El señor presidente lee los puntos 6., 6.1
y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, el señor Escarda Escarda.

El señor ESCARDA ESCARDA: Gracias. Buenos días,
señorías.

El proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el
día 6 de mayo de 2022, fecha asimismo de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de
urgencia. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 12 de
mayo. Han integrado la ponencia los siguientes senadores: por el Grupo
Parlamentario Socialista, don Francisco Antonio Blanco Ángel y las
senadoras doña Olivia María Delgado Oval y doña Ana Isabel Villar Lechón;
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, los senadores don José
Luis González La Mola y don Javier Puente Redondo; por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana EH-Bildu, el senador don Pau Furriol
Fornells; por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, el senador don
Luis Jesús Uribe-Etxebarria Apalategui; por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, el senador don Koldo Martínez Urionabarrenetxea;
por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, doña Assumpció
Castellví Auví; por el Grupo Parlamentario democrático, don Joaquín
Vicente Egea Serrano; por el Grupo Parlamentario Mixto, la senadora doña
Ruth Goñi Sarries.

Se han presentado un total de 125 enmiendas,
que se distribuyen de la siguiente forma: de la 1 a la 6, del señor Egea
Serrano y de la señora Martín Larred, del Grupo Parlamentario
Democrático; enmiendas números 7 a 28 del señor Muñoz Lagares, de la
señora Ponce Gallardo y del señor Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático; enmiendas números 29 a 41, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado; enmiendas números 42 a 44 del señor Mulet García, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal; enmiendas números 45 a 60, del Grupo
Parlamentario Vasco; enmiendas números 61 a 78, de la señora Castellví
Auví y del señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; enmienda número 79, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; enmiendas números 80 a 87, de los señores González-Robatto Perote
y Marín Gascón y de la señora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario
Mixto y enmiendas números 88 a 125, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana EH-Bildu. La enmienda número 99 fue retirada
posteriormente.

El 19 de marzo de 2022 se reunió la ponencia
del presente proyecto de ley para informar y, a continuación, la comisión
para dictaminar, no introduciéndose ninguna modificación respecto al
texto remitido por el Congreso de los Diputados en ambos trámites.
Finalmente, se han presentado ocho votos particulares, manteniéndose
todas las enmiendas.

Como recién estrenado presidente de la Comisión
de Asuntos Económicos y Transformación Digital quiero agradecer la
colaboración y disposición al debate de las y de los ponentes, de los
portavoces, así como del resto de los miembros de esta comisión. Mi
agradecimiento a la señora letrada, a la Secretaría de la Comisión y al
resto del personal de esta Casa. Este proyecto de ley traspone al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2018/1972, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se
establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas, regulando
el régimen general de las telecomunicaciones, compendiando la normativa
vigente, actualizando aquellos aspectos que han sufrido importantes
modificaciones, obviamente, desde la aprobación de la vigente Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y sentando las bases para el
despliegue de las redes de muy alta capacidad. La ley introduce reformas
estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, a fin de
fomentar la inversión de los operadores en redes de muy alta capacidad,
mejorar la protección de los derechos de los usuarios y actualizar, entre
otras, la normativa sobre servicio universal, gestión del espectro y
seguridad de las redes, contribuyendo a la vertebración del territorio y
a la lucha contra la despoblación y el cambio climático.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Escarda.

Señorías, procedería a continuación abordar un
debate de totalidad. ¿Algún grupo desea intervenir en el turno a favor?
(Denegaciones). ¿En el turno en contra? (Denegaciones). ¿En el turno de
portavoces? (Denegaciones). Podemos pasar, entonces, al debate de las
enmiendas.

En primer lugar, para la defensa de las
enmiendas 80 a 87, de los señores González-Robatto, Marín Gascón y la
señora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
su señoría Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Señorías, a este proyecto de ley hemos
presentado ocho enmiendas: dos de adición, tres de modificación y tres de
supresión. Paso seguidamente a comentarles las mismas.

Enmienda número 80. Modificación del apartado
i) del artículo 3. Se justifica en que debe analizarse la terminología
empleada por la Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de
las comunicaciones electrónicas. En la versión en español se emplea el
término «garantizar» en los considerandos 14 y 249 y en el
artículo 73.2.c) y también en el considerando 125 se emplea el término
«respetar». Por ello, es preferible, y más conforme con la directiva, la
redacción propuesta en esta enmienda. Por otro lado, la regulación de la
neutralidad tecnológica contemplada en el proyecto es insuficiente y muy
parcial. Debiera haber previsto la neutralidad tecnológica como valor de
la competencia.

Enmienda número 81. Se propone la adición del
apartado n) del artículo 3. La disposición adicional décima de la
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, contempló la
creación de la Comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud.
Pese a las diversas reclamaciones del Defensor del Pueblo y de
plataformas ciudadanas con el objeto de que, mediante el correspondiente
desarrollo reglamentario, se constituyese la referida comisión, esta no
se ha creado en el plazo de ocho años. Por otro lado, ha de incluirse
entre los principios y objetivos de la nueva ley el de «garantizar la
prevención y protección de la salud de la población en relación con las
emisiones radioeléctricas mediante la investigación, determinación,
control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica
tolerable, que no supongan un peligro para la salud pública».

Enmienda número 82. Se propone la supresión del
apartado sexto del artículo 4. Supone confirmar una especie de estado de
excepción digital. La Ley 9/2014 ya permitía el cierre cautelar de
comunicaciones digitales en casos de defensa de la seguridad pública,
protección civil, emergencias, la vida humana o interferencia con otras
redes. Lo que hizo el Real Decreto Ley 14/2019 y confirma el proyecto de
ley es ampliar estos supuestos, recogiendo los motivos de garantía de la
seguridad pública y de la seguridad nacional. Esta facultad para
intervenir redes, cortar comunicaciones o suspender páginas web no es
propia de un sistema democrático y debe ser suprimida, por más que el
precepto se ponga la venda antes que la herida y señale que en ningún
caso esta intervención podrá suponer una vulneración de los derechos
fundamentales y libertades públicas reconocidas en el ordenamiento
jurídico.

Enmienda número 83. Se propone la supresión del
apartado primero del artículo 19. Se trata de una medida que puede
resultar contraproducente al suponer más una restricción a la competencia
efectiva en el mercado pertinente y un refuerzo del peso del operador en
dicho mercado que una respuesta adecuada a las deficiencias del mercado
detectadas. Lo adecuado es que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia sea la que pueda imponer directamente condiciones de acceso o
de coinversión, incluidos compromisos de coinversión en redes de muy alta
capacidad a los operadores que hayan sido calificados con peso
significativo en el mercado.

Enmienda número 84. Se propone la supresión del
apartado tercero del artículo 90. Se aumenta el intervencionismo en la
asignación y uso del dominio público radioeléctrico, lo cual es contrario
a la liberalización del sector de las telecomunicaciones.

Enmienda número 85. Se propone la adición de un
nuevo apartado al artículo 93. Se ha desaprovechado la oportunidad de
actualizar esta regulación cuando la Comisión Europea acaba de poner de
manifiesto que el Reino de España ha violentado la neutralidad
tecnológica y el régimen de ayudas de Estado a favor de tecnologías
dominantes. El proyecto de ley contiene una regulación insuficiente y muy
parcial de la neutralidad tecnológica, que puede hacer que nuestro país
sea nuevamente sancionado por las autoridades de la Unión Europea.
Debiera haber previsto la neutralidad tecnológica como valor de la
competencia y no como derecho de antiguas empresas monopolistas para
fortalecer su posición en el mercado. La neutralidad tecnológica debe ser
una garantía efectiva de la competencia y no del mantenimiento del poder
de los antiguos monopolistas.

Enmienda número 86. Se propone la modificación
del primer párrafo del artículo 99. Se propone que el texto legal
contemple que el ejercicio de las funciones atribuidas al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital se ajuste al criterio de
garantizar la libre competencia y los derechos de los usuarios finales de
los servicios.

Por último, enmienda número 87. Se propone la
modificación del apartado segundo del artículo 103. La previsión de que
los titulares de fincas o bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos,
estaciones o cualquier clase de instalaciones de telecomunicaciones deban
permitir el acceso a dichos bienes por parte del personal de inspección,
requiriéndose el consentimiento de dichos titulares o autorización
judicial «solo cuando sea necesario entrar en un domicilio
constitucionalmente protegido o efectuar registros en el mismo» es
abusiva y podría violentar el derecho fundamental a la inviolabilidad del
domicilio, consagrado en el artículo 18 de la Constitución.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 6, de sus
señorías Egea Serrano y Martín Larred, del Grupo Parlamentario
Democrático, tiene la palabra su señoría Egea Serrano.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor
presidente.

Señorías, del total de seis enmiendas
presentadas a esta Ley de Telecomunicaciones por la Agrupación de
Electores Teruel Existe voy a defender exclusivamente la primera de
ellas, por considerarla la más importante y la que de verdad permite dar
un salto de calidad a esta ley.

En esta Cámara están representados todos los
territorios del país y todas y cada una de las señorías que aquí estamos
conocemos de una manera más o menos cercana localidades en las que no
existe ninguna red de telecomunicaciones, o en las que existen no
permiten el acceso a todos los servicios que en las ciudades son
habituales. La enmienda solicita que el servicio universal se fije en 100
megabits por segundo simétricos y, precisamente, en la asimetría es donde
está la importancia de la enmienda, ya que marca la tecnología necesaria
que debe soportar la banda ancha en la totalidad del territorio.
Señorías, estamos hablando de llevar fibra óptica al cien por cien del
territorio, algo que está incluido, además, en el acuerdo de investidura
firmado entre el partido del Gobierno y Teruel Existe; algo, por otra
parte, a lo que se ha comprometido el Gobierno en numerosas ocasiones;
algo que, además, fue aprobado por una amplia mayoría en el Congreso
dentro de una moción presentada por la Agrupación de Electores Teruel
Existe.

Debatimos una ley que traspone una norma
europea de 2018 y modifica la ley anterior del 2014. En aquella ley se
establecía un servicio universal de un megabits por segundo de bajada,
aquella cifra quedó pronto obsoleta, lo mismo ocurrirá con la cifra que
marca esta ley, ni siquiera la cifra de los 100 megabits por segundo de
bajada que han firmado en la transaccional durará mucho. Lo importante es
la tecnología, el canal que usamos para las telecomunicaciones, y no la
velocidad. Corremos el riesgo de aumentar la brecha digital cada vez
mayor entre los territorios que disponen de fibra óptica en la actualidad
y aquellos que no la tienen. Desde el principio de la legislatura se ha
hablado mucho en esta Cámara de despoblación, tanto se ha hablado que
pareciera que además de asumir el problema se estuviera decidido a
acometer políticas activas para luchar contra uno de los mayores
problemas territoriales de nuestro país; sin embargo, vemos cómo en este
caso, al igual que en otros muchos, estamos ante un amagar, pero no dar,
algo que perciben los ciudadanos de nuestros territorios y que lleva a
una desafección grave hacia la política en la que no encuentran respuesta
a sus necesidades.

La aprobación de esta enmienda permitiría a los
pueblos de la España vaciada tener la posibilidad de ser realmente
destino de personas que decidan trabajar desde ellos. Esto es lo primero
que miran quienes allí quieren ir a trabajar, y no piensen que
teletrabajar se limita exclusivamente a recibir emails. Muchos son los
trabajos que requieren de una gran capacidad de subir información a la
red, y esto, créanme, solo se consigue con una simetría en las
tecnologías de telecomunicaciones. De no aprobarse, condenan a los
residentes de estos territorios a no disfrutar de los mismos servicios de
ocio que los de las zonas urbanas; a no tener la misma calidad en los
servicios básicos como la sanidad; ni aspirar a servicios telemáticos de
atención a los mayores; ni, por supuesto, a mejorar nuestra sensación de
seguridad.

Y no solo hablamos de personas, estamos
hablando también de las empresas que desarrollan su actividad en nuestros
territorios. De no aprobarse, los condenamos a tecnologías en algunos
casos obsoletas; no les permitirá evolucionar en sus negocios hacia la
inteligencia artificial, el machine learning, el big data, los servicios
cloud en la nube o las máquinas virtuales, por poner algunos
ejemplos.

Olvídense de ver la industria 4.0 en la España
vaciada, o quizás sea lo que se pretende: excluir a todos estos
territorios de la innovación, la industria y la actividad económica para
que la industria y la actividad económica vaya a las grandes ciudades y
macrourbes, en las que seguir concentrando la actividad económica y la
población.

Señorías, esta enmienda lograría un avance
tecnológico que permitiría a estas empresas no solo subsistir, sino
también avanzar. Defendemos, incluso se defiende en esta Cámara muchas
veces, que ser pocos no resta derechos, pero esto implica ser valiente en
las políticas a aplicar. Recuerden que legislamos por y para personas,
sin tener en cuenta los deseos de las empresas. Tienen la oportunidad de
demostrar su propósito de lucha contra la despoblación. Les animo a
aprobar esta enmienda, que será beneficiosa para todos nuestros
territorios.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas
gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 7 a 28 de sus
señorías Muñoz Lagares, Ponce Gallardo y Sánchez López, también del Grupo
Parlamentario Democrático, tiene la palabra su señoría Sánchez
López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias,
presidente. Buenos días, señorías.

Bienvenidos a los que acaban de acatar la
Constitución. Señor Feijóo, bienvenido.

Señorías, debatimos la Ley General de
Telecomunicaciones, que es como todos ustedes saben, una trasposición de
la legislación española. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio,
señorías, por favor. Muchas gracias. Disculpe, señoría, continúe.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor
presidente.

Estamos hablando de una trasposición a la
legislación española del Código europeo de comunicaciones electrónicas,
que tiene como objetivo establecer un nuevo marco regulatorio para el
desarrollo y el despliegue de las comunicaciones electrónicas. Por tanto,
esta ley es el principal instrumento que va a regular el mercado de las
telecomunicaciones y el despliegue de nuevas conexiones de última
generación. Esto, señorías, como ustedes pueden comprender, es
particularmente importante porque la digitalización ofrece numerosas
oportunidades económicas y sociales para nuestro país. Sin embargo, sin
contar con el marco adecuado, que es lo que venimos a regular hoy en las
infraestructuras y las señales del mercado que necesitan los operadores,
sería imposible de alcanzar el objetivo de llegar al cien por cien de la
población con, al menos,100 megabits. Por ejemplo, hace tiempo que
oficialmente la cobertura 5G en España es superior al 80 %, es un lugar
común, pero lo cierto es que la conexión 5G no es real, realmente no es
así, y no supone una gran mejora respecto a la conexión actual de 4G. Más
recientemente los operadores ya están impulsando el despliegue del 5G
real; no que ponga 5G, sino que sea un 5G real, aunque, según las
proyecciones, solo podremos disfrutar de este potencial completamente en
torno a 2023. Esto se debe a que no solo hace falta multiplicar el número
de antenas instaladas, que también, sino que el núcleo de la red móvil
debe ser renovado, lo que permitirá reducir la latencia de las conexiones
para que todo sea prácticamente instantáneo. De este modo, se podría
conseguir el objetivo, fíjense, señorías, de alcanzar velocidades máximas
teóricas superiores a un gigabyte por segundo.

Pese a que, en términos generales, en
Ciudadanos valoramos positivamente la Ley General de Telecomunicaciones
—no en vano la votamos a favor en el Congreso—, hemos querido
introducir una batería de enmiendas para mejorar algunas carencias o
alguna laguna que tiene la ley con el fin de mejorarla. Hemos presentado
enmiendas que redundan en la igualdad de todos los españoles, en el
funcionamiento del mercado, en la innovación y su futuro, y con este
objetivo presentamos ya en el Congreso 36 enmiendas para mejorar el texto
original y, gracias al trabajo conjunto de todos los grupos y, todo hay
que decirlo, al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, conseguimos que se aceptaran tres y que se transaccionaran otras
trece. Ahora, en el trámite del Senado, también hemos seguido trabajando
para mejorar el texto. Por ello, hemos presentado unas cuantas enmiendas,
que redundan en cuestiones, a nuestro parecer, bastante
importantes.

En cuanto a tasas e impuestos, hemos presentado
varias enmiendas para aliviar la carga impositiva que sufren los
operadores de la red, especialmente en un contexto en el cual deben
contar con capacidad de inversión suficiente para que el despliegue de
conexiones de última generación 5G, y muy pronto 6G, sea posible. Por
ejemplo, que se reduzca el tipo impositivo máximo de la tasa de
telecomunicaciones al 0,80 por mil de los ingresos brutos de los
operadores; que se bonifique el cien por cien la tasa por reserva del
dominio público radioeléctrico para las bandas en las que se proporcionen
servicios de 5G o superiores; que se elimine la obligación de que los
operadores de la red tengan que financiar la Corporación de
Radiotelevisión Española mediante impuestos. Esta batería de enmiendas va
en aras de reducir tasas e impuestos.

Otras enmiendas, que nosotros llamamos de zonas
rurales y escasamente pobladas, proponen garantizar un mínimo de ancho de
banda de 100 megabits por segundo en el servicio universal de acceso a
Internet, así como la ampliación de beneficios a empresas que estén
radicadas en la España rural o en la España con riesgo de despoblación.
Es importante llegar a la España rural; al último de los municipios, al
municipio más recóndito, más escondido y de más difícil acceso y que allí
tengan los mismos servicios de Internet que podamos tener en el
Senado.

También hemos presentado otra batería de
enmiendas que nosotros llamamos de servicios básicos para ampliar la
cartera de servicios básicos; para que incluyan como derecho básico la
conexión móvil o la garantía de cobertura a lo largo de las vías
terrestres de alta ocupación, como son las autovías o las líneas de
ferrocarril. De este modo, no solo se asegurará una conexión adecuada en
el caso de emergencias, sino también una mejor experiencia y comodidad de
todos los usuarios.

Enmiendas de abono social. El abono social
permite a consumidores con rentas bajas o en situación de vulnerabilidad
acceder a los servicios básicos de comunicaciones electrónicas en
condiciones ajustadas a su situación.

Enmiendas de protección de datos y privacidad.
Entenderán ustedes que la protección de datos es un derecho absolutamente
fundamental e inalienable de los individuos. Por tanto, en el plano
digital también tenemos que fomentar, proteger y dignificar la protección
de datos y la privacidad. Por eso, hemos presentado varias enmiendas para
reforzar la protección de datos y la privacidad de los usuarios y también
de las empresas. Así, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de
Datos tendrá su papel reforzado para asegurar que se cumplen todas las
disposiciones en materia de privacidad y protección de datos de usuarios
en comunicaciones electrónicas.

Por último, otro bloque que nosotros hemos
denominado de mayor flexibilidad en los contratos con el fin de que sean
más flexibles y que la autonomía sea ejercida plenamente para que ambas
partes contratantes cuenten con suficiente información sobre las
condiciones a las que se comprometen. Por ello, hemos presentado varias
enmiendas para fomentar la transparencia en los contratos. Además, hemos
planteado la posibilidad de que empresas y consumidores puedan llegar a
acuerdos más flexibles que los existentes actualmente en la ley, que,
como saben ustedes, muchas veces son muy rígidos y más de uno nos hemos
encontrado con problemas. Por ejemplo, extendiendo el plazo máximo por
encima de los veinticuatro meses, siempre y cuando sea el consumidor el
que lo solicite, para mejorar o acceder a terminales, equipos o redes
mediante pago a plazos por cuota más asequibles al extenderse más el
tiempo. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Disculpe, señoría.

Señorías, sé que hay muchas negociaciones en
marcha sobre muchas enmiendas y necesitan hablar entre ustedes. Háganlo,
por favor, fuera del hemiciclo porque hay exceso de ruido durante esta
mañana. Muchas gracias.

Continúe, señoría.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Entiendo que el debate de las enmiendas es
farragoso, pero hay que desgranarlas y ya estoy terminando.

Finalmente, se establece un periodo de seis a
tres meses para la entrada en vigor de nuevas disposiciones en materia de
contratos, dando así una mayor flexibilidad a empresas y consumidores
para que se adapten al nuevo marco normativo que regirá los contratos de
servicios de comunicaciones electrónicas.

Por último, quiero anunciarles que
—muchos de ustedes lo sabrán—, sobre la base de una de
nuestras enmiendas, en concreto la enmienda número 9, hemos llegado a un
acuerdo transaccional. Nos alegramos de que, igual que pudimos
transaccionar tres enmiendas nuestras en el Congreso, ahora, en el
Senado, hayamos transado una enmienda, en concreto la número 9, relativa
la de la universalización del acceso a Internet a una velocidad mínima
de 100 megabits por segundo. Doy las gracias a todos los grupos que se
han puesto a trabajar, como corresponde, para, sobre la base de nuestra
enmienda, llegar a una enmienda transaccional, que hoy se va a aprobar y
se va a incorporar al texto. En concreto, lo que dice es que el Gobierno
desarrollará las medidas adecuadas que tengan como objetivo lograr, en el
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, la
universalización del acceso a Internet de banda ancha a una velocidad
mínima de 100 megabits por segundo en el sentido descendente y,
adicionalmente, que dicho acceso se produzca a unos precios asequibles
para los ciudadanos, con independencia, con independencia, reitero,
porque es importante, de la localización geográfica, en aras de impulsar
la cohesión social y territorial mediante el despliegue de las más
modernas redes de telecomunicaciones, que posibiliten el acceso a los
ciudadanos a los más diversos y necesarios servicios, cada vez más
básicos y esenciales, que se prestan a través de estas redes, como, por
ejemplo, el teletrabajo, que se preste en cualquier rincón del territorio
nacional con Internet, con unas comunicaciones adecuadas; la
telemedicina, la enseñanza online. Y, con ello, que se fortalezca la
vertebración social y territorial, coadyuvando de este modo a afrontar el
reto demográfico, del cual tanto hablamos aquí y en el que nosotros
creemos particularmente, así como ayudar a la fijación de la población al
terruño, al territorio, que es uno de los objetivos que todos nos hemos
marcado esta legislatura, combatiendo de esta manera la despoblación
rural. Esta es la enmienda que nosotros hemos presentado, sobre la que se
ha trabajado, sobre la que se ha consensuado y se ha transaccionado; en
definitiva, es la enmienda que esperamos que esta mañana se incorpore al
texto de la ley.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 61 a 71 y de
la 73 a la 78 de sus señorías Castellví Auví y Cleries i Gonzàlez, del
Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra su señoría la senadora
Castel Auví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Bon día, senadors,
senadoras, president.

Junts ve la modificación de esta ley necesaria
ya que el mundo de las comunicaciones electrónicas ha avanzado
enormemente en estos años. Actualmente, las comunicaciones electrónicas
son un elemento básico para la innovación, la transformación económica,
social, digital y energética. Su carácter esencial se ha visto acentuado
a raíz de la pandemia mundial generada por la COVID-19. Por estos
motivos, Junts ha presentado diecisiete enmiendas, que esperamos se
acepten.

Empiezo por nuestra primera enmienda, que
plantea sustituir la denominación «telecomunicaciones» por
«comunicaciones electrónicas». La normativa europea es el Código europeo
de comunicaciones electrónicas, no de las telecomunicaciones. Todos los
Estados miembros de la Unión Europea han sustituido la denominación
telecomunicaciones por comunicaciones electrónicas. El Ejecutivo español
mantiene la denominación telecomunicaciones para proponer una norma sobre
la base de la competencia exclusiva de telecomunicaciones que le atribuye
la inamovible Constitución de 1978. Este ámbito competencial ya no define
si es el ámbito adecuado en el nuevo entorno digital. Mantener
competencia exclusiva y no considerar las competencias de las
administraciones territoriales como la ordenación del territorio lleva al
proyecto de ley a lo contrario de la finalidad de la norma.

Otro bloque de enmiendas se refiere a la
universalización del acceso a Internet y al incremento de la velocidad de
la línea. La propuesta mantiene una definición de servicio universal de
acceso a un Internet de banda ancha a través de una conexión subyacente
en una ubicación fija. Para Junts, mantener esta definición y no
establecer unas obligaciones de servicio público de acceso en movilidad
no solo dificulta la propia disponibilidad del servicio fijo y, por
tanto, de servicio universal, al no poder complementar las tecnologías
más adecuadas para el acceso en función de las condiciones del
territorio, sino que dificulta la prestación de servicios esenciales,
como salud, educación, transporte ferroviario, y no transpone
correctamente lo establecido en el Código europeo de comunicaciones
electrónicas.

Nuestro gran bloque de enmiendas consiste en
blindar las competencias de las comunidades autónomas; en reconocer,
proteger y cuidar la responsabilidad que tienen las administraciones
locales ante de la ciudadanía. Cabe decir que no han entrado a
transaccionar en ninguna de ellas —por algo será—, por lo que
entenderán que desconfiemos, repito, que desconfiemos de la
Administración del Estado. En relación a la actuación de las
administraciones territoriales en el ejercicio de sus competencias, el
Gobierno propone que cualquier instalación y/o servicio de red directa o
mediante concesión de una administración territorial, antes de llevarse a
cabo, deba ser comunicada e informada a la Administración del Estado. Ojo
al dato. No lo consideramos justificado porque obstaculiza la
participación de las administraciones territoriales en el fomento del
despliegue de las redes en todo el territorio y contraviene la finalidad
última del Código europeo de comunicaciones electrónicas, teniendo en
cuenta que las administraciones están sujetas también a las obligaciones
derivadas de la normativa europea. Y, por último, velar por la seguridad
de las redes y los sistemas. La supervisión, la observación y el sistema
sancionador, ¿en manos de quién está? De las comunidades autónomas, no.
El afán controlador del Estado existe, ya se ve, y por desgracia en esta
ley lo atan y bien atado.

Señorías, las administraciones territoriales,
las autonómicas y especialmente las locales, en el ejercicio de sus
legítimas competencias, constituyen un agente primordial a la hora de
evitar la brecha digital, y nuestras enmiendas van encaminadas a
reconocer su tarea y a blindar al máximo sus competencias. Cabe decir que
el respeto y predisposición a acuerdos de la senadora Delgado y de todos
los grupos ha sido una tónica en la comisión. No se trata de obstaculizar
y poner trabas al despliegue de las redes, sino de facilitar la
aplicación de las normas y de garantizar la preservación de otros bienes
jurídicos dignos de protección, como son la seguridad, las competencias
de las comunidades autónomas y las de las administraciones locales, los
ayuntamientos.

Por estos motivos esperamos que acepten las
diecisiete enmiendas de Junts.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 42 a 44, de su
señoría Mulet García, del Grupo Parlamentario Izquierda Confedera, tiene
la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies,
president.

El 24 de julio del año 2020, tras un enorme
retraso, el Gobierno presentó un anteproyecto de ley de
telecomunicaciones que venía a trasponer las directivas europeas y cuyo
plazo de trasposición acababa el 21 de diciembre de ese mismo año, un
plazo a todas luces imposible de cumplir porque ya llegaban tarde y mal.
Pero, lejos de reaccionar para recuperar el tiempo perdido, el Gobierno
se dedicó a dilatar la tramitación de esta ley hasta el infinito y más
allá, y ahora, casi dos años después, pretenden que el proyecto emanado
del Congreso pase por el Senado a la velocidad de la luz, dando un plazo
de presentación de enmiendas de tan solo una semana que, a efectos
prácticos, no va a valer para nada, da igual que se hayan presentado
ciento veinticinco enmiendas para mejorar la ley.

Hemos presentado tres enmiendas: una de ellas
relacionada con la radio digital y dos con la velocidad mínima de acceso
a Internet, regulada en el servicio universal. Con respecto a las medidas
urgentes de radio digital introducidas en la nueva disposición, no hemos
hecho otra cosa que hacer lo que el Gobierno prometió en noviembre del
año 2020, cuando presenté en esta Cámara una proposición de ley de
medidas urgentes para el desarrollo de la radio digital y el Gobierno ni
siquiera quiso entrar en el fondo de la cuestión. Simplemente se limitó a
decir, a través de una senadora del Grupo Socialista, que el marco para
introducir medidas urgentes para la radio digital no era una ley
específica, como proponíamos, sino la Ley general de telecomunicaciones.
Pues bien, como era previsible, el Gobierno no ha propuesto absolutamente
nada, nos mintieron aquí, en esta tribuna, y se han negado a discutir con
nosotros sobre esta cuestión en concreto. Se ha reunido, es cierto,
tarde, y han dejado claro que de radio digital absolutamente nada, un
síntoma más del despotismo tan grave como preocupante al cual nos están
acostumbrando. La radio digital consigue un ahorro de electricidad entre
un 70 y un 90 % respecto a la FM, y España lleva más de una década sin
hacer absolutamente nada para desplegar la DAB+, dando la espalda a
Europa y bendiciendo con su inacción ese enorme despilfarro. Nosotros ya
sabíamos que no tienen ningún tipo de interés en desarrollar la radio
digital, como se está haciendo en el resto de Europa o del mundo
avanzado, y nos mintieron en esta tribuna al afirmar que blindaban todo a
la futura ley de telecomunicaciones.

Respecto al desarrollo de Internet en las zonas
despobladas hablaremos en el otro turno porque con tres minutos,
obviamente, no da tiempo para más.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 45 a 60, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra su señoría el
senador Uribe-Etxebarria Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Egun on.
Eskerrik asko, presidente jauna. Egun on guztioi.

Intervengo para la defensa de las enmiendas del
Grupo Vasco. Durante el trámite de esta ley nuestro grupo ha presentado
un total de veintiséis enmiendas con la intención, evidentemente, de
mejorar el texto. Cinco de esas enmiendas fueron transaccionadas en el
Congreso y otras veintiuna quedaron vivas y son precisamente esas
veintiuna enmiendas las que hemos presentado en esta Cámara. Si han
tenido oportunidad de leer nuestros textos comprobarán que el tenor de
nuestras aportaciones tiene como objetivo hacer respetar el reparto
competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Así, en la
justificación de muchas de nuestras enmiendas, podrán leer frases como:
dar entrada a las autoridades autonómicas de protección de datos; la
actividad de fomento de las administraciones públicas no puede venir
mediatizada por una función tuteladora, estatal; adecuación al reparto
competencial; facilitar la cooperación con aquellas autoridades, también
autonómicas, que estén adecuadamente reconocidas... Un modo de potenciar
y maximizar la eficacia de los recursos es contar y reconocer la
existencia de centros autonómicos, equipos de respuesta a incidentes de
seguridad, que son organizaciones responsables de recibir, revisar y
responder a informes y a actividades sobre los incidentes de
seguridad.

Decimos también en otra de las enmiendas que no
vemos justificación para, mediante informes vinculantes, establecer un
control en las competencias autonómicas y forales, y lo fundamentamos en
una sentencia del Tribunal Constitucional de 2018, en la que establecía
que un control de la actuación autonómica vulnera los artículos 2 y 137
de la Constitución, pues se decía que no se ajusta al principio de
autonomía la previsión de controles genéricos o indeterminados que
impliquen dependencia jerárquica de las comunidades autónomas respecto a
la Administración estatal. El artículo que enmendamos presenta controles
indeterminados de naturaleza jerárquica incompatibles con un Estado
descentralizado y no previstos en el artículo 153 de la Constitución ni
conformes a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional e incompatibles
con el principio de autonomía.

Pero de entre las enmiendas más importantes me
quiero referir a las relativas a la seguridad de las redes y de los
sistemas, que fue objeto en su día de un decreto ley, en el año 2018, que
convalidamos para su tramitación como proyecto de ley pero que, sin
embargo, no pudo materializarse debido a la disolución de las Cámaras.
Pedimos contemplar a las autoridades de las comunidades autónomas con
competencias en materia de protección de personas y bienes y para el
mantenimiento del orden público para quienes disponen de policías
propias. Pedimos contemplar a esas autoridades, pedimos contemplar a esas
policías propias, que son policías integrales, porque, si no, se
ignoraría el principio de autonomía. Y es que, señorías, hay que tener en
cuenta —y quisiera llamarles la atención sobre la cuestión—
que la ley se aplicaría sobre todas las redes y servicios de la
información autonómicos poniendo en manos del Estado su supervisión y el
régimen sancionador, atribuyendo tal supervisión en última instancia al
Centro Nacional de Inteligencia a través del Centro Criptológico, que se
integra y depende del CNI. Consideramos que el control que se pretende
ejercer sobre cualquier actividad de las administraciones públicas que
unilateralmente se decida no es acorde con el principio de autonomía
institucional de las mismas, particularmente de las comunidades
autónomas. No se justifica en la recepción de la directiva europea NIS
que no incluye a las administraciones públicas genéricamente en su
ámbito, ni resulta necesario ni proporcionado a los efectos de
salvaguardar la coordinación de las medidas de seguridad de las redes y
sistemas de información entre administraciones públicas, para lo cual
cabe, en su caso, arbitrar los ordinarios mecanismos de cooperación y
coordinación ya contemplados en el ordenamiento vigente.

Efectivamente, algún o alguna portavoz se
refería a que ha habido determinadas negociaciones, ha habido un
determinado diálogo, hemos intercambiado textos, pero no hemos llegado a
un acuerdo sobre ninguna de nuestras enmiendas y particularmente sobre
las que me acabo de referir. Políticamente esto necesita y exige una
lectura, y yo realizo dos constataciones: los preceptos a los que me
acabo de referir no respetan el Estatuto de Autonomía de Gernika en lo
referido a la Policía vasca, a la Ertzaintza, que es una policía
integral, y la segunda constatación es que no se está cumpliendo tampoco
el acuerdo de investidura entre el Grupo Vasco y el Partido Socialista
Obrero Español precisamente para la investidura del señor Sánchez.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, para la defensa de las enmiendas 88 a 98
y 100 a 125, tiene la palabra su señoría el senador Furriol
Fornells.

El señor FURRIOL FORNELLS: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.

El Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu ha presentado un total de treinta y ocho
enmiendas con el objetivo de mejorar el texto, que son las número 88
a 125 y retiramos la número 99, las hemos estado defendiendo todas
intensamente durante los últimos días, pero no vamos a referirnos ahora
individualmente a cada una de ellas.

Hay un grupo de enmiendas que persigue
introducir mejoras técnicas en el proyecto. Otro conjunto de enmiendas
tiene como objetivo que por la Ley General de Telecomunicaciones no se
ignore la distribución de competencias existente entre el Estado, las
comunidades autónomas y las entidades locales ni el principio de
subsidiariedad. Con dichas enmiendas se persigue el doble objetivo de
facilitar el despliegue ordenado de las redes de alta velocidad y de que
las competencias autonómicas y locales sean respetadas, y no estamos
hablando en este caso de reivindicación de nuevas competencias, que
también sería legítimo, sino de que se asuma la realidad del reparto
competencial ya existente actualmente en el Estado, y cuesta mucho porque
en España no se creen lo de la descentralización y la desconcentración ni
tienen asumido el principio de subsidiariedad. Sobre este tema, que es de
suma importancia para nosotros, suscribimos en su totalidad cuanto ha
sido expuesto por la senadora Castellví, de Junts, y por el senador
Uribe-Etxebarria, del Partido Nacionalista Vasco. Y un tercer grupo de
enmiendas se refiere a los derechos de acceso a red tanto de usuarios y
consumidores como de empresas y trabajadores autónomos.

Estas enmiendas tienen en común que buscan
reducir en lo posible las brechas existentes por motivos tan diversos
como el territorio, la formación, los recursos económicos o la diversidad
funcional. Entre los derechos de las personas usuarias y consumidoras
queremos destacar dos: el primero, los derechos lingüísticos,
consistentes en poder ser atendidas usando la lengua oficial no
castellana y también poder recibir respuesta, documentación e información
en la misma; y el segundo, la necesaria mejora del servicio universal y
que en el mismo se incluyan la comunicación audiovisual, la recepción de
productos audiovisuales y la prestación de servicios públicos a través de
las redes de telecomunicación. Precisamente sobre estos últimos aspectos,
el lingüístico y el de acceso a la red, hemos conseguido transaccionar
dos enmiendas que confiamos que se aprobarán.

Asimismo, también estamos orgullosos de haber
colaborado en la gestación de otras dos enmiendas transaccionales que han
de favorecer el despliegue de redes y el respeto al paisaje,
especialmente en fachadas que merecen especial protección. Y nos sabe
mal, sin embargo, no haber podido encontrar en los otros dos grupos
mayoritarios del Senado la sensibilidad necesaria por el respeto
competencial para llegar a acuerdos para el respeto y la defensa de las
competencias que corresponden a comunidades autónomas y entidades
locales. Se refieren al servicio público audiovisual nuestras
enmiendas 88, 89, 91, 92, 96, 98, 108, 109 y 121; a competencias
autonómicas y locales, las enmiendas 93 a 95, 97, 100 a 103, 101
a 114, 117 a 120 y 124, y a derechos de las personas consumidoras y
usuarias, incluyendo la neutralidad tecnológica y el servicio universal,
las enmiendas 90, 104 a 110 y 115, entre ellas tres referidas a derechos
lingüísticos, las número 107, 109 y 115.

Nada más por nuestra parte en este turno de
defensa de las enmiendas, solo pedirles el apoyo a todas ellas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para la
defensa de las enmiendas 29 a 41 y 79, tiene la palabra su señoría el
senador González La Mola.

El señor GONZÁLEZ LA MOLA: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.

Vaya, en primer lugar, como no puede ser de
otra manera, siendo el primer interviniente del Grupo Popular, mi saludo
de bienvenida a los dos nuevos compañeros, deseándoles el mayor nivel de
éxitos en esta Cámara. (Aplausos) Bienvenidos, compañeros.

Como viene siendo habitual esta legislatura,
queremos manifestar una vez más que se nos presenta una ley acudiendo a
los procedimientos de urgencia, lo que provoca que tengamos muy poco
tiempo para poder llegar a acuerdos que mejoren esta ley. Por eso, aunque
a mí me dijeron que esta era una Cámara de segunda lectura, yo creo que
esta es una Cámara más que de segunda lectura de lectura rápida, aquí hay
que venir y leer rápido para poderse poner uno a negociar (Aplausos). A
pesar de ello quiero agradecer el esfuerzo de todos los grupos, hemos
conseguido llegar a varios acuerdos transaccionales en algunas de las
ponencias. Vaya desde aquí mi agradecimiento y, en mi caso, especialmente
a mi compañero Javier Puente, que es un trabajador nato y ha peleado las
enmiendas.

El Grupo Popular ha presentado catorce
enmiendas —evidentemente no las voy a leer todas aquí—, con
unos objetivos muy claros que podemos agrupar en cuatro puntos. Estos
cuatro puntos serían: por una parte, presentamos varias enmiendas con la
idea de mejorar y facilitar el despliegue de las redes, sobre todo en
entornos rurales y dando consistencia al servicio universal en toda el
área; en el tema de canalizaciones, infraestructuras, etcétera, nos
parece fundamental el despliegue de redes. Hay un segundo grupo de
enmiendas que van dirigidas a la financiación de la prestación del
servicio universal por un mecanismo de compensación en condiciones de
transparencia con cargo a fondos públicos a favor de los operadores que
lo hayan prestado. Este punto es una de las claves del éxito que tendrá
el despliegue de la red; si no somos capaces de organizar un buen sistema
de financiación de la prestación del servicio universal, ya les digo yo
que no seremos capaces de hacer un despliegue correcto de las redes. Un
tercer grupo de enmiendas tiene como objetivo ayudar a eliminar todas las
trabas administrativas de cara también a agilizar el uso de los fondos
europeos y que no se nos pasen los plazos. Es evidente que debemos hacer
especial hincapié en este aspecto, pues es muy importante que podamos
utilizar correctamente los fondos europeos para el desarrollo de esta
ley. Y, por último, tenemos otro grupo de enmiendas que son
fundamentalmente mejoras y ventajas para el usuario de las
telecomunicaciones, tanto en los aspectos informativos como en todo lo
que se refiere al área de los contratos. Estos serían los cuatro grupos
de enmiendas de las catorce enmiendas que hemos presentado, vaya por
delante mi agradecimiento, como les decía, por el trabajo realizado, a
pesar de las prisas.

Me gustaría terminar con una pequeña anécdota
que recoge una reflexión. Yo, por motivos profesionales, viví la Ley de
telecomunicaciones del año 1998 —entonces trabajaba en
Telefónica—, por la que se liberalizaban las telecomunicaciones y
se abría el mercado a los diferentes operadores. Pues bien, en la empresa
se planteó una estrategia alrededor solamente de una palabra: cliente;
todo tenía que girar en torno al cliente y se abandonó un término que se
había utilizado hasta entonces: el de abonado. Pero cuando he leído la
ley que se nos trae aquí, la Ley de 2022, he visto que, de nuevo, se
habla de abonados, no se habla de clientes. La relación de una empresa
con un abonado es totalmente distinta de la relación de una empresa con
un cliente. Por lo tanto, ahí dejo la reflexión. Por favor, en una
próxima ley dejemos ya el término abonado y pasemos a utilizar el término
cliente; si no, no habremos conseguido hacer la transformación digital de
este país.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas, por
el Grupo Socialista, tomará la palabra la senadora Villar Lechón.

La señora VILLAR LECHÓN: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.

En primer lugar, quiero agradecer la presencia
del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales, del subdirector general de Ordenación de las
Telecomunicaciones y de la directora del gabinete, así como destacar el
trabajo que hemos realizado durante estos días para sacar adelante esta
ley.






(Aplausos).

La Ley general de telecomunicaciones de 2014
fue una ley muy consensuada en su momento y contó con el apoyo del Grupo
Socialista porque entendimos que era un gran avance para facilitar el
despliegue de redes de telecomunicaciones. Hoy, con todos los avances que
hemos experimentado, es necesario actualizarla. Han pasado ya ocho años
y, con el avance de la tecnología, ocho años es mucho tiempo y se hace
necesario promulgar una ley con la que abordar las nuevas necesidades de
la ciudadanía. Además, debemos trasponer al ordenamiento jurídico español
la Directiva europea 2018/1972, por la que se establece el Código Europeo
de las Comunicaciones Electrónicas, regulando, así, el régimen general de
las telecomunicaciones, compendiando la normativa vigente y actualizando
aquellos aspectos que han sufrido cambios desde la vigente Ley 9/2014,
de 9 de mayo, sentando así las bases para el despliegue de redes de muy
alta capacidad; hablamos de fibra óptica y 5G.

Como saben todos ustedes, esta ley es un
compromiso del Plan de recuperación. Esta ley, como la anterior, es fruto
del diálogo y de la forma de entender la política, porque la política
debe ser útil para mejorar la vida de las personas. De hecho, de las 238
enmiendas presentadas en el Congreso, 27 fueron aceptadas, 49 fueron
transaccionadas en fase de ponencia y de comisión y otras 28 fueron
transaccionadas en comisión, es decir, que se incluyeron el 43 % de las
propuestas. Se trata de propuestas que han sido incorporadas de una o de
otra manera mejorando sustancialmente el texto inicial. En el Senado se
han registrado 125 enmiendas, de las que quedan para el Pleno 123, siendo
la mayoría de ellas enmiendas presentadas en el Congreso. Mi grupo ha
hecho el esfuerzo de entender y de llegar a consensos con las propuestas
de los distintos grupos, pero a veces es difícil poner a todos de
acuerdo, pues las propuestas de unos grupos pueden chocar con los
acuerdos o con los dictámenes de otros grupos. Lo que hemos buscado en
todo momento ha sido alcanzar el máximo acuerdo posible porque queremos
que sea una gran ley. Así, hemos negociado con los diferentes grupos
cuatro enmiendas transaccionales para reforzar el despliegue de las redes
de alta capacidad y ampliar los derechos de las personas. Hago mención a
la tan necesaria universalización de los servicios de acceso a internet
a 100 megabits por segundo, ya que nos comprometemos en el plazo de un
año a la universalización del acceso a una internet de banda ancha a una
velocidad mínima de 100 megabits por segundo y a que ese acceso sea a
unos precios asequibles para los ciudadanos, con independencia de su
localización geográfica. Pretendemos así impulsar la cohesión social y
territorial mediante el despliegue de las más modernas redes de
telecomunicaciones que posibiliten el acceso de los ciudadanos a los más
diversos y necesarios servicios que se prestan a través de estas redes,
como son el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, y, con
ello, fortalecer la vertebración social y territorial, ayudando de esta
manera a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la
despoblación rural. Agradezco a todos los grupos el trabajo, y aunque
haya enmiendas que no podamos aceptar, siempre es bueno contar con las
opiniones de todos los grupos.

Señorías, España ha alcanzado una cobertura
del 95,2 % en fibra óptica, muy por encima de la media de la Unión
Europea, que es del 34 %. Esto ha sido gracias al impulso y al compromiso
inversor del Gobierno liderado por el presidente Sánchez. Solo la primera
convocatoria del programa Único-Banda Ancha del año 2021 permitió
extender la banda ancha de muy alta velocidad, superior a 100 megabits, a
casi 1,3 millones de hogares y empresas situadas en más de 4500
municipios de toda España. En total, una inversión pública de más de 249
millones de euros. Pero también para avanzar son necesarias buenas leyes
que lo permitan, y esta ley va a seguir facilitando ese despliegue y, a
la vez, protegerá y ampliará los derechos de los consumidores. Yo vengo
de un municipio rural de tan solo 300 habitantes y, por tanto, conozco
muy bien los problemas que tenemos y a los que nos enfrentamos día a día.
Créanme que, viendo lo especialmente complicado que resultó el
confinamiento a raíz de la pandemia y cómo se visibilizaron aún más las
brechas digitales cuando el colegio tuvo que cerrar y el médico solo
atendía vía telefónica, soy la primera interesada en que mis vecinos, las
personas dependientes y nuestros mayores, puedan aprovechar las ventajas
de los nuevos servicios vinculados a la digitalización; en que las
familias no tengan que desplazarse por obligación a un hospital que les
queda a cientos de kilómetros cuando pueden tener una primera visita
online con especialistas de primer nivel, estén donde estén; y en que los
jóvenes que se han ido y quieran volver tengan la oportunidad de
teletrabajar. (Aplausos).

El despliegue de estas redes en el entorno
rural es muy necesario. Comparto que esta ley fomentará e impulsará de
forma decidida este despliegue de nuevas redes de muy alta capacidad y,
sin lugar a dudas, va a ser palanca de vertebración territorial, con lo
que ayudará a la fijación de población, combatiendo la despoblación en el
medio rural, particularmente en los territorios con gran dispersión
poblacional y con complicada orografía. En la nueva sociedad y economía
digital en la que estamos viviendo, resulta imprescindible para
posibilitar un adecuado desarrollo económico y fomentar la creación de
empleo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, intervendrá su señoría, la senadora Goñi
Sarries.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidente.

El objetivo de esta ley es simplificar,
agilizar, eliminar trabas y facilitar la inversión en infraestructuras de
telecomunicación. Se traspone la directiva europea con cuatro años de
retraso, lo que quiere decir que ya llegamos tarde. La propia Comisión
Europea nos denunció al Tribunal Superior de Justicia Europeo para que
nos impusiesen sanciones por ese retraso. Llegamos tarde a la Ley general
de telecomunicaciones porque regula despliegues de redes 5G que ya
comenzaron a desarrollar compañías privadas en España. Estas redes son
esenciales para el futuro desarrollo económico y social de nuestro país.
Aunque lo hagamos tarde y de forma urgente, es absolutamente necesario
hacerlo. Los hábitos y la tecnología han cambiado drásticamente en estos
últimos años, pero esto no es una realidad para los habitantes de la
España despoblada, donde no disponen de las infraestructuras básicas
necesarias de las que sí disponemos el resto de los españoles. Una de las
razones para que esto suceda es la excesiva burocracia y las trabas
administrativas, y esta ley intenta cerrar esa brecha digital entre lo
urbano y lo rural, y será una eficaz herramienta contra la despoblación.
Esta ley contempla asuntos tan importantes como la cooperación
público-privada para desplegar esa red sobre las infraestructuras
públicas. Esto es esencial para dar un empuje al despliegue 5G y a
servicios tan necesarios que van a soportar tecnologías, como pueden ser
el coche conectado, la teleasistencia a personas mayores, una mayor
seguridad o la Industria 4.0.

La ley menciona expresamente el teletrabajo
como uno de los objetivos fundamentales. Es otra forma de cerrar esa
brecha entre zonas urbanas y rurales, de luchar contra la despoblación y
de hacer más eficiente el trabajo. Hay que evitar que la calidad de
internet dependa del lugar donde se resida. Esta ley defiende la
privacidad de los datos personales. En tres meses se va a crear el punto
de gestión único, una herramienta de cooperación para la ordenación de
los despliegues de forma ágil y transparente. Se garantizarán la
seguridad y la calidad técnica de los despliegues, potenciando los
proyectos de telecomunicación, y se garantizará la igualdad de
competencia entre empresas españolas cambiando los plazos para hacer la
revisión de mercado.

En conclusión, las infraestructuras de
comunicaciones móviles son las bases de la economía y de la sociedad para
las próximas décadas. Esta ley da un gran impulso a este importante
desarrollo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo grupo, intervendrá su señoría
Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Señor presidente,
señorías, antes de nada, quisiera recordar dos artículos de nuestra
Constitución en referencia al texto de este proyecto de ley que debatimos
hoy: en primer lugar, el artículo 18.2, sobre la inviolabilidad del
domicilio y, en segundo lugar, el artículo 20, sobre la libertad de
pensamiento, idea y opinión, así como comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión. El artículo 4.6 de
este proyecto de ley establece una especie de estado de excepción
digital. La ley anterior, de mayo de 2014, ya permitía el cierre cautelar
de comunicaciones digitales en caso de la defensa de la seguridad
pública, protección civil y emergencias, la vida humana o interferencia
con otras redes. Posteriormente, el Gobierno de Sánchez, con el llamado
decretazo digital, amplió estos supuestos recogiendo los motivos de
garantía de seguridad pública y seguridad nacional. No es propio de un
sistema democrático como el nuestro arbitrar la facultad para intervenir
redes, cortar comunicaciones o suspender páginas web y, por lo tanto,
debe ser suprimida. Esta intervención podrá suponer una vulneración de
los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en el
ordenamiento jurídico, aunque en su último párrafo se indique que, en la
intervención de dichas redes, el Gobierno deberá comunicarlo en el plazo
de veinticuatro horas al órgano jurisdiccional competente para que en un
plazo de cuarenta y ocho horas decida sobre si dicha intervención es
ajustada o no a derecho.

Señorías, el derecho de libertad de expresión y
comunicación, recogido en el artículo 20 de nuestra Constitución, es una
libertad de hoy, no dentro de cuarenta y ocho horas. La intervención de
un medio, una red o similar, una vez se ha producido, revienta la
información de ese preciso instante. Señorías, relegar la modulación
temporal es una prostitución del derecho. La libre expresión y opinión
debe poder ejercerse en cada momento y minuto, no demorarse cuarenta y
ocho horas. En todo caso, la actuación judicial debería ser ex ante y no
ex post. La intervención o gestión directa de redes debería someterse a
la previa autorización judicial del acuerdo y no adoptarse dicho acuerdo
con la posibilidad de que el juez lo anule posteriormente. La
intervención o suspensión de redes o páginas web supone una intrusión en
la esfera de derechos fundamentales que debe ser tomada con todas las
cautelas y garantías constitucionales de forma similar al derecho a la
inviolabilidad del domicilio, consagrado en el artículo 18.2 de nuestra
Carta Magna.

Otro apartado que nos preocupa es el
artículo 103 de este proyecto de ley, que prevé que los titulares de
bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos e instalaciones de
telecomunicaciones deberán permitir el acceso a dichos bienes por parte
del personal de inspección, requiriéndose el consentimiento de dichos
titulares o mediante autorización judicial y debiéndose resolver en el
plazo de setenta y dos horas. Dicho artículo es abusivo y podría
violentar el derecho fundamental de inviolabilidad recogido en el
artículo 18. Para finalizar, quiero mencionar otro apartado del presente
proyecto de ley que nos preocupa, la disposición adicional duodécima, que
establece la creación de una comisión interministerial sobre
radiofrecuencias y salud. En la anterior Ley general de
telecomunicaciones, de mayo de 2014, también se incluyó otra disposición
adicional referente a la creación de una comisión interministerial sobre
radiofrecuencias y salud que no llegó a crearse; es decir, después de
ocho años implantando kilómetros y kilómetros de espectro radioeléctrico,
no se ha creado dicha comisión para que vele por la salud de todos los
españoles. Es más, existen diversas reclamaciones del Defensor del Pueblo
para que, mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, se
constituya la referida comisión, sin que, como digo, en ocho años
—ocho años, señorías— se haya hecho absolutamente nada. ¿Por
qué no se ha creado la comisión interministerial? ¿Se ha tenido en cuenta
el impacto potencial en la salud por la exposición a emisiones
radioeléctricas y electromagnéticas? Estas preguntas deben ser
respondidas para que los españoles sepamos por qué no se cumplen y
aplican las normas, porque, señorías, estamos viendo cómo se modifican o
aprueban normas no para que se integren en el Estado de derecho, sino
para dar contenido al programa de reality show de este Gobierno. Vox no
participará nunca de este marketing y de ese maquillaje que aplica el
Gobierno. El resto de las formaciones deberán responder y preguntarse por
qué se han dejado llevar al huerto y amenizar el show. Votaremos en
contra de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará
la palabra su señoría Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias,
presidente. Buenos días, señorías.

Al PRC, el debate en torno a este proyecto de
ley le parece importante e interesante, pues incide directamente en una
transformación necesaria para nuestro país a medio plazo que tendrá
efectos importantes en el largo plazo. La transición hacia un nuevo
modelo y hacia una nueva generación de redes de banda ancha es necesaria
si queremos que nuestro país no se quede atrás y pueda ganar
competitividad, y por ello su regulación es un deber que las
instituciones debemos afrontar. El resultado de su aplicación revertirá,
igualmente, en la ciudadanía, que será la principal beneficiada de esta
nueva era que ahora comienza.

Señorías, internet se ha convertido en el
compañero de viaje que nos acompaña a todos los lados. Así, en la
actualidad resulta imprescindible para casi la totalidad de la población
a la hora de comunicarse, de acceder a una variada gama de opciones de
ocio, pero también es una herramienta útil para efectuar tareas tan
evidentes como realizar compras, hacer transacciones bancarias, pedir
cita en el centro de salud o trabajar. Dada la magnitud que ha ido
adquiriendo en las últimas décadas, tenemos que lograr entre todos un
impulso en la extensión de las redes de alta velocidad de una forma
eficaz y, sobre todo, equilibrada para toda la sociedad, sin importar
variables como, por ejemplo, el lugar donde se resida. Y es que en este
punto pueden surgir desequilibrios, desigualdades y en algunos casos
hasta discriminación dependiendo del lugar de residencia. Desplegar redes
de fibra óptica y 5G es fácil en grandes ciudades y en núcleos de
población medianos, pero puede que no llegue tan fácil a los pequeños
núcleos rurales. Es precisamente en esta cuestión donde debemos velar por
que nadie se quede atrás. Todos tenemos derecho a acceder a los mismos
servicios y a las mismas oportunidades, y por ello el desarrollo de las
nuevas generaciones de las redes de telecomunicaciones, que genera
desigualdades, debe ser contrarrestado con marcos regulatorios que, como
este, sean garantes de que todos accedemos a una conexión a internet
segura, eficaz y rápida.

El Partido Regionalista de Cantabria no es
ajeno a esta problemática. Llevamos años preocupados por esta cuestión, y
prueba de ello es el conjunto de políticas que nuestro Gobierno
autonómico ha puesto en marcha. Un ejemplo es Conecta Cantabria, un
proyecto de colaboración público-privada impulsado por la Consejería de
Industria, gracias al cual se está llevando la fibra óptica a todos los
rincones de nuestra tierra. Paso a paso, con voluntad y con mucho
trabajo, vamos alcanzando objetivos. Por ello, dado que estamos en
contacto con la calle, somos conscientes de la relevancia que tiene el
texto que ahora tratamos para el desarrollo futuro de España y de todos
los territorios del Estado. Tenemos que hacer que la gente de nuestros
pueblos no se quede atrás y así favoreceremos la lucha contra la
despoblación, ayudaremos al mantenimiento del empleo en estas áreas y
animaremos a otros para que vean con optimismo la posibilidad de vivir y
trabajar en nuestros pueblos.

Pero no solo debemos quedarnos en eso. Esta
norma establece una serie de derechos de los usuarios que, por lo
general, suelen ser el eslabón más perjudicado al sufrir los abusos de un
mercado tan laberíntico y ambiguo que a veces es imposible de comprender
para las personas ajenas a él. A la vez, crea un marco de incentivos para
la innovación tecnológica de las empresas, que quedan igualmente atadas a
una serie de deberes y responsabilidades para con el servicio y los
usuarios finales. Este proyecto de ley responde, además, al compromiso
adquirido por nuestro país con las instituciones comunitarias. Por un
lado, es uno de los ejes sobre los que actuar recogidos en el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, a cuyo cumplimiento va ligada
la transferencia de los fondos de recuperación europeos. Y, por otro,
tiene como objetivo trasponer la directiva europea, que ya debería estar
traspuesta. A pesar de coincidir con otros grupos en que este texto no es
perfecto, los regionalistas cántabros creemos que esta ley puede ser la
base que favorezca el desarrollo y la extensión equilibrada de las nuevas
redes de telecomunicaciones, y, en consecuencia, votaremos a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, intervendrá
su señoría el senador Egea Serrano.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor
presidente.

La verdad es que, tras escuchar a la portavoz
socialista, no entiendo cómo no se acepta nuestra enmienda, que
precisamente pretende asegurar que se va a cumplir todo lo que ha dicho;
y eso se cumple llevando la fibra óptica a todos los rincones. Ha hablado
del 95 % de cobertura, y estamos cometiendo el error de siempre, que es
hablar de población. Si hablamos de cohesión territorial, hablemos de
territorios y veamos cuántos territorios están fuera de las redes de alta
capacidad. Ha hablado del 95 % de alta capacidad y lo ha asimilado
al 95 % de fibra, lo que tampoco es verdad. En esas redes de alta
capacidad sigue habiendo hilos de cobre, sigue habiendo ADSL, y también
mucha fibra, es cierto, pero es que falta mucho por hacer; faltan muchos
territorios a los que llevar la fibra, faltan muchas empresas a las que
llevar la fibra y faltan muchos polígonos industriales en muchos pueblos
a los que llevar la fibra. Por eso, ante la voluntad que ha manifestado y
tras todo lo que ha dicho desde esta tribuna, no entiendo cómo no se
puede aprobar nuestra enmienda, porque ya les he explicado que están muy
bien esos 100 megas de bajada, pero si no tenemos subida, realmente todo
lo que usted ha dicho no se puede hacer. No se va a poder atender con
telemedicina desde un pueblo, desde un consultorio médico, si no se tiene
una velocidad alta de subida; es que es mucho más que recibir, es mucho
más que bajar datos de internet, también hay que subir, y eso se consigue
con un canal que, en este caso y de momento, es la fibra óptica. Por eso
no entiendo que no se apruebe esta enmienda, sobre todo cuando se viene
aquí y se dice que se pretende llevar las tecnologías y el internet de
alta calidad a todos los rincones del Estado. No, señoría, a todos, no; a
todos donde hay fibra, a todos donde esté previsto. Cuando ha hablado
usted de ese 95 %, he consultado los datos, y es que el 6 % de la
población española, casi tres millones de personas, no están en eso que
usted ha dicho; no tienen redes de alta capacidad y, visto lo visto, no
las tendrán. Y no sirve con que les aseguremos que van a poder ver su
canal de streaming favorito porque van a tener una buena velocidad de
bajada si no van a poder teletrabajar. Explíquele usted a un ingeniero, a
un arquitecto o a un diseñador cómo va a trabajar en un pueblo con
velocidades de subida de 1 mega; cómo va a poder subir proyectos a la
empresa para la que trabaja. Eso no va a ser posible.

Por lo tanto, esperemos que cambien; esperemos
que, dado que existe la voluntad de mejorar y dado que se habla siempre
de reequilibrio y de cohesión territorial, hagamos de verdad políticas de
reequilibrio y de cohesión, y no hablemos más de cobertura de población,
porque nos pasa igual con las redes 4G y pasará igual con las redes 5G.
No sumen millones de españoles, no sumen millones de población, sumen
territorios, y vayan ustedes con su coche por las carreteras y verán la
realidad de la cobertura territorial que tenemos en este país, y estamos
en el año 2022. Tenemos un país muy grande, sí; y tenemos una orografía
difícil, también, pero ahí es donde tiene que estar el Gobierno y donde
tienen que estar las administraciones públicas, y desde aquí alabo lo que
ha hecho el Gobierno de Cantabria, porque lo pude ver en persona hace dos
años, y alabo cómo administraciones públicas están del lado de sus
ciudadanos y hacen el ímprobo esfuerzo de estirar fibra donde no quieren
las compañías, pues para eso están las administraciones públicas, y para
eso estamos aquí también nosotros, para decirles a las personas que,
donde no lleguen unos, llegarán otros, pero que les vamos a dar
soluciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra su señoría, la senadora Castellví Auví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Señorías, actualmente
vivimos en la era de la información, en la era digital. Las tecnologías
de la comunicación y el tráfico de datos no serían posibles si no
existieran unas redes de comunicación invisibles, que son las
comunicaciones electrónicas. El potencial de internet para el desarrollo
de la economía y de sectores de gran impacto para el bienestar, como la
educación, la sanidad, la tecnología y la ciencia, en la mayoría de los
países es evidente, pero también las comunicaciones electrónicas juegan
un papel fundamental en nuestra vida diaria. Estar informado y conectado
es un derecho; se ha convertido en una necesidad básica, en una
herramienta indispensable para las tareas más sencillas y, como tal, debe
garantizarse a toda la ciudadanía cerrando la brecha digital lo más
pronto posible.

Por este motivo, en Cataluña, el vicepresident
Puigneró, desde Polítiques Digitals, ha implementado una red pública de
fibra óptica para que esta llegue a todos los municipios y, en una
segunda fase, a todos los núcleos de población por pequeños que sean.
(Pronuncia palabras en catalán). Ustedes pueden contribuir a este
proyecto autorizando de una vez el paso de la fibra óptica en Cataluña
por la N-260. Sepan que en este aspecto hemos presentado unas iniciativas
que esperamos se aprueben.

Dicho esto, quiero recordar que reformar la ley
es una necesidad y no implica que se tenga que hacer, como ya es habitual
en el Senado, por el procedimiento de urgencia. Aquí normalmente vamos
con prisas y con esta excusa las leyes pasan con pocos cambios o sin
ellos, o con transaccionales light, y eso es un error.

Por lo tanto, como ya he dicho, nuestras
enmiendas se centran básicamente en cuestiones como blindar las
competencias de las comunidades autónomas, y reconocer, proteger y cuidar
la responsabilidad que tienen las administraciones territoriales y
locales ante la ciudadanía. Y, señorías, vuelvo a decir que desconfiamos
de la Administración del Estado. No han aceptado ninguna de nuestras
enmiendas presentadas en este aspecto. La ley obstaculiza la
participación de las administraciones territoriales para el fomento del
despliegue de las redes en todo el territorio y contraviene la finalidad
última del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Es
necesario que en todo el redactado de la ley las entidades locales tengan
capacidad de pronunciarse sobre la información que afecta de manera
directa a su ámbito competencial y territorial. Nos sumamos también a la
transaccional de mejora de la velocidad de la línea. La demanda de
mercado a una internet de banda ancha ágil crece y aumenta día sí, día
también. Hay que garantizar el acceso a internet de banda ancha,
estableciendo un mínimo de velocidad de acceso de 100 megabits por
segundo, aunque en Junts hubiéramos sido más ambiciosos en el redactado
final de la transaccional que se ha aceptado.

Suscribimos las enmiendas y las palabras del
senador del Grupo Vasco, el señor Uribe-Etxebarria, referentes a las
competencias de las comunidades autónomas y la seguridad de las redes,
así como las del senador de Esquerra, Pau Furriol. Señorías, en Junts
también velamos por la seguridad de las redes y los sistemas. La
supervisión, la observación y el sistema sancionador de las redes y los
servicios están en manos del Centro Criptológico, y como saben muy bien,
este centro depende de... ¡Del CNI! El Centro Nacional de Inteligencia.
La pregunta es: ¿Y de quién depende el CNI?, ¿de las autonomías? Va a ser
que no. Depende de quien ha comprado Pegasus y parece que también
Predator. Por lo tanto, ¡viva la fiesta! Podrán espiar como les dé la
gana a todas las redes y servicios y a todas las comunicaciones
electrónicas. En esta ley toda la supervisión y el régimen sancionador de
los servicios y redes de información autonómicos está en manos del
Estado, del CNI. En Junts no confiamos en esta seguridad, en Junts
preferimos que realice esta tarea el cuerpo policial de las comunidades
autónomas, en nuestro caso, los Mossos d’Esquadra, que tienen
competencias reconocidas en este aspecto.

Señorías, hagamos una ley para que realmente
las infraestructuras y redes de telecomunicaciones, y en especial las
redes de alta y muy alta capacidad, sean elementos esenciales para la
innovación, la vertebración territorial y la cohesión social, y que sean
las comunidades autónomas quienes lo lideren. No limiten la capacidad de
las administraciones públicas territoriales y respeten en todo momento
las competencias que tenemos las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Egun on,
jaun-andreak.

Señorías, en mi grupo somos muy conscientes de
la importancia de este proyecto de ley, no solo por la ley en sí misma,
obligada trasposición de la Directiva europea 2018/1972, sino porque la
reforma de la Ley general de telecomunicaciones es necesaria y está
prevista, además, en el Plan de recuperación, transformación y
resiliencia. Diré también que estamos totalmente de acuerdo con los
objetivos generales de la ley, y por eso precisamente la consideramos
necesaria, pero aun así lamentamos, por un lado, la tardanza en traer
este proyecto de ley al Senado y, por otro, y sin que sea contradictorio,
la urgencia en su tramitación y, por cierto, también de otras muchas
leyes en el Senado. Las prisas por aprobarlo nos convierten en el
convidado de piedra en una ley que, se nos dice, ya ha sido muy
consensuada en el Congreso, por lo que el papel de la Cámara donde nos
reunimos hoy para debatir queda reducido a un «amén, Jesús», y no; no es
esta la idea, en mi opinión, con la que los padres de la Constitución
definieron el Senado. La democracia funciona mal cuantos más convidados
de piedra hay, y somos unos cuantos, señorías. La democracia también
funciona mal cuando el tiempo para la deliberación se reduce, y funciona
peor cuanto más se reduce ese tiempo, porque, sin tiempo, las únicas
salidas son o el silencio o el exabrupto. Desde luego, en Geroa Bai no
vamos a caer en ninguno de los dos; por eso seguiremos reclamando un
papel real para la política democrática en el Senado.

Señorías, nosotros insistimos en que una
velocidad de 100 megabits por segundo es lo mínimo aceptable, además de
lo prometido por el presidente Pedro Sánchez en el Fórum de Barcelona, y
también pensamos que en este proyecto de ley hay algunas invasiones de
las competencias autonómicas que, de entrada, dificultan sobremanera o,
mejor dicho, hacen imposible nuestro apoyo.

Las palabras de buena voluntad no son
suficientes. Desde 2014 hasta hoy, la Ley de telecomunicaciones no ha
sido ni revisada ni modificada en aspectos básicos, y lo que ahora nos
presentan nos resulta muy insuficiente, entre otras cosas, en cuanto a
velocidad, porque nuevamente nos dicen que hay buena voluntad en el
Gobierno, que esperemos, que sí…, como tantas, tantas y tantas
otras veces. Hay voluntad de conseguir el objetivo, un objetivo que
nosotros compartimos, que quede claro, pero cada día resulta más difícil
creer algunas palabras.

Respecto a las enmiendas transaccionales, ha
habido una que me ha llamado mucho la atención, y es la que se ha
transaccionado con Esquerra Republicana-Bildu, que fía la oferta en
lenguas cooficiales solo cuando así sea requerida por el usuario final. A
mí, para ser una enmienda, me parece que se queda corta, muy corta en el
objetivo de defender todas nuestras lenguas sin necesidad de que haya
petición explícita por parte de nadie. Creo que es una obligación que la
ciudadanía, los partidos políticos y los distintos gobiernos, empezando
por el central y acabando por los autonómicos, tenemos respecto de
nuestras leyes cooficiales.

Y, por último, en este proyecto de ley también
vemos absolutamente inaceptable el escaso respeto por las
autonomías.

Por todo ello, desde luego no votaremos a
favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, tomará la
palabra su señoría el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies,
president.

Antes hablábamos del nulo valor que muchas
veces tiene la palabra del Partido Socialista, que en el debate para la
toma en consideración de la Proposición de Ley sobre la radio digital
prometieron en esta tribuna que sería objeto de este proyecto de ley que
estamos hoy debatiendo; y también lo vimos cuando debatimos una
Proposición de Ley de medidas urgentes para garantizar el acceso a
internet dentro del servicio universal a 100 megas por segundo. Quiero
recordar que todos los grupos de esta Cámara, excepto el Grupo
Socialista, votaron en noviembre a favor de nuestra toma en
consideración, y en la Ley general de telecomunicaciones aparece un
mínimo de 10 míseros megabits por segundo en internet, no vaya a ser que
las operadoras tengan que hacer inversiones que afecten en algo a sus
cuentas de resultados. Es mucho más importante garantizar por ley a los
ciudadanos un servicio universal de verdad, no de cartón piedra, o
respetar los acuerdos alcanzados en esta Cámara. Por eso les pedimos que
dejen de vender humo.

No hemos firmado la propuesta transaccional que
han presentado, primero, porque llega tarde y mal, y, segundo, porque es
un auténtico despropósito o una burla a la necesidad real que tiene buena
parte del territorio del Estado en cuanto al acceso a las
telecomunicaciones. La justificación de esta enmienda está directamente
mal hecha —si ven los datos, verán que no firman—, y, además,
sin una Comisión Nacional de la Competencia que evalúe que se ha cumplido
el objetivo, este tipo de propuestas no sirven para nada. Tampoco
resuelve esa transaccional la revisión periódica al alza de ese límite y
que sea la Administración de oficio y no el Gobierno discrecionalmente
quien lo revise; una certificación que estará en manos de las operadoras,
y esto es grave, ya que se demuestra una vez más que ustedes les tienen a
las operadoras más miedo que a una pedregà. La solución nunca puede ser,
como de nuevo proponen, que sea el dinero público quien invierta en las
telecomunicaciones y aliviar una vez más las cargas a esas grandes
empresas que no tienen que invertir nada para proporcionar un mínimo
de 100 megabits. Se aprobó —como decíamos antes en esta
Cámara— la toma en consideración de una propuesta de ley, a pesar
de que ustedes votaron en contra, para garantizar este mínimo de 100
megas. La tienen paralizada en el Congreso porque no les gusta, como todo
lo que hacen, igual aquí que en el Congreso: todo aquello que no les
gusta, aunque sea aprobado por la voluntad y por la mayoría de las
Cámaras, lo paralizan, actúan como si tuvieran mayoría absoluta. Siempre
es bueno recordarles que no la tienen.

No podemos votar a favor de un texto que no
garantice internet en condiciones para toda la población, viva esta donde
viva. Leyes que salgan aprobadas, como esta, sin solucionar los problemas
reales de buena parte de la población, no son buenas leyes, y nosotros no
queremos ser cómplices de ello. De qué sirven horizontes en los cuales se
asegura el 5G para el 90 o el 95 % de la población si dicho porcentaje
vive en una pequeña parte del territorio, pero para el resto, ese 5
o 10 % de la población que vive en la mayor parte del territorio del
Estado, no se ha hecho esta ley ni la transaccional que ustedes
promueven. No se va a solucionar el acceso a internet, que es vital, si
realmente queremos vertebrar y queremos que haya oportunidades para todos
los territorios del Estado, vivan donde vivan estas personas. Insisto, es
una ley insuficiente que no soluciona los problemas de buena parte del
territorio. Se presentaron 125 enmiendas para intentar solucionar las
necesidades sin resolver que aportaba esta ley. Ustedes se reunieron
tarde con los grupos proponentes y propusieron simplemente
transaccionales que se quedan a medio camino. De nuevo, muchas de sus
señorías dejan claro que están más pendientes de las puertas giratorias
que de solucionar los problemas. No se atreven con las operadoras, no se
atreven a exigirles que cumplan con sus obligaciones, y de nuevo nos
quedamos con una ley completamente insuficiente.

Desgraciadamente, no podemos votar a favor de
esta ley, aunque nos hubiera gustado, porque pensamos que con las
enmiendas que hemos presentado se mejoraba esta situación. Pero, bueno,
veo que a la mayoría no le interesa mucho este debate.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra su señoría Uribe-Etxebarria Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik
asko, presidente jauna. Egun on, berriro. Egun on, guztioi.

Como ya se ha dicho hoy, el objetivo del
Proyecto de Ley general de telecomunicaciones que tenemos entre manos es
trasponer la Directiva 2018/1972 por la que se establece el Código
Europeo de las Comunicaciones Electrónicas; una directiva que entró en
vigor en diciembre de 2018 y cuyo plazo para su trasposición expiró en
diciembre del año 2020.

Nosotros nos mostramos de acuerdo con los
objetivos generales de la directiva y de la ley, que, entre otras cosas,
establece una serie de normas actualizadas para regular la red de
comunicaciones electrónicas, los servicios de telecomunicaciones, así
como los recursos y servicios asociados. También presenta tareas para las
autoridades de reglamentación y otras autoridades competentes y establece
una serie de procedimientos para garantizar la armonización del marco
regulador en toda Europa. Pretende asimismo estimular la competencia y
aumentar la inversión en el 5G y en redes de muy alta capacidad para que
todos los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea puedan disfrutar
de una conectividad de alto nivel, un elevado nivel de protección del
consumidor y una mayor variedad de servicios digitales innovadores. Todo
eso está muy bien, pero ya he explicado el enfoque de las enmiendas que
hemos presentado a este proyecto de ley, y me van a permitir incidir,
subrayar nuevamente en lo crítico e inaceptable que supone la injerencia
del Estado en el ámbito de la seguridad de las redes de las comunidades
autónomas.

La ley impone obligaciones de seguridad para
los operadores de redes y sistemas de la información asociados a la
prestación de servicios esenciales, entre los que se encuentra la
actividad de todas las administraciones públicas, sin excepción alguna, y
de todos los subsectores públicos. Pero no solo se imponen obligaciones
de seguridad a estas redes y sistemas de información asociados a
servicios públicos de las administraciones públicas, sino que también se
determina, para concretar estas medidas, vigilar su cumplimiento,
realizar inspecciones de la red y de los sistemas de información, y
responder ante incidentes e imponer también sanciones, por ejemplo, a una
administración autonómica que pudiera ser incumplidora. En este sentido
—y es lo grave—, se fija como autoridad competente y equipos
de respuesta de referencia ante incidentes a la Secretaría de Estado de
Seguridad y al CNI a través del Centro Criptológico; es decir, señorías,
que las redes y sistemas de cualquier comunidad autónoma y subsector
público quedan bajo la supervisión directa, la inspección y la sanción de
la Secretaría de Estado de Seguridad o del CNI, lo cual entendemos que no
es acorde con el principio de autonomía institucional; es inaceptable y
no es acorde con la naturaleza de la policía integral, por ejemplo, de la
Ertzaintza, que es la Policía vasca.

No vemos justificación constitucional ni de
otra índole para que la Secretaría de Estado de Seguridad o el CNI, a
través del Centro Criptológico, se hagan cargo de la protección de las
redes y sistemas de información de las comunidades autónomas y
subsectores públicos. El Centro Criptológico, por si alguien tuviera
alguna duda, es el CNI mismo. Comparte con él medios, procedimientos,
normativa, recursos y personal, según establece el artículo 2 de su
decreto de creación; un CNI para el que todo es secreto, con actuaciones
opacas para los demás y en ocasiones con fuertes indicios de afección
ilícita a derechos fundamentales, y al que, curiosamente, se le encarga
la seguridad de las redes y sistemas de información de las comunidades
autónomas. ¿Y por qué no, de paso, dar medios, oportunidad y motivos para
que puedan acceder a los datos que por esos sistemas circulan sin
necesidad de habilitación judicial y con solo la aplicación de estos
preceptos legales? Mi compañero, el diputado Legarda, en el debate en el
Congreso, trató de resumir esta situación con un dicho que yo voy a
repetir aquí: esto es como meter el zorro en el gallinero.

Termino ya. Reitero la petición de respeto al
haber competencial de las comunidades autónomas, a las policías propias
de las comunidades autónomas, que, en el caso de la Ertzaintza, la
Policía vasca, es una policía integral, y solo puedo constatar que el
PSOE sigue incumpliendo este punto del pacto de investidura del
presidente Sánchez.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra su señoría, el senador
Furriol Fornells.

El señor FURRIOL FORNELLS: Esta nueva Ley
general de telecomunicaciones que debatimos en el Senado supone un avance
y una mejora importante en relación con la anterior de 2014. En materia
de nuevas tecnologías, hoy ocho años es una eternidad, y por este solo
hecho, haría falta una actualización de la normativa reguladora de las
telecomunicaciones. Actualizar la Ley 2014 es, por tanto, oportuno y
necesario, y, además, también es obligatorio para la trasposición al
ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2018/1972, por la que se
establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que, por
cierto, debería haber sido traspuesta en 2020. Como he expuesto, dicha
directiva es de 2018, cuatro años atrás, y debería haber sido traspuesta
ya en 2020; vamos con dos años de retraso, por lo que no se entienden
ahora las prisas que motivan su tramitación por el procedimiento de
urgencia en el Senado. Y las prisas son atribuibles únicamente al
Gobierno por lo que ha tardado en tener listo el proyecto, y como
siempre, los platos rotos los acaba pagando Senado, que no puede ejercer
su función con normalidad y, en definitiva, la ciudadanía, que merecía un
resultado cocinado más a fuego lento. En la literatura jurídica y
política se nos cuenta que el Senado es una Cámara de segunda lectura,
más reposada. Todos los senadores somos testigos de que dicha afirmación
es incierta, puesto que el proyecto de ley proveniente del Congreso se
publicó en el Boletín Oficial el 6 de mayo, un viernes. El siguiente
jueves, día 12, finalizó el plazo para la presentación de enmiendas. En
una semana, el jueves 19, el texto pasó como un mero trámite por ponencia
y por comisión, sin enmiendas. Finalmente, hoy, miércoles 25, se somete a
la consideración de esta Cámara, y todo ello sin que previsiblemente
vayan a ser aprobadas más de 3 o 4 enmiendas de un total de 125.

Los motivos de tan escasos resultados del
diálogo y la negociación son, por un lado, la dificultad de alcanzar
consensos en el estrecho margen que permite el calendario durante el
trámite de urgencia y, por otro, por considerar inicialmente el Grupo
Socialista —según nos ha sido indicado— que el texto ya fue
suficientemente debatido y negociado en el Congreso y que, por tanto, no
hacía falta darle más vueltas. Esto es francamente preocupante y no lo
podemos aceptar, pues hacerlo supondría asumir que el Senado no tiene
ninguna utilidad como Cámara de segunda lectura y que para qué vamos a
discutir en el Senado si ya lo hemos hecho en el Congreso. Esperamos que
el recurso al procedimiento de urgencia se traduzca en los supuestos en
que sea realmente necesario y que, en próximos trámites legislativos,
como el de la Ley audiovisual, que pronto llegará al Senado, se permita a
los senadores desempeñar mejor su función.

Al margen de dicha reflexión, es cierto que en
esta ocasión en el Congreso el diálogo existió de manera amplia y
fructífera, y ello se debe —y es de agradecer— al Gobierno y
a todos los grupos parlamentarios. Pero, aun siendo cierto y es justo
reconocerlo, no obsta para que se permita al Senado ejercer la función
que le corresponde. Y también es justo reconocer que en el Senado nos
hemos sentido escuchados por el Gobierno y por otros grupos
parlamentarios, especialmente por el Grupo Socialista, con la senadora
delegada al frente, aunque el margen para llegar a acuerdos haya sido
demasiado estrecho.

En todo caso, volviendo al proyecto de ley,
como he expuesto al principio, se trata de una nueva colaboración que es
necesaria para la incorporación del derecho europeo y para actualizar la
del año 2014, pues en tan solo ocho años ha quedado superada por los
avances tecnológicos en telecomunicaciones y por los cambios sociales,
hábitos y necesidades de ciudadanos y de las empresas experimentados
desde entonces. El proyecto, tal como llega al Senado, supone un avance
globalmente positivo en diversos aspectos: desde el punto de vista
tecnológico, por supuesto, pero también desde el punto de vista de mejora
de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y para contribuir
a evitar, en la medida de lo posible, o aminorar las brechas de diversos
tipos motivadas o relacionadas con la mayor o menor posibilidad de acceso
a las redes, ya sea por motivos de formación, económicos, algún tipo de
discapacidad o por hallarse en territorios con cobertura de escasa
calidad o directamente sin cobertura a causa de la escasa densidad de
población o por dificultades geográficas de acceso. El despliegue de las
redes de telecomunicaciones en un ámbito de seguridad jurídica, tanto
para los operadores como para sus destinatarios y usuarios, la ordenación
de los derechos de unos y otros y la universalización de los servicios
van a contribuir a reducir la brecha digital y, con ello, a la exclusión
social, facilitando a mucha población actualmente excluida el acceso a la
información, a servicios, a educación a distancia, a telesalud o
telemedicina, a teletrabajo y a un largo etcétera. También van a
contribuir a mejorar la integración laboral y profesional para
importantes colectivos que actualmente quedan excluidos, ya sea por
razones económicas, de formación, de discapacidad o del territorio. En el
caso del territorio, han de facilitar, tanto evitar la marcha de
población de zonas sin cobertura adecuada, como permitir que vuelvan o
que decidan instalarse en ellas personas y empresas que en otros casos no
lo harían. Contribuyen también a mejorar la conciliación laboral,
personal y familiar y a importantes mejoras en la eficiencia para las
administraciones, las empresas y los trabajadores autónomos.

Todo ello son efectos positivos e indiscutibles
que tendrá la nueva regulación para las personas y los territorios, en
definitiva, para la sociedad. Sin embargo, siendo todo ello positivo,
para nosotros hay motivos importantes para no poder votar a favor del
texto, como son: que aún podría haberse mejorado técnicamente el
proyecto; que no se contempla la comunicación audiovisual como servicio
público esencial al que se tenga derecho a acceder a través de las redes
de telecomunicación, ni se incluye entre las previsiones del servicio
universal; que aun admitiendo avances en derechos de personas
consumidoras y usuarias, consideramos que quedaba camino por recorrer en
este ámbito; y, finalmente, la absoluta falta de reconocimiento de las
competencias de las comunidades autónomas y las administraciones locales,
así como la importancia de su participación en un despliegue ordenado de
las instalaciones de las redes de comunicaciones electrónicas, en su
seguridad y en la defensa de sus usuarios.

Por dichos motivos, vamos a abstenernos en el
voto a la globalidad del texto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su señoría Puente Redondo.

El señor PUENTE REDONDO: Muchas gracias,
presidente. Muy buenos días, señorías.

Quiero agradecer, en primer lugar, a mis
compañeros, José Luis González y Begoña Garre, el trabajo realizado para
llevar a cabo este proyecto de ley. En segundo lugar, al igual que el
resto de los grupos, quiero trasladar nuestra queja por el trámite de
urgencia de una ley tan importante para el desarrollo de nuestro país
como es la Ley de telecomunicaciones, pues, como bien ha dicho mi
compañero José Luis, más que una Cámara de segunda lectura, parece de
lectura rápida.

Dicho lo cual, tengo que agradecer a la
secretaría de Estado, al Grupo Socialista y al resto de portavoces que
han intervenido anteriormente su interés por llegar a acuerdos y por su
disposición para trabajar juntos en la elaboración de enmiendas
transaccionales, porque si el Senado vota a favor, saldrá una ley
mejor.

Hace unos días, en la comparecencia de la
secretaria de Estado de Defensa, en la Comisión de Defensa, se dijo que
en el Partido Popular entendemos la defensa como una política de Estado y
que para llevar adelante esas políticas podía contar con el Partido
Popular y que sabía dónde estamos. Igualmente, entendemos la
transformación digital como una política de Estado, y el Partido Popular
lo ha demostrado en las leyes que hemos debatido en esta Cámara: con la
Ley de servicios electrónicos de confianza, con la Ley de transformación
digital del sistema financiero o con esta misma Ley de
telecomunicaciones; leyes que han sido votadas y aprobadas con un amplio
consenso. La única en la cual no se nos escuchó fue la Ley rider, pues no
aceptaron nuestras enmiendas, no se llegó a acuerdos, y ahora vemos los
resultados: empresas que se están yendo de nuestro país, empresas que no
están contentas e incluso trabajadores que tampoco están contentos con
esa ley y quieren seguir siendo autónomos.

Volviendo a la Ley de telecomunicaciones,
quiero resaltar la importancia del consenso, el consenso que ya hubo
en 2014, con el 95 % de la Cámara votando a favor de una ley que ha
permitido generar seguridad jurídica; como digo, debido al consenso que
hubo en las cámaras en el 2014. Esa seguridad jurídica ha permitido que
las empresas hayan realizado inversiones, que hayan desplegado fibra
óptica, que se haya creado empleo; en definitiva, que haya avanzado
nuestro país.






Por ello, abogo por seguir trabajando en el consenso y en
acuerdos que generen esa seguridad jurídica tan importante.

Esta ley que tenemos aquí ha sido referencia en
Europa —así lo han dicho desde Europa— y ha servido como
referente para la redacción del Código Europeo de las Comunicaciones
Electrónicas. En esas trasposiciones que estamos haciendo a través de
esta ley se han incluido puntos y medidas como, por ejemplo: la
instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, la
coordinación de las obras civiles para posibilitar el despliegue de las
redes o la reducción de trámites administrativos para instalar antenas de
telefonía móviles. Por lo tanto, tenemos ante nosotros una ley que más
del 90 % viene de la ley de 2014, que tuvo un amplio consenso, y unas
trasposiciones de una directiva europea que en parte también están
basadas en aquella ley que aprobamos nosotros, y creo que es totalmente
necesario apoyarla, sacarla adelante para agilizar los trámites
administrativos de los que tanto hemos hablado aquí y poder desplegar las
redes utilizando los fondos europeos, que tienen un plazo.

Por ello, más allá de las enmiendas
transaccionales, que espero que se aprueben al final de las votaciones,
cuentan con el sí y nuestro voto a favor de esta ley.

Les recuerdo que el entorno de las ciudades
está cubierto; falta llegar al entorno rural con un buen ancho de banda,
con un buen despliegue de fibra óptica, y en esa línea han ido
presentadas nuestras enmiendas, para facilitar el despliegue de redes y
que llegue a todas las casas para permitir el teletrabajo para
diseñadores, programadores, escritores y una serie de trabajos que se
pueden realizar a distancia; para avanzar con la telemedicina; para que
la teleeducación y la formación, buena formación, pueda llegar a
cualquier pueblo remoto o se pueda realizar cualquier tipo de venta de
productos o de servicios a través de internet. En esa línea han ido
nuestras propuestas, que creo que se pueden aprobar, porque lo importante
—como decía el compañero de Teruel Existe— es que haya 100
megas, pero para que haya 100 megas tiene que llegar la fibra óptica. Por
lo tanto, tenemos que facilitar el despliegue de la fibra óptica a todas
las casas y eso es por lo que abogamos nosotros para que lleguen unas
buenas instalaciones y una buena fibra óptica a cada una de las casas.
Por eso creo que es muy importante también aprobar la enmienda
transaccional que permite universalizar los servicios de 100 megabits por
segundo. Creo que es una enmienda transaccional que vamos a aprobar la
mayoría de los grupos; ha costado llegar a un acuerdo, pero creo que es
realmente importante.

Con la aprobación de esta ley de
telecomunicaciones tenemos una oportunidad de oro para llegar con un buen
ancho de banda a los pueblos, y no podemos dejar de aprovechar esta
oportunidad que tenemos, porque la digitalización tiene que llegar a
todos los pueblos. Unas buenas conexiones permitirán buenos servicios, la
creación de empleo y el desarrollo rural que tanto hemos comentado a lo
largo de la ponencia y de la Comisión de Asuntos Económicos y
Trasformación Digital.

Por otro lado, haré dos anotaciones. Somos
líderes en paro global, nuestro país es líder en paro juvenil, y es un
verdadero drama cuando se nos dice que a lo largo de este año habrá más
de 100 000 puestos relacionados con las nuevas tecnologías que se
quedarán sin cubrir. Creemos que con una buena conexión a internet,
cualquier joven tendrá acceso a una educación, a la educación de las
mejores universidades del mundo, e incluso podrá vender sus productos y
sus servicios a través de internet. Nosotros apostamos por llegar con
esas buenas comunicaciones.

Un último punto: debemos ser capaces de
digitalizar nuestras empresas, debemos ser capaces de digitalizarlas para
que sean más competitivas, para que sean más productivas, porque hay que
recordar que llevamos catorce trimestres, tres años y medio en los que
las empresas de nuestro país están perdiendo competitividad y para
recuperar esa competitividad uno de los puntos tiene que ser
digitalizarlas. Considero que con una clara determinación política, con
el consenso del que estamos hablando, al que creo que vamos a llegar, y
entendiendo la transformación digital como una política de Estado,
podemos avanzar en la erradicación del paro juvenil, podemos avanzar en
facilitar la digitalización a las empresas, que tanto necesitamos para
crear empleo y para hacer crecer este gran país que es España.

Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias,
presidente. Votaremos a favor de la ley. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría la senadora Delgado Oval.

La señora DELGADO OVAL: Gracias, señor
presidente.

Hoy nos acompañan el secretario de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el subdirector general
de Ordenación de las Telecomunicaciones y la directora de gabinete, a los
que yo personalmente y el Grupo Parlamentario Socialista agradecemos el
trabajo, la implicación y la predisposición al diálogo para que esta ley
saliera adelante. Cuando hablamos de urgencia tengo que recordar que han
sido dos años de intenso trabajo, con procesos de participación de
información pública y de escuchar a todos y a todas. Además, agradezco a
la letrada su trabajo y la coordinación en la tramitación de esta
norma.

Debatimos el Proyecto de Ley general de
telecomunicaciones, una norma que traspone al ordenamiento jurídico
español la Directiva europea por la que se establece el Código Europeo de
las Comunicaciones Electrónicas, regulando el régimen general de
telecomunicaciones, recabando y sintetizando la normativa vigente y
actualizando aspectos que han sufrido y van a sufrir constantes cambios
desde la aprobación de la ley que hoy está vigente, sentando así las
bases para el despliegue de redes de muy alta capacidad, como, por
ejemplo, la fibra óptica o el 5G, que contribuirán a la lucha contra la
brecha digital, combatiendo la despoblación y también el cambio
climático, objetivos todos ellos prioritarios para el Gobierno de España
y para este grupo parlamentario. Una ley que, como han dicho
anteriormente, tiene un amplio apoyo de los grupos parlamentarios, a los
que agradezco su trabajo, sus aportaciones y el diálogo continuo. De
hecho, de las 238 enmiendas presentadas en el Congreso fueron aceptadas o
transaccionadas casi la mitad de ellas, y de las 125 presentadas en el
Senado, la mayoría son prácticamente iguales o muy parecidas a las que ya
se debatieron en el Congreso. Entendemos perfectamente que cada grupo
mire y piense en sus enmiendas de forma individual, pero el Gobierno y
este grupo parlamentario tienen que valorar la ley y las enmiendas en su
conjunto para que se apruebe la mejor ley posible, con el mayor consenso
posible para garantizar su éxito. (Aplausos). Señorías, estamos hablando
de un sector que factura 28 000 millones de euros, más del 3 % del PIB, y
que supone 466 000 empleos en nuestro país. Por eso hemos llegado a
varios acuerdos transaccionales para agilizar el despliegue y para
ampliar derechos a las personas; y quiero resaltar la propuesta de la
universalización del acceso a internet a una velocidad de al menos 100
megabits por segundo para acabar de una vez por todas con las brechas
digitales, para que las personas, vivan donde vivan, puedan acceder al
teletrabajo, a la telemedicina o a la enseñanza online.

Señorías, este es un Gobierno que cumple, sí,
que cumple. (Aplausos), y puedo rendir cuentas de estas medidas a las que
hago referencia, porque estamos financiando de forma muy intensiva llegar
con fibra a la velocidad de 100 megabits por segundo. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio,
señorías, por favor.

Disculpe, senadora.

La señora DELGADO OVAL: De hecho, la última
convocatoria del programa Único, de 2021, tuvo la mayor dotación de la
historia, 250 millones de euros, para llegar a más de 1 millón de
empresas y hogares y a más de 4500 municipios. Estos son hechos, no
voluntades, señorías, son hechos.

Mucho hemos hablado del papel que jugaron las
redes de telecomunicaciones para mantener la actividad durante la
pandemia. A pesar de que vivimos picos de tráfico sin precedentes en la
historia, las redes de España resistieron, y no ocurrió lo mismo en el
resto de Europa, incluso hubo países donde las plataformas de vídeos
tuvieron que bajar la resolución de los contenidos para evitar la
congestión de las redes. En las infraestructuras de telecomunicaciones en
España estamos en un 95,2 % de cobertura, cuando la media en Europa es
del 34 %. Esto es posible por la inversión que ha hecho el Gobierno y
también por la ley que está ahora mismo vigente. Pero en la pandemia se
han evidenciado aún más las brechas digitales, a las que tenemos que dar
respuesta, porque no es que vayamos caminando hacia la sociedad digital,
sino que ya estamos inmersos en ella. Hay servicios que se prestan en el
mundo físico y digital, pero hay otros que están exclusivamente en el
mundo digital, y tenemos que afrontar las reformas necesarias para
recoger los cambios que se han producido desde que se aprobó la anterior
ley y poder dar respuesta a los nuevos desafíos tecnológicos.

La Ley de telecomunicaciones modernizará la
regulación en las comunicaciones electrónicas incrementando los derechos
de los consumidores mediante procedimientos y contratos más claros y
competitivos. Con esta ley, las personas ganamos derechos, señorías.
(Aplausos). Además, vamos mucho más allá del ámbito de las redes y de los
servicios de comunicaciones electrónicas para regular, entre otros
aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y todos los
usos del dominio público radioeléctrico, introduciendo reformas
estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones con el
objetivo de fomentar la inversión de las redes, mejorar la protección de
los derechos del usuario, actualizar la normativa del servicio único
universal y gestionar el espectro y la seguridad en las redes, porque es
necesario salvaguardar las infraestructuras críticas. Hoy en día no
podemos olvidar que también las redes se dan en el ciberespacio y esto
requiere mecanismos de defensa y que podamos anticiparnos dando
respuestas rápidas y eficaces en todo el territorio. Todo esto va a
contribuir a alcanzar el objetivo de garantizar una conectividad adecuada
de alta velocidad al cien por cien de la población de aquí al año 2025,
también a esos casi 3 millones de personas a las que ahora no llega,
vertebrando el territorio y contribuyendo a la lucha contra la
despoblación y el cambio climático. Se estima que con los procesos de
digitalización de la economía se lograría una reducción de emisiones de 2
millones de toneladas de CO2 en nuestro país.

Además, para facilitar el despliegue de redes
de muy alta capacidad se introducen novedades en materia del dominio
público radioeléctrico; acuerdos de coinversión entre operadores,
estableciendo una duración mínima para las concesiones del dominio
público radioeléctrico; creando puntos de gestión únicos para coordinar
las administraciones en materia de información y tramitación de permisos
para el despliegue, lo que dará mucha más agilidad a los
despliegues.

Cuando digo que con esta ley las personas
ganamos derechos es porque esta ley, a diferencia de la ley del 2014,
además de favorecer los despliegues se centra también en la protección de
las personas. Por cierto, nosotros, señorías del Grupo Popular, no
planteamos la ley en torno al cliente, sino en torno al término persona.
Quiero hacer una mención especial a que, por fin, con esta ley se
refuerzan los derechos de las personas con diversidad sensorial, con la
obligación de accesibilidad a la información relativa a los contratos.
(Aplausos).

Señorías, la brecha digital no solo tiene que
ver con que se disponga de red o se tengan competencias digitales,
también tiene mucho que ver con la accesibilidad, y con esta ley actuamos
para garantizar y proporcionar un acceso asequible a las comunicaciones
electrónicas, actualizando el servicio universal, porque este es un
Gobierno que cumple con la ciudadanía. (Aplausos.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio,
señorías, por favor.

Senadora Delgado, espere un momento.
(Pausa).

Puede continuar, señoría.

La señora DELGADO OVAL: Muchas gracias, señor
presidente.

De verdad, ahora entiendo al señor presidente
cuando nos manda guardar silencio tantas veces, porque resulta muy
difícil debatir así, es muy difícil.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

En lo referente a las comunicaciones de
emergencia, esta ley favorece la protección de la población a través del
teléfono de emergencia, facilitando incluso implementar un sistema de
alertas públicas o 112 inverso. Señorías, reitero una vez más que este es
un Gobierno que cumple. Recuerdo que esta norma forma parte del Plan de
recuperación: 4000 millones de euros para extender la conectividad de
alta velocidad al cien por cien de la población, desarrollar el 5G e
impulsar el ecosistema de seguridad.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

La señora DELGADO OVAL: Voy finalizando, señor
presidente.

Las telecomunicaciones, señorías, constituyen
uno de los sectores más dinámicos de la economía, pero además es un
sector transversal que puede contribuir en gran medida a la innovación,
la productividad y el empleo; en definitiva, al desarrollo económico y el
bienestar.

El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría, por
favor.

La señora DELGADO OVAL: Finalizo, señor
presidente.

Trabajamos para garantizar más derechos, más y
mejores empleos y ofrecer mejores servicios públicos.

Muchísimas gracias, señor presidente.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Finalizado el debate del Proyecto de Ley
general de telecomunicaciones, se abre el plazo de una hora para que
emitan el voto telemático los senadores autorizados desde este momento,
en que son las once horas y dieciséis minutos, hasta las doce horas y
dieciséis minutos de la mañana de hoy. Las votaciones presenciales de
este proyecto de ley tendrán lugar concluido este plazo habilitado para
el voto telemático, que será previsiblemente tras el debate de los
tratados y los convenios internacionales.

El señor presidente lee los puntos 6.2.
y 6.2.1.

El señor PRESIDENTE: No se ha presentado
ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a
debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana.

Para la defensa de la toma en consideración de
la propuesta, tiene la palabra su señoría Castel Fort.

La señora CASTEL FORT: Señorías, entre la
actual estructura penal que protege a la Corona española de
manifestaciones y opiniones adversas o potencialmente ofensivas y el
ejercicio de la libertad de expresión, la libertad ideológica y el
derecho de protesta, hay contradicciones. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.
(Pausa).

Muchas gracias. Puede continuar. (El señor
vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia).

La señora CASTEL FORT: El pluralismo ideológico
y político es inherente a cualquier sociedad democrática y el ejercicio
de la libertad de expresión tiene que ser contextualizada según la
realidad histórica, geográfica y cultural. Hay que facilitar el debate
público y dar voz a diferentes puntos de vista para restablecer un
equilibrio de poder. Sin el derecho de ser escuchado y de participar en
la vida pública no hay igualdad posible.

La fragilidad original de la restauración de la
monarquía española, cuyos orígenes se remontan a julio de 1936, cuando
Franco recupera la bandera monárquica y la marcha real como himno
nacional, provocó que se establecieran mecanismos de protección de la
Corona que limitan la crítica y suponen una vulneración de los derechos
de las personas.

El ordenamiento jurídico español prevé un
régimen estricto de control en las declaraciones sobre la Corona y los
símbolos que las representan con el objetivo de protegerla. Esta
consideración entra en contradicción con el derecho de protesta y de
crítica política. De hecho, este ha sido el sentido de las sentencias
condenatorias de tribunales españoles, que han penalizado declaraciones
públicas o secuestrado publicaciones humorísticas. El Código Penal recoge
los delitos contra la Corona, donde se especifican penas privativas de
libertad a quien calumnie o injurie al rey, etcétera. Para hacernos una
idea, las condenas en España en los últimos siete años han sido
dieciséis; es decir, una media de más de dos por año. Tan solo en países
con sistemas políticos poco o nada democráticos este delito sigue siendo
vigente y sancionado con toda severidad.

En las últimas décadas los tribunales españoles
han aplicado condenas ante manifestaciones críticas contra la Corona
derivadas de artículos, canciones, manifestaciones, humor u opiniones.
Por ejemplo, la condena al director de la revista Punto y hora de Euskal
Herria, porque comparaba la visita del rey a Gernika con el toreo; la
condena al coronel Martínez Inglés por escribir un artículo en un diario
digital; la condena a Arnaldo Otegi por manifestaciones en las que
denominaba jefe de los torturadores al rey en los casos de tortura contra
los trabajadores del diario Euskaldunon Egunkaria; la condena al director
del Diario 16 por demanda interpuesta por el rey de Marruecos porque
consideraba que una noticia vulneraba su honor; el secuestro de la
revista El Jueves y la condena al dibujante y al guionista de la viñeta;
la condena a los jóvenes Stern Taulats y Roura Capellera por quemar
fotos; la condena a Valtònyc por supuesto delito de enaltecimiento del
terrorismo, injurias a la Corona y amenazas en las letras de sus
canciones, entre cuyas frases está la expresión: «los Borbones son unos
ladrones». Quiero hacer un inciso respecto a este último caso. El caso
Valtònyc ha conseguido cambiar la jurisprudencia belga y despenalizar los
delitos de injurias a la Corona en este país, mientras que en España se
mantienen los delitos contra él y no puede volver.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
condenado a España en todos los casos que se han llevado a Estrasburgo
porque señala que la protección ampliada en materia de ofensas no es
conforme con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que el interés que
puede tener un Estado en proteger la reputación de su jefe de Estado no
justifica conferirle privilegios o una protección especial ante el
derecho de informar y expresar opiniones. El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos añade, entre otras sentencias, que los límites de la crítica
admisible son más amplios en un hombre político actuando en calidad de
personaje público respecto a un particular, ya que se expone inevitable y
conscientemente a un control de sus hechos y acciones, ya sea por parte
de los periodistas como por la ciudadanía. Las sentencias del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos han hecho variar la aplicación del delito y
disminuido el número de acusaciones y de sentencias. No obstante,
mientras la tipificación exista, señorías, siempre puede haber una
acusación de orden político con sus consecuencias. Un ejemplo: en 2020 la
Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias de injurias a la
Corona a tres políticos inactivos: Teresa Rodríguez, Ana Pontón y Pere
Aragonès por declaraciones que se amparaban en su derecho de libertad de
expresión.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas se ha referido a la libertad de expresión como uno de los pilares
esenciales de toda sociedad democrática y una de las condiciones para su
progreso y desarrollo. La libertad de expresión también la encontramos en
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Convenio europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, la
Constitución, en los artículos 10.2 y 96.1 recoge el reconocimiento de
que las normas relativas a los derechos fundamentales tienen que ser
interpretadas con los convenios internacionales ratificados por España, y
todos los citados lo son.

Todos somos conscientes de que el rey disfruta
de inviolabilidad y de irresponsabilidad, no queda sometido a ningún tipo
de fiscalización por sus actuaciones, ni por los tribunales ni por
instituciones representativas como la nuestra. El único examen posible en
España es la opinión pública y los medios. Por tanto, las restricciones a
la crítica a la monarquía son especialmente graves y preocupantes, porque
suponen una restricción injustificada del debate público y acaban
degradando la calidad de la democracia. La legislación española prioriza
la defensa y protección de la Corona en detrimento de la libertad de
expresión, pero es especialmente esta sociedad la que tiene el poder de
expresar ideas y opiniones contrarias y hasta ofensivas que compensen la
inmunidad de la que disfruta la Corona. En este sentido, es evidente que
el actual delito de injurias a la Corona y las duras penas que prevé
actúan como un freno a las posibles críticas a la monarquía. Este efecto
disuasorio, llamado chilling effect, constituye una evidente afectación
del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y una vulneración
del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La protección de la libertad de expresión tiene
su razón de ser precisamente en aquellas manifestaciones y opiniones que
puedan provocar debate, polémica o indignación e incluso herir
sensibilidades. Por tanto, señorías, eliminando el delito de injurias o
manifestaciones contra la Corona, España respetaría los estándares
internacionales en materia de derechos humanos y reforzaría el sistema de
garantías, que tiene por objeto proteger la libertad de expresión, el
derecho a la información y el derecho a la crítica de los poderes
públicos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Castel.

¿Algún grupo desea intervenir en el turno a
favor? (Denegaciones).

¿En el turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra, en primer lugar, la senadora Merelo.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor
presidente. Buenos días.

Señorías, los hombres y mujeres que
participamos en la vida pública a través de Vox hemos venido a defender
una serie de principios que proclamamos con orgullo y sin ningún
complejo: la protección de la vida y de la familia, la conjunción de la
propiedad privada y de la libertad de empresa con la solidaridad y la
función social del poder público, la preservación de las tradiciones, el
fomento de la prosperidad de los españoles, la garantía de sus libertades
y, en general, la propuesta de una profunda regeneración del sistema
político. Sin embargo, si hay algo que nos caracteriza por encima de
todo, es la defensa de España, de su unidad y su soberanía. En coherencia
con estas premisas, anunciamos nuestro rechazo profundo y sin paliativos
a esta proposición de ley. Ni aceptamos la despenalización de las
conductas que prevé el texto sometido a debate, ni nos creemos por un
segundo ninguno de los argumentos que se esgrimen en la exposición de
motivos, dada la trayectoria de los partidos que componen el grupo
proponente. Nos reiríamos a carcajadas viendo a Bildu defender la
libertad de expresión si no viniesen de inmediato a nuestra memoria las
décadas en las que la banda de asesinos que ellos representan ha sometido
a los españoles de las provincias vascas a un régimen de silencio
garantizado por el terror. Sus aliados de Esquerra Republicana,
copartícipes en el impulso de esta iniciativa legislativa, no tienen unas
credenciales mucho mejores, dada su complicidad, cuando no directa
responsabilidad, en el clima de intolerancia feroz que se ha creado
contra los defensores de la unidad de España en Cataluña. Solamente hay
que echar un vistazo a los últimos datos sobre la violencia política en
Cataluña para comprobar que es prácticamente un monopolio de los grupos
callejeros separatistas.

Pero ¿alguien se cree que estos señores nos
proponen esta reforma llevados de su preocupación por la libertad de
expresión? ¿Alguien se lo cree en serio? La libertad de expresión no es
más que una patética coartada que encubre el único propósito que tiene
esta iniciativa: proporcionar un escenario de obscena impunidad para la
avalancha de insultos, ultrajes y escarnios de toda clase que preparan
contra el más precioso y sagrado símbolo de nuestra patria, que es la
bandera nacional, y contra la institución que es la encarnación misma de
la unidad y permanencia de la nación, la Corona. Que nadie se engañe.
Esta proposición de ley no tiene otra finalidad que proporcionar
cobertura legal a una lluvia torrencial de agresiones contra la bandera,
el himno y la Corona, que se perpetrarán en nombre de la hispanofobia más
desvergonzada, con el impulso del odio más encarnizado y con la forma de
la chabacanería y el escarnio más atroces.

En este sentido, tenemos que reconocer que la
exposición de motivos tiene algún punto que honestamente descubre sus
intenciones, como cuando habla de la quema de fotografías del rey o
cuando se remite a la revista El Jueves. Gracias, señorías, por anunciar
lo que podemos esperar si prospera esta iniciativa: las burlas más
crueles, más hirientes, más soeces, más ofensivas y el desprecio más
absoluto por la dignidad de las personas a las que se ataca, sean el jefe
del Estado, las víctimas del terrorismo o la persona que sea.

No se trata aquí de libertad de expresión, de
la cual nosotros somos los máximos defensores frente a la verdadera
amenaza a esa libertad en las sociedades occidentales, que son la
corrección política y la cultura de la cancelación. Por supuesto que se
puede debatir sobre formas de Estado y de Gobierno y que esa discusión
está amparada por el derecho a la libertad de expresión, pero, igual que
los derechos fundamentales tienen un contenido esencial, también tiene
límites, como el respeto a las personas y a las instituciones básicas de
la comunidad de las que todos formamos parte. Ustedes no quieren libertad
de expresión; ustedes quieren barra libre para la avalancha de insultos,
de odio y de humillación que ya están preparando. Todos los argumentos
que utilizan en la exposición de motivos para justificar esta reforma son
mercancía averiada.

La referencia a otros países de larga tradición
democrática, como los Estados Unidos de América, no nos impresiona. Lo
cierto es que, lejos de existir un consenso constitucional en dicho país
sobre la legalidad de la quema de la bandera, esa legalización ha sido
impuesta por su Corte Suprema por mayorías, siempre ajustadas, que han
pasado por encima de decenas de leyes aprobadas por el Congreso Federal
estadounidense y por las respectivas legislaturas estatales,
democráticamente elegidas. Pero, dejando a un lado la fortísima
politización en la que está envuelta la citada Corte Suprema de los
Estados Unidos, que conoce cualquier persona que siga la actualidad de
ese país, el asunto de la bandera sigue siendo muy polémico en sus
ámbitos político y de Derecho Constitucional, y de ninguna manera sirve
de ejemplo para la situación de España. Por supuesto, tampoco las
alusiones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos valen para justificar
el cambio legislativo propuesto. Estamos más que acostumbrados a que, con
el pretexto de decisiones de órganos judiciales de ámbito internacional,
se obstaculice la defensa que las naciones deben hacer de su unidad y
soberanía, cuando no de la propia vida y seguridad de los
ciudadanos.

Nuestra fuerza política tiene su columna
vertebral en la defensa de la unidad y la soberanía de España, y una de
sus manifestaciones es precisamente la soberanía judicial. Igual que
rechazamos que con la vergonzosa doctrina Parot se excarcelase a algunos
de los más sanguinarios terroristas de las últimas décadas, violando el
derecho de las víctimas a obtener las debidas reparación y justicia, nos
oponemos a cualquier doctrina judicial internacional que desarme al
Estado y a la sociedad frente a las agresiones de quienes abiertamente
quieren destruir nuestra comunidad política. La afirmación de nuestra
soberanía judicial es la mejor defensa contra el doble ataque a España
que representan, de una parte, las actividades ilegales de las fuerzas
separatistas y, de otra, el amparo que estas obtienen en instancias
judiciales internacionales, auspiciadas por intereses globalistas.

Que sepan los enemigos de España que Vox no va
a dar ni un paso atrás en defensa de la integridad de nuestro país. En
cuanto sea posible, impulsaremos el endurecimiento de las leyes penales
contra quienes ultrajen la bandera nacional o contra quienes, más allá de
la legítima discrepancia expresada con respeto personal e institucional,
agredan a la Corona como supremo símbolo del Estado. Cuando estemos en el
Gobierno se acabarán para siempre las pitadas al himno nacional, y no
olvidamos nuestro objetivo final: la ilegalización de todas las entidades
que persigan la destrucción de la unidad de España.

Muchas gracias. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Merelo.

Tiene la palabra el senador Catalán.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señor presidente. Señorías, muy buenos días.

Llama la atención que un grupo parlamentario
del que forma parte un partido político que tiene entre sus miembros y
también entre sus dirigentes personas condenadas por terrorismo, a lo
largo de esta semana se haya escandalizado al hablar de espionaje y que
hoy lo haga de la libertad de expresión. Obvia que en este país, durante
décadas, demasiadas décadas, sus compañeros de banda e incluso de partido
han espiado a los que querían hacer uso de su libertad de expresión, a
los que no pensaban como ellos, a quienes eran un obstáculo en el camino
para la consecución de sus objetivos independentistas. Sí, los han
espiado; no les han dejado ejercer su derecho a su libertad de expresión.
Y después de espiarlos ¿qué han hecho? Los han asesinado.

Hoy las víctimas del terrorismo tienen que
padecer no solamente la pérdida de un ser querido, sino también cómo se
homenajea, cómo se recibe, cómo se ensalza la figura y trayectoria de los
asesinos, mientras que los independentistas y la extrema izquierda de
este país no condenan estas humillaciones vergonzosas. El Gobierno no
hace nada, mira para otro lado, y el ministro Marlaska incumple sus
compromisos. Este ministro Marlaska y este Gobierno, que piden
explicaciones de las actuaciones y los comportamientos de otras personas,
son incapaces de dar respuesta a estas situaciones.

Señorías, lo que se pretende hoy es seguir
insultando, atacando y despreciando el respeto y la voluntad de los
españoles; además, se pretende hacer con total y absoluta impunidad. Hoy
no se defiende con esta iniciativa la libertad de expresión o de crítica,
por cierto, amparados y respetados en el sistema democrático, en el
Estado de derecho del que disfrutamos los españoles; lo que hoy se
plantea es no respetar la voluntad de los españoles y que no se sancionen
la ofensa, el ultraje, el odio y la violencia.

Señorías, el independentismo siempre va a
atacar todo aquello que represente la unidad nacional; todo lo que nos
identifique a los españoles como tales, todo aquello que nos acoja como
miembros de un mismo país será despreciado, ya sea la Constitución
española, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Ejército,
la Guardia Civil o la Policía Nacional, todo.

Por otro lado, llama poderosamente la atención
que el referente legislativo en esta cuestión para el independentismo sea
Estados Unidos. Si este va a ser el espejo donde se van a mirar a partir
de ahora los independentistas en todo lo relacionado con la legislación,
me imagino que también lo harán con el uso de las armas, con todo lo que
está padeciendo ese país en este momento; también lo harán con la pena de
muerte, con la cadena perpetua, con la sanidad, con la seguridad. ¿A que
no? Evidentemente. No hace falta irse al otro lado del Atlántico, podrían
haberse quedado en México, pero tampoco les interesa. Como digo, no hace
falta irse al otro lado del Atlántico para ver qué se hace y cómo se
actúa en estas situaciones en otros países democráticos de la Unión
Europea, como Alemania, Italia, Grecia, Francia. ¡Ah, no! Eso no
interesa.

Nosotros hemos padecido en la Comunidad Foral
de Navarra el desprecio a los símbolos de nuestra comunidad cuando un
Gobierno en un ayuntamiento nacionalista ha colocado la ikurriña,
despreciando la bandera de Navarra; cuando se quiere imponer el euskera
en toda la comunidad, independientemente de que no sea oficial en todo el
territorio; cuando se plantea, por ejemplo, el uso de libros que
adoctrinan a nuestros escolares con tesis que van en contra del respeto a
la realidad institucional de nuestra comunidad o de la legalidad
constitucional.

Señorías, el independentismo siempre va a
luchar contra aquello que nos une, lo va a despreciar. El Estado, las
instituciones españolas, los símbolos españoles son los que les oprimen,
y ellos quieren barra libre para seguir ultrajándolos. Esto no lo podemos
permitir; no lo podemos permitir, sobre todo, señorías, porque hay dos
pilares fundamentales en los sistemas democráticos: el respeto y la
lealtad, comportamientos que —eso lo hemos padecido de manera
especial en aquellos sitios donde está presente el independentismo—
no son características que definan al nacionalismo ni al independentismo.
Cuando alguien, ya sea de manera individual, de palabra o de acción,
impide o desprecia el derecho de los demás, la voluntad de los demás;
cuando una comunidad autónoma no se comporta con lealtad respecto al
Gobierno de España o a otras comunidades autónomas, ahí está el ultraje,
la ofensa y de ahí el odio y la violencia.

Por lo tanto, con nosotros que no cuenten para
seguir insultando a la voluntad mayoritaria del pueblo español. No hace
falta, para defender las ideas, recurrir a ningún tipo de descalificación
o de insulto. Cuando se recurre a este tipo de comportamientos, lo que se
evidencia es la falta de argumentos. Por lo tanto, señorías, en esa línea
que no cuenten con nosotros. Además, es muy curioso observar cómo estos
que quieren romper España, al final son los que están tomando las
decisiones del país. Ver para creer.

Muchas gracias,

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Catalán.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con
la venia.

Señorías, se propone derogar los
artículos 490.3, 491 y 543 del Código Penal, todos ellos englobados en
los delitos contra la Corona. La cuestión que plantea la iniciativa como
único argumento es un pretendido alegato en favor de la libertad de
expresión, que invocan como única causa de su iniciativa. Sin embargo,
señorías, les diré que no es coherente con la elección de los tipos
penales que pretenden derogar, no se corresponde con la elección del tipo
penal que se pretende derogar. Y no resulta coherente —y se lo
explico— por una sencilla razón, porque su argumentación no hunde
sus raíces en la ponderación y el conflicto entre los derechos
constitucionales de la libertad de expresión, de opinión y de
información, por un lado, y el derecho al honor, incluso a la intimidad y
la propia imagen, por otro. No, no se hunde aquí la argumentación. No
resiste esta propuesta, señorías, ni el más mínimo análisis jurídico,
porque además confunden y omiten deliberadamente que estos delitos que se
pretenden derogar se incardinan dentro de los delitos contra la
Constitución y que, por lo tanto, en ellos el bien jurídico protegido es
la Corona en los términos que establece el artículo 53 de la
Constitución, es decir, como símbolo de unidad y permanencia del Estado,
como símbolo de unidad y permanencia de España, que arbitra y modera el
reglamento y funcionamiento de las instituciones. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia). Esto es lo que
protegen precisamente estos delitos que ahora se pretenden derogar. Estos
son, señorías, los valores constitucionales que la Corona representa y no
la persona en particular del rey o el resto de los sujetos contemplados
en el título que figura en este Código Penal. Nos encontramos en una
monarquía parlamentaria y la Corona sustenta estos valores
institucionales, y ahí se incardinan estos derechos que ahora se
pretenden derogar. Además, señorías, esto viene con trampa, porque ya
saben ustedes que para el nacionalismo es importante, es fundamental, es
un mantra injuriar, ultrajar y calumniar a España y a sus símbolos.
Injuriar, ultrajar y calumniar a España y a sus símbolos, no tengan
ustedes ninguna duda, es lo que hay detrás de esta iniciativa.

La Corona representa justo lo contrario,
señorías, representa la concordia, la concordia de esta monarquía
parlamentaria que nos dimos. El monarca representa a esta nación, a la
que los proponentes odian profundamente, y por eso, como no pueden
discutir ni combatir con un discurso coherente, vienen hoy aquí a pedir
que les salga gratis insultar e injuriar los símbolos de España, insultar
e injuriar a la Corona. La calumnia y la injuria tienen un elemento
fundamental, la mentira. La verdad nos hace libres, y es lo que quieren
cargarse; quieren cargarse la verdad para cargarse la libertad. Si se
desarma el nacionalismo de las mentiras, se le ven las costuras, por eso
quieren legalizar la injuria, la calumnia y los insultos a la Corona y,
por ende, a los signos constitucionales y a España.

Ustedes han puesto como ejemplo a Estados
Unidos; yo les daré otros ejemplos —el derecho comparado ahí está,
váyanse a buscarlo—: Francia —aquí al lado tenemos a nuestros
vecinos franceses— mantiene el delito especial de injurias al jefe
del Estado, el presidente de la República, equiparado a las injurias a
diputados y a ministros. La República italiana también mantienen cuatro
delitos de vilipendio político: al presidente de la República, a la
nación italiana, a la bandera italiana y a la República misma, declarados
constitucionales por la Corte Constitucional italiana.

Y por último, señorías, no tengan ninguna duda
a la hora de votar, no se equivoquen con discursos falaces, con discursos
aparentemente ocultos en una presunta libertad de expresión, con la que
todos, por supuesto, estamos de acuerdo, pero ese es otro título de la
Constitución y no el que atañe hoy. Señorías, el objetivo principal de la
proposición de hoy es que quieren que se pueda ultrajar a España y a sus
símbolos, porque España es y significa derechos para todos, y los
proponentes, Esquerra Republicana y Bildu, lo que quieren es privilegios
no para todos, sino solo para algunos. España protege la verdad, mientras
que ellos lo que quieren es que impere la mentira, la calumnia y la
injuria. España es libertad, y ellos quieren y buscan la tiranía.

Muchas gracias señorías. Por supuesto, ni qué
decir tiene que votaremos en contra.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra el senador Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Bon dia, senyories

Abordamos la toma en consideración de la
proposición de ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la
Corona y los ultrajes a España. Si no me falla la memoria, diría que es
la cuarta vez que en esta Cámara y en esta legislatura debatimos una toma
en consideración de una reforma del Código Penal en relación con los
artículos que limitan la libertad de expresión, cierto que con algunos
matices en la supresión y modificación de artículos, pero todos
coincidentes en despenalizar las injurias a la Corona. Lo hicimos
nosotros con una proposición de Junts per Catalunya en mayo de 2021,
recuerdo una primera de Esquerra-Bildu, luego una de Izquierda Confederal
y ahora esta nueva de Esquerra-Bildu, que reitera parte de lo que planteó
en la primera, las injurias a la Corona, e incorpora los ultrajes a
España, como hizo en su momento la de Izquierda Confederal. Es evidente
que Junts per Catalunya va a apoyar la toma en consideración de esta
proposición porque entendemos que la libertad de expresión constituye uno
de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, y lo
constituye en la medida en que hace posible que un individuo o un
colectivo puedan articular y mantener sus opiniones e ideas sin
interferencias, incluso cuando estas contrastan, critican o inquietan a
otros individuos, a sectores de la sociedad o al propio statu quo.

Saben que somos muchos los catalanes que
apostamos por una abolición de las monarquías en general, una institución
caduca y antidemocrática por principio, aquí, en Bélgica o en Holanda; en
Francia y en Italia creo que ya se encargaron de que no tuviéramos que
compararnos con ellos, con más razón en el caso de la monarquía del
Estado español, donde los Borbones son, sin duda, herederos directos del
dictador Francisco Franco y como tales, lejos de ejercer el papel
simbólico de representación, como ocurre en otras monarquías de
democracias europeas del siglo XXI, la española ejerce de actor vivo de
la vida política y en ocasiones de contrapoder, con el agravio de que, a
pesar de lo archivado por la Fiscalía, la duda de la corrupción siempre
les continúa acompañando. Las imágenes y declaraciones de Sanxenxo
confirman que la autoestima del emérito sigue intacta, a pesar de todo lo
ocurrido, supongo que para bochorno de muchos, incluidos algunos
progresistas que militan en la defensa de esta monarquía como si fuera
condición sine qua non para garantizar la democracia.

Es evidente que el Estado español tiene un
problema con la monarquía, como lo tiene con la libertad de expresión,
una libertad de expresión que es pieza angular de la democracia y un
baremo de su calidad; democracia, la española, realmente muy cuestionada
en estos momentos, también por los casos de vulneración del derecho de
libertad de expresión puestos de manifiesto por infinidad de organismos
internacionales, como una vez más ha evidenciado esta semana Josep
Valtònyc en su lucha por la libertad de expresión desde el exilio de
Bélgica por cantar algunas verdades como templos. Hace más de un año la
comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja
Mijatović, instó al Estado a reformar el Código Penal para evitar
condenas por libertad de expresión; insistía en las que padecían los
artistas e instaba a modificar de manera integral el Código Penal para
fortalecer las garantías existentes del derecho a la libertad de
expresión y facilitar la labor a los tribunales españoles en la toma de
decisiones, en plena consonancia con el artículo 10 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos.

Hoy los partidos que conforman el Gobierno más
progresista de la historia disponen de una nueva oportunidad para iniciar
un cambio en las inercias de los últimos años, inercias que ciertamente
han generado un gran número de procesos vinculados a la falta de libertad
de expresión, algunos de los cuales han sido citados por la senadora
Castel en la defensa de su proposición. Junts per Catalunya espera que la
aprovechen y que en esta ocasión el Grupo Socialista no haga como en las
anteriores y la apoye.

Cuando hace once años un servidor decidió optar
a la alcaldía de su municipio y dedicarse de lleno a la política, sabía
que iba a invertir muchas horas en la gestión pública para dar respuesta
a las necesidades de todos mis vecinos, priorizando siempre el bien
común; en definitiva, como hacen todos los alcaldes. En aquel momento,
también sabía que tendría que ampliar mi agenda, trabajar intensamente
para mi pueblo y que debería esforzarme para lograr democráticamente la
república catalana, porque era evidente que preservar nuestras
singularidades y hacer las mejores políticas en todos los ámbitos, en
Cataluña resultaba imposible en el marco del Estado español, aquel Estado
que había dinamitado un estatuto refrendado por los catalanes en las
urnas, a pesar del cepillado de las Cortes españolas, y que fue elevado a
ley orgánica por el mismo Estado español, un Estado al que no le gusta
nuestra lengua, un Estado que cuestiona constantemente nuestro modelo
educativo, un Estado que reduce las inversiones en las infraestructuras
de nuestro territorio, un Estado que no respeta nuestras instituciones,
que se carga nuestras leyes sociales, energéticas y medioambientales,
perjudicando a todos los catalanes, a los independentistas y a los no
independentistas, y a menudo a los más vulnerables. Esto lo sabía en 2011
y lo constato cada día; lo que no sabía un servidor ni había previsto es
que en mi etapa política también tendría que dedicar esfuerzos ingentes a
defender nuestros derechos políticos y los derechos básicos y
fundamentales de la ciudadanía. Lo reconozco, estaba engañosamente
convencido de que en la Europa del siglo XXI estaban garantizados. Y hoy
aquí estoy luchando para garantizar que nuestros vecinos y nuestras
vecinas y nosotros mismos podamos expresarnos libremente; para que
podamos reunirnos tranquilamente; para que podamos protestar y
manifestarnos; para que podamos hacer política y posicionarnos sin ser
espiados; y, sobre todo, para que podamos decidir nuestro futuro
democráticamente sin ser apaleados por la policía o corregidos por la
justicia. Hoy defiendo la libertad de expresión desde la tribuna del
Senado, pero, visto lo visto durante esta última década, lo hago
convencido de que solo la independencia de Cataluña nos la va a
garantizar, como nos garantizará la democracia, la plena democracia; una
democracia donde podamos pensar y anhelar nuestro futuro sin ver peligrar
no solo la libertad de expresión, sino todas nuestras libertades
individuales y colectivas.

Moltes gràcies. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gràcies, senador.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies,
presidenta.

Artículo 490 del Código Penal: «El que
calumniare o injuriare al rey, a la reina o a cualquiera de sus
ascendientes o descendientes, a la reina consorte o al consorte de la
reina, al regente o a algún miembro de la regencia, o al príncipe o a la
princesa de Asturias, —menos mal que no al perro ni a las
amantes— será castigado con prisión» (Aplausos). Se refiere incluso
a una persona como Juan Carlos I, seguramente el ciudadano más corrupto
del Estado o huido de él. (Rumores). He dicho corrupto, no delincuente,
porque todas las tropelías hechas por él aprovechándose de su cargo no
pueden imputarse como delictivas por su inviolabilidad e
irresponsabilidad ante la justicia. El problema no es dejar de calificar
como delito las injurias o calumnias a la Corona, es que la propia Corona
es en sí misma una injuria a la democracia. (Protestas). Una monarquía,
por definición, nunca puede ser democrática. Cuando una persona que
accede a la Jefatura del Estado lo hace de manera no democrática,
simplemente por herencia genética —y ¡madre mía, qué genética
tienen!—, no es un sistema democrático (Protestas), se pongan como
se pongan. ¿Quién determina lo que es una injuria o una calumnia?
Injuriar es ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su
dignidad, honor o credibilidad. Pregunta que me hago, ¿la ofensa es
subjetiva? ¿Y si quien se siente insultado no tiene dignidad, honor ni
credibilidad qué pasa? La calumnia es imputar falsamente la comisión de
delitos; y si la persona que comete actos que, de cometerlos otra
persona, un ciudadano normal, serían delitos, pero al cometerlos él no lo
son porque es inviolable e irresponsable, porque está en la ley o están
prescritos, es un contrasentido, entiendo.

Salgamos de España, pongamos un caso abstracto,
un país abstracto; por ejemplo, un rey de un país cualquiera, una persona
que es nombrada para el cargo por un genocida golpista asesino —es
solo una hipótesis—; que use su cargo para mordidas, para negocios
ilícitos, para saquear lo público y lo privado, que tenga un harén de
prostitutas pagadas con dinero público (Protestas), que haya participado
en el golpe de Estado en ese país imaginario y luego se recoloque para
parecer el salvador de la situación, que tenga unas hijas y unos yernos
igual de corruptos que él y mantenidos con dinero público...
(Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, guarden silencio.

El señor MULET GARCÍA: ¿Se pueden callar, por
favor? Ya sé que les escuece. ¿Se pueden callar? (Protestas).

... que venga de una estirpe corrupta desde el
primero de sus miembros al acceder al poder... (Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, guarden silencio.

El señor MULET GARCÍA: … y que todos
hayan sido igual de corruptos. Un jefe de un Estado imaginario
(Protestas) —¡qué preocupados están!— que se lucra
posiblemente de la venta de armas, que defrauda a Hacienda, que tiene las
cuentas en paraísos fiscales, que amenaza… (Continúan las
protestas). Cállense ya, por favor, qué maleducados son y qué
sinvergüenzas. (Continúan las protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor MULET GARCÍA: Son lamentables.
(Protestas). ¿Qué pasa? (Continúan las protestas). ¿Qué pasa? (Continúan
las protestas). Corruptos. (Fuertes protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Senador...

El señor MULET GARCÍA: Corruptos. (Fuertes
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Senador…

El señor MULET GARCÍA: ¡Eso, váyanse fuera,
váyanse fuera! ¡Maleducados! (Continúan las protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado). ¡Tú sí que eres un
sinvergüenza!

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, guarden silencio.

El señor MULET GARCÍA: ¡Váyanse fuera!
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Senador, por favor, ajústese a la defensa de su posición. (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.— Un señor
senador: ¡Sinvergüenza!).

El señor MULET GARCÍA: ¡Fuera!

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, guarden silencio. (Continúan las protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Ya le he dicho al senador que
se ajuste a la defensa de su posición. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). Señorías, les ruego que guarden
silencio.

Senador, ajústese al tema.

El señor MULET GARCÍA: ¡Ladrones, ladrones!
(Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, guarden silencio.

He parado el tiempo. Por favor, senador,
procure ajustarse a la defensa de su posición. (Protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). No se puede insultar,
porque vamos a tener un debate abierto. Por favor, senador,
sigamos.

El señor MULET GARCÍA: Vale, si me lo permite
la bancada fascista. (Un señor senador: ¿Cómo?— Fuertes protestas
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular).

Una persona que tiene cuentas en paraísos
fiscales, una persona que amenaza y es denunciada… (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por
favor, silencio. Si no, no puedo oír tampoco al senador. (El señor
Landaluce Calleja pide la palabra). ¿Sí, senador?

El señor LANDALUCE CALLEJA:






Le ruego, señora
presidenta, que cumpla con su obligación y mantenga el respeto a esta
Cámara y a estos senadores. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por
favor, guarden silencio; y al senador, ya le he pedido que se ajuste a la
defensa de su posición sin insultar a nadie de los presentes, ¿de
acuerdo?

Senador, continúe.

El señor MULET GARCÍA: Si me lo permiten,
estaba haciendo una hipótesis de un país imaginario, de un jefe del
Estado que tuviera cuentas en paraísos fiscales, que amenazara y fuera
denunciado por una mujer por posibles casos de violencia de género, que
asesinara animales de distintas especies por divertimento —y no
puedo extenderme más—, que se exiliara después de haber sido
pillado con las manos en la masa y le pagáramos —o le paguen los
ciudadanos de ese país imaginario— su exilio dorado en una
dictadura árabe y su seguridad y la de su familia. Esa persona así,
imaginaria —cualquier coincidencia con la realidad es coincidencia,
o no—, no es responsable por ley, y mira que he dicho cosas que ha
hecho. Pero si una persona de la calle hace un comentario sobre las
tropelías de esa persona de ese país imaginario y esa persona se siente
ofendidita —él o una tercera persona—, el que acaba condenado
no es esa persona, el jefe del Estado, sino el que ha hecho el
comentario. En una democracia, el jefe del Estado es criminalmente
responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones
constitucionales, como así, por ejemplo, figuraba en la Constitución de
la República española de 1931. No se trata de monarquía o república, de
derechas o de izquierdas; se trata de monarquía o democracia.

Por lo tanto, votaremos a favor de esta toma en
consideración, aunque pensamos que lo importante es erradicar la gran
calumnia que tenemos en el Estado español, que es precisamente la
Corona.

Gracias a todos.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Tiene la palabra, por el mismo grupo, el
senador Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Presidenta, tendremos que
pedir también que haya delito de injurias a los senadores del Grupo de
Izquierda Confederal, porque han sido vergonzosos los insultos vertidos
desde la bancada del Partido Popular a mi compañero. (Protestas).

Juan Carlos I de Borbón, el rey emérito, ya se
ha ido; se ha ido a Abu Dabi, su residencia habitual. ¿Por qué? Para
seguir defraudando, para no pagar impuestos en el Estado español, para no
contribuir a la salud, a la educación, a los gastos con los que todos los
contribuyentes pagamos el Estado del bienestar de nuestros ciudadanos. Es
una vergüenza porque entre todos le pagamos su seguridad. Su estancia en
tierras gallegas —aplaudida por el senador ausente, Feijóo—
ha sido vergonzosa, impropia de una democracia madura. Creo,
sinceramente, que nos han tomado por idiotas, un término griego que
significa aquellos que no se preocupan de lo colectivo, que solo se
preocupan de lo privado. Por tanto, hemos sido idiotas, y el idiota del
monarca nos ha robado a todos. Nos ha robado a mansalva y nos ha robado
durante más de cincuenta años. Nos ha robado con desvergüenza, nos ha
robado de forma descarada y, encima, le tenemos que aplaudir y le tenemos
que pagar todos sus gastos. Y por culpa de decir verdades, ciudadanos
como Valtónyc no pueden vivir en su pueblo y no pueden asistir al
entierro de su madre. Y ello por decir verdades que la justicia española
ha dicho que no se podían juzgar, pero que eran verdades. Nos ha robado;
por tanto, dejemos la idiotez.

Senadores, a nosotros nos toca cuidar lo
público, el dinero público, y este monarca y esta monarquía nos han
robado, nos han quitado derechos, nos han quitado libertades. Por tanto,
nosotros, como cuidadores de lo público, tenemos que estar en contra de
esta monarquía. No la pueden defender; es vergonzante, es indignante y es
irritante esta monarquía. Queremos que el Borbón pague como todo el
mundo, que no se vaya a Abu Dabi para no pagar impuestos, que pague y
contribuya aquí, que nos devuelva todo lo robado y que eso se pueda
utilizar en salud y en educación; que devuelva las libertades a todas las
personas a las que se le han quitado y se le han recortado derechos. Esto
tendría que ser nuestra preocupación. Borremos las injurias al rey del
Código Penal y, puestos a borrar, borremos también esta monarquía,
tengamos un Estado moderno, un Estado democrático; tengamos un Estado que
no nos avergüence, porque los borbones, a lo largo de toda la historia,
no nos han traído nada bueno. Y si utilizábamos el término griego idiota,
no seamos idiotas, dejemos la idiotez atrás y seamos una república.
(Termina su intervención en catalán.—Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, senador.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra el senador Landa Jáuregui.

El señor LANDA JÁUREGUI: Eskerrik asko,
mahaiburu andreak. Buenos días a todos y a todas.

Señor Catalán, la ikurriña no desprecia a
nadie; la ikurriña representa a todo aquel que se siente vasco o vasca,
también en Navarra. Son ustedes los que, rechazando su presencia en las
instituciones navarras, no respetan la voluntad de aquellos navarros y
navarras que la sienten como propia, negando, por tanto, la diversidad
real de la Comunidad Foral, y eso sí que es despreciar la propia realidad
navarra.

Centrándonos en la cuestión que nos ocupa,
abordamos la toma en consideración de la proposición de ley presentada
por Esquerra Republicana-EH Bildu por la que se modifica la Ley orgánica
del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona y los
ultrajes a España. No es esta la primera ocasión —y ya se ha
comentado aquí— en la que en esta legislatura afrontamos propuestas
de modificación del Código Penal de estas características. Hace
prácticamente un año exacto, el 26 de mayo de 2021, examinamos en este
plenario la toma en consideración de una proposición de ley de Junts per
Catalunya que abogaba también por la modificación del código sancionador
para la protección de la libertad de expresión, según rezaba la
propuesta. Hay que decir que era aquella, la de Junts per Catalunya, una
proposición con una visión más integral y omnicomprensiva de los diversos
tipos penales confrontados al principio de libertad de expresión, frente
a los tres únicos a los que se limita el examen de la presente
proposición de ley: el 490.3, el 491 y el 543. También ostenta un perfil
integral la proposición de ley orgánica de la reforma de la Ley orgánica
del Código Penal para la protección de la libertad de expresión,
presentada en el Congreso por Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Comú, que fue tomada en consideración en junio de 2021.

Nuestro posicionamiento como Grupo Vasco ha
sido y va a ser el mismo en todas ellas: somos partidarios de facilitar
el debate y la reflexión sobre esta cuestión y, por tanto, vamos a apoyar
la toma en consideración de esta proposición. No de otra cosa estamos
hablando en este momento procesal que de una toma en consideración, sin
entrar a profundizar en su examen pormenorizado ni en alinearnos
forzosamente, por tanto, con su propuesta concreta. Tiempo habrá, en su
caso, para su examen detenido y enmienda. Reiteramos, por tanto, nuestro
criterio favorable a la habilitación de una reflexión en torno al
necesario contraste del Código Penal vigente con los estándares
internacionales en materia de libertad de expresión, fundamentalmente con
la doctrina derivada de las sentencias dictadas en los últimos años por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la aplicación del
artículo 10 del Convenio Europeo de derechos humanos y libertades
fundamentales, tratado insignia, como saben, para la protección de los
derechos humanos y situado en el marco del Consejo de Europa. Es
necesaria la revisión de aquellos preceptos del Código Penal cuya
aplicación está suponiendo una vulneración del derecho a la libertad de
expresión o una sanción desproporcionada en respuesta a los denominados
delitos de opinión, conforme se ha acreditado por este tribunal en
sucesivas sentencias que han revocado las dictadas en este sentido por
los tribunales españoles en casos ampliamente conocidos por todos y por
todas. Lo traslada implícitamente el citado tribunal europeo con sus
resoluciones y expresamente la propia comisaria de Derechos Humanos del
Consejo de Europa cuando pidió a España la modificación del Código Penal
en lo relativo a las calumnias e injurias a la Corona, manifestando su
inquietud sobre las limitaciones a la libertad de expresión y advirtiendo
que las posibilidades de imponer restricciones a este derecho son muy
limitadas y que deben ser, en todo caso, proporcionadas. También ONG,
como Amnistía Internacional, han manifestado públicamente la necesidad de
impulsar una reforma del Código Penal que fortalezca la libertad de
expresión.

Como he señalado previamente, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha abordado en numerosas ocasiones la
protección de este derecho fundamental a través de resoluciones en las
que, literalmente, señala que la libertad de expresión se aplica no solo
a las informaciones o ideas acogidas favorablemente o consideradas
inofensivas o indiferentes, sino especialmente a aquellas que molesten,
choquen o inquieten al Estado. De ello resulta —señala el
tribunal— que los límites del artículo 10.2, que garantiza la
libertad de expresión, deben interpretarse de manera restringida. Así lo
exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los
cuales no existe la sociedad democrática. Es más, el propio tribunal ha
delimitado claramente el perímetro de extensión de este derecho al
señalar como tal que, a través de las conductas objeto de examen en cada
caso, no se incite de manera eficiente y directa a la violencia o suponga
la difusión de un discurso de odio. Por tanto, a nuestro entender, estas
deben constituir las coordenadas básicas en las que situar esta necesaria
reflexión que, en todo caso, requiere de fórmulas de análisis que
faciliten un debate sosegado y un examen técnico-jurídico en profundidad.
No en vano estamos hablando del Código Penal, máxima expresión del
derecho sancionador del Estado y última ratio del derecho y de la
libertad de expresión, principio fundamental donde los haya de toda
democracia que se precie de tal.

Termino con dos apuntes finales. El primero,
que el Gobierno trasladó en su momento su compromiso público de presentar
un proyecto de ley que resolviera esta necesaria confrontación del actual
Código Penal con el derecho a la libertad de expresión. Es lo deseable y
procedente para propiciar un examen riguroso y en profundidad de la
cuestión con todos los informes preceptivos de los órganos del Estado que
complete el expediente correspondiente. Actualmente, y salvo error por mi
parte, este proyecto de ley ni está ni se le espera según consta o, mejor
dicho, según no consta en el Plan anual normativo del Gobierno. Segundo
apunte, que habrá quien se envuelva en la bandera de la defensa de la
Corona y en el rechazo a su cuestionamiento para impugnar esta toma en
consideración. De hecho, ya lo ha habido en esta tribuna. Sin embargo,
señorías, basta con repasar los medios de comunicación de este pasado fin
de semana para constatar que es la propia Corona la que más y mejor
trabaja en la autodestrucción de una institución anacrónica,
personificada en la figura de un rey emérito, retratado en su conducta
delictiva por la propia Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha tenido a
bien exhibir su impunidad sin ningún pudor con su aterrizaje en jet
privado en la costa de Galicia para asistir a una regata. Con todo, lo
más grave es que, con su publicitado fin de semana, pone de nuevo en
evidencia la realidad de la inexistencia de modificaciones legales que
impidan que estas graves conductas se puedan volver a repetir desde la
actual inviolabilidad constitucional en el caso del rey Felipe VI.

En definitiva, como en el cuento de Christian
Andersen, jamás los reyes han estado tan desnudos en sus vergüenzas ante
su ciudadanía y ante la opinión pública internacional como ahora. Que los
que sí se sientan representados por tan desprestigiada institución
—no es, evidentemente, nuestro caso— saquen, por tanto, sus
propias conclusiones, porque tienen en la máxima institución del Estado
un problema muy serio.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tiene la palabra la senadora Bideguren.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko,
presidenta. Senatari jaun andreok, egun on.

Lo que hoy plantea nuestro grupo parlamentario
con esta proposición de ley es una modificación del Código Penal que
busca despenalizar las injurias a la Corona, y lo planteamos por varias
razones. Por un lado, por legalidad, porque la legislación vigente tiene
que cumplir con las exigencias de los tratados internacionales, y la
tipificación como delito de las injurias a la Corona va en contra de la
Declaración de los Derechos Humanos y el convenio ratificado por el
Estado español para la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Existe ya jurisprudencia en este sentido del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sería una vergüenza que este
tribunal, una vez más, se pronunciara por vulnerar derechos fundamentales
en el Estado español. Por tanto, es necesaria una modificación del Código
Penal por legalidad, pero es que, además, una sociedad que aboga por una
democracia avanzada y moderna debe tener garantizada la libertad de
expresión, es decir, el derecho de todas las personas a buscar, recibir y
difundir información e ideas. Además, creo que es positivo para el
dinamismo de una sociedad que haya manifestaciones y actos de rechazo
dentro del ámbito de la crítica política. Perseguir la opinión o la
crítica de artistas, periodistas o cualquier persona de una manera
desproporcionada, constituyendo un delito penal, afecta directamente a
fundamentos básicos de un sistema democrático, y esto es inadmisible.
Señorías, todas hemos escuchado en demasiadas ocasiones manifestaciones
que no nos gustan, que nos parecen ofensivas y que nos suscitan
preocupación en términos de tolerancia, civismo y respeto. Hoy mismo
hemos tenido algún ejemplo que otro desde esta tribuna, y no digo que
esté bien, pero es lo que tiene la libertad de expresión y lo que es
totalmente desproporcionado es perseguirlos por la vía penal. Diferentes
agentes de la sociedad, como periodistas, letrados, artistas o
asociaciones, como Amnistía Internacional, llevan muchos años denunciando
la vulneración del derecho a la libertad de expresión. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, por favor, guarden silencio.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias,
presidenta.

El Consejo de Europa y las Naciones Unidas han
instado también al Estado español para que revisara su legislación. Sin
embargo, todavía no hay ningún avance, y lo que pretendemos con nuestra
iniciativa es dar un impulso y que, por fin, se haga realidad esta
modificación legislativa tan necesaria.

Quiero acabar con una reflexión. Señorías, ¿les
parece razonable que a una institución impuesta, no elegida, que goza del
privilegio de inviolabilidad, que no rinde cuentas a nadie, sobre la que
tampoco podemos investigar ni ejercer la función de control, ni siquiera
se la pueda criticar? En la sociedad en que vivimos, que pide cada vez
más transparencia y que acabemos con la corrupción, esto es totalmente
anacrónico, no tiene ningún sentido. Señorías, no voy a entrar en los
méritos o deméritos del rey emérito y de la casa real porque está claro
que para algunas personas, haga lo que haga —aunque se haya probado
que ha existido fraude fiscal, que ha cobrado comisiones por su
intermediación o que ha tenido cuentas en paraísos fiscales—, él
será intocable y seguirán rindiendo pleitesía. Por tanto, no voy a entrar
a valorar ciertas conductas, pero Euskal Herria-Bildu considera que en
pleno siglo XXI tenemos que aspirar a tener una sociedad que respete los
derechos fundamentales y que garantice la libertad de expresión, y para
ello es necesario modificar de manera urgente el Código Penal y acabar
con las rémoras del pasado.

Muchas gracias, señorías. Eskerrik asko,
presidenta, arratsalde on. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Tiene la palabra, por el mismo grupo, la
senadora Castel Fort.

La señora CASTEL FORT: Gracias,
presidenta.

Señorías, la institución del Jefe del Estado
queda fuera del control de los otros poderes del Estado porque no se la
puede remover, no es responsable, no rinde cuentas y no se la puede
perseguir. Por el contrario, goza de un escudo de protección que se llama
delito de ultraje a la Corona, acompañado por el privilegio de la
inviolabilidad y la irresponsabilidad, de manera que, con unos efectos
jurídicos permanentes, se deja, en el caso del emérito, no solo que salga
del territorio cuando se encontraba bajo investigación judicial, sino que
se le archiven las querellas y se le permita regularizar con
Hacienda.

De los actos dictados por el rey, no
refrendados por el Ejecutivo porque escapan de las funciones encomendadas
a la Corona, no puede haber otro responsable que el propio autor, en este
caso, el monarca, que habría actuado como un ciudadano más. Sin embargo,
la normativa y la práctica de las instituciones españolas se centra
solamente en proteger las actividades de la Corona, incluso si son de la
esfera privada.

Nosotros, como partido genuinamente
republicano, entendemos que la Corona merece un escrupuloso examen y una
restricción de la inviolabilidad —de hecho, nosotros la
suprimiríamos— por razones de igualdad, por razones de equidad ante
la ley, por imperativo democrático y de derechos humanos y libertades
fundamentales, y para mostrar tolerancia cero ante la opacidad y la
corrupción de una institución que ha tenido prácticas que la acercan más
a una institución feudal que a una democrática.

Para concluir, y en cuanto a los delitos de
injurias, hace dos años el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas recomendó a España, en el marco del tercer examen periódico
universal, su revisión urgente, y la comisaria de Derechos Humanos del
Consejo de Europa expresó —y ya se ha dicho aquí— gran
preocupación por el chilling effect que se produce sobre el ejercicio de
las libertades de expresión por la regularización inadecuada de los
artículos que regulan y penalizan las injurias y los ultrajes a la
Corona; pero no solo, ya que la comisaria también instó a España a
implementar la jurisprudencia emanada de la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos Stern Taulats y Roura Capellera de 2018, de
la que he hablado en el turno anterior, como base de la reforma del
Código Penal. El propio Gobierno español, a través del ministro de
Justicia anterior, le contestó a la comisaria que estos delitos están
planteando problemas serios para la libertad de expresión. Lo dice el
propio Gobierno español. Les animo, pues, a votar a favor de esta
proposición de ley y a que despenalicemos de una vez los delitos de
injurias a la Corona y de ultrajes a España.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Salom Coll.

La señora SALOM COLL: Gracias,
presidenta.

Señorías, a la vista está que todos los grupos
solo tienen una pretensión: debilitar las instituciones del Estado. Lo
demuestran con sus críticas permanentes a la Corona, a la justicia, a la
Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las víctimas del terrorismo. Lo
único que quieren los socios de presidente del Gobierno es socavar los
pilares fundamentales de nuestro Estado. ¡Menudos compañeros de viaje se
han buscado, señores socialistas! (Aplausos). ¡Menudos compañeros de
viaje! Pero, llegados a este punto, yo me pregunto lo siguiente: ¿el
presidente del Gobierno es rehén de los independentistas?, ¿está
secuestrado por los de Podemos?, ¿o es el líder de este proyecto de
destrucción de la nación española? (Aplausos).

Ustedes plantean aquí modificar tres artículos
del Código Penal para que se pueda calumniar a la familia real y ultrajar
a España. Utilizan este cupo legislativo, es su prioridad legislativa,
con la que está cayendo en Cataluña y en el País Vasco; con la inflación
a tope, con la gente sin poder llenar el depósito de gasolina, con los
okupas... La principal prioridad para Cataluña y para el País Vasco es
que se despenalicen las injurias a la Corona. Pues no compartimos sus
prioridades, señorías, porque consideramos que estos no son los
principales problemas que tiene Cataluña.

Se llenan la boca hablando de libertad de
expresión, pero no tienen ningún interés en defenderla, porque coartan a
todos los que no piensan como ustedes. Lo único que pretenden con este
tema de las calumnias, de insultar y ultrajar es que les salga gratis
todo lo que es atacar a la nación española; esta es su forma de hacer
política. Pero la libertad de uno acaba cuando empieza la del otro, y en
España la inmensa mayoría de la población cree en la Constitución; cree
en la monarquía parlamentaria; cree en las instituciones; cree en
nuestros símbolos, como la bandera o el himno nacional, y creemos en los
símbolos que representan a nuestras comunidades autónomas, y cuando
alguien ataca estos símbolos o los pilares de nuestro país, hay millones
de personas que nos sentimos molestas, ofendidas e indignadas. Y esta
agresión se protege concretamente en el Código Penal, que lo recoge como
un delito. ¡Claro que sí! Y por eso, señoría, la libertad de expresión no
es infinita, sino que tiene unos límites para todo el mundo. Nosotros no
compartimos esa barra libre al insulto. Eso no puede ser, debe tener unos
límites. Y nuestra Constitución dice: El Rey es el jefe del Estado,
símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento
regular de las instituciones y ejerce las funciones que le atribuye
expresamente la Constitución y las leyes. Por tanto, al atacar al rey se
está atacando expresamente al Estado constitucional. El bien jurídico
protegido en los artículos que ustedes quieren suprimir son instituciones
fundamentales de nuestra democracia y, por tanto, no se protege a la
persona que en ese momento ejerce un cargo, sino a la institución que
representa. Y el Estado no puede permanecer impasible ante los ataques
que se amparan malintencionadamente en la libertad de expresión. Nunca,
nunca la libertad de expresión puede ser libre para incitar al odio y
provocar el enfrentamiento. Este es el límite que pone el Tribunal
Constitucional, señorías, porque la libertad de expresión en ningún caso
puede ser absoluta e ilimitada.

Pero al final, yo pienso que no estamos ante un
debate jurídico, no. Estamos ante un debate político, y lo que ustedes
pretenden es debilitar el Estado atacando a sus instituciones, algo que
les divierte muchísimo, y ven a Pedro Sánchez como un presidente débil,
que flojea, y claro, ustedes intentan exprimirlo al máximo porque saben
que está dispuesto a debilitar a todas las instituciones antes de que se
debilite él. Por tanto, su relato es muy claro y tiene dos puntos: uno,
dinamitar la gran obra de la Transición española, y así lo hacen valer en
su revisionismo sesgado permanente; y dos, debilitar los pilares básicos
del Estado, como la Corona, la justicia, el Tribunal Supremo, el
Constitucional, y ahí están ustedes, con su matraca permanente,
criticando a estas instituciones. Ustedes no quieren cambiar la
Constitución porque no funcione; ustedes quieren cambiarla porque
funciona, y prueba de ello es que no les permite destruir el Estado como
les gustaría, solo la quieren cambiar por esa razón, para poder actuar
contra España sin ningún tipo de límite ni castigo. Pues sepan ustedes
que millones de españoles nos sentimos muy orgullosos de las formas y
maneras que utilizamos para pasar de la dictadura a la democracia. La
Transición fue una obra maestra, y ahí la Corona jugó un papel
importantísimo e impulsó la apertura de España hacia un sistema
democrático, y fruto de ese trabajo conjunto hemos podido disfrutar de
los mejores años de España, de progreso, de bienestar y de libertades, y
para ello la figura del rey fue clave, y eso les fastidia. Pero les diré
más, les diré la verdad y no les va a gustar: el rey Juan Carlos ha hecho
más por nuestras libertades, por nuestra economía, por nuestro bienestar
y por toda nuestra democracia que todos los que estamos en este hemiciclo
juntos. (Aplausos). Eso es así, señorías. Y una muestra de ello es el
papel determinante de nuestra Corona el 23-F, que paró ese golpe de
Estado. (Rumores). Y el 1 de octubre, cuando sufrimos el conato de
independentismo...

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, les ruego que bajen el tono, que guarden silencio y que
respeten a la oradora.

La señora SALOM COLL: Ahí estuvo la Corona,
defendiendo la ley, el orden y la Constitución. La Corona es la clave de
bóveda de todo nuestro entramado constitucional, y por eso no les gusta y
hacen todo lo que pueden para manchar su imagen. Y ahora pretenden que
los insultos y las calumnias sean gratis.

Señorías, mientras ustedes, los socios de Pedro
Sánchez, atacan a nuestras instituciones, nosotros, los del Partido
Popular, las defendernos. Pero no solo nosotros, sino que millones de
españoles nos sentimos muy orgullosos de nuestro rey, de nuestra bandera,
de nuestro himno, de nuestras comunidades autónomas y de nuestros
símbolos. (Aplausos). Y si alguien nos calumnia, si alguien los injuria o
los quema, nos sentimos ofendidos y dolidos, porque atacan a nuestra
dignidad como país. Ahí es donde está el límite de esa libertad de
expresión, pero ustedes lo único que pretenden es atacar la dignidad de
las instituciones. ¿Tanto les cuesta respetar la Constitución? En el
Partido Popular respetamos profundamente todas las instituciones del
Estado y todos los símbolos, presida quien presida la institución. Esta
es la diferencia entre nosotros y ustedes. Nosotros respetamos y nosotros
tenemos sentido de Estado; ustedes, en muchísimas ocasiones, no. Y les
digo más: si ustedes consiguieran una república, que es lo que quieren,
seguro que no traerían a este Pleno una propuesta para suprimir estos
tres artículos para despenalizar las injurias. No querrían que atacaran a
ese presidente de la República, esta es la verdad. ¿Y dónde estaba en su
constitución de Cataluña la libertad de expresión? Pues, simplemente, ahí
no existía; eliminaban a todos los que no pensaban como ustedes. Por
tanto, al final, el debate es otro, ya que ustedes quieren una república
y no una monarquía parlamentaria, y organizan toda esta estrategia para
minar poco a poco a la Transición y a la Corona.

A nivel europeo estamos en los estándares de
distintos países de nuestro entorno. Alemania, Francia o Grecia protegen
a sus instituciones y tienen limitada la libertad de expresión. No
quieran hacernos creer que somos los únicos de Europa; no, en Europa
igual que en España. Pero ustedes tergiversan las leyes, tergiversan las
normas, y lo mismo pasa con la justicia: van a lo que les convenga.
Ustedes consideran que personas condenadas a 37 años de cárcel por una
sentencia tienen que ser libres y que son unas santas. Pero a otras que a
ustedes no les gustan, que han sido investigadas por tierra, mar y aire,
y sobre las que no recae ninguna condena, las critican y las consideran
delincuentes. (Aplausos). De ahí la diferencia, de ahí su concepto de la
justicia, señorías. Tienen diferentes varas de medir en función de lo que
les conviene; pero eso no es democracia, eso no es libertad,
señorías.

¿Verdad que a ninguno de ustedes les gusta que
les insulten? Porque no es agradable. Al presidente del Gobierno tampoco
le gusta; ya no pisa la calle porque le insultan permanentemente. Cuando
a los de Podemos les hacen un escrache, tampoco les gusta. Y yo creo que
a la inmensa mayoría de los españoles tampoco nos gustan los insultos, y
menos a la Corona. No nos gusta que se queme la bandera española o
nuestras señas de identidad en nuestras comunidades autónomas. No nos
gusta cuando alguien se ríe de nuestros símbolos o de nuestro himno. Nos
ofenden cuando intentan maltratar a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado. Y por eso, por mucho que a ustedes les pese, nuestra
Constitución y nuestras leyes protegen a las instituciones de nuestra
nación, y ahí estamos nosotros, el Partido Popular, para defender las
instituciones del Estado, porque así tendremos una España más libre y una
España más justa. Y por todo eso, votaremos en contra.

Muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Rallo Lombarte.

El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta,
señoras y señores senadores, al traer este debate resulta evidente que
hoy la intención de Esquerra Republicana no tiene mucho que ver con el
objeto de esta proposición de ley.

El Grupo Socialista ya manifestó su conformidad
con la revisión de estos tipos penales en el Congreso, y en dicha Cámara
ya existe una propuesta en trámite que tiene el mismo objeto. El
propósito de Esquerra Republicana hoy, al traer esta iniciativa, es otro.
Su finalidad es bien clara: traer al Senado el debate sobre la
legitimidad de la monarquía en nuestro sistema constitucional, y bien que
lo han logrado. Un debate propulsado por el repudio social hacia la
corrupción; un debate —permítanme que lo califique así—
ventajista y oportunista, porque aprovechan este momento concreto para
confrontar con la derecha eterna, la derecha pseudodinástica; esta
derecha arquetipo de un patriotismo estéril, cerril y montaraz.
(Aplausos).

Señorías, el Partido Socialista nunca ha
rehuido los debates si se respetan las reglas constitucionales y las
formas parlamentarias. Escúchenlo bien, alto y claro: los socialistas
mantenemos un compromiso indeleble con el pacto constituyente de 1978.
(Aplausos). Y defendemos sin reservas las instituciones constitucionales
vigentes, todas, sea cual sea su rango o nivel, porque defender las
instituciones es proteger un marco de convivencia que ha proporcionado a
los españoles el más prolongado periodo de paz, democracia y libertad de
toda su historia; la más extensa etapa de progreso, bienestar y justicia
social. Defender las instituciones, señorías, es amparar a los más
débiles, es defender a quienes solo lograrán satisfacer sus legítimas
aspiraciones a través de la fuerza y la solidez del derecho, de los
valores y del orden constitucional. (Aplausos). Eso, señorías, es, y no
otra cosa, lo que algunos llaman el régimen del 78.

Señora Castel, le aseguro que usted ni es ni se
siente más republicana que yo; ni es ni se siente más republicana que
cualquiera de los senadores y de las senadoras socialistas que se sientan
en esta bancada. (Aplausos). Pero los socialistas defendemos las
instituciones constitucionales, a pesar de nuestra inequívoca tradición
republicana, que ni admite lecciones ni necesita justificación alguna.
Los socialistas defendemos las instituciones a pesar de nuestros valores
republicanos, de ayer, de hoy y de siempre; y las defendemos a pesar de
nuestra firme convicción de que el origen del poder solo encuentra su
legitimidad en la soberanía popular, en la razón democrática y en
elecciones libres. El constituyente de 1978 consagró la monarquía
parlamentaria como forma política del Estado, señorías; una monarquía sin
poder, una monarquía representativa, una monarquía simbólica, una
monarquía al margen de la política, una monarquía modélica y ejemplar,
una monarquía pretendidamente moderna, como las que en aquel entonces
regían las intachables y avanzadas democracias nórdicas, envidiadas por
su bienestar y justicia social. Nada que ver, por lo tanto, con la
tradición monárquica española de los dos siglos anteriores. Y durante
muchas décadas los socialistas, y la gran mayoría de los españoles, nos
hemos sentido muy cómodos con esta concepción republicana de la monarquía
parlamentaria.

Pero cerrar los ojos y negar la realidad es el
peor de los errores en que puede incurrir un gobernante. La realidad es
que los españoles asistimos escandalizados a las noticias sobre las
conductas, nada ejemplarizantes, atribuidas al rey emérito. No negamos ni
negaremos la relevancia del papel histórico del rey Juan Carlos; al
contrario, la reconocemos, pero, como todos los españoles, queremos,
esperamos y exigimos respuestas y explicaciones. Nadie por encima de la
ley, señorías.

Nadie duda hoy de que la monarquía requiere de
una revisión, y el primero en admitirlo es su majestad, Felipe VI, quien
ha dado pasos innegables e irreversibles hacia la modernización de una
institución más transparente y ejemplar, sometiéndose al control del
Tribunal de Cuentas, haciendo público su patrimonio personal, como
cualquiera de los que aquí nos sentamos; pero faltan otros muchos pasos
que dar, entre ellos el que hoy nos ocupa: despenalizar las injurias a la
Corona; garantizar, en definitiva, la crítica a cualquier poder o
institución gubernamental. ¡Faltaría más!, por supuesto.

Señorías, se ha extendido la convicción social
de que todos no somos iguales ante la ley, de que existe quien por cuna y
linaje goza de privilegios no solo de hecho, sino también de derecho, y
eso un Estado social y democrático de derecho en el siglo XXI no lo puede
soportar; un Estado de derecho del siglo XXI no admite privilegios que
pongan en cuestión la igualdad ante la ley. (Aplausos). Igualdad, sí,
señorías, desde la cuna más humilde hasta el linaje más refinado.

Señorías, en el debate de hoy se ha evidenciado
que hay grupos que querrían suprimir la monarquía, y están en su derecho
gracias a esa Constitución que tantas veces denuestan. Pero ese no es
nuestro debate. Nosotros, los socialistas, honramos el pacto
constituyente, abogamos por actualizar la institución, perseguimos su
modernización, pero para ello es imprescindible el concurso de otras
fuerzas políticas; de fuerzas políticas que, con su inmovilismo, se
convierten en los peores enemigos de la monarquía. (Aplausos).

Señorías del Partido Popular, España solo está
en peligro cuando gobiernan ustedes, por cierto. (Protestas.—
Aplausos). Con dos referéndums de independencia, por cierto.






Solo cuando
gobiernan ustedes está España en peligro. Menos golpes de pecho, menos
juramentos vacuos de lealtad. Superen ese inmovilismo acrítico, porque la
monarquía parlamentaria representativa, simbólica y ejemplar que propugna
la Constitución, necesita del acuerdo político para su revisión.
Defiéndanla, señorías. Defiendan la Constitución, la solidez de las
instituciones constitucionales; defiendan la Constitución.

Señor Feijóo, usted ha acatado hoy la
Constitución, ahora ya solo le falta cumplirla. (Aplausos.—
Protestas). Menos soflamas patrióticas, menos amparar soflamas
patrióticas y más cumplir la Constitución. (Varios senadores del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado : A la cuestión).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por
favor, guarden silencio.

El señor RALLO LOMBARTE: Señor Feijóo, 1298
días, tres años y casi siete meses sin renovar el Consejo General del
Poder Judicial. ¿Hasta cuándo, señor Feijóo? ¿Hasta cuándo?
(Aplausos.— Protestas).

Es evidente que el PP de Feijóo se parece mucho
al PP de Casado. (Rumores).

Termino, señora presidenta, diciendo lo
siguiente, y espero que se serenen los senadores del Partido Popular:
señor Feijóo, usted no puede amparar soflamas patrióticas, por un lado,
como las que hoy hemos oído, e incumplir la Constitución, por otro. No
puede contribuir al desprestigio, al descrédito y a la deslegitimación de
las instituciones centrales de nuestro Estado, como son el Consejo
General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Dentro de 18
días, el 12 de junio, vence el mandato de otro tercio del Tribunal
Constitucional. El anterior tardaron dos años en renovarlo.
(Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, guarden silencio.

El señor RALLO LOMBARTE: Señor Feijóo, abandone
el bloqueo ventajista. (Protestas). Respeten la libertad de expresión,
senadores del Partido Popular. (Aplausos).

Señor Feijóo, se lo repito: se parece
demasiado, es idéntico al PP de Casado. La derecha de siempre, la derecha
que siempre vuelve, señorías. Ustedes son el PP del boicot, el PP del no
por no, el PP del que se hunda España, el PP del cuanto peor para los
españoles, mejor para ustedes.

Muchas gracias. (Protestas.— Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista, con algunas de sus
señorías puestas en pie).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Señorías, finalizado el debate de la toma en
consideración de la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar
las injurias a la Corona y los ultrajes a España, les recuerdo que el
plazo para que emitan el voto electrónico remoto los senadores
autorizados se abrirá al finalizar el siguiente punto del orden del día.
Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de esta toma en
consideración tendrá lugar al finalizar el debate de la primera moción
consecuencia de interpelación, punto 8.1. del orden del día.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los
puntos 7., 7.1., y 7.1.1. a 7.1.10.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para
la presentación de los dictámenes, por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el vicepresidente primero de la Comisión de Exteriores,
el senador Villacampa Arilla.

El señor VILLACAMPA ARILLA: Gracias, señora
presidenta.

Leídos todos los convenios y tratados,
simplemente me queda decir que estos tratados y convenios internacionales
tuvieron su entrada en la Cámara el día 12 de abril de 2022, siendo
publicados ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y
tramitándose por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de
propuestas a los referidos tratados y convenios internacionales expiró el
día 26 de abril de 2022. No se presentaron propuestas de modificación a
ninguno de estos tratados y convenios. La Comisión dictaminó dichos
tratados y convenios internacionales en su sesión del día 18 de mayo
de 2022 y acordó elevar al Pleno propuestas favorables a la concesión de
autorización del Gobierno para que preste el consentimiento del Estado a
obligarse por medio de ellos. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

Con estas palabras creo haber resumido la
tramitación hasta ahora llevada a cabo.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

No se han presentado propuestas a dichos
tratados. ¿Algún grupo desea intervenir? (El señor Martí Deulofeu pide la
palabra).

Tiene la palabra el señor Martí, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidente.

Intervengo solo para anunciar que Esquerra
Republicana de Catalunya se va a abstener en todos los tratados y
convenios internacionales, excepto en el Protocolo Adicional a la Carta
Social Europea, al que vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

¿Algún grupo más? (El señor Chinea Correa pide
la palabra).

Sí, senador Chinea.

El señor CHINEA CORREA: Gracias,
presidente.

Simplemente quiero manifestar que Izquierda
Confederal se abstendrá en todos los convenios y tratados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

¿No hay más intervenciones?
(Denegaciones).

Muchas gracias. Pasamos a la votación.

Señorías, finalizado el debate para la
autorización de los tratados y convenios internacionales, se procede a
continuación a abrir el plazo para que los senadores autorizados emitan
el voto telemático sobre los siguientes asuntos:

Proposición de Ley por la que se modifica la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para
despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, a los
efectos de su toma en consideración.

Autorización de los tratados y los convenios
internacionales.

Se abre el plazo de quince minutos desde este
momento, en que son las doce horas y cincuenta minutos, hasta las trece
horas y cinco minutos. Asimismo, les recuerdo que la votación presencial
de estos asuntos tendrá lugar al finalizar el debate de la primera moción
consecuencia de interpelación del punto octavo del orden del día.

El señor PRESIDENTE: Llamen a votación.
(Pausa).

Cierren las puertas, por favor. Muchas
gracias.

El señor presidente lee el punto 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, se
votarán las enmiendas, y las que resulten aprobadas quedarán incorporadas
definitivamente al dictamen del Pleno.

Votamos la enmienda número 80, de los senadores
González-Robatto Perote, Marín Gascón y Merelo Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 2; en contra, 253;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 81, de los mismos
senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 2; en contra, 253;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 82 a 84 y 87, de
los mismos senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 2; en contra, 254;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Por último, de los mismos senadores, votamos
las enmiendas 85 y 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 5; en contra, 253;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos la enmienda número 1,
de la senadora Martín Larred y del senador Vicente Egea Serrano, del
Grupo Parlamentario Democrático.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 46; en contra, 215.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la enmienda número 2,
de los mismos senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 41; en contra, 218;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 3, de los mismos
senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 260; a favor, 41; en contra, 218;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda número 4,
de los mismos senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 260; a favor, 42; en contra, 214;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la enmienda número 5,
de los mismos senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 260; a favor, 43; en contra, 214;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En último lugar, votamos la enmienda número 6,
de los mismos senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 45; en contra, 215;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos las enmiendas
números 7, 15, 25, 27 y 28 de los senadores Muñoz Lagares, Ponce Gallardo
y Sánchez López, del Grupo Parlamentario Democrático.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 3; en contra, 251;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos la enmienda número 8,
de los mismos senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 4; en contra, 251;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 10, 16, 19 y 22,
de los mismos senadores.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 7; en contra, 251;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los mismos senadores, votamos las
enmiendas 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23 y 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 6; en contra, 251;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los mismos senadores, votamos la enmienda
número 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 6; en contra, 252;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En último lugar, de los mismos senadores,
votamos la enmienda número 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 3; en contra, 252;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, de sus señorías Castellví Auví
y Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista, votamos, en
primer lugar, las enmiendas número 61, 64, 73, 75 y 76.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 260; a favor, 38; en contra, 217;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De sus mismas señorías, votamos a continuación
la enmienda número 62.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 38; en contra, 220;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos senadores, votamos las
enmiendas 63, 77 y 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 36; en contra, 222;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De las mismas señorías, votamos a continuación
la enmienda número 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 38; en contra, 221;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las mismas señorías, votamos la enmienda
número 66.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 23; en contra, 231;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las mismas señorías, votamos la enmienda
número 67.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 23; en contra, 236;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las mismas señorías, votamos la enmienda
número 68.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 260; a favor, 37; en contra, 221;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las mismas señorías, votamos a continuación
la enmienda número 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 43; en contra, 215;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las mismas señorías, votamos la enmienda
número 70.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 44; en contra, 215;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En último lugar, señorías, vamos a votar las
enmiendas 71 y 74.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 260; a favor, 25; en contra, 233;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, de su señoría Mulet García, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, votamos las enmiendas 42
a 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 41; en contra, 219;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
votamos a continuación las enmiendas 45, 46, 48 a 51, 53, 54, 56, 59
y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 260; a favor, 38; en contra, 220;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo parlamentario, votamos la
enmienda número 47.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 36; en contra, 222;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas 52
y 55.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 38; en contra, 218;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo parlamentario, votamos las
enmiendas 57 y 58.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 41; en contra, 218;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, a continuación, votamos las enmiendas
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu.

En primer lugar, votaremos las siguientes: 88
a 98, 100, 101, 103, 105, 108 a 122, 124 y 125.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 38; en contra, 221;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo parlamentario, votaremos la
enmienda 102.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 38; en contra, 221;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votaremos la enmienda
número 104.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 39; en contra, 221;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos a continuación la
enmienda número 106.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 39; en contra, 221;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En último lugar, y del mismo grupo, votaremos
la enmienda número 123.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 39; en contra, 221;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Popular, votamos, a
continuación, la enmienda número 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 105; en contra, 138;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario, votaremos las
enmiendas siguientes: 31 y 33 a 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 260; a favor, 108; en contra, 138;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo parlamentario, votamos, a
continuación, la enmienda número 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 138;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos la enmienda
número 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 105; en contra, 137;
abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario, votamos la
enmienda número 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 110; en contra, 141;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En último lugar, del mismo grupo parlamentario,
votamos la enmienda número 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado:






votos emitidos, 260; a favor, 108; en contra, 140;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos a continuación, las
diferentes propuestas de modificación, enmiendas transaccionales.

En primer lugar, la propuesta de modificación
presentada por diferentes grupos parlamentarios con número de registro de
entrada 143240 sobre la base de la enmienda número 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 123; abstenciones, 138.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).

A continuación, señorías, votamos la propuesta
de modificación suscrita por varios grupos parlamentarios con número de
registro de entra 143241 sobre la base de la enmienda número 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 253; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos, a continuación, la propuesta de
modificación presentada por diferentes grupos parlamentarios con número
de registro de entrada 143242 sobre la base de la enmienda
número 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 122; abstenciones, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).

En último lugar, señorías, votamos la propuesta
de modificación presentada por diferentes grupos parlamentarios con
número de registro de entrada 143243, sobre la base de la enmienda
número 107.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 146; en contra, 108;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, procedemos a la votación en un solo
acto, a continuación, del resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 261; a favor, 221; en contra, 2;
abstenciones, 38.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
(Aplausos).

Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de
la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.