental del trabajo sobre una
población identificable del equipo de atención primaria. Al mismo tiempo,
desgraciadamente, no he oído ningún objetivo por parte del Insalud de
avanzar en la integración de redes. La diversificación de redes
sanitarias públicas es en sí misma un elemento de ineficiencia sanitaria
que plantea la subutilización de recursos existentes, la duplicación de
actuaciones sanitarias y



Página 3115



en ningún caso he oído que vaya a haber ningún tipo de avance, aunque
tampoco se ha planteado el avanzar en las transferencias sanitarias, que
sería un elemento más de la racionalización del sistema sanitario.

En cuanto a la introducción de criterios sociosanitarios para la atención
de enfermos crónicos y de personas mayores, la atención gerontológica, mi
Grupo comparte la preocupación por la ampliación de la red de cuidados de
media y baja intensidad y el desarrollo de servicios sociales
complementarios a la atención sanitaria. Sin embargo, he estudiado
detenidamente tanto el presupuesto de Sanidad, al que he hecho mención,
como el presupuesto del Ministerio de Asuntos Sociales, y me sorprende
que ése sea un objetivo que se plantee a conseguir en este ejercicio
presupuestario, cuando no hay ni una peseta de incremento de recursos a
este nivel, y si bien compartimos el objetivo, realmente me es muy
difícil pensar de dónde van a generarse los recursos necesarios para este
tipo de atención.

Para terminar esta parte de mi intervención, querría hacer mención al
catálogo de prestaciones sanitarias. Hay una confusión enorme sobre este
tema, que yo pido al señor Temes que aclare, confusión derivada de las
prestaciones concretas que pretenden excluirse, alguna de ellas, a juicio
de mi Grupo Parlamentario, de enorme importancia, como es la reproducción
asistida, sobre todo habida cuenta de que nuestro país es en estos
momentos uno, por no decir el que más, de los de más baja natalidad del
mundo.

Por otro lado, acerca de la inclusión de nuevas prestaciones --que
nuestro Grupo apoyaría, sin duda--, las informaciones relativas a los
debates habidos en el Consejo Interterritorial del Sistema Sanitario no
lo aclaran suficientemente. Me refiero sobre todo a prestaciones en las
competencias transferidas a las comunidades autónomas, fundamentalmente
de promoción y de prevención de la salud, que, insisto, mi Grupo apoyaría
decididamente, pero tampoco en este tema existe claridad acerca de cuáles
son las partidas presupuestarias del propio Insalud o de las
transferencias a comunidades autónomas que van a permitir soportar la
inclusión de un nuevo tipo de prestaciones.

Quiero decir, finalmente, que tanto el catálogo de prestaciones como el
Real Decreto de financiación selectiva de medicamentos introduce --y a mi
juicio éste es el elemento más grave-- el criterio económico a la hora de
incorporar nuevos medicamentos o nuevas prestaciones en el sistema
sanitario. Es temible que en momentos de recortes en servicios sociales
como los que estamos viviendo el catálogo sea un primera medida destinada
a establecer el marco real desde el cual pueda «gotearse» progresivamente
la exclusión o la no inclusión de prestaciones por criterios
fundamentalmente económicos.

En relación con las medidas de uso racional del medicamento, mi Grupo
comparte todas aquellas que van destinadas a aumentar la formación de los
profesionales en esta materia, así como las destinadas a mejorar las
compras de medicamentos por parte de los servicios sanitarios y también
la potenciación de genéricos. Una vez más, es la incógnita presupuestaria
la que es necesario introducir, porque, como fue expresado por mi Grupo
en el debate de presupuestos, ¿cómo es posible que programas de uso
racional del medicamento vayan a tener una atención prioritaria por parte
tanto del Insalud como del Ministerio de Sanidad cuando la partida
presupuestaria disminuye en un 3 por ciento para este año y cuando el
presupuesto de publicaciones, que entiendo soportaría la información
destinada a los profesionales sanitarios sobre perfiles terapéuticos,
protocolos, etcétera, desaparece de los Presupuestos Generales del Estado
para 1994 en el Ministerio de Sanidad?
En la segunda parte de mi intervención quiero solicitar al señor Director
General del Insalud su opinión y saber las medidas que piensa tomar en
relación con las graves insuficiencias en la atención sanitaria
denunciadas por usuarios de la clínica privada Sear, de Madrid,
concertada por el Insalud. Dicha clínica está dentro del catálogo de
hospitales y figura clasificada dentro del grupo 5, nivel 3. El Insalud,
con fecha 23 de agosto de este año, ratifica el concierto con la
mencionada clínica en dos versiones. Concierta con Sear un grupo de camas
que se refieren a la clasificación del grupo 5, nivel 3, que dentro del
régimen jurídico de hospitales está considerado como hospital comarcal,
en el cual se establece que habrá atención de cirugía, traumatología y
diversas especialidades. Deben contar con áreas específicas de atención a
urgencias, consultas externas, laboratorio, radiodiagnóstico,
rehabilitación, área de aislamiento, esterilización, etcétera. Se plantea
que en la cobertura de los servicios esté separada la cirugía de la
traumatología, que cuente con unidad de cuidados intensivos con personal
especializado, o técnicas especiales de diagnóstico y tratamiento; que el
índice total de personal/cama sea superior a 0,90 y que la asistencia
será continuada con facultativo de medicina general, cirugía, ATS y
comadrona en su caso, aunque en este centro no se realizan partos. Otro
grupo de camas concertadas se refiere a las incluidas en el grupo 2,
nivel 3. El grupo 2 se refiere a hospitales de media estancia,
monográfico, y el nivel 3 incluye, dentro de esta calificación, centros
destinados a la atención de enfermos con unidades médicas, quirúrgicas o
de rehabilitación, con requerimientos de diagnóstico y terapéuticos de
alto nivel de especialización y tecnología acondicionados a la patología
predominante, cuyo índice total de personal/ cama no será inferior en
ningún caso a 0,85.

La solicitud de comparecencia del Director General del Insalud viene
motivada por la percepción por parte de mi Grupo de la existencia de más
de quince denuncias por parte de familiares de personas ingresadas en
este centro, denuncias sobre cuya entidad y gravedad voy a intentar hacer
un pálido reflejo de lo que en ellas se vierte.

Todos los que conocemos el funcionamiento de los hospitales sabemos que
es muy difícil, en una inspección rápida, poder evaluar lo que realmente
sucede en las 24 horas de trabajo de un hospital. En este hospital,
quiero recordar, se produjo la muerte de un niño de seis años después de
habérsele practicado una amigdalectomía,



Página 3116



pues como consecuencia de la misma se le produjo una hemorragia que
requirió de una atención de reanimación y resucitación intensivas. En
este hospital no aparecía ninguna de ellas, tal y como debería tener en
función del tipo de camas que, insisto, para este tipo de patologías era
del grupo 5, nivel 3. Este niño tuvo que ser trasladado a La Paz, centro
en el que permaneció en coma y murió.

En relación con el tipo de camas del grupo 5, nivel 3, se han producido
también denuncias en el juzgado relativas al proceso sufrido por una
persona que acude a este centro. Esta persona se encuentra en lista de
espera en el Ramón y Cajal, pendiente de la reducción de una eventración
suprapúbica. Esta persona recibe en su domicilio la llamada de un tal
doctor Serrano, que no es un médico del hospital en el que estaba en
lista de espera, sino un médico de la plantilla de Sear, que se pone en
contacto telefónico directo con ella y le propone ser operada en su
clínica para evitar la larga espera que se suponía tendría que sufrir. Se
interviene a esta persona en el centro y 24 horas después de la
operación, con fiebre, se le da de alta. Esta persona denuncia que
durante las veinticuatro horas que estuvo ingresada la ropa sucia
permanecía sin recoger en la bañera, no se le pasa visita ni se informa a
los familiares del resultado de la operación, nadie acude a lavarla,
tiene que levantarse la persona recién intervenida a acudir al servicio
y, sin exploración ninguna, se le da el alta diciéndole que será mejor
atendida en su casa que en la propia clínica. La fiebre aumenta en su
domicilio, empeora, y en el informe de alta que se le da se le expresa
que en el caso de necesitar atención urgente debe acudir al servicio de
urgencias en su zona porque tal centro no cuenta con servicio de
urgencias, tal y como debería contar en función del tipo de calificación
que tiene, que, obvio es decirlo, determina las cantidades que la
Seguridad Social paga por el concierto con dicho centro. En el Doce de
Octubre se le abren los puntos, se le practica un drenaje y acude a curas
durante un mes. Está pendiente de nueva intervención quirúrgica porque la
eventración no fue reducida.

Otra de las denuncias más importantes se refiere a una persona con
accidente cerebrovascular de repetición, afecto de hemiplejia derecha
completa y de afasia sensorial y motriz. Los familiares expresan que esta
persona, a los pocos días de estar en la clínica, presenta un miedo
atroz, que el personal la amenaza repetidamente con tirarla por la
ventana y esta persona solamente puede dormir cuando hay familiares suyos
o de enfermos de la misma habitación allí. Denuncian expresamente a un
celador --es difícil de creer, pero la familia lo acredita--, acusándole
de amedrentar, disfrazado con sábanas, a esta persona con tirarla por la
ventana. Los familiares tienen que alimentarla y asearla porque nadie lo
hace, y esta persona muere por haberse tirado por la ventana un mes
después de estar ingresado. Esta persona tenía, como he señalado, una
hemiplejia total. Para tirarse por la ventana tuvo que haber desplazado
camas y sillones, tuvo que haber levantado una persiana rota, para lo
cual requería de las dos manos, y apareció tirada en el césped a una
distancia considerablemente superior a la que razonablemente debiera
haber caído si realmente hubiera caído un peso de 80 kilos desde la
ventana. En el informe de la autopsia se le aprecian erosiones en las
piernas con roce de cuerda o palo.

Otra de las denuncias se refiere a un paciente que ingresa para
tratamiento por padecer un cáncer de hígado. No quiero relatar todas las
denuncias (si puedo, haré referencia a ellas en el turno de réplica),
pero las dieciséis denuncias que mi Grupo ha recibido reiteran que por
las noches los timbres no suenan, que nadie acude a las llamadas de los
pacientes, situación que ha hecho que en cuatro de las denuncias se
señale que los enfermos ingresados caían al suelo y que en esa situación
pasaban toda la noche hasta que les encuentran los familiares. La
denuncia a la que hago mención refleja que tanto en el caso del
tratamiento de este señor como en el caso de otros pacientes que se
quejan, o cuyos familiares han emitido quejas a la Dirección del
hospital, reciben tratamiento con haloperidol en gotas; a veces se ha
presenciado por parte de los familiares cómo el tubo de haloperidol se
vacía en la boca del enfermo. Evidentemente, los enfermos que reciben
este tratamiento no tienen padecimientos mentales que justifiquen tal
tratamiento y dichos medicamentos pueden ser utilizados para sedarlos. En
alguno de los casos, las quejas de los familiares expresan que el
personal sanitario de este centro se ha referido a que de esta manera el
personal que trabaja durante el día en otros centros sanitarios puede
dormir mejor por las noches. El señor al que me estoy refiriendo cae de
la cama una noche, se rompe la nariz y los familiares le encuentran, a la
una del mediodía, atado a una silla, con sangre en la nariz y en el
pijama y con el tabique nasal desviado. Solicitan que se practiquen
pruebas diagnósticas para ver qué ha sucedido, se le informa a la familia
que este señor se va a morir, y solamente ante exigencias de la familia
es trasladado a La Paz, donde se le diagnostica una fractura completa de
tabique nasal y se le reduce.

En otra ocasión la denuncia se refiere a una persona que tiene practicada
una gastrotomía y a quien diez días después de su ingreso en repetidas
ocasiones se le administra la medicación por boca, situación que provoca
asfixia y vómitos fuertes al paciente. Esta persona estaba consciente y
en las subsiguientes ocasiones procede a sacar la medicación que se le
introduce y a no tomarla. Cuando los familiares denuncian esta situación
se les dice que el personal no tenía noticia de la existencia de esta
gastrotomía, a continuación de lo cual se coloca un cartel encima de la
cama.

Hay que decir que todas las personas denunciantes acreditan que en ningún
caso se pasa visita por parte del personal médico; es decir, la visita
que normalmente se practica en los hospitales allí no se produce nunca,
salvo a petición expresa de los familiares. Esto ha dado lugar a que en
dos ocasiones, ante el caso de personas diabéticas con tratamiento de
insulina, solamente ante el empeoramiento producido, evidente para los
familiares, éstos soliciten el tratamiento con insulina y el personal
conteste que no eran conocedores de la situación de diabéticas
insulinodependientes de estas personas.




Página 3117



Son repetidas las denuncias --lo he dicho anteriormente-- por casos como
el de personas de estas características, enfermos terminales que caen de
la cama al suelo. En uno de los casos, la persona que se cae se produce
una herida en la frente que requiere doce puntos de sutura, y pasan toda
la noche en el suelo sin que nadie acuda a atenderles. Se ha denunciado
por parte de los familiares que las toallas se cambian dos veces por
semana y que si una toalla se ensucia nadie la cambia hasta el día
siguiente. En el caso de otra persona se le producen graves heridas por
su alergia al esparadrapo que, a pesar de la denuncia de los familiares,
insistentemente se vuelve a utilizar y no se cambia el tipo de
esparadrapo.

También se denuncia el caso de una enferma con Parkinson y Alzheimer, con
incontinencia fecal y urinaria, que es vista sistemáticamente por la
familia, cuando llega, desnuda en su propio orín, en la cama y con orina
que ha caído en el suelo, que es pisada por los familiares de otros
enfermos.

En otros casos las denuncias se refieren al hecho de otra persona que se
cae al suelo, se fractura la cadera y está cinco días con fortísimos
dolores, sin recibir ningún tipo de tratamiento hasta que a los cinco
días se le practica una radiografía comprobando que tiene una fractura de
cadera.

No quiero seguir con un enorme calvario de denuncias por parte de
dieciséis familiares de personas ingresadas allí. Sí quiero insistir en
que en todos los casos las personas denunciantes lo han hecho tras el
fallecimiento de sus familiares, porque existe un grado muy fuerte de
persecución a todas aquellas personas cuyos familiares establecen algún
tipo de protesta, bien directamente a la Dirección del hospital, bien a
través de los medios de comunicación, y que personas denunciantes han
recibido amenazas telefónicas de muerte si persistían en la denuncia de
los hechos.

Mis informaciones son que, pese a tener competencias transferidas la
Comunidad de Madrid en cuanto a acreditación e inspección de centros
sanitarios, los recursos de esta Comunidad impiden que en ningún caso se
realice periódicamente inspección de centro alguno y solamente se actúa
en función de denuncias. Sin embargo, la presencia del Director General
del Insalud debe dejar claro en esta Comisión de Sanidad y Consumo cuáles
son los criterios del Insalud para haber ratificado, haber renovado, en
fecha reciente el concierto con esta clínica privada, pese a tener
conocimiento, con anterioridad, de estas denuncias que los familiares en
repetidas ocasiones han hecho llegar a la Dirección Provincial del
Insalud de Madrid.

Quiero que el Director General del Insalud tenga la amabilidad de
contestar cuál es la información que obra en poder del organismo acerca
del tipo de servicios que tiene este hospital, de en qué medida es
justificable la ausencia de servicios a los que está obligado en función
de la clasificación obtenida por este centro y que justifican el
concierto del Insalud, así como la cuantía económica de dicho concierto;
si el Insalud ha hecho inspecciones en este hospital y si este hospital
cuenta con responsable del servicio de farmacia, porque otro de los
hechos denunciados es la administración de medicación caducada; cómo se
explica que no se pase visita diaria, que no se informe a los familiares,
no sólo verbalmente, sino en caso de fallecimiento o por alta de las
personas allí ingresadas; cuál es la tasa de infección hospitalaria que
tiene este centro y cómo se realizan las guardias nocturnas y por qué
personal; si tiene conocimiento el Insalud de que la plantilla declarada
por el hospital esté prestando sus servicios en el mismo, se me ocurre
que por el mecanismo tan simple como comprobar si la empresa está
cotizando a la Seguridad Social por los trabajadores declarados; si se ha
apreciado la existencia de incompatibilidades dentro de los trabajadores
de la clínica Sear y por cuántos de ellos; con qué frecuencia se realizan
controles analíticos, radiográficos, etcétera, y si existe laboratorio y
radiología de guardia. En fin, si la calidad, la humanización del trato
en la clínica Sear, a juicio del Insalud, contienen los mismos requisitos
de calidad, en mi opinión, no ya para que el Insalud concierte, sino para
mantener abierto un centro en estas condiciones.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Señoras y señores Diputados, en primer lugar
quiero agradecer la comparecencia y la exposición del señor Temes,
Director General del Insalud.

Vamos a hacer unas consideraciones previas para después, y en base a
ellas, someter precisamente a la consideración del Director General unas
cuestiones concretas.

En los últimos años han accedido al Sistema Nacional de Salud más de
cinco millones de personas que hasta hace cuatro o cinco años no tenían
reconocido precisamente el derecho de atención médica gratuita. En
efecto, con la universalización del acceso al sistema público todos los
españoles tienen reconocido su derecho a recibir todas las prestaciones
sanitarias, desde la atención médica y farmacéutica más simple y
elemental a los tratamientos e intervenciones quirúrgicas más
sofisticadas, incluidos trasplantes de órganos. De todo ello se hace
cargo el Estado, gracias al logro social, irrenunciable por otra parte,
de igual posibilidad de acceso para todos los españoles.

Gracias a la mejora de la calidad de vida se está produciendo un
incremento, notable por otra parte, de la expectativa de vida, de forma
que la esperanza de vida de los españoles está en las cifras más altas.

Así, si las mujeres pueden llegar a una media de vida de 80 años y los
hombres hasta los 74 de media, la media estaría alrededor de los 75 ó 76
años, y las perspectivas, tal como ha dicho el Director General, son de
que vaya aumentando, y él ha expuesto unas cifras.

Es natural que ello conlleve unos cuidados y atenciones sanitarios
fácilmente comprensibles, de manera que el sistema sanitario debe dar una
respuesta concreta a sus naturales necesidades. La mayor expectativa de
vida, por otra parte, junto con el descenso de la natalidad,



Página 3118



configuran una nueva distribución de la población a asistir; es decir,
que si bien las atenciones en infancia puede decirse que tienden a
disminuir, tienden a reducirse, las atenciones consideradas globalmente,
en su conjunto, es de prever que se incrementen notablemente al tener una
población más envejecida.

Por otra parte, no es preciso entrar ahora en la disquisición de si se
trata de atenciones sociales, además de las propiamente sanitarias, las
que precisan estas personas de más edad. En cualquier caso, lo lógico es
que las necesidades sanitarias se incrementen y de forma considerable. Y
aun cuando también tengamos que plantearnos cuánto hay en la práctica
diaria precisamente de atención sanitaria y cuánto hay de necesidades
sociales, lo dejamos aquí planteado, en cualquier caso, para señalar este
incremento de las prestaciones sanitarias que hacen falta para cubrir las
atenciones de la población.

Por otra parte, el incremento día a día de la tecnología médica, tanto
desde el punto de vista del diagnóstico como del tratamiento (también ha
hecho hincapié), ha permitido, entre otras cosas, la supervivencia de
efectos de enfermedades que hasta ahora eran incurables, pero a cambio
también han aumentado considerablemente las necesidades de prestaciones
sociosanitarias para estas personas, a veces durante bastantes años y de
una forma continuada y persistente. Y, finalmente, la aparición de nuevas
enfermedades que, aun cuando frente a ellas se ha hecho un enorme
esfuerzo científico, además de económico, no se han conseguido vencer y
que comportan también, como es el caso del sida o de las
drogodependencias, un considerable incremento de las prestaciones
sanitarias.

Todas esas circunstancias, es decir, la universalización del sistema, el
envejecimiento de la población, la mejora de la tecnología médica, la
tendencia a la cronificación de enfermedades incurables y la aparición de
nuevas enfermedades, que inciden en un incremento de la demanda sanitaria
y de sus prestaciones, conllevan, como es natural, un aumento
considerable y desproporcionado de las necesidades presupuestarias. Por
ello, a pesar de que en los últimos años las previsiones presupuestarias
en Sanidad han ido incrementándose, año tras año, en un 10 o un 12 por
ciento aproximadamente, han ido resultando, a su vez, también
insuficientes, puesto que también año tras año se han ido produciendo
unas desviaciones de alrededor de un 12 o un 14 por ciento, de tal manera
que, al 31 de diciembre de 1991, aquella deuda, que se ha conocido como
la deuda histórica y que ascendía a 580.000 millones de pesetas, después
de diversos debates en el seno del Consejo Interterritorial se acordó
amortizarla en diversos plazos y vía créditos extraordinarios, cuyo
último plazo precisamente de 140.000 millones se contempla en los
Presupuestos para 1994.

No hace falta insistir más en la importancia de las repercusiones
negativas sobre las comunidades autónomas con el Insalud transferido por
el sistema de financiación sanitaria, derivadas de esas desviaciones
presupuestarias. Sólo quiero dejar constancia de las dificultades
financieras que ello conlleva, teniendo en cuenta que se liquidan además
con meses de retraso, a veces con más de un año.

En concreto, ahora estamos a la espera de saber cuál es la cuantía exacta
de la desviación presupuestaria correspondiente al año 1992, más la
previsible para el actual ejercicio de 1993. Por todo ello, las preguntas
que sometemos a la consideración del Director General, señor Temes, en
concreto son las siguientes: ¿A cuánto asciende, en cantidades concretas,
la desviación presupuestaria total del Insalud del ejercicio de 1992?
¿Cuál es también, en valores absolutos, la previsión de la desviación
presupuestaria para el actual 1993, por decirlo de una forma coloquial,
para ponernos al día?
En relación a evitar desviaciones para un futuro, sobre todo para el
próximo ejercicio de 1994, ¿qué nuevas medidas de gestión tiene previsto
aplicar para conseguir el objetivo de cumplir las previsiones
presupuestarias?
Hemos anotado algunas de las mejoras de gestión que ha expuesto. Por
tanto, ¿en qué sentido es previsible que ayudarán precisamente a evitar
esas desviaciones presupuestarias? Por otra parte, con el fin de estudiar
las repercusiones de estas desviaciones presupuestarias en las
comunidades autónomas con el Insalud transferido, la señora Ministra
manifestó precisamente su voluntad de crear una comisión con los
consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas susodichas, es decir,
con el Insalud transferido. En este sentido las preguntas concretas son:
¿Se ha creado esta Comisión? ¿Se han iniciado ya las reuniones
pertinentes? En todo caso, ¿cuál es, en definitiva, el estado de los
trabajos iniciales para llegar a solucionar este problema del efecto
colateral de las desviaciones presupuestarias del Insalud, en el sentido
de las repercusiones sobre las comunidades autónomas con el Insalud
transferido?
Para terminar, señora Presidenta, señor Director General del Insalud, voy
a hacer una referencia breve al catálogo de prestaciones para
posicionarnos en este sentido, catálogo que fue presentado inicialmente y
no aprobado en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se
celebró anteayer en Bilbao. Nosotros estamos de acuerdo en la necesidad
de hacer un catálogo de las mismas. Ahora bien, tampoco sabemos si esto
puede representar en el futuro el inicio de un recorte de las
prestaciones, pero en cualquier caso, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, entendemos que no es admisible la
reducción de prestaciones sanitarias, no si antes, en todo caso, no se
llega a un porcentaje en relación al PIB de la financiación sanitaria
alrededor de un 7 por ciento, que es el semejante al de los países de
nuestro entorno geopolítico y, a la vez, no haber llegado al extremo
máximo de exigir el máximo rigor, valga la redundancia, en la gestión
precisamente de los recursos sanitarios.

Para finalizar, quiero hacer una reflexión. En estos momentos de recesión
es precisamente cuando se cuestiona más el Estado de bienestar. Parece
que ahora nos cercioramos de que los ingresos tienen un incremento en
progresión aritmética mientras que los costes para sufragar todas las
necesidades aumentan en una progresión



Página 3119



geométrica. Esto nos lleva a la reflexión de si el concepto de Estado es
el Estado de bienestar o si el Estado no puede erigirse en benefactor de
todos sino que, por el contrario, debe actuar de forma subsidiaria en lo
que no pueda resolver el conjunto de la sociedad. Digo esto, en un día
como hoy, como reflexión final.




La señora VICEPRESIDENTA (Novoa Carcacia): Tiene la palabra, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Vicente García.




La señora VICENTE GARCIA: En primer lugar, quisiera agradecer, en nombre
de mi Grupo, al señor Temes su presencia hoy aquí en esta Comisión para
explicarnos cuáles son las medidas de política general que va a llevar a
cabo el Insalud.

Entendemos que, en su conjunto, su información ha sido compleja, densa y
clarificadora. Compleja, pues es evidente que en cualquier país pueden
plantearse distintos modelos sanitarios, distintos tipos de financiación,
distinto alcance de las prestaciones sanitarias que se otorgan a los
ciudadanos; es decir, distintas coberturas sanitarias y, en definitiva,
distinto acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios.

Densa y clarificadora, pues en la intervención del señor Temes se abarcan
objetivos prioritarios como son cumplir los Presupuestos de 1994 y
reducir las listas de espera, en unas líneas generales de actuación que
incluyen desde actuaciones para mejora de la gestión, de la eficiencia,
pasando por la atención de problemas prioritarios, control de gasto
farmacéutico y finalizando, por fin, con medidas de calidad y medidas
para incrementar el grado de libertad y satisfacción del usuario.

Actuaciones que el Grupo Socialista apoya en su totalidad y que, en
definitiva, permitirán consolidar y mejorar el Sistema Nacional de Salud.

Modelo sanitario que el Grupo Socialista defiende por entender que es el
que mejor permite garantizar la universalidad, la equidad y la
solidaridad a todos los ciudadanos. Un sistema de financiación pública
que es fundamental en las políticas de bienestar social, al no
discriminar a los ciudadanos por su nivel de renta, edad o por las
patologías que puedan padecer.

Podemos decir que el Sistema Nacional de Salud, en su totalidad, ofrece
un balance claramente positivo, con un conjunto de prestaciones y
programas de variedad y calidad comparables a los de los países más
avanzados de Europa y con un coste inferior a los de la mayoría.

Nos produce cierto asombro la actitud de algunos grupos con sus
descalificaciones continuas, manifestaciones catastrofistas y el intento
permanente de desprestigiar el Sistema Nacional de Salud, aunque esto no
va a impedir que los socialistas defendamos el sistema que, por supuesto,
no va a dejar de ser ni universal ni solidario.

En cuanto a las medidas de actuación general a las que se ha referido el
señor Temes, con respecto a la reforma de la gestión tenemos que decir,
en primer lugar, que nos parecen acertadas y necesarias las medidas
concretas que se refieren a implantación de protocolos coordinados entre
la atención primaria y especializada, la implantación de equipos de
cuidados geriátricos, la mejora de la coordinación entre consultas
externas hospitalarias y ambulatorias.

Por otro lado, apoyamos aquellas medidas concretas que usted apuntaba
anteriormente al entender que consolidan y mejoran el sistema y
benefician, en consecuencia, al ciudadano, tales como la cirugía
ambulatoria, la cirugía de tarde, la disminución de las estancias medias,
incrementar el rendimiento de los servicios de diagnóstico de alta
tecnología y los nuevos criterios en la política de conciertos,
intentando sustituir el pago por estancia por coste de proceso. Medidas
todas ellas que, sin duda alguna, harán disminuir la lista de espera, que
es un problema que, efectivamente, reconocemos que afecta a nuestro
Sistema Nacional de Salud, pero también que no todos los sistemas, como
el nuestro, garantizan la gratuidad y la universalidad.

Por otro lado, estamos también de acuerdo con usted en que para aumentar
realmente la eficiencia es necesario un amplio acuerdo con los
profesionales sanitarios, un pacto sanitario que permita aprobar la ley
de ordenación de las profesiones sanitarias, así como el estatuto marco,
y que debe de abordar los sistemas de formación, especialización,
retribuciones, carrera profesional, etcétera.

Fundamentales e importantes son también las medidas del control del gasto
farmacéutico. Estamos convencidos de que un mayor gasto en farmacia no
guarda relación con una mejor calidad de la asistencia. Esto no
significa, a pesar de la insistencia también de algunos grupos, un
recorte en las prestaciones farmacéuticas ni un desmantelamiento del
sistema público sino la voluntad política del Gobierno de hacer una
política rigurosa, desde el punto de vista científico, del uso del
medicamento.

Queremos manifestar nuestra satisfacción porque entre las previsiones del
señor Director General está la implantación al cien por cien de la
cobertura de los equipos de atención primaria; es decir, el nuevo modelo
de atención primaria para 1996. Modelo que pone el acento en la
prevención y la promoción de la salud, sin perjuicio de una correcta
asistencia, lo que se traduce, sin duda, en una mejora de la calidad del
servicio, con un aprecio notable por parte de la población. Desde luego
que sí se hace política de promoción y prevención en la mayor parte de
las autonomías. Por ejemplo, en Extremadura aparece en un listado enorme
que hacen planificación familiar, vacunaciones infantiles, vacunaciones
frente a hepatitis en edad escolar, salud escolar, diabetes, glaucoma,
prevención de la subnormalidad, prevención de enfermedades
cardiovasculares, lucha contra las toxicomanías, sida, hidatidosis, bocio
y actuaciones en zonas endémicas, lepra, cáncer de cuello uterino, cáncer
del colon, etcétera. Es decir que no se puede decir que no se haga
prevención de la salud.

Por último, nos congratulamos de todas las medidas que van dirigidas a
garantizar la libertad y satisfacción del usuario; como prueba de ello,
citaré la reciente aprobación del Real Decreto de la libre elección de
médico.

Puesto que algún portavoz ha sacado el tema del



Página 3120



catálogo de prestaciones sanitarias, quiero concluir diciendo que esto
nos parece de vital importancia y por ello hemos pedido la comparecencia
de la señora Ministra. También tenemos que decir que ante voces que
decían que se iba a desmantelar el sistema público sanitario, creando una
alarma social a todas luces injustificada, como se puede comprobar, no se
recortan las prestaciones, sino que efectivamente incluye algunas que han
sido demandadas habitualmente por muchos de los grupos aquí presentes.

Nada más. Muchas gracias de nuevo por su presencia. (Varios señores
Diputado: ¡Muy bien!)



La señora PRESIDENTA: Para responder a las intervenciones de los
distintos portavoces de los Grupos, tiene la palabra el señor Temes
Montes.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Temes
Montes): Gracias, señora Presidenta.

Empezaré contestando a la intervención del portavoz del Partido Popular,
señor Villalón, diciéndole, en primer lugar, algo que parece obvio y que,
por tanto, probablemente no sea necesario decir, pero quiero expresarlo
con claridad. Me siento absolutamente orgulloso de pertenecer a este
Gobierno y, además, me siento absolutamente orgulloso del trabajo
sanitario que se ha hecho desde el año 1982. Creo que cualquiera que
conociese la realidad sanitaria del año 1982 en España y conozca la
actual, y cualquiera que sea capaz de comparar nuestro sistema sanitario
con los de nuestro entorno, estaría también orgulloso, con independencia
de su color político. Lo creo firmemente.

No sé la credibilidad que voy a tener para usted, me gustaría que me
diese el beneficio de la duda, porque estoy haciendo un planteamiento de
futuro que yo creo se basa en medidas razonables de gestión, en la que es
posible llegar a muchísimos acuerdos. Creo que las sugerencias de los
Grupos políticos, de los profesionales van a enriquecer el proyecto o el
planteamiento que yo he traído hoy a la Cámara. Estoy absolutamente
dispuesto a que sea así, creo que eso enriquece cualquier proyecto;
además, parto de algo que no se ha cuestionado ni un solo momento en la
discusión que hemos mantenido o en las intervenciones de los portavoces:
nadie está discutiendo el sistema y ése ya es un paso adelante, en mi
opinión, muy importante. Yo le pido esa credibilidad, le pido que nos
juzgue por las cosas que hagamos de ahora en adelante, aunque vuelvo a
decirle que me siento orgulloso y solidario con lo que se ha hecho hasta
ahora.

Han barajado muchas cosas. Creo que desde un análisis de la calidad y de
la política de personal, dada la gestión del Insalud, le diré que se han
ido modificando, como es lógico, los criterios, porque el tiempo ha
pasado, los sistemas sanitarios en todo nuestro entorno europeo y no sólo
europeo, sino en América están en discusión; por tanto, es necesario
adecuar la situación a la realidad del año 1994, no puede ser de otra
manera. Se está haciendo aquí, se está haciendo en todos estos países, y
se seguirá haciendo prácticamente de forma permanente. Con lo cual, decir
que se han presentado varios proyectos de gestión del Insalud entiendo
que es bueno, razonable y que, además, es obligado; los planteamientos
que se podían tener en el año 1975, en el año 1982 o en el año 1993
tendrán que ser necesariamente distintos de los que tengamos en el año
1994, por razones que creo bastante obvias.

Ha barajado dos cuestiones. En relación a una de ellas, la atención
primaria, estamos en absoluto desacuerdo. Creo que la atención primaria,
y así lo reflejan las encuestas, es el servicio de mayor aceptación por
parte de la población. Hacía una referencia crítica al porcentaje de
cobertura y lo mencionaba en el ámbito de la nación. Quiero decirle que
en el ámbito de la nación tienen competencias comunidades autónomas y,
por tanto, servicios sanitarios distintos del Insalud. Donde la cobertura
es menor es en dos comunidades autónomas gobernadas por el Grupo Popular,
que, curiosamente, son Galicia y Cantabria. (Un señor Diputado: ¡Toma ya!
Otro señor Diputado: ¡Vaya hombre!)
En cuanto a las medidas para moderar el gasto farmacéutico, le
agradecería mucho sus sugerencias. Le parece que las que nosotros
proponemos no son suficientes y que no vamos a lograr el objetivo
planteado. Le agradecería muchísimo sus sugerencias concretas, explicadas
de forma clara, porque cuanta ayuda tengamos en tratar de moderar un
gasto que parece injustificado asistencialmente e inmantenible
económicamente, nos vendrían extraordinariamente bien. Se las pido por
favor.

En cuanto a atención especializada, creo que el modelo español de
hospitales no sólo no está en crisis, sino que compite perfectamente con
los modelos sanitarios de nuestro corte de los países europeos. No creo
que el sistema hospitalario español sea peor, por ejemplo, que el inglés
que conozco bien; no lo creo. No creo que el Guys Hospital (?) sea mejor
que La Paz, no lo creo. Entiendo que somos capaces de competir en
servicios, en calidad de los servicios y en número de actuaciones con
cualquier sistema de los que podemos juzgar en nuestro entorno. Por
tanto, me parece difícil aceptar que nuestra red sanitaria no sea una red
con ese nivel y que esté en crisis. Creo que el modelo no está en crisis.

No voy a dejar de reconocer, porque creo que no sería razonable, que los
modelos sanitarios, y el nuestro también, tienen problemas de desajuste;
si acaso también reconoceré, ya lo he hecho antes, que las listas de
espera son uno de ellos. Creo que hemos dado un planteamiento puntual a
lo que pensamos hacer con las listas de espera, pero también quiero
decirle, y vuelvo a insistir en ello, que no me parece un problema
político, sino técnico, fundamentalmente técnico, y hay gobiernos de
distintos colores en las comunidades autónomas de España o gobiernos de
otras naciones que tienen el mismo problema. No es un problema político y
sí creo que es un problema técnico.

No le he entendido bien cuando me ha preguntado por un equipo de
filtración a la atención a los ancianos. No sé a lo que se está
refiriendo; me parece, además, que si es lo que entiendo estoy
entendiendo mal; por tanto, me gustaría que se aclarara a qué se está
refiriendo. Los



Página 3121



ancianos reciben en el sistema sanitario público la misma atención cuando
están enfermos que cualquier otra persona, como es lógico. Lo que sí
parece razonable es diferenciar lo que son patologías agudas y, por
tanto, subsidiarias de internamiento en hospitales de agudos o lo que son
problemas sociales y patologías crónicas que necesitan otro tipo de
atención, con otras instalaciones y con otro tipo de personal.

Creo, señor Villalón, por sus referencias a los GRD, al coste por proceso
y a la contabilidad analítica, que esto no se lo sabe, creo sinceramente
que esto no se lo sabe. Hablar de GRD y confundirlo con contabilidad
analítica y confundirlo con coste por proceso, cuando los grupos de
diagnóstico relacionado no son más que una forma de agrupar los costes
por proceso, creo que es un error de base que demuestra, entiendo, que no
lo conoce bien.

Me agrada, en cambio, que esté usted de acuerdo con el planteamiento que
hacemos del modelo retributivo. Creo que es un avance importante que
entendamos que a personas diferentes y a trabajos diferentes habrá que
retribuirlos de manera diferente. Se está trabajando ciertamente en la
ordenación de las profesiones, hay una dirección general en el ministerio
que se dedica a ello, y yo creo que es un tema suficientemente complejo y
profundo para que se haga el estudio de manera detenida, con la
participación de cuantas personas deseen colaborar, de cuantos grupos
profesionales puedan aportar su conocimiento al tema.

Ha citado, por último, algunos aspectos de satisfacción. Creo que si
citamos lo que son opiniones, un estudio Delphi no es más que un método
de pedir opinión, no es una encuesta; es un método para pedir opinión a
supuestos expertos elegidos por quien hace el estudio. Quisiera referirme
a la encuesta Blendon, que es una encuesta que sí está hecha en España y
en los países de nuestro entorno con motivo del Informe Abril y que da a
conocer el grado de satisfacción de los usuarios del sistema, donde el 73
por ciento de las personas que han utilizado el mismo dicen que están
satisfechos o muy satisfechos. Ciertamente recoge la paradoja de que el
75 por ciento de las personas que no han utilizado el sistema creen que
necesita reformas importantes. Esa es una encuesta y eso permite conocer
un estado de opinión.

En cuanto a la intervención de la diputada Angeles Maestro me piden que
responda al final porque no está en la sala.




La señora PRESIDENTA: Tenía que ir a otra Comisión y ha solicitado que se
le respondiera al final.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Temes
Montes): Respondo entonces al señor Cardona, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Primero quiero agradecerle sinceramente el tono de
su intervención. Creo que hemos escapado un poco del caos permanente y es
de agradecer que se reconozca que a lo largo de los años se hacen algunas
cosas bien. (El señor Fernandez-Miranda y Lozana: Son socios del
Gobierno.) Por ejemplo, universalizar la asistencia o adecuar la
estructura sanitaria a las modificaciones de la pirámide demográfica,
como es lógico. Tenemos menos niños y tenemos más ancianos y parece que
vamos a tener más ancianos de los que tenemos, por tanto, eso es
razonablemente así. Es un país que recoge un poco una canción de Serrat
(El compareciente hace una cita en catalán.) Y, por tanto, es cierto que
nos vamos envejeciendo cada día un poco. Verá que para ser gallego no
tengo nada mal catalán. (Risas.)
En 1994 está previsto que se pague de la deuda 144.000 millones de
pesetas a los proveedores. Creo que la propuesta de la Ministra de
Sanidad de crear una comisión, que no puedo afirmar en este momento si se
ha constituido o no porque no es una competencia del Insalud, sino del
ministerio, es una buena fórmula porque el cálculo de la deuda al
extenderlo a nivel a todo el Estado español es bastante difícil de hacer
porque se hace la del Insalud y se multiplica por un coeficiente, que es
el 2,04, con lo cual probablemente no sea exactamente la deuda de las
comunidades autónomas. Me parece que es una fórmula acertada y, por
tanto, creo que se hará así.

La previsión de deuda para el año 1993 la verdad que es difícil de prever
demasiado acertadamente antes de que acabe el año. Entendemos que la
desviación sobre el presupuesto inicial no va a ser superior al dos o al
tres por ciento sobre el presupuesto inicial, pero vuelvo a decirle que
quiero dar la cifra con todas las cautelas de que no ha concluido el año
y diciéndole además que hemos mejorado los tiempos de pagos a los
proveedores de forma que yo creo importante.

Por último, a hecho usted un comentario sobre el catálogo de
prestaciones, y que a mí me interesa extraordinariamente clarificar. Creo
que está claro que la intención del catálogo es ordenar, no es, en ningún
caso, ahorrar y con el catálogo no se va a ahorrar dinero. No es, en
ningún caso, suprimir prestaciones, salvo aquellas de una utilidad dudosa
y creo que alguna ciertamente sería discutible. Alguno de los portavoces
ha citado la fecundación in vitro. En los trabajos más optimistas de
fecundación in vitro se entiende como éxito el 25 por ciento de
implantación, que no de niño nacido; por tanto, hay bastante discusión
técnica sobre la oportunidad de incluir una prestación así. En cambio, me
parece mucho menos discutible que la ortodoncia infantil deba estar
incluida en el catálogo de prestaciones o el tratamiento a la menopausia.

Yo creo que es un catálogo impositivo que pretende ordenar, porque es
bueno lo que da el sistema sanitario público, como se sabe lo que da el
sistema educativo o cualquier otro sistema. Creo que es bueno. Creo que
ha habido un amplísimo acuerdo con el Consejo Interritorial entre los
distintos consejeros de las comunidades autónomas y el Ministerio de
Sanidad y, por tanto, me parece que el planteamiento que debe
transmitirse es realmente eso: esto es algo que ordena el sistema; que no
retira prestaciones, salvo las de dudosa utilidad asistencial, y que, en
cambio, incluye prestaciones demandadas sistemáticamente por la población
española, creo que también por los profesionales y estimo que en esa
medida es de utilidad.




Página 3122



Me faltaba también contestar al señor Cardona cuáles son las medidas que
pretendemos adoptar para cumplir el objetivo presupuestario en 1994. Creo
que a lo largo de mi intervención he desgranado algunas de ellas, pero
fundamentalmente hablaría de dos: El contrato programa para el año 1994,
donde estamos fijando con cada uno de los centros sanitarios, con cada
uno de los centros de gastos, un programa que en ningún caso supere el
presupuesto establecido, y una política de incentivación a los
profesionales que permita realicen labores de gestión y de apoyo a ese
objetivo, que entiendo es un objetivo de todo el sistema.

Cuando hablo de presupuesto quiero aclarar que no hablo de gasto solo,
sino también de actividad, cosa que me parece bastante relevante y que,
en algunas ocasiones, creo que se olvida.

Por último ya puedo contestar a la representante de Izquierda Unida,
Angeles Maestro. No me voy a extender en las consideraciones que ha hecho
sobre el presupuesto. Yo ya he comparecido sobre ese tema. Entiendo
--vuelvo a decirlo-- que es un presupuesto claramente relacionado con una
situación económica y me parece que la Sanidad no va a poder escapar de
ella tampoco, pero creo sinceramente que es un presupuesto posible, es
decir, que se puede cumplir manteniendo los niveles de prestación y de
calidad del sistema. Se puede cumplir, además, procurando aumentar la
eficiencia del sistema, que también es posible, como creo que sabemos
todos.

Se ha extendido también sobre la coordinación de niveles y la
incompatibilidad que eso tiene contra la descentralización de la gestión.

Yo, sinceramente, no lo creo. No creo que coordinar los niveles y
descentralizar la gestión sean cosas incompatibles, antes al revés, creo
que tenemos que llevar la gestión exactamente de manera descentralizada
donde cada gestor y los equipos que trabajan alrededor del mismo conozcan
de una manera mucho más concreta los problemas y, por tanto, van a saber
darle una solución más razonable. Ello no creo que excluya, para nada,
que los niveles de atención estén coordinados. Hay un empeño en que la
coordinación entre atención primaria y atención especializada sea
progresivamente mayor.

A mí el concepto de área sanitaria como concepto geográfico sanitario me
parece bueno. Yo creo que romper esa especie de escalón intermedio que
representaban los ambulatorios en atención especializada ha sido bueno.

Creo que ha evitado duplicaciones de exploraciones, duplicaciones de
molestias a los enfermos y, sobre todo, ha permitido una comprensión
entre los profesionales que trabajaban en los ambulatorios y los
profesionales que trabajan en los hospitales. Hasta hace muy poco en los
hospitales se creía que fuera de ellos no había vida inteligente. Ahora
ya hay algunas personas que van entendiendo que eso no es así, que es
posible hacer trabajo en equipo, sesiones clínicas y que eso beneficia al
objeto fundamental del sistema que es el ciudadano.

Ha hecho algunas alusiones a gestión y ahorro. Yo creo que son términos
distintos. También ha hecho alguna referencia a eficiencia y a eficacia.

Nosotros pretendemos tener un producto de calidad y tenerlo a un precio
justo; es decir, creemos que es mantener una política progresista
utilizar correctamente los Presupuestos Generales del Estado y, por
tanto, los dineros de los ciudadanos. No creo que en ello haya demasiada
dificultad. Es decir, con el mismo nivel de calidad para una resonancia
magnética yo debería escoger la resonancia magnética más barata, porque
ése es el dinero de los ciudadanos. Estimo que esos niveles de calidad en
muchos casos son perfectamente medibles.

A lo largo de la exposición que he hecho he hablado de algunos
indicadores de salud que creo que tienen relación con el sistema de
cuidados, aunque esa relación estrictamente como la señora diputada sabe,
es difícil de demostrar en planificación sanitaria. Es decir, que
tengamos una esperanza de vida de la más elevadas del mundo civilizado
(74 años para los varones y 80 para las hembras), o que tengamos una tasa
de mortalidad infantil de las más bajas de nuestro entorno --la de
natalidad también es la más baja probablemente del mundo-- seguramente
algo tiene que ver con el sistema de cuidados. Por tanto, yo creo que sí
hay una relación entre lo uno y lo otro, vuelvo a insistir, es difícil
saber con precisión cuál es la influencia en la mejoría de los
indicadores de los sistemas sanitarios y cuál es la influencia de otras
cosas que no son puramente sanitarias. Es decir, cuál es la influencia de
tener una buena red de carreteras, de tener pleno empleo, de tener una
buena vivienda o de tener educación sobre el sistema sanitario.

En cuanto a que la libre elección de médico no ha servido para nada, creo
que sí ha servido. Según mis datos, en este momento han ejercido ese
derecho 32.650 personas, lo que viene a representar una tasa del 22,8 por
10.000 habitante que entra dentro de lo que se prevía cuando se hizo el
Decreto; es decir, ha servido para eso. También demuestra, ciertamente,
que la mayoría de la gente está contenta con su médico y que no cambia
para irse a la otra esquina del área sanitaria si no es estrictamente
necesario. Ese es un razonamiento para mí útil.

Sobre la integración de redes, es cierto, no lo he mencionado. Ha sido un
objetivo a lo largo de muchos años, creo que se han integrado nuchas
redes y se siguen integrando. Me parece que hacer una mención explícita a
eso quizá no tenga mucho sentido. A lo largo de este año y en los úlimos
tiempos se han integrado hospitales de las diputaciones. Puedo recordar,
en este momento, León, Ciudad Real --hay un acuerdo al respecto--, el
Hospital de la Cruz Roja de Ceuta, el personal del Hospital de la Cruz
Roja de Torrelavega se va a integrar en el Hospital del Insalud de
Torrelavega; es decir, se sigue trabajando en la política de integración
de redes y coincido plenamente con usted en que ésa es una política de
gestión realmente útil.

Se siguió trabajando en el tema de las transferencias. Las transferencias
a Canarias están pendientes de un último acuerdo, ha habido una ponencia
técnica que ha ido trabajando a lo largo de estos meses y desbrozando esa
transferencia que --insisto-- está pendiente, en este momento, de un
acuerdo quizá más de otro nivel que el de la



Página 3123



ponencia técnica; pero se ha seguido trabajando y de hecho es muy
posible, no lo quiero dar como cierto porque no está ultimado, que haya
transferencias a la Comunidad Autónoma de Canarias a principios del año
1984.

En el tema de los criterios socio-sanitarios, decía usted que no hay ni
una peseta para hacer eso. Creo que no se necesitan pesetas, es un
problema fundamentalmente de ordenación. Recientemente, las Ministras de
Sanidad y Consumo y de Asuntos Sociales han firmado un protocolo de
atención a esas personas mayores que no son pacientes agudos, que no se
van a beneficiar de la estancia en un hospital de agudos y que, en
cambio, precisan una atención de otro nivel porque, además, van a estar
mejor atendidos en ese otro nivel. Creo que las residencias asistidas,
ese tipo de actuación y que en muchos casos es más asilar que sanitaria,
debe potenciarse porque, además, para el sistema sanitario es barato; es
decir, nos permite resolver problemas sanitarios reales y tener una
ocupación razonable de nuestras camas con patalogías de agudos que es
inicialmente para lo que están pensados los hospitales de la red del
Insalud. Creo que hay ahí un acuerdo a desarrollar muy importante.

Es cierto, nosotros no vamos a dejar el problema antes de que tenga una
solución. Nuestra pretensión no es que los ancianos ingresados en los
hospitales cuando ya no tengan una enfermedad aguda tengan que irse
obligada y necesariamente de ellos si no tienen una solución. Creemos que
en la línea de este acuerdo está la solución, de que Asuntos Sociales se
ocupe de los problemas sociales y el Insalud se ocupe de los problemas
sanitarios. Esa delimitación, que no siempre es fácil, ciertamente
debería ser así.

Ha hecho alusión al catálogo de prestaciones y a la reproducción
asistida. He comentado ya este aspecto, pero no sé si usted estaba en la
sala. Si estaba, ésa es mi opinión al respecto. Al final, creo que no ha
sido un criterio económico, bajo ningún concepto, y realmente no se va a
ahorrar ni una sola peseta con el catálogo de prestaciones.

En cuanto a la segunda parte de su intervención, en lo referente a la
clínica Sear le diré, primero, que efectivamente es una clínica privada,
que no se ha renovado el concierto, sino que se han actualizado las
tarifas y donde nosotros enviamos, fundamentalmente, problemas sociales,
es decir, personas como las que me refería anteriormente, que pasan por
un hospital de agudos, fundamentalmente un gran hospital. Ahí van
especialmente enfermos que han estado ingresados en La Paz, en el Ramón y
Cajal o en el Doce de Octubre y que precisan un internamiento con
asistencia médica de otro nivel. Muchos de ellos son problemas sociales,
ni siquiera sanitarios. Otra cosa que hacemos con esta clínica son
intervenciones quirúrgicas de pacientes en lista de espera,
intervenciones quirúgicas menores.

Desde el punto de vista estructural y de equipamiento, ese hospital no
presenta deficiencias graves que no sean subsanables; por el contrario,
las mayores deficiencias las presenta en el apartado de recursos humanos;
que la «ratio» personal --camas es de 0,61, inferior al adecuado para
estos hospitales, del 0,85; que si lo valorásemos como centro quirúrgico
de corta estancia la «ratio» sería menor porque la estipulada es del
0,90, pero quiero modular esto diciendo que la inmensa mayoría de las
patologías o de los enfermos que se mandan son enfermos sociales.

La titulación de médicos, de enfermeras y de auxiliares de clínica, en
cambio, es correcta. En las últimas semanas se han presentado una serie
de quejas y de reclamaciones al Insalud por suspuestos malos tratos que
han sido analizados por la inspección, sin llegar a conclusiones que
permitan delimitar responsabilidades claras.

Está previsto llevar a cabo otras actuaciones complementarias por parte
de la inspección y yo quiero asegurarle aquí que si las deficiencias
referidas por los enfermos o por los familiares de los enfermos pueden
comprobarse, desde luego, seremos absolutamente firmes en pedir las
responsabilidades pertinentes. Estamos dispuestos a concertar, como he
dicho, pero esa política de concertación con centros públicos o privados,
obviamente, han de tener el nivel de calidad exigido para dar el
servicio. En otro caso creo que seríamos consecuentes si fuésemos capaces
de demostrar que realmente no es así. Le podría dar más datos de lo que
es ese hopsital. En cuanto a los ingresos y al coste, si lo prefiere, en
vez de contarlo le doy una nota por no repetir números de ingresos, de
estancias y de todo esto.

Por último, he de contestar a la portavoz del Grupo Socialista, a la
señora Vicente García, agradeciéndole, primero, su apoyo y su
comprensión, como no podía ser de otra manera. (Risas. Rumores.) Si no
fuera así probablemente no estaría compareciendo, sobre todo, porque
entiendo que la política sanitaria que se está haciendo es la prometida
en las elecciones generales y la que los españoles han apoyado
mayoritariamente, por lo menos hasta ahora. (La señora Maestro Martín
pide la palabra.)



La señora PRESIDENTA: Señora Maestro ¿para qué pide la palabra?



La señora MAESTRO MARTIN: En relación con la solicitud de comparecencia,
respecto a la clínica Sear que he aceptado que se incluyera, pero creo
debería ser objeto de una matización. (El señor Villalón Rico pide la
palabra.)



La señora PRESIDENTA: Señor Villalón ¿para qué ha pedido la palabra?



El señor VILLALON RICO: Para matizar algunas de las cuestiones que ha
hecho el señor Temes.




La señora PRESIDENTA: Debo decirle, señor Villalón que, como sabe, en
este trámite de comparecencia no hay turno de réplicas. Si va a ser muy
breve, porque consumió con creces y duplicó su tiempo...

A la señora Maestro le digo lo mismo. No obstante, como efectivamente al
principio de la comparecencia había quedado implícito que al incluir esta
segunda en la



Página 3124



primera podríamos abrir un breve turno exclusivamente para alguna
aclaración, así lo haremos.

Tiene la palabra el señor Villalón.




El señor VILLALON RICO: Gracias, señora Presidenta.

Señor Temes, tengo que matizarle, por un lado, unas cuestiones de índole
general y, por otro lado, cuestiones en particular sobre su segunda
intervención.

Cuando hablamos de proyectos que se contradicen dentro del Ministerio de
Sanidad, dentro del Gobierno socialista, fundamentalmente nos estamos
refiriendo al período que va desde que el señor Vargas era Ministro de
Sanidad hasta la actualidad. En una legislatura de cuatro años, el señor
Vargas presentó un proyecto relación Insalud-Ministerio, el señor
Valverde todo lo contrario, y el señor Griñán todo lo contrario también;
a eso es a lo que me he referido.

Por otra parte, quiero clarificar nuestra postura en relación con el
Sistema Nacional de Salud. Nosotros no estamos en contra del Sistema
Nacional de Salud. ¿Cómo vamos a estar en contra de una buena red pública
de hospitales y de una buena y amplia cantidad de profesionales
sanitarios? De lo que sí estamos en contra es de que sea un sistema único
y que no se utilicen todos los recursos que hay en nuestro país --lo
decía anteriormente--, tanto materiales como humanos.

Otra pequeña matización que quería hacer, en este ámbito de tipo general,
es sobre una fijación que tienen ustedes cuando comparecen aquí, y es
que, cuando no saben qué contestar a lo que nosotros les planteamos,
sacan a relucir el tema de Galicia y otras comunidades autónomas donde el
Partido Popular gobierna. No es éste el foro donde se deben debatir esos
temas, y olvídese usted de Galicia, olvídese de Cantabria y olvídese de
Baleares. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: Ahí, ahí.)



La señora PRESIDENTA: ¿Señor Villalón?



El señor VILLALON RICO: Un minuto, señora Presidenta, simplemente...




La señora PRESIDENTA: Exclusivamente para concretar las posibles
aclaraciones que quiere el señor Temes.




El señor VILLALON RICO: Me parece importante resaltar dos o tres
cuestiones.

Con respecto a la retribución, ¿cuál es el planteamiento que tiene el
Insalud ante la amnistía que se piensa realizar en el «Ramón y Cajal» con
motivo de la dedicación exclusiva, según declaraciones del gerente de
dicho hospital?
En cuanto a la contabilidad analítica yo le quería indicar las diferentes
modificaciones de los sistemas que han utilizado ustedes a lo largo de
los últimos años, puesto que han cambiado sistemáticamente de un proceso
a otro sin quedarse definitivamente con uno.

Por último, le tengo que decir que me parece lógico que esté orgulloso de
la política sanitaria --si no no estaría en el lugar que está--, pero me
llama la atención que nos haya dicho que el sistema hospitalario español
no está en crisis ni está agotado, como yo había afirmado. Me extraña que
usted diga esto porque tengo que hacer público un titular de «Tribuna
Médica» del año 1991 que dice lo siguiente: Doctor José Luis Temes,
Director-Gerente de la Paz: El sistema hospitalario español está agotado.

A mí me llama la atención que usted dijera esto hace dos años y en cambio
ahora diga todo lo contrario. Por tanto, las contradicciones son
manifiestas en el Insalud y en el Ministerio de Sanidad, no solamente
cuando sale un ministro y entra otro sino, por lo que se ve, en las
mismas personas dirigentes de la sanidad española.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra
la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: En primer lugar, quiero manifestar la
preocupación de mi Grupo por la, a todas luces, insuficiente respuesta
del Director General del Insalud ante las, a mi juicio, gravísimas
situaciones que se aprecian en la clínica que he mencionado
anteriormente.

Yo quiero decir que, como usted bien sabe, todas esas personas han
acudido al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuando tras repetidas
denuncias y entrevistas con los responsablees del Insalud en Madrid no
han recibido respuesta satisfactoria. No es la primera vez, ni muchísimo
menos, que el Insalud tiene un conocimiento exacto del mismo dossier que
obra en mi poder y que delata situaciones de calidad ínfima de la
asistencia y grave deshumanización del trato. El único dato que me ha
dado es suficientemente relevante. El índice personal/cama es de 0,61
cuando las camas concertadas del grupo cinco, nivel tres, exigen un
índice personal/cama de 0,90 y las del nivel dos de 0,85. ¿Por qué el
Insalud no ha exigido, a la hora de actualizar las tarifas concertadas,
el cumplimiento estricto de una legislación vigente y de una normativa
que obliga a los hospitales a tener los servicios mínimos necesarios para
prestar la atención que deben prestar? Insisto en que ha habido un niño
fallecido --en lo que se refiere a la concertación de las camas del grupo
cinco, nivel tres--, y el caso de la persona con eventración que he
relatado anteriormente es suficiente para comprobar que en ese hospital
no se cuenta con los servicios asistenciales que la propia normativa de
hospitales exige.

Yo pregunto sobre ello puesto que hay datos muy graves y objetivos que
afirman que no se pasa visita nunca, no se hacen controles analíticos y
personas con evidencia de fracturas no reciben atención sanitaria en ese
centro y tienen que recurrir a la Seguridad Social. Discrepo de su
valoración, puesto que he visitado ese hospital y en él no existe
patología social, hay patología de cuidados intermedios, es decir, hay
casos de accidentes cerebrovasculares, hay enfermos de cáncer terminal
que comparto con usted la idea de que tienen que tener otro tipo de



Página 3125



servicios sanitarios distintos a los que se prestan en hospitales
altamente tecnificados y cualificados, pero precisamente es en estos
centros donde los cuidados deben ser especialmente intensos; la atención
sanitaria especializada de alta complejidad no es la que corresponde al
tratamiento de estos enfermos, pero el tipo de cuidados de enfermería y
el tipo de cuidados de rehabilitación y el control sanitario mínimo debe
producirse. Y yo quiero decirle, señor Temes, que la preocupación de
Izquierda Unida no se refiere exclusivamente a este hospital, aunque la
concreción del hecho se refiera al mismo, sino a la política de actuación
sociosanitaria en enfermos crónicos y en personas de edad. Cuando ésta es
la realidad y usted dice que pese a que en nuestro país --y es reconocido
por expertos nacionales e internacionales-- no hay una red mínima de
cuidados para enfermos crónicos, cuando según el propio Director General
del Inserso los servicios sociales son anecdóticos en nuestro país, cómo
el Insalud, sin gastar una peseta, y el Ministerio de Asuntos Sociales,
sin gastar tampoco una peseta, va a ser capaz de atender, con la calidad
mínima exigible, a estos pacientes. Y cómo por el contrario se corre el
grave riesgo en nuestro país de que el resultado de medidas de control
del gasto como las que se están tomando en España y que se corresponden
con las que, como he dicho en otras ocasiones y ha sido recibido con una
sonrisa que creo que refleja más desconocimiento que otra cosa, se han
aplicado en la reforma que inició Margaret Thatcher en el Reino Unido y
que se traducen en una disminución de la calidad asistencial y en una
selección de pacientes en detrimento de los enfermos crónicos y de las
personas mayores.

En cualquier caso, yo le he hecho preguntas concretas acerca de la
existencia de los servicios asistenciales a los que he hecho mención; de
la práctica diaria del control sanitario, en función de las denuncias,
inexistente; si existe responsable de farmacia y cuál es el estado de
caducidad de los medicamentos que se administran; si es verdad que se
suministra Haloperidol en gotas a enfermos que no tienen indicación de
salud mental con el objetivo de sedar porque lógicamente requieren menos
cuidados las personas que están permanentemente dormidas; si es verdad
que no se informa al paciente ni siquiera después de una intervención
quirúrgica como en el caso de la intervención que he mencionado; cuáles
son las tasas de infección hospitalaria de la Clínica Sear; en qué
condiciones se plantea el servicio de atención sanitaria por la noche; si
hay evidencia por parte del Insalud de la existencia de
incompatibilidades entre el personal que presta servicio en ese centro, y
cuál es la frecuencia con la que se realizan controles analíticos,
radiográficos, etcétera.

En cualquier caso, dada la gravedad de los hechos que se denuncian que, a
juicio de Izquierda Unida, pueden ser constitutivos de delito penal, le
informo que el dossier va a ser remitido al Fiscal General del Estado y
al Defensor del Pueblo.

En cuanto a las responsabilidades que son competencia estricta del
Insalud, le ruego que me diga cuál es el plazo en el cual el Insalud
puede responder adecuadamente, ante la Comisión de Sanidad y Consumo del
Congreso de los Diputados, acerca de su valoración de las irregularidades
que aquí se denuncian. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la
palabra.)



La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda ¿a qué efectos solicita la
palabra?



El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, le rogaría que,
amparándome en la posibilidad reglamentaria de que excepcionalmente, los
Diputados que no participamos en el debate de las comparecencias podamos
intervenir, le rogaría que me permitiese plantear un ruego y una pregunta
al señor Temes con máxima brevedad. Así contestaría él sin volver a abrir
el debate a continuación.




La señora PRESIDENTA: Efectivamente, el Reglamento contempla ese turno
excepcional, pero conoce S. S. también las condiciones que deben darse
para la apertura de este turno. Le ruego que no abuse de la benevolencia
de la Presidencia y le concedo exactamente un minuto.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Me comprometo a hacerlo así y se lo
agradezco, señora Presidenta.

En primer lugar, un ruego al señor Temes, que pertenece a un Gobierno que
indudablemente ha demostrado que está dispuesto a defender los derechos
de la mujer, por lo tanto, la igualdad de la mujer, existiendo, como
existe, una Comisión en este Parlamento con esos fines. Le rogaría que,
cuando hable de varones, hable de mujeres y, si habla de hembras, hable
de machos. Ese es simplemente el ruego.

En cuanto a la pregunta, hay algo que ha quedado en el aire que me
preocupa y que creo que necesitaría aclaración por parte del señor Temes.

Como argumento fundamental para que la inseminación artificial no sea
prestada por el Sistema Nacional de Salud, arguye el hecho de que el
éxito de las implantaciones y de la viabilidad de los embriones es del 25
por ciento. ¿Podemos deducir de eso que también serán recortados, por
ejemplo, los trasplantes de pulmón, cuyo éxito, mirando las cosas con muy
buena voluntad, no suele exceder el 15 por ciento en el Sistema Nacional
de Salud, o los tratamientos de cáncer, que lamentablemente tampoco
alcanzan esas cotas de éxito?



La señora PRESIDENTA: Para responder a los grupos, tiene la palabra el
señor Temes.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSALUD (Temes Montes): En primer lugar,
quiero decir al señor Villalón que el titular de Tribuna Médica no lo
hice yo. Si se lee el texto, hablo de la crisis de un modelo de gestión y
de que hay que modificar el modelo de gestión. Lo habré repetido unas
veinte veces a lo largo de la exposición que he hecho esta mañana. Por
tanto, entiendo que



Página 3126



es un argumento de mucho efecto, pero la verdad es que es un poquito
falso.

En cuanto a hacer referencias a comunidades como Galicia o Cantabria, no
es que las haga porque no sepa qué responderle sino porque usted me
pregunta exactamente cuál es el porcentaje de cobertura con el nuevo
sistema de atención primaria en todo el territorio nacional. Creo que no
salgo por los «cerros de Ubeda» hablándole de Cantabria o de Galicia.

En cuanto a la dedicación exclusiva, está en el modelo retributivo
aprobado en el año 1987. Mientras no se modifique ese modelo, nosotros
tenemos empeño de que se cumpla la norma tal y como está escrita. Por lo
tanto, el planteamiento que hemos hecho es de cumplimiento de esa norma
porque entendemos que ésa es la legalidad vigente.

Vuelvo a insistirle, creo que lo de la contabilidad analítica no lo tiene
claro. ¿Por qué se ha cambiado? Porque los hospitales han funcionado
hasta ahora con otro tipo de contabilidad, la presupuestaria, que es la
que se necesita para hacer un seguimiento contable del presupuesto. La
contabilidad analítica es una técnica, una herramienta contable que
permite imputar costes intermedios a los procesos. Mientras el sistema
sanitario no necesitó definir procesos y elaborar su coste, no necesitaba
un sistema de contabilidad analítica. En cuanto se plantea definir el
coste de los procesos, se precisa, para imputar costes intermedios, tener
un sistema de contabilidad analítica. Por tanto, no hay ningún error al
pasar de un sistema de contabilidad presupuestaria, que seguirá
existiendo en los hospitales, al de contabilidad analítica.

A la señora Maestro le quiero decir que las denuncias deben de hacerse
también en el Juzgado. Creo que hay una parte que no es responsabilidad
del Insalud. El Insalud ha asumido la responsabilidad de inspeccionar las
denuncias a través de los mecanismos establecidos para ello, que es la
Inspección Médica. En los siete casos que creo que han sido denunciados,
no se objetiva en el momento de la inspección y con los datos que puede
acumular la Inspección que haya mala práctica. En el caso concreto del
fallecimiento de ese niño después de una amigdalectomía, la verdad es
que, según el informe de la Inspección Médica, es un accidente que ocurre
en un porcentaje de amigdalectomías en todo el mundo y parece que no
tiene relación con que haya habido mala práctica. (La señora Maestro
Martín: ¿No tiene Unidad de Vigilancia Intensiva?)



La señora PRESIDENTA: Señora Maestro, le ruego que no intervenga, por
favor.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSALUD (Temes Montes): De cualquier
manera, creo que, si existe la impresión de que ha habido mala práctica,
debe realizarse la denuncia correspondiente.

Mi compromiso como Director General del Insalud es realizar una auditoría
de la clínica Sear y de obrar en consecuencia. Ese es mi compromiso, que
lo mantengo, y también darle cuantos datos me ha solicitado. Como
comprenderá, no puedo conocer con concreción el porcentaje de infección
hospitalaria ni datos por el estilo. Se los suministraré por escrito,
como le he dicho anteriormente.

Al señor Fernández-Miranda le agradezco la corrección léxica, lo tendré
en cuenta. Saberlo, lo sabía, pero a veces se me escapa, pero está muy
bien.

Que haya dado uno de los motivos --que entiendo que no se puede
considerar el único-- para que en el catálogo de prestaciones no esté la
fecundación asistida, creo que no le permite coger el rábano por las
hojas. Todo lo demás lo ha dicho usted, yo no lo he dicho y creo que como
criterio aislado, no sería el criterio para incluir o excluir nada. Queda
claro que es una interpretación suya, no mía.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General del Insalud,
don José Luis Temes Montes, por su comparecencia. Agradecemos su
presencia entre nosotros y le despedimos para pasar al segundo punto del
orden del día.

Para contestar a las preguntas que hay a continuación, se encuentra ya
entre nosotros el Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo. El
señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
¿Señor Fernández-Miranda?



El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: ¿Se deduce de la presencia del señor
Subsecretario que contestará a todas las preguntas formuladas en el orden
del día?



La señora PRESIDENTA: Así es, señor Fernández-Miranda. Tenemos una
comunicación del Ministerio de Sanidad y Consumo a propósito de la sesión
de la Comisión de hoy, que dice lo siguiente: En relación a la sesión de
la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso que tendrá lugar el próximo
miércoles 22, se notifica que las trece preguntas orales incluidas en el
orden del día serán contestadas por el Subsecretario de Sanidad y
Consumo, don José Conde Olasagasti. (El señor Fernández-Miranda y Lozana
pide la palabra.)
Señor Fernández-Miranda, tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: En ese caso, señora Presidenta,
quiero plantear la retirada de las preguntas que figuran en el orden del
día con los números 5, 6 y 7, dado que están planteadas solicitando la
opinión de la Ministra de Sanidad.

Quiero destacar, como queja formal ante esta Comisión, el hecho de que la
señora Ministra no haya comparecido en la misma después de la primera vez
que lo hizo cuando fue nombrada Ministra, suponiendo, desde nuestro punto
de vista, una desconsideración hacia esta Comisión y, además, por las
preguntas formuladas con estos números en el orden del día, con respecto
a tan sustancial grupo dentro de la Sanidad pública. Entendemos que
difícilmente podrá transmitirnos el señor Subsecretario, al cual sí le
formularé la que aparece a mi nombre, con el



Página 3127



número 8, la opinión de la señora Ministra estando, como están,
planteadas en estos términos las preguntas a las que he hecho referencia.

Esto supone que volveremos a plantearlas desde el Grupo Parlamentario
Popular, insistiendo, además, en que nos parece sustancial el hecho de
que la señora Ministra comparezca también en esta Comisión, que es una
Comisión de nueva creación en esta Cámara, en esta legislatura. Por lo
tanto, poniendo de manifiesto la importancia que, desde el punto de la
Administración pública, tiene para toda la Cámara.




La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, como sabe S. S., según el
Reglamento, es competencia de esta Mesa trasladar al Gobierno, en su caso
al Ministerio, el orden del día que la Mesa de la Comisión decidió. No es
competencia de esta Mesa decidir quién debe venir a responder a las
preguntas de SS. SS., sino que es competencia del Gobierno. Por lo tanto,
no es un debate que corresponda a esta Comisión.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, efectivamente, no
lo planteaba como tal. Simplemente, nuestra queja es por una falta de
voluntad política de la Ministra de responder a las obligaciones que
tiene contraídas con esta Cámara y con este país.




CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:



--SOBRE INFORMACION QUE TIENE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD)
ACERCA DE UNA INSPECCION REALIZADA SOBRE MAS DE 50.000 RECETAS DE
PENSIONISTA, CON OBJETO DE DETECTAR POSIBLES ACTOS FRAUDULENTOS.

FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
181/000163.)



La señora PRESIDENTA: Pasamos a la primera pregunta del segundo punto del
orden del día, correspondiente a la señora Maestro Martín, que tiene la
palabra.




La señora MAESTRO MARTIN: El contenido de mi pregunta se refiere a los
datos que obran en mi poder, en relación con una investigación de la
Dirección Provincial del Insalud de Madrid, acerca de la inspección de
utilización indebida de recetas de pensionistas. Según la información de
la Dirección Provincial del Insalud, se trata de un programa específico
para el año 1992, aunque, según informaciones de la Dirección Provincial,
había previsiones de que continuase. El contenido concreto que yo
conozco, del cual no tengo el documento sino simplemente la referencia,
manifiesta que se ha realizado inspección sobre 43.000 recetas de
pensionista y que del resultado de esta investigación, que ha sido no
aleatoria sino una búsqueda dirigida a presuntas bolsas de fraude, se
desprende que solamente 50 de las recetas investigadas serían objeto de
una investigación posterior, es decir, serían dudosas, no es que se haya
apreciado fraude sino que en un primer screening aparecen 50 recetas como
susceptibles de investigaciones posteriores para delimitar si realmente
pudiera haber habido fraude.

Quiero señalar en esta Comisión que me parece importantísimo que la
población española conozca el hecho de que el fraude posible detectado
por el Insalud, insisto, en una investigación dirigida, haya sido tan
mínimo, porque esta investigación obraba en poder de las autoridades
sanitarias cuando se desencadenó una serie de declaraciones, coincidiendo
con la aprobación del Real Decreto de financiación selectiva de
medicamentos, en las que se insistía en la existencia de un fraude
desmesurado por parte de recetas de pensionistas, que eran los
responsables, en alguna medida, de la elevación del gasto farmacéutico.

Mi Grupo piensa que ese tipo de declaraciones cumplía un papel de
justificación política de una medida que afectaba, como se ha visto
después, a los pensionistas en cuanto a la eliminación de la financiación
para algún tipo de medicamentos que ellos usan con frecuencia. En
cualquier caso, yo quiero saber la opinión del Ministerio acerca de eso.

Si, después de esto que yo conozco, ha habido algún tipo de investigación
posterior y si el señor Conde encuentra justificadas las declaraciones de
altos responsables de la administración sanitaria acerca del fraude de
recetas de pensionistas, cuando el Ministerio de Sanidad contaba con
datos objetivos que, desde luego, dejan en un nivel mínimo e irrelevante
el alcance de este fraude.




La señora PRESIDENTA: Señor Conde, tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Señora
Maestro, efectivamente, durante el segundo semestre del año 1992, el
Ministerio de Sanidad y Consumo y el Insalud elaboran conjuntamente y el
Insalud desarrolla un programa de inspección, cuyos objetivos fueron
verificar la correcta utilización de las recetas de pensionista en el
ámbito del Insalud y detectar desviaciones en la utilización de recetas
exentas de aportación, tanto en la prescripción como en la dispensación.

El programa se desarrolla en dos fases. La primera lo fue en noviembre de
1992, en las provincias de Madrid, Asturias, Baleares, Valladolid y
Segovia y la segunda se desarrolló en los meses de diciembre del 92 y
enero del 93, aplicándose a las provincias de Murcia, Toledo, Ciudad
Real, Cantabria y Badajoz. El programa actuó sobre facultativos médicos,
seleccionados de acuerdo con sus índices de prescripción de recetas;
oficinas de farmacia, seleccionadas en función del precio medio de las
recetas de pensionistas respecto a la media provincial; y en centros de
atención primaria, por medio de encuestas realizadas a beneficiarios a la
salida de las consultas. A lo largo del programa se estudiaron 125
facultativos, se revisaron 331.000 recetas --no me refiero sólo a Madrid
sino al conjunto del programa--, se



Página 3128



realizaron 1.840 encuestas a asegurados y beneficiarios de la Seguridad
Social, se visitaron 112 centros de atención primaria y se realizaron 66
comparecencias a médicos, dos comparecencias a ATS auxiliares de clínica
y se levantaron 10 actas a oficinas de farmacia.

Por lo que se refiere a Madrid, se han abierto dos expedientes a oficinas
de farmacia, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1.410/1977,
de 17 de junio, que en la actualidad se encuentran en período de
instrucción. También se ha dado traslado de las actuaciones en el caso de
una de esas oficinas y de un facultativo médico al Grupo de Investigación
de la Seguridad Social, el llamado GIIS.

Como conclusión, efectivamente, el número de recetas de pensionistas
utilizadas por personas que no ostentan tal condición es pequeño en
relación con el número de encuestas, que ha sido el procedimiento
utilizado para detectar este tipo de desviación --esto me importa
aclararlo--, por lo que, en general, puede decirse que, entre los médicos
prescriptores, son mayoría los que aparentemente cumplimentan
correctamente las recetas. En los casos detectados se han instruido los
procedimientos sancionadores previstos en la normativa, aunque hasta la
fecha no ha finalizado la fase administrativa, existiendo además la
posibilidad de recursos por vía administrativa y judicial, por lo que
hasta finalizado el procedimiento no se podrá disponer de la información
sobre las sanciones impuestas.

No se puede decir que el programa realizado haya tenido una incidencia
sobre gasto farmacéutico y, efectivamente, con los métodos de los que hoy
disponemos, el nivel de detección de fraude en este tipo de prestación ha
sido escaso. De todas maneras, aquí quisiera aclarar algo que hemos de
mejorar, y son los procesos de información contenida en la receta. En la
receta, hoy, van incluidos datos referidos al médico, al medicamento, a
la farmacia y al ciudadano, pero los datos referidos al ciudadano no se
graban, no se pueden cruzar con otro tipo de datos. En consecuencia, eso,
que permitiría vincular la utilización de determinados fármacos con
ciudadanos con determinados perfiles de enfermedad, no es posible
grabarlo, con lo cual estamos aún lejos de disponer de procedimientos de
control informativo de todo el proceso de prescripción farmacéutica en
ese punto concreto. De hecho, una de las cuestiones que se pretende
incluir en el nuevo concierto con los farmacéuticos, porque ya estaba
previsto en el anterior y no se llegó a desarrollar, es completar ese
proceso de información, que posiblemente permita conocer con más
transparencia cómo es el proceso de prescripción en el ámbito del
pensionista, al igual que en el resto.




La señora PRESIDENTA: La señora Maestro tiene la palabra.




La señora MAESTRO MARTIN: Me alegro de que mi información, aunque
evidentemente era parcial, con respecto a la globalidad del programa de
inspección realizada, no fuera discordante con la generalidad de los
datos obtenidos. En cualquier caso, le he formulado una pregunta bien
concreta. Se produjo un alud de declaraciones por parte de responsables
de la administración sanitaria culpabilizando a los pensionistas del alto
volumen de gasto farmacéutico y de la existencia de un fraude, del cual
se podía deducir que era generalizado. ¿Ustedes contaban con esa
información? Realizaron gastos en cuanto a la publicidad, en medios de
comunicación, sobre este tipo de fraude, que realmente es mínimo en
función de los datos objetivos que obran en poder de la administración
sanitaria. A mi juicio, señor Conde, me parece irresponsable y
calculadamente mentirosa en este caso la información que se vertió en un
momento político determinado, en el que el debate social en torno a una
medida de eliminación de la financiación de la Seguridad Social con
respecto a determinados productos farmacéuticos podía verse avalado por
valoraciones que se demuestran carentes de fundamento, en función de los
datos obtenidos por la administración sanitaria.

Es obvio que en este momento el efecto de esa información no fundamentada
es irresoluble. No sé qué valoración harán los medios de comunicación de
lo que aquí se dice, pero en cualquier caso a mí me preocupa, ya que
insisten en culpabilizar en cuanto al fraude, como puede ser el fraude en
recetas de pensionistas o el fraude en prestaciones por desempleo, a
determinados sectores de la población, los más débiles y los menos
favorecidos, cuando otros niveles de fraude, por ejemplo el fraude
fiscal, no es atacado, y ahí sí que habría una bolsa de recursos que de
haberse aplicado al tema sanitario hubieran permitido, entre otras cosas,
que el presupuesto de Sanidad no fuera el que es.




La señora PRESIDENTA: El señor Conde tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): La señora
Maestro ha utilizado un verbo y un adjetivo que yo no puedo compartir ni
admitir: el de culpabilizar y el de información mentirosa.

No sé si me falla la memoria en cuanto a la situación cronológica de esas
declaraciones a las que se refiere, que, efectivamente, se produjeron y
hubo una campaña que recomendaba el uso apropiado de ese derecho. Esa
información que hizo una estimación de la posibilidad de fraude en ese
terreno se produce antes del desarrollo de esta campaña. Por
consiguiente, se estaba trabajando sobre una hipótesis fundamentada en la
creencia, bastante generalizada, que seguimos manteniendo, de que hay
algún nivel de fraude en este tipo de prestaciones, y si no hemos sido
capaces de detectarlo, repito, es porque carecemos de elementos de
información muy importante.

Otra cosa que sí quiero añadir es que en ningún momento, al menos que yo
sepa o recuerde, se pretendió justificar el Real Decreto de financiación
selectiva de los medicamentos, que es a lo que creo que usted ha aludido,
utilizando el concepto y la idea del fraude en la receta. El decreto de
financiación selectiva de los medicamentos, como ya se ha repetido en
varias ocasiones, no tenía otro



Página 3129



soporte racional que el proporcionar y financiar aquella medicación que
fuera eficaz, segura y relevante para la salud, y no otra. Ese es un
problema bien distinto del tema del fraude.




--SOBRE COMPATIBILIDAD DE LA APLICACION DEL REAL DECRETO 1575/1993, DE
LIBRE ELECCION DE MEDICO, CON LA VIGENCIA DEL ESTATUTO JURIDICO DEL
PERSONAL SANITARIO AL SERVICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(INSALUD). FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000195.)



La señora PRESIDENTA: Pregunta número 8, que formula el señor
Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Subsecretario, ¿cómo es
posible la aplicación del Real Decreto 1575/1993, de libre elección de
médico, con la vigencia del estatuto jurídico del personal sanitario al
servicio del Insalud, teniendo en cuenta que el mencionado Real Decreto,
de 5 de octubre de 1993, puede anular otro Real Decreto, de 16 de
noviembre de 1967, sobre asistencia sanitaria y ordenación de los
servicios médicos, y, sin embargo, no anula la vigencia del estatuto
jurídico en cuanto al personal sanitario al servicio del Insalud,
apareciendo como aparece en dicho estatuto jurídico, en su artículo 21,
el hecho de que la asistencia médica ambulatoria y domiciliaria de las
personas de hasta siete años de edad protegidas por la Seguridad Social
que les hayan sido adscritas es la obligación de los pediatras, o tal
como dice, sin que desde nuestro punto de vista exista ninguna norma que
haya derogado la vigencia del estatuto jurídico, el mismo en su artículo
30, que el personal facultativo de cupo y zona percibirá una cantidad
fija por cada titular de derecho adscrito a la prestación asistencial, y
que no es posible que los nuevos pacientes con derecho a recibir
asistencia no titulares sean contabilizados a efectos de las
retribuciones de estos médicos?
En definitiva, aquí se plantea una disyuntiva que hace dudar al Grupo
Parlamentario Popular sobre la efectividad real del planteamiento de
libre elección del médico, más allá de lo que nosotros en su momento
consideramos como un planteamiento más demagógico que real, que se está
poniendo de manifiesto con cifras que coincidieron con nuestras primeras
estimaciones, según las cuales el beneficio real no va a ir más allá del
25 por ciento de los ciudadanos españoles. ¿Los médicos van a poder
negarse, por lo tanto, a que estos pacientes les elijan, a no ser
que renuncien a cobrar por aumento de la capacidad de respuesta a la
demanda asistencial a prestar por los médicos de cupo y zona? Es decir,
se plantea --y creo haberme explicado con suficiente claridad-- esa
disyuntiva entre la posibilidad para los pacientes a elegir médico y la
obligatoriedad para los médicos a los que afecta esta medida, de momento,
con la «amenaza», además, entre comillas, digámoslo, que ha hecho el
señor Temes, de ampliarlo a los ginecólogos y a los especialistas de la
asistencia secundaria, sin haber resuelto la primacía, la validez del
estatuto jurídico y, por lo tanto, de las relaciones contractuales del
Insalud con sus facultativos, con sus médicos.




La señora PRESIDENTA: El señor Conde tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): El señor
Fernández-Miranda plantea una cuestión importante en dos ámbitos, uno,
que es donde ha terminado, que es la efectividad de la medida, en cuanto
a su virtualidad o su realidad, y otra cuestión, la primera, que es la
relativa al marco jurídico en el que este proyecto se desarrolla. Empiezo
por lo primero, porque me parece lo más sustantivo y era el tenor del
texto de la pregunta que habíamos recibido.

En nuestra opinión, desde el punto de vista jurídico formal, el decreto
está suficientemente respaldado, avalado, y nos parece impecable desde
ese punto de vista, y le aclaro por qué. Ha sido dictado en desarrollo de
lo establecido en la Ley General de Sanidad y, en concreto, para dar
cumplimiento a lo que se contiene en sus artículos 10, 13 y 14, es decir,
cumpliendo un mandato de la Ley General de Sanidad.

En relación con el marco jurídico general de este Real Decreto, debe
significarse que la Ley General de Sanidad, en su disposición derogatoria
segunda, establece que quedan derogadas a rango reglamentario
cualesquiera disposiciones que a la entrada en vigor de la presente ley
regulen la estructura y funcionamiento de las instituciones y organismos
sanitarios, a efectos de proceder a su reorganización y adecuación a las
previsiones de la ley. Esto quiere decir que se ha producido la
degradación a reglamento de normas que anteriormente podían tener rango
de ley, por lo que podrán ser modificadas mediante reales decretos. De
otra parte, la Ley General de Seguridad Social establecía en su artículo
112 la libre elección de médico dentro de la zona, mientras que el
artículo 14 de la Ley General de Sanidad amplía la misma al área de
salud, y si se tratase de núcleos de población superiores a 250.000
habitantes, al conjunto de los facultativos, médicos y pediatras
existentes.

Respecto al estatuto jurídico del personal facultativo al servicio de la
Seguridad Social, debe indicarse que el Real Decreto 1575/1993, de libre
elección de médico en los servicios de atención primaria del Insalud,
efectivamente modifica ciertos aspectos del mismo y en concreto los
artículos que ha citado 20 y 21. Dichos artículos asignaban al médico
general la atención de
los niños mayores de siete años, mientras que al pediatra le correspondía
la asistencia de los menores de esta edad. El Real Decreto 1575 establece
que los médicos generales asistirán a los mayores de catorce años, siendo
potestativo de los padres de niños mayores de siete pero menores de
catorce optar entre los médicos generales o los pediatras en el
territorio de elección. Esta modificación es ajustada al derecho por



Página 3130



tratarse de una norma de igual rango y producirse, por tanto, una
derogación tácita de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2
del Código Civil.

En consecuencia, no es posible, a nuestro modo de ver, plantear una
incompatibilidad entre el Real Decreto 1575, de libre elección de médico,
y el Decreto 3160/1966, de 23 de diciembre, por el que se regula el
estatuto jurídico del personal médico al servicio de la Seguridad Social,
dado que el primero había derogado el segundo y, por tanto, los preceptos
incompatibles a nuestro modo de ver no están vigentes.

Quisiera recordar que el Grupo Popular presentó en el Senado el pasado
mes de julio una moción por la que se instaba al Gobierno, entre otras
cuestiones, al reconocimiento urgente del derecho de los ciudadanos a la
libre elección de médico general y pediatra en la asistencia de la
Seguridad Social, cosa que el Gobierno tenía prevista, pero que,
indudablemente, ha hecho ateniéndose al más estricto respeto, a nuestro
modo de ver, insisto, a la legalidad vigente.

Con relación a la efectividad real de la libre elección, ya se anunció
que el número de cambios de médicos no suele ser algo espectacular, no
por lo que sepamos aquí, sino por lo que sabemos que pasa aquí y en otros
países. En general, la gente tiende a elegir al médico que tiene más
próximo, si bien es cierto que ha habido un número importante de cambios.

En ese sentido tengo que decir que lo fundamental, lo que la ciudadanía
percibe como un avance enormemente positivo, y así se ha recogido en un
reciente barómetro de opinión que hemos realizado, es el que se reconozca
ese derecho, el que exista esa posibilidad. Todo el mundo sabe que va a
ejercerlo excepcionalmente en la medida en que, por ejemplo, elegir a un
médico de fuera de su zona de salud supone un nivel de cierta incomodidad
y sólo hará uso de ese derecho cuando lo que pueda ofrecerle otro médico
en otro lugar distinto compense sobradamente las incomodidades de ese
desplazamiento. En consecuencia, creemos que tiene una potencialidad
importante, la que tiene, ni más ni menos, y que desde el punto de vista
jurídico-legal estamos absolutamente dentro de lo establecido.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Subsecretario, no me ha
contestado a todos los planteamientos que le he hecho. Empezando por sus
argumentos y reiterándole al final preguntas que han quedado sin
contestar, he de decirle que, efectivamente, el Grupo Parlamentario
Popular no planteó solamente en el Senado hace pocas semanas la
iniciativa de libre elección de médico; llevamos solicitándola hace años,
pero bien hecha. Quizá sea el matiz que el tiempo no nos permite
desarrollar.

Le he preguntado también, señor Subsecretario, por una serie de problemas
en cuanto a las relaciones contractuales del Insalud con los
profesionales de la sanidad, a lo que no me ha contestado. Tal como ha
argumentado en su contestación, hablando de igualdad de normas o de
normas superiores e inferiores, supone que van a tener que regular o
renegociar esas reacciones contractuales a través del estatuto marco,
porque están invalidadas en gran medida. Pero no me ha contestado si les
van a obligar a aceptar prestaciones sin retribuírselas, sobre lo que le
solicito contestación. Yo entiendo que no estará dispuesto el Ministerio
a tomar esas medidas, sin duda ninguna draconianas. Pongan ustedes orden
en su propia casa, puesto que existe una nota de régimen interior de la
Directora Gerente de Asistencia Primaria, sector 1, doña Inés Palanca
Sánchez, en la cual recuerda a los facultativos de ese área la existencia
del Real Decreto a través del cual se puede elegir pediatra desde los
siete hasta los catorce años y dice textualmente al final de dicha nota
interna: La entrada en vigor de esta normativa no ha supuesto
modificaciones en el modelo retributivo de los pediatras de cupo --esa es
la diferencia--, por lo que no es posible en el momento actual retribuir
las tarjetas sanitarias individuales de menores adscritos al pediatra.

Previamente dice la Directora de este área: Esta normativa es de obligado
cumplimiento por todo el personal del Insalud, y esta Dirección debe
velar porque así sea. Por tanto, cualquier incumplimiento puede dar lugar
a que se adopten medidas desde esta Dirección.

¿Se está presionando, se está amenazando a los facultativos para que,
habiéndose planteado relaciones contractuales distintas no suplidas por
normas que las califiquen, tengan que aceptar, efectivamente, prestar una
asistencia sanitaria a la que por ley no están obligados y que además va
a dar lugar a la ausencia de retribución de dicha prestación asistencial?
Señor Subsecretario, esto es en este momento absolutamente sustancial,
mucho más allá de lo benéfica que pueda ser la situación actual de que en
este momento potencialmente los ciudadanos sepan que podrían elegir,
siempre y cuando tuviesen tarjeta individual sanitaria, viviesen en una
población determinada, tuviesen una serie de etcéteras a cumplir que,
como deciamos hace ya meses y han demostrado las últimas encuestas
realizadas, viene a reducir esa posibilidad real tan sólo para un 25 por
ciento de los ciudadanos españoles, no de los pacientes, por lo cual
consideramos que es una medida un tanto escasa. Contésteme, señor
Subsecretario, si efectivamente, además de las amenazas y de la presión,
están obligados a prestar sin retribución asistencia, siempre y cuando
estos ciudadanos españoles elijan a un pediatra determinado que se rige
en sus relaciones contractuales con el Insalud, para entendernos
coloquialmente, por el modelo de cupo y zona y no por el modelo de
tarjeta individual sanitaria.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Conde.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Debo, en
primer lugar, disculparme por no haber contestado, a lo mejor, con
suficiente detalle. Voy a intentar hacerlo.




Página 3131



La norma del decreto de libre elección ha hecho varias cosas. En primer
lugar, como ya he comentado, definir con el rango normativo suficiente el
marco nuevo de posibilidades de elección por los clientes. Usted se
refiere fundamentalmente a las relaciones contractuales de los médicos
como consecuencia de ello. También eso se ha hecho.

Poco antes de que el Real Decreto se produjera, ha habido las oportunas
negociaciones sindicales que llevaron a un acuerdo retributivo en la
atención primaria, que pasaba un componente importante del salario, como
era productividad fija y variable, a retribuir el componente capitativo
del salario. Esos acuerdos sindicales fueron a su vez elevados a Consejo
de Ministros, que los aprobó, y constituyeron la base de modificación del
sistema retributivo para permitir, efectivamente, desarrollar la libre
elección y posibilitar que quien fuera más elegido percibiera en ese
componente más retribución, no sólo en lo que se refería al número de
personas sino a su cualidad de edad y al ámbito donde se desarrollaba.

Dicho de otro modo: aquel médico que trabajaba en un medio rural
disperso, que se supone que tiene que recorrer más distancias y que es
más penoso, tenía su componente capitativo mejor retribuido que el que
trabajaba en el medio urbano. Este principio es de aplicación a todos los
médicos generales y pediatras, tanto en el modelo tradicional como en el
nuevo modelo.

Lo que usted dice de la necesidad de la tarjeta individual no es tal,
sino que en el momento en que un ciudadano hace uso de ese derecho de
cambiar y elegir un médico distinto al que le corresponde, o un pediatra
cuando, por ejemplo, antes estaba asignado un médico general, en ese
momento se aprovecha para plantearle, porque, si no, sería muy difícil
hacerlo de otro modo, que rellene, si no lo tiene cumplimentado, el
cuestionario correspondiente para proporcionarle su tarjeta individual y
así, por ejemplo, poder sacarlo de una cartilla familiar en la que puede
haber varias personas y colocarlo con esa tarjeta individual en el médico
al que él ha elegido.

Estoy dispuesto a tratar de aclarar a qué se refiere esa circular, pero,
en todo caso, le quiero dejar absolutamente claro que el modelo
retributivo que respalda o que es consecuencia del principio de libre
elección está absolutamente respaldado desde el punto de vista legal e
instrumentado de manera tal que afecta por igual al personal de cupo que
al personal del nuevo modelo de atención primaria. Es cierto que,
obviamente, hay una primera asignación de número de personas a
facultativo de medicina general o a facultativo de pediatría. Cuando se
dispone en el área correspondiente de todas las tarjetas individuales
sanitarias eso constituye el listado de las tarjetas individuales
sanitarias. Cuando tiene cartillas asignadas que no se han traducido en
tarjetas individuales, se hace una traducción mediante un coeficiente de
lo que se supone que hay detrás de esa cartilla a personas
individualmente asignadas hasta tanto se generalice y se universalice la
tarjeta individual, que, por cierto, en este momento andamos ya en el 70
por ciento aproximadamente.




La señora PRESIDENTA: Pregunta número 9 que formula el señor García
Fonseca. (Pausa.)



La señora MAESTRO MARTIN: Señora Presidenta, ¿podría posponerse la
pregunta?



La señora PRESIDENTA: Más que por posponerse, señorías, usted sabe que lo
que ocurre al finalizar este período de sesiones es que la pregunta
decae.




La señora MAESTRO MARTIN: Me refiero a aplazar la pregunta para
formularla posteriormente en el transcurso de la Comisión.




La señora PRESIDENTA: Aplazarla para el final de la mañana sí es posible.

Pasamos a la siguiente pregunta.




--SOBRE IMPORTE DE LAS CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE POR LA SANIDAD
PUBLICA, EN CONCEPTO DE DEDICACION EXCLUSIVA, A PROFESIONALES SANITARIOS
QUE HAN VENIDO PERCIBIENDO SALARIOS POR PARTE DE SOCIEDADES MEDICAS
PRIVADAS. FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
181/000229.)



La señora PRESIDENTA: Pregunta número 10, que formula la señora Maestro
Martín.




La señora MAESTRO MARTIN: El contenido de mi pregunta se refiere a las
informaciones en medios de comunicación y a las actuaciones sanitarias
relacionadas con el incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades por
parte de personal sanitario de diversos centros hospitalarios,
fundamentalmente de Madrid. La información que yo tengo se refiere al
Hospital Ramón y Cajal, de manera muy señalada, al Hospital de La Paz y
al Hospital Puerta de Hierro.

En el Hospital Ramón y Cajal da la coincidencia de que iniciativas
relativas a la gerencia de este hospital fueron realizadas por mi Grupo
en la pasada legislatura, denuncias muy concretas acerca de graves
irregularidades en la gerencia que, sorprendentemente, fueron
desestimadas por parte de la administración sanitaria. En una primera
comparecencia el Ministro de Sanidad, señor Griñán entonces, anunció la
realización de una auditoría y posteriormente anunció que la auditoría no
había llegado a conclusiones de las que pudiera derivarse ningún tipo de
actuación por parte de la administración sanitaria. Algunas de las
denuncias que allí se vertieron por parte de mi Grupo se referían al
incumplimiento flagrante de la Ley de Incompatibilidades por parte de
médicos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y de una manera muy señalada
de sus cargos directivos: subdirector médico, subdirector de enfermería,
etcétera, que, como tuve



Página 3132



ocasión de demostrar, aparecían en el cuadro médico de otras entidades
sanitarias. Como era evidente en ese momento, se conocía que el gerente
del Hospital Ramón y Cajal instaba a los médicos del hospital a acogerse
al régimen de dedicación exclusiva, a pesar de la evidencia de la
realización de actividades incompatibles con la legislación vigente.

En este momento, según parece, las actuaciones del Insalud han dado como
resultado la existencia de 50 expedientes y declaraciones de
incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades en el Hospital Ramón y
Cajal de Madrid. La pregunta que dirijo en este momento al señor Conde es
para que, independientemente de las actuaciones para impedir que esta
situación se mantenga, me diga cuáles van a ser las actuaciones del
Instituto Nacional de la Salud para reclamar a estas personas que
cobraron indebidamente cantidades en función de la dedicación exclusiva,
complemento específico, etcétera, por diferentes situaciones, habiendo
incurrido durante años en incumplimiento conocido y demostrado de la Ley
de Incompatibilidades.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Voy a
tener que contestar a la señora Maestro en dos fases, porque el contenido
de la pregunta que recibimos en su momento era de carácter bastante más
general con relación a este tema y ahora lo que S. S. me plantea se
refiere a un tema muy localizado en un solo hospital. Como no quiero
eludir la segunda parte, pero me parece imprescindible contestar a la
primera, lo haré de ese modo.

Los programas y actuaciones de control interno establecidos en el Insalud
han permitido, efectivamente, detectar supuestos de facultativos que,
estando afectados por la Ley de Incompatibilidades, venían simultaneando
su actividad profesional en el Instituto y en sociedades médicas
privadas. Estos facultativos que perciben complemento de dedicación
específica y simultanean actividades profesionales privadas lucrativas
incurren en una falta, por cobro indebido, conforme a la doctrina fijada
por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con la consiguiente
consecuencia de proceder al reintegro de lo percibido, ello con
independencia de lo dispuesto en la normativa sobre incompatibilidades y
de la aplicación, previo expediente, de la correspondiente sanción
disciplinaria.

En consecuencia, en estos casos se ha procedido a la apertura de la
correspondiente información previa de carácter reservado que en caso de
haber resultado positiva ha dado lugar al oportuno expediente
disciplinario. Por este motivo en todo el territorio Insalud desde 1988
hasta la fecha, ha concluido la instrucción de 85 expedientes, de los
cuales 65 han llevado a la imposición de sanciones de suspensión de
empleo y sueldo de distinta duración y cuantía, y en un caso a la
separación definitiva del servicio.

Las resoluciones administrativas que finalizan el procedimiento
sancionador a las que se alude son susceptibles --como es conocido-- de
recurso en vía contencioso-administrativa, lo que supone el aplazamiento
de la ejecución de la sanción y, en su caso, revisión de la falta
cometida y tipificación de la infracción; situación de recurso --repito--
en la que estamos en bastantes casos.

El procedimiento de recuperación de las cantidades celebradas
irregularmente resulta de lo previsto en los artículos 1895 del Código
Civil y demás disposiciones reglamentarias. Por este motivo será preciso
esperar a la finalización de todo el proceso. Primero, tiene que
finalizar la vía administrativa para iniciar a continuación la vía
judicial civil que terminará con la sentencia en la que ordene el
reintegro o no de las cantidades indebidamente cobradas durante todo el
tiempo probado en que el sancionado estuvo incurso en incompatibilidad.

En consecuencia, en cuanto a poder informar --como se me preguntaba--
sobre el importe de las cantidades cobradas irregularmente, tengo que
decir que es imposible conocerlas ahora hasta que no se termine todo el
procedimiento. Esto es lo que contesto a su pregunta realizada con
carácter general. A la cuestión que aquí se plantea y relativa a lo que
ha sucedido últimamente en el Hospital Ramón y Cajal, he de comunicar a
S. S. que la actual dirección-gerencia del hospital y a la vista de la
existencia de un cierto grado de confusión en cuanto a lo que suponía y a
lo que obligaba la percepción del complemento específico, dictó una
instrucción interna a todo el hospital recordando y significando lo que
suponía la percepción del complemento específico de dedicación exclusiva
y, en consecuencia, requiriendo a todos lo que lo estuvieran cobrando
para que se ratificaran en su voluntad de cobrarlo conociendo
perfectamente esta situación de obligatoriedad de dedicación exclusiva o,
en caso contrario, renunciaran al mismo.

Como consecuencia de esa nota se han producido no 50 expedientes, como
usted ha mencionado, sino 50 renuncias a la percepción del complemento
específico. A partir de ahí --y es el punto en el que estamos-- parece
que habrá que analizar qué es lo que ha sucedido en cada caso, puesto que
las situaciones individualmente consideradas pueden ser muy distintas.

Cabe imaginar la situación de la persona que en ese momento decide
iniciar una actividad privada y, en consecuencia, renuncia a la
percepción del complemento específico, y puede suceder, efectivamente,
que haya habido situaciones anteriores. En todo caso, en el momento en el
que estamos, repito, es en el de conocer que hay 54 renuncias y proceder
al análisis posterior de cada una de las situaciones.




La señora PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro. (Denegaciones.)
Gracias, señora Maestro.




--SOBRE FINANCIACION DEL HOSPITAL DE LOS DOLORES EN LA ISLA DE LA PALMA.

FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO



Página 3133



BENITEZ DE LUGO, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000264.)



La señora PRESIDENTA: Pregunta número 16, que formula el señor Soriano
Benítez de Lugo.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muchas gracias, señora Presidenta.

El Cabildo Insular de la isla de La Palma ha venido prestando, desde muy
antiguo, la asistencia sanitaria a lo que hasta hace poco se denominaba
beneficencia insular, obligación que le venía impuesta por la legislación
histórica sobre la materia, a través del hospital Nuestra Señora de Los
Dolores, que cumplía la misma función que los conocidos hospitales de la
beneficencia de las diputaciones provinciales peninsulares. La
responsabilidad de ayuntamientos, diputaciones y cabildos en materia de
beneficencia fue extinguida, como se sabe, por el Real Decreto 1888/1989,
de 8 de septiembre, que reconoce el derecho a las prestaciones de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social a los españoles que tengan
establecida su residencia en territorio nacional y carezcan de recursos
suficientes; dispone que la asistencia sanitaria a estas personas será la
misma que la prevista en el régimen general de la Seguridad Social, y
establece un mecanismo transitorio para la integración de las personas
que en aquel momento tenían asistencia sanitaria benéfica. A partir de
aquel momento son las entidades gestoras de la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social las obligadas a las prestaciones correspondientes.

Corresponde, en consecuencia, al Insalud el atender a la totalidad de las
personas con derecho a aquellas prestaciones, y es obligación de las
entidades gestoras el disponer de los medios necesarios para afrontar
estas obligaciones.

El Cabildo Insular de La Palma acoge en el hospital de Los Dolores a más
de un centenar de enfermos del Insalud, percibiendo unos ingresos
insuficientes. El coste total por todos los conceptos del hospital de
Nuestra Señora de Los Dolores rebasa los 500 millones de pesetas, lo que
supone un 15 por ciento del presupuesto de la Corporación. Tengo aquí a
la vista el presupuesto último del hospital y ante unos ingresos de 345 y
pico millones tiene unos gastos de más de 534 millones, lo que supone un
déficit de casi 189 millones de pesetas. Resulta insostenible para el
Cabildo Insular continuar supliendo con el hospital de Los Dolores la
carencia de medios del Insalud en La Palma, en base a unos convenios que
le suponen unos ingresos muy por debajo del coste real de la plaza
hospitalaria. En base a todas estas consideraciones el pasado día 5 de
noviembre fue aprobada en el Cabildo Insular, a instancia de los grupos
políticos Socialista, Partido Popular y CDS --aquellos dos gobernando
conjuntamente en el Cabildo Insular de La Palma--, una moción en la que
se acordaba resolver con efectos a tres meses de la comunicación de este
acuerdo --ya han pasado casi dos meses-- el convenio suscrito con el
Instituto Nacional de la Salud, del 16 de marzo de 1990, en uso de las
prerrogativas que al Cabildo Insular le confiere la estipulación novena
de dicho convenio, con el objetivo de lograr la financiación al 100 por
ciento de los costes del hospital de Los Dolores. En segundo lugar se
acordaba también en aquella moción, como digo aprobada por la unanimidad
de todos los grupos políticos, exigir que en el proceso de negociación de
las transferencias en materia de Sanidad entre el Gobierno de la nación y
el Gobierno de Canarias se contemple que la integración de los hospitales
de los cabildos insulares en la red unificada de centros que ha de
constituir el futuro servicio canario de la salud --y a esto me referiré
en una pregunta posterior-- ha de hacerse simultáneamente para todos los
centros y deberá incluir, en todo caso, la financiación de sus costes al
100 por ciento. Esta petición del Cabildo Insular para que el Insalud
asuma la financiación del hospital de Los Dolores, antes de que las
competencias sanitarias sean transferidas a la Comunidad Autónoma, se
produce como consecuencia de que, al parecer, es ésta también la
intención del Insalud con relación al Hospital Universitario y Clínico de
Tenerife, y parece lógico que si va a suceder con un hospital suceda
también con el hospital de la isla de La Palma.

En consecuencia, este Diputado formula en concreto la pregunta de si
tiene previsto el Insalud asumir la financiación del hospital de Los
Dolores en la isla de La Palma o si, por el contrario, va a renovar el
nuevo convenio que está denunciado y en qué condiciones se podría
establecer en ese convenio que al Cabildo Insular de la Palma le está
resultando realmente gravoso el mantenimiento de este hospital.




La señora PRESIDENTA: El señor Conde tiene la palabra para responder a la
pregunta.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Yo creo
que puesto que ha hecho un largo preámbulo para justificar la pregunta,
que nos parece perfectamente razonable, nos obliga también a hacer una
buena explicación de cuál es la situación sanitaria de la isla de La
Palma.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, esta isla tiene
una población de 78.000 habitantes y debe quedar claro que para la
asistencia sanitaria cuenta con un centro hospitalario propio del
Insalud. Es decir, no se entienda que existe sólo el hospital al que
usted se refiere, puesto que existe el Hospital Nuestra Señora de las
Nieves que presta asistencia preferentemente a las patologías agudas.

Existe efectivamente un centro concertado, el hospital Nuestra Señora de
los Dolores, que tiene 129 camas, propiedad del Cabildo Insular de la
isla de La Palma, que complementa la asistencia sanitaria del hospital de
Las Nieves mediante el oportuno concierto centrado fundamentalmente en
patologías crónicas. En consecuencia, el hospital está concertado para
ese tipo de pacientes, conforme a los catálogos de concertación
existentes en lo que llamamos grupo 1, nivel 2, lo que supone un coste
por estancia y día del orden de las 3.800 pesetas. Se prevé que el
Cabildo percibirá por asistencia sanitaria a beneficiario de la Seguridad
Social en el presente ejercicio un total de 132 millones de pesetas.

También conviene



Página 3134



recordar que el Cabildo Insular de la isla de La Palma, y con el fin de
cubrir los déficit que pudieran producirse, recibirá del Fondo de
Asistencia Sanitaria del Ministerio de Economía y Hacienda, al igual que
otros cabildos y diputaciones de todo el territorio nacional, en el
presente año, una cantidad de casi 258 millones de pesetas. La
posibilidad de que el Insalud asuma la financiación de este hospital
requerirá, en todo caso, primero, un estudio detallado en el que habría
de tenerse en cuenta, entre otras cuestiones, el tipo de asistencia que
presta el centro, dado que sus actuales características en muchos
supuestos parece que se producen a veces por necesidades más de orden
social que de orden sanitario. De todos modos yo creo que ésta no es la
cuestión fundamental, porque usted ha hecho una serie de preguntas y ha
supuesto algo que yo le voy a aclarar inmediatamente que no es así.

Como bien se sabe, y tendremos ocasión de aclararlo en su otra pregunta,
estamos en este momento a punto de llegar a la culminación del proceso de
transferencias de la responsabilidad de asistencia sanitaria a la
Comunidad Autónoma de Canarias. En semejante situación no parece
razonable que ni para éste ni para ningún otro hospital, cuando hay un
acontecimiento que se va a producir en un espacio muy breve de tiempo, el
Insalud asuma responsabilidades sobre la gestión directa de un hospital
cuando va a transferir esa competencia inmediatamente a otro organismo de
la Administración, que es la Comunidad Autónoma de Canarias. No se va a
producir tal cosa en el Hospital Clínico de Tenerife (por cierto,
aprovecho la ocasión para informar que ya ha firmado el Presidente del
Cabildo el oportuno contrato-programa hasta tanto se produzca la
transferencia) y, por tanto, no se va a producir en ningún otro lugar.

Será una decisión del servicio canario de salud, en el momento en que
reciba la transferencia, si integra y absorbe ese hospital en su propia
red o establece con él algún tipo de relación contractual de otra
naturaleza que garantice su supervivencia. Tendré ocasión de aclarar un
poquito más esto en la otra pregunta. En todo caso, a su pregunta
concreta le diré que no está previsto por parte del Insalud. Es cierto
que existe ese déficit, no en la cuantía que usted me indica, pero existe
ese déficit de explotación que es problema que deberá ser resuelto de
muchos modos, mejorando sus ingresos o disminuyendo sus gastos, en
función de un dimensionamiento adecuado del hospital. Sé que existe ese
problema. He recibido en su día al Presidente del Cabildo, que
efectivamente está muy preocupado con esa cuestión, y repito que va a ser
resuelta en el contexto general de la transferencia global de Canarias.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar, quiero agradecer al
señor Subsecretario la claridad con la que ha expuesto el tema, pero
indudablemente aquí lo que va a ocurrir es que al existir un problema
económico supongo que en las negociaciones, a las que me referiré en la
siguiente pregunta, entre el Insalud y la Comunidad Autónoma de Canarias,
la Comunidad Autónoma de Canarias antes de las transferencias va a pedir
que se computen, a efectos económicos, los déficit que tienen los
hospitales dependientes de los cabildos insulares, porque si no va a
ocurrir que la Comunidad Autónoma va a asumir las competencias del
Insalud, pero como se encuentra con unos gastos adicionales derivados de
los hospitales y centros dependientes de los cabildos insulares no va a
haber dinero para estas transferencias. Como en Canarias, ya con las
transferencias que han existido en Educación y en carreteras, siempre ha
habido malos entendimientos o no se han hecho en debida forma y siempre
han existido diferencias a la hora de cuantificar el coste, me temo muy
mucho que la Comunidad Autónoma va a exigir del Insalud, si no lo ha
exigido ya, que se cuantifiquen económicamente esos déficit. Me gustaría
sólo saber si el Insalud estaría dispuesto a asumir esos costes
adicionales, por llamarlos de alguna manera, o si por el contrario va a
recaer en la Comunidad Autónoma de Canarias.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Yo creo
que esa segunda parte podría ser contestada con motivo de la otra
pregunta.




--SOBRE MECANISMOS DE SEGURIDAD QUE NO FUNCIONARON EN LOS INCENDIOS
OCURRIDOS EN LOS HOSPITALES PUERTA DE HIERRO Y 12 DE OCTUBRE DE MADRID,
FORMULADA POR EL SEÑOR VILLALON RICO (GP). (Número de expediente
181/000236.)



--SOBRE OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LOS CONTROLES DE SEGURIDAD EN
LOS HOSPITALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) CUMPLEN LA
NORMATIVA VIGENTE. FORMULADA POR EL SEÑOR VILLALON RICO (GP). (Número de
expediente 181/000237.)



--SOBRE HOMOGENEIDAD DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LOS HOSPITALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(INSALUD). FORMULADA POR EL SEÑOR VILLALON RICO (GP). (Número de
expediente 181/000238.)



--SOBRE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD HOSPITALARIA PARA QUE NO SE
REPITAN ACCIDENTES COMO LOS OCURRIDOS EN LOS HOSPITALES DE PUERTA DE
HIERRO Y 12 DE OCTUBRE DE MADRID. FORMULADA POR EL SEÑOR VILLALON RICO
(GP). (Número de expediente 181/000239.)



Página 3135



La señora PRESIDENTA: Preguntas números 12, 13, 14 y 15, que formula el
señor Villalón Rico, a quien queremos sugerir que, dadas las
características del contenido de las cuatro preguntas que se refieren a
medidas de seguridad en los centros del Insalud, tal como verbalmente
habíamos quedado, las formule de manera agrupada.




El señor VILLALON RICO: Sí, señora Presidenta. Muchas gracias. Voy a
formular de forma agrupada, en único debate, las cuatro preguntas
dirigidas al Gobierno.

Señor Subsecretario, a mediados del mes de noviembre se producen dos
incendios en los hospitales Puerta de Hierro y 12 de Octubre de Madrid.

En el hospital Puerta de Hierro el incendio se produjo en el edificio de
consultas. Al parecer, según el Director Territorial del Insalud de
Madrid, no se sabía cuál era el motivo de ese incendio. Por lo visto
descartaron que fuera por un problema eléctrico, pero nosotros hasta el
momento actual no sabemos cuál ha sido la causa. En el hospital 12 de
Octubre el incendio se produjo en el servicio de alergia, con destrucción
de una sala de archivo y un laboratorio anexo a dicho servicio. A mí me
parece también obligado indicar que no es la primera vez que se produce
algún incendio en el hospital 12 de Octubre. Parece ser que se habían
realizado por parte de los servicios técnicos del hospital,
fundamentalmente a través del sindicato CGT, denuncias ante la Dirección
del centro, no solamente porque se habían producido otros incendios sino
por el peligro existente en dicho hospital ante la falta de medidas para
mejorar la prevención y la seguridad de los hospitales. En la Clínica
Puerta de Hierro ya se habían recibido notificaciones por parte del
Ayuntamiento de Madrid, indicando que se incumplían diferentes normativas
de seguridad en los edificios públicos y en los hospitales respecto a las
medidas contra incendios. Tenemos dos casos que podríamos decir que no
son aislados, sino que tienen antecedentes. Además, habían sido ya
requeridas las distintas direcciones de los centros para que se tomaran
las medidas. Por eso nosotros hacemos esta serie de preguntas.

Queremos saber cuáles han sido las causas y los mecanismos de seguridad
que no funcionaron en ambos hospitales. Queremos saber si las medidas de
seguridad que hay en la zona de hospitalización son las mismas medidas de
seguridad que hay en el edificio de consultas, por ejemplo. Y también nos
gustaría saber si hay una homogeneidad en todos los hospitales de la red
del Insalud respecto a las medidas de seguridad y en este caso de
prevención de incendios.




La señor PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Empezaré
por una cuestión muy breve relativa a los motivos de los dos incendios a
los que se ha referido S. S. Por lo que se refiere al 12 de Octubre, que
es el más sencillo, hubo un cortocircuito por un sobrecalentamiento en un
espirómetro; y el de Puerta de Hierro, como S. S. bien conoce, a tenor
del segundo incendio producido recientemente provocado, como bien sabe,
sin que hayamos podido esclarecer y averiguar las razones ni las personas
que lo hicieron, induce a pensar, sin que podamos asegurarlo, que puede
haber algún tipo de relación de esta naturaleza, puesto que en la
investigación practicada en su día no fue posible encontrar causa del
primer incendio. No descartamos, por consiguiente, la posibilidad de que
el primero también lo fuera, aunque --repito-- no tenemos argumentos para
apoyarlo, salvo que ha sucedido por segunda vez y hay una serie de
leyendas, de llamadas, cosas escritas en las paredes que pudieran apuntar
en ese sentido. Funcionaron los dispositivos que había, es decir, con los
que en ese momento contaban ambos hospitales.

Paso a continuación a lo más importante, lo más sustancial, me parece a
mí, de este debate: la normativa vigente en materia de protección y
seguridad de incendios, qué obligaciones tiene el Instituto Nacional de
la Salud con relación a esa norma y qué es lo que se está haciendo. La
normativa de seguridad en materia de incendios está en este momento en la
norma básica de edificación, control de protección de incendios, del año
1991, en que se establecen las condiciones de protección contra incendios
en los edificios aprobadas por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. Esta
normativa que por vez primera contempla de manera específica los centros
sanitarios es aplicable, a tenor de lo dispuesto en su artículo 2.º, a
los proyectos de nueva construcción, así como a las obras de reforma que
se inicien a partir del año 1991. Esto está contemplado en la propia
norma y quiere decir --y así contesto de alguna manera a la pregunta que
usted formulaba, el grado de homogeneidad de los dispositivos
existentes-- que la respuesta no puede ser otra que no es homogénea.

Tenemos hospitales de veinticinco años y tenemos hospitales recientes. En
cumplimiento de esa normativa, e incluso más allá de lo que la propia
normativa dice, afirmo con absoluta rotundidad que absolutamente todas
las nuevas obras, no sólo las nuevas obras sino cualquier plan de
reforma, aunque sea mínima, que afecte a un ámbito de un hospital o un
centro de salud, recogen en el proyecto arquitectónico la incorporación
de todas y absolutamente cada una de las medidas y dispositivos que la
norma básica --repito-- del Decreto de 1991 obliga a cumplir. Esto es,
pues, lo que estamos haciendo. La propia norma tiene un anexo técnico muy
complejo en el que se definen los diferentes espacios que en un centro
sanitario puede haber. No es lo mismo una habitación de hospitalización
psiquiátrica que una sala de consultas externa pediátrica o un almacén de
productos sanitarios o la cocina, donde las medidas y dispositivos de
seguridad son diferentes y efectivamente existen, se lo puedo
proporcionar, para cada uno de esos ámbitos diferentes exigencias, y cada
vez que hacemos un almacén o lo trasladamos estamos cumpliendo con esta
norma. Como ésta es preocupación importante, es un elemento adicional
pensando en todos y cada uno de los procesos de reforma o planes
directores de nuestros



Página 3136



hospitales, que son muchos los que en este momento están en marcha.

Por tanto, hay medidas de orden estructural, de modificación de propia
arquitectura que se irán haciendo en la medida que los hospitales se
vayan reformando y desde luego se hacen en todos los casos en que son
nuevos. Un segundo orden de medidas se refieren --son medidas
estructurales-- a medidas de seguridad activa relacionadas con los
sistemas de detección, alarma y extinción de incendios, que están
--repito-- desarrollándose al ritmo que lo permiten las reformas
arquitectónicas que se plantean. Por último, hay un tercer paquete de
medidas, que son las de la respuesta del personal y de los ocupantes ante
una situación de emergencia. En relación con ésas, y al ser una
obligación que el propio Insalud se había impuesto, hemos preparado,
editado y difundido una guía, que le puedo entregar, permanentemente
actualizada para plantear las cuestiones en ese terreno.

Usted ha mencionado algo que me parece alude a algún tipo de inspección
del Ayuntamiento de Madrid u ordenanza de Madrid. Tenemos una cuestión de
orden jurídico formal. En nuestra opinión, en la voluntad de mejorar al
máximo la seguridad de nuestros hospitales, estamos obligados hasta allí
donde la norma básica de edificación nos obliga y en este momento
--repito-- nos obliga sólo para aquellas reformas que se inicien o
aquellos nuevos edificios. Esta es un poco la situación. Insisto en que
no se trata sólo de escudarse en una norma formal --que es importante
pues las leyes cuando se hacen son para cumplirlas y su posibilidad de
cumplimentación ha de fundamentarse en la realidad de las cosas--, sino
que además tenemos una profunda preocupación por este problema y se insta
desde el propio Insalud a que los hospitales planteen reformas internas
que permitan la incorporación progresiva de todos estos sistemas de
seguridad.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Villalón.




El señor VILLALON RICO: El señor Conde hace referencia a las normas de
seguridad contra incendios a partir del año 1991, pero es que la mayoría
de los hospitales de la red del Insalud son anteriores al año 1991 y, por
tanto, habría que aplicar estas medidas a esos hospitales y no sólo a los
nuevos.

Voy a hacer referencia a tres cuestiones aprobadas por la Cámara, incluso
aprobadas por el Gobierno. El 18 de abril de 1991, a raíz del accidente
del Hospital Clínico de Zaragoza, se aprobó una moción que en su punto
quinto decía lo siguiente: Intensificar los mecanismos de control del
cumplimiento de la normativa en vigor para verificar que se realicen en
la forma, con la periodicidad y con la eficacia para la que han sido
previstos. Por otra parte, tengo que hacer referencia también a un
informe para poner ejemplos de distintos hospitales. Respecto al hospital
geriátrico de Zaragoza, el Hospital San Jorge, en un informe del
ingeniero técnico industrial, realizado en el año 1990, sobre el estado
actual de las instalaciones eléctricas se ponen de manifiesto
irregularidades que hay en este momento y que lógicamente se deben
corregir.

Ya le he hablado de las normas del Gobierno y usted me ha sacado a
relucir un manual sobre seguridad. Yo también le saco a relucir este
manual de Centros Sanitarios, en el que se especifican en diferentes
apartados las funciones de la jefatura del Servicio de Ingeniería y
Mantenimiento: confeccionar los programas de seguridad de equipos e
instalaciones; establecer un plan de emergencias y catástrofes en los
centros sanitarios; establecer las funciones de seguridad participando de
forma directa en la elaboración del Plan de Emergencias y Catástrofes del
centro sanitario, y así una serie de relaciones y de normas que se
establecen y que han sido editadas por el Ministerio y que nosotros
creemos que se incumplen de forma sistemática. Es decir, no vamos contra
que haya normas o no las haya; vamos contra el hecho de que se incumplan
todas estas normativas existentes.

Para poner un ejemplo de lo que pasa en los hospitales españoles respecto
a medidas de seguridad, hay que hacer referencia a uno de los hospitales
accidentados, el 12 de Octubre, donde se toman decisiones para aumentar
la atención sanitaria que van en contra de la seguridad de este hospital.

Por ejemplo, aumentan los espacios asistenciales ocupando los espacios de
circulación que se llaman, es decir los pasillos, los accesos a
diferentes puertas; se establecen cerramientos a través de paneles entre
diferentes localizaciones en la zona de hospitalización. Tengo que dar
dos ejemplos que yo creo que son sangrantes. En la UCI de trasplantes de
este hospital hay distintos paneles que cortan los pasillos de acceso a
la escalera de emergencia, y lo mismo pasa en la unidad de poscirugía
cardíaca. Por otra parte, es conocido también que en otros muchos
hospitales con la instalación eléctrica que se hizo en su momento
--posteriormente han aumentado los aparatos de electromedicina y se están
utilizando en casi todos los servicios, y por supuesto en la
Administración, los ordenadores--, el sistema eléctrico no está
capacitado para aguantar las necesidades eléctricas de los distintos
aparatos. Ante esta sobrecarga parece que se han hecho puentes --y tengo
notificaciones-- sobre las diferentes líneas eléctricas, lo que pone en
grave peligro la seguridad de los hospitales.

Tengo que hacer referencia, además, a una cuestión clara. Gracias a Dios,
estos dos accidentes que ocurrieron en los distintos hospitales de Madrid
ocurrieron en zonas donde no había personal sanitario ni enfermos
ingresados. Hay que pensar qué es lo que podría haber pasado si estos
accidentes ocurren en la zona de hospitalización, como estaba comentando.

Para terminar --a mí me hubiera gustado que este debate hubiera sido más
amplio, pero teniendo en cuenta la hora, el día y el contexto en que
estamos en este momento no puede ser--, usted ha hecho referencia a que
parece ser que fue una especie de sabotaje o algo así el incendio del
hospital Puerta de Hierro. A nosotros nos llama la atención que desde el
Insalud no se pida ninguna responsabilidad a los jefes de servicio de
mantenimiento y a los directores gerentes. Hace poco, en un debate entre



Página 3137



nuestro portavoz sanitario y la Ministra se hacía referencia a las
responsabilidades de los diferentes gestores de los hospitales y la
Ministra decía que como no había caso jurídico no las había. Nosotros
tenemos que decir que las responsabilidades pueden ser de muy diferentes
tipos, de tipo administrativo o de tipo político, porque los directores
gerentes son personas de confianza de la dirección del Insalud. A
nosotros nos llama la atención que ustedes no hayan pedido ninguna
responsabilidad a los responsables de estos hospitales y que no asuman
todas las responsabilidades que tienen ustedes en toda la red
hospitalaria del Insalud, porque lo mismo que ha sucedido en estos
hospitales puede ocurrir en cualquier otro, ya que el que conoce, aunque
sea superficialmente, los hospitales de la red del Insalud sabe que están
sobresaturados, como decía antes, el bloqueo de zonas de paso, etcétera,
lógicamente va a originar un grave peligro para la seguridad de todas las
personas que están en el hospital, tanto las que trabajan como las que
están ingresadas.




La señor PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Voy a
contestar brevemente.

Como primera cuestión y de carácter general, el conocimiento sobre los
sistemas posibles de seguridad avanza considerablemente año tras año, y
no sólo en el ámbito de los centros hospitalarios sino en el ámbito de la
vida civil en cualquier lugar. La ley, yo creo que con buen criterio, va
imponiendo que se mejoren todos los sistemas de seguridad en la medida en
que sea posible, porque de lo contrario, el no estar a la última en todas
las medidas de seguridad, no ya en un centro hospitalario sino en la
propia casa de uno, obligaría a cerrar el centro hospitalario. Tenemos la
obligación de seguir atendiendo a los pacientes y tenemos la obligación
de ir introduciendo todas las medidas de seguridad conforme a las
posibilidades reales porque, de lo contrario --digo--, tendríamos que
cerrar los hospitales. Efectivamente hay hospitales de hace muchísimos
años que estamos pretendiendo remozar, pretendiendo actualizar en todos
sus aspectos, no sólo en el de seguridad pero también en el mismo.

Segunda cuestión. Usted ha mencionado ese manual que efectivamente es del
Insalud, que forma parte de las obligaciones que han de cumplir los
responsables de mantenimiento en todos y cada uno de los hospitales, y
allí donde no se cumplan sí se exigirán las responsabilidades por su
incumplimiento.

En tercer lugar, gracias a Dios que no pasó nada y gracias al guardia de
seguridad que detectó rápidamente, en el caso de Puerta de Hierro,
concretamente, que había señales de humo y que se estaba produciendo un
incendio. En este sentido, ha expresado su tranquilidad de que no hubiera
gente allí; naturalmente. Pero no le quepa la menor duda de que si la
hubiera habido, el incendio se hubiera detectado mucho antes. Si se
produjo fue porque eran zonas aisladas, distantes y separadas.

Por último, en cuanto a la cuestión de la responsabilidad, nosotros
pedimos, como es obvio, explicaciones a los responsables cuando suceden
incidentes y las explicaciones pueden ser satisfactorias o no serlo. En
el caso de Puerta de Hierro, han sido absolutamente satisfactorias para
el Insalud y para el Ministerio de Sanidad y Consumo.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Subsecretario.




--SOBRE SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO
DE CANARIAS PARA CONCLUIR EL PROCESO DE TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE
SANIDAD. FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO (GP). (Número de
expediente 181/000234.)



La señora PRESIDENTA: Pregunta número 11, que corresponde al señor
Soriano Benítez de Lugo, en sustitución de la anterior, que fue cambiada.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señora Presidenta, el asunto de las
transferencias sanitarias a la Comunidad Autónoma de Canarias es una
especie de Guadiana, que aparece, desaparece y está permanentemente en
los medios de comunicación, como una posibilidad que en algunas ocasiones
parece que se toca con la mano y en otras parece que se demora en el
tiempo.

El propio Presidente del Cabildo Insular de Tenerife y Diputado por la
minoría nacionalista en este Congreso, que había formulado una pregunta
sobre la situación en que se encontraba el Hospital Universitario
dependiente del Cabildo en Canarias, el 29 de septiembre de 1993, retiró
la pregunta argumentando que: Estando en este momento en tramitación la
posible transferencia entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad
Autónoma de Canarias, el Consejero de la Comunidad me ha pedido que
retire la pregunta por creer que está en vías de solución.

El propio señor Subsecretario, que comparecía el día 23 de noviembre de
este mismo año ante esta Comisión para responder a preguntas de este
Diputado, decía, en relación con el Hospital Universitario de Tenerife,
que viene a coincidir el problema del hospital con el fenómeno de las
transferencias a Canarias. Y decía entonces: «Ello induce, además de las
obligaciones que por su cargo tiene en este momento y previendo las que
vaya a tener en un futuro inmediato, al Consejero de Sanidad de la
Comunidad Autónoma de Canarias a ofrecerse como mediador para tratar de
abrir unas negociaciones que estaban interrumpidas... Esta mediación
tiene éxito...», nos decía entonces el Subsecretario, «... por fin se
llega a un acuerdo, en términos de cantidad y calidad y en términos
económicos; acuerdo que, una vez que pase el último trámite
administrativo que le queda, que es el informe preceptivo de la
Intervención General de la Seguridad Social, que se va a producir en los
próximos días, se



Página 3138



firmará y tendrá valor como contrato-programa que ambas administraciones
suscriben hasta tanto se produzca la transferencia a la Comunidad
Autónoma Canaria». El señor Subsecretario finalizaba diciendo: «Por
consiguiente, estamos a punto de llegar a un buen puerto en cuanto a la
formulación de un contrato-programa entre el Insalud y el Hospital
Clínico Universitario de Tenerife de manera satisfactoria para ambas
partes, tanto en los términos de cantidad, calidad y actividad, como
económicos.» Y cifraba la cantidad en 9.800 millones de pesetas.

Para no hacer larga esta intervención, y teniendo en cuenta las horas en
que nos encontramos, diremos que por aquellos días, el Consejero de
Sanidad anunciaba también que el traspaso de competencias sanitarias a la
Comunidad Autónoma se llevaría a cabo en enero de 1994, y se precisaba
incluso la fecha del 24 de noviembre para la firma del acuerdo. Al propio
tiempo, el Cabildo y el Insalud acuerdan prorrogar el concierto con el
Hospital Clínico Universitario hasta el día 31 de diciembre, y el
Presidente del Cabildo decía que en el caso de que las transferencias no
se efectuaran en la fecha prevista, es decir, el 1.º de enero de 1994, la
situación volvería a ser conflictiva.

Nos ha anticipado el señor Subsecretario que, al parecer, se ha firmado
ya el contrato-programa con el Cabildo de Tenerife. Ha debido de firmarse
ayer o anteayer, porque yo no he leído la prensa de Canarias de ayer o de
hoy, pero, sin duda, ésa será una noticia de primera página de la prensa
de Tenerife si se ha producido en estos días, en los que no he tenido
oportunidad de comprobarlo, porque, como digo, no la he leído.

En primer lugar, quisiera que, aprovechando estas circunstancias, nos
explique en líneas generales en qué ha consistido ese concierto o
contrato-programa con el Cabildo de Tenerife; en qué situación se
encuentra el proceso de transferencias; si de alguna forma está vinculado
a ese contrato-programa y, sobre todo, la cuestión capital, que es la que
siempre termina reconduciendo todo este tema, que es el problema
económico, porque, al final, todo estriba en que los cálculos del Insalud
no coinciden con los cálculos del Cabildo, supongo que ahora tampoco
coincidirán con los cálculos de la Comunidad Autónoma, y yo celebraría
mucho que, por fin, se haya llegado a un acuerdo en cifrar ese cálculo
económico y, sobre todo --que para mí es lo más importante--, que no
tengamos luego que decir que las transferencias se han hecho sobre la
base de datos económicos que no obedecían a la realidad, y que después se
conviertan en un problema, como ha ocurrido en otras transferencias en
materia de carreteras o en educación.

En aras de la brevedad, termino, señor Subsecretario, agradeciéndole en
todo caso su contestación.




La señora PRESIDENTA: El señor Subsecretario tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti): Señora
Presidenta, señor Soriano, la verdad es que no ha podido ser más oportuno
el momento de la firma, porque me permite comunicarle que, tal como en su
día se anunció, ayer, concretamente, firmaba el Presidente del Cabildo.

Queda pendiente, naturalmente, la firma de la otra parte, que es el
Director General del Insalud.

El contrato-programa lo que hace es proporcionar al Hospital Clínico de
Tenerife un tratamiento económico y funcional similar al que tenemos con
nuestros propios hospitales; es decir, a partir de ese momento la
relación de contrato supone el acuerdo en términos de actividad, de
calidad y del contenido de la misma por parte del Cabildo, y por parte
del Insalud el compromiso de financiar esa actividad, repito, en unos
términos económicos similares a los de nuestros hospitales. Por tanto,
debemos de felicitarnos por haber alcanzado ese acuerdo.

Por lo que se refiere a la transferencia, también tengo necesariamente
que ser optimista, puesto que creo que estamos muy cerca de llegar al
punto definitivo de encuentro que permita que la transferencia sanitaria
se pueda producir no me atrevería a decir el 1.º de enero, puesto que
estamos a 22 de diciembre, pero sí creo que en el mes de enero, y digo
por qué. Se reunió la ponencia técnica el pasado día 1.º de diciembre
para debatir lo más sustantivo de un acuerdo de transferencia, que es el
volumen económico que ello supone y su participación en el gasto
sanitario global. Con arreglo a la Ley General de Sanidad y del mismo
modo en que se ha venido produciendo en las transferencias a otras
comunidades autónomas, lo que se prevé es que en el momento de la
transferencia, la Administración central, en el primer año --por así
decirlo--, transfiere a la Comunidad Autónoma que recibe esa competencia
el coste efectivo del año anterior, es decir, el mismo coste que la
Administración central tuvo para mantener el dispositivo asistencial
funcionando, que, a partir de ese momento, ésa es una cantidad que
representa un porcentaje del gasto sanitario total del Estado, que puede
coincidir o no con la que le correspondería a esa Comunidad Autónoma en
función de la población protegida. Al hacer la transferencia, repito,
primer paso, se transfiere el coste efectivo, y a partir de ese momento y
a lo largo de diez años, se va ajustando la cantidad económica a la
población protegida. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún caso se parte
de un gasto efectivo menor del que el que le correspondería con arreglo a
la población efectiva. Por consiguiente, a lo largo de los años futuros,
el ajuste debe ser al alza, caso de Galicia, por ejemplo: el gasto
efectivo cuando se produce la transferencia es menor del que le
correspondería por su población, y, a partir de ese momento, año a año,
va subiendo su coeficiente de participación para llegar a ese ajuste. En
el caso de Canarias es a la inversa: el gasto efectivo que tiene Canarias
es superior al del que le correspondería con arreglo a su población
protegida (ahí siempre tenemos una discusión con todas las comunidades
autónomas sobre cuál es la población protegida), pero en todo caso lo que
le puedo garantizar a S. S. es que, para el año 1994, el volumen a
transferir a la Comunidad Autónoma y su coeficiente de participación en
el gasto total del Estado español en



Página 3139



materia sanitaria es importante y superior --repito-- al que le
correspondería con arreglo a la población protegida.

Estamos de acuerdo en el coeficiente. Tenemos una última fase de
discusión, que se refiere al tema inversor. Con ese coeficiente y esa
participación que va a recibir la Comunidad Autónoma de Canarias, en
nuestra opinión se pueden absorber las inversiones que hay que hacer en
el futuro. La Comunidad Autónoma de Canarias piensa que deberíamos
instrumentar, dentro del proceso transferencial, algo que garantice las
inversiones que el propio Instituto tenía previsto. Por consiguiente, yo
creo que estamos muy cerca de llegar a ese acuerdo que permita que la
transferencia se produzca a primeros del año 1994.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Brevemente.

Ante estas buenas noticias sólo quiero desear que se lleve a cabo la
transferencia en términos económicos satisfactorios para todos y
agracederle su contestación.




--SOBRE PROMOCION EN ASTURIAS DE UNIDADES DE VIGILANCIA INTENSIVA (UVIS)
MOVILES PARA EL TRASLADO URGENTE PRIMARIO DE PACIENTES DENTRO DE UN
SISTEMA ARTICULADO DE EMERGENCIAS. FORMULADA POR EL SEÑOR GARCIA FONSECA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 181/000228.)



La señora PRESIDENTA: Pregunta número 9 del señor García Fonseca, que
formula la señora Maestro Martín.




La señora MAESTRO MARTIN: El contenido de la pregunta se refiere a la
situación en cuanto a la atención intensiva y de urgencia en la Comunidad
de Asturias. Como SS. SS. saben, las probabilidades de supervivencia y de
calidad de vida de las personas afectas de accidentes cardiovasculares
agudos o accidentes de tráfico están directamente determinadas por la
posibilidad de recibir en breve plazo una atención adecuada.

En el Principado de Asturias no existe ningúna UVI móvil para el traslado
urgente primario de pacientes. Existen unidades de vigilancia intensiva
móviles, concertadas algunas de ellas, para el traslado interhospitalario
de pacientes. Por ello el contenido de la pregunta que dirijo al Gobierno
es si el Ministerio de Sanidad tiene previsto adoptar alguna medida para
dotar de un servicio de ambulancias de urgencia al Principado de
Asturias, dotadas con personal médico y de enfermería, así como con el
equipamiento necesario, cuyo objetivo primordial sea la más rápida
atención in situ al enfermo o accidentado grave, a fin de que su traslado
al servicio de urgencias de destino se realice tras un diagnóstico y
estabilización iniciales en condiciones de seguridad y con asistencia
cualificada.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ESTADO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde Olasagasti):
Hay dos cuestiones que definen bastante bien cómo está el problema en
Asturias, que no es distinto a como pueda estar en otro lugar.

En Asturias el Insalud tiene, desde el mes de agosto, un sistema
denominado transporte integral para la cobertura del transporte
sanitario, que engloba las tres modalidades de asistencia para esta
prestación: transporte convencional, asistido y colectivo. Al servicio de
este dispoitivo tiene cinco UVI móviles para el traslado de pacientes que
precisan medios asistidos en el mismo; tiene 50 ambulancias
convencionales y, asimismo, 43 ambulancias de transporte sanitario
colectivo. Este concepto integral de transporte sanitario en Asturias ha
sido probablemente la primera vez que se ha instrumentado, que se ha
presentado y se ha adjudicado en un coste aproximado de 541 millones de
pesetas.

Hay otra cuestión que en el Principado de Asturias se está desarrollando
a partir de una resolución que aprobó no sé si el Gobierno o el
Parlamento. En todo caso se ordenaba, y así se ha hecho, la constitución
de un sistema integral del Principado para la atención a urgencias y
emergencias, en el que se implicaba a todas las administraciones que
puedan tener algo que ver con ello. El Insalud tiene sus obligaciones
para con sus pacientes, pero no es claro que corresponda sólo al Insalud
el tener articulado un sistema que garantice, en todo caso y en todo
momento, el transporte primario en situaciones de emergencia tales como
un accidente de tráfico, por ejemplo. En ese sistema que se ha iniciado
en Asturias y que de hecho está funcionando desde el ámbito de Protección
Civil, se ha integrado el director regional de salud pública de la
Comunidad Autónoma y el coordinador regional de urgencias del Insalud.

¿Con qué objetivo y pretensión? Poner nuestros recursos a disposición
coordinada de todo ese dispositivo y, a su vez, utilizar los recursos
generales para garantizar que el transporte primario en situaciones de
emergencia y urgencia esté debidamente utilizado y coordinado. Así, pues,
Insalud tiene montado su dispositivo para sus pacientes, que,
efectivamente, en materia de UVI móviles, sobre todo afecta al traslado
interhospitalario de pacientes que requieren asistencia, lo cual no
quiere decir que ese tipo de UVI móvil no pueda utilizarse para otro tipo
de traslado. Eso en primer lugar. Y, en segundo lugar, está integrado en
la junta o grupo de trabajo, comité director del dispositivo regional de
emergencia para, repito, poner nuestros recursos a disposición de ese
dispositivo y, a su vez, utilizar los de los demás.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Subsecretario. ¿Señora
Maestro? (Denegaciones.) Muchas gracias.




Página 3140



Concluido este punto del orden del día, agradecemos la presencia del
señor Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, señor Conde, a
quien despedimos. (Pausa.) Nos transmite el señor Subsecretario sus
deseos de que tengamos unas felices fiestas. Igualmente.




--PROPOSICION NO DE LEY SOBRE PRESCRIPCION Y COMERCIALIZACION DEL FARMACO
RU-486 EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000025.)



La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley sobre prescripción y
comercialización del fármaco RU-486 en España. Está presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Debo decirles que existe presentada una enmienda a esta proposición no de
ley por el Grupo Socialista, que SS. SS. conocen. La señora Maestro tiene
la palabra.




La señora MAESTRO MARTIN: Como SS. SS. saben, es la tercera vez que se
presenta en el Congreso de los Diputados una proposición de estas
características, destinada a que un avance científico-técnico de primer
orden en relación con la salud de las mujeres y con el derecho a decidir
sobre su maternidad en el marco de la legislación vigente, pueda ser
realizado en España.

Sus señorías ya conocen que el fármaco RU-486 es utilizado en diferentes
países del mundo. Está comercializado en Francia, Suecia, Inglaterra y
China; Noruega, Dinamarca y Holanda han adoptado resoluciones destinadas
a su comercialización recientemente y también lo ha hecho Estados Unidos.

La RU-486, cuyo componente químico se llama mifepristona, tiene un efecto
destinado a impedir el avance de la gestación producida y se utiliza
asociado con prostaglandinas; asociación que permite un índice de
eficacia en la interrupción voluntaria del embarazo entre el 95 y el cien
por cien, semejante al índice de eficacia del aborto quirúrgico, el
aborto producido por aspiración. Sin embargo, hay que decir que el
fármaco RU-486 tiene otras indicaciones en el ámbito de la salud en
general y de las mujeres. Hay tumores cerebrales, como el meningioma,
cuyo crecimiento es capaz de ser detenido por la mifepristona, al mismo
tiempo, se utiliza en el tratamiento de los tumores de mama sensibles a
la progesterona, hormona femenina que es capaz de neutralizar la RU-486.

También se utiliza en el tratamiento de la endometriosis.

El que este fármaco no se haya comercializado en todos los países,
específicamente en el nuestro, es el resultado de un complejo entramado
de presiones políticas, religiosas, profesionales, desencadenado por los
sectores más conservadores de la sociedad y específicamente de la
profesión sanitaria, que ejercen eficaces y duras presiones sobre los
profesionales sanitarios, con amenazas de boicot al resto de los
productos del laboratorio si éste decide la comercialización del fármaco
en el país de turno. Desgraciadamente no es la única vez que las mujeres
vemos limitadas nuestras posibilidades de acceder a medidas importantes
para nuestra salud y para nuestra capacidad de decisión sobre nuestra
vida como personas responsables y que la interferencia sobre esta
libertad de las mujeres se ve realizada con las campañas más demagógicas
y con tintes más exagerados.

Quiero recordar que en Francia la comercialización de este fármaco fue
seguida de campañas furibundas por parte de los sectores que he
mencionado anteriormente, hasta tal punto de que un mes después de
obtenido el registro de la RU-486 el propio laboratorio solicitó su
retirada. Entendió el Ministerio de Sanidad en Francia, dirigido por un
socialista, que el laboratorio no era dueño ya de la RU-486, que debía
ser considerada como patrimonio moral de las mujeres y, por tanto,
impidió que se retirara del registro.

Como ustedes saben, la RU-486 permite la realización de la interrupción
voluntaria del embarazo en las dos primeras semanas después de la
amenorrea, y tiene importantes reducciones respecto a los riesgos de la
interrupción voluntaria del embarazo por medios quirúrgicos; reduce, como
se desprende de sus propias posibilidades de utilización, el riesgo de
infección, de hemorragias, de alergias a la anestesia, así como también
reduce sensiblemente en más de la mitad el costo global de la
interrupción voluntaria del embarazo.

Hay que decir que hasta hace poco la utilización de prostaglandinas,
necesaria para el aumento de la eficacia de la RU-486, conllevaba
limitaciones en su uso a mujeres menores de 35 años, fumadoras o con
riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se ha descubierto que hay
prostaglandinas, por otra parte comercializadas en España y en otros
países para la prevención de enfermedades gastroduodenales, como
consecuencia del tratamiento con antirreumáticos, que permiten eliminar
estos riesgos, ya que no tiene los efectos secundarios de otras
prostaglandinas y por tanto permiten ampliar su uso a este tipo de
mujeres en principio excluidas con el otro tipo de fármacos anteriores.

Insisto en que la utilización de la RU-486 es un medio técnico que
permite realizar la interrupción en mejores condiciones que el aborto
quirúrgico, condiciones sanitarias y económicas, y al ser un instrumento
técnico, no puede deducirse de ello que altere el marco legal vigente.

Todos ustedes saben que Izquierda Unida, en cuanto a la interrupción
voluntaria del embarazo es partidaria de una ley de plazos que garantice
la libre decisión de la mujer en los primeros meses del embarazo; pero la
RU-486 por sí misma es simplemente un procedimiento alternativo al aborto
quirúrgico, y es el marco legislativo el que define su posible
utilización por las mujeres. En este momento ustedes saben que la
realización de la interrupción voluntaria del embarazo dentro del marco
legal vigente está viéndose progresivamente condenada a su desaparición
dentro del ámbito de la sanidad pública. La masiva objeción de
conciencia, sin ningún tipo de control acerca de los elementos de
conciencia que justificarían su declaración por parte de profesionales de
la



Página 3141



sanidad pública, indica que la realización en este ámbito es inferior al
2 por ciento y con tendencia progresiva a disminuir. La utilización de la
RU-486 en el ámbito ambulatorio permitiría que un número creciente de
profesionales, los de la atención primaria, pudieran prescribir esta
forma de interrupción del embarazo con la correspondiente cobertura
especializada que garantizara que la interrupción se habría producido en
las condiciones adecuadas y que, por lo tanto, la disminución del costo
económico, junto con la disminución del efecto concreto de la masiva
objeción de conciencia por parte de ginecólogos que desarrollan sus
actividades en centros hospitalarios, permitiría que el acceso a la
interrupción voluntaria del embarazo no estuviera en este momento
determinada y atravesada por dificultades económicas de las mujeres que
no pueden hacer ejercicio de sus derechos por no tener medios económicos
para dirigirse a la sanidad privada.

Yo soy consciente, y ha habido varios debates en esta Comisión, de que
las objeciones por parte del laboratorio son muy importantes a la hora de
comercializar este fármaco. También constato que en todos los países en
los que está comercializada ha habido una intervención por parte de las
autoridades sanitarias destinada a remover los obstáculos que impiden al
laboratorio solicitar su comercialización en un primer momento. Por ello,
en esta nueva proposición no de ley que Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya propone a debate en la Comisión de Sanidad se ha incluido un
nuevo aspecto que no estaba en proposiciones anteriores, que permitirá, a
nuestro juicio, establecer un período transitorio que facilitara la
definitiva comercialización del fármaco en España. Tal es la propuesta de
que en tanto el laboratorio no solicite formalmente su comercialización,
sea el propio Ministerio de Sanidad el que importe como medicamento
extranjero la RU-486, tal y como hace con otros medicamentos, y que se
concretara su utilización en los centros sanitarios, de manera que la
RU-486 no estuviera a disposición en las oficinas de farmacia y se
dispensara en el marco exlusivo de los centros sanitarios.

Insisto en que, a juicio de Izquierda Unida, este fármaco, y por
parafrasear las palabras absolutamente oportunas del Ministro de Sanidad
francés, más allá de intereses económicos, más allá de intereses
políticos, religiosos, etcétera, es un patrimonio moral de las mujeres
españolas que consideramos absolutamente injustificado que no sea
accesible a las mujeres que con esta legislación o con otras decidan
interrumpir su gestación.




La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Frías.




La señora FRIAS NAVARRETE: Efectivamente, mi Grupo ha presentado una
enmienda de sustitución al texto de la proposición no de ley del Grupo
proponente que paso a defender.

En primer lugar, señorías, el Grupo Socialista quiere señalar una vez más
que comparte el sentido de esta proposición no de ley. Consideramos, tal
y como lo reconocen organismos como la Organización Mundial de la Salud o
el Parlamento Europeo, y como lo avalan los países de nuestro entorno ya
citados, en los que se utiliza este fármaco, que constituye un método en
la interrupción voluntaria del embarazo alternativo al quirúrgico, menos
doloroso, menos traumático, tanto física como psíquicamente para las
mujeres, y, por tanto, de interés para la salud de las mujeres.

Simplifica, además, bastante el proceso y reduce los costes sanitarios.

Aunque exige control médico, la cobertura sanitaria es mínima. La mujer
asume menos riesgos y los efectos secundarios son menores, utilizado con
las restricciones que ya han sido citadas por la portavoz de Izquierda
Unida.

¿Por qué no se puede utilizar en España? En España no está
comercializado. Los laboratorios que tienen la patente en la actualidad
son la multinacional Hoechst, propietaria de la mayoría de las acciones,
junto con la francesa Roussel-Uclaf. El Gobierno francés dejó de
participar directamente en ellos y porque el Gobierno francés tenía la
mayoría de las acciones cuando se produjo en Francia este anuncio de la
retirada del fármaco, fue por lo que el Gobierno no pudo obligar a que se
siguiera comercializando, porque era propietario de la mayoría de las
acciones de estos laboratorios, lo que no sucede ya en la actualidad.

Digo que los laboratorios que tienen la patente no quieren polémica, no
quieren presiones de los grupos antiabortistas y, por supuesto,
fundamentalmente, no quieren riesgos comerciales por el posible boicoteo
a sus productos. Por ello no han solicitado la inscripción de este
fármaco en el registro de medicamentos en el Ministerio de Sanidad y
Consumo, condición «sine qua non» para poder ser comercializado. Como ya
hemos explicado en debates anteriores, el Gobierno no puede legalmente
obligarles a que lo hagan, la decisión les incumbe a ellos y son los
únicos que pueden hacerlo.

Ahora bien, quiero recordar a SS. SS. que en el Sistema Nacional de Salud
no cabría la posibilidad de boicot a los fármacos de estos laboratorios,
ya que por el Decreto de financiación selectiva de medicamentos se
concede a las autoridades sanitarias la autoridad para financiar el mejor
medicamento al mejor precio; cumpliendo estos requisitos los productos de
estos laboratorios, no podrían ser boicoteados en el Sistema Nacional de
Salud. Pero los laboratorios que tienen la patente de este fármaco, la
RU-486, exigen, además, que se cumplan ciertas condiciones previas antes
de solicitar en España el registro. En primer lugar, que esté
despenalizado el aborto.

Como saben sus señorías, en nuestro país sólo está despenalizado en tres
supuestos. En los países en los que está comercializada la RU-486 la
legislación sobre el aborto no se parece en nada a la que tenemos en
España. En todos estos países la decisión última de interrumpir el
embarazo corresponde a la mujer. Este es el principal obstáculo que
tenemos para que los laboratorios se decidan a solicitar el registro de
este fármaco. Las otras condiciones que exigen serían más fáciles de
cumplir, como



Página 3142



son la existencia de centros especializados en interrupción el embarazo;
que esté disponible la prostaglandina de síntesis y en España está
autorizada efectivamente la comercialización de esta prostaglandina oral
a la que se asocia, Misoprostol, aunque con indicaciones diferentes; que
se garantice un rígido control de distribución del fármaco y que la
distribución esté asegurada bajo la responsabilidad de las autoridades
sanitarias, tal y como sucede en Francia. En Francia este fármaco, por
sus características, se clasifica de uso hospitalario, sólo está a
disposición en los hospitales, no se puede comprar en la farmacia y su
comercialización y venta están sujetas a las mismas restricciones que
rigen para los fármacos tóxicos. Es decir, es indispensable la receta de
un hospital especializado y sólo se puede pedir cada vez el suministro
para una semana. La mujer tiene que tomarlo delante del médico, éste
tiene que certificar por escrito y con su firma que ha usado el fármaco,
a quién se lo ha dado y que la mujer lo ha tomado en su presencia.

Respecto a la posible inclusión, en su caso, de la RU-486 como prestación
farmacéutica de la Seguridad Social, tengo que volver a repetir a S. S.

que, según nuestra legislación, artículo 94 de la Ley del Medicamento...




La señora PRESIDENTA: Señora Frías, le ruego que vaya concluyendo.




La señora FRIAS NAVARRETE: Termino, señora Presidenta.

... Y Real-decreto 83/1993, de financiación selectiva del medicamento, en
cada caso concreto se determina la inclusión como prestación farmacéutica
de la Seguridad Social de los medicamentos.

Por otra parte, la Administración está sometida al criterio de órganos
independientes como la Comisión Nacional para el uso racional de los
medicamentos.

En cuanto a la importación del fármaco, su utilización en España, al
igual que en cualquier otro país, debe estar respaldada por los
laboratorios y por la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios, para garantizar su eficacia y seguridad, mediante el
establecimiento de directrices previas que sólo se pueden cubrir a través
del registro.

Teniendo en cuenta que estos laboratorios no tienen la intención por el
momento de comercializar esta especialidad farmacéutica en España ni de
promover la realización de más ensayos clínicos con este medicamento, no
es posible su importación, al ser de investigación limitada.

Por todas estas razones, señora Presidenta, señorías, presentamos al
Grupo proponente la siguiente enmienda de sustitución: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a establecer conversaciones con los
laboratorios que tienen la propiedad de la patente del fármaco RU-486
para abordar y, en su caso, eliminar los obstáculos existentes en orden a
posibilitar la comercialización en España de dicho fármaco.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Mendizábal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señora Presidenta, voy a hacer una
petición y es que queremos transformar esta enmienda a la totalidad, esta
enmienda de sustitución de la proposición no de ley presentada por
Izquierda Unida, en una enmienda al primer punto. Consultado el resto de
los portavoces, aceptaban que pudiéramos presentar la enmienda «in voce».




La señora PRESIDENTA: ¿Están de acuerdo los portavoces? (Asentimiento.)
Esto quiere decir que donde dice «enmienda de sustitución» debe decir
«enmienda de sustitución al primer párrafo».

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Voy a intervenir muy brevemente, casi
telegráficamente, dada la hora.

No vamos a hacer ninguna referencia a los debates anteriores, tanto al
del año 1991 como al de 1993, porque sería reiterarnos, ya que nos
mantenemos en lo expresado en aquel momento por el señor Hinojosa.

Nosotros no vamos a apoyar la proposición no de ley por dos tipos de
motivos: legales y sanitarios.

Desde el punto de vista jurídico, entendemos que el Congreso no debe
instar al Gobierno, no lo creemos prudente ni conveniente. Que el
Gobierno sea estrictamente respetuoso, estrictamente respetuoso
--repito-- con la legalidad vigente en la materia.

Y, desde el punto de vista sanitario, diremos que aún estamos en fase de
experimentación clínica del fármaco. Precisamente no hace muchos días,
concretamente la semana pasada, se hacía referencia en los medios de
comunicación a un artículo publicado en la revista de la Academia
Americana de Ciencias, que exponía las conclusiones a las que había
llegado uno de los dos equipos de investigadores franceses. Decía que han
descubierto que la RU-486 y sus derivados no comercializados bloquean la
entrada del calcio dentro de los espermatozoides y, de esta forma,
reducen su capacidad de movilidad y de fecundación; es decir, un nuevo
concepto y un nuevo mecanismo de la conocida como píldora abortiva; en
este caso, ya no sería un abortivo, sino un anticonceptivo. Puede haber
diferencias. Ello nos lleva a la conclusión de que las experiencias
clínicas no se han terminado. Entendemos que esto es una demostración de
que no se ha llegado a una conclusión concreta y no sé hasta qué punto se
pueden evitar los posibles efectos secundarios que, en un futuro, podría
tener esta sustancia.

Nosotros, por estos motivos --ya digo que es una intervención
telegráfica-- no apoyaremos la proposición no de ley.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Rudi.




La señora RUDI UBEDA: Voy a realizar también una intervención muy breve,
porque el criterio de mi Grupo



Página 3143



ya fue suficientemente expuesto en los debates que en la pasada
legislatura tuvieron lugar en esta misma Cámara.

Aunque estemos en la Comisión de Sanidad, me va a permitir, señora
Presidenta, que no haga un debate sanitario, por cuanto desde el Grupo
Popular entendemos que no es el momento adecuado ni oportuno para
plantear este debate. Nosotros creemos, a diferencia de lo que defendía
la portavoz de Izquierda Unida, que, con el actual marco legislativo
sobre la interrupción voluntaria del embarazo que tenemos en España, no
cabe la aplicación de la RU-486. Hay que tener en cuenta que el primer
país en el cual se comercializó, que fue Francia, tiene una legislación
sobre el aborto que en nada se parece a la legislación española hoy por
hoy, la vigente en este momento. Allí hay una legislación que regula una
ley de plazos, es decir, lo que venimos denominando en el argot un aborto
libre, hasta un determinado período de tiempo. Una legislación muy
semejante es la que existe en el resto de los países, en Inglaterra y en
Suecia y, por tanto, entendemos que no es comparable el marco jurídico de
estos países con el que a este respecto tenemos en España.

En cuanto a que sea un procedimiento alternativo al quirúrgico
efectivamente sí puede serlo, en eso está todo el mundo de acuerdo, pero
en un período de tiempo muy corto.

La señora portavoz de Izquierda Unida hacía referencia a la efectividad
de este fármaco a partir de las dos primeras semanas de falta de la regla
de la mujer. Lo que quizá le ha faltado por añadir es que su efectividad
queda limitada a los 40 ó 42 días de la falta de la regla.

Creemos, desde el Grupo Popular, que esto tiene una influencia muy
grande, por cuanto nuestra legislación que, como bien recordaba la
portavoz del Grupo Socialista, sólo despenaliza el aborto en tres
supuestos: salud física o psíquica de la madre, salud del feto o por
violación. Condiciona y pone unos requisitos bastante extensos para
llegar a efectuar este aborto. Creemos que en los 40 ó 42 días de falta
de la regla en la mujer, indudablemente, no es posible cumplir los
requisitos previstos por nuestra legislación actual, vigente, en materia
de aborto.

Por ello, señora Presidenta, el Grupo parlamentario Popular va a votar en
contra, lo mismo que lo hizo en ocasiones anteriores, a esta proposición
no de ley de Izquierda Unida. Insisto, creemos que no es compatible con
la actual legislación que existe en España sobre el aborto.




La señora PRESIDENTA: Señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Quiero decir que como mal menor, para que quede
explícita y expresamente clara la voluntad de Izquierda Unida, que es
introducir avances en el derecho de la mujer a decidir sobre su
maternidad, y, entendiendo que la RU es, sobre todo, algo explícitamente
positivo para la salud de las mujeres, voy a aceptar la enmienda que
plantea el Grupo Socialista, aclarando que se refiere, exclusivamente, al
punto número uno, de los que tiene la proposición no de ley. Lamento que
no haya sido valorado como período transitorio, en el marco de la
comercialización definitiva de la RU, la posibilidad de importar este
medicamento por parte del Ministerio de Sanidad, que hubiera hecho
posible que, de una forma inmediata, este fármaco estuviera disponible
para las mujeres españolas.

De todas maneras, acepto la enmienda al primer punto y, por tanto,
también acepto que se realice votación separada del mismo.




La señora PRESIDENTA: Vamos, por tanto, a proceder a la votación.

¿Votación separada del primer punto y los tres siguientes o punto por
punto?



La señora MAESTRO MARTIN: Primero el uno y los otros conjuntamente.




La señora PRESIDENTA: El texto que consta en la Mesa tiene cuatro puntos.




La señora MAESTRO MARTIN: El primero separado y los otros conjuntamente.




La señora PRESIDENTA: De acuerdo.

Sometemos a votación, por tanto, el punto primero de la proposición no de
ley, según la enmienda presentada por el Grupo parlamentario Socialista.

(Pausa.)



Efectuada la votación, dijo:



La señora PRESIDENTA: El resultado de esta primera votación es de 14
votos a favor, 14 en contra, dos abstenciones. Por tanto, debemos volver
a repetir la votación. (Pausa.) Un momento, por favor. Señorías, contamos
con un letrado asesor de esta Comisión, que es quien está haciendo la
consulta. (El señor Fernández-Miranda pide la palabra.)
Señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA: Si me permite, señora Presidenta, opinar en
cuanto al resultado de la votación, lo haría.




La señora PRESIDENTA: Estamos a la espera de la opinión del señor
Letrado. (Pausa. El señor Fernández-Miranda pide la palabra.)
Señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Para que figure en acta, la opinión
del Grupo parlamentario Popular es que la aplicación del voto ponderado
tan sólo es posible cuando se emiten los votos de la totalidad de los
miembros de la Comisión. Si no es así, al no haberse conseguido más votos
afirmativos que negativos no puede tomarse en consideración el mencionado
punto de la proposición de ley.




La señora PRESIDENTA: Señora Frías.




La señora FRIAS NAVARRETE: Señora Presidenta,



Página 3144



propongo que se haga una consulta al letrado mayor del Congreso, antes de
finalizar la Comisión.




La señora PRESIDENTA: El letrado va a proceder a leer el artículo 88.1
del Reglamento, que, con toda seguridad, nos aclarará el pequeño revuelo
que hemos tenido.




El señor LETRADO: Si no se aplica el voto ponderado por entender que no
se cumple el requisito de que tengan que estar presentes todos los
miembros de los distintos grupos, entiendo yo que habría que aplicar el
apartado 1 del artículo 88, que dice lo siguiente: «Cuando ocurriere
empate en alguna votación, se realizará una segunda y, si persistiese
aquél, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la
presidencia. Transcurrido el plazo, se repetirá la votación y, si de
nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo,
enmienda, voto particular o proposición de que se trate.» (El señor
Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)



La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, indudablemente no
puedo afirmarlo con seguridad absoluta, pero creo recordar que el punto 1
del artículo 88 se modificó, precisamente cuando se llegó al acuerdo de
que fuese el voto ponderado, en definitiva el voto de calidad en función
de la proporcionalidad del pleno, el que dirimía los empates, cuando, en
estos momentos, con 40 miembros en cada comisión, podría producirse, con
repartos exactos de cada uno de los grupos.

En este caso, yo requeriría, para dar por bueno este punto 1, la consulta
con el letrado mayor, porque entiendo que, efectivamente, fue modificado
en el momento de aceptar la proporcionalidad sobre el pleno de la
Comisión. Los empates, que pueden ser beneficiados por el voto ponderado,
solamente pueden tener soporte reglamentario cuando se emiten por la
totalidad de la Comisión; si no, la ausencia, que puede ser perfectamente
voluntaria y, en este caso, por el voto de conciencia --esto es una
realidad, independientemente de que le guste o no al resto de los
Diputados del Grupo Socialista--, supondría que simplemente con que
hubiese un miembro de cada Grupo Parlamentario se podría aplicar el voto
ponderado que siempre beneficiaría a la mayoría constituida en el pleno.

Por tanto, creo que no hay argumentos e insisto en la revisión de la
validez del punto 1 del artículo 88, porque precisamente se modificó en
función de las reflexiones que yo he hecho en este momento.




La señora PRESIDENTA: Señorías, voy a proponer el criterio de esta
Presidencia y voy a dirimir definitivamente la cuestión, ateniéndome al
Reglamento que tengo en mi poder y que me proporciona el letrado asesor
de esta Comisión. Me comunica que lo que fue modificado, dentro del
artículo 88, fue el apartado 3, pero no el apartado 1. Por tanto, en
aplicación de ese apartado 1, vamos a proceder a una segunda votación.

(El señor Fernández-Miranda pide la palabra.)



La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, indudablemente,
aceptando y acatando la autoridad de la Presidencia de la Comisión, el
Grupo Parlamentario Popular quiere expresar que se reserva la posibilidad
de cualquier tipo de reclamación a presentar ante la Presidencia de la
Cámara.




La señora PRESIDENTA: Evidentemente, tomo esta decisión con la
posibilidad de que cada Grupo adopte la decisión que crea oportuna.

Vamos a proceder a una segunda votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17; en
contra, 14; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: El resultado de la votación es: 17 votos a favor,
14 en contra y una abstención. (Rumores. Varios señores Diputados: Son
16, son 16.)
Señorías, independientemente de que sumen 16 ó 17 --digo
independientemente, aunque efectivamente podemos comprobarlo--, es
evidente que en la anterior votación hubo un error matemático al contar.

(Rumores.) De acuerdo, sobran las explicaciones. Queda aprobado el primer
punto de la moción, según la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista. Votación de los siguientes puntos de la proposición no de
ley.




Efectuada la votación, dijo:



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados, por 30 votos frente a uno.

(Rumores.)
Señorías, por favor, ruego un momento de silencio, no se ha levantado la
sesión.

Esta Presidencia comprende el alborozo, y el alboroto, quizá como
consecuencia del alborozo, debido a las fiestas y a la hora, pero quiere
manifestar dos cosas.

En primer lugar y para que conste en el «Diario de Sesiones», a propósito
de la primera intervención, al comienzo de la sesión, del señor
Fernández-Miranda, que expresaba su protesta por lo que, a su juicio,
considera una descortesía de la señora Ministra, debo manifestar que
miembros del Ministerio presentes en esta Comisión me han hecho llegar
que la señora Ministra se encuentra, a lo largo de toda la mañana, en
Consejo de Ministros. Esa es la razón de su ausencia, que no es necesario
que se dé --ustedes lo saben--, según el Reglamento, pero, para que
conste en acta, quiero dejar constancia de ello.

La segunda cuestión es desearles felices fiestas y próspero, cordial y
pacífico año 1994. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, en este caso,
quiero quejarme con respeto a la Presidencia, porque es indudable que
conociendo previamente...




Página 3145



La señora PRESIDENTA: Previamente, no; a lo largo de la sesión me lo han
hecho llegar.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Si me deja terminar, señora
Presidenta.

La Presidencia debería conocer que, efectivamente, en la fecha de hoy se
celebraba Consejo de Ministros...




La señora PRESIDENTA: Y usted también.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: La señora Presidenta no me deja
terminar. Si me retira la palabra, me la retira, y, si no, me deja
concluir mis argumentos. Después me callaré, como habitualmente hago,
para que la señora Presidenta exprese su parecer.




La señora PRESIDENTA: Concluya, señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: El Consejo de Ministros, como
argumento para que la señora Ministra no acuda a esta Comisión, debe ser
comunicado formalmente por el Gobierno --si ésa es la razón--, debe ser
conocido por la Presidencia, según es su obligación, y debe ser
comunicado previamente, para no utilizar argumentos que, en ese caso, sin
duda ninguna, no tendrían validez. Por tanto, yo ruego a la señora
Presidenta que comunique previamente a los miembros de esta Comisión la
información que posee, y si no posee la suficiente que se esfuerce para
recabarla.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, gracias por su
explicación. He hecho llegar a los miembros de la Comisión el comunicado
oficial de quien venía a responder, en nombre de la señora Ministra, y, a
continuación, cuando me han informado de dónde se encontraba, igualmente
se lo he transmitido, sin más.

Se levanta la sesión.




Eran las tres de la tarde.