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DS. Senado, Pleno, núm. 88, de 27/04/2022
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANDER GIL GARCÍA


Sesión núm. 48


celebrada el miércoles, 27 de abril de 2022


ORDEN DEL DÍA






DEFENSOR DEL PUEBLO




INFORMES




Informe correspondiente a la gestión realizada por el
Defensor del Pueblo durante el año 2020.


780/000003
Defensor del Pueblo; aplicación de la
ley







Informe correspondiente a la gestión realizada por el
Defensor del Pueblo durante el año 2021.


780/000004
Defensor del Pueblo








PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29
de julio, de depósito legal.


621/000045
Internet; adquisición de documentos; alfabetización
digital; biblioteca nacional; cooperación administrativa; depósito legal;
editorial; libertad de expresión; material audiovisual; modificación de
la ley; patrimonio cultural; propiedad intelectual


Cultura y Deporte







REGLAMENTO DEL SENADO




CONOCIMIENTO DIRECTO




Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se
modifica el artículo 92.


626/000008
reglamento parlamentario; sesión parlamentaria;
votación electrónica









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en favor de las mujeres trabajadoras del sector
pesquero.


671/000112
igualdad hombre-mujer; industria pesquera; política de
empleo


GPERB





Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas de carácter económico en beneficio del sector de los
transportistas.


671/000113
apoyo económico; carburante; personal de
conducción


GPP






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a seguir impulsando las
medidas suficientes para la universalización de la educación infantil de
cero a tres años.


662/000116
educación preescolar; enseñanza
obligatoria


GPS





Moción por la que se insta al Gobierno a cumplir cuanto antes
con lo acordado en la Declaración de La Palma y aprobar nuevas rebajas
fiscales para amortiguar el impacto de los precios.


662/000115
Palma (La) (Isla de) (Santa Cruz de Tenerife);
inflación; política fiscal


GPP





Moción por la que el Senado muestra su disconformidad con el
cambio radical e histórico del Gobierno con respecto al Sáhara Occidental
y ratifica su apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas.


662/000114
Marruecos; Sáhara Occidental; relación
bilateral


GPIC




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y tres minutos.


El señor presidente abre a las nueve horas y treinta y tres minutos el
plazo de dos horas para la votación telemática del punto 6.1. del orden
del día.






DEFENSOR DEL PUEBLO




INFORMES





INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN
REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2020.


780/000003






INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN
REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2021.


780/000004



El señor defensor del pueblo, Gabilondo Pujol, expone un resumen
de los informes.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el
señor Cleries i Gonzàlez y el señor Clavijo Batlle, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Gómez Perpinyà, por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Garmendia Bereciartu, por el Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV); el señor Reniu Vilamala, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor
Landaluce Calleja, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el
señor Cepeda García de León, por el Grupo Parlamentario
Socialista.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 23/2011, DE 29 DE JULIO, DE DEPÓSITO LEGAL.


621/000045

Cultura y Deporte


La señora Serrano Jiménez, vicepresidenta primera de la Comisión
de Cultura y Deporte, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor González-Robatto Perote, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las enmiendas 4 a 8, presentadas por la señora Merelo Palomares,
por el señor Marín Gascón y por él.


La señora Castellví Auví, del Grupo Parlamentario Nacionalista en
el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario, defiende las enmiendas 1 a 3, presentadas por ella y por el
señor Cleries i Gonzàlez.


El señor Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
interviene en turno en contra.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el
señor González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamenatrio Mixto; el señor
Muñoz Lagares, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos,
Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de
Cantabria); la señora Castellví Auví, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; la señora González Modino, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Otaola Urquijo, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señor Lorenzo Torres, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado; el señor Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; y la señora Serrano Morales,
por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, abre a las doce horas y
treinta minutos el plazo de dos horas para las votaciones telemáticas
reglamentariamente previstas para este proyecto de ley.










REGLAMENTO DEL SENADO




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL
SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 92.


626/000008



En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el
señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; la señora González Modino, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); el señor Landa
Jáuregui, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Sánchez-Camacho Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y el señor Fajardo Palarea, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, abre a las doce horas y
cuarenta y seis minutos el plazo de dos horas para la votación telemática
de la propuesta de reforma en su totalidad, para cuya aprobación
—anuncia la señora vicepresidenta, Narbona Ruiz—, se
requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la
Cámara.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL
DE VIVIENDAS Y LA DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA. (Proclamación el
resultado de la votación).


671/000110

GPP


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: votos
emitidos, 264; a favor, 112; en contra, 146; abstenciones, 6.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DEL
SECTOR PESQUERO.


671/000112

GPERB


La señora Bideguren Gabantxo defiende la moción.


El señor Mulet García defiende las cuatro enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera).


La señora González Bayo defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Bideguren Gabantxo expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas y acepta la del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el
señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Ponce
Gallardo y el señor Fernández Viadero, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); la señora Rivero Segalàs, por el
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Mulet
García, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); la señora Etxano Varela, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Bideguren Gabantxo,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la
señora Fernández González, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y el señor Gilabert Sánchez, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO EN BENEFICIO DEL
SECTOR DE LOS TRANSPORTISTAS.


671/000113

GPP


El señor Bernabé Pérez defiende la moción.


El señor Muñoz Lagares defiende las cuatro enmiendas del Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de E lectores «Teruel
Existe» y PartidoRegionalista de Cantabria).


El señor González-Robatto Perote, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la enmienda presentada por iniciativa suya, del señor Marín
Gascón y de la señora Merelo Palomares.


La señora Luna Morales defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Bernabé Pérez expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas y acepta la número 4, del Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y PartidoRegionalista de Cantabria).


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el
señor González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Muñoz Lagares, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos,
Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de
Cantabria); el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; la señora González Modino, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Bernabé Pérez, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Morales Quesada, por
el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 23/2011, DE 29 DE JULIO, DE DEPÓSITO LEGAL. (Proclamación del
resultado de las votaciones).


621/000045

Cultura y Deporte


Tras proclamar el resultado de las votaciones, la señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, anuncia a la Cámara que el proyecto de ley
ha quedado definitivamente aprobado por las Cortes Generales.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
SEGUIR IMPULSANDO LAS MEDIDAS SUFICIENTES PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS.


662/000116

GPS


La señora Plaza García defiende la moción.


La señora Castellví Auví defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario.


El señor Marín Gascón, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda presentada por iniciativa del señor González-Robatto Perote, por
iniciativa suya y por iniciativa de la señora Merelo Palomares.


El señor Rodríguez López defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Vidal Matas defiende las cinco enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera).


La señora Plaza García expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas y anuncia la presentación de una
propuesta de modificación.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el
señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Fernández
Viadero, por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación
de Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); la
señora Castellví Auví, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; la señora Peral Díez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); la señora Cortès Gès, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Rodríguez López, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Hernández
Cerezo, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, abre a las dieciséis
horas y un minuto el plazo de dos horas para la votación de los
puntos 10.1., 10.2. y 11.1.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
CUMPLIR CUANTO ANTES CON LO ACORDADO EN LA DECLARACIÓN DE LA PALMA Y
APROBAR NUEVAS REBAJAS FISCALES PARA AMORTIGUAR EL IMPACTO DE LOS
PRECIOS.


662/000115

GPP


El señor Floriano Corrales defiende la moción.


La señora Liberal Liberal defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Floriano Corrales expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda y la rechaza.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: la
señora Goñi Sarries y el señor González-Robatto Perote, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Vidal Matas, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señor Furriol Fornells, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Floriano Corrales, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Fernández
Leiceaga, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









REGLAMENTO DEL SENADO




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL
SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 92. (Proclamación el resultado
de la votación).


626/000008



Se aprueba la reforma con el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 260; abstenciones, 1.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MUESTRA SU
DISCONFORMIDAD CON EL CAMBIO RADICAL E HISTÓRICO DEL GOBIERNO CON
RESPECTO AL SÁHARA OCCIDENTAL Y RATIFICA SU APOYO A LAS RESOLUCIONES DE
LAS NACIONES UNIDAS.


662/000114

GPIC


La señora González Modino defiende la moción.


El señor Sánchez López da por defendida la enmienda del Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).


El señor Mulet García, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera), defiende la enmienda
presentada por iniciativa suya.


El señor Vidal Matas interviene en el turno de posicionamiento
sobre las enmiendas.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: la
señora Goñi Sarries y la señora Merelo Palomares, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); el señor Cleries i Gonzàlez, por el
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Gómez
Perpinyà y el señor Martínez Urionabarrentxea, por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); el señor
Uribe-Etxebarria Apalategui, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señor Elejabarrieta Diaz y el señor Martí Deulofeu,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la
señora Rojo Noguera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y
el señor Pérez García, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las dieciocho horas y cuatro minutos
el plazo de dos horas para la votación telemática de los puntos 11.2.
y 11.3., ambos se votarán en sus propios términos.


Se suspende la sesión a las dieciocho horas y ocho minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciocho horas y diez
minutos.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DEL
SECTOR PESQUERO. (Proclamación el resultado de la votación).


671/000112

GPERB


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: votos
emitidos, 264; a favor, 264.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO EN BENEFICIO DEL
SECTOR DE LOS TRANSPORTISTAS. (Proclamación el resultado de la
votación).


671/000113

GPP


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: votos
emitidos, 264; a favor, 110; en contra, 147; abstenciones, 7.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
SEGUIR IMPULSANDO LAS MEDIDAS SUFICIENTES PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS. (Proclamación el resultado de la
votación).


662/000116

GPS


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: votos
emitidos, 264; a favor, 145; en contra, 1; abstenciones, 118.


Se levanta la sesión a las dieciocho horas y doce
minutos.







Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y tres
minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la
sesión.


Como recordarán, señorías, queda pendiente abrir la votación
telemática de la moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas
y la defensa de la propiedad privada, del Grupo Parlamentario Popular. Se
votará con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Democrático, con número de registro de entrada 139867.


Por lo tanto, procede abrir el plazo de dos horas para la votación
telemática desde este momento, que son las nueve horas y treinta y tres
minutos, hasta las once horas y treinta y tres minutos de la mañana de
hoy. Se abre la votación.






DEFENSOR DEL PUEBLO




INFORMES





INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN
REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2020.


780/000003






INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN
REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2021.


780/000004



El señor presidente lee el punto 7, 7.1., 7.1.1. y 7.1.2.


El señor PRESIDENTE: Para exponer un resumen de los informes, tiene
la palabra el excelentísimo señor defensor del pueblo, don Ángel
Gabilondo.


Ruego a los servicios de la Cámara que inviten a entrar al defensor
del pueblo.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Buenos días. Muchas
gracias, presidente. Gracias, señorías.


Comparezco ante ustedes para informarles de la gestión realizada por
la institución Defensor del Pueblo en los años 2020 y 2021, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución y en la ley orgánica que
la regula.


Señorías, dado que quedaron por informar ante este Pleno del Senado
las actuaciones del año 2020, procederé a su resumen antes de relatarles
la gestión del año 2021. Si bien, como ustedes saben, tomé posesión el 18
de noviembre de 2021 en el Congreso de los Diputados, mi comparecencia
obedece a la necesidad de dar continuidad al carácter institucional de
las labores realizadas bajo la responsabilidad como defensor de don
Francisco Fernández Marugán, al que hemos de reconocer y de agradecer
tareas y actuaciones que alcanzan en esta presentación a los años 2020
y 2021.


Puesto que nuestras actuaciones no son vinculantes ni somos
tribunales de justicia, nuestra misión es argumentar y tratar de ofrecer
buenas razones para convencer y persuadir a las administraciones. Resulta
para ello decisiva la escucha a los ciudadanos, quienes en ocasiones
acuden a esta institución con cierto desaliento, frustración o con alguna
desorientación, porque sienten que no son suficientemente atendidos. En
gran medida, los informes constituyen una radiografía de la realidad
social en España que muestra no solo el estado de la Administración,
sino, aún más, del conjunto de la sociedad. Este informe no es una mera
cuestión legal que se rinde mecánica y burocráticamente, es una llamada a
la reflexión sobre problemas reales, conflictos reales de personas
reales, cuyos derechos fundamentales no son garantizados o no lo son
plenamente por los poderes públicos. Además, es también una toma de
posición que responde a la defensa de los derechos fundamentales
recogidos en nuestra Constitución, en definitiva, de los derechos
humanos. Por tanto, no es una mera memoria recopilatoria de unas
actuaciones, ni se trata de un informe burocrático al margen de la
realidad, de la situación y de la coyuntura en la que nos encontramos.
Como bien saben, el Defensor del Pueblo es en España una institución
nacional de derechos humanos, así reconocida formalmente por Naciones
Unidas, y buena prueba de su actividad en este sentido es su vinculación
a las reacciones internacionales de condena de la invasión rusa de
Ucrania. Hoy nos encontramos ante una crisis humanitaria de primera
magnitud que obliga a atender su repercusión en los derechos humanos de
millones de personas afectadas y a trabajar por facilitarles el refugio y
la ayuda que precisan.


Centrándonos, en primer lugar, en el año 2020, la institución hubo de
trabajar en una situación difícil, producida a partir del confinamiento
por la pandemia de la COVID-19. Gracias al teletrabajo, se pudieron
mantener plenamente abiertas nuestras vías de comunicación con los
ciudadanos de forma individual o colectiva. Igualmente, generamos canales
ágiles de comunicación con las administraciones más concernidas en la
lucha contra la pandemia para poder afrontar y gestionar los distintos
problemas que ya iban llegando. Fruto de la actividad continuada del
Defensor del Pueblo, en 2020 se afrontaron más de 29 000 reclamaciones
entre quejas colectivas e individuales, actuaciones de oficio y
solicitudes de recursos de inconstitucionalidad que dieron lugar a más
de 3000 resoluciones. Podrán suponer sus señorías que la inmensa mayoría
de la actividad del Defensor del Pueblo durante 2020 estuvo relacionada
directa o indirectamente con los problemas derivados de la pandemia
generada por la COVID-19. Así, la emergencia sanitaria provocó una grave
convulsión en la sociedad que afectó al Sistema Nacional de Salud, que,
como saben sus señorías, está articulado por los servicios de salud de
las comunidades autónomas, cuya capacidad de respuesta en los peores
momentos fue tensionada al máximo. En todo caso, cabe reconocer el
inmenso esfuerzo de la ciudadanía y la gran tarea que desarrollaron los
profesionales sanitarios, las administraciones públicas y sus
funcionarios para paliar las consecuencias de la pandemia. En el inicio
de la pandemia, las quejas obedecieron a la saturación existente en los
centros hospitalarios y la suspensión de la actividad ordinaria de la
atención primaria, a la escasez de camas, de personal entrenado y de
respiradores, a la falta de material de protección para el personal
sanitario, que ponía en riesgo su salud y su trabajo, al cierre de
consultorios locales, al retraso de citas para consultas y operaciones,
al acompañamiento de familiares en los centros hospitalarios a ese debate
y a los protocolos de realización de pruebas diagnósticas PCR. Las
actuaciones que desarrolló en este contexto el Defensor del Pueblo con
las administraciones sanitarias, ministerio y comunidades autónomas,
pueden resumirse en las siguientes. Ante el Ministerio de Sanidad,
durante el estado de alarma, se estableció una comunicación ágil con el
ministerio para trasladarle con celeridad las preocupaciones que nos
hacían llegar los ciudadanos en sus quejas. Posteriormente, se le informó
de otras cuestiones, como nuestra preocupación sobre la priorización de
pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Las actuaciones con las
administraciones sanitarias de las comunidades autónomas tuvieron por
objeto conocer, de forma estructurada, la respuesta dada por cada
territorio a la emergencia sanitaria, después de ser declarado el estado
de alarma, sobre cuestiones tales como la posible insuficiencia de UCI,
la provisión de equipos de protección individual para el personal
sanitario y los problemas para su adquisición, la realización de pruebas
diagnósticas a los colectivos más esenciales y las medidas que se estaban
tomando para atender las necesidades de los centros residenciales.


En conclusión, en esta crisis, el mundo se encontró ante un mismo
problema: el coronavirus y sus efectos, y, como saben sus señorías, todos
los sistemas de salud se vieron desbordados en mayor o menor medida. En
esta situación de pandemia, el Sistema Nacional de Salud puso de
manifiesto las carencias y fragilidades que acabo de indicar, pero
también mostró sus fortalezas: un sistema consistente, aunque si bien fue
tensionado al máximo, el acceso universal y gratuito a los servicios
sanitarios, una organización muy experimentada y miles de profesionales
muy bien formados. El Sistema Nacional de Salud es la mayor organización
de España y, seguramente, una de las más valoradas por los ciudadanos, y
para estos es garantía de igualdad y de seguridad. Por eso, los poderes
públicos no pueden relajar su cuidado y su mantenimiento.


Señorías, en el contexto de la protección social, nos encontramos con
un elemento crucial: el protagonismo del Estado. En el caso español, las
herramientas utilizadas supusieron una gran implicación del sector
público, que ha tenido una gran presencia. Gracias a todas las medidas de
protección adoptadas y a la acción de toda la sociedad, se consiguió
amortiguar el impacto económico del coronavirus y las principales quejas
aparecieron cuando se ejecutaron las ayudas por las dificultades de su
petición y tramitación, junto con retrasos en su reconocimiento y abono.
Otras quejas procedían de quienes quedaban fuera de la protección social.
Ante las situaciones denunciadas, la institución se dirigió a los
organismos públicos encargados de la gestión de las prestaciones y de los
subsidios, que eran, fundamentalmente, el Servicio Público de Empleo
Estatal, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones. A los dos organismos les solicitamos un incremento
de plantilla con carácter urgente, un aumento de los medios informáticos
y técnicos y un refuerzo de la atención presencial en aquellas oficinas
con más solicitudes.


Señorías, el impacto de la pandemia en las residencias de mayores
puso en evidencia la enorme vulnerabilidad de las condiciones de estos
centros para afrontarla. Durante la crisis sanitaria fueron especialmente
duras las experiencias de las personas mayores que se encontraban en
centros residenciales y las de sus familias. El Defensor del Pueblo, de
oficio y en atención a las quejas de los ciudadanos, venía examinando
desde hacía tiempo la situación en los centros residenciales de todo el
territorio español. En los meses iniciales de la crisis sanitaria, se
recibió un número considerable de quejas en las que los familiares de los
residentes ponían de manifiesto un conjunto de disfunciones tales como
graves problemas de organización, insuficiencia de medios, carencias en
la asistencia sanitaria, falta de información y de transparencia y
problemas en la derivación a los hospitales. En definitiva, las quejas
denunciaban la situación de desbordamiento vivido en muchos de los
centros. En consecuencia, la institución, por medio de una actuación de
oficio, solicitó a las consejerías de las comunidades autónomas
competentes en la materia un incremento de la dotación de recursos del
sistema residencial público y privado; un aumento del suministro de
material de protección para el personal asistencial y los residentes;
permitir, siempre que fuera posible, el acompañamiento de familiares en
las residencias de mayores; la habilitación de estructuras medicalizadas;
la ampliación de pruebas diagnósticas a los residentes y al personal que
les asistía; protocolos o instrucciones para la derivación de residentes
a centros hospitalarios; la atención de los residentes en espacios
separados; medidas de protección y seguridad de los trabajadores de los
centros; la posibilidad de que los mayores no contagiados pudiesen,
voluntaria y temporalmente, volver con sus familias sin pérdida de plaza;
y en los casos de estado clínico terminal, que se adoptasen protocolos
para facilitar la despedida con su familia. Las comunidades autónomas
manifestaron expresamente la aceptación de todo lo recomendado, si bien
la forma en que lo pusieron en práctica varía notablemente de unas a
otras.


En relación con la educación, a lo largo de 2020, los ciudadanos se
dirigieron al Defensor del Pueblo para plantear sus dudas sobre
determinadas decisiones de las administraciones educativas. En este
periodo, se acentuó más la brecha digital y educativa existente en
nuestra sociedad al obligar a muchas familias con escasos recursos a
adquirir dispositivos electrónicos para el alumno, cuando debían ser las
administraciones las que facilitaran gratuitamente a los alumnos en tales
circunstancias los medios necesarios para cursar unos estudios que son
obligatorios y gratuitos. Por otro lado, el comienzo del curso
escolar 2020-2021 presentó unas dificultades extraordinarias y un reto
particular: la presencialidad en las aulas en condiciones de seguridad,
por lo que hicimos una actuación de oficio sobre la preparación de las
instalaciones escolares, la distribución de los alumnos en los centros y
aulas y las posibilidades de utilización de otros espacios, como los
polideportivos, etcétera, y las dotaciones de personal docente para la
atención educativa. Además, sugerimos a las administraciones educativas
que establecieran un mínimo común de medidas para garantizar un curso
seguro y homogéneo en todo el territorio español, pues muchas familias y
docentes nos expresaron su preocupación ante el riesgo de contagio.


En materia de vivienda, destacaron las quejas presentadas que aludían
a la complejidad de la nueva normativa sobre arrendamientos urbanos
dictada a lo largo del año 2020. Algunos ciudadanos manifestaron su
preocupación por el vencimiento de sus contratos durante el estado de
alarma, por lo que se les informó sobre la prórroga extraordinaria de los
contratos de arrendamiento de vivienda habitual a la que podían acogerse.
Otras quejas solicitaban la suspensión temporal del abono de las rentas
de sus viviendas, ya que procedían de personas en situación económica muy
complicada, o de estudiantes en universidades situadas en localidades
distintas de la suya. También se suministró a los interesados información
sobre el programa de ayudas para los alquileres de vivienda habitual. Por
último, en materia de arrendamiento se recibieron dos solicitudes de
interposición de recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto,
de 31 de marzo, que aprobó medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico. Ambas fueron presentadas por personas particulares
calificadas por la legislación como grandes tenedores de vivienda. Las
dos solicitudes se desestimaron por considerarse que la citada norma no
incurría en motivos de inconstitucionalidad.


La llegada de la pandemia y la declaración del estado de alarma
plantearon dificultades para el cumplimiento en plazo de las obligaciones
fiscales. La institución solicitó de oficio al Ministerio de Hacienda la
conveniencia de ampliar el plazo de presentación de las declaraciones
trimestrales de IVA e IRPF para empresas, pymes y autónomos
correspondientes al primer trimestre de 2020, que fue acogida en parte.
También, requirió, sin éxito, la ampliación de plazo en las declaraciones
de IRPF y patrimonio de 2019. Por otro lado, pedimos de oficio la
ampliación de un tipo de IVA del 0 % o el superreducido del 4 % a las
mascarillas y al gel hidroalcohólico por ser bienes de uso obligatorio y
de primera necesidad. Esta petición fue aprobada.


El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron
medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente a la
COVID, estableció una prohibición de cortes de suministro de energía
eléctrica, gas y agua en todos los domicilios que fuesen primera
vivienda, una extensión del bono social a trabajadores afectados por
medidas de regulación de empleo y autónomos y se creó una nueva categoría
de consumidor vulnerable constituida por unidades familiares, en las que
alguno de sus miembros se encontraba en situación de desempleo, en ERTE u
otras circunstancias similares. Las citadas medidas supusieron un menor
número de quejas ciudadanas en esta materia.


Los efectos sanitarios y económicos de la pandemia también afectaron
a los migrantes y solicitantes de protección internacional que se
enfrentaban a las mismas amenazas de salud que el resto de la población,
pero agravadas por la vulnerabilidad de sus condiciones de vida y
trabajo. Sobre la situación de los menores tutelados extranjeros, que
quedaban sin protección durante la pandemia tras cumplir 18 años,
formulamos sugerencias a las administraciones competentes para resolver
su situación y fueron aceptadas. La institución solicitó que se
facilitase la incorporación al mercado de trabajo a los jóvenes
extutelados y a los reclamantes de asilo. La propuesta fue parcialmente
aceptada y los jóvenes extranjeros de entre 18 y 22 años, con
autorización de residencia en vigor, fueron autorizados a trabajar. Se
recibieron quejas por las condiciones de hacinamiento en el CETI de
Melilla, por lo que el defensor recomendó el traslado urgente de los
colectivos más vulnerables. La llegada irregular de personas extranjeras
a través de las costas generó quejas por las inadecuadas condiciones de
su acogida. El mayor problema se produjo en Canarias, donde se generó lo
que podría denominarse una emergencia humanitaria. Sobre esta cuestión,
una vez recabada la información necesaria por los técnicos de la
institución que se desplazaron al archipiélago en diversas ocasiones, se
realizó un informe específico al respecto con propuestas, que se remitió
a las Cámaras en 2021.


En relación con el medioambiente y la ordenación del territorio, no
hemos de olvidar el problema de la España vaciada. Se pueden identificar
una serie de problemas comunes en la España denominada vacía o vaciada
—como haya de llamarse— que afectan a más del 40 % del
territorio nacional, con densidades demográficas alarmantemente bajas.
Estos son: el envejecimiento de sus habitantes, malas conexiones o
sistemas de transporte, dificultades de acceso a Internet, servicios
públicos precarios, pocas oportunidades de empleo. Para el Defensor del
Pueblo, el problema de la despoblación es una cuestión de derechos. Es
imprescindible que las administraciones lleven a cabo una estrategia a
medio y largo plazo que recupere la vinculación entre medioambiente,
territorio rural y ciudad, y también es fundamental que se garantice a la
población de estas zonas el bienestar y la igualdad de oportunidades de
la que gozan los que habitan en zonas más pobladas.


Acabo este breve resumen sobre las actuaciones del Defensor del
Pueblo a lo largo de 2020. En ese momento, la prioridad absoluta fue
detener la propagación de la enfermedad, salvar el mayor número de vidas
posible y preservar el equilibrio social y económico. Para ello,
resultaba crucial la unidad de acción de todos los poderes e
instituciones del Estado y la máxima responsabilidad de nuestro
comportamiento como ciudadanos. Un balance exhaustivo de la gestión de la
pandemia realizada por la totalidad de la estructura del Estado será
imprescindible, en su momento, para extraer las necesarias conclusiones
sobre su funcionamiento, lo que permitirá adoptar las medidas correctoras
que sean precisas para mejorar su actividad en diversos campos. (La
señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


Puede decirse que lo acaecido durante 2021 ha venido marcado por las
secuelas del impacto de la COVID-19, iniciada en 2020, y sus gravísimas
repercusiones sociales y económicas de alcance mundial. La incidencia de
la pandemia en todos los ámbitos de la sociedad ha sido extraordinaria y
ha producido, no pocas veces, una modificación, una traslación e,
incluso, una cierta paralización de otros muchos proyectos, medidas o
protocolos puestos en marcha. Y no solo por su repercusión en la salud
pública, pues ello ha afectado de modo significativo a la percepción
respecto del funcionamiento de la Administración pública que tiene la
sociedad española y ha podido incidir en un debilitamiento o pérdida de
calidad de múltiples servicios.


Se corresponden con el año 2021 los 29 401 expedientes tramitados y
las 32 974 personas atendidas telefónicamente, así como las
investigaciones de oficio, solicitudes de interposición de recursos de
inconstitucionalidad y amparo y las resoluciones formuladas a las
diferentes administraciones. De las 2231 resoluciones emitidas por la
institución se aceptaron 513, se rechazaron 185 y todavía no hemos
recibido respuesta a 784; el resto se encuentra en estudio y pendiente de
recibir más información. La pandemia ha sido la gran razón y, en algunos
casos, un argumento aducido para justificar aspectos que han de ser
atendidos más adecuadamente. Pues bien, señorías, tras estas
consideraciones de carácter más general, procederé ahora a exponerles,
resumidamente, aquellos aspectos del informe anual de 2021 que, en mi
opinión, resulten más significativos.


Singularmente, de nuevo, resalta el campo de la sanidad por lo que se
refiere al número de quejas recibidas en esta materia: 2245, el 8,2 % del
total, entre individuales y colectivas. En ellas se ha puesto en
evidencia el cuestionamiento, por parte de diversos colectivos
ciudadanos, de determinadas políticas y medidas administrativas de salud
pública. Algunos ejemplos de lo señalado hacen referencia a la reducción
de la asistencia sanitaria presencial en los centros de salud, al aumento
de las listas de espera, a la restricción en el acompañamiento a los
ingresados en hospitales y en el acceso a las residencias de mayores, a
las dificultades en la instauración del certificado COVID de la Unión
Europea o al elevado precio de las PCR. En este contexto, el defensor
envió un conjunto de recomendaciones al Ministerio de Sanidad; una parte
de ellas fueron admitidas. Así, se asumió la recomendación del defensor
para que se reconociese como enfermedad profesional la COVID-19 en el
grupo de trabajadores del sector sanitario en lugar de tratarlo como
accidente laboral. La institución también inició actuaciones con las
comunidades autónomas para conocer el alcance de la saturación en los
centros hospitalarios y de atención primaria por la acumulación de tareas
asistenciales y de vigilancia epidemiológica que debían asumir, por ser
este un indicador idóneo para hacer seguimiento de la calidad del
servicio prestado.


Asimismo, el Defensor del Pueblo mostró su interés por el impacto de
la pandemia en la salud mental. Al respecto, merece subrayarse la
aprobación por el Consejo Interterritorial, el pasado 2 de diciembre, de
la nueva Estrategia de Salud Mental 2022-2026 del Sistema Nacional de
Salud, a fin de promover planes de acción que de forma eficaz atiendan
las necesidades menos cubiertas por las administraciones en esta
materia.


En todo caso, debe destacar muy positivamente la masiva campaña de
vacunación contra la COVID-19, que ha obtenido grandes resultados en la
lucha y contención del virus.


En 2021 se han producido verdaderas situaciones de emergencia social
con el consiguiente incremento de la demanda de recursos asistenciales,
lo que ha conllevado un denodado esfuerzo de gestión, no siempre con los
resultados deseados. Los reiterados escritos ante el Defensor del Pueblo
por las situaciones de mayor desamparo, lamentablemente asentadas en
algunos ámbitos, a los que han de añadirse las penurias sobrevenidas,
hacen imprescindible una valoración de las quejas desde una perspectiva
de vulnerabilidad, de pobreza o de riesgo de pobreza en todos los
sentidos de esta palabra. En este campo de actuación cabe distinguir
varias cuestiones, como la atención residencial de personas mayores
dependientes o con discapacidad. La dolorosa experiencia de la asistencia
residencial a mayores, a pesar de la respuesta de los profesionales,
ratifica la urgente necesidad de que se replantee y en todo caso se
revise el modelo residencial. La necesidad de un incremento de recursos
humanos, la mejora de condiciones laborales, la coordinación
sociosanitaria eficaz y un mayor seguimiento y control por parte de las
administraciones públicas es algo reiteradamente señalado por el Defensor
del Pueblo. En última instancia ello supone, a su vez, replantear a fondo
la política de los cuidados mediante un refuerzo de las garantías que
asegure siempre unos cuidados respetuosos y dignos. El consejo
territorial estatal ha iniciado ya los trabajos para revisar aspectos
fundamentales del funcionamiento de los centros residenciales.


La pandemia también ha incidido en los retrasos en la tramitación de
las solicitudes de valoración de las personas con discapacidad. En 2021
fueron numerosas las quejas por demoras en expedientes gestionados ante
el Principado de Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad de
Madrid, Región de Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha.


En relación con los menores tutelados, el defensor actuó de oficio
interesándose por situaciones referidas a circunstancias de explotación o
abusos sexuales sufridos por menores tutelados acogidos en centros de
protección. Así, se mantiene abierta la que tiene que ver con el
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y otra con la consejería
competente de la Comunidad de Madrid. Además, recibimos la queja sobre
menores tutelados en la Comunidad Valenciana. Este caso está siendo
investigado por el Síndic de Greuges de dicha comunidad autónoma y, por
otra parte, el caso se encuentra judicializado.


La crisis pandémica ha implicado una verdadera emergencia social para
muchas personas, incrementando la demanda de asistencia en las diferentes
redes de recursos sociales que organizan y gestionan las distintas
administraciones. En este contexto, el ingreso mínimo vital, aprobado a
finales de 2020, está llamado a ser un importante elemento redistributivo
y de cohesión social. El Defensor del Pueblo ha intervenido ante la
complejidad de su regulación al observar el déficit estructural de
recursos humanos que afecta a la Seguridad Social para su tramitación.
Aunque se han hecho múltiples esfuerzos para solventar los problemas de
gestión, se han producido retrasos en la tramitación o resolución de
expedientes, gran parte de ellos relacionados con el proceso de
acreditación de requisitos económicos o familiares. En muchos casos,
familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo han
permanecido meses sin percibir prestación alguna. De todas formas, la
institución aprecia que se hayan incluido por la Administración varias de
sus sugerencias para ampliar el ámbito de posibles beneficiarios. El
Defensor del Pueblo considera que es preciso armonizar las rentas mínimas
de las comunidades autónomas con el ingreso mínimo vital para cumplir una
labor de complemento o de mejora, logrando garantizar una adaptación de
ambas prestaciones a fin de que los hogares más vulnerables no se vean
desprotegidos. Lamentablemente, en relación con la Seguridad Social o el
desempleo no se ha dado solución al problema de acceso presencial o
telefónico a las oficinas gestoras, a pesar de las medidas adoptadas.
Esto ha generado una gran insatisfacción entre los ciudadanos, que han
presentado numerosas quejas, preocupación que, lejos de remitir, se
incrementa. Sin dejar de constatar las ventajas que ofrece una ágil
tramitación electrónica de los expedientes, es necesario que las
administraciones públicas garanticen el acceso de todos los ciudadanos a
los trámites administrativos promoviendo soluciones operativas,
particularmente para las personas de edad avanzada o con menos medios o
conocimiento para el uso de las nuevas tecnologías.


En 2021 un número significativo de las quejas que se han recibido en
la institución sobre educación han hecho referencia a los problemas
ocasionados, o más bien evidenciados, por la pandemia. Las familias se
han planteado dudas por los protocolos COVID, los sistemas de ventilación
en los colegios, el absentismo escolar de menores vulnerables y las
dificultades de la educación no presencial, entre otros asuntos. Desde la
institución se han realizado actuaciones con las administraciones
educativas para evitar que la crisis sanitaria tuviese un impacto
negativo en la educación. También, un año más han continuado las quejas
por las dificultades en los procesos de admisión en determinados centros,
la falta de recursos para atender al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, las barreras de accesibilidad, las demoras en las
obras de construcción y mantenimiento en algunos centros docentes, así
como las dificultades para acceder a ayudas y becas. En este sentido, ya
al comienzo del presente año, 2022, se ha publicado una resolución de la
Secretaría de Estado de Educación que reconoce la singularidad de la
escolarización en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en línea con
lo recomendado reiteradamente por el Defensor del Pueblo en 2021,
aceptando otros documentos como medio de prueba para acreditar la
residencia más allá del empadronamiento.


Resulta esencial ampliar la oferta educativa pública de primer ciclo
en educación infantil, decisiva para detectar las necesidades de
educación específica y favorecer la igualdad de oportunidades, sin
olvidar su impacto sobre la conciliación de la vida laboral y familiar.
La institución considera, asimismo, que la formación profesional es clave
para reducir el abandono escolar y mejorar la empleabilidad de los
jóvenes al ofrecer opciones más variadas tanto de formación como de
empleo, lo que subraya la pertinencia del nuevo marco normativo. El
defensor lleva años recibiendo quejas de personas que muestran su
preocupación por las dificultades para acceder a estos estudios por falta
de plazas. Subrayamos, por tanto, la pertinencia del nuevo marco
normativo. Por último, en el ámbito universitario los problemas para la
convalidación y homologación de títulos han vuelto a protagonizar las
quejas, junto con las diferencias de criterio en materia de calificación
y evaluación y cuestiones relativas también a becas y ayudas. Un cierto
colapso en la tramitación de los expedientes de homologación y
declaración de equivalencia de títulos universitarios ha sido también
objeto de abundantes quejas —más de 500— en 2021. Es, por
tanto, necesario que el Ministerio de Universidades aborde una profunda
modificación normativa, especialmente en cuanto al procedimiento de
tramitación de los expedientes, a fin de simplificarlo y agilizarlo, tal
y como venimos solicitando. Por otra parte, a la institución se han
dirigido personas que muestran su disconformidad con los proyectos
educativos implantados en algunos centros docentes sostenidos con fondos
públicos en Cataluña, Illes Balears y Valencia. Desde el Defensor del
Pueblo se procedió a solicitar información a la Conselleria
d’Educació de la Generalitat de Catalunya a fin de poder contrastar
el alcance de algunas situaciones. A tal fin, a finales de 2021 se inició
una actuación, que permanece abierta.


En el informe se ha optado por denominar un capítulo con el título
Violencia contra las mujeres, al ser la expresión utilizada por la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer y por el Convenio de Estambul. Se refiere a todos
aquellos actos de violencia cometidos contra las mujeres por el hecho de
serlo e incluye aquellos que constituyen violencia de género conforme a
la legislación española. Esta violencia constituye un delito contrario a
derechos fundamentales tan básicos como la vida, la integridad física y
moral, la libertad y, por supuesto, la igualdad entre hombres y mujeres.
Baste recordar que en 2020 fueron asesinadas 45 mujeres y 3 niños y
en 2021, 43 mujeres y 7 niños, además de 30 menores que se han quedado
huérfanos, sin madre. Durante 2021 se incrementaron las quejas de
víctimas de violencia de género relacionadas con procesos de guarda y
custodia y regímenes de visita. Además, abogamos por mejorar la detección
de riesgos en los que se encuentran las víctimas, por ejemplo, también en
los puntos de encuentro familiar, y facilitarles el acceso a los recursos
disponibles, desde la intervención de emergencia hasta la integridad
social.


La dificultad de acceso a la vivienda es otro de los asuntos que han
suscitado un importante número de quejas. Estas han hecho referencia
sobre todo a dos aspectos: la adjudicación de vivienda pública protegida
y las ayudas al alquiler del Plan estatal de vivienda. El parque público
de viviendas sociales es exiguo y no da respuesta a todas las demandas
que reúnen los requisitos. Las listas de espera para acceder a una
vivienda se prolongan en el tiempo y ofrecen pocas alternativas. Por otra
parte, los procedimientos de adjudicación de viviendas han de ser más
ágiles y transparentes. La convocatoria de ayudas económicas destinadas
al pago de alquiler vinculadas al Plan estatal de vivienda se resuelve
con meses de retraso respecto al plazo establecido, no hay una cuantía
suficiente asignada y los requisitos no siempre son fáciles de cumplir.
En relación con los desahucios de familias vulnerables, el Defensor del
Pueblo comprueba que los servicios sociales municipales y los órganos
autonómicos en materia de vivienda han intervenido para buscar soluciones
habitacionales a las familias afectadas en los casos que han sido objeto
de queja ante esta institución.


Señorías, al hablar de derecho a la vivienda no podemos olvidar la
existencia de asentamientos sin las condiciones mínimas de habitabilidad.
Para las administraciones públicas debe ser prioritario programar medidas
específicas en la línea de la erradicación del chabolismo y la
infravivienda, buscando fórmulas de realojo con rapidez; pero el abordaje
ha de ser integral, y en tanto se logra una nueva oportunidad hay que
dotar de soluciones provisionales que permitan cubrir necesidades
básicas, como el suministro eléctrico y el agua potable. Cabe recordar
aquí, y recordar con dolor, la situación de la Cañada Real Galiana en
Madrid —hay otras situaciones similares en otros lugares de España,
pero hablamos ahora de la Cañada Real—, donde desde otoño de 2020
se lleva sin suministro eléctrico, a pesar de que allí viven personas
mayores, niños y enfermos crónicos. Desafortunadamente, este asunto sigue
sin resolverse.


En 2021 se recibieron numerosas quejas en relación con la actividad
económica o las entidades reguladoras que evidencian la insuficiencia de
los servicios de reclamaciones de las entidades reguladoras, como el
Banco de España o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
En la institución hemos seguido con interés el proceso normativo para la
creación de un nuevo organismo: la Autoridad de Protección del Cliente
Financiero, con el que se espera lograr una mejora de la tramitación y
resolución de las reclamaciones de los ciudadanos.


El pasado año siguieron recibiéndose quejas sobre el servicio
eléctrico, sobre el suministro eléctrico, particularmente, como he dicho,
en cuanto a los problemas en el suministro, la facturación, la
arbitrariedad con los consumos estimados o el reconocimiento de la
condición de beneficiario del bono social eléctrico y del bono social
térmico. Asimismo, se han recibido quejas sobre la opacidad del modelo de
factura eléctrica que reciben millones de usuarios acogidos al precio
voluntario para el pequeño consumidor, lo que motivó una actuación de la
institución que aún continúa en trámite. También fueron frecuentes las
quejas por cortes en el suministro eléctrico, que afectan especialmente a
colectivos vulnerables, como personas de avanzada edad, enfermos o
menores.


En otro orden de cosas, cabe destacar el expediente de oficio abierto
ante el Servicio Público de Empleo Estatal y la Agencia Tributaria para
conocer las medidas previstas para evitar que los errores que acumuló el
SEPE con los abonos a trabajadores en ERTE supusieran una penalización
fiscal para estos ciudadanos en la campaña de la renta 2020. Asimismo, se
precisa plantear la necesidad de afrontar los problemas que el impacto de
nuevas tecnologías tiene sobre colectivos con dificultades para acceder a
ellas por razones diversas: a veces económicas, a veces estructurales, e
incluso sociológicas.


Señorías, el empleo público arrastra desde 2010 la falta de
reposición de efectivos. El envejecimiento de las plantillas y su
proximidad a la edad de jubilación, unido al retraso de las
convocatorias, tanto de selección como de provisión de plazas, contribuye
a una importante falta de cobertura de vacantes. La situación se ha visto
especialmente señalada en el sector sanitario, donde ha sido una
evidencia la infradotación de personal, fundamentalmente de los servicios
de urgencia hospitalaria y de los de atención primaria, otra cuestión
sobre la que el Defensor del Pueblo viene manifestando su preocupación
por las elevadas tasas de temporalidad de los empleados públicos como
consecuencia de ese marco normativo insuficiente y de la inadecuada
planificación de los recursos humanos. Y la crisis sanitaria ha empeorado
esta situación. Se han recibido, por ejemplo, quejas por retrasos en la
convocatoria de procesos, así como por la escasez de recursos humanos, lo
que afecta de modo determinante a la atención personal para el acceso a
servicios públicos. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2021 supuso un punto de inflexión al incrementar
notablemente las tasas de reposición en el empleo público en un 110 % en
sectores prioritarios y en un cien por cien en los restantes. A corregir
esta temporalidad se dirigió igualmente la aprobación por el Gobierno del
Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, y la aplicación y
desarrollo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público.


El cambio climático y la creciente exigencia respecto a la calidad
del medioambiente formaron parte del debate público y de muchas de las
quejas recibidas. La transición a un nuevo modelo energético basado en
fuentes de energía renovable es una prioridad que plantea el impacto de
los parques fotovoltaicos y eólicos en la biodiversidad y el paisaje y
que está generando una preocupación creciente en los ciudadanos de las
zonas afectadas. La minimización de este impacto ha de asegurarse a
través de las evaluaciones ambientales de cada proyecto, en las que la
Administración estatal y autonómica han de exigir a los promotores el
cumplimiento riguroso de la legislación. El cambio climático hace más
compleja la gestión adecuada del agua al agravarse la sequía estructural
en España. El Defensor del Pueblo insistió ante los organismos de las
cuencas hidrográficas y las administraciones autonómicas para que no se
otorguen concesiones por encima de lo sostenible, se sancionen los
aprovechamientos ilegales y se controle de manera efectiva la depuración
de vertidos. Esto es esencial, por ejemplo, para la preservación de
Doñana o ecosistemas litorales vulnerables, como el Delta del Ebro o el
Mar Menor. La contaminación atmosférica procedente de instalaciones
industriales o del tráfico ha protagonizado también actuaciones
destacadas. La reducción de la contaminación atmosférica de las ciudades
mediante la transformación de la movilidad es, asimismo, esencial en la
lucha contra el cambio climático. Es otra transición que no puede
esperar. Las administraciones locales tienen relevantes competencias al
respecto y han de impulsar con decisión medidas de restricción del
tráfico privado, de peatonalización y de fomento de los medios de
transporte públicos y alternativos.


Otra actuación destacada fue la relativa a las autorizaciones
excepcionales de plaguicidas con sustancias activas prohibidas por la
Unión Europea.


Por último, la pasividad o insuficiente acción en el ejercicio de las
potestades locales de algunas administraciones locales en el control del
ruido, el urbanismo y la dotación de servicios públicos locales mínimos y
obligatorios también fue objeto de numerosas quejas. Las situaciones que
exponen los ciudadanos en este capítulo inciden de manera directa en el
medioambiente urbano, en la convivencia, en la salud y en el derecho al
descanso y a la intimidad. Por ello, el defensor requirió a las
corporaciones locales eficacia y celeridad frente a estos
problemas.


Los servicios públicos que atienden a los movimientos migratorios han
de realizar, creemos, un esfuerzo en relación con los sistemas de acogida
humanitaria. En 2021 la institución prestó especial atención a la
situación de Canarias, donde llegaron 22 316 personas migrantes. Se
realizaron visitas a instalaciones de recepción, detención y acogida. Al
respecto, creo que todos hemos de lamentar la tragedia del naufragio de
una patera al sur de Gran Canaria con 61 ocupantes, 1 fallecida y 26
personas desaparecidas, mujeres y niñas. Creo que es el momento de
tenerlos presentes, recordarlos y asumir hasta qué punto estamos en la
necesidad de una acogida humanitaria ante una crisis realmente de
importancia.


Es necesaria la recepción y protección de las personas que llegan a
nuestras fronteras. En el mes de mayo entraron en Ceuta más de mil
menores. En agosto se produjeron devoluciones en frontera de algunos de
esos niños, devoluciones que, a juicio del Defensor del Pueblo, no
respetaban el procedimiento previsto en la legislación y hubieron de ser
suspendidas por el Ministerio del Interior, algo posteriormente
ratificado por los tribunales. Mantenemos aún abiertas actuaciones sobre
estas circunstancias. También en 2021 se confirmaron casos susceptibles
de protección internacional, asilo y refugio con dificultad para acceder
a los procedimientos legalmente previstos.


La acogida e identificación de menores no acompañados en situación de
desprotección fue objeto de actuaciones por parte del defensor. Así, se
dirigieron cuatro recomendaciones al Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 que fueron aceptadas e incluidas en el borrador de la
Estrategia integral para la atención a niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados. Asimismo, en la reforma del Reglamento de
extranjería, aprobado en 2021, se recogieron algunas de las
recomendaciones realizadas desde la institución para facilitar el
tránsito de los niños a la vida adulta.


El Defensor del Pueblo ha hecho recomendaciones relativas a la
población LGTBI, que han sido tenidas en cuenta, para que la
documentación administrativa sea adecuada a la diversidad sexual y
afectiva de dicha población, así como recomendaciones para lograr la
adopción de medidas y protocolos formativos para las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado a fin de atender debidamente a las víctimas de
agresiones LGTBIfóbicas.


En relación con seguridad y justicia, es muy importante recordar que
se interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el primer estado
de alarma. En los ejercicios de 2020 y 2021 el Defensor del Pueblo ha
debido resolver solicitudes de interposición de recurso de
inconstitucionalidad contra este primer estado de alarma, entre marzo y
junio de 2020, y contra el segundo, de octubre de 2020 a mayo de 2021.
Sobre el primero hubo más de 600 peticiones de recurso, y sobre el
segundo, correspondiente al 2021, y del que ya informé en el
Congreso, 21. Al igual que buena parte de la doctrina científica y que
varios magistrados del Tribunal Constitucional en sus sentencias de julio
y octubre de 2021, mi predecesor, el defensor del pueblo Francisco
Fernández Marugán, consideró que las declaraciones de alarma convalidadas
por el Congreso de los Diputados por diferentes mayorías y prácticamente
por unanimidad al principio de la pandemia eran suficientes para adoptar
las medidas que, ordenadas a la protección de la salud, fueron
determinándose por las diferentes autoridades, dicho sea con el máximo
respeto, por supuesto, a las decisiones del Tribunal Constitucional. A
disposición de todos están las detalladas resoluciones del Defensor del
Pueblo al respecto. En cualquier caso, debe constatarse un sano
pluralismo de opiniones jurídicas en una cuestión entonces nueva y de
enorme importancia en materia de derechos fundamentales. Parece
concluirse el respaldo general del Tribunal Constitucional a las
decisiones adoptadas en materia de salud pública, sin perjuicio de las
diferencias sobre la cobertura jurídica más adecuada: seis votos contra
cinco en el caso del primer estado de alarma. Insisto, total respeto a
las decisiones del Tribunal Constitucional.


El importante número de quejas que se reciben en el Defensor del
Pueblo sobre los registros civiles —1638 en el año 2021— es
la punta del iceberg de un problema estructural grave. Se estima
en 300 000 el número de personas pendientes de algún tipo de decisión,
sobre todo de la obtención de la nacionalidad por residencia, en
particular de personas cuya lengua materna es el español. Se han adoptado
medidas importantes, pero insuficientes, en los últimos dos años. Por
otra parte, tras los sucesos ocurridos en Linares, Jaén, en los que se
produjeron cargas policiales en las cuales varias personas resultaron
heridas, la institución volvió a recomendar la elaboración de una
normativa complementaria a la existente sobre utilización de material
antidisturbios. Ello favorece la adecuada labor de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, que merecen el apoyo y reconocimiento de esta
institución.


A su vez, el defensor valora muy positivamente la aprobación de la
Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia en junio de 2021, que incorporó recomendaciones de
la institución para mejorar la protección de los menores víctimas de
violencia machista en materia de patria potestad, régimen de visitas y
derecho de los niños a ser escuchados. Otra modificación importante
recogida en la citada norma recomendada por el Defensor del Pueblo fue la
abolición del uso de contenciones mecánicas en los centros de
internamiento para menores infractores, los CIME.


En relación con la defensa de los derechos de las víctimas del
terrorismo, en 2021 la institución se reunió en la Oficina de España del
Parlamento Europeo con miembros de la Comisión de Peticiones a fin de
recabar información sobre los crímenes no resueltos de ETA. El informe
fue hecho público la semana pasada. En opinión de la institución, las
soluciones se deben abordar desde dos perspectivas: las de justicia,
juzgar, y verdad, conocer. El derecho penal y el sistema judicial han de
facilitar los enjuiciamientos y los poderes públicos ofrecer a las
familias la información disponible y seguir trabajando para aclarar todos
los crímenes no resueltos


El compromiso político de reformar la Ley Orgánica de seguridad
ciudadana obliga a mencionar la importancia capital de esta ley para el
adecuado equilibrio entre libertad y seguridad en un Estado democrático.
El defensor reitera que es necesaria la reforma de esta ley, y en tanto
no se reforme debe interpretarse en el sentido más favorable a la
libertad de los ciudadanos. La reforma debe incluir la garantía del más
amplio ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y que los
registros corporales externos en la calle deben practicarse reforzando
las garantías administrativas y judiciales. En 2020 la comunidad
internacional, con motivo del examen periódico universal de España en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acogió algunas observaciones del
Defensor del Pueblo para la reforma de esta ley.


A su vez, el Defensor del Pueblo supervisa las prisiones por la
vulnerabilidad intrínseca de toda persona privada de libertad y por el
derecho que tiene a dirigirse al Defensor del Pueblo. En este ámbito,
en 2020 se han recibido 917 quejas y en 2021, 833, datos que se doblan,
que son muy superiores a años anteriores a la pandemia, que ha debido
tener una incidencia muy clara al respecto. Algunos de los asuntos objeto
de preocupación son: la prevención del suicidio, los sistemas de
videovigilancia, la aplicación de medios coercitivos y la elaboración de
partes de lesiones, la correcta identificación de los funcionarios, las
comunicaciones con los presos, la situación de las mujeres, el
cumplimiento de las condenas en primer grado, los traslados y
conducciones, las personas con enfermedad mental o con discapacidad
intelectual, la situación de los funcionarios, o la sanidad
penitenciaria.


En relación con la actividad del Mecanismo Nacional de prevención de
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el
llamado MNP, se realizaron 72 visitas a lugares de privación de libertad
y 7 actuaciones no presenciales. Se
formularon 899 resoluciones, 255 recomendaciones, 618 sugerencias y 26
recordatorios de deberes legales para mejorar las condiciones de vida de
las personas privadas de libertad. En 2020 se realizaron 66 visitas
presenciales y 49 actuaciones no presenciales. En todo caso —lo
subrayo con toda claridad—, cabe resaltar algo más patente aún con
ocasión de la pandemia: que la Ley de cohesión y de calidad del Sistema
Nacional de la Salud, de 2003, determina la necesidad —repito, la
necesidad— de la transferencia de la sanidad penitenciaria a los
sistemas de las comunidades autónomas, y hay un incumplimiento en gran
medida a este respecto. Además, se ha continuado trabajando en el
proyecto Cárceles y género, iniciado en 2018, marco en el que el personal
del mecanismo nacional de prevención realiza visitas a lugares de
privación de libertad, atendiendo específicamente a la situación de las
mujeres. De todo ello daré cuenta detallada en el informe específico que
habrá de presentarse próximamente en la comisión mixta.


La cooperación internacional, las reuniones internacionales y las
visitas y encuentros desarrollados en 2021 son atendidas como Institución
Nacional de Derechos Humanos. Además, el defensor desarrolla relaciones
de colaboración con las instituciones homólogas de otros países y
facilita de forma independiente el seguimiento periódico sobre la
situación en España de los derechos humanos. Por ejemplo, la institución
ha colaborado con el equipo del Relator especial sobre la pobreza
extrema, y así lo hemos seguido haciendo en 2021, presentando informes y
proporcionando los que nos requieran instancias internacionales, como las
Naciones Unidas o el Consejo de Europa.


A pesar de las restricciones por la pandemia, la institución ha
estado muy activa y presente en los encuentros que la Federación
Iberoamericana del Ombudsman, FIO, ha venido realizando, y ha participado
en sus pronunciamientos, así como en otras redes, como el Instituto
Internacional del Ombudsman o la Asociación de Ombudsman del
Mediterráneo. Creo que es importante recordar en este momento la
situación de nuestras instituciones homólogas, que, a pesar de enfrentar
situaciones extremas, no han dejado de trabajar para proteger los
derechos humanos en sus respectivos países. Me refiero concretamente a la
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Afganistán, la señora
Shaharzad Adbar, y a la señora Liudmila Denisova, comisionada para los
derechos humanos en Ucrania.


La invasión de Ucrania por Rusia el 24 de febrero ha generado la
salida del país de millones de personas. Se requiere hacer un singular
esfuerzo para ofrecerles la posibilidad de que emprendan aquí, donde les
corresponda, una vida nueva, digna y segura. Pero es muy importante
llamar la atención de la ciudadanía, llamar a una solidaridad
responsable. La acogida ha de ser organizada y organizada
institucionalmente. Una vez más lo que precisamos no solo es buena
voluntad —sin ella hay poco que hacer y solo con ella,
también—; lo que hace falta son instituciones, mediaciones,
procedimientos.


Sirvan estas palabras finales para subrayar que vivimos en una época
convulsa, que a la crisis económica iniciada en 2008 siguió la irrupción
de la pandemia en febrero de 2020, que introdujo una emergencia sanitaria
con numerosas víctimas mortales, secuelas sanitarias y devastadoras
consecuencias económicas, laborales, sociales, e incluso afectivas. Y
cuando parecía que empezábamos a domeñarla, la invasión de Ucrania ha
vuelto a alterar los cimientos del orden internacional, con repercusión
en todos los países. Ante este panorama, conceptos como justicia,
libertad y seguridad, junto a principios como la convivencia democrática
y un orden económico y social justo, que son los principios que
configuran el ideario colectivo que compartimos como miembros de una
comunidad política amparada por nuestra ley fundamental, sufren un embate
que tenemos que afrontar. Los valores de libertad, justicia e igualdad y
pluralismo político, que se consagran como valores superiores del
ordenamiento jurídico en el artículo 1 de nuestra Constitución, no pueden
ignorarse ni eludirse para resolver las controversias que se suscitan de
forma reiterada y continua en nuestra sociedad. Estos valores y
principios son los que fundamentan nuestro Estado social y democrático de
derecho, que nos dimos en 1978. Pero en el texto constitucional se
recogen otros, entre los que cabe destacar la dignidad humana, el
espíritu de apertura y de tolerancia, el respeto a la libertad de los
demás, la diversidad ideológica y cultural, la solidaridad, la justicia
social y la cohesión territorial, que delimitan el ámbito de actuación de
todos los poderes del Estado y las conductas de la ciudadanía. Además
—tengámoslo bien presente—, son la base del orden político y
de la paz social, como dice el artículo 10 de la Constitución.


A su vez, estos principios y valores sustentan y sirven de guía para
la actividad que desarrolla una institución como el Defensor del Pueblo,
a la que nuestra Constitución atribuye la defensa de los derechos
fundamentales comprendidos en ella. Para las personas que se dirigen con
sus quejas al defensor es muy importante saber que no están solas. No
están solas, no solo porque haya un defensor, no están solas porque
existen los representantes de los ciudadanos, donde se expresa la
voluntad ciudadana, las Cortes Generales. No están solas, hay caminos.
Además, esta institución escucha, atiende y traslada a los poderes
públicos esas quejas para que se adopten las medidas oportunas para su
solución.


Pero no solo nos ocupamos de las quejas, no se trata solo de quejas.
Téngase en cuenta que en 2021 se iniciaron 99 actuaciones de oficio y
en 2022 llevamos 46. En esta institución y en las resoluciones que hemos
dictado, y siempre en la medida en que ha sido posible y procedente, no
solo buscamos soluciones individuales, sino que intentamos extraer
consecuencias de carácter general que puedan ser de aplicación para la
ciudadanía en su conjunto. Como corresponde a nuestra labor de Defensor
del Pueblo, hemos formulado a las administraciones advertencias,
recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para
la adopción de nuevas medidas. Artículo treinta de la Ley del Defensor
del Pueblo.


El trabajo que realizamos desde el Defensor del Pueblo es muchas
veces solo un paso, que deseamos clave, pero que es un paso, en una tarea
más amplia, pues esta institución no está llamada a zanjar directamente
los problemas que se le plantean, pero aspira siempre a ser un agente
eficaz en los intentos de solución y en su adecuado planteamiento.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias a cuantos han contribuido a
lo que en este informe se significa, y muy en concreto, insisto, a don
Francisco Fernández Marugán.


Muchas gracias por su consideración. Gracias, presidenta.
(Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
excelentísimo señor defensor del pueblo.


Concluida la exposición de los informes correspondientes a los
años 2020 y 2021, daré a continuación la palabra a los portavoces que han
solicitado intervenir.


Vamos a esperar unos minutos para que el defensor del pueblo pueda
escuchar esas intervenciones desde la tribuna del Senado. (Pausa).


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Nacionalista, compartirán
el tiempo de intervención los senadores Cleries y Clavijo.


Senador Cleries, tiene la palabra.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidenta.


Agradezco la exposición que nos ha hecho el defensor del pueblo. Es
cierto que nos ha explicado una época en la que él aún no ejercía de
defensor del pueblo y, por tanto, lo primero que quiero hacer es desearle
en esta etapa, que prácticamente empieza, un buen trabajo al servicio de
los derechos de las personas, porque ese es el sentido del Defensor del
Pueblo.


Como ustedes saben, senadores y senadoras, nuestro grupo no
acostumbra a intervenir en las comisiones mixtas, como es el caso de la
del Defensor del Pueblo, porque fue marginado y la representación en esas
comisiones no es la que nos correspondería. Por tanto, no acostumbro a
intervenir o a hacerlo de forma muy extensa.


Lo que sí quiero decir al nuevo defensor del pueblo, si me permiten
decirlo así, es que realmente se lo ponen difícil, empezando con el
encargo que le han hecho de investigar —o no sé qué tiene que
hacer— el catalangate, porque, claro, esa no es la misión de un
defensor del pueblo.






Lo que habría estado bien es que el defensor del
pueblo, de oficio, hubiera abierto una defensa en defensa del pueblo de
Cataluña y de los ciudadanos y ciudadanas afectadas por el catalangate,
porque se han visto afectados nuestros derechos, y los derechos
fundamentales, los más básicos. Y si el defensor del pueblo se dedica a
otras cosas (Pronuncia palabras en catalán). Creo que no es misión del
defensor del pueblo, por ejemplo, investigar un delito, y aquí hay un
gran delito. Es un escándalo lo que se ha producido y se está produciendo
con el catalangate, y digo que se está produciendo porque, igual, ahora
mismo, nuestros móviles —lo he dejado allí— están siendo
espiados —vigilen—. Porque ahora ya sabemos que el CNI tiene
el Pegasus. Hace una semana no lo tenía, según el Gobierno. Ahora ya
sabemos que lo tiene. Espero que al defensor le expliquen bien eso del
Pegasus que va y viene. Después dijeron que tenía permiso judicial. Pues
que le digan al señor defensor del pueblo si había permiso o no, porque
los magistrados del Tribunal Supremo que han actuado estos años dicen que
ellos no habían dado permiso para este tipo de espionaje, masivo, por
cierto.


Por tanto, señor defensor del pueblo, se lo ponen difícil. Le han
puesto un inicio para nota, pero vigile, no vaya a ser que a usted le
pasen la pelota, cuando la tendrían que asumir los que están aquí en
primera fila, que ayer se escondían para no responder porque dicen que
esto es de secreto oficial, señor defensor del pueblo. Pero es un secreto
a voces que ha habido espionaje y es un secreto a voces que esto ha sido
un delito, y ante los delitos se actúa, se asumen las consecuencias, hay
dimisiones y se pasa a la justicia, aunque también he de decir que no es
que confiemos mucho en la justicia española.


Después hay otra cosa, que se llama Fiscalía, y le pongo un ejemplo,
señor defensor del pueblo: había un guardia civil con un payaso, que no
era un payaso, sino un ciudadano de Cataluña con una nariz de payaso, y
solo por estar a su lado intervino la Fiscalía. Y aquí hay un espionaje
masivo y la Fiscalía no sabe, no contesta; aún la estamos buscando.
Espero que usted la encuentre. Se lo ponen difícil.


Y acabo con un tema. Con el 155, cuando quisimos ejercer la
democracia con un referéndum, se nos persiguió. ¿Nos defendió el Defensor
del Pueblo? No. Defendió al pueblo español, pero no al pueblo de
Cataluña, y eso ya lo sabemos. Por eso, lo mejor que podemos hacer es
marchar, porque las instituciones españolas nunca nos han defendido ni
nos defienden. Y respecto a la lengua catalana, ¿nos ha defendido el
Defensor del Pueblo? No, nunca. (Rumores). Hablo yo. ¿Y saben lo que
ocurre? Es muy fácil: resulta que si yo quiero hablar (Pronuncia palabras
en catalán), es un motivo ideológico. ¡Ah! ¿Hablamos las lenguas por
motivo ideológico? No, porque mi madre me parió así, con esta lengua,
¿saben? Es así, y resulta que eso es ideología. En cambio, los que
persiguen la lengua catalana nos quieren desinfectar, la quieren
perseguir. Aquí no hay motivo ideológico, aquí no, eso no se hace por
ideología. Pues, mire, se lo digo por convicción: (Pronuncia palabras en
catalán). Y esperemos que en el Senado, al igual que esta intervención la
estoy haciendo en lengua castellana, por la que tengo todo el respeto,
algún día se respeten las lenguas cooficiales en los territorios y
(Pronuncia palabras en catalán).


Moltes gràcies. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
senador.


Tiene la palabra el senador Clavijo Batlle.


El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero comenzar agradeciendo al defensor del pueblo la exposición
realizada, así como el especial interés que ha puesto esa institución en
la inmigración en Canarias. Y quiero agradecérselo porque nos sentimos
acompañados por la institución ante el abandono sistemático del Gobierno
de España y la vulneración de todos los derechos humanos frente al
fenómeno migratorio que nos ha afectado en los últimos años, en el
periodo 2020-2021, al ha hecho referencia en su informe, y lo sigue
haciendo en el año 2022.


Quiero, además, destacar la sensibilidad que ha tenido al referirse a
la triste desgracia del día de ayer, en que, una vez más en nuestras
costas, desaparecieron personas, entre ellas, mujeres y seis bebés.
Desgraciadamente, esto lo estamos viviendo desde hace muchos años en
Canarias ante la pasividad del Gobierno de España y de una Unión Europea
que se empeña en convertir nuestras islas en la cárcel del sur de Europa
o en la fosa común en nuestras aguas. Nos sentimos abandonados por el
Gobierno, nos sentimos abandonados por los ministerios, nos sentimos
despreciados por el Gobierno de España. Pero, insisto, nos hemos sentido
acompañados. Esperemos que esta intervención y lo que usted ha reflejado
aquí sirva para escuchar lo que las ONG, las instituciones canarias y la
ciudadanía vienen diciendo al Gobierno de España: que es necesario que se
coordinen, que es necesario que se actúe y que se despliegue el Frontex
en nuestras costas; que es necesario que la atención sea digna y
humanitaria y que no se hacine a esas personas en barracones o en el
puerto de Arguineguín. Por eso, estamos esperanzados en que la
institución nos siga acompañando en el 2022.


En el caso de Canarias, a pesar de lo que dice la publicidad y
propaganda del Gobierno de España, se ha incrementado en un 59,8 % la
llegada de inmigrantes a nuestras costas. Este fenómeno continuará, y la
respuesta no puede ser esconder la cabeza, echarle la culpa a otro o,
simple y llanamente, hacer grandes declaraciones que quedan en eso, en
declaraciones. Porque los ministerios siguen sin coordinarse, la mesa de
coordinación interterritorial, a pesar de las recomendaciones del
Defensor del Pueblo, sigue sin constituirse, y los casi 3000 menores no
acompañados, niños y niñas que tienen derecho a un futuro mejor y que
están en Canarias bajo la tutela de la comunidad autónoma, siguen sin
tener respuesta. Esa solidaridad que se predica en los discursos no se
refleja, porque, al final, tan solo 100 menores no acompañados han podido
ser distribuidos por el resto de comunidades autónomas.


Por eso, señor defensor del pueblo, le animamos a usted y a todo su
equipo a que continúen siendo esa voz —aquí por lo visto no nos
escuchan o no tienen ningún tipo de interés en escucharnos— que va
a defender los derechos de los niños, de las niñas y de aquellas personas
que legítimamente aspiran a buscar un futuro mejor para ellos y para sus
seres queridos. Nosotros, los canarios, también emigramos, y nos gustaría
poder decir que en Europa, en España y en Canarias se da un trato digno y
humanitario a aquellos que huyen del hambre, de la muerte y de la
vulneración de sus derechos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
el senador Gómez Perpinyà.


El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señora presidenta.


Bienvenido al Senado, señor Gabilondo. Hoy, efectivamente, nos ha
presentado sendos informes relativos a la gestión realizada por el
Defensor del Pueblo en 2020 y 2021, y aunque, como se ha dicho por alguna
de las personas que me ha precedido en el turno de palabra, en su gran
mayoría no se refieren al periodo de gestión que usted ha protagonizado,
no puedo por menos que agradecer su exposición.


He leído con atención los informes y quisiera detenerme en algunos
asuntos, desgraciadamente no en todos. Creo que ha dicho cosas muy
interesantes. Recuerdo una en particular relativa a las devoluciones en
caliente y al estado de los derechos humanos en algunos lugares del mundo
particularmente relacionados con nuestro país. Creo que dentro de unas
horas tendremos ocasión de hablar sobre el último giro en la política
exterior española en relación con el Sáhara Occidental, en el último
punto del orden del día, algo que, por cierto, me ha sorprendido. En todo
caso, creo que tendremos ocasión de profundizar sobre esta cuestión, la
situación de los derechos humanos en el mundo, sobre la que nosotros
también compartimos preocupación.


Podríamos discutir sobre la eficacia de las manifestaciones
realizadas por su predecesor, pero es indudable que los informes que
usted ha presentado en el día de hoy reflejan preocupaciones y
necesidades reales de todos los españoles y, en particular, de los
madrileños, y eso no es poco. Recordarán —no hace tanto
tiempo— al consejero de Educación de mi comunidad autónoma, el
señor Enrique Ossorio, despreciar un informe de Cáritas sobre la
exclusión social con la tesis de que la pobreza era poco menos que una
invención de la oposición para dañar la imagen pública de la presidenta.
Bien, en una región en la que quien gobierna no se hace cargo ni tan
siquiera de la situación real que se vive a pie de calle, que una
institución del Estado como es el Defensor del Pueblo haya puesto luz,
nunca mejor dicho, por ejemplo, sobre la situación dramática que se vive
en la Cañada Real para nosotros tiene un valor evidente. Ustedes se han
reunido con el comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real
y han señalado acertadamente que la falta de suministro eléctrico después
de dos años tiene dimensiones de emergencia humanitaria. Acertó también
el Defensor del Pueblo al indicar que los compromisos políticos no se
habían cumplido. Sin embargo, he de decir que, desgraciadamente, no
podemos afirmar que la situación haya mejorado como consecuencia de estos
posicionamientos, y cientos de familias y menores siguen en la misma
situación, pasando noches sin luz e inviernos sin calefacción. Por tanto,
señor Gabilondo, convendrá conmigo que en 2022 todos tendremos que hacer
algo diferente para resolver esta situación.


Desgraciadamente, los discursos contra las personas más
desfavorecidas también estuvieron muy presentes a lo largo de 2020
y 2021. Recordemos aquella campaña cobarde, nauseabunda, del partido
ultra que ejerce de felpudo de algunos gobiernos del Partido Popular, que
aseguraba que la pensión de tu abuela se la llevaban los menores
extranjeros no acompañados; las manadas de menas, que decía aquella
portavoz parlamentaria que se jacta de no pagar a los obreros que
reformaron su mansión de cinco pisos, pero que no tiene ningún problema
en señalar a los pobres como ladrones de los ricos. Recordemos al líder
de Vox leyendo uno a uno los nombres y apellidos de personas
beneficiarias de ciertas prestaciones sociales y prejuzgándolas por el
origen de sus apellidos. Ya saben: los De Meer, los Smith y los Steegmann
dando lecciones de españolidad a ciudadanos que tenían cuatro veces más
años cotizados que el jeta de Santiago Abascal. Recordemos el acoso a las
personas residentes en el Centro de Primera Acogida de Menores de
Hortaleza, un centro con un grave problema de sobreocupación, aquí, en
Madrid, infradotado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mientras
sus socios de Vox se manifestaban en la puerta con pancartas que decían:
Fuera delincuentes de nuestros barrios. Celebramos, por tanto, que el
racismo y los discursos de odio formen parte de los problemas señalados
en este informe y no se normalice su presencia en la vida pública del
país, por muchos gobiernos que les hayan abierto las puertas.


Otro tema central del informe de 2020 es el sanitario, el
asistencial, particularmente importante en lo relativo a las residencias
de mayores. Como ya se publicó en la prensa, el Defensor del Pueblo
recomendó, antes de la pandemia, medicalizar las residencias, la
profesionalización de sus trabajadores y el incremento urgente de las
inspecciones. Frente a ello, en Madrid se optó por un plan un poco
diferente: reducir el gasto sanitario, despedir personal y aplicar unos
protocolos de la vergüenza que convirtieron las residencias de mi región
en la mayor morgue de Europa, mientras los familiares no pudieron ni
siquiera despedirse de sus seres queridos. Entre marzo y mayo de 2020 en
la Comunidad de Madrid fallecieron 7690 madrileños en esas residencias,
mientras el Gobierno de Ayuso, hoy sabemos, se dedicaba a repartir
comisiones entre sus familiares. El Gobierno de la Comunidad de Madrid,
por lo que parece, se ha negado a investigar lo sucedido. Creo que
persigue lo que podríamos llamar una amnesia general y, lógicamente, en
Más Madrid ya lo hemos dicho con absoluta claridad: no estamos dispuestos
a olvidar, y confiamos, señor defensor del pueblo, en que usted tampoco.
Efectivamente, no fue ni ético ni legal excluir a los mayores de las
residencias de la atención hospitalaria, como dijo en su momento el
defensor del pueblo. Y añado algo, señor Gabilondo: no me sorprende lo
más mínimo que entre las administraciones que destacan por haber
entorpecido la labor del Defensor del Pueblo aparezca precisamente la
Consejería de Sanidad del señor Ruiz Escudero, con una demora de
prácticamente trescientos días.


Evidentemente, cuando uno gobierna tiene aciertos y también tiene
algunos errores, y yo creo, modestamente, que uno de los pequeños
aciertos que tuvimos en la época en la que gobernamos en el Ayuntamiento
de Madrid fue Madrid Central. Precisamente por ello, algunos pusieron un
esfuerzo especial en eliminarlo, aunque eso supusiera que los madrileños
tuvieran que respirar un aire más contaminado. El Defensor del Pueblo lo
dejó absolutamente claro: la nueva regulación supone un retroceso
medioambiental. Aun así, la cabezonería y el sectarismo del Gobierno de
Almeida hizo oídos sordos y a día de hoy el coche todavía reina más en
Madrid. La consecuencia también es conocida por todo el mundo: Madrid en
estos momentos es la ciudad europea con más muertes por
contaminación.


Para acabar, señorías, quiero referirme a un tema que yo creo que en
el día de hoy es obligado y que ha salido en algunas intervenciones
anteriores. Hace unos días conocíamos que el Defensor del Pueblo iba a
abrir una investigación sobre el espionaje a políticos con el programa
Pegasus. Señor Gabilondo, me parece conveniente, celebro la decisión,
pero creo que es insuficiente atendiendo a la situación que se ha dado.
Estamos hablando de un asunto absolutamente grave que pone en jaque
nuestro Estado de derecho y nuestro régimen de libertades. En este punto,
los partidos y los ciudadanos en general necesitamos, ante todo,
explicaciones. Ayer dijo la señora Margarita Robles, aquí, en el Senado,
aquello de: No conozco el New Yorker. No me parece que sea la actitud más
razonable teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos
encontramos. La rapidez en actuar en esta situación es fundamental. Hace
una semana la Eurocámara activó la comisión de investigación sobre el
programa espía Pegasus, que trabajará durante un año para ver contra
quién y desde dónde se había espiado. Aquí, en el Senado, diferentes
grupos parlamentarios hemos propuesto la creación de una comisión de
investigación, y en el día de hoy hemos registrado la solicitud de
comparecencia de diferentes miembros del Gobierno presuntamente
implicados en esta trama de espionaje.


Desde mi punto de vista —sobre todo, para desanimar a aquellos
que pretendan hacer una lectura política en este sentido—, de lo
que estamos hablando no es de independentismo sí o independentismo no. Es
una cuestión esencialmente de democracia, de Estado de derecho y de
confianza en las instituciones, y el Gobierno de España debe estar a la
altura; y diría también que la oposición debe hacer lo propio. Creo que
se equivocan quienes justifican la violación de los derechos
fundamentales por motivos de oportunidad política. La Constitución
establece unas reglas para el juego democrático que incluyen el secreto
de las comunicaciones, el derecho a la defensa o el derecho a la
intimidad y a la privacidad. ¿Dónde queda el imperio de la ley si resulta
que, ante la oportunidad de dañar a un adversario, se establecen
excepciones a su cumplimiento? ¿Dónde queda la seguridad jurídica? ¿Qué
credibilidad tendría nuestro régimen constitucional si pasáramos por alto
un comportamiento que atenta contra las libertades y los derechos más
elementales? Ha hablado usted en el día de hoy de pluralismo político.
¿Por qué se espía entonces a quien piensa de forma diferente?


Señorías, los españoles no tienen, desde ningún punto de vista, la
culpa de estas actividades paraestatales que, presuntamente, algún
miembro del Gobierno pudiera haber ordenado contra sus socios. Por tanto,
en el día de hoy, en el Congreso los Diputados mi grupo parlamentario va
a votar a favor del decreto ley para hacer frente a las consecuencias de
la guerra, porque nos parece una cuestión de sentido común. Si el
Gobierno, no obstante, ha decidido, por algún motivo que se me escapa,
echarse en manos del Partido Popular y terminar por arruinar una
legislatura en la que todos tenemos unas grandes expectativas, no hace
falta que destroce por el camino las reglas del juego democrático.


Insisto, señor Gabilondo, le agradezco su exposición y le deseo la
mejor de las fortunas en su nueva responsabilidad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Garmendia Bereciartu.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Presidente jauna, senatari
jaun-andreok, Gabilondo jauna, egun on. (El señor vicepresidente,
García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia).


Se han presentado en este Pleno los informes de la gestión realizada
durante los años 2020 y 2021 por el Defensor del Pueblo. Ambos informes
contienen un detalle pormenorizado de las actuaciones realizadas por esta
institución en las diferentes áreas temáticas y, dada su importancia,
relevancia y recurrencia año tras año, van acompañados de una abundante
estadística de los expedientes iniciados, los tramitados y los
pendientes, así como de un exhaustivo inventario de actuaciones de oficio
realizadas, de resoluciones, de recomendaciones, sugerencias,
recordatorios y advertencias formuladas por esta institución.


Sin restar importancia a estas cuestiones, los informes carecen de
valor añadido. No se recoge en ellos dónde hay avance o retroceso, dónde
progreso, dónde nada, ni avance ni retroceso de los derechos de los
ciudadanos en las diferentes áreas temáticas analizadas. En el año 2018
se tramitaron más de 17 600 expedientes; en 2019, fueron 20 616; en 2020,
se contabilizan 28 020, y en 2021, más de 30 000. Si tenemos en cuenta
que muchas de las áreas temáticas analizadas se repiten año tras año,
pues son las mismas, en cada una de ellas se pueden extraer unas
tendencias, unas evaluaciones, así como conclusiones y valoraciones. Y
esto es lo que se echa en falta, señor Gabilondo. El informe no debería
ser una mera descripción, enumeración o relato de los hechos. Hay temas
muy delicados y preocupantes, como el de la violencia machista o el de
los suicidios en los centros penitenciarios, donde todavía hay mucho por
hacer, pero en otros asuntos que no dejan de ser importantes, aunque sean
menos delicados, no es suficiente con hacer mención a que el problema
existe; ese problema también estaba ahí el año pasado, y no queda claro
si ha empeorado o ha mejorado.


Tampoco se hace mención alguna al seguimiento de las recomendaciones
realizadas en las líneas de actuación específicas determinadas, como, por
ejemplo, la referente a la migración en Canarias. El informe de 2021 se
limita a indicar que la institución ha continuado prestando especial
atención a la situación migratoria en Canarias, realizando nuevas visitas
en los meses de abril y noviembre. Señor Gabilondo, falta una
profundización, unos resultados; hay que saber si se cumplen o no las
recomendaciones del informe específico. Tampoco se hace mención alguna al
estado de situación de las líneas de actuación específicas mencionadas en
informes anteriores, como, por ejemplo, la referente a las prácticas
comerciales engañosas realizadas por las eléctricas.


En el Pleno del Congreso del 17 de junio de 2020 se aprobó una
proposición no de ley presentada por nuestro grupo respecto a la
introducción de la perspectiva de género en la política penitenciaria. En
el informe de 2021 se hace una mención muy pequeña al tema. Debería
haberse especificado algo más: qué se está haciendo, qué recomendaciones
se han formulado, qué pasos se van a dar. Dada la importancia del tema
esta actuación debería ser objeto de una línea de trabajo muy concreta y
tendría que recogerse en un informe específico.


Señor Gabilondo, con usted se inicia una nueva etapa en la
institución y esperamos que tenga su plasmación, no solo en el ejercicio
de la función que realiza, sino en los propios informes que elabora, con
un mayor valor añadido.


Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
señora Garmendia.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la
palabra el senador Reniu.


El señor RENIU VILAMALA: Gràcies, president. Senyor defensor del
poble, benvingut al Senat, bienvenido.


Ante todo, quisiera agradecer la labor desempeñada por el anterior
defensor del pueblo, el antecesor del señor Gabilondo, el señor Francisco
Fernández Marugán, así como por todo su equipo. También quiero felicitar
en esta Casa y dar la enhorabuena, como ya hicimos en su momento, al
nuevo defensor del pueblo y a su equipo.


Puesto que ya celebramos la comisión mixta, y además se presentó el
informe en esta Casa, no voy a centrarme en repetir los argumentos o las
aportaciones que hicimos en ese debate interesante, sino que les
sugeriría, como ha hecho, por ejemplo, la senadora que me ha precedido en
el uso de la palabra, levantar un poco la mirada de la institución del
Defensor del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo. En nuestra opinión,
creemos que, obviamente, es una institución indispensable en cualquier
sistema democrático. Es el garante o uno de los garantes principales de
esa conexión entre la ciudadanía y los poderes públicos, a fin de
cuentas, en la defensa de los derechos fundamentales. No vamos aquí a
descubrir nada nuevo en el mundo de los Ombudsman, pero sí que, en
nuestra modesta opinión, creemos que el rol que juega el Defensor del
Pueblo, la Defensoría del Pueblo, en el funcionamiento del sistema
político español, específicamente, debiera potenciarse. A fin de cuentas,
se trata de esa eficacia de la que hablaba el defensor en su exposición o
que también planteaba la senadora del Grupo Nacionalista Vasco en esos
términos.


El problema, y lo apuntaba el defensor, es esa ausencia de carácter
vinculante; eso es cierto. Esa figura que no es, obviamente, un ámbito
jurisdiccional, sino que centra buena parte de su actuación en esas
recomendaciones, en esa identificación de problemas, a fin de cuentas,
análisis de problemas. Pero es que eso no es suficiente argumento para no
potenciar más esa actividad. Nosotros creemos —y se lo comentamos
en su momento— que no solo las actuaciones de oficio son elementos
importantes —a ello volveré más tarde— para, precisamente,
dotar de mayor fuerza al desempeño de la institución; también, por
ejemplo, los informes monográficos serían piezas fundamentales y
permitirían profundizar en cada uno de los elementos, tal y como se le
señalaba anteriormente. Dadas las experiencias anteriores o coetáneas de
otros Ombudsman de ámbito territorial, por ejemplo, el Síndic de Greuges
de Catalunya, creemos que la figura del informe monográfico es
tremendamente útil, porque permite un nivel de profundización y de
análisis al mismo tiempo, de proactividad en la propuesta de soluciones,
y en nuestra opinión es uno de los productos más útiles, mucho más
—y ahí compartimos el análisis realizado por algunos compañeros y
compañeras— que un simple —permítame la expresión, obviamente
lo digo con todos los respetos— informe donde se levanta acta de un
conjunto de actuaciones realizadas y no se profundiza mucho más.


Por lo tanto, entendemos que es necesario incrementar las actuaciones
de oficio y esos informes monográficos, e incluso acrecentar la presencia
social y mediática de la figura del Defensor del Pueblo y de los informes
y recomendaciones realizados. Y una de las cuestiones que debería
preocuparnos en todos los informes —al menos, a nuestro grupo
parlamentario le preocupa y a mí personalmente, también— es el
apartado relativo a administraciones no colaboradoras. Ahí tenemos un
problema importantísimo porque, si no, terminaremos teniendo una
institución que simplemente estará en una esquina levantando el dedo y
diciendo: Oigan, es que tendrían que hacer esto. Oigan, es que les
recomiendo lo otro. Pero determinados ámbitos de la Administración
General del Estado no hacen caso por sistema, y no solo ha ocurrido en
los informes de 2020 y 2021.


En cuanto a cuestiones más concretas, hilvanando esa necesidad de
potenciar, desde nuestro modesto punto de vista, las actuaciones para que
sean más eficaces, para que logren sus objetivos, quisiera citar, al
menos, un par de aspectos que creemos tremendamente relevantes, más allá
de lo que le señaló nuestra compañera del Grupo Republicano en su
comparecencia en el Pleno del Congreso sobre lo que se ha comentado ya:
devoluciones en caliente, la cuestión de los CIE, etcétera. Pero hay dos
cuestiones que sí quisiera poner sobre la mesa. Una la ha citado el
defensor y creo que la gente implicada le agradece que lo haya hecho
ahora aquí en el Pleno, y es el constante mal desempeño de la Secretaría
General de Universidades, del Ministerio de Universidades, de la Agencia
Nacional de Evaluación y Calidad y Acreditación, la Aneca, en todo lo
referente a los procesos de homologación y convalidación de titulaciones
universitarias extranjeras, especialmente, los sangrantes casos por más
de cinco y seis años del colectivo de psicólogos migrantes y odontólogos
migrantes etcétera, etcétera, etcétera. Y si ponemos eso en relación con
otra cuestión que señalaba el defensor en su informe, la de los problemas
derivados de la salud mental, por ejemplo la ausencia de suficientes
plantillas para dar respuesta a esos problemas que —lo saben todas
sus señorías y el equipo del defensor, también— cada vez padecen
ciudadanos y ciudadanas más jóvenes, nuestros hijos y nuestras hijas, ya
que cada vez más jóvenes están sufriendo problemas de salud mental, clama
al cielo que no se haya respondido a esa situación. Precisamente, la
Secretaría General de Universidades es una de esas administraciones a las
que el Defensor del Pueblo, en su informe, señala como no colaboradoras.
¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos simplemente con esa referencia y darlo por
bueno? ¿O pretender introducir mayor presión, mayor eficacia? Debemos
hacerlo público. Debemos solucionar esas problemáticas.


Otra cuestión que quisiera citar —desgraciadamente, aparece en
los informes de los últimos años— tiene que ver con la ausencia de
referencias sobre el escaso, por no decir nulo —permítame el
eufemismo escaso—, está alrededor del 7 %, uso del catalán en las
sentencias de la Administración de Justicia en Cataluña. Claro, aquí
podemos hacer un juego de trilerismo y esconder, como ha hecho el
Ministerio de Justicia ante nuestras preguntas, la bolita bajo el vasito
del Consejo General del Poder Judicial, que es quien tendría que resolver
la situación, o de las competencias transferidas a la Generalitat de
Catalunya en materia de personal de la Administración de Justicia, pero
en el fondo sabemos que el problema es otro. El problema es la desidia en
el reconocimiento de la riqueza de lenguas oficiales en el Estado.


Finalmente, quisiera terminar con dos cuestiones de actualidad: una
es un comentario de fondo y la otra, un ruego respecto a algo sobre lo
que doy por supuesto que el Defensor del Pueblo ya está trabajando. La
primera es que recientemente se ha conocido por la prensa que todo parece
indicar que los activos inmobiliarios de la Sareb han sido transferidos a
unos fondos buitre —así los llamaríamos—. Lo que está
sucediendo con el parque público de vivienda en el Estado por la gestión
de la Sareb merece, como mínimo, mantener la atención profundamente. La
segunda ya se ha señalado, pero yo también quiero ponerlo encima de la
mesa, aunque a algunas de sus señorías les da igual porque a fin de
cuentas están de acuerdo o lo blanquearían en su caso; quiero poner en
valor, aunque la respuesta haya sido un poco tardía, el anuncio —al
menos en la web del Defensor del Pueblo así figura— el 24 de abril
de la apertura de una actuación de oficio respecto a lo que conocíamos
el 19 de abril por parte del New Yorker, de un periodista que ha ganado
un Pulitzer, aunque la ministra seguramente lea Lecturas, ¡Hola! o Diez
Minutos. (Rumores). Tenemos una amenaza sistémica de primera magnitud.
Obviamente, el Defensor del Pueblo no es una instancia judicial;
obviamente, el Defensor del Pueblo no tendrá, me temo y nos tememos,
mayores informaciones que las que se están reclamando en el ámbito
parlamentario. Pero con la respuesta dada: Eso no se lo puedo decir, Ley
de secretos oficiales..., no se podrá ir más allá. Ojalá fuera así. En
todo caso, supongo que una de las recomendaciones era derogar una Ley de
secretos oficiales de claros tintes franquistas.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Vaya terminando,
señoría.


El señor RENIU VILAMALA: Voy terminando.


Y, además, denunciar con todos los medios posibles esa vulneración de
derechos fundamentales, que es clave si uno pretende vivir, como dicen,
en una democracia avanzada.


En cualquier caso, le reiteramos nuestras felicitaciones por el
nombramiento, a usted y a su equipo, y esperamos que su trabajo sea lo
más productivo posible.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Reniu.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Landaluce.


El señor LANDALUCE CALLEJA: Buenos días, señorías.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida en nombre del Grupo Popular
al defensor y también a las adjuntas y a todo su equipo.


Hoy debatimos dos informes de dos años muy complicados por la
pandemia, en los que al problema sanitario se unieron el problema social
y el económico. Señor defensor del pueblo, como le comentamos el día de
su elección, su labor es muy importante para los ciudadanos. Su labor es
fundamental. Pensamos que la ciudadanía debe encontrar en la Defensoría
una institución donde poder presentar su queja y esperar encontrar una
respuesta adecuada. Yo quiero criticar hoy y denunciar en el hemiciclo
una vez más la actuación que están teniendo los grupos políticos que
sustentan al Gobierno, el Partido Socialista y Podemos, porque están
impidiendo que el defensor comparezca en la comisión para tratar
distintos temas, que no solo se limite al informe anual y al informe de
mecanismos de prevención de la tortura. (Aplausos). Eso, lógicamente, no
se puede entender. A usted no le pueden tener metido en el palacete para
que no moleste al Gobierno. Esta actitud va en contra del propio defensor
y de la institución. Va en contra de los principios y de los valores que
fundamentan la institución de la Defensoría. Las personas que se dirigen
al Defensor buscando su amparo no entenderán nunca que se trate de
coartar su funcionamiento, impidiendo que sea ese agente eficaz en los
intentos de solución de sus problemas. Y los grupos políticos elegidos no
entienden que usted no comparezca para hablar de los problemas de los
ciudadanos, cuando es inmediatamente necesario hablar de ellos.
(Aplausos). Y le digo más, estoy seguro de que usted sí quiere
comparecer en la comisión, sí quiere hablar de los problemas que les
interesan a los ciudadanos. Así que le pedimos, por favor, que impida que
lo consigan, porque si no va a estar en una situación en la que ni usted
ni la Defensoría deben estar.


Antes de comenzar a hablar en detalle del informe de gestión, quiero
señalar, señor defensor, que al igual que hicimos en su comparecencia en
la comisión mixta nos gustaría destacar el gran aumento que han sufrido
las quejas desde que gobierna el Partido Socialista. Quejas
recibidas: año 2018, 17 000; año 2019, 20 000; año 2020, 28 000;
año 2021, 29 000. Y si aplicamos a todo esto lo que se ha recibido en
este trimestre estamos seguros de que se van a superar las quejas
recibidas en el año 2021. Estas cifras y su informe son la auténtica
radiografía de lo que está ocurriendo en la sociedad española.


Voy a centrarme en varios puntos que, a nuestro parecer, pueden
resultar más relevantes. Quiero resaltar, en primer lugar, los terribles
datos que usted ha relatado y que se recogen en el informe, en el
apartado sobre violencia contra las mujeres: 43 mujeres y 7 niños
asesinados, más de 30 menores que han quedado huérfanos de madre. Son
cifras terribles. En materia educativa, señor defensor, usted hacía
referencia a la insuficiente contestación por parte del Departamento de
Educación de la Generalitat; es lo mismo que está ocurriendo en la
Generalitat Valenciana. Le pedimos que atienda a las familias, que se
reúna con familias como las de Canet de Mar y con otras tantas familias
que dicen que tienen miedo a exigir y pedir que les den las clases en
castellano. (Aplausos). Hay que tener una actitud activa, no pasiva. Por
eso, entendemos que se tiene que seguir reuniendo con las familias. Y en
cuanto a las residencias de mayores, no se trataba de que la Defensoría
llamase por teléfono para interesarse por cómo estaban en las residencias
los que más lo necesitaban, sino de que fuese a visitarles, les
aconsejase y se tomasen decisiones.


Respecto a las personas en situación de dependencia, le pedimos que
la Defensoría se ocupe de controlar que se cumpla el acuerdo del Plan de
choque para el impulso del sistema para la autonomía y la atención a la
dependencia, que usted recoge en su informe en la página 326. Esta semana
hemos sabido que 76 millones destinados a la dependencia no se han
gastado. ¡Eso es imperdonable e impensable! Y lo mismo sucede con el
ingreso mínimo vital, un elemento redistributivo y de cohesión social. Se
resuelven muy pocas de estas ayudas; por ejemplo, el año pasado en la
provincia de Cádiz solamente un 34 %. ¡Es una barbaridad! Señor defensor,
esto no se puede admitir. Son muchas las personas que están esperando que
se les atienda en dependencia. Muchos mueren en esa espera y hay
muchísimos que necesitan que todos nos preocupemos, lo mismo que es
importante que se preocupe y se siga interesando también por los menores
tutelados y los problemas que está habiendo en la Administración balear y
en la Administración valenciana con esos menores tutelados, a quienes no
se les ha protegido.


Señor defensor, en cuanto al tema de prisiones, ¿hay que preocuparse
de los presos? Sí, pero también hay que preocuparse de los funcionarios.
Los funcionarios tienen que ser agentes de la autoridad porque, si no, no
les estamos protegiendo y la agresión sale gratis. Agredir a un
funcionario de prisiones sale gratis. Por eso es importante que también
se siga ocupando de este tema.


Respecto a la invasión de Ucrania, nos parece adecuado referirse a la
invasión de destrucción y muerte que se está produciendo por parte de
Rusia. De los 4 millones de personas que han salido del país, un 40 % son
menores. Tenemos que saber cómo podemos acogerlos y trabajar para
facilitarles atención y ayuda. Tendremos que celebrar una comisión para
saber cómo podemos actuar, cómo se está actuando por parte de las
instituciones y de las asociaciones, para conocer las iniciativas que
está llevando a cabo la Defensoría.


En cuanto al tema de la electricidad, es una barbaridad lo que están
sufriendo las familias más desfavorecidas con la subida de los precios de
la luz y de la energía. Hay una queja muy grande. El bono social
eléctrico del Gobierno de Pedro Sánchez tiene 85 000 beneficiarios menos
en el año 2020 que en el 2019.






Esto no es escudo social, todo lo
contrario. Desde que gobierna el Partido Socialista, cada vez hay menos
ciudadanos que reciben el bono social eléctrico o el bono social
energético.


Termino con el tema de las víctimas del terrorismo. Señorías, nos
queremos referir a las víctimas del terrorismo, a las que hace alusión en
las páginas 87 y 88 del informe de 2021, donde se indica que, en
noviembre de este año, la Comisión de Peticiones se reunió con la
Defensoría. Se presentó una petición por parte de la Asociación dignidad
y justicia en la que se denunciaba el incumplimiento de España de su
deber de llevar a cabo una investigación oficial, eficaz e independiente
de los 379 asesinatos de ETA que aún están sin resolver. Por parte de la
Defensoría se exigían soluciones desde dos perspectivas: la justicia,
juzgar, y la verdad, conocer para saber cómo están, quiénes son y cómo
está evolucionando la investigación de los 379 asesinatos de ETA sin
resolver. Además, el derecho penal y el sistema judicial han de facilitar
los enjuiciamientos. Los poderes públicos deben ofrecer a las familias la
información disponible y hay que seguir trabajando para aclarar todos los
crímenes no resueltos. Tras Pegasus, el Gobierno va a dar información y
acceso a los secretos oficiales a Bildu, y resulta que a las víctimas y a
las familias no les da la información que tiene sobre los que
supuestamente asesinaron o pudieron asesinar a sus familiares. Eso es
ilógico. (Aplausos). Además, en el informe se destacaba el dolor y la
humillación que supone para las víctimas la realización de actos públicos
de homenaje a terroristas. Y para mayor gravedad, les cuento lo ocurrido
el pasado día 20 de abril. El Parlamento Europeo ha exigido, en un
informe sobre los asesinatos sin resolver de la banda terrorista ETA, que
se investiguen los crímenes como delito de lesa humanidad, y el Partido
Socialista votó en contra y el Partido Socialista, incluso, pidió
suprimir este punto. Así no se defiende a las víctimas y a los familiares
y queridos de los asesinados. Hay que luchar contra la impunidad de los
atentados etarras. Estamos en un momento un tanto crítico. ¡Crítico,
señor portavoz! Queremos saber si el Partido Socialista, si el Gobierno
va a impedir que prescriban 430 asesinatos terroristas, los producidos
entre diciembre de 1990 y diciembre de 2010. No se entiende que no se
actúe para impedir que esos asesinatos prescriban. (Aplausos).


Termino, señorías, señor presidente. Señor Gabilondo, en la comisión
le invité a venir a Algeciras y al Campo de Gibraltar. Le vamos a recibir
con los brazos abiertos, pero tiene que venir en tren, ha de venir en
tren para saber cuál es uno de los problemas que nos agobian y nos
asfixian, un problema del cual también se tiene que preocupar y ocupar
usted. Bienvenido y muchas gracias, señor defensor.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Landaluce.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Cepeda.


El señor CEPEDA GARCÍA DE LEÓN: Señor presidente, señor defensor del
pueblo, lo primero que quiero hacer es agradecer su presencia aquí esta
mañana. Lamentablemente, intervenciones como la última que acabamos de
escuchar, donde la pasión está trufada de mentiras e inexactitudes, hacen
de un informe institucional formal y de obligado cumplimiento un intento
de utilización de arma política sin sentido. Pero no se preocupe, tiene
que entender que al final vivimos en el mundo del tuit y que hay gente
que prefiere un like y que le aplauda su bancada a hacer una reflexión
profunda sobre la radiografía que usted ha traído aquí esta mañana.
(Aplausos). No sé si el nuevo líder del Partido Popular cambiará de
ritmo, ojalá que sí. Esperemos que en esta Cámara Alta así lo haga, pero,
señor Landaluce, le sugiero que no vaya por la senda de la confrontación
gratuita y, sobre todo, de las falacias. Y algo que me preocupa mucho son
las últimas palabras de su intervención, cuando ha hablado de las
víctimas de la banda terrorista ETA, porque me insulta; quiero que sepa
usted que entre las víctimas también hubo muchos compañeros de mi partido
(Aplausos), muchos vascos socialistas que dieron su vida por la defensa
de la libertad y la democracia. Por lo tanto, dejen ya de manosear a las
víctimas de ETA, dejen ya de manosear a las víctimas. (Rumores).


Pero no quiero distorsionar el debate, ni me quiero ir por los cerros
de Úbeda, prefiero hablar precisamente de la reflexión que ha hecho esta
mañana aquí el señor Gabilondo, en una intervención muy acertada y con el
reconocimiento, por qué no decirlo, al trabajo y la actuación del equipo
anterior, el del señor Francisco Fernández Marugán, pues, efectivamente,
buena parte del informe 2020-2021 se circunscribe a su trabajo, como muy
bien ha explicado el defensor del pueblo. Quiero, además, agradecer el
trabajo que se pone en marcha, a diferencia de algunas actitudes, con el
consenso amplio de las Cortes españolas en el nombramiento y la
renovación de la institución; afortunadamente, aparte de la figura del
señor Gabilondo, por todos conocida, le acompañan como adjuntas Teresa
Jiménez-Becerril —quien, lamentablemente, conoce bastante bien los
temas anteriores de los que acabamos de hablar— y doña Patricia
Bárcenas. El nuevo equipo de la Defensoría del Pueblo, sin lugar a dudas,
va a imprimir también un rigor y un trabajo que viene perfectamente
delimitado en nuestra Constitución, ni más ni menos que en el
artículo 54; una tarea que, efectivamente, tiene como finalidad dar
respuesta a las necesidades de los españoles desde un punto de vista
claro de independencia e imparcialidad, ajeno al pimpampum político y
ajeno también, por qué no decirlo, al conjunto de las instituciones. Hay
que recordar que el defensor del pueblo ha sido elegido por una amplia
mayoría cualificada en las Cortes españolas, tanto en el Congreso como en
el Senado, y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Por
ello, cuando ha comparecido aquí esta mañana ha hecho una magnífica
radiografía y en su extenso informe ha puesto negro sobre blanco, algo
que yo creo que nos debería hacer reflexionar a todos. Ha hecho críticas
extraordinariamente constructivas en multitud de ámbitos, en un momento
muy especial como ha sido el periodo 2020-2021, con la pandemia, donde la
tensión en las instituciones públicas ha quedado realmente en evidencia
en numerosísimas ocasiones, y no hablo ya solamente del mundo sanitario,
sino también del mundo de la educación, como ha mencionado en su informe,
y en las administraciones públicas y gobiernos no solo de la
Administración General del Estado sino también autonómicos —alguna
de sus señorías ha hecho mención también a alguna administración
autonómica—, lo que deja en evidencia muchas carencias. Y yo creo
que eso nos tiene que servir para, entre comillas, ponernos las pilas en
el cuerpo legislativo, para intentar mejorar la respuesta de las
administraciones hacia a aquellos a quienes humildemente aspiramos a
representar.


Hablar de los derechos humanos hoy es todo un reto, hacerlo en un
momento crucial como el que estamos viviendo en el ámbito internacional,
con una guerra sin sentido en la que el señor Putin está dejando en
evidencia su sinrazón. Es verdad que la actuación de las administraciones
del conjunto de la Unión Europea e, incluso, de algunas organizaciones
internacionales que hace varios meses algunas fuerzas políticas decían
que no tenía ningún sentido y prácticamente hoy ya nadie las discute
—estoy hablando, por ejemplo, de la Organización del Tratado
Atlántico Norte— sirven, sobre todo y por encima de todo, también
para dar una respuesta orientada a la paz y dar cobertura a los derechos
humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene ya más de
setenta años y, lamentablemente, vemos cómo es necesaria su
aplicación.


Por cierto, no querría dejar de mencionar alguna reflexión que se ha
hecho sobre una noticia de notable actualidad en los últimos días,
materia en la que también quiero agradecer la rápida actuación del
Defensor del Pueblo. Como ustedes saben, el Defensor del Pueblo puede
actuar de oficio automáticamente —está entre sus
competencias— cuando ve que se pueden vulnerar los derechos
fundamentales de cualquier ciudadano recogidos en el Título I de nuestra
Constitución. De hecho, en el año 2021 puso en marcha 99 actuaciones de
oficio y en lo que va de año ya ha puesto en marcha 46. Y con respecto a
la intervención que ha hecho el señor Cleries esta mañana, es cierto que,
automáticamente, el Defensor del Pueblo ha puesto en marcha una actuación
de oficio para saber la realidad de ese tipo de informaciones, de la
misma forma que ha hecho el Gobierno de España. En este sentido, creo que
hace falta ser muy riguroso, y me refiero al programa Pegasus y a todo
ese entorno de espionaje que algunos califican de masivo y otros no
tanto. No obstante, cuando uno lee en algunas informaciones que algún
grupo político ya hizo una reserva, por ejemplo, de una dirección de
internet que se llama catalangate.cat hace ya cuatro meses, uno se
pregunta: ¿Ya sabían hace cuatro meses que esta noticia iba a salir hoy?
También se habla de una serie de informaciones en torno a una plataforma
de la Universidad de Toronto, en fin. Yo respeto, por supuesto, como no
puede ser de otra manera, la legalidad vigente y defiendo al Estado
español, pero también pido un poco de respeto para las instituciones,
pues el Defensor del Pueblo va a actuar de oficio en el caso del Centro
Nacional de Inteligencia. Por eso, me gustaría que a quienes se les llena
la boca hablando de no vulnerar la ley se lo aplicaran primero a sí
mismos, porque incluso aquí en esta Cámara hemos tenido que votar algún
artículo para intentar proteger alguna vulneración flagrante de la ley
que ponía en riesgo a las instituciones de nuestro país. Y cuando, por
ejemplo, a fecha de hoy alguien se pone a hablar ni más ni menos que con
los hijos de Putin, o directamente con el señor Putin, parece que ese
alguien esté vulnerando o a punto de vulnerar la ley. Por lo tanto, vamos
a esperar a todas las actuaciones que ha puesto en marcha también el
Gobierno. Creo que hace falta actuar con responsabilidad y yo, desde
luego, como demócrata y como fiel garante de lo que debe ser la legalidad
vigente en el Estado de derecho —para eso estamos aquí—, sí
que pediría a sus señorías confianza en nuestras instituciones.


Yo creo que el defensor del pueblo hoy ha hecho, insisto, una
radiografía muy exhaustiva de los problemas que puede tener nuestra
sociedad, y lejos de intentar utilizar su figura, la institución o,
incluso, la comisión mixta, señor Landaluce, para hacer un torticero
juego político del pimpampum, vamos a utilizar esta noble institución y
esa comisión —que no es una comisión legislativa, como usted sabe,
sino de relaciones del alto comisionado con las Cortes españolas—,
toda la información y todos sus informes, exhaustivos y objetivos, para
intentar mejorar las administraciones públicas. Se trata de dar una mejor
respuesta a la grave problemática que pueden tener millones de
ciudadanos, porque en muchas ocasiones nuestras instituciones, por unas u
otras razones, no la dan.


Le agradezco profundamente su presencia aquí esta mañana y, desde
luego, le deseo toda clase de éxitos en ese trabajo. Conociéndole tan
bien como le conozco —hace ya algunos años, pues he tenido la
oportunidad de trabajar codo con codo con usted—, estoy seguro de
que va a hacer una magnífica labor al servicio del pueblo español.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Gracias, senador
Cepeda.


Terminado el turno de portavoces, agradecemos una vez más al defensor
del pueblo y a sus acompañantes su presencia aquí hoy para la exposición
de los informes de las memorias de la institución, y le despedimos, igual
que acaba de decir el senador Cepeda, deseándole el mejor de los éxitos
en su trabajo.


Muchas gracias. (Aplausos).










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 23/2011, DE 29 DE JULIO, DE DEPÓSITO LEGAL.


621/000045

Cultura y Deporte


El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez, lee los
puntos 8., 8.1. y 8.1.1.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Para la
presentación del dictamen, tiene la palabra la vicepresidenta primera de
la Comisión de Cultura y Deporte, la senadora Serrano.


La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.


El Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de
julio, de depósito legal, que se somete en este acto a la consideración
del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento ordinario,
tuvo su entrada en esta Cámara el día 30 de marzo de 2022, fecha asimismo
de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo
de presentación de enmiendas finalizó el día 11 de abril de 2022, y a
este proyecto de ley se presentaron ocho enmiendas.


Han integrado la ponencia doña Asunción Castellví Auví, del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado; doña Pilar González Modino, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; don Jacobo González-Robatto
Perote, del Grupo Parlamentario Mixto; don Miguel Lorenzo Torres, del
Grupo Parlamentario Popular; don Jordi Martí Deulofeu, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; don Jesús
Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista; don Antonio
Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista; don José Luis
Muñoz Lagares, del Grupo Parlamentario Democrático; doña Almudena Otaola
Urquijo, del Grupo Parlamentario Vasco; don Jaime Miguel de los Santos,
del Grupo Parlamentario Popular, y doña Riansares Serrano Morales, del
Grupo Parlamentario Socialista.


El día 20 de abril se reunió la ponencia para emitir su informe, que
no introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los
Diputados. Asimismo, en relación con diversos errores técnicos detectados
en el referido texto, se efectuaron las oportunas correcciones, que no
tienen naturaleza de enmiendas, a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 90.2 de la Constitución. Dichas correcciones afectan a los
párrafos primero y segundo del apartado segundo del preámbulo. A
continuación, se reunió la comisión, que emitió dictamen de conformidad
con el informe de la ponencia.


Se han presentado los siguientes votos particulares a este dictamen:
voto particular de la señora Melero Palomares, del señor Marín Gascón y
del señor Gonzalez-Robatto Perote, del Grupo Parlamentario Mixto, para la
defensa de las enmiendas números 4 a 8; voto particular de la señora
Castellví Auví y del señor Cleries González, del Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado, para la defensa de las enmiendas números 1
a 3.


Hoy, en definitiva, señorías, tratamos la modificación de la Ley del
depósito legal para adaptarla a los tiempos actuales. Esta norma adapta
la ley a los continuos y rápidos cambios producidos en el sector
editorial y realiza un papel más efectivo en la conservación de la
edición nacional, contribuyendo a optimizar la gestión de los centros de
conservación. ¡Qué gran avance! ¿Qué pensaría mi paisano Juan Alfonso de
Baena, que recopiló el primer cancionero, el Cancionero de Baena,
dedicado al rey Juan II de Castilla, gran amante de la literatura, hace
ahora ya casi seiscientos años, si viera tales avances actuales?


Gracias a todos los ponentes, a los portavoces y a los miembros de la
comisión por el tono, el esfuerzo y la disponibilidad manifestada para
llevar a cabo la ponencia y la celebración de la Comisión de Cultura y
Deporte, con el objeto de conseguir que hoy se pudiera debatir en este
Pleno el presente proyecto de ley.


Excuso la presencia del presidente de la comisión, al que por motivos
personales le ha sido imposible asistir a este Pleno.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
señora Serrano.


Pasamos al debate de totalidad. ¿Algún grupo quiere intervenir en el
turno a favor? (Denegaciones). ¿Y en el turno en contra? (Denegaciones).
¿En el turno de portavoces? (Denegaciones).


Pasamos entonces al debate de las enmiendas, al debate del
articulado.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, la senadora Merelo, el senador
Marín Gascón y el senador González-Robatto han presentado las enmiendas
números 4 a 8. Para su defensa, tiene la palabra el señor
González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas gracias. Buenos días,
señorías.


Querría que mis primeras palabras fueran para dar el pésame a la
familia del legionario caído. La muerte no es el final.


Respecto a las enmiendas a la ley, el depósito legal ha sido
reformado en muchas ocasiones a través de leyes tanto del propio depósito
como de la Biblioteca Nacional. La experiencia nos dice que cuando esas
modificaciones han partido del criterio de expertos y documentalistas de
dichas instituciones adscritos al Ministerio de Cultura los cambios han
sido mejor. Sin embargo, cuando la política y los objetivos partidistas
han interferido en estos trámites, los desastres han sido notables y
subsanarlos ha requerido malgastar muchos recursos y tiempo. Se ve que no
han aprendido y que no valoran suficiente nuestro tesoro bibliográfico,
ya que el proyecto de ley que hoy debatimos podría haber supuesto una
simple e innecesaria actualización de la ley, pero ustedes han decidido
satisfacer las ansias descentralizadoras de sus socios separatistas para
hacer una reforma que va a dificultar la labor de coordinación de la
Biblioteca Nacional.


Por ello, las enmiendas que hemos presentado buscan mantener las
competencias y preservar la labor de guarda y custodia de la Biblioteca
Nacional. Así, rechazamos la supresión que ustedes proponen en el
apartado 3 del artículo 10 de la actual Ley 23/2011, de depósito legal, y
proponemos mantener el texto actual, que especifica que la Biblioteca
Nacional de España ejercerá la alta inspección y seguimiento del
cumplimiento de la normativa sobre el depósito legal. Y si acudimos a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional existente en esta materia, se
llega a la conclusión de que esta atribución a la Biblioteca Nacional de
las facultades de alta inspección y seguimiento del cumplimiento de la
legislación en materia de depósito legal no vulnera, de ningún modo, la
distribución competencial y que, por tanto, no es necesario que esta
facultad deba transferirse a las comunidades autónomas. No tiene
fundamento ni en la norma ni en su exposición. Esto nos lleva a rechazar
la nueva redacción que propone el proyecto de ley en el apartado 2 del
artículo 11 y en el apartado 1 de la disposición final primera. Con esto,
también es coherente pedir la supresión de la disposición final segunda
del proyecto de ley, algo que hacemos en nuestra última enmienda.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador González-Robatto Perote.


El Grupo Parlamentario Nacionalista ha presentado las enmiendas
números 1 a 3, de la senadora Castellví y del senador Cleries.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Castellví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias, presidente.


Bon dia. En Junts tenemos la necesidad de acotar la inclusión de los
videojuegos, al amparo de la Ley de depósito legal. El sector de los
videojuegos en Cataluña es muy importante, dado el número de empresas
representadas en el área metropolitana de Barcelona. Asimismo, queremos
asegurar que la consulta de los videojuegos depositados se realice de
forma segura para la industria y evite cualquier disfrute o uso ilícito
de las obras depositadas en detrimento de su explotación habitual. En
este sentido, hemos registrado tres enmiendas de modificación, trabajadas
con el sector del videojuego, sobre todo con AEVI, Asociación española de
videojuegos; aprovecho para agradecer la presencia aquí de José María,
Elena y Fulgencio, que están en la tribuna. Gracias. También recogemos
las aportaciones de Devicat, Associació de Desenvolupadors i Editors de
Videojocs de Catalunya.


La primera enmienda es de modificación, como todas, y viene sugerida
por una propuesta de la Biblioteca Nacional de España a AEVI. En el
sector del videojuego es habitual editar ediciones de coleccionista con
contenido adicional e, incluso, exclusivo de cada adquiriente, dadas las
dificultades de interactividad de la propia obra. Por esto, sugerimos que
únicamente el juego base esté en depósito legal y se excluya de depósito
todas las posibles versiones de un videojuego.


La segunda enmienda propone dos cambios: cambiar la conjunción o por
y para que ambos requisitos sean acumulativos, y con la otra modificación
en el mismo artículo pretendemos ser consecuentes con la ley, que siempre
nos dice que hay que dar soporte tangible. Por este motivo, pedimos que
pongan tan solo que las publicaciones objeto de depósito legal solo sean
en formato físico.


Y en la última enmienda proponemos que se considere como una
infracción leve el no depósito de videojuegos si solo se trata de una
conducta reiterada, ya que hay que ser conscientes de que gran parte del
tejido empresarial de la industria del videojuego, donde hay más de 450
estudios de distinto tamaño y experiencia, todavía está poco
profesionalizado y hay que ser flexibles. Voy muy deprisa porque se me
termina el tiempo. Es necesario determinar, porque no está determinado en
el caso de los videojuegos, que sean distribuidos en distintas
plataformas, en las cuales debería realizarse el depósito y cómo proceder
con los videojuegos para los móviles.


Esperamos que acepten nuestras enmiendas, pero nos da la sensación de
que no será así.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Castellví.


En el turno en contra de las enmiendas, tiene la palabra el senador
Martínez.


El señor MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Muy buenos días, señorías. También nos sumamos al pésame por el
fallecimiento del legionario fallecido en la base de Álvarez de Sotomayor
de mi provincia, en el municipio de Viator.


Igualmente, damos la bienvenida a la Asociación de videojuegos de
España, con la que hemos mantenido reuniones que consideramos muy
positivas; esperamos que también así lo consideren ustedes y podamos
seguir trabajando en el futuro en pro de un sector tan pujante como el
del videojuego. (Aplausos).


En lo referente a la enmienda número 1, señora Castellví, no creemos
que se deba admitir la exclusión del depósito legal de cada una de las
versiones con contenidos adicionales, ediciones especiales o de
coleccionista en los videojuegos. Se trataría de una incoherencia con
respecto a los libros o monografías, puesto que al depósito legal le
interesa no solo la publicación en su versión inicial u original, sino
también las ediciones especiales que haya de esa obra o, incluso, una
edición de coleccionista que se hiciera, ya que este tipo de ediciones,
en muchos casos, mejoran también la edición inicial y, por tanto, ha de
ser conservada para el patrimonio bibliográfico y documental.


Respecto a la segunda enmienda, aceptarla supondría dejar fuera a las
publicaciones distribuidas en soporte intangible, puesto que se estaría
reduciendo el depósito solo a las distribuciones en formato físico. Por
otra parte, desde la publicación del Real Decreto 635/2015, por el que se
regula el depósito legal de las publicaciones en línea, se han estado
recibiendo diferentes tipos de documentos publicados en línea sin que
haya dado lugar a mayores problemas. También, cabe recordar que las
publicaciones que reciben la Biblioteca Nacional y los centros de las
comunidades autónomas se difunden en los términos previstos en la Ley de
propiedad intelectual y que la finalidad primordial es la conservación a
largo plazo. Igualmente, se prevé que la entrega de los contenidos
digitales se haga siempre en los formatos que utilizan los editores, de
modo que esta entrega no suponga una carga añadida.


Y sobre su última enmienda, señora Castellví, creemos que se debe
dejar la actual redacción del texto puesto que, si el incumplimiento del
depósito legal se considera una infracción leve, la reincidencia en la
comisión de la infracción leve se debería considerar como coherentemente
grave.


Sobre las cinco enmiendas de Vox, en el Grupo Socialista también nos
posicionamos en contra. Viene siendo habitual que Vox plantee, en
cualquier acción parlamentaria y, por supuesto, extraparlamentaria que se
precie, la prevalencia del argumentario de partido a la operatividad o a
la funcionalidad que se pretende y que debe asistir a la actividad
legislativa en beneficio del interés general, también en esta ley. En
definitiva, hay que seguir férreamente unos postulados y ponerlos por
delante de la utilidad; creo que es lo que debe prevalecer y, en este
caso, debemos dar esa utilidad a los creadores culturales y a los
ciudadanos en general. Miren, el vicepresidente castellanoleonés, de Vox,
ya dejó claro cuál era su intención con respecto a las autonomías, con
respecto a nuestro modelo. El Estado de las Autonomías nos podrá gustar
más o menos, podrá mejorarse o empeorarse, criticase o alabarse, pero lo
que está claro y debería ser compartido en términos históricos e,
incluso, democráticos es que nos ha dado el periodo histórico de mayor
progreso y estabilidad política, máxime después de una etapa negra de
cuarenta años de dura dictadura. Es el modelo que más y mejor responde a
la realidad como país y como sociedad y, además, está recogido y amparado
constitucionalmente. Es muy incoherente ser constitucionalista a tiempo
parcial; sería ser otra cosa, pero no precisamente constitucionalista.
(Aplausos).


En definitiva, señorías, nos encontramos ante una ley que viene con
un amplio consenso del Congreso de los Diputados, con un importante
trabajo en la Cámara Baja y entiendo que en el Senado debemos ofrecer una
respuesta eficaz a las pretensiones de esta ley. A nadie se le escapa que
estamos ante un texto sujeto a continuas actualizaciones futuras, debido
a los rápidos cambios que se producen en los diferentes ámbitos de la
creación, principalmente, ligados a las nuevas tecnologías. En
consecuencia, estamos ante una ley en constante renovación, en permanente
mejora, y consideramos que eso debe ser algo positivo. Sin duda, es un
reto seguir afianzando las garantías y los derechos de los creadores en
sus diferentes formas de manifestación y también como sector, el de la
cultura, en su sentido más amplio, como un sector generador de economía y
empleo, para darle garantías y que, como bien saben, se ha configurado
como fundamental en un tiempo tan crítico como el que hemos vivido
durante la pandemia. El objetivo principal del depósito legal es la
recopilación del patrimonio cultural e intelectual de cada país para
ponerlo a disposición de la ciudadanía, garantizar la conservación de
toda la producción y asegurar a la sociedad de hoy y a la del futuro el
acceso universal a la producción intelectual con fines culturales de
información e investigación. El depósito y la conservación van ligados
íntimamente al concepto de memoria, y es algo que queremos dejar patente
en el Grupo Socialista. La memoria es clave para el estudio, para el
conocimiento, para el entendimiento, en definitiva, es clave para
desenmascarar revisionismos que responden a intereses que se alejan de la
búsqueda de la verdad y que, sobre la base de criterios de manipulación,
pretenden, en la mayoría de los casos, dibujar falsas realidades y
persiguen fines poco loables que se alejan de los valores democráticos y
de justicia compartidos por una amplia mayoría social; se alejan, en
definitiva, de la verdad científica. Por tanto, si en un análisis previo,
sencillo y precario nos hacemos la trampa de situarnos ante la
tramitación de una mera ley de carácter estrictamente técnico, estaremos
haciéndonos a nosotros mismos un flaco favor. Sin duda, es una
reivindicación y, por tanto, tiene que ser considerada como una conquista
democrática.


Compartirán conmigo sus señorías que es un ejercicio sublime conocer
lo que leían o estudiaban los hombres y las mujeres del siglo XVII o del
siglo XVIII, como fundamental también será que dentro de algunas décadas,
por qué no siglos, se entienda el hoy de la crisis pandémica o la
invasión de Ucrania si conservamos lo que en estos días viaja, quizá de
manera muy lenta dentro de algunos años, por las redes sociales. Por
tanto, las modificaciones que plantea esta ley son propias de este
tiempo, así como los cambios que se introducen en el sector editorial y
la adaptación a todas las novedades tecnológicas y de apoyo al sistema de
digitalización. La reforma introduce nuevas tipologías, que se deberán
depositar legalmente, y elimina otras que tienen escaso valor
bibliográfico a estos efectos.


Doy las gracias a todos por el trabajo, especialmente, a mis
compañeros por todo el trabajo realizado y por todos los aportes.
Aprovecho, desde aquí, para mostrar el reconocimiento y valoración del
Grupo Socialista hacia el mundo bibliotecario, que también está de
enhorabuena, junto a la ciudadanía en general, por los avances que se
pueden alcanzar con esta ley.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
señor Martínez.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas gracias, presidente.


A ustedes se les llena la boca diciendo todo lo constitucional que es
su partido, pero le voy a decir dos cosas. Primero, la jurisprudencia
constitucional avala nuestro posicionamiento, y segundo, que el Partido
Socialista nos diga algo a nosotros después de los tres batacazos que le
ha dado el Tribunal Constitucional por encerrarnos a todos los españoles,
es como si el Vaquilla nos diese lecciones de no robar. En fin, de robar
también podrían dar muchísimas lecciones.


Sobre el tema que nos concierne ahora, el Gobierno está haciendo con
esta reforma lo mismo que en muchos otros campos, eliminar cualquier
referencia a la labor de los organismos del Estado central. En Vox
defendemos que el Estado mantenga sus competencias y que se le devuelvan
las que se le han quitado por distintos motivos; la igualdad entre los
españoles y evitar el despilfarro autonómico son los más importantes,
pero hay muchísimos más. En este caso, defendemos la preservación y
gestión eficiente de un depósito nacional para que esté a disposición de
todos los españoles.


El proyecto de ley que hoy debatimos pretende quitar competencias
atribuidas a la Biblioteca Nacional para cedérselas a las comunidades
autónomas, y esto va a afectar tanto a la recopilación como a la
organización, y va a privar a la Biblioteca Nacional de España de la
capacidad de coordinación entre bibliotecas y depósito legal, facultad
que también tienen instituciones similares en otros países.


Señorías, la variedad de formatos digitales existente irá a más en el
futuro, por lo que la recopilación y organización de materiales cada vez
será más compleja. Ante esta situación, lo más lógico es que la
institución que ya alberga la bibliografía nacional pueda ejercer la alta
inspección que actualmente realiza y que hemos reivindicado en nuestras
enmiendas. Una reforma que consideramos necesaria, debido a la evolución
de la tecnología y de los contenidos que van a acabar ensombreciendo un
activo nacional y generando un caos administrativo, gracias a su
irresponsabilidad y dependencia de nacionalistas y separatistas.


Votaremos en contra y derogaremos esta reforma en cuanto
podamos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador González-Robatto.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador
Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


Debatimos hoy el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de
depósito legal; un texto con una finalidad muy clara: adaptar la ley a la
nueva realidad del mundo de las publicaciones para preservar, proteger y
conservar nuestro patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y
digital, ya sea en soporte físico como en línea, en los centros de
conservación autonómicos y nacionales. Ambas administraciones, la estatal
y la autonómica, son responsables tanto de la preservación del patrimonio
bibliográfico y documental español como del patrimonio digital, las
publicaciones en línea, los sitios web, libros y revistas electrónicas,
para facilitar a los ciudadanos su acceso universal, uso cultural e
investigador.


Quisiera aprovechar esta intervención para poner en valor la inmensa
labor que realizan los bibliotecarios y documentalistas en sus tareas de
adquisición, catalogación y clasificación. En mi vida profesional he
tenido el placer de disfrutar de este patrimonio bibliográfico y
cartográfico, consultando e investigando legajos de distintos archivos
históricos provinciales de la comunidad autónoma andaluza. Por eso,
quiero destacar su labor, su profesionalidad en la gestión de esta
documentación, que tanto aporta a la investigación y a la cultura de
nuestro país.


Volviendo al texto que hoy nos ocupa, en esta modificación se
incluyen nuevas tipologías documentales, como los catálogos comerciales
de librerías, editoriales y casas de subastas, los marcapáginas y los
videojuegos, que tendrán su propio apartado para poder conseguir el
depósito de la edición completa de esta tipología documental. Además,
elimina las microformas, cuya edición ya es inexistente, así como todo
tipo de publicaciones publicitarias, las cuales carecen de un interés
patrimonial, tal y como se redacta en el proyecto de ley.


Se incorporan, asimismo, los cambios derivados del Real
Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal
de las publicaciones en línea, que facilita la conservación del
patrimonio digital. De igual modo, se incorpora y reconoce a la Filmoteca
Nacional como centro de conservación para la recuperación, investigación
y conservación del patrimonio cinematográfico español y su difusión,
además de establecer la Biblioteca Nacional de España como centro de
coordinación y asesoramiento de los centros conservadores, así como hacer
el seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente sobre el depósito
legal.


En definitiva, un proyecto de ley que nos llega a esta Cámara Alta
con los deberes hechos, trabajado y consensuado en su paso por el
Congreso de los Diputados; un texto que ha contado con la participación
de los principales actores referentes en la materia, con la colaboración
de las comunidades autónomas, la Federación de Gremios de Editores de
España, la Asociación Española de Videojuegos y el Centro Español de
Derechos Reprográficos, con el objetivo de adaptarse a los cambios del
sector editorial, así como de permitir un cumplimiento más efectivo en la
conservación de la edición nacional y optimización de la gestión de estos
centros. Por todo ello, nuestro Grupo de Ciudadanos no ha presentado
ningún tipo de enmiendas y vamos a votar favorablemente este proyecto de
ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Muñoz Lagares.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora
Castellví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias.


Señorías, por lo que se ve, volverán a cerrar esta ley sin mover una
coma, como pasa normalmente en el Senado; una lástima.


Solo quiero incidir en que es necesario y urgente avanzar en la
definición de un procedimiento específico para el depósito de
videojuegos. Son deberes que no están hechos, y en esta ley no se
aclaran. Es un vacío legal que pido se tenga en cuenta, al menos en el
trámite administrativo de la ley, ya que no han aceptado ninguna de
nuestras enmiendas y hay muchos cabos sueltos. Y esto lo saben muy bien
AEVI y todas las asociaciones de videojuegos.


El sector de los videojuegos en Cataluña ya he dicho que es muy
importante, no solamente por lo que representa en la actualidad, sino por
su potencialidad de crecimiento y por ser una de las industrias punteras
en la revolución 4.0. Para Junts y para el sector es necesario acotar la
inclusión de los videojuegos al amparo de la Ley de depósito legal, así
como asegurar que la consulta de los videojuegos depositados se realice
de forma segura para la industria, evitando cualquier disfrute o uso
ilícito de las obras depositadas, en detrimento de su explotación
habitual, no sea que les pase como a nosotros, los independentistas, que
nos espían los móviles y pueden hacer uso ilícito de todas nuestras
conversaciones y nuestra intimidad.


El depósito legal es la obligación, impuesta por ley u otro tipo de
norma administrativa, de depositar para una o más bibliotecas ejemplares
de las publicaciones editadas en el país. Actualmente, el depósito legal
en Cataluña lo efectúa la Biblioteca de Cataluña, a través de la Oficina
del Dipòsit Legal, pero su papel es instrumental. Aunque en este proyecto
de ley se reconoce la competencia de las comunidades autónomas para
efectuar el depósito legal propio —ya es una constante en todos los
textos legales—, existe una confusión en el Estado español entre
armonización y centralización. En este caso, a través de la Biblioteca
Nacional de España, ejerciendo un papel de coordinación y asesoramiento
entre los centros conservadores, así como el seguimiento del cumplimiento
de la normativa sobre el depósito legal, ustedes, queriendo coordinar,
intentan hábilmente ejercer un control sobre los depósitos legales
autonómicos.


En Junts aspiramos a tener las competencias plenas en todo nuestro
patrimonio de papel. Cabe destacar que con esta ley existirá una
sobrecarga de trabajo y serán necesarios más recursos para gestionar las
nuevas tareas que conlleva la ley. Más horas para el personal, más
personal, muchos metros de estanterías, más conservadores, más, más, más.
Señorías, ¿la ley va acompañada de recursos? Espero que sí, porque, ya
que pretenden hacer cambios para los que son necesarios los recursos, la
obligación del Estado es dotarlos.


Por todos estos motivos, en Junts nos vamos abstener.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Castellví.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
la senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías y las personas que nos acompañan en la tribuna.
El libro es sobre todo un recipiente donde reposa el tiempo, una
prodigiosa trampa con la que la inteligencia y la sensibilidad humanas
vencieron esa condición efímera, fluyente, que lleva la experiencia del
vivir hacia la nada del olvido. La cita es de Emilio Lledó, de Los libros
y la libertad. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia).


Esta ley que debatimos esta mañana, la modificación de la
Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, es aparentemente una
cuestión técnica, una ley de trámite administrativo. El depósito legal es
la obligación regulada de depositar, para una o más bibliotecas,
ejemplares de las publicaciones reproducidas en cualquier clase de
soporte destinadas a su comunicación pública. El objetivo del depósito
legal es recopilar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual,
audiovisual y digital de cada país y ponerlo a disposición de la
ciudadanía para tareas culturales, de información e investigación.


La gestión del depósito legal no corresponde a la Biblioteca Nacional
de España, sino que está transferida a las comunidades autónomas a través
de cincuenta y seis oficinas de depósito legal, una en cada una de las
capitales de provincia y las ciudades de Ceuta y Melilla. Las comunidades
autónomas, además, tienen competencia para gestionar un depósito legal
propio.


Es un procedimiento administrativo fundamental, que requiere la
colaboración y el trabajo conjunto de editores, productores y
bibliotecarios y bibliotecarias. Por ello, también nuestro reconocimiento
y gratitud a estos profesionales, los editores y productores, cediendo a
los centros de conservación, las bibliotecas, las filmotecas, ejemplares
de todos los recursos de información en cualquier soporte. Las personas
que gestionan las bibliotecas gestionan la accesibilidad universal al
patrimonio documental y garantizan la protección y la conservación de
este patrimonio.


Esta ley nos obliga, como sociedad, a preservar toda la producción
bibliográfica, sonora, visual, audiovisual, cinematográfica y digital;
así aseguramos a la ciudadanía y a quienes nos sucedan, que pueden y
podrán acceder al legado creativo e intelectual que atesoramos de quienes
nos han precedido.


Esto es la apariencia, pero en el fondo y en la realidad esta ley es
mucho más que un servicio de la Administración. Hablamos de patrimonio,
de memoria y de tiempo. La invención de la escritura determina el
comienzo de la historia, nada menos. Las tablillas, primero, y los
libros, después, son nuestras armas contra la batalla del tiempo; batalla
que la mayoría de nosotras y de nosotros perdemos, vitalmente,
biológicamente, pero que algunos y algunas de nuestra especie ganan en la
memoria. Los alquimistas buscaban la inmortalidad, y la inmortalidad
estaba en una planta de papiro y en un cálamo. El libro ha sido nuestro
aliado, la lucha por preservar nuestras creaciones valiosas, las
palabras, que son apenas un soplo de aire, las ficciones que inventamos
para dar sentido al caos y para sobrevivir en él, los conocimientos,
verdaderos, falsos y siempre provisionales, que vamos arañando a la roca
dura de nuestra ignorancia. Esos son los libros. Estas últimas frases son
de uno de los mejores libros que recomiendo vivamente; se llama El
infinito en un junco, su autora es Irene Vallejo y no había leído hace
mucho tiempo a una mujer tan sabia como esta señora.


Pero no son solo los libros, esta ley incluye modificaciones que son
propias del tiempo: cambios en en el sector editorial, aportaciones y
novedades tecnológicas, importancia del sistema de digitalización. El
mundo digital abre extraordinarias oportunidades para compartir
conocimiento y recursos. Los formatos digitales son precisamente la razón
de esta ley. La biblioteca de Babel, de 1941, de Borges, ya es una
alegoría profética del mundo virtual, de la desmesura de internet. El
universo que otros llaman bibliotecas se compone de un número indefinido
y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de
ventilación en medio. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos
los libros, el universo estaba justificado, el universo bruscamente
usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza.


Es fundamental, señorías, porque la barbarie utiliza siempre la quema
de libros como recurso para manipular y para esclavizar a las personas.
Lo hicieron los nazis en 1933, lo hicieron 400 años antes los Reyes
Católicos y el Cardenal Cisneros en Granada; quemaron entre 100 000
y 200 000 manuscritos y libros entre documentos religiosos, científicos,
filosóficos, literarios, tratados de música, de arquitectura. Fueron
quemados a principios de 1902 en la plaza de Bib-Rambla de Granada. Se
salvaron unos pocos cientos ejemplares que están en Alcalá de Henares y
en El Escorial, que estoy segura de que nadie ha pensado nunca devolver a
Granada, pero probablemente sería el mejor destino que estuvieran en el
lugar en el que se crearon y donde tuvieron su sentido. Se erradicó la
cultura andalusí y tres religiones, porque era una cultura y tres
religiones, no tres culturas, como se afirma en algunas tribunas.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya
terminando.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Termino, presidenta.


Donde se queman los libros se terminan quemando también personas,
predijo Heinrich Heine, uno de los poetas alemanes cuyos libros se
quemaron en 1933. Pero, aun así, la biblioteca perdurará iluminada,
solitaria, infinita perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos,
inútil, incorruptible, secreta. Nuestra soledad se alegra con esa
elegante esperanza —termina Borges—.


Es importante esta ley, señorías, y es mucho más el fondo que la
forma.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Otaola
Urquijo.


La señora OTAOLA URQUIJO: Mila esker.


El Estatuto de Autonomía del País Vasco establece en su artículo 10
que la comunidad autónoma de Euskadi tiene competencia exclusiva en
materia de cultura, y más específicamente en lo que hace referencia al
patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico,
así como a los archivos, bibliotecas y museos que no sean de titularidad
estatal.


Como ya se ha señalado, la institución jurídica del depósito legal
tiene como finalidad reunir, preservar, difundir y hacer accesible la
edición escrita visual, sonora, audiovisual y digital de la cultura de un
país, en el marco de la normativa que regula los derechos de la propiedad
intelectual y de la protección de datos de carácter personal, y se
constituye como una prestación cultural pública.


En el año 2011 se promulga la Ley de depósito legal, que confía en la
figura del editor, el papel del sujeto depositante principal y prevé el
depósito de las publicaciones en soporte tangible y en soporte no
tangible. Esta ley es la que es objeto de modificación en este trámite
parlamentario y, tras la aprobación de esa ley en 2011 y el Real
Decreto 635/2015, por el que se regula el depósito legal de las
publicaciones en línea, se aprobó en Euskadi el decreto de la gestión de
depósito legal, permitiendo a la Administración general de la comunidad
autónoma de Euskadi la recogida de ejemplares de las publicaciones de
todo tipo reproducidas en cualquier tipo de soporte y destinadas por
cualquier procedimiento a su distribución o comunicación pública, sea
esta gratuita u onerosa, con la finalidad de preservar el patrimonio
bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de la cultura vasca
en cada momento histórico y permitir el acceso al mismo con fines
culturales de investigación o información y reedición de obras.


La modificación que se propone de la Ley de 2011 respeta las
competencias que corresponden a España y a Euskadi; no es más que una
adaptación a los nuevos tiempos y, por lo tanto, no tenemos ninguna
objeción a su aprobación en los términos que se han planteado. En cuanto
a las enmiendas, votaremos a favor de la primera enmienda del Grupo
Nacionalista; sin embargo, no podemos aceptar las otras dos enmiendas:
por un lado, porque cada día son más las publicaciones digitales y, por
otro lado, porque no se puede dejar a la voluntariedad la aportación al
depósito legal. Ya lo manifestamos en la comisión y volvemos a
reiterarnos.


Mila esker.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Lorenzo Torres.


El señor LORENZO TORRES: Gracias, señora presidenta.


Buenos días, señorías. Bienvenido el público que nos está escuchando
desde la tribuna.


Lo bueno de hablar el último o el penúltimo en una ley de este tipo
es que uno ya ha escuchado todas las bondades que los que me han
precedido han hablado de la ley, con lo cual no me voy a repetir mucho en
lo que ya han dicho, y asumo muchas de las cosas que han manifestado
sobre la necesidad de esta ley; una ley que viene a poner en el siglo XXI
al depósito legal, una ley que pretende modernizar el depósito legal. Y
quería hacer especial referencia a que es una ley muy consensuada.


Aquí se han escuchado en algunas disertaciones algunas polémicas que
se quieren crear respecto a las comunidades autónomas o respecto a la
Biblioteca Nacional. Hay que tener en cuenta que antes de realizarse esta
ley, nos reunimos los parlamentarios con todos los técnicos en el
Congreso, por lo que esta ley ha sido consensuada con ellos. Realmente,
son los especialistas los que trabajan y saben cómo se pone en vigor día
a día esta ley. Por eso, aplaudimos que se haya quitado la función
fiscalizadora que tenía la Biblioteca Nacional y que se le haya dado esa
nueva función de coordinación, asesoramiento y seguimiento de todos los
centros conservadores, así como el seguimiento y cumplimiento de la
normativa. Y, por supuesto, aplaudimos que se dé un nuevo papel a la
Filmoteca Nacional como conservadora o depositaria del rico patrimonio
cinematográfico español.


Como les he dicho, es una ley consensuada. Hemos hablado con todos
los organismos, editores, productores, videojuegos y la Biblioteca
Nacional. Esta es la forma que tenemos de trabajar en la Comisión de
Cultura, y lo quiero poner en valor. Quiero ponerlo en valor porque ayer
asistí a un acto, que me gustó mucho, de reconocimiento a los
parlamentarios por la labor que se había realizado en su día en el
Estatuto del Artista, que es uno de los temas donde más consenso hubo por
parte de todos los parlamentarios, porque, como todos ustedes conocen,
fue aprobado por unanimidad. Se hizo un homenaje a los cuatro portavoces
en reconocimiento a toda la labor de consenso, y todo el mundo que estaba
allí alabó esa forma de trabajar. Ojalá que este consenso que tenemos en
la Comisión de Cultura, que hace que saquemos adelante muchos proyectos,
también exista en otros sectores en este país y en otras comisiones, y
que también haya entendimiento y más consenso entre el Gobierno y la
oposición. Lo digo porque estos días se están discutiendo unas medidas
que el Grupo Popular ha presentado que creo que son muy buenas y muy
positivas para el Estado español y para todos los españoles. Esperamos
una respuesta. Si hay voluntad de negociar, si hay voluntad por parte de
los intervinientes, igual que hacemos en Cultura, los resultados van a
favorecer a todos los españoles.


Como decía el presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo, hoy
presidente del Partido Popular, nosotros no buscamos nunca motivos para
enfadarnos, solo buscamos razones para encontrar soluciones que
beneficien a todos los españoles.


El Estatuto del Artista ya hace tres años y pico que se aprobó y ha
habido muy pocas modificaciones. Por eso, hago un llamamiento al Grupo
Socialista y al Gobierno porque es muy importante que aprobemos leyes; es
muy importante que salgan adelante, pero también es importante que,
después de las leyes, se legisle sobre ellas. El Estatuto del Artista no
deja de ser una ley de bases, unos mandatos, aprobados por unanimidad,
que el Gobierno tiene la obligación de desarrollar. Hasta ahora, ha
habido muy poco desarrollo sobre estas 75 bases. El otro día veíamos la
reforma laboral respecto a la relación especial. Esa reforma no es más
que una corrección de errores de la reforma laboral que hizo el Gobierno,
que se olvidó por completo del sector cultural, y rápido y corriendo tuvo
que hacer esa nueva reforma.


Es verdad que hay avances, pero muy pocos. Es necesario que este
Gobierno tome en serio la cultura; es necesario que este Gobierno se
ponga a trabajar, porque no puede esperar más un sector que lleva tres
años y medio esperando el desarrollo de estas bases. Si hoy estamos
poniendo, con la Ley del depósito legal, esta materia en el siglo XXI,
cuando desarrollemos el Estatuto del Artista pondremos a la cultura en el
siglo XXI. Esa es la promesa que todos los parlamentarios hicimos en su
día en este Parlamento y que aprobamos por unanimidad, pero es una
promesa que, hasta el día de hoy, se ha incumplido.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por Esquerra Republicana-Bildu, tiene la palabra el senador Martí
Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias.


Sólo quiero anunciar el voto favorable de nuestro grupo parlamentario
al proyecto de ley y explicar nuestro voto contrario a las enmiendas
presentadas por Vox, así como la abstención a las enmiendas presentadas
por Junts per Catalunya.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Serrano Morales.


La señora SERRANO MORALES: Gracias, señora presidenta.


Buenos días, señorías. «Siendo mi ánimo, desde que mande exigir a la
Real Biblioteca que mis vasallos tengan en ella la erudición y enseñanza
que necesitaren, he resuelto que, de todas las impresiones nuevas que se
hicieran en mis dominios, se haya de colocar un exemplar para que se vaya
perfeccionando esta obra tan de mi agrado y bien público.— Yo, el
rey Felipe V, al Consejo de Castilla. Dado en Buen Retiro a 26 de julio
de 1716».


Desde esta fecha, bajo el nombre, en principio tan poco atractivo, de
depósito legal, se esconde una magnífica realidad que ha contribuido a la
preservación de la cultura y del patrimonio intelectual, documental y
bibliográfico a través de los tiempos. La Biblioteca Nacional y los
centros de conservación de las comunidades autónomas se convierten así en
depósitos de la memoria, que impiden que se desvanezca el acervo cultural
como un gran libro, cuyas páginas las pasa la brisa o el viento, que
decía el domingo Manuel Vicent en El País.


La anterior Ley de depósito legal de 2011, promulgada también durante
un Gobierno socialista, fue un hito importante en la conservación de la
producción bibliográfica, sonora, audiovisual y digital, garantizando el
acceso universal al legado intelectual con fines culturales y de
investigación. Pero la realidad cambiante en que vivimos y los avances en
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación exigían una
modificación legislativa que fuera más efectiva en el panorama editorial
actual. Esta ley que debatimos logra un depósito más completo y
pertinente del conjunto de la edición en los diferentes territorios,
incluyendo mejoras como la entrega por parte de los editores de los
archivos digitales previos a la impresión, lo que supondrá, por ejemplo,
no tener que digitalizar estos ejemplares. Igualmente, se reconoce a la
Filmoteca Española como centro de conservación para la recuperación e
investigación del patrimonio cinematográfico, y se da un nuevo papel a la
Biblioteca Nacional de coordinación y asesoramiento, así como de
seguimiento de la normativa, siempre en colaboración con las comunidades
autónomas, que ejercerán la función inspectora en sus territorios.


El texto incorpora además los cambios derivados del Real Decreto
de 2015, de depósito legal de las publicaciones en línea, e incluye a los
videojuegos como creaciones que son patrimonio cultural, preservando la
historia de estas obras, a veces tan volátil, todo un reconocimiento y
apoyo a la industria del videojuego. En este caso, agradecemos el trabajo
de la Asociación Española de Videojuegos, que han colaborado en la ley y
están esta mañana con nosotros en esta sesión plenaria.


En el trámite de la ley han colaborado las comunidades autónomas y
los principales agentes del sector, y viene del Congreso, efectivamente,
con un consenso casi unánime, que esperamos que se mantenga en esta
Cámara. Por supuesto, lamentamos que el Grupo Vox haya votado en contra
de la ley en el Congreso y en la Comisión de Cultura y Deporte del
Senado, con el curioso argumento de que en ella se eliminan las
referencias a los organismos del Estado; incluso solicitaron la supresión
de la disposición donde se habilita a las comunidades autónomas para
desarrollar la ley. No sé, señores de Vox, cómo pueden vivir día a día
con estas contradicciones, la verdad. Presumen de la necesidad de
suprimir las comunidades autónomas, pero están encantados de participar
en los gobiernos autonómicos. (Aplausos). En fin, incoherencia y
postureo. Pero nosotros a lo nuestro, a seguir trabajando por los
ciudadanos, como esta ley, otra ley más, dentro de la agenda legislativa
del Gobierno, que mejora la vida de las personas.


Señorías, conservar lo que se edita en un país tiene una enorme
trascendencia, porque significa no solo guardar esos libros preciosos,
que decía Felipe V, sino custodiar todo lo publicado en nuestros
territorios; conocer, por ejemplo, qué leían los hombres y las mujeres en
el Renacimiento o en la Ilustración. Sin la conservación de este
patrimonio no podríamos estudiar nuestro pasado, pero tampoco comprender
nuestro presente ni nuestro futuro. Además, es una manera de luchar
contra la barbarie y la sinrazón, contra las guerras y los
totalitarismos; es practicar el conocimiento y dar acceso a las
creaciones más sublimes de la humanidad.


En su discurso del Premio Cervantes el pasado viernes, la escritora
Cristina Peri Rossi incluyó unos versos de un poema: Los antiguos
faraones ordenaron a los escribas consignar el presente, vaticinar el
futuro. Este sigue siendo el compromiso del escritor sin ninguna
solemnidad. Señorías, me atrevería a añadir que ese es también el
compromiso de todos y todas y, sobre todo, de los profesionales que
custodian el patrimonio y la cultura que esta ley continúa
garantizando.


Muchas gracias a ellas y a ellos por su magnífico trabajo.
(Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Señorías, finalizado el debate del proyecto de ley por la que se
modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, procederemos
a la votación de las enmiendas —las que resulten aprobadas quedarán
incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno— y votación en
un solo acto del resto del proyecto de ley.


Se abre el plazo de dos horas para su votación telemática desde este
momento que son las doce horas y treinta minutos hasta las catorce horas
y treinta minutos.










REGLAMENTO DEL SENADO




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL
SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 92.


626/000008



La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 9., 9.1.
y 9.1.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): No habiendo turno a favor ni
en contra previstos, procedemos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidenta.


En este punto, solamente quiero celebrar que haya habido un acuerdo
para poder institucionalizar de manera formal en el Reglamento el voto
telemático. Nuestro grupo se ha añadido al resto de grupos para hacerlo
efectivo y, por tanto, celebramos este acuerdo, que significa que hay
momentos en que hay capacidad de acordar.


Es cierto que es un primer paso. Hace dos años parecía imposible y
ahora la cruda realidad lo ha facilitado. Por tanto, aprovechemos también
para avanzar en estos aspectos que pueden facilitar la vida
parlamentaria.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra la
senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidenta.


Me llaman la atención los tiempos, porque en la anterior ley eran
cinco minutos y ahora son diez. Me van a sobrar casi siete, mientras que
en el anterior me hubieran faltado cinco o seis minutos más.


En cuanto a la proposición de ley del cambio del Reglamento del
Senado, en nombre del Grupo de la Izquierda Confederal, celebramos la
posibilidad del acuerdo, compartimos el acuerdo y, en consecuencia, vamos
a votar a favor. Evidentemente, el uso del voto electrónico, combinado
con la necesaria tarea presencial en esta casa, es fundamental para
adecuar a los tiempos en los que vivimos, a las tecnologías de las que
afortunadamente disponemos, la tarea política, la tarea que los
legisladores y las legisladoras hacemos aquí. Adaptar esta labor a las
situaciones excepcionales o imprevisibles es una carencia que se subsana
con esta ley. Por otra parte, cuando la naturaleza nos pone en nuestra
justa dimensión como especie que habita el planeta Tierra, en el caso de
una pandemia, una nevada o un volcán que impide que podamos celebrar las
actividades habituales en una Cámara legislativa, la posibilidad del voto
telemático nos facilita hacer este trabajo. Nosotros compartimos
absolutamente la propuesta y la vamos a votar a favor.


Únicamente quiero recordar que la mitad del Grupo de la Izquierda
Confederal tiene lengua propia y que hay también otra propuesta de
reforma del Reglamento, cuya consideración ya tomó esta Cámara, y que
sigue permanentemente pendiente, para que se puedan utilizar las lenguas
propias en todo tipo de iniciativas, no solo en las mociones. Tengo la
obligación y la responsabilidad de hacerlo, insisto, porque la mitad del
grupo de senadores de la Izquierda Confederal tienen lengua propia; con
lo cual, es razonable que recuerde que esa tarea sigue pendiente.


En cuanto a esta, como he dicho, cuenta con el respaldo, con el apoyo
del Grupo de la Izquierda Confederal.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Landa
Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Egun on. Buenos días a todos y todas.


El Grupo Vasco comparte con el resto de los grupos de la Cámara la
presentación de esta propuesta de modificación del Reglamento del Senado
respecto del voto electrónico remoto, regulado en su artículo 92; un
artículo que incorporó por primera vez, a través de la reforma de
noviembre de 2013, la posibilidad de utilizar este sistema en los
supuestos de embarazo, maternidad y paternidad, además de en los casos de
enfermedad grave. Lo cierto es que la pandemia de la COVID-19 y las
exigencias de distanciamiento físico derivadas de ella han obligado a la
Cámara a habilitar excepcionalmente, a través de sendas normas
supletorias de la Presidencia, este sistema de voto para evitar la
paralización en su funcionamiento y posibilitar el ejercicio del voto a
todos y todas las senadoras.


La experiencia vivida en estos años de pandemia aconseja, por tanto,
acoger en el Reglamento la regulación de supuestos que van más allá de
los contemplados inicialmente en este artículo 92, a fin de garantizar el
ejercicio del voto ante situaciones extraordinarias, como la citada, que
afectan a la generalidad de la Cámara, y también ante situaciones
excepcionales e imprevistas acreditadas que impidan la presencia del
senador o senadora a la sesión plenaria correspondiente para el ejercicio
del voto presencial.


En todo caso, queremos subrayar la excepcionalidad de los supuestos
habilitados para ello, en tanto consideramos que la presencialidad se
erige en característica esencial del parlamentarismo y, como tal, debe
ser respetada a tenor de lo dispuesto en el propio Reglamento del Senado,
que establece expresamente el derecho y el deber de los senadores y
senadoras de asistir a las sesiones plenarias y a votar en ellas.


En el Grupo Vasco abogamos por fórmulas más genéricas en orden a la
regulación de estos supuestos excepcionales, dada la dificultad de
recoger su amplia casuística. En todo caso, hemos trabajado como lo
hacemos siempre, en pro del acuerdo entre los diferentes grupos
parlamentarios, más teniendo en cuenta la trascendencia de la materia
abordada. Finalmente, la propuesta viene respaldada por todos los grupos
parlamentarios de la Cámara, y esto es, sin duda, importante.


Termino, no sin dejar constancia de la necesidad de abordar, espero
que con la misma urgencia y voluntad de acuerdo que en este caso, las
propuestas de reforma del Reglamento a las que ha aludido también quien
me ha precedido en la palabra, con el fin de que se consiga la
normalización de las lenguas oficiales también en esta Cámara.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik asko,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Bildu, ¿van a hacer
uso de la palabra? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Sánchez-Camacho Pérez.


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


En nombre de mi grupo, del Grupo Parlamentario Popular, quiero, en
primer lugar, poner de manifiesto la celebración del consenso por parte
de todos los grupos parlamentarios en esta propuesta de modificación del
Reglamento de la Cámara.


En segundo lugar, también quiero poner de manifiesto la importancia y
la relevancia de esta reforma, que compromete y confirma la propuesta de
todos los grupos de la importancia de la presencialidad en el ejercicio
de nuestros derechos y deberes de representatividad de la ciudadanía y,
por tanto, el ejercicio del parlamentarismo. Pero, a su vez, también la
adecuación en un mundo globalizado, en pleno siglo XXI, del voto
electrónico remoto, que nos permite conciliar situaciones como las
vividas en la COVID en estos años 2020 y 2021 y adaptarlas a nuestro
Reglamento.


Por tanto, queremos agradecer a los servicios de la Cámara y a todos
los grupos parlamentarios el consenso en una reforma importante y
relevante para el ejercicio de nuestra actividad parlamentaria. Desde el
milenario Areópago ateniense seguimos ejerciendo hoy, en pleno siglo XXI,
la democracia liberal occidental por parte de todas sus señorías.


Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Fajardo Palarea.


El señor FAJARDO PALAREA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes,
señorías.


Pertinente, útil y necesaria. Así consideramos todos los grupos esta
propuesta de reforma del Reglamento para llevarla a buen término.


En primer lugar, quería dar las gracias a todos los portavoces de
todos los grupos que están representados en esta Cámara por el consenso
alcanzado. Se ha tildado de excepcional, y es verdad que pocas han sido
las veces en la que se ha logrado la unanimidad. Y, aparte del
agradecimiento a los portavoces de los grupos parlamentarios, también
quiero hacerlo, en especial, a los miembros del Grupo Socialista que
conforman el grupo de reforma del Reglamento y a la portavoz, que hoy no
está presente pero ha sido la persona que ha vehiculizado y conciliado
las diferentes aportaciones de los diferentes grupos.


Doy la bienvenida a los y las jóvenes que hoy nos visitan. Han tenido
mala suerte, porque les ha tocado escucharnos debatir sobre un tema de
Reglamento que, en definitiva, es la norma que regla los deberes y las
obligaciones que tenemos los parlamentarios, las iniciativas, su forma de
tramitación, etcétera. Están en su casa.


Como decía el senador Landa —agradezco también sus
aportaciones, las aportaciones de los miembros de la Mesa y la encomiable
e inestimable labor de asesoramiento de los servicios jurídicos de la
Cámara, con el secretario general a la cabeza, en orden a conseguir la
mayor pulcritud de esta reforma del Reglamento que hoy sometemos a
votación—, el artículo 20 establece no solamente el derecho, sino
también la obligación de comparecer a las sesiones plenarias. Por eso, en
la reforma que hoy espero que se apruebe —seguro se
aprobará—, no hablamos sino de sesiones plenarias. No hablamos de
comisiones, porque en las comisiones cabe la sustitución de los senadores
y de las senadoras; en cambio, en las sesiones plenarias, no. Y no es la
primera vez, como decían quienes me han precedido en el uso de la
palabra, que se reforma el artículo 92 de nuestro Reglamento. El 21 de
noviembre de 2013 ya se hizo: se introdujo la posibilidad del voto
telemático, hoy voto electrónico remoto, para los casos de embarazo,
paternidad, maternidad y enfermedad grave. Lo de enfermedad grave trajo
una serie de consecuencias no deseadas, seguramente, por los compañeros y
compañeras que llevaron a cabo la reforma, porque prácticamente
convertían la Mesa en un tribunal médico para poder discernir qué era una
enfermedad grave o no.


El espíritu —ya ha sido explicado por quienes han intervenido
antes que yo— es adecuar el Reglamento a la nueva realidad,
extender el número de supuestos por los que se puede votar de forma
electrónica remota y también, algo muy importante, el número de asuntos
que pueden ser votados, porque antes estaban vedados los que podían ser
objeto de fragmentación o de modificación.


Creo que se ha hecho un buen trabajo. Han sido cinco o seis los
textos que hemos tenido que reformar. Agradezco también al señor Reniu y
al señor Martí —no está presente— sus aportaciones, porque
han sido tan constructivas que no solamente estamos regulando un derecho
personal, sino también situaciones en las que, a lo mejor, el total de
los senadores y las senadoras no podemos acudir por motivos derivados de
catástrofes, que Dios no lo quiera, pero visto lo que está pasando a
nivel mundial teníamos que tener prevista hasta esa posibilidad.


Aprovecho las palabras del presidente ayer. Han hablado de pandemia y
quiero agradecer a todos los trabajadores y las trabajadoras de esta
Cámara porque, gracias a ellos, en época de pandemia, esta Cámara he
podido seguir funcionando, no con total normalidad pero sí cumpliendo con
las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas.


Termino. Hemos hecho el trabajo, y voy a expresar un deseo: que se
ejercite lo menos posible este derecho. Solamente lo salvo para la
maternidad, la paternidad y el embarazo, pero ojalá lo ejercitemos poco,
porque las otras causas por las que podríamos vernos impedidos para
cumplir con la norma general, que es la presencialidad, no se las deseo a
nadie.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Finalizado el debate de la propuesta de reforma del Reglamento del
Senado por la que se modifica el artículo 92, vamos a proceder a la
votación final de la propuesta de reforma en su totalidad.


De conformidad con el artículo 196.3 del Reglamento del Senado, se
requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, es
decir, 133 senadores.


Se abre el plazo de dos horas para su votación telemática desde este
momento, que son las doce horas y cuarenta y seis minutos, hasta las
catorce horas y cuarenta y seis minutos.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL
DE VIVIENDAS Y LA DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA. (Proclamación el
resultado de la votación).


671/000110

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 6.
y 6.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Se ha votado con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Democrático, con
número de registro de entrada 139867.


Votos emitidos, 264; a favor, 112; en contra, 146;
abstenciones, 6.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada la moción.
(Aplausos).









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DEL
SECTOR PESQUERO.


671/000112

GPERB


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 10.
y 10.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción consecuencia
de interpelación se han presentado cinco enmiendas: cuatro del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal y una del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco
minutos, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, la senadora Bideguren Gabantxo.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko, mahaiburu andrea,
senatari jaun-andreok. Egun on, guztioi.


Gaur Euskal Herria Bilduk Senatuan aurkezten duen ekimen honekin
agerian utzi nahi izan dugu arrantza-sektoreko emakume langileekiko
dagoen diskriminazio argia, eta Madrilgo Gobernuari eskatzen diogu
diskriminazio honekin lehenbailehen amai dezala, eta abian jar ditzala
lan-arloko eta gizarte-segurantzako neurriak, itsasoaren esparruan lan
egiten duten gizonen eta emakumeen arteko parekidetza gauzatzeko.


Ez da gai berria. Ekimen ugari egon dira bai gure erakundeetan baita
Madrileko erakundeetan, baina harrigarria da oraindik gai konkretu
batzuetan hasierako puntuan jarraitzen dugula. Egia da itsasoko emakume
langileen errealitatea aldatu egiten dela eremu bakoitzean dagoen
arrantza-sektorearen izaeraren arabera. Nik hobekien ezagutzen dudan
errealitatea neskatilena, paketatzaileena eta saregileena da, Euskal
Herriko arrantzaren izaeragatik eta etxean ama eta amama bera era
neskatila izandakoak direlako, eta, beraz, horretan zentratuko naiz batez
ere. Baina itsasoko emakume langile guztiek gauza bat dute amankomunean:
beren lana, lan oso feminizatua izanik, oso gutxi baloratu dela. Eta hori
aldatzen ez bada, belaunaldi-erreleboa egoteko egiten diren lan guztiak
alferrik izango dira. Arrantzaren funtzionamendu egokirako eta
sektorerako orokorrean, funtsezko lana da saregileek, paketatzaileek eta
neskatilek egiten dutena, baina, era berean, lan ikusezina. Egiten ez
bada, dena gelditzen da, baina egiten denean gutxik baloratzen
dute.


Gehiegitan, zentzugabekeriak entzun izan dituzte, batzuk esaten
zertaz kexatzen diren, beste batzuk adinak eragindako minak jasaten
dituztela. Beste batzuetan, azazkalak eta ezpainak margotzeko denbora
izan dutela, eta beste askotan gehiago kobratu nahi baduzu, edo beste
baldintza batzuetan lan egin, joan zaitez fabrikara, egongo delako beste
emakumeren bat edo beste etorkinen bat zure lana egiteko.


Muchas gracias, señora presidenta. Senadores, buenos días a
todos.


Con la iniciativa que presentamos hoy en el Senado queremos poner de
manifiesto la clara discriminación que existe con las mujeres
trabajadoras del sector pesquero, y pedimos al Gobierno de Madrid que
acabe con esta discriminación y que ponga en marcha medidas en materia
laboral y de Seguridad Social que hagan efectiva una equiparación entre
hombres y mujeres que trabajan en el ámbito del mar.


No se trata de un tema nuevo. Se han presentado multitud de
iniciativas parlamentarias tanto en el País Vasco como en Madrid, pero
seguimos, en algunos aspectos, en el mismo punto. Es cierto que la
realidad de las mujeres trabajadoras del mar varía dependiendo de la
naturaleza del sector pesquero en cada zona. La realidad que mejor
conozco yo es la de las neskatillas, empacadoras y rederas, porque lo he
vivido en casa, lo he vivido en el País Vasco, por ser hija y nieta de
neskatillas. Por eso me voy a centrar precisamente en eso, pero yo creo
que todas tienen en común una cosa, y es que su trabajo, altamente
feminizado, ha sido y sigue siendo muy poco valorado, y si esto no
cambia, todo el trabajo que se haga para que haya relevo generacional
será en vano. Es un trabajo clave para el buen funcionamiento de la pesca
y para el sector, pero ha sido un trabajo invisibilizado. Si no se hace,
todo se para, pero cuando se hace, pocos lo valoran.


En demasiadas ocasiones han tenido que escuchar disparates como a ver
de qué se quejan; que son dolores generados por la edad; que por lo menos
han tenido tiempo para pintarse las uñas y los labios, y a veces les
dicen que, si quieren cobrar más, se vayan a la fábrica, que seguro que
habrá alguna otra mujer en la familia o una mujer migrante que nos haga
este trabajo.


Estoy segura de que más de una se ha sentido identificada en este
momento. Y les quiero decir que, aunque en algunas ocasiones se les haya
hecho sentir como si fuera un problema individualizado, personal, este es
un problema colectivo, de tal manera que tanto el Poder Ejecutivo como el
Legislativo tienen una responsabilidad clara. Señorías, tenemos la
responsabilidad de trabajar para conseguir una equiparación efectiva
entre hombres y mujeres que trabajan en el ámbito del mar. Y lo cierto es
que, pese a la dureza y penosidad del trabajo, es el único colectivo del
sector de la pesca que no tiene derecho a reducir la edad de jubilación.
Alguno pensará que es porque no trabajan en el mar, en un barco, y no
tienen el mismo nivel de penosidad o siniestrabilidad, pero los
estibadores, por ejemplo, tampoco trabajan en el mar y, sin embargo,
tienen reconocido este derecho.


Reconocemos las especificidades de las personas trabajadoras del
régimen especial del mar, y nos parece justo que la Seguridad Social
trate de manera diferenciada a estas personas a la hora de jubilarse. Sin
embargo, las únicas profesiones feminizadas en el sector quedan fuera con
el actual marco normativo. ¿Por qué no tienen el mismo reconocimiento
social y prestacional?


El ministro Escrivá nos anunció, con la interpelación que le formulé
a principios de mes, que están trabajando en un proyecto de ley para que
las neskatillas, rederas y empacadoras puedan acceder a los beneficios en
materia de jubilación, que en cuestión de semanas llevarán al Consejo de
Ministros. En principio, es una buena noticia y no pongo en duda la
voluntad política del Gobierno, pero, hasta que se apruebe la ley,
seguimos permitiendo una clara discriminación. Por tanto, pido celeridad.
Y haremos seguimiento y estaremos atentas a cuál es la solución a la que
pueden acogerse las trabajadoras del sector. Pedimos que tenga en cuenta
su carácter específico y los años que han estado desprotegidas. Se
necesita un modelo de protección diferenciado por su carácter específico
y hay que hacerlo con perspectiva de género. Necesitamos modificaciones
legislativas urgentemente para una justa protección social. Es urgente
acabar con la discriminación y es importante dignificar este trabajo por
las que están, por las que estuvieron y por las que necesitamos que estén
en el futuro. Por todas ellas y por una sociedad más justa, más
igualitaria y más equitativa, os pido el voto favorable a esta
iniciativa.


Eskerrik asko. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
senadora.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Mulet
García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies presidenta.


Quan vam seguir la interpel·lació que va presentar Bildu i també
l’exposició de motius que ha fet hui i el text de la moció, vam
vore que el cas que contava era extrapolable a altres parts del territori
de l’Estat. Nosaltres teníem una moció presentada a la Comissió
d’Agricultura que parlava d’un cas molt concret, molt xicotet
de dimensions, però també molt simbòlic, que era el cas dels pescadors i
les pescadores de l’Albufera de València. Nosaltres parlem de les
poseres, que era l’exemple concret que estava vivint-se a la ciutat
i a l’àmbit de la comarca de València, i també de les remendadores.
Eixe problema de la precarietat del sector de la pesca, especialment de
les dones, tenia una peculiaritat molt concreta en el cas de les poseres
de l’Albufera de València. Sabem que se n’ix un poc de
l’esperit d’aquesta proposta, però ja que sabem que ens costa
tant poder incloure en l’ordre del dia mocions que es puguen
debatre, fins i tot les que estan en comissions, pesàvem que era
l’oportunitat perquè es poguera parlar hui del cas concret de
l’Albufera de València.


Hem presentat les esmenes. Tenim un torn de portaveus en el qual
tindrem més temps per a explicar el cas concret. Ja que es parla
d’un problema concret del País Basc, entenem que calia també parlar
del cas concret de l’Albufera de València.


No m’estendré en la defensa de les esmenes, tothom les ha pogut
llegir si hi ha tingut interés. Ens agradaria, encara que siga complicat,
que s’inclogueren en el text que es puga aprovar hui. Nosaltres
votarem, s’accepten o no aquestes esmenes, a favor de la proposta,
perquè entenem que és de justícia. Considerem que totes aquelles
iniciatives que redunden en la reivindicació i la millora dels drets dels
sectors més desafavorits són positives.


En aquest cas, en el següent torn, parlarem del cas de
l’Albufera. Sé que no li interessa pràcticament a ningú, perquè el
soroll que hi ha de fons és bastant insuportable, però bé, continuarem en
el següent torn. Esperem que tinguen un poc més d’interés que en
aquest els senadors que estan en aquests moments parlant.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


Cuando seguimos la interpelación que presentó Bildu y la exposición
de motivos de hoy, vimos que el caso que contaba era también extrapolable
a otros territorios del Estado. Nosotros teníamos una moción en la
Comisión de Agricultura que hablaba de un caso muy concreto, de pequeña
dimensión pero también muy simbólico, que era el caso de los pescadores y
las pescadoras de la Albufera de Valencia. Nosotros hablábamos de las
acarreadoras, que es el ejemplo concreto del ámbito de la comarca de
Valencia, y también de las remendadoras. Este problema de la precariedad
del sector de la pesca, especialmente en las mujeres, tenía una
peculiaridad muy concreta en el caso de las acarreadoras de la Albufera
de Valencia. Sabemos que se sale un poquito del espíritu de esta
propuesta, pero ya que nos cuesta tanto incluir en el orden del día
mociones que se puedan debatir, incluso en comisiones, creemos que esta
es la oportunidad de que se puede hablar de este caso concreto de la
Albufera de Valencia.


Hemos presentado las enmiendas; en el turno de portavoces tendremos
más tiempo para explicar el caso concreto. Ya que se habla de un problema
concreto del País Vasco, entendemos que también cabía hablar del caso
concreto de la Albufera de Valencia.


No me extenderé en la defensa de las enmiendas. Todo el mundo, si ha
tenido interés en ellas, las ha podido leer, y nos gustaría que se
incluyeran en el texto que se pueda aprobar hoy. Nosotros votaremos a
favor de la propuesta, porque entendemos que es de justicia y
consideramos que todas aquellas iniciativas que redundan en la
reivindicación y la mejora de los derechos de los sectores más
desfavorecidos son positivas.


Después, en el siguiente turno, hablaremos del caso de la Albufera.
Sé que no interesa prácticamente a nadie, porque el ruido que hay de
fondo es bastante insoportable, pero continuaremos en el siguiente turno
y esperemos que tengan más interés los senadores que están en este
momento hablando.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias.


Señorías, les ruego encarecidamente que bajen el nivel de sonido de
sus conversaciones, por favor, por respeto a quienes están
interviniendo.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la senadora González Bayo.


La señora GONZÁLEZ BAYO: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado una enmienda a esta moción porque lo que queremos es poner en
valor el trabajo de las mujeres del mar: neskatillas, rederas,
empacadoras, en definitiva, mujeres que han trabajado en un entorno
laboral no agradable, no reconocido y donde no hay un techo que las
resguarde de la lluvia ni tampoco una pared que las proteja del viento y
de las olas.


Estos oficios femeninos son los más antiguos que se dan en nuestros
puertos. Las mujeres realizan estas labores tan duras y nunca
consideradas desde una perspectiva laboral; más bien se ha tenido la
concepción de que era una ayuda a sus maridos en las labores de marinero,
que ellos sí tenían reconocidos como profesionales del mar. Desde el
punto de vista económico, ellas recibían una pequeña compensación, que en
su propia casa era reconocida como un complemento al sueldo principal,
que era el sueldo del marido.


Hoy estamos en el siglo XXI; hoy las mujeres somos más libres; hoy
las mujeres que han relevado a sus madres en las tareas marineras quieren
tener un trabajo digno y quieren tener unas condiciones laborales
adecuadas y en consonancia con su trabajo. Quieren también un sueldo
digno, que les haga llevar hacia delante sus vidas. Por eso, en el
Gobierno que preside Pedro Sánchez tenemos claro que hay que dignificar
la situación profesional y el olvido que han venido sufriendo estas
mujeres. Han sido históricamente discriminadas tan solo por ser mujeres.
Ahora, este Gobierno les va a garantizar una jubilación justa. Para los
socialistas es muy importante eliminar las barreras que se den en
cualquier sector, pero tenemos que hacer hincapié en un sector tan
masculinizado como el pesquero. Estamos hablando de mariscadoras, de
empacadoras, de rederas, de neskatillas; queremos garantizar el acceso y
el disfrute de estas mujeres a las prestaciones de Seguridad Social,
especialmente a la jubilación.


Por eso hemos presentado esta enmienda; porque tenemos claro que la
política que está llevando nuestro presidente Sánchez es de compromiso
con las mujeres del mar, con enriquecer todo el sector, dando más
oportunidades de empleo a todos los territorios costeros de nuestro país
y a las personas que quieren seguir viviendo en estas zonas;
oportunidades para una generación de mujeres resilientes, hijas, madres y
hermanas del mar.


Por ello queremos reconocer y valorar las profesiones de las mujeres
que trabajan en nuestros puertos, que son clave para el funcionamiento de
la actividad pesquera. El Gobierno llevará a cabo un cambio normativo
—ya lo expuso aquí el ministro— para que las empacadoras, las
rederas y las neskatillas, dejen de ser las únicas ocupaciones del
régimen del mar sin acceso a beneficios cuando cumplan la edad de
jubilación. Y a las mariscadoras también se les subirá el coeficiente
para homologarlas con las profesiones análogas. Todo ello para eliminar
esa discriminación histórica que han sufrido las mujeres del mar. Pero,
además, queremos más, queremos también favorecer la formación y el relevo
generacional de estas mujeres. Y esto hay que compararlo con los datos de
mi tierra, de Andalucía, donde tenemos un Gobierno del Partido Popular
que encamina todas sus acciones a eliminar todas las políticas en favor
de la igualdad. (Aplausos). Moreno Bonilla ha recortado el dinero que se
destinaba al Instituto Andaluz de la Mujer. Moreno Bonilla ha retirado
dinero de la protección de la mujer por violencia de género. ¿Acaso
quiere el presidente que a las mujeres andaluzas nos sigan matando?
Porque Moreno Bonilla ha recortado 3,3 millones en políticas de igualdad.
(Aplausos.— Protestas).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, silencio.


La señora GONZÁLEZ BAYO: 3,3 millones.


En definitiva, Andalucía, igual que España, necesita un Gobierno
socialista para que las mujeres podamos vivir en igualdad de
condiciones.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Bideguren para indicar si acepta o no
las enmiendas presentadas.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias, presidenta.


Me gustaría agradecer las enmiendas presentadas. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, silencio.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: De las enmiendas de Compromís ya he
hablado con el senador Mulet. Creo que las trabajadoras de la Albufera
tienen una problemática concreta y se merecen una moción concreta para
abordarla, pero desconfiguraban un poco la moción que habíamos presentado
y, por lo tanto, no las vamos a admitir. Sí vamos a admitir la enmienda
presentada por el Grupo Socialista. Nos parece que en las conversaciones
que hemos mantenido desde el principio ha habido voluntad para llegar a
un acuerdo y creo que es un tema lo suficientemente importante para que
haya consenso y para que cuantas más fuerzas políticas apoyen esta
iniciativa, mejor. Porque el asociacionismo de estas mujeres ha ayudado a
que sigan con fuerza hasta el día de hoy, pero necesitan toda nuestra
compañía y nuestro esfuerzo para que, de una vez por todas, le demos la
vuelta a esto, acabemos con la discriminación y vayamos por el buen
camino.


Eskerrik asko. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik asko,
senadora.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, desde siempre las mujeres han tenido un gran protagonismo
en el sector pesquero en las regiones del norte de España y han
contribuido al sostén de sus economías familiares. Destaca especialmente
la figura de las neskatillas, empacadoras y rederas, mujeres encargadas
de recibir a los barcos cuando estos llegan a puerto para realizar la
descarga, llevarse la mercancía, clasificar y ordenar el pescado, y
promover su venta, entre otras muchas labores. El trabajo de estas
mujeres es considerado como un oficio artesanal, auxiliar de la pesca,
basado en actividades realizadas desde tierra que resultan absolutamente
imprescindibles para las flotas, pero se trata de una actividad
escasamente remunerada y poco regular.


La principal característica de estos trabajos es su marcado carácter
discontinuo, puesto que, al depender directamente de la pesca, estas
mujeres no realizan su trabajo todos los días, sino tan solo aquellos en
que llegue a puerto pescado, para descargar, clasificar, distribuir y
trasladar. Esta discontinuidad ha condicionado su trabajo, especialmente,
la jornada y el salario, pero también las reglas de afiliación y
cotización a su correspondiente régimen de Seguridad Social, que es el
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. Según el Plan estratégico
de pesca y acuicultura del País Vasco 2020, se calcula un total de 90
mujeres trabajadoras en los oficios auxiliares del sector pesquero
vasco: 19 empacadoras, 17 neskatillas, y 54 rederas. Las neskatillas y
empacadoras, a diferencia de otros colectivos profesionales incluidos en
el REM, no tienen reconocidos unos coeficientes reductores de la edad de
jubilación que sí se consideran para otros trabajadores vinculados al
mar, para los cuales sí es posible reducir la edad de jubilación en hasta
diez años como máximo, respecto a la general de 65. Por ello, esta es una
de las reivindicaciones tradicionales del colectivo.


En febrero de 2020, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, José Luis Escrivá, asumió el compromiso de analizar e
intentar ver las vías para dar una solución a las rederas, neskatillas y
empacadoras, frente a su demanda de disfrutar de un coeficiente reductor
en la edad de jubilación que les permita adelantar el retiro. En febrero
de 2014, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó un informe en el que
instaba a la Comisión Europea a reconocer los oficios de las mujeres del
mar, entre las que figuraban las rederas, neskatillas y empacadoras que
trabajan en Euskadi. En dicho informe se indicaba el reconocimiento de
los derechos sociales que corresponden a estos oficios vinculados a la
pesca, instando a la Comisión y al Consejo a que insten a los Estados
miembros a regular y reconocer una serie de factores, como las
enfermedades profesionales, así como la aplicación de coeficientes para
anticipar la edad de jubilación.


Respecto a la consideración social del papel que desempeñan estas
mujeres y al fomento de su participación en la toma de decisiones
sectoriales, el 30 de octubre de 2015 se publicó en el BOE un nuevo texto
consolidado de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, que incluía una
disposición adicional cuarta, en relación con el colectivo de neskatillas
y empacadoras. A partir de este momento, las neskatillas y empacadoras
aparecen por primera vez mencionadas en una ley, obteniendo así respuesta
a una de sus demandas históricas. Por otro lado, en el desarrollo de su
actividad, neskatillas y empacadoras están expuestas a constantes riesgos
y condiciones higiénico-laborales adversas. Trabajan habitualmente
durante horarios nocturnos y en unas condiciones climatológicas extremas
de frío y humedad. Diversos organismos regionales, nacionales y
comunitarios han reconocido la existencia de estas patologías como
indisociables del trabajo que desarrollan estas mujeres, por lo que
convienen en que estas deben ser consideradas oficialmente como
enfermedades profesionales y no como contingencias comunes, como ocurre
actualmente. El problema es que en la actualidad el catálogo de
enfermedades profesionales, aprobado por Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, al que se han añadido nuevas enfermedades a través del Real
Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, no recoge la actividad de estas
trabajadoras, aunque sí la sintomatología que padecen, que es común a
otros trabajos. Para que una enfermedad sea reconocida como profesional
en dicho catálogo tiene que venir registrada la actividad realizada y la
sintomatología que produce. En la actualidad está pendiente de resolución
esta reclamación totalmente legítima.


Por lo expuesto, votaremos a favor de esta moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra la senadora
Ponce Gallardo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidente.


Señorías, acabamos de ver al Partido Socialista comenzando su
campaña. Para empezar, les voy a decir que dejen de utilizar a las
mujeres y al miedo en su guerra. El presupuesto del Instituto Andaluz de
la Mujer en Andalucía aumentó un 19 % para la lucha contra la violencia
de género, mientras que ustedes dejaron sin ejecutar el 75 % del
presupuesto que tenían para esta lucha. Señorías, dejen ya de atacar y de
utilizar a la mujer constantemente en su guerra.


Y con respecto a la moción, señorías, creo que no descubro nada nuevo
si digo que el sector pesquero en España se enfrenta a muchísimas
dificultades: las propias del sector, las sobrevenidas y la más
importante, la incapacidad de este Gobierno para aportar soluciones a sus
problemas, cuando no su más que manifiesta capacidad para crear problemas
donde no los hay.


La moción que trae hoy el grupo proponente se basa en el problema
concreto de las rederas, neskatillas y empacadoras. Y, por supuesto, ni
qué decir tiene que estamos a favor de lo que plantean. Pero es que
hablar de pesca nos da también la oportunidad de darles voz y de poner el
foco de atención en otros muchos problemas que tiene el sector y que
desde las instituciones tenemos que abordar para tratar de darles
solución. Los que somos de comunidades autónomas y de provincias costeras
conocemos muy bien cuál es la situación del sector pesquero. A los altos
precios del combustible, que hicieron que nuestros barcos tuvieran que
parar y quedarse amarrados en puerto, le sumamos también la nefasta
gestión de este Gobierno de Sánchez a la hora de negociar en la Unión
Europea. Mientras no paran de subir los impuestos a las clases medias y
trabajadoras de este país, mientras suben los costes, mientras asfixian a
los trabajadores de la mar, en provincias como la mía, en Huelva,
cofradías y pescadores tienen gravísimos problemas por las cuotas de
captura y por la competencia desleal consentida a países como Italia por
la Unión Europea en cuanto a tamaño de especies, como son, por ejemplo,
las chirlas o el boquerón. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora PONCE GALLARDO: Y esto, señorías, se debe únicamente a la
falta de liderazgo y a que quienes tienen la responsabilidad de subir a
Bruselas y pelear con uñas y con dientes, como hacen en otros países, por
nuestros agricultores, por nuestros ganaderos y por nuestros pescadores,
no lo hacen, señorías, porque, al fin y al cabo, el pan que se están
jugando no es el suyo. Y en España, señorías, se limitan las capturas,
pero no se invierte en conocer de forma actualizada el estado de los
caladeros. Y ustedes, señorías del Grupo Socialista, toman decisiones
basándose en informes con datos totalmente desactualizados y desfasados
de años anteriores. ¿Han pensado lo fácil que sería escuchar a los
verdaderos expertos? ¿Contar con los pescadores a la hora de tomar
decisiones? ¿Dejar de malgastar el dinero público en colocar amiguetes
—señorías, son el Gobierno con mayor número de asesores de la
historia— y dejarse asesorar, por fin, por quienes llevan toda la
vida trabajando en el mar y son quienes mejor lo conocen?


La sostenibilidad ambiental es importantísima, fundamental, pero es
que se puede alcanzar el equilibrio entre la sostenibilidad de los
caladeros y de las especies y la sostenibilidad laboral y social de las
familias que viven y que dependen del mar. Estamos hablando de un sector
estratégico primordial y del que viven miles de familias que no solo se
tienen que enfrentar a las adversidades climatológicas y a unas
condiciones de trabajo muy duras, sino que, además, no reciben ningún
tipo de apoyo de este Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Democrático intervendrá el senador Fernández
Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, presidente.


Mis primeras palabras son de bienvenida a los alumnos del Colegio El
Salvador, de 4.º de la ESO, y a sus profesores, que son los alumnos de mi
centro de Cantabria. Por lo tanto, bienvenidos, en mi nombre y en nombre
del presidente también. (Aplausos).


Bueno, no os asustéis. No somos tan malos como aquí parece a
veces.


Centrándonos ya en el tema que hoy nos trae aquí, el de la gente del
mar, el de las mujeres del mar, en el Partido Regionalista de Cantabria
queremos manifestar todo nuestro apoyo a las mujeres del mar, a las
mujeres rederas de Colindres, a las mujeres rederas de Laredo, de
Santoña, de Santander y de San Vicente de la Barquera. Ellas buscan
conseguir un coeficiente reductor que les permita una jubilación
anticipada y que se consideren enfermedades profesionales dolencias como
las lumbalgias, las tendinitis, o el túnel carpiano, que hasta la
actualidad no se les está considerando como algo propio de su trabajo.
Además, hay que reconocerles el papel importantísimo que juegan para que
los barcos salgan a pescar. Y debemos apostar por su continuidad para que
haya un relevo generacional en esta actividad, que en Cantabria es tan
importante.


El Gobierno de Cantabria ha ido dando pasos y, entre ellos, se
encuentran los acuerdos que hay entre la Consejería de Desarrollo Rural y
la de Formación Profesional, para que se acrediten profesionalmente a las
rederas. De ahí que se ha encargado ya un grupo de ellas de ir evaluando
para que se acrediten estas mujeres y puedan ejercer su profesión de una
manera más estable y conforme a la norma vigente.


Como el tiempo ha finalizado, les aviso de que mi voto será a favor
de esta propuesta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, tiene la
palabra la señora senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


Ens porten de nou avui aquí una moció sobre la discriminació que, en
matèria de Seguretat Social, tenen les dones treballadores del sector de
la pesca, molt circumscrit al País Basc. Des de Junts per Catalunya som
actius i proactius en la lluita per la consecució de la igualtat plena,
una feina de totes i tots, en tots els nivells. En aquest cas, parlem
d’un col·lectiu de dones del món de la pesca, les neskatilles,
rederes i empacadores, que certament han estat invisibles i
invisibilitzades durant molt de temps.


Per tant, estem a favor, i votarem a favor de qualsevol proposta que
vingui a seguir demanant millores en la seva condició social. Tots parlem
d’igualtat a nivell laboral entre homes i dones, amb treball digne
qualificat i retribuït. Sabem de l’escletxa salarial entre homes i
dones però, si aquesta l’escletxa salarial la referim al sector
primari i als oficis vernacles, en molts casos encara es fa molt més
difícil el coneixement, el reconeixement i l’emparament a nivell
legislatiu per un tracte igual i equitatiu respecte dels homes del mateix
sector.


Els he de dir també senyora Bideguren que fa molt de temps que
debatem i aprovem iniciatives en aquesta mateixa Cambra i en el mateix
sentit del que vostè ens proposa avui. Tirant la vista enrere al 2016 el
Govern de la nació es va comprometre a un estudi per abordar
definitivament els drets d’aquestes dones. A partir
d’aleshores, hi ha hagut tota una sèrie d’iniciatives
aprovades per majories absolutes, o amb el vot a favor del PP i el PSOE
en el millor dels casos, i totes en el mateix sentit, però a hores
d’ara encara estem així. L’objecte sempre era el mateix, fer
justícia al subjecte, aquest col·lectiu de dones. I el que és molt
important per a nosaltres també, el tempo. Han perdut molt de temps.
Abans, això cal fer-ho abans que desapareguin per falta de relleu
generacional. Així, amb mandats parlamentaris no atesos, arribem aquest
mes d’abril on el ministre Escrivá es comprometia a tirar endavant
un projecte de llei en l’àmbit de la pesca on es recolliria entre
altres temes i altres casuístiques la d’aquestes dones. Perquè
aquestes dones deixessin de ser les úniques en el règim especial sense
tenir accés als mateixos beneficis que la resta del sector. Es va
comprometre el ministre ja a abordar el coeficient reductor i donar
resposta a les característiques de perillositat laboral d’aquest
col·lectiu. És una bona notícia però, de moment, només això. Com tantes
altres que aquest col·lectiu ha tingut. Ja seria hora que deixessin de
debatre un cop i un altre sobre el mateix. Ja seria hora que el Govern, a
banda d’anunciar, entomi definitivament els drets d’aquestes
dones.


I és molt important, ja els ho deia, el tempo. S’han perdut
molts anys. Ara parlem de garantir relleus generacionals. Ningú no fresa
per treballar sense reconeixement i sense els drets que li pertoquen.
Entenguin el primer sector i les seves activitats com a activitats
econòmiques, feines dures i innecessàries, que, a banda de suposar una
manera de viure de moltes famílies, també ha de suposar una manera que
puguin viure bé de la seva feina.


I com que en aquest en aquest faristol tots els senadors que
m’han precedit han tingut un segon torn per parlar de lo suyo,
parlant d’Andalusia i del senyor Moreno Bonilla, jo no parlaré
d’això, però parlaré de Catalunya i parlaré de la ministra Robles.
La ministra de Robles avui mateix reconeixia la incapacitat política per
justificar el joc brut contra l’independentisme a Catalunya. Es
preguntava la ministra què calia fer davant d’aquest repte
democràtic de l’independentisme, d’aquest gran problema
territorial. Doncs molt clar, des de Junts per Catalunya portem molt
temps dient-ho i ho continuarem dient: tenir coratge per abordar
políticament un problema que és polític i deixar la repressió, perquè ja
veuen que la repressió no ens atura. Al contrari ens alerta i ens dóna
ales per continuar treballant per la justícia i pels nostres drets.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Nos traen de nuevo hoy aquí una moción sobre la discriminación que en
materia de Seguridad Social tienen las mujeres trabajadoras del sector de
la pesca, muy circunscrito al País Vasco. En Junts per Catalunya somos
activos y proactivos en la lucha por la consecución de la igualdad plena,
una labor de todas y todos a todos los niveles. En este caso, hablamos de
un colectivo de mujeres del mundo de la pesca: rederas, neskatillas y
empacadoras, que han sido invisibilizadas durante mucho tiempo.


Estamos a favor y vamos a votar a favor de cualquier propuesta que
suponga mejoras en su condición social. Todos hablamos de igualdad
laboral entre mujeres y hombres: trabajo digno, cualificado, retribuido.
Conocemos la brecha salarial entre hombres y mujeres. Pero si esta brecha
salarial la referimos al sector primario y a los oficios vernáculos se
hace, en muchos casos, todavía más difícil, el reconocimiento, el amparo
legislativo de un trato equitativo para con los hombres del mismo
sector.


Y, señora Bideguren, debo decir también que hace mucho tiempo que
debatimos y aprobamos iniciativas en esta misma Cámara, y en el mismo
sentido de lo que usted propone hoy. Mirando hacia atrás, en el año 2007
ya el Gobierno de la nación se comprometió a un estudio para abordar
definitivamente los derechos de estas mujeres. A partir de entonces ha
habido una serie de iniciativas aprobadas por mayorías absolutas o con el
voto a favor del PP y el PSOE, en el mejor de los casos, todas en el
mismo sentido, y, sin embargo, ahora mismo seguimos así. El objetivo
siempre es el mismo: hacer justicia al sujeto, a este colectivo de
mujeres. Y lo que es muy importante para nosotros: el tempo. Se ha
perdido mucho tiempo. Esto hay que hacerlo antes de que desaparezcan por
falta de relevo generacional y por falta de mandatos no atendidos. Y
llegamos al mes de abril, cuando el ministro Escrivá se comprometía a
sacar adelante un proyecto de ley en el ámbito de la pesca, donde se iban
a recoger, entre otros temas y casuísticas, la situación de estas
mujeres, para que dejaran de ser las únicas en el régimen especial, sin
tener acceso a los mismos beneficios que el resto del sector. El ministro
se comprometió a abordar el coeficiente reductor y a dar respuesta a las
características de peligrosidad laboral de este colectivo. Y es una buena
noticia, pero, de momento, solo esto, como tantas otras que este
colectivo ha tenido. Ya sería hora de que dejaran de debatir una y otra
vez sobre lo mismo. Ya sería hora de que el Gobierno, además de anunciar,
realmente asumiera los derechos de estas mujeres.


Es muy importante, como les decía, el tempo. Se han perdido muchos
años. Ahora hablamos de garantizar el relevo generacional. Nadie tiene
ganas de trabajar sin el reconocimiento de los derechos correspondientes.






Hay que entender al primer sector y sus actividades como actividad
económica, trabajos duros y necesarios, que además de suponer una manera
de vivir de muchas familias, también deben suponer una manera de que
puedan vivir bien de su trabajo.


Y como en este estrado todos los senadores que me han precedido han
tenido un segundo turno para hablar de lo suyo, de Andalucía y del señor
Moreno Bonilla, yo no voy a hablar de esto, pero sí voy a hablar de
Cataluña y de la ministra Robles. La ministra Robles, hoy mismo,
reconocía la incapacidad política para justificar el juego sucio contra
el independentismo en Cataluña. Se preguntaba la ministra qué habría que
hacer frente a este reto democrático del independentismo, frente a este
gran problema territorial. Pues está muy claro, en Junts per Catalunya ya
hace mucho tiempo que lo decimos y vamos a seguir haciéndolo: tener
coraje para abordar políticamente un problema que es político y dejar la
represión, porque ya ven ustedes que la represión no nos frena; al
contrario, nos alerta y nos da alas para continuar trabajando en pro de
la justicia y de nuestros derechos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senadora Rivero Segalàs.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
su señoría Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president.


Jo no parlaré de Catalunya, ni de les eleccions andaluses. Crec que
estem parlant d’un debat que és interessant, encara que veig que a
la majoria no li interessa molt. (Remors).


Seguint amb la intervenció d’abans, desgraciadament no és la
primera vegada ni serà l’última en la qual parlem dels drets de la
gent que treballa a la mar, i especialment dels de les dones. Per això
entenia que en aquest debat sí que tocava parlar d’un cas concret
que és el de l’Albufera de València, perquè té eixa mateixa
realitat: quin paper tenen les dones hui dia en el sector de la pesca.
Tenen funcions molt concretes, com és, per exemple, el cas de les
remendadores, que són les que arreglen les xarxes, o les poseres que són
les que donen el suport logístic i administratiu, així com
d’avituallament, als que es dediquen al dur ofici de la pesca, en
unes condicions de treball sempre molt dures, que de vegades acaben
implicant problemes de salut greus, com reumes o problemes de tot
tipus.


Amb el canvi d’adscripció del llac de l’Albufera de
València i la seua consideració com a aigües continentals, principalment
per l’auge del cultiu de l’arròs en detriment d’altres
usos, els professionals del sector de la pesca que hi treballaven van ser
englobats dins del sector agrícola. Eixa és una part del problema que
veiem. És una situació inexplicable, fet que suposa una incorrecció total
de la seua activitat real i, per tant, una pràctica que pot comportar
problemes futurs quant al reconeixement dels seus drets, les garanties
socials i la professionalització. En el cas concret de les poseres i
remendadores és més que exagerada la seua desprotecció. (Remors).


És molt complicat parlar. Veig que hi ha tres grups de senadors del
Partit Popular als quals no els interessa gens la situació de
l’Albufera i de les treballadores del mar. Els pregaria que, per
favor, vagen a un altre lloc a xarrar. Els té absolutament igual. Em
costa molt parlar.


Gracias, presidente.


Yo no voy a hablar de Cataluña ni de las elecciones andaluzas, porque
estamos hablando de un tema que es interesante, aunque veo que a la
mayoría no le interesa mucho. (Rumores).


Siguiendo con la intervención de antes, quiero decir que,
desgraciadamente, no es la primera vez ni será la última que hablemos de
los derechos de la gente que trabaja en el mar y, especialmente, de las
mujeres. Por eso entendía que en este debate tocaba hablar de un caso
concreto, el de la Albufera de Valencia, porque está en esa misma
realidad, porque hay que destacar el papel que tienen las mujeres hoy en
día en el sector de la pesca y sus funciones muy concretas, como el de
las remendadoras, que son las que arreglan las redes, o las acarreadoras,
que son las que dan el apoyo logístico, administrativo y de
avituallamiento de los que se dedican al duro oficio de la pesca en unas
condiciones de trabajo muy duras, hecho que a veces acaba suponiéndoles
problemas de salud graves como reúmas y problemas de todo tipo.


Con el cambio de adscripción del lago de la Albufera de Valencia y su
consideración como aguas continentales, principalmente por el auge del
cultivo del arroz en detrimento de otros usos, los profesionales del
sector de la pesca que trabajaban en él se englobaron en el sector
agrícola, y esa es una parte del problema, que es una situación
inexplicable y un hecho que supone la incorrección total de su actividad
real y, por lo tanto, una práctica que puede comportar problemas futuros
para igualar el reconocimiento de sus derechos, sus garantías sociales o
su profesionalización. En el caso concreto de las acarreadoras o de las
remendadoras es más que exagerada su desprotección. (Rumores).


Es muy complicado hablar cuando hay tres corros de senadores del
Grupo Parlamentario Popular a los que no les interesa nada la situación
de la Albufera ni la de los trabajadores del mar. Les pido que, por
favor, vayan a otro lugar a charlar, porque me cuesta mucho hablar
así.


El señor PRESIDENTE: Señorías, si fueran tan amables de guardar
silencio y evitar hacer corrillos en el hemiciclo, facilitarían mucho el
desarrollo de la sesión plenaria y que quien está en el uso de la palabra
pudiera hacerlo en unas condiciones mínimas. Muchas gracias.


Puede continuar.


El señor MULET GARCÍA: Tècnicament puc continuar, el que passa és que
físicament és molt difícil, amb aquesta falta de respecte tan greu i
contínua que hi ha. Els pregaria que almenys, si no els interessa, que sé
que no els interessa, se n’isquen fora. No es donen ni per
al·ludits.


Estem parlant d’un cas molt greu, el de les poseres i
remendadores. En els últims anys, per exemple, durant el tradicional
sorteig de redolins, en el qual els pescadors es reparteixen a
l’Albufera els llocs fixos de captura, aquests van exigir una
cobertura laboral digna amb la seua inclusió en la Seguretat Social per a
pal·liar la pèrdua intergeneracional que patia el sector, un cas semblant
al que han explicat. Parlem d’un sector invisibilitzat per molts
motius i en el qual les dones no tenen pràcticament cap reconeixement pel
seu treball. Així ens ho van explicar en una reunió que vam mantindre amb
la Comunitat de Pescadors del Palmar. El despropòsit arriba, com hem
explicat abans, quan estan adscrites aquestes persones al sector
agrícola, per tractar-se d’aigües continentals. És necessari
aclarir la seua situació perquè obeïsca a la realitat, i es milloren els
seus drets i la seua protecció davant l’Institut Social de la
Marina, que és on haurien d’estar adscrits i adscrites, ja que així
el sector podria generar llocs de treball vinculats a la pesca, la
diversificació turística o l’educació.


Volem que l’Albufera, que concentra tants reptes mediambientals
i interessos, siga un exemple de preservació natural on puguen viure i
treballar les persones, i especialment les dones es vegen dignificades i
recolzades en un sector tan tradicional declarat Bé d’Interés
Cultural, i que aquesta petició realitzada des de València per fi siga
atesa. Les Corts Valencianes ja van aprovar en l’anterior
legislatura una resolució secundada per tots els grups parlamentaris que
instava el Govern d’Espanya a promoure les mesures legislatives,
administratives i pressupostàries convenients per a incloure la pesca
professional en el llac de l’Albufera en els règims especials de la
Seguretat Social i modificar el que corresponga de la Llei 47/2015,
reguladora de la protecció social de les persones treballadores del
sector pesquer, per a equiparar els drets socials i laborals dels
pescadors i les pescadores artesanals de l’Albufera de València, i
també, en aquest cas, de les poseres, com també per a accedir a ajudes,
subvencions o mesures de caire econòmic per a afavorir la modernització i
adequació dels béns d’equipament i la formació i la innovació en el
sector pesquer de l’Albufera de València.


Acabe ja, estic fora de termini. Igual que ocorre amb el cas de les
neskatillas, les poseres són les que s’encarreguen de les feines
més pesades de l’Albufera de València. Per això volem també que
se’ls done una solució.


Malauradament, no serà l’última vegada que parlarem
d’aquest cas, perquè, com hem dit adés, portem moltes propostes per
a dignificar la vida de les dones del sector pesquer, i continuem sense
avançar.


Moltes gràcies.


Técnicamente puedo continuar, lo que pasa es que físicamente es muy
difícil con esta falta de respeto tan grave y continua. Les ruego que, si
no les interesa, por lo menos, salgan fuera. Aunque ni siquiera se dan ni
por aludidos.


Estamos hablando de un caso muy grave, el de las acarreadoras y
remendadoras, que en los últimos años, por ejemplo, durante el
tradicional sorteo de los Redolins, en el que se reparten en la Albufera
los lugares fijos para la captura entre los pescadores, exigieron una
cobertura laboral digna, con su inclusión en la Seguridad Social para
paliar la pérdida intergeneracional que sufre el sector. Es un caso
parecido al que han venido explicando. Hablamos de un sector que está
invisibilizado por muchos motivos, donde las mujeres no tienen
prácticamente ningún reconocimiento de su trabajo, y así lo explicaron en
una reunión que mantuvimos con la comunidad de pescadores del Palmar. El
despropósito llega, como decíamos antes, hasta el punto de que están
adscritas a la actividad agrícola por tratarse de pesca en aguas
continentales. Por tanto, es necesario aclarar su situación para que
obedezca a la realidad y mejorar sus derechos y protección ante el
Instituto Social de la Marina, que es donde deberían estar adscritas, ya
que así el sector podría generar puestos de trabajo vinculados a la
pesca, la diversificación turística o la educación.


Queremos que la Albufera, que concentra retos medioambientales e
intereses, sea un ejemplo de preservación natural donde puedan vivir y
trabajar las personas y donde especialmente las mujeres se vean
significadas y apoyadas en un sector tan tradicional, declarado además
Bien de Interés Cultural, y que esta petición realizada desde Valencia
por fin se atienda. Las Cortes Valencianas ya aprobaron en la anterior
legislatura una resolución secundada por todos los grupos que instaba al
Gobierno de España a promover las medidas legislativas, administrativas y
presupuestarias convenientes para incluir la pesca profesional en el lago
de la Albufera en los regímenes especiales de la Seguridad Social y
modificar, según corresponda, la Ley 47/2015, reguladora de la protección
social de las personas trabajadoras del sector marítimo y pesquero, para
equiparar los derechos sociales y laborales de los pescadores y, también,
en este caso, de las acarreadoras. Así, podrían acceder a ayudas,
subvenciones o medidas para favorecer la modernización y adecuación de
los bienes de equipamiento y la formación en el sector pesquero de la
Albufera.


Termino ya. Igual que ocurre en el caso concreto de las neskatillas,
las acarreadoras son las que se encargan de los trabajos de
aprovisionamiento, etcétera, de la Albufera. No creo que sea la última
vez que hablemos de esto. Aportamos muchas propuestas para dignificar la
vida de estas mujeres, pero siguen sin avanzar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra su
señoría la senadora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko, presidente jauna, eta eguerdi
on guztioi.


El ministro Escrivá anunció que, en las próximas semanas, en el marco
de un proyecto de ley en el ámbito de la pesca, se introducirían los
cambios normativos necesarios para igualar los coeficientes reductores de
la edad de jubilación de rederas, neskatillas y empacadoras. De esta
manera, el colectivo de mujeres dejaría de ser el único de las
ocupaciones del régimen especial del mar sin beneficios en materia de
jubilación, tal y como mi grupo viene exigiendo y a lo que el ministro se
comprometió tras la pregunta realizada por la senadora Ahedo. Este nuevo
compromiso ha sido recibido por las mujeres del sector, por rederas,
neskatillas y empacadoras, con un «a ver si esta vez se cumple y logramos
las mismas condiciones que el resto del sector», y es que sus
reivindicaciones vienen de lejos. Este asunto lo hemos debatido en muchas
ocasiones en esta Cámara. En 2007, tras una interpelación de nuestro
grupo, defendida por el senador Cazalis, el ministro Caldera se
comprometió con estas mujeres a iniciar los trámites. Nuestro grupo ha
seguido presentando iniciativas, aprobadas casi siempre por unanimidad,
iniciativas que siempre han tomado como base las reivindicaciones de las
mujeres del sector pesquero, que ellas mismas plasmaron en la Declaración
de Ondarroa en 2007, donde además estaban todas las asociaciones de la
cornisa cantábrica. La vez que se estuvo más cerca, y la más
decepcionante fue en 2015, con la aprobación de la Ley reguladora de la
protección social de las personas trabajadoras del sector
marítimo-pesquero. En aquel momento, en esta Cámara se aprobó una
enmienda de nuestro grupo, transaccionada con el Grupo Parlamentario
Popular, que estaba en el Gobierno, y aprobada por todos los grupos, por
la que, a través de una nueva disposición adicional, obligaba al Gobierno
a la entrada en vigor de la ley y a comenzar el proceso de reconocimiento
de los derechos en la reducción de la edad de jubilación del colectivo de
mujeres trabajadoras del sector pesquero. La decepción vino después. En
su vuelta al Congreso, el Partido Popular cambió su voto y no respetó lo
acordado en esta Cámara. Por eso es normal que cuando ahora les decimos a
las mujeres: Esta vez sí, el ministro se ha comprometido, ellas digan: A
ver si esta vez se cumple. Llevan varias decepciones, ya que todo lo
comprometido y acordado hasta ahora no se ha cumplido.


Conozco bien a estas mujeres, soy de Ondarroa, uno de los puertos
pesqueros más importantes de Euskadi. Estas mujeres forman parte de mi
familia, son mis amigas, son mi entorno más cercano. Conozco bien su
trabajo, sus horarios y sus enfermedades profesionales. Conozco su
fortaleza y conozco y comparto sus reivindicaciones. Quien conoce el
trabajo de los puertos pesqueros del Cantábrico sabe que el trabajo de
estas mujeres rederas, empacadoras y neskatillas es esencial para el
trabajo de la pesca. No se entendería el trabajo de los puertos pesqueros
sin el trabajo de estas mujeres, un trabajo necesario e imprescindible,
pues mantienen toda la estructura que está detrás de la pesca y, como
digo, son un eslabón esencial. Son mujeres que han sido invisibilizadas y
que, con sus reivindicaciones, han conseguido ser visibles, algo que no
sorprende. Son mujeres defendiendo sus derechos y son mujeres que se
comprometen con el mantenimiento del sector pesquero en el que se
consideran esenciales. Siempre se les han pedido condiciones. En las
administraciones se les pidió profesionalización, que se formaran, y han
sacado sus titulaciones. Se les pidió que se asociaran, y lo han hecho,
están asociadas. Y en cada ocasión, cuando ya pensaban «esta vez sí», el
Gobierno añadiría más condiciones. Promesas que se han realizado por el
Partido Popular y por el Partido Socialista, con el compromiso de iniciar
el procedimiento para la reducción de la edad de jubilación, que todavía
no ha llegado; normal que estas mujeres digan «a ver si esta vez se
cumple», porque ellas cumplen y, sistemáticamente, los distintos
Gobiernos no.


Pues bien, estas mujeres, porque es un colectivo formado
exclusivamente por mujeres, insisto, son el único colectivo dentro del
régimen especial de la mar que no tienen reconocido ningún coeficiente
reductor, y solo hay una explicación para que se mantenga esta situación
de discriminación hacia neskatillas, rederas y empacadoras, y es que
estamos hablando de un colectivo constituido únicamente por mujeres, un
caso claro de discriminación entre mujeres y hombres. Pero no es el
coeficiente reductor la única reivindicación del colectivo, también lo es
el reconocimiento profesional, que se tengan en cuenta las duras
condiciones de trabajo y el reconocimiento de las enfermedades
atribuibles a esta actividad, o la mejora de las bases de cotización,
equiparándolas a las del resto del sector pesquero, porque se necesita
dignificar ese trabajo y dotarle de derechos para que tenga garantizado
el necesario relevo generacional.


Vamos a votar a favor de la moción, que además ha quedado, en nuestra
opinión, mejorada con la enmienda del Partido Socialista, aunque también
la hubiéramos apoyado en los términos en los que se había propuesto. Hoy
nuestro grupo quiere poner en valor, en defensa de sus derechos, el
trabajo realizado por estas mujeres trabajadoras del sector pesquero:
neskatillas, rederas y empacadora. Seguiremos con nuestro trabajo
parlamentario, que ha posibilitado este compromiso, y confiemos que, esta
vez sí, el anuncio del ministro Escrivá se materialice y no sea una nueva
promesa incumplida. Rederas, neskatillas y empacadoras terminaban la
Declaración de Ondarroa reivindicando: Queremos ser visibles, a lo que yo
añado: hagámoslas visibles cumpliendo los compromisos adquiridos y que lo
que aprobemos, además de esta moción, podamos verlo en una ley publicada
en el Boletín Oficial del Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, Etxano andrea.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra
la señora Bideguren Gabantxo.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko, mahaiburu senatari,
jauna andreok. Egun on berriro.


Quiero manifestar mi agradecimiento a los grupos que han manifestado
su posicionamiento favorable a esta iniciativa. (El señor vicepresidente,
García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia). Ojalá pueda ser por
unanimidad. Creo que es importante que en la Cámara Alta mostremos hoy un
consenso amplio en un momento en el que el ministro nos ha mostrado su
voluntad de presentarnos en unas semanas la ley que podría acabar de una
vez por todas con la discriminación que sufren las mujeres trabajadoras
del mar. Veremos el contenido de la propuesta de la ley del ministerio,
pero lo cierto es que, después de tantos años de lucha y desesperación
por el abandono y desprotección sufrida, hoy hay esperanza en el sector.
Seguiremos trabajando hasta conseguir una equiparación efectiva entre
hombres y mujeres que trabajan en el ámbito de la mar, porque no es
ninguna casualidad que la actividad más feminizada en el mundo de la
pesca sea el colectivo con menos derechos reconocidos. Es el resultado
—y así de claro lo digo— de la cultura machista, porque son
trabajos que históricamente se les asignaba a las mujeres de la familia,
dentro de las labores de cuidados; trabajos que, por cierto, siguen
totalmente desvalorizados todavía. Por ello, vemos necesario que se
reconozca y se valore este trabajo, pero no con palabras bonitas, sino
con medidas concretas. Ante esta clara discriminación es urgente un
cambio del marco normativo. De momento, hoy, con la previsible aprobación
de esta iniciativa, damos un paso más en el reconocimiento y en la
valoración de la profesión de neskatillas, rederas y empacadoras.
Esperemos que la próxima vez que estemos hablando de esto estemos
debatiendo concretamente la ley y que, en breve, las trabajadoras del mar
puedan acceder a los beneficios de protección social que se merecen y que
durante tantos años se les ha denegado.


Muchas gracias.


Eskerrik asko. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Bideguren.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Fernández.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, lamentablemente, tengo que iniciar esta intervención con
una cuestión previa que nada tiene que ver con la moción que estamos
discutiendo. (El señor presidente ocupa la Presidencia). La cuestión
previa a la que me refiero tiene que ver con las palabras que voy a leer
literalmente, pues tuve que pedir que me las transcribiesen, porque no
daba crédito a lo que había escuchado. La portavoz del Partido Socialista
Obrero Español, la senadora González Bayo, dijo literalmente: ¿Acaso
quiere el presidente de Andalucía que a las mujeres andaluzas nos sigan
matando? Sinceramente, señoría, le llamo a la reflexión. Llamo a la
reflexión colectiva al Grupo Parlamentario Socialista (Aplausos). Es
verdad que hay unas elecciones en Andalucía, señorías, pero unas
elecciones no pueden embarrarlo todo, como usted ha hecho aquí esta
mañana. (Aplausos). No es aceptable, no resulta aceptable. Por tanto, yo
pediría que reconsiderase lo dicho, que retirase lo dicho y pediría a un
partido como el suyo que, sinceramente, tenga un respeto institucional
por un presidente —desde nuestro punto de vista es magnífico—
que va a ser revalidado en las urnas, como es el presidente Moreno
Bonilla. (Aplausos). ¿Y sabe usted, entre otras cosas, por qué, señoría?
Porque, claro, unos somos de una tierra, otros somos de otras, pero todos
tenemos acceso a los datos. Por eso, le voy a dar un dato: el Instituto
Andaluz de la Mujer incrementó su presupuesto en 1,3 millones de euros
respecto al último presupuesto socialista. El teléfono de atención a las
mujeres, que tenía una dotación de 100 000 euros, en la actualidad
tiene 1,3 millones de euros, además de los 27 millones de euros en
recursos de acogida y de que se contrató a 92 profesionales más.
(Aplausos).


Señoría, si se quiere hablar de verdad hay que hacerlo con datos, y
si no, es usted una persona frívola, que trata de embarrar la
realidad...


El señor PRESIDENTE: Señora senadora, le ruego por favor que, hecho
el alegato —he sido flexible—, vaya a la cuestión de la
moción que se está debatiendo. Créame que esta Presidencia ha sido
flexible. El argumento que usted ha esbozado ya ha quedado
suficientemente claro.


Vaya a la cuestión, por favor.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Yo se lo agradezco y espero que, en
sucesivas intervenciones, esa llamada al orden o a la cuestión también se
produzca. Lo espero, lo espero. (Aplausos).


Efectivamente, señorías, voy a ir a la cuestión, aunque es muy
lamentable lo que aquí se dijo y el silencio con el que el Partido
Socialista Obrero Español lo acogió. Es muy lamentable.


Voy a ir a la cuestión, la moción que hoy se ha presentado y
defendido aquí obedece a una filosofía que todos compartimos, señorías:
que la mujer no se quede atrás, ni en el ámbito marítimo, ni en el ámbito
de Seguridad Social, ni en el ámbito marítimo-pesquero. Se han hecho aquí
relatos justificando la historia de este tipo de trabajadoras del mar
—si se quiere calificar así—: las rederas, las neskatillas y
las porteadoras. Y, efectivamente, se han hecho muchos avances. Pero yo
quisiera poner en valor, señorías, si ustedes me lo permiten, la ley
de 2015, sobre protección social de las personas trabajadoras del sector
marítimo-pesquero, que fue un hito importante porque supuso que personas
y colectivos que no tenían el amparo del régimen especial del mar, que es
muy importante por razones más que evidentes, con esta ley de 2015
obtuvieran esta protección social. ¿Hay que seguir ampliando? Sin ningún
género de dudas, pero quisiera decirles, señorías, porque es muy
importante, que todos seamos rigurosos. Este procedimiento, que todos
deseamos que se haga con rigor, que se haga con justicia social, para que
se ponga fin a una discriminación que sufrieron o que están sufriendo las
mujeres en nuestro país en zonas costeras, tiene un rigor procedimental.
Tiene un mandato inicial, que es el artículo 206.1 de la Ley General de
la Seguridad Social, que nos dice qué procedimiento hemos de seguir y,
posteriormente, tiene un desarrollo procedimental para articular estos
coeficientes reductores y, en su caso, la ampliación de las bases de
cotización. Yo estuve muy atenta cuando se produjo la interpelación y
dijo, aunque la palabra de un ministro del actual Gobierno no tiene un
valor en sí misma, al menos yo le voy a conceder el beneficio de la duda
—me refiero al cumplimiento de sus obligaciones—, que no
estaba muy seguro si tenía que ser un proyecto de ley. No, tiene que ser
un real decreto.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, por favor.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Voy concluyendo, señor
presidente.


Tiene que ser un real decreto-ley. Él dijo que estaban trabajando en
dar esa solución normativa. Esperamos y deseamos que llegue a las Cámaras
cuanto antes. Lo estudiaremos con detalle y con rigor, pero el gesto, la
llamada de atención…


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: … que es lo que su señoría
pretende hoy aquí...; desde luego, va a tener nuestro voto
favorable.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


(La señora González Bayo pide la palabra. — Denegaciones del
presidente).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría
Gilabert Sánchez.


El señor GILABERT SÁNCHEZ: Buenos días. Presidente, muchas
gracias.


Vamos a hablar del tema que nos trae. Llevamos demasiado tiempo
hablando de los hombres del mar y hoy estamos hablando de las mujeres del
mar. Me parece muy bien que, aparte de las profesiones que tienen estas
mujeres, hablemos de ellas, genéricamente. Rita Mínguez, de la Asociación
Nacional de Mujeres de Pesca, en el periódico El Correo Gallego, de
fecha 3 de agosto de 2021, declaraba: Las mujeres del marisqueo a pie y
percebeiras tienen un coeficiente reductor para su jubilación del 0,10;
los hombres que están al lado realizando el mismo trabajo lo tienen
del 0,15. Este es un ejemplo claro de por qué tiene que haber
discriminaciones positivas para las personas —me da igual hombre o
mujer—, que tienen más dificultades, que, en este caso, son las
mujeres. Claro que tiene que haber discriminación positiva, y eso se hace
con la política. Este un caso claro, pero sigo. Esta misma señora, Rita
Mínguez, sigue diciendo en este periódico, el día 3 de agosto: Nosotras
accedemos a la zona de trabajo a pie con las herramientas en la mano y el
cupo se trae a la tierra en brazos. Además, tenemos que hacerlo a un
ritmo muy acelerado porque tenemos cuatro horas, dos horas antes de la
bajamar y dos horas después de la bajamar. Las mujeres del mar sufren,
con respecto a los hombres del mar, una brecha salarial y de derechos
injusta. Repito, tiene que existir discriminación positiva para nivelar
derechos y obligaciones. (Aplausos). Por eso, es necesario el Plan de
igualdad de género que el Ministerio de Agricultura y Pesca está
desarrollando, precisamente, en el sector pesquero. El ministro Escrivá
contestó, textualmente, en el último Pleno, a la senadora Bideguren: Es
más que probable que el mero hecho de ser profesiones profundamente
feminizadas haya hecho, en el pasado, más difícil obtener el
reconocimiento social y prestacional que se dio a otras ocupaciones
integradas exclusivamente por hombres. Dijo esto textualmente. Reitero,
necesitamos políticas públicas que discriminen a las trabajadoras del mar
en el sentido positivo. Pero no solo estamos hablando de coeficientes de
reducción y de jubilación, sino también de salud laboral, de enfermedades
profesionales y de dolencias. Os recuerdo que mañana es 28 de abril, el
Día Mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, y que a nuestro
país le quedan muchas asignaturas pendientes.


Por otra parte, Bertolt Brecht se preguntaba, ¿Quién construyó Tebas,
la de las siete puertas?; se preguntaba si los reyes arrastraron los
bloques de piedra; o si el joven Alejandro, cuando conquistó la India, lo
hizo solo. Pero no, no fue solo, ¿verdad? Pues a nuestras mujeres del mar
les ha pasado como a los soldados del joven Alejandro Magno, nadie se
acordó de ellas y, tal como dice la moción, son imprescindibles. Dicha
moción dice que hay que reconocerlas como un eslabón clave para el buen
funcionamiento de toda la actividad pesquera imprescindible. Esto es lo
que estamos haciendo en estos momentos, reconocer lo que es justo y
lógico.


Quería finalizar diciendo que la empatía en la política, cuando se
empatiza con otras personas, ayuda mucho a nutrir la democracia y a que
sea mejor para todos, no para nosotros, sino, sobre todo, para los
ciudadanos.


Quiero acabar los treinta segundos que me quedan diciendo que la
lucha de estas mujeres es importantísima, la lucha que tiene
históricamente la clase obrera es fundamental para nutrir la democracia.
Dentro de pocos días será el 1 de mayo. Sin alharacas, sin dureza, pero
diciéndolo con orgullo: ¡Viva el Primero de Mayo! ¡Viva la clase obrera!
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gilabert.


Señorías, esta moción, con la enmienda del Grupo Socialista, será
sometida a votación durante el plazo que esta Presidencia abrirá al
concluir el debate de la primera moción ordinaria.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO EN BENEFICIO DEL
SECTOR DE LOS TRANSPORTISTAS.


671/000113

GPP


El señor presidente lee el punto 10.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se
han presentado seis enmiendas: cuatro el Grupo Parlamentario Democrático,
una el Grupo Parlamentario Mixto y una el Grupo Parlamentario
Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, su señoría Bernabé Pérez.


El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.


A raíz de la grave situación que se produjo hace unas semanas, de
paralización de facto del país, provocada por la macrohuelga del sector
del transporte, que generó múltiples situaciones de cese de actividad y
de desabastecimiento a lo largo y ancho de toda España, el Gobierno se
vio obligado a firmar, el pasado 25 de marzo, a través del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un acuerdo con el Comité nacional
de transporte por carretera para poner fin a una coyuntura que era ya, a
todas luces, insostenible. En dicho pacto, muy someramente, como todos
sabemos, se aprobó la bonificación de 20 céntimos de euro por cada litro
de combustible, un paquete de ayudas directas, la prórroga de los
créditos ICO y otra serie de avales, así como un marco temporal del 1 de
abril al 30 de junio próximo, que puede ser prorrogable. Sin embargo, a
nuestro juicio, la contundencia de los hechos ha demostrado que se
trataba de determinaciones, mejor dicho —a la vista está—, de
parches, absolutamente insuficientes, adoptadas sin el necesario consenso
con todo el sector, basadas en bonificaciones y no en exenciones
fiscales, como está reclamando la gran mayoría de expertos. Además, es
evidente que ha quedado sobrepasado este marco contractual a la vista de
las continuas subidas del precio de los carburantes. Señorías, son
medidas que, en definitiva, no resuelven los problemas reales del sector,
como trabajar a pérdidas, algo especialmente doloroso en el caso de pymes
y autónomos, que, a pesar de la bonificación de los 20 céntimos por
litro, están viendo que no pueden repercutir en tiempo real esas subidas
de precio del combustible a sus clientes. Y otro tanto ocurre con las
estaciones de servicio, en particular, con las pymes y con las low cost,
que tienen dos gravísimos problemas ante esta coyuntura que se está
produciendo, por un lado, unas fortísimas tensiones de tesorería, que se
producen a raíz de los anticipos que tienen que realizar y el tiempo que
tardan en recibir los reintegros de los mismos, y, por otro lado, con la
competencia que las grandes cadenas, las grandes operadoras, están
realizando, al hacer bonificaciones añadidas, que están proporcionando
una migración masiva de sus clientes a los de los grandes operadores.
Como consecuencia, muchos se temen un cierre cercano.


Por todo ello, señorías, en el Partido Popular consideramos
indispensable —me refiero, especialmente, a las señorías de la
izquierda y del nacionalismo—, que, aunque solo sea por una vez en
esta legislatura, nos atiendan, nos escuchen y entre todos propongamos un
nuevo paquete de medidas al Ejecutivo; medidas nuevas, distintas y, esta
vez sí, eficaces, que ayuden a sacar a camioneros y a gasolineros de la
situación en la que se encuentran en el momento presente. Son las que
recogemos en nuestra moción, son siete, y paso a enumerárselas
sucintamente en este momento. La primera, adoptar un paquete de medidas
urgentes que permita que el sector del transporte deje de trabajar a
pérdidas, que lo haga bajo unas condiciones mínimas de rentabilidad y que
pueda desarrollar su función, desde luego, en unas condiciones dignas. La
segunda, bajar temporalmente el tipo impositivo del IVA, tanto del gasoil
como de la gasolina, al 4 %. La tercera, igualmente, con carácter
temporal, suspender el cobro del impuesto especial de hidrocarburos en
tanto en cuanto se produzca esta situación anómala en los precios. La
cuarta, renunciar al aumento general de la fiscalidad en los
hidrocarburos, es decir, a todo lo que nos está cobrando el Ejecutivo de
más a raíz de los elevadísimos precios que estamos pagando por los
combustibles y que tanto daño están haciendo a nivel doméstico en
economías de familias y tejido productivo. La quinta, impulsar de forma
decidida la empleabilidad en el sector del transporte, al objeto de que
las empresas transportistas puedan cubrir los más de 15 000 puestos de
conductores que están demandando en estos momentos y que no están
pudiendo cubrir bajo ningún concepto. La sexta, no a llevar a la
práctica, bajo ninguna circunstancia, la intención del Gobierno,
anunciada en múltiples ocasiones por altos responsables ministeriales y
contenida en el reciente anteproyecto de ley aprobado, de movilidad
sostenible, de cobrarnos peajes a los ciudadanos españoles por circular
por nuestra red de autovías. Y la séptima y última, que se adopten las
modificaciones de crédito que sean necesarias, con cargo a los vigentes
Presupuestos Generales del Estado para 2022, al objeto de, por un lado,
reducir la gran estructura burocrática que tiene este Gobierno, y, con
los créditos que se obtenga más aquellas otras partidas que se consideren
oportunas, generar los remanentes que permitan cubrir el resto de
cuestiones que hemos puesto de manifiesto.


Este es el contenido de nuestra moción, señorías, para la que les
pedimos su apoyo.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de sus cuatro enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Democrático, tiene la palabra su señoría Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


A través de nuestras enmiendas queremos perfilar y supeditar la
presente moción para que se encuentre en consonancia con lo que permite,
hoy en día, la Unión Europea. De igual modo, hemos querido incorporar dos
puntos en la presente moción, dirigidos a garantizar una competencia
efectiva entre las estaciones de servicio que evite el oligopolio y a
favor de un libre mercado real y efectivo, además de una mayor apuesta
por el hidrógeno verde.


Ahora bien, señores del PP, en cuanto a la supresión del impuesto
especial a los hidrocarburos, les indico que no es posible bajo la actual
normativa comunitaria y, aunque fuera posible, tendría un difícil encaje
una rebaja generalizada del tipo de IVA aplicada a los productos
energéticos como la que proponen. De ahí que hayamos presentado una
enmienda, que esperamos que acepten, que va en ese sentido.


Además, es necesario tomar medidas para reducir la dependencia del
transporte por carretera de los combustibles fósiles, tanto para
protegerlo de los futuros shock, como el que estamos viviendo ahora
mismo, como para avanzar en un modelo más sostenible, económica y
medioambientalmente hablando. No podemos quedarnos en la cola de la
investigación, producción y desarrollo del hidrógeno verde, tal y como
están haciendo, en cambio, otros países, como Austria, Alemania, Países
Bajos o Chile, entre otros. Tenemos las principales materias primas para
ello, el sol y el viento, nuestras energías renovables, para potenciar y
construir plantas electrolizadoras. Es una enmienda para acelerar la
electrificación del transporte de mercancías en carreteras, así como el
uso de combustibles alternativos, como es el hidrógeno verde.


Espero que tenga en consideración nuestras enmiendas para mejorar y
enriquecer la moción presentada por el Grupo Popular, la cual les informo
que vamos a apoyar.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de su enmienda,
tiene la palabra su señoría González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, presidente.


Señorías, si somos sinceros, vemos demasiado suave el segundo punto
de la moción. Nos parece que no hay que poner líneas temporales a las
bajadas de impuestos. Llevamos meses y meses con subidas drásticas de
impuestos y los únicos que gastan son las señorías del Gobierno. Llevamos
más de un invierno con nuestros compatriotas pasando frío en sus hogares
por no poder encender la calefacción. Insistimos, fuertemente, en una
bajada masiva de impuestos. Les hemos dicho muchas veces que la única
manera de hacer circular el dinero es dejarlo en los bolsillos que
corresponden, que son los de los ciudadanos y no los de estas señorías.
(El señor González-Robatto Perote señala a las señorías del Grupo
Parlamentario Socialista). Además, no podemos seguir poniéndole parches a
la economía, tenemos que desahogar a los ciudadanos de la presión fiscal
que sufren en España. La respuesta de los socialistas, que es continua,
es: ¿Y quién financia el Estado del bienestar, la sanidad y la educación?
Siempre nos salen con este mantra. Lo que omiten las señorías socialistas
es que se refieren a su propio Estado del bienestar porque a los
españoles les han vaciado los bolsillos con impuestos para llenárselos
ustedes, que viven con todo tipo de lujos. Pero no solo ustedes, también
sus amigos separatistas, los herederos de ETA y, lo mejor de todo, los
comunistas, que han pasado de ser comunistas a comunistas de postín, y,
por supuesto, los sindicatos, a los que ustedes riegan con millones y
millones. Dejen de apretar a los ciudadanos, dejen de atacar
continuamente el bolsillo de los ciudadanos, sin que ustedes den una
mínima muestra de ejemplo para ello. Mientras ustedes les exigen, bajo el
mantra de la sanidad y la educación, están lacerando el futuro de todos
los ciudadanos españoles a costa de sus chollos, de sus beneficios, de
sus malgastos en absolutamente todo tipo de prebendas y lujos, que
únicamente los pagan con sus amigotes. Hagan un acto de empatía y
demuestren al ciudadano que ustedes también pueden recortar el gasto.
Dejen de despilfarrar todo el dinero que tanto le cuesta sacar a los
contribuyentes y demuestren que pueden ahorrar, que también pueden
recortar en las cosas que ustedes gastan, en despilfarros del Ministerio
de Igualdad, en ministerios absurdos y en coches oficiales, en viajes en
Falcon. Demuestren un poco de empatía por el ciudadano y háganles ver que
ustedes tienen un poco de consideración por aquellos que les están
pagando el sueldo a todos ustedes y para todo tipo de chorradas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que, en la próxima
intervención, mida el uso de algunos términos que ya le he anticipado en
alguna ocasión que eran poco convenientes y poco acordes con la cortesía
parlamentaria. Muchas gracias. (Aplausos).


Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Luna Morales.


La señora LUNA MORALES: Gracias, presidente. Buenas tardes ya,
señorías.


Señor Bernabé Pérez, ha presentado usted una moción consecuencia de
interpelación que es una excusa para colocarnos, una vez más, el relato
populista de la bajada de impuestos, que no se lo cree ni usted.


Hemos presentado, por responsabilidad, una enmienda de sustitución
que no van a aceptar, porque así nos lo han dicho ya, que pretende
corregir todos los desatinos incluidos en su texto. Ustedes proponen lo
que parece ser una ilusión: impulsar la empleabilidad de un sector en
concreto, cuando descaradamente se han opuesto a todas las medidas que el
Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha para reactivar la economía
española después de la pandemia, lo que les debería avergonzar. Así, no
apostaron por los fondos europeos, 140 000 millones de euros, ni por los
ERTE, que eran para proteger a los trabajadores, ni por la reforma
laboral ni por el ingreso mínimo vital ni por la Ley de pensiones, para
que los pensionistas no pierdan su poder adquisitivo; pensionistas a los
que ahora ustedes les dan la espalda. Mañana tendrán una nueva
oportunidad para corregir esta cultura de la cancelación, y espero que la
aprovechen.


Con nuestra enmienda planteamos al Gobierno avanzar en la
implantación de medidas acordadas con el sector del transporte, pero con
el sector legítimo de los transportes, no con una parte que crea una
plataforma que no es legítima según la Constitución española. Señorías,
pretendemos que se mejore la sostenibilidad de este sector y que se
apliquen las medidas extraordinarias de apoyo inmediato acordadas con los
legítimos representantes del sector, el Comité Nacional de Transportes
por Carretera, que culminaron con la desconvocatoria del paro,
concretándose en un importantísimo acuerdo que usted ha mencionado, de 25
de marzo de 2022. Entre otras medidas, se acordó la bonificación de 20
céntimos que usted también ha mencionado; 450 millones de euros en ayudas
directas; la ley para la mejora de las condiciones de los transportistas;
el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social; la ampliación del
vencimiento de los créditos ICO hasta diez años; duplicar el presupuesto
para la ayuda al abandono de la profesión de transportista que pasará
de 10 a 20 millones de euros o la devolución mensual del gasóleo
profesional, en lugar de ser trimestral. Algunas de estas medidas se
recogen en el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania; una norma
extraordinaria y de urgencia que recoge los puntos de este acuerdo y
además determinadas medidas económicas y sociales que van a amortiguar
los efectos de la guerra de Putin frente a Ucrania, como la bajada del
precio del gas, la electricidad o los carburantes, el aumento del 15 %
del ingreso mínimo vital, la ampliación del bono social eléctrico
a 600 000, 75 millones adicionales para el bono social térmico o ayudas
directas a empresas y autónomos. Yo le pregunto: ¿el nuevo PP del señor
Feijóo va a apoyar la convalidación de este real decreto ley, que supone
una inyección a la economía española de 16 000 millones de euros? ¿Sí o
no? (Aplausos). Si es que no, sean valientes y reconozcan que van a dar
la espalda a los más vulnerables y a los que peor lo están pasando, a las
pequeñas y medianas empresas y los autónomos, esos a los que ustedes
tanto defienden; sean valientes y reconozcan que van a rechazar
esos 16 000 millones de euros en ayudas. Insisto, mañana tienen esa
oportunidad. La gente normal —y yo también— teníamos la
esperanza de que el nuevo Partido Popular de Feijóo volviera a la razón
de Estado. ¿Saben ustedes por qué tenía yo esa esperanza? Porque la razón
de Estado es el bien común. Sin embargo, el señor Feijóo insiste en
situarse a la derecha de la derecha. Hace unos pocos días nos sorprendió
diciendo que había que bajar los impuestos porque ese dinero era de los
españoles y no del Gobierno de la nación. Desde luego, hacía tiempo que
no escuchaba una sandez tan grande. ¿Cuándo se van a enterar ustedes de
que los impuestos que pagamos todos los españoles son los recursos que
compartimos para gestionar precisamente nuestro bien común? ¿Tan
complicado les resulta a ustedes comprender esto? Pero no es eso, lo que
ocurre en realidad es que reniegan de la propia existencia de un Estado
que es capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y la solidaridad
entre todos los que formamos parte de esta gran nación que es
España.


A su bajada de impuestos se han opuesto el Fondo Monetario
Internacional, la Unión Europea y el Banco de España. ¿Saben por qué?
Porque cualquier economista les diría que una bajada de impuestos como
antídoto contra la inflación lo que alimenta precisamente es una
escalada, una espiral de la propia inflación. Señorías, ustedes cuando
gobiernan hacen precisamente lo contrario de lo que predican. Señor
Bernabé, reflexione, el 20 % de la tasa de paro en Andalucía; el 13 % de
la tasa de paro en España, reflexione también sobre esto, que sobre esto
también hay que reflexionar, porque esto es lo que llevan a la mesa
muchas familias andaluzas, muchos padres y madres andaluces: los 600 000
puestos de trabajo que el señor Moreno Bonilla dijo que iba a crear y que
no ha creado. Ya que defienden tanto a los trabajadores, le invito a que
se unan el día 1 de mayo a la marcha, a la manifestación por las
reivindicaciones obreras. Desde luego, no les voy a pedir, que canten La
internacional.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular
para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.


El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero agradecer al portavoz de Ciudadanos su voto favorable. En
relación con las 4 enmiendas que ha presentado debo decirle que las 2
primeras no podemos aceptarlas porque discrepamos jurídicamente de su
interpretación de cuál es el alcance del tipo impositivo. Nosotros
consideramos que con la actual normativa europea el tipo superreducido
del 4 % es perfectamente aplicable a los impuestos sobre los carburantes
y que lo que hace la nueva Directiva 542, recientemente aprobada —a
la que usted ha hecho mención— es que amplía los supuestos de
servicios a los que se puede aplicar, como, por ejemplo, el del
suministro de energía eléctrica, que en este caso sería del 5 %, pero no
tiene por qué referirse a otros que ya están contemplados, como el de los
carburantes, que, insisto, consideramos que es del 4 %. En relación con
las 2 siguientes enmiendas de adición, lamento que la del punto 8 no
podamos haberla admitido porque usted y yo hemos transaccionado una
redacción que creo que es muy positiva, pero, por desgracia, no hemos
contado con el apoyo suficiente en la Cámara. No obstante, se lo
agradezco y creo que para futuros debates será una buena propuesta a
traer aquí. Admitimos expresamente la que contemplan ustedes como
número 9, que tendría que añadirse como número 8 al texto, y que se
refiere al impulso de los vehículos eléctricos.


Respecto a la enmienda de Vox debemos decirles que no podemos
admitirla por una razón muy sencilla. Nosotros compartimos cosas con
ustedes, igual que las compartimos con otras formaciones políticas, pero
donde nunca van a encontrar al Partido Popular es con el populismo.
Populismo puede haber de izquierdas y puede haber de derechas —y se
lo digo honestamente— creemos que esta enmienda es una enmienda
populista, porque decir que dejamos para siempre los tipos impositivos de
los hidrocarburos en el 4 % nos parece, cuando menos, temerario. Una cosa
es que en una situación excepcional aprobemos temporalmente esa bajada,
que entendemos que hay que hacerla y nos alegramos de que compartan con
nosotros nuestra opinión, pero cuando se vuelva a la situación de
normalidad el Estado tiene que vivir de algo. El Estado necesita ingresos
para mantenerse e, indudablemente, los derivados de los combustibles son
importantes. Esa es la razón, ese lapso temporal en el que no
coincidimos, por la cual no podemos admitir la enmienda.


Terminamos, señorías del PSOE, con su enmienda de sustitución.
Indudablemente, no la podemos compartir, es obvio. Precisamente hemos
presentado nuestra moción porque no compartimos sus recetas para esta
situación, y si ahora dijéramos que sí estaríamos aceptando unos
postulados en los que, como es evidente, discrepamos. Nosotros somos un
partido serio, un partido responsable, un partido que cumple la palabra
dada y en este caso nosotros hemos dado nuestra palabra a los camioneros
y a los gasolineros de que vamos a estar junto a ellos y peleando hasta
el final, hasta el último momento, porque se respeten sus derechos y que
puedan desarrollar su actividad con dignidad. Esa es la razón, señorías,
por la que no aceptamos su enmienda, a pesar de que somos muy conscientes
de que esto va a suponer perder hoy seguramente la votación. Ustedes
ganarán, nosotros perderemos, pero ustedes saldrán con la cabeza baja y
nosotros con la cabeza bien alta. Como decía Churchill, y ya termino,
señor presidente, el éxito no es definitivo, el fracaso no es letal, lo
que importa es el coraje y el valor para continuar y el Partido Popular
siempre continuará luchando.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su señoría
González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas gracias, presidente.


Señorías, llevamos tiempo insistiendo en una bajada masiva de
impuestos. Las agendas globalistas pretenden agravar la presión fiscal
para que los Estados y organizaciones que las sostengan caigan debido al
aumento de estos impuestos. La pregunta realmente es la siguiente: ¿a
costa de quién? Sencillo, de las clases medias y de las clases
trabajadoras. Señorías, todo el esfuerzo de los españoles para forjar una
clase media ustedes lo han destruido para vivir cómodamente en su propio
Estado del bienestar. Señorías, lo que hemos escuchado por parte del
Gobierno en las últimas semanas es totalmente inadmisible, por ejemplo,
que nuestro presidente Sánchez reclame bajadas de impuestos…
Perdón, que nuestro presidente, Santiago Abascal, reclame bajadas de
impuestos a los combustibles. (Risas). Desde luego, Pedro Sánchez no va a
hacer ni caso a esto. Su presidente, Pedro Sánchez, ha dicho que bajar
los impuestos supondría la muerte de Europa. ¿Cómo es posible que con una
inflación del 10 % —y ahora no se rían tanto— no se hayan
bajado los impuestos a los productos de primera necesidad? Me estoy
refiriendo, por ejemplo, a los pañales, a los productos geriátricos o a
los fármacos infantiles. ¿Eso es lo que, según ustedes, va a destruir
Europa o el Estado del bienestar? ¿Cómo es posible que no se haya bajado
el IRPF para compensar la inflación?


Señorías, por si no lo saben, en España hay compatriotas pasando
hambre —desde luego, ustedes no—, que no llegan a final de
mes. Ustedes no lo saben porque nunca han tenido que trabajar; nunca han
tenido que trabajar en el sector privado para ganarse la vida y llegar al
final de mes es muy complicado. (Rumores). Si los 20 000 millones de
euros que le han dado ustedes a la señora Montero para que siga con su
agenda de destrucción de la identidad de la familia, y, en definitiva,
para alimentar sus chiringuitos, los destináramos a bajar el IVA, por
ejemplo, de la gasolina y el gasóleo, los transportistas podrían ganarse
el sueldo con el sudor de su frente. Los españoles no tendrían problemas
para cargar el coche de gasolina o de gasoil, pero ustedes no están en lo
esencial, ustedes no están en las cosas del comer, están pensando más en
charlas feministas, en chochocharlas, en adoctrinar en las aulas...


El señor PRESIDENTE: Señoría, cada vez que usted emplea una expresión
que excede el debido y necesario decoro parlamentario y la más básica
educación, me obliga a llamarle la atención. Le ruego, por enésima vez,
que no emplee ese tipo de expresiones. Puede continuar. (Aplausos).


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Me alegra mucho, señor presidente,
que se refiera a chochocharlas como algo malo, cuando es un programa del
Partido Socialista para impartir en las clases la educación.


El señor PRESIDENTE: Señoría, respete las indicaciones que le da esta
Presidencia, si es tan amable. Continúe, por favor.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: El término que acabo de emplear
aquí es un término forjado por el Partido Socialista en la educación a
chavales de 12 a 14 años en las aulas de España, es un término que no me
estoy inventando yo.


El señor PRESIDENTE: Le ruego, señoría, que continúe y no entre en
debates con esta Presidencia, si es tan amable, por favor.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Me alegro, por lo menos, de que
usted reconozca que este término no es adecuado ni para esta Cámara ni
para las aulas, que son mucho más importantes que esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Continúe, señoría, por favor.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: No tienen ustedes, señorías del
PSOE, capacidad de gestión en absoluto, dejen el Gobierno de inmediato,
convoquen elecciones y dejen paso a un Gobierno que sí que sepa hacer las
cosas, que se ocupe del bienestar real de los españoles, no de ustedes,
de su partido y de sus amigotes; márchense y dejen de hacer daño a
nuestros compatriotas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra su señoría
Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidente.


La situación de la inflación preocupa mucho, el IPC está ya en
el 9,8 % interanual, rozando las dos cifras, algo que España no sufría
desde hace más de tres décadas; un IPC desbocado en España, pero que, en
países de nuestro entorno, como Portugal, Francia e Italia, se sitúa en
torno al 5 %. La excusa del Gobierno de culpar de todo a la guerra de
Putin, señorías, no se sostiene por ningún lado. Los problemas
ocasionados por las cadenas de producción globales, la escasez de ciertos
suministros y la preocupante evolución del coste de la energía están
siendo los principales causantes de esta alza, que parece que no
cesa.


El Gobierno presentó un paquete de medidas, el llamado Plan nacional
de respuestas a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en
Ucrania; un paquete de medidas que, a pesar de abrir una ronda de
consultas y pedir la opinión de todos los grupos parlamentarios, lo ha
hecho por su cuenta, sin contar con la oposición, una vez más. Ahora
vemos al señor Sánchez arrastrarse para buscar los votos de sus socios
separatistas, hasta el punto de meterlos en la Comisión de Secretos
Oficiales o poner en cuestión a los funcionarios del CNI por miedo a que
su decreto no tenga apoyos suficientes. El resultado de tanto retraso y
tanto secretismo es exactamente el que cabía esperar: una de las medidas
estrella, bajar 20 céntimos la gasolina, ha tenido una ejecución
desastrosa y moralmente inadmisible, obligando a las gasolineras a
adelantar ese tipo de bonificaciones, pagando de su bolsillo la
propaganda y la nueva campaña de marketing de este Gobierno, a pesar de
que muchas de ellas tienen un escaso pulmón financiero, por lo que se han
visto obligadas a cerrar para no caer en la quiebra. No han escuchado a
nadie, solo a su gabinete de comunicación de La Moncloa: ni a los
transportistas —a los que insulto calificándolos de
ultraderechistas— ni a los ganaderos ni a los pescadores, que solo
quieren trabajar sin arruinarse.


En lugar de tomar medidas de calado para evitar esta inflación
desorbitada este Gobierno sigue en la inacción. Caben más medidas para
aliviar la situación de los hogares y de las empresas españolas. En este
sentido, nosotros hemos presentado bastantes de ellas, ajustes fiscales
temporales, como lleva defendiendo Ciudadanos desde hace decenas y
decenas de días, a las que el Partido Popular ahora también se une en la
presente moción; medidas fiscales que no llevarían a la pérdida de
recaudación, sino que se harían teniendo en cuenta los ingresos
extraordinarios que está obteniendo Hacienda fruto de la inflación,
siendo España ahora mismo el país que más ha aumentado la recaudación en
pandemia, como consecuencia de este aumento de precios, un 4,4 % más que
la media de la Unión Europea, que es del 0,9 %. En febrero Ciudadanos
registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para
adaptar el IRPF a la inflación y amortiguar la pérdida de poder
adquisitivo que están sufriendo los trabajadores; un IRPF que no se ha
modificado desde enero de 2015, haciendo que los contribuyentes estén
pagando aún más por tener un tipo impositivo superior al que debieran. No
deflactar las tarifas del IRPF va en contra del mandato constitucional;
el sistema tributario debe atender al principio de capacidad económica de
las personas, principio de justicia, igualdad y progresividad, y esto
ahora mismo no se está cumpliendo al aumentar el tipo impositivo efectivo
del contribuyente sin que este haya aumentado sus ingresos en términos
reales.


España pasa por un momento crítico, crítico de verdad, y tenemos a
los dos principales partidos del país primando sus juegos, sus juegos
comunicativos y golpes de titular, en lugar de sentarse a pensar qué tipo
de medidas y reformas necesita este país. Nosotros, desde el primer
momento hemos puesto propuestas encima de la mesa, trabajando por mejorar
la vida de los españoles con medidas sensatas, pero el Gobierno parece
ser que vuelve a elegir a sus socios separatistas, aunque sea a costa de
pedir perdón a quienes quieren romper España.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista tiene la palabra su señoría
Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, president. Si m’ho
permet, parlaré des de l’escó estant.


La veritat és que aquesta moció ens sona a moltes mocions presentades
en les últimes setmanes, ja sigui en comissió, ja sigui en ple.
Evidentment, tots els grups parlamentaris tenim el dret a presentar la
moció que es cregui convenient. Però, per tant, els arguments de Junts
per Catalunya no poden canviar respecte d’altres intervencions que
hem fet en altres comissions o plens.


Davant d’aquest tipus de reduccions, entenem que cal estar al
costat dels transportistes, i Junts per Catalunya ho està. Però el que no
es pot fer és que qui pagui els neulers de totes aquestes decisions
siguin precisament les comunitats autònomes. Perquè resultaria que això
afectaria l’Estat del benestar. Perquè la reducció d’alguns
dels impostos que vostès diuen, no havent-hi cap factor de correcció, el
que fa és disminuir els ingressos de les comunitats autònomes, algunes
també governades per vostès. I han de saber que això afectaria la
sanitat, afectaria l’educació i afectaria els serveis
socials.


Per tant, nosaltres els demanaríem prudència. I, com a mínim, si fan
una moció d’aquest tipus, fiquin també la compensació perquè tot el
sistema de benestar quedi garantit. Això no ho fa la seva moció i, per
tant, Junts per Catalunya, com en altres ocasions, no hi podem donar
suport. Entenem la seva preocupació pel sector del transport i per tot el
que ha passat. Hi estem d’acord. En canvi, però, en la manera en
què està feta aquesta moció no hi podem estar d’acord.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente. Si me permite, intervendré desde el
escaño.


Esta moción la verdad es que nos suena a muchas otras presentadas en
las últimas semanas, ya sea en comisión, ya sea en Pleno. Evidentemente,
todos los grupos parlamentarios tenemos derecho a presentar la moción que
creamos conveniente, pero los argumentos no pueden cambiar de los de
otras intervenciones de Junts per Catalunya, que hemos defendido, como
decía, en otras comisiones o Plenos.


Entendemos que hay que estar del lado de los transportistas y Junts
per Catalunya lo está, pero lo que no se puede hacer es que quien pague
todas estas decisiones sean precisamente las comunidades autónomas,
porque esto afectaría al Estado del bienestar, ya que la reducción de
algunos de los impuestos que ustedes señalan, no habiendo ningún factor
de corrección, haría disminuir los ingresos de las comunidades, algunas
también gobernadas por ustedes. Tienen que saber que esto afectaría a la
sanidad, afectaría a la educación y afectaría a los servicios
sociales.


Por tanto, nosotros les pediríamos prudencia y que, cuando menos, si
presentan una moción de ese tipo, establezcan también la compensación,
para que todo el sistema de bienestar quede garantizado. Esto no lo hace
su moción y, por tanto, Junts per Catalunya, como en otras ocasiones, no
puede apoyarla. Entendemos su preocupación por el sector del transporte y
por todo lo que ha pasado y estamos de acuerdo; en cambio, en la forma en
que se presenta esta moción no podemos estar de acuerdo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltès gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal tiene la palabra
la señora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidente.


El transporte es un sector diverso que engloba desde grandes empresas
internacionales, con saneadas cuentas de beneficios, hasta pequeñas
empresas y trabajadores autónomos que tienen en su camión su única
herramienta de trabajo, su principal sustento y, en ocasiones, toda su
riqueza.


Los pequeños transportistas, los autónomos y las empresas pequeñas
son quienes más sufren los vaivenes del mercado y la subida de los
carburantes como consecuencia de la crisis energética previa a la guerra
de Putin. La parálisis del sector del transporte afecta al conjunto de
nuestra sociedad, además de los evidentes problemas de viabilidad de los
propios transportistas. En este sentido, una crisis en su actividad
revierte en todos los ciudadanos, llegando a verse afectada la cadena de
suministro, desde los supermercados y los productos básicos hasta
cualquier tipo de empresa.


Desde nuestro punto de vista, la huelga de los transportistas durante
el mes de marzo, que llenó de incertidumbre a mucha gente, fue una huelga
fundamentada. Los trabajadores no pueden trabajar a pérdidas como
consecuencia de la subida de los combustibles; ningún trabajador puede
trabajar a pérdidas porque se rompe el equilibrio básico del mercado de
trabajo. Es un mensaje para los ultraliberales, que siguen creyendo al
mantra de que el mercado se regula solo. No es verdad; no es verdad. En
situaciones de crisis el mercado no solo no se autorregula, sino que
pagan siempre los más vulnerables o los sectores más desprotegidos. En
este sentido, queremos mostrar nuestra solidaridad, la de todas las
formaciones políticas que forman parte del Grupo de la Izquierda
Confederal, ante las dificultades que viven los transportistas y tomar
las mejores decisiones. La huelga del transporte es consecuencia de una
crisis transversal, la de la inflación, la de la subida de los precios
que estamos viviendo desde hace meses y que no tiene visos de resolverse
en el corto plazo.


Y, como el sector no es homogéneo, no podemos tomar las mismas
decisiones para todos. Tratar de la misma forma a quienes son desiguales,
lejos de ser igualdad es una profunda desigualdad. Desde nuestro punto de
vista, el Gobierno se equivocó. El error fundamental que cometió fue el
de menospreciar la huelga de los transportistas, tildándola de estar
politizada. Es cierto que determinados grupos ultras han manoseado la
huelga; ha habido un intento de apropiación de la huelga y de la voluntad
de los trabajadores del transporte en beneficio propio, pero no podemos
caer en el error de regalar esos espacios de legitimidad de las protestas
ciudadanas. Por responsabilidad propia, por responsabilidad con la
ciudadanía, debemos saber distinguir lo que es una huelga legítima y
fundada en las dificultades de los trabajadores, que lo que reclaman
fundamentalmente es vivir de su trabajo, de los agitadores que solo
buscan réditos electorales, aun poniendo en riesgo el futuro del propio
sector. Es responsabilidad de todos no confundir y no regalar los
espacios de protesta legítima a ultras a quienes no les corresponde.
Todas las huelgas tienen evidentemente un contenido político, pero hay
quien confunde con facilidad política con electoralismo. Por eso, entre
las y los demócratas no debemos utilizar nunca un mecanismo democrático
como la huelga para propiciar beneficios personales o partidarios.


Respecto a la moción concreta que presenta el Grupo Popular, podemos
estar de acuerdo en algunas de las propuestas que se hacen en ella; por
ejemplo, que se suspenda el plan o el rumor, porque no sabemos todavía,
por el cual se pretenden cobrar peajes indiscriminadamente en todas las
autopistas. Estamos de acuerdo con impulsar la empleabilidad en el sector
del transporte, añadiendo quizá la importancia de mejorar las condiciones
para que las mujeres también puedan acceder al trabajo en un sector
fuertemente masculinizado, lo malo es que, el grueso de las propuestas de
esta moción, se centran en bajar impuestos. Para el Grupo Popular
cualquier dificultad o cualquier problema se resuelve con la misma
receta, con la bajada de impuestos; da igual que sean impuestos directos
o indirectos, que sean autónomos o que sea una empresa internacional con
una cuenta de beneficios saneada. Eso lo dicen mientras están en la
oposición, pero luego hacen lo contrario cuando están en el Gobierno.
Además, la bajada del IVA indiscriminada sin atender a las condiciones
económicas, estatales e internacionales, no soluciona el problema de los
transportistas y pone en riesgo el sistema de ingresos públicos. Lo acaba
de decir el portavoz que me ha antecedido en la palabra, y es que las
comunidades autónomas se financian, entre otras cosas, con la cesión
del 58 % de los impuestos especiales, entre los que se incluyen los de
los hidrocarburos. Con esos impuestos, se financia el sistema de
bienestar; la sanidad pública, a la que todas y todos acudimos cuando
tenemos los problemas más graves que tienen que ver con la salud; se
financia la educación, y se financia todo el esquema del bienestar. Por
cierto, el discurso de la bajada de impuestos —ya les han copiado
el eslogan de la BMI—, la bajada masiva de impuestos, fue el que
hizo el Partido Popular en las anteriores elecciones andaluzas y ahora lo
hacen sus amigos, y ese discurso es peligroso por lo que acabamos de ver.
Las amistades peligrosas.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Termino, presidente.


El discurso de la bajada de los impuestos trae aparejado, como
acabamos de ver, demagogia, barbaridades y el disparate. Permítame un
consejo con un refrán que decía mi abuela: de mis amigos me libre Dios,
que de mis enemigos me libro yo. Permítanmelo en forma de consejo:
cuídense de sus amigos tanto al menos…


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría la
senadora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko, presidente jauna. Eguardi on
guztioi.


Ya he perdido la cuenta de cuántas mociones del Grupo Parlamentario
Popular hemos debatido en las que instan al Gobierno a reducir impuestos,
a veces directamente y en otras ocasiones, como la que debatimos hoy,
solicitando el apoyo a un determinado sector.






Hoy toca el sector de los
transportistas.


Compartimos la preocupación que trasladan en su moción. La situación
económica no es buena, primero, por el efecto de la pandemia, de la que
empezábamos a recuperarnos y, ahora, por el efecto de la invasión rusa en
Ucrania. Reflejo de ello es el dato del cierre del IPC en el 9,8 %,
resultado de la escalada de precios, que, como digo, es motivo de
preocupación y ocupación de este grupo. El alza de los precios de los
carburantes y también de los precios de la energía está afectando e
incidiendo directamente en el sector del transporte.


Consideramos que las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado,
con un cuestionable consenso, solo dan respuesta en el corto plazo.
Hablamos de un sector heterogéneo formado por autónomos, pequeñas y
grandes empresas y plataformas logísticas en el que no todos compiten por
igual ni pueden absorber de la misma manera los cambios de mercado, de la
demanda o los sobrecostes. Por tanto, las medidas para hacer frente a la
situación del sector que solo den respuesta en el corto plazo serán
insuficientes si no se adoptan otras medidas que ayuden a los
transportistas, a todo el sector, a seguir trabajando en condiciones de
rentabilidad. Es cierto que el Gobierno, además de las medidas contenidas
en el Real Decreto 6/2022, se ha comprometido a enviar a la Comisión
Nacional de Transportes por Carretera, antes del 31 de julio, un borrador
de proyecto de ley para evitar el abuso de la subcontratación y que se
abone un precio inferior al de sus costes; una nueva oportunidad si se
parte de una valoración real de la situación, de un diagnóstico del
sector del transporte por carretera que ayude a la toma de decisiones en
relación con las medidas que necesita el sector.


Pero, aunque compartimos la preocupación por el sector, no
compartimos las soluciones que proponen. En primer lugar, lo que
presentan es la nueva receta mágica del neoliberalismo, que lleva a menos
impuestos y menos Estado; en definitiva, a debilitar el Estado de
bienestar. Bien saben ustedes que, si tenemos menos impuestos, tendremos
menos ingresos y menos recursos generales para los servicios públicos;
por tanto, menos sanidad, menos educación, menos protección social, y
este no es el modelo que defiende el Partido Nacionalista Vasco. No lo
aplicamos en virtud de nuestra autonomía fiscal donde gobernamos porque
no es nuestro modelo y porque son propuestas o recetas mágicas que no
están de ninguna manera contrastadas. En segundo lugar, nos parece una
moción extemporánea. El Gobierno del Estado, con el real decreto de
ayudas económicas, ya ha orientado la acción a la compensación, a las
ayudas a los sectores, y entendemos que añadir y plantear cambios en la
fiscalidad, aunque las planteen como temporales, carece de sentido.


Si nos referimos a la suspensión temporal del impuesto de los
hidrocarburos mientras persista la situación, resulta una medida compleja
de aplicar puesto que, como saben, existe un tipo mínimo marcado por la
directiva de la Unión Europea. Por tanto, su suspensión no parece una
medida inmediata puesto que requeriría el visto bueno o el beneplácito de
la Unión Europea. La medida del Gobierno, en la parte de los 20 céntimos,
es una medida uniforme para particulares y profesionales, pero debemos
tener en cuenta que hay un colectivo significativo, transporte de
mercancías por carreteras o taxis, que reduce esa cuota que pagan por el
impuesto de hidrocarburos ya que son beneficiarios de una devolución
específica por el importe exacto del exceso de cuota respecto al mínimo
previsto en la directiva; una devolución que hasta ahora era trimestral y
que a partir de ahora será mensual.


En su moción instan también al Gobierno a renunciar al aumento
general de la fiscalidad de los hidrocarburos planteada por el comité de
expertos. Este debate no está abierto. No entendemos que se inste a
renunciar a una propuesta que se encuentra en un informe y que todavía no
ha sido ni debatida ni adoptada definitivamente por el Gobierno.


Nuevamente hablan de reducción de gasto improductivo, otras veces lo
llaman gasto poco eficiente. Me imagino que tendrán algún cálculo del
impacto en los ingresos consecuencia de las medidas de bajadas de
impuestos que van proponiendo, puesto que las que proponen van en contra
de ese supuesto gasto improductivo. Deberían calcular cuántos le quedan
en esta supuesta bolsa de gasto improductivo porque creo que no les va a
llegar para compensar todas las medidas que proponen. Además, quiero
hacerles una pregunta, que es una preocupación. ¿Qué consideran gasto
improductivo o mejorar la eficiencia del gasto público? Ese sería un
debate interesante porque seguramente no compartiríamos sus opiniones.
¿Consideran que es improductiva la financiación de la dependencia?
¿Consideran que es improductiva la financiación, el copago, la sanidad
pública o la atención universal?


En cuanto a llevar a la práctica el cobro de peajes, en coherencia
con lo que venimos haciendo en las carreteras de competencia foral, bajo
el criterio de que quien contamina, paga, y con el objetivo de mantener
la fluidez del tráfico y contribuir a la reducción de emisión de gases,
no podemos apoyar esta propuesta, que se aleja de la directiva europea en
la materia.


Lo que el Grupo Popular propone en su moción son siete puntos que, en
líneas generales, son parte de su lema para las próximas campañas
electorales: bajada de impuestos. Es un lema que sirve para todo, sobre
todo en el papel, en los programas electorales, pero que es papel mojado
si lo que verdaderamente se persigue es que un sector, el del transporte
en este caso, sea competitivo, adecuado, dimensionado…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora ETXANO VARELA: Termino enseguida.


Y que no trabaje por debajo de sus costes.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, Etxano senatari andrea.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra su señoría Martí Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gràcies, president.


Debatem avui aquí la moció conseqüència d’interpel·lació del
Partit Popular. No és la primera iniciativa que presenten amb un rerefons
clarament marcat per la petició més o menys encoberta d’una
reducció d’impostos. En el cas que ens ocupa avui, vostès centren
la seva petició, la seva iniciativa parlamentària, en el sector dels
transportistes. A nosaltres ens agradaria fer unes quantes consideracions
al respecte, avançant que, naturalment, els models de fiscalitat que
defensem a Esquerra Republicana de Catalunya, i també a Euskal Herria
Bildu, no són coincidents amb els del Partit Popular. Per tant, avancem
també que el sentit del nostre vot serà contrari a la iniciativa que
presenten. Per què? Doncs pels següents motius. (La senyora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidència).


Nosaltres ja hem dit en altres intervencions relacionades amb aquesta
mateixa temàtica que, si cal plantejar, en condicional, cap tipus de
reforma del sistema fiscal, s’ha d’abordar aquesta reforma
des d’un punt de vista integral. Col·lectius gens sospitosos, com
l’AIReF, quan apuntat la possibilitat d’una consolidació
fiscal, s’han encarregat també de dir —i això la seva
iniciativa també ho contempla en algun dels punts, en el darrer, si no ho
recordo malament— que en cap cas aquesta consolidació fiscal ha
d’anar lligada necessàriament a una reducció de la despesa, a
retallades en la despesa. I per què? Perquè cada vegada que el Partit
Popular fa una referència més o menys expressa, més o menys explícita, a
baixar impostos, en el fons el que acaba portant associada aquesta
petició és també una disminució dels recursos que cal destinar a blindar
l’Estat del benestar. Com han dit altres companys que m’han
precedit, una disminució de l’IVA té efectes en els ingressos de
les comunitats autònomes. Per què? Perquè les comunitats autònomes veuran
com es redueix la seva participació en els ingressos de l’Estat;
aquelles comunitats autònomes, naturalment, que siguin de règim comú.
Però fins i tot també en aquells casos que fan referència a impostos
especials, que vostès s’hi refereixen. L’impost especial
d’hidrocarburs. Per què? Perquè hi ha un percentatge cedit també a
les comunitats autònomes. I, bàsicament, el gruix dels pressupostos de
les comunitats autònomes es destina a despesa social, al que alguns han
anomenat l’escut social. És a dir, l’Estat del benestar:
educació, sanitat, acció social, etcètera.


En un altre ordre, vostès parlen del sector dels transportistes, però
no fan referències explícites a algunes de les problemàtiques que afecten
aquest sector. Per què? Perquè el que vostès busquen és només una baixada
d’impostos. Parlem només de transportistes de mercaderies o hauríem
de parlar també del transport de passatgers, o dels taxistes i de
professors d’autoescola. El nostre partit i el nostre grup
parlamentari estan molt a favor de dignificar i professionalitzar el
sector, que és un sector essencial. I hem vist, i en això tenen raó, que
darrerament estan treballant a pèrdues, i calen mesures estructurals per
fer-hi front. Per tant, cal un canvi de model, i reformes estructurals
per fer front als reptes d’aquest sector. Hi ha envelliment, hi ha
risc de sinistralitat, problemes per accedir a prejubilacions,
dificultats per renovar vehicles… Amb tot el que això comporta a
nivell laboral, mediambiental i de seguretat viària.


L’activitat professional està reconeguda com d’alt risc
per l’Organització Internacional del Treball. Per tant, s’ha
d’exigir que es rebaixi l’edat ordinària de jubilació. També
hauríem de parlar —i això vostès sempre ho obvien— de les
retribucions salarials. Perquè cal parlar de salaris dignes,
d’acord amb la responsabilitat i la perillositat del sector. No pot
ser que s’estigui cobrant per quilòmetre menys del que aquest
quilòmetre representa a nivell de despesa. Cal protegir sector
estratègics perquè no s’augmenti l’índex de dependència
logística i, per extensió, energètica.


Què defensem a Esquerra Republicana de Catalunya? Això està reflectit
al Pla de xoc per a la protecció de la ciutadania, proposat per Esquerra
Republicana i Euskal Herria Bildu el passat dimecres, 23 de març
del 2022. Un bo carburant destinat a persones i famílies vulnerables amb
rendes baixes, així com per als sectors professionals altament dependents
del carburants, com són el sector pesquer, el sector agrícola i el sector
del transport


Moltes gràcies, senyories. Moltes gràcies, presidenta.


Gracias, presidente.


Debatimos hoy una moción consecuencia de interpelación del Grupo
Popular —no es la primera iniciativa que presentan— con un
trasfondo claramente marcado por la petición, más o menos encubierta, de
una reducción de impuestos. En el caso que nos ocupa, ustedes centran su
petición, su iniciativa parlamentaria, en el sector de los
transportistas. En este sentido, nos gustaría hacer unas cuantas
consideraciones al respecto, avanzando que, naturalmente, los modelos de
fiscalidad que defendemos en Esquerra Republicana de Catalunya y Euskal
Herria Bildu no son coincidentes con los del Grupo Popular. También
avanzamos que el sentido de nuestro voto va a ser contrario a la
iniciativa que presentan. ¿Por qué? Por los siguientes motivos. (La
señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


Como ya hemos dicho en otras intervenciones relacionadas con esta
misma temática, si hay que plantear, en condicional, algún tipo de
reforma del sistema fiscal, habrá que hacerlo desde un punto de vista
integral. Colectivos nada sospechosos como la Airef, cuando han apuntado
la posibilidad de una consolidación fiscal, se han encargado también de
decir —su iniciativa también lo contempla en el último punto, si
mal no recuerdo— que en ningún caso la consolidación fiscal debe ir
ligada necesariamente a una reducción del gasto, a recortes en el gasto.
¿Por qué? Porque cada vez que el Grupo Popular hace una referencia más o
menos expresa, más o menos explícita a bajar impuestos, en el fondo, lo
que acaba llevando asociada esa petición es una disminución de los
recursos que hay que destinar a blindar el Estado del bienestar. Fíjense
—lo han dicho otros compañeros que me han precedido—, una
disminución del IVA tiene efectos en los ingresos de las comunidades
autónomas. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas verán cómo se
reduce su participación en los ingresos del Estado, máxime aquellas
comunidades autónomas que sean de régimen común; incluso también en los
casos de impuestos especiales, como el impuesto de hidrocarburos, al que
ustedes se refieren. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje cedido también a
las comunidades autónomas. Básicamente, el grueso de los presupuestos de
las comunidades autónomas se destina a gasto social, lo que algunos han
llamado el escudo social, el Estado del bienestar: educación, sanidad,
acción social, etcétera.


En otro orden de cosas, ustedes hablan del sector de los
transportistas, pero no hacen referencia explícita a algunas de las
problemáticas que afectan a este sector. ¿Por qué? Porque lo que ustedes
buscan es solo una bajada de impuestos. ¿Hablamos solo de transportistas
de mercancías o habría que hablar también del transporte de pasajeros, de
taxistas y de profesores de autoescuelas? Nuestro grupo parlamentario
está muy a favor de dignificar y profesionalizar el sector, que es
esencial. Hemos visto —en eso tienen razón— que últimamente
están trabajando a pérdidas. Por eso, hacen falta medidas estructurales
para hacer frente a esta situación. Hacen falta cambios de modelos,
reformas estructurales para afrontar los retos del sector:
envejecimiento, riesgo de siniestralidad, problemas para acceder a
prejubilaciones y dificultades para renovar vehículos, con todo lo que
ello comporta en el ámbito laboral, medioambiental y de seguridad
vial.


La actividad profesional del transporte está reconocida como de alto
riesgo por la Organización Internacional del Trabajo; por tanto, debe
exigirse que se rebaje la edad ordinaria de jubilación. También
tendríamos que hablar —siempre lo obvian ustedes— de las
retribuciones salariales; hay que hablar de sueldos dignos de acuerdo con
la responsabilidad y la peligrosidad del sector. No puede ser que se esté
cobrando por kilómetro menos que el gasto que supone ese kilómetro. Hay
que proteger a sectores estratégicos para que no aumente el índice de
dependencia logística y, por extensión, energética.


¿Qué defendemos en Esquerra Republicana de Catalunya? Esto se refleja
en el plan de choque para la protección de la ciudadanía propuesto por
Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu el pasado miércoles 23 de
marzo de 2022. Defendemos un bono carburante destinado a familias y
personas vulnerables con rentas bajas, así como para sectores
profesionales altamente dependientes de los carburantes, como pueden ser
los sectores pesquero, agrícola y del transporte.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador
Bernabé Pérez.


El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, para sacar al sector del transporte del callejón sin salida
en el que lo ha encerrado Sánchez solo caben dos opciones: o que el
Gobierno siga incrementando las bonificaciones, lo cual significará
seguir aumentando el desbocado déficit público que ya padecemos, o que
opte en su caso por la bajada de impuestos a los combustibles, tal y como
venimos defendiendo insistentemente desde el Grupo Popular, al objeto de
dotar de mayor liquidez a transportistas y a ciudadanos en general.
Recuerden a Jung, que decía aquello de eres lo que haces y no lo que
dices que harás. Les pedimos, por favor, que se pongan las pilas y que
reaccionen de inmediato porque el enfermo tiene de verdad muy mala pinta.
Se lo advertía Alberto Núñez Feijóo no hace mucho: mientras ustedes
esperan, los españoles desesperan.


Hace muy poquitas semanas hemos visto una macro huelga del sector del
transporte que ha paralizado casi por completo a España. Hemos visto a la
flota pesquera amarrada puerto porque no podían salir a faenar por los
altísimos precios del combustible y a un sector tan estratégico como el
del campo, que da de comer a todo el país, colapsando Madrid y puesto en
pie de guerra ante la imposibilidad de hacer frente a unos costes de
explotación en los que juega un papel fundamental el del gasóleo para sus
vehículos y maquinaria agrícola. Esa es la única realidad, señorías
socialistas, se pongan ustedes como se pongan. O, como diría el gran
Antonio Machado, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.
Y no nos salgan ahora, por favor, con que la culpa es de la guerra de
Ucrania porque eso no es verdad y, además, serían excusas de malos
pagadores. Esta situación se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y
la invasión rusa comenzó hace ahora justo dos meses. Y aquí tienen una
vez más la prueba fehaciente de ello. (El señor senador muestra un
gráfico a la Cámara). Estas son las estadísticas oficiales del Gobierno
socialista, Ministerio de Transición Ecológica, que recogen la evolución
de los precios de los carburantes desde junio de 2020 hasta la actualidad
y donde se constatan dos cosas: la primera, que los precios, en este
periodo, han subido más del doble, prácticamente el triple, y, la
segunda, que ha sido una subida mediante una evolución continua y
constante a lo largo del tiempo y no de ahora, de manera repentina, sin
que el Ejecutivo central haya hecho absolutamente nada por evitarlo. Y
todo, ¿por qué? Muy sencillo, porque con los impuestos derivados de los
combustibles, es decir, con el IVA de los hidrocarburos, están recaudando
nada menos que 250 millones de euros extra cada mes sobre lo
presupuestado; es decir, la barbaridad de 3000 millones de euros extra
solo a lo largo del último año. Y si nos vamos al conjunto de la
recaudación impositiva, gracias a esta esperpéntica inflación de
república bananera, del 10 %, que está provocando esta alza tan brutal de
los precios, vemos que solo en enero y febrero de este año se han
recaudado 7500 millones de euros más que en enero y febrero del pasado
año, como recordó recientemente Alberto Núñez Feijóo.


Señorías, la única realidad es que más del 50 % de lo que pagamos por
cada litro de combustible son impuestos que nos cobra el Gobierno. ¿De
verdad nos van a decir ustedes que no hay margen ahí para hacer una
rebaja? ¿O es que ahora toca castigar a los camioneros, otrora héroes de
la pandemia, porque son unos fachas, tal y como fueron definidos por
altos responsables ministeriales recientemente y como, por cierto,
definen ustedes a todo aquel que ose discrepar de sus políticas?


Señorías del Partido Socialista, ¿son ustedes conscientes de que los
camioneros siguen trabajando a pérdidas y que se están comiendo sus
ahorros? ¿Saben que muchos de ellos han perdido ya sus casas porque las
pusieron como avales para unos negocios que han tenido que cerrar? ¿Se
han enterado de cómo están las financieras, llenas de cabezas de camión
embargadas porque sus dueños han tenido que entregarlas ante la
imposibilidad de hacer frente a los recibos mensuales?


El gran problema que tenemos los españoles cuando nos gobierna la
izquierda es su voracidad impositiva. Ustedes piensan que todo se arregla
subiendo impuestos, y así lo único que están haciendo es apretar la soga
al cuello de familias, pymes y autónomos, que hoy simplemente no llegan
ya a fin de mes. Escuchen a las estaciones de servicio, en particular a
las pymes y a las low cost, que les dicen que se equivocan aplicando las
bonificaciones en lugar de las bajadas de impuestos y les advierten de
que muchas de ellas van a tener que cerrar en breve, caso de seguir con
esta situación.


Señorías, tenemos el Gobierno más grande y más caro de la historia de
la democracia. Tenemos la inflación más alta de los últimos cuarenta
años. ¿Y de verdad no piensan hacer nada más para evitar que el sector
del transporte se convierta en una fábrica de creación de ERTE y de
generación de desempleo?


Voy concluyendo, señorías. Son ustedes los que nos dijeron que solo
les iban a subir los impuestos a los ricos y que las clases medias y
trabajadoras podían estar muy tranquilas porque a ellas no les iba a
afectar. Entonces, ¿cómo consideramos que parados, jubilados, obreros,
autónomos, estudiantes y amas de casa estén pagando a precio de oro estas
brutales subidas de los carburantes?, ¿como que en España somos ya 47,5
millones de millonarios? Fíjense bien en lo que les voy a decir: al
final, vamos a añorar a Ábalos, y miren que el amigo de Delcy dejó el
listón bien bajo.


Termino, señorías, dejándoles clara una cuestión. Señorías
socialistas y sus socios nacionalistas, en tanto en cuanto no bajen
ustedes los impuestos de los combustibles van a estar perpetrando a
diario un robo a mano armada al bolsillo de los españoles, y tengan muy
claro que el Partido Popular jamás va a ser cómplice de ese atraco.


Les agradezco mucho su atención y espero de corazón que apoyen
nuestra moción.


Buenas tardes. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador
Morales Quesada.


El señor MORALES QUESADA: Gracias, presidenta.


Me gustaría hacer una puntualización antes de comenzar con la
intervención, pero veo que el señor González-Robatto viene, suelta sus
soflamas y se va. Cuando él quiera, comparo mi vida laboral con la suya o
con la de su jefe de filas. (Aplausos). Con 48 años, tengo 30 años
cotizados porque no todos somos niños de papá que hemos nacido con la
vida resuelta. (Aplausos).


Voy al tema. Señorías del Partido Popular, la moción consecuencia de
interpelación que ustedes presentan aquí nos parece que adolece de
sentido y que llega tarde. Todo no se resuelve bajando impuestos, y lo
hemos repetido hasta la saciedad, pero ustedes siguen con su
mantra.


Permítanme recordar a los señores del PP y a los de Ciudadanos que
los representantes legítimos de los transportistas son los que están en
la Comisión Nacional de Transportes por Carretera, elegidos por ellos
mismos, y ellos indican que las medidas planteadas por el Partido Popular
no solucionan nada, porque ustedes saben, además, como ya se ha dicho
aquí, que buena parte de la recaudación del impuesto sobre hidrocarburos,
por ejemplo, va a las comunidades autónomas.


En cuanto a los acuerdos a los que se llegó con el sector, como ya
dijo mi compañera, el ministerio trabaja para aplicar al sector del
transporte los mismos principios de la Ley de cadena alimentaria, para
asegurar la utilización justa de la subcontratación y garantizar la
rentabilidad del trabajo en el sector. En resumen, señorías del PP, su
mantra ahora es la bajada de impuestos, cuando hace unos meses pedían
ayudas y subvenciones para todos los sectores. Díganme ustedes cómo van a
solucionar esa fórmula.


Y, señorías, las medidas económicas del señor Feijóo, las que ustedes
acaban de presentar, se resumen fácilmente en una frase: nuevos mensajes
con viejas mentiras. (Aplausos). Hasta el Fondo Monetario Internacional
las desdice; indica que hay que ayudar a los más vulnerables, sí, pero no
bajando impuestos ni dando ayudas de manera generalizada, que es lo que
ustedes proponen. Mienten a los ciudadanos porque no les dicen la segunda
parte, y es qué es lo que ocurre cuando ustedes dicen que hay que bajar
impuestos.


Señorías, yo les voy a enumerar, en cambio, las políticas de los
socialistas, cuando estamos en el Gobierno de España y en las comunidades
autónomas: subimos el salario mínimo interprofesional —a lo que
ustedes se oponen con otra mentira, diciendo que destruye el empleo,
aunque los datos demuestren lo contrario— (Aplausos); establecemos
el ingreso mínimo vital y garantizamos la dignidad de las personas
vulnerables; reforzamos la figura de los ERTE para que ningún trabajador
pierda su empleo; incrementamos los fondos para la lucha contra la
violencia de género, defendiendo la dignidad y la vida de las mujeres,
las mismas a las que ustedes avergüenzan en Castilla y León aplicando la
receta de la ultraderecha. O a lo mejor no, a lo mejor esas son las
recetas que a ustedes les gustan y ahora se están escudando en sus socios
de Gobierno. (Aplausos).


Y, por cierto, hablando de Castilla y León, aunque no esté el señor
González-Robatto, quiero decirle que su vicepresidente, sin competencias,
se ha puesto un sueldo de 100 000 euros, así que, consejos vendo que para
mí no tengo. (Aplausos).


Nosotros nos esforzamos por fortalecer la sanidad pública
—hemos comprobado lo necesario e importante que es invertir en
ella—; también en educación pública para formar ciudadanos y que
sean personas libres y no manipulables; en fortalecer el sistema público
de pensiones, sobre todo ahora que, con la propuesta estrella de Feijóo,
que es recortar las pensiones, otra vez atacan a nuestros mayores, porque
les molesta que tengan poder adquisitivo para vivir dignamente.


Señorías del PP, les voy a recordar lo que ustedes hacen cuando
gobiernan: 50 subidas de impuestos; 5 revisiones al alza del IRPF: 4 del
impuesto sobre sociedades; 2 del IVA, y crearon 12 figuras tributarias:
al sector eléctrico, a los hidrocarburos, a los depósitos bancarios, a
los premios de lotería y hasta al sol le pusieron ustedes un
impuesto.


Miren, señorías, llegado este momento les voy a hacer una comparativa
de lo que hacemos los socialistas y lo que hacen los populares donde
gobiernan, y lo voy a hacer con mi comunidad autónoma. En Canarias,
creación de empleo, último dato publicado: 3.381 empleos; en Andalucía,
un paro de 3000 personas. Más de 7400 familias canarias podrán acceder a
viviendas de protección oficial, mientras que en Madrid se las venden a
especuladores y a fondos buitres. (Aplausos). Fomentamos con plazas
públicas gratuitas la educación de 0 a 3 años en Canarias; donde ustedes
gobiernan, la educación infantil es un negocio. Doy un último dato: 59,4
millones de euros para contratar a 744 profesionales que refuercen la
sanidad pública canaria; en Andalucía se fueron a la calle 8000
sanitarios, en Madrid, 6000. (Aplausos). ¿Y sabe lo que pasa donde
gobernamos nosotros? Que es una comunidad de populistas y populares free.
Y lo mismo vamos a lograr en Andalucía con Juan Espadas: vamos a
conseguir que Andalucía sea una comunidad de populistas y populares free.
(Aplausos.— Rumores). A nosotros lo que nos preocupa, y por lo que
abogamos y luchamos, es por fortalecer y garantizar el Estado del
bienestar de los ciudadanos de este país.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Señorías, esta moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Democrático con número de registro de entrada 139870, será
sometida a votación durante el plazo que esta Presidencia abrirá al
concluir el debate de la primera moción ordinaria.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 23/2011, DE 29 DE JULIO, DE DEPÓSITO LEGAL. (Proclamación del
resultado de las votaciones).


621/000045

Cultura y Deporte


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 8., 8.1.
y 8.1.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Paso a proclamar los
resultados de las votaciones telemáticas.


Enmiendas 4 a 8. Autores: Jacobo González-Robatto Perote, José Manuel
Marín Gascón, Yolanda Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Votos emitidos, 262; a favor, 3; en contra, 253;
abstenciones, 6.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Quedan rechazadas.


Enmienda número 1, de Assumpció Castellví Auví y Josep Lluís Cleries
i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado.


Votos emitidos, 262; a favor, 20; en contra, 216;
abstenciones, 26.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmienda número 2, de los mismos senadores.


Votos emitidos, 262; a favor, 6; en contra, 232;
abstenciones, 24.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Enmienda número 3, de los mismos autores que la enmienda
anterior.


Votos emitidos, 262; a favor, 6; en contra, 232;
abstenciones, 24.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda rechazada.


Resto del proyecto de ley.


Votos emitidos, 262; a favor, 254; en contra, 3;
abstenciones, 5.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobado.


Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto
de Ley por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito
legal.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
SEGUIR IMPULSANDO LAS MEDIDAS SUFICIENTES PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS.


662/000116

GPS


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 11.
y 11.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción se han
presentado diez enmiendas: una del Grupo Parlamentario Nacionalista, una
del Grupo Parlamentario Mixto, tres del Grupo Parlamentario Popular y
cinco del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, la senadora Plaza García.


La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, presidenta. Buenas tardes,
señorías.


El Grupo Socialista hoy trae al Pleno del Senado una moción
para instar al Gobierno de España, junto con las comunidades autónomas, a
seguir impulsando las medidas suficientes para conseguir la
universalización de la educación infantil de 0 a 3 años.


La participación de las niñas y niños en educación infantil es uno de
los predictores más importantes que mejoran los resultados educativos.
Según la OCDE, los alumnos y alumnas de 15 años que asistieron a
educación infantil tienen mejores resultados que los que no lo hicieron,
incluso teniendo en cuenta su contexto socioeconómico. Además, contribuye
a reducir el fracaso escolar, el abandono temprano y las repeticiones de
curso. Por otro lado, está demostrado que, a partir del nacimiento, las
experiencias que ofrezcamos a los niños y niñas y las actividades que
realicemos van a ser fundamentales para su evolución. Esta misma mañana,
el defensor del pueblo, aquí mismo, en este atril, ha apuntado la
importancia de la educación infantil para detectar problemas de manera
precoz. Por otro lado, la escolarización en esta etapa educativa facilita
la conciliación entre la vida laboral y familiar, por lo que no solamente
estamos favoreciendo el desarrollo del menor o de la menor, sino que,
además, contribuimos a reducir las desigualdades.


Creo que estamos de acuerdo si digo que todo el mundo tiene derecho a
una educación, viva donde viva y sea cual sea el nivel socioeconómico de
su familia. En España existen importantes desigualdades y diferencias en
el acceso al primer ciclo de educación infantil asociadas a las
características sociofamiliares. El pasado 1 de febrero de 2022 el
Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil que se
implantará en el próximo curso 2022-2023, donde por primera vez se
regulan las enseñanzas mínimas del primer ciclo de educación infantil y,
además, se aborda la educación infantil de 0 a 3 años con carácter
educativo, no solamente con carácter asistencial o de cuidados, como
hasta ahora. Por primera vez se aborda como una etapa vital en el
desarrollo formativo y académico de los niños y niñas, y, señorías, esto
lo ha hecho un Gobierno socialista, porque todos los avances sociales y
todos los avances educativos que se han conseguido en España siempre han
ido de la mano de gobiernos socialistas. El problema es que, cuando entra
el Partido Popular retrocedemos. Y quiero recordar al ministro Wert, este
ministro del Partido Popular que, aparte de ser nefasto en educación y de
lograr un gran retroceso en los avances que se habían conseguido, hizo
unas declaraciones afirmando que la educación infantil no es educación,
sino conciliación. Ese es el modelo del Partido Popular. De hecho, la Ley
educativa LOMCE, que era del Partido Popular, no se ocupó en absoluto de
la educación infantil. Sin embargo, la LOMLOE sí que se ocupa.


Como hasta ahora, toda la educación infantil tiene un carácter
voluntario. Se ordena en 2 ciclos: el primer ciclo, de 0 a 3 años, y el
segundo ciclo, de 3 a 6 años. Y lo establecerá el Gobierno, en
colaboración con la Administración educativa, en el marco de la LOMLOE,
cuyo objetivo es la progresiva implantación del primer ciclo mediante una
oferta pública suficiente.


Señorías, tenemos un Gobierno que cumple y, en este sentido, está
orientando sus esfuerzos a la extensión del primer ciclo de educación
infantil de manera que se avance hacia una oferta pública suficiente, con
equidad y calidad, y que garantice su carácter educativo. Para la
financiación de la extensión del primer ciclo de educación infantil se ha
previsto un importante esfuerzo en los Presupuestos Generales del Estado
a través de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Esta
iniciativa se desarrolla a través de un programa de cooperación
territorial con las comunidades autónomas, con una inversión de más
de 670 millones de euros para crear más de 65 000 plazas públicas nuevas
en educación infantil de 0 a 3 años. Además, 123 millones de euros serán
para crear más de 12 000 plazas de esta etapa en mi tierra, en Andalucía.
Y aquí quiero detenerme porque quiero dejar claro que el Gobierno de la
Junta de Andalucía, del Partido Popular con Ciudadanos y apoyado, además,
por la ultraderecha, por Vox, desprecia esos 123 millones de euros para
crear 12 000 plazas públicas y gratuitas de educación infantil en zonas
desfavorecidas y, una vez más, da la espalda a las familias andaluzas que
menos recursos tienen. Moreno Bonilla cuestiona la creación de plazas
nuevas, públicas y gratuitas de 0 a 3 años, argumentando que ya hay
plazas libres concertadas por la Junta de Andalucía. Argumenta que para
qué se quieren esas nuevas plazas si ya existen plazas libres. Y, claro,
esto lo escucha cualquiera y a lo mejor hasta lo podría entender, podría
decir que tiene razón. ¿Y saben por qué? Porque es un argumento
populista, demagogo e intencionado. (Aplausos). Lo cierto es que estas
plazas que están libres son de centros infantiles privados, que tienen un
concierto con la Junta de Andalucía, y los padres y madres tienen que
pagar para escolarizar a sus hijos todos los meses. Y yo me pregunto: ¿no
será que existen esas plazas libres porque los padres y madres tienen que
pagar? ¿Qué pasa con esas familias que no pueden asumir ese gasto? Pues
sencillamente que tienen que dejar a sus menores a cargo de sus familias,
sobre todo de sus madres, porque no olvidemos que casi siempre son las
madres las que asumen esta responsabilidad.


El Partido Popular pide que el Gobierno les deje utilizar esos 123
millones de euros para las plazas que ya existen, para las plazas
privadas concertadas; es decir, que el dinero que tiene la finalidad de
crear plazas públicas y gratuitas para la etapa de 0 a 3 años, la Junta
de Andalucía quiere utilizarlo para le salga más barato el concierto con
las escuelas privadas. Quiere utilizar el dinero de las plazas públicas
en plazas privadas concertadas, pero no para favorecer a las escuelas
infantiles que existen, sino para favorecerse ellos mismos y para que les
cueste más barata la educación de 0 a 3 años. O sea, quieren hacer
negocio y sacar rentabilidad política a la educación, como siempre; es a
lo que estamos acostumbrados. Y, señorías, no me extraña porque el modelo
educativo del Partido Popular es la privatización, pero lo que sí me
extraña es que no sepa que esos 123 millones vienen de los fondos
europeos y no se pueden modificar, o, lo que es peor, a lo mejor si lo
saben, pero quieren manipular.


Por otro lado, tengo que decir que mientras la tasa de escolarización
en el segundo ciclo de educación infantil de 3 a 6 años es prácticamente
plena, con un 96,2 %, la del primer ciclo, la de 0 a 3 años, se sitúa en
un 41,1 %. ¿Qué quiere decir esto? Que el 60 % de los menores
de 0 a 3 años no están escolarizados. Por lo tanto, fíjense si hay
necesidad de crear plazas públicas y gratuitas sin que esto suponga,
además, una merma para el resto de los centros. A mí me gustaría decirle
a Moreno Bonilla que, si tan preocupado está por esta situación de las
escuelas infantiles, que amplíe el umbral de la renta y aumente la
bonificación a las familias, que seguro que tendría muchísimas menos
plazas libres. También me gustaría decirle a Moreno Bonilla que aprenda
del PSOE de Andalucía, que desde 2002 está trabajando por universalizar
la educación de 0 a 3 años.


El Partido Popular nos acusa de ir contra la escuela infantil en
Andalucía. ¿Cómo vamos a ir nosotros contra las escuelas infantiles si
precisamente fue el PSOE de Andalucía el que puso en práctica, con
argumentos y presupuesto, el Plan de apoyo a las familias para garantizar
la universalización de este servicio educativo y la igualdad de
oportunidades? Por lo tanto, ese argumento de que el PSOE quiere
perjudicar a las escuelas infantiles actuales no se lo cree ya nadie,
porque fue precisamente el PSOE de Andalucía el que implantó este
sistema.


Lo que está claro es que esta inversión responde a las
recomendaciones país de la Comisión Europea, y su implementación es
prioritaria para avanzar en la igualdad de oportunidades desde las edades
más tempranas. La ejecución y el desarrollo de este programa y las
actuaciones que lo definen corresponden, en función de las competencias
asumidas, a las comunidades autónomas.


En el PSOE tenemos muy claro que la educación y la conciliación no
pueden ser un lujo y, por eso, el pasado 14 de diciembre se presentó en
el Congreso de los Diputados una reforma legislativa impulsada por el
Parlamento andaluz, a propuesta del PSOE de Andalucía, para dar un paso
más hacia la universalización y la gratuidad de la educación infantil
de 0 a 3 años, con el triple objetivo social que supone avanzar en la
igualdad de oportunidades, en el éxito educativo de los niños y niñas
andaluces, y en la conciliación y corresponsabilidad familiar,
garantizando, además, mejores condiciones laborales a los y las
trabajadoras que se dedican a la atención socioeducativa temprana.


Por lo tanto, señorías, solamente me queda pedirles que aprueben esta
moción que, como pueden comprobar, es muy necesaria para el conjunto de
la sociedad; una moción que, de desarrollarse, supondría un gran avance
social para este país.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Nacionalista, tiene la palabra la senadora Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Bona tarda.


Junts hem presentat una esmena de modificació ja que el punt
dispositiu de la moció ens semblava poc concret. Per aquest motiu hem
suggerit modificar la primera part del redactat, i començar pel que en
altres sempre abanderem totalment, que és el respecte a les competències
de les comunitats autònomes. És a dir les competències de Catalunya. El
que cal dir és que el redactat de la moció en certa manera també ho
contempla. I com no podia ser d’altra manera, en la nostra esmena
també demanem els recursos necessaris i que ens mereixem, perquè els
òrgans competents puguin executar totes les mesures necessàries per poder
aconseguir la universalització dels 0 als 3 anys. Tothom sabem que el
paper ho aguanta tot, però cal que aquest paper vagi acompanyat de
recursos i de diners, i aquests diners encaixar-los dins dels
pressupostos generals de l’Estat.


Senyories, necessitem més recursos per afrontar tants canvis. Els
docents no poden —o no podem perquè també ho sóc— fer front a
tot. La prioritat han de ser els alumnes i garantir que puguin tenir una
educació de qualitat. Però també cal pensar en els docents les famílies i
el personal PAS. Per tant, cal invertir en l’estudiant però també
en tots els contextos els contextos de totes les escoles.


Per aquest motiu hem redactat la nostra esmena de modificació
d’aquesta manera i que esperem acceptin, o si més no arribar a una
transacció: Respetando las competencias propias de las comunidades
autónomas seguir impulsando las medidas suficientes para conseguir la
universalización de la educación infantil de 0 a 3 años traspasando los
recursos necesarios para que los órganos competentes puedan ejecutar
todas las medidas necesarias.


I no vull acabar sense agrair la presència especial i exprés
d’uns joves que estan aquí a la tribuna. En Joan, l’Àlex, i
l’Arnau, que són joves que comparteixen i entenen bona part del
contingut ara exposats.


Moltes gràcies.


Buenas tardes.


Junts ha presentado una enmienda de modificación, puesto que el punto
dispositivo de la moción nos parecía poco concreto. Por este motivo,
hemos sugerido modificar la primera parte del redactado y empezar por lo
que nosotros siempre abanderamos totalmente: el respeto a las
competencias de las comunidades autónomas, es decir, las competencias de
Cataluña. El redactado de la moción, en cierto modo, también lo contempla
y, como no podía ser de otra manera, en nuestra enmienda también pedimos
los recursos necesarios que nos merecemos para que los órganos
competentes puedan ejecutar todas las medidas precisas para conseguir la
universalización de 0 a 3 años. Todos sabemos que el papel lo aguanta
todo. Sin embargo, es necesario que este papel vaya acompañado de
recursos y de dinero, y hay que hacer encajar este dinero dentro de los
Presupuestos Generales del Estado.


Señorías, necesitamos más recursos para afrontar tantos cambios. Los
docentes no pueden —o no podemos, porque yo también lo soy—
hacer frente a todo. La prioridad deben ser los alumnos y garantizar que
puedan tener una educación de calidad, pero también hay que pensar en los
docentes, las familias y el personal PAS. Por lo tanto, hay que invertir
en el estudiante, pero también en los contextos de todas las
escuelas.


Por este motivo, hemos redactado de esta forma nuestra enmienda de
modificación, que esperamos que acepten o, al menos, se pueda llegar a
una transacción: Respetando las competencias propias de las comunidades
autónomas, seguir impulsando las medidas suficientes para conseguir la
universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, traspasando los
recursos necesarios para que los órganos competentes puedan ejecutar
todas las medidas necesarias.


No quiero terminar sin agradecer la presencia especial y exprés de
unos jóvenes que están aquí en la tribuna: Juan, Alex y Arnau, que
comparten y entienden buena parte del contenido ahora expuesto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes gràcies,
señorya.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, aunque se haya establecido por primera vez un decreto de
enseñanzas mínimas, la educación infantil hoy en día es voluntaria. Se
divide en dos ciclos: el primero, de 0 a 3 años y el segundo, de 3 a 6,
que ya es gratuito. A partir de esa edad, la educación primaria es
obligatoria.


Lo que está en debate ahora, y genera bastante polémica, es el primer
ciclo, de 0 a 3 años. El objetivo de esta moción es la progresiva
implantación del primer ciclo de la enseñanza infantil, de 0 a 3 años,
mediante una oferta pública suficiente y gratuita, priorizando, además,
el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión
social y la situación de baja tasa de escolarización, con lo que estamos
de acuerdo.


En el petitum de la moción indican: «Instar al Gobierno de España,
junto con las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias,
a seguir impulsando las medidas suficientes para tender a conseguir la
universalización de la educación infantil de 0 a 3 años». De entrada,
consideramos insuficiente y ambiguo el término «universalización» que se
emplea en el petitum. Pensamos que hay que lograr la universalización,
sí, siempre entendida como la posibilidad de acceso a esta educación no
obligatoria de toda la población. Y también la gratuidad, sí, pero no
solo creando plazas públicas nuevas, sino aprovechando las que ya hay en
la red de centros ya existente y que, fruto de la pandemia, tiene
vacantes. Es decir, antes de crear nuevas plazas, aprovechar las que hay.
Además, eso favorece la libertad de elección de centro, que es lo que
nosotros proponemos a través de nuestra medida del cheque escolar. El
problema está en que se quiere alcanzar la universalización, es decir,
que todo el que quiera pueda escolarizar a sus hijos en el primer ciclo
de infantil, mediante una oferta pública suficiente sin tener en cuenta
la red de centros ya existente.


Basándonos en ello, planteamos nuestra enmienda de modificación de la
parte dispositiva de la moción, que quedaría redactada de la siguiente
manera: «El Senado insta al Gobierno de España, junto a las demás
administraciones territoriales en el ejercicio de sus competencias
respectivas, a seguir impulsando las medidas necesarias para conseguir la
universalización y la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años,
con distintas formas de financiación, como el cheque escolar, contando
con la red de centros existentes y respetar la indivisibilidad de la
primera etapa de educación infantil, favoreciendo de esta forma la
libertad de elección de los padres en cuanto a la educación que quieren
para sus hijos». Esperamos que esta enmienda sea aceptada.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Rodríguez López.


El señor RODRÍGUEZ LÓPEZ: Buenas tardes, señorías.


Antes de exponerles las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado,
permítanme que les comente algo que me sorprende. Me sorprende que
ustedes en su argumentación pongan énfasis en la gratuidad y en lo
público, y que en su petitum no se especifique expresamente ninguno de
estos dos conceptos. Ustedes hablan de impulsar medidas suficientes para
tender a conseguir la universalización de la educación infantil de 0 a 3
años. No sé si esto responde a algo parecido a la jugada que le hicieron
al Consejo de Estado respecto al texto que les remitieron, en el que
fijaban las enseñanzas mínimas de educación infantil. Es muy curioso: les
envían el texto, el Consejo de Estado manifiesta su conformidad, se lo
devuelven y, cuando el pasado 1 de febrero el Gobierno va a dictar el
real decreto, el propio Gobierno modifica el texto e incluye, a su libre
albedrío, la expresión «mediante una oferta pública suficiente»,
refiriéndose a la implantación de 0 a 3 años. Señorías, sin duda, una
trampa más de las que estamos acostumbrados por parte del Gobierno de
Sánchez para maquillar el verdadero propósito, que no es otro que, en
detrimento de la libertad de enseñanza, estatalizar la educación.


En cualquier caso, señorías, en la exposición de motivos de la moción
consideran que la educación infantil 0 a 3 años es una etapa vital en el
desarrollo formativo de los niños y niñas, y estamos de acuerdo. Por lo
tanto, ustedes también deberían estar de acuerdo en que todos los niños y
niñas de nuestro país, sin ningún tipo de discriminación, deben tener la
oportunidad de acceder a esa etapa y a ese ciclo de forma gratuita. Por
eso, no entendemos que la inversión pública prevista por el Gobierno se
focalice única y exclusivamente en poco más de la mitad de los niños y
niñas de nuestro país, marginando a la otra mitad, que son los que ocupan
las aulas de los centros concertados ―por cierto, sostenidos con
fondos públicos y privados―.


También argumentan que se debe priorizar el acceso del alumnado en
situación de riesgo de pobreza y exclusión social, y estamos de acuerdo.
Por lo tanto, ustedes también estarán de acuerdo en que todos los niños y
niñas de nuestro país que estén en esa situación tienen que tener la
oportunidad y la prioridad sobre el resto. Por eso, no entendemos cómo se
les va a explicar a esas familias vulnerables, en situación de riesgo de
pobreza y exclusión social, que llevan a sus hijos a centros concertados
sostenidos con fondos públicos —centros, por cierto, que se les
ofrecieron igualmente que a las familias de los centros públicos—
que por ir a ese centro, que se les ofreció de forma gratuita, ahora su
enseñanza en el primer ciclo no lo va a ser.


Manifiestan, asimismo, en su argumentación la firme voluntad por
parte del Gobierno de avanzar en la democratización e igualdad en el
acceso a la educación de los niños y niñas de 0 a 3 años, y estamos de
acuerdo. Pero, señorías, ¿cómo se puede avanzar en la democratización si
no se puede elegir centro? ¿Cómo se puede avanzar en la igualdad si
ustedes lo que hacen es marginar a la mitad de los niños españoles?


Señorías, les propongo, en nombre de mi grupo, tres enmiendas de
adición que ayudarían a garantizar los valores y derechos fundamentales
de igualdad, libertad, justicia y pluralismo. En primer lugar, les
proponemos extender progresivamente la gratuidad de la educación infantil
a todos los centros educativos que actualmente están sostenidos con
fondos públicos en alguna de sus etapas de enseñanza obligatoria.


En segundo lugar, les proponemos establecer un calendario de
implantación progresiva del ciclo 0 a 3 años de carácter gratuito en los
centros educativos sostenidos con fondos públicos, respetando, en la
medida de lo posible, la proporcionalidad entre los de titularidad
pública y titularidad privada. Señorías, si están sostenidos con fondos
públicos uno de cada cuatro colegios, lo justo sería que la inversión
fuera de uno para cada 4, es decir, que se invirtiera en un colegio
concertado por cada cuatro colegios públicos. Es sería lo justo.


Y, por último, con el objeto de garantizar la supervivencia del
sector de las escuelas infantiles privadas —que tienen acreditada
su profesionalidad, demanda y utilidad, prestando un servicio esencial a
la población, especialmente en esas localidades o barriadas en las que la
única opción para las familias era esa—, les proponemos garantizar
la continuidad de aquellas escuelas infantiles de titularidad privada que
presten un servicio esencial por razón de demanda o utilidad para la
población.


Señorías, tenemos que dejar de mirarnos entre nosotros y dirigir
nuestra mirada a lo importante: nuestros niños, nuestras niñas y sus
familias. La universalización gratuita de la etapa de infantil es
posible. De hecho, a partir del próximo curso todas las escuelas
infantiles gallegas en su ciclo de 0 a 3 años serán gratuitas.
Traslademos al Gobierno y al resto de comunidades autónomas la necesidad
de trabajar por este camino.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Tiene la palabra la senadora
Plaza García…


Perdón, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la
palabra el senador Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Presidenta, somos poquitos pero somos guerreros
y estamos ahí.


L’educació de 0 a 3 anys és una etapa cabdal de la vida de
moltes persones, de les persones que probablement més estimam,
d’aquells que emmarcam des del principi. Per tant, és fonamental
que estigui tractada com es mereix. Crec que aquesta moció del Partit
Socialista d’avui podríem dir que és un brindis al sol com dirien
en castellà, o paraules buides. Però també ens dóna l’oportunitat
de parlar d’una etapa educativa clau a les nostres vides com és la
de zero a tres anys. Per tant, vull agrair-los que avui en el ple parlam
d’aquest tema tan important que preocupa tanta gent, a tant de
pares tant de mares, i a tant de col·lectius professionals que els he
hagut de demanar l’opinió sobre l’educació de 0 a 3 a
l’STEI i a Comissions Obreres.


Evidentment hem intentat millorar el text amb cinc idees bàsiques. El
primer, pel model educatiu que tenim a les Illes Balears, per a nosaltres
és impossible no reconèixer el paper dels ajuntaments i de les entitats
locals que han estat les que han finançat amb molt esforç la implantació
de l’educació de 0 a 3 anys. Han estat els ajuntaments que, a les
seves esquenes, sense tenir el finançament, sense tenir les
infrastructures necessàries, ho han fet possible. I per tant, cal
reconèixer que el paper d’aquestes entitats locals, dels consells
insulars com per exemple el de Menorca, dels ajuntaments com el del meu
poble, que fa més de trenta anys que apostaren per abandonar les
guarderies i passar a les escoletes.


També cal instar, com fa aquesta moció —però amb més
vehemència— a què l’Estat faci que sigui universal aquesta
etapa zero a tres anys perquè cal que sigui universal perquè és una etapa
educativa, i cal que sigui universal per una qüestió d’equitat,
perquè no podem començar a marcar diferències de zero a tres anys, que
aquell que tingui de pes aquell que tingui mitjans pugui tenir un
desenvolupament humà millor que un que no té els mitjans necessaris per
fer-ho. Per tant, ha de ser universal i ha de poder accedir-hi
tothom.


I una tercera idea: necessitam tenir un sistema de places públiques
suficients. Cal que tothom pugui accedir en aquesta fase educativa perquè
és una fase educativa i, per tant, tothom hi ha de poder accedir, tothom
ha de poder arribar a aquesta oferta pública que ha de ser suficient i ha
de tendir a la gratuïtat. No pot ser que els recursos econòmics de la
família marquin la diferència. Qüestió d’equitat. Tots hem de tenir
les mateixes oportunitats, i d’això es tracta, i per tant també és
important, tan important com crear les places. És molt bonic el dia que
fem l’escola nova, aquell dia que obrim aules, aquell dia que us
arriba una subvenció per fer aules noves de zero a tres anys, però
l’endemà els han d’aguantar, com un ajuntament, els has de
finançar, els has de mantenir. Has de pagar les nòmines. Has de fer anar
a cercar tots els recursos necessaris perquè pugui funcionar aquella
escoleta. Per tant, no basta que només posem els recursos per implantar
noves places com es diu a la moció. També s’ha de mantenir i
sustentar i finançar el que és necessari, aquest funcionament, i això no
serà possible si no revisam el sistema de finançament del nostre
estat.


Evidentment, una vegada hem tingut les mesures necessàries, cal
cuidar les persones que cuiden les personetes més importants de la nostra
vida. No podem tenir una fase educativa de zero a tres anys amb la
precarietat laboral que estem fent que tinguin les persones que es
dediquen, els professionals, els professors i les persones que cuiden als
més menuts. No pot passar que deixam en mans de convenis fluixos. No pot
ser que el deixam en mans d’una precarietat laboral a on aquelles
condicions laborals no són dignes perquè puguin desenvolupar una tasca
tan important com la seva. Per tant, hem de posar els mecanismes per
cuidar aquests professionals. Hem d’evitar els abusos que estan
fent les empreses privades a aquests treballadors. I a més a més, les
administracions —que de vegades utilitzam perquè duguin a terme els
serveis públics— les hem de fiscalitzar perquè això deixi
d’ocórrer. No hi pot haver desigualtat salarial. No pot cobrar més
un home que una dona. No pot ser que es donin uns salaris que no
cobreixen ni siquiera el salari mínim. Per tant, a tot això hi hem de
posar hi remei, perquè cal.


Si diem que l’etapa de tres anys és una etapa educativa una
etapa important volem que s’universalitzi perquè creiem en
l’educació, cal posar hi els recursos necessaris.


Moltes gràcies.


La educación de 0 a 3 años es una etapa básica de la vida de las
personas, es una etapa que marca y es fundamental que se trate como se
merece. Podríamos decir que esta moción de hoy del Partido Socialista es
un brindis al sol o palabras vacías, pero también nos brinda la
oportunidad de hablar de una etapa educativa esencial en nuestras vidas,
como la de 0 a 3 años. Por tanto, gracias por esta oportunidad de poder
hablar de este tema tan importante, que preocupa a tantos colectivos
profesionales y a tantos padres y madres. Es esencial y lo hemos hablado
en STEI y en Comisiones Obreras.


Es importante hablar de ello y, por el modelo educativo que tenemos
en las islas Baleares, es imposible no reconocer la labor de los
ayuntamientos, que han financiado con mucho esfuerzo la educación entre 0
y 3 años. Los ayuntamientos, sin las infraestructuras necesarias, han
hecho el esfuerzo para financiarlo, así que hay que reconocer el trabajo
de los consejos insulares de Menorca o de los ayuntamientos, como el de
mi pueblo, que desde hace más de treinta años han apostado por estas
escuelas.


También hay que instar, como hace la moción —pero con más
vehemencia—, a que el Estado haga que esta etapa de 0 a 3 años sea
universal. Es necesario que sea universal porque es una etapa educativa y
también por una cuestión de equidad, porque no se puede empezar a marcar
diferencias de 0 a 3 años, para que el que tenga medios pueda tener un
desarrollo humano mejor que el que no los tenga. Por tanto, tiene que ser
universal y tiene que poder acceder todo el mundo a ella.


Una tercera idea: necesitamos un sistema de plazas públicas
suficientes para que todo el mundo pueda acceder a esta fase educativa,
porque es una fase educativa y todo el mundo tiene que poder acceder a
esta oferta pública y tenemos que tender a la gratuidad. No puede ser que
los recursos económicos de la familia marquen la diferencia; es una
cuestión de equidad. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades, y
de eso se trata: es muy bonito que haya una escuela nueva, que se creen
aulas nuevas para la etapa de 0 a 3 años, pero al día siguiente, ¿qué?
Hay que financiar, hay que aguantar, hay que mantener, hay que pagar las
nóminas, hay que buscar todos los recursos necesarios para que puedan
funcionar. Por tanto, no basta con que se pongan recursos para implantar
nuevas plazas educativas, sino también para mantener, sustentar y
financiar lo que es necesario: su funcionamiento. Y esto no será posible
si no se revisa el sistema de financiación de nuestro Estado.


Evidentemente, una vez que tenemos implementadas todas las medidas
necesarias, es preciso cuidar a las personas que cuidan a las personas
más importantes de nuestras vidas. No podemos tener a una fase de 0 a 3
años en la precariedad laboral, que es lo que tienen los profesores y las
profesoras que se ocupan de los más pequeños. No puede ser que los
dejemos en una precariedad laboral en la que las condiciones laborales no
son dignas para que puedan realizar una tarea tan importante como la
suya. Por tanto, tenemos que poner los mecanismos para cuidar a estos
profesionales, tenemos que evitar los abusos que hacen las empresas
privadas con estos trabajadores. A veces, las administraciones tenemos
que fiscalizarlas, porque no puede ser que cobre más un hombre que una
mujer, no puede ser que se den salarios que no cubran ni siquiera el
sueldo mínimo. Todo esto hay que remediarlo.


Si decimos que la etapa de 0 a 3 años es una etapa educativa, que es
una etapa importante, queremos que se universalice la educación y
necesitamos los recursos necesarios.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para manifestar si acepta o
no las enmiendas presentadas, tiene la palabra la representante del Grupo
Parlamentario Socialista, la senadora Plaza García.


La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, tengo que decir que, a partir de la enmienda de
Junts per Catalunya y tres de las enmiendas de Izquierda Confederal,
concretamente de Més per Mallorca, hemos hecho una transaccional donde
añadimos que se respeten las competencias propias de las comunidades
autónomas y que se garanticen los recursos necesarios para que los
órganos competentes puedan ejecutar todas las medidas que se consideren
oportunas. Además, quiero dar las gracias a todos los grupos políticos
que han firmado la transaccional y, sobre todo, a los que van a apoyar la
moción.


Con respecto a la primera enmienda de Més, consideramos que aceptarla
desvirtuaría el sentido de la moción ―ya se lo dijimos ayer, cuando
estuvimos hablando del tema―, Y con respecto a la última enmienda,
creemos que no corresponde al Gobierno, sino a las administraciones que
hacen la contratación. Las otras tres van inmersas en la
transaccional.


Las enmiendas de Vox y del Partido Popular no la vamos a aceptar. La
derecha y la ultraderecha tienen un modelo educativo y nosotros tenemos
otro modelo completamente diferente, y eso es una realidad.


De nuevo, Vox aprovecha que es una moción de educación para meter la
libre elección de padres. ¿Quién le ha dicho usted, señor Marín, que los
padres no van a poder elegir los centros de sus hijos? Pero ¿quién se lo
ha dicho? Por eso, precisamente, es por lo que nosotros queremos que se
universalice la educación infantil de 0 a 3 años, para que todo el mundo
tenga derecho a elegir la educación de sus hijos y, sobre todo, a tener
una educación. Con su modelo educativo, con el modelo de la
privatización, solamente tendrían derecho a la educación de 0 a 3 años
los que más poder adquisitivo tienen. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). Con nuestro modelo, con el modelo de la
universalización de 0 a 3 años, tienen derecho a educación absolutamente
todos; los que tienen y los que no tienen. Y con esto también respondo al
Grupo Popular, que dice que nosotros queremos marginar a la mitad de la
población. ¿Quién va a marginar a nadie?


Con respecto a sus enmiendas, señor Rodríguez del Partido Popular, le
podría contestar lo mismo que le he dicho la ultraderecha, porque su
modelo educativo es el mismo, pero, por deferencia, le contestaré a sus
enmiendas.


Ustedes se vuelven a retratar; una vez más, quieren favorecer a las
familias con mayor poder adquisitivo. La primera enmienda pretende
extender la gratuidad de la educación infantil de todos los centros
sostenidos con fondos públicos, o sea los concertados. En la segunda
quieren, además, implantar un calendario. ¿Ustedes no saben que hay un
calendario educativo? ¿De verdad no saben ustedes que hay un calendario
educativo? Ese es el desconocimiento tan grande que tienen. Además,
primero, piden que respetemos la proporcionalidad de titularidad pública
y privada; luego que garanticemos las escuelas privadas… O sea, que
empiezan hablando de centros sostenidos con fondos públicos y acaban
hablando de la privada. Juegan a esa doble lectura.


Señoría, se lo he dicho en mi anterior intervención y se lo vuelvo a
repetir: la educación tiene que ser universal, y de verdad dejen de darle
la vuelta, porque esto no va contra nadie. Esto va de que hay mucha
necesidad de plazas públicas de España y de que hay espacio para que
crezca todo el mundo. No vamos en contra de ninguna de las escuelas
existentes, cuando; además, las escuelas que existen actualmente están
haciendo un magnífico trabajo. Pero la educación no puede ser un lujo, y
yo sé que ustedes —me refiero a las señorías del Partido Popular y
de Vox— añoran tiempos pasados, pero es que este tiempo en el que
ahora estamos tenemos derecho todos; en tiempos pasados, solamente tenían
derecho a la educación los hijos y las hijas de lo que más tenían.
Afortunadamente, eso ya pasó.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


En turno de portavoces, tiene la palabra, en primer lugar, por el
Grupo Parlamentario Mixto, el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, en la actualidad, seis de cada diez niños no tienen acceso
al primer ciclo de educación infantil. Estamos hablando de más de 806 000
menores sin escolarizar.


Señorías, son indudables e indiscutidos los efectos positivos que la
asistencia al primer ciclo de la educación infantil tiene sobre el
rendimiento posterior del alumnado en la educación primaria. España se
sitúa a la cabeza de los países de la OCDE y de la Unión Europea en
cuanto a porcentaje de alumnado que asiste al primer ciclo de educación
infantil. El informe PISA muestra que aquellos estudiantes que han
cursado esta etapa obtienen unos mejores resultados generales.


Por acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril 2021, y validado
por la Comisión Europea el pasado 16 de junio de 2021, se decide la
creación de 65 382 plazas nuevas del primer ciclo de educación infantil
de titularidad pública en el período 2021/2023, destinando para ello un
total de 670 millones de euros, procedentes del mecanismo de recuperación
y resiliencia de la Unión Europea.






Según la Federación Nacional de
Centros de Educación Infantil, Fenacein, existían unas 120 000 plazas
vacantes, el 20 % en los centros de educación infantil de iniciativa
social, en el curso 2019/2020. El impacto que esta medida puede tener en
la red de escuelas infantiles de primer ciclo de iniciativa social,
mayoritaria en muchas partes de España, puede ser demoledor en términos
de cierre de centros y destrucción de empleo, fundamentalmente femenino,
si tenemos en cuenta la situación de insostenibilidad económica y
financiera en la que se encuentran buena parte de ellas como consecuencia
de la desocupación de muchas de sus plazas. En estas plazas de iniciativa
social está matriculado cerca del 48 % del alumnado. La medida en
cuestión infringe o contraviene los siguientes preceptos: artículo 3.2
del Real Decreto Ley 36/2020; artículos 4, 17.1, 17.3, 18.4 y 19.3 del
Reglamento de la Unión Europea 2021/241.


Sobre la base de lo expuesto anteriormente, ¿cuál es la justificación
y motivación para la implantación de esta medida? ¿Se han realizado los
correspondientes mapas de cuáles son las necesidades y en qué regiones y
localidades es necesario la creación de nuevas plazas, a pesar de las
plazas vacantes existentes? ¿Se han analizado y justificado los efectos
que esta medida conllevará para el sector? ¿Por qué es más eficiente
destinar ingentes fondos comunitarios a construir nuevas aulas y escuelas
infantiles públicas y a contratar por la Administración pública nuevo
personal para atenderlas, en lugar de aprovechar la red privada de
escuelas infantiles ya existente?


Por otro lado, los pasados 1 de febrero y 2 de marzo se publicaron en
el BOE los decretos que enmarcan el contenido de enseñanzas mínimas de
educación infantil y primaria, respectivamente. Estos decretos
constituyen el primer desarrollo de la nueva Ley de Educación, LOMLOE,
más conocida como ley Celaá; esa ley que el Gobierno aprobó a toda prisa
con una gran oposición en toda España, a la que presentamos una enmienda
a la totalidad y posteriormente recurrimos al Tribunal Constitucional.
Dicha ley va en contra del derecho a educar a nuestros hijos de acuerdo
con nuestras convicciones y valores, como dicta el artículo 27.3 de la
Constitución, derechos que ustedes ignoran continuamente. Convicciones y
valores que entran en colisión directa con esos valores de igualdad de
género que se contemplan en los currículos publicados, y es que se da por
supuesta la teoría de género ―marginal, acientífica y más que
discutible―, que la mayoría de padres españoles no suscribe o ni
siquiera conoce, y que, por supuesto, nada tiene que ver con la defensa
de la igualdad entre hombres y mujeres. Entre sus objetivos, está el que
los niños y niñas de educación infantil conozcan su propio cuerpo o el de
los otros y otras. ¿A qué se refieren con otros y otras?


En el currículo infantil se afirma que la etapa de 0 a 6 años es la
edad en que se produce el descubrimiento de la sexualidad y se inicia la
construcción de género. Asimismo, se indica que es el momento de
acompañar a cada niño o niña en su propio desarrollo personal, respetando
la diversidad afectivo-sexual y ayudándole a identificar y a eliminar
toda discriminación. En este sentido, es importante recordar que la
interacción con la persona adulta orienta y modela en gran medida al niño
y la niña, ya que tiende a evitar y reproducir sus estrategias
relacionales. ¿A qué se refiere con identificar y erradicar mecanismos de
discriminación oculta que puedan persistir en el entorno escolar? ¿Cuál
va a ser el papel del adulto en el descubrimiento de la sexualidad, a la
que ustedes llaman construcción de género? ¿En qué sentido se va a
evaluar la perspectiva de género de los alumnos? ¿Cómo se va a concretar
esa evaluación? ¿Considera el Gobierno que puede haber familias que no
eduquen a sus hijos con esos sesgos de género y que no se cumpla la
máxima de respeto mutuo respecto a ellas? ¿Qué medidas tomará el Gobierno
en el caso de que estas reclamen, ejerciendo sus legítimos derechos, una
enseñanza sin sesgos ideológicos?


Por otro lado, se indica que es imprescindible que los menores se
desenvuelvan en un ambiente adecuado y reciban los estímulos precisos.
Este párrafo da a entender que es el Estado el que va a decidir cuál es
el ambiente adecuado y cuáles son los estímulos precisos.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vaya terminando,
señoría.


El señor MARÍN GASCÓN: Nosotros lo que vemos es adoctrinamiento en
vena, en las tiernas venas de nuestros niños más pequeños, los más
vulnerables, los más desprotegidos, un adoctrinamiento inmoral
inadmisible; en definitiva, un ataque directo a su inocencia.


Aunque estamos de acuerdo en la extensión y gratuidad de la educación
infantil a toda la población, no estamos de acuerdo en la forma de
llevarla a cabo y, sobre todo, no estamos de acuerdo en cómo se va a
desarrollar dicha educación.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador
Fernández Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas
tardes de nuevo, señorías.


Debatimos hoy una moción con una materia de gran relevancia, como es
la extensión de la oferta educativa en la etapa de 0 a 3 años, algo que
para nosotros, en Cantabria, no es nuevo. El Gobierno autonómico lleva
años apostando por la ampliación de las plazas de 2 años y somos pioneros
en ello a nivel nacional. Así, tenemos la suerte de contar con una amplia
oferta de aulas de 2 años, que en el presente curso 2021/2022 ha llegado
a una oferta de 3158 plazas. Además, esta oferta está muy capilarizada,
ya que prácticamente toda la región de Cantabria cuenta con aulas de 2
años y la Consejería de Educación y Formación Profesional, que dirige el
PRC, ha empezado ya con la implantación de las aulas de un año. En
paralelo, trabajamos por cumplir nuestro objetivo de crear para el final
de legislatura 861 plazas de 0 a 3 años, empezando por los municipios en
los que no existen guarderías, de forma que toda la ciudadanía tenga la
opción de acceder a este derecho. La Administración, por tanto, debe
velar por que todas las personas tengan las mismas oportunidades.


Dicho esto, y con humildad, creemos que en Cantabria somos un
referente en el desarrollo de la implantación de la etapa infantil de 0
a 3 años. Tal desarrollo supone un gran esfuerzo económico, que debe ir
acompañado de financiación, una financiación que debe ir más allá de
los 670 millones de euros de fondos europeos repartidos entre las
comunidades autónomas, ya que con ello se está cubriendo un gasto
estructural con una financiación que va a ser puntual o coyuntural. ¿Cómo
vamos a financiar esta red de aulas de 0 a 3 años el día que deje de
haber financiación europea? ¿De dónde vamos a recortar para sufragar su
funcionamiento? Esperamos que el Ministerio de Educación y Formación
Profesional atienda a esta realidad y no deje en la estacada a las
consejerías, que son las que, al final, tienen que hacer frente a la
fuerte inversión que supone financiar el sistema educativo.


En este sentido, en el Partido Regionalista de Cantabria creemos que
la implantación de este periodo de 0 a 3 años no nos tiene que nublar la
vista ni puede suponer en ningún caso una reducción de la dotación
presupuestaria a otras etapas, pues debemos seguir apostando por una
educación de calidad en las etapas ya existentes. La innovación
educativa, el apoyo al alumnado de mayores necesidades educativas y la
apuesta por la formación profesional son los pilares fundamentales sobre
los que debemos seguir trabajando. Hoy, en Cantabria, hemos tenido una
grata noticia que ha adelantado el presidente Revilla, y es que la
consejería que dirige la regionalista Marina Lombó ha reducido la ratio
de infantil, y el curso que viene, el curso 2022/2023, en Cantabria, en
la etapa de 3 a 6 años, tendremos una ratio de 25 en vez de 20. Por
tanto, es una buena noticia para el sistema educativo de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.


Por lo expuesto, apoyaremos esta iniciativa con la enmienda
transversal que han hecho, y confiamos en que el Estado dote de medios
suficientes para que la implantación y extensión de las aulas de 0 a 3
años no suponga un menoscabo de la oferta educativa ahora
existente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora
Castellví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gràcies.


Primer de tot, vull agrair a la senadora Inés Plaza la predisposició
per arribar a poder redactar una transaccional amb la inclusió de la
nostra esmena i d’Izquierda Confederal i que la majoria dels grups
s’hi hagi sumat.


Per a Junts la universalització és garantir una plaça pública a totes
les famílies que tinguin un infant entre 0 i 3 anys, amb el propòsit de
combatre el fracàs escolar, reduir les desigualtats, afavorir la igualtat
en la cura dels infants, i millorar la conciliació entre la vida laboral
i la vida familiar. En definitiva, ha de donar oportunitats a tots els
infants i afavorir-ne el benestar.


Ara bé, instaurar una reforma per avançar en la gratuïtat ha de tenir
molt en compte quins són els requisits del centre i sobretot pel que fa a
la seva ratio. Us vull donar unes dades importants i a tenir en compte. A
Catalunya tenim uns 250 000 infants entre 0 i 3 anys. La universalització
costa entre 6000 i 11 000 euros per cada una d’aquestes places
públiques. I a més, per oferir aquest servei caldria contractar
uns 30 000 mestres. Només cal multiplicar per saber el cost
d’aquest servei. Per tant l’únic que necessitem per fer
realitat aquesta universalització és recursos, mitjans, i que el Govern
escolti aquestes necessitats de recursos i es faci càrrec del traspàs
dels fons a les comunitats autònomes per així poder desenvolupar el
sistema educatiu que porti els nens i les nenes al futur d’èxit que
tots i totes necessitem.


A Catalunya funciona molt bé el model actual de les escoles bressol
per a infants de 0 a 3 anys. Correspon a la Generalitat de Catalunya en
matèria d’ensenyament no universitari la competència exclusiva
sobre els ensenyaments i sobre els centres docents en què
s’imparteixen aquests ensenyaments. Per tant, treballarem
incansablement per garantir la igualtat d’oportunitats per als
nostres ciutadans. I aquesta és la raó de ser del nostre model educatiu.
I per què no dir ho ben clar i català? Al contrari, ho hem de dir, de la
nostra immersió lingüística, de l’èxit de la nostra immersió
lingüística.


Mentrestant, no oblidem que en una educació infantil de qualitat
passa per fer polítiques que interpretin des del marc educatiu i social
els drets i les potencialitats dels infants. L’educació infantil de
zero a tres anys i la seua universalització no és tan sols un important
mecanisme per reduir les desigualtats de gènere sinó que és, sobretot, un
mecanisme molt rellevant per eliminar les desigualtats socials, així com
per millorar el futur social i econòmic del país.


Per tant, com no podia ser d’una altra manera, donarem suport a
la moció i esperem que sigui juntament amb la majoria de grups
parlamentaris.


Moltes gràcies.


Gracias.


En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Inés Plaza su
predisposición para redactar una transaccional con la inclusión de
nuestra enmienda y de las de Izquierda Confederal, y que la mayoría de
los grupos se haya sumado.


Para Junts, la universalización es garantizar una plaza pública a
todas las familias que tengan un niño o niña entre 0 y 3 años, con el
objetivo de luchar contra el fracaso escolar, reducir las desigualdades,
favorecer la igualdad en el cuidado de los niños y mejorar la
conciliación entre la vida familiar y laboral. En definitiva, debe dar
oportunidades a todos los niños y niñas y favorecer su bienestar.


Ahora bien, instaurar una reforma para avanzar en la gratuidad debe
tener muy en cuenta cuáles son los requisitos del centro y, sobre todo,
la ratio. Quiero dar unos datos importantes que hay que tener en cuenta.
En Cataluña, hay unos 250 000 niños y niñas de entre 0 y 3 años. La
universalización cuesta entre 6000 y 11 000 euros por cada una de estas
plazas públicas, y, además, para ofrecer este servicio habría que
contratar a unos 30 000 maestros. Basta multiplicar para saber el coste
de este servicio. Por lo tanto, lo único que necesitamos para hacer
realidad esta universalización son recursos, medios y que el Gobierno
escuche estas necesidades de recursos y se haga cargo del traspaso de los
fondos a las comunidades autónomas, para así poder desarrollar el sistema
educativo que lleve a los niños y a las niñas al futuro de éxito que
todos y todas necesitamos.


En Cataluña, el modelo actual de las guarderías funciona muy bien
para los niños y niñas de 0 a 3 años. Corresponde a la Generalitat de
Catalunya, en materia de enseñanza no universitaria, la competencia
exclusiva sobre las enseñanzas y sobre los centros docentes en los que se
imparten estas enseñanzas. Por lo tanto, vamos a trabajar de forma
incansable para garantizar la igualdad de oportunidades para nuestros
ciudadanos. Esta es la razón de ser de nuestro modelo educativo. Y por
qué no decirlo muy claramente, debemos decirlo: también es clave para
nuestra inmersión lingüística, el éxito de nuestra inmersión
lingüística.


Mientras tanto, no olvidemos que en una educación infantil de calidad
es necesario que haya políticas que interpreten, dentro del marco
educativo y social, los derechos y las potencialidades de los niños y
niñas. La educación infantil de 0 a 3 años y su universalización no es
solo un mecanismo importante a fin de reducir las desigualdades de
género, sino sobre todo un mecanismo muy relevante para eliminar las
desigualdades sociales, así como para mejorar el futuro social y
económico del país.


Por lo tanto, como no podría ser de otro modo, vamos a brindar
nuestro apoyo a la moción y esperamos que sea juntamente con la mayoría
de los grupos parlamentarios.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Peral
Díez.


La señora PERAL DÍEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Arratsalde
on guztioi.


Debatimos hoy una moción del Grupo Socialista para la
universalización de la educación infantil de 0 a 3 años. Este objetivo
forma parte de la estrategia educativa en Euskadi desde hace años. En
EAJ-PNV creemos que la escolarización temprana de las niñas y niños, así
como una educación de calidad, son herramientas necesarias para
equilibrar las desigualdades que se generan en la sociedad y para
garantizar a todo el alumnado la igualdad de oportunidades, ya que el
trabajo que se realice en esta etapa de la vida ayuda a tener éxito en
etapas posteriores.


En el documento de bases del acuerdo sobre el futuro sistema de
educación vasco, aprobado en el Parlamento vasco recientemente con
un 90 % de apoyos, se recoge que la educación infantil es una etapa clave
para el desarrollo psicomotor de los niños y niñas, su socialización y la
interiorización del euskera, entre otros aspectos. Por ello, hacemos un
reconocimiento especial a esta etapa de aprendizaje por su valor en el
desarrollo y autonomía de las niñas y niños, y así, aunque esta etapa no
sea obligatoria, tendrá una oferta universal de calidad, viable y
gratuita.


También se refleja esta preocupación en la Estrategia vasca 2030 para
el reto demográfico, donde, entre otras medidas que permitan a las
personas jóvenes su emancipación y el desarrollo de un proyecto de vida
autónoma, se incluye articular los recursos presupuestarios necesarios
para garantizar la gratuidad en las escuelas infantiles de 0 a 2 años
como medida para facilitar y crear condiciones de refuerzo a la
conciliación.


En el Grupo Parlamentario Vasco estamos, por tanto, completamente de
acuerdo en impulsar las medidas suficientes para trabajar en la
universalización de la educación infantil de 0 a 3 años. En lo que no
estamos de acuerdo es en cómo se está impulsando desde el Estado.


Nos habla en su moción el Grupo Socialista de las inversiones
millonarias provenientes de los fondos europeos del mecanismo de
recuperación y resiliencia para la creación de plazas públicas. Ya desde
el inicio, en las primeras reuniones de la Conferencia Sectorial de
Educación, pedimos flexibilidad en la definición de las actuaciones que
podían financiarse con estos fondos, relativas al componente 21 en este
caso, de cara a su justificación en Europa. Pero no se hizo caso a las
comunidades autónomas, aun tratándose de actuaciones a desarrollar en el
marco de las competencias propias de las comunidades autónomas. Se ha
tenido una capacidad limitada para adecuar los contenidos de las
actuaciones a ejecutar, y aunque este componente tiene como objetivo la
modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la
educación temprana de 0 a 3 años, nos encontramos con que esta inversión
solo puede destinarse a la creación de nuevas plazas y no a la mejora de
las que ya existen. No todas las comunidades están en la misma situación,
no todas han seguido las mismas estrategias y los fondos deberían
adecuarse al estado de la estrategia de cada comunidad. En Euskadi,
actualmente, un 94,5 % de las niñas y niños de 2 años están
escolarizados, un 52 % de los de un año y un 20 % de los menores de un
año. La oferta de plazas públicas es prácticamente suficiente y se
crearán algunas más, y pedimos, por tanto, flexibilidad para poder
utilizar los fondos para extender la gratuidad, mejorar lo que ya tenemos
―modernización, digitalización también en esta etapa―, pero
no ha sido posible negociarlo.


Por esta razón, compartiendo el objetivo de la moción y valorando la
transaccional que se ha acordado para el respeto competencial, la
posición de mi grupo será la abstención.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Eskerrik asko, senadora.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Bildu, tomará la
palabra la senadora Mirella Cortès Gès.


La señora CORTÈS GÈS: Gràcies, senyora presidenta.


L’escola bressol i l’educació de 0-3 anys és una etapa
clau per fonamentar les futures bases i el rendiment de
l’aprenentatge.


Per cada euro invertit en serveis d’atenció a primera infància,
el retorn i la rendibilitat social està més que garantit. Els beneficis
multiplicatius de la inversió en primera infància acumulen rotundes
evidències, tant en Estats avançats com en vies de desenvolupament.
Invertir-hi assegura taxes més altes de graduació postobligatòria,
d’assoliment de títols universitaris i graus de
professionalització, i redueix la correlació entre el nivell
d’assoliment acadèmic i l’origen socioeconòmic.


La no gratuïtat de les llars d’infants, és el principal topall
per a què els nens i nenes d’entorns desfavorits puguin accedir a
l’etapa de primer cicle formatiu de 0-3 anys, i reduir així la
bretxa educativa. Aquesta no gratuïtat comporta una desigualtat
d’accés que s’arrossega durant tota l’etapa formativa.
Mentre el 65 % dels pares amb formació universitària escolaritzen els
seus fills durant el primer cicle, tant sols el 32 % dels pares amb
estudis primaris ho fan. Les dades són encara més baixes si mirem els
fills de famílies nouvingudes. Per tant, és de vital importància
convertir en gratuïta l’educació de 0-3 anys.


Per al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya és
una prioritat la gratuïtat 0-3 anys. Per això ha fet un pas definitiu
perquè l’etapa 0-3 sigui gratuïta. I el proper curs 2022-2023,
l’educació infantil de 2 anys, ja serà gratuïta a Catalunya. El
Departament d’Educació invertirà 90 milions € per al proper
curs que s’ampliarà progressivament per donar cobertura a la franja
de 0-3. És a dir, que en 3 anys, l’etapa 0-3 a Catalunya, serà del
tot gratuïta per a totes les famílies.


Aquesta mesura suposa un pas imprescindible en l’assoliment
dels objectius d’equitat i cohesió del sistema educatiu, i també
suposa un pas i un salt qualitatiu en l’agenda feminista i de
conciliació i redefinició del model de cures. Aquestes polítiques
permetran alliberar temps a les dones i fer més possible la seva
conciliació amb la vida personal per disposar de temps no només de
treballar, sinó també per l’autocura i per l’oci. Les dones i
les persones més precaritzades han de poder tenir, i accedir i gaudir
també del seu temps. Les dones dediquen el doble d’hores a treballs
de cures que els homes. Per tant, quan els poders públics assumeixen
aquestes cures, alliberen sobretot temps de les dones que son qui
tradicionalment, i encara avui, porten sobre les seves espatlles aquests
treballs.


Però la pregunta que cal fer-se ara és: quin serà el nivell de
compromís del govern de l’Estat en el desplegament d’aquesta
estratègia pedagògica? I en tant que l’Estat no és administració
competent en ordenació del sistema educatiu, aquest compromís es mesura
únicament en recursos. Fins ara ajuntaments i Generalitat de Catalunya
han estat sols buscant vies de finançament que fessin possible el
desplegament d’aquesta política imprescindible per garantir la
cohesió, l’equitat i l’igualat d’oportunitats. On era
l’Estat? Senzillament no hi era. Senzillament, no hi és.


Si volem assolir un nivell d’inversió educativa que ens situí
entre els països capdavanters, cal situar l’educació al davant de
les prioritats financeres de totes les administracions, també de
l’Estat. Quan el president Sánchez parla d’augmentar el
pressupost militar mentre els tres pilars de l’estat del benestar
trontollen —salut, educació i pensions— significa que no hi
ha un compromís real en l’assoliment d’un model
predistributiu i de justícia social. Els recursos que s’inverteixen
en exèrcits, espies o monarquies són recursos que se sostreuen de
l’educació, de la salut i de les polítiques de benestar.


Això és una realitat comptable evident, i qui no tingui clares
aquestes realitats, qui o tingui clares aquestes prioritats, que no es
faci dir d’esquerres ni progressista. Impulsar i seguir impulsant,
sí. Recursos econòmics per fer-hi front, també. A Esquerra ho tenim clar
i per això ho fem possible, per això fem que les coses passin, i la
gratuïtat 0-3 a Catalunya, comença el proper curs, comença el
curs 2022-23 amb la gratuïtat infantil i, així, fins a la gratuïtat
total.


Moltes gràcies. (Aplaudiments als escons del Grup Parlamentari
Esquerra Republicana de Catalunya-Euskal Herria Bildu).


Gracias, señora presidenta.


La guardería y la educación de 0 a 3 años es una etapa clave para
fundamentar las futuras bases y el rendimiento del aprendizaje. Por cada
euro dedicado a servicios de atención a la primera infancia, el retorno y
la rentabilidad social están más que garantizados. Los beneficios
multiplicativos de la primera infancia acumulan rotundas evidencias,
tanto en Estados avanzados como en vías de desarrollo, e invertir en ello
asegura tasas más altas de graduación posobligatoria, de grados de
profesionalización, y reduce también la correlación entre el nivel de
alcance académico y el origen sociocultural.


La no gratuidad es el obstáculo principal para que estos niños puedan
acceder al primer ciclo formativo de 0 a 3 años y reducir así la brecha
educativa. Esta no gratuidad comporta una desigualdad de acceso que se
arrastra durante toda la etapa formativa: mientras que el 65 % de los
padres con formación universitaria escolarizan a sus hijos durante el
primer ciclo, solo el 32 % de los padres con estudios primarios lo hacen,
y los datos son todavía más bajos si nos fijamos en las familias recién
llegadas. Por tanto, es clave convertir en gratuita la educación de 0 a 3
años.


Para el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, se
trata de una prioridad la gratuidad de 0 a 3 años, y por ello ha dado un
paso definitivo para que la etapa 0-3 sea gratuita, y el primer
curso, 2022-2023, la educación infantil de 2 años ya será gratuita en
Cataluña. El Departamento de Educación de la Generalitat va a invertir 90
millones de euros para el próximo curso, que se ampliarán progresivamente
para dar cobertura en la franja de 0 a 3 años. Es decir, que la etapa 0-3
en Cataluña será completamente gratuita para todas las familias.


Esta medida supone un paso imprescindible en el alcance de los
objetivos de equidad y cohesión del sistema educativo y también supone un
paso y un salto cualitativo en la agenda feminista de conciliación y
redefinición del modelo de atención. Estas políticas van a permitir
liberar tiempo a las mujeres y hacer posible su conciliación con la vida
personal, laboral y familiar, para poder disponer no solo de tiempo para
trabajar, sino también para ocuparse de ellas mismas y del ocio. Las
mujeres y las personas más precarizadas deben poder acceder y gozar
también de su tiempo. Las mujeres dedican el doble de horas de su tiempo
de atención que los hombres. Por lo tanto, cuando los poderes públicos
asumen esta atención, liberan sobre todo tiempo de las mujeres, que son
las que tradicionalmente y todavía hoy llevan sobre sus espaldas estos
trabajos.


Pero la pregunta que hay que plantearse ahora es cuál será el nivel
de compromiso del Gobierno del Estado en el despliegue de esta estrategia
pedagógica y, en tanto en cuanto que el Estado no es Administración
competente en la ordenación del sistema educativo, este compromiso se
mide únicamente en recursos. Hasta ahora, ayuntamientos y Generalitat de
Catalunya han estado solos, buscando vías de financiación que hicieran
posible el despliegue de esta política imprescindible para garantizar la
cohesión, la equidad y la igualdad de oportunidades ¿Dónde estaba el
Estado? Sencillamente, no estaba; sencillamente, no está.


Si queremos alcanzar un nivel de inversión educativa que nos sitúe
entre los países punteros, hay que situar la educación al frente de las
prioridades financieras de todas las administraciones, y también del
Estado. Cuando el presidente Sánchez habla de aumentar el presupuesto
militar mientras que los tres pilares del Estado del bienestar sufren
―salud, educación y pensiones―, significa que no hay un
compromiso real en el alcance de un modelo redistributivo y de justicia
social. Los recursos que se invierten en ejércitos, espías o monarquías
son recursos que se sustraen de la educación, la salud y las políticas de
bienestar.


Esto es una realidad contable evidente y quien no tenga claras estas
realidades, quien no tenga claras estas prioridades, que no se dé en
llamar ni de izquierdas ni progresista. Impulsar y seguir impulsando, sí,
recursos económicos para hacer frente, también. En Esquerra lo tenemos
claro y por eso lo hacemos posible, hacemos que las cosas pasen y la
gratuidad 0-3 en Cataluña empieza el próximo curso, empieza el
curso 2022-2023 con la gratuidad infantil, y así hasta la gratuidad
total.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana de Catalunya-Euskal Herria Bildu).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Rodríguez López.


El señor RODRÍGUEZ LÓPEZ: Señora Plaza, su discurso de ricos y pobres
dentro de la concertada sí que pertenece a otros tiempos. Usted, con ese
discurso, no sabe el daño que hace a las familias que pertenecen a la
concertada, pero, sobre todo, lo que sí denota es el desconocimiento que
tiene usted de este modelo educativo, que, por cierto, fueron ustedes,
fue el Partido Socialista, el que lo creó. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular).


Yo le recuerdo que la educación concertada es gratuita ―se lo
recuerdo― y que las familias tienen el mismo acceso que a la
pública, con lo cual, ustedes lo único que están haciendo con esta medida
es discriminar y marginar a una gran parte de la población. Pero, bueno,
ustedes son los que tendrán que mirar a esas familias y a esos niños cara
a cara.


Hoy, señoría, tratamos la gratuidad y universalización de la
educación infantil y, sorprendentemente, tenemos que volver a emplear el
mismo argumento que utilizamos con la LOMLOE, es decir, en vez de
educación, tenemos que volver a hablar de defensa de valores
fundamentales, es decir, de libertad, de igualdad, de justicia, de
pluralismo, y tenemos que hacerlo porque Sánchez, su Gobierno y ustedes
han decidido tomar medidas que vulneran sistemáticamente estos valores
fundamentales. Y es que su Gobierno ha decidido invertir el dinero de
todos los ciudadanos exclusivamente en los centros donde ustedes quieren
que llevemos a nuestros hijos, solo en eso, donde ustedes quieren que
nosotros vayamos. Claro, impulsar la gratuidad solo en los centros donde
ustedes quieren que vayamos ―lo que supone, como ya le he dicho,
marginar a cerca del 50 % de los niños y niñas de nuestro país―
significa impedir que se garantice la igualdad de oportunidades a la que
tienen derecho y, con ello, imposibilitar la garantía de gratuidad del
primer ciclo de educación infantil a toda la población de 0 a 3
años.


Además de ello, también supone atacar la línea de flotación de la
educación concertada, que es lo que realmente ustedes quieren, para que
desaparezca, y, asimismo, provocar el cierre de la mayoría de las
escuelas infantiles privadas con un modelo que quizás se lo tenga que
preguntar usted a la senadora Díaz en Andalucía, que fue la que lo
implantó con el Partido Socialista. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). En definitiva, lo que supone es
priorizar el intervencionismo y el pensamiento único sobre la libertad y
la igualdad de oportunidades, con el objetivo que ustedes persiguen
―y lo decimos alto―, que es estatalizar la educación
española. Eso es lo que ustedes quieren.


Señorías, lo justo, lo coherente, lo que se ajusta al sentido común,
es respetar la red de centros con la que contamos, que la hemos hecho
entre todos. Lo que no es justo, lo que no es coherente y lo que no se
ajusta al sentido común es que, de los 400 000 niños y niñas matriculados
en el primer ciclo de educación infantil, solo opten a la gratuidad los
que ustedes quieran, que es la mitad de ellos. Lo que no es justo, lo que
no es coherente, lo que no se ajusta al sentido común es que, si se
ofrece a las familias optar libremente por un colegio sostenido con
fondos públicos, como son los concertados, ahora se les excluya, se
margine a esos mismos niños de poder acceder a una gratuidad en la etapa
infantil. Señora, lo justo, lo coherente, lo que tiene sentido común es
que, si dentro de los centros sostenidos con fondos públicos el 20 % del
alumnado, aproximadamente, disfruta de un centro concertado, y el 80 %
disfruta de un centro público, se invierta en igual proporción, como le
he dicho antes, en esta etapa de 0 a 3 años. Eso sería lo justo, porque
se paga con el impuesto de todos, no solo de las familias que ustedes
quieren que vayan a sus centros. Y tampoco es justo ni coherente ni se
ajusta al sentido común, señora, que esas redes de escuelas infantiles
privadas que llevan prestando este servicio desde hace muchísimos años
con acreditada profesionalidad, prestando un servicio esencial,
especialmente en aquellas localidades y barrios en las que han sido la
única opción, que tanto empleo han ofrecido ―por cierto, empleo en
su inmensa mayoría femenino―, ahora, por su sectarismo, muchas de
ellas quedarán fuera y en el paro. Y les recuerdo que albergan al 30 %
del alumnado, con una cifra de más de 120 000 niños y niñas, un sector
que el Partido Socialista ahora está atacando y quiere cerrar.


Señorías, garantizar —y termino— la universalización del
primer ciclo de educación infantil pasa por garantizar la gratuidad
progresiva, sí, de la educación infantil a todos los niños y niñas de
nuestro país respetando el proyecto educativo que elijan, no el que
ustedes quieran. Señorías, la educación es la única herramienta que nos
hace libres y nos hace iguales ―eso lo he oído yo a todos los
partidos―, pero su modelo de educación, no; las medidas que ustedes
implementan coartan la libertad y fomentan la desigualdad.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya
terminando.


El señor RODRÍGUEZ LÓPEZ: Termino.


Señorías, ustedes tienen un problema fundamentalmente de perspectiva:
ponen su mirada en quien firma la escritura del edificio, en vez de poner
su atención en los niños y niñas que aprenden a escribir en ese
espacio.


Ponemos todas nuestras esperanzas en las comunidades autónomas que
gobierna el Partido Popular, y nuestra votación será abstención.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Hernández Cerezo.


La señora HERNÁNDEZ CEREZO: Gracias, presidenta. Buenas tardes,
señorías.


Antes que nada, señor Rodríguez, usted no nos va a dar lecciones a
los socialistas ni de igualdad ni de pluralidad ni de valores, porque
usted bien sabe que muchos niños no pueden pagarse el acceso a una
guardería hoy en día en España. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). Todos tenemos familia y sabemos lo que cuesta
una guardería.


En el Grupo Parlamentario Socialista queremos agradecer a los
diferentes grupos el apoyo que hemos recibido a la enmienda
transaccional, para poder así alcanzar consenso en un aspecto en el que
la mayoría de las fuerzas políticas estamos de acuerdo, que es la
universalización de la educación infantil de 0 a 3 años.


Los datos son claros y muestran que existe una brecha social en el
acceso a la educación infantil para menores de 3 años, donde la oferta
pública todavía es escasa, los precios son elevados, las ayudas no cubren
todas las necesidades y los modelos de atención no se adaptan por
completo a las necesidades de los padres y madres. Además, sabemos que
hay una notoria disparidad territorial según cada comunidad autónoma, que
se refleja tanto en las tasas de cobertura como en el equilibrio entre
las redes pública y privada y también en la diversidad de agentes que
garantizan esta oferta educativa: ayuntamientos, administraciones
locales, consejerías de educación, pero también consejerías que no son
educativas, como pueden ser familia o política social.


Por eso, es importante poner en valor el impulso económico que ha
dado el Gobierno, el Ministerio de Educación, para que las comunidades
autónomas planifiquen y puedan evitar desigualdades e inequidades en el
acceso, porque cuando la oferta crece por interés económico se
desatienden las zonas donde hay mayor pobreza y crecen las desigualdades.
Y es que el principal motivo expuesto por las familias, el 52 % de ellas,
que no escolarizan a sus hijos es porque no pueden asumir el coste de
este servicio. Sabemos que el gasto de una guardería por niño al mes
oscila entre 250 y 350 euros y el gasto familiar en este primer ciclo
de 0 a 3 años supone el 41 % del total, frente al 23 % que supone de 3
a 6 años. Por tanto, señorías, la situación de desigualdad es clara, es
una realidad que muchas familias de nuestro país no pueden asumir y que
este Gobierno está dispuesto a corregir, y lo va a hacer. Lo va a hacer y
por eso acordó con la Comisión Europea transferir 670 millones de euros a
las comunidades autónomas, acordó crear 64 000 nuevas plazas para esos
niños que no pueden acceder y, además, ha aprobado el desarrollo
curricular para una etapa que va a tener carácter educativo y no solo
asistencial o de cuidados.


Sin embargo, no nos deja de sorprender que haya habido comunidades
autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, como
es Andalucía, que se han opuesto a la creación de plazas nuevas y plazas
públicas, especialmente porque Andalucía ha defendido siempre un modelo
en el que prima el concierto con centros privados.


Señorías de la derecha, dejen crear nuevas plazas, dejen que el que
no pueda pagar una plaza tenga derecho a una educación gratuita y
permitan facilitar también la conciliación laboral y la inserción al
trabajo. Señorías, este Gobierno sí se ha comprometido decididamente por
invertir en educación infantil, ya lo han dicho aquí otros grupos
políticos: solo el 40 % de los niños de 0 a 3 años puede acceder a esta
educación, pero es que no es suficiente, porque esta etapa —lo
hemos dicho también hoy aquí— es clave para evitar posteriores
tasas de abandono escolar en otras etapas educativas.


Hay que invertir en educación, señorías, no recortar, hay que
invertir, el Gobierno de España y también las comunidades autónomas,
porque no olvidemos que es una competencia transferida a las autonomías.
¿Y sabe qué hicieron ustedes en 2018, cuando gobernaba el señor Rajoy?
Recortaron el presupuesto de educación y de sanidad a índices del
año 2003. Esa es la receta que ustedes aplican: enriquecerse unos pocos,
enriquecerse los familiares y recortar y empobrecer a nuestras familias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


Y, además, siguen sin acertar en política económica, vistos los
últimos informes, que no los avalan ni la Comisión Europea ni el Fondo
Monetario Internacional ni el Banco de España, porque no tienen
propuestas económicas ni políticas públicas, señorías. Este Gobierno sí
invierte en familia, este Gobierno sí se compromete con Educación, porque
el Gobierno socialista ha subido un 14 % para este año el presupuesto en
Educación. Y, además, trabaja por el consenso: ha conseguido el consenso
en la ley de FP, que va a dar un impulso nuevo a nuestro país.


Señorías, ustedes nunca cambian, nunca hicieron nada por la
educación, pero además lo que quieren es crear crispación, como han hecho
hoy aquí, poniéndonos en contra de los centros concertados. Señor
Rodríguez, en absoluto, nosotros reconocemos la labor que han hecho esos
centros concertados, además de forma profesional, hasta la fecha.






Nosotros no estamos en contra de nadie ni queremos marginar a nadie, a
ningún sector. Nosotros lo que queremos es avanzar en plazas públicas y
garantizar que ningún niño se quede fuera porque no pueda pagarse una
plaza en educación infantil.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Senadora, vaya
terminando.


La señora HERNÁNDEZ CEREZO: Termino ya, señora presidenta. Gracias a
los grupos políticos que van a apoyar esta moción, porque va a suponer un
alivio económico para muchas familias y va a suponer una política a favor
de la equidad y del avance de muchos niños y niñas de nuestro país.


Muchas Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Señorías, terminado el debate de esta moción, procedemos, a
continuación, a la votación de los siguientes asuntos.


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en favor de las mujeres trabajadoras del sector pesquero, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu. Se vota
con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
con número de registro de entrada 140123.


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas de carácter económico en beneficio del sector de los
transportistas, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota con la
incorporación de la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario
Democrático, con número de registro de entrada 139870.


Moción por la que se insta al Gobierno a seguir impulsando las
medidas suficientes para la universalización de la educación infantil de
cero a tres años, del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en los
términos de la propuesta de modificación del Grupo Parlamentario
Socialista, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, el Grupo Parlamentario Nacionalista y el Grupo Parlamentario
Democrático, con número de registro de entrada 140386.


Se abre el plazo de dos horas para la votación telemática desde este
momento, que son las dieciséis horas y un minuto, hasta las dieciocho
horas y un minuto.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
CUMPLIR CUANTO ANTES CON LO ACORDADO EN LA DECLARACIÓN DE LA PALMA Y
APROBAR NUEVAS REBAJAS FISCALES PARA AMORTIGUAR EL IMPACTO DE LOS
PRECIOS.


662/000115

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 11.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción se ha
presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Floriano Corrales.


El señor FLORIANO CORRALES: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hace poco menos de veinticuatro horas, en este mismo
hemiciclo, sucedió algo muy relevante para todas y cada una de sus
señorías y que ha tenido su continuidad esta mañana en el Congreso de los
Diputados. Me llama a hacer esta reflexión la presentación de nuestra
moción, porque ayer, si ustedes recuerdan, le dijimos al presidente del
Gobierno que si pedía el apoyo del Partido Popular al decreto, cuya
convalidación se puede producir mañana, se lo daríamos siempre que
incluyese alguna de nuestras medidas y nos lo pidiese. Esta mañana el
presidente del Gobierno parecía haber cambiado de actitud y ha querido
dejar claro que pedía el apoyo al Grupo Parlamentario Popular, pero
seguía sin querer hablar de ninguna de nuestras propuestas. Hoy se lo
ponemos bien fácil a sus señorías, sobre todo a los del Grupo
Parlamentario Socialista, porque si el voto es afirmativo a nuestra
moción, que propone nuevas rebajas fiscales para los españoles, como se
comprometió en la Declaración de La Palma y está presente en el documento
que el presidente Feijóo le entregó al presidente Sánchez, entenderemos
que el cambio de actitud que el presidente del Gobierno ha manifestado
esta mañana en el Congreso de los Diputados es una realidad. Si no es
así, si el voto no es afirmativo, será obvio que el presidente del
Gobierno está fingiendo una vez más. (Aplausos).


El contexto en el que yo creo que deben decidir todas sus señorías el
voto viene dado por cuatro elementos. Primero, durante la pandemia nos
hemos empobrecido, las rentas de las familias españolas han bajado más
que las de ningún país del mundo, a excepción de Argentina. Segundo, las
rentas de las familias españolas van a ser las últimas en recuperar los
niveles de antes de la COVID-19. Tercero, el Gobierno ha decidido someter
a los españoles al esfuerzo fiscal más alto de toda la OCDE y reduce
nuestra renta disponible vía impuestos más de lo que hace cualquier país
de la Unión Europea. Y, cuarto, pagamos los precios más altos, reduciendo
la renta de la que disponen las familias, y reducimos la competitividad
de las empresas.


La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué seremos los últimos
en alcanzar el nivel de renta previo a la pandemia, por qué los españoles
pagamos los impuestos más altos y por qué pagamos unos precios más altos.
Yo creo que hay una respuesta, y es que en nuestro país se practica una
política económica equivocada: gasto descontrolado, impuestos altos,
inseguridad regulatoria y, lo más dramático, se empeñan en repetir el
error de negar la crisis, igual que hacían Zapatero, Solbes y Salgado, y
ahora hacen Sánchez, Calviño y Montero. (Aplausos). Lo que ellos llamaban
brotes verdes, es lo que ustedes llaman hoy crecimiento robusto, y en
economía la confianza es un factor determinante para que el crecimiento
sea sano, duradero y que nuestro PIB potencial pueda crecer. Negar la
evidencia hace saltar por los aires la confianza.


Señorías, el Gobierno no debe presentar los presupuestos con unas
previsiones macroeconómicas que negaba todo el mundo, ni hubiera hecho
falta que Putin invadiera Ucrania para verse obligado a reducirlos
drásticamente, como veremos en los próximos días, porque alguien podrá
preguntarse si es un error o si obedece a alguna razón oculta. El
Gobierno no debe decir que la inflación es un fenómeno pasajero y al
mismo tiempo decir que lleva un año subiendo porque Putin preparaba la
guerra desde el verano, porque alguien podría preguntarse qué entiende el
Gobierno por pasajero. El Gobierno no debe decir que España va a ser la
menos afectada por la invasión de Ucrania porque no tiene dependencia del
gas ruso y al mismo tiempo decir que todos los males de la economía
española vienen de la invasión de Ucrania, porque alguien podría
preguntarse si el Gobierno tiene un diagnóstico realista sobre la
economía española.


El Gobierno no puede firmar un documento con todas las comunidades
autónomas en la Conferencia de presidentes, celebrada el 13 de marzo en
La Palma, comprometiéndose a desarrollar e intensificar medidas como las
rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía
en los recibos que pagan las familias y las empresas y luego no hacerlo,
porque los españoles podrán preguntarse, y con razón, cuál es el valor de
una firma del presidente del Gobierno o cuál es el valor, señorías, de la
palabra del presidente del Gobierno. Nuestra moción tiene por objeto
amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que
pagan las familias y las empresas, tal y como reza el tenor literal de la
Declaración de La Palma, en un momento en el que nos enfrentamos a una
subida de precios, a la más importante de los últimos cuarenta años. En
concreto, la tasa de inflación armonizada se ha situado en el mes de
marzo en nuestro país en el 9,8 %, 2,3 puntos por encima de la media
europea. La pérdida del poder adquisitivo de las familias se ve
acompañada por un incremento de la recaudación, porque las empresas y las
familias, especialmente las que menos poder adquisitivo tienen, las más
vulnerables, pagan la inflación dos veces, una cuando compran el producto
y otra cuando pagan los impuestos. Esto es lo que ha hecho que se esté
incrementando la recaudación prevista en más de 7500 millones de euros en
dos meses. Se estima que a final de año la recaudación se haya
incrementado en 18 000 millones de euros, el doble de lo previsto en los
Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, parece razonable,
señorías, que ese incremento de recaudación vaya dirigido precisamente a
que quienes peor lo están pasando vean aliviada su situación, porque el
Gobierno les reduce los impuestos y, por tanto, el precio que pagan por
la energía.


Señorías, creo que tenemos una oportunidad para poder apoyar a los
más vulnerables, a los que sufren un daño mayor como consecuencia de una
situación mundial muy compleja y, sobre todo, como consecuencia de una
política económica equivocada que es la que practica el Gobierno
desde 2018. Apelamos a su sensibilidad social para que tengan la
oportunidad de evidenciarla aprobando la moción.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la senadora Liberal Liberal.


La señora LIBERAL LIBERAL: Arratsalde on. Eskerrik asko, presidenta
andrea.


La Declaración de La Palma, como ha dicho el señor Floriano, se
reunió el día 13 de marzo del 2021, recientemente, y tenía cuatro puntos
muy importantes: respaldar al Gobierno de España ante el Consejo Europeo,
impulsar la ejecución de los fondos europeos, gestionar de forma
coordinada la acogida de refugiados ucranianos y poner en marcha el Plan
nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania en
España. Además, el Gobierno y las comunidades autónomas se comprometían a
compartir la determinación para proteger a las empresas, a las industrias
y a los ciudadanos.


Hoy debatimos una moción del Grupo Popular que todo lo centra en las
rebajas fiscales, no en las rebajas fiscales a la energía, como ahora ha
dicho el señor Floriano, sino simplemente en las rebajas fiscales a
cualquier producto, a cualquier tipo de impuesto. No centremos ahora el
debate en lo que nos interesa.


Señor Floriano, usted ha mencionado al presidente en la sesión de
ayer, pero se ha olvidado totalmente de la noticia del día de ayer, que
era ese acuerdo al que el Gobierno de España y el Gobierno portugués han
llegado con Europa para la rebaja de la energía. (Aplausos). Partíamos de
un precio propuesto de 30 euros el megavatio y, finalmente, se ha
acordado entre 40 y 50 euros. Es un éxito que usted ha olvidado o ha
querido olvidar contar hoy.


El Partido Socialista está gestionando, aunque usted quiere hacer ver
lo contrario. Ustedes solo han cogido el mantra de la rebaja fiscal, pero
hasta hace un mes el mantra era la bajada del IVA, que ustedes habían
subido anteriormente. Es más de lo mismo. Están siempre con lo
mismo: rebajar los impuestos a los más grandes y a los más poderosos para
desmantelar el Estado de bienestar. Es imposible que las pobres familias
y las familias que no tienen recursos puedan vivir bien si el Gobierno no
tiene recursos para apoyarlas y ayudarlas en esa contienda que tenemos
actualmente después de una pandemia, una guerra y una gran crisis.


Señor Floriano, mañana tienen que retratarse. Mañana tendrán que
votar el Plan nacional de respuesta al impacto económico, que tiene 8
objetivos, 5 pilares, más de 10 000 millones en avales ICO, 6000 millones
de ayudas directas para rebajar los impuestos, entre ellos, esa
congelación del IVA de la electricidad, que usted ha dicho que afecta a
las familias y que no queremos rebajar, también está incluida. Hablamos
de la bonificación de 0,20 euros al combustible. ¿Se van a negar a ello?
¿Ustedes les van a decir ahora a los transportistas que tampoco los van a
apoyar mañana?


Usted ha hecho una advertencia sobre si nosotros hoy apoyamos o no su
moción. No la vamos a apoyar, por supuesto, ya desde ahora se lo digo,
porque para eso hemos presentado una enmienda que ustedes tampoco han
querido y sobre la que nos han tenido floritando desde ayer diciendo
ahora si la queremos, ahora no la queremos, ahora la cambiamos y ahora la
dejamos de cambiar; para, total, no hacer nada, llevan mareando la perdiz
desde ayer por la tarde, pero no se han leído lo que nosotros hemos
preparado y hemos presentado. Nosotros sí que les esperamos a ustedes
mañana y les esperamos, además, sin amenaza de ningún tipo. Esperamos que
ustedes mañana demuestren a los ciudadanos españoles que son un partido
de Gobierno, puesto que han estado gobernando, y que en un momento tan
duro como el que estamos viviendo ahora van a apoyar al Gobierno de
nuestro presidente Sánchez, al Gobierno socialista, aunque no les guste.
Porque el problema que tienen ustedes es que no les gusta que estemos en
el Gobierno, pero es lo que hay, es lo que han decidido los ciudadanos.
Estamos porque alguien decidió votarnos, no porque nosotros hayamos hecho
una OPA, es que los ciudadanos no los quieren a ustedes.
(Aplausos).


Háblenos de las medidas que ustedes han tomado en las comunidades
autónomas, porque en el Pacto de La Palma también se quedó en que las
comunidades autónomas iban a hacer medidas de impacto. Ustedes gobiernan
en Galicia —su líder es su presidente—, gobiernan en
Andalucía, gobiernan en Castilla y León. Dígame medidas que han tomado,
convénzanos de que las medidas que ustedes han hecho —ninguna, por
cierto— son las buenas. Por lo tanto, no podemos apoyar su moción.
Sin embargo, les pedimos que apoyen nuestra enmienda, aunque no la van a
apoyar, porque ya nos dijeron ayer que o metíamos rebajas fiscales o no
había acuerdo.


Señorías, no podemos aceptar lo que ustedes proponen. Han cogido
ahora el racarraca de la rebaja fiscal y han soltado el racarraca de la
rebaja del IVA, y no vamos a pasar por ahí, porque los ciudadanos de a
pie saben que el Gobierno socialista está poniendo las medidas
suficientes y necesarias para que los distintos colectivos puedan salir o
soportar la situación tan triste en la que nos encontramos
actualmente.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya
concluyendo.


La señora LIBERAL LIBERAL: Con lo cual, ya le digo, con amenazas o
sin ellas, el Grupo Socialista no va a aprobar su moción y le emplazamos
a que mañana por la mañana ustedes apoyen el plan nacional que, en parte,
es lo que apoyaron en La Palma, aunque ahora no quieran verlo.
(Aplausos).


No me voy a despedir sin desear buenos días a los senadores y
senadoras alaveses, también al señor Maroto, que un día lo fue.
(Aplausos). Hoy es un día grande y mañana también en Vitoria para todos
los alaveses, porque, después de dos años, mañana es nuestro día grande y
esta noche tendremos una bonita retreta y tamborrada.


Gora Vitoria. Felices fiestas. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señorías.


Tiene la palabra, para manifestar si acepta o no la enmienda, el
senador Floriano.


El señor FLORIANO CORRALES: Brevemente. Se trata de comprobar si el
cambio del presidente del Gobierno de ayer a esta mañana, en el que le
pide al Partido Popular que lo apoye, es real o no. Por eso, les pido el
apoyo a esta moción. Les pedimos el apoyo, señoría, no para bajar los
impuestos y desmantelar el Estado del bienestar, que eso fue lo que el
presidente del Gobierno actual hizo cuando era diputado con el Partido
Socialista y votó a favor de la congelación de las pensiones o la bajada
del sueldo de los funcionarios el 5 de mayo del 2010. (Aplausos). No para
eso, sino para, con el exceso de recaudación, señoría, poder devolverles
a los ciudadanos el esfuerzo que están haciendo porque están pagando unos
impuestos más altos.


Que no les engañen con el acuerdo que ha conseguido el Gobierno en
Bruselas. A nosotros, desde luego, no nos engañan. Señorías, el acuerdo
por el que se beneficia el 12 % de la demanda nacional de energía
perjudica al 88 % de la demanda nacional de energía, que pagarán el tope
y el exceso que las grandes empresas no están dispuesta a asumir. Ese es
el gran éxito que ustedes han conseguido. (Aplausos). Ese es el gran
éxito: perjudicar al 88 % de la demanda nacional de energía.


Le pido que bajen los impuestos por una razón, porque es un éxito el
impuesto para favorecer la situación de las familias y de las empresas.
¿Sabe por qué es un éxito? Porque está contrastado. Es lo que han hecho
todos los países de la Unión Europea, todos, excepto ustedes, que cuando
la economía crece, como en los años 2018 y 2019, aumentan los gastos y
los impuestos; cuando caímos al 10,8 % del PIB por la pandemia, ustedes
siguieron haciendo lo mismo, aumentar el gasto y los impuestos; cuando la
economía se recupera y crece el 5 %, ustedes vuelven a aumentar el gasto
y los impuestos, y ahora vuelven a aumentar el gasto y los impuestos.
Oiga, mi racarraca es para favorecer a las empresas, a la competitividad
de las empresas y a las familias, especialmente a las más vulnerables.
(Aplausos). Ese es mi racarraca. Por eso les pido que prueben que el
cambio de actitud del presidente del Gobierno es una realidad y apoyen
esta moción; ganarán ustedes credibilidad. Lo peor para una política
económica es la falta de credibilidad del Gobierno, y en este caso,
desgraciadamente, está contrastada.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la senadora Goñi Sarries.


La señora GOÑI SARRIES: Gracias.


Señorías, el pasado 13 de marzo tuvo lugar la última Conferencia de
Presidentes, ese órgano de máximo nivel político de cooperación entre el
Estado y las comunidades autónomas. Los acuerdos alcanzados son
compromisos políticos. Pues bien, el Gobierno aún no ha cumplido con la
Declaración de La Palma. Acordaron allí desarrollar e intensificar
rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía,
pero un mes después no han hecho nada, no ha habido ninguna nueva rebaja
fiscal. Mientras, tenemos la inflación en el 9,8 % y gracias a ella la
recaudación fiscal se ha disparado un 15 %. Y no solo es que no han
cumplido con lo acordado, es que la ministra de Hacienda al día siguiente
de la Conferencia de Presidentes, el mismo 14 de marzo, hablaba de rebaja
fiscal para los productos más impactados por la inflación, pero ya
el 31 de marzo descartaba la rebaja fiscal, porque significa un deterioro
de los servicios públicos. Es curioso, porque quince días antes no había
ningún problema con sanidad y educación.


La ministra se niega a deflactar el IRPF a la inflación, pero no
explica cómo esa deflactación provocaría el deterioro de los servicios
públicos. ¿Por qué? Porque no lo provoca. Ajustar el IRPF a la inflación
no es ni siquiera una rebaja de impuestos. No hacerlo supone un
incremento encubierto de impuestos. Montero dice también que hay consenso
a nivel europeo de que no es momento para una bajada generalizada de
impuestos. Falso. (El señor presidente ocupa la Presidencia). La mayoría
de los países europeos ya han bajado el IVA de luz y de gas y Macron
acaba de ganar las elecciones proponiendo una bajada de impuestos
generalizada. La bajada de impuestos aumenta la actividad económica, que,
a su vez, aumenta la recaudación. Esa mayor actividad económica implica
mayores recursos y más financiación pública para esos servicios públicos.
La CEOE calcula en 60 000 millones las partidas de Estado de mejora del
gasto, cosa que por supuesto además de que se puede, se debe hacer. Se
concluye, entonces, que relacionar la reducción del gasto con los
recortes en servicios públicos es rotundamente falso. El Gobierno no
quiere combatir la inflación y rebajar impuestos para aliviar la
situación de industria y familias, no quiere, y ustedes deberán explicar
por qué. Esperamos argumentos serios y creíbles y no la sempiterna
amenaza de los recortes que lamentablemente no pueden argumentar ni
desarrollar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario tomará la palabra su señoría
González-Robatto.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, presidente.


Es urgente proceder, una vez más, a una rebaja de los impuestos que
soportan las familias y las empresas de cara a mejorar el poder
adquisitivo, gravemente dañado por la elevadísima inflación y la
competitividad de nuestras empresas, que se ha visto dañada por el
incremento de los costes productivos y la falta de materias primas. La
inflación solo beneficia al Gobierno porque incrementa la recaudación
directa de los impuestos. Los dos primeros meses del año 2002 esta
recaudación ha subido un 21,4 % respecto a los dos primeros meses del
año 2021 y un 11,5 % respecto al periodo anterior a la crisis de la
COVID.


Necesitamos reducir los tipos de todas las figuras tributarias,
asegurando, lógicamente, el sostenimiento de los servicios públicos, pero
los servicios públicos no son ustedes y lo principal es proteger al
ciudadano. Y no nos engañen, hay mucho margen para reducir impuestos
siempre que se imponga el sentido común frente a la ideología y se
fomente el emprendimiento y la creación de riqueza. Para este apoyo al
sector empresarial y a las familias exigimos la reducción de la
fiscalidad del gas natural, los hidrocarburos y la energía eléctrica.
Pero la rebaja fiscal es solo una de las patas de la recuperación que
necesita España ante la grave crisis económica y social que
atravesamos.


Y a usted, señora Liberal, que ha pedido propuestas, le voy a dar
aquí algunas para ver si toma nota: la reducción drástica del gasto
público que no contemple la protección del ciudadano y la calidad de los
servicios públicos esenciales; acuerdos comerciales bilaterales de
garantía de suministros; acuerdos de exportación de bienes en los que
España es excedentaria; garantizar la soberanía energética; la reducción
de las cotizaciones sociales para la empresa y el trabajador para así
aumentar la renta disponible sin incrementar los costes laborales;
emplear los fondos europeos con el único objetivo de mejorar la
productividad de la economía española sin atender a proyectos
ideológicos. El objetivo, como ha señalado nuestro portavoz en el
Congreso, es gastar menos y mejor el dinero de los españoles, respetar el
esfuerzo de todos los contribuyentes y ser responsables, garantizando que
cada euro recibido de los españoles se destina a lo verdaderamente
importante.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático no hay nadie.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, tomará la
palabra su señoría Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, president. Si m’ho
permet, parlaré breument des de l’escó mateix.


Aquesta moció, que té una exposició de motius d’una pàgina, si
llegim pròpiament la part dispositiva, diu complir allò acordat a la
Declaració de La Palma i aprovar noves rebaixes fiscals per esmorteir
l’impacte dels preus, l’increment dels quals ha arribat ja
al 9,8 %. Estem absolutament d’acord amb el que ha dit el portaveu
del Grup Popular, que la situació de l’IPC és insostenible, i el
Govern de l’Estat alguna cosa hi hauria de fer, perquè realment té
bones paraules però pocs fets. I això és veia venir. És cert que hi ha
hagut un agreujament de la situació provocat per la guerra
d’Ucraïna, però també és cert que això ja es venia produint
anteriorment a la guerra. Això també ho hem de tenir en compte.


Però és clar, en aquesta moció, han gastat tota la tinta a
l’exposició de motius, però es veu que se’ls ha acabat la
tinta a l’hora de fer la part dispositiva. Perquè la veritat és que
nosaltres no podem donar suport a una moció que no diu quines són les
rebaixes fiscals. Com a mínim, creiem que aquí hi hauria d’haver
unes propostes concretes, i sabríem si hi estem d’acord o no.
Perquè hi ha rebaixes fiscals que, per a les comunitats autònomes
—ja que vostès parlen de la Declaració de La Palma— poden ser
nefastes, perquè poden fer baixar en picat els seus ingressos, i això
provocaria, com he dit en una intervenció anterior, una situació molt
difícil per a l’Estat del benestar, que majoritàriament és
competència de les comunitats autònomes.


Per tot això, nosaltres no podrem donar suport a aquesta moció. Per
la seva falta de concreció i perquè tampoc és que nosaltres siguem
entusiastes d’aquestes trobades de presidents autonòmics, perquè al
final es tracta d’això: grans declaracions, poques concrecions i,
normalment, ni cinc al calaix.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente.


Si me lo permite, hablaré brevemente desde el escaño. En esta moción,
que tiene una exposición de motivos de una página, si leemos propiamente
la parte dispositiva vemos que insta a cumplir lo acordado en la
Declaración de La Palma y aprobar nuevas rebajas fiscales para amortiguar
el impacto de los precios, cuyo incremento ha alcanzado ya el 9,8 %.
Estamos absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz del
Grupo Popular de que la situación del IPC es insostenible, y el Gobierno
del Estado algo debería hacer al respecto, porque realmente tiene buenas
palabras pero pocos hechos, y esto se veía venir.


Es cierto que ha habido un agravamiento de la situación como
consecuencia de la guerra de Ucrania, pero también es cierto que esto ya
se venía produciendo antes de la guerra, así que eso también debemos
tenerlo en cuenta. Pero, claro, se trata de una moción en la que han
gastado toda la tinta en la exposición de motivos, y se les ha acabado
cuando han llegado a la parte dispositiva, y para dar nuestro apoyo a una
moción que no dice cuáles son las rebajas fiscales, creemos que, al
menos, debería haber unas propuestas concretas. Entonces sabríamos si
estamos de acuerdo o no, porque hay rebajas fiscales que para las
comunidades autónomas, ya que ustedes hablan de la Declaración de La
Palma, pueden ser nefastas, porque pueden hacer caer en picado sus
ingresos, lo que provocaría, como he dicho en una anterior intervención,
una situación muy difícil para el Estado del bienestar, que,
mayoritariamente, es competencia de las comunidades autónomas.


Por todo ello, nosotros no vamos a apoyar esta moción, por su
inconcreción y porque tampoco es que seamos muy entusiastas de estos
encuentros de presidentes autonómicos, porque, al final, se trata de eso,
de grandes declaraciones pero de pocas concreciones, y normalmente no nos
dan ni un duro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal tomará la palabra su
señoría Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gràcies, president.


Hom podria dir que vivim al dia de la marmota. Ja he fet aquesta
broma en un parell d’ocasions, però aquest és el tercer ple seguit
en què el Partit Popular ens duu un guió previsible, la mateixa idea
d’una moció de rebaixa fiscal. Per tant, la meva intervenció serà
gairebé calcada a la que ja vaig fer en altres ocasions. Evidentment,
demanen rebaixes fiscals, demanen més ajudes a determinats sectors
econòmics i, a la vegada, diuen que hem de complir amb el dèficit públic.
Pareix que en aquest ping-pong entre el Partit Popular i el Partit
Socialista, en cap cosa es podrien posar d’acord. La veritat és que
un diria que és impossible que el Partit Popular i el Partit Socialista
es posin d’acord en res. Però sí, hi ha un primer acord entre el
senyor Núñez Feijóo i el senyor Sánchez que poc ens han explicat, i que
sortia l’altre dia publicat a El País. Aquell que diu que el model
de finançament de les comunitats autònomes no es revisarà. Aquest va ser
el primer acord del senyor Sánchez i el senyor Núñez Feijóo. No el
revisam no perquè no creguem que s’hagi de revisar, sinó perquè
tenim problemes interns dins els nostres partits i els nostres partits
ens han dit que no ho hem de fer. Una cosa important i necessària com és
revisar el model de finançament. Però, com bé ha dit el senador que
m’ha precedit, d’un partit que té més de 100 senadors
s’espera que faci propostes concretes, que puguem debatre. Ja
m’agradarà llegir l’informe del senyor Núñez Feijóo amb
suggeriments econòmics per poder debatre, perquè la moció no diu gairebé
res.


Al Partit Socialista ja els dic que els seguiré fent les mateixes
propostes que ja els he fet arribar en diverses ocasions, i que
desgraciadament demà en el decret no s’aproven; com ara gravar els
beneficis de les elèctriques que han tingut caiguts del cel; incrementar
les ajudes dirigides a sectors concrets. Estem ampliant ajudes
generalistes, i no. Per exemple, valdria més apostar pel transport
públic? No valdria més la pena fer mesures més concretes i no aquestes
mesures generalistes que van en benefici de tothom? Evidentment. No
hauríem d’adoptar mesures específiques per a les illes i pel factor
d’insularitat? No entenem que a les Illes Balears ja tenim
l’IPC més elevat que hi ha hagut a l’Estat espanyol? I que,
per tant, si abans ja teníem uns sobrecostos, ara tenim uns sobrecostos
majors? Crec que són mesures que els hem anat dient i que haurien
d’haver incorporat.


O, si parlem de transportistes —com abans parlava el Partit
Popular—, no és hora ja que parlam amb Europa dels mínims que
limiten les ajudes als transportistes? No podem fer ajudes concretes al
transport a les Illes Canàries i a les Balears per reduir els preus de la
cistella de la compra? Evidentment. No comença a ser hora ja —i
sempre em repetiré— de tramitar d’una vegada el règim
especial fiscal de les Illes Balears? Jo crec que puc ser una persona
insistent. M’ho han sentit dir ja milers de vegades en aquest
Senat. Crec que és importantíssim fer el règim fiscal, i ara més que mai,
per fer front a aquesta situació. Si per a la península s’està
actuant de forma ràpida davant de les pujades de l’IPC, també volem
que a les pujades de l’IPC que tenim nosaltres pel nostre factor
d’insularitat se’ls doni resposta.


El 2020 el Partit Popular va entrar aquí, al Senat, una proposició de
llei perquè el règim fiscal de les Illes Balears fos una realitat.
El 2021 varen rebre els senyors del Partit Popular el meu suport perquè
es tramitàs i es dugués al Congrés. Que hem d’esperar, a les
properes eleccions, perquè vostès se’n preocupin? Hem
d’esperar que siguin les properes eleccions perquè els senyors
socialistes, d’una vegada per totes, tornin a anunciar el règim
fiscal? Què passa amb la proposició de llei a la qual vaig donar suport,
quan vaig donar-los suport a vostès, senyors del Partit Popular, perquè
la tramitessin al Congrés? Dorm? Dorm als calaixos del Congrés? No els
importa? Vostè, senyor Maroto, va venir a les Illes Balears i va dir que,
per a vostè, el règim fiscal de les Illes Balears era una prioritat, i
que el tramitarien al més ràpid possible. I ho varen fer, ho varen
tramitar aquí. I al Congrés què? Dorm. Doncs senyor Maroto, li duc un
despertador. Despertin, deixin de dormir, despertin. Despertin i posin
aquest despertador damunt de la seva taula. I tramitin d’una vegada
el règim fiscal de les Illes Balears. Despertin. Ja està bé
d’enganyar els ciutadans de les Illes Balears.


I per a vostès, senyors socialistes, no tenc despertador. Perquè ja
estic cansat de cridar i de dir-los de tot per a que reaccionin.
Reaccionin d’una vegada. A les Illes Balears, els temps se’ns
ha acabat


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidente.


Se podría decir que vivimos en el día de la marmota, porque esto ya
lo hemos hablado en varias ocasiones. Es el tercer Pleno seguido en el
que el Grupo Popular nos trae un guion previsible, la misma idea de una
moción de rebaja fiscal; por tanto, mi intervención va a ser
prácticamente calcada a la que hice ya en otras ocasiones.






Obviamente,
piden rebajas fiscales, piden más ayudas a determinados sectores
económicos y, al mismo tiempo, dicen que hay que cumplir con el déficit
público. Con este ping pong parece que el Partido Popular y el Partido
Socialista en nada podrían ponerse de acuerdo. Uno cree que parece
imposible que se pongan de acuerdo en algo el Partido Popular y el
Partido Socialista, pero el señor Feijóo y el señor Sánchez, aunque poco
nos han explicado, salían el otro día en El País diciendo que el modelo
de financiación de las comunidades autónomas no se revisará. Ese fue el
primer acuerdo del señor Sánchez y del señor Feijóo. No lo revisamos, no
porque creamos que no haya que revisarlo, sino porque tenemos problemas
internos en nuestros partidos y nuestros partidos nos dicen que no
tenemos que hacer una cosa tan importante y necesaria como revisar el
modelo de financiación. Pero, como bien ha dicho el senador que me ha
precedido, de un partido que tiene más de cien senadores se espera que
haga propuestas concretas para el debate. Me gustaría leer el informe de
Feijóo con estas sugerencias económicas para poder debatir, porque la
moción no dice apenas nada.


Y al Grupo Socialista le digo que seguiré haciendo las mismas
propuestas que les he hecho llegar en otras ocasiones y que
desgraciadamente no se aprueban, como es gravar los beneficios caídos del
cielo a las eléctricas e incrementar las ayudas dirigidas a sectores
concretos. Dado que estamos ampliando las ayudas generalistas, quizás
habría que apostar más, por ejemplo, por el transporte público. ¿No
habría que plantear medidas más concretas y menos generalistas y que
vayan en beneficio de todo el mundo? ¿O no habría que adoptar medidas
específicas también para las islas y su factor de insularidad? En las
Islas Baleares tenemos ya el IPC más elevado del Estado español y, por
tanto, si antes teníamos unos sobrecostes, ahora tenemos unos sobrecostes
superiores. Son medidas de las que nos han estado hablando y que tendrían
que haber incorporado.


El Grupo Popular hablaba antes de los transportistas. ¿No es hora de
que hablemos ya con Europa de los límites a las ayudas de los
transportistas? ¿No podemos adoptar ayudas concretas al transporte en las
Islas Baleares y en las islas Canarias para reducir el precio de la cesta
de la compra? ¿O, evidentemente, no empieza a ser hora ya, y siempre lo
repetiré, de organizar el régimen especial fiscal de las Islas Baleares?
Yo puedo ser una persona insistente ―me han oído decir ya miles de
veces en este Senado que es importantísimo hacer un régimen fiscal―
y ahora más que nunca para hacer frente a esta situación. Creemos que si
para la península se está actuando de forma rápida frente a las subidas
del IPC, también a nuestra subida del IPC, como consecuencia del factor
de insularidad, se le ha de dar respuesta.


En 2020 el Grupo Popular trajo aquí al Senado una proposición no de
ley para que el régimen fiscal de las Islas Baleares fuera una realidad.
Los señores del Grupo Popular recibieron mi apoyo para que se tramitase y
se llevase al Congreso. ¿Tenemos que esperar a las próximas elecciones
para que ustedes se preocupen? ¿Tenemos que esperar a las próximas
elecciones para que los socialistas de una vez por todas empiecen a
negociar el régimen fiscal? ¿Qué pasa, señores del Grupo Popular, con la
proposición de ley que yo apoyé para que la tramitasen en el Congreso?
¿Está durmiendo en una cajón del Congreso? ¿No les importa? El señor
Maroto vino a las Islas Baleares y dijo que para ustedes el régimen
fiscal de las Islas Baleares era una prioridad y que lo tramitarían lo
antes posible. Y lo tramitaron aquí, pero en el Congreso, ¿qué pasa?
¿Está dormido? Pues yo tengo un despertador. (El senador muestra y hace
sonar un despertador). Despiértense, dejen de dormir. Despiértense,
pónganse este despertador encima de la mesa y tramiten de una vez por
todas el régimen fiscal de las Islas Baleares. Despiértense, ya está bien
de olvidar a los ciudadanos de las Islas Baleares.


Y para ustedes, señores socialistas, no tengo despertador porque ya
estoy cansado de gritar, de decirles de todo para que reaccionen.
Reaccionen de una vez, a las Islas Baleares el tiempo se nos ha
acabado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Moltes grácies, senyoria.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Etxano
Varela.


La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko, presidente jauna, eta
arratsalde on guztioi.


Nuevamente presentan una moción en la que instan al Gobierno a
reducir impuestos, esta vez instando a cumplir lo acordado en la
Declaración de La Palma. Yo he vuelto a revisar el acuerdo de La Palma
que, como saben, se desarrolla en torno a cuatro ejes, que, en nuestra
opinión, van más allá de lo que propone el Grupo Parlamentario Popular,
porque lo que nos propone hoy el Grupo Parlamentario Popular es instar a
cumplir solo una parte del cuarto eje, ya que no parece que propongan más
que nuevas rebajas fiscales para amortiguar el impacto de la crisis. La
Declaración de la Palma se reunió con el fin de impulsar la colaboración
entre administraciones, el Gobierno del Estado y las comunidades
autónomas, para mitigar los graves efectos de la guerra de Ucrania
provocada por la agresión rusa. Se aborda en cuatro ejes, y en estos
cuatro ejes nuestro grupo entiende que cada administración, en ejecución
de sus competencias, tomará las medidas necesarias para mitigar estos
efectos en las familias y en los distintos sectores de la economía, y así
lo estamos haciendo donde gobernamos.


El primer eje habla de respaldar al Gobierno en el Consejo Europeo
para lograr una rebaja de los precios de la energía. Ayer conocimos el
pacto alcanzado en Bruselas. Bueno, conocimos la noticia de que se ha
alcanzado un pacto en Bruselas, la llamada excepcionalidad Ibérica,
limitando el precio de gas destinado a generar electricidad a 50 euros de
media, una medida transitoria —doce meses—, pero que, en todo
caso, tendrá un efecto directo en la rebaja de la factura de la luz, y en
su derivada también tendrá efectos sobre la inflación. Esperamos en todo
caso analizarlo con más detalle, conocer el trabajo técnico y cómo se
pagará esa diferencia hasta el precio topado. Esta medida, la excepción
ibérica, que se ha considerado como una oportunidad es exactamente eso:
una excepción ibérica, una excepción temporal, y, por tanto, creemos que
se necesita seguir insistiendo en una Unión Europea energética, en que se
impulsen más interconexiones, además de las existentes, en que se
impulsen las energías renovables, el desacoplamiento entre el gas y la
electricidad y la reforma del mercado marginalista. Y de esto, que
también está en el acuerdo de La Palma, no habla el Grupo Popular en su
moción.


El segundo eje de la Declaración de La Palma habla de impulsar los
fondos europeos por parte de todas las administraciones públicas. Nuestro
grupo, como conocen, tiene una posición crítica en relación con las
decisiones políticas que ha tomado el Gobierno con relación a la gestión
de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Además, nos
preocupan, y mucho, los datos de ejecución que se van conociendo.
Seguimos confiando de todas formas y pensando que los fondos Next son una
oportunidad, porque deberían permitir, bien enfocados y ejecutados,
afrontar las medidas estructurales necesarias para la transformación de
la economía. Por eso, entendemos que se deberían revisar los plazos de
ejecución e incluso los objetivos, entre otras cosas, para reducir la
dependencia estratégica en materias primas, semiconductores y sanidad.
Pero de esto, que también se habla en la Declaración de La Palma, no
habla el Grupo Popular en su moción.


El tercer eje de la declaración habla de gestionar de forma
coordinada la acogida de refugiados y refugiadas, y en el ámbito que
conozco, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se han activado planes
de contingencia de la mano del Gobierno vasco, diputaciones y
ayuntamientos, junto con las agencias y las ONG que trabajan en el
terreno para recoger a personas procedentes de Ucrania, centrados en el
refuerzo de su integración; colaboración entre distintas administraciones
—así lo estamos haciendo en Euskadi— para el acogimiento de
personas en busca de protección internacional, que es competencia del
Estado, y desde las administraciones vascas facilitar toda la
infraestructura y el apoyo necesario para la atención humanitaria. Pero
también pedimos tener en cuenta la propuesta vasca por la existencia de
una estrategia europea, que es de lo que se carece. De esto también se
hablaba en la declaración de La Palma y el Grupo Popular no dice
nada.


Y, por último, el cuarto eje, trata del plan de respuesta a las
consecuencias de la guerra en Ucrania. Sí se han tomado medidas, otra
cosa es que nos gusten más o menos o que estemos más o menos de acuerdo.
Conocemos lo aprobado por el Gobierno del Estado. En este real decreto se
tomaron medidas, algunas de rebaja de impuestos, otras de reducción de
los peajes a las electrointensivas, las subastas de CO2 hasta agotar
el 25 % de esos beneficios. En realidad, medidas, se están tomando. En
nuestro caso, en Euskadi, también lo estamos haciendo no por el ámbito de
las medidas fiscales, sino más por las ayudas directas a los sectores:
medidas de apoyo al sector y a las familias, fondos de rescate social y
de apoyo a los sectores económicos. Y de esto, que también se hablaba en
la declaración de La Palma, el Grupo Popular solo coge la parte de
reducción de impuestos.


De lo que en última instancia nos habla el Grupo Popular últimamente
en todas sus mociones es de una rebaja fiscal, imagino que, además de las
rebajas fiscales, propondrán que estas decisiones que se toman, a pesar
de que no les gusten demasiado, deberían también mantenerse. Nos deberían
explicar cómo lo quieren hacer y cómo van a plantear la reducción de
ingresos que van a tener, lo decía el senador Cleries, en las distintas
comunidades autónomas por la reducción de ingresos y cómo van a intentar
cubrir ese gap que quedaría de ingresos.


En todo caso, nuevamente quiero decir que en nuestro grupo entendemos
que menos impuestos supone menos recursos generales, menos servicios
públicos, menos sanidad, menos educación y menos protección
social…


El señor PRESIDENTE: Amaitu, mesedez.


La señora ETXANO VARELA: Bai.


Este no es el modelo que defiende el Partido Nacionalista Vasco, no
lo aplicamos en virtud de nuestra autonomía fiscal donde gobernamos
porque no es nuestro modelo y, por tanto, no apoyaremos la moción.
Eskerrik asko.


Eskerrik asko, presidente jauna.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, Etxano andrea.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra su señoría Furriol Fornells.


El señor FURRIOL FORNELLS: Bona tarda, senyories.


Nosaltres estem a favor de la Declaració de La Palma. De fet, el
president de la Generalitat de Catalunya va condicionar la seva
assistència a la Conferència de Presidents a La Palma del passat 13 de
març a l’adopció d’acords per a fer front a les crisis
humanitària i econòmica motivades per la invasió militar de la Federació
Russa a la República de Ucraïna. Crisi humanitària i crisi econòmica, ho
repeteixo, perquè són dues cares d’una mateixa moneda. Però la
moció del Grup Popular es recorda només de la crisi econòmica i,
d’aquesta, posa l’accent en l’aspecte fiscal.
Naturalment, estem d’acord amb el contingut de la Declaració de la
Palma, però estem d’acord en la seva globalitat, en el seu conjunt.
No de la mateixa manera en tots els seus punts, però sí en el seu
conjunt. De fet, possiblement cap dels participants a la Conferència de
La Palma n’estaria completament satisfet, ja que es tracta
d’un acord de mínims que, per tant, té marge de millora i que ara
cal desenvolupar, concretar i implementar.


Com ja ha estat exposat precedentment, la moció que debatem avui té
dues parts. La primera, en la qual s’insta al compliment dels
acords de la Declaració de La Palma. Òbviament, ho compartim i hi
donaríem suport. Però també una segona, en què s’insta a aprovar
noves rebaixes fiscals per a esmorteir l’impacte dels preus. I no
discrepem de que s’apliquin mesures per a esmorteir l’impacte
dels preus, per reduir els preus, especialment de l’energia; per
descomptat. Amb allò que no estem d’acord és a donar suport a una
mesura aïllada consistent en rebaixes fiscals per a reduir els preus de
l’energia. Al quart punt o eix de la Declaració de La Palma, dels
quatre que han estat exposats abans, es parla d’un pla de resposta
a les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, i un pla ha de
contenir, per definició, un conjunt de mesures que s’equilibrin i
es ponderin. No basta amb una de sola, aïllada d’un conjunt que
necessàriament ha de ser més ampli, més complet.


Curiosament, del conjunt de mesures que hauria de contenir el pla de
La Palma, el Grup Popular només pensa en noves rebaixes fiscals. És
sempre igual, sempre el mateix. Aquest debat és un clon d’altres
que s’han produït fa poca estona i també fa pocs dies en aquest
mateix hemicicle i en comissions. És la cançó de l’enfadós, i em
temo que no serà la darrera vegada que hem de debatre sobre rebaixes
fiscals. No tenim, doncs, més remei que reiterar obvietats que ja hem dit
precedentment i que ja han estat dites en aquest debat, en relació als
plantejaments de reducció d’impostos. En el sentit que,
efectivament, cal aprofundir en al progressivitat del sistema fiscal. Que
el sistema fiscal —conjuntament amb els programes de despesa i
d’inversió— ha de tenir una clara funció de redistribució de
la renda, a més, òbviament, d’una funció recaptatòria.


Que quan es parla d’una rebaixa d’algun impost cal
analitzar a qui beneficia realment, quin impacte tindrà en la recaptació
i si caldrà acompanyar la mesura amb una previsió d’augment
d’altres ingressos —i quins— o amb una reducció de
despeses o inversions —i quines—. L’alternativa, és
clar, també pot ser l’augment del dèficit i, en definitiva, del
deute. Però el deute cal pagar-lo i, per tant, tornem a la casella de
sortida. Perquè per a pagar el deute caldrà un augment dels impostos o
una reducció de les despeses i inversions, i les despeses i inversions
que vostès redueixen no són mai, per exemple, les militars, sinó més
aviat d’altres, com les assistencials. Avui mateix s’han
aprovat mocions que, si s’implementen, suposaran més despesa.


La seva recepta és sempre la mateixa: més reducció d’impostos i
menys despesa o inversió en sanitat, educació, serveis socials, etc. En
definitiva, en tot el que suposa l’Estat del benestar. I el que cal
en aquest context és, precisament, protegir i reforçar l’Estat del
benestar. Això s’ha de fer amb un augment de la recaptació
—que no és incompatible amb la rebaixa d’alguns
impostos— i amb el disseny d’un pla integral que afronti
decididament reformes estructurals per a reduir la dependència dels
combustibles fòssils, que és una assignatura pendent des de fa més de 50
anys, i de la que ens en recordem només en èpoques de crisis, com de
Santa Bàrbara. Però més enllà de les reformes estructurals pendents, ara
el que cal amb urgència és un contundent pla de xoc per a afrontar els
efectes de la crisi actual, la causa de la qual no és únicament
l’actual guerra a Ucraïna, però sí que aquesta l’ha
agreujada.


Res més, per a acabar només resta demanar al Govern que sigui més
ambiciós amb el pla de xoc en resposta a les conseqüències de la guerra
de Ucraïna, i que, com es preveu a la pròpia Declaració de La Palma, el
pla de xoc es vagi configurant a través del diàleg.


Res més, moltes gràcies.


Buenas tardes, señorías.


Nosotros estamos a favor de la Declaración de La Palma, de hecho el
presidente de la Generalitat de Catalunya condicionó su asistencia a la
Conferencia de Presidentes de La Palma el pasado 13 de marzo a la
adopción de acuerdos para hacer frente a la crisis humanitaria y
económica motivada por la invasión de la Federación Rusa a la República
de Ucrania. Una crisis humanitaria y una crisis económica, repito, porque
son dos caras de una misma moneda, pero la moción del Grupo Popular solo
se acuerda de la crisis económica y pone el acuerdo en el aspecto fiscal.
Nosotros estamos, obviamente, de acuerdo con el contenido de la
Declaración de La Palma, pero estamos de acuerdo en su globalidad, en su
conjunto, no en todos sus puntos, pero sí en su conjunto. De hecho,
posiblemente ninguno de los participantes en la Conferencia de La Palma
estaría completamente satisfecho, ya que se trata de un acuerdo de
mínimos que tiene, por tanto, margen de mejora y que ahora hay que
desarrollar, concretar e implantar.


Como ya se ha expuesto anteriormente, la moción que debatimos hoy
tiene dos partes: la primera, en la que se insta al cumplimiento de los
acuerdos de la Declaración de La Palma, obviamente lo compartimos e
incluso lo apoyaríamos; y la segunda, en la que se insta a aprobar nuevas
rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios, aquí
discrepamos. No discrepamos en que se adopten medidas para amortiguar el
impacto de los precios, para reducir los precios especialmente de la
energía, en lo que no estamos de acuerdo por supuesto es en apoyar una
medida aislada consistente en rebajas fiscales para reducir los precios,
ya que el cuarto punto o eje de la Declaración de La Palma, de los cuatro
que han sido antes expuestos, habla de un plan de respuesta a las
consecuencias de la guerra de Ucrania. Y un plan tiene que contener, por
definición, un conjunto de medidas que se equilibren y se ponderen; no
basta con una sola aislada de un conjunto que necesariamente debe ser más
amplio, más completo.


Y curiosamente, del conjunto de medidas que debería contener el plan
de La Palma, el Grupo Popular solo piensa en nuevas rebajas fiscales.
Siempre igual, siempre es lo mismo, este debate es un clon de otros que
se han producido hace un rato, y hace pocos días en este mismo hemiciclo
y en comisiones; es la canción de nunca acabar, y me temo que no será la
última vez que tengamos que debatir sobre las rebajas fiscales. No
tenemos más remedio que reiterar obviedades que ya hemos dicho antes y
que han sido ya repetidas en este debate en relación con los
planteamientos de reducción de impuestos, en el sentido de que,
efectivamente, hay que profundizar en la progresividad del sistema
fiscal, que el sistema fiscal, junto con los programas de gasto e
inversión, debe tener una clara función de redistribución de la renta.
Además, obviamente, de una función recaudatoria.


Cuando se habla de la rebaja de algún impuesto, hay que analizar a
quién beneficia realmente, qué impacto va a tener en la recaudación y si
habrá que acompañar la medida con una previsión de aumento de otros
ingresos o con una reducción de gastos o inversiones y cuáles. La
alternativa, claro está, puede ser también el aumento del déficit y, en
definitiva, de la deuda, pero la deuda hay que pagarla y, por tanto,
volvemos a la casilla de salida, porque para pagar la deuda hará falta un
aumento de los impuestos o una reducción de los gastos e inversiones, y
los gastos e inversiones que ustedes reducen no son nunca, por ejemplo,
los militares, sino que son más bien otros, como los asistenciales. Hoy
mismo se han aprobado mociones que si se implantan supondrán un mayor
gasto.


Su receta es siempre la misma, más reducción de impuestos y menos
gasto e inversión en sanidad, educación, servicios sociales, etcétera. En
definitiva, en todo lo que supone el Estado del bienestar, y lo que hace
falta en este contexto es precisamente proteger y reforzar el Estado del
bienestar con un aumento de la recaudación, que no es incompatible con la
rebaja de algunos impuestos, y con el diseño de un plan integral que
afronte decididamente reformas estructurales para reducir la dependencia
de los combustibles fósiles, que es una asignatura pendiente desde hace
más de cincuenta años y de la que nos acordamos únicamente en épocas de
crisis, como de santa Bárbara. Pero más allá de las reformas
estructurales pendientes, ahora lo que hace falta con urgencia es un plan
de choque contundente para afrontar los efectos de la crisis actual, cuya
causa no es únicamente la guerra de Ucrania, aunque la ha agravado.


Y nada más. Para acabar, solo me queda pedir al Gobierno que sea más
ambicioso con el plan de choque en respuesta a las consecuencias de la
guerra de Ucrania y que, como se prevé en la propia Declaración de La
Palma, el plan de choque se vaya configurando a través del diálogo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyoria.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra su
señoría Floriano Corrales.


El señor FLORIANO CORRALES: Gracias, señor presidente.


Señorías, muchísimas gracias por sus comentarios y por el apoyo del
grupo que lo ha manifestado. Voy a responder a los tres argumentos que,
básicamente, se han repetido a lo largo de todas las intervenciones. Por
cierto, no veo al senador Vidal, nos ha regalado el despertador, pero no
tiene pilas (Risas.— Aplausos). No nos vale, sin pilas no suena.
Luego se lo comentaré, que seguro que él, que es buen compañero, nos las
facilitará. Pero respondiendo a algunos de los planteamientos: ¿es
inconcreta nuestra moción? Vamos a ir presentando el documento del señor
Feijóo por partes para volver a discutir cada uno de los aspectos e ir
concretando todas y cada una de las cuestiones a las que nos hemos
referido.


Ahora les pido que pensemos en las familias y en las empresas que se
están enfrentando a una subida de precios desconocida desde hace treinta
y siete años, eso es lo que les pedimos, y no se trata de rebajar los
ingresos fiscales, lo cual pondría en cuestión el Estado del bienestar.
Estamos hablando de los excesos, no les estoy argumentando con la curva
de Laffer, no les estoy diciendo que bajando los impuestos, que podría
argumentarlo, en momentos de crecimiento económico se incrementa la
recaudación, y en algunas figuras tributarias, como estamos viendo en
Andalucía, bajando los tipos impositivo se están incrementando la
recaudación precisamente para mejorar los servicios públicos. No sucede
eso, lo que les estoy diciendo es que los 7500 millones de euros de más
que está recaudando el Estado como consecuencia de la subida de
impuestos, los dediquemos a aliviar lo que supone la subida de precios
para las familias, especialmente para las más vulnerables. Por tanto, ese
argumento creo que no vale. Se puede votar por una razón, porque ustedes
son socios del Gobierno, porque ustedes no quieren dejar solo al
Gobierno, por lo que quieran, pero no por ese argumento, porque ustedes
saben de verdad que ese argumento no es cierto, y ustedes saben de verdad
que el Estado está recaudando 7500 millones de euros de más que estarían
mejor en manos de las familias y de las empresas.


Si no hay ningún temor: nosotros el 30 de diciembre del año 2011
tuvimos que subir los impuestos. Es verdad que luego, cuando nos fuimos
del Gobierno estaban más bajos que cuando los tuvimos que subir, que el
nivel que alcanzaron cuando los subimos. Los tuvimos que subir, nos
enfrentábamos a una situación en la que nos habían dicho que nos dejaban
el déficit en el 6 % y era el 9, en concreto el 9,33 %. Nos enfrentábamos
a una situación en la que había 43 000 millones de euros sin
pagar, 16 000 millones de ellos en sanidad, 26 000 millones de euros en
déficit de tarifa, compromisos asumidos de gasto en defensa y agricultura
sin partida presupuestaria detrás. A eso nos enfrentamos y no tuvimos
ningún problema en decir: subimos los impuestos. Bien es cierto que
nuestra vocación fue bajarlos en cuanto pusimos en orden las cuentas
públicas, bajarlos de manera que los españoles se encontrarán con menos
impuestos cuando nosotros nos fuimos del Gobierno que cuando tuvimos la
obligación de bajarlos.


Y fíjese que también nos enfrentamos a una situación en la que había
habido un recorte de gasto social brutal: el Partido Socialista había
congelado seis millones de pensiones en nuestro país, le había bajado el
sueldo un 5 % a tres millones de funcionarios, se había eliminado el
régimen transitorio para la jubilación parcial, se había puesto fin al
cheque bebé, se había puesto fin a la retroactividad de la ayuda a la
dependencia. Con todo y con eso, y con un déficit que era falso —no
el que nos dijeron, el que finalmente fue— nos vimos obligados a
subir los impuestos, pero la vocación es bajarlos. Pero ahora no estamos
hablando de eso, señorías, estamos hablando de que el exceso se lo
dediquemos a las familias y a las empresas.


Fíjense que estamos tomando una medida que se presenta como
excepción. ¿Como excepción ibérica, señorías? Como les decía antes, por
un problema que tiene el 12 % de la demanda nacional de la energía, vamos
a castigar al 88 %, pero es que, además, vamos a financiar a todos los
consumidores franceses, porque el Gobierno francés se va a dedicar ahora
a importar energía subvencionada, topada, del mercado ibérico, de España
y de Portugal, porque Bruselas le ha obligado para que no se rompa el
mercado. ¿Y todo eso se presenta como un éxito? Eso solamente va en
perjuicio de las familias españolas y de las empresas españolas.


Creo que es el momento, señorías, de que
independientemente…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, por favor.


El señor FLORIANO CORRALES: Un minuto.


... independientemente de la inconcreción, que yo comparto y que
iremos solucionando, pensemos en las familias, que son las que están ahí
fuera, esperando de nosotros soluciones.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
Fernández Leiceaga.


El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Buenas tardes, presidente.


Buenas tardes, señorías. Ante la moción del Grupo Popular, tengo que
manifestar mi sorpresa por partida cuádruple; después haré alguna
conclusión. En primer lugar, sorpresa porque, desde que estoy aquí hace
ya unos años, ante cualquier situación económica, ante cualquier crisis
económica, el Partido Popular tiene una única terapia, y la terapia es:
bajada generalizada de impuestos o bajada de impuestos generalizada, da
igual, esa es la única terapia. Resulta que hay una crisis provocada por
una burbuja inmobiliaria: bajemos los impuestos; que hay pandemia:
bajemos los impuestos; que hay guerra y suben los precios: bajemos los
impuestos. Una única terapia para cualquier cosa ya sea la gripe, la
obstrucción intestinal o un problema cardíaco: bajemos los impuestos
(Risas). Todos nos damos cuenta de que así no se deben solucionar las
cosas (Aplausos).


Tengo una segunda sorpresa quizá más grande. Ustedes presentan esta
moción como un intento de cumplir la Declaración de La Palma y resulta
que lo que está negro sobre blanco en la Declaración de La Palma, que es
el Plan nacional de respuesta y todas sus medidas, dicen que no y quieren
meternos de matute algo que no está en la Declaración de La Palma, que es
una rebaja generalizada de impuestos. Díganme ustedes dónde pone nuevas
rebajas de impuestos en la Declaración de La Palma. En ningún sitio;
repito, en ningún sitio. (Aplausos). Por tanto, si queremos cumplir la
Declaración de La Palma —y nosotros queremos—, decidan
ustedes si mañana aprueban el Plan nacional de respuesta. Si votan a
favor, estarán cumpliendo la Declaración de La Palma; si no votan a
favor, ustedes estarán en contra de la declaración que negoció su
presidente, el señor Feijóo, fue él en persona quien negoció esa
declaración, por tanto, es su responsabilidad. Ustedes sabrán lo que
hacen.


Pero no tiene ningún sentido que ustedes se opongan, por ejemplo, a
la rebaja a los carburantes. Resulta que es una bonificación en el
precio, no es una rebaja de impuestos, y por eso no vale. Eso es lo que
están diciendo en la parte expositiva: ¿qué más les da a los
consumidores? Yo he escuchado al presidente de las cofradías decir que
están contentos con lo que se ha hecho, y he visto también que vienen
consumidores de Portugal a comprar gasolina a España, justamente porque,
gracias a esa bonificación, está mejor aquí que en Portugal, en contra de
lo que ustedes están defendiendo. Esa es la realidad.


Resulta que no vale la actualización del ingreso mínimo vital.
¿También están en contra de eso? O que no valen las otras medidas, de las
que ya se ha hablado, en relación con el precio de los carburantes y
otros productos energéticos. Tampoco les sirven las medidas fiscales de
bonificación que hay en los precios de la energía, que es lo que está en
la Declaración de La Palma: la bajada del IVA, la bajada del impuesto
eléctrico y la bajada del impuesto sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica, que, en conjunto, significa mucho más para los
consumidores que las rebajas que ustedes dicen que están en el plan del
señor Feijóo, mucho más para los consumidores y, sin embargo, ustedes
dicen que eso no les vale porque no es una bajada de impuestos
generalizada. Pues muy bien, esa es mi gran sorpresa.


Tercera sorpresa. La complejidad de la situación económica es
evidente, es una complejidad que tiene que ver con muchas cosas: la
pandemia aún no ha acabado, en China está afectando y afecta a los
suministros, suben los precios, la inflación está motivada en un 70 % por
lo que está ocurriendo en los mercados de la energía, del gas y del
petróleo, efectivamente, y eso provoca inflación. Pero díganme ustedes
una medida en el plan del señor Feijóo, una, que vaya a las causas de la
inflación. No hay ninguna, cero, ninguna medida va a las causas de la
inflación. Sin embargo, la medida que ustedes están diciendo que no sirve
para nada, porque yo entiendo que usted entiende el funcionamiento del
mercado marginalista, pero no quiere comprenderlo aquí en la tribuna, no
quiere manifestar su comprensión, es la única que está atendiendo a las
causas de la inflación, impidiendo que lo que ocurre en los mercados
internacionales se traslade a los consumidores por el canal principal,
que es vía el precio de la energía, pero ustedes a eso le dicen que no. Y
le dicen que no también a los problemas del déficit, como si eso no
existiera. El Banco de España nos está diciendo que a final de año,
debido a las medidas del Gobierno, el déficit empeorará en dos décimas.
Esto es lo que nos dicen los organismos oficiales. Por tanto, atendamos
también a esto porque, si no, estamos comprometiendo los servicios
públicos.


Y finalmente, la gran sorpresa que yo tengo, la gran sorpresa es que
si todo pasa por la rebaja de impuestos y las comunidades autónomas
tienen capacidad de actuar sobre el IRPF y resulta que la situación es la
que es, ¿por qué ustedes no han aplicado esta rebaja de impuestos allí
donde gobiernan?¿Por qué no pasa nada en Andalucía? ¿Por qué no pasa nada
en Castilla y León? (Aplausos) Porque la rebaja de impuestos de Castilla
y León significa dos euros al mes para cada ciudadano, dos euros al mes,
muchísimo menos que todo esto que está en el Plan Nacional de Respuesta,
o ¿por qué el señor Feijóo no lo ha aplicado en Galicia? Porque lo que ha
aplicado en el último presupuesto es una bonificación del 25 % del
impuesto sobre el patrimonio. ¿Y saben ustedes…


El señor PRESIDENTE:






Vaya terminando, señoría.


El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: ¿Y saben ustedes cuál es la renta media
de aquellos que declaran patrimonio en Galicia? 229 000 euros al mes en
renta. Por tanto, …


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.


El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: … yo creo que sería mucho más
sensato hacerlo así.


Acabo ya, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Señorías, esta moción, en sus términos, será sometida a votación
durante el plazo que esta Presidencia abrirá al concluir el debate de la
última moción, que es la siguiente.









REGLAMENTO DEL SENADO




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL
SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 92. (Proclamación el resultado
de la votación).


626/000008



El señor presidente lee los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.


El señor PRESIDENTE: Votación de la propuesta de reforma en su
totalidad.


Votos emitidos, 261; a favor, 260; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).


Enhorabuena, señorías, por el alto grado de consenso.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MUESTRA SU
DISCONFORMIDAD CON EL CAMBIO RADICAL E HISTÓRICO DEL GOBIERNO CON
RESPECTO AL SÁHARA OCCIDENTAL Y RATIFICA SU APOYO A LAS RESOLUCIONES DE
LAS NACIONES UNIDAS.


662/000114

GPIC


El señor presidente lee el punto 11.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda del
Grupo Parlamentario Democrático y una enmienda de senador Mulet, del
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.


Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra su señoría
González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidente.


Señorías, saludo también a los representantes del pueblo saharaui y
del Frente Polisario que nos acompañan esta tarde en la tribuna de
invitados del Senado. (Aplausos).


Algo tenemos que hacer, decíamos ayer, hace trece meses, con ocasión
de la moción sobre el Sáhara Occidental que presentó el senador Uribe, en
nombre del Grupo Vasco. Algo tenemos que hacer para que un conflicto que
dura 46 años no llegue a un siglo, decía ayer en esta misma Cámara el
ministro de Asuntos Exteriores. Había un conflicto que ha durado 46 años
y un consenso que ha durado 46 años y que ahora, unilateralmente, el
presidente del Gobierno ha roto. Ahora el conflicto sigue, pero el
consenso está roto. Algo había que hacer, pero ¿esto? Algo han hecho:
romperlo todo, según dijo el presidente de Argelia el pasado sábado en
una entrevista en la televisión de su país. Algo han hecho:
desestabilizar la región del Magreb. Algo han hecho: modificar
unilateralmente la posición del Gobierno español en relación con el
conflicto del Sáhara Occidental, en contra de las resoluciones de
Naciones Unidas, en contra del propio derecho internacional y en contra
de los derechos humanos del pueblo saharaui.


El 14 de marzo pasado, el presidente del Gobierno envió una carta al
rey Mohamed VI de Marruecos, que este hizo pública cuatro días después,
en la que afirmaba que la propuesta de un régimen de autonomía para el
Sáhara —propuesta hecha por Marruecos en el año 2007— es la
«más seria, realista y creíble» para la resolución del conflicto. Esta
posición del presidente del Gobierno es un juicio de valor que le
posiciona claramente al lado de una parte del conflicto, al lado del
Reino de Marruecos. Este cambio de posición, por más que se empeñen en
negarlo, supone abandonar las resoluciones de la ONU, que hablan de una
solución política mutuamente aceptable por las dos partes, no por una
sola de las partes. Este cambio de posición supone que el Gobierno
español comparte la posición del expresidente Trump, de infausto recuerdo
para las personas demócratas: reconocimiento de la soberanía de Marruecos
y autonomía del Sáhara Occidental. Si no es así, desmiéntannos, porque
nos gustaría que nos dijeran: Están ustedes equivocados, no hemos
reconocido la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara
Occidental. Pero nadie ha desmentido esto en el Gobierno, ni el ministro
de Asuntos Exteriores ni el presidente del Gobierno en las sucesivas
intervenciones que han venido haciendo desde aquel día de marzo. Este
cambio de posición es unilateral, de uno de los partidos del Gobierno.
Enorme la soledad del Partido Socialista en este tema; contraviene el
amplio consenso que existe en las Cortes Generales —representantes
legítimos de la ciudadanía—, contraviene la posición mayoritaria de
la ciudadanía de todo el Estado. Lo hemos visto en las manifestaciones en
las calles de muchas ciudades del Estado, lo hemos visto en iniciativas
presentadas en muchos parlamentos autonómicos. Eso es el Estado; el
Gobierno es otra cosa. No vayamos a confundir lo que supone el Gobierno
con lo que significa el Estado.


Esta posición está en contra, si me apuran, de muchas y muchos
militantes del Partido Socialista. Supone un cambio en la posición
histórica mantenida hasta ahora por el Estado español y está teniendo
consecuencias diplomáticas, consecuencias económicas, consecuencias de
suministro energético. En pleno siglo XXI, a muy pocos kilómetros de
nuestra casa, tenemos uno de los últimos conflictos coloniales vivos, un
caso evidente de ocupación por parte de Marruecos del Sáhara Occidental;
una ocupación en la que se incumplen sistemáticamente los derechos
humanos, los derechos políticos de los pueblos y el derecho
internacional. Y tenemos a pocos kilómetros de nuestra casa un territorio
y, sobre todo, un pueblo, el pueblo saharaui, al que nos ligan vínculos
políticos, vínculos históricos y vínculos afectivos evidentes.


El conflicto se mantiene sin resolver, a veces larvado, a veces con
hostilidades abiertas por parte mayoritariamente de las autoridades
marroquíes. Señorías, la única solución posible a este conflicto es una
solución política y dialogada, como recogen los informes y el derecho
internacional, las resoluciones de la ONU —impulsadas por la
Minurso— y que cuenta con el respaldo de las instituciones
internacionales y europeas. La solución es la celebración del referéndum
de autodeterminación por parte del pueblo saharaui. Lo que no sea avanzar
en esa dirección es perpetuar una situación ilegal, ilegítima e
injusta.


Tal vez desde la gramática se entienda lo que no se entiende desde la
política por parte del Gobierno. Referéndum es una palabra que usamos en
su lengua original, el latín. Si ha durado tantos años, podemos convenir
que alude o que nombra algo importante. Es un gerundivo, participio
pasivo futuro del verbo; recibe la acción del verbo, una acción que no ha
ocurrido todavía. Por eso se considera un tiempo futuro y una acción en
el sentido de obligación, un algo que debe ser hecho. En este caso, el
verbo raíz es fero —llevar—, el prefijo re indica volver a
llevar, devolver al origen, al punto de partida y con sentido de
obligación: devolver al pueblo lo que es del pueblo, la soberanía, el
poder, en definitiva. Se aplica a los asuntos que deben ser llevados o
devueltos al legítimo poseedor de las decisiones públicas. El referéndum
es la herramienta democrática por excelencia, la que motiva e incentiva
la participación de la ciudadanía, y es al pueblo saharaui al que hay que
devolver la capacidad de decidir su propio futuro; es muy sencillo y es
hondamente político.


España fue potencia colonizadora anterior a la ocupación del Reino de
Marruecos. Los vínculos históricos y políticos son evidentes, pero,
además, según los tratados internacionales y las Naciones Unidas, España
es la potencia administradora encargada de velar por la descolonización.
Si España ha renunciado a esta responsabilidad, tenemos que saberlo y no
es algo que pueda hacer unilateralmente el presidente del Gobierno en
absoluta soledad. El Estado español tiene que jugar un papel determinante
para la justicia y para la legalidad. Por eso es inadmisible el cambio de
posición del Gobierno de España. Que, además, se equipare a la posición
tomada por el Gobierno de Trump nos avergüenza profundamente a las
personas demócratas, y particularmente a las personas de izquierda.


España abandonó al pueblo saharaui en 1976, pero, además, ha
incumplido sus responsabilidades jurídicas como administradora, y esa es
una responsabilidad que no prescribe hasta que el pueblo tutelado alcanza
su autodeterminación. Este abandono, señorías, se ha convertido en una
traición. Andalucía, como saben todos ustedes, es un pueblo hermano del
pueblo saharaui; no es solo la proximidad geográfica, son vínculos
sociales, económicos, culturales, históricos. Hablo en nombre de Adelante
Andalucía. Hablo también como portavoz del Grupo de Izquierda Confederal
en este tema.


Algo tenemos que hacer, pero no era esto lo que teníamos que hacer.
Por eso, señorías, hemos presentado esta moción, que tiene dos puntos muy
sencillos. El segundo de ellos es idéntico al que se aprobó en el
Congreso de los Diputados reuniendo un amplio consenso, y el primero es
un paso más. El Senado no puede quedar sin ningún papel que jugar siendo
parte de las Cortes Generales. Por eso hemos puesto que el Senado muestra
la disconformidad, que es —si me apuran— el escalón más débil
de todos a la hora de expresar diplomáticamente el rechazo a una posición
del presidente del Gobierno, pero que es el punto que nos permite lograr
el consenso de muchas personas demócratas en esta Cámara. Por eso hemos
asumido el primer punto, que es mostrar la disconformidad con el cambio
histórico radical y, además, por sorpresa, del presidente del Gobierno.
El segundo punto —insisto, señorías— es idéntico al que se
aprobó en el Congreso de los Diputados hace muy pocos días.


Quiero agradecer a los grupos en general —a todos con los que
hemos hablado, con los que hemos trabajado, con los que hemos discutido,
con los que hemos resuelto en algún caso alguna diferencia o alguna
discrepancia— la disponibilidad, la cooperación, la colaboración en
apoyo del pueblo saharaui y en el lado en el que se ubica la mayoría de
las Cortes Generales y la mayoría del Estado.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario
Democrático, tiene la palabra su señoría Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Doy por reproducida la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda presentada por el senador Mulet, tiene
la palabra su señoría.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, presidente.


En primer lugar, también yo deseo enviar un saludo a los compañeros
del Frente Polisario.


Hemos presentado una enmienda porque todo nuestro grupo quería hablar
hoy. Es un tema que preocupa y ocupa a todo el grupo parlamentario y
pensábamos que no podíamos renunciar a tener cinco minutos más para
hablar.


Sabemos que es el Gobierno quien dirige la política exterior, pero
esta siempre ha de hacerse de acuerdo con las leyes, no contra ellas,
sean estas nacionales o internacionales. La ONU dejó claro que la
rendición de España ante Marruecos en 1975 no transfiere la soberanía del
Sáhara, que Marruecos no tiene legitimidad alguna sobre el Sáhara, que
España continúa siendo la potencia administradora. Todas las resoluciones
de la ONU reconocen el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui a
decidir libremente su futuro. El derecho internacional se ha de cumplir;
ni Rusia puede invadir Ucrania ni Marruecos puede invadir el Sáhara. La
diferencia es que mientras el presidente del Gobierno corrió a hacerse
selfis y fotos y enviar armas a Ucrania, al mismo tiempo se arrodillaba
ante Mohamed VI, cabeza de un régimen genocida, invasor y violador de los
derechos humanos. Plegarse, como ha hecho Sánchez, a Marruecos es el acto
de alta traición más grande que hemos visto; alta traición al pueblo
saharaui, que lleva 46 años esperando justicia; alta traición al
electorado del Partido Socialista —recuerden qué decían ustedes en
su programa electoral—; alta traición a los militantes y votantes
del Partido Socialista, que tantas veces se han comprometido con la causa
saharaui y ahora saben perfectamente que en nuestros pueblos y ciudades
no saben dónde esconderse por la vergüenza de esa traición —mi
empatía hacia toda esa gente—; alta traición al que seguramente es
el movimiento solidario más grande que tiene el Estado español, la
solidaridad con el pueblo saharaui; alta traición a los socios de
Gobierno y también a los socios de investidura; alta traición a las
Cortes Generales —primero lo dejó claro el Congreso y hoy lo va a
dejar claro el Senado—; alta traición al derecho internacional, a
los tribunales internacionales y a los derechos humanos. ¿Quién se ha
creído que es Sánchez para llevar a cabo y reiterar esta
barbaridad?


Saben perfectamente que, en la actualidad, Marruecos continúa
asesinando en el Sáhara Occidental liberado a decenas de personas
bombardeándolas con drones. No es Ucrania; seguro que no les duele tanto,
imagino. ¿Amparan estos crímenes que continuamente el régimen marroquí
está cometiendo en el Sáhara liberado? Y en el Sáhara ocupado, ¿recuerdan
lo que hace Marruecos? Viola, tortura, encarcela y asesina a saharauis
día sí y día también; un territorio que lleva ocupado de manera ilegal 46
años. ¿Esto es un socio fiable para el presidente del Gobierno? ¿Un socio
fiable es el que planta piscifactorías en aguas españolas, el que plantea
prospecciones petrolíferas en aguas españolas, el que crea bases
militares junto a nuestras fronteras, el que usa a las personas migrantes
y a sus vidas para chantajearnos? ¿Eso es para el presidente del Gobierno
y para ustedes un socio fiable?


Hoy he seguido la intervención de mi compañera y he visto que estaban
todos ustedes, los senadores del Partido Socialista, con la cabeza gacha;
no había nadie siguiendo esta intervención. Bueno sí, he visto a uno o
dos, como mucho; imagino que uno será el que luego tendrá que responder.
(Rumores). Tengo fotos y luego puedo enseñarlas; han seguido la
intervención con la cabeza gacha. Agradezco que en este momento sí estén
haciéndome caso. Luego, cuando voten, miren a la cara de la gente del
Frente Polisario y este verano, si a sus pueblos van niños de los
campamentos de refugiados, mírenlos a la cara y díganles que ustedes los
han traicionado hoy con su voto.


Marruecos ha venido humillando constantemente al presidente del
Gobierno, controlando la agenda, filtrándole información, incluso
poniendo la bandera de España boca abajo, ¿a cambio de qué? ¿De no
hostigar a Ceuta y Melilla? En ningún momento hemos visto al sátrapa
marroquí hablar al respecto. Sánchez ha hecho alta traición a todos y
todas, y es muy triste ver a un presidente del Gobierno soberbio ante los
débiles, pero muy débil ante los dictadores. Por eso, entendemos que
Sánchez está completamente fuera de la legalidad y solo tiene dos
caminos: o volver a la legalidad internacional o irse directamente a su
casa. Para eso no lo investimos y para eso no tiene nuestra
confianza.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas, tiene la
palabra su señoría Vidal Matas, del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal.


El señor VIDAL MATAS: Gràcies president,


En política hi ha valors importants. Hi ha valors que marquen la
diferència. I, en política, els valors són el motiu principal de la
nostra tasca. Perquè ens defineix el que som i el que fem. I un dels
valors principals és la coherència. En tota la meva vida política, he
intentat mantenir la coherència, perquè això és el que ens fa diferents
de les persones que traeixen els seus votants, que traeixen els seus
militants, que traeixen a la gent que ha cregut en ells. I la coherència
és un d’aquests valors que darrerament va escàs.


Aquests dies hem descobert la cara més amarga de la política, la
manca de coherència. El cinisme de molts del Partit Socialista, que han
posat en una mala situació a molts del propi Partit Socialista. No crec
jo que molts companys de batalles, de lluites, de reivindicacions del
Partit Socialista, estiguin còmodes amb aquesta postura que ha adoptat el
president Sánchez. I és a aquests companys que els demano que facin la
feina dins casa seua, que canviïn les coses, perquè el Front Polisari, el
poble sahrauí no es mereix aquesta traïció. Creiem en uns valors clars de
coherència i, ara més que mai, hem de fer fora el cinisme. I hem de
defensar amb claredat i força el que hem defensat sempre i estar al
costat del poble sahrauí, defensant la seva autodeterminació, defensant
la justícia, defensant la reparació, defensant la seguretat, i estant del
seu costat com sempre hem estat. Ho hem estat als carrers, ho hem estat a
l’escola en pau, ho hem estat a les entitats, i ho hem de ser també
en la política. No val militar i donar suport amb la boca petita i,
després, a l’hora de governar, canviar com vostès han fet. Aquest
cinisme és inadmissible i, per tant, el que ha de fer l’Estat
espanyol és asseure’s amb el Estat marroquí i asseure’s amb
el Front Polisari perquè per fi tinguem un Sàhara lliure. Un Sàhara
lliure com es mereix, com mai hauria d’haver deixat de ser. Visca
el Sàhara lliure.


Evidentment, company Carles, tot i compartir les teves paraules, això
ha estat una estratègia perquè tots puguem parlar perquè, des
d’aquest grup plural que som, des d’aquest grup confederal
que representam diferents territoris, cadascun dels nostres territoris
avui volia estar al costat de poble sahrauí.


Gràcies a tots.


Gracias, presidente.


En política hay valores importantes, hay valores que marcan la
diferencia, y en política los valores son el motivo principal de nuestra
tarea, porque define lo que somos y lo que hacemos, y uno de los valores
principales es la coherencia. En toda mi vida política he intentado
mantener la coherencia porque es lo que nos hace distintos de las
personas que traicionan a sus votantes, a sus militantes, que traicionan
a las personas que han creído en ellos. La coherencia es uno de estos
valores que últimamente escasea.


Estos días hemos descubierto la cara más amarga de la política, la
falta de coherencia, el cinismo de muchos miembros del Partido Socialista
que han puesto en una mala situación a personas del propio Partido
Socialista. No creo yo que muchos compañeros de batallas del Partido
Socialista estén cómodos con esta postura del presidente Sánchez. A ellos
les pido que hagan el trabajo dentro de su casa y que cambien las cosas,
porque el pueblo saharaui no se merece esta traición. Creemos, con unos
valores claros de coherencia y ahora más que nunca, que tienen que echar
fuera el cinismo y tienen que defender con claridad y fuerza lo que han
defendido siempre y estar al lado del pueblo saharaui defendiendo su
autodeterminación y la justicia y defendiendo la seguridad, y estando a
su lado como siempre lo hemos hecho, en las calles, en las escuelas, en
las entidades y también en la política. No vale militar y dar apoyo con
la boca pequeña y después, a la hora de gobernar, cambiar, como ustedes
han hecho. Este cinismo es inadmisible y, por lo tanto, lo que debe hacer
el Estado español es sentarse con el Estado marroquí; sentarse con el
Frente Polisario para que tengamos, por fin, un Sáhara libre, como se
merece, como nunca debería haber dejado de ser. ¡Viva el Sáhara
libre!


Evidentemente, compañero Carlos, compartimos tu estrategia, pero es
la estrategia para que todos podamos hablar, porque en este Grupo
Confederal que representamos distintos territorios, cada uno de nuestros
territorios quería estar al lado del pueblo saharaui.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra su señoría, la senadora Goñi
Sarries.


La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidente.


El Gobierno español ha cambiado absolutamente de rumbo respecto al
Sáhara Occidental, contraviniendo, además, las resoluciones de Naciones
Unidas. El Gobierno ha roto la línea que han seguido durante 40 años
diversas formaciones políticas. Sánchez lo ha hecho de forma unilateral,
sin hablar con nadie, ni con su Consejo de Ministros, ni con la
oposición, ni con los saharauis, ni con Argelia; es bochornoso. Tras este
inaceptable giro, Sánchez ha pretendido vender el acuerdo con Marruecos
como garantía de la integridad territorial de las fronteras, pero
tampoco, porque la carta que Sánchez dirigió al rey Mohamed VI no hace
mención expresa a las dos ciudades autónomas, y preguntado después
Sánchez no ha aclarado si tiene garantías de Marruecos sobre Ceuta y
Melilla. Por supuesto, tampoco informaron a Argelia con antelación
—esto ya ha traído problemas y seguirá trayéndolos—, en
contra de lo que esperaban inocentemente dos de nuestros ministros,
quienes calificaban a Argelia de socio sólido y fiable, y decían no
esperar ningún movimiento por su parte.


Actualmente, Argelia ha llamado a consultas a su embajador, y dicen
que aseguran los contratos de gas, pero suben el precio solo a España;
que el proyecto para la conexión gasística de Argelia con Europa está
avanzando vía Italia y no vía España, y que ponen serios obstáculos
comerciales al vacuno. Vemos sus vínculos con Rusia, vemos un aumento de
la inmigración ilegal y, para rematar, el presidente de Argelia ha
acusado a Sánchez de haberlo roto todo. Creo que no se puede ser más
explícito.


Este abanico de respuestas muestra el enfado absoluto de Argelia,
pero no sufran, porque nuestros ministros siguen pensando que no pasa
nada. Las consecuencias diplomáticas, económicas y energéticas las iremos
viendo y las iremos sufriendo con el tiempo; es lo que tiene cambiar
radicalmente de postura de manera unilateral, romper el consenso,
abandonar los compromisos del pueblo español con el saharaui y olvidar
que la solución debe ser acordada y aceptada por ambas partes. Sánchez se
equivoca cuando llama a esta propuesta la más seria, realista y creíble.
No es seria por la unilateralidad, no es realista porque no hay
aceptación mutua, y no es creíble por la opacidad. Solo una solución
política, justa, verdadera, realista y duradera y aceptada por ambas
partes será la solución para el conflicto; una solución dialogada y
satisfactoria que cuenta hoy con el aval de todas las instituciones
internacionales y europeas y, sobre todo, con el apoyo de toda la
sociedad española.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la senadora Merelo
Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor presidente.


Muy buenas tardes, señorías. Los españoles nos hemos tenido que
enterar de los planes secretos que el presidente del Gobierno tenía
reservados para España con relación al Sáhara mediante la filtración de
una carta por parte del Reino de Marruecos; una carta escrita de forma
unilateral, sin dar a los españoles explicación alguna y eludiendo las
debidas aclaraciones en el Congreso de los Diputados. En contra de casi
la mayoría de diputados, Pedro Sánchez ha pretendido poner fin a la
posición que España mantiene desde hace casi más de medio siglo como
potencia administradora del Sáhara Occidental que es y ha decidido
entregar el Sáhara a Marruecos.


Por desgracia, este acto de sumisión solo ha conseguido aumentar, más
si cabe, el descaro de Marruecos, que sigue sin respetar nuestra
integridad territorial, y en su mapa oficial de la embajada incluye las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como parte de su territorio.
Señorías del Gobierno, ni España ni Vox se van a rendir. Ya les avisamos
de que esa carta unilateral y secreta no va a vincular ni a comprometer a
nuestra nación, porque esa carta no ha respetado la legalidad; esa carta
no va a suponer una posición de Estado porque, señorías, nuestra
Constitución española, en su artículo 93 y siguientes, establecen que
para la prestación del consentimiento sobre materias que afectan a la
integridad territorial y a derechos y deberes de los españoles es
necesaria la celebración de un convenio o tratado internacional con la
intervención de las Cortes Generales, y esa intervención no se ha
producido. Como consecuencia, España no está legal ni moralmente obligada
a nada de lo que esa carta contiene.


Señorías, el Gobierno se ha olvidado nuevamente de las víctimas, y
ustedes, señorías de Izquierda Confederal, también se han olvidado de
ellas. Hay muchas, también del Frente Polisario por sus atentados. En Vox
no nos vamos a olvidar de ninguna de ellas y siempre nos vamos a poner de
su lado, porque algunos de nuestros diputados han visto morir a sus
propios compañeros militares en acto de servicio asesinados por el Frente
Polisario, así como a marineros españoles que faenaban. Por eso hoy nos
abstendremos en su moción.


Pedro Sánchez ha abandonado nuevamente a los españoles, porque la
posición que ha tomado en la cuestión del Sáhara es de rendición y de
abandono de sus responsabilidades internacionales, entregando el Sáhara
al sátrapa de Marruecos, algo que acabaremos pagando todos los españoles;
de hecho, ya lo estamos pagando en Ceuta, en Melilla y en Canarias con
los continuos chantajes y extorsiones por parte del Gobierno marroquí. En
ambas ciudades autónomas y en Canarias vemos con indignación y con
impotencia como, tras las continuas oleadas migratorias promovidas desde
Marruecos, el Gobierno de España le premia con más concesiones.


Señorías, en 2006, tras la crisis de los cayucos, Zapatero inauguró
la nueva era de excelentes relaciones con Marruecos, que duraron bien
poco, porque nuestro vecino y amigo siguió asfixiándonos económicamente a
través de la inmigración ilegal. Y ahora Pedro Sánchez nos habla de una
nueva etapa de relaciones en la que nada nos hace augurar que esto vaya a
ir bien. En Vox seguimos firmes en la posición que defendemos desde hace
tiempo: hay que aumentar el presupuesto en la defensa de nuestras
fronteras, incluidas Ceuta y Melilla, bajo el paraguas de la
OTAN…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora MERELO PALOMARES: … y poner freno, de una vez por
todas, al continuo chantaje marroquí con la inmigración ilegal.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra Sánchez
López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Buenas tardes, señorías.


En primer lugar, quiero saludar a los representantes del pueblo
saharaui que se encuentran en este Parlamento.


Señorías, es inaceptable que la sociedad española se entere por la
prensa de un cambio tan trascendental en la posición española respecto al
Sáhara Occidental y a Marruecos. Sencillamente inaceptable. Es política
exterior del Estado —y digo del Estado, como ha dicho la
proponente— y no del Gobierno, y menos de la figura del presidente.
El presidente del Gobierno se ha escudado en el ministro Albares y ha
retrasado su comparecencia para dar explicaciones sobre este asunto; una
actitud que intenta poner piedras en las ruedas del trabajo de la
oposición. Esto ha sucedido en el Congreso, porque en el Senado hemos
registrado una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno en
el Pleno para dar públicas explicaciones sobre este tema, y estamos
esperando el informe de los servicios jurídicos para saber si puede ser o
no. Ya les informo que hay registrada una solicitud de comparecencia ad
hoc del presidente del Gobierno para dar explicaciones a esta Cámara.
Como hay diferentes interpretaciones, estamos esperando el informe de los
servicios jurídicos. Deseamos que sea pronto y favorable, y que el
Gobierno pueda comparecer aquí para dar explicaciones sobre este asunto,
dado que no lo ha hecho en el Congreso.


En Ciudadanos siempre hemos mantenido una actitud propositiva y
proactiva en materia de política exterior, sin importarnos realmente si
gobernaba el Partido Popular o el Partido Socialista; por ello,
esperábamos del Gobierno una actitud similar. Los cambios en política
exterior, y más un cambio tan radical como este, requieren al menos una
ronda de contactos con los partidos políticos y pasar por el Parlamento,
pasar por las Cortes Generales o, como mínimo, por el Congreso. Una
decisión tan importante en política exterior, que afecta ni más ni menos
que a la relación con dos socios estratégicos de España y de la Unión
Europea, como son Marruecos y Argelia, no puede tomarse de ningún modo de
espaldas a la ciudadanía. La necesaria discreción diplomática en la que
se puede amparar no puede ser una excusa para dar la espalda a la
oposición.


Señorías, es necesario respetar el derecho internacional y los
derechos humanos de los ciudadanos del Sáhara Occidental, así como las
resoluciones de la ONU. Además, España como país no puede eludir la
responsabilidad histórica que tiene como potencia administradora de iure
del Sáhara Occidental. No lo podemos eludir. A mayor abundamiento, en el
contexto tan delicado como en el que nos encontramos, con una gran
volatilidad de los precios del petróleo y del gas, que afectan
directamente al precio de los combustibles y a la energía, el Gobierno de
España debe asegurar como prioridad básica las buenas relaciones con
Argelia como nuestro principal suministrador de gas. Es lógico y es de
cajón.


Señorías, y con esto termino, nosotros actuaremos siempre con
responsabilidad y trabajaremos por defender el interés general de España
en el mundo. Por eso, exigimos desde esta tribuna, desde cualquier otra y
desde cualquier foro en el que estemos representados, que el Gobierno
actúe con esa misma responsabilidad y evite tomar decisiones unilaterales
en política exterior y a espaldas de la ciudadanía, a espaldas del resto
de partidos, a espaldas de la oposición, a espaldas del Parlamento, y me
atrevo a decir que incluso a espaldas de sus propios socios de
Gobierno.


Por tanto, nos parece bien la iniciativa, pero como no se va a
aceptar nuestra enmienda por una cuestión de matices, nos vamos a
abstener.


Muchísimas gracias y reitero un saludo para los invitados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra su señoría,
Cleries i Gonzàlez.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, president.


Nosaltres donarem suport a aquesta moció presentada pel Grup
d’Izquierda Confederal, ja que creiem que la decisió presa pel
president del Govern, Pedro Sánchez, de donar suport a la iniciativa
marroquina d’autonomia per al Sàhara Occidental, presentada pel
Regne del Marroc el 2007, s’ha realitzat de manera unilateral per
part de Sánchez i del PSOE. La decisió no s’ha consultat amb ningú,
ni amb els socis del Govern —aquest és el seu problema— ni a
les Corts Generals ni amb Algèria, que és un altre dels socis
estratègics, ni el que és més important, amb el poble afectat, el poble
sahrauí.


Encara que la Resolució 30/3458, de 1975, de l’Assemblea
General de les Nacions Unides demanava al Govern d’Espanya, en
qualitat de potència administradora, que adoptés les mesures necessàries
en consulta amb les parts interessades perquè el poble sahrauí pogués
exercir el seu dret inalienable a la lliure determinació, i que amb el
comitè especial s’encarregués d’examinar la situació respecte
l’aplicació de la declaració sobre la concessió de la independència
als països i pobles colonials, el Govern d’Espanya, simplement va
fer les maletes i va marxar, deixant el poble sahrauí en mans de
Mauritània i del Marroc. Mauritània, posteriorment, hi va
renunciar.


Si bé és cert que el règim d’autonomia està contemplat com a
una solució a l’anomenat Plan de arreglo, aprovat pel Consell de
Seguretat, aquest establia com a opcions de mateix nivell la
independència i l’autonomia, relegant la decisió entre aquests dos
formats al poble sahrauí a través un referèndum. Però, com veiem sempre,
a l’Estat espanyol, això dels referèndums li fa una por terrible
—es veu que li fa por la democràcia—. Amb la decisió
unilateral de suport a la iniciativa marroquina d’autonomia de 2007
del Marroc, el president del Govern accepta implícitament que el Marroc
té sobirania sobre el territori del Sàhara Occidental, fet que no
reconeix ni el Tribunal Internacional de Justícia ni el Tribunal Europeu
de Justícia.


Per tant, davant aquesta acció unilateral del senyor Sánchez, i que
després tots els seus han seguit i li han fet reverències, nosaltres
estem absolutament en desacord. Per aquest motiu, donarem suport a
aquesta moció.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente.


Nosotros vamos a brindar apoyo a esta moción presentada por el Grupo
de Izquierda Confederal, ya que creemos que la decisión tomada por el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar apoyo a la iniciativa
marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, presentada por el Reino
de Marruecos en 2007, se ha realizado de forma unilateral por parte de
Sánchez y del PSOE. La decisión no se ha consultado con nadie, ni con los
socios del Gobierno —este es su problema— ni en las Cortes
Generales ni con Argelia, que es otro de los socios estratégicos, ni lo
más importante, con el pueblo afectado, el pueblo saharaui.


Aunque la Resolución 3458, de 10 de diciembre de 1975, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que pedía al Gobierno de España, en
calidad de potencia administradora, que adoptara las medidas necesarias
en consulta con las partes interesadas, para que el pueblo saharaui
pudiera ejercer su derecho inalienable de la libre determinación, y que
el comité especial estudiara la situación de la concesión de la
independencia de los países y pueblos coloniales, este, el Gobierno de
España, simplemente hizo las maletas y se fue, dejando al pueblo saharaui
en manos de Mauritania y de Marruecos. Mauritania, posteriormente,
renunció.


Si bien es cierto que el régimen de autonomía está contemplado como
una solución al denominado Plan de arreglo, aprobado por el Consejo de
Seguridad, este establecía como opciones al mismo nivel la independencia
y la autonomía, relegando la decisión entre estos dos formatos al pueblo
saharaui a través de un referéndum. Pero, como vemos siempre, al Estado
español le da mucho miedo los referendos —parece que le da mucho
miedo la democracia—. Con la decisión unilateral de apoyo a la
iniciativa marroquí de autonomía de 2007, el presidente del Gobierno
acepta implícitamente que Marruecos tiene soberanía sobre el territorio
del Sáhara Occidental, hecho este que no reconoce ni el Tribunal
Internacional de Justicia ni el Tribunal Europeo de Justicia.


Por consiguiente, ante esta acción unilateral del señor Sánchez, que
después todos los suyos han seguido y le han hecho reverencias, nosotros
estamos absolutamente en desacuerdo. Por este motivo, vamos a dar apoyo a
esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Como van a compartir el tiempo, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra, en primer lugar, el senador Perpinyà.


El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor presidente.


Rápidamente, en dos minutos y medio, diré de forma absolutamente
clara que el señor Albares debería haber dimitido.






El señor Albares
debería haber dimitido en el mismo momento en el que el rey de Marruecos
hizo pública la carta en la que aseguraba que el Gobierno de España
apoyaba la propuesta unilateral de Marruecos para la ocupación permanente
del Sáhara Occidental. Debió dimitir el mismo día en que se evidenció que
Sánchez no contaba con el apoyo de ninguno de sus socios. Debió dimitir
el día en el que viajó a Rabat y el régimen alauita distribuyó una foto
de nuestro presidente junto con el sátrapa Mohamed VI, con una bandera
española invertida simbolizando la rendición de la cuarta economía de la
Unión Europea frente a un país que ha sido denunciado, incluso, por el
Consejo de Estado de los Estados Unidos de América como una amenaza para
los derechos humanos. Debió dimitir el día que Argelia llamó a consultas
a su embajador y rompió las relaciones diplomáticas con nuestro país. Y,
por supuesto, debió dimitir el día en el que, siendo ministro de un
Gobierno progresista, ideó un plan solamente a la altura de Donald Trump.
Traidor, ilegal e inmoral.


Sin embargo, este ministro negó la mayor desde el primer día y dijo
en innumerables ocasiones que nada había cambiado, sugiriendo que existía
una especie de contrapartida no publicada que justificaba esa bajada de
pantalones; un pago oculto de Marruecos a España que este habilidoso
estratega habría logrado a cambio de nuestra credibilidad internacional.
¿Marruecos renunciaría a su petición de anexionarse Ceuta y Melilla?
¿Cesarían sus pretensiones sobre las aguas territoriales españolas en
Canarias? ¿Acometería Marruecos reformas democráticas profundas para
respetar los derechos humanos? Yo me imagino que en la cabeza de Albares
el plan sonaba perfecto; en el mundo real, ha sido sin ninguna duda el
mayor esperpento en la política exterior española desde la invasión de
Irak. España alineada con las tesis expansionistas de un tirano que
ejerce el terrorismo de Estado contra el pueblo saharaui.


Señorías, estas imágenes que les muestro son del plan de autonomía
marroquí que ha apoyado Pedro Sánchez; la opción más seria, más realista
y creíble. Siete mujeres saharauis golpeadas, ensangrentadas y vejadas
por las fuerzas paramilitares marroquíes en la ciudad ocupada de Bojador
hace apenas unos días. Su delito, muy sencillo: pedir el cumplimiento de
las resoluciones de Naciones Unidas e intentar visitar a la activista
Sultana Khaya, que lleva más de 500 días encerrada en su domicilio sin
sentencia judicial. Esta es la cara b del plan de Albares. Este es el
precio que tienen que pagar los más débiles cuando el Gobierno español
decide apoyar a quien decide situarse fuera de la ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gómez Perpinyà.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra su señoría
Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Marhaban, Oubbi; marhaban, Abdulah, legítimos representantes del
pueblo saharaui; Geroa Bai os saluda.


Aprovecho la tribuna —me toca hablar hoy— para felicitar
su cumpleaños a mi hermana saharaui Natachuti Salma en la wilaya de
Bojador. Zorionak, Natachuti.


Escribió Salma Embarek un poema titulado Escucha bien mi nombre: soy
el Sáhara. Y por eso, con Gabriel Aresti, les digo:


Nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, sikatearen kontra,
lukurreriaren kontra, justiziaren kontra defenditu egingo dut nire
aitaren etxea.


Armak kenduko dizkidate, eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren
etxea. Eskuak ebakiko dizkidate, eta besoarekin defendituko dut nire
aitaren etxea. Besorik gabe, sorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute,
eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilko naiz, nire
arima galduko da, nire askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak
iraungo du zutik.


Defenderé la casa de mi padre. Contra los lobos, contra la sequía,
contra la usura, contra la justicia, defenderé la casa de mi padre. Me
quitarán las armas, y con las manos defenderé la casa de mi padre. Me
cortarán las manos, y con los brazos defenderé la casa de mi padre. Me
dejarán sin brazos, sin hombros y sin pechos, y con el alma defenderé la
casa de mi padre. Me moriré, se perderá mi alma, se perderá mi prole,
pero la casa de mi padre seguirá en pie.


Les traigo también el último verso de un poema de María Prieto sobre
el Sáhara, que dice así: Plantemos rosas rojas en la inmensidad de los
desiertos. Señorías del Partido Socialista, ¿ninguno de ustedes se va a
animar a plantar rosas rojas con la mayoría del Senado en el desierto
saharaui? ¿Ninguno de ustedes va a votar a favor de esta moción?


Termino recordando a los infanzones de Obanos, cuyo lema también nos
sirve hoy de guía a navarros y saharauis: pro libertate patria, gens
libera state. (Pronuncia palabras en árabe).


Eskerrik asko. Sáhara, libertad. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría
Uribe-Etxebarria.


El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik asko, presidente
jauna. Arratsalde on guztioi.


El Grupo Vasco va a apoyar la moción presentada por Izquierda Plural,
a quienes agradezco, senadora González, senador Mulet, su pertinencia y
su oportunidad. Y la vamos a apoyar porque, contrariamente a lo que se
nos dice, el Gobierno español sí ha operado un giro radical e histórico
en su postura sobre el conflicto político en el Sáhara Occidental.
Porque, contrariamente a lo que se pretende decir, dicho giro supone
alinearse plenamente con las aspiraciones y ambiciones territoriales
marroquíes de hacerse con la soberanía del Sáhara Occidental y con el
destino del pueblo saharaui. Porque, contrariamente a lo que se nos
quiere hacer creer, dicho viraje contraviene gravemente el Derecho
Internacional, la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones de la ONU
que propugnan una solución política justa, duradera y mutuamente aceptada
por las partes que culmine con el ejercicio del pueblo saharaui de su
libre decisión mediante un referéndum como paso final al proceso de
descolonización inacabado y sobre el que el Estado español tiene unas
responsabilidades históricas, jurídicas, políticas y morales ineludibles.
Porque, contrariamente a lo que se nos quiere hacer ver, la postura del
Gobierno español es claramente diferente a la adoptada por otros Estados,
así como a la del Gobierno del Partido Popular en las reuniones de alto
nivel de 2012 y 2015, que lo único que hacían era saludar los esfuerzos
de Marruecos por encontrar una solución al litigio político, pero sin
decantarse ni apoyar la propuesta marroquí ni calificarla como la más
seria, realista y creíble. Porque, contrariamente a lo que se nos dice,
esta nueva postura del Gobierno ha roto todo tipo de consensos; no es
posible pedir a los demás grandes acuerdos en materia de política
exterior como política de Estado cuando el Gobierno adopta esta postura
de manera secreta, clandestina y sin diálogo alguno.


Romper consensos también es despreciar los acuerdos prácticamente
unánimes alcanzados en esta misma Cámara, el primero, en una moción
adoptada en el Pleno en marzo del año pasado sobre el conflicto, y el
segundo, mediante una moción del Partido Popular de julio del año pasado
en la que se abogaba por unas relaciones con Marruecos equilibradas y
basadas en el derecho internacional, las resoluciones de la ONU, la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las diversas
convenciones relativas a los derechos de los niños y las niñas.
Sinceramente, pido al presidente del Gobierno, a su ministro Albares y
también al sorprendido expresidente Zapatero que no subestimen la
capacidad de lectura, comprensión e interpretación que hacemos de la
realidad, a no ser que consideren que todo lo que decimos son polémicas
estériles.


Yo preguntaría que qué ha conseguido el Gobierno español en todo este
proceso, y respondo: a la lectura de la declaración conjunta, apenas
nada, únicamente recuperar, momentáneamente y no se sabe por cuánto
tiempo, la situación y el estatus existente antes de la pandemia y de la
suspensión de la RAN de noviembre de 2020, mientras que Marruecos,
utilizando instrumentos de presión y chantaje, llegando incluso a lograr
el cese de la ministra de Asuntos Exteriores, obtiene el reconocimiento
español de su soberanía sobre el Sáhara occidental sentando un grave
precedente, porque, señorías, la historia nos lo enseña, estén atentos,
porque lo que no consiga Mohamed VI quizá lo logre Hassan III. Y es que,
¿le interesa al Estado español la idea de la gran Marruecos con las
implicaciones que ello tiene? ¿La cuarta economía del euro no es capaz de
ofrecer a Ceuta, a Melilla, a Algeciras y, por supuesto, también a las
islas Canarias un futuro económico, político y de seguridad que no esté
bajo la dependencia, la vulnerabilidad y la presión de un país como
Marruecos? ¿De qué sirve entonces el anunciado Plan integral de seguridad
para Ceuta y Melilla inserto en la Estrategia de Seguridad
Nacional 2021?


Señorías, termino ya. En primer lugar, todo este proceso ha vuelto a
demostrar que el Gobierno español pretende dejar en la estacada al pueblo
saharaui, para lo que ha cedido al chantaje, a la presión y a las
pretensiones del régimen de Marruecos, renunciando a la defensa de la
democracia, de los derechos humanos y del orden internacional, algo que
es defendible para Ucrania, pero también para el pueblo saharaui, al que
reiteramos nuestra solidaridad política y humanitaria. En segundo lugar,
que Marruecos, en el fondo y en la forma, lleva y llevará con todo
desparpajo y a su antojo la manija de las relaciones con el Estado
español. Y, finalmente, que, a la vista de las reacciones que ha habido
con el cambio de postura, el Gobierno español ha conseguido que su
dependencia de Marruecos sea mucho mayor, reduciendo así su capacidad de
resiliencia y respuesta ante futuras crisis.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Termino, presidente.


Y recuerden: Roma no paga traidores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, tiene la palabra su señoría Elejabarrieta Díaz.


El señor ELEJABARRIETA DÍAZ: Eskerrik asko, lehendakari jauna.


Senadoras, en primer lugar, quiero enviar un saludo y un abrazo
solidario al pueblo saharaui y a sus legítimos representantes, hoy aquí
presentes.


Recientemente, el Congreso de los Diputados, y a iniciativa de Euskal
Herria Bildu, Esquerra Republicana y Podemos, aprobó una proposición no
de ley similar a la que hoy debatimos aquí. Me gustaría también dar las
gracias a la senadora Pilar González y a su grupo por traer esta moción a
la Cámara Alta, para que nuevamente y de forma tajante quede constancia
de la disconformidad de las Cortes Generales con respecto al viraje
radical e histórico del Gobierno español en su posición sobre el Sáhara
Occidental; moción que, por supuesto, vamos a votar de manera
favorable.


Merece recordar que todos y cada uno de los Gobiernos españoles hasta
la fecha han concluido sus mandatos sin ejercer la responsabilidad
histórica que como potencia administradora tienen con el Sáhara.
Recordemos también que todos los ministros de Asuntos Exteriores sin
excepción prometieron una salida dialogada, política y basada en la libre
determinación del pueblo saharaui. Todos, menos Albares. Y ahora,
tratando de arreglar la crisis abierta con Marruecos, han encendido tres
fuegos nuevos: con el Sahara Occidental, con Argelia y también con la
mayoría parlamentaria de las Cortes Generales; una metedura de pata
diplomática enorme a cambio de una lealtad, la de Marruecos, que este
acabará traicionando. Tiempo al tiempo.


El Gobierno ha roto el consenso social y político existente, ha
traicionado las resoluciones de la ONU para una solución justa, duradera,
democrática y basada en la libre determinación del Sahara Occidental,
dando carta de naturaleza a la ocupación ilegal marroquí de los
territorios saharauis. Sinceramente, no lo entendemos, no lo compartimos
y esperamos que sea corregido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, senatari jauna.


Por el mismo grupo parlamentario, intervendrá su señoría Martí
Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gràcies president.


Des d’Esquerra Republicana de Catalunya donarem suport a la
moció i permeti’m que els digui que hem intentat fer un exercici
pràctic per repassar, en el context de la legalitat internacional, en el
concert de les Nacions Unides, quina era la situació fins al moment de la
carta enviada pel president del Govern. I fins aleshores, repassant
documents oficials de l’Assemblea General de les Nacions Unides
del 16 de desembre de 2021, el que es deia és donar suport a les
negociacions per aconseguir una solució política justa, duradora, i
mútuament acceptable, que condueixi, que porti, a la lliure determinació
del poble del Sàhara Occidental. I no només en resolucions aprovades per
l’Assemblea de Nacions Unides, sinó també en informes del Secretari
General, en resolucions aprovades pel Consell de Seguretat i, per tant,
en el marc d’aquesta legalitat internacional, d’aquest dret
internacional.


A l’Estat espanyol, com a potència administradora de iure, i
reconeixent que hi ha un estatus jurídic específic per al Sàhara
Occidental com a territori no autònom i, per tant, com a territori que no
ha culminat el seu procés de descolonització, els consensos generats a
partir d’aquesta legalitat internacional i d’aquest dret
internacional ens porten a concloure que només hi ha una possible sortida
per continuar en la direcció d’una resolució dialogada de les parts
i aconseguir, d’una vegada per totes, que el mandat de les Nacions
Unides iniciat amb la creació de la Minurso la Missió Internacional de
les Nacions Unides per a la celebració d’un referèndum per a la
independència del Sàhara Occidental sigui precisament això, la celebració
d’un referèndum d’autodeterminació, i no la presa en
consideració de qualsevol altra proposta que no passi per la lliure
determinació del poble del Sàhara Occidental.


Moltes gràcies, senyories. Moltes gràcies, president. 11.2.


Gracias, presidente.


En Esquerra Republicana de Cataluña vamos a dar nuestro apoyo a la
moción, y permítanme que les diga que hemos intentado hacer un ejercicio
práctico para repasar, en el contexto de la legalidad internacional, en
el concierto de las Naciones Unidas, cuál era la situación hasta el
momento de la carta enviada por el presidente del Gobierno, y hasta
entonces, repasando documentos oficiales de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2021, lo que se decía era dar
apoyo a las negociaciones para conseguir una solución política justa,
duradera y mutuamente aceptable que conduzca a la libre determinación del
pueblo del Sáhara Occidental. Y no solo en resoluciones aprobadas por la
Asamblea de las Naciones Unidas, sino también en informes del secretario
general, en resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad y, por lo
tanto, en el marco de esta legalidad internacional, de este derecho
internacional.


En el Estado español, como potencia administradora, y reconociendo
que existe un estatus jurídico específico para el Sáhara Occidental como
territorio no autónomo, y, por lo tanto, como territorio que no ha
culminado su proceso de descolonización, los consensos generados a partir
de esta legalidad internacional y de este derecho internacional nos
llevan a concluir que solo hay una posible salida para continuar en la
dirección de una resolución dialogada de las partes y conseguir de una
vez por todas que el mandato de las Naciones Unidas iniciado con la
creación de la Minurso, la Misión internacional de las Naciones Unidas
para la celebración de un referéndum para la independencia del Sáhara
Occidental, sea precisamente eso, la celebración de un referéndum de
autodeterminación y no la toma en consideración de cualquier otra
propuesta que no pase por la libre determinación del pueblo de Sáhara
Occidental.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría, la
senadora Rojo Noguera.


La señora ROJO NOGUERA: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Quiero comenzar mi intervención saludando a
los representantes del pueblo saharaui y a los jóvenes que hoy nos
acompañáis en la tribuna de este Senado. Muchísimas gracias a todos por
vuestra presencia. (Aplausos).


Señorías, la relación más importante y sensible que tiene España es,
sin duda, la relación con el norte de África y, en particular, con
nuestro vecino, Marruecos, relación que es evidente que desde la llegada
de este Gobierno ha vivido sus peores momentos. Desde el principio, el
presidente Sánchez no ha dejado de sumar tensiones que acabaron
desembocando en la crisis diplomática más grave de nuestro país en años y
que comenzó por romper la tradición de realizar la primera visita de
Estado a Marruecos y ha acabado por romper 46 años de posición
tradicional de España con respecto al Sáhara Occidental. Unilateralmente,
sin informar al principal partido de la oposición, sin debatirlo en las
Cortes Generales y sin ni siquiera haberlo discutido en el Consejo de
Ministros, el pasado marzo conocimos, a través de un comunicado de la
Casa Real de Marruecos, que el Gobierno de España había decidido cambiar
de forma drástica la posición de España en torno al Sáhara. Y por si
fuera poco grave la falta de respeto que supone que los españoles nos
enterásemos de la política exterior de nuestro país a través de
Marruecos, también supimos que este cambio de posición se había producido
a través de una carta firmada directamente por el presidente del Gobierno
sin mandato alguno, una carta que se ocultó a los españoles y que
conocimos por la filtración a un medio de comunicación y de la que hoy
seguimos desconociendo todo, desde quién la propuso, quién la redactó o a
cambio de qué se firmó y si Marruecos contesto. Pero es que esta está
siendo la seña de identidad de este Gobierno, la falta de transparencia
con la que actúa, la falta de respeto institucional al Parlamento y a los
españoles, el déficit democrático que el Gobierno pone de manifiesto una
vez más y en un contencioso como el del Sáhara que toca tan de cerca la
sensibilidad y los valores compartidos de los españoles, y si algo hemos
aprendido en estos 46 años es que es necesario actuar de manera
consensuada y, sobre todo, con lealtad. (Aplausos).


Hoy no solo sabemos que Podemos, su socio de coalición, se ha
desmarcado del presidente, y esta moción es una evidencia de la falta de
unidad; o que Borrell se enteró del cambio de postura español leyendo la
prensa, igual que el enviado especial del secretario general de la ONU
para el Sáhara, el señor De Mistura, que se declaró, además, muy
sorprendido por este cambio de posición de España y molesto por la
tergiversación interesada de sus declaraciones. Y es que tampoco avisaron
a Argelia, señorías, a pesar de las graves consecuencias que esta
decisión podía tener para nuestro país y que ya estamos comprobando. Para
empezar, ya se dijo aquí que han retirado al embajador, y al ministro
Albares ya no le cogen ni el teléfono. El ministro de Transportes
argelino ha denegado a Iberia incrementar sus frecuencias entre Madrid y
Argel. No se expedirán más salvoconductos para facilitar devoluciones de
inmigrantes irregulares llegados a España. Los ganaderos españoles ya han
constatado una súbita suspensión de las licencias de exportación de
animales vivos por Argelia. Y qué decir de los contratos de suministro de
gas: nuestros amigos argelinos ya han anunciado que los precios subirán
solo para España y que Italia será a partir de ahora su socio preferente
en esta materia.


Sinceramente, señorías, cuesta entender qué ha pretendido hacer el
Gobierno de España resolviendo aparentemente, solo aparentemente, una
crisis con la que han generado varias: con el Gobierno de coalición, con
los grupos parlamentarios y una muy grave e importante con Argelia.


Y lo peor ya se dijo aquí, y es que no sabemos a cambio de qué, pero
sí nos preocupa que el presidente haya hablado de una supuesta garantía
de integridad territorial de España, que francamente no sabíamos que
estaba amenazada y que seguimos sin saber si incluye a Ceuta, Melilla y a
Canarias. Desde la Transición y hasta este momento la posición de todos
los Gobiernos de España, señorías, todos, en relación con el Sáhara, ha
estado enmarcada en el derecho internacional y en el respeto y el apoyo a
las distintas resoluciones de las Naciones Unidas, en la última de las
cuales se reafirma el compromiso con la búsqueda de una solución acordada
por las dos partes en el conflicto.


Y eso es lo que apoyamos desde siempre en el Partido Popular,
independientemente de los grupos que plantean esta moción, porque hay
cuestiones que constituyen un posicionamiento de Estado y la defensa de
los intereses de los españoles, ante los que no caben ni bandazos ni
falsas justificaciones.


Por ello, agradecemos a la senadora Pilar González la voluntad de
consenso que ha mostrado planteando, a propuesta de nuestro grupo, el
texto que ya se aprobó en el Congreso, enviando así un mensaje único y
coordinado de ambas Cámaras y con él una llamada de atención a una forma
de gobernar impropia de una democracia parlamentaria. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora ROJO NOGUERA: Ya termino.


Señorías, otra política exterior es posible, porque otra forma de
gobernar es posible, en la que se conjugue la necesidad de una excelente
relación de vecindad con Marruecos con el cumplimiento de nuestros
compromisos internacionales.


El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.


La señora ROJO NOGUERA: Así lo han hecho todos los Gobiernos del
Partido Popular y así lo volveremos a hacer.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría,
el senador Pérez García.


El señor PÉREZ GARCÍA: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Quiero saludar también cariñosamente a los
representantes del Frente Polisario, el interlocutor representante del
pueblo saharaui según la legalidad internacional.


Decía el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan,
en 2006, que el mantenimiento del statu quo acabaría inevitablemente
convenciendo a la comunidad internacional del control de Marruecos sobre
el territorio, y a partir de ahí, informe 817, de 16 de octubre de 2006,
las Naciones Unidas experimentó un cambio en el tratamiento de este tema.
El propio Kofi Annan dice que la legalidad internacional no consiste solo
en las resoluciones de la Asamblea General, que no son vinculantes, sino
también en la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 24 atribuye al
Consejo de Seguridad primordial autoridad en la preservación de la paz y
de la seguridad internacional. Y a partir de entonces, señorías, Naciones
Unidas propuso una fórmula que se mantiene vigente, y la fórmula es
encontrar una solución consensuada, de la que únicamente las dos partes
—palabras de Kofi Annan— son jueces, y esta posición se
mantiene y la mantiene el Gobierno español. (Aplausos).


Se podrá despejar a toda velocidad el derecho internacional, como han
dicho muchos interlocutores, y me gustaría tener tiempo para responder
uno a uno —pero no es posible, solo tengo cinco minutos frente a
esta avalancha— para demostrar cómo las Naciones Unidas, el Consejo
de Seguridad, desde el 26 de febrero de 1976, en que España retira su
presencia en el territorio y renuncia a cualquier obligación, como la
administración del territorio, no hay ni una sola resolución de
Naciones Unidas que requiera a España al cumplimiento de sus obligaciones
como potencia administradora, ni una sola.


En consecuencia, lo que decida España no es determinante, y las
obligaciones que contiene el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas
se refiere a Estados que, sin título jurídico, controlan un territorio,
porque de lo contrario sería exigirles obligaciones de imposible
cumplimiento: velar por el bienestar de los territorios, que no se
expolien sus riquezas y ayudarles en el camino del ejercicio de la libre
determinación, y así todas las resoluciones de la ONU hasta la reciente
resolución 2602, del año 2021.


El enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el
Sahara, Christopher Ross, en un informe muy importante que el secretario
Ban Ki-moon hace suyo, dice que observa que las dos partes, Marruecos y
el Frente Polisario y un Estado vecino actúan como si el paso del tiempo
fuera a favor de sus posiciones, y resulta que el paso del tiempo, el
implacable, que decía Pablo Milanés, acaba consolidando en las relaciones
internacionales, más que en ningún otro ámbito, las situaciones de
facto.


Decían Ban Ki-moon y Christopher Ross —y ni una sola de las
palabras que voy a expresar es de mi propia cosecha, todas son de sus
informes, resoluciones del Consejo de Seguridad— que el pueblo
saharaui padece un sufrimiento cuya prolongación es cruel, especialmente
en los campamentos —palabras textuales— porque carecen de
todo tipo de recursos nutricionales, de seguridad alimentaria, de
vivienda, de saneamiento, de educación y de empleo, y esto es lo que el
Gobierno de España quiere empezar a resolver hasta donde el reino de
España pueda. La política del reino de España en esa zona, la zona del
Sáhara, Sahel, no se centra solo en el tema del Sáhara, en el que el
Gobierno de España debe ser, y lo va a ser, respetuoso con el derecho
internacional, y lo sigue siendo, aunque sobre la famosa carta algunas de
sus señorías dicen que es un cambio en la política y otras dicen que no
vincula para nada a España ni legal ni moralmente. ¿En qué quedamos? No
se puede despalillar el derecho internacional ni con un análisis
lingüístico ni con verdades generales.


Respeto a los grupos que han estado comprometidos con el pueblo
saharaui desde entonces y reafirmo la solidaridad del Gobierno y del
Partido Socialista con la causa justa de ese pueblo, y al Partido Popular
le digo que no desaprovechan una oportunidad. Y les voy a decir algo que
tenía ganas de decirles desde hace mucho tiempo: España es mucho más y,
en mi opinión, mucho mejor de lo que ustedes representan. Forman parte de
España, por eso y aunque coincidan con los que ustedes llaman herederos
de ETA para atacar al Gobierno, ¿qué son socios o coleguitas? No todo
vale para destruir a un Gobierno que ustedes consideran ilegítimo. ¿Saben
por qué?


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor PÉREZ GARCÍA: Porque creen que España son ustedes y solo
ustedes. (Prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.


Terminado el debate de esta moción procedemos a la votación de los
siguientes asuntos.


En primer lugar, moción por la que se insta al Gobierno a cumplir
cuanto antes lo acordado en la Declaración de La Palma y aprobar nuevas
rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios, del Grupo
Parlamentario Popular, que se vota en sus propios términos.


Moción por la que el Senado muestra su disconformidad con el cambio
radical e histórico del Gobierno con respecto al Sáhara Occidental y
ratifica su apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal, que también se vota en sus propios
términos.


Se abre el plazo de dos horas para la votación telemática, desde este
momento, que son las seis y cuatro minutos, hasta las ocho y cuatro
minutos de la tarde-noche de hoy.


Señorías, recordarán que restan por proclamar resultados de
votaciones telemáticas cuyo plazo de votación terminaba hace tres minutos
y de cuyos resultados todavía no disponemos, con lo cual nos vemos
obligados a suspender unos minutos la sesión para poder proclamarlas. Les
llamaremos oportunamente para proceder a la proclamación.


Muchas gracias.


Se suspende la sesión a las dieciocho horas y ocho minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciocho horas y diez minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


Proclamación de resultados de votaciones telemáticas.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DEL
SECTOR PESQUERO. (Proclamación el resultado de la votación).


671/000112

GPERB


El señor presidente lee los puntos 10. y 10.1.


El señor PRESIDENTE: Se ha votado con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, con número de registro de
entrada 140123.


Votos emitidos, 264; a favor, 264.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos)









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO EN BENEFICIO DEL
SECTOR DE LOS TRANSPORTISTAS. (Proclamación el resultado de la
votación).


671/000113

GPP


El señor presidente lee el punto 10.2.


El señor PRESIDENTE: Se ha votado con la incorporación de la
enmienda 4, del Grupo Parlamentario Democrático, con número de registro
de entrada 139870.


Votos emitidos, 264; a favor, 110; en contra, 147;
abstenciones, 7


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
SEGUIR IMPULSANDO LAS MEDIDAS SUFICIENTES PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS. (Proclamación el resultado de la
votación).


662/000116

GPS


El señor presidente lee los puntos 11. y 11.1.


El señor PRESIDENTE: Se ha votado en este caso en los términos de la
propuesta de modificación suscrita por varios grupos parlamentarios, con
número de registro de entrada 140386.


Votos emitidos, 264; a favor, 145; en contra, 1; abstenciones,
118.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada. (Aplausos).


Señorías, no habiendo más asuntos que tratar, agradeciéndoles una vez
más su trabajo y pidiéndoles disculpas por los errores que haya podido
cometer esta Presidencia, se levanta la sesión.


Eran las dieciocho horas y doce minutos.