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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 47, de 20/11/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2008 IX Legislatura Núm. 47
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 44 celebrada el jueves 20 de noviembre de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-Ley 8/2008, de 24 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinados ámbitos de las cuencas hidrográficas. (B.O.E. núm. 258, de 25 de octubre de 2008).
(Número de expediente 130/000007.)... (Página 3)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 2-1, de 16 de mayo de 2008. (Número de expediente 121/000002.)...
- Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias (antes denominado
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias). 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie A, número 3-1, de 16 de mayo de 2008. (Número de expediente 121/000003.)...
(Página 9)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación)... (Página 12)
Enmiendas del Senado. (Votación)... (Página 13)
Votación de conjunto... (Página 13)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes... (Página 3)
El señor ministro de Justicia (Fernández Bermejo) expone las razones que han obligado al Gobierno a la promulgación de este real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmiendas del Senado.... (Página 9)
Proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias... (Página 9)
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias (antes denominado
proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias...
El señor Jané i Guasch solicita el apoyo a la enmienda del Senado al artículo 13 del proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores; Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación)... (Página 12)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 8/2008, de 24 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinados ámbitos de las cuencas hidrográficas, se aprueba por
309 votos a favor.
Enmiendas del Senado. (Votación)... (Página 13)
Sometida a votación la enmienda del Senado al artículo 13 del proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, se rechaza por 21 votos a favor y 288 en contra.
Sometidas a votación del resto de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley, se aprueban por 309 votos a favor.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que
impongan sanciones pecuniarias, se aprueban por 308 votos a favor y una abstención.
Votación de conjunto... (Página 13)
Sometido a votación de conjunto, por tener el proyecto de ley mencionado el carácter de orgánico, se aprueba por 308 votos a favor.
Se levanta la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
En cumplimiento del mandato reglamentario, quiero hacer saber a SS.SS. que en esta sesión plenaria está prevista la votación de conjunto de una ley orgánica, concretamente aquella que viene del Senado, de modificación de otra orgánica, la
número 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Estoy obligado a anunciar que la votación no se efectuará con anterioridad a las 10:30 horas.
Igualmente, solicito de los portavoces si el tiempo reglamentario de diez minutos establecido para la fijación de posición respecto de la fijación de posición en enmiendas del Senado puede ser reducido, como es habitual, a cinco minutos;
solicitud que no hice en la Junta de Portavoces por ignorar que venía. ¿Se acepta? (Asentimiento.) Así será. Muchas gracias.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 8/2008, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADOS ÁMBITOS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS. (Número de expediente 130/000007.)
El señor PRESIDENTE: Examinamos el punto VII del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2008, de 24 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en
determinados ámbitos de las cuencas hidrográficas. El Gobierno ha designado al señor ministro de Justicia para que exponga las razones que han obligado a la promulgación de este real decreto-ley.
Don Mariano Bermejo, señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco en esta Cámara para exponerles las razones que han llevado al Gobierno a adoptar medidas excepcionales y urgentes para paliar los
daños producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, mediante la aprobación del Real Decreto-ley 8/2008, de 24 de octubre. Las adversas condiciones climáticas que nos han acompañado entre los años 2004 a 2007 y la falta de
precipitaciones del pasado año hidrológico han tenido como consecuencia directa la disminución de las aportaciones de recursos hídricos. Así, al finalizar el último periodo, el año hidrológico 2007-2008, la precipitación media nacional estaba un 9
por ciento por debajo de la media normal, agravando sin duda el déficit ya acumulado en algunas cuencas; déficit más acusado en la cuenca del Guadalquivir, donde la media actual está un 32 por ciento por debajo de la media de los cinco años
anteriores. Asimismo, en la cuenca del Segura el pasado año hidrológico fue el más seco del que se tiene constancia en cuanto a aportaciones superficiales, es decir, sin tener en cuenta los trasvases Tajo-Segura. En concreto, son las terceras más
bajas de las series de aportaciones históricas registradas -ya saben que se contabilizan los últimos setenta y siete años-, con un nivel de reservas de agua embalsada -insisto, sin contabilizar los efectos del trasvase Tajo-Segura- también inferior
en un 25 por ciento a la media de los últimos cinco años.
Por su parte, la situación general de las reservas hidráulicas en la cuenca del Guadiana para usos consuntivos está al mismo nivel que al comienzo del año hidrológico 2005-2006, es decir, un 23 por ciento por debajo de la media de los
últimos diez años. Finalmente, las reservas de agua embalsada del sistema Júcar están también un 14 por ciento por debajo con respecto a la media de los últimos cinco años. Esta escasez de precipitaciones en determinadas cuencas hidrográficas
provoca graves problemas para el suministro de agua, no solo, obviamente, para las explotaciones agrícolas de regadío, también para el suministro de agua a poblaciones, y todo ello a pesar de las últimas lluvias, que aunque es verdad que han
provocado inundaciones de carácter local, han tenido una escasa repercusión en las reservas de los sistemas de la zona peninsular más castigada por la sequía, es decir, Andalucía, Murcia, Valencia y la cabecera del Tajo.
La delicada situación en que se encuentran dichos ámbitos ha obligado a adoptar un conjunto de medidas que se contemplan en este real decreto-ley, medidas destinadas, de un lado, al apoyo a los titulares de derechos de uso de agua para
riego, así como apoyo a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel; y por otro lado, medidas destinadas a prorrogar aquellas que ya se adoptaron para la gestión de la sequía, para la optimización de
nuestros recursos. La primera de las medidas, consistente en el apoyo a los titulares de los derechos al uso de agua para riego, se concreta en conceder un año más de exención de las exacciones relativas a la disponibilidad de agua para riego.
Está recogida en el artículo 1.º del
real decreto-ley, eximiendo de las cuotas de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación para los titulares del derecho al uso del agua para riego a que se refiere el ámbito de aplicación de ese decreto, ámbito que se
establece en el anexo I del citado real decreto, que corresponde a las zonas determinadas de las confederaciones hidrográficas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar cuando hayan tenido una dotación inferior al 50 por ciento de la normal.
La tarifa de utilización del agua y el canon de regulación son, como saben SS.SS., dos exacciones previstas en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas que se aprobó por Real Decreto-Ley 1/2001, de 20 de julio, siendo los sujetos
pasivos de ambas exacciones las personas beneficiadas por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas financiadas total o parcialmente con cargo al Estado y, por otra parte, obras hidráulicas específicas, incluidas las de
corrección del deterioro del dominio público hidráulico al que se refiere la tarifa de utilización. Estas exenciones de pago van a suponer para estos beneficiarios un ahorro por un montante total superior a los 84 millones de euros. Dentro de este
primer conjunto de medidas están las relativas a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que durante 2008 quedarán igualmente exentos de las aportaciones correspondientes a los gastos fijos y
variables del funcionamiento de la tarifa de conducción de aguas.
Por último, para reducir aún más las pérdidas de agua en los regadíos y mejorar la eficiencia en la gestión, buscando siempre un ahorro y un mayor control que permita una mayor disponibilidad y herramientas de gestión de los recursos
escasos, se prevé la realización de determinadas obras hidráulicas indicadas en el anexo II del real decreto-ley en las cuencas del Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Júcar, para las que se incluye ya la declaración de utilidad pública a los
efectos de ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de ocupación de un conjunto de actuaciones vinculadas con la lucha contra la sequía.
En cuanto a las segundas, referidas a la prórroga del Real Decreto-Ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos de aprovisionamiento de agua, se siguen considerando un instrumento
útil para la reasignación voluntaria de derechos de aguas hasta el 30 de noviembre de 2009. También las referentes a la prórroga de la vigencia de los reales decretos 1265/2005, de 21 de octubre, y 1419/2005, de 25 de noviembre, hasta el 30 de
noviembre de 2009, por los que se adoptaron medidas administrativas excepcionales para la gestión de recursos del Júcar, Segura y Tajo, y Guadiana, Gualquivir y Ebro, respectivamente. Significa, señorías, en todo caso, que en el primer supuesto
solo se prorroga su vigencia para los ámbitos de las cuencas de los ríos Júcar y Segura, y en el segundo caso para el ámbito de las cuencas de los ríos Guadalquivir y Guadiana, en este supuesto hasta el 31 de diciembre de 2008. Finalmente, se
prorroga hasta el 30 de noviembre de 2009 la vigencia del Real Decreto 1419/2005, de 25 de noviembre, única y exclusivamente para el ámbito de la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir no afectada por el acuerdo sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de esta cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por ello, señorías, solicito el
respaldo de los grupos parlamentarios para la convalidación de este real decreto-ley, ya que estamos tratando de medidas que contribuyen a paliar con carácter de urgencia una situación difícil, al tiempo que permite el aprovechamiento óptimo en este
momento de nuestros escasos recursos hídricos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Para fijar posición respecto de la convalidación o derogación de este real decreto-ley ha solicitado la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor
Llamazares. Tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Mi grupo parlamentario va a respaldar este real decreto que incluye una serie de medidas fiscales, administrativas, de ahorro y eficiencia frente a la sequía. En todo caso no dejo de resaltar la paradoja que significa que
este real decreto sea presentado por el ministro de Justicia, en cuyo ministerio no parece haber sequía sino, al contrario, una riada de reformas en el Código Penal.
En todo caso, mi grupo parlamentario, como he dicho antes, ha despejado alguna de sus dudas y preocupaciones porque este decreto únicamente aborda el tema de la sequía pero a través de medidas asumibles, medidas dentro de la que podríamos
denominar la nueva política del agua, y, dentro de esa nueva política del agua, de gestión fundamentalmente de la demanda, no tanto de nueva oferta de agua, lo cual a nosotros nos preocuparía. En ese sentido respaldamos las medidas fiscales, las
medidas administrativas y también las medidas de ahorro que se nos proponen porque nos preocuparía, por el contrario, que en el marco de este decreto o de otras iniciativas se regresase, se involucionase en nuestro país en relación a las políticas
del agua. Hemos oído, por ejemplo, la voluntad del Gobierno de retomar un trasvase, en este caso el trasvase del Tajo a cota media. A nosotros nos preocuparía mucho que esta iniciativa se llevase adelante, rompería con todo una nueva cultura del
agua que hemos compartido la legislatura pasada y compartimos y esperamos compartir a lo largo de esta.
Nos preocupa también, en otras materias, la reciente apuesta del ministerio por la incineración de residuos frente a lo que hemos considerado que es mucho mejor, que es la selección, que son medidas de prevención. Por otra parte,
consideramos éste el marco para plantearle al ministerio nuestra preocupación por el cumplimiento del plan de cierre de las centrales nucleares, dentro de las cuales está la central nuclear de Garoña, que hoy es objeto de información porque grupos
ecologistas están denunciando la falta de voluntad del Gobierno de proceder al cierre de dicha central toda vez que termina su vida útil el próximo mes de julio.
Esa es nuestra opinión con respecto al decreto, lo respaldaremos, lo consideramos
necesario y urgente, y por eso creemos que la fórmula del real decreto es adecuada.
En todo caso, planteamos también nuestras preocupaciones y nuestras dudas sobre una deriva productivista que hemos pronosticado del ministerio cuando ha dejado de ser solo Ministerio de Medio Ambiente, hacia una tendencia que a nosotros no
nos gusta y que esperamos se frene en los próximos meses.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario inicia esta intervención diciendo que apoyará estas medidas, entre otras cosas, porque la vez anterior que tuvimos la oportunidad de convalidar aquí un real decreto-ley que planteaba unas medidas mucho más drásticas y
mucho más cuestionadas, como fueron aquellas que se tomaron cuando la ciudad de Barcelona necesitaba agua y tuvimos que convalidar un real decreto no exento de polémica, al final acabó saliendo. En esto hemos sido muy claros y lo seguimos siendo.
Las necesidades hay que cubrirlas, y cuando para cubrirlas se tomen medidas urgentes, mi grupo las apoyará, siempre que estén dentro del marco de lo previsto y no sean una exageración. En este caso estamos hablando de medidas sobre todo fiscales o,
mejor dicho, de medidas para que las personas que han tenido esos derechos de uso de riego y han tenido escasez del agua que estaban pagando, no tengan que pagar en estos momentos lo que no han usado. Nos parece una medida de sentido común. Tal
como anuncié en el anterior real decreto, lo apoyamos por coherencia, por sentido común y porque consideramos que no hay otra alternativa.
Otro debate sería plantear si con este tipo de medidas solucionamos los problemas que la sequía genera en el Estado español. Evidentemente deberían adoptarse estas y otras medidas para que la sequía no fuera un problema que causase tantos
graves perjuicios, sobre todo en el sector de la agricultura y, de manera sustancial, en el sur del Estado español.
Hemos oído declaraciones de insignes ex políticos -aunque nadie es ex político nunca- que decían: Si este río pasa por aquí, este
río es mío y, por tanto, eso es nacionalismo. No sé si es nacionalismo o no, como decía el señor Rodríguez Ibarra, pero yo sí soy nacionalista vasco y pienso que las comunidades autónomas que tienen la capacidad de gestionar sus ríos y sus aguas
deben hacerlo, tal y como aquí mismo, en el real decreto, aparece: En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, las aguas de la cuenca del Guadalquivir han pasado a ser gestionadas por la Junta de
Andalucía. Como debe ser.
Por último, sin alargarme, mi grupo parlamentario apoyará estas medidas y otras también, pero tengamos en cuenta una cosa. Hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones, si son en exceso, porque pueden generar unos precedentes que
lleven a que otros sectores de otros ámbitos derivados de otras causas puedan decir: Yo también. Por tanto, estas medidas sí, con cautela, con prevención y con mucho tacto a la hora de decidir qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de
tomar medidas de esta índole.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, va a votar a favor de la ratificación del decreto. No podía ser de otra manera, porque Convergència i Unió, como ustedes saben, siempre ha hecho planteamientos en relación con el uso del agua
en España basados en la solidaridad, en la comprensión y en la toma de aquellas medidas destinadas a favorecer un reparto equitativo y solidario del agua. Muchas veces nos ha sido complicado defender estos principios en esta Cámara. Muchas veces,
desde la demagogia más absurda, se nos ha acusado cuando hemos dado nuestro apoyo a soluciones en línea con esta, que siempre se basan en unos criterios de estricta justicia en el reparto de un bien escaso. Por ello, hoy, Convergència i Unió, que
lógicamente no tiene ningún interés territorial en la zona objeto del real decreto, quiere, como ha hecho siempre, apostar por una nueva cultura del agua basada no en el egoísmo, no en la bronca, no en la demagogia, no en la cultura del no, sí en el
reparto, sí en que las instituciones puedan ejercer su derecho a dar lo que necesitan a aquellos que lo necesitan y no en planteamientos simplistas basados en la estulticia de decir simplemente no, por ejemplo, a los trasvases, por decir no, cuando
los trasvases significan que el agua puede llevarse cuando interesa y, con el apoyo de los grupos políticos que puedan constituir la mayoría, que se puede dar este bien escaso a quienes lo
necesitan. Por tanto, nuestro sí convencido, nuestro sí solidario y nuestro sí como un toque de atención para que cada vez sean menos lo que apuestan por un uso demagógico del agua.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero agradecer al ministro de Justicia que sea él quien presente este real decreto y esperemos que los resultados de la negociación de la ministra en la reforma de la política agraria
comunitaria, en el chequeo médico, sean exitosos y que, por tanto, su ausencia en este Pleno venga justificada no solo porque los intereses de nuestro país hayan estado defendidos con ahínco, sino porque los resultados de esa negociación sean
exitosos.
Quiero comenzar anticipando nuestro voto favorable a este real decreto.
Además, no vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley porque, evidentemente, cuanto antes estén funcionando las medidas que aquí se ponen en marcha y, por tanto,
resolviendo problemas, mucho mejor y no cabe duda de que con este real decreto se vienen a resolver problemas; problemas que vienen perfectamente especificados tanto en la exposición de motivos como en la memoria económica o en la memoria
justificativa.
Problemas, señorías -dice el real decreto-ley-, para el suministro del agua, tanto para el abastecimiento en las poblaciones como para explotaciones agrícolas y ganaderas en determinadas cuencas, por lo que es necesario adoptar
extraordinarias medidas y de urgente necesidad.
Hago hincapié, señorías, en que el real decreto se dicta porque hay problemas de abastecimiento de agua en las poblaciones y problemas para explotaciones agrícolas y ganaderas. Insisto y subrayo en que se dicta el decreto porque hay
problemas en el abastecimiento de agua para que luego no haya quien pretenda hacer una lectura un tanto simplista de la importancia de este real decreto. Se dicta porque hay problemas de abastecimiento de agua en las poblaciones y, por tanto, hay
ciudadanos que se encuentran con problemas de abastecimiento de agua y hay, además, explotaciones agrícolas y ganaderas que tienen esa dificultad. Y, ¿dónde hay esos problemas de abastecimiento de agua, señorías, qué cuencas son las que tienen esas
dificultades? Las cuencas del Segura -dice el real decreto-, del Júcar, del Guadalquivir, del Guadiana y del Tajo. ¿Son nuevos estos problemas en estas cuencas, señorías? Todos sabemos que no.
Solo en la pasada legislatura, repito, en la pasada
legislatura, se tuvieron que dictar hasta cuatro reales decretos por problemas relacionados con la sequía. Podríamos remontarnos a junio de 2005 cuando se dictó el primer real decreto o incluso a unos meses antes de junio de 2005 cuando el Gobierno
del Partido Socialista derogó el Plan Hidrológico Nacional, que contaba con el acuerdo del 80 por ciento del Consejo Nacional del Agua. Una derogación que se hizo sobre la premisa de que había otra política y otro plan para el agua. Agua, decían
ustedes, en más cantidad, de más calidad y más barata. Política que ustedes decían que iban a traer y que tuvo su expresión plástica, el dibujo de su resultado, en aquellos barcos llevando agua de Almería a Barcelona al coste de 21 millones de
euros al mes; ese fue el resultado del plan que ustedes traían y que comenzó a verse desgraciadamente hace pocos meses.
Tuvo esa expresión gráfica, ese dibujo, en esos barcos llevando agua a Barcelona y el resultado de aquella política que ustedes
querían instaurar, de aquel plan que traían tan novedoso, tuvo su expresión jurídica en que tuvieron que empezar a dictar decretos porque no hay más agua, no hay agua más barata y no hay agua de mejor sino de peor calidad.
Señorías, años después de
su decisión ni plan ni solución y el problema del agua sigue ahí, y creo sinceramente que estamos perdiendo el tiempo.
Ante un asunto de gestión medioambiental, de gestión económica, pero sobre todo ante un problema de igualdad, ante un problema de
solidaridad entre los territorios de España -aspecto que el PSOE y el Gobierno olvidan con relativa frecuencia-, no están ustedes aportando ninguna solución. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Hemos hecho el ejercicio de hacer un repaso por lo que ustedes llevan diciendo en estos meses que van de legislatura. No es una evolución de sus declaraciones, de sus posiciones, es sencillamente el relato de un conjunto de declaraciones
que han hecho desde el secretario de Estado de Agua hasta el presidente del Gobierno, pasando por la ministra. Ustedes han pasado, señorías, de decir no a los trasvases porque son del PP y sí a las desaladoras porque son progresistas -le aseguro
que no son palabras mías-, a que en la actualidad ni una cosa ni otra porque de las veintitrés desaladoras que se iban a poner en marcha funciona una y la ampliación de otra; por cierto, desaladoras que se pusieron en marcha no precisamente por
decisiones tomadas por el Gobierno del Partido Socialista. Han pasado del no a los trasvases a sí a los trasvases intercuencas, señorías -insisto en el término, trasvases intercuencas-, que fue pronunciado por la ministra de Medio Ambiente en su
comparecencia del 10 de junio de 2008 para explicar los planes del ministerio. Han pasado del no a los trasvases a los trasvases social, económica y medioambientalmente posibles, como si resolver el problema del agua en nuestro país no fuera una
demanda social desde hace décadas, señorías, o como si alguien pudiera incumplir gratuitamente -y estuviera dispuesto a hacerlo- la normativa medioambiental. Han pasado, señorías, de un gran pacto social sobre el agua a un gran pacto social, pero
excluyendo el Ebro, como decía la ministra. Han pasado de excluir el Ebro, como decía la ministra, a no descartar
el trasvase del Ebro, como decía el secretario de Estado de Agua el 30 de junio de 2008. Han pasado de no descartar el Ebro a que un trasvase desde Extremadura sea una buena opción y han pasado de que el trasvase de Extremadura sea una
buena opción a que el 24 de octubre la propia ministra diga que esto no está ni siquiera en estudio. Pero la señora ministra ha pasado de decir que la posibilidad de un trasvase desde Extremadura no está en estudio a decir que sí está en estudio,
pero que este trasvase no se ha elevado a la consideración política, como decía la ministra el 4 de noviembre. Han pasado de que el secretario de Estado de Agua diga que la solución al problema del Segura pasa esencialmente por el ahorro y la
eficiencia a que el mismo responsable haya dicho que el problema del Segura tiene una solución con el trasvase desde Extremadura, que es una posibilidad que debe contemplarse.
Esta relación, señorías, abarca exactamente desde junio de 2008 hasta noviembre de 2008, cinco meses, y ha tenido su culminación el otro día, anteayer, en la petición de una subcomisión. En palabras de su portavoz, el señor Alonso, nos dice
que el Grupo Parlamentario Socialista va a pedir una subcomisión para estudiar un nuevo modelo para la gestión del agua con el objeto de fijar una política de Estado bien consensuada, que supere las discusiones partidistas y territoriales. Después
de hacer el relato que he hecho de cuál ha sido la posición de los responsables del ministerio en cinco meses, la pregunta que nos asalta, señor Alonso, en nuestro grupo es: ¿Qué quieren exactamente el Grupo Socialista y el Gobierno socialista que
consensuemos? ¿Quieren que consensuemos cuando dicen que solo quieren desaladoras o cuando dicen que también admiten transvases, cuando dicen que trasvases sí, pero solo trasvases intracuencas, o cuando dicen que caben también los trasvases
intercuencas? ¿Dónde quieren que no nos confrontemos y que diseñemos una política de Estado, cuando dicen querer un pacto social para excluir el Ebro o cuando no descartan un trasvase del Ebro? ¿Cuándo quieren que consensuemos, cuando dicen que el
trasvase desde Extremadura es una buena opción o cuando dicen que no está siquiera en estudio esa posibilidad? ¿O quieren que les apoyemos cuando dicen que sí está en estudio esa posibilidad, pero no está elevado todavía a la consideración
política? ¿Cuál es su posición a estas alturas?
En el discurso de investidura decía el presidente del Gobierno: En 2004 aprobamos el programa AGUA destinado a asegurar el suministro suficiente a todos los territorios de España. Lo hemos puesto en práctica y ha merecido la pena porque,
pese a la dura sequía, no ha faltado el agua.
Esto lo decía el presidente del Gobierno en el discurso de investidura.
Cabría preguntarnos qué hacemos aquí si está resuelto el problema del agua, aunque haya sequía en todos los territorios de
España, convalidando un real decreto precisamente para resolver problemas relacionados con la sequía. Pero cabría también preguntarle al señor Alonso...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Floriano, sabe que ha acabado su tiempo.
El señor FLORIANO CORRALES: Sí, pero el señor presidente me ha dicho que me puedo exceder hasta en dos minutos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perfecto, adelante.
El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señora presidenta.
Cabría preguntarle al señor Alonso si nos está pidiendo que consensuemos una nueva política de Estado para la gestión del agua, cuando el presidente del Gobierno dijo en su investidura que este tema ya estaba resuelto. O el presidente del
Gobierno faltó a la verdad, o el señor Alonso pide que nos juntemos para resolver algo que ya está resuelto. Yo estoy convencido -estoy seguro- de que el señor Alonso no quiere que nos juntemos para resolver algo que el presidente del Gobierno dice
que ya está resuelto. Sencillamente el señor Alonso piensa que este tema no está resuelto y que hay que consensuar. Porque ustedes, cuando dijeron hace cinco ejercicios presupuestarios que tenían un plan para resolver el problema del agua, en
verdad ni tenían plan ni tenían absolutamente nada, sino solo ganas de confrontar para no hacer políticas de Estado sino para buscar el desgaste de un gobierno que había traído la solución al problema y que ustedes sencillamente querían derrocar a
costa de lo que fuese, porque ustedes, en este como en otros temas, las políticas de Estado ni las quieren ni les gustan ni les interesan. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Esta no es, señorías, una contradicción de lo que se aprueba en un municipio y en otro. Esta no es una contradicción que ustedes pueden encontrar en Aragón y yo en Murcia, en Almería, en Castellón o en Valencia; son los responsables del
Gobierno quienes tienen la obligación de tomar decisiones, los que están diciendo cosas distintas sin poner encima de la mesa un proyecto como es su obligación. Al final, señorías, después de cinco ejercicios presupuestarios es la incompetencia por
la incompetencia, la ineficacia por la ineficacia, el intento de engaño por el intento de engaño, el enredo por el enredo. En el propio real decreto vienen contradicciones muy claras, el restablecimiento del desequilibrio económico producido en la
mancomunidad de los canales del Taibilla, que se propone el real decreto, ha ido acompañado por una decisión del Gobierno destinada a subirle el precio del agua a todas y cada una de las personas que se abastecen de los canales del Taibilla,
precisamente contra el criterio del consejo rector de los canales. Por un lado, dicen traer la solución y, por otro, lo crean subiéndoles el precio. No suban el precio y posiblemente no tendrán que interponer la solución. Procuren gobernar
tomando decisiones para resolver problemas.
En 2009 se presentan todos los planes de cuenca. Señorías, hemos perdido ya cinco años para resolver un problema que es de igualdad, que es de solidaridad. Hemos perdido cinco años, no nos hagan perder tres años más por sus enredos, por su
ineficacia y por su incompetencia.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.
Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
También desde el Grupo Socialista saludamos y agradecemos la presencia del señor ministro de Justicia en este debate tan apasionante siempre del agua. Efectivamente disculpamos la presencia de la ministra de Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino que se encuentra en Bruselas defendiendo los intereses de España. Por la información que tenemos en este momento en relación al resultado de las negociaciones de la modificación de la PAC, tenemos la confianza de que el
resultado para la agricultura española será positivo, aunque a algunos les pese. Además es un resultado que va a estar en la línea de las conclusiones que el Congreso de los Diputados aprobó en la subcomisión celebrada en las pasadas semanas.
Pues bien, en relación con el tema que nos ocupa hoy, la convalidación de un real decreto-ley, fijo la posición favorable del Grupo Socialista en una decisión legislativa muy importante para una gran parte del territorio nacional.
Efectivamente, como se ha señalado, por cuarto año consecutivo el presidente del Congreso nos ha convocado hoy en esta sesión del jueves para convalidar una norma que palie los daños producidos por la sequía. Acabamos de concluir un año hidrológico
en el que, pese a haber habido noticias y sucesos de inundaciones en algunas zonas del territorio, la realidad es que en la mitad de España las precipitaciones han estado por debajo de la media de los últimos años.
Esto ha llevado a que las
reservas hídricas en este momento en algunas cuencas sigan disminuyendo año tras año y, por tanto, ha sido necesario poner en marcha en estas cuencas hidrológicas medidas o planes de sequía como en años anteriores. Es una situación que nos
preocupa, que ocupa al Gobierno y que afecta fundamentalmente a las cuencas del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir, del Júcar y del Segura.
Deben saber SS.SS. que los pantanos de cabecera en la cuenca del Tajo almacenan en este momento el 12 por ciento de su capacidad; las reservas del Guadalquivir están un 32 por ciento por debajo de la media de los últimos cinco años; en el
Segura, las precipitaciones que ha habido en este último año hidrológico son las terceras más bajas de los últimos 77 años, que son en los que hay registros fiables; en el Guadiana, las reservas están por debajo del 23 por ciento de los últimos
diez años, y en el Júcar las reservas están un 14 por ciento por debajo. Insisto en dar estos datos -ha hecho referencia a ellos el señor ministro- para lanzar de alguna manera un toque de atención, específicamente a esta bancada de la derecha, a
aquellos que o bien niegan el cambio climático o permanentemente hacen bromas con él. Habría que reconocer que algo está pasando para explicar esta situación, porque año tras año en España tenemos que aprobar planes de sequía. Por tanto, señores
del Partido Popular, les reiteramos que la política de agua debe actualizarse año a año y que no se puede estar anclado en la historia, no se puede hacer tanta demagogia permanentemente como hace el Partido Popular, porque efectivamente en España -y
esta es una situación que se constata año tras año- llueve menos y sobre todo en la mitad, el centro y el sur de España.
Además, la demanda es creciente en todos los territorios y algo estará pasando para explicar esta situación. Por eso, el Grupo
Socialista, señor Floriano y señores del Partido Popular, les ha hecho un ofrecimiento, un llamamiento; nuestro portavoz ha ofrecido la creación de una subcomisión para estudiar, para reflexionar y para proponer medidas en relación con la política
del agua. Ustedes tienen la palabra; ustedes pueden seguir como hoy y aprovechar este debate de convalidación de una medida que ustedes apoyan para seguir haciendo demagogia o sumarse a la oferta del Partido Socialista de trabajar conjunta y
consensuadamente en la elaboración de una política de agua para España exenta de demagogia, de enfrentamiento, en definitiva, de la mejor política de agua que pueda necesitar este país. Señores del Partido Popular, ustedes tienen la palabra, a
trabajar o a la calle con su demagogia, como hacen últimamente, incluso en este debate. (Aplausos.-Rumores.-El señor Madero Jarabo: ¡Que se vaya ya, hombre, que se vaya!)
El real decreto que hoy vamos a convalidar establece dos tipos de medidas, que además van a ser apoyadas, por lo que he oído, unánimemente...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alonso. Les ruego tranquilidad.
Podemos contestar y rebatir sin necesidad de impedir que el orador diga lo que le parezca oportuno. Adelante, señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El real decreto que vamos a convalidar, al parecer con la unanimidad de la Cámara -no hará el Gobierno tantas maldades en política de agua cuando las normas que vienen aquí concitan la unanimidad de la Cámara-, propone dos tipos de medidas.
Por una parte, una prórroga de los reales decretos de sequía aprobados en los años anteriores, y por otra parte -y esto es muy importante-, establece un compromiso económico del Gobierno, del Estado con los usuarios de agua que efectivamente han
padecido una situación de escasez
en estos últimos meses. Van a recibir una exención de las tarifas de aguas todos aquellos usuarios que hayan tenido una dotación inferior al 50 por ciento de los recursos tradicionales. Se ha establecido una ayuda -parece que les duele,
señores del Partido Popular- específica para la mancomunidad de los canales del Taibilla, que efectivamente tiene una situación económica preocupante que se ha puesto en evidencia en su consejo de administración. También se han establecido medidas
específicas para la adquisición de los usos del agua del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Se trata de un compromiso económico que supone una ayuda, una disminución, un ahorro para los usuarios del agua de 84,5 millones de euros, y esto se
localiza muy específicamente en el territorio. En la cuenca del Segura, señores del Partido Popular, el ahorro para los usuarios es de 51 millones de euros, 51 millones de euros de un total de 84 que supone el ahorro del conjunto de las ayudas para
todas las cuencas hidrográficas, y de los que más del 60 por ciento van a la cuenca del Segura.
Por último -y también esto es muy importante-, el real decreto-ley establece un listado muy importante de obras que se declaran de utilidad pública y, por tanto, de urgente necesidad de ocupación. Son obras necesarias en todas las cuencas
hidrográficas. En el Segura se incluye la modernización e impermeabilización de los sistemas de control de las acequias principales de las vegas del Segura y del Mundo. En el Tajo se proponen obras muy importantes, la ejecución del baipás de la
red de abastecimiento de Almoguera-Mondéjar, en Guadalajara; la mejora del abastecimiento de Sigüenza, también en Guadalajara; la mejora del abastecimiento de la mancomunidad de La Muela, en Guadalajara; la ampliación de la red de abastecimiento
de la mancomunidad del Guadiela, en la provincia de Cuenca, y el abastecimiento de la nueva mancomunidad de aguas de la presa de Santa Lucía, en Cáceres. En el Guadiana también se incluyen la mejora del abastecimiento de las vegas altas, en Ciudad
Real, y las actuaciones de mejora para la gestión del Zújar. En el Guadalquivir también se incluye una obra importante, la modernización de la zona regable en las vegas bajas de Jaén, y en el Júcar, la mejora, disponibilidad, garantía y calidad de
los recursos en la rivera del Júcar, Valencia y su área metropolitana.
En definitiva, un real decreto importante que incorpora medidas trascendentes que afectan positivamente a miles de usuarios en cada una de las cuencas y que no tengo dudas, señoras y señores diputados, de que va a tener un voto favorable y,
por tanto, va a ser convalidado y será puesto en ejecución con carácter inmediato por parte del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS. (Número de expediente 121/000002.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, COMPLEMENTARIA DE LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS (ANTES DENOMINADO
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS). (Número de expediente
121/000003.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al VIII punto del orden del día. Ha llegado a la Mesa la solicitud de algún grupo parlamentario para que se tramiten conjuntamente las enmiendas del Senado a los dos proyectos de ley. ¿Hay alguna oposición
para que se tramiten de manera conjunta? (Denegaciones.) Así se hará.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, tramitamos hoy ante el Pleno del Congreso la última fase, antes de su remisión final al BOE, de dos proyectos de ley que son complementarios, el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan
sanciones pecuniarias y el proyecto de ley orgánica que acompaña al inicial. Ambos proyectos de ley son importantes en la que medida en que vienen a cumplir el Tratado de Amsterdam, que crea ese espacio común, un espacio de Libertad, de Seguridad,
de Justicia, un espacio en el que prima y debe primar el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Este principio del reconocimiento mutuo nos lleva a que en los proyectos de ley que tramitamos podríamos distinguir dos
fases: de qué manera una resolución judicial dictada en España puede ser cumplida en otros países de la Unión Europea y de qué manera una resolución dictada en otro país de la Unión Europea es cumplida en nuestro país. Ese principio del
reconocimiento mutuo ligado a los principios que consolidan la Unión Europea es el que nos lleva a la tramitación ante el Pleno de la Cámara de las enmiendas que ya vienen del Senado, que mi grupo valora positivamente. Mi grupo va a votar a favor
de las enmiendas que vienen del Senado a ambos proyectos de
ley. Y lo hará de manera especial a una de ellas que tuvo su origen en una propuesta de Convergencia i Unió. Precisamente cuando estamos hablando de la ejecución aquí de una resolución por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria
emitida por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea, en ese apartado, cuando debe ejecutarse aquí una resolución dictada por otro país de la Unión Europea, mi grupo valora positivamente que el Senado aprobase por
unanimidad -el Grupo Parlamentario Socialista presentó inicialmente un voto particular que retiró en el Pleno- un hecho que consolida el Estado autonómico y consolida también el artículo 3 de la Constitución. El artículo 3 de la Constitución, en su
apartado 2, establece que las demás lenguas españolas son también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Incluso ese artículo 3 afirma que la Constitución ampara la riqueza de las distintas modalidades
lingüísticas de España.
Pues bien, si son oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, bien está lo que ha introducido el Senado, y a mi grupo le hubiera gustado que lo hubiera introducido el Congreso inicialmente: en el hipotético caso de
que al certificado que acompaña una sentencia -si esa sentencia debe ejecutarse en Cataluña, que además del castellano tiene una lengua oficial propia, en este caso el catalán, o en Euskadi el euskera- ese certificado viniese en la lengua propia de
esa comunidad autónoma, no debiera traducirse al castellano forzosamente porque sería como considerar extranjera esa lengua. No creo que nadie en esta Cámara lo considere así, pero tal y como está redactado el proyecto, siempre que no venga en la
lengua oficial del conjunto del Estado, que es el castellano, debe traducirse al castellano. Pero ¿y si viniese en la lengua que es oficial en el territorio de esa comunidad autónoma donde va dirigida? No estaríamos reconociendo la riqueza que el
artículo 3 nos obliga a amparar. Por tanto, no podría entender que hoy se diera marcha atrás a esa enmienda que consolida el Estado autonómico, que no considera extranjeras en España las lenguas que son cooficiales en determinadas comunidades
autónomas. Por ello, pido a todos los grupos que apoyen esa enmienda que en el Senado fue aprobada por unanimidad. No puedo pensar, no puedo creer que el Grupo Parlamentario Socialista, que aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el que se
hace una apuesta clarísima por la normalización lingüística en el ámbito de la justicia, no voten esta reforma mínima, pero importante y significativa, que quizá no va a tener mucha aplicación práctica, pero si la tuviere un día, no obliguemos a
traducir al castellano algo que viniese de Europa en catalán para ser aplicado en Cataluña. Cosa distinta sería que viniese en catalán para ser aplicada en La Rioja. Entonces entendería que debería traducirse al castellano, pero estamos hablando
de que viniese en la lengua propia de esa comunidad. En ese caso no hace falta la traducción porque ya viene en una de las lenguas que es también oficial en esa comunidad, de acuerdo con lo que dicen sus estatutos de autonomía y el artículo 3 de la
Constitución. Por tanto, señorías, señores diputados que tienen homólogos en el Senado que han aprobado esta enmienda, no demos hoy la noticia de que damos marcha atrás, que hoy no se configure una mayoría PSOE-PP y dé marcha atrás a lo que era, si
ustedes me permiten, algo no muy importante quizá en su aplicación, pero importante en lo que representa. Si apostamos por esa normalización lingüística, si apostamos por que en los distintos territorios hay distintas lenguas oficiales y no las
consideramos extranjeras, porque si no le damos al catalán la misma aplicación que si viniese en alemán y le damos al euskera la misma aplicación que si viniese en francés, ¿es esto lo que queremos? ¿O queremos remediarlo aún simplemente votando
hoy a favor de lo que el Senado ha aprobado por unanimidad?
El señor ministro de Justicia está aquí. Señor ministro, sabe que Convergència i Unió hace una apuesta clara en esta legislatura para impulsar los grandes temas en el ámbito de la justicia y en el ámbito del Poder Judicial. Sabe que
tenemos asignaturas pendientes que vienen del propio desarrollo y ya no únicamente del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino también del Estatuto andaluz y también del Estatuto de Castilla y León. Tenemos hoy la oportunidad, aprobando esa
enmienda, de dar un paso significativo en lo que representa que nos creemos el artículo 3 de la Constitución. Por tanto, en este año 2008 en el que vamos a cumplir ese 30º aniversario de la Constitución, no sería una buena noticia para la misma que
hoy no se aprobara esa enmienda que, repito, tiene esa simbología especial y que mi grupo valora de manera muy significativa. Por tanto, pido a todos el voto. Se lo pido a los diputados del PSC. Señor Sáez, usted me entiende perfectamente. Usted
es de Girona. Si un día en Girona tuviesen que aplicar una sentencia que viniese de otro país de la Unión Europea y por lo que fuera el certificado viniese en catalán, ¿van a exigir que deba traducirse ese certificado al castellano para ser
aplicado en Girona? Usted no quiere esto. Usted me dirá que es muy difícil que venga. Ya lo sé, pero, si viniese, lo que pido es que le demos esa consideración de lengua oficial.
Si ese certificado que viene en catalán en lugar de aplicarse en
Girona tuviese que aplicarse aquí en Madrid, no le pediría en ningún caso que no se tradujera al castellano. Es solo cuando se dirige al ámbito territorial donde esa lengua es también cooficial. Por tanto, les pido, señorías, el apoyo a esta
enmienda que es de sentido común, que es acorde con nuestro marco constitucional y que, si me lo permiten, consolida también el modelo de Estado autonómico que la propia Constitución ha plasmado en su artículo 3.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Guillermo Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Muchas gracias, señor presidente.
El fin último del trabajo que se ha llevado a cabo tanto en esta Cámara como en el Senado en relación con la trasposición de la Directiva 2005/214 del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del reconocimiento mutuo de
sanciones pecuniarias, es avanzar en el espacio europeo de Libertad, Justicia y Seguridad, y para ello todos creemos que es imprescindible garantizar la recaudación de las multas impuestas con carácter firme de un Estado miembro por otro Estado. El
excelente trabajo que mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular han realizado en el Senado permite que, con las enmiendas que nos remitieron y que nos remiten a la Cámara Baja, la norma resultante sea más eficaz y comprensible y que, por tanto,
no requiera al operador jurídico de esfuerzos interpretativos innecesarios. Las siete enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, más las dos enmiendas transaccionales con las que el proyecto de ley regresa y la enmienda del proyecto para la
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial son de carácter técnico. Consideramos que mejoran la comprensión de estos textos legislativos que adolecen, en su origen, y son deudores de la técnica legislativa europea en exceso generalista,
teniendo en cuenta el número de países afectados por la misma. Pero es indudable que la eficacia y viabilidad de esta norma dependerá de que nuestros juzgados y tribunales posean instrumentos eficaces, medios materiales y personales para hacer
frente a tales ejecuciones.
Señorías, la Administración de Justicia es deficitaria y necesita un proceso inmediato de modernización. Ustedes, señores que apoyan al Gobierno socialista, ya tienen la hoja de ruta. El Partido Popular, haciendo frente a sus
responsabilidades de oposición, presentó el pasado día 18 una moción consecuencia de interpelación apoyada por todos los grupos de esta Cámara. En ella se exhorta al Gobierno a entablar, por un lado, un proceso de diálogo con los sindicatos y
agentes jurídicos; en segundo lugar, a compatibilizar los sistemas informáticos de la Administración de Justicia de nuestro territorio; en tercer lugar, a remitir a la Cámara las modificaciones legislativas que permitan la puesta en marcha de la
oficina judicial; y, por descontado, a aumentar el presupuesto del Ministerio de Justicia hasta el 2 por ciento del gasto presupuestario, a lo que nos comprometimos tanto el Partido Socialista como nosotros en el Pacto de Estado por la justicia,
firmado el 31 de mayo del año 2001. A ese acuerdo les invitamos a regresar. El Partido Popular cumple aquello que firma y ustedes deberían hacer exactamente lo mismo. Tendrán nuestro apoyo, pero es al Gobierno al que le corresponde liderar este
proceso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Àlex Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Justicia, sometemos a votación las enmiendas al proyecto de ley para la ejecución, en la Unión Europea, de resoluciones judiciales que impongan sanciones pecuniarias y al proyecto de ley orgánico complementario. Nuestro
grupo valora las aportaciones que vía enmiendas técnicas ha introducido el Senado, una vez más aprovechando esta segunda lectura, para la mejora de la técnica legislativa del proyecto de ley.
Nuestro grupo votará favorablemente todas estas
enmiendas.
Como se ha señalado convenientemente hoy y en el debate que ya tuvimos con motivo de la aprobación inicial de la ley orgánica, con la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del principio de reconocimiento mutuo de las sanciones
pecuniarias establecido en la decisión marco 2005/2014 JAI, contribuimos a la ampliación del espacio europeo de Libertad, Justicia y Seguridad; medida que se añade a las incorporadas en la anterior legislatura en relación con la orden de detención
europea y con los procedimientos de entrega entre los Estados miembros, y la relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo y aseguramiento de bienes. Con su aprobación también introducimos una sustancial
mejora de nuestro procedimiento de ejecución de sentencias de resoluciones judiciales europeas, que evitarán en buena parte los exequatur, aportando con ello elementos de agilidad y eficiencia a nuestra Administración de Justicia.
En coherencia con la posición sostenida por nuestro grupo en la Comisión de Justicia en el Congreso, mantenemos únicamente nuestro rechazo a la enmienda número 21 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el Senado al artículo
13.1 del proyecto de ley, que permitiría que las notificaciones de resoluciones judiciales pudieran enviarse al órgano judicial traducidas al español o a cualquiera de las lenguas cooficiales.
Esto no se produce por ninguna falta de sensibilidad
hacia el euskera, el gallego o el catalán a las que mi grupo parlamentario tiene más que acreditada su defensa y promoción, ni limita ningún derecho a los ciudadanos. Conocemos y reconocemos que el uso de las lenguas cooficiales en la
Administración de Justicia puede y debe mejorarse. Pero la aceptación de esta enmienda, lejos de contribuir a este fin, lo que podría producir son desajustes, obstáculos a la celeridad y agilidad que pretende el procedimiento de ejecución. Yo le
exhorto, señor Jané -y permítame el atrevimiento-, a que retire esta enmienda. Su grupo parlamentario y el mío defendemos un Estatut de Autonomía en Cataluña que va a mejorar también el uso de las lenguas cooficiales, el uso del catalán en nuestra
comunidad autónoma. En nada contribuye a ello esta enmienda y yo me permito el atrevimiento de solicitarle que retire esta enmienda. El certificado que acompaña a la resolución judicial, en caso de introducirse en la ley, debe venir traducido al
español, puesto que la traducción a alguna de las lenguas
cooficiales podría plantear una merma de eficacia si el juez manifiesta desconocimiento de la lengua o si se precisan -cosa que podría ser usual- reenvíos de este certificado para la práctica de la ejecución a otros partidos judiciales en
los que esta lengua no fuera oficial.
Nos ha sorprendido el cambio de posición del Grupo Popular, de la que adoptó en el Congreso y la de su grupo en el Senado con el apoyo a esta enmienda, que parece que hoy van a rectificar. Bienvenidos, si ello obedece a un nuevo enfoque de
su grupo en relación con el uso de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia. No nos queda más que animarles a rectificar sobre su recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y específicamente
contra el título III, dedicado al Poder Judicial en Cataluña, y al cuestionamiento que se hace acerca de que los magistrados, jueces y fiscales que ocupan plaza en Cataluña deban acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer
efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Sin duda, ello es también un elemento para que los ciudadanos perciban una Administración de Justicia más cercana y prestadora de un servicio público. Señorías del Grupo Popular, reflexionen
sobre ello.
Dicho esto, y concluso hoy definitivamente el trámite de aprobación del proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, saludamos el clima de consenso expresado en la ley, que hasta
el momento parece presidir la presente legislatura en el ámbito de Justicia y que confirma la voluntad de que esta sea una política de Estado alejada de la confrontación política y partidaria vivida y sufrida en la anterior legislatura. Esta misma
semana hemos tenido dos buenos ejemplos más de este nuevo clima con la aprobación, el martes, por consenso, de la moción sobre propósitos de política general para la Administración de Justicia y, ayer mismo, en la Comisión de Justicia, del proyecto
de ley de reforma sobre el Registro Civil en materia de incapacitaciones, todas ellas con el consenso de esta Cámara.
El reto de modernización y mejora de la Administración de Justicia, para convertirla en un servicio público valorado por los ciudadanos, precisa, como condición imprescindible, voluntad política, diálogo y acuerdo entre todos los grupos
parlamentarios, operadores jurídicos y personal al servicio de la Administración de Justicia. Los ciudadanos nos demandan soluciones, máxime con el aumento de litigiosidad que se viene produciendo por la actual coyuntura económica, que no nos
permite un mayor margen para afrontar las reformas urgentes que precisamos. No nos podemos permitir más dilaciones ni utilizar la justicia como uno de los campos abiertos de confrontación política y de bloqueo institucional.
Debemos seguir la
senda que señala la presente aprobación de esta ley y mantener su clima de diálogo y consenso en beneficio de la transformación hacia la Administración de Justicia de calidad que pretendemos y que, estoy seguro, va a impulsar con eficacia nuestro
ministro de Justicia.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, el señor Sáez me pide que retire una enmienda que jurídicamente es imposible que un grupo parlamentario pueda retirar, porque ya no es una enmienda de Convergència i Unió. Es una enmienda que aprobó la Comisión de Justicia del
Senado, a la que el Grupo Socialista en el Senado presentó un voto particular...
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, limítese.
El señor JANÉ I GUASCH: Me limito.
Presentó un voto particular para echarla atrás, pero después el Grupo Socialista retiró el voto particular en el Pleno del Senado y, por tanto, se consolidó la enmienda que hoy viene aquí. Lo que yo lamento, ahora sí políticamente, es que
no se llegue a aprobar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Anunciada la votación, por tratarse de ley orgánica, para no antes de las 10:30 de esta mañana, suspendemos la sesión hasta esa hora, en la que se efectuarán las votaciones. (Pausa.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 8/2008, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADOS ÁMBITOS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS. (Número de expediente 130/000007.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar, votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 8/2008, de 24 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinados ámbitos de las cuencas
hidrográficas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Denegaciones.) Ningún grupo lo solicita.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS. (Número de expediente 121/000002.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las enmiendas del Senado al proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. Vamos a votar, en primer lugar, la enmienda al artículo 13,
separadamente del conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 21; en contra; 288.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, el resto de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, COMPLEMENTARIA DE LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS (ANTES DENOMINADO
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS. (Número de expediente
121/000003.)
El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión Europea
de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.
Votamos en conjunto todas las enmiendas por no haber solicitado nadie votación separada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 308; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
El señor PRESIDENTE: A continuación, efectuamos la votación final de conjunto por tener el proyecto de ley mencionado el carácter de orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 308.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las diez y cuarenta minutos de la mañana.