Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 30, de 29/05/2008
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2008 IX Legislatura Núm. 30
EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
Sesión núm. 2 elebrada el jueves 29 de mayo de 2008
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la mesa de la comisión en su reunión celebrada el 21 de mayo de 2008.
- Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de ésta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente 042/000001.)... (Página 2)
Comparecencia de la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte (Cabrera Calvo-Sotelo), para informar sobre:
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000011.)... (Página 2)
Las medidas políticas que adoptará como responsable de su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000009.)... (Página 2)
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000026.)...
(Página 2)
- Los objetivos y programa de trabajo del ministerio durante la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000051.)... (Página 2)
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000079.)... (Página 2)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2008.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Pasamos al tratamiento del punto 1º del orden del día, que es la ratificación de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en la reunión celebrada el pasado 21 de mayo. Si no hay
oposición alguna, damos por aprobada la ratificación de las comparecencias del día de hoy. (Pausa.) Queda aprobada.
- DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ÉSTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente 042/000001.)
El señor PRESIDENTE: El punto 2º del orden del día es la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de
la Cámara de 2 de noviembre de 1983.Si no hay oposición queda aprobada por asentimiento de la Comisión. (Pausa.) Queda aprobada.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (CABRERA CALVO-SOTELO), PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000011.)
- LAS MEDIDAS POLÍTICAS QUE ADOPTARÁ COMO RESPONSABLE DE SU MINISTERIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000009.)
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000026.)
- LOS OBJETIVOS Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL MINISTERIO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000051.)
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000079.)
El señor PRESIDENTE: En el punto 3º del orden del día vamos a acumular, por acuerdo de la Mesa y Portavoces de la reunión del día 21 de mayo, las distintas peticiones de comparecencia de la ministra de Educación, Política Social y Deporte,
y procedemos a la exposición de la ministra y posterior debate en el orden que acordamos en la reunión, que será de menor a mayor. Si la ministra está en disposición, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Es para mí un placer estar aquí y comparecer hoy ante esta Comisión para presentar este Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Siempre he
sostenido que la presencia del Gobierno en las Cortes para informar y rendir cuentas es una muestra de respeto en democracia; todo el respeto que se le debe al Parlamento, el
órgano que representa la soberanía nacional, y por lo tanto decidí pedir desde el primer momento, en los primeros días de este ministerio, mi comparecencia ante esta Comisión para explicar las líneas generales de nuestra acción política en
los próximos meses. He dicho primeros días de vida porque este es un ministerio nuevo, cuyo fin es gestionar de un modo coordinado algunas de las ideas que el Gobierno considera prioritarias: la convicción de que una educación de calidad ofrece un
futuro mejor a todos los ciudadanos, la voluntad de atender las necesidades y preocupaciones inmediatas de todos ellos, y la defensa de la igualdad de oportunidades para todos sin ningún tipo de discriminación. En este empeño, en estos objetivos
nos situamos en plena sintonía con las políticas de la Unión Europea. Hace unos meses, Vladimir Spidla, el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, señaló que si hay una seña de identidad que hace fuerte a nuestro
viejo continente frente a otras áreas del mundo es el modelo social europeo. Dispuesto a definir este modelo social, Spidla argumentó que su principal característica radica en la voluntad de otorgar el mismo valor a las políticas sociales que a las
políticas económicas, y señaló que dicha voluntad se ha expresado en ambiciosas políticas de protección y cohesión social y en sistemas desarrollados de educación y de salud.
Pues bien, este Ministerio de Educación, Política Social y Deporte abarca
todo ese amplio espectro de temas a excepción de la sanidad pública, y aún así la salud de los ciudadanos nos preocupa desde muchas perspectivas. Nos preocupa desde la óptica de las políticas preventivas, de los hábitos saludables y del deporte,
porque el deporte es también un elemento cardinal para preservar la salud.
La educación es esencial para transformar la sociedad y por eso es política social; política social de primer orden, máxime en un momento como este que estamos viviendo, en el que tenemos el firme propósito de cambiar nuestro modelo de
crecimiento. Una educación de calidad es fundamental para acceder a mejores empleos, para promover la inclusión social y para asentar valores cívicos y democráticos. En eso estamos. Y estamos también trabajando en políticas sociales destinadas a
promover condiciones de igualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos; políticas que refuercen la cohesión de nuestra sociedad y destierren cualquier tipo de discriminación. En la legislatura anterior, las Cortes aprobaron las leyes que
nos van a permitir desarrollar buena parte de nuestro trabajo: la Ley Orgánica de Educación, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y en el ámbito deportivo la Ley orgánica de protección
de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte y la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Tenemos el marco legislativo. Ahora vamos a hacer que los ciudadanos perciban los beneficios de estas
leyes; que puedan ejercer los derechos que les corresponden y que disfruten de las garantías que el Estado les ofrece.
También queremos evaluar su desarrollo para saber cómo se están aplicando, cómo inciden sobre los ciudadanos y para realizar las
correcciones pertinentes, porque para nosotros es importante ofrecer un servicio de calidad a la sociedad. Vamos a desarrollar estas políticas en diálogo permanente con todas las administraciones públicas, con otros ministerios, con los
ayuntamientos y, sobre todo, con las comunidades autónomas. Muchas de las tareas que tiene encomendadas este ministerio exigen políticas de Estado; y el Estado en nuestro país lo constituyen el Gobierno y las comunidades autónomas. Nuestra
intención y nuestro empeño es que podamos trabajar y avanzar juntos hacía unos servicios cada vez mejores para todos los ciudadanos. Vamos a abrir también nuestras políticas a la sociedad, dialogando con sindicatos y empresarios pero también con el
amplio tejido asociativo vinculado a las políticas sociales y educativas, y vamos a mantener un estrecho contacto con las instituciones europeas, porque buena parte de esta legislatura girará en torno a la imbricación española en Europa. La
vinculación entre la política española y la agenda europea siempre ha sido y sigue siendo muy estrecha, pero esta legislatura lo va a ser todavía más porque 2010 es el año en que deben cumplirse los objetivos establecidos en el Consejo Europeo de
Lisboa de 2000 para esta primera década del siglo XXI, objetivos englobados en la denominada estrategia de Lisboa, y además España va a tener en ese año 2010 la Presidencia de la Unión Europea en el primer semestre. Por supuesto, no voy a entrar a
detallar los contenidos de la estrategia de Lisboa, que todos ustedes conocen sobradamente, pero sí me gustaría señalar en líneas generales que los objetivos de esa estrategia son conseguir que la economía europea sea la más dinámica y competitiva
del mundo, que genere empleo de calidad y que se refuercen la cohesión y el bienestar de la sociedad europea. Y en este contexto de objetivos de la estrategia de Lisboa tanto las políticas educativas como aquellas que activan el bienestar y la
inclusión social adquieren una enorme importancia, quizá por eso los años europeos de 2009 y 2010 se van a centrar en la educación y en las políticas sociales. El año 2009 va a ser el Año europeo de la creatividad y la innovación y el año 2010 va a
ser el Año europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. La declaración del año 2009 como Año europeo de la creatividad y la innovación parte de una iniciativa conjunta del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea cuyo objetivo
es conseguir que los sistemas educativos refuercen las capacidades creativas e innovadoras de los estudiantes ante la certeza de que la creatividad y la innovación son imprescindibles para reaccionar con flexibilidad y rapidez ante un mundo cada vez
más diverso y que evoluciona a velocidad extrema.
Al hilo de la anterior referencia sobre las políticas educativas europeas, déjenme desglosar algunas de las líneas generales de nuestras propuestas en materia educativa para los próximos meses. Quiero comenzar recalcando algo que
probablemente ya me han oído en ocasiones
anteriores y que me parece relevante: la Ley Orgánica de Educación cierra el reciente ciclo de reformas educativas, no va a haber reformas legislativas en los próximos años y eso va a garantizar la estabilidad del sistema. La Ley Orgánica
de Educación, asentada sobre los principios de calidad, igualdad de oportunidades, esfuerzo individual y motivación del alumnado, es el instrumento que va a permitir a nuestro sistema educativo responder a las necesidades de una sociedad compleja y
exigente como es la sociedad española actual, y en el contexto de desarrollo de la Ley Orgánica de Educación vamos a realizar nuestras políticas educativas durante esta legislatura. Voy a mencionar algunas de ellas a continuación, las que quizá
considero más significativas y que persiguen de modo prioritario tres objetivos: en primer lugar, ampliar el periodo de escolarización de nuestros estudiantes y mejorar su rendimiento académico; en segundo lugar, dotar de mayor flexibilidad al
sistema educativo y, en tercer lugar, reforzar su calidad mediante políticas de evaluación. ¿Qué políticas vamos a seguir para perseguir esos tres objetivos? Vamos a crear en primer lugar el programa Educa 3, cuyo objetivo es impulsar la atención
educativa en la etapa de 0 a 3 años. A comienzos de los años noventa los gobiernos socialistas extendieron la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años. En la legislatura pasada establecimos la educación gratuita para todos los niños y
niñas de 3, 4 y 5 años, un tramo de edad en el que la enseñanza no es obligatoria pero en el que la educación se ha generalizado. La atención educativa infantil es esencial para la formación de nuestros niños, desempeña un papel crucial en la
mejora de su rendimiento académico y también en su futura sociabilidad. Los efectos de esta etapa son tanto más favorables cuanto mayores son las dificultades de partida por razones socioeconómicas, culturales o personales, de ahí que la atención
educativa en esta etapa de 0 a 3 años sea una importante contribución a la reducción posterior del fracaso escolar. Por esta razón, en esta legislatura, y en colaboración con las comunidades autónomas, vamos a reforzar esta primera etapa de la
educación infantil que va desde 0 a 3 años. El Programa Educa 3 va a promover la creación de nuevas plazas escolares en esta etapa. En los presupuestos de 2008 hemos destinado, como saben ustedes, 100 millones de euros con este fin. Tampoco se
nos oculta a nadie que esta medida tiene mucho que ver también con la conciliación de la vida familiar y laboral y con la mejor manera de facilitar el acceso de la mujer al mercado laboral.
Otro de nuestros objetivos educativos es combatir el abandono temprano. El nivel de estudios que alcanzan los ciudadanos tiene una importancia crucial para todos y cada uno de ellos, pero también lo tiene para la sociedad a la que
pertenecen. Cada alumno que abandona prematuramente sus estudios descapitaliza nuestra sociedad. En la década de los noventa se hizo un gran esfuerzo para combatir el abandono temprano, y de una tasa superior al 40 por ciento se bajó al 30 por
ciento, pero en los últimos diez años nos hemos estancado en torno a este 30 por ciento, un porcentaje que nos distancia de nuestros vecinos europeos. Por eso estamos adoptando diversas medidas. De entrada la propia filosofía de la Ley Orgánica de
Educación asume las principales indicaciones de la OCDE para combatir el abandono con medidas como la atención individualizada a los alumnos o la diversificación curricular. Esto último es importante porque la diversificación confiere mayor
flexibilidad al sistema. Los sistemas rígidos tienden a expulsar a un número considerable de estudiantes. Por el contrario, un sistema flexible ofrece un mayor número de alternativas para que completen su formación. Con este objetivo, por
ejemplo, se generaliza durante el próximo curso, aunque ya ha entrado en vigor en dos comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, la entrada en vigor de los programas de cualificación profesional inicial. Estos programas -seguro que muchos de
ustedes lo saben- van a ofrecer un mayor abanico de opciones a los jóvenes mayores de 16 años que no han obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Por una parte les van a permitir completar su formación en el conjunto de
enseñanzas técnico-profesionales, obteniendo un título que les cualifique para insertarse con éxito en el mercado de trabajo; pero también, y en función de los módulos que cursen dentro de estos programas de cualificación profesional inicial, estos
alumnos van a tener la opción de obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Confiamos en que la oferta de estos programas durante el próximo curso sea la que necesitamos para ofrecer esta oportunidad a todos nuestros
jóvenes.
Nosotros vamos a contribuir a ello -lo anuncio- en la convocatoria de becas: para este curso 2008-2009 se van a incluir ayudas para aquellos alumnos que cursen programas de cualificación profesional inicial; ayudas que abarcarán, entre
otros conceptos, el desplazamiento al centro, la compra de material escolar y el suplemento de ciudades. Vamos a destinar una cuantía de aproximadamente 5 millones de euros para ayudas a alumnos de estos programas de cualificación profesional
inicial. Además, y para combatir el abandono escolar mediante programas específicos, en este curso -probablemente lo sepan ustedes- ya se han puesto en marcha dos programas específicos: el programa de mejora del éxito escolar, dotado con 25
millones de euros, y los programas dirigidos a disminuir las bolsas de abandono temprano de la escolarización, financiados con 11,2 millones de euros. Programas cuya puesta en marcha se ha regulado mediante convenio con las comunidades autónomas.
Todas estas medidas probablemente darán frutos a medio plazo, pero tenemos que saber que nos enfrentamos a un problema grave, no podemos permitir que la tasa de abandono temprano siga estando en torno al 30 por ciento del alumnado. Este es
un problema de Estado y que llevaremos, sin duda, a la Conferencia de Presidentes que el presidente del Gobierno ha anunciado ya en dos ocasiones al menos. Es un problema de Estado que afecta a todas las administraciones que asumimos
responsabilidades ante los ciudadanos en el ámbito educativo, tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, y por esta razón voy a proponer que, previamente a esa reunión de presidentes, el abandono escolar temprano sea un tema de
debate en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Educación para que todas las administraciones públicas podamos poner en común nuestras experiencias, intercambiar opiniones y definir propuestas de futuro. Es evidente que combatir
el abandono escolar prematuro no es solo tarea de las administraciones, por importante que sea la responsabilidad que todas tenemos en ello, es tarea de la sociedad en su conjunto. Debemos convencer a nuestros jóvenes de que deben seguir estudiando
y convencer a nuestros jóvenes es convencer a las familias, lo que significa convencer a la sociedad; necesitamos convencerlos y convencernos de que los estudios representan un valor añadido que ofrece a los jóvenes un mayor abanico de
oportunidades. Si la sociedad no asume que la formación es un activo valioso y multiplicador difícilmente tendremos políticas educativas eficaces.
Paso al tercer bloque de medidas. He hablado de las de 0 a 3 años, he hablado de la lucha contra el abandono y me voy a referir ahora a la creación de un plan para el impulso de las enseñanzas técnico profesionales. La formación
profesional constituye una pieza clave para impulsar un modelo alternativo de crecimiento económico. Así lo reconocieron en noviembre de 2002 los ministros europeos de Educación reunidos en Copenhague al declarar que son esenciales para alcanzar
los objetivos de la estrategia de Lisboa. Por otra parte, la formación profesional tiene una estrecha relación con los nuevos espacios profesionales emergentes. En la sociedad del conocimiento los modelos de producción y de consumo están sometidos
a cambios extraordinarios en el ámbito tecnológico, y eso exige la formación de profesionales especializados en diversas materias, con gran capacidad de innovación y flexibilidad. Queremos que las enseñanzas técnico profesionales sean el semillero
de las nuevas ideas que afloren en el universo empresarial español. En la pasada legislatura desarrollamos el marco legal y establecimos un fructífero contacto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y también con los interlocutores
sociales. Gracias a este esfuerzo realizado en la legislatura pasada nuestros títulos profesionales tienen hoy unos niveles de inserción laboral más que aceptables y gozan de una notable valoración por parte de los empresarios. Pero no puede
bastarnos con eso. Somos conscientes de que todavía tenemos que trabajar para que las enseñanzas técnico profesionales sean una opción cada vez más atractiva para los jóvenes, tenemos que aumentar su prestigio social y tenemos que alcanzar las
tasas europeas de matriculación porque las españolas son en este campo notablemente bajas. Tenemos que establecer -y lo vamos a hacer en un plazo breve- la normativa legal que reconozca la experiencia no reglada, tenemos que impulsar las enseñanzas
profesionales de grado superior e integrarlas en el proceso de Bolonia y tenemos que reforzar la red de centros integrados de formación profesional. Estos objetivos, y algunos más, van a dotar de contenido al plan para las enseñanzas técnico
profesionales que desde el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte queremos impulsar en estrecha coordinación con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y con las comunidades autónomas, pero sobre todo también con los empresarios, con los
sindicatos y con las organizaciones profesionales. Y vamos a promover, como decía al principio también, la cultura de la evaluación en nuestro sistema educativo como vía para conseguir una educación de calidad. Solo podremos mejorar nuestro
sistema educativo si sabemos cómo funciona, cómo prepara a nuestros estudiantes y cuál es su grado de eficacia, y para eso son esenciales evaluaciones periódicas porque la información que nos transmiten permite orientar las políticas educativas.
Por esta razón, tal y como prevé la Ley Orgánica de Educación, junto con las comunidades autónomas hemos puesto en marcha las evaluaciones generales de diagnóstico del sistema educativo. En colaboración con las comunidades autónomas hemos aprobado
el marco general de evaluación en el que se definen los tipos de ejercicios, los análisis y la presentación de los resultados. Estas evaluaciones se harán, como saben ustedes, con los alumnos de cuarto de educación primaria y de segundo de
educación secundaria obligatoria y su periodicidad será anual. Pero no queremos limitarnos a realizar las evaluaciones generales de diagnóstico previstas en la ley. Las políticas de evaluación son necesarias porque nos permiten detectar los puntos
débiles del sistema y mejorarlos y porque aportan información a las administraciones y a la sociedad en su conjunto sobre su estado, sus avances y sus debilidades, y por eso, en colaboración con las comunidades autónomas, queremos que la cultura de
la evaluación impregne todo nuestro sistema educativo y que la evaluación sea un referente de nuestra política educativa.
Por las mismas razones, vamos a someter a evaluación también nuestro sistema de becas y ayudas al estudio. La política de becas, como saben, es piedra angular de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, y por eso en la
legislatura pasada hicimos un gran esfuerzo presupuestario y las partidas destinadas a becas y ayudas al estudio aumentaron un 80 por ciento. Una de nuestras primeras decisiones, ya en esta legislatura, ha sido aprobar un real decreto que
incrementa la cuantía de todas las becas un 6 por ciento de promedio, que eleva los umbrales de renta con carácter general hasta el 27 por ciento y que crea una nueva modalidad denominada beca básica, cuya cuantía oscilará entre 200 y 400 euros,
para quienes cursan sus estudios en localidades de más de 100.000 habitantes. Pero no nos basta con aumentar la dotación presupuestaria, elevar umbrales de renta y crear nuevas modalidades, queremos tambien mejorar nuestra política de becas y
ayudas, y por esa razón hemos solicitado a la Agencia de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios del Ministerio de
Administraciones Públicas que realice un diagnóstico del sistema general de becas. Sobre los resultados de esta evaluación externa podremos comprobar la eficacia real de nuestro sistema general de becas y ayudas al estudio, su adecuación a
la realidad actual del país y podremos, en consecuencia, tomar las medidas oportunas para su perfeccionamiento. En definitiva, vamos a evaluar el sistema porque queremos garantizar la igualdad de oportunidades y responder -sobre todo responder- a
las nuevas demandas de los estudiantes.
En este último punto de las cuestiones dedicadas más estrictamente a educación no podemos olvidarnos de los profesores. Los profesores constituyen el principal activo de nuestro sistema educativo, son quienes transmiten el conocimiento,
ayudan a los alumnos a descubrir el mundo, a convertirse en ciudadanos y a sentir que forman parte de una comunidad, y por eso para nosotros es esencial la formación del profesorado. La legislatura pasada conseguimos un importante avance haciendo
posible la puesta en marcha de los nuevos títulos de grado de maestro en educación primaria, de maestro en educación infantil, así como del master que habilita para el ejercicio de la profesión de profesor de secundaria obligatoria y bachillerato,
títulos que entrarán en vigor en esta legislatura. También hemos hecho y seguiremos haciendo un gran esfuerzo en el ámbito de la formación permanente en colaboración con las comunidades autónomas. Pero si la formación de los profesores es
importante, sus condiciones de trabajo también lo son, y por eso en breve retomaré los contactos con los sindicatos para impulsar un acuerdo que nos permita poner fin a la elaboración del estatuto de la Función pública docente, que esperamos lograr
con el máximo consenso.
Señalaba al comienzo de esta intervención la importancia del esfuerzo legislativo realizado en los últimos cuatro años, un esfuerzo que nos va a permitir ahora, en esta legislatura, partir de unas bases sólidas sobre las que diseñar nuestras
políticas. Una de esas leyes, una de esas normas, aprobadas en la anterior legislatura, es la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, lo que habitualmente llamamos Ley de dependencia, pero
que me parece que deberíamos llamar por su nombre completo y sobre todo deberíamos hablar de Ley de la promoción de la autonomía personal porque eso nos remite al objetivo principal de esta ley: superar las trabas y barreras que colocan en
situación de dependencia a un elevado número de personas. Es una ley -lo saben todos- importante -recibió el apoyo prácticamente unánime en su aprobación-, que ha establecido un nuevo derecho subjetivo para los ciudadanos españoles; una iniciativa
ambiciosa que ha generado muchas expectativas en la ciudadanía al implicar un cambio en el modelo de atención a las personas dependientes, y muy especialmente a las personas mayores dependientes, un sector de nuestra sociedad cada vez más numeroso
debido al envejecimiento de la población.
En el mismo preámbulo de la ley se preveía esto al referirse a la correlación existente entre la edad y la discapacidad, señalando que más del 32 por ciento de las personas mayores de 65 años tienen algún
tipo de discapacidad, mientras que ese porcentaje se reduce a un 5 por ciento para el resto de la población. En este primer año de aplicación de la ley, la gran mayoría de las personas atendidas son mayores de 65 años, exactamente un 72,56 por
ciento; de ellos, casi dos terceras partes son mayores de 80 años, un segmento que constituye el 43,7 por ciento de la población atendida hasta este momento por la ley.
Para llevar adelante este ambicioso proyecto, la Administración General del Estado ha realizado un gran esfuerzo financiero planificando la inversión hasta 2015, fecha prevista para el completo desarrollo de la ley esfuerzo importante que
recae también sobre las comunidades autónomas a las que la ley hace corresponsables. El Gobierno asume la financiación pública del nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del sistema según el grado y nivel de
dependencia; aporta además financiación para el nivel acordado con las comunidades autónomas a través de convenios. Tras la entrada en vigor de la ley, el Gobierno ha ido aprobando las normas de desarrollo, una vez acordadas en el Consejo
Territorial, que es el órgano central en el funcionamiento del sistema, y así a lo largo del último año se ha aprobado el baremo de valoración de la situación de dependencia, el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General
del Estado, la cuantía de las prestaciones económicas, y hemos regulado la Seguridad Social de los cuidadores. Hemos aprobado también el marco de cooperación interadministrativa, los criterios de reparto de créditos de la Administración General del
Estado para la financiación del nivel acordado, todo eso siempre en diálogo con las comunidades autónomas, como lo demuestra el hecho de que todas firmaron los convenios en los que se plasmó dicha cooperación.
Por tanto, la ley ha iniciado su desarrollo, con las lógicas dificultades que tiene la puesta en marcha de un proyecto tan ambicioso y tan complejo que exige el acuerdo permanente entre las distintas administraciones. A comienzos de este
mayo son ya 374.000 personas, ciudadanos, los que desde la entrada en vigor de la ley han solicitado la valoración, y de ellos, 240.683 han sido reconocidos como beneficiarios. La puesta en marcha de procesos de esta envergadura no siempre es
fácil, y por esta razón y para facilitar el desarrollo de la ley estamos adoptando medidas dirigidas a conocer mejor los problemas que puedan detectarse en estos primeros momentos de su andadura. La primera de esas medidas ha sido reforzar la
comunicación y la cooperación con las comunidades autónomas; esta ley, como he dicho antes, no podrá tener nunca un desarrollo eficaz si no hay una colaboración estrecha entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
Por esta razón, una de mis
primeras decisiones al inicio de esta nueva etapa ha sido recibir a todos los consejeros autonómicos responsables de política social, con el fin de tener una información
directa sobre las posibles dificultades que la aplicación de la ley pueda presentar en cada territorio y aquí también creemos que es importante evaluar el rendimiento del sistema. La disposición adicional primera de la ley prevé que se
realice una evaluación de los resultados, transcurridos tres años desde su entrada en vigor. Con independencia de que se realice esta evaluación en esos términos y en el plazo previsto, queremos abordar, en colaboración con las comunidades
autónomas y en el contexto del Consejo Territorial de la Dependencia, un análisis de conjunto sobre el funcionamiento del sistema a modo de evaluación piloto que sirva como referente para la evaluación prevista por la ley.
Por otra parte, el desarrollo eficaz de esta ley requiere el correcto funcionamiento de los instrumentos necesarios para su puesta en marcha.
En la ronda de contactos que estoy manteniendo con los consejeros de política social de las
comunidades autónomas, algunos me han trasladado problemas de coordinación debido al hecho de que algunas comunidades autónomas tenían sus propios sistemas informáticos para gestionar los servicios de dependencia. No es conveniente que cuestiones
de esta índole interfieran o dificulten la aplicación de la ley, y por eso hemos pedido a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas, una evaluación del sistema
informático, del sistema de autonomía y atención a la dependencia.
Esta ley, la Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, y su desarrollo ocupan un lugar prioritario en el marco de las políticas sociales, pero quiero hacer, aunque sea de una manera
muy breve, referencia a otras líneas de actuación. El Gobierno considera objetivo primordial elevar el bienestar de todos los ciudadanos, y especialmente el de aquellos que se encuentran en situación desfavorecida o con mayor riesgo de exclusión
social; y estas políticas como decía al principio de mi intervención, ocupan también un lugar destacado en la agenda europea. En este ámbito vamos a mantener estrecha cooperación con las comunidades autónomas y también con el importante movimiento
asociativo en este ámbito; vamos a reforzar nuestros lazos con las ONG en diálogo con el Consejo Estatal de la ONG de Acción Social y desarrollando el Plan Estatal del Voluntariado 2005-2009.
Como tengo ya anunciada una comparecencia en la Comisión del Discapacidad de esta Cámara, y dado el amplio abanico de temas que tengo que abordar en esta primera comparecencia, me permitirán reservar algunos temas para esa otra comparecencia
en la Comisión de Discapacidad. No obstante, sí quiero insistir aquí en que esta es también una de las prioridades en política social y que vamos a trabajar especialmente en la integración laboral de las personas con discapacidad, porque sabemos
que es una de las claves para la efectiva igualdad de estas personas. En los últimos años hemos alcanzado una reserva de empleo del 7 por ciento en la Administración General del Estado, y la contratación de las personas con discapacidad ha crecido
a un ritmo del 10 por ciento anual. Para avanzar en esta dirección hemos negociado y acordado entre todos los agentes implicados, una estrategia global de empleo para las personas con discapacidad. Dicha estrategia cuenta entre sus objetivos
preferentes con la disminución de los índices de desempleo y la elevación de las tasas de actividad de las personas con discapacidad, prestando una atención especial a las mujeres, así como a aquellas otras personas que por su discapacidad presentan
dificultades severas de acceso al mercado de trabajo.
Nuestras políticas de inclusión social están estrechamente vinculadas a la Unión Europea. Como verán, esta es una constante de mi intervención que me importa además mucho que alcance la relevancia necesaria. En el marco de la estrategia de
Lisboa, la Unión Europea adoptó la estrategia europea de inclusión social, que activa una serie de mecanismos para erradicar la pobreza en Europa. Cabe recordar, como decía al principio de mi intervención, que el año 2010 será el Año Europeo de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. En este contexto europeo, cada uno de los Estados de la Unión debe presentar un plan nacional de acción para la inclusión social para el periodo 2008-2011, que en breve elaboraremos junto con las
comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios, las ONG y otros interlocutores sociales.
Otro de los instrumentos esenciales para la lucha contra la pobreza y la exclusión social son los servicios sociales de atención primaria gestionados por las corporaciones locales. La continuidad del Plan concertado de prestaciones básicas
de servicios sociales se verá reforzada en esta legislatura con un incremento de la cooperación técnica y asimismo, tal como hicimos en la anterior legislatura, dedicaremos una atención especial a la población gitana. Queremos aprobar un plan de
acción para mejorar sus condiciones de vida, en cuyo diseño tendrá una activa participación el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
La familia es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos y es responsabilidad de las administraciones dar respuesta a sus necesidades. Prácticamente todas las políticas de este ministerio están dirigidas al apoyo a las
familias, desde la educación y la política de becas hasta la Ley de la autonomía y de la dependencia, pasando por las políticas sobre atención a los mayores o a la infancia. Además, desde este ministerio vamos a promover medidas específicas para
favorecer a las familias. Vamos a hacer un mayor esfuerzo con las familias con menores rentas o con mayor vulnerabilidad social, sobre todo las monoparentales y las familias numerosas. Las políticas dirigidas a la atención a los mayores son parte
esencial de las políticas familiares y, como he mencionado antes, el fenómeno del envejecimiento constituye un auténtico reto que va a requerir nuevas líneas de actuación. Para analizarlo, para conocer la situación de los mayores y sus necesidades,
debemos elaborar un libro blanco del mayor. Y vamos a mantener,
por supuesto a mejorar y a ampliar, los programas de vacaciones para mayores y de termalismo social que realizan una importante contribución al envejecimiento activo, dentro de esa misma línea de promoción de la autonomía y la participación
que he mencionado antes. Para el año 2008 contamos con una oferta de 1.250.000 plazas y un presupuesto superior a los 100 millones de euros. Por otra parte, en este año hemos dotado con más de 30 millones de euros la teleasistencia domiciliaria a
personas mayores y personas con discapacidad. Insisto, el objetivo es fomentar y facilitar la autonomía de las personas.
En esta última parte, perdonen ustedes lo prolongado de la intervención, eran muchas las cuestiones, me voy a referir al deporte, una parte esencial de este ministerio. El acceso universal a una práctica deportiva de calidad y sin barreras
constituye un derecho básico de ciudadanía.
Desarrollar una actividad física regular, gozar de un ocio enriquecedor en óptimas condiciones deportivas o disfrutar como espectadores de los grandes acontecimientos deportivos, son factores que
desempeñan un papel relevante en la formación integral de las personas, y también en la adquisición de hábitos de vida saludables y de valores éticos para la convivencia, muy especialmente entre los niños, los adolescentes y los jóvenes. Por eso,
en los últimos cuatro años hemos trabajado para fortalecer el sistema deportivo español; hemos actuado en el ámbito del deporte de alta competición, con la aprobación de un nuevo marco regulador que permita a los deportistas conciliar su formación
académica y profesional con su carrera deportiva, y les garantice una adecuada asistencia sanitaria para una actividad tan exigente como la suya; asimismo, hemos incrementado el número de becas y ayudas y la cuantía de las mismas, y hemos
conseguido los mejores estímulos fiscales para el patrocinio deportivo. También hemos abordado en la anterior legislatura la política deportiva desde una perspectiva ética y ciudadana, impulsando dos grandes leyes que ustedes conocen y que
promueven el juego limpio y los valores cívicos: la Ley orgánica de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte y la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. En esta legislatura vamos
a seguir avanzando en el desarrollo normativo de ambas leyes, pero también en el ámbito de las políticas deportivas vamos a promover la siguiente medida: la creación de una conferencia interterritorial del deporte.
Al hablar de las políticas educativas y de las políticas sociales he insistido en mi absoluta convicción de que la cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, es una garantía de eficacia y un deber de todas las
administraciones hacia los ciudadanos. Por esta razón queremos, desde el máximo respeto a las competencias autonómicas, institucionalizar esta colaboración en una conferencia interterritorial del deporte -el secretario de Estado de Deporte, como
sabía que iba a hablar al final de deporte, acaba de entrar-, conferencia que sea el lugar de encuentro, de diálogo y de adopción de decisiones sobre planes y programas de carácter conjunto. Además, una de nuestras primeras propuestas de trabajo
coordinado entre las distintas administraciones será la creación de un plan integral para la actividad física y deportiva, que promueva el acceso universal a la práctica deportiva y que estará expresamente dirigido a niños, adolescentes y jóvenes en
edad escolar, a personas mayores y a personas con discapacidad. En el marco de este plan integral llevaremos a cabo diversas iniciativas dirigidas a promover el deporte en las escuelas, y en este mismo marco fomentaremos los hábitos saludables y
combatiremos problemas hoy existentes en España, y que conocemos bien, como la obesidad infantil o el sobrepeso, cuyo grado de incidencia entre nuestros adolescentes es preocupante.
Vamos a impulsar también la realización de pruebas de salud que orienten a los ciudadanos sobre qué tipo de actividades físicas y deportivas están en condiciones de desarrollar, y son más idóneas para mejorar su salud y su calidad de vida.
Por supuesto, tenemos a la vuelta de la esquina las Olimpiadas de Pekín. Hemos puesto los medios necesarios para conseguir unos buenos resultados en estrecha colaboración con los comités Olímpico y Paralímpico españoles y por eso somos optimistas.
Pero estamos trabajando ya también para el nuevo ciclo olímpico; tras el verano impulsaremos los planes de preparación del ciclo olímpico y paralímpico de Londres 2009-2012, planes que tendrán la consideración de interés general y que se
desarrollarán en el contexto de los programas ADO y ADOP. El desafío para el deporte español del futuro implica también el firme y decidido apoyo a la candidatura olímpica de Madrid 2016, una candidatura que constituye una apuesta de Estado
respecto a la cual no vamos a escatimar esfuerzos.
Estas grandes metas deportivas no pueden hacernos olvidar que el deporte es también una eficaz herramienta para promover la cohesión social, y por eso vamos a facilitar y extender la práctica de la actividad física entre la población
residente en nuestro país, sin distinción alguna de edad, sexo, discapacidad, condición social y lugar de residencia o procedencia, con la eliminación de cualquier tipo de barrera. Nos comprometemos a realizar programas deportivos, de acuerdo con
las comunidades autónomas y con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y también con la Federación Española de Municipios y Provincias, que tengan como prioridad la atención a la diversidad y la integración multiétnica en el ámbito deportivo.
Con esto concluyo mi intervención, pero como ha sido larga, déjenme que recapitule y enumere las principales propuestas de este ministerio a las que me he referido a lo largo de la misma. En primer lugar, la creación de programa Educa 3
para la atención educativa en el periodo de 0 a 3 años. En segundo lugar, la creación de un nuevo programa de becas destinado a combatir el abandono temprano. En tercer lugar, el plan para el impulso de las enseñanzas técnico-profesionales. En
cuarto lugar, el inicio de las evaluaciones periódicas del
sistema educativo. En quinto lugar, la evaluación del sistema general de becas. En sexto lugar, el impulso a las negociaciones sobre el Estatuto de la Función pública docente. En séptimo lugar, la evaluación piloto del funcionamiento de
la Ley de Dependencia y la evaluación del sistema informático de atención a la dependencia. En octavo lugar, el plan nacional de acción para la inclusión social 2008-2011. En noveno lugar, la creación de la conferencia interterritorial del deporte
y, en décimo lugar, el plan integral de la actividad física y deportiva. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a empezar los turnos de los grupos parlamentarios.
Acordamos en la reunión del día 21 que cada grupo dispone de veinte minutos que puede repartir entre sus miembros como estime oportuno.
Comenzando de menor a mayor, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señora ministra, por esta comparecencia en la que nos acaba de exponer las líneas maestras que pretende realiza en esta legislatura; pero, en primer lugar, permítame que le felicite por el cargo
en este ministerio, sobre todo porque continúa usted al frente del departamento de Educación, pero con dos nuevos departamentos, como son Asuntos Sociales y Deporte. Quiero felicitarla y desearle todos los éxitos en lo que queda de legislatura, que
es toda.
Dicho esto, señora ministra, tengo que decirle que la parte fundamental de nuestra intervención necesariamente tiene que ser crítica con diferentes aspectos de la gestión de cualquiera de estos tres servicios, entre otras cosas, porque
cualquiera de los tres son competencias exclusivas autonómicas -cuando menos la Comunidad Autónoma de Galicia tiene transferidos educación, asuntos sociales y deportes-; por tanto, vemos que el Gobierno vuelve otra vez a tener vocación de
interferil en esas competencias. En la legislatura pasada, en toda la legislación que se elaboró y que propuso el Gobierno en esta Cámara así fue, aunque algunas de las cuestiones fuimos capaces de modificarlas en el trámite parlamentario, pero
volvemos a ver que el Gobierno sigue teniendo esa vocación. Señora ministra, en cuanto a la igualdad en todo el territorio del Estado- igualdad que últimamente es la canción de moda en el Estado español por parte de algunos grupos y representantes
políticos que están haciendo una bandera de este eslogan-, la responsabilidad de garantizarla en todo el territorio del Estado que tiene el Gobierno del Estado es la correspondiente financiación para que esas políticas y, en concreto, en educación,
servicios sociales y deportes se puedan llevar a cabo; de tal manera que se garantice esa igualdad, contando con esa financiación y que no se deje a las comunidades autónomas la mayor responsabilidad de financiación o que no se deje la suficiente
distancia entre la financiación del Estado y lo que tiene que poner la comunidad autónoma.
Después depende de la voluntad de esta comunidad autónoma el que se haga más o mejor el desarrollo de esas políticas.
Voy a seguir la misma dirección que usted en su comparecencia. Si entramos en educación, tenemos que decir -no lo hemos dicho al principio y al entrar en este tema queremos comentarlo- que independientemente de que esperamos que este nuevo
departamento creado en esta legislatura tenga los éxitos que le acabo de desear, nos sorprende que se creara este departamento con estos tres servicios. Lo que no podemos entender muy bien es cómo se acaba haciendo una dispersión o disgregación de
las competencias del antiguo Ministerio de Educación, pasando la universidad a otro ministerio y, sobre todo, manteniendo fraccionadamente la educación técnico-profesional, dejando la formación profesional reglada en este ministerio, pero
manteniendo en el Ministerio de Trabajo la formación profesional y la formación ocupacional. En su discurso nos ha expuesto que una de las cuestiones más importantes a desarrollar por su departamento es el impulso de la educación técnico
profesional. Las razones y objetivos que usted ha dicho que se marcan en este programa los compartimos y, además, somos conscientes de la necesidad de prestigiar las profesiones técnicas, en la medida en que somos conscientes de que no solamente
los alumnos no se están dirigiendo a estas enseñanzas, sino que después tenemos una falta de oferta profesional en las mismas en nuestra sociedad, que a veces tenemos que tratar de resolver con otras alternativas. Por lo tanto, teniendo en cuenta
que consideramos muy necesario impulsar estas enseñanzas, decimos de nuevo, porque no es la primera vez, que no entendemos por qué después de tantos años de implantación los cursos de formación profesional y ocupacional se siguen manteniendo fuera
del sistema reglado.
Señora ministra, dado que usted acaba de darle una importancia grande a esta cuestión, no vemos que tengan previsto modificar la ley -me refiero a la Ley de cualificaciones de formación profesional-, ley que en su momento fue aprobada por el
Partido Popular, que el PSOE votó en contra en aquel momento y sobre la que dijo que cuando gobernase iba a modificar. Pasó la legislatura pasada y esta modificación no se hizo, y usted no nos anuncia ninguna intención del Gobierno de modificar
esta ley. Siempre hemos considerado que esta era una ley privatizadora, que permite y facilita una cobertura de los centros privados, en la medida que permite la participación de fondos públicos en los cursos de estos centros con conciertos entre
la Administración pública y los centros privados. En este ciclo de la enseñanza no obligatoria los conciertos no se deberían considerar por parte de la Administración pública. Entre otras cosas, de esta Ley de cualificaciones también valoramos
negativamente la falta de democracia a la hora de elegir a los responsables de estos centros. Echamos de menos que usted no nos diga nada sobre las intenciones del Gobierno de modificar esta ley.
Con relación a lo que le he comentado al principio sobre la financiación, que es necesario que aporte el Estado para que se puedan desenvolver adecuadamente estos servicios transferidos a las comunidades autónomas, volvemos a insistir en
cuestiones que usted ha tratado, como el impulso del plan de 0 a 3 años, algo que nos parece fundamental en la medida que hay una deficiencia de plazas públicas en todo el territorio del Estado español, independientemente de que lo que más conozco
es la situación de Galicia y sé el gran esfuerzo que está haciendo la Xunta de Galicia para cubrir unas deficiencias históricas en las plazas de 0 a 3 años y también en las plazas de 3 a 6 años. Porque hay que decir también que no está generalizada
la implantación de plazas de 3 a 6 años, precisamente porque la financiación no cubre todas las necesidades. De ahí que mencionemos este tema, porque es necesario incrementar la financiación. Nos ha hablado también de la preocupación y del interés
que va a poner su departamento en la cualificación del profesorado. Nos gustaría saber si esto significa que van a desarrollar los artículos 104 y 105 de la LOE, que es lo que hasta este momento no se está haciendo.
Señora ministra, hay cuestiones que desde el punto de vista político e ideológico no puede entender el Bloque Nacionalista Galego en la práctica del Ministerio de Educación. Se trata de algo que a partir de ahora ya no es cuestión del
ministerio, pero ya fue resuelto o acordado en su departamento antes de esta nueva legislatura. Me refiero a la decisión de incorporar la asignatura de religión al bachillerato. Estamos hablando de un tramo de educación no obligatoria y de que en
la LOE no se recoge como obligación que la asignatura de religión esté en este tramo de la educación. En la LOE se dice que tiene que ser el Gobierno quien reglamentariamente indique dónde se tiene que dar obligatoriamente esta asignatura. Ustedes
han decidido incorporar setenta horas anuales de religión en el bachillerato. Para que exista esta posibilidad, no han tenido ustedes ningún problema, teniendo en cuenta otras asignaturas que necesariamente hay que incorporar en las comunidades
autónomas, en reducir horario lectivo a asignaturas como filosofía o historia, negando al alumnado la necesidad de formarse en el análisis crítico e histórico, contemporáneo incluso. No entendemos cómo su ministerio, el Gobierno, puede actuar de
esta manera. Señora ministra, esta actuación del Gobierno nos parece timorata con respecto a la Iglesia, en la medida en que ni siquiera en la época del nacionalcatolicismo esto era así. Ni en PREU ni en COU la asignatura de religión era
obligatoria y, además, ahora nos encontramos debatiendo sobre laicismo y laicidad. El Gobierno y el Partido Socialista hacen gala de esa fe laicista, por decirlo de alguna manera, pero en realidad, con esta demostración, no la está poniendo en
práctica. En estos momentos existe en Galicia un gran problema tanto en el sector del profesorado como en el del alumnado por esta imposición de la asignatura de religión y a nosotros nos gustaría que hubiera el suficiente diálogo con las
comunidades autónomas para que esto se pudiera solucionar adecuadamente.
Tengo algunas cuestiones más sobre educación, pero me gustaría pasar al tema de los servicios sociales, entre otras cosas porque si no seguramente no me dará tiempo, aunque insisto en la necesidad de mejorar la financiación en educación, en
la medida en que está demostrado que el gasto por alumno sigue siendo inferior a la media de la OCDE. El Bloque Nacionalista Galego entiende además que sería necesario que el gasto por alumno significase el 6 por ciento del producto interior bruto.
Dejando para otra ocasión, como he dicho, hablar de asuntos relacionados con educación, entro en el tema de los asuntos sociales. Reconocemos el esfuerzo que hizo el Gobierno en la pasada legislatura, en que incrementó la financiación,
concretamente en el plan concertado, pero, como dijimos en su momento, ese incremento no nos parece suficiente dadas las deficiencias de financiación existentes en los servicios de atención primaria. En el Estado español, en relación con la gestión
que de este servicio es necesario hacer en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, se ha ido avanzado en el reconocimiento de derechos y por lo tanto en la responsabilidad de la Administración en la tramitación y gestión de las solicitudes
que los ciudadanos hacen de esos derechos.
Así, se ha ido incorporando a los servicios de atención primaria muchísimo trabajo que con anterioridad no existía mientras que la dotación de profesionales no se ha podido hacer en correlación con la
necesidad precisamente por falta de financiación. Queremos, pues, aprovechar esta oportunidad para volver a manifestar la necesidad de que se incremente la financiación del plan concertado en años sucesivos, ya que con la Ley de Dependencia se
incrementó también el trabajo de estos servicios de atención primaria, en la medida en que asimismo los ayuntamientos tienen una labor que hacer en la tramitación de las solicitudes.
Usted ha hablado de los diferentes programas para los próximos años, algunos de los cuales parten de programas de la Unión Europea. Ha mencionado programas de inclusión social y nosotros creemos que es necesario hacer un gran esfuerzo en
esta materia. Volvemos a insistir en que el gran esfuerzo que le corresponde al Estado es financiero para que en las comunidades autónomas se puedan desarrollar debidamente los programas necesarios.
En relación con la Ley de Dependencia, que a estas alturas, inevitablemente, es necesario evaluar, la ley marca un plazo de tres años, como no podía ser menos. Los más pesimistas y los que en todo momento manifestamos prudencia a la hora de
valorar las bondades de esta ley, en la medida en que entendíamos que en la práctica los ciudadanos no iban a notar realmente los servicios hasta el año 2008, fuimos asimismo prudentes a la hora de analizar y valorar la labor del Gobierno y no
tuvimos, EN el Bloque Nacionalista Galego concretamente, actitudes beligerantes con el Gobierno por lo que se podría considerar por otros grupos lentitud, ineficacia,
etcétera, pero a estas alturas del mes de mayo del año 2008, señora ministra, tenemos que ser muy críticos con el Gobierno en relación con el desarrollo de la Ley de Dependencia. Tengo que reconocer que usted ha sido prudente a la hora de
indicar los datos. Ha sido prudente al hablar de 374.000 solicitudes y de 240.000 reconocidas, no como se hizo en algunas ocasiones por parte de representantes del Grupo Socialista en esta Cámara, que confundían atendidos con solicitudes e incluso
con solicitudes evaluadas. Digo que ha sido prudente porque, efectivamente, no todos los reconocidos están atendidos y no todas las solicitudes están evaluadas, aunque estos últimos días ha aparecido en los medios de comunicación una crítica del
Gobierno, de su departamento, a las comunidades autónomas por lo que considera retrasos informáticos o retrasos en las evaluaciones para justificar que a estas alturas, mayo de 2008, el Gobierno aún no haya transferido a las comunidades autónomas
-hablo concretamente de Galicia, pero también ocurre con otras- la correspondiente financiación para esta cuestión. Nosotros tenemos que decirle que los fallos informáticos no fueron de las comunidades autónomas y concretamente no fueron de la
Administración gallega, sino que es una deficiencia y una responsabilidad del Gobierno central. El problema informático es un problema del Gobierno central y no de las comunidades autónomas. En estos momentos en Galicia hay más de 17.000
resoluciones y 5.000 propuestas para ser atendidas y no hay absolutamente ninguna transferencia del Gobierno en relación con la Ley de Dependencia.
En el acuerdo al que el Gobierno llegó con las comunidades autónomas quedó claro que la
transferencia se haría de acuerdo con las solicitudes evaluadas, pues para poder atender y poner en marcha los servicios se necesita financiación. Lo que no puede hacer el Gobierno es presumir tanto como lo hace de una ley de dependencia y luego
hacer recaer la responsabilidad máxima para que la ley se desarrolle, para que los ciudadanos reciban el servicio, en la comunidad autónoma, en la medida en que se tiene que hacer cargo inicialmente de la parte financiera. Señora ministra, nosotros
esperábamos que a principios de año el Gobierno hubiera resuelto esta cuestión, pero estamos en mayo y está sin resolver, a pesar de que, como usted dice -es cierto porque los presupuestos fueron aprobados en esta casa-, el Gobierno haya dedicado en
el año 2008 mayor financiación que en 2007. Todavía está sin resolver la agilización de las vías de financiación, así como los criterios para su orientación y a estas alturas, a pesar de que usted ha dicho que está resuelta la cuestión normativa y
reglamentaria de la ley, aún quedan sin reglamentarse debidamente algunas cuestiones. Por eso, señora ministra, creemos efectivamente que esta es una ley fundamental para nuestra sociedad, para resolver esos problemas de atención a la dependencia y
también para orientar las políticas de igualdad, en la medida en que somos conscientes de que si la Administración resuelve problemas de dependencia, las mujeres -porque al final esa es la realidad- vamos a disponer de más tiempo para poder asumir
otras responsabilidades. Por eso, señora ministra, lo que quiero con esta intervención crítica en relación con la Ley de Dependencia es manifestarle simplemente que consideramos que el Gobierno debe dar una mayor agilidad, hacer un mayor esfuerzo
y, sobre todo, debe existir un mayor compromiso en la financiación a las comunidades autónomas en estas cuestiones.
Si hablamos de deportes -y lo he dejado para el final porque asimismo era el punto final de su intervención-, volvemos a encontrar otra vez -y vuelvo a lo que dije al principio de mi intervención- una vocación intervencionista del Gobierno.
Habla de asuntos que nos preocupan; sobre todo, cuando habla de la vocación del Gobierno de desarrollar normativamente las leyes aprobadas. Y nos preocupa por esa vocación intervencionista. Usted, por ejemplo, hablaba de la promoción del deporte
en las escuelas. Ustedes, desde el Gobierno, están interfiriendo en este tema en las comunidades autónomas de tal manera que en los programas que desarrolla el departamento de deportes de su ministerio no cuenta con las administraciones autonómicas
para nada. Es decir, es como si estuvieran vetadas a las administraciones autonómicas este tipo de actuaciones. Por tanto - y creo que ya no me queda mucho tiempo-, teniendo en cuenta que en cualquiera de estos tres servicios -deportes, asuntos
sociales y educación- manifestamos que el Gobierno sigue intentando interferir en las comunidades autónomas, queremos no recordarle -no creo que ese intento intervencionista sea una cuestión de falta de memoria sino de decisión política- pero sí
manifestar que también es vocación política del Bloque Nacionalista Galego defender el derecho de las administraciones autonómicas y de las comunidades autónomas a desarrollar las competencias que en este momento tienen transferidas y, al mismo
tiempo, manifestar nuestra vocación e intención de defender también muchas otras que en estos momentos aún no han sido transferidas; algunas de ellas relacionadas con responsabilidades del departamento, como la alta inspección, por ejemplo, en la
cuestión de educación. Manifestándole esto, señora ministra, y siendo conscientes de que nos queda una legislatura para discutir sobre todos estos asuntos, nada más de momento.
Le repito que le deseamos suerte, y deseamos también que tenga en
cuenta -para que pueda tener esa suerte en la legislatura- todos los planteamientos de nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: Por Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora ministra, por sus palabras, prudentes como siempre. Lo suyo sí que es buen talante.
Déjeme que empiece hablando de deporte, porque creo que es bueno iniciar la intervención con una buena noticia, que seguro que usted conoce y que para nosotros
es histórica. Usted sabe que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es un órgano creado por el CIO en el año 1983 como máxima instancia jurídico-deportiva del mundo, ha rechazado la apelación presentada por la Federación Española de Bolos
en contra del reconocimiento de la Federación Catalana como miembro de la Federación Internacional. Es decir, en esta a partir de ahora estarán las dos: la española y la catalana. Evidentemente se trata de un paso -repito- histórico. Pero,
además, el TAS, en el argumentario, ha establecido una jurisprudencia que dice que la ley española no es válida para impedir la admisión de cualquier federación catalana en su internacional. En definitiva, el concepto de una sola federación
reconocida por el Estado no responde a ningún principio general del deporte y solo es válido, según el TAS, si se explicita en los estatutos de la internacional, cosa que no ocurre. Le digo que se trata de una sentencia histórica como lo fue la
sentencia Bosman respecto a la no consideración de extranjeros de los deportistas europeos en países de la Unión Europea. El TAS ha dictado sentencia, ha dictado doctrina, porque deja claro que no puede haber derecho de veto de ninguna federación
contra ninguna decisión tomada por la internacional.
¿No cree, señora ministra, que debemos dejarnos de batallas estériles y absurdas e ir hacia un marco de coordinación legislativa, en definitiva de convivencia? ¿Qué sentido tiene hoy día en el
marco del mundo globalizado impedir el reconocimiento inevitable -inevitable, aun cuando reconozco que fatigante- del deporte catalán a nivel internacional -repito- en el marco de los valores intrínsecos y consustanciales al mundo del deporte? A
partir de ahora los deportistas catalanes y españoles competirán en este deporte a nivel internacional y con carácter oficial y no va a ocurrir nada, nada, nada. Usted compartirá conmigo que los deportistas catalanes y los españoles van a sentirse
igual de realizados como deportistas. Dígame, pues, si no es hora ya de encarar la reforma de la Ley del Deporte española a fin y efecto de superar los déficits que arrastramos con respecto al reconocimiento internacional del deporte catalán y, por
extensión, del resto de naciones del actual Estado español que así lo quieran. Creo que ello debería ser posible en esta próxima legislatura. Si inevitablemente al final del camino existe el reconocimiento, creo que no es signo de modernidad tener
que entrar por la puerta de atrás, como si estuviéramos eterna e históricamente enfrentados. Al final entraremos igual; estamos entrando. ¿Por qué hay que hacerlo por la puerta de atrás? ¿Por qué toda la ciudadanía del Estado español no puede
sentirse orgullosa de esta conquista democrática? Hay que encarar la reforma de la Ley del Deporte española y tengo la impresión, sabiendo cómo piensa, de que usted no está en contra.
Respecto al despliegue de la Ley Orgánica de Educación, es una ley que encarga muchos cometidos a las administraciones educativas, pero no han llegado recursos. Por ejemplo, me atengo al artículo 157, que quizás no es el más importante pero
es una buena muestra de lo que voy a decir respecto a las bibliotecas escolares. No nos dicen de dónde van a salir los recursos. Es cierto que se han proporcionado algunos recursos, pero son insuficientes, tanto por lo que respecta a este ámbito
como para la formación de profesorado, etcétera. Necesitamos partidas extraordinarias.
Respecto a la inmigración, por ejemplo, en Cataluña tenemos una buena parte, casi una cuarta parte, de la inmigración llegada; personas que queremos que sean
ciudadanos de pleno derecho pero que todavía andan con los derechos en la despensa. Las cosas no van demasiado bien a pesar del gran esfuerzo que se hace desde el Gobierno de Cataluña y desde los ayuntamientos. Hacen falta más recursos para las
aulas de acogida, para los planes educativos de entorno o incluso también para conseguir una buena integración lingüística que, como usted sabe, es fundamental para su integración. Nosotros esperamos mucho del ministro Corbacho, porque él sabe lo
que es la realidad de L'Hospitalet de Llobregat y sabemos que el Partido Socialista de Cataluña va a poner toda la carne en el asador, puesto que nos jugamos la cohesión social en Cataluña y en todo el Estado español, máxime en las grandes urbes.
En Cataluña necesitamos consolidar aulas de acogida en las 1.500 escuelas públicas y concertadas y esto, con el dinero que tenemos, es absolutamente imposible, a pesar de que la buena sintonía que había con el Partido Socialista en 2004 permitió la
creación de los fondos de inmigración, que se repartieron entre las comunidades autónomas en función del número de inmigrantes censados y han permitido que los ayuntamientos, haciendo grandes esfuerzos -y me remito nuevamente al Ayuntamiento de
L'Hospitalet-, pudieran hacer una gran labor respecto a las aulas de acogida conjuntamente con el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y los planes educativos de entorno, que son fundamentales.
Respecto al tema de las becas, hemos tardado seis años en que se dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional; han sido seis años de batallas, de luchas, incluso de deslealtades institucionales.
Siempre hemos dicho que esto
no va a funcionar si no existe una nueva cultura de la lealtad institucional; nosotros respecto a ustedes, pero ustedes también respecto a las comunidades autónomas, porque a veces -y no hablo de usted, señora ministra- a algún compañero suyo
parece que le duela esto de las comunidades autónomas. Si pudiéramos rebobinar la historia no sé si iríamos hacia un Estado autonómico, pero esto es una especulación demasiado atrevida. (Risas.) Hay un recelo permanente, cuando no intervencionismo
excesivo.
Respecto a las becas, en Cataluña tenemos el 4,8 por ciento de los alumnos becados en enseñanza posobligatoria y la media española es del 14,8 por ciento. Hay que corregir los umbrales, porque puede haber sueldos más altos, pero la vida es
mucho más cara. El concepto de pobreza en la ciudad de L'Hospitalet es distinto del concepto de pobreza en otra zona del Estado español, porque usted sabe que el coste de la vida en ciudades
como Barcelona o Madrid es superior. Esto ha creado unas disfunciones que reflejan estos porcentajes, dando lugar a un diferencial enorme.
Yo sé que hay buena sintonía con el Gobierno de Cataluña, y el conseller Maragall está luchando por ello. Sé que se ha reunido con ustedes y están por la labor. También tengo entendido que mi Gobierno, el Gobierno de Cataluña, en una
comisión bilateral con el Gobierno de España marcaron unas fechas. Creo que terminaba el 31 de diciembre. No sabemos exactamente cómo está la situación. Ya sé que coincidió con el final de la legislatura, pero las cosas son como son. El
conseller Maragall tenía previsto un plan de actuación con el que pasaríamos de 5.000 a 25.000 becas y nos pondríamos al nivel del resto del Estado español. No queremos ser más que los otros, pero ya va siendo hora de que vayan cambiando la imagen
que tienen de algunas zonas de su Estado español. ¿Me puede informar de cómo está la situación? Porque el grupo de trabajo tenía que terminar las conclusiones a finales de año y existe un cierto retraso, quizá sea un retraso lógico -no pienso
criticar esto porque lo desconozco-, pero quiero saber si usted está convencida de que hay que ir hacia una política de becas de carácter federal -y, para no molestar, pónganle ustedes unas comillas-, pero hay que tener en cuenta la situación
económica real de cada uno de los territorios del Estado español, porque los hijos de un obrero de la SEAT no tienen acceso a las becas y los hijos de un obrero de otra comunidad autónoma sí lo tienen.
Los dos son obreros y los dos están sometidos
al mismo régimen de explotación.
Los Objetivos de Lisboa sitúan el porcentaje de población con estudios posobligatorios en el 85 por ciento. En Cataluña estamos en el 61 por ciento; de hecho, ni más ni menos que en otras comunidades autónomas. Me gustaría saber si tienen
prevista una proyección de lo que puede ocurrir, qué datos podemos tener dentro de un tiempo en función de su análisis como resultado de las iniciativas planteadas.
Desde el punto de vista de los asuntos sociales -de los afers socials, que decimos en catalán-, es evidente que el crecimiento del Estado español desde el año 1996 ha sido extraordinario; de hecho, incluso en el contexto actual hay un
diferencial entre lo que está previsto que crezca la Unión Europea en el año 2008 y 2009 y lo que crecerá el Estado español, teniendo en cuenta que estamos inmersos en una coyuntura de crisis, pero si nos remitimos a los últimos años llegamos a la
conclusión de que ha habido un crecimiento extraordinario y además España cumplió -ya es hora de que cumplamos- con creces respecto al equilibrio presupuestario y ha cerrado incluso con superávit los ejercicios presupuestarios. Pero observamos que
hay una divergencia entre el extraordinario crecimiento económico del Estado español en el marco de la Unión Europea, cumpliendo los requisitos que marcaba la Unión Europea, más allá de que otros Estados no lo hicieran, y los niveles de protección
social.
En el año 2005, el porcentaje del PIB destinado a protección social en la Unión Europea era del 27,8 y en España del 20; y en 1993 era del 28 y 24 por ciento, respectivamente. Es decir, había un diferencial de 4 puntos y ahora es de 7, a
pesar de los presupuestos de inspiración socialdemócrata de los años 2005 y 2006, antes de que el señor Solbes dijera: ¡alto!. Es decir, los dos primeros presupuestos generales del Estado, los que nosotros convenimos en llamar los del bienio
progresista de Rodríguez Zapatero. Hoy hay 9 millones de pobres, lo cual no es broma. Se está consolidando una sociedad dual a las puertas de una crisis económica que va a ser muy dura para los sectores más débiles de nuestra sociedad. Un Sol Món
dice que en Cataluña ya existe casi el 19 por ciento de pobres.
Nosotros siempre dijimos -ya lo hicimos durante el debate de la reforma de la Seguridad Social- que había que dar un hachazo a la pobreza. Me gusta lo que dice usted sobre el plan
contra la pobreza. Hay que hablar de un hachazo -si me permite la expresión rústica- a la pobreza, porque es evidente que estamos a las puertas de una situación casi desesperante.
Hasta ahora la pobreza ha sido casi clandestina, porque en un
contexto alcista los pobres tienden a esconderse; en una coyuntura depresiva ya no se pueden esconder porque se hacen evidentes en la medida en que crecen en progresión aritmética. Es evidente que hay que ir hacia un mayor gasto para intentar
equipararnos con los porcentajes europeos en el gasto social. Por ejemplo, las pensiones no contributivas Dígame usted, por favor, ¿no puede darse un hachazo a la pobreza incrementando hasta el Iprem las pensiones no contributivas de una vez por
todas? No voy a decir que esto sea el chocolate del loro, pero por esto el Estado español, la gran potencia mundial, no va a tener los máximos problemas. ¿No puede modificarse la ley que impide que las comunidades autónomas puedan complementar más
allá del 25 por ciento las pensiones no contributivas? ¿No se puede intentar llegar hasta el 75 por ciento de la base reguladora del cónyuge con respecto a las personas viudas? ¿Cómo puede ser que las parejas de hecho -tan modernos que somos- no
puedan cobrar la pensión de viudedad? Por cierto, las pobres personas víctimas del terrorismo, sí.
Repito, las parejas de hecho víctimas del terrorismo, sí; lo cual me parece justo. ¿Por qué las parejas de hecho no pueden cobrar la pensión de
viudedad? Esto no se corresponde con lo que decimos, cuando a veces nos llenamos la boca de grandes modernidades. Ahora resulta que a las personas que tuvieron que luchar toda la vida para quitarse de encima el estigma de que no estaban casadas,
ni por el Estado ni por los curas, no se les reconoce la pensión de viudedad. Otra cosa. Los pobres no tienen acceso a la vivienda; además de ser pobre tienes que vivir amontonado.
Aquí hace falta dinero, para que de una vez por todas los
parias, los pobres, puedan vivir al menos en una vivienda. No puede ser que vivan como viven. Gracias a Cáritas y gracias a distintas fundaciones que los sacan de la calle. Hacen falta fondos extraordinarios.
La Ley de la Dependencia. Usted sabe que nosotros dimos un sí sin ningún complejo. Ya dijimos que las clases trabajadoras, las clases populares consiguen los derechos siendo perseverantes en las demandas y en las reivindicaciones y
aprovechando las coyunturas; y una buena coyuntura fue cuando ustedes llegaron con toda la ilusión, casi la misma que la nuestra, en el año 2004. Se elaboró la Ley de la Dependencia y ¡chapó! Desde Ernest Lluch, que universalizó el derecho de la
sanidad, no se había conquistado otro derecho. Nosotros estamos orgullosísimos de lo que hicimos, pero esto, ciertamente, esta actitud nada hipócrita, no significa que no intentemos corregir los errores o los déficits que todavía arrastramos.
Ingenuos de nosotros presentamos una iniciativa parlamentaria, que fue aprobada, desgraciadamente contra la opinión del Grupo Parlamentario Socialista, con lo cual estuvo condenada al fracaso, para la creación de dos fondos de 500 millones,
precisamente para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pudieran afrontar todos los déficits. Se aprobó y al final, evidentemente, el Poder Ejecutivo no lo contempló, porque tampoco estaba obligado a ello, puesto que no era otra cosa
que una recomendación del Parlamento. Por cierto, nosotros somos los primeros en denunciar que no ha habido comprensión por parte de otras fuerza políticas al considerar que no estábamos desplegando una ley, que estábamos creando un nuevo sistema.
Eso requiere esfuerzo, convergencia de intereses, complicidad y tiempo. El Gobierno de Cataluña ha sufrido mucho por los ataques, legítimos por otra parte, de otras fuerzas políticas que no han tenido una cierta comprensión. Ahora bien, usted sabe
que el Gobierno de Cataluña está empeñado en el despliegue de esta ley. Esto significa también que hay que ir a una cierta revisión, que hay que ir a una revisión del marco financiero de esta ley, puesto que las expectativas se han disparado.
Habíamos previsto en Cataluña 30.000 grandes dependientes y hay 40.000. Por cierto, compañeros andaluces me llamaron el otro día para decirme que también en Andalucía la cifra se ha disparado, evidentemente, porque sabíamos el gran agujero negro
que había respecto a estas personas. Hay que ponerse manos a la obra.
Nosotros ya tenemos presentada una proposición de ley para modificar la financiación de esta ley. Porque las comunidades autónomas ya venían invirtiendo fondos públicos, con lo cual aquella paridad que habíamos contemplado -una pata, la
Administración central; una pata, la Administración autonómica; una pata, los usuarios- es teórica. En la práctica, quien pone más son las comunidades autónomas, porque, a veces, usted sabe que, según qué nivel, como marca la ley, se trata de
colaborar desde la Administración central con aquello que es nueva creación, pero el mantenimiento corresponde a las comunidades autónomas. Y no me extiendo más. Usted sabe que puede hacer dos cosas: una, tener ustedes la iniciativa, que sería lo
correcto, y otra, que empezáramos una batalla parlamentaria dura a partir de aquí hasta el final de la legislatura con proposiciones no de ley, proposiciones de ley, interpelaciones, que solamente contaminarían el despliegue de la ley. Ustedes
tienen que liderar esto y manos a la obra.
Finalmente, le voy a dar dos datos, nada más, y usted si quiere me contesta y, si no, no. Cataluña, en el año 1999, recibió, como parte equivalente a la distribución que se hace respecto a aquello que se recauda en concepto de 052 por IRPF,
casi 13 millones de euros, 12,9 millones, y en el año 2007, 13 millones de euros. Igual. Somos la comunidad autónoma, por decirlo con la terminología que ustedes utilizan, que más casillas marca en el espacio donde hay que marcarlo. El señor
Vázquez, el embajador, dice todo lo contrario, dice que hay que marcar la otra; pues no. En Cataluña es donde un mayor número de ciudadanos y ciudadanas marcan la casilla que hay que marcar. Pues bien, nosotros estamos muy orgullosos de esto,
pero en el año 2007 recibimos lo mismo -100.000 euros más- que en el año 1999. Estamos hablando de luchar contra la pobreza y es una aportación voluntaria, pero estamos hablando de solidaridad. Es que es perverso, estamos hablando de solidaridad y
en cambio no podemos ser solidarios con nuestros pobres. Buena vergüenza es que una ciudad, como la catalana, y cualquier otra del mundo rico y culto, tenga tantos pobres, casi el 20 por ciento de pobres.
Para terminar, le pido su colaboración, su ayuda, su complicidad, en algo en lo que poco puede hacer a nivel visual, por cuestiones procedimentales y metodológicas, pero sí con sus compañeros de Gobierno. Nosotros tenemos pedida desde el
año 2004 la creación de una comisión para el estudio de la viabilidad de la renta básica universal. Cuatro años luchando para ello; no lo conseguimos. Ahora lo hemos presentado de nuevo, conjuntamente con nuestros compañeros de Izquierda Unida y
de Iniciativa, y, si usted puede ayudarnos en algo, será bienvenido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Quiero también felicitar desde mi grupo a la ministra, con la que hemos coincidido en bastantes ámbitos en la legislatura pasada, sobre todo en las cuestiones dedicadas al ámbito educativo, y con la que hemos tenido
algunas discrepancias puntuales.
Ahora tiene otras tareas encima de la mesa y, sinceramente, mi grupo no acaba de ver esa coherencia de contenidos que la ministra manifiesta que tiene el departamento, pero es una discusión estéril en la que no
vamos a entrar. Sí parece, incluso por las intervenciones que ha habido en la Comisión durante el día de hoy, que los límites de la competencia del departamento no parecen muy claros. Por lo que he creído entender de la exposición de la ministra,
el contenido de control y de impulso de esta Comisión se va a limitar a la Ley de Dependencia, o Ley de Promoción de Autonomía Personal -su título literal-, como dice la ministra que prefiere que se llame, y otras cuestiones relativas a la
dependencia van a otra Comisión, pero otros asuntos de los que también se ha hablado y que tienen sus puntos de unión con dependencia corresponden a otros ministerios. He entendido que los asuntos que dependen del ministerio con respecto a
esta Comisión van a ser básicamente el desarrollo e impulso de la Ley de Dependencia.
La verdad es que me ha alegrado oír decir a la ministra que ya está hecho el marco legislativo. Estupendo. Porque de las cuatro leyes que ha mencionado, para nuestro grupo es más que evidente que tres son invasoras de competencias.
Excepto la LOE, la Ley de Promoción de Autonomía Personal, indudablemente -así lo manifestamos en su momento-, y las dos leyes relativas al ámbito deportivo -la Ley de lucha contra la xenofobia en el deporte y la Ley para luchar contra el dopaje en
el deporte- invadían competencias. Me he quedado tranquilo al ver que parece que son las leyes, pero luego ya nos ha anunciado el desarrollo, además en un ámbito como es el deporte, en el que profundizar en esa línea es inevitablemente profundizar
en la invasión de competencias autonómicas.
Me referiré después un poco más a ello. Me parece bien y estamos absolutamente de acuerdo con la ministra en que hay que apelar al diálogo permanente con las comunidades autónomas, pero es que tampoco
hay otro remedio, porque desde las competencias de este ministerio, más allá de la fijación de los marcos generales en los ámbitos que va a tratar, la competencia, tanto en educación como en dependencia y en deporte, está en manos de las comunidades
autónomas.
Estamos de acuerdo con las líneas básicas que ha apuntado respecto a educación, porque así se ha hecho desde la política autonómica de la comunidad autónoma de la que procedo. Ya señalamos al discutir la LOE que la ampliación, evidentemente
siempre desde un plano educativo, nunca existencial, de la educación de 0 a 3 años, es fundamental. Como bien sabe, en nivel de oferta, la comunidad que lidera esas plazas por voluntad propia ha sido la comunidad autónoma, y nos parece bien que se
preparen planes y que este ministerio tome como referencia la ampliación de ese desarrollo de la educación en esas edades. Estamos de acuerdo también en que debe ser una mayor virtud para el sistema educativo que exista más flexibilidad y que ello
puede redundar en la reducción del fracaso escolar y en la búsqueda de alternativas, que de otra manera serían difíciles de arbitrar. Y estamos absolutamente de acuerdo en una política de evaluación periódica, en una evaluación anual -ya estaba
fijada por la ley y en esto coincidimos en el momento de su discusión-, pero creemos que únicamente desde una evaluación permanente, con unos parámetros identificables y permanentes, va a ser posible dejarnos de ideas prefijadas en muchas ocasiones
y ver cuáles son los problemas reales. Ha mencionado el abandono escolar. Solo quisiera recordarle una cosa a la señora ministra. Como todos sabemos perfectamente, solo hay dos lugares en el Estado español donde el ministerio tiene competencia
directa en materia educativa: las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Si uno estudia a las estadísticas, el abandono escolar, el fracaso escolar es mayor en esas dos ciudades autónomas. Es un dato objetivo. No entramos en las causas. A veces
he comentado con la ministra que había que reflexionar sobre si la introducción de otros idiomas aparte del castellano en el sistema educativo pudiera ayudar a combatir ese abandono y ese fracaso escolar. Vuelvo a dejar ahí esa reflexión. Hay que
hacer un esfuerzo por parte de todos, de todas las comunidades autónomas, unas más que otras. Unas producen unos resultados más igualitarios, con menos fracaso escolar, y en otras es más evidente esa diferencia, ese porcentaje más agudo de fracaso
escolar. Pero la asignatura más importante es directamente la del ministerio.
En cuanto a la Ley de Promoción de Autonomía Personal, quisiera hacer algunas reflexiones. Voy a ser bastante concreto en alguna de las peticiones que voy a realizar al ministerio. Evidentemente -lo he dicho antes, pero vuelvo a repetirlo
someramente-, creemos que en su momento se produjo una invasión competencial por parte del Estado. Hecho esto hay que desarrollar la ley y hay que hacer que las cosas funcionen lo mejor posible. La ley creó demasiadas expectativas en la población,
y se quiso vender así. Nos encontramos con que se está diciendo a la gente en estos momentos, usted es dependiente, pero es dependiente a partir de 2014. Es así. Las expectativas pueden crear un globo que se hinche mucho y frustración en muchos
ámbitos. Tengo que decirle también que entiendo que el desarrollo fue muy lento y que hubo prisas. Se saca adelante la ley a finales de 2006, pero hasta la segunda quincena de abril de 2007 no hubo un instrumento, porque no se había sacado el real
decreto, no había nada para definir quiénes eran las personas dependientes. Y hasta junio, medio año después de la ley -estábamos hablando de que esto ya está en marcha-, no había ningún instrumento, no había ningún real decreto que fijara cuáles
iban a ser los servicios. Eso se ha producido, eso ha sucedido en su momento. Ya están ahí esos instrumentos, tarde pero están ahí, pero ¿qué tareas no se han hecho? Estas son las que pedimos al ministerio, le pedimos que acelere una resolución
en estos ámbitos.
Seguimos sin regular el tema del copago, cómo se aplica el copago, un real decreto de capacidad económica, cuál es la capacidad económica -renta, patrimonio, se incluye la primera vivienda-, cuál es el porcentaje que se va a aplicar. ¿Qué
pasa con lo que se ha ido haciendo por parte de las comunidades autónomas? Porque provisionalmente se ha dejado en manos de las comunidades autónomas la interpretación de ese copago. Se supone que necesitamos unos criterios acordados,
consensuados. Ese paso es urgente.
También le pedimos otra cosa que creemos que hay que hacer ya, y es que habrá que acelerar la acreditación de los centros y los servicios que vayan a funcionar dentro de la red de dependencia -capacitación de
profesionales, qué tipo,
los criterios de ratio de personal en los centros, etcétera-. Eso urge. La ley lleva año y medio y todavía esos asuntos siguen sin estar definidos.
No lo he oído en su discurso, pero creo que son tareas urgentes de su ministerio.
Quería hacerle otra reflexión también sobre un asunto que supongo que lo tendrán en cartera, aunque no lo ha mencionado, y es el instrumento de valoración. Por una parte, voy a hacerle una pequeña crítica, creo que no se acertó al no
aceptar los instrumentos de valoración que ya se utilizaban para medir la dependencia en las comunidades. Al final se decide crear uno nuevo, que se supone que se iba a aplicar por todos, pero resulta que hay algunas comunidades autónomas que lo
aplican, como a la que yo pertenezco, y otras comunidades autónomas que están muy de acuerdo pero que no lo están aplicando en la práctica, como usted bien conoce. Los que más críticos hemos sido con la aprobación de la ley y con la invasión de
competencias estamos abiertos a la cooperación y a un trabajo en común. Lo cierto es que ese instrumento de valoración, supuestamente único, en algunas comunidades autónomas no se está empleando. Dicho esto, creo que se están evaluando los
retoques a ese instrumento de valoración. Y yo lo que le quiero plantear por parte de nuestro grupo es lo siguiente: que cuando se cambie ese instrumento de valoración no se olviden de dos colectivos, que a nosotros nos parece que son importantes
y que la ley deja un tanto relegados. Creemos que tenemos que tener en cuenta en ese instrumento de valoración los colectivos de discapacidad intelectual y discapacidad mental; también deberían estar incluidos dentro de este esfuerzo que desde las
administraciones públicas tenemos que realizar. Estos colectivos, en nuestra opinión, no deberían dejarse fuera.
También quería decirle, señora ministra, que tenemos que hacer una reflexión seria sobre la suficiencia de los recursos que se están aportando. Estamos con lo que estamos en estos momentos, no tennemos todos los grados de dependencia, pero
tenemos un grado completo, los dos niveles, la mitad del otro. Tenemos una cantidad mínima asegurada, si no me equivoco, la última fijada para el tercer grado, segundo nivel, el más grave, por decirlo de alguna manera, 207 euros. El nivel acordado
con las comunidades autónomas va alrededor de quinientos y poco euros, 507, 512.
Desde luego con eso, ni con lo que puedan suplementar las comunidades autónomas -porque, ¿a qué podemos llegar, a 800 a 900 euros- con eso, una persona gran
dependiente no puede estar atendida veinticuatro horas. ¿Es suficiente esa cantidad al mes para hacer frente, verdaderamente, a los servicios que esa persona necesita? Yo creo que nadie puede afirmar que eso es suficiente, nadie puede afirmar que
eso es suficiente, repito.
Creo que tenemos que hacer una reflexión seria. Y, en ese sentido, no sé si nos podría apuntar ya cuál entiende el ministerio que puede ser el nivel acordado para este año. Pero, desde luego, tenemos que hacer una
reflexión. Con 500 euros, incluso con 800, haciendo un esfuerzo más que el que el Estado aporta como mínimo, por parte de la comunidad autónoma, suplementandolo en 300 o trescientos y pico más, sinceramente, no es real que se pueda cubrir un gran
dependiente nivel 2, incluso nivel 1.
Por último, señora ministra, una pequeña pero importante referencia al ámbito deportivo. Así como en el ámbito educativo hemos llegado a acuerdos importantes, en este no hemos podido hacerlo. La verdad es que a mí el desarrollo de las
leyes ya me pone en alerta, lo vamos a seguir con mucho interés y seguro que tenemos oportunidad de debatirlo en esta Comisión. Pero lo que ya me ha alarmado por completo es ese plan integral de actividad física y deportiva. Usted lo ha mencionado
expresamente: niños, adolescentes, jóvenes, deportes en escuelas, pruebas de salud.
Oiga ¡es que ustedes ya no se limitan al deporte de élite, como decían antes cuando defendían la competencia del Estado, que es que era eso, que el deporte de
élite tenía que ser del Estado! O a las selecciones, o a la Eurocopa o a los Juegos Olímpicos. No, no, es que ya no nos van a dejar ni los alevines, ni el deporte escolar, ni la actividad en las escuelas; o sea, doble competencia, por educación y
por deporte. Pero ¿qué necesidad tiene el ministerio de hacer esto, si ya tiene otras tareas? ¿Qué necesidad hay de forzar desencuentros en estos ámbitos y en estas materias? También hay que decir que estos planes suenan mucho, son muy
grandilocuentes, y, al final, se suelen quedar en nada y en gran medida sin aplicar. Si uno no cuenta con la colaboración de las comunidades autónomas, de nuevo es otro globo que se desinfla. No fuercen estas situaciones. Ya tenemos discrepancias
y las vamos a seguir manteniendo.
Al señor González que no se le olvide la camiseta en la Eurocopa, porque vamos a tener que volver a discutir del tema de las selecciones deportivas, porque lo traeremos de nuevo, las selecciones oficiales?? Yo no
voy a entrar ya en algunas cosas que ha dicho el señor Tardá, pero ese tema saldrá. Eso está ahí, es una discusión abierta, ¿también en el ámbito del deporte escolar, en el ámbito de un ciudadano normal? No es serio. Por este camino desde luego
no vamos a poder llegar a un encuentro.
De todas maneras, señora ministra, quiero manifestar nuestra predisposición al diálogo. Además, lo quiero decir aquí, públicamente, sabemos que usted es también una persona que está en la misma disposición, con la que se puede dialogar y
con la que podemos entendernos, y esperamos que esto sea posible. Pero, sinceramente, alguna de las cosas que ha apuntado nos preocupan y otras creemos que no las ha apuntado. De la Ley de Dependencia sí ha hecho, por ejemplo, un anuncio de lo que
ha sido y de los ideales que queremos alcanzar, pero los pasos concretos que tenemos que dar ya me temo que no los ha apuntado, ni siquiera los ha mencionado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora ministra, gracias por su comparecencia. De entrada quiero desearle también suerte en esta nueva etapa de su ministerio, un nuevo ministerio que incorpora estas tres patas: educación, política social y
deporte. Hemos leído en algunos sitios que responde este planteamiento a una cierta inspiración en el modelo británico de aproximación de estas políticas públicas. Nos podría parecer el planteamiento, desde el punto de vista teórico, conceptual,
sugerente o interesante, pero la propia articulación de su discurso esta mañana nos indica que quizá, simplemente, estamos ante tres partes diferenciadas, muy claramente, de políticas públicas que el Gobierno va a desarrollar. Y el link, la
vinculación entre estas políticas sociales y estas políticas educativas en su intervención de hoy no lo terminamos de ver, ni mucho menos. Tenemos el riesgo de tener tres ministerios en uno y que las posibles oportunidades que esa vinculación podía
haber generado no se terminen de producir. Si a eso, señora ministra, le añadimos que el principal programa redistributivo del Estado del bienestar, que es el sistema de la Seguridad Social, no depende de su ministerio, sino del ministerio del
señor Corbacho, todo el discurso de política social vinculado a la política educativa tiene un punto de retórico y un punto de hueco. Si, además, añadimos que las políticas vinculadas al desarrollo de la igualdad dependen de otro ministerio de
reciente creación en esta legislatura, que las políticas de mercado de trabajo vinculadas muy directamente a una de las cuestiones que usted ha planteado -y a las que luego me aproximaré- dependen también del ministerio del señor Corbacho, y que,
además, algunos de los retos vinculados al desarrollo de la Ley de Dependencia quizá tienen mucho que ver también con el Ministerio de Sanidad nos preocupa, todo ello nos preocupa. Nos preocupa porque en un discurso que podía ser sugerente, cuando
empiezas a aterrizar en la realidad de la composición del Gobierno, ves que existe dispersión. Y ahí, señora ministra, el primer reto que creo que usted va a tener es que ese discurso, que en algunos momentos se plantea, de verdad tenga incidencia.
El señor Tardá -que ahora no está aquí- le hacía con buena intención algunas reflexiones vinculadas al ámbito de la pobreza, pero supongo que su respuesta será que quizás hay que discutirlo en el ámbito de la Comisión de Trabajo e
Inmigración, con el ministro Corbacho o con el señor Granado; las reformas vinculadas, por ejemplo, a las pensiones de viudedad o una cuestión muy directamente vinculada a las cuestiones que a usted le afectan, como la pobreza, la probeza infantil,
previsiblemente no dependen de usted. También, el desarrollo del famoso Fondo de impagos para supuestos de separación, la cuantía de la pensión de orfandad, etcétera. Todo eso, vinculado directamente a la probeza, a la pobreza infantil, por
ejemplo, no va a depender de su ministerio. Ahí tenemos, de entrada, ese punto de escepticismo. (El señor vicepresidente, Matarí Sáez, ocupa la Presidencia.)
Usted ha empezado su intervención afirmando -y compartimos esa filosofía de manera muy apasionada- que el Estado es el Gobierno y las comunidades autónomas. Nos parece un planteamiento político adecuado al modelo que nos marca la
Constitución y adecuado a una concepción de un Estado moderno y avanzado, que apuesta, muy claramente, por la autonomía política y por el principio de descentralización. Pero también es cierto -y el señor Esteban se lo mencionaba- que luego, cuando
uno empieza a aterrizar en lo que se nos explica, aparecen dudas sobre si efectivamente se asume esa concepción colaboradora y cooperadora entre Estado y comunidades autónomas o si, por el contrario, se continúa instalado en la idea perversa, que en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la pasada legislatura, marcó la orientación del Gobierno, que es la convicción de que el único que puede garantizar la igualdad efectiva de los ciudadanos es el Estado y que las comunidades autónomas
son un problema para alcanzar esa igualdad efectiva. En este sentido, ustedes han hecho una utilización perversa del artículo 149.1.1 de la Constitución, que ha vaciado de competencias a las comunidades autónomas en materias de carácter exclusivo
de las mismas. Lo más emblemático ha sido, evidentemente, la Ley de Dependencia; el señor Esteban hacía referencia a ello y luego yo también entraré en esa cuestión. Se ha llegado al absurdo, por ejemplo, de justificar el no traspaso de la
gestión de los recursos del 0,5 -ahora 0,7- a ese título competencial, mejor dicho a esa atribución de una intervención del Estado que no es ni título competencial. Por tanto, señora Cabrera, estamos de acuerdo, Estado son todos, el Gobierno del
Estado y las comunidades autónomas, pero eso se debe traducir en una política de no invasión de sus competencias exclusivas.
En su primera intervención ha hecho referencia a ese diálogo con sindicatos, con organizaciones empresariales y con el Gobierno, y también a lo que en la Unión Europea se denomina el diálogo cívico, el diálogo con la sociedad civil
articulada, el diálogo con el tercer sector. Ese ha sido un planteamiento muy correcto. En los últimos años se ha articulado a nivel del Estado y de los distintos territorios una red de sociedad civil potente en el ámbito de la discapacidad, en el
ámbito del tercer sector de interés social, en el ámbito de la lucha contra la pobreza y en el ámbito de la atención a los derechos de la infancia. Por tanto, ese nuevo actor que conforma esa realidad emergente debe tener un papel relevante en la
configuración de determinadas políticas públicas. La pasada legislatura vivimos, por ejemplo, que en el ámbito de empleo y discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales -no este ministerio- impulsó la reforma del sistema de apoyo al
empleo para personas con discapacidad, al margen de la sociedad civil articulada en esta materia, de tal manera que el trámite parlamentario de esa reforma laboral tuvo que dar marcha atrás a ese acuerdo alcanzado entre el Gobierno, los sindicatos y
la patronal, al margen de las plataformas de las personas con discapacidad. Ojalá ahí también esa
vocación que usted ha manifestado de ampliar ese diálogo cívico al diálogo social incida de verdad en esas políticas públicas.
Finalmente, usted ha hecho referencia a la dimensión europea, al cumplimiento de los objetivos de la Agenda de Lisboa. Coincidimos en que para la modernización del modelo social europeo, al que usted hacía referencia al inicio de su
intervención, el cumplimiento de los compromisos de Lisboa es básico y que, efectivamente, hoy el modelo social europeo tiene el reto de modernizarse y adaptarse a ese mundo global. Sabe usted que, en la pretensión de alcanzar los objetivos
marcados por la Agenda de Lisboa y en la pretensión de modernizar nuestro modelo social europeo, va a contar con nuestra complicidad para avanzar en esa dirección.
Entrando en materias más concretas, hemos de empezar analizando la implementación, el desarrollo, la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Discrepo en cuanto a que el problema que hoy tenemos sea que estamos articulando un nuevo
sistema y no simplemente una ley, como creo que algún otro portavoz ha manifestado -y he observado algunos asentimientos en la bancada socialista-. Creo que estaremos todos de acuerdo en que el sistema de servicios sociales y los servicios sociales
relacionados con la dependencia llevaban muchos años funcionando antes de la puesta en marcha de esta ley. Precisamente uno de los problemas que está teniendo la implementación de esa ley es que incide sobre la realidad ya existente: centros de
día, residencias para personas mayores, teleasistencia e incluso prestaciones de la Seguridad Social muy parecidas a la filosofía del asistente personal que incorporábamos en esa ley. Cuando se ha pretendido imponer desde el Estado una nueva
organización a una realidad distinta en el conjunto del territorio, desarrollada en los últimos veinticinco años, se han producido enormes problemas de implementación real. No es que sea un nuevo sistema, sino que se ha pretendido imponer un nuevo
sistema a una realidad articulada en los territorios en los últimos años, respondiendo a esa idea perversa de que el problema que tenía el débil desarrollo de los servicios sociales asociados a la dependencia era la falta de una ley marco en el
conjunto del Estado. Los hechos hoy nos demuestran que el problema que teníamos no era la falta de una ley en el conjunto del Estado, sino un problema de insuficiencia de recursos económicos, malos enfoques en determinadas articulaciones de
políticas públicas -por ejemplo, todo lo que está vinculado al ámbito sociosanitario-, debilidad de los incentivos fiscales a la presencia del sector privado en este campo, etcétera.
Quizá, señora ministra, nos equivocamos -especialmente quienes
impulsaron y votaron la actual Ley de Dependencia- al plantear prioridades que seguramente no eran las que tocaban. Haber priorizado la puesta en marcha de recursos y haber articulado fórmulas que permitiesen conocer y difundir mejores prácticas,
nos hubiera ayudado más que haber generado esas enormes expectativas en relación a esa ley que no se han cumplido.
Sabemos que si no empezamos a corregir el tiro en los próximos años, la aplicación de la Ley de Dependencia no va a tender a mejorar.
Para los próximos dependientes de grado segundo los niveles de protección que se van a generar van a ser inferiores a los que hoy reciben los grandes dependientes. Esa sensación de frustración que se ha generado en estos meses de implementación de
la ley va a tender a aumentar.
Señora ministra, se lo dije la semana pasada en una pregunta oral en el Pleno: el Gobierno no puede excusarse para el mal funcionamiento de la ley en las comunidades autónomas. Leíamos en un periódico de Madrid: el Gobierno lanza un
ultimátum por el descontrol de la dependencia; amenaza a las autonomías con cortar las ayudas ante la falta de información.
Coincido con usted en que necesitamos transparencia, necesitamos conocer con exactitud el desarrollo de esta ley, pero dudo
mucho que lo que toque sea amenazar a las autonomías con cortar ayudas. Eso no responde a un modelo de Estado que pretendemos que sea colaborador y cooperativo.
¿Qué le proponemos nosotros en este ámbito? Coincidimos con usted en esa necesidad de avanzar en la evaluación del sistema. ¿Sería bueno que durante el año en curso estuviésemos en condiciones de conocer qué es lo que está sucediendo en la
aplicación de la ley, y viésemos qué correcciones debemos introducir ahora, antes de que el sistema tienda a consolidar algunos problemas y algunos defectos? ¿Debemos avanzar hacia la revisión del sistema de financiación de la ley? Hoy, en la
práctica, al menos en el caso de Cataluña, en el desarrollo de las políticas de atención a la dependencia el Estado tan solo está contribuyendo en un quinto del conjunto del gasto en esta materia, el resto está siendo gasto autonómico. Mientras no
incorporemos en el sistema de financiación autonómica la dimensión de la dependencia, como el resto de los ámbitos vinculados al Estado del bienestar, las capacidades de aportación de las comunidades autónomas en esta materia va a tender a empeorar.
En tercer lugar, debemos abordar la puesta en marcha del ámbito sociosanitario. Está previsto en la Ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud. No se ha desarrollado la prestación sociosanitaria, y buena parte de los problemas asociados
a la gran dependencia tienen vinculación con esa prestación que hemos dejado aparcada. Hay que generar un pacto con el sector privado, tanto con el sector mercantil como con la iniciativa social, porque es evidente que no puede haber desarrollo de
prestaciones y servicios sin la implicación de ese sector privado. Eso exige alguna cosa más que pretender imponer, a través del desarrollo de esta ley, acreditaciones mínimas a las comunidades autónomas en materia de centros geriátricos. Usted
ofrece una entrevista en El País, el 18 de mayo, en la que dice: tenemos que tomar decisiones con el acuerdo general, pero eso no quiere decir que no se puedan imponer algunos requisitos. Señora ministra, no es un problema de imponer requisitos en
una materia que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, es cuestión de pactar con la
iniciativa privada y con las comunidades autónomas un marco estable y seguro que pueda permitir el desarrollo de esa iniciativa social y mercantil.
Señora ministra, introducimos en el título de la ley el concepto de autonomía personal, pero nos hemos quedado en la retórica, porque la ley responde básicamente a la necesidad de articular un problema vinculado al envejecimiento. A pesar
de esa aspiración, que el trámite parlamentario tuvo, de dar respuesta también a las necesidades de las personas con discapacidad, a las personas con problemas de salud mental, a las personas con nuevas enfermedades o enfermedades crónicas, la
articulación de esta ley no va a dar respuesta a esas necesidades. Mi colega la señora Tarruella le podría explicar anécdotas dramáticas vividas en la demarcación de Lleida sobre personas con altísimos niveles de dependencia y de discapacidad, que
aún esperan recibir algún tipo de prestación del sistema de atención a la dependencia, después de haberse generado enormes expectativas en este sentido.
Hay tres cuestiones concretas que le quería plantear. Una, ¿piensan exigir algún tipo de responsabilidad a la empresa privada a la que le encargaron ese programa informático, que costó una importante cantidad de dinero? Dos, aunque ya lo
planteaba el señor Esteban, me gustaría que me dijera en qué momento se encuentra el desarrollo de la normativa en materia de copago, y cómo va a articularse con las normativas en copago que en este año y medio han puesto en marcha las comunidades
autónomas. Tres, ¿en qué línea va ese decreto de imposición de mínimos para la acreditación de centros y servicios? ¿Cuándo tienen previsto desarrollarlo? ¿Va a respetar las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en esta materia?
A mi grupo le preocupa la aplicación y el desarrollo de esta ley, y en las próximas semanas vamos a plantearle una interpelación en el Pleno del Congreso para poder debatir a fondo sobre la misma e intentar alcanzar un acuerdo entre todos
los grupos para el desarrollo de esta cuestión.
Estamos preocupados y, si no le damos una vuelta a la cuestión el proceso de implementación de la ley no mejorará; muy al contrario, el paso del tiempo puede tender a empeorar algunos de los defectos
que en este año y medio se han puesto muy claramente de manifiesto.
En materia de discapacidad quiero recordarle que efectivamente en la pasada legislatura tuvimos un intenso desarrollo legislativo en esta materia, y seguramente en esta va a tocar hacer un esfuerzo de concreción, por ejemplo, respecto a la
Ley de lenguas de signos. En su intervención no me ha parecido oírle ninguna referencia a la misma, por lo que nos gustaría conocer cuáles son sus previsiones en esta materia o respecto a la aplicación y las normas de desarrollo de la Ley Liondau
en materia del régimen sancionador e infractor. ¿Qué medidas o qué previsiones tiene en este ámbito?
Usted nos ha hablado de la estrategia global del empleo para las personas con discapacidad. Sería bueno que hubiese pronto una comparecencia del Gobierno en este sentido, no sé en cuál de las tres comisiones, si en la de Discapacidad -que
quizás sería en la que tocaría-, en esta o en la de Trabajo, pero quiero anunciarle ya que la pretensión de Convergència i Unió en esta legislatura es activar la revisión de la Lismi en materia de empleo y discapacidad. La Lismi es una ley del año
1982 y hoy ni la economía ni la empresa ni el mundo de la discapacidad responden a esas previsiones del año 1982, por lo que toca una puesta al día de la Lismi en esa materia. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Finalmente en el ámbito de la política social de su ministerio quiero reiterarle un objetivo que Convergència i Unió se marcó en la pasada legislatura, como era el traspaso de la gestión del 0,7 por ciento del IRPF para actividades de
interés social. El señor Tardà le hablaba de que entre los años 1996 y 2006 se ha mantenido prácticamente congelada la parte de dinero que llega a Cataluña, y yo añadiría algo más. En el año 2006 se recaudaron en Cataluña cerca de 40 millones de
euros de ciudadanos que marcaron esa casilla en el impuesto sobre la renta, y se devolvieron 13 millones de euros en programas de atención social vinculados a Cataluña. Un esfuerzo de 40 millones por parte de los ciudadanos de Cataluña y un retorno
de 13 millones evidentemente no tienen ningún sentido. Tenemos un sistema que no estimula la capacidad de recaudación de las ONG de cada una de las comunidades autónomas, y aleja buena parte de los programas que se desarrollan por parte de estas
organizaciones a las demandas de los ciudadanos, cuando no existe el título competencial que pueda justificar esa gestión por parte del Estado. No existe título competencial que pueda justificar que el Estado sea el que gestione, en exclusiva, unos
recursos orientados básicamente a competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Para Convergència i Unió va a ser prioritario que en esta legislatura se produzca ese traspaso de competencias en esa materia, y en este sentido anuncio también
iniciativas parlamentarias en esa misma dirección. Yo creo que en la pasada legislatura nos tomaron el pelo. Estuvimos durante muchos meses mareando la perdiz en esta materia, que finalmente no se ha concretado, y por tanto esa va a ser una de las
prioridades de Convergència i Unió en este ámbito.
En el terreno de las políticas educativas -pido disculpas a la señora ministra porque la portavoz en esta materia será nuestra colega la señora Pigem, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que no nos ha podido acompañar-
simplemente quiero reclamarles a usted y también al grupo de la mayoría la necesidad de articular un pacto de Estado en materia educativa. Usted apuesta por la estabilidad legislativa, que nos parece necesaria, pero sin un pacto educativo a fondo
que sitúe ese objetivo de política de Estado, ese objetivo estratégico más allá de los vaivenes de los cambios de mayoría, no habrá manera de conseguir esos grandes objetivos que usted nos marque. En este sentido le instamos a usted y a quienes hoy
constituyen el grupo de la oposición a
alcanzar ese acuerdo. Señoría, coincidimos en la necesidad de abordar muy claramente la problemática del abandono prematuro de nuestro sistema educativo para superar ese altísimo fracaso escolar. En abril Comisiones Obreras publicó un muy
interesante artículo sobre la relación entre mercado de trabajo e inmigración, y apunta un dato muy significativo en términos de cohesión social, como es un incremento de la pérdida de oportunidades de empleo para trabajadores autóctonos con muy
bajos niveles de formación -gente que no ha estudiado la primaria o que no ha terminado la secundaria- así como un aumento de las dificultades para incorporarse al empleo, y por tanto las cuestiones vinculadas al fracaso escolar, al funcionamiento
de nuestro mercado de trabajo, en un contexto de crisis económica y ante una realidad de presencia importante de inmigración constituyen una cuestión muy sensible a la paz social y a la ausencia de conflicto social en relación con el fenómeno de la
inmigración. En este sentido absoluta prioridad.
Señora ministra, me gustaría plantearle dos cuestiones. Una, la necesidad de proceder al traspaso del sistema de becas. Tenemos desde hace siete años una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a ello, por lo que no hay excusa
para no cumplir dicha sentencia del Tribunal Constitucional en materia de becas -en estos días la Comisión Mixta de la Generalitat va a discutir sobre esta cuestión-, sistema que está castigando hoy a las clases medias catalanas, a pesar del aumento
de los umbrales para acceder a las mismas. En materia de formación profesional apostamos muy claramente por la puesta en marcha de una experiencia que en el País Vasco se ha articulado alrededor del contrato dual, es decir, permitir estudiar en el
sistema de formación profesional e incorporarse al mercado de trabajo.
Señora ministra, por otra parte usted ha hablado de la etapa de 0 a 3, que también va a ser una prioridad nuestra, pero le advertimos que en esa línea de imposición de mínimos, de imposición de criterios en la etapa de 0 a 3 no debemos caer
en los mismos errores en los que se ha caído con relación a la Ley de Dependencia. Rechazaríamos una Ley de Dependencia II respecto al periodo de 0 a 3.
Para finalizar haré algunas referencias a la dimensión de deportes, donde será nuestra colega la señora Surroca quien ejercerá de portavoz en esta legislatura. Señoría, más allá del desarrollo de las leyes de dopaje y de lucha contra la
xenofobia en el ámbito del deporte, mi grupo va a plantearle en materia de reconocimiento de la realidad del deporte catalán un respeto a la autonomía de la sociedad civil catalana, que libremente está decidiendo querer vincularse directamente con
sus federaciones internacionales. En este punto el Estado no puede impedir que esa sociedad civil catalana, que libremente decide vincularse con esas federaciones, pueda ejercer ese derecho. En nuestra opinión, en términos democráticos, en
términos de respeto de la autonomía de la propia sociedad civil, el papel del Estado debe ser otro: ofrecer esa capacidad de que el deporte catalán, si quiere ser independiente, lo sea, lo cual en nuestra opinión no afecta a ninguna de las esencias
ni de España ni del Estado.
Señora ministra, me gustaría desearle suerte. Sabe que Convergència i Unió siempre ha tenido una vocación participativa en el impulso de las políticas que se desarrollan en su ministerio, y desde las posiciones que siempre hemos defendido y
que hoy he procurado expresar de la manera más sintética posible, nuestra intención es la de colaborar con el Gobierno desde estas posiciones.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular se va a distribuir el tiempo, igual que va a hacer el Grupo Parlamentario Socialista. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra en primer lugar el señor Gómez Trinidad.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, señora ministra, por su presencia en la Comisión de Educación. Es mi primera intervención en esta Comisión como portavoz, y quiero mostrarle mi espíritu de oposición constructiva. Sepa usted -no es la
primera vez que nos juntamos en torno a distintos órganos- que conmigo va a contar con una oposición siempre basada en un principio de sentido de Estado y en una lealtad institucional, pero a la vez que lealtad institucional la lealtad que debo a
los ciudadanos que me han elegido, e incluso a los que no me han elegido y que esperan que la oposición cumpla con su papel, que será decir no al Gobierno de modo firme cuando estemos convencidos de que realmente se está equivocando, pero crea usted
de verdad que siempre que digamos no será porque tenemos una alternativa constructiva y haremos propuestas en ese sentido.
Yo le animo a que en esta legislatura dejen de funcionar con el espíritu de la piqueta que animó al Gobierno en la legislatura pasada, por lo menos en lo que se refiere a educación. Comenzaron muy mal, con un acto inaudito en la historia de
la educación y yo me atrevería a decir que en la historia del Estado español, cargándose una ley, y no voy a hacer más sangre sobre el tema, pero todos coincidirán conmigo en que no se hizo ninguna evaluación ni había ninguna justificación real para
terminar con una realidad educativa aprobada en el Parlamento. Yo le animo a que pasemos página y sea el espíritu de la cooperación el que presida esta legislatura. Por mi parte y por parte de mi grupo parlamentario no va a quedar.
Después de felicitarle por su nombramiento como ministra, permítame en plan de broma que la compadezca en el sentido literal de la palabra, es decir, que padezca con usted la nueva estructura del ministerio. Yo sé que usted no lo puede
decir, pero seguramente lo pensará; yo, además de pensarlo, lo puedo y lo debo decir: creo que no es acertada la estructura del ministerio. Decía alguno de mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra que se ha copiado el
modelo anglosajón. Efectivamente, no hay ningún país del entorno que haya optado ni apostado por este modelo, solamente Inglaterra. Un artículo inglés dice: España copia a un novato. El nuevo Ministerio de Educación y Política Social
calca el modelo británico nacido hace apenas diez meses, y que se empieza a enfrentar a duras críticas. Pero no son críticas políticas, son críticas de la propia comunidad educativa. Las escuelas -dice el articulista- temen que acaben siendo
también ellas responsables de lo que ocurre fuera. El ministerio quiere que el nivel de cada escuela se mida con todos los parámetros, no solo el nivel educativo de los alumnos, sino lo que hacen fuera del recinto escolar, desde lo que comen a si
se drogan, si tienen sexo o no seguro, el gamberrismo escolar, etcétera. Frente a esto, los maestros dicen, con gran sentido común, que las escuelas solo son responsables de lo que son, y pedir a las escuelas responsabilidades de lo que ocurre
fuera es una locura.
Es un error en España -y no es que me tenga que apoyar en un argumento de autoridad y en un artículo escrito en la propia Inglaterra-, porque basta tener algún conocimiento de la historia reciente de la educación en España para saber que
hemos asistido durante los últimos años, y con distintas legislaturas, a un hiato, a una fractura entre el mundo educativo; y el no educativo, el Consejo de Universidades iba por un lado, con su propio discurso legítimo, y la Comisión General de
Educación por el suyo, y no se lo digo de oídas, sino porque probablemente sea la única persona que ha tenido la suerte de estar durante diez años en ambos foros. Se lo dije a usted, se lo he dicho a los secretarios de Estado, a los secretarios
generales de la anterior legislatura: existe una fractura en España, y precisamente en estos momentos en que estamos hablando de una reforma educativa en la universidad -porque no hay que olvidar que Bolonia es una reforma educativa, de enseñanza,
no de investigación- es cuando más se necesita la conexión con la parte no universitaria -por cierto, pésima denominación-, y más cuando en la universidad hay que formar a los profesores, ya que el mayor yacimiento de empleo, el mayor empleador es
la administración educativa. Por tanto, mala propuesta es esta. Si a eso además añadimos que cada uno de los dos ministerios asume como responsabilidad y como carga un área tremendamente importante, que coincidirán todos conmigo en que ya de por
sí solo la política social requiere al menos la existencia de un ministerio, difícilmente un ministerio de educación puede soportar la carga de política social. No lo digo por temor a que la educación quede minusvalorada, sino porque puede quedar
minusvalorada, o en cualquier caso ninguneada alguna de las dos áreas probablemente más importantes que tiene este país.
Por lo demás, señora ministra, tengo que decirle que no ha presentado usted nada nuevo, no ha dicho nada, y mucho me temo que usted tiene ahora gran preocupación, lógica y comprensible, por la política social, pero no crea que en la
educación, por el hecho de haber desarrollado una ley orgánica y los decretos correspondientes, ya está todo hecho. La educación en este país -y esto no es una opinión del Partido Popular, sino que es algo contrastado por organismos
internacionales- es muy preocupante, y no se soluciona simplemente con unos programas educativos o con unas comisiones de estudio hechas, ad hoc -aunque ahora insistiré-, por cierto programas educativos que no pueden condicionar la subvención a que
haya un seguidismo por parte de las comunidades autónomas. Yo creía que, al finalizar la última legislatura del Partido Popular asistiríamos a un hito histórico: que por fin el Ministerio de Educación, una vez que se habían producido las
transferencias y se habían desarrollado las leyes orgánicas, debía adoptar un nuevo papel, más de auctoritas que de potestas. Los últimos cuatro años han sido de potestas, de imposición. Es verdad que nos hemos reunido las comunidades autónomas,
pero tengo que decirle dos cosas: ustedes oyen, pero no escuchan, y además no tratan igual a todas las comunidades autónomas, me atrevería a decir que algunas comunidades autónomas son tratadas como si fueran mayores de edad, y otras como si fueran
menores de edad y que la distinción a veces se hace en función de cómo suene el mensaje político. Créame usted que en educación hay menos juego político del que realmente necesitamos. He coincidido con muchos de mis compañeros en la gestión y
algunos de ellos están aquí presentes, y el garbanzo cuece a la misma temperatura en las distintas comunidades. Créame que le haré muchas propuestas -alguna de ellas esta misma mañana- que no están basadas en un programa ideológico ni de partido,
sino de sentido común, y ahí es donde tenemos que encontrarnos, pero hágame un favor: escuche, no solamente oiga.
Le invito -y me consta que usted puede hacerlo- a que cultive el arte de poder no tener razón. Dentro de la responsabilidad que usted tiene y aunque esté puesta por un partido político, tiene la obligación de aunar las voluntades de todas
las comunidades y de todos los partidos. Cultive usted el arte de poder no tener razón y de que puedan no tener razón las comunidades que sean de su mismo partido. En educación sabemos que a veces son los acontecimientos, el día a día lo que se
magnifica por los medios de comunicación social, en ocasiones porque hay razón para ello, otras veces no, pero en muchas ocasiones la urgencia de los medios de comunicación social hace que nos olvidemos de lo importante, y en España tenemos dos
problemas importantes: el primero la falta de calidad, y eso no es una opinión mía ni del Partido Popular. Me parece muy bien que ustedes aborden el problema de la calidad con la evaluación, pero permítame que le ponga un ejemplo. No seamos como
aquel hombre que descubrió que existía el termómetro y que con él podía saber si tenía fiebre o no y, llevado por el entusiasmo de haber descubierto el termómetro, se lo puso en la axila, vio que tenía 39,5º y dijo: esto ya va bien, ya sé que tengo
fiebre. A continuación se ponía el termómetro en la ingle, en la boca, etcétera. No se trata solamente de evaluaciones, sino de adoptar medidas,
y no solamente de evaluar a los alumnos. A lo mejor tenemos que replantearnos si no habrá que revisar los principios pedagógicos del modelo educativo que llevamos implantando casi durante veinte años, y no partamos del supuesto de que los
principios pedagógicos sobre los cuales hemos asentado nuestro sistema educativo son inamovibles.
Educación para la ciudadanía. Me parece que está haciendo un gran daño a la educación actual, primero porque está ocultando la realidad de la educación española -no es el problema más importante-, pero en segundo lugar porque es un problema
artificial que han creado ustedes, llevando a las aulas... (Un señor diputado: ¡Qué fuerte!) -sí, lo advertimos-, lo han llevado ustedes a las aulas para impartir unos contenidos sobre los cuales no hay un consenso social y que es evidente que
molesta a miles de padres. El problema lo tiene usted y usted tendrá que ver si la implantación de esa asignatura tiene que seguir teniendo el efecto que hasta ahora ha tenido, que es dividir a la ciudadanía. Bastaría -se lo dije ayer y se lo
repito- tener en cuenta cuál ha sido el primer efecto de la implantación de esa asignatura para hacer un replanteamiento, retirarla en sus actuales términos y ahí -se lo he dicho y se lo vuelvo a decir- estamos dispuestos a sentarnos. Lo mismo
respecto del bachillerato. Tengo que ceder el tiempo a mis compañeros y voy acortando temas. Usted sabe de sobra que en estos momentos la implantación del bachillerato va a ser precipitada y que está provocando mucho desasosiego en las
administraciones educativas. No sabemos aún cómo van a ser las PAU. Que no lo sepamos nosotros podría ser disculpable, pero que no lo sepan los alumnos que van a comenzar en septiembre no lo es. Ni siquiera sabemos qué ministerio es el encargado
de la realización de esas PAU.
Respecto a la formación profesional, coincido con usted que es importantísimo, pero infórmese, ministra. La legislatura pasada fue una legislatura cuasi perdida. Siguió con la inercia de una ley que se aprobó, la
única que no tocaron, en la última legislatura del Partido Popular. El estatuto del profesorado. Yo espero y me alegro de que ustedes lo retomen, pero esté usted muy atenta no sea que perdamos -como le decía ayer- unos cuerpos nacionales que,
entre otras cosas, están permitiendo una movilidad en un mundo que cada vez exige más. Tengo muchas dudas. Le enumero muy brevemente algunas de ellas, no todas.
¿Quién es el responsable de la implantación de las enseñanzas profesionales,
artísticas, las escuelas de idiomas, los programas europeos - que tanto juego han dado a uno y a otro nivel de la educación-, de las becas? Me alegro que usted reconozca que ha sido un fracaso el de la última legislatura; solo al final ustedes han
enmendado mediante un real decreto.
Coincido con mi compañero que me ha precedido en el uso de la palabra en que el problema de la educación en España requiere una solución que esté consensuada. Nosotros también estamos por el pacto. Claro que queremos llegar a un pacto y
otro día podemos hablar de quién no ha querido pactos en educación. Ahora bien, no puede haber pactos en educación en España si al menos no pactan los dos grandes partidos que representan a más del 85 por ciento de la población. Esto no es en
absoluto una reflexión excluyente. ¡Ojalá estemos todos! y hago votos por que estemos todos, pero, evidentemente, usted no podrá conseguir un pacto educativo en España si tiene más interés en pactar con minorías -no solamente políticas sino con
minorías sociales, pedagógicas o de cualquier tipo- que en pactar con el principal partido de la oposición.
Termino, ministra. Decía Ortega y Gasset: A las cosas. Pues yo le digo, ministra, a la escuela. De verdad, no se encierre usted en informes. No se escude en que ya no tiene apenas competencia, salvo Ceuta y Melilla y algunos centros en
el extranjero. Que no le sirva la sobrecarga de política social como una segunda cápsula para conocer la educación española solo a través de los informes que le preparen sus asesores. La educación en España no va bien (Una señora diputada: ¿Y en
Madrid?), pero estoy convencido de que se pueden hacer las cosas muy bien. Cuando digo en España no estoy haciendo dialéctica, ni de Madrid ni de Andalucía.
Estoy hablando de lo que es responsabilidad de los que estamos aquí, que es que la
educación en España vaya bien y no vaya a diecisiete ritmos distintos. Me gustaría decirles a algunos compañeros que han hecho alguna acotación mientras hablaba que no utilizásemos como dardo la posición de una comunidad contra otra,
independientemente del color político de cada una de ella. Aquí representamos a todo el pueblo español y nuestro problema es arreglar la educación del pueblo español, no la de una comunidad en concreto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: En primer lugar, señora ministra, quiero darle -como todos mis compañeros- la bienvenida a esta Comisión, felicitarla por su cargo de ministra de Educación, Política Social y Deporte y, sin embargo, mostrarle mi
desilusión -como ya se lo dije ayer- porque la política social y todos los temas de familia estén integrados en un ministerio en el cual creo que no va tener tiempo suficiente para dedicarse a lo que a mí me parece que es un tema importantísimo y
determinante, como ustedes también lo dijeron en su campaña electoral: las políticas familiares. No entendemos sinceramente la existencia de un Ministerio de Igualdad y la no existencia de un ministerio de familia.
Parece que toda la política que
ustedes denominaron de familia en la legislatura anterior se basó en las tres leyes: la de Violencia de Género, la de Igualdad y la de Dependencia. Quizás es por eso mismo por lo que han creado un Ministerio de Igualdad, porque ni la de Violencia
de Género ni la de Igualdad cumplieron los objetivos que ustedes mismos se habían planteado y ahora crean un ministerio distinto. También es cierto que la no presencia
del ministro Caldera en este nuevo Gobierno quizá sea precisamente por esas leyes o por el fracaso de las mismas, porque si bien es cierto que a usted le gusta que denominemos la Ley de Dependencia por su concepto, Ley de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, a nosotros también nos parecía importante la nomenclatura, por eso dijimos que se denominara también nacional; sin embargo, luego no se aprobó ese término. Nosotros
queríamos que se denominara nacional porque esa Ley de Dependencia no se está desarrollando exactamente igual en todas las comunidades autónomas y se están generando desigualdades entre los ciudadanos españoles, por lo que yo le decía que si bien se
crea un Ministerio de Igualdad, no entendemos la no existencia de un ministerio de familia para acometer políticas que consideramos esenciales y fundamentales. Es cierto que aquella estrategia que nosotros consideramos de puro márquetin, porque le
vuelvo a repetir, señora ministra los objetivos perseguidos por esas leyes no se consiguieron, sin embargo no les ha ido mal. Han ganado las elecciones, ahí están, pero le pido que sean consecuentes, que sean serios, que sean coherentes y que
atiendan de una manera seria el desarrollo de la Ley de Dependencia. Sé que su voluntad es esa; apreciamos desde nuestro grupo su talante -como a ustedes les gusta llamar-, que es diferente al del anterior ministro. Usted está recibiendo a todas
las comunidades autónomas; está escuchando los problemas que está generando la Ley de Dependencia y apreciamos ese esfuerzo que usted está haciendo y de verdad nos gustaría que no fuera solamente un primer esfuerzo, sino que se cumplieran los
objetivos del desarrollo final de esta ley, porque usted sabe los problemas que tiene la Ley de Dependencia -lo sabe porque está escuchando a las comunidades-, y paso a enumerar sucintamente los problemas que ha generado.
El desarrollo normativo de la ley es muy incompleto de momento y ya le han preguntado que cuándo piensa poner en marcha el real decreto del copago y el real decreto de la acreditación de centros, porque se están generando muchas
desigualdades entre los ciudadanos de las diferentes comunidades.
El proceso -bien lo sabe usted, señora ministra- hasta la recepción de la prestación por el usuario es muy largo, es muy complicado, es muy farragoso, es muy costoso y eso hay que
solucionarlo. También ha hablado del sistema informático. Yo le voy a hablar de un sistema diferente. Creo que el problema no es que no se esté aplicando de una manera oportuna por las comunidades autónomas, sino que el problema es del propio
ministerio.
Por lo tanto, esperemos que también lo resuelva. Uno de los temas fundamentales que usted ha comentado -y también lo apreciamos- es que van a evaluar el rendimiento del sistema y también el del sistema informático. Efectivamente,
consideramos que usted tiene buena voluntad -se lo vuelvo a repetir- porque si bien es cierto que la ley preveía esa evaluación cada tres años, valoramos en su justa medida que vaya usted a evaluarlo ahora, porque nos parece fundamental, necesario e
imprescindible. También es necesario que se establezcan mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional de Salud, con la Seguridad Social y con la Administración tributaria.
Por último, señora ministra, el problema fundamental es el de la financiación, porque ahora mismo no se está garantizando la sostenibilidad del Sistema Nacional de Dependencia. Sería necesario un pacto de Estado -nosotros le proponemos un
gran pacto de Estado- para asegurar la atención a las personas dependientes en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional y para garantizar la sostenibilidad del sistema. Fue un texto que se votó prácticamente por unanimidad y sin
embargo el tema de la financiación es lo más importante porque si se reconoce un derecho subjetivo para cada uno de los ciudadanos, no puede ser que luego no se pueda financiar ese derecho subjetivo. Las comunidades autónomas están haciendo unos
esfuerzos sobrehumanos. Creo que ustedes han hecho ley de la máxima yo invito y tú pagas -el Gobierno invita y las comunidades autónomas son las que tienen que pagar todo el sistema- y respecto a lo que usted ha comentado sobre que la
corresponsabilidad en cuanto a la financiación con las comunidades autónomas está en un 50 por ciento, es cierto, pero le voy a poner un ejemplo muy simple. Una plaza residencial viene costando aproximadamente -usted bien lo sabe- unos 2.500 euros
mensuales y lo que aporta el Gobierno para esa plaza residencial que cuesta 2.500 euros mensuales es solamente el 14 por ciento. Por tanto, el sistema ahora mismo financieramente no es viable, se están creando unos problemas muy serios en las
comunidades autónomas que existen unas expectativas lógicamente en los ciudadanos que no se están cumpliendo. Por tanto, queremos conocer la respuesta que va a dar el Gobierno. Ya le digo que apreciamos esos primeros pasos que usted está dando.
Sepa que en la aplicación y en el desarrollo de esa ley nosotros vamos a estar con usted y quiero pedirle esa coherencia, esa responsabilidad y esa seriedad a la hora del desarrollo y aplicación de la ley.
Si tiene mucha relevancia el tema de la Ley de Dependencia, lo que nos ha sorprendido -teníamos nuestras dudas y mucho miedo al respecto y efectivamente en esta primera comparecencia se han cumplido- es que usted base la política social pura
y exclusivamente en la Ley de Dependencia y, como ha dicho usted, en el Plan de exclusión. O sea que los temas fundamentales que usted ha enumerado en el departamento de Política Social han sido el de la Ley de Dependencia y un plan de exclusión.
Pues bien, nos parece absolutamente insuficiente porque una política social, donde está integrada toda la política familiar no puede basarse pura y exclusivamente en la Ley de Dependencia. La Ley de Dependencia es una parte de esa política social,
de esa política familiar, pero desde luego no debe ser la única política que su ministerio desarrolle. Ya le digo que ese miedo en esta primera comparecencia se está cumpliendo, el miedo que nosotros teníamos a que se hubieran reducido
efectivamente
todas las políticas familiares y, además, por dos causas muy claras, primero, por la estructura de su ministerio y, segundo, porque las políticas que usted ha enumerado y las que vienen en su programa electoral son insuficientes para
resolver todos los problemas que las políticas familiares tienen en España. En primer lugar, está el tema del presupuesto. Usted sabe que en la Unión Europea el presupuesto que se dedica al apoyo de la familia es el 2,5 del PIB y nosotros estamos
en un 0,6 del PIB. Por tanto, le pregunto si piensa usted aumentar ese presupuesto de políticas familiares en esta legislatura.
Las familias españolas van a tener ahora mismo que soportar esa crisis económica que ustedes decían que no existía; son ellas las que van a tener que soportarla y le recuerdo que en el primer trimestre del año 2008 se han destruido 76.000
empleos. Si a eso añadimos que ustedes no tienen medidas suficientes para políticas familiares y que además este ministerio no está en contacto, como decía el señor Campuzano, con el sistema de la Seguridad Social ni con el Ministerio de Trabajo,
va a ser todavía más difícil resolver los problemas que puedan sufrir estas familias. Pero es que además hay muchos, diversos indicadores que nos dicen que no vamos en la dirección adecuada, señora ministra, y eso hay que resolverlo. El aumento de
la esperanza de vida de nuestros mayores, junto con la baja demografía, hace que dentro de unos años nuestro sistema de pensiones no sea sostenible, y la inmigración desde luego no va a resolver este problema. (El señor Tardà i Coma: Pero ayuda.)
Si no se arbitran unas medidas de conciliación esto no se resuelve y es un tema realmente importante que le tiene que preocupar al Gobierno de la nación.
Existe en España un aumento espectacular de las rupturas familiares y todo ello con un gasto
de apoyo a las familias ridículo en relación con el resto de los países de nuestro entorno. Ya le digo que creo que el escenario no es de lo más optimista viendo que ustedes no tratan como se debiera el tema de las familias y si concretamos más,
por ejemplo las familias monoparentales o las familias numerosas, también le puedo decir que no hicieron los deberes en la legislatura anterior ni creo que los vayan a hacer en esta, porque usted solamente ha hecho una enumeración de a lo que se
iban a dedicar, pero no ha dicho nada más, y lo primero que tienen que hacer es resolver los desaguisados de la legislatura anterior.
Por ejemplo, en las familias numerosas lo único que hicieron fue aprobar un reglamento con tres artículos, que han
sido ahora mismo anulados porque no permitieron que las subvenciones para los transportes pudieran ser sumadas, y por tanto la sentencia del Tribunal Supremo nos ha dado ahora la razón. ¿Cuándo piensan anularlos y poner en marcha esas subvenciones
para el transporte para las familias numerosas? Ya llevan cuatro años de retraso y cuanto más lo retrasen ustedes, lógicamente esos beneficios van a tener una ejecución mucho más tardía.
Le he expresado mis dudas sobre el cumplimiento de su programa porque las pocas medidas que podía haber de política familiar general -o a mí me lo parecen- como la educación de 0 a 3 años tengo mis dudas de que al final las cumplan, porque
-también se lo dije ayer- tenían ustedes prometidas 300.000 plazas de guardería en la legislatura anterior y 1.000 millones de euros y en esta legislatura ustedes presupuestan 100 millones de euros, con lo que de buenas a primeras ya se han ahorrado
900 millones de euros; a eso le añadimos que no sabemos las vías por las que se va a ejecutar esto, porque todavía no sé si van a ser considerados como centros escolares, como guarderías o como centros de conciliación. El tratamiento es muy
diferente si son considerados de una manera o de otra, también en cuanto a la conciliación de los padres y madres de familia, porque ya sabe usted que los horarios no son los mismos; luego también me gustaría que me explicara cómo está concebida la
escolarización de los niños de 0 a 3 años.
Termino diciendo, señora ministra, que si me ha parecido no solamente insuficiente sino realmente casi sin calificativo que no se haya dedicado a políticas familiares generales, lo que sí me preocupa es que no hable usted nada de la infancia
ni de los mayores. Me preocupa porque ustedes en principio no apoyan los planes de prevención y no lo hacen cuando los indicadores en España son por lo menos para tenerlos en cuenta. Ahora mismo está aumentando la pobreza infantil, que es superior
a la media.
Usted nos dice que tiene un plan para exclusión y que además nuestras políticas están unidas a la Unión Europea. Lo primero que tendría que hacer era converger con la Unión Europea para que efectivamente puedan unirse esas políticas
con la Unión Europea, porque nosotros estamos aumentando ese riesgo de exclusión y además la pobreza infantil es muy superior a la media. El uso del alcohol y de las drogas también es superior al de la media europea y las cifras están aumentando.
Las cifras de maltrato infantil están aumentando y también los abusos sexuales a menores, los delitos de los menores mayores de 15 años y, para terminar, el aumento de los abortos en niñas menores de 15 años casi se ha triplicado, casi 13.400
abortos en niñas menores de 13 años; no se puede volver la cara a este problema y habrá que poner una solución para que esas niñas no se vean abocadas a la única solución y a la terrible experiencia de deshacerse de su propio hijo.
Termino diciéndole que si bien usted no se ha dedicado a los niños, respecto a los mayores de lo único que ha hablado ha sido de los viajes de los primeros planes del Imserso. La verdad es que su novedad en las políticas de mayores no es
muy grande. Tenga en cuenta que las políticas de mayores no se reducen solamente a la dependencia. Como usted bien ha dicho, la dependencia solamente afecta al 32 por ciento de las personas mayores de 65 años. Por tanto, señora ministra, le
pedimos que no enfoque toda su política social pura y exclusivamente al desarrollo de la Ley de Dependencia, porque hay muchísimos más temas que preocupan a las familias
españolas, y que se dedique usted a los problemas reales de las familias españolas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Procuraré no abusar de la generosidad del presidente en la concesión de tiempos, ya que soy consciente de que nos estamos excediendo. Bienvenida, señora ministra, a esta Comisión y bienvenido, señor secretario de
Estado para el Deporte, viejo amigo de la anterior legislatura y espero que continúe esa vieja amistad y que se traduzca en beneficio para el deporte en general como consecuencia de los acuerdos a que podamos llegar a lo largo de esta legislatura.
Me va a permitir la señora ministra que empiece con una recriminación. La recriminación cariñosa es que de los cuarenta y cinco minutos que la señora ministra ha tenido de intervención hablando del Ministerio de Educación, Política Social y
Empleo ha empleado estrictamente cinco, y permítame esta parte cariñosa, en despachar el deporte en España. Eso tiene dos significados o dos posibles explicaciones, o bien que hay falta de bagaje en los cuatro años anteriores o bien que no hay
proyecto futuro, con lo cual se resume en cinco minutos acabar con las explicaciones pertinentes. Sinceramente, después de haberla oído, no veo nada nuevo bajo el sol. No encuentro que haya una política nueva o algo nuevo de lo que se haya hecho o
incluso perspectivas de novedades dentro de la estructura deportiva en nuestro país. Efectivamente, en la anterior legislatura se aprobaron dos leyes, la de dopaje y la de violencia, llamadas así coloquialmente, con la colaboración y el apoyo de
este grupo parlamentario, pero hemos de decir, como crítica al posterior desarrollo de estas leyes, que ha sido un desarrollo legislativo deficiente, desde nuestro punto de vista por varios motivos, o bien por la lentitud en la aplicación de estas
leyes o bien porque el desarrollo reglamentario no se ha llevado a cabo o bien porque ha habido una falta de recursos para poder hacer este desarrollo deportivo, con lo cual le instamos a que esto se subsane lo antes posible y a que se lleve a cabo
el desarrollo de esas dos leyes que contaron, como bien he dicho anteriormente, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.
La señora ministra no ha dicho nada sobre inversiones y nos ha sorprendido porque objetivamente en la anterior legislatura las inversiones que se hicieron desde el Consejo Superior de Deportes, aquellas que son competencia directa del mismo,
venían proyectadas por el anterior Gobierno, que no eran ustedes precisamente, como son la residencia Blume o el pabellón multiusos, y nos sorprende porque en su programa electoral creo que se hablaba de una casa de federaciones, proyecto que nos
parecía interesante, pero también entendemos que, a lo como, la crisis que no existía empieza a existir para unos, aunque para otros la teníamos encima desde hace algunos meses, no haya ya presupuesto para este proyecto que llevaban en su programa
electoral. Esperemos que lo recuperen, esperemos que no haya sido simplemente algo que se aparte, sino que haya sido un olvido, o que no sea una falta de interés.
En cuanto a la creación de la conferencia sectorial del deporte que la señora ministra ha anunciado, he de decirle que estamos encantados y bienvenida sea porque esta es una propuesta que nosotros hicimos en la anterior legislatura, que fue
rechazada por el Grupo Socialista y todavía estamos esperando la explicación. No hay explicación, se va a constituir la conferencia sectorial del deporte y estamos encantados porque nos parece que es una forma de centrar precisamente los problemas
del deporte de toda España con sus comunidades autónomas en conexión con quien en todo caso tiene la responsabilidad del deporte de alta competición como es el Gobierno de España.
Nos preocupa profundamente el año 2009, por ser aquello que llega más inmediato, por dos motivos, en primer lugar, porque es un año postolímpico y, en segundo lugar, porque añadiéndole al año postolímpico unos presupuestos que se reducirán,
desgraciadamente es un año de crisis, con lo cual la reducción puede ser mayor. Y en cuanto al deporte, que siempre en los ministerios en que ha estado incluido sufría esas consecuencias, y no precisamente desde el Consejo Superior de Deportes
anterior, de que no nos podemos quejar y he de reconocer que los presupuestos no fueron del todo raquíticos y estuvieron en algún caso a la altura de las circunstancias, nos tememos mucho que el presupuesto del año 2009 se va a ver muy afectado y
además desde un ministerio cuyas dos materias anteriores son de una importancia vital para este país. Por tanto, posiblemente seamos de nuevo y como casi siempre la oveja negra de un ministerio que no recibe lo que tiene que recibir y al que no se
atiende como se le tiene que atender. En fin, es una presunción, espero que esté equivocado, que me rectifiquen y que cuando debatamos los presupuestos del año 2009 consigan convencerme de que lo que acabo de decir en esta Comisión y que quedará
reflejado en el 'Diario de Sesiones' era simplemente una presunción mía equivocada.
Nosotros vamos a presentar muchas iniciativas en esta legislatura, señora ministra, y espero que lo mismo que nosotros tendimos la mano al Gobierno para llegar a acuerdos, el Gobierno, a su vez, tienda la mano al grupo parlamentario
mayoritario de la oposición para que estas iniciativas se lleven adelante, porque son interesantes y creemos que el deporte puede ser precisamente el nexo de unión de los dos grandes partidos de este país. De momento le anuncio que tenemos
intención de presentar una modificación a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas porque a lo largo del tiempo y después de su implantación, hemos observado que esta ley ha tenido una perversión importante. ¿Qué perversión ha tenido? Esta ley se
creó fundamentalmente para que los clubes que se convertían en sociedades anónimas deportivas acabaran cotizando en bolsa. Qué curioso que ni uno
solo de los clubes que pasaron a ser sociedad anónima deportiva esté cotizando en bolsa y que ninguno de los dos únicos clubes que podrían tener un resultado importante en bolsa para el sostenimiento de sus presupuestos, que son el Real
Madrid y el Barcelona, sea sociedad anónima deportiva, con lo cual, tenemos que revisar esa ley, presentaremos un proyecto, lo hablaremos con el secretario de Estado para que sea un proyecto, intentaremos, consensuado y podamos modificar los
criterios que hay hasta ahora, porque lo que no se puede consentir es que haya clubes en manos de personas, que al final el rendimiento del club desaparezca y que esas personas sigan, solo que un poco más adineradas, por decirlo de alguna forma.
Para terminar, no quiero insistir mucho porque sé que los demás intervinientes necesitan de ese tiempo, le voy a hacer dos referencias.
Cuando usted ha mencionado que van a apoyar todos los eventos de carácter internacional que se
desarrollan en este país espero que así sea y que no sea como en la anterior etapa respecto a la Copa del América, por ejemplo. Tenemos un evento importante de las mismas características, que es la Vuelta al mundo a vela, la Volvo Ocean Race, que
se va a celebrar en Alicante. Esperemos que al final lleguemos a un acuerdo antes de que aparezcan los conflictos, que luego queden reflejados en la prensa internacional, lo cual no es nada bueno para este país.
Por último, ayer leíamos una noticia sobre que una federación en concreto, la de remo, impedía que una mujer fuera timonel de un equipo. Eso es lo que no se puede consentir en este país teniendo un Ministerio de Igualdad, que una mujer no
pueda ser timonel de una tripulación para ganar competiciones internacionales y que no se la consienta competir en España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez López.
La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Señora ministra, quiero dedicar también mis primeras palabras como portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista para darle la bienvenida, felicitarla por su nombramiento y desearle el mayor éxito en su
labor al frente de un ministerio que va a ser fundamental para el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía española. Quiero igualmente felicitarla por su exposición, porque la líneas de trabajo que ha presentado van a significar un paso
importante en la construcción de una sociedad más culta, más libre, más cohesionada y con más igualdad. Bien sabemos que nuestro país afronta nuevos desafíos, fruto de los cambios que se están produciendo en una sociedad cada vez más globalizada;
cambios en el modelo productivo hacia un sistema basado en la producción e intercambio del conocimiento y cambios sociales, demográficos o tecnológicos que están configurando sociedades con más información, mucho más cosmopolitas y mucho más
diversas. Para ello, señora ministra, hacen falta políticas que respondan a las necesidades y aspiraciones de esa nueva ciudadanía tanto en el acceso al conocimiento como en sus condiciones de vida para alcanzarlo y disfrutarlo. Señora ministra,
hoy ha presentado un proyecto ilusionante que tiene en cuenta esas circunstancias, esa nueva ciudadanía, sus aspiraciones y posibilidades y, sobre todo, que pone a su disposición las herramientas necesarias para aumentar su autonomía, su bienestar y
su capacidad para responder a los retos de la sociedad actual. Por eso compartimos con usted que la educación, en una sociedad como la actual, es el primer factor de progreso individual y social y que su extensión a toda la ciudadanía en
condiciones de calidad es el fundamento más sólido para construir una sociedad económicamente avanzada y cohesionada, social y territorialmente. Compartimos con usted que el futuro de nuestra sociedad depende de la educación. Sin ninguna duda, los
avances habidos durante los últimos cuatro años del Gobierno socialista se han orientado en esa dirección. La Ley Orgánica de Educación, aprobada en la anterior legislatura, representa una apuesta decidida por esa educación de calidad y de
igualdad. Ha diseñado un modelo común para todos, pero respetuoso al tiempo con las comunidades autónomas, y sobre todo, como usted bien ha dicho, ha incorporado los objetivos de la Unión Europea en materia educativa para incrementar el porcentaje
de jóvenes que terminen bachillerato o formación profesional, para reforzar sus competencias básicas y sobre todo, de manera muy importante, para promover la educación a lo largo de la vida. La política de igualdad de oportunidades a través de la
ampliación de becas y ayudas al estudio, la extensión de la gratuidad de la educación infantil entre 3 y 6 años o los planes de refuerzo y acompañamiento escolar han sido medidas de hondo calado social y educativo, sin olvidarnos de que la educación
democrática ha de procurar la formación de ciudadanos y ciudadanas que nutran una sociedad civil fuerte, propia de las sociedades democráticas. Por cierto, señor ministra, no creo que sea la mejor educación para los ciudadanos y ciudadanas, para
esos jóvenes ciudadanos del mañana, estar promoviendo el incumplimiento de las leyes. Habría que preguntarse quién está creando el problema y para qué.
Somos conscientes de que los cambios en educación son lentos. Las mejoras se notan en el medio plazo y las políticas educativas más efectivas son aquellas que tienen continuidad en el tiempo. El Grupo Socialista valora positivamente las
líneas generales trazadas por su ministerio en esta legislatura en materia educativa. Es una política ambiciosa en sus objetivos pero que parte de la realidad actual de la educación española para mejorarla; una política que, como usted bien ha
dicho, refuerza la estabilidad de nuestro sistema educativo, consolida ese modelo común para todos, respetuoso con las competencias de las comunidades, y sobre todo, señora ministra, que hace del diálogo y del acuerdo su método de trabajo.
Es toda
una apuesta de futuro por la educación de este país.
A lo largo de su intervención, entrando en temas muchos más concretos acerca de las líneas prioritarias de la política de su departamento, ha situado al alumnado en el centro prioritario de la educación y, además, desde los primeros momentos
de su vida. Una vez generalizada la escolarización de la etapa de 3 a 6 años de forma gratuita, se da un paso trascendental: reforzar la educación entre 0 y 3 años. Conocemos muy bien la importancia que tienen esos primeros años de la vida de un
niño, esa primera etapa, para su vida posterior, y por eso nos parece una medida de hondo calado educativo y social ese nuevo programa. Reitero, un nuevo programa, Educa 3, que usted anunciaba, para reforzar la educación en esa etapa. Es una
medida que está pensada para los jóvenes y la sociedad del mañana, pero además supone un apoyo decidido para las familias de hoy. En ese mismo sentido, consideramos un acierto poner el acento en el éxito escolar del alumnado y por supuesto en
alcanzar los objetivos educativos europeos derivados de la estrategia de Lisboa. Para ello la atención más individualizada del alumnado cuando se detectan las primeras dificultades de aprendizaje, la extensión de los programas de acompañamiento
escolar y, por supuesto, los programas de cualificación profesional inicial son entre otras medidas algunas que usted señalaba y nos parecen trascendentales. Y me va a permitir que destaque, por la importancia que sé que va a tener en el sistema
educativo de todo nuestro país, esa implantación de los programas de cualificación profesional inicial, nuevos, por cierto, para el próximo curso y que además, como usted bien señalaba, van a contar con becas de una cuantía importante para poderlos
llevar a cabo. Esa es una política que nos importa a los socialistas, la que incorpora a todos, la que entiende que cada niño, que cada joven tiene un contexto social, económico y cultural y que precisa de actuaciones específicas que den respuesta
a tales singularidades. Por ello también valoramos muy positivamente su propuesta de abrir un debate en la Conferencia Sectorial de Educación sobre el abandono escolar temprano y que, además, este tema tan importante para la educación y para la
sociedad española se trate en la Conferencia de Presidentes. Sabemos que en el abandono escolar intervienen muchos y diversos factores: personales, familiares, de contexto social, de funcionamiento de los centros, de género. Y señora ministra,
hacer una reflexión serena, analizando las diversas y múltiples causas que intervienen en el mismo, será de gran ayuda para todos, para el ministerio, para las comunidades autónomas, para los propios centros escolares, con un objetivo importante,
trazar nuevas medidas, nuevos programas que hagan que muchos más jóvenes en este país alcancen la etapa obligatoria y continúen estudiando en los años de la posobligatoria.
Hablando de éxito escolar y de que los jóvenes continúen estudiando, quiero también remarcar y apoyar su apuesta decidida por -vamos a seguir llamándola como antes- la formación profesional. Hacerla más atractiva para los jóvenes será
beneficioso para ellos, también para las personas adultas que se incorporan a la formación profesional, pero asimismo será beneficioso para impulsar ese modelo alternativo de crecimiento económico acorde con los objetivos de la estrategia de Lisboa.
Una formación profesional más flexible, que incorpore con agilidad las nuevas cualificaciones profesionales que surgen en una sociedad que está en cambio constante, que reconozca la experiencia no reglada o que refuerce la red de centros integrados
es un magnífico punto de partida para ese plan que usted anuncia y que nosotros apoyamos. Además, consideramos fundamental ese plan para las enseñanzas técnico-profesionales. En todo ello, sin duda, la política de becas y ayudas al estudio -porque
hablamos de éxito escolar, de calidad y de igualdad- constituye un instrumento fundamental. Los retos actuales del sistema educativo exigen nuevos esfuerzos en este ámbito para lograr que ningún joven con motivación se quede sin estudiar por falta
de recursos. Al Grupo Socialista, señora ministra, le satisface que el ministerio continúe incrementando las partidas económica dirigidas a la concesión de becas y ayudas al estudio, pero también que se lleve a cabo esa evaluación que usted
anunciaba hoy para conocer la eficacia y sobre todo la adecuación a nuestra realidad social y fundamentalmente buscar nuevas vías para mejorar un sistema tan importante para la educación y la sociedad española.
Hablando de evaluación, usted llamaba la atención en su comparecencia acerca de la importancia de la cultura de la evaluación para que impregne todo nuestro sistema educativo; evaluación sobre los conocimientos del alumnado, pero también
sobre el conjunto del sistema, sobre sus prácticas, incluso sobre las políticas impulsadas. Incorporar la cultura de la evaluación significa incorporarnos de manera decidida a políticas de mucha mayor calidad propias de sociedades avanzadas. Pero
para avanzar en ese éxito escolar, para modernizar nuestra educación, para incorporar nuevos conocimientos y saberes, para reforzar la cultura de la evaluación a todas nuestras prácticas educativas necesitamos, señora ministra, un profesorado bien
formado, motivado y reconocido. Por eso apoyamos y suscribimos la necesidad de un gran acuerdo con el profesorado, a través de ese estatuto de la función pública docente que promueva el reconocimiento profesional y social de la labor docente y un
modo de acceso y de carrera profesional que contribuya desde la práctica docente a un compromiso eficaz con la calidad de la enseñanza.
Voy concluyendo, señor presidente. Para llevar a cabo cualquier gran proyecto se precisa claridad en los objetivos y acierto en las medidas para conseguirlo, pero también capacidad para hacer que ese proyecto sea compartido. Ello requiere,
sin duda, desplegar iniciativas que favorezcan el diálogo, que busquen el acuerdo con las comunidades autónomas, con el profesorado, con las familias, con sus organizaciones y, por supuesto, con los grupos políticos. Su demostrada disposición al
diálogo, señora ministra, su capacidad para escuchar y buscar acuerdos y su seriedad en el trabajo son un magnífico
aval para esta nueva etapa. Le puedo asegurar que quienes nos hemos sentado en la mesa de la Conferencia Sectorial de Educación y en el Consejo de Universidades durante ocho años, como consejeros de Educación, sabemos muy bien quién ha
contado con las comunidades autónomas, con las organizaciones sindicales, con los padres y las madres, y quién ha mantenido una actitud de diálogo y de búsqueda del acuerdo y quién no. Le puedo asegurar que hay un antes y un después en esa actitud
entre la etapa anterior y la etapa en la que estamos gobernando los socialistas.
Le animo a seguir con esa manera de trabajar porque ello redunda en acuerdo y en la mejor situación de la educación en España. Cuente, por tanto, señora ministra, con
el respaldo y con la colaboración de las diputadas y los diputados del Grupo Socialista para trabajar por todos esos objetivos que hoy ha señalado. Ese es nuestro compromiso, pero además, señorías, queremos compartirlo con los demás miembros de
esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Señora ministra, es un poco tarde ya para darle la bienvenida, sin embargo, quiero hacer mía también las felicitaciones de mis compañeros por su nombramiento y manifestar la certeza de estar iniciando una etapa
fructífera y también llena de oportunidades.
Tal como usted ha señalado, si en la legislatura anterior el Gobierno socialista, con el apoyo de la mayoría de este Parlamento y el impulso de algunos grupos concretos, desarrolló una tarea legislativa poderosa, orientada a posibilitar una
sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, con el reconocimiento de esos nuevos derechos sociales y de ciudadanía, ahora coincido con usted en que el reto es consolidar y profundizar esas leyes para seguir avanzando en la aplicación de las mismas
y en dar respuestas a fenómenos tan importantes como el envejecimiento de la población, la inmigración, la diversidad de los modelos de familia, la incorporación efectiva de las personas con discapacidad y diversidad funcional, por citar solamente
algunos; en definitiva, señora ministra, para avanzar sin demora en el desarrollo de una sociedad más igualitaria, más inclusiva, como lo hemos venido haciendo en los cuatro años anteriores, y ahora en esta legislatura -siento que no esté el señor
Campuzano- con unos instrumentos políticos y organizativos distintos. El nuevo Ministerio de Educación, Política Social y Deporte puede que suscite algunas dudas en algunas personas, en algunos miembros de esta Comisión, pero estoy segura de que
abre nuevas potencialidades, nuevas vías para el bienestar en nuestro país. La interacción de los dos sistemas, el educativo y el de los servicios sociales, además del de deporte, con las influencias que usted ha señalado, va a generar en los
próximos años un marco de referencia sin duda interesante y positivo por las posibilidades de abordar con mayor facilidad la prevención, la detección y la respuesta a situaciones relacionadas con la familia, con la infancia, con la escuela, con el
territorio, con la comunidad social, familiar y educativa, que es donde se desarrolla la vida de las personas.
Implica optar por un modelo transversal -usted lo ha señalado-, que procurará hacer extensivo a otros ministerios afines para que el
esfuerzo conjunto y coordinado sea superior a la suma de las partes. Se trata de convertir la transversalidad, además de en un instrumento organizativo -que lo es-, en un incremento de la calidad de las políticas, en un instrumento ideológico, pues
con ello situamos a la persona en el centro del sistema, desde una visión y una actuación política unitaria e integral, sin menoscabar por ello la visión del trabajo que se debe efectuar en cada área.
Conscientes de nuestra situación económica -a la que se han referido algunos portavoces-, de nuestras posibilidades y de las prioridades marcadas, hemos de decir que mucho hemos hecho y mucho hemos avanzado.
Cuando aquí se daban datos de
que estábamos 7 puntos por debajo de la media en inversión en gasto social de la Unión Europea, se estaban refiriendo a los últimos datos de Eurostat que hablan de 2004, cuando nosotros llegamos. Nosotros dejamos el Gobierno de España con menos de
4 puntos de diferencia en gasto social, y cuando otros dejaron el Gobierno de España y volvió a recuperarlo el Gobierno socialista nos encontramos con una diferencia superior a 7 puntos. Hoy la realidad no es esa, entre otras cosas por el gran
esfuerzo en inversión pública que se ha hecho en políticas sociales. Para tranquilidad del señor Tardà, que siento que ha salido también, pensamos que es en los momentos de desaceleración económica, que no de crisis, cuando no se deben dejar
aparcadas las políticas sociales, como sugieren algunos expertos, articulistas y grupos situados en posiciones no sé si de derecha, liberales, conservadores o de centro. Por eso, señora Méndez, no se puede pedir aquí aumento en el gasto social y
llegar al Pleno del Congreso con una moción del señor Montoro pidiendo que recortemos el gasto público y que bajemos el gasto social. Vamos a ver si se ponen ustedes de acuerdo al menos en esto; otros problemas ya los resolverán más adelante.
Antes bien, y así lo entiende el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista, es este el momento de que estas políticas sociales se refuercen para actuar como impulsoras y motor del crecimiento en buena parte y como garantes del bienestar de los
ciudadanos y ciudadanas con más dificultades. Es en estos momentos cuando las redes de protección y atención sociales deben ser lo suficientemente resistentes para que no se produzca la expulsión, la exclusión de los colectivos de los ciudadanos
con más dificultades. En este sentido se manifestaba nuevamente ayer el presidente del Gobierno en esta misma Cámara.
Dicho esto, señora ministra, usted y buena parte de los grupos que han hecho uso de la palabra han dedicado parte de su intervención a fijar posición sobre la Ley de Dependencia. Tampoco está el señor Bravo pero he de decir que estoy de
acuerdo con él. Como imagino que
leerá después el'Diario de Sesiones', creo que cuestiones como la participación del beneficiario en la cofinanciación de las prestaciones, cómo determinar su capacidad económica, contar en todo el territorio con unos criterios comunes de
acreditación y de calidad, y el papel fundamental a desarrollar en esas acreditaciones de las empresas del tercer sector o de la iniciativa privada son fundamentales. Espero, señora ministra, que el trabajo que ha iniciado desde los primeros días
con los responsables institucionales de las diferentes autonomías dé los frutos esperados, y que la lealtad constitucional necesaria y el diálogo permitan el acuerdo sobre estos temas en el consejo interterritorial, porque no es responsabilidad del
ministerio (el ministerio ha hecho su norma en lo que podía hacer), es una responsabilidad del consejo, y hay que tomar las decisiones no solamente con el impulso del Gobierno central sino con la responsabilidad y el acuerdo de las comunidades
autónomas.
Las diferencias resultantes que se han manejado en este primer año de la aplicación de la ley entre unas y otras autonomías -créanme, porque hemos trabajado juntos en la legislatura pasada- no creo que puedan justificar las dudas que
algunos pretenden introducir sobre una ley fundamental para la consolidación de una política esencial para un Estado de bienestar avanzado como el que perseguimos. Yo tengo la seguridad, como la tiene la ministra y como han expresado -después de
determinadas críticas constructivas- todos los grupos de esta Comisión, de que juntos, las instituciones pero también el Parlamento, podemos hacer frente a los retos que esta ley implica y de los que todos éramos absolutamente conscientes, aún más
después de escuchar a la señora ministra sobre la buena disposición de todas las comunidades autónomas, incluidas las del principal partido de la oposición, a enfrentar juntos las soluciones a los problemas de gestión diarios que supone la
implantación ex novo de un sistema complejo, señor Campuzano, pero también respecto a lo que usted decía, porque éramos conscientes de que ese sistema ex novo se asentaba sobre una realidad diversa, complicada y muy desigual en la aplicación y en la
puesta en marcha de los servicios sociales en las distintas comunidades autónomas, ya que había comunidades autónomas que en servicio de atención a domicilio tenían una cobertura del 0,3 por ciento mientras que otras tenían una cobertura del 14 por
ciento. Sabíamos que partíamos de esa realidad, pero no creo que sea incompatible lo que decía el señor Tardà con lo que manifestaba usted. Por ello me resulta tanto más incomprensible, conocedores como somos todos, también la señora Méndez, de
cómo salió adelante esta ley, la intervención en buena parte referida a la misma sobre la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Señora Méndez, ¿qué pretende usted cuando habla de unificar? Esta ley es
universal, igual para todos. ¿Qué pretende decir usted? ¿Qué hagamos lo que en la Comunidad Valenciana, donde han puesto en los Presupuestos Generales del Estado el silencio administrativo negativo cuando un ciudadano solicita ser valorado o
solicita una prestación? Está en la ley la universalidad y está en la ley el modelo. ¿Qué pretende usted cuando dice que hay diversas dificultades en las comunidades autónomas? ¿Que lo hagamos como Madrid, que todavía no ha dado ni una sola
prestación de ayuda a los familiares? No quería entrar en ese tema porque me parece que la disposición de acuerdo, manifestada por las comunidades autónomas y por el ministerio, es lo suficientemente importante como para que aquí nos pongamos de
parte de los ciudadanos y nos pongamos a trabajar y a solucionar los problemas, que sin duda hay. Hoy hay 240.000 personas que reciben una prestación, y eso es fruto del acuerdo de todos. Seguramente hay problemas y habrá que solucionarlos. Me
parece muy importante lo que ha dicho la ministra en relación a la evaluación. Es cierto que dentro de dos años tendremos que hacer una evaluación en profundidad, como marca la ley, pero me parece muy positivo ese análisis de situación que junto a
otras instituciones pretende realizar, y particularmente su anuncio de encargar la evaluación a la Agencia de Evaluación y Calidad recientemente creada.
Son otras muchas las tareas que en política social desarrolla el ministerio. Quiero plantearle brevemente el interés de mi grupo en trabajar en esta legislatura de manera intensa y decidida sobre el fenómeno del envejecimiento, al que usted
y otros grupos de esta Comisión han hecho referencia, porque constituye un auténtico reto para las sociedades occidentales, para Europa -que usted ha mencionado varias veces- y para España, y no solo desde el punto de vista demográfico. Creo que
nos vamos a encontrar ahí con el resto de los grupos. Me alegra el compromiso por parte del ministerio de elaborar un libro blanco que nos sirva para afrontar el futuro inmediato. A mi grupo le gustaría mostrar su disposición a participar desde
esta Comisión -lo hago extensivo al resto de los grupos de la Cámara-, con el apoyo de su ministerio, en una reflexión que nos acercara a todo aquello que configura el papel de los mayores en nuestra sociedad y sus condiciones de vida, y que después
de ese trabajo, junto con la elaboración del libro blanco, podamos efectuar las sugerencias al Ejecutivo que consideremos oportunas.
Voy acabando, señora ministra. Otras cuestiones son la conciliación de la vida profesional, personal, familiar o como se quiera denominar, políticas a implementar para la infancia y la familia -las ha mencionado usted-, sobre todo para los
más vulnerables. Ha mencionado quiénes y qué políticas. Además de la prioridad en la atención de calidad a la infancia, seguiremos muy atentos al desarrollo del programa Educa, desde esa transversalidad que hace que educación, política social,
deportes, etcétera, estén imbricados. Por cierto, en atención a 0 a 3 años hemos avanzado enormemente en cuatro años. Estábamos en el 13 por ciento y estamos ya cerca de cumplir el objetivo de Lisboa del 33 por ciento.
Estamos ya situados en el
27 por ciento de cobertura. Es bueno que se sepa que se ha avanzado y que es posible llegar
al objetivo de Lisboa. Todo ello, junto con las políticas a implementar para hacer efectivos los derechos de colectivos con especiales dificultades, que usted también ha mencionado, como las personas con discapacidad, los programas de
inclusión para las personas sin techo, o colectivos singulares como la población gitana y la inmigración, serán los ejes sobre los que desde este grupo trabajaremos con su ministerio para impulsar esa tarea que usted ha dejado bien perfilada en esta
comparecencia, y cuando lean el 'Diario de Sesiones' los portavoces verán que se han mencionado todas y cada una de las políticas dedicadas a los mismos. Recogemos el guante, señora ministra. Europa no será Europa si no es la Europa social, si no
es la Europa inclusiva, esa que propugnamos, defendemos y que siempre anhelamos los socialistas españoles. En ese camino hacia el cumplimiento de los objetivos de 2010 y hacia el diseño de lo que serán las políticas de futuro cuente con toda
nuestra colaboración. Señora ministra, sabe que tenemos confianza en usted y en una legislatura fructífera en la que contará con todo nuestro apoyo, nuestro trabajo y nuestra complicidad en beneficio de los ciudadanos españoles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pezzi Cereto.
El señor PEZZI CERETO: Procuraré hacer, en vez de marcha o maratón, cien metros lisos y llegar a un tiempo récord en esta comparecencia.
Permítame, señora ministra, que le agradezca su intervención y subraye la coincidencia del Grupo
Parlamentario Socialista con los objetivos que ha marcado en el deporte; los compartimos plenamente y aparecen reflejados en nuestro programa electoral. Deporte para todas las personas a todas las edades es el primer objetivo fundamental que usted
ha marcado.
Ampliar la práctica deportiva creando las condiciones adecuadas para que el deporte sea un derecho de la ciudadanía es un objetivo compartido que entraña un trabajo ímprobo y serio que el Plan integral de la actividad física y deportiva
puede permitir encuadrar plenamente y fijar un calendario de trabajo que llegue a todas las edades, a todos los colectivos con perspectiva de género, a las personas discapacitadas, a los escolares, a los mayores. Sin duda el deporte es una política
relevante en la estrategia de cohesión social. Debemos ser conscientes, porque he escuchado algunas críticas de otros portavoces, de que su ministerio y el Gobierno de España, respetando las competencias de cada comunidad autónoma, pretenden
ayudar, cooperar, coordinar y asegurar el derecho; por tanto, está haciendo el trabajo que constitucionalmente le corresponde al Gobierno de España. Estamos convencidos de que el objetivo de deporte para todas las personas a todas las edades se
puede cumplir de manera mucho más eficaz impulsando el trabajo en la conferencia que usted ha señalado como conferencia interterritorial del deporte, que va a respetar -lo subrayo- las competencias que tiene el Consejo Superior de Deporte pero que
es el marco lógico y constitucional de cooperación y trabajo en común entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y, en su caso, los ayuntamientos. Esta conferencia existe ya con una fórmula determinada en otros ministerios y en este
mismo como conferencia sectorial para la cooperación, y es evidente que en el ámbito del deporte habrá que buscar la fórmula jurídica que dé mejores resultados a la hora de cooperar entre todos para conseguir los objetivos que nos estamos marcando.
Hemos impulsado, señora ministra -fui portavoz de Educación y, por tanto, de Deporte en el Senado en la anterior legislatura-, con fuerza y con éxitos evidentes el deporte de competición. Por ello, los socialistas somos optimistas ante las
Olimpiadas de Pekín, tanto en los ámbitos olímpico como paralímpico. Esperamos que este optimismo, fruto de un trabajo bien hecho, cuaje en medallas y en objetivos conseguidos.
Corresponde en esta legislatura la preparación de Londres 2012 y los
socialistas, señora ministra -me ofrezco para ello-, queremos organizar también Madrid 2016 desde el Gobierno de España, desde la Alcaldía de Madrid y desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid, desde todas esas administraciones, poniendo la
fuerza, el vigor y los medios a que estamos acostumbrados cuando organizamos una olimpiada, la Expo o cualquier gran evento internacional. Nos gustaría -con esto quiero acabar- que esta legislatura marcara también claramente el impulso renovado -sé
que es lo habitual, pero lo voy a subrayar- de todo el mundo del deporte en el cumplimiento estricto de las reglas de juego democrático y constitucionales, en el respeto de las leyes, no permitiendo reinos de taifas ni mandarinatos ni caciques en
ningún ámbito deportivo. Su ministerio y su secretario de Estado han demostrado en la anterior legislatura su coraje, convicción y fuerza para que el deporte cumpla con los valores éticos que le son propios. Debemos seguir en ese camino,
impidiendo el dopaje, la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia, el machismo y también el caciquismo. Las leyes para conseguirlo están ya en vigor. Apliquémoslas con contundencia. El deporte es también educación y valores y lo
debemos subrayar plenamente, también con actos pedagógicos que lleguen a todos, sea en hierba o en tierra batida, sean remeros o timoneles o en fútbol competición nacional o internacional.
El señor PRESIDENTE: Ni Powell ni Gatlin tienen nada que envidiarle. Ha sido usted muy rápido en los cien metros. (Risas.)
Tiene la palabra, para contestar, la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Quiero dar las gracias a todos los grupos por sus intervenciones. Lo largo de esta sesión es una demostración del interés que los temas de este ministerio
tienen para todos los grupos parlamentarios y de la generosidad del presidente de la Comisión. Por tanto, de entrada, muchísimas
gracias a todos por las intervenciones y por los contenidos de esas intervenciones. Dada la hora, estoy convencida de que ninguno de los grupos parlamentarios me perdonaría una contestación detallada y minuciosa a muchos de los temas que
han surgido en las intervenciones.
Esta es una primera comparecencia de carácter general para explicar la política del ministerio. Habrá, estoy segura, muchísimas ocasiones de debatir conmigo directamente o con los secretarios de Estado del
ministerio algunas cuestiones más puntuales de los temas que han surgido.
Me van a dejar que dé una contestación general, quizás algo más concreta en algún punto, y me perdonarán si me dejo algún tema, porque se me olvide o porque piense que, como
he dicho en mi intervención, vamos a tener ocasión de debatirlo. Por ejemplo, sobre todos aquellos asuntos relacionados con la discapacidad que han surgido en algunas de las intervenciones, ya he anunciado mi disposición a una comparecencia en esta
Comisión Parlamentaria. Que no mencione ahora nada en la contestación, no quiere decir ni mucho menos que no dé la importancia que tienen -que es toda- a estos temas, sino que van a ser objeto de atención en otra comparecencia, pero sí hay algunas
cuestiones generales que han surgido en casi todas las intervenciones que me importa mucho contestar.
Por ejemplo, hay un tema en relación con el cual ha habido intervenciones de los distintos grupos, pero voy a utilizar, en el mejor sentido de la
palabra, la intervención del señor Gómez Trinidad para contestar a todos.
No me compadezca, señor Gómez Trinidad, por tener este ministerio y, desde luego, no diga que sabe lo que pienso en relación con el sentido de este ministerio, porque que yo sepa hasta este momento no hemos hablado de ello, por tanto, se
trata de una suposición basada en ninguna información. Este ministerio tiene todo el sentido, y lo tiene -si me lo permite- si juntamos su intervención y la de su compañera de grupo parlamentario en relación con las políticas sociales. Este
ministerio probablemente es una versión moderna de lo que ustedes llaman ministerio de la familia. Es un ministerio en el que están contenidas todas las políticas que tienen que ver con la familia. Ayer, en la sesión de control ya tuve ocasión de
decirlo, contestando a preguntas de ustedes dos precisamente. Entender que incluir las políticas sociales con educación es minusvalorar o degradar a cualquiera de las dos, es no entender ni lo que son las políticas sociales ni la importancia que
tiene la educación para las familias. Pensar que la suma de esas dos competencias en un solo ministerio no tiene que ver directamente con la preocupación de este Gobierno, que es continuación de la preocupación del Gobierno anterior por las
familias de este país, es no haber entendido lo que es este ministerio. Toda mi intervención ha ido destinada a explicar lo que es este ministerio, que es un ministerio nuevo, un ministerio que a ustedes les parece suma de piezas sin demasiado
sentido y a otros grupos parlamentarios les parece un ministerio sin sentido por otro motivo, y es que como no tiene competencias porque todo está transferido, la existencia de un ministerio de estas características tampoco tendría encaje. Ahora
voy a contestar también a eso.
Este ministerio no es una copia del ministerio británico. Conozco muy bien el artículo que ha citado el señor Gómez Trinidad. Mire, la composición de los ministerios que tienen que ver con educación en todos sus niveles y con políticas
sociales en Europa es absolutamente dispar; depende de opciones políticas de los gobiernos concretos y de tradiciones de los distintos países. De la combinación de ambas cosas, los gobiernos sucesivos optan por la distribución competencial de
ministerios que consideran la más adecuada para responder a los problemas que el Gobierno considera prioritarios. En ese sentido, la creación de este ministerio es consecuencia de la consideración como prioritarias de las competencias y de las
políticas que este ministerio tiene, que son educación, políticas sociales y deportes. Y tienen todo el sentido, como tiene todo el sentido crear un ministerio de ciencia e innovación, que une universidades e investigación y que es un ministerio
que existe en prácticamente todos los países europeos. ¿Qué significa esta configuración o esta estructura de Gobierno? Un reconocimiento de los problemas prioritarios a los que hay que hacer frente y una adaptación a la modernidad y a las
exigencias de la sociedad española en este momento. Por tanto, que nadie me compadezca por este ministerio. Otra cosa es que eche de menos las competencias en universidades -soy universitaria al fin y al cabo-, pero esto no tiene absolutamente
nada que ver con todo lo que he dicho anteriormente. Esto me importaba aclararlo de entrada, porque además creo que hacemos un flaco favor a este país -lo digo en términos generales- si ponemos en cuestión que la educación, las políticas sociales y
el deporte no tienen nada que ver, y hacemos un flaco favor a este país si seguimos pensando que el hecho de hacer una distribución, una estructura de Gobierno con competencias ministeriales, las que sean, se traduce en una quiebra o en una fractura
en la sociedad de las bases de esas competencias. Es decir, que haya un ministerio que tenga competencias en educación infantil, primaria, secundaria y postobligatoria, y otro que las tenga en universidades no quiere decir ni muchísimo menos que
estemos fracturando el sistema educativo. Tenemos una visión -aquí también hay mucha inercia histórica- muy servidora institucionalmente de la concepción de la política. La realidad social sigue siendo la misma y la estructura de Gobierno responde
a opciones políticas para tratar las cuestiones. Pensar que porque varios ministerios entiendan de una misma cuestión se están produciendo fracturas, es no entender que un Gobierno es un órgano colegiado en el que hay políticas transversales y
comunicación perfecta entre los ministerios. Insisto. En mi intervención inicial he dado suficientes argumentos -quizás algunos no se han escuchado- como para explicar qué sentido tiene este Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
La segunda cuestión que me gustaría aclarar y que también tiene carácter general, va en una dirección que ha sido abordada desde distintas perspectivas por varios grupos parlamentarios. Les agradezco a todos ustedes -porque me conocen no ya
de los dos años anteriores como ministra, sino de otros dos en esta Cámara, y creo que ha sido una opinión unánime- ese reconocimiento a mi actitud dialogante, sobre todo cuando hablamos de las relaciones entre la Administración General del Estado y
las comunidades autónomas. Es verdad que esa actitud dialogante la he tenido siempre y la voy a seguir teniendo, pero en esta cuestión lo que yo he anunciado y lo que voy a hacer no tiene que ver solo con una actitud personal, sino con una
convicción muy clara del Estado en el que vivimos. Vivimos en un Estado autonómico que nosotros mismos nos hemos dado, que hemos ratificado de manera recurrente en convocatorias electorales, que nos ha llevado muchos años poner en pie y
probablemente sigamos haciéndolo en el sentido de aceptar y de entender unos y otros cuáles son las competencias de unos y de otros. Es verdad que hay una tendencia innata, y a veces difícilmente reprimible en todas partes, a introducir equívocos
sobre hasta dónde llegan las responsabilidades de unos o de otros o las culpas de unos o de otros, y esto muchas veces desemboca en una especie de tira y afloja sobre lo tuyo y lo mío, si me invades o si interfieres, y en una devolución de
argumentos desde la Administración General del Estado a las comunidades autónomas. Yo no entiendo esto así. Yo entiendo -lo he dicho en mi intervención y lo repetiré siempre que haga falta, aunque ya sé que esto luego a la hora de aplicarlo en la
práctica no está tan claro- que Estado es la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y que no es una cuestión de suma cero, es decir, que lo que gana uno lo pierde el otro. Es una cuestión de entender los principios de
corresponsabilidad en las decisiones de un Estado autonómico, en el cual es verdad que hay competencias exclusivas, competencias compartidas y que no siempre están claras las fronteras entre unas y las otras. Pero a la hora de definir esas
fronteras se trata de trabajar desde la comprensión de que la responsabilidad es compartida.
Yo puedo cometer errores en la aplicación de este principio y estoy absolutamente dispuesta a aceptarlo, porque me exigía el señor Gómez Trinidad que ejerciera el arte de poder no tener razón, el cual he ejercido toda mi vida -me parece un
principio básico aceptar que uno puede no tener razón porque si no efectivamente no se escucha- y también en este tema de las competencias, comunidades autónomas-Estado central, estoy dispuesta a no tener razón y a corregir lo que haya que corregir,
pero desde luego el principio lo tengo muy claro, y no tengo tan claro que se tenga así de claro en algunas de las intervenciones. No me voy a meter con el señor Campuzano, que en un momento determinado ha hablado del Estado como Administración
General del Estado y comunidades autónomas y medio segundo después ha dicho Estado y comunidades autónomas. Todos podemos tener este tipo de lapsus, pero en mi opinión esto quiere decir que por debajo a veces hay una confusión sobre hasta dónde
llega la responsabilidad de unos o de otros. Yo no quiero convertir ninguna de las políticas de este ministerio, ninguna -como muy bien se ha dicho, aunque esto no me parece nada negativo-, en una pelea entre las comunidades autónomas y la
Administración General del Estado, porque ninguna de las políticas que tenemos entre manos, ninguna, va a salir adelante sin la colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y si las políticas no salen
adelante, yo tendré mi responsabilidad y la asumiré plenamente, pero voy a exigir la misma responsabilidad a las comunidades autónomas. Por tanto, es bueno que tengamos muy claro desde el principio que el terreno de juego es ese, y estoy hablando
de muchas de las cuestiones que han salido y a las que no voy a contestar de manera concreta, pero respecto de las que sí creo que es aplicable este principio general. Es decir, solo sabremos y asumiremos las responsabilidades de unos y de otros si
dejamos de estar convencidos de que el territorio que gana uno lo gana porque lo pierde el otro. Creo que es una mala manera de entender lo que es el Estado de las autonomías tanto por parte de la Administración General del Estado como por parte de
las comunidades autónomas, y desde luego ese va a ser uno de los objetivos de mi política. Sé que no puedo hacer las políticas de este ministerio sin las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas no podrán desarrollar en beneficio de
sus ciudadanos las políticas de este ministerio si no asumen su corresponsabilidad en esas políticas, y cuando hablo de corresponsabilidad no estoy hablando exclusivamente de financiación. Hablaremos de financiación todo lo que haga falta, también
en relación con la Ley de Dependencia, que es la cuestión sobre la que ha habido más comentarios respecto a si hay recursos suficientes o no para financiar la Ley de la autonomía personal y de la dependencia.
Hablaremos por supuesto de financiación. El esfuerzo desde la Administración General del Estado y el compromiso de la memoria económica que acompañó a la ley es muy claro. No niego que cuando llegue el momento de la evaluación a los tres
años o de esta evaluación piloto que debemos emprender, lleguemos a la conclusión de que los recursos no son suficientes. Si llegamos a esa conclusión esos recursos no suficientes o esos recursos que haya que añadir a lo previsto no van a ser solo
recursos de la Administración General del Estado, van a ser también recursos de las comunidades autónomas, comunidades autónomas que ya tenían en marcha políticas sociales que seguramente habrían seguido desarrollando hubiera o no Ley de
Dependencia, y que ahora no pueden decidir que las políticas sociales ya puestas en marcha tienen que financiarse sobre la base de la Ley de Dependencia. Tenemos que ponernos de acuerdo en esto, porque ya ha habido intervenciones también en esta
dirección, pero es un tema suficientemente complicado como para que nos sentemos a hablar de él.
Estamos poniendo en pie eso que algunos han llamado el cuarto pilar del Estado del bienestar. Es verdad que es un nuevo sistema que se añade a sistemas que ya existían, como el educativo o el sistema de salud. Creo que ha sido el señor
Tardà el que se refería a Ernest Lluch. ¿De cuándo es aquella cita de Ernest Lluch, y cuándo ha acabado de cuadrar el sistema de salud público? Si queremos poner en pie un nuevo sistema que responda a la Ley de autonomía personal y de la
dependencia vamos a necesitar tiempo, el que haga falta, porque la apuesta es muy importante, muy ambiciosa, y como muchos de ustedes han dicho se han creado muchas expectativas sociales que desde luego no se pueden defraudar, pero las defraudaremos
si no somos capaces de introducir un elemento de reflexión y de entender hasta dónde llega la responsabilidad de unos y de otros.
Desde luego, por mi parte no va a faltar esfuerzo para conseguirlo, y la propuesta más concreta que he traído aquí -no
va a ser la única pero es una manera muy clara de reconocer este aspecto- va a ser la de pedir la evaluación del funcionamiento del sistema informático, porque desde luego no podemos consentir que haya obstáculos de estas características que impidan
el desarrollo de la ley. Sé que esto es parte de las cosas que hay que hacer, no lo único, pero esto lo vamos a poner en marcha de manera inmediata. Señorías, esas dos cuestiones eran generales, una referida al ministerio y otra a las competencias
entre Estado y comunidades autónomas, y me interesaba dejarlas claras de partida.
En cuanto a las cuestiones más concretas, me voy a referir solamente a algunas -que me perdonen los grupos parlamentarios a los que no conteste de manera directa-, y déjenme empezar por las intervenciones del Grupo Popular, aunque algunas de
las contestaciones ya las dí ayer en el Pleno del Congreso. Agradezco muchísimo al Grupo Popular su afirmación de oposición constructiva. Le tomo la palabra, y espero que efectivamente sea así, porque eso es lo que tiene que hacer la oposición en
un sistema democrático, mantener la crítica pero contribuir a las políticas que tienen interés para todos los ciudadanos. No le voy a decir al señor Gómez Trinidad que no estoy de acuerdo con que el Partido Socialista llegara al Gobierno con la
piqueta y que se cargara una ley que contaba con un amplio apoyo social, porque todos recordamos cuál fue el proceso de nacimiento de la LOCE. Había un compromiso de revisión de esa ley, pero no voy a entrar en este tema porque no quiero volver a
cuestiones del pasado. La Ley Orgánica de Educación, por decirlo de una manera rápida y probablemente no cierta, es una ley que toma lo mejor de la LOCE, lo mejor de la legislación anterior, y lo sitúa sobre un diagnóstico del sistema educativo.
No es una ruptura, y espero que no se entienda como tal. Es una ley que tiene vocación de pacto por la educación, es una ley que está ahí, que nos permite desarrollar políticas que respondan a las exigencias de esta sociedad en el ámbito educativo,
y un marco normativo que nos permite hacerlo. La prueba es que -y alguna intervención ha ido en esa dirección- en las conferencias sectoriales, desde la aprobación de la ley, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de las cuestiones que han
ido desarrollando la ley se han aprobado por unanimidad. No creo que debamos introducir, en el desarrollo de la ley y en la mejora del sistema educativo que la ley nos va a permitir, cuestiones que no derivan de una voluntad de la ley en esa
dirección y que sí pueden introducir ruidos en el sistema educativo.
No voy a hablar de educación para la ciudadanía, señor Gómez Trinidad, porque no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí le puedo decir algo. En mi opinión -y no es una opinión-, en un sistema democrático una ley aprobada por el Parlamento es
una ley que debe cumplirse. Que haya ciudadanos que se sientan agredidos por lo que una ley dice, es posible.
Todo Estado de derecho tiene previsto el mecanismo para que esos ciudadanos defiendan sus derechos, que son los tribunales y la actuación
del Poder Judicial, y creo que hay procesos abiertos en relación con esta asignatura. Ahora bien, a las autoridades educativas en este caso o a los gobiernos autonómicos, o me atrevería a decir a los partidos políticos, no les cabe llamar al
incumplimiento de una ley. Esto me parece de una gravedad política notable. Lo he dicho en público y lo vuelvo a decir aquí. Nosotros queremos un pacto por la educación y nos preocupa mucho la educación para la ciudadanía, pero nos preocupa
fundamentalmente poner en pie un sistema educativo que responda a las exigencias de la sociedad en la que vivimos. Por eso hicimos la Ley Orgánica de Educación, por eso pusimos -ya lo he repetido tantas veces que creo que voy a terminar con esto-
junto a la ley una memoria económica de 7.000 millones de euros para llevarla adelante; por eso hemos puesto en marcha los programas que hemos puesto en marcha en convenio con las comunidades autónomas; y por eso seguimos añadiendo iniciativas
para mejorar la calidad de nuestra educación para todos los ciudadanos. Nosotros sí queremos un pacto por la educación y asumimos todos los problemas que tiene la educación en nuestro país. Lo que siempre me he negado a decir, y me sigo negando a
decirlo, es que tengamos el peor sistema educativo de nuestra historia, como muchas veces se nos dice. Es evidente que no. Si tuviéramos el peor sistema educativo de nuestra historia, este país no sería lo que es. Creo que a lo único que
contribuye trabajar en esa dirección y seguir repitiendo este discurso es a que no seamos capaces de responder a lo que la educación necesita en nuestro país.
Muchos de los problemas de la educación tienen que ver con el sistema educativo, pero no solo. No estoy de acuerdo con esa opinión en el artículo que nos ha leído el señor Gómez Trinidad, que las escuelas no acepten sentirse responsables de
lo que pase fuera. Lo dice el artículo, pero yo no estoy de acuerdo, y estoy segura de que la inmensa mayoría de las familias españolas, que son lo que pasa fuera, no están de acuerdo con que la escuela entienda que no tiene nada que decir en eso.
La
mejora de nuestro sistema educativo pasa directamente por la implicación de la sociedad en el sistema educativo, y por eso en este ministerio educación está con políticas sociales, porque sabemos que la lucha contra el abandono prematuro y
contra el fracaso escolar depende de lo que hagamos en el sistema educativo, pero depende de muchas más cosas, muchas otras cosas que tienen que ver con las políticas sociales, con las familias y con la sociedad en general. No estamos fracturando
nada, estamos sumando las piezas que consideramos necesarias para responder a los problemas que tenemos delante, y repito -lo he dicho en mi intervención- que no tendremos la sociedad que queremos para este país en el futuro si no tenemos la
educación y la formación que este país necesita. Para eso necesitamos educación y políticas sociales y todo lo que he dicho antes: colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Estamos dispuestos a discutir todo lo que haga falta, a
debatir todo lo que haga falta, a llegar a todos los acuerdos que se necesiten, por las vías que en un Estado de derecho y democrático están previstas para tener los diálogos y los debates que haya que tener, no por otras.
Señora Méndez, dos comentarios muy rápidos, aunque también lo dije ayer.
Ya sé que se ha dado cuenta de que al decir desaguisados en la legislatura anterior, estaba utilizando una palabra un poco fuera de contexto. Usted echa en cara -no
lo ha dicho así- que en lugar de un ministerio de la familia tengamos este ministerio. Ya he contestado antes a esto, pero a la hora de enunciar las políticas familiares que usted echaba en falta en mi intervención no ha dicho nada que yo no haya
dicho, y en la que ha insistido más ha sido en la educación de 0 a 3 años, que es precisamente en la que yo he insistido también más.
Muy puntualmente, señora Fernández Davila, yo creo recordar que la religión no es obligatoria en bachillerato, es optativa. Es un comentario a los varios que ha realizado. De hecho, alguna comunidad autónoma, con gran crítica por parte de
algunos, ha decidido no incluirla. Esto necesitaría debatirse en un contexto más amplio sobre la asignatura de religión, pero me limito a hacer un comentario sobre algo que me parece que no es así y en cuanto a las implicaciones sobre reducción de
horas de asignaturas por extensión de otras, hay que tener en cuenta hasta dónde llega la capacidad de decisión del Ministerio de Educación y de la Administración General del Estado y qué hacen las comunidades autónomas para completar eso. Ahí hay
un margen de decisión de las comunidades autónomas, dentro de sus políticas absolutamente respetables, para dar mayor importancia a unas materias que a otras.
Señor Tardà, aparte de lo que nos ha comentado sobre la decisión que considera histórica en relación con la Federación Catalana de Bolos, no sé si se puede extender al resto de los deportes esta afirmación. Hemos hablado de este tema muchas
veces en la legislatura pasada y, por lo que han dicho tanto usted como no sé si ha sido el señor Esteban o el señor Campuzano, seguiremos hablando de él. Yo ratifico lo que ya dije en intervenciones anteriores a lo largo de la legislatura pasada,
y lo que me temo que no veremos, pero no tanto porque nosotros no queramos sino por reglamentación internacional, es un enfrentamiento entre la Federación Española y la Federación Catalana de Bolos. Creo que no es posible. Respecto a las
bibliotecas escolares, la mayor inversión en bibliotecas escolares se ha hecho en la pasada legislatura; han sido muchos los millones de euros dedicados a bibliotecas escolares. Con relación a las becas -creo que también ha mencionado el tema el
señor Campuzano-, el Gobierno, en la legislatura pasada, aprobó un real decreto que aplicaba la sentencia constitucional pendiente de aplicar.
Probablemente podemos decir que las interpretaciones de la aplicación de esa sentencia no coinciden, pero
desde luego está aplicada, y el nuevo Real Decreto de bases de becas y ayudas al estudio abre unas posibilidades de actuación de las comunidades autónomas que esperemos que sepamos aprovechar. ¿Qué eso es el comienzo de un camino? Probablemente.
¿Qué tenemos que sentarnos a ver estos datos de disparidad? Siempre es complicado comparar porcentaje de estudiantes-porcentaje de becas, porque es verdad que hay niveles de vida por comunidad autónoma, pero las becas son individuales y los niveles
de vida dentro de una comunidad autónoma también cambian de un lugar a otro. Al Estado le compete garantizar la igualdad de oportunidades. Vamos a ver si eso está interfiriendo con una desigualdad en el reparto por comunidades autónomas de las
becas. Para eso, entre otras cosas, hemos pedido la evaluación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Pero, insisto, este Gobierno en la legislatura pasada cumplió con la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional
que estaba pendiente. Yo estoy encantada de que el señor Tardà me adjudique competencias que no tengo en relación con el sistema de pensiones; que me las cuente me parece bien, porque las trasladaré, pero no son competencia de este ministerio,
sino del Ministerio de Trabajo.
Ya sé que estoy contestando solamente a algunas de las cosas que han dicho, pero es que quiero contestar algo a todos los grupos.
Señor Esteban, usted me pide que, en el tema del abandono escolar, me preocupe de lo que me compete directamente, que es Ceuta y Melilla; me parece estupendo. También me reconocerá que son territorios con unas peculiaridades notables.
¿Qué puede tener que ver con la utilización de otras lenguas? Probablemente, y desde luego se está considerando.¿Qué nosotros somos conscientes del problema? Evidentemente. Por eso, por ejemplo, nos anticipamos a la introducción generalizada de
los programas de cualificación profesional inicial, que están funcionando ya en Ceuta y Melilla y que creemos que puede ser una vía, no digo la única, pero una vía que atenúe los problemas de abandono en Ceuta y Melilla. El señor Esteban y algunos
otros grupos parlamentarios -siento el desorden en la contestación ahora- me han preguntado por desarrollos pendientes de la Ley de
Autonomía Personal, como el copago y la acreditación de centros. Todas esas cuestiones están siendo discutidas en los grupos de trabajo previos a la convocatoria del consejo territorial, que esperamos poder celebrar en el mes próximo. El
copago o la participación de los beneficiarios en la Ley de la Dependencia y la acreditación de los centros son dos de las cuestiones que van a ir a ese consejo territorial, en el cual tendrán que recibir aceptación. No sé si ha sido el Grupo
Parlamentario Socialista -me parece que sí- el que ha explicado - y no voy a insistir en ello- la peculiaridad de la Ley de autonomía personal y de la dependencia, en el sentido de su gestión. Es verdad que el órgano que decide es ese consejo
territorial. La Administración General del Estado, el ministerio, en la legislatura anterior, hizo la ley, pero con extremada prudencia y respeto a las competencias de las comunidades autónomas diseñó un órgano de decisión, que es ese. Y es el
consejo territorial -y vuelvo a lo que decía al principio sobre la corresponsabilidad de la Administración General del Estado y comunidades autónomas- el que tiene que ser capaz de llegar a acuerdos sobre temas tan fundamentales como el copago, la
acreditación de servicios y también la financiación del sistema.
No me voy a excusar, señor Campuzano, para explicar problemas de la Ley de Dependencia en el mal funcionamiento de las comunidades autónomas, evidentemente que no, vuelvo a lo que he dicho al principio, me parecería una trampa por mi parte,
pero me parece también una trampa para las comunidades autónomas que devuelvan el comentario en la dirección inversa. Es decir, que todos los problemas de la ley, de la aplicación de la Ley de Dependencia sean responsabilidad de la Administración
General del Estado, porque, como también se ha comentado aquí, partimos -no lo he dicho antes, aunque empecé a decirlo- de una situación muy distinta en el sistema educativo del Sistema Nacional de Salud. Aquí estamos poniendo en pie un sistema que
parte de competencias ya transferidas y de niveles de desarrollo y de contenidos de desarrollo muy distintos según las comunidades autónomas. El enorme esfuerzo de coordinación de esas políticas es, por supuesto, tarea del ministerio, pero es una
tarea inútil sin la cooperación entre las comunidades autónomas. Yo voy a poner todo el empeño en que eso sea así, y por eso -como he dicho en mi intervención- decidí empezar por reunirme con todos los consejeros, uno a uno, para que me
contestaran, me explicaran o me dieran una primera impresión de los problemas que están encontrando en el proceso de aplicación de la ley. Tengo que decir que, aunque la tónica general de esas opiniones ha sido una tónica digamos crítica, en el
sentido de resaltar las dificultades, también es verdad que han mostrado un interés por poner de su parte todo lo posible para que la ley salga adelante; porque las comunidades autónomas están tan interesadas como nosotros en que la ley salga
adelante y beneficie a los ciudadanos que son susceptibles de ser beneficiados por esa ley, que es el objetivo de todos.
En los temas de deporte, yo ya sé que sobre todo el señor Esteban opina que hemos legislado en exceso y que, si encima vamos a desarrollar las leyes que ya le parecieron excesivas, vamos a producir mayores interferencias. A mí me gustaría
tranquilizar al señor Esteban y a otros diputados que han intervenido en esta dirección volviendo a lo que decía al principio. Somos muy conscientes de hasta dónde llegan las competencias de unos y de otros. ¿Que a la hora de la aplicación no nos
pongamos de acuerdo? Sí, puede ser, y siempre está el debate para llegar a acuerdos, pero que las comunidades autónomas me digan que no tenemos nada que decir sobre el deporte en relación con la educación... Yo no voy a regular lo que hagan los
centros escolares, evidentemente, eso no es mío, pero de ahí a no tener la posibilidad de anunciar en un plan -al que las comunidades autónomas podrán o no acogerse, y que desde luego no es obligatorio- lo que desde el punto de vista del ministerio
debería hacerse en relación con esas políticas me parece hacer dejación de funciones que son intrínsecas a la Administración General del Estado. No me voy a meter - no sé si lo ha dicho alguien, no exactamente así-, no me voy a meter donde no me
llaman, pero desde luego no voy a hacer dejación de lo que considero que es mi obligación, que es, desde este ministerio, anunciar, decir y, por supuesto, luego discutir, debatir, coordinar, y lo que sea necesario, lo que en opinión del ministerio
debería hacerse en el ámbito de las competencias que tengo. Me parecería hacer dejación de una competencia que la Constitución sigue dando a la Administración General del Estado.
Estoy convencida -ya me he alargado en exceso- de que hay temas puntuales que me he saltado, que no he contestado. Contestaré yo o contestarán los secretarios de Estado correspondientes, si ustedes consideran que hay cuestiones más
puntuales que se resolverían mejor en una comparecencia de los secretarios de Estado. Como he dicho al principio de mi intervención, creo que las comparecencias en Comisión parlamentaria son el instrumento fundamental del buen funcionamiento del
sistema democrático. Se trata de talante personal a lo mejor, de actitud dialogante, pero también de una obligación política que considero que es absolutamente fundamental.
Muchísimas gracias por todas sus intervenciones. Veo que el presidente va
a abrir segundo turno. (Rumores.) Siento haberme alargado, porque a lo mejor he impedido un segundo turno pero, sea ahora o sea en cualquier ocasión, estoy a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Son pasadas ya la una y media; llevamos cuatro horas de interesante debate, se han tocado muchas materias muy interesantes. Como decía la señora ministra, nos están acompañando los secretarios de Estado del ministerio y vamos a tener
oportunidad de abordar en profundidad todas las materias en las tareas de la Comisión de las próximas reuniones.
Entiendo que en las intervenciones
se ha producido la lógica contradicción entre las distintas posiciones de los oradores, pero, a pesar de que llevamos reunidos cuatro horas y que es normal que se produzcan contradicciones entre los oradores, los pactos deben cumplirse y
acordamos que habría un breve turno de réplica -me apuntan que el pacto fue que fuera breve y yo cumplo mi parte del pacto y estoy convencido de que los portavoces que estaban presentes cumplirán su parte también-, no para reiniciar el debate sino
para hacer sintéticas aclaraciones de lo dicho. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
El señor ESTEBAN BRAVO: Pues comience, señor presidente, en orden y vamos viendo sobre la marcha.
El señor PRESIDENTE: ¿No sería mejor conocer primero las honorables intenciones de SS.SS.? (Risas.) Vamos a ver quiénes van a intervenir, de menor a mayor. El señor Campuzano, el señor Gómez Trinidad, el señor González, la señora Méndez
y, naturalmente, los representantes del Grupo Socialista.
Señor Campuzano, brevemente.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Seguro que tendremos ocasión de encontrar respuesta a algunas de las preguntas que le he planteado, ya sea en otras comparecencias, ya sea en próximas interpelaciones y preguntas en el Pleno, pero su
intervención en relación con el modelo de Estado me obliga a hacer algunas consideraciones de fondo, porque sus afirmaciones tienen una cierta relevancia. Es evidente que cualquier modelo de Estado de carácter federal, cuasi federal o autonómico,
como el que tenemos, tiene tensiones entre el poder central y los poderes autonómicos. Quizá la pregunta que nos podríamos formular y que escapa, lógicamente, al debate en esta Comisión es si en la práctica existen en nuestro sistema buenos
mecanismos de resolución de esos conflictos. Entre otras cosas, ese debate que el señor Tardà, el señor Esteban, la señora Fernández o yo mismo le planteamos responde a conflictos no resueltos, en relación con la interpretación de sentencias del
Tribunal Constitucional o en utilización de determinadas fórmulas de intervención por parte de las Cortes Generales en ámbitos de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Eso forma parte del sistema, pero quizás, en nuestro modelo, en la
práctica no tenemos bien resuelto ese conflicto entre el poder central y los poderes autonómicos.
En segundo lugar, creo que la discrepancia de fondo que le plantea Convergència i Unió y que quizás le plantean otros grupos políticos en esta Cámara tiene relación con el hecho de que no entendemos que en determinadas materias donde
nuestros estatutos establecen una competencia exclusiva sean el Gobierno central y estas Cortes los que legislen sobre el modelo y las prioridades, dejando simplemente, en materias de competencia exclusiva, que las comunidades autónomas desarrollen
ese modelo; y ese es el debate de la Ley de Dependencia. El debate de fondo de la Ley de Dependencia es ese. Nosotros reclamamos tener derecho a definir nuestro modelo de atención a la dependencia, porque forma parte de nuestra competencia
exclusiva en materia de servicios sociales y no aceptamos que el Estado, el Gobierno central y las Cortes, para ser precisos -y le agradezco esa intención de mejorar nuestra capacidad dialéctica en esta Comisión-, determinen el modelo que debe
desarrollar la Generalitat. De tal manera que, en el trámite parlamentario del proyecto de ley de servicios sociales, el Gobierno de la Generalitat tuvo que presentar diecisiete enmiendas a ese proyecto de ley aprobado por el Gobierno de Cataluña
para adaptarlo al modelo que había definido la Ley de Dependencia.
El modelo que nosotros entendemos que define la Constitución es el de autonomía política, de autogobierno político, no de mera descentralización. Existe también una discrepancia de fondo -y tampoco es hoy el momento-, de interpretación de
la utilización que el Gobierno y las Cortes han hecho del artículo 149.1.1. de la Constitución que excede la propia definición de ese artículo. Y ahí hay una tensión política que, lógicamente, va a marcar la relación entre Convergència i Unió y el
Gobierno socialista en esta legislatura. Es más, señora Cabrera -y termino, señor presidente-, difícilmente Convergència i Unió y el Gobierno socialista podrán mantener en esta legislatura una relación estable y de colaboración si no nos ponemos de
acuerdo sobre eso. Y ese va a ser un reto que va a tener mi grupo pero que también, lógicamente, va a tener el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano, por la brevedad con la que ha abordado dos cuestiones de fondo.
Tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Voy a ganarle a mi colega y portavoz del Grupo Catalán; voy a ser más breve y voy a batir el récord.
Simplemente quiero decir dos cosas; nada más. Agradezco el silencio de la señora ministra con respecto a mi intervención, porque estoy seguro de que no es descortesía, sino simplemente porque está de acuerdo con mis palabras y, por tanto,
intentaremos entre todos coincidir para llegar a objetivos comunes en esta materia tan importante dentro de esta Comisión, para que, en el fondo, quien gane sea el deporte.
El señor PRESIDENTE: Ha quedado claro, señor González.
Tiene la palabra la señora Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Mi intervención también va a ser breve.
Solamente quiero decir que, en temas de política social la señora ministra no ha contestado a las preguntas que se le han hecho. Bien es cierto que sé que no tenía
tiempo para hacerlo, pero sí le quiero decir que mis sospechas se han convertido en realidad,
porque creo que este ministerio no se va a preocupar de la política familiar. Usted ha dicho que es una versión moderna del Ministerio de la Familia y yo tengo que decirle que a nosotros esta versión moderna del Ministerio de la Familia no
nos gusta, porque usted se ha dedicado a hablar única y exclusivamente de la educación y ha basado toda la política familiar en la política educativa que qué duda cabe que tiene que ver mucho con la política familiar. Claro que tiene que ver. Pero
es que no es lo único; usted misma ha reconocido que la lucha contra el fracaso escolar tiene que ver con la política social y por eso le pedimos nosotros una política familiar, porque no solamente se puede luchar contra el fracaso escolar desde
las escuelas, como usted ha planteado en la mañana de hoy. Quiero solamente criticarlo de la manera más cordial posible, porque nos gustaría que este ministerio se preocupara de las políticas familiares. Le he hablado de problemas económicos,
fiscales, de pensiones, de las familias numerosas, de las familias monoparentales, de políticas de prevención de muchos temas en la infancia, y usted, sin embargo, en toda la comparecencia, tanto en su primera exposición como en la réplica, no ha
hablado nada de la política de infancia y de menores, no ha hablado nada de la política de mayores, y única y exclusivamente ha basado su política social en la Ley de Dependencia, que efectivamente es importante y en la que vamos a cooperar con
usted lo que usted quiera que cooperemos.
Termino diciéndole algo para lo que voy a coger un párrafo suyo, porque me gustó, de la contestación a una pregunta parlamentaria. Usted contestaba diciendo que el Gobierno va a buscar la cooperación permanente de las comunidades autónomas
para el completo desarrollo de esta ley y espera encontrar en las comunidades autónomas un comportamiento leal para su aplicación. Yo le cambio el sentido y le digo que las comunidades autónomas y el Grupo Parlamentario Popular van a buscar la
cooperación permanente con el Gobierno para el completo desarrollo de esta ley y esperan encontrar en el Gobierno un comportamiento leal para su aplicación.
Solo me queda agradecerle sinceramente su comparecencia y decirle que nosotros sí que vamos a reclamar que se ocupe de una política familiar y espero que usted también reconozca que eso es importante.
El señor PRESIDENTE: El señor Gómez Trinidad tiene la palabra.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: No voy a decir que soy breve, para serlo.
Señora ministra, a estas horas tampoco es cuestión de profundizar en temas demasiado serios. Si he dicho que yo sé lo que usted piensa, lo retiro.
He querido decir que creía lo que usted pensaba, pero, evidentemente, mis limitaciones, que
son muchas, me impiden leer el pensamiento de la ministra. Lo he dicho públicamente, voy a esperar a que venga la ministra y nos cuente. En cuanto a lo de compadecer, entiéndalo usted como un ejercicio no solamente de cortesía, sino de
compañerismo, porque estar en Educación siempre es padecer juntos, padecer lo bueno y lo malo. No hay ningún elemento negativo ni peyorativo. En cualquier caso, me alegra saber que usted está muy contenta y que se siente muy cómoda en el
ministerio, porque evidentemente sería triste para este país que la ministra del ramo no se sintiera cómoda en la materia. Por tanto, de verdad, le doy mi felicitación. Usted se ha defendido muy bien, lo ha hecho muy bien, pero es una pena que a
mí no me haya convencido, que no me haya tranquilizado, aunque en cualquier caso es una cuestión personal.
Entrando ya en temas serios, dos cosas solamente. Nosotros nunca hemos dicho que la educación y la política social no tengan nada que ver. ¡Cómo no van a tener nada que ver! Evidentemente. Todo es política social, hasta Administraciones
Públicas y los interventores. Todo es política social. Lo único que decimos es que nos sorprende esta estructura para abordar unos temas de tanto calado. Y cuando se ha personalizado en un ministerio la igualdad, digo yo -aunque también soy nuevo
en este tema- que se le podía haber dado la suficiente entidad para abordar la política social. En cualquier caso, no es cuestión de que usted se encuentre cómoda en este ministerio o que a mí me parezca bien o mal. Al final, lo importante es que
con esta estructura los ciudadanos se encuentren a gusto y quien va a evaluar eso va a ser la propia ciudadanía. Por cierto, nos gustaría que el diseño se ajustase efectivamente a los resultados.
Una matización. Quizás estamos de acuerdo y a lo mejor estamos diciendo lo mismo de modo distinto. Educar no educa solo la escuela. En este país se soluciona cualquier tertulia entre amigos o radiofónica diciendo que esto se soluciona con
educación, pero implícitamente se está diciendo que esto lo va a solucionar la escuela. En eso coincido con usted. Aquí educamos todos, los que estamos en la escuela, los que estamos en la Administración y los que están paseando por la calle.
Pero lo que he dicho, y coincido con el espíritu del artículo, no con el texto, es que no se puede pedir a la escuela la responsabilidad de todos los defectos educativos que existen en una sociedad. Cada uno tiene que asumir su cuota de
responsabilidad y no se puede pedir a la escuela todas las tareas asistenciales.
Por último, y con esto acabo, señora ministra, voy a repasar la comparecencia de hoy, pero de verdad que me encuentro muy satisfecho porque, leyéndola despacio, y si vamos subrayando las cuestiones importantes, hay una gran coincidencia y un
deseo de llegar a acuerdos.
Como dirían en la célebre película, espero que esto sea el comienzo no solo de una amistad, sino sobre todo de un pacto que lleve a la mejora de la educación en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: No sin antes reconocer que en esta deportiva competencia acaba de alcanzar el récord el señor Pezzi, que no ha hablado, le doy la palabra a la señora Martínez López. (Risas.)
La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Por el momento yo no aspiro a ningún récord. Sí quiero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora ministra, agradecerle su comparecencia, sus aclaraciones, sus comentarios, sus valoraciones y las
respuestas que además ha tenido en este turno de réplica en temas muy importantes, todas sus aclaraciones en torno a la relación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas y el propio concepto de corresponsabilidad. El diálogo es
importante para construir, como debemos hacer entre todos, ese modelo de bienestar, esa sociedad con mucho más bienestar. Nosotros estaremos dispuestos a disfrutar con usted y con el conjunto de la Comisión todas las líneas de política de bienestar
que seguro que desde aquí se van a impulsar. En ese sentido tengo la satisfacción de que al menos en las políticas educativas, y creo que en las demás también, pero desde luego en las políticas educativas, se ha puesto de relieve que las líneas que
usted ha planteado concitan mucho más acuerdo del que se podía pensar. Ha habido acuerdo explícito en la mayoría de las líneas que usted ha planteado.
Además, en algunos casos que se han criticado cuestiones concretas, en lo que son las líneas
generales que usted ha diseñado no ha habido posicionamiento en contra. Y eso lo quiero decir porque es una magnífica noticia para la educación. Hoy Educa 3, el plan de formación profesional y el abandono han concitado acuerdo. Eso es bueno para
la educación y es bueno para este país. Enhorabuena.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para terminar la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Nada más que dos minutos. Señor Campuzano, no vamos evidentemente a hablar aquí del modelo de Estado, pero podemos hacerlo en cualquier otro momento. Sé
que he sido yo la que he sacado el tema y me alegra mucho haberle oído decir al final, hablando de que quizás no tenemos los mecanismos de resolución de conflictos, que esto es tanto un reto para su grupo parlamentario como para el Gobierno.
Señor González, ya sabía yo que me iba a decir que no le había contestado nada. Que no le haya contestado nada no quiere decir que no esté de acuerdo, entre otras cosas porque usted ha dicho que yo no había dicho nada nuevo en relación con
deportes en mi intervención, mientras que el señor Esteban, el señor Campuzano y el señor Tardà se lanzaban a decir qué íbamos a hacer, que íbamos a invadir nuevamente competencias, lo cual quiere decir que algo sí he dicho sobre lo que íbamos a
hacer en esta legislatura. También ha manifestado que no había dicho nada de inversiones. Usted sabe cuáles son los calendarios parlamentarios y en qué momento empiezan a discutirse los presupuestos y cuándo podemos empezar a hablar de
presupuestos para el año que viene, pero le agradezco que haya reconocido el aumento de presupuesto en deportes en la legislatura anterior, porque es cierto.
En relación con el problema de la señora Piñeiro, de esta mujer que quiere participar como timonel en una competición internacional, seguro que usted sabe que el Consejo Superior de Deportes ha pedido a la Federación Nacional que la
Federación Internacional introduzca los cambios necesarios para que esto sea posible. Y lo hemos hecho a la vez tanto desde este ministerio como desde el Ministerio de Igualdad. Sobre el apoyo a las competiciones internacionales, usted ha
preguntado por el apoyo del Gobierno y se ha referido, por ejemplo, a la Copa América.
Usted sabe perfectamente el apoyo por parte del Gobierno a la Copa América y no voy a insistir en ello.
Señora Méndez, voy a dedicarme cuatro años -espero- a despejar todas sus sospechas sobre mi falta de interés en las políticas familiares. Está claro que no la he convencido en esta intervención, pero no se preocupe porque, desde luego, voy
a poner todo el empeño en despejar lo que yo entiendo que son sospechas, no tanto realidades sobre lo que he dicho, sino sospechas sobre mis intenciones. Las despejaremos. (La señora Méndez Monasterio: Y yo la rectificaré.)
Señor Gómez Trinidad, de verdad que mi intención de llegar a acuerdos y pactos en Educación es serio. También es verdad que en ese diálogo y en ese debate, como no puede ser de otra manera, defenderé todos los principios que yo crea que
tengo que defender en beneficio del sistema educativo, pero confío en que efectivamente seamos capaces de dar a este país lo que necesita, que es estabilidad, normativa, esfuerzo presupuestario y programas concretos que afronten los problemas que
tenemos en Educación.
Muchísimas gracias a todos y hasta que el presidente mande.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias de nuevo, señora ministra. Muchas gracias a sus señorías.
Habiendo visto todos los temas del orden del día, se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.