CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 39
PRESUPUESTOS
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 3
celebrada el jueves, 14 de octubre de 1993



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994. (BOCG, serie A, número 27-1,
de 1-10-93. Número de expediente 121/000013):
--Del señor Secretario de Estado de Hacienda (Martínez Robles). A
solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular (números de expedientes
212/000158, 212/000165 y 212/000204), Socialista (número de expediente
212/000067), Vasco-PNV (número de expediente 212/000111), Mixto (números
de expedientes 212/000038 y 212/000122) e IU-IC (número de expediente
212/000287). (Página 812)
--Del señor Secretario General del Planificación y Presupuestos (Viñuela
Díez). A solicitud del Grupo Parlamentario IU-IC. (Número de expediente
212/000289.) (Página 832)
--Del señor Director General de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (Delgado Pacheco). A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 212/000162.) (Página 835)
--Solicitudes de comparecencias formuladas por los Grupos Parlamentarios
Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Números de
expedientes 219/000006, 219/000007, 219/000009, 219/000010, 219/000011 y
219/000012.) (Página 839)

Página 812



Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994. (Número de expediente
121/000013.) (Continuación):
--De la señora Interventora General de la Administración del Estado
(Esteso Ruiz). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/000161.) (Página 843)
--Del señor Director General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales (Tanco Martín-Criado). A solicitud de los Grupos
Parlamentarios: Popular (número de expediente 212/000160) e IU-IC (número
de expediente 212/000255). (Página 852)
--Del señor Subsecretario de Economía y Hacienda (Blanco-Magadán y
Amutio). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular (número de
expediente 212/000156) y Socialista (número de expediente 212/000069).

(Página 858)
--Del señor Director General del Patrimonio del Estado (Vázquez de Parga
y Prado). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular (número de
expediente 212/000163), Vasco-PNV (número de expediente 212/000116) e
IU-IC (número de expediente 212/000275). (Página 865)
--Del señor Gobernador del Banco de España (Rojo Duque). A solicitud de
los Grupos Parlamentarios: Popular (número de expediente 212/000159),
Socialista (número de expediente 212/000070) e IU-IC (número de
expediente 212/000257). (Página 868)
--Del señor Secretario de Estado de Economía (Pastor Bodmer). A solicitud
de los Grupos Parlamentarios: Popular (números de expedientes 212/000157
y 212/000202), Vasco-PNV (número de expediente 212/000112), Mixto (número
de expediente 212/000121), Socialista (número de expediente 212/000068) e
IU-IC (número de expediente 212/000288). (Página 875)



Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994. (Número de expediente
121/000013.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comenzamos en la
Comisión de Presupuestos el trámite de comparecencias de los altos cargos
de la Administración relacionados con el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1994.

En primer lugar, comparece ante la Comisión el Secretario de Estado de
Hacienda, señor Martínez Robles, a petición de los Grupos parlamentarios
a los que luego haré referencia.

Quiero indicar algunas cosas al pleno de la Comisión. Una es reiterarles
que, de acuerdo con el previsible trámite parlamentario, los debates de
la Comisión comenzarán el día 8 de noviembre, a las cuatro y media de la
tarde, si se supera el trámite del debate de las enmiendas a la
totalidad.

También quiero advertir que esta tarde, al comienzo de la sesión, es
decir, a las cuatro y media, tendremos una votación relacionada con unas
comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Parlamentario Popular. Dado
que el acuerdo de la Mesa no ha sido por unanimidad, de conformidad con
el acuerdo tomado recientemente por la Comisión, la decisión sobre esas
comparecencias ha de ser tomada por el pleno de la misma. Por eso, para
que se avise por los distintos Grupos parlamentarios a los componentes de
la Comisión, hago la advertencia y el aviso de que habrá una votación
sobre esas comparecencias solicitadas por los Grupos Parlamentarios de
Izquierda Unida y Popular, esta tarde, a las cuatro y media.




--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles). A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: POPULAR (números de expedientes
212/000158, 212/000165 y 212/000204); SOCIALISTA (número de expediente
212/000067); VASCO, PNV (número de expediente 212/000111); MIXTO (números
de expedientes 212/000038 y 212/000122); IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (número de expediente 212/0000287).




El señor PRESIDENTE: La comparecencia del señor Martínez Robles,
Secretario de Estado de Hacienda, ha



Página 813



sido solicitada, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular y,
en su nombre, tiene la palabra el señor García-Margallo.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Muchas gracias, señor Presidente.

Sean mis primeras palabras de bienvenida al recién nombrado Secretario de
Estado de Hacienda, al que deseo personalmente, y en nombre de mi Grupo,
el mayor éxito en la gestión de la Hacienda Pública, ofreciéndole, como a
sus antecesores, la leal colaboración del Grupo Popular. Contará con la
ayuda, consejo y colaboración del Grupo Popular, lo mismo que contaron
sus antecesores, y espero que, invirtiendo la tendencia, se deje ayudar
un poco más que los anteriores, que prefirieron equivocarse en solitario
a oír algunas cosas planteadas por la oposición.

En la comparecencia, como es tradicional en este trámite parlamentario,
voy exclusivamente a centrarme en la formulación de preguntas, haciendo
las mínimas consideraciones para que sea inteligible el sentido de las
preguntas que quiero hacer.

Para ordenar el tema, anuncio que voy a inquirir en las siguientes
materias: en primer lugar, en el tema de las obligaciones reconocidas,
créditos extraordinarios y cumplimiento del artículo 10 de la Ley de
Presupuestos; en segundo lugar, presión fiscal global, y, en tercer
lugar, el bloque de normas que se han venido en denominar incentivos a la
puesta en marcha de la economía productiva.

El primer bloque se refiere, en definitiva, al cumplimiento de los
compromisos contraídos por el Gobierno en la Ley de Presupuestos en la
liquidación y ejecución de la norma aprobada en esta Cámara y en el
Senado. Como sabe el señor Secretario de Estado, las obligaciones
reconocidas en Presupuestos el año anterior importaban una cifra de unos
catorce billones 750.000 millones de pesetas. El artículo 10 establecía
dos limitaciones importantes: en primer lugar, que las obligaciones
reconocidas tenían que ser iguales o menores a la cifra que acabo de
decir, más los créditos extraordinarios, más aquellos créditos que se
compensasen por los ingresos que generasen. Cifra despreciable en
términos cuantitativos, a la que, por tanto, no voy a referirme. La
segunda norma establecía que los créditos extraordinarios no podían
superar el tres por ciento de los créditos inicialmente reconocidos. Si
las cifras que manejo son exactas, eso quiere decir que la cifra
limitativa de los créditos extraordinarios era de 442.000 millones de
pesetas.

En la liquidación de agosto, los créditos extraordinarios superaban ya
esta cantidad. Los créditos extraordinarios aprobados hasta agosto eran
460.000 millones de pesetas. En el avance de liquidación que figura en la
documentación presupuestaria que el Gobierno ha enviado a esta Cámara,
nos encontramos con la sorpresa de que los créditos extraordinarios se
evalúan en un importe de un billón 224.000 millones de pesetas, muy lejos
de la cifra inicial de los 442.000 millones, incumplimiento flagrante,
por tanto. Pero no es eso lo que me interesa precisar ahora. Lo que me
interesa precisar es que, si estos datos son correctos, entre la cifra
aflorada en agosto en la liquidación provisional del Presupuesto y el
avance de liquidación hay un desfase de 764.000 millones de pesetas.

La pregunta que mi Grupo se formula es si, entre agosto y diciembre,
ustedes piensan aflorar, vía créditos extraordinarios, obligaciones por
un importe de 800.000 millones de pesetas. Dicho con toda claridad, para
que nos entendamos: si las cifras que manejo son correctas, no sería
temerario deducir que el Gobierno está intentando cargar al ejercicio de
1993 el grueso de las obligaciones ocultas, no contabilizadas, el agujero
del Estado, para que el año 1994 pueda ser más brillante en términos de
la ejecución del Presupuesto. Dicho de otra manera: en nuestra opinión,
no sólo se infringe el artículo 10 de la Ley de Presupuestos, el exceso
de los créditos extraordinarios sobre el límite previsto sobre estas
Cortes, sino que nos encontramos ante una operación de maquillaje
presupuestario para cargar hacia el año 1993, perdido que ha sido el año,
todos los desastres habidos y empezar, de alguna manera, en el año 1994
para poder mostrar un avance más presentable.

Querría que el señor Secretario de Estado me confirmase si las cifras son
así; si es verdad que a esta Cámara le espera todavía el chaparrón de
800.000 millones de créditos extraordinarios que superan, como he dicho,
el artículo 10, y si responde esto a un deliberado propósito, perdido que
ha sido el año, de cargar las tintas en el año 1993.

En segundo lugar, en materia de presión fiscal, el señor Secretario de
Estado, como Subsecretario de Hacienda que fue, conoce cuál es la postura
del Grupo Popular sobre la marcha de los ingresos tributarios en los 11
años de gobierno socialista.

Yo, antes de formular algunas preguntas, voy a leer algunos datos
referidos al año 1992, que es sobre el que, en definitiva, existe ya una
liquidación concluyente, que se refiere a la distribución de la renta, el
aumento de la renta bruta, el aumento de las cotizaciones sociales y los
impuestos directos y el aumento, en consecuencia, de la renta disponible,
para señalar, a continuación, lo que, en opinión de los expertos, se
llama la brecha fiscal, como pórtico a las preguntas que voy a formular
en este segundo bloque temático, referido exclusivamente al aumento de la
presión tributaria y, mucho más concretamente, a la presión tributaria
directa en el Impuesto sobre la Renta y en el Impuesto sobre Sociedades.

En el informe del Banco Bilbao-Vizcaya de 1992 se dice que la renta
familiar bruta aumentó un 9,1 por ciento; las cotizaciones sociales
aumentaron 12,8 por ciento, tres puntos por encima del aumento de la
renta familiar bruta, y los impuestos directos aumentaron 14,5 por
ciento, es decir, casi cinco puntos por encima de la renta familiar
bruta. La consecuencia es obvia: la renta familiar disponible sólo
aumentó un 7,7 por ciento. Las dos cifras que, a mi juicio, deben servir
como términos de comparación son la del aumento de la renta familiar
bruta, 9,1 por ciento, y la de la renta familiar disponible,



Página 814



7,7 por ciento, lo que nos lleva a una conclusión, no por conocida menos
esclarecedora, que es que la presión fiscal no ha cesado de crecer en
estos años, como va a crecer en el presupuesto que estamos discutiendo en
estos momentos.

En términos asimismo microeconómicos, si quiere, del ciudadano de la
calle, yo le voy a leer algunos datos de lo que se refiere a la brecha
fiscal, para que tengamos el pórtico y podamos enjuiciar las normas
tributarias que se contemplan tanto en la Ley de Presupuestos como en la
ley financiera, que, por razones constitucionales, se separa de la Ley de
Presupuestos, pero que forma un cuerpo único.

Un auxiliar administrativo especialista, casado y con dos hijos, con un
sueldo bruto de 3 millones de pesetas, deducidas todas las cotizaciones,
tributos, etcétera, exclusivamente directos, es decir, sin hacer
referencia al Impuesto sobre el Valor Añadido o a los impuestos
especiales, lleva a su casa unos 2.324.571 pesetas. La brecha fiscal, en
definitiva, para 3 millones de pesetas en un auxiliar administrativo,
insisto, casado y con dos hijos, es de 1.388.575 pesetas. Si lo pasamos a
un titulado superior con las mismas circunstancias familiares, con dos
hijos, y también en régimen general de la Seguridad Social, con un sueldo
de 4.500.000 pesetas, se llevaba a su casa, deducidas todas las
cotizaciones a la Seguridad Social en régimen general, desempleo,
formación profesional, retenciones, etcétera, insisto, sin la cuota
complementaria del Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas ni otros impuestos, exclusivamente 3.281.594 pesetas.

Sirvan estos antecedentes para demostrar que los datos de aumento de la
presión fiscal, que muchas veces se pierden en este maremágnum de cifras,
tienen repercusiones importantes sobre la economía de cada uno de los
ciudadanos a los que nosotros representamos aquí.

Hecho este pórtico y leídas las normas tributarias de la Ley de
Presupuestos y de la ley financiera, las preguntas serían las siguientes:
¿Cuánto supone, en términos de ingresos, la sujeción de las prestaciones
por desempleo, anteriormente exentas del Impuesto, y que pasan a tributar
como cualquier otro rendimiento o incremento de patrimonio? ¿Cuánto
supone, en términos de ingresos, el mantenimiento de la tarifa actual?
Dicho de otra manera: mi Grupo parlamentario se ha mostrado siempre
partidario de tener en cuenta la evolución de los precios para fijar la
presión fiscal, la tarifa del Impuesto. Este Gobierno, en el libro blanco
que precedió la reforma del Impuesto sobre la Renta llevada a cabo en la
Ley 18/1991, no sólo bajó la tarifa del 56 al 53 por ciento --me refiero
siempre al tipo marginal máximo-- sino que se comprometió a establecer un
tipo del 50 por ciento. El incumplimiento no sólo ha sido de esta
disposición adicional, sino que el año pasado, a mitad de carrera, a
mitad de curso y sin anestesia, se pasó por decreto-ley a restablecer la
tarifa inicial, volviendo al 56 por ciento. En este ejercicio volvemos a
las andadas y se mantiene la tarifa actual sin hacer corrección alguna
para tener en cuenta las ganancias puramente monetarias derivadas de la
inflación. Mi pregunta es: ¿cuánto supone, en términos recaudatorios, el
no tener en cuenta el no deflactar las tarifas del Impuesto sobre la
renta? El mismo cálculo, en términos recaudatorios, solicito respecto a
la no actualización de las deducciones, que se mantienen inalterables,
sin tener en cuenta el alza del coste de la vida en este ejercicio y en
el ejercicio que viene.

La cuarta pregunta, que resume en términos porcentuales las que acabo de
plantear, es cuánto supone, en términos porcentuales, el aumento de la
presión fiscal directa consecuencia de la sujeción de las prestaciones de
desempleo anteriormente exentas, de la no deflactación de la tarifa para
tener en cuenta el aumento del IPC y cuánto supone la no actualización de
tarifas.

El Ministerio de Economía y Hacienda, por lo menos en la legislatura
anterior, afilaba bien el lápiz y hacía bien los cálculos en términos
recaudatorios cada vez que mi Grupo planteaba una reforma tributaria.

Estoy seguro que no se habrán tirado a la piscina sin agua sin paracaídas
y que el señor Secretario de Estado podrá decirme en el acto cuánto
supone en términos de ingresos, en términos de recaudación los temas que
le acabo de plantear.

El tercer bloque, terminado el que hace referencia a la presión fiscal
directa, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es el que
hace referencia a lo que decía ayer un medio de comunicación: el primer
intento del Gobierno socialista de tener en cuenta la necesidad de
relanzar la economía productiva. En este tema quisiera una evaluación por
parte del Gobierno de tres factores que en sí mismos se dirigen al mismo
objetivo, relanzar la economía productiva, pero que suponen técnicas
alternativas distintas en políticas presupuestarias. En primer lugar, los
gastos directos relacionados con la economía productiva --y estoy
pensando en el aumento de gastos en investigación y desarrollo, en
exportación, en inversión, etcétera--; en segundo lugar, los beneficios
fiscales directamente ligados al objetivo de relanzar la economía
productiva, cuánto se sacrifica en términos de ingresos para relanzar la
economía productiva vía beneficios fiscales, y, en tercer lugar, los
incentivos fiscales típicos, los incentivos tributarios que se incluyen
tanto en la Ley de Presupuestos como en la Ley Financiera. Por ejemplo:
primero, evaluación cuantitativa de los gastos, transferencias directas,
etcétera, directamente relacionadas con el relanzamiento de la economía
productiva; segundo, evaluación de los beneficios fiscales, y tercero, en
materia tributaria, la cuantificación de estos incentivos, que paso a
detallar para facilitar la respuesta. En primer lugar, cuál es el coste
fiscal del incremento de recaudación previsto por el aumento de la
deducción por inversiones y del aumento del límite en la cuota en el
Impuesto sobre Sociedades que figuran en la Ley de Presupuestos. En
segundo lugar, qué impacto tienen, a juicio del Gobierno, la superación
de la crisis económica y en el relanzamiento de la economía productiva
las medidas sobre exoneración del Impuesto sobre el patrimonio de
determinadas participaciones en sociedades que cumplen los requisitos en
la Ley de Sociedades; cuál es el sacrificio recaudatorio, qué impacto
tiene eso en la crisis económica y si considera



Página 815



el Gobierno que exonerar en el Impuesto sobre el patrimonio de
determinadas acciones de determinadas sociedades responde más bien a un
afán de clientelismo político o a un afán de superar la crisis económica
actual; cuánto van a costar esas medidas.

La última de las preguntas: ¿cuál es el coste fiscal global de las
medidas incluidas en la Ley Financiera? He señalado antes, de pasada, que
cada vez que el Grupo Popular formula una propuesta tributaria de
relanzamiento de la economía productiva y muestra su esperanza de que el
sacrificio recaudatorio, a corto plazo, se vea compensado por un aumento
de la actividad y en una recuperación de la recaudación perdida, ustedes
hacen unos estudios. Tengo a su disposición el que se hizo en el
Instituto de Estudios Fiscales, bastante grueso, por cierto, para evaluar
las propuestas fiscales del Partido Popular. Por eso estoy seguro que
ustedes habrán hecho una propuesta fiscal similar al avanzar las
propuestas alternativas en la Ley Financiera que con tanto éxito han
negociado ustedes con otros grupos parlamentarios.

Me gustaría saber cuál es el sacrificio recaudatorio, cuál es el impacto
que eso va a tener en la crisis económica, cuál es el aumento de
actividad que creen ustedes que se va a deducir de ese sacrificio
recaudatorio y, en consecuencia, cuál va a ser la recuperación y en qué
plazo de la recaudacion perdida.

Con esto, señor Presidente, he terminado. No sé si el señor Secretario de
Estado ha podido seguir mi exposición. He intentado ser los más ordenado
posible. Lo que sí rogaría es que lo que en este momento no sea posible
contestar, sea enviado a la máxima brevedad para que podamos, en
definitiva, antes del plazo de enmiendas, contar con los datos
suficientes para formular propuestas que, como he dicho antes, serán
siempre constructivas, siempre positivas y siempre en defensa de la
Hacienda Pública y de los intereses generales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Secretario de Estado de
Hacienda, por su comparecencia. Como es la primera oportunidad que tengo
de dirigirme a usted, le deseo mucho éxito en su acción y en sus
funciones en el Gobierno.

Por mi parte, quisiera solicitar una serie de aclaraciones a los
presupuestos, que están agrupadas en tres áreas: la primera, relativa a
los ingresos del Estado; la segunda, relativa a los gastos del Estado, y
la tercera, relativa a la Seguridad Social.

Por lo que respecta a los ingresos del Estado, le agradecería que me
aclarara, en el tema del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
dado que existe un incremento en la previsión de cierre del año 1993 y el
presupuesto de 1994 del 6,7 por ciento, el desglose de esa diferencia,
sobre todo en lo referente a la cuota diferencial del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, la devolución, si está prevista, si se va
a devolver en el año 1993 toda la campaña de renta de 1992, y en 1994 la
del 1933 y, de no ser así, para cuándo se va a aplazar.

Con respecto al impacto de la bajada de los tipos de interés que se está
produciendo, a nuestro Grupo le gustaría saber si en las retenciones de
renta de capital se ha tenido en cuenta para 1994 la bajada de los tipos
de interés, y, si es así, cuál es el impacto de dicha situación en la
recaudación prevista por este concepto.

La tercera cuestión relativa al Impuesto sobre la Renta es si se
contempla en el presupuesto la deflactación de las tablas del IRPF por
motivos del incremento del IPC y, sino está contemplada esta medida,
cuándo piensa el Gobierno abordarla.

En cuarto lugar, teniendo en cuenta que el crecimiento previsto que
existe en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un 6,7,
como hemos comentado anteriormente, que nos parece quizá excesivo, sin
embargo se está anunciando por parte del Gobierno para 1994 un
crecimiento del desempleo que yo creo que es asumido por todos y que
puede ser importante. ¿Se ha contemplado esta situación en el presupuesto
del año 1994? Y, en ese caso, ¿cuál va a ser el impacto que sobre esto
prevé el Gobierno?
Con respecto al Impuesto sobre Sociedades, me gustaría hacerle dos
preguntas: ¿por qué se sigue presentando un presupuesto sin desglose de
los componentes del impuesto? El decrecimiento sobre la previsión de
cierre de 1993 para el total del Impuesto del 28,6 por ciento, pero se
desconoce esta evolución al no tener detalle de los componentes. ¿Podría
ser posible facilitarnos ese detalle?
La segunda cuestión sería una aclaración sobre la menor recaudación. En
el presumible decremento de la cuota que diferencialmente va a existir en
este Impuesto, ¿ha calculado el Gobierno cuánto se debe al empeoramiento
de las cuentas de resultados de las empresas? En tal caso, ¿podría
decirnos cuál sería esa cifra calculada?
Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido, tres cuestiones.

El IVA sobre operaciones interiores experimenta en 1994 un crecimiento
del 21,6 por ciento con respecto a la previsión de cierre del ejercicio
1993, al pasar de 2,13 billones, a 2,59 billones en 1994. Este incremento
es relativamente excesivo, a nuestro entender, si se tiene en cuenta la
no subida de tipos que en principio no está prevista y la evolución de la
economía, ya que tampoco parece que se vaya a incrementar el consumo.

Entonces, ¿de dónde procede ese incremento en la recaudación de IVA?
Por lo que respecta al País Vasco y Navarra, ¿tienen una previsión de lo
que debe suponer el ajuste del IVA para Euskadi? ¿Está cuantificado eso
en los Presupuestos? Dado que dichos ajustes no figuran implícitamente en
el Presupuesto --por lo menos nosotros no lo hemos visto--, ¿debe
entenderse que los mismos se encuentran ya incluidos en la cifra del IVA
dobre operaciones interiores y sobre importaciones?
En tercer lugar, con respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, ¿cuál
es el motivo de que el IVA sobre importaciones disminuya en 1994 con
respecto a la previsión de cierre de 1993? El efecto de las devaluaciones
de la peseta



Página 816



debe estar absorbido, según nuestro entender, en el año 1993 y, por
tanto, no debería afectar al Presupuesto de 1994, salvo que estén
previstas nuevas devaluaciones. En tal caso, nos gustaría saber si eso es
así.

Por lo que respecta a los ingresos patrimoniales, nos gustaría que nos
pudiera aclarar cuál es el detalle del cálculo realizado por el Estado
para determinar la cifra del Banco de España que figura en los
Presupuestos por 700.000 millones de pesetas y la cifra de la Corporación
Bancaria Española por 214.000 millones de pesetas. Si podría indicar la
evolución de estas partidas.

En relación con las transferencias de capital, el Reglamento de la
Comunidad Económica Europea núm. 792/93, por el que se establece un
instrumento financiero de cohesión, prevé para 1994 una dotación de 1.750
millones de ecus a precios de 1992, de los que al Estado español le
corresponde entre un 52 y un 58 por ciento. Suponiendo un cambio medio de
la peseta de 153 pesetas/ecu, tendríamos que la dotación a las arcas del
Estado, según ustedes presupuestada en 141.600 millones de pesetas, a
nosotros, según la fórmula que aplicamos, nos da un diferencial
importante. ¿Nos podría explicar cuál ha sido el cálculo realizado para
determinar esa cantidad?
En el segundo bloque de preguntas relativas al gasto del Estado nos llama
la atención el aumento del 5 por ciento con respecto a los gastos de
personal. Preguntaría si puede darnos alguna aclaración presupuestaria de
por qué los gastos de personal crecen el 5 por ciento.

Con referencia a las transferencias corrientes y de capital, en la
Sección 32, Entes territoriales, se incluyen dentro de las transferencias
a las comunidades autónomas. Preguntamos si en ese epígrafe está el costo
que tiene para el Estado el impacto del 15 por ciento del IRPF. Es decir,
¿está recogido dentro de ese epígrafe?
¿Podría explicar con mayor detalle las transferencias corrientes
destinadas a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, a los
organismos autónomos administrativos, los entes públicos y cuál es el
objeto entonces?
La misma pregunta haríamos con respecto a los activos financieros, que
crecen un 4 por ciento, también recogido en esa Sección, con respecto a
1993.

Por otra parte, en la Sección 19, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, me gustaría tener una mayor información sobre las aportaciones al
INEM por desempleo, de 250.982 millones, las aportaciones a las pensiones
no contributivas, que son 109.195 millones, y las concesiones de
préstamos al sector público de 345.000 millones. ¿Sería posible saber las
bases de cálculo de estas cantidades?
Finalmente, dentro de este apartado en la Sección 31, gastos de diversos
Ministerios, nos gustaría que pudiera explicarnos la transferencia de
capital a la Sociedad Estatal Barcelona Holding Olímpico, que se eleva a
5.969 millones de pesetas.

En cuanto al tercer apartado, y relativas a la Seguridad Social, quería
hacerle dos preguntas, una referente al Insalud, en el que, según
nuestros cálculos, vemos que algunas cuestiones nos sorprenden. ¿Cómo es
posible presupuestar en el año 1994 una cifra --creo de dos billones
340.000 millones-- inferior al presupuesto del Insalud actualizado al 30
de septiembre? Es decir, al 30 de septiembre el presupuesto del Insalud
ya ha superado el presupuesto de 1994. Por lo tanto, la previsión para el
año 1994 debería ser, en principio, superior a ésta.

Respecto al Inserso, en el presupuesto del año 1994 se produce un ajuste
presupuestario, bajando las pensiones sobre la Ley de Intervención Social
al Minusválido e incrementando las pensiones no contributivas. ¿Cuál es
el motivo de este ajuste? ¿Qué número exacto de personas --si se puede
saber-- se benefician de estos sistemas de protección social y cómo ha
evolucionado este colectivo?
Estas son las preguntas que quería realizar, señor Secretario de Estado,
agradeciéndole anticipadamente su contestación.




El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo parlamentario Mixto,
tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: El señor Subsecretario de Estado de Hacienda
ya estuvo aquí la semana pasada con nosotros y le deseamos entonces toda
suerte de venturas en su cometido, reiterándole ahora los mismos deseos.

Señor Subsecretario, el Estado, en el año 1994, va a recibir una serie de
transferencias de la Comunidad Económica Europea para financiar proyectos
de inversión, tales como los del FEDER --100.000 millones de pesetas--,
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola --39.000 millones--, de los Fondos de
Cohesión --141.600 millones de pesetas-- y del Fondo Social Europeo
--10.000 millones de pesetas--. Es una pregunta muy concreta la que voy a
formularle: de estos fondos ¿qué está previsto destinar a la Comunidad
Valenciana?
Hay una serie de temas que ahora se debaten mucho. Mi Partido ha sido
partidario de aceptar la cesión del 15 por ciento del IRPF, pero existe
sobre todo esto una serie de criterios encontrados que nos hacen querer
saber, en definitiva, en qué forma va a afectar concretamente a la
Comunidad Valenciana la cesión de este 15 por ciento del IRPF.

Le rogaría también que nos indicara, si puede, las previsiones de su
Departamento relativas a la inclusión de las actividades agrícolas en la
estimación objetiva por signos, índices y módulos. Conocidos son los
graves problemas que está atravesando este sector.

Habida cuenta de los déficit permanentes de algunas empresas y entes
públicos, ¿tiene su Departamento previsto algún plan de saneamiento para
el INI, Iberia, Correos, Renfe, Radiotelevisaión Española, INEM y
Seguridad Social? Le recuerdo que para el déficit del INEM en el año 1993
se barajaba una cifra sobre 400.000 millones de pesetas; las pérdidas en
Renfe para el año 1944 están valoradas en 25.000 millones; las pérdidas
del INI para 1994 en 174.000 millones de pesetas, y en Iberia --según



Página 817



un anuncio recibido-- están previstas unas pérdidas de 60.000 millones en
el año 1993.

Asimismo, me gustaría saber, señor Secretario de Estado, lo siguiente:
¿tiene previsto su Departamento un incremento de la corresponsabilidad
fiscal en el sistema de financiación autonómica en el futuro? Para la
financiación autónoma del futuro ¿está previsto un incremento de la
corresponsabilidad fiscal?
Por último, y si fuera posible con carácter objetivo, ¿podría usted
explicarme por qué se ha reducido, una vez más, la participación de la
Comunidad valenciana en el Fondo de Compensación Interterritorial en más
de un 12 por ciento? Esta situación de baja ya se produjo en 1991-92 y
ahora en los presupuestos 1992-93, y lo vemos incrementado en más de un
12 por ciento en los presupuesto próximos. Nos gustaría conocer las
razones objetivas que han movido a esta disminución.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, ya tuvimos hace días la ocasión
de hablar sobre la liquidación de ingresos, cuando discutimos la
globalidad del presupuesto, y, por tanto, el compromiso que desde
Hacienda debe suponer un ajuste --aunque parece una cosa de Perogrullo--
entre los ingresos y los gastos; entonces le deseé suerte en la gestión y
hoy se la vuelvo a reiterar.

Voy a hacer tres bloques de preguntas. La primera pregunta es de carácter
general y se refiere a de qué forma se va a poder actuar desde el
Gobierno en el tema del fraude fiscal. La banca privada ha hablado de un
crecimiento para este año 1993 de 400.000 millones de pesetas,
aproximadamente (cuando se habla de fraude no se sabe qué cifras pueden
realmente existir). Nos gustaría conocer cuáles son los compromisos para
luchar contra este fraude fiscal, de qué manera se van a tomar medidas de
organización interna y de objetivos para cumplir en este frente, puesto
que sería una buena meta cobrar a los grandes señores que pueden estar
actuando en esta materia, además de reducir otros fraudes que se pueden
estar produciendo en la prestación de servicios o en algún tipo de
prestación social.

El segundo gran comentario que me gustaría realizar se refiere a lo que
podríamos llamar control y seguimiento presupuestario, la gran
flexibilidad, el gran movimiento, la gran dificultad para seguir la
ejecución del propio presupuesto y el excesivo número de créditos
extraordinarios, de evoluciones no previstas de manera inicial a la hora
de presupuestar y, en concreto, poder valorar el déficit real con el que
funciona la propia Administración. Es verdad que ustedes nos han dado una
estimación final al año 1993 de aproximadamente el 6,17 por ciento, pero
la realidad es que siguen viniendo créditos extraordinarios y no sabemos
cuál va a ser el final de estas medidas.

El tercer gran bloque de comentarios sería sobre el capítulo de ingresos
del Estado. Nos preocupa esta posición de partida de aceptar que para el
año próximo vamos a tener una reducción de los impuestos directos.

Ustedes parten ya de aceptar un menos 6,1 por ciento de recaudación en
impuestos directos. Nos gustaría conocer si están estudiando fórmulas que
puedan estimular esta mayor recaudación en impuestos directos.

El patrimonio, en los datos que ustedes aportan como valoración dentro de
los impuestos directos, crece ligeramente; lo que es la renta de
sociedades decrece un 33 por ciento, y nosotros creemos que en grandes
fortunas, en sucesiones, hay una capacidad de recaudación que no se
aborda, o por lo menos no lo vemos reflejado en los presupuestos. Junto
con ello, con la recaudación de lo que pudiéramos llamar dividendos no
proyectados a la inversión del gran negocio de este país --que es para el
que trabajamos todos--, el sector financiero, la banca, que es el mayor
beneficiario del esfuerzo de todas las empresas y de todos los
trabajadores. En concreto, dentro de lo que es la recaudación del IRPF,
ustedes han trabajado dentro de esa propuesta para que los desempleados
hagan frente a una parte, suponiendo que los topes pudieran ser más o
menos competitivos del IRPF; quisiéramos saber si ustedes han estudiado
la modificación de los topes del IRPF, tanto en el mínimo exento como en
la aplicación. Ustedes proponen solamente variar un poquitín a nivel de
inflación o modificar la deducción por los hijos menores de edad o que no
estén en la estructura productiva, pero todo lo demás lo vienen ustedes a
congelar a nivel de deducción. ¿De qué manera ustedes van a plantearse el
propio IRPF, inclusive el tope por arriba, el tope que fija un máximo de
liquidación en función de un máximo de ingresos, a partir de los cuales
ya se mantiene el mínimo porcentaje?
Junto con lo que pudiéramos llamar esta figura de impuestos directos, nos
gustaría conocer dentro de los impuestos indirectos de qué manera se va a
actuar. Ustedes también aceptan una minoración de estos impuestos
indirectos para el próximo año del 3,9 por ciento. A nosotros nos
gustaría conocer de qué manera se va a trabajar el IVA, lo que yo le
decía a usted en la liquidación del capítulo de ingresos sobre las dos
Españas, la España oficial con IVA y la España no oficial sin IVA. Porque
uno va a la peluquería y le dicen: ¿Con IVA o sin IVA? ¿De qué manera
vamos a actuar para que este impuesto empiece a funcionar de una manera
más racional?
Luego, dentro de lo que significa el incremento de ingresos que ustedes
han previsto, a nosotros nos gustaría comentar dos grandes capítulos. En
el Capítulo III, donde ustedes hablan de tasas y otros ingresos, una
previsión de más ingresos del 7,7 por ciento y de los ingresos
patrimoniales. En los ingresos patrimoniales, ustedes proponen una mayor
recaudación del 48,8 por ciento. Quiero recordar que ustedes ya en la
liquidación de este presupuesto de 1993 han tenido un exceso de
recaudación, una recaudación positiva de este capítulo de ingresos del
presupuesto en casi un 189 por ciento. A mí me gustaría conocer de dónde
sale la previsión para que por participación del Banco de España tengamos
un incremento del 55,6 por ciento. Y, por ejemplo, con la participación e
incorporación bancaria española, lo citan ustedes abajo



Página 818



en la explicación al hablar de Argentaria y de otras empresas públicas.

Nos gustaría conocer qué otras empresas públicas van a dar acciones,
participaciones o dividendos.

Asimismo, ustedes plantean como posibilidad, dentro de estos capítulos de
ingresos patrimoniales, los dividendos y participaciones en empresas
públicas, yo entiendo que distintas a Argentaria. Nos gustaría conocer,
si es posible, cuál es la valoración que ustedes hacen, porque aquí hay
un incremento importante en volumen de dinero y también en porcentaje.

Por último, a nosotros nos gustaría conocer también lo que ustedes
plantean de más ingresos, de incremento de ingresos, casi del 63 por
ciento en transferencias de capital. Es verdad que estas transferencias
de capital hacen referencia fundamentalmente a dineros europeos y al
Fondo de Cohesión sobre todo, pero hay otros decrecimientos importantes
que nos gustaría conocer por qué decrecen, cuál sería el tema del retorno
de CECLA y el mantenimiento o la congelación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, por qué se produce cuando, según la previsión,
parecía que iba a andarse en un incremento. De todas formas, nosotros
vemos que éste es el capítulo de mayor éxito, junto con el Capítulo V, de
enajenación.

Por último, en los bloques de gastos, en lo que pudiéramos llamar
capítulo de gastos, a nosotros nos gustaría conocer de qué manera va a
afectar, dentro de la Ley Fiscal que ustedes han presentado el día 8, el
último acuerdo del Consejo Económico de Política Fiscal y Financiera, en
donde se plantea la aplicación del 15 por ciento, de qué manera va a
afectar a un mayor ingreso de las Comunidades Autónomas, de qué manera se
plantea esa neutralidad para ninguna o, si alguna sale beneficiada, en
qué evolución va a quedar y cuál es la situación que ustedes se plantean
cara a las Corporaciones locales. Las Corporaciones locales, según las
transferencias que aquí pudiéramos tener, parece que van a tener una
situación no ventajosa, cuando se anunciaba que era la era de los
municipios.

Por último, referido a lo que es la organización de la propia Hacienda, a
mí me gustaría conocer algo que no ha salido a discusión en preguntas de
otros grupos y que nosotros creemos que es un paso de ida y vuelta. En el
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, que, en principio,
se creó como organismo autónomo y que ahora está en proceso de volver a
la Administración, en lo que son las propuestas de Hacienda, ustedes
proponen una minoración de transferencias de capital, sobre todo, de
3.500 millones de pesetas. Es un volumen importante de reducción de
transferencias de capital a esa Agencia cuando hacía poco que se había
puesto en marcha. ¿Cuál es la razón para devolverlo al seno del aparato
administrativo como un servicio y qué reducción de aparato de dirección
va a tener, puesto que se creó un aparato con directores, con gerentes
regionales, gerentes provinciales, gerentes de grandes municipios y
ahora, al volver, puede producirse un movimiento complicado o bien de
reducción de gran aparato de dirección o bien de reducción a nivel
funcionarial?
También nos choca la reducción que ustedes plantean en la Escuela de
Hacienda Pública. Proponen 303 millones menos. No sé si es que van a
reducir la inversión en preparación o en el funcionamiento de esta
escuela o a qué obedece esa minoración, que, además, va unida a una
minoración de transferencias de 28 millones de pesetas al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. ¿Cuál es la actuación que ustedes
siguen para estas minoraciones?
Por último, no entendemos por qué hay una minoración de transferencias,
dentro de la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, de 500
millones de pesetas para la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Esa minoración está hecha en transferencias de capital. ¿A qué obedece
esa minoración de 500 millones de pesetas? También quisiéramos saber si
está unida a esa posible descentralización o funcionamiento participativo
de la Agencia Tributaria en ese nuevo acuerdo que se adoptó dentro de la
idea de un funcionamiento más participativo, de esa idea de
corresponsabilidad fiscal de las administraciones públicas.




El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Ríos terminan las
preguntas correspondientes a los grupos parlamentarios.

Tiene la palabra para contestar el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Agradezco,
de nuevo, a todos los grupos las palabras de bienvenida y de buenos
deseos que me han dirigido.

Empezaré por las contestaciones a las preguntas que me hacía el señor
García-Margallo.

El señor García-Margallo hacía referencia, en primer lugar, a una serie
de preguntas en relación al artículo diez de la vigente Ley de
Presupuestos.

Antes de entrar en esta cuestión hacía un par de juicios que yo creo que
no son ajustados, en cuanto decía que a través de este procedimiento se
podían estar realizando acciones de aforar, por así decirlo, obligaciones
ocultas o no contabilizadas en los presupuestos, o bien que había alguna
operación de maquillaje.

Ya la semana pasada, en que estuvimos viendo cuál era la ejecución del
presupuesto de 1993, comprobamos cómo no es posible en la contabilidad
presupuestaria realizar estas operaciones que se llaman ocultas o aforar
operaciones que previamente no hubiesen sido contabilizadas o incluso
realizar maquillajes presupuestarios. Ya estuvimos viendo cómo la
Intervención, en la tarea de contabilización, aplica las normas europeas.

La contabilidad nacional realiza la contabilización de las operaciones,
siempre que éstas se producen, y todo ello con independencia del momento
en que las operaciones de caja se realicen para el pago de las
obligaciones que se hayan reconocido. Por tanto, no hay una actuación en
este sentido. Lo que ocurre en el año 1993, como también tuvimos ocasión
de ver la semana pasada, es que, como consecuencia de la crisis
económica, se produce la necesidad



Página 819



de un gasto que podemos considerar cíclico, porque las atenciones que el
Presupuesto debe prever en algunos temas, especialmente en desempleo o de
Seguridad Social, son mayores que en otros años. Por ello, en este
sentido, hay un desbordamiento del presupuesto, que va unido también, con
un aspecto cíclico, a una bajada de los ingresos. Esto en términos
generales.

En términos concretos, se ha acompañado en la presentación del
presupuesto un avance de lo que ha de ser la ampliación del año 1993, en
el que se recoge cuáles van a ser todas las modificaciones
presupuestarias que se van a realizar en el presupuesto a fecha de 31 de
diciembre de 1993. Entre ellas figura, efectivamente, una cifra para
créditos extraordinarios, por un importe total de 1.200 millones de
pesetas. El señor García-Margallo hacía referencia a que en la
contabilidad de agosto iban unos 600.000 u 800.000 millones. (El señor
García-Margallo y Marfil: He hablado de 460.000 millones.) Es igual. (El
señor García-Margallo y Marfil: ¡Qué va a ser igual!) Si me lo permite,
la cuestión es la siguiente. Efectivamente, la cifra prevista de créditos
extraordinarios es ésta que le doy de casi 1.300 millones. Está pendiente
en estos momentos --en esa cifra que tenía el señor García-Margallo-- el
crédito extraordinario que se publicó el día 1 de octubre, de 237.000
millones, para financiar insuficiencias del INEM producidas en 1992
--digo financiar, lo que no quiere decir que no se hayan recogido en
contabilidad nacional estas obligaciones-- y antes de fin de año también
habrá un crédito extraordinario por más de 400.000 millones, para
financiar el déficit del INEM del año 1993. Estas son las cifras más
importantes de los créditos extraordinarios que faltan para llegar a esta
cifra del año 1993.

Efectivamente, eso ha significado que con la aprobación del crédito
extraordinario de 237.000 millones --que, como digo, se publicó por
decreto-ley el día 1 de octubre-- se superó el tope del tres por ciento
sobre los créditos extraordinarios que figuraba en el artículo diez de la
Ley de Presupuestos, y --como bien sabe el señor García-Margallo-- este
artículo, en la parte que afectaba a la limitación de los créditos y a la
limitación global de las obligaciones reconocidas, fue derogado por dicho
decreto-ley de 1 de octubre.

¿Cuál es la razón del derogamiento de este artículo? Ya le digo que en el
año 1993, con motivo de la crisis económica, hay un aumento del gasto
público cíclico que hay necesariamente que atender, y en este caso sería
imposible haberlo atendido si no se hubiese derogado el artículo diez de
la Ley de Presupuestos.

El segundo bloque de cuestiones que me planteaba el señor García-Margallo
se refería al coste de las medidas fiscales que se adoptan bien en la Ley
de Presupuestos, bien en la Ley de Medidas Urgentes en materia Fiscal,
así como a otras medidas laborales o de función pública.

En relación al primer grupo --son las notas que yo he tomado--, en primer
lugar, hacía referencia a si se sabía o se había calculado qué ingresos
iba a suponer la ejecución de las prestaciones por desempleo al Impuesto
sobre la Renta. Creo que ésta era la primera pregunta. Este cálculo se ha
realizado y, según las cuentas del Ministerio, ello supondrá en el año
1994 unos 27.000 millones de pesetas en retenciones, así como 20.000
millones en cuota diferencial para el año 1995.

En segundo lugar, hacía referencia a cuál era el coste de la no
actualización de la tarifa del Impuesto sobre la Renta. Efectivamente,
para 1994 la Ley de Presupuestos prorroga la misma tarifa impositiva para
el Impuesto sobre la Renta que ya estaba en vigor el año 1993. ¿Cuál es
el importe que esto significará para el Tesoro? Según los cálculos del
Ministerio, en el año 1994 supondrá aproximadamente unos 80.000 millones
y en el año 1995, a través de la cuota líquida, unos 30.000 millones.

En ese mismo bloque se hacía referencia a si se había calculado la no
modificación de las deducciones. He de decirle que el efecto recaudatorio
de la no modificación de las deducciones aparece contemplado de forma
conjunta con el efecto de la no modificación de la tarifa. En esta cifra
que he dado anteriormente aparecería todo este efecto.

Me formula una serie de preguntas con relación a lo que llama economía
productiva. Me habla de la evaluación de los gastos directos que se
contienen en el presupuesto sobre investigación y desarrollo, en términos
generales. No tengo a mi disposición ahora estos gastos, por lo cual, en
el plazo reglamentario establecido, le remitiré una nota sobre lo que
suponen los gastos de investigación y desarrollo en el presupuesto.

Hay también una serie de preguntas sobre qué significa el coste fiscal de
las medidas que se toman para relanzar la economía productiva a través de
la modificación de los incentivos en los impuestos correspondientes.

Sobre esta cuestión he de decir que, en principio, en el Impuesto sobre
Sociedades, el aumento de la inversiones en activos fijos, el aumento de
la deducción por internacionalización, los gastos de formación, etcétera,
van a suponer, en el año 1995, aproximadamente 5.000 millones; en el año
1994 no se produce ningún efecto porque esto tiene lugar cuando se
presenta la liquidación del año 1994, lo que, como S. S. bien sabe, es en
el año 1995.

Hay otra serie de medidas, como las que se presentan en la Ley de medidas
urgentes en materia fiscal. En este momento no las tengo contabilizadas,
no sé si la comparecencia abarca a esta otra Ley --no lo tenía entendido
así--, aunque le podemos facilitar también el coste de estas medidas
porque efectivamente lo tenemos calculado. El efecto más importante de la
activación de la economía en materia impositiva se produce por dos
medidas referidas al Impuesto sobre Sociedades: por la modificación del
tratamiento de las amortizaciones, que se reguló el año anterior, y
también por las medidas contenidas en el Decreto-ley de abril de este
año, en el que, como bien sabe, se modificaron las amortizaciones
aceleradas. Esas dos medidas tendrán, en el año 1994, un impacto
aproximado, la primera, de unos 100.000 millones y la segunda, de unos
50.000 millones.

¿Son éstas todas las preguntas que me hacía el señor García-Margallo?



Página 820



El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Secretario de Estado, respecto a
las medidas, tanto sobre gastos directos como sobre beneficios fiscales,
me interesaban no sólo los gastos en I + D, sino también los gastos en
fomento de las exportaciones y cualquier otro gasto, beneficio fiscal o
medida tributaria, cualquiera de las tres medidas que, no incluida en las
dos subcategorías anteriores, I + D y exportación, tenga como objetivo el
relanzamiento de la economía productiva.

Falta sólo una pregunta. Si me lo permite la Presidencia, en el turno de
réplica, haré un comentario. En este momento, lo único que quiero
precisar son las omisiones.

En términos porcentuales, en cuánto aumenta la presión fiscal directa
como consecuencia de las distintas medidas, adoptadas o no, en el
Impuesto sobre la Renta, es decir, el gravamen efectivo, prestación de
desempleo y la no actualización de la tarifa o de las deducciones.

Esas son las dos preguntas que faltaban por contestar.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles):
Efectivamente, no encontraba en mis notas este último bloque de
cuestiones que formulaba el señor García-Margallo sobre la presión fiscal
en el año 1993.

Había hecho una consideración general sobre el incremento constante de la
presión fiscal en los últimos años por las distintas medidas fiscales. Me
pareció apreciar en su intervención un tono peyorativo; en principio es
neutro, depende de dónde estábamos y hacia dónde vamos. El camino es
simplemente descriptivo de lo que ha ocurrido.

En cuanto a la presión fiscal, ha hablado de unos casos concretos de unos
funcionarios que ganaron dos millones de pesetas y de otros que han
ganado cuatro millones. Las modificaciones tributarias fundamentales que
se prevén en la Ley de Presupuestos y en la Ley de Medidas Urgentes en
materia fiscal son el mantenimiento de la tributación con el
mantenimiento de los tipos, la modificación de los tipos en algunos
impuestos especiales y la introducción de una serie de medidas para
fomentar la actividad económica productiva. Esas son, en términos
generales, las medidas. ¿Qué supone esto en cuanto a la presión fiscal?
Significa una disminución --y así se recoge en la documentación que se ha
presentado-- de la presión fiscal, entendida como la totalidad de los
ingresos con relación al PIB, o de la presión tributaria, entendida como
los ingresos tributarios con relación al PIB, todo ello referente al
presupuesto inicial de 1993. Esa es la previsión que se tiene.

¿Qué ocurre con el Impuesto sobre la Renta? Como hemos visto, la no
modificación del Impuesto sobre la Renta, que, repartido entre los años
1994 y 1995, supone una no disminución de los ingresos aproximadamente en
unos 6.000 millones, significa exclusivmente que a los sujetos pasivos
del Impuesto sobre la Renta se les pide un esfuerzo para la financiación
de la situación económica. El esfuerzo de estos sujetos se hace, como es
lógico, en función de su propia renta. Por tanto, el mantenimiento de la
presión fiscal o la disminución en los términos nominales que estoy
diciendo afectan en esta manera y en función de la tarifa que les es
aplicable a los distintos sujetos del Impuesto sobre la Renta.

Con esto contesto a las diversas preguntas que me hacía el señor
García-Margallo.

Paso, señor Presidente, a contestar las preguntas formuladas por el señor
Zabalia. En primer lugar, ha hecho una serie de preguntas sobre la
evolución del Impuesto sobre la Renta entre los años 1993 y 1994. En los
datos que se contienen en la documentación presupuestaria, el Impuesto
sobre la Renta previsto para 1994 lo es por un importe total de 5
billones 121.000 millones, lo que supone un incremento del 6,3 por ciento
si se tiene en cuenta cuál es en estos momentos la previsión de
recaudación global del Impuesto sobre la Renta en el año 1993, que con
los datos que se tienen en estos momentos y según consta también en la
documentación, en el avance de liquidación que se ha realizado, figura
una cantidad por un importe total de 4 billones, 817.000 millones.

El señor Zabalia ha preguntado el porqué del incremento de esta previsión
de ingreso. Como hemos visto que no hay en principio variación de la
tarifa, los incrementos en este tributo se van a producir por el aumento
general en la variación de las magnitudes económicas sobre lo que está
establecido, por los aumentos de recaudación que tengan lugar, así como
la desaparición de algunas de las circunstancias especiales que durante
el año 1993 han pesado sobre la recaudación del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

En el año 1993, en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas han concurrido una serie de circunstancias que podemos
considerar no tendenciales, circunstancias que no se van a producir en el
año 1994. Entre estas circunstancias, que le voy a enumerar rápidamente,
aparecen la modificación de la tarifa, que se realizó sobre la de 1992,
también la de pagos fraccionados; la estimación objetiva de módulos que
hubo en el año 1992; nuevos sectores que aparecieron en estimación
objetiva por módulos para el año 1993; las correcciones de las tarifas
del impuesto y de las retenciones que se realizaron en julio de 1992,
etcétera. Asimismo, influyen para este año las devoluciones del Impuesto
sobre la Renta del año 1992, que se devuelven durante el año 1993, y las
del año 1993, que se devuelven en 1994. Todo ello determina, como digo,
que para el año 1993, teniendo en cuenta estos efectos no tendenciales,
la recaudación del impuesto sea de cuatro billones 818.000 millones de
pesetas. Esto supone sobre el PIB un 7,9 por ciento.

Para el año 1994, la previsión, desaparecida la mayoría de los efectos no
tendenciales a los que hacía referencia, es de cinco billones 121.000
millones, lo que supone sobre un PIB un porcentaje del 8,01. Es decir, ha
habido un ligero incremento referido al PIB, sobre el año anterior.

Quisiera aclarar una cuestión que aparece en la pregunta, porque se hace
referencia a los efectos de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta,
y no sé si en esta pregunta o en otras posteriores se habla también del
retraso en las devoluciones del Impuesto sobre la Renta.




Página 821



Hay que advertir, en primer lugar, que el plazo que tiene la
Administración para proceder a la devolución de las cantidades que
resultan a devolver por el Impuesto sobre la Renta con relación a las
declaraciones que se presentan, como bien sabe el señor Diputado, es de
seis meses. Como normalmente el plazo de declaración (en esos últimos
años ha sido así) termina, para las declaraciones con cantidades a
devolver, el último día de junio, el plazo de devolución abarca también
el mes de enero del año siguiente, con lo cual normalmente las
devoluciones de cantidades más importantes que, como es lógico, están
sometidas a un control mayor que las demás devoluciones, se hacen al
final, por la serie de comprobaciones administrativas que conllevan y
generalmente se devuelven cantidades de una cierta importancia en el mes
de enero, pero repito que no puede considerarse estas cantidades como
retraso en las devoluciones.

Me preguntaba después si están consideradas en las retenciones sobre las
rentas del capital las posibles bajadas de los tipos en general que
ocurren en la economía. Efectivamente, cuando se hacen las previsiones de
ingresos (en este caso, las previsiones sobre las rentas del capital),
tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en la
renta de sociedades, se tiene en cuenta la circunstancia de cuáles han de
ser los rendimientos sobre los préstamos, para determinar el efecto del
impuesto sobre esta bajada de tipos. No tengo en este momento las cifras,
pero lo que sí le puedo decir es que se han tenido en cuenta para el
cálculo de las recaudaciones.

La tercera cuestión hacía referencia a la deflactación, o a la no
deflactación --me imagino-- de las tablas del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, en dos sentidos: por un lado, en cuál era su
impacto sobre la recaudación (ya lo hemos visto en la contestación que le
daba al señor García-Margallo sobre la misma cuestión), así como a cuándo
se iba a modificar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Sobre esta cuestión lo que sí hay es el mantenimiento, para el
año 1994, de las tarifas de 1993. No hay la previsión de bajar las
tarifas en estos momentos. Sólo con una situación económica distinta
podría, en su caso, pensarse en una modificación de las tarifas del
Impuesto sobre la Renta. No es ésa la situación en la que nos encontramos
y no está tampoco, por tanto, contemplada esta cuestión en la Ley de
Presupuestos del año 1994.

Me pregunta S. S. si se ha tenido en cuenta el impacto del desempleo en
las recaudaciones correspondientes del Impuesto sobre la Renta. Le
contesto que, efectivamente, se ha tenido en cuenta porque cuando se
realizan los cálculos se tienen en cuenta todos los factores que
intervienen en esta cuestión y, entre ellos, el relativo al empleo.

Sobre el Impuesto sobre Sociedades, me dice que no aparece desglosado
--no sé a qué se refiere-- en la documentación presupuestaria. En algún
lugar --no le puedo decir dónde concretamente-- aparece desglosado en sus
dos componentes fundamentales. Por un lado, aparecen las recaudaciones
que se deben a los ingresos por retenciones o por pagos a cuenta de las
distintas empresas, y en otro lugar aparecen los pagos por cuotas
diferenciales. Yo creo que lo importante para el Impuesto sobre
Sociedades en el año 1994 es poner de manifiesto la disminución de la
previsión de recaudación del Impuesto sobre Sociedades. Efectivamente,
para el año 1994, hay una previsión de 820.000 millones, lo que significa
una disminución de la recaudación prevista para 1993, que es de un billón
149.000 millones. Al señor García-Margallo ya le avanzaba cuáles son las
causas fundamentales de esta disminución de la recaudación del Impuesto
sobre Sociedades. Por un lado --y ya he hecho referencia a ello--, el
efecto que durante 1994 va a producir en la recaudación del Impuesto,
fundamentalmente, la nueva consideración de las amortizaciones como gasto
deducible, los planes especiales de amortizaciones aceleradas, aprobado
durante 1993, y también la importante circunstancia de que en el año 1994
se va a recaudar el Impuesto sobre la Renta que gravita sobre los
beneficios empresariales del año 1993 y se ha considerado, basándose en
los datos, una disminución de los beneficios agregados de las empresas
del orden del 15 por ciento, que sería igual a la disminución de esta
magnitud ocurrida en el año 1993 con respecto al año 1994. Hay que
destacar, por tanto, la disminución de estas circunstancias.

En el Impuesto sobre Sociedades quisiera destacarle al señor Diputado
otra circunstancia relativa a los gastos fiscales: los referidos al
Impuesto sobre Sociedades alcanzan una cifra de 400.000 millones.

Aproximadamente, en el Impuesto sobre Sociedades, hay unos gastos
fiscales que suponen la mitad de la recaudación del citado Impuesto sobre
Sociedades.

En cuanto al IVA, le quiero hacer una referencia sobre el crecimiento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, porque sobre una previsión de ingreso,
para el año 1993, de 2 billones 682.000 millones, la previsión que figura
para 1994 es de 3 billones 112.000 millones, lo que supone un incremento
del 16 por ciento. Este incremento, en una primera aproximación, podría
no estar muy de acuerdo con las previsiones de crecimiento del consumo
que se contiene en el cuadro macroeconómico que acompaña a los
presupuestos; pero también en el Impuesto sobre el Valor Añadido
gravitan, en la recaudación que se obtiene del año 1993, una serie de
circunstancias especiales que no se van a repetir en 1994. Estas
circunstancias especiales hacen referencia a una serie de cuestiones
ocurridas en 1993 en el que hubo modificaciones de tipo del Impuesto: el
tipo reducido, una modificación positiva que se realizó en julio de 1992,
que tiene efecto en 1993; la desaparición del tipo incrementado; la
aparición del tipo superreducido; y un sistema distinto de compensación
de las devoluciones de los importadores, ocurrido con motivo de la
distinta gestión que se realiza ahora en este Impuesto en las operaciones
intracomunitarias. En el año 1992, los importadores realizaban los
ingresos de las cantidades correspondientes cuando las mercancías pasaban
por las aduanas y, en su caso, compensaban el impuesto ingresado por las
cantidades que tendrían que devolver al final de los períodos que les
correspondían. Ahora esta compensación del impuesto se realiza



Página 822



directamente por los importadores al tiempo de presentar sus
declaraciones mensuales o trimestrales.

La desaparición de todas estas circunstancias atípicas que concurren en
la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido en el año 1993 dará
lugar a este incremento en el año 1994 que, en términos globales, es del
16,9 por ciento. Este incremento es mayor con respecto al IVA interior
(según me decía el señor Diputado, aparece en la documentación
presupuestaria del orden del 21 por ciento), y es menor con relación al
Impuesto sobre el Valor Añadido sobre las importaciones, que
prácticamente desaparece una vez que toda la recaudación que procede de
las operaciones intracomunitarias aparecen reflejadas ya desde el año
1993, dentro de las cifras correspondientes al IVA de recaudación
interior.

Por último, hace referencia a las previsiones que se contemplan en el
capítulo quinto del presupuesto de ingreso, referido a los ingresos del
Banco de España y a Argentaria; el primero, por 700.000 millones y, el
segundo, por 214.000 millones. La pregunta era cómo estaban hechas estas
previsiones de ingresos. Pues bien, las previsiones de ingresos, con
relación a los beneficios obtenidos por el Banco de España, están hechas
según el avance que realiza el propio Banco de España. Aquí, la cuestión
importante con respecto al Banco de España ocurre en el año 1993, como
tuvimos ocasión de ver la semana anterior cuando observábamos cómo era la
liquidación del Presupuesto de 1993, año en el que hay un incremento muy
importante de los beneficios del Banco de España que se ponen de
manifiesto con motivo de las operaciones sobre divisas que se realizan en
este año y que alcanzan una cifra global aproximada de un billón 100.000
millones, lo que supone, sobre la tasa normal de beneficios del Banco de
España, que era del orden de 500.000 ó 600.000 millones, un incremento
muy importante, producido también por esta actuación no repetible en el
tiempo que ocurre en el año 1993. Por eso, la previsión de beneficios del
año 1994, 700.000 millones, está dentro de lo que debe considerarse como
normal de los beneficios del Banco de España.

Para la Corporación Bancaria Española decía el señor Diputado que había
una previsión de ingresos de 214.000 millones. Pero esta previsión no lo
es especialmente para Argentaria, sino que es una previsión global dentro
de la cual están comprendidos todos los ingresos que, por dividendo o por
participación en ingresos, va a obtener el Tesoro. Lo que sí es
importante, y así figura en la documentación presupuestaria, es que
aparecen incluidos aproximadamente 200.000 millones que procederían de
las operaciones que podríamos llamar de privatización. Esa es la cuestión
relevante dentro de la cual aparece la operación de privatización de un
24 por ciento, aproximadamente, del capital de la Corporación Bancaria
Española.

Por último, en el capítulo siete, se contienen unas previsiones de
ingresos de 291.000 millones, cifra que supone un incremento sobre los
ingresos previstos para el año 1993, del 41,9 por ciento, y proceden
fundamentalmente --lo ha comentado algún otro Diputado-- de los fondos
europeos: está previsto un ingreso del Feder de 100.000 millones y
141.000 millones de los fondos de cohesión. Con esto termino de dar
respuesta a las preguntas formuladas por el señor Zabalía relativas a los
ingresos. Paso a responder las preguntas que me realizaba con relación a
los gastos.

En primer lugar, en cuanto a que los gastos de personal del capítulo uno
se incrementaban en un 5 por ciento, le tengo que decir que en los
Presupuestos del Estado el capítulo uno crece exactamente el 5 por ciento
si se realiza la comparación del presupuesto inicial de 1994 con el
presupuesto inicial de 1993. Sin embargo, si esta comparación se realiza
del presupuesto inicial de 1994 con la previsión de liquidación de 1993,
hay una disminución del 0,4 por ciento. ¿Cuál es la diferencia
fundamental entre estos dos cálculos? En primer lugar, si recuerdan bien,
a principios del año 1993 hubo un crédito extraordinario por valor de
80.000 millones, que recogía el incremento del capítulo uno --creo que
era un porcentaje del 1,9 que se regulaba en ese decreto-ley--, capítulo
que no aparecía en las cifras iniciales del presupuesto de gastos de
1993. Las otras diferencias que hay entre el presupuesto de gastos de
1993 y 1992 están en relación con la oferta de empleo público que tiene
lugar en el año 1992, con la incorporación de los funcionarios
correspondientes en el año 1994, y también durante el 1993 con proyección
a 1994, porque hemos visto que en el capítulo uno no hay actualización de
las retribuciones de los funcionarios. Por tanto, las diferencias que se
ponen de manifiesto en el capítulo uno, en comparación con los
presupuestos iniciales, se deben a las causas que le exponía al señor
Diputado.

Por otro lado, en el capítulo cuarto me preguntaba si aparecía incluido
el impacto que se ha de producir por la participación de las comunidades
autónomas en el 15 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Efectivamente, no aparece ningún impacto en el capítulo cuarto
por esta cuestión, por dos motivos: uno, porque cuando se cerraron los
presupuestos sobre esta materia no se había alcanzado ningún acuerdo, y
como pueden observar los señores Diputados en el articulado referido a
las comunidades autónomas, no se hace ninguna referencia a la
participación de las comunidades autónomas en el 15 por ciento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por ello, las
modificaciones que haya que introducir en esta materia habrá que hacerlas
a través de las enmiendas que presenten los grupos o, en su caso, habrá
que hacer una regulación fuera del contexto de la Ley de Presupuestos.

Tampoco hay ningún impacto porque estas modificaciones que habrá que
introducir en la ley no tendrán un contenido económico. El posible
incremento de financiación para las comunidades autónomas que se deduzca
de su participación, recientemente acordada, en el 15 por ciento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que, como seguramente
saben los señores Diputados, será pequeña para el año 1994, no tendrá
efecto sino en la liquidación del año 1994, que tendrá efecto, en
términos de caja, en el presupuesto de 1995. Ya saben los señores
Diputados que los presupuestos



Página 823



corrientes, con respecto a las comunidades autónomas, recogen las
entregas a cuenta que van recibiendo las comunidades durante el año
corriente, y recogen también la liquidación definitiva de un año sobre el
año anterior. Esta será también la forma en que se plasmará en las leyes
de presupuestos el impacto que sobre esta cuestión tiene la participación
de las comunidades autónomas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Después me hacía una pregunta concreta sobre las transferencias a los
organismos autónomos administrativos referidos al Ministerio de Economía
y Hacienda. Tampoco tengo aquí los datos --se los remitiré al señor
Diputado-- referentes a las transferencias a los organismos autónomos
administrativos en la sección 15.

Yo le pediría que me ampliara una pregunta sobre los activos financieros.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Estas transferencias a los organismos autónomos
administrativos serían referidas a los activos financieros, que crecen un
4 por ciento con respecto a 1993. Me gustaría que nos explicara este
incremento del 4 por ciento de los activos financieros.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Debe ser en
el Ministerio de Hacienda. Me imagino que se refiere al incremento del
capítulo octavo en la Dirección General de Patrimonio, en el Ministerio
de Hacienda. ¿Se refiere a eso? (Asentimiento.) No tengo aquí los datos,
pero creo que esta tarde comparece ante esta Comisión el Director General
de Patrimonio, quien les explicará exactamente cuál es la variación del
capítulo octavo entre los años 1993 y 1994, en el Ministerio de Hacienda.

En cuanto a las aportaciones al Inem, está prevista una aportación del
Presupuesto del Estado, durante 1994, de 802.000 millones de pesetas.

Creo que la pregunta era cómo estaba calculada esta aportación. Durante
el año 1993, en principio, la aportación al Inem estaba prevista en el
Presupuesto por una cantidad de 551.000 millones. Durante el año 1993,
como hemos visto anteriormente, ha habido ya un crédito extraordinario
para financiación del déficit de 1991 por 222.000 millones; ha habido
otro crédito extraordinario, para financiar el déficit de 1992, de
237.000 millones y va a haber un crédito, para financiar el déficit de
1993, por 407.000 millones, de tal manera que el crédito inicial de
551.000 millones se va a modificar en el transcurso del año en 866.000
millones, con lo cual la aportación del Presupuesto del Estado al Inem,
durante el año 1993, va a ser de un billón 417.000 millones.

¿Cómo se ha calculado la aportación durante el año 1994 que, como he
dicho, es por un global de 802.000 millones? Se calcula teniendo en
cuenta el crédito inicial del año 1994, que es de 551.000 millones y las
insuficiencias que se ponen de manifiesto durante el propio año 1993, que
son 407.000 millones, más los aumentos que se van a producir durante el
año 1994 como consecuencia del incremento del número de beneficiarios o
de la actualización de determinadas prestaciones de desempleo que se
realizan. En total, las necesidades del Inem durante el año 1994 serían
de un billón 83.000 millones. Ahora bien, sobre esta cuestión se han
tomado determinadas medidas que aparecen recogidas en el proyecto de ley
que acompaña a esta ley de Presupuestos donde, como bien saben los
señores Diputados, aparecen una serie de medidas sobre temas de
desempleo, y las medidas que se toman en esa ley determinarán que las
necesidades de aportación del Estado sobre esta cuestión se concreten en
la cifra de 802.000 millones --a la que hacía referencia al principio--
para el año 1994.

El señor Zabalía se refería a los préstamos del sector público. Entiendo
que se refiere a la partida que figura en el capítulo noveno del
Presupuesto por 345.000 millones, que suponen un préstamo del Presupuesto
del Estado a la Seguridad Social para el equilibrio del presupuesto de la
Seguridad Social durante el año 1994. En principio, este desequilibrio
está valorado en 345.000 millones.

Hacía referencia también a la sección 31 y, concretamente, a un crédito
de 5.000 millones para la empresa Holding Olímpico Sociedad Anónima. Me
imagino que querría conocer cuál era la razón de este crédito. Este
crédito constituye una financiación que corresponde al año 1994, relativa
al resto pendiente para financiar la mencionada sociedad, HOLSA, Sociedad
Anónima.

Por último, hay una serie de cuestiones referidas al presupuesto de la
Seguridad Social. Dice S. S. que considera que la previsión del
presupuesto de la Seguridad Social para 1994 debe ser superior a la
previsión de liquidación de 1993. Para contestar a S. S. esta cuestión
podemos hacer dos cosas. No sé si comparecerán los responsables de la
Seguridad Social que facilitarán información sobre este tema. Yo en este
momento no tengo los datos sobre dicha materia. Si lo considera oportuno
el señor Diputado le haré llegar los datos que me solicita, que entiendo
son los relativos a la diferencia de presupuesto para la Seguridad Social
entre los años 1993 y 1994, a las causas de estas diferencias y lo mismo
referido al Inserso. Si los responsables de la Seguridad Social no le
facilitan estos datos yo mismo se los enviaré con mucho gusto.

Con ello he terminado de contestar a las preguntas formuladas por el
señor Zabalía y paso a contestar al señor González Lizondo. En primer
lugar, el señor González Lizondo preguntaba cuáles son los fondos
europeos que se van a aplicar a Valencia en el año 1994. Yo no tengo aquí
este dato. No sé exactamente si en estos momentos estamos en condiciones
de calcular cuál es la participación de Valencia en los distintos fondos,
pero le haré llegar los datos que sobre esta cuestión tenemos en el
Ministerio.

En segundo lugar, me preguntaba cuál era el efecto para la Comunidad
valenciana de la participación de las comunidades autónomas en el 0,15
por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La
Comunidad valenciana participará, como todas las comunidades, en el año
1994. Los efectos que se pueden producir para la Comunidad valenciana
pueden ser de dos clases: unos, generales, sobre lo que significa el
aumento de la



Página 824



corresponsabilidad fiscal para la Comunidad valenciana en cuanto que la
Comunidad valenciana, como el resto de las comunidades a las que se
aplicará este sistema de corresponsabilidad fiscal, verá aumentada esta
corresponsabilidad en términos generales. No es necesario, me imagino,
ahondar en esta materia, porque supongo que lo que le interesa al señor
Diputado deben ser los efectos cuantitativos o de mejora de la
financiación, durante el año 1994, de la Comunidad valenciana con motivo
de la participación. Para el año 1994 y siguientes, la mejora, por así
decirlo, de financiación que se produzca para la Comunidad valenciana
dependerá, en primer lugar, de cuál sea la gestión que se va a realizar
durante el año 1994 en el Impuesto sobre la Renta. En la medida en que la
cuota líquida del Impuesto sobre la Renta en Valencia crezca más que en
1993 habrá una mejora de financiación en la Comunidad Autónoma.

¿Cuál es, en términos generales, la mejora para la Comunidad valenciana o
para cada una de las comunidades autónomas? Lo que ocurre en la
financiación de las comunidades autónomas con motivo de su participación
en el 15 por ciento del Impuesto sobre la Renta es muy simple. Una parte
de la financiación que las comunidades autónomas reciben como
participación general de las distintas comunidades autónomas en los
ingresos del Estado se va a sustituir, a partir de 1994, por una
participación en la recaudación regional del Impuesto sobre la Renta. En
la medida en que esta recaudación determine un incremento mayor sobre el
año anterior, será mejor la financiación de la comunidad autónoma
correspondiente. Para ello, ya sabe el señor Diputado que los acuerdos
sobre corresponsabilidad fiscal llevan aparejado un procedimiento de
participación de las comunidades autónomas en la gestión del Impuesto
mediante su incorporación a los órganos de dirección de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, bien a nivel nacional, bien a nivel
regional.

Me hacía una pregunta respecto a cuándo va a entrar en el régimen de
módulos la actividad agrícola. En estos momentos están negociando el
Ministerio de Economía y Hacienda y, en concreto, la Agencia de
Administración Tributaria y el Ministerio de Agricultura con las
asociaciones de agricultores la introducción del sistema de módulos en la
actividad agrícola. El objetivo es que esa aplicación de módulos se
produzca a partir del año 1994. Antes de final de año se dictarán las
órdenes ministeriales necesarias para ello.

El señor Diputado hacía unas preguntas sobre el déficit de determinadas
empresas públicas, y se refería exactamente al Inem, a la Seguridad
Social, al Ini, Iberia y a Renfe. Estos entes a los que se ha referido el
señor Diputado tienen una naturaleza jurídica diferente. Hay algunos,
como el Inem, que son organismos autónomos, la Seguridad Social, y
después están algunas empresas del Grupo del Ini y Renfe. El
planteamiento del presupuesto respecto a los déficit ocurridos en cada
uno de ellos es diferente. Hemos visto anteriormente cuál es la actuación
del presupuesto respecto al déficit del Inem, que significa un incremento
de las aportaciones del Estado al Inem para cubrir el déficit que se
produce, unido a una serie de medidas que se recogen en la ley de
Presupuestos, donde se reordenan, por así decirlo, algunas de las
prestaciones por desempleo. Igual ocurre en la Seguridad Social, donde
hay, en primer lugar, el préstamo al que hacía referencia anteriormente,
de 345.000 millones, y, en segundo lugar, se van a tomar medidas para la
reordenación de determinadas prestaciones sanitarias, incluidas, como
bien sabe S. S., a través del Insalud, en el Presupuesto de la Seguridad
Social. Por tanto, se toman para estos dos entes, el Inem y la Seguridad
Social, una serie de medidas que van desde las financieras a las
normativas que suponen una regulación de algunos aspectos en las
prestaciones que realizan estos entes.

Con respecto a Renfe, hay una actuación dentro del presupuesto a través
de la cual se financia el gasto de explotación que se produce durante el
año, así como también se financian algunas actividades de inversión que
se realizan durante el año 1994. En cuanto a la financiación del
presupuesto de Renfe durante el año 1994, y a la espera de que se firme
un contrato-programa entre el Ministerio de Economía y Hacienda y Renfe,
la actuación presupuestaria tiende a mantener la situación financiera de
Renfe. Se van a hacer unas aportaciones de capital o aportaciones
corrientes que no empeoren la situación financiera de Renfe y se está a
la espera de concluir un contrato-programa entre el Ministerio de
Economía y Hacienda y Renfe, dentro del cual se contemplará el plan
estratégico de Renfe para los próximos seguimientos.

Por otra parte, están las actuaciones con respecto al Ini. Dentro de este
bloque aparecen algunas de las empresas a las que hacía referencia el
señor Diputado, como es Iberia, que es una de las empresas del Ini. Las
actuaciones con respecto al Ini son diversas.

Según aparece en el presupuesto, se realiza una asunción de deudas, que
en este año 1994 asciende a 212.000 millones de pesetas; hay también la
aportación que realizará la Dirección de Patrimonio a la ampliación de
capital dentro de la Corporación Siderúrgica Integral, que realizará el
Ini y, por último, hay el establecimiento de determinados avales, del
orden de los 150.000 millones, a las posibles operaciones que realice el
Ini o sus empresas.

Esas son las actuaciones que con respecto a estas empresas se realizan
desde el punto de vista del presupuesto, todo ello sin perjuicio de que
dentro de cada uno de estos entes el Ini realice sus propias estrategias
globales o las estrategias correpondientes de cada una de las empresas
públicas, para tratar de superar las distintas situaciones financieras o
contables en las que se encuentra cada una de ellas. Yo contemplo aquí
exclusivmente las actuaciones del presupuesto con respecto a las mismas.

Hay una nueva pregunta sobre la corresponsabilidad fiscal. Me imagino que
se refiere a cómo se puede incrementar en el futuro la corresponsabilidad
fiscal de las comunidades autónomas. Acabamos de dar el primer paso en la
línea de la corresponsabilidad fiscal. Las cuestiones que han estado
sobre la mesa en estas negociaciones las podemos repasar rápidamente
porque son las que



Página 825



se van a abordar en el futuro. Hacen referencia, por un lado, a la
posibilidad de que las comunidades autónomas asuman más competencias (o
asuman competencias, porque ahora no las tienen) legislativas,
normativas, con respecto a los tributos cedidos. Yo creo que ese es el
aspecto fundamental. Hay también alguna otra medida sobre la
corresponsabilidad fiscal, como es volver a estudiar algunos de los
aspectos, que se suscitan siempre que se plantean estas cuestiones, de
cesión de otros impuestos. Siempre se habla de la posibilidad de cesión
de algún tramo del Impuesto sobre el Valor Añadido, recogiendo lo que
dice la LOFCA, sobre el impuesto que recaiga sobre las ventas en el
escalón de minoristas, o alguna otra posibilidad. Todas estas son
cuestiones que se han planteado en la mesa de negociaciones que se ha
cerrado recientemente, que no están terminadas en estos momentos y sobre
las cuales se seguirá trabajando en el futuro. El compromiso que se
alcanzó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el jueves pasado
incluía también la posibilidad de avanzar en estos aspectos que he
mencionado.

Por último, el señor González Lizondo se refiere a una disminución de la
participación de la Comunidad valenciana en el total del Fondo de
Compensación Interterritorial, que evalúa en el 12 por ciento. Como bien
sabe S. S., la determinación de la participación de cada una de las
comunidades autónomas en el Fondo viene dada por la aplicación a dicha
comunidad de la valoración que haya prevalecido de las distintas
variables que se tienen en cuenta cada uno de los años. Eso, combinado
con cuál haya sido la cifra global del Fondo de Compensación
Interterritorial. Lo que yo creo que ha ocurrido es que si la cifra
global del Fondo es la misma y la participación --como dice el señor
González Lizondo-- ha bajado un 12 por ciento, ello significa que la
posición relativa de la comunidad autónoma valenciana con respecto a las
demás ha debido mejorar porque los criterios que se utilizan miden
necesidades de las comunidades autónomas. No tengo aquí los datos, pero
parece que si le corresponde una participación menor en una dotación
global que es la misma, significa que en relación con las demás
comunidades, los criterios socioeconómicos que sirven para la institución
del Fondo en la Comunidad valenciana han debido mejorar con respecto a
las demás comunidades.

Con esto respondo a las preguntas del señor González Lizondo y paso a las
preguntas del señor Ríos. El señor Ríos me hacía, en primer lugar, una
pregunta sobre el fraude fiscal y cómo se va a actuar. Efectivamente, la
actuación de la Administración tributaria con respecto al fraude fiscal
constituye un paso importante en una situación económica como la que nos
encontramos. El Ministerio tiene un especial interés en la actuación de
la Administración tributaria en la lucha contra el fraude fiscal.

Ya es bien conocido por los señores Diputados que la actuación de la
Agencia Estatal para la Administración tributaria tiene como objetivo
fundamental la lucha contra el fraude fiscal, así como la mejora por
parte de los contribuyentes del cumplimiento de sus obligaciones
formales.

¿Cómo se pone de manifiesto esta actuación por la Administración? Ya es
conocido que, a partir de septiembre de 1993, se vienen desarrollando por
la Administración tributaria unos planes especiales de lucha contra el
fraude fiscal, que aparecen centrados, por un lado, en el Impuesto sobre
el Valor Añadido y, por otro, en algunas actuaciones sectoriales, en este
caso, en el sector inmobiliario y también algunas actuaciones especiales,
como son las relativas al Impuesto especial sobre el tabaco. No voy a
detallar aquí en qué consisten estas actuaciones, pero sí le puedo decir
que es un plan que se viene desarrollando en los puntos más importantes:
en las delegaciones especiales de Madrid, Barcelona, Valencia y
Andalucía. Para el año 1994 ya se ha configurado cuál ha de ser el plan
de lucha contra el fraude fiscal, que es complementario de este plan
especial que se desarrolla durante el año 1995, y a través del cual se va
a incidir en todos los aspectos en que se considera que se está
produciendo fraude fiscal. Es un plan que aparece perfectamente detallado
pero, en líneas generales, le diré que aparece con unas actividades
centradas en los órganos centrales de la Administración tributaria, en la
Oficina Nacional de la Inspección, que realiza actuaciones con relación a
los sectores, contribuyentes o empresas donde pueden estar dándose los
casos más importantes de fraude fiscal, en la Oficina especial de lucha
contra el fraude fiscal y que, después, se realizan a nivel regional, en
cada uno de los sitios, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada una
de las regiones españolas.

En todos estos casos, las actuaciones vienen precedidas de unos análisis
concretos y de una toma de datos con respecto a cada uno de los sectores,
y se trata de incidir en aquellas actividades económicas que están
realizándose sin que sus resultados aparezcan plasmados en los registros
contables o de otra índole que deben llevar las empresas. Se trata de una
actividad que, como es lógico, utilizará unos medios extracontables --por
así decirlo-- en la lucha contra el fraude.

En términos generales, hemos de decir que la lucha contra el fraude
fiscal es un objetivo fundamental del Ministerio de Economía y Hacienda,
de la Secretaría de Estado de Hacienda y, al mismo tiempo, es la medida
importante y necesaria que acompañará la gestión de estos presupuestos
que se han presentado para el año 1994.

Se refería también a la actividad de control y seguimiento
presupuestarios, al conocimiento del déficit real de la propia
Administración, etcétera. No sé si he entendido bien la pregunta que me
hacía el señor Diputado, porque lo que es cierto es que la gestión
presupuestaria que realiza la Administración es perfectamente conocida y
seguida por los órganos de la Administración encargados tanto de la
contabilidad, como del control de los gastos e ingresos.

Por otro lado, el déficit real de la Administración, el déficit real del
presupuesto, es perfectamente conocido y sobre él se da puntual
información mensual a todos los



Página 826



medios. Con relación a esta cuestión, el Secretario de Estado de Hacienda
comparece ante esta misma Comisión tres veces al año para informar sobre
la misma. Creo que hay un perfecto conocimiento, control y seguimiento de
cuál es la actividad económica de los distintos entes de la
Administración, tanto en los aspectos de gastos y reconocimiento de
obligaciones, como en aquellos órganos de la Administración que tienen
como actividad la obtención de ingresos.

Precisamente el conocimiento de estas actuaciones permite al Gobierno,
conociendo exactamente cuál es la actuación presupuestaria de los
distintos entes en cada uno de los momentos, tomar las decisiones
necesarias a la vista de cuál es la marcha de la Administración con
respecto a los ingresos. Creo que hay un perfecto conocimiento de cuál es
la gestión presupuestaria --normal y anormal-- de los distintos entes y
que hay un conocimiento puntual de cuál es el déficit.

En cuanto a los ingresos, el señor Ríos preguntaba por qué había una
disminución de los impuestos directos. Cuando hablaba el señor Ríos, yo
estaba contemplando el cuadro que se recoge en la documentación sobre los
ingresos y me daba la impresión de que el señor Ríos se guía por la
comparación que se contiene en estos cuadros entre el presupuesto inicial
de 1993 y el de 1994, donde para los impuestos directos hay un incremento
del orden de un 6,1 por ciento. Sin embargo, si hacemos esta comparación
teniendo en cuenta no el presupuesto inicial de 1993 sino las previsiones
de recaudación de 1993, las comparaciones varían de alguna manera. En
este año es especialmente interesante hacer este ejercicio porque, como
hemos visto en respuestas a algunas de las preguntas anteriores, en el
año 1993 ha concurrido una serie de circunstancias especiales, y en
general no concurrentes, en cada una de las figuras impositivas que hacen
más oportuna la consideración de la comparación del presupuesto inicial
de 1994 con la previsión de recaudación definitiva de 1993. En el
impuesto directo pasamos de una disminución del 6,1 por ciento, si se
compara presupuesto inicial sobre presupuesto inicial, a una disminución
exclusivamente del 0,3 por ciento, si se compara el presupuesto inicial
de 1994 con el presupuesto de liquidación previsto para 1993.

Me preguntaba después el señor Diputado sobre las previsiones en el
Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones. La verdad
es que las previsiones sobre estos impuestos que quedan en los
presupuestos del Estado son muy residuales por cuanto que se trata de
impuestos cedidos a las comunidades autónomas y aquí sólo se contienen
con respecto a aquellos territorios donde no está cedido este impuesto;
para el Impuesto sobre el Patrimonio debe ser exclusivamente con Ceuta y
Melilla, y para el Impuesto sobre Sucesiones creo que también con Madrid.

O sea, son cifras no importantes porque, como le digo, el grueso de la
recaudación de estos impuestos aparece en los presupuestos de las
distintas comunidades autónomas.

Sobre el sector financiero, le he entendido que me preguntaba si las
previsiones de impuestos que corresponden al sector financiero se han
considerado de la forma debida. Creo haber entendido la pregunta en esos
términos. Como es lógico, las previsiones de impuestos que correspondan
sobre el sector financiero aparecen recogidas en las previsiones
generales que se realizan para cada uno de los impuestos que gravan las
rentas o los beneficios que tienen lugar dentro del sector financiero.

Por tanto, aparecen comprendidas dentro de las previsiones de recaudación
de cada uno de los impuestos.

Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hacía
referencia a algunas cuestiones que creo haber contestado en anteriores
respuestas a otros diputados sobre el coste de las medidas sujetas a
determinadas prestaciones de desempleo en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y sobre la no variación --ésta sí es una novedad--
del mínimo exento o del máximo gravamen de la tarifa. Sobre esta cuestión
de no variación del mínimo exento o del máximo de la tarifa, el efecto
recaudatorio que se deduce de estas medidas aparece contemplado en la
respuesta a la pregunta del señor García-Margallo sobre qué significaba
en términos de recaudación el mantenimiento de la tarifa para los años
1994-1995. Aquí aparecen recogidos todos los fenómenos que están en
relación con la tarifa, por tanto, también el del mantenimiento del
mínimo exento o del máximo de la tarifa. Lo que no puedo decirle
exactamente es qué parte de esa cantidad que le decía al señor
García-Margallo tiene relación con estos temas.

En cuanto a los impuestos indirectos, le he dicho al señor Ríos que se
producía una disminución entre 1993 y 1994, pero también aquí la
comparación se había realizado en términos de presupuesto inicial sobre
presupuesto inicial. Efectivamente, si ésa es la comparación, la
disminución es del 3,9 por ciento. Si la comparación se realiza en
presupuesto inicial sobre presupuesto de liquidación, según las
previsiones que tenemos para 1993, las previsiones de incremento son del
12,1 por ciento. Ya le he dicho antes al señor Zabalia la importancia que
en este aspecto tiene el Impuesto sobre el Valor Añadido, pues se
contempla un incremento de recaudación en 1994 sobre las previsiones de
1993 del 16 por ciento, y veíamos el porqué de esa causa que era
fundamentalmente por la no aparición en la recaudación de este impuesto
en el año 1994 de determinadas circunstancias atípicas que sí se ponen de
manifiesto en el año 1993.

Las actuaciones en cuanto a la gestión en estos impuestos indirectos se
realizarán fundamentalmente a través de actuaciones inspectoras, como le
he dicho en contestación a la primera de las preguntas que me hacía, como
la actuación inspectora que se realiza por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, que está centrada fundamentalmente en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, no sólo por la importancia que este
impuesto tiene en relación al resto del sistema fiscal o tributario, sino
también porque la información tributaria que los sujetos del Impuesto
sobre el Valor Añadido deben proporcionar a la Administración son de suma
importancia para la gestión general de los demás impuestos.

Me hacía ver que tanto en el capítulo III como en el V



Página 827



había un incremento. En el capítulo III es una cantidad pequeña, la
previsión es de 303.000 millones, que suponen un incremento sobre la
previsión de liquidación del año 1993 de un 10,6 por ciento. En cuanto al
capítulo V, hay una previsión de decremento importante: si comparamos la
previsión de 1994 con la previsión de liquidación de 1993, la disminución
es del 21,6 por ciento, y ya hemos visto, en contestación a preguntas
anteriores, la importancia que en este aspecto tiene la disminución del
beneficio del Banco de España, que durante el año 1993, como consideramos
el miércoles pasado y como hemos considerado anteriormente, tiene un
crecimiento muy importante sobre lo que son los beneficios normales del
Banco de España. Este año, en vez de considerar los 1.100 millones que
figurarán en la liquidación de 1993, las previsiones de ingreso por este
concepto son únicamente de 700.000 millones. Eso explica la bajada de
21,6 por ciento que se realiza en relación a este capítulo V del
presupuesto de ingresos.

Por último, me ha hecho una serie de preguntas, una referida
concretamente a las transferencias de capital. Las transferencias de
capital, que también hemos considerado antes, tienen un incremento
importante. Como decía el señor Ríos, las transferencias de capital están
compuestas fundamentalmente por las transferencias de los fondos
europeos: Feder y Fondos de Cohesión. Hay unas transferencias importantes
para el año 1994, y las previsiones que se tienen son del orden de
291.000 millones. Sobre esta cuestión, yo creo que hay que considerar que
el aumento que se va a producir para España de los Fondos de Cohesión,
derivado del acuerdo de Maastricht o del acuerdo de Edimburgo, a partir
de 1994, es fundamental. Saben que, en función de estos acuerdos, los
fondos que han de venir a España van a tener un incremento muy
importante. Para ello, se han realizado los planes de desarrollo regional
para España para el período 1994-1998; en estos momentos han sido
considerados por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del
Gobierno, precisamente ayer, después de que el CES diese su informe a
finales del mes de septiembre, y una vez aprobados por el Gobierno estos
PDR, se remitirán a la Comisión Europea, al efecto de que sean
considerados por ésta, porque ello supone el paso inicial y fundamental
para poder tener acceso a las prestaciones que se han de deducir para
España de estos Fondos Europeos de Cohesión.

Por último, hacía referencia al mayor gasto que puede suponer para el
Estado la participación de las comunidades autónomas en el 15 por ciento.

Ya hemos visto también en la contestación al señor González Lizondo sobre
esta cuestión, cómo para el presupuesto de 1994 no va a haber ningún
efecto económico cuantitativo; que, en su caso, el efecto que se produzca
se recogerá en el presupuesto de 1995, cuando se realice la liquidación
de la participación de las comunidades autónomas, en los ingresos del
Estado, para el año 1994, porque, como seguramente sabe el señor
Diputado, la participación en el 15 por ciento regional de cada una de
las comunidades se configura como una parte de la participación global de
las comunidades autónomas en los ingresos del Estado.

Preguntaba el señor Diputado cuál es la previsión para las corporaciones
locales. Como habrá tenido también ocasión de ver, durante el año 1994
los presupuestos prorrogan para las corporaciones locales su
participación en los ingresos del Estado. Sobre esta cuestión sabemos
que, según lo que estaba dispuesto en la Ley de Haciendas Locales, la
participación de las corporaciones locales para el año 1994 debería
haberse negociado, porque la participación contemplada en dicha ley
concluía en el año 1993. Por eso, como no se ha producido esta
negociación entre el Gobierno y la FEMP o las corporaciones locales en
términos generales, la Ley de Presupuestos prorroga la participación de
las corporaciones locales en los ingresos del Estado en los mismos
términos, aplicando los mismos criterios que han prevalecido durante el
quinquenio anterior. Sin embargo, si leen atentamente esos artículos,
observarán que la liquidación de esta participación ya para el año 1994
quedará supeditada a cuál ha de ser el acuerdo que se alcance entre el
Gobierno y las corporaciones locales para definir su participación en los
ingresos del Estado en el próximo quinquenio.

Por tanto, en principio, hay una participación que está determinada por
la aplicación de los mismos criterios que se habían aplicado durante el
quinquenio anterior, y hay la posibilidad de que la liquidación de esta
participación se realice de acuerdo ya con los nuevos criterios que se
acuerden entre el Gobierno y las corporaciones locales para este tema.

Por último, hay una serie de cuestiones referidas a la propia
organización del Ministerio de Economía y Hacienda que hacen referencia
al Centro de Gestión Catastral, a la Escuela de Hacienda Pública y a
determinada disminución de la sección 15 en algún concepto. Estos dos
organismos, el Centro de Gestión Catastral y la Escuela de Hacienda
Pública, eran organismos autónomos de carácter administrativo, pero
recientemente el decreto de reorganización del propio Ministerio de
Hacienda ha convertido estos organismos autónomos en direcciones
generales. El Centro de Gestión Catastral se ha convertido en una
Dirección General, y la Escuela de Hacienda Pública se ha unido al
Instituto de Estudios Fiscales y, entre los dos, configuran también una
única Dirección General.

¿Qué sentido tienen estas reorganizaciones producidas dentro del
Ministerio? En primer lugar --yo creo que era la preocupación del señor
Diputado--, esta reorganización no afecta para nada a la actuación que
vienen realizando tanto el Centro de Gestión Catastral como la Escuela de
Hacienda Pública. Lo que sí ocurre es que entendemos que es más racional,
siguiendo el principio de racionalización del gasto, modificar la
organización del Ministerio en este sentido y cambiar estos centros de
organismos autónomos a direcciones generales.

¿Cuál ha sido la modificación en cuanto al Centro de Gestión Catastral?
Ha habido una reducción de dos subdirecciones en su aparato central;
sigue con el aparato provincial, al que hacía referencia el señor
Diputado, de



Página 828



la misma forma, y ello permitirá, sin duda, que el trabajo que se viene
realizando por el Centro de Gestión Catastral sobre la formación,
mantenimiento, revisión, etcétera, de los catastros, se realice de forma
más coordinada con el resto de las actuaciones del Ministerio, que es lo
que venía haciendo hasta este momento.

También, la Escuela de Hacienda Pública mantendrá su actividad, ya que la
Escuela de Hacienda Pública en un pasado no muy lejano configuraba una
única unidad administrativa con el Instituto de Estudios Fiscales; se
vuelve a esta situación. Ahora, además, esto está facilitado, porque
tanto la Escuela de Hacienda Pública como el Instituto de Estudios
Fiscales ocupan un espacio físico único, y ello permite establecer una
organización administrativa más adecuada de las funciones que se realizan
tanto por el Instituto como por la Escuela.

Señalaba el señor Diputado que había una dotación de 300 millones menos
con relación a la Escuela y, probablemente --no tengo aquí los datos--,
le puedo decir que ello tiene que ver con que en el año 1994 el número de
alumnos o funcionarios que se formen en la Escuela será menor que el que
se ha formado en años anteriores.

Creo que con esto he contestado todas las preguntas. Sin embargo, hay una
última --no la tengo bien anotada-- sobre la sección 15, en la que dice
que había una disminución de 500 millones de pesetas. No sé muy bien a
qué se refiere S. S. Si pudiera volver a formular la pregunta, se lo
agradecería.




El señor PRESIDENTE: El señor Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, muy brevemente.

Me refiero a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Está en
transferencias de capital, artículo setenta y cuatro.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): La Agencia
Estatal de Administración Tributaria tiene un presupuesto --como conoce
el señor Diputado-- de 102.000 millones de pesetas. Los 500 millones de
pesetas de disminución en su aportación de capital tienen que ver con que
no todos los años tiene que realizar las mismas inversiones de elementos
de capital. Las inversiones que se han realizado por la Agencia,
fundamentalmente en material informático, han sido muy importantes en
otros años, y este año las inversiones no tienen que mantenerse porque se
considera que la dotación de este material es suficiente y no tienen que
realizarse en el mismo nivel que en años anteriores. Esa es la razón de
la disminución de esta dotación.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Robles.

La Mesa y la Presidencia abrirá un nuevo turno, de una duración máxima de
tres minutos, para los representantes que deseen formular, en ese turno
únicamente, petición de aclaraciones. El Secretario de Estado contestará
también durante un plazo máximo igual o inferior a la suma del tiempo que
haya tenido el conjunto de las señoras y señores Diputados en la
pregunta.

Por otro lado, la Presidencia quiere también manifestar su criterio en
torno a una cuestión que saben SS. SS. que nos causa algún problema y que
he de reconocer que se ha venido resolviendo no sólo razonablemente bien,
sino muy bien en los últimos años, y es la oferta, por parte de los
representantes de la Administración, de información a solicitud de las
señoras o señores Diputados.

Por lo que yo he seguido de la deliberación anterior, por parte del Grupo
Popular se ha planteado alguna pregunta que debe ser contestada por
escrito por el señor Secretario de Estado de Hacienda. Por parte del
representante del Grupo Parlamentario Vasco se ha planteado una pregunta
que, más bien, yo creo que corresponde al Secretario General de la
Seguridad Social que comparecerá en la mañana de mañana a las diez y
media, y si al señor Zabalía le parece bien, la Mesa le permitiría
formular la pregunta al señor Secretario General de la Seguridad Social,
aunque la comparecencia la haya pedido otro Grupo. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, el señor González Lizondo ha formulado también
preguntas relacionadas con los déficit de Iberia, de Renfe y del
Instituto Nacional de Industria.

Yo comprendo que incluso se puede entender, y se entiende bien, que el
Secretario de Estado de Hacienda tiene una especie de competencia
universal y que podría contestar a esas preguntas. Pero, teniendo en
cuenta que en las comisiones correspondientes comparecerán los
presidentes del Instituto Nacional de Industria, de Renfe y de Iberia,
más bien creo que se debieran de contestar allí, con independencia de
que, a lo mejor, el representante del Grupo Parlamentario Mixto tiene la
legítima intención de contrastar las informaciones de unos y de otros. Si
el señor González Lizondo se sintiera satisfecho, la Mesa de esta
Comisión trataría de que esas preguntas se trasladaran a las comisiones
correspondientes que, por el calendario que he visto, se reunirán los
días 18 y 19. En algún caso son comparecencias solicitadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, en otro no. En el caso de que fueran comparecencias
no solicitadas por el Grupo Parlamentario Mixto, la Mesa se dirigiría a
las comisiones correspondientes para que pueda preguntar aunque no lo
hayan solicitado o, en todo caso, por las razones que fuera, incluso
porque comprendo las dificultades del señor González Lizondo como
portavoz de un Grupo tan especial como el Grupo Mixto pueda tener para
comparecer en unas y otras comisiones, la Mesa trasladaría la petición de
informe a aquellas comisiones para que fueran formuladas por escrito.

En definitiva, la Mesa entiende, respecto a las peticiones de informe por
escrito, lo siguiente: Los grupos, antes de que el Secretario de Estado
de Hacienda abandone la sala, deben ponerse de acuerdo para que sepamos
exactamente, a través del Letrado de la Comisión, las preguntas que
quieren formular y en las que ha habido oferta por parte del señor
Martínez Robles de contestar por escrito. La Mesa entiende que las
preguntas del Grupo Parlamentario Vasco, en relación con la Seguridad
Social, deben



Página 829



dirigirse mañana al Secretario General de la Seguridad Social, que
comparecerá ante esta Comisión. La Mesa oferta facilitar el trabajo del
Grupo Mixto y del señor González Lizondo en los términos que ha expresado
respecto a los presidentes del Ini, Iberia y Renfe.

Informados de estas cuestiones relacionadas con las preguntas que se han
de contestar por escrito, quiero preguntar qué grupos quieren hacer uso
de este turno excepcional y corto de tres minutos. (Pausa.)
Señorías, me veo obligado a mantener con cierta dureza el criterio de los
tres minutos.

Tiene la palabra el señor García-Margallo.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Me concentraré en dos temas: el tema
del déficit público y el tema de las nuevas exenciones en el Impuesto
sobre el Patrimonio.

Para hacer historia, porque la respuesta no me ha satisfecho en absoluto,
en el año 1992, mi Grupo Parlamentario propuso, mediante una moción que
fue rechazada en esta Cámara, que se explicitasen cuáles eran las
obligaciones reconocidas pendientes de pago y, en su caso, las
obligaciones conocidas pero todavía no reconocidas, para aprobar un
crédito extraordinario y saldar la situación. Es así que se iban a
convocar las elecciones generales y la moción decayó. En el año 1993 para
los Presupuestos que estamos estudiando, se conocía ya la crisis y cuáles
eran los efectos de la misma, singularmente en el desempleo y, por tanto,
en el desencadenamiento de la multiplicación de los gastos sociales, y se
estableció el artículo 10 diciendo: El Gobierno no podrá gastar más de
442.000 millones de pesetas de los que aquí han sido aprobados. En agosto
llevábamos 460.000 y sabemos que ahora, en el avance de liquidación, los
gastos por créditos extraordinarios son de un billón 224.000 millones. Es
decir, faltan por aflorar 800.000 millones de pesetas. Es verdad que
ustedes han derogado el artículo 10, ¡faltaría más!, pero es como el
señor que le da un trompazo a un semáforo y lo primero que hace al
bajarse del coche es derogar la ley que prohíbe investir a los semáforos.

Naturalmente, ustedes han derogado la Ley cuando ya el tema estaba
resuelto.

Y le leo, para terminar este epígrafe, una opinión de don Enrique Fuentes
Quintana, Victorio Valle y Julio Alcaide, en «Economía Española», que
dice: «La manifiesta falsedad en el registro contable de las cifras
públicas, que conduce a que, en términos de contabilidad nacional, nadie
--y el propio Gobierno no es una excepción-- conoce con exactitud la
magnitud del déficit público.» Por eso, mi pregunta es: cuando a ustedes
se les desborda el déficit público, cuando los créditos extraordinarios
van a superar el billón 224.000 millones, cuando lo autorizado era
400.000 millones, ¿qué está pasando? ¿Están ustedes utilizando la técnica
del culebrón y están aflorando aquí obligaciones reconocidas pendientes
de pago, o están intentando cargar a 1993 todos los males de la tierra
para poder presentar un balance aceptable en 1984, saldadas que han sido
las elecciones generales?
La segunda pregunta es muy breve, pero no me ha contestado el señor
Secretario de Estado. ¿Cuánto cuesta la exoneración en el Impuesto sobre
el Patrimonio de la exención de determinadas participaciones en
determinadas sociedades? ¿Cuantos puestos de trabajo se van a crear como
consecuencia de exonerar a los socios que tengan las participaciones en
estas sociedades de pagar el Impuesto sobre el Patrimonio? Para un
Gobierno socialista el tocar el Impuesto sobre el Patrimonio es como para
los ultracomunistas tocar el Mausoleo de Lenin, por tanto, tengo cierta
curiosidad en conocer cuáles son los informes públicos o privados que han
avalado la adopción de esta medida. Pregunto al señor Secretario de
Estado: para crear empleo y superar la crisis, ¿no hubiese sido mejor
utilizar el sacrificio recaudatorio en conceder las vacaciones fiscales
--que es una técnica que yo no comparto, pero que ustedes han hecho-- a
las pequeñas y medianas empresas constituidas en forma individual? ¿Por
qué a las sociedades, sí y a las empresas individuales, no? ¿No hubiese
sido mejor, puesto que han copiado ustedes parte del «Programa Cresson»,
en Francia, el dar un crédito en el Impuesto sobre Sociedades a las
ampliaciones de capital para favorecer la capitalización de las empresas
que creasen puestos de trabajo? Señor Secretario de Estado, ¿a quién
beneficia, a qué tipo de sociedades? ¿Cuáles son, cuántas son estas
sociedades cuyas participaciones individuales van a estar exentas del
Impuesto sobre el Patrimonio? ¿Para quién trabaja el Gobierno en el
artículo tercero que estamos contemplando en el Impuesto sobre el
Patrimonio?



El señor PRESIDENTE: El señor Zabalía tiene la palabra.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Quizás no le he entendido o no le he escuchado
suficientemente en las contestaciones que ha dado a dos de mis preguntas
sobre el Impuesto sobre el Vañor Añadido. En primer lugar, sobre las
operaciones interiores, donde el crecimiento que se experimenta en el
presupuesto del año 1994, según nuestras cifras, era el 21,6 por ciento y
el señor Secretario de Estado ha dado una cifra inferior, no he entendido
la contestación. ¿Tiene alguna previsión de lo que puede suponer para el
País Vasco y Navarra el ajuste del IVA?
La otra pregunta en la que tampoco he entendido la contestación es: ¿cuál
es el motivo de que el IVA sobre importaciones disminuya en 1994 con
respecto a la previsión de 1993, si es que el efecto de las devaluaciones
de la peseta debe ser absorbido en 1993 y, por tanto, no afecta a 1994,
salvo que estén previstas nuevas devaluaciones?
En esas dos preguntas que le he hecho no he entendido la contestación, y
me gustaría que me las aclarara, si no tiene inconveniente el señor
Secretario.




El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, en primer lugar, quisiera preguntar
si le parece bien el criterio de la Mesa respecto a las preguntas a
dirigir al Secretario General de la Seguridad Social.




Página 830



El señor ZABALIA LEZAMIZ: Con respecto a esa consideración no hay ningún
problema.




El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, me dice el señor Secretario de
Estado si puede repetir la primera pregunta.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Con respecto al Impuesto sobre el Valor
Añadido, ¿tiene alguna previsión el Gobierno de lo que puede suponer para
el País Vasco y Navarra el ajuste del IVA? El IVA va a sufrir un ajuste y
lo que no tenemos es el desglose o la aclaración de ese ajuste, y sería
interesante, desde nuestro punto de vista, saber si del estudio que tiene
elaborado el Gobierno podría darnos algún dato de la repercusión que
puede tener para el País Vasco y Navarra.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, en primer lugar, muchas
gracias por la comprensión hacia este especial Grupo que es el Mixto.

También quiero agradecer tanto el tono, como la forma e inclusive las
puntualizaciones de las contestaciones que me ha dado el señor
Subsecretario.




El señor PRESIDENTE: Es Secretario de Estado, no baje el nivel del señor
Martínez Robles. (Risas.)



El señor GONZALEZ LIZONDO: Perdón, señor Presidente, y muchas gracias por
su puntualización. Subsecretario de Estado de Hacienda.




El señor PRESIDENTE: Secretario.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Secretario, perdón.

En definitiva, de verdad, gracias por la forma, el tono y las
precisiones. Espero, como me ha dicho, que me mande usted la
documentación respecto a lo que percibirá la Comunidad Valenciana de los
fondos europeos, lo que le agradezco.

Unicamente quiero puntualizarle una cosa. A la pregunta de por qué se
había reducido el 12 por ciento de la participación de la Comunidad
Valenciana dice que debe haber mejorado la situación socioeconómica en la
Comunidad Valenciana. Mire usted, yo le digo que no sólo no ha mejorado,
sino que ha empeorado bastante y sólo le daré unos pequeños datos. En el
primer trimestre de 1993 las suspensiones de pago aumentaron un 47 por
ciento y las quiebras un 51 por ciento, teniendo en cuenta que durante el
año 1992 cerraron 1.400 empresas entre Alicante, Castellón y Valencia. Sé
que ése no es su problema, pero seguramente a la Comunidad Valenciana
habrá que decirle de dónde se sacan estos datos porque desde luego no
aciertan ni una.

Otra cosa, señor Presidente, es que yo agradezco muchísimo trasladar
estas preguntas, pero la verdad es que la contestación del señor
Secretario con respecto a los déficit y las formas en las que se hace ha
sido bastante completa y prácticamente me doy por satisfecho. Agradezco
mucho su gentileza, pero no es necesario que se tramiten esas preguntas,
aunque sí espero la contestación respecto a los fondos europeos por parte
del señor Secretario.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al señor González Lizondo, que
facilita la tarea de la Mesa.

El señor Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: De forma muy breve, señor Presidente, para
agradecer la respuesta y pedir disculpas por no haber estado presente en
una fase de la contestación, ya que estaba realizando otra función.

Quisiera plantear tres solicitudes de aclaración. Una es referida a los
impuestos. Nosotros hablábamos del incremento de los ingresos
patrimoniales y yo he preguntado si, además de la venta de acciones o
dividendos de Argentaria, hay otras empresas públicas que tengan previsto
entrar a esa venta de acciones o a ese posicionamiento que signifique
ingresos, como especifica este documento comparado.

En el tema del déficit, aunque se publiquen esos datos, me va a permitir
el señor Secretario de Estado que le diga que es verdad que se publican,
pero en el mes de junio hablábamos del 4,5, luego del 5, y estamos en el
6, lo que indica que es más difícil de lo que parece fijar la cifra del
déficit público. Usted me ha dicho que ha utilizado como comparación para
su explicación y para defender la propuesta del Gobierno la previsión de
liquidación del año 1993. Es mucho decir cómo va a terminar, porque si
las previsiones se hacen igual que las propuestas iniciales, vamos a ver
cómo terminamos en algunos datos. En todo caso, a eso es a lo que yo me
refería en cuanto al déficit público: la dificultad y la evolución que ha
podido tener.

Por último, el tema de las haciendas locales. Ha hecho referencia a que
se ha culminado el ciclo de negociación de los cinco años y que está
pendiente la nueva negociación, pero a mí me gustaría circunscribir esto
a dos elementos de la financiación de los entes territoriales que han
tenido dificultad importante, al margen del déficit que puedan tener y de
la situación complicada que tienen las corporaciones locales, y es la no
interpretación común del Fondo de Cooperación Municipal y esos recursos
que tienen muchos municipios presentados a la aplicación de esa Ley de
Haciendas Locales y los problemas que ha provocado a nivel financiero y
presupuestario, y el déficit histórico de las propias administraciones
locales, que han planteado que se pueda hacer frente a ello. Es verdad
que, según lo que he podido ír por su explicación, esto se aplazaría al
año 1995 o al momento en que se lleve a cabo la nueva negociación en las
condiciones que se produzca, pero ustedes sí que habrán trabajado en unas
valoraciones iniciales de esos datos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




Página 831



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): El señor
García-Margallo me hace una serie de preguntas, pero yo había entendido a
esta Presidencia que esta comparecencia se referiría exclusivamente a la
Ley de Presupuestos, por tanto, las cuestiones a las que se refiere el
señor García-Margallo repetidamente, relativas al tratamiento de
determinada exoneración del gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio
vienen reflejadas en la otra Ley que no es de Presupuestos y que el señor
Presidente ha dicho que no afectaba a esta comparecencia. Yo le dije que
no tenía aquí el dato pero que se lo iba a facilitar, porque no hay
ningún problema, pero yo creo que el señor García-Margallo debería hacer
un esfuerzo de consideración general de todas las medidas tributarias que
para reactivar la economía se contemplan bien en la Ley de Presupuestos o
bien en la Ley de acompañamiento de determinadas medidas urgentes de
carácter fiscal. Sólo así, si contempla globalmente todas las medidas,
podrá ver cuáles son las medidas que se contienen en estas normas sobre
esta cuestión, su generalidad y cómo afectan. Porque le he querido
entender que sí afectan a las empresas pero no a las sociedades
individuales. Yo no entiendo eso así, porque las medidas que se contienen
en la Ley de Presupuestos son siempre generales. La exoneración que se
contiene en el Impuesto sobre el Patrimonio está referida a los útiles de
trabajo, en algunas empresas, en las individuales, y también en las
sociedades cuando se dan determinadas características, por ejemplo,
cuando los títulos sean poseídos por determinadas sociedades.

El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto personal y, por lo tanto,
allí están exonerados estos bienes patrimoniales desde el punto de vista
personal. Además esa cuestión es igual en la legislación francesa, es
decir, no hay ninguna novedad sobre esto. Hay distintas opiniones sobre
si son más adecuadas estas medidas u otras. Yo creo que en la Ley de
Presupuestos, en todos los ámbitos (combinando las medidas que se
contemplan tanto en la incentivación de las inversiones en el Impuesto
sobre Sociedades, que aparecen recogidas en la Ley de Presupuestos, como
las medidas previstas para las pequeñas y medianas empresas que aparecen
fundamentalmente recogidas en las otras leyes), hay un cuadro completo de
medidas tributarias para la reactivación de la economía durante el año
1994 y, en cualquier caso, tiene, como es lógico, su carácter de
generalidad. Por tanto, no hay ningún inconveniente en proporcionarle
este dato.

Respecto al tema de la presión del déficit público, no he entendido muy
bien el ejemplo del coche y el semáforo porque no sé si lo que quiere el
señor García-Margallo es que el coche se estrelle contra el semáforo de
forma ineludible. Habrá que tomar alguna medida para que eso no ocurra.

Yo insisto --y ya lo vimos aquí el miércoles pasado-- que lo que ocurre
en España en el Presupuesto del Estado para 1993 es exactamente igual que
lo que ha ocurrido en los otros países en 1994. Leí a la Comisión los
datos que tengo aquí del Fondo Monetario Internacional sobre cuáles son
las previsiones de déficit para 1993 en países como Alemania, Francia o
Italia. En todos los casos ha ocurrido exactamente igual que en España.

Estamos ante una situación económica grave que afecta a todos los países
industrializados, afecta especialmente a los países europeos y le aseguro
que no se trata de que las cuentas del Estado no se lleven bien. Lo que
ocurre es que estamos en una situación económica grave, estamos en un
ciclo bajo de la economía --como bien sabe el señor Diputado-- y ello
exige la adopción de determinadas medidas y exige la respuesta de
determinadas actuaciones por parte de la Administración. No sé si
finalmente lo que quiere el señor García-Margallo es que el coche se
estrelle y que los déficit que se producen por el desempleo no se
financien, con lo cual las prestaciones para el desempleo habría de
cortarse radicalmente. Si eso no es así, habremos todos de convenir que
habrá que buscar los medios para que el presupuesto pueda solucionar los
problemas reales que tiene planteados el país.

Yo le digo que el déficit público está perfectamente controlado y que las
cuentas públicas se llevan correctamente. Ya conozco esas opiniones
autorizadas --que sin duda lo son-- que ha citado, también conozco los
debates y polémicas que han surgido sobre esa cuestión en la prensa, en
otros medios o en las revistas científicas, pero yo le digo --y, además,
usted lo sabe bien-- que las cuentas se llevan con el rigor necesario,
que el déficit es el que es y que la contabilización es absolutamente
correcta, que no hay camuflaje --como decía en su primera intervención--
y que tampoco hay maquillaje de la contabilidad. El déficit es el que es
y éstas son las cuentas.

Contesto al señor Zabalía en relación al IVA. En los cálculos del IVA
aparece implícitamente cuál es el efecto que tiene el IVA respecto a los
territorios históricos del País Vasco y de Navarra. Aparece deducida en
la cifra del IVA correspondiente, y en términos globales ya le he dicho
cuál es el efecto que la variación de la norma del concierto establece
sobre esta cuestión. No tengo aquí el dato, pero se lo podemos facilitar,
ya que es un dato que se ha considerado en los pasos a seguir para
realizar las previsiones del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La segunda cuestión, no sé si le he entendido bien en esta nueva
aclaración que me hacía, creo que estaba referida a los beneficios del
Banco de España.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: No, me refería al efecto de las devaluaciones,
si estaba recogido en el IVA también el efecto de las devaluaciones. La
devaluación de la peseta ocurrida en el año 1993 estaba absorbido, o
debería estar absorbido en el año 1993. Querríamos saber si en el año
1994 estaba recogido el mismo efecto sobre devaluación; si es así,
entonces es que estarían previstas nuevas devaluaciones. Esa era la
pregunta: si en el año 1994 está recogido el efecto de alguna
devaluación.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Las
previsiones del Impuesto sobre el Valor Añadido se hacen fundamentalmente
en función de las previsiones sobre el consumo interior. En la medida en
que este dato macroeconómico se vea a su vez influido por otros datos
como éste de la devaluación, en



Página 832



las previsiones de ingresos que se realizan en el Impuesto sobre el Valor
Añadido aparecen recogidos datos como éste u otro cualquiera que, a su
vez, influyan sobre el dato fundamental sobre el que están realizados
estos estudios, que es, como le digo, el consumo interior; por tanto,
podemos decir que sí, que se han tenido en cuenta.

Respecto al señor González Lizondo, que se ha ausentado, me había
preguntado acerca de la mejora de la situación económica de Valencia.

Probablemente lo que ocurre es que los indicadores económicos en función
de los cuales se distribuye el fondo son unos indicadores económicos que
no se corresponden exactamente al año en curso; son unos datos
estadísticos que tienen un atraso de dos o tres años y, probablemente,
por eso no se corresponden exactamente con la situación actual de la
economía de una determinada región; quizá ese sea el fenómeno que se pone
de manifiesto en las palabras del señor González Lizondo.

En cuanto al señor Ríos, y sobre los temas de las privatizaciones, ya le
he dicho que, en términos globales, para dividendos hay prevista una
cantidad global de 214.000 millones, y están icluidos los dividendos
normales que se reciben todos los años de las empresas públicas y también
los dividendos especiales para el caso de que se realicen
privatizaciones. Hasta ahora la única privatización que se tiene prevista
es la del veinticuatro y pico por ciento de la corporación bancaria. En
principio no hay prevista ninguna otra privatización para el año 1994.

Sobre esta cuestión ya ha tenido ocasión el Ministro de Economía y
Hacienda de informar a las Cámaras respecto a que no hay, al estilo de
otros países, unos planes previos sobre las privatizaciones, sino una
actuación muy paso a paso. Sólo en determinadas circunstancias y si la
situación del mercado, o económica en general, lo permiten se realizarán
las privatizaciones, sin que exista --insisto en este asunto-- un plan
especial de privatizaciones como lo hay en otros países, por ejemplo,
Francia o Italia, probablemente, debido a la diferencia del sector
público empresarial español con respecto al sector público de estos otros
países.

En cuanto al déficit y a las previsiones, las previsiones se han
corregido ya a la altura de año en que estamos, y habiendo conocido
prácticamente casi todas las vicisitudes económicas que han ocurrido en
el año y conocidas también aquellas otras que han de venir en los
próximos años, se está en condiciones, siempre es así cuando se realizan
las previsiones del año siguiente para la confección del presupuesto, de
repasar las previsiones del año en curso y, en su caso, rectificarlas,
que es lo que se ha procedido a hacer, y ello con especial interés por la
especial importancia de un año como éste, 1993, donde la variación de las
circunstancias económicas ha sido tan grande. Esperemos que en los tres
meses, casi dos y medio, que nos quedan del año, los hechos económicos
ocurran en la forma en que han sido contemplados por las previsiones que
se han realizado, y los cálculos que se realizan de ingresos, de gastos
y, por consiguiente, de déficit no se alejen de aquellos que se contienen
en la documentación presupuestaria.

Por último, en cuanto a las haciendas locales, hay dos cuestiones. Por
una parte, el recurso sobre la liquidación de la participación en los
ingresos de las corporaciones locales que ha sido presentado por algunos
ayuntamientos está pendiente de solución por los tribunales; por otra
parte, el Gobierno, sobre la liquidación de años anteriores de la
participación en los ingresos del Estado de las corporaciones locales,
llegó a un acuerdo con la FEMP y se procedieron a efectuar los cobros
correspondientes a estos acuerdos; por eso, lo debemos considerar como
una cuestión zanjada y resuelta.

Señalaba también el tema de los déficit históricos de las corporaciones.

No sé muy bien si los déficit de las corporaciones locales son históricos
o no, no lo sé muy bien, pero también las corporaciones locales, como la
Administración del Estado y como la Administración de las comunidades
autónomas, deben hacer, y están haciendo de hecho en este momento, una
política de consolidación fiscal y de reducción de su déficit histórico.

Todas estas cuestiones me imagino que se plantearán en la nueva
negociación que sobre la participación de las corporaciones locales se va
a abrir próximamente entre el Gobierno y las corporaciones locales y, en
la medida de lo posible, se tratará de darle la solución que corresponda.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.

Ruego al señor García-Margallo que, antes de que el señor Martínez Robles
abandone la sala, se pongan de acuerdo sobre la concreción de la
información que ha de recibirse por escrito. Termina con eso, señor
García-Margallo.

Agradecemos la comparecencia del señor Martínez Robles.




--DEL SECRETARIO GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS (VIÑUELA DIEZ).

A SOLICITUD DEL GIU-IC. (Número de expediente 212/000289.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comienza la
comparecencia del Secretario General de Planificación y Presupuestos, don
Julio Viñuela, cuya comparecencia ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario de Izquieda Unida-Iniciativa per Catalunya.

En su nombre, el señor Frutos tiene la palabra.




El señor FRUTOS GRAS: Yo quisiera hacer una consideración de carácter
general y algunas observaciones en relación con el tema que vamos a
tratar, porque parece que, en este país, hablar de planificación es casi,
casi hablar de blasfemia, cuando no se utiliza como una especie de
eufemismo para hablar de cualquier otra cosa. Y como nosotros pensamos
que o planifican unos o planifican los otros, debe haber un debate a
fondo sobre esto y, naturalmente, unas propuestas.

Está claro que estamos ante políticas económicas,



Página 833



financieras y sociales antagónicas, pues defendemos otra cosa que algunas
veces ha sido calificada por los representantes del partido que apoya al
Gobierno o por representantes del Gobierno como política que está fuera
de órbita, que no tiene ningún papel que jugar. Pero nos damos cuenta de
que, en cualquier país, y en el mundo en general, o se planifica desde el
Estado, desde los poderes representativos de la sociedad o se planifica
desde los grupos y «lobbies» que tienen capacidad económica, financiera,
es decir, por los poderes fácticos de la economía. Por tanto, nos
gustaría, al menos, conocer las previsiones más o menos cuantificadas,
naturalmente cualificadas, con buenos datos, y, al mismo tiempo, la
explicación política del porqué de algunas cuestiones que no entendemos y
no compartimos. Por ejemplo, en relación con la presupuestación, ¿por qué
no se da un marco plurianual, primera cuestión?«
Nos remiten constantemente al marco europeo y, finalmente, no sabemos si
es el marco europeo de la convergencia aprobada para este país en mayo
del año pasado, convergencia fracasada en este país y en todos y, sin
embargo, se continúa manteniendo tozudamente que esta convergencia es el
faro que debería guiar los pasos en la economía real de este país, algo
con lo que no estamos de acuerdo. Por tanto, como no creemos en milagros,
pensamos que, en relación con la planificación de lo que puede ser o lo
que debe ser el desarrollo económico de este país y el papel que debe
jugar el Estado, debe haber naturalmente unas previsiones que se deben
cuantificar.

Y entramos en el segundo gran apartado de nuestras preguntas, que es por
qué no se habla del crecimiento real del producto interior bruto, de la
inflación, del paro, de las inversiones (estoy hablando siempre en el
terreno plurianual), porque si se pide a los sindicatos y a las
formaciones empresariales que haya un debate sobre lo que debe ser la
perspectiva de la economía en este país, también debe haber una
concreción, una previsión de lo que serán los próximos años, aunque como
se han hecho tantos cuadros macroeconómicos en los últimos dos años, a lo
mejor se teme de nuevo el fracaso y por eso tampoco se hace una previsión
a medio y largo plazo.

En tercer lugar, otra pregunta es el peso de lo público y las
privatizaciones. ¿Cómo quedará el peso de lo público en el conjunto de la
economía española? (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la
Presidencia.) Ante la fiebre privatizadora de la economía ¿quedará algo,
aunque sólo sea para un parque jurásico de la economía, o esta fiebre
privatizadora llegará a todas partes? Por ejemplo, en estos momentos se
está primando y potenciando lo privado frente a lo público, en la propia
empresa pública. En concreto, ésta es la pregunta.

La cuarta pregunta sería en relación a la congelación del sueldo de los
funcionarios. ¿Han valorado ustedes cuánto es y los efectos que ello va a
tener? Porque así como hemos dicho ya en relación a las privatizaciones
que éstas pueden representar en este momento, para este año, fluidez para
las arcas del Estado, también pueden representar en un futuro inmediato,
en los próximos años, la incapacidad desde el Estado de hacer una
política de impulso a determinadas economías. Es la misma filosofía que
defendimos cuando, en su momento, en las 25 propuestas que se hicieron al
Gobierno y a don Felipe González, en el debate del Estado de la Nación el
5 de abril de 1990, planteamos una que era la necesidad de que hubiera
una banca pública para hacer determinadas políticas de impulso, desde lo
público, al conjunto de las economías y, naturalmente, de indización de
la economía privada, etcétera.

Por tanto, aquí hay una congelación de los sueldos de los funcionarios
que representa una parte importante de lo que se quiere liberar para que
el Estado tenga más fluidez económica, más fluidez financiera, pero ¿se
ha pensado lo que representará para la recesión en la cual estamos
metidos de coz en estos momentos concretos y para la posibilidad de
salida de la crisis económica, a partir de un relanzamiento de la
economía, lo que se drenará de los recursos de los funcionarios, de los
recursos económicos, individuales y colectivos del conjunto de los
funcionarios?



El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor
Secretario de Estado para contestar al señor Frutos.




El señor SECRETARIO GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS (Viñuela
Díez): Voy a intentar contestar a todas las cuestiones que ha planteado
S. S., por el orden en que lo ha hecho, aunque no estoy muy seguro de
haber entendido fielmente algunas de ellas. Si así fuera, le ruego por
favor me disculpe, me lo haga saber e intentaré responderle.

En primer lugar está la observación de tipo general sobre el tema de la
planificación. Esta se llama Secretaría General de Planificación y
Presupuestos y, por tanto, no consideramos la planificación como
equivalente a una blasfemia, lo que sí es posible es que discrepemos en
la forma en que debe interpretarse lo que hoy debe ser la planificación.

Para nosotros la planificación es una forma de dar coherencia al conjunto
de actuaciones del sector público, nada más que eso. Contiene, por
consiguiente, una serie de previsiones macroeconómicas; en base a las
mismas, se elaboran una serie de escenarios presupuestarios a medio plazo
y en esos escenarios presupuestarios, que se basan, además, en una serie
de programas sectoriales elaborados por los distintos departamentos
ministeriales, se intenta dar coherencia a todo ese conjunto de
actuaciones con una finalidad determinada. Es decir, la planificación hoy
tiene un significado --si se quiere-- demasiado limitado pero, en nuestra
opinión, importante, que es el de introducir dosis de coherencia en el
comportamiento de las distintas administraciones públicas.

Seguidamente me plantea S. S. una serie de cuestiones específicas, la
primera de ellas la del marco plurianual. ¿Por qué no se da un marco
plurianual? El presupuesto para 1994 se ha realizado en unas
circunstancias muy peculiares, que S. S. conoce perfectamente, que vienen
caracterizadas fundamentalmente por el proceso de



Página 834



recesión que se ha iniciado en el año 1992. Sin que esto sirva como
disculpa, es cierto que no son los momentos en los que hay cambio de
tendencia los mejores para hacer previsiones a medio plazo. En todo caso,
estas previsiones a medio plazo se hacen. Tenemos unas previsiones
macroeconómicas hasta el año 1997 y se están culminando unos escenarios
presupuestarios, también para el año 1997, dentro de los cuales se ha
insertado el presupuesto para 1994. No son documentos oficiales, son
documentos internos, pero son totalmente necesarios para tener muy claro
cuál es el objetivo fundamental hacia el que queremos ir en el tiempo,
sobre todo en materia de consolidación fiscal.

Una segunda cuestión que plantea es por qué no se habla --creo que en
cierta forma es repetición de la cuestión anterior-- en un terreno
plurianual de crecimiento de determinadas magnitudes: déficit real,
empleo, inversión, etcétera. Tenemos hechas esas previsiones, pero,
repito, como documentos internos, no como documentos oficiales. Se ha
considerado que de momento, hasta que se elaboren los escenarios
presupuestarios, lo más prudente es mantener esas previsiones como
documentos internos, que sirvan de base para la elaboración del
presupuesto para el ejercicio próximo.

Hace S. S. una pregunta muy general sobre el peso de lo público y de las
privatizaciones. No sé si es a mí a quien corresponde contestar un tema
de esta relevancia. La cuestión de las privatizaciones ha sido
enormemente discutida, públicamente incluso, por miembros del Gobierno,
que han dado opiniones muy variadas sobre bajo qué circunstancias sería
conveniente o no realizar una privatización. Mi opinión, y hablo a título
personal, es que el Gobierno está intentando enfocarlo sin dogmatismos,
sin considerar que todas las privatizaciones son buenas o malas, que hay
que analizar cada caso en función de sus circunstancias y decidir en
consecuencia.

Por último, S. S. me plantea la cuestión de la congelación de las
retribuciones de los funcionarios y, en particular, si tenemos
cuantificado lo que supone esta congelación. Por supuesto hemos hecho una
estimación de lo que supone la congelación de retribuciones, que para el
conjunto de presupuestos de las administraciones públicas son unos 55.000
millones de pesetas. En lo que se refiere al presupuesto del Estado, la
cifra está en torno a los 30.000, pero le estoy hablando de memoria, si
quiere la cifra exacta se la puedo proporcionar por escrito cuando usted
desee.

Me pregunta si se ha pensado en lo que esto va a significar, en las
circunstancias recesivas actuales, desde el punto de vista de contracción
de la actividad económica. Creo que éste ha sido uno de los grandes
problemas que ha tenido la elaboración de los Presupuestos para el año
1994. Son unos presupuestos que se hacen en un marco restrictivo, con una
economía en recesión, y en la que se ha tenido que decidir cuánto impulso
desea dar directamente a la actividad económica el sector público y qué
impulso desea el sector público que dé el sector privado al conjunto de
la actividad económica a través de una rebaja de los tipos de interés y
de la inversión privada. Por eso se han hecho unos presupuestos
enormemente selectivos, como posiblemente ya se lo hayan dicho en
comparecencias anteriores, en los que, manteniendo los niveles de
protección social existentes, preservando los niveles de inversión en
infraestructuras que se han venido realizando en años anteriores, se ha
hecho un esfuerzo, repito, importante de contención del consumo público,
fundamentalmente retribuciones y gastos de funcionamiento. Esto ha
supuesto un gran esfuerzo de consolidación presupuestaria, en la medida
en que supone una reducción del déficit estructural ligeramente superior
a un punto del producto interior bruto de este país.

Naturalmente, unos pensarán que éste es un esfuerzo contractivo
insuficiente; por el contrario, otros considerarán que esta contracción,
dentro de la cual están incluidas las retribuciones de los funcionarios,
supone un esfuerzo contractivo excesivo. Por eso hemos tenido que buscar
un equilibrio entre estas dos posiciones. Consideramos que un ajuste
estructural superior a 1,2 por ciento del PIB en las circunstancias
económicas actuales hubiera supuesto posiblemente una contracción
excesiva de la demanda, pero también hemos considerado que intentar
impulsar la actividad económica directamente a través del sector público
podría tener una incidencia sobre las expectativas de inflación, y sobre
todo para unas futuras rebajas de los tipos de interés a largo plazo, que
podrían ser totalmente contraproducentes para una próxima recuperación de
la inversión privada, que es la que genera fundamentalmente puestos de
trabajo, al menos con estos Presupuestos se confía que debe generarlos.

Por otro lado, tampoco hay que olvidar que, si bien por el lado del gasto
estos Presupuestos incorporan un ajuste importante, lo cierto es que por
el lado de los ingresos la presión tributaria que se prevé para 1994
disminuye respecto a la de 1993. Esta reducción de la presión tributaria
supone, en definitiva, una inyección adicional de recursos para influir
sobre el nivel de demanda agregada y sobre el nivel de actividad.

Esto es lo que le puedo decir de momento, señoría, en relación con las
cuestiones que me ha planteado.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por un tiempo máximo de tres
minutos, y a efectos de aclaraciones acerca de la intervención del
Secretario General, tiene la palabra de nuevo el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: En primer lugar, señor Secretario, por lo que yo he
entendido son 55.000 millones de pesetas por cada uno de los puntos lo
que pierde el poder adquisitivo de los funcionarios. Entonces, ¿cuántos
puntos pierden los funcionarios en esta congelación salarial?
En segundo lugar, incluso para que se dé coherencia al sector público,
nuestro Grupo cree, y así lo hemos planteado reiteradamente hasta el
aburrimiento, que debe haber una normativa no sobre la base falsamente
ideológica de que privatizar es bueno o privatizar es malo, sino
precisamente sobre la base que ha planteado usted, es decir, sobre la
base de qué es lo que conviene en estos



Página 835



momentos al país. Nosotros hemos defendido reiteradamente que un sector
público potente debe ser el impulso, el motor del desarrollo económico en
cualquier circunstancia, y mucho más en unas circunstancias de recesión y
de crisis económica. Lo hemos reiterado, insisto, muchas veces. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Parece ser que no se quiere utilizar este mecanismo o que, en todo caso,
los mecanismos que se van a utilizar van a ser muy arbitrarios, porque
nos encontramos con que un día el señor Luzón dice, en un momento
determinado, que Argentaria va a sufrir un determinado proceso, y al cabo
de poco tiempo vemos que este proceso se va acelerando hasta llegar a la
segunda privatización de Argentaria en este momento concreto, y a otra
tercera. Por ello, nos interesaría saber qué metodo y, naturalmente, qué
contenidos se van a utilizar, dentro de este método, para racionalizar el
proceso, porque nos parecería bien, coincidiendo en esto con el señor
Secretario, dar una coherencia al sector público para intervenir
precisamente en este momento de crisis y de recesión económica.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Viñuela.




El señor SECRETARIO GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS (Viñuela
Díez): Efectivamente, mi exposición fue inconcreta al contestar sobre la
cuantificación de la congelación de las retribuciones de los
funcionarios. Dije que la cifra estaba en torno a los 55.000 millones de
pesetas por punto. Naturalmente, el importe total dependería del número
de puntos en que se hubieran actualizado esas retribuciones.




El señor PRESIDENTE: Señores, con esta contestación del señor Viñuela
termina la comparecencia del Secretario General de Planificación y
Presupuestos.




--DEL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (DELGADO PACHECO), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 212/000162.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente comparecencia, del Director
General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor García-Margallo.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Le doy la bienvenida a esta Casa, en
nombre del Grupo Popular, señor Director General, la enhorabuena por su
reciente nombramiento y le deseo todo género de éxitos y venturas en el
desarrollo de su función.

Muy brevemente, señor Director General, y siguiendo la tradición de lo
que es este trámite parlamentario, me limitaré a formular las preguntas
que mi Grupo Parlamentario considera pertinentes para la formulación de
enmiendas o fijación de sus posiciones respecto a los Presupuestos del
Estado.

Los bloques temáticos y las preguntas concretas son las siguientes.

En materia de organización, ¿cómo va a plasmar la Agencia Estatal
Tributaria la incorporación de los representantes de las comunidades
autónomas, propiciada por el reciente pacto sobre financiación? ¿Existe,
además de las reformas que hay que introducir por la incorporación de
estos representantes de comunidades autónomas, alguna otra reforma
derivada de la experiencia y marcha de la Agencia Estatal Tributaria?
¿Considera el señor Director General que es necesario proceder a alguna
reforma adicional, además de la obligada por el pacto de financiación?
En segundo lugar, en materia de presupuestos y muy concretamente en el
capítulo 2, aparece una partida de estudios y trabajos técnicos dotada
con 142 millones de pesetas. No es una cuantía excesivamente importante,
pero sí choca que la Agencia Estatal, que cuenta con magníficos
funcionarios compañeros del señor Director General y míos, tenga que
encargar estudios fuera. La partida de otros, que es muy socorrida, está
en 250 millones. ¿Qué son estos otros, señor Director General?
En el capítulo 8 choca el incremento de los activos financieros en un
82,20 por ciento. ¿A quién presta la Agencia Tributaria dinero? ¿A qué
objetivo responde el que se convierta en entidad financiera y prestamista
de dinero a terceros?
En materia de objetivos se repiten, en la introducción de dos programas,
las dos clásicas funciones de la Agencia: la cooperación con los
contribuyentes en cumplimiento de sus obligaciones tributarias y la
represión del fraude.

En estas materias, y centrándome en la primera, es decir, facilitar a los
ciudadanos sus obligaciones tributarias, supongo que el Director General
conoce la posición de mi Grupo Parlamentario --reiteradas veces expuesta
y que lo va a ser el futuro con la misma reiteración y tenacidad-- de
establecer un estatuto del contribuyente que restablezca el equilibrio
entre las prerrogativas de la Administración y sus libertades, no sólo
como exigencia del principio de seguridad jurídica, sino también como
principio legitimador para la represión contra el fraude fiscal.

En esta materia, el Ministerio de Economía y Hacienda está trabajando
desde hace tiempo en la modificación, en la revisión de la Ley General
Tributaria, pero en lo que al Director General compete, sin perjuicio de
que pueda opinar sobre la Ley General Tributaria, si lo tiene a bien sí
quisiera hacerle algunas precisiones muy concretas.

Es relativamente frecuente y conocido el que se estén aplicando sanciones
por infracciones tributarias de forma automática, sin la más mínima
prueba, ni siquiera intento de probanza de la culpabilidad del
contribuyente, en contra de lo establecido en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y concretamente en la sentencia del año 1990. La
pregunta concreta es: ¿No cree necesario el señor Director General cursar
instrucciones severas para



Página 836



que el procedimiento sancionador se inicie en los casos en que
razonablemente se estime ánimo defraudador? Que no se diga sólo que la
simple negligencia es justificación de tales actuaciones que llevan
sanciones entre el 150 y el 300 por ciento.

La modificación concreta en materia de libertades y derechos de los
contribuyentes hace referencia a la iniciación automática del
procedimiento ejecutivo, procedimiento ejecutivo que se pone en marcha
incluso en aquellos casos en que se solicita el aplazamiento, el
fraccionamiento, es decir, en aquellos casos en que existe una
manifestación expresa por parte del contribuyente de pagar; en aquellos
supuestos en que se haya pagado con ligero retraso y antes de recibir
providencia de apremio, en contra, en mi opinión, de la jurisprudencia de
los tribunales. La pregunta aquí es: ¿no sería más lógico volver al
sistema anterior con una providencia de apremio previa a la iniciación
del procedimiento?
Una tercera pregunta hace referencia --es pregunta y es exhortación-- a
una cierta delicadeza en la manipulación de las cuentas corrientes, hoy
sujetas a embargo sin causa real o cuando ya ha desaparecido el impacto.

Por tanto, en este tema, a mi juicio, son tres los aspectos fundamentales
en materia de libertades sin perjuicio de lo que contemplamos en el
Estatuto del Contribuyente y lo que el Gobierno contempla en la Ley
General Tributaria: primero, no imposición de sanciones cuando no se
demuestra la culpabilidad, para huir del sistema de responsabilidad
objetiva condenado por el Tribunal Constitucional; segundo, cuidado en el
procedimiento de apremio, que a mi juicio debe iniciarse por un acto
administrativo, como era normal en la legislación anterior, y, tercero,
una cierta delicadeza en el manejo de las cuentas corrientes, entre otras
cosas porque con la libre circulación de capitales podríamos encontrarnos
con la desagradable sorpresa de desplazamiento de cuentas corrientes al
extranjero y pérdida de recursos tributarios para la Hacienda.

En materia de fraude vamos a solicitar, en el trámite de enmiendas, una
elaboración del fraude tributario por categorías impositivas y niveles de
renta. Mi Grupo Parlamentario recuerda que en la época del Gobierno
anterior, de la Unión de Centro Democrático, el Instituto de Estudios
Fiscales elaboró un libro blanco sobre fraude fiscal en el que se
diagnosticó el estado de la situación, y de ese diagnóstico salieron
soluciones concretas para reprimir el fraude.

El Director General sabe que mi Grupo Parlamentario colaborará con el
Gobierno, como ha sido norma y tradición, en la represión del fraude,
pero, como dice el poeta, no hay viento favorable para el que no sabe a
dónde va. Probablemente sea importante el que sepamos dónde está y que
característica tiene.

Relacionado con esta materia hemos expuesto en reiteradas ocasiones que
desde el punto de vista de pérdida de ingresos, de pérdida de
recaudación, de pérdida de los recursos que este país necesita
desesperadamente, tan grave como el fraude fiscal propiamente dicho es la
elusión al amparo de mecanismos tributarios, al amparo de la red de los
convenios de euroimposición, al amparo, en definitiva, de la libre
circulación de capitales. Comprendo que para evitar eso la única
solución, y es muy probable que el Gobierno en que usted se incardina sea
capaz de hacerlo, es que tengamos un sistema fiscal competitivo con el
resto de los países europeos en materia de plusvalías, de doble
imposición, etcétera. No es éste el objeto de mi pregunta. El objeto de
mi pregunta es si la Agencia Estatal Tributaria tiene alguna estimación
razonable de cuál es la pérdida de recursos tributarios que se deriva de
la elusión tributaria, es decir, de la deslocalización del ahorro e
inversiones como consecuencia del desequilibrio entre nuestro sistema
fiscal y los sistemas fiscales competitivos en el marco de la Comunidad
Económica Europea o de países de fuera de ella con un clima fiscal más
benigno o simplemente un clima fiscal más razonable.

En materia de beneficios fiscales, señor Director General, le anuncio
--no es una pregunta-- que también mi Grupo Parlamentario va a pedir un
análisis coste-beneficio de todos y cada uno de los beneficios fiscales
que se incorporan a la Ley de Presupuestos, que muchas veces se aprueban
en un momento determinado, se cristalizan en la legislación y de
perpetúan sin que nadie se haya tomado la molestia de saber si son o no
eficaces para el objetivo para el que fueron aprobados o si existen
medidas alternativas más baratas.

En materia de previsiones de recaudación haré un comentario, si es que
está en las competencias del Director General, porque hay cifras que me
sorprenden enormemente. Me sorprende que para el año que viene se prevea
un incremento de la recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del 6,3 por ciento, siendo así que la previsión de
incremento del producto interior bruto es sólo del 1,3 por ciento.

Aceptando como válido este crecimiento, cosa que, créame, es un acto de
fe realmente importante --desde luego no compartido por Alcaide y otros
analistas que lo sitúan entre un 0,3 y un 0,4--, pero, en fin, dada la
ingenuidad que me caracteriza, aceptando que el PIB vaya a crecer un 1,3
no se entiende, teniendo en cuenta que, de acuerdo con las declaraciones
del Secretario de Estado, la mayor parte de la recaudación viene por la
sujeción a gravamen efectivo de las prestaciones de desempleo, 27.000
millones, si las cifras que nos han dado no me engañan, y teniendo en
cuenta que van a estar por debajo del mínimo exento, no se acierta a
comprender de dónde deducen ustedes que el Impuesto sobre la Renta va a
crecer el 6,3. En época del Secretario anterior la elasticidad de dicho
Impuesto sobre la Renta era unos días el 1,5 y otros el 1,7 pero nunca
más. Es posible que estirándola llegue a ésta.

Tampoco se entiende demasiado bien de dónde van a sacar ustedes un
incremento en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 500.000 millones de
pesetas, teniendo en cuenta la situación de la demanda.

Resumo, por tanto, problemas de organización, problemas de presupuesto,
fundamentalmente capítulos 2 y 8, problemas de modificación de las
instrucciones en materia de sanciones, procedimiento de apremio y



Página 837



embargo de cuentas corrientes, problemas relativos a la recaudación, y el
resto que he ido desgranando a lo largo de esta corta exposición, que
termino reiterándole mi bienvenida a esta Cámara, ofreciéndole, como es
norma y tradición, la colaboración de mi Grupo, especialmente en lo que
se refiere a la represión del fraude y la elusión y, en definitiva, para
todo lo que sirva para mejorar la eficacia de la Hacienda Pública, en
general, y de la Agencia Estatal que usted dirige, en particular.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General de la
Agencia Estatal.




El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (Delgado Pacheco): En primer lugar, y como cortesía, quiero
agradecer su bienvenida y, por supuesto, ponerme a disposición de lo que
S. S. quiera en cualquier momento respecto de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.

Pasando a analizar ya concretamente los temas sobre los que me
preguntaba, en primer lugar aludía a la representación de las comunidades
autónomas en la Agencia. Es evidente que no va a ser misión de la propia
Agencia Estatal de la Administración Tributaria decidir cómo se va a
articular la representación o presencia de las comunidades autónomas en
los órganos de dirección o en los órganos consultivos del presidente de
la propia Agencia. De todas formas, como es sabido, el propio Consejo de
Política Fiscal y Financiera ha tenido ocasión de pronunciarse de una
forma amplia sobre este tema, en el bien entendido de que, efectivamente,
deberá articularse una participación en algún modo de las Comunidades
autónomas en los órganos directivos o consultivos de la Agencia, y parece
lógico pensar, teniendo en cuenta este acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, que la participación de las comunidades autónomas se
lleve a cabo a través de un consejo en el que estén representadas todas
las comunidades autónomas o en el que haya unos representantes de las
mismas junto con unos representantes de la propia Administración
Tributaria del Estado, y que este consejo, órgano de relación u órgano de
coordinación, participe en la elaboración de la política gestora de la
propia Agencia Estatal de Administración Tributaria. Este órgano se
completaría, en su caso, con otros órganos territoriales a nivel de cada
comunidad autónoma y, por tanto, de lo que hoy es cada delegación
especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En segundo lugar, en cuanto a otras reformas o alteraciones en la
reorganización de la Agencia, efectivamente, como S. S. seguramente
conoce, la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizó, durante
el año 1992 y durante buena parte del presente año 1993, un esfuerzo
dirigido a estudiar cuál podría ser su mejor organización, cuáles podrían
ser los métodos y procedimientos de trabajo más eficaces y, por último,
asimismo, cuál podría ser un nuevo planteamiento de sus relaciones con
los contribuyentes, según deseo de la Administración tributaria de
mejorar esas relaciones. Esto dio lugar a un llamado Plan estratégico de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que fue elaborado a
principios de este año, y que fue incluso ampliamente debatido y
discutido, dentro de la propia organización por las implicaciones de todo
tipo que, para una organización como la Agencia Tributaria, tiene un plan
así.

En estos momentos, la decisión lógica a adoptar (o por lo menos la
decisión que nos parece lógico adoptar, que no es lo mismo) es la de ir a
una implantación progresiva y paulatina de ese Plan estratégico, pero
evidentemente hay que establecer unos calendarios para llevar a cabo esa
implantación y, por otra parte, hay que tener también en cuenta todos los
resultados del debate habido en la organización. De ahí que no vaya a
haber una reestructuración a corto plazo de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria en el sentido de un cambio en los departamentos
actuales de la Agencia, o de una alteración en la organización funcional
y territorial básica actual de la Agencia Tributaria. Sí que se va, por
supuesto, en aras de lograr esa mayor eficacia, a adoptar una serie de
medidas, como son (por resumirle y, si usted quiere, se lo amplío con el
detalle que desee): un esclarecimiento de las líneas jerárquicas dentro
de la Agencia de cuál es el papel de cada directivo dentro de la misma
para evitar confusiones que hayan podido existir; una reorganización más
en profundidad de la administración aduanera, como consecuencia del
impacto que ésta ha sufrido a raíz del 1.º de enero de 1993 debido a la
constitución del mercado único europeo; asimismo, una mejora de la
coordinación entre las distintas tareas básicas de la Agencia, como son
las de gestión, inspección y recaudación, en el sentido habitual, con el
fin de conseguir más eficacia en el objetivo global de la Agencia, que,
como usted muy bien ha señalado, sería, por una parte, el de mejorar
nuestras relaciones con los contribuyentes en el servicio público que le
prestamos y, por otra, ser más eficaces en la lucha contra el fraude
fiscal.

Por lo que se refiere al tema presupuestario, yo preferiría, si los usos
parlamentarios me lo permiten, contestarle por escrito, y con detalle a
las tres partidas concretas, y lo haré mañana mismo. No obstante, sí le
puedo decir, en el tema de los estudios y trabajos técnicos que a S. S.

le preocupaban especialmente, que en realidad la Agencia Tributaria,
efectivamente, es una organización altamente cualificada, con unos
funcionarios especialmente preparados, como S. S. conoce. Lo único que
ocurre es que necesitamos servicios técnicos externos, fundamentalmente
en algunas áreas muy concretas. En algún caso, como es el área de
informática, como consecuencia de servicios de asistencia técnica
estrictamente informática, y, por otra parte, hasta porque nos lo exige
la ley, como puede ser en materia de valoraciones, donde, en ocasiones,
hay que pagar a peritos terceros como consecuencia también de
determinadas valoraciones que hay que hacer.

De todas formas, insisto, yo le desglosaré tanto la ejecución
presupuestaria que ha habido el año pasado y en el presente año, como
estos epígrafes en el capítulo de



Página 838



otros y el tema de ingresos financieros de la Agencia, que no provienen
de que la Agencia preste a nadie, obviamente, sino del hecho de su propia
gestión de tesorería, al tener esta tesorería diferenciada. (El señor
García-Margallo y Marfil: Activos financieros, capítulo 8.º; no son
ingresos.) Se lo enviaré y se lo diré con todo detalle.

Si le parece, pasamos a todo el tema relacionado con los derechos y
libertades, que a su Grupo, efectivamente, le preocupan. Le puedo
contestar con mucho detalle, y con mucho gusto además, porque creo que es
un tema también querido para la administración tributaria, que tiene como
un objetivo mejorar esas relaciones con los contribuyentes, prestar un
adecuado servicio público y, por otra parte, evitar errores, molestias y
cargas innecesarias a los contribuyentes. Creo que en esa filosofía todos
estamos de acuerdo.

El tema del estatuto del contribuyente por supuesto no es una decisión
que corresponda a la Agencia, y el Gobierno adoptará las decisiones que
considere oportunas. No obstante, sí le puedo decir que tal vez fuera
preferible enmarcar todo el tema de los derechos y prerrogativas o de los
derechos y garantías de los contribuyentes en el marco de una nueva ley
general tributaria. Desde el punto de vista de la Agencia Tributaria, una
nueva ley general tributaria es necesaria, es urgente y es conveniente,
puesto que, como S. S. conoce tan bien como yo, tenemos una Ley General
Tributaria demasiado antigua, una Ley que en materia de procedimiento de
gestión data del año 1963, que no ha sido adaptada adecuadamente a muchos
hitos legislativos y gestores desde la propia Constitución española hasta
las distintas reformas de nuestro sistema fiscal. Por tanto, desde el
punto de vista de la Administración tributaria, la reforma de la Ley
General Tributaria o la existencia de una nueva ley general tributaria
es, digamos, un objetivo prioritario, aun cuando sea la Dirección General
de Tributos, fuera de la Agencia Tributaria, la que deba pergeñar ese
objetivo. A mí personalmente me parece que en una ley general tributaria
debería establecerse un adecuado equilibrio entre lo que son facultades y
atribuciones de los órganos administrativos y lo que son derechos y
garantías de los contribuyentes.

Me planteaba usted unos temas muy concretos y yo le voy a ser muy franco.

Creo que no es necesario dar ninguna instrucción sobre la culpabilidad y
la apreciación de la culpabilidad en el procedimiento sancionador en el
ámbito de la gestión tributaria, porque no hay nada peor en una
organización que reiterar las instrucciones dadas. Si es que no se
cumplen, habrá que adoptar medidas, y estamos dispuestos a adoptarlas.

Pero ya hubo una circular de la Dirección General de Inspección
Financiera y Tributaria, de 29 de febrero de 1988, si mal no recuerdo, en
la que se estableció claramente el acatamiento a lo que fue una doctrina
del Tribunal Supremo, reiterada a partir del año 1987 y después
confirmada por el Tribunal Constitucional en la sentencia que usted
señalaba, de 26 de abril de 1990. Por tanto, para la Administración
tributaria no ofrece ninguna duda que el procedimiento sancionador en el
ámbito tributario, como no puede ser de otro modo con la Constitución
española en la mano, exige la apreciación de la culpabilidad. Cierto es
que la Ley vigente, en su artículo 77, establece que esa culpabilidad se
entenderá inclusive a título de simple negligencia y corresponde
precisamente al Gobierno en su iniciativa legislativa y a esta Cámara
determinar si en una ley general tributaria futura esa simple
negligencia, como apreciación de la culpabilidad, se entiende suficiente
o hay que ir a otra matización de otro tipo o cómo juega la voluntariedad
en la graduación de las sanciones que puede ser como hoy juega o de un
modo diferente en nuestro procedimiento de gestión.

Por otra parte, en efecto, como usted muy bien ha señalado, el
procedimiento de apremio hoy no es que se inicie automáticamente, sino
que el recargo de apremio se produce automáticamente, que es, si me
permite la expresión, tal vez lo que a S. S. le importaba. Efectivamente,
con las reformas que hubo del artículo 128 de la Ley General Tributaria,
la ley se separó, entre comillas, de lo que era la doctrina tradicional
del Tribunal Supremo, entendiendo que el mero hecho de no pagar una deuda
tributaria o una deuda de derecho público en su plazo voluntario generaba
el recargo de apremio del 20 por ciento. Para la Administración
tributaria eso es así legalmente y, por tanto, legalmente la ley nos
obliga a actuar de esta forma. También, en este caso, la Agencia
Tributaria no estará sino a lo que legislativamente se disponga en su
momento sobre la conveniencia o no de volver a un sistema en el que el
recargo de apremio se vinculaba no al impago de la deuda sino a la
providencia de apremio, o en el cual el recargo de apremio, por ejemplo,
se graduara en función del momento en que se produjera el pago.

En cuanto al embargo de cuentas corrientes, también estoy totalmente de
acuerdo con S. S. en el sentido de que la Administración tributaria debe
ser cuidadosa en el embargo de cuentas corrientes. Debe el contribuyente
ser notificado y advertido adecuadamente, tanto en el período voluntario
como en el período ejecutivo, y se debe limitar todo tipo de errores en
los embargos de cuentas corrientes por muy masivos que desgraciadamente
sean para nosotros en estos momentos. Piense usted que podemos estar
hablando de un millón de certificaciones de descubierto al año las que
recibe la Administración tributaria en estos momentos, lo que da lugar a
una masificación del procedimiento de reclamación en vía de apremio. No
obstante, debemos ser cuidadosos, debemos evitar errores, pero es cierto
que el embargo de cuentas corrientes es un método necesario de trabajo en
la recaudación ejecutiva, si es que la recaudación ejecutiva debe ser
eficaz, y si, por otra parte, se debe asegurar el pago de las deudas
tributarias.

Respecto al fraude, efectivamente, la Agencia Tributaria tiene como
objetivo primordial la lucha contra el fraude fiscal. En este sentido, la
Inspección de los tributos va a realizar toda una serie de actuaciones,
tanto en el curso del presente año como en el próximo, dirigidas
fundamentalmente a la lucha contra el fraude fiscal. Es cierto que
estratégicamente la Agencia Tributaria tiene un doble objetivo, y ese
doble objetivo debe ser mantenido



Página 839



claramente. Por una parte, un mejor servicio al contribuyente y, por
tanto, favorecer de esta forma el cumplimiento voluntario y, por otra
parte, lucha contra el fraude fiscal. En estos momentos necesitamos
insistir sobre todo en la lucha contra el fraude fiscal, podríamos decir,
porque hemos fracasado en la lucha contra el fraude fiscal o porque hemos
conseguido más éxitos en la prestación de servicio al contribuyente. Y
como S. S. conoce, inclusive en la última campaña del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, pienso sinceramente que la Administración
tributaria puede estar orgullosa del servicio que ha prestado al
contribuyente a través de la cumplimentación informática de
declaraciones, a través de la asistencia telefónica, de la información
telefónica al contribuyente, etcétera. Por tanto, tenemos que insistir en
la lucha contra el fraude fiscal. No tiene en estos momentos previsto la
Agencia Tributaria realizar una evaluación del fraude que han realizado
tradicionalmente otros órganos, y es posible que la Secretaría de Estado
de Hacienda por sí tome esa decisión; lo ignoro en estos momentos. Lo que
sí es cierto es que la Agencia Tributaria va a realizar toda una serie de
planes para mejorar esa lucha contra el fraude fiscal. Por tanto, se va a
favorecer una inspección en profundidad de determinados colectivos de
contribuyentes en situación de mayor riesgo fiscal; se va a incidir,
sobre todo, en la inspección dirigida a aquellos contribuyentes que
pudieran estar evadiendo sus obligaciones desde la perspectiva del
Impuesto sobre el Valor Añadido; se va a insistir en determinados
sectores como el inmobiliario y el de la construcción; se van a aproximar
las verificaciones tributarias al momento en que debieron cumplirse esas
obligaciones.

Como S. S. muy bien señalaba, uno de los terrenos en los cuales se va a
insistir en la lucha contra el fraude fiscal va a ser, desde luego, en el
terreno de la fiscalidad internacional. Es muy discutible si nuestro
sistema fiscal es más o menos favorable, y tampoco ésta es una cuestión
de la Agencia Tributaria, pero por supuesto que la Agencia Tributaria
tiene conciencia de que en estos momentos ha habido una serie de
elementos que han cambiado el entorno de la Administración tributaria: la
liberalización de movimientos de capitales, la desaparición de las
fronteras o de las aduanas intracomunitarias, la internacionalización de
la economía española con la salida de empresas españolas al exterior y la
entrada de empresas extranjeras en España, lo que supone la necesidad,
por tanto, de potenciar claramente nuestras áreas de control de las
operaciones con aspectos de fiscalidad internacional. Y tanto en el
terreno de las inversiones inmobiliarias españolas en el extranjero o
extranjeras en España, en terrenos específicos como inversiones en
régimen de time sharing o en otros aspectos como los de los precios de
transferencia en las relaciones entre matrices y filiales, la Agencia
Tributaria establecerá unidades especializadas en fiscalidad
internacional que se ocuparán precisamente de todo este tipo de
actuaciones y que vigilarán prácticas, como las de abuso de convenio, que
pueden suponer una pérdida importante para la recaudación española,
proponiendo en este sentido a la Dirección General de Tributos la
renegociación de los convenios para evitar la doble imposición
internacional que sean necesarios.

Poco le puedo decir, por lo demás, respecto a los beneficios fiscales,
que también es un tema en este sentido, ajeno a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Por otro lado, como S. S. decía, las
previsiones recaudatorias son responsabilidad, en parte, de la Agencia y
en parte de otros órganos. Efectivamente, la Agencia Tributaria ha
realizado sus estimaciones de crecimiento prudente de la recaudación para
el año 1994, que suponen un crecimiento del IRPF y del Impuesto sobre el
Valor Añadido, pensando en unas condiciones macroeconómicas globales que
pudieran permitir este crecimiento. Por el contrario, el Impuesto sobre
Sociedades verá disminuida su recaudación como consecuencia de la
situación económica y del efecto arrastre que dicho Impuesto tiene, y
reacciona más lentamente a la coyuntura económica que el Impuesto sobre
el Valor Añadido o el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y,
por otra parte, como consecuencia de las medidas normativas, los
impuestos especiales aumentarán en su recaudación.

Habría que entrar en un análisis detenido de todas esas hipótesis
macroeconómicas para explicar las previsiones recaudatorias globales que
no la Agencia como tal, sino el Ministerio de Economía y Hacienda ha
presentado en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado
para el año próximo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director.

Tiene la palabra el señor García-Margallo.




El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Reitero el agradecimiento por su
comparecencia y también nuestro ofrecimiento y nuestra cooperación en la
lucha contra el fraude, que ha alcanzado cifras realmente escandalosas.

Cuando necesite usted ayuda y no la tenga en el Gobierno, no dude en
pedirla a este Grupo Parlamentario, no haya que decir aquello de «buen
vasallo si hubiese buen señor».




El señor PRESIDENTE: Termina la comparecencia del señor Delgado Pacheco,
a quien, en nombre de todos los grupos, debemos desear un gran éxito en
el oficio que ahora comienza.

Se suspende la sesión.




Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




--SOLICITUDES DE COMPARECENCIAS FORMULADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
POPULAR E IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Números de
expedientes 219/000006 y 219/000007; 219/000009, 219/000010, 219/000011 y
219/000012.)



Página 840



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comenzamos la sesión de
esta tarde, cuyo primer punto del orden del día estaba previsto que fuera
la comparecencia, que va a tener lugar ahora, de la Interventora General
de la Administración del Estado.

Ya advertí a la Comisión esta mañana que tendríamos una votación para
decidir por el Pleno de la Comisión sobre unas comparecencias solicitadas
por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con el
Presidente de la CEOE, el Secretario General de la UGT, el Secretario
General de Comisiones Obreras y el Secretario General de la Coordinadora
de Organizaciones Agrarias, de la COA, y dos comparecencias solicitadas
también por el Grupo Popular en relación con el Presidente del Consejo
General de la Abogacía y con el Presidente de ANIE (Asociación Nacional
de Industrias Electrónicas).

De acuerdo con las normas de delegación que el pleno de la Comisión
realizó hace muy poco tiempo, en la primera sesión que tuvimos después de
la sesión constitutiva, la Mesa operaba, sin más, cuando su decisión
fuera unánime, y tenía que ser remitida la decisión de la Mesa cuando
ésta no lo fuera. Bien es cierto que había un último párrafo que indicaba
que sería la Mesa soberana, por decirlo así, es decir, tendría toda la
delegación de facultades por parte de la Comisión cuando se tratara de
comparecencias relacionadas con el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Esta Presidencia entendió, y así lo manifestó esta
mañana en la reunión que tuvimos la Mesa y los portavoces, que, si bien
para las comparecencias relacionadas con la Ley de Presupuestos la Mesa
podía decidir con plena soberanía, gozando de la plena delegación de la
Comisión, el espíritu que animó a la redacción de aquellas normas y
después al acuerdo de la Comisión era que se estaba pensando no en
cualquier tipo de comparecencias, sino en las comparecencias de los
representantes de la Administración central del Estado, con el fin de
dotar de agilidad necesaria al conjunto de los debates presupuestarios y
a las comparecencias que aquellos debates rodeen.

Por tanto, al final hemos decidido que, como el acuerdo de la Mesa era un
acuerdo mayoritariamente favorable a las comparecencias que tanto
Izquierda Unida como el Grupo Popular planteaban, no le era de aplicación
la delegación correspondiente a la Ley de Presupuestos, sino la normal,
por así decirlo y, por tanto, la decisión correspondía a la Comisión. Por
eso la Mesa y esta Presidencia va a someter al Pleno de la Comisión la
aceptación o no de la petición, en un caso de Izquierda Unida y en otro
caso del Grupo parlamentario Popular, sobre las comparecencias a las que
he aludido.

La votación, la Mesa y la Presidencia no la pueden someter comparecencia
por comparecencia; puede, en un bloque, agrupar las comparecencias de
Izquierda Unida y en otro bloque agrupar las comparecencias del Grupo
Popular, o puede someter en bloque las seis comparecencias, es decir, las
solicitadas por el Grupo Popular y las solicitadas por el Grupo de
Izquierda Unida. La Presidencia está más bien en la idea, por economía
del proceso, de someterlas todas en bloque y lo hará así si no se le dice
nada en contrario. Simplemente, con que se le diga algo en contra por el
representante de algún grupo, la sometería separadas las solicitadas por
Izquierda Unida a las solicitadas por el Grupo Popular o incluso, si se
le plantea, todas y cada una de ellas por separado. (Pausa.)
Como no veo objeciones, la Presidencia someterá en conjunto y en bloque
la aceptación o no por la Comisión de las cuatro comparecencias
planteadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y las dos comparecencias solicitadas por el Grupo parlamentario
Popular. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Es rechazada la petición de estas seis
comparecencias. El señor Arias-Salgado pide la palabra. Tiene la palabra
el señor Arias-Salgado.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Yo querría hacer uso del derecho
reglamentario de explicación de voto, al amparo del artículo 89.3 del
Reglamento.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo quiere utilizar este turno?
(Pausa.)
Como lo han solicitado todos los grupos, menos el Grupo Vasco (PNV),
daremos la palabra por el orden de mayor a menor.

En primer lugar, por el Grupo parlamentario Socialista tiene la palabra
el señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Con extrema brevedad. La razón del voto negativo
de mi Grupo no tiene en absoluto que ver con el interés que tiene para
nosotros escuchar en esta Cámara las opiniones autorizadas y siempre
doctas de los representantes de los interlocutores sociales, de las
organizaciones empresariales e incluso del Presidente del Consejo General
de la Abogacía. Nuestro voto en contra tiene que ver con razones de
forma, del trámite en el que estamos.

En estas comparecencias de presupuestos estimamos que los llamados a
informar a esta Comisión, y, a través de nosotros, a la cámara o a las
demás comisiones que los siguen, son única y exclusivamente los
representantes de la Administración del Estado, que nos explican el
contenido o detalles que tienen que ver con el contenido del proyecto que
debatimos ahora y, por lo tanto, nos parece que haber admitido las
comparecencias de aquellos que no sean representantes de la
Administración del Estado desvirtuaba el trámite en el que nos
encontramos en este momento.

Conocedores, además --y lo sabe el señor Presidente--, de que otros
grupos han planteado, por la vía del artículo 44 del Reglamento, la
comparecencia en la Comisión correspondiente de algunos de los antes
citados --del presidente de la patronal y de los secretarios generales de
los dos grandes sindicatos, de las dos grandes centrales sindicales de
clase--, yo quiero anunciar, para que no haya ningún tipo de equívoco,
que en la Comisión correspondiente,



Página 841



y en virtud del trámite basado en el artículo 44 del Reglamento, mi Grupo
estará a favor de las mismas. Por lo tanto, cualquier otro tipo de
interpretación que se pudiese dar a nuestro voto quedaría desmentida con
mis palabras.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arias-Salgado.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, mi Grupo parlamentario
apoya las iniciativas, las propias y las de otros grupos parlamentarios,
por tres razones fundamentales. En primer lugar, por una razón
institucional. No parece lógico que solamente el Gobierno en relación con
el tema presupuestario pueda dialogar y debatir con empresarios y
sindicatos. Si el Gobierno tiene, por supuesto, derecho a hacerlo, otro
igual derecho tienen los órganos de este Parlamento y concretamente la
Comisión de Presupuestos a la hora de enfrentarse con una de las leyes de
presupuestos más importantes de los últimos años.

Hay una segunda razón, que es de orden económico. La situación de la
economía española, la crisis por la que atraviesa va a exigir un esfuerzo
de toda la sociedad, y en esa sociedad tienen un papel primordial en toda
la cuestión económica tanto los sindicatos como las organizaciones
empresariales. No tiene lógica que esta Cámara, a la hora de debatir los
presupuestos y a través de su Comisión, se desentienda de la importancia
de sus agentes sociales.

Y hay una razón presupuestaria que opera también en tercer lugar. El
Estado es el primer empresario de este país, y como primer empresario de
este país tiene una relación inmediata con todo el sector privado y tiene
una relación inmediata con los sindicatos.

Desde todas esas perspectivas y por este conjunto de razones se produce
una influencia decisiva en la actitud de empresarios y sindicatos en la
buena marcha de la economía del país y, por tanto, también en los
Presupuestos Generales del Estado en sus diversas dimensiones.

Dichas estas razones, a nuestro juicio el voto está plenamente
justificado y cualquiera que sea la razón a la que se apele de tipo
reglamentario, aquí hay, al final, señor Presidente, una doble conclusión
obvia, que es el hecho político de evitar que en la Comisión de
Presupuestos comparezcan los sindicatos y las organizaciones
empresariales para dialogar con los grupos parlamentarios en relación con
unos presupuestos que tienen una importancia decisiva.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ-MASATS: El Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya ha pedido estas comparecencias desde la lógica y desde la
prioridad política y, naturalmente, respaldado por el Reglamento y el
acuerdo de delegación de la Comisión a la Mesa. Hay que dejar aquí
sentado que es la primera votación que pierde el Partido Socialista y el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), porque ha perdido la primera
votación en esta Cámara, en la Mesa que se ha celebrado esta mañana, a la
hora de pensar si era lógico, justo, reglamentario y político que
comparecieran o no los secretarios generales de Comisiones Obreras, de
UGT, el Presidente de la CEOE y de la COAG.

Porque el problema de fondo no es un problema reglamentario, aunque
también se cumple; es un problema de tipo político, de prioridad
política. Estoy hablando de interlocutores privilegiados a la hora de
intentar hacer un texto presupuestario; interlocutores privilegiados con
el Gobierno, de cuyas conversaciones sólo nos enteramos los, perdón,
padres de la patria a través de la prensa; interlocutores privilegiados
porque dijo el señor González, Presidente del Gobierno, que le interesaba
tanto la estabilidad de su Gobierno cuanto el acuerdo social o de empleo
con los sindicatos. Por lo tanto, estamos hablando de un tema
fundamental, hayan llegado o no a acuerdo. Por cierto, estos
interlocutores sociales y presupuestarios comparecieron en esta Cámara en
el año 1990. Entonces, efectivamente, hubo acuerdo en el texto
parlamentario, pero, ahora, políticamente se han opuesto --aunque he
visto un matiz, un sesgo en la posición del portavoz del Partido
Socialista-- tanto el PSOE como el Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Quizá porque no ha habido acuerdo político en torno al texto
presupuestario, cosa que no tiene nada que ver con los aspectos
reglamentarios --con el acuerdo de la delegación de la Comisión a la
Mesa--; quizá porque, efectivamente, no es posible, si hubiera desvelado
en gran parte el contenido, un acuerdo a la vez con el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), con los sindicatos. Esto es lo que también
intentábamos preguntar de cara al contenido político de este texto.

Voy terminando, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: El turno es para explicar su voto, no el de los
otros.




El señor ALCARAZ MASATS: Por eso digo por qué Izquierda Unida ha pedido y
ha votado este asunto.

Reglamentariamente hemos votado a favor porque es perfectamente posible
en tiempo y forma. Según el Reglamento, pueden comparecer cargos de la
Administración del Estado y personas competentes, y si esta palabra
«competentes» aparece en un parágrafo distinto al anterior, es que son
personas que no tienen nada que ver con la Administración del Estado y
son competentes en cuanto que han participado o tienen algo que decir en
torno al texto presupuestario. En todo caso, no hay ningún tipo de
indefensión, o la indefensión se puede producir en función de un cierto
tiempo político que no controlamos nadie.

Por ejemplo, nosotros también nos sentimos en cierto grado indefensos
porque hemos conocido a través de los medios de comunicación que ayer --y
la noticia se produjo desde el Palacio de la Moncloa-- hubo un acuerdo
con



Página 842



otras fuerzas políticas en torno a los presupuestos. A nosotros nos
hubiese gustado, si hubiéramos tenido tiempo, pedir la comparecencia del
señor Pujol (Risas), miembro de la Administración General del Estado;
entra dentro del reglamento y, por tanto, nos sentimos indefensos...




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, el turno es para explicar, como
representante de Izquierda Unida, la actitud y el voto de Izquierda
Unida.




El señor ALCARAZ MASATS: Lo estoy explicando, señor Presidente, y
termino.

En todo caso, le tomamos la palabra al señor Almunia, que dice que a
través de otro artículo aceptaría esta comparecencia y hoy mismo ya
consta en el registro de la Cámara esta petición, siguiendo la vía que el
señor Almunia ha propuesto. Esperemos que esta vez no haya una
contradicción entre la Mesa, donde hemos ganado la votación, y la
Comisión, donde acabamos de perderla por un estrechísimo margen.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, voy a explicar el voto que ha
manifestado mi Grupo en esta ocasión. Nos hemos opuesto a la solicitud de
tramitación de estas comparecencias por las cuatro siguientes razones.

Primera, mi Grupo entiende que el trámite de comparecencia para la Ley de
Presupuestos del Estado es un trámite que debe circunscribirse a los
altos cargos de la Administración del Estado. Nuestro Grupo comprende el
interés de los grupos proponentes, pero el Grupo parlamentario que yo
represento cree que los destinatarios de los presupuestos públicos no
caben en el trámite reglamentario de comparecencia de altos cargos en
este trámite de discusión de la Ley de Presupuestos.

Segundo, si la interpretación fuere la de que se puede plantear cualquier
comparecencia de cualquier ciudadano de España, nuestro Grupo, si lo
hubiera sabido así con anterioridad al plazo, hubiera solicitado también
otras comparecencias, como podían ser las de otras organizaciones
sindicales u otras organizaciones de ciudadanos, pensionistas,
administraciones públicas, etcétera.

Tercero, el trámite por el que se ha solicitado la comparecencia de estas
personas, señor Presidente, es un trámite que, de acuerdo con el
reglamento, sólo permite que intervenga el solicitante y el
compareciente, y nuestro Grupo desearía, en el caso de que esta Cámara
escuchase un día las opiniones de los representantes de los sindicatos y
de las organizaciones poder participar en este debate.

Por consiguiente, hoy y esta mañana --y cuarto punto, señor Presidente--,
hemos propuesto a los grupos parlamentarios proponentes que recondujeran
su iniciativa y la tramitaran por el conducto de las comparecencias
generales de cualquier alto cargo, cualquier persona, cualquier
responsable político, social o económico y que se pudiera tramitar en el
trámite de la Comisión de Presupuestos o cualquier otra Comisión. Esto no
se ha deseado, aunque ahora se nos comunica que sí y, por lo tanto, nos
vemos obligados, por las razones de fondo de no desvirtuar lo que es un
trámite estricto de comparecencias de altos cargos, a tener que votar en
contra de esta petición.

Por último, señor Presidente, nuestro Grupo quiere formalizar a la Mesa
de esta Comisión una propuesta: que esta Mesa eleve en forma a la Mesa de
la Cámara y a los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados para
que se interprete de una vez por todas esta cuestión y que no tengamos en
próximos ejercicios que interpretar el Reglamento de la forma que este
Diputado ha tenido que hacerlo.

Mi deseo y voluntad política no es poner ningún obstáculo a la presencia
en esta Cámara de los representantes de las organizaciones sindicales ni
de las organizaciones empresariales, sino todo lo contrario; nuestra
posición será favorable en las peticiones que se han formulado en la
Comisión de Economía. Pero, señorías, hemos de ser serios y lógicos y el
trámite de consultas para la Ley de Presupuestos Generales del Estado es
un trámite para pedir la comparecencia de los responsables del
presupuesto, no de los destinatarios del presupuesto.

Por lo tanto, pedimos que, en aras de estos criterios, se nos respete esa
posición, que es la que justifica el voto que hemos manifestado.




El señor PRESIDENTE: La Mesa y la Presidencia recibirá la propuesta del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), la tratará de estudiar en su primera
reunión, que me parece hemos previsto que tuviera lugar el miércoles de
la semana próxima para calificar las enmiendas que, por ser posiblemente
portadoras de aumento de gastos o disminución de ingresos, tenemos que
calificar. En todo caso, como sabe S. S., ni la Presidencia ni la Mesa,
con independencia de la posición distinta que unos y otros miembros
hayamos mantenido, ha tomado parte ni decisión en este tema, puesto que
si hubiera habido alguna cuestión que hubiera impedido a la Presidencia,
en primer lugar, a la Mesa, en segundo, a los portavoces, en tercero, y
al pleno de la Comisión, en cuarto lugar, decidir sobre ese tema, quien
tenía la capacidad reglamentaria para impedirlo era la Presidencia de la
Cámara o, quizá, la Mesa de la Cámara que no lo hicieron; ellos lo
tramitaron, así nos llegó y nosotros le hemos dado el cauce que hemos
tenido por oportuno. En todo caso, me parece muy acertada esa propuesta y
en la primera reunión, que se me indica que es el día 27, a las nueve y
media, trataremos de este tema, señor Homs.

Por el Grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Desde Unión Valenciana he dado mi voto. Creo
que con la objetividad me he opuesto a la comparecencia --desde la
objetividad de la comparecencia-- de unos agentes sociales ante los



Página 843



cuales los partidos políticos podemos --y algunos hemos establecido
contactos-- conocer cuáles eran sus reacciones frente a los Presupuestos
Generales del Estado. Si el Grupo de Izquierda Unida tuviera problemas al
establecer estos contactos con los sindicatos o el Partido Popular con la
CEOE, yo me brindo para poderles facilitar la posibilidad de... (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, como he advertido al señor
Alcaraz antes, el turno es para explicar su voto. Los consejos que tenga
que dar a los grupos parlamentarios tienen otro trámite.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Lo hago, señor Presidente. Era un mero
ofrecimiento de buena voluntad.

Señor Presidente, yo entiendo que no, aquellos destinatarios del
presupuesto en algunos casos no estarán de acuerdo --yo creo que
prácticamente todos ellos--, pero, como ya he dicho, mi partido ha tenido
posibilidad de contactar con todos y cada uno. Además, creemos que se
crearía un agravio comparativo importantísimo porque, sindicatos ¿vienen
todos?: no; organizaciones empresariales, ¿vienen todas?: no. Estamos
hablando del Presidente General de la Abogacía y, ¿por qué no el de la
Asociación Valenciana de Caridad (Risas), que está, además, declarada de
interés público y que también le gustaría conocer y saber cuáles son los
destinos de los fondos? En definitiva, yo creo que se abriría una
dinámica que no es buena. Por supuesto, yo estoy de acuerdo, quiero --y
me parece muy bien-- que comparezcan en las Comisiones correspondientes,
al amparo de este artículo 44, en el que desde siempre Unión Valenciana
tendrá los brazos abiertos, y nos gustaría que compareciera todo agente
social que pueda darnos cualquier luz en este presupuesto o en cualquier
otro, pero, sinceramente, un sitio para cada cosa y cada cosa en su
sitio.




--COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994. (Número de expediente
121/000013.) (Continuación.)



--DE LA INTERVENTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (ESTESO
RUIZ), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
212/000161.)



El señor PRESIDENTE: Comienza la comparecencia de la Interventora General
de la Administración Central del Estado.

Quiero indicar, para conocimiento de los grupos y de SS. SS., que mañana
la sesión de la tarde, en lugar de comenzar a las cuatro y media,
comenzará a las cuatro y a dicha hora tendrá lugar la comparecencia del
Presidente del Instituto de Crédito Oficial, que había llegado a la Mesa
solicitada, fuera de plazo, por el Grupo parlamentario Popular y que
definitivamente ha sido aceptada. Tendrá lugar a las cuatro y a las
cuatro y media comenzarán las comparecencias en el turno previamente
establecido.

Comienza la intervención de la Interventora General de la Administración
del Estado.

La comparecencia de la Interventora General ha sido solicitada por el
Grupo parlamentario Popular y, en su nombre, tiene la palabra el señor
Arias-Salgado.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Buenas tardes, señora Interventora.

Permítame que comience con un juicio de valor, juicio de valor que tiene
su fundamento en la realidad que en estos tiempos vivimos. Yo diría que
corren malos tiempos para la credibilidad de los Presupuestos Generales
del Estado. No es una opinión personal, es una opinión extendida que los
presupuestos generales del Estado, como consecuencia de sus grandes
desviaciones, han ido gradualmente perdiendo toda credibilidad, hasta
llegar a una situación como la actual en la que las desviaciones son
manifiestas.

En relación con esos presupuestos generales del Estado, a nosotros nos
corresponde lo que podríamos denominar el control político y a la señora
Interventora lo que, en terminología habitual, se denomina control
interno, que es una forma de autocontrol en la ejecución de los
presupuestos generales del Estado. Son dos formas de control
complementarias y nosotros difícilmente podríamos ejercer bien nuestra
función de control político si el control interno no despliega toda su
efectividad. Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta la necesaria
complementariedad entre el control interno y el control político y al
amparo de la autonomía legal que la Ley General Presupuestaria confiere a
los interventores, mi primera pregunta sería la siguiente: ¿Qué
responsabilidad cree que tiene la Intervención General del Estado en este
hecho hoy generalmente aceptado de que los presupuestos han perdido
credibilidad, que los presupuestos que se aprueban por esta Cámara
difieren, como es notorio, de los que finalmente se liquidan? ¿Qué
responsabilidad corresponde a un órgano de la Administración Pública,
dotado de autonomía legal, en esta situación de hecho?
Segunda pregunta. En su comparecencia con motivo de los Presupuestos del
pasado año la señora Inteventora hizo mención a las modificaciones del
Reglamento de la Función Interventora. Señaló entonces que estaba
bastante avanzada la reforma de ese Reglamento y me gustaría saber, un
año más tarde, en qué situación se encuentra.

Tercera pregunta. En su intervención del pasado año hay diversas
referencias a los expedientes de convalidaciones de gasto, en las que
admitía que, en algunos expedientes de convalidación de gasto, se habían
detectado descubiertos. Yo querría saber, a ese respecto, el número de
expedientes de convalidación de gasto en los que ha habido posibles
descubiertos y las responsabilidades que se derivan de esos descubiertos.




Página 844



Desde otra perspectiva, querría también formularle unas preguntas sobre
el sistema de auditorías como mecanismo de control interno. En primer
término, el número total de unidades administrativas, de agentes del
sector público auditables, de acuerdo con los programas que tiene la
Intervención General. Y, en relación con esa cifra, el número de
auditorías efectivamente realizadas en el ejercicio de 1992, y, si es
posible y tiene datos, también de lo que llevamos del ejercicio 1993.

Asimismo, en relación con esas auditorías realizadas, en ese control de
legalidad «a posteriori» que implica el sistema de auditorías, el número
de ilegalidades descubiertas y denunciadas. Y aquí querría complementar
esta petición de información con una reflexión-pregunta sobre el sistema
de responsabilidades que deriva de las llamadas irregularidades
sancionables que prevé la Ley General Presupuestaria, irregularidades
sancionables encontradas naturalmente en las auditorías. En teoría hay
tres vías para exigir la responsabilidad contable: la vía administrativa
mediante el expediente administrativo, la vía que se sustancia ante el
Tribunal de Cuentas y la vía penal.

En relación con la vía penal, y al margen de la información que me pueda
suministrar sobre los expedientes sustanciados en vía administrativa y
ante el Tribunal de Cuentas, mi pregunta concreta sería la siguiente.

¿Cuando se descubren indicios racionales de algún tipo delictivo, la
Intervención General del Estado se dirige directamente al Fiscal del
Estado o utiliza la vía jerárquica del Ministro de Economía y Hacienda o
del Ministro cuyos servicios han sido auditados?
En cuanto a las auditorías practicadas querría saber, si es posible, en
cuántos casos se ha aplicado el artículo 142 de la Ley General
Presupuestaria que, como recordará la señora Interventora, establece la
obligación de indemnizar a la Hacienda pública por cualquiera de las
infracciones que están tipificadas en el artículo 141 de la propia Ley
General Presupuestaria. ¿Se han dilucidado alguna vez responsabilidades
que hayan llevado aparejadas la obligación de indemnizar a la Hacienda
pública o, por el contrario, ese precepto duerme el sueño de los justos y
ha carecido de aplicación en un momento en que las desviaciones
presupuestarias alcanzan las cifras que alcanzan?
Con respecto al control de eficacia, creo que fue la Ley 37/1988 de
Presupuestos Generales del Estado la que autorizó al Ministro de Economía
y Hacienda a establecer los procedimientos a seguir para valorar el
cumplimiento de los objetivos de los distintos programas y creo que, al
amparo de esa ley, se especificaron por parte del Ministerio de Economía
y Hacienda unos cuantos programas, entre los cuales se encontraban
fundamentalmente aquellos más fácilmente cuantificables o medibles.

Básicamente me interesa conocer qué ha sido de la aplicación del control
de eficacia en todo lo que afecta al Plan Nacional de Carreteras y al
Plan Nacional de Ferrocarriles, qué resultados ha obtenido la
Intervención de un Plan de autovías programado para cuatro años que
todavía no se ha concluido, en el que se ha excedido el plazo
inicialmente previsto y que, desde luego, ha costado muchísimo más de lo
que estaba inicialmente presupuestado, e igualmente de otras inversiones
en infraestructuras de ferrocarriles, así como también del tren de alta
velocidad.

En relación con el control de legalidad, quería plantearle las tres
cuestiones siguientes, dos de ellas íntimamente relacionadas.

En su intervención de la pasada semana, la señora Interventora afirmó que
las operaciones de tesorería de carácter recurrente y prácticamente
permanente que realiza el Inem tienen cobertura legal. Yo me pregunto, y
pregunto también a la señora Interventora, cómo es posible que un
mecanismo legal previsto para hacer frente a tensiones de liquidez y, por
tanto, coyunturales se convierta en un mecanismo permanente de
financiación. Eso, en términos técnico-jurídicos, se llama fraude de ley,
que es la utilización de una norma jurídica para fines distintos de los
que está inicialmente previsto. Sin embargo, en el Inem se utiliza este
método como sistema de financiación permanente y por la Intervención
General del Estado se afirma que hay cobertura legal bastante para hacer
esa transformación
En segundo lugar, y también en relación con el control de legalidad que
corresponde hacer a la Intervención, ¿cómo es posible que se dé una y
otra vez y de manera tan permanente lo que se denominan operaciones
extrapresupuestarias y que pase prácticamente desapercibido lo que
también se denomina operaciones de activos financieros ficticios, como
los préstamos que por ejemplo se dan al Insalud? El anterior Secretario
de Estado de Hacienda utilizaba una terminología que realmente debería
haber suscitado, a mi juicio, las protestas de la Intervención General,
que es el concepto de obligaciones no reconocidas, lo que es obviamente
una contradicción en los términos, hablando desde una perspectiva legal.

En términos jurídico-presupuestarios, no puede haber obligaciones no
reconocidas.

Por lo que respecta al personal dependiente de la Intervención General,
yo le preguntaría a la señora Interventora si la situación continúa
siendo satisfactoria, como expresó en la intervención que tuvo el pasado
año también con motivo del debate presupuestario.

Y, por último, y no por ello menos importante, el problema del déficit.

Querría hacer aquí la siguiente pregunta y pedir su opinión sobre algunas
afirmaciones que se han hecho. Me interesa particularmente conocer cuál
es su interpretación del déficit. Me refiero, fundamentalmente, al
déficit de las administraciones centrales.

Como la señora Interventora sin duda sabe, el déficit inicial previsto
para el año 1993 de las administraciones públicas centrales era del 2,9
por ciento, en términos del PIB. En el informe enviado para debatir los
presupuestos del próximo año se admite que el presente ejercicio se
cerrará con un déficit del 6,2 por ciento, en términos de producto
interior bruto. Hay, por tanto, un salto notable y una desviación
realmente significativa del 2,9 al 6,2 por ciento de déficit.

La pregunta que yo querría formular a este respecto, dada la importancia
de la desviación, es la siguiente y tiene relación con lo que a
continuación diré: ¿A su juicio,



Página 845



ese fuerte incremento del déficit público es consecuencia de un
afloramiento de partidas, llamésmolo así, o de créditos no
contabilizados, mal contabilizados o encubiertamente contabilizados, o es
simplemente debido a un descontrol absoluto del gasto público, por tanto
a un exceso de gasto producido simplemente durante el ejercicio de 1993?
Esta pregunta tiene sentido en relación con las afirmaciones que, por
estos días, están haciendo personas respecto de las cuales creo que
habría consenso en calificarlas como solventes. Estas personas, entre las
cuales se encuentran los profesores Fuentes Quintana, Victorio Valle y
Julio Alcaide, acusan explícitamente de la existencia de falsedades en
registros contables, hechos en relación con la contabilidad pública
nacional.

La pregunta anterior, la falta de explicación del déficit y las
afirmaciones hechas por personas que se consideran solventes en la
universidad y en la sociedad españolas merecerían un juicio por parte de
la Intervención General del Estado y de la señora Interventora en
particular.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: La señora Interventora tiene la palabra.




La señora INTERVENTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Esteso
Ruiz): En primer lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento expreso por la
petición de la comparecencia de la Intervención General del Estado,
porque entiendo que significa por parte de esta Cámara un reconocimiento
de que el papel, funciones y competencia que me atribuye la norma tiene
la suficiente trascendencia como para venir aquí a analizarlo y evaluarlo
y no en otras instancias.

Voy a centrarme en los puntos que me ha planteado, porque veo que no es
el interés de la petición que les comente objetivos o planes de actuación
del próximo ejercicio, que era lo que quería tratar de explicarles,
cuales son las mejoras que pensábamos introducir en instrumentos de
control, de medición y de contabilidad para mejorar nuestro trabajo y
nuestra aportación a la Administración. Como veo que no es ése el
interés, voy a contestar concretamente a las preguntas que me ha
planteado, aunque tengo que reconocer que son muchas y muy amplias.

En primer lugar, hace un juicio de valor en el sentido de que corren
malos tiempos para la credibilidad de los presupuestos. En la
credibilidad, en cuanto a grandes desviaciones, creo que tenemos que
estar todos de acuerdo. Sobre un crédito inicial aprobado en el Congreso
y en el Senado, se han producido, y llevan produciéndose durante algunos
años, importantes desviaciones. En ese sentido, tengo que estar de
acuerdo con usted en que sobre unas cifras iniciales se producen, a lo
largo del ejercicio, determinadas desviaciones que tienen que
materializarse en mayores créditos y, por lo tanto, en mayores gastos. De
ahí parece que podría inferirse algún juicio sobre falta de autocontrol o
de falta de disciplina dentro del sector público y, por lo tanto, de ahí
su pregunta a la Intervención General.

La primera pregunta decía: ¿Qué responsabilidad tiene la Intervención
General en este hecho de que los presupuestos puedan haber perdido
credibilidad? Habría que remitirse, en primer lugar, a cuáles son las
razones por las cuales se han modificado y en qué vías los presupuestos
de cada año y, en concreto, el de este año, que, supongo, que es el que
más le preocupa. Se trata de una desviación debida, sobre todo, a
créditos extraordinarios, pues ha sido la mayor desviación producida. Los
créditos extraordinarios han supuesto, o van a suponer hasta final de
año, porque aquí estamos introduciendo las estimaciones para todo el año,
un billón 284.000 millones. Sobre un total --variaciones o modificaciones
de presupuesto-- de 2,3 billones, evidentemente es un peso importante.

Por vía de incorporaciones, serán 531.000 millones y por vía de créditos
ampliables 431.000.

Por lo que se refiere al papel que le corresponde a la Intervención
General en estos supuestos, tendría que decir que la tramitación de los
créditos extraordinarios y de los créditos ampliables no es, en
principio, una competencia de la Intervención General. Es una competencia
de los organismos correspondientes. En caso de un crédito ampliable, del
órgano gestor. Puesto que ha sido reconocido en la Ley de Presupuestos
que ese crédito es ampliable, supone la petición del órgano gestor de que
se amplíe el crédito, porque es insuficiente para las necesidades a
cubrir. A partir de ese momento, es la Dirección de Presupuestos la que
entra en juego y en un momento de este proceso la Intervencion General
informa sobre la necesidad de ampliación y se incorpora el informe a la
ampliación. Pero no nos corresponde, como digo, ni iniciar, ni tramitar,
ni, finalmente, aprobar un crédito ampliable.

De la misma manera, los créditos extrardinarios o suplementarios tienen
un procedimiento de iniciación y tramitación. En mitad de la tramitación
es cuando más o menos nos corresponde intervenir con informes, que son
preceptivos, los cuales se incorporan a la tramitación del crédito, pero
tampoco nos corresponde sustituir al gestor ni a la Dirección de
Presupuestos ni al Ministro de Hacienda en la incorporación de esos
expedientes.

¿Cuáles han sido los principales de este ejercicio 1993? La semana pasada
tuve ocasión de hablar del Instituto Nacional de Empleo, a petición
también de su grupo, y si recuerda el volumen de créditos extraordinarios
que está previsto incorporar al Instituto Nacional de Empleo, de este
billón 284.000, 850.000 u 870.000 van a corresponder al Instituto
Nacional de Empleo.

Como S. S. conoce perfectamente, trata de recoger insuficiencias
presupuestarias de la prestación por desempleo de los ejercicios 1991 y
1992. Estos créditos han supuesto la incorporación al presupuesto del
Inem de unos créditos presupuestarios que no se habían incorporado en los
ejercicios en que estas insuficiencias se habían manifestado.

Naturalmente, desde el momento en que esto sucede y que estos créditos
extraordinarios se aprueban, es realizada una auditoría por la
Intervención



Página 846



General para detectar que ése es el importe de las obligaciones
correspondientes. También les he enviado a SS. SS. la documentación
correspondiente de las auditorías realizadas, en las que se especifica,
además, la metodología de trabajo, el sistema seguido para el
conocimiento de esas obligaciones y la medición final de las mismas. A la
Intervención General es lo que le ha correspondido jugar en cuanto a esa
mayor incorporación de créditos.

Una vez que estos créditos se incorporan al crédito inicial, a partir de
ese momento se concede la autorización para realizar los gastos con cargo
a esos créditos. En la parte que nos corresponda hacer control previo de
legalidad, lo que tenemos que verificar son aquellas condiciones,
aquellos requisitos que marca para cada uno de los tipos de gastos la
fiscalización limitada previa que S. S. conoce perfectamente que es la
que se utiliza: el control previo de legalidad. Por lo tanto, si en la
ejecución de estos presupuestos se detectara alguna ilegalidad, una vez
aprobados e incorporados a los créditos, la Intervención delegada
correspondiente tiene que hacer su reparo en su caso, si fuera un reparo
suspensivo o si fuera una observación, cuando no hay reparo suspensivo.

Así es como actúa. Este es el papel que nos corresponde jugar hoy con la
fiscalización limitada previa en cuanto unos créditos ya han sido
incorporados y hay autorización para gastarlos por parte de los órganos
gestores. Como conoce perfetamente, son algunos aspectos regulados en la
Ley General Presupuestaria y otros regulados en los distintos acuerdos de
Consejo de Ministros, que especifican los requisitos a comprobar por las
intervenciones delegadas en contratos de obras, suministros, gestión de
personal, etcétera. Este es el papel que nos corresponde como control
interno, pero no podemos ir más allá de ese papel.

La segunda pregunta se refería al reglamento de función interventora. Les
hablé de que la Intervención General llevaba algún tiempo, incluso antes
de que a mí me correspondiera dirigirla, elaborando un reglamento de
función interventora. Entre otras cosas, tengo que decirles que no se
había planteado la reforma en profundidad de la Ley General
Presupuestaria y de alguna manera teníamos un cierto vacío legal. Hace ya
aproximadamente dos años en la Secretaría de Estado de Hacienda se inició
el estudio de la reforma de la Ley General Presupuestaria, se inició un
estudio en profundidad, que ustedes también conocerán; se le ha
denominado un poco vulgarmente el Libro Blanco del gasto. En definitiva,
es un informe sobre la gestión del gasto público. Ese libro lo terminamos
a finales del año pasado y aproximadamente sobre el mes de abril habíamos
elaborado ya en la Secretaría de Estado de Hacienda un borrador de una
nueva ley general presupuestaria. Ese es el momento en que, como conoce
S. S. perfectamente, se adelantan las elecciones y se interrumpe el
proceso administrativo que era someter esta ley, junto con la elaborada
por el Ministerio para las Administraciones Públicas, a la Comisión de
Subsecretarios, Consejo de Ministros y toda la tramitación
correspondiente para poder llegar a la aprobación en el Congreso. La
suspensión de estos trabajos con motivo del cambio de equipo directivo en
el Ministerio de Economía y Hacienda ha supuesto un pequeño retraso en
estos trabajos, pero lo que sí sé, y nos consta ya, es que inmediatamente
que se discute la ley de presupuestos y una vez concluida la discusión de
la cesión del 15 por ciento a las comunidades autónomas, ésta es la
prioridad inmediata del Secretario de Estado de Hacienda, de la misma
manera que lo es para la Secretaría de Administraciones Públicas la ley
de organización y procedimiento. Y el planteamiento en este momento es,
de aquí a finales de año, llevar a cabo esa discusión en el Ejecutivo
para convertir ese borrador de ley general presupuestaria en proyecto de
ley y en el primer trimestre del próximo año que ese proyecto de ley sea
sometido al Congreso. Y digo todo esto porque en esa ley y en ese Libro
Blanco del gasto público ya se han hecho todas las reflexiones y todos
los diagnósticos de cuál es la situación actual de la gestión pública,
cuál es la organización actual de la Administración y si es o no la que
nos conviene y hacia dónde deberíamos ir, se ha diseñado un nuevo modelo
de organización administrativa y correspondiendo a ello, un nuevo modelo
de funcionamiento en presupuestación, control, contabilidad, gestión de
personal, contratación, tesorería, todos los aspectos que podríamos
llamar gestión financiera de las administraciones públicas. Naturalmente,
esta ley me parece que es un paso mucho más prioritario que sacar ahora
un reglamento de control porque, lógicamente, un reglamento de control
debería salir, si es que es necesario --y creo que lo será--, después de
la ley, porque lo que hará será articular, en concreto, qué actuaciones
tiene que hacer el control una vez que la ley marco, que es la Ley
General Presupuestaria, le dice cuál es la organización administrativa y
cuáles son los distintos niveles y sistemas de control que se van a
utilizar dentro de cada uno de los niveles de la Administración.

Por tanto, hemos parado los trabajos en cuanto al reglamento, aunque
tengo un borrador terminado, pero no voy a sacar un reglamento que pueda
ser, de alguna manera, contradictorio con una ley que creemos que es una
prioridad más importante y sabemos que lo es para la Cámara.

También me ha preguntado usted sobre el número de expedientes de
convalidación de gasto y descubiertos detectados. No tengo aquí el número
de convalidaciones, pero tenemos hecho el cálculo: se lo puedo enviar,
porque todos los años realizamos un estudio de las convalidaciones
efectuadas a lo largo del ejercicio por Ministerios, naturalmente por
Deparamentos, causas de esas convalidaciones, porque nos interesa
detectar si ha sido algún problema de urgencia o también ha habido alguna
otra cuestión menos asumible. Se lo puedo enviar porque, efectivamente,
lo tenemos hecho. Además, es un estudio que hace ya dos años me pidió la
Comisión de Subsecretarios porque quería saber cómo estaba la situación y
si habría que tomar alguna medida al respecto.

Tengo el dato de todos los expedientes de responsabilidad, me refiero a
los de 1993, porque el año pasado informé de los correspondientes a 1992.

Desde el 1 de



Página 847



enero de 1993 hasta la fecha ha habido seis expedientes, tres se han
comunicado al Tribunal de Cuentas y al Fiscal General y tres al
Ministerio de Economía y Hacienda, exclusivamente por razón del tema. Si
tienen interés en saber cuáles, están aquí, creo que relatarlos ahora
tampoco tiene demasiado interés. Lo tengo globalmente, tanto por lo que
puede haberse derivado por una convalidación como por lo que puede
haberse derivado de alguna auditoría, pero, en todo caso, si tienen
interés en saberlo con desglose, no hay problema.

Número total de auditorías. Como conoce S. S. perfectamente, cada año se
elabora y se aprueba un plan de auditorías en ejercicio del artículo 17 y
del 18. Respecto al conjunto de auditorías programadas tengo que decirle
que no está sumado; lo tengo desglosado en el objetivo número cuatro que
tienen SS. SS., en el sector Estado, organismos autónomos... Se pueden
sumar ahora en un momento. Lo tengo desglosado por agentes, es decir, el
sector Estado, auditorías en organismos. En el primer caso son 140
auditorías; en organismos autónomos, 10 auditorías; sociedades estatales
y entes públicos, 34; en empresas y entidades por razón de subvenciones,
150; auditorías por mandato legal, 16; en el sector Estado, 3; auditorías
en hospitales de la Seguridad Social, 24; controles de fondos
comunitarios, 363 y asesoramiento a la gestión, como le llamamos a
análisis de procedimientos y sistemas, nueve. Respecto del año anterior
el número prácticamente se mantiene. La verdad es que el número no varía
mucho, hay una pequeña redistribución entre ellos, pero digamos que lo
fundamental que creo que es lo que a ustedes les interesa más, son un
poco los criterios que utilizamos para hacer esta selección. El total son
789.

En primer lugar, he de decir que el criterio que se suele utilizar es la
propia petición de los subsecretarios y Secretarios de Estado. Esto es
una política mía personal. Hace dos años pensé que los primeros
interesados en conocer cómo está funcionando la Administración es la
propia Administración, o debe serlo. Entonces me dirigí directamente a
los subsecretarios y secretarios de Estado para pedirles a qué áreas, a
qué agentes, a qué unidades, organismos, dependencias en el exterior o en
provincias tenían interés en auditar y que serían las primeras
incorporadas a nuestro plan de auditorías. Tengo que decirles, además,
que la respuesta fue francamente positiva y éstas fueron y son las
primeras que se incorporan cada año al plan de auditorías.

En segundo lugar, la propia petición de intervenciones delegadas. A
través de control previo de legalidad o del propio control permanente en
algunos organismos, puede que ellos detecten la necesidad de un mayor
estudio en profundidad que ellos no tienen medios para realizar, no
tienen personal preparado. Entonces enviamos auditorías con el personal
especializado y muchas veces lo que se hace es una auditoría no tanto
financiera sino operativa, complementaria de la financiera. Es el segundo
criterio: las intervenciones delegadas.

Un tercer criterio un poco global es combinar, ir periódicamente, asistir
periódicamente a aquellos organismos o entes que han sido auditados hace
dos, tres años; volver y hacerles una auditoría de tipo recurrente para
ver en qué medida las recomendaciones que se hicieron hace dos, tres años
han sido tomadas en cuenta o no y, por tanto, hay que hacer
recomendaciones de otro tipo. También a aquellas áreas donde hemos
detectado mayores riesgos o mayores posibilidades de irregularidad y por
criterio de cantidad donde el volumen es importante y, en consecuencia,
conviene ir con una cierta frecuencia.

Estos son, de alguna manera, los criterios aparte de que, como S. S.

también conoce, por ejemplo en lo que se refiere a contratos-programa,
empresas que tienen suscritos contratos-programa con el Estado, ahí las
auditorías se hacen todos los años para, en primer lugar, valorar el
importe de la subvención y, en segundo lugar, detectar si es necesario
devolver o incorporar alguna cantidad. Aparte de esto, hay algunas otras
auditorías por obligación legal.

He de decirles que las programadas para 1992 están realizadas en su
totalidad. Ha habido incluso incorporaciones al plan aprobado. Yo vengo
firmando la resolución de aprobación del plan aproximadamente sobre el
mes de marzo, vengo recibiendo entre noviembre y febrero las peticiones,
y hay que decir que en este momento está terminado el plan de 1992 que,
además, como digo, necesitó incorporar algunas peticiones posteriores y
por eso hubo que reconducir el personal para poder atender esas
peticiones.

En cuanto al año 1993, la media de realización está aproximadamente en un
80 u 85 por ciento. Algunas están totalmente terminadas y otras están en
un 65 ó 75 por ciento. O sea, que las previsiones son de cumplir todo el
plan aprobado.

Respecto a la pregunta sobre qué irregularidades son sancionables, le
diré que sólo hemos detectado, hasta ahora, seis en 1993, y no tengo
especificado si se ha debido a control previo o se ha debido a
auditorías. En todo caso el dato lo tenemos.

Referente a la vía penal, le diré que si la conclusión de la auditoría
observa indicios racionales de tipo delictivo, nuestro enlace
directamente es la Fiscalía. Es decir, la Intervención General envía
directamente a Fiscalía el informe y el escrito oficial para que se
inicien las averiguaciones. También naturalmente enviamos al Ministerio
correspondiente y al Ministro de Hacienda los trabajos para que sepan que
se va a iniciar esa vía.

Sobre la pregunta de en cuántas auditorías se puede haber encontrado esta
tipificación de infracciones del 142, este dato ahora mismo tampoco se lo
puedo dar, pero si quiere se lo puedo enviar por escrito. Puedo enviarle
los años 1992 y 1993, por ejemplo, si tiene interés en conocer un poco la
evolución.

Me ha preguntado también sobre el control de eficacia que efectivamente
se introdujo en nuestro ordenamiento por la Ley de Presupuestos para
1989, y allí efectivamente se seleccionaron ocho programas. Tengo que
hacerle, en primer lugar, una valoración muy rápida de estos trabajos que
realizamos en la Intervención General. Estamos ya al nivel de 16
programas en el año 1993, que cubren en la actualidad 2,4 billones,
concretamente dos



Página 848



billones 370.000 millones aproximadamente, y creo recordar que al inicio
estábamos en 1,3 aproximadamente, es decir, que hemos aumentado bastante
el número de programas y también el volumen de gasto cubierto.

Tengo que añadir también que esta técnica es relativamente joven, tanto
para los gestores de nuestra Administración como para los controladores.

Y cuando digo esto quiero decir que nos estamos encontrando dificultades
en cuanto a definición de objetivos e indicadores adecuados para medición
de esos objetivos, por tanto, con dificultades muchas veces para poder
averigurar si ha habido desviaciones en el cumplimiento del objetivo, y
sobre todo a qué se han debido esas desviaciones, que creo que es la
mayor aportación que debe hacer el control de eficacia.

A la vista de que ya llevamos dos años y medio o tres realizando
bastantes controles y que hacemos un informe anual que se remite a la
Dirección de Presupuestos y al Ministro de Hacienda, lo que sí puedo
decirles es que tenemos algunos planes de mejora de los instrumentos
--digamos-- para poder ayudar al gestor a que realmente pueda definir
mejor sus objetivos y seguirlos. Para el año 1994 son, en concreto, la
producción de una guía de esa definición de objetivos --así podremos
ayudar a los gestores-- y de una guía de imputación de costes, porque son
los dos aspectos en los que hemos encontrado mayor dificultad para poder
realizar los controles y, por tanto, llegar a conclusiones sobre
eficacias o ineficacias.

También quiero decirles que precisamente --si recuerda usted--, después
de la Ley General Presupuestaria hubo un Real Decreto que estableció las
funciones y la organización de la Intervención General y se la adscribió
expresamente la realización de sistemas de contabilidad analítica para
mejorar y ayudar a los controles de eficacia, es decir, para ayudar a la
eficacia. Aquí también quiero decirles que entre este año y mitad del año
que viene tendremos ya terminado un sistema de contabilidad de costes, y
es bastante sencillo, porque creo que hay que empezar, en algunos casos,
por instrumentos sencillos que puedan manejar los gestores hábilmente.

Esto va a suponer la aplicación en unos 80 organismos de la
Administración. Ha habido una recepción muy amplia y muy generosa a este
programa, ya que había un cierto retraso porque de alguna manera lo que
estaba haciendo la Intervención General era, a medida que le llegaba la
petición de una contabilidad analítica, realizarla, y verdaderamente esto
llevaba un proceso tan largo en el tiempo que yo llegué a valorar que
podíamos estar veinte años sin haber implantado contabilidad analítica en
los organismos de la Administración. Así pues, decidí implantar este
sistema, que lo hemos diseñado entre el año pasado y mitad de éste, y es
un sistema sencillo de contabilidad de costes, pero que va ser muy útil,
sobre todo para organismos que tengan que definirlo, seguir objetivos o
que tengan que poner tarifas, precios a sus servicios, para que conozcan
exactamente la medición de los costes.

Esto son --digamos-- los trabajos que desde la Intervención hemos visto
que es necesario aportar a los gestores para poder mejorar esas
eficacias.

En concreto, creo recordar, del Plan Nacional de Carreteras y de
Ferrocarriles, que el año pasado se envió, porque a la Intervención
General y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes se solicitó el
seguimiento y los controles realizados, y desde luego se enviaron. Lo que
ya no sé es cuál ha sido el destino. De todas maneras, si S. S. quiere
que se le envíen los controles realizados no hay ningún problema. Yo así,
de repente, a bote pronto, no quiero traer conclusiones de esos informes,
porque aparte de estas valoraciones generales que yo le acabo de hacer de
que seguimos viendo dificultades en medición, en indicadores, etcétera,
no sé algunas otras características especificas, pero sé que esta
documentación se envió el año pasado, aunque quizá fuera a la Comisión de
Obras Públicas. Pero se ha solicitado y desde la Intervención General se
enviaron unos datos, unos listados bastante desglosados de los gastos
realizados y se enviaron también los informes de control. En todo caso,
lo podemos revisar y si es necesario se envían.

Ha preguntado usted también sobre el control de ilegalidad, y en concreto
sobre algunos aspectos que ha destacado. Ha recordado usted mi
intervención de la semana pasada sobre las operaciones de Tesorería en el
Inem y su cobertura legal. Yo ofrecí, porque se me solicitó, y lo he
enviado creo que fue ayer (o sea que todavía me parece que no se ha
repartido), un informe interno que solicité a la Subdirección Fiscal (que
es el asesor jurídico dentro de la casa) sobre la cobertura para realizar
operaciones extrapresupuestarias por parte del Inem, ya que,
efectivamente, encontré en el año 1991 que ya en el año 1990 habían sido
de cierta consideración. Probablemente hasta el año 1990 no habían sido
muy elevadas, pero en el año 1990 sí que lo fueron. Quería saber cuál era
la cobertura y cuál era el papel que le corresponde a la intervención
delegada que hay en ese organismo, como S. S. conoce perfectamente.

Esta Subdirección estudió la normativa al respecto, desde la Ley de
Empleo hasta los distintos reales decretos, e incluso la circular que
estableció las relaciones Inem-Tesorería de la Seguridad Social, y en
base a esa normativa y a que la propia Ley General Presupuestaria dice en
qué condiciones y con qué características se pueden contraer obligaciones
(no solamente por dotación presupuestaria, sino por otra serie de
circunstancias, como dice el artículo 41), esta Subdirección me informó
internamente sobre la cobertura legal de realizar estas operaciones por
parte del Instituto Nacional de Empleo en cuanto a las prestaciones a los
desempleados.

Ese es el informe que yo ofrecí ayer a esta Comisión, por eso creo que
seguramente no está a disposición todavía de SS. SS.; quizá lo mejor sea
que ustedes lo lean y si quieren alguna aclaración al respecto que me la
pidan, pero está claro que me preocupó el tema y por eso, desde mis
propios servicios, quise saber qué cobertura teníamos y qué papel debería
jugar, por tanto, la Intervención Delegada, puesto que me corresponde
asesorar al respecto a la misma.

¿Cómo se pueden dar --decía usted-- tantas operaciones
extrapresupuestarias y de activos financieros ficticios? El



Página 849



caso de estas operaciones extrapresupuestarias, en concreto las del Inem
--lo comentábamos la semana pasada--, han sido insuficiencias ocasionadas
en una serie de ejercicios. No se ampliaron los créditos aquellos años en
que eran ampliables, y posteriormente se han producido créditos
extraordinarios y suplementarios.

Yo lo que les dije la semana pasada --y en este sentido creo que el
control interno ha jugado el papel que tiene que jugar, que no le
corresponde más que éste-- es que, efectivamente, nuestra misión es, en
primer lugar, comprobar que existe esa posibilidad legal de realizar
estas operaciones extrapresupuestarias, y, en segundo lugar, cuando se le
solicita una auditoría para estimar o valorar el importe de aquellas
operaciones que no han cabido en el presupuesto y que van a dar lugar a
créditos extraordinarios, realizar las auditorías, que naturalmente se
han realizado y que también he enviado a esta Cámara. Pero al control
interno, a la Intervención General, no le corresponde instar los créditos
ampliables ni criticar o instar que en lugar de ampliables sean
extraordinarios o viceversa. Eso es lo que el otro día quise decir y es
lo que me parece que es importante que volvamos a reafirmar.

Les decía el año pasado que la situación respecto al personal era
satisfactoria, y aunque habíamos perdido personal, sobre todo por culpa
de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria, a la cual hemos
tenido que nutrir a la fuerza, pero efectivamente era necesario porque
también es un papel muy importante el que juega este personal, ahora
quiero decirles que en cuanto a personal directivo, es decir, nivel A,
estamos un poquito mejor incluso que el año pasado. Tenemos once personas
más a estas alturas, porque ha habido un ingreso de veinticinco a lo
largo de este ejercicio.

También tengo que decirles que, una vez se ha estabilizado la Agencia
Estatal para la Administración Tributaria y, por otra parte, los
efectivos que ingresan en el Cuerpo de Inspectores de Finanzas, en la
especialidad de intervención y contabilidad, vienen destinados a los
servicios de la Secretaría de Estado de Hacienda, rama del gasto, vamos a
ganar en estabilidad del personal. Quiero decir que estas últimas
promociones, que son en concreto tres, ya no tienen la posibilidad de
incorporarse rápidamente a una segunda especialidad y, por tanto, los
puestos a los que van destinados son la Intervención General, Dirección
de Presupuestos y Dirección de Planificación; es decir, el área de gasto
de la Secretaría de Estado de Hacienda. Por tanto, no tengo en este
momento ninguna preocupación de volver a perder efectivos porque se me
marchen a otras áreas, creo que es un personal preparado, profesional y
bastante motivado, ya que no pienso que esté desmotivado en este momento,
o sea que, en ese sentido, sí que sigo satisfecha con mi personal.

Me hacía una séptima pregunta sobre mi interpretación del déficit,
especialmente en administraciones centrales, que pasaba de un 2,9
previsto a un 6,2, y me decía que, dada la importancia de esta
desviación, si sería consecuencia de afloramientos no contabilizados, y
me hablaba usted de algunas personas solventes.

La verdad es que yo tengo que lamentar que haya salido este tema, porque
de alguna forma lo que esta cuestión ha planteado en estos últimos meses,
y además muy unido al proceso electoral, han sido opiniones de algunas
personas (no más de cinco o seis), que después, como digo, han sido
bastante utilizadas en la campaña electoral. Evidentemente, esto ha
tenido efecto en la moral de los funcionarios de la Intervención General,
porque de alguna manera parece que se ha puesto en tela de juicio cuáles
son los criterios o los principios que aplica dicha Intervención General
para realizar las cuentas públicas, y naturalmente tengo que defenderlos,
como en su momento lo hice en otros foros. Pero estas personas que usted
me ha citado han recibido, por parte de la Intervención General y del
Ministro de Hacienda, con carta personal, comentarios descalificando las
afirmaciones que habían salido en la prensa. Es decir, que estas personas
tienen la contestación oficial del Ministro de Hacienda, lo que ocurre es
que hemos entendido que ni la Intervención General ni el Ministerio de
Hacienda debían ventilar estas cuestiones en la prensa, sino que
probablemente los debates se deberían realizar en otro lugar. Pero estas
personas, insisto, han recibido nuestra contestación técnica a cada uno
de los aspectos que ellos habían puesto de manifiesto como de
incoherencia o como incluso se atrevieron a llamar de maquillaje de las
cuentas públicas.

Por ello, yo tengo que defender, y decir muy claramente, que la
Intervención General, que es la responsable de las cuentas públicas y de
la contabilidad nacional, sólo puede aplicar los criterios vigentes y los
criterios objetivos que existen, por un lado, en nuestro Plan General de
Contabilidad (y mientras no se apruebe uno nuevo no hay otro, y los
principios están ahí y en nuestras instrucciones y normas que están
recogidas en el Boletín Oficial del Estado; por tanto, no podemos aplicar
otra cosa, aunque el debate académico pueda ser muy lucido y muy
interesante hablando de otras alternativas); ni tampoco podemos aplicar
otros criterios que aquellos que, para la comparación con Europa, nos
establece el Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas, y que nos
dice exactamente, insisto, qué principios y criterios tenemos que
aplicar. Eso es lo que hacemos en la Intervención General. Por ello, me
resulta bastante podría decir hasta doloroso que se nos sigan imputando
juicios que yo, desde luego, como muy suaves califico de desafortunados y
de carentes de fundamento sobre manipulación de cuentas. Porque yo
tendría que preguntar entonces: ¿quién manipula las cifras? Si me dicen
algo así es que no conocen a la Intervención, no conocen a los
funcionarios y no me conocen a mí, como Interventora General.

Parece que tengo que resaltar, en una cantidad de foros determinados, la
profesionalidad y el rigor de los interventores del Estado. Pues lo
resalto ¡qué le vamos a hacer! Y también quiero destacar la riqueza de
capital humano del personal que tengo concretamente afecto a las tareas
de cuentas públicas y que, de verdad, sin saber por qué, vienen
soportando alegres y graves imputaciones a su quehacer profesional. Por
ello, yo quisiera decir a estas personas, con pretendida capacidad
profesional, que han hecho graves imputaciones a las cuentas públicas y a
las



Página 850



que se les ha facilitado toda la metodología y toda la información
(porque en ningún momento se ha ocultado nada), que me digan quién
manipula, qué funcionario de la Intervención modifica los datos, o si es
que piensan que en la Intervención General (que es una institución
nuclear del Estado, y me gustaría que esto se reconociera con más
proliferación que hasta ahora) tenemos una cámara oculta donde entran los
datos (que son correctos, que son virginales) y salen manipulados porque
lo decide el Gobierno. De verdad si alguien cree eso que lo diga
claramente, y así sabremos todos a qué atenernos, y desde luego la
Intervención General dejará de estar callada, eso sí que se lo puedo
asegurar.

Le quiero poner un ejemplo de imprecisión, por no calificarlo más
gravemente. Se ha defendido por algunos profesionales (supuestamente
profesionales) de la contabilidad pública un determinado criterio de
medición del déficit público, y sabemos que en los manuales de hacienda
hay muchos; podemos encontrar cuatro o cinco por lo menos. Ello sería
legítimo, como decía hace un momento, en un aula universitaria, donde nos
podíamos poner a discutir cuál puede ser más adecuado o más conveniente
para una más exacta medición del aspecto económico, etcétera, pero yo
creo que esto no es de recibo utilizarlo para desvirtuar los datos que
nosotros producimos en la Intervención General, porque en su capacidad de
expertos deberían saber que el criterio que se ha aprobado en Bruselas y
en el seno de la Comisión (que sabe S. S. que hay un grupo «ad hoc» para
medición del déficit excesivo, en el que está representado naturalmente
la Intervención General), el déficit que se valora y que se mide es el
del artículo 104 del Tratado de Maastricht y el del Protocolo número 5,
es decir, el que coincide con la necesidad de financiación de las
administraciones públicas. Por eso me parece perfecto que en un aula
universitaria se discuta si además de eso deberían incorporarse otras
partidas. Pero en tanto no sea así, nosotros, la Intervención General, al
elaborar las cuentas (las públicas y las nacionales, que además se envían
a la Comunidad Europea y sirven para comparar con otros países), tendrá
que utilizar ese criterio y no otro.

Entonces, ¿qué quiere que le diga? Esos profesionales tendrán
predicamento donde lo tengan, pero puedo decirles que dentro de la
Intervención General han perdido bastante, esa es la verdad, por la
frivolidad (por no decir otra cosa) con que se han hecho las críticas.

Con esto quiero creer que respondo a esa pregunta sobre el afloramiento.

Es decir, nosotros aplicamos los criterios estrictamente correctos, y
además los aplicamos correctamente. Esa es la defensa que tengo que hacer
de mi centro y del personal que trabaja conmigo.

Los gastos excesivos del año 1993 me parece que se han explicado ya por
el Secretario de Estado, se han explicado y se explicarán por el Ministro
de Hacienda y se han explicado por el Vicepresidente del Gobierno.

Tenemos desviaciones importantes en los ingresos este año. Sabemos que,
por desgracia, las cuentas públicas, el presupuesto público recoge todo
lo malo en este sentido. Si hay crisis, recogemos menos ingresos y
tenemos mayores gastos. Esto es absolutamente así.

Por otra parte, el hecho de que, por ejemplo, en cuanto a las
administraciones centrales se hayan incorporado créditos este año, que
son los que han dado lugar a unos mayores gastos que no fueron imputados
a años anteriores, lo que no significa en ningún caso es ocultación ni
manipulación de ningún tipo, porque esos gastos, que naturalmente eran de
desempleo y que estaban atribuidos al Instituto Nacional de Empleo, han
figurado estrictamente contabilizados en los años en que se han
producido. Por tanto, el déficit de las administraciones públicas, o la
necesidad de financiación, ha recogido esos gastos. No hay ninguna
afloración. Esto es lo que quiero decirle. No sé si es suficiente pero,
en todo caso, he hecho lo que he podido. Eran demasiadas preguntas y muy
importantes todas.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El señor Arias-Salgado tiene la
palabra, por un máximo de tres minutos, para pedir aclaraciones sobre los
temas de los que hasta ahora ha estado hablando la señora Esteso.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Yo quiero agradecer toda la información
útil e importante que nos ha suministrado la señora Interventora. Para
mí, por lo menos, en algunas cuestiones sí ha sido esclarecedora. Pero
algunas de sus consideraciones provocan, necesariamente, otras.

Yo creo que la Intervención General del Estado no tiene que sentirse
aludida cuando se hace la crítica de la contabilidad pública. La
Intervención es un instrumento fundamentalmente al servicio del Estado,
que dirige el Gobierno como parte del Poder ejecutivo, pero está, repito,
al servicio del Estado, y hay veces que se confunde interesadamente y se
piensa que la Intervención está al servicio de un determinado Gobierno,
aunque frecuentemente, como es obvio, ambos planos se confunden, pero no
siempre.

Por tanto, cuando se hace este tipo de crítica yo creo que se deslinda
muy claramente entre lo que es la Intervención como un instrumento de un
Estado moderno y lo que es la Intervención al servicio de las políticas o
de las prácticas de un determinado Gobierno, y esta distinción es
importante. Por eso no hay nunca alusiones personales a la Intervención.

Yo creo que ni en el trabajo de los señores que hemos mencionado aquí
antes, ni en las intervenciones que se hacen en esta Cámara hay un ataque
contra los funcionarios que constituyen la Intervención General del
Estado. Esa es una crítica que hace el señor Presidente del Gobierno para
defenderse y no contestar a imputaciones políticas fundadas, porque
cuando se le hace una imputación política fundada, el señor Presidente
del Gobierno dice: Están ustedes poniendo en tela de juicio la honestidad
de los funcionarios. No, señor Presidente del Gobierno, no se pone nunca
en tela de juicio la honestidad de los funcionarios. Lo que se pone en
tela de juicio es que el Presidente del Gobierno no responda, ni dé
cuentas, ni asuma la responsabilidad de lo que



Página 851



constituye un déficit público de «notable» magnitud, y pongo notable
entre comillas. Esa es la cuestión, y forma parte del debate político.

Por eso le decía al principio a la señora Interventora que el control
político y el control interno van indisolublemente unidos. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) No podemos ejercer bien el control
político si el control interno no se concibe, dentro de su autonomía
legal, como un instrumento al servicio del Estado.

Este es el problema que se ha planteado en la vida política española en
estos momentos. No hay un ataque a la Intervención General, aunque puedo
comprender que, desde una perspectiva humana, algunos funcionarios se
puedan sentir dolidos, y yo creo que la señora Interventora sabe que si
hay aprecio hacia algún cuerpo de funcionarios por parte de las personas
a las que hemos mencionado antes, desde luego ese aprecio se da en
relación con el Cuerpo de Interventores del Estado, a mí no me cabe la
menor duda, y a algunos de ellos, que no he citado aquí, todavía en mayor
medida.

Por tanto, yo quiero deslindar muy claramente lo que es la crítica
política, el ejercicio de un control político, con lo que se podría
interpretar, a mi juicio erróneamente, como un ataque contra la
honestidad y la probidad de los funcionarios al servicio del Estado, que
se llaman así, funcionarios al servicio del Estado, porque son
funcionarios primero del Estado y, en un segundo plano, funcionarios
dirigidos por el Gobierno, a quien corresponde dirigir la Administración
pública.

Yo quiero también animarla a que, tanto en la formulación del nuevo
proyecto de ley general presupuestaria que se envíe a las Cortes como en
la elaboración del Reglamento --que de alguna manera sí se podría ver
modificado, aunque fuera parcialmente, para fortalecer las funciones de
la Intervención--, luche por algo que tendrá el pleno respaldo de nuestro
Grupo Parlamentario.

Hay quienes interesadamente contraponen control y eficacia. Eso es un
sofisma que no tiene nada más que un fundamento ideológico, que es eludir
el control. Control y eficacia son las dos caras de una misma moneda, y
el Estado democrático moderno se caracteriza porque sus instrumentos de
control están al servicio de la eficacia, y en la medida en que control y
eficacia se contraponen, se está en un tipo de argumentación que
pertenece al pasado y a un planteamiento absolutamente arcaico. Control y
eficacia en un Estado moderno, con conciencia de lo que es una sociedad
democrática, con conciencia de lo que es el manejo de los recursos
públicos, van de la mano, y desde esa perspectiva todo el proceso de
transformaciones que se ha realizado en la Ley General Presupuestaria en
estos últimos años en un proceso, en gran parte regresivo --no digo en
todo, pero sí en gran parte--, porque ha intentado contraponer
permanentemente control y eficacia en aras de una pretendida eficacia que
finalmente se traduce en un descontrol presupuestario. Esta es la
situación política.

Querría también ponerle de manifiesto dos reflexiones más, y con ello
concluyo, señor Presidente. A mí no me cabe la menor duda de que existe
respaldo legal para cada una de las operaciones de tesorería que para
satisfacer tensiones de liquidez pueda realizar el Inem en relación con
la Tesorería de la Seguridad Social, no me cabe la menor duda. Pero esto
es algo así como aquellas adjudicaciones directas de una inversión,
pongamos, de 10.000 millones que se hacía 50 millones a 50 millones; eso
es un fraude de ley, porque, al final, la inversión es de 10.000 millones
de pesetas y se acude a una ley que autoriza la adjudicación directa por
valor de 50 para completar la totalidad de la inversión. Hay respaldo
legal, sin ninguna duda, para hacer esa operación de tesorería. Para lo
que no puede haber respaldo legal --y yo le pido que solicite
aclaraciones a la Subdirección Fiscal-- es para que eso se convierta en
un mecanismo permanente de financiación, porque deja de ser una operación
de tesorería para hacer frente a tensiones de liquidez por su propia
naturaleza. Por tanto, hay ahí un elemento de ilegalidad que, a mi
juicio, en la medida en que se reitera, debería poner de relieve el
control previo de la legalidad.

Una última cuestión. La tesis que se plantea respecto al déficit, en
concreto el déficit del Inem, es que éste (lo acaba de formular la señora
Interventora), derivado de operaciones presupuestarias y
extrapresupuestarias, se ha contabilizado en el año que se produjo dentro
del déficit de las administraciones públicas en términos de contabilidad
nacional. Esta es la tesis que defiende y proclama la señora
Interventora, y yo, en principio, naturalmente la creo; pero me suscita
inmediatamente la siguiente pregunta. ¿Quiere ello decir que el déficit
del Inem se ha contabilizado en términos de contabilidad nacional en las
administraciones de la Seguridad Social y en qué partida? Esta sería mi
última pregunta.

Para concluir mi intervención, quiero dar las gracias a la señora
Interventora por sus informaciones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Interventora.




La señora INTERVENTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Esteso
Ruiz): Me agrada que haya sido esclarecedora mi intervención, al menos en
algunos aspectos.

Creo que en la Intervención General no nos queda más remedio que
sentirnos aludidos, sencillamente porque tanto la contabilidad pública
como la contabilidad nacional son competencias atribuidas expresamente a
la Intervención General en la Ley General Presupuestaria; es decir, no
son competencias del Ministro de Hacienda que ejerce la Intervención
General y, por tanto, finalmente a quien hay que pedirle cuentas es al
Ministro de Hacienda o al Presidente del Gobierno, sino que expresamente
la Ley lo atribuye a este Centro, y lo hace precisamente para darle
independencia, para darle más autonomía respecto a que aplique los
criterios y las reglas que sean los correctos y objetivos en cada
momento. Por eso no nos queda más remedio (aunque es verdad que en
algunos casos la crítica ha sido solapada y se hablaba del Ministro de
Hacienda) que sentirnos aludidos en cuanto que nosotros, la Intervención
General, somos los que finalmente



Página 852



firmamos esas cuentas, el Ministro de Hacienda las presenta en un
documento de la Intervención General y la remisión de las mismas a todos
los organismos internacionales se hace por la Intervención General y no
por el Ministro de Hacienda. Por eso, yo tengo mis dudas de que quien
hace esas acusaciones no esté realmente sabiendo a quién se las dirige.

Por tanto, de alguna manera, los funcionarios que trabajan en estos temas
sí se sienten aludidos, y yo también directamente como Directora del
centro. Y porque está al servicio del Estado y no del Gobierno se hace
expresamente esa adscripción de competencias a la Intervención General.

Eso ya es una duda que podemos seguir usted y yo discutiendo hasta la
saciedad.

Le agradezco mucho el ánimo en cuanto a la Ley General Presupuestaria
nueva y al Reglamento. También le agradezco que nos presten su respaldo
en cuanto a mejorar todo lo que es el sistema de control. Naturalmente lo
vamos a necesitar, porque es una ley que se va a debatir, como todas las
leyes. Por supuesto tengo que decirle que tanto en el libro blanco del
gasto como en la Ley se ha tratado por todos los medios de lograr esa
conjunción armoniosa y necesaria entre legalidad y eficacia, porque como
S. S. conoce perfectamente, tanto uno como otro principio son
constitucionales; ya sé que la Constitución no dice eficacia, pero
realmente creo que estaba pensando decirlo cuando se refiere a
coste-eficiencia. Es decir, tanto el respeto a la legalidad y la
regularidad como el cumplimiento de unos principios económicos en la
gestión son necesarios en la Administración, máxime cuando está manejando
el volumen de recursos que maneja en las economías occidentales. Es
verdad que lo que tenemos que hacer es buscar el equilibrio de la balanza
para que ni una ni otra de las tendencias acabe haciendo quebrar el
modelo; que sea un modelo armonioso, recogiendo todos los aspectos. Desde
luego, puedo asegurarles que el borrador de la ley general presupuestaria
va totalmente en esta línea, pero ya tendrán ocasión de conocerlo.

Sobre el respaldo de operaciones, vuelvo a insistir en que se trata de un
tema tan delicado como las prestaciones de desempleo, y una alternativa,
naturalmente, podría haber sido que no se paguen esas nónimas entre tanto
no se haga la habilitación del crédito. Esa podría ser una alternativa
asumida por el Interventor delegado. La otra alternativa es admitir que
se hagan estas operaciones, por entender que la propia reglamentación del
desempleo, los propios reales decretos que salieron posteriormente
estableciendo las relaciones del Inem con la Tesorería, las relaciones
financieras entre los dos organismos y el derecho subjetivo que supone la
prestación de desempleo, a juicio de nuestros servicios, daban cobertura
a esos gastos. Y, por supuesto, el perjuicio, de no haber realizado esos
gastos, entendemos también que habría sido muchísimo mayor que el que se
ha podido cometer admitiendo obligaciones extrapresupuestarias.

Por supuesto que para la Intervención General, Intervención Delegada, lo
mejor es que exista crédito presupuestario, que se gaste con cargo a un
crédito presupuestario suficiente; naturalmente, eso es lo mejor, pero
cuando hay situaciones límite, que esa solución no existe, lo que se ha
dado es una salida que hemos creído que era legal, aunque no es tampoco
la que más nos gusta, desde el punto de vista del control interno. Eso
también es verdad.

Por último, respecto a lo que me decía sobre la tesis del déficit y sobre
la contabilización en concreto del Inem, yo le he intentado responder
sobre el afloramiento; cuando usted me ha hablado de afloramiento en
contabilidad en 1993, de por qué 1993 refleja un déficit tan alto
respecto a 1992, si no es que se han aflorado.

Yo lo que le decía es que los gastos excesivos respecto al crédito dotado
en el Inem, en los años correspondientes en que esto se ha producido, han
generado unas operaciones extrapresupuestarias que, como SS. SS. conocen
perfectamente, se ha financiado por la Tesorería de la Seguridad Social.

Por eso precisamente en diciembre de 1992 el saldo del Inem con la
Tesorería era negativo; es decir, era a favor de la Tesorería en,
aproximadamente, 352.000 millones. Esto quiere decir que quien ha
financiado, desde el punto de vista de correr con el pago, ha sido la
Tesorería. ¿A quién se le ha cargado el gasto? Al Inem, naturalmente,
porque eran prestaciones de desempleo. Es decir que el conjunto la
Administración de la Seguridad Social ha reflejado el gasto y la
financiación. Desde ese punto de vista es por lo que yo le decía que no
existe ningún afloramiento, puesto que esos gastos han estado
contabilizados en los años en que se han producido. Lo que ocurre es que
en 1993 y en 1992 se han producido incrementos de las transferencias del
Estado al Inem, para satisfacer estas diferencias e insuficiencias que,
en su momento, se han producido y que han generado este saldo
desfavorable en este momento para el Inem. Esto es lo que le quería
decir. Esa es la partida de déficit en el Inem en el conjunto de
operaciones de la Seguridad Social. Y esa documentación está aquí
también, porque la dejé depositada el pasado jueves.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Interventora.

Agradecemos, en nombre de la Comisión, la comparecencia de la
Interventora General de la Administración del Estado.




--DEL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION CON LAS HACIENDAS TERRITORIALES
(TANCO MARTIN-CRIADO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
(número de expediente 212/000160) Y GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (número de expediente 212/000255).




El señor PRESIDENTE: La comparecencia del Director General de
Coordinación con las Haciendas Territoriales ha sido solicitada por el
Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Página 853



Quiero significar a los grupos que esta comparecencia tenía que haber
comenzado a las 17 horas y que vamos con una hora y diez minutos de
retraso. Creo que el debate que se ha producido en relación con la
comparecencia de la Interventora ha sido extraordinariamente interesante
y una parte del retraso se debe a la votación inicial, pero me permitirán
ustedes que, a partir de ahora, tenga que ser, por obligaciones del
programa, un poco más riguroso y estricto en el manejo de los tiempos.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular don Jorge Fernández
Díaz.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente. Tengo un interés
coincidente con S. S., porque yo estoy haciendo simultáneas con otra
Comisión y, por tanto, no quedará por mi parte.




El señor PRESIDENTE: Me alegro de esta otra coincidencia.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Gracias por la comparecencia del Director
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

Me atrevo a decir que el señor Director General está en el cuadrilátero
de Bohemia-Moravia del Estado de las Autonomías, porque coordinar la
Hacienda estatal, la central, con las Haciendas territoriales, o sea, las
Haciendas locales y las autonómicas, teniendo presente que no podemos
hablar de autonomía ni local ni de política de superior rango, según dice
el Tribunal Constitucional de las Comunidades Autónomas, no hay
autonomía, digo, sin autonomía financiera y, por tanto, es evidente que
coordinar la Hacienda estatal con las Haciendas de las corporaciones
locales y de las comunidades autónomas, afecta de manera nuclear a lo que
es el Estado, tal como está, en lo que hace referencia a su organización
territorial, definido en el título VIII de la Constitución.

Realmente, su comparecencia de hoy, señor Director General, es
enormemente interesante y pretendemos que sea para nosotros muy
ilustrativa en el contexto del futuro debate de Presupuestos, puesto que,
por lo que hace referencia a las comunidades autónomas, usted sabe que
muy recientemente, y precedido de un gran debate político, ha tenido
lugar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera la
implementación de una sensible modificación al sistema de financiación
autonómica acordada por el citado Consejo el 20 de enero del pasado año
para el quinquenio 1992-1996, que se ha concretado, como todos sabemos,
en la famosa cesión del 15 por ciento de la recaudación líquida
correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en
cada uno de los territorios de las quince comunidades autónomas de
régimen común.

En relación con ese acuerdo, es evidente que va a afectar al proyecto de
Presupuestos, concretamente a la sección 32. Estaba establecido un
crédito en esa sección para atender al sistema de financiación antes de
la cesión, mediante lo previsto en el acuerdo del Consejo del 20 de enero
del año pasado, y es evidente que ahora esa cesión modifica cualitativa y
cuantitativamente lo previsto en ese crédito.

En la medida en que, según tenemos conocimiento a través de lo que han
difundido los medios de comunicación y lo que conocemos directamente a
través de los gobiernos autonómicos en los que estamos representados como
fuerza política, todas las comunidades autónomas van a ganar, si todas
van a ganar quiere decir que, evidentemente, van a ganar más de lo que
hubieran recibido por participación en los ingresos tributarios del
Estado si no se hubiera producido esta cesión. Yo le solicitaría al señor
Director General que intentara cuantificar el monto total del suplemento
de crédito que afectará a la sección 32 del proyecto de presupuestos para
atender a la nueva modalidad de financiación derivada de la puesta en
práctica de esa supuesta corresponsabilidad fiscal consecuencia de esa
cesión famosa del 15 por ciento.

En relación con lo mismo, quisiera pedirle al señor Director General que
nos aclare lo que conoce respecto a ese acuerdo, con la finalidad de
poder nosotros orientar mejor el debate presupuestario. Tenemos
conocimiento de que se preveía establecer unas cuotas mínimas y unas
cuotas o cotas máximas de ingresos en relación con la recaudación
normativa. Se hablaba del 0,1 por ciento del total de ingresos derivados
del porcentaje de participación, los ingresos tributarios del Estado,
cota mínima del 0,1 por ciento de ganancia para cada comunidad autónoma;
cota máxima de ganancia el 0,5 por ciento, que para el año 1993,
evidentemente, eso no supondrá ninguna modificación, pero que se pondrá
en vigor para el año 1994. Queremos saber si eso es así efectivamente,
como ha salido publicado en los medios de comunicación social, o si
realmente esa modificación presupuestaria va a tener otros componentes.

Como usted sabe también, señor Director General, en la motivación inicial
de este nuevo sistema, o esta variación sensible del sistema de
financiación autonómica pactada para el quinquenio vigente 1992-1996
estaba el incrementar la autonomía de ingreso de las comunidades
autónomas, vincular los ingresos tributarios recaudados en cada comunidad
al gasto de esa comunidad, al presupuesto de esa comunidad; por tanto,
vincular al esfuerzo fiscal de los ciudadanos de cada comunidad autónoma
con lo que su gobierno autonómico gasta en los presupuestos, pero,
asimismo, como una manera de incrementar la autonomía de ingresos, sobre
todo para, mediante un mayor automatismo en el ingreso, derivado de este
sistema de que una parte de los ingresos procedieran de ese porcentaje
del Impuesto sobre la Renta, evitar los desfases de tesorería que se
producen en las transferencias corrientes de la hacienda estatal a las
haciendas territoriales. Es un tema que entiendo que entra clarísimamente
dentro de lo que es su ámbito de actuación como Director General en el
Ministerio de Economía y Hacienda. Sin embargo, noticias que tenemos nos
llevan a pensar que eso no es así, es decir que contrariamente a lo que
debería pensarse en un estado inicial del debate político correspondiente
a este asunto, de que poco más o menos se enchufaban a las delegaciones
provinciales de la



Página 854



Agencia Estatal de Administración Tributaria y a medida que se iban
haciendo las liquidaciones correspondientes a las retenciones por el
Impuesto sobre la Renta, ahora parece que no es así y, por tanto, el
mayor automatismo en el cobro de los dineros que iba a evitar los gastos
financieros que a las comunidades autónomas les ocasionaban los desfases
de tesorería procedentes de la Administración estatal, no iba a ser ahora
así.

Puesto que usted es el Director General que ha de coordinar esas cosas,
por tanto, de alguna manera el responsable inmediato político de que no
haya desfases porque una buena coordinación llevaría a que no los hubiera
y, en consecuencia, que no hubiera costes financieros para créditos de
tesorería destinados precisamente a salvar esos problemas de tesorería,
nos gustaría saber si eso, efectivamente, lo va a resolver la cesión del
15 por ciento en los términos en que ha sido establecido y que va a tener
su traducción, suponemos, mediante un crédito extraordinario a la sección
32 del proyecto de presupuestos, sobre el que en la primera pregunta yo
le pedía que me estableciera, por favor, cuánto iba a ser ese crédito
extraordinario, para saber cuánto va a costar eso a la Hacienda estatal,
cuánto le va a costar, en definitiva, al país, en un momento en el que
todos coincidimos que, por la situación de crisis económica en la que
estamos, si algo es prioritario en nuestro país es la reducción del gasto
público. Es evidente que si eso va a costar más dinero, nos conviene
mucho saber a todos cuánto más va a costar porque, en definitiva, irá en
contra del objetivo prioritario de controlar el gasto y el déficit
público en estos momentos.

En relación con esta misma cuestión, le quisiera preguntar al señor
Director General si también hay previsto poner en práctica, de una vez
por todas, el artículo 15 de la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas, que, como usted sabe, establece, en
concordancia con el artículo 158 de la Constitución, los famosos fondos
de nivelación para garantizar en todo el territorio nacional un nivel
mínimo para determinados servicios públicos fundamentales.

Quiero recordar al señor Director General que en una comparecencia del
anterior Secretario de Estado de Hacienda, señor Zabalza, con ocasión del
anterior debate presupuestario, en un trámite parlamentario similar al
que estamos ahora teniendo, decía que, entre otras cosas, esos fondos de
nivelación se habían puesto en vigor porque había una discusión
filosófico-política en el seno del Gobierno, en el sentido de no estar de
acuerdo o no haber establecido un criterio en orden a considerar si los
fondos de nivelación tenían que ser unos fondos específicos, como hay,
por ejemplo, el Fondo de Compensación Interterritorial, o debían ser
fondos que estuvieran presentes en los diversos créditos presupuestarios,
que atienden a los diversos departamentos ministeriales y que
constituían, todos ellos en su globalidad, esos fondos de nivelación que
no exigirían la existencia de una partida concreta y específica, un
crédito presupuestario concreto y específico como fondos de nivelación,
igual que puede haber ahora, insisto, la Sección 33 para el Fondo de
Compensación Interterritorial. Preguntaría si lo tiene ya resuelto el
Gobierno --desde el año 1980 parece que debería haber resuelto ya esta
incógnita o esta cuestión-- y, en su caso, si se ponen en práctica esos
fondos ahora, insisto, con ocasión de este nuevo sistema de financiación
en estos nuevos presupuestos del Estado para 1994.

Esto por lo que hace referencia a las comunidades autónomas. El otro
asunto, la otra Hacienda que coordina el señor Director General es la
Hacienda local. Hay problemas comunes, como los de tesorería, a los que
antes hacía referencia. Preguntaría cómo están esos problemas de
tesorería en el ejercicio presente de 1993. Si están teniendo las
corporaciones locales, como presumimos y como denuncian, numerosos
desfases en cuanto a las transferencias procedentes de liquidaciones a
cuenta correspondientes a su participación también en los ingresos
tributarios del Estado. También quisiera que nos dijera, por favor, los
criterios por los que se ha fijado en 133.259 millones de pesetas la
cuantía del crédito con que se dota la liquidación definitiva de la
participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado
--dice el proyecto de Presupuestos-- correspondientes a ejercicios
anteriores.

Además, quisiera preguntarle si en esos ejercicios anteriores se incluye
ya la liquidación del año 1992 o si, por el contrario, a pesar de que
estamos ya en octubre de 1993, todavía no se liquida el año 1992.

Al mismo tiempo yo le pediría al señor Director General hasta qué punto
para el Presupuesto de 1994 será razonable esperar la liquidación
definitiva del Presupuesto de 1993 en un plazo, asimismo, razonable; es
decir, el primer trimestre del año siguiente, o si, por el contrario,
seguiremos como hasta la fecha liquidando en el último trimestre,
normalmente en septiembre, del ejercicio posterior al que se está
liquidando.

Por último, señor Presidente y señor Director General, en el proyecto de
Ley de Presupuestos para 1994, a diferencia de lo que constaba en la Ley
de Presupuestos de 1993, no se establecen los criterios conforme a los
cuales debe realizarse la distribución prevista en el artículo 81 del
proyecto de ley de Presupuestos como participación de las corporaciones
locales en los tributos del Estado. Se lo digo porque usted sabe que, de
acuerdo con la Ley de Haciendas Locales de 1988, el criterio de
distribución entre los municipios se establecía para el período 1989-93.

Sin embargo, como ya estamos en 1994, ya no estamos en ese plazo y el
proyecto de ley de Presupuestos no establece esos criterios. Le pregunto
por eso con qué criterios, si van a ser los mismos que para el cuatrienio
anterior, 1989-93, o si, por el contrario, son otros, porque si son otros
parece razonable que constara en el proyecto de ley de Presupuestos, cosa
que, como le digo, no aparece.

Finalmente, en relación con las subvenciones a las entidades locales por
servicios y transporte colectivo urbano, sobre crédito autorizado en el
Presupuesto de 1993, le preguntaría cuánto de ese crédito previsto ha ido
para municipios de más de 50.000 habitantes y para municipios de más de
20.000 habitantes y si, a su vez, estas



Página 855



cantidades respectivas crecieron en términos netos o disminuyeron
respecto de las cantidades que a su vez estos municipios percibieron en
el ejercicio de 1992.

La última pregunta muy concreta es sobre las previsiones que existen
sobre la aplicación del Presupuesto de 1994 del artículo 87 del Proyecto
de ley respecto a anticipos a los ayuntamientos por desfases en la
gestión recaudatoria en los tributos locales y, en concreto, para cuándo
se prevé que se pueda contar con los padrones correspondientes al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el famoso IBI, y la cuantía de los
desfases de tesorería que se piensa puedan producirse por este motivo.

Asimismo, y en relación con esta cuestión, le pregunto sobre los casos en
los que en el ejercicio de 1993, es decir, el actual, se haya aplicado a
las corporaciones locales el no reconocimiento del derecho a percibir las
ayudas para financiar el transporte público colectivo a ayuntamientos
conforme a lo que dispone, como usted sabe, el párrafo final del artículo
87 de la Ley de Presupuestos vigente de 1993.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General de
Coordinación con las Haciendas.




El señor DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION CON LAS HACIENDAS (Tanco
Martín-Criado): Quería hacer una brevísima exposición sobre qué
influencia va a tener el acuerdo sobre la aplicación de la
corresponsabilidad fiscal incluida dentro del acuerdo de 20 de enero de
1992. Efectivamente, va a tener una importancia cualitativa; sin embargo,
cuantitativa en el presupuesto de 1994 no va a tener influencia porque la
corresponsabilidad fiscal aplicada en el año 1994 se producirá en el
Impuesto sobre la renta que se devenga el 31 de diciembre de 1994; por lo
tanto, se declara en el segundo trimestre del año 1995. Lo que van a
percibir las comunidades autónomas a lo largo del año 1994 serán las
previsiones de los ingresos normativos que va a tener la cuota líquida en
cada uno de los territorios.

Ahora bien, como precisamente es la cuota normativa la que se deduce de
la participación en los ingresos del Estado que tienen las comunidades
autónomas, únicamente lo que va a suceder es que la participación se va a
desglosar en dos tramos. Un primer tramo que incidirá sobre la totalidad
de los tributos cedidos y un segundo tramo que incidirá sobre la cuota
líquida regionalizada del IRPF. Por lo tanto, en el año 1994 no existirá
un suplemento de crédito. Sí existirá en el año 1995. De todas formas,
para cuantificarlo hemos hecho unos intentos de averiguar cómo se puede
comportar el impuesto sobre la renta en el próximo año, pero no es
suficiente en la situación en que nos encontramos para poder cuantificar
su trascendencia. Nuestra estimación ha sido de alrededor de 8.500
millones de pesetas para el presupuesto de 1995, es decir, en el primer
año de aplicación el incremento de financiación podría ser en torno a
8.500 millones de pesetas.

Realmente, lo que las comunidades autónomas van a percibir desde el punto
de vista económico es la diferencia de evolución que se produzca entre la
realidad de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta y el índice de
evolución que a la participación en los tributos del Estado les
corresponda. Ese es el resultado final, aunque no quiere decir que sea
ése el camino de cálculo, pero la cuantificación, en definitiva, es ésa:
ver cómo evolucionaría el importe de la cuota líquida en la realidad y
ver cómo evoluciona como gasto equivalente o como PIN nominal o como
ITAE. Esa diferencia de evolución será la mayor financiación que pueden
obtener. Todo esto daba lugar a una cierta incertidumbre en los
resultados del IRPF, y después de laboriosas negociaciones se ha llegado
a establecer, para seguridad de ambas administraciones, un techo máximo y
un techo mínimo en el cual habrán de encontrarse todas las diferencias de
financiación de cada una de las comunidades autónomas. Ese techo máximo
es distinto para las comunidades autónomas del artículo 143 que para las
del 151. La razón es que la financiación de las del 151 es,
aproximadamente, por el hecho de contar fundamentalmente con Educación,
de alrededor del triple que el de las comunidades autónomas del 143. Es
decir, en el momento en que a una comunidad autónoma le cancelamos su
gasto equivalente, por ejemplo, la ponderación que se le da a las
competencias comunes es del 0,31, y la que tiene las competencias de
Educación es del 0,69; ese es, aproximadamente, el peso que tiene una con
respecto a la otra. Esto ha dado lugar a que si se cede la cuota líquida
a ambas comunidades, lógicamente su límite, tanto inferior como superior,
difícilmente puede ser el mismo. El límite, por ejemplo, superior para
las autonomías del 151 se estableció en el 0,5 por ciento de la
financiación total fuera fondo, que comprende la participación, los
tributos cedidos y las tasas que van incluidas en la cesión de los
tributos cedidos, en su evolución normativa, lo que se denomina la
evolución normativa.

En cuanto a las comunidades del 143, su techo máximo es el 1, y para las
dos el techo mínimo es el 0,25 por ciento de esa misma financiación. Esto
es lo que se aplicará en el año 1994.

En lo que se refiere a 1995, la liquidación se efectuará, como digo, en
el año 1996, y será el año en el que se tendrá que volver a producir una
revisión de cómo ha ido el sistema de la cesión del 15 por ciento del
rendimiento. Se ampliaron las diferencias entre techos máximos y mínimos,
atribuyendo un 2 por ciento como techo máximo y un 0,50 por ciento como
techo mínimo.

En este momento la equiparación de las comunidades es de esperar que se
haya producido en un cierto grado, puesto que está por medio el pacto
autonómico, y se habrán producido ya una serie de transferencias en
diciembre de 1995.

En cuanto a mayor automatismo, hay que tener en cuenta que el sistema
previsto en el propio acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, de 7 de octubre, prevé que en su configuración presupuestaria
se desglosará la participación, de tal forma que lo que existirá será la
misma participación que en este momento existe para el año 1994, pero
desglosada en las dos partidas que he dicho, que posiblemente se
implemente de una forma interna en el propio crédito, únicamente para que
se sepa



Página 856



qué parte corresponderá como ingresos a cuenta del IRPF y qué parte es la
participación en el resto de los tributos. Por tanto, se seguirá
entregando a las comunidades autónomas un doceavo mensual de la
participación que figure en los Presupuestos del Estado. Esto quiere
decir que no obtendrán las comunidades autónomas una participación
directa en las retenciones que se produzcan en las declaraciones de las
empresas y los profesionales o cualquier otra persona obligada a hacerlo
en el IRPF. Esta no participación se debe, además, a que existían dos
alternativas posibles, y eran ceder un 15 por ciento de los ingresos que
se efectuaran en un determinado territorio o ceder un 15 por ciento de la
cuota líquida de los residentes en ese territorio. Pareció mucho más
justo y lógico ceder el 15 por ciento de las cuotas líquidas que
declararan los residentes en cada uno de los territorios, porque se
producen importantes desfases en cuanto a los ingresos de las retenciones
precisamente. Si bien es cierto, por ejemplo, que entre Cataluña,
Valencia y Madrid representan prácticamente el 70 por ciento del Impuesto
sobre la Renta, todavía se incrementa más esa participación cuando
hablamos de retenciones. Es decir, podría llegar a producirse en
determinadas comunidades autónomas cuando entregamos el 95 por ciento de
las previsiones, un retorno de flujos porque lo que entregáramos en las
retenciones fuera superior a la parte final que correspondiera a las
comunidades autónomas. Eso nos hizo evolucionar en principio que se
pensaba que fuera sobre los ingresos que se producían al 15 por ciento de
las declaraciones que se producen en la cuota líquida. Por lo tanto, como
digo, ese aspecto creo que está claro en el propio acuerdo también.

En el mismo acuerdo del 7 de octubre, además de lo que se refiere a la
organización y las bases para la aplicación de la corresponsabilidad
fiscal, se tomaron también otra serie de acuerdos que se refieren a
diversos aspectos, uno de los cuales es precisamente el artículo 15 de la
LOFCA. El artículo 15 ha venido arrastrando desde el año 86, en que ya se
creó un grupo de trabajo, y se intentó definir cuáles eran los servicios
fundamentales y buscar unos índices que permitieran determinar o comparar
al menos el coste de esos servicios fundamentales en unos territorios con
respecto a otros. Nunca las comunidades autónomas de régimen común y la
Administración del Estado, ni entre ellas, ni con nosotros, han llegado a
un acuerdo de cuáles son esos servicios fundamentales y de cómo se pueden
evaluar. Verdaderamente es un problema muy difícil. En una primera
versión de la corresponsabilidad fiscal se intentó asimilar este problema
a una especie de garantía de la financiación media que reciben las
comunidades autónomas como consecuencia de la atribución de la
financiación por intermedio de variables. Entonces, esa financiación
media se entendía que era media a todos los efectos y que, por lo tanto,
cubría el coste de los servicios fundamentales, no sólo de los
fundamentales, sino de todos. Ante la oposición de las comunidades, este
problema se ha desglosado, se ha aceptado una propuesta de la Comunidad
de Galicia en la que se solicita que se realice un estudio en profundidad
a través de expertos independientes en los cuales se ponga de manifiesto
cuál es el coste que en virtud de las características de los servicios y
de los territorios pueden tener estos servicios fundamentales y que, al
mismo tiempo, también se definan cuáles son esos servicios fundamentales,
el conjunto de los servicios fundamentales, porque uno de los problemas
que absolutamente eran difíciles de acometer era que la financiación que
se garantiza no es el coste medio de cada uno de los servicios
fundamentales, sino el coste medio del conjunto de los servicios
fundamentales. Eso por un lado. Después, la propia definición que da la
LOFCA de coste medio era harto difícil de admitir, puesto que considera
como coste mínimo al medio, pero al mismo tiempo se convierte en un medio
dinámico y sería un problema de plazo de tiempo el que nos presentáramos
como coste mínimo el máximo que se produjera en cada uno de los
servicios, circunstancia que todavía complicaba más la aplicación del
artículo 15. De todas formas, quizá entre los diversos estudios que han
hecho los grupos de trabajo, por ejemplo, alguno de los aspectos parece
que han quedado desbrozados, como es la consideración de un fondo o no de
la asignación para servicios mínimos, yo creo que en este momento ya
todas las comunidades autónomas y la Administración central están también
de acuerdo en que no constituyen un fondo, sino que constituyen
asignaciones individuales de carácter finalista para cubrir el coste de
ese conjunto de servicios fundamentales que en cada momento se considere.

Creo que con buena voluntad y un poco de paciencia en la realización de
estudios, que también han acometido algunas comunidades autónomas,
--como, por ejemplo, la Comunidad de Valencia, a través del Instituto
Valenciano de Estudios de Financiación Autonómica--, se podrá llegar a
delimitar un poco cómo se puede aplicar ese artículo 15, verdaderamente
complejo y difícil de aplicar.

Después hemos visto que las comunidades autónomas creo que perciben con
una regularidad muy sensible las entregas mensuales que se realizan y que
la Dirección General de Coordinación, del 5 al 15 de cada mes, da orden
de pago.

Otra cosa, por ejemplo, son las liquidaciones. Hay que tener en cuenta
que las liquidaciones no se pueden hacer hasta que no esté cerrado
definitivamente el presupuesto del Estado, como elemento más próximo
posible. Eso hace que hasta últimos de marzo, primeros de abril, no
dispongamos de certificaciones de las oficinas presupuestarias para
iniciar las labores de liquidación. Pero hay otro aspecto que todavía lo
dificulta más. Hasta ahora, esos trabajos se podían avanzar porque de una
forma clara predominaba siempre el gasto equivalente sobre el PIB
nominal. Sin embargo, a partir de la liquidación del año 1991 la
diferencia entre el PIB nominal y el gasto equivalente es de décimas, con
lo cual hasta que no se tiene mucha seguridad de que el gasto equivalente
va a predominar o claramente va a ser inferior no podemos tomar la
actitud de proceder a la liquidación. En este caso, además, se ha juntado
el problema de que en el mes



Página 857



de abril presentamos un crédito extraordinario para efectuar la
liquidación del año 1992. La disolución de las Cortes hizo que el
proyecto de ley de crédito extraordinario fuera devuelto, en este momento
vuelve a estar en tramitación, y en este proyecto de ley se recogían los
porcentajes definitivos de todas las comunidades autónomas para los años
1992 y 1993. En tanto no tengamos el porcentaje definitivo de cada una de
las comunidades autónomas no podemos proceder a su liquidación y, por
consiguiente, lo único que se podría hacer es proceder a su anticipo, una
vez que en estos momentos disponemos ya de cifras muy aproximadas para
efectuar la liquidación, pero en ningún caso se puede efectuar la
liquidación definitiva; hay ya un número importante de comunidades que
han recibido incluso anticipos de tesorería a cuenta de esa liquidación
del año 1992.

Pasando al tema de las corporaciones locales, existe una distinción
clarísima: las diputaciones y los municipios. En cuanto a las
diputaciones, la percepción de la financiación que se recoge en la
sección 32 se produce también por doceavas partes. Por tanto, sus
desfases de tesorería pueden ser de un mes o mes y medio. Sin embargo,
los municipios la perciben trimestralmente, habitualmente el segundo mes
de cada trimestre. En lo que va de año, tanto en el primero como en el
segundo o en el tercer trimestre, se han dado las órdenes de pago en el
momento que está previsto presupuestariamente, es decir en los meses de
febrero, mayo y agosto. Por tanto, el desfase temporal tampoco puede
haber sido muy importante y, en este momento, estamos preparando ya la
que tendremos que dar a primeros de noviembre.

En cuanto a la liquidación, hasta hace aproximadamente una semana no
hemos dispuesto de la certificación del INE, todavía no de carácter
definitivo, de cuál es la evolución del PIB nominal entre los años 1991 y
1992 al coste de los factores. En este momento está la liquidación en
proceso de elaboración y creo que se darán las órdenes de pago antes del
25 de este mes; posiblemente la cobrarán en el transcurso del mes de
octubre.

El crédito que figura en la sección 32 para los municipios se refiere
exclusivamente a la liquidación del año 1993, que se efectuará entre los
meses de junio y septiembre del año próximo. Lo que ocurre es que el año
1993 será el último del quinquenio al que se refiere la Ley Reguladora y,
por tanto, se efectuará con arreglo a las normas que se han venido
aplicando hasta este momento, sin que exista necesidad alguna de
variación, por lo que no es de prever que haya mayores inconvenientes
para efectuarla.

En cuanto al año 1994, en lo que respecta tanto a como se ha recogido en
la normativa como en los estados de la sección 32, dado que precisamente
el año 1993 es el último del quinquenio, lo que teníamos que hacer era
consignar unas entregas a cuenta a las corporaciones locales a lo largo
de 1994, en previsión de que el cuarto trimestre de este año no fuera un
espacio de tiempo suficiente para poder elaborar un acuerdo sobre los
nuevos criterios de distribución de la participación, que deben
necesariamente establecerse en este año. Para evitar que, a partir del 1
de enero de 1994, no existiera ningún procedimiento para entregar la
participación a los municipios, lo que se hace simplemente es una
prórroga de la situación existente en el quinquenio anterior, prolongando
tanto su evolución dinámica, es decir, aplicando el mismo criterio del
gasto equivalente para pasar de 1993 a 1994, como los criterios que han
de servir de base para la distribución según población, esfuerzo fiscal y
unidades escolares, que se prorrogan también para ser aplicados en el
transcurso del año que viene si no hubiera antes un acuerdo con los
municipios para establecer otras ponderaciones de esas variables o
incluso recoger las variables a las que se llegue en el acuerdo que
espero que se pueda cerrar en el transcurso de este trimestre.

En cuanto a otra serie de criterios sobre este tema, respecto a la
subvención del transporte, el crédito es muy semejante al del ejercicio
anterior, su incremento es de aproximadamente un 2,5 por ciento. La
primera vez que se va a efectuar este reparto entre poblaciones de menos
de 50.000 habitantes va a ser en el ejercicio de 1993. Para efectuar el
reparto en el ejercicio de 1993, la información estadística en
macromagnitudes que se pide a las corporaciones locales se empieza a
recoger el 1 de septiembre. En este momento, la información recogida es
de aproximadamente el 40 por ciento de los municipios susceptibles de
acogerse a esta subvención del transporte urbano. Por tanto, todavía no
estamos en condiciones de saber qué proporción de ese crédito va a ir a
municipios de más de 50.000 habitantes y qué parte va a ir a municipios
de menos de 50.000 habitantes.

Finalmente, todos los años se hacen previsiones en los presupuestos de
que, como consecuencia de la revisión de los valores en el IBI, se pueda
producir algún retraso en la entrega que se efectúa habitualmente en el
mes de agosto; en los últimos años se ha venido efectuando de forma que
es raro el municipio que todavía se tiene que acoger a estos anticipos
porque no se han producido revisiones masivas de los valores catastrales.

Entonces, solamente cuando se producen esas revisiones --y es posible que
en el año próximo ya haya revisiones de mil y pico municipios-- es cuando
tenemos que prever, para el año próximo, si el día 1 de agosto del año
próximo no se han entregado los padrones que han de entrar en vigor, que
los municipios puedan pedir el anticipo de hasta el 75 por ciento de su
importe para que nosotros se lo adelantemos y se lo deduzcamos en el
momento en que los puedan poner al cobro; lo mismo pueden tardar dos
meses más y se los deduciríamos a lo largo del ejercicio siguiente de las
entregas del fondo de participación en los ingresos del Estado; si
hubiera mayores problemas, como en otras ocasiones ha ocurrido, lo
distribuiríamos incluso en los dos trimestres siguientes, cuando se
producen mayores retrasos en la entrega de los padrones.

Creo que he contestado todo. (El señor Fernández Díaz pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz, dos minutos.




Página 858



El señor FERNANDEZ DIAZ: Me sobra uno. Es para aclararme, porque para eso
estamos aquí.

Señor Director General, si no le he entendido mal, usted estima que el
coste derivado de la cesión del 15 por ciento, para entendernos, y ya nos
entendemos todos, sería de unos 8.500 millones de pesetas en relación con
lo presupuestado en la sección 32 en el proyecto de presupuestos para
1994. Si no he entendido mal, sería para el año 1995, por lo que en este
proyecto de presupuestos no debería de haber ninguna enmienda ni ningún
crédito extraordinario en relación con la sección 32 para atender a esos
8.500 millones. Es así ¿no? (El señor Director General de Coordinación
con las Haciendas Territoriales: Exactamente.)
En relación con lo segundo ¿cuál es el motivo por el que los municipios,
según el artículo 81 del proyecto de ley, como participación de éstos en
los tributos del Estado, tienen menos dinero este año que el año pasado?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION CON LAS HACIENDAS TERRITORIALES
(Tanco Martín-Criado): Los municipios tienen en las entregas a cuenta
aproximadamente un 9,2 por ciento más que en el ejercicio pasado; las que
tienen menos dinero son las diputaciones. La razón por la que las
diputaciones tienen menos dinero es porque las comunidades autónomas de
Madrid y de Cantabria han solicitado la segregación de la participación
que tienen como diputación y que se les integre como comunidades
autónomas. Eso ha significado aproximadamente unos 48.000 millones de
pesetas.




El señor PRESIDENTE: Ha terminado la comparecencia del Director General
de Coordinación con las Haciendas Territoriales.




--DEL SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (BLANCO-MAGADAN Y AMUTIO). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (número de expediente
212/000156) Y GRUPO SOCIALISTA (número de expediente 212/00069).




El señor PRESIDENTE: La comparecencia del Subsecretario del Ministerio de
Economía y Hacienda ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular
y por el Grupo Mixto, aunque por un error de secretaría este último no
figura entre los grupos solicitantes. En su nombre, tiene la palabra el
señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Subsecretario, como tenemos el tiempo
justo, voy a intentar ser muy breve y muy rápido.

Según la proyección macroeconómica presentada en el presupuesto del
Estado para 1994 su Departamento tiene previsto un incremento de
importaciones de bienes y servicios del 2,7 por ciento y de las
exportaciones del 8,4 por ciento. Habida cuenta de la progresiva pérdida
de competitividad de la economía española y de su déficit comercial, el
segundo más elevado del mundo, y también teniendo en cuenta que las
devaluaciones no provocan efectos a largo plazo, ¿considera usted
realistas estas previsiones? ¿Qué criterio han seguido para fijarlas?
¿Qué medidas concretas ha previsto su Departamento para afrontar con
éxito el nuevo Espacio Económico Europeo? ¿Cuál es el grado de
cumplimiento del Plan de convergencia elaborado por el Gobierno para el
período 1992/1996?
De las cinco condiciones impuestas en el Tratado de Maastricht relativas
a la creación de la moneda única en 1997, España tan sólo cumple la
relativa al volumen de deuda en circulación. En su opinión, con un
crecimiento del gasto previsto en deuda pública para 1994, en un 13,86
por ciento, ¿qué expectativas vaticina a medio plazo sobre la continuidad
del cumplimiento de este objetivo? ¿Qué criterios se han seguido para la
presentación de proyectos en Bruselas con el objeto de ser financiados
por los fondos de cohesión previstos en el Tratado de Maastricht? ¿Cómo
afectará el Tratado de la Unión Europea a su Ministerio en cuanto a
cesión de soberanía se refiere? Y, en su opinión, ¿qué efectos se
producirán para la economía de la Comunidad Valenciana derivados de la
conclusión del acuerdo Blair House dentro de las negociaciones de la
Ronda Uruguay en el seno del Gatt?
¿Considera realista la previsión de inflación prevista para 1994, cifrada
en un 3,5 por ciento, habida cuenta del gigantesco déficit público, de
los elevados tipos de interés actualmente existentes en nuestra economía
y de las últimas devaluaciones sufridas por nuestra moneda? ¿Considera
realista la previsión del crecimiento del producto interior bruto para
1994, cifrada, según el proyecto de ley de presupuestos, en el 1,3 por
ciento, habida cuenta de un incremento esperado de la demanda agregada
nacional de un 0,1 por ciento?
Por último, ¿qué opinión le merece una economía como la española en que
su inflación esperada supera el 3,5 por ciento, y se sitúa en más de dos
puntos por encima del crecimiento económico previsto, consecuencia de las
medidas de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado
relativas al desempleo, sobre la demanda nacional e incidencia en la
competitividad empresarial, especialmente en el sector del transporte,
derivada del constante incremento de impuestos sobre hidrocarburos? En su
opinión, ¿no considera esta medida recaudatoria contraproducente habida
cuenta de las devaluaciones efectuadas sobre nuestra moneda?



El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, el señor Subsecretario del
Ministerio de Economía y Hacienda tiene, como no podía ser de otra
manera, la más absoluta de las libertades para contestar a sus preguntas,
pero creo que convendrá con la Presidencia el señor González Lizondo que
son unas preguntas más bien a dirigir al Secretario de Estado de
Economía, cuya comparecencia está prevista para dentro de algún tiempo.




Página 859



Si el señor Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda decidiera
contestarlas, damos por terminado el trámite en relación con el Grupo
Mixto. Si ésa no fuera su decisión, me tendrá que permitir que le demos
la posibilidad de que la contestación, bien en su presencia, bien en su
ausencia, la haga el señor Secretario de Estado de Economía.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, además yo no tengo
inconveniente, y visto cómo va el horario, ahora mismo me acerco a la
mesa, dejo las preguntas, que están todas por escrito, y, perfectamente,
si el señor Subsecretario lo considera, que conteste y, si no...




El señor PRESIDENTE: Y si no se las hacemos llegar por escrito al
Secretario de Estado de Economía.




El señor GONZALEZ LIZONDO: De acuerdo, así adelantamos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su colaboración, señor González
Lizondo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Montoro tiene la palabra.




El señor MONTORO ROMERO: El turno de preguntas al señor Subsecretario se
completará por la señora Rudi, pero yo quería hacer una primera
intervención, sin dejar de agradecer la presencia del señor Subsecretario
de Economía en esta Comisión, en primer lugar.

Todos conocemos, a nadie se nos escapa la importancia del Ministerio de
Economía en esta etapa de crisis económica que estamos viviendo, en esa
tarea que tenemos todos los españoles de superación de esa crisis. Por
eso, lo que es el funcionamiento interno del Ministerio en esas tareas
suyas, como son la de diseño y aplicación de las políticas económicas de
nuestro país y, en concreto, la de elaboración del presupuesto, es una
labor importante, clave, diríamos. Además, hay otro aspecto del
funcionamiento del Ministerio que quiero destacar en estos momentos, y me
refiero a lo que pudiéramos denominar el efecto ejemplarizante del
Ministerio de Economía en relación con lo que tiene que ser la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado que necesita la
economía española en sus actuales circunstancias, por las dificultades
que atraviesa esta economía, en las que, como bien decía el señor
Presidente, no es el momento ahora de entrar.

Si quiero aprovechar la presencia del señor Subsecretario para pedirle
una aclaración sobre el contenido de lo que es el presupuesto del
Ministerio en sus grandes partidas, lo que es la evolución del
comportamiento del presupuesto del Ministerio para el año 1994, bien
entendido que para hacer un análisis completo de lo que debe ser este
comportamiento del Ministerio de Economía y Hacienda el próximo ejercicio
sería oportuno tener la liquidación del año 1993. No es el caso. Las
referencias con que contamos, las explicaciones de las que disponemos
son, en definitiva, procedentes de la comparación de presupuestos
iniciales, y ahí es donde puede estar la virtud de la aclaración que nos
haga el señor Subsecretario de Economía.

En lo que se refiere al ámbito estricto del Ministerio, sin entrar de
momento en lo que son los organismos autónomos dependientes del
Ministerio, sería significado aclarar lo que es el comportamiento de la
partida de personal, de la primera remuneración, puesto que la previsión
es de un incremento del 3,2 por ciento. Nos llama la atención el
incremento del capítulo de personal (vuelvo a recordar la idea de que
estamos en un momento en el que se está ofreciendo a los funcionarios un
crecimiento nulo en sus remuneraciones, habida cuenta de la necesidad de
corregir el déficit público) en ese Ministerio --ejemplarizante para el
resto de los ministerios, para el resto de todos los organismos
públicos-- porque parece una cifra relativamente importante y convendría
precisar a qué se debe este incremento. También es verdad --y no resisto
la tentación de trasladar al señor Subsecretario mi impresión, que es una
impresión compartida en otros departamentos ministeriales-- que el
Ministerio de Economía y Hacienda tiene una dotación de recursos humanos
holgada; está bien dotado de recursos humanos y, si me permite la
expresión, esos recursos humanos están, comparativamente, bien
remunerados, lo que nos llevaría a demandar del Ministerio un mayor rigor
en el crecimiento de esa partida en comparación con lo que se aplica en
otras instancias de la Administración. Desearía saber si eso es así, si,
efectivamente, se confirma esa sensación, es decir, si tiene visos de
realidad, si se asienta en esa realidad, que comparten otros
funcionarios, que el Ministerio de Economía y Hacienda, por aquello de
ser el que reparte el presupuesto, el que hace y reparte este
presupuesto, tiene unos complementos de productividad o unos específicos
en su remuneración comparativamente altos, incluso superiores a lo que
correspondería a su función.

En lo que se refiere a la partida de gastos, a las compras de bienes
corrientes y servicios, ahí hay un ajuste entre las principales partidas
que también es llamativo. Es interesante observar cómo baja precisamente
el capítulo de estudios y trabajos en una cuantía importante, en casi 600
millones de pesetas, por lo que convendría explicar de qué clase de
estudios y trabajos se va a prescindir, si es que se trata de que los
funcionarios del Ministerio suplan esa función o es que se ha visto que
la utilidad de estos trabajos, de estos estudios encargados fuera no era
tan alta o era prescindible en una situación de crisis y de restricción
del gasto público. Asimismo, es llamativo el descenso del gasto en
material de oficina, 311 millones de pesetas, y el descenso de los
arrendamientos. Es verdad que ha habido un descenso de los alquileres del
mercado inmobiliario, que supongo que puede tener alguna relación con
este comportamiento y beneficiará algo al Ministerio de Economía y
Hacienda.

En contraste, dentro de este capítulo de adquisiciones de bienes
corrientes y servicios, es también llamativo el incremento del pago de la
factura de teléfono para el año que viene. Esto, ¿qué significa
exactamente, señor



Página 860



Subsecretario? ¿Significa que el Ministerio ha hecho un esfuerzo y ha
puesto su cuenta a cero con la Compañía Telefónica Nacional de España o
significa que hace falta más dinero para comunicar al Ministerio con el
resto de la Administración y con el resto del mundo?
Es interesante también la aparición de una partida de publicaciones, que
es una partida, en definitiva, normal dentro de la actividad de este
Ministerio, pero que convendría especificar, pues hemos encontrado nueva
--si usted no me aclara lo contrario-- la precisión de esas compras de
bienes y servicios en el capítulo de publicaciones, por 187 millones de
pesetas.

En lo que se refiere a las transferencias corrientes que realiza el
Ministerio --obviamente, el destino de esas transferencias corrientes son
sus organismos autónomos--, quiero destacar el descenso que se opera en
la transferencia a la Escuela de Hacienda Pública. Convendría explicar en
qué consiste este ajuste, si es que hay una nueva planificación en la
actividad de la Escuela, y, además, convendría especificarlo y aclararlo,
porque hay una síntesis con el Instituto de Estudios Fiscales, y cabe
esperar que eso no signifique la anulación de las actividades del
Instituto de Estudios Fiscales. En este caso, apelo a mi condición de
catedrático de Hacienda Pública. El señor Subsecretario entiende bien lo
que significa y lo que ha significado históricamente este organismo
público a la hora de fomentar, de propulsar los estudios relativos a
Hacienda Pública, siempre bien aclarado que nunca se trataría de
convertirlo en una sección más del Ministerio de Economía y Hacienda, en
un servicio de estudios más. El Instituto de Estudios Fiscales tiene
sentido si sirve al conjunto de la sociedad, y no como departamento de
estudios del propio Ministerio de Economía y Hacienda; es decir, no se
debe dar jamás esa concepción al Instituto de Estudios Fiscales de servir
para apuntalar las tesis del Ministerio, sino para ser la voz de los
estudiosos de la Hacienda Pública en España.

Asimismo, quiero pedir la aclaración, dentro de las transferencias
corrientes, de la partida de organismos financieros multinacionales, que
es una partida imprecisa en la que se registra un incremento de 500
millones. Es una partida significativa del Ministerio cuya presencia nos
extraña aquí, porque si entraña el pago de cuotas de la pertenencia de
España a los organismos internacionales, encontramos que su ubicación
estaría mejor en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pasando a inversiones reales, hay un recorte en inversión en el
Ministerio, un recorte que se ubica en una menor reposición del material,
en definitiva, del material inventariable del Ministerio. También
convendría aclarar en qué consiste esta falta de reposición de los medios
del Ministerio, máxime en un momento en el que se trata de propulsar la
inversión pública, aunque no quiero decir con esto que haya de ser un
Ministerio como el de Economía el que haga esa función directamente, por
razonas obvias. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la
Presidencia.)
Quiero preguntarle también por la evolución de las transferencias a otros
organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Estadística o el
Centro de Gestión Catastral; ahora me referiré en concreto a lo que
significa el descenso de la inversión del Centro de Gestión Catastral.

Por último, en lo que se refiere al ámbito del Ministerio, la dotación de
activos financieros son 8.678 millones, dedicados a empresas públicas y
otros entes. Creemos que precisar el contenido de esta partida sería
bastante útil para entender mejor lo que es el proyecto de presupuesto
del Ministerio.

En lo que se refiere a organismos autónomos de carácter administrativo,
lo más llamativo que encontramos, y le pediríamos la aclaración de lo que
significa, es el descenso del capítulo de inversiones en el ámbito del
Centro de Gestión Catastral, que es un descenso importante, aunque sería
cuestionable si realmente la realización del censo es una inversión o no.

Creo que no debemos convertir esta comparecencia en una discusión técnica
sobre la contabilización de este gasto, pero ahí hay un descenso de
inversión, llamado así, que también se realiza en el caso del INE, que
debe corresponderse --imaginamos, pero sería oportuno aclararlo-- con el
cierre del censo de población, seguramente. Si no es así, convendría
precisar qué actividades del Instituto Nacional de Estadística son las
que se frenan debido no a la contención sino al descenso de esta partida
de inversiones. Hay una pequeña partida, son cinco millones de pesetas,
pero es un activo financiero, del Centro de Gestión Catastral, que es
también algo más que un detalle. ¿Qué tipo de créditos o de préstamos
hace este Centro, que ascienden a cinco millones de pesetas? Creemos que
este tipo de partidas no son anecdóticas, son siempre reveladoras de una
actitud que conviene precisar y aclarar.

Por último, en el ámbito de los organismos autónomos comerciales, nos
referimos a la evolución de los gastos corrientes del Parque Móvil
Ministerial. También convendría aclarar en qué consiste este gasto mayor
que supone el pago de tributos por valor de 600 millones de pesetas. Es
un incremento de 600 millones de pesetas respecto del presupuesto
anterior, que no entendemos, no se nos alcanza por qué el Parque Móvil
paga ahora unos impuestos que no pagó en el ejercicio anterior. ¿Qué tipo
de impuestos son estos que aparecen dentro de los gastos programados para
el año que viene?
Nada más, sino reiterarle el agradecimiento por la comparecencia de esta
tarde. Paso la palabra a la Diputada señora Rudi.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): También por el Grupo Popular,
tiene la palabra la señora Rudi.




La señora RUDI UBEDA: Quiero agradecer también la presencia ante esta
Comisión, un año más, del señor Subsecretario del Ministerio de Economía
y plantearle que mi intervención va dirigida, en tres o cuatro preguntas
muy concretas, a la confección del presupuesto de lo que se viene en
llamar sección 31, gastos diversos ministerios, que sufre este año un
incremento importante con



Página 861



respecto al año 1993, concretamente, según la memoria de descripción
general de los objetivos de la sección, de un 37,5 por ciento, y quizá en
algunos puntos nos parece relativamente oscura la definición de por qué
se originan estos incrementos. Tradicionalmente, esta sección 31, como su
nombre indica, parece que quiere agrupar aquellos gastos que no
corresponden a un solo ministerio, sino que deberían corresponder a
varios y ser prorrateables. Sin embargo, cuando analizamos los conceptos
con un poquito de detenimiento, al entender del Grupo Popular, hay
algunos conceptos que creemos que sí tienen perfecta asignación o que
deberían estar asignados a los distintos ministerios. Concretamente,
señor Subsecretario --y voy a hacer un rápido recorrido por los
programas--, en primer lugar (si es posible, nos gustaría que contestara
ahora; si no, le ruego que nos remita la documentación por escrito, como
viene siendo habitual en estas comparecencias), con respecto al Programa
513.F, que es el de cobertura del seguro de cambio de autopistas, en la
descripción del programa se nos dice, curiosamente --y leo, porque
incluso parece reiterativo--: El incremento de 4.454 millones en el
Programa 513.F se produce a consecuencia del incremento en la dotación
para dicha cobertura. La verdad es que es decir y no decir nada. Yo le
rogaría al señor Subsecretario que, si es posible, si no es en este
momento por escrito, nos aclare a qué es debido realmente ese incremento.

Esta redacción merece figurar en un libro de anécdotas sobre los
Presupuestos Generales del Estado, pero yo no tengo la culpa, figura
efectivamente en la documentación que nos han remitido. (El señor Almunia
Amann: Más claro no puede ser.) Efectivamente, ¿por qué es algo blanco?
Porque es blanco.

Con respecto al Programa 612.F, que es la gestión del Patrimonio del
Estado, la dotación más importante se refiere a la adquisición de
acciones por parte del Estado. Se nos plantean dos dudas. Por una parte,
en la sección del Ministerio de Economía, como bien indicaba mi compañero
el señor Montoro, ya existen dotaciones para adquisición de acciones. Sin
embargo, las de la Corporación Siderúrgica Integral se hacen figurar aquí
en la sección 31. No entendemos por qué deben figurar aquí y no en
Industria si se refieren al Instituto Nacional de Industria, o en
Economía si fueran de empresas del patrimonio. ¿Por qué se hace figurar
en la sección 31? Querríamos conocer la aclaración a esta cuestión. Con
respecto a otra dotación que figura bajo el mismo epígrafe de adquisición
de acciones y que no viene determinado a qué corresponde, también
querríamos una aclaración.

Por último, señor Subsecretario, en cuanto al programa 633-A, que
indudablemente es el que se lleva más del 50 por ciento de la dotación de
esta sección, en el capítulo 1, gastos de personal, aparece una dotación
de 7.852 millones de pesetas en retribuciones complementarias, para todo
tipo de retribuciones que pudieran reconocerse en favor de funcionarios
de carrera. No terminamos de entender que exista esta dotación y que esté
en la sección 31, cuando los gastos del capítulo 1 figuran cada uno en su
Ministerio correspondiente, en función del personal, tanto funcionario
como de otro tipo, que está adscrito a cada Ministerio. Lo que tampoco
entendemos es la redacción, no nos parece convincente, para ser más
exactos: para atender carencias de dotaciones que pudieran reconocerse.

¿Qué previsiones son las que se tienen para que figure aquí una dotación
de 7.852 millones?
Con respecto a las cuotas, prestaciones y gastos sociales en el mismo
programa, que tradicionalmente vienen aquí incorporados, es una dotación
de 138.412 millones de pesetas. Son las cuotas de Muface, del Isfas y
algunas otras dotaciones. Nos ocurre lo mismo. ¿Por qué estas dotaciones
para cuotas sociales no figuran en cada Ministerio? Porque es de suponer
que en las dotaciones del capítulo 1 las cargas sociales serán
proporcionales a la dotación por sueldos o por retribuciones. ¿Por qué se
vienen contemplando en la sección 31 y no cada uno de ellos --o la mayor
parte de ellos, quizá haya que mantener aquí una dotación-- en su
respectivo Ministerio, que sería más claro?
También querríamos pedirle aclaración con respecto a este programa sobre
las inversiones de reposición, que son más de 24.000 millones de pesetas.

Dice: inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de
los servicios. Que las inversiones de reposición sean imprevistas, hasta
cierto punto tiene su lógica, pero quizás en una cantidad menor.

Vuelvo a insistir en nuestro criterio general. Creemos que esta sección
31, señor Subsecretario, no debería recoger --y usted verá que en algunos
programas no me he parado, porque, por ejemplo, en el Parque Móvil,
entendemos que da servicio a distintos ministerios, por lo cual es muy
difícil prorratear lo que corresponde a cada Ministerio-- algunos de los
programas que, año tras año, se vienen contemplando en dicha Sección con
un incremento importante --repito que este año, con unos presupuestos
restrictivos, el incremento de esta Sección es del 37,5 por ciento--,
sino que debería procurarse que los gastos asignados a esta sección
fueran aquellos que, por ser comunes de distintos ministerios, no es
posible asignarlos a cada uno de ellos.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para contestar a las preguntas
del Grupo Popular, incluidas las perplejidades sintácticas de la señora
Rudi, tiene la palabra el Subsecretario de Economía y Hacienda.

El señor Subsecretario de Economía.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán y Amutio):
Quiero dar las gracias a los intervinientes por las preguntas que me han
formulado.

En primer lugar, quiero agradecer la bienvenida que me dan en mi
comparecencia en esta Comisión --la primera puesto que hace apenas dos
meses que soy Subsecretario de Economía y Hacienda-- y me ofrezco desde
ahora a colaborar con cualquier Diputado que me plantee alguna pregunta,
tanto en comparecencias o a través de la vía que estime más aconsejable.

En este trámite intentaré responder a las múltiples preguntas que se me
han formulado con la mayor concisión y claridad posible



Página 862



en aquellos puntos en que pueda, que no creo que vaya a ser siempre.

Con respecto al Diputado del Grupo Mixto, corroboro la intervención del
Presidente en el sentido de que el planteamiento que ha hecho S. S. se
refiere a aspectos de definición de políticas macroeconómicas de
previsiones en relación con macromagnitudes, que por error se me han
plantedo a mí cuando es evidente que estaban pensando en
responsabilidades del Secretario de Economía que está convocado para una
comparecencia esta tarde. Han dejado aquí las respuestas y serán
atendidas por el Secretario de Estado de Economía en su comparecencia.

Entro, sin más preámbulos, en las preguntas que me ha formulado, en
primer lugar, el señor Montoro y, en segundo lugar, la señora Rudi.

El señor Montoro ha hecho una primera reflexión de carácter general que
voy a intentar responder con brevedad, pero también con una reflexión de
carácter general sobre la necesidad, en un contexto presupuestario
restrictivo como el que presenta en estos momentos el Gobierno de ahorro
del gasto, de lucha por el mantenimiento, de un objetivo de déficit
ambicioso y la tarea ejemplarizante difícil de conseguir que corresponde
al Ministerio de Economía y Hacienda en cuanto Ministerio, es decir, en
cuanto órgano que gasta; esa sería mi responsabilidad.

Afortunadamente, lo tengo fácil porque es verdad que si se compara el
presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda con el conjunto de los
presupuestos del Estado, con el presupuesto del año anterior del
Ministerio o con la liquidación del Ministerio, se comprueba que las
reducciones de los distintos capítulos son notables.

Para comparar sólo las cifras de que dispone S. S., que es la comparación
de presupuesto inicial con presupuesto inicial, en el capítulo 1 del
subsector Estado, que es del que estamos hablando, se produce un
crecimiento de un 3,2 por ciento, que luego explicaré. En el capítulo 2,
gastos corrientes de bienes y servicios, comparando presupuesto inicial
con presupuesto inicial, estamos hablando de una reducción en el
Ministerio de Economia del siete por ciento. El capítulo 3 es caso
irrelevante y apenas tiene crecimiento. En el capítulo 4 el crecimiento
es del 6,3 por ciento, cuando el conjunto del subsector Estado es del
12,7. En inversiones reales y en transferencias de capital estamos
hablando en el Ministerio de Economía de decrecimientos por encima del 20
por ciento --en un caso, del 22 y, en otro, del 20,8 por ciento-- cuando
en el conjunto del presupuesto del Estado estamos hablando de incrementos
del doce y pico o de un decremento en el capítulo 7, del tres y pico por
ciento.

En conjunto el gasto no financiero, es decir, los capítulos 1 al 7 del
Estado se incrementan, presupuesto inicial sobre presupuestos inicial,
insisto, en un 11,8 por ciento y en el presupuesto del Ministerio
prácticamente se congelan. Son 198.000 millones, tanto del presupuesto
inicial 1993, como del presupuesto inicial 1994.

No voy a insistir mucho en esta comparación puesto que no dispone S. S.

de las cifras, pero se las podemos hacer llegar cuando quiera. Con
respecto a las previsiones de liquidación del presupuesto del Ministerio
de Economía y Hacienda para el conjunto del año 1993, si comparamos el
presupuesto inicial del 1994 con las previsiones de liquidación, estamos
hablando de un decrecimiento de casi el 23 por ciento, el 22,94. Insisto
en que no voy a referirme más a ello puesto que no dispone S. S. de estas
cifras. Creo que lo más elegante sería que dispusiera de ellas para que
las comentara yo, pero si estamos comparando --parece lo más correcto en
un año como éste-- la liquidación del presupuesto de 1993 con el
presupuesto inicial de 1994, hay un decrecimiento del 23 por ciento, que
afecta a todos los capítulos del presupuesto. El Ministerio de Economía y
Hacienda, en ese sentido, cumple con creces la demanda razonable de S. S.

de tener una cierta actitud ejemplarizante en cuanto al ahorro, a la
política de contención del gasto.

Insiste en la parte en que esto se cumple menos, que es el capítulo 1,
donde hay un crecimiento, comparando presupuesto inicial con presupuesto
inicial, del 3,2. Ya digo que si se compara con lo que ocurre en el
Estado, veremos que en el Estado estamos hablando de un crecimiento del
presupuesto inicial sobre presupuesto inicial del 5 por ciento, mientras
que nosotros, el 3,2. Por tanto, digamos que estaríamos cumpliendo un
poco la demanda de su señoría.

Cabe una pregunta que también hace S. S. cuando pregunta que en un año en
el que hay congelación salarial, de dónde sale ese 3,2 por ciento. Como
estamos comparando presupuesto inicial con presupuesto inicial, este 3,2
por ciento sale, fundamentalmente, de dos partidas. Una, que, como
recordará S. S., se hizo un crédito extraordinario para el pago a los
funcionarios de la cláusula de actualización del IPC pasado, del 1,8 por
ciento, que es lo fundamental. Junto a eso, a lo largo del ejercicio el
personal no es una magnitud «stock», sino flujo, y, por tanto, va
teniendo variaciones. ¿Cuáles son? Los ingresos de personal que se han
producido, más las reclasificaciones vía concursos, menos las bajas de
personal, bien sean por salidas a otros ministerios o por jubilación.

La explicación del 3,2 por ciento está en esas dos magnitudes: en el 1,8
de actualización más el movimiento de reclasificación a lo largo del año.

Digo movimiento de reclasificación porque, en términos de efectivos, las
previsiones del Ministerio son --y le puedo enviar a S. S. las cifras--
de una disminución del número de efectivos tanto de personal funcionario,
como de personal laboral para el Ministerio para el ejercicio que viene.

Hemos elaborado un presupuesto que en concreto prevé una disminución
reducida en efectivos; en personal funcionario pasar de --estoy hablando
de efectivos, no de dotaciones presupuestarias, ni catálogos, ni ese tipo
de líos que hacemos los funcionarios-- 7.397 funcionarios, en 1993; 7.318
previstos en el año 1994. Con eso se explica un poco el incremento del
3,2 por ciento en capítulo 1. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Me comenta que existe en la Administración la sensación de que, en
general, el Ministerio de Economía y Hacienda está bien dotado de
recursos humanos y, a la vez, bien remunerados. Pregunta si eso responde
a la realidad o no. Creo que responde a la realidad, está bien



Página 863



dotado de recursos humanos y estos recursos están relativamente bien
remunerados. Pero, como sabe S. S., las remuneraciones de los recursos
humanos en la Administración están perfectamente regladas y responden a
condicionantes de nivel de titulación, de cuerpo al que se pertenece,
etcétera. Hacienda tiene unos cuerpos que exigen un nivel de titulación,
de cualificación, que se refleja en las retribuciones. En general, es
cierto que el Ministerio de Economía y Hacienda tiene buenos funcionarios
relativamente bien pagados. Pero insisto en que ese «relativamente bien
pagados» no es algo discrecional, es algo perfectamente reglado y el
resultado de esas reglas conduce a que, afortunadamente para mí que soy
el Subsecretario, tengo buen personal relativamente bien pagado.

Capítulo 2, por ir deprisa como me urge el Presidente. Me ha hecho
bastantes preguntas de distintos elementos o ingredientes dentro del
capítulo 2 y voy a intentar ir muy deprisa. Dice que bajan estudios y
trabajos técnicos. Esta es una bajada bastante importante, del orden de
600 millones, sobre un presupuesto inicial, el año pasado, de 800; es
decir, estamos hablando de una bajada del 74 por ciento. Algunos dirían
que es una bajada meteórica. Pregunta S. S. de qué estudios vamos a
prescindir, pregunta que no tiene respuesta. Lo que pasa es que vamos a
tener menos dinero para poder hacer estudios, pero no sabemos de cuáles
vamos a prescindir. Lo que tenemos que ver es cuáles tienen más prioridad
y podemos financiar con los --la diferencia entre 804 y 598-- 300
millones aproximadamente que vamos a tener. No hemos hecho una lista para
ver de cuáles prescindimos. Por razones de ahorro de gasto público, nos
ha parecido que ésta es una de las partidas en las que cabe mayor
posibilidad de apretarse el cinturón y, por tanto, se podrán hacer menos
estudios y trabajoss técnicos a lo largo del ejercicio que viene, un 74
por ciento menos.

Baja material de oficina, baja arrendamientos. La baja de arrendamientos
es muy pequeñita, sobre una dotación inicial de 1.700 millones, de unos
63 millones. Baja porque ése es el resultado de los arrendamientos: no se
arrienda más y, por tanto, la política de contención del gasto es que se
tiende a mantenerse en aquellos edificios cuyos arrendamientos son más
baratos y no ir a mayores arrendamientos. Insisto en que en 1.700
millones, hay sesenta y tantos millones de ahorro; ésa es la baja.

Sube teléfonos. Efectivamente, el teléfono sube bastante: sobre 800
millones, sube cuatrocientos y pico. ¿Por qué? ¿Se va a hablar más o se
va a pagar lo que se debe? Se va a pagar lo que se debe. Es público y
notorio --y el Presidente de la Compañía Telefónica se encarga de
recordarlo con bastante frecuencia-- que las administraciones públicas en
general tienen una deuda importante con la Telefónica. Una de las
administraciones públicas, si bien es cierto que en cuantía pequeña, es
el Ministerio de Economía y Hacienda, que también le debe a Telefónica,
como no podía ser menos, y lo que vamos a hacer es pagar lo que le
debemos y presupuestar realmente lo que nos cuesta. Como sabe S.S., ésta
es una de las partidas que por la Ley de Presupuestos pasan a ser
vinculantes y, por tanto, lo que está consignado en el presupuesto para
pagar teléfonos sólo se puede usar para pagar teléfonos. Pretendemos
liquidar la deuda que teníamos con Telefónica, creo recordar que es del
orden de 160 millones en el Ministerio, y presupuestar correctamente.

Publicaciones. Dice S. S. que aparece una nueva partida. No es exacto. Es
verdad que formalmente aparece una nueva partida, pero no es exacto. Hay
un decreto --no recuerdo ahora la fecha-- del Ministerio de Relaciones
con las Cortes, de hace unos meses, que ordenó el programa de
publicaciones de los distintos ministerios y obligó a que las
publicaciones que aparecían, no siempre con la debida transparencia, en
mi opinión, en distintos sitios de los presupuestos en los diferentes
departamentos, aparecieran en un único programa de cada departamento.

Para ello se debían transferir de donde estaban a ese cajón. Ese es el
cajón nuevo que aparece, el Programa 126.F, que ya existía, pero no todas
las publicaciones estaban ahí. Lo que ha hecho el Ministerio es
transferir ahí lo que estaba en otros sitios en publicaciones, por eso
aparece como nuevo, pero, en realidad, en términos homogéneos, el recorte
de los créditos destinados a publicaciones va a ser del orden del
cuarenta y tantos por ciento; no recuerdo la cifra exacta, pero oscila en
esa cifra. Va a haber un importante ahorro en publicaciones.

Voy muy deprisa. Capítulo 4.º, Escuela de Hacienda Pública y su reflexión
sobre el Instituto de Estudios Fiscales y su papel. La Escuela de
Hacienda Pública efectivamente tiene una bajada relativamente importante,
que se explica en el contexto de un presupuesto restrictivo. Respecto al
Instituto de Estudios Fiscales, como usted sabe muy recientemente, porque
es de hace muy pocas semanas, se ha producido una reestructuración en el
Ministerio de Economía y Hacienda con la supresión de una serie de
órganos, en concreto: una subsecretaría, dos organismos autónomos, un par
de direcciones generales y siete u ocho subdirecciones, no recuerdo el
número exacto. Una de las cosas que se ha hecho es suprimir el carácter
de organismo autónomo a la Escuela de Hacienda Pública y englobarlo en el
Instituto de Estudios Fiscales. Eso no persigue más que una cierta
racionalización del funcionamiento del Ministerio y, en última instancia,
montar mecanismos que propicien ahorro en el gasto público, pero sin
ningún cambio en la concepción de cuál debe ser el papel del Instituto de
Estudios Fiscales.

Discrepo un poco de su señoría en cuanto al papel del Instituto de
Estudios Fiscales y en que no debe jugar un papel de servicio al
Ministerio, sino, fundamentalmente, de servicio a la sociedad. Creo que
es una falsa dicotomía. El Ministerio debe estar para servir a la
sociedad, por tanto, el Instituto de Estudios Fiscales también. Una de
las tareas --no sabría decir si la más importante o la menos, pero, sin
duda alguna, importante-- del Instituto de Estudios Fiscales es servir a
las políticas de ingresos y gastos públicos que debe diseñar, programar y
aplicar el Ministerio de Economía y Hacienda, lo cual se va a seguir
haciendo. Evidentemente, también hay otra faceta, que es el servicio al
mundo científico y a la sociedad en



Página 864



general. No se prevé reducir o priorizar ninguna de esas dos facetas.

Sí está claro que en un contexto restrictivo se van a ver afectados tanto
la Escuela como el Instituto, pero sin cambiar en absoluto su vocación en
el sentido que expongo. Es verdad que aparece una partida de 500 millones
--creo recordar-- de dotación a organismos financieros internacionales.

Le mando la respuesta por escrito porque en estos momentos desconozco qué
es. Sé que es de la Secretaría de Estado de Economía. Serán, sin duda,
cuotas a organismos financieros internacionales, pero no sabría decirle
en este momento cuáles. Le puede responder el Secretario de Estado de
Economía o se la mando por escrito. En este momento, repito, no dispongo
del desglose de esos 500 millones, a lo que nos estamos refiriendo.

Respecto a los recortes de los capítulos 6 y 7, pregunta si significa que
se va a bajar el nivel de reposición, a qué responden esos recortes de
los capítulos 6 y 7. Son recortes importantes, porque suponen en torno al
20 por ciento. Responden a la política restrictiva que se refleja en el
conjunto de aquellas inversiones de funcionamiento ordinario de los
servicios de inversiones en infraestructura.

Como sabe S. S., el presupuesto en general ha priorizado las inversiones
en infraestructura y ha penalizado aquellas inversiones ligadas al
funcionamiento ordinario de los servicios. A nosotros nos ha tocado la
parte penalizada y eso se va a reflejar en que tendremos que posponer
para años futuros algunos proyectos que teníamos, por ejemplo, la
construcción de un nuevo edificio de reprografía, la ampliación de la
Escuela de Hacienda Pública y limitarnos al mantenimiento del «stock» de
edificios y de medios en general que tenemos a los cuales se aplican los
capítulos 6 y 7, que a su vez lo aplicarán a los organismos autónomos.

¿Qué hay detrás de estas bajadas? Hay austeridad y un intento de
contribuir al objetivo de reducir el déficit.

Esa misma respuesta vale para su pregunta con respecto al descenso en
inversión importante en el Centro de Gestión Catastral o en el INE. Me
pregunta qué actividades se frenan. En estos momentos no dispongo de la
información de a cuáles no se va a poder hacer frente, dentro de las
previsiones del Instituto, por este recorte de la inversión. En todo
caso, no se ha frenado ninguna de las estadísticas en las cuales existía
compromiso con la Comunidad Económica Europea o con el Plan Estadístico
Nacional. Todas las que están comprometidas en el Plan Estadístico
Nacional o en la Comunidad Económica Europea se van a hacer.

Me hace una pregunta sobre el Centro de Gestión Catastral. Aparecen cinco
millones en activos financieros, préstamos, y pregunta qué son. Ni
siquiera lo tengo, pero estoy prácticamente seguro de que corresponden a
acción social, es decir, préstamos para funcionarios. Pero también con
mucho gusto le contestaré por escrito. Estoy prácticamente seguro de que
es algún tipo de préstamos en acción social, puesto que el Centro de
Gestión Catastral es un organismo autónomo y tendrá dotaciones para esto.

Creo que muy deprisa he respondido a todas las preguntas que me ha
planteado el señor Montoro.

Respecto a la señora Rudi, la respuesta es un poco más complicada. Me
pregunta sobre la sección 31, sección que, como sabe S. S., tiene dos
patas: una pata es el Programa 633.A, que es de imprevistos y funciones
no clasificadas, sobre las cuales me ha hecho varias preguntas, que --por
si lo desconocía S. S. se lo aclaro-- no está gestionado por mis
servicios, sino por la Dirección General de Presupuestos. Si la
comparecencia del Director General de Presupuestos ha tenido lugar, le
contestaré por escrito, pero en estos momentos lo desconozco totalmente.

Como me informan que, efectivamente, su comparecencia ha tenido lugar, le
remitiré por escrito todas aquellas que se refieren a los capítulos 1 y 2
del Programa 633.A de imprevistos, las cuales, como digo, no están dentro
de mis responsabilidades. Sí las otras. La sección 31, dejando aparte el
Programa 633.A, tiene un incremento importante: presupuesto inicial sobre
presupuesto inicial, es de un importe de 38.000 millones, lo cual
significa un porcentaje del 78 por ciento. ¿A qué se debe este
incremento? Se debe, prácticamente en exclusiva, en grandes números, a la
aportación de capital a la Corporación Siderúrgica Integral, sobre la
cual me ha preguntado usted por qué, si la adquisición de acciones está
en la sección 15, Dirección General de Patrimonio, figura aquí en la
sección 31, que es de diversos ministerios.

Tiene razón S. S. en que siempre es discutible qué es de diversos
ministerios. Y como siempre es discutible, lo podemos discutir. Es verdad
que esto pudiera estar en la Dirección General del Patrimonio, pero
también es verdad que pudiera no estarlo. Le doy dos razones para que no
esté. La primera es la que he defendido yo, este Subsecretario: si me
ponen treinta y tantos mil millones de adquisición de acciones, que es
una operación singular --ahora lo explicaré--, en el Ministerio de
Economía y Hacienda, tengo difícil dar la explicación que le he dado al
señor Montoro, porque no es de mi Ministerio exactamente. Es una
operación singular que afecta no sólo a mi Ministerio. Además mi
Ministerio, la Dirección General del Patrimonio, tiene un papel
relativamente instrumental. Por tanto, ésa ha sido mi reflexión: No me lo
pongáis en la sección 15 porque me destiñe lo que he pretendido hacer.

Creo que eso es defendible y voy a la segunda parte. Por qué es de
diversos Ministerios. Porque esto, como sabe S. S., es la
reestructuración y reconversión de la siderurgia integral, la
constitución de la Corporación Siderúrgica y afecta a dos grandes
empresas, a Ensidesa y a AHV, lo que implica un conjunto de operaciones
que en estos momentos están todavía pendientes de aprobación por parte de
la Comunidad Económica Europea.

Es un tema que no entra dentro de mis competencias, ni yo soy
especialmente experto. Globalmente ahí va a haber distintos tipos de
actuaciones, una parte de las cuales es la aportación a 50 por ciento.

Entre el INI y la Dirección General del Patrimonio hay capital de la
Corporación Siderúrgica. Pero no sólo eso, hay asunción de deudas, planes
relacionados con el personal, etcétera. Estamos hablando de algo que
incluye componentes de



Página 865



muy diverso tipo de instituciones como mínimo, del INI, del Ministerio de
Industria y del Ministerio de Hacienda. Por eso, nos parecía que había
una cierta justificación para incluirlo en gastos de diversos
ministerios. Esa es la razón de por qué aparece ahí. Y ésa es la razón
del incremento de la sección 31.

Junto a ello, tiene S. S. razón en que, como mínimo, la explicación del
incremento del seguro de autopistas dice que se incrementa, pero que
quizá no sea demasiado explicativo. Pues bien, no tendré ningún
inconveniente en mandarle la explicación por escrito, pero evidentemente
se refiere a problemas de tipo de cambio.

Atiendo al Presidente con prontitud. Con tanta prontitud que ya no me
queda nada por responder, porque el resto se refiere al capítulo 1 y 2 de
esta sección 31 que ya le he dicho que le responderemos por escrito.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Subsecretario.

Advierto a SS. SS. que con respecto a las preguntas que el señor
Subsecretario ha prometido contestar por escrito y sobre las cuales
existe un plazo de 72 horas, que, exceptuado el fin de semana,
finalizaría el viernes, sería muy conveniente y deseable que antes de que
el señor Subsecretario abandonara la sala, se pusieran de acuerdo con el
letrado para concretarlas. Mañana, a primera hora de la mañana, los
grupos tendrán una nota de cómo entiende la Mesa, en definitiva el
letrado, que se han formulado estas preguntas y la necesidad de estas
respuestas para que la Mesa pueda seguir con cuidado que por parte de los
responsables de la Administración ciertamente se efectúan estas
contestaciones.

Termina la comparecencia del Subsecretario.




--DEL DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (VAZQUEZ DE PARGA Y
PRADO). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR (número de
expediente 212/000163), VASCO-PNV (número de expediente 212/000116), E
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de expediente
212/000275).




El señor PRESIDENTE: La comparecencia del Director General del Patrimonio
del Estado ha sido solicitada por los Grupos Parlamentarios Popular,
Vasco-PNV e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

La comparecencia del Director General de Patrimonio del Estado, de
acuerdo con el programa que nos habíamos trazado, tenía que haber
comenzado justamente hace una hora y veinte minutos. Por tanto, ruego a
las señoras y señores Diputados que el trámite sea estricto de preguntas
y al señor compareciente estricto de respuestas. Perdonen que tenga que
operar de esta manera, pero es que si no será absolutamente imposible que
podamos cumplir el programa que nos habíamos dado para el día de hoy.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rudi.




La señora RUDI UBEDA: Después de saludar la presencia en la Comisión de
Presupuestos del señor Director General de Patrimonio, paso a plantear
dos cuestiones muy concretas en nombre de mi Grupo.

Por un lado, se ha venido haciendo público por parte de algunos miembros
del Gobierno el criterio del Gobierno de privatizar determinadas partes
de capital de empresas públicas, al objeto de que esto supusiera una
inyección de efectivo en las arcas del Estado, incluso se ha publicado
alguna cifra de 200.000 millones, que no sabemos si responde a la
realidad o no.

Aprovechando que está aquí el Director General del Patrimonio, sí
querríamos que nos contestara si está previsto en este año 1994 que
alguna de las empresas públicas que pertenecen a la Dirección General del
Patrimonio se privaticen. Si fuera así, qué empresas son, qué porcentaje
de capital se privatizaría y la forma de hacerlo.

El señor Director General conocerá que es público y notorio el criterio
de mi Grupo de que es necesario hacer estas operaciones siempre con total
transparencia y, además, con una igualdad de oportunidades para el
inversor privado.

Esto es, en concreto, en el primer bloque de intervención, lo que
queríamos plantear al Director General del Patrimonio.

Por otra parte, un asunto muy concreto y que viene reflejado en el anexo
de inversiones reales para el año 1994, concretamente en la Dirección
General del Patrimonio del Estado, y que hace referencia al edificio en
el cual estamos en este momento. Le ha causado a esta Diputada cierta
sorpresa observar que, en el año 1994, en la Dirección General de
Patrimonio, como decía, en el artículo sesenta y tres, inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios, bajo el
epígrafe de Ampliación edificio Congreso de los Diputados, como coste
total, figuran 2.700 millones de pesetas; año inicial de la obra --esto
es una inversión plurianual--, 1994; año final, 1997. Aquí aparece
nuestra primera perplejidad, cuando las obras de este edificio de
ampliación se inician en el año 1988 y vienen con dotaciones
presupuestarias a partir --en el año 1989 no he conseguido localizarlas,
porque no venían singularizadas-- del año 1990.

Debo decir que el coste total de las obras en las dotaciones
presupuestarias del año 1990 al año 1994 en ningún caso coinciden; en
ningún caso tampoco coinciden con la propuesta de Orden Ministerial
emitida por esa Dirección General del Patrimonio en diciembre de 1988, en
la cual se preveía que el edificio de ampliación del Congreso tuviera un
coste total de 2.590 millones de pesetas, repartidos en tres anualidades,
1988, 1989 y 1990.

Entenderá el señor Director General cuál es nuestra sorpresa cuando vemos
que ahora la programación plurianual nos la trasladan hasta el año 1997.

Querríamos saber si se refiere a esto mismo o a qué corresponde.

También querríamos conocer con más detalle, si es posible, las cifras.

Por no hacer la comparecencia más larga y atendiendo a las instrucciones
del señor Presidente



Página 866



de la Comisión, no me voy a detener en ir leyendo las dotaciones
presupuestarias desde el año 1990, pero sí aseguro a SS. SS. que para
nada coinciden unos años con otros.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el
señor Zabalia.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Quiero agradecer también la comparecencia del
Director General del Patrimonio y, cumpliendo con la sugerencia del señor
Presidente, voy a ser muy breve.

Voy a hacer dos preguntas concretas, una que viene de esta mañana,
remitida por el Secretario de Estado de Hacienda y que se refiere a la
sección 15, del Ministerio de Economía y Hacienda, del capítulo 4,
transferencias corrientes, que es el más importante de esa sección y que
engloba las transferencias realizadas a empresas públicas y otros entes
públicos, por un importe de 99.394 millones de pesetas, cuyo incremento o
diferencia está detallado en los presupuestos. Nos gustaría saber cuál es
el objeto, el motivo y el desglose, a poder ser lo más ampliamente
posible, del destino de esos 99.394 millones de pesetas.

La segunda pregunta se refiere a la sección 31, gastos diversos del
Ministerio, en el capítulo 7, transferencias de capital, también
referente a empresas públicas y otros entes públicos. Quisiéramos conocer
con más detalle la composición de esos 11.427 millones. Pero, sobre todo,
hay dos aspectos que agradecería al señor Director General, si puede ser,
que nos aclarara. Concretamente son las transferencias a dos entes, a
Holsa, que es la sociedad estatal de Barcelona Holding Olímpico, del cual
me gustaría saber cuál es la deuda exacta que tiene, que, según nuestras
referencias, puede estar en torno a los 140.000 millones de pesetas. En
tal caso, cuál es la deuda real y cuál es el plan de amortización que
tiene el Gobierno respecto a esta deuda.

Sobre la Sociedad de Gestión de Activos, AGESA, que ha sido la que ha
recogido la deuda de la Exposición Universal de Sevilla, quisiéramos
saber cuál es la deuda real que, según nuestra información, debe ser del
orden de los 140.000 a 150.000 millones de pesetas y cómo se va a
financiar, si a través de crédito sindicado o aportación, en parte,
creemos, de la Dirección General del Patrimonio del Estado; cómo se va a
amortizar y cuál va a ser el coste financiero. Por supuesto, qué partidas
de esas están recogidas en el presupuesto del año 1994. Esas son las
preguntas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General del
Patrimonio.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y
Prado): Buenas tardes, señores Diputados. Muchas gracias por su amable
acogida. Ateniéndome a las sugerencias que me hace el Presidente, paso
directamente a contestar a las preguntas concretas que se me han hecho.

Respecto al primer tema, criterios de privatización por parte del
Gobierno, no puedo menos que referirme a la comparecencia que el señor
Ministro de Economía y Hacienda realizó ante la Cámara el día 21 de
septiembre. He de significarles que el Gobierno, desde el punto de vista
ideológico, no tiene un posicionamiento previo en el sentido de que sea
positivo o negativo el principio de privatizar. No existe un plan global
de privatizaciones al estilo de los planes francés e italiano. En nuestro
caso, además, el sector de empresas públicas tiene una dimensión bastante
inferior.

Indudablemente, el Ministro informará con la total transparencia con que
se ha venido haciendo en los casos en que se han llevado a cabo
privatizaciones en empresas públicas, analizando caso a caso las
circunstancias en que la empresa se encuentra inmersa dentro del sector,
las posibilidades de mayor eficacia en manos del sector privado, el
criterio de la obtención de ingresos públicos --que se ha manejado mucho,
pero que no es el único--, y todas aquellas que puedan dar lugar a
privatizar o no privatizar.

En ese sentido, caben distintas modalidades como sacar en todo o en parte
determinadas empresas, vender también en todo o en parte a terceros que
aporten tecnología o recursos financieros, o quedar en posición
minoritaria en otras, como forma de garantizar la continuidad en la
prestación de los servicios o maximizar los rendimientos. La única
decisión que en este momento se ha tomado y que conocen los señores
Diputados es la segunda privatización que se hace en este ejercicio de la
Corporación Bancaria de España, más conocida por Argentaria; esperamos
que antes de finalizar este trimestre podamos llevarla a cabo hasta un 25
por ciento y unido al 24,99 que privatizamos en el mes de mayo, todavía
quedaría en manos del sector público mayoría de capital.

Respecto de las inversiones reales del edificio del Congreso y de la
partida que aparece en el presupuesto como coste total, 2.700 millones de
pesetas, que llama la atención a su señoría, quiero significar, primero,
que en esa partida lo que está previsto gastar en el año 1994 son 1.000
millones de pesetas, con lo cual esperamos terminar las obras propiamente
dichas en este mismo ejercicio, concretamete en la fecha del 6 de
diciembre. La proyección plurianual que engloba 1.700 millones más, que
da el total de los 2.700 en 1994 --700 millones en 1995, 500 millones en
1996 y otros 500 millones en 1997--, nace de que en el año 1995 se ha
previsto 200 millones adicionales como obras de equipamiento residual que
pensamos o prevemos que pueden quedar pendientes para el ejercicio
siguiente, en esa idea de acabar el edificio del Congreso en el presente
año. Los 500 millones restantes en cada año --1995, 1996 y 1997-- son
previsiones, quizá excesivas, de gastos de conservación y mantenimiento
que asume la Dirección General de Patrimonio y que en un edificio de la
complejidad del Congreso de los Diputados, tanto lo del edificio antiguo
como las dos remodelaciones que se han hecho en el nuevo, pueden dar
lugar a que esos gastos de conservación y mantenimiento produzcan un
importe significativo. Esto no quiere decir que se concrete única y
exclusivamente a lo



Página 867



que es no ya nuevas obras o nuevas instalaciones y demás, sino esa
previsión, que digo que separa los gastos de funcionamiento que
corresponderán al propio Congreso de los gastos de conservación y
mantenimiento, que, en este caso como en otros edificios, asume la
Dirección General de Patrimonio. En el supuesto indudable de que esos
gastos no fueran necesarios porque las instalaciones no tuvieran
desperfectos y no hubiera que acometer obras de la complejidad que tienen
estos edificios, indudablemente esos gastos no se consumirían.

Me refiero ahora al requerimiento que me ha hecho el señor Diputado del
Grupo Vasco (PNV) sobre la sección 15 del capítulo 4, que se refiere a
transferencias corrientes. En este caso el tema que hace referencia a la
Dirección General de Patrimonio se concreta a dos empresas públicas, por
un importe de 985 millones de pesetas. Concretamente se refieren a las
Minas de Almadén y Arrayanes por 886 millones y a Saeca por 98 millones.

En ambos casos estas transferencias están justificadas por el hecho de
que son auténticas subvenciones de explotación. En el caso de las Minas
de Almadén y Arrayanes, la caída de las ventas en el mercado
internacional de mercurio ha dado lugar a que en esta empresa se haya
producido un caso claro de subocupación respecto de la mano de obra
empleada en épocas más boyantes. Por ello hubo un contrato con el Estado,
del año 1990, por el que éste se comprometía a asumir los gastos de la
subocupación fundamentalmente destinado a cubrir las indemnizaciones a
los trabajadores generadas por un exceso de plantilla.

En el caso de Saeca, nace el hecho del año en que Saeca se tuvo que
subrogar en las obligaciones que tenía Asica; entonces se creó un fondo
que se ha ido dotando en todos los Presupuestos de la Dirección General
del Patrimonio, en los distintos años, para cubrir los intereses y pagos
que las obligaciones de Asica habían generado en épocas precedentes.

En la referencia que se me hace a que el Secretario de Estado dijo que yo
podría explicar mejor las diferencias del capítulo 4 que recogen todo el
montante del presupuesto de la sección 15 del Ministerio de Economía y
Hacienda, la diferencia más significativa creo que se debe al hecho de la
mayor cobertura de riesgos que ha tenido que asumir CESCE como
consecuencia de la depreciación producida en el año 1993.

Respecto de la sección 31, su capítulo 7 hace referencia a las
transferencias de capital. Me ha preguntado el señor Diputado sobre dos
temas muy concretos que son, en principio, el de Holsa. Hace referencia a
esas transferencias de capital por importe de 11.427 millones de pesetas,
de las cuales la más importante es efectivamente la de Holsa, con un
montante de 5.969 millones.

A continuación está Infraestructuras y Equipos Hispalenses, sociedad
también al 85 por ciento de Patrimonio, con 3.288 millones y dos
autopistas, la del Atlántico, AUDASA, con 263 millones y AUCALSA, con
1.907 millones. Esos montantes suman los 11.427 millones que aparecen en
el capítulo 7 de la sección 31.

Como me ha preguntado específicamente por el tema de Holsa, quiero
responder al señor Diputado en la medida en que me ha pedido concreción.

Holsa se crea en un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y el
Estado para ayudar a la financiación del esfuerzo inversor que, en
principio, había asumido única y exclusivamente el Ayuntamiento de
Barcelona para la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. Esta
Sociedad tiene una composición del 51 por ciento de capital del
Patrimonio del Estado y el 49 por ciento del Ayuntamiento de Barcelona.

En principio los presupuestos que se habían hecho quedaron desfasados,
fundamentalmente por el sobrecoste de las obras motivado por la
realización de mayor obra de la que se había presupuestado y por la
subida de los costes en general, subida motivada muchas veces por la
rapidez con que se tuvieron que acometer determinadas inversiones y parte
del coste de la obra del cinturón natural que no estaba comprendido
inicialmente en el catálogo de obras. Dicha obra, que en principio fue
financiada por el MOPU hasta su incorporación al convenio, se ha
incorporado posteriormente a esta deuda global por la que se me
preguntaba en esta comparecencia.

Recientemente, en marzo de 1993, como consecuencia de estas revisiones,
de la mayor cuantía de las obras efectuadas y, en consecuencia, de la
financiación necesaria, las partes suscribieron un nuevo convenio, que
sustituye a los celebrados en mayo y septiembre de 1989. En función de
eso la cuantía total a financiar es de 131.937 millones de pesetas. Esta
cifra y su coste financiero va a ser amortizada, de una parte, con
recursos generados por el propio Grupo Holsa. En este sentido quedan
todavía edificios, locales por vender y también hay terrenos, como
consecuencia del cinturón litoral, que han quedado sobrantes, que son
enajenables y mediante esa vía se va a tener financiación, repito, con
recursos de la propia sociedad. La parte que no cubren estos recursos,
que es parte importante, mediante aportaciones anuales al 50 por ciento
entre el Estado y el Ayuntamiento en el período que va desde 1993 al año
2009. La anualidad que el Estado ha recogido para el ejercicio 1994 y que
aparece en la partida que comentábamos al principio es la de 5.969
millones de pesetas. Dicho importe se actualiza anualmente, de acuerdo
con lo establecido en el cuadro de amortización de dicho convenio.

El tema de Agesa, por el que me preguntaba el Señor Diputado, no viene
recogido en la partida de transferencias de capital. Agesa, que como
saben los señores Diputados, es la Sociedad Estatal de Gestión de Activos
que sustituyó a la Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla
92, viene recogida en el Capítulo 8, dentro de las ampliaciones de
capital que se consideran necesarias para las empresas públicas del Grupo
Patrimonio.

El caso de Agesa, en definitiva, es el devenir de una situación.

Finalizada la Exposición Universal de Sevilla en el año 1992, hay un
hecho cierto y es que esa sociedad, cien por cien patrimonio del Estado,
lo que tiene en este momento es una serie de activos, fundamentalmente
inmobiliarios, que están financiados con recursos propios y recursos
ajenos. Patrimonialmente, la sociedad, en principio, está equilibrada,
pero es claro que se tuvieron que acometer unos gastos de inversión en
infraetructura, en



Página 868



remodelaciones y demás y a lo que se está encaminando este año es a la
reutilización, como saben los señores Diputados, del recinto de La
Cartuja, en la doble modalidad del parque temático, que explota en estos
momentos PARTECSA, y el parque tecnológico que, poco a poco, se va
nutriendo de empresas, instituciones y Administración, que está
demandando su incorporación a dicho parque tecnológico.

Estos son bienes patrimoniales en donde participa de una manera
significativa la Dirección General del Patrimonio del Estado,
incorporados a este activo que tiene en Agesa fundamentalmente con la
Junta de Andalucía, a través de su empresa pública Epsa.

Pues bien, en este orden de ideas ha sido necesario refinanciar el pasivo
generado con recursos ajenos y que vencía a lo largo del año 1993
mediante un crédito sindicado que lo ha dirigido el Banco de Negocios
Argentaria y en el que han participado diversos bancos, tanto nacionales
como extranjeros. El principal de la amortización, que, en principio,
tiene un plazo de diez años, es de 75.000 millones de pesetas.

Y creo que con esto contesto a las preguntas que me han hecho los señores
Diputados.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General del
Patrimonio del Estado. Con esta intervención finaliza su comparecencia.




--DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (ROJO DUQUE). A SOLICITUD DE LOS
GRUPOS: POPULAR (número de expediente 212/000159), SOCIALISTA (número de
expediente 212/000070) E IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número
de expediente 212/000257).




El señor PRESIDENTE: Comienza la comparecencia del señor Gobernador del
Banco de España.




La comparecencia del señor Gobernador del Banco de España ha sido
solicitada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

En primer lugar, por el Grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: En primer lugar, quiero saludar al Gobernador del
Banco de España en su nueva comparecencia ante la Comisión.

El objetivo de solicitar por parte de mi Grupo su presencia en este
trámite viene marcado por el texto del artículo 51 del proyecto de ley de
presupuestos que ha enviado el Gobierno a la Cámara, en el que se incluye
una previsión que ya figuraba en el proyecto de ley de autonomía del
Banco de España, que no pudo ser debatido hasta su finalización y
aprobación en la anterior legislatura debido a la disolución de la
Cámara, y que responde a compromisos adquiridos por nuestro país en el
marco de la Unión Económica y Monetaria, el Tratado de la Unión Europea.

El artículo 51 dice que se modifica el correspondiente precepto de la Ley
General Presupuestaria y en virtud de ello queda prohibida la
autorización de descubiertos o la concesión de cualquier tipo de crédito
por el Banco de España al Estado, comunidades autónomas, etcétera.

Yo quería preguntar al Gobernador del Banco de España cuáles estima que
pueden ser las consecuencias, en el sentido de las dificultades, que en
el primer ejercicio, en el primer año de entrada en vigor de este
compromiso, al que hasta ahora, obviamente, no estaba sujeto ningún
sector del Estado, de las comunidades autónomas o de cualquier otro
ámbito del sector público en un contexto de déficit público elevado, de
dificultades de equilibrio presupuestario, incluso a veces de tesorería
de algunas entidades o áreas del sector público, cuáles estima el señor
Gobernador que pueden ser las dificultades y eventualmente, si es que
tiene a bien expresarnos su pensamiento, las vías alternativas para
solucionar los problemas que ello pueda causar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene la palabra el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Voy a formular cinco preguntas articuladas en una
misma intencionalidad. Hoy han anunciado ustedes la bajada de medio punto
de los tipos de interés. En primer lugar, debo reconocer que estoy
perplejo, porque al mismo tiempo que se anunciaba la bajada de medio
punto, con lo cual creo, si no recuerdo mal, que son alrededor de los
cuatro puntos en el último período, al mismo tiempo, repito, que se
reducían los tipos de interés del Banco de España, se decía, en la misma
nota, que esto apenas se había notado en los créditos que los bancos
conceden al conjunto de la ciudadanía, bien sea para inversión, para
cambio de utillaje o para consumo. Antes, ustedes justificaban los altos
tipos de interés --de los cuales creo que todavía su política monetaria y
financiera es esclava-- con un necesario mantenimiento del tipo de
cambio, de las entradas de capital extranjero, etcétera. Eran políticas
monetaristas, de ajuste y enfriamiento que, a nuestro entender, han
impedido políticas económicas sobre la base de la economía productiva y,
hasta el momento, han cosechado tres devaluaciones; a pesar de ello,
vemos que todavía no se acaba de controlar, como señalan las cifras de
estos últimos días, la inflación, ni la subyacente ni la real.

Primera pregunta. ¿Piensan ustedes cambiar a fondo esta política en la
línea iniciada tímidamente en relación a la bajada de tipos de interés,
que, naturalmente, tiene que ir coordinada con otras políticas del
conjunto de la economía, de las finanzas, etcétera?
Segunda pregunta. La estabilidad que defienden, ¿es compatible con tres
millones y medio de parados? O, siendo un poco marrullero por mi parte,
lo reconozco, ¿considera usted que el 15 por ciento de paro estructural
es necesario para la economía española como preconizaba



Página 869



don Mariano Rubio, su predecesor en el cargo de Gobernador del Banco de
España, o la filosofía de máximo dirigente del Banco de España tiene otro
talante social de utilización de los instrumentos del Estado para hacer
otra política?
Tercera pregunta. ¿En el Consejo Rector del Banco de España van a
participar las comunidades autónomas? Si es así, ¿cómo van a participar?
¿Cuántos representantes? ¿Van a ser dos, según la rumorología, o van a
ser más?
Cuarta pregunta. El Gobierno propuso una participación en beneficios del
Banco de España en 1993 de 450.000 millones, según las notas de los
presupuestos, y para 1994 se nos anuncian 700.000 millones, ¿podría
decirnos cuáles son los beneficios totales del Banco de España en el
ejercicio de 1992 y cuál es la previsión al cierre del ejercicio de 1993?
Y como segunda pregunta dentro de este concepto, ¿en qué se ha invertido
el total de beneficios?
Quinta y última pregunta. Dentro de esta filosofía, que seguramente
también será obsoleta, de prevenir --porque prevenir es mejor que curar
y, por tanto, es mejor prevenir, organizar, planificar--, ¿qué medidas va
a tomar el Banco de España cuando tenga, dentro de poco, la autonomía y
cuál será su relación con el resto de bancos centrales? ¿Desarrollarán
políticas comunes independientes de las solicitadas por los respectivos
gobiernos? ¿Qué criterios va a mantener el señor Gobernador y el Banco de
España ante una posible contradicción Gobierno o Parlamento y Banco de
España?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Ante todo, quiero dar la bienvenida al señor
Gobernador del Banco de España porque era importante que estuviera hoy
con nosotros en este análisis de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 1994, yo me atrevería a decir que era fundamental.

La pregunta clave que yo hago al señor Gobernador, proponiéndole una
reflexión, es la siguiente. En su opinión, estos Presupuestos Generales
del Estado, ¿van a suponer por fin el final de este extraño maridaje, de
esta combinación negativa para la economía española entre política fiscal
expansiva y política monetaria restrictiva? Si es así, si estamos ante
unos presupuestos que van a dejar margen a la política monetaria, en
España podemos asistir, y de hecho asistiríamos, a una relajación,
entendiendo que esa relajación no significaría faltar a la ortodoxia de
la política monetaria, pero asistiríamos a una relajación de la política
monetaria que permitiría un descenso de tipos de interés que es
imprescindible para la reactivación económica. Si no es así, si estamos
ante unos presupuestos continuistas, esencialmente continuadores del
error de los presupuestos anteriores, la política monetaria en España no
va a tener margen apenas para propiciar esa reducción de tipos de
interés. Esa es la reflexión fundamental que nuestro Grupo espera del
Gobernador del Banco de España, anticipándole que en nuestra opinión --y
en eso consiste nuestra crítica a los presupuestos-- estos presupuestos,
dada la magnitud del déficit público, por un lado, y dada la segura
previsión de aumento de la deuda pública en participación del PIB, por
otro, que nos va a conducir a perder el criterio de convergencia de
Maastricht que cumplíamos, esto es, la participación de la deuda pública
en el PIB, el año que viene va a ser un año en el que posiblemente los
tipos de interés en España no se reduzcan en la medida que necesita
nuestra economía para reactivarse.

Junto a esa pregunta, quería trasladarle otra al señor Gobernador en
relación con lo que está siendo la generación de liquidez en la economía
española, el crecimiento de los activos líquidos en manos del público en
este año 1993, puesto que se relaciona también estrechamente con lo que
va a ser el comportamiento de la política monetaria en el futuro
inmediato. Me refiero a que estamos asistiendo a un crecimiento de la
liquidez en España que no se corresponde con el nivel de actividad
económica, es decir, que se está produciendo cuando los créditos
bancarios en el sector privado apenas aumentan --aumentan poco más de un
2 por ciento-- y, sin embargo, los activos líquidos en manos del público
se mantienen dentro de la banda prevista, pero no olvidemos que esa banda
prevista de crecimiento de activos líquidos lo es en función de un
crecimiento económico que no estamos alcanzando.

¿De dónde viene esta generación de liquidez? En nuestra opinión la está
produciendo, precisamente, un sector exterior, una inyección de divisas
en España, que está motivada por la adquisición de deuda pública por
inversores extranjeros. Es decir, otra vez volvemos a esa deuda pública,
causante en este caso de un problema --podemos hablar de problema-- de
exceso de liquidez en España que justificaría las altas tasas de
inflación que estamos registrando en un momento de depresión de la
demanda interna, de caída absoluta de la demanda interna, como el que
estamos experimentando, como sabemos todos.

A este respecto solicitaría al señor Gobernador que nos diera, si puede,
un anticipo de lo que va a ser la presupuestación monetaria para el año
próximo o si esa presupuestación monetaria se va a hacer en función de
las previsiones macroeconómicas del Gobierno, previsiones macroeconómicas
que, además, nosotros discutimos. Estamos convencidos de que la
producción interna de España no va a crecer el año que viene un 1,3 por
ciento en términos reales. Si no es así, la previsión monetaria también
tendría que tener en cuenta lo que sería una proyección más realista de
crecimiento económico para el año próximo.

Otra inquietud que le quiero trasladar al señor Gobernador para que nos
ofrezca su reflexión es sobre la no traslación que se está realizando
hasta ahora de la bajada de tipos de interés al crédito bancario.

Entendemos que hay condiciones objetivas para que eso sea así, pero
obviamente nos preocupa, como grupo político, el que no sea así y de esta
manera estemos obstaculizando a los inversores y a los consumidores
españoles; así, lo que estamos haciendo, en definitiva, es frenar la
economía.




Página 870



Insisto en que entendemos que la responsabilidad última vuelve a estar en
esa oferta de deuda pública, en un momento en que los bancos no tienen
demanda de crédito solvente.

Quería preguntarle, por último, cuál es su opinión sobre las causas de
los problemas de la economía española. ¿Entiende el señor Gobernador que
es el déficit público el principal causante de los problemas que estamos
viviendo, y desde esa perspectiva o enfoque es como hay que valorar los
Presupuestos de 1994, desde la corrección de ese problema que es el
déficit público, o le daría prioridad a lo que ha sido el comportamiento
de aumento de salarios, como ha sido habitual en los planteamientos del
Banco de España durante sucesivos informes?
Quería finalizar con una reflexión, en este caso del Grupo Parlamentario
Popular, relativa a que, en nuestra opinión, el mantenimiento de la
estabilidad monetaria, preconizar políticas de estabilidad monetaria, es
una absoluta necesidad en un momento como el que estamos viviendo, en un
momento de crisis económica y de objetivo de ganancia de competitividad
de nuestra economía. Pero también entendemos que la experiencia reciente
de defensa del tipo de cambio de la peseta es una experiencia que ha
producido efectos negativos para esa competitividad; esa experiencia que
se ha manifestado en las sucesivas devaluaciones de la peseta, cuya
estrategia de devaluación, por decirlo de forma sintética, no nos ha
satisfecho en absoluto, a lo que está llevando en definitiva a la
economía española es a un planteamiento de política débil como solución a
los problemas de competitividad, y sería negativo asumir esta filosofía
en un momento como el presente. La competitividad no se puede ganar sobre
devaluaciones, cuestión distinta es que la peseta estuviese
sobreapreciada, como lo estaba realmente, y el mercado la haya llevado a
su sitio, pero no podemos pasar al extremo opuesto de defender que la
ganancia de competitividad la vamos a conseguir a base de sucesivas
depreciaciones de la peseta; ése sería un error que nos llevaría, en
definitiva, a alimentar la inflación y, de esa manera, a perder la
competitividad que intentaríamos ganar por otra vía. Hemos aprendido
mucho sobre lo que significa una estrategia de peseta fuerte y las
consecuencias negativas que se deriva de ello cuando esa peseta no
responde a las condiciones objetivas de nuestra economía, y esa
experiencia es la que, en nuestra opinión, también debe guiar al Banco de
España en su presencia en los mercados de divisas en defensa del valor de
la peseta.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gobernador.




El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Rojo Duque): Respondiendo en
primer lugar al señor Almunia, querría señalar que, efectivamente, de
acuerdo con los artículos básicos del Tratado de Maastricht (103 y 104),
a partir del 1 de enero de 1994 va a estar absolutamente prohibida la
financiación por parte del Banco Central al sector público, e incluso el
acceso privilegiado del sector público al sistema financiero, lo que
naturalmente plantea problemas, especialmente cuando ese tipo de
prohibiciones y restricciones entra en vigor en un momento en el que el
déficit público es fuerte.

Aunque todavía no está totalmente desarrollada y aprobada la legislación
secundaria que tiene que precisar qué se entiende por anticipos, y
financiación en general, de los bancos centrales al sector público, el
acceso privilegiado del sector público a los sistemas financieros, puede
decirse que, a partir del día 1 de enero, estarán absolutamente
prohibidos los anticipos del Banco de España al Estado, a las comunidades
autónomas y al conjunto de las instituciones definidas como sector
público. El Banco de España no podrá tampoco adquirir Deuda Pública en el
mercado primario, es decir no podrá adquirir directamente Deuda Pública
del Estado, excepto en el caso de que se trate de emisiones que tengan
por objeto sustituir deuda vieja existente en los bancos centrales (en
este caso el Banco de España) por deuda expresada en forma de títulos
rentables; en ese caso sí es posible que el Banco Central correspondiente
adquiera títulos directamente del Estado. Esa conversión no es
obligatoria, pero, sin duda, a medida que pasen los años, acabará
existiendo una presión importante para que esa conversión se haga
totalmente en todos los bancos centrales antes del inicio de la fase
tercera o del comienzo de la unión monetaria. Tampoco el Banco Central
podrá comprar deuda en el mercado secundario, excepto por motivos de
política monetaria, es decir, no podrá comprar deuda tampoco en el
mercado secundario para proporcionar indirectamente financiación al
sector público.

Todo esto plantea problemas importantes. Primero, es absolutamente
fundamental que lo que han venido siendo los desfases entre ingresos y
gastos del sector público, y concretamente del Tesoro, a lo largo del año
se moderen extraordinariamente, porque, realmente, el hecho de que
existiera un colchón sin límites durante el año permitía que estos
desfases no plantearan problemas de financiación, pero, naturalmente,
ahora va a suceder que habrá problemas serios para financiar esos
desfases cuando se produzcan.

El Tesoro necesitará, primero, disponer de un colchón que será resultado
de cuál sea su saldo positivo en el Banco de España a 31 de diciembre de
este año, que puede ser del orden de los 600.000 ó 700.000 millones de
pesetas. Por otra parte, el Tesoro tiene que prever y ya ha previsto el
acudir en determinados momentos a financiación de bancos. Ha llegado a un
acuerdo, por un importe me parece que es de unos 775.000 millones de
pesetas en divisas, con un conjunto de bancos, que tiene por objeto
proporcionarle otro colchón; y es posible que llegue a algún acuerdo más
con algún grupo de bancos españoles. En todo caso, esto se refiere a los
problemas dentro del año. Luego está el problema más permanente de la
financiación de los déficit, donde efectivamente la ayuda del Banco de
España será nula y, por consiguiente, aquella parte del déficit se tendrá
que financiar prácticamente en su integridad mediante emisiones de deuda
pública. Esta



Página 871



es la situación a partir del 1.º de enero de 1994, y no hay ninguna duda
al respecto. Creo que con esto he respondido a su pregunta, señor
Almunia.

El señor Frutos plantea problemas generales respecto a si existe un
cambio a fondo de la política monetaria y si pienso que la estabilidad es
compatible con altas tasas de paro o no es compatible. Yo realmente creo
que, a largo plazo, sólo se logra un crecimiento firme y estable de una
economía, sin graves sobresaltos a lo largo del tiempo, si el crecimiento
y la creación de empleo van acompañadas de estabilidad monetaria. Si la
estabilidad monetaria no está presente, esa economía tendrá sin duda
dificultades para crecer con estabilidad y para crear empleo estable.

¿Es posible que una política monetaria orientada a la estabilidad sea
compatible con el crecimiento? Por lo que acabo de decir, pienso que es
posible y, además, a largo plazo, es absolutamente necesaria la política
de estabilidad.

Las bajadas de los tipos de interés --y con esto quizás respondo a alguna
otra pregunta que me ha hecho otro señor Diputado-- que se están
produciendo durante los últimos tiempos, como ya señalé en alguna
comparecencia --creo que no aquí sino en la Comisión de Economía--, en
definitiva, son el resultado de que nuestros altos tipos de interés
tenían dos componentes, un componente determinado por la evolución
interna de la economía, por la evolución inflacionista de la economía,
pero tenían también otro componente que era una especie de prima, que era
el resultado de estar obligados a mantener la peseta dentro de un sistema
de tipos de cambios fijos.

El sistema de cambios fijos en este momento está roto --si quieren
ustedes, entre paréntesis-- como consecuencia de la imposibilidad de
mantener el funcionamiento adecuado del sistema en una situación en la
que coinciden en el tiempo, por una parte, los problemas resultantes de
la unificación alemana y la situación de recesión en que se encuentran
prácticamente la totalidad de las economías europeas. De modo que el
haber abierto este paréntesis y el haber ampliado las bandas de modo tan
enorme, hasta el 15 por ciento a cada lado de la paridad, lo que que ha
hecho suavizar claramente las restricciones cambiarias que afectaban a
las políticas monetarias y entre ellas, de modo muy importante, a la
política monetaria española. De modo que los movimientos de tipos de
interés de los últimos meses, en buena medida, tienen por objeto eliminar
esa prima que los tipos de interés estaban soportando como consecuencia
del difícil funcionamiento y difícil mantenimiento de la peseta,
concretamente, dentro de los márgenes del sistema. Es la eliminación de
una restricción que, sin duda, da margen a los países, fuera de Alemania,
que tenían lo que se llamaba dilemas de política económica, es decir,
países que estaban en una situación en la que sus economías internas
estaban exigiendo tipos de interés más bajos, pero, por otra parte, los
requerimientos cambiarios estaban imponiendo el mantenimiento de tipos de
interés altos.

Es obvio que no todos los países han interpretado del mismo modo la
suavización de esas restricciones cambiarias y, por consiguiente, no
todos los países están funcionando de la misma manera, por lo que se
refiere a la variación de los tipos de interés fundamentales del ámbito
monetario. En el caso español, creo que estamos desmontando esa especie
de cresta que tenían los tipos de interés a un ritmo prudente y
razonable, pero más intenso, desde luego, del que están siguiendo otros
países. La idea es situar los tipos de interés a los niveles que
corresponden a la situación interna de la economía.

Esto no quiere decir que los tipos de interés puedan bajar sin límites, y
quizás esto lo enlazo con lo que va a ser mi respuesta a uno de los
puntos que ha planteado el señor Montoro. Evidentemente, el mantenimiento
de fuertes déficit públicos, el mantenimiento de rápidos crecimientos de
costes y de precios pone límites a la baja de tipos de interés.

Desgraciadamente, no se puede querer todo a la vez y si se quieren tener
tipos de interés moderados es preciso que la economía adopte decisiones
serias que conduzcan a lo que es absolutamente necesario para que los
tipos de interés sean relativamente bajos y estables, medidas que
conduzcan a un desarrollo estable de la economía.

Me hace una pregunta sobre los beneficios del Banco de España, a la que
le voy a contestar, pero hay otra parte de ella que no he acabado de
entender. ¿En qué ha invertido el Banco de España sus beneficios? El cien
por cien de los beneficios del Banco de España van al Tesoro. El ingreso
de los beneficios del Banco de España en el Tesoro responden a unas
normas relativamente complejas, que son las siguientes: en primer lugar,
cuando se cierran los primeros nueve meses del año, es decir, hasta
septiembre, se determinan los beneficios y el 70 por ciento de los
beneficios de ese período se ingresan en el Tesoro con fecha 2 de
noviembre inmediato. Posteriormente, se cierra el año y el día 1 ó 2 --no
recuerdo exactamente-- de febrero del año siguiente se hace un ingreso
correspondiente a lo que falta, hasta alcanzar el 90 por ciento de los
beneficios del conjunto del año. Es decir, en el primer momento se ha
ingresado el 70 por ciento de los beneficios de los nueve primeros meses;
en los primeros días del mes de febrero se ingresa hasta el 90 por ciento
de los beneficios obtenidos en la totalidad del año. Finalmente, cuando
el Gobierno aprueba las cuentas del Banco de España, se hace el ingreso
correspondiente, es decir, el 10 por ciento que queda por ingresar del
total de los beneficios del año anterior.

Puedo decirle que hasta este momento, la última cifra, que corresponde
justamente a los nueve primeros meses del año, de enero a septiembre,
indica que los beneficios del Banco de España han alcanzado 718.180
millones de pesetas, el 70 por ciento de los cuales se ingresará, como
indicaba antes, el día 2 de noviembre. Esto quiere decir que el día 2 de
noviembre vamos a ingresar aproximadamente 502.737 millones. No le puedo
decir cómo vamos a cerrar el conjunto del año, pero seguramente va a ser
una cifra que estará en torno a los 900.000 millones de pesetas de
beneficios. ¿Qué es --cosa distinta de los beneficios-- lo que vamos a
ingresar en el año 1993 en su conjunto? Dentro del año 1993 los ingresos
totales --que, como he tratado de explicar, en parte corresponden a



Página 872



beneficios del año 1992 y en parte a beneficios de 1993-- van a ser de un
billón 99.361 millones de pesetas.

Esta es la situación e insisto en que todos los beneficios del Banco van
al Tesoro, de modo que no hay ningún tipo de inversión. Para el año
próximo el presupuesto prevé unos 650.000 millones, procedentes de
beneficios del Banco de España, de los ingresos patrimoniales y, dentro
de lo difícil que se hace este tipo de previsiones en un banco central,
creo que realmente va a haber una caída importante de beneficios. Los
beneficios de este año y del pasado, desgraciadamente, están hinchados
artificialmente por las devaluaciones y, por otra parte, también la
reducción de los coeficientes de caja va a tener efectos negativos sobre
los beneficios, pero creo que se podrá llegar a los 650.000 ó 700.000
millones de pesetas de ingresos en el Tesoro, correspondientes a
beneficios del Banco de España en el año próximo.

Por lo demás, me hace una pregunta que no puedo responderle. Quizá lo
único que podría yo hacer es preguntarle su opinión. Me dice: ¿Qué papel
van a tener los representantes de las autonomías, en su caso, en el
Consejo del Banco? Esto no lo decido yo. La composición del Consejo del
Banco vendrá determinada por la ley de autonomía; la ley de autonomía
supongo que volverá otra vez a ser sometida al Parlamento y, por
consiguiente, será el Parlamento el que decida cuál es la composición del
Consejo del Banco de España y qué papel desempeñan en él, en su caso, las
autonomías.

Por último, me pregunta usted ¿qué actitud va a adoptar un Banco de
España autónomo, cooperará con los otros bancos centrales? Cooperar con
los otros bancos centrales, cooperamos. Yo no podría decir que el grado
de cooperación que en este momento existe en política económica en la
Comunidad sea un grado de cooperación muy activo, pero, en definitiva,
naturalmente que cooperamos con los otros bancos centrales.

¿Me quiere usted preguntar --no sé si es eso lo que me quiere preguntar--
si efectivamente habrá un momento en que el banco central español, el
Banco de España, atenderá más a la cooperación con otros bancos centrales
en el ámbito europeo que a los problemas internos? Como usted sabe
perfectamente, en la unión monetaria la política monetaria es única o
común, es desarrollada por el Banco Central Europeo, por el sistema
europeo de bancos centrales y, en su día, cuando la unión monetaria se
cree, al Consejo asistirán los gobernadores, aunque ya sabe usted que
tiene un presidente, un vicepresidente y, si no recuerdo mal, cuatro
directores ejecutivos, pero asistirán los gobernadores a la Junta del
sistema europeo de bancos centrales y esos gobernadores tendrán que
actuar con independencia. Pero actuar con independencia no quiere decir
que actúen de espaldas a los problemas de su país. Este es un tema que
nos lleva otra vez al problema de si la estabilidad es coherente o no con
el desarrollo y ya he respondido que, en mi opinión, no sólo es prudente
sino que es necesaria.

Por lo que se refiere a las preguntas que me ha hecho el señor Montoro,
evidentemente hay que ayudar a una mejor combinación de política fiscal y
de política monetaria que la que ha existido en los últimos años, esto es
algo absolutamente claro. Desde el punto de vista del Banco de España y
de la posición de la política monetaria que tiene que desarrollar el
Banco de España, tengo que hacer una clara defensa de la disciplina
fiscal. Realmente, el incremento del déficit que se ha producido en este
año, aumentando muy fuertemente lo que se piensa que van a ser los
resultados según las previsiones de liquidación, sobre lo que eran las
previsiones ha sido muy fuerte. Es cierto que esos dos puntos y medio de
aumento --saltar de 4.7 a 7.2 del producto nacional-- en buena medida se
pueden explicar por el desfallecimiento de la economía. Seguramente un
punto se debe al desfallecimiento de los ingresos, aproximadamente 1.3 se
debe a aumentos de gastos de transferencias que vienen determinados
también por el debilitamiento en la situación de la economía. Pero, en mi
opinión, no cabe ninguna duda de que el hecho de que el aumento del
déficit esté determinado por razones coyunturales no debe hacer bajar, en
absoluto, la guardia a la cuestión de la disciplina fiscal, sino todo lo
contrario. Naturalmente, yo tengo que ser totalmente partidario del
mantenimiento de una estricta disciplina fiscal porque, como creo que
usted ha señalado en algún momento, si no existe una disciplina fiscal,
es absolutamente imposible desarrollar una política monetaria de
estabilidad.

Estamos en unas condiciones en las cuales la existencia de déficit
importantes y el hecho de que la tasa de crecimiento de la economía sea
netamente inferior a los tipos de interés existentes en la economía
introducen la relación deuda-producto en una senda explosiva y esa senda
explosiva o se corta o lleva inevitablemente a la inflación porque hace
explotar la política monetaria. De modo que yo no puedo hacer aquí nada
más que defender la disciplina fiscal. Comprendo que son momentos muy
difíciles para introducir reducciones muy drásticas en el déficit, porque
van a seguir actuando factores que, en la medida en la que debilitan o
mantienen débil la actividad, afectan al déficit. De todas maneras, creo
que es absolutamente necesario seguir haciendo esfuerzos para conseguir
reducir el déficit y, además, reducirlo a medio plazo, y ello no sólo por
razones monetarias sino posiblemente por razones más importantes desde el
punto de vista real. Se dice con frecuencia que si el déficit tiene un
componente coyuntural importante --y en estos momentos quién duda que lo
tiene--, entonces no hay que preocuparse, porque cuando la economía se
recupere ese déficit desaparecerá. La verdad es que la experiencia no ya
de nuestro país, sino de todos los países, indica que esto no es así que,
cuando después las economías se adentran en las fases de expansión y se
recuperan los ingresos, hay tantas presiones contenidas por el lado del
gasto que tienden a aumentar los gastos y en el auge no se produce la
esperada reducción del déficit. De hecho, una gran cantidad de países,
entre otros el nuestro, ha vivido esta situación en los años ochenta, y
es absolutamente fundamental que esto no suceda y que realmente el
déficit público se vaya reduciendo de un modo serio y drástico a medio
plazo, porque a largo plazo este país, como otros



Página 873



países, tiene planteados problemas de financiación del sector público muy
importantes. Nuestras redes de seguridad se verán afectadas por la
evolución demográfica, se verán afectadas por el envejecimiento de la
población, se verán afectadas por el hecho de que la tasa de natalidad ha
sido fuertemente declinante y, por otra parte, porque la esperanza de
vida de los españoles afortunadamente ha mejorado mucho. Por
consiguiente, a medio y a largo plazo tenemos unos problemas muy serios
de financiación de nuestros sistemas de seguridad, y esto hay que tenerlo
en cuenta. Si además echamos sobre el futuro la carga, en términos de
impuestos, de un deuda pública fuertemente creciente para resolver los
problemas actuales, entonces estaremos proclamando la solidaridad y
defendiendo con ella la deuda pública, pero ciertamente no estaremos
defendiendo algo que es muy importante --a mí me parece muy importante--
como es la solidaridad intergeneracional, y estaremos echando sobre los
hombros de nuestros hijos o de nuestros nietos cargas muy importantes que
debemos evitar.

De modo que la disciplina fiscal tengo que defenderla absolutamente desde
el punto de vista monetario, desde el punto de vista económico general y
yo diría que también desde el punto de vista de la solidaridad, pero no
me atrevo a utilizar esa palabra porque a lo mejor resulta que no me es
aceptada. El caso es que efectivamente hay un problema de política fiscal
muy importante, un problema de déficit. Creo que es fundamental para el
año próximo que el presupuesto que se apruebe esté sometido a unos
criterios muy estrictos de observancia, que los topes impuestos al
crecimiento de las obligaciones reconocidas sean muy estrictos porque, si
no, habrá elementos inerciales que tenderán a dominar y acabarán
quebrando el esfuerzo de restricción, modesto pero relativamente
significativo que incorpora el presupuesto.

¿Tendrá margen la política monetaria para desarrollar una política de
estabilidad el año próximo? El año próximo vamos a tener el problema de
desarrollar una política que sea de estabilidad y, al mismo tiempo, de
aliento de la economía. ¿Es esto posible? Creo que es posible en la
medida en la cual se mantenga la disciplina fiscal. La disciplina fiscal
tiene que ir acompañada y dejar hueco para la reducción de tipos de
interés. La reducción de tipos de interés tiene límites cercanos si la
disciplina fiscal no se mantiene. En ese sentido, creo que la mejor
conjunción de las políticas monetaria y fiscal va a ser absolutamente
fundamental, también el año que viene, para que la política monetaria
pueda desarrollar bien su papel de tratar de alentar la economía y, al
mismo tiempo, no generar elementos de inestabilidad.

Me pregunta el señor Montoro sobre la generación de liquidez en el año
actual. La generación de liquidez en el año actual, como es inevitable en
estas condiciones que están viviendo las economías europeas, no sólo la
española, es bastante difícil de interpretar, y creo que el señor Montoro
estará de acuerdo conmigo en ello. ¿Qué podemos decir? En los nueve
primeros meses del año, los activos líquidos en manos del público han
aumentado aproximadamente un 7,8 por ciento. Lo que se llama activos
líquidos en manos del público 2, que incluyen además los pagarés de
empresa, están aumentando aproximadamente al 6,8. Es decir, hasta el
final del mes de septiembre hemos registrado crecimientos importantes de
la cantidad de dinero, para hablar en términos sencillos, no
paulatinamente porque ha ocurrido en varios meses no lejanos, en
septiembre, no en agosto, pero sí en julio. Este crecimiento de la
cantidad de dinero, que corresponde más o menos al límite superior del
cono de objetivos que se habían definido al principio del año, ¿es o no
excesivo? En mi opinión, sí lo es porque las previsiones iniciales se
hicieron, como usted ha señalado, con un crecimiento del producto en
términos nominales del orden del 6 por ciento y el producto nominal no va
a crecer el 6 por ciento. Por consiguiente, en ese sentido, por lo menos
aparentemente el crecimiento es excesivo. ¿Qué podemos decir para
explicar ese crecimiento y hacerlo menos preocupante? En primer lugar,
que los tipos de interés han bajado mucho más de lo que pensábamos;
además, han bajado de tal forma que, hasta el día de ayer, los tipos de
interés correspondientes a los activos incluidos en los ALP han bajado
aproximadamente en su conjunto 0,65 puntos, mientras que los tipos de
interés de los activos financieros alternativos a los ALP han bajado en
más de dos puntos. Por consiguiente, como han bajado más los tipos de
interés de los activos ajenos a ALP que los de los activos incluidos en
ALP, el público ha tenido que desplazarse hacia activos a corto plazo.

Eso explicaría en parte, naturalmente no sabemos en qué parte, ese
crecimiento de ALP, que entendemos excesivo, y reduciría nuestra
preocupación.

Hay otros factores no ligados a los tipos de interés. En primer lugar, a
principios del año 1992, como recuerda S. S., se produjo un
desplazamiento muy importante de recursos del público desde el corto
plazo hasta posiciones a largo plazo, en parte deuda especial, en parte a
través de los fondos de inversión, que entonces estaban en plena
expansión. Las cosas después han hecho recapacitar especialmente a los
que habían colocado en fondos de inversión. Ha habido problemas, ha
aumentado la incertidumbre y, por consiguiente, creo que debe haber un
elemento importante también de desplazamiento hacia el corto plazo debido
no ya a factores de tipo de interés, sino a factores de mayor
incertidumbre que la que existía entre los ahorradores en el año 1992.

Seguramente eso también explica una parte del crecimiento de los activos
líquidos.

Otro factor es la deslocalización de depósitos. La deslocalización de
depósitos, como usted sabe, ha sido muy fuerte en el año 1992 y hasta el
mes de mayo del año 1993, porque estaba ligada a la especulación contra
la peseta. Es decir, se deslocalizaban depósitos porque de ese modo se
podía proporcionar más fácilmente a no residentes pesetas con las que
especular y el ahorrador o el tesorero --era más bien tesorero que no
ahorrador-- que practicaba la deslocalización de depósitos obtenía un
margen de rentabilidad más alto. ¿Qué ha pasado después del mes de mayo?
No tenemos balanza de pagos más que hasta el mes de julio. Entonces, en
los dos últimos



Página 874



meses y especialmente en julio se ha producido un proceso de
deslocalización o de retorno. ¿Ha seguido después en agosto y septiembre?
No lo sabemos todavía. Si se ha producido ese retorno, entonces ese
retorno evidentemente está exagerando el crecimiento de ALP cuando lo
comparamos con el crecimiento de ALP a principios del año 1992.

Y finalmente está sucediendo también que el público está ahorrando mucho.

El público está ahorrando mucho porque en una situación de incertidumbre
o de miedo ha elevado muy considerablemente su tasa de ahorro. Según
nuestras estimaciones, que naturalmente son ahora aproximadas, las
familias han pasado de ahorrar --tengo aquí la cifra-- un 9,3 de la renta
disponible para el gasto en el año 1992 a un 11,6 en el año 1993, que es
lo que explica naturalmente la debilidad del consumo a medida que ha
avanzado el año. Claro que este cambio tan fuerte en las actitudes de
gasto de las familias ha tenido que llevar a las familias a colocar ese
ahorro seguramente en posiciones líquidas.

Por otra parte, sucede también --y esto puede parecer más extraño, pero
es verdad-- que tiene que estar mejorando en los últimos meses la
tesorería de las empresas, del conjunto de las empresas. ¿Por qué? Porque
está aumentando el margen de explotación, las empresas realmente no
invierten en investigación fija, pero además han tendido a reducir sus
«stocks» y, por consiguiente, tiene que haber mejorado la situación
financiera de las empresas. Es importante que esto suceda y tiene que
suceder más, porque realmente antes de que se produzca una mejora en la
demanda, en la actividad de la economía, es preciso que la situación de
margen, la situación financiera de las empresas mejore. Esto, por
ejemplo, pasó en España en los años ochenta. La situación financiera de
las empresas fue mejorando paulatinamente entre 1983 y 1985 ó 1986 y sólo
en 1986 se puede decir que se produjo una recuperación verdaderamente
apreciable. También en ese caso esa mejora en la tesorería de las
empresas, que no soy capaz de cuantificar ni aproximadamente, tiene que
estar buscando colocaciones en activos a corto. Esto es así.

Todos estos factores, que actúan por el lado de la demanda de los activos
líquidos en manos del público, son capaces, creo yo, de explicar bastante
de este crecimiento excesivo de la demanda. Si vamos al lado del activo,
evidentemente ha habido un comportamiento muy poco expansivo del sector
privado. Si se tiene en cuenta solamente el crédito interno a familias y
empresas, el crecimiento del crédito es del orden del dos por ciento,
aunque se incluyan los pagarés de empresa. Si se tiene en cuenta el
crédito exterior, entonces la cifra se acerca al 4 por ciento, pero
realmente sigue siendo baja. Ha sido más importante, naturalmente, más
expansiva, la financiación del déficit del sector público y, además, a
través del sistema, porque en buena medida la compra de deuda pública en
firme por no residentes ha sido financiada por bancos españoles, lo que
ha hecho que el componente expansivo de la política monetaria procedente
del déficit público, este año, esté siendo verdaderamente importante. Y
con esto vuelvo al argumento inicial, que es absolutamente necesaria la
disciplina fiscal, porque sin disciplina fiscal es imposible desarrollar
una política monetaria aproximada de esta medida.

Me hace usted una pregunta realmente muy compleja sobre la traslación de
tipos de interés. Ya sé que no me la hace usted como se suele plantear:
si los baja el Banco de España, los bancos tienen que bajar igual, porque
no es así realmente. No es así y, además, tenemos que entender bien que
no es así porque llevaríamos a los bancos a una situación absolutamente
imposible. Es decir, tienen que bajar los tipos activos y están bajando
lentamente. Lo que pasa es que están bajando en las operaciones nuevas,
mientras que en las operaciones antiguas sólo bajan en aquellos casos en
los cuales el crédito corresponde a un tipo de interés variable que está
ligado a un tipo del mercado monetario. Claro, los créditos antiguos a
tipo fijo no bajan, bajan sólo los créditos nuevos. A medida que pase el
tiempo se irá notando más la baja de tipos. Pero, aparte de eso, para que
bajen los tipos activos es fundamental que bajen los tipos pasivos,
porque si no se produce una tijera que hace imposible la actividad
bancaria. A su vez, esos tipos pasivos están bajando. Los tipos pasivos
tardan más en bajar porque hay una competencia tremenda entre los bancos
y porque hay una competencia importante también del sector público,
porque una alternativa a los depósitos naturalmente son las letras. Por
tanto, tenemos que esperar a que vayan bajando las letras, las letras
permitan bajar los tipos pasivos y esto les dé mayor margen de holgura
para bajar los tipos activos. Si dependiera del Banco de España que
bajaran los tipos en todo lo que pueden bajar, ustedes comprenderán que
lo habríamos hecho, pero no podemos hacerlo. Es absolutamente imposible.

Los tipos son totalmente libres y tienen una inercia, y esa inercia se
nota. En países como el Reino Unido resulta que el volumen de créditos
que tienen tipos variables ligados al mercado monetario son --no recuerdo
la cifra en este momento-- bastante más del 50 por ciento, debe estar
cerca del 70 por ciento. En el Reino Unido, cuando bajan los tipos
básicos del Banco de Inglaterra se nota. En el caso de España, los
créditos que tienen tipo variable apenas llegan al 22 por ciento. Por
consiguiente, la inercia es mayor y se nota más.

Hay un punto en el que yo no estoy de acuerdo con usted, porque como
llevo mucho tiempo leyéndole sé lo que usted piensa, y es cuando usted
piensa que el problema de la política monetaria en los últimos años fue
un problema de política monetaria excesivamente restrictiva y, además, lo
atribuye básicamente al problema de la política fiscal. Yo no estoy
totalmente de acuerdo con usted y usted sabe lo que yo pienso porque
alguna vez habrá tenido la desgracia de leer algo que yo haya dicho.

(Risas.) De modo que también sabe usted lo que yo pienso. Es decir, ¿qué
hubiera pasado en este país, desde 1988/1989, si la política monetaria no
hubiera sido restrictiva? Pues ciertamente hubiéramos tenido una
inflación absolutamente acelerada. Esto es así. ¿Qué ha pasado en ese
período? Pues ha pasado que se ha ido de las manos el déficit público,
por una parte, y, por otra, se ha



Página 875



ido de las manos la inflación de costes. Entonces, el Banco central de un
país que tiene una inflación de costes muy importante y que tiene una
política fiscal excesivamente expansiva puede hacer dos cosas: cruzarse
de manos y decir: Pues muy bien, que venga la inflación, o subir los
tipos de interés. Pero si sube los tipos de interés, sube el tipo de
cambio y es absolutamente imposible evitarlo en aquellas condiciones,
porque en condiciones mucho más adversas uno puede intentar que el tipo
de cambio no baje subiendo el tipo de interés y el tipo de cambio pueda
bajar más. Pero en fin, en aquellas condiciones es lo que sucedía. De
modo que no es por defender la política monetaria del pasado, lo único
que le propongo es la reflexión de dónde estaríamos, en términos de
inflación, si no se hubiera hecho esa política monetaria restrictiva.

¿Cuáles son los problemas de la economía española? Esta es una pregunta
de tesis doctoral. Evidentemente, hay problemas de los que hemos venido
hablando. Yo creo que hay muy serios problemas de estructura en el
mercado de trabajo, pero también en el mercado de servicios muy
importantes. Yo creo que todo esto, después de tantos años de discusión,
va empezando a ser visto y comprendido por el país y que, por
consiguiente, hay un campo muy grande de actuación. Puede parecer que es
un campo que en principio plantea problemas, y quizá los plantee, pero
que a largo plazo me parece absolutamente básico para sacar a este país
de su situación actual.

Pero aparte de estos problemas de los que hemos venido hablando, este
país tiene otros muchos de los que se habla poco, que comparte con otros
países europeos y que son los problemas verdaderos de esta década, aparte
del tema coyuntural que es el de la globalización, el de la
deslocalización, etcétera. Es decir, problemas de unos países que en
mayor o menor grado éramos, hemos venido siendo países industriales y que
están sometidos a un proceso mundial de deslocalización de industrias que
plantea problemas de empleo e industriales verdaderamente tremendos.

Porque hablamos de España, pero nos olvidamos de que si tomamos los
últimos 20 años la participación del producto industrial en el producto
americano ha bajado 8 puntos, otro tanto ha bajado aproximadamente en
Canadá, casi otro tanto en Japón, y más que eso ha bajado en Inglaterra.

De modo que lo que se está produciendo realmente es una redistribución de
la industria en el mundo. A nosotros nos coge peor que a otros,
naturalmente. Tenemos una industria más débil, una industria con menos
valor añadido. Tenemos que buscar una industria que tenga mayor valor
añadido, mayor tecnología, que esté basada en una mayor formación
profesional de la mano de obra. Estos son los problemas verdaderamente
dificilísimos, pero éste es el problema que me parece que en el trasfondo
es el más grave que tiene nuestra economía.

No sé si he respondido a todos ustedes; si no lo he hecho no habrá sido
porque no haya puesto voluntad.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gobernador.

Termina con la intervención del señor Rojo la comparecencia del
Gobernador del Banco de España.




--DEL SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (PASTOR BODMER) A SOLICITUD DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS: POPULAR (números de expedientes 212/000157 y
212/000202), VASCO-PNV (número de expediente (212/000112), MIXTO (número
de expediente 212/000121), SOCIALISTA (número de expediente 212/000068) E
IU-IC (número de expediente 212/000288).




El señor PRESIDENTE: Comienza la comparecencia del Secretario de Estado
de Economía, al que damos la bienvenida en virtud de su reciente oficio.

Esperamos y deseamos que le vaya todo bien, pues a todos nos irá lo bien
que le vaya a él.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la
Comisión al Secretario de Estado de Economía y desearle, como decía el
señor Presidente, la mejor gestión. Si nosotros hemos reclamado su
presencia en esta Comisión es porque entendemos que es importante a
efectos de explicar los contenidos de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 1994, y mis reflexiones y mis preguntas al señor
Secretario de Estado van a ir orientadas a la clarificación de esos
Presupuestos Generales del Estado.

Dada la magnitud de su tarea, que es nada menos que sentar los supuestos
económicos de esa proyección de las finanzas públicas para el año
próximo, voy a ceñir mi intervención a dos planos. El primero es el de
las estimaciones macroeconómicas. Quiero que el señor Secretario de
Estado de Economía nos aclare a la Cámara las proyecciones que sustentan
a esos Presupuestos Generales del Estado, empezando por lo que el
Gobierno estima va a ser el comportamiento de la economía en este año
1993, año que no está cerrado, aunque podemos conocer ya con relativa
fidelidad lo que va a ocurrir en él. El segundo bloque de cuestiones se
va a referir a los problemas de deuda pública y de déficit público,
problemas que desde la opinión del Grupo Parlamentario Popular
constituyen uno de los rasgos más preocupantes de los presupuestos del
año que viene, como lo ha sido de todo el comportamiento reciente de la
política presupuestaria.

Comenzando por las estimaciones macroeconómicas, lo que el señor
Secretario de Estado conoce perfectamente es que la política económica
española está carente de credibilidad, y lo está porque, ante todo, ha
fallado en sus previsiones básicas. Le traigo al recuerdo, recuerdo que
tiene bien cercano (no usted, que ha llegado recientemente a su puesto,
pero en definitiva usted es parte de la prolongación de los Gobiernos
socialistas que han gobernado en España durante los últimos once años),
que el fallo de esa credibilidad está en el error que se comete en la
previsión económica del Programa de Convergencia del Gobierno. Un
programa de convergencia que ya no



Página 876



sabemos dónde está. No sabemos si está vigente en alguno de sus
artículos, de sus planteamientos, o si ha sido completamente olvidado ya.

Y esa credibilidad llega hasta el punto de que un programa que aprueba
esta Cámara en la primavera del año pasado, es decir, hace poco más de un
año, estaba planteando escenarios económicos, incluido el año 1992, de
recuperación y expansión económica. El problema de la falta de
credibilidad de la política económica tiene una manifestación bien clara
y bien cercana en el tiempo, y es el grave fallo que comete el Programa
de Convergencia del Gobierno socialista, cuando hace poco más de un año
estimaba unos sucesivos escenarios macroeconómicos positivos de
recuperación de actividad económica. Esto supone una auténtica ceguera a
la hora de reconocer la crisis económica, en la que ya en el año 1992 nos
estamos introduciendo con decisión, además de la ignorancia de las
recomendaciones que todos los expertos en España, dentro y fuera de la
universidad, le están haciendo respecto del devenir del tiempo, que
desgraciadamente se ha cumplido. El problema de la credibilidad de las
previsiones puede volverse a repetir en lo que es la proyección
macroeconómica de este Presupuesto para el año próximo. Dicho en una
frase más simple: las estimaciones macroeconómicas que el Gobierno tiene
en estos Presupuestos, o sobre las que sustenta estos presupuestos, son,
en nuestra opinión, inviables, y ahora tendrá ocasión el Secretario de
Estado de Economía de describirnos cuáles son los supuestos de esa
previsión.

Pero es más, es que la previsión de cierre del año 1993 es una previsión
desgraciadamente optimista. Esto es, la situación de deterioro económico
de este año es superior a la que está marcando el registro oficial. La
caída de la actividad económica, en definitiva, este año va a ser
superior, y si partimos ya de ese fallo en el cumplimiento de la
previsión, es prácticamente imposible que cumplan nada de lo esencial de
los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Es decir, volveremos a
repetir el fallo esencial de la política económica: la falta de
credibilidad.

Por todo esto, mi primera pregunta --y no estoy aquí para explicar
nuestra versión, sino para preguntarle a usted-- se refiere a cuáles son
los supuestos que estima el Gobierno de recuperación, a finales del año
1993, que nos lleven a una tasa de decrecimiento como la que da, de caída
del PIB del orden del 0,8 por ciento, cuando en los dos primeros
trimestres del año ese crecimiento o se ha superado o se ha situado en el
uno por ciento; de acuerdo con la estimación del Instituto Nacional de
Estadística incluso ha sido superior al uno por ciento, 1,2 en el segundo
trimestre de este ejercicio. ¿De dónde saca el Gobierno esa previsión?
En la misma línea de la pregunta anterior, es decir, la explicación de
dónde procede esa relativa recuperación de la economía que está
suponiendo el Gobierno para llegar a una media de caída del PIB del orden
del 0,8 por ciento, que significa una recuperación a final de año que me
gustaría que explicara, porque necesitamos esa explicación para ver si se
cumple el supuesto de comportamiento económico del año 1993; en esa misma
línea, en el año 1994 ocurre exactamente lo mismo, y lo que reclamamos
del Secretario de Estado de Economía es que nos explique la procedencia
de la recuperación, de dónde viene esa recuperación de la actividad
económica refiriéndose al comportamiento de las principales variables. Es
decir, ¿es factible que el consumo privado aumente o llegue a recuperarse
como media del año que viene, cuando ese consumo está atenazado por la
destrucción de empleo, por la contención de los salarios, que se va a dar
aunque no haya pacto de rentas, aunque el pacto social no se culmine, o
por la propia subida de impuestos que plantea este presupuesto? Me
refiero a la subida de la imposición directa, al fenómeno de la porosidad
en frío. ¿De dónde viene la subida de la inversión? ¿Cómo es posible que
se recuperen los bienes de equipo si, con toda seguridad, no va a haber
una bajada de tipos de interés en España y no van a cambiar las
condiciones objetivas de los inversores españoles? ¿De dónde viene la
bajada de precios que plantea el Gobierno para el año próximo, que es del
orden de un punto porcentual de bajada, cuando el Gobierno está estimando
una recuperación de la demanda interna de la economía y cuando el
Gobierno no plantea reformas estructurales que vayan a corregir lo que
estamos llamando ya, popularmente, el núcleo duro de la inflación? Esto
es, no van a liberalizar el sector servicios.

¿De dónde procede la recaudación prevista de los impuestos? ¿Cuál es la
elasticidad renta que el Gobierno está suponiendo a los principales
impuestos, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para
estimar un aumento de recaudación presupuesto sobre presupuesto, me
refiero? O el aumento del IVA, ¿de dónde viene un aumento del IVA del
orden del 16 por ciento, presupuesto sobre presupuesto? ¿Cómo es posible
eso si no cambiamos el escenario de recuperación del consumo y no
cambiamos el escenario de recuperación de las importaciones
significativamente? Esas son las preguntas relativas a las estimaciones
macroeconómicas.

Por lo que se refiere a la Deuda pública, tengo que advertir, en primer
lugar, sobre el ritmo de crecimiento de la Deuda pública, sobre el PIB
que estamos registrando en el año 1993, y hemos conocido el dato en la
última publicación del Banco de España, hablo del Boletín Estadístico que
se acaba de publicar en el Banco de España. En ese Boletín Estadístico
figura un crecimiento de cinco puntos porcentuales del PIB en los dos
primeros trimestres de este año en relación con el cuarto trimestre del
pasado año; esto es, en seis meses estamos haciendo crecer la
participación de la Deuda pública en el PIB en casi cinco puntos
porcentuales. Esto, ¿dónde nos lleva en el año 1993? ¿Cuáles son las
estimaciones que tiene el Ministerio de participación de la Deuda pública
en el PIB en el año 1993? ¿Qué consecuencias tiene sobre la partida de
gastos financieros de los Presupuestos?
Le pregunto al señor Secretario de Estado si comparte conmigo la
preocupación por el problema de la sostenibilidad de la Deuda, a la que
también se ha referido el señor Gobernador del Banco de España en su
comparecencia; sostenibilidad que amenaza no ya al presupuesto de 1994,
sino a los presupuestos de los años venideros. Esto



Página 877



es, ¿qué presupuestos podemos tener con un aumento de Deuda pública a un
ritmo como el que se está experimentando ya en el año 1993 y que, con
toda seguridad, se va a registrar en el año 1994? Ello nos lleva a un
problema de solvencia del Estado, en definitiva, a un problema de
solvencia de las administraciones públicas, que es un problema
extremadamente grave y adicional a los ya existentes en la crisis
económica. Me gustaría conocer la opinión de un Secretario de Estado que,
con su firma, está avalando ese crecimiento de Deuda pública y no es
capaz de corregirlo en los Presupuestos del próximo año, donde, con toda
seguridad, va a aumentar al menos seis puntos porcentuales del PIB.

También me gustaría que aclarara más el contenido de la cuenta financiera
del Estado, que es la partida fundamental, por lo que acabo de explicar
hace un momento, que está condicionando a la política financiera del
Estado, y la información no deja de ser extremadamente lacónica, ya que
se completa con ese aumento del límite de endeudamiento que puede
registrar el Estado hasta los 4 billones 100.000 millones, que está en la
Ley de Presupuestos del año que viene; ese límite queda nuevamente
abierto, queda a discrecionalidad del Gobierno, lo que hace temer que se
vea superado. Estamos hablando --insisto-- de una cifra de más de 4
billones de pesetas, cuyo límite el Gobierno deja abierto en esa Ley,
para ampliarlo con supuestos, por ejemplo, como el simple incumplimiento
de los ingresos presupuestados; es decir, basta que no se recaude lo que
el Gobierno espera recaudar para mover ese límite de Deuda pública, lo
cual es, sencillamente, un planteamiento poco riguroso para la gravedad
del problema de Deuda pública y de déficit público que estamos
planteando.

En opinión del Secretario de Estado --y con esto acabo--, ¿es el déficit
público un problema conocido? ¿Está de acuerdo con la valoración que
hacen los profesores Fuentes Quintana, Valle y el señor Alcaide en el
último número de «Cuadernos de información económica», cuando hablan del
enmascaramiento, en concreto, de la manifiesta falsedad en el registro de
las cuentas públicas? ¿Conocemos realmente lo que es ese déficit público?
¿De dónde viene el déficit público del año 1993? Porque no puedo resistir
--y ésta será mi última pregunta-- conocer de dónde viene este déficit
público, que se nos ha dicho insistentemente que es el reconocimiento de
la deuda del Inem. Pero, señor Secretario de Estado, ¿es que las deudas
del Inem no están reconocidas en la contabilidad nacional de los años en
los que se han generado esas deudas? ¿Es que las transferencias a las
familias que hace el Inem no están recogidas en el total de renta
nacional de los años 1990, 1991 y 1992?
A veces, con el déficit público lo que sucede no es ya una cuestión, como
dicen los profesores, de manifiesta falsedad, sino que es una confusión
realmente lamentable la de las autoridades de su Ministerio, y yo le
recomiendo que clarifique usted ya de una vez de qué déficit público
estamos hablando, si esos déficit públicos del Inem están en la
contabilidad nacional de esos años o no; o si estamos asistiendo a una
limpieza de déficit acumulados en el presente ejercicio. Esto es
fundamental por la primera razón que le he dado: la falta de
credibilidad. Si no sabemos dónde está ese problema del déficit público,
malamente vamos a arbitrar políticas presupuestarias que sean capaces de
corregirlo. Desde luego, los Presupuestos de 1994 no van a ser capaces de
corregir este problema por las razones que he expuesto y que espero que
usted pueda corregir o compensar en su exposición.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Muchas gracias al señor Secretario de Estado de
Economía por su comparecencia.

Dadas la hora y la amplitud de las preguntas ya realizadas, no quiero
duplicarlas, por lo que me van a permitir que complemente una sola
cuestión. Con referencia al déficit público, y dada, como usted bien
sabe, la dificultad de esa financiación en cuanto a colocar el volumen de
Deuda pública, ¿qué medios financieros tiene previsto utilizar a lo largo
de este año para intentar cubrir el déficit presupuestario? ¿Cuáles serán
las características financieras de estos medios: emisiones de Deuda,
acceso a mercados, obligaciones, etcétera? ¿Qué tipos de interés se prevé
utilizar y a qué plazo? Esas son exclusivamente las preguntas que quería
hacer.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente también voy a intentar concretar
cuatro solicitudes de información y agradecer por adelantado las
explicaciones que nos pueda dar.

El primer bloque de demanda de información iría circunscrito o reducido a
las prospecciones plurianuales que debieran tener las cifras
macroeconómicas con las que el Gobierno nos ha planteado el marco
presupuestario para el próximo ejercicio, el soporte económico de esta
propuesta presupuestaria. Es decir, cifran un crecimiento del producto
interior bruto en torno al 1,3 por ciento para el año 1994, una inflación
en torno al 3,5 por ciento y un déficit público que al final del
ejercicio estará reducido en 0,5 puntos, es decir, en torno al 5,7 por
ciento. ¿De qué manera esas previsiones macroeconómicas van a significar
una torcida de la evolución de la inversión que tenemos en la actualidad
para conseguir un esfuerzo inversor positivo en la iniciativa privada en
torno al 1,7 por ciento? ¿Eso está circunscrito al año 1994? Si trabajan
con cifras macroeconómicas, me gustaría saber también lo que sucedería en
ejercicios posteriores, puesto que el marco global debe ser superior a un
año a la hora de hablar de condicionamientos presupuestarios, por mucho
que nos podamos encontrar en un momento de crisis.

La segunda pregunta sería cuáles son las razones que ha tenido el
Gobierno para no mantener lo tan anunciado, tanto en la mesa de inversión
como en la propuesta para el



Página 878



acuerdo del empleo, de un esfuerzo inversor del Estado en torno al cinco
por ciento del PIB. ¿Por qué se produce esta desaceleración, por así
decirlo, del esfuerzo inversor del Estado, que se queda en cifras
bastante inferiores a ese cinco por ciento y por qué se circunscribe ese
esfuerzo inversor exclusiva o fundamentalmente a las políticas de
infraestructura? ¿Por qué no es posible establecer políticas industriales
activas o políticas activas en otros frentes distintos a las propias
infraestructuras?
Los otros dos bloques de preguntas irían dirigidos a saber cuál es la
valoración que el Gobierno ha hecho del ahorro que pueden suponer las
políticas de restricción en cuanto a las prestaciones, tanto a nivel de
pensiones como a nivel de desempleo, entendiendo que el subsidio de
desempleo, el volumen de personas a las que puedan afectar algunas de las
medidas --por ejemplo, el tema del subsidio no acumulable, quitando todo
el segundo grado y el primer grado ascendente, limitándolo sólo al primer
grado a la hora de acumular la pensión-- puede afectar casi a 200.000
prestaciones menos el próximo ejercicio. ¿Cuál es la valoración de cada
uno de ellos en el ahorro presupuestario que ustedes han estimado? Igual
en el tema de la pensión.

Hay tres propuestas que hemos encontrado positivas dentro del gran
volumen de iniciativas del Gobierno. Una es el tema de más ahorro, de
lograr que se produzca un ahorro privado en nuestros bolsillos. Nos
gustaría que nos explicase de qué manera se va a lograr ese ahorro y ese
mayor consumo interno en un momento en que se reduce la circulación,
puesto que hay una congelación o una propuesta de moderación salarial,
por así decirlo.

El segundo bloque de propuestas que consideramos positivo es la caída de
tipos de interés. Pero queremos saber si va a ser suficiente para
producir un incremento de la inversión a los niveles que ustedes
plantean, puesto que hasta ahora la caída de tipos de interés no ha
significado ese estímulo. Lo que necesita la inversión es estabilidad, si
no es sólo especulativa podrá recuperarse en un año. Es decir, será
precisa más estabilidad.

Por último, los fondos de inversión. Consideramos un elemento positivo la
idea de construir con la capitalización de las empresas unos fondos de
inversión. ¿De qué manera se van a hacer efectivos esos fondos de
inversión? ¿Lo van a plantear como ley? ¿De qué forma garantizan el
control en la composición de esos fondos y el seguimiento del papel que
pueden jugar para la recuperación de nuestra estructura productiva?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado de
Economía.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): Quisiera
empezar agradeciéndoles la bienvenida que me dan y disculpándome por
adelantado de lo que seguramente serán unas contestaciones pobres a unas
preguntas no todas ellas fáciles. Si les parece, comenzaré por contestar
a la intervención del señor Montoro.

Si he entendido bien, estamos hablando, en primer lugar, de qué es lo que
ocurrirá en el año 1993, de cómo se configuran las cifras que utilizamos
en nuestras previsiones para el año 1994, de los problemas específicos de
la deuda y de la procedencia del déficit que se nos presenta para el
cierre del ejercicio de 1993.

Por lo que se refiere a las previsiones del año 1993, que se hicieron en
el momento del programa de convergencia que se presentó en la primavera
del año 1992 --ésta no puede ser la opinión de un Secretario de Economía
porque entonces no lo era--, mirando los datos recientes, en este
fenómeno se juntan dos cosas. Por una parte, esos datos muestran
curiosamente una pequeña recuperación en la segunda mitad del año 1991,
que dura hasta la segunda mitad del año 1992. Es a partir del verano de
1992 cuando reemprende la caída que ya había empezado en la segunda mitad
del año 1990. No olvidemos que, en realidad, el ciclo empieza su fase
descendente en el año 1987, o sea que desde ese año 1987 el crecimiento
del producto se va desacelerando. En el año 1990 esa desaceleración se
intensifica y, sin embargo, en la mitad del año 1991 vuelve a repuntar, y
esto se mantiene hasta la segunda mitad de 1992. A finales de 1993 ya se
ve que ésta era una falsa recuperación. No sé si se veía tan claro hace
un año y medio, aunque debo decirle que, desde el punto de vista de lo
que se puede llamar el sector real, los primeros síntomas de crisis son
anteriores al año 1992. Hasta qué punto esos síntomas hubieran debido
tenerse en cuenta o no es algo que no soy capaz de apreciar. Esta es la
primera cosa que hay que tener en cuenta, es decir, un cierto despiste
provocado por los datos.

Creo que el segundo factor que hay que tener en cuenta es justamente la
mecánica de los planes de convergencia. Es decir, los planes de
convergencia por parte de los Estados miembros que los presentan se
configuran como una mezcla de previsiones y de objetivos, hasta el punto
de que uno no sabe muy bien si son cifras que se ponen como meta, aunque
sean una meta muy difícil y muy ambiciosa, quizás por ello podría decirse
que poco realista, pero conveniente para estimular a la economía en esa
dirección; porque, digamos, la misma perplejidad y el mismo mutismo que
se percibe en este momento sobre los planes de convergencia en nuestro
país, se extiende a todo el ámbito de la Comunidad. Es decir, en este
momento, en la Comunidad creo que existe la firme voluntad de respetar
los objetivos de los planes de convergencia en cuanto a su dirección, y
nadie quiere pronunciarse ni en cuanto a las cifras en sí, ni en cuanto a
las fechas en que esas cifras se cumplirán, de tal modo que yo creo que
sería imprudente, por nuestra parte, volver a mirar esas cifras de hace
un año y medio una por una y decir cuáles vamos a cumplir y cuáles no.

Estas cifras del año 1992 claramente, en cierta manera, podríamos decir
que vician las previsiones para el año 1993. Esto se agrava con el hecho
de que el ciclo se vuelve descendente, y entonces todas las previsiones
cambian de signo, de manera que un déficit cíclico que se tenía que ir
reduciendo, empieza a aumentar vertiginosamente.

Con esto llegamos a contestar, parcialmente por lo menos, la pregunta del
origen del déficit de 1993.




Página 879



Creo que en grandes números, si partimos de una previsión del déficit de
1993 del orden de un 3,2 por ciento del PIB --una previsión hecha en el
año de 1992--, y tenemos en cuenta, en primer lugar, que el déficit
cíclico crece del orden del 2,5 puntos del PIB, aproximadamente el 50 por
ciento por caída de ingresos respecto a lo estimado y aproximadamente la
otra mitad por incremento de los gastos y me refiero fundamentalmente a
las prestaciones de desempleo; si a esto le añadimos el aumento de la
carga de intereses de la Deuda pública, que no es tan grande como pudiera
parecer, es algo inferior al medio punto del PIB, y le sumamos lo que
podrían ser restos de pagos de Seguridad Social del ejercicio de 1992,
por valor aproximadamente de 0,7 puntos del PIB, llegamos a la cifra que
se está previendo para finales del año 1993, es decir, algo del orden del
6,2 por ciento. Estamos hablando de administraciones públicas centrales.

Esto es, digamos, lo que puede ser el origen del déficit del año 1993.

En cuanto a la manifestación de ese déficit en las cuentas --y si es un
disparate legal les ruego que me lo perdonen--, es mi impresión que las
cuentas de la Seguridad Social se incorporan a las cuentas públicas
cuando se habla en términos de contabilidad nacional y, por consiguiente,
con cierto retraso y en términos de obligaciones reconocidas; no se
incorporan al presupuesto porque, en teoría, tanto el Inem como el resto
de la Seguridad Social son sistemas equilibrados y, por consiguiente, no
tienen dotaciones presupuestarias.

Así, pues, creo que más que un caso de falsedad, digamos, en las cuentas
o en la presentación, nos hallamos ante el caso de dos criterios
contables que son distintos entre sí, pero que son públicos los dos para
los que los conocen. Le confesaré que cuando llegué a la Secretaría de
Estado de Economía busqué dónde estaban las pensiones en el presupuesto y
no las encontré, porque no están en el presupuesto, pero sí están en las
cuentas públicas. Nadie me sacó un papel de debajo de un cajón diciéndome
que no lo contara, sino que me sacaron un impreso que no iba en el mismo
papel que el presupuesto. De manera que, digamos, es una mecánica
presupuestaria que puede, a lo mejor, confundir, pero que, a mi entender,
está relativamente clara.

Con esta perspectiva, ¿cómo se pueden fundamentar las previsiones del año
1994? Desde luego, el resultado de 1993, respecto a lo que se había
previsto, no ayuda a mantener una reputación de credibilidad en las
predicciones macroeconómicas. Seguramente no hará falta que le diga que
en esto estamos en excelente compañía, no hay ni un solo país de la
Comunidad que haya acertado en sus previsiones, y algunos de ellos han
tenido unos errores muy superiores a los nuestros. Tengo por aquí datos
de países de la OCDE en los cuales se ve, por ejemplo, que en Suecia la
previsión del déficit era del 0,4 del PIB y será este año del 5,6. En el
caso de Italia, sorprendentemente es mucho mejor, la previsión era del
8,5 del PIB y será el 10,5. En Australia se había previsto un 1,2, y la
liquidación se duplica, es el 2,4. Estos son datos del año 1992, no tengo
los de 1993, pero creo que en el año 1993, con alguna excepción, la
situación no ha mejorado.

En cierta forma ha ocurrido un fenómeno que es común en estos casos, y es
que las previsiones se hacen siempre de manera más o menos lineal; es
decir, en los cálculos nadie prevé un cambio de tendencia del ciclo.

Nunca dice nadie: este año creceremos al 3, el próximo al 4 y el
siguiente al 1, nadie. Simplemente se dice: el 2,5, el 3, el 3,5, el 4, y
un día las cosas dejan de crecer y empiezan a decrecer. Por desgracia no
sabemos hacer previsiones que tengan en cuenta ese cambio del ciclo, y
sólo lo reconocemos cuando ya se ha producido, y a veces con bastante
retraso.

Dicho esto, creo que podemos afirmar con cierta tranquilidad que las
previsiones del año 1994 se han hecho con un gran esfuerzo de realismo.

Esto quiere decir que están sujetas a error, como todas las previsiones,
pero que se ha hecho un esfuerzo por no incorporar ningún elemento de
voluntarismo, y el no incorporar esos elementos la verdad es que nos ha
obligado a mantener una actitud de confrontación, tanto con empresarios,
por una parte, como con sindicatos, por la otra, y eso se ve en los
Presupuestos que hemos presentado este año.

Si vamos al detalle de las previsiones, creo que quizá uno de los
factores más importantes es la tasa de crecimiento del PIB. Esa tasa de
crecimiento del PIB la ciframos, en nuestro escenario macroeconómico para
el año 1994, en un 1,3 por ciento. En esto estamos en línea con lo que se
prevé para la media de los países de la Comunidad Económica Europea, lo
cual no tiene por qué ser un consuelo, pero quiero decir que no
esperábamos tener una tasa de crecimiento espectacularmente grande, sino
que se iniciara una modesta recuperación.

Hasta el momento no tenemos cifras sólidas que permitan pensar que esa
recuperación se ha iniciado. Tenemos algunas cifras que nos permiten
pensar que el ritmo de caída del producto se ha ido deteniendo, y me
refiero aquí a los datos de la contabilidad trimestral del INE.

Efectivamente, esos datos últimos de la contabilidad trimestral sugieren
que a lo mejor este año el PIB ha decrecido en más de un punto, quizá
están hablando del 1,2. Hemos visto esas estimaciones y es posible que
sean ciertas, pero tenemos razones para pensar que a lo mejor son una
sobreestimación; no obstante, el propio INE revisará esta estimación el
trimestre que viene. Esa ha sido nuestra opinión técnica a este respecto.

Como usted sabe, un dato de la contabilidad trimestral del INE puede ser
revisado hasta dieciséis veces, aunque normalmente se revisa sólo unas
doce. El fiar demasiado en un solo dato no nos ha parecido una cosa
prudente. No creemos que haya una diferencia enorme entre una bajada del
PIB de un punto y una bajada de un 1,2, estoy seguro de que esto está
dentro del margen de error estadístico.

Para el año que viene creemos probable que haya un aumento del PIB del
1,3 por ciento, basado, fundamentalmente, en el saldo exterior. Como
ustedes saben, ese saldo exterior este año contribuirá un 2,2 por ciento
al crecimiento del PIB; el año que viene esperamos que su



Página 880



contribución sea más modesta, que sea del orden del 1,2 por ciento, y que
se vea compensado por una cierta recuperación de la demanda interna.

Si vamos componente por componente, lo que esperamos del consumo privado
es muy poca cosa. Ponemos un crecimiento de 0,1 por ciento. El consumo
privado es el 67 por ciento de la renta y, por consiguiente, un error en
esta magnitud es muy importante.

Un 0,1 por ciento de recuperación. ¿Cómo podemos pensar que esto se vaya
a producir? Partiendo de la base de que un 0,1 es una cifra muy modesta,
pensamos que ha habido en los últimos trimestres una cierta contención
del consumo privado que se debe quizá tanto a factores mecánicos como a
un principio de moderación salarial, etcétera, como a factores
psicológicos en el sentido de que una decisión de consumo, igual que una
decisión de inversión, es fundamentalmente una decisión de gasto y que un
factor que influye positivamente en el gasto es que haya una mayor
sensación de estabilidad, que es lo que pretenden conseguir
principalmente los presupuestos de 1994. No es el único elemento, pero es
un elemento importante.

Lo mismo podría decir de la formación bruta de capital fijo. Ciframos un
aumento del 1,5 por ciento, que es también un aumento modesto. ¿Por qué
se va a producir? La formación bruta de capital fijo bajó un cuatro por
ciento en 1992 y casi un ocho por ciento en 1993. Es lógico pensar que
después de dos años, si hay un mínimo horizonte de estabilidad y de
tranquilidad, parte de esa inversión que, sin duda, se ha pospuesto, vaya
a reemprenderse sobre todo teniendo en cuenta que dentro de la demanda
total hay un factor que esperamos que se comporte de manera positiva, que
es el sector exterior. Sólo con este comportamiento del sector exterior
bastaría, a mi juicio, para una recuperación de la inversión tan modesta
como la que se propone aquí.

De manera que para resumir yo creo que podíamos decir que el escenario
del año 1994 es relativamente conservador y que veo difícil que la
realidad quede por debajo de ese escenario, por lo que se refiere en este
momento al crecimiento del PIB.

Hay dos factores más. El crecimiento de los precios. Como ustedes saben,
la cifra del 3,5 por ciento que se pone como crecimiento del IPC en el
año 1994 es claramente un objetivo y no se debe confundir con una
previsión.

Como ustedes saben, en esto el Gobierno ha estado en un dilema, porque
cuando hablaba de una previsión del cuatro por ciento, le decían que era
un objetivo poco ambicioso, y cuando hablaba de un objetivo del 3,5 le
decían que era una previsión poco realista. Hay que decir una cosa o la
otra.

Desde nuestro punto de vista, un 3,5 por ciento es un porcentaje
alcanzable, pero extraordinariamente ambicioso. Fundamentalmente, por una
razón que es de sentido común. En la reciente memoria histórica España
nunca ha tenido una tasa de inflación por debajo del cuatro por ciento.

Por consiguiente, cuando queremos bajar del cuatro por ciento ya sabemos
que estamos en cierta manera en territorio desconocido.

Aplicaremos las medidas estructurales, que a menos que quieran ustedes no
les describiré en detalle, pues ya se han anunciado: por una parte, las
de la reforma del mercado laboral; por otra parte, las de la
liberalización de servicios. Como ustedes saben, dentro de poco el
Tribunal de Defensa de la Competencia podrá presentar a las Cortes el
informe redactado sobre las propuestas de liberalización de servicios en
España.

Tenemos la convicción de que estas medidas, unas y otras, permitirán no
sólo un aumento del empleo, sino también rebajar ese suelo inflacionario
que hemos tenido ahora, que sigue siendo demasiado alto. ¿Cuándo se
conseguirá y cuánto se conseguirá? Creo que sería extraordinariamente
aventurado decirlo porque no tenemos experiencia pasada. Creemos que nos
estamos moviendo en la dirección correcta en este sentido, pero sería un
intento de engañarles si les diese un número. Esto por lo que se refiere
a la inflación.

¿Qué relación tiene esto con la política salarial y en especial con el
pacto de rentas? Tiene una relación importante, pero no tan directa como
uno se podría imaginar. El propósito fundamental del pacto de rentas es
doble. Por una parte, conseguir que los costes del ajuste se distribuyan
de la manera más suave y más equitativa posible. Como ustedes saben, ante
la resistencia a la baja de los salarios, lo que se ajustan son las
cantidades. En nuestro país, además, por la poca flexibilidad del mercado
laboral, el ajuste de cantidades, es decir, de cantidad de mano de obra
empleada, no se produce ajustando las plantillas, sino a través del
cierre de empresas. Con ello se inflige un daño difícilmente reversible.

Un pacto de rentas, en nuestra opinión, contribuiría a moderar ese
efecto. El segundo elemento que contribuiría a materializar un pacto de
rentas, tal como se concibe, para un período superior a un año, sería dar
un escenario de estabilidad de precios coherente que, a nuestro juicio,
permitiría dos cosas: en primer lugar, daría margen a la reducción de los
tipos de interés; en segundo lugar, creo que sería un elemento
fundamental para el aumento de la inversión. De manera que, para el
aumento de la inversión, yo creo que el descenso de los tipos de interés
es importante por su efecto directo, por lo que supone de disminución de
costes financieros y es muy importante por su efecto indirecto, es decir,
por la señal que manda estar en un clima de cierta estabilidad.

Voy a pasar de estas preguntas a las que vienen a completar esta especie
de cuadro macroeconómico que son las que se refieren en primer lugar al
mantenimiento de un esfuerzo inversor del Estado; en segundo lugar, a la
garantía de que aumentará esa inversión.

Es difícil cuantificar lo que es el esfuerzo inversor del Estado. Yo
tengo aquí cifras que vienen de fuentes diferentes, pero que son todas
públicas. Unas dicen que en términos de contabilidad nacional para el año
1994, el porcentaje del PIB en pesetas de 1996, la inversión pública, sin
incluir la inversión militar y otras que no están incluidas en la
contabilidad nacional, es del orden del 4,6



Página 881



por ciento del PIB; pero en términos presupuestarios del Capítulo 6 es
del orden del 5,05. Esta es la inversión de las Administraciones
Públicas.

Como ustedes saben, una gran parte de esa inversión no corresponde al
Estado, sino a las Administraciones autonómicas y locales. Las cuentas de
esas Administraciones autonómicas y locales no las conocemos tan bien
como las del Estado y, por consiguiente, nos es difícil saber hasta qué
punto las cifras que se presentan en estos papeles son fiables o no; pero
con estas cifras creo que puede decirse que el esfuerzo inversor del
Estado se mantiene en el orden que se había dicho, con las cifras que yo
tengo en la mano. Estoy seguro que existen otras, porque, entre otras
cosas, el concepto de inversión pública, cuando uno se para a mirarlo más
cerca, es más vago de lo que parece y se presta a una cierta
interpretación.

¿Cómo se va a garantizar, en unas condiciones de tipos de interés y de
resultados empresariales más favorables, el que esos mayores excedentes
empresariales se canalicen hacia la inversión?
Efectivamente, se ha hablado y se ha debatido sobre la posibilidad de
crear fondos de inversión, la posibilidad de establecer controles sobre
el destino de los excedentes empresariales en las empresas para
garantizar que van a proyectos de inversión. En todos estos casos ha
parecido al Gobierno que al tratar de instrumentar estos mecanismos iba a
suponer un grado de interferencia con la gestión de las empresas que,
probablemente, sería peor que lo que intentaban evitar. Nosotros partimos
de la base de que la inclinación natural del empresario, si ve una
coyuntura económica más o menos despejada, es invertir; por consiguiente,
no hay que abrumarle con demasiados controles, muchos de los cuales no
serían eficaces para obligarle a que invierta.

En cambio, creemos que sería útil y conveniente que en la negociación del
pacto de rentas sí hubiera una cierta negociación de compromiso entre
sindicatos y empresarios para, atendiendo a las circunstancias de cada
sector y de cada empresa, asegurarse que esos excedentes empresariales
iban a crear el máximo empleo posible, que no iban ni a ser beneficios
distribuidos ni a ser invertidos para sustituir mano de obra por capital.

Pero creemos que eso es mejor que sea fruto de la negociación entre ambas
partes en el contexto del pacto de rentas.

He tratado de explicar las grandes líneas del cuadro macroeconómico de
1994. En algunas de esas magnitudes hay proyecciones plurianuales, pero
no en todas. Nosotros no hemos creído conveniente el dar una proyección
digamos un poco mecánica para años siguientes a partir del año 1994. La
hipótesis de nuestro cuadro macroeconómico del año 1994 es muy sencilla.

Creemos que se inicia una cierta recuperación y que en los años 1995 y
1996 se acelera un poco, pero siempre en línea con lo que son las cifras
medias de la Comunidad, que pasan al 2,3 ó al 3,2 entre 1995 y 1996.

Para lo único para lo que nos sirven estas proyecciones plurianuales --y
ahora vuelvo a la pregunta del señor Montoro-- es para acentuar la
gravedad de la situación de la deuda. Es decir, y esto es lo malo que
tiene la gestión de la deuda, que en un año no pasa casi nada, aumenta un
poco; por mucho que uno haga en un año, aumenta un poco. Lo tremendo es
cuando esa deuda en vez de aumentar tiene que empezar a disminuir, porque
entonces lo que resulta es que hacen falta muchos años de austeridad
presupuestaria para que la deuda empiece a disminuir.

Más que una proyección año por año, que está a su disposición si la
quiere, podríamos dar una regla sencilla. Para que no creciera la
proporción que representa la deuda sobre el producto interior bruto (que
está en este momento en el 54,3 por ciento y se prevé últimamente que
aumente hasta el 59,7 por ciento en el año 1994) tendríamos que tener un
superávit primario, sin contar los intereses y el servicio de la deuda,
del orden de 4 puntos del PIB. En este momento tenemos un déficit
primario que es de algo más de medio punto del PIB. Fíjense entonces la
magnitud del esfuerzo que se requiere para la corrección de ese déficit.

Para ese esfuerzo yo creo que lo que se puede hacer, desde el punto de
vista del Gobierno, es tratar de contener el gasto y, sobre todo, cuando
se inicie la recuperación, que no se empiecen a considerar demandas que
podríamos llamar atrasadas; es decir, que no haya atrasos. La política
fiscal es la que permiten los recursos de este año; incluso es un poco
más de lo que permiten. No puede ser que pensemos que este año estamos
creando una deuda con nadie para satisfacer en años de prosperidad,
porque en años de prosperidad desde mi punto de vista el primer esfuerzo
tendrá que ser para reducir el «stock» de deuda que tenemos en este
momento. Ese «stock» de deuda en este momento, como decía, es del orden
del 53,7 por ciento, y aumentará casi hasta el 60 por ciento en el año
1994.

Con la evolución previsible de los tipos de interés no se nos plantea un
problema de solvencia durante la próxima década, pero sí un crecimiento
imparable de la deuda mucho antes, quizá en un período de cuatro o cinco
años, no más. Para esto es para lo que nos han servido las previsiones
plurianuales, fundamentalmente para alertar a todo el mundo de la
estrechez de nuestro margen financiero.

En la medida en que estos cálculos tan sencillos que yo hago los puede
efectuar cualquiera, esta situación es a grandes rasgos conocida, y es
conocida en particular por los mercados internacionales. De ahí que la
contención del déficit sea algo fundamental para la estabilidad de
nuestra economía.

Hay una última pregunta sumamente espinosa por parte del señor Montoro.

Dice: ¿Y qué pasa si en el próximo año resulta que a mitad del segundo
trimestre los ingresos no crecen como habíamos pensado; qué vamos a
hacer? Yo creo que este año se ha dado muestra de que cuando la situación
era crítica en cierta manera casi todo era revisable. Si este escenario,
que a mí me parece conservador, no se cumple, es decir, si las cosas van
todavía muy por debajo de lo que se prevé en estas estimaciones,
probablemente habrá que tomar otras medidas. No



Página 882



creo que tengamos otra alternativa. Pienso que les he explicado a
ustedes, todo lo bien que he sabido, hasta qué punto nuestro margen de
maniobra es pequeño.

Si usted quiere puedo responder a su pregunta sobre la programación de
las emisiones de deuda para el próximo año. A mí me gustaría más enviarle
la respuesta por escrito porque será mucho más concreta y mucho más
exacta, puesto que la dará alguien que sabe de esto mucho más que yo.

Nos queda una última cosa, quizá un poco menor, y es valorar el ahorro de
las prestaciones. Lamento decirle que esta información tendré que dársela
también por escrito. Lo que yo tengo aquí se refiere al ahorro de otros
gastos fiscales y no al ahorro por prestaciones de desempleo y por las
pensiones.

No sé si he dejado alguna pregunta por contestar. Sé que en el terreno de
los detalles del cuadro macroeconómico quedan algunos parámetros que el
señor Montoro ha pedido y que yo no tengo. Se los facilitaré con mucho
gusto.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.

Antes de que el señor Pastor abandone la sala, y de acuerdo con el
Letrado, creo que podemos precisar las preguntas que el señor Pastor se
ha ofrecido a contestar por escrito, tanto al señor Montoro, del Grupo
parlamentario Popular, como al Grupo parlamentario Vasco, como al Grupo
parlamentario de Izquierda Unida.

Le parece a esta Presidencia que entre las preguntas a contestar al Grupo
parlamentario de Izquierda Unida algunas, por estar en el Presupuesto
estricto del Estado, podrían ser contestadas por el señor Secretario de
Estado de Economía, pero algunas otras, previendo la comparecencia del
señor Secretario General de la Seguridad Social, podrían estar más en el
campo de don Adolfo Jiménez, que comparecerá mañana.

Con la intervención del señor Pastor terminan las comparecencias
previstas para el día de hoy. Reanudaremos mañana la sesión a las nueve y
media.




Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.