El Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos ha superado este jueves, 12 de mayo, su primer examen parlamentario, al ser rechazada por el Pleno la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Republicano. El texto del Gobierno continuará su tramitación parlamentaria en comisión y pleno.

Esta iniciativa legislativa tiene por objeto limitar el acceso de los particulares a los precursores de explosivos. Se establecen así dos clases de precursores, los restringidos, cuya adquisición por un particular por encima de ciertos niveles de concentración sigue exigiendo licencia previa, y los notificables, que pueden ser adquiridos sin licencia pero cuya compra está sujeta a controles sobre quienes los comercializan y sobre quienes los adquieren. Además, se prohíbe a los particulares la importación de los precursores de explosivos regulados desde terceros países.

También se distingue entre compradores particulares, obligados a obtener una licencia previa para adquirir precursores restringidos, y profesionales, que no deberán obtener una licencia pero sí acreditar su condición de usuario profesional. Todos estos compradores deberán cumplimentar y entregar al operador que realice la venta una declaración de cliente con datos particulares y comunicar cada operación al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior.

Además, los vendedores podrán rechazar cualquier transacción sospechosa, debiendo comunicar al Punto de Contacto Nacional en el plazo de 24 horas, cualquier transacción sospechosa o intento de realizarla, informando, a ser posible, de la identidad del cliente, así como de todas las particularidades de la transacción, se hubiera realizado o no.

Los operadores económicos mantendrán las medidas de seguridad adecuadas que eviten el acceso no autorizado a los precursores de explosivos regulados, y especialmente la sustracción. También deberán garantizar que se almacenan evitando su deterioro o pérdida de propiedades.

Por último, el texto regula el régimen sancionador aplicable al incumplimiento de

las disposiciones previstas con diferentes tipos de sanciones según la gravedad de la infracción y quien haya la haya cometido.

El Grupo Republicano solicitó la devolución del texto al Gobierno por la "necesidad imperiosa de delegar las competencias de inspección sobre precursores de explosivos a los cuerpos policiales propios de las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de prevención y protección de la Seguridad Ciudadana".

La enmienda del Grupo Republicano también señalaba que el proyecto de ley "es muy ambiguo" y "no asegura ningún mecanismo claro que garantice" el intercambio de información para el desarrollo de las funciones policiales en aquellas CCAA con policía propia. 

Una vez rechazada la enmienda a la totalidad de devolución, la iniciativa del Gobierno continuará su tramitación en ponencia, comisión y Pleno, tras haberse aprobado la avocación a Pleno en la sesión plenaria del día 12.

De esta forma, y una vez haya finalizado el plazo de presentación de enmiendas al articulado y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 del Reglamento del Congreso, la comisión nombrará una ponencia que, a la vista del texto y de las enmiendas presentadas, redactará un informe. Este texto, junto a las enmiendas que, en su caso, se incorporen tras su debate en comisión, conformará el dictamen que será elevado al Pleno del Congreso, para una votación final, antes de ser remitido al Senado.