CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 64
P R E S U P U E S T O S
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 6
celebrada el martes, 9 de noviembre de 1993



ORDEN DEL DIA:
--Dictamen, a la vista del Informe de la Ponencia, del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994. (BOCG, serie A, número 27-1,
de 1-10-93. Número de expediente 121/000013.) Continuación.




Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comenzamos la sesión de
esta mañana por las deliberaciones correspondientes al Título IV,
Pensiones Públicas, y a la Sección correspondiente, de Clases Pasivas.

En primer lugar, debatiremos las enmiendas del Grupo parlamentario Mixto.

En su nombre, tiene la palabra el señor González Lizondo (Pausa.), que no
está.

En segundo término, enmiendas del Grupo parlamentario Popular y, en su
nombre, naturalmente, tiene la palabra don Manuel Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Naturalmente, y con la ilusión y el entusiasmo
propio de un joven de mis años, voy a defender las enmiendas números 334
a 338, correspondientes al Título IV, la 498, que es enmienda de
totalidad a la Sección 7, y las enmiendas a las disposiciones adicionales
séptima y decimotercera, que tienen la siguiente numeración: 395, 398 y
399.

Asistimos, señor Presidente, señoras y señores Diputados, en la
actualidad a dos polémicos procesos cuyos resultados afectarán de manera
muy importante a más de seis millones de pensionistas y a los familiares
que de ellos dependen. Por un lado, la negociación del pacto

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social, al que ya nos referíamos en el debate del título III en la tarde
de ayer, y donde las piezas clave, política de rentas y mercado laboral,
influirán, sin duda, directamente en el futuro inmediato de las
prestaciones sociales. Para este pacto, como decíamos ayer, deseamos la
mejor de las suertes.

Por otro lado, la elaboración y debate de unos presupuestos generales del
Estado donde se plasma la parte más importante de lo que percibirán los
jubilados y los pensionists en 1994. Es difícil hacer en estas
circunstancias un debate positivo, pero voy a intentarlo, porque, en
relación con las prestaciones sociales en general, y en particular con
las pensiones de clases pasivas, no podemos por menos que atemperar
nuestras iniciativas a la situación económica y su incidencia sobre el
proyecto de ley general de presupuestos para 1994.

Y hablando de atemperar, podría aplicarse este correctivo el señor
Ministro de Asuntos Exteriores, quien, desde algún lugar de Europa, este
fin de semana, ha dicho que quien está limitando y horadando el Estado
del bienestar es la derecha. Estos presupuestos, con sus recortes en
prestaciones sociales, los ha elaborado el Gobierno socialista; la
peligrosa relación activos-pasivos, base del Sistema de Seguridad Social,
se debe fundamentalmente a la política económica del Gobierno socialista.

La mala gestión de determinados servicios sociales se debe también al
Gobierno socialista, del que siempre ha formado parte el señor Solana.

Pero, olvidando la intemperancia del señor Ministro o su atolondramiento,
trataremos nosotros de ser moderados en la defensa de nuestras enmiendas.

Desde la perspectiva apuntada y con esta disposición de ánimo, no podemos
por menos que circunscribir nuestras iniciativas a las exigencias de la
justicia y la equidad, sin perder de vista que, como suele decirse de la
impartición de la justicia, en este terreno actuar tardíamente suele
acarrear de por sí una injusticia.

Viene todo esto a cunto de que, aun siendo muy limitadas y concretas
nuestas enmiendas al título IV en lo relativo a clases pasivas, queremos
llamar la atención sobre la conveniencia de introducir profundas
modificaciones, que pongan orden en el Régimen de Clases Pasivas. No
estamos haciendo hoy un brindis al sol, proponiendo subidas que son
imposibles, que tendrían un claro carácter demagógico y, por tanto,
serían indefendibles, pero sí estamos planteando cuestiones que pueden
resolverse dentro de esta situación y dentro de estas circunstancias
negativas.

Primera cuestión, como viene siendo habitual desde 1985. No podemos por
menos que clamar, una vez más, por la grave injusticia cometida con los
pensionistas anteriores al 1 de enero de 1985 y sus derechohabientes.

Baste recordar que la Ley 50/1984, que aprobó los presupuestos generales
del Estado para 1985, supuso un sistema de cálculo de la pensión con unas
bases reguladoras muy superiores y, en general, un procedimiento de
cálculo más beneficioso y mejorado en sucesivas leyes de presupuestos.

Aunque sea simplificando un tanto las cosas, se pasó de aplicar un 80 por
ciento sobre una base reguladora, constituida por el sueldo base, los
trienios y las pagas extraordinarias, a un sistema que con 35 años de
servicio da derecho al cien por cien de un haber regulador
sustancialmente más alto. Pero si grave fue la repercusión
comparativamente para la pensión del causante, mucho más lo fue para las
pensiones en favor de los familiares. Las viudas de los funcionarios de
clases pasivas, jubilados o fallecidos con anterioridad al 1 de enero de
1985 fueron las grandes víctimas; de un sistema que establece un
porcentaje del 40 por ciento sobre la base reguladora del causante,
sueldo, trienios y pagas extraordinarias para las viudas afectadas por la
legislación anterior al 1 de enero de 1985, se pasa a un porcentaje del
50 por ciento sobre la pensión del causante, calculada sobre un haber
regulador muy superior.

El abismo creado para los funcionarios de clases pasivas, sus viudas y
huérfanos, regidos por normas anteriores a enero de 1985, fue denunciado
reiteradamente por los afectados y ha sido objeto de numerosas
iniciativas parlamentarias, defendidas por el diputado que les habla la
mayor parte de ellas, que chocaron siempre con la insensibilidad de los
gobiernos socialistas y muy en particular con la de su Ministro de
Economía y Hacienda y actual portavoz del Grupo Socialista, a quien se
debe el famoso Decreto que recoge en su exposición de motivos una de las
frases más crueles del ordenamiento jurídico, pues viene a decir que esta
cuestión la arreglaría el paso del tiempo. Menos insensible se mostró el
Defensor del Pueblo que, por Recomendación 39/1991, de 11 de diciembre,
dirigida al Ministro de Economía y Hacienda, proponía que se promoviera
el reconocimiento de un mayor porcentaje de revalorización anual a las
pensiones del régimen de clases pasivas del Estado calculadas conforme a
la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, siempre que los
causantes, decía la Recomendación, hubieran prestado un mínimo de treinta
años de servicios en las administraciones públicas. Seguimos esperando
que el Gobierno tenga en cuenta tan fundada recomendación del Defensor
del Pueblo, que coincide con una de nuestras iniciativas y nuestras
enmiendas a los presupuestos generales de este año y años anteriores.

Entendemos, sin duda, que esta enmienda tiene un costo y nosotros lo
único que pedimos no es que se cuantifique en este momento el coste de la
solución total; sí una posición de entendimiento, de acercamiento que, a
través del cumplimiento de la recomendación del Defensor del Pueblo,
pudiera dar respuesta a algo que están esperando muchas personas que no
entienden, no pueden entender, cómo y por qué se les ha discriminado.

Una segunda cuestión que nos preocupa y que venimos echando en falta en
los proyectos de los presupuestos generales del Estado es la de dar pasos
decididos en pro de la armonización del régimen de clases pasivas con el
general de la Seguridad Social. Actualmente existen desajustes en cuanto
a la edad de jubilación; incluso existen entre los mismos funcionarios en
cuanto los hay que pertenecen al régimen de clases pasivas y quienes
están en el general de la Seguridad Social. Se da así la circunstancia de
que un funcionario del Régimen General de la



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Seguridad Social tiene forzosamente que jubilarse a los 65 años, edad de
jubilación voluntaria para los trabajadores por cuenta ajena del mismo
régimen, y ocurre que los funcionarios de clases pasivas pueden jubilarse
a los 60 años con 30 de servicio sin aplicación de coeficientes
reductores, mientras que los funcionarios del régimen general o no lo
pueden hacer o si lo hacen es con aplicación de coeficientes reductores.

En cuanto a las viudas, su pensión en clases pasivas supone el 50 por
ciento de la pensión del causante, en tanto que en el régimen general
alcanza el 45 por ciento, pero de la base reguladora.

A la vista de estas disparidades incluso entre los mismos funcionarios,
en razón del régimen de Seguridad Social al que pertenecen, se impone ir
tomando medidas en orden a la necesaria armonización. Señores Diputados
del Grupo parlamentario Socialista, señor Cercas, con quien todos los
años tenemos este debate --y que lo tengamos muchos, pero quizás en
puestos distintos, por favor-- sabe que en estas enmiendas no cabe, ni
mucho menos, más que hacer llamadas de atención para que se den pasos
decisivos en la armonización, en la tendencia a superar discriminaciones,
que, repito, ni siquiera resisten el argumento mayor --¡cómo lo van a
resistir!--, el que también citaba ayer, del artículo 14 de la
Constitución.

Otra cuestión que parecía incontestable y que la situación económica ha
removido es la de revalorización de las pensiones. A los pensionistas hay
que garantizarles el mantenimiento del poder adquisitivo de sus
pensiones: primero, porque es un compromiso asumido por todos los
partidos políticos; segundo, porque la crisis económica puede tener
ofertas diversificadas sobre los pensionistas. La población activa
laboral puede esperar los tiempos de bonanza con cierto margen de
confianza para recuperar y recomponer sus rentas; los pensionistas, por
razones obvias, cuentan con serias limitaciones puntuales para la espera.

Una consecuencia de este estado de cosas estriba en que los pensionistas
no pueden, ni deben, ver sus expectativas de mantenimiento del poder
adquisitivo de sus rentas sometido al mismo tratamiento que las
restantes. Por muy legítima que sea la toma de decisiones por gobiernos e
interlocutores sociales en el pacto de rentas, las de los pensionistas no
pueden ser, a nuestro modo de ver, elemento de trueque para la
recuperación del empleo, y corresponde a las Cortes, valorando todas las
circunstancias, decidir la cuestión en el marco de la ley de presupuestos
generales del Estado.

Por eso, nuestra enmienda al artículo 40 establece una cláusula de
revisión salarial que echaba de menos el Ministro Solbes en el debate de
totalidad de la ley de presupuestos, que aludió a ella como si de verdad
existiera. La misma noche, en televisión, o la noche siguiente, el señor
Presidente del Gobierno, don Felipe González, también aludió y certificó
la existencia de esta cláusula en la ley de presupuestos generales del
Estado. Como no está y entiendo que efectivamente fue un despiste de los
redactores del proyecto de ley de presupuestos, nosotros hemos presentado
una enmienda sencillamente recogiendo la cláusula de revalorización.

Supongo que no tendrán SS. SS. ningún inconveniente en votarla
favorablemente, aunque sólo sea para dar la razón al señor Solbes y,
sobre todo, al señor Presidente del Gobierno que, «urbi et orbi», desde
la pequeña pantalla, dijo a todos los telespectadores que le quisieron
escuchar que tal cláusula existía. Por tanto, supongo que será una
enmienda que de por sí va a ser aceptada.

También conviene hacer mención al procedimiento de reconocimiento de las
pensiones de clases pasivas. Se han registrado avances --no tenemos
ningún recelo en reconocerlo, se han registrado avances--, pero limitados
todavía. Es en el reconocimiento de las diversas clases de pensiones
especiales derivadas de la guerra donde las deficiencias son más
llamativas y sangrantes; es en el reconocimiento de determinadas
pensiones de Muface donde también las diferencias son llamativas. Si les
dijera que todavía se están resolviendo expedientes con base en la
legislación de la transición sobre amnistía, comprenderían mejor la
necesidad de un especial esfuerzo de la Administración, capaz de superar
los obstáculos de todo orden; unos, fundamentados en la exigencia de
lógicos requisitos de prueba, pero otros motivados por simples requisitos
formales, fácilmente salvables con una mayor diligencia.

Finalmente, conviene hacer algunas consideraciones sobre el actual
sistema de topes en el señalamiento inicial de las pensiones y en la
revalorización de las mismas.

Sé que no es el momento para pedir la supresión lisa y llanamente, por
más que ello fuera consecuente con un régimen de pensiones que relaciona
la pensión con el esfuerzo en cotizaciones. Se percibirá según
cotización, Ministro Sobles «dixit». Y sobre todo porque tenemos
abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo dando la razón a los que
han reclamado por este tratamiento; abundante jurisprudencia que también
el señor Cercas seguramente conoce.

Pensando en futuras modificaciones --fíjese lo que le digo--, pensando en
mejores tiempos, como refuerzo y estímulo de los sistemas
complementarios, el tema no será tan grave, pero, en la actualidad,
quienes cotizando por bases máximas no han experimentado la necesidad o
tenido la posibilidad de acudir a sistemas complementarios pueden
encontrarse con situaciones delicadas en el paso de la actividad laboral
a la de pensionistas, máxime si, como puede ser muy normal, a la hora de
jubilarse se encuentran con una unidad familiar en la que los hijos sin
trabajo, que son muchos y tienen bastante edad, siguen insertos en ella.

En ocasiones, la rigidez de los límites al señalamiento inicial de
pensiones produce circunstancias y consecuencias marcadamente injustas y
hasta no queridas por el espíritu de la ley. Tal ocurre con las pensiones
extraordinarias de clases pasivas ocasionadas por incapacidad o
inutilidad en acto de servicio y que pueden ver su alcance en el 200 por
cien de haber regulador frustrado por mor del límite en el señalamiento
inicial de pensiones.

Nuestras enmiendas al artículo treinta y nueve y al artículo cuarenta van
en ese sentido y en este supuesto, como en otros no tan llamativos, se
impone atemperar el



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actual sistema de límites. Y digo atemperar y lo digo con profundo
conocimiento de causa.

Finalmente, quisiera referirme con la mayor brevedad, señor Presidente, a
las enmiendas a las disposiciones adicionales. La primera a la
disposición adicional séptima pretende sustituir el inciso final
«incremento alguno respecto a la establecida para el ejercicio de 1993»
por este otro: «incremento por encima del 3,5 por ciento sobre la
establecida para el ejercicio de 1993».

En realidad, esta disposición habría que suprimirla. Efectivamente
aplicamos el 3,5 por ciento en congruencia con las enmiendas referidas a
retribuciones de funcionarios y personal laboral, por lo tanto, para
aplicar el mismo tratamiento que hemos defendido en la tarde ayer y en la
mañana de hoy. Pero es que, además, conviene tener en cuenta que este
personal no tiene ninguna relación estatutaria ni contractual con la
Administración pública. Que se trate de recursos de la Seguridad Social
no debería acarrerar consecuencias de intervención tan drásticas para la
política de recursos humanos de las mutuas de accidentes de trabajo. Por
este camino no habría razón para no extender esta previsión a los entes
del sector público estatal del artículo 6.5 de la Ley General
presupuestaria y a todas las empresas subvencionadas. Ese es el sentido
de nuestra enmienda a la disposición adicional séptima.

Y tenemos otras dos enmiendas a la disposición adicional decimotercera.

La primera es de modficación. En lugar de las 24.935 pesetas para
subsidio de garantía de ingresos mínimos y 9.725 para subsidio por ayuda
a tercera persona, por mes, se propone, respectivamente, 25.808 y 10.065.

Se trata simplemente de aplicar una revalorización del 3,5, como en las
pensiones no contributivas. La opción a permanecer recibiendo estas
prestaciones en el régimen vigente antes de la Ley 26/1990, de
Prestaciones no Contributivas, no puede suponer una penalización para los
beneficiarios ni un trato discriminatorio, sobre todo teniendo en cuenta
que estas pensiones son las más bajas del sistema.

Y la enmienda que hace referencia al punto dos de la misma disposición
adicional también trata de modificar la cifra de 24.935 pesetas por
25.808, para no discriminar las pensiones asistenciales, dejándolas sin
la revalorización del 3,5 por ciento.

Ayer, en relación con esto, señor Presidente, había unas declaraciones de
la señora Ministra de Asuntos Sociales que decía que había algunos
desvíos sobre las pensiones no contributivas. Yo recuerdo que en el
debate de esta Ley se hacía referencia a un número de beneficiarios que
alcanzaba 700.000 personas. No creo que estemos, ni muchísimo menos,
cerca de esa cifra. Entiendo también que serán buenos todos los
procedimientos que traten de unificar los dos puntos de prestaciones,
haciendo que los que perciben pensiones asistenciales pasen al grupo de
pensiones no contributivas.

Todo eso está muy bien, pero no puede hacerse con medidas de esta
naturaleza; es decir, como usted tiene una pensión asistencial, no le
revalorizo la pensión y así hace usted un esfuerzo para incorporarse al
Régimen de Pensiones no contributivas. Me parece que, en estas
circunstancias y en la cuantía de esas pensiones a personas que viven en
la indigencia, no cabe ni muchísimo menos que en la ley de presupuestos
se tomen medidas de esta naturaleza. Estas son fundamentalmente las
razones que han motivado la presentación de estas enmiendas al título IV
y a la Sección 07, y pido para ellas, señoras y señores Diputados, el
voto favorable.




El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Voy a intervenir con mucha rapidez. Hemos
presentado dos enmiendas al título IV; una al artículo treinta y ocho y
otra al artículo cuarenta. Prácticamente las dos están en la misma línea.

Pedimos un incremento moderado de las pensiones a percibir por los
sectores más desprotegidos, ya que nos parece que las 32.635 pesetas
propuestas en los presupuestos generales del Estado son del todo
insuficientes. Entendemos que estos sectores más desprotegidos de la
sociedad no son los responsables de la lamentable gestión del Ejecutivo
en estos últimos años. La proposición es elevar la cuantía a 45.000
pesetas íntegras mensuales, abonándose dos pagas extraordinarias para las
pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva, así
como un incremento del 5 por ciento respecto de las cuantías percibidas a
31 de diciembre en clases pasivas del Estado. Que las pensiones abonadas
por el sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva
experimenten un incremento del 5 por ciento respecto a las recibidas en
1993 y que durante 1994 la cuantía de las pensiones de jubilación e
invalidez en su modalidad no contributiva se fije en 45.000 pesetas
íntegras con el abono de dos pagas extraordinarias del mismo importe, que
se devengarán en los meses de junio y noviembre. Son dos enmiendas
sociales que entiendo que pueden y deben de ser aprobadas por la mayoría
de esta Cámara.

Sin más, y con la brevedad que siempre nos imponemos en nuestras
intervenciones, finalizo.




El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Voy a defender brevemente las enmiendas del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al título IV, relativo
a pensiones públicas. En opinión de nuestro Grupo, señorías, no se pueden
reproducir miméticamente las enmiendas a este título año tras año. Sin
lugar a dudas, muchas de las enmiendas que hemos presentado en años
anteriores tenían un fondo de razón que justificaba la defensa que
llevaba a cabo el grupo en cuestión, pero no puede olvidarse, señorías
--al menos ésa es la opinión de nuestro Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya--, la situación concreta que en estos momentos atraviesan
los sistemas de protección social y, particularmente, el



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sistema de Seguridad Social. Situación difícil, sin lugar a dudas,
motivada fundamentalmente por la caída de empleo, en torno a 500.000
personas en el último año, y el crecimiento, como consecuencia del
cumplimiento de sus funciones, de beneficiarios de prestaciones sociales.

Esta situación, señorías, es la causa de un momento difícil, que
confiamos que sea transitorio, que atraviesan los sistemas de protección
social. Sobre esta consideración básica, nuestro Grupo ha analizado cuál
era el contenido del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado
para 1994 que nos remite el Gobierno y que sustancialmente se resume en
un incremento del 3,5 por ciento de las prestaciones, si bien no se
generaliza dicho incremento a todas las prestaciones y se echa en falta,
en relación con los reiterados anuncios gubernamentales, la existencia de
una cláusula de revisión.

Insistimos en que ese crecimiento del 3,5 por ciento del conjunto de
prestaciones sociales nos parece importante, habida cuenta de la
situación que en estos momentos atraviesan esos sistemas como
consecuencia de la crisis económica. Sobre esta base, la posición de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se resumiría, a grandes rasgos,
en los siguientes objetivos: en primer lugar, una generalización de dicho
incremento para todas las prestaciones sociales. Se echa en falta, en
opinión de nuestro Grupo, que dicho incremento repercuta, por ejemplo, en
prestaciones familiares.

Es verdad que, de acuerdo con el contenido de una proposición de ley de
nuestro Grupo, se actualiza el nivel de renta exigida para tener derecho
a las prestaciones familiares. Pero, en opinión de nuestro Grupo, es de
destacar que dicha actualización se hace únicamente en el último año,
siendo así que ya arrastrábamos varios años en que dicho nivel de renta
no había sido actualizado y, en consecuencia, se había producido la
expulsión del sistema de prestaciones salariales de un buen número de
trabajadores.

Creemos que la actualización impuesta por esa proposición de ley que en
su día se aprobó, debía en el primer año atender, no sólo al índice de
inflación del último año, sino desde el momento en el que dicha ley entró
en vigor y, por supuesto, incidir la revalorización en la cuantía de la
prestación familiar. Asimismo, planteamos que dicho incremento repercuta
en las lesiones permanentes no invalidantes derivadas de accidentes de
trabajo y con el mismo criterio que he expuesto anteriormente para las
prestaciones familiares, provocando una actualización, no sólo del índice
de inflación del último año, sino desde que se produjo la última
actualización de esas prestaciones, actualización del incremento del 3,5
por ciento que tiene que repercutir también en las pensiones
asistenciales. Este sería, a grandes rasgos, el contenido concreto de las
enmiendas que, destinadas a la generalización del incremento del 3,5 por
ciento, plantea el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Un segundo objetivo, señorías, es el de garantizar el incremento de las
prestaciones de conformidad con el índice de precios al consumo del
próximo año. Se ha producido por parte del Gobierno un cambio importante
en el método de revalorización de las prestaciones. De utilizar como
criterio de referencia el IPC pasado, se pasa a utilizar como criterio de
revalorización la previsión del IPC futuro. Este cambio de criterio se ha
acompañado de reiteradas promesas gubernamentales de que no se produciría
ninguna pérdida de poder adquisitivo. La única manera de garantizar
normativamente ese objetivo y ese compromiso público gubernamental, es
introducir una cláusula de revisión. A tal efecto, señorías, dedicamos
una enmienda que nos parece de particular importancia y que creemos que
coincide con los reiterados compromisos gubernamentales. No sería un buen
espectáculo, señorías, entendemos, desde el punto de vista de la dignidad
de esta Cámara, que rechazáramos hoy estas enmiendas y, posteriormente,
pudieran ser objeto de acuerdo con entes ajenos a quienes son
depositarios de la soberanía popular.

Finalmente, y con carácter breve, haría referencia a dos enmiendas más
que presenta el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La
primera de ellas tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de una
promesa electoral, antigua ya, por parte del Grupo Socialista, y es el de
garantizar un complemento de pensión para las personas mayores de edad.

Estas personas mayores de edad se encuentran en muchos casos en situación
de necesitar la ayuda de tercera persona, y eso implica un determinado
costo económico que era el objetivo de ese complemento de pensión.

Transcurrió y terminó la anterior legislatura sin que este compromiso
electoral se llevara a cabo. Comenzamos la nueva legislatura y
consideramos que sería el momento oportuno para plantear la ejecución de
dicha mejora, que nos parece especialmente notable para la situación de
necesidad que atraviesa este colectivo.

Por último, planteamos también una enmienda que tiene como objetivo
cubrir un vacío legislativo que arrastramos en la normativa de seguridad
desde hace muchos años, y es el desarrollo del artículo 108 de la Ley
General de la Seguridad Social y, en concreto, de toda la temática de
prótesis en materia de la Seguridad Social.

En definitiva, señorías, creemos que son emiendas, las del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ajustadas a la actual situación
de crisis que atraviesa el sistema de protección social, perfectamente
asumibles en la misma y que contribuyen, en el marco de esta situación, a
mejorar notablemente el conjunto de protección.




El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, de su simple lectura se ve que
con la enmienda 1.072 intentamos, y creo que conseguimos, rectificar un
error material que venía en el proyecto de ley del Gobierno, y creo que
se defiende por sí misma.




El señor PRESIDENTE: Para el turno del Grupo



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Socialista en relación con las enmiendas presentadas, también en su
nombre, tiene la palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Con la brevedad que imponen las maneras de
intervenir de mis preopinantes, voy a intentar hacer un turno rápido de
fijación de posición de nuestro Grupo en cada una de las enmiendas que
han sido defendidas. Empezaré por el paquete de enmiendas que ha
defendido el señor Núñez, en nombre del Partido Popular, y empezaré
también, como él, tratando de introducir brevísimamente lo que significa
para la sociedad española y para esta ley de Presupuestos tanto el título
IV como la Sección 07 que estamos considerando. Inevitablemente, alguna
referencia habrá que hacer también al gasto que significa la Sección 30,
el presupuesto de la Seguridad Social, puesto que la función legisladora
en este título IV podría implicar, para el conjunto del sistema de la
Seguridad Social, modificaciones al alza en todo caso.

Decía el señor Núñez en su introducción que efectivamente éste era un año
en el que todos los Diputados, todos los grupos con responsabilidad
deberíamos atemperar nuestras demandas a la vista de las dificultades
objetivas que están en la mente de todos, y en la mente de todos los
españoles, en este año presupuestario. Decía más aún el señor Núñez.

Decía que éste era un año en el que no debería producirse ningún tipo de
demagogia en un debate presupuestario como éste, que afecta a tan alto
número de personas que, generalmente, como es lógico, se encuentran entre
las capas de la población más desfavorecidas. Yo me sumo
entusiásticamente a estas afirmaciones del señor Núñez y creo que, al
igual que han hecho otros portavoces, la voz del Partido Socialista tiene
que ser una voz llamando a la responsabilidad y poniendo encima de la
mesa y en el orden del día esas dificultades de un sistema en el que
todos estamos corresponsabilizados para que continúe no solamente
produciendo frutos en el año 1994, sino en años sucesivos y en
generaciones venideras.

Entrando ya en la parte más dialéctica de mi intervención con el Partido
Popular, quisiera solamente decirle al señor Núñez que, efectivamente,
bien está no hacer demagogia cuando se trata, en momentos como los
actuales, con valores sociales relevantes como los que hay detrás de
estas cifras presupuestarias, pero mejor aún que no hacer demagogia sería
el no practicarla cuando previamente se ha abominado de ella, y creo que
el señor Núñez, lamentablemente, en alguna de sus afirmaciones se ha
deslizado --moderadamente, pero se ha deslizado-- por una evidente falta
de rigor en sus planteamientos. No se puede de ninguna de las maneras,
inmediatamente después de ese prólogo, hablar de recortes en el gasto
social, en las prestaciones sociales. En los diversos programas de estos
Presupuestos que contemplan la política de pensiones se puede fácilmente
observar, salvo que se quiera inducir a la opinión pública a una
impresión poco concordante con la realidad, que es la política de gastos
que más recursos absorbe del presupuesto. En concreto, el conjunto de
pensiones que atienden los Presupuestos consolidados del Estado y la
Seguridad Social superan los 6,4 billones de pesetas. Son ya casi el 23
por ciento del Presupuesto y tienen un incremento del 7,6 por ciento
respecto a las cifras del año 1993.

Si todos tenemos «in mente» lo que va a crecer la economía real del país,
e incluso la economía nominal, introduciendo la inflación prevista,
podemos observar que el conjunto de la política de gastos que hay bajo la
rúbrica de «pensiones» casi duplica lo que es el desarrollo normal de la
economía del país. Por tanto, difícilmente se compadecen las demandas de
rigor que hacía el señor Núñez con esa otra afirmación suya de que existe
un recorte. ¿Recorte de qué, señor Núñez? ¿Se puede hablar sensatamente
de recorte? ¿Se puede aplicar esa categoría (que está bien quizás para
afirmaciones demagógicas pero no para afirmaciones rigurosas) cuando
simplemente observando el sistema de la Seguridad Social se ve que en lo
que son las prestaciones económicas, este año, el presupuesto gastará
590.000 millones de pesetas más que el año pasado, con un crecimiento del
9,73 por ciento, y en una coyuntura en la que el conjunto de obligaciones
a que tiene que hacer frente la Seguridad Social, que va a suponer un
incremento del presupuesto de más de 700.000 millones de pesetas,
solamente 93.000 millones de esos 700.000 adicionales provienen por vía
de cotizaciones sociales? El resto tiene que subvenirse con cargo a una
acrecentada solidaridad, que es lógico se produzca en estos años de
crisis, pero difícilmente puede dar lugar a definiciones como la que ha
hecho el señor Núñez al hablar de recortes en la protección social. Bien
al contrario, este año, cualquiera que vea las cifras del presupuesto sin
ningún tipo de visión partidista ni de sectarismo, podrá entender que el
mantenimiento de la protección constituye una prioridad absoluta, tanto
por lo que se refiere a los programas de clases pasivas como a los
programas de Seguridad Social.

Nosotros creemos que estos son momentos --y el señor Núñez lo ha obviado
en su intervención-- en los que lo relevante es decir y recordar a los
españoles no sólo aquellas demandas que aún permanecen embalsadas y que,
como es lógico, serán siempre infinitas, sino hablar de la
responsabilidad que nos corresponde a todos para dotar de seguridad al
sistema. Al fin y al cabo, el sistema de Seguridad Social --y con esto
contesto también a algunas otras afirmaciones-- no es sólo un sistema
social; debe ser para todos nosotros una preocupación fundamental que sea
un sistema seguro y, por tanto, no es más social quien llega a estos
debates presupuestarios proponiendo objetivos imposibles de realizar o,
peor aún que imposibles de realizar, objetivos que acarrearían
ineluctablemente la propia crisis del sistema. Realmente, el talante
social, la preocupación, el compromiso social de los Diputados y de los
grupos parlamentarios, el vector en el que se debe vehicular ese
compromiso social es justamente dar seguridad a este sistema y a ese
equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones que hemos asumido
cada uno de nosotros en el programa electoral y, al mismo tiempo, el
compromiso mucho más estructural del sistema, que es lo que hay en las
cifras de los presupuestos.




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Por tanto, señor Núñez, yo creo que S. S. se ha hecho un pequeño lío, no
solamente en los papeles sino también en el orden lógico de sus
pronunciamientos, y espero que en su réplica pueda reconocer algunas de
estas cuestiones y que no continúe con ese discurso del recorte, que no
existe en nuestro presupuesto.

Como es lógico, debería S. S. también modificar alguna otra cuestión,
porque inmediatamente después de referirse a esa atemperación, nos ha ido
exponiendo el rosario de demandas que históricamente ha hecho el Grupo
Parlamentario Popular, exactamente el mismo que ha ido usted haciendo a
lo largo de todos y cada uno de los Presupuestos Generales del Estado, a
pesar de que ha dicho usted que este año atemperaría sus demandas,
exactamente todas y cada una de las demandas. No me detendré en muchas de
ellas, puesto que ya hemos tenido muchos debates en esta Comisión y en
otros trámites.

¿Qué decir de su demanda de que el conjunto de pensionistas anteriores a
la Ley 50/1984 adquiera igualdad de condiciones que los posteriores a la
Ley? Ya sabe, señor Núñez, que esa posición del Grupo Popular cuesta
algunos centenares de miles de millones. Por supuesto que ahora estos
pensionistas demandan --y usted es portavoz de alguna de sus asociaciones
en este momento-- la aplicación de la nueva Ley que hicimos en aquella
Ley de Presupuestos de 1984. Tengo que volverle a recordar un año más
que, cuando aquella ley se trajo a la Cámara, su Grupo estuvo
radicalmente en contra porque decía que recortaba los derechos de las
clases pasivas. Sin embargo, al cabo de varios años, hoy piden una
aplicación universal y retroactiva de los beneficios de esa Ley. Señor
Núñez, sobre esto, también una vez más, tendré que recordarle que ese
criterio del Partido Popular --y es que cualquier Ley que modifique
algunas de las piezas del sistema de protección social siempre tenga que
aplicarse con criterios retroactivos-- supone, lisa y llanamente, la
incapacidad de la reforma, la incapacidad de la modernización de
cualquier institución de protección social. Inevitablemente, en el
decurso del tiempo van cambiando las leyes, y esas leyes son,
lógicamente, aplicables a los nuevos beneficiarios de la ley. Es
imposible pretender una retroactividad que llegue a ser aplicada a
centenares de miles, a casi 400.000 ciudadanos que son a los que habría
que aplicar las modificaciones que usted pretende. Si los legisladores
tuviéramos siempre por delante esa obligación de que todo lo que se
rectifique en el ordenamiento social vigente tuviese que tener carácter
retroactivo, significaría lisa y llanamente que nunca podríamos continuar
avanzando en los elementos de la protección social. Se produciría una
congelación ineluctable, puesto que buena parte de estas leyes podrían
ser aplicadas precisamente porque empiezan en colectivos pequeños y se va
consolidado a lo largo del tiempo mientras adquieren madurez, pero es
imposible que tengan carácter retroactivo. Y no cabe --que podría ser el
gran argumento que siempre se ha utilizado por S. S.-- que filosofías de
esta naturaleza rompan con el artículo 14 de nuestra Constitución. No es
cierto, señor Núñez, porque los nuevos beneficiarios acceden a
prestaciones distintas porque también han tenido obligaciones distintas
respecto a los que ya fueron beneficiarios de legislaciones que quedan
obsoletas. Por tanto, es inútil la mención y la llamada al artículo 14 de
la Constitución.

Por otra parte --y voy entrando ya en algunas de las enmiendas parciales
del señor Núñez-- cuando uno observa y analiza las técnicas de
armonización --que dice S. S.-- respecto a la Seguridad Social, luego ve
que no conecta esa demanda de armonización con algunas de las enmiendas
parciales que nos trae el Partido Popular. Básicamente me estoy
refiriendo a las pensiones extraordinarias. Su Grupo ha enfatizado en
este debate presupuestario que había que caminar en la armonización entre
la legislación de clases pasivas y la legislación de la Seguridad Social
para evitar discriminaciones, ha dicho el señor Núñez. Pues bien,
inmediatamente después de hacer esas afirmaciones nos presenta la
enmienda 336 --también la enmienda 337--, donde se establecen unas
situaciones de excepción a favor de determinadas clases pasivas, ni
siquiera de todas, solamente de algún colectivo que ha ido a ver al señor
Núñez --lo digo así, porque a mí también me ha venido a ver--, y no ha
podido resistir la tentación de defender hoy aquí en Comisión, y que
mañana aparezca en la prensa, a un colectivo de funcionarios militares
del Estado; funcionarios militares del Estado, señor Núñez, para los que,
con todo el respeto, se pretende un trato de favor respecto a
funcionarios civiles y respecto al conjunto de los trabajadores de este
país. Usted pretende, con su enmienda, señor Núñez, que esas pensiones
especiales resulten destopadas, que resulten duplicadas en su cuantía
efectiva; usted pretende que personas que están en este momento
percibiendo tres millones y medio de pesetas, perciban el próximo año
siete millones de pesetas. Es un grupo muy reducido de ciudadanos,
posiblemente con una demanda que puede ser justa, pero que es una demanda
absolutamente inabordable en estos presupuestos y en absoluto armonizable
con las categorías morales y jurídicas que ha defendido anteriormente el
portavoz del Partido Popular. Si quisiéramos exonerar de la política de
topes y quisiéramos duplicar las pensiones de los que están inválidos por
accidentes de trabajo --que no otra cosa son las pensiones especiales que
S. S. pretende destopar--, tendríamos que predicar las mismas soluciones
técnicas de los funcionarios civiles del Estado, y no lo hace su Grupo; y
tendríamos que predicar exactamente la misma solución para los
trabajadores de la industria y los servicios del Sistema General de la
Seguridad Social, y no lo hace su Grupo. Pero para mí, el escándalo,
señor Núñez, es que, además, no lo haga su Grupo tratando de arroparse en
la bandera de la equidad, de la justicia y de la falta de discriminación,
cuando justamente sus enmiendas son todo lo contrario, al menos en cuanto
a la falta de discriminación de unos ciudadanos respecto de otros.

Por último, respecto a la revalorización (y con esto contesto también, si
no le importa, señor Presidente, al portavoz de Izquierda Unida, porque,
lamentablemente, creo que en este trámite las señorías del Grupo Popular
y del Grupo de Izquierda Unida tienen exactamente la



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misma situación), creo que habría que empezar por decir que la Ley de
Presupuestos de este año incorpora una revalorización de las pensiones
que, además de ser una excepción en cuanto a los gastos del Estado,
puesto que se excepciona a los pensionistas de cualquier política de
rigor y se incrementan sus pensiones exactamente igual que la previsión
de inflación, no hace otra cosa que cumplir la legislación vigente. Si
SS. SS. acuden a la Ley que está vigente en este momento para el sistema
de la Seguridad Social, la Ley 26/1985, verán que justamente el proyecto
que trae el Gobierno a la Cámara da satisfacción a lo que han sido las
previsiones hechas por el Legislativo español: la revisión de las
pensiones y el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las mismas.

Entre las diversas técnicas posibles se utiliza aquella que, cuando en su
día lo discutimos, llegamos a la conclusión de que era la más oportuna
para el sistema económico y para el sistema de protección social, que era
indiciarlas con la inflación futura y no con la pasada, porque el sistema
de la Seguridad Social no vive en una campana de cristal, fuera de las
realidades económicas y presupuestarias. Precisamente porque el sistema
de protección social y porque los pensionistas son los ciudadanos más
interesados en poner coto a la galopada de los precios y a la inflación,
también ellos resultarán a la postre beneficiados por un sistema de
indiciación que no modula al alza el índice del coste de la vida. Por
tanto, cuando un volumen tan importante de recursos se indicia con la
inflación prevista y no con la pasada, estamos haciendo posible que ese
compromiso nacional que podríamos identificar con lo que son hoy las
previsiones de inflación, pueda ser realizable.

Por consiguiente, después de arduos debates en la Ley del año 1985,
llegamos a la conclusión de que había que indiciar con la inflación
prevista, y eso es lo que hace la Ley de Presupuestos: actualiza,
mantiene la capacidad adquisitiva de las pensiones con arreglo a la
inflación prevista. No entraré en muchos detalles, porque me estoy
extendiendo más de lo que yo mismo me había propuesto, pero si el señor
Núñez entra en este jardín de las cláusulas de revisión, vamos a
desempolvar el «Diario de Sesiones» del año 1985, porque el Partido
Popular estuvo en contra de cualquier tipo de indicación en aquella ley,
ya que todas le parecían demagógicas y perjudiciales para la marcha de la
economía y todas ellas le parecían que eran un brindis al sol, según dijo
el portavoz del Partido Popular. Este es un debate que posiblemente
tendrá la suficiente relevancia como para que lo llevemos al Pleno de la
Cámara y veamos la coherencia y la incoherencia, y verán que el Grupo
Parlamentario Socialista ha sido coherente desde el primer momento y
seguimos aferrados a esa coherencia. Hay que mantener la capacidad
adquisitiva de las pensiones, la vamos a mantener, pero vamos a utilizar
la técnica más favorable para la nación y para los pensionistas, que es
la de la inflación prevista. Nosotros creemos que hay que indiciar las
pensiones de alguna manera, no como ustedes que estaban en contra de la
indiciación de las pensiones, pero las vamos a indiciar con la inflación
prevista.

En cuanto al tema de la cláusula de revisión, que lógicamente es la
variable de cierre de estas afirmaciones --y con ello contesto también al
señor Peralta--, es perfectamente coherente que el Gobierno esté hablando
con los interlocutores sociales, y con ello no está desmereciendo a las
Cámaras. Está tratando de buscar un acuerdo político con los
interlocutores sociales que en un marco más amplio de una política de
rentas pueda dar algún elemento de rigor y también de seguridad al
conjunto de las cuentas de la economía nacional, y esto no desmerece a
estas Cámaras porque es absolutamente irrelevante que aparezca o no una
cláusula en la Ley de Presupuestos del año 1994, puesto que la Ley de
Presupuestos para el año 1994 tiene una vigencia temporal que termina el
31 de diciembre de 1994. Una hipotética cláusula de revisión, que echan
en falta SS. SS., no deja de ser otra cosa que una afirmación retórica en
la Ley de Presupuestos de 1994, porque donde sería relevante sería en la
Ley de Presupuestos de 1995. Por tanto, no hay ninguna contradicción ni
en las posiciones mantenidas por nuestro Gobierno hasta la fecha ni en
las que mantendremos en trámites posteriores. Lo único que trato de
enfatizar en estos momentos es que nuestro compromiso de mantenimiento de
la capacidad adquisitiva de los pensionistas se va a producir, está ya
previsto en la Ley de Presupuestos.

Un par de minutos nada más, señor Presidente, para contestar al señor
González Lizondo y a algunas de las otras enmiendas del señor Peralta. Al
señor González Lizondo quería decirle simplemente (quizá con menos
énfasis del que he puesto con el señor Núñez) que creo que es bueno que
las palabras se compadezcan con los hechos y que la defensa de las
enmiendas tenga algo que ver con lo que dicen las enmiendas. El señor
González Lizondo, a los diputados que no hayan leído las enmiendas del
Grupo Mixto-Unión Valenciana, les puede haber parecido muy razonable
porque habla de un incremento moderado, pero ha olvidado decir que es un
incremento del 60 por ciento lo que pretende para las pensiones que él
rectifica. Nada más y nada menos que un incremento del 60 por ciento.

Eso, para el señor González Lizondo, es un incremento moderado. La
enmienda del señor González Lizondo contiene además la perla de que las
pensiones no contributivas serían superiores a las pensiones
contributivas. La pensión contributiva que pretende que aprobemos el
señor González Lizondo, cuando hay un cónyuge a cargo que tiene un 70 por
ciento de incremento, resultaría superior a la propia pensión
contributiva, con lo cual, de aceptar la enmienda que propone el señor
González Lizondo, cualquier ciudadano que pudiese optar entre contribuir
al sistema de la Seguridad Social y no contribuir y luego tomar una
pensión contributiva, optaría por la pensión no contributiva, puesto que
sin ningún esfuerzo contributivo por su parte terminaría teniendo
pensiones superiores a las del sistema contributivo.

Por último, al señor Peralta quiero solicitarle que dé por buenos los
argumentos que he dado en lo que a él le parecía uno de los objetivos
fundamentales de sus enmiendas, que era garantizar la capacidad
adquisitiva de



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las pensiones. Tengo que decirle que en el análisis previo que ha hecho
estoy totalmente de acuerdo y también que, por primera vez, he oído
palabras razonables y sensatas de Izquierda Unida respecto a los sistemas
de protección social, pero también tengo que decirle que éste no es el
presupuesto para generalizar al conjunto del sistema las rectificaciones
que él pretende para diversos elementos que en este momento no están
afectados por la revalorización del 3,5 por ciento.

Por otra parte, en cuanto a lo que él ha manifestado sobre la protección
a la familia, le aconsejo que lea atentamente los presupuestos de la
Seguridad Social, la memoria y el informe económico-financiero, y verá
cómo en la protección familiar este año se hace un esfuerzo importante.

La protección familiar este año crece casi un 25 por ciento, en
definitiva, van a ser recursos cuantiosos que van a ir a parar a las
familias, sobre todo a la pensión familiar en la modalidad no
contributiva que crece espectacularmente.

Como es lógico, sobre algunas de las otras cuestiones de las que he
hablado, como el complemento de las pensiones para los mayores de 80 años
o el desarrollo de algunos elementos de la política asistencial, le diría
al señor Peralta que alguna de estas cosas, sin ninguna duda, se verán a
lo largo de esta legislatura, pero estamos actuando aquí con arreglo a
nuestras posibilidades, a nuestros límites y a un sistema de Seguridad
Social que le recuerdo que va a tener 700.000 millones de pesetas más de
gasto y que solamente va a disponer de recursos propios en una cuantía
que no llega al 10 por ciento de este incremento de necesidades y en un
momento en el que el sistema de Seguridad Social, como ha ocurrido en el
año 1994, va a exigir un crédito del Estado por valor de 345.000 millones
de pesetas para poder subvenir a lo que son sus compromisos reales, a sus
compromisos exigibles. No es éste el momento, señor Peralta, de
incrementar las cargas del sistema y hacer aún más penosa la situación
financiera de la Seguridad Social.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Turno de réplica.

Tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señoras y señores Diputados.

Señor Cercas, muchas gracias por el tono amabilísimo de su respuesta. No
me ha contestado usted prácticamente a nada de lo que le he dicho. Ha
vuelto a repetir su discurso --se lo conocemos de otras veces-- y a hacer
un cántico de alabanza hacia el esfuerzo del Gobierno Socialista en el
aumento de las prestaciones sociales. Hablaremos de todo en este turno de
réplica, pero dejaremos para el debate en el Pleno determinadas
cuestiones que tienen su enjundia; todas la tienen, pero algunas de las
que usted ha apuntado tienen más y nos interesa mucho contrastar también
en el Pleno, delante de todos los Diputados, de todos los grupos, el
debate que aquí tenemos. Nosotros no repetimos el rosario de demandas
porque sí, es el rosario de demandas de los seis millones de pensionistas
y sus familiares; es, si me apura usted, el rosario de demandas de toda
la sociedad. Por tanto, es lógico que nos hagamos eco de lo que la
sociedad demanda y que lo traduzcamos en enmiendas, en este caso a los
Presupuestos Generales del Estado.

Usted dice que los gastos en presupuestos para estos temas llegan a los
6,4 billones de pesetas y que eso es un esfuerzo. Efectivamente, puede
ser que lo sea, pero si nos comparamos con los demás países de la
Comunidad, observamos que nuestro esfuerzo en gasto social, según los
últimos datos de Eurostat, están a la cola de los países de la Comunidad;
algunos países como Alemania o Francia nos sacan hasta ocho y nueve
puntos en el producto interior bruto, y usted lo sabe.

Reconociendo todo el esfuerzo que ustedes quieren que reconozcamos,
estamos, repito, todavía muy alejados --y pondré luego ejemplos
concretos-- del gasto social de los países de la Comunidad. Lo digo para
que todos hagamos un ejercicio de humildad y nos pongamos cada uno en
nuestro sitio.

Voy ya con una consideración, porque me arde el pecho si no la digo. Por
una vez permítanme, señorías, que les diga que dejen de zaherirnos con la
ley de recortes de pensiones; votamos en contra porque significaba un
recorte de pensiones. Votamos exactamente igual que Nicolás Redondo y que
otros diputados de su Grupo que incluso abandonaron el escaño porque no
aceptaban esa Ley. Repito, es un debate que queda abierto para entonces.

Digo esto porque en el famoso debate del Presidente González con el
Presidente Aznar en televisión y en plena campaña electoral, también les
dijo que habíamos votado «no» a la Ley de Pensiones; lo que no dijo,
efectivamente, es que habíamos votado «no» porque las recortaban.

Usted está tratando de que revisemos posiciones de hace siete años. Si
quiere revisamos todas las posiciones de todos durante esos años y
durante anteriores años, y a lo mejor comprobamos que nadie en esta
Cámara como el Grupo Parlamentario Socialista ha cambiado tanto ni se ha
contradicho tanto como ustedes han hecho. Revisamos todo, revisamos
absolutamente todo, pero en la Ley de recortes de pensiones volveríamos a
votar de la misma manera en que lo hicimos, por coherencia. Y no me hable
usted de las cláusulas de revisión y nos cuente aquí películas de tiros,
porque nadie entiende que no esté aquí la cláusula de revisión; nadie
entiende por qué ha presumido el señor Solbes de que está la cláusula de
revisión; nadie entiende por qué ha presumido el señor González de que
esté aquí la cláusula de revisión, porque no está. ¿Por qué no está si
han dicho a todos que está? ¿Por qué no aceptan ustedes la enmienda que
incluye una cláusula de revisión que, como acaba de apuntar mi compañera
Celia Villalobos, está en todos los convenios colectivos? Todos los
convenios tienen cláusula de revisión.

El señor Solbes en esta misma Comisión dijo que el 3,5 por ciento no era
una previsión, era un objetivo. Si luego comparamos esas palabras con lo
que dijo en el Pleno del Congreso, en el debate de totalidad de los
Presupuestos, la incoherencia es monumental, pero, sobre todo, es una



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incoherencia de la que nace una injusticia monumental. Y si eso no
produce recorte de prestaciones, que baje Dios y lo vea; y si no hay
recorte de prestaciones en la congelación de las pensiones asistenciales,
que baje Dios y lo vea.

En estos presupuestos, y solamente por citar eso, hay recorte de
prestaciones sociales, quiéralo usted o no lo quiera. Yo acepto que su
sensibilidad trate de buscar efectivamente explicaciones a estos
presupuestos, pero no las va a encontrar para demostrar que,
efectivamente, con todo el aumento que ustedes quieran, que es justamente
el que es y no otro, no se producen determinados recortes en las
prestaciones sociales. Y no vamos ya a la pérdida de poder adquisitivo de
las pensiones, porque es también un dato aritmético que se puede calcular
fácilmente.

Incluyan una cláusula que diga: si al finalizar 1994 el índice de precios
al consumo supera el 3,5 por ciento, las pensiones objeto de
revalorización conforme al presente artículo serán actualizadas, al 3 de
diciembre de 1994, mediante la aplicación sobre su valor a 31 de
diciembre de 1993 de un incremento equivalente al índice real de precios
al consumo de 1994, y la cantidad resultante servirá de base para la
revalorización que en su caso corresponda aplicar en 1995. Digan ustedes
algo así y se acabó la discusión; se acabó la discusión por lo que a este
tema se refiere.

Paso a otro tema, a las discriminaciones entre los pensionistas de clases
pasivas anteriores al 1 de enero de 1985 y los posteriores. La ley puede
hacer eso. ¡Si yo no le discuto que la ley pueda hacer eso! ¡Claro que lo
puede hacer! Usted puede aplicar y explicar la teoría de la
retroactividad como a usted le parezca, puede hacerlo. Pero la ley lo ha
hecho mal, y ha producido consecuencias perversas, y nunca como en este
supuesto resulta más adecuado acomodarse en el «summum ius, summa
iniuria».

Usted decía que para las mismas obligaciones correspondían las mismas
pensiones. Pues bien, para las mismas obligaciones no son las mismas
pensiones. Tengo ejemplos numerosos con nombres y apellidos que habiendo
cumplido las mismas obligaciones, es decir, los mismos trabajos, los
mismos años de servicio, las mismas cotizaciones, perciben pensiones
distintas. Aquí se está soslayando un principio jurídico de primera
magnitud. Por las consecuencias de esas discriminaciones respecto a las
viudas, le pongo uno de los últmos ejemplos más sangrantes que ha llegado
a mi mesa de despacho: dos viudas, que viven pared por medio, se casaron
con dos funcionarios que ingresaron en la Función Pública en la misma
oposición y tuvieron una trayectoria administrativa casi semejante; casi
semejante quiere decir que uno era jefe de sección de una dirección
general y que el otro era jefe de sección de otra, lo cual significa que
a efectos impositivos, a efectos de clases pasivas, igual, exactamente
igual. Uno falleció el 17 de marzo de 1984, y otro en octubre de 1986. La
primera viuda percibe 64.000 pesetas; la viuda del segundo, más del
doble. La ley que ha hecho estas discriminaciones debe revisarse. Eso es
lo que yo le digo en nuestra enmienda; eso y no otra cosa.

Se habla del esfuerzo en gasto social y del acercamiento a los países de
la Comunidad, etcétera, pero fíjese que no hemos hecho ninguna enmienda
en concreto por eso de atemperar el debate, lo cual no significa que no
tengamos la obligación de plantear aquí, para que se discutan en esta
Cámara, los temas relacionados con los Presupuestos Generales del Estado
o con leyes que necesitan determinados grupos sociales. Para eso tenemos
que ver qué sucede en los países de la Comunidad con el tratamiento de
determinadas pensiones.

Les voy a dar algunos porcentajes que se utilizan para fijar la pensión
de viudedad en otros países : en Alemania es el 60 por ciento no del
haber regulador, sino de la pensión del causante; en Bélgica es el 60 por
ciento del sueldo del causante, que supondría hasta un 110 por ciento
aplicando los baremos nuestros; en Canadá, Francia e Irlanda, aplicados
todos los baremos, supone el 70 y el 75 por ciento; en Suecia, el 50 por
ciento para la pensión sin hijos, pero sobre la pensión del causante, y
el 70 con más de un hijo; y así sucesivamente.

Si estamos tan lejos de estas soluciones, ¿cómo puede usted pensar y
creer que se trata de un planteamiento demagógico traerlas aquí para
envidiarlas sanamente y preguntar cómo es posible acercarnos poco a poco
a este tipo de pensiones? Eso es lo que yo le estoy diciendo, señor
Cercas; eso es lo que le está diciendo el Grupo Parlamentario Popular.

Respecto a las pensiones extraordinarias, nosotros no nos las hemos
inventado. El tratamiento figura en el artículo 47 del texto refundido de
la Ley de Clases Pasivas del Estado, que contempla las pensiones
extraordinarias por el hecho causante de incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad ocasional en acto de servicio o como consecuencia
del mismo, y también las originadas como consecuencia de actos de
terrorismo. Ustedes lo que hacen es incumplir esta Ley y nosotros les
preguntamos en nuestra enmienda por qué la incumplen, nada más. El
carácter extraordinario de las pensiones no significa discriminación
alguna porque, aquí sí; aquí se trata de supuestos distintos, de los que
nacen pensiones distintas. Repito que los supuestos están tipificados del
artículo 47 del texto refundido, y el artículo 49 del mencionado texto
legal considera a ambas pensiones, a efectos de señalamiento, el 200 por
ciento del haber regulador, ya que estima que ambas son de carácter
indemnizatorio. Cumplir esta norma supone sencillamente ser consecuentes
y coherentes con unas disposiciones que se aprobaron, digamos, a
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista o del Gobierno socialista.

Estoy recogiendo peticiones, posiciones y problemas de determinados
grupos que también le han ido a ver a usted y a quienes, según mis
noticias, usted contestó diciendo que a lo mejor había posibilidad de un
acercamiento de posiciones. No lo sé, pero me da igual. Comprendo que es
usted una persona muy cordial y que acepta planteamientos de cuantas
personas le llegan a su despacho y, luego, el Grupo Socialista o el
Gobierno socialista



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le da la callada por respuesta o la negativa rotunda. Lo entiendo, pero
traer aquí el tratamiento justo y no discriminatorio de las pensiones
extraordinarias es algo que tiene una cierta lógica y coherencia con el
cumplimiento de la legislación vigente, aparte de otras razones de
justicia.

No empiece a duplicar millones, porque usted sabe de sobra que las
cantidades que ha dicho se referirán a dos o tres personas, pero para el
colectivo entero, que es muy pequeño por otra parte, no le supone ni
mucho menos esa cantidad tan exorbitante y fabulosa como la que ha
señalado. Cuando hablamos de topes no estamos defendiendo un sistema
contributivo puro, ni muchísimo menos, antes al contrario, nuestras
enmiendas defienden un sistema solidario. El sistema solidario no está
reñido con un sistema justo. Razones de carácter actuarial o matemático
aparte, los límites a determinadas pensiones son absolutamente
indefendibles desde el punto de vista de justicia retributiva. Así lo ha
dicho el Tribunal Supremo en muchas sentencias que tengo aquí a su
disposición. Otra cosa es que nosotros entendamos que en las
circunstancias actuales hay que exigir un mayor sacrificio a los
afectados por los topes y que el destope --por utilizar una palabra tan
rara y fea-- no es posible hacerlo con carácter general en estos
momentos. Lo entiendo, fíjese como no hago demagogia, pero no cabe duda
de que una situación que ustedes crearon en los Presupuestos del año 1984
no puede mantenerse «in aeternum», y, sobre todo, no se puede dar la
callada por respuesta a la ejecución de determinadas sentencias que dicen
exactamente lo contrario de lo que ustedes aplican.

Seguiría diciendo un montón de cosas más, pero efectivamente hay temas
que, por su importancia, deben ser replanteados en el Pleno y defendidos
allí con otros argumentos además de los que aquí hemos expuesto.

Señor Cercas, con el mismo tono de cordialidad con que usted me ha
contestado, aceptando todos los avances que han hecho y todo lo que han
tratado de mejorar el sistema, nos parece que no llegan, ni muchísimo
menos, a límites que, en países de la Comunidad Europea a la que
pertenecemos, son normales y que, en este año y por consecuencia de la
crisis que sufrimos debida a la pésima política económica del Gobierno
socialista, han introducido recortes que padecen los más desfavorecidos
de la sociedad.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Lizondo, en turno
de réplica.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, continúo aspirando a ese
premio a la austeridad dialéctica del que S. S. habló el otro día.

Señor Cercas, con la mayor cordialidad del mundo, le digo que me han
comentado que dentro del Grupo Socialista era usted una de las personas
que quería guerra, pero yo no tengo la culpa. No la tome usted conmigo.

No me condene de esa forma diciéndome que pretendo algo así como pagar un
viaje alrededor del mundo a los pensionistas. Solamente quiero que se les
pague 45.000 pesetas, que no les da para mucho. Además, cambie usted de
ordenador, cambie usted de máquina electrónica, porque no da el 60 por
ciento, sino el 41 por ciento. No sé si es que el ordenador le funciona
tal cual vienen ustedes funcionando últimamente, que los números no se
les dan bien. La realidad es que yo no pretendo otra cosa sino que cobren
45.000 pesetas. Por el contrario, me da la impresión de que usted quiere
condenar a estos jubilados, a un sector bastante importante, al parque
jurásico y, además, no les concede ni la posibilidad de que lleven un
garrote, les deja que vayan así por las buenas allí a defenderse dentro
de esa jungla donde tienen las horas contadas. En fin, será su criterio.

Yo vuelvo a repetir que no se debe hablar de solidaridad, sino que se
debe ser solidario y éste es el momento de demostrarlo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Intervengo muy brevemente para replicar a
algunas de las posiciones defendidas por el señor Cercas al contestar las
enmiendas a nuestro Grupo.

Yo creo, señor Cercas, que en las referencias que ha hecho al Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no ha sido justo con las
posiciones que mantiene nuestro Grupo. A mí me sorprende no ya que haya
dicho que nos situamos en el mismo terreno que el PP, al hablar de la
revisión de las pensiones y de la cláusula de revisión --éste es ya un
argumento muy manido por parte del Grupo Socialista--, sino que utilice
ese argumento en relación con un tema en el que el propio Presidente del
Gobierno, el Ministro de Trabajo e innumerables altos cargos
gubernamentales y representantes socialistas han dicho que no se va a
producir pérdida del poder adquisitivo. Me parece un argumento
absolutamente fuera de lugar.

Usted también ha manifestado que era la primera vez que oía palabras
sensatas de nuestro Grupo al hablar de la Seguridad Social. Me parece que
es un poco estrambótico formular ese tipo de expresiones, señor Cercas.

Quiero recordarle que ha habido una proposición de ley de nuestro Grupo
que ha sido admitida por el Pleno de la Cámara. Yo no sé si pretende
usted decir que el Pleno de esta Cámara admite posiciones no sensatas no
sólo de nuestro Grupo, sino de la mayoría de la Cámara.

Entro ya en el tema concreto, que me parece importante, en el que usted
ha centrado el debate: la revalorización de las pensiones. Dice usted que
la cláusula de incremento salarial con la inflación prevista es lo que
está vigente legalmente en estos momentos; no cabe duda de ello, señor
Cercas. Tampoco cabe duda de que ese mecanismo de revalorización en la
anterior legislatura fue considerado insuficiente por el Grupo
Socialista, que estableció una cláusula de revalorización mejor, que era
la de la inflación pasada. Esa es la realidad, señor Cercas.

La realidad es que nosotros admitimos el cambio de criterio. No nos
parece negativo que se recurra a la inflación prevista, siempre que se
garantice normativamente



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--como se ha dicho tantas veces de palabra-- que no se va a producir
pérdida del poder adquisitivo. Nos parece que la posición, señor Cercas,
desde el punto de vista del Grupo Socialista, es extraordinariamente
constructiva. Aceptamos que se produzca el cambio de criterio y
simplemente pedimos que se garantice con valor normativo. Afirma S. S.

que el que se incluya en la Ley de Presupuestos de 1994 no tiene ninguna
importancia. No es verdad, señor Cercas --decir que el que se incluya en
la ley no tiene ningún valor es algo tremendo--, por una razón muy clara:
porque la cláusula de revisión puede tener efectos para todo el año 1994
y, por tanto, tiene que ir en la Ley de Presupuestos de 1994. Usted sabe
que una de las posibilidades es que la cláusula de revisión no sólo sirva
como punto de partida para el incremento de 1995, sino que se produzcan
las diferencias y los atrasos correspondientes al año 1994. Esta es la
posición que mantiene nuestro Grupo en estos momentos y, por tanto, la
cláusula de revisión tiene que incluirse en la Ley de Presupuestos de
1994. Esa es una posición absolutamente coherente, que no hubiera tenido
lugar si se hubieran mantenido por parte del Grupo Socialista los
criterios que se mantuvieron en la anterior legislatura. El Grupo
Socialista ha producido ese cambio, nosotros lo aceptamos y lo único que
queremos es que sea verdad lo que se dice relativo a que no se va a
producir pérdida del poder adquisitivo. Señor Cercas, las posiciones que
mantenemos en el tema de la revalorización son perfectamente asumibles.

En un momento determinado ha dicho usted que rozamos la incoherencia en
esta materia. Yo me atrevería a decirle, señor Cercas, que se aplique ese
razonamiento a ver si desautorizando radicalmente, como usted hace en su
discurso, la cláusula de revalorización nos encontramos con que la pacta
el Gobierno al margen de esta Cámara, porque resultaría que en esta
Cámara se oyen discursos diciendo que es absolutamente incoherente la
cláusula de revalorización y el propio Gobierno, al que usted sostiene,
la pacta. En consecuencia, señor Cercas, tenemos que relativizar nuestro
discurso, y a mí me gustaría que relativizara las posiciones que usted ha
mantenido respecto a nuestro Grupo y reconociera que las posiciones que
mantenemos constituyen una buena parte de ese acuerdo social que tan
necesario es y que hasta la fecha, no se ha producido.

Por otra parte, quiero recordarle, señor Cercas, que proponer, como
nosotros hacemos, que el incremento del 3,5 por ciento, que es la
decisión adoptada por el Gobierno, se aplique a aquellas prestaciones
concretas que han quedado marginadas, no nos parece que sea una petición
que choque frontalmente con las posiciones del Gobierno y que carezcan de
lógica. No cabe duda que las prestaciones familiares crecen, pero crecen
porque se reconoce a más personas, no porque se actualicen adecuadamente
los niveles de renta, ni la cuantía de la prestación. Esa es la realidad,
señor Cercas, porque el nivel de renta y la cuantía de la prestación
están congelados desde el año 1990, y ésa es una realidad. Nosotros
solicitamos que esas prestaciones, como las lesiones permanentes no
invalidantes, congeladas desde 1991, se actualicen, porque no hay razón
para que determinadas prestaciones de la Seguridad Social, que tienen un
peso más o menos importante pero que tienen una razón de ser, queden al
margen.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: No abundaré en ninguno de los argumentos que ya
expuse en mi primera intervención. Es lógico que los portavoces que se
han reafirmado con idénticos pronunciamientos se den por contestados con
idénticas afirmaciones, puesto que nada añadiría al debate el repetir
hasta la saciedad lo que ya hemos dicho con anterioridad. Me referiré
solamente a nuevas afirmaciones o a argumentos que, al calor del primer
debate, hemos oído en estas réplicas.

Al señor Núñez quiero decirle que su Grupo es perfectamente libre --yo
seré el último que le niegue esa facultad-- de traer aquí todo el rosario
de demandas de la sociedad civil. Eso me parece coherente, señor Núñez.

Lo que no me parece coherente es que usted haga un prólogo afirmando que
en esta circunstancia, dadas las dificultades, van a actuar con un
criterio restrictivo respecto a lo que han sido sus posiciones en otros
ejercicios presupuestarios y que, posteriormente, sin solución de
continuidad, nos diga lo mismo que nos ha dicho siempre, porque
lógicamente habrá que concluir que el Grupo Parlamentario Popular hace
oídos sordos a la realidad económica del país y hace oídos sordos a las
dificultades presupuestarias presentes, porque todavía no se ha inventado
aparato alguno que sople y que chupe al mismo tiempo. Son ustedes
perfectamente libres para hacer cualquiera de las dos cosas, pero las dos
simultáneamente, señor Núñez, no. O ustedes atemperan sus posición o
vuelven a repetir lo que tradicionalmente vienen manifestando, pero estar
en la procesión y tocando las campanas, salvo a San Martín de Porres, que
tenía el don de la ubicuidad, a ningún mortal se le ha dado tamaña virtud
divina. De modo que S. S. ha realizado un discurso absolutamente
contradictorio: ninguna moderación en sus demandas, ninguna atemperación
en todas y cada una de las cuestiones que, como es lógico, acuden cada
año a los grupos parlamentarios. Algunos racionalmente decimos que no es
el momento de plantearlo; otros, a pesar de que piensen que no lo es, a
pesar de que digan que no lo es, luego llega la hora de la verdad y lo
plantean.

Por otra parte, yo creía que en esta legislatura nos íbamos a encontrar
con un Grupo Popular que iba a hacer realidad ese desiderátum de ser una
auténtica alternativa de Gobierno... (Rumores.) Yo escucho pacientemente
todo lo que dicen los Diputados del Grupo Popular, espero que tengan la
misma consideración conmigo. Señor Núñez, qué duda cabe que un Grupo que
pretende nada más y nada menos que gestionar los intereses generales de
la nación tiene que empezar a cambiar también su manera de enfocar estos
problemas. No puede ser el eco de toda la sociedad. Un partido político
que trata de liderar, en algún momento tiene que decirle a la sociedad



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lo que puede y lo que no puede hacer, pero no puede recibir acríticamente
todas las demandas de la sociedad. Al menos eso es, desde mi modesto
punto de vista, lo que diferencia a un partido que realmente cree ser
alternativa de Gobierno y que sabe que mañana sería demandado por esas
afirmaciones, de quien simplemente hace brindis al sol.

Además, como sabe S. S. que le tengo una profunda amistad y un cariño
auténtico de muchos años... (Risas. El señor Gimeno Marín: ¡No te pases!)
No me paso porque no me gustaría que al señor Núñez, cuando llegue el
momento de la verdad, cuando el Partido Popular llegue al Gobierno, le
dejen en la cuneta porque le hayan tenido simplemente como ariete contra
el Grupo Socialista, pero luego teman ponerle en sus manos cualquier
responsabilidad, recordando las promesas de sus años de oposición. Como
creo que usted sería posiblemente mejor Ministro de Trabajo que alguna
otra persona de su Grupo, por eso le digo que se cuide de los idus de
marzo.

Nos decía como argumento «ex novo» el señor Núñez que no debemos ser
renuentes a incrementar los gastos de la Seguridad Social en estos
presupuestos, puesto que aún estamos en la cola. Esa es una licencia
poética, señor Núñez. Tiene usted en el informe económico financiero un
importante capítulo de análisis comparativo de lo que son los países de
la Unión Europea en este momento en cuanto a gasto de protección social.

España no está a la cola, señor Núñez. No solamente no está a la cola en
cifras absolutas, sino que cuando se analizan los términos más relevantes
de la comparación, que es lo que se gasta en protección social con
arreglo a la riqueza relativa de cada una de las naciones, cuando se mide
auténticamente, cuando se pondera el conjunto de la población activa, de
la población ocupada, cuando se pondera realmente el esfuerzo que se hace
en protección social y se toma también en consideración la situación
relativa del país, se observa que España figura entre los países que
están de la mitad hacia arriba en la lista de los Doce. En ese caso, no
solamente en cifras absolutas, sino en cifras relativas, España pasa
notablemente cualquier análisis comparativo. Es más, cuando se analiza lo
que ha sido no la foto fija de esta situación, sino la dinámica de los
últimos diez años, por decirlo con una frase rotunda, se comprueba que
España ha recorrido en una década la mitad del camino que le separaba de
la media comunitaria. De modo que bastaría otra década más para que
España en este momento pudiera estar en los parámetros equivalentes a la
media comunitaria. De hecho, señor Núñez, si usted estudia con
detenimiento esa información anexa al presupuesto verá que, si no
recuerdo mal, debemos estar ya en un 22 y algo por ciento de gasto de
protección social sobre el producto interior bruto; pero son datos del
año 1992. En realidad, los datos homogéneos de la metodología Seepros es
de 1991, pero después han venido los presupuestos de 1992 y la
realización de los presupuestos de 1992; y los presupuestos de 1993 y la
liquidación de los presupuestos de 1993. Y si usted ve, como es fácil
observar, que en cada uno de estos ejercicios, desgraciadamente, la renta
nacional ha permanecido prácticamente estancada (el año pasado incluso
descendiendo), y los gastos de protección social incorporan más de un
punto del producto interior bruto, podemos estar ya, en términos
realistas, señor Núñez, muy cerquita de la media comunitaria. España
puede que esté en este momento ya por encima del 24 por ciento en gasto
de protección social, y la Comunidad debe estar rozando el 26 por ciento.

De modo que no solamente no estamos a la cola, no estamos a distancias
astronómicas, sino que estamos muy cerca y acercándonos a una velocidad
que tiene su cara, que es esta que yo doy aquí, en el sentido del gran
esfuerzo y del gran avance que ha tenido, pero también tiene su cruz, y,
sin duda, alguno de los compañeros de su Grupo Parlamentario, cuando
lleguemos a otros capítulos presupuestarios, pondrá la cruz. Lo que
ocurre es que (pasando a otra de las consideraciones que ha hecho S. S.),
cuando se hacen citas de autoridad, y usted ha hecho algunas esta mañana,
lo que no se puede hacer son citas de autoridad y de posiciones
sindicales en el debate de las pensiones, y citas de autoridad y de
posiciones empresariales o de institutos de estudio cuando lleguemos al
capítulo de la Deuda Pública o a otros capítulos del presupuesto. Sobre
las citas de autoridad, señor Núñez, volvemos a lo de antes: o ustedes
están en la procesión o están tocando las campanas, pero no pueden estar
en los dos sitios al mismo tiempo. Y como en esta misma mañana vamos a
hablar de la Deuda Pública, veremos lo que hacen algunos de los
compañeros que están en la primera fila de su Grupo. Se ve que a los de
las citas de autoridad suyas o a quienes citan a los sindicatos les ponen
en la última fila, y a quienes hacen las citas de autoridad de los
empresarios y de los institutos de estudio después les ponen en la
primera fila de la Comisión de Presupuestos. (Risas.)
La Ley 26/1985. Ha vuelto S. S. a hablar del recorte y de que ya dijeron
ustedes en el año 1985 que aquello recortaba las pensiones. La verdad,
señor Núñez, que, sin acudir a ninguna cita de autoridad, sino acudiendo
a quien ha estudiado desde el desapasionamiento de las cátedras
universitarias, de los seminarios, de los institutos de estudio (también
de los institutos de estudio), todo el mundo coincide en que aquella ley
ha hecho posible que la Seguridad Social no entrase en quiebra y que en
estos siete años hayamos podido no solamente cumplir con todos los
compromisos, sino mejorar sustancialmente los niveles de protección
social. Aquélla fue una ley verdaderamente modélica, y aquí está, en los
bancos socialistas, el Ministro que estaba en aquel momento (Dirigiéndose
al Diputado señor Almunia Amann.), y yo despedí aquel debate en el
Parlamento diciendo: ¡Vivan los Ministros valientes! Había que tener
mucha valentía para traer aquella ley, pero aquella ley, señor Núñez,
reconocido por todos, ha sido la que ha dado estabilidad y la que ha dado
el futuro que tuvo hasta estos años. Posiblemente ahora en este momento
tengamos que estudiar (y ustedes lo están demandando, por otra parte, en
otros debates) a fondo la viabilidad futura del sistema de pensiones; que
lo estudiemos a fondo, porque a lo mejor tenemos que producir reformas
(no recortes, señor



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Núñez) en el sistema de protección social, para que no nos ocurra lo que,
fíjese, les ocurre a los británicos; prensa de esta mañana: El Ministro
británico del Tesoro, señor Michael Portillo, ha dicho que Gran Bretaña
no garantiza pensiones a los menores de cuarenta años. Está en la prensa
de esta mañana. No quisiéramos los Diputados socialistas, no quisiera el
Gobierno socialista tener que llegar a lo que están llegando, señor
Núñez, sus colegas conservadores del Reino Unido de Gran Bretaña.

Nosotros sí queremos hacer... (El señor Burgos Gallego: Esto es
Hollywood.) No, esto no es Hollywood, ésta es la prensa económica de esta
mañana y éstas son declaraciones que ayer hizo el Ministro británico del
Tesoro, parece que sucesor de la señora Thatcher, en una entrevista en la
London Weekend Television; o sea, que no es ninguna película de miedo; es
lo que están viviendo los súbditos del Reino Unido con un gobierno
conservador. Nosotros queremos que los españoles no tengan esto. Por
tanto, hicimos la reforma de 1985, de la que estamos muy satisfechos, y
estamos, desde el punto de vista socialista, disponibles para hacer
cualquier reforma que dé viabilidad al sistema de pensiones público en
nuestro país, porque eso es lo que nos interesa.

Dejaremos lo de la cláusula de revisión, porque eso ha sido objeto de
consideraciones por parte de Izquierda Unida y, en vez de contestarle a
usted y que se dé por contestado el señor Peralta, lo haré en esta
ocasión al revés, para no molestar al señor Peralta.

La ley que reformó el sistema de Clases Pasivas no es una ley que cree
discriminaciones. Las discriminaciones, señor Núñez, se producen cuando,
en una ley, se trata de diferente forma a ese hipotético ciudadano o
ciudadana que usted nos ha dicho. La ley no establece ninguna
discriminación en su literatura. Ahora, que había un Estatuto de Clases
Pasivas del año 1924 que ha sido reformado y que los nuevos pensionistas
del nuevo sistema entran con otras consideraciones --de derechos y de
obligaciones, de ambos-- pues eso es natural en el decurso de cualquier
ordenación de la protección social y eso no produce ninguna
discriminación. Ya hemos tenido ocasión de ver --ayer hablaba usted del
Tribunal Constitucional-- recursos interpuestos por Diputados y Senadores
del Partido Popular, con esa teoría de la cristalización del ordenamiento
jurídico, en los que el Tribunal Constitucional ha señalado una amplísima
y sabia doctrina, diciendo que es absurdo el pretender que se fosilice,
que se cristalice el ordenamiento social y que, como es lógico, puede
haber leyes sucesivas en el tiempo que ordenen la protección social para
los nuevos beneficiarios, de diferente forma de la que lo fue para los
beneficiarios anteriores, y ni hay ningún elemento discriminatorio por
esa cuestión.

Habla usted, por último, del destope de las pensiones y lo que yo le
digo, señor Núñez --voy encadenando mis argumentos--, es que precisamente
esto sí que sería una discriminación. Señor Núñez, o destopamos todas las
pensiones o no destopamos ninguna. Esa es la posición del Grupo
Parlamentario Socialista: o las destopamos todas o no destopamos ninguna.

Y no me diga usted que todas, porque usted solamente ha traído la de un
colectivo a esta ley de Presupuestos, y acaba usted de decir que en este
momento sería absolutamente imposible producir un destope general de
pensiones, con criterios de justicia y con criterios de redistribución
interna del sistema. De modo, señor Núñez, que, sacando las conclusiones
de sus argumentos, si no le importa, vamos a votar en contra, para no
destopar en este momento ninguna.

Termino, señor Presidente, diciendo al señor Peralta que el argumento que
nos han presentado sobre palabras de ministros del Gobierno sobre la
cláusaula de revisión creo que está mal traído a colación. Yo no soy
testigo, ni creo que S. S. la pueda encontrar, ni en las hemerotecas ni
en ningún medio de comunicación, de ninguna afirmación en la que se
dijera que en esta ley de Presupuestos había una cláusula de revisión. El
Gobierno se ha referido siempre, al menos en lo que yo conozco, a la
posibilidad de que se incorpore una cláusula de revisión si resulta que
el pacto actual de rentas llega a buen puerto. Esa es la afirmación que
yo he oído y ésa es una afirmación que no está en contradicción, en
absoluto, con ninguna de las afirmaciones que yo he hecho, para que se
sepa con mayor claridad todavía cuál es nuestro pensamiento. Nuestro
pensamiento es que no es imprescindible que la cláusula de revisión esté
en esta ley. Bastaría un compromiso político y traerlo en la ley de
Presupuestos del 95 para que se diese virtualidad a cualquier hipotética
cláusula de revisión. Nuestra posición, por tanto, es que no es
imprescindible. Si quieren ustedes, podría estar en la literatura de la
ley, pero la ley de Presupuestos de 1994 termina su vigencia el 31 de
diciembre del 94, y difícilmente, señor Peralta, podría operar en el año
94 cuando, incluso, habrá que esperar al año 1995 para conocer la
evolución del IPC y la inflación del año 94. Por tanto, no es
imprescindible que esté en estos Presupuestos, bastaría un compromiso
político; exigiría, eso sí, que figurara en la ley de Presupuestos de
1995, si es que la cláusula de revisión tuviera que jugar porque hubiera
habido una desviación, para tener virtualidad.

Doy por reproducidos también los argumentos que utilicé en el primer
turno para contestar al señor González Lizondo.

Por último, en cuanto a las otras prestaciones, también aprovecharé, un
minuto solamente, para decirle al señor Peralta que, si me expresé mal,
lo rectifico en este momento. Las enmiendas de Izquierda Unida respecto a
esas otras prestaciones que no sufren un incremento del 3,5 por ciento,
desde mi punto de vista, tienen toda la lógica, pero el problema, señor
Peralta, es que usted no ha entrado a considerar el asunto medular de la
cuestión. No es que tenga o no tenga lógica; es que la Seguridad Social,
en este momento, no tiene recursos para poder producir esas
rectificaciones.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas. (El señor Núñez Pérez pide la
palabra.)
¿Señor Núñez?



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El señor NUÑEZ PEREZ: Para hacer unas aclaraciones sobre algunas dudas
del portavoz señor Cercas.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué tiempo necesita, señor Núñez?



El señor NUÑEZ PEREZ: Un minuto.




El señor PRESIDENTE: Dos minutos, señor Núñez. (Risas.)



El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Cercas, la primera parte de su segunda
intervención ha sido un auténtico sermón, con campanas, procesiones y no
sé cuántas cosas más. Le faltó a usted terminar...




El señor PRESIDENTE: Precise, precise, señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Para precisar, señor Presidente, tengo que ir al
tono y a las requisitorias del señor portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Nosotros no hemos hecho ninguna enmienda pidiendo porcentajes
espectaculares de subida de ninguna de las pensiones, de ninguna de las
situaciones o de ninguna de las prestaciones sociales, como nos saldría,
desde un planteamiento de justicia, hacer, justamente por atemperar este
debate a lo que las circunstancias de crisis, repito, debidas
fundamentalmente a la pésima política económica del Gobierno socialista,
nos hacen padecer y hacen padecer a las clases más desfavorecidas de la
sociedad. Repito: no hemos hecho ni una sola enmienda de porcentajes
espectaculares para dar respuesta a estas cosas --si eso no es atemperar,
que baje Dios y lo vea--, cosa que en otros Presupuestos o en otras
ocasiones sí hemos hecho. Hay una diferencia, señor Presidente, que
quería dejar muy clara.

Finalmente, por volver a lo del sermón, le faltó sólo terminarlo diciendo
que se pida la gracia que se desea alcanzar en esta novena, y en esta
novena, señor Cercas, lo que se desea alcanzar es que ustedes acepten las
enmiendas del Grupo Parlamentario nuestro y del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, que están muy puestas en razón, y las del señor González
Lizondo, para que se mejoren las prestaciones sociales y, en este
terreno, el título IV sufra las mejoras que necesita.




El señor PRESIDENTE: ¿Desea el señor Cercas un brevísimo turno?



El señor CERCAS ALONSO: No, señor Presidente, porque yo creo que el señor
Núñez me ha oído; lo que pasa es que no me entiende y repetirme sería
inútil. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Termina con esta intervención las correspondientes
al título IV.

Comenzamos las intervenciones sobre el título V y la Sección 6,
operaciones financieras y Deuda Pública. En primer lugar, para defender
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, señorías, vamos a realizar la
defensa de un bloque de enmiendas que se refieren, en primer lugar, al
título V y, en segundo lugar, a la Sección 6; es decir, vamos a defender
las enmiendas concernientes a las operaciones financieras de los
Presupuestos Generales del Estado para 1994, pasando a realizar, en
primer término, unas consideraciones de carácter general sobre la
importancia que tienen estas operaciones financieras a la hora de definir
el contenido de los presupuestos, porque lo que no podemos olvidar es que
el conjunto del título V es algo así como el cierre del presupuesto, de
cualquier presupuesto, y lo que es el cierre del año 1994, y es también
la resultante de los defectos y de las virtudes que tienen esos
presupuestos para el año 1994. A este respecto, conviene insistir en que
la importancia de la sección relativa a las operaciones financieras es
que en la misma se están resumiendo los problemas que tienen estos
presupuestos y se está también identificando lo que es el espíritu que
los anima. No cabe duda que también es verdad que las operaciones
financieras no son una mera resultante de las operaciones corrientes y de
las operaciones de capital de los presupuestos, sino que el recurso a las
propias operaciones financieras es una motivación más, es un recurso
adicional más de estos presupuestos que en ocasiones, como las que
estamos viviendo en estas circunstancias, lo que viene es a provocar
numerosos problemas, a ser fuente a su vez de inconvenientes. También
quiero resaltar, antes de entrar en la defensa exacta de las enmiendas,
que el conjunto de las operaciones financieras que se detallan en la Ley
de Presupuestos nos da una visión incompleta de lo que son las
operaciones financieras de la Administración central del Estado, porque
la cuenta financiera que podemos manejar es una cuenta referida en
concreto a la del subsector Estado. Por tanto, tenemos una información
limitada y una información que, en definitiva, no es coherente para
adquirir una visión de conjunto de lo que significa esta operación de
cierre, esta conclusión de los presupuestos de 1994.

Quiero recordar aquí la circunstancia de que en las comparecencias
previas al debate en Comisión de la Ley de Presupuestos de 1994, el
Secretario de Estado de Economía se ofreció a completarnos la información
relativa a la Deuda Pública, que yo mismo solicité en esa comparecencia,
y lo que tengo que lamentar es que el Gobierno no haya acompañado o
explicitado la información que en su día le solicité, y en concreto la
relativa a la evolución plurianual de la Deuda Pública en España, una
información que sí había expresado en unas hipótesis de trabajo
contenidas en la documentación que repartió a mediados de agosto a los
agentes sociales y que, posteriormente, no ha querido hacer oficial en
esta documentación de presupuestos, no enviándola a la Cámara, como en su
momento se le instó, además recogiendo la oferta que el propio Secretario
de Estado de Economía hizo en su día.




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Las operaciones financieras, tal como están contenidas en estos
presupuestos, vienen a ser --si me permiten una expresión un tanto
burda-- algo así como el desagüe del presupuesto, y eso es lo que hay que
intentar clarificar. O sea, hay que intentar evitar ya de una vez por
todas que esas operaciones sean esa resultante negativa, este descargar
otras operaciones que no son lo suficientemente visibles, no son lo
suficientemente claras en los respectivos contenidos, en los respectivos
capítulos de otros presupuestos. Lo que queríamos advertir y denunciar
literalmente es que lo que están haciendo esas operaciones financieras es
enmascarar el déficit público. Al utilizar determinadas operaciones
financieras lo que se hace es no contabilizar correctamente lo que son
partidas propias, partidas que, en definitiva, deberían estar conformando
el déficit público de nuestro país. Esa manera de evitar el déficit
público no tiene contenido económico, no tiene un resultado positivo
económico, porque, en definitiva, lo que estamos haciendo es elevando el
nivel de endeudamiento, en primer lugar, del Estado y, después, del
conjunto de las administraciones públicas. Pero no cabe duda de que
estamos ante una técnica de enmascaramiento del déficit público que hay
que tratar de evitar, y ése es el espíritu de varias de las enmiendas que
están aquí contenidas, tratar, de una vez por todas, de que hagamos
registros contables propios y llamemos déficit público a lo que es
déficit público, y endeudamiento público a lo que son estrictamente
operaciones financieras que vengan de las variaciones de activos
financieros o que procedan, por supuesto, de las necesidades de
financiación creadas por los saldos respectivos de las cuentas de renta y
de las cuentas de capital del Estado, de la Administración central y, en
definitiva, del conjunto de las administraciones públicas.

Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular al título V son
las comprendidas entre los números 339 y 356. Comenzando por la primera,
que es la 339, es una enmienda de supresión o de devolución del conjunto
del título al Gobierno para pedirle que introduzca límites y controles,
que son los que, en nuestra opinión, faltan y los que la apremiante
situación económica nos exige para que resulte una política
presupuestaria mejor controlada y más clara. Las razones últimas de esta
exigencia de supresión --y voy a extenderme algo más en explicar esa
razón, esa solicitud de mayor límite y mejor control por parte del
Gobierno de las operaciones financieras, porque eso justifica el resto de
las enmiendas que se presentan-- son, en primer lugar, la necesidad de
frenar el crecimiento de la Deuda Pública. Esta es una necesidad urgente
que existe en la economía española por dos razones básicas. En primer
lugar, para permitir que se produzca una bajada de tipos de interés que,
en nuestra opinión, no va a ser posible si se mantiene un nivel de
endeudamiento público como el que prevén estos presupuestos. Es decir, el
déficit público en España y su resultante, la Deuda Pública, no van a
permitir el descenso de los tipos de interés en España y, por tanto,
vamos a tener un obstáculo infranqueable para el crecimiento económico.

En segundo lugar, solicitamos este freno al crecimiento de la Deuda
Pública convencidos de que de esta manera lo que hacemos es evitar
déficit públicos del día de mañana, de los presupuestos venideros.

El señor Cercas ya se ha referido, creo que con bastante claridad, al
debate de la Deuda Pública anticipándose a nuestra prevención respecto
del crecimiento de la misma. Tenía toda la razón al temer este debate
porque sabe que donde se quiebran estos presupuestos es precisamente en
el capítulo de operaciones financieras; donde estos presupuestos se
convierten en un obstáculo infranqueable para superar la crisis económica
es precisamente en el capítulo de operaciones financieras, y donde estos
presupuestos impiden las prestaciones sociales es precisamente en el
capítulo de operaciones financieras; es decir, es en estas operaciones
financieras donde se encuentra la justificación para impedir el pago de
esas pensiones, de estas prestaciones de desempleo, de esa remuneración
de los funcionarios. Evitar que se produzca aquí el estrangulamiento de
las finanzas públicas es el espíritu que anima a nuestras enmiendas y, en
definitiva, el espíritu que anima a la corrección del significado
económico y de la entidad social que tienen estos presupuestos.

Además, pretendemos, como he anticipado hace un momento, acabar de una
vez por todas con lo que tiene de mala técnica presupuestaria la
presentación de las operaciones financieras en su formulación actual,
esto es, queremos sacar de estas operaciones financieras partidas, como
los préstamos a la Seguridad Social y al Insalud, que siguen apareciendo
aquí cuando éste no es su lugar natural. Es su lugar si se pretende
enmascarar la auténtica cuantía del déficit público, pero no es el lugar
para ubicar estos préstamos, y, por tanto, las solicitudes que se
contienen expresamente en nuestras enmiendas se refieren precisamente a
evitar la operación de camuflaje del déficit público, tan habitual en los
Gobiernos socialistas.

Junto a eso, lo que defendemos en la enmienda 409 --y ya lo hago
expresamente-- es la necesidad de contar con unos ingresos de
privatización mayores de los que se contienen en estos presupuestos de
1994 y que se contabilicen precisamente aquí, en operaciones financieras,
que es también su lugar normalizado contablemente, y no como ingresos
patrimoniales, como suele hacer el Gobierno socialista. La enmienda 409
no solamente va en esta dirección, sino que también pretende incorporar
un plan de privatizaciones más completo, que demandamos al Gobierno que
traiga a esta Cámara en el primer trimestre del año 1994, y en el que se
expliciten con toda claridad los objetivos y los contenidos de esa
privatización, inspirando este plan, en primer lugar, en los fines de
publicidad --al igual que hacen los países más desarrollados a la hora de
privatizar--, de eficiencia de determinados servicios públicos, de
determinadas empresas públicas, que son claves para el funcionamiento de
nuestro sistema productivo, y de dispersión del accionariado, que
entendemos que es una política necesaria para canalizar el ahorro de
cientos de miles o incluso de millones de españoles hacia esa
privatización.




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Dentro de estas referencias que ya he aprovechado para introducir la
defensa de la enmienda número 409, también planteamos el problema de la
sostenibilidad de la Deuda Pública que está detrás de este gran armazón
de Deuda Pública que hemos creado y que está llevando a que,
precisamente, en los presupuestos del año 1994, la partida de mayor
aumento sea la de los gastos financieros, y hablamos de partida de mayor
aumento a gran distancia de las demás partidas, hasta el punto de que
cuando el Gobierno pretende que el total de gastos no financieros de la
Administración central del Estado crezcan cero, el gasto financiero se
incrementa más del 23 por ciento sobre las previsiones de liquidación del
año 1993. Esto nos está revelando que tenemos un problema muy grave de
sostenibilidad de la Deuda Pública, un problema que ha hecho que la Deuda
Pública, en sus condiciones actuales, sea insoportable para la economía
española y, por supuesto, para el presupuesto público. Obviamente, ello
nos aleja de la convergencia europea, no hablemos ya del famoso déficit
del 60 por ciento establecido en el Tratado de la Unión Europea, que es
un déficit que se va a superar con holgura el año que viene, además de
reducir el margen de las políticas presupuestarias, por las razones que
he comentado anteriormente.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular también suponen una apuesta
decidida por una mayor información en todo lo que es el cambio de la
financiación del sector público, lo que es la nueva estructura financiera
del Estado. Hablamos de una mayor información sobre la evolución de la
Deuda Pública, sobre las cuentas del Tesoro, sobre avales, sobre las
funciones del ICO, sobre los créditos FAD y, además, a través de una
enmienda también lo que hacemos es afectar la Deuda Pública al capítulo
de inversiones, exigir que efectivamente la Deuda Pública se llegue a
convertir en Deuda Pública autoliquidable debido a la rentabilidad que
produciría su aplicación.

Las consideraciones que he hecho creo que evitan entrar en el detalle de
cada una de estas enmiendas. En la 340, relativa al endeudamiento neto,
pedimos una bajada del mismo en 500.000 millones de pesetas de límite,
que entendemos perfectamente factible, coherente con la estructura del
presupuesto y con el ingreso debido a las privatizaciones. Seguimos
limitando la capacidad de crecimiento de la Deuda Pública en la enmienda
número 341. Queremos evitar los límites de emisión de Deuda en la
enmienda 342 y, asimismo, deseamos limitar el endeudamiento de los
organismos autónomos y entes públicos en la enmienda número 343. Nos
oponemos a la asunción de deudas del INI en la enmienda número 344 y de
Radiotelevisión Española en la enmienda número 345, por entender que los
procedimientos de asunción de deuda son una mala técnica presupuestaria,
es una mala acción financiera quedarse con las deudas de otros organismos
autónomos, porque es una forma de garantizar mayor deuda en el futuro,
aparte de aumetar los gastos financieros del Estado de manera inmediata.

Esta asunción de deudas hecha en circunstancias de freno de los salarios
de los funcionarios, de freno de las pensiones y de recorte de las
prestaciones de desempleo es un contraste, es decir, cómo circulan por
esta cuenta financiera obligaciones que después van a originar deudas el
día de mañana. Asimismo, recabamos una mayor información sobre la
evolución de la Deuda Pública en la enmienda número 346. Exigimos una
afectación de los recursos de la Deuda Pública e inversiones en la
enmienda 347. Recabamos también mayor información sobre las cuentas de
operaciones del Tesoro en la enmienda 348, y en la enmienda número 349
solicitamos mayor información relativa también a esas aperturas de
cuentas del Tesoro que van a tener más importancia una vez cegado y,
además nos felicitamos de que se ciegue, el recurso al Banco de España
como forma de financiación del déficit público.

Dicho esto, paso a defender otro bloque de enmiendas, las numeradas del
425 al 427, dentro de la Sección 06, que afectan al anexo II, en las que
solicitamos, en definitiva, la supresión de determinados créditos
ampliables. ¿Por qué pedimos la supresión de estos créditos ampliables,
que es como sintetizaríamos el espíritu de estas enmiendas? La pedimos
porque en unas circunstancias como las que estamos viviendo, de necesidad
apremiante de contener el crecimiento del gasto público, el recurso al
crédito ampliable se ha convertido en un mal recurso. Ha habido un abuso
en la utilización de estos créditos ampliables (por ejemplo, las cifras
relativas al año 1993 nos van a empujar a unas ampliaciones de crédito
superiores a 500.000 millones de pesetas), con lo que esta forma de hacer
crecer el gasto público se está convirtiendo, en definitiva, en una forma
de eludir lo que podemos llamar la exigencia del control riguroso que
debe existir en materia de gasto público. Por eso, con este bloque de
enmiendas pretendemos cegar esta puerta. Desde luego, nos gustaría ver
que son bien recibidas, incluso ampliadas en lo que supone pasar de
utilizar esta fórmula del crédito ampliable a otorgar una mayor
preponderancia a los créditos extraordinarios o suplementos de crédito,
puesto que implican un mayor control del Parlamento y de esta manera
evitaríamos crecimientos indeseables de gasto público.

Las enmiendas 428 y 429, que afectan a los anexos III y IV, vienen a
demandar más información; por tanto, se inscriben en nuestra exigencia de
mayor control por parte del Parlamento, lo que también decía que es una
absoluta necesidad para poder reconducir estos presupuestos hacia la
recuperación de la credibilidad de la política presupuestaria.

Finalmente, la enmienda 430 es de supresión, coherente con la que hemos
presentado de la no asunción de la deuda del INI. Es una enmienda
técnica, si se aceptara la que pedía la supresión de la deuda del INI.

En definitiva, lo que pretendemos con este bloque de enmiendas se
desprende claramente de mis palabras, de la defensa que he hecho, y es
conseguir el objetivo de contribuir a que la política presupuestaria
recupere credibilidad. Esto es básico. La recuperación de la credibilidad
es elemental para que los presupuestos del Estado se conviertan, de
verdad, en un instrumento para luchar



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contra la crisis económica. Con la aceptación de estas enmiendas vamos a
tener un primer test de la disposición del Gobierno a modificar sus
planteamientos de política económica y de esta manera contribuir
activamente a modificar lo que ha sido el error de la política
presupuestaria, consistente en dejar demasiadas puertas abiertas por
donde se ha escapado el control del gasto público, redundando en un mayor
déficit y, en definitiva, en unas abultadas operaciones financieras, que
son las que pretendemos evitar, taponar con el conjunto de enmiendas que
he resumido .




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: A este título V, el Grupo Mixto, Unión
Valenciana, tiene presentadas tres enmiendas. La número 121, relativa al
incremento de deuda pública, artículo cuarenta y seis, es de
modificación. Proponemos que se autorice al Gobierno a incrementar la
Deuda del Estado con una limitación, que el saldo vivo de la misma no
supere en más de un 3,5 por ciento al correspondiente saldo al 1 de enero
de 1994. Está claro que, en el momento actual, únicamente satisfacemos en
la convergencia del Tratado de Maastricht una sola condición, y para
poder mantenerla es necesario limitar la emisión de deuda pública. Dado
que el equipo de Gobierno, sobre todo el Partido Socialista, visita y
tiene tanto cariño a la casa común europea, que todos compartimos, pero
ellos con mucha más inquietud, entiendo que esta enmienda puede y debe
ser aprobada puesto que en caso de eliminar esta condición, que es la
única que cumplimos actualmente, no sé si ni siquiera tendremos
posibilidad de reengancharnos en el furgón de cola.

La enmienda 122, al artículo cuarenta y ocho, se refiere a la supresión
de la asunción por el Estado de la deuda del Instituto Nacional de
Industria. Creemos que no podemos mantener «in illo tempore» esta
asunción porque está llevando al propio Estado casi a una quiebra como en
la que se encuentra actualmente.

Por último, la enmienda 123 pretende la supresión de la asunción por el
Estado de la deuda del Ente Público Radiotelevisión Española, ya que en
una situación como la actual no pueden mantenerse eternamente
subvenciones a empresas públicas y mucho menos de la categoría y de la
manera en que se está haciendo con Radiotelevisión Española. De ahí que
entendamos necesario la supresión de esta asunción por el Estado de esta
deuda.

Las enmiendas que hemos presentado son sencillas. Entiendo que pueden y
debían ser admitidas puesto que única y exclusivamente redundan en un
mejor beneficio y una mejor salud dentro de la parte económica que
corresponde al Estado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar exponer los argumentos para
defender las tres enmiendas que nos quedan vivas y comentar una que no
nos queda viva porque ha sido vetada por el propio Gobierno, y no desde
una óptica de ortodoxia. Aquí hay quien utiliza excesivos elementos
ortodoxos a la hora de hablar de la Deuda; nosotros somos más
heterodoxos. La capacidad del Gobierno para moverse, para hacer políticas
activas, debe ir unida a las decisiones que toma. Por este motivo,
nosotros no sacralizamos el volumen de deuda, aun reconociendo que existe
una deuda altísima que alcanza ya los 4,5 billones y que posiblemente
superemos el marco que Maastricht nos daba del 60 por cien de la deuda
pública. Digo posiblemente porque el Secretario de Estado habló aquí de
un porcentaje del 59,7 por ciento al final del ejercicio, suponiendo que
nuestro producto interior bruto creciera el 1,3 que se anunciaba. En todo
caso, nuestras enmiendas van dirigidas a aceptar la propuesta que hace el
Gobierno de la autorización del incremento del volumen de la deuda en el
artículo cuarenta y seis, pero pretendemos introducir una precisión en
cuanto a la distribución de esos recursos y, por tanto, proponemos los
programas a los que haría referencia el recurso a la deuda. Nosotros
proponemos una distribución para inversión tanto en los programas de la
sección inversora, como es la de obras públicas, como en todas las demás.

Para nosotros la especificación de programas es importante, refiriendo el
recurso a la deuda a políticas concretas. Nosotros aceptaríamos que se
facilitara al Gobierno este recurso siempre y cuando fuera a unas
políticas concretas, porque la mayor crítica que se le puede hacer a este
Gobierno, además del volumen de deuda que tiene, es en qué se lo ha
gastado. Es en este punto en el que nosotros no compartimos las
prioridades que el Gobierno ha dado a la hora de hacer frente a la acción
del propio Gobierno.

La enmienda 1.303 va dirigida a una introducción fruto también del
Tratado de la Unión. Propone incorporar a estos presupuestos que el Banco
de España no autorice descubiertos o sea utilizado como un recurso por
parte de la acción pública. Nosotros creemos que no están bastante
analizados los efectos que puede tener. El Gobierno para unas cosas
traspone rápidamente los recursos que le da el Tratado de la Unión y
otros recursos u otras especificaciones del Tratado de la Unión no las
traspone a la hora de elaborar los presupuestos. Por tanto, proponemos
suprimir el número 3 del artículo cincuenta y uno que hace referencia a
ese proceso de utilización del Banco de España, que no tendría relación
con las políticas que el Gobierno estuviese marcando.

La enmienda 1.304 también es histórica en esta Cámara, aunque no lo es
este Diputado que les habla. Hace referencia a los recursos que España
pueda aportar, los 80.000 millones que el Gobierno propone destinar al
Fondo de Ayuda al Desarrollo. Nosotros proponemos que quede excluida de
ese Fondo de Ayuda al Desarrollo la adquisición de material bélico o
susceptible de uso militar. Creemos que nosotros no debemos participar,
no debemos colaborar en esa actuación. Es verdad que teníamos otra
enmienda, vetada por el Gobierno, en la que



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proponíamos que el Gobierno elevara a 0,5 por ciento del PIB los recursos
que destina al desarrollo (proponíamos elevar a 145.000 millones de
pesetas los 80.000 que propone el Gobierno), pero no va a ser posible su
votación puesto que no ha tenido a bien ni que pudiéramos debatir,
argumentar y terminar votando en la Cámara esta precisión; precisión que,
por cierto, puede ir suficientemente financiada con otras enmiendas que
hemos planteado. Esta demanda está en la calle solicitada por sectores
sociales muy comprometidos en el desarrollo de la solidaridad y del
Tercer Mundo, y están planteándose desde la propia calle acciones de
reivindicación y de presión hacia las distintas administraciones, no
solamente a la central sino a todas y cada una de ellas. En todo caso, la
doy como argumento, aunque lógicamente no va a poder ser votada en el
momento procesal oportuno.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Pérez González.




El señor PEREZ GONZALEZ: Los intervinientes han sido bastante rápidos y
parece que este título puede estar en la línea de lo que decía el señor
González Lizondo de ganar el premio a la austeridad en la elocuencia
parlamentaria.

He escuchado atentamente a los intervinientes. Me ha causado una cierta
sorpresa relativamente agradable escuchar al señor Montoro. He leído a
otros profesores que han estudiado muy en profundidad los presupuestos y
son muy críticos con ellos. En este capítulo hacen una crítica a toda la
política económica del Gobierno, se extienden en la cuestión, tratan de
lo divino y de lo humano y concluyen demonizando sobre todo el gasto
social de las políticas socialistas desde 1982, atribuyendo a ese gasto
social excesivo el volumen de deuda existente y la dificultad de su
financiación. Por fortuna el señor Montoro no ha ido tan lejos, se ha
circunscrito al título y a la sección, lo cual es de agradecer porque
facilita las cosas; y no vamos a reproducir aquí debates de Pleno ni
debates que están en la sociedad sobre cuestiones que no son propias de
esta discusión.

Yendo a sus consideraciones y siguiendo el orden con el que ha expuesto
sus enmiendas, le parece que el resultado del presupuesto debe ser el de
un cuadre o un cierre. Comparto esta consideración. Naturalmente el
Gobierno, a la hora de hacer el presupuesto, ajusta muy bien los gastos
necesarios. Hemos visto que los ingresos se llevan al máximo y se
definen, desde el punto de vista del Ministro y del Gobierno, como
ingresos de consolidación fiscal, tratando de no presionar más que en
años anteriores, incluso rebaja en algunas figuras impositivas; por el
lado de los ingresos, los únicos aumentos vienen dados por el alcohol y
el tabajo por disposiciones comunitarias. Por tanto, son rigurosos en el
ingreso y en el gasto. Por desgracia, como el gasto es excedentario al
ingreso en un volumen importante, de ahí que el volumen de cierre sea
este capítulo de la deuda pública.

Considera tambien que la información que se ofrece en los presupuestos es
limitada, puesto que sólo se están dando cifras referidas a las
administraciones centrales o al sector Estado. En parte comparto esta
apreciación. A mí me gustaría disponer, a cierre de los ejercicios, del
gasto y de los volúmenes de déficit y de deuda de las comunidades
autónomas y ayuntamientos. Pertenezco a la Comisión del Tribunal de
Cuentas y uno de los mayores esfuerzos del Tribunal se dirige a conseguir
que estas entidades o instituciones entreguen sus cuentas al mismo tiempo
que el Estado, que es el que antes las entrega, porque así dispondríamos
de una información completa de todas las administraciones públicas. Por
tanto, en buena medida no es atribuible al Estado, que sí presenta un
volumen de información como nadie respecto del gasto, del ingreso y de
estos capítulos, por lo que no comparto, en absoluto, que se esté
enmascarando el déficit público. Por fortuna, la cantidad de trámites y
cuatelas a los que el Gobierno y todos los que manejan los presupuestos
tienen que hacer frente les lleva, primero, a tener que manejar
diferentes contabilidades, como bien escuchábamos a la Interventora
General del Estado; contabilidades que son útiles según se quiera un
estudio sobre una parcela u otra. Posteriormente tienen que pasar, como
es preceptivo, el trámite del Tribunal de Cuentas. Incluso hay un tercer
trámite, que a mí me parece muy de resaltar, y es que las Comunidades
Europeas, en cierta forma, para poder valorar los déficit y las deudas de
los diferentes países y que cumplan las condiciones de Maastricht obligan
a una cierta homogeneidad. Por tanto, cuando computan y valoran los
déficit españoles es que están dentro de la normativa, y yo me atrevería
a decir que por encima y por delante de la normativa.

En lo que se refiere al articulado, me parece que en la enmienda limitan
a 500.000 millones el volumen de endeudamiento admitido y argumentan que
hay otras partidas donde se podía obtener esta minoración de deuda,
concretamente de las privatizaciones. Este es un capítulo muy complejo. A
mí me parece que en esto de las privatizaciones existe mucho
voluntarismo, que es como un cajón de sastre para poder reducir el
volumen de la deuda en este caso, o simplemente para tratar de cumplir su
programa electoral, uno de cuyos apartados centrales son las
privatizaciones. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la
presidencia.) Le recuerdo al señor Montoro que no es nada despreciable el
volumen de ingresos patrimoniales que bien se derivan del Banco de
España, bien de empresas públicas --véase Repsol-- parcialmente
privatizadas. En diferentes comparecencias nos han hablado de
privatizaciones en curso que no perderían el control. Por tanto, desde
nuestra óptica, las privatizaciones parciales que ayuden a traer más
ingresos a las arcas del Estado, bienvenidas sean. Las privatizaciones,
en un sentido neoliberal conservador, que pretendan poner en el sector
privado las empresas más rentables del sector público, a corto plazo
pueden resolver un problema, pero a largo plazo dejarían de representar
una fuente de ingresos considerable como la que están representando estas
empresas públicas rentables. A título de ejemplo diré que las cuatro
empresas de control público mayoritario, Endesa, Repsol, Tabacalera y
Argentaria, cotizan en la



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Deuda. Parece que los inversores particulares, que son muy cautos con su
dinero, no tienen ningún inconveniente, sino todo lo contrario, en
demandar esos valores, ofrecen rentabilidades y concluyen aportando a las
arcas del Tesoro unos volúmenes muy importantes de financiación que el
Estado aplica con el criterio de unidad de Caja, porque --y con esto
respondo a otros intervinientes-- somos por completo contrarios a romper
el principio de unidad de Caja y tratar de afectar ingresos en
determinado sentido. No nos parece conveniente afectar ingresos a la
disminución de Deuda en el sentido estricto, o, como se dice en otro
momento, a inversiones --también lo decía el representante del Grupo de
Izquierda Unida--, a la vez que no compartimos ese sentido restrictivo en
el criterio de inversión, que es un criterio de clasificación contable.

El
Ministro señor Borrell hacía una defensa encendida de su Departamento
--en estos momentos el más inversor de todos-- y decía que en virtud de
qué no es una inversión el gasto en universidades o el gasto en formación
de capital humano de millones de españoles, por estas vías
presupuestarias, o el gasto corriente en la Sanidad que permite mantener
unos hospitales y que puede ser incluso más importante que la
construcción de nuevos.

Por tanto, ni compartiendo ese criterio restrictivo sobre la denominación
y el concepto de las inversiones, ni rompiendo el criterio de unidad de
Caja que pretende afectar, estaría de acuerdo con el señor Montoro y
otros intervinientes.

Respecto a otro volumen importante de enmiendas, como es el de petición
de información, voy a dar buenas noticias al señor Montoro. Vamos a
aceptar dos enmiendas. Vamos a aceptar literalmente la enmienda 428 al
anexo III. Nosotros estamos de acuerdo en facilitar que el Congreso
controle suficientemente al Gobierno en este capítulo. Admitimos, por
tanto, literalmente la enmienda de adición que dice: «Trimestralmente los
organismos a los que se refiere el anexo III presentarán un informe a las
Cortes Generales dando cuenta de la utilización de la autorización que en
él se contiene.»
Vamos a ofrecer una transacción a la enmienda 349 del Grupo Popular, ya
que estamos de acuerdo con su contenido pero está incompleta. El texto
sería el siguiente: El Gobierno comunicará trimestralmente al Congreso de
los Diputados y al Senado el número de cuentas abiertas por el Tesoro en
el Banco de España o en otras entidades financieras, así como los
importes y la evolución de los saldos. No le pongo el cifrado todavía
porque no me parece oportuno que esta enmienda figure en la Ley General
Presupuestaria, que es lo que se enmienda en este artículo. Por tanto,
quizá la Mesa y los servicios jurídicos puedan darme la numeración como
un artículo bis pero que no lleve a la Ley General Presupuestaria esta
disposición.

Respecto a las enmiendas de petición de información, sigo compartiendo el
espíritu, pero creo que están suficientemente recogidas en este título,
pues en él queda claro que el Gobierno facilita información al Congreso,
haciéndolo con regularidad, incluso hay abiertas otras vías de
comparecencias semestrales, de petición de información vía preguntas
escritas, orales, interpelaciones, etcétera. Yo critico que el volumen de
papel como consecuencia de las peticiones del Congreso sea inmanejable, y
así lo hemos visto en la Ponencia. Si somos capaces de concretar qué
empresas del FAC queremos que nos den información y en qué plazos, se
puede tramitar perfectamente con los procedimientos existentes, sin
necesidad de hacer reiteradas y nuevas peticiones que llevan a trabajos
suplementarios a estos departamentos, porque en algunos casos la
respuesta de estos departamentos a estas peticiones es que exceden con
mucho sus posibilidades. Por tanto, con ese espíritu de apertura
aceptamos estas dos enmiendas de petición de información. Siento no poder
atender las otras, aunque creo que en los cinco artículos sobre los 20
que componen el título ya queda reflejado bastante elocuentemente el
volumen de información que se suministra.

Respecto a otra de las enmiendas de Izquierda-Unida, no estaría tan de
acuerdo en que cumplamos este año la requisitoria de Maastricht de
incrementar el saldo deudor con el Banco de España. Aquí quiero enfatizar
el grado de eficacia mostrado por el Tesoro español que, anteponiéndose a
esta eventualidad, ha conseguido ya en 1993 una línea de crédito en
moneda extranjera. Precisamente una de las peticiones de información que
hemos admitido se refieren a qué bancos y en qué cuantía. Por otro lado,
anticipándose a posibles problemas de liquidez de tesorería, dispone en
estos momentos de un excedente acreedor sobre ese saldo deudor en el
Banco de España como nunca se había conocido. Como la eficacia del Tesoro
no se suele resaltar, a mí sí me gusta que quede de manifiesto en este
trámite.

Respecto a la supresión de créditos ampliables quiero mostrar mi completa
disconformidad. Este es un recurso que no se utiliza a discreción; se
utiliza con dolor cuando es necesario, cuando los derechos sociales
subjetivos lo sugieren y hay que definir por ley qué son créditos
ampliables. En el caso de las empresas o entes públicos se utiliza al
mínimo y para casos muy justificados como los que figuran en el anexo.

Por tanto, mi discrepancia en este punto con el señor Montoro.

Respecto de la supresión de avales al INI o a Radiotelevisión Española,
quiero manifestar también mi disconformidad porque desde la exposición
que yo he hecho de la empresa pública el INI es, precisamente, un sector
bien delimitado, es el sector con pérdidas. Recientemente separamos Teneo
del INI, un sector rentable que no recibe aportaciones de los
presupuestos. Se separó el INH en su día, que está teniendo beneficios.

No reitero la situación de otras empresas públicas que cotizan en Bolsa y
que tienen unos beneficios bastante considerables. Y precisamente cuando
en el Congreso se ha debatido sobre el sector minero o el sector
siderúrgico, todos los grupos han enfatizado que, por Dios, no se dejara
caer estos sectores porque caerían regiones como Asturias y el País
Vasco. Verdaderamente en estos debates el Grupo Socialista, como vimos
anteriormente en el título IV, estuvo sobrepasado por la izquierda al
decir que lo que están pidiendo desde las cuencas mineras en
manifestación es



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imprescindible y el Gobierno socialista debe ser sensible. Esto es lo que
figura en el INI o en las manifestaciones de Asturias y el País Vasco
cuando se defiende el sector siderúrgico con uñas y dientes. Las críticas
desde el Grupo Popular son: Mejoren ustedes la gestión. Pero cuando se
les pregunta qué partes de la gestión solamente hablan del cajón de
sastre de la retribución de los altos cargos. Parece como si sólo desde
la limitación de las retribuciones de los altos cargos, sea en el
capítulo I de los presupuestos o en el de empresas públicas, es posible
subvenir a las necesidades crecientes de financiación y de créditos de
que se dotan estos capítulos. Por tanto, me gustaría mucho que el INI no
recibiera en este momento estos beneficios presupuestarios, pero son
imprescindibles y estamos presionados no sólo desde la calle sino desde
el Grupo Popular. Me gustaría también que el Grupo Popular tuviera muy en
cuenta las palabras del señor Montoro cuando se tocan los temas de la
minería o de la siderurgia y echara una mano en la coherencia. No
necesitamos otras manos que no sean las de la coherencia de la oposición.

Creo que con esto he respondido globalmente a las enmiendas del señor
Montoro.

Paso a responder a las enmiendas del señor González Lizondo. Respecto al
incremento de la Deuda pública el 3,5 por ciento, aplica mecánicamente
una cantidad. No se hacen así los presupuestos. Unos gastos crecen más
del 3,5 y otros menos. Ya he citado el capítulo I. La Deuda pública es el
resultante que tiene que cuadrar ingresos y gastos. Por tanto, no es el
3,5; es la cantidad que sea. No vamos a entrar nunca a cuadrar el
presupuesto mecánicamente o a hacerlo en todas sus partidas con un
crecimiento del 3,5, que sería lo que daría satisfacción al señor
González Lizondo.

Suprimir la Deuda al INI me gustaría, pero no es posible. Estoy seguro de
que sus electores del País Valenciano, si se aplicaran esas medidas de
austeridad que conllevarían la supresión de la deuda del INI, bramarían
diciéndole: No puede ser, se cae Valencia y se caen las empresas
auxiliares que dan trabajo a cuatro veces más de lo que da el INI; no
sean ustedes tan brutos, aprendan de otros países como Francia, donde una
política de ajuste en una empresa pública como Air France, y con un
Gobierno conservador, no ha podido hacer frente a sus pretensiones
iniciales y a mitad de camino ha tenido que retroceder y decir que quizá
más adelante se pueda llevar a término esta política de ajuste un poco
más duro, que es la que les gusta pero que las condiciones sociales no
permiten, y que a las mentes preclaras conservadoras les lleva a
rectificar y retroceder, y no parece que sea con mucho desdoro.

Respecto a Radiotelevisión Española también han presentado enmiendas. Me
gustaría que no tuviéramos que estar haciendo frente a estas necesidades
de financiación de Televisión. Apoyamos todos entusiásticamente que en
España hubiera televisiones privadas, que hubiera un régimen de
competencia, y queremos que Televisión esté a lo bueno y no a lo malo.

Naturalmente, en el sector privado de las televisiones, estamos viendo
cómo ampliaciones de capital, año tras año, de un volumen muy importante,
les permiten obtener recursos para competir con Televisión Española y, si
sumáramos las ampliaciones de capital emitidas por estas cadenas,
veríamos que eran más elevadas que las de Televisión. Ponemos el grito en
el cielo porque Televisión necesita esto. Hay un contrato-programa (como
no tienen, dicho sea de paso, las televisiones privadas, que actúan
bastante más al azar) y en los compromisos de equilibrar su cuenta de
resultados es donde se inserta esta aportación a Televisión Española.

En cuanto a las enmiendas del señor Ríos, la heterodoxia en el déficit no
es compartida por el Grupo Socialista. Tenemos que actuar al límite. No
es nada grato tener que subir la deuda, es una necesidad imprescindible.

No queremos gravar a generaciones futuras más de lo que sea necesario;
creemos que se les puede dejar a la vez un buen sistema de bienestar
social, para lo que es España. Y recuerdo en este caso que no existe una
relación estrecha entre deuda pública y bienestar social; en la década de
los 70, en que en España no había deuda pública y los presupuestos eran
equilibrados, el Estado del bienestar social era mínimo o era cero. Como
ya se ha puesto de manifiesto en los debates anteriores, creo que cuando
se consoliden todos los créditos extraordinarios de 1995, que han venido
más deprisa de lo que hubiera sido deseable, estaremos ya muy cerca de la
media (si no en el 25 por ciento, quizá a un punto de ese 25 por ciento)
y habremos recorrido mucho más deprisa este acercamiento, en buena parte
porque el reconocimiento de los derechos subjetivos sociales lleva a
tener que pagar, en los capítulos sociales de los presupuestos, esos
compromisos y, aunque nadie quiere modificar las leyes, porque
inmediatamente sale el término maldito del recorte, en algunos casos ha
habido que modificarlas para reformar derechos y actualizar prestaciones,
y se ha visto con posterioridad que han sido los sistemas preferidos por
los ciudadanos cuando pueden optar.

Pero, en fin, recurso a la deuda, después de reflexionar, de meditar, y
si es verdaderamente imprescindible.

Afectación a las obras públicas. Ya en este presupuesto si hay algo que
no se rebaja son las obras públicas. Concretamente, el presupuesto en
carreteras, la contratación en firme, y la licitación de autovías en 1993
se han llevado a cabo por completo. En 1994, hay unas previsiones
crecientes. El Ministerio más inversor, que es el de Obras Públicas,
tiene un crecimiento estimable en todos sus capítulos; por fortuna,
también los mecanismos europeos, donde el saldo financiero favorable a
España se ejecuta casi en su totalidad, porque así está aceptado por la
Comunidad Europea. Aquí sí opera la afectación y el destino de los fondos
que envían desde la Comunidad a inversiones, y yo estoy muy de acuerdo
con eso. Por tanto, entre la suma de ingresos provenientes de obras
públicas, más la suma de los ingresos comunitarios, no es la inversión lo
que sufre ninguna minusvaloración.

De los descubiertos al Banco de España, el señor Ríos opinaba que son
criterios demasiado restrictivos. Aquí se ha argumentado muchas veces, no
sé si con un sentido estricto, que la apelación excesiva producía un



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descontrol de la inflación y, consecuentemente, una elevación de los
tipos de interés para tratar de hacerlo. Yo participo más del espíritu
europeísta, que da pasos en el sentido de conseguir la Unión Monetaria.

Es un paso importante. Serán muchos los beneficios que redunden en
nuestro país de estar integrados en la Unión Monetaria y bienvenida sea
esta cláusula, si eso sirve para que España avance en esta dirección.

Respecto a las enmiendas al FAD, en material bélico, tengo que
desmentirle rotundamente que los créditos se estén empleando para apoyar
cualquier tipo de inversión o para trasladar material bélico. El Grupo
Socialista y todos los demás aprobaron en 1989 una proposición de ley,
muy tajante y muy exhaustiva, que prohibía que cualquier fleco, no ya
cualquier crédito, del FAD pudiera destinarse a material bélico. Así se
está haciendo y el Grupo Socialista velará muy de cerca para que continúe
en esta dirección.

Por lo que se refiere al 0,7 del FAD, ha habido manifestaciones de
pacifistas, en Madrid y en otras provincias, espíritu que yo comparto
porque los manifestantes parecen creer que España ya no es un país que
estaba en el tercer mundo, que tiene un nivel de desarrollo, quizá no muy
elevado, pero que permite atender con el 0,7 por ciento a los países en
vías de desarrollo o, incluso, a países muy pobres. La disposición del
Gobierno y del Grupo es incrementar continuamente esta partida. También
quiero decirle que no sólo desde los créditos FAD se llega al 0,7 del PIB
en ayuda al desarrollo, sino que los programas de cooperación de
diferentes ministerios, sea Trabajo, sea Exteriores, también aportan
fondos. Una tercera vía, supraespañola, son las instituciones
comunitarias, donde son importantes los programas de ayuda al desarrollo
y donde España participa, como se dice, en su cuota-parte.

Con esto espero, de forma genérica y no muy pormenorizada, haber dado
satisfacción a los portavoces que me interpelaron.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Voy a hacer una advertencia a los
intervinientes a partir de ahora, es decir, a quienes han de replicar y
duplicar. Como llevamos unas horas de retraso en este trámite --esto se
tenía que haber visto ayer entre ocho y nueve de la noche,
aproximadamente, y es ya la una menos cuarto del día siguiente--, les
ruego que se atengan a un plazo máximo de tres minutos en la réplica y,
en su caso, en la contestación a esa réplica, ya que esta Mesa estima que
se han dado argumentos suficientes por ambas partes y quizá de lo que se
trata, simplemente, es de puntualizar algunos aspectos.

Agradeciendo de antemano este rigor, que yo espero que SS. SS. tendrán,
doy la palabra al señor Montoro, por el Grupo Popular, para la réplica
correspondiente.




El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, señorías, hablemos de demonios
porque, tanto el señor Pérez como el señor Cercas, parecían temer que mi
intervención tuviera una carga de profundidad contra todo el
planteamiento de los presupuestos. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) El auténtico demonio de estos presupuestos está en el
déficit público y en la deuda pública, y tienen razón los críticos, los
profesores universitarios, a los que usted citaba. Me alegro de que
reconozca que tiene a la academia en contra, tiene a la academia
denunciándole el carácter de estos presupuestos que, estando
fundamentalmente desequilibrados y, por tanto, provocando un incremento
de deuda pública tan grande como el que contienen y que, posiblemente, se
supere en la realidad, lo que hacen es incrementar, a su vez, la lista de
damnificados. Son unos presupuestos cuyo esfuerzo es el recorte de
prestaciones sociales, motivado por la importancia de ese déficit público
y de la deuda pública, ambos en alzas. Por eso decía que el demonio es el
déficit público y la deuda pública, algo que no resuelven estos
presupuestos. Desde esa idea, tengo que agradecerle que acepte una
enmienda --valoraremos la transaccional a la 349 cuando hayamos conocido
su texto--, pero lo importante es que es poco. Evidentemente, estamos
ante una estrategia, un guiño del Gobierno para decirnos: Estamos
dispuestos a dar más información a la Cámara, estamos dispuestos a
admitir un cierto control de la Cámara. Pero es muy poco, comparado con
el contenido de las enmiendas que teníamos presentadas. Es muy poco con
el contenido y, sobre todo, con la importancia de las enmiendas que el
Grupo parlamentario Popular había presentado.

Digamos también que este, si quieren, regalo del Gobierno tiene que ser
completado, para que signifique una autenticidad, en el sentido de un
cambio de política económica; hay que concretar esta aceptación, desde
luego, porque si nos ceñimos a aceptar enmiendas de información,
estaremos relativamente escasos.

Quiero finalizar refiriéndome a si el déficit público está enmascarado en
España. El déficit público es un enigma digno de un novelista del género
negro, pero de carácter eminentemente popular, porque es ya un hecho que
el déficit público es desconocido y eso es lo que tenemos que desbrozar;
lo tenemos que hacer desde la oposición y lo estamos intentando hacer.

Vamos a seguir en ese conocimiento del déficit público, porque usted, en
su intervención, ha mezclado todo y cuando ha hablado de que la
contabilidad pública estaba bien realizada es por el juego de esa técnica
de lo que es presupuestario, extrapresupuestario y fuera de presupuesto,
como usted conoce. Vamos a introducir de verdad rigor en esa contabilidad
pública, que es absolutamente necesario para hacer una política
presupuestaria diferente de la que se ha venido aplicando. Eso no está en
estos presupuestos, señor Pérez; hay que seguir insistiendo y vamos a
seguir trabajando sobre el conocimiento de ese déficit público que,
evidentemente, nos aleja de Maastricht. El hecho de que se felicite usted
de que la deuda pública en este ejercicio vaya a estar en el 53-54 por
ciento del PIB es una felicitación muy triste cuando ve usted el ritmo de
deterioro de esa «ratio» deuda pública sobre el PIB, que es alarmante y
que nos va a llevar a situaciones como las que ya vaticinan algunos de
esos profesores universitarios. Pienso en el trabajo del profesor Raymond
cuando



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vaticina que, si no cambian las tendencias actuales, a finales de siglo
estaremos ante un volumen de deuda pública sobre el PIB de 100 por
ciento, prácticamente.

El último comentario --para cumplir lo más eficazmente posible el
propósito de la Mesa-- es el relativo a lo que es un plan de
privatizaciones y una política de empresa pública. Pida a la oposición,
pida al Partido Popular que le apoyen en un programa de empresa pública
del que ustedes carecen. Porque lo que están haciendo es una
privatización parcial, sesgada, carente de objetivos coherentes respecto
de lo que es una privatización moderna. Después, cuando usted dice que
asumir la deuda del INI es financiar empresas públicas en ruinas con
consecuencias sociales, supone, sencillamente, una equivocación
conceptual. Lo que nosotros estamos pidiendo es mejorar la técnica
presupuestaria. No se deben asumir deudas, porque es una forma de
enmascarar otro tipo de procedimientos, como es la transferencia de
recursos de capital al INI, si necesita capitalizarse, si ésa es la
viabilidad. No quedarse con deudas contraídas frente a entidades
financieras, porque lo que van a hacer es engordar la deuda del Estado,
como están haciendo ya en el capítulo de gastos financieros de manera
inmediata.

Lo que estamos pidiendo es una política de empresa pública, en primer
lugar; dentro de esa política de empresa pública, una política de
privatizaciones y, por supuesto, en relación a esto, mejorar la técnica
presupuestaria, para dejar, en definitiva, de enmascarar un déficit
público que está siendo camuflado a la sociedad española, por lo que
están ustedes incurriendo en una grave responsabilidad.




El señor PRESIDENTE: El señor González Lizondo tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, quiero contestar muy
rápidamente al portavoz del Partido Socialista, que ha dicho --si no me
equivoco-- textualmente que se generaba deuda con el resultado del gasto
y del cobro. Sí, señoría. Se habrá usted quedado a gusto. Efectivamente,
así es. Yo lo que le estoy diciendo es que gaste menos y lo que le estoy
diciendo es que tenga una puerta ahí que le diga: Hasta tal punto te
puedes endeudar; por tanto, no puedes gastar más, ya que, si gastas más,
te vas a endeudar. En fin, la verdad es que su respuesta ha sido tan
académica que no permite demasiado.

Después, me dice usted: ¿qué dirían en la Comunidad Valenciana --aunque
usted no ha dicho Comunidad Valenciana--? Yo le contesto: en la Nación
Valenciana se está acostumbrado a trabajar y a trabajar sin subvenciones;
estamos acostumbrados a crear nuestros propios polígonos de desarrollo
sin tener ayuda estatal; estamos acostumbrados a levantar nuestras
industrias. Y una que teníamos, que precisamente tenía subvenciones,
llegaron ustedes en el año 1987 y se la cargaron; la única que teníamos,
y además, sin nada que avalara la posibilidad de que aquello había que
destruirlo, porque era la única que tenía posibilidades. Así que no se
preocupe usted, que mis paisanos no le meterán bronca en ese aspecto
porque estamos hartos de subvenciones, estamos hartos de tener que andar
siempre mendigando, cuando lo que hay que hacer es una auténtica
selección de la especie en la que el que vale, vale, y el que no, que se
dedique a otra cosa, porque las empresas tienen que subsistir por sí
mismas, las empresas tienen que continuar trabajando y generando empresas
que permitan un aumento de trabajo, un aumento de beneficios, para que no
sean una lacra para los presupuestos generales del Estado. Si a usted le
preocupa lo que se pueda decir en Alicante, Castellón y Valencia, no se
preocupe, vote usted a favor, que allí se lo agradeceremos con toda
seguridad.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Yo creo que cuando hablamos de deuda pública, y
utilizando los demonios y el jardín, el problema no está en si hemos
necesitado echar mano al recurso de la deuda, sino si se podía haber
hecho otra política de ingresos. Yo creo que el principal demonio que
tiene este país es el fraude fiscal de casi tres billones de pesetas al
que no se ha podido hincar el diente. Desde una concepción de política
social avanzada, se debería haber cobrado a quien tiene, para hacer
política hacia otro lado. Ustedes han tenido que ir al recurso deuda para
cubrir política social; también se podía haber recurrido a más sitios.

Además, esto que usted canta hoy, se tenía que haber cantado antes. A mí
me parece muy bien que se hayan convertido como Pablo de Tarso, pero es
que la previsión del Gobierno en la deuda estaba en el tres y medio por
ciento hace apenas seis meses, en la campaña hablaban ustedes del cuatro
y medio, hoy se ha disparado. Lo debieran haber hecho cuando se empezó a
hacer una política en 1991 para 1992, el gran evento de 1992.

Sobre el Banco de España, ha hecho usted un canto europeísta de la Unión
Monetaria que significa liberalizar el Banco de España. Yo hago un canto
europeísta, pero también de políticas activas y de posibilidad de actuar
desde lo público haciéndolo primar sobre el interés particular,
precisamente una de las actuaciones que la Constitución posibilita al
Estado y a las distintas administraciones. Ha rechazado que se destinen
los fondos al desarrollo para uso militar. Yo lo que digo es que lo que
abunda no daña. Si es así, con ponerlo no pasaba nada por aceptar la
enmienda. En todo caso, a mí me gustaría que se buscaran fórmulas de
garantía. Yo comparto con usted que si eso es así, y si, además, van a
estar vigilantes, como la gestión no la hacemos desde aquí, sino que se
hace desde el Ejecutivo, lo mejor es orientarle vía esta enmienda.

Por último, en cuanto al 07, podemos sumar todas las secciones y desde
todas puede ir dinero hacia las políticas de desarrollo. Lo cierto es que
se concentra en las políticas de desarrollo y es ahí donde nosotros hemos
concentrado esta propuesta. Dice que se han incrementado estas partidas,
pues es verdad, pero a una velocidad muy



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pequeña. Otras políticas han avanzado muchísimo más en volumen y en
actuaciones. En este sentido, nosotros, sí queremos un proceso de verdad
importante a nivel conjunto de lo que puede ser no solamente Europa, sino
todo el universo, creemos que sería positivo incrementar la política de
desarrollo e incrementarla caminando hacia el 07. No hemos propuesto una
enmienda que sea «de facto» hacer ya el 07, es una propuesta que se
orienta hacia ello. En todo caso, como en esto usted y yo no vamos a
poder votar distinto, porque está vetada por el Gobierno, sirve como
recurso al debate. Es importante que sea un recurso, esperemos que en los
próximos años lo podamos hacer también de voto.




El señor PRESIDENTE: El señor Pérez González tiene la palabra.




El señor PEREZ GONZALEZ: Me ceñiré a las peticiones de la Mesa.

Comenzaba el señor Montoro rememorando a los profesores universitarios y
las alusiones que hacíamos. Me sorprendía oírle hablar de recorte de
prestaciones sociales, cuando precisamente el «demonio» de la cátedra --y
lo entrecomillo, al igual que ha hecho él-- veía en el aumento incensante
del gasto social el desnivel presupuestario, los déficit crecientes y la
deuda acumulada. Constato esta diferencia respecto de los catedráticos,
de los profesores, de los expertos, de los que, dicho sea de paso, sigo
con interés sus formulaciones teóricas. A mí, que soy bastante aficionado
a analizar los hechos de los profesores, me resulta paradójico que,
puestos en harina, algunos de ellos --y no los cito--, cuando ha llegado
el momento de tener que hacer frente a cuestiones trascendentales en
nuestro país, ni han destacado por el tiempo invertido y la duración en
el mandato ni han rebajado sustancialmente ninguna de las cuestiones que
luego critican, desde su punto de vista, con tanta legitimidad, aunque,
desde mi forma de ver, injustamente. Aquí sí que viene muy a cuento el
refrán castellano de que es mucho más fácil predicar que dar trigo.

Realmente, el grado de contradicción de los profesores metidos a
políticos --y ya casi generalizo-- es digno de una tesis doctoral. Aquí
estamos, los que hemos pasado por la Universidad sin llegar a profesores,
tratando de ajustar mucho más la coherencia entre las palabras y los
hechos. Por eso, pediría al señor Montoro que nos ayude. El me decía que
recibía poca ayuda del Grupo Socialista cuando sólo le aceptábamos dos
enmiendas. En sentido recíproco, y aunque sea poco, le pediría un poquito
más de coherencia.

Hemos visto --él, al ser nuevo, quizás menos, pero, al haberlo leído, ha
tenido oportunidad de ello-- cómo su Grupo nos pasaba siempre a dos
bandas: por la banda del gasto social, pidiendo más, y por la banda del
ingreso, pidiendo menos para que los impuestos liberaran recursos que
fueran a la inversión. Con estos grados de coherencia, que son nulos, no
me atrevo, como se vio en el primer debate al título I, a pedir al Grupo
Popular que haga unos presupuestos alternativos. Decía muy bien el señor
portavoz del Grupo Popular que no tenían la obligación de traer unos
presupuestos alternativos. Sería bastante divertido ver el volumen de
déficit y de deuda que eso generaría. En fin, me atrevo a pedir un
poquito de coherencia para que en algunos de los capítulos, si no son
coherentes con las cifras, lo sean con su filosofía o incluso con su
programa electoral. Me he leído todos los programas electorales, porque
ahora sí era imprescindible, y el suyo con más detenimiento, y las
insinuaciones sobre el recorte del gasto que preconizan en su programa
electoral no se ponen de manifiesto por ninguna parte en estos
presupuestos. Parece que ese programa electoral estaba destinado a las
elecciones, pero, una vez finalizadas y hechos los análisis, no se pone
de manifiesto esa coherencia con su programa. Tengo que felicitar aquí a
sus asesores electorales, que son bastante buenos y a los cuales aprecio,
porque, teniendo muy en cuenta lo que ha sucedido cuando se aplican las
recetas liberal-conservadoras de manera estricta y se ven los resultados
--y hay países no muy lejanos de España donde se han puesto en
práctica--, finalmente, en el comité de estrategia determinan que cuando
se hable aquí de gasto, hay que pedir más gasto y cuando se hable de
ingresos, hay que recortar los impuestos y que el Grupo Socialista se las
compongan como pueda que para eso está en el Gobierno. No me congratulaba
de que la deuda pública española fuera creciente y estuviera en el 53.

Lamento mucho que siga creciendo, aunque, vistos los créditos
extraordinarios que aprueba esta Cámara, sabemos fehacientemente su
destino, que a mí me parece perfecto, el mejor de los posibles. Gasto
social e inversiones son, en estos momentos, las dos prioridades del
Gobierno Socialista y por ahí la nación española está donde está y
volverá a mejorar, si cabe, aún más. Cuando en uno de estos puntos nos
acercamos al límite de Maastricht, no me importa recordar que el
Secretario de Estado de Economía reconocía que a finales del año 1994,
posiblemente, estaremos en el 59,7 por ciento. Pero no todo sucede en el
mismo sentido. Se clamaba porque nos alejábamos en inflación y en tipos
de interés; cuando se producen acercamientos, aunque sean modestos, en
estos parámetros no debieran doler prendas de que, en eso, el camino es
en sentido inverso. Y esto lo uno a esa llamada que hacía el señor
Montoro a los déficit crecientes, los déficit enmascarados. Reitero que
no están enmascarados; pocos países hay donde se vean tanto y con tantos
conceptos. Al final, no se puede enmascarar nada porque los intereses de
la deuda tienen que lucir. Ahí están, en 2,8 billones. Sabemos que han
crecido. Podría explicar los motivos del crecimiento, seguramente lo
tengamos que hacer en el Pleno. No me importa tener que hacerlo porque,
visto el destino de esa deuda, es perfectamente explicable. Pero el
déficit creciente de forma determinista no lleva a una elevación de los
tipos de interés. Paradójicamente, y lo veíamos año tras año, había unos
tipos de la deuda mucho más elevados. Hemos estado con un déficit del
billón, de 700.000 millones de pesetas, siempre por encima del 10 por
ciento.

Este año 1993, donde concurre el déficit mayor de los últimos tiempos, se
está dando con una bajada sustancial, como nunca se había conocido, de
los tipos de



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interés que se pagan por la deuda. Las causas no están solamente en el
volumen de deuda y en el del déficit. Incluso, la interdependencia de la
economía española, en este caso la Unión Económica, y el papel
preponderante que juega Alemania, hace que cuando los tipos de interés
bajan en Alemania bajen también en España, a pesar de que, como bien
decía, estamos en el 53 por ciento y el déficit del año 1993 me parece
que se cuantifica en el 6,2, aunque en los presupuestos del año 1994 se
pretende una reducción, modesta pero importante, de unas décimas.

Contesto al señor González Lizondo, que se ha tomado por la tremenda
algunas de las cuestiones, sin ningún ánimo de aludir a la comunidad en
la que vive, tan digna como la que más. Veo que no está y omito
responderle.

Al señor Ríos no le reitero mi criterio sobre el déficit de que cuanto
más se acerquen unos presupuestos al equilibrio, mejor. Naturalmente, en
los períodos cíclicos los teóricos de la economía aconsejan que desde los
presupuestos se ayude a la reactivación y a la demanda. Ese es el consejo
que han seguido tarde los ingleses, por eso tienen, en estos momentos, un
volumen de deuda y de déficit superior al español, pudiendo tener las
cuentas mucho más centradas, pero urgencias de política económica, como
que no se les caiga la demanda, les han llevado a adoptar criterios de
déficit creciente y de deuda mayor.

Respecto del FAD, sí, vamos a estar en el 0,7, pero espero que sea antes
del año 2000. Quizá la acumulación de todas las partidas de cooperación
que se dirigen a los países en desarrollo, del Fondo de Ayuda al
Desarrollo, no llegue en estos momentos al 0,7
En estos presupuestos, decreciendo otras partidas, ésta crece y la
secuencia es que año tras año España se acerca a ese porcentaje. Y creo
que antes del año 2000 estaremos en él.




El señor PRESIDENTE: El señor Montoro tiene la palabra para ilustrarnos
sobre su posición de aceptación o no de la enmienda transaccional
ofrecida por el Grupo Socialista.




El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, aceptamos la transaccional
ofrecida por el Grupo Parlamentario Socialista y retiramos, en
consecuencia, la enmienda número 349 que presentamos en su día.




El señor PRESIDENTE: Si los grupos están en disposición, creo que, de
acuerdo con el previsible horario que nos habíamos impuesto, podríamos
efectuar en este momento las votaciones correspondientes a los títulos
III, IV y V. Una vez finalizadas las votaciones, continuaríamos nuestras
deliberaciones a partir del título VI y hasta las dos y media en punto de
la tarde. Levantaríamos la sesión sin nuevas votaciones a las dos y media
en punto.

Vamos a someter a votación las enmiendas correspondientes al título III.

En primer lugar, enmiendas presentadas al título III por el Grupo
Popular.




El señor ALMUNIA AMANN: Creo que había una propuesta de transacción a una
de las enmiendas del Grupo Popular, a la 314.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: En su momento, el portavoz, señor Núñez, ya
anunció que retirábamos la enmienda número 314 para poder ser votada la
transaccional ofrecida por el Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia somete a votación todas las enmiendas
del Grupo Popular, excepción hecha de la 314.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 21; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación en este momento la enmienda número 314 con la
redacción transaccional ofrecida por el Grupo Parlamentario Socialista y
aceptada por el Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas presentadas al título III por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 20; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 22; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 35; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación el texto del informe de la Ponencia, con la
incorporación de la redacción transaccional dada a la enmienda 314.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es un ampate a veinte
votos. De conformidad con el Reglamento, el texto es aprobado puesto que
en estos supuestos se aplica la ponderación de voto existente en el
Pleno. La Presidencia observa que los votos a favor son los del



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Grupo Socialista y los del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió, que sumados ambos, suponen mayoría en el Pleno. Por tanto, en ese
sentido, la votación es la que ha sido: veinte votos a favor, 20 en
contra y ninguna abstención, pero esa votación lleva aparejada la
aprobación del texto en los términos que la Presidencia y la Mesa han
planteado a la Comisión.

Pasamos a realizar las votaciones correspondientes al título IV. Si les
paree a SS. SS., con el fin de ordenar las votaciones, someteríamos a
votación el título IV junto con la Sección 07.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, pido la palabra.




El señor PRESIDENTE: El señor Aguirre tiene la palabra.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, el Grupo Popular solicita
votación separada, una a una, de todas las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el conjunto de enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, procede someter a votación las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Mixto.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, pido la palabra.




El señor PRESIDENTE: El señor González Lizondo tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, solicito se voten una a una
las dos enmiendas que hemos presentado.




El señor PRESIDENTE: La Mesa somete a votación la enmienda 119 del Grupo
Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 36; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Seguidamente procedemos a votar la enmienda 120 del Grupo Parlamentario
Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 36; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Enmienda número 1.298.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 1.299.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 1.300.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1.301.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 20; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda presentada por el Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

La Presidencia somete ahora a votación el texto del título IV según el
informe de la Ponencia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 16; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sometemos ahora a votación las enmiendas en relación con el título V,
Sección 06. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: En relación con la votación del título V, mi
Grupo retira su enmienda 349 para poder votar la transaccional ofrecida
por el Grupo Socialista y, al mismo tiempo, solicita votación separada de
las enmiendas 122 y 123, del señor González Lizondo, que se podrían votar
conjuntamente.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención en torno a cómo presentar
las votaciones? (Pausa.)
Me indica el Letrado que la enmienda 428 del Grupo Popular al anexo III
va a ser apoyada por el Grupo Socialista. Como ha sido defendida, la
someteremos a votación en su momento.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, salvo la transaccional.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Mixto números 122 y 123.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos seguidamente la enmienda número 121, del Grupo Parlamentario
Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora la enmienda transaccional correspondiente a la enmienda
349, del Grupo Parlamentario Popular, en la redacción aceptada por el
Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos seguidamente las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 20; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación seguidamente el texto del título y la sección
correspondiente, que es la sección 06, con el cambio derivado de la
enmienda transaccional.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 20; en
contra, 16; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Hemos terminado las votaciones y comenzamos las deliberaciones
correspondientes al título VI.

En primer lugar vamos a debatir las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular. En su nombre tiene la palabra el señor
García-Margallo.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: En estos debates es tradicional que
nos pasemos la antorcha de uno a otro portavoz.

Terminaba el representante del Grupo Socialista en este turno aludiendo a
la coherencia interna del Grupo Popular y a la coherencia interna del
Grupo Socialista y de los partidos que en este momento apoyan al
Gobierno, y yo quisera formular mi intervención lo más coherentemente
posible.

Como observación inicial quisiera decir, señor Presidente, que,
obviamente, las enmiendas al título de «normas tributarias» del proyecto
de ley de presupuestos que el Grupo Popular formula no constituyen el
programa de política fiscal del Partido Popular con el que concurrió a
las elecciones y mantiene íntegro; no son ni siquiera las modificaciones
que nosotros quisiéramos introducir en el año 1994. Por mor de una
sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno ha mandado dos
proyectos de ley: un proyecto de ley de presupuestos en el que existe un
título de «normas tributarias», que es el que estoy comentando, y una
llamada ley de acompañamiento, en la que se incluyen aquellas medidas
normativas de carácter fiscal, de carácter tributario, que se entiende
que tienen que ser discutidas y tramitadas como pieza aparte. La elección
de las enmiendas que deben formularse a una y otra ley no es cuestión
sencilla, y veremos a lo largo del día que los grupos han optado por
soluciones distintas. Mi Grupo Parlamentario ha preferido reservar el
grueso de sus intervenciones, las modificaciones más importantes al
sistema tributario, para la ley financiera, limitándose en ésta a
aquellas de carácter más puntual que puedan, de acuerdo con la coherencia
que se ha manifestado en ésta y en anteriores legislaturas, ser apoyadas
por la totalidad de los grupos.

Tercera matización con la que termino mi observación inicial. El Grupo
Parlamentario es perfectamente consciente, como recordó el Presidente del
Gobierno en su discurso de investidura, de que el déficit que se va a
alcanzar es muy superior al déficit que inicialmente se había previsto, y
que en este contexto cualquier sacrificio recaudatorio tiene que ser
mirado con lupa. Y ese sacrificio recaudatorio, mínimo en las
circunstancias a las que nos ha conducido la política de este Gobierno,
debe centrarse, de acuerdo con el programa electoral que todos hemos
defendido, en relanzar la economía productiva, en incentivar el ahorro y
la inversión, en crear, en definitiva, empleo, que es la prioridad máxima
de todos los grupos parlamentarios. Nuestro Grupo Parlamentario, de
acuerdo con estos objetivos, con estos condicionamientos y con este
propósito, presenta al título de «normas tributarias» exclusivamente diez
enmiendas. Las agruparé en torno a las figuras impositivas que
pretendemos modificar.

Presentamos tres enmiendas al Impuesto General sobre la Renta de las
Personas Físicas, tres al Impuesto de Sociedades, una al Impuesto sobre
Actividades Económicas (y advierto ya desde ahora que las modificaciones
sustanciales que en este impuesto, vital para nosotros, pretendemos
introducir se tratarán al discutir la ley financiera, lo cual no nos
impedirá apoyar las enmiendas del Impuesto sobre Actividades Económicas
que aquí han presentado otros grupos) y tres, finalmente, al Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Las tres enmiendas que presentamos al Impuesto sobre la Renta son la 358,
la 359 y la 360, que hacen referencia, todas, a la modificación de la
escala de gravamen y de las deducciones, fundamentalmente a las
deducciones de carácter familiar. Si me lo permite la Cámara, para
retomar la coherencia que he dicho que iba a presidir toda mi
intervención, antes de la discusión de la Ley del Impuesto



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sobre la Renta del año 1991, de la discusión de la Ley 18/91, todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara, y muy singularmente los grupos que
entonces militábamos formal y materialmente en la oposición, estábamos de
acuerdo en que los tipos del Impuesto General sobre la Renta en España
eran muy superiores a los vigentes... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Ruego a los señores Diputados que atiendan al señor
García-Margallo.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Todos los grupos parlamentarios
--decía-- que militábamos entonces material y formalmente en la oposición
estábamos de acuerdo con que los tipos del Impuesto sobre la Renta
vigentes en España eran muy superiores a los tipos vigentes en los países
de la Comunidad Económica Europea o, si se prefiere un ámbito geográfico
más amplio, en los de la OCDE. Estábamos también de acuerdo, coincidíamos
todos en que este aumento de la presión fiscal, y muy singularmente de
los tipos impositivos máximos --siendo así que el resto de los países los
habían reducido--, había tenido consecuencias muy negativas sobre el
ahorro, la inversión y la creación de empleo.

Recuerdo en aquella época un artículo del Presidente del Partido Popular
de Catalunya, Alex Vidal Quadras, que decía en términos humorísticos que
intentar establecer un tipo marginal máximo del 56 por ciento y al mismo
tiempo declararse ferviente combatiente del fraude fiscal era una
perversidad digna del Gilles de Rais, algo así como condenar las
relaciones prematrimoniales para declarar a continuación como dogma de fe
la existencia del infierno. Aquellas declaraciones fueron recogidas en
términos menos teológicos en el Libro Blanco, se estableció una tarifa
del Impuesto sobre la Renta que reducía la tarifa inicial, la tarifa
prevista en el año 1977, y se establecía una disposición adicional octava
introducida y votada por el Grupo de Minoría Catalana que no me resisto,
señor Presidente, a leer en estos momentos.

Decía aquella disposición adicional que el señor Homs, al que distingo
con mi afecto, recordará con claridad que las escalas del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas establecidas en los artículos setenta y
cuatro y noventa y uno de la presente Ley convergerán para el período
impositivo de 1993 a escalas con tipos aplicables entre el 18 por ciento
y el 50 por ciento.

Mi Grupo no pide tanto, no pide tanta coherencia. Pide simplemente volver
a la tarifa inicial prevista en la Ley 18/1991, teniendo en cuenta las
dificultades presupuestarias por las que ahora atravesamos.

También pide mi Grupo Parlamentario que se aplique el principio de
actualización a las deducciones familiares, principio que hemos mantenido
todos los grupos que entonces militábamos material y formalmente en la
oposición. Estoy seguro de que el señor Homs, que con tanta simpatía me
mira en estos momentos, salvo que aplique el principio canónico de
defensa del vínculo y, por tanto, el principio «favor familiae», votará a
favor de las enmiendas que estoy defendiendo en estos momentos, sobre
todo si tenemos en cuenta que esas enmiendas han sido defendidas en este
momento por todos los grupos parlamentarios, incluido el de Izquierda
Unida, que pide una deflactación de la tarifa en el 3,5 por ciento.

Esto quiere decir, señores de la Minoría Catalana, que en este momento
tenemos la brillante oportunidad, con los votos que los ciudadanos nos
han concedido en junio, de establecer uno de los principios capitales que
figura en nuestros programas electorales, que es ir aproximando los tipos
marginales del impuesto, y no sólo los máximos sino los tipos marginales
aplicables a todos los tramos de renta, a lo que hemos prometido en
nuestra campaña electoral. Como en el «Romancero», si así lo hiciéramos,
que Dios nos lo premie y, si no, que nos lo demande. (Rumores.)
En materia de Impuesto sobre Sociedades también he querido aplicar el
principio de coherencia, en función del que se nos ha invitado a ser
obedientes desde los bancos del principal partido que apoya al Gobierno.

Decía el Presidente del Gobierno en su sesión de investidura que uno de
los objetivos fundamentales de cualquier norma tributaria era incentivar
el ahorro y la inversión para crear empleo, que es el reto fundamental de
la sociedad española en 1994. Coherente con esta declaración, el proyecto
de ley de Presupuestos introduce aquí unas normas tributarias que, al
principio, pueden parecer buenas noticias. Establece un aumento de la
deducción por lo que se ha llamado internacionalización de la empresa, es
decir, por creación de sucursales o establecimientos permanentes en el
exterior para favorecer nuestras exportaciones y aumentar nuestras cuotas
de mercado, para adquirir acciones en sociedades extranjeras con el mismo
propósito, para fomentar los gastos de publicidad, de propaganda en el
exterior, para afianzar, en definitiva, la posición de las empresas
españolas en el exterior. Pero cuando preguntamos en esta misma sala al
señor Secretario de Estado a cuánto ascendía el sacrificio recaudatorio
que el Gobierno estaba dispuesto a hacer para conseguir tan loable
propósito se nos contestó que el sacrificio recaudatorio eran 5.000
millones de pesetas de 1995, algo así como el sueldo del personal del
AVE, para poner en términos monetarios más comprensibles por la mayoría.

Nuestro Grupo Parlamentario, por tanto, lo que ha hecho es modificar
estas deducciones dirigidas a relanzar la economía productiva, y que son
tan caras y han sido tan brillantemente defendidas a lo largo de los años
por mi colega, que no correligionario, don Françesc Homs. Hemos pedido,
en definitiva, que se aumente el coeficiente de internacionalización,
prioritario en el programa electoral de Convergència i Unió como en el
del Partido Popular, y hemos pedido algo que también supongo que sonará
con ecos armónicos en los oídos de los representantes de los partidos que
en este momento apoyan al Gobierno, que es el aumento de la deducción por
gastos de formación profesional. El Gobierno dice que va a conceder una
deducción del 5 por ciento (fíjese bien, señor Presidente, del 5 por
ciento), pero no en todos los gastos de formación profesional, sino sólo
por la



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diferencia en más entre un período y el anterior. Y con criterio aún más
restrictivo dice que sólo son gastos de formación profesional los que
capaciten a una persona para seguir desempeñando su puesto actual, pero
no para prepararle para otro puesto de trabjao, teniendo en cuenta las
necesidades de movilidad funcional. En términos claros, un curso de
contabilidad de costes para un contable sería un gasto de formación
profesional, no lo sería un curso de «marketing» dado a ese mismo
contable, si se entiende que es necesario que desarrolle otras funciones
en el marco de la misma o de otra empresa.

Creemos que eso carece de coherencia con la pretendida necesidad de la
movilidad funcional, carece de correlación alguna con las medidas que
hemos discutido en el tema de la Administración pública, y muy en
concreto al hablar de la reasignación de efectivos, que tan
brillantemente ha explicado mi compañero Vidal Quadras, perdón, Manuel
Núñez (también se ha hecho por Vidal Quadras). Proponemos, en definitiva,
que los gastos de formación profesional sean aquellos que capaciten a una
persona para desarrollar su actual u otro puesto de trabajo y aumentar el
porcentaje de un 5 a un 15 por ciento, que no me parece que sea estirarse
demasiado, cuando cada vez que acuden a un medio de comunicación los
representantes del Gobierno se les llena la boca de hablar de capital
humano, probablemente porque el capital físico no queda en ningún lado.

En materia de Impuesto sobre el Valor Añadido, las modificaciones que
establecemos son, señor Presidente, también, a mi juicio, importantes
desde este propósito de relanzar la economía productiva. Queremos, en
primer lugar, que se aplique un tipo normal, no el incrementado, a los
hoteles y restaurantes de cinco estrellas, para evitar las pérdidas de
calidad artificiales, por motivos exclusivamente fiscales.

Señor Presidente, la enmienda que defiendo ahora es probablemente muy
técnica, por eso voy a ser un poco menos breve que en la anterior para
explicarla. En estos momentos ya no existe el concepto de importación en
las relaciones comerciales entre los países comunitarios. El concepto de
importación se ha sustituido desde la Ley de 28 de diciembre de 1992 por
el de adquisiciones intracomunitarias. El empresario o profesional que
compra en el exterior es el que paga el impuesto, se sustituye en el
impuesto. Como esos bienes están afectos a su actividad empresarial,
tiene, por virtud de la filosofía general del IVA, que recuperar ese
impuesto, pero lo recupera en el trimestre posterior a aquel en el que lo
ha declarado y lo ha ingresado. Se convierte, en definitiva, en un
financiador gratuito de la Administración pública, perdiendo una
competitividad, vía gasto financiero absolutamente innecesario, que a
nuestro juicio carece de virtualidad y de explicación. Por eso decimos,
señor Presidente, que en el mismo trimestre en que él pague el impuesto
en concepto de sujeto pasivo por la vía de inversión como adquirente,
pueda deducirse ese mismo impuesto que está gravando los insumos, las
materias primas, agentes auxiliares o bienes de producción que utiliza en
su economía productiva.

Finalmente, señor Presidente, pedimos que se aplique el tipo del 6 por
ciento ya, a partir de este presupuesto, a los transportes de viajeros y
mercancías. En conversaciones que he mantenido con el Grupo Socialista y
viendo la negativa a la admisión de esta enmienda, probablemente por el
coste recaudatorio, he propuesto (y se me ha asegurado que se aceptaría,
desde el punto de vista procesal, con independencia de cuál sea el
resultado final de la votación) una enmienda transaccional a ésta que
consistiría en la introducción de un apartado 3.º al número dos, del
artículo veintiuno, que habla de los tipos superreducidos del impuesto,
en el que se estableciese el tipo del 3 por ciento para los transportes
de viajeros y bienes con aquellas islas cuya única vía de comunicación
sea la marítima. Es fácil de entender que las islas en el territorio
español que no tienen comunicación terrestre, que no tienen comunicación
aérea, que se ven dependientes exclusivamente de la comunicación
marítima, son muy pocas y merecen un trato de favor previsto, por otra
parte, en las directivas comunitarias.

En relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas, señor
Presidente, nuestra enmienda es menor. Se trata de corregir un defecto de
un sector concreto, el de reparación de neumáticos, que no merece mayor
comentario.

Sí quiero señalar, terminando como empecé, que el grueso de nuestras
enmiendas, lo que se plasma en lo que a nuestro juicio se puede hacer en
un presupuesto que no es el nuestro y en el marco de una política
económica que no es la nuestra, no se entiende sólo examinando las
enmiendas que hemos presentado a la Ley de Presupuestos, se entiende sólo
si las enmiendas a esta Ley de Presupuestos y, en concreto, al Título VI,
se contemplan de forma armónica y conjunta con las que hemos presentado a
la ley de acompañamiento.

Quiero subrayar, señor Presidente, que, siendo eso un esfuerzo notable
por mejorar un presupuesto que no nos gusta y un sistema fiscal que hemos
venido denunciando con la misma contundencia en la legislatura anterior
que ahora es el máximo esfuerzo que, a nuestro entender, se puede pedir.

No quiero terminar aquí, señor Presidente, sin hacer un llamamiento al
resto de las fuerzas políticas, que han hecho unas enmiendas relativas a
la deflactación de la tarifa para evitar la progresividad en frío, para
evitar que las personas que, en términos reales, ganan lo mismo, se vean
obligadas a pagar este año más impuestos, como consecuencia de ese
fenómeno que se llama la progresividad en frío, diagnóstico y solución
que compartimos formalmente todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara, menos el Grupo Socialista y Minoría Catalana. Dicho sea en
términos de conclusión, me inquieta poco que no exista esa enmienda de
Minoría Catalana porque, a la vista de lo que han defendido a lo largo de
las otras legislaturas, a la vista de lo que defendieron en la Ley
18/1991, y a la vista de lo que dice su programa electoral, estoy seguro
de que contaremos con sus votos y, en términos taurinos, esta faena, que
ha tenido brindis particularizado, terminará con la tarifa y las
deducciones que el



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proyecto de ley tiene en el corral, como con los toros mansos que, de vez
en cuando, se nos sueltan en las plazas de toros.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, antes un portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista hablaba de que algunas enmiendas del Grupo
Popular obedecían a un criterio liberal-conservador, dando a entender que
puede haber criterios liberales-progresistas. Nosotros creemos que en
esta vertiente de los impuestos es donde se demuestra que la política del
Gobierno se queda en liberal, sin ponerle adjetivo, y no avanza en una
política más progresiva de corte social.

El Gobierno ha vetado cuatro enmiendas de Izquierda Unida para que no las
podamos votar. Hacen referencia en algunos casos, como la número 1.306, a
la posibilidad de incorporar elementos que no solamente se circunscriban
a la gran invalidez, dentro de las pensiones de inutilidad de las
administraciones públicas, sino también la incapacidad permanente
absoluta, algo que está recogido en la Ley 18/1991, que entró en vigor en
el año 1992 y que ahora es modificada por la Ley de Presupuestos. Sin
embargo, no actúa sobre recortes que pueden significar recaudación. Esto
pasa, por ejemplo, con la enmienda 1.307, que nosotros proponemos. Los
premios que se obtienen en lotería, en juegos y en apuestas podrían estar
sujetos al impuesto, con lo que podrían obtenerse ingresos, así como con
la congelación de la tabla de exenciones de IRPF mientras existe
congelación de salarios. Lo que se apuntaba al final sobre la
pregresividad en frío está significando que el incremento de la presión
fiscal lo paguen las rentas del trabajo, porque lo que se reduce es la
presión de impuestos directos a las sociedades y el tema del IVA. Al
reducirse esos dos impuestos, la presión fiscal la van a pagar las rentas
del trabajo. Desde luego, la progresividad que pueda haber en las
propuestas del Gobierno queda en entredicho con esta política fiscal.

La enmienda 1.306, que ha sido vetada por el Gobierno, lo que pretendía
precisamente era actuar incorporando algo que había venido por solución
de algunas leyes; leyes que son modificadas por la ley de Presupuestos.

Creemos que eso se debe dejar a la discusión de cada una de las leyes y
no, vía números, vía adecuación de dinero o de recursos que el Estado
tenga en cada año modificar las leyes, en la ley de Presupuestos, porque
eso produce una arbitrariedad permanente y una actuación coyuntural en la
que se mueve la acción del Gobierno, en lugar de garantizar y actuar
sobre derechos establecidos o permanentes.

La enmienda 1.307 de Izquierda Unida propone que no queden exentos
--solamente una banda-- los premios obtenidos de los sorteos organizados
por la Cruz Roja como por la Organización Nacional de Ciegos, loterías,
juegos y apuestas del Organismo Nacional de Loterías. No declarando
exentos estos premios existe la posibilidad de que la persona que ha
obtenido un beneficio, un éxito de ingresos extraordinarios que no
esperaba, contribuya al Estado, en lugar de reducir la previsión de la
incapacidad para pensión de inutilidad que fija el Gobierno en el
proyecto de ley. Estamos uniendo, por tanto, la posibilidad de
recaudación con el recorte del incremento del gasto.

La enmienda 1.308, vetada por el Gobierno, proponía que el artículo 28.2
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sustituyese
el cinco por ciento que prevé ese artículo por el seis por ciento, para
cumplir determinados compromisos que el Gobierno ha ido adquiriendo en
los últimos años. Voy a intentar explicar cuál es el argumento de
Izquierda Unida para que, tanto a la tabla de liquidación de la base
liquidable para la declaración individual, como a la conjunta se le
incorpore la inflacción prevista por el propio Gobierno. La tabla ya está
congelada desde los últimos años, el año pasado perdió el 4,5 por ciento
y este año, casi un 3,5. Son ocho puntos de perjuicio y nosotros
proponemos que se incremente la tabla prevista que establece la base
liquidable y el tipo aplicable en cada uno de los casos con la valoración
de la inflación. Fíjense ustedes que esta propuesta significaría que las
personas que aportan al Estado con su salario por la retención de su
nómina, no se vean perjudicadas cuando el Gobierno establece determinadas
facilidades respeto a actuaciones en el Impuesto sobre Sociedades.

La enmienda 1.311, que también es vetada por el Gobierno, trataba de
introducir la posibilidad de deducir del impuesto 30.000 pesetas por
rendimientos del trabajo y hacía la distinción entre personas que
obtenían ingresos inferiores a un millón de pesetas y aquellas otras que
obtenían ingresos superiores a esa cuantía. Intentamos introducir con
esta enmienda criterios progresistas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Nuestra enmienda 1.312 pretende introducir un artículo sesenta y cinco
bis, con una deducción del 15 por ciento con un límite máximo de 50.000
pesetas para finalidades de carácter social, tales como los gastos que se
puedan generar por el cuidado de ancianos y minusválidos; la asistencia
de menores a escuelas infantiles; los cuidados de menores en domicilio.

Esta deducción se aplicaría tan sólo a ingresos inferiores a tres
millones de pesetas, se trata, pues, de personas que tienen unos ingresos
más reducidos de los que puedan tener otras rentas. Es, por consiguiente,
una enmienda para introducir en el IRPF posibles deducciones.

La enmienda 1.310 propone introducir la deflactación en la tributación
conjunta en el artículo sesenta y seis del proyecto de ley del Gobierno,
actualizando con ese 3,5 por ciento toda la tabla, tanto en la base
liquidable como en el tipo aplicable que se pueda deducir de él.

Con la enmienda 1.313, al artículo sesenta y ocho, dos, ofrecemos dos
soluciones: suprimr el citado artículo para que tributen con mayor
equidad fiscal las sociedades para fondos de inversión, o que se
incrementen, como ocurre con otras sociedades, su régimen de tributación.

En concreto, proponemos que en lugar de hacer la



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tributación al tipo del uno por ciento, se eleve al 26 por ciento, como
se hace también con otras sociedades de mayor carácter social, por
ejemplo, las sociedades de crédito o las cajas rurales, las cuales van a
abonar al 26 por ciento. ¿Por qué estas instituciones de inversión
colectiva deben tributar al uno por ciento? Habría que elevar ese tipo de
participación en la tributación. Asimismo, proponemos elevar la
tributación que se establece en el siete por ciento, por el mismo
criterio. Repito que ofremos dos posibilidades en la enmienda 1.313:
suprimir esas exenciones o modificar los tipos por los que van a pagar
tanto las instituciones de inversión colectiva como las de fondos de
inversión inmobiliaria.

La enmienda 1.316, al artículo setenta, se dirige precisamente a una
iniciativa con la que el Gobierno dice que va a fomentar el empleo.

Pretenden el fomento del empleo incrementando el porcentaje a pagar para
una inversión que se realice en la creación de sucursales en el exterior
por sociedades, por la adquisición de acciones de sociedades externas, o
por la constitución de filiales de estas empresas. Proponen que la
participación sea como mínimo del 25 por ciento del capital social,
mientras que nosotros estimamos que para fomentar el empleo se debe
reducir ese 25 al 20 por ciento.

La enmienda 1.317, al artículo setenta, apartado cuatro (hay una enmienda
también del Grupo Convergència i Unió, que no sé si se mantendrá para su
discusión y pretende una adición) propone la supresión de este apartado
para que haya unas garantías que aseguren el fin que se persigue con esta
desgravación del 5 por ciento que puede solicitar cualquier empresa para
la formación profesional de su personal. No hay garantías de que el fin
fiscalmente perseguido, que es precisamente el desarrollo de la formación
profesional del personal, se garantice con esta actuación del Gobierno.

Las enmiendas 1.318, 1.319, 1.320 y 1.321 al artículo setenta, apartado
siete, tratan de modificar las previsiones que el Gobierno tiene para
deducciones procedentes de determinadas inversiones. Nosotros proponemos
que se reduzca ese límite del 35 por ciento al 25 por ciento, como estaba
anteriormente; que las deducciones establecidas en el apartado uno para
el límite del 25 por ciento se reduzcan al 20 por ciento; y que en el
apartado tercero la previsión de ese 25 por ciento se reduzca al 20 por
ciento también.

Por último, la enmienda 1.322 pretende suprimir el artículo setenta y
uno.1. Creemos que este coefciente que se estabece en este apartado para
incrementar los valores catastrales en los ayuntamientos, debiera sera
analizado previamente. Este posible incremento del Impuesto de Bienes
Inmuebles, tan debatido, tan traído y tan llevado, debiera hacerse con
mayor estudio y no incorporando en los Presupuestos Generales del Estado
el aumento de ese coeficiente hasta el tres y medio por ciento.

La enmienda 1.323 es de adición al partado dos de este artículo, para
actualizar la base imponible del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, porque creemos que puede adecuarse el coeficiente hasta el 6,4
por ciento.

La enmienda 1.324, al artículo setenta y dos, pretende una adición --es
una enmienda tradicional de nuestro Grupo--, que sirva de reconocimiento
de las personas que tienen un establecimiento comercial no estable, es
decir, el personal ambulante que hace patatas fritas, churros, que vende
frutos secos, golosinas. Debe reconocerse la posibilidad de venta que
tienen, lo cual se podría hacer incorporando un epígrafe, el 663 en la
sección primera de las tarifas del Impuesto, y así poder --igual que
hacen los astrólogos, los grafólogos, etcétera-- incorporarlos a esta
figura impositiva.

Por último, la enmienda que tenemos vetada por parte del Gobierno, la
número 1.325, se dirige precisamente a una figura del IVA que debe
ajustarse a la Directiva 77/388 de la Comunidad Económica Europea.

Solicita incorporar en el artículo noventa y uno.1. un apartado cuarto
que diga: «Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que,
por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado
de conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente
utilizados para la nutrición humana o animal, de acuerdo con lo
establecido en el código alimentario y las disposiciones dictadas para su
desarrollo, excepto las bebidas alcohólicas.» Queremos actuar modificando
la previsión del Gobierno. Lo cierto es que el Gobierno ha vetado estas
enmiendas, mientras que las propuestas de otros grupos, como las de
Convergència i Unió, no lo han sido. Es un criterio que puede obedecer
más bien a actuaciones ajenas a este Parlamento.




El señor PRESIDENTE: El señor González Lizondo tiene la palabra para
defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. (El señor Homs i
Ferret pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, tenemos unas enmiendas a este
Título y, a no ser que haya cambiado el criterio, creo que en el turno en
el que nos encontramos le corresponde a mi Grupo defenderlas. No
obstante, si quiere darnos la palabra al final de las intervenciones de
todos los grupos, no nos importa. El orden de las intervenciones no
alterará nuestra posición.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué enmienda es, señor Homs?



El señor HOMS I FERRET: Son dos enmiendas al Título que estamos
discutiendo, señor Presidente, números 230 y 231.




El señor PRESIDENTE: Entendíamos que la número 230 no se sometía a
votación.




El señor HOMS I FERRET: Pero hay otra, que es la 231.




El señor PRESIDENTE: Señor Homs, el orden que estamos siguiendo es el de
la propia lista de las enmiendas.




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El señor HOMS I FERRET: Perfecto, ya me corresponderá el turno en su
momento.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Quiero referirme de pasada, al igual que el
representante de Izquierda Unida, al veto que el Gobierno ha puesto a
tres de mis enmiendas en este apartado, que son: la número 124, que
trataba de que no tributaran los parados, de que el desempleo no tuviera
una carga más; la número 125, que pretendía la reducción del Impuesto de
Sociedades en 5 puntos, y la número 128, que pretendía que el incremento
del Catastro tuviera valor cero. Han sido rechazadas por el Gobierno y,
por lo tanto, no se va a proceder siquiera a su votación. Unicamente
quiero indicar la poca coherencia que, de acuerdo con la circunstancia
actual, está manteniendo el Gobierno que en estos momentos desgobierna el
Estado español.

Con respecto a la enmienda 126, se propone aumentar en 10 puntos la
deducción por inversiones en activos fijos materiales habida cuenta de la
constante caída de esta magnitud en los últimos años: activos fijos
materiales nuevos y de segunda mano homologados, y confección de un
soporte físico en la producción cinematográfica. Cuando no han sido
rechazadas por el Gobierno a lo mejor es porque los grupos que lo
sustentan actualmente, puesto que eran de tenor similar a las anteriores,
me van a sorprender con su aprobación.

Asimismo, la enmienda 127 se propone aumentar en 10 puntos la deducción
por inversiones en formación profesional, al considerar ésta determinante
en la competitividad empresarial. Estamos hablando mucho de formación
profesional, de inversiones y de construir. Esperemos que así sea y que
esta enmienda tenga la aprobación que le corresponde, de acuerdo con las
características que viene predicando, no sabemos si practicando, el
propio equipo de Gobierno.

En cuanto a la enmienda 130, pretende disminuir los coeficientes a
aplicar por parte de los ayuntamientos sobre la cuota municipal del
Impuesto sobre Actividades Económicas. En estos momentos hay
ayuntamientos que se han salido, según nuestro criterio, de madre y están
aplicando algunas subidas a los impuestos hasta topes máximos que no
están justificados, como no sea la inversión que a su vez producen esos
ayuntamientos en asuntos que no son realmente necesarios para la
ciudadanía. Quiero creer que el que no haya sido rechazada por el
Gobierno significa que puede ser aprobada.

La enmienda 131 propone reducir a la mitad el recargo aplicado por las
diputaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Está clara la
voracidad recaudadora de algunas diputaciones, entre ellas la de
Valencia, que ha aplicado al máximo el 40 por ciento del recargo que se
le permite. Es conveniente que se tome esta medida con el fin de que el
incremento de la presión fiscal derivada de la aplicación del Impuesto
sobre Actividades Económicas no sea superior al 20 por ciento. Repito que
hay diputaciones que se están comportando maravillosamente bien en estos
recargos, pero en algunas siempre ocurre lo mismo y la voracidad
recaudatoria obliga al Gobierno y a las Cortes Generales a poner coto a
este aumento que en algunos momentos se puede considerar irracional. Como
se verá a raíz de la propuesta que presenté ayer y que se ha votado hoy,
no me limito a las reducciones que afecten única y exclusivamente a los
salarios o sueldos de los Diputados o del Gobierno, sino que también
desciendo a ayuntamientos y a diputaciones y, por qué no, a comunidades
autónomas, y nuestro Grupo también presentará las enmiendas oportundas
para reducciones similares a las que proponía en la enmienda 118, que hoy
ha sido votada.

Por último, la enmienda 212, relativa a la modificación de la escala
individual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de
modificación del artículo sesenta y cuatro, apartado uno, que queda
redactado, según se explicita en la enmienda correspondiente. Se trata de
disminuir la presión fiscal directa con la intención de fomentar el
ahorro y la demanda agregada, elementos imprescindibles hoy para levantar
una economía. Estamos diciendo que estamos en crisis, que las cosas van
mal, pero no ponemos medios para que se puedan superar estos parámetros
verdaderamente. Confío en que todas estas enmiendas puedan tener el visto
bueno que se merecen y sean todas aprobadas por parte de todos los
grupos, especialmente de esos veinte votos que hacen su finalidad
efectiva o no.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Antes de entrar a justificar nuestras enmiendas
sobre los artículos correspondientes a la normativa tributaria, me
gustaría referirme a las dos enmiendas no admitidas a trámite por el
Gobierno en su momento y por la Mesa, porque no estoy de acuerdo con los
razonamientos que ha dado la Mesa. Eran dos enmiendas que debían haberse
debatido, la número 1.199 se refería a las cotizaciones de la renta de
las personas físicas para casos de desempleo, cuestión que ya dejamos
clara en su momento, en el sentido de que considerábamos que había que
tener en cuenta todos los casos de rescisiones de contratos ocurridos en
los tiempos de la reconversión industrial que tenían convenios
establecidos con las empresas, con lo cual estos trabajadores van a ver
reducidas sus retribuciones por una parte y, por otra, según el convenio
establecido, las empresas van a tener mayor costo.

La segunda enmienda que ha sido rechazada, la número 1.213, proponía que
pudieran acogerse a la deducción los bienes adquiridos en régimen de
arrendamiento financiero. El Gobierno ha tenido la oportunidad --que yo
creo que ha perdido-- de permitir que las inversiones --en este caso, con
la figura de los arrendamientos financieros-- pudieran ser tratadas como
beneficios fiscales, como una inversión más o, como en este momento se
está produciendo, como gasto deducible. Esta era una



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alternativa válida que teníamos que haber discutido, pero que por el
rechazo de la Mesa y del Gobierno, con muy poca visión, ha sido
eliminada.

Paso a referirme a las enmiendas presentadas por nuestro Grupo a las
medidas fiscales. Indudablemente, la política tributaria del Gobierno
viene reflejada tanto en la Ley de Presupuestos Generales, como en la ley
de acompañamiento. Quizás en esta ley de acompañamiento, que en su
momento tendremos oportunidad de debatir, está el grueso de estas
medidas. Sin embargo, observamos que los objetivos que en principio
establecía el Gobierno con este conjunto de medidas no llegan, desde
nuestro punto de vista, a conseguirse. Ni apoya el ahorro privado, ni
incentiva suficientemente la inversión del sistema productivo, ni
redistribuye las rentas. Creemos, en definitiva, que el Gobierno ha
regulado un sistema financiero más por necesidad que por convencimiento.

Ha regulado, porque de alguna forma había que establecer unas medidas
fiscales, que son, quizás, el grueso de su política fiscal y tributaria;
sin embargo, o bien no es lo suficientemente valiente como para acometer
las medidas precisas, o bien está tan sujeto por sus problemas
presupuestarios que es incapaz de poder llevarlas a efecto. De cualquier
forma, en estos momentos de crisis, de necesidad de inversión, de
necesidad de que las empresas tengan un ambiente que incentive la
creación productiva, creemos que esta normativa fiscal no va a poder
apoyar estas iniciativas.

Desde nuestro Grupo Parlamentario hemos presentado una serie de enmiendas
que vamos a agrupar por figuras impositivas. Por una parte, por lo que
respecta al Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, desde
nuestra óptica, que ya está reflejada en nuestro programa electoral y en
las diversas intervenciones que hemos tenido, se considera necesario ir
paulatinamente trasladando la carga impositiva de la imposición directa a
la imposición indirecta. Este es un principio que se está dando en toda
Europa y creemos que es por donde se debe caminar. Debe, por tanto,
contenerse o incluso reducirse la presión fiscal de este impuesto, porque
al no establecer la indiciación en las tarifas paulatinamente se ve
incrementada la presión fiscal. Las medidas que se establecen deberían
propiciar mucho más el ahorro privado de lo que pueden hacerlo a través
de esta reforma de las medidas impositivas en el Impuesto sobre la Renta.

Creemos que estos objetivos, desde nuestro punto de vista básicos, no
están reflejados suficientemente en los impuestos.

Concretamente, en cuanto al artículo sesenta y tres presentamos nuestra
enmienda 1209, correspondiente a rendimientos de trabajo y establecemos
que sería interesante proponer la reducción de ingresos íntegros por
conceptos de gastos en el 4 por ciento en vez de hacerlo en el 5 por
ciento, con un máximo de 200.000 pesetas en vez de 250.000; esta
reducción de gastos permitiría, además, un incremento de ingresos para el
Estado que pudiera destinarse a la deducción por gastos de custodia de
niños que está recogida en el artículo sesenta y cinco en nuestra
enmienda número 1208. La enmienda de nuestro Grupo 1208 propone la
deducción del 15 por ciento, con un máximo de 25.000 pesetas anuales, por
custodia de hijos menores de tres años cuando los padres trabajen fuera
del hogar y no tengan rendimientos superiores a dos millones de pesetas
en tributación individual, más 500.000 pesetas por cada miembro de la
unidad familiar. Esta medida de deducción la acompañamos con la de la
enmienda 1210, que corresponde al artículo sesenta y cinco, en la que
propugnamos la deducción por alquiler de vivienda, el cual está
establecido en este artículo con un límite en la base imponible del
sujeto pasivo de tres millones, y nosotros proponemos limitar la base
imponible a dos millones en caso de declaración individual, más 500.000
pesetas por miembro de la unidad familiar en caso de tributación
conjunta. Se pretende con esto favorecer, de alguna manera, a la familias
con más hijos y descendientes a su cargo.

Por lo que corresponde al artículo sesenta y cuatro que establece la
escala de tributación individual, presentamos nuestra enmienda 1202. Como
he observado, ha sido una enmienda presentada también por el Grupo
Popular, con cuyas apreciaciones coincido, puesto que con esta enmienda
lo que se pretende es, como decía al principio, la reducción de la
presión fiscal y propiciar el ahorro privado, dando, además, cumplimiento
a la disposición adicional octava de la Ley 18/1991, de 6 de junio, que
establecía las escalas para 1993 con tipos entre el 18 y el 50 por ciento
y que se aprobó según Real Decreto-ley 5/1992, de 21 de junio, de medidas
presupuestarias urgentes, que elevó transitoriamente la escala para el
año 1993. Sin embargo, esta elevación de escala transitoria vemos que ha
quedado ya establecida como fija. Hay que tener en cuenta, además, que el
impacto recaudatorio sería repartido entre los ejercicios de los años
1994 y 1995.

La enmienda 1203 al artículo sesenta y seis se refiere a la escala de
tributación conjunta y es consecuente con la escala de tributación
individual que hemos propuesto. La enmienda 1204 correspondiente al
artículo sesenta y siete establece, asimismo, el límite de la base
imponible en tributación conjunta que en el texto del proyecto se
establece en 4.500.000 pesetas. Nosotros proponemos fijar este límite en
5.250.000 pesetas, dado que se pretende mantener la misma proporción de
actualización en el requisito de la base imponible de la deducción por
alquiler que hemos establecido.

Estas son las enmiendas de nuestro Grupo al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas en este proyecto de ley.

Por lo que corresponde al Impuesto sobre Sociedades, creemos que, de la
misma manera, en este proyecto de ley no se recoge suficientemente la
incentivación ni para inversiones, ni para creación de empleo, ni para
gastos de formación profesional. El artículo setenta recoge estas
deducciones, pero desde nuestro punto de vista no contiene los objetivos
que son incentivar a las empresas para conseguir un incremento en la
inversión de activos fijos materiales nuevos, ni tampoco contribuye a la
mayor cualificación de los trabajadores. Entendemos que, en definitiva,
lo primero que habría que hacer sería



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impulsar mucho más estos aspectos. Nosotros creemos que son medidas poco
incentivadoras dada la situación actual de precariedad que tenemos en la
inversión productiva, y no parece que se incentive suficientemente la
formación profesional estableciendo una deducción del 5 por ciento, que
nosotros proponemos elevar al 10 por ciento. Tampoco pensamos que sea
suficiente deducir el 5 por ciento en gastos de formación profesional,
por lo que proponemos una deducción del 10 por ciento. Finalmente,
creemos que habría que volver a establecer la deducción de 500.000
pesetas por creación de empleo, por incremento medio de plantilla, medida
que se vio rechazada o suprimida en la Ley 22/1992, de 30 de julio. Dada
la situación actual, consideramos que sería conveniente volver a
incentivar la creación de empleo a través de esta medida.

Señor Presidente, señorías, éstas son las medidas que nosotros proponemos
a través de las enmiendas que hemos presentado a estos impuestos. Para el
resto de las medidas presentadas en los demás impuestos le cedo la
palabra a mi compañero Joxe Joan González de Txábarri.




El señor PRESIDENTE: El señor González de Txábarri tiene la palabra.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Intervengo para defender las
enmiendas 1211, 1212, 1623 y 1624, que son enmiendas destinadas a las
mejoras en el tratamiento fiscal de los centros de enseñanza, y para
anunciarles, señor Presidente, que en el boletín, en relación con la
enmienda 1212 al artículo setenta y dos, en la página 709, existe un
error en la ordenación de las propias enmiendas, ya que esta enmienda
1212 tiene dentro de sí dos enmiendas, una al artítulo setenta y dos y
otra al artículo setenta y cuatro, lo que convendría tener en cuenta
tanto a efectos de votación como del contenido de las mismas. Como he
dicho al comienzo, son cinco enmiendas, que no cuatro, destinadas a la
mejora del tratamiento fiscal de los centros de enseñanza y genéricamente
a los servicios que estos centros ofertan a la sociedad. En una coyuntura
en la que se habla mucho de ley de mecenazgo, de medidas fiscales o de
legislación fiscal que tiende a reforzar el protagonismo de la sociedad
civil en esta serie de servicios, en nuestra opinión nos encontramos con
un articulado fiscal, con un título VI, caduco e intervencionista que no
aborda esta problemática.

La enmienda 1211 al artículo setenta y uno plantea la exención del pago
del Impuesto de Bienes Inmuebles a centros educativos genéricamente. En
los presupuestos del año pasado presentamos esta problemática y nos hemos
encontrado con que la ley de medidas fiscales que se tramita
paralelamente con este proyecto de ley de presupuestos ha recogido, para
nuestra satisfacción, la exención de este Impuesto de Bienes Inmuebles
para aquellos centros que tengan todas sus aulas concertadas. Felicitamos
por ello al Gobierno. Es una enmienda que se nos rechazó en el proyecto
de ley de presupuestos para 1993. Entendemos que, aunque se haya dado el
paso principal, no se ha abordado toda la problemática y ésta es una
enmienda dirigida en ese sentido. Además, no hay reducción en los
ingresos de la Administración, porque hasta la fecha no se ha aplicado en
ningún tipo de centros este impuesto porque se aplica la disposición
transitoria segunda, dos, de la Ley 39/1988, de Haciendas Locales.

Entendemos que se ha dado un paso, el principal, pero que no se ha
abordado la problemática en su conjunto y esta enmienda tiene esta
perspectiva.

Como he comentado, la enmienda 1212 al artículo setenta y dos tiene este
problema de interpretación porque, dentro de la misma, existen dos
enmiendas en origen presentadas por el Grupo Vasco; una primera dirigida
a solicitar la exención del Impuesto de Actividades Económicas a centros
educativos en general. También se planteó esta enmienda por parte del
Grupo Vasco de cara a los presupuestos para 1993 e igual que la del
Impuesto de Bienes Inmuebles fue aceptada por el Grupo Socialista.

Nuevamente solicitamos que esto se contemple de dicha manera, dentro de
este marco de fomento de una legislación fiscal que tienda a reforzar los
mecanismos de la sociedad civil. Hay una segunda enmienda contenida en
esta misma, la 1212, que podría ser considerada una enmienda sin número,
al artículo setenta y cuatro, no al setenta y dos, que solicita la
exención del IVA a las obras de rehabilitación y adaptación que exige la
Logse a los centros educativos.

Para terminar, las enmiendas 1623 y 1624 al artículo setenta y cuatro son
complementarias, con un mismo objetivo, no excluir de la exención del IVA
las actividades de alojamiento y alimentación en las residencias de
estudiantes, colegios menores y mayores. Nos encontramos aquí con una
situación muy curiosa, por la cual los mismos servicios que ofertan los
centros educativos concertados, al igual que lo hacen estas residencias
de estudiantes, colegios menores y mayores, están exentos de este
impuesto del IVA cuando no lo están los de las residencias, los colegios
menores y mayores. Entendemos, al igual que en las enmiendas anteriores
al IBI o al IAE en centros educativos, que no se puede discriminar en
razón del sujeto que oferta estos servicios y que la consideración debe
ser genérica, en razón de los servicios que la sociedad civil presta y no
en razón al sujeto que los oferta. Por eso, en estas cuatro o cinco
enmiendas llamamos la atención del Grupo Socialista para tratar de la
problemática en general y nos felicitamos de que se haya abordado el
núcleo principal de estas propuestas que realizamos en el presupuesto
para 1993.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la
defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor García Ronda.




El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, me parece que había pedido la
palabra para su intervención el señor Homs antes de que yo intervenga.




El señor PRESIDENTE: Es que el Grupo Parlamentario



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Socialista ha planteado también enmiendas. ¿O prefiere hacerlo todo
junto?



El señor GARCIA RONDA: No, señor Presidente, ya que estamos en el asunto,
vamos a ello.

En un minuto, diré que cualquier de las señorías que haya tenida ocasión
de analizar o leer las enmiendas del Grupo Socialista verá que están
totalmente puestas en razón y que se refieren a cuestiones formales en la
mayor parte de los casos, por no decir en todos. Son las enmiendas 1073 a
1078, referidas a adecuaciones, alguna de ellas, como la 1076 al artículo
setenta y siete, a las adecuaciones de tipo monetario que se dan respecto
a la moneda europea que no tenemos más remedio que hacer, poniéndolas
lógicamente en las cifras que se han enmendado.

Asimismo, hay una enmienda al artículo setenta y ocho en la que se pide
la supresión, por considerar que no es el lugar adecuado para hacer
referencia a algunas determinaciones fiscales de Canarias.

Hay otra modificación en relación al impuesto sobre hidrocarburos y con
nuestra enmienda 1078 pretendemos introducir un artículo setenta y ocho
nuevo, para enmendar una cifra sobre los fuelóleos.

En realidad, por nuestra parte no merece la pena decir nada más con
respecto a nuestras enmiendas, que nos parece que son totalmente lógicas
y creo que todos los grupos estarán de acuerdo con ellas. Si no fuera
así, en la réplica correspondiente este interviniente haría el debate
oportuno.




El señor PRESIDENTE: En nombre de Coalición Canaria tiene la palabra el
señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Intervengo muy brevemente y sin ánimo de
contribuir a un debate que tiene, según mi opinión, un carácter
excesivamente rutinario de posiciones fijadas muy rígidamente de antemano
y que tienen el peligro de que el debate realmente no produzca el diálogo
necesario.

La opinión de Coalición Canaria sobre todo el título al que ha presentado
dos enmiendas es que las normas tributarias de los Presupuestos Generales
del Estado y de la ley de acompañamiento necesitarían determinadas
reformas que da la impresión de que no se quieren acometer (por lo que
estamos viendo a lo largo de este debate), y nosotros sólo sugeriríamos
la necesidad de abrir un diálogo antes del Pleno para producir una
mayoría sufuciente ante un título y una ley tan importantes. Me da la
impresión de que se está debatiendo desde acuerdos muy parciales y que no
dan solidez a esta ley presupuestaria ni a este título VI de normas
tributarias que tienen un valor muy importante. Por tanto, simplemente
quiero apuntar, por si alguien lo quiere oír, que sería bueno que, en la
línea que ha expresado ya el Grupo Vasco con algunas enmiendas de
Izquierda Unida e incluso del Partido Popular, se tuviera en cuenta todo
aquello que ayude a que el marco fiscal impulse la inversión, la
generación de empleo, la redistribución de la renta y no afecte a un
tratamiento riguroso del déficit público. Creo que hay posibilidad de
margen de una serie de reformas importantes que darían mayor coherencia y
eficacia al título VI. Por tanto, me parece que sería bueno --yo hasta lo
diría en catalán si supiera esa lengua, que no la sé y lo lamento-- que
entre todos empezáramos a ver la posibilidad de llegar a acuerdos mucho
más sólidos, estables, rigurosos y eficaces para que esta ley
presupuestaria efectivamente fuera un impulso no sólo democrático sino
también económico.

En esa línea nosotros sólo hemos presentado dos enmiendas de carácter muy
local, que son la del impuesto de matriculación de vehículos, cuya
gestión en principio habíamos creído que el Gobierno estaba dispuesto a
cedernos; y otra que se refiere a las tasas en los aeropuertos, teniendo
en cuenta la particularidad canaria de que para nosotros nuestras
carreteras y nuestros ferrocarriles lo constituyen nuestro transporte
aéreo y se está produciendo un encarecimiento de dicho transporte aéreo
interinsular enormemente grave. Pero esas dos enmiendas parciales de
carácter muy local no deben esconder nuestra preocupación de que esta ley
presupuestaria y sobre todo este título salgan por un empate de 20 a 20;
de que conduzca a un debate en el conjunto del Pleno del Congreso de los
Diputados de mayorías raquíticas que yo creo que serían pírricas y que no
serían buenas para el avance que se necesita en estos momentos en el
desarrollo político de la sociedad española. Por tanto, mi propuesta es
abrir un diálogo, buscar pequeñas reformas, que pueden ser importantes
reformas de fondo, a este título y abrir un diálogo mucho más riguroso y
serio que permita mejorar sustancialmente unas normas tributarias que me
parece que al mes y medio de su presentación han quedado totalmente
desfasadas. Sin ir más lejos, todo lo que se refiere a impuestos locales,
al Impuesto de Actividades Económicas y al IBI, Impuesto de Bienes
Inmuebles, los municipios por unanimidad hace apenas unos días nos han
dicho que lo tenemos que reformar, que hay que negociar, que tenemos que
negociar los partidos políticos, el Gobierno, los grupos parlamentarios y
los ayuntamientos, y yo diría que también las comunidades autónomas.

Entonces, ¿por qué esperar a que el señor Vázquez visite al señor
González en las próximas semanas para que dentro de dos meses tengamos
que rectificar lo que está claro que las haciendas locales ya no
soportan? ¿Por qué en el Impuesto de Sociedades, en el IVA, en los
impuestos especiales, incluso en el Impuesto sobre la Renta no se hacen
algunas rectificaciones que ayuden al relanzamiento económico? ¿Por qué
no dialogar más y buscar consensos más amplios y no simplemente buscar
situaciones de precariedad de las cuales sólo se pueden aprovechar
determinados grupos políticos que puedan defender posiciones parciales y
no defiendan intereses generales?
Ante esas preguntas, la posición de Coalición Canaria es esperar a ver si
esta propuesta de diálogo permite que no sigamos en un debate de 20 a 20.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo



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Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Homs.




El señor HOMS I FERRET: En primer lugar, quiero hacer unas apreciaciones
de tipo general al título que estamos debatiendo; en particular, me
referiré a la enmienda que mantenemos viva, puesto que la 230 ha quedado
retirada.

Ante todo, quiero decirle al señor García-Margallo, puesto que se ha
dirigido a mí a nivel personal, que el nombre de mi Grupo Parlamentario
no es el de Minoría Catalana. Le rogaría que tomara usted nota. Nuestro
Grupo Parlamentario se denomina grupo Parlamentario Catalán de
Convergencia y Unión. Por tanto, al referirse usted a mi Grupo hágalo
usted por el nombre que tenemos; hace años que hemos dejado de ser la
Minoría Catalana. Tome usted nota. Hoy somos un Grupo que nos denominados
Grupo Parlamentario Catalán.

Quiero decir, en segundo lugar, que le agradezco sinceramente sus
apreciaciones personales. Quizá no me las merezco, pero le aseguro que yo
no las persigo ni las deseo: en todo caso, se las agradezco. Lo que no
puedo agradecerle es, en todo caso, sus ironías. Yo creo que es un mal
estilo el intentar debatir políticamente los aspectos que estamos
considerando en esta Cámara con argumentos irónicos. Yo creo que eso no
nos lleva a ningún fin y, al contrario, contribuye, en todo caso, a una
cierta cicatería en los argumentos políticos que no creo que sean los más
adecuados. Yo creo que usted debía haber comprendido lo que está haciendo
nuestro Grupo Parlamentario. Es más, quiero decirle que la sociedad está
comprendiendo muy bien lo que está haciendo nuestro Grupo Parlamentario,
y lo está comprendiendo hasta tal punto que me preocuparía que a S. S.,
por su actitud hacia nuestro Grupo, por su incomprensión por la posición
que hemos adoptado en esta legislatura, incluso pudiera no comprenderle
cuando se dirige a nuestro Grupo de la forma que lo hace. Parece que
tiene una cariñosa obsesión por mi Grupo y por las actuaciones fiscales
que éste adopta.

Yo quiero decirle a usted en concreto, señor García-Margallo, que es
cierto que nuestras enmiendas mantenidas y presentadas a la ley de
Presupuestos Generales en anteriores legislaturas coinciden con algunas
de su Grupo Parlamentario presentadas al proyecto de ley del año 1994,
cierto; pero es más, algunas de sus enmiendas son coincidentes con
algunos puntos de nuestro programa electoral, programa presentado en las
últimas elecciones. Ahora bien, quiero utilizar su mismo argumento. Por
la misma razón que usted ha solicitado mi voto favorable a sus enmiendas,
yo le solicito el voto de su Grupo a las modificaciones fiscales que
hemos introducido en la ley de presupuestos y en la ley de
acompañamiento, porque buena parte de todas estas modificaciones
fiscales, muy positivas, muy importantes, cada una de ellas
individualmente coincide con puntos de su programa electoral. Por tanto,
por la misma razón yo le pido a usted que vote favorablemente los
artículos que figuran en la ley de presupuestos en este título, por
ejemplo los artículos sesenta y siete, sesenta y ocho y setenta, que son
artículos en los que hay modificaciones positivas; por ejemplo, voy a
votar con satisfacción el artículo sesenta y cinco, señor
García-Margallo, porque incrementamos la deducción por alquileres para
las personas físicas de rentas medianas y modestas que se podrán ver
beneficiadas por la modificación que se introdue, porque hemos elevado el
límite hasta tres millones y hasta cuatro y medio para declaraciones
conjuntas. El incentivo fiscal que se introduce en esa ley para poder
favorecer las rentas que están soportando en estos momentos los
alquileres de sus viviendas puede tener un mejor trato. Por tanto, yo
creo que éste es un paso positivo y creo que es una medida de
sensibilidad social y creo que es positiva. Como también son muy
positivas, en el artículo setenta, todas las innovaciones que se han
incorporado para incentivar la inversión. Es muy positivo. Diez puntos en
la cuota del Impuesto sobre Sociedades, señor García-Margallo, es un
mecanismo de incentivo a la inversión. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué
usted no comprende que esto es importante y, en cambio, nuestro Grupo
valora que sí lo es? Porque nosotros estamos comprometidos en intentar
reconducir la situación económica actual introduciendo en la política
económica cambios que nos permitan incentivar la economía productiva, e
incentivar la economía productiva quiere decir incentivar la inversión.

Incentivar la inversión por los mecanismos fiscales supone considerar los
incentivos que se aplican en el Impuesto sobre Sociedades. ¿Estos
incentivos son insuficentes para usted? Podría ser, pero, en todo caso,
son positivos, en sí mismos son positivos, y su Grupo debía ser más
sensible para entender que estos mecanismos se están adoptando para poder
favorecer una posible, digamos, recuperación de la situación económica
estimulando la inversión que incide en la actividad productiva.

¿Este es todo el programa fiscal de mi Grupo Parlamentario? No, S. S.,
no, claro que no. Tampoco ha terminado la legislatura, sólo la estamos
empezando, sólo son cuatro meses los que han transcurrido. Tenemos mucho
tiempo para ir abordando otros aspectos en el campo de la política fiscal
y en otros campos en los que mi Grupo a lo largo de la legislatura va a
intentar alcanzar algunas modificaciones para que se puedan hacer
efectivos estos compromisos electorales. Pero de ninguna forma puedo
justificar su actitud de desvalorar lo que se ha hecho ni de ninguna
forma puedo justificar su actitud cínica de hacerme ver que hay otros
puntos que sus enmiendas intentan plantear y que mi Grupo no va a apoyar
y que eso genera una inconsistencia, una contradicción con nuestra
posición anterior. Ninguna contradicción, ninguna inconsistencia. La
legislatura es muy larga. Todo el programa electoral de su Grupo
Parlamentario es imposible que se aplique en un mes, imposible. Todas las
medidas fiscales que ustedes defienden en su programa electoral es
imposible que se apliquen en un ejercicio presupuestario, imposible. Por
lo tanto, tenemos cuatro años, hay una legislatura en curso, vamos a ir
reflexionando sobre todos los compromisos electorales en esos campos y
vamos a ver cuáles se pueden hacer y cuáles no. Porque hay



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algunas cuestiones que podemos llevar a cabo ahora y debemos hacerlo
ahora, pero hay otras en que ahora precisamente no se puede hacer. Por
ejemplo, yo quiero significar, porque mi Grupo está comprometido con
ello, que hay unas medidas fiscales que ustedes proponen de incentivos a
la familia. Mi Grupo está muy comprometido con esta cuestión y tenemos un
gran interés también en fomentar y favorecer la reflexión sobre la
fiscalidad que hoy grava a la familia. ¿Cómo no? Ahora bien, debo
decirle: en un momento en que la prioridad es conservar los empleos, la
prioridad es estimular la economía productiva, la prioridad es conservar
la situación del empleo ocupado en la actividad económica productiva,
hemos de poner todo el acento en todos los incentivos para favorecer la
conservación del empleo y estimular la actividad económica productiva.

Esta es la prioridad, y debemos saber comprender que en la coyuntura en
la que nos encontramos quizá ahora no sea el momento más adecuado para
introducir algunos incentivos que, si podemos concederlos, porque nuestro
sistema o nuestra capacidad económica lo permiten, debemos concentrarlos
todos en otros mecanismos que van a favorecer la recuperación de la
economía y, sobre todo, la conservación del empleo en nuestro sistema
económico. Por lo tanto, no renunciamos a llevar a cabo estos compromisos
si nuestra sociedad puede digerirlos y la política económica tiene margen
para aplicarlos. La legislatura, repito, es muy larga, y la diferencia
entre mi Grupo y su Grupo es que el mío está comprometido en primer lugar
en una cuestión respecto de la que a su Grupo no le he oído nunca que
tenga un compromiso, que es garantizar la gobernabilidad del Estado y
garantizar la aplicación de unos presupuestos en nuestra sociedad, y, en
segundo lugar, está comprometido en garantizar un cambio operativo y
efectivo de la política económica, que es por donde hemos empezado.

Por tanto, abandonen esa línea irónica de hacer referencia a nuestras
posiciones y buscar contradicciones con mi Grupo, porque no les va a
llevar a ninguna parte. Es más, le repito, la sociedad está comprendiendo
muy bien lo que estamos haciendo. Perfectamente está comprendiendo lo que
estamos haciendo. Y creo que lo aplaude y creo que lo valora. Prueba de
ello es que ustedes han empezado a actuar de la misma forma que nosotros
en esta legislatura, y ya empiezan a buscar comportamientos y actitudes
políticas como la que mi Grupo, desde el comienzo, y sin ningún rubor ni
titubeo inició.

Haciendo referencia, señor Presidente, a las enmiendas concretas, quiero
decir que la enmienda 231 persigue simplemente plantear una reflexión en
torno a la fiscalidad que hoy grava a un producto que es la cerveza sin
alcohol. Esta es una enmienda puntual que se presenta por mi Grupo con el
objeto de reflexionar sobre la conveniencia de favorecer el consumo de
ese producto, atendida la incidencia que tiene en la juventud, en el
sector de los jóvenes de nuestra sociedad. Puesto que hay una enmienda de
revisión de la fiscalidad que plantea el Grupo Parlamentario Socialista
para poder considerar los gravámenes que se aplican a los productos de la
cerveza con alcohol, nuestro Grupo valoró y consideró que sería también
oportuno reflexionar sobre esta cuestión. Nosotros presentamos en su
momento la enmienda 231 que proponía la supresión del gravamen cuando se
aplica a ese producto, y reconsideramos en este momento nuestra posición
y ofrecemos transaccionalmente a esta enmienda otra que viene a plantear
no la exención, sino la reconsideración en los siguientes términos. Se
propone, en todo caso, transaccionalmente a la enmienda 231 una
disposición adicional nueva que diga lo siguiente: En el marco de los
compromisos con la normativa de la Unión Europea (que es el marco por el
que se procede a hacer la enmienda que propone el Grupo Socialista para
adecuar los tipos, porque así hay que hacerlo), el Gobierno podrá
declarar exenta la fabricación de productos con un grado alcohólico
volumétrico adquirido no superior al 1,2 por ciento de volumen, siempre
que en el plazo y en las condiciones que reglamentariamente se
establezcan se presente a la Administración un plan técnico por el que se
justifique, en un plazo máximo de 18 meses, que el grado alcohólico
volumétrico adquirido del referido producto no sea superior al 0,5 por
ciento de volumen.

Se trata simplemente de estimular a las industrias que fabrican ese
producto a ir sustituyendo el grado alcohólico volumétrico, para ir
favoreciendo el cambio del producto de cerveza alchólica por el de
cerveza sin alcohol. Creo que nuestros jóvenes van a valorar esto muy
positivamente, porque el impacto social que tiene hoy el consumo de ese
producto en nuestra sociedad ya sabemos cuál es y no nos es muy difícil
intuirlo. Por tanto, ése es el propósito de la enmienda transaccional que
ofrecemos. Y esto es todo sobre las enmiendas que tenemos presentadas.

En todo caso, señor Presidente, quiero invitar al señor García-Margallo a
que abandone su actitud irónica en relación con mi Grupo, y concretamente
mi persona, y brindarle que venga a comprender lo que estamos haciendo y,
en todo caso, se sume a ello. (El señor García-Margallo y Marfil pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, por alusiones
clarísimas.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia ha indicado que las deliberaciones
terminarían a las dos y media. A esta Presidencia, entre otras cosas, le
obliga a guardar una cierta simetría o, si me apura, una equidad. Buena
parte de su intervención (y yo lo entiendo perfectamente porque es parte
del juego político) ha sido de referencia al señor Homs y a su Grupo. Lo
simétrico es que el señor Homs haga lo mismo; cada uno con su tono. Tenga
la seguridad el señor García-Margallo, en el turno que corresponda a su
Grupo, de que será tratado con una enorme manga ancha y tendrá tiempo
para defender sus enmiendas y para aludir a las alusiones, cosa que,
lógicamente, el señor Homs en su turno hará exactamente igual.




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El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, hubiese preferido
que además de manga ancha fuese manga rápida, en que los ánimos se
enfrían y la inteligencia se embota. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo, hemos dicho que a las dos y
media levantábamos la sesión.

Se suspende la sesión.




Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.

En turno de réplica, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor García Ronda.




El señor GARCIA RONDA: Voy a tratar de responder a las enmiendas de los
diversos Grupos de la oposición a este Título VI del proyecto de ley de
presupuestos para 1994. No voy a negar que hay ciertas cosas que me han
podido sorprender, aunque no excesivamente. Comprendo que los distintos
Grupos tienen la necesidad, aunque crean que los presupuestos son
coherentes, lógicos y sensatos, de decir que no lo son, que no les gustan
y que son una chapuza, pero he de decir también, y esto voy a tratar de
hacerlo en los próximos minutos, que creo que es el proyecto de ley más
posible que existe en estos momentos.

Voy a referirme, en primer lugar y de manera contrapuesta, al Grupo
Popular y a Izquierda Unida, que tienen ambos un mismo objetivo, creo yo:
que lo tenga más difícil el Gobierno. El Grupo Popular, por el lado de
que se consiga menos tributación y, por tanto, más dificultad para ir
atajando ese déficit público que, sin embargo, todos están de acuerdo, y
ellos en primer lugar, en que es excesivo. Y por parte de Izquierda
Unida, que lo tenga más difícil el Gobierno también, pero por el lado de
que no se pueda llegar a unos presupuestos con los cuales se relance la
actividad económica. A veces me da la impresión de que Izquierda Unida
tiene algo contra los contribuyentes, que son una especie de vengadores
que vienen galopando con un alfanje para meterlo en el bolsillo y sangrar
a «tutti quanti» pase por allí, sean personas o sociedades y, sobre todo,
entidades productivas. Están de acuerdo en que incluso se mejore la
fiscalidad de quienes no producen, desgraciadamente, o de quienes no
pueden hacerlo, pero les molesta muchísimo que haya cualquier tipo de
beneficio fiscal para aquellos que, de alguna manera, tienen que
contribuir a fabricar ese famoso pastel que parece que debemos
distribuirnos todos. Me da la impresión de que hay una tendencia en ese
sentido, y ahí queda mi apreciación sobre ella.

En cuanto a los Grupos, tanto de Izquierda Unida como de Unión Valenciana
y PNV, que han hecho alusión --e incluso yo creo que han defendido lo que
ya no era defendible en tanto que ya no existían como enmiendas vivas-- a
los posibles vetos del Gobierno a algunas de sus enmiendas, la verdad es
que yo he de decir que lo único que ha hecho el Gobierno ha sido ejercer
las atribuciones que le otorgan la Ley de Presupuestos y otras leyes más
altas, incluso, que ella, y no con demasiada crudeza. Puedo decir, sin
empacho, que el Gobierno ha sido generoso en este sentido, y SS. SS., a
pesar de que han protestado, lo saben.

Al Grupo de Coalición Canaria he de decirle solamente una cosa. Cuando
hablaba de la necesidad de relanzamiento económico ha de leerse bien el
proyecto de ley, y verá que precisamente contiene aspectos, tanto en su
articulado como en sus secciones, que tienden a facilitar el
relanzamiento económico. Como parece que el Grupo de Izquierda Unida no
estaba demasiado de acuerdo, si hablaran los dos Grupos a lo mejor
podrían ponerse de acuerdo, ya que son tan contrapuestos, y yo la verdad
es que no sé a qué carta quedarme en este sentido.

Esto me hace pensar que entre unos y otros --unos, por un lado, y otros,
por otro-- que tiran de la cuerda hacia distintos lugares, el grupo que
sustenta al Gobierno y el propio Gobierno estamos en la situación más
lógica y más sensata. Sensatez que yo he de reconocer al Grupo Catalán y
no precisamente por posibles acuerdos extrapresupuestarios o junto a los
Presupuestos que tengamos con ellos, sino porque esa sensatez se
desprende de las propias palabras que han dicho respecto a estos
presupuestos.

Voy a repasar, de una manera rápida y sintética, las distintas enmiendas
al articulado del Título VI, sin entretenerme más en hacer
consideraciones de tipo general, que creo que son mucho más lógicas y
estarán mejor insertadas en el debate que tendremos en el Pleno la semana
próxima, ya que allí tendremos ocasión de plantear las políticas
generales y debatir acerca de ellas.

En primer lugar, no puedo dejar pasar la enmienda 357 al propio Título VI
del Grupo Popular porque dice que es de supresión. Es decir, que quiere
suprimir el Título VI que se refiere a normas tributarias. Ante mi
asombro dice: «En coherencia con las enmiendas presentadas.» Pues bien,
si presenta enmiendas cómo va a ser coherente que quiera suprimir el
Título. Quizá se ha confudido y falta el prefijo «in», y sea «en
incoherencia con las enmiendas presentadas a este Título por el Grupo
Popular», porque, la verdad, es que es absolutamente contradictorio. Si
consideran que ha de suprimirse el Título, lo mejor es que ya no hubiesen
hecho ninguna enmienda a él. Esto parece lo lógico.

En las enmiendas correspondientes al artículo sesenta y dos el Grupo de
Izquierda Unida plantea la 1.307 en la que pretende que estén sujetos a
impuestos una serie de premios que se consideran eximidos de ellos desde
el mismo comienzo de la Ley Tributaria, allá por el año 1978. Hay que
considerar que el beneficio público se da en la propia apuesta. Son
apuestas nacionales, tanto la de los ciegos, como la Cruz Roja, como los
premios de loterías y apuestas quinielísticas, etcétera. Además, hay otra
cuestión, y es que se dota, a través de la consecución de financiación
por esos medios, a las actividades sociales



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de esos entes, que creo que estamos todos de acuerdo en que son
actividades que hay que mantener y continuar. No creo que nadie pueda
decir que la Cruz Roja o la ONCE estén haciendo una labor negativa, ni
mucho menos. Por tanto, es bueno que esto sea financiado adecuadamente y
dar a quienes puedan sentirse tentados hacia otro tipo de juego, la vía
de que vayan por este tipo de apuestas o juegos ya que, al estar eximidas
de impuestos, pueden ser algo más rentables para quien obtiene los
premios y, por tanto, pueden contribuir a que la financiación de esta
asistencia social, en muchas ocasiones, sea la adecuada, y no tenga que
ir toda directamente a cargo de los presupuestos del Estado.

La enmienda 124 de Unión Valenciana la paso por alto por ser de esas que
han sido, según la palabra del señor González Lizondo, vetadas por el
Gobierno. Por tanto, no vamos a entrar en ella porque sería un debate
inútil.

El Grupo Nacionalista Vasco plantea un artículo sesenta y tres nuevo en
el que pretende que haya una deducción. Dice «en concepto de otros
gastos, la cantidad que resulte de aplicar el 4 por ciento sobre el
importe de los ingresos íntegros, excluidas las contribuciones que los
promotores de planes de pensiones imputen a los partícipes, con un máximo
de 200.000 pesetas». A nuestro juicio, ésta es una enmienda innecesaria,
aunque ni el Gobierno ni nosotros teníamos ningún problema en haberla
llevado adelante, pero nos parece que no es necesaria en absoluto y no
está en perfecta coherencia con estos presupuestos.

Al artículo sesenta y cuatro hay varias enmiendas por ser el que contiene
la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Varios
Grupos han presentado enmiendas a él, voy a contestarles a todos ellos,
tanto al Grupo Parlamentario Popular, como al Grupo Nacionalista Vasco.

Ha hablado de que es definitiva la determinación de no poner en vigor lo
que decía la ley del 6 de junio de 1991. A ello debo contestar que no es
definitivo, es precisamente coyuntural, como lo son siempre las
determinaciones, y mucho más aún las de tipo fiscal, en los Presupuestos
del Estado.

El señor González Lizondo plantea una modificación en la escala. Incluso
el Grupo de Izquierda Unida dice que en este caso se deflacte la base
liquidable en un 3,5 por ciento. Debo decirles que en realidad no se
incrementa el impuesto, pero se mantiene; digámoslo muy claramente, no
vamos a hacer aquí ningún debate de técnica tributaria. En realidad SS.

SS. no ignoran que es absolutamente necesario por lo menos mantener el
nivel de los impuestos existentes hasta ahora, en cuanto que las
circunstancias económicas no han cambiado de un año a otro como para que
podamos permitirnos el lujo (y digo nosotros, todos, no me refiero al
Gobierno, no me refiero al Estado, sino nosotros como representantes del
pueblo español) de bajar las tarifas del Impuesto sobre la Renta en
detrimento, por tanto, de los ingresos y a favor de un crecimiento del
déficit, que sin duda se daría si hiciésemos caso a lo que los grupos
proponentes pretenden y a lo que SS. SS. han defendido aquí. Nos parece
absolutamente inconveniente en ese sentido y no se conecta con esa
necesidad que tenemos todos --creo que SS. SS. así lo entienden-- de
rebajar el déficit público y tender precisamente a que lo que hagamos
fiscalmente sea sobre todo incrementar e impulsar la actividad económica
mucho más que en el sentido de que paguemos menos los contribuyentes,
mucho menos individualmente.

En el artículo sesenta y cinco hay en el mismo sentido, aunque en otra
vía, un intento por parte del Grupo Parlamentario Popular, en su enmienda
359, de mayores deducciones. La misma argumentación hago que
anteriormente, solamente que en este caso con referencia a deducciones en
la cuota y no a las bases imponibles o a las cuotas que se han de aplicar
a las bases liquidables.

También el Partido Nacionalista Vasco tiene una enmienda, la 1.210, que
pretende que haya unas deducciones por alquiler que modifican la
legislación que hay en este momento, pero que no nos parecen convenientes
por lo mismo. La existencia de cargas familiares ya está ponderada a
través de otras deducciones concretas, específicas que hay a lo largo del
articulado del propio impuesto y, por tanto, no nos parece necesario
incidir en ello.

En cuanto a su enmienda 1.208, nos parece correcta la redacción tal como
está, por lo que tampoco es cuestión de incrementar las deducciones en
esta circunstancia en la que todos, incluido cada uno de los españoles
como contribuyentes, tienen también que contribuir, en pequeña o en mayor
medida, según sea su capacidad económica, a lo que se ha llamado
apretarse el cinturón, cosa que a mí no me gusta como expresión, pero que
quizá es la más entendible para sus señorías.

También Izquierda Unida tiene su enmienda 1.312 en el mismo sentido, y
creo que ya está contestada precisamente con mi argumentación anterior.

En el artículo sesenta y seis sucede lo mismo que en el anterior en
cuanto a la tributación conjunta. Es lógico, y ahí sí es coherente, que
los mismos grupos que hacían enmiendas a la tributación individual las
hagan en el mismo sentido a la tributación conjunta. Pero he de decirles
que vamos a ver qué pasa otros años y cómo está la situación, porque no
estamos como para hacer, no dispendios, porque no puede decirse por
cuanto eso podría predicarse de los gastos, pero tampoco podemos estar
--y digo como Nación y como país-- renunciando a ingresos que son los
mismos de antes, es decir que ya están legislados anteriormente.

Simplemente no vamos a moverlos.

Al artículo sesenta y siete hay unas enmiendas del Partido Nacionalista
Vasco con las que no estamos de acuerdo, por cuanto que tratan de
incrementar el límite de la base imponible en la declaración conjunta
para la deducción por alquileres.

Pasamos al artículo sesenta y ocho, que habla de los tipos de gravamen en
el Impuesto sobre Sociedades. Aquí nos encontramos con una enmienda del
señor González Lizondo que pasaré por alto, en cuanto que pretendía la
reducción del tipo, pero está desechada por el Gobierno.

Izquierda Unida en su enmienda 1.313 pretende suprimir el apartado dos
del artículo sesenta y ocho. En dicho apartado se habla de las sociedades
y fondos de inversión mobiliaria, instituciones de inversión colectiva,
por



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tanto, que tienen una tributación específica y especial. Se trata de que
se suprima y como motivación habla de respeto --la enmienda dice
respecto, pero me imagino que quiere decir respeto-- al principio de
equidad fiscal. No sé en qué sentido dirá lo de la equidad fiscal cuando
en realidad si tienen esas deducciones es precisamente para evitar dobles
tributaciones. Creo que si aceptara esa enmienda se daría una pérdida de
neutralidad, que es uno de los principios que deben informar siempre todo
sistema tributario.

Siguiendo lo que he dicho antes para el Grupo de Izquierda Unida, el
artículo sesenta y ocho dos también habla de la tributación al 26 por
ciento de quienes están al uno por ciento en ese caso, con una pérdida de
neutralidad, a mi juicio, y los que tributan al siete por ciento que
tributen al tipo general, es decir, al 35, con lo cual volvemos a
insistir en lo mismo.

El artículo setenta contiene una serie de tratamientos de deducciones
para el Impuesto sobre Sociedades. Las hay de toda índole y en el sentido
de tendencias contrapuestas en los diversos grupos. Veámoslas en un
momento.

La 361, del Grupo Popular, quiere que se aumenten los incentivos a la
inversión en activos fijos materiales de un 5 a un 10 por ciento. Creo
que un 5 por ciento, señorías, es suficiente y les aseguro que esa
deducción conlleva un gasto fiscal muy fuerte que, desde luego, si lo
doblásemos --pasar de un 5 a un 10 por ciento-- supondría una cifra
inviable. Creo que no está mal ese 5 por ciento y el 10, prácticamente,
podría equivaler a la exención total de gravamen de los rendimientos de
la inversión sobre la cual se ejerce la deducción. Creo que prácticamente
sería eximir.

El Grupo Nacionalista Vasco va en la misma línea del 10 por ciento, con
lo cual mi respuesta es idéntica.

El señor González Lizondo, en nombre del Grupo Mixto, Unión Valenciana,
habla no ya del paso del 5 al 10, sino del 5 al 15. A ver quién da más.

Se podría poner también el 20 ó el 30, pero si ya he dicho que duplicar
del 5 al 10 por ciento supondría una enorme carga fiscal, qué decir de
triplicar.

Sin embargo, el Grupo de Izquierda Unida, siguiendo su tendencia --en eso
sí coherente--, plantea que haya ruptura de los límites que pretende el
proyecto de ley en cuanto a lo que suponen de porcentaje las deducciones
sobre las cuotas, enmienda número 1.316, donde en lugar de que pueda
llegar a un 25 por ciento de la cuota solamente sea el 20 por ciento las
inversiones en el extranjero, que no voy a detallar ahora, que hagan los
contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades; es decir, que se les
rebaje la posibilidad.

Su enmienda número 1.317 pide la supresión del artículo setenta, cuatro,
en el sentido de impedir que haya unas deducciones por los gastos de
formación profesional, etcétera, aludiendo a que no hay garantías de que
el fin fiscalmente perseguido sea alcanzado por esa vía. Naturalmente que
los resultados se ven «a posteriori», pero es preciso incentivar «a
priori» --el incentivo, naturalmente, es «a priori», no «a posteriori»--
y hay que ver cuáles son los resultados. Tenemos la seguridad de que una
de las cuestiones principales es la de impulsar precisamente la formación
profesional en ese sentido, aunque consideramos también, como he dicho,
que algunas de las pretensiones de SS. SS., de los Grupos a los que
representan, son excesivas, como pasar del 5 al 10 por ciento en el caso
del Grupo Nacionalista Vasco. Que haya un incremento de esas cifras por
formación profesional no nos parece que guarde el equilibrio que se
necesita entre posibilidades del presupuesto y, en concreto, de los
ingresos del presupuesto, que es de lo que estamos tratando, y los
inevitables gastos que ha de contemplar el presupuesto; tampoco podemos
permitirnos alegrías excesivas. Pongámonos en la sensatez, ya que no
podemos tener alegrías.

En ese sentido, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán, la
número 230, que quiere hacer una puntualización precisamente a las
deducciones por cuestiones de formación profesional. Debo decirles que
indudablemente lo que piden obliga a un desarrollo reglamentario, pero
que estamos dispuestos a hacer. No teman SS. SS. porque de acuerdo que no
parece lógico incluirlo en la ley, pero en el reglamento que se hará se
especificará también la cuestión de centros acreditados, etcétera. Es
decir, en ese sentido creo que SS. SS. pueden estar tranquilos.




El señor PRESIDENTE: Esa enmienda está retirada por el Grupo proponente.

(Risas.)



El señor GARCIA RONDA: Ya lo sé, pero he querido, como tantas de SS. SS.

que hacen defensas o ataques totalmente inútiles, subrayar algo. Ya sé
que está retirada, pero quería decirlo simplemente para asegurar a todas
SS. SS., no solamente al Grupo Catalán, que el Gobierno y el Grupo que lo
apoya están en la línea de hacer un reglamento que contemple eso. De
alguna manera tenía que decirlo.

En cuanto a la enmienda número 362, del Grupo parlamentario Popular, que
habla también acerca de la formación profesional, creemos que es un tanto
limitativa; no sabemos por qué tiene que hacer hincapié en que sea
integrada en el programa nacional de formación profesional. Nos parece,
en ese caso, que quizás no se hayan dado cuenta y hayan ido más allá de
lo que, sin duda, en principio, parece que sería su pretensión.

En el artículo setenta hay algunas otras deducciones que se pretenden
ampliar. Por ejemplo, el Grupo Parlamentario Popular, con su enmienda
número 364, pretende pasar de 700.000 pesetas a un millón de pesetas en
la contratación de trabajadores minusválidos. ¿Y por qué no a más, si nos
dejáramos llevar únicamente de nuestro corazón? Lo que hay que decirles
--y creo que ellos lo comprenden muy bien-- es que tenemos que dejarnos
llevar de nuestra cabeza, fundamentalmente, cuando hacemos los
Presupuestos Generales del Estado.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la enmienda número 1.318, que habla de rebajar el límite en la cuota por
determinadas



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deducciones del 35 por ciento al 25 por ciento. Tampoco nos parece
coherente por la misma razón. Pretendemos --vuelvo a decir, señorías--
estar en un equilibrio entre lo que es sensato, lo que es necesario, lo
que es indispensable para obtener ingresos para estos presupuestos y lo
que también es necesario para llegar a tener una incentivación, para
llegar a impulsar la actividad económica.

En cuanto al artículo setenta y uno, la enmienda número 1.322, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, hace alusión a que hay que
analizar si la actualización de los valores catastrales del 3,5 por
ciento es coherente. En esta misma pregunta y con esa misma sequedad yo
contesto que sí, que es coherente; y ustedes piensen por qué es un 3,5
por ciento, aunque pienso que es fácil saberlo. Probablemente, ya conocen
las cifras de previsiones en otros terrenos.

En el artículo setenta y uno está la enmienda número 1.323, de Izquierda
Unida, que se refiere a la actualización de las cuotas del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica. No nos parece que sea necesario cambiarlo
en el sentido que propone.

Pasemos al artículo setenta y dos, en el que el Grupo Popular plantea su
enmienda número 365, que dice que quiere delimitar con mayor precisión el
ámbito de prestación de servicios que da lugar a una determinación de la
tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas. Yo creo que en el
proyecto de ley está perfectamente claro y no es necesario hacer una
delimitación.

La enmienda número 1.324, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
pretende una modificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas. No
vamos a entrar en ella, porque se trata de personas que dan unos
servicios ambulantes. Yo les contesto a ellos --el resto de SS. SS.

quizás no tengan demasiada obligación de entrar en ello-- que son
servicios de restauración y no de comercio minorista; lo que pasa es que
son servicios ambulantes de restauración, y así los consideramos.

En cuanto a la enmienda número 1.211, del Grupo Vasco (PNV), que pretende
un tratamiento específico para centros de enseñanza en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, he de decir que en el régimen de beneficios fiscales
está claramente explicado y me parece que también lo han reconocido así,
en parte, al menos, en la Ley de Presupuestos para 1993, y hay alguna
otra determinación en la ley complementaria a esta misma. Lo mismo ocurre
en el Impuesto de Actividades Económicas con referencia a la enmienda 130
de Unión Valenciana, en que hay una modificación de dicho impuesto en la
Ley complementaria a ésta o la Ley llamada de acompañamiento.

En cuanto al artículo setenta y cuatro, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, hay una enmienda del Partido Nacionalista Vasco que quisiera
adicionar un punto cuarto a este artículo para exención por obras de
rehabilitación y adaptación. He de decirles que eso no concordaría con la
Sexta Directiva, y nos parece que no es hora ni momento de salirnos de
ello y entrar en una controversia por esa cuestión de obras de
rehabilitación, que tampoco merecen por sí mismas ninguna deducción
especial.

La enmienda 366 al artículo setenta y cuatro presentada por el Grupo
Popular pretende la igualación de los tipos impositivos del IVA sobre los
servicios prestados por hoteles y restaurantes al 6 por ciento. Yo creo
que hay que discriminar los distintos niveles de establecimientos que
también sirven en general a distintos niveles de clientela y, por tanto,
a distintos niveles sociales y a distintos niveles de renta. Me parece
que igualar no sería lógico.

En relación con las enmiendas números 1.623 y 1.624, del Grupo
parlamentario Vasco, PNV, le vuelvo a decir y en lo que se refiere a la
enmienda 1.623 le remito a la Sexta Directiva. La enmienda 1.624 también
trata un poco en la misma línea de asuntos de alojamientos y alimentación
en colegios mayores, etcétera. Señorías, también he de decir que eso son
servicios de hostelería y no servicios propios de la enseñanza, ni tan
siquiera anejos a la enseñanza. Hay quienes los utilizan y quienes no.

En cuanto a la pretensión del Partido Popular de hacer un artículo
setenta y cuatro bis, nuevo, en las importaciones de bienes, no nos
parece que por el asunto del desfase financiero, como lo llaman, no nos
parece lógico que precisamente en este momento se haga una modificación
que cambie en el sentido de mayores dificultades de tipo financiero
precisamente para la Hacienda del Estado en lo que supone de pago o de
devolución, tal como está en este momento.

Al artículo ochenta hay una enmienda de Coalición Canaria que trata
precisamente --y lo ha dicho específicamente el interviniente por
Coalición Canaria-- de que para los vuelos domésticos interinsulares del
archipiélago canario se mantenga la cuantía exigible durante 1993. En
realidad, el sistema se ha establecido por exigencias de normativa
comunitaria; nos atenemos a esa normativa comunitaria y toda modificación
que hagamos es por esa razón. Por supuesto, no tenemos nada contra
Canarias, y bien lo sabe S. S., porque el esfuerzo de este Parlamento con
respecto a Canarias es notable en los últimos tiempos, en los últimos
años, diría yo, y el esfuerzo del Gobierno en concreto, del Gobierno
socialista. Creo que es notable en ese sentido y de comprensión el rasgo
específico de insularidad canaria y todo lo que ello conlleva desde el
punto de vista económico y tributario.

Creo que con esto he contestado a la inmensa mayoría de las enmiendas de
sus señorías y si hay alguna cosa que quieran que debata «a posteriori»,
me lo dicen en su réplica.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Segundo turno de intervenciones por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor García-Margallo.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Realmente no es fácil después de este
«actus interruptus» el contestar a la intervención del representante del
Grupo Socialista después de lo que he dicho esta mañana y, desde luego,
responder cortés y cumplidamente a las



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alusiones que me ha dedicado el representante del Grupo parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).

El señor García Ronda venía quijotesco esta tarde y no sólo ha hecho un
bizarro ataque a una enmienda que ha sido retirada, sino que ha
contestado cumplida y exactamente a lo que yo no he dicho.

Ha iniciado el pórtico de su argumentación diciendo que el Grupo Popular
tiene como misión --supongo que esencial, que no existencial-- hacer las
cosas difíciles al Gobierno. Si nunca ha sido cierto eso, menos lo es en
este presupuesto, porque he empezado diciendo que las enmiendas que
nosotros hemos presentado al título de normas tributarias en la Ley de
Presupuestos, más las que hemos presentado a la Ley de acompañamiento, no
representan, ni de lejos, lo que es el programa fiscal del Partido
Popular.

He señalado que en estas difíciles contingencias de déficit a las que el
señor García Ronda se refiere, como si de un fenómeno natural, como si de
un pedrisco se tratase, cosa harto pintoresca en quien defienda un
gobierno que lleva once años en el ejercicio del poder, he dicho que,
teniendo en cuenta esas circunstancias que no constituyen una plaga
bíblica, sino herencia cumplida de una determinada política económica
coherente y consistentemente llevada a cabo por el Grupo que apoya el
Gobierno, hemos sido extraordinariamente modestos en nuestras
pretensiones; tan modestos que lo único que hemos pretendido es que se
aplicase la tarifa de la Ley 91 propuesta por el Gobierno (ni siquiera
hemos pedido que honrase su promesa de establecer una tarifa cuyo tipo
máximo llegase al 50 por ciento --disposición adicional octava--, para el
año 1993) que actualizase las deducciones familiares en un 5 por ciento,
después de varios años de no actualizar las deducciones familiares; que
estableciese unos incentivos para la economía productiva que supusiesen
un esfuerzo algo más que 5.000 millones ese año 1995, que nos parece
menguada cantidad para salir de la crisis en la que estamos, y que
modificase algunos temas del IVA. Por cierto que entre las perlas del
señor García Ronda me ha parecido extraordinariamente pintoresco que
cuando yo digo que el Impuesto sobre el Valor Añadido, que tiene el
contribuyente derecho a deducir, se deduzca en el mismo trimestre en que
lo paga, me diga que no está el horno para bollos y que las dificultades
financieras tienen que trasladarse desde el Tesoro hacia la empresa.

Visto que la situación financiera de las empresas es mala, visto que las
suspensiones de pagos aumentan, visto que las quiebras aumentan y visto
que la inversión empresarial y los beneficios decaen, pongamos más
dificultades artificiales a las empresas para que vayan aprendiendo lo
que vale un peine y cómo se sale de una crisis en un Gobierno socialista.

Creo que con esto termino las intervenciones del señor García Ronda, pero
le recuerdo que mi Grupo parlamentario ha presentado una propuesta
alternativa para salir de la crisis, que ha ofrecido al Gobierno una
negociación sin contrapartidas, no midiendo la contraprestación en
yardas, kilos o en cualquier otra unidad de medida de la que se nos
contaba en Derecho que eran los bienes fungibles, y que, por tanto, la
acusación, si siempre ha carecido de fundamento, en este momento carece
de la más mínima consistencia. Pero el señor García Ronda ha preferido
aquí Baroja y la imaginación a Unamuno y al realismo, y es muy libre de
elegir su género literario.

En cuanto al representante del Grupo parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), yo lamento que esta mañana, a diferencia de lo que hacen mis
compañeros catalanes del PP, entre el «seny» y la «rauxa», se haya
inclinado por la «rauxa». Lamento que cuando yo he utilizado un tema
irónico, reconocido por el propio Grupo Catalán (Convergència i Unió), me
haya dicho que lo irónico se traducía en lo cínico y se traducía en lo
cicatero. Supongo que es una deficiencia de traducción, porque suelo
utilizar siempre el florete con o sin botón, pero no recurro a la espada
más que en defensa de la verdad y, desde luego, nunca con golpes
subecuatoriales. (Risas.)
Decía el representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que el
nombre de su Grupo no era el de Minoría Catalana. Ciertamente, ha
cambiado el nombre del Grupo, lo lamento, pero, tanto cuando eran Grupo
Minoría Catalana como cuando cambiaron de nombre al de Convergència i
Unió, tuvieron la misma postura en relación con los impuestos sobre la
renta. Y sería largo de enumerar y pesado de traer aquí la cantidad de
papeles que han utilizado argumentando que había una relación directa o
una varianza, en términos físicos, entre el aumento de la presión fiscal
y la caída del ahorro familiar. Y sería largo de traer aquí las
intervenciones en defensa de una tarifa más reducida, como la que aprobó
la Ley 18/1991 o de esa disposición adicional que nos prometía para 1993
el 50 por ciento como tipo marginal máximo y una reducción para todo el
tipo de las rentas.

Por tanto, el cambio de denominación del Grupo no afecta para nada al
cambio de postura respecto a la actualización de la tarifa o a la
actuación de las deducciones familiares. Su filosofía era la misma
entonces que la que era hasta el 6 de junio. Si luego, por el compromiso
canónico al que me he referido anteriormente de defensa del vínculo y
aplicación del «favor famili», ha cambiado la postura, es otra cosa, pero
nada tiene que ver con la denominación.

Lamento enormemente que tampoco mis argumentaciones hayan caído en
terreno abonado cuando he pedido un esfuerzo más serio en el tema de
defensa de la economía productiva, y corresponde a su Grupo y no al mío
explicar que en un año en que los sacrificios recaudatorios deben ser
mirados con lupa, que en un año en que el Gobierno se ve obligado a
gravar por primera vez las prestaciones por desempleo o las incapacidades
permanentes, se prefieran determinadas exenciones que favorezcan a unos
pocos en el Impuesto sobre el Patrimonio a exenciones más serias en favor
de la economía productiva y de la pequeña y mediana empresa, pero tiempo
habrá, señor Presidente, para que vayamos discutiendo con papeles, luz y
taquígrafos de qué estamos hablando cada uno.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Ríos tiene
la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Para las personas que utilizan la pluma hay
varias acepciones. Puede ser uno novelista, puede ser fabulador,
escribidor y también cuentista. A mí me da la impresión de que la
intervención del Grupo Socialista es más bien cuentista, en la acepción
que utilizan en Sudamérica, que no en otra que se pueda utilizar por
aquí: un cuento, un chiste. ¿Por qué digo esto? Ha traído, a la
explicación de rechazo de las enmiendas de Izquierda Unida y de otros
Grupos, algo así como una incorporación de la visión maniquea de la vida:
los buenos y los malos, y nada menos que se ha erigido en fiscal, juez y
ajustador, por no llamarlo con otra palabra distinta. Y se ha permitido
decir: «Aquí lo que hay es uno cuya misión es que el Gobierno lo tenga
difícil.» Miren ustedes: no es verdad. Nuestras enmiendas están dirigidas
a que los ciudadanos lo tengan fácil. El arte de gobernar es el arte de
optar, tomar opciones, y yo entiendo y veo muy bien que el Grupo
Socialista hoy diga que Convergència i Unió es la fuerza más sensata. Me
parece muy bien que la vea más sensata, pero eso no quiere decir que haya
dejado de ser un partido de centro-derecha conservador en Cataluña.

Alguien se está deslizando, el plano inclinado funcionará para alguien y,
¡narices!, miren ustedes por dónde, en la postura ante las enmiendas me
he dado cuenta de quién se desliza. Porque quien se está acercando a las
posiciones que Convergència haya podido defender es precisamente el
Gobierno.

Por tanto --por utilizar un término matemático--, a mí me gusta situarme,
dentro de la física, en los electrones de cualquier átomo. Otros han
preferido ser neutrones que compensan los protones, y ése es el problema
del rechazo a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida.

Respecto a la enmienda que ha propuesto Izquierda Unida para no declarar
exentos los beneficios de los premios de la lotería, es verdad que yo no
había llegado a ver la gran innovación revolucionaria a la izquierda
tradicional que supone la conquista de las carreteras, sobre las que los
romanos nos dieron lecciones, y del juego, porque hay que ver lo que se
ha desarrollado el juego en este país, y dicen que ya ha pagado el juego
por la vía de los beneficios que da la apuesta. Nosotros lo que decimos
es que, en lugar de contraérselo a los ciudadanos que pagan sus impuestos
en la renta, cóbrele al que se va a llevar un beneficio. En nuestras
propuestas parecía más razonable eso.

Por tanto, para no amarrar al Gobierno e impedirle el camino, le hemos
dicho que puede recaudar aquí y dejar de recaudar allá. Esa ha sido
nuestra propuesta.

Luego ha utilizado una argumentación para rechazar nuestra enmienda de
deflactar el 3,5 por ciento la tabla del IRPF, y ha dicho que nosotros
queremos bajar los impuestos, pero que el Gobierno lo que propone es
mantenerlos. Aquí pasa como cuando uno no sabe si está subiendo o bajando
la escalera, que, si no se deflacta la tabla, ustedes están aumentando la
presión fiscal, la presión fiscal se incrementa. La presión fiscal se
obtiene sumando impuestos directos e impuestos indirectos y dividiendo
por el PIB, pero si ustedes reducen la imposición de las sociedades y del
IVA, a quienes están subiendo será a la renta del trabajo. Por tanto,
consideramos regresivo que la presión fiscal que se está produciendo sea
incrementada sobre las rentas del trabajo desde una concepción
moderadamente progresista, moderadamente de izquierda, nada utópica, sino
totalmente pegada a la realidad. Eso es lo que hemos propuesto con
nuestra enmienda: deflactar la tabla del IRPF.

Por otro lado, tampoco hemos querido maniatar al Gobierno cuando lo que
hemos propuesto ha sido que, como van a recibir menos ingresos, reduzcan
ustedes las exenciones fiscales, los gastos fiscales que van a tener
algunas actuaciones del Gobierno que no van a generar empleo, y hemos
reducido esas exenciones fiscales.

Por tanto, nos mantenemos en nuestras enmiendas en medio de una
dialéctica desde nuestro punto de vista progresiva, progresista,
equilibrada, y ustedes se deslizan hacia la derecha. Ese es el único
problema para no entender nuestras enmiendas. No queremos impedirle al
Gobierno, no queremos maniatarle; nosotros lo que queremos es que a la
hora de gobernar se opte, y se opte por la gente que menos recursos
tiene. Esta es la filosofía de nuestras enmiendas, con mayor o menor
fortuna. Podemos incluso aceptar que los churreros son restauradores;
bueno, pues los churreros de la calle son restauradores. Yo tengo una
anécdota que le puedo contar a su señoría. Yo estuve en un restaurante y
me ofrecieron una ensalada de ortigas por 1.500 pesetas; era un
restaurador, no era un restaurante. Bueno, yo preferiría que, además de
ser restauradores, se le pudiera recoger dentro de la propuesta de
presupuestos, como sea. Si nos hemos equivocado, enséñennos ustedes;
dígannos dónde lo pondríamos bien, y nosotros modificábamos,
transaccionábamos, acercábamos, pero es que aquí hay un trámite
parlamentario de un frontón. Permítame el señor Presidente que le diga
que esto no es un trámite parlamentario para darnos argumentos unos a
otros; esto es un frontón permanente, y el Gobierno ha pactado
previamente con una fuerza fuera de este frontón. Creíamos que esto era
otro trámite. Pero no se equivoquen SS. SS., no se equivoque el Portavoz
del Grupo Socialista, que ha dicho que algunos hacemos un trabajo inútil,
que nuestras enmiendas son inútiles. No hay más inutilidad que el que no
quiere reconocer que para vencer, primero, hay que convencer, y ustedes
nos podrán vencer una y mil veces, pero estaremos volviendo a traer las
propuestas que veamos razonables --y eso es útil--, para ver si, así, con
el tiempo la canción se les va quedando, se les hace pegadiza, y ya
pueden terminar bailando los pajaritos, como todo el mundo.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor García Ronda,



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sí, me las han vetado. Yo sé que usted es muy buena persona y, a lo
mejor, no lo hubiera hecho, me hubiera permitido discutirlas, pero no
aceptada por el Gobierno es que está vetada, y, entonces, me las han
vetado, ¡qué le vamos a hacer! Tengo unas cuantas así, pero, como tengo
muchas, aún tengo oportunidad. La realidad es que no están ustedes
aceptando ni una, ni una aceptan ustedes y, además, yo les rogaría que se
pusieran de acuerdo.

Ayer me decía un compañero suyo del Partido Socialista que todos deben de
apretarse, que venimos aquí a hablar exclusivamente del Congreso, del
Gobierno, pero que no hablamos de las Diputaciones, de los Ayuntamientos,
donde en algunos de ellos tenemos la misión de gobernar, como es
concretamente mi Grupo en la tercera capital de España, pero las
propuestas nuestras es que nos apretemos todos, que se aprieten también.

Pues tampoco valen. También me dice usted ahí que no. Y luego hay una
duda que yo ya empiezo a despejar. Yo les oí a ustedes decir que hay que
mejorar la crisis, y yo entendía que mejorar la crisis significaba lo
otro, para que la crisis fuera menor, pero no, ustedes, al hablar de
mejorar la crisis, quieren poner la crisis gorda, la quieren alimentar,
quieren dar rendimiento a esa crisis, y la quieren hacer cada vez mejor.

Eso es lo que ustedes quieren cuando piensan que hay que mejorarla, que
vamos a hacer más crisis. Claro que también es mejorar.

Hay un tema muy curioso. Entre mis enmiendas he leído algunos programas
de partidos políticos. Concretamente, uno de los programas que me he
leído es el de Convergencia i Unió, un partido --y no me duele decirlo--
al que me gustaría emular, y en su programa hace referencia a aumentar la
inversión, fortalecer la formación profesional, incentivar el ahorro,
moderar y adecuar, a la baja, los impuestos, etcétera. Señor Homs, estas
enmiendas van todas precisamente en esa línea. No van en la línea de
aumentar el precio de la gasolina y ya está; hemos mejorado la crisis
porque efectivamente la hemos mejorado. Todas estas referencias que he
mencionado vienen en estos apartados, que le vuelva a recordar, aunque
estoy seguro que S. S. lo sabrá de memoria: aumentar la inversión,
fortalecer la formación profesional, incentivar el ahorro, moderar y
adecuar, a la baja, los impuestos. Ve qué bonito y qué bien escrito y, de
verdad, asumible cien por cien en un programa magnífico que ustedes
llevaban a cabo. Ahora tiene la oportunidad; vamos a ver si es posible
que contemos, quizá, con unos votos que en el último momento se
reconduzcan a su lugar de origen.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve porque la
contestación del señor García Ronda sobre nuestras propuestas se puede
resumir simplemente en dos cuestiones. Primera, miren ustedes, nos
parecen bien sus enmiendas, pero no tenemos dinero y, por lo tanto, no
vamos a aceptar ninguna. Es así de simple. Entonces, ante eso, me pone
muy difícil defender más de lo que he defendido hasta ahora nuestras
enmiendas. ¿Para qué le voy a decir que nosotros las estamos aplicando en
el País Vasco? Estamos intentando, por otra parte, conseguir ingresos
suficientes como para poder paliar las posibles incidencias de esta menor
tributación, pero ¿para qué se lo voy a decir? ¿Para qué le voy a decir
que cuando ingresaban más de lo presupuestado, tampoco entonces regulaban
ninguna medida para la actividad productiva? Tampoco lo hacían y estaban
ingresando más de lo presupuestado.

Que me digan que quieren mantener el nivel de los impuestos me parece muy
bien, pero persigan el fraude fiscal. No podemos permitirnos el lujo de
aceptar estas enmiendas. Es que no es ningún lujo. Provocaría mayor
déficit público. Ese es otro problema. Tomen ustedes medidas para que el
déficit público no se dispare, pero no carguen ustedes en la normativa
fiscal para incentivar ahorro, para incentivar la inversión productiva ni
la formación profesional. No me ha dado ninguna razón de fondo.

No vamos a mover los ingresos. Yo creo que los ingresos los están
moviendo a la baja. Pero ése es otro problema. Porque el año pasado
tampoco había medidas fiscales y, sin embargo, están ingresando menos. No
mezclen ustedes los problemas.

Hay otro tema sobre el que también quería hacer una consideración.

Ustedes hacen ciertos esfuerzos, eso han dicho, creo que al Grupo Canario
y al Grupo de Convergencia i Unió, que sostiene al Gobierno. Nosotros
hasta ahora creo que estamos sosteniendo al Gobierno. Desde luego no
somos un cruzado mágico, pero creo que estamos sosteniendo al Gobierno.

(Risas.) Y en esa línea estamos actuando. Por lo tanto, señor García
Ronda, permítame que de alguna forma también se nos considere una especie
de sostén. (Risas.) ¡Ah!, y le recuerdo una cosa: procúrense ustedes más
sostenes, porque, con uno sólo, de vez en cuando hay que cambiarlos.

Como decía al principio, no hay ninguna razón de fondo para poder
defender más nuestras enmiendas, que están suficientemente defendidas. No
tengo más que decir, señorías.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Renuncio al turno, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario de Convergencia i Unió,
tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: No tengo nada más que añadir, señor Presidente.

Estamos a la espera de la aceptación o no de esa posible presentación de
una enmienda transaccional a la formulada por nuestro Grupo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, se



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me ha escapado un tema que quería dejar claro antes de que cierre mi
intervención, y es que tenemos una enmienda, la 1.209, que, si se nos
permite, vamos a retirarla, y lo vamos a hacer por convencimiento propio,
no por convencimiento de las razones aportadas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Ronda.




El señor GARCIA RONDA: En primer lugar, he tomado nota de que se retira
la enmienda a la que ha aludido el señor Zabalía.

En segundo lugar, que vamos a presentar, en concordancia con lo que el
Grupo de Convergència i Unió ha planteado anteriormente en el debate, una
enmienda transaccional a la enmienda número 231, de dicho Grupo, que se
transformaría en una disposición adicional nueva acerca de la cuestión de
las cervezas sin alcohol y del proceso que ha de seguir para su
consideración fiscal distinta. En cuanto terminemos el debate, pasaré a
la Mesa el texto de esta enmienda.

En cuanto a las réplicas que han hecho los distintos grupos, agradezco a
todos ellos su talante bienhumorado y su falta de acritud, como dirían
algunos. Voy a tratar de contestarles algo a cada uno.

En primer lugar, al señor González Lizondo, que ha hecho el chiste de que
nosotros mejoramos la crisis, o sea, perfeccionándola, le voy a decir que
no es que se trate de fortalecer la crisis, pero sí se trata de hacer de
la necesidad virtud. Ya que no hay más remedio que apechugar con esta
crisis, por lo menos el Gobierno, y nosotros con él, estamos tratando de
que lo que tengamos que hacer para paliar esa crisis se convierta de
puramente necesario en algo que nos sirva de plataforma para llegar a un
incremento de esa actividad económica, como ya he tenido ocasión de decir
anteriormente.

En cuanto al Grupo Popular, al señor García-Margallo creo que he de
contestarle que he tenido una gran suavidad en mi intervención. Cuando he
dicho que su Grupo lo único que quería era que lo tenga más difícil el
Gobierno, ¡qué menos se puede decir de un grupo de oposición! En ello no
ha habido casi ni crítica. Simplemente, que lo tenga más difícil. Y me
parece que sus enmiendas, si no de una manera subjetiva, al menos
objetivamente, conseguirían esto de que el Gobierno lo tuviera más
difícil si les hiciéramos caso.

En cuanto a considerar pintoresco que el cobro del IVA para importaciones
se haga dentro del mismo trimestre, con lo cual la Administración pública
se vería obligada a pagar antes que lo que ahora paga, no me he referido
a cómo tenga que hacerse, sino a que empeoraría la situación que hay hoy,
y si me he referido fundamentalmente a mantener la situación de ingresos
y, consiguientemente, también de los pagos correspondientes a esos
ingresos en la misma situación que hasta ahora, naturalmente no haríamos
nada o iríamos en contra de ese principio, de esa manera de actuar, si
hiciéramos caso a lo que el Grupo Popular pretende. Su señoría ha dicho
que se quiere trasladar las dificultades financieras del Gobierno a los
contribuyentes. Naturalmente que a los contribuyentes y a toda la
población se trasladan las dificultades financieras porque las del
Gobierno no son distintas de las de cada uno de nosotros. Son las mismas.

Yo no creí que hacía esa dicotomía nadie en este Parlamento. En realidad,
todos formamos parte de esas dificultades y tenemos las mismas pegas que
tiene el propio Gobierno cuando tiene que apechugar con ellas.

En cuanto al PNV, le agradezco mucho que haya traído aquí alguna alusión
de lencería que quizá a SS. SS., por lo menos masculinas, les ha podido
despertar un poco en esta siesta, después de una jornada tan pesada y
después de una intervención sobre algo que no es excesivamente
apasionante, como es este título VI. Pero cuando hablaba de cruzado
mágico yo creí que se refería al cruzado de las Cruzadas, aunque he visto
que ha ido a cuestiones más frívolas y sin duda más gratas. (Risas.)
Yo no he dicho en ningún momento --y si lo he dicho ha sido por mera
confusión-- que ningún otro Grupo, aparte del socialista, sostuviera al
Gobierno. Es decir, puede haber acuerdos puntuales, concretos, etcétera,
pero no sostiene al Gobierno. Podrá sostenerlo en una votación
determinada o en otra por coincidencia con él, pero creo que el Gobierno
se sostiene fundamentalmente, y yo diría que de manera continuada, sólo
en el Grupo Socialista, y por eso tenemos los problemas que tenemos
debido a la aritmética.

Respecto al fraude fiscal del que habla, ese consejo que me da el señor
Zabalía me parece magnífico, pero creo que todos los que tenemnos
relación, de alguna manera con un gobierno sabemos que eso, que es una
voluntad muy clara seguramente de todos los gobiernos, no es tan fácil de
llevar a cabo de la noche a la mañana, y yo le recuerdo cuál es la
situación en la propia Euskadi, donde en los cuatro gobiernos, por
decirlo así, tanto en el Gobierno vasco como en el de cada una de las
Diputaciones, se revelan bolsas de fraude fiscal notables que supongo que
han contribuido en parte a que haya habido la baja de recaudación que se
ha detectado en este último ejercicio; es decir, que todos sufrimos del
mismo problema. En este sentido, no creo que los contribuyentes de
nuestra tierra sean distintos en intenciones que los de Andalucía o
cualquier otro lugar, y digo Andalucía por poner un ejemplo, que nadie se
sienta tampoco especialmente aludido.

En cuanto al Grupo de Izquierda Unida, gracias, señor Ríos, por las
lecciones diversas de física nuclear, de arte de gobernar, etcétera. Yo
le recuerdo que quizá no seamos perfectos en el arte de gobernar, pero
llevamos once años en ella. Cuando SS. SS. lleven once años en un
gobierno --y seguramente sabrán mucho entonces--, a lo mejor podemos
hablar en igualdad de condiciones de lo que se debe hacer para gobernar.

Mientras tanto, le reconozco que me parece muy bien que se mantengan en
las enmiendas que han dicho y que yo no les haya convencido; me parece
lógico, adelante con ellas. En el Pleno nos veremos de nuevo y yo trataré
de responder a esas cuestiones, si usted las vuelve a plantear, de
nuestra derechización y de cosas de esa índole.




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Referente a fiscal o juez, me he limitado a decir que no me gustan las
enmiendas de unos ni las de otros, salvo alguna de ellas, pero en
absoluto fiscal ni juez. Bastante tengo con pertenecer al humilde poder
legislativo como para que además me convierta en juez.

En cuanto --y con esto termino, señor Presidente-- a esa referencia a la
literatura, me ha gustado, porque al fin y al cabo yo formo parte de ella
por gusto. Qué más quisiera yo que ser un cuentista como lo eran Chejov,
Edgar Alan Poe o Cortázar, por ejemplo, por aludir a un sudamericano.

Unicamente hay una diferencia, y es que yo, cuando soy cuentista, lo soy
en la paz de mi lámpara, como decía alguien, rellenando cuartillas, y
desde luego no en la política. La diferencia con ustedes es que, aunque
no sea voluntariamente --y fíjese si soy suave, comedido y hasta
entrañable con ustedes--, aunque sea de manera subconsciente, ustedes son
cuentistas cuando se trata de hacer política, y se van por las ramas,
acuden meramente a la imaginación, no tienen en cuenta la lógica de su
ideología, a lo que yo entiendo-- mucho más idealismo que realismo (no lo
vaya a contraponer a materialismo). Por tanto, me parece que están muy
lejos de lo que realmente se debe hacer para realizar política real,
concreta, política aquí y en un momento de crisis.




El señor PRESIDENTE: Terminadas las enmiendas relacionadas con el título
VI, comenzamos las intervenciones relativas al título VII, de entes
territoriales, que llevaremos emparejado con las Secciones 32 y 33.

En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre,
tiene la palabra el señor Fernández Díaz.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Con la venia de la Presidencia defenderé de
manera conjunta todas las enmiendas al título VII, es decir, capítulo I,
que afecta a corporaciones locales; capítulo II, que afecta a comuidades
autónomas, y la sección 32, puesto que nosotros no hemos presentado
enmienda a la Sección 33, que afecta al Fondo de Compensación
Interterritorial. Defenderé de forma conjunta, como decía, tanto las
referentes a ayuntamientos y diputaciones, como a comunidades autónomas,
porque además tienen una base común, desde nuestro punto de vista, que
justifica dichas enmiendas, como intentaré demostrar.

En lo que hace referencia al capítulo I del título VII, corporaciones
locales, las actas de la Asamblea General Extraordinaria de la Federación
Española de Municipios y Provincias celebrada el pasado fin de semana en
La Coruña, incorporadas a este debate, me ahorrarían cualquier otra
justificación, sobre todo teniendo en cuenta que ahí están representados
la inmensa mayoría de los municipios españoles, con independencia de
cualquier adscripción política. Quiero decir que coinciden en la crítica
frontal al Gobierno en lo que hace referencia a la política en relación
con las corporaciones locales, todo tipo de corporaciones locales, tanto
las que estén dirigidas por alcaldes socialistas, como por alcaldes del
Partido Popular o alcaldes de cualquier otra fuerza política que está
representada también en este Congreso de los Diputados.

Dicho esto, simplemente intentaré concretar en lo siguiente esta
enmienda. La Ley de Haciendas Locales 39/1988, de 28 de diciembre (la
fecha no deja de tener su interés, lo digo por lo del 28 de diciembre),
está manifiestamente incumplida en estos Presupuestos Generales del
Estado en lo que hace referencia a los criterios de participación de las
corporaciones locales en los tributos del Estado.

Como saben SS. SS., el artículo 112 y la disposición adicional duodécima
de aquella Ley establecían los criterios para determinar esa
participación en los tributos del Estado por parte de las corporaciones
locales. Desde la Ley de Presupuestos de 1992, y de forma unilateral, el
Gobierno viene sistemáticamente incumpliendo esos acuerdos, de tal suerte
que, efectivamente, no reciben las corporaciones locales lo que la Ley de
Haciendas Locales establecía. Con el agravante, además, de que esos
criterios de participación, que, repito, fueron ya violados a partir de
la Ley de Presupuestos de 1992, tenían una vigencia de un quinquenio, el
quinquenio 1989-1993. Quiero decir con ello que, puesto que estamos en el
proyecto de ley de Presupuestos para 1994, es evidente que deberían
haberse pactado ya los criterios de distribución para el ejercicio 1994
entre el Gobierno y los representantes de las corporaciones locales. Por
tanto, el incumplimiento de esa Ley de Haciendas Locales, en lo que hace
referencia a los criterios de distribución, se agrava, insisto, por el
hecho de que la vigencia de esos criterios terminaba en el ejercicio
1993, y ahora estamos en una prórroga de ese incumplimiento.

Aquí comienza una de las analogías con lo que hace referencia el capítulo
II, referido a comunidades autónomas. Porque la Ley de Haciendas Locales
viene a ser a las corporaciones locales --en lo que hace a su
financiación-- lo que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas --la comúnmente conocida como LOFCA-- es a las comunidades
autónomas. De tal suerte que si en la Ley de Haciendas Locales se
establecen los criterios de distribución, la LOFCA, como sabemos, remite
a una conferencia sectorial multilateral de encuentro entre las
comunidades autónomas y el Gobierno central, que es el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, el establecimiento de un modelo concreto de
la aplicación de esa Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas para un período determinado que se concreta en quinquenios. Se
ha incumplido en las haciendas locales y estamos viendo las
consecuencias, de la misma manera que se está reiteradamente incumpliendo
la LOFCA en lo que hace referencia a las comunidades autónomas. Y se está
incumpliendo por diversos motivos.

En lo que hace referencia al proyecto de Presupuestos de 1994 se está
incumpliendo claramente en cuanto al espíritu y la letra de la LOFCA.

Como ustedes saben, la fijación del porcentaje de participación en los
ingresos del Estado por parte de las 15 comunidades autónomas de régimen
común se determina en la conferencia sectorial del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Es



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evidente que, después, ese acuerdo debe ser multilateral, debe ser
ratificado bilateralmente en el seno de las comisiones mixtas
Estado-respectiva comunidad autónoma y, por supuesto, tiene el refrendo
legal en la Ley de Presupuestos. Pero en este proyecto de ley de
Presupuestos ya vemos cómo el propio Grupo Socialista tiene que enmendar
un determinado porcentaje de participación, concretamente el de la
Comunidad Autónoma canaria, puesto que no se llegó a acuerdo en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahí radica un incumplimiento, a
mi juicio grave, de la LOFCA y de las propias reglas de juego, porque es
evidente que ese porcentaje no puede determinarse en la Comisión Mixta,
ya que ello llevaría al traste con el sistema diseñado en la LOFCA,
querido por la Constitución y que en la práctica el sentido común y el
buen gobierno exigen, dado que, en caso contrario, convertiríamos un
sistema multilateral de negociación y de encuentro en sistemas y
encuentros exclusivamente bilaterales. La crítica en este caso es más al
procedimiento que al fondo, pero en ocasiones, como en Derecho procesal,
la forma es fondo también en la política.

Aparte de este incumplimiento, reiterado por otra parte, no es ocioso a
estos efectos traer a colación el que las imprevisiones del Gobierno
socialista son tan reiteradas que, por ejemplo, todavía el próximo
jueves, Dios mediante, hemos de negociar en esta Comisión de Presupuestos
el proyecto de ley de crédito extraordinario para las Secciones 32 y 33
de liquidación a las comunidades autónomas de lo pactado para el
ejercicio de 1992 en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 20 de enero de 1992. Estamos en noviembre de 1993 y todavía
eso no ha sido devengado a las comunidades autónomas, por lo menos el
proyecto de ley no se ha convertido en ley.

Lo mismo sucede, repito, con las corporaciones locales. Son numerosísimos
los ejemplos que podríamos traer a colación para demostrar aquí que se
están incumpliendo los mandatos legales, en un caso de la LOFCA y en otro
de la Ley de Haciendas Locales.

En lo que hace a las comunidades autónomas, además de lo dicho puedo
añadir que se viola flagrantemente --y tengo aquí el Acuerdo del Consejo
de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992-- el compromiso a
que se llegó de que a partir de primero de enero de 1993 se pondrían en
vigor mecanismos de corresponsabilidad fiscal, que entiendo que no han
sido adoptados con el reciente acuerdo también de ese Consejo de fecha 7
de octubre de cesión parcial de la recaudación líquida del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas en cada uno de los territorios de las 15
comunidades autónomas de régimen común. Además, se ha incumplido
reiteradamente el artículo 15 de la LOFCA en cuanto a la puesta en
práctica, también con efectos de primero de enero de 1993, de la
asignación de servicios de nivelación para garantizar un nivel mínimo de
prestación en todo el territorio nacional de los servicios públicos
fundamentales para la Comunidad.

Por si alguien tuviera alguna duda al respecto, yo puedo leer
literalmente, porque son tres líneas nada más, lo que dice la página 45,
a estos efectos, del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera
de 20 de enero de 1992, que dice: IV.1. Recursos del artículo 15 de la
LOFCA.--El Consejo de Política Fiscal y Financiera acuerda que el grupo
de trabajo creado en la sesión celebrada el 7 de noviembre de 1986 deberá
emitir, antes del día 30 de junio de 1992, un informe sobre la aplicación
del artículo 15 de la LOFCA (ese informe lo tengo aquí). Dicho informe
hará referencia a la definición de los servicios fundamentales y a los
procedimientos técnicos que permitan identificar sus costes reales en
cada territorio, así como las posibles prioridades en cuanto a la
aplicación del mecanismo de nivelación. Concluido este informe (está
concluido y lo tengo aquí a disposición de SS. SS.), previo acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, se aplicarán los mecanismos
financieros previstos en dicho artículo 15 el 1 de enero de 1993.

Esto que acabo de leer no aparece en el proyecto de ley de Presupuestos
que estamos discutiendo, en este título VII, capítulo II. Por tanto, se
incumplen los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera; se
incumple la Ley de Haciendas Locales de 1988. En definitiva, no se
garantiza la suficiencia financiera de las corporaciones locales y, por
supuesto, por la vía de los retrasos en los pagos en las liquidaciones
correspondientes se afecta también a la tesorería de las corporaciones
locales y de las comunidades autónomas.

Concluyo porque en las otras enmiendas al articulado de este título
nosotros solicitamos, igual que hicimos el año pasado, que en el supuesto
de retrasos injustificados en las transferencias por parte de la
administración central hacia los entes territoriales, sean estas
corporaciones locales o comunidades autónomas, la Administración central
cumpla con lo que en esta propia Ley de Presupuestos se prevé en cuanto a
intereses de demora. Quiero decir que en este proyecto de ley de
Presupuestos se dice concretamente, en la disposición adicional vigésima,
punto dos: «Durante el período de 1994, el interés de demora a que se
refiere el artículo 58.2 de la Ley General Tributaria será del 11 por
ciento.»
Ciertamente no me parece simétrico el que se exija a los ciudadanos, a
los contribuyentes --sean estos personas físicas o personas jurídicas--
que paguen intereses de demora cuando se retrasan en sus pagos con la
Administración, y la Administración no haga lo propio cuando se relaciona
con otras administraciones, a las que ocasiona, entre otras cosas, costes
financieros que tienen éstas que subvenir de su propia tesorería.

Me parece que no es una buena solución el que se paguen las
administraciones entre sí intereses de demora. En todo caso, me parece
que peor solución es mantener la situación tal como ésta, y quizá la
implementación de esta enmienda que nosotros solicitamos exigiría de las
autoridades y de los funcionarios correspondientes mayor diligencia en
los pagos previstos y en ocasiones todas las instituciones sabrían mejor
a qué atenerse.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.




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El señor RIOS MARTINEZ: Las enmiendas que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida ha presentado y las que van a poder someterse a votación
son distintas. Voy a agrupar, por tanto, todas las enmiendas al título
VII, aunque hay cinco que han sido vetadas, como decía, por el Gobierno y
que no vamos a poder someter a votación; enmiendas que hacen referencia a
la financiación de la vida municipal, del incremento de la participación
de los municipios en los ingresos del Estado; enmiendas que se refieren a
hacer frente a la situación complicada de las haciendas locales y al
déficit que tienen acumulado, y enmiendas que van dirigidas a la
concreción de esas cifras, propuestas muy moderadas en cuanto a lo que es
la discusión.

En todo caso, es verdad que en el trámite de discusión, que es el
articulado de la ley en el que nos encontramos, no van a ser sometidas a
votación, pero sí me gustaría poder mantener, como criterio, estas
propuestas de Izquierda Unida, porque creemos que son el problema real.

Antes se nos decía que nos falta conexión con la realidad, y yo creo que
muchas veces el que gobierna ahueca el ala ante la realidad. Nosotros
queremos traer esa realidad para que sea tomada en consideración. Por
tanto, creemos que no es posible plantearse la financiación del Estado
sin plantearse el conjunto de las administraciones que compone ese Estado
--la vida local, la vida regional y la vida de la Administración
central--, y que ese planteamiento de estructuración federal, a nivel
competencial y a nivel financiero, al final tendrá que primar por encima
de otros criterios.

La enmienda 1.329 va dirigida a que los pagos trimestrales que se
proponen para la vida municipal tengan una fecha para poder acometerlos,
puesto que el artículo ochenta y tres del proyecto de ley plantea que el
Gobierno liquidará la participación a las haciendas locales
trimestralmente. Nosotros creemos que, en lugar de hacerlo sin fijar el
tiempo, debiera de establecerse durante el mes siguiente de cada uno de
los trimestres, con lo cual, por lo menos, evitamos las incertidumbres y
las tensiones de tesorería que estas haciendas locales tienen y que se
ven agravadas.

La enmienda 1.330 va dirigida al artículo ochenta y ocho, apartado b),
del proyecto de ley, y es sobre el tema de la información que deben
aportar las corporaciones locales para la liquidación definitiva de la
participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado. Nosotros
creemos que la documentación debe presentarse antes del 31 de marzo, en
lugar de antes del 30 de junio, con lo cual agilizaremos toda la
distribución de esa participación que los municipios puedan tener en
estos ingresos.

La enmienda 1.331 va dirigida al artículo ochenta y nueve, y hace
referencia, a la hora de actuar sobre los municipios, a las retenciones
que se les deben practicar. El proyecto de ley dice que esas retenciones
que deben acordarse para compensar las deudas de los municipios se
establecen en un equivalente del 50 por ciento y nosotros creemos que es
excesivo. Por eso queremos reducir este alcance de las retenciones para
compensar las deudas que puedan tener los ayuntamientos, y proponemos
rebajarlo al 25 por ciento.

La enmienda 1.332 va dirigida al párrafo tercero del artículo ochenta y
nueve para decir que en caso de que el municipio pueda presentar un
recurso, estos límites globales se reduzcan al quince por ciento. (El
señor Vicepresidente, Ortiz González, ocupa la Presidencia.) El proyecto
de ley habla de que, en caso de que exista ese recurso, los límites se
establecerán en el 25 por ciento que antes comentábamos.

Dos de las enmiendas que han sido vetadas hacían referencia a incorporar
en el artículo noventa y uno la posibilidad de un crédito, dentro del
Programa 911, B, por valor de 10.000 millones de pesetas para equiparar
el volumen de recursos de las comunidades autónomas en ese supuesto que
significa la corresponsabilidad fiscal que se deriva del acuerdo del 20
de enero de 1992. Creemos que es importante que se tenga una valoración,
puesto que el acuerdo puede significar incremento de dinero o puede no
representarlo. En todo caso, como no nos creemos la neutralidad que ha
conseguido pactar el Grupo de Convergència i Unió, nos gustaría
establecer un límite.

La enmienda número 1.334 va dirigida al artículo noventa y cuatro del
proyecto de ley con relación a la cantidad que se establece de la
liquidación definitiva de la participación de las comunidades autónomas
en los ingresos del Estado. El proyecto de ley habla de 142.000 millones
de pesetas, y nosotros creemos que debe elevarse a 157.000 millones de
pesetas, en concordancia con lo que han sido las enmiendas anteriores.

Por último, teníamos una enmienda que ha sido vetada por el Gobierno y
que hacía referencia al Fondo de Compensación. Creemos que no es posible
seguir planteándose una política solidaria territorialmente si no
incrementamos el compromiso del Estado en políticas regionales
propiamente definidas. Por tanto, sin pretender congelar el Fondo de
Compensación y liberar todo lo que significa previsión, que era lo que
venía a definir el Presidente de la Generalitat con «café para todos»,
queremos que en los Presupuestos Generales del Estado se camine hacia el
45 por ciento de la participación en las inversiones del Estado. Por
ello, proponemos que en lugar de ser el 36,8 que ahora mismo existe, se
eleve a dicho 45 por ciento la partida que hacía referencia al Fondo de
Compensación. En todo caso, no vamos a tener posibilidad de votar esta
enmienda porque ha sido vetada por el Gobierno.

No obstanste, sirva nuestra argumentación como la manifestación de
proyectar la realidad administrativa, la realidad de déficit y de
situación complicada en todas las haciendas y no de pasar de puntillas
por encima, para que, una vez cerrados los Presupuestos aprobados aquí,
se empiece la negociación bilateral y volver a hacer lo que hasta ahora
siempre se ha hecho: por el pastel bilateral el Gobierno impone lo que no
discute en los Presupuestos.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo de Convergència i
Unió, el señor Homs tiene la palabra.




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El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, voy a hacer referencia a las
enmiendas que tiene mi Grupo Parlamentario en este título VII. La primera
es la 232, que tiene una similar motivación a las números 233 y 234. Se
trata de plantear y promover la conveniencia de que lo suscrito en su día
dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el acuerdo que se
alcanzó el 20 de enero de 1992 relativo a los criterios de liquidación de
las transferencias a la administración de las comunidades autónomas y
también a la administración de los ayuntamientos, se recoja dentro de la
legislación vigente.

Es ésta una enmienda que no tiene discusión política, puesto que el tema
fue asumido por las fuerzas políticas, y dentro del Consejo de Política
Fiscal y Financiera fue acordado, pero le parecía oportuno a nuestro
Grupo transmitir este criterio de liquidación de los créditos a las
comunidades autónomas y a las corporaciones locales antes de finalizar el
tercer trimestre del año siguiente al de la liquidación. Se trata,
señorías, simplemente de incorporar, dentro de la legislación vigente,
aquel compromiso alcanzado.

Estas tres enmiendas, señorías, se plantean para poder formalizar esta
propuesta de una forma más definitiva, aunque sabemos que puede ser
perfectamente ejecutada por la realización de ese aspecto por parte del
Gobierno en los procesos de liquidación, que sabemos que son complejos y
que pueden dar a veces circunstancias específicas. No obstante, la
motivación de estas tres enmiendas es establecer dentro de la ley de
Presupuestos que se proceda a la liquidación para estas administraciones
antes de cerrar el tercer trimestre del ejercicio presupuestario
siguiente al del año que se liquida.

La enmienda siguiente, señor Presidente, es concretamente la número 257,
que hace referencia ya a la Sección 32. Esta enmienda tiene como objetivo
modificar los créditos a dicha Sección 32 con el siguiente propósito. Se
trata de hacer efectiva la participación del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente a la financiación de todas las
inversiones en infraestructuras que efectúen los ferrocarriles de vía
estrecha.

La enmienda número 258 tiene también como finalidad modificar la
redacción de la partida del capítulo 454, que figura en la Ley de
Presupuestos de 1993 para la liquidación definitiva del coste de la
policía autónoma.

Señorías, como ustedes saben, en el mes de diciembre de 1992, cuando se
aprobaron los Presupuestos para este año, se incorporó una partida en la
Ley de Presupuestos que decía lo siguiente: «Liquidación definitiva del
coste de la policía autónoma en 1993.» Pero, señorías, quedaba pendiente
la liquidación de los años 1991 y 1992. Esta liquidación, si no tiene un
encuadre «nomenclativo» dentro de la Ley de Presupuestos, no se puede
hacer efectiva. Por tanto, la enmienda que se plantea no es una enmienda
de aumento de créditos ni una enmienda de más recursos, y lo digo con
toda claridad a los efectos de explicárselo a algunos medios de
comunicación que habrán tenido alguna confusión en torno a este asunto.

Se trata, señorías, simplemente de permitir un encuadre legal dentro de
la Ley de Presupuestos para poder hacer efectiva la liquidación
correspondiente a la policía autónoma de los años 1991 y 1992, que debe
hacerse todavía efectiva --fíjense, estamos en 1993--, pero que si no se
hace una denominación específica en la Ley de Presupuestos no se podría
realizar. La enmienda que planteamos es, simplemente, donde figura la
denominación para la liquidación definitiva del coste de la policía
autónoma para 1993, que se especifique que también este crédito servirá
para la correspondiente liquidación relativa a los años 1991 y 1992. Esta
enmienda, señorías, guarda paralelismo con otras dos que se plantearán y
se comentarán en su momento en el capítulo de anexos, en el Anexo II.

La última enmienda, señorías, es la número 256, y tiene como propósito
atender una situación específica en la contitución inicial de los
consejos comarcales. Señorías, yo creo que esta enmienda se justifica por
sus propios términos, por lo que no voy a extenderme en ella.

Estas son, señorías, las seis enmiendas o modificaciones que nuestro
Grupo mantiene en este título y que sometemos a reflexión por la Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo parlamentario de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, las enmiendas que presenta
Coalición Canaria al título VII las voy a explicar de forma muy breve, y
espero que tengan sensibilidad los grupos de la Cámara para atenderlas.

Las primeras dos concretamente se refieren a la modificación del
coeficiente de participación de la Comunidad Autónoma canaria, que
entiendo que no tiene mayor debate en la medida en que es producto de un
acuerdo del Gobierno de España con el Gobierno de Canarias, y que
necesita simplemente su incorporación a los Presupuestos porque es un
acuerdo cerrado al que hay que dar el trámite presupuestario.

El otro grupo de enmiendas a los artículos ochenta y uno, ochenta y dos y
ochenta y tres, son las que se refieren a la financiación de las
corporaciones locales.

Hay en Canarias un problema específico que ha sido respaldado en la
reciente Asamblea celebrada en La Coruña, pero que trae una historia
anterior. En las Asambleas de la Federación Española de Municipios y
Provincias celebradas tanto en Zaragoza como en Valencia se había
insistido en la necesidad de que el Gobierno considerara la incorporación
de los municipios y cabildos canarios al régimen común de financiación,
en el sentido de que hay una peculiaridad o una especialidad canaria en
los ingresos del capítulo II y que, hasta ahora, de una manera bastante
arbitraria (como ha sido hace dos meses reconocido por la Sala de lo
Contencioso de la Audiencia Nacional), se había entendido que Canarias
tenía que tener sólo un porcentaje de participación en el Fondo de
Cooperación Municipal. Lo que se pide es, simplemente, la equiparación,
lo cual no implica ningún incremento de crédito. Quiero decir que si ha
sido apoyado unánimemente por todos los municipios españoles la semana



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pasada en La Coruña, espero que sea apoyado por todos los grupos
parlamentarios en el Pleno de la Cámara y en esta Comisión.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo Parlamentario
Mixto, el señor González Lizondo tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Voy a defender la enmienda 129, al artículo
ochenta y tres; la enmienda 205, a la Sección 33; y también lo haré con
la enmienda 132, presentada como disposición adicional vigésima sexta,
con el fin de facilitar la contestación del compañero portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en esta ocasión.

La enmienda 129 se viene presentando año tras año por algunos grupos,
fundamentalmente por Unión Valenciana, que venimos reclamando la
financiación del Consell Metropolitá de L'Horta. Quiero hacer una pequeña
reseña histórica. Valencia y su área de influencia tenían un ente que se
titulaba Gran Valencia, que disponía de una financiación especial. Por
Decreto de la Generalidad Valenciana se extinguió aquella entidad y se
creó la del Consell Metropolitá de L'Horta, Consell Metropolitá de
L'Horta que no está teniendo financiación por parte del Gobierno central
mientras otras dos áreas metropolitanas también importantes dentro del
Estado, como son la de Madrid y la de Barcelona, sí la tienen. Recuerdo
que hace cuatro años, prácticamente cinco, con motivo de la discusión de
los primeros presupuestos, se me dijo que esto era un tema a extinguir,
que era un tema que como máximo le quedarían uno o dos años de vida y
que, por tanto, eso no se podía y no se debía ampliar. Se nos dijo que
era el Gobierno regional el que tenía que financiar este ente, que si eso
se fuera a mantener sí tendría una lógica, pero que en unos momentos en
los que iba a finiquitar no tenía lógica que se hiciera.

Han pasado cinco años y no se ha finalizado. Siempre se dice que se va a
finalizar al año que viene, faltan dos años, pero la realidad es que
estas dos áreas metropolitanas están teniendo una financiación. Tal
financiación, además, es necesaria, porque hay que darse cuenta de que
las grandes ciudades de Madrid, Barcelona o Valencia están soportando un
área metropolitana que tiene unos servicios impresionantes en todos los
órdenes, tanto de transporte urbano como de cualquier tipo, y no se puede
pedir un carnet de identidad a una persona diciéndole es usted de
Albuixech o es usted de un pueblo de la provincia y, por tanto, tiene
usted que pagar más o poner lo que antiguamente teníamos, me refiero a
las casetas de consumeros, que yo me acuerdo existían allí en la cruz de
término de los ayuntamientos. Es absurdo ignorar la realidad del área
metropolitana de Valencia; es un auténtico atentado en contra de nuestra
ciudad y de los cuarenta pueblos que aproximadamente la componen. Yo creo
que esta injusticia se debe anular de una vez por todas, se debe tener la
consideración de que las áreas metropolitanas están ahí, no nacen de la
noche a la mañana, no se pueden crear áreas metropolitanas porque a uno
le guste y se diga que como lo reclama Valencia, lo puede reclamar otra
ciudad. No, las áreas metropolitanas nacen a través de casi cientos de
años en que los pueblos que se van agrupando alrededor de la ciudad
conforman estas masas, como sucede en Madrid, en Barcelona y en Valencia.

Por tanto, es de una lógica aplastante, de justicia social distributiva
que este deseo de todos los valencianos se convierta en realidad, y yo
espero que así sea entendido por SS. SS. y que todos conjuntamente
votemos a favor.

La enmienda 205 se relaciona con el Fondo de Compesación
Interterritorial. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la
Presidencia.) La enmienda pretende la devolución de la citada sección y
la justificación está muy clara: no adecua medios a fines y discrimina a
la comunidad valenciana que sufre una caída que ya en 1992 respecto a
1991 supuso el 12,1 por ciento, y de 1992 a 1993, en estos Presupuestos,
pasa a 5.700 millones de pesetas, con lo que la bajada de 12.000 millones
es del 60 por ciento. Me refiero al señor Cercas, que antes hablaba de
esas barbaridades del 60 por ciento. Mi máquina funciona bastante bien
aún y es el 60 por ciento. Aquí no tengo ninguna duda. Lo que a usted le
pareció una barbaridad de seducción, aquí se quiere hacer una auténtica
realidad.

No creo que valga el que se diga que la Comunidad Valenciana ha mejorado.

Yo creo que esto no es cierto. Sabemos que somos objetivo prioritario
dentro de la Comunidad Económica Europea. Entonces, si somos zona
deprimida, si somos una zona de objetivo prioritario para la Comunidad
Económica Europea, no creo que sea válido decir que estamos mejorando,
cuando, además, todos sabemos cuáles son las cifras reales y no han sido
solamente las 1.400 empresas de 1992, sino que el año 1993 400 empresas
han cerrado en las vacaciones estivales y, desgraciadamente, ya no han
abierto. También tenemos una tasa de paro superior a la media nacional.

La Comunidad Valenciana está atravesando momentos verdaderamente
peligrosos en sectores importantísimos para la exportación que afecta
naturalmente a todo el Estado. Siempre he dicho que somos una de esas
hormiguitas trabajadoras a las que hay que cuidar, porque si no se cuida
la unidad productiva, llega un momento en que no existe producción y no
se puede sacar aquello que no existe. Por tanto, también es muy razonada
y muy lógica esta enmienda, que celebraría fuera aceptada.

Por último, la enmienda número 132, proponiendo una disposición
adicional, habla respecto de la creación de un acuerdo económico como
modelo de financiación de la comunidad autónoma, modelo que queremos se
base en la concertación económica; concertación económica que en estos
momentos disponen de dos comunidades autónomas dentro del Estado, como
son el País Vasco y Navarra. Además nos parece muy bien que la tengan.

Jamás se nos ha ocurrido pensar ni decir: como nosotros no lo tenemos,
que tampoco lo tengan ellos. No. Queremos que lo sigan teniendo. Estamos
satisfechos, y lo que queremos es que se pueda ampliar, y que se pueda
ampliar a aquellas autonomías que se consideren



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afectadas y que se consideren capaces de desarrollar este tema.

Creo que en estos momentos todos sabemos que los economistas más
prestigiosos de la Hacienda Pública defienden la tesis del federalismo
fiscal, tesis por la que los gobiernos subcentrales --en nuestro caso,
comunidades autónomas-- gestionan sus propios recursos y realizan la
asignación más eficiente posible de los bienes y servicios públicos. No
es casualidad que sistemas similares sean los que actualmente se estén
utilizando en los países más avanzados del mundo como Estados Unidos,
Canadá, Suiza o la propia Alemania. Desde la óptica de un partido
nacionalista, como Unión Valenciana, que aspira a mejorar el nivel y
calidad de vida de Alicante, Castellón y Valencia, proponemos y
pretendemos la adopción de los conciertos económicos para nuestra
Comunidad, conciertos económicos solidarios y generalizables a todas
aquellas comunidades que lo deseen.

La recuperación económica de la Comunidad Valenciana depende en gran
manera de la modificación del sistema de financiación actual. Sólo de
esta manera se podrá llevar a cabo una política económica valenciana
correcta buena para Valencia, buena para Alicante, buena para Castellón
pero también buena para todo el Estado español. La realización de las
competencias transferidas se podrá llevar a cabo con una suficiencia
financiera, esto es con una reducción de esa burocracia que poco a poco
se nos viene comiendo y que en determinados momentos con compañeros, con
señorías inclusive del Partido Socialista se ha discutido y se ha visto
que es esa gran máquina la que poco a poco nos está devorando y tendremos
que intentar ponerle coto. Es una menor duplicidad de gestión, es, en
definitiva, una serie de ventajas extraordinarias. El que este
defederalismo fiscal no se ponga en práctica no tiene explicación. Si es
bueno para determinadas comunidades autónomas, puede serlo también para
aquellas otras que lo soliciten. No me valdrá que se me diga que para
ello hay que reformar la Constitución. La Constitución no es la ciencia
exacta. La Constitución no es totalmente innegociable. La Constitución se
modificó hace muy poco y no pasó absolutamente nada, y esto es una mera
ampliación de la Constitución, que creo es factible. Si una Constitución
tiene defectos, como que no da las mismas oportunidades a todos los
ciudadanos, debe ser mejorada y naturalmente rectificada con todas sus
consecuencias, sin que nadie lance otra serie de pensamientos que no sean
estrictamente los de mejorar, los de dar a todos y a cada uno de los
ciudadanos los derechos que les corresponden.

Creemos que los valencianos tenemos unos derechos, derechos que exigimos,
derechos que queremos que se nos reconozcan ¿por qué no? modificando el
texto de la Constitución española, que está precisamente para eso, para
que nadie se sienta discriminado, para que nadie pueda tener problemas.

Se podrá argüir todo aquello que se considere oportuno, pero está claro
que es práctico, que es económico, que es bueno y que se desea. Por
tanto, agradecería, naturalmente, que aquellas personas que piensan y
creen que en el tema de la fiscalidad se deben corresponsabilizar con el
Estado las autonomías para llegar a la federalización, llegar al Estado
federal fiscal, que no es otra cosa que compaginar una realidad auténtica
de lo que hoy se está viviendo en España, espero me acompañen.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para defensa de las enmiendas del
Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Aroz.




La señora AROZ IBAÑEZ: Sólo a efectos de defender las enmiendas del Grupo
Socialista.

Las enmiendas presentadas por nuestro grupo hacen referencia al capítulo
II del título VII y son las números 1.079, 1.080 y 1.081, que tienen por
objeto corregir los porcentajes de participación en los ingresos del
Estado en relación con la Comunidad Autónoma de Canarias, después del
acuerdo de la Comisión Mixta de esta Comunidad que aprobó los porcentajes
definitivos de la misma.

Asimismo, la enmienda número 1.099, en la Sección 32, tiene por objeto
dotar en dicha sección el crédito correspondiente a la modificación de
porcentaje de participación en los ingresos del Estado para el año 1994.

(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Igualmente, nuestro grupo ha presentado dos enmiendas coincidentes con
enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), correspondientes a la
Sección 32, que son las enmiendas números 1.087 y 1.088, relativas a los
conceptos de crédito ampliable y de la policía autonómica, por lo que, al
aceptar las enmiendas del Grupo Catalán, nuestro grupo considera que las
nuestras están incorporadas o retiradas, señor Presidente.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Para defender, dentro de las
enmiendas al título VII, la relativa al artículo noventa y cinco del
proyecto de ley de Presupuestos.

En dicha enmienda solicitamos la modificación del párrafo segundo de
dicho artículo, porque en ese precepto se establecen los criterios en
base a los cuales los Reales decretos efectuarán las transferencias de
servicios correspondientes al esquema de distribución competencial.

Si la Ley de Presupuestos fija ya unos determinados criterios a estos
Reales decretos, ocurre que en comunidades autónomas como la catalana, la
vasca o la gallega existen instrumentos pactados para la realización de
los traspasos de servicios y la mecánica de cómo se ha de efectuar tanto
la valoración como el traspaso de los medios personales y materiales. Por
ello, como no queda claro, nuestro grupo lo ha enmendado, puesto que el
artículo noventa y cinco se refiere a transferencias a comunidades
autónomas con carácter general.

Tambien hemos presentado la enmienda relativa a la integración de los
puntos c) y d) del párrafo segundo del artículo noventa y cinco, en el
sentido de que el criterio



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que se establece en el proyecto de ley presupuestaria es contrario al
criterio que en el caso de Cataluña y del País Vasco se establece
respecto al tema de la valoración del traspaso de los servicios, puesto
que se toma como criterio de valoración la existente en el ejercicio
correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado. El punto d) del
artículo 95 toma como valoración definitiva la del ejercicio 1990 y eso
origina una diferencia enorme a la hora de los traspasos de determinados
servicios. No es lo mismo la valoración del ejercicio corriente, año
1994, a la hora de efectuar una transferencia de determinadas cuestiones,
tanto materiales como personales y financieras, que tomar la valoración
del año 1990.

Por eso, nuestro grupo ha presentado esta enmienda en aras a ajustar el
proyecto de ley presupuestario a lo que ya existe en disposiciones de la
Administración central que aprobaban los mecanismos y el régimen de
transferencia de servicios con las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Aroz, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, en su turno de réplica a las enmiendas
presentadas.




La señora AROZ IBAÑEZ: Quisiera introducir un poco de serenidad al
planteamiento de dramáticos incumplimientos que ha hecho el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en relación al contenido del proyecto de ley
en lo relativo al título VII y las correspondientes Secciones 32 y 33.

Creo que conviene tener presente al debatir este título y las secciones
correspondientes que la financiación que está consignada en los
presupuestos de 1994 responde a la aplicación de disposiciones legales
vigentes, tanto en lo referente al sistema general de financiación como,
en este caso, a una prórroga provisional del sistema de financiación de
las corporaciones locales. En el primer caso, me refería a la
financiación de las comunidades autónomas, y, en el segundo, a las
corporaciones locales.

Hemos de interpretar, por tanto, que las enmiendas de totalidad que ha
planteado el Grupo Popular responden a un cuestionamiento no del proyecto
de ley sino del sistema de financiación tanto de las comunidades
autónomas como de las corporaciones locales. Si bien es muy legítimo en
un momento en que estamos reflexionando o se va a reflexionar porque
estamos en vísperas de una revisión del sistema de financiación de las
corporaciones locales, no me parece tan legítimo, a pesar de los
argumentos que ha invocado, que el Partido Popular cuestione el sistema
de financiación que se aplica en estos Presupuestos Generales del Estado
porque hay que recordar que lo que aquí se aplica es el sistema acordado
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 20 de enero de 1992,
que fue plenamente suscrito por el Partido Popular en el Consejo, desde
la ratificación de las comunidades autónomas presididas por militantes
del Partido Popular.

Es conveniente también recordar, en relación a algunos incumplimientos
que citaba el señor Fernández Díaz, que yo creo tiene una mala
interpretación de la Lofca porque usted sabe perfectamente que el Consejo
de Política Fiscal y Financiera acuerda el método, acuerda los
porcentajes correspondientes pero no tiene validez legal --lo dice
claramente la Lofca-- hasta que no es aprobado este método por las
comunidades autónomas a través de la Comisión Mixta. Por tanto, hay que
precisar al máximo las cuestiones al hablar de aplicación con respeto a
la legalidad vigente del sistema de financiación de las comunidades
autónomas.

Hay un problema, es verdad, en relación a la incorporación de los
acuerdos de corresponsabilidad fiscal. El acuerdo de corresponsabilidad
fiscal no se alcanzó en el plazo previsto, pero el propio Consejo de
Política Fiscal y Financiera, en su sesión del 7 de octubre de 1993,
acordó el sistema, que si no se incorpora en este proyecto de
presupuestos no es por una negligencia del Gobierno, señor Fernández
Díaz, sino porque las comunidades autónomas todavía no han ratificado el
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es verdad que deberá
ser incorporado a este proyecto de ley o a la legislación, bien a través
de este proyecto de ley o a través de una disposición propia que, en
cualquier caso, no tendrá efectos financieros para el año 1994.

Es verdad que había un compromiso de que el acuerdo se pusiese en macha
en 1993, a partir de disponer de unas conclusiones del grupo de trabajo,
en junio de 1992; ahora bien, esto no fue factible porque no fue posible
alcanzar este acuerdo. Por tanto, yo creo que como respeto a la
legalidad, también hay que remitirse al propio acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, que el 7 de octubre de 1993 acordó cuándo
se iba a poner en marcha este sistema de corresponsabilidad fiscal,
arrastrando como fecha de inicio del mismo el 1.º de enero de 1994.

En relación al artículo 15 de la LOFCA, estamos en la misma situación.

Asimismo existió acuerdo para que un grupo de trabajo elaborase unas
conclusiones a 30 de junio de 1992. El grupo cumplió con su cometido,
pero no existían unas conclusiones suficientemente claras para
implementar un sistema de aplicación del artículo 15 de la LOFCA. En
virtud de ello, se acordó también, en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, hacer encargo a un grupo de expertos para que avanzasen en
los aspectos concretos como, por ejemplo, la determinación de qué
servicios se van a considerar como mínimos, determinar el tipo de
servicios y determinar también la fórmula para la financiación de los
mismos. Por tanto, es evidente que las previsiones realizadas a
principios del año 1992 no han podido ser cumplidas, pero, señor
Fernández Díaz, creo convendrá conmigo que es mejor incumplir plazos y
llegar a buenos acuerdos, que no por cumplir plazos llegar a malos
acuerdos. Estamos avanzando y profundizando en un sistema de financiación
de las comunidades autónomas en base a la LOFCA, yo creo que hay una
valoración positiva por parte de todos y yo creo que se está avanzando en
el federalismo fiscal. Ahora estamos abordando el tema de la
corresponsabilidad fiscal, que era una asignatura pendiente del sistema
de financiación de las comunidades autónomas y es un sistema, en
definitiva, que se está desarrollando sobre el consenso de todos



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los partidos. Yo espero que en el trámite que están llevando a cabo las
comunidades autónomas para ratificar el último acuerdo sobre
corresponsabilidad fiscal (también las comunidades autónomas gobernadas
por el Partido Popular) las que no suscribieron este acuerdo o se
abstuvieron van a reconsiderar su posición y cuando llegue a esta Cámara
la propuesta de incorporación al ordenamiento legal del desarrollo de la
corresponsabilidad fiscal para ser aprobada, contaremos también con el
voto positivo del Grupo Parlamentario Popular.

En relación con la financiación local, creo que estamos en una situación
bastante diferente. Nos encontramos en un momento en el que hemos de
abordar la revisión de una pieza, que es limitada, del sistema de
financiación de las corporaciones locales; esta pieza limitada es la
participación en los tributos del Estado. Sin embargo, es verdad que a la
vista de la situación actual de las corporaciones locales, esta revisión
requiere, al menos, una reflexión más global sobre el balance que arroja
la Ley reguladora de Haciendas Locales. En este sentido el Grupo
Parlamentario Socialista apoya, porque le parece positiva, la posición
avanzada por el Gobierno en cuanto a que se realice esta reflexión global
y que se pueda ampliar la revisión que, en principio de acuerdo con el
texto de la Ley, tenía un carácter limitado. Por tanto, creo que aquí se
abre un camino que hemos de recorrer con consenso, porque también estamos
desarrollando una pieza financiera importante de un conjunto que --como
dice el portavoz de Izquierda Unida-- ha de ser armonioso en cuanto a la
financiación de los tres niveles de gobierno con que cuenta España: el
Gobierno central, el subcentral, que son las comunidades autónomas, y las
corporaciones locales.

Aquí se han mencionado por parte de todos los grupos enmiendas que creo
son una anticipación de esta reflexión y de las reformas posibles a
introducir en la modificación de la Ley de Haciendas Locales. Después
podré referirme a ellas cuando algunos grupos defiendan sus enmiendas
parciales, pero el Partido Popular las ha subsumido dentro del
planteamiento más global.

Para responder a los aspectos más globales de aplicación de la
legislación en este título y en las secciones correspondientes, me
referiré a enmiendas globales que han planteado tanto el Grupo de
Izquierda Unida como Unión Valenciana en relación al Fondo de
Compensación Interterritorial.

Es evidente que aquí el proyecto de ley también se limita a hacer una
aplicación estricta de la legalidad vigente, de la Ley del Fondo, Ley
29/1990, que ha sido modificada posteriormente y que fija la cuantía del
Fondo en el 35 por ciento de la inversión real nueva civil del Estado y
organismos autónomos. Se está cumpliendo también, por tanto, la
legislación vigente. No es que el fondo esté estancado, señor Ríos, es
que hay un porcentaje en función de la inversión. Además hay una cláusula
de salvaguarda, digamos, para que no descienda por debajo de determinada
cantidad. Así, aunque este año, en aplicación de este porcentaje, la
cantidad hubiera sido menor, se aplica esta cláusula de salvaguarda, para
que no baje de la cantidad asignada en 1992 (128.000 millones) que es la
que se aplica este año, con lo cual el porcentaje no es el 35 por ciento
sino el 36,8 por ciento. Estamos cumpliendo aquí también la legislación
vigente.

El señor González Lizondo plantea la repercusión negativa, la disminución
que supone la aplicación de los criterios recogidos en la ley en relación
con la Comunidad Valenciana. Uno de los parámetros que se utilizan para
determinar la cuantía de cada comunidad autónoma es la inversa de la
renta y resulta que la Comunidad Valenciana, afortunadamente para ella,
ha crecido en su renta por habitante en una proporción superior a la
media de las comunidades que están dentro del Fondo de Compensación
Interterritorial. Es cierto que la Comunidad Valenciana es una región
económica dentro del objetivo uno porque, efectivamente, está por debajo
del 75 por ciento de la media comunitaria, y la relación del Fondo con el
objetivo uno tiene su lógica por esta razón.

En cualquier caso, creo que para una comunidad autónoma la aspiración
debe ser no estar en el Fondo, porque eso querrá decir que ha superado la
deficiencia en cuanto a la renta de la media comunitaria. Es evidente que
para salir del Fondo hay que disminuir progresivamente su participación
en el mismo, y aunque parezca negativo en el momento de recibir la
partida correspondiente, creo que hay que contemplarlo en este sentido.

Por otra parte, hay que tener presente que todo el sistema de
financiación de las comunidades autónomas es totalmente redistributivo,
que la redistribución no se hace únicamente a través del Fondo de
Compensación Interterritorial. Quisiera decir respecto a la ley
promulgada en el año 1990 que es muy positiva, porque, por fin, corrige
problemas que antes tenía el Fondo, a través del cual se financiaba
también, por ejemplo, la inversión nueva. Es una ley que realmente
constituye un instrumento más eficaz de corrección de desequilibrios y de
redistribución en las inversiones porque excluye a las comunidades
autónomas que tienen nivel de renta superior. Creo que el Fondo es un
buen instrumento y que los criterios aplicados han sido acordados por
Ley, han sido modificados, en algún caso, para mejorar, para ampliar el
porcentaje en relación a la inversión en el acuerdo del 20 de enero de
1992, y creo, repito, que estamos ante un instrumento muy positivo.

Finalmente, respecto a las enmiendas parciales que han sido defendidas,
voy a contestar muy brevemente. Izquierda Unida mantenía cuatro enmiendas
nada más, después de la contestación del Gobierno. En relación a la
enmienda número 1.329, referida a los pagos de las entregas a cuenta para
las corporaciones locales, quisiera decirle, señor Ríos, que creo podemos
insistir en que se cumplan los plazos, pero es que no hay incumplimientos
en las entregas a cuenta. Recuerdo las fechas en que han sido
transferidas a los municipios dichas entregas a cuenta en el año 1993, no
al final del tercer trimestre. El pago del primer trimestre se hizo en
febrero; del segundo, en mayo; del tercero, en agosto, y el cuarto está
preparado para poder realizarse en el mes de noviembre.

La enmienda 1.330 propone anticipar la entrega de



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documentación para la percepción de la subvención del transporte. Quiero
recordar, porque esto afecta a empresas privadas, que el texto refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas autoriza que las cuentas del ejercicio
sean aprobadas dentro del semestre siguiente al ejercicio que se cierra.

Por tanto, tendríamos dificultad en este sentido.

Las enmiendas 1.331 y 1.332 plantean reducir los porcentajes máximos de
retenciones por deudas. Es evidente que no estaríamos contribuyendo a
facilitar la situación de las corporaciones locales, sería una mejora de
tesorería inmediata, pero estaríamos agravando las deudas, que se
alargarían en el tiempo, y también contribuiríamos a una relación laxa
entre administraciones y al incumplimiento de los compromisos de crédito
entre las corporaciones locales y las otras administraciones.

En relación con las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
hay tres, la 232, 233 y 234, que hacen referencia también a los plazos de
pago. Se trata, en la enmienda 232, que hace referencia a las
corporaciones locales, de trasladar los criterios de automatismo fijados
para las comunidades autónomas. Al Grupo Socialista le parece positivo,
pero cree que debemos dejar esta cuestión pendiente para la próxima ley
de haciendas locales. En el propio proyecto de ley de presupuestos
generales para 1994 ya se remite en esta cuestión a lo que se decida para
el quinquenio 1994-1998.

En cuanto a la trasposición a la ley de presupuestos para 1994 de los
acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el acuerdo es que
la liquidación se realice a lo largo del tercer trimestre del año.

Nuestro Grupo considera que sería más prudente no trasponer este acuerdo,
con el objeto de que se pueda realizar, si es posible, la liquidación
antes del plazo fijado porque se conozcan --como usted sabe, una de las
dificultades en el cumplimiento de los plazos es conocer de una manera
clara el índice de evolución que va a prevalecer-- los índices de
evolución. Nos parece más conveniente mantener la actual redacción y que
en el caso de que haya algún retraso, no nos encontremos ante un
incumplimiento. Por consiguiente, a nuestro Grupo no le parece necesario
incluir este acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la
ley de presupuestos.

De las enmiendas presentadas por su Grupo a la Sección 32, la 243 hace
referencia a la declaración de crédito ampliable del contrato-programa,
que debe suscribirse con Ferrocarriles de la Generalitat dentro del
programa de apoyo y fomento del transporte colectivo. Como sabe S. S.,
además de este contrato-programa, está pendiente de suscribirse el
próximo año --porque finalizará el 31 de diciembre de 1993 la vigencia de
distintos contratos-programas--, entre otros, el del Ayuntamiento de
Barcelona, el del Consorcio de Transporte de Madrid y el de Transportes
de Tenerife, por lo que querría proponer a S. S. que, dado que estamos
considerando lo mismo para el resto de los contratos-programas, esta
cuestión fuese considerada en el Senado conjuntamente.

En la enmienda 256, el Grupo de Convergència i Unió propone una dotación
para colaborar en los gastos de primer establecimiento de los entes de
ámbito comarcal que se han constituido, concretamente, en Cataluña.

Nuestro Grupo, como usted ya sabe, tiene en cuenta que esto no está
contemplado en la legislación actual, y que, por tanto, no hay
obligatoriedad, no hay un imperativo de hacerlo; en cambio, considera que
es una cuestión sobre la cual debemos reflexionar. Nuestro Grupo muestra
una disposición favorable en cuanto a su posible inclusión en la reforma
que va a realizase en la Ley de Haciendas Locales.

La enmienda 257 propone una dotación para un nuevo programa de
infraestructuras en los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña.

Nuestro Grupo comparte la conveniencia del proyecto, pero entiende que,
por los criterios de austeridad que presiden este presupuesto, no debería
ser incluido ahora.

Las enmiendas 244 y 258, relativas a la liquidación definitiva del coste
de la policía autónoma en 1991, 1992 y 1993, piden declarar crédito
ampliable las de los años 1991 y 1992 y, además, incluir este concepto en
la Sección 32. Nuestro Grupo las considera favorablemente y, por tanto,
la vamos a apoyar con nuestro voto.

Enmiendas presentadas por Unión Valenciana, del Grupo Mixto. La enmienda
129 propone una dotación, una compensación para el Consell Metropolitá de
L'Horta. Como sabe muy bien el portavoz de Unión Valenciana, lo hemos ido
repitiendo en debates anteriores de leyes de presupuestos, la situación
de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, no las áreas, porque no
existen, integrados en la antigua Area Metropolitana de Barcelona y del
Area de Madrid, tienen una compensación que proviene de una situación
anterior a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La Ley de
Haciendas Locales consolidó esta financiación y la recogió en su
disposición decimotercera. Por tanto, estamos en una situación específica
que no es trasladable a la de otras ciudades y áreas metropolitanas.

Dicho esto, que es el cumplimiento de las disposiciones legales, creo que
tenemos pendiente en esta Cámara, dentro de la situación de las
corporaciones locales y de los municipios, una reflexión sobre los
problemas específicos que afectan a los ciudadanos que viven en las
grandes ciudades y en sus áreas metropolitanas, cómo se resuelven estos
problemas. En este sentido, el Grupo Socialista va a apoyar una propuesta
--que, en su día, hará el Gobierno, porque es un compromiso electoral--
de una ley de grandes ciudades, que deseamos que sea presentada con la
mayor urgencia posible en esta Cámara para afrontar los problemas de
estos ciudadanos y su financiación y que contemple también los problemas
de sus áreas metropolitanas.

Unión Valenciana ha presentado una propuesta de disposición adicional
vigésima, nueva, en su enmienda 132, que propone la adopción del
concierto económico para la Comunidad Valenciana. Quiero decir con todo
respeto al señor González Lizondo que nuestro Grupo entiende que su
partido pueda tener esta posición, pero que no procede hablar de ello en
un trámite presupuestario, porque usted, como bien ha dicho, está
proponiendo la reforma de la Constitución Española, ya que ésta



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solamente reconoce esta especificidad para el País Vasco y la Comunidad
Foral de Navarra. Por tanto, en aras del rigor presupuestario, me limito
a recordarle esta cuestión, sin querer insistir más en ello.

Coalición Canaria ha presentado dos enmiendas al capítulo II, que hacen
referencia a la financiación de las comunidades autónomas, y varias al
capítulo I, que ha defendido muy sucintamente su portavoz, sobre
corporaciones locales.

Me referiré a las del Capítulo II y mi compañero el señor Padrón
contestará brevísimamente a las de corporaciones locales.

Las enmiendas 1.224 y 1.225, que trasladan los acuerdos de la Comisión
Mixta en relación a los porcentajes de participación de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 1993 y para el quinquenio 1994-1998,
entendemos que están incorporadas en las enmiendas 1.079 y 1.081 del
Grupo Socialista, aunque no son absolutamente coincidentes, porque tienen
algún pequeño defecto legal; por ejemplo, cuando hablan de porcentaje, su
enmienda continúa refiriéndose al porcentaje provisional, cuando ya es
definitivo. Y ésta es la única razón, señor Mauricio, por la cual
mantenemos la redacción de las enmiendas socialistas, pero espero que
usted se dé por satisfecho al ser incorporadas sus enmiendas en ellas.

Finalmente, sobre la enmienda 1.195, presentada por el Grupo del PNV,
tengo que decir a su portavoz que nuestro Grupo no entiende muy bien su
objeto; pretende reformar las reglas de valoración de los nuevos
traspasos de servicio a las comunidades autónomas de régimen general,
aplicando las normas que rigen para la Comunidad de Euskadi. Insisto en
que estamos hablando del sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen general, en el cual su comunidad no está, y creo que
hay que respetar que cada una se rija por las leyes correspondientes. El
sistema que estamos discutiendo se rige por la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas y el de la Comunidad de Euskadi
se rige por la Ley del Concierto Económico del País Vasco. Por tanto,
creo que no procede, señor portavoz del PNV, que esta enmienda sea
introducida en el ordenamiento de las comunidades de régimen común.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.

El señor Padrón tiene la palabra.




El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, una brevísima contestación,
más que por deferencia a la enmienda planteada por Coalición Canaria,
para contestar al señor Mauricio.

En principio, quiero decir que ésta es una preocupación que se ha venido
manifestando siempre en los presupuestos. En diferentes ejercicios
anteriores se habló de la participación, que venía siendo histórica, de
los ayuntamientos canarios; en el capítulo II del Fondo de Cooperación
Municipal se pasó del 17 al 31, por enmienas del Grupo Socialista;
actualmente, sigue en el 31, en el capítulo II. Esta participación en el
capítulo II es consecuencia de la imposición indirecta que existe en
Canarias y se ven compensados por estas aportaciones en una cuantía
bastante superior a la percepción que un ayuntamiento de régimen común
recibe en península. La diferencia es de más de 4.700 pesetas por
habitante, en lo que se refiere a los ingresos por impuestos indirectos.

No obstante lo dicho, éste es un tema del que, si, efectivamente, hay
alguna razón de peso mayor, que yo creo que sí, estaremos al tanto para
ver si, en la ley de bases económicas, que ha de tramitarse próximamente,
o bien cuando se determine la participación definitiva de los
ayuntamientos que ha de dictaminar la Subcomisión del Régimen Económico,
Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local, que
ha de emitir informe, podemos tener en cuenta esas resoluciones que ha
aprobado la FEMP. Si no significa mayor aportación del Estado, sino una
minoración, en este caso de otros ayuntamientos, para compensar, podría
ser tenida en cuenta.

Esto es cuanto tengo que decir, sin deseo de entrar en polémica. En todo
caso, en el Pleno podría dar mayor información, puesto que es un tema
reiterativo en las leyes de presupuestos, y que el Grupo Socialista
también ha intentado plantear en ejercicios anteriores.




El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar este segundo turno de
intervenciones, quiero hacer una pequeña llamada al orden, leve llamada,
pero que espero que tenga alguna eficacia, porque, si no, las próximas
llamadas no deberán ser tan leves.

En este momento estamos prácticamente en el ecuador, en la mitad del
calendario que los grupos con la Mesa habíamos señalado para el conjunto
de las deliberaciones en esta Comisión del proyecto de ley de
presupuestos. Y, estando en el tiempo en la mitad, estamos en el programa
bastante por debajo de la mitad. Es intención de la Presidencia que se
debatan todos los títulos y todas las disposiciones adicionales,
transitorias y finales en el día de hoy, aun cuando eso nos traiga el
sacrificio de tener sesión nocturna. Yo pediría a SS. SS. que procuraran
que la nocturnidad no fuera excesiva y alevosa. Por tanto, sobre todo en
estos segundos turnos, como el que vamos a comenzar ahora, les pediría
que fueran más breves. La naturaleza del turno creo que permite una
longitud corta.

Por lo demás, recordarán que en el día de ayer informábamos que quizá
fuera posible introducir a lo largo del programa de estos tres días el
debate de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito. A la
vista de cómo van nuestras deliberaciones, ya no es posible. Esos debates
tendrán lugar el jueves, previsiblemente después de terminar el proyecto
de ley de presupuestos. Se lo digo para que SS. SS. informen a sus
compañeros que tienen que intervenir en ellos.

Con esta llamada, doy la palabra al Grupo Parlamentario Popular y en su
nombre al señor Fernández Díaz.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Procuraré atender su llamada, señor Presidente.

Con toda serenidad, señora Aroz, que creo que he mantenido en mi primera
breve intervención. Pero esa



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serenidad pídasela a los alcaldes que están padeciendo las consecuencias
de una financiación municipal a su juicio claramente insuficiente e
inadecuada. Dígaselo a los alcaldes que están amenazando al Gobierno con
dejar de prestar servicios si no se atiende a sus, desde su punto de
vista y que nosotros compartimos en buena parte, legítimas reclamaciones.

Mi Grupo no ha presentado enmiendas a la Sección 33. Lo digo porque me ha
parecido entender que hacía referencia, en su réplica a mi primera
intervención, a esa Sección. En todo caso, quiero decir que usted alude,
señora Aroz, a que lo que propone este proyecto de presupuestos, en lo
que hace referencia al capítulo I, título VII, corporaciones locales, es
una prórroga del sistema. Es decir, que lo que propone S. S. es una
agonía lenta para los municipios. Si la aplicación del sistema ha llegado
a la actual situación de insostenible, a juicio de las corporaciones
locales, si usted pretende con estos presupuestos que prorroguemos el
sistema vigente desde el año 1989, a los alcaldes no les debe resultar
gratificante esta respuesta.

Pero tampoco se trata de eso. Es que el sistema lo están incumpliendo,
porque el sistema de financiación diseñado en la Ley de Haciendas Locales
de 1988 estableció unos criterios de participación de las corporaciones
locales en los tributos del Estado que usted sabe que no se están
aplicando desde los Presupuestos de 1992. Es decir, de forma unilateral
el Gobierno ha incumplido lo que esa Ley de Haciendas Locales de alguna
manera consensuada --digo de alguna manera--, parcialmente consesuada con
la Federación Española de Municipios y Provincias había conseguido. O sea
que la prórroga, a la vista de los resultados, es mala, pero es que,
además, no ha cumplido el Gobierno el sistema, sino que lo ha incumplido.

Usted sabe, por otra parte, que la vigencia de los criterios de
participación era para el quinquenio 1989-1993. Estamos hablando de los
presupuestos de 1994 y es evidente que no se han vuelto a negociar unos
criterios de participación.

He leído en los periódicos que el señor Presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias se va a reunir próximamente con el
señor Presidente del Gobierno. Tenga en cuenta que a lo mejor algunas de
las cosas que constarán en este «Diario de Sesiones» serán contradichas
en función de lo que de esa entrevista resulte, que tendrá, seguramente,
su traducción en términos parlamentarios en algunos créditos
extraordinarios que, de alguna manera, implícita o explícitamente,
vendrán a abonar las tesis que ha sustentado aquí el Grupo Parlamentario
Popular en sus enmiendas y que hoy he intentado, de una manera somera y
breve, resumir en mi intervención.

En lo que hace a las comunidades autónomas, vuelvo a decir lo mismo, se
está incumpliendo el sistema. El sistema de financiación de las
corporaciones locales no permitió el consenso. La Ley de Haciendas
Locales la aprobó, con su mayoría legítima pero su única mayoría, el
Gobierno; me refiero a la mayoría que tenía el Grupo Parlamentario
Socialista. En lo que hace referencia a la financiación autonómica pasó
lo mismo y hemos visto, sin embargo, que cuando ha habido consenso, por
ejemplo el pacto autonómico, las cosas han funcionado razonablemente
bien.

En financiación municipal y en financiación autonómica quien no ha hecho
posible el consenso, porque al parecer no lo ha querido, y obras son
amores y no buenas razones, ha sido el Gobierno y el Partido Socialista.

Si ustedes modifican su actitud, el Grupo Parlamentario Popular y, en
definitiva, el Partido Popular, se ha mostrado favorable reiteradamente a
ese consenso. En corporaciones locales, un pacto de Estado para hablar de
competencias y de recursos, en financiación autonómica lo hemos
manifestado reiteradamente.

Pero, ya que hablamos del consenso, dicen que primero hay que poner orden
en la propia casa para llamar al orden en la casa ajena. Usted nos llama
al consenso a las comunidades autónomas que votaron en contra en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si hay una comunidad autónoma
que se ha manifestado públicamente, de una manera especial, en contra de
cómo se han llevado las cosas, no ha sido precisamente una comunidad
autónoma gobernada por el Partido Popular. Quiero decir que me parece que
Extremadura es público y notorio que no la gobierna el Partido Popular y
votó en contra del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Llamen ustedes al consenso a sus correligionarios, a sus comilitones y
pidan después a los demás el consenso.

En cuanto a la antinomia en que nos sitúa de que, entre cumplir plazos o
cumplir acuerdos, es preferible cumplir acuerdos antes que cumplir
plazos, entiendo que, en un Estado de Derecho, y de acuerdo con el
principio de seguridad jurídica, hay que procurar cumplir plazos y
acuerdos. Lo malo es que ustedes ni cumplen plazos ni cumplen acuerdos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el
señor Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a ceñirme a lo que ha pedido la Presidencia.

En principio tengo que decir a la portavoz del Grupo Socialista que hay
otra enmienda más, que es la 1.334, referida al Fondo, que no ha sido
rebatida en su intervención y que, además, mantenemos también las
enmiendas números 1.529 y 1.530, a las secciones 32, 33. Que no haya
hecho explicación o argumentación reiterada es porque entendía que con
las otras enmiendas había defendido ésta. Se mantendrían, por tanto, las
siete enmiendas para su discusión.

Tres telegramas. Primero, creemos que, al igual que se han introducido,
vía enmienda, la discusión que ha habido en las comisiones mixtas con
algunas comisiones para fijar el porcentaje de participación, se podía
introducir el tema de la corresponsabilidad. Y hay una enmienda nuestra
que podía recoger eso, o podía ser otro texto. Pero le recuerdo que
cuando hacía referencia a que no sólo el Fondo es redistributivo, en el
sistema, que emana del acuerdo del 20 de enero de 1992, quedan pendientes



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elementos como la nivelación de servicios, la financiación de la sanidad
y la corresponsabilidad. El sistema en su conjunto recoge todos los
elementos de redistribución; lo malo es que se aplican unos sin los
otros.

Volvemos a insistir en que el Fondo, que está ahora mismo en un 36,8 por
ciento, está congelado en la cifra del año pasado, 128.000 millones. Si a
eso no se le puede llamar congelar, habrá que decir hibernar o mantener
la cifra, mantener la cuantía, y no se refieran a las leyes cuando
podemos ver cómo han ido evolucionando en su aplicación; el Fondo tuvo
una discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, llegaron a
un acuerdo en una cifra, lo aplicaron para el año 1993, no para 1992, y
ahora para 1994 nos proponen la misma cuantía. Creemos que hay políticas
de corrección de desequilibrios que hay que abordar.

Y me gustaría hacer referencia, señor Presidente, al comentario que han
merecido a la portavoz del Grupo Socialista las enmiendas números 244 y
245, de Convergència i Unió, y las enmiendas del Grupo Socialista 1.087 y
1.088. No son lo mismo. Las enmiendas de Convergència i Unió hablan de
equiparar lo que han sido los gastos de policía autónoma en 1991-1992 y
el Grupo Socialista plantea en una enmienda el año 1993 y, en otra, 1994;
no hace referencia a 1991-1992.

En todo caso, nosotros creemos que esas enmiendas no son prioritarias
hoy. Lo que han pactado el PSOE y el Partido Popular hace referencia a
gastos administrativos, no a problemas de políticas que sean prioritarias
por su carácter social. En este sentido, Izquierda Unida va a anunciar, y
anuncia ya, que mantendrá un voto particular a la admisión de estas
enmiendas, que, bajo nuestro punto de vista, significan un trato
discriminatorio. Se pretende invertir, según los datos de nuestro Grupo,
casi 5.500 millones de pesetas con créditos que se declaran ampliables
para la policía autónoma catalana, cuando los Cuerpos de Seguridad del
Estado (Policía y Guardia Civil) mantienen congelados sus propios niveles
de retribución. Con estas enmiendas se alienta y se facilita un trato
discriminatorio. Nosotros vamos a dar otra orientación a las prioridades
y vamos a presentar en su momento votos particulares contra la admisión
de estas cuatro enmiendas.




El señor PRESIDENTE: El señor Homs, en nombre del Grupo parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, voy a comentar la intervención
de la portavoz del Grupo Socialista, la Diputada doña Mercedes Aroz, al
referirse a nuestras enmiendas.

Quiero, señor Presidente, transmitirle que, sobre las enmiendas que
planteamos de naturaleza administrativa en el ámbito de las corporaciones
locales y de las comunidades autónomas, en cuanto a contemplar esos
mecanismos de liquidación automática, es cierto que hay en estos momentos
suficiente marco para que las liquidaciones que se realizan para las
comunidades autónomas se puedan ejecutar en ese plazo que nosotros
proponemos. Si la voluntad del Gobierno es ejecutarlo en ese marco y en
ese plazo que ha establecido, vamos a esperar que se cumpla en esos
términos, y como, de hecho, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya
acordó el mismo criterio que nosotros planteamos con esta enmienda, vamos
a dejar que transcurran los meses para conocer exactamente si esa
liquidación se realiza en los plazos que establecen estas enmiendas, que
son también los que se establecieron en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

Por lo que hace referencia a las del ámbito de Administración local,
efectivamente, yo creo que si hay un compromiso por parte del Grupo
Socialista de abordar estas cuestiones en la próxima revisión de la
legislación que afecta a las corporaciones locales, por ahí se avanzaría
para que en ese ámbito se pudieran resolver estas y otras cuestiones,
como yo sé que es la voluntad política de su Grupo parlamentario y del
nuestro, porque hoy el ámbito de la Administración local está aquejado de
unas necesidades para afrontar unos problemas a los que hay que encontrar
solución, problemas de naturaleza económica y financiera, y si hay esa
voluntad de revisar esa Ley de Haciendas Locales, puede ser en ella donde
se refuercen estos mecanismos que estamos proponiendo. En consecuencia,
señor Presidente, planteo la retirada de las enmiendas números 232, 233 y
234.

En relación a las siguientes, si hay una consideración para abordar lo
relativo a la enmienda número 257, que es la que hace mención a las
inversiones previstas para la red de ferrocarriles, es evidente que hay
otros ámbitos que se tienen que abordar, otras cuestiones que se tendrían
que considerar, por lo que me parece acertado trasladar esa enmienda al
trámite del Senado y darle una mayor amplitud en otros ámbitos y en otros
problemas que hay que anexarle. Por tanto, retiro también la enmienda
número 257, señor Presidente.

En cuanto a la enmienda número 258, que hace referencia a la liquidación
definitiva del coste de la policía autónoma, quiero expresar al Grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que, si
quieren, luego les dedico unos minutos para explicarles exactamente lo
que propone esta enmienda, porque no supone más coste para ninguna
comunidad autónoma. Pide simplemente el encuadre legal de unas
obligaciones que hoy no se pueden hacer efectivas porque no hay marco
legal para ello y, en cambio, sí existen los convenios suscritos hace
tiempo. La liquidación de 1991 y de 1992 no se puede hacer efectiva
porque no hay epígrafe correspondiente en la ley de presupuestos. En todo
caso, debíamos articular un crédito extraordinario, cosa absurda. Por
tanto, lo único que se hace con esta enmienda es añadir, en el epígrafe
que habla de la liquidación de 1993, la referencia a que ese epígrafe
también puede cubrir la correspondiente liquidación de los años 1991 y
1992. No supone más dinero; simplemente, es un encuadre jurídico para
poder hacer efectivos los convenios que están suscritos. De lo contrario,
un problema que tiene que resolverse y que lleva
años pendiente de ejecutarse, se demora en el tiempo, lo cual implica por
su parte la no



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comprensión de la enmienda que presentamos. Yo les invito a que la voten
porque creo que sus correligionarios en la comunidad autónoma a la cual
yo pertenezco lo comprenden así, y los miembros de su grupo político, que
son miembros de la Comisión Mixta de Valoraciones también lo entienden
así. Si ustedes han querido ver en esa enmienda otras motivaciones, he de
manifestarles que no las hay. Yo les dedico a ustedes el tiempo necesario
para que lo comprendan y lo entiendan. No se pide ni cinco céntimos más.

Simplemente se trata de adecuar el encuadre jurídico en la Ley de
Presupuestos para hacer efectivos esos pagos, que hay que hacerlos.

Agradezco la referencia a la enmienda 258, que es la única en relación
con la cual el Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado la voluntad
de votarla afirmativamente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Intervengo para contestar brevemente
a las alegaciones efectuadas por la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

He de indicar que la explicación es sencilla. Lo es porque el Título VII
se refiere a la regulación de las transferencias a las comunidades
autónomas. Tal título no distingue entre las comunidades que accedieron a
la autonomía por la vía del artículo 151 o del artículo 143. Si usted me
dice que ése es el espíritu del legislador, yo se lo acepto, pero donde
la ley no distingue el hombre no puede distinguir. De forma que como
criterio hermenéutico vale la voluntad legislativa para entender cuál es
el criterio del Gobierno y qué es lo que se pretende hacer, pero en todo
el Título VII no se distingue en ningún momento entre comunidades que
optaron por una vía y las que optaron por otra. Luego como no se
distingue, nosotros queríamos hacer una aclaración para determinar que
existen mecanismos de valoración y mecanismos de traspasos, ya aprobados
mediante reales decretos del Gobierno central, para determinadas
comunidades autónomas. Es por ello por lo que hemos presentado esta
enmienda. Usted me dice que no se refiere a ello. Si es así, presente una
enmienda transaccional para aclarar ese tema y diga a qué comunidades
autónomas se refiere, porque donde la ley no distingue el hombre no puede
distinguir.




El señor PRESIDENTE: En relación con este título y las secciones
correspondientes, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el
señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, antes de entrar en la
contestación de este segundo turno, con el fin de poder adelantar el
trabajo realizado me atrevería a hacer una sugerencia. A la vista de los
puntos que quedan por debatir, disposiciones adicionales, transitorias,
finales, Secciones 12, 13 y 14, mi Grupo es uno de los que ha presentado
un mayor número de enmiendas, y si el resto de los portavoces están de
acuerdo, yo propondría darlas por defendidas y utilizar únicamente el
segundo turno una vez fueran rechazadas o aceptadas por el Grupo que
apoya al Gobierno. Es una propuesta que estoy dispuesto a hacer si el
resto de los grupos están de acuerdo en darlas por defendidas en la
primera intervención y, a continuación, utilizar el segundo turno.




El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, desde ahora hasta el momento
en que se realicen las votaciones correspondientes a los títulos sobre
los que hayamos deliberado, ruego a los portavoces de los grupos que
vayan pensando sobre la propuesta del señor González Lizondo y
decidiremos en alguna pequeña reunión que tengamos. Con todo, adelanto
que yo prefiero que se siga manteniendo la liturgia reglamentaria en los
términos actuales, siempre que los grupos tengan intervenciones más
cortas. En todo caso, si los grupos propusieran otra cosa, estoy seguro
de que la Presidencia y, por supuesto, la Mesa lo aceptarían.

El señor González Lizondo puede continuar su intervención.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Entrando en el segundo turno y respecto a la
enmienda 129, señora Aroz, he de manifestar que cada vez que oyes la
contestación del Partido Socialista cambian los tiempos, cambian los
modos, cambian las respuestas. Antes se me decía una cosa, ahora se me
dice otra. Ahora se me dice que Barcelona y Madrid tienen compensaciones
antiguas y que no son trasladables, que cuando venga la ley de grandes
ciudades ya se apoyará, pero usted y su grupo parecen desconocer una
realidad; desconocen una ciudad base de 750.000 habitantes y un área
metropolitana de un millón y medio de habitantes, y eso no se hace de la
noche a la mañana.

Además --vuelvo a repetir--, no pueden crecer como si fueran setas las
áreas metropolitanas dentro del Estado. Están las que están y ahí están.

Esto es una realidad que usted parece desconocer. Vuelvo a repetir.

Primero se me decía que son dos años. Ahora se me dice que ya viene de
antiguo y lo vamos a mantener. Bueno, son las injusticias. Si es una
injusticia que viene de hace muchos años, pues la mantenemos porque como
ya estaba, pues fenomenal, y los que vienen detrás que se joroben. Poco
más o menos es lo que usted me dice. Me lo dirá usted con otras palabras
mucho más sencillas, mucho más cariñosas si usted quiere pero,
naturalmente, me ha dicho textualmente eso.

Respecto a la enmienda número 205, en aplicación estricta de la Ley,
dice: En los parámetros está el incremento de la renta superior a la
media de la Comunidad Valenciana. No sé en cuánto, es posible que sí,
pero también al mismo tiempo reconoce que somos objetivo 1 al estar por
debajo del 75 por ciento de la media de la Comunidad Económica Europea. A
lo mejor es que hemos subido porque estábamos muy bajos, pero eso no
representa que esa subida produzca un 60 por ciento de baja, que además
es infinitamente superior al resto de las



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que se puedan haber efectuado, cuando, además, hay otras autonomías que,
al parecer, les deben rodar las cosas muy mal porque han tenido aumentos
en el mismo sentido, pero al revés, espectaculares.

En cuanto a la enmienda número 132, estamos en lo mismo que en las
primeras. Cada vez salen ustedes con una contestación. Usted me ha dicho:
Señor González Lizondo, con todo respeto, y yo se lo acepto --me lo ha
dicho usted con todo el respeto del mundo--, pero me lo ha dicho con una
falta de sensibilidad enorme hacia un problema que está ahí, hacia una
comunidad que se dedica a trabajar, hacia una comunidad que participa,
hacia una comunidad que se entrega, hacia una comunidad que está dando y
que no recibe absolutamente nada a cambio.

¿El foro? Es este foro. En un principio podía haber buena voluntad y
decir: Pues vamos a hacer una transaccional, vamos a estudiarlo, vamos a
colocarlo y hablaremos más adelante. ¿No es el foro? Sí que es el foro.

Lo mismo que tenemos la ley que se discutirá cuando finalicemos los
presupuestos y también en el mismo sentido.

Además le anuncio, y ya verá usted cómo sucederá, será usted o será otra
compañera, que veremos cambiar sus criterios con una facilidad enorme
cuando este mismo tema lo solicite otra comunidad autónoma, que, al
parecer, se lo está planteando. Yo estudiaré esos criterios y no se
olvide que se lo recordaré si está usted de portavoz aquí y si no se lo
mandaré por escrito porque ahí está el «Diario de Sesiones». O sea que
está claro: sale el sol para quien se quiere, cuando se quiere y como se
quiere, pero no sale para todo el mundo ni los criterios son homogéneos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Quiero intervenir muy brevemente para dejar
constancia de que la explicación que dio la portavoz del Grupo Socialista
hace unos minutos no ha terminado de aclararme si es que considera justa
o no la petición de la incorporación de los municipios canarios, eso que
ha sido aprobado en La Coruña. Porque me ha dicho que sí, que no, que no
y que sí, y yo me he estado acordando de la intervención muy graciosa de
un portavoz del Grupo Socialista esta mañana que llegó a decir que no se
podía aspirar y soplar al mismo tiempo, pero el señor Padrón lo ha
conseguido esta tarde.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Aroz.




La señora AROZ IBAÑEZ: Señor portavoz del Grupo Popular, creo que es
evidente que existe una diferencia en cuanto a la valoración que podemos
hacer del sistema de financiación de las comunidades autónomas y las
corporaciones locales, y usted estará de acuerdo.

Es evidente, y coincido con usted, que no es satisfactorio el balance
--lo he dicho antes-- de la Ley de Haciendas Locales. Así lo ha
reconocido también el Gobierno, pero hay que recordar que esta ley que
hemos tenido durante estos años no ha sido adoptada nada más a iniciativa
del Gobierno, sino ley aprobada por estas Cámaras. Es una ley que fue
estudiada en su día con la Federación de Municipios y Provincias. Por
tanto, es evidente que hay que hacer una reflexión, pero no perdamos de
vista los elementos concretos de la realidad.

Los presupuestos de 1994 no prorrogan el sistema, como usted sabe muy
bien. Prorrogan las cantidades a cuenta con carácter provisional, a la
espera de que se acuerde un nuevo método y un nuevo sistema para el
quinquenio 1994-1998, que será aplicado en 1994.

Es evidente que vamos con un cierto retraso. Las negociaciones no han
comenzado todavía, pero se incorporará a partir del momento en que se
llegue a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias
con efectos, como usted sabe muy bien, para el año 1994.

Usted ha hecho referencia a posibles acuerdos que se puedan producir en
otros aspectos, que quizá estén pendientes porque hay reclamaciones por
parte de los municipios, entre el Gobierno y la Federación Española de
Municipios y Provincias. Señor portavoz del Grupo Popular, el Grupo
Socialista estará encantado de apoyar esos acuerdos en el momento en que
puedan llegar a esta Cámara y que sirvan para resolver los problemas que
se han puesto de manifiesto de una manera clara en la última semana, que
afectan a los municipios, que afectan a las corporaciones locales en
nuestro país.

En relación a las comunidades autónomas, usted mencionaba que se están
haciendo incumplimientos de la legislación vigente, con los acuerdos del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero quiero recordarle que este
órgano, de acuerdo con la LOFCA, es deliberante y que sus acuerdos, en
cuanto se incorporan a la legalidad, tienen un carácter de precepto. Yo
creo que es importante entender esto.

Respecto al consenso, usted hacía referencia a una comunidad regida por
un Gobierno socialista, que no ha suscrito de momento el acuerdo de
financiación. Yo creo que hay dos situaciones completamente diferentes.

Los socialistas tenemos una posición muy clara en relación a la
corresponsabilidad fiscal y la hemos expresado. Hay una discrepancia de
una comunidad autónoma en base a la autonomía de su Gobierno para
decidir, pero yo creo que en el caso del Partido Popular la situación es
muy diferente, porque habiendo ustedes manifestado posiciones favorables
a lo largo de los meses anteriores, y especialmente en los meses
precedentes a la campaña electoral, después modificaron ese criterio por
razones que puedo sospechar de cierta oportunidad política, y nos han
dejado en libertad a las comunidades autónomas gobernadas por miembros
del Partido Popular para que tomasen libremente sus decisiones. Señor
Fernández Díaz, dejen ustedes en libertad a las comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular y verán cómo será posible llegar a
acuerdos para que estas comunidades suscriban también el acuerdo firmado
el 2 de octubre de 1993.

El portavoz de Izquierda Unida quiero recordar que ha



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hablado del contenido de su enmienda en relación al Fondo de Compensación
Interterritorial, cuya elevación proponen ustedes. Usted me habla de
congelación. Yo creo que estamos en un diálogo de sordos. Yo le he dicho
que no es una congelación, sino una cláusula de mínimos la que se está
aplicando. Si aplicamos la legislación, lo previsto, que es el 35 por
ciento de la inversión nueva para 1994, esta cantidad sería inferior a
128.000 y el acuerdo del 20 de enero de 1992, del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, lo que hizo fue establecer una cláusula que dice: A
pesar de que la aplicación del porcentaje pueda dar una cantidad inferior
a la que tiene el Fondo en 1992, vamos a impedir que baje de dicha
cantidad y por eso este año es 128.000 y no es el 35 por ciento, sino el
36,8 por ciento.

En relación a la enmienda sobre la corresponsabilidad, creo que lo he
mencionado antes. El acuerdo de corresponsabilidad fiscal del Consejo de
Política Fiscal y Financiera no tendrá efectos financieros para el año
1994, sino para 1995, y no parece necesario introducirlo. Hay que tener
muy presente en qué consiste este acuerdo. Consiste en que vamos a
cambiar un porcentaje de la participación en los ingresos del Estado por
un porcentaje en IRPF en la misma cuantía para el año 1994, y la
desviación que pueda producirse tendrá efectos en 1995. Por tanto, no
parece necesario incorporar esta enmienda que prevé una cantidad en
cuanto a los efectos financieros que pueda tener el acuerdo.

Respecto a las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que
usted ha valorado, sobre la policía autonómica, tenía razón, había una
pequeña confusión en los números, porque efectivamente en la sección 32
sólo está la enmienda 258 y las otras enmiendas van al Anexo y las
veremos en su momento. Por tanto, sí hemos aceptado la enmienda 258 del
Grupo Catalán.

Quisiera pedirle al señor Ríos y a otros portavoces, porque lo he
observado en otras intervenciones, que, cuando estamos debatiendo desde
el Grupo Socialista, y creo que con el mayor rigor posible, enmiendas que
plantea con todo derecho el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que no
hagan juicio de intenciones viendo siempre objetivos ocultos. Con
Convergència i Unió hay un acuerdo político. ¿Al margen de esta Cámara?
Al margen de esta Cámara y en esta Cámara como grupos parlamentarios y
como partidos políticos. Es un acuerdo que va en beneficio de este país,
de nuestro país, en beneficio de España, porque tiene un objetivo que es
la estabilidad política y la gobernabilidad para afrontar los problemas
que nuestro país tiene planteados en los próximos años. Por tanto, les
agradecería a ustedes, que están absolutamente legitimados para seguir
haciendo insinuaciones, respeto a un acuerdo político que tiene el
objetivo de garantizar la estabilidad de nuestro país.

En relación a las observaciones que hacía el señor González Lizondo, creo
que la ciudad de Valencia y el Area Metropolitana de Valencia tiene unos
problemas; también los tiene la ciudad de Sevilla y su Area
Metropolitana; la ciudad de Zaragoza y su Area Metropolitana, etcétera.

No hablo de una realidad constituida, sino de unos problemas que afectan
a los ciudadanos de estas áreas, llámele metropolitanas o como quiera,
concentraciones de personas que viven en áreas determinadas en torno a
grandes ciudades con unos problemas específicos. Por lo tanto, creo que
es un problema que hay que abordar para todas las ciudades de nuestro
país que lo requieren.

En cuanto a la incidencia en el Fondo de Compensación Interterritorial de
la modificación de la renta, los datos que yo tengo, señor González
Lizondo, son que la Comunidad Valenciana, en 1991, que es el que se ha
utilizado como año base, creció en un 11,7 por ciento su renta por
habitante, y la media de las comunidades que están incluidas en el fondo
creció en un 10,7 por ciento. Si esto ha supuesto un porcentaje de un 60
por ciento, como dijo usted --me extraña que sea tan elevada la
incidencia--, evidentemente se tiene que producir, y, como decía antes,
es una buena noticia para una comunidad autónoma que vaya descendiendo su
participación en el Fondo, porque creo que todas las comunidades que
están en él tienen la aspiración de salir. Eso querrá decir que se han
aproximado a la renta media de los ciudadanos de la Comunidad Europea.

Respecto al cupo, señor González Lizondo, yo le he tratado
respetuosamente, pero si me permite le diré que está usted muy equivocado
cuando piensa que la generalización del sistema de cupo es el desarrollo
del federalismo fiscal. Le remito a los manuales sobre federalismo fiscal
para que se documente antes de venir a hacer afirmaciones como las que
usted nos ha planteado.

En relación al mantenimiento de la enmienda por parte del Grupo PNV,
tengo que ratificarme en los argumentos que he expresado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Padrón.




El señor PADRON DELGADO: Para contestar a lo manifestado del señor
Mauricio, porque creía que con mi primera intervención el tema quedaba
zanjado.

Yo he manifestado que los ayuntamientos canarios tradicionalmente
participaban en el Capítulo 11 al 17 por ciento. A lo largo de los años
se ha subido esa participación, y actualmente es del 31 por ciento,
consecuencia del régimen económico fiscal especial que se modernizó en la
Ley 30/1991.

Esto determina que una serie de impuestos no se aplican en Canarias a
nivel estatal. En cambio, toda la imposición indirecta que se aplica en
Canarias va para los cabildos y ayuntamientos. No obstante, en la Ley de
Presupuestos para 1992, cuando se equiparó a los cabildos canarios con
los ayuntamientos, se subió esa participación al 31 por ciento y ha
supuesto en la liquidación definitiva que se ha hecho este año más 9.000
millones de pesetas. El señor Mauricio ha hecho referencia a ese acuerdo
de la FEMP. Aquí no estamos discutiendo el acuerdo de la FEMP. En todo
caso eso lo recibirá el Gobierno. Ya le manifesté que en la tramitación
que ha de verse más adelante de la ley referente a los aspectos
económicos, y también como consecuencia de lo



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establecido en la propia Ley de Presupuestos, se dice que la subcomisión
del Régimen Económico Financiero y Fiscal, de la Comisión Nacional de
Administración Local, tendrá en cuenta ese criterio de la FEMP si no
repercute en la distribución de los ayuntamientos de régimen común.

Por lo que se refiere a los cabildos, muchas diputaciones han protestado
por el alza registrada en la participación de los cabildos. Por tanto, si
efectivamente no repercute en la cantidad global del presupuesto del
Estado, eso tendrá que verse en los informes que remita esta subcomisión
y tiempo habrá para determinar si van a participar de la misma forma que
los ayuntamientos peninsulares, aunque en Canarias no se aplican
determinados impuestos o la mayor parte de impuestos que nutren el
Capítulo II, como sabe el señor Mauricio. En Canarias se aplica el IGIC,
se aplica el Apim, se aplica un impuesto de carburantes y toda esa
recaudación del Capítulo II, impuestos indirectos, se queda en la
Comunidad Canaria, donde participan ayuntamientos.

Por estas razones, manifiesto que, sin rechazar frontalmente la enmienda,
no sé si tiene o no razón, creo que es un tema que hay que estudiarlo con
detenimiento y por ello no vamos a apoyarla. Seguiremos estudiando el
tema para trámites posteriores, si no en esta ley, en otras leyes, y
veremos si efectivamente se regula de una forma definitiva la
participación de los ayuntamientos canarios en el Capítulo II, del Fondo
de Cooperación Municipal.




El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Padrón termina la
defensa de las enmiendas relativas al Título VII y a las Secciones 32 y
33.

Por acuerdo de los grupos vamos a hacer un pequeño cambio y ahora vamos a
tratar las enmiendas relacionadas con el Título IX y la Sección 60:
Cotizaciones sociales y Seguridad Social, respectivamente.

En primer lugar, y en nombre del Grupo parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, espero poder seguir las
indicaciones de la Presidencia y hacer uso de la palabra el menor tiempo
posible, a ver si empezando por mí conseguimos recuperar el ritmo.

Creo sinceramente que volvemos a reabrir un debate, que ya se vio esta
mañana, en torno a la situación de la protección social y los niveles de
protección social de nuestro país, así como el gran debate que hay hoy en
las sociedades occidentales europeas, aunque en España se plantee con un
ligero retraso, que es como mantener un Estado de protección social o una
sociedad de bienestar social, que me parece un término más adecuado. Ese
es el debate. Esta mañana se ha apuntado parte de ese debate y estoy
segura que la semana próxima en el Pleno volveremos a incidir sobre él.

Este es un viejo debate que mantenemos el representante del Grupo
Socialista y yo desde hace varios años.

Esta mañana, cuando mi compañero Manuel Núñez le planteaba al
representante del Grupo Socialista la situación de la protección social
española respecto a la protección social europea, sus diferencias en un
sentido y en otro, es decir, los niveles españoles de menor protección
respecto al resto de los países de la Comunidad, el representante del
Grupo Socialista decía que no se podía hablar en términos de tanto por
ciento sobre el PIB donde la relación --según los datos de Eurostat--, en
el año 1991, si Europa está en los niveles del 26 por ciento del PIB, en
España estamos en el 21,4. Y si observamos los estándares --que es lo que
más le gusta a don Alejandro Casas--, quiero decirle que el estándar de
poder adquisitivo en precios constantes, si la media comunitaria
estuviera en 100, la situación española está en el 61,9. Y si esta
relación la hacemos con los países centrales, los más desarrollados,
éstos están en 120,4 por ciento. Me parece que la diferencia todavía
sigue siendo importante. Este problema no se resuelve en unos
presupuestos ni en un año. En esto estoy totalmente de acuerdo con el
señor Cercas, que podría decirme esto. Sin embargo, lo que sí parece
cierto es que la situación española es diferente.

Se ha hecho un esfuerzo importante y hay que seguir haciéndolo para
mantener niveles de protección social en nuestro país. Diferente es el
debate sobre la financiación del sistema de protección social, debate
sobre el sistema de financiación que incluso el propio Gobierno
socialista tiene abierto en este instante, en el seno del Gobierno, en el
propio partido que lo sustenta e incluso en los debates europeos sobre el
libro blanco para el desarrollo y la creación de empleo en Europa. Por lo
tanto, habría que situar el debate en torno a los sistemas financieros de
la protección social para garantizar estos niveles mínimos de protección
e intentar llegar a la media de los países de la Comunidad. Ahí es donde,
realmente, me gustaría centrar el debate con el señor Cercas, aunque lo
mantendremos, como es lógico, en el Pleno.

En ese sentido, quiero defender la enmienda del Grupo Popular de una
disposición adicional nueva; enmienda que planteamos casi todos los años
en los Presupuestos Generales del Estado, para definir claramente el
marco financiero del sistema de la Seguridad Social. A nosotros nos
parece que es el momento adecuado para que el Gobierno establezca el
calendario que haga posible que, de forma gradual, la financiación del
sistema no contributivo, es decir, la asistencia sanitaria, los servicios
sociales y las prestaciones no contributivas, se financien directamente
por el Estado, de forma que en el segundo nivel, es decir, en las
prestaciones contributivas, quedara sólo y exclusivamente el sistema de
la Seguridad Social contributivo, de manera que las cuotas de la
Seguridad Social no financiaran el sistema sanitario, como siguen
haciéndolo en estos Presupuestos en niveles importantes, ni el sistema de
los servicios sociales, puesto que ya está universalizado el servicio y
no parece lógico que haya un cierto castigo a determinados colectivos de
una doble imposición, vía cotizaciones y vía impuestos. Por eso creo que
es el momento adecuado para mantener este debate y para que empiece a
planteárselo nuestro Gobierno.

Creemos, además, que, si como le gusta tanto decir al señor Cercas, el
sistema de la Seguridad Social española



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es seguro, es un sistema que garantiza las prestaciones, bueno sería que
fuera cierto. Esta mañana el señor Cercas utilizaba un recorte de prensa
del día de hoy sobre la situación de la Seguridad Social en Inglaterra, y
decía el señor Secretario de Estado inglés que no podía garantizar las
prestaciones y las pensiones a los menores de 40 años. A mí lo que me
extraña es que el señor Cercas se vaya tan lejos, porque el propio
Ministro de Trabajo, señor Griñán, ha dicho que no se puede garantizar a
medio plazo las pensiones a los que tengan hoy 40 años. Luego la
situación es la misma. Hay países europeos que ya han entrado a reformar
el sistema de la Seguridad Social. Los alemanes o los franceses
flexibilizando las pensiones, compatibilizando pensiones con determinadas
modalidades de trabajo, etcétera. Creo que es la hora de plantearlo
también en España. No hace falta, señor Cercas, que se vaya a Inglaterra,
porque ese problema lo tenemos aquí. Y aquí lo tenemos de una forma mucho
más grave.

Si analizamos los datos del sistema de la Seguridad Social, si analizamos
la relación cotizantes-pensiones, nos encontramos --cosa que es
preocupante para mi Grupo Parlamentario-- que, según las previsiones de
los presupuestos de la Seguridad Social para el año 1994, el índice entre
la relación cotizantes-pensionistas será de 2,10, situándonos exactamente
igual que estábamos en el año 1984. Lo cual quiere decir que el sistema
parece que empieza a tener problemas; problemas que se recogen, incluso,
en los propios presupuestos cuando hay una aportación extraordinaria del
Estado de 345.000 millones al sistema de la Seguridad Social para
mantener el equilibrio financiero, como así reza en los propios
presupuestos y así reconoció el Secretario General de la Seguridad Social
en su comparecencia en esta misma Comisión. Luego, parece que el problema
puede ser grave.

Respecto a esa seguridad de la que tanto le gusta hablar al señor Cercas
y de la que tan orgulloso se siente, esta Diputada en los dos últimos
presupuestos ha avisado de la posibilidad de que nos encontráramos en la
situación en la que estamos, y me llamó catastrofista, por no decir otras
cosas; ahora habría que preguntarse, señor Cercas, quién es
catastrofista.

En el sentido de mantener ese equilibrio financiero, el señor Ministro de
Trabajo decía en julio del año 1992 que nuestro sistema está consolidado,
es estable, pero que estos términos de consolidable y estable no se
pueden confundir con inamovible. Es decir, un sistema flexible, en el que
se pueden introducir reformas; reformas como las que usted planteó aquí
antes y defendió con tanto ardor esta mañana, de la ley de 1985. Como
usted y yo sabemos, esa ley lo único que significó fue un recorte
necesario para mantener un equilibrio financiero, y en última instancia
lo que supuso claramente fue una, diríamos, adecuación de las
cotizaciones para conseguir que el sistema se mantuviera. Incluso por
declaraciones de los defensores más importantes que ha tenido este
sistema, es decir, miembros del Partido y del Grupo Socialista, las
pérdidas en protección social que pudiera haber se ganarían en otras,
como, por ejemplo, la protección por desempleo, cosa que, como el señor
Cercas sabe, ya estamos también reformando en la Ley de acompañamiento, y
la reformamos en el año 1992. El señor Ministro de Trabajo decía que en
la movilidad en el sistema financiero de la Seguridad Social para
garantizar esa protección él daba como gran logro el hecho de la reforma
que se produjo sobre la prestación de incapacidad laboral transitoria, es
decir que los empresarios pagaran los quince primeros días de la
incapacidad laboral transitoria. Si para el Gobierno socialista esto es
la movilidad interna del sistema de la Seguridad Social, me da la
sensación de que lo que introduce es más inseguridad y, sobre todo, está
produciendo algo que, desde nuestro punto de vista --y así también lo
reconocía el señor González en unas declaraciones--, es castigar el
empleo, puesto que está incrementando de una forma importante el coste
laboral de la empresa. Luego no parece que ésa sea la fórmula adecuada
para convertir en seguro el sistema; parece mucho más lógico, primero,
definir claramente las prestaciones en los dos niveles y garantizar este
sistema financiero, que podría tal vez devolver en cierta forma a los
cotizantes de menos de cuarenta años la posibilidad de conseguir esta
pensión, porque los datos que aportan el informe económico financiero y
los cuadros que acompañan a los presupuestos de la Seguridad Social
producen serias dudas, pues, en primer lugar, baja el número de afiliados
al sistema y el número de cotizaciones al sistema, lo cual quiere decir
que necesariamente bajan los ingresos al sistema de la Seguridad Social.

Luego no quiero que vea en esta petición de la nueva adicional que
plantea el Grupo Popular un debate ideológico ni de otra razón, no quiero
que se plantee en esos términos, sino en la posibilidad de garantizar a
los que hoy están cotizando, y por el sistema de solidaridad que está
posibilitando que los mayores estén en este momento cobrando pensiones,
que el día que ellos lleguen al sistema tengan asegurado también ese
sistema de pensiones, porque con la situación actual, en la que el 65 por
ciento de las nuevas altas en pensiones que se producen en el sistema son
de menores de 65 años, con pensiones más altas, con el índice de vida
cada vez más alto en España --lo cual es importante y es de felicitar,
pero significa pensiones más altas durante más tiempo; las pensiones que
se dan de baja en el sistema son mucho más bajas que las que se están
dando de alta--, parece que estas inseguridades en el sistema no son
excesivamente buenas para la discusión que mantenemos en este momento
sobre la situación del nivel de protección social.




El señor PRESIDENTE: Para defender, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida, las enmiendas, tiene la palabra del señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Para defender, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, las enmiendas de nuestro Grupo al Título
IX y a la Sección 60, diré que al Título IX hemos presentado las
enmiendas que van de la número 1.341 a 1.348. Muy brevemente,
contribuyendo de este modo a ese esfuerzo de brevedad y de síntesis que
nos hemos comprometido



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realizar los distintos Grupos Parlamentarios, yo diría que las enmiendas
de nuestro Grupo a este Título IX persiguen un triple objetivo, algunas
de ellas dotar de recursos al sistema de la Seguridad Social. Esta mañana
ya hemos llevado a cabo una reflexión inicial sobre la situación de los
sistemas de protección social, y se nos reconocía --y coincidíamos todos
los Grupos-- que atraviesa un momento difícil. Se afirmaba que ese
momento difícil imposibilitaba la atención de necesidades distintas a
aquellas que aparecían previstas presupuestariamente. Ello, obviamente,
era sobre la base de dar por bueno que el nivel de recursos del sistema
era el que aparecía previsto en el proyecto de ley de presupuesto.

Sin embargo, una modificación de ese nivel de ingresos posibilitaría la
atención de otras necesidades sociales evidentes. Nosotros creemos que es
necesario dotar de más recursos al sistema de la Seguridad Social, y en
tal sentido planteamos determinadas enmiendas que tienden
fundamentalmente a hacer coincidir las bases máximas de cotización con la
realidad de los salarios en nuestro país.

Un segundo objetivo que persiguen algunas de nuestras enmiendas hace
referencia a establecer un mayor recargo, vía Seguridad Social, sobre las
horas extraordinarias. Sin extenderme mucho sobre este tema, todas SS.

SS. son conscientes de que en estos momentos la realización del número
importantísimo de horas extraordinarias que se practican en nuestro país
choca frontalmente con la realidad de un paro como no se conoce en ningún
otro país de la Comunidad Europea. Es necesario adoptar medidas para
conseguir reducir el número de horas extraordinarias y crear empleo en
favor de los desempleados. Nos parece que un mecanismo idóneo, entre
otros, puede ser el de establecer un recargo superior sobre las horas
extraordinarias, y éste es el sentido que tienen algunas de las enmiendas
que presentamos.

Finalmente, pretendemos también dotar de mayores recursos al Fondo de
Garantía Salarial. Conocen perfectamente SS. SS. que éste es un
instrumento legal por el que se abonan parte de las deudas de los
empresarios insolventes a los trabajadores. Insisto en que se abona sólo
parte de las deudas de los empresarios insolventes a los trabajadores.

Precisamente porque se abonan deudas de los empresarios, el Fondo de
Garantía Salarial se nutre con una aportación exclusivamente de los
empresarios. En los años inmediatos, el Fondo de Garantía Salarial, como
consecuencia del crecimiento de empleo en nuestro país, ha tenido una
situación de superávit. Esa situación de superávit cabe pensar que se
mantenga, incluso, quizá hasta este año 1993. No obstante, se ha
producido una evolución muy notable: de tener un superávit importante a
la situación de este año 1993 en que, quizá, se consiga mantener ese
superávit, pero muy posiblemente ya se entre en una senda de déficit.

Esto nos hace pensar, señorías, que en los años próximos se entrará
claramente por el Fondo de Garantía Salarial en una senda de déficit como
consecuencia de que este organismo sufre la crisis con posterioridad, ya
que se tiene que tramitar todo el procedimiento de reclamación contra el
empresario, obtener la insolvencia del mismo y, finalmente, reclamar ante
el Fondo de Garantía Salarial. De ahí que nos parezca importante
establecer un recargo en las cuotas dedicadas al Fondo de Garantía
Salarial para cubrir esa previsión de déficit del mismo, que, de hecho,
en la actualidad ya está dando lugar a una demora importante en el pago
de las prestaciones que reconoce a favor de los trabajadores.

En definitiva, señorías, con estas enmiendas conseguiríamos que el
sistema de la Seguridad Social en nuestro país, que nos parece crucial
mantener, consolidar y mejorar, estuviera dotado de recursos que le
permitieran cubrir esos objetivos en una situación de grave crisis
económica como la que atraviesa nuestro país. Todo el marco
presupuestario de la Seguridad Social que se contempla en la Ley de
Presupuestos de 1994 nos parece que revela el interés y la importancia
que tiene este mecanismo en nuestro país, pero, al mismo tiempo, pone de
manifiesto la existencia de lagunas importantes y, sobre todo, la no
adopción de medidas que permitan cubrir su déficit previsible para el año
próximo y que dé lugar a que constantemente se estuviera cuestionando la
necesidad de este mecanismo, y en nuestro país, desgraciadamente, no
faltan intereses económicos que lo cuestionen.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Son dos enmiendas, señor Presidente, las que
presenta mi Grupo al artículo ciento uno de carácter muy específico y que
no van a exigir ningún tipo de demora en las argumentaciones que van a
servir para su fundamento.

La primera que presenta nuestro Grupo al artículo ciento uno, pidiendo la
incorporación de un párrafo cuarto nuevo, pretende evitar una disfunción
que se ha empezado a producir recientemente, con efectos preocupantes
para nuestro Grupo Parlamentario, señor Presidente.

Es conocido hasta fechas muy recientes que empresarios y directivos de
pequeñas empresas, de entidades societarias, fundamentalmente
empresarios, por tanto, afiliados al régimen especial de trabajadores
autónomos (téngase en cuenta que el número cuatro que nosotros enmendamos
del artículo ciento uno es el que se refiere a la cotización al régimen
especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos), quedaban
encuadrados en el régimen de la Seguridad Social que ellos decidían
voluntariamente, un régimen de voluntaria adscripción, bien en el régimen
especial de trabajadores autónomos o en el régimen general. Este criterio
fue modificado unilateralmente por la Administración de la Seguridad
Social, y en este momento la afiliación al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos resulta obligatoria, señor Presidente. Como quiera
que esto resulta lesivo para los intereses de directivos de pequeñas
empresas que antes tenían un régimen de libre opción a la hora de
afiliarse al régimen por el que optaran libremente y que en este momento
pierden recursos económicos, pierden cuantía de protección social por la
necesidad impuesta



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unilaterialmente por la administración de la Seguridad Social de
afiliarse al régimen de autónomos, pretendemos la incorporación de un
nuevo párrafo que supere esta disfunción, del siguiente tenor literal:
«En ningún caso, y cualquiera que sea la edad del trabajador autónomo,
será de aplicación la limitación de bases de cotización establecida en el
apartado 2 de este artículo cuando el alta en el Régimen Especial se haya
practicado de oficio por la Administración de la Seguridad Social.»
Entendemos que es una enmienda requerida por elementos de justicia
material difícilmente discutibles, y esperamos de la sensibilidad y de la
comprensión del contenido de la enmienda del Grupo Socialista que sea
objeto de aceptación. Nosotros entendemos que no tiene mayores
dificultades ni supone un incremento de las consignaciones
presupuestarias para atender a esta necesidad y que supone la remoción,
el contenido del texto del proyecto de Ley de Presupuestos, de una
práctica que era objeto de un uso satisfactorio, en términos
absolutamente presupuestarios, por los usufructuarios, por los usuarios
de esta posibilidad de opción, los empresarios, sobre todo, o directivos
de pequeñas empresas, que son aquellos cuyos intereses pretendemos
tutelar con esta enmienda, señor Presidente.

La segunda enmienda tiene una caracterización muy similar a la anterior.

Pretendemos también corregir una disfunción que el texto del proyecto de
Ley de Presupuestos incorpora en relación al régimen de autónomos
contenido en el número cuatro del artículo ciento uno.

Es conocido, señor Cercas --y me dirijo a usted personalmente porque
supongo que será quien me va a replicar--, cómo hasta fechas también muy
recientes, en concreto hasta este año --porque esto es objeto de
modificación lesiva para los usuarios también de esta posibilidad--, la
elección libre de bases quedaba limitada a los 55 años, se producía de
los 55 años en adelante. Este proyecto de Ley de Presupuestos adelanta
hasta los 50 años de edad esta posibilidad de elección libre de bases,
con lo cual se quebrantan, se lesionan legítimos intereses de personas
que por este sistema de libre elección de bases de mayor cuantía podían
obtener también una mayor protección con cargo al sistema de Seguridad
Social, en este caso al Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad
Social.

Por tanto, para corregir también esta disfunción, que incluso puede
incurrir en regresividad, instituto prohibido o vetado por el artículo 41
de la Constitución, nosotros también pedimos, en forma de la
correspondiente enmienda, que esta posibilidad de elección de bases y de
incremento, por tanto, de las cotizaciones a la Seguridad Social y por
ello incremento proporcional y congruente de la protección con carga al
régimen de autónomos, se mantenga este régimen de elección de bases entre
los 50 y 55 años.

En definitiva, son dos enmiendas, señor Presidente, que tutelan los
intereses de los trabajadores autónomos, tutelan los intereses
fundamentalmente de directivos, de ejecutivos e incluso de propietarios
de pequeñas y medianas empresas, intereses quebrantados sectorialmente
desde múltiples perspectivas, y no nos gustaría que se consagre una nueva
discriminación que puede tener visos de inconstitucionalidad, valga la
redundancia, pero, sobre todo, que afecta a un colectivo bastante
castigado y que se está portando de forma punto menos que heroica en el
mantenimiento del empleo en una situación coyuntural muy agresiva para
éste.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.

Al Título IX mi Grupo tiene dos enmiendas y a la sección 60 una, que voy
a defender.

Cronológicamente, la 236 debería estar antes que la 235, y así las voy a
defender.

En la 236 pretenderíamos adicionar un párrafo nuevo al artículo ciento
uno, cuatro, que diría: «Los trabajadores incluidos en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos podrán acogerse voluntariamente a la protección por incapacidad
laboral transitoria, en los términos y condiciones que se determinen
reglamentariamente.»
Como SS. SS. saben, en la actualidad el Régimen Especial de la Seguridad
Social de trabajadores por cuenta propia en las prestaciones económicas
por ILT es una prestación obligatoria dentro del ámbito de la acción
dispensada por dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

Nosotros pretendemos con nuestra enmienda 235 modificar el artículo
ciento uno, cuatro, punto 3, en el sentido de que aquellos trabajadores
del régimen autónomo que no se acogiesen voluntariamente a la incapacidad
laboral transitoria pudiesen cotizar un 1,8 menos que aquellos otros que
aceptasen estar dentro de la incapacidad laboral transitoria. Es decir
que el texto que proponemos diría exactamente lo siguiente: «El tipo de
cotización a este Régimen Especial de la Seguridad Social será el 28,8
por ciento. Cuando el interesado no se haya acogido a la protección por
incapacidad laboral transitoria, el tipo de cotización será del 27 por
ciento.»
Los autónomos, como muchos otros ciudadanos de este país, habitualmente
tienen contratada alguna otra institución o empresa privada sanitaria
para que les atienda en los casos en que padecen enfermedades
transitorias o de poca duración. Con esta enmienda, además de permitirles
optar por uno u otro, creemos que ahorramos al propio interesado y a la
entidad gestora, dado que todos sabemos que la ILT nos está creando
grandes problemas de coste.

Finalmente tenemos una enmienda, la 237, a la Sección 60, en la que
pretendemos suprimir la disposición adicional séptima del proyecto. Mi
grupo tiene interés en aclarar que hay una cierta confusión en la
calificación de estas entidades. Nos estamos refiriendo a las mutuas de



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accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social.

La disposición adicional séptima del proyecto de presupuestos, si no se
suprimiera, como pretendemos, estaríamos considerando que estas
entidades, las mutuas de accidente de trabajo y enfermedad profesional,
son entidades del Estado y que sus empleados son funcionarios y, por
tanto, estaría bien aplicada la decisión de que los salarios no fuesen
incrementados para el año 1994, pero esto no es así. Estas entidades,
aunque tienen y gestionan patrimonio de la Seguridad Social, no son
entidades públicas, sino entidades privadas con recursos privados. Por
tanto, no se debe aplicar el acuerdo de la congelación salarial para los
funcionarios en el año 1994.

En cuanto a estas dos primeras enmiendas, la 235 y la 236, y también de
esta tercera que acabo de defender, sé que hay otras idénticas del Grupo
Socialista. Por tanto, espero que se aprueben y salgan adelante.




El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, la enmienda presentada a
este título no ha sido aceptada por el Gobierno.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Efectivamente, señor Presidente, está vetada,
pero hay una enmienda a la disposición adicional que concuerda
perfectamente y era la que pretendía introducir ahora para obviar luego
la discusión; es de características prácticamente similares a las que ha
presentado el Partido Nacionalista Vasco por la que se da la posibilidad
del acogimiento voluntario al Régimen de Seguridad Social o general o de
autónomos, según lo estime oportuno. Es la enmienda 210. Pretendía de
esta manera dejarla discutida muy rápidamente. Ya está defendida y casi
en concordancia con las que se han defendido con anterioridad. Por lo
tanto, obviaré su defensa, entendiendo que sería bueno que fuera
aprobada.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, empezaré por el final, sumando
nuestro voto, igual que hemos sumado nuestra iniciativa parlamentaria, a
las cuestiones a las que se ha referido el representante de la Minoría
Catalana y las concordantes que hay del PNV y del Grupo Popular en lo que
se refiere a la posibiidad de opción de los autónomos y en lo que también
se ha recordado sobre los trabajadores de las mutuas de accidentes de
trabajo. No así a la enmienda número 210, del señor González Lizondo,
puesto que, aunque el representante del Grupo Mixto ha dicho que es
idéntica, la verdad es que no tiene más que una ligera semejanza, puesto
que lo que pretende el representante del Grupo Mixto no es establecer una
libertad de opción respecto a una prestación, sino una libertad de
elección del régimen, que son cuestiones sustancialmente distintas, y,
por tanto, al no estar de acuerdo votaremos en contra de esa enmienda.

El debate de la Sección 60 y de este Título IX se ha iniciado por la
intervención del Grupo Popular y, efectivamente, también estamos
considerando la misma idoneidad y la misma oportunidad de que hablaba la
portavoz del Grupo Popular en cuanto a la necesidad de establecer un
debate serio y profundo, un gran debate, como el que se está produciendo
en todos los países de la Europa comunitaria, sobre el futuro de la
protección social. Nuestro Grupo Parlamentario está dispuesto a ello,
incluso hay iniciativas en la Cámara que se verán próximamente en el
Pleno del Congreso y, como es lógico, en esta legislatura vamos a tener
que hacer este gran debate.

Le adelanto, como no podía ser menos, que nuestro Grupo Parlamentario
está en la tesis de reformar nuestro sistema de protección social, pero
para que siga cubriendo y cumpliendo las altas funcionalidades, no
solamente sociales, sino también económicas, de cohesión, personal y
territorial, que cumple el sistema público de pensiones y del conjunto de
prestaciones que ofrece nuestra Seguridad Social.

Si el principal partido de la oposición camina con estos mismos
criterios, estaremos muy felices. Si el principal partido de la
oposición, por el contrario, pretende volver, como me ha parecido
entender en la afirmación que ha hecho la señora portavoz, a su viejo
esquema de dos niveles de protección y el segundo, este nivel que se
suele llamar profesional, fuese objeto de privatización de alguna manera,
lógicamente no estaríamos de acuerdo. Seguro que habrá sido un lapsus y
que se mantengan, al menos en lo que es la arquitectura general del
sistema, afirmaciones que han ido haciendo redundantemente en anteriores
debates.

Quería aprovechar, brevísimamente, este turno de réplica para oponerme a
las enmiendas de totalidad, porque justamente, como creo que sí es el
momento de hacer un debate serio sobre la Seguridad Social, esta
oportunidad que nos brinda la ley de presupuestos debería haber sido
ocupada con algún tipo de mayor rigor por parte del Partido Popular. Ya
esta mañana hemos tenido ocasión de establecer las contradicciones,
profundas, que tienen en su propio discurso, en sus propias iniciativas
parlamentarias y esta tarde, como no podía ser menos, vuelven a aflorar.

Estamos por la reforma, por establecer esa reforma con el rigor
necesario, que es justamente lo contrario de lo que observamos cuando
oímos en la primera intervención de la señora portavoz plantearnos --creo
que ha sido una especie de reprimenda-- que aún estemos tan lejos de la
media de protección comunitaria. Por tanto, quería que en el turno de
réplica, si puede, la señora Villalobos me dijera si eso significa que
debemos ir más rápido, que debemos gastar más o si eso entra en
contradicción con lo que inmediatamente después nos ha dicho respecto a
que ya estamos en un nivel de cargas sociales sobre nuestro sistema
productivo, que ya estamos con unos niveles de relación activos pasivos
francamente preocupantes, que ya estamos, en definitiva, según la segunda
parte de su intervención, en una situación en la que no se puede avanzar
más, sino que deberíamos reconsiderar el conjunto de la acción
protectora.

Rigor, por tanto, es lo que le pedimos al Grupo Popular



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cuando establezca este tipo de debates. Rigor que no se da, por ejemplo,
en su enmienda número 646, mediante la cual pretenden incorporar una
disposición adicional nueva al proyecto del Gobierno. No es riguroso
establecer una enmienda, un mandato en el que se habla de un calendario
sin fecha. Díganos el Grupo Parlamentario Popular, ya que parece que
tiene decidido el sistema de financiación fiscal para las prestaciones
sanitarias y de servicios sociales, con fechas, cuál es el calendario que
proponen. No hagan una enmienda de campanario para quedar bien, pero sin
que les obligue. Evidentemente, si ustedes ponen fecha, sabrán
inmediatamente cuáles son las obligaciones que establecen sobre la
Hacienda pública. La enmienda del Grupo Parlamentario Popular cuesta,
aproximadamente, y haciendo un cálculo benévolo, 936.000 millones de
pesetas; en un cálculo menos benévolo, podíamos estar hablando de dos
puntos del producto interior bruto, que serían dos puntos más de déficit.

Como veo que tiene algunos compañeros cerca de usted que son los grandes
adalides de la reducción del déficit público (Risas.), digo, para
conocimiento de toda la Cámara, que esto significa incrementar el déficit
público en dos puntos del producto interior bruto. Por tanto, díganos,
señora Villalobos, si ésa es su posición y díganos, en su caso, en cuánto
tiempo las arcas públicas, las arcas del Estado estarían con capacidad de
absorber tamaño disparate.

Me parece que no es tampoco constructivo cargar las tintas sobre las
dificultades que tiene el sistema de la Seguridad Social, porque --y éste
es un viejo debate entre usted y yo-- cuando hemos hablado alguna vez y
hemos caracterizado la posición de su Grupo de catastrofista,
efectivamente, en la coyuntura del año 1992, básicamente la del año 1993,
posiblemente la del año 1994, aunque esperamos que mejoren las cifras
globales, quizá pueda S. S. aducir con razón esas dificultades del
sistema. Pero fíjense que ustedes han estado haciendo el mismo discurso,
exactamente el mismo discurso, cuando en España se creaba empleo. Incluso
S. S. en su intervención se ha referido, con una cierta mirada
retrospectiva, a lo que era la relación de activos/pasivos, tomando como
punto de partida el año 1982; y del año 1982 a 1992 se han incrementado
en tres millones el número de cotizantes al sistema. Y hasta el año 1992
no hemos tenido ninguna de las dificultades que son observables, al menos
con la gravedad e intensidad que tenemos en este momento. Por
consiguiente, no se sorprenda tanto, señora portavoz, de que, desde las
filas del Grupo Socialista, en multitud de ocasiones se le haya dicho que
hacía S. S. o sus compañeros de Grupo un discurso catastrofista. En
cambio, el discurso que hay que hacer en estos momentos es un discurso
preocupado, una reflexión sensata, una reflexión prudente, mirando hacia
el futuro, desde nuestro punto de vista de una forma constructiva,
tratando de salvar el sistema de protección social en España, y ahí,
posiblemente, en estas diferencias de matiz, que no solamente son de
matiz, sino que son de fondo, es donde empiezan a verse las auténticas
diferencias de criterio entre su Grupo y el nuestro.

Me traía usted a colación afirmaciones, que ponía en boca de algún
Ministro del Gobierno socialista, para decir que eran equivalentes a las
que hacían sus colegas conservadores en el Reino Unido; y no es tal cosa.

Los matices vienen por ahí. Los matices vienen de que la prédica
liberal-conservadora significa nada más y nada menos que decir a los
ciudadanos que el sistema público es insolvente «per se», no que
coyunturalmente tenga dificultades, sino que es perverso, malvado --y
algo de esto podremos discutir en el Pleno con citas de autoridad usted y
yo-- y que, por tanto, como es perverso «per se», hay que reformarlo y
que, por consiguiente, dice el señor Michael Portillo, en la referencia
que leíamos esta mañana del debate con su compañero don Manuel Núñez, que
era imposible que el sistema público pudiera dar la garantía de sus
pensiones a las generaciones jóvenes que hoy tienen menos de 40 años.

Lo que dice el Gobierno socialista y lo que ha dicho el Ministro
socialista, señor Griñán, ha sido justamente lo contrario. Que este
Gobierno, porque cree que es muy oportuno, porque cree que es realmente
importante para nuestro país desde todos los puntos de vista mantener el
sistema público de protección social, hay que reformar en aquello que sea
útil y necesario, para garantizar que los trabajadores menores de 40 años
puedan tener las pensiones. Nosotros hacemos un compromiso público de
mantener el sistema de protección social. Durante los once años de
Gobierno socialista, la Seguridad Social ha cumplido todos y cada uno de
sus compromisos con el pueblo español y con los trabajadores españoles, y
queremos que la próxima década socialista sea también igualmente exitosa
en el cumplimiento de los compromisos. Pero más allá de que sea una
década socialista o que sea una década popular, lo que nos gustaría es
que nuestro país tuviese un sistema que pudiese aguantar las coyunturas
deficientes, como las que hay en este momento, y que pudiera, quizá con
otros términos, quizá con otros instrumentos financieros, prepararse para
las dificultades que de orden de envejecimiento de la población, de
frustraciones del mercado de trabajo le puedan acarrear.

Un último broche --y voy terminando, señor Presidente-- de lo que yo
entiendo que es una posición poco rigurosa de su Grupo es que justamente
ustedes deben acompañarnos cuando desde el Gobierno se producen
instrumentos legislativos que van en la dirección de resolver los
problemas del Sistema de Seguridad Social. Es muy contradictoria la
postura de su señoría. Ustedes han presentado una enmienda de devolución
del programa de incapacidad laboral transitoria, pero, con independencia
de cualquier otro criterio, lo que les molesta es lo que estableció la
Ley 5 de 1992, que era una Ley que básicamente lo que trataba de evitar,
y ha evitado en parte, era la desviación del gasto en esa incapacidad
laboral transitoria. Pero todas estas cuestiones conforman un conjunto de
elementos que discutiremos en el Pleno de la Cámara y en otras
oportunidades con más tranquilidad.

Al representante de Izquierda Unida, que ha hecho básicamente tres
afirmaciones, querría decirle que mi Grupo es perfectamente consciente de
esas dificultades a



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las que se ha referido, y que incluso, estamos bastante cerca de su
preocupación porque la Seguridad Social tenga más recursos. Pero también
queremos solicitar la comprensión recíproca para que entienda que es
bastante razonable que éste no es el momento de incrementar la presión
contributiva sobre las empresas. Aumentar el conjunto de bases del
sistema significaría dañar en alguna medida la competitividad de las
empresas españolas en este momento. Además, tampoco echen en saco roto la
consideración de que incrementar las bases del sistema es pan para hoy,
pero hambre para mañana, y no precisamente en los sectores de la
población más desfavorecidos, sino en aquellos sectores de la población
que acceden a las pensiones máximas del sistema. De modo que no es un
ingreso gratuito el que habría en las finanzas de la Seguridad Social,
sino que eso reproduciría prestaciones superiores posteriormente.

No cabe duda que las horas extraordinarias vehiculan la misma
preocupación de allegar más recursos. Lo que quisiera decirle al
representante de Izquierda Unida es que la batalla por el reparto del
trabajo, la batalla por conseguir que esas horas extraordinarias no se
produzcan en unas condiciones o en una cuantía que está en contradicción
con las necesidades del mercado de trabajo, esa batalla se tiene que
desarrollar prioritariamente desde otros ámbitos donde el compromiso de
la sociedad y el compromiso del movimiento sindical es mucho más
relevante que lo que pudiéramos hacer aquí por elevar dos puntos el tipo
de cotización, que, además, en la enmienda de Izquierda Unida también se
dirige a horas extraordinarias que tienen una funcionalidad para prevenir
riesgos, para prevenir catástrofes que no parece que sea muy recomendable
incrementar.

En cuanto a su preocupación por el Fondo de Garantía Salarial he de
decirle que nosotros también podemos participar de esa misma preocupación
que creemos que es legítima, pero consideramos que en este momento es
prematura, puesto que el equilibrio del Fondo de Garantía Salarial está
garantizado al menos en el próximo ejercicio. Por tanto, si hubiera algún
problema no le quepa la menor duda que estaríamos en la misma disposición
que ustedes, pero éste, repito, no es el momento.

El señor Olabarría ha defendido razonablemente sus dos enmiendas al
artículo ciento uno. Quisiera decirle muy brevemente que creo que no es
que las enmiendas de fondo sean discutibles, y yo intuyo que su señoría
tiene buenos argumentos y que son de peso, el problema, señor Olabarría,
es que estamos en presencia de un intento de su Grupo Parlamentario que
quizá no pueda ser tan defendible en la forma en que han planteado las
enmiendas. Porque lo que trata su señoría es de arreglar en un texto
legal unas cuestiones que parecen ser derivadas de una simple circular o
de una simple resolución de la Seguridad Social. Si hay un problema
interpretativo yo creo que, efectivamente --me estoy refiriendo a los
directivos que acceden por primera vez al régimen de autónomos--, si
usted lee el número cuatro, del artículo ciento uno de la ley, verá que
quien haya accedido a una cotización previa superior podrá mantenerla y
podrá elegir, pero eso es un tema interpretativo. El régimen de autónomos
no está legalizado más que en el tema de las bases de cotización y, por
tanto, por una cuestión de economía procesal no nos parece lógico elevar
a categoría legal lo que es un puro y simple problema de interpretación
de circular.

La segunda enmienda tiene para nosotros el mismo reparo, el tema de los
tres meses. Parece razonable el cambio que se produce en cuanto a la
elección de base --antes eran los mayores de 55 años, ahora son los
mayores de 50 años--, pero, señor Olabarría, eso está regulado en una
orden ministerial. Sería un problema de retroactividad si no se reforma
esa orden ministerial. En todo caso, reformémosla, pero no legalicemos un
tema de un régimen especial que puede tener diversas incidencias en su
recorrido y, por tanto, cualquier modificación tendría que volver otra
vez al Parlamento.

Son esas cuestiones las que pongo a su consideración, como le digo, en un
espíritu de comprensión de cuál es el fondo y cuáles las razones de sus
enmiendas. Sin ninguna duda, y si usted lo tiene a bien, podríamos seguir
discutiendo este tema en trámites sucesivos.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para el turno de réplica, tiene
la palabra la señora Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: La verdad, señor Cercas, es que yo no sé
dónde diablos me voy a sentar; no sé si sentarme arriba, donde los
intérpretes, si pedirle al señor Presidente que me deje su sitio o si
sentarme a su lado. Digo esto porque si nos sentamos en la primera fila
dice que está mal, ya que ahí están los que se supone que apoyan a los
poderes económicos, que por lo visto hasta ayer eran muy malos y
últimamente a ustedes les gustan creo que bastante. Entonces, nosotros
representamos a los sindicatos y los otros al Instituto. O sea, que usted
tiene una capacidad de análisis sociológico envidiable, por otro lado. Si
el señor Cristóbal Montoro, compañero mío y portavoz de Economía, se
sienta al lado, inmediatamente es porque estoy buscando los grandes
gurús.

De verdad, señor Cercas, el problema para usted es simplemente de
ubicación física, por lo visto. La próxima vez le pediré al señor
Presidente que me aisle; que nos haga una cabinita donde vayamos entrando
los Diputados del Grupo Popular para que usted inmediatamente analice el
tema en función de las posiciones que ocupamos en la primera o en la
tercera fila. Por tanto, señor Cercas, como argumento dialéctico es
divertido, sobre todo llevando dos días de debate, pero poco serio.

Las posiciones que mantiene el Grupo Popular son del Grupo Popular. Da
exactamente igual que las mantenga quien las mantenga. Usted y yo hemos
tenido miles de discusiones en torno al Sistema de la Seguridad Social e
inmediatamente me rebate: «Señora Villalobos, es que lo que usted dice me
parece bien, pero sus compañeros no dien lo mismo.» Pues a mí me
encantaría que el señor Guerra dijera lo mismo que el señor González; o
que el señor portavoz de esta Comisión dijera exactamente lo mismo que el
antiguo señor Ministro de Trabajo, pero no



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me meto en eso, que es un problema interno del Grupo Socialista, incluso
del Gobierno socialista. Por tanto, no entremos en esas cuestiones,
porque me da la sensación que tiene usted poquito que ganar en ellas. El
tema de la protección social en nuestro país requiere un gran debate.

Efectivamente es cierto. En los Presupuestos del año anterior me dijo
usted lo mismo, y tuvimos una discusión en la Comisión de Política Social
y Empleo que a mí me hubiera gustado que hubiera sido, mucho más amplia,
mucho más participativa de lo que fue, ya que consistió simplemente en
comparecencia del señor Ministro donde habló del círculo de la Seguridad
Social y de la felicidad en la que se encontraba porque definitivamente
el Sistema se había cerrado. A mí me hubiera gustado, insisto, que
hubiera participado más gente, que hubiera sido un debate sosegado y
tranquilo. Espero que esta nueva iniciativa que se va a plantear en la
Cámara tenga esos criterios de gran debate, sin ningún tipo de cargas
ideológicas, donde el señor Cercas inmediatamente acuse a determinados
grupos de defensa de intereses que, por lo visto, para él son
inconfesables. Para el Grupo Socialista o el Gobierno socialista, cuando
se citan determinados intereses, para unas cosas son inconfesables y para
otras por lo visto no, son perfectamente trasladables a los Presupuestos
Generales del Estado.

Por tanto, estoy de acuerdo con ese debate, con que hay que llevarlo con
rigor y con seriedad, para que estemos todos igualmente de felices que
está usted en el día de hoy.

Reformar para cumplir. Señor Cercas, eso es lo que queremos todos. Es
decir, el debate ahora, en las sociedades occidentales y en España, no
está planteado en torno a si nosotros, los partidos de centro-derecha,
queremos quitar la protección social y los partidos de centro-izquierda
luchan con todas sus fuerzas para garantizarla y para implantarla. Ese
debate ya está muy pasado de moda y desde luego la Europa comunitaria no
tiene nada que decir. El tema está ya de otra forma, está en cómo
garantizar ese nivel de protección social; ahí es donde está, en qué
fórmulas pueden buscar los Estados para garantizar esos niveles, repito,
de protección social. Cada país ha buscado las suyas, y los alemanes ya
la han puesto en marcha. Son fórmulas que yo creo que, mirándolas
despacio, incluso es posible que el Grupo que ustsed representa, aunque
no sea de la misma línea ideológica que el que hay en Alemania, tenga la
suficiente sensatez para aceptarlas.

En cuanto a las contradicciones, yo creo que en el Pleno vamos a poder
hablar de muchas de ellas, porque hoy es tarde y tampoco quiero volver
sobre lo mismo. Pero le diré que no son contradicciones, señor Cercas. El
Sistema de Seguridad Social que plantea hoy el Grupo Popular no es
diferente al que le planteaba yo el año pasado o el anterior; es
exactamente el mismo. Estamos de acuerdo en las fórmulas de financiación
del sistema y en la separación de lo contributivo y lo no contributivo,
pero lo que nosotros planteamos para los Presupuestos de 1994 es que de
forma gradual, y no en un año, se pueda conseguir el objetivo final de
definir claramente el sistema financiero de la Seguridad Social.

Efectivamente, son más de 900.000 millones lo que las cotizaciones
prestan hoy al Sistema universalizado de la Seguridad Social, pero me
parece que es una injusticia, que usted compartirá conmigo, tal como está
planteado.

En el Sistema de la Seguridad Social no todo es pagar las pensiones. A
usted le encanta hablar, cuando nos referimos a la Seguridad Social, de
que hay que garantizar las pensiones; hasta ahora de acuerdo. Usted habla
del gran éxito del Grupo y del Partido Socialista porque han garantizado
las pensiones, cuando el que haya más pensionistas no es un éxito ni de
ustedes ni de nadie, es que la gente dura más, cada vez se van a
incorporar más personas al Sistema y tenemos que garantizar esas
pensiones. El problema es que la Seguridad Social tiene otras
prestaciones económicas que no son pensiones, donde se produce --y usted
lo sabe exactamente igual que yo y es un vivo debate en esta Cámara-- una
mala gestión del Sistema. Así lo ha reconocido el Secretario General de
la Seguridad Social, quien en esta misma sala donde estamos usted y yo
hoy nos decía que en el Sistema de Incapacidad Laboral Transitoria hay
fraude, y reconocía su incapacidad para controlarlo, aunque eso es algo
en lo que yo no estoy de acuerdo. Sí hay formas de controlarlo, e incluso
apuntaba que la invalidez provisional era una prestación que había que
hacer desaparecer del Sistema, porque hay una prestación que conducía
inevitablemente al fraude, que él cifraba en cantidades tan importantes
que podían alcanzar los 60.000 millones de pesetas.

Hablemos también de todo eso, señor Cercas. No quiera usted llevarme
siempre al debate maniqueo de que el Grupo Popular lo que quiere es
acabar con los niveles de protección social. Hablemos de lo que significa
todo el Sistema de la Seguridad Social española, porque problemas hay, y
se han planteado en esta Cámara desde hace muchos años. Usted ha tenido
debates con compañeros míos y conmigo en torno a la Incapacidad laboral
Transitoria, y cuando nosotros traemos esta discusión a la Cámara no es
porque entendamos --que sí lo entendemos-- que no se puede --simplemente
porque hay un problema de financiación, como así lo reconocía la propia
Seguridad Social y el propio Ministro--, trasladar a los costes laborales
la Incapacidad Laboral Transitoria debido a que el Sistema se considera a
sí mismo incapaz de controlarla.

¿Usted cree que ésta es la fórmula para conseguir crear empleo en este
país? Nosotros creemos que no. Creemos que se puede controlar ese fraude,
y ahí es donde, desde mi punto de vista, hay que empezar a atacar estos
sistemas de contingencia económica que no son las pensiones. Ahí creo que
debemos estar, y estoy segura de que ustedes también van a estar en ese
nuevo debate que se planteará en esta Cámara, me imagino que lo antes
posible, si contamos con el apoyo del Grupo Socialista, que seguro que
sí, porque como esta iniciativa no la presenta el Grupo Popular, sino el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), efectivamente, contará con su apoyo.

Por tanto, lo hablaremos.




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Sinceramente, me gustaría que aprobaran ustedes esta enmienda, porque
creo que sería bueno plantear que el Gobierno, de forma gradual, trajese
a la Cámara esa separación de los dos conceptos.

Usted lleva dos años llamándome catastrofista y cosas peores, señor
Cercas. Pero cuando en el año 1992 empiezan a producirse las señales de
alarma sobre el nivel de afiliados y cotizaciones al Sistema, yo le dije
que podía empezar a suceder lo que está ocurriendo. Y cuando analizábamos
la relación cotizantes-pensionistas, nos encontrábamos con el mismo
problema, porque cuando hay destrucción de empleo, hay menos afiliación y
menos cotizantes al Sistema de la Seguridad Social.

Además, si analizamos los Presupuestos de este año, señor Cercas, a la
hora de hacer los números en los ingresos por cotizaciones, reconocido
aquí por el propio Secretario General de la Seguridad Social, se le da un
valor a los salarios, lo que es básico para calcular los ingresos, como
usted sabe, con unos incrementos salariales para el año 1994 de 5,8 con
deslizamientos. Luego se cumplirá o no se cumplirá. Pero si se consigue
un objetivo de control de los salarios, tal como lo prevé el Gobierno, no
se va a llegar a unos incrementos salariales del 5,9 con deslizamientos,
incluso así no se van a poder conseguir los ingresos que están planteados
en los Presupuestos.

¿Cree usted que el nivel de afiliación y de cotizaciones que se plantean
es creíble, es razonable? Yo creo que no. Por eso, señor Cercas, pienso
que de una forma serena debemos entrar en este debate, y yo espero que
podamos hacerlo en el Pleno de la semana que viene.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor
Peralta, para la réplica correspondiente a las enmiendas de Izquierda
Unida.




El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, señorías, para contestar a la
alegación del representante del Grupo Socialista a las enmiendas de
nuestro Grupo, que pretenden adecuar las bases máximas de cotización a
los salarios reales vigentes en nuestro país.

Se nos ha dicho que se entendía esa enmienda, pero que se quería que
reflexionáramos sobre que eso era pan para hoy y hambre para mañana en la
medida en que darían lugar a prestaciones más altas. Yo simplemente
quiero llamar la atención del representante del Grupo Socialista, señor
Cercas, sobre que nuestro Grupo este año ha presentado enmiendas
pretendiendo que se destopen las bases máximas de cotización, pero no que
se destope la cuantía máxima de las prestaciones.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para consumir un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Olabarría, por el Grupo Vasco (PNV).




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Cercas, con toda honestidad se lo tengo
que decir, me ha preocupado más su argumentación que incluso la negativa
a la aceptación de nuestras enmiendas, y le voy a decir por qué. Usted ha
argumentado con razones de estricta juridicidad, y ha dicho que no es una
Ley de Presupuesto el texto en el que se deben corregir las dos
disfunciones que mi Grupo ha denunciado al argumentar sus enmiendas; que
hay que buscar una norma jurídica no sólo en el sentido formal, que es lo
que caracteriza una Ley de Presupuestos, sino en el sentido material del
término. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Yo podría estar formalmente de acuerdo con esta argumentación, señor
Cercas, pero mire lo que he percibido en ejercicios económicos sucesivos
que han sido regulados por ley de presupuestos, una ley que lo es no sólo
en el sentido material, sino en el sentido formal y desde la perspectiva
también estricta de la jerarquía normativa. He visto cómo se regulaba por
ley de presupuestos la cuantía de la pensión máxima de jubilación; he
visto cómo se regulaban en leyes de presupuestos las bases de cotización
a distintos regímenes de la Seguridad Social; he visto cómo se regulaban
en leyes de presupuestos, señor Cercas, normas de naturaleza
estrictamente tributarias, vulnerando el principio constitucional de
legalidad tributaria, y muchos ejemplos. Una casuística sería seguramente
muy prolija de lo que he visto que ha sido objeto de regulación por una
ley que no lo es en el sentido material, sino sólo en el sentido formal.

Yo no le voy a reproducir en términos estrictos la argumentación antes
realizada, pero no me haga consideraciones de juridicidad, de naturaleza
estrictamente jurídico-formal, señor Cercas, porque la contradicción tan
abundante, tan casuística que hemos podido observar en los debates de
presupuestos en ejercicios anteriores, deslegitima absolutamente
cualquier argumentación de esa naturaleza. Y le pido que reflexione
serenamente sobre las pequeñas disfunciones en términos presupuestarios
que pretendemos corregir. En primer lugar, la que afecta a una forma
unilateral incorrecta de operar de la Administración de la Seguridad
Social, registrando en el Régimen general a determinados empresarios, a
determinados directivos, ubicándoles obligatoriamente «ex lege», o
mediante circular sin «ex lege», en el Régimen especial de trabajadores
autónomos, y algo que incurre en genuina regresividad, señor Cercas, que
es la no posibilidad a trabajadores entre cincuenta y cincuenta y cinco
años para incrementar voluntariamente sus bases de cotización y tener una
adecuada protección con cargo al Régimen de autónomos de la Seguridad
Social.

No me utilice, por favor, razones de juridicidad. Si no están de acuerdo
por motivos presupuestarios, si no están de acuerdo por motivos
materiales, dígamelo, pero no me haga argumentaciones tramposas desde una
perspectiva procesalista, porque la casuística y la práctica deslegitima
esa argumentación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Voy a intervenir muy rápidamente. Señor
Cercas, yo reproduzco lo que ha dicho el señor Olabarría. Pero además es
que mi enmienda es más sencilla, no tiene ni disfuncionalidad ni nada



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que se le parezca. Usted dice que no y ya está. ¿Por qué? Por lo que se
le ocurra en ese momento. A lo mejor ahora está más contento y se le
ocurre otra cosa que decir, o ya está vacío de ideas y entonces no puede
decir nada.

La realidad es que usted dice que no porque no. Muy bien, pues nosotros
la vamos a mantener para que sea votada y encantados. Se trata
simplemente de elegir; no se trata de mayores gastos ni de nada más; es
dar libertad donde existía. Pero usted dice que no y ya está; dice que no
y vale, pues bueno, vale. Ante eso, ¿qué quiere que le diga? Gracias.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Al señor González Lizondo le diré que escuche, al
menos, los razonamientos. Usted ha entrado en el debate de las últimas
enmiendas a las disposiciones adicionales diciendo que tenía una igual a
las del Grupo de Minoría Catalana, del PNV y del PP, y yo le he
demostrado que no es igual.

Lo que usted pretende en su enmienda 210 no es lo mismo que pretendían
las enmiendas que hemos anunciado que vamos a aceptar, en el sentido de
que los trabajadores autónomos elijan o no tener la ILT. Usted lo que
dice es que pueden acogerse voluntariamente al régimen de la Seguridad
Social que quieran, si quieren al régimen general, si quieren al de
autónomos, etcétera. Esto no tiene nada que ver con las otras enmiendas.

Por tanto, no haga usted una caricatura de lo que ha sido una
argumentación --estimo-- rigurosa por mi parte.

Al turno de réplica de la señora Villalobos contestaré en el Pleno,
porque ahora no está aquí. (Un señor Diputado: Tenía que ir a la tele.)
Tenía que ir a la tele, ése es el problema. Por eso trata de que los
debates los hagamos como en las tertulias de la televisión. Bien, ya
hablaremos en el Pleno.

El representante del Grupo de Izquierda Unida, señor Peralta, decía que
no había ninguna contradicción entre el destope que pretenden para las
cotizaciones de las bases máximas, puesto que el Grupo de Izquierda Unida
al mismo tiempo mantiene incólume su concepto de tope en las
prestaciones. Eso es una verdad, pero una verdad a medias, señor Peralta,
y usted lo sabe. De nada valdría que ustedes mantuvieran el tope máximo
de cotización para las personas que van a acceder a los niveles altos de
prestaciones, puesto que la cotización adicional, por ejemplo, que
pudieran hacer este año sí computaría, debido a que difícilmente con la
base máxima de cotización llegan al tope alto de esa misma cotización. Y
no se trata solamente de las personas que están en el tope de la
prestación, sino de prestaciones elevadas. Por tanto, en un porcentaje
altísimo --superior al 90 por ciento-- su enmienda sí tiene incidencia en
el gasto total de la Seguridad Social.

Al señor Olabarría le diré con brevedad, pero también seriamente, que me
ha sorprendido bastante la agresividad que ha empleado a la hora de
contestarme. Porque realmente mi posición se mueve sólo en lo que usted
ha definido como un problema de juridicidad, que no es pequeño y que,
además, lo había brindado a su consideración porque si hay algún Diputado
en la Cámara que siempre ha sido escrupuloso en estas cuestiones ha sido
su señoría. Incluso en este mismo trámite no se ha recatado --estaba en
su derecho como es lógico, y es una habilidad dialéctica que le honra--
en recordar la cantidad de cosas que (desde su punto de vista de una
manera abusiva) el Gobierno Socialista ha traído en una ley como la de
Presupuestos, cuando hubiera precisado una ley formal.

Justamente en consideración a lo que es su propio criterio es por lo que
he tratado de poner el tema en el del debate para que fuese considerado
por su señoría. Por consiguiente, si me pide mi opinión sobre el fondo,
tengo que decirle que, efectivamente, es una enmienda que no acarrea
grandes disfunciones en los presupuestos de la Seguridad Social, pero que
sí acarrearía, desde mi punto de vista, un precedente que vendría a
sumarse a otros y a un uso de la ley de presupuestos que no nos parece
correcto. Ese es exacta y estrictamente el nivel de discordancia que hay
entre nuestro Grupo y el suyo respecto a esta cuestión.




El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Cercas finaliza el
debate de las enmiendas correspondientes al título IX y a la Sección 60.

Vamos a comenzar las votaciones correspondientes a los títulos y
secciones sobre los que hemos deliberado desde nuestra última votación,
que son el título VI, el título VII, con las Secciones 32 y 33, y el
título IX, con la Sección 60. Lo haremos en este orden.

Aun cuando la Mesa y el Letrado tienen nota de aquellas enmiendas que,
por haber merecido una cierta aceptación por el Grupo Socialista, aunque
sea con redacciones transaccionales, tendrían que ser votadas
separadamente, les ruego que cuando pongamos a votación los títulos o las
secciones hagan observaciones a la Mesa en relación con este tema.

En primer lugar, vamos a votar las enmiendas relacionadas con el título
VI.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: El Grupo Popular solicita votación separada
de las enmiendas de Izquierda Unida números 1.309, 1.310, 1.312, 1.322,
1.324 y 1.325, que se podrían votar conjuntamente.




El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación las enmiendas de
Izquierda Unida, excepto las números 1.309, 1.310, 1.312, 1.322, 1.324 y
1.325.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 35; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, se someten a votación las enmiendas a las que se ha
referido el Grupo Popular a través del señor Aguirre y que he enumerado
antes.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.




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El señor PRESIDENTE: El resultado es de empate. Como entre los votos en
contra están los de los Grupos parlamentarios Socialista y Catalán
(Convergència i Unió), que aquí son 20, pero que ponderadamente en el
Pleno de la Cámara suponen mayoría absoluta, son rechazadas las indicadas
enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Votamos las enmiendas del Grupo Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, excepción hecha de la enmienda transaccional.




El señor ALMUNIA AMANN: La transacción es a una enmienda de Convergència
i Unió, no a una enmienda socialista.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, el Grupo Popular pide
votación separada de la enmienda número 1.073.




El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista, menos la número 1.073.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 14; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la enmienda número 1.073, del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 17; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), a excepción de la afectada por la enmienda transaccional
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, sólo queda viva esta enmienda;
es una transaccional a la enmienda número 231, por lo que procede votar
la transaccional solamente.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Votamos la enmienda número 231, de
acuerdo con el texto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (El señor Aguirre Rodríguez pide la
palabra.)
Señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, si no he seguido mal la
votación, las enmiendas del Grupo Popular no han sido sometidas a
votación.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Cuando anuncie la votación del Grupo
Popular, solicitaré una votación separada.




El señor PRESIDENTE: Puede hacerlo ahora.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Mi grupo solicita votación separada de
las enmiendas números 358 y 360, que hacen referencia a la deflactación
de la tarifa del Impuesto sobre la Renta, coincidentes con las enmiendas
de todos los grupos parlamentarios, excepción hecha del Grupo Socialista
y de Convergència i Unió. De la intervención del representante del Grupo
de Convergència i Unió he entendido... (El señor Almunia Amann: ¿Entramos
en la discusión?



El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo...




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Mi grupo desea saber si la oferta de
votar esta enmienda por parte del Grupo de Convergència i Unió se
mantiene o no a cambio de nuestro voto a los artículos sesenta y siete,
sesenta y ocho y setenta. (El señor Almunia Amann: ¡Esto es un debate!)



El señor PRESIDENTE: Señor García-Margallo, si el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) u otro grupo apoya su enmienda, se verá en
el momento de la votación.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Perfecto.




El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, vamos a ver si la Mesa ha entendido
la posición del grupo: someteríamos a votación todas las enmiendas del
Grupo



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Parlamentario Popular, con excepción de las números 358 y 360. (Pausa.)
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular con excepción de
las números 358 y 360.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas. ¿Votamos
conjuntamente las enmiendas 358 y 360, señor Aguirre? (Asentimiento.)
Votamos conjuntamente las enmiendas números 358 y 360, del Grupo
Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos el texto del informe, de acuerdo con la redacción que resulte de
la enmienda transaccional aceptada.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Aplicando el precepto reglamentario, es aprobado el
texto del informe.

Enmiendas relacionadas con el Título VII y las secciones 32 y 33.




El señor ALMUNIA AMANN: La Sección 7 ¿se ha votado?



El señor PRESIDENTE: Entiendo que la Sección 7 se votó con su título. Por
tanto, empleando el mismo sistema, ahora estamos votando conjuntamente el
título VII y las Secciones 32 y 33, es decir, todo lo relacionado con los
entes territoriales.

Votamos todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: El Grupo Popular solicita votacion separada
de la enmienda número 1.530.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación todas las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con excepción
de la número 1.530.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos la enmienda número 1.530, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: El Grupo Popular solicita votación separada
de la número 258, frente a la 256, que son las dos que, según nuestros
cálculos, quedan vivas.




El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 256 del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)
Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: No sé si se van a votar las enmiendas números 244
y 245, que se han debatido hoy pero que van a la Sección...




El señor PRESIDENTE: En este momento estamos sometiendo a votación
únicamente las enmiendas números 256 y 258.

En primer lugar votamos la enmienda número 256.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 32; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 258, del Grupo Parlamentario Catalán.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Planteamos ahora la votación del texto del informe, con la enmienda 258
incorporada y las del Grupo Socialista que han sido aprobadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Es aprobado el texto con estas dos modificaciones a
que he aludido.

Título IX y Sección 60. Votamos las enmiendas de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Vasco (PNV).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Si mi grupo no ha seguido mal el debate,
quedarían vivas cuatro enmiendas para su votación, las números 235, 236,
238 y 239.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, el portavoz del Grupo Popular
ha seguido mal el debate.




El señor PRESIDENTE: Señor Homs, es más lógico que tenga usted mayor
autoridad sobre este tema.




El señor HOMS I FERRET: Sólo en este tema, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: He dicho, en este tema.




El señor HOMS I FERRET: No tengo más autoridad que la que tengo en
representación de mi grupo.

Las únicas enmiendas que están vivas son las números 235, 236 y 237.




El señor PRESIDENTE: Señor Homs, es lógico que la Presidencia y el resto
de los grupos acudan a su información para saber cuál es la voluntad del
propio grupo.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, mi deseo y el de mi grupo sería
que la enmienda número 235, de Convergència i Unió, se votara
simultáneamente con la 1083, del Partido Socialista; la 236, con la 1082;
y la 237, con la 1084, puesto que todas ellas son enmiendas exactamente
iguales entre sí de dos en dos.




El señor PRESIDENTE: Señor Almunia ¿no hay inconveniente por parte del
Grupo Socialista en que se ordene así la votación?



El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, acabo de sugerir al Grupo
Popular que tiene una enmienda, la 395, que podía ser votada
conjuntamente con las 237 y 1084.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: De acuerdo, señor Presidente, que se
voten también nuestras enmiendas similares.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo con la propuesta de Grupo Catalán
(Convergència i Unió), Grupo Socialista y Grupo Popular, las sometemos
conjuntamente a votación. Lo que hemos acordado hasta ahora es el
emparejamiento de estas enmiendas, pero ¿también hemos acordado que se
voten conjuntamente? (Asentimiento.)
Someto a votación conjunta las enmiendas números 235 y 1083; 236 y 1082;
y 395, 237 y 1084.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, uno; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

¿Quedan enmiendas del Grupo Socialista?



El señor ALMUNIA AMANN: No, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, excepto la que ya se ha votado.«



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos ahora a votación el texto del informe con la incorporación de
las enmiendas en los términos que han sido aprobadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 17; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Reanudamos las deliberaciones en relación con el Título VIII, al que
tienen presentadas enmiendas, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente,



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mantenemos tres enmiendas a este título y como son muy concretas y muy
claras las damos por defendidas.




El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Popular al Título VIII. El señor
Núñez tiene la palabra.




El señor NUÑEZ PEREZ: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado a este
título cuatro enmiendas, las números 388, 389, 390 y 391 y otra
proponiendo una disposición adicional nueva. De todas ellas hay tres, las
números 388, 390 y 391 que se pueden refundir en una sola. En todo caso,
voy a hacer una brevísima defensa de las mismas, dado lo avanzado de la
hora, para decir lo siguiente.

El artículo noventa y siete del proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1994 autoriza al Gobierno para que mediante Real Decreto
y durante el ejercicio de 1994, a propuesta conjunta de los Ministerios
para las Administraciones Públicas y Economía y Hacienda, transforme o
suprima organismos autónomos y entidades públicas, las refunda o las
modifique. Nosotros queremos convertir esta autorización en una
obligación, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. Porque en el programa
de convergencia, aprobado en marzo de 1992, el Gobierno se comprometió a
una drástica reducción de organismos autónomos y entidades públicas y
desde entonces no ha hecho prácticamente nada. Por tanto no puede ser una
simple facultad otorgada por la ley que aprueba los Presupuestos
Generales del Estado, sino una obligación al Gobierno, al que emplazamos
para que antes del 31 de marzo de 1994, como dice el programa de
convergencia, presente la correspondiente reducción drástica de
organismos públicos.«
Esta reducción o modificación tiene lugar, y cito literalmente el
programa de convergencia de marzo de 1992, por alguna de estas tres
circunstancias: la primera, porque los organismos hayan cumplido el
objetivo para el que fueron creados. La segunda, porque habiéndolos
incumplido se han demostrado inútiles. La tercera, porque sus
competencias han sido transferidas a las comunidades autónomas. Pues
bien, para todos estos casos nosotros creemos que debe producirse esta
reducción y que el Gobierno debería enviar a la Cámara una propuesta de
reducción y, por tanto, del compromiso contraído en el programa de
convergencia de marzo de 1992, repito, y que, además de hacerlo antes de
ese período de tiempo, en el primer semestre del año, y así lo dice la
siguiente enmienda, dé cuenta a esta Cámara de lo que ha hecho.

Sencillamente éstas son las razones de nuestras enmiendas y la
explicación del porqué las hemos presentado.

Creemos necesario definir y estabilizar el modelo de sector público en
materia de estructuras organizativas. No se pueden efectuar
transformaciones de organismos autónomos de gran tradición, como eran
aeropuertos nacionales y las juntas de puertos, en entes públicos sin
argumentos suficientes que lo avalen. Por eso creemos que este tipo de
transformaciones no cabe hacerlas de manera aislada y que nos enteremos a
través del «Boletín Oficial del Estado».

No basta con decir que estas instituciones, en sus relaciones con los
proveedores y usuarios, necesitan poder tomar decisiones con la agilidad
con que se toman en las empresas privadas. Y eso no basta porque no se ha
tratado de una mera modificación de la normativa contractual, sino
también de una modificación radical de la política de personal,
transformando a los funcionarios en laborales, lo que ha dado lugar a que
un número sustancial no acepten esa transformación y hayan tenido que
pasar a engrosar las ya abultadas plantillas de los ministerios.

Al mismo tiempo se dice, con fundamento, que la transformación en entes
públicos, amén de posibilitar la contratación laboral de determinadas
personas designadas libremente, ha servido para permitir sustanciales
subidas de sueldo para los puestos directivos muy superiores a los que
esos mismos puestos percibían cuando el ente era organismo público. No
nos conformamos, pues, al pedir este envío de supresión o transformación
de organismos públicos, antes del 31 de marzo de 1992, con la lista; no
nos conformamos con el sistema, nos conformamos con la variación, clara y
concreta, de por qué y para qué. Por eso es necesario que el Gobierno
envíe a las Cortes su plan de reducción y de cumplimiento del compromiso
contraído --repito-- en el programa de convergencia, en marzo de 1992. De
ahí la razón de nuestras enmiendas, para las que solicito, señor
Presidente, el voto favorable.




El señor PRESIDENTE: Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, según me informan, se dan por defendidas, por indicación del
propio portavoz.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez.




El señor PEREZ GONZALEZ: Señor Presidente, trataré de ser tan conciso y
escueto, al menos, como ha sido el señor Núñez.

Este es un debate que me parece bastante similar al de algunos otros
ejercicios anteriores. Cuando menos, en estos artículos, el Gobierno no
hace uso discrecional. Se han resuelto mucha dudas respecto de las
potestades del Gobierno para ejercer esta reordenación de sectores.

Entrando por derecho a los planteamientos del señor Núñez, le avanzo que,
así como en el título anterior tuve la oportunidad de aceptar algunas
enmiendas, en este título no, aunque son pocas, pues prácticamente, hay
una a la totalidad y otra global, aunque son cuatro, en puridad, al
artículo noventa y siete.

Estoy en desacuerdo con los planteamientos del Grupo Popular y en
desacuerdo con la argumentación. Yo creo que en la autorización cabe la
realización de compromiso que ha leído «in extenso» el señor Núñez. No le
quepa la menor duda que la voluntad del Gobierno es llevar adelante sus
compromisos en el tema de Maastricht, tal como se formula literalmente.

No voy a reiterar los términos en que se produce el compromiso. En la
autorización que se da al comienzo del artículo noventa y siete, cabe la



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posibilidad de hacer la reordenación de los sectores --una de las
posibilidades es la supresión--, que no es completa. Supresión no es
sinónimo de reordenación; es más importante que eso y entre los objetivos
y conceptos que se manejan, desde luego, suprimir por ineficacia no es
una condición «sine qua non», sino que hay que operar a través de la
estimación de si se altera o no se altera un servicio público, porque
puede ser que un organismo sea más o menos ineficaz, pero haya necesidad
de prestar un servicio público y, en ese caso, procedería mejorar el
grado de eficacia, nunca su supresión.

Respecto de los plazos, nos parecen excesivamente presurosos los que
propone el Grupo Popular. Le recuerdo que, merced al acuerdo automático
sobre transferencia de competencias a las autonomías del artículo 143, se
va a realizar este año un paquete sustancial que va a afectar a la
reordenación, redistribución o transferencia de servicios, entidades,
etcétera; que en ninguna parte del acuerdo se exige que sea en el primer
trimestre. Incluso es prudente tomarse el tiempo necesario, que no va a
ser mucho, para ver cuál es el plazo determinado, y así se hará.

Por último, en lo que se refiere al control, que es una de las cuestiones
que me parece muy importante, al final del artículo se establece que el
Gobierno dará cuentas, pero, como dije también en la intervención
anterior, eso no obsta para que sea requerido, interpelado, preguntado o
demandado a comparecer en cuantos asuntos se le requiera.

Y, como prometí ser breve, con esto doy por concluida mi intervención,
señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez Pérez, ¿desea hacer uso de la palabra?



El señor NUÑEZ PEREZ: Sí, señor Presidente, voy a ser muy breve.

Intervengo para decir al representante del Grupo parlamentario Socialista
que, efectivamente, hay que mostrar cómo. Llevamos dos años esperando que
el Gobierno cumpla ese compromiso. Con palabras semejantes en el debate
presupuestario del año pasado nos prometieron que serían breves. Repito,
llevamos dos años esperando que cumpla ese compromiso que ha contraído en
el programa de convergencia. Lo de la drástica reducción son palabras de
ustedes, no son mías.

Por otro lado, cuando con preguntas y requerimientos de este Diputado, en
la Comisión de Administraciones Públicas y en el Pleno, solicitamos la
marcha de esta reducción drástica de organismos públicos, se nos llegó a
decir hasta que se había creado una Comisión interministerial de
subsecretarios, presidida por el Ministro para las Administraciones
Públicas, que estaba llevando a cabo esta labor de reducción. Por tanto,
no estamos improvisando, o no está improvisando el Gobierno, o no era
cierto que se había creado esta Comisión interministerial.

Por todas estas razones, nuestras enmiendas tratan de excitar el celo del
Gobierno para que cumpla su compromiso.

Es necesario, como sabe su señoría --y ya termino, señor Presidente--,
reducir el gasto público superfluo y, para ser coherentes con el Plan de
Convergencia presentado por el Gobierno en marzo de 1992, cumplir lo que
considera el Gobierno necesario; él mismo se dio el emplazamiento y
calificó y diagnosticó la situación como la califica el compromiso del
Plan de Convergencia, que era necesario proceder rápidamente a una
drástica reducción. Si la rapidez consiste en demorarlo dos años y ahora
pedir todavía un plazo «sine die», me parece que puede sonar a tomadura
de pelo.

Y con esto, señor Presidente, termino, reiterando, por supuesto, la
petición de voto favorable para nuestras enmiendas.




El señor PRESIDENTE: El señor Pérez González tiene la palabra.




El señor PEREZ GONZALEZ: Señor Presidente, con la misma brevedad que el
señor Núñez diré que, sin entrar en ese carácter perentorio e inmediato
de los tres meses, los plazos se ajustan para el Grupo Socialista mucho
más a lo que se establece en los compromisos de Maastricht y a lo que se
establece en los acuerdos autonómicos. No le quepa la menor duda de que
la voluntad del Gobierno se plasma muy bien en este texto de ley y me
parece que en toda su letra se da esa concreción, no así las rigideces y
ataduras que yo creo que introduce el Grupo Popular. Y algún otro
concepto, como es la reducción del gasto, desde luego que está entre los
objetivos cuando hay transferencia del Estado a las comunidades
autónomas. Es obvio que se produce un gasto, pero también recuerdo al
señor Núñez que si hay transferencias de funcionarios o no las hay, el
máximo gasto o el máximo ahorro que puede permitirse sería en altos
cargos, cuando así se suprime un organismo, que no los funcionarios o
personal laboral en la misma administración que, como bien sabe el señor
Núñez y nosotros, ni se pueden despedir, ni nadie está por esa tesitura.




El señor PRESIDENTE: Terminan las intervenciones correspondientes al
título VIII.

La Mesa y la Presidencia han decidido, para facilitar el debate
parlamentario en Comisión, agrupar todas las enmiendas relacionadas con
las disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos, que, junto
con el título VIII y lo que corresponda a las secciones sobre las que se
delibere mañana, se votarían a última hora de la mañana.

Como las enmiendas a las disposiciones transitorias, adicionales, finales
y anexos pueden ser, y de hecho lo serán, heterogéneas, por supuesto,
hemos de dar facilidad a los grupos para que pueda hacer uso de la
palabra, si lo desean, más de un portavoz.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Aguirre, en nombre del Grupo
Popular.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: En el transcurso de los debates
correspondientes a los títulos I, II, III, IV, V y VI, mi Grupo ha
defendido un conjunto de



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enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias y finales, que
han quedado acumuladas y pendientes de votación en este trámite. Quedan
pendientes, por tanto, de defender siete enmiendas adicionales, una
disposición transitoria y un grupo de modificaciones a los anexos. Habida
cuenta, como decía el señor Presidente, lo heterogéneo de los temas que
tratan --por ejemplo, la enmienda número 400 corresponde a Cultura; las
números 403, 404, 405 y 397, a Sanidad; la 411, a Interior; la 415, a
Comercio; la 420, a Trabajo; la 402, al transporte aéreo de Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla; la 487, a Canarias y su transporte aéreo; la
439, a las indemnizaciones de los afectados por la presa de Tous; la 440,
al transporte colectivo de Valencia y la 431, a la deuda de
Radiotelevisión Española--, mi Grupo quiere darlas por defendidas en sus
términos y mantenerlas para su votación.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia quiere advertir a los grupos que, al
ser las enmiendas las correspondientes a las disposiciones adicionales,
finales, transitorias y anexos, no está siguiendo el orden de
presentación de las enmiendas, que es el que se ha seguido habitualmente,
sino un orden que se nos ha ocurrido, que es de mayor a menor y al final
el Grupo Socialista.

Por tanto, ahora pasamos a la defensa de las enmiendas a este conjunto de
disposiciones y anexos del Grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

El señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en aras de la homogeneidad en una materia tan diversa, señor
Presidente, opta por dar por defendidas todas las enmiendas y remitirlas
al Pleno y de este modo algún compañero podrá defender con más tiempo las
enmiendas relativas a la circunscripción de Valencia.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la defensa de las enmiendas del Grupo
Catalán (Convergència i Unió).

El señor Hinojosa tiene la palabra.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Mi Grupo tiene presentadas cuatro enmiendas
de adición nuevas, las números 238, 239, 240 y 241, y a los anexos, las
números 242, 244, 245, 243, que doy por defendidas para que, en su
momento, sean votadas.




El señor PRESIDENTE: Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarria.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Brevemente quiero intervenir para, en
la línea expuesta por los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, dar por defendidas las enmiendas que tenemos presentadas a las
disposiciones adicionales y transitorias de este proyecto de ley de
presupuestos.




El señor PRESIDENTE: Grupo parlamentario de Coalición Canaria.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Las da por defendidas, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Mixto. El señor González Lizondo
tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Manteniendo la misma tónica que han seguido
todos los grupos, damos por defendida la enmienda 140, construcción del
Palacio de Exposiciones de Valencia; la 141, lluvia ácida en las comarcas
de «Els Ports»ñ la 201, relativa a los puertos de Alicante, Castellón y
Valencia; la 136, relativa al interés legal del dinero; la 137, relativa
al Plan de Empleo Rural; la 133, estimación objetiva por coeficientes; la
203, cofinanciación de actividades del Instituto Valenciano del Arte
Moderno; la 138, inundaciones derivadas de la Presa de Tous; la 213, al
carácter confiscatorio sobre sucesiones y donaciones; la 171, relativa a
la policía autónoma valenciana; la 208, estimación objetiva en su
modalidad de signos, índices y módulos; la 207, en el mismo sentido; la
209, en el mismo sentido; y la 211, respecto de pago a abogados de turno
de oficio en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, señor Presidente, le pediría treinta segundos únicamente
para mostrar mi disconformidad...




El señor PRESIDENTE: Sesenta.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias, es usted muy amable.

Unicamente para mostrar mi disconformidad y mi protesta más firme frente
a una serie de enmiendas que no han sido admitidas por el Gobierno
incomprensiblemente: las números 214, 215, 216, 217, 218 y 219.

Entendemos que no haya sido aceptada la 134, que hablaba de un impuesto
sobre hidrocarburos, pero no así que no se acepten unas enmiendas que
simplemente llevan elaboración de un proyecto de ley de incentivos, que
no llevan gasto de ningún tipo. No lo entendemos. Me imagino que esto
precisaría el amparo y tendría la razón de cualquiera. Unicamente
queremos formalizar nuestra protesta porque no tiene ni pies ni cabeza
que no hayan sido admitidas por el Gobierno, salvo que un señor, el que
haya sido de turno, le haya dado por poner que no allí. No tiene otra
explicación.




El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, aun cuando me parece que
algo similar le he manifestado a título personal, quiero indicarle que,
de acuerdo con el precepto reglamentario, la Mesa de la Comisión, con la
asistencia de los portavoces de los Grupos, sometió ya, por su propia
voluntad e interpretando que ésa era su obligación, una serie de
enmiendas a consulta al Gobierno. El Gobierno contestó, de acuerdo
también con el cauce reglamentario, a mi juicio correctamente, al menos
desde el punto de vista formal; otra cosa son las consideraciones que se
puedan hacer sobre la posición más o menos amplia del Consejo de
Ministros.

A la vista de las contestaciones del Gobierno, una



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nueva reunión de los portavoces y de la Mesa de la Comisión reconsideró
algunas negativas por parte del Gobierno y planteó esa petición de
amparo, que ahora S. S. expone, ante la Mesa de la Cámara. La Mesa de la
Cámara fue acorde en la mayoría de los casos con el criterio de la Mesa
de la Comisión y de los portavoces, y en algunos otros no lo fue. Yo no
sólo puedo sino que debo, si le parece a S. S., trasladar su parecer y su
protesta a la Mesa de la Cámara, pero, dicho sea con toda sinceridad,
creo que va a ser un trámite de una cierta inutilidad, aunque yo lo
cumpliré, puesto que ya la Mesa de la Cámara se pronunció en su día y
justamente a iniciativa del conjunto de los portavoces y de la Mesa.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Sí, señor Presidente, lo entiendo, pero aquí
se discute, bajo mi opinión, el fuero y no el huevo. Por tanto, agradezco
de su amparo que lo traslade, y el resultado que tenga valdrá.

Sin embargo, si me lo permite, señor Presidente, quisiera hacer una
propuesta, y es que, siguiendo con la dinámica a que hemos hecho, mi
Grupo, que, además, tiene un gran número de enmiendas, daría por
defendidas totalmente las de las secciones 12, 13, 14 y 15. Las daría
todas por defendidas en este acto, si entráramos con ello en una dinámica
de limpiar completamente el día de hoy lo que nos corresponde, pidiendo,
al mismo tiempo, que al resto de los grupos les fuera factible poder
contestar a la segunda intervención y obviar la primera.




El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, después del calendario
inicialmente previsto, nos hemos impuesto otro que estamos cumpliendo, y
con más holgura de lo que esta Presidencia podría suponer hace un par de
horas, que es terminar, y ya estamos terminando, todo el articulado y los
anexos. Mañana comenzaremos por las secciones. En cada una de las
secciones, S. S. podrá expresar que las da por defendidas o ya el letrado
toma nota por si en ese momento no estuviera en la sala; yo creo que el
trámite de la defensa de las enmiendas y de las posiciones de cada uno de
los grupos debe mantenerse de conformidad con el Reglamento, con esa
interpretación un poco amplia que hemos hecho de él. La Comisión debe
considerar de modo análogo a como lo ha hecho en la tarde de ayer y en la
mañana y tarde de hoy las enmiendas presentadas a las secciones, porque,
además, observando un ritmo de trabajo similar al que hemos desarrollado
ayer por la tarde y hoy, creo que podemos terminar el jueves por la
mañana, que era nuestro planteamiento, incluidos los créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, cuyos proyectos de ley tenemos
en la agenda de trabajo de la Comisión.

En todo caso, muchas gracias, señor González Lizondo, por su
colaboración.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene enmiendas también a
estas disposiciones y a estos anexos.




El señor JEREZ COLINO: Sí, señor Presidente. En la misma línea de
rapidez. Tenemos seis enmiendas, una de ellas ya ha sido votada. Otra, la
1086, es una enmienda técnica, teniendo en cuenta el Real Decreto
1725/1993, que crea la Dirección general del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria; hace esa corrección. La enmienda 1.087 y la
1.088 son idénticas a las de Convergència i Unió, números 244 y 245. La
enmienda 1.089, que es la ampliación de un crédito, una enmienda al Anexo
II, de 500 millones para el Plan Nacional de la Droga, y la enmienda
1.085, que quiere crear el marco legal para autorizar a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre para acuñación de monedas conmemorativas.

Prácticamente serían ésas las enmiendas del Grupo Socialista.

Yo no sé si, sin dejar la palabra, entrar en el segundo turno para
intentar aclarar a las representaciones de cada uno de los grupos la
postura del Grupo en las enmiendas que en estos momentos se dan por
defendidas. De esa manera ya agotaba el primero y el segundo turno, si
les parece.




El señor PRESIDENTE: Señor Jerez, puede hacer uso de su segundo turno,
puesto que el resto de los grupos han dado por defendidas sus enmiendas,
en los términos que han expresado.




El señor JEREZ COLINO: El segundo turno es para fijar la posición del
Grupo respecto a todas las demás enmiendas de esta serie de secciones.

Siguiendo un determinado orden que no es el de intervención, en cuanto a
la Coalición Canaria, estaríamos de acuerdo en hacer una transacción a la
enmienda 1.227, que se ajusta bastante a otras dos del Partido Popular,
la 402 y la 487. Es una enmienda a la adicional veinticuatro sobre la
subvención al transporte de Canarias, que me permitiría leer, porque
realmente funde las dos y utiliza textos de una y de otra.

Leo y luego entrego a la Mesa el texto, por si les pareciera bien a los
grupos. Sería añadir al final del texto: De forma que en ningún caso
suponga una disminución de la ayuda prestada o deterioro en la calidad
del servicio. Y, a la vez, que ya coincide con la enmienda 487 del Grupo
Popular, con uno de sus epígrafes: En todo caso, se estará a la
regulación de la aprobación de las bases económicas del REF, en materia
de subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias.

Sería el añadido a esa adicional veinticuatro que proponemos, y que
pasaremos a la Mesa y a los grupos para que lo conozcan.

En la supresión de la adicional séptima, que ya se ha votado y están
todos de acuerdo, parece que es necesario, por congruencia con las
propias enmiendas, que se retirara la 396, del Grupo Popular; enmienda la
adicional séptima y, al haberse suprimido --hubo acuerdo y se votó--, no
ha lugar. Por lo tanto, sería interesante, repito, su retirada para que
no tuviera que aparecer en otro momento procesal. El Grupo de
Convergència i Unió formuló una enmienda, la 237, que ya está votada. Las
enmiendas 244 y 245, no están votadas, pero estamos de acuerdo con su
planteamiento, se ajustan a las enmiendas 1.087 y 1.088 del Grupo
Socialista. Y con la enmienda



Página 1878



243, del Grupo de Convergència i Unió, que se refiere al crédito
ampliable de los ferrocarriles, también estamos de acuerdo.

En cuanto al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos de
acuerdo con la enmienda 1.350 a la disposición adicional primera;
pretende añadir al principio: «... centros e instituciones
penitenciarias...», como objetivos.

Queda una enmienda transaccional que iría en la Sección 17, pero que
corresponde precisamente a este paquete y que va a formular mi compañera
la señora Aroz.




La señora AROZ IBAÑEZ: Señor Presidente, voy a presentar una enmienda
transaccional a una disposición adicional nueva, referida a obras
hidráulicas de interés general, en relación con las enmienas 241 y 248,
del Grupo de Convergència i Unió.

La enmienda transaccional que proponemos dice que se declaran de interés
general las obras constitutivas del plan de protección contra avenidas
del Maresme, que hace relación a ocho rieras de dicha comarca de
Barcelona.

La realización de estas obras, de este plan de protección contra avenidas
en la comarca del Maresme en Barcelona, es una larga aspiración de los
ciudadanos de esta comarca para disminuir, en unos casos, o eliminar, en
otros, el peligro que representan las rieras que cruzan la comarca del
litoral norte de Barcelona con una circulacion rápida de caudales y que,
especialmente durante determinados períodos, suelen ocasionar graves
daños, no sólo materiales, sino también en relación con las personas.

Para que sea posible la declaración de obra hidráulica de interés general
es necesario, de acuerdo con la Ley de Aguas de 1985, que sea aprobado
por ley y está justificada cuando de la obra resulta un beneficio
general, que es el caso de esta enmienda que presentamos. Su ejecución y
realización, a pesar de la distribución competencial, corresponde al
Estado.

Al presentar esta enmienda el Grupo Socialista quiere manifestar su
satisfacción porque esta obra finalmente culmine. Hace bastantes años que
los ciudadanos del Maresme vienen reivindicando la necesidad de este plan
de protección contra avenidas que han supuesto, a lo largo de muchos
años, graves daños materiales y pérdida de vidas humanas. (El señor Homs
i Ferret pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, todavía quedan los turnos de
réplica, ¿verdad?



El señor PRESIDENTE: Señor Homs, los grupos han dado por defendidas o han
defendido sus enmiendas. Al Grupo Socialista le hemos autorizado a
utilizar su doble turno como presentador de enmiendas y a exponer su
posición respecto a las enmiendas del resto de los grupos.

Si el señor Homs en este momento quiere hacer uso de la palabra,
adelante.




El señor HOMS I FERRET: En nombre de mi Grupo quisiera mantener solamente
el turno de réplica; en el turno inicial de presentación, como han hecho
todos los grupos, hemos presentado las enmiendas en sus propios términos,
pero en el turno de réplica sí que quisiera, señor Presidente, hacer uso
de la palabra y hacer observar algunas cuestiones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Muy brevemente. Las enmiendas números 238 y 239,
que plantean abordar la problemática del pago de la mora a la Seguridad
Social por parte de las instituciones hospitalarias y condonar los
intereses de hospitales a la Seguridad Social, son dos enmiendas que
nuestro Grupo quiere retirar en estos momentos, toda vez, como se nos ha
dicho anteriormente en relación con otra enmienda, que se ha constituido
un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Interterritorial, en cuyo
ámbito se abordará la solución a estos problemas. Este puede ser un buen
cauce para analizar la solución de estos temas. Nuestro Grupo, en
consecuencia, da por retiradas esas dos enmiendas, deseando que ese grupo
de trabajo alcance un acuerdo.

Quiero anunciar, señor Presidente, que con relación a la enmienda 240,
que plantea la trasposición del acuerdo que adoptó el Pleno de la Cámara
sobre los Fondos de Cohesión y su instrumentalización para que se aplique
en España, se constituirá también --como se nos ha comunicado-- un grupo
de trabajo para articular la forma de aplicación. En consecuencia,
nuestro Grupo retirará esa enmienda 240.

Asimismo, respecto a la enmienda 242, comunico su retirada. En cuanto a
la enmienda número 243, que tiene por objetivo la ampliación del crédito,
en el anexo II, referente a los ferrocarriles de la Generalitat de
Catalunya para el apoyo y fomento del transporte colectivo, se nos ha
comunicado por el Grupo Socialista que se abordará su solución junto con
otras de naturaleza equivalente en el Senado. Por consiguiente, esperamos
esa solución próxima y comunico su retirada.

Quedan vivas las enmiendas 244 y 245, que hacen referencia a la policía
autonómica. Quiero recordar a los miembros del Grupo de Izquierda Unida
--puesto que fuera de la Comisión se manifiesta a algunos medios de
comunicación una cierta desvirtuación del objetivo, alcance y contenido
de estas enmiendas-- que no son unas enmiendas que tienen por objeto
asignar cuantitativamente ningún incremento de crédito; simplemente
pretenden permitir la articulación jurídica del cumplimiento de las
obligaciones del Estado en el convenio suscrito para la financiación de
la policía autonómica en aquella parte que el Estado debe soportar esa
financiación, porque la policía autonómica suple funciones que hasta la
fecha venían desarrollando las organizaciones policiales



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dependientes de la Administración del Estado. Por consiguiente, éstas son
enmiendas que sólo piden la calificación de créditos ampliables al objeto
de poder atender, en su momento, las liquidaciones que correspondan.

Finalmente, señor Presidente, deseo pedirle que la enmienda que nos queda
viva, es decir, la número 241, a la que ha hecho referencia la portavoz
del Grupo Socialista ofreciendo una transaccional, pase a comentarla mi
compañero Ramón Camp, si usted así lo considera.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camp.




El señor CAMP I BATALLA: Quiero expresar, en primer lugar, nuestra
satisfacción al escuchar a la portavoz del Grupo Socialista cuando
proponía la enmienda transaccional que ha defendido. Ello suple, en buena
parte, la sorpresa de este Grupo cuando, al analizar el proyecto de ley
de presupuestos, vio que no estaba contemplado expresamente este tema,
que trae causa de acuerdos anteriores y de compromisos serios. Pero para
eso estamos. Por ello presentamos la enmienda número 241, que nos da pie
hoy para aceptar esta transaccional que, en su conjunto, permitirá
habilitar --tal como pedía nuestra enmienda-- que la Administración del
Estado participe en la realización del Plan director de protección contra
las avenidas de agua en el Maresme. Este plan prevé una actuación global
en el territorio. No estamos contemplando aquí ocho o nueve actuaciones
concretas y singulares, sino ocho o nueve actuaciones importantes que se
incardinan en un plan global sobre una parte del litoral catalán,
mediante la ejecución de obras de correción ideológica para la lucha
contra inundaciones que afectan a este territorio y que han de poner fin
a una situación de riesgo suficientemente conocida y tristemente
noticiable en períodos del año, y de forma repetida año tras año, que
tienen una larga lista de desgracias personales y de daños en las cosas.

Este territorio que estamos comentando de la comarca del Maresme está
ocupado por unas 700.000 personas y ha tenido un crecimiento urbano
ciertamente intenso en las últimas décadas, que se ha hecho a expensas de
una ocupación intensiva del suelo y, en lo que se refiere a los sistemas
de comunicación vial, por buena parte de las rieras, que son desagües de
las 134 cuencas que existen en este territorio; cuencas que, para que
ustedes calculen la pendiente que tienen, sólo en dos excepciones superan
los ocho kilómetros del recorrido. Por consiguiente, ya ven que tienen un
recorrido rápido desde la sierra al litoral.

La enmienda que presentamos pretende que la Administración del Estado
colabore en estas actuaciones, declarando de interés general las mismas,
para permitir que estas obras hidráulicas sean posibles y esta
intervención se pueda realizar a través de lo que prevé la Ley de Aguas,
que requiere que sea hecha esta declaración de interés general mediante
una norma de rango legal suficiente, y concretamente a través de una ley.

Es por ello por lo que nuestro Grupo aceptará de buen grado esta enmienda
transaccional, que conllevará la posibilidad de que este plan
hidrológico, que tiene un montante muy importante económicamente, de más
de 17.000 millones de pesetas, cuente en parte con la colaboración de la
Administración del Estado, que podría cifrarse, por los proyectos que
están relacionados en la enmienda, sobre los 5.000 millones de pesetas,
pero repito que en el conjunto del proyecto queda largamente superada
esta cantidad.




El señor PRESIDENTE: Ha pedido antes la palabra el señor Ríos, supongo
que para un turno de alusiones. Se la voy a conceder, con la promesa de
que sea muy breve y que, a a su vez, no me obligue a nuevos turnos de
alusiones. Pero quiero hacer una indicación. El carácter de las enmiendas
en relación con todo este conjunto de disposiciones finales, adicionales
y transitorias y al hecho de que el Grupo Socialista haya aceptado
algunas total o parcialmente y que algún otro Grupo, como nos indicaba,
en concreto, el señor Homs, haya retirado algunas enmiendas, hace preciso
que a lo largo de la mañana y antes del momento de la votación
estuviéramos suficientemente ilustrados para someter a votación sólo y
exclusivamente aquellas enmiendas que queden vivas y en los términos en
que los Grupos desean que queden vivas o de acuerdo con la posición que
el Grupo Parlamentario Socialista haya podido tomar en relación con
algunas otras enmiendas, todo ello de conformidad con la posición que han
manifestado aquí la señora Aroz y el señor Jerez.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Ríos tiene la
palabra, muy brevemente.




El señor RIOS MARTINEZ: Este Grupo está presente en esta Comisión y le
gustaría que las referencias que se le hiciesen fueran con los argumentos
que utiliza en esta Cámara y no con otras pretendidas declaraciones
fuera. Solamente quiero decir, por seriedad y por dar rigor a nuestra
posición, que, si no fuese a necesitar más dinero, no se declararía
ampliable un crédito. Por tanto, tendremos el derecho a pensar que va a
suponer un gasto adicional, y eso es lo que hemos manifestado aquí. Las
otras referencias a fuera de aquí, que se hagan fuera de aquí.




El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, muy brevemente, tiene la palabra.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Desearía manifestar que del conjunto de las
53 enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias y finales y a
los anexos retiramos exclusivamente la 396, y estudiaremos con agrado las
transaccionales que nos han sido ofrecidas para nuestras enmiendas 402 y
487, relativas ambas al transporte aéreo a las ciudades no peninsulares
de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Brevemente, para hacer uso de este segundo
turno.




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Prácticamente no han sido contestadas las enmiendas presentadas por parte
de Unión Valenciana. Se puede pensar que o van a ser aprobadas o
posiblemente votadas en contra. Más bien me inclino a creer esta segunda
parte. De todas formas, no quiero renunciar a hablar de una de ellas, a
la vista de lo que el Grupo Catalán ha comentado. Me refiero a la
enmienda 204, relativa a la policía autonómica valenciana, que pide
exactamente igual que lo que solicita la que presentaba el Grupo Catalán.

Esto es, que se dé la dotación correspondiente para hacer efectivo el
convenio de la Comisión mixta Estado-Generalidad Valenciana. Exactamente
igual. No se pide ni un aumento ni nada. Solamente se dice que se tenga
previsto y que, por tanto, se traslade el dinero de acuerdo con ese
convenio.

Ustedes verán que tenía yo razón cuando me refería a la frase; en este
mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del
cristal con que se mira. (El señor vicepresidente, García Ronda, ocupa la
Presidencia.) La una ha sido aceptada, se ha hablado de consensuarla, de
llevarla al Senado, y la otra, a la vista de lo que no se ha dicho, y
dando por entendido que seguramente todas, como vulgarmente se dice, van
a ir a los leones, me da la impresión de que no todos vemos el cristal
con el mismo color y el mismo tono.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Almunia, para precisar alguna cuestión.




El señor ALMUNIA AMANN: Solamente quiero decirle al señor González
Lizondo que en el proyecto de presupuestos que ha enviado el Gobierno a
la Cámara y en las enmiendas que el Grupo Socialista apoya de otros
grupos no se hace sino cumplir con compromisos establecidos en leyes, en
convenios o en acuerdos de comisiones mixtas, cuando esos compromisos
tienen repercusiones económicas, y no cuando responde a los deseos de un
señor Diputado.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Con esto suspendemos la sesión
hasta mañana, a las diez, en que la reanudaremos con el debate sobre las
secciones.




Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

a los leones, me da la impresión de que no todos vemos el cristal
con el mismo color y el mismo tono.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Almunia, para precisar alguna cuestión.




El señor ALMUNIA AMANN: Solamente quiero decirle al señor González
Lizondo que en el proyecto de presupuestos que ha enviado el Gobierno a
la Cámara y en las enmiendas que el Grupo Socialista apoya de otros
grupos no se hace sino cumplir con compromisos establecidos en leyes, en
convenios o en acuerdos de comisiones mixtas, cuando esos compromisos
tienen repercusiones económicas, y no cuando responde a los deseos de un
señor Diputado.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Con esto suspendemos la sesión
hasta mañana, a las diez, en que la reanudaremos con el debate sobre las
secciones.




Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.