Tras la incorporación de la enmienda número 65 a la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil en la fase de Ponencia, y según el acuerdo de la Mesa de la Cámara, se introduce una nueva disposición final en dicha norma, que se tramitará como proposición de ley separada, de carácter orgánico, con el título de "Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial". 

Mediante esta proposición de ley complementaria se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. La finalidad de esta reforma es "determinar que la Oficina de Registro Civil que se encargará de su llevanza, será una oficina vinculada funcionalmente al Ministerio de Justicia y gerencialmente incardinada en la organización  de la Administración de Justicia", siendo esta oficina de naturaleza distinta a la oficina judicial. 

Esta iniciativa también contempla que los Encargados del Registro Civil serán los letrados de la Administración de Justicia en servicio activo, "al tratarse de un cuerpo superior jurídico de contrastada experiencia en este campo".

Además, se modifica el artículo 455, sobre las dispensas que soliciten los letrados de la Administración de Justicia que se presenten como candidatos para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas o corporaciones locales, entre otras disposiciones.

Por otra parte, la norma modifica el Código Penal, con el objetivo de completar la incorporación de la legislación española al contenido de la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. Esta directiva recoge una nueva figura agravada que permite a los Estados Miembros aumentar las penas como consecuencia de determinadas circunstancias agravantes, como los supuestos en los que los bienes objeto del blanqueo procedan de los delitos de trata de seres humanos, delitos contra ciudadanos extranjeros, prostitución, explotación sexual, corrupción de menores, y delitos vinculados a la corrupción en los negocios, entre otros. La reforma introduce estos tipos agravados al considerarse estas sanciones más eficaces, proporcionadas y disuasorias en los supuestos en los que el delito previo sea de tal gravedad. 

Por ello, "se impondrá la pena en su mitad superior" cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos mencionados, y a quienes cometan cualquiera de las conductas descritas en el ejercicio de su actividad profesional.