Con la disposición final tercera se actualiza la Ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en relación con los límites de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias. De esta forma, el límite absoluto de la deducción pasa  de 5,4 a 12,4 millones, "siguiendo los cambios que se han introducido en el límite a nivel estatal de manera que Canarias mantenga el diferencial respecto al límite de deducción en la península". 

En su disposición final cuarta, el texto añade al Real Decreto de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, entre otros asuntos, un apartado al artículo 19.1.d), que permitirá a los concursos incorporar criterios socioeconómicos y ambientales en las zonas donde se ubiquen las instalaciones. Así, se podrán valorar factores como los empleos directos e indirectos generados; el impacto económico en la cadena de valor industrial local, regional, nacional y comunitaria; el porcentaje de participación, según la inversión en el proyecto, de inversores locales; y los mecanismos de reinversión de los ingresos obtenidos por las plantas de generación y/o almacenamiento de energía en la zona en la que se ubicara la instalación. De igual manera, "se establecerá una puntuación en función del previsible grado de afección ambiental en la zona".

Finalmente, la disposición transitoria única determina una ampliación de la liquidación de los cánones de regulación y las tarifas de utilización de agua correspondientes al año 2021, cuya puesta al cobro se hará "desde el día de la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 30 de junio de 2022".

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, los Reales Decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros son remitidos a la Cámara Baja, que debe pronunciarse sobre su convalidación o derogación en un plazo máximo de 30 días. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el debate se ajusta a los de totalidad, comenzando con la intervención de un miembro del Gobierno que explicará las razones que han obligado a su promulgación. 

Sometidos a votación, la mayoría simple de votos afirmativos supone su convalidación. En caso de no alcanzarla, el Real Decreto-ley quedaría derogado. Asimismo, las iniciativas convalidadas pueden ser tramitadas como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia si así lo acuerda el Pleno a solicitud de un grupo parlamentario.