- El Pleno aprobó el martes la tramitación de la proposición de ley sobre prevención de abusos sexuales en los centros educativos y rechazó la proposición de ley de regulación del cannabis.
 

El Congreso ha convalidado este jueves, 21 de octubre, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, el Pleno ha rechazado la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de convivencia universitaria, presentada por el Grupo Popular, por lo que la iniciativa gubernamental continuará con su tramitación parlamentaria.

La sesión plenaria de este jueves, 21 de octubre, ha comenzado a las 9:00 horas, con el debate del Real Decreto-ley ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha sido convalidado por 204 votos a favor, ninguno en contra y 143 abstenciones. De igual forma, se ha aprobada su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por 341 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones.

Este texto del Gobierno introduce modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio para regular los incentivos de apoyo, con deducciones en el IRPF del  20% al 60%, al Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, financiado con 3.420 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aprobado por la Unión Europa.

Además, el texto del Gobierno modifica la Ley sobre propiedad horizontal, en lo relativo a las comunidades de propietarios, para que solo sea necesario alcanzar la mayoría simple para la aprobación de obras de rehabilitación que contribuyan a la eficiencia energética o que implanten fuentes de energía renovable de uso común. Con el objetivo de facilitar el acceso de las comunidades de propietarios a estas obras de rehabilitación, se modifica el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, de forma que tengan plena capacidad jurídica para la formalización de créditos.

La norma gubernamental también contempla la creación de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de hasta 1.100 millones de euros, para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación de obras de rehabilitación.

A continuación, el Congreso ha celebrado el debate de totalidad del Proyecto de Ley de convivencia universitaria, cuya solicitud de avocación a Pleno, registrada por el Grupo Parlamentario Republicano, ha sido retirada por el grupo proponente. El texto del Gobierno tiene por objeto "establecer las bases de la convivencia en el ámbito universitario" mediante unas normas de convivencia que deberán desarrollar las universidades tanto públicas como privadas con medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación y el acoso. Además, el texto regula el régimen disciplinario de los estudiantes con distinción entre faltas muy graves (entre las que se incluyen las novatadas o conductas vejatorias, la violencia, acoso y discriminación sexual, plagio en Trabajos de Fin de Grado o Máster y tesis doctorales, etc.), graves (como deteriorar el patrimonio de la universidad, impedir la celebración de actividades universitarias, incumplir las normas de seguridad y salud, etc.) y leves (como acceder indebidamente a instalaciones universitarias, entre otras).

A este proyecto de ley se presentaron dos enmiendas a la totalidad: una de texto alternativo registrada por el Grupo Republicano y que fue retirada por el mismo grupo antes del debate en Pleno y otra, de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Popular que se rechazó por 145 votos a favor, 202 en contra y ninguna abstención.

La modificación impulsada por este el Grupo Republicano proponía la derogación del Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, dependientes del Ministerio de Educación Nacional y la modificación del artículo 46 de la Ley Orgánica de Universidades sobre los Estatutos y normas de organización y funcionamiento de las universidades para que regulen de forma explícita los mecanismos para la garantía de los derechos y deberes de los estudiantes.

La enmienda del Grupo Popular, que en caso de haber sido aprobada implicaría la devolución del texto al Gobierno, señala que con carácter previo al inicio de la tramitación de este proyecto de ley debería haberse procedido a la tramitación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, cuyo anteproyecto fue informado por el Consejo de Ministros el 31 de  agosto de 2021 y que, según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, supondrá una "reforma integral" del sistema universitario. Además, según el texto de dicha enmienda, la tramitación del Proyecto de Ley de convivencia universitaria "atentaría contra la seguridad jurídica, por la volatilidad del marco normativo aplicable".

Convenios internacionales

Para finalizar el Pleno de esta semana, el Congreso ha visto 11 dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. De esta forma, aceptado los acuerdos de protección de las inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra, hecho en Hanoi el 30 de junio de 2019 y de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra, hecho en Bruselas el 19 de octubre de 2018, con 285 apoyos, 3 votos en contra y 56 abstenciones; y el Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Croacia para la protección mutua de la información clasificada, hecho en Zagreb el 15 de diciembre de 2020, con 312 votos a favor, 6 en contra y 25 abstenciones.

Igualmente, el Congreso ha aprobado el Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Estado de Catar sobre el intercambio y protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid y Doha el 30 de marzo de 2021, con 226 votos a favor, 20 en contra y 98 abstenciones; el Convenio de nacionalidad entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Montauban el 15 de marzo de 2021, y la Enmienda para la supresión del artículo 124 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecha en La Haya el 26 de noviembre de 2015, con 335 votos a favor, uno en contra y 8 abstenciones

El resto de convenios internacionales, el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo para la modificación del Convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Madrid el 29 de enero de 2020 y 23 de febrero de 2021; la Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República Socialista de Vietnam al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970; el convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, hecho en Faro el 27 de octubre de 2005 y declaraciones que España desea formular; el convenio del Consejo de Europa sobre coproducción cinematográfica (revisado), hecho en Rotterdam el 30 de enero de 2017, así como declaraciones que España desea formular;  y la Adenda al Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011, con 317 votos a favor, ninguno opuestos y 27 abstenciones.

Sesión de control

La jornada del miércoles, 20 de octubre, ha comenzado a las 9:00 horas con la Sesión de Control al Gobierno. Los grupos parlamentarios han formulado las preguntas a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo con la distribución establecida en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno.

En esta ocasión, las preguntas han estado dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Teresa Ribera; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Justicia, Pilar Llop; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; y a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

La sesión de control ha finalizado con cuatro interpelaciones urgentes. En esta ocasión, el Pleno ha escuchado la interpelación urgente de Compromís, partido integrado en el G.P. Plural, sobre "la situación insostenible en la que se encuentra el servicio de cercanías de Renfe en el territorio valenciano", pospuesta en la sesión del pasado miércoles, 13 de octubre, dirigida a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. A continuación, el Pleno ha visto la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, "sobre las medidas que tiene previsto impulsar el Gobierno de España para garantizar el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos"; la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox, sobre "las medidas que va a adoptar el Gobierno para asegurar la ejemplaridad de sus miembros", que ha respondido la ministra de Justicia, Pilar Llop; y la  interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular "sobre sus subidas de impuestos a las familias y las empresas españolas en el año 2022", dirigida a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Finalmente, el Congreso ha debatido la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular "para que el Gobierno explique cómo se han visto afectadas las principales variables incluidas en el cuadro macroeconómico por los últimos datos conocidos, así como las medidas que piensa adoptar para compensar su efecto en nuestra economía", pospuesta en la sesión del lunes. Esta iniciativa ha sido rechazada por 152 votos a favor, 181 en contra y 14 abstenciones.

Prevención de abusos sexuales en centros educativos y regulación del cannabis

La sesión plenaria de esta semana ha comenzado hoy martes, 19 de octubre, a las 15:00 horas, con el debate de la Proposición de Ley relativa a la prevención de los abusos sexuales en los centros educativos, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, cuya toma en consideración ha sido aprobada por 296 votos a favor, ninguno en contra y 51 abstenciones. La iniciativa propone reformar el Estatuto Básico del Empleado Público, para que el plazo de prescripción de las faltas disciplinarias relacionadas con conductas de tipo sexual no consentidas con menores de edad comience a contar a partir del momento en el que la víctima cumpla los 30 años de edad. 

De igual forma, modifica el Estatuto de los Trabajadores para introducir como nueva causa de extinción del contrato de trabajo los casos en los que un trabajador en contacto habitual con menores sea condenado en resolución judicial firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Por último, esta proposición de ley introduce la colaboración entre el Poder Judicial y las administraciones públicas competentes para que sean notificadas de inmediato "las resoluciones judiciales que tengan por objeto el enjuiciamiento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual".

Por su parte, la toma en consideración de la Proposición de Ley integral del cannabis impulsada por Más País, partido integrado en el Grupo Parlamentario Plural, ha decaído por 75 votos a favor, 263 en contra y 9 abstenciones. El objeto de esta iniciativa consistía en "declarar y reconocer el valor y carácter universal, cultural, sociológico, lúdico, recreativo, medicinal, comercial e industrial" del "Cannabis Sativa L".

En cuanto al uso particular de las plantas el texto establecía límites de posesión y se permitía transportar por la vía pública de forma oculta y sin realizar ostentación hasta 10 veces la cantidad necesaria de consumo diario. El texto también proponía la  regulación del cultivo profesional, que requeriría la previa autorización por parte de las administraciones públicas e introducía un Impuesto Especial Sobre el Cannabis.

Iniciativas no legislativas

La sesión de este martes ha proseguido con las proposiciones no de ley y mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, que se han votado al finalizar la sesión plenaria del jueves, 21 de octubre. Así, en primer lugar se ha debatido la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu relativa a la conversión en permanentes de las medidas relativas a vivienda y suministros contempladas en el "escudo social", que ha sido aceptada, con modificaciones, por 182 votos a favor, 154 en contra y 11 abstenciones. Esta iniciativa insta al Ejecutivo a "convertir en derechos sociales permanentes, eliminando el carácter extraordinario y temporal en su aplicación, las medidas de protección social relativas a vivienda y suministros básicos contempladas en el RDL 16/2021, de 6 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica".

El Pleno del Congreso ha visto a continuación la Proposición no de Ley sobre la recuperación pública de las centrales hidroeléctricas, impulsada por la CUP, formación adscrita al Grupo Parlamentario Mixto. El primer punto, que insta al Gobierno y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a realizar "un estudio del estado de todas las concesiones de las centrales hidroeléctricas" ha sido aprobado por 200 votos a favor, 58 en contra y 89 abstenciones, mientras que el resto del texto ha sido rechazado. Esta proposición no de ley también instaba al Gobierno, entre otros asuntos, a obligar a "los Registros de Aguas a certificar la caducidad real de las concesiones" y a asegurar "que las centrales hidroeléctricas pasen a gestión pública sin más concursos privados una vez se acaben las concesiones". De igual forma, solicitaba la creación de una comisión de investigación en el Congreso "con el objetivo de revisar todas las concesiones y fechas de caducidad de las centrales hidroeléctricas, y la posible vulneración de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que establece el período de 75 años de explotación como máximo".

La sesión de este martes ha finalizado con el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox, sobre las "medidas que va a desarrollar el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para ejecutar el compromiso de bono joven formulado por el Presidente del Gobierno", que ha sido rechazada por 148 votos a favor, 192 en contra y 11 abstenciones.