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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 96, de 22/12/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 96
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA
Sesión núm. 9
celebrada el miércoles, 22 de diciembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre tipo de
propuestas que está elaborando el Gobierno español para la solución de
los problemas institucionales de la Comunidad Económica Europea (CEE)
para la futura ampliación de la misma a Finlandia, Austria, Suecia y
Noruega. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente
181/000102) (Página 3044)
--Del mismo señor Diputado, sobre iniciativa presentada por el Gobierno
de Bélgica, como Presidente actual del Consejo de Ministros de la
Comunidad Económica Europea (CEE), con referencia al tema de Gibraltar.
(BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000104)
(Página 3048)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
valoración de la pretensión de Marruecos de crear una zona «off-shore» en
Tánger, en clara competencia con las Islas Canarias. (BOCG, serie D,
número 29, de 22-11-93. Número de expediente 181/000194) (Página 3050)
--Del señor Milián Mestre (Grupo Parlamentario Popular), sobre objetivos
y condiciones en que se otorga el crédito de 300 millones de dólares al
Gobierno de China por parte del español. (BOCG, serie D, número 17, de
8-10-93. Número de expediente 181/000053) (Página 3052)
--Del mismo señor Diputado, sobre balance de las ayudas económicas a Cuba
por parte del Gobierno español. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93.
Número de expediente 181/000061) (Página 3055)
--Del mismo señor Diputado, sobre cuantía de la cooperación económica de
España con la República de Cuba. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93.
Número de expediente 181/000062) (Página 3055)
--Del mismo señor Diputado, sobre balance actual de las ayudas
económico-financieras del Gobierno español a Rusia y demás Repúblicas que
configuraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. (BOCG,
serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000063) (Página 3057)
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre opinión
del Gobierno acerca de si los eventuales cambios en el sistema económico
cubano pueden producirse sin alteraciones sustanciales en su actual
sistema político. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de
expediente 181/000106) (Página 3059)
--Del mismo señor Diputado, sobre contactos mantenidos por el Gobierno
con las autoridades de Cuba en relación con los cambios de sistema
económico en el mencionado país. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93.
Número de expediente 181/000107) (Página 3059)
--Del mismo señor Diputado, sobre medida en que el Gobierno español
participó en la visita que el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Solchaga, realizó recientemente a la República de Cuba.
(BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000111)
(Página 3059)
--Del mismo señor Diputado, sobre realización de las obras de nuestra
representación diplomática en Santo Domingo. (BOCG, serie D, número 17,
de 8-10-93. Número de expediente 181/000064) (Página 3062)
--De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
inicio de actuaciones para facilitar a los argentinos perseguidos que lo
soliciten el acceso a la condición de refugiado o asilado político.
(BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000072)
(Página 3064)
--De la misma señora Diputada, sobre medidas para condicionar el apoyo
político y económico que actualmente presta al Gobierno argentino al
estricto respeto a los derechos humanos por parte del mismo. (BOCG, serie
D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000073) (Página 3064)
--Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular), sobre fecha
prevista para la reforma del organigrama del Ministerio de Asuntos
Exteriores. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente
181/000124) (Página 3066)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para corregir la duplicidad de
Delegaciones españolas en el exterior. (BOCG, serie D, número 20, de
25-10-93. Número de expediente 181/000127) (Página 3068)
--Del mismo señor Diputado, sobre negativa de determinados Ministerios a
que sus funcionarios se integren en los edificios destinados a alojar la
Cancillería de Embajadas o representaciones de España. (BOCG, serie D,
número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000129) (Página 3069)
--Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de que las
Consejerías comerciales y otras Agregadurías en Washington, Varsovia o
París no se hayan alojado en los nuevos edificios de estas Embajadas.
(BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000130)
(Página 3069)
--Del señor Milián Mestre (Grupo Parlamentario Popular), sobre criterios
que inspiran la política del Gobierno español con respecto a Argelia y su
delicada situación interna. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número
de expediente 181/000052) (Página 3071)
--Del mismo señor Diputado, sobre criterios que inspiran la política de
cooperación militar de España con el Reino de Marruecos. (BOCG, serie D,
número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000054) (Página 3074)
--Del señor Elorriaga Fernández (Grupo Parlamentario Popular), sobre
criterio mantenido por España ante el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas con respecto a los objetivos finales de las tropas
españolas integradas en la UNPROFOR en Bosnia. (BOCG, serie D, número 17,
de 8-10-93. Número de expediente 181/000059) (Página 3076)
--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre
actividades del Gobierno español como miembro actual del Consejo de
Seguridad para proceder a la realización del referéndum previsto por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solucionar el problema del
Sahara. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente
181/000100) (Página 3078)
--Del mismo señor Diputado, sobre importancia del hecho de que hasta
ahora no hayan podido tener lugar las Cumbres previstas con Marruecos.
(BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000101)
(Página 3081)
--Del mismo señor Diputado, sobre postura del Gobierno español ante la
posibilidad de ampliación de los miembros de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte, OTAN. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número
de expediente 181/000103) (Página 3082)
--Del señor Andreu Andreu (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
valoración de las dificultades para poner en marcha los acuerdos de
Bruselas entre el Reino Unido y España sobre la utilización conjunta del
aeropuerto de Gibraltar. (BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93. Número
de expediente 181/000230) (Página 3084)
Proposiciones no de ley:
--Sobre la proyección exterior del idioma catalán y el ingreso de Andorra
en las Naciones Unidas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(BOCG, serie D, número 13, de 4-10-93. Número de expediente 161/000027)
(Página 3086)
--Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Secretario de
Estado de Cooperación y la remisión anual de la memoria del Plan anual de
Cooperación Internacional, PACI. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG, serie D, número 13, de 4-10-93. Número de expediente
161/000033) (Página 3090)
--Por la que se insta al Gobierno a mantener en su actual situación
jurídica los locales propiedad de la emigración española, sito en el
número 10, Rue Cristino García, en la Plaine, St. Denis (Francia).
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D,
número 22, de 29-10-93. Número de expediente 161/000045) (Página 3092)
--Por la que se insta al Gobierno a realizar las gestiones necesarias
para asegurar la presencia de una delegación española, como observadores,
en las elecciones generales que se producirán en la República de El
Salvador en el mes de marzo de 1994. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93.
Número de expediente 161/000052) (Página 3094)
--Sobre pensiones a trabajadores en Gibraltar. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 31, de 29-11-93. Número de
expediente 161/000058) (Página 3096)
--En relación al ejercicio de la soberanía española sobre Gibraltar.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 31,
de 29-11-93. Número de expediente 161/000060) (Página 3098)
Dictámenes sobre:
--Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción,
hecha en París el 13 de enero de 1993, así como declaración a formular
por España. (BOCG, serie C, número 33-1, de 11-10-93. Número de
expediente 110/000027) (Página 3100)
--Convenio entre el Reino de España y la República de la India para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, hecho en Nueva Delhi el 8
de febrero de 1993. (BOCG, serie C, número 34-1, de 11-10-93. Número de
expediente 110/000028) (Página 3100)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
--SOBRE TIPO DE PROPUESTAS QUE ESTA ELABORANDO EL GOBIERNO ESPAÑOL PARA
LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS INSTITUCIONALES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA (CEE) PARA LA FUTURA AMPLIACION DE LA MISMA A FINLANDIA, AUSTRIA,
SUECIA Y NORUEGA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000102.)
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): Se abre la sesión.
Señores Diputados, de acuerdo con el orden de presencia de las
autoridades del Ministerio que van a contestar a las preguntas que
figuran en el orden del día, se ha propuesto una reordenación de las
mismas y empezaríamos con las números 13 y 15, que van a ser contestadas
por el Secretario de Estado para las Comunidades Europeas, don Carlos
Westendorp, a quien damos la bienvenida y agradecemos su presencia.
Para formular la primera de esas preguntas, la número 13, sobre tipos de
propuestas que está elaborando el Gobierno español para la solución de
los problemas institucionales de la Comunidad Económica Europea para la
futura ampliación de la misma a Finlandia, Austria, Suecia y Noruega,
tiene la palabra don Francisco Javier Rupérez Rubio.
El señor RUPEREZ RUBIO: Efectivamente, la pregunta, y me voy a limitar en
este primer trámite a enunciarla, es la que el señor Presidente acaba de
formular, dirigida al Gobierno y pretende obtener respuesta sobre qué
tipo de propuestas está elaborando el Gobierno español para la solución
de los problemas institucionales de la Unión Europea con vistas a la
previsible y futura ampliación de la misma a Finlandia, Austria, Suecia y
Norega.
No se le oculta al señor Secretario de Estado que esta pregunta, que como
gran parte de las que se tramitan en esta Comisión y posiblemente en
otras comisiones de esta Casa aparece con retraso debido a razones
reglamentarias varias, sin embargo tiene hoy una rara actualidad que se
produce precisamente en función de las decisiones que ayer mismo anunció
el Gobierno español por boca del mismo Secretario de Estado ante la
Comisión de la Unión Europea, relativas a los temas de la Unión
Monetaria. Yo le invitaría al señor Secretario de Estado que no sólo
respondiera en los términos más estrictos de la pregunta con respecto a
los arreglos institucionales que España prevé en el futuro, sino que
también considerara ese importante aspecto de las decisiones del Gobierno
español como incluidas dentro de la pregunta porque así nos parece que
cabría. En cualquier caso, nosotros agradeceríamos, y posiblemente
también los medios de comunicación, obtener una versión, por lo demás
autorizada, al respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): El señor Secretario de
Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Señor Presidente, señorías, las cuestiones institucionales en el
marco de la ampliación han sido para el Gobierno español, y siguen
siéndolo, un capítulo importante de estas negociaciones. Hay que tener en
cuenta, por una parte, que la ampliación se realiza forzosamente hacia el
norte y hacia el centro de Europa --no es posible seguir realizando
ampliaciones sustanciales hacia el sur y hacia el oeste--, y, por lo
tanto, los equilibrios actuales de la Comunidad se ven alterados. Por
otra parte, se trata de países poco poblados, con pocos habitantes, y por
ello los equilibrios actuales en la Comunidad, que ya en principio cuenta
con una sobrerrepresentación de países poco poblados con relación a los
países más poblados y, por consiguiente, con una legitimación democrática
específica, al ampliarse a estos países, corren el riesgo de verse
alterados.
En el Consejo Europeo de Lisboa se dijo que la ampliación en el capítulo
institucional era posible con arreglo a las disposiciones institucionales
actuales. Eso quería decir que no era necesario hacer una transformación
profunda del sistema institucional de toma de decisiones en la Comunidad
antes de la ampliación, porque la conferencia intergubernamental
convocada para 1996 está prevista para hacer los cambios fundamentales
preparándose para nuevas ampliaciones. Pero esta ampliación, limitada a
cuatro países, no necesita unas grandes transformaciones institucionales.
Esto fue comprendido por España desde un principio. Hubo países, sin
embargo, que pensaron, en un principio, también, que se debería
aprovechar ahora para hacer la gran reforma institucional. Esto, en
nuestra opinión, hubiera retrasado innecesariamente las negociaciones de
adhesión de estos cuatro países y, por lo tanto, había que limitarse a
adaptaciones institucionales centradas en lo fundamental. Estas
adaptaciones deberían afectar tanto al Consejo de Ministros como a la
Comisión, al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia
fundamentalmente, que son las cuatro instituciones básicas de la
Comunidad.
En lo que se refiere a la Comisión --y empiezo por la Comisión porque es
el tema más sencillo de explicar--, se planteaba la alternativa de hacer
una adaptación mecánica a la situación actual: si hoy hay diecisiete
comisarios, uno por país, excepto los países más grandes --cuando hablo
de países grandes me refiero a los más poblados--, que tenemos dos
comisarios, la simple extrapolación mecánica sería ampliar en un
comisario por país nuevo adherente. Había otras soluciones quizá más en
línea con la efectividad o con la lógica, que era reducir el número de
comisarios --veintiún comisarios se podría considerar excesivo para las
carteras que existen en la Comisión--, pero esta solución acarreaba un
problema y es que si se quería
mantener el equilibrio actual --los grandes tienen dos comisarios y los
pequeños uno-- y se reduce el número de comisarios, nos podríamos
encontrar o bien con una solución en la que hubiera un comisario por país
--es decir, dieciséis comisarios--, en cuyo caso se hubiera
desequilibrado profundamente el sistema actual --todos pasaríamos a tener
un solo comisario--, o bien se reducía todavía más el número de
comisarios por debajo del número de países, esquema en el cual podríamos
mantener ese equilibrio a base de una solución que consistiera en que los
países grandes tuvieran un comisario permanente y los países pequeños
tuvieran que rotarse en los comisarios restantes. Estas dos últimas
soluciones no son aceptables, la primera por los países grandes --es
decir, el reducir a un comisario por país hubiera desequilibrado en su
contra la situación actual-- y la segunda --es decir, el reducir el
número de comisarios por debajo del número de Estados miembros-- hubiera
supuesto una situación de países grandes con comisario permanente y
países pequeños rotándose y, por lo tanto, no disponiendo en todo momento
de un comisario propio.
En el Tribunal de Justicia España tenía una situación de país grande en
lo que se refire al número de jueces --tenemos todos los países un
juez--, pero hay un decimotercer juez, un juez impar, para el que rotamos
solamente los cinco países más poblados de la Comunidad. Sin embargo,
teníamos una situación de país mediano y pequeño en lo que se refiere a
los abogados generales. Los cuatro países más poblados de la Comunidad,
de la Comunidad anterior a nuestra entrada, tenían un abogado general
permanente, y los demás países teníamos que rotar en un número más
limitado de abogados generales. España solicitaba en esta ampliación
poder disponer de un abogado general permanente, igual que los otros
cuatro países más poblados. (El señor Presidente, Solé Tura, ocupa la
presidencia.)
En cuanto al Parlamento Europeo SS. SS. saben que ya en el Consejo
Europeo de Edimburgo se había decidido la ampliación del número de
parlamentarios, mejor dicho, el retoque del número de parlamentarios con
objeto de poder dar entrada a los representantes de los nuevos Länder de
Alemania. Se aumentó, en consecuencia, el número de parlamentarios
alemanes de 80 a 99; tuvo lugar un aumento proporcional de cinco en los
otros cuatro países más grandes, de un parlamentario más para España y
así sucesivamente. Es decir, se ha ampliado el número de parlamentarios
europeos. Por lo tanto, no se discutía ya en este capítulo de la
ampliación porque estaba ya decidido.
En cuanto al Consejo de Ministros se planteó fundamentalmente el problema
de si se debería o no retocar el número de votos que está asignado a cada
país, y que son diez votos para los grandes, ocho para España, cinco para
los medianos, tres para los pequeños y dos para Luxemburgo. Esta es la
situación actual de voto en el Consejo que rápidamente fue desechada en
las primeras discusiones porque hubiera conducido a una situación de
total parálisis de la Comunidad, porque en estos momentos la Comunidad no
está preparada para que se produzca un reajuste de votos que tenga más en
cuenta la representatividad demográfica de la Comunidad. Como ustedes
saben existe en la Comunidad un desequilibrio, una sobrerrepresentación
de pequeños y una infrarrepresentación de grandes. Un ejemplo es el de
Luxemburgo que con 300.000 habitantes tiene dos votos, es decir, 150.000
habitantes un voto, mientras que la nueva Alemania, con 80 millones de
habitantes, tiene 10 votos, es decir, le cuesta un voto ocho millones de
habitantes. Existe, efectivamente, un desequilibrio, pero de lo que se
trataba en este momento en esta operación era de mantener esos
equilibrios. La mejor manera de mantener esos equilibrios, a juicio de
España, es a través del sistema de voto en el Consejo. Hay dos tesis. Por
una parte, está la tesis de adaptación mecánica. La minoría de bloqueo en
estos momentos de número de votos está en 23. Si entran cuatro países
miembros nuevos, si se quiere mantener el porcentaje del 70 por ciento
que representan esos 23 votos, hay que aumentar esa minoría de bloqueo,
es decir, el número de votos necesario para impedir una decisión, de 23 a
27. Esta es la adaptación mecánica. Por otra parte, en el otro extremo,
está el Reino Unido, que sostiene que se debe mantener el número de votos
para la minoría de bloqueo en 23 sobre la base precisamente de esta
infrarrepresentación relativa que tienen los países grandes con relación
a los países pequeños en la Comunidad y teniendo en cuenta el hecho de
que cuando se realizaron las sucesivas ampliaciones ha ido
progresivamente produciéndose un sucesivo y paulatino deterioro de esta
representación demográfica de los países.
España, por lo tanto, se encontraba entre dos posiciones, la mayoritaria,
27, la minoritaria, Reino Unido, 23, y entre dos exigencias
contradictorias, por una parte, la de la legitimidad democrática invocada
por el Reino Unido y que consiste básicamente en que si se eleva a 27 el
número de votos necesarios para bloquear una decisión, se puede dar el
caso de que en una combinación de países 40 millones de habitantes puedan
bloquear una decisión en el Consejo, es decir, aproximadamente un 12 o un
13 por ciento de la población de la Comunidad, mientras que en la
situación actual tres países, de los cuales hubiera dos grandes, en esa
decision y que sumaran 23 votos, que es lo que ahora constituye una
minoría de bloqueo, pudieran representar más de 100 millones de
habitantes, por lo tanto, un 30 por ciento de la población de la
Comunidad. Por consiguiente, desde el punto de vista de la legitimidad
democrática, la posición del Reino Unido puede ser correcta.
Por otra parte permitir extender o generalizar el número de 23 votos para
bloquear una decisión a lo que sí puede llevar es a dificultar la toma de
decisiones en una Comunidad con más miembros; es decir, si mantenemos el
número de 23 para una Comunidad no de doce sino de dieciséis, las
decisiones se hacen más difíciles; es decir, había que combinar, por una
parte, la eficacia y, por otra, la democracia, que son los dos elementos,
digamos, nuevos del Tratado de la Unión y que deben presidir siempre el
proceso institucional comunitario. De ahí que España haya hecho la
propuesta de una alternativa, es decir, la
norma general para un bloqueo es de 27, son 27 votos los necesarios para
bloquear una decisión, o bien también se puede bloquear una decisión
cuando se dé la circunstancia de que tres países, ellos solos, totalicen
23 votos, que cuando se produzca el hecho de que solamente una
combinación de tres países tengan por sí mismos 23 votos también puedan
bloquear. Eso significa que Francia, 10 votos; España, 8 votos --18-- más
Grecia, 5 votos --23--, representan 110 millones de habitantes, pueden
bloquear una decisión. Este es un sistema inspirado mutatis mutandis en
la CECA, donde para darse una mayoría de este tipo era necesario no
solamente un número de votos determinado, sino que esos votos de países
representaran un número determinado de la producción comunitaria de
carbón y de acero.
Pues bien, ésta ha sido la propuesta española --está todavía sobre la
mesa del Consejo--, que está siendo estudiada por los distintos Estados
miembros y que confiamos en que pueda ser una propuesta de compromiso
intermedia entre las dos posiciones extremas a las que me he referido. De
momento ya hay algunas muestras de simpatía por parte de algunos países a
esta propuesta de compromiso.
No quiero ocultar que los países llamados pequeños tienen alguna
reticencia en aceptar la propuesta española, porque supone de facto que
dos países grandes más uno mediano puedan bloquear una decisión; es
decir, se da una posibilidad mayor a los países grandes de bloquear que a
los países pequeños que necesitarían una combinacion de 27. Sin embargo,
hay países, digamos, pequeños, con una idiosincrasia particular, que se
ven en la estadística de votación comunitaria mejor representados por la
fórmula española --estoy pensando en Grecia, en el propio Portugal,
tambien en Francia y en Italia--, con los que históricamente nos hemos
encontrado votando juntos, porque estábamos defendiendo intereses
similares. Piénsese, por ejemplo, en la política agrícola mediterránea,
donde juega el sistema de voto por mayoría cualificada y donde la defensa
de los 23 votos ha sido siempre muy importante para poder ajustar los
intereses. No se trata de poder bloquear o de bloquear como sistema; se
trata simplemente de poder influir para conseguir alterar una determinada
propuesta de la Comisión en beneficio de unos intereses regionales o de
unos intereses sectoriales propios a un determinado país. En estos
momentos la cuestión está sobre la mesa. Quiero decir que todas las demás
propuestas hechas por España anteriormente, es decir, el mantenimiento de
dos comisarios, el disponer de un abogado general permanente, el haberse
aumentado el número de parlamentarios, etcétera, han sido ya aceptadas
por el Consejo Europeo de Bruselas y han sido transmitidas así a los
nuevos países adherentes, es decir, a los candidatos a la adhesión, como
acquis entre los Doce. La única cuestión que queda, pues, pendiente, es
la de la minoría de bloqueo en el sistema de voto del Consejo. En
relación con esto, y como ha dicho su señoría, ayer en el Consejo que
tuvo lugar en Bruselas para negociar diversos capítulos con los países
candidatos a la adhesión, uno de esos capítulos era el de la Unión
Ecónomica y Monetaria. Todos estos países ya han aceptado el acervo
comunitario en política exterior y de seguridad común; Han aceptado el
tercer pilar igualmente y estaban dispuestos a aceptar también la Unión
Económica y Monetaria.
En la Unión Económica y Monetaria en el artículo 109 I) se plantea un
problema que podríamos, en sentido extenso, llamar institucional y es que
cuando se negoció la Unión Económica y Monetaria se hizo entre los Doce y
allí se establece un mecanismo de paso a la tercera fase, es decir, a la
moneda única, en el momento en que se tenga que producir ese paso, es
decir, en un primer intento en 1997, en un segundo intento en 1999. El
mecanismo consiste en que si una mayoría cualificada de países en el
Consejo Europeo constata que una mayoría de países está en condiciones de
pasar a la tercera fase, vota aunque esa mayoría de países, es decir la
mitad más uno, no está clara porque se habla de «una mayoría» en vez de
decirse «la mayoría». Esto fue objeto de discusiones en el seno del
Ecofin y de la Conferencia intergubernamental y como solución de
compromiso se hablaba de «una mayoría»; está por definir si eso significa
stricto sensu una mayoría de países, es decir, siete de los doce
actuales, y, por otra parte, cómo se contabilizan los criterios de
convergencia para el paso a esa tercera fase, esto es, si eran doce
países y esos países tienen unos determinados criterios, como lo que se
hace es obtener la media de todos ellos, quién cuenta para hacer esa
media, ¿los doce que estaban en ese momento o los dieciséis?; es decir,
si se incluyen tambien los otros cuatro nuevos países para establecer esa
media. Efectivamente, ésta es una cuestión que tiene su interés porque
puede modificar los equilibrios negociados entre doce. Estos equilibrios
eran los que eran y nuestras situaciones económicas son las que son; eran
unas; han ido modificando para peor en todos los demás casos, y sin duda
es un tema que debería haber sido abordado con cierta profundidad y rigor
en el marco de la preparación de estas negociaciones de adhesión. No fue
así; se ha tratado únicamente el viernes pasado en el marco de un Comité
Monetario a nivel de suplentes y, por tanto, no ha habido tiempo de
madurarlo. Lo que hizo la delegación española en el Consejo de ayer fue
presentar la posibilidad de que los nuevos Estados miembros no cuenten,
por así decirlo, a la hora de evaluar cuál es la mayoría para pasar a la
tercera fase ni a la hora de computar los criterios necesarios para pasar
a esa tercera fase.
El señor PRESIDENTE: Señor Westendorp, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Termino, señor Presidente.
Este ha sido, básicamente, el motivo por el cual España ha planteado esta
cuestión. Quiero decir que en ningún momento se pretende bloquear la
adhesión de los países; este tema puede resolverse en pocas semanas, pero
es necesario que se discuta, porque tiene un cierto interés.
Por eso estamos pidiendo que se examine, cosa que puede hacerse a través
de una fórmula jurídica, como la presentada, o a través de cualquier otro
tipo de decision en el marco del Comité Monetario y de la Conferencia
negociadora.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez, por cinco
minutos.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, muchas gracias por la
detallada y prolija contestación.
Creo que sus palabras ponen de relive varios aspectos que a nosotros nos
interesa subrayar, alguno de los cuales --adelanto-- destacamos
positivamente. Primero. Hay una volutad --el señor Secretario de Estado
me dirá que no es nueva; nosotros estimamos que es relativamente nueva--
por parte del Gobierno español de preocuparse en el marco de la Unión
Europea por la defensa concreta, específica, de lo que se entienden como
intereses nacionales frente a una tendencia que ha sido más bien benévola
con respecto a todo aquello que venía de los ámbitos europeos y que
encontraba al Gobierno español favorable sistemáticamente, sin más
discernimiento de lo que en aquel momento se producía. Parece haberse
encontrado una postura seguramente más firme, más consciente y más lúcida
de los efectos de determinadas decisiones por parte de las instancias
europeas, hasta el extremo de que, como el señor Secretario de Estado
sabrá, en este momento se hace incluso el recuento de los vetos
españoles. El recuento incluye el veto al Tratado sobre las fronteras
exteriores, al acuerdo sobre Marruecos, al acuerdo sobre Bulgaria
--imagino que en el caso del acuerdo sobre Bulgaria se habrá levantado ya
ese veto, porque recientemente hemos procedido al acto de ratificación de
ese acuerdo en esta Comisión--, al tema de la política de asilo y al tema
de la Europol. El señor Secretario de Estado sabe perfectamente que
nosotros estamos completamente de acuerdo con el mantenimiento de esos
vetos por lo que afecta al Tratado de fronteras exteriores y a la
política de asilo; tenemos algunas dudas con respecto al tema de la
Europol, pero tampoco vamos a morir por la cuestión.
Lo que sí es importante, señor Secretario de Estado, es que se mantengan
esas perspectivas, sobre las cuales nosotros deseamos animar al Gobierno
a que actúe con esa recién adquirida lucidez con respecto a la defensa de
los intereses españoles, no únicamente sobre los efectos institucionales
que bien ha descrito el señor Secretario de Estado --y que en la medida
en que procuran responder a una noción equilibrada de lo que son los
intereses de todos y, por supuesto, los intereses de España, nos parecen
adecuados--, sino que se continúe profundizando en lo que es la
perspectiva de la Comunidad, tanto desde el punto de vista general como
desde el punto de vista específico español.
Nosotros, miembros de la Unión Europea, no podemos ni queremos ni debemos
oponernos a la ampliación. Nos parece que los efectos de una
imposibilidad ampliatoria serían tremendamente negativos para la
Comunidad y, por supuesto, para las naciones candidatas. También nos
parece --lo dejamos a la consideración del Gobierno, aunque seguramente
tendremos ocasión de hablar de esto de manera más amplia que en el
contexto del trámite de una pura pregunta-- que las fechas previstas por
la Unión Europea para proceder a los últimos plazos de la ampliación son
claramente apresuradas y nos preguntamos, como seguramente se pregunta el
Gobierno, si la fecha del 31 de marzo de 1994 es la fecha en que
efectivamente y de manera realista se puede proceder a la finalización de
esas negociaciones. Al mismo tiempo nos preocupa que decisiones como la
que acaba de tomar en este momento el Gobierno español tengan un efecto
negativo, como en su momento lo tuvieron otras decisiones del Gobierno
español, concretamente en relación con el Espacio Económico Europeo,
sobre la opinión pública, de forma que rogaríamos encarecidamente que por
el Gobierno español o por aquellos Gobiernos que participan del punto de
vista del Gobierno español se transmitiera un mensaje claro de voluntad
ampliatoria y que no se ponga en duda en ningún momento esa voluntad,
sobre todo teniendo en cuenta que aquellos que hoy son irónicamente
conocidos como los FANS, por el juego de las iniciales de los países
respectivos, Finlandia, Austria, Noruega y Suecia, no queden confirmados
en lo que en este momento son los negativos resultados de las encuestas
sobre la opinión pública respecto a la entrada en la Comunidad. Nosotros,
repito, creemos que el fracaso definitivo de la ampliación sería
gravemente lesivo para los intereses nuestros y europeos.
Queda una cuestión que no sé si consciente o inconscientemente ha
contribuido el señor Secretario de Estado a poner de relieve, cual es la
situación de la economía española y la incapacidad en la que el Gobierno
español reconoce implícitamente que se encuentra la economía española
para hacer frente a los períodos, a los plazos del tratado de Maastricht
y del Tratado de la Unión Europea con respecto a la Unión Económica y
Monetaria; claro que como alguien dice, seguramente de su entorno, la
fotografía no es exactamente la misma, pero en el momento en que el
Gobierno español toma una decisión, a lo que parece relativamente
tajante, para impedir que la eventual ampliación no vaya a alterar las
condiciones del cumplimiento de los plazos, en el fondo, lo que está
reconociendo también es que, con ellos o sin ellos, con los ampliables o
sin ellos, la economía española no está en situación de cumplir los
plazos inicialmente previstos en el Tratado de Maastricht.
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, ha concluido su tiempo.
El señor RUPEREZ RUBIO: Estoy acabando, señor Presidente.
Como las autoridades económicas de este Gobierno sistemáticamente se
complacen en decir que no hay absolutamente ningún problema por el
cumplimiento de los plazos, sería bueno que por parte del bloque exterior
y del
bloque económico se pusieran de acuerdo para decir que a lo mejor no
estamos en esa situación y que posiblemente, en una reflexión puramente
europea, otras deberían ser las medidas y los plazos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): En los últimos tiempos España se ha visto en la obligación de
dificultar determinadas decisiones porque no coincidían con sus
intereses; lo ha hecho últimamente, lo ha hecho en otras ocasiones
anteriores también, y, afortunadamente hemos podido ir levantando esos
bloqueos sucesivamente a medida que las situaciones se iban arreglando.
Tal ha sido el caso de la Europol, que está ligado a la decisión sobre
sedes y, concretamente, a la Oficina de Marcas, y a los obstáculos que
estaban poniendo los Países Bajos en torno al tema de lenguas. Este
problema se ha solucionado e inmediatamente España pudo resolver el tema
de la Europol. La cuestión de Bulgaria estaba en función de los
instrumentos de defensa comercial, que al final, en el marco de la Ronda
Uruguay, se han resuelto satisfactoriamente y, por tanto, hemos podido
solucionar este problema. En cuanto al Espacio Económico Europeo, ya
conoce S. S., que una vez que se ratificó el Tratado de la Unión Europea
no había ninguna razón para haber puesto reparos al mismo, y así
sucesivamente. Es decir, está claro que la defensa de los intereses se
realiza y que en la Comunidad es cuestión de tiempo y, al final, todo se
acaba arreglando. Por tanto, no es necesario mantener esa actitud de veto
permanente. Es además una situación sumamente incómoda porque se producen
siempre unas presiones muy fuertes. Su señoría ha aludido a las presiones
que vamos a recibir, las hemos recibido ya por parte de los países
condidatos, cuando se produce algún tipo de problema, algún tipo de
obstáculo. Es la técnica normal, la de presionar al país que se
singulariza. De lo que sí nos estamos ocupando --ya lo hice ayer con los
países candidatos-- es de darles seguridades de que no vamos a
obstaculizar la ampliación por este problema, sino que simplemente, lo
que necesitamos es tiempo para reflexionar sobre el mismo y encontrar
algunas soluciones.
El motivo --y ahí tengo que matizar su afirmación-- no es el de que
España en ese momento no se encuentre en una situación capaz de pasar a
la tercera fase. Precisamente es lo contrario; porque cree razonable
poder cumplir con los requisitos de 1997, es decir, lo cree posible y,
además, porque considera que no se deben cambiar tampoco los criterios ni
modificar los calendarios ni adelantar ni retrasar, es por lo que hemos
planteado esta cuestión, porque la entrada de estos países sí puede
alterar esta situación, y nos la puede alterar a nosotros, pero se la
puede alterar a cualquier otro de los doce países actuales que esté en
una situación similar a la nuestra, es decir, que no cumpla plenamente
con los requisitos de convergencia exigidos para el paso a la tercera
fase, que en estos momentos el único que los cumple es Luxemburgo.
Cualquiera de los otros países que no sea Luxemburgo, por ejemplo,
tomemos Bélgica, que está también en una situación de deuda pública y de
déficit público importante, si se encuentra en el límite y entran unos
países que bajan la media, indudablemente la cuestión cambia, y no cambia
solamente para España. Yo creo más bien que por el deseo que tenemos de
que se cumplan los plazos y de que todo permanezca igual, que haya un
rebus sic stantibus, es por lo que hemos planteado esta cuestión.
--SOBRE INICIATIVA PRESENTADA POR EL GOBIERNO DE BELGICA, COMO PRESIDENTE
ACTUAL DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE),
CON REFERENCIA AL TEMA DE GIBRALTAR. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ
RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000104.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 15, presentada por don
Javier Rupérez que tiene la palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, ¿tiene noticia el
Gobierno de alguna iniciativa que hubiera podido presentar el Gobierno de
Bélgica, como Presidente actual del Consejo de Ministros de la Unión
Europea, con referencia al tema de Gibraltar?
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Efectivamente, señoría, la Presidencia belga, lo mismo que lo
hizo la Presidencia portuguesa --menos la danesa, posiblemente porque
desde un punto de vista más realista encontró que las posibilidades de un
acuerdo eran muy difíciles, prácticamente inexistentes, y se abstuvo de
hacer ninguna propuesta de compromiso-- la Presidencia belga --como
digo-- igual que lo intentó la portuguesa, se interesó, desde un
principio, sobre las posibilidades de desbloqueo del único punto que
queda pendiente para que se ponga en marcha el Convenio sobre fronteras
exteriores e intentó también ejercer unos buenos oficios entre las dos
delegaciones implicadas: el Reino Unido por una parte y España por otra.
La Presidencia belga no nos presentó ninguna propuesta formal, ni mucho
menos oficial, sobre la materia, pero avanzó algunas sugerencias. Estas
sugerencias se insertaban en la línea de pensamiento de la anterior
oferta portuguesa y que consistía en un control conjunto, no in situ a
través del control conjunto del aeropuerto, el otro a distancia a través
del control del tráfico de personas, a través del puerto, con una
diferencia en lo que se refiere al primer caso, que se encargase a la
Comisión un estudio de viabilidad, de mejoría del aeropuerto, y que ese
estudio y su eventual mejoría, las obras de mejora del aeropuerto,
pudieran
confinarse con cargo a fondos regionales comunitarios. Mientras duraran
las obras se suspendería la aplicación a Gibraltar del Convenio de
fronteras exteriores en lo que se refiere al aeropuerto. Es decir, que se
entraba en una filosofía análoga a la del Convenio de 1987, de
suspensión, pero esa suspensión no era hasta que hubiese un control
conjunto efectivo, sino hasta que se terminaran las obras.
Pues bien, esta oferta, este sondeo que por una parte mejoraba el
aeropuerto con cofinanciación comunitaria, podía ser de interés para las
dos partes, pero, sobre todo, para la gibraltareña, y por otra aplicaba
un esquema de suspensión análogo o en la línea con lo que ya había sido
comentado anteriormente. Sin embargo, presentaba, como no se le oculta a
S. S., a primera vista dos interrogantes o dos defectos: la suspensión no
quedaba clara, era una suspensión hasta que hubiese un acuerdo entre las
dos partes sobre la utilización conjunta del aeropuerto, como está
previsto en el Convenio de 1987, y, por otro lado, no estaba claro en a
qué o adónde podría conducir el ejercicio de ese estudio de factibilidad,
cofinanciación, posible mejora o mejoría del propio aeropuerto. Por
tanto, son dos defectos en lo que se refiere al istmo, al aeropuerto, y
después, seguían los defectos propios de la solución en lo que se refiere
al puerto, con toda la distancia, con las lagunas e imperfecciones a que
eso puede dar lugar. Por estas razones, volvimos a decir a la Presidencia
belga, agradeciéndole sus buenos oficios, que cualquier tipo de solución
al problema de Gibraltar tiene que pasar o bien por una exclusión de
Gibraltar en lo que se refiere a las fronteras exteriores, o bien por una
suspensión, aplicándole a Gibraltar el Convenio, una suspensión de su
aplicación hasta que exista un acuerdo sobre la utilización conjunta del
aeropuerto.
Posteriormente a la sugerencia de la Presidencia belga se han producido
dos hechos en este ámbito de las fronteras exteriores. Por una parte, el
Parlamento Europeo aprobó el 28 de octubre último una resolución en la
que propone que el Estatuto de Gibraltar y del aeropuerto de Gibraltar
queden temporalmente excluidos de la discusión sobre el problema de libre
circulación de personas y pide al Consejo que examine las propuestas que
hace el Parlamento sobre este asunto, a la mayor brevedad, y que informe
de su posición a las Comisiones correspondientes. Por tanto, a través de
nuestros parlamentarios de todo tipo, hemos podido conseguir que a nivel
de Parlamento Europeo se consagre la posición española de suspensión a
Gibraltar del tema de fronteras exteriores y que se pueda avanzar en el
problema, es decir, hay un respaldo del Parlamento Europeo, y además
entrará en vigor, y éste es el otro elemento nuevo del Tratado de la
Unión, ya que permite a la Comisión obviar ya el problema del Convenio
sobre fronteras exteriores y abordarlo desde un punto de vista más
comunitario, por una parte sobre la base del artículo 100 C en lo que se
refiere a visados y, por otra, sobre la del artículo K.3 en lo que se
refiere a las fronteras exteriores.
La Comisión, en consecuencia, ha presentado unos textos, a cuya
elaboración hemos estado atentos, y se ha incluido una serie de elementos
que evitan prejuzgar la adopción de una solución concreta para el caso de
Gibraltar. Hay un artículo 30, de aplicación del Convenio de fronteras
exteriores, y por tanto la aplicación o no a Gibraltar tendría que estar
dentro de ese artículo 30, donde todo el texto queda suprimido y es
sustituido por un PM, por un pour mémoire, en el que se añade una nueva
redacción de exposición de motivos y se hace una mención de la filosofía
sostenida por España, en la que se señala que el texto propuesto por la
Comisión no intenta resolver esta cuestión, que requerirá negociaciones
de carácter bilateral entre los dos Estados miembros afectados.
Estas son, digamos, las evoluciones del tema de Gibraltar en estos
momentos y del Convenio de fronteras exteriores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Secretario de Estado. La pregunta
tenía un sentido puramente informativo, ya que habíamos sabido
indirectamente la existencia de esta iniciativa y no conocíamos
exactamente su alcance.
Lo primero que querría rogarle al Gobierno a través del señor Secretario
de Estado es que en el tema de Gibraltar --y seguramente en otros muchos
temas pero en este caso específico, ya que de él hablamos-- nos parece
conveniente que el Gobierno dé la máxima publicidad a todas aquellas
sugerencias, aproximaciones y mediaciones que reciba. Nos parece
absolutamente fundamental que el Gobierno sepa que en este tema, no sólo
en este tema pero sí fundamentalmente, cuenta con un apoyo mayoritario en
esta Cámara. Esta Cámara fue la que en su momento aprobó una resolución,
por la cual nuestro Grupo sigue todavía ligado, incitando al Gobierno a
realizar ese veto con respecto al Tratado de fronteras exteriores
mientras no hubiera un cauce satisfactorio de solución para el tema de
Gibraltar.
Nosotros comprendemos perfectamente los deseos que puede tener la
Presidencia de turno de --en el mejor sentido y con la mejor buena
voluntad-- marcarse el tanto de conseguir ese desbloqueo. Precisamente
por ese tipo de razones, nos parece importante que la opinión pública y,
desde luego, los grupos parlamentarios de esta Casa sepan exactamente
cuáles son los contenidos de esas iniciativas. Así pasó en el caso de la
Presidencia portuguesa, en donde, como sabe seguramente el señor
Secretario de Estado, hubo una cooperación que yo calificaría de
excelente entre la oposición y el Gobierno precisamente para reforzar la
voluntad del Gobierno cuando todos sabemos que en la soledad normalmente
las decisiones son bastante más complicadas por las presiones que se
pueden producir. De manera que ése sería el primer ruego: publicidad y,
desde luego, por nuestra parte, atenimiento estricto a lo que fue en su
momento la decisión de esta Cámara al ligar esos dos temas.
Segundo, hay una constatación evidente de que Gibraltar
ha comenzado a existir en el contexto de la Comunidad y de la Unión
Europea precisamente cuando se produjo el veto español sobre el Tratado
de fronteras exteriores. No digo yo que lo vayamos a mantener ad
infinitum; lo que sí digo es que ése es un dato y un tanto negociador que
no podemos abandonar, que no podemos dejar sin una compensación
extremadamente congrua y extremadamente satisfactoria para la resolución
de nuestros intereses. Precisamente en el curso de esta misma sesión
vamos a considerar una proposición no de ley, respecto de la que,
seguramente, podremos encontrar también un amplio consenso entre los
grupos parlamentarios --así lo deseamos nosotros-- sobre el tema de
Gibraltar.
En tercer lugar, aunque sea una referencia a una instancia puramente
partidista pero no precisamente anónima, porque me refiero a uno de los
dos grupos mayoritarios del Parlamento Europeo, al Grupo del Partido
Popular Europeo, recientemente, en el congreso que el Partido Popular
celebró en Bruselas, y por una iniciativa, precisamente, del Partido
Popular español, aparece, en lo que será el programa electoral para las
elecciones de 1994, una decisión en la que se incita a la Unión Europea a
convertirse también en un foro para la solución de los contenciosos
bilaterales que pueden existir entre los Estados miembros, con una
mención explícita al tema de Gibraltar, que por otra parte, en ese mismo
párrafo, es calificado de situación extremadamente anacrónica. Nos parece
que ése tiene que ser, efectivamente, uno de los caminos, por las buenas
o relativamente por las malas, sabiendo nuestros colegas y amigos de la
Unión Europea que ése es un tema que está afectando de una manera muy
directa a los intereses españoles y que, en consecuencia, estamos en
nuestro Derecho y en nuestra obligación de hacer uso de todos los
instrumentos que estén en nuestra mano para la resolución razonable y
razonada de un tema que tiene en este momento, que sigue teniendo unos
perfiles absolutamente irracionales.
Por eso, señor Secretario de Estado, y agradeciendo la información que
nos da, querríamos decir a los señores del Gobierno que en este caso,
como en otros, practiquen lo que siempre produce un resultado excelente
en la vida democrática, que es la más total de las transparencias, porque
puede haber disidencias --en este caso concreto normalmente no las
habrá--, y nos interesa estar puntualmente informados de los intentos
bienintencionados pero normalmente erróneos que producen las presidencias
para solucionar este tema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Quiero decirle en primer lugar a S. S. que el Gobierno se siente
muy reconfortado con el apoyo mayoritario de la Cámara en lo que se
refiere al problema de Gibraltar. En segundo lugar, que el Gobierno
reitera su compromiso de mantener plenamente informada a la Cámara sobre
esta cuestión. En tercer lugar, que el Gobierno tiene la voluntad de
seguir defendiendo en este asunto los intereses legítimos de España, que,
como acaba de señalar S. S., coinciden con los de la práctica totalidad
de los grupos de esta Cámara. Así podremos seguir haciéndolo dado que
éste es un tema intergubernamental y por lo tanto aquí no existe ningún
problema de ser «minorizados» en una cuestión absolutamente vital para
nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado. Le
agradecemos su presencia aquí y le liberamos ya de la pesada tarea.
Muchas gracias.
--SOBRE VALORACION DE LA PRETENSION DE MARRUECOS DE CREAR UNA ZONA
«OFFSHORE» EN TANGER EN CLARA COMPETENCIA CON LAS ISLAS CANARIAS.
FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/000194.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, con la presencia del señor Secretario de
Estado para la Cooperación, señor Dicenta, vamos a iniciar su turno de
preguntas. Comenzaremos por la número 24, que presenta el señor Soriano
Benítez de Lugo, por problemas del señor Diputado de necesidad de estar
presente en otra Comisión.
Tiene la palabra el señor Soriano Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, desde hace mucho
tiempo Canarias viene reclamando una zona especial o zona offshore como
forma de relanzar su maltrecha economía por los inconvenientes derivados
de la lejanía del territorio y de su insularidad, reconocidos
constitucionalmente. Desde la pasada legislatura, el Gobierno de la
nación ha sido incapaz de tramitar ante las Cámaras un proyecto de ley
regulando los aspectos económicos de nuestro especial régimen económico y
fiscal, lo que ha provocado que se encuentre en tramitación en esta
Cámara una iniciativa legislativa del Parlamento de Canarias con esta
finalidad, que mereció sólo los votos de los grupos nacionalistas que hoy
apoyan al Gobierno de Canarias y que contempla en todo caso, así como las
iniciativas de los demás grupos políticos, como parte principal de su
cuerpo legislativo, la creación en Canarias de una zona económica
especial, caracterizada fundamentalmente por exenciones fiscales y el
régimen secreto en las operaciones financieras.
Como es sabido, actualmente se encuentran operativas en el mundo treinta
y nueve zonas offshore repartidas por los cinco continentes, de las
cuales catorce están en Europa, otras catorce en América, nueve en Asia y
Oceanía y sólo dos en Africa, pudiéndose constatar la existencia de
grupos de poder económico que dirigen su estrategia financiera
internacional desde ellas, bien directamente bien a través de fiduciarios
o mediante el establecimiento de otras figuras afines.
Pues bien, mientras en Canarias esta reivindicación se viene planteando
desde hace mucho tiempo, repito, sin el menor interés por parte del
Gobierno, Marruecos ha tomado la iniciativa de crear con carácter
inmediato una zona offshore en la ciudad de Tánger, con lo que Canarias
contará con un serio competidor a la hora de captar la inversión
extranjera. Esta circunstancia es contemplada con gran preocupación desde
todos los sectores de Canarias, siendo cada vez mayor la expectación de
los medios económicos contra la inoperancia del Gobierno de la nación en
este terreno.
Fuentes del Gobierno marroquí --que se pusieron de relieve en la prensa
nacional en los meses de septiembre y octubre pasados-- señalaron que
esta zona offshore, en Tánger, impulsará el relanzamiento económico del
norte de Africa y más concretamente de Marruecos. En Canarias se ve con
mayor preocupación el creciente potencial económico de Marruecos,
alentado desde España y desde la Comunidad Europea, en clara competencia
con Canarias, especialmente desde la construcción del puerto de Agadir,
con capital español, que ha motivado la huida de toda la flota pesquera
hacia ese puerto, por su más bajo coste, y sobre todo el apoyo a las
producciones agrícolas de Marruecos por parte de la Comunidad Europea,
especialmente en lo que se refiere al tomate --y en la Comisión de
Agricultura se ha planteado en infinidad de ocasiones la ampliación del
período de los precios de referencia a los meses de noviembre a abril,
que son los meses de la producción canaria--, así como el concurso, como
digo, de importantes empresas y entidades bancarias españolas, algunas ya
instaladas en suelo marroquí. Y lo grave es que el proyecto marroquí
coincide en el tiempo con las nunca acabadas negociaciones entre la
Administración central y la canaria, con vistas a la creación de una zona
tributaria reducida; negociación que aparece vinculada a la aprobación
del proyecto de ley de régimen económico y fiscal.
Según las citadas fuentes marroquíes los bancos españoles interesados en
acudir a Tánger esperan que el Gobierno de la nación otorgue ventajas
fiscales para las inversiones hechas en territorio nacional desde Tánger.
Esta petición se fundamenta en el hecho de que si el Ministerio de
Hacienda incluye a Tánger entre los 39 paraísos fiscales censados, las
inversiones en España estarán sujetas al pago de impuestos sobre
intereses e incrementos del patrimonio. La normativa española considera
exentos de dichos impuestos sólo a los residentes en los países de la
Comunidad Europea. Con ello se pretende atajar una desviación de dinero
que en 1992 superó los 200.000 millones de pesetas, una desviación que
fue posible al ser fruto de operaciones en paraísos como el de Tánger y
realizada por residentes comunitarios que se ocultan en
sociedades-pantalla afincadas en esas zonas de baja fiscalidad.
Este empeño marroquí en atraer capital exterior, por la vía de la
reducción de impuestos, es paralelo a la entrada de dinero español en
varias compañías, que pasan del control estatal al privado.
Recientemente, como es sabido, Marruecos ha anunciado la privatización de
120 compañías, y se calcula que en los últimos tres años el importe de
los contratos firmados con ese país por empresas españolas ha ascendido a
más de 150.000 millones de pesetas. Y no se olvide que, incluso, en las
propias Islas Canarias se han oído voces --como la del actual Ministro
para las Administraciones Públicas y la del comisario europeo, señor
Marín-- animando a los canarios a invertir en Marruecos, lo cual da una
idea de la caótica y grave situación que se atraviesa en estos momentos
en las Islas Canarias. No cabe duda que esta zona especial de Tánger
restaría protagonismo a paraísos fiscales como los de las islas Caimán,
la isla de Man, Gibraltar o Luxemburgo, pero, sin duda alguna, también va
a ser un grave contrincante para esa zona especial que, repito, figura en
el proyecto de ley que contempla los aspectos económicos del régimen
económico y fiscal de Canarias, que está en estos momentos en debate en
esta Cámara.
A la vista de cuanto he expuesto, nos gustaría saber qué valoración hace
el Gobierno de esta intención de Marruecos de establecer esta zona
offshore en la ciudad de Tánger, en clara competencia con la posibilidad
de una zona especial en Canarias, prevista en el proyecto de ley que
actualmente se tramita en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En efecto, como usted bien ha expuesto,
esta plaza financiera offshore de Tánger se creó en el año 1992 por un
decreto que se promulgó en febrero de ese año y que desarrollaba un
acuerdo que el Consejo de Ministros marroquí había tomado en el mes de
noviembre de 1990, sobre la creación, en general, de zonas francas en
Marruecos, y prevé dos tipos de sociedades: por una parte, sociedades
bancarias y, por otra, los holdings. Las sociedades bancarias, los
bancos, necesitan una aprobación del Ministerio de Finanzas y el pago de
una licencia de apertura de 25.000 dólares americanos; en cambio, los
holdings no necesitan más que comunicarlo a posteriori, después de
constituidos, a la Oficina de Cambios marroquí.
¿Qué objetivos se pretenden con esta novedad jurídica en Marruecos?
Básicamente, entendemos que lo que se pretende es drenar una parte de los
movimientos de capital internacional hacia Marruecos, para dinamizar el
sector financiero y contribuir al desarrollo de la región de Tánger. El
desarrollo de estos objetivos --que entendemos que son los que
básicamente justifican la creación de esta zona offshore-- se está viendo
frenado por el deficiente estado de las comunicaciones, tanto de las
aéreas como por carretera, que existen en Tánger y por los escasos
servicios bancarios especializados, que son fundamentales para el buen
funcionamiento de este tipo de organizaciones.
Por otra parte y debido a que existe un gran número de zonas offshore
cercanas a ésta de Tánger, entendemos que no es previsible que a corto
plazo Tánger se pueda
convertir en un gran centro financiero. Y en ese sentido, por tanto, no
parece que la creación de esta zona offshore, en Tánger, se haga en clara
competencia con las Islas Canarias. Más bien parece responder, por un
lado, al interés de Marruecos en volver a una tradición que siempre tuvo
Tánger, históricamente, como plaza internacional y financiera, en el
pasado, y, por otro, a competir en la captación de capitales que ahora
irían a plazas como las de Gibraltar, Luxemburgo o Chipre. La
desaparición de la plaza financiera de Beirut también podría estar entre
las razones que hayan motivado o inducido al Gobierno marroquí a la
creación de esta zona offshore, para atraer capitales básicamente de
origen árabe.
Hasta la fecha, según nuestras informaciones, el desarrollo de la zona
offshore de Tánger ha sido bastante modesto, puesto que casi dos años
después de promulgada la ley a la que se refería al principio, sólo
existen dos bancos offshore, el Banco Internacional de Marruecos,
participado en un 60 por ciento por el Crédit Lyonnais y en un 40 por
ciento por el Crédit du Maroc, y una sucursal del Banco Nacional de
París. Por consiguiente y en definitiva, el futuro de Tánger como plaza
offshore va a depender mucho del propio desarrollo del país, del propio
desarrollo de Marruecos, y en la medida en que las operaciones con
residentes vayan ampliándose, el interés de Tánger aumentará, pero
siempre muy vinculado, muy ligado al desarrollo del mercado marroquí.
Esta iniciativa del Gobierno marroquí de crear una zona offshore en
Tánger está, por otra parte, en línea con los esfuerzos desarrollados por
ese Gobierno de internacionalizar todo lo que se pueda la economía de
Marruecos. La creación de Tánger como zona financiera offshore supone,
por tanto, un indicador más de este proceso de apertura y de
liberalización marroquí, que en sí mismo es ya positivo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Intervengo muy brevemente para
agradecer las explicaciones. En todo caso, si bien nos ha indicado que no
es presumible que a corto plazo Tánger se pueda convertir en un gran
centro financiero, no cabe duda de que la competencia de Marruecos con
Canarias se agudiza cada vez más. Ya puse de relieve antes los problemas
del tráfico con el puerto de Agadir, construido con capital español, y
del tomate marroquí, que se están agudizando cada vez más en clara
competencia con intereses de Canarias, que forma parte de la Comunidad
Europea, a diferencia de Marruecos. Insistimos una vez en lo que hemos
dicho en infinidad de ocasiones en esta Cámara en cuanto a que no estamos
en contra, en absoluto, del desarrollo de Marruecos, pero sí de la
posible competencia de Marruecos con los intereses de las islas Canarias,
teniendo en cuenta que Canarias forma parte de la Comunidad Europea,
mientras que Marruecos no.
Como es sabido, en el famoso Protocolo II del Tratado de Adhesión de
España a la Comunidad Europea, Canarias se mantuvo fuera de la plena
integración, apartada de la política agraria comunitaria y de todas las
instituciones del acervo comunitario, y en Canarias se dijo que la plena
integración iba a resolver todos nuestros problemas y que la agricultura
de Canarias, por ejemplo, iba a poder ser competitiva en Europa. La
realidad es que nos hemos integrado plenamente, pero en estos momentos la
competencia marroquí está incidiendo gravemente en Canarias. Por eso yo
espero y deseo que por parte del Gobierno se agilicen al máximo los
trámites conducentes a la aprobación de los aspectos económicos del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que está pendiente en esta
Cámara, y que esas negociaciones que mantiene el Gobierno central con el
Gobierno de Canarias y los demás grupos parlamentarios den fruto y de
inmediato se resuelva este problema para que, a través de esos
instrumentos, Canarias pueda estar presente en los intereses generales
europeos, debidamente defendidos por el Gobierno de la nación.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Secretario de Estado quiere añadir algo?
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Creo que efectivamente es como S. S.
indica, en el sentido de que posiblemente es inevitable que no exista una
competencia directa entre Marruecos y los intereses de las islas
Canarias. Creo que habrá que seguir con atención la evolución de este
tema. Coincido con S. S. en que sería deseable que cuanto antes se
alcancen esos objetivos que permitan que el desarrollo de Canarias y el
desarrollo de Marruecos no se enfrenten y no se produzcan obstáculos en
la evolución de ninguna de las dos regiones.
--SOBRE OBJETIVOS Y CONDICIONES EN QUE SE OTORGA EL CREDITO DE 300
MILLONES DE DOLARES AL GOBIERNO DE CHINA POR PARTE DEL ESPAÑOL. FORMULADA
POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
181/000053.)
El señor PRESIDENTE: Recuperamos el orden que habíamos establecido para
las preguntas. Pasamos a la pregunta número 2: Objetivos y condiciones en
que se otorga el crédito de 300 millones de dólares al Gobierno de China
por parte del español. Tiene la palabra el señor Milián Mestre, del Grupo
Popular.
El señor MILIAN MESTRE: Esta es una pregunta que nace al albur de las
informaciones aparecidas en la prensa recientemente, en concreto el
martes 21 de septiembre de 1993, en las que se decía que el
Vicepresidente de China pedía apoyo a España en sus relaciones con la CEE
y Felipe González otorgó un crédito de 300 millones de dólares. Esta es
la noticia que motivó esta pregunta, que a nosotros nos mueve no sólo a
formularla sino a pedir
algún tipo de consideración sobre los intereses político-económicos que
se puedan mover en torno a lo que es hoy día el epicentro real del gran
despegue asiático y, por tanto, de las consecuencias que se nos pueden
derivar en el orden económico y comercial internacional.
Dicho esto, quisiera hacer unas breves consideraciones. China está
evidentemente en el epicentro del boom económico asiático, de tal manera
que su crecimiento está desbordando todos los parámetros conocidos hasta
el presente. Mientras Japón, por ejemplo, su vecino, está estancado en el
crecimiento (probablemente incluso negativo en el presente año) China
está consiguiendo un crecimiento del 13 por ciento del PIB y en algunas
zonas como Cantón se está llegando al 20 por ciento. Esto produce un
fenómeno de crecimiento del consumo interior privado tan espectacular
como del 30 por ciento, y en el caso concreto de Volkswagen se acaba de
dar la noticia de que en el año 1992 ha doblado la venta de sus productos
y en 1993 vuelve otra vez a doblarla. Ciertamente esto parecería para
nosotros lejano en intereses, pero a mí me parece extremadamente próximo
a los mismos, puesto que puede incidir directa o indirectamente en la
economía y en la política española. El caso de Volkswagen lo cito
justamente para que se vea el paralelismo de sus consecuencias, después
de un mes de noviembre en que esta Cámara se ha visto muy preocupada por
el tema Seat. Consecuentemente este crecimiento, que en algunas zonas
como Shanghai llega en la industria al 20 por ciento este año, ha
producido un fenómeno de atracción de inversión extranjera, como era de
esperar, y nosotros deberíamos potenciar nuestra presencia. Por tanto, mi
pregunta no va en sentido de acusar o de increpar, sino todo lo
contrario, en sentido exploratorio y aclaratorio para conocer el ámbito
de este interés del Gobierno español.
Las inversiones extranjeras, según mis conocimientos, en el año 1989 eran
de 4.000 millones de dólares en China; en el año 1992 fueron de 12.000
millones de dólares y hoy son de 20.000 millones de dólares. Esto quiere
decir que en 1993 crecerán un 77 por ciento estas inversiones y los
sectores --éste es un dato interesante para esta prospectiva que yo le
pido-- en que inciden más estas inversiones son electrónica, informática,
automóvil y aeronáutica. Si comparamos todo esto con nuestras cifras
quedaremos asustados, pues la aviación, por ejemplo, que en Occidente la
tenemos en plena crisis (Iberia tiene pérdidas de 53.000 millones de
pesetas), en China crece este año el 29 por ciento, y la automoción el 22
por ciento y nosotros estamos debatiéndonos en pérdidas de mercado del 26
por ciento. Es decir, esto es tan brutal que, con las cifras en la mano,
no es exagerado hablar de una explosión del crecimiento chino, lo que nos
indica algunas de las claves para poder considerar qué está pasando y qué
debería pensar el Gobierno español en este momento. Para mí la clave
fundamental está en la baratura de la mano de obra. Es evidente que se
están explotando las condiciones de infradesarrollo de aquel monumental
país. En este sentido los datos son muy claros. España tiene un coste
laboral/hora de 11,73 dólares; China tiene un coste laboral/hora de 0,44
dólares, y Alemania está en 24,87 dólares. La comparación es ridícula.
Aquí está la clave y aquí están, por tanto, nuestros intereses.
El señor PRESIDENTE: Señor Milián, vaya terminando.
El señor MILIAN MESTRE: Con todo esto, yo creo que ciertamente nuestros
intereses son muchos, pero las perspectivas y los riesgos que al mismo
tiempo esos intereses suponen me gustaría que quedaran claros al
responder a esta pregunta que he formulado. Por eso le pregunto cuáles
son los objetivos y en qué condiciones se otorga el crédito de 300
millones de dólares del Gobierno español al Gobierno chino.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Hemos estado estudiando el tema al que
se refiere específicamente su pregunta, el crédito de 300 millones de
dólares al Gobierno de China. Es posible que ésta sea una información
obtenida a través de la prensa, porque no consta ningún crédito español
por ese importe a China en los últimos meses, de manera que resulta
difícil ofrecer datos aclaratorios sobre un crédito que no hemos
localizado. Sin embargo, y para poder aclarar --creo que ése era en el
fondo el objetivo de su pregunta-- la política crediticia de España con
China, yo me permitiría ofrecerle algunos de los datos más significativos
de esta política.
Las relaciones financieras entre España y la República Popular China han
estado marcadas por líneas de crédito que España ha concedido a China
desde 1985 hasta 1992, hasta el año pasado. Estas líneas de crédito
ascienden a un total de 1.200 millones de dólares, más un crédito
especial de 320 millones de dólares para el proyecto de construcción de
una acería, lo cual daría un total de 1.520 millones de dólares, de los
cuales 679 han correspondido a créditos con cargo al Fondo de Ayuda al
Desarrollo. A raíz de la visita del Presidente del Gobierno español, en
febrero de este año 1993, a China, se firmó para el período 1993/94 --la
línea crediticia a la que me he referido anteriormente, como le dije,
cubre los años 1985/1992-- una nueva lnea de crédito por 60.000 millones
de pesetas, de los cuales 12.000 millones bajo la fórmula de crédito
concesional del Fondo de Ayuda al Desarrollo y 48.000 millones en forma
de crédito a la exportación en condiciones del consenso OCDE, asegurados
los 48.000 millones últimos por la Compañía Española de Crédito a la
Exportación, por CESCE. Estos créditos están destinados a la financiación
y suministro de bienes y servicios españoles en proyectos que se realicen
por empresas españolas en la República Popular China.
Por otra parte, el pasado día 25 de agosto un sindicato europeo de
bancos, liderado por el Banco Central-Hispano, firmó una tercera línea de
crédito de 340 millones de
dólares para financiar suministros de equipamiento telefónico. Ese mismo
consorcio bancario, el día 31 de agosto, volvió a firmar otra línea por
un importe de 460 millones de dólares, totalizando 800 millones de
dólares. Al margen del Banco agente español, es decir, el Banco
Central-Hispano, participa en este consorcio un grupo de los mayores
bancos europeos, y CESCE ira dando cobertura a estas operaciones a lo
largo de los próximos tres o cuatro años, a medida que vayan
desarrollándose los contratos de suministro. Las líneas de crédito se han
convertido en China en un instrumento básico, quizá el principal
instrumento de promoción y de penetración comercial de productos de alto
valor añadido, en un mercado en el que ya están presentes las principales
potencias industriales y comerciales del mundo y al que España, como SS.
SS. saben, accede con un cierto retraso y sin que existan demasiadas
referencias previas que permitan un fácil acceso a ese mercado. De manera
que gracias probablemente a este esfuerzo financiero importante realizado
por España, los bienes de equipo españoles comienzan ya a ser conocidos y
apreciados en la República Popular China, y este país se ha convertido en
el primer mercado para numerosas empresas españolas que fabrican
máquina-herramienta. Al objeto de que esta línea se pueda seguir
potenciando, la industria española, al dar una utilización adecuada a la
línea de crédito a la que nos hemos referido, ha previsto la organización
y celebración en Pekín, en julio del año 1994, de un importante certamen
industrial conocido por el nombre de Expotecnia-94.
El señor PRESIDENTE: El señor Milián tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Secretario de Estado, han sido muy
interesantes las informaciones que usted me ha dado. Creo que marcan una
línea de interés comercial evidente en España respecto a China y, sobre
todo, un sentido pragmático de la política del Gobierno.
Es cierto que nosotros estamos saltando de alguna manera, en pequeña
proporción respecto a las empresas transnacionales y otros países, esa
muralla china del comercio. Es tan cierto que en el primer semestre, por
ejemplo, las exportaciones españolas han crecido un 152 por ciento
respecto a 1992, y las importaciones pasaron de 44.857 millones de
pesetas en el año 1988 a 165.664 en el año 1992; es decir, estamos ya
inmersos en ese proceso de intercomunicación con el mercado de ese gran
país. Sin embargo, mi única observación va a ser cuáles son los intereses
políticos que puedan jugar en este ámbito. Si en lo económico está claro
que no se puede renunciar al interés pragmático y comercial --usted me
acaba de dar un dato curioso que no conocía, el crédito español de 300
millones de dólares para la acería en China; yo creía que era para una
térmica, sinceramente--,
sin embargo, tengo que decir que éste es un dato contradictorio con
nuestros intereses. Todo el excedente de acero de la Comunidad Europea y
de España específicamente, y en consecuencia todo lo que ello supone de
crisis del sector, lo está absorbiendo China. Es decir, nosotros estamos
facilitando que dentro de cuatro o cinco años se reduzcan nuestras
exportaciones de acero y, consecuentemente, perjudiquen a nuestros
intereses, lo cual no quiere decir que yo esté en contra de esa
filosofía, sino simplemente que se fije usted en que estamos en esa
interacción en la que la potencia brutal del mercado chino y su capacidad
de produccion, con los capitales japoneses a su lado, evidentemente
pueden suponer un alto perjuicio.
Por último --y acabo aquí--, esta complicada situación hace que nosotros
queramos incorporar...
El señor PRESIDENTE: Señor Milián, se ha acabado su tiempo.
El señor MILIAN MESTRE: Estoy terminando, señor Presidente. Yo creo que
tengo veinte minutos, aunque no los voy a usar, por supuesto.
El señor PRESIDENTE: No. Se ha acabado su tiempo, señor Milián. Tenía
usted cinco minutos para la réplica.
El señor MILIAN MESTRE: Yo creo que son veinte minutos en total.
El señor PRESIDENTE: Son cinco minutos para la réplica.
El señor MILIAN MESTRE: Termino, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Milián, tenemos que ser estrictos en el
cumplimiento del tiempo; si no, no vamos a terminar.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, yo siempre he creído que en
Comisión eran veinte minutos por pregunta. No los pensaba usar, pero...
El señor PRESIDENTE: En las preguntas el tiempo es de diez minutos para
la primera intervención y cinco minutos para el turno de réplica.
El señor MILIAN MESTRE: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Lo siento.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Coincido con S. S. en que los intereses
económicos son claros. Es difícil poner en entredicho la importancia que
pueden tener los intereses económicos y la penetración económica en un
mundo tan rico y con tan amplias posibilidades de futuro como es la
República Popular China, y a esos intereses económicos van ligados de
manera indisoluble intereses políticos; interés por seguir con la mayor
proximidad la
evolución, el desarrollo futuro de un país del peso específico y de la
importancia que tiene la República Popular China. Efectos de interacción
negativos, a los que S. S. empezaba a aludir, creo que posiblemente son
inevitables en cualquier entramado comercial o de relación económica y
más inevitables en la medida en que esa relación se va haciendo cada vez
más intensa y, por consiguiente, más compleja.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--SOBRE BALANCE DE LAS AYUDAS ECONOMICAS A CUBA POR PARTE DEL GOBIERNO
ESPAÑOL. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE, DEL GRUPO POPULAR. (Número
de expediente 181/000061.)
--SOBRE CUANTIA DE LA COOPERACION ECONOMICA DE ESPAÑA CON LA REPUBLICA DE
CUBA. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE, DEL GRUPO POPULAR. (Número de
expediente 181/000062.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta. Quisiera hacer al
señor Milián una proposición perfectamente honesta; si es posible
acumular en el mismo debate las preguntas números 5 y 6, que se refieren
al mismo tema, aunque seremos un poco más flexibles en el tiempo.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, aceptada la propuesta, aunque
yo creía que era lógico entenderlo así.
Señor Secretario de Estado, el tema de Cuba en nuestro caso ha sido
recurrente y sistemático desde hace mucho tiempo; personalmente desde
hace cinco años. Nos preocupa específicamente la situación interna de
Cuba, su situación atípica en lo político y en lo social, y nos asustan
las consecuencias derivadas de esta terquedad cubana en lo que se refiere
a la evolución de la propia sociedad y del pueblo de Cuba. En este
sentido quieren ir las dos preguntas que afectan a este caso y una
consideración que entendemos que debe ser clarificatoria y que voy a
anticipar ahora para no encontrarme con los cinco minutos finales.
Tras la caída de la URSS, que evidentemente financiaba en altos
porcentajes la economía de aquel país, y sobre todo lo que ellos han
llamado el «desmerengamiento» del campo socialista en el año 1989, lo que
ocurre en Cuba es paradójico y contradictorio, hasta el punto de que
mientras nosotros estamos dando una asistencia extraordinariamente
ejemplar en lo fraterno al pueblo cubano, pero en lo político un tanto
paradójica e inquietante, los cubanos están siguiendo una ruta un tanto
perversa hacia la transición política. Es decir, no se sabe muy bien cuál
es su voluntad de transición y no se sabe tampoco muy bien cuál es su
esquema de transición, a pesar de algunos intentos políticos que se han
hecho desde el Grupo Popular o desde el sector socialista, como el señor
Solchaga recientemente. Está claro que España ha sido muy generosa, y yo
diría que lo ha sido excesivamente para el trato recibido en
correspondencia, a veces un trato claramente histriónico e inusual en los
comportamientos diplomáticos y políticos internacionales como nos ha
obsequiado el señor Castro. Sin embargo, lo cierto es que estamos
ayudando de una forma muy generosa a Cuba --en algunos momentos las
ayudas han superado los 100.000 millones de créditos-- y en cambio
permanece, como Felipe González ha dicho recientemente, el
paleocomunismo. Naturalmente, que nuestro interés como partido y nuestro
criterio es no solamente consentir una ayuda económica y humanitaria en
sus términos estrictos, sino también buscar una rentabilidad a esa
reforma económica, paso previo inevitable e imprescindible para la
transición política, que es el objetivo final que nosotros, como Estado,
nos debemos proponer. Y esto que podría ser hasta cierto punto
paradójico, cada día está más claro que es imposible la transición
política de Rusia --y ahí está el ejemplo-- si no existe previamente una
transición económica, como están haciendo los chinos y como debería hacer
Fidel Castro. En este contexto, preocupados por el principio democrático,
yo quisiera razonar mi pregunta.
La deuda de Cuba con España, según mis informaciones --y le ruego que me
corrija si no es así, porque una de las preguntas va dirigida justamente
a saber la cuantía, por tanto yo le doy mis informaciones y usted me
corrige--, se cifra en torno a los 90.000 millones de pesetas, de los
cuales dos tercios son créditos vencidos y que no nos han pagado, es
decir, que ya no se van a recuperar. En ese sentido, ¿es cierto que el
Gobierno da por perdidos esos créditos? Si a esto le unimos el entorno,
es decir Cuba más Nicaragua, suma una cantidad muy respetable, por encima
de los 120.000 millones; si unimos Cuba, Irak y Nicaragua, que son las
tres monedas negras de nuestros créditos internacionales, damos por
perdidos 135.000 millones al día de hoy, según mis datos. Eso hace que de
alguna manera nosotros estemos asumiendo grandes sacrificios. Según los
informes del CESCE, de la deuda activa o viva de 77.418 millones de
pesetas que tiene Cuba con España, 28.000 millones de pesetas son
vencidos y dados por perdidos, 33.000 millones son refinanciados con
escasas posibilidades de cobro y a 16.000 millones de pesetas se les
otorga una suerte muy parecida. En consecuencia, esto arroja unas
expectativas en cierto modo pesimistas para recobrar este dinero, ya que
entre los años 1972 y 1991 España ha pagado 50.000 millones de pesetas en
concepto de indemnizaciones a exportadores nacionales que nunca pudieron
cobrar sus mercancías o actividades en los servicios. En este mismo
período el Gobierno español sólo ha podido recuperar --fíjese que hablo
de 1972 a 1991-- 3.800 millones de pesetas de esa cuantía voluminosa, lo
que nos produce una cierta preocupación. Si hay un criterio de fatalidad
absoluta solidaria y cedemos ese terreno y, por tanto, pagamos y damos
por perdido ya de entrada ese dinero,
es una realidad o un principio de acción política, pero si no entendemos
que, dadas las peculiaridades singulares de Cuba, lo que debiera ser
exigible por nuestra parte es el condicionamiento democrático sine qua
non para seguir en esta política tan generosa y espléndida por parte del
Gobierno español.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Para responder a su pregunta quizá
sería conveniente empezar por dibujar el marco en el que se han venido
concediendo los créditos españoles a Cuba; y este marco se ha canalizado
a través de dos convenios bilaterales. Por una parte, un acuerdo de
cooperación económica e industrial, que se firmó en octubre del año 1985,
que tiene como objetivo fundamental incrementar y diversificar las
relaciones económicas a través del desarrollo de la cooperación económica
e industrial. Es un acuerdo que se previó que tuviera una duración
inicial de cinco años y que se podría prorrogar de forma automática por
períodos anuales, salvo que hubiera una denuncia previa. Este acuerdo
prevé la creación de una comisión mixta que es la encargada de seguir y
controlar el cumplimiento de este acuerdo; comisión en la que
tradicionalmente se han venido examinando todos los proyectos
susceptibles de financiación concesional española.
Por otra parte, un convenio de crédito recíproco entre el Banco de España
y el Banco Nacional de Cuba, del 27 de marzo de 1981, que tiene por
objetivo canalizar los pagos en moneda convertible a través de una cuenta
de crédito recíproco entre ambos bancos. Desde 1988 España ha concedido
un total de 22 créditos FAD a Cuba --aprobados en su día, por supuesto,
por el Consejo de Ministros respectivo--, cuyo importe total asciende a
15.638 millones de pesetas. Se ha dispuesto prácticamente de la totalidad
de estas cantidades aprobadas, con excepción de un proyecto específico,
el proyecto de barcos pesqueros y mercantes, por un valor de 1.335
millones de pesetas. El último FAD que se le concedió a Cuba fue aprobado
por Consejo de Ministros del 25 de mayo de 1990, hace algo más de tres
años, y correspondía a una tercera fase de un proyecto de suministro de
material y de equipamiento educativo. La CESCE, la Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación, tiene abierta asimismo una línea de
crédito a corto plazo, de 12.000 millones de pesetas de techo, en la
modalidad de crédito suministrador, línea que se utiliza en la medida en
que se van realizando los reembolsos. Es un crédito revolving que ha
permitido un flujo constante, permanente de bienes y de servicios
españoles a lo largo de los últimos años; flujo que ha hecho de Cuba uno
de los destinos más importantes de la exportación española en
Iberoamérica. En la actualidad, el importe del riesgo asumido al amparo
de la línea que acabo de señalar asciende a 6.780 millones de pesetas.
El total de riesgo asumido con Cuba, que es efectivamente un alto riesgo,
asciende, en septiembre del año 1993, hace tres meses escasos, a 101.475
millones de pesetas, de los cuales 85.993 corresponden a CESCE y los
15.482 restantes corresponden a FAD, al Fondo de Ayuda al Desarrollo. De
estas cantidades, unos 65.000 millones de pesetas corresponden a atrasos
e impagos.
La decisión de apertura de estas líneas de crédito a Cuba se ha tomado en
función siempre de criterios económicos, de criterios comerciales, de
interés en penetrar en ese mercado, aunque indudablemente existe una
decisión política previa que consiste en mantener las corrientes
comerciales con Cuba. En este sentido, el Gobierno español se ha opuesto
siempre a cualquier medida de embargo de bienes y de servicios contra ese
país, y ha venido comerciando con él a lo largo de la última década de
forma ininterrumpida. Como se dijo antes, Cuba ha sido uno de los
principales destinos de la exportación española a Iberoamérica en los
últimos años, y las líneas de crédito mientras han funcionado han
permitido ese importantee intercambio comercial bilateral al que me
refería. Son numerosas las empresas españolas, pequeñas y medianas, que
dependen de sus exportaciones a Cuba y de las limitadas facilidades
financieras que en la actualidad España mantiene con ese país.
Precisamente la aparición de los impagos, a los que S. S. se refería, en
los vencimientos de la deuda es lo que llevó a CESCE a suspender la
cobertura para operaciones de crédito a medio y largo plazo desde marzo
de 1983. Cuba viene pasando por una difícil situación económica que SS.
SS. conocen perfectamente y que ha conducido a esa acumulación de impagos
en los vencimientos de créditos a medio y largo plazo que alcanzan en la
actualidad, como acabamos de ver, cifras altamente significativas.
En cuanto a las operaciones financiadas, los criterios utilizados han
atendido básicamente a razones de carácter comercial --es decir, fomento
de nuestras exportaciones, apertura de mercados--, de política industrial
y también, aunque en menor medida, como instrumento de política exterior.
Por otra parte, hay con Cuba una ayuda no reembolsable. En noviembre del
año 1991 se reunió en La Habana una comisión mixta cuyo objeto era
analizar la cooperación bilateral no reembolsable. De esta forma se
pudieron reactivar toda una serie de programas que habían quedado
interrumpidos como resultado de la denominada crisis de las embajadas de
julio de 1990 y se pusieron en marcha nuevos programas. Los proyectos que
se aprobaron en esta comisión mixta de noviembre del año 1991 estaban
inspirados básicamente en el deseo de apoyar a una población --la
población cubana-- necesitada de ese apoyo y excluían otras iniciativas
que hubieran podido llevar a un reforzamiento de las instituciones del
Gobierno cubano. En esta línea y por vez primera se materializaron
iniciativas de ayuda alimentaria y donaciones de medicamentos,
acentuándose en el mayor grado posible la política de formación de
recursos humanos que venimos continuando desde entonces, ya sea a través
de la concesión de becas para ciudadanos cubanos o a través de pasantías
más o menos breves para expertos en
áreas prioritarias que van desde la sanidad a la energía o la ordenación
territorial hasta el sector agropecuario y al de industrias varias. Se ha
apoyado muy directamente la creación de un hotel, el Hotel Escuela de
Sevilla, aportando fondos para su equipamiento y comprometiendo una
asistencia técnica y de profesorado que ha permitido su puesta en marcha.
También y a instancia de las autoridades cubanas se ha continuado
prestando asesoramiento en los centros de ingeniería genética y de
biotecnología de Camagüey y de Sancti Spiritus, e igualmente se ha
enviado una misión técnica para asesorar sobre las posibilidades de
comercialización de los frutos de este tipo de investigación.
Quisiera señalar otros proyectos que hemos impulsado, como algunos con la
Universidad de La Habana dirigidos básicamente a impartir cursos sobre
desarrollo económico en economías muy centralizadas, y se está
financiando con la Universidad Politécnica de Madrid la creación de
nuevas especialidades de posgrado sobre organización y dirección de
empresas. Por ejemplo, entre los seminarios nuevos que se van a poner en
marcha este año se está considerando uno que financia la Unión Europea y
que organiza el IRELA, en el que estarán presentes diversos
europarlamentarios, el que acaba de tener el apoyo al proyecto del
seminario de «The Economist». «The Economist» pretende celebrar en La
Habana una conferencia con las autoridades cubanas sobre desarrollo
económico cubano y eventualmente se organizará un seminario con juristas
y con políticos españoles sobre las modificaciones normativas e
institucionales en épocas de transición. También hay otros proyectos de
cooperación tradicionales en Cuba como los de CYTEA, ciencia y
tecnología, jóvenes cooperantes, preservación del patrimonio histórico,
escuela-taller, etcétera.
En síntesis, y para acabar, las cifras de la cooperación gubernamental no
reembolsable en el año 1992 han sido: en donaciones de leche en polvo y
de medicamentos unos 145 millones; en becas del ICI 59 millones; en
expertos y envíos de misiones técnicas 28 millones; en apoyo al hotel
escuela 10 millones. En el año 1993: en donaciones de medicamentos y
leche en polvo aproximadamente 145 millones; en ayuda alimentaria 34
millones; en becas del ICI 80 millones, aunque faltan aún por conceder
las becas del programa Mutis; y en acogida de expertos y envío de
misiones técnicas, 59 millones.
El señor PRESIDENTE: El señor Milián tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Ha sido muy completa su información y creo que la
apostilla ha de ser muy breve.
Nosotros insistimos y subrayamos que cooperar económicamente con Cuba en
términos que vayan más allá de la ayuda humanitaria puede significar
apuntalar al régimen de Fidel Castro. En este sentido, sí que entendemos
que la prioridad democrática debería incidir en lo que es un enorme
esfuerzo de subvención a Cuba. Está claro. Usted hablaba, por ejemplo, de
corrientes comerciales y son corrientes de subvención prácticamente.
Pero, en fin, aceptamos esa realidad a cambio de que ocurra lo contrario,
porque si nos alejamos de lo que es --entiendo yo-- la correcta
dialéctica, en este momento, de los cambios económicos necesarios del
sistema para una estabilización social que pueda garantizar un cambio
político inevitable, creo que éste sería el buen sentido político de una
operación tan importante como la que está haciendo España y un esfuerzo
extraordinario, porque si lo comparamos con el conjunto de Latinoamérica
nos damos cuenta de que andamos por lo menos en un diez por ciento de
ayuda a Cuba. En consecuencia, creo sinceramente que es muy grande el
esfuerzo y a lo mejor muy pequeña la rentabilidad política en este
momento.
--SOBRE BALANCE ACTUAL DE LAS AYUDAS ECONOMICO-FINANCIERAS DEL GOBIERNO
ESPAÑOL A RUSIA Y DEMAS REPUBLICAS QUE CONFIGURABAN LA UNION DE
REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS, URSS. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN
MESTRE. (Número de expediente 181/000063.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 7. La formula el señor
Milián Mestre y se refiere al balance actual de las ayudas
económico-financieras del Gobierno español a Rusia y demás repúblicas que
configuraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tiene la
palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Esta es otra pregunta también recurrente puesto
que estamos haciendo un seguimiento, al menos por mi parte, desde hace
cuatro años, a lo que es la política de ayudas y apoyo a los países del
Este y muy específicamente a la ex Unión Soviética y a lo que hoy es
Rusia. En este sentido, yo quisiera decirle, señor Secretario de Estado,
que estamos francamente preocupados por el entorno del escenario, pero no
como en los casos de China y Cuba. Está claro que en China hay un
proyecto político muy transparente; es decir, se va al cambio económico
como fase previa o premisa mayor para el cambio político, lo que me
parece muy sabio. En Cuba tenemos una incomparecencia del objetivo final,
está claro también. En Rusia tenemos un caos, ésa es la diferencia. Y
quienes hemos estado recientemente allá, en mi caso a finales de octubre,
hemos podido comprobar que el caos empieza a ser inquietante. En la
reunión de la OTAN, a la que yo asistí a finales de octubre, nos dimos
cuenta de que allí había una inseguridad política total, una falta de
garantías de control de seguridad absoluto, un descontrol completo de la
economía que lo sustituye, una presencia de mafias que controlan sectores
muy determinados, un desmadre de la moral del pueblo: se pasa de tres
casinos en Moscú a 33 en tres años; un desmadre, un caos. No hay leyes
que rijan ni el mercado político ni el mercado económico. Hay unos
comportamientos sociales ordenados de alguna manera, y no
quiero decir bautizados de una determinada manera. Allí existe la
nada y en esa nada evidentemente pululan todos los pescadores de la
confusión. Eso ha llevado a situaciones tan estrambóticas e inquietantes
como que un empresario catalán haya perdido 44 camiones con su mercancía
enviados a San Petersburgo, como usted sabrá y sabe perfectamente la
Embajada de España. No hay ninguna garantía, ninguna seriedad, ninguna
seguridad para las mercaderías y para el comercio o para la economía y
para el intercambio. Esta es una parte del problema que yo quiero
plantear en esta pregunta, pero hay una segunda.
La segunda parte del problema es que en este momento nosotros hemos hecho
una aportación generosísima a la URSS; y digo a la URSS. En 1990 ó 1991
Mijail Gorbachov vino a visitarnos a España y se llevó un buen crédito,
un paquete de 200.000 millones de pesetas, del que ya en su día nos
ocupamos --yo concretamente-- en esta Comisión. De ese paquete me
gustaría saber qué es lo que realmente se ha invertido, qué es lo que
realmente se ha realizado y qué queda por realizar, porque tengo confusas
informaciones. Se habla de que ese paquete se ha cumplimentado en 150.000
millones y de ellos no se llega ni mucho menos a la mitad; son confusas
las informaciones. Lo que sí es cierto es que en estos momentos invertir
en Rusia probablemente habrá que hacerlo, pero a sabiendas de que vamos a
invertir como los ciegos, sin saber dónde metemos el dinero, sin saber
dónde metemos la ayuda, porque después del 4 de octubre el caos es muy
grande y las elecciones últimas no son mas que un punto de inflexión para
la total intranquilidad respecto al futuro sistema. Ciertamente lo que ha
hecho Yeltsin no deja de ser algo estrambótico y paradójico, y tiene
razón el señor Jasbulatov cuando dice que los parlamentos nunca crean
dictaduras, las crean aquellos que asaltan los parlamentos. En ese
sentido la confusión es muy grande y yo no me atrevo a hacer un
veredicto, pero desde lo militar stricto sensu, la inseguridad nuclear,
hasta lo comercial stricto sensu, el caso que acabo de contar de un
empresario catalán, y hasta lo que son las ayudas de la Comunidad Europea
después del Tratado de París de 1991 --y es un dato importante-- con unas
condiciones que el señor Yeltsin acepta y firma que habrá
desmantelamiento del armamento convencional y nos dicen hace un mes el
Viceministro de Defensa y una serie de generales que no pueden
cumplimentar ese tratado porque no tienen recursos para poder desmantelar
los armamentos convencionales, ciertamente estamos a merced de una
caótica situación, de una confusa contrapartida y de un no saber qué pasa
mañana en ese escenario político. En consecuencia, ése quiere ser el
sentido de mi estricta pregunta: cuál es el balance actual de las ayudas
económico-financieras del Gobierno español a Rusia y demás repúblicas que
configuraban la URSS, porque los condicionantes del entorno pesan también
sobre los resultados finales de la ayuda a Rusia y a la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Efectivamente, España ha hecho un
esfuerzo financiero importante en relación a Rusia y posiblemente, y al
margen de los peligros y de las incógnitas que acompañan ese esfuerzo,
ésa es la única posibilidad de que estemos presentes en un proceso lleno
de incógnitas, repito, y también de complejidades. Se ha hecho un
esfuerzo financiero importante tanto a través de una línea de crédito,
que se abrió en el año 1990, por un valor de 1.500 millones de dólares
--la llamada «línea Gorbachov»; luego se subrogó la Federación Rusa en
derechos y obligaciones de esa línea crediticia--, como a través de
nuestro comportamiento en la refinanciación de la deuda del Club de París
en abril de 1993. En relación con esta línea de crédito, la llamada
«línea Gorbachov», la utilización del tramo crediticio a corto plazo fue
rápida, ya que Rusia iba iba concediendo subvenciones estatales a los
productos de consumo de importación. Pero este proceso se congeló; se
congeló el tramo para los bienes de equipo, objeto de financiación a
medio y largo plazo, y casi dos tercios de esa línea no se han utilizado.
Al no dar Rusia un respaldo al Vnesheconombank, que era el garante por
parte soviética, literal y jurídicamente yuguló el uso de esa línea, con
el fin de evitar un endeudamiento ruso mayor; Rusia, en muy pocos años,
se ha convertido en un deudor importante, con una deuda de cerca de
100.000 millones de dólares.
Por lo que respecta al esfuerzo hecho en el seno del Club de París, por
razones políticas se dio a Rusia un tratamiento favorable, ya que se puso
como top de servicio de la deuda la cantidad de 2.000 millones de dólares
anuales solamente y se permitió a Rusia financiar la parte
correspondiente al corto plazo, que es algo que va en contra de la
costumbre de foro del Club de París. En este contexto España hizo un
esfuerzo muy especial, ya que de los 15.000 millones de dólares
reestructurados en el año 1993 corresponden 579 a España. De esos 579
millones, 451 eran a corto plazo y en su mayoría procedían de la línea de
crédito. España era el principal deudor a corto plazo de Rusia. Han
tenido lugar ya negociaciones para el acuerdo bilateral España-Rusia,
correspondientes a acuerdo del Club de París --después de la negociación
multilateral vienen las negociaciones bilaterales--, y está pendiente de
la firma formal del acuerdo bilateral. Por otra parte, a este esfuerzo de
caracter financiero hay que sumar lo que Rusia recibe del programa Tacis
de la Unión Europea, que es el equivalente al programa Phare para Rusia,
que se financia con fondos presupuestarios comunitarios y en estos fondos
también participa España con un porcentaje del 8,7 por ciento del total.
Por último, el 23 de septiembre --hace tres meses-- el vicepresidente
ruso solicitó la reapertura de la línea para operaciones de compra de
productos y creación de instalaciones médicas o de alimentación infantil,
por un valor de 75 millones de dólares. Y el 5 de noviembre el Presidente
del Gobierno contestó a esta petición mostrando la buena disponibilidad
del Gobierno a facilitar el crédito por este importe, una vez que se
firme el convenio de
refinanciación bilateral al que aludí hace un instante. En cualquier
caso, la línea de crédito anterior, la «línea Gorbachov», no podrá ser
resucitada y, por tanto, se deberá arbitrar una fórmula financiera
específica para poder atender esta petición rusa de 75 millones de
dólares.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Gracias por esta información. Ciertamente, voy
viendo que eran bastante coherentes las noticias que había podido recabar
respecto a la cuantía. Sin embargo, hay un tema --el único que voy a
subrayar en esta respuesta rápida-- que a mí y a mi Grupo nos sigue
preocupando: el buen uso de esos créditos. Tengo fundadas sospechas de
que no todos los recursos que se destinan a Rusia van realmente a
implementar los objetivos para los que dicen ser tramitados. Ese es un
problema que la comunidad internacional tendrá que plantearse muy
seriamente, puesto que los desviacionismos que se producen en el
descontrol de esos recursos empiezan a inquietar. Verbigracia, a mí me
consta que hay operaciones comerciales que no se complementan --hablo de
exportaciones rusas-- con los pagos correspondientes al Estado ruso, sino
con pagos y depósitos a cuentas bancarias de Nueva York o de Suiza que,
evidentemente, no ingresan en Rusia. De la misma manera, pero a la
inversa, me gustaría saber si las garantías para lo que nosotros hacemos
y dicen que son nuestros créditos van en el mismo sentido. Es decir, si
realmente se implementa en operaciones alimenticias, en operaciones de
equipamientos, o se distraen en otros caminos.
Como el caos es tan grande y no existe ninguna moral de los negocios,
puesto que lo que yo he visto últimamente en Rusia ha sido la más brutal
de las expresiones del capitalismo salvaje, de la oferta y la demanda
cruda y dura, me da mucho miedo que algunos de los buenos fines que se
entiende que tienen nuestros propios recursos, dados en una bondadosa
interpretación de la realidad rusa, sean utilizados para otros fines, lo
que para nosotros sería lamentable y triste.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En relación con su observación con
respecto al buen uso de esos créditos, debo decirle que yo no tengo
constancia de esas irregularidades en las operaciones comerciales a las
que se ha referido, pero sí es evidente que la relación comercial con
Rusia está en una fase difícil, no solamente por la escasa penetración en
ese mercado que ha tenido España durante mucho tiempo --prácticamente
hasta ahora no habíamos estado presentes de una manera seria en ese
mercado--, sino también por la situación de transición, complicada, de
irregularidades y falencias a veces graves en la legislación por las que
atraviesa Rusia, a la que S. S. hizo referencia al principio. De modo que
no puede sorprender, no solamente aquí sino en cualquier país que tenga
en estos momentos una relación comercial con Rusia y que pretenda que esa
relación comercial se incentive y se incremente, que puedan surgir
anomalías derivadas de las propias anomalías del proceso y de la
situación irregular del mismo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
--SOBRE OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LOS EVENTUALES CAMBIOS EN EL
SISTEMA ECONOMICO CUBANO PUEDEN PRODUCIRSE SIN ALTERACIONES SUSTANCIALES
EN SU ACTUAL SISTEMA POLITICO. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, DEL
GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000106).
--SOBRE CONTACTOS MANTENIDOS POR EL GOBIERNO CON LAS AUTORIDADES DE CUBA
EN RELACION CON LOS CAMBIOS DE SISTEMA ECONOMICO EN EL MENCIONADO PAIS.
FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO POPULAR. (Número de
expediente 181/000107.)
--SOBRE MEDIDA EN QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL PARTICIPO EN LA VISITA QUE EL
PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SEÑOR SOLCHAGA, REALIZO
RECIENTEMENTE A LA REPUBLICA DE CUBA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ
RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000111.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 16, formulada por el
señor Rupérez, al que yo quisiera sugerir que, si es posible, concentrara
las preguntas números 16, 17 y 18 en una sola, puesto que las tres se
refieren al sistema económico y político cubano.
El señor RUPEREZ RUBIO: Por supuesto, señor Presidente. Mi intención era
acumular el trámite de las mismas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rupérez. Tiene usted la
palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, las preguntas
--seguramente usted las conoce-- se producen en torno a una harto
publicitada visita a Cuba del que es actualmente portavoz del Grupo
Socialista en esta Cámara, señor Solchaga, cuyos datos son en algunos
casos conocidos y en otros no suficientemente conocidos. Las preguntas se
refieren más específicamente a estos últimos y en un contexto al que de
una manera lateral,
pero clara, también ha hecho referencia mi compañero el señor Milián.
Las preguntas son las siguientes: ¿Estima el Gobierno español que los
eventuales cambios en el sistema económico cubano pueden producirse sin
alteraciones sustanciales en el sistema político actualmente imperante en
la isla caribeña? ¿Cuáles son los contactos mantenidos por el Gobierno
español con las autoridades cubanas con vistas a los cambios de sistema
económico en el mencionado país iberoamericano? ¿Y en qué medida
participó el Gobierno español en la visita que el portavoz parlamentario
socialista, señor Solchaga, realizó recientemente a la República de Cuba?
De manera que de los hechos a la filosofía son las preguntas que
formulamos y sobre las cuales querríamos conocer el parecer del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En cuanto a la primera pregunta,
formulada en los términos de si el Gobierno español estima que los
eventuales cambios en el sistema económico cubano pueden producirse sin
alteraciones sustanciales en el sistema político que impera actualmente
en la isla caribeña, respondemos rotundamente que no. El Gobierno
considera que los cambios en el sistema económico cubano han de
encaminarse inevitablemente hacia una apertura y una liberación de sus
esructuras económicas, tanto de las exteriores como de las interiores, y
que la ampliación de los márgenes de autonomía y libertad económica de la
población irán produciendo inevitablemente efectos políticos que habrán
de ser tenidos en cuenta en la medida en que se profundice en este
proceso de transición y de adecuación económica de la isla a los nuevos
marcos internacionales. Somos conscientes de que no es posible confiar en
una evolución democrática exclusivamente a través de reformas de
naturaleza económica, y somos también plenamente conscientes de las
limitaciones a las libertades individuales y de las transgresiones a los
derechos humanos en Cuba, por lo que consideramos que es inevitable
mantener una presión continuada sobre las autoridades cubanas en torno a
la defensa de los derechos humanos y a la práctica efectiva de las
libertades individuales. En consecuencia con esta línea, que es la
mantenida por el Gobierno español en todos sus contactos con el Gobierno
cubano, a lo largo de estos últimos años, tanto con las autoridades
cubanas como con miembros destacados de la disidencia o con otros
gobiernos que puedan tener un especial interés en el tema cubano, no nos
cansaremos de repetir, apelando a la experiencia iberoamericana y
bilateral con que contamos, que la mejor vía de ejercer influencia
política en Cuba es a través de un diálogo abierto y sincero. Este
diálogo se favorece, por supuesto, a través de la cooperación, a la que
he aludido anteriormente, y a través de la ayuda humanitaria, cuyo único
condicionante deberá ser la correcta utilización, recepción y
aprovechamiento por parte del pueblo cubano de esa ayuda. Por tanto,
creemos sinceramente que tenemos que colaborar, en la medida de nuestras
posibilidades, a ayudar al pueblo cubano a salir de esta crisis. Creemos
que si se profundiza en las reformas económicas y sociales, con unos
objetivos claros y con un plan previo y bien estructurado, hay unas
buenas posibilidades en Cuba de que se produzca una transformación social
y política que favorezca una transición pacífica, una transición hecha
por los propios cubanos hacia un régimen pluralista y democrático.
La segunda pregunta que formulaba S. S., hecha en los términos de cuáles
son los contactos hasta ahora mantenidos por el Gobierno español con las
autoridades cubanas con vistas a los cambios de sistema económico en ese
país, es obvio hacer mención, a priori, de la estrecha relación que une a
España con Cuba, como país iberoamericano, y la enorme sensibilidad que
existe entre los españoles por nuestra política exterior en Cuba.
Partiendo de esta sensibilidad y de esta relación estrecha es como se ha
ido construyendo la actual posición de España como interlocutor cercano y
también privilegiado en estos momentos de particular dificultad para el
pueblo cubano. Los contactos que ha mantenido el Gobierno español con las
autoridades cubanas desde el verano pasado, en que se constató en la
cumbre de Salvador de Bahía la voluntad de los cubanos de poner en marcha
ciertos cambios sustanciales en su sistema económico, son conocidos por
todos los presentes a través de la información suministrada por los
distintos medios de comunicación. El Ministro de Asuntos Exteriores,
respondiendo a otra pregunta de este mismo orden de ideas, se refirió a
la entrevista que mantuvo el Presidente del Gobierno español con Fidel
Castro, en el mes de julio, en el curso de esa cumbre de Salvador de
Bahía a la que aludía antes. Posteriormente, en el mes de agosto, el
Ministro de Asuntos Exteriores tuvo la oportunidad de encontrarse con
Fidel Castro y con el Ministro de Relaciones Exteriores cubano en
Cartagena de Indias, donde coincidieron durante dos días. Anteriormente
habían tenido ocasión de encontrarse en La Paz durante los actos de la
toma de posesión del Presidente boliviano. En septiembre, y con motivo de
la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y
a petición cubana, de nuevo, el Ministro de Asuntos Exteriores español se
entrevistó con el canciller cubano Roberto Robaina. Estos encuentros han
estado siempre presididos por un ambiente de suma cordialidad, se ha
dialogado con total apertura y han supuesto indudablemente una mejora en
la relación bilateral. En todos ellos el Gobierno cubano, repito, ha
manifestado su preocupación por la situación económica por la que
atraviesa la isla y su voluntad de encontrar soluciones que sean
objetivas, que sean realistas y que les permitan avanzar en un proceso
económico que les adapte a los nuevos marcos internacionales, buscando al
propio tiempo reactivar la economía interna y mejorar sustancialmente un
nivel de abastecimiento para la población que hoy en día es de un escaso
aporte. Las autoridades cubanas también nos han informado de las medidas
que se han ido poniendo en marcha en estos
meses con objeto de lograr esos objetivos que acabo de mencionar, y han
solicitado que les hiciéramos sugerencias respecto al proceso que han
iniciado. La actitud del Gobierno español ha sido siempre la de responder
con la misma franqueza y con la misma sinceridad a ese interés y a esa
confianza que nos han expresado las autoridades cubanas. En este marco se
les ha insistido sobre la necesidad de elaborar un plan concreto y
profundo de reforma global, no cosmético, que permita fijar objetivos y
generar confianza interna y externa respecto a la viabilidad económica de
la isla. También se les ha planteado en todas las oportunidades la
necesidad de acompañar las medidas económicas con mediddas de reforma
política, y la necesidad de mostrar un escrupuloso respeto por los
derechos humanos y por las libertades democráticas. En todos estos
contactos mantenidos se ha prestado gran atención y gran interés a los
argumentos dados por la parte española, pero seguimos creyendo que más
que las palabras es la fuerza de los hechos y la toma de conciencia
realista sobre las propias limitaciones las que habrán de ser los
argumentos más convincentes para que se realice un proceso de transición
democrática en Cuba y para que se llegue hasta el final en el proceso que
hoy apenas acaba de iniciarse y que sitúa a Cuba en el lugar que le
corresponde junto a los demás países hermanos de América Latina.
La tercera pregunta que S. S. me ha planteado es en qué medida participó
el Gobierno español en la visita que el portavoz parlamentario
socialista, señor Solchaga, realizó recientemente a la República de Cuba.
Del 22 al 31 del pasado mes de julio el señor Solchaga realizó una visita
a Cuba, efectivamente, como resultante de una solicitud formulada
expresamente por el Presidente Fidel Castro al Presidente del Gobierno
español durante la entrevista, a la que me refería antes, mantenida en
Salvador de Bahía con motivo de la III Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno.
En estas conversaciones surgió la idea de que un equipo de expertos
españoles en materia económica pudiera visitar la isla, analizar «in
situ», sobre el terreno, la situación y definir posteriormente posibles
recomendaciones, en la perspectiva de los cambios económicos que sería
necesario implantar en Cuba para que adecúe sus estructuras a los nuevos
marcos internacionales, desaparecido ya el bloque del Este, y permita así
superar la crisis actual que está provocando, indiscutiblemente, un grave
deterioro de las condiciones de vida del pueblo cubano, lo que preocupa
también de manera muy especial, por las razones apuntadas al principio de
mi exposición, tanto al Gobierno como al pueblo español. Ahora bien,
corresponde a los cubanos, es una responsabilidad exclusiva de las
autoridades cubanas, la aplicación de las medidas que ellos consideren
oportunas y necesarias para afrontar esta grave crisis económica por la
que atraviesa su país.
Por otra parte, consideramos que es positivo el diálogo; que el hecho de
haber dialogado, de haber hecho unas sugerencias ya es una actitud
positiva por ambas partes, y hemos constatado el interés de los líderes
cubanos por conocer alguna otra opinión, lo cual supone una novedad en
nuestros intercambios. Repito que el Gobierno español considera positiva
esta forma de cooperación y que el proceso de transformación económica es
ineludible e imprescindible para que en Cuba se pueda asegurar una
transición pacífica hacia la democracia y el pluralismo. Y seguiremos
dispuestos a mantener los contactos y las asesorías que se nos soliciten,
si se considera que estos contactos y asesorías pueden actuar como un
impulso favorable en el camino de la integración, la democracia plena y
la prosperidad que todos los españoles deseamos para Cuba.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, que la situación
económica cubana es desesperada, lo sabemos todos; que los responsables
de que esa situación económica desesperada son los propios líderes
comunistas cubanos, lo sabemos todos; que las transiciones a la
democracia --y alguna experiencia al respecto tenemos-- tienen una cierta
viabilidad, una cierta capacidad de éxito, en la medida en que se
produzcan en un cierto marco de estabilidad económica y social, también
lo sabemos; que los dictadores son irreformables, también lo sabemos, y
que se pueda producir un juego en donde podamos estar contemplando para
ver quién engaña a quién, también lo sabemos.
Como es evidente, nosotros compartimos muchas de las expresiones que el
Gobierno transmite por su boca a esta Cámara y nos alegramos de que sean,
en alguna medida, contundentes con respecto a la necesidad de
democratización de la situación cubana. Pero el señor Secretario de
Estado, como el Gobierno, es perfectamente consciente --o por lo menos
así nos consta a nosotros-- de que en ninguna ocasión, al menos pública y
seguramente tampoco en ninguna ocasión privada, ningún dirigente cubano
ha concedido, ha admitido, que tras la necesidad de poner al día unas
estructuras económicas caducas, que tienen su origen en una determinada
concepción ideológica, hubiera la más mínima intención de proceder a la
democratización del sistema y, consiguientemente, a contemplar una
liberalización de la situación en Cuba.
Es más, escuchando a algunos de los personajes a los cuales usted ha
hecho referencia, señor Secretario de Estado, se tiene claramente la
sensación de que es justamente todo lo contrario, de que están
efectivamente desesperados porque son mejor que nadie capaces de
constatar la catástrofe del sistema, pero que a lo que están aspirando es
que a una mínima racionalización económica permita su supervivencia, la
supervivencia política de la dictadura cubana. Yo creo que ése es un
riesgo que seguramente habrá contemplado el Gobierno, pero es un riesgo
sobre el cual es nuestra obligación llamar la atención de una manera
contundente.
No es automático ni mecánico el que la adopción de determinadas medidas
liberalizadoras, desde el punto de vista económico, conduzca
necesariamente a la
democracia política. Estamos contemplando y hemos contemplado situaciones
en donde la existencia de un determinado parámetro de mercado es
perfectamente compatible y coexistente con situaciones dictatoriales. Lo
tenemos hoy en China, lo tenemos en otros países del área asiática, lo
tuvimos en Chile y lo tuvimos en España. Y nosotros contemplaríamos con
harta preocupación el que España se prestara a una operación donde, al
final, se diera todavía continuación a una dictadura agonizante.
Nosotros partimos de una constatación, y es que, así como en Guinea
Ecuatorial sobra el señor Obiang, en Cuba sobra don Fidel Castro. Y todo
lo que no sea llevar al ánimo de los gobernadores correspondientes que en
esa encarnación, en esa simbología está precisamente el tapón que impide
que los cubanos en su caso, los ecuatoguineanos en otro, alcancen la
plena libertad, es un servicio malo prestado a los intereses españoles.
Hace todavía muy pocos días, esta misma Cámara, de manera abrumadoramente
mayoritaria, volvió a reafirmar la necesidad de que todo tipo de relación
exterior, fundamentalmente basada en los parámetros de cooperación al
desarrollo, tenga en cuenta lo que se llamó en su momento --y seguimos
llamando-- la cláusula democrática. Y nosotros comprendemos perfectamente
las matizaciones del caso e incluso apoyamos el que se favorezcan
transiciones pacíficas a la democracia, pero querríamos que, en éste como
en otros casos, se produjera la transparencia que aquí, conspicuamente,
ha faltado. No sé si era el señor Solchaga o el Gobierno el que tenía que
haber informado puntualmente de unas intenciones que sólo el señor
Secretario de Estado ahora nos transmite de una manera más o menos
coherente y extensa. Pero lo que es evidente es que nosotros,
posiblemente toda esta Cámara, y desde luego el pueblo español, tenemos
derecho a exigir que, frente a esa buena voluntad demostrada en procurar
una transición pacífica, existan también las medidas correspondientes
para no dejarse engañar por ningún tipo de compadreo bien o
malintencionado.
Esta es la razón por la que habíamos hecho estas preguntas y por las que,
en definitiva, y mostrándonos, repito, de acuerdo con algunas de las
afirmaciones más contundentes, querríamos que en el inmediato futuro
cualquier tipo de continuación --como previsiblemente haya-- de ese tipo
de contactos sea puntualmente referida a esta Cámara, en el contexto no
ya de lo que decimos en este Grupo Parlamentario, sino de lo que dicho la
propia Cámara con respecto a lo que es la política exterior española,
basada --entre otras cosas, pero fundamentalmente-- en el respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo, señor Secretario de Estado?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Efectivamente, en la exposición en que
he tratado de contestar a las tres preguntas formuladas por S. S. creo
que he insistido en la necesidad de que las reformas económicas vayan
acompañadas de reformas políticas. El que sobre o no sobre Fidel Castro
será una decisión que tendrán que tomar los propios cubanos; el que
lleven o no a la práctica las sugerencias que se les están brindando, a
petición de los propios cubanos, será una decisión que tendrán que tomar
ellos. Lo que nosotros estamos evidenciando es que en base a una relación
muy especial, la que existe entre Cuba y el pueblo cubano y España y el
pueblo español, y en base a una situación que consideramos enormemente
preocupante --porque la situación actual de Cuba es tremendamente
preocupante--, no podemos dejar de atender a un llamamiento formulado por
las propias autoridades en el que, por lo pronto, sí toman conciencia --y
hacen evidente esa toma de conciencia-- de que la situación por la que
pasa internamente el país es tremendamente problemática y que es
necesario implantar una serie de medidas para poder salir de esa crisis.
Yo creo, señoría, que eso es ya un paso hacia adelante.
El hecho de que reconozcan que la situación por la que atraviesa el
pueblo cubano es prácticamente insostenible y que es preciso poner en
marcha una serie de reformas es algo que, posiblemente, hubiera sido
impensable no hace mucho tiempo. Hay una toma de conciencia de una
realidad que es dramática y hay un llamado dirigido a un país amigo al
que se pide una asesoría. Y en esa asesoría el Gobierno español insiste,
por una parte, en que hay que poner en práctica reformas globales y
profundas de orden económico, acompañadas de reformas profundas de orden
político y, además, de una forma constante e ininterrumpida continúa
haciendo una presión para que se respeten los derechos humanos y las
libertades individuales, y que no se violen, Esa presión se ha ejercido y
se seguirá ejerciendo. Pero me costaría trabajo pensar que no deba darse
esa asesoría a un país que está atravesando por una crisis como la que
atraviesa Cuba y que de una manera voluntaria se dirige a un país amigo y
le dice: écheme usted una mano, dígame cuáles son las sugerencias que me
puede usted hacer para que, de alguna forma, la crisis económica, que
está indudablemente hermanada por una crisis política, tenga una salida,
y una salida digna para el pueblo cubano.
De manera que yo creo que ésa es la actitud: atender un llamamiento y
atenderlo con el mayor interés, porque responde a nuestra propia
preocupación y a nuestra íntima vinculación con un pueblo como el pueblo
cubano.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado de
Cooperación. Le agradecemos su presencia y le despedimos en el sentido
más exacto de la palabra, puesto que ha concluido su turno de respuestas.
--SOBRE REALIZACION DE LAS OBRAS DE NUESTRA REPRESENTACION DIPLOMATICA EN
SANTO DOMINGO, FOMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de
expendiente 181/000064.)
El señor PRESIDENTE: Ruego al Subsecretario de Estado, señor Cajal, que
acuda a la Mesa. (Pausa.)
Le doy la bienvenida, señor Cajal. Vamos a empezar ya, sin más, el turno
de preguntas que le conciernen. Usted sabe que son las números 8, 9, 19,
20, 21, 22 y 23. Vamos a empezar, por consiguiente, con la pregunta
número 8.
Tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Bienvenido, señor Subsecretario.
Esta es una pregunta que, como la mayor parte de ellas, tiene una cierta
antigüedad y que procede de algunas informaciones de prensa que a
nosotros nos causaron una cierta preocupación, francamente.
Las informaciones de prensa corresponden al jueves 12 de agosto de este
año, de 1993. Aparecieron en el diario «El Mundo». Ocupaban una página
completa del diario mencionado. Llevaba un titular que decía: Esta
embajada es una ruina, y un subtítulo que era: Exteriores engañado por
Agromán y Ocisa en las obras de la legación diplomática de Santo Domingo.
La pregunta es, simplemente, si es cierto que las dos empresas
constructoras mencionadas en la información que reproduce «El Mundo»
efectivamente engañaron a la venerable Casa de Asuntos Exteriores en las
obras, a lo que parece, según se cuenta en el contexto del artículo,
harto complicadas y complejas de la legación diplomática en Santo
Domingo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cajal.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López):
Efectivamente, S.S. tiene razón cuando ha mencionado lo que publicó el
diario «El Mundo», aunque no es menos cierto que, quizá, los titulares
siempre propenden a llamar la atención; obviamente, algunos periódicos
más que otros.
A mediados del año 1988 se iniciaron unas conversaciones con determinadas
empresas españolas con vistas a efectuar ciertas obras en Santo Domingo
de remodelación de las dos cancillerías, tanto de la embajada como del
consulado, la residencia y algunas obras adicionales. A mediados del año
siguiente, es decir, mediados de 1989, se contrató con una unión temporal
de empresas la ejecución de estas obras y, efectivamente, las empresas
eran Agromán y Ocisa. Simultánaeamente se contrató con un arquitecto la
dirección de esas obras. Se contrató con Agromán y Ocisa, como digo, en
junio de 1989, porque estas empresas tenían, por lo menos «prima facie»,
una amplia experiencia de trabajo en la República Dominicana y también, a
primera vista, disponían de una serie de equipos técnicos bien dotados.
Asimismo, el arquitecto con quien se contrató la dirección de la obra
tenía unos antecedentes profesionales aparentemente serios y
particularmente en la República Dominicana, donde había trabajado en 8
proyectos. A la vista de esto se hizo esta contratación que abarcaba las
obras de rehabilitación y de ampliación de la residencia del embajador de
España en Santo Domingo, la construcción de una nueva cancillería para la
embajada, de una cancillería para el consulado, de una vivienda para el
canciller, de una planta de generación eléctrica, todo ello acompañado de
un proyecto de seguridad con los cerramientos, etcétera, del perímetro
donde se iban a edificar estos locales.
El importe presupuestario era en torno a los 540 millones de pesetas. Lo
que ocurrió fue que, efectivamente, las obras no fueron por buen camino,
tuvieron fallos técnicos, errores de concepción y ello motivó que una
visita de inspección, que se llevó a efecto en noviembre de 1991,
informara de esta serie de defectos al Ministro y, como consecuencia, se
tomaron dos decisiones: una, suspender con carácter temporal el contrato
con la unión temporal de empresas Agromán-Ocisa, suspensión temporal que
es previa a la rescisión del contrato, que se hizo en enero de 1992 y,
simultáneamente, la rescisión del contrato con el arquitecto a quien se
había encomendado la dirección de la obra.
Poco después, y a lo largo de una serie de nuevas negociaciones o
contactos con Agromán-Ocisa, se llegó a la conclusión, tras una serie de
seguridades que esta empresa ofreció, que parecía más lógico y más
económico continuar con esta unión temporal de empresas que no
encomendárselo a una nueva empresa o grupo de empresas. Insisto, ello
después de las seguridades que ofreció Agromán en particular.
Se actuó entonces en este sentido. En abril de este año de 1993 se llegó
a este acuerdo que acabo de mencionar y continuaron las obras. La
situación actual es que está prácticamente terminada la residencia del
embajador y en trámite de adjudicación el amueblamiento. Están
finalizándose los proyectos de seguridad y generación eléctrica. Las
obras de las dos cancillerías terminarán aproximadamente en marzo de 1994
y la vivienda del canciller, que en la actualidad es utilizada como
cancillería provisional, estará reacondicionada en mayo de 1994.
Volviendo al principio, usted dice: engañado. En obras de esta naturaleza
a veces, efectivamente, la confianza que se deposita en la constructora o
en la dirección técnica, desgraciadamente, no da buen resultado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Subsecretario, con independencia del grado
de espectacularidad y de la titulación de la noticia, lo que sí deduzco
por sus palabras es que la información es terrible y preocupantemente
cierta. Incluso releyendo el artículo que tengo delante, veo que se queda
corto en algunos aspectos. Dice, por ejemplo: «Las últimas evaluaciones
de Exteriores indican que parece muy optimista el informe del encargado
de obras, según el cual todas las obras estarán finalizadas para el
próximo octubre.» Efectivamente, no lo estarán sino hasta bien entrado el
año 1994, con lo cual se producen una serie de cosas que a nosotros nos
preocupa, no digo yo que más, pero tanto como al señor Subsecretario, y
es
que, por una parte, hay un coste añadido por --no voy a hablar de
culpabilidades o de responsabilidades, que seguramente las habrá--
negligencias. No es la primera vez que el señor Subsecretario comparece
en esta Comisión ni es la primera vez que tenemos ocasión de dedicarnos
con cierto detalle a lo que son las partidas presupuestarias del
Ministerio de Asuntos Exteriores, partidas presupuestarias harto
estrechas como para además contemplar que se producen estas importantes
desviaciones en esos presupuestos.
Como sabe el señor Subsecretario, también hemos solicitado la relación
pormenorizada de todas aquellas obras que el Ministerio ha realizado o
está realizando en el extranjero, precisamente para, alertados por esta
noticia, comprobar si en otras o en todas las obras realizadas no se han
producido este tipo de desviaciones, porque sería muy grave desde todos
los puntos de vista, desde el punto de vista de la adecuada utilización
de los fondos presupuestados y desde el punto de vista de las
responsabilidades, y cuando hablo de las responsabilidades me refiero,
naturalmente, a las responsabilidades en las que incurren las empresas
constructoras, pero también a las responsabilidades funcionariales en que
pueda haber incurrido alguno de los funcionarios.
Yo le diría al señor Subsecretario que lamentamos que la noticia sea
cierta, lamentamos la confirmación de la noticia por su propia y
autorizada boca, y querríamos que ésta fuera la única y última vez que
este tipo de situaciones se producen, pero, como dirían los castizos,
esto no puede quedar así, de manera que me imagino que la Administración
del Estado, el Patrimonio del Estado, tomará las medidas correspondientes
para depurar las consiguientes responsabilidades en que hayan incurrido
los responsables de las constructoras, los responsables económicos y los
responsables funcionariales, porque, según todos los indicios, se ha
producido un importante y costoso para el Estado desvío de fondos
públicos, y todavía no hemos contemplado el final de las obras. Esperemos
que la tradicional capacidad y eficacia del señor Subsecretario sea capaz
de poner definitivamente coto a este tipo de situaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Simplemente
he de decir que tomo buena nota de los comentarios de S. S. y subrayar
que, afortunadamente y como no podía ser de otro modo, esto es la
excepción, ni mucho menos la regla, y que me ocuparé de informar a S. S.
de las disposiciones que se han adoptado o que se vayan a adoptar al
respecto.
--SOBRE INICIO DE ACTUACIONES PARA FACILITAR A LOS ARGENTINOS PERSEGUIDOS
QUE LO SOLICITEN EL ACCESO A LA CONDICION DE REFUGIADO O ASILADO
POLITICO, FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN (GRUPO IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número de expediente: 181/000072.)
--SOBRE MEDIDAS PARA CONDICIONAR EL APOYO POLITICO Y ECONOMICO QUE
ACTUALMENTE PRESTA EL GOBIERNO ARGENTINO AL ESTRICTO RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL MISMO. FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO
MARTIN (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número de
expediente: 181/000073.)
El señor PRESIDENTE: Tenemos, a continuación, las preguntas números 9 y
10, que han sido formuladas por doña María Angeles Maestro. Las dos se
refieren no exactamente al mismo tema, pero sí al mismo contexto. Quizá
se podrían agrupar, pero el problema es que, cuando se ha dividido el
orden de intervenciones, se ha hecho una clara división entre la 9 y la
10, de modo que quizá es mejor que las veamos por separado.
La señora MAESTRO MARTIN: Yo no tengo inconveniente en que se vean de
forma conjunta.
El señor PRESIDENTE: Pues vamos a verlas conjuntamente.
Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Evidentemente, las preguntas están muy
relacionadas, aunque el contenido es diferente, y tienen la misma
exposición de motivos, es decir, se refieren a hechos comunes. El asunto
es la situación que en Argentina se está viviendo en relación con las
agresiones físicas y amenazas de muerte que tienen por blanco a
intelectuales, artistas, miembros de organismos defensores de los
derechos humanos y muy especialmente periodistas. En estos momentos, hay
en los juzgados argentinos 500 denuncias de este tipo. Yo me voy a
referir a alguna de ellas, evidentemente no pienso agotar la relación. En
todos los casos, la prensa argentina refiere su grave preocupación por la
semejanza de las actuaciones realizadas contra estas personas con las que
años atrás marcaron el nacimiento de la Triple A en Argentina.
Recientemente, Hernán López Echagüe, periodista de la revista «Página
12», fue atacado a golpes y navajazos en la cara y frente a la puerta de
su domicilio, tras haber denunciado en las páginas de esa revista el
reclutamiento, en terminología argentina, de barras bravas o patotas
progubernamentales por parte de Alberto Pierri, Presidente de la Cámara
de Diputados de la nación, y de Alberto Brito Lima, hasta hace solo un
mes Embajador ante Honduras y líder histórico del comando de organización
grupo terrorista de ultraderecha. El Ministro del Interior, ante estas
denuncias, aseguró que los agresores de este periodista habían sido
detenidos y que aún llevaban encima un mapa con el domicilio del
periodista y diferentes instrumentos de agresión y tortura. Sin
embargo, la justicia ordenó la libertad de los sospechosos por falta de
causa, y dos semanas después el mismo periodista recibió un segundo y
brutal ataque, una paliza que le obligó a ser internado durante varios
días en las unidades de vigilancia intensiva. El segundo ataque se
produce a la salida de una emisora donde había reiterado las denuncias
sobre este tipo de actuaciones.
Al mismo tiempo, Magdalena Ruiz, miembro de la Comisión Nacional Conadep,
organismo creado por Raúl Alfonsín en el año 1984, encargado de la
investigación por la desaparición de 10.000 personas durante la dictadura
militar, fue también brutalmente golpeada. En esta situación, que,
insisto, ha sido objeto de 500 denuncias en los juzgados de Argentina, en
todas las ocasiones la vista de la causa se cierra con el sobreseimiento
de la misma.
Con posterioridad al registro de la pregunta que fue objeto de la
iniciativa de Izquierda Unida, se ha conocido la desaparición de un
estudiante, Miguel Bru, tras haber denunciado en la Policía el
allanamiento ilegal de su casa. Después de ello, también ha aparecido
ahogado un periodista, Mario Bonino, cuya desaparición se produjo después
de que en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires se
plantearan los actos que cobijaron las denuncias contra estas
actuaciones. En este caso, el juez dice lo siguiente: «No descartamos
ninguna hipótesis, ni siquiera la de asesinato. Ya hemos comprobado que
Bonino no murió ahogado y además no se encontraron sustancias tóxicas
dentro de su cuerpo.»
La situación que se está viviendo en Argentina es poco conocida y aparece
muy de tarde en tarde reflejada en los medios de comunicación, pero, tal
y como se expresa por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires,
parece que existe la planificación del miedo y que a cargo de esa
planificación se encuentran grupos organizados, tal y como lo reconociera
antes de su renuncia el Ministro del Interior, Gustavo Béliz. Pese a
ello, el Gobierno español mantiene relaciones preferentes con el Gobierno
argentino, y la información que yo tengo es que en recientes fechas se ha
acordado la concesión de una línea especial de financiación a través del
Instituto de Crédito Oficial del Reino de España.
Asimismo, por hacer referencia a las dos preguntas y a sus respectivos
apartados, personas que han sufrido persecución, amenazas o agresiones en
Argentina, han solicitado asilo en España y su solicitud se ha visto
denegada aludiendo al carácter de país democrático y respetuoso de los
derechos humanos de Argentina.
Es por eso por lo que formulo, en este caso al señor Subsecretario, las
preguntas de si el Gobierno piensa adoptar alguna medida que condicione
el apoyo político y económico al estricto respeto de los derechos humanos
por parte del mismo y si el Gobierno tiene previsto iniciar alguna
actuación que facilite a los argentinos perseguidos que lo soliciten
acceder a la condición de refugiado o asilado político.
El señor PRESIDENTE: El señor Cajal tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal
López): Señor Presidente, señoría, voy a tratar de contestar con
precisión a las dos preguntas.
Qué duda cabe que la descripción que S. S. ha hecho no puede ser objeto
más que de rechazo por parte del Gobierno, al tratarse de agresiones,
persecuciones, atentados contra la libertad de prensa, que son muy de
lamentar, pero, dicho esto, el Gobierno no prevé ninguna actuación
específica referida a Argentina. El Gobierno sigue considerando que
Argentina es un país democrático donde existen los mecanismos jurídicos
adecuados para garantizar la integridad física y el respeto de los
derechos humanos de sus ciudadanos.
Por otra parte, cualquier ciudadano extranjero dispone de los recursos
que la legislación española contempla para acudir o solicitar el asilo o
la condición de refugiado. La Ley Reguladora del Derecho de Asilo y la
Condición de Refugiado de 1984 establece unos mecanismos, que son
conocidos, y a los que cualquier ciudadano se puede acoger. Por supuesto,
si un ciudadano argentino considera que su integridad física está en
peligro puede recurrir a este mecanismo.
Según las informaciones de las que dispongo, hasta octubre de este año ha
habido 24 solicitudes de asilo, y según estas mismas informaciones estos
24 casos fueron rechazados porque la Comisión encargada de resolver las
solicitudes consideró que las invocaciones no eran adecuadas y que en el
fondo se trataba de emigrantes, por decirlo así, económicos.
Por otra parte, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos
Exteriores tiene un programa de acogida para casos de persecuciones,
personas cuya vida está en peligro por amenazas de grupos extremistas,
terroristas y a los cuales se facilita la salida del país. Efectivamente,
muchos de los que se acogen a este programa son ciudadanos de algún país
hispanoamericano, pero no se ha dado el caso --insisto que según la
información de la que dispongo-- de ciudadanos argentinos que hayan
recurrido a este programa de acogida.
El Gobierno considera que Argentina no es un país en el que se den las
circunstancias que motivarían una acogida masiva de personas asiladas o
refugiadas y considera, asimismo, que a partir del año 1983, con la
vuelta a la democracia, no solamente se ha restablecido la democracia en
Argentina, sino que existen una serie de mecanismos que contemplan y
condicionan, en el terreno de los principios, el apoyo politico y
económico que España presta al Gobierno argentino y que son básicamente,
por supuesto, el respeto de los derechos humanos y el mantenimiento y
fortalecimiento del sistema democrático.
Paso a contestar la segunda pregunta. España, de acuerdo con los
principios de la resolución del Consejo de Cooperación para el
Desarrollo, de noviembre de 1991, otorga prioridad al llamado enfoque
positivo de los principios que rigen la política global de cooperación
con los países iberoamericanos; propicia, consecuentemente, la
intensificación de la cooperación con aquellos Gobiernos, cual es el caso
de Argentina, que han logrado una
consolidación real de la democracia y la protección de los derechos
humanos.
Las declaraciones, como S. S. sabe, de las cumbres iberoamericanas de
Guadalajara, Madrid y Salvador de Bahía reafirman, asimismo, este
compromiso y el propio preámbulo del Tratado de cooperación y amistad
hispano-argentino de junio de 1998 mantiene este principio rector de la
defensa de la institucionalidad democrática y del respeto de los derechos
humanos. Por otra parte, conviene también tener presente que juega en
ambos sentidos.
Dicho esto, señoría, insisto, la enumeración de los casos que ha
mencionado es realmente preocupante, pero creo que hay que dar un margen
de confianza a las instituciones argentinas, a la justicia argentina para
que hagan frente a estas situaciones que, tal como están descritas,
evidentemente concitan la preocupación de cuantos las escuchan. Por otra
parte, los casos individuales que puedan surgir, como digo, pueden
recurrir a los mecanismos contemplados por la legislación española y
serían resueltos en sus propios méritos.
El señor PRESIDENTE: La señora Maestro tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Subsecretario, más allá de otras
situaciones, a mí se me ocurre que hay solamente dos posibilidades: o me
invento lo que digo, no es real lo que está produciéndose en Argentina
con los quinientos casos de agresiones, persecuciones, desaparecidos,
entre núcleos de personas de la intelectualidad, de la prensa, de las
asociaciones de defensa de los derechos humanos, o, si existe, el
Gobierno español tiene que tomar alguna medida en consecuencia. A mí no
se me ocurre otra cosa.
Es decir, en Argentina los casos de denuncias se incrementan, la
vinculación de los agresores con miembros de las fuerzas armadas y del
aparato represor del antiguo régimen parece evidente; parece claro el
reclutamiento de los mismos por altos dignatarios de la nación, como el
presidente de la Cámara de Diputados. Entiendo que a SS. SS. podría
parecerles increíble si no fuera porque este personaje --que no creo que
pueda llamársele de otra manera, y refresco sus memorias-- fue el
protagonista de un chantaje a un ciudadano español dentro mismo del
edificio del Congreso de los Diputados de Argentina; este ciudadano era
el representante en Argentina de la empresa Gas Natural y recibió un
chantaje económico, con amenazas de muerte por parte de este personaje.
Hay otro hecho, y es que legalmente está instituido el poder judicial y
los mecanismos de actuación pertinente, pero la evidencia es que el poder
judicial no actúa, que no se ha condenado nunca a nadie por esas
agresiones y que el Gobierno español deniega las solicitudes de asilo que
se producen en relación con estos hechos y que, además, establece líneas
prioritarias de financiación a ese Gobierno y usted me dirá, señor
Subsecretario, si esta situación permite decir que más allá de
declaraciones formales en Argentina se están respetando los derechos
humanos.
Acepto que usted intentara demostrarme que los hechos que relato son
ciertos, pero usted puede decirme que no, que exagero o que me los
invento. Ahora, si son ciertos, en un país democrático como España es
razonable solicitar del Gobierno la apertura de algún tipo de
investigación que permita que el Gobierno español obtenga una información
real de lo que allí sucede y que actúe en consecuencia tanto en relación
con el trato de favor político como económico por lo que se refiere al
Gobierno argentino. Y todo ello como medida para intentar fortalecer el
desarrollo de la, a juicio de mi Grupo, débil y agredida democracia
argentina.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Subsecretario quiere añadir algo?
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Simplemente
tomar nota del último comentario de su señoría.
--SOBRE FECHA PREVISTA PARA LA REFORMA DEL ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GP). Número de
expediente 181/000124.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas números 19, 20, 21, 22 y 23.
Según se me ha comunicado, la número 23, presentada por el Grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ha sido
retirada.
Por consiguiente, vamos a tratar las números 19, 20, 21 y 22.
Me atrevo también a sugerir al señor Robles Fraga, que es el que ha
presentado las cuatro, que entiendo que se refieren globalmente al mismo
tema y quizá se podrían ver conjuntamente o si considera que no, en cuyo
caso lo dejo a su libre criterio.
El señor ROBLES FRAGA: En cualquier caso, me gustaría hacer brevemente
las números 19 y 20, separadas y la 21 y la 22 juntas, que re refieren al
mismo caso. Creo que son tres asuntos distintos referidos a la misma
cuestión, pero podíamos refundir las dos últimas y tratar rápidamente
--desde luego me comprometo a ser breve-- las 19 y 20.
El señor PRESIDENTE: Adelante. Tiene usted la palabra, señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Subsecretario, ¿cuándo se va a proceder a la
anunciada reforma del organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores,
que debería hacerlo más efectivo y mejorar así el aprovechamiento de los
recursos del Ministerio del que usted es Subsecretario?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Yo no creo,
señoría, cuando menos de una manera oficial, que el organigrama del
Ministerio de Asuntos Exteriores fuera a ser reformado o modificado.
En lo que a mí respecta, es cierto que en una comparecencia en la
Comisión de Asuntos Exteriores con motivo de la discusión del Presupuesto
en el año 1992, el 14 de octubre, según tengo aquí delante en el «Diario
de Sesiones» del Congreso, hice una referencia a la reestructuración del
organigrama y dije: «Es algo que está en la mente del Ministro y del
Subsecretario, aunque no parecía que fuera el momento ni la coyuntura los
más aconsejables para embarcarse en esta iniciativa y que, cuando las
circunstancias lo aconsejaran, se acometiera la modificación del
organigrama.»
Entre tanto, se ha introducido una reforma puntual.
Por otra parte, debo decir también que no hay que establecer
necesariamente una relación de causa-efecto evidente entre reforma del
organigrama y eficacia. Se puede reformar un organigrama y llegar a la
ineficacia. Lo que sí que se ha hecho es una reforma importante que
parecería que era la aconsejable en las actuales circunstancias, una
reforma que, como S. S. sabe, entró en vigor hace un par de meses, y fue
la creación de la Dirección de Asuntos Políticos del Ministerio.
Esta reforma parecía urgente y necesaria con vistas a ir preparando, por
un lado, la próxima presidencia de la Comunidad y ello como consecuencia
de la necesidad de aliviar al Secretario General de Política Exterior de
sus múltiples obligaciones, puesto que además de coordinar las llamadas
direcciones políticas del Ministerio, desempeñaba las funciones, desde la
creación de este puesto en 1985, de director político.
De lo que se ha tratado es de crear la figura autónoma de director
político de una parte para, como digo, aliviar al Secretario General de
Política Exterior de parte de las obligaciones que recaían sobre él y,
por otra, para ir preparando las nuevas y cada vez más complejas
obligaciones que recae sobre el Director de Asuntos Políticos, que es una
figura tradicional en todos los ministerios de Asuntos Exteriores
europeos y, por supuesto, de los países miembros de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: La última ocasión en que se anuncia, se habla o
aparece --imagino que de fuentes muy bien informadas-- el propósito del
Ministro de abordar la reforma del organigrama del Ministerio de Asuntos
Exteriores es con motivo del relevo del precedesor del señor Dicenta y de
su predecesor como Subsecretario. Eso organiza un cierto revuelo y al
final ese muy loable propósito de reforma desaparece de las intenciones
del Ministerio.
Sin embargo, a mí también me gusta seguir el trámite legislativo y
observar lo que ha pasado en esta Comisión cuando hemos hablado de los
Presupuestos. Discutíamos la reducción del 27 por ciento en el
presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo y el resultado era que más de
la mitad del Presupuesto de la Agencia se destinaba a gasto corriente.
Esta misma cuestión del organigrama del Ministerio, es decir, del
instrumento fundamental de política exterior del Gobierno en relación con
sus objetivos declarados, vuelve a aparecer con motivo de algunas
preguntas realizadas al Ministro en esta misma Comisión con ocasión del
proyecto de nueva sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.
A mí me parece que en un momento de restricción presupuestaria, de ajuste
de los instrumentos y medios de política exterior del Gobierno, en que se
están invirtiendo cantidades importantes de dinero o proyectando invertir
cantidades importantes de dinero en una nueva sede que dignifique y
mejore el funcionamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y, por
tanto, de la defensa de nuestra política exterior y de la promoción de
nuestros intereses, parece razonable pensar que éste es el momento para
abordar una reforma que va siendo atrasada, evitada, aparcada, desde hace
muchos años.
A esto se añade una vieja discusión planteada una y otra vez por este
Grupo y que incluso llegó a figurar en algún momento en los programas del
Partido Socialista sobre la necesidad o no de hacer una ley del servicio
exterior que desarrollase, aplicase y clarificase el panorama del
servicio exterior conforme al principio de unidad del servicio exterior
para conseguir el objetivo de la unidad de la acción exterior del Estado.
El organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores no es un organigrama
cualquiera, sino que procede de muchas reformas parciales que se han ido
sucediendo a lo largo de los años, pero que nunca han conseguido
solucionar, porque quizá no estaba en el ámbito de sus posibilidades, la
vieja cuestión de las competencias compartidas o de las peleas
competenciales con otros organismos de la Admnistración central del
Estado.
Me refiero, por ejemplo, al viejo contencioso con la Secretaría de Estado
de Comercio sobre las competencias de política económica exterior sobre
los nuevos problemas planteados por la importancia de las cuestiones de
inmigración con otros Ministerios, como son el de Interior y el de
Trabajo, su conflicto con las competencias consulares, la también
planteada en esta misma Comisión cuestión de las competencias culturales
y de la relación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto
Cervantes. También la cuestión importante de carácter consular de los
asuntos electorales, mucho más importante ahora con motivo de la entrada
en vigor del Tratado de Maastricht. En fin, nos referimos a qué queremos
hacer con el servicio exterior, qué modelo queremos seguir y cuáles son
las competencias en materia de política exterior que queremos que
desarrollen unos y otros.
Si uno analiza con cierto detenimiento las características del
organigrama del Ministerio, verá que son muy poco compatibles con las
necesidades de una potencia media como España que, precisamente en época
de austeridad, debe ajustar más recursos humanos y materiales.
Hay una infradotación permanente de medios personales en las direcciones
generales del Ministerio y una multiplicación --a la que me referiré en
la siguiente pregunta--, de funcionarios destinados en el extranjero, y
no todos, desde luego, del Ministerio de Asuntos Exteriores, un excesivo
número de unidades administrativas que quizás habría que simplificar, una
falta de adaptación del organigrama del Ministerio a nuevas realidades
europeas que muchas veces entran en competencia con otros Ministerios,
por no hablar de las viejas peleas corporativas que no se solucionan
nunca y que se perpetúan en una guerrilla interminable, estéril para los
intereses de nuestra política exterior.
Creo que éste es el momento para eliminar esos cuellos de botella. Creo
que es tarea primordial de la política exterior española y, por lo tanto,
de su Ministerio y de usted mismo como Subsecretario del Ministerio de
Asuntos Exteriores, abordar la reforma de nuestro servicio exterior, y
hay que empezar por poner orden dentro de la casa propia. La correcta o
incorreca utilización, según se aprecie, de los medios públicos es, sin
duda, uno de los factores primordiales que afectan a cómo España defiende
sus intereses en el exterior. Desde luego, creo que un país como el
nuestro, que no está, desde luego, en un momento especialmente boyante,
debe plantear también en este momento la necesidad del ajuste de sus
medios, de los instrumentos de los que dispone para defender o para
promover sus intereses exteriores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): La creación
de una Dirección de Asuntos Políticos obedece precisamente a un análisis
de la situación y de las necesidades a las que se consideraba que había
que hacer frente con carácter urgente e inmediato. La creación de este
puesto se ha hecho, además, sin gasto presupuestario alguno.
Habrá observado, sin duda, S. S. que de los tres Institutos dependientes,
por decirlo así, de la Agencia en la Secretaría de Estado de Cooperación,
se han cubierto solamente dos: el Instituto de Cooperación Iberoamericana
y el Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe, no así el Instituto de
Cooperación para el Desarrollo. Quizás esto sea un primer paso con vistas
a una refundición de ambos Institutos, también con vistas a una mayor
racionalización y a un ahorro de los recursos escasos.
Su señoría ha hecho un planteamiento muy amplio de una serie de temas de
indudable interés, pero que, a mi juicio, van más allá del tema de la
organización o reorganización del organigrama del Ministerio. Comparto el
objetivo que S. S. plantea de adecuación de los medios a las necesidades
crecientes del Ministerio a una creciente complejidad de la vida
internacional. Como ya he tenido ocasión de decir, creo que con todo el
Ministerio cumple más que dignamente sus funciones como brazo ejecutor,
por decirlo así, de la política exterior de España.
--SOBRE MEDIDAS PARA CORREGIR LA DUPLICIDAD DE DELEGACIONES ESPAÑOLAS EN
EL EXTERIOR, FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO POPULAR). (Número
de expediente 181/000127.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: La siguiente pregunta, que viene a continuación de
esta misma, es como sigue: ¿cuáles son las medidas que piensa adoptar su
Ministerio para corregir la duplicidad de delegaciones españolas en el
exterior, entendiendo como tales a las unidades administrativas de España
que realizan competencias en el exterior que duplican el esquema
organizativo y acarrean costes excesivos?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Confieso que
no acabo de entender bien su pregunta. Si la pregunta se refiere a lo que
se entiende por delegaciones, es decir, misiones que salen de España con
carácter general para asistir a determinadas conferencias o reuniones
internacionales, por lo general, como S. S. sabe perfectamente, incluso
en aquellas de carácter técnico, suelen ir presididas por un funcionario
del Ministerio de Asuntos Exteriores para garantizar, por decirlo así, la
cobertura política de la gestión que vaya a hacer esa delegación.
Si se refiere S. S. a la multiplicación de oficinas en el exterior, qué
duda cabe que es una Administración que debe hacer frente a temas
técnicos cada vez más complejos en su despliegue en el exterior, por
mucho que el Ministerio de Asuntos Exteriores quisiera preservar su
hegemonía, chocaría con la dura realidad, y es que se tiende, se propende
cada vez más a la especialización de funciones. Naturalmente, se podría
pretender --y éste es un ejercicio puramente intelectual--, se podría
intentar reducir el número de delegaciones, por llamarlas así, en el
exterior. Creo que ésta es una batalla que no conduce a ninguna parte.
El Ministerio de Asuntos Exteriores como tal o el servicio exterior,
representado en este caso por la carrera diplomática, no puede pretender
hacer frente a toda la gama de actividades que se presentan en una
embajada en un país importante, en una embajada integrada por un número
considerable de funcionarios y que ha de cubrir temas desde agrícolas
hasta de cooperación científica, temas financieros o consulares, por
supuesto, culturales y de todo tipo. Creo que eso es imposible. Hay que
tener un buen servicio exterior, integrando en el mismo a todos los
departamentos que por una u otra razón tengan que tener una proyección
exterior. Pretender que eso quede circunscrito al Ministerio de Asuntos
Exteriores me parece que es una tarea imposible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Efectivamente, de eso se trata. Se trata de tener
un buen servicio exterior, partiendo de la base de que el servicio
exterior que tenemos ahora no lo es porque necesita de un esfuerzo de
ordenación y clarificación que no se ha hecho, a pesar de ser una
necesidad manifestada en numerosas ocasiones no solamente dentro del
Ministerio por los funcionarios de la carrera diplomática, sino por
cuantas personas se asoman con objetividad e interés, personal y
profesional a la manera en que España defiende sus intereses y ejerce
esas atribuciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
de representación, protección, negociación, información, fomento y
desarrollo de relaciones amistosas y de todo el mundo.
Todo el mundo acaba volviendo al viejo principio de la unidad de acción
exterior del Estado, de tal manera que un país como España, que es una
potencia media con limitaciones de todo tipo, se encuentra con que
dispone de 90 embajadas, más diez representaciones permanentes, y que en
este centenar de misiones, además de los nombramientos que efectúa el
Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría de Estado de Comercio
nombra a 115 personas con acreditación diplomática, el Ministerio de
Trabajo a 41, la Secretaría de Turismo a 35, el Ministerio de Educación a
21, el Ministerio de Agricultura a 27, el Ministerio de la Presidencia a
18, la Secretaría de Estado a ocho, el Ministerio de Industria a otros
cuatro, el Ministerio de Transportes a dos y el Ministerio de Asuntos
Sociales a uno. Sin duda, sólo nombra a uno porque no ha podido nombrar a
ninguno más, porque algunas intenciones aviesas también tenía la anterior
Ministra de Asuntos Sociales de crear oficinas de relaciones o
agregadurías de su Ministerio en el exterior.
El problema de la coordinación --y el señor Subsecretario sin duda lo
conoce mejor que nadie-- de la política exterior, que es, en definitiva,
en lo que consiste la unidad del servicio exterior, es tanto de su
Ministerio como de los jefes de misiones diplomáticas y de
representaciones de España en el extranjero. Y claro, cuando existen once
o doce focos de política exterior, nos encontramos con que el servicio de
exteriores es un poco como el ejército del libro de «Tintín», que está
lleno de coroneles pero que tiene muy pocos soldados, y en definitiva no
hay ningún general que coordine aquí. No hay más que ver el excesivo
número de consejeros y agregados, con niveles muy altos --29 y 30-- en
algunas embajadas, que casualmente son París, Bruselas y Washington, que
dependen de ministerios distintos y dependen en todos los sentidos. Y las
esporádicas y muy meritorias reuniones que realizan los embajadores para
tratar de averiguar qué es lo que hacen las personas que nominalmente
trabajan a sus órdenes no sirven para mucho. La labor coordinadora de los
embajadores, de los jefes de misión, no puede ser eficaz si no existen
dos cosas: por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores su misma
capacidad coordinadora y, al mismo tiempo, orden en la atropellada y
masiva manera con la que se envían al exterior representantes de
ministerios y organismos varios que consideran que sólo dependen del
ministro que les nombra. No entrar en el espinoso tema de cómo se envían
por parte de algunos ministerios...
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, vaya concluyendo que el tiempo
apremia.
El señor ROBLES FRAGA: Concluyo, señor Presidente. Cómo se nombra a estas
personas que no dependen directamente o que tratan de no depender
directamente del Ministerio. Sí diré que, desde luego, el esfuerzo hay
que hacerlo con mayor rigor que el actual. En cualquier caso, no parece
razonable pensar que exista tan elevado número de personas, que no
solamente no reconocen sino que desconocen la necesidad de una
coordinación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, titular de
la política exterior, y del embajador de España o del jefe de la misión
en cuyo país están acreditados.
--SOBRE NEGATIVA DE DETERMINADOS MINISTERIOS A QUE SUS FUNCIONARIOS SE
INTEGREN EN LOS EDIFICIOS DESTINADOS A ALOJAR LA CANCILLERIA DE EMBAJADAS
O REPRESENTACIONES DE ESPAÑA. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA, GRUPO
POPULAR. (Número de expediente 181/000129.)
--SOBRE OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE QUE LAS CONSEJERIAS COMERCIALES Y
OTRAS AGREGADURIAS EN WASHINGTON, VARSOVIA O PARIS NO SE HAYAN ALOJADO EN
LOS NUEVOS EDIFICIOS DE ESTAS EMBAJADAS. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES
FRAGA, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000130.)
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, las preguntas 21 y 22, según tengo
entendido, se acumulan en un solo turno.
El señor ROBLES FRAGA: Sí, señor Presidente. Me gustaría conocer la
respuesta del señor Subsecretario sobre la negativa de algunos
ministerios a integrar sus funcionarios en las nuevas cancillerías
construidas y edificadas con cargo al erario público, y de la opinión que
le merece a este Ministerio semejante actitud.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Señorías, voy
a hacer una breve enumeración de unas embajadas, alguna de las cuales
menciona S. S. en sus preguntas, en las que efectivamente se ponen de
manifiesto algunos de los problemas que S. S. suscita.
En París, por ejemplo, están integrados en la cancillería, además de la
de la OCDE, las agregadurías de Defensa, Industria, Educación en breve,
Agricultura, la Oficina cultural y la Oficina de información. Están fuera
Turismo, porque tiene que atender al público, y Comercio. En Washington
están fuera Defensa y Comercio y están integradas Agricultura, Educación,
la Oficina laboral, la Oficina financiera y el Consulado. En Lisboa está
fuera Comercio y están integrados Defensa, Cultura, Información y
Educación. En Rabat hay bastantes fuera porque la Concillería es pequeña;
están integradas parte de la Oficina de defensa, el Agregado militar y el
Agregado naval, y la Oficina de información. En Moscú están integradas
todas, incluida Comercio. En Varsovia, Defensa, el Instituto Cervantes y
el Consulado; Comercio está fuera. Por supuesto, en la representación
permanente ante las Comunidades todos los agregados sectoriales están
integrados.
De esta breve enumeración se deduce que, efectivamente, hay un ministerio
que propende a no integrar sus oficinas sectoriales en las cancillerías
de las embajadas de España. Sin duda S. S. sabe que esto es una práctica
inveterada que data de antes de 1982, para lo que se pueden buscar varias
explicaciones. Una de ellas es que en numerosas ocasiones y no solamente
las oficinas comerciales son propiedad del Estado, por decirlo así, en
segunda instancia del Ministerio de Comercio. Esto en ocasiones plantea
problemas de venta para integrarse en las cancillerías. Hay un segundo
tema que es más complejo y también de más compleja apreciación, y es que
las oficinas comerciales tienden a localizarse en zonas, por decirlo así,
del mundo de los negocios, no necesariamente coincidentes con la
localización de las cancillerías y mucho menos de las oficinas
consulares, puesto que evidentemente hay oficinas comerciales no sólo en
las capitales de los países, y en el caso de las oficinas consulares
éstas se sitúan más bien en otro tipo de barrios puesto que de lo que
tratan es de atender a otro tipo de clientela, por decirlo así.
Dicho esto, qué duda cabe que no es el ideal. Ello crea ciertas
disfuncionalidades. La cohabitación no genera necesariamente el amor,
como es sabido, ni siquiera una coordinación ideal. Por otra parte, es
verdad que esta multiplicación de sedes podría dar lugar a un mayor gasto
para los Presupuestos del Estado. A mediados de los años ochenta, y
coincidiendo con una época de optimismo presupuestario, se trató, por
parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, de ir a cancillerías
integrales, coincidiendo también con la necesidad de renovar o modernizar
algunas de las cancillerías de las grandes embajadas que adolecían de
numerosos defectos y que estaban en manifiesto estado de postración;
Washington, Londres y París son los casos más evidentes. Se fue a este
tipo de cancillería integral y en algunos casos, como por ejemplo en
Moscú, ha habido una integración total; en otros casos la integración ha
sido parcial. Me atrevería a decir que en la actualidad la experiencia de
las grandes cancillerías se está repensando en el Ministerio. Las grandes
cancillerías exigen una atención muy compleja, unas dotaciones de
seguridad muy complejas. A una cancillería integral tienen acceso muy
distintos grupos de personas en función de las distintas oficinas que
visitan, y eso complica no solamente la estructura del edificio sino que
complica y dificulta sobre todo la seguridad. Por otra parte, una
cancillería integral que pretenda integrar, por definición, en un país
donde España tenga una implantación importante, a la totalidad de las
oficinas sectoriales, sería una auténtica megacancillería, y eso plantea
problemas de concepción que, como digo, mueven más bien a la
reconsideración. Dicho esto no puedo ocultar una realidad, y es que
básicamente las oficinas comerciales no se integran en las cancillerías
de las embajadas de España.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Ante el estupor probablemente de quienes no
conozcan este asunto, la realidad es que la Secretaría de Estado de
Comercio se niega a integrarse en cancillerías recién construidas o
habilitadas para integrar al conjunto de nuestra representación
diplomática en algunos países importantes --el caso de Washington es
especialmente sangrante-- y por una pelea de patio de vecinos, por una
guerrilla competencial que debería haberse resuelto pero que ahí está, la
Secretaría de Estado de Comercio deja vacíos centenares de metros
cuadrados de edificio de oficinas recién construidos, con argumentos que
desde luego no tienen nada que ver ni con la necesidad de restricción de
gasto público ni con los objetivos de política económica del Gobierno ni,
desde luego, con la necesidad no ya de la unidad del Servicio Exterior,
sino una simple coordinación de actividades de distintos ministerios y
secretarías de Estado que llevan sectores de nuestra política exterior.
Esto es muy lamentable. Como casi todo lo anterior, nace de la vieja
necesidad de una reforma del Servicio Exterior y de una aclaración de
competencias en materia de política exterior. Yo creo que si la política
exterior es una política de Estado, punto que hemos explicado por activa
y por pasiva en esta Comisión, también lo debe ser para la Secretaría de
Estado de Comercio.
Espero tener en alguna ocasión una comparecencia del Secretario de Estado
de Comercio para que me aclare cuál es su modelo del servicio exterior,
cuáles son las razones que hacen que centenares de metros cuadrados estén
vacíos exclusivamente porque hay unos funcionarios que, obedeciendo
instrucciones del Secretario de Estado, no se integran en una estructura
no digo ya única, sino ordenada y coordinada de defensa de nuestros
intereses en países tan importantes, repito, como los Estados Unidos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles.
El señor Subsecretario no quiere añadir nada. Por consiguiente, le doy
las gracias al señor Cajal y le despido también después de esta parte de
su tarea.
--SOBRE CRITERIOS QUE INSPIRAN LA POLITICA DEL GOBIERNO ESPAÑOL CON
RESPECTO A ARGELIA Y SU DELICADA SITUACION INTERNA. FORMULADA POR EL
SEÑOR MILIAN MESTRE (GP). (Número de expediente: 181/000052.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el último turno de comparecencias de
representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Invito al Secretario
General de Política Exterior, señor Villar, a que se sume a esta
Presidencia. (Pausa.) Le doy la bienvenida al señor Villar y, sin más,
pasamos a la consideración de las preguntas que le afectan en la
ordenación del debate que hemos realizado. Comenzaremos por la pregunta
número 1, cuyo autor es el señor Milián Mestre, referida a la política
del Gobierno español con respecto a Argelia y su delicada situación
interna. Tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Como ustedes comprenderán, señorías, esta
pregunta se presentó hace más de dos meses, y los acontecimientos están
variando sustantivamente la esencia de la misma. Yo voy a mantener la
filosofía de la pregunta, pero creo que éste es un tema que da para una
comparecencia y más porque los acontecimientos son especialmente graves.
Desde diciembre de 1991 el Frente Islámico de Salvación obtiene el 60 por
ciento de los escaños en las elecciones frustradas por el golpe de
Estado. El Ministro de Asuntos Exteriores español dice --textualmente--
entonces que ve con preocupación la situación interna de Argelia.
Posteriormente, el 20 de octubre de este año, repite que vuelve a ver con
preocupación la situación interna de Argelia, a pesar de que en el
ínterin había hecho declaraciones diferentes, y tengo aquí referencias de
prensa, exactamente del 21 de octubre de 1992, en las que Solana admite
que Argelia va por buen camino y ofrece 50.000 millones de pesetas en
ayuda. Eso hace que se haya observado una falta de previsión, en mi
opinión, o de prospectiva analítica por parte del Ministerio de Asuntos
Exteriores español para entender la etiología del problema y la magnitud
que se derivaba del mismo. En este sentido, los sucesos que varían un
poco la sustancia de mi planteamiento, después de la caída de Benyedid,
son de todos conocidos: golpe de Estado en 1992, asesinato de políticos
importantes como el propio Presidente de la Junta colegiada de la
Presidencia, inestabilidad creciente interna, asesinatos y matanzas
masivos de extranjeros, atentados del terrorismo establecido que genera
prácticamente un estatus de guerra civil, todo lo cual ofrece en este
momento una situación muy complicada que podríamos definir y que creo que
obliga a la reflexión por nuestra parte en los siguientes datos.
Primero, el Presidente del Frente Islámico, Rabah Kebir, desde Alemania
acaba de advertir --es información de la prensa de ayer-- que en Argelia
se está en la guerra civil y que se han cobrado 3.000 vidas los
acontecimientos. Y decía el pasado mes: Si fuera español o francés me
iría de Argelia, pero no por miedo sino por razones éticas. Después, un
sector militar argelino manifiesta que quiere eliminar físicamente a los
integristas. En este caso están diciendo que su posición es radical y que
dan un plazo que se concluye a finales de este año, según tengo entendido
por informaciones publicadas en la prensa de ayer. Dicen que o esto se
resuelve por las buenas o sacan los tanques a la calle inmediatamente.
Por tanto, la concesión de un mes por parte de los militares para ultimar
el diálogo nacional, en el que se han basado ciertas esperanzas de
pacificación de la situación, provoca una situación de perplejidad y, al
mismo tiempo, una extrañeza notable a las cancillerías occidentales, a la
vista del marchamo ya extremadamente violento que adoptan los
acontecimientos. Se ha constituido una comisión de diálogo nacional que
ha convocado una conferencia para finales de diciembre y se ha respondido
por parte de Ait Ahmed, del Frente FFS, socialista, que ni él ni Ben
Bella por parte de los progresistas, van a asistir a esta conferencia.
Por otra parte, el Grupo Islámico Armado, llamado GIA, descarta todo
diálogo y entiende que la situación tiene que evolucionar a su favor. El
Movimiento Islámico Armado, MIA, otro, que es la parte militar del FIS,
no se ha pronunciado todavía, pero todo parece indicar que, al final, la
situación será muy dura puesto que las reglas de juego que imponen los
militares no se casan exactamente con las condiciones que establece el
FIS, que son liberación de presos políticos, derogación de las leyes y
decretos adoptados con motivo del golpe de Estado, creación de una
comisión independiente abierta a todas las fuerzas políticas, que los
responsables de actos de violencia sean juzgados y, finalmente, apertura
de diálogo en un país neutral. Este es el estado de la cuestión. Ante
dicho estado evidentemente la situación cada vez es más preocupante.
España ha tenido una postura coordinada con Francia, Mercado Común y los
países comunitarios, pero lo cierto es que la vecindad física la tiene
España y la tiene Francia y, en consecuencia, los riesgos inherentes a
una situación enormemente conflictiva van a incidir sobre nosotros de
manera directa y primaria.
Antes de formular la pregunta, simplemente quisiera atraer la atención
sobre estas posibles contradicciones o variaciones de opinión que he
observado por parte del Gobierno español respecto a la situación de
Argelia. Me refiero a algo que ha dicho una persona muy inteligente, el
Director del Instituto Olin de Estudios Estratégicos de la Universidad de
Harvard, el profesor Samuel Huntington, que dijo recientemente que los
conflictos entre civilizaciones están sustituyendo a la guerra fría como
principal fenómeno de la política global. Ni que decir tiene que el
escenario máximo de estos conflictos está en el Mediterráneo; y ni que
decir tiene que los grandes analistas del momento entienden que el
Mediterráneo suroccidental ofrece unas características muy peculiares
para este gran conflicto. En consecuencia, ¿qué criterios inspiran la
política del Gobierno español con respecto a Argelia y a su delicada
situación interna?
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Como saben SS. SS., España y Argelia mantienen buenas relaciones
de amistad y cooperación, caracterizadas por el mantenimiento de
contactos políticos regulares a diversos niveles e importantes vínculos
económicos y de cooperación. Hace años que del panorama de las relaciones
bilaterales han desaparecido los contenciosos serios que existían en el
pasado, y hoy en día puede decirse que estas relaciones tienen un
carácter, una naturaleza estratégica concebida a largo plazo por ambas
partes, por ambos gobiernos y por ambos Estados. Sin embargo, todos somos
conscientes --y sin lugar a dudas en el Ministerio de Asuntos Exteriores
de manera especial-- de la situación enormemente delicada, difícil y
compleja --en esto estoy totalmente de acuerdo con los calificativos
empleados por S. S.-- por la que atraviesa Argelia en estos momentos.
Esta situación, tremendamente difícil y compleja por la que atraviesa
Argelia, hace que no podamos permanecer indiferentes a su suerte. A nadie
escapa que la estabilidad de Argelia es, por otra parte, un elemento de
gran importancia para la estabilidad de toda la región magrebí y, por
tanto, también de toda la región mediterránea.
Voy a tratar de resumir las principales cuestiones que definen esta
situación tan delicada, tan difícil y tan compleja, que vive Argelia en
estos momentos. Es una situación que puede quizá, a riesgo de una
necesaria simplificación, evaluarse en tres planos diferentes pero
estrechamente interconectados. En primer lugar, los gravísimos problemas
de seguridad. Es tristemente conocida la oleada de atentados terroristas
y asesinatos que se han ido desarrollando en los últimos meses, en las
últimas semanas, y que han producido numerosas víctimas, entre ellas, y a
partir del mes de septiembre, 23 ciudadanos extranjeros, uno de ellos un
español, el señor López Bailén. Todos estos hechos, esta situación de
gravísima inseguridad y de atentados terroristas son motivo, por
supuesto, de una gran preocupación para el Gobierno español, cuyo
objetivo esencial a corto plazo en Argelia es precisamente el de atender
de manera prioritaria la seguridad de todos los españoles que allí
residen o que allí se encuentran. Puedo asegurar a S. S. que, en este
sentido, se han adoptado todas las medidas posibles que las
circunstancias tan difíciles y tan complejas (vuelvo a subrayarlo)
permiten para proteger la integridad física de la colonia española, de
todos los residentes españoles, entre las cuales mencionaré las
siguientes.
Se constituyó hace algún tiempo, dentro del Ministerio de Asuntos
Exteriores, un grupo de trabajo para el seguimiento de la crisis y para
atender a la protección de nuestros nacionales. La Embajada de España en
Argelia, nuestra Embajada, ha hecho lo propio. Por otra parte, se ha
establecido un sistema de comunicaciones permanentes que permiten un
estrecho contacto de la colonia española, tanto con la Embajada y con el
Consulado en Argel como con el Consulado en Orán. Asimismo, se ha
asegurado la comunicación permanente de nuestra Embajada con las demás
representaciones, con las demás embajadas de los países de la Unión
Europea, que están constantemente coordinadas, a efectos de asegurar o
mejorar la protección de sus repectivos nacionales como también a efectos
de, si las circunstancias se agravaran todavía mucho más, tratar de
llevar a cabo una eventual evacuación conjunta, o por lo menos tratando
de apoyarse en aquellas embajadas que tienen más medios. En ese sentido
estamos también en contacto con algunas embajadas iberoamericanas en
Argel que se han acercado a nosotros para facilitarles también este tipo
de comunicación, información y eventual asistencia. Por otro lado,
estamos insistiendo de manera constante ante las autoridades argelinas
para que hagan todo lo que esté en sus manos, conscientes de las
dificultades que ellas mismas tienen que afrontar para tratar de atajar
este gravísimo problema de inseguridad y de terrorismo, para proteger
tanto la integridad como la seguridad de los ciudadanos extranjeros, en
este caso de los españoles, de nuestras sedes diplomáticas así como de
las empresas españolas y de los españoles que están trabajando en
diversos lugares del país. Y naturalmente seguimos insistiendo para que
investiguen y nos transmitan el resultado de la investigación en relación
con los hechos que costaron la vida a nuestro conciudadano el señor López
Bailén. La Embajada en Argelia y el Consulado en Orán, por otra parte,
han tomado una serie de medidas concretas de protección desde las
respectivas sedes. Se ha distribuido a la colonia española una lista de
recomendaciones de actuación para aminorar los riesgos en materia de
seguridad. Y finalmente señalaré que, tanto a través de los medios de
comunicación como mediante comunicaciones a las agencias de viaje y a los
touroperadores, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hemos
aconsejado que en tanto no cambien las circunstancias se trate de evitar,
en la medida de lo posible, los desplazamientos, los viajes a Argelia, a
la vez que hemos recomendado a nuestros residentes en dicho país que, en
la medida de lo posible también, adelanten sus vacaciones navideñas y
procedan al retorno de aquellos familiares cuya presencia en Argelia no
se considere imprescindible.
El segundo plano, conectado con el que acabo de describir someramente, es
el proceso de transición hacia un sistema más democrático y pluralista.
Su señoría ha mencionado la constitución reciente de una comisión del
diálogo nacional que, efectivamente, está tratando de llegar a algún tipo
de entendimiento con las principales fuerzas políticas del país para
acordar una plataforma de consenso que permita organizar un período de
transición hacia un sistema más democrático, una vez que finalice el
mandato del Alto Comité de Estado, la presidencia colegiada que en estos
momentos hay en Argelia, a finales del próximo mes de enero. Al término
de este período de transición, si las cosas fueran bien y consiguiera
establecerse un consenso sobre dicha transición, se convocarían
elecciones. El período de mantenimiento de esta presidencia colegiada del
Alto Comité de Estado acaba de prorrogarse un mes; por tanto, va a
permanecer en el poder hasta finales del mes de enero, en vez de finales
del mes de diciembre, como estaba inicialmente previsto, con la
finalidad, al parecer, de darle más tiempo a la comisión de
diálogo en estos arduos intentos que están llevando a cabo para tratar de
encontrar una base mínima con las principales fuerzas políticas para este
consenso. Pues bien, en todos los contactos que estamos teniendo, tanto
con el Gobierno como con otras fuerzas políticas del vecino país, España
viene insistiendo en la necesidad de iniciar, de abordar un proceso de
reformas políticas en profundidad que contemplen un horizonte pluralista
y democrático y en el que se garantice el respeto a los derechos y
libertades fundamentales. Y por lo que se refiere al objetivo más a corto
plazo, el relativo al diálogo para sentar las bases de esa transición, es
nuestra opinión, y así lo hemos transmitido también a las autoridades
argelinas, que deben tratar de abrir dicho diálogo a todas las fuerzas
políticas que se oponen a la violencia. Esa es nuestra posición y nuestro
criterio, por tanto, en relación con este segundo gran plano que permite
describir la situación actual argelina.
Por lo que se refiere al tercer plano, a su vez también relacionado con
los dos anteriores, que es el de la recuperación de la actividad
económica, las medidas para salir de la grave crisis económica, debo
decir que frente al programa económico del Gobierno anterior, claramente
inmovilista, el nuevo Gobierno, presidido por el señor Reda Malek, el
anterior Ministro de Asuntos Exteriores, parece que está dando muestras
de un mayor pragmatismo. Después de un amplio debate interno, el nuevo
Gobierno argelino que preside el señor Malek ha decidido adoptar un serio
programa de ajuste, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este
programa de ajuste, si se llega (y así esperamos que ocurra) a un acuerdo
pronto con el Fondo Monetario Internacional, contempla medidas como la
liberalización paulatina del comercio exterior, la reestructuración de la
deuda externa y la fijación de una nueva paridad del dinar, aparte de
otras medidas. Pues bien, el Gobierno español apoya decididamente estas
medidas de reforma económica prometidas por el Gobierno argelino y, por
tanto, actuará también en consecuencia en el seno de los organismos
internacionales (fundamentalmente en el seno del Fondo Monetario
Internacional) para tratar de impulsar la adopción de asistencia
económica de diverso tipo que acompañe, que es el complemento necesario
para que este programa de ajuste pueda ponerse en marcha y pueda
funcionar.
Pero junto a este esfuerzo en el terreno multilateral, naturalmente
España está tratando también de aportar su concurso en el plano
bilateral, como lo ha venido haciendo en los últimos años en los que,
como sabe S. S., España ha pasado a ser uno de los principales socios
económicos, comerciales y financieros de Argelia. A este respecto
señalaré únicamente algunos datos significativos del esfuerzo que estamos
haciendo para tratar de ayudar a Argelia a salir de esta situación. Las
relaciones comerciales entre los dos países han ido mejorando
progresivamente, a pesar de las dificultades internas, desde 1985, hasta
nuestros días.
Por lo que se refiere a la cooperación financiera, a través del Protocolo
financiero de 1989, España empezó a conceder facilidades por valor de 380
millones de dólares anuales para el período 1989-1991, de los cuales 125
millones fueron en créditos FAD y 255 en créditos comerciales en
condiciones OCDE. El 12 de marzo de 1992, una vez agotadas las líneas
anteriores, se le otorgaron a Argelia otras tres líneas de crédito para
dos años, con una dotación anual de 500 millones de dólares, que son las
que en estos momentos están en vigor.
En cuanto a la cooperación científica, técnica, cultural y educativa, el
pasado mes de abril se firmó un nuevo convenio bilateral, sobre cuya base
se están desarrollando diversos programas en materia de formación
profesional, sanidad, meteorología, seguridad e higiene en el trabajo.
Mantenemos también programas de cooperación en el terreno educativo y
cultural. Como conoce perfectamente S. S., cabe destacarse, en el marco
de esta concepción estratégica, la importancia que tienen nuestras
relaciones con Argelia, cualquiera que sea la situación por la que
atraviesa ese país, en el proyecto de construcción del gaseoducto
magrebí-europeo (Argelia-Marruecos-España), cuyas obras de ejecución
empezaron el pasado 13 de mayo, que es la mejor prueba de esta voluntad
común de dar a las relaciones entre los dos países una dimensión
verdaderamente estratégica, asociando, además, a este esfuerzo a otros
países magrebíes --en este caso, Marruecos-- y europeos.
Confiamos en que también la cooperación bilateral española, económica,
financiera, técnica, etcétera, sumada a la de otros países, a la de los
principales socios occidentales de Argelia: Francia, Alemania, Italia,
Estados Unidos, que están desarrollando una política similar a la
nuestra, contribuya a mejorar la grave situación económica y social por
la que atraviesa Argelia, lo cual es un requisito imprescindible para la
estabilidad de ese país y de toda la región magrebí.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Secretario General voy a hacerle sólo dos
consideraciones, puesto que ha sido muy prolijo en la información.
Información que ha venido dada de lo que entiendo que es la filosofía del
Ministro Solana, cuando dice textualmente que las relaciones comerciales
son la única forma de estabilizar al país.
Por lo que se refiere a la primera consideración, a la situación
económica, tengo que decir que ciertamente los intereses de España
empiezan a ser cuantiosos en un área, sobre todo en el Sáhara,
especialmente vinculados a lo energético, lo cual supone un problema de
salida. Si se agrava la situación política general, si se establece una
dinámica endiablada de violencia o de guerra civil, y si se está
persiguiendo de esa manera tan brutal a los extranjeros, qué ocurrirá con
nuestros planes energéticos vinculados al Plan Energético Nacional, que
está estrechamente vinculado al problema gasístico gracias a la filosofía
de Pedro Durán Farrell que la vinculó de manera tan directa a ese
compromiso. En este caso, hay tres empresas españolas muy directamente
implicadas, especialmente
Repsol y Enagas, y no voy a dar cifras porque usted las conoce y mis
colegas supongo que también, pero que suponen una inversión de 200.000
millones de pesetas, gran parte de los cuales, según tengo entendido el
70 por ciento, está financiado por nosotros. El gaseoducto de 1.275
kilómetros es un cordón umbilical que vincula nuestra economía nacional a
los conflictos que puedan derivarse en la zona, específicamente en el
punto de origen o fuente que es Argelia; pero que transita por Marruecos,
que es otro problema al que luego nos referiremos, no menos importante
para nuestra razón estratégica y económica. Esta es mi primera y
preocupada consideración.
La segunda consideración, breve, es simplemente política. Nosotros
entendemos como Grupo que lo importante sería presionar a Francia para
que hubiera una aproximación conjunta, nuestra y de Francia, hacia los
sectores más moderados del fundamentalismo, puesto que es evidente que
está ahí como dato apodíctico e indestructible: hay que negociar con los
amigos si no se les puede derrotar. Sería prudente hacer esto buscando
apoyo para evitar enfrentamientos con los radicales, que son los peores
del fundamentalismo, rebajando así la hostilidad antioccidental que el
FIS está derivando de forma explícita con los atentados.
En este sentido, sería bueno que el Gobierno intensificara esta política
y que buscara cuantas alianzas fuera posible para evitar males mayores
que se están perfilando en esa frontera sur del Mediterráneo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General de
Política Exterior.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Sobre la primera cuestión que ha suscitado el señor Milián,
tengo que decir que, efectivamente, los datos que ha aportado subrayan la
importancia de nuestros intereses y, por tanto, también las razones de
nuestra involucración en el terreno político para contribuir a paliar los
gravísimos problemas que tiene Argelia --aunque, obviamente, España no va
a poder solucionarlos--, en la medida de sus posibilidades, al igual que
otros países con intereses fuertes en dicho país, y a que el propio
pueblo y las autoridades argelinas puedan encontrar las bases para la
solución de esos graves problemas.
En todo caso, la cuestión energética pone también de manifiesto el
carácter estratégico de esta relación, carácter estratégico que lo es
también para los dos países y que funciona en las dos direcciones. De
manera que es también el Gobierno argelino --probablemente cualquier
gobierno argelino que hubiera--, el primer interesado en mantener esta
relación con España en este terreno.
Por lo que se refiere a la aproximación a los llamados sectores moderados
fundamentalistas o integristas islámicos y a la necesidad de actuar de
manera concertada con Francia, debo decirle a S. S. que la situación en
Argelia es uno de los temas recurrentes en nuestras conversaciones, en
nuestros contactos bilaterales con Francia desde hace tiempo a todos los
niveles. Este fue un tema que se abordó, tanto por los Presidentes, como
por los Ministros de Asuntos Exteriores, con ocasión de la última cumbre
bilateral franco-española, y a otros niveles lo estamos tratando
constantemente. Precisamente uno de los acuerdos que se adoptó en la
reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores, celebrada recientemente
en Madrid, fue el de incrementar nuestros contactos a efectos de
compartir informaciones, preocupaciones y de tratar de concertar algún
tipo de política en relación con esta situación tan compleja que nos
preocupa a los dos países sobremanera.
En relación con la aproximación a los llamados sectores moderados
fundamentalistas, en mi intervención anterior ya le indiqué a S. S. que
uno de los criterios que está siguiendo el Gobierno español en relación
con la situación argelina, por lo que se refiere en concreto a las
posibilidades de diálogo nacional, es el de animar o alentar a las
propias autoridades argelinas a que abran lo más posible el abanico, el
espectro de su diálogo con las fuerzas de la oposición. Por supuesto que
en esos consejos o recomendaciones que hacemos a las autoridades
argelinas incluimos a los sectores moderados del FIS u otros sectores
islamistas, si es que esos sectores existen, que sin duda existirán, pero
eso no es fácil. Hay que reconocer que en la actual situación es difícil
que las autoridades argelinas puedan encontrar interlocutores válidos.
Ese es el gran problema.
Sabemos que en la cúpula política, e incluso en la cúpula militar
argelina, hay en estos momentos claros partidarios de abrir el diálogo a
estas fuerzas, a estos sectores moderados. Sabemos que hay otros sectores
en la cúpula política y, sobre todo, ciertos sectores en la cúpula
militar, que no están tan de acuerdo en que el diálogo se abra. Sabemos
que los sectores partidarios de abrir el diálogo al máximo están teniendo
dificultades para encontrar interlocutores válidos. Recientemente, al
parecer, algunos líderes históricos del FIS manifestaron su voluntad de
involucrarse en este diálogo y es posible que la respuesta que recibieran
fuera precisamente las declaraciones, a las que S. S. hizo mención en su
intervención, de uno de los dirigentes del exterior, el señor Rabah Kebir
desde Alemania, en las que ponía unas condiciones para el diálogo muy
difíciles, por no decir de imposible cumplimiento.
Este es un tema muy complejo y muy difícil, pero naturalmente nuestra
línea es la de que el diálogo debe de abrirse también --como dije antes
literalmente en mi intervención-- a todos los sectores que están por una
vía de diálogo, por una vía pacífica y que excluyen la violencia y el
terrorismo.
--SOBRE CRITERIOS QUE INSPIRAN LA POLITICA DE COOPERACION MILITAR DE
ESPAÑA CON EL REINO DE MARRUECOS. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE,
GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000054.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villar.
Pasamos a la pregunta número 3, de la que es autor también el Diputado
del Grupo Popular, señor Milián, sobre criterios que inspiran la política
de cooperación militar de España con el Reino de Marruecos.
El señor MILIAN MESTRE: Evidentemente esta es una pregunta casi corolario
de la anterior; es decir, aunque no estaba formulada en ese sentido, a
resultas de lo que ocurre es un corolario.
Le voy a hacer un planteamiento rápido, sucinto y voy a empezar el
razonamiento a la inversa: voy a entrar en las conclusiones y después
daré las razones.
La cuestión de Marruecos y nuestra relación con este país es
extremadamente delicada. El Grupo Popular no quiere plantear ninguna
reticencia a la cooperación militar con Marruecos, porque podría ser
malinterpretada y no es ésa nuestra intención. Esto, además, podría ir en
contra de nuestro sector industrial de la defensa, que se encuentra
maltrecho en estos momentos a causa de las reducciones presupuestarias.
Entendemos que sería bueno escuchar las explicaciones que el Gobierno
pueda dar para clarificar estos conceptos sin mostrarnos entusiastas
partidarios, ni tampoco enemigos acérrimos, de cuanto se produzca en este
sentido.
La pregunta viene de muy lejos; hace un año que estoy haciendo preguntas
en este sentido por diversas razones, una de ellas, la disolución antes
del plazo previsto de la anterior legislatura que impidió que hubiera
respuestas puntuales a este tema concreto. Las razones son, en primer
lugar, las contradicciones aparentes en la información que se nos da.
Yo argumentaba hace un año, en preguntas que no fueron contestadas por el
Gobierno, que el 2 de mayo decía el señor García Vargas en un viaje a
Marruecos que se abordaría en Rabat una venta de armamento de 100.000
millones de pesetas. Esto fue publicado en «El País» de esa fecha.
En segundo lugar, después de varias preguntas mías por escrito se me
contesta, el 28 de enero de 1993, que en los últimos años el Gobierno no
ha autorizado ninguna operación de venta o de suministro de armamento al
Reino de Marruecos. Se explica que ha habido material de defensa en los
últimos tiempos, como fueron exportaciones de vehículos Nissan, seis
aviones de transporte CASA, etcétera, y dan las valoraciones de esas
operaciones.
Lo cierto es que eso se contradice un poco con lo anterior. Mucho más se
contradice cuando vemos recientes informaciones (exactamente ésta es del
3 de agosto, también de «El País»), donde el señor García Vargas reitera
que el Gobierno ha logrado desbloquear los créditos para financiar la
operación de armamento. Dice: «España ultima la venta de material militar
a Marruecos por 50.000 millones de pesetas.» Este es el estado de la
cuestión.
La pregunta va en sentido exploratorio: ¿Por qué tanto interés en no
aclarar si hay de verdad o no exportación de material militar? Lo cierto
es que el entorno en el que estamos --y eso es lo que señalaba
anteriormente la otra pregunta-- nos sitúa en una postura comprometida,
puesto que somos suministadores de munición militar a Marruecos, que es
un posible implicado en un conflicto en el norte de Africa, en la zona
del Magreb y, evidentemente, agravado por el fundamentalismo cuyas raíces
ya están muy arraigadas en Argelia y pueden ser proyectadas a las áreas
adyacentes.
En este caso --y cito simplemente a modo de prueba--, el General Juan
Sosa Hurtado, Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa,
dijo hace unos meses que el escenario norteafricano --cito textualmente--
«puede ser origen de preocupaciones, tensiones y riesgos, aunque hoy»
--continúa la cita-- «no sea constitutivo de amenaza directa».
El entorno, como usted ha expresado anteriormente con referencia a
Argelia, la vecindad de Marruecos y los problemas que nacen de una
demografía asaltante de la otra orilla del Mediterráneo, puesto que no
pueden contenerse físicamente en unos países tercermundistas, por razones
económicas y sociales, hace que estemos configurando un escenario
peligroso en el que nosotros tenemos intereses directos de subsistencia,
de supervivencia, incluso intereses económicos por lo dicho anteriormente
de nuestra industria militar.
El señor PRESIDENTE: Quiero advertir a los señores y señoras Diputados
que intervienen que deberíamos intentar ser lo más concisos posible,
porque evidentemente el desarrollo reglamentario de las preguntas tiene
un tiempo determinado que yo no puedo cortar si no se cumple este tiempo,
pero debo recordarles, por ejemplo, que la pregunta anterior se ha
desarrollado en 30 minutos. Nos faltan todavía unas cinco o seis
preguntas, de modo que con este ritmo acabaremos muy tarde. Ustedes
deberán decidir.
Yo no quiero coartar la libertad de nadie. El tiempo reglamentario es el
tiempo reglamentario y en esto no voy a infringir el Reglamento.
Tiene la palabra el señor Villar para responder a las cuestiones
planteadas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Su señoría ha formulado su pregunta reduciendo nuestra
cooperación militar con el Reino de Marruecos básicamente a un tema que
puede ser importante pero que, a nuestro juicio, es, o debería ser, sólo
una parte de esa cooperación militar, que es el eventual suministro o
venta de material militar, de armamento. El Gobierno concibe la
cooperación militar con Marruecos de una forma mucho más amplia.
En relación con la pregunta que dirigió su señoría, tal como llegó al
Ministerio, le diré que los criterios que inspiran la política española
de cooperación en materia de defensa con el Reino de Marruecos se
inscriben dentro de la política general con dicho país, cuyos principios
objetivos e instrumentos S. S. ya conoce por anteriores intervenciones en
esta Comisión del Ministro de Asuntos Exteriores básicamente, y que tiene
su marco de
referencia en el Tratado bilateral de amistad, buena vecindad y
cooperación.
Dentro de este esquema general, el Gobierno español está prestando, por
supuesto, una atención especial a la cuestión de la seguridad y la
estabilidad en nuestro vecino país, pero entendida en un sentido no
estrictamente militar, sino más amplio, es decir, incluyendo también una
serie de elementos políticos y socioeconómicos. Debo decir que la
seguridad de Marruecos, entendida en este sentido amplio, no puede
contemplarse exclusivamente en el ámbito bilateral, que también debe
recibir un tratamiento internacional más amplio. Voy a mencionar algunas
iniciativas que tienen como finalidad precisamente la consolidación de la
estabilidad y de la seguridad de Marruecos, que consideramos que es de
gran importancia para toda la región y, por tanto, también para España.
Por ejemplo, las iniciativas en el marco de la UEO para establecer cauces
y canales de diálogo en temas de seguridad con los países del Magreb y,
por supuesto, con Marruecos, entre ellos; actuaciones similares en el
marco de la CSCE para desarrollar la llamada dimensión mediterránea en la
que viene participando Marruecos de manera importante, etcétera.
Pasando al ámbito estrictamente bilateral, debo decir que nuestra
cooperación para la defensa, nuestra cooperación militar con Marruecos,
va mucho más allá del suministro, como decía antes, de material militar;
de material para la defensa. El régimen que regula esta relación
bilateral en el ámbito de la cooperación militar y de la defensa viene
establecido por el convenio específico sobre la materia de diciembre de
1990, y también por el marco general al que antes hacía referencia del
Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación. Dentro de este marco
estamos realizando actividades importantes que nosotros pensamos que
redundan en favor de la estabilidad de Marruecos y de un objetivo de
máxima o de progresiva interrelación entre nuestras Fuerzas Armadas, lo
cual pensamos que, por razones evidentes, es un objetivo, también a largo
plazo, importante que va en beneficio de nuestra propia seguridad.
En este marco me voy a limitar a señalar algunas actuaciones, como el
intercambio de observadores previsto en el artículo 1.º del Convenio. Los
oficiales de las fuerzas armadas de Marruecos participan habitualmente en
ejercicios de instrucción. En estos momentos hay 21 becas para alumnos
marroquíes en centros y academias militares españoles para el curso
1993-1994. Paralelamente, alumnos españoles realizan el curso de Estado
Mayor en Marruecos y profesores militares españoles imparten clases en la
Escuela de Estado Mayor y en la Escuela de la Marina Real. Estamos
realizando también con Marruecos programas comunes de investigación,
desarrollo y producción de sistemas de armas, material y equipos de
defensa, destinadas a cubrir las necesidades de ambas partes. Estamos
realizando ejercicios combinados, tanto navales, como aéreos, como
terrestres. Y, finalmente, también en el pasado hemos suministrado
material de defensa para Marruecos.
Por supuesto, hay programas que están desde hace tiempo en discusión y
proyectos que están desde hace tiempo en negociaciones y discusión entre
los dos Ministerios de Defensa. Sin duda, nuestro Ministro de Defensa
podría ser más explícito al respecto, pero en estos programas todavía
--quizás eso explica las contradicciones que, siguiendo únicamente los
medios de prensa, se pueden apreciar-- hay esas aparentes contradicciones
que S. S. ha podido apreciar entre las declaraciones de unos y otros
Ministros.
En estos momentos, insisto, los dos Ministros de Defensa están negociando
y hablando sobre el futuro suministro de material militar, pero de
momento no se han materializado. Por lo tanto, lo que le puedo decir es
lo que se le respondió a S. S. hace unos meses, en el sentido de que en
los dos últimos años no se ha autorizado ninguna operación de venta o de
suministro de armamentos, aunque sí de otro tipo de productos a los que
se hacía mención en aquella respuesta, como vehículos todoterreno o
aviones de transporte CASA.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Gracias por la información e intervengo sólo para
una mínima cuestión. Señor Secretario General la información que usted
nos da amplía el ámbito de los conocimientos que teníamos hasta ahora,
pero no deja de ser preocupante puesto que estamos viendo que la crisis
de la zona en todo el Magreb está produciendo efectos a veces
sorprendentes. Ahí tenemos a Libia integrada en ese conjunto y vemos que
a veces se suceden colaboraciones de las cuales nunca se sabe exactamente
cuáles son las últimas deliberaciones. Cito simplemente, a modo de
ejemplo, los estudios serios de estrategia que se están haciendo en este
momento en algunos organismos internacionales y señalan que el año 2000
habrá 15 naciones del Tercer Mundo que dispondrán de capacidad de
producción de armas químicas; 10 de armas biológicas y ocho de capacidad
nuclear. Esto quiere decir --no digo que ése sea el caso de Marruecos--
que en esa área hay un gran conflicto, hay conflictividad creciente y
potencial, y que existen algunos países y posibilidades reales y
efectivas de que puedan surgir sorpresas.
--SOBRE CRITERIOS MANTENIDO POR ESPAÑA ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE
LAS NACIONES UNIDAS CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS FINALES DE LAS TROPAS
ESPAÑOLAS INTEGRADAS EN LA UNPROFOR EN BOSNIA. FORMULADA POR EL SEÑOR
ELORRIAGA FERNANDEZ. GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000059.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en la pregunta número 4, cuyo autor es el
señor Gabriel Elorriaga, del Grupo Popular, sobre el criterio mantenido
por España ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con
respecto a los objetivos finales de las tropas españolas integradas en la
Unprofor en Bosnia.
Tiene la palabra el señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Secretario General, la pregunta, como
se deduce claramente de su enunciado, se refiere al criterio y a la
propia capacidad de decisión dando por supuesto que las decisiones de una
asamblea de una entidad colectiva como el Consejo de Seguridad, como
Naciones Unidas en su conjunto, no son necesariamente idénticas al
pensamiento de cada uno de sus miembros, sino una posición de conjunto
que ha de ser respetada, aunque no coincide en todo con el criterio con
cada una de las partes.
No obstante, ha habido manifestaciones, algunas muy recientes, singulares
que parecen insinuar un cierto matiz español. Por ejemplo, el Ministro de
Defensa recientemente ha dado a entender que consideraba conveniente una
posible retirada de la presencia militar española si las partes
enfrentadas no llegaban a un acuerdo de paz en este mismo día en que está
tratándose el tema. Esta decisión ha sido seguida por algunos otros
ministros de la Unión Europea, no naturalmente por los ministros de todos
los países del Consejo de Seguridad ni, mucho menos, de Naciones Unidas.
Sabemos lo convencional que puede ser el acuerdo de paz, si llega a
firmarse. Puede haber acuerdo de paz, puede ser incumplido y el conflicto
puede prolongarse, como desgraciadamente parece deducirse por
experiencia, durante mucho más tiempo que unos meses. Aun así, en cierto
modo esto puede significar un posible gesto en base a una visión propia
del conflicto, ya que suponemos que Naciones Unidas seguirá manteniendo
una presencia militar en la zona aun sin las fuerzas españolas y quizá
sustituyéndolas por otras de más dudosa preparación y eficacia. Parece
una amenaza de despegarse de la política de Naciones Unidas de alguna
manera.
Comprendemos que puede carecer de sentido la presencia en posiciones
arriesgadas como Jablanica sin poder cumplir la misión humanitaria y que
hay razones para presionar, naturalmente, a las partes en conflicto con
retiradas que, por otro lado, más bien perjudicarían a la población civil
que se trata de proteger que a esas fuerzas.
La información acumulada por España, tanto como miembro del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, como por la información de inteligencia que
recibe por la presencia de nuestro personal militar en la zona, hace
pensar que nuestro Gobierno tiene una capacidad para mantener una base de
pensamiento, una propia doctrina sobre la situación, sea o no atendida
nuestra posición por otros países.
Nosotros lo que deseamos, por conluir la pregunta, es si puede clarificar
su Departamento hoy aquí cuál es nuestra posición, cuál es nuestro
criterio, el camino que considera el Gobierno más adecuado para lograr un
equilibrio en esa dramática zona, porque naturalmente si el Gobierno
tuviese una idea clara de los objetivos deseables tendría una dudosa
legitimación para justicar el esfuerzo e incluso los sacrificios que está
comportando la participación de España en este difícil escenario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Los objetivos del Gobierno español en la antigua Yugoslavia (por
lo que se refiere a los conflictos en la antigua Yugoslavia, han sido y
continúan siendo fundamentalmente dos) coinciden básicamente con los
objetivos de la comunidad internacional en su conjunto y, por supuesto,
con los del propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del que
formamos parte desde el 1 de enero pasado. Por una parte, favorecer el
desarrollo de un proceso negociador que evite la extensión del conflicto
a otras áreas, incluso a otros países de la región y que pueda conducir a
un arreglo político aceptado por todas las partes y, por otra, aliviar el
sufrimiento de la población civil víctima de los horrores de una guerra
especialmente cruenta.
En definitiva, estos son los objetivos, como le decía, que inspiran
también las ya muy numerosas resoluciones que ha ido adoptando el Consejo
de Seguridad a lo largo de los últimos meses de las Naciones Unidas;
resoluciones que, por supuesto, la delegación española ha contribuido a
elaborar, informar y en cuya adopción ha participado siempre de manera
activa y dando su voto favorable.
Más específicamente los objetivos, por lo que se refiere al mandato
concreto que tienen las fuerzas de Unprofor en la antigua Yugoslavia,
especialmente en la zona de conflicto de Bosnia-Herzegovina, como sabe S.
S., han sido establecidos por diversas resoluciones del Consejo de
Seguridad; básicamente son la protección y el funcionamiento del
aeropuerto de Sarajevo, a cuyo amparo y de manera intermitente se han
realizado desde entonces miles de vuelos humanitarios; la protección de
los convoyes humanitarios, tarea especialmente importante y, una vez más,
ahora que comienza un invierno que se prevé que será de gran dureza,
tarea en la que como S. S. conoce perfectamente nuestras sucesivas
agrupaciones, nuestros contingentes han tenido una participación
destacada al corresponderles mantener abierta la ruta del Neretva y
asegurar la llegada de ayuda humanitaria a núcleos de población
fundamentalmente croatas y musulmanes en medio de tremendas dificultades,
sometidos a veces al fuego cruzado, teniendo que hacer frente a
innumerables provocaciones u obstaculizaciones por parte de los propios
contendientes, unos y otros. Otro objetivo es la protección de las
llamadas zonas seguras, establecidas por varias resoluciones el pasado
verano del Consejo de Seguridad; concretamente, las ciudades de Sarajevo,
Bihac, Sbrenica, Gorazde, Trusla y Zepa.
Un destacamento de nuestra agrupación, por otra parte, ha venido
desempeñando una importante tarea en una zona especialmente conflictiva,
como es la ciudad de Mostar, realizando labores de interposición dentro
del espíritu de contribuir a la pacificación de la zona y de
mejorar las condiciones de vida de la población civil. Estos son los
objetivos y los criterios que han guiado en todo momento la actuación de
nuestro contingente integrado en Unprofor.
¿Qué ocurre en estos momentos y a qué obedecen algunas de las
declaraciones a las que S. S. ha hecho mención no sólo del Ministro
español de Defensa, sino que también el Ministro de Asuntos Exteriores ha
hecho alguna declaración similar en este sentido? Efectivamente, hay
declaraciones muy similares que se han podido registrar en los últimos
meses o semanas por parte tanto de los responsables de Defensa como de
Asuntos Exteriores de los otros países socios de la Unión Europea que
tienen importantes contingentes en la antigua Yugoslavia y en Bosnia,
como son el Reino Unido y Francia. Estas declaraciones son en el sentido
--y voy a tratar de que queden muy claras-- de que si una vez que pase el
invierno y entre todos hayamos intentado paliar lo que de otra forma
podría ser una auténtica catástrofe humanitaria, especialmente en algunas
zonas de Bosnia-Herzegovina a lo largo de estos meses de invierno; si no
hay una perspectiva razonable de arreglo político, si las partes siguen
obstaculizando indefinidamente el que exista esa perspectiva de arreglo
político negociado y aceptado por todas las partes, es posible que los
países que tenemos contingentes en Unprofor nos veamos obligados a
replantearnos nuestra permanencia allí. Si no existen esas perspectivas
--insisto-- de arreglo político, obviamente no podemos mantenernos
indefinidamente en unas condiciones de altísimo riesgo, incluso teniendo
que hacer frente a los obstáculos de unos y otros.
Ahora bien, si se llega a algún arreglo político aceptado e implementado
por las partes (y sin duda cualquier tipo de arreglo político tendrá un
capítulo o una dimensión militar importante), en ningún momento nuestro
Gobierno ha excluido el que España pueda participar con contingentes
militares en esa aplicación, en esa implementación del arreglo político,
del plan de paz, cualquiera que sea. En estos momentos no sabemos cuáles
serían las exigencias militares para implementar un plan de paz, porque
como sabe S. S. no se ha podido llegar a él. Hoy mismo, en Bruselas, los
Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea a esta misma hora
están celebrando conversaciones con los principales dirigentes políticos
de las partes implicadas en el conflicto. Carecemos de información y las
perspectivas anoche no eran muy optimistas en el sentido de que no parece
que la facción musulmana estuviera en condiciones de aceptar el nuevo
mapa negociado ayer, al parecer, por serbios y croatas, pero hay que
esperar cuál es la reacción de unos y otros hoy, y probablemente en las
próximas horas tendremos el panorama un poco más claro.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, ha terminado el tiempo que
tenía usted para intervenir en este primer turno.
Tiene la palabra el señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Le agradezco mucho, señor Secretario
General, sus criterios, en algunos puntos coincidentes con los nuestros.
Simplemente le hago la reflexión de que sus informaciones serán de índole
más directa, pero las que tenemos nosotros son bastante pesimistas en
cuanto a la posibilidad de acuerdo e inclusive, aunque hubiese acuerdo,
la perspectiva de la posibilidad de cumplimiento del mismo es mala.
La pregunta y la insistencia en ella es más bien en el sentido de que
dando por dignísimos los móviles humanitarios que estamos cumpliendo
allí, creemos que el pueblo español merece una contraprestación --vamos a
decir-- informativa más amplia de la que está teniendo hasta ahora sobre
las razones por las que estamos allí o por las que vamos a seguir
estando, en el caso de que haya que ayudar a imponer el sistema de paz en
aquella zona.
Verdaderamente, el sacrificio de nuestros medios y de nuestros hombres en
proporción a nuestras posibilidades es grande, es muy importante, y el
mandato de las fuerzas de Unprofor en la parte en que participamos sería
penoso que fuese estéril. Por otro lado, estos anuncios del Ministro de
Defensa, y eventualmente del de Exteriores, de retirada en el caso de que
no haya perspectiva de arreglo, entra también dentro de lo posible, pero
evidentemente sería un fracaso importantísimo de la gestión de Naciones
Unidas en esa crisis, tema que también hay que considerar y que afecta
mucho a la responsabilidad --creo-- de España como ilustre miembro de
Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad.
No quiero más que hacerle estas reflexiones y solicitar del Gobierno, a
través de usted, que procuren informar lo más ampliamente posible, puesto
que es un tema en el que los compromisos de España son importantes, y por
lo que usted dice pueden ser mayores en el futuro. Creo que hasta este
momento hay una cierta precariedad informativa o una cierta falta de
transparencia sobre cuál va a ser la actitud definitiva de España.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, ¿quiere añadir algo?
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Unicamente indicar que comparto las preocupaciones de S. S.,
pero que yo creo, con toda honestidad, que si hay un tema sobre el que ha
habido y está habiendo una más que amplia información, entre otras cosas
a través de las comparecencias tanto del Ministro de Asuntos Exteriores
como del Ministerio de Defensa en esta Cámara, es precisamente en todo lo
relativo a los conflictos en la antigua Yugoslavia, y más en particular a
la importante contribución que España está teniendo a través, sobre todo
--aunque no sólo--, de los contingentes españoles integrados en Unprofor.
--SOBRE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO ESPAÑOL COMO MIEMBRO ACTUAL DEL CONSEJO
DE SEGURIDAD PARA PROCEDER A LA REALIZACION DEL REFERENDUM PREVISTO
POR LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) PARA SOLUCIONAR EL
PROBLEMA DEL SAHARA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número
de expediente 181/000100.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 11, de la que es autor
el señor Rupérez, del Grupo Popular, sobre actividades del Gobierno
español como miembro actual del Consejo de Seguridad para proceder a la
realización del referéndum previsto por las Naciones Unidas para
solucionar el problema del Sáhara.
Tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Ese es el contenido de la pregunta y, sin más
trámites, la someto a la consideración del señor Secretario General.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rupérez, por su brevedad.
Tiene la palabra el señor Villar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Las actividades que el Gobierno español desarrolla como miembro
no permanente del Consejo de Seguridad en relación con el Sáhara
Occidental, tienen como punto de referencia esencial la posición, de
principio invariable, que España mantiene desde el año 1976, desde la
retirada de su Administración del territorio.
Mucho más recientemente, España, como es sabido, acogió con satisfacción,
cuando todavía no era miembro del Consejo, las Resoluciones 658 y 690 del
Consejo de Seguridad, ratificadas después por la Asamblea General y por
las dos partes en el conflicto, que encomendaron la organización de un
referéndum, bajo la dirección del propio Consejo de Seguridad, al
Secretario General de las Naciones Unidas, siguiendo las disposiciones
del plan de paz diseñado por éste, a la sazón el señor Pérez de Cuéllar.
Desde el primer momento España ofreció toda su colaboración al Secretario
General para el buen desarrollo de las operaciones del referéndum, y el
Secretario General aceptó esta oferta. La contribución española, en sus
aspectos financieros, logísticos y técnicos, hasta el momento ha sido
básicamente de dos millones de dólares como contribución obligatoria al
presupuesto de Minurso, la operación que ha montado Naciones Unidas para
tratar de ayudar a la implementación del plan de paz; cuatro millones de
dólares, como aportación voluntaria en efectivo, y cerca de un millón de
dólares más en medios de transporte, además de facilitar el censo español
de 1974, el único censo que se haya realizado nunca en el territorio, y
otros documentos útiles para la identificación de los saharauis, así como
los servicios de expertos sobre esta cuestión, tan crucial e importante,
del censo y diversas prestaciones logísticas y sanitarias, también a
Minurso, en Las Palmas de Gran Canaria.
Pero esta contribución, importante en sí (es probablemente la más
importante de cualquier país hasta el momento a Minurso y a las
operaciones de Naciones Unidas), no ha agotado la acción española. En
apoyo del plan de paz España ha ejercido una actividad diplomática
constante, y a nuestro juicio constructiva, a través de contactos
bilaterales con todas las partes, con los gobiernos interesados, con los
responsables de Naciones Unidas, fundamentalmente con la propia
Secretaría y el propio Secretario General o sus sucesivos representantes
especiales.
En otro orden de cosas, la incorporación de España al Consejo de
Seguridad a principios de este año ha abierto, naturalmente, nuevas
perspectivas de acción que el Gobierno y nuestra Delegación tratan de
aprovechar con la mayor eficacia posible.
Por añadidura debo decir que en el seno del Consejo de Seguridad se ha
constituido un grupo informal de países especialmente interesados en el
proceso de paz del Sáhara Occidental que se reúne con frecuencia con las
partes y con el Secretario General o con su representante especial, señor
Yakub Jan, para tratar de impulsar el proceso. España forma parte de este
grupo y expresa en él sus puntos de vista.
Por lo que se refiere a la situación actual del plan de paz, nos
encontramos en la estela de aplicación de la Resolución 809 del Consejo
de Seguridad, aprobada por unanimidad el pasado 2 de marzo. España
participó muy activamente en el proceso de elaboración de esta
Resolución, que fue complejo y delicado, y que refleja adecuadamente, a
nuestro juicio, nuestras principales preocupaciones. Me referiré en
particular a dos de ellas.
En primer lugar, es preciso evitar que la celebración de la consulta a la
población se demore indefinidamente; y, en segundo lugar, el Secrerario
General debe intensificar sus esfuerzos con las partes en la importante
cuestión de la interpretación y aplicación de los criterios que
determinarán la condición de votante en el referéndum, e iniciar el
proceso de identificación e inscripción de los votantes, empezando por
los que figuran en el censo español de 1974, tal y como señala la propia
resolución del Consejo de Seguridad.
En relación con la interpretación y aplicación de los coloquialmente
llamados criterios de saharauidad, el Secretario General ha trasladado
hace meses a las partes unas propuestas de compromiso que pretenden
aproximar las posiciones de las partes en este tema tan delicado y
difícil. Sin embargo, las divergencias en relación con esta cuestión son
todavía importantes, aunque seguimos confiando en que puedan cerrarse en
un futuro próximo; hemos apelado reiteradamente a las partes para que,
haciendo gala de un sincero espíritu de compromiso, cooperen al máximo
con los esfuerzos del Secretario General.
En cuanto a la identificación e inscripción de votantes, se han
registrado últimamente algunos casos positivos; la comisión de
identificación de Minurso ha comenzado ya sus trabajos sobre el terreno;
su presidente ha obtenido el visto bueno de las partes sobre un «modus
operandi», y después de abrir oficinas en los principales lugares del
Sáhara y de los campamentos de refugiados, han distribuido ya los
formularios mediante los cuales los saharuis
harán llegar sus solicitudes de inclusión en el censo electoral del
referéndum.
La Resolución 809 del Consejo de Seguridad solicitaba, asimismo, la
presentación de un nuevo informe del Secretario General en el que éste
evalúe el resultado de sus gestiones y determine los pasos que a su
juicio deben seguirse para la pronta celebración del referéndum. El señor
Burtos Gali ha presentado en mayo y noviembre sendos informes
provisionales, y se espera que el próximo mes de febrero presente un
informe definitivo en el que se supone que se pronunciará sobre las
posibilidades de celebración de la consulta a lo largo de la primera
mitad del año 1994, que es la perspectiva temporal que en principio
contempla el Consejo de Seguridad, lo cual no quiere decir, ni mucho
menos, que se pueda realizar el referéndum dentro de esa perspectiva
temporal.
Me referiré, por último, a otro aspecto importante de la cuestión, que es
el de los contactos directos entre las partes.
Si bien la Resolución 809 no hacía mención a esta posibilidad, el Consejo
de Seguridad, en los innumerables debates o en las consultas informales
en las que ha tratado el tema del Sáhara, con la opinión favorable de
España, ha considerado oportuno promoverlos y encomendar su canalización
a través del Secretario General y de su representante especial, con el
fin de tratar de instaurar un clima de mayor confianza entre las partes y
posibilitar que se avance en la resolución de determinados aspectos
técnicos del plan de paz. El pasado mes de julio se celebró una ronda de
conversaciones en el Aaiún, hecho positivo en sí mismo, aunque
lamentablemente después no se han podido celebrar nuevos contactos
directos; el Secretario General continúa tratando de que se produzcan, y
entretanto se están celebrando contactos indirectos a través de su
representante especial.
En definitiva, estamos en una fase muy delicada del proceso, pero tenga
S. S. la seguridad de que España seguirá, en la medida de sus
posibilidades, ejerciendo o tratando de ejercer una influencia
constructiva, desde su puesto de miembro no permanente del Consejo de
Seguridad, para intentar resolver todos estos difíciles problemas
pendientes y para que, mediante la aplicación del plan de paz del
Secretario General, se pueda poner término a este conflicto y pueda
instaurarse una paz justa y duradera en esta región del Magreb tan
próxima a nosotros.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Nosotros agradecemos la información y compartimos
el sentido general del propósito. Sin embargo, querríamos insistir en un
punto concreto por razones que inmediatamente explicaré.
Creemos que España, en función de sus responsabilidades, y sobre todo en
función de sus intereses, debería, en el marco del Consejo de Seguridad,
en el marco del conocimiento que tiene de las dos partes, propiciar
activamente los contactos y las negociaciones directas entre las partes,
a las cuales se ha referido el señor Villar al final de su intervención.
Creemos que algunos de los obstáculos políticos que eventualmente se
plantearán sólo tienen cabida a través de esos contactos directos entre
las partes, y me refiero concretamente al tema no ya de la celebración
del referéndum, sino de la pregunta que en su momento se va a someter a
la consideración de los saharauis que tengan derecho a voto. Esa pregunta
debería contener, por lo menos, una de las alternativas en donde, como
consecuencia de la negociación entre las partes, los intereses básicos de
Marruecos y los intereses básicos de los saharuis --me refiero a los
saharauis que tienen en este momento su sede en Tinduf-- pudieran ser
adecuadamente representados.
Entre otras razones, ésa sería la manera de evitar un callejón sin salida
en donde pudiera llegar a convocarse un referéndum en el que las partes
se declaran incapaces de aceptar cualquiera de los dos extremos en donde
se produzca la solución. Yo creo que como ese resultado nadie lo busca, y
ciertamente no es el que a España interesa, debería mostrarse el Gobierno
especialmente activo para propiciar unas negociaciones concretas entre
las partes para que, con fórmulas a explorar, una de las cuales podría
ser precisamente la autonomía de la región saharaui y de los habitantes
de la misma, pudiera reflejar ese consenso entre unos y otros.
Es importante recordar que el referéndum debe celebrarse para acabar con
la situación de pendencia internacional en la que se encuentra el
territorio y que Naciones Unidas querría establecer una fecha límite para
la inscripción de los votantes --algo que también es de nuestro
interés--, y es importante igualmente recordar que a nosotros nos
interesa acabar con esa pendencia. Y como cualquier tipo de lucubración
sobre un referéndum en las condiciones más puras del término resulta
difícilmente aceptable, creemos también que ésa debería ser la línea a
seguir de una manera sistemática por el Gobierno español. Minurso mismo,
en estos momentos, refleja y da noticia del cansancio que se está
produciendo por parte de los propos saharuis agrupados en torno al
Polisario, lo cual tiene su lógica, y como a España tampoco le interesa
que haya ningún tipo de victoria aniquiladora de unos sobre otros, es por
lo que creemos que ésta debería ser la línea sistemática y contundente
que habría de seguir el Gobierno español en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo, señor Secretario General?
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Unicamente quería decir al señor Rupérez que comparto plenamente
lo que acaba de manfifestar; la línea del Gobierno español es
precisamente ésa y es lo que venimos haciendo. Desde hace mucho tiempo
estamos tratando de propiciar los contactos directos, y algunos se han
producido, pero no es nada fácil que estos contactos tengan continuidad,
y por supuesto el objetivo fundamental de los mismos,
como he indicado anteriormente, es tratar de propiciar un arreglo
político previo que a nuestro juicio debería ir quizá en una tercera vía,
es decir, en una vía que sea intermedia entre las dos extremas, que son
las únicas contempladas por el momento en el plan de paz, y que a falta
de un arreglo político entre las partes van a permanecer ahí; estas
líneas son, por una parte, la integración pura y simple en el Reino de
Marruecos, y, por otra, la independencia total y absoluta. Obviamente,
las partes, ni una ni otra, hoy por hoy, parecen estar por la labor de
emprender una negociación en pos de una vía intermedia.
--SOBRE IMPORTANCIA DEL HECHO DE QUE HASTA AHORA NO HAYAN PODIDO TENER
LUGAR LAS CUMBRES PREVISTAS CON MARRUECOS. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ
RUBIO (GP). (Número de expediente 181/000101.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 12, cuyo autor es el
señor Rupérez. No voy a leerla para que la pueda exponer él.
Tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Sabe el señor Presidente que confío plenamente en
las lecturas que hace de mis preguntas.
Por razones que el señor Villar comprende perfectamente, entre la fecha
del origen de la pregunta y la de su tramitación parlamentaria se ha
producido precisamente el hecho del cual nos quejábamos: la no
celebración de las cumbres previstas con Marruecos.
En cualquier caso, es evidente que cuando la pregunta se realizó habían
transcurrido más de dos años, si no recuerdo mal, sin que tuvieran lugar
esas cumbres, y el sentido de la misma era por qué no se habían
realizado. Ahora, el sentido de la pregunta puede ser, brevísimamente,
incitar al señor Villar a que nos explique cuál fue la razón de ese
retraso y cuál ha sido el resultado de la cumbre feliz finalmente
celebrada hace todavía pocas semanas.
El señor PRESIDENTE: El señor Villar tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Efectivamente, estas cumbres, previstas con carácter anual en el
Tratado bilateral, hasta fecha muy reciente no han podido celebrarse con
la periodicidad en principio prevista, pero en todos los casos se debía a
razones de fuerza mayor. Por ejemplo, la correspondiente al año pasado
fue aplazada en vísperas de su celebración, en el mes de noviembre de
1992, debido a problemas de salud por un grave accidente que sufrió el
ministro de Asuntos Exteriores marroquí, hoy felizmente restablecido.
Posteriormente, el deseo de ambas partes de celebrar la cumbre a
principios de este año se vio frustrado fundamentalmente por la
celebración de elecciones legislativas en los dos países, lo que originó
un nuevo retraso.
En cualquier caso, estos retrasos no impidieron que el diálogo
hispano-marroquí haya sido en todo momento muy fluido, como lo prueba,
entre otras cosas, el intenso intercambio de visitas ministeriales que ha
tenido lugar a lo largo de estos últimos dos años.
Finalmente, la reunión de alto nivel se celebró el pasado 3 de diciembre
en Madrid. Participaron el Primer Ministro marroquí y el Presidente del
Gobierno español acompañados por un número elevado de miembros de ambos
Gobiernos, posiblemente una media docena por cada parte.
Puedo decir que la cumbre se desarrolló de forma satisfactoria, siendo
evidente el deseo mutuo de profundizar aún más en el desarrollo de las
relaciones hispano-marroquíes, que han alcanzado una gran intensidad y
estabilidad. En la reunión se adoptaron diversos compromisos, tanto en el
ámbito económico-financiero como en el educativo, cultural, jurídico y
consular, que entendemos del mayor interés.
Para abreviar, sugiero a S. S., si está interesado, hacerle llegar el
texto, que es bastante completo, del comunicado conjunto que se adoptó
con motivo de la cumbre, y en el que se detallan los principales
compromisos o acuerdos adoptados en estos distintos campos a los que he
hecho mención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Le agradecería al señor Villar que nos hiciera
llegar el texto completo de ese comunicado. Simplemente querría mencionar
tres aspectos.
Primero, ha habido algunas informaciones de prensa que hemos recogido con
cierta preocupación, haciendo estado de una supuesta disposición española
a suavizar sus exigencias con respecto a los derechos humanos en las
relaciones con Marruecos. No es que quiera hacer aquí un planteamiento
fundamentalista de los derechos humanos, pero me refiero a los temas que
han ido surgiendo a lo largo de estas comparecencias para intentar
obtener del señor Villar las informaciones correspondientes sobre esas
noticias algo preocupantes.
Segundo, posiblemente se encuentra en el comunicado, al menos
parcialmente, la preocupación que nos merece también el reequilibrio de
las relaciones, sobre todo en el terreno agrícola.
Tercero, aunque sea hasta cierto punto anecdótico, y también hasta cierto
punto explicable, quiero exponer la constatación de que la parte
nacionalista de la prensa marroquí, seguramente de manera inexacta
(aunque no por ello de forma menos vocinglera), en el momento en el que
se producía la visita del Primer Ministro marroquí a España hacía noticia
o estado del supuesto encargo que traería para hablar con las autoridades
españolas del tema de Ceuta y Melilla. Me imagino que eso no se
produciría, y sería simplemente la necesidad de calentamiento de las
propias clientelas por parte de la prensa nacionalista marroquí, pero
también quería señalárselo con algún aspecto de preocupación.
--SOBRE POSTURA DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE LA POSIBILIDAD DE AMPLIACION DE
LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE (OTAN).
FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de expediente
191/000103.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 14, cuyo autor es don
Javier Rupérez, quien tiene la palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: La pregunta, como sabe el señor Villar, es muy
simple. Es sobre la postura que el Gobierno español mantiene sobre la
posibilidad de ampliación de la OTAN a nuevos miembros.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): España viene desarrollando, como sabe S. S., en consulta con los
restantes miembros de la Alianza, un amplio proceso de reflexión desde
hace tiempo (de manera especialmente intensa estas últimas semanas) sobre
la mejor forma de atender a las legítimas preocupaciones de seguridad de
los países de Europa central y oriental, fundamentalmente los
pertenecientes al antiguo Pacto de Varsovia, incluyendo el deseo de
alguno de ellos de adherirse a la OTAN.
Este proceso de reflexión, que venimos haciendo entre todos los aliados,
parte de una triple constatación. En primer lugar, el que la Alianza
Atlántica no es un club cerrado; que el Tratado de Washington --y España,
por ser el caso más reciente, lo sabe mejor que nadie-- es un convenio
abierto a la adhesión de otros estados europeos.
En segundo lugar, que cualquier ampliación de la Alianza debe cumplir el
doble objetivo de contribuir a reforzar la seguridad de los miembros de
la misma, pero también a promover una mayor estabilidad global en Europa.
En tercer lugar, que la OTAN no puede desentenderse de las preocupaciones
de seguridad de los países de Europa central y oriental, y que ello
debería tenerse en cuenta, de alguna manera, en las decisiones que se
adopten con ocasión de la próxima cumbre del mes de enero del año que
viene.
En todo caso, los aliados estamos constatando, en este proceso de
reflexión conjunta, que la ampliación de la OTAN en estos momentos sería
una cuestión muy compleja y delicada y que, por tanto, debemos
considerarla con gran serenidad y con la cabeza muy fría, por las
siguientes razones, entre otras.
En primer lugar, la dificultad para determinar unos criterios generales y
objetivos de admisibilidad o para diferenciar, en una consideración caso
por caso, el trato a otorgar a los distintos países de Europa central que
han manifestado ya su deseo de adherirse a la OTAN.
En segundo lugar, por las implicaciones que tendría en estos momentos la
extensión a Europa central y oriental de las garantías de seguridad
colectivas previstas en el artículo 5.º del Tratado de Washington, en
especial para una Alianza todavía en proceso de adaptación --de difícil y
compleja adaptación-- al nuevo contexto estratégico europeo.
En tercer lugar, por las consecuencias para la estabilidad global en
Europa, incluyendo los posibles efectos de la ampliación en estos
momentos del proceso de reformas políticas y económicas en Rusia y, más
en general, en la posición de dicho país en el nuevo marco de seguridad
europea.
Por ello, teniendo en cuenta estos tres criterios, tratando de encontrar
un cierto equilibrio entre todos ellos y de dar, por otra parte, alguna
satisfacción a las expectativas de los países de Europa central y
oriental, España ha sugerido, en este proceso de consultas con los demás
aliados en preparación de la cumbre de enero, la conveniencia de actuar
en una doble dirección. En primer lugar, destacando que el Tratado de
Washington, como decía antes, es un tratado abierto a adhesiones futuras
de otros estados democráticos europeos, y en segundo lugar, reforzando de
modo sustancial la cooperación --esto ya a corto plazo-- política y
militar con los países de Europa central y oriental, fundamentalmente en
el marco del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, pero, como ahora
veremos, no sólo en él.
En este contexto, como sabe S. S., Estados Unidos ha presentado hace
varias semanas una propuesta, denominada asociación o consorcio para la
paz, que ha sido bien recibida por la totalidad de los aliados. España
también ha manifestado su apoyo de principio a esta iniciativa, que
apreciamos particularmente porque parte del principio de ofrecer una
igualdad de oportunidades a todos los países de Europa central y
oriental, evitando así tanto una discriminación de algunos de ellos, ya
de partida, como podría ser el caso de Rusia-Ucrania, como el
reconocimiento a Rusia de una especie de derecho de vigilancia o tutela
sobre los países de Europa central, lo cual obviamente sería inadmisible.
A la vez, permite diferenciar --esto me parece importante y deseo
subrayarlo-- el grado de cooperación con la OTAN que cada uno de estos
países quiere, puede, o está en condiciones de alcanzar en un determinado
momento. En definitiva, esta iniciativa de la Asociación para la paz
propone, en el plano militar, intensificar la colaboración de carácter
cooperativo, incluyendo, en particular, entrenamiento y ejercicios
conjuntos para misiones multinacionales de mantenimiento de la paz y la
designación de oficiales de enlace para coordinar actividades de
planeamiento militar. En el plano político, cabe la posibilidad de poner
en práctica un sistema de consultas en caso de producirse una amenaza en
la seguridad de dichos países. Este modelo de
cooperación variaría en su intensidad y extensión en función de los
intereses y capacidades de cada uno de los países concernidos,
permitiendo establecer así una relación diferenciada entre la OTAN y cada
uno de ellos.
Con ocasión de la próxima cumbre, esperamos poder ya definir los
principios básicos de este nuevo esquema de cooperación que, sin duda, se
va a estructurar en torno a esta iniciativa originariamente
norteamericana pero que, como digo, goza ya de un consenso total entre
los aliados. Una vez definidos los principios básicos de este nuevo
esquema de cooperación, se pondría en marcha un acuerdo-marco, que
podrían suscribir los países que estuviesen interesados en participar en
este esquema. Posteriormente, cada uno de estos países podrá acordar un
programa de trabajo para determinar la amplitud y el contenido concreto
de su cooperación con la OTAN. Este nuevo esquema de cooperación irá
dirigido ante todo a los países de Europa central y oriental, actualmente
miembros del CCAN, del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte.
También se considera conveniente que puedan participar algunos otros
países de la CSCE, en particular aquellos que tienen una especial
experiencia en el ámbito de las operaciones de mantenimiento de la paz,
pero al menos por el momento no parece que se vaya a abrir a la totalidad
de los miembros de la CSCE.
Una activa participación en los programas de trabajo que se elaboren en
este marco permitirá, a nuestro juicio, a los países interesados llevar a
cabo un proceso evolutivo de acercamiento a la OTAN, armonizando
doctrinas militares, equipos y armamentos y situándoles así,
previsiblemente, en mejores condiciones para incorporarse a la Alianza
Atlántica llegado el momento. Desde nuestro punto de vista, esta
iniciativa por sí misma no es una antesala ni conduce necesariamente a
una ampliación de la OTAN, pero sí puede constituir uno de los factores
que la Alianza tome en consideración al examinar, en su momento, las
distintas solicitudes de adhesión.
El señor PRESIDENTE: El señor Rupérez tiene la palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario General, nosotros consideramos
el proceso que usted describe como enormemente interesante, pero también
hasta cierto punto peligroso, porque, partiendo de la afirmación de que
el Tratado de Washington es un Tratado abierto, sin embargo, establece
tantas y tan numerosas cautelas para hacer verdad que el Tratado de
Washington es un Tratado abierto que, aquellos que hoy están pidiendo con
un cierto carácter de urgencia --y no hace falta referirse a determinados
acontecimientos que se están produciendo en Rusia para explicar esa
urgencia--, podrían quedar claramente defraudados, con lo cual la misma
vocación de apertura del Tratado de Washington y la misma capacidad de
ofrecer garantías de seguridad a los que, compartiendo sus fines y
principios así lo solicitan, quedaría claramente distorsionada.
Nosotros querríamos que el Gobierno español, que España y desde luego el
máximo número posible, por no decir todos los miembros de la OTAN,
consideraran la posibilidad de la ampliación de la Alianza a aquellos que
lo han solicitado de manera no excesivamente remota, por decir
francamente inmediata. En segundo lugar, querríamos que este paso se
produjera en términos de la consideración individualizada de los
candidatos. Nos parece que es erróneo hablar de grupos, que nos parece
que es erróneo confrontar grupos o calidades de unos y de otros. En
tercer lugar, nos gustaría que se considerara la posibilidad de comenzar
las negociaciones para esa ampliación en términos no excesivamente
alejados en el tiempo.
Nosotros somos perfectamente conscientes de las dificultades que tiene la
ampliación de las garantías de seguridad en los términos contemplados por
el Tratado de Washington, y somos perfectamente conscientes también de
las debilidades internacionales para contemplarlos. Pero, al mismo
tiempo, y precisamente porque el señor Secretario General ha hecho
algunas referencias a ello, como tenemos la experiencia nuestra, sabemos
a lo que nos estamos refiriendo. Sabemos que, tras las peticiones de
pertenencia a la OTAN, hay necesidades genéricas de reafirmación de la
seguridad y, al mismo tiempo, exigencias concretas --por lo meno así lo
sentimos aquellos que en su momento lo abogamos y así lo sienten aquellos
que, en Polonia, en Hungría o en otros países centroeuropeos, así lo
abogan--, necesidades de confirmación, de cimentación, de una incipiente
democracia. En ese contexto, la extensión de las garantías de seguridad
es tanto como la extensión de nuestras propias garantías de seguridad. En
último lugar, es evidente --como también lo fue en nuestro caso-- que la
concesión, implícita o explícita, a ningún tercer país de un derecho de
veto para la ampliación de la OTAN es tanto como condenar a la Alianza
Atlántica a no contar con la capacidad y efectividad que hasta ahora ha
garantizado. En su momento, la Unión Soviética, de una manera también
harto sonora, hizo valer su desacuerdo con la entrada de España en la
Alianza Atlántica. Nosotros no hicimos caso de aquella sonora y por lo
demás inoportuna advertencia y no pasó absolutamente nada, estamos más o
menos en la misma situación. Por eso, señor Secretario General, incluso
comprendiendo y apreciando ese proceso que va de una consideración
genérica a una asociación para la paz, a unas garantías políticas,
estimamos que, para hacer frente a las necesidades concretas de garantías
de seguridad o, incluso, de seguridad psicológica que en este momento
están solicitando esos países centroeuropeos, es necesario por lo menos
no excluir la posibilidad de proceder a la ampliación de la Alianza
Atlántica de manera cuasi inmediata.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, ¿quiere añadir algo?
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Sí, un brevísimo comentario. Quiero que quede muy claro que no
se excluye la futura ampliación de la Alianza. En segundo lugar,
precisamente este esquema que estamos diseñando entre
los aliados va a permitir que, para algunos de los países de Europa
central y oriental, el horizonte de adhesión se acerque en el tiempo y
que estén en condiciones de adherirse a la Alianza a medida que se vayan
desarrollando, prosperando y dando frutos los programas concretos de
cooperación que se les van a ofrecer. En tercer lugar, una de las
características fundamentales de este nuevo esquema es el que, si bien la
oferta es genérica y abierta a todos, después se va a concretar de una
manera individualizada. Es decir, a cada país se le va a ofrecer --por
decirlo en términos coloquiales-- una especie de menú de opciones y cada
país, en función tanto de su voluntad política como de su capacidad, va a
ir eligiendo unas u otras opciones a lo largo del tiempo. De manera que,
al final del proceso algunos de los países participantes en el nuevo
esquema probablemente no van a desear su adhesión a la Alianza; otros sí,
pero no estarán todavía en condiciones de hacerlo en mucho tiempo; en
cambio, otros, quizá en no demasiado tiempo, a través de estos programas
que se les van a ofrecer, estarán en condiciones de hacerlo.
--SOBRE VALORACION DE LAS DIFICULTADES PARA PONER EN MARCHA LOS ACUERDOS
DE BRUSELAS ENTRE EL REINO UNIDO Y ESPAÑA SOBRE LA UTILIZACION CONJUNTA
DEL AEROPUERTO DE GIBRALTAR. FORMULADA POR EL SEÑOR ANDREU ANDREU, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 181/000230.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en la pregunta número 25, y última, de las
incluidas en el orden del día.
Tiene la palabra el autor de la misma, el Diputado señor Andreu, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Secretario, confío que le dé alegría que
sea la última pregunta.
La pregunta se refiere fundamentalmente a la situación en la que se
encuentra el aeropuerto de Gibraltar, que, a nuestro entender, es
extraordinariamente equívoca. Por una parte, está firmado un acuerdo
entre el Reino Unido y el Reino de España, en el año 1987, por el cual se
prevé la utilización conjunta y que existiría una terminal en la parte
española y, por otra parte, ese acuerdo, cuando han pasado ya más de seis
años desde su firma, no tiene ningún viso de concretarse en la realidad,
de hacerse realmente sustantivo.
Digo que es una situación equívoca que viene incluso en los propios
documentos de la Unión Europea (antes Comunidad Económica Europea), en
los que se ve que los acuerdos para la regulación del tráfico aéreo
siempre recogen en sus considerandos el que España y el Reino Unido han
firmado ese acuerdo para la utilización conjunta del aeropuerto de
Gibraltar. Pero es un acuerdo que nunca se sustancia, con lo cual estamos
en una situación extraordinariamente equívoca, además de que la zona vive
continuamente en el dilema de si se utilizará conjuntamente o si habrá
que construir un nuevo aeropuerto, como incluso ha manifestado el
Gobierno en el sentido de que, en caso de que no se llegara a una nueva
buena conclusión en este tema, se llegaría a una solución de esta
naturaleza.
Nosotros realmente no entendemos cómo, teniendo el Gobierno del Reino
Unido capacidad para que el acuerdo firmado entre España y el Reino Unido
se pueda llevar a cabo, no se ha sustanciado todavía cuando han pasado
seis años. Yo le rogaría que nos explicitase cuál es el estado, no de la
negociación (porque se supone que la negociación ha terminado con la
firma del acuerdo), sino la actitud del Reino Unido para cumplir ese
acuerdo y cuál es la actitud que adoptará el Gobierno español para que
realmente esto se produzca en el menor plazo posible.
El señor PRESIDENTE: El señor Villar tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Como S. S. sabe, las dificultades para la puesta en marcha del
llamado acuerdo sobre el aeropuerto, de 1987, no provienen de la parte
española, sino del Reino Unido, quien aún no ha notificado formalmente al
Gobierno español que haya entrado en vigor la legislación necesaria para
llevarlo a la práctica, tal y como estipula el artículo 8.º del
mencionado acuerdo contenido en la declaración conjunta de 3 de diciembre
de 1987.
La valoración que hace el Gobierno en esta situación es forzosamente
negativa. Como se ha señalado reiteradamente, y la propia declaración de
diciembre de 1987 en su preámbulo así lo indica, este acuerdo es
conveniente y positivo y debería ser beneficioso para todos. Por una
parte, el acuerdo salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas de
España y del Reino Unido en la controversia respecto a la soberanía sobre
el territorio en que el aeropuerto está situado, el istmo; es decir, el
acuerdo neutraliza, a efectos prácticos, la disputa sobre la soberanía
del istmo y permite obviar las dificultades prácticas derivadas de esa
controversia, que es el pretexto en el que se han escudado las
autoridades gibraltareñas para no adoptar la normativa que les incumbe a
ellos en el reparto de competencias entre la potencia administradora y la
colonia para llevar a la práctica el acuerdo.
El hecho de que el acuerdo no se haya podido aplicar tiene consecuencias
sin duda negativas también para Gibraltar ya que parte de la normativa
comunitaria, como saben SS. SS. (y antes se ha hecho mención a ello), en
concreto, por ejemplo, todas las directivas referentes a la
liberalización del tráfico aéreo, está en suspenso para Gibraltar,
precisamente por no haberse podido aplicar este acuerdo, y va a continuar
en suspenso en función precisamente de la suerte que corra la aplicación
del acuerdo. Además, el que no se haya aplicado el acuerdo bilateral, un
acuerdo bilateral firme entre dos Estados soberanos como el Reino Unido y
España, ha supuesto,
qué duda cabe --y ésta es otra consecuencia negativa--, una quiebra en la
confianza bilateral y ha tenido un efecto también negativo en el conjunto
de la negociación, obligándonos a veces, en determinados temas de
normativa comunitaria, a adoptar una posición muy dura que ha reducido
los márgenes de flexibilidad.
Por otra parte, es evidente --así pensamos nosotros-- que la apertura al
tráfico regular europeo del aeropuerto de Gibraltar tendría efectos
beneficiosos para el conjunto de la zona, mejorando sensiblemente los
servicios aéreos de la comarca del Campo de Gibraltar. Pero,
indudablemente, quienes a nuestro juicio sufren en mayor medida los
efectos negativos de esta situación son los habitantes y la economía del
Peñón. Por esta razón, el Gobierno español, a pesar de estos
antecedentes, no ha perdido toda la confianza en que las autoridades
locales del Peñón y el señor Bossano sepan sacar algún día las
conclusiones necesarias y comprender lo que, al parecer, cada vez más
gente en la Roca ha entendido ya: que la prolongación de la situación
actual es perjudicial fundamentalmente para ellos porque, desde luego, el
Gobierno español no va a negociar otro acuerdo sobre el aeropuerto. El
acuerdo de 1987 entre los dos Estados está en vigor, aunque no se haya
podido poner en práctica el régimen previsto en el mismo.
En definitiva, como decía antes, es positivo y beneficioso para todos y,
por tanto, confiamos que las autoridades de Gibraltar desbloqueen de una
vez por todas la aplicación del acuerdo.
El señor PRESIDENTE: El señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: A partir de la respuesta que ha dado S. S., se
pueden hacer varias reflexiones. En primer lugar, ha hablado de los
beneficios para la economía gibraltareña, pero parece como si la economía
gibraltareña no se resintiera de que hubiera liberalización del tráfico
aéreo. La naturaleza de la economía gibraltareña debe ser de tal forma
que eso le importa poco. Debe ser una economía que viva de otras cosas,
que son extraordinariamente perniciosas para el conjunto de la economía
española. Parece que vive más en función de evitar que se produzcan
fiscalidades ante blanqueo de dinero. Parece que la preocupa mucho más
eso a la economía gibraltareña que el tener liberalizado el tráfico
aéreo. Yo creo que ahí sí tiene una importante tarea que realizar el
Gobierno español.
De igual manera, nos preocupa muchísimo el que se pueda utilizar como
excusa por parte del Gobierno del Reino Unido el que exista una oposición
dentro del Gobierno de Gibraltar para que no se aplique este acuerdo del
año 1987, porque entendemos que eso nunca puede ser utilizado como
excusa. Quien tiene la potestad para conseguir que ese acuerdo se lleve a
cabo es el Gobierno del Reino Unido, que tiene la facultad de que se
cumpla ese acuerdo y ante ello no hay un impedimento de fuerza legal, por
parte del Gobierno de Gibraltar, que pueda impedir que ese acuerdo se
lleve a la práctica. En este sentido, de ninguna manera puede ser
utilizado como excusa la oposición que pueda tener el Gobierno del señor
Bossano a que este acuerdo se lleve a cabo.
Por último, quisiera manifestarle que mi Grupo Parlamentario siempre va a
apoyar todas las actuaciones del Gobierno español que pretendan que este
acuerdo se cumpla y que utilice toda la fuerza que tiene en su mano. A
usted no se le escapa que ahora mismo existe el Convenio de fronteras
externas, que tiene que terminar de suscribir la Unión Europea, y
consideramos que no puede ser suscrito por España hasta que este problema
quede definitivamente resuelto.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de
Urbina): Muy brevemente.
Primero, quiero agradecer a S. S. esta manifestación de apoyo a la
gestión del Gobierno español, que precisamente viene persiguiendo desde
hace tiempo el desbloqueo, la puesta en marcha del Acuerdo sobre el
aeropuerto hasta ahora sin mucho éxito.
En segundo lugar, quiero señalarle que durante cierto tiempo la economía
de Gibraltar ha prosperado relativamente, a pesar de la no aplicación del
Acuerdo. Probablemente podría haber prosperado de una forma más clara y
más limpia si el acuerdo hubiera entrado en vigor, aunque la impresión
que tenemos es que últimamente las cosas, desde el punto de vista
económico, no están tan boyantes en el Peñón.
Efectivamente, como he indicado en mi intervención, la Declaración de
1987 es un acuerdo entre el Reino Unido y España. Así lo consideramos
nosotros, así lo considera el Reino Unido. El problema es que, según
prevé la propia Declaración, la aplicación requiere la adopción de una
serie de medidas y de normas que corresponden, en el reparto de
competencias entre la potencia administradora y el territorio
administrado de Gibraltar, a la autoridad local. Precisamente ahí está el
problema, en que, como sabe S. S., el señor Bossano en gran medida ganó
las elecciones incluyendo como un aspecto básico de su programa electoral
la no aplicación del acuerdo sobre el aeropuerto. Esa situación no ha
variado hasta el momento, pero no perdemos la esperanza de que las
autoridades del Reino Unido sean capaces algún día de persuadir al señor
Bossano de que debería terminar su política de radical oposición a la
aplicación del acuerdo sobre el aeropuerto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villar, le agradecemos su
presencia en la Comisión y le liberamos ya de la servidumbre a que ha
estado sometido durante este buen rato.
Señorías, habíamos barajado la posibilidad de interrumpir aquí la sesión
y continuar por la tarde, pero, de acuerdo con todos los portavoces --y
se lo adelanto para que se preparen sicológicamente a lo que voy a
decir--, vamos a continuar hasta agotar el orden del día y esperar que no
agotemos la resistencia de todos nosotros. Por consiguiente, entraremos
en el apartado siguiente del orden del día que se refiere a las
proposiciones no de ley. (El señor Vicepresidente, Muñoz-Alonso Ledo
ocupa la Presidencia.)
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE LA PROYECCION EXTERIOR DEL IDIOMA CATALAN Y EL INGRESO DE ANDORRA
EN LAS NACIONES UNIDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000027.)
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): La primera de las
proposiciones no de ley es la que hace el número 26, sobre la proyección
exterior del idioma catalán y el ingreso de Andorra en las Naciones
Unidas.
Para su defensa, la señora Rahola tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señorías, un anuncio que se emitía por TV3
como promoción turística utilizaba este lema: «Andorra el país dels
Pirineus». Puesto que no entiendo de publicidad no puedo asegurar su
eficacia comercial, pero es evidente que en el subconsciente colectivo
catalán éste era un lema con fuerte carga sentimental, traspasaba el
ámbito estrictamente comercial y casi nos tocaba algo parecido al alma
catalana, si es que ésta se puede conceptuar más allá de la poesía.
No puede ser menos. Desde que existe Andorra o casi desde que existe,
porque Polibio situaba ya a los andorranos en el 218 antes de Cristo,
este pequeño país forma parte del referente sentimental catalán. Y hablo
de referente sentimental y no de referente político, porque los lazos
sentimentales siempre han sido tan estrechos como diferentes los procesos
políticos.
El hecho es que el pequeño país de los Pirineos, de cultura y lengua
catalanas, ha palpitado siempre --si se me permite la expresión
romanticista-- en el interior del corazón catalán. La trascendencia,
pues, de los últimos acontecimientos, que culminaron el 28 de julio con
la admisión de Andorra como miembro número 184 de la ONU, después de un
proceso de modernización institucional y de la aprobación de una
Constitución plenamente democrática, tienen una gran fuerza sentimental,
una gran importancia cultural y una gran relevancia política para el
colectivo catalán.
He intentado expresar el referente sentimental, los lazos que nos unen
milenariamente con Andorra. La importancia cultural no es menos
relevante. Por primera vez en la ONU hay un Estado que tiene el catalán
como lengua oficial. Por primera vez, pues, la ONU habla catalán. El
discurso que Oscar Ribas hizo delante de este gran fórum internacional no
sólo fue un hecho político, sino también un hecho histórico. Nunca en la
ONU antes se había oído la cadencia, la fonética, el verbo de esta lengua
milenaria que, a pesar de su vigor, no estaba homologada
internacionalmente.
Déjenme SS. SS. que exprese la emoción que sentíamos muchos ciudadanos de
habla catalana --estoy segura de que los diputados catalanohablantes aquí
presentes me entienden perfectamente-- cuando oímos el discurso de Oscar
Ribas. Desde Salses a Guardamar, desde Fraga hasta Maó --dijo--, piensen
que esta aportación fundamental a la gran cultura de la humanidad es esta
lengua que sólo hablamos nosotros. Pero si nuestra lengua no existe
internacionalmente, existe menos que las otras. De ahí nuestra emoción y
de ahí nuestra felicitación al pueblo de Andorra y, específicamente, a
Oscar Ribas.
La intención de esta proposición no de ley es doble. De un lado, deseamos
que se felicite institucionalmente, desde un Estado que tiene en su
interior una nación de habla catalana, al nuevo estado de la ONU,
culminación de su historia milenaria; y también animar a Andorra para que
continúe con la proyección internacional de la cultura en lengua catalana
y, por supuesto, comprometerse, a colaborar en esta proyección.
Anuncio aquí que puesto que las enmiendas presentadas por el señor Puig,
en nombre del Partido Socialista, no cambian el espíritu de la
proposición, las aceptamos sin ningún problema. Si fuera aceptado por los
demás partidos, pediríamos que la proposición no de ley incluyera el
último punto, en el que se felicita a Andorra por el proceso electoral
que acaba de seguir. Ello actualizaría y completaría la proposición.
Dos últimos apuntes para acabar a estas horas ya tan tardías. Uno
referente a la figura de los copríncipes. No sé si mi colega de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Espasa, repetirá hoy sus
planteamientos respecto al copríncipe de Andorra y Obispo de la Seu
d'Urgell, el señor Martí Alanis. En todo caso, ayer fue explícito en la
comparecencia del señor Ministro.
Desde Esquerra queremos decir dos cosas sobre este tema. Una, elogiar la
actitud decidida y comprometida de Martí Alanis en favor del pleno
reconocimiento de Andorra como Estado. Su actitud ha sido decisiva. La
segunda, expresar la convicción de que la figura del copríncipe, vacía de
contenido político, sólo representa la culminación simbólica de una
figura con una enorme carga histórica. Su continuidad nos parece, pues,
más un gesto cultural que un gesto político.
Finalmente, deseo agradecer la buena predisposición de la mayoría de
fuerzas políticas ante la proposición, pero deplorar que mientras en la
ONU ya se puede hablar catalán, en el Congreso de los Diputados, en un
debate sobre Andorra y la proyección del catalán, conducido íntegramente
por catalanes, se tenga que utilizar otra lengua.
He pedido al Presidente de la Comisión, el catalán Solé Tura, que
permitiera, como gesto simbólico y de tolerancia, la utilización del
catalán en este debate. Entiendo la
dificultad de la demanda y que no lo considerara posible. Pero quisiera
dejar patente y quisiera que fuéramos todos conscientes de que mientras
exista este déficit, esta imposibilidad de ejercer en todos los ámbitos
la realidad pluricultural del Estado, los catalanes seremos ciudadanos de
primera en nuestras obligaciones, pero no lo seremos plenamente en
nuestros derechos.
El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): Como la señora Rahola ha
anunciado, a esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas
por parte del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el
señor Puig.
El señor PUIG I OLIVE: Esta proposición no de ley, que trata sobre
Andorra y sobre la proyección internacional del idioma catalán, nos ha
parecido oportuna. Sin embargo, no hemos podido compartir su redacción y,
por ello, hemos presentado algunas enmiendas.
No voy a entrar en el fondo del tema, puesto que ayer hubo una
comparecencia del Ministro sobre la situación de Andorra y los procesos
anteriores a la nueva Constitución, a su reconocimiento internacional.
Creo que todos los grupos ayer tuvimos ocasión de desarrollar nuestra
opinión en torno a lo importante que ha sido ese reconocimiento
internacional de la nueva Constitución andorrana. Me parece que quedó
patente, tanto en la intervención del señor Ministro como en la de todos
los grupos, que consideramos positivo este paso histórico que ha dado
Andorra así como el apoyo que en todo momento el Estado español ha dado a
ese proceso.
Ahora bien, además de compartir la satisfacción por este hecho y aceptar
la mayor parte del contenido de la propuesta, las alusiones concretas a
la actuación de un dirigente político de este nuevo Estado, la referencia
al contenido de discursos del jefe de gobierno, nos parecía que no se
ajustaba al trabajo de una Comisión y a una proposición no de ley
aprobada por esta Comisión. Por ello presentamos estas enmiendas, que son
de actualización en un cierto sentido, cuando proponemos que, además de
felicitar a Andorra por su integración en Naciones Unidas, la apoyamos en
su integración en el Consejo de Europa, donde ya ha solicitado su
adhesión.
Otra enmienda es de precisión, en el sentido de señalar que el interés de
una Comisión del Congreso en relación al idioma catalán y a su nuevo
estatus no nos viene dada porque el jefe de Gobierno hablara en catalan
en la ONU, ni con un discurso, sino que nos viene dado porque el catalán
es una lengua constitucional, con una vinculación clara y una lengua, por
otra parte, protegida por la propia Constitución y las leyes, y la
enmienda señala precisamente estas circunstancias.
En la parte más resolutiva de la proposición no de ley, nosotros hemos
querido señalar que de lo que se trata es de continuar en una labor, si
se quiere modesta, que es la de la proyección internacional de una lengua
que tiene sus limitaciones como lengua, que va a tener también sus
limitaciones porque nadie puede hacerse ilusiones con respecto a lo que
pueda hacer Andorra en tanto que proyección de una lengua en un mundo
lingüísticamente tan complicado y con realidades lingüísticas tan
potentes, pero continuar, sí, una proyección que ya se ha dado por el
catalán y por otras lenguas autonómicas españolas en materia de acuerdos
de enseñanza de estas lenguas en otros países, en Inglaterra, en
Luxemburgo, en Bélgica, en materia del Programa Lingua para intentar que
el catalán forme parte del programa de enseñanza de lenguas en las
comunidades, en materia de actividades exteriores del Ministerio de
Cultura, etcétera. No voy a dar la lista de cuántas actividades; ya desde
los Ministerios correspondientes se ha dado cabida a iniciativas que
puedan situarse como proyección exterior.
En este sentido, creo que estas actividades pueden dar lugar,
evidentemente, con la nueva situación de Andorra, a posibilidades de
cooperación y en este sentido hemos propuesto la tercera enmienda, eso
sí, con modestia y realismo porque podemos ser sensibles ala poesía, a la
literatura, podemos compartir sentimientos, pero ésta es una Cámara
política, tenemos que tomar decisiones políticas y tenemos la obligación
de ser muy realistas. Esta proyección, aun cuando sea muy importante en
el ámbito de los sentimientos, en la realidad va a ser una cosa
probablemente modesta por la situación y por la propia capacidad de la
lengua catalana.
En cualquier caso, éstas son nuestras enmiendas. Creemos que son
positivas y se insertan en un trabajo que ha llevado a cabo la Comisión.
Hemos hablado muchas veces de apoyar los procesos de Andorra y yo
agradezco que sean aceptadas las enmiendas que presentamos a esta
proposición porque creo que entra dentro de lo que ha sido el trabajo
positivo que con relación a Andorra hemos desarrollado en los últimos
años.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo quiere hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
El señor Casas tiene la palabra por el Grupo Catalán (Convergència y
Unió).
El señor CASAS I BEDOS: El Grupo Catalán también va a votar
favorablemente la proposición no de ley, ya que de la intervención del
Grupo proponente he entendido que iba a aceptar las enmiendas del Grupo
Socialista.
Por tanto, quiero expresar, en primer lugar, la satisfacción de que vaya
a ser la unanimidad del conjunto de la Cámara la que reconozca la
importante evolución política que ha tenido Andorra, el pequeño país del
Pirineo. Es verdad que tenía unas instituciones de gobierno muy ancladas
en el pasado, por sus tradiciones medievales, que hacía falta poner al
día, y es verdad --y en este sentido también querríamos hacer un
reconocimiento-- la labor del Copríncipe, monseñor Martí Alanís, que, a
nuestro juicio, ha sido realmente el verdadero impulsor de que en Andorra
haya habido esta evolución. Por tanto, nos merece mucho respeto tanto la
persona como la institución que él representa en el sentido de Copríncipe
del pequeño Estado del Pirineo, y nos parecería bien que, tal como ha
quedado en la Constitución, siga conservándose esta tradición que viene
de muy lejos, porque también creo
que es interesante que en democracia y cuando los países evolucionan y
adaptan sus fórmulas políticas a los tiempos modernos, conserven aquellos
signos de identidad que definen en parte su propia personalidad, y éste
sería uno de los signos de identidad que tiene el pequeño Estado de
Andorra.
Por tanto, quiero destacar la intervención del señor Martí Alanís y creo
que también es interesante hacer mención a lo que comentó el Ministro
ayer en la comparecencia ante esta Comisión sobre este tema, cuando habló
de la coordinación que en todo momento hubo entre el Copríncipe y el
propio Ministerio de Asuntos Exteriores, de tal forma que toda la
evolución que se ha seguido y la nueva Constitución se ha hecho
procurando mantener la sintonía y la relación necesaria que debe tener
Andorra con el Estado español por razones de vecindad y por otras muchas
razones. Por tanto, la evolución se ha hecho con mucha prudencia, con
tacto y con sentido político.
En cuanto al tema del reconocimiento internacional del catalán, es verdad
que a todos los catalanes y al conjunto de la sociedad española le hizo
ilusión y se sintió satisfecha el día en que el Presidente, el Cap de
Govern de Andorra, habló en catalán en Naciones Unidas. A los catalanes,
porque se utilizó la lengua propia de nuestro país, y al conjunto del
Estado español, porque se utilizó una lengua que forma parte del acervo
cultural del conjunto del Estado, que la Constitución reconoce como tal y
que es la lengua oficial en una parte importante del Estado. Por lo
tanto, creo que la sensación de satisfacción me gustaría que la
compartieran todos los ciudadanos españoles por esta razón, porque forma
parte esta lengua del acervo cultural del conjunto del Estado y, por
tanto, doble satisfacción: unos, como más íntimamente vinculados a la
lengua, porque es nuestra lengua materna, y otros porque forma parte del
acervo de una cultura común y de una evolución histórica común.
Por otra parte, también habría que decir que el reconocimiento
internacional del catalán no nace con la intervención del Cap de Govern
de Andorra en Naciones Unidas. El Parlamento Europeo ha hecho
reconocimiento de la lengua, el Consejo de Europa ha hecho reconocimiento
de la lengua catalana y del idioma catalán; ha habido una aportación
evidentemente importante del Gobierno andorrano, pero no cabe ninguna
duda que siempre van a ser mucho más importantes las aportaciones que en
este terreno de la internacionalización o de la puesta en escena del
idioma internacional, siempre será mucho más importante lo que se haga
desde Cataluña, en el marco constitucional, por supuesto, y desde el
conjunto del Estado, porque no cabe duda que el peso político, no ya del
conjunto del Estado español, por supuesto, que es mucho más que Andorra,
sino el peso político de Cataluña creo que es mucho más importante que el
de Andorra, a pesar de que Andorra tiene la suerte de poder ser un Estado
miembro de Naciones Unidas.
Por estas razones, creo que hemos de reconocer a las fuerzas políticas
parlamentarias catalanas que hace años estamos trabajando en esta Cámara
para defender el catalán ahí donde haga falta, que ha sido un paso más,
evidentemente, pero nosotros seguiremos trabajando en la línea de lo que
hemos hecho durante muchos años y seguiremos trabajando para que, por
ejemplo, pueda tener un final feliz la ubicación de las distintas lenguas
oficiales del Estado español en el Senado. Veremos. Es un debate que está
todavía pendiente, pero, en cualquier caso, si no es hoy será mañana; es
un tema que algún día se tendrá que reconocer y adquirir carta de
naturaleza porque, en definitiva, el Estado español es un Estado
plurinacional; éste es un hecho tan evidente como racional y, por tanto,
al final las cosas se imponen con calma, con tranquilidad y sin necesidad
de hacer, a veces, declaraciones muy radicales, sino todo lo contrario.
Con la fuerza de la razón, del convencimiento, de la explicación, de las
cosas bien hechas, al final se acaba triunfando.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: En primer lugar, quiero felicitarme por la
iniciativa que se ha planteado ante esta Comisión y, sobre todo, por la
conclusión política final que va a tener en la forma de esta enmienda
transaccional en la que varios grupos han participado en su elaboración,
aunque después formalmente es una enmienda del Grupo Socialista.
Como decía el representante del Grupo Socialista, el tema de Andorra, el
tema de la defensa de los derechos del pueblo andorrano a su
autodeterminación y, por lo tanto, al uso de su lengua oficial y materna,
el catalán, en esta Comisión tienen larga tradición; una tradición que
iba más y mejor arropada, porque a la defensa de estos legítimos y
dignísimos intereses se añadía la de los intereses humanos; por ejemplo,
entre otros, el derecho de asociación sindical para los trabajadores
españoles que trabajaban en Andorra, con lo cual esta Comisión supo hacer
una perfecta síntesis entre defensa de la identidad, como pueblo, de
Andorra, de su lengua, el catalán, que es también una lengua española
reconocida en la Constitución y, además, de derechos tan fundamentales
como el derecho de asociación, el derecho de formar partidos, es decir,
lo que entendemos por una auténtica democracia.
Por lo tanto, no podemos más que dar la bienvenida a la señora Rahola,
que se sume a un trabajo que hacía esta Comisión desde hace mucho tiempo,
quizás un trabajo más rico y más completo, puesto que abarcaba todos los
aspectos de la compleja realidad política, que va mucho más allá de los
sentimientos, aunque todos los tenemos y, por supuesto, compartimos
--aunque no me atrevo a decir que los tengamos más amplios-- los de la
señora Rahola; todos y cada uno de los que ha expresado estoy seguro que
los comparten los Diputados de esta Comisión. Lo que pasa es que, además,
como decía, les han añadido otras cuestiones políticas a lo largo del
trabajo.
Respecto del Copríncipe, estoy seguro de que, dada la sagacidad de SS.
SS., vieron ayer en mi intervención un
auténtico y serio elogio de la figura del Copríncipe. Tan elogiosa era mi
actitud que iba más allá de lo terrenal y pretendía salvar su alma.
(Risas.) Por lo tanto, no veo por qué se puede poner en duda la actitud
de este Diputado, cuando, además de reconocer todo lo que ha sido la
labor política de este Copríncipe, se preocupa por el futuro de su alma.
Casi no me atrevería a añadir más porque los Diputados y Diputadas me
oyeron ayer.
Simplemente quiero recordar dos cosas no tan positivas y en el ámbito de
lo político, por supuesto salvando completamente mi admiración personal
por el Copríncipe y por todo lo que ha hecho, que indudablemente ha sido
positivo en el avance democrático de Andorra, aunque también el pueblo
andorrano ha tenido su pequeña parte. Me refiero a dos aspectos. En
primer lugar, a la simetría. A mí me encanta la simetría, como a San
Lorenzo también le encantaba. Cuando estaba en el tormento de la parrilla
pidió que le diesen la vuelta. (Risas.) Simplemente era por una cuestión
de simetría. El Copríncipe francés es un gobernante laico, el Jefe del
Estado francés. A mí me encantaría que la simetría se aplicase también al
caso de Andorra, porque sería una plena situación democrática y laica.
Aludí ayer a cuestiones que no quiero repetir sobre los peligros que
acechan a todo gobernante en forma de corrupción, simonía, etcétera.
Estaría mucho mejor y más tranquilo el digno representante del
Coprincipado si no estuviese sometido a estos azares. La presencia del
Copríncipe eclesiástico, señorías, no ha sido neutral, aunque son muy
pocos los habitantes de Andorra. Señora Rahola, en tanto que mujer,
aunque, por supuesto, antes que muje Diputada y política, por ejemplo en
la Constitución andorrana no se puede hablar de la posibilidad del
derecho al aborto porque el Copríncipe es eclesiástico. A mí eso me
preocupa. No sé si a la señora Rahola le preocupa.
Para terminar, señor Presidente, como todos han dicho, me felicito de que
el catalán se haya utilizado por primera vez en Naciones Unidas. El
catalán es lengua oficial de Andorra, es lengua propia y oficial en
Cataluña y también en el País Valenciano. Por lo tanto, no puedo más que
sumarme a lo que han sido las palabras del señor Casas, que las haría
mías completamente en el sentido de ver en el idioma catalán una doble
realidad: ser lengua propia de la nación catalana dentro del Estado
plurinacional que es España, pero ser también una lengua española en la
medida en que así ha sido consagrada en la Constitución y votada por una
inmensa mayoría de los españoles.
Por último, sólo quiero recordar a la señora Rahola, que lo sabe mucho
mejor que yo, puesto que representa a esta fuerza política que la ha
traído tan dignamente al Parlamento y que todos estamos seguros que su
labor va a ser cada vez más importante, que un dignísimo e ilustrísimo
representante no de su fuerza política, porque ella es una independiente
presentada por Esquerra Republicana de Cataluña --me estoy refiriendo al
señor Companys-- que fue ministro del Gobierno de España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Después de todo lo oído, solamente me falta
añadir alguna pequeña consideración. Creo que el mejor elogio es el
elogio a la madre y, en consecuencia, como diputado catalán, de origen
valenciano, la lengua es la madre y entiendo que para nosotros es una
satisfacción importante que se haya traído aquí esta proposición no de
ley.
Dicho esto quiero subrayar que, como ex seminarista, algunas
consideraciones que ha hecho S. S. nos sorprenden y no puedo menos que
decir que me atengo a los principios de la Sta. Madre Iglesia, por eso no
coincido con Su señoría. (Risas.)
Dejando el humor aparte, diré que es cierto que esta proposición no de
ley me parece francamente interesante de cara a Andorra, por el
reconocimiento de su plena soberanía de un país con lengua oficial
catalana.
Simplemente decir que nosotros vamos a dejar íntegros los párrafos
fundamentales uno, dos y tres de la proposición. Vamos a aceptar las
enmiendas que propone el Grupo Socialista concretamente y, por tanto,
matizaríamos en este cuarto punto que, en caso de no haber existido
enmiendas de los socialistas, no lo hubiéramos aceptado, sino que lo
hubiéramos rechazado.
Habría que subrayar en el punto tercero, cuando se habla de la identidad
catalana y la totalidad de su ámbito territorial, que en su intervención
el señor Ribas, el Cap de Govern del Gobierno de Andorra, dio a esa
expresión de «ámbito territorial» una dimensión, en la Asamblea de
Naciones Unidas, claramente definida, y él consideraba esa expresión del
territorio catalán, textualmente, «desde el Rosellón a Guardamar
(Alicante) y desde la franja de Poniente, o sea, Aragón, hasta Baleares y
el Alquer (Cerdeña)».
En este sentido subrayamos esto: creemos que es un ámbito internacional
de la lengua catalana y, como diputado mixto de origen
catalano-valenciano, quiero decir que me alegra mucho que los clásicos
valencianos hayan consagrado una lengua tan ilustre como la catalana en
los siglos XIV y XV. Y me satisface mucho, como español, ser admitido el
catalán como lengua española, puesto que así está en la Constitución. Y
no nos sentimos por ello de modo alguno coartados ya en nuestros derechos
como catalanes --eso eran otros tiempos--, sino todo lo contrario. Nos
sentimos muy honrados de elogiar a la madre, que es nuestra lengua
catalana, en esta casa, y, como lengua española, en su plenitud de
entendimiento.
Nada más y muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!, ¡muy
bien! - El señor Rupérez Rubio pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Rupérez tiene la palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, yo no quería participar en este
debate, pero hay un Diputado nuestro, que es el señor Martínez Casañ, que
se ha
sentido ofendido por algunas de las expresiones que se han mantenido con
respecto a la polémica, en la cual yo ni entro ni salgo, y de hecho ha
decidido abandonar la sala, cosa que lamento. Pero, en su nombre y,
repito, sin entrar en la polémica, quiero decir simplemente que en
Valencia se habla valenciano. (La señora Balletbo Puig: ¡No me diga!)
Nada más. (La señora Rahola i Martínez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le doy la palabra simplemente para
que exprese si acepta o no las enmiendas presentadas. En caso de que las
acepte, procederemos a la votación de las mismas; en caso de que no,
procederemos a la votación de la proposición tal como está.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Estoy segura que me deja hacer una
pequeñísima réplica.
El señor PRESIDENTE: No, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Acepto las enmiendas. Y sólo decirle al
señor Espasa que no sólo Companys fue Ministro de la República, sino que
un pariente mío, que era Rahola, también lo fue, y eso no invalida en
absoluto lo que estamos haciendo aquí.
Otra réplica. Lo siento. Hay quien piensa que lo que se habla en el país
valenciano es el catalán.
Una última. No entiendo por qué la cuestión eclesiástica pone tan
nervioso a mi digno compatriota. En todo caso...
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, se trata de saber si su Grupo acepta
las enmiendas presentadas.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Las acepta.
El señor PRESIDENTE: Después de este debate sobre las raíces de nuestra
historia y de nuestros conflictos históricos, vamos a proceder a la
votación de la proposición no de ley, con las enmiendas aceptadas por la
Diputada proponente.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada con las enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista y aceptadas por la proponente.
--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SECRETARIO DE
ESTADO DE COOPERACION Y LA REMISION ANUAL DE LA MEMORIA DEL PLAN ANUAL DE
COOPERACION INTERNACIONAL (PACI). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000033.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular por la que se
acuerda la comparecencia trimestral del Secretario de Estado de
Cooperación y la remisión anual de la memoria del Plan Anual de
Cooperación Internacional.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: Señor Presidente, intervengo, como usted muy
bien ha dicho, en el punto número 27 de este apretado y denso orden del
día, que trata sobre la proposición no de ley por la que se acuerda la
comparecencia trimestral del Secretario de Estado de Cooperación y la
remisión anual de la memoria del Plan Anual de Cooperación Internacional
(PACI). Esta iniciativa del Grupo Popular presentada en octubre de este
año está inspirada en la idea de aprovechar y sacar el máximo rendimiento
del PACI como instrumento de información, por un lado, y control, de
otro.
Sabemos que la cooperación al desarrollo constituye uno de los capítulos
principales de la política exterior, y la gestión de los fondos de
cooperación ha sufrido hasta el momento graves deficiencias de control y
de todo tipo, deficiencias que ha puesto de relieve el reciente informe
del Tribunal de Cuentas sobre los créditos FAD. (Rumores.) Decimos
también que, a pesar de los importantes recortes que viene soportando en
los últimos años este capítulo y de los porcentajes decrecientes que
destinamos a cooperación, sigue siendo ésta un área compleja, donde la
información previa. (Rumores.) Y la explicación del gasto de los
proyectos en los diversos países, además de las grandes líneas de
(rumores.) áreas prioritarias, etcétera, es de vital importancia.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone usted, señora Pulgar. Ruego a las señoras y
señores Diputados y a los representantes de los medios de comunicación
que si quieren comentar la situación lo hagan fuera de la sala; si no es
así, les ruego ocupen sus lugares. Muchas gracias.
La señora PULGAR FRAILE: Muchas gracias, señor Presidente.
Aclaro que el Tribunal de Cuentas dispone de dos instrumentos útiles, el
PACI o memoria de las previsiones del año en curso, y el PACI seguimiento
o memoria del uso y destino efectivo que se ha dado a estos fondos. Pero
ocurre con demasiada frecuencia que estos documentos llegan con mucho
retraso; es el caso de los últimos PACI de seguimiento que debían estar
ya en poder de los miembros de esta Comisión, por lo que es imposible de
este modo realizar un seguimiento efectivo de esta actividad.
He de resaltar que el Gobierno se comprometió, como consecuencia de las
iniciativas anteriores del Grupo Popular, a comparecer para informar
precisamente de este mismo asunto, de los planes de cooperación, y este
compromiso no se ha cumplido con el rigor y frecuencia con que el Grupo
Popular hubiese deseado.
El Grupo Popular desea llamar la atención del Gobierno,
una vez más, sobre este asunto de manera que se constituya un mecanismo y
un sistema fluido de información y control de estos fondos destinados a
la cooperación para el desarrollo, tal y como desean todos los agentes y
sectores afectados e implicados en esta tarea.
Por todo ello solicitamos la comparecencia trimestral del Secretario de
Estado para la Cooperación y la remisión anual de la memoria del plan
anual de cooperación internacional. Creo que todos debemos apoyarlo,
puesto que es en razón a la transparencia y también para el mejor control
en la asignación y administración de los fondos públicos.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda presentada por el Grupo
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, en efecto, el Grupo
Socialista ha presentado una enmienda que no afecta a lo fundamental del
fondo de la cuestión, con el que estamos de acuerdo. Ya que en el punto
anterior han hablado en catalán, en este vamos a hablar en andaluz. La
señora Diputada alcaldesa lo es, como yo, de esa región que tantos
vínculos tiene con América y que se nota muchas veces en los debates esa
vocación y esa dedicación.
Espero también que la hipoglucemia que a esta hora nos afecta a todos no
nos juegue una mala pasada, como ha estado a punto de ocurrir en el punto
anterior.
Decía que estamos de acuerdo en lo fundamental, porque se reconoce
implícitamente en los preámbulos de la propia proposición no de ley la
labor realizada en esta década, porque antes no podíamos haber tenido ni
siquiera este debate. Los debates se piden cuando las cosas existen; con
anterioridad al año 83-84 lo que había era una realidad caótica y
dispersa de la cooperación en multitud de ministerios con escasez de
cuantía en su dotación, sin una política que lo orientara, y todo eso fue
cambiando, poco a poco, con una ordenación, con una normativa, con la
creación de la agencia posteriormente, de todo el instrumento del PACI,
de la Comisión Interministerial de Cooperación, que ha logrado, en mi
opinión, una profesionalización, una modernización y una realidad y un
cuerpo de doctrina de lo que es la cooperación en el desarrollo que otros
países vienen haciendo desde hace más de treinta años y que nuestro país
lo hace recientemente.
Ahora tenemos que avanzar en el perfeccionamiento de ello, con
mecanismos, por ejemplo, de control parlamentario, en los que estamos
absolutamente de acuerdo el Grupo Socialista.
Lo que ocurre es que el instrumento para el control, en los dos puntos
que presenta la proposición no de ley, pensamos en el primero, que es el
que hemos enmendado --el segundo punto no está enmendado--, pensamos que
en la práctica de la actividad parlamentaria es más razonable una
comparecencia en cada período de sesiones, es decir, prácticamente
semestralmente que no trimestralmente, que impediría un seguimiento real
de los temas porque no hay novedades trimestrales que puedan suscitar un
informe del Secretario de Estado, y pensamos que sí puede haberlo más
razonablemente en cada período de sesiones.
Estamos de acuerdo en la segunda parte de la proposición no de ley en
cuanto a la remisión anual del PACI para su discusión en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Aunque sólo fuera para introducir de nuevo el
matiz del catalán, que se habla en el País Valenciano, la variante
fonética del catalán, que se habla en el País Valenciano, es decir, el
valenciano.
Yendo al fondo de la cuestión, nosotros compartimos los argumentos que se
han expuesto por parte del Grupo presentante de la proposición no de ley,
del Grupo Popular, así como los que contiene la enmienda de sustitución
que plantea el Grupo nacionalista. Yo creo que en esencia lo importante
es que establezcamos el mecanismo de que, con una u otra periodicidad
--eso es accesorio--, pase por esta Comisión el Secretario de Estado de
Cooperación para que tengamos la posibilidad real de controlar la gestión
de los fondos que se dedican por parte del Estado español al Plan anual
de cooperación internacional.
Repito, en cualquier caso, creo que, compartiendo el fondo con cualquiera
de las dos variantes, tanto la que se plantea en la proposición no de ley
como de la enmienda, nos parece adecuado, aunque probablemente será tema
del calendario de trabjo parlamentario la periodicidad por sesiones
parlamentarias, que sea trimestral; por tanto, apoyaremos la enmienda, y,
en el supuesto de que fuera aceptada la enmienda, aprobaríamos la
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿No existe ningún otro grupo que quiera hacer uso de
la palabra? (Pausa.)
La señora Pulgar tiene el uso de la palabra para que exprese su opinión
sobre la enmienda presentada.
La señora PULGAR FRAILE: De nuevo, muchas gracias, señor Presidente.
Esta enmienda, que entró en registro en el día de hoy, realmente lo que
propone es la sustitución del primer párrafo, y el Grupo Popular va a
aceptar esta enmienda, siempre y cuando se sea riguroso en exigir la
presentación en los períodos de sesiones a que hace alusión la enmienda
presentada por el Diputado señor Yáñez.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con la enmienda del Grupo
parlamentario Socialista aceptada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MANTENER EN SU ACTUAL SITUACION
JURIDICA LOS LOCALES PROPIEDAD DE LA EMIGRACION ESPAÑOLA SITOS EN EL
NUMERO 10, RUE CRISTINO GARCIA, EN LA PLAINE, ST. DENIS (FRANCIA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000045.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya por la que se insta al Gobierno a mantener
a su actual situación jurídica los locales propiedad de la emigración
española, sitos en el número 10 de la calle Cristino García, en la Plaine
St. Denis (Francia). Para su defensa, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tuvo conocimiento en su día de
que el Gobierno español, a través de su Cónsul general en París, tenía la
intención de enajenar los locales propiedad de la emigración española
ubicados en el número 10 de la calle Cristino García, en la Plaine St.
Denis. Estos locales de los que trata la proposición no de ley que
sometemos a su consideración tienen una historia centenaria. Parece ser
que en el tiempo se remontan a la acción casi individual de un sacerdote,
el Padre Gabriel Palmer, que en su día fue capellán del Rey Alfonso XIII
y que, al parecer, a partir de su actividad, consiguió los recursos
suficientes para la construcción de un edificio en la Pleine St. Denis. Y
a lo largo del tiempo, y según la tradición oral que sobre el mismo se ha
venido transmitiendo, parece constar que la adquisición de estos terrenos
y la construcción posterior fueron absolutamente gratuitas por parte del
Estado español; es decir, el Estado español no gastó una sola peseta, ni
de la época ni actual, en la adquisición de los dos solares, ni en la
construcción del edificio, ni siquiera en su posterior mantenimiento.
Este edificio siempre ha estado ligado a una orden religiosa, la Orden
Claretiana, y posteriormente ha sido un colectivo de ramificación
española el que ha estado utilizándolos. La vida de esta asociación ha
transcurrido con normalidad hasta los años 80, en que los padres
claretianos, a los que me he referido, abandonaron este patrimonio,
quedando como único ocupante y garante de la continuidad de la misma la
asociación llamada «El hogar de los españoles», que fue, además, quien
asumió el coste del mantenimiento de dicho edificio.
En dichos locales se han venido desarrollando diferentes actividades por
parte de la emigración española en esta zona del Estado francés, y esta
propia asociación tuvo conocimiento de la intención de la Administración
española de la posible enajenación de los mismos. En su día, en
septiembre de este mismo año, remitieron una carta-pregunta al señor
Cónsul General de España en París, en la que planteaban que la existencia
de ese proyecto de enajenación sería un grave error para los intereses de
la presencia de nuestro país, de España en Francia, y un incomprensible
atentado contra el patrimonio histórico y cultural, e incluso para la
memoria de miles de emigrantes que desde principios de siglo han hecho
posible la existencia de ese trozo de España en tierras francesas. Esto
supondría igualmente un agravio para la asociación «El hogar de los
españoles», que desde 1926, y aún hoy, hizo posible en el tiempo que las
instalaciones siguieran en pie y cumplieran una función social y cultural
irreemplazable.
No hay más constancia posterior en mi Grupo de esa pretendida o posible
enajenación de los locales, o esa intención de enajenación, y es por lo
que...
El señor PRESIDENTE: Permítame, señor Vázquez, que le diga que hable
usted con el micrófono más cerca y, si es posible, más lento, porque creo
que las señoras estenotipista y taquígrafa no le pueden entender bien.
El señor VAZQUEZ ROMERO: De acuerdo, señor Presidente.
Decía que por todo este conjunto de motivos es por lo que mi grupo
presenta esta proposición no de ley que insta al Gobierno a mantener en
su actual situación jurídica los locales propiedad de la emigración
española sitos en el número 10 de la calle Cristino García, en la Pleine
St. Denis, en Francia.
El señor PRESIDENTE: No me consta que exista ninguna enmienda a esta
proposición no de ley.
¿Qué grupos desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Popular, el señor Robles tiene la palabra.
El señor ROBLES FRAGA: Las casualidades de la vida son impresionantes. Yo
he sido Cónsul adjunto en París y conozco perfectamente de lo que estamos
hablando, ya que he estado visitando los edificios de los que estamos
hablando, primer punto. Segundo, esos locales, que ocupan un terreno
bastante grande, no son propiedad de la emigración española, son
propiedad, desde el principio, del Estado español en virtud de una
donación generosa efectuada por una rica dama de la aristocracia española
que deseaba beneficiar a la emigración española. Por tanto, todos los
documentos jurídicos indican que eso es propiedad del Estado español.
Los claretianos, que en colaboración con las autoridades españolas
realizaban una importante labor asistencial, abandonaron aquello,
primero, porque pretendían a la propiedad de los locales; en segundo
lugar, porque ya no existía la necesidad de aquella primera emigración
dura y pura de las anteriores décadas; en tercer lugar, la asociación
«Hogar de los Españoles», que allí funciona y cuya principal actividad
genera todo tipo de conflictos porque consiste en un bar, pretende,
apoyada por una federación de asociaciones y centros españoles en
Francia, obtener una propiedad que nunca fue suya. Todo esto vinculado,
además, a las operaciones inmobiliarias
del nuevo estadio del norte de París, que será construido con motivo del
mundial de fútbol.
La proposición me parece muy bien, pero, repito, en este caso creo que el
tema jurídico es claro. Existe una asociación que no desarrolla
actividades relevantes en unos terrenos que no son propiedad de esa
asociación sino del Estado, y que además desbordan ampliamente la
capacidad de gestión, y por supuesto de inversión, de esa asociación, en
el caso de que el titular jurídico fuera claro.
Creo que en este tema tenemos que ser serios, y que la Administración del
patrimonio del Estado en el exterior, que consiste en un solar que puede
tener importante valor pecuniario en el futuro, debe primar sobre otro
tipo de consideraciones, en este caso de la pequeña política de las
federaciones y centros españoles en Francia, que desde luego pertenecen,
creo yo, más bien al pasado de la emigración española y no al presente de
la colonia española en París.
A mí me gustaría que los esfuerzos del Estado se dedicaran mucho más a
conseguir que votaran todos los españoles, y el censo o el Consulado
funcionara mucho mejor, que no a este tipo de bares o de hogares que no
realizan una función relevante y que, además, sin entrar en detalles
--algunos de ellos tremendos--, desde luego no significan nada importante
para la colonia española en Francia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Cisar.
El señor CISAR CASABAN: Señor Presidente, en relación con la presente
proposición no de ley quisiera hacer algunas precisiones en nombre de mi
Grupo.
Los terrenos y los edificios referidos pertenecen legalmente al Estado
español, propietario único de los mismos, ya que fueron adquiridos de
forma directa en los años 1992 y 1994, como así se refleja en las
escrituras.
La adquisición se debió, inicialmente, a esta referencia que he indicado
por parte del Estado y se aplicó en favor de la Orden Claretiana para
fines asistenciales a españoles. Este local fue gestionado por la
Congregación Claretiana desde el momento de la adquisición hasta 1981,
manteniéndose en el mismo un dispensario, una sala de reuniones,
servicios religiosos y algunas actividades culturales varias.
Su enajenación no supondría, por tanto, ni error ni una disminución de la
presencia española en Francia, ya que en el aspecto institucional y
administrativo se encuentra representada por la Embajada de España y por
doce consulados, y en el aspecto social por numerosas instituciones y
asociaciones de muy diferente carácter, el número de las cuales está en
torno a las 388. Tampoco supondría un atentado contra el patrimonio
artístico cultural, dado que los edificios que se ubican en este terreno
carecen del valor artístico necesario para adquirir la correspondiente
calificación.
Por otra parte, el movimiento asociativo español en la emigración se
encuentra en la actualidad dentro de un conjunto de asociaciones, como ya
he indicado. A la que se hace referencia en concreto, «El hogar de los
españoles», están asociadas 350 personas, que supone un número aproximado
que por unidades familiares incluso puede prolongarse hasta unos mil como
máximo, por otra parte, sabemos que el número de españoles residentes en
Francia es de 328.567 en el último informe.
Además, en la eventual enajenación se contempla la posibilidad de
negociar que «El hogar de los españoles» siga teniendo allí su sede
dimensionada y adecuada para las propias necesidades. Al mismo tiempo, el
inmueble y terrenos de 4.500 metros cuadrados se han ido deteriorando a
lo largo del tiempo, está infrautilizado, y los gastos del mantenimiento
y servicio, que se sufragan por parte del Consulado de España en París,
ascienden a una cuantía de cierta importancia, que podría, destinándose a
los mismos objetivos asistenciales, distribuirse de la forma más adecuada
y eficaz.
Por último, con objeto de atender las labores asistenciales a las que se
dedicó el local mencionado desde su origen, se tiene prevista y
contemplada la posibilidad de iniciar el correspondiente expediente para
que una vez ingresado en el Tesoro Público, como es preceptivo, el
importe de dicha venta, si se llega a producir, una parte de los
beneficios de su totalidad se destinen a esos mencionados fines
asistenciales que inicialmente se cumplían hasta 1981.
Entendemos, por tanto, que están atendidas las razones que realmente
preocupan y que han sido expuestas por el señor Vázquez en la defensa de
la proposición no de ley, ya que estas preocupaciones en cuanto a la
continuidad de actividad o la acogida de la asociación que hasta ahora
está desempeñando quedan previstas y contempladas. Por todo ello, nuestro
voto será negativo a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El
señor Vázquez Romero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, no cabe turno de réplica. De todas
formas, le doy la palabra, pero sólo por 30 segundos.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Acepto y tomo buena nota de las expresiones que
acaba de manifestar el señor Ciscar respecto a que se va a continuar con
la posibilidad de mantener actividad cultural, recreativa o de cualquier
otro tipo por parte de este colectivo de emigrantes.
Unicamente quiero decir al señor Robles que yo desconozco si esto está
ligado o no a algún tipo de especulación inmobiliaria relacionada con la
construcción del gran estadio de París, etcétera. En cualquier caso, si
éste es el tema, yo creo que sería suficientemente importante como para
poderlo documentar, y no me parece muy correcto verter sobre esta
relación de emigrantes esa posible maniobra de especulación inmobiliaria,
que, repito, desconozco en qué datos está basada.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS
PARA ASEGURAR LA PRESENCIA DE UNA DELEGACION ESPAÑOLA, COMO OBSERVADORES,
EN LAS ELECCIONES GENERALES QUE SE PRODUCIRAN EN LA REPUBLICA DE EL
SALVADOR EN EL MES DE MARZO DE 1994. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 161/000052.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es
la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno
a realizar las gestiones necesarias para asegurar la presencia de una
delegación española, como observadores, en las elecciones generales que
se producirán en la República de El Salvador en el mes de marzo de 1994.
Para defender esta proposición no de ley tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Yo creo que es justo reconocer que España ha
tenido en el pasado, y tiene en la actualidad, un papel destacado en el
proceso democrático, complejo y muy dificultoso que está produciéndose en
la República de El Salvador. Están los acuerdos alcanzados entre el
Gobierno y las fuerzas opositoras en ese país.
La presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de
Seguridad del Estado español en esa República centroamericana ha sido y
está siendo valorada muy positivamente por parte de la práctica totalidad
de las fuerzas políticas de aquel país. Y de ese compromiso que España ha
asumido enviando a estas personas, a estos ciudadanos españoles a aquel
país, cuya acción concreta ha sido altamente eficaz y altamente
reconocida por todas las fuerzas políticas, parece desprenderse la
responsabilidad o el compromiso que al mismo tiempo adquiere España
--digamos-- personándose en lo que es el acto final de ese proceso
democrático, que es una etapa de lo que será seguramente la consolidación
de la democracia en El Salvador: las elecciones de marzo de este año
próximo.
La proposición no de ley pretende exclusivamente que el Gobierno --como
se dice en el tenor literal de la misma-- realice gestiones que le
parezcan oportunas y necesarias para que se posibilite la existencia de
una delegación española en dichas elecciones de marzo de 1994 como
observadores y garantes anteriores a la propia elección y en el propio
acto de la elección, y probablemente en los días inmediatamente
posteriores, garantes --digo-- de la limpieza democrática de dichas
elecciones.
Creo que la responsabilidad asumida por España y el cumplimiento de esa
responsabilidad quedaría incompleto si en ese acto final de la transición
democrática en El Salvador que significa estas elecciones no hubiera una
presencia de una delegación española que pudiera testificar la limpieza
o, en caso contrario, la falta de limpieza de las elecciones que se van a
producir en este país centroamericano.
Por tanto, nos parece que la proposición no de ley es adecuada, que viene
a completar el papel jugado por España en este proceso democrático en El
Salvador, y espero de la sensibilidad de los diferentes grupos de la
Cámara el apoyo a la misma.
El señor PRESIDENTE: Tampoco consta que se haya presentado ninguna
enmienda a esta proposición no de ley. ¿Grupos que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Yáñez tiene la palabra.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: En primer lugar, agradezco, en nombre del
Grupo que apoya al Gobierno, el reconocimiento que Izquierda Unida hace
del papel de España en el proceso de democratización y de pacificación de
El Salvador, donde ha habido una importante presencia y participación de
nuestro país, tanto en el plano diplomático como en el plano militar
(embajadas en Naciones Unidas y en el propio Salvador, por una parte, y
fuerzas armadas y de seguridad, por otra), que ha llevado a ese país a un
proceso esperanzador de reconciliación y de pacificación que puede
culminar en las elecciones de marzo de 1994.
Hay que decir que la vigilancia u observancia de todo el proceso está
siendo garantizada por la división electoral Onusal, con sede en el
propio San Salvador. Hay un informe del Secretario General de las
Naciones Unidas del pasado 20 de octubre en el que dice que se encuentra
prácticamente concluida físicamente la instalación de la misión de
observadores de Naciones Unidas para verificar, en los meses anteriores,
la inscripción del ciudadano en el registro electoral.
El informe no elude las críticas que los partidos de la oposición (sino
que las acoge) hacen a la ineficacia de la operación en el registro. Los
partidos de la oposición achacan esa ineficacia en la operación de
registro a la falta de voluntad política del Tribunal Supremo electoral.
Sin embargo, a juicio de la Onusal, parece que la no inscripción es
debida más a la falta de movilización ciudadana y a la ineficacia
técnica, a la falta de medios y de conocimientos del Tribunal Supremo
Electoral, que a la deliberada exclusión de ciertos sectores de la
población.
De todas maneras, sigue siendo para el informe y para nosotros un tema
importante y preocupante el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), que recoge, también con datos de octubre, que el 27
por ciento de los salvadoreños en edad de votar, es decir, cerca de
700.000 personas, no tenían carnet electoral. Sin embargo, el informe del
Secretario General antes citado recoge que hay un proceso creciente de
inscripción;
concretamente en julio se inscribieron 10.000, en agosto 40.000 y en
septiembre más de 100.000. Es razonable pensar que en los meses
siguientes, de cuyos datos no dispongo, esa inscripción habrá ido en
aumento porque hayan mejorado los mecanismos y la propia vigilancia de
Onusal sobre el proceso.
El informe achaca a los ayuntamientos que tiene que dar los datos a los
solicitantes ese retraso, ya que a veces los alcaldes ignoran dicho
trámite que impide el completar el censo necesario para que las
elecciones de marzo sean debidamente democráticas.
Tengo que añadir que el Gobierno español en todo momento apoyó la
iniciativa de Onusal, y que al frente de la misión en El Salvador se
encuentra un catedrático español de sociología con amplia experiencia
electoral.
Dicho todo esto, que además de ilustrar a los que no lo conocieran tenía
como sentido expresar que hay una vigilancia y una observancia del
proceso preelectoral (y la habrá también electoral), tengo que decir que
el Gobierno hace el seguimiento que le corresponde como país tercero,
pero muy involucrado, a través de su misión diplomática, bilateral, es
decir, desde la Embajada de San Salvador, además de los citados.
Y en cuanto a la proposición no de ley, se nos plantea algo más, que es
enviar una delegación a las elecciones de El Salvador. Hay que decir que
en dicha proposición no de ley no se habla de si debe ser una delegación
gubernamental o parlamentaria. Si es gubernamental, ha sido siempre una
norma constante de la diplomacia española no enviar delegaciones
gubernamentales. Para la observación y el seguimiento tiene las propias
Embajadas, el propio servicio exterior en cada país donde esta situación
se pueda plantear. Pero ni que decir tiene que el Gobierno no se opone a
que el Parlamento envíe delegaciones de los partidos políticos, ya que
además no podría, puesto que existe autonomía parlamentaria.
Por ello, señor Presidente (no sé si es posible, porque no he consultado
el Reglamento), si se me permite, desearía plantear una enmienda «in
voce» a la proposición no de ley en el sentido siguiente: «El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones pertinentes para
conseguir la invitación» (porque tampoco se puede enviar una delegación
sin invitación; recientemente, con ocasión de las elecciones rusas, se ha
ido porque nos han invitado las autoridades y los partidos políticos
rusos, y en general ése es el criterio en el plano parlamentario) «para
que una delegación parlamentaria española asista, como observadora, a las
elecciones generales que se producirán en la República de El Salvador en
marzo de 1994.»
Es decir, que al Gobierno se le insta a que dé instrucciones a nuestra
Embajada en San Salvador para que, en conversaciones con los partidos
políticos, las autoridades salvadoreñas, si lo tienen a bien, digan que
acogerían con agrado el envío de una delegación parlamentaria o al menos
que no se oponen, y que eso lo expresaran formalmente para que el propio
Parlamento (y esta Comisión podía presentar una iniciativa ante la Mesa
del Congreso, porque no creo que la Comisión como tal tenga autonomía;
normalmente lo decide la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces)
pueda enviar, si lo considera conveniente, una delegación parlamentaria
cumplidos esos requisitos.
Solamente en esas condiciones podríamos votar a favor, incluyendo esta
enmienda, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez, entiendo que, tal como está el
Reglamento, no cabe en este momento una enmienda transaccional, puesto
que no se ha presentado ninguna enmienda y no hay transacción posible. De
todas maneras, yo creo que si el conjunto de la Comisión está de acuerdo
en su aceptación, podíamos someter su texto a votación e incorporarlo
como tal enmienda.
Si hay alguien que se oponga, creo que deberíamos darla por no posible.
(Pausa.) Entiendo que hay unanimidad en la aceptación. Por consiguiente,
la enmienda propuesta por el señor Yáñez significaría...
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: ¿Puedo leerla otra vez?
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a realizar las gestiones pertinentes para conseguir la
invitación» (no sé si la redacción gramatical está bien) «para una
delegación parlamentaria española a asistir, como observadora en las
elecciones generales que se producirán en la República de El Salvador en
marzo de 1994.»
El señor PRESIDENTE: Más que para conseguir la invitación sería para
asegurar que sea invitada una delegación española, o algo así.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Para que sea invitada.
El señor PRESIDENTE: El señor Cisneros había pedido también la palabra y
me excuso de no habérsela dado en primer lugar. Ha sido un error mío.
El señor CISNEROS LABORDA: Señor Presidente, había pedido la palabra
porque, coincidiendo plenamente con el espíritu y la intención que
subyacía en la proposición no de ley, efectivamente, todos hemos vivido,
con mayor o menor proximidad, el drama de la guerra civil salvadoreña y
asistimos también con esperanza al proceso de elecciones, ciertamente una
esperanza muy orlada de incertidumbres, porque el curso de los
acontecimientos no es tan alentador como todos quisiéramos en el proceso
salvadoreño, pues consideramos que sería pertinente el realizar las
gestiones encaminadas a conseguir una observación del Parlamento español,
muy cualificado porque, si el señor Yáñez me permite, cuando aludía al
papel significativo que España ha desarrollado en el proceso de
pacificación de El Salvador como miembro del grupo de países amigos del
Secretario General de Naciones Unidas, se ha referido a la acción
gubernamental, se ha referido incluso a la acción militar, y no ha hecho
mención de la parlamentaria, que ha tenido también, como sabe por el
papel de observación en el juicio de los responsables del asesinato de
los jesuítas, etcétera, un papel de alguna relevancia, que creo que
tendría su lógico corolario con la presencia de esa delegación
parlamentaria.
Se nos suscitaban algunas perplejidades, incluso respecto a la idoneidad
del procedimiento de la proposición no de ley, los términos de asegurar,
que parecían poco respetuosos para la soberanía, en último término, y la
autonomía de decisión del propio Gobierno salvadoreño para formular la
invitación, y también la no precisión del carácter parlamentario de la
delegación, toda vez que, como muy bien decía el señor Yáñez, es
manifiesta la inconveniencia de una observación gubernativa. Salvadas
estas objeciones en razón de la interpretación de las peticiones de
declaración del señor Yáñez y de la interpretación del Presidente,
aceptada por el propio Grupo proponente, anunciamos el voto favorable del
Grupo Popular a la misma.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, por consiguiente, que la petición es que
se admita a trámite una enmienda «in voce» con el texto que hemos dicho
anteriormente. Es decir, «Instar al Gobierno para realizar las gestiones
pertinentes para asegurar que una delegación parlamentaria española sea
invitada como observadora en las elecciones generales. Este sería el
texto.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Perdón, señor Presidente, pero quizá la
palabra asegurar...
El señor PRESIDENTE: Entonces, el texto podría ser: «Instar al Gobierno
para realizar las gestiones pertinentes para procurar que una delegación
parlamentaria española sea invitada como observadora.»
Señor Vázquez, tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Tomo la palabra, aunque sea sólo formalmente,
para mostrar la aceptación de mi Grupo a las enmiendas «in voce» que se
han planteado. Creo que, sin contravenir la letra y coincidiendo con el
espíritu del Reglamento, la unanimidad que hay en la Comisión posibilita
ampliamente que esta iniciativa salga adelante y cumpla el objeto
fundamental para el que fue pensada.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--SOBRE PENSIONES A TRABAJADORES EN GIBRALTAR. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000058.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
proposición no de ley sobre pensiones a trabajadores en Gibraltar,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, señorías, dentro de la
delicada situación económico-social del Campo de Gibraltar, donde en este
momento tenemos la mayor tasa de desempleo de toda España, nos hemos
encontrado con la aparente sorpresa, ya que no es tal porque el Gobieno
español conocía esta posibilidad desde 1988, de que el Gobierno de
Gibraltar fuera a dejar de pagar las pensiones a los españoles que
durante muchos años trabajaron en Gibraltar, colaborando en la creación
de riqueza en la colonia inglesa. Muchos de ellos, señorías, han
trabajado para las reales Fuerzas Armadas inglesas. Por tanto, el Reino
Unido tiene una doble responsabilidad: como miembro de la Unión europea y
también como una administración donde trabajaban estos ciudadanos
españoles.
Pero no nos sorprende esta situación, señorías, nos indigna porque se ha
esperado demasiado, y hasta última hora, para intentar dar una solución
definitiva a este grave problema, que ahora afecta a más de 7.500
pensionistas y que en un futuro afectará a más de 15.000.
Desde el principio de todo este proceso, la sociedad gaditana ha estado y
está en la defensa de los intereses de estos pensionistas y, al parecer,
también es la preocupación del Gobierno andaluz y del Gobierno de España.
Digo al parecer porque ellos tienen la máxima responsabilidad de que nos
encontremos ahora en esta situación.
El Ministro de Asuntos Exteriores, señorías, en una comparecencia en el
Senado se intentaría dar una solución definitiva al problema. Pocos días
más tarde, el día 17 de este mismo mes, el Presidente de la Junta de
Andalucía, señor Chaves, aseguraba en La Línea de la Concepción que se
crearía un fondo de 2.000 millones de pesetas para hacer frente al pago
de las pensiones mientras se solucionaba el problema definitivamente. Y
como es costumbre, nos sorprendieron unas manifestaciones en las que nos
pedía públicamente que no preguntáramos quién iba a financiar ese fondo
para el pago de pensiones. Nos sorprende especialmente porque el señor
Chaves era Ministro de Trabajo en 1988, cuando el Gobierno español tuvo
el primer conocimiento de que se podía producir esta situación, y el
señor Griñán, actual Ministro de Trabajo, era Subsecretario del
Ministerio de Trabajo. Además, en una contestación al Ministerio de
Asuntos Exteriores decía él, que lo firmaba: Concretándonos a las normas
comunitarias en esta materia, hay que destacar que el campo de aplicación
de los reglamentos comunitarios de Seguridad Social se extiende al
territorio jurídico-político de los doce Estados. Gibraltar queda
incluido en este marco territorial por aplicación directa del apartado
cuarto del artículo 227 del Tratado de Roma. Por todo ello, decía el
señor Griñán, sería necesario conocer con precisión si existe algún
acuerdo sobre el futuro del fondo de pensiones de Gibraltar y los
términos del mismo, para
proceder en consecuencia. Ha pasado demasiado tiempo y el Gobierno
español, por lo que ahora vemos, no ha actuado consecuentemente con el
problema que se nos avecinaba.
En el convencimiento, señorías, de que iba a llegar la fecha del 1.º de
enero de 1994 y este asunto no iba a estar resuelto, el Grupo Popular
presentó el día 16 de noviembre esta proposición no de ley, con la
intención de que esta Cámara instara al Gobierno a garantizar el cobro de
las pensiones de los trabajadores españoles en Gibraltar, haciendo
cumplir al Reino Unido y a Gibraltar sus acuerdos dentro de la Comunidad
Europea. Nosotros, que desde el primer momento hemos presentado
inicativas parlamentarias, tanto en el Parlamento andaluz como en este
Parlamento y en el Parlamento Europeo, no queremos, señorías, más
declaraciones ni compromisos casi a título personal, sino un acuerdo de
esta Cámara, pues ya conocemos todos lo que pasa luego con estos
compromisos. En el caso de Gibraltar, señorías, es público y notorio; no
sólo en este caso sino en otros tan graves como el blanqueo o el
narcotráfico, en los que el Gobierno español nos asegura una y otra vez
la máxima cooperación con el Gobierno de Gibratar, pero todos sabemos que
allí se sigue blanqueando dinero y se siguen refugiando las lanchas de
los traficantes. Señorías, en Cádiz estamos cansados de esta situación y
estamos seguros de que ésta es una buena ocasión para que el Gobierno
español utilice, de forma enérgica, todos sus recursos para que no se
sigan lesionando nuestros intereses por parte del Gobierno de Gibraltar
con el consentimiento del Gobierno del Reino Unido.
Finalmente, señorías, el Gobierno español, como decía al principio,
conocía desde hace seis años la posibilidad de que esto iba a ocurrir a
primeros del año 1994. Pero hasta que el señor Bossano, el pasado verano
lo ha manifestado públicamente, ha tenido guardado este problema en un
cajón sin darle importante, quizás esperando a que se solucionara solo, a
última hora, o a sacar dinero de ese cajón que el señor González,
Presidente del Gobierno, nos dice una y otra vez que no se pueden sacar
recursos si no se llena y que en este momento está muy vacío, señorías.
En el Partido Popular estamos muy preocupados, aun conociendo la creación
de este fondo que nos ha anunciado el señor Chaves, porque, como todos
sabemos también, la Junta de Andalucía no tiene dinero y, en todo caso,
ni tan siquiera se nos ha dicho de cuánto tiempo disponemos con este
recurso de 2.000 millones para solucionar definitivamente el problema.
Anunciándoles que seguiremos haciendo iniciativas parlamentarias, tanto
en el Parlamento andaluz como en este Parlamento y en el Parlamento
Europeo, encaminadas a que el Reino Unido y Gibraltar --como he dio
anteriormente-- cumplan sus acuerdos y esperando conseguir el apoyo de
todos los grupos de esta Cámara, se lo agradecemos de antemano, dada la
necesidad de nuestros pensionistas y de una parte muy importante de
nuestro país que es Cádiz y el Campo de Gibraltar.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista se ha presentado una
enmienda de sustitución. Para defenderla tiene la palabra el señor
Santos.
El señor SANTOS JURADO: Quisiera empezar aclarando, porque probablemente
puede haber cierta confusión sobre el fondo del tema después de oír la
intervención anterior, que este asunto es --y creo que debemos estar
todos unidos en ello-- de responsabilidad exclusiva del Gobierno
británico, con un incumplimiento claro del Gobierno británico. No hagamos
aquí exposiciones para, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
hacer oposición al Gobierno español, aunque cada cual está en su derecho
de hacerlo, evidentemente. Seguramente las relaciones del Partido Popular
con el señor Major y el Gobierno conservador de Gran Bretaña ayudarán a
encontrar una solución a este tema.
Yendo al grano de la situación, yo quiero decir, en favor de la enmienda
que hemos presentado, que nosotros nos encontramos muy preocupados por
esta situación que se ha creado por la liquidación del fondo de pensiones
de Gibraltar, que va a perjudicar a cerca de 15.000 pensionistas. Esta es
una decisión unilateral del Reino Unido, acordada con las autoridades de
Gibraltar, que nos parece injusta y contraria a los compromisos
adquiridos no sólo con España, sino también en el seno de la Comunidad
Europea, y que nunca han comunicado al Gobierno español. Hay que tener en
cuenta, para tener idea de la gravedad del asunto, que se pretende
disolver un sistema público de pensiones, incluido plenamente en el marco
comunitario, que regula la libertad de circulación laboral en lo que se
refiere a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes y que deja
desprotegido, de hecho, a un importante colectivo de ciudadanos de la
Unión Europea. Por otra parte, nos parece inadmisible que el Reino Unido
no haya aportado ninguna información concreta sobre una posible
refundación de un nuevo sistema de protección social y haya creado
claramente una situación de indefensión no sólo a los particulares, que
es lo más importante, sino también a las instituciones afectadas por esta
medida. En ese sentido, nosotros coincidimos con el espíritu y la letra
de la proposición --no así con la intervención de la señora Martínez-- en
lo fundamental, en la finalidad de defender con firmeza los derechos de
los trabajadores españoles en Gibraltar, y hemos presentado una enmienda
de sustitución que deja clara la defensa de esos derechos a través de los
instrumentos jurídicos internacionales, como también se expone en la
proposición inicial. Esto ya se está haciendo de hecho y hay que tenerlo
claro. El Gobierno ya ha decidido presentar un recurso ante la Comisión
Europea, en primer término, y ha decidido también abrir oficinas de
información en el Campo de Gibraltar para asesorar a los pensionistas.
Yo creo que es bueno tratar de llevar el tema a los niveles jurídicos
oportunos internacionalmente, pero también es bueno dejar abiertos cauces
políticos para llegar a una solución, que sería lo idóneo y lo
aconsejable, teniendo en cuenta que ambos países formamos parte no
solamente del ámbito comunitario, sino también de la
política de seguridad. Yo espero que por la bondad de la finalidad se
acepte nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Espasa, por el Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor ESPASA OLIVER: Muy brevemente, señor Presidente, simplemente
quiero señalar el apoyo a la iniciativa del Grupo Popular y la voluntad
de nuestro Grupo de que se llegue a un acuerdo en el seno de la Comisión,
ya sea por la aceptación de esta enmienda, para que, en definitiva, el
resultado sea positivo en el sentido de defender los intereses de estos
españoles que se han visto brusca y brutalmente impedidos de percibir un
derecho adquirido a lo largo de toda su vida laboral, como es el derecho
a la pensión. Yo creo que todas las fuerzas políticas deberíamos saber
estar a la altura de superar pequeñas diferencias y aunar nuestros
esfuerzos para asegurar que estos españoles cobren su pensión. En este
espíritu nosotros estamos dispuestos a votar lo que finalmente se someta
a votación.
El señor PRESIDENTE: ¿La enmienda propone la sustitución de los cinco
puntos de la propuesta o sólo los dos primeros puntos de la resolución?
El señor SANTOS JURADO: Es una enmienda de sustitución total.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Con la intención de que de esta Cámara salga un
acuerdo, como han dicho los demás grupos parlamentarios, en defensa de
los intereses de los pensionistas del Campo de Gibraltar, vamos a aceptar
la enmienda del Grupo Socialista, pidiéndoles que añadan el segundo punto
de nuestra enmienda, dada la importancia que tiene, que dice: Defender
jurídicamente a aquellos pensionistas que pudieran resultar lesionados en
sus derechos. Es fácil comprender que estos pensionistas van a poder
tener pocos recursos y pocos medios, como siempre, para defenderese ante
las instancias europeas si el Gobierno no toma cartas en el asunto. Por
tanto, pediríamos al Grupo Socialista que aceptara nuestra propuesta de
añadir al texto el segundo punto para que de esta Cámara salga así una
propuesta aceptada por todos. Señor Presidente, al Grupo Popular no le
importa que el Grupo Socialista no le guste el contenido de mi
intervención, pero lo más importante es que salga de aquí esta propuesta
porque se tenía que haber hecho antes y los únicos culpables son ellos.
El señor PRESIDENTE: La propuesta que usted hace, señora Martínez, es que
el punto segundo de su proposición se incluya sustituyendo al otro punto
segundo.
La señora MARTINEZ SAIZ: No, que se incluya solamente.
El señor SANTOS JURADO: Señor Presidente se lo puedo aclarar, si me
concede la palabra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Santos.
El señor SANTOS JURADO: Estoy de acuerdo con la señora Martínez en la
culpabilidad del Gobierno británico sobre este tema.
En aras a llegar a un acuerdo común, propondría añadir en el segundo
punto, a partir de la única coma que existe en ese punto: en la defensa
individual y colectiva de los intereses de los asegurados. El texto
seguiría igual. Doy lectura al punto, que es muy breve, para que vean
cómo quedaría: Segundo: Actuar con todos los medios políticos y jurídicos
disponibles derivados del punto anterior, en la defensa individual y
colectiva de los intereses de los asegurados y beneficiarios del fondo de
pensiones de Gibraltar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Aceptamos esta propuesta del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, vamos a someterla a votación en
los términos que se acaban de expresar.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--EN RELACION AL EJERCICIO DE LA SOBERANIA ESPAÑOLA SOBRE GIBRALTAR.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
161/000060.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
Proposición no de ley en relación al ejercicio de la soberanía española
sobre Gibraltar, presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la
palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: El propósito de esta proposición no de ley --creo
que queda muy claro-- es fundamentalmente recordar que en los intereses
nacionales está la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar. Parecerá
una propuesta un tanto repetitiva, pero en realidad no lo es. No lo es
porque, primero, cuenta con un amplio consenso a lo largo de estos
últimos años, por parte de esta Cámara, en el sentido de que de lo que se
trata es de obtener la retrocesión de la soberanía sobre Gibraltar a
España. En segundo lugar, porque quizás con
el paso del tiempo y de alguna fragilidad, a veces nuestras, pero sobre
todo fragilidades interesadas de otros, parecería como si Gibraltar
tuviera definitivamente soluciones que no pasaran por esa retrocesión de
la soberanía. Nos parece importante desde ese punto de vista y, sobre
todo, en función de todos los procesos negociadores que se han producido
desde el comienzo de los ochenta hasta este mismo momento en que,
finalmente, empieza a aparecer el dato de la soberanía como sujeto
importante de la negociación. Conviene recordárnoslo, conviene recordarlo
al Gobierno español y conviene recordarlo también al Gobierno británico
y, en la medida en que sea necesario --esperemos que no lo sea-- reforzar
la fortaleza psicológica y negociadora del Gobierno español a los efectos
de continuar con esa importante y fundamental parte de la negociación
respecto a Gibraltar. También nos parece importante que, en esa
perspectiva, el Gobierno español adquiriese el compromiso, propio y
ajeno, de informar regularmente a la Cámara del mantenimiento del proceso
negociador y de los progresos habidos en el mismo. Ese es el contenido,
muy simple, de esta proposición no de ley que, como digo, pretende
fundamentalmente reforzar, si cabe y es necesario, la fortaleza
negociadora del Gobierno español cara a esa retrocesión de la soberanía
sobre Gibraltar.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda de sustitución, por
parte del Grupo Socialista, a esta proposición no de ley del Grupo
Popular. Tiene la palabra el señor Santos.
El señor SANTOS JURADO: Nosotros consideramos oportunas, a pesar de que
pueda parecer reiterativo, estas iniciativas porque siempre es
conveniente reafirmar nuestra reivindicación sobre la soberanía de
Gibraltar. Se trata de un proceso largo, a veces lento y a veces también
con desesperación por la lentitud de los pasos que se dan, pero hay que
dejar claro que tanto en el marco defensivo, como en el marco
comunitario, se tiene muy presente la reivindicación de la soberanía.
Esta misma mañana se nos ha recordado por el Secretario de Estado de las
Comunidades Europeas la oposición de España a la firma de proyecto de
convenio a Doce sobre el cruce de fronteras exteriores de la Comunidad,
mientras no se dé una solución satisfactoria a la utilización conjunta
del aeropuerto y del puerto de Gibraltar, que a una pregunta de Izquierda
Unida nos hemos referido anteriormente, asuntos que están muy
relacionados, como todos sabemos, con el tema de la soberanía. El proceso
negociador hispano-británico es una actividad continua que se ejerce por
parte del Gobierno en todos los ámbitos, aunque repito que a veces nos
desespere la lentitud de los avances. No obstante, repito, nos parece muy
adecuado reafirmar cuantas veces sea necesario la posición inequívoca y
unánime de los grupos políticos en relación con este tema de Gibraltar.
Es evidente que a los ingleses no les gusta que se hable de este asunto,
lo cual indica que nosotros debemos hacer exactamente lo contrario:
repetirlo muchas veces para hacerles ver las contradicciones en las que
está cayendo el Gobierno británico en este tema.
En consecuencia, en el Grupo Socialista compartimos el fondo de la
proposición no de ley del Grupo Popular, agradecemos al señor Rupérez el
interés que de siempre ha puesto en este asunto y coincidimos en que sea
objetivo prioritario en nuestra política exterior el tema de Gibraltar.
También queremos animar al Gobierno a impulsar el proceso negociador,
agilizando la información a la Cámara, con una propuesta concreta, que se
hace en la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, para que se
reúnan los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países en los
primeros meses del próximo año, de 1994, para reactivar nuevamente el
asunto. Confío igualmente en que el texto de la enmienda, coincidente
totalmente con el espíritu de la proposición, sea aceptado para poder
salvaguardar también la unanimidad en esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Deseo sumarme al espíritu tanto de la iniciativa
como de la propuesta de enmienda de sustitución, señalando, como ha hecho
mi Grupo repetidamente, incluso esta misma mañana, la posición actual de
fortaleza que España tiene, después de muchos años de una cierta
debilidad política en esta situación. En recordatorio telegráfico tengo
que decir que no es ajeno a esta situación el largo período de dictadura
que sufrió nuestro país, un mundo dividido en bloques, unos argumentos
que se utilizaron como si la puerta del Mediterráneo debía estar o no en
manos más o menos supuestamente fiables. Todo esto ha cambiado
radicalmente. Estamos en la Comunidad, estamos ya en la Unión Europea y
la anterior posición de debilidad se ha convertido en una posición de
fuerza, concretada especialmente en el convenio a doce sobre fronteras
exteriores.
Por tanto, insistimos una vez más en que se aproveche ahora la situación
de fuerza en la que se encuentra España para conseguir la plena y total
retrocesión de soberanía sobre el Peñón.
El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, tiene la palabra para decir si acepta
o no la enmienda presentada.
El señor RUPEREZ RUBIO: La aceptamos, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, vamos a someter a votación la
proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, en los términos de
la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
DICTAMENES SOBRE:
--CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION, EL
ALMACENAMIENTO Y EL EMPLEO DE ARMAS QUIMICAS Y SOBRE SU DESTRUCCION,
HECHA EN PARIS EL 13 DE ENERO DE 1993, ASI COMO DECLARACION A FORMULAR
POR ESPAÑA. (Número de expediente 110/000027.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dos últimos puntos del orden del día:
Dictámenes. El primero relativo a la Convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas
químicas y sobre su destrucción, hecha en París el 13 de enero de 1993,
así como declaración a formular por España.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Rupérez tiene la palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, a nosotros esta Convención nos
parece especialmente importante, tan importante como para anunciar, por
un lado, que vamos a votar a favor y, por otro, que haremos uso del
derecho que tenemos para hablar en Pleno con cierta calma sobre las
razones que nos llevan a apoyarlo. Me parece que en este momento sería
hacernos un flaco servicio exponerlas con cierto detalle. Por
consiguiente, simplemente anuncio el voto favorable y también que en el
Pleno haremos uso de la palabra para explicar en detalle nuestras
razones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista el señor Moya tiene la
palabra.
El señor MOYA MILANES: Señor Presidente, quiero también destacar la
importancia que tiene esta Convención. Qué duda cabe que la trascendencia
se ve absolutamente clara si tenemos en cuenta la creciente proliferación
del uso de armas químicas que ha motivado una conferencia de desarme en
Ginebra que ha negociado, nada menos que desde el año 1984 hasta 1992, el
texto de la presente convención y que ha sido finalmente adoptado en la
Asamblea General de las Naciones Unidas por consenso en su actual período
de sesiones. Creo que la importancia de esta Convención, su contenido,
las cláusulas, etcétera, merecen una intervención en el Pleno del
Congreso y nos reservaremos también para ese momento.
El señor PRESIDENTE: El señor Vázquez tiene la palabra en nombre del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor VAZQUEZ ROMERO: También de forma muy breve quiero anunciar
nuestro voto favorable a esta Convención que consideramos muy importante.
Explicitada la voluntad de otros grupos de intervenir en el Pleno para
aumentar las consideraciones sobre la misma, probablemente mi Grupo
adopte la misma posición. Unicamente he de decir que nos gustaría poder
votar favorablemente otros convenios con otras armas de las muchas que
existen en el muestrario.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la Convención que se nos
propone.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LA INDIA PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN NUEVA DELHI EL 8
DE FEBRERO DE 1993. (Número de expediente 110/000028.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día: Convenio
entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y el patrimonio, hecho en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993.
Por el Grupo Socialista, el señor Cremades tiene la palabra.
El señor CREMADES SENA: Señor Presidente, voy a ser muy breve ya que con
este punto se termina esta maratoniana sesión de la Comisión de Asuntos
Exteriores. Es cierto que las relaciones comerciales y las relaciones
económicas con la República de la India por parte de los españoles van in
crescendo y, por tanto, este Convenio tiene una vital importancia ya que
su objetivo principal es evitar, como dice su propio título, los
problemas fiscales que bien por la doble imposición fiscal, bien por la
evasión fiscal --segundo aspecto que contempla--, de las empresas
españolas y de capitales de la India en inverisones en España en
colaboración técnica se están produciendo en este tipo de relaciones
económicas y comerciales.
La estructura del Convenio es una estructura tipo, similar a la de otros
convenios, para evitar la doble imposición. Quiero destacar que en el
Convenio se establecen unos mecanismos amistosos para resolver los
posibles problemas que puedan surgir en la interpretación que pueda haber
a la hora de aplicar la evasión o la doble imposición fiscal para evitar,
en la medida de lo posible, lo lenta que puede ser cualquier resolución
por vía jurídica. En este sentido creo que el convenio, a partir de este
momento, va a posibilitar que las relaciones comerciales, las
inversiones, cada vez más importantes, de capitales españoles en la India
no tengan que verse sometidas a veces a una situación de discriminación
respecto a inversiones similares en otros países con los cuales tenemos
convenios parecidos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Ledro.
El señor LEDRO LEON: Señor Presidente, voy a tratar de hacer lo más breve
posible mi intervención, porque creo que es momento de felicitar las
Pascuas a sus señorías y no de hacerles la pascua con una intervención
demasiado larga. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--
Risas.)
Vaya por delante que el voto de mi Grupo va a ser favorable a la
ratificación de este Convenio, pero tengo que hacer una observación sobre
la tramitación que se ha seguido. Conviene solicitar una explicación
sobre las fechas. El Convenio se firma en Nueva Delhi el 8 de febrero de
este año 1993. No obstante, todos los informes que lo acompañan están
fechados con anterioridad cuando, como es preceptivo, tendrían que ser
posteriores. Hay un dictamen del Consejo de Estado de fecha 15 de octubre
de 1992 y un informe de la Dirección General de Tributos de 26 de junio
del mismo año 1992. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en su memoria de
fecha 13 de julio de 1992, en el apartado de la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales hace referencia, en sus
antecedentes, a un convenio rubricado en Nueva Delhi pero con fecha 2 de
febrero de 1990. Creo que es una simple cuestión formal que no afecta al
contenido del Convenio, pero que no por ello deja de llamar la atención y
requiere una aclaración.
En definitiva, consideramos que es un Convenio bastante sencillo, se
ajusta a las normas de la OCDE, y para nuestro Grupo no presenta ningún
impedimento técnico su ratificación por las Cámaras, una vez hecha la
salvedad formal de las fechas.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, por consiguiente, a la votación de
este Convenio.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señoras y señores, creo que interpreto el sentir de la Mesa, y
naturalmente el mío propio, deseándoles a ustedes unas muy buenas
fiestas. ¡Felices Pascuas y un magnífico año 1994! también quiero
agradecer a las señoras y señores taquígrafos y estenotipistas la labor
que han realizado y la resistencia física que han demostrado tener ante
esta larguísima sesión.
Se levanta la sesión.
Eran las cuatro de la tarde.