El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una Proposición no de Ley que urge al Gobierno a iniciar el procedimiento para la reforma del sistema de financiación autonómica.

La iniciativa, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, ha sido aprobada por 319 votos a favor, 0 votos en contra y 17 abstenciones. Dicha iniciativa se ha aprobado con una enmienda de modificación del punto 2 del Grupo Parlamentario Ciudadanos con la siguiente redacción: "el nuevo sistema de financiación no sólo garantizará la autonomía financiera y la solidaridad entre todos los españoles, sino también la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas. Asimismo, en la elaboración del nuevo sistema se prestará especial atención a la simplificación del mismo, así como a la transparencia en la asignación y reparto de los fondos públicos, que en última instancia proceden de los impuestos que pagan todos los españoles". 

También, se ha aprobado con una enmienda de adición del Grupo Parlamentario Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea que añade al punto 4 lo siguiente: "el nuevo sistema debe tener en cuenta el nuevo papel que ha de jugar el ámbito municipal en el horizonte de una segunda descentralización".

El texto insta al Gobierno a dar las indicaciones oportunas para que, de forma inmediata, se inicien o aceleren los trámites técnicos y la elaboración de informes oportunos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que sean necesarios para reformar el sistema de financiación autonómica, para su posterior tramitación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, su aprobación como proyecto de ley, y su debate y tramitación en las Cortes Generales. 

Además, el nuevo sistema de financiación debe garantizar la igualdad y la suficiencia financiera para todas las Comunidades Autónomas. Se debe elaborar y negociar un nuevo sistema que corrija los déficit de financiación y garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución Española, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios. 

Así las cosas, el Pleno persigue analizar los déficit de financiación que han soportado de forma recurrente las Comunidades Autónomas, y su impacto sobre la deuda autonómica, a fin de poner en marcha el mecanismo de compensación previsto en la LOFCA. 

Mientras tanto, se debe garantizar que los sistemas habilitados para posibilitar la financiación de las Comunidades Autónomas se ejecutan con parámetros objetivos, con la adecuada diligencia, y permitiendo que las Comunidades Autónomas puedan ejecutar puntualmente los pagos para el cumplimiento de sus competencias, especialmente las referentes a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, las restantes políticas sociales, y las políticas activas de empleo, sin cercenar su autonomía política y financiera. 

Asimismo, el Pleno emplaza al Ejecutivo a establecer sistemas objetivos y transparentes para asignar los objetivos de déficit a las distintas Administraciones Públicas, que eviten la discrecionalidad y la arbitrariedad en la distribución de dicho déficit. 

Finalmente, el Gobierno rendirá cuentas ante el Congreso de los Diputados en el plazo de seis meses.