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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 38, de 14/10/1993
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 38
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 4
celebrada el jueves, 14 de octubre de 1993



ORDEN DEL DIA:
--Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración
del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. (BOCG, serie A,
número 27-1, de 1-10-93. Número de expediente 121/000013.) (Página 752)
--Del señor Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(Navarro López). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Mixto (número
de expediente 212/000139), IU-IC (número de expediente 212/000265),
Popular (número de expediente 212/000184) y Vasco-PNV (número de
expediente 212/000046). (Página 752)
--Del señor Secretario General del Fondo de Garantía Salarial (Serrano
Arroyo). A solicitud del Grupo Parlamentario IU-IC. (Número de expediente
212/000238.) (Página 761)
--Del señor Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales (Peña
Pinto). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular (número de
expediente 212/000185), Socialista (número de expediente 212/000072) e
IU-IC (número de expediente 212/000266). (Página 765)
--Del señor Director General del INEM (Elordi Dentici). A solicitud de
los Grupos Parlamentarios: Mixto (número de expediente 212/000039),
Vasco-PNV (número de expediente 212/000047), Popular (número de
expediente 212/000186) e IU-IC (número de expediente 212/000267).

(Página 775)



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--Del señor Director General del Instituto Nacional de Fomento de la
Economía Social (Barrera Cerezal). A solicitud del Grupo Parlamentario
IU-IC. (Número de expediente 212/000269.) (Página 784)
--Del señor Subsecretario de Asuntos Sociales (De Torres Sanahuja). A
solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular (número de expediente
212/000212), Mixto (número de expediente 212/000129) e IU-IC (número de
expediente 212/000259)). (Página 786)
--De la señora Directora General del Instituto de la Mujer (Subirats
Martori). A solicitud del Grupo Parlamentario IU-IC. (Número de
expediente 212/000258.) (Página 797)
--Del señor Director General de Migraciones (Aragón Bombín). A solicitud
del Grupo Parlamentario IU-IC. (Número de expediente 212/000270.)
(Página 799)
--Del señor Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(Garzón Real). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Vasco-PNV
(número de expediente 212/000049) y Popular (número de expediente
212/000213). (Página 801)



Se abre la sesión a las diez de la mañana.




--COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY
DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994. (Número de expediente
121/000013.)



--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(NAVARRO LOPEZ), A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (número
de expediente 212/000139); IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA
(número de expediente 212/000265); POPULAR (número de expediente
212/000184), y VASCO (PNV) (número de expediente 212/000046).




El señor PRESIDENTE: Muy buenos días, señoras y señores Diputados. Se
abre la sesión para dar cumplimiento al orden del día que hoy consiste en
la comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración
del Estado al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1994.

Conforme a lo convenido con los portavoces de cada uno de los grupos,
hemos acordado un procedimiento, que ya les avanzo, señorías, que ha de
dar como resultado el que los trabajos de esta Comisión, en lo que se
refiere a este punto del orden del día, concluyan hoy. Es una limitación
que impone la Mesa del Congreso que cada Comisión disponga de una jornada
para la sustanciación de estas comparecencias a efectos de presupuestos,
a excepción, claro, de la propia Comisión de Presupuestos, y, por tanto,
habremos hoy de ajustarnos a ese procedimiento convenido para que
concluyamos en la tarde con este orden del día y con el conjunto de
personalidades y funcionarios que comparecen en la mañana y en la tarde.

De modo que el procedimiento --se lo adelanto-- consistirá en que sólo
los grupos que hayan pedido la comparecencia de cada autoridad y
funcionario tendrán la palabra para demandar y requerir información del
mismo por un tiempo que, en principio, vamos a cifrarlo en cinco minutos.

A continuación se producirá la contestación de la autoridad o
funcionario, y luego habrá un breve tiempo de réplica por parte del
demandante de la información de unos dos minutos. En el caso, ya saben
ustedes --además es una práctica habitual--, de que la información que
proporcione la autoridad o funcionario no fuera de la profundidad, de la
amplitud o del detalle que requiere cada uno de los portavoces, esa
autoridad enviará por escrito a cada uno de los grupos la información
adicional que se requiera.

El orden para la intervención de los grupos que hayan solicitado la
comparecencia será también el habitual en la Comisión, es decir, iremos
de los grupos con mayor representación a los grupos de menor
representación.

Avanzado este procedimiento, señorías, procede la comparecencia de la
primera autoridad que ha sido citado esta mañana, que es el Subsecretario
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a quien pido que acuda a la
Mesa.

Señorías, lamento decirles que ya en la primera comparecencia tengamos
que alterar el procedimiento del que habíamos hablado, pero ha sido la
portavoz del Grupo Popular quien amablemente ha cedido ahora la palabra
al portavoz del Grupo Mixto, señor González Lizondo, que tiene otras
obligaciones también esta mañana en la Cámara. Ha sido --ya digo-- una
amabilidad de la portavoz del Grupo Popular, a quien le correspondería en
estos momento intervenir. De acuerdo con eso, tiene la palabra el señor
González Lizondo.




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El señor GONZALEZ LIZONDO: En primer lugar, quiero agradecer la gentileza
de la portavoz del Grupo Popular, señora Villalobos, y a continuación,
rápidamente, señor Subsecretario, plantear que dentro de los Presupuestos
hay cuatro programas: uno es el programa de fomento y gestión de empleo,
con una consignación de 153.638 millones de pesetas; un segundo programa
de formación profesional ocupacional, con una consignación de 129.853
millones; un tercero de escuelas-taller y casas de oficio, con un
montante de 41.416 millones de pesetas, y, por último, el desarrollo de
la economía social, que está cifrado en un montante de 4.053 millones de
pesetas.

Mi pregunta es muy sencilla: ¿En qué forma se va a ver afectada la
Comunidad Valenciana dentro de estos programas citados? ¿Qué previsiones
hay para Alicante, Castellón y Valencia dentro de estos cuatro programas
por parte del Ministerio?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Bienvenido a la Comisión, señor
Subsecretario.

En primer lugar, me gustaría hacer una serie de preguntas muy concretas.

En relación con la gestión del desempleo del INEM, como el señor
Subsecretario me imagino recuerda, en los Presupuestos de 1993 ya se
decía que el pago de esas prestaciones sería transferido al INSS. Me
gustaría saber por qué no se ha cumplido esta norma de los
Presupuestarios del año 1993 y, si no han existido problemas de personal
como parece ser por declaraciones públicas del propio Ministerio, qué
razones están dificultando el desarrollo de la disposición adicional
décima de la Ley de Presupuestos de 1993 y por qué en el proyecto de
Presupuestos del año 1994 no se hace ninguna referencia a esta
transferencia del pago de prestaciones del desempleo al INSS, si es que
el Ministerio ha renunciado por imposible o cuáles serían esas razones.

Respecto al programa 134.A, cooperación para el desarrollo, aparecen una
serie de medidas y de objetivos. En primer lugar, quiero felicitar al
señor Subsecretario, y en su persona al propio Ministerio, porque creo
que este año la explicación de los programas del Ministerio de Trabajo
viene mucho más clarificada y con unos objetivos mucho más claros de lo
que venían en los Presupuestos anteriores. Me imagino que esto también
será debido al trabajo realizado incluso por el anterior equipo
ministerial que preparó esta documentación. Por tanto, mi primera
felicitación por ello.

En este programa, decía, aparecen unas inversiones para pagos de una
serie de acuerdos internacionales --en los indicadores figuran en
dólares--, y son unos pagos para el sector turismo en América latina,
para las relaciones laborales con América latina, para el proyecto
Laborlex, etcétera. Traducidas a pesetas estas inversiones, son en torno
a unos seiscientos y pico millones de pesetas y, sin embargo, en el
programa de gastos la partida presupuestaria de este programa no se
corresponde con los pagos obligados que tiene el Ministerio de Trabajo
con esta serie de programas, habida cuenta que en el propio programa de
lo único que se habla es de doscientos millones de pesetas para pagar a
organismos internacionales. Me gustaría saber por qué esa diferencia,
dónde está este dinero y, si es que está consignado en presupuesto el
Ministerio de Asuntos Exteriores, en qué partida estaría, y si no, cuál
es el motivo de que no aparezca reflejado en el presupuesto de gastos.

En el Programa 311.B, Inspección y control de la protección social, el
propio Ministro, en declaraciones en esta Cámara, en la hasta ahora única
comparecencia del señor Griñán en esta Comisión, así como por
declaraciones públicas de los diferentes cargos de este Ministerio,
indican que este año se va a hacer un esfuerzo mayor en el control del
fraude en los diferentes sectores. Es decir, no me estoy refiriendo
solamente al control del fraude o del abuso en las prestaciones por
desempleo, sino también del abuso de algunos empresarios en la
utilización de determinados contratos, etcétera.

Sin embargo, cuando uno analiza el Programa 311.B, en el mismo no se
indica que se vaya a hacer un esfuerzo presupuestario mayor para dotar de
más personal al propio cuerpo de controladores e inspectores. En el año
1922 eran 530 inspectores y 773 controladores laborales, siendo bastante
mayores las necesidades de plantilla, de 750 inspectores y 1.000
controladores, como puso de manifiesto en una anterior comparecencia en
la Comisión de Política Social el Director General de la Inspección de
Trabajo. Me gustaría saber por qué no se refleja este esfuerzo. Además,
cuando uno analiza el objetivo e indicadores de seguimiento del programa
en la intensificación del control de empleo, el número de visitas no
avanza, sino que retrocede respecto a los años 1993 y 1992. En el control
y afiliación del sistema de la Seguridad Social, es decir, las cuotas,
tampoco avanza, sino que retrocede el número de actuaciones previstas en
la Dirección General de la Inspección de Trabajo, y tampoco aparece
reflejada la acción inspectora en el control del fraude en las
prestaciones por desempleo, ni en las contributivas, ni en el desempleo
agrario de Andalucía y Extremadura. También me gustaría saber cuáles son
las causas por las que no aparecen reflejadas.

Al mismo tiempo, me gustaría saber cuántas actas de infracción se han
levantado en el control de las prestaciones por desempleo, y cuáles han
sido las causas de las que aparecen.

En relación con el Programa 315-B, Prestaciones de garantía salarial, el
presupuesto de ingresos en lo que se refiere a activos financieros tal
vez no es el de 1993, pero sí se va a reflejar en la liquidación del
Presupuesto de dicho año, y en el mismo aparecía una modificación en
activos financieros que según la previsión del presupuesto de 1992 era de
900 millones de pesetas y, sin embargo, en la liquidación que el propio
Ministerio facilita a este Grupo Parlamentario la venta de activos ha
estado en torno a los 9.000 millones de pesetas. ¿Por qué hay esta
diferencia tan grande de lo previsto en el presupuesto de



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1992 y la liquidación final de dicho año? Nos gustaría saber si ha sido
debido también a algún problema que haya tenido el organismo en el año
1993.

En el propio presupuesto aparece por primera vez un concepto, que es el
de las obligaciones reconocidas de años anteriores y no pagadas. ¿Cuáles
serían estas obligaciones que recoge el proyecto de Presupuestos del año
1994?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias al señor Subsecretario por su
comparecencia en esta Comisión.

Yo quisiera pedirle información más detallada en relación con tres temas
concretos que entiendo que son de su competencia orgánica.

Por una parte, ya ha sido planteado el tema relativo a inspección de
trabajo; inspectores y controladores laborales. Observamos que en las
partidas presupuestarias del año 1994 existe muy poca variación en
relación con los datos de este año 1993. Nos consta --y así ha sido
tratado reiteradamente en esta Comisión-- que hay un déficit importante
de plantilla, tanto por lo que se refiere a inspectores de trabajo como a
controladores laborales. Este déficit tiene que subsanarse evidentemente,
aparte de por otros medios, con la ampliación de las plantillas
correspondientes. A tenor de los datos de retribuciones que se prevén en
estos Presupuestos del año 1994, da la impresión de que no se produce
realmente un incremento en la cuantía adecuada simplemente para alcanzar
las plantillas estándar tanto de inspectores como de controladores.

Otro tema importante en orden a la mejor dotación de los organismos del
Ministerio es el de renovación de locales. Este es un proceso que en años
anteriores había experimentado determinados avances y nos gustaría saber
por qué, a tenor de los datos presupuestarios, tenemos la impresión de
que se produce una congelación muy importante en esta materia y nos
gustaría saber qué actuaciones tiene previstas llevar a cabo el
Ministerio.

Finalmente, en relación con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, observamos que en las dotaciones presupuestarias se lleva
a cabo un recorte a este Instituto, especialmente en lo que se refiere a
inversiones. En nuestra opinión, el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo tiene una función muy importante en la medida en
que tenemos unos niveles de siniestralidad laboral en nuestro país
preocupantes, y observamos con extrañeza y con preocupación el recorte
que se lleva a cabo en las dotaciones de este organismo para el año 1994.

Nos gustaría saber cuál es la explicación de esa decisión y exactamente
en qué temas concretos, secciones o áreas va a influir la misma.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene
la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Subsecretario, pido disculpas, en primer
lugar, por el retraso y, si acaso, por la inadecuada argumentación ante
este aterrizaje tan forzoso en temas que nos convocan aquí a todos.

Señor Subsecretario, yo quería --ajustándome a la naturaleza del trámite
que aquí nos convoca-- no adelantar términos dialécticos en un debate
presupuestario, sino sencillamente recabar información, en el sentido más
estricto del término, desde una perspectiva muy particular, muy precisa.

En primer lugar, nos gustaría tener información sobre si algunas de estas
medidas estructurales, algunas de estas reformas del ordenamiento
jurídico laboral, algunas de estas reformas del mercado de trabajo que se
pretenden convertir en el paradigma de la solución de los problemas
económicos del país --reflexión absolutamente simplista y seguramente
incierta--, algunas de estas reflexiones van a tener reflejo en las
consignaciones presupuestarias de la Subsecretaría que usted representa
aquí en esta comparecencia. Particularmente, por hacer referencia a
algunas de las más relevantes que se están proponiendo al socaire, al
parecer, del Tratado de Maastricht --si bien es cierto que el dicho
Tratado no prevé nada en esta materia--, sí serían a las posibles
desregulaciones de la materia relativa, en principio, a los despidos
colectivos. Nos gustaría saber si hay algún proyecto que pueda tener
efecto presupuestario y si se pretende desregular, en definitiva, la
materia relativa a los despidos colectivos, trasladando algunas
directivas, como la del año 1975 o la que reformó a ésta posteriormente,
y si esta desregulación --si es que está, repito, entre los proyectos del
Ministerio-- va a tener reflejo presupuestario, o va a haber algún tipo
--en el seno de estas propuestas o reformas estructurales que se están
proponiendo en este momento-- de reflejo presupuestario en el ámbito de
las actuaciones de la autoridad laboral, bien sea en sus aspectos
disciplinarios sancionadores --en la aplicación de la Ley 8/1988, de
sanciones e infracciones en el orden social--, bien sea de la Inspección
de Trabajo, bien sea en el ámbito de la negociación colectiva, o si va a
haber algún tipo de regulación con reflejos presupuestarios de cualquier
naturaleza. Esa sería la pregunta genérica.

Quizá no sean responsabilidades de esta Subsecretaría las preguntas que
voy a formular a continuación, pero nos gustaría también recabar algún
tipo de información de naturaleza estrictamente presupuestaria sobre
medidas promocionales del empleo, sobre todo mediante la implantación,
mantenimiento o creación «ex novo» de contratos de fomento del empleo de
determinados colectivos con especiales dificultades de integración en el
mercado de trabajo que supongan el abaratamiento de los costes unitarios
laborales de estos trabajadores --me estoy refiriendo a jóvenes que
buscan su primer empleo, desempleados de larga duración o algunos otros--
y qué previsiones o evolución va a tener el presupuesto del Ministerio en
este ámbito.

Señor Presidente, agradeciéndoles la amabilidad por dejarme intervenir de
forma tan repentina y súbita, ésas son las cuestiones fundamentales que
mi Grupo plantea en este momento.




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El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a los portavoces de los grupos,
tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Navarro López): Señorías, voy a intentar, con la brevedad y concisión
que requiere esta comparecencia, dar respuesta a aquellas cuestiones que
se me han formulado y que entiendo yo entran dentro del ámbito específico
del reparto competencial con que funcionamos dentro del Ministerio, en la
idea, naturalmente, no de que se quede algo sin contestar, sino de
remitirme a comparecencias posteriores que se producirán a lo largo de
esta semana.

En primer lugar, y en relacion con las cuestiones que me ha planteado el
representante del Grupo Mixto, entiendo que todas ellas tienen que ver
con el área de la Secretaría General de Empleo, y si S. S. me lo permite,
yo creo que debería dar la respuesta en su momento el Secretario General
de Empleo que tiene prevista la comparecencia a las once y media de esta
misma mañana. Creo, señor Presidente, que éste sería el momento adecuado,
porque los programas que ha enumerado los gestiona la Secretaría General
de Empleo.

Respecto a las cuestiones que me plantea la representante del Grupo
Popular, que se ha referido, en primer lugar, al posible incumplimiento
del traspaso de la gestión en las prestaciones por desempleo --traspaso
previsto por la Ley de Presupuestos en vigor-- al Instituto Nacional de
la Seguridad Social, para que no dé la impresión de que quiero sustraerme
a todo tipo de respuestas me voy a referir brevemente a esta cuestión y
en su comparecencia posterior el Secretario General de Empleo será más
explícito sobre ello.

Naturalmente, se persiste en la idea del cumplimiento de la obligación
que deriva al respecto de la propia Ley de Presupuestos. Hay,
ciertamente, un proceso laborioso de preparación de todo el proceso de
traspasos, y en ello están tanto el Instituto Nacional de Empleo como el
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Durante todo este año ha
venido funcionando un grupo interno encargado de las gestiones de
traspaso, y lo que sí les puedo avanzar es que, efectivamente, hay
dificultades, el proceso, como digo, es complejo, pero se persiste en la
idea de llevarlo a cabo.

Entiendo que, para que tuvieran más detalles sobre esto, el Secretario
General de Empleo podría explicar algo más en su posterior comparecencia.

En relación con el Programa de cooperación para el desarrollo, tema que
sí gestiona específicamente la Subsecretaría a través de la Secretaría
General Técnica, me voy a permitir referirme --lo ha citado también la
representante del Grupo Popular--, en el doble ámbito de la cooperación
multilateral y bilateral, a cuáles son los proyectos que queremos llevar
a cabo y cuáles pueden ser las dificultades presupuestarias para poderlos
realizar sin que sea necesario hacer algún recorte o modificación de
crédito, que todos los años opera entre el capítulo 2 y el capítulo 4 de
ese programa. Las insuficiencias que normalmente venimos detectando en la
cooperación bilateral --como saben SS. SS. la gestionamos
fundamentalmente a través del capítulo 2, indemnizaciones por razón del
servicio, sobre todo a través de gastos, dietas y gastos de
desplazamiento para expertos y concesión de becas aquí, en nuestro país,
a funcionarios y a técnicos de los países con los cuales llevamos a cabo
la cooperación--, esas insuficiencias, repito, se cubren mediante
modificaciones de crédito.

En el ámbito de la cooperación multilateral con la OIT seguimos
gestionando como programa estrella --así lo hemos venido calificando-- el
Programa Relasur (Relaciones Laborales en América Latina), Programa que
iniciamos en 1992 y que finalizará en 1995. Tuve la oportunidad de
desplazarme en el mes de noviembre del año pasado a Montevideo para,
conjuntamente con mis colegas de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile,
poner en marcha ese Programa, en cuyo éxito confiamos plenamente. Los
resultados hasta ahora son buenos y persistimos en ello.

El Programa Alcecop, para el desarrollo de las cooperativas en América
Latina, se inició en 1989 y finalizará en 1994. Su objetivo es potenciar
el movimiento cooperativo en la región a través de una mejor gestión de
sus directivos y de los sistemas educativos, de tal manera que se eleve
la capacidad socioempresarial de las cooperativas.

Tenemos otro programa importante, que es el relativo a las mejores
condiciones de trabajo y mayor productividad en las pequeñas y medianas
empresas. Este programa lo llevamos a cabo en colaboración con Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay, y está finalizando. Aclaro que todos estos
programas multilaterales se desarrollan dentro de lo que es el convenio
de cooperación con la Organización Internacional del Trabajo. En el mes
de noviembre tendremos la reunión anual en Ginebra de la Comisión Mixta
que gestiona ese convenio.

El programa de formación profesional para el sector de turismo en América
Latina está previsto que se inicie a finales del presente año. Su
objetivo es contribuir al desarrollo sostenido del sector turístico en
aquellos países por medio del mejoramiento en la calidad de los
servicios, y en particular al fomento del empleo por medio de la
adaptación y la formación de la mayoría de las empresas y de los
trabajadores del sector.

El programa Laborlex --puedo facilitar a SS. SS., si lo consideran
oportuno, toda esta información por escrito-- se desarrollará en 1994, y
su objetivo es reforzar el tratamiento de la información legal como apoyo
concreto al proyecto Relasur, al que anteriormente me he referido.

Tenemos previsto enviar expertos asociados a Ginebra, concretamente en
materia de migraciones y Seguridad Social, y desarrollar algunos
seminarios. En este sentido está en proceso de organización un seminario
sobre seguridad e higiene en el trabajo, previsto para desarrollarlo en
el mes de noviembre --no sé si podremos hacerlo--, dirigido a los países
de Europa Central, y en 1994 se organizará otro seminario para los países
de la Europa Central y del Este sobre temas sociolaborales, que se



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desarrollará en colaboración con el centro de la OIT de Turín.

Tengo aquí la previsión del coste del presupuesto en dólares y pesetas,
que sería, para 1994, de 907.504 dólares, que traducido a pesetas serían
123.420.540. En el capítulo 4 de ese programa tenemos solamente 122
millones, por lo que, posiblemente, la diferencia la tengamos que
financiar, como he dicho anteriormente, con una modificación del crédito
del capítulo 2 de ese programa, por el que iba la cooperación bilateral.

En materia de cooperación técnica bilateral voy a señalarlo
genéricamente, aunque luego me referiré a algunos proyectos concretos.

Tenemos previsto continuar, fundamentalmente, con el apoyo a la
cooperación en los países de América Latina. Tengo que decir que el apoyo
institucional a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social
latinoamericanos continúa siendo importante. Los datos que nos aporta la
experiencia en la visita a estos países es que se valora muy
positivamente nuestra cooperación técnica, y queremos seguir en esa
dirección. Tenemos compromisos con los departamentos de los Estados
centroamericanos, Cono Sur y Pacto Andino, y luego enumeraré alguno de
los proyectos más importantes.

Por otra parte, debido a los cambios estructurales producidos en los
países de la Europa del Este, además de esa cooperación multilateral a la
que antes me he referido, encauzada vía convenio de cooperación OIT,
tenemos previsto intensificar nuestras actuaciones en relación con la
cooperación bilateral en los países del Este, ya que las peticiones que
se están formulando a nuestro país por parte de los mismos y por otras
organizaciones internacionales exigen un esfuerzo especial por parte de
nuestro Ministerio. Destacaría que actualmente se están negociando
acuerdos de cooperación sociolaboral con varios países de la Europa del
Este, como es el caso de la Federación de Rusia, Polonia y Hungría, que
lógicamente tendrán como consecuencia la ratificación de instrumentos
bilaterales y la aprobación de proyectos y acciones concretas.

Como previsiones por países, destacaría los proyectos para Argentina,
Brasil, Bolivia, Colombia o Costa Rica, hasta un total de 77 proyectos,
con un presupuesto aproximado de 140 millones de pesetas. Sin embargo,
como la estimación del presupuesto, vía capítulo 2 de ese programa para
esta cooperación bilateral está en torno a los cien millones de pesetas,
a pesar de nuestro deseo inicial posiblemente tengamos que priorizar y
establecer algunos recortes al respecto.

Pasando ya al Programa relativo a la Inspección de Trabajo, 311.B, voy a
destacar cuáles son los objetivos para el año que viene. Es posible,
señoría, que a la hora de referirme a la actividad programada, cerrada la
información al día de ayer, pueda detectarse alguna diferencia con la
programación de actividades que recoge la propia memoria del presupuesto,
pero yo creo que lo importante en este momento es que les diga realmente,
actualizada la información, qué es lo que pretendemos.

A través del Programa 311.B, que ha crecido en su globalidad algo más de
un 11 por ciento, podría decir que es casi el único programa y servicio
de inspección que crece dentro de lo que es el capítulo 2, ya que, como
observarán SS. SS., tenemos una disminución en ese capítulo en torno a
algo más del cinco por ciento, salvo en el programa de inspección, en el
que, como digo, se observa un incremento sensible que tiene que ver
fundamentalmente con la dotación de indemnizaciones por razón de servicio
para poder atender los objetivos y actuaciones a los que paso a referirme
brevemente.

Tengo que decir que hay proyectadas en torno a 645.000 visitas para 1994.

De dicho importe global de actuaciones --o más que de actuaciones de
visitas, ya que no es lo mismo visita que actuación-- vamos a destinar a
actividad programada un total de 400.000 visitas, en torno a un 62 por
ciento del total; y a actividad no programada 245.000 visitas, lo que
supondría un 38 por ciento; la actividad no programada va dirigida,
fundamentalmente, a atender las denuncias, peticiones específicas de
informes, etcétera.

En la actividad programada --me refiero a actividad programada nacional o
de comunidad autónoma-- la distribución de las 400.000 visitas va a ser
la siguiente. A la campaña nacional de lucha contra el empleo irregular
queremos dedicar 175.000 visitas; a la campaña de seguridad e higiene en
construcción, 54.000 visitas; a la campaña Inspecmar, que es una
actuación específica de control de inspección en relación con los buques
de la Marina Mercante, tenemos previsto en torno a 1.000 visitas, y en
visitas de seguridad e higiene, reservadas a la planificación que en cada
caso las comunidades autónomas determinen, 25.000 visitas. Es decir, a
las 54.000 visitas a que me he referido en materia de seguridad en la
construcción habría que añadir, ciertamente, las 25.000 reservadas a esa
actuación planificada que normalmente hacemos en colaboración con las
comunidades autónomas.

Otro apartado que considero importante y novedoso para el año que viene
es el referido a visitas integrales a empresas que no hubieran sido
inspeccionadas en los últimos tres años. Creo que es importante que la
Inspección dedique una especial atención a esas empresas no
inspeccionadas, ya que muchas veces la propia presión de lo que hemos
llamado la actividad no programada de denuncia o petición específica de
informes hace que nos centremos especialmente en la visita a la gran
empresa, con descuido a la pequeña y mediana, donde, evidentemente, puede
haber, y de hecho hay, problemas. A esa actividad pretendemos dedicar
7.000 visitas del total de la programación. Todo ello supone un total de
262.000 visitas dentro de lo que era el apartado de la actividad
programada nacional o de comunidad autónoma.

A su vez, hacemos una reserva para la actividad programada de carácter
provincial, con lo cual, la distribución de ese total de 400.000 visitas
programadas quedaría de la siguiente manera: 262.000 para la actividad
programada nacional o de comunidad autónoma, y luego --a ello me
refiero-- otras 138.000 visitas destinadas a la programación provincial
de objetivos. El contenido de las diversas campañas provinciales se
fijará a lo largo del



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presente trimestre, oídas las correspondientes jefaturas provinciales.

Por último, querría señalar que el objetivo de recaudación fijado en
materia de Seguridad Social lo hemos determinado en torno a 70.000
millones de pesetas.

Espero que con lo dicho anteriormente haya dado información cumplida
sobre el apartado de objetivos y actuaciones.

Respecto a plantilla de Inspección, que es un tema sobre el que todos los
años hablamos, en este momento tenemos una plantilla de lo que llamamos
inspectores activos, inspectores que están con la cartera, como se dice
en nuestro argot, 587 más 56 de la última promoción. Los de esta última
promoción están en período de prácticas --creo que ya lo han iniciado--.

Y son, repito, 56 más. En total dispondremos de 643 inspectores de
cartera en la calle.

En cuanto a controladores, tenemos en este momento 820, a los que habría
que añadir 38 por nueva incorporación, también como resultado de la
última promoción, lo que da un total de 858 controladores.

Acaba de convocarse para dentro de poco tiempo la nueva oposición para
cubrir 15 plazas de inspectores --no hay convocatoria para
controladores-- que se aprobaron en la oferta de empleo público para este
año. Naturalmente que nos hubiera gustado que en lugar de 15 plazas de
inspectores fueran más, pero lógicamente el Ministerio de Trabajo no se
podía sustraer a las limitacions que en ese sentido han venido
determinadas por la propia austeridad del presupuesto en vigor. Para el
año que viene, como todavía no se ha fijado la oferta de empleo público,
no puedo anticipar ningún dato.

En relación con Fogasa, voy a intentar contestarle yo, pero como va a
comparecer a continuación el responsable de Fogasa.




El señor PRESIDENTE: Al no haber pedido la comparecencia la señora
Portavoz del Grupo Popular, no puede dirigir preguntas al responsable de
Fogasa.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Navarro López): ¿Y no puede dar respuesta aunque la pregunta no vaya
dirigida a él?



El señor PRESIDENTE: Desde luego, la Portavoz del Grupo Popular no va a
intervenir en la comparecencia del señor Secretario de Fogasa.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Navarro López): Voy a intentar responder yo mismo. Si hubiera alguna
duda, intentaría dar la contestación por escrito, sobre todo si hay algún
problema que no pueda aclarar.

Creo que estábamos hablando del presupuesto de ingresos de Fogasa, y su
pregunta era sobre activos financieros, el porqué de la diferencia entre
los años 1992 y 1993. Yo en este momento no estoy en condiciones de darle
una respuesta exacta. Entonces, al no poder darla el Secretario de
Fogasa, si S. S. me lo permite le enviaríamos la contestación por escrito
brevemente.




El señor PRESIDENTE: También cabe la posibilidad de que el Secretario de
Fogasa sea tan hábil que en la respuesta que dé al Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sea capaz de englobar también la
respuesta a lo que la señora Villalobos ha demandado al señor
Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Navarro López): Tanto en relación con los activos financieros como con
las obligaciones reconocidas y no pagadas.

Paso a la pregunta que ha formulado el representante de Izquierda Unida
sobre la Inspección. Creo que en la respuesta anterior he dado cumplida
satisfacción e información amplia sobre el particular.

En relación con el Instituto de Seguridad e Higiene --voy a contestar
esta pregunta, aunque habría que formulársela también al Secretario
General de Empleo, pero no podemos dar la impresión de que estamos
desviando las preguntas continuamente-- en sus inversiones se observa una
disminución importante, que está en línea con la disminución del 37 por
ciento que experimenta todo el capítulo 6, relativo al Ministerio y
organismos dependientes. Lo que vamos a hacer, dentro de una prioridad
lógica, es destinar la dotación a aquellas inversiones absolutamente
imprescindibles, pero también en la línea de recorte, como he dicho, de
las inversiones en su conjunto. Creo que le podré dar, de todas maneras,
las inversiones reales por artículos. Efectivamente, frente a los
238.590.000 pesetas del año pasado, tenemos este año 149.931.000, es
decir, hay una disminución del 37,2 en línea, como he dicho, con el
recorte o la disminución de inversiones que experimenta todo el
presupuesto del Ministerio y organismos. Entonces, destinaríamos a obras
de adaptación y mantenimiento de los edificios 55.550.000 pesetas; a
adaptación de los equipos a las directivas de la Comunidad Económica
Europea, 67.400.000, y a la adquisición de equipos y aparatos,
26.981.000. Posiblemente las necesidades del Instituto podrían ser
mayores, pero, insisto, lo coherente era que, como reitero, le afectara
también el recorte en las inversiones que ha sufrido todo el capítulo 6
del Departamento y organismos.

En relación con las cuestiones que me plantea el representante del
Partido Nacionalista Vasco, creo que son unas preguntas muy genéricas. Me
pide información sobre si algunas de las reformas van a tener reflejo
presupuestario. En concreto alude a una supuesta modificación del
artículo 51 del Estatuto de los trabajadores. Le digo a S. S. que en lo
que se refiere a la respuesta concreta sobre la incidencia o el impacto
presupuestario, en principio no tiene por qué haberla. Cosa diferente --y
en eso no vamos a entrar aquí ahora-- es si realmente la reforma que se
proyecta del mercado de trabajo va a afectar o no a esa cuestión, pero,
en principio, insisto, no hemos contemplado ninguna incidencia
presupuestaria porque, como



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sabe S. S., la reforma del mercado de trabajo está incluida en ese
paquete de negociación de la segunda fase con los interlocutores
sociales, que se llevará a cabo en breve. La respuesta concreta es que no
hemos contemplado nada al respecto que tenga incidencia presupuestaria.

En cuanto a medidas de fomento del empleo, entraría también dentro de la
intervención del Secretario General de Empleo. Pero respecto al impacto
presupuestario, simplemente quiero recordar que el programa de fomento
del empleo experimenta una disminución en sus dotaciones para el año que
viene, no así el programa de formación profesional ocupacional, que
experimenta un crecimiento sensible. En principio no hemos hecho
previsiones en otras áreas de la gestión del Ministerio que no sea el
desarrollo del propio programa.




El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la palabra el señor
González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Subsecretario, entenderá que le dé las
gracias por nada. (Risas.) Además, con un agravante muy importante. Los
criterios que se tuvieron en cuenta cuando se presentaron las solicitudes
de comparecencia fue que no acudieran los directores generales y que
fuera de subsecretario general hacia arriba, intentando llegar a una
cúpula con el fin de que se produjeran las menos posibles y que al mismo
tiempo se nos pudiera contestar. Por eso, yo me encuentro en una
indefensión total y completa, ya que me dice que me va a contestar el
Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales, al que yo no he
hecho ninguna pregunta, y me va a suceder lo mismo que al Partido Popular
con el tema de Fogasa. Yo creo que su Ministerio, a la vista de una serie
de comparecencias de varios directores generales, tendrá que arbitrar
alguna solución, ya que en una comparecencia que he pedido para esta
tarde me va a suceder lo mismo: comparecen cuatro directores generales y
el Subsecretario o el Secretario General me va a remitir también al
director general, con lo cual no sé si el año que viene tendremos que
citar a todo el mundo para no quedarnos descolgados y hacer dos mil
quinientas citaciones. Será cuestión de hacer más fotocopias, gastar
bastante más en papel y lo mismo que solicitemos para uno lo pidamos para
otro. Quiero que esto se tenga en cuenta, porque comprendo que las reglas
hay que cumplirlas, pero la Mesa no me va a permitir después preguntar a
un señor cuya comparecencia no he pedido. Insisto en que creo que compete
al Subsecretario General del Ministerio de Trabajo.

Le voy a pedir un favor, y es que voy a proporcionar a la Mesa las
preguntas --ahora se las entregaré--, que, como ha visto, eran muy
escuetas, muy concretas, con el ruego de que se las traslade al
Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales y, si es tan amable,
que me conteste por escrito, porque si no tenemos un organigrama de los
Ministerios para saber a quién nos tenemos que dirigir, mal podremos
informarnos. Repito que aquí hay cuatro directores generales y en un
principio se dijo que no comparecería ninguno. Luego la desinformación
que podemos tener los Diputados puede ser tremenda.

Como digo, me acercaré a la Mesa para entregar esto al señor
Subsecretario.




El señor PRESIDENTE: Señor González Lizondo, el señor Subsecretario no le
ha remitido a ningún director general; le ha remitido al responsable de
su mismo rango en el Ministerio. El Secretario General de Empleo, como
usted sabe, tiene rango orgánico y funcional de Subsecretario, por lo que
no se produce, en este caso, ese problema que usted lamentaba en relación
con la decisión de no hacer comparecer a directores generales.

Me proponía, señor González Lizondo, solventar el problema de su
indefensión trasladando su escrito, si me lo entrega a mí, al señor
Secretario General de Empleo, para que, por escrito también, dé cumplida
respuesta a sus demandas.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
la señora Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Yo agradezco muchísimo al señor Presidente
el que me eche una mano, aunque no me considero indefensa, y que el
Director General de Fogasa me responda a esta pregunta. Aparte de eso,
como también existe la solidaridad entre los grupos parlamentarios, estoy
segura de que el representante de Izquierda Unida no tendrá ningún
inconveniente en plantear esta misma pregunta, para que podamos tener las
debidas aclaraciones, que creo que favorecen a todo el mundo, pues es un
tema que no interesa sólo a la representante del Grupo Popular.

Usted, señor Subsecretario, tiene una enorme habilidad --lo ha demostrado
siempre--, y es no responder directamente a las preguntas. Yo le inquiría
sobre las transferencias del pago de prestaciones por desempleo sabiendo
perfectamente que el Inem tiene una dependencia orgánica del señor
Secretario General de Empleo. Lo que yo quería saber se refería --como el
tema referente al personal del Ministerio yo entendía que en cierta forma
recaía sobre su responsabilidad y no sobre la del Secretario General de
Empleo-- a los problemas de personal del Ministerio, no a las razones
políticas o internas entre la Dirección General del Inem y la Dirección
General del INSS. Por eso le pedía que me respondiera usted a eso y no el
Secretario General de Empleo, al que, por supuesto, le podría hacer la
misma pregunta. Me interesa muchísimo saber por qué, desde su punto de
vista, como responsable del personal del Ministerio, no se ha podido
cumplir este requisito.

Respecto al tema de la Inspección, los datos que aporta sobre el número
de visitas e inspecciones a realizar no se corresponden con los
indicativos y magnitudes que recogen los Presupuestos Generales, que en
este caso concreto son bastante claros a la hora de limitar cada uno de
los



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objetivos de la Dirección General de la Inspección de Trabajo.

Por otro lado, señor Subsecretario, le he hecho una pregunta muy
específica relativa a los datos sobre el control de las prestaciones por
desempleo. Deseo saber cuántas actas de infracción sobre el desempleo se
han levantado y cuáles son las causas en las que se han basado estas
actas. Porque hablamos de que se intenta controlar el fraude no solamente
en los que perciban la prestación indebidamente, sino en los empresarios
que ocupan a estos trabajadores que están cobrando la prestación por
desempleo, ya que siempre que existe un fraude tiene que haber dos
personas que llevan a cabo el fraude. El timo de la estampita no es
solamente de uno, es de dos. Entonces, ¿cuáles son las razones de este
timo de la estampita? ¿Cuántas empresas han controlado ustedes en el tema
concreto del desempleo? ¿Cuántas actas se han levantado y cuáles son las
causas que se reflejan en estas actas del desempleo?
Referente al tema de Fogasa, mi pregunta del año 1992 tal vez haya sido
muy técnica. Efectivamente, el Director General de Fogasa posiblemente
tenga más capacidad de conocimiento para poder contestarme a esta
pregunta. Sin embargo, en lo que se refiere al presupuesto de 1994,
habida cuenta de que Fogasa es un organismo que depende directamente de
usted, no de otra Secretaría de Estado, me gustaría saber si tiene algo
que decir sobre las obligaciones reconocidas en años anteriores y que se
van a pagar en los Presupuestos de 1994; si tiene usted esa información,
si no, estoy segura de que el señor Peralta no tendrá ningún
inconveniente --y yo se lo voy a agradecer muchísimo-- en plantearle
estas cuestiones al propio Director de Fogasa.

Respecto al Programa de desarrollo, quiero decirle que a lo que usted se
refiere ya viene perfectamente diseñado en la memoria de objetivos. Sin
embargo, no aparece el programa Relasur; se supone que hay que hacer unos
ingresos durante el año 1994 en los indicadores de objetivos a cubrir,
pero no aparece ninguna adscripción de dinero a este programa. ¿Se ha
abandonado o simplemente se le ha olvidado? Porque según el Programa de
cooperación para el desarrollo, que es de 400 millones de pesetas, usted
dice que lo más importante es el capítulo 2, las indemnizaciones por
razón de servicio, y sinceramente es muy difícil sacar algo de los 75
millones de pesetas que tienen ustedes para pagar otras cuestiones
diferentes de transferencias corrientes del capítulo 4, salvo que estos
datos no tengan nada que ver con la realidad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, señor Subsecretario. Comprendo
que por el cúmulo de preguntas distintas que se le han hecho posiblemente
se le haya pasado por alto el responderme al interrogante que le
planteaba en relación con el tema de la modernización de locales que
tenían previsto en el Ministerio. Me parece que no ha hecho ninguna
referencia a ese tema y me gustaría que pudiera dar algún detalle en
relación al mismo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Subsecretario, honestamente le tengo que
decir que yo le he tendido una trampa parlamentaria y usted ha tenido la
suficiente habilidad para no caer en ella. Por ello, le tengo que
felicitar con la misma honestidad.

Evidentemente, al socaire y con la excusa de preguntarle por la evolución
de determinadas consignaciones presupuestarias, lo que quería saber es
qué reformas estructurales estaban ustedes previendo; al parecer ninguna
reforma estructural tiene consignación presupuestaria, luego ustedes
están, de alguna forma, reenviando el problema de las reformas
estructurales a los potenciales o posibles acuerdos con los
interlocutores sociales, cosa que resulta pertinente.

No le voy a preguntar más sobre esta cuestión, señor Subsecretario, pero
usted lo ha comentado en sus respuestas a otros portavoces a uno de los
temas más interesantes --y no me corresponde reglamentariamente a mí
incidir en estas materias--, pero ha citado a los controladores
laborales, señor Subsecretario, y esta es una figura que ya nació,
¡joder!, con cierto carácter discutido, porque (Risas.) los controladores
laborales, tanto en la legislación creadora como en la Ley 8/1988 sobre
infracciones y sanciones de orden social, mantienen una indefinición, y
perdonen por la expresión poco forense que «obiter dicta» se me ha
escapado, señor Subsecretario. Es verdaderamente preocupante que no
aparezcan ni su propia naturaleza jurídica, ni su adscripción orgánica y
funcional, ni ninguna de las otras materias que debieran ser objeto de
una precisa regulación, puesto que su adscripción a la Inspección de
Trabajo como cuerpo coadyuvante le podía dar una gran funcionalidad,
dadas las carencias estructurales de la Inspección de Trabajo. Sin
embargo, no observamos en la Ley 8/1988 ni en normativa posterior que se
aclare esa nebulosa que acompaña a este cuerpo de los controladores,
tanto en su adscripción jerárquica como en su adscripción funcional, y
cuál es la pura definición de las funciones que deben ejercer. Sí nos
gustaría --y no sé si esto tiene alguna especie de percepción
presupuestaria estrictamente-- saber si existe algún proyecto normativo
que, de alguna forma, corrija estas disfunciones.

También queremos plantear una cuestión de naturaleza competencial, señor
Subsecretario --nosotros prácticamente nunca podemos dejar de hacer
alguna reflexión de esta naturaleza--, y esto sí que es evolución
presupuestaria pura y dura, la de que si están previstas en las
consignaciones presupuestarias del Ministerio de Trabajo algunas de las
transferencias que en este momento están siendo objeto de negociación
entre comisiones del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco.

No voy a decir las transferencias «gordas» --entrecomillando la



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expresión-- porque esas ya sabemos que tienen problemas de maduración en
estos momentos, no voy a hablar del Inem o de la Seguridad Social, pero,
por ejemplo, el Registro de las Sociedades Anónimas Laborales, el
registro administrativo especial creado para las sociedades anónimas
laborales con efectos constitutivos, ¿está prevista presupuestariamente
--y no es una trampa parlamentaria, señor Subsecretario-- su
transferencia a las comunidades autónomas con competencia, o alguna otra
si tuviese consignaciones presupuestarias? De verdad le digo que esto no
es una trampa; no le aconsejo ningún tipo de reticencia parlamentaria
para contestar a estas preguntas.




El señor PRESIDENTE: Para responder al turno de réplica de los
portavoces, tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(Navarro López): En relación con la queja del representante del Grupo
Mixto, lamento que las cosas sean como son, pero no podía dar respuesta a
unas cuestiones que --como ha dicho el señor Presidente de la Comisión--
debe responder expresamente el señor Secretario General de Empleo. En
cualquier caso, la posibilidad de dar una respuesta por escrito siempre
está abierta.

En relación con la intervención de la representante del Grupo Popular
respecto al asunto de Fogasa, sé lo que está planteando S. S. y le voy a
contestar en la medida posible, aunque soy consciente de que se puede
producir luego un solapamiento con la intervención del Secretario General
de Fogasa, pero debo hacerlo.

La previsión para hacer frente a obligaciones de pago pendientes para el
futuro ejercicio de 1994 creo que enlaza perfectamente con las
dificultades de tesorería que el propio Fogasa pueda estar encontrando
para hacer frente a los pagos de prestaciones reconocidas durante el
presente ejercicio. Naturalmente, esas dificultades de liquidez tienen
que ver con las mismas dificultades que en algún momento se puedan haber
planteado a todo el sistema de protección, en su conjunto, y
concretamente a la caja única del sistema de Seguridad Social. Y la
tesorería de la Seguridad Social --como sabe S. S.-- recauda también la
cuota del Fondo de Garantía Salarial y atiende a los pagos en función de
los ingresos que recibe mensualmente.

En relación con Fogasa tenemos un problema de retrasos que estamos
intentando solventar. Se está negociando con la tesorería en función de
las propias disponibilidades una mayor dotación. Además, venimos
incrementando las dotaciones desde principios de este año, teniendo en
cuenta --y éste es un dato importante que recuerdo a S. S.-- que, como no
podía ser de otra manera, por la situación de crisis en que nos
encontramos, en lo que va de año y con respecto a 1992 el número de
expedientes se ha incrementado en un 36 por ciento; el número de
prestaciones derivadas de esos expedientes se ha incrementado casi en un
39 por ciento, un 38,72, y el número de trabajadores afectados también se
ha incrementado en un 39 por ciento. Digo esto porque, naturalmente, las
necesidades de pago, de liquidez del propio Fondo se han incrementado
considerablemente.

Nosotros vamos en la dirección de intentar incrementar de forma sensible,
en colaboración con la propia tesorería de la Seguridad Social, las
dotaciones que llegan a Fogasa para hacer frente a la bolsa de
expedientes pendientes, que ciertamente es importante y que esperamos ir
reduciendo progresivamente con un plan coordinado con la propia
tesorería.

Con estoy doy respuesta a la pregunta concreta.

En cuanto al traspaso de personal he de decir que, ciertamente, uno de
los problemas importantes que se han detectado en ese grupo de trabajo
que ha venido operando a lo largo de este año en relación con el traspaso
de la gestión de las prestaciones por desempleo al Instituto Nacional de
la Seguridad Social, ha sido un problema de personal. Estamos hablando de
un efectivo considerable de funcionarios del Inem, no todos serían
traspasables sino aquellos que tienen que ver con la gestión directa de
las prestaciones por desempleo, y no quiero ocultar a S. S. que ahí ha
habido deficultades --y se están intentando solucionar-- para determinar
de mutuo acuerdo entre los dos organismos afectados cuál es, realmente,
el número de efectivos que deban traspasarse. Eso no está resuelto
todavía.

Actas de infracción por fraude al desempleo durante 1933. He de
manifestar que no tengo el dato aquí, pero se lo remitiré a S. S. En todo
caso, sí quiero anunciar --a lo mejor ése es el foro adecuado-- que, a
petición del Grupo Parlamentario Socialista, voy a comparecer en esta
Comisión para un debate monográfico sobre las medidas que proyecta el
Gobierno en relación con la lucha contra el fraude y en el ámbito
específico de la lucha contra el fraude en el gasto social. Quizá sea ése
el momento de darle una información cumplidísima de lo que me está
planteando, pero, de todas maneras, enviaré a S. S. el dato que me ha
solicitado.

La modernización de locales es un tema recurrente por parte del señor
Peralta. Degraciadamente, cuando iniciamos la preparación de los
Presupuestos, allá por mayo o junio, sí habíamos hecho algunas
previsiones en lo que se refiere a la modernización de locales, de
dotación de nuevos locales para la inspección, bien sea en alquiler o
nuevas inversiones gestionadas o a través del propio patrimonio del
Estado, pero, a la vista de cómo nos queda el Capítulo 2, lamentablemente
le tengo que decir que no va a ser posible más que ultimar algunas
operaciones pendientes en algunas provincias y, desde luego, ninguna de
ellas es Valencia. Se lo digo porque sé que su interés viene por esta
provincia.

En relación con la pregunta formulaa por el representante del Partido
Nacionalista Vasco, la indefinición con que nace la figura del
controlador, la institución de los controladores, se perfila y, como es
sabido, nace la figura de los controladores a raíz de la Ley 30 de 1984;
hay un decreto posterior --la fecha exacta no la recuerdo--, creo que el
decreto que regula las competencias de los



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controladores es de 1986, no recuerdo el mes y el día, y en dicho decreto
se ha regulado con bastante precisión la figura del controlador dentro de
lo que se pudo hacer en aquel momento. Posteriormente, para hacer frente
a algún problema que había en relación con la actuación de los propios
controladores, sus comprobaciones no gozaban de la presunción legal de
certeza en cuanto a los hechos, ése es un problema que, si mal no
recuerdo, resolvimos --y no lo quiero decir muy alto-- utilizando un poco
la vía espuria de la Ley de Presupuestos para 1992, y ahí se solucionó
ese problema.

En cuanto al nuevo proyecto normativo he de manifestar que no lo hay en
este momento. En lo que se refiere a previsión de transferencias para los
traspasos pendientes no me consta que haya ninguna previsión porque, como
conoce perfectamente S. S., en este momento esa cuestión se está
debatiendo. Como conocen perfectamente SS. SS., se está discutiendo con
el propio Gobierno vasco y por parte del Ministerio de Trabajo no hemos
hecho ninguna previsión.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario, por la
precisión de sus respuestas y por la satisfacción dada a los portavoces,
bien por la respuesta inmediata o por la promesa de envío de información
adicional por escrito. Reitero el agradecimiento de la Comisión.




--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Serrano
Arroyo), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000238.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente comparecencia, del señor
Secretario General del Fondo de Garantía Salarial.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: En primer lugar, quiero dar las gracias al
Secretario General del Fondo de Garantía Salarial por su comparecencia en
esta Comisión.

Quisiéramos preguntarle, señor Secretario General, con carácter general,
sin perjuicio de luego poder entrar, quizá, en más detalles, habida
cuenta de que no ha sido habitual la comparecencia del Secretario General
en esta Comisión y que no tenemos datos relativamente actualizados, cuál
es al día de hoy la ejecución del gasto, del año 1993, del Fondo de
Garantía Salarial, su previsión de cierre de este ejercicio 1993 y, desde
este punto de vista, qué soluciones se contemplan en el presupuesto del
año 1994.

Nosotros tenemos algunos datos parciales que posiblemente no se
corresponden con la realidad, que sin lugar a dudas el Secretario
General conoce con más exactitud, pero de acuerdo con esos datos de que
nosotros disponemos en estos momentos, nos parece que puede estar
produciéndose un desfase importante en la situación de este organismo,
del Fondo de Garantía Salarial.

Para el año 1993, el presupuesto de este año planteaba unas
transferencias, unos pagos del orden de 61.000 millones. Creemos que la
realidad prevista para el año 1993 puede estar en torno a los 81.000
millones de pesetas. Las previsiones que se contemplan para el próximo
año 1994, a nivel presupuestario, son 67.000 millones de pesetas. De ser
así, existiría, en primer lugar, una deuda importantísima en este año
1993, la previsión de una nueva deuda para el año 1994, y nos gustaría
saber cómo se prevé abordar esta situación.

Al parecer una manera de terminar de abordar esta situación --y ésta es
una pregunta concreta que le formulo en nombre del Grupo Popular-- es la
enajenación de parte de los activos del Fondo de Garantía Salarial. Da la
impresión de que en años anteriores ha habido superávit en los balances
del Fondo de Garantía Salarial, posiblemente una parte pequeña de esos
superávit se invertía en Deuda Pública y se ha procedido a la enajenación
de esa Deuda Pública, aunque quizá por rutina en el presupuesto del año
que viene se mantiene una adquisición de 10 millones de Deuda Pública (no
sabemos si es un dato puramente formal cuando se plantea un balance
deficitario la adquisición de esos 10 millones de Deuda Pública), siendo
así que el año 1992, según datos que me ha proporcionado doña Celia
Villalobos, se había procedido a una enajenación importante de Deuda
Pública, del orden de 9.000 millones de pesetas.

Nosotros creemos que esta inversión de activos del superávit del Fondo de
Garantía Salarial sólo era de una parte pequeña, porque hay otra parte
muy importante que son débitos que tiene la Tesorería General de la
Seguridad Social con el Fondo de Garantía Salarial. Como conocen
perfectamente el señor Secretario General y el resto de SS. SS., la cuota
con que se financia el Fondo de Garantía Salarial la recauda la Tesorería
y durante este año y el año pasado se ha producido un retraso importante
en la liquidación de esas cuotas, sin lugar a dudas motivada por la falta
de liquidez de la Tesorería para abonar el conjunto de sus obligaciones y
que podría estar utilizando las recaudaciones que se producían por el
concepto Fondo de Garantía Salarial para atender otras actividades.

Nos gustaría saber ese dato: cuál es en este momento la deuda que tiene
Tesorería con el Fondo de Garantía Salarial, a efectos de poder saber
exactamente cuál es la situación real que tiene el Fondo de Garantía
Salarial.

Otro aspecto importante que incide en la demora que se está produciendo
en el reconocimiento y pago de los expedientes es el tema de plantilla.

El Fondo de Garantía Salarial tiene una plantilla limitada, sobre todo en
relación con el número creciente de expedientes. Creo que el señor
Subsecretario daba referencia global a un número importante de
expedientes que se había producido. Lógicamente ése es un cúmulo de
trabajo que es necesario revolver y con independencia de las dificultades
financieras que hacen imposible que expedientes reconocidos



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sean abonados, hay un problema real de reconocer expedientes, porque ese
trabajo se va acumulando y la plantilla --en el caso concreto del Fondo
de Garantía Salarial-- no observamos que experimente ningún crecimiento
ni esté a la altura de las necesidades que se plantean.

Estas serían, a grandes rasgos, señor Secretario General, las preguntas a
las que en la medida de sus posibilidades nos gustaría que nos
contestara. Desde luego, confiamos en que nos pueda contestar a todas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General del
Fondo de Garantía Salarial.




El señor SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Serrano
Arroyo): Voy a intentar responder a todas las cuestiones que ha planteado
S. S.

En primer lugar, en cuanto a la ejecución del presupuesto, a 30 de
septiembre (es el último dato conocido, lógicamente, porque estamos en el
mes de octubre, y serían datos muy provisionales que podrían llevar a
algún tipo de confusión), le puedo decir que estamos en el 60 por ciento
de ejecución del presupuesto global. Me imagino también que S. S.

principalmente querrá saber cuál será la ejecución del presupuesto de
gastos en materia de prestaciones. Le puedo decir que la cifra exacta de
obligaciones reconocidas en esta materia alcanza los 43.504 millones de
pesetas, si no recuerdo mal, al 30 de septiembre.

¿Cuál será la previsión de cierre de 1993? La previsión de cierre de 1993
la ha situado S. S. aproximadamente en unos 81.000 millones de pesetas.

En el Organismo creemos que la previsión de cierre va a ser
aproximadamente de unos 70.000 millones de pesetas, que tiene los
siguientes componentes. En primer lugar, porque hasta la fecha llevamos
43.500 millones de pesetas de prestaciones reconocidas y pagadas. En
estos momentos se están pagando las del mes de septiembre. En lo que
queda de año, lógicamente, se van a ir contrayendo una serie de
obligaciones para hacer frente al pago de las mismas que junto a lo que
está pendiente de pagar va a dar un resultado aproximado de unos 70.000
millones de pesetas. Hay que tener en cuenta que a las prestaciones que
vayan al organismo, durante los meses de noviembre y diciembre, nunca se
podrá hacer frente en este año, porque llevan lógicamente unos trámites
de verificación, de instrucción e incluso hay que abrir un período de
prueba, hay que recabar documentación de organismos, aparte del Fondo de
Garantía Salarial, como puede ser la Tesorería General de la Seguridad
Social por las vidas laborales, e incluso se puede solicitar la actuación
de la inspección para el levantamiento de la correspondiente acta y que
legalmente existe un plazo de 60 días para la resolución de los
expedientes. Por tanto, los que entren en los meses de noviembre y
diciembre no están incluidos.

Hemos considerado una cantidad por los expedientes que pudieran entrar en
el mes de octubre, aproximadamente de 6.000 millones.

Ha preguntado cuál es exactamente la diferencia, o lo pendiente de pago a
la fecha actual. Son 20.000 millones de pesetas en cifras redondas,
diecinueve mil y pico millones de pesetas. Por tanto, 43.000 millones que
tenemos pagados hasta la fecha de 30 de septiembre, 20.000 millones que
están pendientes de pago y 6.000 millones, que sería lo que se podría
reconocer ya con cargo a este presupuesto, nos darían los 70.000 millones
de previsión de liquidación de 1993. Dentro de estos 20.000 millones de
pesetas se incluye absolutamente todo lo pendiente. Por tanto, no
quedaría absolutamente nada sin contraer.

Nosotros estamos hablando, como ha planteado anteriormente el
Subsecretario del departamento, como responsable de Fogasa y Presidente
de su Consejo Rector, de unas situaciones, por decirlo de alguna manera,
con ciertas tensiones de liquidez en el sistema de caja única de la
Seguridad Social. Eso yo creo que ha venido afectando al Fondo de
Garantía Salarial y, es posible también, lógicamente, a otras materias de
las que no puedo responder.

En lo que afecta al Fondo de Garantía Salarial, se han ido entregando las
remesas de las que, en función de las disponibilidades financieras, el
sistema podía disponer, y ha permitido que paguemos 43.000 millones de
pesetas que, aun a pesar de las dificultades financieras, supone más del
21 por ciento respecto del mismo período del año anterior, de 1992, a la
misma fecha.

Puede suceder, lógicamente, que no todos los 70.000 millones podamos
pagarlos durante 1993, pero a efectos de presupuesto, todas las deudas
van a aparecer contraídas y reflejadas en el presupuesto para recoger la
realidad del organismo cuando se cierre este período. Esto iría un poco
hilado a lo que, de una manera directa, había planteado la representante
del Grupo Popular al Subsecretario del departamento, en cuanto a las
obligaciones reconocidas y que están pendientes de pago. Al finalizar el
ejercicio, por la nómina normal y ordinaria correspondiente al mes de
diciembre, que la contraemos en el mes de diciembre, pero se paga
efectivamente entre el 10 y el 20 de enero, por la operatoria contable de
la Intervención General del Estado y porque, lógicamente, tiene que pasar
los controles de la Intervención delegada en el organismo, esos gastos
tienen que estar debidamente contraídos para que después se puedan hacer
efectivos, lo que ocurrirá una vez que se encuentren estas
disponibilidades. Como también ha señalado el Subsecretario, esto supone
que la Tesorería General de la Seguridad Social, durante 1993, en unos
primeros momentos ha ido liquidando 3.000 millones de pesetas al mes, ha
superado los 3.500 y actualmente estamos en los 5.000 millones de
pesetas, cantidad superior incluso a la recaudación que por cotizaciones
le corresponde al organismo mes a mes. Como ha señalado el Subsecretario,
se está en trámite con la Tesorería General de la Seguridad Social para
ver si hay posibilidad de aportar más fondos en lo que resta de año,
parece que es factible, y en este mes de octubre vamos a poder contraer
obligaciones para pagar, de forma inmediata, cantidades superiores a los
5.000 millones de pesetas que hasta ahora nos venían liquidando,
precisamente como consecuencia de estos acuerdos a los que



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hemos llegado con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Es indudable (hilando con lo que ha planteado también S. S. y recogiendo
la anterior pregunta de la portavoz del Grupo Popular) que en otro
momento sería factible que hubiera, por denominarlo de alguna manera,
puntas de tesorería; es decir, que existiera un dinero que no
necesariamente se tendría que destinar a prestaciones, porque se hacía
frente a todas ellas en tiempo y en plazo. ¿Qué sucedía? Pues que ese
dinero, con las debidas autorizaciones y con el debido control, como es
lógico, por parte de la Intervención delegada de Hacienda, se invertía en
Deuda pública, al objeto de obtener unos rendimientos que se iban
acumulando para los momentos de necesidad financiera, como ha sucedido
este año. Lo que pasa es que en la liquidación de 1992, que es el caso
concreto de la pregunta anterior, en cuanto a gastos, no ha habido el más
mínimo aumento, porque los gastos son limitativos, lo que hay es una
diferencia en la parte de recursos en el presupuesto de ingresos, donde
efectivamente aparece una liquidación de en torno a los 9.000 millones de
pesetas. Esto es debido a que, por la operatoria contable, estas puntas
de tesorería se invierten en deuda pública y, una vez que se van
necesitando, originan un apunte como si fuera en el presupuesto de
ingresos. No es que hayamos ejecutado 9.000 millones de ingresos, sino
que realizamos gastos, recuperamos y, a lo mejor, lo que está en
movimiento son 4.000 ó 5.000 millones de pesetas, pero por los apuntes
contables de la contabilidad presupuestaria lucen casi con un doble
sentido, porque el presupuesto de gastos tiene que estar equilibrado con
el presupuesto de ingresos y lo mismo que habíamos pasado por gasto, una
vez que enajenamos, necesariamente tenía ese apunte en ingresos; ahí es
donde aparecen los 9.000 millones de pesetas. Estos 9.000 millones de
pesetas --repito que no han sido líquidos los 9.000 millones, sino que
han sido en torno a 4.500 ó 6.000 millones de pesetas--, efectivamente,
han permitido que suplementemos y que en los momentos en los cuales la
Tesorería General de la Seguridad Social tenía más dificultades
financieras para hacer las entregas mensuales al organismo, podamos pagar
mayor número de prestaciones del que nos permitían esas entregas
mensuales. Repito que, a pesar de la crisis, a pesar del aumento
sustancial de los expedientes que ha habido y a pesar de las dificultades
financieras, Fogasa ha pagado, durante 1993, un 21 por ciento más, en
efectivo, que el año anterior a la misma época.

Pregunta también S. S. por los débitos que tenemos con la Tesorería
General de la Seguridad Social. Efectivamente, esto se lo voy a dar a S.

S., pero quiero precisarlo que el Fondo de Garantía Salarial es un
elemento más del sistema de caja única y, por tanto, está dentro del
sistema público. Por decirlo de alguna manera, se recaudan sus cuotas y,
lógicamente, se atienden a través de este sistema público de protección
social. En el caso que nos interesa, lo que ha venido sucediendo es que
el organismo, en unos momentos determinados, tuvo un déficit y lo que
hizo la Tesorería fue avanzar en aquellos años más dinero del que se
podía recaudar por el organismo. En esta ocasión, por decirlo de alguna
manera, se ha invertido la tendencia. El organismo, en una serie de años,
en 1991, 1992 y quizás en el año 1990, ha tenido una recaudación superior
a los gastos que realmente eran los previstos para el propio organismo,
de tal manera que se ha producido un remanente. Ese remanente, en vez de
estar depositado en el organismo, que estaría totalmente ocioso, por
decirlo de alguna manera, está tutelado o vigilado por la Tesorería
General de la Seguridad Social y lo que ha sucedido es que, como
consecuencia de esos ejercicios, dos o tres, como máximo, ha dado lugar a
que existan esas diferencias. Le puedo decir que el saldo al 1.º de enero
de 1993, del cual debemos partir como último dato conocido, porque son
los últimos datos cerrados de la Tesorería General de la Seguridad
Social, es de 80.000 millones de pesetas y que el saldo a la fecha actual
(lógicamente, habría que conocer los datos efectivos de la recaudación,
los cuales se conocen solamente con efectos del mes de agosto, pero su
contabilización va con cierto retraso por la operatoria compleja del
propio proceso recaudatorio), se puede situar en torno a los 116.000
millones de pesetas, a favor del organismo.

En cuanto a la demora que también señala S. S. en la resolución de los
expedientes, no solamente en cuanto al pago, sino en cuanto a resolución,
que va ligado al tema de plantillas, le puedo señalar que la plantilla
quizás en estos momentos no es la ideal, es decir, podría ser la ideal
para los momentos en los cuales no había esa crisis. No obstante, la
función pública tiene unas determinadas reglas, que son, por decirlo así,
de carácter general para todo el mundo; el acceso a la misma,
lógicamente, está regulado y limitado y, por tanto, no se tiene la misma
flexibilidad que en una empresa privada, en el sentido de que, si ahora
aumentáramos y dentro de unos años viniera una bonanza económica y
hubiera que reducir plantilla, indudablemente el organismo no la podría
reducir porque sería la que tendría, salvo que se adoptaran una serie de
acuerdos que escaparían a la propia competencia del organismo. Por eso,
de forma transitoria, en el presupuesto para 1994 aparece un ligero
incremento en el personal eventual, por motivo de que el personal
funcionario es el que tenemos, se cubrirán las vacantes que puedan
existir y, para estos momentos en los cuales existe un incremento
sustancial de los expedientes como consecuencia de la crisis económica,
la Subsecretaría del departamento, como responsable del organismo, lo que
ha previsto para 1994, en aquellas ciudades o provincias que puedan tener
una sobrecarga de trabajo, como pueden ser Barcelona, Madrid, Vizcaya o
incluso alguna provincia levantina, ha sido dotar de personas capacitadas
que pudieran colaborar con los funcionarios de carrera del organismo para
resolver los expedientes lo mejor posible.

De todas formas, para su conocimiento le diré que en la actualidad, hasta
el 30 de septiembre, los 43.000 millones de pesetas que llevamos pagados
corresponden a 17.852 expedientes resueltos y pagados. Estos 17.852
expedientes se han resuelto en las unidades administrativas periféricas
en 36 días, a pesar del aumento sustancial del



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número de expedientes, del 21 por ciento en cuanto al importe a pagar.

Quiere decirse que está muy por debajo todavía de los límites legales que
establece el decreto de regulación del Fondo de Garantía Salarial, que lo
establece en 60 días. Si examináramos provincia por provincia,
lógicamente ciertas provincias podrían tener alguna distorsión en el
sentido de que su media fuera más alta que esos 36 días, pero yo creo que
es una cifra elocuente de que no es preocupante la situación de la
plantilla, por decirlo de alguna manera, o la escasez de la plantilla en
estos momentos. Podría serlo si la crisis sufriera un aumento
desorbitado, cosa que en teoría parece que no es así, porque incluso en
los expedientes propios del organismo hemos observado que existe una
ligera tendencia a la disminución en estos últimos meses. De ahí que,
ligando con lo que ha señalado S. S. respecto a cuál es la previsión para
1994, que se sitúa en los 67.000 millones de pesetas, frente a los 70.000
millones de pesetas que tenemos previstos como liquidación para 1993 y
que le puede parecer que quizás no sea suficiente, le diré que para 1994
los 67.000 millones de pesetas que hay para el conjunto de las
prestaciones podrían ser suficientes por lo que le he comentado de que en
1993 los expedientes entrados en los meses de noviembre y diciembre no se
van a poder tramitar con cargo a 1993 y los imputaríamos al ejercicio de
1994. Esto supondría, aproximadamente, 11.000 millones de pesetas.

Después, viendo la media aproximada de entrada de expedientes durante
1993, que se ha situado en torno a los 6.000 millones de pesetas pero que
en los últimos tres meses está por debajo de los 5.000 millones de
pesetas, y tomando aproximadamente una media de 5.200 millones de
pesetas, nos pondríamos en 63.000 millones de pesetas, que sería el
conjunto total de estimación para 1994. Lógicamente de 63.000 a 67.000
quedarían 4.000 millones de pesetas de diferencia que quedan reflejadas
en prestaciones por si hubiera algún ligero incremento de las mismas y
también por si al Fondo de Garantía Salarial, en función de lo que dice
la disposición adicional cuarta de la Ley de Procedimiento laboral, se le
asignara la función del pago anticipado de sentencias que está previsto
en esa normativa.

No sé si doy cumplida satisfacción a su pregunta. No obstante, lo que no
esté contestado gustosamente se lo enviaría por escrito.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra
el señor Peralta para turno de réplica, que le ruego sea lo más breve
posible.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente, procuraré seguir sus
atentas instrucciones.

Señor Secretario General, creo que los datos que yo manejaba, en alguna
medida han venido a coincidir sustancialmente con los que usted decía. Yo
le hablaba de una previsión, para este año 1993, del orden de 81.000
millones de pesetas, y usted me ha dicho que prevén 70.000 millones de
pesetas. Ahora bien, ha dicho usted que noviembre y diciembre son 11.000
millones de pesetas y que se pasan al año 1994. Realmente si se entiende
por obligaciones del año 1993, efectivamente las cifras prácticamente
coinciden.

No cabe duda que no deja de ser una solución pasar noviembre y diciembre
al año 1994. Lo que ocurre es que, señor Secretario General, eso supone
que los expedientes, como usted ha dicho, se mueven dentro del plazo
legal de 60 días, pero lejos del plazo previsto en la propia previsión de
Presupuestos del año próximo, de 35 ó 30 días, que son los plazos de
resolución de los expedientes que se prevén en esa propia tramitación.

Por tanto, creo que efectivamente tenemos que partir de la base de que
obligaciones de este año 1993, a cargo del Fondo de Garantía Salarial,
sin perjuicio de que legalmente no se abonen en este año 1993, están en
torno a los 81.000 millones de pesetas, y las previsiones presupuestarias
eran notablemente inferiores.

Ahí aparece un tema que es importante, que usted ha dado datos muy
precisos, y es el débito que tiene la Tesorería General de la Seguridad
Social con el Fondo de Garantía Salarial como consecuencia de la gestión
por parte de la Tesorería de la recaudación de las cuotas. Usted ha dicho
que a 1.º de enero e 1993 ese débito era de 80.000 millones de pesetas, y
el dato más actual que tiene usted cabe cifrarlo en 116.000 millones de
pesetas. No cabe duda que sólo con liquidar una parte de estos débitos se
conseguiría que esa deuda de 20.000 millones de pesetas, que usted ha
reconocido que en estos momentos existe, se pudiera amortizar en un plazo
corto, porque es una parte pequeña de esta deuda.

Quisiera que en este sentido se adoptaran medidas importantes, porque
piense usted, señor Secretario General, que la deuda pendiente en estos
momentos usted la ha cifrado en 20.000 millones de pesetas cuando el
total de obligaciones liquidadas en este año 1993, a 30 de septiembre,
son 40.000 millones de pesetas, es decir, la mitad de las obligaciones
está pendiente de pago. Este es un dato realmente preocupante y que
explica por qué desde muchas partes de la geografía nacional se están
produciendo quejas en relación con el retraso con que se está efectuando
el abono de los expedientes del Fondo de Garantía Salarial, que tenga
usted en cuenta --y yo creo que eso lo tiene usted perfectamente en
cuenta-- que son deudas a los trabajadores por prestación de servicios
que no les pagaron, que tuvieron que reclamar a Magistratura, que
tuvieron que tramitar la insolvencia, que tuvieron que hacer un
expediente al Fondo de Garantía Salarial y que, finalmente, dicho Fondo
se retrasa en su pago. O sea, que son deudas de trabajadores de hace
años, que lógicamente se les pagan sin ningún tipo de interés.

Le insistiría, señor Secretario General, en que las gestiones encaminadas
a que los expedientes se resuelvan adecuadamente en el plazo previsto
--los 35 días--, nos parece razonable, teniendo en cuenta que son deudas
históricas, con mucho retraso ya por toda esa tramitación a la que ha
hecho referencia y que la liquidación de los expedientes, finalmente, se
llevara a cabo en los términos



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que corresponde a lo que es un Estado social de derecho como éste.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.




El señor SECRETARIO GENERAL DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Serrano
Arroyo): Muy brevemente.

En cuanto a los plazos de tramitación le quiero señalar otra vez que
efectivamente, a pesar de que los límites legales son 60 días, lo que se
ha figurado por el organismo en los Presupuestos para 1994 prácticamente
coincide con el resultado objetivo a septiembre de 1993, porque son 36
días, y estamos dentro de esa línea, aun a pesar de las dificultades, de
la falta de plantilla y del incremento de los expedientes.

Los débitos a liquidar con la Tesorería General de la Seguridad Social
efectivamente es un tema que se está negociando en estos momentos, se
está planteando e intentando lograr la solución en lo que resta de año
para que, justamente, la problemática de estos trabajadores que ha
reflejado, de la que somos conscientes y lógicamente supone la mayor
preocupación del Ministerio y, por tanto, del organismo, se pueda
resolver lo más pronto posible y no se les perjudique más en sus
derechos.

No sé si me he dejado algún asunto, pero estaría lógicamente encantado de
contestárselo por escrito.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al señor Secretario General del
Fogasa por su comparecencia y por la información que ha facilitado a la
Comisión.




--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (PEÑA
PINTO). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: POPULAR (número de
expediente 212/000185); SOCIALISTA (número de expediente 212/000072);
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de expediente
212/000266).




El señor PRESIDENTE: Señorías, comparece ahora el Secretario General de
Empleo y Relaciones Laborales.

Para requerir información del señor Secretario General de Empleo y
Relaciones Laborales tiene la palabra la señora Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Muchas gracias por su comparecencia, señor
Secretario General de Empleo.

En primer lugar le quería hacer una pregunta genérica que está dentro de
las competencias de su propia Secretaría General pero que trasciende de
ellas y es si ante la situación de crisis económica en que nos
encontramos, considera el señor Secretario General de Empleo que en los
Presupuestos Generales del Estado se encuentran medidas suficientes para
la incentivación del empleo y si en los programas que afectan a su
secretaría general se podría decir que existen medidas de apoyo
suficientes para el fomento de la contratación fija; si existe, dentro
del esfuerzo que el propio señor Griñán señaló en la comparecencia en la
Comisión de Política Social y Empleo para explicar la política desde su
ministerio, alguna medida de incentivación a la contratación a tiempo
parcial; si en los Presupuestos para 1994 están incluidas las posibles
ayudas previstas --insisto-- según el propio señor Griñán se comprometió
en el Pleno de la Cámara a que el 1.º de enero estarían en la Cámara o
aprobadas, por lo menos, por el Consejo de Ministros las diferentes leyes
que afectaran a la estructura de nuestro mercado de trabajo; si esos
presupuestos contienen algunas medidas de incentivación para el contrato
en prácticas, para el nuevo contrato de aprendizaje, para el contrato de
formación y para la contratación indefinida de determinados colectivos,
que se planteaba en el Decreto de abril de 1992 como los colectivos con
una necesidad mayor de apoyo por parte del propio Gobierno. (Murmullos.)



El señor PRESIDENTE: Perdone un momento. Silencio, por favor.

Señora Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.

En términos generales, en el informe económico-financiero que acompaña a
los Presupuestos Generales del Estado se comenta en varias ocasiones, por
lo que respecta al mercado de trabajo, que los problemas de desempleo,
los déficit acumulados en el Ministerio de Trabajo, en la propia
Dirección General del Inem se debían fundamentalmente al aumento en la
rotación de la población laboral, que tiene su origen en la actual
estructura de las relaciones laborales, con un alto porcentaje de empleo
temporal, incrementado en tiempo de crisis, que influye decisivamente en
el fuerte crecimiento de los beneficiarios.

Ante esta situación, recogida --insisto-- en las propias declaraciones
públicas de usted y de los componentes de su ministerio así como en el
propio informe económico-financiero de los Presupuestos Generales, si
usted considera que existe alguna medida que afecte a esta estructura de
las relaciones de trabajo, causante de este aumento de la rotación y, por
tanto, de los déficit acumulados del Inem, y si el Gobierno, su
ministerio, tiene previsto adoptar alguna medida que impida ese fuerte
crecimiento de la rotación. En el caso de que se produjera, si su
secretaría general ha evaluado ya qué ahorro se produciría en el sistema
de prestaciones si se pusieran en marcha estas medidas de carácter
estructural que afectan al mercado de trabajo.

Comprendo que todo esto tiene mucho que ver con el diálogo social que
parece ya está bastante tocado del ala y si no existiendo estas medidas
en los presupuestos entiende el señor Secretario General de Empleo que
tendrían que aparecer a lo largo del año, de forma que



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pudiesen satisfacer esta preocupación, por otro lado lógica, tanto de los
partidos políticos como de la oposición, ante la situación de crisis y de
destrucción del empleo en que nos encontramos.

Hay una serie de preguntas ya más concretas sobre organismos que dependen
de su responsabilidad. A mí me gustaría saber por qué en el año 1992, en
el presupuesto de ingresos del Inem, se conoce por primera vez una
modificación consistente en incorporar, en el concepto 870, 366.000
millones de remanente de Tesorería que aparece por primera vez
--insisto-- en los presupuestos de ingresos y a qué ejercicios
presupuestarios corresponden los remanentes de Tesorería por cada año que
se han producido los mismos y cuál es la cantidad que se podría afectar a
cada uno de los presupuestos y de los años que aparece como remanentes de
Tesorería en el avance de liquidación del año 1993 en relación con los
remanentes de los ejercicios 1988, 1991 y 1992.

Hago esta pregunta al señor Secretario General de Empleo porque existe,
desde mi punto de vista, una enorme confusión y divergencia sobre los
déficit acumulados del Inem sobre lo que plantea el Instituto y la
Intervención General del Estado. A mí me parecería lógico que tuviese
alguna relación y al final pudiéramos conseguir averiguar cuáles son
realmente los déficit acumulados del Inem, cuáles son los remanentes de
Tesorería y a qué años pertenecen, porque si uno analiza el avance de
liquidación para el año 1993, que acompaña a los Presupuestos Generales
del Estado, aparece una partida, una modificación de crédito de 738.600
millones de pesetas que fueron contabilizados, como dice la propia
liquidación, extrapresupuestariamente en los años correspondientes y se
aplican a los ejercicios de 1988, 1991 y 1992 con aportaciones del Estado
y con remanentes de Tesorería. Me gustaría saber qué corresponde a cada
concepto. Me imagino que la aportación del Estado será el crédito
extraordinario que aprobamos en esta Cámara; pero la diferencia es
excesiva desde mi punto de vista; por tanto, deberían existir unos
remanentes de Tesorería muy amplios desde el año 1986 en el propio
organismo.

Por otro lado, en este mismo avance de liquidación del presupuesto del
año 1993 aparece una modificación de crédito de un billón 116.000
millones de pesetas; es decir, que se ha producido durante el año 1993
esa modificación que, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido
porque en los propios documentos que acompañan a los Presupuestos
Generales del Estado se apunta que durante el año 1993 aprobaríamos unos
créditos extraordinarios por valor total de 870.000 millones de pesetas
que corresponderían, en primer lugar, al crédito extraordinario que se
aprobó en el mes de julio; al crédito extraordinario que se aprobó hace
un par de Consejos de Ministros, que está ya en la Cámara para su
tramitación en el Pleno y se apunta ya un nuevo crédito extraordinario
que tendremos que aprobar en esta Cámara, de 400.000 millones para el año
1993. Da la sensación, y es a lo que me gustaría que me contestara el
señor Secretario General de Empleo, de que se quiere hacer borrón y
cuenta nueva, es decir, se quiere utilizar los presupuestos de 1993 para
liquidar definitivamente los déficit acumulados del Inem y poner las
cuentas a cero.

Si comparamos el presupuesto del Inem del año 1993 con el del año 1994,
puede inducir a engaño, porque la aportación del Estado inicial para el
presupuesto del año 1993 era de 550.000 millones de pesetas, pero la
liquidación final, teniendo en cuenta los remanentes de tesorería, sufre
un incremento muy importante. Por tanto, los incrementos al Inem sobre la
aportación del Estado que plantea en tantos por ciento el presupuesto
inicial de 1993 en relación con el presupuesto inicial de 1994 no
responden a la realidad; realmente, se ha producido un decrecimiento del
46 por ciento si analizamos y tenemos en cuenta la liquidación final de
1993 con el presupuesto inicial de 1994, y como la realidad es
presupuesto de liquidación sobre presupuesto inicial y, por desgracia, no
presupuesto inicial sobre presupuesto inicial, porque jamás se cumple, me
gustaría saber si el señor Secretario General de Empleo entiende que con
las aportaciones del Estado más las cuotas que corresponden al desempleo
para 1994 no se va a producir un nuevo déficit en los presupuestos del
Inem sobre todo en lo que corresponde a las prestaciones por desempleo.

En la normativa sobre prestaciones por desempleo, del año 1984, se
impedía el acceso al subsidio por desempleo, se permitía extinguir el
derecho a la prestación por desempleo en caso de rechazo a la oferta de
empleo adecuada o a una acción formativa. Esto viene a colación porque
últimamente se está haciendo mucho hincapié desde su ministerio en el
control del fraude o del abuso en la utilización de estas prestaciones
por desempleo. Aquí hemos pasado de decir que la protección social en
este país era suficiente a utilizar el término de la sobreprotección, que
es el que últimamente utiliza el antiguo Ministro de Economía, hoy
portavoz del Grupo Socialista en esta Cámara, el actual Ministro de
Trabajo, el actual Ministro de Economía, usted mismo como Secretario
General de Empleo, y da la sensación de novedad esta vinculación de la
percepción de la prestación con el no rechazo a una oferta de empleo
adecuado o a una acción formativa. Como esto ya estaba en la propia ley
del desempleo y en la reforma de 1984, me gustaría saber cuántas ofertas
de empleo y cuántas acciones formativas se han efectuado por el Inem y
cuántas de ellas han sido rechazadas y, en caso de rechazo, qué ahorro ha
supuesto para el organismo y desde qué fecha tienen datos sobre estas
cuestiones de la vinculación del rechazo de las ofertas con la percepción
de la prestación por desempleo.

Hay otra cuestión que me preocupa mucho, que es la relacionada con los
programas de gestión y promoción del empleo y formación ocupacional. En
estos programas me preocupa, en primer lugar, que se disminuya de forma
importante el capítulo 1, es decir, el capítulo de personal adscrito a
estos programas concretos cuando, además, la gestión y el pago de
prestaciones por desempleo, según los presupuestos del año 1993, tendrían
que haber sido transferidos al INSS. Le hago la misma pregunta que hice
al señor Subsecetario: ¿qué razones han sido las que han impedido que se
cumplan los presupuestos del año



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1993? Si son razones de personal --él no ha sabido explicármelas; me ha
dicho simplemente que eran muchas--, ¿cuáles han sido? ¿Tiene previsto el
señor Secretario General de empleo que estas trasferencias se realicen
antes de finalizar el año o a lo largo del año 1994, habida cuenta de que
en los presupuestos de 1994 no aparece en ningún caso esta transferencia
de gestión del pago de las prestaciones? Si se va a trasladar esta
gestión no me explico por qué a programas que realmente inciden sobre la
creación del empleo, es decir, la intermediación en el mercado de trabajo
y la formación profesional ocupacional, se dedica menos personal. El
propio señor Griñán decía que en esta reforma del Inem, de la que venimos
hablando desde 1986 y de la que tampoco se recoge en estos presupuestos,
ninguna reforma real, si se analizan estas cifras se ve que lo que dice
el Ministerio no tiene nada que ver con los indicadores y las propuestas
en el presupuesto de su propio Ministerio. Parace, primero, que a la
intermediación en el mercado de trabajo se va a dedicar menos personal,
sufre un retroceso del 7,1 por ciento en el capítulo 1; segundo, que la
propia cantidad a invertir en este progama sufre también una disminución,
aunque la formación profesional ocupacional puede parecer que sufre un
incremento importante, pero imagino que será debido a los 36.000 millones
que se transfieren a la Fundación para la Formación continua en la
Empresa, tema que me gustaría, a ser posible, que el señor Secretario
General me ampliara un poco, para saber cuál va a ser la actuación real
de esta Fundación.

Si la transferencia de estos 36.000 millones se hace a la Fundación sin
más, es decir si el Ministerio no va a controlar esa Fundación dirigida
por los agentes sociales; si va a tener una representación el Ministerio
y si este último va a controlar esos fondos. Yo quiero decir que aplaudo
que se invierta en formación continua; creo que es poco lo que se
invierte y que habría que buscar ayudas fiscales y de otro tipo para
conseguir una priorización en la cualificación de nuestros trabajadores,
ya que es uno de los grandes fallos que tiene en este momento nuestro
mercado de trabajo, sin embargo, en líneas generales, creo que vuelven a
sufrir una falta de atención y de cumplimiento incluso presuestario los
programas de Formación Profesional ocupacional.

En los objetivos del Ministerio referidos a la Formación Profesional --y
voy acabando, señor Presidente-- aparece por primera vez el
reconocimiento de que hasta ahora los créditos presupuestarios han
beneficiado de forma fundamental a los poseedores de formación previa, es
decir, a los diplomados y titulados con formación previa antes de
ingresar en los cursos de formación ocupacional. Me gustaría que el señor
Secretario General de Empleo me dijera si para el año 1994 se tiene
prevista una dedicación mayor de la formación ocupacional para la
cualificación profesional reconocida, conforme el Catálogo nacional de
cualificaciones profesionales, y de este modo evitar que los créditos
presupuestarios se dirijan a quienes no precisan esa formación
ocupacional. Me gustaría también saber cuáles son la razones por las que
España sigue siendo el país de la Comunidad Europea donde los gastos en
políticas pasivas de empleo, en porcentajes del PIB, son mayores que los
dedicados a las políticas activas del mercado de trabajo.

Me gustaría también plantear al señor Secretario General de Empleo, dado
que se firmó el acuerdo de la Ley 9/1992, de Transferencia a las
Comunidades Autónomas de las Competencias en el Mercado Laboral, y habida
cuenta de su puesta en marcha al haberse aprobado las reformas de los
diferentes estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas,
una pregunta que ya formulé al señor Ministro y es la posibilidad de que
se rompa en nuesto país el concepto de mercado único laboral. Me gustaría
que el señor Secretario General de Empleo me dijese, en lo que se refiere
a los expedientes de regulación de empleo, si al pasar a ser competencia
de esas comunidades autónomas hay algún criterio de su Secretaría General
para que no exista un agravio comparativo entre diferentes empresas
ubicadas en las distintas comunidades autónomas, si se va a mantener ese
criterio de unidad que haga que no empiece a plantearse la posibilidad de
que sea más cómodo para un empresario abrir una empresa en una
determinada comunidad autónoma frente a otra y que los criterios
políticos no influyan en esas decisiones últimas, que afectan a
colectivos importantísimos, hagan que ese sentido de unidad, que desde mi
punto de vista habría que mantener, se pudiera perder a lo largo de estos
años.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Secretario General de Empleo, por
su comparecencia. Le voy a hacer una pregunta con una formulación
relativamente breve, aunque quizá el contenido sea más amplio.

Se ha hablado, por parte del Gobierno, que tiene prevista una reforma del
mercado laboral a ejecutar en los próximos meses, con acuerdo o sin
acuerdo con los agentes sociales. El contenido de ese plan de reforma por
parte del Gobierno ha sido anunciado o anticipado en comparecencias del
Ministro de Trabajo, etcétera. A mí me gustaría saber qué repercusión
presupuestaria tienen las medidas qe se prevén. Se ha hablado, por
ejemplo, de contratos de aprendizaje que, según expresión literal del
Ministro, tendría que ser un contrato superprotegido para conseguir que
fuera realidad. ¿Qué características tiene ese tipo de reforma del
mercado laboral y qué incidencia presupuestaria tienen las mismas en la
medida que no parece desprenderse de los libros de presupuestos que nos
han sido remitidos? Este sería un primer tema.

El segundo tema que le plantearía hace referencia al Programa 322.A,
fomento y gestión de empleo. Uno de los compromisos electorales de este
Gobierno era la potenciación de la contratación indefinida. Atendiendo a
este programa, observamos que se produce una caída importante en los
fondos que se destinan, por parte del Ministerio, a la creación de
empleo, contratación indefinida, empleo estable, apoyo a la creación de
empleo



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derivada de acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, de tal
modo que, por ejemplo, partidas de 51.000 millones pasan a 48.000
millones. Es decir, se produce una caída importante en lo que debería ser
precisamente uno de los objetivos más importantes del Gobierno, en la
medida que la precariedad que afecta a nuestro mercado laboral es
preocupante y, en opinión de nuestro grupo, puede verse reforzada con
algunas de las medidas que se plantean en esa reforma del mercado
laboral, tal como ha sido anunciada por el Gobierno.

Finalmente, quisiera indicarle, en relación con el Programa 723.B, que
hace referencia a reconversión y reindustrialización, que en algunas de
las partidas de ese programa y, en general, en el conjunto del mismo hay
una disminución significativa. Nos gustaría saber cuáles son las causas
de esa rebaja en el coste del programa de reconversión y
reindustrialización. ¿A qué se debe? ¿Se piensan llevar a cabo menos
acciones de reconversión o de reindustrialización o se plantea por parte
del Ministerio un recorte en la protección que se destina a esas acciones
tan importantes, desde el punto de vista de la modernización económica de
nuestro país?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Palamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Vemos que, de acuerdo con la importancia que
merece la formación profesional, el Programa 324.A experimenta un
crecimiento del 21,4 por ciento; es decir, en términos absolutos se pasa
de una cantidad inicial, en 1993, de aproximadamente 106.000 millones a
otra de 129.000 millones, para el presupuesto del año próximo. A mi grupo
le interesaría conocer la parte que corresponde, dentro de este
incremento del 21,4 por ciento, la cantidad asignada a la formación
continua, de conformidad con el acuerdo nacional suscrito por el
Gobierno.

Por otra parte, en relación concretamente con la reforma del régimen
jurídico de protección de desempleo, nos gustaría conocer también la
implicación presupuestaria de estas medidas de reforma aprobadas por el
Gobierno.

Por último, quiero plantear una cuestión que seguramente será meramente
técnica en relación con el Programa 312.A, de prestaciones a los
desempleados. Vemos que el Capítulo 1, gastos de personal, experimenta un
crecimiento del 14,3 por ciento; nos gustaría también conocer a qué se
debe este incremento.

Muchas gracias por su comparecencia y por sus respuestas, señor
Secretario General.




El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a los portavoces de los grupos,
tiene la palabra el señor Secretario General de Empleo y Relaciones
Laborales.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Gracias, señorías, por sus preguntas. Es para mí un honor
comparecer ante ustedes.

Voy a intentar responder a las preguntas, siendo tantas que temo no pueda
contestarlas con la precisión deseada.

Señora Villalobos, tenemos dos tipos de preguntas: unas de orden general
y otras concretas. Vamos a entrar a responder las generales. La primera
de ellas es un trinomio que consta de crisis, suficiencia y presupuestos,
a través de medidas de políticas de apoyo con reflejo presupuestario que
puedan ayudar a superar la crisis. Nosotros incluimos en el Presupuesto y
tenemos en el horizonte como medidas de apoyo dentro del Ministerio, en
este caso de la secretaría general, tres tipos de medidas. En primer
lugar, las que se refieren a formación profesional, con el reflejo
presupuestario que se conoce, que para nosotros es un elemento
estratégico por excelencia. En segundo lugar, en el horizonte inmediato,
la ordenación del contrato de aprendizaje y del contrato por tiempo
parcial, que, en principio, no tienen un reflejo presupuestario
determinado, porque están en un horizonte que todavía no es el presente.

En todo caso, existe un compromiso personal para, en cualquier momento,
comentar la orientación que pretende dar el Ministerio a estos tipos de
contrato que ayuden a potenciar la ocupación.

En lo que a rotación se refiere y su relación con el incremento del
desempleo, hay que entender que la rotación no tiene un efecto solamente
con el desempleo, sino también con el empleo y ambas cosas deberían estar
contempladas. Hay que entender también que la Ley 22/1992 redujo los
efectos de la rotación a efectos de incremento del gasto en desempleo,
pero, en definitiva, nos encontramos ante una serie de cuestiones que
también están abiertas y de las que esta Cámara tendrá conocimiento
porque son asuntos que entrarán dentro del diálogo social que no está
moribundo; no está moribundo, seguiremos hablando, y presumo que durante
mucho tiempo, sobre estas cosas.

Sobre los Presupuestos del año 1993 en el Inem, nuestro objetivo es
cumplirlos. Mi pretensión es comparar presupuesto con presupuesto, pero
evidentemente comprendo que una cosa es el presupuesto inicial y otra
cosa es el presupuesto liquidado. Se sabe y se ha comunicado que el
presupuesto liquidado para 1993 superará posiblemente un déficit de
416.000 millones de pesetas. Se sabe, también, que de mantener la
situación actual nosotros iríamos a una factura en desempleo, en 1994, de
más de 2,6 billones de pesetas y que tenemos un presupuesto de 2,3, a su
vez con unas medidas para conseguir que este presupuesto se cumpla.

Pero contestando con más exactitud a las previsiones de cierre del
ejercicio de 1993 --voy a intentar contestar despacio para que se puedan
tomar nota de las cifras-- la ejecución del presupuesto inicial de 1993
asciende a dos billones 70.395 millones de pesetas; la regularización de
1991, a 433.596 millones de pesetas; la regulación de 1992, a 304.994
millones de pesetas y el suplemento de 1993, a 389.775 millones de
pesetas. Después existe un expediente suplementario para regularizar las
cuotas de la Seguridad Social de capitalización de prestaciones, de 5.100
millones de pesetas y nos sale un cierre contable de tres billones
203.833 millones de pesetas. Como se puede



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ver, este cierre contable contiene un billón 133.465 millones de pesetas
de los que sólo parte han sido créditos extraordinarios, el resto se ha
regularizado con remanente de tesorería y el detalle es el siguiente:
Regularización del año 1991 con crédito extraordinario, 222.441 millones
de pesetas; con remanente de tesorería, 211.154, estamos hablando de
433.596 millones de pesetas.

Yo creo que estas cifras pueden responder, en todo caso, a su pregunta,
pero como comprendo también que a veces la explicación oral no es
suficiente, si después de la intervención del Director General del Inem
queda cualquier tipo de duda respecto a este tema, evidentemente se haría
una contestación más precisa por escrito. En ello estamos a disposición
de la Comisión.

El número de ofertas rechazadas es un dato que yo desconozco en este
momento y no se lo puedo dar. Permítame que diga lo que dije antes: el
Director General del Inem vendrá después, si él lo sabe lo contestará, si
no, inmediatamente responderemos por escrito. Así y todo, estoy
convencido de que el tema del desempleo no es un asunto que afecte
exclusivamente a este ministerio ni a esta secretaría general, por lo
cual no vamos a aplicar, yo nunca voy a aplicar una contestación
nominalista sobre la sobreprotección o no sobreprotección, gente más
afanada en encontrar trabajo o menos afanada en encontrar trabajo. Este
asunto es de una seriedad enorme y en realidad, con toda la modestia
posible yo pediría el apoyo de todos ustedes.

Las medidas que hemos intentado explicar --creo que con esto puedo
responder a dos preguntas, a la del portavoz del Grupo Socialista y a la
que usted misma ha formulado--, como saben, han tenido un desarrollo que
ha pasado, en primer lugar, por varias reuniones en mesa de negociación
--yo estimo que cinco reuniones largas-- y, posteriormente, después del
último Consejo de Ministros, han configurado un nuevo proyecto de ley que
está a punto de entrar en esta Cámara. En todo caso, si encuentro la
información, querría responder a la Comisión proporcionándole el dato
sobre el ahorro previsto y las personas afectadas por cada una de las
medidas que nosotros hemos propuesto, algunas de las cuales también han
sido negociadas con los agentes sociales.

Salto el tema de la fiscalidad porque es un asunto que no supone ningún
tipo de ahorro para el Instituto.

En cuanto a la cotización a la Seguridad Social de la prestación
contributiva a partir de las altas que se produzcan en 1994, estimamos
que los beneficiarios afectados serán 607.325 y que el menor gasto será
de 52.556 millones de pesetas. Variación del tope mínimo de la
prestación: hemos dicho que en el caso de que el beneficiario tuviera
hijos este tope mínimo será el cien por cien y sin hijos el 65 por
ciento. En principio, íbamos al 65 por ciento y, vía diálogo, se acordó
elevar el tope al cien por cien. Como se sabe, afecta a la prestación
contributiva, a 140.833 beneficiarios, y el menor gasto previsto es de
9.925 millones de pesetas. Simplemente a efectos anecdóticos, señalaré
que la anterior medida, reducida al 65 por ciento, afectaba a una cifra
en torno a los 25.000 millones de pesetas.

Retraso en la percepción de la prestación por desempleo en función de la
indemnización por extinción del contrato y la compensación por las
vacaciones no disfrutadas. Este punto afecta tanto a la prestación
contributiva como al subsidio; estimamos que afecta a 51.780 personas y
ello supondrá una cifra de ahorro en torno a los 84.700 millones de
pesetas.

Relacionar el subsidio con el tiempo trabajado en los casos de contrato a
tiempo parcial. El subsidio va a afectar en torno a 29.065 beneficiarios
y supondría un menor gasto de 9.086 millones de pesetas. La última medida
propuesta afectaba a la reordenación de los requisitos de rentas y
responsabilidades familiares para acceder al subsidio. Evidentemente,
hablamos de subsidio, hablamos de 230.000 afectados y hablamos de una
cifra en torno a los 140.000 millones de pesetas de ahorro. Como ustedes
saben, el requisito familiar que se exige a partir de ahora es cónyuge e
hijos, y desaparecen las restantes relaciones de afinidad o
consanguinidad.

Estas son las medidas, junto a las medidas de fraude, junto a las medidas
de gestión, que esperamos que nos permitan cumplir un presupuesto que,
habría que recordar, significa más del 8 por ciento del total de los
gastos del Estado y un presupuesto que él solo supone más que el conjunto
de los presupuestos de transporte, infraestructura, vivienda, industria,
defensa o política exterior, que estimamos que debe ser suficiente y que
estamos obligados a que así sea.

Existe un decremento en las partidas de gestión y formación. ¿Qué sucede
con las transferencias previstas al INSS y no cumplidas? ¿Qué sucede con
la reforma del Inem que no se recoge? Aquí también se incluyen preguntas
comunes a otros grupos respecto a formación continua y respecto al
decremento del programa que el señor Peralta mencionaba, el programa de
fomento y gestión del empleo, esa caída de 13.000 millones de pesetas.

Me gustaría explicar a esta Comisión el asunto de las transferencias del
Inem al INSS con mayor detenimiento. En todo caso, nosotros no hemos sido
capaces de cumplir el plazo previsto y no vamos a poder cumplirlo durante
1993. El cumplimiento de ello estaría relacionado con el futuro, con la
reforma --no me satisface hablar de reforma-- del Instituto Nacional de
Empleo, esa cualificación del mismo respecto a lo que realmente nos
interesa: la determinación del nivel socioprofesional del desempleado, la
relación de este desempleado con el empleo que se exige en la sociedad y
la formación para que no exista disociación entre nivel y empleo
solicitado. En definitiva, que sea el que gestione y el que intermedie en
el empleo de aquellos colectivos más desamparados, como parados de larga
duración, parados sin formación de tipo alguno, determinados colectivos
de mujeres, jóvenes, etcétera. Eso es lo que nos interesa que sea el
Inem, porque si es un instrumento del Estado, evidentemente su existencia
se justifica solamente por la función de solidaridad. Todo ello significa
que la transferencia, para que se realice, tiene que cumplir dos
requisitos. En primer lugar, no hacer daño, en el sentido de que los 18
días que ahora tardamos en pagar sean esos 18 días o sean



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menos y no, por la premura, ocasionar un daño a terceros. Nosotros somos
un Instituto que pagamos la nómina casi a dos millones de personas y es
un ejercicio de gestión bastante complicado. En segundo lugar, que
responda a la función de la nueva intermediación o del reforzamiento de
la intermediación que se quiere dar al Inem, pero por ahora --repito-- no
vamos a proceder a esa transferencia.

Efectivamente se ha producido un decremento de 13.000 millones de pesetas
en lo que se refiere a los apoyos directos a los contratos indefinidos,
no al programa en cuestión, que crece un 1,3. Aquí hay que tener presente
que, quizás equivocándonos, nosotros no hemos demostrado que estas ayudas
hayan contribuido a la creación de empleo indefinido y pensamos que habrá
que procurar promover ese tipo de ocupación a través de otra clase de
ayudas. Repito que el programa en cuestión no ha decrecido, que ha habido
que repartir, en definitiva, los dineros existentes, obsesionados por la
obligación prioritaria que da hacer frente a las prestaciones que ocupan,
como todos saben, la inmensa mayoría del presupuesto del Inem, dos
billones, frente a 300.000 millones de pesetas.

En formación continua --como decía el señor Arnau-- ha habido un
incremento de un 21 por ciento, porque la formación continua y la
formación profesional en general --repito-- es un factor que se considera
estratégico por este Departamento. Nosotros también consideramos
estratégica la pieza de los acuerdos de formación e inserción
profesional, de los acuerdos FIP, para lo que existe una fundación a la
que se transfiere una cantidad de 36.425 millones de pesetas y que
deberán gestionar en base a su propia responsabilidad, porque una cosa
que yo creo que conviene que recordemos es que la autonomía y la
responsabilidad de las partes es un elemento esencial, tanto para superar
la crisis como para articular el Estado. (El señor Vicepresidente,
Fernández Díaz, ocupa la presidencia.)
Me pregunta sobre formación ocupacional respecto a catálogo ocupacional,
razones de por qué el peso de nuestras políticas pasivas es superior al
de nuestras políticas activas y, por último, señora Villalobos, sobre
transferencias, ruptura de mercado y expediente de regulación de empleo.

Yo, evidentemente, prefiero las políticas activas a las políticas
pasivas; eso es obvio. Aquí, ante esta Comisión, no me gustaría dar una
sensación de conocimiento absoluto de los temas que desconozco. A
nosotros nos cuesta mucho saber cómo articular políticas activas que
posteriormente evaluadas contribuyan efectivamente a la creación de
empleo. Todos estos instrumentos no están, ni muchísimo menos, en manos
del Gobierno. El Gobierno en la creación de empleo --y hay que decirlo yo
creo que sin mucho rubor-- tiene una función subsidiaria; debe
estructurar un Estado que favorezca la creación de empleo, remover todo
tipo de obstáculos y corregir el daño. Nosotros estamos ahora en fase de
corrección del daño. No podemos detraer de estas políticas pasivas
cantidades para políticas activas dejando con ello sin prestación a los
desempleados.

Hemos dicho, e insistimos, que la creación de empleo es la función que
dignifica al empresariado. No es una función que pueda hacer el sector
público, y hemos repetido que para nosotros la creación de empleo pasa
por una serie de instrumentos que estamos intentando acordar en la mesa;
una piedra angular, que es rentas, y esas rentas movidas dentro de un
espacio que sería un mercado laboral reformado, pero reformado en función
del empleo, no en función de la ideología, en el sentido de que todo
aquello que se reforme tenga que estar en función de la creación de
empleo, y no existe, por otra parte, la prueba incontestable de que
desregulación es igual a creación de empleo. Pero en ello estamos y
queremos estar todavía mucho tiempo.

Sobre el proceso de transferencias, no me atrevería a contestar, porque
es un asunto que compete a la Conferencia sectorial. Lo que sí puedo
decir, sin ningún tipo de pudor, es que a ningún responsable del
Ministerio de Trabajo se le pasa por la cabeza que sea conveniente romper
el mercado, ni mucho menos. Nosotros queremos también un mercado de
trabajo homogéneo y único y pensamos que es perjudicial su ruptura.

Existen contactos permanentes y periódicos con los consejeros de las
autonomías que componen nuestro Estado. Ha habido reuniones con el
consejero del País Vasco, con el consejero catalán, con el consejero
canario, con el consejero andaluz, etcétera. Y en ello estamos, y,
evidentemente, sometidos, como no podía ser menos, a lo que determine la
Conferencia sectorial.

Señor Peralta, aunque indirectamente, con un cierto desorden, he ido
contestando a alguna cuestión, la verdad es que a lo que más me gustaría
responder es a su primera pregunta, sobre ese reflejo presupuestario que
la reforma del mercado laboral debería tener. Digamos que el presupuesto
debería de haber previsto que la reforma se iba a producir y cobijarla de
alguna manera. En realidad poco reflejo presupuestario tiene la reforma.

No sabemos qué saldrá de la reforma, y en algún momento también ante esta
Comisión me gustaría hablar de ella. En síntesis, para nosotros la
reforma --creo que ya lo he respondido--, desde el punto de vista
presupuestario, en mi Secretaría, a lo que más afecta es a considerar al
Inem como instrumento activo de ocupación, y esto en su momento tendría
una reforma, una potenciación, no sé cómo llamarlo; instaurar un contrato
de aprendizaje que, ya lo hemos comentado varias veces, recoja y
solucione un problema de formación que tienen miles de jóvenes y
adolescentes españoles; adecuar el contrato de tiempo parcial a nuestra
realidad económica, que no es la danesa, y eso conviene repetirlo porque
a veces lo olvidamos, tiempo parcial para España, y desarrollar
intensamente los acuerdos de formación profesional, y también utilizando
(en algún momento tendremos que hablar de ello) los fondos estructurales
y de cohesión comunitaria. Yo creo que aquí tenemos posibilidades entre
todos de conseguir una formación profesional muy adecuada. Y una cosa que
no se dice, pero que es verdad: la formación



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profesional que tienen ya los españoles empieza a ser considerada como
uno de los elementos más atractivos para la inversión. Bien es cierto que
tenemos una formación dualizada, de hasta 35 años y a partir de 35 años.

Ahí existe una dualidad enorme, y justamente al Estado le correspondería
empezar a formar a personas de más de 35 años.

En la reconversión y reindustrialización en realidad no se produce un
decremento de programas. Se produce un incremento pequeño, de 1,3, pero
un incremento. ¿Por qué se produce un incremento tan pequeño? En
definitiva porque en principio no se ven los planes de reconversión,
pero, como puede haber empresas sin plan de reconversión que sufran los
efectos de la reconversión, hay una partida que se ha incrementado
bastante. Hemos asignado 11.405 millones de pesetas a empresas en crisis
no acogidas a planes, y el incremento en relación con el año precedente
es del 38,1. Pero evidentemente la cifra de las acogidas a planes ha
decrecido bastante, de 3.855 millones hemos pasado a 574.

Cerraría esta intervención contestando al portavoz del Grupo Socialista,
y más que contestando reafirmando y estando de acuerdo, en primer lugar,
respecto a la importancia que se da a la formación profesional, porque
también es un asunto que a menudo olvidamos. Las cosas en la vida las
hacen siempre las personas, y la primera inversión, sin duda, es la
inversión en personas, es en formación. Nosotros tenemos ese incremento
del 21,5 por ciento, que lo hemos detraído también de otras partidas. Y,
claro, cada detracción provoca también una poda dolorosa en otro
programa, pero lo que significa es la importancia que se le da tanto a la
formación profesional, en sus tres niveles: reglada, ocupacional y
continua, y a la necesidad de que las dos administraciones, la educativa
y la laboral, trabajen conjuntamente en este tema, como a que nos
acostumbremos a establecer la relación de hierro entre formación y
trabajo, trabajo realmente existente, no formar por formar; hay que
formar para trabajar, porque solamente el trabajo es el que produce la
socialización del individuo en la sociedad, y la cifra --repito-- para
los programas de formación continua es de 36.425 millones de pesetas.

Respecto a la implicación presupuestaria de las medidas contra el
desempleo, creo que ya he contestado, pero como comprendo que es un
asunto de mayor importancia, que no puede solventarse con una
contestación de cinco minutos, repito mi disponibilidad ante la Comisión
para ampliar estos asuntos.

En cuanto al crecimiento del 14 por ciento en el capítulo I de
prestaciones, en realidad es una ilusión presupuestaria o contable,
porque se produce a través de una reubicación de efectivos; no existe
crecimiento de tipo alguno en todos nuestros capítulos I. Nosotros, como
todos los ministerios, en todos los gastos corrientes reducimos el 4,4
por ciento y en capítulo I asumimos también, evidentemente, lo que afecta
a toda la Administración.

Creo que con esto, con mayor o menor fortuna, he respondido a todas sus
preguntas, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Gracias, señor Secretario
General de Empleo y Relaciones Laborales.

Ahora daremos un nuevo turno a los portavoces de los diferentes grupos.

De acuerdo con lo que viene señalando el Presidente de la Comisión, yo
rogaría que fueran lo más breves posible.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora Celia Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: La verdad es, señor Secretario General, que
su tono es dialogante y coloquial, y me parece positivo; creo que en esa
línea estaremos todos. Desde luego, le puedo decir lo que vengo
sosteniendo en esta misma Comisión: en todo lo que signifique un
incremento o un apoyo a la creación del empleo en este país, usted va a
encontrar el Grupo Popular a su lado; en todas las medidas que incidan en
la salida de la crisis, usted va a tener al Grupo Popular a su lado. Y se
lo digo sinceramente, lo va a tener a su lado a cambio de nada, porque,
al igual que a usted, a nosotros nos preocupa la situación de la economía
española. Por lo tanto, sobre su petición de colaboración por parte de
todos, ya la tenía, y se lo vuelvo a repetir. Diferente es que ustedes,
por otras cuestiones, prefieran obviarla, pero, desde luego, que quede
muy claro que en ese tema estaremos al lado del Gobierno, si hace falta.

Ahora, de eso a decir usted que la labor del Gobierno en la creación del
empleo es subsidiaria, es sacudirse demasiado rápido, y me explico. Usted
ha dicho que la función fundamental de la creación del empleo corresponde
al empresario, incluso usted ha utilizado una palabra que yo diría que es
casi antigua, aunque a mí me guste, pero muy antigua, que es la
dignificación. Usted dice que la creación de empleo dignifica al
empresario. Por lo visto el que por desgracia tiene que ir cerrando
empleos no es nada digno, es un indigno. Entonces, da la casualidad de
que en este país cada vez hay más indignos, porque si uno analiza los
expedientes de regulación de empleo, ¡qué cantidad de indignos hay en
este país! Para que ese empresario se convierta, desde su punto de vista
y desde su aprobación, en un empresario digno, sería necesario que la
política económica, que ésa sí que depende del Gobierno y debería estar
reflejada en estos Presupuestos Generales del Estado, porque aquí estamos
hablando de qué se va a hacer con el dinero de todos durante un año,
incluyera las medidas necesarias. Esta es la ley de verdad, la de
presupuestos, el problema es que nunca se cumple. Las leyes de
presupuestos en estos últimos años han servido para cumplir un trámite
administrativo que, si nos sirve, bien; si no, cambiamos la ley. (El
señor Presidente ocupa la presidencia.) En el Decreto que vamos a
aprobar, si Dios no lo remedia, porque tendremos que aprobarlo, de
ampliación de crédito para el Inem, ustedes cuelan una disposición con la
que derogan el 3 por ciento de incremento en créditos sobre el
presupuesto inicial que figura en los Presupuestos Generales. Es decir,
como la deuda se les ha ido por encima del 3 por ciento, ustedes derogan
el artículo diez, punto cinco, de los presupuestos, y se quedan



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tan frescos. Este año vuelve a aparecer y, si vuelve a fallarnos, lo
volvemos a hacer. Es decir, que la Ley de Presupuestos nunca se ha
cumplido, pero, en el supuesto de que se cumpliera y de que realmente
sirviera para algo, aquí es donde se tendría que reflejar esa política
económica que diera confianza a los agentes económicos para la creación
del empleo, como asimismo dice el informe económico-financiero que
acompaña a los presupuestos. Luego no le eche usted toda la culpa a la
dignidad del empresario, cuando qué más quisiera el empresario que tener
muchos beneficios, muy buenos trabajadores, una empresa competitiva y que
le diera beneficios. Eso sería bueno para el empresario y para el
conjunto de la sociedad. Por tanto, responsabilidad, sí, señor Secretario
General, responsabilidad como artífice de una política económica; por
cierto, política económica que ha fracasado hasta ahora y que se vuelve a
repetir exactamente igual en estos Presupuestos Generales del Estado.

Luego no parece que vayamos a hacer frente a esta crisis.

Usted dice que la desregulación no es igual a la creación del empleo. Los
cursis dirían que es un problema semántico, pero como yo hablo en román
paladino, lo que digo es que en este país se confunde flexibilidad con
despido libre, desregulación con locura total, con que cada cual haga lo
que quiera. No, lo que hemos planteado en esta Cámara, y así lo reconocía
el propio señor Griñán, es que este país necesita adaptar su mercado de
trabajo a las nuevas necesidades, a la economía global, a la competencia
enorme con otros países, no de la Comunidad Europea sino de otros muchos
terceros países que están compitiendo de una forma brutal con nosotros.

¿Eso significa que yo esté diciendo que hay que bajar los costes
laborales para competir con Taiwan? No, porque yo quiero un mercado
laboral propio de un país desarrollado, no un mercado laboral con costes
laborales muy bajos, que se da, como siempre pasa, en países que están en
vías de desarrollo. Yo quiero un mercado laboral --y lo dije el otro día;
se me malinterpretó, pero lo sigo manteniendo-- a medio plazo con alto
salario, con alta competitividad y con alta productividad, porque eso es
lo que hace a un país rico. Eso es a lo que yo creo que hay que ir, y hay
que adaptar ese mercado de trabajo a esas nuevas necesidades para que
nuestros productos sean competitivos. A esa adaptación es a la que yo me
refiero cuando le digo que, ante esos anuncios del propio Ministro de
Trabajo sobre el contrato en prácticas, el contrato para la formación, el
nuevo contrato de aprendizaje, que tienen necesariamente repercusiones
presupuestarias --porque él habló de incentivos e incluso de contratos
privilegiados, y yo no conozco otro privilegio en un contrato que no
signifique que al empresario le cueste menos dinero el contrato, tendría
que haber una serie de ayudas, que no aparecen --incluso usted reconoce
que disminuyen--, para el contrato indefinido, posiblemente porque
ustedes, en un ejercicio de buena voluntad, no han tenido en cuenta que
el mercado es el que es. Eso no quiere decir que el mercado tenga que ser
salvaje, sino que las ayudas deberían encaminarse de una forma más clara,
desde mi punto de vista, a la formación ocupacional --que ésas son
políticas activas--, a la intermediación real en el mercado de trabajo,
que parece que es el gran fracaso del propio Instituto Nacional de
Empleo. Si eso no significa reforma, llámelo usted como quiera, pero, por
favor, que se haga.

No me diga usted que podemos tirar de los fondos de la Comunidad Europea,
porque del Fondo Social Europeo podremos tirar, pero de los fondos de
cohesión, no, porque, que yo sepa, salvo que hayan cambiado ayer, éstos
se dedican a infraestructuras de medio ambiente. Luego es muy difícil,
podrá incidir en que esas infraestructuras creen algún tipo de empleo,
pero no inciden directamente en la creación neta de empleo, problema de
un nivel importantísimo. El propio señor Solbes reconoce que este país
tiene un paro estructural que no baja del 16 por ciento de la población
activa en los mejores momentos económicos. Luego tendremos que ir ahí,
tendremos que cualificar y calificar a nuestros trabajadores, cosa en la
que hasta ahora el Inem ha sido un fracaso, y me gustaría que no lo
fuera, pero lo es, y en este presupuesto no existe ninguna medida que
parezca que vaya encaminada a esa incentivación de la generación de
empleo. Se lo digo con gran pesar por mi parte.

En cuanto a esas políticas activas, a las que usted lamenta tanto, igual
que yo, que se dedique tan poco dinero en este país, dice usted que la
formación profesional es una de las fundamentales, y estoy de acuerdo con
usted, pero en los últimos años el presupesto del Programa 324.A,
Formación Profesional Ocupacional, nunca se cumple, siempre sobra dinero,
y no puedo admitir que sobre cualificación y formación en este país. Por
tanto, algo funciona mal en este campo, cuando además, insisto, el
personal adscrito del propio Ministerio vuelve a decrecer en un 7,5 por
ciento. Como no van a bajar --ustedes han decidido congelar los salarios
a los funcionarios, que ésos sí que pagan el pato--, parece lógico pensar
que van a dedicar ustedes menos personal. ¿Adónde diablos van a dedicar
este personal que retiran ustedes de los programas de políticas activas
del mercado de trabajo? Y aquí el personal sí es importante que se tenga
en cuenta.

Tampoco me ha contestado usted a una pregunta y es por qué en el
presupuesto de liquidación del año 1993 --y ya yéndonos a lo concreto--
hay una modificación de crédito de un billón 116.000 millones de pesetas,
que no coinciden con las modificaciones, porque en el informe
económico-financiero y en el avance de presupuestos --librito amarillo
que ustedes entregan a los medios de comunicación-- aparece que este año
vamos a aprobar 870.000 millones. ¿Qué ocurre con los otros 247.000
millones de pesetas, hasta cubrir el billón 116.000 millones de pesetas
de modificación de crédito en la partida presupuestaria que corresponde a
las prestaciones por desempleo? ¿A qué responde ese billón 116.000
millones?
Señor Secretario General, ustedes dice que el ahorro va a ser
aproximadamente de trescientos y pico mil millones de pesetas. No me ha
dicho usted --posiblemente porque no lo sepa; lo dirá, si lo sabe, el
señor Director General del Inem y, si no, espero que me lo remitan por
escrito--



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qué ahorro se hubiera producido si ustedes hubieran aplicado realmente
desde el principio la Ley de protección por desempleo tal como está en su
texto, si esas medidas de control del fraude, tanto por parte de los
perceptores como por los empresarios que colocan a estos trabajadores, se
hubieran llevado a cabo de una forma estricta, o por lo menos con lo
estricto que puede ser con los pocos inspectores que ustedes tienen. Por
primera vez en estos presupuestos aparece una medida que yo les vengo
solicitando a los diferentes ministros que han pasado por este Ministerio
--por qué no cruzaban ustedes los sistemas informáticos-- y esta vez
aparece, y ustedes van a cruzar los sistemas informáticos. Bienvenida sea
la medida. Por lo visto ya lo han hecho ustedes compatible. Ya era hora,
pero ya llevamos desde el año 1984, unos cuantos años, de pago de
prestaciones por desempleo y unos cuantos años de déficit. Al final puede
dar la sensación de que hay otros motivos, al margen de la protección
social, que hagan posible que exista esta sobreprotección --como llaman
ustedes a la protección por desempleo--. Y una curiosidad, ¿por qué no
hablan ustedes del fraude en el subsidio agrario de Andalucía? ¿Tendrá
algo que ver las elecciones del mes de junio? ¿Y en el mes de julio van a
ustedes a plantearlo? Porque claro, que la población activa femenina en
el campo andaluz sea del 52 por ciento eso sí que es un éxito para las
feministas, porque eso rompe todos los moldes de participación, además en
un sector tan poco «moderno» --entrecomillado-- como es el campo. Luego
ahí parece que pasa algo; pero ahí no pasa nada, absolutamente nada, por
lo menos hasta el mes de julio del año 1993.

Terminando, señor Secretario de Empleo, a mí no me cuadran las cifras.

Comprendo que yo posiblemente no tenga la sutileza presupuestaria que
tiene usted o que pueda tener el Ministro de Hacienda o determinados
portavoces del Grupo Socialista, pero es que a mí no me cuadran las
cifras, porque usted me da un déficit para el año 1991, si usted suma el
remanente de tesorería más el crédito extraordinario, de aproximadamente
440.000 millones de pesetas, y resulta que la Interventora General dice
que son 175.000 millones, y el antecesor en el cargo del Ministro decía
que era bastante menos. ¿Esto cómo cuadra? ¿Cómo cuadran estas cifras?
Desde luego sí tengo muchísimo interés en que usted me remita --y, por
favor, eso sí que se lo rogaría, antes de que se debata la enmienda de
totalidad y empecemos ya en el trámite subsiguiente de presupuestos, por
aquello de que las cosas se olvidan-- los remanentes de tesorería del
Instituto Nacional de Empleo de los años 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,
1991 y 1992. Y si no hay remanente de tesorería que se explicite que no
lo hay, porque es que aquí estamos jugando demasiado con las cifras y
posiblemente estamos hablando de un punto de déficit del PIB, y creo que
es importante, no es un tema baladí el que estamos planteando aquí.

Porque además a mí lo que me gustaría es que definitivamente pudiéramos
decir que al final del año 1993 las cuentas del Inem empiezan a funcionar
de una forma mucho más clara, y que los flujos son los que tienen que
ser. Efectivamente, si para el año 1994 hay un déficit, que sea el de ese
año, no que en la liquidación del año 1992 se plantee que se pagan
déficit desde el año 1986, que en la liquidación del año 1993 que se
pagan déficit desde el año 1986 y, al final, uno no sabe realmente cuáles
son los déficit que se han terminado de pagar.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: La primera intervención del Secretario General
de Empleo plantea muchos temas y suscita a su vez varios motivos de
reflexión. Yo no quisiera entrar en algunos de ellos, pero sobre el de la
dignidad o indignidad del empresario creando empleo, yo quiero dejar
constancia de que soy clásico en ese sentido. Yo siempre he pensado que
el objetivo del empresario era obtener beneficios y eso, en la medida en
que se hace con arreglo a la ley, es su dignidad. La creación de empleo
para el empresario es algo distinto, es algo accesorio. Sin embargo, para
el trabajador el empleo sí que constituye su dignidad. Ahí sí que el que
pierde el empleo pierde parte de su dignidad. Yo ahí sí que matizaría esa
reflexión que se ha hecho.

También se ha hablado por parte del señor Secretario General acerca de la
capacidad del Estado para crear empleo o no. Yo creo que el Estado y la
Hacienda Pública en estos momentos están tan mal que difícilmente pueden
crear empleo. Ahora no lo convertiría en reflexión política desde luego,
y por parte de un Gobierno que se proclama progresista no me parecería de
recibo, sin perjuicio de que tienen absoluta libertad para hacer la
reflexión que estime oportuna. En otro orden de cosas, se plantean
medidas por parte del Gobierno que se piensa que crean empleo. Así se
habla de vacaciones fiscales, se habla de flexibilidad laboral; o sea, el
Gobierno sí que puede influir en el tema del empleo. En estos momentos en
que el Gobierno tiene un déficit tremendo, que no quiere soltar una
peseta en este terreno para fomentar la creación de empleo puede tener
esa explicación, pero que no se convierta en teoría general porque yo
creo que no es correcto.

Quisiera hacerle dos preguntas concretas. A partir de lo dicho en la
anterior comparecencia por el Secretario General del Fogasa, que ha
puesto de manifiesto cómo se produce un incremento importante de las
deudas a los trabajadores y cómo se produce un retraso importante en su
satisfacción por un organismo que sólo cubre parcialmente esas deudas, yo
quisiera llevar a la mente del Secretario General de Empleo la necesidad
de adoptar medidas en este terreno, porque se está produciendo un dato
sociológico que es importante: los trabajadores trabajan, alguien se
apropia de su trabajo y no paga, y esto va creciendo. No paga, el Estado
paga poco, tarde y mal y, además, el Estado utiliza esas deudas cuando se
pagan --como está puesto de manifiesto en una de las medidas de
desempleo-- para no pagar las prestaciones de desempleo. ¿No cree, señor
Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales, que habría que tomar
medidas que permitieran que los trabajadores que trabajan



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efectivamente cobren? Porque se trata pura y simplemente de eso, de que
quien trabaja cobre. No es más que eso, y en este país estamos haciendo
un círculo en el que resulta que el que trabaja no cobra y, cuando cobra,
le perjudica, esta es la realidad; y sin embargo hay empresarios --y
todos lo conocemos y desde la Administración mucho más que por los
particulares-- que crean la empresa, no pagan la Seguridad Social, no
pagan a los empleados y cierran la empresa. Son situaciones de auténtico
fraude, y ése sí que se puede contabilizar siguiendo simplemente los
datos del Fondo de Garantía Salarial, de la realidad de los juzgados de
lo Social hoy día, de la propia Inspección de Trabajo.

Ante esa situación, habría que tomar medidas importantes, como modificar
posiblemente los derechos de protección y de defensa de los trabajadores,
porque la situación es ésta. Yo creo que medidas como las que se han
anunciado por parte del Gobierno, que ha sido tan presuroso y tan
original en tomarlas --como la de que si cobran indemnización no cobran
otro concepto absolutamente distinto como es la prestación por
desempleo-- resultarían desequilibradas si no van acompañadas de otras
medidas que hagan que efectivamente quien trabaja cobre. Ya no discutimos
si la cuantía de la indemnización por despido en este país es alta o
baja; no, es que quien trabaja tiene derecho a cobrar. Yo no sé si a la
Secretaría General de Empleo y de Relaciones Laborales le preocupa este
problema y si tiene previsto, dentro de esa reforma del mercado laboral,
abordar un tema que quizá considere poco interesante desde el punto de
vista de la productividad, pero desde el punto de vista social parece que
es algo absolutamente básico.

También le quisiera plantear otro tema. Es cierto que determinadas
instituciones del Estado, Inem, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, etcétera, sufren los déficit como consecuencia de unas relaciones
laborales quizá poco modernas en nuestro país; una precarización tremenda
con una rotación que ya era anunciada desde el punto de vista de que la
lógica del mercado conduce a que los empresarios la aprovechen y al final
se termine cargando a la cuenta del Inem unos gastos de protección por
desempleo verdaderamente importantes en nuestro país, o vía Seguridad
Social. Es necesario adoptar medidas no sólo de recorte de gasto, sino
también de mejora de las causas que propician esa situación. En el
terreno de la salud de los trabajadores es necesario en este país abordar
medidas que corrijan las causas que están dando lugar a determinadas
incidencias presupuestarias en materia de Seguridad Social: caso de ILT,
de invalidez provisional, etcétera, que vayan más allá de la mera
creación de unidades que apliquen criterios más estrictos, que parece ser
que es la única medida que en estos momentos se adopta por parte de las
instituciones públicas. En concreto, ¿qué pasa con la ley de salud
laboral?
Yo le haría estas dos preguntas al Secretario General de Empleo y
Relaciones Laborales.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente, me doy por contestado.




El señor PRESIDENTE: Para responder a los portavoces, tiene la palabra el
señor Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña
Pinto): Comienzo agradeciendo a la portavoz del Grupo Popular el apoyo y
le pido disculpas si a alguna pregunta no respondo, pero es que como es
tan buena parlamentaria hace muchas y a alguna me olvido de responder.

(La señora Villalobos Talero: Es curiosidad.)
Voy a empezar respondiendo al tema de la subsidiariedad que no es una
palabra que haya citado yo de manera caprichosa, y creo que puedo
contestar también al señor Peralta. Lo entendía en sentido --y perdón por
la cursilería-- comunitario, porque yo pienso que la presencia del Estado
es una especie de reactivo que provoca un bien distinto, que es la
creación de empleo, pero el Estado por mucha política activa, fiscal,
financiera, industrial incluso, que haga, no crea empleo. Esa medida es
un reactivo político que acaba creando empleo, pero van a ser otros los
que lo creen. Evidentemente tampoco estoy yo aquí para reflexionar, pero
no veía tan disparatada esta afirmación de que el Estado ayudaba,
removía, impedía que existieran obstáculos para alcanzar el fin del
empleo. Lo de la dignidad del empresario y del trabajador lo veo más
coloquial. Yo también estoy de acuerdo con el señor Peralta a este
respecto.

Sobre la referencia de la señora Villalobos a la desregulación y
adaptación, claro que todos queremos adaptar. Yo tampoco quiero aquí
introducir una polémica nominalista: flexibilizar, desregularizar,
adaptar, facilitar o no el despido. Aquí lo que hay que hacer, y creo que
en ello estaremos todos de acuerdo, es que la legislación coadyuve a la
creación de empleo con un sistema más moderno de relaciones laborales, lo
que no significa tampoco que nuestro sistema sea tan antañón. Tampoco es
conveniente que los españoles pensemos que nuestro sistema de relaciones
laborales es tan anticuado que entorpece constantemente la menor alegría
en lo que al empleo se refiere, y querría poner un ejemplo. Uno de los
objetivos esenciales del plan Balladur fue el cómputo anual de la
jornada. A nosotros de esto que no nos hablen ahora. Hace mucho tiempo
que podemos computar anualmente la jornada, y es una práctica de
negociación de hace casi diez años en este país.

No tengo la intención de insistir en el asunto del fracaso del Inem. No
creo que el Inem como Instituto haya fracasado ni que la responsabilidad
del desempleo en este país sea del Inem, ni que los déficit que se
producen sean también responsabilidad del Inem, pero es un asunto que
espero que el Director General del Inem perfeccione en su contestación.

Sí es verdad que existe un cierto entusiasmo por parte de toda la
Secretaría General en lo que al Inem se refiere.

Me dicen: no se cumplen nunca ni se ejecutan los



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presupuestos de formación profesional ocupacional. No hemos entrado en
eso. Yo le puedo dar el dato de septiembre de 1993: el presupuesto está
cumplido en el 59,43 por ciento, es decir, que sigue la tónica de todo el
año.

Una cosa que me gustaría contestar, porque yo comprendo que es una
afirmación espectacular, es la que se refiere al subsidio agrario. Yo
también participo en que ahí hay asuntos que hay que modificar y en que
hay que combinar el subsidio con la política de desarrollo rural, en lo
que están empeñados los responsables de la Junta de Andalucía y de
Extremadura. Pero, mire, en cuanto a incremento de prestaciones, en 1994
la prestación contributiva disfrutará de un incremento del 13,8 por
ciento, el subsidio del 17,9 y el REASS de un 8,2, cinco puntos por
debajo de la siguiente, que es la contributiva; es decir, que no ha
habido tanta «perversidad» electoral de mantener el REASS en relación con
las previstas elecciones en Andalucía.

Participo de la reflexión del señor Peralta en lo que a Fogasa se
refiere. Es una reflexión compartida con todos. En todo caso, ha habido
una modificación, no sustancial pero sí suficiente, para que ese
aplazamiento entre prestación e indemnización no dejara sin prestación a
aquellos trabajadores cobijados en el Fogasa. Esto es, lo que no puede
haber en ningún momento en este mecanismo ingeniado es ausencia de
rentas, y ésta es una condición sine qua non que va a regular todo el
procedimiento. Es decir, que, en cuanto al Fogasa, mientras se sustentara
su indemnización, su salario, no impediría que un señor cobrara su
prestación por desempleo. Eso se aclaró.

La ley de salud laboral se ha dicho ya que no es un compromiso en sentido
firme. Nuestra intención es trasponer íntegramente las directivas
comunitarias, que creo que son casi dieciséis, y, evidentemente, hacerlo
en negociación con los agentes sociales, pero no llevar al Consejo de
Ministros el proyecto de ley que se conoce como de salud laboral.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General, por sus
respuestas y por la información adicional que esperamos envíe a los
grupos que la hayan demandado.




--DEL DIRECTOR GENERAL DEL INEM (ELORDI DENTICI). A SOLICITUD DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS: MIXTO (número de expediente 212/000039), VASCO-PNV
(número de expediente 212/000047), POPULAR (número de expediente
212/000186), IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de
expediente 212/000267).




El señor PRESIDENTE: Señorías, comparece ahora el señor Director General
del Inem.

Muchas gracias, señor Director General del Inem, por su comparecencia.

Para iniciar este trámite, tiene la palabra la señora Villalobos, en
nombre del Grupo Popular.




La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Director General, usted ha asistido,
como yo, a la comparecencia de su Secretario General, quien, la verdad,
no me ha dado ningún dato de los que le he solicitado. Espero que usted,
sin necesidad de que yo tenga que utilizar mi tiempo en repetir las
preguntas, me pueda responder a esas mismas preguntas, ya que, como digo,
él, con la enorme habilidad que le caracteriza, las ha obviado. Espero
que usted me responda a las preguntas que he formulado al señor
Secretario General y, si no dispone de los datos necesarios para poder
hacerlo, me remita la información (La señora Martínez Saiz: Por Seur.),
por Seur, como dice mi compañera; lo que le ruego, eso sí, es que sea
antes del debate de totalidad. De todas formas, querría hacerle algunas
preguntas más concretas, no de tipo general porque no es su
responsabilidad y por tanto no lo voy a hacer, sino del propio Instituto
Nacional de Empleo.

En primer lugar, me gustaría que me dijese a qué responde el billón
116.000 millones de modificación de crédito previsto en la liquidación
provisional del año 1993 que acompaña a los Presupuestos Generales de
1994. ¿Qué parte corresponde a ampliación de crédito, es decir a créditos
extraordinarios, o a remanente de tesorería, y en qué cantidades?
También me gustaría saber qué razones impidieron que, hasta julio de
1992, no se iniciara el proceso de regularización de las cuentas
extrapresupuestarias del Inem existentes desde el año 1986 y si piensa
usted seguir utilizando el concepto extrapresupuestario, a partir de
1994, en los presupuestos del organismo, así como también para qué
ejercicio presupuestario está ultimado el proceso de regularización de
estas cuentas extrapresupuestarias del Instituto.

La no utilización del concepto presupuestario 870 en el presupuesto de
ingresos ¿se debe a que no viene siendo necesario por inexistencia de
remanente de tesorería? El anterior Director General del Inem, en su
comparecencia del año pasdo, afirmaba que es en el presupuesto de 1991
cuando se elimina el remanente de tesorería; es decir, el último
remanente de tesorería que aparecería, según el anterior Director
General, señor Salabert. sería en el año 1991. Sin embargo, ¿por qué
sigue apareciendo?
¿Por qué no se regularizan en el presupuesto de ingresos las cuotas de
desempleo y de formación profesional con periodicidad mensual? ¿Qué
períodos son los establecidos para esa regularización? ¿Cómo han sido
regularizadas en los ejercicios anteriores desde el año 1990 (años 1990,
1991, 1992 y 1993)? ¿A qué se debe que el número de beneficiarios de
prestaciones contributivas para 1994, según la previsión de los
presupuestos, sufra un incremento tres veces superior a la de 1993? Para
1993 los presupuestos hablaban de un incremento de beneficiarios de
prestaciones contributivas del 3,5 y, sin embargo, para el año 1994 sufre
una ampliación del 9,1 en prestaciones contributivas del sistema, y el de
subsidios



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pasa de un incremento del 9 por ciento al 15,5 por ciento para 1994. Me
gustaría saber por qué.

De acuerdo con las previsiones de creación de empleo y de rotación del
mercado de trabajo, entradas y salidas, etcétera, desde el punto de la
Dirección General del Inem, ¿cuándo tocará fondo, a efectos de empleo, la
economía española?
Al cuantificarse los gastos por subsidio de desempleo, ¿en qué cuantía ha
asignado la Dirección General lo que será el salario mínimo
interprofesional, para asignar el presupuesto de gastos en subsidio de
desempleo?
En el Programa 322.A, Fomento y Gestión del Empleo, el número de personas
clasificadas profesionalmente en 1992 ha sido de 96.896, incluidos los
beneficiarios de prestaciones por desempleo, y en el Programa 312.A,
Prestaciones por Desempleo, el número de personas lógicamente
beneficiarias de prestaciones ha sido de 839.837. ¿Por qué esa diferencia
de bastantes cientos de miles de personas?
En relación con el Programa 322.A, Fomento y Gestión del Empleo, querría
saber por qué se reducen las acciones de apoyo a la creación de empleo
según los artículos presupuestarios 46 y 47, cuando, en palabras del
Ministro de Trabajo y del propio Secretario General de Empleo del que
usted depende orgánicamente, la labor de intermediación en el mercado de
trabajo iba a ser la base fundamental del Instituto. En unas
declaraciones públicas que realizó usted hace un par de días a un
telediario de la TVE, hablaba de que habían colocado aproximadamente unos
500.000 trabajadores a través de la labor de intermediación del mercado
de trabajo. Sin embargo, las cifras no suben del 7 por ciento sobre el
número de colocaciones reales que se efectúan en el mercado laboral
español. ¿Por qué en vez de fortalecer la intermediación --como el
Secretario General no me ha respondido a esa pregunta voy a ver si usted
la responde--, reducen sus efectivos humanos en un 7,3, en términos
presupuestarios, habida cuenta de que en este programa sí son importantes
el número de funcionarios adscritos al mismo? ¿Qué medidas
presupuestarias tiene prevista la Dirección General del Inem para
intermediar en el mercado de trabajo, si no lo hace vía los presupuestos
que se discuten hoy en esta Cámara?
En relación con el Programa 324.A, Formación Ocupacional, incidiendo
también en la importancia que tiene la formación y la necesidad de la
cualificación de nuestros trabajadores, ¿qué razones existen para que el
grado de ejecución de este programa sea inferior al 90 por ciento? Eso se
viene repitiendo a lo largo de los últimos años y se vuelve a repetir en
la liquidación del año 1993. ¿Cuál es la ditribución de los créditos
asignados a este programa entre parados y ocupados? ¿Qué grado de
ejecución está previsto en 1993 para el programa de formación continua?
Es decir, de los 18.455 millones de pesetas que, según los presupuestos
del año 1993, se asignaban al acuerdo de formación continua, ¿qué grado
de ejecución está previsto? Porque en la liquidación de los presupuestos
de 1993 que acompaña a los presupuestos no aparece el grado de ejecución
que tiene este programa. Me gustaría saber si el Director General del
Inem se encuentra satisfecho con la realización de este programa, cuando
para el año 1994 asignaba el doble de la cantidad. Insisto que, desde mi
punto de vista, tiene que ser más; es decir, que, desde nuestro punto de
vista, la formación y la cualificación de nuestros trabajadores es un eje
fundamental de la política de acompañamiento o subsidiaria --utilizando
terminología comunitaria, como decía antes el señor Secretario General--,
en la labor que a usted le corresponde en lo que es la formación en la
intermediación del mercado de trabajo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Doy las gracias al Director General del Inem por
su comparecencia.

Me gustaría hacerle algunas preguntas en relación con los datos que
aparecen en el correspondiente documento presupuestario. La primera de
ellas hace referencia al Programa 324.B, relativo a escuelas taller y
casas de oficio. Este programa pasa de un volumen global de 45.000
millones en el presupuesto del año 1993, a resultas de su liquidación
definitiva --no conocemos el dato relativo a la misma--, a un importe de
41.000 millones para el año 1994. ¿Cuáles son las razones por las que se
produce este recorte en este programa cuando se habla, en general, de
fomentar el tema de la formación profesional?
En relación con lo que son prestaciones por desempleo, nos llama la
atención el presupuesto para el año 1994. El volumen de beneficiarios de
la prestación contributiva en este año 1993 se cifra en 750.000, con un
incremento de 25.000 personas en relación con el año 1992, que se cifraba
en 725.000. Sin embargo, para el año 1994 se prevé una cifra de 823.000;
un incremento tres veces superior al que ya se ha producido de 1992 a
1993. Si, al parecer, el golpe fuerte de la crisis está superado, ¿cuál
es la razón por la que se produce este crecimiento para el año 1994, con
un incremento de 75.000 beneficiarios en la prestación por desempleo
cuando en principio de 1992 a 1993 sólo se producía un incremento de
25.000 personas? Ese incremento de 75.000 beneficiarios en la prestación
contributiva llama la atención con el dato que se refiere a expedientes
de desempleo que se tramitan. En el año 1994 se produce un incremento
importante en relación con los datos del año 1993. En el año 1993 se
cifra un volumen de 1.816.000 expedientes con una caída muy importante en
relación con los que se había tramitado en el año 1992: 2.250.000, y, sin
embargo, en el año 1994 se vuelve a producir un incremento. Se rompe con
la tendencia a la caída que se experimentó en el año 1993, sin lugar a
dudas por los recortes de prestaciones del año 1992 --pasar de seis meses
a doce meses--, y, sin embargo, en el año 1994, se vuelve a producir un
incremento importante. ¿Cuál es la razón de ese incremento importante? En
definitiva, se mantiene la rotación elevada de la mano de obra, ahora
sobre la nueva base de que se trata de contratos de un año, pero parece
que la única explicación es que ese mal de la rotación de la mano de obra
que



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se quería combatir no se ha conseguido eliminar y lo único que se ha
conseguido es que se sitúe en el nivel, en estos momentos, del contrato
de 12 meses en la medida en que ésa es la duración mínima de la
contratación.

Nos llama también la atención, en relación con determinadas medidas que
se han citado hace poco por el Secretario General de Empleo, a pesar del
recorte en el subsidio de desempleo como consecuencia de la reordenación
de los requisitos de renta y de responsabilidades familiares --se hablaba
de que los beneficiarios afectados podían ser del orden de 230.000-- el
dato de que para el año que viene se prevea un incremento en los
perceptores de la prestación de 120.000 personas, es decir, pasar de
763.000 a 882.000. En estos datos presupuestarios está contemplada
--imagino-- la incidencia de estas medidas de recorte. Si es así, ¿cuáles
son las causas de ese crecimiento tan espectacular de los perceptores de
subsidio por desempleo, que a pesar del recorte importante como el que se
plantea en las medidas que se van a llevar a cabo, al año que viene
crecen en 120.000, mucho más que los beneficiarios de la prestación
contributiva?
En relación con datos que se acaban de proporcionar por el Secretario
General de Empleo, creo que usted, como Director General del Inem, los
debe tener quizá más cuantificados. Se ha hablado por ejemplo de que el
próximo año se va a cotizar a la Seguridad Social por la prestación
contributiva, los trabajadores van a pagar la cuota obrera. También se ha
hablado de que van a estar sujetos a fiscalidad, van a dejar de ser
rentas exentas las prestaciones por desempleo. Seguro estoy de que el
Inem tiene cuantificado más o menos el coste de estas dos medidas para el
trabajador. ¿Cómo disminuye para un trabajador la prestación por
desempleo? ¿En qué cuantía disminuye como consecuencia de pagar la cuota
obrera y la cuota fiscal? Una incidencia media, lógicamente, depende de
los niveles de renta. Estoy convencido de que el Inem tiene elaborada una
incidencia media aproximadamente. Incluso a lo mejor tiene elaborada más
exactamente la incidencia del conjunto de medidas de reforma de la
prestación por desempleo. Se nos ha dado por parte del Secretario General
del Empleo las medidas que suponen gastos para el Estado. Estoy
convencido también de que deben tener calculado en qué medida suponen
menor prestación por parte del trabajador beneficiario de estas
prestaciones. Yo le agradecería al señor Director General del Inem que,
en la medida en que tenga a mano esos datos, nos los proporcionara o nos
los remitiera posteriormente por escrito. Creo que es un dato que deben
tener cuantificado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Director del Inem, la verdad que la
ventaja o desventaja --nunca se sabe muy bien cómo calificar esta
situación-- de intervenir en tercer lugar hace que la prolijidad en las
preguntas de los grupos anteriormente intervinientes hayan agotado ya
todas las preguntas de forma superabundante que teníamos que hacer.

Particularmente hay una que nos interesaba, la única indicada por el
señor Peralta, que es la evaluación económica del impacto que en los
trabajadores van a suponer las últimas medidas aprobadas o un proyecto
antes de aprobarse, en el ámbito de la compatibilización de la prestación
de desempleo de carácter contributivo con la sujeción de esas cantidades
a diferentes retenciones fiscales o de Seguridad Social. Tenemos un gran
interés desde una perspectiva muy particular. Aquí no vamos a hablar sólo
de evaluaciones cuantitativas exactas sino también de reflexiones más
genéricas o de carácter más general y de hasta qué punto (me gustaría
conocer su opinión y no sé si la naturaleza de este trámite lo admite)
este tipo de reformas pueden rayar peligrosamente en conceptos como el de
regresividad de las prestaciones sociales consagradas por dos sentencias
ya con las que con claridad el Tribunal Constitucional en el año 1987, a
tenor de recursos presentados por el Tribunal Central de Trabajo, que
usted conocerá, interpretando en definitiva el artículo 41 de la
Constitución, el Tribunal Constitucional consagra un genuino principio de
irregresividad de la protección social, cualquiera que sea la naturaleza
de la protección, sea la de desempleo o sea la de Seguridad Social. Esto
significa ni más ni menos, y resumiendo la criteriología implantada por
el Tribunal Constitucional, que cualquier reforma en nuestro sistema
aseguratorio público de la protección, cualquiera que sea su naturaleza,
tiene que mantener, al menos, el nivel de protección ya configurado, ya
cuantificado por la legislación previgente que es objeto de reforma. Eso
significa a su vez dos cosas, señor Director General; significa que ni se
puede reducir, en términos cuantitativos, la protección previgente ni se
pueden endurecer tampoco las condiciones de acceso a esta protección. Es
una reflexión de carácter un tanto complejo para dilucidarla en una
comparecencia de esta naturaleza, pero, por lo menos, el dato
cuantitativo que el señor Peralta le solicitaba sí le interesa a mi Grupo
sobremanera tenerlo.

Señor Director, ¿se puede hacer también una reflexión genérica,
cuantificada o consignada presupuestariamente, o no consignada
presupuestariamente, sobre cuáles son los elementos de reforma del
Instituto Nacional de Empleo? Nos gustaría que particularizara algunos
sobre los cuales tenemos especial e incluso morboso interés, señor
Director General: si está prevista la transferencia de algunas de las
competencias y, por qué no decirlo, del propio Instituto a algunas de las
comunidades autónomas con competencias en la materia, títulos
competenciales que usted conoce perfectamente, y si eso tiene algún tipo
de previsión de naturaleza presupuestaria en este momento en los
presupuestos que se presentan a esta Cámara. Si, particularizando más
todavía, la formación profesional ocupacional es una de las previsiones
de transferencias de competencias previstas en este momento por el
Gobierno del Estado y si eso tiene también alguna previsión
presupuestaria en la materia. Y querríamos saber si otros elementos de
reforma del Inem, y fundamentalmente aquellos que reclama con más
intensidad la doctrina científica, están siendo objeto de la



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debida consideración por las autoridades del Ministerio de Trabajo --yo
recuerdo un artículo publicado en «El País» por el Profesor Ojeda Avilés
que, con singular lucidez, comentaba cómo al Inem, entre otras cosas, se
le tiene que desenganchar de todas sus competencias aseguratorias,
proteccionales o prestacionales-- y si esto es objeto de previsiones o,
por lo menos, de consideraciones intelectuales que puedan servir de
soporte a reformas posteriores.

Y, ya, para abandonar este discurso un tanto especulativo y abstracto,
que está provocando algunas muecas de descontento por parte del
Presidente de la Comisión, señor Director, le voy a hacer dos preguntas
más específicas que serían las siguientes: En primer lugar, cuál es el
importe de las partidas presupuestarias del Inem destinadas a la
integración laboral de los minusválidos en centros especiales de trabajo
y, en segundo lugar, nos gustaría que nos pormenorizara, señor Director,
si lo puede hacer también, de forma resumida obviamente, cuáles son las
medidas de actuación activa, las medidas estrictamente promocionales de
actuación en el ámbito del desempleo. Aquí se ha comentado y se ha
discutido si el Inem ha fracasado o no. Yo creo que el Inem ha fracasado.

(Un señor DIPUTADO: ¡No!) Es una especulación que, a pesar de que digan
que no por ahí detrás, es mi opinión personal y una opinión
desgraciadamente compartida, sobre la cual hay una triste y singular
unanimidad en este país. El Inem ha fracasado, aunque sólo sea por la
consideración de que podía haber hecho mucho más y que otros institutos
concebidos de otra manera están haciendo mucho más en la actuación en el
ámbito del desempleo, porque son institutos o agentes activos de
promoción del empleo. Ha sido un ente que ha mantenido, singular y
tradicionalmente, ciertas posiciones un tanto pasivas y un tanto
administrativas o burocráticas, en el sentido más peyorativo del término,
en alguno de los aspectos de su actuación.

En consecuencia, quiero saber qué medidas activas, cómo se presupuestan y
cómo se van a desarrollar, sobre todo en el ámbito de la promoción de
determinadas fórmulas contractuales que puedan hacer interesante a los
empresarios contratar a determinados colectivos de trabajadores que
tienen específicas dificultades para su integración en el mercado de
trabajo. Y, como usted se puede imaginar, estoy hablando de jóvenes que
buscan su primer empleo, desempleados de larga duración y algunos otros
colectivos que pueden llegar a ser objeto de especial consideración.

Señor Presidente, ya hablaremos en otros términos en trámites más
adecuados.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría, aunque usted me
desee una parálisis facial para asistir a sus intervenciones. (Risas.) No
creo que sea así de cualquier manera.

Tiene la palabra el señor Director General del Inem.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INEM (Elordi Dentici): Muchas gracias.

Tengo que manifestarles la satisfacción que me produce estar aquí hoy.

Señora Villalobos, realmente me ha sido difícil seguir sus preguntas, que
eran muy concretas y muchas y, además, a un ritmo que me ha costado
trabajo hasta cogerlas taquigráficamente. Pero, en fin, trataré de
contestar algunas y, en cualquier caso, le manifiesto mi expreso
compromiso de enviarla por escrito inmediatamente la respuesta a todas y
cada una de ellas.

Me hablaba del problema de los déficit acumulados del Inem. La voluntad
del presupuesto que se ha presentado a esta Cámara y la voluntad del
Ministerio de Trabajo es poner el contador a cero a enero de 1994 y para
ello se ha presupuestado desde un punto de vista realista y de una manera
yo creo que cabal, en el sentido de que se han tenido en cuenta varios
factores. Uno, los efectos que pueda haber en 1994 de la Ley 22/1992;
dos, una proyección de mayor desempleo cifrado en torno a los 160.000
trabajadores y, tres, las medidas que el Secretario General de Empleo ha
relatado antes y ha cuantificado. La cuantía exacta de las medidas es
299.188 millones de pesetas. Esa es la cuantía exacta.

Conjugando esos tres factores, la voluntad y la previsión es que en 1994
no se produzca déficit en el Inem. Amén de ello --como le decía-- la
voluntad también es poner el contador a cero a 31 de diciembre de 1993.

Para ello se va a regularizar todo lo pendiente, que es: Regularización
de 1991, 433.596 millones de pesetas; regularización de 1992, 304.994
millones de pesetas; suplemento 1993, 389.775 millones; expediente de
suplemento para regularizar cuotas Seguridad Social de capitalización
prestaciones, insuficiencias anteriores a financiación con remanentes,
5.100 millones de pesetas; suma del cierre contable, tres billones,
203.833 millones de pesetas.

Como se puede ver, este cierre contable contiene un billón 133.465
millones de pesetas, de los que sólo parte han sido créditos
extraordinarios. Estoy hablando de lo que ha sucedido hasta ahora. El
resto se ha regularizado con remanente de Tesorería. Se ha producido
remanente de Tesorería en estos años, todos los años. Me comentaba usted
que el anterior Director General decía que a partir de 1991 no se había
producido remanente de Tesorería. Se ha producido remanente de Tesorería
a lo largo de 1991-92.

El resto se ha regularizado, como digo, con remanente de Tesorería y el
detalle es el siguiente: La regularización de 1991, que son 433.596
millones, se hace con un crédito extraordinario de 222.441 millones y con
remanente de Tesorería, 211.154 millones. Regularización de 1992, que son
exactamente 304.994 millones de pesetas: con crédito extraordinario,
237.458 millones de pesetas; con remanente de Tesorería, 46.160 millones.

Pendiente de regularizar --estamos pendientes porque hay una inspección
de la Inspección General del Estado, que se está produciendo en estos
momentos--: por un valor de 21.376 millones de pesetas, que se producirá
con un crédito también en el ejercicio presente, en 1993. Regularización
de 1993: nuestra voluntad es que su regularización con el Ministerio de
Hacienda se plantee en los



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últimos días del mes de octubre, del presente mes, de 1993, y sería todo
con aportación del Estado, vía suplemento de crédito, por un total de
389.775 millones de pesetas. Faltarían los 5.100 millones de pesetas, que
decía que eran cuotas de la Seguridad Social, que está ya planteado ante
el Ministerio de Economía y Hacienda y que también se haría con un
crédito extraordinario.

Como resumen, el Estado ya ha abonado al Inem dos créditos
extraordinarios cuyo importe ascendió a 459.899 millones de pesetas y
para regularizar totalmente la situación del organismo, incluido 1993, se
debería aprobar otro crédito de aproximadamente 400.000 millones de
pesetas, crédito que habría que aprobar en el ejercicio presente para
cumplir con esa voluntad de poner el contador a cero a 31 de diciembre.

Con eso, aunque las partidas no coincidan al cien por cien, el total
coincide exactamente con lo manifestado por la Interventora General del
Estado en esta Cámara. Son exactamente las mismas cantidades. Total
definitivo. Con esos 400.000 millones de pesetas, que tendremos que
discutir con el Ministerio de Economía y Hacienda cómo se financian, y me
da la impresión que será por un crédito extraordinario, el contador de la
protección por desempleo a 31 de diciembre de 1993 se pondría a cero.

Sumado a eso, la voluntad del Ministerio de Trabajo, de sus responsables,
es que en 1994 no se produzca déficit alguno. Y como decía que no se va a
producir déficit, las acciones que se pondrán en funcionamiento para que
no lo haya se las voy a cuantificar, señor Olabarría. Son las siguientes:
Fiscalidad por prestaciones por desempleo. No puedo cuantificar qué va a
suponer para todo desempleado, porque esto forma parte del Reglamento de
Hacienda que se tendrá que aprobar sobre la retención fiscal del
ejercicio 1994. La cotización a la Seguridad Social de la prestación
contributiva a partir de las altas de 1994 son: beneficiarios afectados,
607.325 trabajadores; menor gasto, 52.556. Lo siento, no he hecho la
división para darle la cantidad unitaria, señor Peralta, pero me da la
impresión de que la cantidad unitaria se puede conseguir mediante una
simple división. De todas maneras, yo se lo enviaré por escrito.

Valoración tope mínimo de la prestación, el tipo de la prestación
contributiva: beneficiarios afectados, 191.932 millones de pesetas; menor
gasto, 26.930 millones. Retraso en la percepción de la prestación por
desempleo en función de la indemnización por extinción del contrato y la
compensación por las vacaciones no disfrutadas, tercera medida, atañe a
contributiva y subsidios: 51.780, desempleados afectados, menor gasto
84.700 millones de pesetas. Cuantía del subsidio en relación con trabajo
a tiempo parcial, categoría de la prestación subsidio: beneficiarios
afectados, 29.065; menor gasto, 122.371 millones de pesetas. Reordenación
de los requisitos de rentas y responsabilidades familiares para acceder
al subsidio, evidentemente la prestación: 195.706 desempleados afectados;
minoración del gasto, 122.371 millones. Refuerzo del requisito de
involuntariedad en las situaciones legales de desempleo, contributiva y
subsidio: beneficiarios afectados, 2.971; menor gasto, 3.545 millones.

Total menor gasto previsto --como comprenderán es una aproximación; puede
haber variaciones al alza o a la baja, aunque los cálculos realizados
tratan de que la desviación sea lo menor posible, porque se ha hecho un
presupuesto considerando estas cantidades, luego la aproximación ha
tenido que ser muy fiable--: 299.188 millones de pesetas.

Señor Olabarría, en estas medidas no hay ningún derecho afectado y lo
digo por su reflexión anterior sobre el mantenimiento de los derechos en
la protección ya considerados en leyes. No hay ningún derecho. Son
solamente modificaciones de carácter técnico que no aplazan ningún
derecho. Quizá lo único que podíamos decir es la consideración de renta
de la indemnización. No acaba con el derecho, lo aplaza durante un
período de tiempo considerado por una fórmula matemática. Yo no sé si
éste es el momento de explicárselo, pero es: cantidad de indemnización
recibida dividida por los días trabajados, da días o meses de espera. Con
carácter general, se va a hacer una minoración de esos días en veinte
días, para salvaguardar las indemnizaciones más modestas y, además, esto
producirá un período de espera, pero inmediatamente se recuperará el
recibir la prestación. En este sentido, tampoco hay ningún atentado,
entre comillas, a los derechos, porque el derecho se mantiene, lo único
que pasa es que se aplaza. En mi opinión --yo no soy jurista--, derecho
aplazado no es derecho no reconocido; es solamente aplazado. El resto de
todas ellas no afecta a ningún derecho, por ejemplo, la fiscalidad, la
cotización. En este país, todos los trabajadores activos cotizan a la
Seguridad Social y no se compadece muy bien que un desempleado no cotice
también. En cuanto a la variación del tope mínimo de la prestación,
entiendo que, si se mantiene el nivel de prestación, la variación del
tope de prestación es solamente una cuestión técnica, en último extremo,
aunque tenga un efecto económico, evidentemente, sobre el número de
desempleados.

La señora Villalobos me planteaba varias preguntas relacionadas con el
fomento y la gestión del empleo. Si a usted no le parece una descortesía
parlamentaria, yo le enviaría todas estas respuestas, en el plazo de un
día, por escrito, porque eran muy puntuales y no las tengo todas aquí,
pero trataré de contestar en la medida de lo posible.

Con referencia a las, digamos, políticas activas del Inem, tengo que
decirle que aquí hay una redistribución interna de los créditos
presupuestados. A lo largo de todo el presupuesto, ustedes pueden ver que
hay minoraciones de crédito en lo que son políticas activas en gestión
directa de empleo. Obedecen a muchas causas. Por ejemplo, la bonificación
de contratos obedece a que existe un Decreto del año 1985, cuya
aplicación está terminando, cada vez es menor el número de trabajadores o
de empresarios que hacen uso de ese Decreto, aunque se mantiene en una
cantidad importante. Cuando hablamos de bonificar el empleo, hemos de
considerar lo que está sucediendo en el ejercicio en curso. Tenemos, y
hay que reconocerlo, dificultades para gastar los créditos en
bonificación de empleo. ¿Por qué? Porque no hay creación de empleo en
este país en estos momentos; hay pérdida de empleo. Por tanto, los
empresarios que se quieren acoger a estas



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medidas no son tantos como eran en el año 1992. En consecuencia, hay que
hacer una valoración política de las medidas que se ponen en concurso.

Nuestro interés, porque consideramos que es un hecho estratégico, es
hacer un esfuerzo considerable en formación profesional, y de ahí el
incremento tan significativo en todas las partidas de formación
profesional.

Se ha marchado el señor Peralta, pero aprovecho para contestarle que,
evidentemente, el presupuesto de casas de oficio y escuelas-taller se
minora también con respecto al año 1993, pero es porque hay una
redistribución de créditos internos. Es decir, nosotros, con el
presupuesto de escuelas-taller del año 1994, vamos a formar y a emplear a
tantos trabajadores como lo hicimos en el año 1993, en torno a
30.000/35.000 trabajadores. Lo que sucede es que hacemos el esfuerzo en
formación profesional y el crédito que estaría previsto para
escuelas-taller lo redistribuimos hacia la formación profesional.

Señora Villalobos, no tengo valoraciones de lo realizado en formación
continua, porque se hace a final de año. Me propongo darle esa
información en el momento en que la fundación del acuerdo tripartito nos
proporcione su información para producir la liberación de crédito para el
año 1994, pero eso se produce a final de año, no semestralmente.

Hablaba usted también de la intermediación laboral y me decía que yo
había manifestado en un programa de televisión que se iban a producir
500.000 colocaciones en 1994 vía Inem, intermediación directa del Inem.

No; son 500.000 trabajadores que van a tener relación con los servicios
del Inem: 204.000 van a ser los formados, en torno a 35.000 los que estén
en escuelas-taller y más de 200.000 los empleados directos. Es una
pregunta que ha hecho también el señor Olabarría: la capacidad de
intermediación laboral que tiene hoy el Inem. Para ello, decía que,
considerada la intermediación laboral y cuantificada, se podría hablar
del fracaso del Inem.

Señor Olabarría, la cifra de intermediación laboral del Inem en estos
momentos está colocada en el 9,7 por ciento; en torno al 9,7 por ciento
de todas las contrataciones que controla el Inem son contrataciones
directas del Inem, son lo que se llama oferta genérica. Es una cifra
superior a la francesa en décimas y similar a otros países. Los
institutos públicos de empleo en Europa en estos momentos no están
colocando a más. Es un elemento de reflexión exclusivamente. Sin embargo,
es fácil cuantificar la intermediación directa, es un empleo que ha
creado el Inem directamente, por una intermediación, y sabemos cuántos
son al final del año. Es muy difícil cuantificar el empleo que se ha
producido por la formación profesional. Yo creo que se está produciendo
mucho empleo, que no es la oferta propia del Inem, producto de la
formación profesional que se ha venido dando a lo largo de estos años y
se está produciendo, además, no en una relación directa entre aquello en
lo que se ha formado un trabajador y el empleo, no con una relación
unívoca, sino que el mero hecho de formar a un desempleado le da mayores
garantías de inserción laboral en el futuro, aunque no se inserte --y
perdón por la palabra «inserte» cuando estamos hablando de un ser
humano-- en el mercado de trabajo en el puesto para el que ha sido
formado, sino en otro. El mero hecho de haber recibido formación
profesional es evidente que produce ese efecto.

Por tanto, cuantificar el empleo que produce el Inem es harto difícil;
habría que conjugar tres cuestiones fundamentalmente: el empleo que se
gestiona de forma directa --que ya le he dicho que es del 9,7 por
ciento--; el empleo que se produce directamente por la formación
profesional y en el puesto de trabajo en el que se ha formado y, tercera
cuestión a conjugar, el empleo que se produce porque ese trabajador ha
recibido formación profesional pero no encuentra un trabajo en la
caracterización de la formación profesional que ha recibido. Con esto no
quiero decir que el Inem esté trabajando en el mejor de los mundos
posibles ni con una bonanza absoluta. El Inem, evidentemente, tiene
problemas y problemas graves; tiene en estos momentos retos importantes
ante sí. El primer reto importante es no producir más déficit interno.

Evidentemente, el déficit del Inem no lo produce el Inem, sino las
circunstancias del mercado de trabajo y la situación económica. Sin
embargo, no quiero decir con esto que se vaya a trabajar mejor que en el
pasado. Haciendo un presupuesto realista, como se ha hecho en esta
ocasión, creo que tenemos armas en la mano para que el déficit que se
pueda producir no tenga una valoración final económica como en el pasado.

Ese ha sido un elemento de mejora importante.

Elementos de mejora importantes. Yo he abierto con los agentes sociales,
el Secretario de Estado y el propio Ministro una negociación, discusión o
debate, tanto en las mesas de negociación del acuerdo por el empleo, del
acuerdo social, como en el Consejo del Inem o en la Comisión Ejecutiva
del Inem, sobre la reforma del Inem. Hay algunas medidas que ya están en
marcha, pero habrá que mejorar sustancialmente. Sin embargo, yo creo que
cualquier proyecto de reforma pasa necesariamente por hacer bien lo que
se tiene que hacer. Me gustaría huir mucho de grandes definiciones de
reforma que luego son difíciles de cumplir porque son enunciados que
están muy separados de la realidad y de los medios humanos y materiales
que se tiene para acometer esa reforma.

En ese sentido, yo estoy en disposición de darles información de las
medidas de gestión que, en profundidad, se están adoptando en el Inem
ahora mismo para mejorar la gestión. En prestaciones, hoy estamos en una
media de reconocimiento del derecho de 20 días. Queremos rebajar ese
reconocimiento; tenemos problemas gravísimos a la hora de tener una
relación personalizada con los desempleados; queremos hacer un trabajo
importante para llamarles, hablar de ellos y tener reuniones con ellos
individualizadas, un trato personalizado. Queremos controlar el posible
fraude que se está produciendo. Hay una batería muy importante de medidas
de lucha contra el fraude que tampoco son enormemente novedosas; son
muchas de las medidas que se llevan, los controles mensuales que hace el
Inem, pero mejorados. Ya decía que las reformas son las reformas de lo
posible y fundamentalmente para mejorar. Y tenemos que hacer una



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importantísima labor de reforma en lo que es intermediación laboral y
cualificación y formación profesional.

Estoy convencido de que la verdadera virtualidad del Instituto pasará
cuando realmente tengamos una buena intermediación laboral y una buena
formación y cualificación profesional. Yo no quiero decir que sea mala en
estos momentos; quizá no hay un control, por lo que decía antes. Sobre la
intermediación laboral no hay un control exacto o puntual de lo que
realmente se intermedia y si, por ejemplo, estamos formando en lo que
realmente el mercado necesita. Hay una dificultad añadida: no podemos
prever hasta sus últimos detalles la evolución del mercado, las
necesidades sectoriales que se vayan a producir. Pero, evidentemente, ése
es el proceso de reforma y a eso tenemos que tender. Resumiendo,
trataremos de que en 1994 todos estos proyectos sean realidad. También
ofrezco manifestarles, en el momento oportuno, en qué consisten, en
profundidad y en detalle, las características de reforma.

Me preguntaba sobre el cumplimiento de los presupuestos en formación
ocupacional, por qué el grado de ejecución solamente es del 90 por
ciento. Es una de las dificultades que tiene el Inem. Yo reconozco, no
tengo ningún problema en hacerlo, que hay problemas para cumplir los
presupuestos en formación profesional. Recuerdo que hace no muchos años
en España no había formación profesional, aparte de lo que era la
formación reglada; no había un sistema de formación profesional. Ese
sistema lo ha creado el Inem con todos los problemas que tiene, no
renuncio a reconocer ninguno de ellos. Sin embargo, todavía arrastramos
situaciones de que tenemos una oferta de cursos menor que la demanda y en
ocasiones menor que el presupuesto. De que no se ejecute el 100 por cien
tiene bastante responsabilidad la falta de oferta. Vamos a tratar en 1994
de ejecutar mucho mejor que en 1993. Yo le pasaré esos datos. Sin
embargo, tengo que decirle que, si comparamos una serie histórica de
1989-1993, ha habido un proceso de mejora en la ejecución, sobre todo en
formación profesional.

Me decía también que cómo vamos a favorecer la intermediación si los
efectivos humanos descienden un 7,3 por ciento, en términos económicos.

Hay que tener en cuenta que a lo largo de 1993 se han producido
transferencias a las comunidades autónomas; el 7,3 son las transferencias
a las comunidades autónomas. Sabe usted que la formación profesional
ocupacional está transferida a Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana
y Galicia. Estamos ahora mismo en proceso de traspaso a la Comunidad de
Canarias, antes de que finalice el año posiblemente.

Hablando de transferencias, yo no puedo comentar aquí qué va a pasar con
la transferencia del Inem, dado que es un planteamiento de la Comunidad
Vasca, de su Gobierno, en concreto, y del mío, también. No es mi
responsabilidad lamentablemente. Yo gestionaré el traspaso, si se
produce, o seguiré gestionando el Inem en el País Vasco, si no se
produce. Yo en lo otro no puedo entrar, señor Olabarría.

De la liquidación hemos hablado. ¿Por qué se pasa de 18.000 a casi 37.000
millones en formación continuada? Porque el primer año, según el acuerdo
tripartito, era el 0,1 de la base y el segundo año es el 0,2 de la base.

Es solamente cumplimiento del acuerdo tripartito.

No sé si he contestado a todo, pero voy a seguir.




El señor PRESIDENTE: Pero no eternamente, señor Director General, que la
mañana vence y tenemos más comparecencias.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INEM (Elordi Dentici): Señor Peralta, he
contestado a la pregunta de escuelas-taller y casas de oficio. Es una
redistribución interna. Vamos a formar a más alumnos y trabajadores en
1994 que en 1993, o una cifra similar. Trataremos también de ejecutar
bien aquí.

Sobre las cantidades que producen las medidas y los afectados, también he
hablado. No sé si estaba usted en ese momento aquí.

El presupuesto de 1993 se hizo con unas previsiones de gasto en
prestaciones. La realidad es que esas previsiones de gasto en
prestaciones han tenido un efecto corrector importante. Ha habido 300.000
parados más. Por lo tanto, es difícil comparar las previsiones de 1993,
no digo ya en el presupuesto, sino en los capítulos de contributiva o de
subsidio exactamente. Habría que introducir ese elemento corrector de los
300.000. Sin embargo, vuelvo a decir lo que decía antes con ocasión de la
pregunta de la Diputada Villalobos: La verdad es que nosotros ponemos el
contador a cero y no queremos producir déficit en 1994.

Hay una medida importante, que no he señalado antes, pero lo hago ahora,
que está planeando sobre esa voluntad política, porque la voluntad
política hay que medirla con realidades económicas. Es, fundamentalmente,
los efectos de la Ley 22/1992. Como sabe usted, ha tenido comienzo sus
efectos en estos últimos meses, pero el mes crucero, el mes tipo, donde
más se produce el efecto está calculado que sea mayo-junio de 1994. Por
tanto, si conjugamos los efectos de la Ley 22/1992, las medidas que el
Secretario General ha leído --y yo también he tenido ocasión de
comentar-- más los crecimientos propios del presupuesto, que no hace
falta comentar ahora mismo porque ya lo hemos hecho, vuelvo a decir que
nuestra voluntad es que el déficit sea cero.

Me parece que el señor Olabarría me preguntaba por las transferencias a
la Seguridad Social. No sé si es así.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: No. Yo le he preguntado sobre los minusválidos.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INEM (Elordi Dentici): No. De todas
maneras, señora Villalobos, sé que a algunas cosas no la he contestado,
pero lo haré por escrito.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General. Ahora sí que
pido a los tres portavoces, a los que concederé la palabra, brevedad,
porque queda todavía



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una comparecencia antes de la interrupción de mediodía de la Comisión y
consta también reiteradamente el compromiso del señor Director General de
enviar información por escrito en respuesta a las muchas preguntas
concretas que se le han hecho.

Tiene la palabra la señora Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: La verdad es que me pide que sea escueta en
el tiempo pero después de lo que me ha dicho el señor Director General de
que hablo demasiado rápido, no sé qué hacer: si para que me entienda el
señor Director General hablar un poco más lento, o hacerle caso a usted y
utilizar el ritmo habitual de lenguaje.

Yo comprendo que el señor Director General es nuevo y es virgen en estas
cuestiones. (Risas.) Por tanto, se le pueden perdonar los errores.

Hay preguntas que había planteado al señor Secretario General que le ha
devuelto a usted la pelota y usted no me las ha contestado; hay preguntas
que han hecho otros portavoces que son iguales que las mías, solamente
que en vez de en tantos por cientos en números globales, como el
representante de Izquierda Unida, y usted tampoco las ha contestado. Y me
gustaría que lo hiciera: ¿Por qué se produce, en la previsión de
presupuesto de 1994, una diferencia entre los beneficiarios de las
prestaciones contributivas, que pasa de un incremento del 3,5, en 1933,
al 9,1, en 1994, y el subsidio del 9 por ciento, en 1993, a un incremento
del 15,5 por ciento en 1994? A la hora de cuantificar el subsidio, cómo
ha cuantificado el salario mínimo interprofesional, que es la base
fundamental, como usted bien sabe, de la cuantificación en gastos del
Inem en subsidio de desempleo.

Por supuesto, usted o las personas que han venido con usted --ha venido
usted muy bien acompañado, me refiero a la cantidad--, seguro que tienen
estos datos. Me gustaría que me hubiera respondido, porque creo que son
datos que no solamente importan a esta Diputada, sino al conjunto de las
personas que hoy estamos aquí, Diputados y prensa.

No me ha contestado usted, para conseguir entender, si es que hay forma
de hacerlo, la situación presupuestaria financiera del Inem, a las
razones de la utilización de las cuentas extrapresupuestarias, cuando la
señora Interventora General dijo que no le gustaba la utilización de
cuentas extrapresupuestarias por parte del organismo y que desde que ella
es Interventora exigía que aparecieran como tales y no disimuladas en el
conjunto del presupuesto.

Tampoco me contesta usted por qué no se regularizan, en el presupuesto de
ingresos del organismo, las cuotas de desempleo y de formación
profesional, que tiene que transferir la Tesorería General de la
Seguridad Social al organismo Inem. Ni cuál es en este momento el flujo
financiero, a favor o en contra, entre la Tesorería General de la
Seguridad Social y el Instituto Nacional de Empleo.

Estoy de acuerdo con usted en algo que ha dicho y es que lo que tiene que
hacer el Inem es hacer bien lo que tiene que hacer. Estamos totalmente de
acuerdo, no hoy, sino desde que se crea el propio organismo. El que, como
novedad, se diga que se han abierto mesas de negociación con los agentes
sociales es algo un poco pasado, porque antes de que se disolvieran las
Cámaras, ya en el año 1992, existían mesas para el empleo donde se
discutía la reforma del Inem, mesas para la reforma de la contratación,
etcétera. No sería una novedad, sino una continuación que puede llevar a
la desesperación por la cantidad de tiempo que llevan planteándose estas
mesas, que no parece que tengan salida.

Me gustaría, señor Director General, desearle lo mejor del mundo. A lo
mejor le extraña, siendo de un partido que compite por el Gobierno, y
ustedes lo tienen en este momento, pero sí lo entenderá cuando lo que me
preocupa es la situación del empleo en nuestro país.

Yo, sinceramente, señor Director General, y con esto finalizo, se lo
prometo, señor Presidente --intento hablar muy despacito--, tengo que
preguntarle por las cuentas financieras del Inem. Usted dice que el
déficit del Inem para el año 1991 es de 430.000 millones de pesetas, si
no me equivoco, parte pagado con remanente de Tesorería y parte con el
crédito que se aprobó en esta Cámara el mes de junio de 222.000 millones
de pesetas. Sin embargo, la Interventora General del Estado, cuando habla
de la necesidad de financiación del Instituto Nacional de Empleo, dice
que este déficit presupuestario y necesidad de financiación del año 1991
sería de 322.000 millones de pesetas y para el año 1992 de 52.000
millones de pesetas, no de 389.000 millones de pesetas, como usted acaba
de decir aquí. Insisto en que son documentos que entregó en la Comisión
de Presupuestos la Interventora hace aproximadamente cinco días.

Tampoco me aclara usted en la suma en el Programa 312.A, Prestaciones por
desempleo, la modificación de crédito de un billón 116.949 millones de
pesetas; de modificación al alza, quiero decir, que se integra en este
programa concreto un billón 116.949 millones de pesetas de modificaciones
de créditos; parte serán estos creditos extraordinarios, el de 222.000,
el de 237.000, que vamos a aprobar dentro de poco, más el de 400.000
millones aproximadamente, que usted anuncia antes de final de año. Pero
esto no suma un billón 116.000 millones de pesetas. Yo deduzco que se
supone que ustedes tienen 245.949, que son las cifras que a mí me sobran,
en remanentes de Tesorería. Usted dice: señora Villalobos, hay remanente
de Tesorería. Y yo le digo: señor Director General, cuánto y cada uno de
los años. No me sirve que me diga otra cosa, aunque creo que en su
palabra y de verdad se lo digo. Me gustaría saber qué remanente de
tesorería hay en el sistema de la Seguridad Social desde el año 1986.

En la liquidación de presupuestos que llega a esta Cámara con el proyecto
de presupuestos para el año 1994, en la liquidación provisional del año
1993, en el total de obligaciones del Instituto Nacional de Empleo, se
hace constar que, además de las obligaciones correspondientes al
ejercicio de 1993, figuran los gastos por prestaciones de desempleo y
fomento del empleo de los ejercicios 1988, 1991 y 1992, por valor de
738.600 millones de



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pesetas, que fueron contabilizados extrapresupuestariamente --aparece
otra vez la palabra «extrapresupuestaria»-- y han sido aplicados al
presupuesto de 1993. De éstos, ¿cuáles son los remanentes de tesorería
para llegar a esos 739.000 millones de pesetas de los que habla el avance
de liquidación del año 1993? Incluso en la liquidación definitiva de 1992
figura que se han reconocido obligaciones por importe de 560.200 millones
de pesetas para regularizar insuficiencias de los ejercicios 1986, 1987,
1988, 1989 y 1990, correspondientes a prestaciones por desempleo, con
aportaciones del Estado y remanentes de tesorería. Como en la liquidación
definitiva de los presupuestos generales que llega a esta Cámara aparecen
unos remanentes de tesorería que a mí no me cuadran con estas cantidades
de las que estamos hablando aquí, me gustaría que usted me remitiera por
escrito, si no lo tiene ahí, cuáles son los remanentes de tesorería de
los ejercicios 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992 del organismo.

Si usted dice que el señor Salabert no llevaba razón cuando decía que en
el año 1991 se acababa el concepto de remanente de tesorería, sino que
aparece en 1992 y en 1993, me gustaría saber a qué cantidades
corresponde; es importante saberlo porque aquí hay un juego entre
déficit. La Intervención dice que no se contabilizan como déficit en 1993
porque ya lo estaban en sus ejercicios correspondientes, pero cuando uno
analiza las cuentas que remite la Intervención General al Tribunal de
Cuentas no aparecen esas cifras. Es importante saber si ese billón
116.000 millones de pesetas de modificación de crédito, significa
incremento de gastos en el Inem; significa realmente para 1993, un
incremento del déficit público de más de un punto del PIB. Es importante
saberlo y, por eso, me gustaría que usted me remitiera a esta Cámara, a
través de la propia Comisión o directamente, estos datos, así como los
que solicité al señor Secretario General, que me garantizaba que los
sabría usted y, por lo visto, usted también los desconoce.

Hay una cosa, señor Director General --y con esto termino--, que no puedo
pasar. Que usted me diga, en cuanto al programa de desempleo, que han
clasificado en el año 1992 a 839.873 beneficiarios de prestaciones, esta
señora no se lo cree. Y no me lo creo porque llevamos muchos años
hablando de esto y jamás se ha hablado --en el año 1992 empieza a hablar
el antiguo Ministro-- de la clasificación de nuestros parados. Y si nos
vamos al programa de fomento del empleo, que es donde realmente reside el
control de la calificación y clasificación de nuestros parados, figura
que el organismo ha clasificado sólo 98.896, cifra más acorde con la
realidad de la situación interna del Inem y la clasificación y
calificación del colectivo de parados, porque ustedes dicen que han
calificado 64.000 y clasificado 839.000. Sinceramente, señor Director
General, estas cifras a mí no me cuadran y me interesa saberlas, insisto,
por la incidencia que ustedes quieren hacer este año en el control del
fraude. El señor Solbes habló de una comisión interministerial para
controlar los fraudes existentes en los presupuestos generales; el señor
Ministro habló de que iba a controlar y, de hecho, el Grupo Socialista ha
pedido la comparecencia del señor Subsecretario y del señor Secretario
General de Empleo para hablar sólo y exclusivamente del fraude. Luego,
debe haber un interés especial por parte del Gobierno en que se hable,
pero a mí me gustaría que se hablara con cifras reales y no con cifras
ficticias, como, desde mi punto de vista, reflejan estas cifras hoy en
los presupuestos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Voy a ser muy concreto en mi pregunta.

Señor Elordi, usted ha utilizado unos datos de cuantificación de las
medidas de reforma del desempleo que parece que son los últimos, ya que
no coinciden con los que repartió el Ministerio cerrados a fecha 30 de
septiembre de 1993; no coincide la cuantificación de alguna de las
medidas, posiblemente las que han sufrido modificación por el dictamen
del Consejo Económico y Social y su aprobación por el Consejo de
Ministros. Si puede repetir esas cifras, tomaríamos nota, o si puede
remitirnos por escrito la cuantificación que ha leído, se lo
agradeceríamos.

Un segundo tema. A la hora de asignar subvenciones a los municipios, en
materia de creación de escuelas-taller por parte del Inem, se plantean en
ocasiones quejas de los municipios en torno a los criterios que se siguen
en esas adjudicaciones; no se tiene claro si se valora la importancia del
proyecto o si se valora el número de parados en los municipios. ¿Podría
concretar qué tipos de criterios son los utilizados en esos casos
concretos por parte del Inem?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Sencillamente para agradecer al Director
General del Inem la información prolija y exhaustiva que nos ha
proporcionado; sin embargo, puesto que antes se le ha debido pasar, por
el problema de esa virginidad que le atribuye la Diputada del Partido
Popular seguramente, vuelvo a repetir mi pregunta relativa a cuáles son
las cantidades destinadas a la integración laboral de los minusválidos en
centros especiales de trabajo. Si no tiene esa información a mano, puede
enviármela por el procedimiento oportuno.




El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a los distintos portavoces, tiene
la palabra el señor Director General del Inem.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INEM (Elordi Dentici): Señora Villalobos,
espero que mañana mismo le pueda llegar la información que me ha pedido
sobre los remanentes y todo lo que respecta a la política de ingresos;
trataré de que mañana mismo le llegue.

La cuenta de Tesorería en estos momentos es la siguiente: El saldo a 31
de diciembre de 1992 era de 376.994 millones; el saldo a 30 de septiembre
de 1993,



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deudor Inem, es de 282.100 millones. Salario mínimo interprofesional: se
ha considerado un incremento creo del salario mínimo interprofesional
actual; ése es el salario mínimo de hoy a la hora de hacer todos los
cálculos de prestaciones, etcétera. Por los efectos de la Ley 22, así
como también por los de las medidas que antes he comentado, el incremento
en la contributiva es del 9,1 por ciento, aunque se produce un incremento
del 15 por ciento en el subsidio. Son, conjugando los efectos de la Ley
22, sus efectos totales con las medidas que ahora se adoptan; hay esos
incrementos.

Los criterios para las subvenciones a las escuelas taller son los
siguientes: situación de desempleo de la zona o del ayuntamiento,
valoración de la capacidad formativa de ese propio proyecto, valoración
de inserción laboral y valoración del propio proyecto, desde el punto de
vista de recuperación de patrimonio histórico o de aportación a la
comunidad o al ayuntamiento donde se produce. Estos son los cuatro
criterios fundamentales que se emplean. Se utiliza también el número de
afectados por el proyecto, pero fundamentalmente son esos cuatro los
criterios que se aplican.

Señor Olabarría, el dato que me solicita sobre los minusválidos se lo
enviaré, ya que no lo tengo en este momento aquí. Lo siento.




El señor PRESIDENTE: Agradecemos al Director General del Inem su
comparecencia.




--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA
ECONOMIA SOCIAL (BARRERA CEREZAL). A SOLICITUD DEL GIU-IC. (Número de
expediente 212/000269.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, para dar curso a la comparecencia del
señor Director General del Infes, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Doy las gracias al Director del Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social.

Nuestra petición de comparecencia es muy concreta. En los datos
presupuestarios de este organismo para el año 1994 aparece formalmente un
incremento en relación con los datos presupuestarios del año 1993. Este
incremento, en nuestra opinión, es una mera ficción contable, en la
medida en que aclaremos la razón de esos 2.000 millones que aparecen
presupuestados para el año 1994 como ayudas para mantenimiento del empleo
en empresas que tengan deudas contraídas con el extinguido Fondo Nacional
de Protección al Trabajo. Ahí aparece una partida presupuestaria de 2.000
millones que justifica que ese capítulo tenga un presupuesto global de
3.590 millones frente a la partida inferior de 2.082 millones que
aparecía en el año 1993. Si descontáramos esos 2.000 millones quedaría la
realidad de un recorte importante en esa partida presupuestaria.

Por tanto, si eso es, como nos imaginamos, un apunte contable que no se
traduce en que realmente se va a destinar dinero a esas empresas en el
año 1994, quisiera que nos explicara exactamente las razones de ese
recorte presupuestario en un sector como el de la economía social que
teóricamente tiene que ser objeto de una especial ayuda por parte del
Estado, sobre todo teniendo en cuenta la incidencia en el empleo que
tiene este sector. Si no es así, desearíamos que se nos concretase en qué
consisten estas ayudas a empresas que tienen deudas contraídas con el
extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo.




El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a su pregunta, tiene la palabra
el señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA
ECONOMIA SOCIAL (Barrera Cerezal): Señor Peralta, efectivamente, el
presupuesto que se presenta por parte del Instituto Nacional de Fomento
de la Economía Social recoge los criterios, que en su momento había
planteado el Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales en su
intervención anterior, de intentar combinar, por un lado, un presupuesto
para un período como el de 1994, donde tiene que haber un control o una
disminución del déficit público y de algunas partidas de gasto, pero
también intentando ver que en esa perspectiva de 1994 uno de los
elementos fundamentales es la generación de empleo y, por lo tanto,
cuáles deben ser las políticas selectivas para poder conseguir ese fin de
generación de empleo.

En ese contexto, el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social
se plantea en su presupuesto un incremento de un 56 por ciento, pero que
compone dos partidas que podríamos diferenciar: un apartado que supondría
una disminución en determinados capítulos y en concreto en el Capítulo
IV, de transferencias corrientes sobre las políticas de subvención que se
venían aplicando, mientras que hay una partida novedosa destinada a
arreglar un problema histórico o parte de ese problema, de determinadas
empresas que, a finales de los años 70 y durante los años 80, estuvieron
recibiendo unos préstamos de la extinta unidad administradora del Fondo
Nacional de Protección al Trabajo, dirigidos fundamentalmente a la
generación de autoempleo colectivo en cooperativas de trabajo asociado y
sociedades anónimas laborales, pero también en procesos de reconversión
empresarial de determinadas empresas en crisis no acogidas a los planes
globales de reconversión, aunque sí con una cierta importancia o
incidencia en determinadas demarcaciones geográficas.

Desde entonces ha habido unas deudas que ahora mismo están cifradas en
torno a 10.600 millones de pesetas. Lo que se pretende con esta
subvención de 2.000 millones es aproximadamente un 20 por ciento de esas
deudas, intentar atender aquellas empresas en las que, hoy por hoy, el
pago de esas deudas está imposibilitando su viabilidad de futuro
empresarial y más aún en la situación de importante crisis económica en
la que nos encontramos.




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Por tanto, los 2.000 millones de pesetas están destinados
fundamentalmente a sanear, en la media de lo posible, en una normativa
que se creará para todo el mundo, para todos aquellos que tengan estas
deudas, para intentar analizar si se puede acompasar, atemperar parte de
esos importes de deudas de principal e intereses que tienen, que
garanticen siempre la viabilidad empresarial de estas entidades de
economía social.

Lógicamente, en la otra parte, en la parte de la austeridad
presupuestaria, ha supuesto una reducción en el resto de los programas
que estaría cifrada en torno a unos 500 millones de pesetas, redondeando.

Pero lo importante es saber si esa reducción de los 500 millones de
pesetas va a suponer un freno en cuanto a la política que se venía
aplicando por parte del Instituto y a las expectativas o a la previsión
que tenemos para 1994.

Quisiera hacer una reflexión importante. Uno de los programas
fundamentales que tiene el Instituto es la subvención de créditos
destinados a la generación de autoempleo colectivo en estas empresas de
cooperativas de trabajo asociado y sociedades anónimas laborales. Esta
subvención consistía en un montante cercano a seis puntos del tipo de
interés de convenios que tuviera suscritos el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social con las entidades financieras. Y en estos convenios cuya
procedencia viene desde los años 1985 y 1986, durante el año en que
estamos y en el año anterior, en 1992, se renegociaron las condiciones,
de tal forma que sobre el tipo de interés que se venía aplicando --era un
tipo de interés del 16 por ciento-- se planteó con los bancos que el tipo
de interés aplicable para estas empresas fuera el tipo de interés
preferente del mercado. Sobre ese tipo de interés preferente del mercado
se aplicaría los seis puntos de tipo de interés de subvención hasta seis
puntos de tipo de interés, para quedar en unos tipos de interés efectivos
cercanos a una situación del seis, siete por ciento. ¿Por qué seis o
siete por ciento? Porque esa subvención iría destinada directamente para
amortizar el principal del préstamo. Quizá esto sea un poco engorroso
técnicamente, pero lo que viene a reflejar es que el efecto finalista
para el beneficiario se podría convertir aproximadamente en unos créditos
a cinco o a ocho años que estarían en torno al seis o al siete por
ciento.

Pues bien, teniendo en cuenta que para 1994 la previsión de estos tipos
de interés, por la bajada de los tipos de interés preferenciales, la
hemos situado en torno a un doce por ciento, con una cierta holgura, esto
supondrá que no necesariamente se tenga que subvencionar hasta seis
puntos de tipo de interés para seguir manteniendo tipos de interés
efectivos para estas empresas; estarían en torno a ese seis o siete por
ciento efectivo. Esto supone un ahorro, lógicamente, de recursos, una
reasignación de las partidas presupuestarias y poder permitir que esa
--digamos-- disminución de los programas al final no se vea afectada en
cuanto a las políticas diseñadas y al efecto finalista de lo que se
pretende o lo que se persigue. Es decir, que, teniendo en cuenta por un
lado que hay una reducción en las partidas tradicionales, entendemos que
eso no afectará, por la evolución que vemos ahora mismo y la previsión de
1994, a la política diseñada.

Segunda cuestión. Observamos que con los 2.000 millones de pesetas
destinados a esta partida del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, si
bien no se arregla plenamente la situación de aquellos famosos créditos
del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, sí podrá atemperar ciertas
deudas de empresas a las que, quitándoles, ayudándoles o reduciéndoles
parte de ese importe de la deuda, les permita el mantenimiento de un
futuro más o menos viable.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias por su explicación.

Deduzco de lo que me dice el señor Director del Instituto Nacional de
Fomento de la Economía Social que habla de que esos dos mil millones de
pesetas correspondan aproximadamente a un 20 por ciento de la deuda. En
definitiva, de lo que se trata es de amortizar una deuda que tienen
contraída determinadas empresas con el Fondo Nacional de Protección al
Trabajo. Más que ayuda a la empresa sería simplemente amortizar
internamente una deuda, al parecer. ¿Esa previsión continuará en años
sucesivos o es una previsión excepcional para este año en relación con
determinadas empresas por circunstancias especiales? Esta sería mi
pregunta. Habla usted de que tienen previsto un 20 por ciento, no sé si
es que tienen programado liquidar la deuda en el plazo de cinco años o es
una previsión excepcional para este año 1994.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA
ECONOMIA SOCIAL (Barrera Cerezal): Nuestra previsión es que es una medida
excepcional para este año que va a afectar fundamentalmente a
determinadas empresas. Dentro de esos 10.600 millones de pesetas a que
hacía referencia se recogen empresas que, hoy por hoy, no están pagando
ningún vencimiento. Muchas de ellas están pidiendo moratorias sucesivas
porque no pueden pagar la deuda, porque su situación económica les
imposibilita pagar esa deuda si no es condicionando la viabilidad
empresarial. Nosotros hemos establecido un 20 por ciento como una
previsión que más o menos nos permitiera actuar. Había que buscar un
referente, no se sabía porque no hemos planteado a todas las empresas
cuál es su situación. Hemos hecho un análisis según la evolución de lo
que veníamos viendo en cuanto a cómo pagaban las empresas y cuáles
estaban solicitando moratorias y hemos hecho un cálculo aproximativo: un
20 por ciento. Nosotros creemos que con ese 20 por ciento podremos hacer
frente no tanto a la demanda, porque si nos ponemos aquí un cartel, como
se suele decir, a todo el mundo le gustaría que le quitaran la deuda, y
entonces aparecerían 10.600 millones para que



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fueran retirados. Es lógico y creo que, por otro lado, es sano que se
plantee. De hecho, el sector de la economía social, las asociaciones que
representan a las empresas de economía social y, sobre todo, aquéllas que
han recibido o tienen los préstamos del Fondo Nacional de Protección al
Trabajo lo que han estado demandando históricamente es la condonación de
la deuda. Consideramos que la condonación de la deuda nos llevaría a
plantearnos otra serie de cuestiones a nivel de impuestos. Creo que, en
principio, eso no lo valoramos como un elemento positivo, sobre todo
porque es necesario tener en cuenta que hay gente que ha pagado y hay
gente que está pagando. Yo creo que lo que se persigue es hacer una
política selectiva. Vamos a dar una norma global. Vamos a permitir un
plazo, que estamos estimando en torno a unos tres meses, a lo largo del
cual las empresas presenten las solicitudes y, posteriormente, un período
de resolución de seis meses. Esto es complicado. Hacer un análisis de un
estudio de viabilidad de una empresa y ver cuáles son las condiciones en
las que se encuentra es complicado, es bastante complicado, pero
entendemos que ése es el riesgo que hay que correr, porque la otra
alternativa sería seguir manteniendo un proceso que consistiría en que
siguieran pidiendo sucesivas moratorias pero con un condicionante
importante, que estas empresas no pueden comprometerse en nuevos
créditos. ¿Por qué? Porque las deudas del FNPT estaban avaladas con
garantías hipotecarias sobre los bienes inmuebles de la empresa, y para
cualquier proceso de reconversión o de adaptación productiva de estas
empresas necesitan liberar hipotecas para poder comprometerse en nuevos
créditos, no con la Administración, porque no tenemos esa política que
quedó cerrada afortunadamente en los años 1985 y 1986, preferimos más ir
a la política selectiva de subvencionar tipos de interés sobre préstamos
en que el compromiso lo tenga una entidad financiera, pero estas
entidades financieras van a pedir avalar sus operaciones.

En definitiva, contestando a la pregunta, creemos que será una medida
solamente para 1994, aunque la reflexión que uno podría hacer en voz alta
es que si la demanda es importante, ante esta situación, me imagino que
el sector de la economía social volverá de nuevo a reclamar, a pedirnos
que para el próximo año 1995 apliquemos esta medida otra vez. Vamos a ver
qué es lo que ocurre en 1994 y ya veremos en años sucesivos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al señor Director General por sus
detalladas explicaciones.

Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.




Eran las dos y cinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (DE TORRES
SANAHUJA), A PETICION DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: POPULAR (número de
expediente 212/000212), MIXTO (número de expediente 212/000129) E IU-IC
(número de expediente 212/000259).




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión para continuar con el trámite
del orden del día, que en estos momentos consiste en la comparecencia del
señor Subsecretario de Asuntos Sociales.

En nombre del Grupo parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Sainz.




La señora SAINZ GARCIA: Bienvenido, señor Subsecretario, en esta su
primera comparecencia a esta Comisión. Espero que de su presencia, aunque
nosotros consideramos difícil de entender la permanencia de este
Ministerio tal como está, podamos tener más claras las cifras que se
manejan aquí.

Tenemos perfecto conocimiento de que la partida que recibe el Inserso es
la más importante del Ministerio de Asuntos Sociales, que el Ministerio
de Asuntos Sociales recibe los fondos del Estado, que a su vez pasan al
Inserso y que la mayoría de estos recursos van a las comunidades
autónomas porque algunas ya tienen las competencias transferidas y otras
tienen unos convenios. Por otra parte, sabemos que estamos en puertas de
que las competencias sean asumidas prácticamente por todas las
comunidades autónomas.

Dejando a un lado el Inserso, el presupuesto consolidado que figura
representa un descenso frente al de 1993, como la señora Ministra
reconocía en la comparecencia que tuvo hace poco en esta Comisión, puesto
que, si bien la cuantía es superior, hay que descontar la parte
correspondiente al Plan Nacional de Drogas y la acción a favor de
migrantes que antes no figuraba. Nos movemos en un Ministerio que tiene
unas funciones --no por la relevancia del Ministerio, sino por las
funciones que son sociales y, por lo tanto importantes-- en donde hay
unas rebajas considerables del presupuesto.

Empezando ya con las preguntas que intentamos nos sean contestadas le
diría, en primer lugar, lo siguiente. En el Programa 311.A aparece la
partida otras remuneraciones a altos cargos presupuestada con 11.180.000
pesetas. ¿Me puede decir qué significa otras remuneraciones, dirigidas a
altos cargos?
En segundo lugar, la partida de incentivos al rendimiento, presupuestada
con 157 millones, supone un incremento muy importante. Nos estamos
moviendo en el marco de lo que ustedes dicen que son unos presupuestos
restrictivos y no entendemos ese incremento. ¿Qué criterios se van a
seguir para el reparto de ese dinero y a quiénes se dan esos incentivos?
Por otra parte, tengo que decirle, y se lo comentaba a la señora
Ministra, que lamentamos que no tenga un reflejo en los presupuestos la
eliminación de las direcciones territoriales, ya que consideramos que es
una duplicidad de funciones. Y más burocracia. En cambio, los fondos de
esa multiplicidad, de esas diecisiete direcciones territoriales que
tienen unas cuantías importantes para gastos de funcionarios, de
mantenimiento, etcétera, podían ser



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revertidos a los objetivos concretos y a los distintos programas de todo
el Ministerio.

En relación con el Capítulo 2, otros gastos diversos, es verdaderamente
ambiguo. Hay una dotación de 31 millones de pesetas que querríamos
cuestionar porque en este momento de crisis tal vez podríamos
eliminarlos. Queremos que nos explique bien a qué se refieren esos
gastos.

Trabajos realizados por otras empresas, estudios y trabajos técnicos, se
ha presupuestado con 50 millones. ¿Puede añadir algo acerca de la
naturaleza de esta partida? ¿Por que no se realiza por funcionarios del
Ministerio? ¿Siguen considerándolo imprescindible?
Otros trabajos realizados por otras empresas, dotados también con 50
millones de pesetas. ¿Puede explicarnos el contenido de este apartado?
Nos siguen pareciendo excesivos los gastos de edición y distribución
presupuestados con 70 millones.

Pasando al Programa 313.L, acción social y otros servicios sociales, nos
encontramos con que el apartado de transferencias a las comunidades
autónomas se recorta. Nos parece verdaderamente grave que se haga ese
recorte en concreto en ese apartado.

En 1992 el señor Subsecretario decía que había 3.543 millones para
transferencia a comunidades autónomas para programas cofinanciados y
antes de ser aprobado en el plan gerontológico. Ahora, en 1994, hay menos
dinero y nos parece grave. Por cierto, señor Subsecretario, ¿cuándo van a
traer a esta Cámara el plan gerontológico? Lo único que vemos son
recortes en las inversiones para este plan, que fue presentado a la
prensa en plena campaña electoral y seguimos aguardándolo todavía en la
Cámara. Seguimos observando recortes en uno de los programas más
ambiciosos de su Ministerio. Queremos explicaciones sobre ello.

En el apartado 48, transferencias corrientes a familias e instituciones
sin fines de lucro, ha habido un recorte de 114 millones de pesetas. No
nos parece el lugar en donde deben hacerse esos recortes. Ha habido un
recorte muy importante de 49 millones para el Patronato de Rehabilitación
de Enfermos de Lepra. ¿Podrá soportar ese patronato este recorte tan
importante? ¿Por qué se reduce la transferencia al Real Patronato de
Prevención y Atención de Personas con Minusvalías? ¿Cuál es la razón para
ello?
Quisiera que me especificara lo siguiente, porque está distribuido a lo
largo del Ministerio. El señor Subsecretario en el año 1992 hizo una
referencia exacta de la cuantía que hay en el Ministerio de Asuntos
Sociales para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de servicios
sociales, que se inició hace unos cuantos años. ¿Cuánto hay este año? ¿A
cuánto ha ascendido la cuantía procedente del 0,52 por ciento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 1993 y cuáles son las
previsiones para 1994? Nos encontramos con que se bajan las subvenciones
directas y a lo mejor es porque tienen pensado aumentarlas a través del
0,52, lo cual no tenemos nada claro.

¿Por qué en el Programa 313.H se restan 39 millones y medio a las
comunidades autónomas para acciones a favor de los migrantes? ¿Por qué se
aplica la restricción precisamente a los más débiles? ¿Por qué se restan
también 88 millones a la ayuda para acciones relativas a movimientos
migratorios interiores? ¿Nos podría explicar por qué los gastos en bienes
corrientes y servicios aumentan un 41,1 por ciento en este programa? No
sé si será debido a la incorporación al Ministerio, pero tendríamos
burocracia añadida que creemos innecesaria.

Para citar estas cifras, señor Subsecretario, me estoy basando en la
página 160 de los Presupuestos donde vienen las restas y las sumas, en
este caso de la Dirección General de Migración. En todos ellos cuando
hablo de restas son las diferencias o incrementos, en su caso, de las
cifras que ustedes dan.

En el Programa 313.O, protección al menor, no entendemos cómo en la
página 108, objetivos del presupuesto del Ministerio de Asuntos Sociales,
se habla del desarrollo de la red básica de servicios de atención a niños
y niñas de cero a tres años por corporaciones locales mediante convenios,
y aparecen para 1994 más previsiones cuando ustedes recortan el
presupuesto que aparece en la sección correspondiente del programa al que
he hecho mención, exactamente el apartado 45, transferencias corrientes a
comunidades autónomas, que, como saben, ha sufrido un recorte de 290
millones. Nos parece excesivo y no acabamos de entender cómo recortan el
dinero y, en cambio, en la memoria de objetivos --distribución-- aparecen
más niños atendidos. Nos parece, además, que los presupuestos no reflejan
lo que la señora Ministra dijo que era un objetivo fundamental: la
protección al menor. No vemos esa prioridad.

En la Dirección General de Juventud, en el Programa 323.A, promoción y
servicios a la juventud, se incrementa, y no lo entendemos, bastante el
apartado de arrendamientos. ¿Puede explicar por qué se incrementa este
apartado?
También aparece un concepto de gastos de publicaciones, dotado con 25
millones, mientras que en el año 1993 no figuraba detallado. ¿Qué se va a
publicar? ¿Se va a publicar algo diferente a lo que se venía ya
publicando? Porque conocíamos ya publicaciones del Instituto de la
Juventud.

Después hay un concepto, el 222, correspondiente a gastos telefónicos,
que no se detallaba en los presupuestos de 1993, y se le dota con treinta
millones, con un incremento de 7 millones, ¿por qué? ¿Porque las tarifas
telefónicas han subido tanto o porque consideran que esa partida era
deficitaria? ¿Se está gastando bien el dinero?
Hay un incremento en las transferencias corrientes a familias e
instituciones sin ánimo de lucro en donde se incluyen toda clase de
auxilios, ayudas, becas, etcétera, que los organismos del Estado, en este
caso el Instituto de la Juventud, otorgan a otras entidades. La verdad es
que ha habido una respuesta en general de la sociedad de poco control de
esos recursos. ¿Van a cambiar los criterios? ¿Qué entidades van a salir
favorecidas ahora? ¿Va a haber unos programas determinados para asumir
ese presupuesto importante que se incrementa?
Nos ha extrañado mucho --y además he estado detrás



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de este programa no se puede imaginar ya cuántas veces-- el contenido del
programa de ayuda para acceso a la vivienda de los jóvenes. Cuando uno de
los problemas de los jóvenes es acceder a un puesto de trabajo y a una
vivienda, ustedes disminuyen en 272 millones el programa, que queda
prácticamente reducido a la nada, de ayuda al acceso a la vivienda en
régimen de alquiler para los jóvenes. ¿Por qué? La verdad es que no nos
parece acertado que se reduzca esto.

Tampoco creemos que tenga una justificación ese incremento importante que
va dirigido en estos momentos a agentes situados fuera del territorio
nacional. Nos gustaría saber a qué agentes y por qué. No entendemos, en
el marco de un presupuesto restrictivo, ese incremento tan fuerte, de más
del 38,4 por ciento, de la subvención al Consejo de la Juventud de
España, que pasa de 65 millones a tener 90 millones. No lo entendemos,
explíquenos por qué, cuando además el presupuesto del Instituto de la
Juventud se reduce.

Continuamos con el Instituto de la Mujer. También en principio disminuye
el presupuesto. En 1993 había 2.249 millones; en 1994, 2.228, y mucho hay
que trabajar en este país para la integración de la mujer. Aquí a lo
mejor podríamos haber ahorrado también reduciendo lo que supone la
burocracia en las comunidades autónomas. Esos teléfonos que tienen
ustedes paralelos a los que tienen de ayuda y de información todas las
comunidades autónomas. A lo mejor es inútil esa burocracia y la podrían
ustedes haber reducido. La siguen manteniendo y en cambio hay una
reducción en los programas importantes.

Quería que me explicase por qué, y nos parece además grave, se reduce de
una manera tan importante el programa relativo a las mujeres más
discriminadas en este país, las del área rural; por qué ha sufrido una
merma importante de 24 millones de los pocos que ya tenía.

Sigue habiendo mucha vaguedad en algunas de las especificaciones del
capítulo 2. ¿No se podrían detallar más esos 515 millones de los que
solamente se especifica una partida de 67 y el resto siguen opacos
totalmente, no sabemos adónde van y son importantes?
Sigue una partida muy importante referida a publicaciones por un importe
de 70 millones. Buscamos eficacia en las publicaciones y les instamos a
que reduzcan la ostentosidad en muchas de las que salen del Ministerio,
porque, al fin y al cabo, no contribuyen al objetivo que es ayudar,
asesorar e informar a la mujer.

Sufren un incremento importante --y no estamos en contra, pero queremos
control-- las subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro.

¿Tienen ya previstos cuáles son los programas que se van a subvencionar?
¿Se va a seguir con esa falta de criterios y con ese clamor que existe en
muchos ámbitos de que hay una atención muy directa a asociaciones que
están todas domiciliadas en lugares, incluso donde está el Instituto, es
decir, que están prácticamente dirigidas por mujeres afines al Partido
Socialista, ¿Por qué no se incrementa, en cambio --y nos parecería
importante--, la transferencia a comunidades autónomas y corporaciones
locales que tienen competencias y que solamente tienen 18 millones? Esto
nos parece ridículo.

No encontramos --y nos gustaría saber si en algún lugar está-- la
dotación para la creación del fondo de garantía de pensiones para madres
separadas o divorciadas. ¿Piensan hacerlo efectivo o seguimos sin tener
la posibilidad de tener lo que es una petición conjunta de todos los
grupos de esta Cámara y de la oposición? ¿Podremos verlo hecho una
realidad?
En relación con el programa 313.L, relativo a minusválidos, ustedes no
han dado cumplimiento a la Lismi, pero en la actualidad quieren
sustituir, además, algo que nos parece grave: el subsidio de garantía de
ingresos mínimos, que se contempla en dicha ley, por las pensiones no
contributivas. Usted, señor Subsecretario, tiene que saber que con esta
fórmula los minusválidos van a salir perdiendo porque en el primer
supuesto, es decir, con el subsidio de garantía de ingresos mínimos, se
contemplaba al minusválido de manera individual, mientras que con las
pensiones no contributivas se contempla el límite de rentas de la unidad
familiar. ¿Por qué suprimen el subsidio de garantías de ingresos mínimos
sustituyéndolo por las pensiones no contributivas, sabiendo que es mucho
menos rentable para los más débiles, para los minusválidos, y, por tanto,
para las familias que tienen minusválidos?
A nuestro juicio incluso, esto puede ser grave y hasta rozar la
inconstitucionalidad, porque a partir de un momento tienen obligación de
recibir ese tipo de subsidio y, en cambio, otros que han nacido en otro
momento no es necesario que así lo hagan.

Se ha reducido también de una manera importante la atención en el Inserso
de prestaciones económicas a minusválidos, una diferencia de un 27,69 por
ciento. También la atención básica a minusválidos, en un 9,29 por ciento,
según las estimaciones de ustedes y, por tanto, en todo ese capítulo de
minusválidos, supone un 23,40 por ciento. ¿Por qué? ¿Es que consideran
que en España están ya suficientemente atendidos los minusválidos?
Igualmente ha recibido un recorte importante, en la evolución de
programas del Inserso, la atención a la tercera edad en hogares y clubes
y también en turismo social, termalismo social, y tercera edad. ¿Cuál es
la razón? ¿Qué prioridades tienen ustedes?
Creo que ha sido una batería de preguntas. Termino con lo que le decía al
principio, que para nuestro Grupo es importante, sobre el plan
gerontológico, que en los presupuestos de 1994 sufre una rebaja. Fue
anunciado por el Subsecretario que se iba a presentar en 1992, y no se
hizo; se presentó a la prensa en el año 1993, en la campaña de las
últimas elecciones generales, y seguimos en esta Cámara con la idea de
que cada vez se recorta más el presupuesto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Señor Subsecretario,



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por parte de mi Grupo le doy la bienvenida a esta comisión en esta
primera comparecencia.

Desde el análisis que hacemos de los presupuestos en el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, una de las cosas que más nos
preocupa precisamente es el recorte presupuestario que hay en el
Ministerio de Asuntos Sociales, ya que afecta a las personas que tienen
una situación mucho más marginal y que están en peores condiciones de lo
que pueda estarlo el resto de la población.

Yendo directamente a lo que son los programas dentro del Ministerio, en
el Programa 311.A nos preguntamos cómo es posible que pueda haber una
caída tan sumamente fuerte en las transferencias corrientes a
instituciones sin fines de lucro que va de un 11,5 por ciento nominal a
un posible real de alrededor de un 15 por ciento, utilizando la tasa de
inflación del 3,5 prevista por el Gobierno para el próximo año.

Nos planteamos que en estos momentos en que la situación económica es tan
difícil, las ayudas por parte del Gobierno a las personas desfavorecidas,
así como las inversiones que se tendrían que hacer deberían ser más
fuertes que las que se hacen. Por tanto, no nos explicamos cómo es
posible que en este mismo programa pueda haber una caída de la inversión
real de un 12,2 nominal en estos presupuestos.

Después hay una reducción que no nos explicamos, que es la de los pasivos
financieros, que es un menos 95,6 por ciento con referencia al año
anterior. Nos gustaría que eso también nos lo explicaran.

Pasando al programa 313.L, seguimos sin explicarnos las reducciones que
puede haber en el plan gerontológico, en el programa de la lucha contra
la pobreza, en los programas estatales e internacionales de acción social
y en el patronato de rehabilitación de enfermos de lepra. Nos hemos
llegado a preguntar en el Grupo si es que el Gobierno maneja datos, que
no son de conocimiento de la opinión pública, en los que se ve que ha
disminuido el número de personas mayores y por eso se reduce el plan; se
nos ha reducido el número de pobres y por eso se reduce el plan de la
lucha contra la pobreza o si realmente ya no es necesario que haya tantos
programas ni tanta ayuda a los programas internacionales y estatales de
acción social. Parece ser que estamos lo suficientemente bien y nuestra
situación es lo suficientemente buena como para que no tengamos que
seguir destinado dinero a estos planes.

Nosotros nos seguimos preguntando, en el Programa 313.O, de protección al
menor, si es que hay reducción de menores en unas situaciones
determinadas que obliguen a que el Gobierno reduzca en 191 millones de
pesetas el desarrollo de atención a la primera infancia; si tenemos las
estructuras suficientes y si el personal que está al servicio de los
menores es el suficiente como para que, además, se reduzca este año
también el personal a este servicio; si es también posible que ya hayamos
experimentado todo lo necesario para que se reduzca en 99 millones de
pesetas el programa experimental en el ámbito de la infancia maltratada,
¿se han reducido los malos tratos a los niños? Nosotros consideramos que
no y, por tanto, no entendemos estas reducciones que van a redundar en
una mala situación del menor en nuestra sociedad.

Parece ser que debemos tener todas las infraestructuras cubiertas y ser
suficientes cuando hay una reducción en la inversión real de menos 42.220
millones de pesetas. Debemos tener ya un Estado con la suficiente
estructura para proteger al menor y para tener los servicios adecuados de
cara al menor cuando el Gobierno se plantea esta reducción.

Lo que ya nos llama del todo la atención es, en el Programa 323.A,
promoción y servicios a la juventud, la reducción tan sumamente drástica
que hay en las medidas de acceso a la vivienda, para que los jóvenes
puedan acceder a la vivienda de alquiler. Creo que ha habido suficientes
estudios y suficientes debates sobre el tema de los problemas que tiene
la juventud respecto al acceso a la vivienda y el Gobierno, y en este
caso el Ministerio de Asuntos Sociales, parece que tiene claro que ya no
es necesario cuando se reduce tan fuertemente.

Otra de las medidas que a nosotros nos preocupan es la reducción en la
partida destinada al fomento de empleo juvenil. Creo que todos somos
conscientes de las dificultades que en estos momentos, no sólo los
jóvenes, sino toda la población, tienen para encontrar puestos de
trabajo, cuando, además, desde el Ministerio se reducen las inversiones y
las subvenciones para fomentar estos tipos de planes que consideramos que
son totalmente necesarios e imprescindibles para que la juventud en
general, y todas las personas que están acogidas en el Ministerio de
Asuntos Sociales, puedan ir accediendo a una situación digna que les
permita tener un mejor arraigo en la sociedad, porque todos estos
programas, señor Subsecretario, van dirigidos a personas que ya están en
el umbral de la pobreza, en la pobreza y en la marginación. Estas
reducciones tan drásticas afectan fundamentalmente a su inserción y eso
va a generar más marginación y, a corto y medio plazo, que se tengan que
volver a aumentar las prestaciones que se tendrían que estar dando en
estos momentos para que después no fueran mucho más graves.




El señor PRESIDENTE: Después de las dos intervenciones de las dos
portavoces, en nombre del Grupo Popular y del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, quiero elogiar tanto la concisión de
ambas en sus preguntas, como también la fidelidad a lo que son los fines
y objetivos de estas comparecencias, que es solicitar aclaraciones o
información adicional sobre partidas presupuestarias. Creo que estas dos
intervenciones se han ajustado perfectamente a lo que son esos fines.

Esperando que el señor Subsecretario haya podido componer racionalmente
lo que haya de ser su respuesta a una batería tan prolija de preguntas,
tienen la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (De Torres Sanahuja): En
primer lugar, quiero agradecer a la señora Sainz y a la señora Urán las
preguntas que me han hecho. Voy a hacer el esfuerzo de contestar a



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todas ellas y dejar en el ánimo de la Comisión que el Ministerio de
Asuntos Sociales tiene una dotación presupuestaria que nos parece al
menos suficiente para poder abordar los problemas que tiene planteados.

Quisiera, al iniciar mi intervención, hacer una reflexión general y una
particular. La general sería sobre la primera frase de la señora Sainz en
relación a la dificultad de entender la existencia de este Ministerio.

Creo que a lo largo de las preguntas que me ha hecho ella misma se ha ido
contestando a esta pregunta. ¿Por qué? Naturalmente, éste es un
Ministerio que tiene --y la Ministra lo dijo el otro día ante esta misma
Comisión-- varios objetivos; hay uno que es obvio, y es trabajar sobre
los colectivos más perjudicados o más marginados de nuestra sociedad. El
otro es establecer mecanismos de cierto equilibrio territorial en nuestro
país que hagan que cualquier español, sea donde sea el lugar donde haya
nacido o viva, pueda tener un acceso mínimo a unas prestaciones sociales,
a unos servicios, que le permitan vivir con dignidad. Eso creo que es,
sin duda alguna, uno de los ejes básicos de actuación de nuestro
Ministerio.

Se nos dice que la mayoría de los recursos del Inserso van a las
comunidades autónomas. El Inserso, como bien sabe la señora Sainz, tiene
una parte importante de su presupuesto que afecta a todo el sistema de
pensiones no contributivas y a las pensiones derivadas de la Lismi; tiene
una parte de gestión directa relativa a los centros residenciales y
hogares y centros ambulatorios, atención domiciliaria, tanto a tercera
edad como a minusválidos, y hay una parte de gestión transferida que
representa en estos momentos unos 77.000 millones de pesetas sobre el
presupuesto inicial de 1994, de 390.000 millones para el Inserso.

¿Qué quiero decir con ello? Que el Inserso hoy gestiona directamente una
parte importante de sus efectivos. A lo largo del próximo año, como dijo
la señora Ministra, vamos a proceder a la constitución de las comisiones
mixtas para la transferencia del mismo a las autonomías que quedan del
artículo 143, tal como se acordó en los pactos autónomos y en la ley que
los desarrolló. Pero el Inserso, al margen de estas cuestiones, tiene
todavía un conjunto de competencias, un conjunto de responsabilidades a
las que atender que, lógicamente, no están hoy en el planteamiento de una
transferencia plena a las comunidades autónomas. Digo esto de entrada
porque me parece importante plantear esta cuestión.

Paso a contestar las preguntas que me han hecho. Les aviso que si alguna
es una cuestión muy concreta se la haría llegar por escrito mañana mismo,
porque a lo mejor no dispongo ahora de la información pertinente, aunque
creo que sí.

He de decir de entrada a la señora Sainz que el total del presupuesto del
Ministerio --me parece importante que quede claro-- es, sin el Inserso,
de 55.051 millones de pesetas. El presupuesto del Ministerio con el
Inserso es de 451.889 millones de pesetas. Con el Inserso representa un
incremento de 35.000 millones sobre el presupuesto inicial de 1993, es
decir, un 8,6 por ciento de incremento. Sin el Inserso, lo que es el
Departamento únicamente, representa un decrecimiento del 4,1 por ciento
sobre el presupuesto inicial de 1993, que fue de 57.000 millones de
pesetas.

Digo esto para empezar a explicar una cuestión que me parece que es
importante. Estamos ante un presupuesto que con el Inserso crece --luego
explicaré por qué-- y que el Departamento sólo decrece, pero presupuesto
inicial sobre presupuesto inicial. Como ustedes saben bien, en el mes de
junio se produjo una no disponibilidad de crédito de los ministerios que
afectó al Ministerio de Asuntos Sociales en una cifra de 4.000 millones,
resultando un presupuesto final de 53.400 millones, es decir, 2.000
millones menos que lo que tenemos en el proyecto de presupuestos para
1994 con el que empezamos esta legislatura.

El capítulo 1 crece única y exclusivamente el 1,8 por ciento porque, como
el conjunto de los ministerios, se incrementa ese mismo porcentaje de 1,8
en que aumentó en 1993 y que no estaba en el presupuesto inicial para
1993; se incorporan pagos a Seguridad Social insuficientes y se
incrementan porque se crea la Secretaría de Estado para el Plan Nacional
sobre Drogas, que representa un aumento en el capítulo 1 por incremento
de personal y en conjunto da este porcentaje al que he hecho referencia.

En cambio, el capítulo 2 decrece de forma muy importante. Disminuye en el
conjunto del Ministerio en gastos protocolarios y de representación un 25
por ciento; en mobiliario, en prensa, publicidad y propaganda, reuniones
y conferencias hasta el 50 por ciento. Disminuye en el conjunto del
Ministerio en estudios y trabajos técnicos hasta el 60 por ciento. Con
ello quiero decir que en conjunto hemos hecho un esfuerzo importante por
disminuir un capítulo 2 que quiero anticipar que en nuestro Ministerio
era bastante reducido. Había ido decreciendo en los últimos tres años de
forma progresiva. Este capítulo 2 no tiene únicamente el fin de estudios
y trabajos, que en ocasiones se nos dice que podrían realizarlos
funcionarios de la Administración --a eso me referiré en seguida--, sino
que, como saben bien SS. SS., con ese capítulo se financia material
informático, mobiliario, las reuniones y las conferencias que se
organizan desde el Ministerio, etcétera.

Voy a hacer una referencia a Telefónica y al Instituto de la Juventud,
donde me dicen que este año el concepto ha crecido. Este año, como deben
saber SS. SS. bien, el subconcepto de teléfono es vinculante. Eso quiere
decir que una vez marcado, si se modifica de uno a otro, debe hacerse con
la autorización del Ministro de Economía y Hacienda. ¿Qué hemos hecho en
los ministerios? Nos hemos ajustado mucho a la realidad de lo que había
sucedido el año anterior, a la realidad de la cifra que teníamos, para no
tener que llegar al mes de agosto o de septiembre u octubre, como ha
sucedido en ocasiones, y encontrarnos con un problema de déficit en ese
subconcepto y con una deuda importante de la Administración a Telefónica.

Hemos incorporado esos millones en Telefónica porque teníamos una pequeña
deuda con la empresa. Liberamos esa deuda y nos parece que ajustamos
plenamente las necesidades que ese subconcepto precisa en la dirección a
que he hecho referencia.




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Sobre el plan gerontológico voy a hacer una reflexión general. Cierto es
que este plan no ha sido aprobado por el Gobierno, que pasó en su momento
por el Consejo de Ministros, pero ya mi antecesor, ahora hace un año, les
explicó que no fue aprobado por la cuestión de la memoria económica. Si
ustedes leen, como creo que han hecho, la comparecencia de mi antecesor
aquí hace un año, ya les explicó que la presupuestación del plan
gerontológico requería un conjunto de inversiones a corto y a medio plazo
que no fue considerado posible en ese momento en el escenario en que
estábamos trabajando en el Gobierno. ¿Qué se ha hecho? En primer lugar,
destinar a las comunidades autónomas una cantidad de plan gerontológico
que empiezo explicando que no decrece, está congelada. Tanto en el
capítulo 4, para financiar ayudas a domicilio, como en el capítulo 7, de
inversiones, la cifra que aparece en los presupuestos de 1994 es la misma
que en el presupuesto de 1993. Primera cuestión que quiero dejar clara.

Segunda cuestión. Estamos, lógicamente, revisando el plan gerontológico,
estamos adecuándolo a la realidad, estamos reescribiendo el plan
gerontológico, y la Ministra tiene la voluntad de que próximamente pueda
elevarse a Consejo de Ministros para darle al menos un cierto rango, ya
sea de acuerdo de Consejo de Ministros, para poder de alguna manera
reforzar la validez política de este plan gerontológico, que a nadie se
le escapa que tiene una importancia capital.

Déjenme que les señale un aspecto que me parece importante. El crédito
que el Ministerio destina a la tercera edad va aumentando, lógicamente,
porque no puede ser de otra manera. Por ejemplo, en el Inserso lo que
vamos a destinar en 1994 a hogares, residencias, turismo y termalismo
supera en 2.500 millones lo que hemos destinado este año 1993. Es decir,
hemos presupuestado en el Inserso --gestión directa, lógicamente-- una
cifra bastante mayor que la que tenemos ahora para poder ir dando
respuesta a las necesidades de la tercera edad. Para ayuda a domicilio,
en el Inserso se mantienen los 4.000 millones y para el plan
gerontológico se mantienen los 4.014 millones que resultan de la suma de
las partidas que tenemos en los capítulos 4 y 6. Con eso quiero decir que
si sumásemos lo que destinamos a plan gerontológico con lo que el Inserso
destina a tercera edad, la cifra que se obtiene es de 54.080 millones de
pesetas, sobre la de 51.900 del año 1993. Porque el plan gerontológico no
sólo es el concepto que aparece en los presupuestos; ésa es la parte del
plan que va a las comunidades autónomas. Si se lo leen, verán que el plan
gerontológico también tiene que ver con el conjunto de actuaciones del
Ministerio dirigidas a la tercera edad. En consecuencia, el coste de las
residencias, de los hogares, del plan de turismo, termalismo, las ayudas
a domicilio también forma parte de ese plan gerontológico. Si sumamos
esas partidas, la cifra es de 54.000 millones, a la que debería
adicionarse, además, la parte proporcional que las autonomías de gestión
transferida destinan a la tercera edad. Si llegásemos a encontrar la
fórmula polinómica que eso representa, de los 77.000 millones que el
Inserso transfiere a las comunidades autónomas para gestión directa de
programas de tercera edad y de minusválidos, unos 41.000 millones están
destinados a tercera edad. Si sumáramos los 54.000 millones que
destinamos nosotros directamente con los 41.000 millones que destinan las
comunidades autónomas a partir de la transferencia de la gestión de los
servicios del Inserso, la cifra que en España se destinará en 1994 a la
tercera edad a través del Inserso transferido, a través de Ministerio, a
través de la transferencia de autonomías en el plan gerontológico, es,
aproximadamente, de 95.000 millones de pesetas. Insisto en esta cifra
porque me parece que es bastante importante.

¿Cuál es, a mi entender, la confusión que se produce? Tengo que asumir
que seguramente inducimos nosotros mismos a esa confusión al utilizar el
concepto plan gerontológico para referirnos a aquello que deberían ser
transferencias a las comunidades autónomas para la ejecución del plan,
que es exactamente lo que pasa --capítulos 4 y 7--. Al poner únicamente
plan gerontológico en el concepto, se puede producir la extrapolación de
que eso es todo el plan gerontológico. Eso no es todo el plan. Es eso y
es lo que el Inserso destina a tercera edad y es lo que las autonomías
con gestión transferida dedican a tercera edad. Si hablamos de una cifra
de 95.000 millones de pesetas, creo que se ajusta un poco más a la
realidad de lo que realmente está gastando nuestro país en la tercera
edad, y lo que, lógicamente, como todos ustedes saben mejor que yo,
debería sumarse lo que destinan administraciones locales y provinciales,
que también son cifras sumamente elevadas. Insisto en una cuestión que me
parece importante. El concepto de transferencia a las autonomías del plan
gerontológico está congelado; no así, en cambio, lo que destina el
Ministerio o la Administración central del Estado a la tercera edad, que,
como no puede ser menos, va aumentando año a año. Digo eso porque entre
los objetivos del Ministerio, créanme, señorías, la atención a la tercera
edad es una prioridad absoluta y me gustaría que quedara claro este
concepto. Digo esto porque cuando se nos pregunta: ¿todo es importante?,
tenemos que contestar que claro que todo es importante, pero en política,
todos lo saben bien, la necesidad de priorizar refleja siempre una
lectura presupuestaria de un tipo o de otro.

Me dicen que se han producido recortes a familias e instituciones sin fin
de lucro. No se han producido recortes. Si suman la previsión del 0,52
del IRPF, que es la inicial de 1993 y no la final que supera los 9.000
millones, si suman todo lo que las direcciones generales y organismos
autónomos destinan a entidades sin fin de lucro, encontrarán una cifra
que al final de 1994 va a superar, sin ninguna duda, los 11.000 millones
de pesetas. Me preguntan para qué y cómo. Pues para el conjunto de
colectivos a los que el Ministerio dedica su actuación política, para
todos ellos. ¿Cómo? La Ministra adelantó en su comparecencia hace unos
días que tenemos la voluntad en este año próximo de realizar una
convocatoria única para el conjunto de subvenciones que el Ministerio
destina a entidades sin fin de lucro, una única convocatoria donde va a
incluirse tanto la parte dedicada al 0,52 del IRPF como el conjunto de
subvenciones que las



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direcciones generales tienen para ese fin. ¿Con qué finalidad? Para que
en la convocatoria se concrete aún más si cabe --la del 0,52 de este año
ya estaba bastante especificada-- el objetivo último de cada una de las
subvenciones, de forma que las entidades, cuando se presenten a la
convocatoria, tengan que especificar muy claramente si lo hacen para lo
del 0,52, que como saben ustedes es para intervención directa ante el
usuario, ante el ciudadano, ante esos colectivos, o se presentan, en
cambio, para el conjunto de las otras subvenciones que son mucho más para
infraestructuras, para el mantenimiento de las entidades, etcétera.

Aprovecho para explicar que ha habido una traslación de dinero del
concepto de subvenciones a entidades de acción social a la Dirección
General del Menor, porque ha asumido --y va a asumir en 1994-- todo el
tema dedicaado a promoción de las entidades dedicadas a la familia, y
ésas se venían subvencionando hasta el momento en la Dirección General de
Acción Social. La Ministra tiene mucho interés en reforzar el papel de la
familia e impulsarlo. Hoy mismo está en una reunión fuera de España sobre
este particular. La Dirección General del Menor va a asumir todo ese
conjunto de nuevas responsabilidades, y nos ha parecido más, en puridad
presupuestaria, adecuar el lugar donde debían apoyarse esas entidades. Lo
digo porque, si se lee sólo lo que decrece y no lo que crece, da la
impresión de que las cosas no se equilibran. En este caso, les puedo
asegurar que el equilibrio es estrictamente matemático.

Vamos a hacer, repito, una convocatoria única para que quede claro
exactamente para qué son esas subvenciones, con qué fines se presentan
las entidades y cómo podemos nosotros, de alguna manera, hacer si cabe
más transparente todo proceso de financiación y de apoyo a esas entidades
no gubernamentales. Entidades no gubernamentales que, aprovecho para
decirlo, están representando y jugando un papel cada vez más importante
en nuestra sociedad, en esos movimientos de marginación o de dificultad,
a veces, de acceso a los derechos mínimos en esas políticas de igualdad.

Esas entidades llegan mucho más a esos colectivos que la propia
Administración. El Gobierno tiene interés en seguir potenciando ese
conjunto de entidades, ese tejido social en esa línea de poder llegar al
conjunto de los colectivos de formas no institucionales, de formas mucho
más altruistas y participativas.

Me pregunta sobre el Real Patronato de Deficiencias Psíquicas. No
disminuye el concepto, está congelado, no varía ni una peseta más ni una
menos. Si se ha entendido de otra manera, luego se lo puedo demostrar en
las cifras.

El Patronato de Lepra. Este Patronato está en nuestro Ministerio, como
ustedes saben, y lo que hace es cuidarse de la dirección de los centros
que quedan en nuestro país, de atender a las personas que todavía quedan
con este problema. Hemos hecho una reducción importante por dos motivos,
el primero porque vamos a integrar parte de sus funciones en el conjunto
de la estructura del Ministerio y, por tanto, algunas de las actividades
que llevaba a cabo el Patronato las van a realizar funcionarios del
Ministerio. Esto nos parecía que era un mecanismo de economía importante
y que se podía hacer sin menoscabo de la autonomía de ese Patronato. El
segundo motivo es porque estamos trabajando intensamente con el
Ministerio de Sanidad para que algunas de las actividades que se realizan
desde ese Patronato sean también asumidas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo. Estamos preparando un convenio entre los dos ministerios con un
conjunto de ámbitos para colaborar, y uno es éste. En ese sentido nos
parecía que con la cifra que finalmente hemos fijado en el presupuesto
podríamos alcanzar los objetivos para los que todavía tenemos una
responsabilidad claramente asumida.

El plan concertado. El plan concertado, como ustedes saben, lo que hace
es fomentar, promocionar la red de servicios sociales básicos. La cifra
está congelada. Tampoco ha disminuido. Es la misma que teníamos en 1993.

Digo esto porque la señora Sainz --creo-- ha planteado que ha bajado. No
ha bajado, es exactamente la misma para 1994. El plan es cofinanciado. Se
dota el crédito para que los recursos de servicios sociales de base
puedan funcionar con una cierta prontitud. Existe un número muy
importante ya de centros en España. En los municipios de menos de 500
habitantes existen algunos recursos polivalentes, de una trabajadora
social; en los de más de 500 habitantes hasta 5.000 existe un centro que
quiere ser polivalente, lo cofinanciamos entre las tres administraciones,
y es el plan que da un poco la estructura básica de los recursos sociales
para la población.

En la próxima reunión de la Conferencia sectorial que la Ministra va a
convocar al final de este mes vamos a proponer a los consejeros de las
comunidades (en un ámbito y en una idea autonomista que quisiera que la
señora Sainz tuviera la certeza que este Ministerio mantiene) hacer una
revisión del plan concertado, de su eficacia, del número de centros, del
número de personas asistidas y atendidas, con el objetivo de que podamos
ir avanzando en una revisión del mismo y en una cuantificación de las
necesidades futuras de este plan concertado con las comunidades
autónomas.

Me preguntan sobre recortes a las comunidades autónomas en favor de los
migrantes, disminución en ayudas de movimientos migratorios internos.

Básicamente, se ha producido un recorte por dos motivos. Uno, porque
existe cada vez una disminución del número de personas que se movilizan
dentro del territorio español para acudir a una actividad temporal fuera
de su zona geográfica de residencia habitual. Está reduciéndose y, en
consecuencia, ha disminuido el concepto presupuestario. Quiero añadir que
dentro de un rato comparecerá el Director General de Migraciones y podrá
explicarles con más detalle esta cuestión. Es cierto que en nuestro país,
que ha pasado de ser un país de emigración a un país de inmigración, los
movimientos migratorios interiores de una zona a otra del territorio han
ido cada vez disminuyendo más, y los créditos que hay que son: uno, para
atender a personas concretas en los problemas que les puede ocasionar
estos traslados, y otro, a empresas que



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financien el traslado, han ido decreciendo sobre la base también de la
disminución de la demanda.

Me preguntan cómo es que baja el concepto del crédito para ayudas de cero
a tres años y mantenemos congelado, en cambio, el de guarderías
laborales. La verdad es que baja el crédito porque también se ha
producido en los últimos años una disminución de la solicitud de este
crédito. Ustedes saben que es un crédito para atender a las familias en
que la madre tiene que trabajar y no tiene recursos para atender al niño
de esta edad. Es un crédito finalista que se transfiere a las comunidades
para atender este tipo de situaciones. También eso ha ido cambiando, las
peticiones de ejecución del mismo no eran tan elevadas y es un crédito
que hemos tenido que reducir. No así el de guarderías laborales, que es
el que se dedica a atender a guarderías, con nombres y apellidos, para
que la madre pueda dejar al niño menor de seis años cuando está
trabajando en una situación en la que no puede atenderlo directamente
ella o no puede atenderlo ningún familiar en las horas de actividad
laboral.

Me pregunta por qué aumentan en la Dirección General de la Juventud los
arrendamientos. Aparte de locales arrendados en la Dirección General de
la Juventud, que aumentan año a año, tenemos también las oficinas de
Tive, que es la agencia de turismo juvenil, algunas de ellas arrendadas
que también aumentan año a año. Les diré que nuestro Ministerio tiene un
problema estructural, que a nadie se le escapa, que es que tenemos diez
sedes en Madrid, lo que representa un incremento de coste añadido
importante, ya sea bien por alquiler de edificios o por movimiento del
personal entre una sede y otra. Lógicamente estamos trabajando con la
perspectiva a medio plazo de poder encontrar algún edificio grande donde
ubicar el conjunto del Ministerio. Esto tiene una lógica histórica. Es un
Ministerio, como saben bien, que se ha dotado de aquellas direcciones
generales procedentes de otros ministerios que por su contenido parecía
que tenían más razón de ser en un Ministerio de Asuntos Sociales que en
aquel del que partían. En consecuencia, ese es un problema con el que nos
hemos encontrado; es un problema que es lógico que exista y poco a poco
vamos a intentar resolverlo a medio plazo con la idea de poder ubicar el
Ministerio --al menos una parte importante del mismo-- en un solo
edificio y poder ahorrar de forma sustantiva tanto en lo que representan
hoy los alquileres como en lo que supone de movimiento personal de un
edificio a otro.

Me pregunta también qué sucede con el programa de ayuda a los jóvenes
para acceso a la vivienda. Pues bien, este es sin duda un programa
importante al que el Ministerio le daba y le quería dar prioridad, pero
es de los programas que el ajuste presupuestario ha obligado a recortar.

¿Por qué este programa? Porque es un programa que se va haciendo --como
ustedes saben, es para financiar la creación de viviendas para
estudiantes en régimen de alquiler-- en cooperación con autonomías,
municipios o universidades. Este año hemos reflejado en el presupuesto
los compromisos para este año, que son con dos universidades, pero
todavía no se han puesto en marcha los diferentes programas que hemos ido
haciendo años anteriores. Están construyéndose esos edificios, todavía no
se han entregado y, en consecuencia, nos parecía que el ajuste que íbamos
a hacer era un ajuste con el que cumplíamos con los compromisos, no
abríamos nuevos y tenemos lógicamente la esperanza y la expectativa de
poder aumentar en el futuro, cuando la situación económica permita una
cierta tranquilidad en estos programas, pero nos parecía que asumiendo
los compromisos ya cerrados en este programa podríamos aguantar este año
y con la expectativa de que en años próximos pudiéramos volver a despegar
con este programa. Pero insisto en lo que decía al principio de mi
intervención, señorías, cuando hay que priorizar hay que hacerlo tomando
como siempre las difíciles decisiones de reforzar unos colectivos en
situaciones, si se quiere, de más necesidad que otros y en este caso --lo
he explicado antes y lo vuelvo a decir ahora, en el caso de la tercera
edad hemos hecho un esfuerzo importante para aumentar los créditos para
este colectivo-- hemos tenido que frenar el crecimiento o desarrollo de
este programa al que han hecho referencia.

Me preguntaban sobre el incremento del gasto que tiene el Consejo de la
Juventud de España. Lo tiene porque se le va a dar mayor autonomía, un
mayor conjunto de actividades y parece que es necesario reforzar, de
forma crediticia, este Consejo que, por otro lado, saben ustedes bien,
representa el conjunto de las entidades y asociaciones juveniles de
nuestro país y que es un interlocutor óptimo ante la Administración para
conocer de cerca y poder seguir el conjunto de inquietudes y
sensibilidades, lo que para nosotros es, sin duda, un elemento a reforzar
y potenciar, como se ha venido haciendo desde el Ministerio hasta la
fecha.

Sobre el Instituto de la Mujer diré únicamente que el presupuesto no se
reduce. De nuevo observo problemas en la interpretación presupuestaria,
tal vez es que una lectura parcial de la misma puede dar la impresión de
que en un concepto se reduce y en otro se aumenta. El presupuesto del
Instituto de la Mujer se mantiene igual que el de 1993. Ha sido voluntad
expresa de la Ministra que este presupuesto no se vea modificado ni
afectado --por tanto se mantiene tal como estaba en 1993-- y ha tenido,
eso sí, un incremento de capítulo 2 en relación a otros capítulos. Eso
¿por qué? Porque hemos preferido identificar en el capítulo 2 aquellos
programas que el Instituto de la Mujer está haciendo y va haciendo cara
al futuro, como programas de divulgación, de documentación, de
publicación, de reuniones, de conferencias en los que el Instituto de la
Mujer participa activamente y por un tema que yo entiendo que será
fácilmente comprendido por SS. SS. Durante el año 1995 va a tener lugar
una Conferencia Internacional de la Mujer de Naciones Unidas en Pekín,
conferencia que ya estamos preparando, que ya está preparándose desde
Nueva York hace tiempo y el Instituto de la Mujer quiere participar
activamente en esta conferencia. España va a ser, en cierta manera, un
poco la embajadora ante la secretaria de la Conferencia Internacional de
la Mujer de los países de América Latina; vamos a destinar incluso
físicamente al lado de la



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secretaria que prepara la conferencia en Nueva York una persona del
Instituto para que durante dos años pueda colaborar y hacer un poco de
portavoz de los institutos de la mujer de América Latina, que fue una
propuesta que hizo la persona que va a llevar esta conferencia a la
anterior Ministra y, de alguna manera, yo creo que es un gran acierto
poder potenciar esto.

Aumenta la financiación a entidades no gubernamentales. Nos parecía
necesario aumentar este crédito porque el número de demandas era muy
importante, y me preguntan por qué no se transfiere a las comunidades
autónomas que tienen dicha competencia transferida. El Instituto de la
Mujer tiene un crédito que es relativamente exiguo. No podemos decir que
sea un crédito muy elevado. Las comunidades autónomas tienen todas una
dirección general, un Instituto de la Mujer que lleva la política de
igualdad en su ámbito territorial. Existe una colaboración muy intensa
con el Instituto. Hace una semana tuvo lugar la reunión de directoras o
responsables de institutos de la mujer de las autonomías con la Directora
del Instituto de la Mujer, que, por cierto, comparecerá dentro de media
hora aquí también para clarificar esos aspectos, y de alguna manera les
aseguro que la política del Instituto se hace con el máximo consenso de
las comunidades autónomas.

Me preguntaba por la dotación del fondo de garantía de pensiones. Yo creo
que la Ministra ya planteó que es un tema que estamos estudiando, que
requiere una norma que la sustente, antes del concepto presupuestario,
que tenemos interés en estudiar con detenimiento y que cuando lo podamos
desarrollar lo hagamos con la seguridad que da el poder disponer del
crédito necesario para cubrir un fondo de esta magnitud.

Me preguntaban también por el tema de la Lismi; que el subsidio de
garantía de ingresos mínimos se está sustituyendo por las PNC y que esto
representa, según el criterio de la señora Sainz, un menoscabo y una
pérdida para las personas que tienen este tipo de pensión. Le diré tan
sólo dos cosas sobre este particular. La primera es que en estos momentos
tenemos en pensiones no contributivas en nuestro país un número de
beneficiarios de 211.000 personas; que el subsidio de garantía de
ingresos mínimos es de 204.000 personas, a fecha 30 de septiembre, y
todavía queda un número mayor de 200.000 que tienen pensiones del FAS ya
extinto. Cuando se hace la Ley de las pensiones no contributivas se prevé
en un momento que va a haber un trasvase importante de unas y otras a la
de pensiones no contributivas; trasvase que no se produce en el aumento
que en un momento se podía prever. Eso ¿por qué sucede? Por dos motivos.

Primero, porque como dice muy bien la señora Sainz, cuando una persona
tiene un subsidio de garantía de ingresos mínimos en la Lismi y pasa a
una no contributiva, para la no contributiva se consideran las rentas
familiares en su conjunto, no así en la de la Lismi. A nosotros nos
parece que eso es un acierto, lo que a ella le parece que es un error.

(La señora Sainz García: Pierde.) En consecuencia, no tenemos mucho que
explicar porque nos parece que es bueno que se considere el conjunto de
las rentas de la familia para poder considerar la posibilidad de dar una
pensión no contributiva a un miembro de esa familia. Sabe usted mejor que
yo también que las pensiones no contributivas son bastante mayores en
cantidad que las pensiones de la Lismi y que, de alguna manera, parecería
lógico que en una familia con ingresos importantes se considerase para
dar o no dar una pensión no contributiva el hecho del conjunto de la
renta familiar. De todas maneras le diré que hay un número importante de
personas con Lismi que no han ido a pensión no contributiva; se han
quedado con la Lismi que, lógicamente se va manteniendo, y poco a poco la
previsión es que va a haber una traslación de unas y otras hacia las
pensiones no contributivas.

Para el año 1994 en el Inserso hemos presupuestado para pensiones no
contributivas la cantidad de 147.540 millones de pesetas, es decir,
67.000 más que la previsión al inicio de 1993, pero le diré que en 1993
se ha producido una desviación de 35.000 millones a favor de las
pensiones no contributivas y, en cambio, se ha producido un decrecimiento
de unos 15.000 millones en la previsión de la Lismi. Eso nos plantea un
escenario y es que poco a poco seguramente nos iremos encontrando con que
llegaremos a alcanzar una cifra de unos 400.000 beneficiarios de
pensiones no contributivas, que es, más o menos, la cifra con la que se
trabajaba en el inicio del desarrollo de la Ley que marcó la aplicación
de este tipo de pensión. Por tanto, fíjense bien, año 1994: 147.000
millones de pesetas para las pensiones no contributivas; 80.000 para las
pensiones económicas de la Lismi.

Me preguntan también por qué bajan en el Inserso las atenciones básicas a
minusválidos. Bajan las básicas a minusválidos porque han pasado a no
contributivas muchas de las personas que reciben ese tipo de atención.

Bajan porque hemos invertido en centros residenciales y de atención a
domicilio. Fíjense que en cambio el concepto 3143: atención y
recuperación de minusválidos en centros asistenciales, aumenta en 634
millones. En definitiva, no baja la globalidad, se redistribuyen los
conceptos en base a las demandas y necesidades que, a lo largo de este
año y en los anteriores, se han ido identificando.

Insisto en que las pensiones a la tercera edad no han disminuido, ni
mucho menos, han aumentado en la cifra que les he dado, y me gustaría que
retuvieran esta cifra: unos 95.000 millones es la cantidad que hoy
destina a la tercera edad el Ministerio, gestión directa, desde las
autonomías que tienen la gestión transferida, desde lo que es plan
gerontológico, en el concepto presupuestario 4 y 7, a comunidades
autónomas.

Me preguntaba la señora Urán por qué han caído las ayudas a entidades no
gubernamentales en el Programa 311.A. Le he comentado que pasan ya a
Menores. Los pasivos financieros creo que se mantiene en ocho millones de
pesetas. Sabe que los pasivos financieros, artículo ocho de la Ley de
Presupuestos, sirven para poder aportar ayudas puntuales en momentos
determinados y me parece que la cifra que hemos mantenido es idéntica a
la que teníamos en 1993. Se refería igualmente al plan gerontológico, al
que ya he hecho referencia.




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En cuanto a la lucha contra la pobreza, disminuye algo. La lucha contra
la pobreza contiene dos programas que tiene el Ministerio; uno, para las
situaciones de necesidad, con cuatro programas piloto que están
haciéndose en cuatro autonomías de nuestro país. Son programas que se
financian, cada vez más, con recursos de la Comunidad Europea. El
programa Horizon también tiene una parte para la minusvalía y la pobreza.

En consecuencia, si ha bajado algún crédito en nuestros presupuestos no
va a bajar, ni mucho menos, el conjunto de las actuaciones, porque son
programas cofinanciados.

Me pregunta sobre la desaparición de la partida de 99 millones a
comunidades autónomas para niños maltratados. Es una partida que se ha
suprimido, no porque haya desaparecido el problema, ni mucho menos, por
desgracia, sino porque la tramitación de la cantidad que representa en
transferencia a las autonomías genera un mayor coste que el crédito
resultante final. Hemos preferido incorporarla a otras partidas mayores a
comunidades autónomas, porque el programa de malos tratos a los niños lo
están llevando las autonomías en coordinación con el Ministerio. Nos
parecía que la eficacia de ese crédito presupuestario de 99 millones
entre 17 autonomías daba para poco y, en consecuencia, era más lógico
aunar en ese crédito partidas ya consolidadas a comunidades autónomas
para otro tipo de actividad, sin que eso quiera decir que las autonomías
no desarrollen el programa.

Me preguntaba por qué disminuye la inversión al menor. La inversión al
menor disminuye porque también hemos tenido que hacer una opción de poner
más en mantenimiento que en inversión. Le diré que estamos en este
momento a punto de transferir esta competencia respecto al menor a la
Comunidad balear, que es la última que no tiene transferidas las
competencias del menor. Estamos negociando en la comisión mixta la
cantidad que la transferencia va a representar. Ahí teníamos una partida
de inversión que será transferida. La disminución no afecta, ni mucho
menos, al conjunto de la política de la Casa.

Me preguntaba por el acceso a la vivienda, que ya he contestado.

En cuanto al fomento del empleo juvenil, la Ministra lo planteó aquí; es
uno de los temas en los que la Directora de la Juventud está trabajando
intensamente, junto con el Ministerio de Trabajo, para poder avanzar en
un tema que ya salió en la comparecencia de la Ministra que era el
contrato de aprendizaje, el contrato en prácticas. Tenemos mucho interés
en el fomento del empleo juvenil, lo cual no quiere decir que tengamos
más o menos crédito para hacer una cosa u otra, porque, en definitiva,
éste es un Ministerio que, como ha hecho hasta la fecha, tiene que
conseguir que los ministerios sectoriales, también en sus políticas
concretas, lo hagan con la orientación que hay que dar a estos colectivos
para los que el Ministerio tiene una dedicación preferente, una política
de atención a esos colectivos y de igualdad como la que estamos
desarrollando. Tenemos, por ejemplo, experiencias muy interesantes en
empleo juvenil, de todo tipo. Estamos en colaboración con la experiencia
de escuelas-taller, que financia el Inem, el Ministerio de Trabajo y el
Fondo Social Europeo, pero le aseguro que una de las prioridades que
tiene la Directora de la Juventud sobre la mesa es desarrollar todo el
tema del empleo juvenil conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, que
es con el que hay que desarrollarlo. En consecuencia, no quisiera que
entendieran que la disminución en un crédito quiere decir que la
disminución del interés de la política tiene que verse afectada por ello.

Acabaría diciendo, señor Presidente, que deseamos la máxima cooperación
con las autonomías; tenemos conferencia sectorial dentro de un mes, como
se ha venido haciendo hasta la fecha en el Ministerio. Vamos a transferir
el Inserso durante 1994, como no podía ser de otra manera. Les aseguro
que el presupuesto que tenemos, no es para salir corriendo, sino que es
un presupuesto ajustado que responde a la situación de ajuste
presupuestario en que se mueve el Gobierno y que nos permitirá que el
Ministerio de Asuntos Sociales siga cumpliendo sus responsabilidades como
lo ha venido haciendo hasta la fecha.




El señor PRESIDENTE: Señorías, comprendo que cuando se habla, y cuando lo
que se dice exige esfuerzo intelectual, el tiempo se detiene. Lo digo
porque el señor Subsecretario acaba de anunciar que dentro de media hora
comparecerá la Directora General del Instituto de la Mujer. Creo que el
reloj del señor Subsecretario se ha detenido, porque la Directora General
del Instituto de la Mujer debería estar compareciendo ya, pues su
comparecencia estaba prevista para las 17 horas. Con ello no
responsabilizo sólo al señor Subsecretario en el consumo del tiempo, sino
también a las señoras portavoces que han hecho uso bastante generoso y
benevolente del plazo que esta mañana habíamos fijado ante los portavoces
para la primera intervención. Les reconvengo, señoras Diputadas, a que
sean más precisas y aún más concisas que en su primera intervención, y a
su vez lo hago también con el señor Subsecretario, para que podamos
cumplir el calendario de las comparecencias de esta tarde.

Tiene la palabra la señora Sainz.




La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, voy a ser tan concisa que le
voy a solicitar al señor Subsecretario que, si es posible, nos envíe por
escrito la partida desglosada, en cada uno de los conceptos, del plan
gerontológico de este año 1994 y la del año 1993, para ver las
diferencias, porque nosotros en los papeles tenemos siempre una resta,
aparece siempre un menos, tanto en el presupuesto del Inserso como en el
presupuesto que figura como integrante del Ministerio de Asuntos
Sociales. Le agradecería que nos lo hiciese llegar para no entrar ahora
en una discusión que quizá no nos daría luz, desde luego, no la daría a
la portavoz que tiene en este momento el uso de la palabra. También le
agradecería que nos hiciese llegar la documentación del plan concertado.

No me ha contestado por qué se ha reducido el programa de mujer rural,
que para nosotros es importante. Y en esa brevedad que ha pedido el
Presidente, quiero decirle



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que el que no hayan considerado ustedes prioritario el acceso a la
vivienda para los jóvenes nos parece grave. Quiero añadir que con un
presupuesto en el que decrecen todas las transferencias a las comunidades
autónomas, que en algunos de los casos existe congelación, o con cifras
tan pequeñas como la de 18 millones en el Instituto de la Mujer, creo que
poco acuerdo y entusiasmo van a tener con las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Muy brevemente, señor Presidente, para sumarnos
a la petición que ha hecho la portavoz del Grupo Popular, en el sentido
de que nos remitan por escrito también los mismos datos.

Quisiera hacerle dos preguntas concretas, que si es posible las contesta
ahora y de lo contrario nos las contesta también por escrito. El señor
Subsecretario ha dicho que se habían reducido las transferencias de 0 a 3
años, sencillamente porque había caído la demanda. Nos gustaría conocer
si han analizado ustedes por qué ha caído la demanda cuando precisamente
las mujeres tienen un gran problema a la hora de encontrar servicios que
les permitan dejar a los niños de 0 a 3 años para seguir en el ámbito
laboral, o para buscar empleo en caso de que no lo tengan. Nos gustaría
conocer si existe una opción por parte del Ministerio para fomentar las
guarderías, por qué no se han trasvasado los recursos de una partida a
otra teniendo en cuenta el déficit de guarderías públicas que existe. Son
dos preguntas concretas que si puede las contesta ahora y si no no las
remite por escrito.

Termino diciéndole que a mí me gustaría compartir la ilusión que tiene el
señor Subsecretario acerca de que estos presupuestos les van a permitir
mantener los objetivos previstos por el Ministerio de Asuntos Sociales,
pero con el estudio que nosotros hemos hecho de estos presupuestos nos
parece que cosas que para este Grupo son prioritarias se van a quedar muy
descolgadas en el año 1994 y nos vamos a ver en el año 1995 diciendo lo
que ha sucedido, que no va a ser lo que a nosotros nos gustaría;
quisiéramos tener un avance para estar en una mejor situación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES (De Torres Sanahuja): Vamos a
remitir, sin duda alguna, toda la documentación, tanto a la señora Sainz
como a la señora Urán, referida al plan gerontológico y al plan
concertado, desglosados, para que puedan comprobar que no han disminuido
como la lectura del presupuesto les puede hacer creer.

Sobre la mujer rural le diré, si mi memoria no me falla --estaba buscando
ahora la partida--, que el programa de formación de la mujer rural ha
sido subsumido en otro programa más genérico. Mire, si no, el subconcepto
anterior --lo digo de memoria, mírelo usted que lo tiene cerca-- y verá
cómo la cifra que ha disminuido en el programa de formación a la mujer
rural está incorporado en otro. De todas maneras, la Directora del
Instituto de la Mujer les podrá reforzar ese punto de vista, aunque yo
creo que ya ha sido una supresión, no disminución, por inserción en otro
concepto más genérico de ese programa que, por su cantidad, tenía
dificultad en la ejecución concreta. Entienda también que cuando hay
programas tan específicos de cuantías de esta magnitud, a veces la
ejecución se hace tan compleja que es mejor subsumirlo en programas
mayores.

Sobre las comunidades autónomas, no es cierto que bajen las
transferencias globales --también se lo haré llegar por escrito-- porque
se mantienen en la cuantía que teníamos, no aumentan pero se mantienen
igual. Deje que le diga que el interés y la ilusión por trabajar con las
autonomías no quiere decir, ni mucho menos, ni en política debe plasmarse
de forma paralela, en tener más o menos crédito para transferir a las
autonomías; quiere decir tener voluntad política de trabajar con las
comunidades autónomas, tal como reza el Título VIII de la Constitución.

En eso está el Ministerio. En eso ha estado este Ministerio siempre, no
le quepa la menor duda, y va a seguir así. Tenemos la conferencia
sectorial dentro de dos semanas, vamos a ver el presupuesto de las
pensiones no contributivas... Hay un tema que aquí no ha salido, que es
cómo se destinan y se gestionan y se acuerdan y se dotan esas pensiones
no contributivas. No me lo han preguntado, pero es un tema también
interesante discutir con el conjunto de las autonomías. No le quepa la
menor duda de que estamos trabajando con las autonomías con la máxima
ilusión y con el convencimiento de que sin ellas, lógicamente, la
política social que hoy hace el Ministerio tampoco tendría razón de ser
ni aplicación política concreta.

Sobre las guarderías, quiero hacer dos reflexiones: una, la aplicación de
la LOGSE poco a poco, por suerte, va cubriendo estas necesidades en
menores de seis años que antes el Ministerio iba cubriendo
subsidiariamente. Es bueno que así sea, porque no puede ser de otra
manera. ¡Ojalá un día no tengamos que cubrir eso! Querrá decir que la
LOGSE ha llegado a aplicarse en su globalidad, en su totalidad y que no
hay necesidad de ese tipo de servicio subsidiario. El Ministerio lo
mantiene, porque cree que es importante mantenerlo, pero tiene la certeza
y el convencimiento de que el desarrollo pleno de la LOGSE va a permitir
que un día eso no sea necesario. Ahora bien, no nos extrañemos que no
aumente, lo que ocurre es que vamos congelando ese crédito porque las
necesidades, por suerte, van cubriéndose con los recursos ordinarios que
el Gobierno y el país han ido determinando para ese tipo de población. Y
en eso nos tenemos que felicitar todos.

Por lo tanto, nada más, señor Presidente. Tomo el compromiso de que
mañana mismo SS. SS. tendrán la información que me han solicitado.

Muchas gracias a todos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario por su
comparecencia.




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--DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (SUBIRATS
MARTORI), A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000258.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, comparece ahora la Directora General del
Instituto de la Mujer.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, buenas tardes. Desde nuestro
Grupo le damos la bienvenida a esta Comisión en su primera comparecencia.

Voy a intentar ser lo más breve posible, pero, desde luego, necesitamos
que nos aclare algunos datos que el Subsecretario de Asuntos Sociales nos
ha dejado un poco caídos para que fueran aclarados por usted.

En los presupuestos para este año en los que hay una reducción general de
todo el Ministerio, también vemos que, en comparación con el del año
1993, hay una reducción en el presupuesto para el Instituto de la Mujer.

Lo que hace el Instituto es dar orientaciones, hacer estudios, y algún
que otro programa de promoción de la mujer, sin menospreciar el trabajo
que está haciendo que nos parece interesante e importante. Lo que nos
preocupa es que en estos presupuestos hay una reducción drástica,
precisamente en estudios y trabajos técnicos, que nos parece que no va a
beneficiar. Precisamente uno de los objetivos del Instituto de la Mujer
en el II Plan de Igualdad es seguir manteniendo la concienciación
ciudadana a través de todos los planes que se han venido ejecutando, de
todos los estudios que se han venido haciendo, lo que ha llevado a que en
estos momentos haya una mayor conciencia de cara a la problemática de la
mujer. Se consigna esta reducción presupuestaria, pero consideramos que
no hemos acabado con la concienciación de la sociedad, con lo que ello
puede mermar en gran medida el avance que se había venido produciendo en
años anteriores.

Otra de las cosas que nos preocupa --posiblemente es que el proyecto se
esté acabando-- es que en el programa Now hay una reducción también
bastante drástica. En principio, se supone que todavía no acaba y, por lo
tanto, nos tendría que explicar la Directora si esta reducción se debe a
que hay una disminución del número de personas que asisten a este
programa, si es que hay más subvención de la Comunidad Económica Europea
o si sencillamente hay personas que se han retirado del citado programa y
no hace falta detraer tantos recursos.

Una cuestión que ha quedado pendiente y que nos preocupa es la reducción
que hay en el programa de formación de mujeres en el área rural, cuando
sabemos que es uno de los sectores con mayores problemas a la hora de su
inserción en el mercado laboral.

Hay muchas cosas más que nos gustaría comentar pero, para ser ágiles en
esta primera comparecencia, desearíamos que se nos aclararan todos estos
puntos, y que la Directora del Instituto de la Mujer nos explicara qué
programas en concreto son los que se van a desarrollar que no están
especificados de cara a la promoción de las mujeres a puestos de mayor
responsabilidad para este año, que no vienen --por lo menos yo aquí no lo
he visto-- especificados y qué tipo de programas son los que se van a
llevar a cabo en materia de formación de personal sanitario, que también
sufren una reducción. Todo esto, a la expectativa de ver cómo se va
cumpliendo el II Plan de Igualdad para la mujer, puesto que es un plan
nuevo. Más adelante nos gustaría saber en qué medida se va desarrollando.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Directora General.




La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (Subirats Martori):
Respecto a la reducción del presupuesto, tengo que decir que, como ha
explicado el Subsecretario, el presupuesto del Instituto de la Mujer no
se ha reducido, tiene exactamente la misma cifra que el año anterior.

Otra cosa es que ha habido una cierta reordenación interna, a la que
pasaré en seguida porque creo que aclara en gran parte muchas de las
preguntas que se han hecho e, incluso, algunas que tal vez no se han
contestado con todo el detalle que habían sido hechas anteriormente.

Que no haya habido reducción del presupuesto me parece importante en este
momento en que se sabe que hay, de una manera general, reducción de los
presupuestos. Pienso que efectivamente ha habido un interés específico de
la señora Ministra para mantener nuestro presupuesto, dado que es
consciente de que es un presupuesto reducido y que las tareas a realizar
para la total normalización de la vida de las mujeres de este país son
todavía muchas. En este sentido, ha habido un especial interés en
mantener el presupuesto del Instituto incluso en esta etapa.

Cuáles han sido las variaciones internas que se han producido, la
fundamental, la más importante, que es, sobre todo, el traspaso de una
parte del presupuesto que figuraba en el capítulo dos al presupuesto del
capítulo cuatro. La idea fundamental es que vamos avanzando en la
realización del II Plan de Igualdad de Oportunidades, que no implica
tampoco una total novedad respecto al pasado puesto que podría decirse
que lo que hay son fases diferentes de acción sobre la sociedad. El I
Plan de Igualdad de Oportunidades estuvo, sobre todo, dirigido a la
normalización en aspectos legislativos, pero esta fase dejó pendiente
algo que es mucho más complejo todavía, que es la normalización de la
vida social y de las relaciones en la sociedad. Eso es algo que todavía
no ha sido realmente alcanzado.

Al final del año 90 se emprendieron, después de terminado el I Plan de
Igualdad de Oportunidades, toda una serie de medidas tendentes a alcanzar
esta normalización de las relaciones sociales. Y el II Plan es un
documento en el cual se da forma a esta serie de medidas y se va incluso
mucho más allá inscribiendo una serie de medidas nuevas y de carácter muy
avanzado que son las que realmente



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podrían llevarnos a esta total normalización de las relaciones, por lo
menos en la medida en que eso es posible alcanzarlo en la sociedad.

Sabemos que son cuestiones complejas que no vamos a resolver en dos días,
pero hay que seguir trabajando en ello.

¿Por qué digo esto? Porque estas diferencias en el proceso explican cómo
se ha hecho la reordenación del presupuesto. Una parte del presupuesto
del capítulo dos, como decía, ha pasado al capítulo cuarto. Se considera
que en esta fase muchas de las cosas que anteriormente realizaba el
Instituto tienen que ser ya asumidas por la sociedad. Cuando decimos que
tienen que ser asumidas por la sociedad nos estamos refiriendo, sobre
todo, a asociar de una manera mucho más concreta y precisa a las
asociaciones de mujeres con la realización del II Plan. Hay toda una
parte del presupuesto que se ha transferido al capítulo cuarto y que se
utilizará a través de subvenciones, para que sean las asociaciones las
que colaboren en la realización de este Plan.

Esto lo hemos dicho a menudo. Es evidente que el Plan es algo que tiene
que llevar adelante la Administración, pero el tipo de tareas que realiza
el Instituto de la Mujer no puede efectuarse únicamente desde la
Administración; tienen que ser medidas que realmente asuma la sociedad,
incluso de una manera muy concreta, desde sus instituciones. Pensamos que
es importante llevar a cabo esta transferencia y avanzar en este sentido.

En cuanto a las preguntas formuladas, el hecho de que se haya reducido el
capítulo de estudios y trabajos técnicos responde precisamente a esta
idea. Si nos referimos a los estudios de cuál es hoy la situación de las
mujeres en España --tema del que hace 10 años no sabíamos prácticamente
nada--, creo que el Instituto ha cubierto una etapa importante, ha
llenado los vacíos, y hoy tenemos una importantísima documentación sobre
ello. Esto no quiere decir que tengamos que pararnos, hay que seguir,
pero lo cierto es que ya no es tan urgente concentrarse en estudios, sino
que lo es mucho más concentrarse en la aplicación de políticas de acción
positiva, porque el momento ya es otro y no necesitamos tanto conocer la
situación como cambiarla y, en todo caso, evaluar si las acciones que
estamos realizando ayudan a cambiar esta situación y contribuyen a que
mejore la situación de las mujeres. Por consiguiente, se ha rebajado este
capítulo y, en cambio, se ha aumentado --como he dicho antes-- el que
permite que muchas de las acciones de realización del Plan se hagan desde
las asociaciones.

Respecto del programa Now, no experimenta reducción por parte del
Instituto. La parte de fondos que el Instituto dedica al programa Now es
muy reducida respecto del total del presupuesto que está comprometido en
el programa Now, y que procede de instituciones de la Comunidad, de
instituciones autonómicas y locales y del Inem.

La tarea fundamental del Instituto respecto del programa Now no ha sido
tanto la dotación presupuestaria, que, como he dicho, es mínima con
relación al total, sino más bien el empujar el proyecto, el estar ahí, el
poner de acuerdo a una gran cantidad de interlocutores sociales para
conseguir que efectivamente se haga. Creo que el Instituto ha hecho una
labor importante, porque se trata de algo muy innovador. Incluso en el
conjunto de la Comunidad Europea, hemos sido contemplados como uno de los
países en los cuales el programa Now está teniendo mejor desarrollo.

Respecto a la formación de mujeres en el área rural, que me parece
fundamental, la desaparición concreta de este capítulo se debe a que se
ha traspasado al capítulo cuarto. Es decir, no se va a hacer directamente
a través del Instituto, sino a través de la colaboración con asociaciones
de mujeres.

En cuanto a la promoción de mujeres a puestos de mayor responsabilidad,
hay toda una serie de acciones que van en este sentido. De todos modos,
quiero decir --incidiendo en algo que se ha dicho anteriormente-- que lo
que vemos en este momento es que desde el Instituto de la Mujer hay que
trabajar, sobre todo, en políticas horizontales. No se trata tanto de lo
que nosotros podamos hacer desde el Instituto únicamente, sino de ver
cómo logramos que haya una serie de instituciones que desarrollen los
programas y los objetivos que proponemos desde el Instituto, y no sólo a
través de la Administración, sino también de toda la sociedad. Vemos muy
importante el cambio de actitud de la sociedad respecto de las mujeres.

Muy brevemente diré que a través de los estudios existentes en este
momento nos damos cuenta de que las mujeres ya nos hemos transformado y
que ahora, en gran parte, el obstáculo para alcanzar la normalidad en la
situación de las mujeres en nuestra sociedad no está tanto en nosotras
como en la sociedad, es decir, en las empresas, en los medios de
comunicación, en la ideología que hombres y mujeres mantenemos.

En este sentido, vamos a concentrar muchas de estas acciones no tanto en
actuar directamente sobre las mujeres para capacitarlas --aunque
también--, sino en trabajar sobre y con los medios de comunicación, para
que presenten una situación mucho más normalizada de lo que las mujeres
hemos hecho en la sociedad en los últimos diez años en cuanto a
aportaciones creativas, y para que presenten una posición mucho más
normalizada de cómo las mujeres estamos interviniendo en la sociedad,
hecho que normalmente se olvida y se sigue teniendo la vieja imagen de
que las mujeres estamos en casa y ocupándonos de la familia.

En general, creo haber contestado al conjunto de preguntas que se han
formulado. No sé si hay otras precisiones que pueda aportar --quizá por
escrito-- en algún momento.

Respecto a la marcha del II Plan de Igualdad de Oportunidades estamos en
este momento --mi incorporación al Instituto es muy reciente-- revisando
todo lo que se ha hecho desde la aprobación del Plan, en enero de este
año. Vamos a revisar todo lo que ha sido ya iniciado y lo que se está
desarrollando, vamos a ver cuáles son las acciones que todavía no han
sido iniciadas y a darles ya un calendario preciso. Dentro de muy poco
tiempo estaremos en disposición de dar una información exhaustiva sobre
la



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marcha y el progreso del II Plan de igualdad de oportunidades.




El señor PRESIDENTE: En turno de réplica, tiene la palabra la señora
Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Seguiré siendo breve, señor Presidente.

Por la explicación que ha dado, creo que podemos seguir discrepando. A
nosotros los presupuestos nos siguen dando negativo --aunque no en
mucho--, pero eso lo veremos más adelante.

Hay algo que quiero recalcar y es que, en estos momentos, respecto a la
situación de las mujeres en nuestro país, es cierto que se vienen
haciendo estudios desde hace ya mucho tiempo que nos permiten ver si
realmente la incidencia del Instituto puede acompañar los planes que se
están aplicando. Pero es cierto también que la situación económica
nacional e internacional genera unas nuevas condiciones para las mujeres
y que el Instituto tendría que seguir estudiando. De ahí nuestra
preocupación por esta reducción en los estudios y trabajos técnicos,
porque la Directora del Instituto y todas SS. SS. saben que la pobreza
está haciendo mella en las mujeres y que ésa sí que sería una de las
cuestiones que habría que estudiar profundamente por parte del Instituto,
para ver cuáles son las soluciones posibles que se podrían dar, desde
nuestra perspectiva de mujeres, y cómo potenciar a las mujeres, no ya
sólo a las que puedan ocupar altos cargos, sino a las que tienen una baja
cualificación profesional, que en estos momentos, en el programa del
Instituto no vemos que este aspecto aparezca por ningún sitio. De ahí que
preguntáramos por la marcha del II Plan de oportunidades, cómo estaba
funcionando y cómo se iban a desarrollar otro tipo de programas de
formación de cara a la mujer.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Directora General.




La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (Subirats Martori):
Voy a ser muy breve, señor Presidente. Quizá no me he explicado bien. El
que haya habido una reducción en los estudios y trabajos técnicos no
significa que dejemos de hacerlos, simplemente, que las formas de actuar
han variado. Obviamente, seguirá habiendo estudios y trabajos técnicos.

Entre los estudios, podríamos decir que aquellos que hemos programado
para seguir de una manera más continuada son precisamente los que hacen
referencia al seguimiento del mercado de trabajo de las mujeres. Hemos
puesto como prioridades para este etapa, en primer lugar, el empleo
precisamente por la situación coyuntural y, en segundo lugar, la imagen
de las mujeres, no sólo la imagen gráfica sino todo lo que hace
referencia al concepto de lo que son las mujeres, cómo es su tratamiento
en la cultura, etcétera, que es un problema de carácter estructural en la
sociedad en este momento.

Por tanto, la cuestión del empleo para nosotras es obviamente una
prioridad. Para seguir la coyuntura del empleo estamos trabajando en
mantenernos informadas, de forma continuada, sobre cómo está variando el
empleo de las mujeres, cómo está variando en los diferentes sectores,
etcétera. Por tanto, no se preocupe porque vamos a seguir trabajando en
ello. Es más, vamos a incrementar la información sobre algunos focos
indicadores sociales sobre la situación de las mujeres y vamos a tratar
de dar información periódica a toda la sociedad, en los plazos más breves
posibles, sobre cómo está la situación de las mujeres, tomando el empleo
como uno de los puntos fundamentales, pero desarrollando también
indicadores en algún otro sector.

Respecto de la situación de las mujeres que tienen mayores dificultades,
no lo he explicado por no alargar esta sesión, pero en el programa NOW se
contempla toda una serie de iniciativas especialmente dedicadas a las
mujeres con mayores dificultades; por ejemplo, mujeres con especiales
dificultades para llegar al mercado de trabajo, sea por edad, sea por su
baja calificación, sea por situaciones familiares especialmente
complejas. Dentro del programa NOW se contemplan acciones específicas de
cualificación de estas mujeres. También se contemplan acciones
específicas para favorecer a las mujeres emprendedoras que quieren
convertirse en empresarias, es decir, para favorecer el desarrollo de
pequeñas empresas entre las mujeres. En fin, el programa NOW es bastante
amplio. No creo que éste sea el momento de desarrollarlo, pero le podemos
dar información en la medida en que lo desee.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Directora General, por su
comparecencia.




--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIONES (ARAGON BOMBIN). A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU-IC. (Número de expediente 212/000270.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, damos trámite a la comparecencia del señor
Director General de Migraciones. Para comenzar el trámite de la misma,
tiene la palabra el señor Peralta en nombre del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Director General de Migraciones,
por su comparecencia.

Queríamos preguntar al señor Director General en relación con la reciente
adopción por parte del Gobierno, a lo largo de este año, de las
prestaciones asistenciales en favor de los emigrantes. Con eso se da
cumplimiento a una disposición legal de la Ley de Prestaciones
Asistenciales, de diciembre de 1990, que ha tardado en desarrollarse pero
que finalmente se ha llevado a cabo en el presente año. Imagino que, al
día de hoy, el grado de ejecución de esa disposición es lógicamente
incipiente, pero nos gustaría saber qué previsiones tiene el Gobierno en
relación con esas prestaciones para el corriente año de



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1993 y en concreto las partidas presupuestarias destinadas para el año
1994.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIONES (Aragón Bombín): Como el señor
Diputado ha indicado, el desarrollo de las pensiones asistenciales en el
exterior se llevó a cabo por un Real Decreto que se publicó en mayo del
presente año. Con mucho gusto le voy a informar del grado de desarrollo a
la fecha de hoy porque, dada la sensibilidad del señor Diputado por estos
temas, me imaginaba que podría ser una de las cuestiones que me iba a
plantear.

A fecha de hoy, el número de pensiones reconocidas, no ayudas, asciende a
8.653 beneficiarios, con un desglose por países. El número más importante
es el de Argentina con 5.731 y, en segundo lugar, Venezuela con 2.291. Y
el importe asciende a 1.381.057.278 pesetas, de las cuales 811 millones
van destinados a Argentina y 454 millones a Venezuela. ¿Cuáles son las
previsiones? Estimamos que el total de beneficiarios puede oscilar entre
18.000 y 20.000 durante el presente año, con un importe total
aproximadamente entre 2.500 y 2.700 millones de pesetas. El total de
dotación presupuestaria en este año asciende a 3.160 millones de pesetas.

Estimamos que puede haber un excedente de alrededor de 500 millones de
pesetas. Estas son estimaciones puesto que los expedientes de nuevas
concesiones, las pensiones concedidas básicamente son por transformación
de las ayudas que se venían concediendo en virtud de las órdenes
ministeriales que lo regulaban a pensiones asistenciales. Como usted
sabe, hay una disposición transitoria del Decreto que dice que a las
personas que disfrutaban de ayuda, siempre que cumplan los requisitos, se
les reconocería, y esto es lo que hemos hecho para que no se produjese
ningún corte.

En estos momentos, las distintas consejerías laborales están empezando a
instruir y a tramitar los expedientes que, según nuestro calendario
previsto, resolveremos en el mes de noviembre, con estas estimaciones que
le he indicado, entre 18.000 y 20.000 beneficiarios y entre 2.500 y 2.800
millones de pesetas. Vamos a tener un colchón o un exceso, si usted
quiere, de dotación presupuestaria en torno a los 500 millones de
pesetas. Para el año que viene la dotación es la misma, no se ha
incrementado. Creemos que dada la maduración del programa, que es una
maduración lenta (tenemos la experiencia de las pensiones no
contributivas de España que tuvo durante los dos primeros años un ritmo
de maduración del programa lento), aunque nos hubiese gustado que no se
hubiese producido esa congelación, para el año que viene puede haber
crédito suficiente para hacer frente a todas las pensiones que se
reconozcan. Como usted sabe, en el último pleno del Consejo General de la
Migración hubo un calendario y un acuerdo sobre el desarrollo de este
programa.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta, en turno de
réplica.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, intervendré muy brevemente.

Le agradezco el dato actualizado. Tenía un dato que se quedaba corto en
relación con los que nos ha ofrecido. En definitiva, nos hace pensar (y
le traslado un poco esta reflexión) en la escasez de beneficiarios, quizá
porque en este momento sólo se ha producido una transformación de las
anteriores ayudas a lo que son en la actualidad pensiones asistenciales,
y en la escasez consecuencia lógica de la cuantía. Teniendo en cuenta que
el número de emigrantes que tiene nuestro país es importante, cerca de
dos millones, ese volumen de beneficiarios que aparece queda realmente
lejos. Es verdad que no todos los emigrantes tienen derecho,
afortunadamente, porque no están en una situación de necesidad, a las
prestaciones asistenciales. No obstante, nos parece que ese número se
queda lejos de lo que debe ser la realidad de la situación de una parte
determinada de la emigración española que está necesitada de esa
protección. Por tanto, quizá sería importante que se pensara no sólo en
el reconocimiento de las prestaciones a quien no las solicite, sino en
intentar un conocimiento exacto de estas prestaciones por parte de todos
los posibles beneficiarios.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para responder al señor Peralta,
el señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIONES (Aragón Bombín): Quiero
puntualizar algunas de sus afirmaciones.

Hay 1.700.000 emigrantes, de los cuales la mitad está en Europa y la otra
mitad en América. Es decir, estamos hablando de un colectivo de unos
800.000 beneficiarios, porque en Europa, dentro de la Comunidad,
realmente no podemos hablar de los emigrantes, puesto que son plenamente
ciudadanos comunitarios y gozan de sistemas de protección social
análogos, por lo menos, a los que hay en España. Por tanto, estas
personas no se beneficiarían específicamente de las pensiones.

Todas las estimaciones que hemos hecho, y le puedo asegurar que hemos
hecho bastantes estudios, nos hablan de entre 35.000 y 50.000
beneficiarios, como máximo. Este año calculamos llegar a unos 20.000 ó
22.000. Estas estimaciones, en un plazo de cinco años, llegarían a estar
en torno a los 35.000 ó 40.000. Teniendo en cuenta el decrecimiento que
se está produciendo en los países de América por agotamiento de la vida
física, estimamos que en torno a cinco años, que es por otro lado el
plazo de maduración del programa, podremos llegar a un índice de
cobertura cercano al cien por cien.

Es verdad que resulta difícil extender una labor informativa en el
exterior. No es tan fácil hacerlo como en España. Es verdad que tenemos
una infraestructura más débil en América que en Europa, pero usted conoce
muy bien, porque hemos tenido ocasión de comentarlo en esta Cámara, que
hay un proyecto, que ya se viene aplicando,



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de reducir el número de las oficinas laborales en Europa y ampliarlo en
América, con lo cual el grado de información, de atención y de cobertura
a este colectivo se va a incrementar en los próximos años.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General, por su
comparecencia.




--DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(GARZON REAL) A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS (GV-PNV, número de
expediente 212/00049), (P., número de expediente 212/000213).




El señor PRESIDENTE: Señorías, como están en la sala todos los sujetos
activos de la siguiente comparecencia, incluso con adelanto respecto a la
hora prevista en el orden del día, procedemos ahora a la comparecencia
del Secretario de Estado, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, señor Garzón.

Tiene la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES FRAGA: Bienvenido, señor Secretario de Estado, señor
Garzón, en la primera comparecencia ante esta Cámara en calidad de su
cargo.

Quiero decir con carácter previo que, probablemente, algunas de las
preguntas que surgen de la primera lectura de los presupuestos que
afectan a la Delegación del Plan sobre Drogas hubieran sido innecesarias
si hubiéramos tenido la ocasión de una comparecencia del señor Secretario
de Estado en algunas de las comisiones de esta Cámara. Sé que lo ha
solicitado, pero sucede que la Comisión Mixta se ha constituido con mucho
retraso y, por tanto, hemos tenido este trámite previo al otro, aunque
parecería lo razonable conocer antes cuáles son los objetivos que tiene
marcado el Plan y después los presupuestos. No obstante, como el señor
Secretario de Estado es pródigo en declaraciones a los medios de
comunicación, entenderé por válidas sus declaraciones y sus objetivos,
leídos en los medios de comunicación, por lo que intentaré cuadrar o
cazar lo que son sus afirmaciones o sus objetivos con lo que luego son
los números presupuestarios.

Curiosamente ha participado y ayer mismo ha clausurado unas jornadas
sobre prevención en el ámbito laboral, y parece ser que es uno de los
objetivos prioritarios de la Delegación impulsar un trabajo de prevención
en el ámbito laboral. Lo que sucede es que luego los presupuestos del
Plan no solamente no consolidan un aumento presupuestario que permita
pensar en un mayor esfuerzo precisamente en el programa de prevención,
sino que, por el contrario, han disminuido en términos reales, y no
digamos si le aplicamos ya los índices correctores de la inflación. Por
tanto, me asalta la duda, señor Secretario de Estado, de si las
declaraciones que se han hecho estos días o incluso meses sobre los
objetivos, que parece ser que son trabajar más con las comunidades
autónomas, impulsar la colaboración con las organizaciones no
gubernamentales, hacer programas en el ámbito laboral, van a poder
cumplirse --y es una de las preguntas que le formulo-- con un presupuesto
en el que en términos reales, para programas en el ámbito laboral,
disminuyen las transferencias a las comunidades autónomas, se bloquean y
se congelan los capítulos destinados a las organizaciones no
gubernamentales y solamente aumenta un programa de forma notable, a mi
juicio, de forma interesante, que es el programa jurídico-penal.

Por tanto, señor Secretario de Estado, ¿cómo va a afrontar la
potenciación de esos servicios con un presupuesto que en términos reales
disminuye su capacidad operativa en estos conceptos que le he dicho? ¿Qué
programas se van a ver afectados por ese recorte en lo que se refiere
fundamentalmente a transferencias a las comunidades autónomas? ¿Cómo va a
poder impulsar realmente un trabajo más activo con las organizaciones no
gubernamentales cuando hay una congelación de presupuesto? Y puesto que
recientemente, ayer, ha participado y ha clausurado este seminario de
política laboral ¿cómo se va a hacer esta política de potenciación de la
prevención en el ámbito laboral?
Un poco en la misma línea, es curioso ver que el presupuesto del Plan ha
pasado de 4.368 millones a 4.587, es decir, un aumento de 219 millones, y
de ellos exactamente 69.937.000 se va en aumento de personal en el
capítulo 1.

Hay también una importante partida, que me gustaría que me aclarara el
Secretario de Estado, en el capítulo 2, gastos corrientes y servicios,
que dice literalmente: Para mayor dotación de la creación de la
Secretaría de Estado para el Plan Nacional sobre Drogas. Es decir, señor
Garzón, que en términos reales, entre capítulo 1 y capítulo 2, lo que
significa gastos de personal directamente afectados a su persona y a la
creación de la Secretaría de Estado, vamos a invertir 168 millones de
pesetas. Por decirlo de otra forma, el aumento de personal supone en este
momento un 41,4 por ciento, curiosamente cuando en la presentación de los
presupuestos se dice que realmente se congela o no hay aumento este año
para los funcionarios públicos. Si no hay aumento para los funcionarios
públicos, usted tendrá que explicar muy bien en qué consisten estos 70
millones de pesetas de aumento. Aquí habla de personal eventual de
gabinete, de incentivos al rendimiento de altos cargos, y no nos parece
--insisto-- muy congruente cuando, al mismo tiempo, va en una
congelación, cuando no disminución, del poder ejecutivo real del Plan
Nacional sobre Drogas.

Por tanto, en un momento de austeridad en que se va a pedir sacrificios y
recortes a las organizaciones no gubernamentales y a las comunidades
autónomas, en que se pide también sacrificio a los funcionarios, este
aumento del 41,4 por ciento directamente vinculado a la existencia de la
Secretaría de Estado, los 98 millones de pesetas para crear una
Secretaría de Estado, en definitiva, un aumento real de 51 millones no
nos parece muy operativo. A mí me gustaría que nos diera la explicación y
justificación de por qué esto es así, por qué es necesario,



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porque hasta la fecha nosotros, por lo menos nosotros (y creo que
públicamente no se ha dado explicación alguna), no conocemos que la
conversión de la Delegación Nacional del Plan de Lucha contra la Droga en
Secretaría de Estado lleve pareja ningún aumento de competencias que
justifique la necesidad de este aumento de gastos en los capítulos 1 y 2.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene
la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señor Delegado del Gobierno,
sean mis primeras palabras también de bienvenida, palabras --yo creo que
muy pertinente decirlas-- de deseo de suerte, inequívocamente de suerte,
porque en el ámbito de sus responsabilidades seguramente va a necesitar
unas dosis importantes, amén de cierto --y eso se presume de su
cualificación y de su trayectoria--, de suerte también.

Señor Delegado del Gobierno, su designación ha generado grandes
expectativas, seguramente fundadas en su trayectoria, en el personaje que
usted representa, en su cualificación, y también grandes dudas,
simultáneamente, en el sentido de que había reticencias --en las que
quizás participaba incluso algún ministro-- en cuanto a la
compatibilización de sus responsabilidades administrativas con las
atinentes a algunos ministerios cuyas competencias pueden tener un ámbito
de difícil delimitación, fronterizo con la función de algunos
ministerios, del ejercicio de competencias administrativas con cargo a
algunos ministerios. Y nos gustaría preguntarle, en primer lugar, señor
Ministro, puesto que tenemos este déficit de... (Risas), señor Delegado
del Gobierno --ha sido un lapsus, espero que no significativo en el
sentido freudiano del término--, señor Delegado del Gobierno, nos
gustaría conocer, puesto que partimos de este déficit de conocimiento que
deriva de su no comparecencia en la Comisión AD HOC, no por su
responsabilidad, no por su culpa sino por la inexistencia de esta
Comisión, no sólo las consignaciones presupuestarias de las que usted
dispone para actuar en un mundo tan delicado y tan complejo como el del
narcotráfico y de las drogodependencias, sino que nos gustaría saber si
esto es posible hacerlo, en un trámite de esta naturaleza, señor
Presidente, si no usted me llama la atención, si sus competencias
administrativas y el ámbito de su actuación está perfectamente perfilado
y está perfectamente delimitado en relación con ámbitos de actuación,
concretamente de ministerios como el de Interior o de Justicia, que
tienen que estar necesaria y directamente y de forma inmediata implicados
en diversas actuaciones en distintos ámbitos en la lucha contra las
drogodependencias: el ámbito represivo, el ámbito rehabilitador,
Ministerio de Sanidad, distintos ámbitos de actuación. Nos gustaría saber
cuál es el perfil de sus competencias, si es que usted las conoce
perfectamente, si ese diseño está perfectamente articulado, explicándonos
cuáles son las consignaciones presupuestarias para atender a ese diseño,
a ese ámbito de actuación.

Señor Delegado del Gobierno, queremos conocer la evolución presupuestaria
de su Delegación en relación a las consignaciones presupuestarias
existentes en el ejercicio del año anterior en materias que para nosotros
resultan absolutamente imprescindibles, absolutamente necesarias para
actuar eficientemente en el ámbito del narcotráfico. En primer lugar --y
es un orden de prioridades el que nosotros establecemos citándolas por
este orden--, en el ámbito de las funciones preventivas que usted
necesariamente tiene que, primero, configurar y luego liderar y ejecutar,
efectivamente, y todas las atinentes en concreto --si nos puede
explicitar qué consignaciones presupuestarias están previstas para ello--
a la creación de una metacultura de la salud, de una metacultura social
que genere rechazo, sobre todo en los sectores más jóvenes de la
población, al consumo de sustancias tóxicas, estupefacientes o
psicotrópicas. Si estas líneas de actuación están definidas, nos gustaría
conocerlas y también cuál es la evolución presupuestaria y si estas
consignaciones presupuestarias suponen un incremento respecto a las
disponibilidades para actuar en estos mismos ámbitos en el año anterior.

En segundo lugar, el ámbito de la rehabilitación y reinserción social de
los toxicómanos. Dentro de un tracto razonable del ámbito de actuación
que a usted le puede corresponder esto es absolutamente importante. Nos
gustaría saber qué consignaciones presupuestarias tiene en estos momentos
su Delegación para actuar en el ámbito rehabilitador, las grandes líneas
de rehabilitación, los grandes mecanismos que tiene en estos momentos
previstos para reinserción social de los toxicómanos y los criterios de
homologación de entidades que vayan a colaborar con su Delegación, en su
caso con ministerios, para actuar en ese ámbito. Hemos tenido en esta
Cámara una sempiterna preocupación por los criterios de homologación, que
hemos considerado dudosos. Se ha habilitado para actuar, no sólo en el
ámbito de la Administración central del Estado, también con cargo a
gobiernos autonómicos, a entidades de naturaleza privada cuya adecuación
profesional para actuar en este ámbito era más que dudosa, y se puede
imaginar perfectamente a cuáles me estoy refiriendo. Metodologías de
actuación en el ámbito de las drogodependencias no contrastadas,
resultados de esa actuación no conocidos por nadie, sistemas de
financiación difusos, confusos, algunas veces claramente ilegales y,
quizás, para algunas de ellas --me estoy refiriendo a la Asociación de El
Patriarca y algunas otras-- la mejor catalogación, la más pertinente sea
incluso su consideración como auténticas sectas destructivas que utilizan
la rehabilitación pretendidamente como instrumento de captación de nuevos
socios o asociados. Nos gustaría saber qué criterios objetivos de
homologación o habilitación de entidades colaboradoras se van a seguir en
este ámbito.

Termino ya, señor Presidente. Nos gustaría saber si va a tener usted
algún tipo de competencia horizontal que sea de alguna forma
intercambiable en las actuaciones represivas de otros ministerios como el
de Interior o de Justicia, de carácter estrictamente policial, en el
sentido



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amplio del término, de policía administrativa; si usted va a poder
colaborar en el ejercicio de las funciones de policía administrativa
(cuando hablo de policía administrativa lo digo también en el sentido
administrativo del término, en el sentido amplio, no sólo actuación
policial represiva sino de velar por todo lo atinente al blanqueo de
capitales y a otros instrumentos de actuación que son ejercicios de
competencias de policía adminstrativa y que no corresponden
necesariamente todas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado); si
usted tiene alguna posibilidad de penetración en el ámbito del ejercicio
de estas competencias y también --y esto parece que el trámite lo obliga,
señor Presidente-- qué consignaciones presupuestarias existen, porque si
no no le podría preguntar esto.

Por último, señor Delegado del Gobierno, quisiéramos conocer algo que
nosotros preguntamos sistemáticamente, casi es cumplir el ritual, y es
cuál va a ser su talante respecto al papel que han de cumplir las
comunidades autónomas con competencias en el ámbito de la actuación, en
todas las competencias administrativas atinentes a su Delegación. Ha
habido programas competenciales muy graves con predecesores suyos en este
cargo con algunas comunidades autónomas y particularmente con el Gobierno
vasco. Recuerdo uno que afectaba a la propia configuración de la Ley del
Concierto Económico que existió hasta dos ejercicios anteriores a éste, y
es que el a la sazón Delegado del Gobierno para drogodependencias
pretendía transferir dinero al Gobierno vasco --eso parece algo bonito
analizado prima facie--, transferencias de crédito, lo que no es
administrativamente posible porque usted sabe que el Gobierno vasco no se
financia a través de transferencias de crédito desde la Administración
central, sino a través de una ponderación debida del cupo, del índice de
imputación, y no son transferencias de crédito material o
administrativamente aceptables por el Gobierno vasco --de hecho éste
nunca las aceptaba-- eran remanentes que quedaban depositados en la
Administración central porque el Gobierno vasco legítimamente se negaba.

Me gustaría, en definitiva, conocer cuál es la configuración general en
el ámbito de su trabajo, desde la perspectiva de la colaboración y del
papel que en este ámbito deben jugar comunidades autónomas con
competencia y que ya están trabajando con rigor y seriedad en las
drogodependencias. Quisiera saber si usted va a establecer convenios de
colaboración, si ha tenido contactos con sus homónimos en comunidades
autónomas y si su talante va a ser respetuoso con las competencias y
planes de trabajo que ya están configurados en las mismas.

Señor Presidente, apreciando de nuevo, porque ya me voy habituando a
ello, las muecas y el sentido semiótico de sus muecas, veo que considera
seguramente poco ajustadas a la naturaleza de este trámite las preguntas
que he hecho. (Risas.)
En fin, señor Delegado, me contesta las que usted pueda hablando de las
consignaciones presupuestarias y ya tendremos, seguramente, cumplidas
oportunidades de seguir profundizando sobre estos temas en el futuro.




El señor PRESIDENTE: El señor Olabarría no hace más que contribuir al
enriquecimiento del debate en la Comisión y por ello me encuentro
dispuesto a quebrar incluso criterios flexibles, y, por flexibles que
sean, hacerlos todavía más lábiles para que el señor compareciente, sea
quien sea, dé cumplida respuesta a las interrogaciones que plantea tan
atinadamente siempre S. S. (Risas.) Muchas gracias, señor Olabarría.

El señor Delegado del Gobierno tiene la palabra.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón
Real): Aprovecho la oportunidad para saludar, en este caso como Delegado
para el Plan Nacional sobre Drogas, a las señoras y señores Diputados
presentes, no como Diputado, que también lo soy, pues ya he tenido
ocasión de hacerlo.

Por seguir el orden que se ha marcado por el portavoz del Grupo Popular,
quiero agradecerle en conjunto las palabras dichas y corregirle algo lo
inicialmente expuesto en cuanto a que soy pródigo haciendo declaraciones
en medios de comunicación. Probablemente no busco yo a los medios de
comunicación. Le puedo asegurar que es muy elevado el número de
peticiones de entrevistas, programas, etcétera, que estoy rechazando,
porque entiendo que cumplir con los medios de comunicación es importante,
pero también desarrollar el trabajo lo es. Procuro hacer exclusivamente
las justas y adecuadas.

Es cierto que he indicado a los medios de comunicación las líneas
generales o, más que las líneas generales, una especie de programa
abierto de intenciones, porque entiendo que el lugar adecuado y el
momento adecuado para exponer el programa, por llamarlo de alguna manera,
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas es el
ámbito de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de los
problemas derivados de la droga.

Es cierto que solicité la comparecencia. Probablemente la semana próxima
o inmediatamente después tendremos ocasión de celebrarla. Yo estoy
deseoso de que sea así para exponer con total amplitud cuáles son las
ideas o la política en materia de drogas que va a seguir la Delegación
que está a mi cargo. Por eso en alguna de las cuestiones, que tanto usted
como el representante del Partido Nacionalista Vasco han tratado, rogaría
casi que me disculpen por no extenderme demasiado y dejar para el ámbito
de las Comisión específica en la materia el desarrollo más amplio.

En cuanto al Capítulo 4 de los presupuestos por el que me ha preguntado
inicialmente, es decir, las transferencias corrientes a comunidades
autónomas, si no he entendido mal, ha hablado con carácter general de
disminución en términos reales. Ahí podemos estar de acuerdo. Con
carácter general, englobando todo el presupuesto, estamos de acuerdo en
que hay una disminución en término real que procuraré explicar sin eludir
ninguno de los puntos que usted ha tratado.

En el Capítulo 4 en realidad no hay ni una sola variación. Si comparamos
con los presupuestos de 1993 por



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conceptos, en el 451, programa autonómico derivado del Plan Nacional
sobre Drogas, está la misma cantidad. En el 452 está también la misma
cantidad, 742.500.000 pesetas. En el 454 está también la misma cantidad.

En el 455 está también la misma cantidad. En el 456 no hay una
disminución sino todo lo contrario, hay un aumento sustancial, el 59,56
por ciento. Esto tiene su explicación, y es que la partida de 215.820.000
pesetas de diferencia que hay a favor estaba antes en otra partida
correspondiente a las transferencias que se hacían al Insalud para
atenciones primarias esenciales. Se ha entendido que al haber un cambio
de adscripción administrativa, al pasar al Ministerio de Asuntos
Sociales, el Insalud puede cubrir perfectamente con su propio presupuesto
estas asistencias, máxime si se tiene en cuenta que está prácticamente en
vías de finalización el convenio correspondiente con el Insalud. Lo que
se ha hecho ha sido aplicar esta cantidad al concepto 456, programa de
Rehabilitación y Reinserción de Toxicómanos con problemas
jurídico-penales, porque entendíamos que era el capítulo quizá más
necesario.

En cuanto al concepto 463, se mantiene también la misma cantidad,
11.880.000; es la subvención que se da al Instituto Municipal de
Investigaciones Médicas del Ayuntamiento de Barcelona para la gestión del
programa nacional de control de calidad de análisis y drogas. Se viene
haciendo desde el año 1992.

En el concepto 481, organizaciones no gubernamentales, se preveían, en
1993, 336.600.000 pesetas; se mantiene la misma cantidad.

En el concepto 421 es la equivalencia que antes he dicho que estaba
prevista para la atención de problemas de salud derivados del comsumo de
drogas en centros de atención directa del Insalud, que se cambia al
concepto 456. En consecuencia, entiendo que hay una equivalencia absoluta
y lo único que se ha hecho ha sido cambiar el concepto 421 por el 456.

Es cierto que las atenciones a organizaciones no gubernamentales siempre
son insuficientes. Si sumamos en términos reales la totalidad de las
subvenciones de que han sido objeto, vemos que por parte de la Delegación
del Plan Nacional sobre Drogas en 1993 incluso se elevó esa subvención
respecto de 1992; pasó de 300 a 336 millones y ahora se mantiene. Lo que
bajó fue la cantidad con cargo al 0,52 por ciento, de 707 a 694 millones
de pesetas.

Yo hubiera deseado que la cantidad que se destina a organizaciones no
gubernamentales se hubiese aumentado, porque entiendo que es en este
ámbito donde se debe potenciar al máximo la participación del
voluntariado.

En cuanto a los objetivos, por tanto, que la Delegación tiene como
competencia y como materia de trabajo en este Capítulo 4, son exactamente
los mismos que el año anterior. El esfuerzo presupuestario es el mismo en
este Capítulo y, por tanto, se desarrollará una política de continuidad y
de colaboración intensa con las comunidades autónomas, que en este ámbito
ha sido bastante elevada y con un grado de entendimiento digno de
conseguir en otras parcelas. En consecuencia, no disminuyen las
transferencias.

Pasamos al Capítulo 1, por el que me preguntaba. Tanto en este Capítulo
como en el 2 es donde se produce la mayor falta de ajuste y donde
aparece, también en ambos --yo lo voy a explicar--, un desajuste. No sé
exactamente qué cantidad ha dicho usted, pero yo le diré, si no nos hemos
equivocado en las cálculos, que son 124.299.000 pesetas de retroceso real
en la situación de hipótesis de trabajo que le voy a plantear a
continuación.

Efectivamente, hay un incremento real en el Capítulo 1 no de 69.237.000
pesetas, sino de 47.683.000 pesetas; es decir, no del 41,36 por ciento,
sino del 28,20 por ciento. ¿Por qué hago esta distinción? Porque, como
consecuencia del cambio de adscripción administrativa del Ministerio de
Sanidad y Consumo al de Asuntos Sociales, hay una serie de partidas que
antes estaban englobadas en la generalidad del presupuesto de Sanidad y
ahora tienen necesariamente que pasar a ser propias del presupuesto de la
Delegación del Plan Nacional sobre Drogas por su nueva adscripción y
porque tendrá una ubicación independiente, un edificio independiente. En
consecuencia, el presupuesto propio de la Delegación en el ejercicio
anterior fue de 169.098.000 pesetas. El crédito transferido del
Ministerio de Sanidad al Ministerio de Asuntos Sociales --el concepto
15-- es de 22.254.000 pesetas. El coste total de la creación de la
Secretaría de Estado es de 47.683.000 pesetas. Sumados los dos conceptos,
efectivamente da la cifra que usted mencionaba de 69.937.000 pesetas.

Después de hacer los números, entraremos en la valoración que usted ha
hecho sobre la creación o el nuevo rango de Secretaría de Estado o de
Secretariado de Estado que se ha dado al Delegado del Plan Nacional sobre
Drogas.

En el Capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, sucede lo
mismo. Hay una serie de partidas. Por ejemplo, en el concepto 21,
reparaciones, mantenimiento y conservación, y en el concepto 220,
material, suministro, libros, revistas, publicaciones, apreciará que en
la hoja de presupuestos no se hace un desglose exhaustivo, sino meramente
indicativo de algunos conceptos que reflejan luego los 308 millones y
pico de pesetas; que también hay partidas que antes estaban en el
Ministerio de Sanidad y ahora aparecen como propias del Plan Nacional
sobre Drogas, pero no en su totalidad. Por ejemplo, en el concepto 220,
material, suministro, libros, revistas y publicaciones, había en el
propio presupuesto de la Delegación 4.950.000 pesetas y ahora pasa a ser
de 9.890.000 pesetas para el año 1994, con lo cual recogemos 4.940.000
pesetas que ya estaban en el Ministerio de Sanidad. Hay un aumento del
99,80 por ciento, pero insisto que este incremento no es real, salvo en
la cantidad expresada. Igual ocurre con los conceptos 221, 222, 223 y
226. Aquí hay que hacer también una matización en las atenciones
protocolarias y representativas. Están previstos 3.810.000 pesetas. Ya
estaban en el Ministerio de Sanidad un total de 1.992.000 pesetas, con lo
cual lo



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que se aumenta es 1.818.000 pesetas sobre la cantidad correspondiente a
1993.

Si quiere continuamos. Dentro del Capítulo 2, concepto 226.06, reuniones
y conferencias, se produce una disminución de 14.861.000 pesetas, es
decir, un 30,41 por ciento. El concepto 227.01 también pasa del
presupuesto del Ministerio de Sanidad al del Plan Nacional sobre Drogas.

El concepto 227.06, estudios y trabajos técnicos, sufre una disminución
de 10.224.000 pesetas, es decir, un 29,03 por ciento. En el concepto
227.10, encuestas nacionales sobre consumo de drogas y actitudes de
población, se experimenta un ligero ascenso del 4,12 por ciento, pasando
de 48.020.000 pesetas a 50 millones. Esto viene dado porque la encuesta,
según los cálculos que estaban hechos, representaba, según el CIS, un
costo mayor. Se ha hecho el ajuste correspondiente a 50 millones y no
hasta los 60 que el CIS mencionaba que podía costar. El concepto 23,
dietas y locomoción, sufre un descenso de 1.830.000 pesetas.

Esto quiere decir que se ha sufrido una disminución, como le decía antes,
de 124.299.000 pesetas en términos reales, aunque según el presupuesto se
produce un aumento de 52 millones, es decir, si la Delegación se hubiese
dejado tal como estaba no se hubiese producido necesariamente esa pérdida
de 69 millones de pesetas, aunque en realidad son los cuarenta y siete y
pico que le he mencionado antes.

¿Cuál es la filosofía que ha guiado al Gobieno a la hora de considerar
que era necesario elevar el rango del Delegado Nacional del Plan sobre
Drogas? Aun cuando no se haya aumentado en nada las competencias que ya
tenía, como usted muy bien dijo el día en que compareció la señora
Ministra contestando a una pregunta de su grupo parlamentario en el
Congreso, yo entiendo que el rango de Secretario de Estado para el
Delegado Nacional del Plan sobre Drogas es algo que tenía que estar
acordado desde hace bastante tiempo. Entiendo que, dada la importancia de
la función y de las competencias de la Delegación del Plan Nacional sobre
Drogas (por cuanto que es un organismo, una institución que entre sus
competencias tiene la de la coordinación de distintos ministerios) debe,
como mínimo también, tener el grado de Secretario de Estado. Son seis
ministerios. Se pretende ampliar a dos más: Ministerio de Economía y
Hacienda y de Asuntos Exteriores también para que participen en la
coordinación o entren dentro del grupo interministerial que desarrolla
sus funciones dentro de las competencias de la Delegación.

También la participación permanente y activa de la Delegación en
reuniones internacionales del más alto nivel exige, a mi modo de ver, que
el rango administrativo sea equivalente al de otros países. Por poner un
ejemplo, en Estados Unidos tiene rango, si no me equivoco, de
Vicesecretario de Estado, según me informó recientemente el Embajador de
Estados Unidos.

Además, como tercera razón, que podrá potenciar al máximo el ejercicio de
las competencias que ya tiene para lograr una política más eficaz en
materia de drogas.

Estas tres razones, fundamentalmente, son las que yo entiendo que
justifican sobradamente el rango de Secretario de Estado, con
independencia de la persona que ostente ese cargo en este momento. Espero
que si en el futuro tienen posibilidad de ocupar ese cargo no le degraden
de rango porque es el que creo, honradamente, que le corresponde.

En cuanto a las cuestiones planteadas por el representante del Grupo
Parlamentario Vasco, tengo que darle las gracias por sus deseos de
suerte; efectivamente, el Delegado para el Plan Nacional sobre Drogas
tiene que tener suerte para desarrollar una función tan delicada, tan
difícil como es la lucha contra la droga en todos los niveles a los que
se extiende su competencia. Es un problema --lo he dicho en reiteradas
ocasiones-- que probablemente no tenga nunca una solución definitiva y
global y tendremos que aspirar a encauzarlo dentro de unos límites que,
desde luego, no serán de la sola competencia y responsabilidad del
Delegado para el Plan Nacional sobre Drogas --no renunciaré en ningún
momento a esa responsabilidad--, sino, insisto, del conjunto de la
sociedad y del conjunto de las fuerzas políticas, ya que, en este tema,
no creo que sea bueno el que haya discrepancias, aunque sí discusiones
para, finalmente, conseguir que haya criterios uniformes dentro de la
gran diversidad que abarca todo el campo relacionado con las
drogodependencias.

Respecto a la primera cuestión que me planteaba, los posibles conflictos
con otros ministerios, le diré que no necesariamente tienen que existir
esos conflictos; desde luego, desde la Delegación del Plan Nacional sobre
Drogas no se van a potenciar tales conflictos hipotéticos, porque entre
sus funciones está precisamente la de evitar esos conflictos, si bien
tiene por misión impulsar, coordinar y, en su caso, evaluar las acciones
políticas de otros ministerios; a esa competencia no va a renunciar la
Delegación del Plan Nacional sobre Drogas.

Dentro de ese marco competencial, en la medida que sea necesario,
impulsaremos esa política de coordinación y, por supuesto, en la
evaluación que se tenga que hacer, si se ha de ser crítico, se será, lo
mismo que todos los demás podrán serlo respecto de la propia actividad de
la Delegación.

La delimitación de competencias con otros ministerios está perfectamente
clara; la Delegación tiene funciones de coordinación, tiene competencias
horizontales y no verticales, y no hay posibilidad de orden directa, de
mando operativo sobre fuerzas policiales, ni dentro del orden
administrativo, ni en el represivo --ahora entraremos en ese apartado--,
sino que sus funciones son las que ya he dicho y que, además, figuran en
el Real Decreto-ley de creación, de 1985.

En cuanto al ámbito preventivo, casi con lo que he contestado antes al
señor Robles queda contestada su inquietud sobre las consignaciones
presupuestarias, ya que el Capítulo 4, que comprende todo el tema de
prevención y rehabilitación, es competencia de las comunidades autónomas,
con las que, insisto, hay una enorme colaboración y un elevado
entendimiento, que yo aspiro a que se mantenga y discurra, al menos, por
los mismos cauces por los que ha venido discurriendo hasta ahora,



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superando cualquier tipo de diferencia que pueda haber. Para ello (cierto
es que por falta de tiempo material no he podido tener todas las
entrevistas, contactos, etcétera que quisiera con todos los responsables
de las comunidades) tengo intención --ya lo he hecho con algunos-- de
reunirme, precisamente para ir preparando todos y cada uno de los temas
en los que haya discrepancias, en los que tengamos que coordinar la
política en materia de drogas.

Insisto en pedir la colaboración de los grupos parlamentarios, al igual
que haré en la Comisión Mixta, y estoy a su plena y entera disposición
para cualquier sugerencia o indicación que puedan hacer, tal y como ha
sucedido en otras legislaturas.

Uno de los problemas principales es generar la cultura del rechazo,
fundamentalmente en la escala de personas más jóvenes. Trataremos de
elaborar un programa, que será expuesto en la Comisión, lo más ambicioso
posible, pero desde ahora adelanto que será absolutamente insuficiente y
que necesitará de la cooperación y del trabajo conjunto de todas las
fuerzas políticas parlamentarias para que esa cultura de rechazo se
genere dentro de lo que es el ámbito de la prevención. Cierto es también
que la reducción de algunas partidas presupuestarias puede presentar
problemas, porque al igual que en otros estamentos o en otras
instituciones administrativas las campañas de prensa, de información, de
publicidad o de edición de libros una reducción puede no representar
problema; aquí, en lo que se refiere al presupuesto que maneja la
Delegación, sí puede tener consecuencias, ya que puede privar de un
avance mayor o de abordar determinadas iniciativas que se tenían
previstas con mayor amplitud. Soy consciente de que estamos ante unos
presupuestos muy restrictivos, entiendo que se ha hecho bastante, pero,
en un tema de gran alcance e interés social como es el de la droga, todo
el esfuerzo que se haga es insuficiente.

En cuanto al tema de la rehabilitación, «mutatis mutandi» vale lo dicho
también hasta este momento. El criterio de homologación, efectivamente,
es un problema que se tiene que abordar; existen determinados criterios
de homologación, pero hay que tener muy en cuenta que no todas las
fundaciones o asociaciones son lo mismo. Aquí, como primera regla, yo
defiendo siempre el derecho a la diversidad, es decir, no hay un patrón
uniforme en orden a la rehabilitación y al tratamiento de los
toxicómanos, sino que hay que ejercer un respeto máximo y abierto hacia
cada una de las iniciativas, en el bien entendido de que hay un límite.

En ese límite, la Delegación podrá ofrecer su punto de vista, e incluso
ese proyecto, pero creo que corresponde también en gran medida a esa
política conjunta a la que yo hacía referencia, por encima del devenir y
del debate político ordinario y diario, el establecimiento de los cánones
o directrices que la Delegación, sin lugar a dudas, aceptará y mejorará
en lo que sea necesario.

No voy a citar ningún tipo de asociación concreta al respecto, porque
insisto que es preciso efectuar un análisis muy detenido de los métodos,
de las finalidades y de los modos utilizados por determinadas
asociaciones, como este Parlamento perfectamente estudió en su día, si no
recuerdo mal en 1991, con todo el tema relativo a las sectas, y donde se
ofrecieron criterios al respecto que fueron aceptados por la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

En cuanto a la competencia horizontal, la competencia en definitiva sobre
policía (competencia operativa entiendo, porque insisto en que
políticamente a la Delegación le corresponde esa coordinación, en este
caso con el Ministerio del Interior), existe el organismo de coordinación
necesario, con la coordinación política y funcional así como de
evaluación de los fallos, no sólo en los ámbitos de prevención y
rehabilitación, sino también en los relativos al tráfico de drogas, a la
que la Delegación no renunciará en ningún momento.

En cuanto a la participación, dentro de lo que puede ser otro tipo de
policía admnistrativa --usted aludía en concreto, entiendo, a la
prevención del blanqueo de capitales--, actualmente está en tramitación
en el Parlamento el proyecto de ley que en su día quedó aplazado hasta
esta legislatura, por la disolución de las Cortes anteriores, de
prevención del blanqueo de capitales, en el que se prevé, si finalmente
llega a aprobarse con el contenido que actualmente tiene, que la
Delegación del plan nacional sobre drogas participe dentro de algunos de
los organismos de control que se prevén en esa norma legislativa; pero
insisto en que tendremos que esperar hasta que finalmente sea aprobada
por el Parlamento.

En cuanto al talante respecto a las comunidades autónomas, creo que en lo
expuesto está implícita e incluso explícitamente dicho cuál va a ser ese
talante. En materia de política de drogas nadie tiene una varita mágica
en su mano para solucionar los problemas. En ese ámbito, como en
cualquier otro, la coordinación y la cooperación mutua es absolutamente
imprescindible, y ese va a ser el talante, no sólo con las comunidades
autónomas, sino, insisto, con todos los grupos parlamentarios.

Con esto creo que está respondido todo lo expuesto por el señor Diputado.




El señor PRESIDENTE: En turno de réplica, tiene la palabra el señor
Robles.




El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Garzón, por su explicación, pero
en un tono distendido me permitirá que le diga, bromeando, que sabemos
leer. Yo le agradezco la lectura del Capítulo 4, pero yo ya la había
hecho. Usted se ha limitado a repetirme lo que dicen los papeles: que hay
una congelación, en términos absolutos, pero en términos reales, como
usted ha reconocido, hay una disminución de los presupuestos. Con lo que
de verdad cuenta la Delegación para ejecutar sus planes, Capítulo 4, en
términos reales ha disminuido. Aceptamos la terminología que usted dice,
en el sentido de que se queda igual, se queda igual pero siendo más caros
los servicios este año, como evidentemente serán, significa que habrá
programas que no se podrán abordar o que sufrirán, de alguna manera, una
importante merma. Usted dijo ayer que iba a potenciar la prevención en el
ámbito laboral. Dígame si con el mismo dinero que tenía el año



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pasado puede usted potenciar este año la prevención en el mundo laboral.

Si me dice que va a hacer un trabajo más serio con las organizaciones
gubernamentales y resulta que en términos reales dispone del mismo
dinero, aunque yo creo que realmente supone menos a la hora de trabajar
eficazmente las organizaciones, ¿cómo se pueden cumplir los objetivos que
usted anuncia con un presupuesto que está congelado en términos reales,
cuando no disminuido? Eso es lo que yo le preguntaba sobre la forma de
poder cuadrar los objetivos. Sus intenciones me parecen razonables y
todos le deseamos la misma suerte que le indicaba el representante del
PNV, pero me parece difícil. A eso me refería.

En este trámite parlamentario y en un momento en que la Delegación se
está organizando, a lo mejor conviene esperar a la Comisión Mixta --y yo
lo acepto--, pero usted tiene que decirnos cuáles van a ser los programas
prioritarios que se van a abarcar con un presupuesto que es el mismo del
año 1993. Eso es lo que a mí me interesaba y creo que también interesa a
la sociedad española.

Por otra parte, vemos que en el Capítulo 4 hay un mantenimiento de los
presupuestos; usted ha reconocido que en los capítulos 1 y 2 hay
importantes modificaciones. En este año de crisis importante, de
modificaciones presupuestarias y de polémica en la opinión pública sobre
tantas cosas, como por ejemplo, el problema de los funcionarios, resulta
chocante que precisamente en el capítulo de gastos corrientes y servicios
y en el gasto de personal se produzcan unos aumentos tan importantes
simplemente por dos hechos: primero, por el cambio de adscripción de la
Delegación del Ministerio de Sanidad al Ministerio de Asuntos Sociales;
y, segundo, por el hecho de que en vez de llamarse el Delegado del
Gobierno señor Solans o señor Villoslada se llame señor Garzón. Me parece
que la justificación no es suficiente. Usted ha reconocido --y me alegro
de que por fin se lo oigamos decir-- que no tiene ni una sola competencia
más de las que tenían los anteriores delegados. Si usted no tiene ni una
sola competencia más que las que tenían los anteriores delegados, resulta
difícil justificar --insisto-- que sea necesario, por ejemplo, lo que
dice este documento. Por cierto, no tengo por qué no aceptar los números
que me da, pero también comprenderá que tengo que creerme los números que
el Gobierno publica en este documento y en el resumen dice que gastos de
personal no son los 47 millones que usted señala sino 69,9 que supone un
aumento del 41 por ciento en personal.

Supongamos que son los 47 que usted dice, también significa un aumento
del 28 por ciento en personal, y no es precisamente en retribuciones a
los funcionarios, sino que es en personal eventual de su gabinete: en
altos cargos, 8 millones; en incentivos al rendimiento, 22 millones.

Justamente cuando se está hablando de la movilidad de los funcionarios,
de pedirles un sacrificio, etcétera, según este papel, su Capítulo 1 de
gastos de personal se va a elevar el 41 por ciento; según sus cifras, el
28 por ciento.

Usted me habla de gastos corrientes. Yo no le he pedido que me lo
desglose, que se lo agradezco y, por cierto, quiero aprovechar para
decirle que hay una cuestión sobre la que usted pasa muy por encima: dice
usted que en la anterior delegación estaba destinado, por ejemplo, a
gastos de representación 1.900.000 pesetas y ahora solamente tenemos
3.900.000. Sí, pero eso significa doblar los gastos de representación,
que no parece muy razonable precisamente en un año de austeridad. Ya
sabemos, también, que el hecho de que usted sea delegado supone que, en
vez de tener 1.900.000, haya 3.900.000 pesetas en concepto de gastos de
representación. Aquí dice, le leo literalmente: mayor dotación para la
creación de la Secretaría de Estado para el Plan Nacional sobre la Droga,
98 millones de pesetas, casi 99 millones de pesetas. En consecuencia, yo
pregunto en qué va a consistir la dotación para usted de esos 99 millones
de pesetas, porque si yo sumo los 98 millones de pesetas más los 69 que
hay en el Capítulo 1, significa que el hecho de que pase este año a
Asuntos Sociales y, además, el hecho de que se llame señor Garzón y no
señor Villoslada, la suma de los dos --creo no haberme equivocado yo
también-- significa 168 millones de pesetas más. Insisto, sólo en este
año la delegación aumenta en los capítulos 1 y 2, el capítulo 4 se queda
igual y lo cierto es que este año nos cuestan 168 millones de pesetas más
esos dos criterios. Creo que eso no está suficientemente explicado ni
justificado, porque usted, que acaba de decir una vez más sus
competencias y que acaba de manifestar que, efectivamente, no tiene
ninguna más, enumera una serie de competencias en donde creo que la
expresión semántica correcta nos lleva también a los contenidos políticos
correctos. Usted dice que entre las labores de la Delegación está la
coordinación de los ministerios. Creo que entre las competencias de la
Delegación está la coordinación de programas de los ministerios, no de
los ministerios, porque si usted fuera el coordinador de los ministerios,
usted no debería ser Secretario de Estado, debería ser Vicepresidente del
Gobierno. En consecuencia, a usted deberían haberle nombrado
Vicepresidente del Gobierno para que pudiera coordinar los diferentes
ministerios que hay. Es así. Por cierto, yo no me opongo a ese criterio.

Nuestra posición, como supongo que usted conocerá si ha seguido nuestras
exposiciones públicas --y así lo hicimos saber en la Comisión Mixta, en
su momento--, es que la Delegación debería depender de la Presidencia del
Gobierno porque debería tener importantes labores de coordinación, pero
en el rango, sea Secretario de Estado, sea Subsecretario, en este momento
coordina programas, no coordina a los diferentes ministerios, y ésa es la
realidad. Es un matiz semántico y político bastante importante y que no
justifica lo que esto significa, pero una de dos, si no hay aumento de
competencias, si no hay cambio de rol en lo que usted va a hacer, o algo
fallaba en el pasado, o algo va a fallar en el futuro, porque lo que está
usted diciéndonos es que el señor Villoslada que, por cierto, ha durado
bastante poco en la delegación y el señor Solans, que duró algo más, no
han tenido los mecanismos suficientes para poder ejecutar la política
adecuada desde el Plan Nacional contra la Droga, y ya le dije a la señora
Ministra, con motivo de la formulación de aquella pregunta, y le vuelvo a
repetir a usted que no solamente va a



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haber ahora reuniones internacionales, llevan celebrándose hace muchos
años; también ha habido reuniones interministeriales durante todos estos
años; también ha habido conferencias sectoriales, y no creo yo que el
señor Solans ni el señor Villoslada hayan tenido ningún problema de rango
de coordinación para poder ejecutar su política que, por cierto, nos
salía algo más barata que la Delegación del Plan Nacional en estos
momentos.

Por tanto, no me convencen sus argumentos. Le concederemos un plazo.

Quizá, a lo mejor, dentro de un año cuando estemos hablando de los
Presupuestos para 1995 y podamos ya evaluar no solamente estos
Presupuestos sino también su gestión a lo largo de un año, si realmente
ha sido eficaz el que haya pasado al Ministerio de Asuntos Sociales y el
hecho de que sea usted con esta dotación de personal y de gabinete,
etcétera, que aquí se indica. A lo mejor nos convencen los hechos, y
dentro de un año decimos: mire usted qué bien, nos hemos gastado 168
millones de pesetas más, pero hemos sido mucho más eficaces y hemos
podido ejecutar muchos más programas; pero me da la sensación de que con
el presupuesto del Capítulo 4 en los mismos términos --que, a mi juicio,
son menos-- va a ser bastante difícil ejecutar mejor los programas.

Ya simplemente quiero terminar, gracias señor Presidente, por su
generosidad, diciéndole que me gustaría que si no es en este trámite, en
el trámite de la comisión o cuando usted lo crea conveniente, nos
especificara los programas en los que se va a centrar realmente la
ejecución de ese Capítulo 4, que es realmente lo importante. Espero que
los hechos demuestren que efectivamente usted tiene razón y no nosotros
sobre los costos que va a suponer en el Capítulo 1 y el Capítulo 2 la
existencia de esta nueva Secretaría de Estado.




El señor PRESIDENTE: ¿Utilizará el turno de réplica el señor Olabarría?
(Denegaciones.)
Gracias, señor Olabarría.

El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón
Real): Me había atrevido a hacer la lectura del Capítulo 4 porque quizás
le he completado la información que tiene o que aparentemente aparece en
la hoja de presupuestos, habida cuenta que por razón de espacio,
obviamente, se recogen algunos puntos, pero no todo el desglose. Yo lo
tengo a su disposición en la Delegación, para cuando quiera o se lo
remito si lo desea.

Insisto en que no hay disminución de los presupuestos en el Capítulo 4 y
es un esfuerzo suficientemente importante que se mantengan los
presupuestos, habida cuenta de la situación en que nos encontramos.

Dice que cómo voy a potenciar la prevención en el mundo laboral sin más
medios. Mire usted, hay bastantes fórmulas que no necesariamente pasan
por inyectar permanentemente dinero, cantidades que ojalá que se tuvieran
no sólo para potenciar sino para llevar a la práctica infinidad de
programas más.

Efectivamente hay algunas ideas y hay material de trabajo con el que
estamos funcionando y que consiste, fundamentalmente, en continuar la
política que la Delegación venía manteniendo de apoyo a los agentes
sociales en la discusión; potenciar acuerdos tripartitos --estamos en
ello-- y los distintos programas que ya se vienen aplicando desde antes y
al menos aspiro a que esos programas se sigan manteniendo con la dotación
presupuestaria que este próximo año se nos da.

¿Cómo se puede cumplir con las organizaciones no gubernamentales si no
hay más dinero para subvencionarlas? Yo me atrevo a decir que comenzando
a hablar con ellas, tratando de conocer a fondo cuáles son los distintos
planteamientos, tratando de impulsar normas y reformas legislativas, en
definitiva, tratando de encontrar la fórmula de concienciación y de
solidaridad entre todas las instituciones que estamos implicadas en la
lucha contra la droga. ¿Cómo? Insisto en que me gustaría tener la
respuesta a todas y cada una de las posibilidades con que podamos
afrontar esta política. Hay una serie de proyectos prioritarios y yo
insisto en que, ante la inminencia de la comparecencia en la Comisión
Mixta, allí los expondré suficientemente.

En cuanto al aumento de los gastos corrientes y de servicios, aumento de
presupuesto, le insisto que no aumenta sino que disminuye en términos
reales el Capítulo 1 y el Capítulo 2. Aumenta efectivamente lo derivado
de la nueva conceptuación como Secretario de Estado con los Funcionarios
y con el gabinete que ello conlleva.

Le diré al respecto que el gabinete está dotado con la mínima
infraestructura que permite el Real Decreto de 22 de diciembre de 1982:
Un director de gabinete, dos asesores ejecutivos y el personal de
secretaría que representa un total de seis puestos. Los asesores
ejecutivos (nivel 30), los puestos de secretaría (niveles 16, 14 y 12) y
un portero mayor, que ha sido debidamente aprobado por la CECIR. Insisto
en que constituye la dotación mínima.

Ya daba por hecho que no me iba a aceptar la explicación que he intentado
darle de la elevación de rango de la Secretaría de Estado.

En modo alguno está en mi ánimo, y no creo que se haya traslucido de mis
palabras, el menosprecio hacia el trabajo de mis antecesores en el cargo,
al contrario, lo he elogiado públicamente. Lo que digo, y lo que he dicho
hace un momento es que entiendo que el rango de Secretario de Estado
debía ostentarlo el Delegado de Gobierno desde bastante tiempo antes de
mi designación. Podemos discutir si mi nombramiento ha podido ser
acertado o no. En cualquier caso, el tiempo lo dirá, pero entiendo que en
mi interpretación, el rango de Secretario de Estado, y es lo que he
tratado de argumentarle, está al margen de la persona que en este momento
lo ostenta.

En cuanto al plazo de confianza, le agradezco que me otorgue el plazo de
un año. Parece que ya es bastante. Yo se lo agradezco infinitamente.

Procuraré no defraudarle bastante tiempo antes. Tenga en cuenta que yo
soy de la opinión de que en los cargos se debe permanecer el



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tiempo estrictamente necesario y en el que uno sea útil. Eso no lo pierda
de vista.

Entre la coordinación, cuando dice coordinación de los Ministerios, si lo
he dicho evidentemente ha sido un «lapsus linguae». No tengo ninguna
aspiración a ser Vicepresidente del Gobierno, se lo aseguro.

Evidentemente la coordinación es la coordinación de políticas en materia
de droga de los distintos departamentos ministeriales afectados. Creo que
he dicho eso; si he dicho lo otro, queda claro que ha sido un «lapsus».

En cuanto a la especificación de programas y prioridades, insisto en que
con mucho gusto le haré la exposición en la Comisión Mixta, y será una
exposición que estará abierta a cualquier otra aportación porque, como he
dicho antes, e insisto ahora, la Delegación del Plan Nacional sobre
Drogas no quiere ser la que asuma exclusivamente el protagonismo en la
lucha contra esta lacra, sino que sea una política conjunta de todos los
grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado por su
comparecencia.

Señorías, hemos dado cumplido trámite al orden del día y, por ello, se
levanta la sesión.




Eran las seis horas y cincuenta y cinco minutos de la tarde.