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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 34, de 06/10/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 34
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 5
celebrada el miércoles, 6 de octubre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Justicia (Belloch Julbe) para
informar:
--De las previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento.
A petición propia. (Número de expediente 214/000012.) (Página 592)
--Sobre el programa a desarrollar al frente de su Departamento. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000040.) (Página 592)
--De las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro en
su Departamento en este mandato. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000019.) (Página 592)
--Para dar a conocer las medidas del Gobierno respecto de la Fiscalía
General del Estado para el esclarecimiento de posibles irregularidades
cometidas en la venta de la sociedad Elosúa al grupo empresarial italiano
Ferruzzi. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de
expediente 213/000048.) (Página 618)
Proposiciones no de ley:
--Relativa a la política penitenciaria de ampliación de capacidades en
Centros Penitenciarios en Tenerife. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 6, de 14-9-93. Número de expediente
161/000011.) (Página 623)
--Por la que se insta al Gobierno a que declare a las asociaciones de
vecinos como asociaciones de utilidad pública. Presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió. (BOCG, serie D, número 8, de
17-9-93. Número de expediente 161/000017.) (Página 627)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (BELLOCH JULBE), PARA
INFORMAR:
--DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO,
A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000012.)
--SOBRE EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000040.)
--DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR POR EL MINISTRO EN
SU DEPARTAMENTO EN ESTE MANDATO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
213/000019.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.
Tenemos con nosotros al Ministro de Justicia, don Juan Alberto Belloch,
que comparece por primera vez en nuestra Comisión a petición propia y a
petición de los Grupos Parlamentarios Popular e Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, con el fin de informar de las previsiones
y líneas generales a desarrollar en su Departamento.
Por tanto, le damos la bienvenida en nombre de la Comisión y en el mío
propio, y con ello le concedo también la palabra.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señor Presidente, señoras
y señores Diputados, comparece ante SS. SS. un juez que ha asumido, con
preocupación y con resolución, la Cartera de Justicia del Gobierno de
España. Para mí, como juez desde siempre y como Ministro desde hace pocos
meses, el Parlamento, en cuanto expresión legítima de la soberanía
popular, es la casa común de la democracia. Esta obviedad política es,
además, una convicción personal profunda, y desde ella les ruego,
señorías, analicen y valoren mis palabras.
Comparezco, efectivamente, como les decía el Presidente, por primera vez
ante esta Comisión de Justicia e Interior con el propósito de darles
cuenta de las líneas directrices que van a presidir mi trabajo en el
Ministerio. No vengo, desde luego, sólo a informar, sino, sobre todo, a
escuchar, a conocer las ideas y planteamientos que me hagan SS. SS., sin
exclusión de personas o grupos. Desde ahora pido, y desde luego ofrezco,
la vigorosa colaboración, leal y sincera, como el correcto instrumento de
trabajo recíproco. Creo que esa es la actitud que esperan de nosotros los
ciudadanos.
Soy consciente, y de ahí la preocupación a que aludía con anterioridad,
de que he asumido mis responsabilidades en un momento de crisis y en un
momento de cambio. Se habla de crisis y cambio, pero la verdad es que
esas palabras se usan en sentidos muy diferentes. Hay una crisis
generalizada, que se extiende a todos los países desarrollados y también
a las diversas formas de vida social; es una especie de enmienda a la
totalidad de la forma de vida que surgió a partir del siglo XVIII en el
continente europeo. Desde entonces, la humanidad se ha visto conmovida
por grandes utopías, y entre ellas la razón convertida ella misma en
utopía, que han hecho avanzar el mundo a golpes. Pero, a la vez, ellas
han puesto de manifiesto sus límites infranqueables. El entusiasmo, la
fe, la imaginación han de ser asistidas, controladas por la razón; aún
más, han de estar sometidas a lo razonable. La democracia nació para
ejercer ese control, para exigir que lo prometido se cumpla. Si la
democracia promete el respeto a los derechos humanos, hay que ser
implacable contra cualquier forma de tortura o cualquier forma de
violación de los derechos del hombre. Si la democracia promete la
igualdad ante la ley, ha de ser implacable contra toda forma de
corrupción.
Al propio tiempo, los deseos de justicia que anidan en cada ciudadano no
pueden encontrar una respuesta inmediata y total. Sólo desde el
fanatismo, o la mentira, o esa versión «light» que es la demagogia, se
puede afirmar lo contrario. La búsqueda de la justicia --todas las
personas
razonables lo sabemos-- es un lento proceso que requiere objetivos,
atención, vigilancia y cuidados. Elegir unos objetivos supone
necesariamente desechar otros, exige renunciar al todo, optar supone un
acto de humildad. La misma crisis que nos desconcierta abre nuevas
oportunidades antes desconocidas. La crisis supone la pérdida de unos
valores que creíamos seguros, pero supone también, siempre y
necesariamente, el nacimiento de valores nuevos. Sin embargo, lo que
nace, lo que nosotros mismos podemos contribuir a que nazca, lo hará en
la autolimitación, renunciando a una parte en favor de lo que se
considera más importante.
Es un tópico, pero cierto, que en los últimos tiempos estamos sometidos a
cambios que se suceden a demasiada velocidad. No debemos contentarnos con
ser sujetos pasivos de esos cambios, sino que debemos intentar
protagonizarlos, y debemos procurar tener éxito en el empeño. Por eso
tenemos que saber claramente qué queremos, tenemos que saber explicarlo
con claridad, tenemos que fijar objetivos y convertirlos en proyectos, y
tenemos que ser rigurosos en su cumplimiento. A ello ha de tender la
política del Gobierno.
La realización de la política del Gobierno en materia de justicia se
estructura en dos grandes objetivos que, en cuanto tales, pienso que
podrían ser asumidos por todos, puesto que se trata de planteamientos de
Estado. Uno, la preservación del sistema jurídico; dos, la eficacia de la
acción de la justicia.
El primer gran objetivo, la preservación del sistema jurídico, le
corresponde al Ministerio como encargado de contribuir a su mayor
efectividad. Como consecuencia de ello, la promoción legislativa debe
venir referida no sólo a la conservación y desarrollo armónico de un
sistema jurídico, sino también a la coordinación de las normativas
ministeriales que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales,
libertades públicas y deberes constitucionales de prestación social. A
ello, señorías, se pueden añadir dos nuevos elementos: el primero,
requerido por el desarrollo efectivo del Estado de las autonomías, y el
segundo, requerido por la necesaria cooperación con el Consejo General
del Poder Judicial.
El segundo gran objetivo, la eficacia de la acción de la justicia,
requiere hacer alguna observación previa sobre en qué sentido legítimo,
en opinión de este Ministro, puede hablarse de crisis de la justicia.
Para destacar ante todo la dimensión política, que no es la única, de
esas crisis, yo diría que la crisis de la justicia es, sobre todo, una
cierta crisis de legitimación. Habrán notado SS. SS. que he hablado de
legitimación, no de legitimidad. La legitimidad de la justicia española
no está puesta en cuestión. Lo que se halla en entredicho no es si los
jueces son lo que deben ser, ni siquiera por regla general si actúan o no
de modo jurídicamente correcto, sino si ofrecen a los ciudadanos lo que
éstos tienen razonablemente derecho a esperar de ellos. En este caso debo
ser rotundo y afirmar que hay sectores y aspectos de la justicia española
que hoy por hoy no dan una respuesta adecuada a lo que los ciudadanos
tenemos razonablemente derecho a esperar de ella. ¿Qué es lo que se puede
razonablemente esperar de la justicia? Es difícil decirlo en pocas
palabras, sí apuntarlo. Un país puede esperar de su justicia que en un
tiempo prudente resuelva de modo equitativo y comprensible los conflictos
que, por no haber podido ser solventados por las vías de la
autocomposición, hayan de residenciarse ante una instancia heterónoma,
judicial, imparcial y responsable.
Fijados esos objetivos, es hora de entrar en el programa de actuaciones
que pretende llevar adelante el Gobierno de la nación en materia de
justicia. Este programa tiene tres direcciones fundamentales.
En primer lugar, se debe iniciar un proceso de transferencias que
residencien en el Consejo General del Poder Judicial y en las comunidades
autónomas parte de las competencias y medios materiales y humanos que hoy
detenta el Ministerio de Justicia.
En segundo lugar, hay que hacer una nueva lectura de las funciones del
Ministerio, que se centrarán en un mayor sentido de la coordinación, no
sólo autonómico sino dentro del mismo Estado central, tratando de
homogeneizar el proceso general de creación normativa y coordinando de
manera efectiva su actividad ante los tribunales.
En tercer lugar, hay que articular un servicio público de la
Administración de Justicia, de suerte que sea apto para dar respuestas a
las demandas de los ciudadanos en condiciones de calidad --esta es la
palabra clave, yo pienso, del futuro inmediato--, agilidad, rapidez,
eficacia.
La primera línea programática obedece al decidido propósito del Gobierno,
por un lado, de dotar al Consejo General del Poder Judicial de los
instrumentos necesarios para el más exquisito cumplimiento de su función
constitucional y, por otro lado, de efectuar la distribución competencial
que exige la racionalidad administrativa, pero también la escrupulosa
realización del Estado de las autonomías.
Entiendo que la necesaria armonización de esfuerzos, ahorro
administrativo y gestión descentralizada, aconseja atribuir las funciones
administrativas de justicia a los niveles más cercanos a los ciudadanos,
y ello responde a la propia configuración del Estado autonómico que nos
hemos dotado a través de la Constitución.
En todo caso, me parece evidente que la reordenación competencial del
Estado no es ajena a la reforma global de la Administración de Justicia,
por lo que, en sus extremos esenciales, estará necesariamente vinculada a
su desarrollo temporal. Entre tanto, es esencial garantizar y desarrollar
los mecanismos de cooperación entre la Administración central del Estado
y las administraciones autonómicas.
Señorías, la segunda línea programática, reorganización competencial,
supone una apuesta de futuro que, entiendo, debemos empezar a construir
ya desde hoy. Se trata nada menos que de comenzar a perfilar cuál debe
ser el nuevo modelo, la nueva definición del Ministerio de Justicia para
el siguiente siglo, y no solamente es aplicable al Ministerio de Justicia
español, sino, en general, a cualquier otro Estado que esté organizado
conforme a un
sistema autonómico y se integre en ese proceso federalizante europeo.
Los vectores antes indicados --papel constitucional del Consejo General
del Poder Judicial y Estado de las autonomías--, unidos al proceso de
conformación política del espacio europeo, van a configurar un nuevo
marco en el que, parcialmente agotadas algunas de las funciones
tradicionales del Ministerio de Justicia, surgen nuevas necesidades para
cuya satisfacción pensamos que el Ministerio de Justicia es el
instrumento más idóneo. Apuntaré simplemente tres elementos ilustrativos
de esa redefinición que me propongo acometer.
En primer lugar, es imprescindible lograr que el servicio jurídico del
Estado homogeinice de manera efectiva, su defensa jurídica. Si siempre
fue muy conveniente evitar la dispersión de criterios, en el horizonte
que ahora se avecina va a resultar imprescindible.
En segundo lugar, la promoción e iniciativa legislativa del Ministerio
debe ser impulsada para armonizar el desarrollo legislativo competencial
del Gobierno y evitar una proliferación normativa con riesgo de puntos de
conflicto, especialmente a la vista de la incidencia que tiene la
protección de los derechos fundamentales sobre el conjunto normativo.
En tercer lugar, parece necesario, asimismo, y por razones análogas, que
el Ministerio de Justicia asuma, como título propio, la recepción del
Derecho comunitario en nuestro ordenamiento. El Derecho comunitario, ya
sea por vía de Derecho primario o por Derecho derivado, tiene un efecto
inmediato sobre todos los ámbitos, local, autonómico y central. De alguna
manera podríamos decir que para finales de este siglo más que un
Ministerio de Justicia tenderá a ser un ministerio del derecho para la
justicia.
La tercera línea programática, lograr una eficiente y rentable empresa de
la justicia, es quizá la más ambiciosa, la más difícil y, al propio
tiempo, la vivida como más urgente y necesaria por la ciudadanía en
general y, desde luego, por los distintos profesionales del Derecho.
Me permitirán SS. SS. que dedique a ello más tiempo, por las razones
indicadas. Antes de nada quiero hacer algunas observaciones de principio
en cuanto sólo desde ellas me resulta posible transmitirles no sólo la
forma en que contemplo el problema, sino también la verdadera última
razón de las diferentes reformas normativas que pretendo abordar y sobre
las que SS. SS. deberán pronunciarse en su día.
La primera observación de principio es la de que cuando hablo de la
justicia la concibo como un sistema subsidiario, como un elemento central
del sistema jurídico que, sin embargo, es subsidiario de la pacífica
realización del Derecho. Un sistema que sólo ha de resolver los
conflictos que no puedan solucionarse por otras vías, es decir, que no
puedan resolverse normalmente. La intervención de la justicia estatal no
puede ser sino algo extraordinario. Ni los pleitos ni menos aún las
causas criminales pueden erigirse en elementos de la vida coditiana,
porque cuando lo hacen la crispan y envenenan, enervando, a la vez,
cualquier posibilidad de buen funcionamiento de la propia justicia, cuyos
recursos son limitados y por mucho que crezcan seguirán siendo limitados.
De modo que una sociedad que todo lo fiase o que fiase demasiado a las
decisiones judiciales no sólo estaría condenada para siempre a tener una
mala justicia --en ocasiones incluso a no tenerla--, sino que viviría en
un estado permanente de frustración.
Un somero análisis de las estadísticas judiciales que SS. SS. conocen
perfectamente evidencia que para mejorar la justicia todos debemos
cambiar. La Administración, sin duda, en primer lugar, pero también las
empresas, los profesionales del Derecho, hasta los usuarios del servicio
de justicia.
La vía judicial no puede ser para nadie una suerte de plazo adicional
para el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones y un
subterfugio a través del cual se ventilen intereses muy distintos de los
que figuran en la causa. Por ello es absolutamente necesario que la
cultura del pacto, del compromiso, de la transacción, del arbitraje,
desplacen a la cultura del litigio y de la confrontación que hoy impera.
Es preciso también que existan mecanismos de tutela del proceso, que hoy
se echan de menos, mecanismos de defensa contra los abusos del derecho de
acción, con los que tal vez se consigan objetivos espúreos mientras se
reduce a la nada el propio derecho de acción. Y también mecanismos de
defensa frente a cada una de las infinitas argucias procesales que
encubren un fraude de ley y una burla del artículo 24 de la Constitución,
realizada, a veces para mayor escarnio, al amparo de ese artículo.
Sólo si se plantean ante la Administración de Justicia las pretensiones
fundadas que no hayan hallado otras vías de satisfacción razonable,
podremos aspirar a tener una justicia no abrumada, una justicia expedita,
eficiente, rápida. Y sólo esa justicia no abrumada podrá darnos lo que
tenemos derecho a esperar de ella: que el derecho a la tutela judicial no
sea un derecho ilusorio y menos aún un modo de entorpecer el ejercicio de
los restantes derechos.
El deseo de tener una justicia rápida como tal no es de ahora, no es de
este Gobierno, no es de este régimen, no es ni siquiera de este siglo.
Las corruptelas que relata Alonso Martínez en el preámbulo de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal existían antes de su espléndida ley, existieron
después y existen ahora.
Cierto es que hay que reformar las leyes procesales para intentar
extirpar esas corruptelas, y cierto que hay un problema de medios: la
justicia puede y debe estar aún mejor dotada. Pero ni la mejor reforma
procesal ni la más generosa dotación de medios --que en tiempos de crisis
económica no cabe esperar-- harán que ese objetivo se haga realidad, pues
el código procesal más progresivo podría --y existe el riesgo de que así
lo hiciera-- estrellarse contra las rutinas forenses, contra la inercia,
los intereses y la desgana, contra lo que se ha denominado por algunos el
segundo código, que enerva el primero y lo convierte en letra muerta.
Y también en la distribución de medios materiales ocurre algo muy
semejante. Hay un objetivo de racionalidad
que inspira la atribución de la dotación y una especie de mano invisible
que dirige su distribución y utilización hacia la ineficacia. De modo que
también aquí opera un segundo código. El pasado, el «statu quo», se niega
a desaparecer e intenta que el futuro sea, a lo sumo, una extrapolación
de lo que ya existe. Por eso muy bien podría suceder que la más generosa
de las dotaciones imaginables se dilapidase, que sólo sirviese para hacer
aún más irritante la ineficacia.
Así pues, es propósito del Gobierno presentar las necesarias reformas
procesales. Pero debe ser propósito de todos, no sólo del Parlamento, no
sólo del Gobierno, no sólo del Consejo General del Poder Judicial, no
sólo de la judicatura, no sólo de las profesiones jurídicas y del
personal al servicio de la Administración de Justicia, atajar las rutinas
dilatorias. Es propósito del Gobierno dotar a la justicia, cuando la
economía lo permita, de todo lo que necesita. Para que ese propósito
pueda cumplirse es preciso que todos estemos dispuestos también a
renunciar a lo que no es necesario. Hay que reasignar recursos, sanear la
distribución de los medios materiales y racionalizar los medios
personales antes de invertir más. En este asunto puede la necesidad
convertirse en virtud y obligarnos a hacer lo que habría de hacerse y no
hubiéramos hecho, quizá, sin ello.
Los ciudadanos, según he dicho, tienen derecho a esperar resoluciones
comprensibles y equitativas. Ambas cosas se hallan estrechamente
relacionadas, pues si no comprendemos una resolución, mal podremos saber
si es o no equitativa. Por otra parte, mal puede, quienes administran
justicia, saber, por mucho que lo deseen, si se nueven en esa sutil
frontera del Derecho que representa la equidad mientras el sentido de sus
resoluciones escape al debate público. Y eso es lo que yo creo que
sucede. Las resoluciones judiciales en muchos casos se sirven envueltas
en un lenguaje críptico, esotérico. Un lenguaje que más parece una
liturgia que una solución terrenal al tema; un lenguaje que oculta los
problemas en vez de clarificarlos, cuyos razonamientos nadie sigue y
cuyas conclusiones, por lo tanto, nadie o casi nadie entiende; nadie no
siendo un experto y a veces ni siquiera los expertos. Claro que hay
muchos profesionales que hacen un esfuerzo de claridad, un esfuerzo
pedagógico, pero entonces, en muchas ocasiones, los oídos de las gentes,
los oídos de los ciudadanos están tapados, porque esos ciudadanos han
llegado a pensar que la cosa no va con ellos. Ellos sólo pueden saber si
acaso al final si les parece justa o no la solución. La consecuencia es
que la sociedad vuelve la espalda a la legalidad.
Hemos configurado de tal modo las leyes entre todos, que ellas, que rigen
toda la vida, ellas, de las que dependemos casi para respirar, no le
interesan a nadie. Y hemos configurado de tal modo las sentencias, que
generalmente no podemos saber por qué son justas o injustas y, por
consiguiente, no podemos discutir su justicia o injusticia. He aquí, una
vez más, una observación de principio. Con independencia de lo que digan
las leyes, que naturalmente ha de preocuparnos, hemos de ocuparnos de que
lo digan bien, de que lo digan claramente, de que lo digan de forma
comprensible para todos. Cualquier ciudadano habría de saber, a simple
vista, sin necesidad de reflexión, lo que es lícito y lo que no lo es, y
eso no ocurre, y cualquier ciudadano habría de poder comprender los
trámites de cada procedimiento en que se embarca, o en que es embarcado,
y la resolución que decide su caso, y eso no ocurre. De modo que hemos de
hacer un esfuerzo de claridad legislativa.
Pero la claridad no basta, también es necesaria la sencillez, la mayor
sencillez posible. Ciertamente hemos instaurado un ordenamiento complejo,
pero complejo se opone a simple, no a sencillo. La diferencia entre un
ordenamiento simple y otro complejo radica en una decisión acerca de la
forma de Estado y en una decisión, o una serie de decisiones, acerca del
modo en que nuestro Estado se inserta en la comunidad internacional, de
modo que al preferir un Estado de las autonomías frente a un Estado
unitario, o al preferir pertenecer a la Comunidad Europea en lugar de
quedarnos fuera de ella, hemos preferido tener un ordenamiento complejo a
un ordenamiento simple, y con ello no hemos hecho más que ejercer dos
opciones perfectamente razonables, que a casi todos les parecía, y nos
siguen pareciendo, las mejores que cabía adoptar.
No obstante, tener un ordenamiento complicado frente a uno sencillo no es
el fruto de una decisión razonable. Aquí no puede hablarse del ejercicio
reflexivo de una opción. La selva normativa en que vivimos, y en la que a
menudo el profesional más avezado se pierde, no es el resultado de
ninguna acción deliberada, no es culpa de nadie, es fruto de rutinas, de
prisas, de improvisaciones, es responsabilidad de todos. Si el Gobierno y
las Cámaras hacemos ese esfuerzo de claridad y de sencillez, tendremos,
desde luego, el derecho a esperar que los jueces nos secunden, que las
sentencias se desempañen, que el cómo y el porqué de las resoluciones se
haga accesible al ciudadano medio. Todo ese esfuerzo, pienso, sería
baldío si el ciudadano no se incorporase a él, si no fuese adquiriendo
poco a poco un sentido jurídico cada vez más fuerte.
La Constitución no fue ajena, no ha sido ajena a la necesidad de que los
ciudadanos participen, de uno u otro modo, en la configuración y
aplicación del ordenamiento, porque los padres de la Constitución no
olvidaron, en ningún momento, que el sistema democrático es aquel en el
que el pueblo establece su derecho y que, por tanto, quiebra en esencia
misma si el pueblo vive de espaldas al Derecho. Por eso, creo,
instituyeron el jurado como medio de participación del pueblo en la
administración de justicia. El soberano del poder judicial es así llamado
por la norma suprema a participar en su ejercicio.
No podemos seguir ignorando el mandato constitucional, máxime cuando ese
mandato es tan moderado que no obliga a universalizar el jurado, sino que
lo establece sólo para aquellos procesos que la ley determine. Una
prudente y progresiva introducción del jurado no sólo no va a dificultar
la respuesta judicial de los conflictos, sino que puede y debe mejorar la
calidad de esa respuesta.
Desde estas observaciones de principio ha de comprenderse la tercera
línea programática del Gobierno en materia de justicia. El objetivo de
lograr una justicia ágil, rápida, eficaz y de calidad requiere, es
evidente, de un fuerte impulso normativo que abarca muy diversos ámbitos:
reformas de Derecho material para eliminar las regulaciones oscuras, o
excesivamente complicadas, o productoras de conflictos por cualquier
motivo; reformas del proceso para cerrar el paso a esos posibles abusos
del Derecho de acción y de los demás derechos procesales de las partes;
reforma de los mecanismos sustitutorios del proceso, etcétera.
El Ministro puede impulsar --y es su obligación-- esos cambios, pero no
puede ni acabarlos --eso depende de las Cámaras--, ni prometer el éxito,
eso depende de que la sociedad apueste por el cambio de la cultura
jurídica al que he aludido en más de una ocasión; un cambio no ya al
nivel de los valores, en el que en general la transformación del
ordenamiento puede entenderse razonablemente satisfecha, sino, sobre
todo, en el ámbito de la realidad cotidiana, donde aún falta, todos somos
conscientes, mucho trecho.
En esta línea programática, en todo caso, se enmarcan complejas reformas
procesales, penales, organizativas y de personal, que es propósito de
este Ministerio abordar en el marco de esta legislatura, programa al que
aludiré después con algún detalle.
Es importante, en este planteamiento general, no olvidar que la
adecuación de la normativa penitenciaria, y hasta la propia construcción
de nuevos centros, se sitúa en esta misma línea, pues las instituciones
penitenciarias son el último eslabón del proceso judicial, que empieza
con la apertura de las diligencias previas y que debe llegar hasta el
último día del cumplimiento de la pena. La tutela al ciudadano, su
derecho a la Administración de Justicia no se acaba en la sentencia, sino
que termina con su libertad definitiva.
Resumiendo lo anterior, con estas tres grandes líneas quedarían
configurados los objetivos generales del Ministerio de Justicia: un nuevo
modelo competencial con mayores atribuciones para las comunidades
autónomas y para el órgano de gobierno del poder judicial; una
reorganización del Ministerio de Justicia hacia aquellos aspectos que le
son más propios --coordinación y creación del impulso normativo-- y,
finalmente, la construcción de una administración de justicia de calidad
que sea ágil, rápida y eficaz.
Estas son las metas generales que como titular del Departamento me
propongo llevar a cabo en el horizonte de esta legislatura. Para su
ejecución paso a exponerles, a continuación, los programas mediante los
cuales pretendo que se lleve a cabo, y que voy a estructurar en dos
grandes bloques. Un primer bloque, el programa normativo; el segundo,
medidas de ejecución de índole administrativa que llevaremos a cabo en
nuestro ámbito departamental.
El desarrollo normativo para la presente legislatura se puede dividir, a
su vez, en tres grandes bloques. El primero es el que afecta a las
competencias del Consejo General del Poder Judicial y a la reforma
procesal; el segundo comprende las mejoras de la Administración de
Justicia, y el tercero, el desarrollo de las competencias normativas del
Ministerio de Justicia, ya sean exclusivas o coordinadas con otros
Ministerios.
Respecto del primer bloque, el primer proyecto legislativo que me
propongo presentar a la aprobación de las Cámaras es la reforma urgente
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que afectará a determinados
contenidos normativos en directa relación con la consideración del
Consejo General del Poder Judicial como órgano constitucional del Estado.
Fundamentalmente, la reforma irá dirigida --la reforma urgente-- a la
ampliación de competencias del Consejo. A mi entender, el Consejo debe
asumir las competencias en materia de selección de los miembros de la
carrera judicial. Junto a esta competencia, considero necesario modificar
también el sistema de selección del tercer y cuarto turno, así como la
potenciación de la formación continuada de jueces y magistrados. Esta
reforma urgente abordará, asimismo, el régimen disciplinario de jueces y
magistrados y el otorgamiento al Consejo de los necesarios poderes
reglamentarios para llevar a cabo su función de gobierno. De un modo
inmediato contemplará la provisión de vacantes, los sistemas de suplentes
y sustituciones y la autonomía presupuestaria.
Junto a esta reforma urgente, cuyo borrador ya ha sido entregado a los
agentes jurídicos y sociales para su debate, es propósito del Ministerio
de Justicia abordar, a lo largo del año 1994, una reforma a fondo y de
gran calado del conjunto de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El segundo grupo de reformas legales tiene por objeto las leyes
procesales civil, penal y contencioso administrativo. También en este
caso las reformas las va a proponer el Ministerio en dos niveles
distintos: el de las reformas urgentes a corto plazo y el de las reformas
en profundidad a medio plazo.
En el ámbito procesal civil es preciso abordar definitivamente la reforma
integral de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A principios del año 1994 se
iniciarán los trabajos preparatorios, que no es razonable ni deseable que
duren menos de un año pese a que existen ya muy útiles trabajos previos.
Ultimarlos en ese período de un año implicaría un gigantesco esfuerzo, en
el que deben tener --cree el Ministro-- un protagonismo singular la
Comisión General de Codificación, la universidad y las diversas
profesiones jurídicas. Su objetivo central creo que es compartido por
todos los grupos de esta Cámara: simplificación de los procesos y
ejecución rápida de las sentencias. No descarta el Ministerio de Justicia
--y estamos trabajando ya en esa línea-- que ciertas reformas parciales,
en concreto la materia relativa a la ejecución de sentencias y la reforma
de la casación civil, se anticipan dada su urgencia.
En materia procesal penal hay cuatro temas particularmente importantes.
En primer lugar, la implantación progresiva del jurado, que nos
proponemos presentar en la primavera del año 1994 a estas Cámaras. En
segundo lugar, el control judicial de la razonabilidad de la pretensión
acusatoria, que debe, igualmente, tener su correspondiente respuesta
normativa en el curso de este mismo año. En tercer lugar, la reforma de
la casación y, en cuarto lugar, la generalización del recurso de
apelación. En todas estas reformas no se les escapará a SS. SS. que es
fundamental el papel del Ministerio Fiscal.
La reforma del proceso contencioso-administrativo, por fin, contempla la
progresiva entrada en funcionamiento de los juzgados de lo
contencioso-administrativo y una adaptación general del procedimiento con
el fin de que los administrados obtengan tutela judicial efectiva con la
garantía de que las sentencias se cumplirán rápidamente.
La reforma de nuestras leyes procesales son un medio necesario pero no
suficiente, si no van acompañadas de otras medidas de carácter funcional
tendentes a mejorar la Administración de Justicia. En esta segunda línea
es preciso llevar a cabo la reforma, por otra parte legalmente obligada,
de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, la regulación de la Oficina
Judicial, tema central y prioritario para este Ministerio, en sus
distintos marcos normativos, y la simultánea reforma de los estatutos y
reglamentos orgánicos del personal al servicio de la Administración de
Justicia. Los trabajos preparatorios deben, igualmente, iniciarse a
principios del año 1994, aunque ya desde este momento mantenemos
contactos con el Consejo General del Poder Judicial para analizar los
temas del día a día de modo coordinado.
Un tema esencial y urgente lo constituye presentar una ley de asistencia
jurídica gratuita que satisfaga el derecho constitucional de defensa, sin
un derroche de recursos, evidentemente escasos, y que garantice una
adecuada calidad en la prestación del servicio. Ya se han iniciado en el
Departamento los primeros contactos con el Consejo General de la Abogacía
y con los colegios profesionales para que, con su inestimable opinión y
colaboración, esta reforma pueda resultar efectiva. Esta colaboración se
extenderá a otros aspectos de la vida colegial, como la unificación de
las comisiones para el ejercicio de la profesión en el marco comunitario.
Por lo que se refiere al ámbito de la legislación penitenciaria, el dato
esencial que quiero transmitir a SS. SS. es que resulta necesario que el
proceso de reformas en este campo se desarrolle de manera paralela y
coordinada al nuevo Código Penal. Es en este campo donde el tema del
cumplimiento efectivo de las sentencias, sin mengua de los artículos 14 y
25 de la Constitución, debe tener cumplida respuesta.
Algún tema, sin embargo, requiere un tratamiento más urgente. Así ocurre
con el que se refiere a los recursos extranjeros, aproximadamente el 16
por ciento de la actual problación penitenciaria. Parece razonable
potenciar los mecanismos legales existentes para procurar que cumplan la
condena en su país de origen y de este modo facilitar su vinculación
originaria y las posibilidades de reinserción en su entorno personal,
familiar y social. De igual modo es urgente establecer normas objetivas
que regulen la situación penitenciaria de los internos especialmente
peligrosos.
Voy a dar paso, a continuación, a la exposición de aquellos proyectos de
ley que inciden en la competencia funcional propia del Departamento de
Justicia, esto es, el proyecto de ley orgánica del Código Penal y los
proyectos de ley que suponen la trasposición de directivas comunitarias,
bien sean de iniciativa conjunta con otros ministerios o exclusivamente
del Ministerio de Justicia.
Con relación al proyecto de ley orgánica del Código Penal, voy a hacer un
simple comentario previo. He tratado de construir el conjunto de mi
intervención sobre la idea de que el primer cambio, la proclamación de
los valores y principios del Estado social y democrático de Derecho,
básicamente se haya realizado, y que es el tiempo de emprender
decididamente el segundo cambio, el de la transformación efectiva de la
realidad cotidiana. Sería, sin embargo, un error pensar que la definición
de los nuevos valores se halla acabada, o que pueda acabarse alguna vez.
La nación es un plebiscito de todos los días, porque cada día es preciso
un nuevo acuerdo que nos permita, como decía Tierno Galván, vivir en paz,
vivir juntos y vivir bien. Y una pieza esencial de la convivencia es, sin
duda, el Código Penal, esa especie de constitución negativa que fija los
límites de los derechos y determina lo que no debemos, lo que no podemos
hacer.
En la Legislatura anterior se discutió un proyecto que ahora pretendo
revisar con la pretensión de perfeccionarlo, partiendo, como elementos
esenciales, del informe del Consejo General del Poder Judicial y,
asimismo, de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y
por la opinión científica de los catedráticos de Derecho Penal, que han
sido llamados todos ellos a colaborar en este proceso.
Sería lamentable que después de tantos años y tantos trabajos no
pudiéramos tener un buen Código Penal, un Código que garantice, a la vez,
la tutela de nuestros derechos y la integridad de las libertades
democráticas. El objetivo no es otro que presentar un texto que cuente
con el máximo consenso posible en el ámbito científico y, si pudiera ser,
político. Sólo así se hará posible, pienso, su aprobación pacífica a lo
largo de la legislatura y se facilitaría también --ésa es la pretensión,
por lo menos, del Ministerio-- considerablemente su tramitación.
La participación de España en la Comunidad Europea ha supuesto la
integración en el ordenamiento jurídico español de numerosas directivas
que han debido y deben ser traspuestas para su recepción en el Derecho
interno. Estas adaptaciones de nuestro Derecho tienen la doble
consideración de urgencia y necesidad por tener todas ellas un plazo de
vencimiento para su integración. Adicionalmente, su aplicación supone, en
numerosos supuestos, no sólo la creación de actos normativos, sino
también la adaptación de los mismos e incluso la variación de conceptos
jurídicos que suponen un cambio en las nociones clásicas del Derecho
nacional interno. Todo ello deviene un trabajo denso, intenso, y su
articulación se verá plasmada en numerosos proyectos de ley que por
razones obvias me voy a limitar a enumerar. Así, el proyecto de ley de
responsabilidad del fabricante por daños causados por productos
defectuosos --proyecto que,
como saben SS. SS. mejor que yo, decayó en la anterior legislatura y
deberá retomarse en la presente-- y otros proyectos de ley tan
importantes como el de crédito al consumo, condiciones generales de la
contratación, seguridad general de los productos, todos los cuales tienen
como denominador común: la unificación de la protección al consumidor en
el marco comunitario en que España está integrada.
En el aspecto mercantil debe entrar en esta Cámara en esta legislatura la
nueva ley de sociedades de responsabilidad limitada, que vendrá a cerrar
la adaptación del sistema societario a las nuevas realidades de la
sociedad y del mercado único. También se abordará la regulación de los
contratos de las entidades que operan en los sectores del agua, de la
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, ya que son
contratos que afectan de modo sensible a los consumidores y a sectores
vitales para la estructura productiva del Estado. Estamos a la espera de
que se apruebe próximamente una directiva relacionada con la
multipropiedad, que es la razón que ha retrasado hasta la fecha la
elaboración del correspondiente anteproyecto de ley. Es por ello que en
un horizonte inmediato se podrá presentar un texto a las Cámaras que dé
cumplimiento a las previsiones que en la misma se hagan.
Asimismo, hay otros proyectos que no son de iniciativa exclusiva del
Ministerio, sino compartida, algunos de ellos decados --fundaciones,
mecenazgo, ley de arrendamientos urbanos, ley de sociedades de garantía
recíproca (ya presentado este último en el Congreso)-- y que van a ser
objeto de tratamiento en esta legislatura. Me parece de especial cita,
sin embargo, la elaboración de una ley del servicio civil, que es una de
las prioridades que se verá abordada conjuntamente por el Ministerio de
Asuntos Sociales y el de Justicia, y que pretenderá integrar todo el
régimen de la objeción de conciencia, sistematizando el conjunto
obligacional no militar de la ciudadanía.
Señorías, a continuación quiero informarles telegráficamente de las
actuaciones de carácter administrativo que completarán la actividad
normativa en esta legislatura.
El cumplimiento de los objetivos generales del Ministerio requiere, como
es lógico, de actuaciones complementarias de carácter administrativo que
acompañen a la producción normativa. Estas actuaciones las podemos
estructurar en cuatro grandes bloques: las que inciden en la
Administración de Justicia, las que se refieren a la protección del
ejercicio de derechos fundamentales y deberes constitucionales, la
vertiente de la cooperación jurídico internacional y, por último, las
relativas a instituciones penitenciarias.
En la Administración de Justicia quizá la más inmediata sea, dentro de la
Ley 10/1992, de Medidas Urgentes de Carácter Procesal, la puesta en
práctica definitiva de lo que se ha venido en llamar juicios rápidos. La
experiencia ha resultado ser positiva en algunas capitales, caso singular
de Barcelona y Sevilla, pero es preciso generalizarla a las siete
capitales de provincia más importantes en esta primera fase, es decir, en
este primer año de legislatura. Para ello va a ser necesario asignar los
medios precisos a los juzgados correspondientes, por lo que ya hemos
comenzado en el Departamento los primeros contactos con el Consejo
General del Poder Judicial y con los respectivos decanatos.
Existe un segundo grupo de actuaciones de carácter administrativo que
también están relacionadas con la mejora del servicio de la
Administración de Justicia, me refiero al establecimiento de equipos de
apoyo en las fiscalías, juzgados y tribunales. Se trata, a través de este
mecanismo, de atender rápidamente las situaciones coyunturales de retraso
mediante dotaciones de específicos equipos de apoyo. En el momento actual
las deficiencias detectadas más reseñables, como SS. SS. conocen, se
producen en la esfera jurisdiccional civil, contencioso-administrativa y
de menores. Junto a ello debería efectuarse un análisis riguroso sobre la
aplicación de estos recursos de apoyo urgentes, así como una
planificación de las prioridades que han de regir su aplicación en éste y
en los años sucesivos.
En esta misma línea de perfeccionamiento del servicio se va a acometer
una nueva regulación de los juzgados y servicios de guardia. El problema
que plantea este servicio en las correspondientes capitales ha provocado
la necesidad de reflexionar y analizar conjuntamente entre todos los
sectores implicados las posibilidades de mejorar la atención al usuario
mediante la normalización del servicio. Al igual que en el caso de la
implantación efectiva de los juicios rápidos, la reforma se aplicará
inicialmente en las siete capitales de provincia más importantes. También
hay que articular reformas muy intensas en el ámbito de la medicina
forense, tanto de sus estructuras como de sus funciones. Y de nuevo un
tema esencial es garantizar una política estable de formación continuada
para el conjunto del personal no judicial al servicio de la
Administración de Justicia, secretarios, médicos forenses, oficiales,
auxiliares y agentes. Especial importancia tiene garantizar a los
fiscales un nivel de prestación de formación continuada y permanente
análogos a los que actualmente ya disfrutan los jueces y magistrados.
Finalmente, mientras se articula la ley de asistencia jurídica gratuita
será necesario atender puntualmente a reformas que permitan atenuar los
graves inconvenientes que actualmente tiene el sistema.
En el ámbito de la protección del ejercicio de los derechos fundamentales
y en el ámbito de la gestión administrativa, debo destacar, entre otras,
las siguientes medidas: la entrada en funcionamiento de la agencia de
protección de datos como instrumento administrativo de protección del
derecho a la intimidad y del uso limitado de los archivos informáticos;
la coordinación de un servicio integrado de asistencia a víctimas, que
apoyará a las mismas desde que intervenga la primera autoridad
administrativa hasta el proceso judicial; la creación del registro de
fundaciones previsto en el correspondiente anteproyecto de ley; una
eficaz coordinación del sistema del derecho de asilo, y un punto central
para este Ministerio, que es robustecer la autonomía del Ministerio
Fiscal en el
ejercicio de las acciones penales sin perjuicio de seguir asumiendo el
Ministerio de Justicia la responsabilidad sobre las líneas generales de
política criminal.
Otro de los puntos destacados de la actuación administrativa se plasmará
en acciones tendentes a desarrollar la cooperación jurídica
internacional. Las últimas consecuencias de la integración española a la
Comunidad Europea se manifiestan en la aplicación de artículos del
Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, cuando se
establece la cooperación intergubernamental en materia judicial, civil y
penal organizando en profundidad la estructura de la cooperación directa
en el área de la justicia. La entrada en vigor del Tratado de Maastricht
añadirá, al aumento considerable en el nivel actual de cooperación, el
desarrollo de nuevas iniciativas para la ulterior creación del espacio
único judicial europeo. Adicionalmente, el incremento continuado de
auxilio judicial de otros países está llevando a una reorganización de
los servicios existentes actualmente en el Ministerio de Justicia a fin
de mejorar la coordinación con jueces y magistrados. Este es un proceso
lento que tiene poca imagen, ciertamente, de cara a los ciudadanos, pero
SS. SS. conocen que sólo así se puede ir construyendo el tejido profundo
del orden judicial, del orden jurídico del mañana, con un gran esfuerzo
en tiempo, personas y comunicaciones horizontales.
Concluyendo las actuaciones administrativas, el último grupo está
vinculado a la competencia de instituciones penitenciarias. Las
actuaciones en materia penitenciaria van a seguir el proceso de
racionalización y reducción del gasto comenzado hace un par de años. Se
va a desarrollar y terminar la zonificación sanitaria. Esta actuación
consistirá en completar las zonas de custodiados en hospitales de
referencia para un área regional determinada. Con esa medida se logrará
mejorar la asistencia prestada a los internos del área de influencia.
También es otro objetivo la mejora en la calidad del servicio y, de
nuevo, en la preparación y formación de las personas intervinientes, de
ahí que vamos a poner en funcionamiento el instituto de investigaciones
penitenciarias y la escuela de formación de funcionarios. Se continuará y
se impulsará el plan de amortización de centros penitenciarios. Ello
implica la necesidad de potenciar la política de creación de nuevos
centros que sean capaces no sólo de cubrir el déficit actual de plazas,
sino también el previsible --lamentablemente previsible-- incremento
futuro. Debe también garantizar que se cumpla con los fines
resocializadores, rehabilitadores de las penas.
Asimismo, y por último, en lo que se refiere a instituciones
penitenciarias continuaremos la política de cooperación internacional en
labores de asesoramiento sobre reforma de sistemas penitenciarios y
formación de personal en países que lo soliciten.
Ya para concluir --y perdonen por la extensión-- quiero hacer algunas
consideraciones finales. Habrán podido comprobar que el programa de
actuaciones de este Ministerio de Justicia se ha concebido, desde luego,
como un programa de legislatura, y que en algunos aspectos desborda,
incluso, ese marco, para adentrarse en el milenio que nos aguarda. No
importa quiénes logren realizarlo, lo importante es que se realice,
porque según creo así lo demandan los ciudadanos.
Señorías, el Parlamento debería tener la audacia y hasta el patriotismo
de lograr un pacto de Estado en materia de justicia. Los ministerios de
justicia, sea quien sea su titular, y los gobiernos, cualquiera que sea
su color, tenemos la obligación de prepararlo y, en su caso, de
gestionarlo.
El Ministro de Justicia que tiene el honor de hablarles pretende generar
un clima de participación y consenso entre los agentes jurídicos y
sociales que posibilite encontrar las soluciones más razonables desde la
perspectiva del interés público. Ese es mi trabajo. Lo anterior nada
tiene que ver con el legítimo pluralismo político y menos aún con los
diversos proyectos de vida y los diferentes modelos de sociedad. Es
obvio, legítimo y bueno que surjan discrepancias en el terreno de los
principios, de los valores y hasta de las soluciones prácticas que sea
más oportuno o conveniente adoptar en cada momento. Eso, naturalmente,
ocurre también en otras áreas del gobierno que, sin embargo, son tenidas
en cuenta, vistas, contempladas, vividas como materia de Estado. Eso,
señorías es lo que me atrevo a pedirles, y como yo pienso que no es un
objetivo inalcanzable, hemos de ser capaces de lograrlo. Estoy convencido
de que todos haremos un esfuerzo de buena voluntad para que así sea,
porque nada hay en el mundo del Derecho que no pueda lograrse con eso tan
sencillo, tan complejo a la vez y tan raro que llamamos una buena
voluntad. Con ella, con la única cosa que Kant consideraba que podía ser
tenida por buena sin restricciones, he comparecido hoy ante sus señorías.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señorías, la tramitación del debate va a seguir lo
dispuesto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, como ustedes
conocen. Por tanto, pasaremos ahora a las intervenciones de los
representantes de los distintos grupos parlamentarios para que en el
tiempo de diez minutos fijen posición, formulen preguntas o realicen las
observaciones que tengan por convenientes.
Vamos a iniciar las intervenciones con aquellos grupos parlamentarios que
han tomado también la iniciativa, además del Gobierno, para que
compareciera el Ministro, y que son concretamente el Grupo Parlamentario
Popular y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, para seguir después con las intervenciones de los grupos
parlamentarios de menos a más.
Iniciamos, por tanto, con el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente, señorías,
señor Ministro de Justicia, sean mis primeras palabras --primeras como
portavoz del Grupo Parlamentario Popular y también al tomar la palabra
como primero de los portavoces que
intervienen en esta sesión-- de bienvenida sincera no sólo a su persona,
sino muy especialmente al talante de diálogo, que ha terminado con
palabras de buena voluntad que, desde luego, quieren siempre dirigir las
actuaciones de este Grupo Parlamentario y tengo por seguro que de cuantos
integran esta Comisión.
El señor Ministro ha esbozado un programa para la justicia que excede,
con mucho, en efecto, de una legislatura, que sitúa los problemas de la
Administración de Justicia y del Poder Judicial en España, en los
umbrales del año 2000, que ha planteado incluso en un contexto filosófico
de postmodernidad, de crisis, y para el que reclama el tratamiento de
tema de Estado y el consenso social y político que ello conlleva.
Señor Ministro, el Grupo Parlamentario Popular y el Partido que le
sustenta han demostrado al Gobierno --a los gobiernos sucesivos de don
Felipe González-- que en los temas de Estado están dispuestos a asumir su
responsabilidad. Así se ha hecho en el pacto de desarrollo autonómico más
reciente o en temas como los de seguridad y defensa, con ejemplos que no
necesito ahora explicitar. Nos congratulamos, por tanto, de que ése sea
su talante inicial. Pero permítame decirle que nuestra función tiene que
partir de aquella que también nos han encomendado los españoles, la
función del primer partido de la oposición y que, en consecuencia, como
tal ejerceremos, con no menos lealtad, la crítica, la discrepancia y
esperemos que en no pocas ocasiones --así lo deseamos-- la coincidencia.
Para empezar quiero decirle, señor Ministro, que el balance que usted ha
hecho de la situación de la justicia, con ser expresivo, viene a ser
también el reconocimiento implícito de los errores de quienes le han
antecedido en los gobiernos de don Felipe González en el Departamento de
Justicia. Porque la conclusión que se ha formulado y la nuestra es la
misma: los ciudadanos españoles, que son nuestros mandantes, están
insatisfechos con el funcionamiento de la Administración de Justicia. Y
esa insatisfacción se manifiesta de muy distintas maneras y en muy
distintos ámbitos. Para ponerle un ejemplo de una encuesta privada, entre
31 instituciones valoradas por los españoles de mayor a menor, el Consejo
General del Poder Judicial ocupa el puesto 24 y los tribunales el 26. Eso
sí, señor Ministro, los políticos aparecemos en el puesto 28, pero en el
puesto 30 aparece la Administración penitenciaria.
Si prefiere otro tipo de demoscopia, otra encuesta pública, la valoración
media que los españoles dan a los tribunales de justicia, en una escala
de uno a 10, es de cuatro, suspenso, por tanto. Les superan los medios de
comunicación, desde luego, la policía, los sindicatos y las
organizaciones empresariales.
¿Y sabe usted cuáles son los defectos capitales? También se señalan. Hay
un 40 por ciento de españoles que valoran mal o muy mal la imparcialidad
de los tribunales, y ello es grave. Pero es aún más grave que --como
usted señala implícitamente en su exposición-- el 63 por ciento considere
que son un instrumento malo o muy malo para solucionar sus conflictos,
para reclamar sus créditos, para satisfacer sus pretensiones civiles o
penales. Y lo que es ya el colmo es que el 79,3 por ciento de los
españoles considere el funcionamiento de la justicia como malo o muy malo
en relación a ese derecho fundamental, que es el de la satisfacción
rápida y eficaz de sus pretensiones.
Creo, señor Ministro, que usted ha hecho una descripción excesivamente
sumaria de cuáles son las causas de esa situación. Sería para mí quizá
demasiado fácil --y no querría desde luego caer, porque espero que no sea
el estilo que presida las relaciones del Ministerio y de nuestro Grupo en
esta legislatura-- en lo que usted ha llamado demagogia, y hacer una
valoración detallada y puntual de esa especie de desarrollo de la
justicia en los últimos años, que ha causado la situación actual. Anoche
lo resumía con unos contertulios de una forma que prescinde detalles: ha
habido pasos adelante, pasos atrás, vueltas, revueltas, y aquello, si lo
prefieren por distendir, o es un tango o es una yenka, como quiera, señor
Ministro, pero probablemente ha quedado rota, fané y descongayada la
Justicia, repito que como en ese tango.
Por seguir con el análisis sintético, señor Ministro, le diré --y creo
que la lealtad también está en señalar las causas y los causantes-- que
en el origen del problema está una concepción doctrinaria de la justicia,
que no he apreciado en su talante, como doctrinaria fue dogmática y
recelosa con la situación que se encontró en 1982, y por doctrinaria
quizá calificó el proceso allí iniciado de reformas y continuó luego con
esa terminología de las contrarreformas.
Yo creo que usted es un hombre pragmático, lo deduzco de su trayectoria y
de la presentación que hoy ha hecho como juez. Usted ha sido juez, ha
sido promotor de una asociación de jueces y ha sido miembro del órgano de
gobierno de esos mismos jueces, y creo, señor Ministro, que desde el
pragmatismo es desde donde hay que afrontar los problemas que he
detectado, que detectamos todos, que denuncian los ciudadanos y que tiene
la Administración de Justicia. Eso es por lo que paso a ir respondiendo a
los planteamientos, a los puntos, a los objetivos que ha señalado como
programa de su Departamento y de su acción.
No quiero eludir el primero, el más trascendental de los asuntos que ha
planteado no sólo por su urgencia, que lo ha señalado como prioritario,
sino también por lo que tiene de afecto al modelo constitucional que nos
dimos los españoles en 1978. Reclama el Ministro consenso para el modelo
constitucional de justicia y anuncia medidas a través de una ley orgánica
de reforma urgente de la del Poder Judicial, de devolución de
competencias al Consejo General. Bienvenidas sean, señor Ministro; este
Grupo Parlamentario las ha reclamado insistentemente. Siendo el señor
Ministro miembro del Consejo General del Poder Judicial, en la
comparecencia de su Presidente pudo escuchar --como muchos de los
miembros de esta Comisión y desde luego quedó reflejado en el acta-- cómo
el propio Presidente de ese Consejo, el señor Sala, reclamaba esas
competencias de selección, formación, perfeccionamiento y potestad
reglamentaria. Hablaremos con detenimiento de la potestad disciplinaria y
de su
reforma, y quizá también deberíamos hablar con algún detenimiento de la
responsabilidad de jueces y magistrados por el anormal funcionamiento de
la Administración de Justicia, retrasos incluidos, o por error judicial,
que a nuestro juicio sería un planteamiento más adecuado que algunas de
las reivindicaciones del Derecho disciplinario que parece que se han
deslizado en el anteproyecto que usted ha remitido al Consejo General del
Poder Judicial.
Sin embargo, con darle la bienvenida a ese proceso de devolución de
competencias queremos decirle, señor Ministro, con no menor sinceridad,
que a nosotros nos parece que el modelo no se puede reconstruir de forma
incompleta. En esa devolución hay otra cara de la moneda, que son como
las dos caras de Jano, que el modelo que obtuvo un alto grado de consenso
constitucional en 1978, y hasta 1982, se rompió unilateralmente en la
reforma de 1985. Se detrajeron parte de esas competencias que ahora se
devuelven y, sobre todo, señor Ministro, se puso en marcha un
procedimiento de elección de los 20 vocales del Consejo General del Poder
Judicial que nosotros entonces no compartimos y recurrimos ante el
Tribunal Constitucional y sobre el que la propia sentencia del Tribunal
dijo que tenía serios riesgos de politización partitocrática del supremo
órgano de gobierno de la judicatura. Y así entendemos que ha sido, señor
Ministro. Por eso nuestro Grupo considera inescindible para alcanzar ese
consenso la restitución in integrum, la vuelta al sistema de elección de
12 de esos 20 vocales de entre y por jueces y magistrados a través del
proceso electoral abierto entre las distintas asociaciones judiciales.
Se ha dicho por algunos --y de forma eminente por el hoy Presidente del
Gobierno en su debate de investidura-- que debajo de esa concepción late
una concepción corporativa. Yo no puedo detenerme hoy aquí, por razones
de tiempo, señor Ministro, en rebatir semejante opinión, pero usted sabe
que no es así, como lo saben muchos miembros de su Grupo Parlamentario,
porque el Partido Socialista Obrero Español que sustenta a su Gobierno y
a su Grupo Parlamentario votó que sí a la Ley del Consejo General del
Poder Judicial para aquella convocatoria de elecciones abiertas que
llevó, a nuestro juicio, a la etapa más brillante e independiente del
Poder Judicial en España, cuando lo presidía el señor Sainz de Robles.
Miren, señorías, no vamos a hacer ahora un debate filosófico sobre el
sentido de la separación de poderes en Montesquieu, pero desde luego
Montesquieu no advertía sobre ningún corporativismo; advertía sobre el
estamentalismo de los parlamentos franceses en determinadas ocasiones.
Eso es algo que ha explicitado entre nosotros --creo que sin mayor
discusión-- el profesor García de Enterría. Por tanto, no hay ahí
corporativismo. El Poder Judicial, señorías, saben perfectamente los
miembros de esta Comisión que reside en la potestad de juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado; que reside, por tanto, en los jueces y tribunales;
que el Consejo General del Poder Judicial no es el Poder Judicial en sí
mismo, es el órgano de gobierno, y es natural y legítimo que haya allí
también una administración participada como la que el señor Ministro ha
pretendido reclamar en otras de sus intervenciones o en otros de sus
capítulos de su intervención de hoy. Por tanto, no es ningún
corporativismo.
Creemos también --y así lo ha señalado y nos congratula-- que será
necesario, ya que se va a reconstruir el modelo, redefinir el papel de
los restantes agentes jurídicos en el proceso, de los secretarios, que
hoy están fuera del Poder Judicial, de los oficiales, de los auxiliares,
de los agentes y, desde luego, esperamos que, como órgano de relación con
el Ministerio Fiscal que es el Ministro de Justicia, en su etapa --y le
confieso que ya ha empezado a notarse; no sé si serán méritos suyos o
nuevos méritos del actual titular de la Fiscalía General del Estado--
cambien los modos y maneras. Porque no hace falta mucho más, señorías.
Nosotros en la legislatura anterior no hemos querido proponer una
modificación del Estatuto del Ministerio fiscal, porque consideramos que
también se alcanzó con un altísimo grado de consenso --creo recordar que
se votó por unanimidad de la Cámara--. ¿Por qué, por tanto, destrozar lo
que entonces se alcanzó con tan alto grado de acuerdo? Es un problema más
de compromiso político, de que el Gobierno elija en lo sucesivo a gentes
verdaderamente independientes. En esta misma Comisión se ha afirmado que
el fiscal no tenía que ser independiente, señor Ministro, y las actas lo
reflejan. Nosotros pensamos que en el modelo constitucional está la
independencia, también el principio jerárquico, en la función del
Ministerio Fiscal, y también la promoción del Consejo Fiscal y también la
colaboración del Ministerio Fiscal con esta Cámara. Aún están esperando
los parlamentarios de mi Grupo, y creo que en interés de todos, que el
Fiscal General del Estado nos conteste sobre cuáles fueron las
instrucciones generales que dio para la aplicación de la Ley de Seguridad
Ciudadana, que hace ya un año que se lo requerimos.
Hay otros puntos ya de desarrollo constitucional, no sólo de
reconstrucción del modelo, que también ha citado en su intervención.
Desarrollo constitucional es, sin duda, el Código Penal, la gran deuda
pendiente de este Parlamento --si cabe la expresión--, después de la
Constitución, en el terreno de derechos y libertades, con la sociedad
española. Es cierto, comparto su visión --por cierto, la de no pocas
escuelas penales españolas--, que ya se han introducido a base de
reformas parciales muchos de los valores superiores del ordenamiento
constitucional en la vigente redacción y que no hay, por tanto, una
inconstitucionalidad frontal, pero es un cuerpo que necesita unidad y
necesita, por ello, ser también elaborado como unidad. Nosotros apelamos
--y he echado en falta la cita en su intervención, señor Belloch-- a que
se convoque a la Comisión General de Codificación en su sección de lo
Penal, que no se convoca desde 1982. Si se pretende que haya un alto
grado de acuerdo científico-académico --ésta ha sido su expresión--,
convóquese a la sección penal de la Comisión General de Codificación.
Mire, podremos debatir o no, confrontar o no modelos y valores para
determinados tipos delictivos. Creo que mejor, en los más trascendentes,
sería también atenerse al consenso constitucional, en el que todos
dejamos convicciones personales, pero le subrayamos que, políticamente,
para el Partido Popular y su Grupo Parlamentario el problema de más
inmediata y urgente necesidad es el de un sistema efectivo de
cumplimiento de penas, un sistema realista de penas, señor Ministro, y
sobre eso sí que se debe empezar a trabajar, por acuerdo si es posible y
con carácter previo al Código Penal, porque ya en la legislatura anterior
se nos dijo que lo dejáramos para el Código Penal y nos hemos quedado sin
él; un sistema --y puedo decirle--, el que sea, un sistema de
cumplimiento íntegro de las penas por narcotraficantes y terroristas,
como ha propuesto reiteradamente el Grupo Parlamentario Popular y --se lo
puedo recordar a la Comisión-- sobre el cual se llegó a un no pequeño
acuerdo en la redacción en Ponencia y Comisión del anteproyecto de Código
Penal que nos envió su antecesor, el señor De la Quadra.
Sin embargo, hay algunos movimientos dentro de su gestión que nos hacen
temer que esos planteamientos iniciales de consenso pueden tener
dificultad en este tema en concreto. Ha eludido el señor Ministro --y yo
lo voy a hacer también-- el análisis pormenorizado de la situación
penitenciaria, porque anuncio que vamos a solicitar la comparecencia
urgente del Secretario de Estado para que dé cuenta a la Comisión de la
situación penitenciaria. Pero no se ha referido al proyecto de decreto
que reforma el Reglamento General Penitenciario para que desaparezcan
incluso los dos meses mínimos para que pasen los condenados al tercer
grado. Señor Ministro, en la pasada legislatura mi Grupo Parlamentario
presentó una proposición no de ley --y quiero recordar a la Cámara que
las no de ley sí vinculan o vinculaban al Gobierno, y siendo el mismo su
Presidente debieran seguir vinculándole-- en la que, en el espíritu que
presidió la transacción que dio lugar a la redacción final, se decía
exactamente lo contrario de lo que pretende ese decreto, y es que haya un
mínimo de cumplimiento en todo caso para la concesión del tercer grado,
porque, si no, ese tercer grado, señor Ministro, puede ser
indiscriminadamente aplicado a esos a los que nosotros entendemos que no
les puede ser aplicado indiscriminadamente ningún beneficio
penitenciario: a narcotraficantes y a terroristas. En el espíritu de
aquella resolución también estaba el que, en determinados delitos contra
la libertad sexual, para ponérseles en situación de prelibertad o de
libertad, tenían que someterse obligatoriamente a un dictamen
psiquiátrico vinculante. Sirva eso, por ser el día del estreno, como
recordatorio y como índice de que empezamos a observar algunos signos que
podrían dificultar ese encuentro.
Ha hablado del jurado. Señor Ministro, nosotros nos alegramos de que de
una vez se empiece a hablar del desarrollo constitucional en torno al
jurado en términos realistas. En efecto, la Constitución abre todo un
abanico de posibilidades, muchas de ellas exploradas hoy por nuestra
doctrina científica y que pueden, en efecto, de forma experimental o de
forma limitada, poner en marcha el jurado en un plazo semejante al
señalado en su intervención. Sé que en algunas declaraciones públicas ha
señalado incluso los delitos. Podrían ser aquellos que afectaran a los
cometidos en medios de comunicación, podrían ser los que afectaran a los
jueces, por qué no aquellos que afectaran a los políticos en casos de
corrupción. Hay algún problema, como saben perfectamente SS. SS.,
recientemente revelado, de forma a nuestro juicio muy interesante, por la
Comisión Regia británica sobre la justicia penal en el informe Runciman,
donde hay todo un catálogo de cuáles son las posibilidades del jurado,
justamente enunciado por la experiencia de un país que fue el inventor de
tal instrumento de participación popular en la Administración de
Justicia.
Reformas que usted considera prioritarias y nosotros también: las
reformas procesales. Con ser sin duda deseable acuerdo, en cuanto pueda
haberlo, con ser una deuda pendiente el Código Penal con la sociedad
española (e insisto, ahí están los trabajos de la Comisión y de la
Ponencia antes, que pueden dar a su Ministerio y al Gobierno una buena
pauta de cuáles son los terrenos de encuentro de las fuerzas políticas
aquí representadas), con ser todo ello importante y el jurado no menos,
coincidimos con lo expresado por el Presidente del Consejo General del
Poder Judicial y del Tribunal Supremo, señor Sala, en el discurso de
apertura de tribunales hace apenas unos días. Lo más urgente, y lo sabe
bien el juez que ha sido el señor Belloch, son las reformas procesales.
Lo que está retrasando la Administración de Justicia hasta esos niveles
de insatisfacción a los que se referían las encuestas que he señalado son
los atascos procesales y la indefinición en muchos casos y la mala
cobertura de la Oficina Judicial. Por tanto, adelante, señor Ministro, me
parece muy bien que sea urgente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Lamentamos que el procedimiento abreviado para algunos sólo
haya resultado tan negativo cuando les puede haber afectado de forma
comprensible. Lamentamos que no se haya dado cuenta antes de que hay
situaciones procesales que son verdaderos derechos fundamentales y que
necesitan claridad. Lamentamos que se haya tardado tanto en redescubrir
algo tan claro y meridiano como es el auto de procesamiento. Pero vayamos
a esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; vayamos a reformar
los recursos, me alegra oírselo. La última de las reformas procesales que
pasaron por esta Cámara parecía estar imbuida del grito de «menos papel,
fuera recursos, limitemos las posibilidades del justiciable». No es eso
lo que quiere un Estado democrático y estoy seguro que tampoco el nuevo
Ministro de Justicia.
Reformemos el procedimiento civil. Hay más de cuarenta procedimientos
especiales todavía en la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil. Vayamos a un
procedimiento común; estudiemos la simplificación de trámites. Y en lo
contencioso-administrativo, señor Ministro, pongamos en marcha de una vez
los juzgados unipersonales. Todos sabemos que hay problemas en el sistema
de selección y de provisión de esas plazas. Quizás en esas fórmulas del
proyecto (anteproyecto todavía) de modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial que con urgencia ha enviado al Consejo General podrían
introducirse algunas disposiciones en virtud de las cuales se pusieran en
marcha ya al menos esos más de sesenta juzgados unipersonales de lo
contencioso-administrativo, que son
necesarios para materia y competencia limitada, y por el procedimiento de
selección y promoción que garanticen naturalmente no sólo la
predeterminación sino el principio de especialidad y de competencia que
veo que también preocupan a su señoría.
Voy a terminar, señor Presidente, esta primera intervención por donde la
empecé, no sin antes estimular al señor Ministro a que, si el tiempo nos
lo permite, profundice algo más en su exposición sobre esa tarea, en la
que coincidimos plenamente, de la reestructuración del Ministerio de
Justicia, una vez se haya descarnado de esas competencias que son
impropias de nuestro modelo constitucional, como Ministerio coordinador
del desarrollo legislativo, y que el señor Ministro exprese su posición
sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos o sobre la de Responsabilidad
Limitada, que tantas veces se ha anunciado y nunca vino, en cumplimiento
esta última de las directivas comunitarias. Cuente para todo ello, señor
Belloch, con las condiciones, que no son en modo alguno inamovibles, pero
que sí parten desde luego de nuestras más profundas convicciones en el
modelo constitucional y, con el espíritu crítico que debe tener la
oposición, con nuestra mejor buena voluntad en el desarrollo de esta
legislatura y de su mandato.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la
señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Ministro, desde nuestro Grupo hemos
escuchado con detenimiento la información que el señor Ministro ha
ofrecido a la Comisión con relación a las previsiones y a las líneas
generales a desarrollar en su Departamento. En este sentido, desde
nuestro Grupo Parlamentario celebramos su buena voluntad política
expresada en su intervención y constatamos, por otra parte, la asunción
por parte del señor Ministro del mal funcionamiento actual de la
justicia, hecho que, por otra parte, proviniendo de usted, entendemos no
podía ser de otra manera.
Con relación a ello, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya va a plantear toda una serie de elementos que, por otra
parte, nos parecen esenciales en estos momentos, aunque previamente a
nuestra intervención queremos dejar patente la voluntad de este grupo
político de huir precisamente en esta Comisión, de debates de carácter
estrictamente juridicistas para contribuir a que los debates sean
fundamental y esencialmente políticos. Y desde esta perspectiva,
consideramos lógicamente que es hoy un reto de primera magnitud que los
ciudadanos y las ciudadanas adquieran la confianza necesaria en la
justicia. Para ello, sin duda, debe ser, cuando menos, ágil, eficaz,
clara y transparente, lo que comporta inexcusablemente, desde nuestro
punto de vista, una reforma, una modernización y una rentabilización
óptima de los medios, de los recursos con los que se cuenten, y que todo
ello permita a su vez una transformación en algunos años de la propia
Administración de Justicia.
Con esta afirmación no queremos ni mucho menos negar un hecho cierto, y
es que se han introducido en los últimos años algunas reformas, pero
consideramos que, al no haber descendido a las causas reales que estaban
provocando la situación que acontece y acaece con relación a la justicia,
han devenido ciertamente en ineficaces. Debe quedar convenientemente
claro que para nosotros es tan importante realizar un trabajo legislativo
adecuado como que las leyes se puedan aplicar con rapidez, con claridad y
con eficacia. De aquí que nos parezca prácticamente imprescindible
simultanear desde la acción de gobierno tres elementos esenciales: por
una parte, el impulso legislativo (ya ha hablado el señor Ministro de
algunos de los temas referidos a él), con la reforma y modernización de
la Administración de Justicia, con ese objetivo que anteriormente hemos
mencionado de transformar, respecto de la realidad actual, la situación
de la Administración de Justicia, y la participación ciudadana. Son tres
elementos que, desde nuestra perspectiva, deben ser simultaneados, nunca
divididos para actuar individualmente sobre cada una de ellas, desde la
acción de gobierno en el ámbito de la justicia. Por consiguiente, no se
pueden desligar estos elementos, ya que ha de lograrse, necesariamente,
desde esa simultaneidad en la acción, la independencia y democratización
del Poder Judicial y la eficacia del servicio público y su supeditación a
los intereses generales.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, consideramos que hoy la
justicia, en el más amplio sentido del término, es todavía una asignatura
pendiente, y desde la izquierda, créame, señor Ministro, estamos
dispuestos a abordarla con el rigor, con la seriedad y con la
responsabilidad que sea menester y haga falta. Por ello ya le manifiesto,
en nombre de mi Grupo, que la nuestra va a ser una oposición
constructiva, de alternativa. Creemos, y por eso lo vamos a impulsar, en
la cultura del diálogo en el marco de esta Comisión y con el propio señor
Ministro, sabiendo, lógicamente, desenvolvernos en esa cultura del
diálogo necesario y normalizando las lógicas divergencias o discrepancias
que en ese ámbito se van a dar entre los distintos grupos parlamentarios,
pero que, en cualquier caso, si implantamos esa cultura, vamos a poder,
responsablemente y con el rigor necesario, abordar esa asignatura hoy
todavía pendiente en 1993: hacer una justicia ágil, eficaz, cercana a los
ciudadanos y, lógicamente, participativa. Hay que abrir la justicia a la
sociedad para hacer copartícipes de ella a los propios ciudadanos, porque
es también un elemento esencial para que haya una credibilidad por parte
de los ciudadanos en relación con la propia justicia. En ese sentido,
desde el diálogo anunciado por nuestro Grupo, vamos a impulsar todos los
acuerdos posibles, porque, en definitiva, el elemento que más nos importa
es la sociedad, el conjunto de los ciudadanos que nos están demandando
responsablemente soluciones urgentes a la situación que acaece en el
ámbito de la justicia. También lo hacemos desde la convicción de que es
posible otra política en el ámbito de la justicia, en gran parte dentro
de las líneas que el propio señor Ministro ha anunciado, y otra forma de
hacerla.
Como estamos convencidos de que es posible esa otra política y esa otra
forma de hacerla, estamos dispuestos a contribuir a conseguir ese
objetivo. No sólo, lógicamente, vamos a contribuir con una manifestación
de voluntad, como la que acabamos de hacer, política expresa y con una
diagnosis en la que posiblemente todos los grupos parlamentarios podamos
coincidir acerca de la situación en que se encuentra la justicia, sino
también desde esa oposición constructiva que le anunciaba, desde la
propuesta, desde la alternativa sobre lo concreto en el día a día y en el
devenir, lógicamente, del trabajo conjunto que necesariamente vamos a
tener que realizar a lo largo de estos tiempos venideros.
En ese sentido, en coherencia con este planteamiento inicial, a nosotros
nos parece que es absolutamente imprescindible abordar de inmediato (y
estamos de acuerdo con algunas de las cuestiones a las que ha hecho
referencia el señor Ministro), en ciertos bloques, algunas cuestiones que
nos parecen necesarias en estos momentos. Con relación al Consejo General
del Poder Judicial, nosotros creemos que hay que ir a reformar de manera
inmediata el modelo de selección parlamentaria de los vocales de este
Consejo y hay que ir también a delimitar, potenciándolas claramente, las
competencias del Consejo General del Poder Judicial. Por lo que respecta
al Ministerio Fiscal, planteamos que hay que empezar a debatir sobre la
elección del Fiscal General del Estado; que hay que ir, lógicamente, a
fomentar y a impulsar el desarrollo de los principios de legalidad, de
imparcialidad, de dependencia jerárquica y unidad de actuaciones en el
ámbito del Ministerio Fiscal y que hay que ir también a dotar al Consejo
Fiscal de competencias similares a las del Consejo General del Poder
Judicial. Creemos que hay que concebir la administración de justicia como
un servicio público, y en ese sentido, en ese ámbito, reforzando el
contenido de servicio público que debe tener, pensamos que es
imprescindible impulsar la reforma necesaria de las leyes procesales y
algo también muy importante, que es la mejora del turno de oficio, un
tema que nos parece esencial y fundamental después de todas las
circunstancias que en torno al turno de oficio están concurriendo en los
últimos tiempos.
Sobre la participación ciudadana, un concepto cualitativamente
diferenciador desde los planteamientos de progreso, nosotros celebramos
el anuncio que ha hecho el señor Ministro en relación con la ley del
jurado y creemos que también hay que ir buscando mecanismos para
potenciar cada vez más la acción popular, también como mecanismo de
participación ciudadana y de acercamiento de la justicia al conjunto de
la sociedad.
En relación con la reforma del sistema penitenciario, creemos que hay
varios elementos fundamentales. Este es un tema que nos parece que merece
el detenimiento necesario y suficiente y nos gustaría que el señor
Ministro, si es posible, fuese más explícito en todo lo relativo al
sistema penitenciario, al igual que ha sido conveniente y suficientemente
explícito en alguno de los otros temas que ha reseñado. A este respecto,
para abordarlo también de una forma más o menos inmediata, nosotros
planteamos la reforma del régimen penitenciario, la mejora --algo también
tremendamente importante-- de los centros penitenciarios, que deben
mantener el carácter de públicos, e iniciar el proceso de transferencias
a las comunidades autónomas en esta materia. Si realmente estamos
convencidos de que hay que ir a la conformación de ese Estado federal y
que hay que transferir las competencias a las distintas comunidades
autónomas para conseguir un desarrollo autonómico pleno en virtud de lo
previsto en el Título VIII de la Constitución, no hay más remedio que
abordar este tema también hoy todavía pendiente.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya queremos hacerle llegar,
lógicamente, que compartimos las reformas de las normas legales que el
señor Ministro ha anunciado en torno al Poder Judicial o el Código Penal
que ha quedado pendiente. Hemos celebrado el anuncio de la ley del jurado
y las reformas procesales inmediatas que nos ha anunciado que va a
realizar para el próximo período de sesiones. Sabemos que hay que
agilizar el trabajo, que todo no se puede abordar a la vez, pero también
sabemos que hay que preparar a lo largo de esta legislatura la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de
Régimen Penitenciario, a la que antes me he referido brevemente, y
jurisdicción contencioso-administrativa. Creemos que sobre ese bloque de
temas hay que comenzar al menos a mantener diálogos como elemento
necesario para impulsar una situación distinta de la Administración de
Justicia. Después hay dos cuestiones que nos parecen fundamentales desde
el punto de vista de nuestro Grupo Parlamentario, por una parte, la Ley
de Objeción de Conciencia y, por otra parte, Ley de plazos en relación
con la interrupción voluntaria del embarazo. Son dos temas que a nuestro
juicio hacen claramente ver si se apuesta por otra política y por otra
forma de hacerla; a veces, lógicamente, el que salgan adelante este tipo
de temas dándoles prioridad muestra si existe o no también la voluntad
política, no sólo porque se manifieste, sino porque se practica en
función de las asignaturas que quedan pendientes dentro de esa situación
que acaece en relación con la Administración de Justicia. Todas estas que
hemos citado, desde nuestro punto de vista, debieran ser normas legales,
habría que acometer alguna a lo largo de la legislatura y, otras, de
forma inmediata por lo que significan social y políticamente.
Señor Ministro, consideramos que para transformar la justicia, para dar
un impulso legislativo, para posibilitar la participación ciudadana --y
se lo decimos ya desde la credibilidad que usted nos merece--, va a
contar con la buena disposición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Vamos a dialogar --lo decimos con
claridad y contundencia-- con el Grupo mayoritario de la Cámara para
conseguir un objetivo, un giro hacia la eficacia de la justicia; vamos a
dialogar, lógicamente, sobre los programas electorales, porque el nuestro
representa el compromiso que nosotros hemos contraído con la sociedad.
También somos conscientes de las amplias coincidencias de esos programas
electorales. Por eso si el objetivo que perseguimos es acercar la
justicia al ciudadano, es dar ese giro hacia la eficacia de la justicia y
es abrir la justicia a la sociedad desde la eficacia y desde la
corresponsabilidad de lo que seamos capaces de impulsar globalmente,
desde ese programa electoral, ampliamente coincidente, sí va a estar el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. No vamos a ser
copartícipes de parcheos ni de reformas parciales ni de componendas
extrañas --en esto también queremos tener una absoluta claridad--, aunque
por nuestro talante no vamos a excluir el diálogo con nadie. Somos
conscientes de que con los programas electorales sobre la mesa hay
niveles distintos y diferenciados de coincidencia.
Por último, nos gustaría plantear al señor Ministro tres o cuatro
cuestiones que también nos parecen importantes y sobre las que quizá no
se ha extendido lo suficiente, porque no lo ha creído conveniente o
simplemente por no alargar excesivamente su intervención. Nos referimos a
un objetivo que nos parece fundamental y es que todos contribuyamos desde
todas las esferas parlamentarias y, cómo no, también desde esta Comisión
y desde su propio Ministerio a que la ética y la honestidad en la vida
pública sean valores fundamentales. Nos gustaría saber si el señor
Ministro ha pensado algunas líneas de actuación con relación a la
Fiscalía del Estado para garantizar la aportación desde el ámbito de la
justicia a la contribución de que la ética y la honestidad sean valores
fundamentales en los que se desenvuelva la vida pública. Nos gustaría
también que se concretara el plazo de la puesta en marcha de los juzgados
de lo contencioso-administrativo, que se ha plantado muy de pasada, y los
criterios con los que va a abordar el Ministerio la reforma de la Oficina
Judicial.
Finalmente citaré dos cuestiones. Por un lado, si los recursos con los
que cuenta el Ministerio van a permitir plasmar todo el plan al que el
señor Ministro ha hecho alusión en su intervención y las cuestiones que
se puedan recoger de las propuestas de los distintos grupos
parlamentarios, si son suficientes los recursos con los que cuenta el
Ministerio de Justicia para que la justicia no siga siendo una asignatura
pendiente y no se frustre una vez más la posibilidad de acometer desde el
rigor y la seriedad definitivamente la transformación de la situación de
la justicia. Nos gustaría que se concretara más, a ser posible, la idea
que ha manifestado y que nos preocupa de que los reclusos extranjeros
vayan a cumplir sus penas al país de origen. Nos gustaría que esa idea
expresada se adentre en el contexto concreto que se pretende aplicar,
porque si no puede tener una interpretación negativa desde nuestro punto
de vista, y antes de hacer ningún juicio de valor en torno a lo
manifestado, nos gustaría conocer exactamente qué es lo que ha querido
plantear a la hora de hacer esta alusión.
Concluimos como iniciamos nuestra intervención diciendo que celebramos la
buena voluntad del señor Ministro manifestada a nivel político y
esperamos que esa voluntad sea extensiva y que se haga copartícipe de
ella el Grupo mayoritario de la Cámara, porque de esa forma sí será
posible que la cultura del diálogo en la Comisión de Justicia y en el
ámbito del Ministerio de Justicia pueda hacerse realidad. (El señor
Presidente ocupa la presidencia.)
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que deseen intervenir para fijar su
posición? (Pausa.)
Por Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: En nombre de Coalición Canaria quiero expresar
nuestra gratitud especial por la comparecencia del señor Ministro y
nuestra satisfacción, en líneas generales, al margen de algunas
puntualizaciones que luego veremos, por el contenido de la misma. Hemos
seguido con vivo interés su intervención, señor Ministro, interés que es
coincidente con el que el señor Ministro sabe se tiene en las islas por
todo el servicio público de la Administración de Justicia, acaso uno de
los servicios públicos que constituyen la gran preocupación del pueblo
canario.
En estos momentos en que la justicia, como decimos allá, se encuentra
bastante tocada de ala, tanto en su eficacia como incluso en su
prestigio, lo que es tan malo como lo anterior, se produce una desazón
bastante notable que invade no sólo los círculos de los profesionales del
Derecho, sino que llega a los últimos rincones de la calle. Hemos tenido
conocimiento de una serie de datos muy importantes en la intervención del
señor Ministro y nos daríamos por satisfechos si se cumpliera el
cincuenta por ciento de sus previsiones. Acaso por su «bisoñez» como
político en este momento tiene una serie de afanes absolutamente loables,
pero, repetimos, nos daríamos por satisfechos si se cumplieran en un
cincuenta por ciento.
En principio es bueno dejar constancia de la confianza inicial que
Coalición Canaria tiene en el señor Ministro habiendo detectado además en
el funcionamiento de las áreas de su responsabilidad y de una manera muy
concreta, por las noticias que tenemos, en cuanto a las relaciones con la
Administración de Justicia, de cómo por la Dirección General responsable
se van cambiando viejos modos y cómo se está instaurando una fluidez muy
digna de tenerse en cuenta. Ojalá no se produzca, señor Ministro, aquello
de que no hay peor cuña que la de la misma madera y sea satisfactorio
para el Estado español en general su paso por estas responsabilidades tan
importantes.
Sin embargo, en la intervención del señor Ministro ha habido algunas
cosas que nos han preocupado profundamente y es la práctica ausencia en
su intervención de una referencia que parecía obligada y debe ser siempre
completa de cómo vislumbra la Oficina Judicial. Coalición Canaria
considera que en el deterioro funcional de la Oficina Judicial es donde
se encuentra un porcentaje muy importante de los males que aquejan a la
Administración de Justicia. Sabemos de la dilación en las causas penales,
y algunas causas muy conocidas en los últimos días no hacen más que
constatar lo que también en causas de menos importancia constituye un
caos actual, al cual no se sustrae la lentitud que se detecta cada vez
más en la tramitación de las causas civiles, y no digamos nada de la
ejecución --y no sólo en la fase de ejecución sino en
los ejecutivos en general--, donde nuestro país se encuentra a la cola de
la media europea, compartiendo una vez más la posición de cola con
Portugal.
Es extraordinariamente preocupante el colapso que se ha producido en los
últimos tiempos en la jurisdicción contencioso-administrativa, a lo que
hay que añadir otro mal importante que es absolutamente incompatible con
el concepto puro que se debe tener del Estado de Derecho y de la
democracia actual. Me refiero al hecho de la falta de cumplimiento de los
mandatos que se contienen en las sentencias de lo
contencioso-administrativo, y concretamente en la fase de ejecución, por
parte de las distintas administraciones públicas cuando no se encuentran
satisfechas con la resolución producida, lo cual origina unos problemas
al justiciable que son evidentes y en los cuales no vamos a abundar por
conocidos.
Nos ha tranquilizado que el señor Ministro no se haya referido como una
especie de piedra angular de ese cambio del cambio que también tenía que
llegar a la Administración de Justicia a esos jueces adjuntos con cuya
figura se viene especulando bastante en los últimos tiempos. Me parece de
gran prudencia pensar, meditar, tratar de consensuar, reflexionar y
cambiar impresiones con todos los colectivos y las instituciones
implicadas, porque acaso no sea ésa una opción que mínimamente pueda
solucionar los problemas actualmente existentes, al margen de que pudiese
chocar con la pureza de determinadas normas constitucionales que se
contienen en el artículo 24 de la Constitución, tema muy importante
también en lo funcional, como decíamos.
El silencio del señor Ministro acerca de la Oficina Judicial nos preocupa
extraordinariamente, porque yo creo que ha llegado el momento ya de poner
las cosas en su sitio y de reconocer sin ninguna limitación cuáles son
las competencias, cuál es la misión que le corresponde como pieza
fundamental en el funcionamiento de la Administración de Justicia al
secretario judicial: Si es que tenemos que seguir el sistema
germanoaustriaco o incluso el sistema --en mi opinión, desde un punto de
vista técnico, con bastantes chapucerías-- argentino, o los peores
sistemas, entre los cuales se encuentra el actual. En este tema del
secretariado y de la Oficina Judicial, señor Ministro, ha faltado valor y
decisión para situar a las personas y las áreas de responsabilidad
correspondientes en sus justos términos. Se viene produciendo una
situación que desde antiguo no encuentra solución, como es la necesidad
de descargar el trabajo mediante una racionalización adecuada y no
mediante la concepción de que la Oficina Judicial es una modalidad más de
una oficina de carácter administrativo. Es algo más, es un coadyuvante
importantísimo de la Administración de Justicia y es preciso que se
atribuyan al secretariado todas las funciones de dirección con la máxima
autonomía, con un control que no tiene que verificarse a priori por parte
del juez, incrustando tal control de suerte que tome parte de la decisión
en la marcha del procedimiento sin perjuicio de que a él corresponde, en
definitiva --¡estaría bueno negarlo!--, la resolución de los recursos
correspondientes, al igual que un protagonismo muy centrado
fundamentalmente en lo contencioso. Por lo que se refiere a la
jurisdicción voluntaria, ha habido algunos atisbos de atribuciones
competenciales en favor del notariado que consideramos que son
tremendamente perturbadores, entre otras cosas no ya por el concepto de
la gratuidad en sí sino por la falta de control directo por parte del
juez y, desde luego, por falta de la presencia del Ministerio Fiscal. Eso
obedece a otras razones, acaso, según los maledicentes, porque se
sustrajo la necesariedad de otorgarse la escritura pública en los
supuestos de las adjudicaciones de inmuebles en las ejecuciones. En
cualquier caso, señor Ministro, creo que es extraordinariamente
importante el planteamiento que se ha hecho, con el cual tenemos un grado
de coincidencia muy notable, a propósito de las reformas urgentes, sin
que ello quiera decir que se margine la necesidad de acometer
inmediatamente las reformas en profundidad de nuestras leyes procesales,
reformas urgentes que en cierta manera iban, si no coetáneas sí muy
próximas en el tiempo a la segunda, y me parece que ha sido un dato de
suma importancia en la intervención del señor Ministro.
Por lo que se refiere al nuevo Código Penal, éste ha sido el gran fracaso
que se ha detectado en los últimos años. Sabe el señor Ministro que no ha
habido un cambio en los sistemas políticos que no haya traído aparejado
un cambio de Código Penal. Desde 1848, 1850, 1870, 1928, 1932, hasta el
Texto Refundido y desde entonces hasta la fecha, tan sólo parches y
parches han impedido ese Código Penal que no sólo penalistas sino
cualquier estudioso del Derecho sabían que era imprescindible. Se han
realizado trabajos preparatorios sin cuento y creo que estamos en el
momento, sin perjuicio --y en eso coincide Coalición Canaria con el
criterio emitido recientemente por el Presidente del Consejo General del
Poder Judicial-- de que haya que anteponer las reformas procesales, pero
ésta es una cuestión pendiente, una asignatura pendiente que tenemos y
ante el deseo de cuya solución, más o menos sinceramente explicitado por
los responsables del área que hoy ostenta el señor Ministro, todos se han
estrellado.
Me parece muy importante, señor Ministro, con la influencia que pueda
tener sobre otros ministerios el que usted ostenta, poner paz y sosiego
no sólo en jueces, magistrados y fiscales sino en el restante personal al
servicio de la Administración de Justicia: secretarios, oficiales,
auxiliares, agentes judiciales y médicos forenses. Si bien en este
momento estamos en una especie de calma, esta calma puede dar lugar a
futuras tempestades. El hecho de la mejora de las remuneraciones de los
jueces, magistrados y fiscales --de lo cual nos hemos congratulado todos
y en esta Cámara en legislaturas anteriores todos se encontraban muy
satisfechos con este particular-- no es obstáculo para que se piense ya
en la situación del restante personal al servicio de la Administración de
Justicia, donde hay agravios comparativos bastante notables que no
producen precisamente sosiego, que es fundamental también para el mejor
funcionamiento de la Administración de Justicia y que además tiene ahora
un ingrediente de perturbación con la ampliación de la edad de
jubilación, que constituye también un deseo del
restante personal al servicio de la Administración de Justicia. En el
secretariado, cuyo conocimiento y preparación en el área procesal es
indiscutible, sobre todo, como en todas las ramas del derecho activo, en
los viejos tiempos, se está produciendo en este momento una emigración
hacia el Poder Judicial, como consecuencia de unas y otras distorsiones,
que es bastante perturbadora para la marcha de los procedimientos y que
se necesita solucionar para conseguir esa Oficina Judicial que todos
deseamos.
El señor Ministro ha hecho una alusión desde nuestro punto de vista
importantísima que constituye su preocupación por lo atinente a la
normativa comunitaria. He repasado cuidadosamente los Diarios de Sesiones
de estos años de atrás, habida cuenta de que la Coalición Canaria no
existía en las legislaturas precedentes, y me parece que es la primera
vez que un Ministro de Justicia hace una referencia tan importante en la
normativa comunitaria. Esto, al igual que la referencia al jurado, que
creemos que es bastante contundente --y en estos casos hay que
interpretar lo que dice el señor Ministro de Justicia también por su
trayectoria histórica como jurista--, nos satisface profundamente.
No podíamos sustraer nuestra satisfacción por otro aspecto, que es el de
la credibilidad que parece otorgar el señor Ministro a las comunidades
autónomas, la satisfacción en el caso canario por lo bien que hasta ahora
parece que van marchando las transferencias --y esperemos que se culminen
felizmente-- y la necesidad de que el Ministerio de Justicia encuentre
--con toda seguridad lo va a encontrar-- un apoyo solidario en las
comunidades autónomas que por su principio de proximidad a la ciudadanía
es un hecho que tendrán la sensibilidad suficiente para colaborar con la
Administración de Justicia. Repasando los tiempos más recientes,
posiblemente sabe el señor Ministro de nuestra desazón y la de las
fuerzas políticas canarias en su conjunto --unas lo explicitarán con
mayor contundencia que otras, según su ubicación en las áreas del poder--
por la ineficacia absoluta de que ha hecho gala el Ministerio de Justicia
en los últimos tiempos en virtud de un convenio de gran importancia que
se suscribió con la Comunidad Autónoma canaria. No me estoy refiriendo
exclusivamente a la etapa en que quien se encuentra ahora en el uso de la
palabra tuvo el honor de ser Presidente de la Comunidad Autónoma canaria,
sino a tiempos precedentes, cuando el actual Ministro para las
Administraciones Públicas ostentaba la Presidencia de la Comunidad
Autónoma y se celebró ya un convenio de informatización de la máxima
importancia y creo que de los pioneros en el Estado español. El Poder
Judicial a través de su Consejo General cumplió; la comunidad autónoma,
no digamos, y lo hizo satisfaciendo con puntualidad y con rigor sus
compromisos económicos y todos los demás, y el Ministerio de Justicia lo
incumplió absolutamente. Yo creo que el señor Ministro debe observar este
tema con mucho cuidado. El sabe perfectamente --porque es conocedor de
aquella realidad, por haber estado en aquellas latitudes-- cuál es la
situación canaria y que ha habido casos a lo largo de los últimos años
que han sido insólitos, como, por ejemplo, aquel deseo de la Comunidad
Autónoma canaria de dotar de telefax absolutamente a todos los órganos
jurisdiccionales del archipiélago canario --esto ocurrió durante mi
estancia al frente de aquella responsabilidad a la que antes me
refería--, encontrando la resistencia más absoluta por parte del propio
Ministerio de Justicia para instalar el fax en algo más de media docena
de órganos jurisdiccionales.
Al hilo de mi intervención y poniendo de manifiesto la necesidad de que
el Ministerio de Justicia --y estoy seguro que con el paso del señor
Ministro por distintas zonas territoriales del Estado español así será--
acredite y haga un alarde de fe y credibilidad en la eficacia de las
comunidades autónomas como interlocutor y socio en estos menesteres de
este servicio público tan importante del Ministerio, al hilo de todo ello
y lógicamente dada mi preocupación como portavoz de la Coalición Canaria,
sí quería formularle algunas preguntas muy concretas al señor Ministro,
esperando su respuesta a las mismas en la intervención que posteriormente
se habrá de producir.
Ya me he referido anteriormente al convenio. En materia de edificios sabe
el señor Ministro que casi todo está por hacer en Canarias. Qué le puedo
decir al señor Ministro sobre el órgano jurisdiccional de San Sebastián
de la Gomera; de algunos juzgados y edificios, como, por ejemplo, los
juzgados de San Bartolomé de Tirajana, en una zona turística que recibe
unos cuantos millones de turistas al cabo del año y donde la situación de
promiscuidad de los centros judiciales junto a locales comerciales,
etcétera, produce unas distorsiones tremendas, constituyendo una
auténtica vergüenza tanto para los residentes como para los visitantes,
así como la situación de otros juzgados más como puede ser el de Puerto
del Rosario y la misma Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife,
que es el cuento de nunca acabar, y todo ello precisamente por falta de
voluntad en el Ministerio, Tribunal Superior de Justicia, etcétera. Tengo
que poner de manifiesto, por supuesto, el problema de la movilidad del
personal colaborador debido al sistema unificado de oposiciones, que no
siempre fue el que existió, sino que, por el contrario, ha sustituido a
aquel viejo sistema en virtud del cual se desconcentraban las oposiciones
convocándolas separadamente en los distintos territorios judiciales,
cuestión que en otros territorios puede parecer baladí pero que tanta
importancia tiene en el archipiélago canario.
Asimismo me gustaría saber si el señor Ministro se encuentra satisfecho
o, por el contrario, insatisfecho y colaborará al máximo para que no se
produzcan los retrasos en el pago de las gerencias, dietas,
indemnizaciones a las sesiones de las audiencias provinciales que se
trasladan de una isla a otra con la finalidad de celebrar juicios orales,
y también los supuestos actuales en los que se ha producido recientemente
hasta la rebeldía de un juez que no quiso trasladarse de la isla de Gran
Canaria a la isla de Lanzarote para celebrar los correspondientes juicios
de la jurisdicción laboral. El concepto de las islas, señor Magistrado,
es algo que nunca se entiende por aquí, lo sabe bien el señor Ministro.
También sabe el señor Ministro
cómo es absolutamente insatisfactoria la situación de algunas islas, como
La Palma y Lanzarote, que aspiran desde hace años a contar con sus
juzgados de lo Social. Ello produce una cantidad de distorsiones y
situaciones absolutamente injustas en los trabajadores que
fundamentalmente soportan los rigores de estas dilaciones en la
celebración de los juicios y constituyen, además, reivindicaciones desde
hace años compartidas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia. ¿Piensa el señor Ministro...?
El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, concluya, por favor.
El señor OLARTE CULLEN: Estaba concluyendo en estos momentos, señor
Presidente.
¿Piensa el señor Ministro que se dará solución a esta reivindicación de
los juzgados de lo Social en las islas que por el número de sus
habitantes lo merecen y lo necesitan?
Y finalmente hay un tema, que se verá posteriormente en virtud de la
iniciativa de Izquierda Unida, que constituye una preocupación notable
para nosotros y es la situación de exceso numérico de los ocupantes en
las prisiones canarias. ¿Qué criterios tiene el señor Ministro al
respecto? Por supuesto no estoy anticipando en mi intervención --por
razones de ortodoxia-- lo que deben ser cuestiones atinentes al debate de
los presupuestos que ya prácticamente se ha iniciado.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante cinco minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Interviene ahora el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), cuyo portavoz, señor
Olabarría, tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Ministro, yo también empiezo mis palabras
dándole la bienvenida, en nombre de mi Grupo Parlamentario, y deseándole
suerte. Suerte que le deseo con especial énfasis tras haberle escuchado,
con toda sinceridad se lo digo, señor Ministro.
Yo sabía que usted era un hombre atípico --y no se lo digo con ningún
tipo de connotación peyorativa--, un hombre especial, singular, lo cual
normalmente es positivo. Y ha hecho una presentación de su propia persona
muy peculiar, señor Ministro, se ha presentado como un juez habilitado, a
la sazón, como Ministro de Justicia. Pero no sólo es usted un juez
habilitado como Ministro de Justicia sino que veo que se ha rodeado, en
su equipo de confianza, de ilustres magistrados, lo que nos parece bien,
señor Ministro. Como reflexión general, como reflexión política
inmediata, que los jueces accedan a la más alta representación
administrativa, al ejercicio de las más altas instancias representativas
en el ámbito de la Administración de Justicia, nos parece algo
especialmente pertinente, y tan sólo le deseamos, señor Ministro, que
esto no le provoque una especie de disociación esquizofrénica de la
personalidad y que actúe como juez cuando institucionalmente deba actuar
como ministro y «a sensu contrario», señor Ministro, cuando deje de
ostentar este tipo de responsabilidades administrativas, actúe como
ministro, cuando en el futuro usted y sus compañeros deban actuar como
jueces.
Yo tengo una confianza importante, inequívoca, incondicional en su
cualificación profesional, en su sentido de la comprensión de los
acontecimientos vinculados nada menos que a la esencia óntica del Poder
Judicial, sobre la cual usted ha hecho importantes reflexiones en la
primera parte de su discurso, y le deseo suerte con toda sinceridad, con
honestidad y con lealtad, señor Ministro. Sobre todo le deseo suerte tras
haberle escuchado, porque ha formulado una serie, una retahíla, una
batería de propuestas muy innovadoras en su contenido material --han sido
abrumadoramente innovadoras, señor Ministro, se lo digo con toda
sinceridad--, enmarcándolas o contextualizándolas en un importante
discurso especulativo, sobre la esencia óntica nada menos que del Poder
Judicial. Y tampoco lo digo con una especie de pedantería ilusa, porque
este tipo de reflexiones sobre la esencia, sobre el papel, sobre el rol
institucional del Poder Judicial no se hacen con frecuencia en esta
Cámara y son indispensables en este momento en que vivimos en una
sociedad que sufre profundos cambios de múltiple naturaleza.
Desagregando este discurso de carácter un tanto especulativo, una especie
de abstracción sobre lo que debe ser la esencia del Poder Judicial, nos
encontramos con propuestas reformadoras de carácter innovador --como
hemos comentado, señor Ministro-- casi revolucionarias --se puede
utilizar sin exageración esta expresión--, que prácticamente nos abruman
a todos los portavoces --lo digo en virtud de reflexiones que he oído--
como copartícipes que tenemos que ser, puesto que nosotros representamos
el Poder Legislativo, de las reformas jurídicas o legislativas que han de
soportar este tipo de planteamientos reformistas.
Ha dicho cosas tan relevantes y tan innovadoras, aunque algunas
contradictorias con nuestra tradición jurisdiccional, señor Ministro,
como nada menos que pensar ya en la descentralización de la
administración de la justicia, atendiendo a los requerimientos de los
títulos competenciales previstos en los estatutos de autonomía, por una
parte, y compatibilizar, por otra, este proceso con lo que ha calificado
como proceso a su vez simultáneo, paralelo o federalizante europeo. Esto
obliga a una especie de disección muy importante de la propia estructura
orgánica y del rol del Ministerio de Justicia y del propio Poder
Judicial, del orden jurisdiccional en su conjunto. Por eso, nosotros
consideramos terriblemente ilustrativas esas reflexiones de carácter
abstracto, de carácter especulativo que usted ha hecho.
Ha hecho propuestas tan reformadoras como la de un
nuevo sistema de selección y nuevas competencias para el Consejo General
del Poder Judicial, que es algo terriblemente innovador. Se ha llegado a
un nivel de consolidación y a la práctica del ejercicio de sus
competencias con cierta normalidad institucional por parte de este
órgano. En cuanto al sistema de selección de los vocales del Consejo
General del Poder Judicial no se le escapa, señor Ministro, que es una
cuestión de terrible relevancia política y que va a requerir los
correspondientes consensos políticos, los consensos políticos más
amplios, porque son cuestiones de Estados. Es decir, son cuestiones
ínsitas al orden convivencial democrático, señor Ministro.
Y esas apelaciones que ha hecho al pacto de Estado --y usted hasta las ha
fundado en reflexiones de carácter patriótico--, incluso a la necesaria
vinculación de todos los grupos parlamentarios y a la consideración de
las grandes reformas de la jurisdicción fundadas en algo similar a un
pacto de Estado, nosotros estamos dispuestos a comprometernos en el
consenso general, en el consenso político que usted propugna y pretende.
Consideramos que es pertinente la consideración de estas cuestiones como
genuinas o como problemas de Estado y que deben ser objeto de una reforma
muy consensuada, señor Ministro. Nosotros estamos dispuestos a apoyarlas
--es una obviedad decirlo-- siempre que estas propuestas que nos entregue
sean compatibles con nuestras posiciones programáticas y doctrinales y
siempre que conceptualmente las podamos digerir. Estamos muy
predispuestos --se lo adelanto sin ningún tipo de condición, señor
Ministro-- a participar de este pacto de Estado que usted con pertinencia
política propugna.
Yo no sé si mi intervención va a tener un carácter jurídico o político,
pero le aseguro, señor Ministro, que yo no sé discernir bien este tipo de
caracteres en los debates de esta Comisión, nunca lo he sabido hacer.
Creo que todos los debates que aquí se realizan son políticos, al menos
en la concepción aristotélica del concepto, que es un concepto político,
y casi todos los debates, además, son jurídicos. Me parece muy difícil
disociar intelectualmente el componente o el contenido político del
jurídico. Pero sí quiero decirle, señor Ministro, que algunas de sus
apelaciones nos han parecido especialmente interesantes. En primer lugar,
esa apelación a la simplificación del contenido material e incluso
lingüístico o estilístico de las leyes es muy pertinente, señor Ministro,
es una apelación al legislador, la que usted hace. Y es una apelación que
se debe hacer a sí mismo de forma reflexiva puesto que ha de elaborar
numerosos proyectos de ley de los que se entregan en esta Cámara. Usted
tiene que empezar predicando con el ejemplo y simplificar el lenguaje y
el contenido material de las leyes que vayan a ser objeto de aprobación
en esta institución parlamentaria.
Nosotros también queremos contribuir (a pesar de que algunos
personalmente tengamos dificultad para la simplificación debido a algunas
perversiones intelectuales vinculadas a nuestras anteriores
responsabilidades profesionales, pero debemos hacer un esfuerzo) a la
simplificación lingüística, estilística y del contenido material de las
leyes, porque la lejanía entre el contenido de algunas leyes y la
capacidad de comprensión de un ciudadano medio, convencional, es una
lejanía que nos debe preocupar como responsables políticos.
Para la simplificación de las sentencias también tiene usted que hacer
importantes requerimientos al Consejo General del Poder Judicial, al
orden jurisdiccional en su conjunto, para que se acometa una honesta y
eficiente simplificación del contenido no sólo material sino también
estilístico de las sentencias. Es otra de las grandes reformas que
tenemos pendientes, y yo le animo a continuar por esa vía.
En cuanto a las transferencias de las competencias a las comunidades
autónomas, señor Ministro, es un tema especialmente dilecto para
nosotros, como usted sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque no se terminan
de transferir algunas competencias que responden a títulos competenciales
--entendemos-- inequívocos de estatutos de autonomía, como el de
Guernica, por ejemplo. Usted conoce perfectamente el contenido material
de los artículos 15 y 33.5 del Estatuto de Autonomía de Guernica y que en
él se reconocen expresamente que han de transferirse --precisamente en
virtud de ese título competencial-- a las comunidades autónomas la
competencia en el ámbito de los medios personales y materiales de la
Administración de Justicia. Ha habido dificultad para acometer esta
transferencia, cual es la sentencia del Tribunal Constitucional 56/90
--creo--, pero también ha habido una mala interpretación del contenido de
esta sentencia del Tribunal Constitucional, señor Ministro, porque en la
propia sentencia se comenta que la consideración de los cuerpos que
constituyen la Administración de Justicia como cuerpos nacionales --al
parecer éste es el obstáculo que impide la transferencia en materia de
medios personales y materiales-- no es la única opción que posee el
legislador. Y si nos dice el Tribunal Constitucional que no es la única
opción del legislador considerar los cuerpos personales que constituyen
la Administración de Justicia como cuerpos nacionales, nosotros le
pedimos, le solicitamos, que proceda a acometer las reformas
legislativas, fundamentalmente las atinentes a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, necesarias para que se pueda proceder a la transferencia a las
comunidades autónomas que tengan este título competencial expresamente
reconocido de las competencias en materia de medios personales y
materiales de la Administración de Justicia. Primera petición.
El aprecio de los ciudadanos por la Administración de Justicia es
bajísimo --el señor Trillo ha comentado algunas encuestas que usted
conoce perfectamente-- y casi es una satisfacción para los políticos,
puesto que en este momento los profesionales de la justicia tienen aún
peor consideración que los políticos y, según la encuesta que yo he
visto, hasta peor que los árbitros de fútbol, lo cual no puede ser objeto
de aceptación pacífica por parte de su Ministerio. Usted está obligado a
hacer algo para mejorar, en primer lugar, el aprecio que tienen los
ciudadanos, en su consideración más colectiva, por la Administración de
Justicia, pero también por resolver los graves problemas que tiene la
Administración de Justicia y,
sobre todo, la tardanza, el retraso en la impartición de justicia,
retraso de tal magnitud en algunas jurisdicciones como la
contencioso-administrativa, por ejemplo, señor Ministro, que hacen dudar
de la eficaz aplicabilidad en el Estado español del artículo 24 de la
Constitución, nada menos, que es el que garantiza el derecho de todos los
ciudadanos a la eficaz y efectiva tutela de jueces y magistrados. Usted
conoce el viejo adagio italiano que reza que «giustizia ritardata è
giustizia denegata», y esto es una gran verdad, señor Ministro, sobre
todo en algunas jurisdicciones como la contencioso-administrativa, a
pesar del loable esfuerzo hecho por algunos magistrados de esta
jurisdicción que en este momento nos acompañan dadas sus nuevas
responsabilidades administrativas; a pesar del loable empeño. ¿Por qué?
Porque entre otras cosas, y yo no he escuchado nada sobre esta cuestión,
señor Ministro, no se ha procedido al cumplimiento ni de lo previsto en
el ámbito de la estructura de planta de esta jurisdicción ni de lo
previsto en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, de julio de 1985,
donde se preveía la existencia de juzgados unipersonales también en la
jurisdicción contencioso-administrativa, requerimiento o previsión
contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial que no ha sido objeto de
cumplimiento hasta el momento, y desconozco si dentro de su calendario o
dentro de las prioridades de su Ministerio están las de proveer de
juzgados unipersonales en esta jurisdicción. En este momento la
estructura de planta es absolutamente inadecuada en esta jurisdicción y
esto provoca el gran atasco de asuntos que hay en esta jurisdicción
contencioso-administrativa porque sencillamente, y entre otros problemas
que afectan a esta jurisdicción, la existencia de una única sala de lo
contencioso-administrativo ubicada en los tribunales superiores de
justicia de las comunidades autónomas es una estructura de planta
absolutamente insuficiente para atender al gran incremento de recursos de
naturaleza contencioso-administrativa. Al fin y al cabo, la jurisdicción
contencioso-administrativa debe ser para cualquier político objeto de
consideración especialmente directa y prioritaria. ¿Por qué? Porque es la
que vela por el regular funcionamiento de las administraciones públicas
del Estado, y esto es algo que debemos proteger especialmente los
políticos: los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones
públicas del Estado. Luego, yo le pido que vaya, en primer lugar,
cumpliendo aquellas previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial que
prevén una mejor estructura de planta a esta jurisdicción
contencioso-administrativa y que acometa también las reformas
procedimentales que sean pertinentes para evitar hechos tan deleznables,
hechos tan lamentables como, por citar alguno de los casos más
espectaculares que hemos conocido en los últimos días, que se vuelva a
hablar después de doce años sobre el asunto de los representantes
políticos de Herri Batasuna en los supuestos acaecidos en la Casa de
Juntas de Guernika hace doce años, o que se tarde diez años en acometer
la resolución judicial del episodio de la discoteca Alcalá, o que se
resuelvan pretensiones o litigios una vez muertos los litigantes, ambos
--ni siquiera está vivo el que es objeto de satisfacción una vez resuelto
el litigio--, y un largo anecdotario en el que no voy a entrar porque
quiero hacer reflexiones en este momento ponderadas y no voy a incurrir
en reflexiones, siguiendo su apelación, de carácter demagógico o
anecdótico. Sin embargo, la acumulación de anécdotas, señor Ministro, nos
dan una buena radiografía muchas veces de las perversiones y males de
algunos poderes del Estado en este momento.
Le pido que acometa rápidamente las reformas procesales, pero tampoco
mitifiquemos el carácter curativo o terapéutico de las reformas
procesales para resolver los profundos males de la Administración de
Justicia. Usted sabe que acabamos de reformar lagunas procesales
atinentes a la jurisdicción del orden social y no se aprecia que la
situación haya mejorado notablemente en esta jurisdicción; no se aprecia.
O sea, que vamos a hacer reformas procesales realmente eficientes y que
sirvan de garantía para que los problemas de la justicia, sobre todo el
retraso en la resolución de los asuntos, empiece a ser un problema
razonablemente resuelto, señor Ministro.
Le quiero hacer no una serie de preguntas porque yo no quería hacer una
intervención muy prolija, señor Presidente, incluso se lo había prometido
antes, no obstante, usted conoce la capacidad de incumplimiento de este
tipo de promesas que personalmente hago. (Risas.) Pero como no voy a
seguir en intervenciones tan prolijas como ésta y después de haberle
dicho lo que más nos interesaba en esta primera intervención, en este
primer contacto institucional (fundamentalmente, que se acometan las
reformas en la Ley Orgánica del Poder Judicial que posibiliten las
transferencias pendientes en virtud de títulos competenciales autonómicos
claros, y que se vayan acometiendo las reformas procesales), y estando de
acuerdo en algunas de las reflexiones abstractas o especulativas que
usted ha hecho, sí quiero preguntarle sobre el Código Penal, que ha sido
calificado por algunos portavoces que han intervenido anteriormente como
la gran asignatura pendiente. Sí lo es, no porque el Código Penal actual
sea predemocrático por lo menos en su totalidad, o del siglo XIX al menos
en su totalidad, sino porque el Código Penal en este momento ha sido
objeto de tantas reformas parciales que ha perdido consistencia
sistemática. Luego éste no es el Código Penal que la sociedad española en
este momento necesita, y además este Código Penal no termina de
incorporar la metacultura jurídica atesorada por la sociedad sobre
distintos supuestos o sobre la consideración de determinadas conductas
como delictivas. Y ya en este ámbito le pregunto las siguientes
cuestiones: ¿Han reflexionado ya en el Ministerio sobre cómo regular
cuestiones tan delicadas políticamente como la aplicabilidad o no de
beneficios penitenciarios a determinados colectivos de personas privadas
de libertad y, particularmente, a narcotraficantes y terroristas? Yo ya
le manifiesto, y lo hago de forma muy enfática, la opinión contraria de
mi Grupo Parlamentario, manifestada en reiterados debates, a la no
aplicabilidad de beneficios penitenciarios, es decir, a la interdicción
de la posibilidad de aplicación de beneficios penitenciarios a cualquier
colectivo de penados o de condenados a penas de privación de
libertad sólo por la consideración del tipo de delito cometido. Nos
parece que esta especie de interdicción colectiva de derechos
penitenciarios, que están consagrados por la propia Constitución
Española, tiene dificultades incluso de constitucionalidad y nos parece
que supone incorporar a nuestro Derecho, entre otras cosas, señor
Ministro --y no voy a ser tampoco muy prolijo en este ámbito del
debate--, instituciones que no pertenecen a nuestra tradición jurídica,
sino que más bien se parecen a la vieja institución del escarmiento de la
tradición del Derecho Germánico. Nosotros ya le manifestamos que no vamos
a aceptar que se prevea ni en el Código Penal ni en ningún otro cuerpo
legal la imposibilidad de cualquier colectivo de condenados a penas de
privación de libertad a que se le puedan aplicar beneficios
penitenciarios que supongan el acortamiento de las condenas,
particularizando sobre esta materia.
Nos gustaría saber, si puede ser, quizá sea un poco prematuro y, si es
así, usted nos lo dice tranquilamente --y voy acabando, señor
Presidente-- qué previsiones genéricas tiene, esto no se puede
pormenorizar mucho, sobre la regulación del aborto, por ejemplo, o la
eutanasia o el delito de rebelión o la consideración o no de la
insumisión al servicio militar como tipo delictivo; en definitiva,
algunas de las cuestiones más relevantes que pueden ser objeto de
inclusión en un Código Penal.
Por último, y con esto termino, señor Presidente, nos gustaría conocer su
opinión, señor Ministro, sobre una proposición de ley presentada por mi
Grupo Parlamentario, que ha sido objeto de aprobación por el Pleno del
Senado esta misma mañana --creo--, que pretende garantizar el secreto
sobre la personalidad y garantías cuatelares que aseguren la seguridad
suficiente a determinados testigos, denunciantes y peritos en
determinadas causas criminales, fundamentalmente aquellas que tienen un
componente más amedrantador, como son las causas de narcotráfico o de
terrorismo. Nos gustaría conocer su opinión. Me imagino que su opinión
será favorable a la iniciativa puesto que ha sido objeto de consideración
favorable en el Pleno del Senado por todos los grupos parlamentarios, sin
ninguna excepción, incluido el Grupo Socialista. Nos gustaría conocer
cuál es su opinión sobre esta proposición de ley.
Sin más, señor Ministro, le agradecemos de nuevo su información y le
anunciamos nuestra predisposición a participar en estos consensos
políticos colectivos que usted propugnaba en su primera intervención.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
el señor Camp tiene la palabra.
El señor CAMP I BATALLA: Señor Ministro, escuchada su intervención, la
valoración de nuestro Grupo es positiva. Es positiva porque su mensaje ha
sido valiente y transformador, con objetivos ambiciosos y, muchos de
ellos, coincidentes con nuestras propuestas programáticas. También existe
el riesgo de que sea un planteamiento excesivamente voluntarista, pero
para eso están las distintas fuerzas políticas que se han manifestado
aquí, para hacer posible esa transformación.
Ciertamente, usted, señor Ministro, por su trayectoria personal y por su
talante, tiene --a nuestro entender-- la posibilidad de romper algunos
tópicos en torno a la justicia en España, incluso yo diría, algunos
fatalismos. Quizá sea poner demasiada esperanza en su mandato, pero
nuestro Grupo cree que pueden darse estas circunstancias, y más a tenor
de las intervenciones que ha habido por parte de los distintos grupos
parlamentarios. Usted ha expresado una voluntad de diálogo y una voluntad
de consenso, y esta voluntad ha sido recogida por todos, entre otras
cosas, porque hay una necesidad imperiosa de que se hagan reformas. La
justicia no puede continuar siendo vista por los ciudadanos con
fatalismo, en la que se sabe cuándo se entra, pero no cuándo se sale y
cómo se sale (aunque esto es otra cosa, siempre existirá la duda en el
cómo se sale), y la garantía a la tutela judicial ha de estar siempre
reconocida. Por consiguiente, señor Ministro, no le va a faltar la
predisposición de nuestro Grupo para facilitar, en todos aquellos puntos
en que haya una última coincidencia, cuantas medidas sean necesarias para
conseguir los objetivos que usted ha señalado en su intervención;
objetivos que quizá yo resumiría en uno, que usted ha mencionado un par
de veces: la calidad. Una justicia de calidad lo resume todo; una
justicia de calidad es una justicia aceptada por el ciudadano, es una
justicia buena, es una justicia que puede ser considerada como justa. Por
tanto, los elementos con que usted definía esta calidad son la agilidad,
la rapidez y la eficacia. En otra de sus frases se vería el resumen de
este planteamiento que usted nos ha hecho, que es el resultado de
conseguir una justicia no abrumada --ha dicho usted--, que garantice el
derecho a la tutela judicial. Efectivamente, creo que la expresión es
acertada. Actualmente, la justicia, el sistema judicial, la
Administración de Justicia --para decirlo en un sentido más amplio-- está
abrumada, si no colapsada. Por ello, las medidas que hay que introducir
son medidas forzosamente estructurales y en la línea de lo que pudiéramos
calificar de modernidad; modernidad en el sentido de la estructura
territorial del Estado, es decir, que encajen perfectamente la estructura
de la Administración de Justicia y del Poder Judicial, haciendo
diferenciación de los dos términos en esta concepción territorial del
Estado, y ello conllevará una racionalidad muy superior en todo el
sistema.
Nos felicitamos --y esperemos que se concrete en medidas efectivas-- por
su voluntad de proceder a una última descentralización de la
Administración de Justicia a nivel de comunidades autónomas, traspasando
lo que nosotros entendemos han de ser los medios materiales, personales y
económicos para agilizar su funcionamiento.
Señoras y señores Diputados, en la actualidad se dan circunstancias
absolutamente anecdóticas. En el caso de Cataluña, por ejemplo, se han
traspasado muchos edificios judiciales, pero con situaciones irracionales
al cien por cien; es decir, se traspasa un edificio, pero se reservan
unas oficinas, en este caso, de fiscalía, por ejemplo, porque como la
función de esta oficina es de fiscalía, no se
puede traspasar esa dependencia de 25 metros cuadrados cuando el edificio
es de 2.000 metros cuadrados. Este planteamiento es absolutamente
irracional, que ha de ser superado por la propia eficacia de la
Administración. Nuestro planteamiento es positivo hacia su voluntad
descentralizadora.
Quiero hacerle una pregunta en torno a lo que usted ha planteado sobre la
reforma del Consejo General del Poder Judicial. En esta reforma del
Consejo General del Poder Judicial --que también era otro de los
destinatarios de estas mayores competencias--, ¿hemos de entender que
puede pensarse en contemplar una descentralización del propio Consejo
General del Poder Judicial a nivel de comunidades autónomas? Este es un
planteamiento que quizá sería nuevo y necesario para poder hacer un
seguimiento sobre el territorio de las propias necesidades de la
Administración de Justicia. Nosotros creemos que son necesarios, en
cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dos puntos:
primero, garantizar en esa reforma la independencia en la elección de los
vocales del mismo Consejo; y segundo, garantizar también en esta reforma
que usted nos ha anunciado --y nosotros intentaremos que así sea-- el uso
normal de la lengua propia en aquellas comunidades autónomas que la
tengan.
Estamos de acuerdo con las reformas procesales, que usted nos ha
anunciado. Nos gustaría que, al final de esta legislatura, pudiésemos ver
buena parte o todas ellas cumplidas, y ello en el sentido de la
simplificación de procesos, reducción de trámites --como se ha dicho-- en
todas las garantías y principios constitucionales, que creemos que se han
de respetar, de legalidad, de tutela efectiva, de igualdad, de
independencia, de eficacia, de gratuidad, de seguridad jurídica, de
publicidad, de oralidad y de inmediatez.
Usted ha hecho referencia a las oficinas judiciales. Creo que ya se ha
dicho por parte de otros portavoces que éste es un asunto central y que
en ellas se encuentra buena parte del proceso para conseguir más
eficacia. En este sentido, creemos que se ha de contemplar de forma más
ordenada la figura del secretario judicial, y también ver cómo se mejoran
los criterios de selección y formación del personal que está a
disposición de estas oficinas judiciales.
Nos ha planteado usted, en el concepto de una nueva Adminsitración de
Justicia guiada por la rapidez y la eficacia, distintos mecanismos, y nos
ha dicho que uno de ellos es el establecimiento de equipos de apoyo a
fiscalías y a tribunales. Creemos que es una medida acertada y que, antes
de nada, es necesario vaciar lo que actualmente está acumulado para ganar
credibilidad ante la sociedad. Por consiguiente, todas estas medidas
complementarias de apoyo, creemos que suponen una buena línea de
actuación. Sin embargo, usted conoce perfectamente, señor Ministro, el
problema que se plantea diariamente con el exceso de movilidad que se
produce con muchos titulares de juzgados y tribunales; un exceso de
movilidad que conlleva la paralización de multitud de procesos y el
descrédito general del sistema. El asunto de la movilidad judicial es
--creemos nosotros-- una de las prioridades que su Ministerio habría de
enfocar de forma inmediata, para ver cómo se interrumpe este afán de
traslados en función, muchas veces, de cuestiones retributivas. No tiene
sentido alguno que el titular de una capital de provincia tenga una
retribución mucho más elevada de la que puede tener un titular de una
ciudad a 20 kilómetros de esa capital de provincia, con una cantidad
enorme de procesos y sin ese incentivo para mantener el puesto. Otra de
las medidas con que se ha de actuar de inmediato es con la de un buen
servicio de sustituciones, en la misma línea de la movilidad y de cubrir
las vacantes.
También quiero decirle que estamos de acuerdo con su propuesta de
modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal. Creemos que realmente es
necesaria para adecuarlo a las exigencias actuales.
Sobre la introducción de la figura del jurado, es una buena noticia que a
esta figura, tantas veces anunciada, se le ponga una fecha y un
calendario para ver si toma forma.
Creemos que en la Ley de Planta y Demarcación Judicial, la experiencia de
su aplicación nos ha enseñado que su voluntad descentralizadora,
concretamente en el caso de los juzgados de lo penal, ha planteado
necesidades de una cierta reforma, porque se ha llegado a situaciones
absurdas que han de ser superadas.
No nos ha dicho nada, señor Ministro, sobre algo que, quizás por la
extensión de su intervención, no ha podido matizar, que es todo lo
relacionado con la justicia juvenil. Nos ha hablado de la necesidad de
creación de nuevos centros penitenciarios; pero centros penitenciarios,
¿de qué tipología exactamente? Creemos que precisamente los centros de
protección de menores son una de las líneas más importantes por las que
se habría de guiar esta política penitenciaria. Concretamente, nuestro
Grupo --ya se lo adelanto-- planteará de forma muy decidida, en la
reforma del Código Penal, la mayoría de edad a los 18 años. Ello conlleva
una estructura rehabilitadora que haga posible atender estos casos, pero
la experiencia que en algunas partes del Estado se ha desarrollado en
cuanto a las políticas relacionadas con los menores nos lleva al
convencimiento de que ésta es una de las grandes líneas reformadoras del
tema que contemplamos.
La objeción de conciencia. Ha hecho referencia a presentar una ley de
prestación social sustitutoria. En este caso nosotros le plantearíamos
preguntas. ¿Tiene intención de equiparar la duración de la prestación
social sustitutoria con el servicio militar? Sería una pregunta que no sé
si tiene respuesta en este momento. ¿Piensa reconocer esta nueva
normativa la objeción sobrevenida, incluso con garantías? También existen
asuntos que no necesitan reformas legislativas, pero sí una diligencia
mayor de su Ministerio como es agilizar la gestión de la prestación
social sustitutoria. Existe gran incertidumbre en muchos jóvenes
objetores de conciencia en cuanto al momento de su incorporación para
efectuar la prestación. Ello conlleva un gran desbarajuste en cuanto a su
proyecto personal. Creo que en el año 1993 hemos de saber dar respuesta a
estas inquietudes.
Podríamos extendernos en otros temas de carácter complementario, pero no
menos importantes, como el de los juzgados de paz, que tampoco se ha
mencionado. Creemos que su Ministerio debería hacer un estudio en
profundidad de su situación y un plan de adaptación. En estos momentos se
les está dando una gran responsabilidad y no tienen medios suficientes.
Es un tema para tratarlo con mayor detenimiento, aunque vale la pena
hacer mención de ello en este momento.
Señor Ministro, usted ha hecho una llamada a un clima de participación y
consenso. Nosotros recogemos esta buena voluntad que ha manifestado.
Creemos, como decía al principio de esta intervención, que puede hacer un
trabajo muy meritorio al frente de su Ministerio. Ayer, cuando comentaba
con un compañero de mi Grupo que había sido Diputado en esta Cámara la
sesión de hoy, me decía: Sí, pero la experiencia nos demuestra que ningún
magistrado ha sido nunca un buen Ministro de Justicia. Yo no le respondí.
Pero, después de escucharle, creo que se puede romper este fatalismo y
escribir una página de modernidad en la justicia de España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Pérez Mariño.
El señor PEREZ MARIÑO: En primer lugar, quiero manifestar el apoyo del
Grupo Socialista a la exposición realizada del programa que tiene el
señor Ministro de Justicia. Ello no puede ser de otra forma porque viene
a recoger, bien es verdad que con mucha más extensión, lo que en su
momento fue el programa de justicia del Partido Socialista con que se
presentó a las anteriores elecciones legislativas.
Nos ha alegrado escuchar de los diferentes grupos con presencia en esta
Comisión que existe un consenso generalizado con el proyecto del Ministro
de Justicia, lo cual indica que existe un consenso generalizado con el
programa del Partido Socialista sobre la materia, como expresaba la
representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cuando decía
que existen importantes coincidencias --o al menos coincidencia en lo
sustancial-- entre ambos programas. A partir de ahí será muy posible la
realización de ese pacto de Estado que el señor Ministro recababa para la
justicia como uno de los elementos más importantes que vamos a tener
delante.
Pero para llegar al pacto de Estado son necesarios algunos presupuestos.
En primer lugar, es necesario partir de un presupuesto no dogmático, de
tener la razón, de un presupuesto de talante abierto, de falta de
autoritarismo, por parte de todos los grupos, es decir, unos presupuestos
de búsqueda de la verdad más que partir de unos principios de que uno
está en posesión de la misma. Ello impediría casi con seguridad cualquier
tipo de acuerdo.
Con ello me quiero referir a la intervención del representante del
Partido Popular, el señor Trillo, que después de manifestar su acuerdo,
en lo sustancial, con las propuestas del señor Ministro, afirmaba
previamente lo mal que estamos, que partimos de una situación de cero,
negativa, de que aquí no se ha hecho nada. Creo que es un mal comienzo
porque indica un talante con unos ciertos ribetes de estar en posesión de
la verdad.
El señor Trillo tendrá que admitir, al menos, que la justicia se ha
modificado para bien en los últimos años; que se han doblado o casi
triplicado el número de jueces, de juzgados; que la justicia, es verdad
que con muchas carencias, ha mejorado ostensiblemente en su rapidez; que
la justicia penal, como consecuencia de la reforma del procedimiento
abreviado, nada tiene que ver con la perspectiva que podía tener hace
cuatro o cinco años; que el propio talante de los jueces se ha modificado
en los últimos años; que la presencia del Consejo General del Poder
Judicial ha servido como elemento importante para el gobierno de los
jueces para modificar muchas de las lacras que la justicia tenía; que
partíamos de una situación de leyes especialmente autoritarias y regidas
con métodos autoritarios que ha sido necesario ir modificando en estos
últimos años, lo que se ha logrado en gran parte; en definitiva, que
estamos en un buen momento para poder empezar a hablar, pero sin olvidar
lo mucho que se ha hecho.
Yo tampoco podría abonar la tesis del representante del Grupo de
Convergència i Unió que hace un momento decía que ningún magistrado ha
sido un buen Ministro de Justicia. Es un elemento valorativo que no
compartimos porque ha habido algún magistrado en los últimos años que,
entendemos, ha sido un buen Ministro de Justicia. En cualquier caso, es
muy cierto que por los ciudadanos se valora muy mal a la justicia; como
decía el señor Trillo, peor que a los políticos. Y también, por qué no
decirlo, en esa encuesta los mejor valorados son aquellos que no son
elegidos popularmente: las instituciones no elegidas. Pero no estaría de
más decirle que, a veces, entre todos creamos un exceso de mala opinión
en la justicia.
Ni es la yenka ni es el tango, señor Trillo, es el deseo por parte de
todos los que hemos participado en la Administración de Justicia (y usted
también ha participado en la jurisdicción militar) de que las cosas
funcionen lo mejor posible. Los más de tres mil jueces y magistrados que
existen en este país, los órganos gubernativos, etcétera, ponen todos los
días su pequeño esfuerzo en que las cosas mejoren. Y hemos de decir que,
sin estar en absoluto satisfechos, no estamos en la situación de hace
diez años, ni muchísimo menos. Incluso, ahora, la opinión pública ya
puede opinar de las propias resoluciones judiciales, cosa que hace diez
años difícilmente podía hacer porque existía, incluso por los propios
jueces y magistrados, una cierta tendencia a la imposibilidad de que eso
ocurriese así.
Para lograr un pacto de Estado, además, se necesita no volver atrás cada
día. Si cada día tenemos que volver atrás en algo que ya está aprobado
soberanamente aquí, como es la elección de los vocales del Consejo
General del Poder Judicial, que es algo que sistemáticamente repite el
Partido Popular, difícilmente podremos llegar a algún pacto. Tenemos que
llegar a un pacto para las cosas que hay que hacer nuevas, pero no
podemos volver cada día atrás. Ni podemos aprovechar estas comparecencias
para plantear (entiendo que con la intención de irlo dejando caer a ver
qué pasa) dos propuestas de reformas que ha realizado el Grupo Popular y
que veremos en esta Comisión, algunas posteriormente en el Pleno, que son
el cumplimiento efectivo de la pena y la no extensión de los beneficios
penitenciarios a las personas que han cometido determinados delitos. Si
traemos todo esto aquí y a destiempo lo que creamos es una cierta
confusión que imposibilita cualquier pacto de Estado. Para llegar al
pacto hay que llegar sin autoritarismo, sin dogmatismos, con ilusión por
llegar, creyéndonos que, efectivamente, es posible, como ha dicho el
Ministro, lograr una justicia rápida y amable, de calidad, pero partiendo
de los importante cimientos que tenemos, con los que no estamos
satisfechos pero que pretendemos mejorar.
Se ha dicho al Ministro que es mucho lo que va a hacer; también se le ha
dicho, a veces, que es poco lo que va a hacer. Es difícil encontrar el
término medio. Yo le animaría en nombre de mi Grupo a seguir en dos cosas
fundamentales: en la ilusión que tiene y que ha tenido toda la vida por
mejorar el mundo de la justicia --él también está en esa mala justicia
desde hace 10 años y creo que algo bueno habrá hecho-- y en traernos
muchos proyectos en todo aquello que considere necesario, sin caer
tampoco en la falsa demagogia de creer que hay que modificarlo todo y que
tenemos que hacerlo a toda prisa.
Por tanto, señor Ministro, cuente usted, como no podía ser menos en la
medida en que desarrolla el programa del Partido Socialista, con el apoyo
de este Grupo y sepa que estamos a su disposición para, entre todos,
mejorar el servicio público de la justicia. (El señor Trillo-Figueroa
Martínez-Conde pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Con qué fin, señor Trillo?
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente, para una breve
réplica al señor Pérez Mariño por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, ha citado a S. S. y ha citado también
al señor Camp porque parece lógico que su discurso y el del señor Pérez
Mariño en gran medida sean contradictorios. De otra forma, a mí incluso
me preocuparía que no fuera así. Por tanto, es un discurso
contradictorio. Usted ha dicho que no se había hecho nada durante el
decenio socialista, etcétera, y el señor Pérez Mariño lo ha defendido,
como parece lógico. No veo alusión, sino contradicción de argumentos y
entrar ustedes ahora en alusiones sería hurtar el auténtico sentido de
esta Comisión que, como sabe S. S. --y es respetuoso con ello, porque me
consta--, es la comparecencia del señor Ministro para explicar su
programa.
Por tanto, le ruego que acepte la intervención de la Presidencia y
permita que el Ministro siga.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Una pregunta, señor Presidente.
¿Habrá, luego, un pequeño turno tras la segunda intervención del señor
Ministro o ya cierra el señor Ministro esta comparecencia?
El señor PRESIDENTE: Como sabe S. S. también, el artículo 203 no le
permite, a no ser por situación extraordinaria. Si todos los grupos
estuvieran de acuerdo, daríamos un breve turno de dos o tres minutos por
Grupo.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Antes de nada quiero
expresar mi agradecimiento más sincero a todos los grupos parlamentarios,
sin ninguna excepción, porque han entendido claramente lo que el Ministro
de Justicia trataba de transmitir. Efectivamente, es una nueva situación,
una situación crecientemente compleja y he intentado indicar los
elementos que la determinan en la que debemos estar en condiciones de que
el Parlamento concluya ese pacto de Estado en materia de justicia sobre
la base de amplios consensos, renunciando, como muchos representantes de
los diversos grupos han indicado, a sus propios planteamientos iniciales.
Se trata de encontrar discursivamente la verdad y ese es un proceso que
supone necesariamente, dentro de cualquier proceso de compromiso, dejar
posturas iniciales fuera de la solución final. Si no, no hay posibilidad
ni lógica ni antológica de que exista ese consenso.
Quería hacer alguna referencia breve a cada uno de los portavoces que han
intervenido. Al señor Trillo, además de expresarle mi agradecimiento
particular por la actitud mantenida a lo largo de su intervención, quería
decirle que no hay anteproyecto todavía respecto a la ampliación de
competencias del Consejo General del Poder Judicial ni ha sido remitido
aún al Consejo General del Poder Judicial. Lo único que existe es un
material de trabajo que, de acuerdo con la nueva metodología que quiere
impulsar este Ministerio de Justicia, ha entregado a los agentes
sociales. De hecho, por tanto, la responsabilidad del Ministro se
circunscribe a lo que le atañe, que es el anteproyecto. Seré responsable
del anteproyecto que remita al Consejo General, no de un material de
trabajo que aspira a ser un nuevo elemento de conformación de ese
consenso que es la filosofía final de este Ministerio.
Me alegra también que haya comprendido la importancia de nuestro
planteamiento de que la función del Ministerio de Justicia va a terminar
siendo ministerio de derecho para la justicia. Ese es el mensaje en
realidad de más calado y ciertamente más complicado que ha formulado el
Ministro en su discurso. Creo que ese es el horizonte de final de siglo y
hacia él debemos caminar.
Está claro también que habrá que redefinir el modelo de secretario.
Ciertamente a eso han hecho referencia otros portavoces de otros grupos
parlamentarios. La gran decisión política que al respecto deberá tomar el
Parlamento será con ocasión de la reforma integral de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. En ella deberá, sobre todo, tomarse una decisión
definitiva --la responsabilidad del Ministerio de Justicia será,
lógicamente, plantear su propia respuesta--; en consecuencia, la gran
decisión política que deberán adoptar en ese campo el Congreso y el
Senado
será si se inclinan por un modelo de secretario más próximo al juez de lo
procesal o por un modelo de secretario más próximo al director ejecutivo
de la oficina judicial. Es evidente que esa es la verdadera decisión,
puesto que de que se adopte una u otra se deducirían consecuencias
completamente distintas, incluso en el ámbito de transferencia de
competencias y hasta en el ámbito de la organización.
Respecto al Ministerio Fiscal y su estatuto, efectivamente no lo he
expuesto entre las prioridades y no está en el programa. No ha sido
ningún olvido, sino que no considero que sea una prioridad una reforma en
profundidad del estatuto. Seguramente es un elemento de discrepancia,
pero tengo que indicar que el estatuto del fiscal es de autonomía, no de
independencia. Ahí sí que quizá podemos estar en desacuerdo, aunque, a lo
mejor, ha sido simplemente una cuestión verbal. Claro que sí, toda la
autonomía para el Ministerio Fiscal. Independencia es algo reservado al
estatuto judicial.
Respecto al Código Penal, recogiendo además una sugerencia que también ha
hecho el portavoz del Grupo Socialista, no me parece particularmente
oportuno que en todos y cada uno de los temas singularmanete polémicos el
Ministro de Justicia anticipe su postura, o por lo menos en este marco.
Otra cosa es que yo tenga mis opiniones personales --por otro lado,
perfectamente conocidas por muchos miembros de esta Cámara, desde luego
por los que tienen relación con el mundo del derecho porque hace muchos
años que las sostengo y ciertamente las sigo sosteniendo--, pero lo mismo
que pido a los grupos me lo pido a mí mismo. El Ministro de Justicia no
puede pretender aspirar a que sus ideas sean la realidad legislativa.
Debe tratar de gestionar ese pacto, si ustedes, señorías, están de
acuerdo.
En el tema del reglamento penitenciario, al que también ha aludido el
señor Trillo, únicamente una indicación. En el proyecto que finalmente se
va a enviar se recoge una vieja aspiración de la carrera judicial, yo
creo que incluso sostenida en alguna ocasión también por personas de su
Grupo Parlamentario, que es que se notifique al Ministerio Fiscal el
cambio de grado. En definitiva, la reforma, lejos de implicar una
restricción del mecanismo de garantías, va a introducir en el
anteproyecto que se elevará a la Comisión de Subsecretarios y
posteriormente al Consejo de Ministros la notificación al Ministerio
Fiscal.
Respecto del jurado, me alegra ver que, efectivamente, toda la Cámara ve
claro el tema y también lo ve así el señor Trillo. La enumeración de
delitos concretos. Efectivamente, yo voy haciendo unas propuestas --me
parece lo más razonable-- y es posible que haya que incluir otras. Desde
luego, está claro que me parecería perfectamente correcta la inclusión de
los delitos de corrupción cometidos por los funcionarios públicos, a los
que usted ha aludido, o de personas equiparadas en una ley del jurado,
como también, seguramente, otros supuestos a los que no he hecho alusión,
pero quizá ahora sea el momento, como con los delitos de homicidio
--evidentemente, no procedentes de grupos organizados--, es decir,
elementos en el que el sentimiento natural de lo justo y lo injusto esté
perfectamente delimitado. El que sea más o menos amplia esta primera fase
no me parece que sea el tema central. Eso está también condicionado, en
ocasiones, incluso por razones puramente presupuestarias. Mi obligación
es presentarles a ustedes un proyecto de ley del jurado que sea también
razonable en términos presupuestarios. Lo importante es que abramos la
puerta ya al jurado.
Respecto a las reformas procesales, una única precisión. En lo que ha
dicho, aludiendo al discurso del señor Presidente del Tribunal Supremo y
del Consejo General del Poder Judicial, yo creo que estamos casi de
acuerdo todos. La reforma de la casación es imprescindible. Los valores
de seguridad jurídica, el valor de igualdad, la posibilidad misma de
crear una doctrina legal que pueda permitir que esos criterios se
expandan por el conjunto de la carrera judicial, que se eviten fenómenos
que todos conocemos de dispersión de criterios no controlables son
evidentemente disfunciones que hay que corregir, y el mecanismo lógico es
la casación. Yo me atrevería en este sentido a apuntar la idea que tiene
el Ministro al respecto. La casación debería recuperar su sentido
histórico tradicional, en definitiva por doctrina legal. Seguramente con
algún mecanismo que facilitara el que el Tribunal Supremo tuviera la
posibilidad de recabar para sí --de modo análogo, por ejemplo, a lo que
ocurre en el Tribunal Supremo Federal americano-- determinados asuntos de
interés. Es decir, universalidad, pero desde la óptica del control
exclusivo de legalidad.
El tema de los juzgados unipersonales también es preocupación de este
Ministerio y, desde luego, de todos los grupos parlamentarios y,
naturalmente, del personal relacionado con la materia
contencioso-administrativa. Me parece muy positiva la idea que ha
apuntado el señor Trillo de aprovechar la reforma urgente incluso, ni
siquiera esperar a la reforma general de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, para crear la habilitación legal que posibilita al Consejo la
creación de especialistas en el orden jurisdiccional. Todos saben que las
razones fundamentales por las que esos juzgados no se han llegado a poner
en práctica no han sido sustancialmente razones presupuestarias cuanto la
dificultad de contar con especialistas en lo contencioso-administrativo
que en primera instancia pudieran merecer la suficiente credibilidad para
el conjunto de instituciones afectadas. Ese es el problema nuclear y, por
lo tanto, debemos empezar a resolverlo desde ahora mismo.
Sabe perfectamente el señor Trillo que en lo que no podremos estar de
acuerdo nunca es en la elección parlamentaria o asociativa. Es manifiesto
el criterio personal de este Ministro, manifiesto el criterio del Grupo
Parlamentario Socialista y de otros grupos de la Cámara en torno a este
tema. Sin dramatizar, sin pretender descalificar, que eso, en lo que yo
pueda, jamás lo haré, las opciones distintas, son opciones legítimas pero
diferentes, desde mi punto de vista --él lo sabe--, yo siempre he
sostenido que el verdadero problema de la posibilidad de dejar en manos
de las asociaciones la designación de un determinado número de vocales no
es tanto el corporativismo
--que es una noción además ambivalente, puede entenderse en muy diversos
sentidos, incluso hay ciertas lecturas no necesariamente negativas--,
sino que el verdadero problema es que, sin quererlo, creo que esa
propuesta conduce precisamente a lo que estoy seguro no quiere el señor
Trillo, conduce directamente a la politización de la carrera judicial.
Estoy completamente convencido. Si las asociaciones profesionales
asumieran --como de hecho asumieron en una determinada etapa-- esa
función, lograríamos exactamente la finalidad opuesta a la que yo estoy
convencido que debe sostener el propio Grupo Popular y creo que el
conjunto de la Cámara. Yo creo que los riesgos de ese sistema son
extraordinariamente más graves que los derivados del sistema de
designación parlamentaria. Además, diría otra cosa. Yo no veo
contradicción, al revés, yo siempre he sostenido --y sostengo ahora como
Ministro de Justicia-- que lo que se corresponde precisamente con un
mecanismo de designación parlamentaria es un Consejo General dotado de
amplias competencias. Lo que sí me parece contradictorio --con todo
respeto a las posturas distintas-- es que, por un lado, ampliemos
competencias y, sin embargo, le privemos de la legitimidad originaria de
proceder del Parlamento. En cuanto que supone realmente cesiones de
parcelas de soberanía, corresponde al Parlamento designar a quien haya de
ostentar esas funciones. Sé que es un tema difícilmente consensuable
desde el principio, pero me parece de lealtad decirlo expresamente a
todos los miembros de la Cámara en mi primera comparecencia. En este
campo yo creo que todos deberíamos esforzarnos en buscar otros
mecanismos. A lo que alude la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
es a un riesgo. Yo creo que la imaginación y el talento de los grupos de
la Cámara debe tratar de encontrar una fórmula que garantizando el origen
parlamentario evite los riesgos derivados, los riesgos a que apuntaba la
sentencia del Tribunal Constitucional.
Respecto a la intervención de la portavoz del Grupo de Izquierda Unida,
de nuevo le expreso mi agradecimiento por el tono y por el contenido de
su intervención. Yo también estoy de acuerdo con S. S. y creo haberla
entendido en lo que quería decir cuando decía que está bien que el debate
sea político, político en el sentido noble, pero también se refería a
ello el representante del Grupo Parlamentario Vasco. Está claro que el
propósito final de este Ministerio sería tratar de introducir cambios
culturales. Creo que eso es lo que debería desprenderse del conjunto de
nuestra intervención. Estoy convencido y está convencido mi equipo de que
lo fundamental y nuestra mayor aportación en esta fase puede introducir
ciertos cambios culturales. Entre ellos es fundamental precisamente la
cultura del diálogo, la cultura de la oposición constructiva a la que se
refería en su intervención.
Ha aludido a temas concretos en particular, sólo destacaré alguno de
ellos. Asumo completamente como necesidad imprescindible la mejora del
turno de oficio y, en general, a eso aludía cuando hacía referencia a la
ley de asistencia jurídica gratuita. En este campo existen problemas
verdaderamente importantes, problemas serios. Hay que mejorar el control
no solamente en el ámbito --como hasta ahora-- de la financiación, sino
de la gestión. Hay que introducir, igualmente, mecanismos de control que
aseguren que el acceso de los servicios de justicia gratuita no se
realice de manera fraudulenta; hay que mejorar, igualmente y de manera
esencial --que es otra de las líneas constantes de mi intervención-- la
calidad del servicio prestado, y para ello es imprescindible que también
los profesionales que los prestan comprendan que todos ahora estamos
obligados en este final de milenio a aprender todos los días nuestro
oficio y que, en definitiva, las nociones de formación permanente y
continuada constituyen la clave. Hay que garantizar, incluso, mecanismos
de selección, que permitan que todos tengamos la seguridad de que cuando
un ciudadano que no tiene medios económicos acude a un letrado va a tener
la mejor defensa que puede garantizarle el Estado. Es un tema urgente, es
un tema que efectivamente tenemos particular interés de que ya este mismo
año entre realmente en funcionamiento.
En cuanto al sistema penitenciario, solamente resaltaré dos rasgos. Es un
tema tan amplio que justificaría una comparecencia dedicada
exclusivamente a ello del Ministerio o del Secretario de Instituciones
Penitenciarias. Sólo diré una cosa. Para el equipo actual lo esencial es
mejorar la gestión más que la normativa. Para nosotros lo esencial es
garantizar que el tratamiento individualizado del penado se lleve hasta
sus últimas consecuencias. En eso estamos intensificando el trabajo que
ya se viene realizando en ese campo.
En el ámbito de la transferencia de competencias --aunque eso podría
contestarse al hilo de otras intervenciones--, efectivamente es uno de
los vectores que este Ministerio ve claro, ese futuro Ministerio de
Justicia va a ser un Ministerio que cada vez será más de derecho para la
justicia que de justicia. Está claro que hay que ir a un proceso muy
complicado, transferencial, hacia el marco de las comunidades autónomas y
respecto de lo que se llama normalmente en la doctrina «la Administración
de la administración de justicia» --aunque sea un retruécano--, en ese
ámbito y desde luego como consecuencia de los nuevos compromisos que
adquirimos en el nuevo marco europeo. En particular, pienso que el
mecanismo final de transferencias debería verificarse al hilo --y lo he
dicho en mi discurso, aunque muy de pasada-- de la propia reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial; es ahí donde se deben adoptar las
decisiones. Por ejemplo, el tema polémico del secretariado. Es evidente
--no es ningún apriorismo, pero es evidente-- que en la medida en que lo
convirtamos en juez de lo procesal es impensable una transferencia en el
ámbito de comunidades autónomas. Si, por el contrario, se optara por un
modelo de director o agente, director ejecutivo de la Oficina, gestor,
gerente, gran parte de los problemas conceptuales desaparecerían. Me
parece que ése es el marco. Una cosa es que ya empecemos a trabajar ahora
en climas de cooperación entre las comunidades autónomas y la
Administración central y otra que la solución definitiva tiene que venir
necesariamente al hilo de las grandes decisiones
políticas que hay que adoptar en la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
La Ley de Enjuiciamiento Civil, efectivamente, he dicho que es una
prioridad. Es una prioridad, sin duda. Vamos a empezar a trabajar en ella
a partir de enero, no con trabajos previos, que hay muchos y buenos
dentro del Ministerio de Justicia, sino que vamos a intentar ya
trabajarlo en términos políticos. La Ley de Enjuiciamiento Civil tiene
que tener un papel clave en el futuro --y en eso creo que el consenso es
unánime-- y sin duda en ese marco la Comisión General de Codificación
tiene que tener un papel decisivo para garantizar los objetivos, no
teóricos, y quisiera que SS. SS. entendieran que las reflexiones
aparentemente un poco abstractas que he hecho siempre estaban vinculadas
directamente, era la exposición de motivos de cada una de las medidas
concretas que he propuesto; no pretendía, en modo alguno, realizar una
exposición puramente teórica, sino que aludía a la exposición de motivos,
a la fundamentación final, a la fundamentación real del programa de
propuestas concretas que he sostenido. Respecto al tema del aborto sé que
es otro punto complicado. Usted lo ha planteado y no quiero dejar de
decir una cosa que sé que es muy difícil que obtenga consenso en esta
Cámara, pero la quiero decir. La decisión final, en mi opinión, debe
tomarla la mujer. No voy a decir más, pero es exactamente mi postura.
Respecto a la objeción de conciencia, tanto desde un punto de vista de
gestión como desde un punto de vista normativo, es un tema central para
este Ministerio. Desde un punto de vista de gestión, es la prioridad
esencial que tiene el director recientemente designado a esos efectos, y
también desde un punto de vista normativo. Creemos que el marco adecuado
para la solución real de los temas de fondo es esa ley del servicio
civil. También se han interesado otros grupos por este asunto y
perdonarán que después ya no repita para otros portavoces lo que digo al
hilo de intervenciones anteriores. ¿Qué se puede decir en ese campo? Dos
cosas, por lo menos. Primero, que hay que tratar de acentuar un modelo en
el que sea concebida la prestación como alternativa y no como
sustitutoria. Segundo, hay que garantizar una ampliación en los marcos de
colaboración con las organizaciones no gubernamentales; hay que
garantizar una política de pactos a todos los niveles, autonómico, local,
con instituciones públicas, con instituciones privadas, abriendo
extraordinariamente la oferta y posibilitando una gestión efectiva de esa
prestación que yo desearía fuera alternativa y no sustitutoria.
También ha hecho una referencia general en torno a los valores de ética y
honestidad. Ahí simplemente quiero reseñar algo que ya he dicho de pasada
en el discurso. Una prioridad absoluta de la política criminal del
Gobierno es combatir hasta sus últimas consecuencias toda forma de
corrupción, pública o privada. Es una prioridad de la política criminal
del Gobierno.
Respecto de la Oficina Judicial y sus criterios, ya he aludido de pasada
al tema del secretario que, por otro lado, preocupaba en particular al
portavoz de Coalición Canaria. Ese es el elemento clave de la reforma de
la Oficina Judicial, esa decisión. Hay otras, ciertamente, porque es
imprescindible que el personal colaborador al servicio de la
Administración de Justicia empiece a tener reconocidas como normativas
las competencias que ya ejerce como reales. Es absolutamente necesario
aproximar esa evidente esquizofrenia que existe entre el trabajo que
realmente hacen los funcionarios y el que teóricamente hacen. Es preciso
garantizar la carrera administrativa y la formación especializada para
que, efectivamente, existan posibilidades de estímulo profesional. Es
preciso, en definitiva, convertir a esos funcionarios en personas que
tengan la suficiente ilusión para hacer efectivas estas reformas
procesales. He dejado claro que había un segundo código. Si no logramos
que ese segundo código se resuelva, si no logramos que los profesionales
y quienes trabajan al servicio de la Administración de Justicia atajen
rutinas dilatorias, las reformas procesales pueden quedar en nada. De ahí
que sea la otra cara de la misma moneda y de la misma importancia. Está
claro que habrá que concebir, por otro lado, modelos de Oficina que no se
pueden corresponder con la actual línea juzgado-oficina, sino que hay que
ir a técnicas más próximas a lo que ocurre hoy en cualquier empresa
eficiente.
En el tema de extranjeros --esta cuestión todavía no está avanzada--, el
Ministerio iría en la línea de un informe que hicieron los fiscales de
Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, con relación al
tratamiento penitenciario de los extranjeros. Se trata, evidentemente, de
garantizar que sea más posible su reinserción. En ocasiones no tiene
mucho sentido que se cumplan penas cortas de prisión en España, que no
tienen en sí mismas finalidades de reinserción y, sobre todo, que no se
procure, cuando se trata de penas largas, que se verifiquen en el marco
social, personal y familiar más próximo.
Respecto a la intervención del representante de Coalición Canaria,
Lorenzo Olarte, que, si me lo permite, diré que fue Secretario Judicial
del mismo Juzgado que fue mi primer Juzgado, el de San Sebastián de la
Gomera, le agradezco, en primer lugar, su confianza inicial a los
planteamientos que realiza este Ministerio. Desde luego, ya he contestado
que el tema de la Oficina Judicial sólo lo he mencionado. Estoy de
acuerdo con el señor Olarte en que está claro que es una prioridad.
Aprovecharé para decir que convendría que no siguiéramos diciendo si es
un poco más urgente la reforma sustantiva, la reforma procesal o la
reforma orgánica. ¿Qué hicieron los mejores legisladores que tuvimos?
¿Qué hizo Montero Ríos? Lo hizo todo junto. Consiguió, en definitiva, en
un período mínimo de tiempo, poner en funcionamiento las leyes
procesales, el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870.
Esa debería ser la aspiración de la Cámara en su conjunto.
Por otro lado, respecto a la situación en Canarias, sabe el señor
Diputado que la conozco muy bien y que realmente me alegra mucho que
usted haya dicho lo que ya me imaginaba, que mi Director General de
Justicia hace muy bien las cosas, de eso no he tenido nunca ninguna duda.
Efectivamente, tenemos problemas. Queremos dar
solución a algunas de las cuestiones concretas, por ejemplo, el tema del
Juzgado de lo Social de Lanzarote, que habrá que extender
territorialmente a Arrecife y a Puerto del Rosario, o el tema del Juzgado
para el Magistrado de lo Social de Galdar. También podemos estudiar la
propuesta que hacía tanto el Gobierno como la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias de ampliar su jurisdicción
territorial. Creemos que podremos incluir los Juzgados 11 y 12 de Las
Palmas y el 5 de Granadilla de Abona en la próxima reforma.
Definitivamente vamos a ir al convenio entre el Gobierno de la Comunidad
Autónoma canaria, junto con el Consejo y con nosotros, para ir al
Instituto de Medicina Legal en Las Palmas y seguramente al Instituto de
Toxicología en Tenerife, en este caso en convenio con la Universidad de
La Laguna. No muchas más cosas. En cuanto a medios materiales, señor
Olarte, le aseguro que estamos mal y que va a ser muy difícil superar lo
que podamos hacer de manera inmediata por esa Comunidad, por encima de lo
que le he contestado en este momento.
Al representante del Partido Nacionalista Vasco también quiero darle las
gracias por su planteamiento. Desde luego, procuraré hacer caso de ese
consejo de intentar ser Ministro cuando me toque y juez cuando me toque.
Puede ser complicado. Le agradezco, en todo caso, sus palabras y la
comprensión que ha mostrado por el conjunto de nuestro planteamiento. Es
verdad que el planteamiento es muy ambicioso. Creemos que en situaciones
de crisis y de cambio sólo los planteamientos ambiciosos tienen sentido.
Es exactamente lo que corresponde hacer en nuestro análisis. Tenemos que
preparar la justicia del fin de siglo y tenemos que ir a un proyecto
sobre el que lo que más me ha satisfecho del conjunto de esta mañana es
comprobar que en la agenda de temas existe un amplísimo consenso entre
todos los grupos de la Cámara. Debemos lograr la realización de ese
proyecto.
En materia de transferencias --lo he indicado ya a tenor de otras
intervenciones--, desde este momento, con cualquier comunidad autónoma
--y concretamente la vasca y la catalana se han puesto en contacto con
nosotros al igual que la valenciana--, tenemos que empezar a estudiar los
mecanismos transferenciales. Es verdad, como ha dicho, por ejemplo, el
representante de Convergència i Unió, que, efectivamente, la
transferencia de medios materiales en Cataluña también tiene problemas y
hay que revisarla. Hay que ir avanzando en el tema de las transferencias
de medios materiales con todas las comunidades autónomas que lo
consideren preciso. Ciertamente, las situaciones de crisis económica no
son buenas para convenios de esta naturaleza; también hay que ser
realistas. En cuanto a medios personales, mi punto de vista está
reflejado ya en mi intervención anterior. Pienso que no existen
obstáculos constitucionales graves --yo creo que de ningún tipo-- para el
personal colaborador con la Administración de Justicia. Sí que pueden
existir, y muy graves, con relación al secretariado. Esa postura es la
que siempre he sostenido y creo que son los términos reales de la
cuestión. Lo que pasa es que, a su vez, respecto al personal colaborador,
sería imprescindible garantizar la homogeneidad de su tratamiento en el
conjunto del Estado, pero, desde luego, no hay más que ese problema y no
debe ser ningún obstáculo insuperable.
Respecto al Código Penal en general --y agradezco al conjunto de la
Cámara que no haya entrado en detalles del Código Penal--, precisamente
estamos tratando de crear un Código Penal que tenga mayor grado de
consenso y ya tendremos ocasión, y amplísima, de debatirlo cuando el
texto empiece a tener cara y ojos, cuando el proyecto esté cerrado.
Al representante de Convergència i Unió quiero darle de nuevo las gracias
por la valoración positiva. Ciertamente, si los grupos no nos apoyan,
quedará en voluntarismo; si nos apoyan, será realidad normativa. Ha
entendido bien el espíritu de la intervención cuando ha hablado de que,
efectivamente, la clave es que queremos una justicia de calidad, no
abrumada. Efectivamente, ésa es una de las claves centrales de nuestra
intervención.
Ha aludido también al tema del Consejo General del Poder Judicial. He
sido vocal hasta hace dos meses. Lo único que puedo decirle --será don
Pascual Sala, lógicamente, quien deberá concretar esa pregunta-- es que
el Consejo General ha demostrado que no tiene precisamente una tradición
centralista ni mucho menos. Cada vez que ha tenido una competencia ha ido
a la vía de los convenios. Concretamente la competencia de formación, que
corresponde al Consejo General del Poder Judicial, se articula a través
de convenios con las comunidades autónomas, entre otras, con la de
Cataluña. En definitiva, la tradición del Consejo no es precisamente
centralizadora. En todo caso, lógicamente, no puedo decir nada más al
respecto.
Finalmente, me referiré al Grupo Parlamentario Socialista. Naturalmente,
el discurso está construido teniendo en cuenta fundamentalmente el
programa del Partido Socialista y complementándolo con propuestas que
estaban en los programas de casi todos los partidos que han intervenido.
Aquí tengo un resumen de las propuestas de todos los partidos y,
efectivamente, el eje, como es natural, de la propuesta del Grupo
Parlamentario que sirve de sostén al Gobierno, que ha sido el eje
central, después lo hemos tratado de integrar con el conjunto de
planteamientos que habían realizado también durante su campaña electoral
el resto de opciones políticas. Lo hemos hecho así para ser coherentes
con nuestra verdadera propuesta, con el significado último de nuestra
propuesta, ese pacto de Estado que les pido a SS. SS. que sean capaces de
realizar.
--PARA DAR A CONOCER LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA FISCALIA
GENERAL DEL ESTADO PARA EL ESCLARECIMIENTO DE POSIBLES IRREGULARIDADES
COMETIDAS EN LA VENTA DE LA SOCIEDAD ELOSUA AL GRUPO EMPRESARIAL ITALIANO
FERRUZZI. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000048.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el debate del cuarto punto del orden
del día, comparecencia también del Ministro de Justicia ante esta
Comisión para dar a conocer las medidas del Gobierno respecto de la
Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de posibles
irregularidades cometidas en la venta de la sociedad Elosúa al Grupo
empresarial italiano Ferruzzi. Esta comparecencia fue solicitada a
iniciativa del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Concretamente ayer, en el
Senado, tuve ocasión de contestar a ese tema, a propuesta del Grupo
Popular en ese caso, pero el planteamiento era sustancialmente idéntico.
El contenido de la respuesta que di en el Senado, y que ahora no tengo
más que reproducir, es que, efectivamente, de conformidad con el Estatuto
y en vista de la petición de SS. SS., nos dirigimos al Fiscal General del
Estado para que informara sobre qué estaba realizando. Nos informó y yo
leí la contestación escrita --si la quieren después se la puedo dar--
pero el contenido de su contestación fue que efectivamente, a raíz de una
denuncia de Izquierda Unida --eso decía exactamente la contestación por
escrito--, se abrieron unas diligencias informativas y una investigación
sobre ese tema, sin que hasta este momento se hubiera tomado ninguna
decisión sobre si ejercer o no las acciones penales correspondientes.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el señor Romero tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, como Grupo autor de la iniciativa
parlamentaria voy a hacer uso de la palabra para exponer nuestra opinión
sobre este importante asunto. Porque, señor ministro, en este negociado
nuestro de la política no ocurre lo mismo que en el servicio militar,
donde la consigna es pasar desapercibido. Aquí estamos en el escaparate
de la opinión pública y tenemos que señalarnos. Esa idea antigua de las
madres que decían: «tú no te señales», aquí no vale, aquí hay que
señalarse, hay que tomar partido y hay que adoptar decisiones no sólo
desde el punto de vista ético y de lucha contra la corrupción sino
también desde el punto de vista estético.
Efectivamente en Milán, Italia, el 25 de julio, se pone en marcha la
operación --que ya se había iniciado unos meses antes-- Manos Limpias,
que tiene una relación directa que salpica a España en concreto y a una
de sus empresas. La toma de una participación de la aceitera española
Elosúa por la multinacional italiana Ferruzzi fue ocultada contablemente,
en un primer momento, según reveló el abogado Lucca Mucci, defensor del
ex presidente de Montedison, Giuseppe Garofano. Mucci explicó el día 25
de julio a los periodistas el mecanismo contable que empleaba el Grupo
Ferruzzi para no revelar las operaciones de compra de participaciones en
grandes sociedades extranjeras, como ocurrió con la cementera griega
Heracles y con la aceitera española Elosúa. Hoy Heracles está controlada
por la Calzestruzzi, la sociedad constructora del consorcio de Ferruzzi,
con sede en la ciudad de Rávena, y la participación en Elosúa está
controlada en la sociedad francesa Eridania Beghin Say, cabecera del
grupo italiano para el sector agroindustrial y alimentario.
Para no revelar estas operaciones de compra, era Guiseppe Berline, el
asesor suizo del grupo encargado de las transacciones extranjeras, el que
operaba para cubrir la identidad del comprador, indicó el abogado Mucci,
antes de entrar en una prisión milanesa, llamada La Opera, donde tuvo
lugar el interrogatorio a Garofano por los jueces de Manos Limpias.
Berlini, que ayer se entregó a la Magistratura italiana, cuenta la
crónica, donde surge la relación con Elosúa, el día 25 de julio de este
mismo año, colaboró con la justicia en relación con la operación Manos
Limpias, y fue definido como el hombre clave de los negocios de
Montedison y un habilísimo prestidigitador financiero, encargado de las
operaciones delicadas en Ferruzzi, según se explicó de manera clara por
el consorcio químico y agroindustrial y por la prensa italiana.
Se habla de este endeudamiento, de este esquema que consistía en la
apertura de depósitos bancarios por parte de las sociedades del sector
exterior de Montedison, instituto de crédito, para luego prestar dinero a
Berlini a fin de que adquiriera participación en determinadas sociedades,
y una vez que se realizaba esa operación, el desembolso de dinero era
registrado regularmente en el balance como cantidades invertidas en la
compra de participaciones en sociedades extranjeras. Esta modalidad para
no revelar la identidad de los compradores se empleó para adquirir una
empresa pública, como era Elosúa. Ahí se produce el primer dato grave, de
manera preocupante, al no plantear con transparencia a quién se le
vendía, y quién hacía la negociación con la empresa española. Sí hay unas
relaciones referidas a la «guerra de la soja», a operaciones en bolsa en
Chicago, a los dólares que se detrajeron y a toda esta operación en
relación con la compra de Elosúa en España y los métodos que empleaba el
Grupo financiero Ferruzzi.
Señor Ministro, cuando el 27 de julio se hace la referencia de que
políticos españoles han recibido comisiones por la compra de Elosúa, se
dice que se ha declarado a los jueces Antonio di Pietro y en la operación
Manos Limpias en general que políticos españoles sin identificar
recibieron, presuntamente, comisiones ilegales del Grupo italiano
Ferruzzi para facilitar la operación de toma de una participación en la
aceitera Elosúa, según reveló un consejero financiero de la multinacional
de Rávena; este consejero es Giuseppe Berlini, Delegado financiero del
Grupo Ferruzzi en Lausanne, Suiza, desde donde se realizaron varias
operaciones de compra de participaciones en grupos extranjeros, entre
ellos Elosúa y la cementera griega Heracles.
Berlini ha abandonado la prisión de La Opera, donde fue interrogado
durante dos días por los jueces y magistrados
Antonio di Pietro y Francesco Greco, que tratan de descubrir no sólo
estas operaciones en la compra de sociedades extranjeras sino la cuantía
de fondos negros de Montedison y de Enimont, la fracasada sociedad mixta
química entre el grupo petrolero estatal ENI y la sociedad Ferruzzi en
Italia. Además, cuando se hizo referencia a la eventualidad de comisiones
ilegales pagadas a políticos españoles y griegos --supuestamente hecha
por Berlini-- aparece en el diario «Il Sole-24 Ore», el primer diario
económico de Italia, propiedad de la patronal de la Confindustria, con
una tirada media de más de 400.000 ejemplares. Pero la única referencia
que aparece en ese diario a la aceitera española es la realizada por
Lucca Mucci, abogado del ex presidente de Montedison, Giuseppe Garofano.
Al terminar el interrogatorio a su defendido se dijo que adquirir una
cuota en Elosúa para que no se supiera realmente el comprador era lo que
se hacía habitualmente desde el punto de vista de las operaciones
financieras en el extranjero de dicho Grupo, y gracias a los «pagos»
--entre comillas--, Elosúa se había mencionado por Berlini como con unos
precios que habían determinado la posibilidad de la compra por el Grupo.
En esa línea nos dirigimos al Fiscal General del Estado y le pedimos que,
a raíz de las investigaciones de la operación Manos Limpias en Italia, se
interviniera, en aras del interés general, y se estudiara la posibilidad
de enviar un fiscal o una comisión rogatoria, a alguna misión a Italia,
para indagar e investigar en los sumarios abiertos, estudiar las
responsabilidades y encontrar, si es cierto, los nombres y los apellidos
de los políticos españoles que han podido recibir comisiones ilegales del
Grupo Ferruzzi por la venta de Elosúa. Y, que nos conste, se nos dijo que
se abrirían diligencias pero hasta la fecha no sabemos en qué ha
consistido la apertura de las mismas: si el Fiscal General del Estado ha
enviado un fiscal, cosa que se barajó en el seno de la Fiscalía, a Milán
y a Roma para ir sobre el terreno a estudiar la operación descubierta y
denunciada o se ha limitado a abrir un epígrafe en la Fiscalía General
del Estado, sin tomar medidas serias en relación con ese tema. Porque,
señor Ministro, es muy importante que esa acusación genérica --sin dar
nombres concretos-- a políticos españoles se esclarezca, por el bien de
la política española, por la transparencia que tenemos que lograr en este
caso y, si hubiese alguna comisión ilegal, para proceder penalmente
contra los implicados.
Políticamente, nosotros pensamos que se actuó contra el interés nacional
al vender Elosúa, pero, independientemente de eso, lo que aquí surge como
un hecho grave es la posibilidad de que funcionarios españoles, políticos
españoles, hayan cobrado comisiones ilegales del grupo italiano por
agilizar la venta de Elosúa a dicho grupo. Y el Fiscal General del Estado
no puede estar pendiente de los datos que se le envíen, si es que ha
solicitado alguno, sin desplazarse a Italia a tomar las medidas
necesaria. Por eso, señor Ministro, queremos saber qué medidas se han
tomado o se piensan tomar desde el Gobierno para llegar al fondo de esta
cuestión. La corrupción es un crimen contra el pueblo, un atentado al
interés general, y hay que tomar las medidas necesarias, no sólo diciendo
que se abran diligencias. Diligencias se pueden abrir todos los días,
pero cómo se está investigando, qué medios se han dispuesto, qué gente
hay trabajando específicamente en este asunto. Nosotros estamos muy
preocupados con esta situación, por lo que queremos que se esclarezca
este tema, se investigue a fondo, e independientemente de que se envíe un
fiscal a Italia para asegurarse de lo que allí está pasando y de las
declaraciones de la gente implicada en la corrupción y en las comisiones
ilegales, aquí en España se podría abrir también, por instrucciones del
Gobierno y del Ministerio de Justicia al Fiscal General del Estado, una
investigación citando a la gente que estuvo relacionada con esa venta
para que su nombre quede a salvo de estas acusaciones, y resplandezca la
verdad sobre las comisiones y las transacciones bancarias porque, además,
se trata se una empresa pública. Por tanto, señor Ministro, queremos que
se tomen medidas concretas y conocer exactamente en qué consisten las que
se han tomado hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Ministro, como usted comprenderá, hacer
simplemente una referencia del informe que ha recibido del Fiscal General
de que ha abierto diligencias no es satisfactorio, y no solamente por lo
que acaba de decir el portavoz anterior sobre las declaraciones del
administrador del grupo Ferruzzi en Suiza, señor Berlini, en las que
reconoce que ha desviado dinero negro para comprar voluntades políticas
en España y en Grecia, sino porque por los antecedentes que están al
alcance de cualquiera, todo el proceso de Elosúa hubiera merecido antes
la atención de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno, como voy a
intentar demostrar. Por tanto, señor Ministro, esas diligencias
informativas abiertas por el señor Fiscal tienen que acelerarse con una
actuación mucho más contundente del Gobierno, y en paralelo nosotros
vamos a solicitar en esta Cámara la creación de una comisión de
investigación.
Señor ministro, ya en el año 1989 parte de la familia Elosúa vende al
grupo Ferruzzi el 30 por ciento de su empresa, pero lo vende sin tener en
cuenta la legislación española que exige que una toma de posición de más
del 24,9 por ciento en una empresa sea de una forma pública; lo vende a
dos empresas testaferras de Ferruzzi, Paribás y Fidinam, que actúan por
tanto subrepticiamente y colocan a la multinacional italiana en una
situación de privilegio en una empresa española, sin que actúe la
Comisión Nacional de Valores ni el Ministerio Fiscal ni nadie. En
paralelo, señor Ministro, esa misma empresa, poco tiempo antes, había
recibido 4.000 millones de pesetas de créditos blandos por parte del
Gobierno para que comprara a Carbonell e impidiera que otras
multinacionales entraran en el sector distribuidor y elaborador de aceite
de oliva español. Por tanto, una empresa que ha recibido un trato de
privilegio por parte de la Administración española, inmediatamente vende
su participación, el 30 por ciento de su capital, por valor de 8.000
millones de pesetas, a dos empresas fiduciarias del grupo Ferruzzi.
En paralelo, señor Ministro, y yo creo personalmente que dentro de la
misma operación, la empresa pública Mercasa compra en el mercado español
a precios exorbitantes el 24,9 por ciento de Elosúa y lo hace sin las
preceptivas autorizaciones. Así consta en el informe del Tribunal de
Cuentas que obra en esta Cámara, que desautoriza las actuaciones del
señor Prieto, presidente entonces de Mercasa, porque se sale de sus
competencias y no ha recibido las autorizaciones pertinentes. Ese informe
del Tribunal de Cuentas tampoco ha llamado la atención del Gobierno. En
ningún momento conocemos que el Gobierno ni la Comisión Nacional de
Valores hayan actuado, de tal forma que el señor Prieto, que recibió por
esta operación el sobrenombre de tiburón público, controla
subrepticiamente el 24,9 por ciento del grupo Elosúa con la anuencia de
la Dirección General del Patrimonio. Es decir, tenemos una empresa
pública actuando, una parte de la familia Elosúa vendiendo al grupo
Ferruzzi y un enrocamiento de los titulares de acciones de Elosúa
españoles que constituyen un grupo sindicado del 51 por ciento con el
fin, dicen textualmente, de evitar la actuación de grupos multinacionales
en la primera distribuidora de aceite en España. Ese grupo sindicado se
constituye con parte de la familia Elosúa, el Banco Pastor y las compras
que ha hecho Mercasa. Y se nos dice textualmente, señor Ministro, que
esta actuación de Mercasa se ha hecho para impedir el acceso del grupo
Ferruzzi a la gestión de Elosúa. Ese sería el primer acto de lo realizado
en política de grasas en España y en defensa de una actuación española en
un sector estratégico.
Pero cambia el escenario, señor Ministro. Se produce un cambio en el
Gobierno, desaparecen unos titulares, aparecen otros responsables,
especialmente en la cartera de Agricultura, y este escenario sobrevenido
implica un cambio automáticamente de la estrategia seguida. El grupo
Ferruzzi lanza una OPA hostil por el 100 por cien de la cartera de
acciones del capital de Elosúa. El Banco Pastor pone en venta el 10 por
ciento, y cuando todos creíamos, señor Ministro, que se iba a actuar
contundentemente en defensa de lo que se nos había dicho antes, de la
presencia española y del monopolio y el control español de esta especial
distribuidora, nos llama la atención que el nuevo grupo español
constituido para coordinar toda la política de grasas en España, que es
Alicesa, Alimentos y Aceites, no ejercita, señor Ministro, la compra de
ese paquete de acciones que pone a la venta el grupo Pastor. Y no lo
hace, señor Ministro --y aquí también tiene que intervenir el señor
Fiscal General del Estado--, porque la parte de la familia Elosúa que
previamente había declarado públicamente que no tenía dinero para ejercer
el derecho que la sindicación de acciones que se habían constituido le
otorgaba, subrepticiamente el señor Elosúa tiene dinero, y lo tiene,
señor Ministro, procedente de un préstamo que le hace un banco del grupo
Ferruzzi, Fidinam, exactamente, con sede en Luxemburgo. Y nadie actúa. El
Gobierno no actúa, el Fiscal General no actúa, y ese asiento contable
está al alcance de cualquiera, señor Ministro. Por tanto, tenemos al
grupo Ferruzzi, que ya tenía el 30 por ciento comprado subrepticiamente
con dos empresas tapadera; Mercasa que, contraviniendo las instrucciones
que se recogen en la normativa española, había tiburoneado acciones en el
mercado español; se produce la sindicación y, cuando la sindicación se
rompe por exigencias del Banco Pastor que exige 11.000 pesetas por
acción, el grupo Alicesa no compra y se permite que parte de la familia
Elosúa, con un dinero procedente de Ferruzzi, compre ese paquete del 5
por ciento, con lo cual, la operación de defensa de los intereses
españoles en Elosúa no se produce, no se alcanza el 51 por ciento después
de esta operación.
¿A quién se encarga la defensa de los intereses españoles? A una empresa
pública, Tabacalera, que invita a esta operación ¡cómo no! al grupo
Koipe, representado por el señor De la Rosa, que también participa en
esta compra. Y cuando todos creíamos, y así consta en declaraciones del
antiguo Ministro de Agricultura en esta Cámara, que el control de Elosúa
se había salvado para la presencia española, fíjese qué contestación,
señor Ministro: Las razones esenciales son mantener la españolidad de la
empresa Elosúa y así defender los intereses de los agricultores españoles
productores de oliva, conservar la fabricación de los aceites en manos
españolas y defender nuestras marcas en el extranjero. Se produce la
última y definitiva OPA en el interior de Elosúa, de tal forma que el
grupo Ferruzzi se queda con el 37 por ciento, el sector público con el 37
por ciento y parte de la familia Elosúa con el otro 20 por ciento. Y la
gestión, señor Ministro, se entrega al grupo Ferruzzi. En este momento,
la gestión de Elosúa está en manos de la multinacional Ferruzzi porque el
señor Alcaide se retira desde el Patrimonio y dice que somos malos
administradores y que, por tanto, hay que entregar la gestión a la
multinacional.
En resumen, señor Ministro, desde los años 1986-87 no han servido de nada
los 4.000 millones de pesetas que se entregaron al 6 por ciento a la
familia Elosúa para que comprara Carbonell e impidiera la entrada de otro
grupo multinacional; no han servido para nada las actuaciones de Mercasa
que, contraviniendo el ordenamiento jurídico español, compra el 24,9 por
ciento de Elosúa, tiburoneando en Bolsa las actuaciones, y recibe el
señor Prieto ese nombre; no ha servido para nada la creación de Alicesa
ni la defensa de nuetros intereses. El fin de la historia es que Elosúa
en estos momentos está en manos, está gestionada y está dirigida por la
multinacional italiana Ferruzzi. La pregunta, señor Ministro, es: ¿Para
qué ha servido todo esto? Para nada y, por tanto, es normal, señor
Minstro, que nos asombremos cuando el administrador Berlini dice que ha
habido dinero negro para comprar voluntades políticas españolas, porque
cuando se comprueba la historia se demuestra que aquí ha habido toda una
estrategia que ha terminado con la intención con que se negoció y que se
programó en su principio, y es que la principal aceitera española esté
dirigida y controlada por la multinacional Ferruzzi.
Por tanto, señor Ministro, no espere usted a la actuación del Fiscal
General. Actúe usted con su responsabilidad
de Ministro del Gobierno, investigue y aclare esta cuestión. Nosotros
parlamentariamente así lo vamos a exigir.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, esta Presidencia no ha querido
interrumpirle, pero habrá advertido usted con facilidad que quien está en
la Comisión es el Ministro de Justicia y no el Ministro de Agricultura u
otro miembro del Gobierno que pueda tener más competencias para recibir
esa importante información que usted ha dado a la Comisión. En aras a esa
información, esta Presidencia le ha mantenido en el uso de la palabra.
Pero quiero recordarle, no tanto a usted como a los siguientes
intervinientes y, en todo caso, al Ministro, que estamos siendo
informados por el Ministro de Justicia de las medidas del Gobierno
respecto de la Fiscalía General para el esclarecimiento de posibles...,
etcétera. El Ministro de Justicia se va a limitar exclusivamente, o debe
limitarse si así le parece, a esa cuestión.
Muchas gracias, señor Ramírez. (El señor Ramírez González pide la
palabra.) No ha lugar.
El señor Pérez Mariño, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra.
El señor PEREZ MARIÑO: El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo
con lo que acaba de decir el Presidente, pero, a la vista de las
informaciones que se vierten y de las sombras de dudas, que se han
planteado por parte del Grupo de Izquierda Unida y del Grupo Popular, que
pudieran llevar a la sospecha de la existencia de alguna actitud
delictiva por parte de alguna persona, no quiere dejar de aprovechar la
presencia del Ministro para que inste el Gobierno al Fiscal General del
Estado a realizar todas las investigaciones necesarias para esclarecer
esta cuestión. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista quiere decir
que no se opone a ningún tipo de iniciativa que vaya encaminada al
esclarecimiento de los hechos y la investigación de los mismos.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Lo primero que tendría que
decir es que en mi intervención general exponía cuál iba a ser la
política de este Ministerio de Justicia. La política de este Ministerio
de Justicia en torno al Ministerio Fiscal he dicho que se iba a basar en
el respeto escrupuloso y absoluto de la autonomía del Ministerio Fiscal
en el ejercicio de las acciones penales singulares, y que solamente
tendría como obligación mantener las líneas generales de política
criminal. Aclarado que ése es el planteamiento, y ése ha sido para
cualquier asunto, el Gobierno no es el que ejerce la acción penal ni el
que debe ejercerla. El Gobierno no debe en modo alguno inmiscuirse en las
actuaciones del Ministerio Fiscal. Eso es realmente respetar la autonomía
del Ministerio Fiscal.
Es cierto que tanto el Reglamento del Congreso como el artículo 10 del
Estatuto del Ministerio Fiscal dicen: El Ministerio Fiscal colaborará con
las Cortes Generales, a requerimiento de éstas y siempre que no exista
obstáculo legal, sin perjuicio de comparecer ante las mismas para
informar de aquellos asuntos para los que especialmente fuere requerido.
El Presidente ha aludido a que quizá la intervención afectaba más a otro
Departamento. Lo que me parece curioso es que no sea el Ministerio Fiscal
el que, en definitiva, haya sido el destinatario de este planteamiento y
no el Ministro de Justicia, que no es quién, en la concepción que tiene
este Ministro de Justicia, para entrometerse en el sagrado principio de
autonomía del Ministerio Fiscal. Yo aprovecho la ocasión porque,
efectivamente, ésa va a ser la postura global de este Ministro mientras
sea Ministro. Lo he dicho de pasada. Agradezco la oportunidad de que
quede claro que ésa es la posición del Ministro de Justicia.
También es cierto que el artículo 8.1 del Estatuto dice: El Gobierno
podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los
Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés
público. Efectivamente, la postura política del Ministerio de Justicia
llega incluso más lejos que las propias posibilidades que confiere el
Estatuto. Otra cosa es que la Cámara, en su conjunto, solicitara que así
actuara el Ministro, en cuyo caso, el Ministro se limitaría a cumplir lo
que acuerde la Cámara. Pero que quede claro que sería exclusivamente por
acatamiento a la Cámara, no porque sea la línea política de este
Ministerio de Justicia, que me parece, además, errónea. En cualquier
caso, si hay un acuerdo en ese sentido, con mucho gusto yo trasladaré el
tema al Gobierno, pero quedando claro que ha sido por iniciativa
parlamentaria. Es más, si yo solicité esa pregunta al Ministerio Fiscal
fue exclusivamente, a su vez, por cortesía parlamentaria, porque me lo
solicitó en el Senado un representante del Partido Popular, y aquí un
representante de Izquierda Unida.
De todas maneras me gustaría, si me lo permiten, hacer la consideración
de que en ocasiones, sin darnos cuenta, podemos incurrir en ciertas
contradicciones de principio. El Gobierno no es quién --opino
sinceramente-- para ejercer la acción penal ni para perseguir la forma
concreta como se ejerce una acción penal en un asunto determinado. En
este caso se produce, además, otro dato añadido. El dato añadido es que
ya está la investigación abierta, y que sigue abierta. El Ministerio
Fiscal --ahora les voy a leer literalmente lo que me dice en su
respuesta-- afirma: En contestación a su oficio del día de la fecha, por
el que se interesa información sobre el tema Elosúa, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
pongo en su conocimiento que en esta Fiscalía se siguen diligencias
informativas, a denuncia de Izquierda Unida, en las cuales aún no ha
recaído decisión definitiva sobre la procedencia o no de acciones penales
que puedan o deban ejercitarse, dado que todavía no ha culminado la fase
de investigación en curso. Es decir, para tranquilidad de los grupos
proponentes, la investigación está en curso y está abierta. El contenido
concreto y el resultado de esa investigación ni lo ha preguntado el
Ministerio de Justicia ni el Ministerio
de Justicia lo va a preguntar. Si la Cámara y la Comisión de Justicia en
particular adopta cualquier acuerdo, naturalmente el Ministerio de
Justicia se limitará a ejecutarlo. (El señor Romero Ruiz pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Romero, como bien sabe, no hay réplica.
El señor ROMERO RUIZ: Para una cuestión de orden, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿En qué artículo se fundamenta, señoría?
El señor ROMERO RUIZ: En el artículo que corresponda (Risas.) para pedir
al Presidente que traslade al señor Ministro y al Gobierno que nuestra
solicitud se circunscribía al artículo 8, punto 1, en el que el Gobierno
puede promover ante la Fiscalía General del Estado una serie de
actuaciones. Era a lo que nos referíamos y no ha contestado el Ministro
qué actuaciones va a iniciar el Ministerio Fiscal. La diligencia abierta
por nuestra denuncia ya la conocemos; me la envió con motorista el señor
Fiscal.
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, eso exactamente es lo que ha dicho el
Ministro.
El señor ROMERO RUIZ: No ha dicho lo que va a promover; no ha dicho nada.
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, no tiene ya la palabra. Eso es lo que
ha dicho el Ministro y eso lo hemos escuchado.
El señor ROMERO RUIZ: No, no. Lo habrá oído usted.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Yo no tengo ningún
inconveniente en puntualizar las veces que sea necesario.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Yo he tratado de
explicarme, pero seguramente no lo habré logrado. He tratado de sostener
cuál es la postura política de este Ministerio de Justicia en relación
con el complicado tema del Ministerio Fiscal. La significación inmediata
del «podrá interesar» es que cuando no se ha abierto una investigación la
solicite. En este caso la investigación ya está abierta, con lo cual no
sé exactamente qué voy a interesar, que siga la investigación, es lo que
solicito de la Comisión que me concrete porque la investigación ya está
en marcha. Si lo que solicitan es que el Ministro de Justicia pregunte
cómo está realizando esa investigación por dentro, no lo va a hacer el
Ministro de Justicia, salvo que se lo ordene la Comisión de Justicia,
porque eso no procede constitucional ni legalmente hablando. Esa es mi
opinión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su comparecencia
y por la información dada a la Comisión.
Señorías, vamos a suspender durante dos minutos la Comisión. Ruego a los
portavoces que se acerquen a la Mesa. (Pausa.)
DEBATE Y VOTACION EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A LA POLITICA PENITENCIARIA DE AMPLIACION DE CAPACIDADES EN
CENTROS PENITENCIARIOS EN TENERIFE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000011.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El quinto punto del orden del día es la proposición no de ley relativa a
la política penitenciaria de ampliación de capacidades en centros
penitenciarios en Tenerife. El titular de la iniciativa es el Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señorías, escuchados los portavoces y la Mesa, esta Presidencia ha
decidido limitar el tiempo de intervención a cinco minutos.
Tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, intentando, en el tiempo que
se ha marcado de cinco minutos, hacer una exposición sobre los objetivos
de nuestra proposición no de ley, diré que con esta proposición no de ley
existe una oportunidad magnífica, en el marco de esta Comisión, para
constatar si los objetivos que planteaba en relación a todo el sistema
penitenciario el señor Ministro en su intervención van a poder ser una
realidad o, por contra, van a devenir en imposible llevarlos a efecto por
la oposición de algunos grupos parlamentarios.
Nuestra proposición no de ley tiene el objetivo de restituir una
situación, ciertamente indigna, que se viene produciendo en el centro
penitenciario Tenerife-2 por la decisión de la Secretaría General de
Asuntos Penitenciarios de arbitrar una solución provisional con la
reapertura, a partir de realizar en él las obras imprescindibles, del
centro Tenerife-1 y proponer una solución definitiva cual es la
construcción de un nuevo centro en Las Palmas. En este sentido quiero
plantear lo siguiente. La Secretaría General de Asuntos Penitenciarios
decidió ampliar la capacidad del centro Tenerife-2 en 847 literas.
Teniendo en cuenta que las celdas en aquella prisión tienen 5,4 metros
cuadrados para uso individual de cada interno, se pretende duplicar su
uso en esos 5,4 metros cuadrados. Desde esa perspectiva, esa decisión, en
su día, que
comporta una situación indigna para los reclusos por la Secretaría
General de Asuntos Penitenciarios, ha tenido un rechazo evidente no sólo
de los propios reclusos y las centrales sindicales, sino también de la
propia Judicatura del Archipiélago, del Fiscal de Vigilancia
Penitenciaria, de los educadores del centro, lógicamente de amplios
sectores sociales y de las distintas organizaciones políticas, incluido
el partido mayoritario de la Cámara, que el 14 de julio de este año
planteó su posición de acuerdo en paralizar la masificación de Tenerife-2
y rehabilitar Tenerife-1 para que fuese posible solucionar inmediatamente
la problemática que se había generado. En este sentido, no sólo la
decisión arbitrada por la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios ha
producido un amplio rechazo en todos los sectores a los que he aludido,
sino que, por otra parte, esa decisión viene a desvirtuar la realidad del
propio centro que, de ser un centro penitenciario con fin de reinserción
social, pasa a ser simplemente un centro de hacinamiento de los reclusos.
La decisión, por otra parte, hace caso omiso al Reglamento que desarrolla
la Ley Orgánica General Penitenciaria que expresa que las celdas para los
internos deben ser individuales. La decisión también agrava el riesgo
sanitario con problemas hoy presentes especialmente en los centros
penitenciarios como el del sida. Y la decisión --y así se ha manifestado
desde distintos sectores-- puede también provocar un problema de
seguridad ciudadana importante, junto con el impedimento expreso de que
los programas de formación profesional ocupacional se sigan llevando a
efecto. Por tanto, la decisión que en su día tomó la Secretaría General
de Asuntos Penitenciarios por todas estas razones debe ser reconsiderada
y, por consiguiente, debe, de manera inmediata, corregirse la situación
que se viene dando en el centro penitenciario Tenerife-2, ya que hace que
las condiciones de dicho centro sean lamentables.
En segundo lugar, la proposición no de ley también pretende arbitrar una
medida provisional, temporal, acotada en el tiempo, cual es la reapertura
del centro penitenciario Tenerife-1. Somos conscientes de las
dificultades, pero también tenemos la certeza de que es posible la
reapertura de este centro penitenciario, cuyas obras de rehabilitación no
serían costosas, para que en un escaso plazo de tiempo se pueda poner en
marcha.
En tercer lugar, lógicamente, como quiera que no pensamos que la
reapertura del centro penitenciario Tenerife-1 sea la solución definitiva
del problema, en la proposición no de ley hemos propuesto urgir la
construcción de un nuevo centro penitenciario en la provincia de Las
Palmas. Yo espero que en coherencia con lo que el señor Ministro acaba de
expresar, cuando decía cuáles son los elementos esenciales del ámbito
penitenciario que el propio Ministerio está dispuesto a impulsar, esta
proposición no de ley tenga un respaldo por parte de la Comisión de
Justicia.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición no de ley tiene una enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista de supresión de sus
puntos 1 y 2. Para defender la enmienda, tiene la palabra la señora
Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, con la brevedad que me ha
sido requerida, paso a defender la enmienda que ha planteado mi Grupo a
la proposición que ha defendido en este momento Izquierda Unida.
La proposición parte de algunas imprecisiones y errores conceptuales y
conduce a unas conclusiones que no podemos compartir en su totalidad. A
nuestro juicio, no se puede operar desde presunciones o juicios de
intenciones. Por tanto, el juicio de valor negativo que parece inducirse
del texto de la citada proposición sobre toda la labor realizada por la
Administración de Justicia y en concreto... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, porque hay serias
dificultades en la sala para escuchar bien, incluso cuando SS. SS.
guardan silencio.
Señora Pelayo, puede continuar.
La señora PELAYO DUQUE: Decía que el juicio de valor negativo sobre toda
la labor realizada por la Administración de Justicia y en concreto desde
Instituciones Penitenciarias es un juicio que no sólo no compartimos,
sino que rechazamos. Para ello nos basamos no sólo en datos sino también
en hechos concretos.
Ignorar la tarea de modernización y construcción de centros
penitenciarios nuevos iniciada a partir del año 1991, con todas las
dificultades que ello ha entrañado, es hacer, a nuestro juicio, un flaco
favor a la verdad. Por ello quisiera aprovechar la oportunidad que me
brinda la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya para reclamar aquí una lealtad institucional, que estoy
segura que SS. SS. nos la van a prestar, no sólo para apoyar los planes
del Ministerio de construir nuevos centros penitenciarios en todos
aquellos municipios y comunidades autónomas que los estudios y
necesidades demanden, sino también para denunciar estrategias de demora
en la entrada en funcionamiento de otros centros recién construidos, y
tengo en la memoria algunos de ellos. Digo esto --estoy segura de que
vamos a tener el apoyo y la lealtad institucional hacia esa política de
creación de centros nuevos-- porque me da la impresión, por algunas
afirmaciones y, sobre todo, a propósito de las noticias de prensa que se
han difundido en relación con la cuestión que plantea esta proposición no
de ley, de que parece que sobre la Administración de Justicia y, en
concreto, sobre Instituciones Penitenciarias, se tiene una foto fija, es
decir, parece que no se ha hecho nada hasta ahora, parece que las cosas
están rematadamente mal en relación con los centros penitenciarios y la
política penitenciaria. No quiero dar aquí cifras, pero sí me gustaría
recordar que, por ejemplo, por datos que también obran en poder de
Izquierda Unida en relación con las obras de infraestructura de centros
penitenciarios en Canarias, en los últimos años se han invertido más de
4.000 millones de pesetas en la mejora de esos centros penitenciarios en
Canarias.
Pues bien, la proposición no la podemos aceptar en su
totalidad y por ello hemos presentado esta enmienda que estamos
defendiendo, por cuanto que no compartimos su contenido y en concreto lo
que se solicita en los apartados 1 y 2 de la citada proposición. No se
corresponde, como decía antes, por lo menos en su totalidad, la visión
que tiene la representante de Izquierda Unida con la situación real
penitenciaria en el archipiélago canario.
La situación penitenciaria en el archipiélago canario a 29 de septiembre
de 1993 era como sigue. Existían las siguientes plazas funcionales: en
Arrecife, 57; en Las Palmas, 688; en La Palma, 48, y en Tenerife-1, tanto
en régimen abierto como interno, 1.084. La ocupación el 24 de septiembre
de 1993 era: en Arrecife, de 162; en Las Palmas, 1.203; en La Palma, 37;
en Tenerife, 936, y en régimen abierto en Tenerife también, 15. Por
tanto, el total de plazas funcionales era de 1.877 en todo el
archipiélago; el total de internos, 2.353.
No es verdad, y no compartimos la afirmación de la representante de
Izquierda Unida, que en Tenerife-2 exista una mala situación. La
situación de masificación existe en el centro penitenciario de Las Palmas
de Gran Canaria, en El Salto del Negro, lo que ha obligado a
Instituciones Penitenciarias, como una medida coyuntural, a trasladar a
algunos de los reclusos a Tenerife-2.
Después se barajan unas cifras que tampoco se corresponden con la
realidad y me hubiera gustado poder discutir sobre otros aspectos de los
datos que ha manejado la representante del Grupo de Izquierda Unida, pero
dado que carezco de tiempo, me voy a limitar a decir en relación con la
segunda propuesta que rehabilitar el centro Tenerife-1 no va a encontrar
el rechazo de nuestro Grupo, sino que yo intentaría llevar a la
convicción de la Diputada que no resulta del todo una medida afortunada.
Yo diría que incluso es contradictoria con lo que se contiene en su
proposición. El centro de Tenerife-1 se cerró en el año 1989, una vez se
inauguró el centro de Tenerife-2. Ese centro de Tenerife-1 había sido
construido en el año 1950 y cuando se cerró se consideraba ya desde hacía
años una cárcel absolutamente anticuada y obsoleta. Su estructura era de
cuatro departamentos comunes o brigadas con capacidades para 50, 60, 60 y
40 internos, respectivamente; un departamento de aislamiento con 48
celdas y otra brigada para sección abierta. Esta estructura de brigadas
no permite una clasificación adecuada ni un control y vigilancia efectiva
por parte de los funcionarios, pero es que además obliga a compartir
--50, 60 ó 40 reclusos-- un mismo dormitorio. Es más, carece de
instalaciones socioculturales, educativas y deportivas y a mí me extraña
muchísimo que se asegure, simplemente por el informe, según los datos que
tengo, de un aparejador, que con unas pequeñas obras de reestructuración
podría servir el Tenerife-1 como centro complementario del Tenerife-2.
Tiene tales carencias, se encuentra tan obsoleto que realmente no se me
ocurre por qué Izquierda Unida ha cometido el error de proponer que ese
centro se reabra si se conoce realmente cómo está, las condiciones en que
se encuenta ese centro y la cantidad de obras que habría que hacer, a no
ser que le haya inducido a ese error algún funcionario que viva cerca del
antiguo centro penitenciario, el Tenerife-1, y yo entendería entonces el
afán de ese funcionario por tener su centro de trabajo más cerca de su
domicilio.
Nosotros defendemos la construcción de un nuevo centro penitenciario en
Canarias, en concreto en Gran Canaria, que es donde realmente se producen
los problemas de masificación. Por ello ya anunció la institución en su
momento --tanto el Director General como el Secretario de Estado-- la
construcción de un nuevo centro en Gran Canaria. Se espera que este nuevo
centro se ponga en marcha lo más rápidamente posible y es, por tanto, por
lo que no tenemos ningún inconveniente --porque, a mayor abundamiento,
estaba entre los planes del Gobierno realizarlo-- en apoyar en el día de
hoy la construcción de ese nuevo centro penitenciario en Las Palmas de
Gran Canaria, que daría lugar --a nuestro juicio-- a la solución de este
problema coyuntural que estamos viviendo.
Termino, señoras y señores Diputados, solicitando el apoyo del resto de
los grupos y la reflexión de Izquierda Unida en el sentido de que esa
voluntad que ha manifestado de consensuar y apoyar una política de Estado
o de Gobierno también la empiece a practicar con relación a instituciones
penitenciarias y no sólo se sume a esa lealtad institucional --que estoy
segura de que lo hará-- sino que también se sume a la propuesta del Grupo
Socialista de resolver el problema de una manera radical, con rigor, con
seriedad y ateniéndonos a las disposiciones que señala la legislación
vigente en materia penitenciaria, a efectos de que en Canarias se pueda
contar en un plazo breve --calculamos que en un par de años-- con un
nuevo centro penitenciario que venga a resolver de manera definitiva la
situación coyuntural que atraviesa en la Comunidad Autónoma canaria la
población reclusa.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por la Coalición Canaria tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Trataré de ser muy breve, señor Presidente.
Creo que no hay que confundir ciertas partes del cuero humano con las
témporas y, por lo tanto, no sé a qué viene aquí esta exigencia de ayuda
institucional cuando creo que lo que hay que tener es lealtad con las
instituciones penitenciarias y con la situación en la que viven los seres
privados de su libertad.
Creo que la iniciativa del Grupo proponente es aceptable. Unicamente
discrepo en cuanto a su argumentación en que el centro Tenerife-1, que se
cerró para dar paso a la actual prisión de Tenerife-2, podía
perfectamente ocupar --y dispongo de datos adecuados al efecto, no estoy
improvisando, ni mucho menos-- instalaciones que diesen cabida a 400 ó
500 reclusos que se encontrasen no en el segundo grado, como el Grupo
proponente expresa, sino en el tercer grado, de suerte que se
posibilitase allí la reinserción social de los mismos, convirtiendo este
centro que actualmente se caracteriza por su obsolescencia en un centro
de inserción social, un CIS que diese cabida
a un número de reclusos que se extrajesen de Tenerife-2 y pudiesen
acomodarse en el mismo cubriéndose el fin que la pena lleva consigo.
Por lo que se refire al Punto 3, efectivamente yo me congratulo de que
todos estemos de acuerdo en la construcción de un nuevo centro
penitenciario en la provincia de Las Palmas, y concretamente en la isla
de Gran Canaria --la provincia se compone de varias islas y la que tiene
el 40 por ciento del total del archipiélago, incluso de población
reclusa, es la isla de Gran Canaria--, para dar acogida a los internos
con residencia en esta provincia y concretamente en la isla de Gran
Canaria, en la cual la actual prisión no dispone del espacio suficiente y
actualmente está llegando ya a las cotas de su máxima saturación, una
especie de overbooking en las prisiones canarias que no tiene nada que
ver con el overbooking hotelero por desgracia para todos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, en aras de la hora
voy a ser muy breve. Indicaré, en primer lugar, que el problema que nos
ocupa con relación a la saturación de la nueva prisión Tenerife-2 en
Santa Cruz de Tenerife pone de manifiesto la imprevisión que el Gobierno
ha tenido con el sistema penitenciario en Canarias en general, en los
once años que lleva de Gobierno.
Como aquí ya se ha dicho, la construcción de Tenerife-2 es relativamente
reciente, ocho módulos que dan cabida a ochocientos y pico internos, y se
pretende, de golpe y porrazo, multiplicar por dos el número de internos
poniendo literas en las celdas que antes eran de uso individual. Esta
medida ha salido en todos los medios de comunicación de Canarias y ha
sido criticada por los sindicatos, por los funcionarios, el propio Decano
del Colegio de Abogados la tildaba de monstruosa; el Juez de Vigilancia
Penitenciaria se opuso también a la misma y, en consecuencia, todo ello
es producto de una mala política derivada de la saturación de la prisión
del Salto del Negro en la isla de Gran Canaria.
Nosostros creemos --en contra de lo que aquí se haya podido decir-- que
la reapertura de Tenerife-1 no va a resolver nada. Como ha dicho la
representante del Grupo Socialista, es una prisión obsoleta cuyos
terrenos en su día --en los años cuarenta y pico-- fueron cedidos por el
Cabildo al Ministerio de Justicia para construir una prisión, y es dudoso
que en estos momentos, que no tiene ya finalidad de prisión propiamente
dicha pueda seguir sirviendo para los fines para los que el Cabildo
entregó aquellos solares --y hay declaraciones de la Corporación insular
reivindicando ese solar--. Por ello este Diputado ha formulado una
pregunta en esta Comisión para conocer el destino que prevé el Ministerio
de Justicia para Tenerife-1. Creemos, por tanto, que realizar hoy una
inversión costosa en Tenerife-1 no sólo no iba a resolver nada, sino que
posiblemente iba a complicar una solución de futuro para este edificio.
Creemos que hay otras soluciones y, por supuesto, esto no quiere aminorar
la responsabilidad del Ministerio de Justicia en la saturación de las
prisiones canarias.
En la prisión Tenerife-2 existen numerosos extranjeros que sí pueden
fácilmente ser trasladados a otras prisiones en la Península, no se les
desarraiga de nada porque sus familias no están en Canarias, y tendríamos
que comenzar por que esos extranjeros saliesen del Tenerife-2 y vinieran
a prisiones peninsulares. Creemos que en el propio recinto de Tenerife-2,
en las esquinas, hay solares adecuados para construir --si bien
provisionalmente-- nuevos módulos y creemos que con esta serie de medidas
de carácter urgente podría contribuirse a paliar el problema.
En consecuencia, la posición del Grupo Popular es, en primer lugar,
condenar la masificación del Tenerife-2, que va en contra --y creo que no
será necesario leer los artículos del Reglamento del régimen
penitenciario-- de toda la legislación vigente, que incluso puede
suscitar recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional basados en la
protección de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 y
siguientes de la Constitución, y, por consiguiente, estamos todos
convencidos de la monstruosidad --en palabras del Decano del Colegio de
Abogados-- que supone esa saturación, pero consideramos, en contra de lo
previsto en la proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda
Unida, que habilitar de nuevo el Tenerife-1 no resolvería el problema.
Esta prisión está ubicada en el centro mismo de la ciudad, vendría a
complicar tremendamente la situación en el casco urbano y creemos, en
consecuencia, que es el Gobierno el que tiene que tomar las decisiones
oportunas para resolver este problema.
Por supuesto estamos de acuerdo en la construcción de una nueva prisión
en Gran Canaria, pero me gustaría saber --porque aquí se prometen cosas
que luego no se cumplen-- si en el proyecto de ley de presupuestos --que
está presentado en esta Cámara-- ya se prevé el crédito necesario para
empezar la construcción de esa prisión. Eso es lo primero que el Grupo
Popular va a verificar, si hay una partida en estos presupuestos --tal y
como ha dicho la representante del Grupo Socialista en dos años va a
estar construido--; vamos a ver si eso es cierto, porque también en el
Hospital de la Candelaria se ha hablado de fase 1, fase 2 y fase 3,
deberíamos haber acabado todas las fases, y aún no está entregada la fase
1. Por tanto, yo no creo en promesas. En consecuencia, el planteamiento
del Grupo Popular es muy simple: no a la masificación de Tenerife-2, no a
la solución de volver a habilitar Tenerife-1 y sí a la construcción de
una nueva prisión, pero para eso queremos hechos y realidades y no meras
promesas. Queremos saber qué partida prevé el proyecto de ley de
presupuestos para el año que viene para la construcción de esta nueva
prisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Aguilar a efectos de
aceptar o no la enmienda presentada.
La señora AGUILAR RIVERO: No aceptamos la
enmienda presentada por el Grupo Socialista que pretende que retiremos el
punto 1 y 2 de nuestra proposición no de ley. Entre otras cosas, desde
nuestra perspectiva causa extrañeza que se utilice un doble lenguaje por
parte del Partido Socialista: uno en Canarias y otro aquí. Los señores
Brito y Padrón manifestaron el 14 de julio de 1993 su conformidad no sólo
con lo que suponía la actuación por parte de la Secretaría General de
Asuntos Penitenciarios, sino con la reapertura del Tenerife-1 a partir de
una obra de choque para su habilitación provisional. He insistido en este
tema porque se trataba únicamente de un uso provisional, y por eso
planteamos la tercera cuestión en la proposición no de ley, de
construcción del nuevo centro. Mantenemos la proposición tal cual. (La
señora Pelayo Duque pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Se me ha formulado una pregunta por el señor
Soriano y me gustaría contestarle.
El señor PRESIDENTE: Señora Pelayo, es a efectos puramente dialécticos.
La señora PELAYO DUQUE: No a efectos puramente dialécticos.
El señor PRESIDENTE: Yo así lo he considerado, señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Es simplemente darle el dato del presupuesto en
el que está consignada la cantidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Pelayo, no tiene la palabra. (La señora
Pelayo Duque pide la palabra.)
Vamos a iniciar la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 19; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Ya no tiene sentido, señor Presidente. Quería
pedir votación separada de los apartados de la proposición.
El señor PRESIDENTE: No se ha aceptado la proposición no de ley y, por lo
tanto, no ha lugar a votación separada.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE DECLARE A LAS ASOCIACIONES DE
VECINOS COMO ASOCIACIONES DE UTILIDAD PUBLICA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO). (Número de expediente
161/000017.)
El señor PRESIDENTE: Sexto punto del orden del día.
Tiene la palabra el señor Camp.
El señor CAMP I BATALLA: Señor Presidente, teniendo en cuenta la hora que
es, en consideración de la propia materia que ahora se habría de analizar
y coincidiendo con la mayoría de grupos parlamentarios, pediríamos a la
Presidencia que dejara este punto para la próxima sesión, con la petición
de que fuese el primer punto del orden del día de la próxima sesión de la
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Si no hay ningún inconveniente por parte de ningún
Grupo, así se acepta.
Señorías, quiero informarles de que la Mesa de esta Comisión ha decidido
que la próxima sesión se celebrará el día 18, a las once de la mañana,
para las comparecencias que tendrán lugar como consecuencia del debate de
los Presupuestos, todo ello, como es lógico, condicionado a la decisión
de la Mesa del Congreso, que se adoptará en fechas próximas. Repito, para
su información, señorías, aunque recibirán el telegrama, que el día 18,
lunes, a las once de la mañana, se celebrará la próxima sesión de esta
Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.