El capítulo I de la norma recoge la prórroga de determinadas medidas contempladas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, e introduce ajustes complementarios en las mismas. Se da nueva redacción a los artículos relativos a "reforzar la participación pública en el procedimiento de emisión de informes de afección ambiental", a la "bonificación extraordinaria y temporal del precio final de productos energéticos", a "la concesión de ayudas directas en momentos de crisis y que benefician al sector de la pesca y de la acuicultura" y al "fomento de la movilidad eléctrica, autoconsumo y energías renovables".

Por otro lado, se recoge el incremento extraordinario del 15% en la prestación del ingreso mínimo vital y de las pensiones de jubilación e invalidez. También se incluye en la norma la "limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de contratos de arrendamiento de vivienda", la extensión de "los descuentos del bono social a los consumidores domésticos de energía eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2022" y la prórroga de las revisiones del precio de la tarifa de último recurso de gas natural, entre otras medidas.

Entre las medidas que desglosa la norma en materia de transportes se encuentran "las ayudas directas al transporte público terrestre, urbano e interurbano". El texto establece que, como consecuencia de la situación derivada del conflicto en Ucrania, "es necesario incentivar el papel del transporte público colectivo para afrontar el escenario actual de altos precios de la energía". Para ello, recoge una subvención del 30% en todos los títulos multiviaje existentes en los servicios de transporte público colectivo terrestre entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre del mismo año. 

Además, se recoge la disminución de tarifas en los billetes multiviaje en servicios correspondientes a Obligaciones del Servicio Público prestados por Renfe y las concesiones de transporte regular de viajeros por autobús. 

Entre otras de las medidas relativas al transporte, se modifica temporalmente la fórmula aplicable para la revisión del precio del transporte por carretera en función del precio del combustible. Y se modifica el contrato del transporte terrestre de mercancías haciendo obligatorio que en las facturas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022 se desglose el coste del combustible necesario para la realización del transporte. 

Las propuestas que se recogen en el último capítulo de la norma se dividen en tres secciones. En primer lugar, las relativas al ámbito energético entre las que se encuentra la modificación de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y la prórroga de medidas tributarias. También se expone en este punto la limitación del precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados, medidas de apoyo a la industria de gas intensiva y medidas para el fomento de la movilidad eléctrica, autoconsumo y el despliegue de energías renovables, entre otras. 

La segunda sección contempla las medidas de apoyo al sector agrario que recoge las medidas de apoyo al sector agrario a través del seguro agrario y la financiación de las mismas, así como la ampliación de la línea de financiación de medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. 

Por último, la sección tercera aborda otras medidas sociales y laborales relativas a colectivos vulnerables y a la reconstrucción de La Palma. 

En concreto, los primeros artículos se dirigen a las empresas y personas trabajadoras de las islas Canarias afectadas por la erupción volcánica de la zona de Cumbre Vieja. Así, la norma prórroga los expedientes de regulación temporal de empleo, las medidas extraordinarias de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos, la prórroga de aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social y la modificación del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas. 

Por otro lado, se incluye la modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. En concreto, el artículo relativo a la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. También se crea una línea directa de ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio, entre otras medidas. 

La tramitación del real decreto-ley como proyecto de ley permite a la Cámara introducir modificaciones. Por tanto, se abre el plazo para presentar enmiendas al articulado, así como enmiendas a la totalidad de texto alternativo. El art. 151 del Reglamento del Congreso indica que no son admisibles las enmiendas a la totalidad de devolución.