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Notas de prensa

La Comisión sobre Seguridad Vial adopta una declaración con motivo del día mundial en memoria de las víctimas de accidente de tráfico

12/11/2020
En el año 2005 Naciones Unidas instauró el tercer domingo del mes de noviembre como "Día Mundial en memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico". Este año 2020 el Día Mundial quiere honrar y recordar a los que murieron, apoyar a los que sobrevivieron y actuar para lograr una mejor respuesta post-accidente y por ello el slogan elegido es "RECUERDA, APOYA, ACTÚA".

Coincidiendo con esta conmemoración, la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados quiere reconocer el trabajo que han realizado las Asociaciones de Víctimas, así como su contribución a los avances y mejoras alcanzadas en seguridad vial  en España.

Sin embargo, la realidad, explicitada en el hecho de que, de media, cada día fallecen 5 personas y otras 36 resultan heridas graves en accidente de tráfico en nuestro país, elevan la siniestralidad vial al nivel de drama colectivo por las graves e inaceptables consecuencias personales, sanitarias, sociales y económicas.

Creemos todavía necesario llamar la atención de la sociedad civil y de las Instituciones, sobre la obligación de mejorar la calidad de vida de las víctimas de accidentes de tráfico para que dejen de constituir un colectivo injustamente oculto. 

Consideramos que el mejor homenaje y reconocimiento que podemos hacer a las víctimas de accidentes de tráfico, a sus familiares y personas más cercanas es reiterar nuestro firme compromiso con el objetivo internacional de reducir el número de muertes y lesionados graves en un 50% durante la década 2021/2030, aceptando como ruta la que marca el Sistema Seguro. 

Por ello, la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados realiza la siguiente declaración:

"LA SEGURIDAD VIAL COMO ASUNTO DE ESTADO EN EL HORIZONTE 2030: HACIA LA VISIÓN CERO"

1) Consideramos oportuno reafirmar el compromiso de esta Comisión con la mejora continua de la seguridad vial y sentar las bases para que el decenio 2021-2030 sea el de la acción.

2) Reconocemos el importante progreso logrado en materia de seguridad vial, como demuestra la reducción del número de víctimas mortales en un 81% entre 1989 y 2019, pero recordando que 1.755 personas fallecieron en accidentes de tráfico en España en 2019 y 8.613 personas requirieron hospitalización, lo que constituye un problema de salud pública, de primera magnitud, con amplias consecuencias sociales y económicas, con el que no podemos aceptar que hay que convivir como algo normal e insuperable.

3) Valoramos el papel que poderes públicos, Administraciones, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos han tenido en la mejora de la seguridad vial en nuestro país, pero advertimos que serán imprescindibles un mayor compromiso político, una mayor coordinación de esfuerzos y una acción más decidida en todos los ámbitos para alcanzar los objetivos de reducción de la siniestralidad vial en la próxima década, de acuerdo con las Resoluciones, Declaraciones, Comunicaciones y Recomendaciones de las principales organizaciones supranacionales, ONU, Unión Europea y Conferencia de Estocolmo.

4) Consideramos también los documentos estratégicos sobre ámbitos relacionados con la movilidad.

5) Resaltamos el ejemplo de solidaridad de las organizaciones de víctimas de accidentes de tráfico y reconocemos su contribución destacada en la elaboración e implementación de políticas públicas de seguridad vial.

6) Agradecemos la dedicación y entrega de todos los agentes de tráfico, así como la de todos los profesionales que, desde diferentes campos contribuyen a diario a mejorar la seguridad vial de las carreteras y calles de nuestras ciudades. Y rendimos homenaje a quienes han perdido sus vidas mientras trabajaban para garantizar la seguridad vial de los demás.

7) Observando con preocupación las cifras de peatones y ciclistas fallecidos en nuestras carreteras y calles, pero, al mismo tiempo, compartiendo la visión de las principales organizaciones internacionales de que la promoción de una movilidad universal, activa y segura resulta básica para el cumplimiento de los objetivos en materia de medio ambiente, bienestar y salud de la población.

8) Teniendo en cuenta las diferentes tendencias demográficas, económicas, sociales y tecnológicas que se espera que se desarrollen, o continúen desarrollándose, durante la próxima década, entre ellas, el envejecimiento de la población, las nuevas formas de movilidad personal, los nuevos hábitos de consumo y modelos de distribución, y los avances tecnológicos en materia de seguridad de los vehículos, conectividad y automatización.

9) Advirtiendo la necesidad de reforzar las políticas para reducir la incidencia de las distracciones, la velocidad inadecuada, la conducción tras el consumo de alcohol y otras drogas y el no uso del cinturón de seguridad, del casco y de los sistemas de retención infantil; conductas que, de acuerdo con las estadísticas disponibles, son factores determinantes o concurrentes en la mayoría de accidentes mortales y graves.

10) Contemplando la conveniencia de llevar a cabo un enfoque más firme con relación a los usuarios que, de manera reiterada, son responsables de causar situaciones de inseguridad vial.

11) Conscientes de que los usuarios cometemos errores (voluntarios e involuntarios), reconociendo la necesidad de adoptar un enfoque integral de seguridad vial tal que combine las actuaciones en materia de formación, educación, concienciación y vigilancia con las mejoras de las condiciones de infraestructuras y vehículos.

12) Manifestamos que toda muerte y lesión grave en accidente de tráfico es evitable y por tanto inaceptable, que la actuación de todas las Administraciones, organizaciones, empresas y profesionales con influencia sobre las condiciones de seguridad de nuestros desplazamientos debe regirse por este imperativo ético.

13) Afirmamos que el gasto en políticas de seguridad vial debe considerarse una inversión con un elevado nivel de retorno social, teniendo en cuenta que, además del sufrimiento padecido por víctimas, familiares y personas cercanas, los accidentes suponen unas pérdidas económicas significativas; 

14) Reconocemos el derecho colectivo e individual a una movilidad por carretera que sea segura, medioambientalmente sostenible, saludable, accesible y eficiente, y consideramos inaceptables sus diferencias de riesgo con respecto a otros modos de transporte.

15) Reafirmamos nuestro compromiso con el objetivo formulado por las Naciones Unidas y la Comisión Europea de reducir el número de muertes y lesiones graves en un 50% en la década 2021-2030, con vistas a alcanzar la Visión Cero en 2050, así como con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y recomendamos a todas las Administraciones, Instituciones, organizaciones y empresas a alinear, en sus ámbitos de actuación, estrategias y recursos con esta aspiración.

16) Manifestamos que el éxito de esta ambición solo podrá alcanzarse haciendo de la seguridad vial un asunto de Estado y, por tanto, exhortamos a que las políticas de seguridad vial se incluyan en ámbitos como la educación, la salud, el desarrollo sostenible, el medioambiente y el cambio climático y la igualdad de género.

17) Acogemos favorablemente la iniciativa del Gobierno de elaborar la Estrategia de Seguridad Vial para la década 2021-2030, y exhortamos a que la misma responda a los principios del Sistema Seguro. Y desde la Comisión nos comprometemos a contribuir decididamente en el ámbito de nuestras competencias al enriquecimiento, difusión e implementación de dicha Estrategia. 

18) Destacamos la importancia de la calidad de los datos, así como de la investigación de naturaleza causal, para la formulación de la Estrategia e instamos a la Dirección General de Tráfico a trabajar con otras Administraciones, Instituciones, Universidades y Centros de Investigación en hacer efectivo estos propósitos. 

19) Consideramos que la seguridad vial nos afecta y beneficia a todos, y depende de cada uno. Por tanto, reclamamos que se cree una clara conciencia sobre los riesgos viales y se fomente un sentido de responsabilidad y de respeto hacia las normas de tráfico que garantice la convivencia segura en carreteras y calles.

20) Exigimos que se concentre la atención en la protección de los usuarios vulnerables; e instamos, muy especialmente, a las Administraciones competentes en materia de tráfico, sanidad y justicia que trabajen de manera coordinada en actuaciones destinadas a la reducción de la reincidencia en materia de infracciones a las normas de tráfico.

21) Reafirmamos la importancia de intensificar la cooperación internacional y el multilateralismo, y exhortamos al Gobierno a fortalecer, en particular, la cooperación con la Unión Europea y los países iberoamericanos, haciendo partícipes a las Comunidades Autónomas con competencias de tráfico en los foros de colaboración internacional.

22) Instamos a todos los poderes públicos a garantizar el acceso de las víctimas de accidentes de tráfico a servicios de atención médica de emergencia y a largo plazo de alta calidad, y a reconocer que una respuesta efectiva después del accidente también incluye una adecuada reinserción social y laboral, así como el apoyo psicológico-mental, social y legal para las víctimas, los sobrevivientes y las familias.

23) Solicitamos a las Administraciones que institucionalicen el tercer domingo de noviembre de cada año como el Día Mundial en memoria de las Víctimas de Tráfico, y que apoyen las iniciativas de las organizaciones de víctimas de accidentes.

24) Proclamamos la voluntad de la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de ejercer las competencias de impulso legislativo y control político para garantizar la continuidad de una política de seguridad vial eficiente, eficaz y continuada.