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DS. Senado, Pleno, núm. 56, de 09/06/2021
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PLENO


PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA PILAR LLOP CUENCA


Sesión núm. 32


celebrada el miércoles, 9 de junio de 2021


ORDEN DEL DÍA






TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO




Modificación de las reservas a formular por España en
relación con el Convenio multilateral para aplicar las medidas
relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las
bases imponibles y el traslado de beneficios. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000052








PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME




Ponencia de estudio que aborde el fenómeno migratorio de
manera integral.


543/000002
integración social; política de empleo; trabajador
migrante


Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones








PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY




Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto de
14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de
suspensión del juicio oral.


622/000006
filiación; maternidad; modificación de la ley;
procedimiento penal


GPERB





Proposición de Ley alternativa por la que se modifica el Real
Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre
las causas de suspensión del juicio oral.


622/000006
filiación; maternidad; modificación de la ley;
procedimiento penal


GPERB





Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, promulgada por Real Decreto de 14 de septiembre
de 1882.


622/000044
modificación de la ley; procedimiento
penal


GPP







OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR




ELECCIÓN DE MIEMBROS




Elección de cuatro miembros del Observatorio de la Vida
Militar.


729/000001
Cámara Alta; ejército; nombramiento de personal;
promoción profesional


Nombramientos







MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a que se mantenga la
tarifa plana a los trabajadores autónomos, con las especialidades de las
personas con discapacidad y las madres autónomas.


671/000071

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a articular un espacio
de encuentro y colaboración entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas
donde se aborde el fenómeno migratorio de manera integral, con el
objetivo de acordar estrategias y planificación.


671/000072
política migratoria; relación Estado-entidades
territoriales


GPV






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar las
modificaciones legislativas necesarias de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre propiedad horizontal, que mejoren la habitabilidad, accesibilidad y
eficiencia energética de las edificaciones.


662/000073

GPS





Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
diversas medidas de apoyo al sector ganadero de producción de
leche.


662/000071

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar las medidas
y los recursos económicos necesarios para garantizar una adecuada gestión
forestal de los bosques, favoreciendo la creación de puestos de trabajo y
el mantenimiento de población en las zonas rurales.


662/000072

GPP




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


La señora presidenta abre a las nueve horas y dos minutos el plazo
de dos horas para la votación telemática del punto 5.1., que se debatió
en la sesión de ayer.






TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





MODIFICACIÓN DE LAS RESERVAS A FORMULAR POR ESPAÑA EN
RELACIÓN CON EL CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS MEDIDAS
RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS
BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000052



La señora presidenta informa a la Cámara de que no se han
presentado propuestas al tratado.


El señor Martí Deulofeu anuncia que su grupo parlamentario se
abstendrá en la votación.


Se pospone la votación.










PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME





PONENCIA DE ESTUDIO QUE ABORDE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE
MANERA INTEGRAL.


543/000002

Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones



Se pospone la votación.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO DE
14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL, PARA INCORPORAR LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD ENTRE LAS CAUSAS DE
SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL.


622/000006

GPERB





PROPOSICIÓN DE LEY ALTERNATIVA POR LA QUE SE MODIFICA EL
REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, PARA INCORPORAR LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD ENTRE
LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL.


622/000006

GPERB


La señora Pérez Esteve defiende la toma en consideración de la
proposición de ley.


El señor Sánchez López defiende la toma en consideración de la
proposición de ley alternativa.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
González-Robatto Perote, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el
señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); el señor Landa Jáuregui, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Pérez Esteve, por
el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor
Plaza Martín, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la
señora Diego Castellanos, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las nueve horas y cincuenta y seis
minutos el plazo de dos horas para la votación telemática del punto
6.1.1., 7.1. y 7.1.1., y 8.1., 8.1.1. y 8.1.2.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO Y DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, PROMULGADA POR REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE
DE 1882.


622/000044

GPP


La señora presidenta informa a la Cámara de que no se ha
presentado ninguna proposición de ley alternativa.


El señor De Rosa Torner defiende la toma en consideración.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Catalán Higueras y el señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Ponce Gallardo, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos;
la señora González Modino, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); el señor Landa Jáuregui, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor De Rosa
Torner, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor
Magdaleno Alegría, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las once horas y un minuto el plazo de
dos horas para la votación telemática de la toma en consideración.










OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR




ELECCIÓN DE MIEMBROS





ELECCIÓN DE CUATRO MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA
MILITAR.


729/000001

Nombramientos


La señora presidenta abre a las once horas y cuatro minutos el
plazo de dos horas para la votación telemática de la elección.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SE MANTENGA LA
TARIFA PLANA A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, CON LAS ESPECIALIDADES DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LAS MADRES AUTÓNOMAS.


671/000071

GPP


El señor Barrios Tejero defiende la moción.


El señor Marín Gascón defiende las cuatro enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, presentadas por iniciativa del señor
González-Robatto Perote, suya y de la señora Merelo Palomares.


La señora Aldea Gómez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor Barrios Tejero expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de las enmiendas y no acepta ninguna.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Muñoz Lagares,
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Matamala Alsina, por el
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor
Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís,
Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora Ahedo Ceza, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Caminal Cerdà,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el
señor Barrios Tejero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y
el señor Nacarino Muriel, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL REPARTO DE LOS FONDOS EUROPEOS
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. (Proclamación de
la votación).


671/000070

GPP


Se aprueba la propuesta de modificación con el siguiente
resultado: votos emitidos, 262; a favor, 226; en contra, 3; abstenciones,
33.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ARTICULAR UN ESPACIO
DE ENCUENTRO Y COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DONDE SE ABORDE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE MANERA INTEGRAL, CON EL
OBJETIVO DE ACORDAR ESTRATEGIAS Y PLANIFICACIÓN.


671/000072

GPV


La señora Ahedo Ceza defiende la moción.


La señora Ponce Gallardo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.


El señor Chinea Correa defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera).


La señora Godoy Tena defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


La señora Ahedo Ceza expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de las enmiendas y las rechaza todas.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: la
señora Merelo Palomares, el señor Catalán Higueras y la señora Goñi
Sarries, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Ponce Gallardo, por
el Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Castellví Auví, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Chinea Correa, por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); la señora Surra Spadea y la señora Bideguren Gabantxo,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la
señora Acedo Reyes, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el
señor Fajardo Palarea, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





MODIFICACIÓN DE LAS RESERVAS A FORMULAR POR ESPAÑA EN
RELACIÓN CON EL CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS MEDIDAS
RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS
BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación de la votación).


610/000052



Se autoriza con el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a
favor, 238; abstenciones, 23.










PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME






PONENCIA DE ESTUDIO QUE ABORDE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE
MANERA INTEGRAL. (Proclamación de la votación).


543/000002

Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones



Se aprueba la ampliación del plazo con el siguiente resultado:
Votos emitidos, 261; a favor, 261.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO DE
14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL, PARA INCORPORAR LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD ENTRE LAS CAUSAS DE
SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL. (Proclamación de la votación).


622/000006

GPERB


Se aprueba la toma en consideración con el siguiente resultado:
votos emitidos, 260; a favor, 258; en contra, 2.









PROPOSICIÓN DE LEY ALTERNATIVA POR LA QUE SE MODIFICA EL
REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, PARA INCORPORAR LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD ENTRE
LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL. (Proclamación de la
votación).


622/000006

GPERB


La señora presidenta informa a la Cámara de que no procede
proclamar la votación de la proposición de ley alternativa, al haber sido
aprobada la de la proposición original.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS NECESARIAS DE LA LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO,
SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL, QUE MEJOREN LA HABITABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS EDIFICACIONES.


662/000073

GPS


La señora Moreno Duque defiende la moción.


El señor Martínez Urionabarrenetxea defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera).


El señor Rollán Ojeda defiende las siete enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Martínez Zaragoza expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas y no acepta ninguna.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: la
señora Merelo Palomares, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Cleries i
Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; la señora
González Modino, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
(Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); la señora Vaquero Montero, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Bailac Ardanuy, por
el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor
Rollán Ojeda por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la señora
Moreno Duque, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora presidenta abre a las catorce horas y siete minutos el
plazo de dos horas para la votación telemática de los puntos 10.1., 10.2.
y 11.1.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO Y DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, PROMULGADA POR REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE
DE 1882. (Proclamación de la votación).


622/000044

GPP


Se rechaza la proposición de ley orgánica con el siguiente
resultado: votos emitidos, 263; a favor, 107; en contra, 142;
abstenciones, 14.










OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR




ELECCIÓN DE MIEMBROS





ELECCIÓN DE CUATRO MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA
MILITAR. (Proclamación de la votación).


729/000001

Nombramientos


Votos emitidos, 235; votos en blanco, 17; doña Beatriz
Rodríguez-Salmones Cabeza, 218; don Modesto García García, 218; don Pedro
Tomás Nevado-Batalla Moreno, 218; doña María Victoria San José Villacé,
216.


La señora presidenta informa a la Cámara de que los cuatro candidatos
han alcanzado la mayoría absoluta que exige el artículo 55.1. de la Ley
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de
las Fuerzas Armadas y quedan, por tanto, elegidos miembros del
Observatorio de la Vida Militar.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DIVERSAS MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR GANADERO DE PRODUCCIÓN DE
LECHE.


662/000071

GPP


El señor Martínez Antolín defiende la moción.


El señor Fernández Viadero defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa suya.


El señor González-Robatto Perote defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa suya, del señor Marín
Gascón y de la señora Merelo Palomares.


El señor Martínez Urionabarrenetxea defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera).


La señora Villar Lechón defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor Martínez Antolín expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas y las rechaza todas.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: la
señora Goñi Sarries y el señor González-Robatto Perote, por el Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; el señor Martínez Urionabarrenetxea, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); el señor Medina Martínez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); el señor Rufà Gràcia, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Martínez Antolín, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Huelva Betanzos,
por el Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS MEDIDAS
Y LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN
FORESTAL DE LOS BOSQUES, FAVORECIENDO LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y
EL MANTENIMIENTO DE POBLACIÓN EN LAS ZONAS RURALES.


662/000072

GPP


La señora Heredia de Miguel defiende la moción.


El señor Marín Gascón defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, presentada por iniciativa del señor González-Robatto Perote, suya
y de la señora Merelo Palomares.


El señor Castellana Gamisans defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


El señor Martínez Urionabarrenetxea defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera).


La señora Luna Morales defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


La señora Heredia de Miguel expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas y las acepta todas.


En turno de portavoces intervienen los siguientes senadores: el señor
Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Muñoz Lagares,
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Rivero Segalàs, por el
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Chinea
Correa, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante
Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y
Agrupación Socialista Gomera); el señor Medina Martínez, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Castellana Gamisans,
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; la
señora Heredia de Miguel, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado; y el señor Lastra Valdés, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, abre a las dieciséis horas y
treinta y cuatro minutos el plazo de dos horas para la votación
telemática de los puntos 11.2 y 11.3.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SE MANTENGA LA
TARIFA PLANA A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, CON LAS ESPECIALIDADES DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LAS MADRES AUTÓNOMAS. (Proclamación de la
votación).


671/000071

GPP


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: votos emitidos,
262; a favor, 106; abstenciones, 156.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ARTICULAR UN ESPACIO
DE ENCUENTRO Y COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DONDE SE ABORDE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE MANERA INTEGRAL, CON EL
OBJETIVO DE ACORDAR ESTRATEGIAS Y PLANIFICACIÓN. (Proclamación de la
votación).


671/000072

GPV


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: votos emitidos,
262; a favor, 258; en contra, 3; abstenciones, 1.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS NECESARIAS DE LA LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO,
SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL, QUE MEJOREN LA HABITABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS EDIFICACIONES. (Proclamación de la
votación).


662/000073

GPS


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: votos emitidos,
262; a favor, 145; abstenciones, 117.


Se levanta la sesión a las dieciséis horas y treinta y seis
minutos.







Se reanuda la sesión a las nueve horas.


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Buenos días, señorías.


Punto quinto del orden del día. Mociones consecuencia de
interpelación. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con el reparto de los fondos europeos
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. Les recuerdo, señorías, que esta moción fue
debatida y quedó pendiente de votar el día de ayer. Se procede a la
votación de la moción en los términos de la propuesta de modificación de
todos los grupos parlamentarios, con número de registro de
entrada 101743. Se abre la votación telemática desde este momento, que
son las nueve horas y dos minutos, hasta las once horas y dos
minutos.






TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





MODIFICACIÓN DE LAS RESERVAS A FORMULAR POR ESPAÑA EN
RELACIÓN CON EL CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS MEDIDAS
RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS
BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000052



La señora presidenta lee los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.


La señora PRESIDENTA: No se han presentado propuestas a dicho
tratado. ¿Algún grupo desea intervenir? (El senador Martí Deulofeu pide
la palabra). El senador Martí Deulofeu. ¿Algún otro grupo desea
intervenir? (Pausa).


Tiene la palabra el senador Martí, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-EH Bildu, por tiempo máximo de cinco minutos.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidenta.


Solo quiero anunciar la abstención de mi grupo parlamentario.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Algún otro senador o senadora desea intervenir? (Pausa).


Señorías, el plazo para la votación de la autorización de este
tratado se abrirá al finalizar el debate de la primera toma en
consideración de la proposición de ley y su alternativa.










PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME






PONENCIA DE ESTUDIO QUE ABORDE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE
MANERA INTEGRAL.


543/000002

Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones



La señora presidenta lee los puntos 7., 7.1. y 7.1.1.


La señora PRESIDENTA: Se solicita la ampliación del plazo para la
conclusión de los trabajos de la ponencia de estudio que aborde el
fenómeno migratorio de manera integral, constituida en el seno de la
comisión, hasta la finalización del próximo periodo de sesiones.


Por lo que se refiere a la votación de esta solicitud de ampliación
del plazo para la conclusión de los trabajos de la ponencia de estudio
que aborde el fenómeno migratorio de manera integral, constituida en el
seno de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, hasta la finalización del próximo periodo de sesiones, se
abrirá al finalizar el debate de la primera toma en consideración de la
proposición de ley y su alternativa.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO DE
14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL, PARA INCORPORAR LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD ENTRE LAS CAUSAS DE
SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL.


622/000006

GPERB





PROPOSICIÓN DE LEY ALTERNATIVA POR LA QUE SE MODIFICA EL
REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, PARA INCORPORAR LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD ENTRE
LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL.


622/000006

GPERB


La señora presidenta lee los puntos 8., 8.1., 8.1.1.
y 8.1.2.


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la toma en consideración de
la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra por tiempo de diez
minutos, la senadora Pérez Esteve.


La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias presidenta. Senadoras, senadores, bon
dia.


Esta proposición de ley que hoy presenta el Grupo de Esquerra
Republicana-EH Bildu fue presentada y aprobada por unanimidad el 13 de
diciembre de 2017; quedó pendiente en el Congreso y con la convocatoria
de elecciones decayó. Como es un tema muy importante para mi grupo
parlamentario, y espero que para el resto de los grupos de esta Cámara,
la volvemos a presentar hoy. De hecho, esta propuesta de modificación de
ley empezó con una moción en el año 2017, en la Comisión de Igualdad y
fue aprobada también por unanimidad, pero realmente fue consecuencia de
varios casos de discriminación. Por poner un ejemplo de los muchos
sufridos, el 18 de marzo del 2016 fue registrada en el Juzgado Penal
número 2 de Girona la instancia de una letrada solicitando la suspensión
del juicio oral sobre el procedimiento penal que se le asignó por turno
de oficio. La causa de la solicitud fue por haberse señalado fecha de
juicio una semana después de la fecha aproximada de parto según los
criterios médicos que acreditó mediante certificado del facultativo que
realizaba el seguimiento del embarazo. Fundamentó su petición por
evidentes causas de fuerza mayor, por motivos médicos y, evidentemente,
por la baja por maternidad que en el momento del juicio oral
probablemente estaría disfrutando. La respuesta llegó una semana después
y más que sorprendente fue indignante. Literalmente fue: No da lugar a lo
solicitado por cuanto no es una de las causas que establece la ley para
la suspensión de juicios. Una respuesta así no tendríamos que
permitirla.


La conciliación de la vida personal y la vida laboral sigue siendo
una asignatura pendiente en muchos ámbitos, pero sí es cierto que en
otros se ha normalizado; en el ámbito que hoy nos ocupa sigue siendo un
gran desafío. La Ley de Enjuiciamiento Criminal no incorpora la baja por
maternidad o paternidad entre las causas de suspensión de juicios orales,
pero la Ley de Enjuiciamiento Civil sí que lo recoge y, aún más, existe
un protocolo de buenas prácticas que reclama la suspensión de actos
judiciales por coincidencia de señalamientos y por maternidad, pero al
ser un protocolo se puede cumplir o no. Así que depende de la ley o
protocolo a que se refiera la Administración de Justicia que tenga que
resolver dichas solicitudes, que se conceda o no la suspensión. Esto
provoca una discriminación enorme, así como una desprotección por parte
de la Administración en relación con hechos tan bonitos como son la
maternidad y la paternidad. Está claro que tenemos que asegurar que el
proceso judicial sea lo más rápido y eficaz posible, pero también tenemos
que asegurar la igualdad y la no discriminación en situaciones así, del
mismo modo que el cuidado de los menores. Si los responsables de las
administraciones de Justicia estuvieran sensibilizados con una etapa tan
bonita y única como la maternidad y la paternidad, no tendríamos que
llevar a aprobación esta modificación de ley, pero los hechos nos obligan
a actuar y a buscar las soluciones legales para poder evitar estas
desagradables situaciones.


Nuestra propuesta es modificar el capítulo V del título III, del
libro III del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que añadimos un único punto, en el
artículo 746, de incorporación de la baja por maternidad o paternidad
entre las causas de suspensión de juicios orales. Sabemos que es un
pequeño cambio y que esta ley, aprobada en 1882, está más que obsoleta,
pero la incorporación de este punto es un gran paso por la igualdad y la
no discriminación. Si no está por escrito y no forma parte de la ley,
seguiremos viendo este tipo de decisiones imposibles de entender, así que
les pido que den apoyo a esta toma en consideración por ser
imprescindible para seguir trabajando por la igualdad y la no
discriminación.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley
alternativa, tiene la palabra el senador Sánchez López, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, por tiempo máximo de diez minutos.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Buenos días, señora presidenta, muchas
gracias. Buenos días, señorías.


Como cuestión previa me van a permitir que felicite a mis paisanos
porque hoy es el Día de la Región de Murcia, y qué mejor manera de pasar
mi día, de pasar nuestro día —hay aquí algún que otro
paisano—, que trabajando en lo que más nos gusta y en el Senado en
España. No se dejen ustedes llevar por muchas noticias que han aparecido
últimamente en prensa, en las que no nos dejan muy bien. Murcia es una
tierra muy grande y los murcianos son gente espectacular y acogedora.
Están ustedes invitados y, si no han ido, están tardando en ir. Ahora nos
ha tocado acaparar unos cuantos titulares, es verdad que estamos en el
epicentro de muchas cosas que a mí no me gustan, pero en otra época han
sido otras comunidades autónomas y ahora nos ha tocado a nosotros, pero
eso no quita ni un ápice que sea una tierra muy grande, que sea una gente
muy grande, y desde aquí me siento muy orgulloso y felicito a los
murcianos por nuestro día. El día 9 de junio del año 1982 se aprobó el
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, ese es nuestro cumpleaños,
ese es nuestro día grande, el 9 de junio, y precisamente ayer, 8 de
junio, se aprobó la toma en consideración del nuevo Estatuto de Autonomía
de la Región de Murcia…


La señora PRESIDENTA: Señoría, muchas felicidades a la Región de
Murcia y, por favor, estamos en la toma de consideración de la
proposición de ley alternativa. (Aplausos).


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: ¿Cómo?


La señora PRESIDENTA: Por favor, estamos en la toma en consideración.
Lleva dos minutos hablando. Puede continuar, señoría.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: ¿Me está llamando la atención mientras estoy
felicitando el día de la región? (Protestas). Es que no la he oído.
Cuando es el día de la región de cualquiera, todo el mundo sube a la
tribuna, la felicita y a nadie le cortan. (Protestas). No, no la he oído,
presidenta. ¿Es eso lo que está pasando?


La señora PRESIDENTA: Puede continuar, señoría. Muchas gracias.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Aquí se ha subido mucha gente a felicitar su
día y a nadie se le ha cortado. No sé lo que ha pasado, pero me parece
que no venía al caso. (Rumores). No, porque yo he estado aquí y he visto
a otros que han subido a la tribuna, han felicitado su día y a nadie se
le ha cortado. (Protestas). En fin, en esto, como en tantas otras cosas,
estamos a la cola, como siempre. Lo siento. Continúo con la proposición y
disculpen por haber felicitado el Día de la Región de Murcia.
(Protestas).


La proposición de ley que discutimos pone el foco en un asunto de
especial importancia, sin embargo, consideramos que no hace un
tratamiento integral del problema. Por eso, mi grupo parlamentario ha
presentado un texto alternativo que entendemos que proporciona una
solución completa y en profundidad al problema de la conciliación para
los profesionales del ámbito jurisdiccional.


Es que quiero saber lo que ha pasado porque yo no sé si a algún
catalán lo hubiera parado usted. (Risas). Quiero saber lo que ha pasado
porque es que no he oído muy bien qué es lo que me decía. (Aplausos). Yo
no sé si a un catalán o a un vasco, por ejemplo, a los que yo respeto
mucho, usted los hubiera parado cuando están hablando del día de su
comunidad.


La señora PRESIDENTA: Señoría, lo que ha pasado es que esta
presidenta está obligada a cumplir el Reglamento.


Puede continuar.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Con todo el respeto para los catalanes y los
vascos, pero no los hubiera parado. (Rumores).


Como sociedad debemos dotarnos de las herramientas para conseguir una
conciliación efectiva de la vida profesional con la personal y familiar,
un derecho que también debe estar garantizado para los profesionales de
ámbito jurisdiccional, como jueces, magistrados, fiscales, letrados de la
Administración, abogados o procuradores. Todos ellos continúan
encontrando numerosas barreras que les dificultan las labores domésticas,
de atención a la familia o actividades de ocio en su tiempo libre. Por
ello, las previsiones que ahora mismo existen en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal son del todo insuficientes; por ejemplo, porque la restricción a
determinados supuestos que resultaría de la suspensión o aplazamiento del
proceso no son equiparables a las del resto de trabajadores, ya que el
efecto del ejercicio a este derecho impacta, o al menos pueden impactar,
en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa judicial de los
intereses y a la tutela judicial efectiva.


La segunda barrera es la fragmentación de ese derecho que se
encuentra reconocido de forma insistente en los diferentes órdenes
jurisdiccionales, limitando las garantías del ejercicio de este derecho.
Por ello, vemos conveniente introducir una serie de modificaciones. En
primer lugar, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de
limitar el concepto de vacaciones judiciales que ya existe en otros
países de nuestro entorno, estableciendo dos periodos vacacionales
durante el mes de agosto y otro en invierno, incluyendo los días del 23
de diciembre al 6 de enero, que además se aproximan a los periodos
vacacionales de los centros de estudios. En segundo lugar, modificando la
Ley de Enjuiciamiento Civil, con la finalidad de ampliar la causa que
habilita para la suspensión del proceso, que será aplicable también al
fiscal. Y, por último, introducimos las modificaciones necesarias en la
Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la
jurisdicción social para incluir en su respectivo ámbito procesal las
mismas garantías para la conciliación de los profesionales de la
justicia. Todo lo anterior, además de la habilitación al Gobierno para
que modifique o dicte las disposiciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de la ley en términos de recursos materiales y técnicos para
llevarlos a cabo.


En este sentido, la proposición de ley que discutimos es verdad que
pone el foco en un asunto de especial importancia, pero nosotros, sin
embargo, consideramos que no hace un tratamiento íntegro del problema.
Por ello, hemos presentado este texto alternativo que les acabo de
relatar y que entendemos que sí que proporciona una solución completa y
en profundidad al problema de la conciliación para los profesionales del
ámbito jurisdiccional. Como sociedad debemos dotarnos de herramientas
para conseguir una conciliación efectiva de la vida profesional con la
personal y familiar; un derecho que también debe estar garantizado para
los profesionales del ámbito jurisdiccional como jueces magistrados
fiscales, letrados de Administración, abogados y procuradores —que
continúan encontrando numerosas barreras—, que les permita las
labores domésticas de atención a la familia o actividades de ocio en su
tiempo libre.


Las previsiones que ahora mismo existen en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal son de todo punto insuficientes, señorías, porque las
restricciones a determinados supuestos que resultarían en la suspensión o
aplazamiento del proceso no son equiparables a las del resto de
trabajadores, ya que el efecto del ejercicio de este derecho impacta, o
al menos puede impactar, en el ejercicio del derecho fundamental a la
defensa judicial de los intereses y la tutela judicial efectiva. La
segunda barrera es la regulación fragmentada de este derecho, que se
encuentra recogido de forma inconsistente, desde nuestro punto de vista,
en los diferentes órdenes jurisdiccionales, lo que limita la garantía del
ejercicio de este derecho. Por ello, hemos considerado conveniente
introducir las modificaciones que anteriormente se han diseccionado y
explicado.


Espero y deseo que sus señorías tengan a bien tomarla en
consideración y aprobarla, porque entendemos que, si bien es una buena
proposición de ley, nuestro texto alternativo la mejora
sustancialmente.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Algún grupo hará uso del turno en contra? (Pausa).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
González-Robatto Perote.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, presidenta.


Señor Sánchez, y a todos los murcianos, feliz día.


Esta es una demanda que lleva tiempo exigiendo el sector y que en Vox
nos parece muy favorable y que, además, favorece en su mayoría a los
abogados individuales o a los pequeños despachos, que tendrían problemas
para encontrar quién les sustituyera si no le suspenden el juicio;
abogados individuales o pequeños despachos que son autónomos y pymes. Se
trata de una ayuda tan esencial como es el reconocimiento de un derecho
del trabajador al descanso, a la conciliación, a los que también estos
profesionales tienen derecho, como todos los demás trabajadores. Es un
avance en esta situación y, por ello, votaremos a favor.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el senador
Sánchez López. (Pausa).


¿Intervendrá su señoría?


Senador Sánchez López, ¿intervendrá?


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: No.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gracias, presidenta. Bon dia,
señorías.


Felicidades, senador Sánchez, y a todos los murcianos, felicidades
porque conmemoran el día de su tierra, una tierra que vio nacer a mi
abuela materna.


Hoy, en pleno siglo XXI, debatimos aquí una proposición de ley para
incorporar la maternidad y la paternidad entre las causas de suspensión
de juicio oral. Para que esto sea posible debemos modificar la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, una ley que se aprobó mediante real decreto por
un Consejo de Ministros de hace 140 años. Muchos de los preceptos con los
que se trabajaba hace más de un siglo resultan hoy, sin duda,
anacrónicos, afectando a la justicia y a todos los profesionales que
trabajan en ella y que se encuentran, por esta situación, condenados a un
ritmo de vida pretérito, de forma que consideramos necesario que términos
como maternidad, paternidad, pero también otros como conciliación,
igualdad o flexibilidad, se incorporen en el ámbito judicial para
facilitar la vida a todos los agentes jurídicos y revertir esta
situación.


Apoyaremos así la toma en consideración de la proposición presentada
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, sin perjuicio
del posterior análisis pormenorizado de la iniciativa y, en su momento,
de la eventual presentación de enmiendas que pudiéramos considerar
oportunas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Felicito también a la Región de Murcia, y como creo que también es
festivo hoy en La Rioja, felicito a La Rioja. Además, felicito a todos
los Felicianos porque hoy es San Feliciano mártir; a todos los Ricardos,
hoy también es San Ricardo; a los Efrén, también es San Efrén y así a
todo el santoral. Felicidades a todos y todas y que pasen un buen día.
(Risas).


Yendo ya al asunto de la maternidad y la paternidad como derecho, la
propuesta pide algo tan simple como que si un abogado o abogada de parte
pide la suspensión por estar baja de maternidad o paternidad eso sirva
para suspender su tramitación. Es una buena propuesta, especialmente,
para los y las abogadas de pequeños despachos o que trabajan solos y que
no tienen en quién delegar mientras están de permiso. Vamos avanzando en
los derechos a una paternidad y una maternidad plenas, de manera que
podamos disfrutar de los primeros días de vida de un hijo o hija con
total plenitud y que también nos exigen una dedicación total. Se ha
avanzado mucho en este país en medidas como, por ejemplo, equiparar los
permisos de paternidad y maternidad, pero todavía, obviamente, hay que
dar muchos pasos. Hoy esperamos que prospere esta toma en
consideración.


Quedarán muchas asignaturas pendientes, como, por ejemplo, el
reconocimiento de las madres de familias monoparentales del tiempo
completo de los permisos de paternidad y maternidad; el permiso paternal
remunerado para el cuidado de menores de 3 años; quedará pendiente
flexibilizar las semanas de permiso entre ambos progenitores para que lo
disfruten en función de las necesidades de cada familia y no por el puro
calendario de nacimiento; también abordar en un futuro, esperemos que
próximo, por ejemplo, el cuidado de enfermedades que no requieren
hospitalización, pero que afectan al cuidado de niños y niñas; avanzar en
la realidad de las familias monoparentales y equipar todos los derechos,
ya que algunas sentencias ya recogen este tipo de equiparación; abordar
una ley de familias monoparentales que igualen en todo el territorio del
Estado el trato a estas familias, que dé cobertura integral a las
necesidades y que garantice los derechos de los y las menores, etcétera.
O sea, que esto es un avance, pero todavía quedan muchos otros en esa
dirección.


Obviamente, esta medida no soluciona todos los problemas de la
justicia ni tampoco lo pretende ni de lejos, pero sí soluciona uno
concreto y ayudará a conciliar la paternidad y la maternidad con el
ejercicio de la profesión de los abogados y las abogadas. No obstante, es
importante que a la hora de coordinar el señalamiento de las vistas se
tenga en cuenta esta realidad para priorizar el nuevo señalamiento y no
retrasar más una justicia que ya es tremendamente lenta.


Esta toma en consideración la vemos muy sencilla, muy simple, sin
controversias, perfectamente asumible por toda la Cámara y también
entendemos que debemos intentar aprovechar la tramitación de esta
propuesta para incluir otras propuestas de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal o, incluso, directamente de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que van mucho más allá de lo que se propone aquí. Son más
complejas, pero es este el recurso que tenemos los grupos pequeños para
aprovechar todos los resquicios de las tramitaciones para incorporar
nuestras propuestas. Creemos que la alternativa presentada por Ciudadanos
amplía el debate a otros aspectos sobre los cuales hay que buscar un
amplio consenso, un diálogo con los propios colectivos afectados, y nunca
será igual la prioridad de un pequeño bufete o un abogado que trabaja
solo o en un gran bufete. Incorporar ya y cerrar un periodo de vacaciones
con fechas concretas, como se hace, o hablar de las medidas concretas que
se proponen respecto a la suspensión de las visitas, sus nuevos
señalamientos, etcétera, que, de por sí, son medidas que pueden parecer
apropiadas, sin entrar en el fondo, seguramente nos daría para debatir
sobre los matices. Cuando más extensa es una propuesta de modificación
legislativa, más espacio tiene para enmendar, matizar, debatir, ampliar y
modificar.


Estamos ante una toma en consideración de una proposición de reforma
legislativa y mi grupo, por costumbre y salud democrática, siempre que no
se trate de aberraciones —que también las hemos visto en esta
Cámara—, vota a favor de que se tomen en consideración, sin entrar
en el fondo, porque para debatir sobre el fondo siempre tendremos tiempo;
tiempo para enmendar, para modificar, para mejorar durante la tramitación
en las dos Cámaras, y porque, en teoría, para eso estamos aquí, para
legislar. El problema es que hoy, cuando tenemos que votar por una
propuesta o por otra, entendemos que es más diáfana, clara y sin
controversias la de Esquerra Republicana. Cuando el grupo que presenta la
alternativa la presente como iniciativa propia, seguramente, no tendremos
tampoco ningún problema en votar también a favor para que se tramite sin
entrar en el fondo del asunto y ver si compartimos el 90, el 50 o el 10 %
de la propuesta. Lo que realmente me preocupa —y ni me acordaba ya,
pero ha hecho memoria la senadora proponente— es que esa toma en
consideración salió adelante por unanimidad en 2017, hace cuatro años. Si
las proposiciones legislativas que aprobamos por unanimidad en esta
Cámara se quedan paralizadas en el Congreso y no se tramitan, vuelve la
pregunta que me hago en todos los Plenos, ¿para qué estamos aquí? ¿Para
qué nos pagan el salario? Lo que está claro es que se paralizó, decayó
por la convocatoria de elecciones, pero entre que llegó ese texto
legislativo a la Cámara Baja hasta que se disolvieron las Cortes hubo
tiempo suficiente para haberla tramitado y, desgraciadamente, ese es el
día a día que estamos sufriendo con la mayoría de las proposiciones de
ley que salen de esta Cámara, que se quedan paralizadas en el Congreso y
esa es una falta de respeto grave al propio Senado y a la propia
Constitución, que, en teoría, también nos atribuye la iniciativa
legislativa. Aquí entran por urgencia los textos que vienen del Congreso,
no tenemos tiempo ni para debatir ni para enmendar ni para llegar a
consensos porque se tienen que aprobar con mucha urgencia, pero cuando un
texto sale de esta Cámara, antes de que se apruebe se disuelven las
Cámaras. Esperemos que esta vez sí, que esta vez no haya contratiempos,
que esta vez se apruebe de manera rápida, con la misma urgencia con la
que aprobamos aquí los textos que vienen del Congreso y, por lo tanto,
obviamente, votaremos que sí a esta propuesta.


Felicito al grupo proponente por su insistencia, aunque, en este
caso, nos hubiera gustado que no hubiera tenido que reiterar lo que se
debatió y aprobó en 2017.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Landa Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Gracias, señora presidenta. Egun on danori.
Buenos días a todos y a todas.


Abordamos la toma en consideración de la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-EH Bildu,
por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar
la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del juicio oral
y, con ella, la proposición de ley alternativa, presentada por el Grupo
Ciudadanos. Si no me equivoco, esta última, la de Ciudadanos, también fue
presentada por este grupo en las mismas fechas ante el Congreso de
Diputados bajo la denominación de Proposición de Ley de garantías para la
conciliación familiar de los profesionales de la justicia y está
pendiente de su toma en consideración y, además, los anteproyectos de las
nuevas leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital impulsadas
por el Gobierno incluyen medidas para conciliar la vida personal,
familiar y laboral de los y las profesionales de la justicia, que han
sido presentadas públicamente. Volviendo, por tanto, a la proposición de
ley inicial, sabido es que fue tomada en consideración en esta misma
Cámara por la unanimidad de los grupos parlamentarios en la XII
Legislatura, concretamente, en diciembre de 2017, y remitida, por tanto,
al Congreso para su tramitación; tramitación que decayó con la
finalización de la legislatura. En definitiva, resulta manifiesto que nos
encontramos ante una auténtica asignatura pendiente de aprobación, como
así nos lo recuerda la realidad de la praxis de algunos juzgados, de la
que se hacen eco los medios de comunicación de forma recurrente.
Diciembre de 2020, como quien dice antes de ayer, sin ir más lejos, una
jueza —recogen los medios— deniega la suspensión de juicio a
una abogada en fechas cercanas a la previsión del parto; la magistrada
titular del juzgado de lo penal deniega a dos abogados la suspensión de
un juicio de menores al que han sido citados tan solo dos días después de
la fecha prevista para el nacimiento de su hijo. En palabras de la
letrada afectada, recogidas también por la prensa, se trata de un
problema que, desgraciadamente, nos encontramos en los juzgados a diario,
pues cuando pregunté a mis compañeras me contaron historias de todo tipo:
una había ido a celebrar un juicio un día antes del nacimiento de su
hijo; otra había solicitado la suspensión y lo máximo que consiguió fue
el retraso del juicio un mes y tras pelearse durante varios días con la
letrada de la Administración de Justicia, exigiendo que quería parir
tranquila; un compañero tuvo que dejar a su hijo recién nacido y a su
mujer, que había sido intervenida de una cesárea, pocos días después para
acudir a una vista que el juez se negó a suspender. Señorías, estas
situaciones resultan inadmisibles en pleno siglo XXI, en una sociedad que
propugna la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres y que debe
garantizar las condiciones necesarias para la conciliación de la vida
profesional y familiar. Estamos hablando del derecho al permiso de
maternidad o paternidad, del derecho de la persona menor a ser protegida
y cuidada en su bienestar, del derecho de las mujeres a su promoción
laboral y del derecho del justiciable a una defensa en las mejores
condiciones.


La Ley Orgánica del 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, establece claramente, en su artículo 14, que los poderes
públicos deben garantizar la protección de la maternidad, con especial
atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del
embarazo, el parto y la lactancia, así como el establecimiento de medidas
que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar
de las mujeres y los hombres. Fue este mismo texto legal, como sabemos,
el que mediante una disposición adicional modificó la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en su artículo 188, para establecer entre las
causas de suspensión de las vistas procesales la maternidad y la
paternidad de las y los profesionales, siempre desde la garantía de la
tutela judicial efectiva y sin causar indefensión. Lo cierto es que, a
pesar del carácter supletorio del artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil con respecto al resto de jurisdicciones —en tanto
jurisdicciones como la penal tienen reguladas y tasadas en su ley
procesal las causas de suspensión de los juicios sin que entre las mismas
se encuentre la maternidad o paternidad— su aplicación no está en
modo alguno asegurada, provocando situaciones inadmisibles como las
señaladas previamente. Esta deficiente regulación no puede, por tanto y a
nuestro entender, paliarse con el decisionismo judicial.


En definitiva, señorías, estoy convencido de que todos y todas
confluimos en la necesidad de abordar y resolver cuanto antes esta
situación desde la salvaguarda —esto también es importante—
del necesario equilibrio entre los diversos intereses en juego, esto es,
los derechos derivados de la protección de la maternidad y paternidad y a
la conciliación familiar y laboral ,y el derecho a un juicio sin
dilaciones indebidas, más acusado si cabe en ámbitos como el penal por
las consecuencias gravosas que dichas dilaciones pueden ocasionar, sin
olvidar, en todo caso, la garantía a la tutela judicial efectiva. Sin
embargo, los problemas para la conciliación no solo derivan de los casos
de maternidad y paternidad y la suspensión de vistas, también tienen que
ver con la necesidad de suspensión de otras comparecencias distintas de
la vista oral, con la necesidad de interrupción de los plazos procesales
y con la dependencia permanente que ha supuesto la introducción de las
nuevas tecnologías en la notificación electrónica de los actos
procesales. Además, existe un problema para acreditar la causa invocada
para la suspensión o interrupción procesal, la regulación actual es
aplicable fácilmente a los y las profesionales por cuenta ajena o
autónomos sujetos al régimen de Seguridad Social, pero se vuelve más
complicado de acreditar cuando se trata de los profesionales por cuenta
propia incluidos en regímenes mutualistas. Por todo ello, tal vez la
mirada de nuestro análisis debiera depositarse, además de en la
resolución de la cuestión relativa a la suspensión de juicio oral, en una
posición más elevada que abarque no únicamente la situación en la
jurisdicción penal, sino también en el resto de jurisdicciones y ámbitos
de actuación de los profesionales de la justicia e, incluso, que aborde
con carácter general el análisis y mejora de las condiciones generales de
estas profesionales en orden a garantizar su derecho a la conciliación de
la vida laboral y familiar.


En este sentido, y sin entrar en el posicionamiento concreto respecto
de cada una de sus propuestas, la proposición de Ciudadanos, que, si no
me equivoco, acoge las propuestas del pleno del Consejo General de la
Abogacía y aborda reformas en normas procesales del resto de
jurisdicciones y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, además,
contemplan medidas en ámbitos como el arbitraje o justicia gratuita, se
ajusta más que la de Esquerra Republicana-EH Bildu a este planteamiento
integral y comprensivo de este análisis propositivo en torno a la
conciliación, al que de alguna manera se debería incorporar, a nuestro
entender, la voluntad del Gobierno de abordar esta cuestión, manifestada
a través de las reformas legislativas propuestas por el mismo en este
ámbito. No obstante, estando como estamos ante una toma en consideración
—es decir, ante la casilla de salida en la tramitación de una
proposición de ley—, nuestro interés se centra en que este debate y
reflexión se abra camino y avance en su procedimiento parlamentario
mediante cualquiera de las dos propuestas planteadas, en tanto en su
tramitación posterior en el Congreso la una podrá enriquecer a la otra o
a la inversa, a través del correspondiente trámite de enmiendas,
etcétera. Nuestro voto dará prioridad, por tanto, a la proposición de ley
que más apoyos concite y, por tanto, más garantías ofrezca en orden a la
continuación de su tramitación parlamentaria. Entendemos que, en
principio, esta es la proposición de ley presentada por Esquerra
Republicana-EH Bildu. Este es, por tanto, nuestro planteamiento.


Muchísimas gracias, eskerrik asko danori.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la
palabra la senadora Pérez Esteve.


La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias, presidenta.


En primer lugar, felicito a la Región de Murcia y a la de La Rioja
por ser su día.


En segundo lugar, sobre la propuesta de ley que nos ha presentado el
Grupo de Ciudadanos, quiero decirles que les agradecemos el trabajo que
han hecho, pero que creemos que nos podremos encontrar en el momento en
que se tramite en la ponencia y podamos presentar enmiendas todos los
grupos políticos y llegar a consensos, como han comentado antes otros
grupos.


Quiero dar las gracias a los grupos que ya han dicho que votarán a
favor de esta toma en consideración porque creemos que es imprescindible
que sigamos luchando contra esta discriminación. Esperamos que no se
quede de nuevo en un cajón del Congreso y que se pueda tramitar y
trabajar por todos los grupos de esta Cámara y del Congreso.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Plaza
Martín.


El señor PLAZA MARTÍN: Gracias, presidenta. Buenos días,
señorías.


Creo que se han dicho ya muchas cosas. Antes de nada, quiero sumarme
a la felicitación a La Rioja y a la Región de Murcia en este día especial
para ellos.


Entrando en el fondo del asunto, quiero anunciar nuestro voto a favor
en esta toma de consideración. Es lógico porque el PP llevó a cabo
algunos de los mayores avances en materia de conciliación, y eso es lo
que hoy nos trae aquí, sumar a las causas de suspensión en el
procedimiento penal, en el juicio oral, este motivo. Esos avances, tanto
las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial como de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, fueron fruto de un impulso dado en su momento
por el Partido Popular. Por ello, hoy nuestro voto es, lógicamente, a
favor.


Pero permítanme dos reflexiones. La primera es que se trata, como
decimos, de conciliar la vida laboral y familiar, y de apoyar la
maternidad en último extremo. Y también haré una pequeña reflexión o una
breve reflexión sobre el sistema judicial. Estas dos son cuestiones que
no son contrapuestas ni contradictorias, ni mucho menos. Lo cierto es que
los profesionales de las administraciones de Justicia —y aquí, en
términos generales, podemos incluir a abogados y procuradores— no
pueden ni deben ser ajenos a los cambios producidos en España en materia
de protección de maternidad, y, especialmente, en la conciliación de la
vida personal, familiar y profesional. Los abogados del turno de oficio,
los jóvenes abogados, también los procuradores, sin duda hacen una
importantísima labor en la colaboración en la Administración de Justicia.
En este sentido, vaya una vez más nuestro reconocimiento expreso a los
abogados como pieza fundamental en la Administración de Justicia, en
términos generales, en su modernización y en la búsqueda de la eficacia
en su administración.


Creo, sinceramente, que esa labor no es suficientemente reconocida, y
por eso es bueno que hoy, desde este Pleno del Senado, hagamos una vez
más visible ese importante trabajo que hacen los abogados en pro de la
justicia. Y permítanme un inciso en este punto, y es que en los últimos
momentos no se ha considerado a los abogados o a los procuradores como
trabajadores esenciales, cuando hemos tenido que establecer prioridades a
la hora de administrar las vacunas. Esa reflexión hoy también puede ser
importante porque esa visibilidad que deben tener abogados y procuradores
en esa Administración de Justicia es fundamental en todos los extremos, y
no siempre la tenemos en cuenta. Pero también —y esta es la segunda
reflexión— creo que es bueno pensar en la necesidad de impulsar,
modernizar y mejorar la Administración de Justicia, como ya se ha dicho
en esta tribuna. No podemos perder de vista que la defensa del interés
general debe ser la búsqueda de una Administración de Justicia más ágil,
más eficaz, sin demoras injustificadas e innecesarias. Y no olvidemos que
una de las quejas más comunes entre los usuarios es precisamente esta: el
retraso en los procedimientos judiciales y su lentitud.


Hasta ahora la práctica judicial ha marcado prácticamente la
justificación de los casos de suspensión, asimilando, como ya se ha dicho
también, el procedimiento en el orden civil al penal. Pero es verdad que
hay casos, hay supuestos, como también se manifestaban hace un momento en
esta tribuna, que son verdaderamente llamativos.


Por todos estos motivos, nuestro voto será a favor, pero permítanme
que, en estas reflexiones, tanto de la búsqueda de la conciliación de la
vida familiar, profesional y laboral, como en la búsqueda de la mayor
eficacia en la Administración de Justicia sigamos todos trabajando
unidos, todos juntos, por esta causa.


Nuestro voto, como antes anunciaba, será, por todo ello,
favorable.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Diego Castellanos.


La señora DIEGO CASTELLANOS: Buenos días a todos y a todas,
especialmente, como no puede ser de otra manera, a los murcianos y
murcianas y a los riojanos y riojanas.


Comienzo anunciando que el Grupo Parlamentario Socialista votará a
favor de la toma en consideración de la propuesta de ley de Esquerra
Republicana para modificar el artículo 746 del Real Decreto de 14 de
septiembre de 1882. En relación con la proposición de ley presentada por
Ciudadanos, nuestro voto será desfavorable pues su propuesta excede de la
cuestión que se plantea en la propuesta de Esquerra Republicana y
entendemos que debemos centrarnos en el ámbito de la jurisdicción penal
por su excepcionalidad.


Como se recoge en la exposición de motivos de su propuesta, y que
sirve como fundamento, es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la que ya contemplaba, como se ha
indicado de forma concreta, introducir la maternidad y la paternidad como
causa de suspensión de juicios; eso sí, solamente en el ámbito de lo
civil. En el artículo 14 se establece como criterio de la actuación de
los poderes públicos la protección de la maternidad, con especial
atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del
embarazo, el parto y la lactancia. En este sentido, la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, prevé entre las causas de suspensión
de las vistas la baja por maternidad o paternidad. Sin embargo, la
protección de la maternidad y la paternidad exigen un tratamiento global
de esta situación y no limitado, única y exclusivamente, al proceso
civil.


Si bien no se contempla de forma expresa la modificación en el resto
de leyes procesales, sí es cierto que ya se han producido modificaciones
en la Ley de procedimiento laboral, por ejemplo, o en la Ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, en el ámbito penal,
en concreto, no existe expresa previsión de tal causa de suspensión;
dicho orden jurisdiccional resulta más restrictivo en cuanto a las causas
de suspensión de juicio oral a efectos de evitar dilaciones indebidas.
Ello es debido a los principios que rigen el proceso penal. La
importancia de esta previsión es que no se circunscribe solamente al
orden jurisdiccional, es decir, al civil, sino que dicha ley tiene
carácter supletorio para el resto del ordenamiento procesal. Pero la
realidad, el día a día, nos hace ver las dificultades con las que se
encuentran las abogadas y los abogados en relación con la solicitud de
suspensión de juicio oral en el ámbito de lo penal, lo que hace necesaria
esta reforma.


Así, con una regulación concreta de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, las suspensiones no dependerán del criterio del juzgado,
evitando interpretaciones subjetivas de las distintas situaciones, como
aquí se ha puesto de manifiesto, porque, pese a la posibilidad de
solicitar la suspensión del juicio oral aplicando supletoriamente la Ley
de Enjuiciamiento Civil a los procesos penales, lo que es cierto es que
el hecho de la maternidad y la paternidad no aparecen como una causa
concreta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ello provoca, en no
pocas ocasiones, la denegación de dicha suspensión. Si bien la
modificación propuesta resulta posible y puede contribuir a reconocer la
dimensión constitucional de las medidas normativas tendentes a facilitar
la conciliación de la vida familiar y laboral, será a lo largo de la
tramitación parlamentaria cuando habrá de perfilarse la redacción del
precepto y los efectos de compatibilizar dicha causa de suspensión con
los principios propios del proceso penal.


Debemos trabajar por una regulación moderna y justa que garantice un
proceso penal moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios
constitucionales. Necesitamos dotarnos de una nueva regulación procesal
penal propia del tiempo y la sociedad en que vivimos. Estas palabras del
ministro de Justicia en sede parlamentaria se refieren al compromiso
incuestionable de este Gobierno con la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, y a hacer frente a las situaciones que, como en este
caso, producen un trato diferenciado y lesivo para los trabajadores
autónomos, que lo son en su mayoría, los abogados y las abogadas de la
jurisdicción penal, siendo considerados actores claves para la eficacia y
la eficiencia de nuestra Administración de Justicia.


Actualmente, como todos ustedes saben y ya se ha dicho aquí, el
Ministerio de Justicia está trabajando en el Anteproyecto de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que va a suponer una transformación integral del
proceso penal. Asimismo, el Anteproyecto de la Ley de eficiencia
organizativa y el nuevo estatuto de la abogacía, contemplan importantes
medidas en este ámbito. Y hay que resaltar que el Plan de Justicia 2030
parte de una premisa: colocar en primera línea en la modernización de la
Administración, el diálogo, la cooperación y la cogobernanza con todos
los actores de la justicia, la sociedad civil y las
administraciones.


Nos encontramos ante un ejemplo que nos pone de manifiesto lo
necesaria que es la formación y la sensibilización en relación con la
desigualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos, especialmente en
el de la justicia. Lo necesario que es proteger derechos como la
maternidad y la paternidad, pues suponen un logro de muchos años de lucha
de las mujeres. Nuestra responsabilidad es ir por delante e intentar
legislar para evitar situaciones de desigualdad en todos los ámbitos.
Otra cosa es, como en este caso, que se haga necesario plantear esta
modificación legislativa a la vista de las situaciones que día a día,
desgraciadamente, se repiten y con más frecuencia de lo que nos gustaría,
por lo que no debemos perder más tiempo en trabajar esta cuestión.


El valor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, aprobada durante el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, supuso un hito en España y también en el ámbito
internacional. Con su aprobación se colocaron en la agenda política
cuestiones tan relevantes como asuntos que nos ocupan: la conciliación y
los permisos de paternidad y la feminista baja por paternidad, porque hoy
estamos hablando de un nuevo derecho conquistado: el derecho de la
paternidad. No podemos obviar una realidad y es que este derecho surge de
la lucha de tantos años en favor de la igualdad en el acceso a la
educación, al mundo laboral y al empoderamiento de las mujeres en la vida
política y en otros ámbitos, colocando en la agenda política un derecho
tan básico como necesario, que es la corresponsabilidad. No quiero dejar
de señalar en mi intervención que hablar de conciliación hoy en día queda
obsoleto, pues deberíamos hablar de corresponsabilidad. La
corresponsabilidad ha llegado para quedarse y su fin principal es que la
conciliación de la vida laboral y personal, así como los cuidados dejen
de ser solamente un asunto de las mujeres. El principio de
corresponsabilidad tiene como fin eliminar roles de género profundamente
asentados, relacionados con el reparto de responsabilidades y trabajos
entre hombres y mujeres. Dentro de la abogacía la realidad también es
tozuda, pues los obstáculos a los que deben hacer frente las mujeres en
este ámbito ponen de manifiesto una desigualdad histórica que hoy en día
todavía existente. El acceso de las mujeres a los diferentes ámbitos de
las profesiones jurídicas se ha encontrado con muchas pioneras a lo largo
de los años, y hoy quiero nombrarlas: Concepción Arenal, Clara Campoamor
o Victoria Kent, que fueron, además, legisladoras de nuestro Parlamento y
que también son recordadas por su labor en el ámbito del ejercicio de la
abogacía. Es muy importante y necesario recordar a estas mujeres. Su
lucha por participar en la Administración de Justicia comenzó con mujeres
valientes, en muchos casos, solas, que rompieron moldes. Hoy podemos
hablar de una situación muy diferente, aunque quedan muchos obstáculos
para conseguir el verdadero empoderamiento de las mujeres abogadas.


Los datos evidencian que, como ocurre en otras profesiones, existe un
techo de cristal en el ejercicio profesional de la abogacía en nuestro
país. Hasta hoy, el mayor obstáculo al que se enfrentan las mujeres
abogadas es la decisión de la maternidad. El decidir ser madres supone en
muchas ocasiones un punto de inflexión en la proyección profesional, que
queda obstaculizada.


Sin duda, son muchos los logros que se han sucedido a lo largo del
último siglo y que han resultado decisivos para destacar la relevancia
del papel de la mujer en la abogacía, pero no puede obviarse que las
desigualdades entre ambos sexos siguen siendo una realidad y que debemos
acometer también esta modificación legislativa sin perder de vista que
las mujeres abogadas deben hacer frente a muchos más obstáculos que los
hombres para ejercer su profesión, al que hay que añadir el grave
problema que hoy debatimos. Legislar con perspectiva de género es lo que
debemos hacer; tener en cuenta que partimos de una situación de falta de
equidad entre hombres y mujeres, que supone un coste mayor para
estas.


Termino con palabras de la presidenta del Consejo General de la
Abogacía Española, doña Victoria Ortega Benito. Cuando fue elegida dijo
lo siguiente: Mis compañeras en el consejo me regalaron este reloj y
pusieron una inscripción que dice: No hay techos. Algún día será verdad y
conseguiremos la igualdad por la que hemos luchado tantas mujeres, y ya
no será necesario que se haga esta pregunta porque se verá como algo
normal.


Me alegra que nos encontremos todos de acuerdo y quiero dar la
bienvenida a algunos grupos parlamentarios a la lucha de las mujeres por
la conciliación y la corresponsabilidad. Bienvenidos a la defensa
feminista del derecho a la paternidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Señorías, concluido el debate de la toma en consideración de la
proposición de ley y su alternativa, procedemos a la votación de los
siguientes asuntos. Votación de la autorización de la modificación de las
reservas a formular por España en relación con el convenio multilateral
para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para
prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de
beneficios.


Votación de la solicitud de ampliación del plazo para la conclusión
de los trabajos de la ponencia de estudio que aborda el fenómeno
migratorio de manera integral, constituida en el seno de la Comisión de
Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hasta la finalización
del próximo periodo de sesiones.


Votación de la toma en consideración de la Proposición de Ley por la
que se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se
aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad
y paternidad entre las causas de suspensión del juicio oral; y votación
de la toma en consideración de la proposición de ley alternativa.


Se abre la votación telemática desde este momento, que son las nueve
horas y cincuenta y seis minutos hasta las once horas y cincuenta y seis
minutos.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO Y DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, PROMULGADA POR REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE
DE 1882.


622/000044

GPP


La señora presidenta lee el punto 8.1.3.


La señora PRESIDENTA: No se ha presentado ninguna proposición de ley
alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Para la defensa de la toma en consideración, por tiempo máximo de
diez minutos, tiene la palabra el senador De Rosa Torner.


El señor DE ROSA TORNER: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el derecho a disfrutar de una vivienda digna se reconoce en
el artículo 47 de la Constitución y la propiedad privada inmobiliaria
está protegida en el artículo 33. El Código Penal tipifica la okupación
de viviendas que no constituyan morada como delitos de usurpación en el
artículo 245. Por su parte, el delito de okupación de viviendas que
constituyan morada habitual se tipifica en el artículo 202 con la
denominación de allanamiento de morada. Entre ambos delitos existen
diferencias sustanciales, tanto punitivas como procesales, pero me voy a
centrar en el aspecto procesal. Desde este punto de vista, la ocupación
ilegal de bienes inmuebles que no constituyan morada se tramita por el
procedimiento del juicio rápido. Sin embargo, curiosamente, para la
instrucción y enjuiciamiento de la okupación de la morada habitual se
sigue el procedimiento ante el Tribunal del Jurado.


El delito de allanamiento de morada reviste todos los caracteres para
que pudiera tramitarse como juicio rápido, pues el inicio del
procedimiento en la mayor parte de las ocasiones es una denuncia del
morador plasmada en un atestado policial. La instrucción es más sencilla
y la pena entra dentro de los límites regulados en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.


En los juicios rápidos, si existe conformidad, el juez de guardia
puede dictar sentencia en el acto in voce, y si no existe conformidad, se
celebra un juicio ante el juzgado de lo penal en un plazo medio de una
semana. En cambio, el procedimiento ante el tribunal del jurado es mucho
más complejo y también se tarda mucho en señalar, hasta dos años según la
Memoria de la Fiscalía. La memoria referida y los trabajos del Centro de
Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia, critican la
inclusión del delito de allanamiento de morada dentro del catálogo de
delitos tramitados por la Ley del jurado, ya que expresamente dicen que
se tarda 538 días en ser enjuiciado. Por este motivo, de manera paralela
a la reforma del artículo 1 de la Ley del jurado, debe incluirse una
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que este delito sea
instruido a través del procedimiento rápido.


El derecho a disfrutar de una vivienda digna no equivale a privar de
una vivienda a quien la ha adquirido legalmente. El filósofo Ulpiano
definió la justicia como dar a cada uno lo suyo. Por tanto, lo que no
puede hacer la justicia es quitar a nadie lo suyo. Los cálculos estiman
que hay 87 000 viviendas okupadas y que cada año se incrementa el número
de viviendas okupadas. Aquí les puedo exhibir en este gráfico de la
okupación en España desde 2018, que ustedes gobiernan, cómo va aumentando
el problema en España. Son datos del Ministerio del Interior y, por
tanto, deberían leérselo ustedes. La ocupación ilegal de viviendas ha
crecido un 58 % y destacan Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunitat
Valenciana en el auge de dicha okupación. Y aquí les destaco el gráfico,
también del Ministerio del Interior, donde indica el aumento exponencial
de la okupación desde que ustedes gobiernan, desde el año 2018.


El Grupo Popular ya se lo advirtió: más de 40 inmuebles se okupan
todos los días en España. ¿Qué hace mientras el Gobierno? Proteger a los
okupas. Esa es su política. El decreto que ustedes aprobaron en diciembre
pasado exige intimidación o violencia para desalojar a los okupas.
Nosotros les solicitamos que baste la okupación para ser expulsados
inmediatamente de una vivienda. ¿Saben ustedes que están impidiendo la
expulsión de estos delincuentes? Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana,
la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo tiene un total de 1349
viviendas okupadas, casi el 10 % de la vivienda pública que existe en la
Comunitat. Esta es la situación que existe en la Comunitat Valenciana. La
solución que han encontrado es regularizar a los okupas que hayan
empleado violencia o intimidación. Han generado un agravio comparativo a
los ciudadanos que están en lista de espera para poder solicitar una
vivienda sin recurrir a la okupación.


Señorías, ustedes han votado constantemente en contra de las medidas
del Partido Popular porque niegan que se trate de un problema real. Así
lo dijo el ministerio. Ustedes olvidan que un delito contra la propiedad
no puede generar derecho alguno y eso es lo que ustedes están provocando.
La okupación preocupa por igual a los propietarios y a los vecinos, que
están sufriendo mafias, inseguridad, insalubridad y violencia. Les
invitaría a que nos acompañaran en las constantes reuniones que
mantenemos con las asociaciones de vecinos, como en la okupación del
edificio de La Quimera, en el barrio de Lavapiés de Madrid; en el barrio
Gorg de Badalona, donde los vecinos denuncian delincuencia ligada a la
okupación; en Lucena, municipio andaluz de 40 000 habitantes, donde hay
más de 100 viviendas ocupadas; en el barrio San Juan de Burjasot, en la
provincia de Valencia, donde se producen incendios relacionados con la
okupación. Son municipios de las cuatro comunidades donde más se sufre
esta problemática.


Los ciudadanos nos piden soluciones y esta es una de las soluciones
que el Partido Popular pone encima de la mesa para frenar este atentado
contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Proponemos
soluciones; ustedes, únicamente, crean problemas. Proponemos soluciones
basadas en cinco ejes: que la ocupación ilegal no goce de protección como
morada o domicilio; que se establezca un plazo máximo de desalojo; que no
se permita el empadronamiento cuando se haya producido una ocupación
ilegal; que aumenten las penas del Código Penal relativas al allanamiento
de morada y la usurpación; que tanto las comunidades de propietarios como
las personas jurídicas puedan adoptar medidas y actuar ante los
tribunales. Estas propuestas son las que necesitan los ciudadanos junto
con la reforma procesal que en este momento les proponemos.


Nosotros les tendemos la mano para llegar a un acuerdo con el fin de
evitar la ocupación ilegal, aunque, visto el éxito que hemos tenido con
otras propuestas de pacto de defensa del Estado y de la Constitución,
dudamos que puedan estar en esa línea. Ustedes prefieren liderar y
apoyarse en aquellos grupos que están en la ocupación ilegal. No olviden
que los diputados de la CUP, socios suyos, no dudaron en okupar la sede
de Esquerra Republicana de Catalunya como método de presión, hace unos
días, en la toma de posesión del presidente de la Generalitat de
Catalunya. Estamos convencidos de que ustedes, en su fuero interno, creen
que estas son las medidas adecuadas, pero también sería bueno que las
apoyaran públicamente. Sería bueno también tener en cuenta lo que ocurre
en otros países de nuestro entorno, por ejemplo, en Francia, donde se ha
dado la posibilidad de que los propietarios inquilinos, pero también
cualquier persona, puedan actuar contra la okupación para ayudar a todas
aquellas personas de la tercera edad que están ingresadas en residencias
y no pueden actuar por ellas mismas para defenderse de la
okupación.


El Grupo Popular, por tanto, trabaja en soluciones. Debemos evitar
las mafias de la okupación y, si se trata de personas vulnerables que
entran en esas viviendas, lo que hay que realizar es apoyo social y
empleo, pero no a costa de los propietarios que pagan sus impuestos, como
el IBI o el de patrimonio. Ahora tenemos que pagar nuestros impuestos y
estas personas que okupan la vivienda también tendrían que pagar esos
impuestos. Por tanto, hay que proteger a estos ciudadanos y también a las
personas vulnerables. ¿Qué creen ustedes que pasaría si todos los
ciudadanos que no pudieran adquirir una vivienda okupasen las casas
ajenas? En cualquier caso, hay que garantizar el derecho a la propiedad
privada. Hay que dar seguridad jurídica a los ciudadanos. Dicha seguridad
se lograría si todos los supuestos de invasión de viviendas se
resolvieran por los trámites previstos en la Ley para el enjuiciamiento
rápido. Señorías, hay que superar la paradoja consistente en que, cuando
okupan una vivienda habitual, el procedimiento puede alargarse casi dos
años y esto es lo que pretende la proposición de ley: cambiar la Ley del
jurado para poderla adaptar. Ustedes son conscientes de que el
allanamiento de morada es un problema real, hay muchísimos afectados, hay
plataformas de afectados que reúnen a miles de familias que están
sufriendo la okupación. Por tanto, es necesario que en este supuesto
trabajemos conjuntamente. La Ley del jurado es una ley que apoyamos, y
apoyamos en su momento, pero tiene que ser objeto de revisión, y la
revisión concreta es en el ámbito del allanamiento de morada, un delito
sencillo que se podría tramitar junto con el procedimiento rápido.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Algún grupo hará uso del turno a favor? (Denegaciones).


¿Del turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos, por lo tanto, al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar,
el senador Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Señora presidenta, si me lo permite, por
la brevedad de mi intervención, hablaré desde el escaño.


Muchísimas gracias.


Nosotros vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta
proposición de ley. Es evidente que los españoles están hartos de la
ocupación ilegal, de la patada en la puerta y, por lo tanto, el Gobierno
y la ley tienen que amparar y salvaguardar los derechos de estos
ciudadanos, también de sus viviendas y de sus propiedades. Junto a ello,
es lógico que el Gobierno y las administraciones públicas, tanto la
estatal como las de las comunidades autónomas, apliquen una política de
vivienda que cubra las necesidades que está demandando la sociedad
española en este momento. Y cuando haya situaciones de urgente necesidad,
lo lógico es que actúen los servicios de base.


Por otro lado, nadie puede poner en duda que el propietario tiene que
tener unos derechos y se sabe que la justicia, cuando es lenta, es menos
justicia. Por lo tanto, en esa línea, tanto unos como otros no tienen que
ser los paganos de la inoperancia de las administraciones públicas a la
hora de cubrir estas necesidades de vivienda y a la hora de salvaguardar
y amparar los derechos de los propietarios.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Intervendrá, a continuación, el senador Marín Gascón, del mismo
grupo.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías del Partido Popular, lo que ustedes pretenden con esta
proposición de ley orgánica es eliminar el allanamiento de morada como
delito susceptible de ser enjuiciado por un jurado popular y que sea
enjuiciado por el procedimiento de juicio rápido, algo que ya propuso Vox
en el Congreso en septiembre del año pasado. Con esta medida, creemos que
se han quedado cortos y desaprovechan una gran ocasión para modificar el
enjuiciamiento del grave problema que supone la okupación. La okupación
es el delito más rentable del Código Penal y, por eso, hay que reformarlo
para dar apoyo jurídico a los afectados, aumentar las penas e impulsar
los juicios rápidos, así como mejorar la coordinación de la justicia con
las fuerzas de seguridad.


Desde 2015, el número de denuncias presentadas en España por
ocupación ilegal de viviendas ha aumentado un 50 %; en 2020, ha habido 40
denuncias al día, 14 600 familias se han visto vilipendiadas. Señorías
del Partido Popular, en 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se
reformó la Ley Orgánica 10/1995. Ustedes aprovecharon esta reforma para
que la okupación sin violencia pasara a ser un delito leve, pero, además,
su Gobierno publicó una resolución por la cual el Partido Popular
mantenía que los okupas pudieran empadronarse en la casa que han ocupado
ilegalmente. Es decir, roban un hogar, extorsionan a su propietario,
extorsionan a los vecinos, se enganchan a sus suministros y, como premio,
reciben las ayudas sociales que pagan esos vecinos de bien con sus
impuestos. Señorías, esto es un ataque intolerable a la propiedad
privada.


En la actualidad, denunciamos la connivencia de este Gobierno
socialcomunista con la ocupación ilegal. Señorías del Partido Socialista,
han entrado en una deriva de intervencionismo y de ataque a los más
esenciales y profundos derechos y libertades que nos permiten
reconocernos como una sociedad libre. En lugar de amparar a las familias
que pagan los impuestos para sostener a este Gobierno elefantiásico, las
traiciona. Las víctimas de la okupación son gente corriente y no
millonarios, como apuntan ustedes y sus socios de Gobierno. Señorías del
Partido Socialista, el Real Decreto Ley 1/2021, de 19 de enero, de
protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de
vulnerabilidad social y económica, no tiene medidas reales a favor del
consumidor vulnerable, lo que se quiere es dar protección y amparar a los
okupas. El exvicepresidente Pablo Iglesias otorgó, el pasado mes de julio
de 2020, un contrato menor por un importe de 16 897 euros para la
elaboración de un informe. Dicho informe aconsejaba apoyar y no penalizar
ni perseguir la okupación de vivienda. Señorías del Partido Socialista,
el derecho a la propiedad privada y su función social son uno de los
pilares en los que se sustenta nuestra democracia. Los que asaltan
nuestra propiedad asaltan nuestra libertad, no hay democracia sin
propiedad privada.


En Vox consideramos de extrema necesidad abordar una reforma de la
ley que trate de forma correcta, persiguiendo y enjuiciando penalmente,
como se merece, el delito de okupación de vivienda. Quizá por eso nos
llaman extremistas, porque conocemos el sufrimiento de los españoles y
nos ponemos en su piel. ¿Saben por qué? Porque su sufrimiento es el
nuestro. En Vox lo tenemos claro: a los okupas, patadas en el trasero,
pero de manera inmediata.


El pasado 23 de septiembre, el Congreso rechazó una moción de Vox que
reclamaba que se establecieran penas de cárcel para los okupas y se
mejorara la protección de los legítimos titulares de los derechos reales
sobre los inmuebles objeto de okupación. Asimismo, se promovía la
modificación del Código Penal con el fin de que todas las modalidades de
los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de
prisión. Por otro lado, se emplazaba a modificar la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para introducir estos delitos de usurpación, en los que no
concurre violencia o intimidación, dentro de los recogidos en el
artículo 795, de manera que se pudieran resolver mediante juicios
rápidos, que es lo mismo que hoy solicitan ustedes, señorías del Partido
Popular; les felicito por ello. En paralelo, se abogaba por modificar el
artículo 553 en relación con los mismos delitos para dar a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado los instrumentos necesarios para poder
proceder al desalojo de las viviendas, permitiéndoles entrar en ellas sin
autorización judicial previa para detener a los okupas.


Señorías del Partido Popular, ustedes rechazaron el 30 de marzo
nuestras propuestas, las mismas que ustedes presentan hoy aquí, en el
sentido de impulsar los juicios rápidos, mejorar la coordinación de la
justicia con las fuerzas de seguridad y dar apoyo jurídico a los
afectados. Como nosotros no somos como ustedes y pensamos, sobre todo, en
el bien de los españoles y su seguridad, votaremos a favor de esta
proposición de ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la senadora
Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidenta.


Señorías, el derecho a la propiedad privada forma parte de la
arquitectura institucional de los Estados de derecho y su protección
resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de nuestra Constitución,
al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento
jurídico. En los últimos tiempos, la sociedad española está siendo
testigo de un fenómeno enormemente perjudicial, llevado a cabo por grupos
que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han cargado, a
menudo, contra las familias vulnerables; estamos hablando de la ocupación
ilegal de viviendas. La okupación, señorías, es un delito, no es un
derecho, y absolutamente todos los poderes públicos tenemos que luchar
contra esta lacra. La okupación convierte en víctimas a los dueños de las
propiedades, pero también convierte en víctimas a los vecinos, porque los
vecinos, señorías, también sufren estas consecuencias. Hay barrios donde
la convivencia es imposible. Hay barrios donde, por poner un ejemplo, se
han incrementado los narcopisos y el tráfico de drogas, y hay barrios
donde los vecinos, a día de hoy, viven con miedo. Señorías, en una
okupación, los propietarios o los inquilinos se encuentran ante la
imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o
tras una corta ausencia. ¿Se imaginan ustedes que cuando vuelvan a su
vivienda hoy, después de estar aquí, en el Pleno, o después de estar
aquí, en Madrid, se encuentren ocupadas sus viviendas y no puedan entrar?
Pues a esto se están enfrentando muchísimos españoles, miles de
españoles.


La escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los
procedimientos judiciales hacen que estos dueños y estos vecinos se
enfrenten a un grave problema y, además, es un problema que, hoy por hoy,
ni tiene una solución justa ni tiene una solución eficaz. Es más, en los
últimos cuatro años, la okupación en nuestro país se ha incrementado
un 40 %, señorías, un 40 % en tan solo cuatro años, y esto no es
casualidad, no es la primera vez que lo digo en esta Cámara, sino que
tiene una explicación muy sencilla: la están incitando los propios
partidos que forman parte del Gobierno, la están fomentando sus socios de
Gobierno mientras ustedes, el Partido Socialista, miran hacia otro lado,
señorías. Están alentando, fomentando y aplaudiendo que se cometan
delitos contra el derecho de la propiedad de otros ciudadanos, contra la
convivencia y contra la seguridad ciudadana. También he dicho
anteriormente, y no me voy a cansar de repetirlo, que la okupación en
España tiene nombres y tiene apellidos, se llama Unidas Podemos y, en
este caso, ustedes, el Partido Socialista, son cómplices y padrinos de
ella.


Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de garantizar
de manera suficiente a los ciudadanos el derecho a la propiedad. Por
tanto, es urgente y necesario introducir distintas modificaciones legales
que afronten, en su integridad, el fenómeno de la ocupación ilegal.
Miren, ya el defensor del pueblo, en diciembre de 2016, inició una
actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la
Fiscalía General del Estado por las quejas de la ciudadanía ante la
ocupación ilegal. Además, el propio defensor del pueblo recomendaba
prever los cauces adecuados para adoptar medidas de carácter cautelar que
restituyan de manera inmediata, señorías, de manera inmediata, al titular
del inmueble la posesión y el disfrute del mismo mediante la tramitación
de un procedimiento de juicio rápido.


Señorías, ser europeos también significa tomar ejemplo de lo que
están haciendo países vecinos. Prácticamente, todos los países de nuestro
entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces para, ya sea
mediante la intervención de un juez o, simplemente, a través de las
fuerzas y cuerpos de seguridad, desalojar a los ocupantes y, de forma
inmediata, devolver la propiedad y la posesión de una vivienda a su
legítimo propietario. Entre otros, estoy hablando de Holanda, Francia,
Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca, que garantizan a sus ciudadanos
la recuperación de su legítima propiedad en un plazo envidiablemente
corto de tiempo, todo lo contrario de lo que ocurre en nuestro
país.


Señorías, la Administración a la que más afecta este problema y que
más se implica es la Administración Local, porque es un problema que
afecta a la seguridad ciudadana y a la convivencia, como he dicho
anteriormente. Los ayuntamientos son los que lidian con este problema,
pero necesitan herramientas para poder dar una respuesta más inmediata a
un fenómeno que tanto preocupa y que perjudica a los vecinos. Uno de los
objetivos de esta ley es precisamente habilitar a los ayuntamientos con
las potestades adecuadas a la altura de la responsabilidad que la
ciudadanía les reclama. Además, en esta Cámara, una Cámara territorial,
no podemos dejar solos a los ayuntamientos con este problema. No es
lógico que justo la Administración a la que los ciudadanos le están
exigiendo respuestas sea precisamente la que está desamparada por las
leyes, que no la habilitan con las potestades adecuadas. Señorías,
nosotros, desde luego, no lo vamos a hacer; tampoco vamos a dejar
abandonados ni a los ayuntamientos ni a las personas que se encuentran en
esta lamentable situación. En Andalucía ya hemos puesto en marcha, como
comenté también en la defensa de una moción sobre este tema, muchas
medidas. Estamos consiguiendo poco a poco acabar con esta lacra, pero
necesitamos, por supuesto, la implicación de todas las instituciones y en
este caso la implicación también del Gobierno. Por lo cual, mi grupo va a
apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.


No haremos uso del turno.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra la
senadora González Modino.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidenta. Buenos días,
señorías.


Decía mi compañero, el senador Mulet, en la intervención anterior de
la toma en consideración de otra proposición de ley, que es una posición
tradicional del Grupo de la Izquierda Confederal votar a favor de la
admisión a trámite de las diferentes proposiciones de ley con la
intención de que después, en el debate, se pueda argumentar, enmendar o
lo que consideremos necesario. Efectivamente, esa es una postura común en
el grupo, pero en este caso es la contraria. Nuestra postura es siempre a
favor de proposiciones de ley que supongan garantía de derechos,
incremento de bienestar o mejora de la realidad de la vida, empezando por
las personas más vulnerables, y esto es justo lo contrario. Además, es un
ejercicio de desmesura, senador De Rosa, con todo respeto; desde nuestro
punto de vista, es un ejercicio de desmesura. Quiero hacer algunas
consideraciones previas.


La naturaleza de la ley, la importancia de la ley no radica tanto en
su capacidad de prescribir u ordenar cuanto en su capacidad de normalizar
la vida real. La ley es una norma para una realidad social y tiene una
lógica que está, directamente proporcional, vinculada su tiempo. La ley
señala lo que es justo y el derecho es el espíritu de la ley porque es lo
que garantiza la justicia. Cuando la ley ya no señala la justicia, está
fuera de tiempo y está fuera de lugar. En concreto, la Ley del jurado a
nosotros nos parece una buena ley; una ley que tiene una tradición
importante en el liberalismo español desde el siglo XIX. El primero fue
un granadino, Martínez de la Rosa, un liberal granadino, un
constitucionalista granadino, tan constitucionalista como dice ser y se
pone medallas por ello el Grupo Popular siempre; no sé si es un
constitucionalismo a tiempo parcial o en diferido. Francisco Martínez de
la Rosa era un liberal constitucionalista y fue el primer impulsor de la
Ley del jurado. Estaba en la Constitución de 1837, estaba en la de 1869,
en las constituciones más liberales de todas las del siglo XIX. La Ley
del jurado nace de las ideas de Rousseau y termina con un bando del
general Mola. Luego, es evidente cuál es la posición del Grupo de la
Izquierda Confederal: a favor, sin ninguna duda, de la Ley del
jurado.


En esta proposición de ley el Grupo Popular confunde deliberadamente
—este debate ya lo hemos tenido antes y hoy vamos a continuar con
él— tres conceptos que no son sinónimos, ni siquiera equivalentes,
ni lingüística, ni política, ni jurídica, ni legalmente; son los
conceptos de vivienda, propiedad e inmueble. La vivienda es un derecho y
por eso, jerárquicamente, es el concepto más importante de todos. Es uno
de los derechos humanos. No hay ninguna ley sagrada y, si hubiera alguna
en este tiempo, sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y
la vivienda es uno de esos derechos humanos. Además, es un derecho
reconocido en la Constitución española. Volvemos al constitucionalismo
para lo que nos interesa, no para todo. Hace unos meses lo votamos en
esta Cámara como un derecho reconocido en la Carta Social Europea. La
vivienda es un bien jurídico que trasciende lo material porque es una
plataforma precisamente de otros derechos fundamentales: a la salud, a la
intimidad, a la educación, a la integración social. No hay vivienda si no
hay vida. Un inmueble no es una vivienda, es un bien material protegido,
claro que sí, protegido legal y jurídicamente, pero, si no está habitado,
no es una vivienda, es un inmueble. Una vivienda es un derecho, un
inmueble es un bien material, son conceptos diferentes. Y una propiedad,
que también es un bien jurídico, está vinculada a la compraventa de un
inmueble. Pero en el caso de una vivienda se puede no ser propietario, se
puede ser inquilino o arrendatario, tener otros títulos; la propiedad es
otra cosa.


Esta modificación que traen tanto de la Ley del jurado como del
Código Penal, nada menos, es un ejercicio de desmesura, señoría, y se
basa fundamentalmente en falacias, en engaños, en apariencias. Esto no es
un discurso sobre la verdad, es un discurso sobre la opinión; es una
campaña contra la okupación, un alegato antiokupas o un manifiesto de la
empresa que se llama Desokupa. Eso es esta proposición de ley, ni
siquiera es un debate jurídico. Dogmáticamente, esta reforma es mala. No
es cierto que todos los delitos de allanamiento se tengan que hacer
mediante jurado, no es cierto, y su señoría lo sabe porque de esto sabe
muchísimo más que yo. Si he llegado a descubrirlo yo, que sé poco, su
señoría lo sabe, y lo sabe mejor que yo.


Por otro lado, la cuestión de fondo es que se intenta que en este
tipo de delitos se haga por la vía rápida, sin una instrucción en
condiciones y sin todas las garantías procesales. Esta proposición de ley
tiene errores formales y pretende eliminar garantías procesales en los
delitos de allanamiento. En cuanto al argumento de que hay que hacerlo
rápido, hay que recordar que el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal permite adoptar medidas cautelares en espera de sentencia, como,
por ejemplo, el desalojo de las viviendas o la prisión provisional. En
definitiva, intentan crear un debate falso sobre un problema que tiene
solución en nuestro derecho sin tener que modificar nada. Parece que lo
que quieren es que vaya todo más rápido, pero para ello, para que la
justicia sea más eficaz contra las ocupaciones ilegales, no hay que
eliminar un artículo de la Ley del jurado, sino dotar de más medios a los
tribunales de justicia. Esa es la forma de resolver precisamente estas
situaciones que importan a muchos ciudadanos.


Quiero desmontar algunos de los principios del relato que están
ustedes construyendo. Antes, el problema eran los desahucios; ahora, para
la derecha, para toda la derecha, el problema son las okupaciones. Antes
vivíamos una crisis, ahora vivimos una crisis peor, y el problema es
siempre el mismo. Aunque la derecha quiera ganar la batalla del relato de
las okupaciones, el problema es la pobreza y la causa profunda es la
desigualdad. No es verdad que el delito de allanamiento sea un delito en
alza. Según los datos que analiza el Instituto Nacional de Estadística,
el número de condenados por allanamiento de morada se ha ido reduciendo
desde 2016, situándose en 285 condenados en el último año del que hay
cifras disponibles, bajando desde 327 del año anterior. Luego, no crece,
decrece. Son condenas del Consejo General del Poder Judicial. En 2019,
según los datos del Ministerio del Interior —los datos de que
disponemos los conocemos todos ya que son del Ministerio del Interior, el
Consejo General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de
Estadística—, había 40 denuncias al día por okupación y 147
desahucios al día, según el Consejo General del Poder Judicial. Los
desahucios todavía representan el doble de las okupaciones.
En 2019, 27 055 ejecuciones hipotecarias, desahucios; 14 000 denuncias
por ocupaciones ilegales; 4000 trámites iniciados en los juzgados por
ocupación ilegal. El 27 % de las denuncias se convierten en trámites
judiciales. Luego, no aumenta el delito de allanamiento, lo que aumenta
es la alarma social que están generando ustedes con este relato.


No es verdad que ahora, cuando volvamos a nuestras casas, nuestras
casas van a estar ocupadas. Es mentira, repito, es mentira. Eso no sale
en los telediarios, sale lo que ustedes están diciendo. Tampoco es verdad
que cuando nos vayamos a la playa nos van a ocupar el piso de la ciudad
ni que cuando volvamos a la ciudad nos van a ocupar el piso de la playa.
Sencillamente, no es verdad. Lo que sí aumenta es la alarma social. Hay
más alarmas instaladas en los domicilios y hay más empresas que expulsan
a los usurpadores, a los okupas. Hay una intensa campaña mediática, mucha
publicidad de empresas de alarmas y mucho discurso vociferante de mano
dura en las tribunas y en las redes sociales. Les voy a leer una frase de
un panfleto de Desokupa, la primera empresa que se ha constituido en este
país para echar okupas. Dice —entre comillas—: Trabajamos día
a día para hacer del mundo un lugar más seguro para las familias y los
propietarios. Esto puede aparecer en el Mein Kampf, exactamente
esto.


Voy a seguir dando datos. Hay más de 25 millones de inmuebles
residenciales en España, según datos del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. Según las denuncias, la okupación afectaría
al 0,056 % de los inmuebles. Según los trámites judiciales, la okupación
afectaría al 0,016 % de las casas. Hay más de 3,5 millones de inmuebles
vacíos, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística.
El 80 % de casos de okupación se trata de inmuebles de propiedad de
entidades bancarias o fondos de inversión, fruto de desahucios u
operaciones inmobiliarias. Se me acaba el tiempo, señorías.


Todos los expertos coinciden en que la okupación no desaparecerá como
delito, que lo es, si no se resuelve antes el problema del acceso a la
vivienda. En eso coinciden los magistrados, en eso coinciden los
expertos. El problema es el acceso a la vivienda y la desigualdad, no la
okupación. Señorías, hay instrucciones del Ministerio Fiscal, hay
instrucciones a la policía. Esto es lo evidente, es la realidad. Lo otro
es una campaña de publicidad que están haciendo. La solución a la
ocupación ilegal no es cambiar la Ley del jurado, no es cambiar el Código
Penal, sino resolver el problema de la vivienda y dotar de mayores medios
a la justicia. La seguridad jurídica, señorías, no es cambiar el Código
Penal. No hay mayor inseguridad jurídica que no tener una vivienda donde
cobijarse y donde cobijar a nuestras familias y a nuestras hijas e hijos.
Ese es el problema, esa es la realidad.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Landa Jáuregui.


El señor LANDA JÁUREGUI: Gracias, señora presidenta. Egun on denoi
berri. Buenos días a todos y todas.


Abordamos la toma en consideración de la proposición de modificación
de la Ley Orgánica del tribunal del jurado y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal respecto del delito de ocupación ilegal de inmuebles con
allanamiento de morada. Como sabemos, no es esta la primera ocasión en la
que el Grupo Popular presenta iniciativas de diverso orden y naturaleza
en torno al fenómeno de la okupación. De hecho, es amplio el abanico de
iniciativas desplegado en diferentes comisiones y también a efectos de su
tratamiento en este Pleno, en ocasiones, tengo que decirlo, con un tinte
alarmista que no compartimos claramente.


Señorías, en el Grupo Vasco somos plenamente conscientes de que la
okupación constituye un fenómeno que genera preocupación social y una
innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía, pero también sabemos
que son muchos los bulos y desinformaciones que se trasladan sobre esta
temática, muchos de ellos interesados, que distorsionan la realidad del
fenómeno, de sus distintas tipologías, de la incidencia de cada una de
ellas y de la respuesta que el sistema ofrece al mismo, extendiendo más
inquietud y zozobra. La respuesta del ordenamiento sobre este fenómeno de
la okupación en general es mejorable, sin duda, y así lo consideramos. De
hecho, mi grupo, bien en el Congreso, bien en esta Cámara, ha apoyado
iniciativas legislativas en este sentido con el objetivo de posibilitar
una reflexión al respecto, sobre todo en lo concerniente no tanto al
allanamiento de morada, que hoy nos ocupa, sino a la okupación de
inmuebles que no son morada, pisos desocupados, etcétera. En concreto, a
la respuesta penal y civil que el ordenamiento confiere en orden a la
recuperación expeditiva cautelar de esta tipología delictiva, la
usurpación, que entendemos debe ser mejorada, pero de ahí a negar la
existencia de instrumentos legales para su abordaje hay un largo trecho.
Y me remito para ello a la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la
Fiscalía General del Estado, en la que se da buena cuenta de estos
instrumentos, tanto en lo referente al ámbito penal, con los delitos
penales correspondientes y la apelación al artículo 13 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, como en el ámbito civil mediante la Ley 5/2018,
de 11 de junio, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
relación con la ocupación ilegal de viviendas. Cuestión distinta, sin
embargo, es la realidad de los órganos judiciales, de sus recursos y, por
tanto, de su capacidad mayor o menor para que esta respuesta sea la
adecuada en tiempo y forma.


En todo caso, la proposición de referencia se centra exclusivamente
en el allanamiento de morada y plantea una doble reforma: por un lado, la
del artículo 1 de la Ley Orgánica del tribunal del jurado, que supondría
eliminar este delito de entre los susceptibles de ser enjuiciados por un
jurado popular, y, por otro, la del artículo 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, con el objeto de que esta conducta delictiva sea
instruida y juzgada a través del procedimiento establecido para los
denominados juicios rápidos, todo ello en orden a posibilitar una
resolución más ágil y rápida en el abordaje procesal penal de estos
delitos. A este respecto, un primer dato objetivo que ya se ha puesto
aquí encima de la mesa: en 2019 hubo en todo el Estado 285 condenas por
ocupación ilegal de inmuebles constitutiva de allanamiento de morada; un
último dato que consolida el claro retroceso que año a año se constata en
este indicador, que, por ejemplo, en 2016 se situaba en 357 condenas. No
es así en el caso de la okupación de inmuebles que constituye usurpación,
es decir, de los inmuebles desocupados, cuyos datos sí van al alza. Por
tanto, pongamos las cosas en su sitio a la hora de abordar esta materia y
valoremos su incidencia en su justa medida.


La propuesta deviene revestida de una cierta lógica argumental en
tanto parece razonable conducir la respuesta penal ante estos delitos e
itinerarios procesales más ágiles desde la necesidad de que se produzca
en un plazo razonable que posibilite, en su caso, la rápida restitución
del inmueble okupado a la persona titular de la morada. Así, tanto el
Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado
han introducido esta propuesta entre las medidas a implementar a efectos
de hacer frente a la situación derivada de la pandemia en la justicia. Si
embargo, la proposición de ley omite que este objetivo puede abordarse
igualmente con la urgencia requerida desde la aplicación de los
instrumentos legales actualmente en vigor, sin necesidad de las citadas
reformas. Así, y en primer lugar, al ser un delito flagrante, los
servicios policiales, acreditada la titularidad del inmueble, tienen la
obligación de desalojar y detener de manera inmediata a los ocupantes sin
necesidad de acudir a la autoridad judicial, con independencia del
proceso judicial posterior. Por tal razón, no parece preciso vincular la
forma de enjuiciamiento del allanamiento de morada o sus plazos con la
reposición a sus moradores de la vivienda okupada.


En segundo lugar, cabe la aplicación de las medidas cautelares
—aquí se ha citado también— previstas y reguladas en el
artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que habilita al órgano
judicial para acordar el acceso urgente a la vivienda de aquellas
personas que se hayan visto desposeídas de la misma como consecuencia de
hechos presuntamente delictivos. De hecho, esta cuestión ha sido objeto
de especial tratamiento en la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de
la Fiscalía General del Estado, previamente citada, sobre criterios de
actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de
allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. Este artículo
considera como primeras diligencias del procedimiento penal las
encaminadas a proteger a las personas ofendidas o perjudicadas por el
delito. Existe consenso en que este precepto habilita a la autoridad
judicial a adoptar, además de aquellas medidas necesarias para tutelar la
vida o la integridad física y moral de la víctima, todas aquellas que
resulten necesarias para preservar y tutelar los bienes jurídicos
ofendidos por la comisión del delito presuntamente ejecutado. Asimismo
—y cito literalmente—, según la instrucción, tras la reforma
del Código Penal operada en 2015, las resoluciones judiciales, de lo que
se ha dado en denominar jurisprudencia menor, admiten de forma
mayoritaria la posibilidad de adoptar en ese artículo 13 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, incluso también en el delito de usurpación
inmobiliaria, la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble
objeto del delito a su legítima poseedora.


Por tanto, el ordenamiento jurídico no está huérfano de instrumentos
legales en orden a dar una respuesta rápida y adecuada a este tipo de
supuestos desde la aplicación de medidas cautelares de aplicación más o
menos inmediata por los órganos judiciales o desde la intervención
directa e inmediata de las fuerzas policiales, sin perjuicio del sentido
y determinación de la resolución final del proceso tras su tramitación
correspondiente. En todo caso, estamos ante una toma en consideración de
una proposición de ley. Mi grupo no se va a oponer a la posibilidad de
abrir una reflexión y debate en torno a los ámbitos de mejora aplicables
en el tratamiento de esta tipología delictiva.


Muchas gracias.






Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador De
Rosa Torner.


El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, como les he dicho, la ocupación ilegal de bienes inmuebles
es un delito cada vez más extendido. Aunque ustedes miren para otro lado,
más de 40 inmuebles, como se ha reconocido también en esta tribuna, son
okupados en toda España cada día. Esa es la realidad; no son casos
aislados, tal como pone de manifiesto el gran número de denuncias
presentadas en todo el territorio nacional. Las okupaciones conflictivas
generan inseguridad, malestar, conflictividad en las zonas con elevadas
tasas de okupación, además de la pérdida del valor —entre un 40 y
un 60 %— de los inmuebles okupados.


Les voy a hacer un análisis pormenorizado de la situación, con
posteriores y múltiples ejemplos reales, no inventados. En Madrid, la
zona sureste es la que sufre en mayor medida este problema: Usera, Villa
de Vallecas, Vicálvaro y sobre todo Villaverde son las zonas donde existe
un riesgo de ocupación; a nivel de comunidad, más de 2000 viviendas se
encuentran okupadas. En cuanto a Barcelona, la policía considera esta
ciudad como el epicentro de la okupación; concretamente, en el barrio de
San Andrés y en Nous Barris, al norte de la Ciudad Condal, se
producen 600 okupaciones al mes y 20 al día. En Valencia, los barrios de
l’Olivereta, el Cavañal y los Poblats Marítims son los de mayor
riesgo. En Sevilla, en los barrios de la Macarena —distrito
norte—, Cerro-Amate —distrito sur— y Alcosa y
Torreblanca —distrito este— es donde existe este riesgo,
según la memoria de la propia Fiscalía. En Zaragoza, en Utebo y Cadrete,
donde los vecinos han salido a manifestarse.


También les quiero poner ejemplos concretos, como el de Torrent, en
la provincia de Valencia, una de las ciudades con mayor ocupación ilegal
en sus urbanizaciones de El Vedat y Calicanto. En segundo lugar, en las
grandes ciudades metropolitanas de la provincia de Barcelona
—Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell o
Mataró—, sus alcaldes, mayoritariamente socialistas, reclaman que
se combata la ocupación ilegal. Quiero leerles las manifestaciones de
Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, que dice: Las okupaciones no tienen
nada que ver con las que provocó la crisis hipotecaria; entonces eran
personas con necesidades reales, ahora son personas que vienen de fuera
de la ciudad y que van de un municipio a otro, causando problemas de
convivencia. Esto lo dice un alcalde socialista. También les quiero hacer
referencia a Móstoles —con otro alcalde socialista—, donde
los okupas han denunciado al concejal socialista de Seguridad,
exigiéndole con la frase: Alejandro, recuerda, nos debes una puerta.
Porque la policía derribó la puerta para entrar y lo han denunciado para
que les pague el ayuntamiento la puerta derribada. En cuarto lugar,
suciedad, malos olores, ruidos, el sufrimiento de personas que viven
junto a las viviendas okupadas, todo ello también es recogido en los
medios de comunicación. En una zona de viviendas unifamiliares en
Alicante los vecinos manifiestan su miedo a los okupas porque utilizan
perros peligrosos para evitar que se acerquen los propietarios. En
Barcelona, en la calle Olzinelles, los vecinos manifiestan que se
encuentran asustados ante los terribles enfrentamientos: tiran piedras,
rompen ventanas, puertas y cristales. En Villamartín, pueblo gaditano,
los okupas desafían a los propietarios y amenazan con llamar a sus
abogados, destrozando el mobiliario de las zonas comunes en los
inmuebles. Artimañas de los okupas: He llamado a la Guardia Civil para
comunicar que he okupado la vivienda. Quiero decir lo que pone de
manifiesto Óscar Gil, jefe de la Policía local de Cedillo del Condado: La
desfachatez de algunos okupas es insolente; en la calle de El Carmen
están en un piso en el que viven casi todo el año, pero ahora han okupado
los chalés con piscina en el río Guadarrama para pasar el verano. Eso lo
manifiesta el jefe de la Policía local del municipio. Okupan en Marbella
una casa de lujo de unos propietarios fallecidos y sin herederos para
veranear también. La lentitud de las resoluciones judiciales ha hecho que
un ciudadano haya entrado en su vivienda y haya sido objeto de denuncia
por okupación por parte de los okupas; también lo ponen de manifiesto los
medios de comunicación escandalizados. La casa okupa en la calle Major de
Vila Real, provincia de Barcelona, tasada en más de 600 000 euros, ha
sido okupada por un grupo de jóvenes para pasar el verano. ¿Quiere usted
leerlo también? Esos no son casos reales, me los estoy inventando. Los
vecinos de Arturo Soria, en Madrid, se vuelven a movilizar contra los
okupas de Villa Menchu, que está siendo constantemente okupada, y la
policía ya frustró el pasado 28 de mayo el intento de okupación de este
inmueble. Máxima tensión de los vecinos y los okupas en Carabanchel
porque se trapichea con droga junto a un colegio. Denuncian la okupación
de más de 40 viviendas en Son Parc, Menorca: Los vecinos del complejo
consideran que la situación es peligrosa. De los 66 chalés, señoría, 40
están ocupados ilegalmente, lo que se ha denunciado en un programa de La
Sexta. Supongo que usted oirá y verá el programa de La Sexta, en el cual
se denunció esa actuación de los okupas en Son Parc, en Menorca. Espero
que no sea también La Sexta quien se invente el problema de la okupación.
También es sangrante lo siguiente: Okupan la casa de una sanitaria en
Vic, una matrona que se dedicaba a combatir el COVID, ayudando a mujeres
embarazadas con COVID en Vic. Estuvo una semana trabajando; cuando
volvió, su casa, en Vic, se encontraba okupada. Declara: Se metió dentro
de mi casa y me dijo que no se movía. ¿Se imagina usted llegar a su casa,
meter la llave en la cerradura y comprobar con espanto que la han
cambiado y no puede entrar? Eso es lo que pasa con numerosas víctimas de
la ocupación ilegal de vivienda. (Aplausos). Esto está denunciado por
esta sanitaria que está trabajando para todos nosotros y usted dice que
su derecho a la propiedad no existe, que no existe la propiedad, que no
existe porque es un inmueble, es una vivienda. Esta señora no ha podido
entrar en su vivienda. Eso es una realidad y no haga usted manipulación
en este sentido.


Okupan también en la provincia de Castellón. El lunes pasado salió en
la prensa que la okupación se disparó en el año 2020 y que se okupa un
inmueble cada dos días, un 60 % más que el año anterior. ¿También me lo
invento yo? Diario Mediterráneo, el lunes de esta misma semana: En
Vinarós y Burriana, este mismo año, 2021, los vecinos de la calle Ánimes
o de Barranquet denuncian un aumento de entradas ilegales. Nos lo estamos
inventando el Grupo Popular porque nos dedicamos a alarmar a los
ciudadanos. Estos ciudadanos están alarmados, señoría, están sumamente
alarmados, y aquí tenemos que dar una solución, no hablarles de teoría.
Luego también me referiré a la Ley del jurado. En Sevilla, en pleno
barrio del Aljarafe, la propietaria de un chalé grabó con su propio móvil
cómo unos okupas entraban en su segunda residencia para pasar el verano,
según le dijeron. Desde su coche vio cómo hacían uso de la vivienda, de
su piscina; cómo enganchaban ilegalmente el agua y la luz. Todo esto
ocurre porque ustedes no quieren tomar medidas efectivas para cambiar
este problema y dar solución.


Son cientos de ejemplos los que podríamos poner y que se extienden
por toda España. ¿Sigue pensando que no es un problema real? Nos lo
estamos inventando todos los medios de comunicación: ABC,
Mediterráneo, 20 minutos, La Sexta Televisión, Antena 3, Telecinco. Todos
nos lo estamos inventando, menos su propia realidad virtual. ¿Siguen
pensando que la modificación legal propuesta por el Grupo Popular no se
ajusta a lo que los ciudadanos demandan? ¡Si lo piden los alcaldes
socialistas de Móstoles, de Terrassa! Están pidiendo que tomemos estas
medidas. Escuchen a sus propios alcaldes. (La señora Cortès Gès: Vivienda
social). También los alcaldes de Esquerra Republicana lo están exigiendo.
Escuchen a sus vecinos y entonces les irá mucho mejor.


En definitiva, nosotros preferimos estar con aquellos que cumplen la
ley, no con aquellos que delinquen y deciden cometer delitos. Por eso,
ahora tienen la oportunidad de apoyar esta proposición de ley que tarde o
temprano será ley, será ley porque la aprobaremos. Tarde o temprano el
Partido Popular gobernará en España y entonces aprobaremos esas leyes, no
con su apoyo, sino con el apoyo de todos los ciudadanos que quieren vivir
en libertad, que quieren vivir con derechos y que quieren cumplir la ley.
No han entendido nada, señorías. Los españoles queremos libertad y que
nos protejan nuestros derechos, y así, a la primera oportunidad, los
madrileños ya les dijeron el concepto de libertad que quieren, no el de
la imposición. También se sorprenden de lo que dicen las encuestas: que
el Partido Popular va a gobernar muy pronto en este país. Se extrañan
también del referéndum espontáneo de los ciudadanos, rechazando su
política sanitaria, también los indultos, la subida de la luz, el pago de
peajes, los impuestos. Verán cómo poco a poco, si no siguen apoyando la
libertad y los derechos de los ciudadanos, van a ir ustedes a la
oposición muy pronto. Señorías, les reitero que cuando gobierne el
Partido Popular aprobaremos esta ley y estaremos con los ciudadanos y
ustedes seguirán apoyando a delincuentes.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Magdaleno Alegría.


El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, España es uno de los países más seguros del mundo y de
Europa, como así confirman los informes de organismos como la Oficina
Europea de Estadística. De la misma manera, en España se protege el
derecho a la propiedad y, además, desde que no gobierna el Partido
Popular, es un país mucho más justo y solidario con sus ciudadanos.
(Aplausos).


Señorías del Partido Popular y de la ultraderecha, basta ya de
sembrar el miedo entre la población mediante sus falsedades. El discurso
de la derecha, además de ser falso, nos parece irresponsable porque es
dañino para la recuperación económica de nuestro país. No solo no se han
conformado con torpedear las negociaciones de España en el seno de la
Unión Europea para traer los fondos comunitarios para la recuperación,
sino que ahora presentan a España como un país inseguro, donde sus
instituciones son incapaces de garantizar el derecho a la propiedad.
Olvidan que si España es el segundo país del mundo más visitado en cuanto
a turismo es porque eso obedece, entre otros factores, a su gran
seguridad pública. Ustedes también dañan las inversiones de nuestro país
al afirmar que nuestras instituciones no garantizan ni el derecho de la
propiedad ni la ley. Dejen ya de dañar la recuperación económica creando
una falsa imagen de nuestro país. (Aplausos).


Hoy, tras numerosas preguntas, interpelaciones, nos traen una
proposición de ley donde de nuevo generan falsa alarma social, vuelven a
la ideología del miedo, y para ello vuelven a falsear datos. Como
auténticos trileros de la política, confunden a la población entre el
allanamiento de morada, que es la entrada ilegal a la vivienda habitual o
a las segundas residencias, y la usurpación u okupación de bienes
inmuebles, donde nadie vive. Omiten la existencia de instrumentos
jurídicos para hacer cumplir la ley en esta materia. Repiten hasta la
saciedad los bulos, aplicando la máxima de Goebbels: Una mentira repetida
mil veces se convierte en una verdad. En definitiva, vuelven a la
antipolítica y regresan este domingo a la plaza de Colón con sus socios
de Vox. (Aplausos). Hoy, aportan una novedad, pues en su discurso añaden
una iniciativa para quitar al jurado popular la competencia para juzgar
el allanamiento de la vivienda habitual o segundas residencias y así,
poco a poco, acabar con la institución del jurado, que nunca les ha
gustado demasiado.


Pero vamos por partes. Desmontaremos sus datos falsos, demostraremos
que existen distintos instrumentos jurídicos para atender el problema y
mostraremos que, en realidad, cuando hablan de ocupación, se preocupan de
los intereses de los bancos y de los fondos de inversión y no de las
familias, como recurrentemente dicen, y que mediante la proposición de
hoy utilizan la okupación para intentar acabar con el tribunal del
jurado. Señorías del Partido Popular, infundir miedo mediante la difusión
de falsedades forma parte del pasado autoritario de Europa. Exagerar
problemas, estigmatizar a grupos sociales y erigirse como los únicos
salvadores del país ya está muy visto. El mejor remedio contra los bulos
son los datos. Según el Registro Central de Penados, en 2019 en España se
dictaron 238 condenas por allanamiento de morada, la cifra más alta en
los últimos seis años; es más, muchos de los casos de allanamiento de
morada están relacionados con la violencia de género; ya saben, esa
violencia que mata a las mujeres y que sus socios de Vox niegan
reiteradamente. Si hablamos de usurpación u okupación de bienes inmuebles
—recuerdo, inmuebles donde no vive nadie—, las condenas
fueron 4687, casi 1500 menos que el año anterior, cuando sí gobernaban
ustedes, que afectaron al 0,13 % de las viviendas desocupadas en nuestro
país. Por tanto, las estadísticas desmienten tajantemente que el fenómeno
de la okupación se haya disparado. Pero, además, los ciudadanos no
perciben la inseguridad pública como un problema. Según el CIS, la
inseguridad es el problema número 37 de los españoles y solo preocupa
mucho al 0,6 % de la población.


En España, señorías, disponemos de suficientes instrumentos para
luchar contra el allanamiento de morada y la usurpación u okupación de
bienes inmuebles, como así han manifestado los jueces en la memoria del
Consejo General del Poder Judicial. La Ley de Enjuiciamiento Civil ya
incluye un procedimiento rápido para los desalojos cuando se produce la
okupación de viviendas. Disponemos del instrumento del Código Penal y los
instrumentos de la instrucción de la Fiscalía General del Estado y la
Secretaría de Estado de Seguridad que garantizan —esto lo
omiten— el desalojo inmediato de la vivienda en caso de
allanamiento de morada o usurpación si existe flagrancia.


Hay discursos políticos, señorías, como el que están empleando, que
tienen un claro efecto bumerán, porque se va contra ustedes al quitarles
las máscaras. Ustedes sostienen que, en el caso de usurpación u okupación
—y vuelvo a decir que no concierne ni a la primera ni a la segunda
residencia, como insinúan—, afecta a las familias ahorradoras, pero
lo cierto es que el 80 % de los casos se producen en inmuebles que son
propiedad de bancos y de fondos de inversión. Y es que ustedes protegen a
los más fuertes, no a las familias y a los ahorradores, pero esto no es
ninguna novedad, pues en la anterior crisis rescataron y regalaron 60 600
millones de euros a los bancos que no devolverán jamás, pese a sus
promesas, mientras que a las familias les aplicaron recortes en los
servicios públicos y les subieron los impuestos. (Aplausos). Mintieron
entonces y mienten hoy. Ustedes hoy, como hicieron en la anterior crisis,
apoyan a los más fuertes, no a las clases medias. Nosotros en esta crisis
sí que hemos apoyado a las familias y a las clases medias mediante ERTE,
el ingreso mínimo vital o las ayudas a los autónomos. Y es que no es lo
mismo quién gobierna en España y los ciudadanos lo saben de sobra.


La novedad de hoy es que proponen la reforma del tribunal del jurado
popular para ir vaciándolo de contenido, pese a que el artículo 125 de la
Constitución prescribe la necesidad de desarrollar esta institución. Pero
aclaremos una cosa, pues su discurso es sumamente trilero y trata de
confundir. La propuesta que traen hoy aquí nada tiene que ver con la
recuperación del uso de la propiedad, pues la policía procede a desalojar
el hogar o la segunda residencia inmediatamente al tratarse, como sus
señorías saben, de un delito flagrante. Dicho esto, la institución del
jurado tiene por objeto garantizar la participación de los ciudadanos en
la Administración de Justicia. El jurado popular trata de trasladar al
proceso penal el sentido de la justicia que impera en la sociedad
encarnado en las personas que componen cada uno de los jurados. Los
jurados conocen de los delitos que consideramos más graves como sociedad:
los delitos contra la vida humana, las lesiones contra la integridad
física o el caso que nos ocupa, la morada, que es el lugar donde
realizamos nuestra vida más íntima, personal y familiar, fuera de las
miradas ajenas. A diferencia de ustedes, señorías, pensamos que los
ciudadanos están de sobra capacitados para ser jurados y es conveniente
que participen en la Administración de Justicia de su país. Confíen,
señorías, también en los ciudadanos de su país. (Aplausos).


Pero si quieren hablar de justicia, del tribunal del jurado popular o
del cumplimiento de las leyes, hablemos; no tenemos ningún problema,
siempre tendremos la mano abierta. Pero, señorías, hay que ser serios. Lo
primero que tienen que hacer para todo esto es cumplir la primera norma
de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución, y proceder a
renovar de una vez el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal
Constitucional (Aplausos), porque no haciéndolo están debilitando
nuestras instituciones. Señorías del Partido Popular, ¿cómo se atreven a
decir a otras formaciones aquí presentes que no cumplen la Constitución
si ustedes lo están haciendo flagrantemente y sin pestañear? ¿Cómo se
atreven a decir a los ciudadanos que cumplan las leyes, en plural, si
ustedes no están cumpliendo la principal norma de nuestro ordenamiento
jurídico? Y he dicho en plural el cumplimiento de las leyes por la
costumbre que tienen algunos de sus compañeros de ir a los juzgados de lo
Penal a responder ante la justicia por hechos que han cometido. Creo, por
cierto, que en breve le toca a su antigua secretaria general y valedora
de don Pablo Casado, la señora Dolores de Cospedal. Por cierto, se la
acusa de algunos delitos que normalmente corresponden al jurado popular.
Yo lo dejo ahí.


En definitiva, señorías, si quieren que hablemos del tribunal del
jurado popular, la mejora de las normas procesales o penales, sentémonos
y hablemos, siempre tendremos la mano tendida, pero lo que no vamos a
admitir desde ningún punto de vista es que se pongan en tela de juicio
dos grandes fortalezas de nuestro país, que son su seguridad pública y el
respeto a la ley, esenciales tanto para el turismo como para la inversión
en nuestro país. Basta ya, señorías del Partido Popular, de sembrar miedo
en la sociedad al estilo de Trump mediante falsedades. Dejen de dañar la
recuperación económica de nuestro país. Señorías, este país está saliendo
adelante, la recuperación económica se refleja en los datos y los
ciudadanos lo están percibiendo, y eso parece, señorías del Partido
Popular, que les molesta. Pero miren, les pedimos una cosa, háganse un
favor a ustedes mismos y a su propio país, no sean parte del problema,
sino sean parte de la solución, colaboren con la recuperación económica,
pues todos somos necesarios.


Muchas gracias por su atención. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate de la toma en consideración de la
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995,
de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, promulgada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, se
procederá a continuación a abrir el plazo para emitir el voto telemático
para su votación. Se abre el plazo en este momento, siendo las once horas
y un minuto, hasta las trece horas y un minuto.










OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR




ELECCIÓN DE MIEMBROS





ELECCIÓN DE CUATRO MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA
MILITAR.


729/000001

Nombramientos


La señora presidenta lee los puntos 9, 9.1. y 9.1.1.


La señora PRESIDENTA: El artículo 55.1 de la Ley Orgánica 9/2011,
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas, establece que el Observatorio de la Vida Militar estará
compuesto por cinco miembros elegidos por el Congreso de los Diputados y
otros cuatro por el Senado entre personalidades de reconocido prestigio
en el ámbito de la defensa o en el de recursos humanos o en el de
derechos fundamentales y libertades públicas. Su nombramiento se
efectuará por mayoría absoluta con el apoyo de al menos tres grupos
parlamentarios de cada Cámara y por un periodo de cinco años.


De conformidad con lo previsto en el artículo 184.2 del Reglamento
del Senado, los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Senado y
Ciudadanos presentaron la siguiente propuesta de candidatos: don Modesto
García García, don Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, doña Beatriz
Rodríguez-Salmones Cabeza y doña María Victoria San José Villacé.


El día 7 de junio de 2021, la Comisión de Nombramientos se reunió
para sustanciar la comparecencia de los candidatos propuestos para cubrir
las cuatro candidaturas. Una vez efectuadas las comparecencias en la
sesión indicada, la comisión acordó, según lo previsto en el
artículo 185.6 del Reglamento del Senado, informar sobre la plena
idoneidad de los cuatro candidatos mencionados para acceder a los cargos
que procede elegir por cada Cámara.


Procedemos al debate. ¿Algún grupo parlamentario tiene intención de
intervenir en el debate? (Pausa).


Pasamos, por lo tanto, a la votación. Antes de iniciar la votación,
recuerdo a sus señorías lo siguiente. En la aplicación habilitada para
emitir el voto telemático figuran los cuatro candidatos y candidatas
mencionados para acceder a los cargos que procede elegir por la Cámara:
don Modesto García García, don Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, doña
Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza y doña María Victoria San José Villacé.
Sus señorías pueden seleccionar tantos nombres como puestos a cubrir, es
decir, hasta cuatro. Será válido el voto emitido que haya señalado un
número inferior de nombres al número de puestos a cubrir. Si desean votar
en blanco, deben seleccionar esta opción en la aplicación, ya que si no
se realiza ninguna selección se considerará voto no emitido. Esta
votación podrá realizarse exclusivamente de forma telemática, no pudiendo
hacerse por vía telefónica. Según lo dispuesto en el citado artículo 55.1
de la Ley orgánica, 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas, la elección de los candidatos y
candidatas propuestas requerirá la mayoría absoluta de la Cámara, es
decir, ciento treinta y dos senadores y senadoras.


Se abre el plazo de dos horas para su votación telemática desde este
momento, en que son las once horas y cuatro minutos, hasta las trece
horas y cuatro minutos.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SE MANTENGA LA
TARIFA PLANA A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, CON LAS ESPECIALIDADES DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LAS MADRES AUTÓNOMAS.


671/000071

GPP


La señora presidenta lee los puntos 10. y 10.1.


La señora PRESIDENTA: A esta moción consecuencia de interpelación se
han presentado cinco enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto, por
iniciativa de los senadores González-Robatto Perote y Marín Gascón y de
la senadora Merelo Palomares, y una del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado y por tiempo de hasta cinco minutos,
el senador Barrios Tejero.


El señor BARRIOS TEJERO: Gracias, presidenta. Buenos días.


Me corresponde presentar, en nombre de mi grupo, del Grupo
Parlamentario Popular, una moción consecuencia de interpelación que mi
compañera Mercedes Fernández le hizo al ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, al señor Escrivá, el pasado 25 de mayo en esta
Cámara sobre el nuevo sistema de cotización del régimen especial de
trabajadores autónomos, el conocido como RETA, basado en los rendimientos
por la actividad económica desempeñada. Sobre la base de esa
interpelación y con las dudas razonables que quedaron en el aire ante las
respuestas esquivas del señor ministro, planteamos esta moción en
positivo y con el ánimo y la esperanza de que tenga el apoyo unánime de
la Cámara.


Digo que presentamos esta moción en positivo porque, aun habiendo
motivos más que suficientes para verter críticas a la gestión del
Gobierno, creemos que es mejor intentar llegar a consensos con el fin de
favorecer a un colectivo muy penalizado, como es el de los autónomos. Han
quedado dudas porque, ante la interpelación de mi compañera, el señor
Escrivá se limitó a hablar de tuits, de bulos, pero realmente no nos
aclaró nada con respecto a esta nueva tarifa que van a tener que soportar
los autónomos. Nos dijo que dos tercios de los autónomos iban a pagar
menos, lo que quiere decir que al menos un tercio pagará más. También nos
aclaró, eso sí, que no se trata de impuestos, como si no lo supiéramos
ya. Que ningún autónomo iba a pagar más que un asalariado con los mismos
ingresos; bueno, permítanos que lo dudemos, porque con unos ingresos
de 3000 euros plantean ustedes pagar 2400 de cuota. Pero lo sorprendente
fue cuando nos dijo el señor ministro que el nuevo sistema va a hacer que
se cobre mayor pensión cotizando más. Yo no sé en qué estaría pensando el
señor ministro en ese momento, porque esto no es nada nuevo. Nuestro
sistema es solidario, pero también contributivo y, por lo tanto, ya cobra
más quien más cotiza, y ese milagro, desde luego, no tiene nada que ver
con la nueva tarifa de autónomos. Yo supongo que al señor ministro le es
difícil vender esta tarifa y quiso hacer una venta fácil.


Por eso, lo que hacemos nosotros con esta moción es pedir que se
mantenga la tarifa plana de autónomos y, de forma especial, para dos
colectivos con más dificultades para desarrollar su vida diaria: se trata
de las personas con discapacidad y también de las madres autónomas. Tengo
que recordar que la tarifa plana la estableció un gobierno del Partido
Popular en el año 2013 y que ha funcionado y ha ayudado a emprender a
muchas personas; pero, a raíz de la moción de censura del año 2018, el
nuevo Gobierno, empeñado en desmantelar todo lo que había aprobado el
Partido Popular, no dudó en subir un 20 % esta tarifa, nada más y nada
menos que un 20 %, y, no contentos con eso, ahora nos presenta una nueva
forma de cotizar que, diga lo que diga el señor ministro, eleva
sustancialmente las aportaciones de los autónomos al sistema. ¿Cómo es
posible que un autónomo que gane 3000 euros tenga que pagar 2400 de
cuotas a la Seguridad Social? Con esa tarifa plana que aprobó el gobierno
popular en el año 2013 estaríamos hablando de que pagaría solamente 600,
a razón de 50 euros al mes. Esa tarifa, que ahora es de 60 euros
mensuales, se aplica a colectivos tan importantes para la creación de
empleo como los citados anteriormente de personas con discapacidad o
madres que se quieren reincorporar a su trabajo, pero también incide de
una forma muy especial en la vida de los municipios pequeños, de los de
menos de 5000 habitantes, que, por poner un ejemplo, en mi provincia
son 245 de los 248 posibles. Y, llegados a este punto y para ser
prácticos, podemos decir que si el Gobierno continúa con sus planes sin
escuchar, sin consensuar con todas las partes y sigue haciendo las cosas
de forma unilateral, nos encontraremos con que una mujer que ha decidido
ser madre y que quiere volver a incorporarse a su puesto de trabajo
autónomo ahora pagaría —después de esta propuesta que nos hace el
ministro, si entra en vigor— un mínimo de 2400 euros, cuando con la
tarifa plana pagaría 600 antes de la subida y, en todo caso, 720 con la
subida actual. Y esta misma cuenta la pueden ustedes hacer también a
cualquier autónomo con discapacidad.


Yo no sé si esta es la forma que el Gobierno piensa utilizar para
incentivar la creación de empleo y el emprendimiento. A nosotros nos
parece que no, nosotros pensamos que a los colectivos con más
dificultades es a los que más hay que ayudar, y tanto las personas con
discapacidad como las madres que quieren volver a su trabajo autónomo
tienen más dificultades que otros colectivos y, por lo tanto, merecen
toda la atención del Gobierno y de esta Cámara…


La señora PRESIDENTA: Señoría, su tiempo ha terminado.


El señor BARRIOS TEJERO: Termino ya, presidenta.


Saben eso de que tan injusto es tratar de forma desigual a los
iguales como tratar igual a los desiguales, y en este caso no nos sirve
lo de café para todos porque es injusto.


Espero, por lo tanto, el apoyo del resto de los grupos de esta
Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.— Rumores).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, en el turno de enmiendas, tiene la
palabra el senador Marín Gascón (Rumores).


Silencio por favor.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta. Señorías.


Señor Magdaleno, usted antes se ha referido al trilero de la
política. ¿Sabe usted quién es el mayor trilero de este país? Su
presidente, el presidente Pinocho Sánchez. (Rumores). Se ha referido
también a unas palabras de Goebbels respecto a que una mentira dicha mil
veces se convierte en verdad. Eso es lo que ustedes pretenden con su
actuación, que la política se convierta en una gran mentira.


Señorías, el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, recogía las
primeras medidas de garantía de liquidez para sostener la actividad
económica ante las dificultades provocadas por la COVID-19; entre ellas,
figuraba una línea de avales para las empresas y autónomos. Dicho real
decreto ley se ha visto modificado en veinte ocasiones, la última el 30
de marzo de este año. Pese a que en un principio las ayudas financieras
aprobadas por el Gobierno supusieron un alivio para autónomos y empresas,
debido a lo que se ha alargado en el tiempo la situación pandémica, el
aumento del recurso de la financiación por buena parte de los autónomos y
empresas para mantener los negocios pasó de ser un problema financiero a
un problema de solvencia, que hoy en día supone un desafío capital para
el conjunto del tejido productivo, económico y la sociedad.


En este sentido, la situación actual del trabajador autónomo es de
incertidumbre. Según ATA, 300 000 trabajadores prevén cerrar sus negocios
a lo largo del 2021 y estiman unas pérdidas de más de 70 000 millones de
euros, siendo un millón de trabajadores los que declaran tener pérdidas
superiores a 30 000 euros.


El sistema de cotización por ingresos reales, tal y como está
planteado, es inconsistente, incoherente y no atiende a la casuística
real de la actividad del autónomo. En primer lugar, dejaría fuera a la
mitad de los autónomos y provocaría un incremento de la cuota a
otros 700 000, que en estos momentos se encuentran al límite ante la
incertidumbre de la situación económica en la que estamos. Este plan del
Gobierno solo se podría aplicar al 46 % de los autónomos, aquellos de los
que Hacienda conoce sus rendimientos netos; el resto, un millón y medio
de trabajadores autónomos, quedarían excluidos de su modelo ya que la
Agencia Tributaria desconoce sus rendimientos netos y, por tanto, no
sabría qué cuota aplicarles.


En segundo lugar, el sistema de cotización por ingresos reales parte
de un error conceptual, y es que de los ingresos que factura un autónomo
hay que descontar los gastos de la actividad. Por tanto, el concepto
adecuado para establecer cotizaciones proporcionales sería el rendimiento
neto de la actividad en lugar de los ingresos.


El sistema idóneo debe ofrecer al trabajador autónomo la opción de
mejorar su cotización y ampliar sus prestaciones, sin que pierda la
libertad individual para elegir qué cuota pagar. El sistema planteado por
el Gobierno generaría una asfixia para miles de trabajadores por cuenta
propia y podría convertirse en injusto. Las principales asociaciones de
trabajadores autónomos han insistido en que no es el momento de la puesta
en marcha de esta reforma, indicando que los trabajadores autónomos
afectados por estas medidas recaudatorias no tienen capacidad para
cotizar más en plena recesión.


Por lo expuesto, la pretendida reforma no sería en favor de los
autónomos, sino contra ellos, provocaría un efecto pernicioso sobre el
PIB, induciendo al crecimiento de la economía sumergida por una subida de
cotizaciones inasumible para la gran mayoría. Por tanto, el anuncio de
una subida de cotizaciones en el actual contexto económico y empresarial
sería dañino para la confianza y capacidad de la recuperación de la
economía.


Por todo lo anterior, señorías del Partido Popular, presentamos
nuestras enmiendas de adición, en el sentido de proteger a los
trabajadores autónomos, por lo que esperamos sean aceptadas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Aldea Gómez en turno de enmiendas.


La señora ALDEA GÓMEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, mi grupo presenta una enmienda constructiva que completa la
moción presentada por el Grupo Popular sobre la base de las
recomendaciones del Pacto de Toledo y siempre dentro del marco del
diálogo social. Como bien saben —porque así lo trasladó de forma
muy concisa y muy clara, nada confusa, a esta Cámara el ministro—,
se comenzó a trabajar con los representantes de los autónomos nada más
fueron aprobadas, con una amplia mayoría, las recomendaciones del Pacto
de Toledo. Cumplir con una de esas recomendaciones, que nos habla de que
este colectivo puede cotizar por sus ingresos reales, es una obligación.
Se constituyó entonces una mesa a tres bandas, con distintos
representantes de los autónomos, de los sindicatos y de la patronal. Hoy
parece ser —parece ser— que el acuerdo está más cerca que
nunca, y eso sería una muy buena noticia, tal y como lo es el informe del
trabajo del mes de mayo, donde se registran 45 434 afiliados más a la
Seguridad Social; donde se recoge que el número de autónomos crece de
manera ininterrumpida durante ocho meses consecutivos y que la economía
está creciendo a un buen ritmo. Yo creo que algo se estará haciendo bien,
¿no creen, señorías? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).


Que los autónomos nos ocupan y preocupan es una realidad. Son más de
un 1 500 000 los autónomos que se han beneficiado de los 10 000 millones
de euros aprobados por este Gobierno para protegerles de la crisis y
evitar su caída: por primera vez han tenido derecho a una prestación
de 950 euros al mes.


Asimismo, el pasado 27 de mayo, en Consejo de Ministros, se aprobó un
nuevo paquete de ayudas con medidas urgentes para la defensa del empleo y
la reactivación económica: entre otras muchas cosas, se prorrogan durante
cuatro meses más las ayudas a los autónomos; se incluyen, además, cuatro
meses de exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social para
casi 460 000 trabajadores que han estado protegidos durante varios meses;
se mantiene también la prestación del 70 % de la base mínima para
autónomos de temporada, etcétera. Les invito a que lo estudien, porque es
un documento muy interesante.


No pongan en duda en ningún momento que los colectivos más
vulnerables, tales como son las mujeres y las personas con algún tipo de
discapacidad, si verdaderamente lo necesitan deben ser protegidas.
Nosotros nunca hemos dudado de ello. No somos sospechosos de no cuidarlos
y de ningunearlos. Dirijan mejor su mirada a aquellos que no creen en una
sociedad feminista, a aquellos que niegan la violencia de género.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


En fin, creo que queda claro que el Gobierno en todo momento está del
lado también de los autónomos, algo que no pueden decir de la pasada
crisis, cuando se miró para otro lado y no se hizo nada para evitar su
caída libre al precipicio. Les diría que están bastante más preocupados
por ellos ahora que lo estuvieron entonces. No se engañen, son gestos
para la galería, buscan una foto con un titular, simplemente eso, pero, a
la hora de la verdad, ni están ni se les espera.


Se me agota el tiempo, dejo muchas cosas por decir, pero sí les pido
una mayor sensibilidad, seriedad y responsabilidad en este tema. Debemos
escuchar a los agentes sociales, debemos respetar el marco del diálogo
social, ese es el foro idóneo para este debate; para el resto, paciencia
y dejémosles trabajar. Sí que les pediría, señor Barrios, que acepten
nuestra enmienda. Debemos buscar el consenso, como usted decía, eso es lo
que nos debe ocupar, porque un buen acuerdo aporta una mayor
tranquilidad, una mayor estabilidad y le iría muchísimo mejor a nuestro
país, que eso es lo que realmente nos importa a todos.


Muchas gracias y por mi parte nada más. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra el senador Barrios Tejero,
representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado autor de la
moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas
presentadas por los grupos.


El señor BARRIOS TEJERO: Gracias, presidenta. Muy brevemente.


La enmienda que presenta el Grupo Socialista desvirtúa totalmente
nuestra moción. Sin entrar en el fondo del asunto, en el que podríamos
estar de acuerdo, es una enmienda que desvirtúa nuestra moción y, por lo
tanto, no podemos aceptarla, porque entonces estaríamos presentando otra
cosa distinta y no nuestra moción, que se refiere a la tarifa plana. Como
digo, sin entrar en el fondo, con el que, incluso, podríamos estar de
acuerdo, es una enmienda de sustitución y elimina nuestra parte y, por lo
tanto, no podemos admitírsela.


En cuanto a las enmiendas de Vox, y también estando de acuerdo con
algunas de sus planteamientos, tengo que decirle que eso forma parte de
un acuerdo que hubo ya la semana pasada, hubo una transaccional y esos
planteamientos ya figuran en la transaccional que se aprobó, repito, la
semana pasada. Por lo tanto, entendemos que no cabe volverlos a plantear
en una moción que se centra única y exclusivamente en la tarifa plana y
en estos dos colectivos, que son los que más lo necesitan.


Así pues, aun estando a favor de que esos planteamientos se lleven a
cabo en muchas de las cuestiones, no caben como enmiendas dentro de la
moción que nosotros hemos planteado y, por lo tanto, ninguna de las cinco
será admitida.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, el Gobierno se ha gastado una ingente cantidad de recursos
en el Plan España 2050 sin que haya presentado aún un plan de hoy en
cinco años.


La actualización del Programa de estabilidad no dice nada de lo que
piensa hacer el Gobierno para reducir la deuda pública, una losa para la
economía española, para las empresas, para los autónomos y para las
familias. Siguen sin presentar un plan de consolidación a medio plazo que
sea realista, que dé confianza a los españoles y a los inversores, pero
presentan este plan para 2050, una mezcla entre novela de ficción y de
terror, para decirnos que hay que introducir a inmigrantes en España para
garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, entre otras
cosas.


Señorías del Grupo Socialista, plantear reformas a treinta años vista
con la que tenemos encima no es de ser muy listos, la verdad. Al menos
los autónomos, de los que dicen tener un nivel bajo de estudios,
demuestran más ganas que todos ustedes de trabajar por España, generar
riqueza y crear puestos de trabajo. Hoy en día, los autónomos tienen una
sola preocupación: la incertidumbre sobre si les van a dejar seguir
desarrollando su actividad, porque no saben si recibirán las prometidas
ayudas y compensaciones a sus sacrificios, no saben si van a solucionar
sus problemas de solvencia y si el Gobierno de la mentira, finalmente,
los aniquilará a base de impuestos y subida en las cotizaciones sociales.
Por tanto, las tres incógnitas que hoy en día necesitan despejar los
autónomos y para las que exigen respuestas sinceras y realistas, sin
propaganda ni engaños son: en primer lugar, ¿cuándo van a percibir las
ayudas aprobadas por los reales decretos 5/2021 y 6/2021, de las que
dejaron fuera a la mitad de los autónomos por exclusión de
actividades?


En segundo lugar, la propuesta inaceptable con el nuevo modelo de
prórroga para que los autónomos puedan percibir las prestaciones por cese
de actividad, dejando al 90 % de los actuales beneficiarios fuera del
acceso a la misma por haber agotado el período contributivo que venían
disfrutando. Ningún trabajador en ERTE se quedará sin cobrar desempleo
por haber agotado el período contributivo, pero para los autónomos sí
pretende hacerlo este Gobierno. Ustedes quieren que los autónomos coticen
como asalariados en el futuro, cumpliendo las mismas obligaciones, pero
sin derechos.


En tercer lugar, y fundamental, sobre el nuevo sistema de cotización
por ingresos reales, una propuesta unilateral que el Gobierno ha hecho
pública sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio con las principales
asociaciones de autónomos. El motivo que el Gobierno utiliza como excusa
para asfixiar más a los autónomos es la recomendación 4 del Pacto de
Toledo, que han retorcido y tergiversado a su medida para asestarles otro
golpe a los autónomos, con la finalidad única y última de obtener mayor
recaudación, lejos de pensar en su bienestar o en su futura pensión. Este
Gobierno socialcomunista ha propuesto un régimen confiscatorio que, lejos
de ser progresivo, condena al hambre y miseria, con cotizaciones que
suponen el 36 % de sus ingresos, a quienes facturen 3000 euros al año, y
un 29,9 %, a los que facturen 49 000 euros. Si sumamos estas cotizaciones
a los impuestos por IRPF, supondrían un pago total al Estado del 55 % de
sus ingresos. ¿Esto es lo que este Gobierno entiende por justicia
fiscal?


Es indecente mentir a los autónomos y decirles que esta reforma va a
mejorar sus pretensiones, cuando es falso, ya que, aunque mejorase las
prestaciones de algunos, empeoraría las de otros. Lo que realmente quiere
el Gobierno con esta penúltima imposición no es otra cosa que una mayor
recaudación hoy para salvar los errores cometidos. La pretendida reforma
no sería una reforma para los autónomos, sino contra los autónomos;
provocaría un efecto pernicioso sobre el PIB, induciendo al crecimiento
de la economía sumergida por una subida de cotizaciones inasumible para
la gran mayoría. Estamos en un momento de incertidumbre, zozobra y
agotamiento para los autónomos. Por tanto, la subida de cotizaciones en
el actual contexto económico y empresarial no es aceptable; exigir más a
quienes más han sacrificado es inmoral. Próximamente, no habrá familia,
autónomo o empresa que no vea mermada su capacidad adquisitiva ante el
ansia recaudatoria de este Gobierno.


En Vox estamos por y para la defensa de nuestros trabajadores y, en
este caso, nuestros autónomos, por lo que votaremos a favor de esta
moción.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene
la palabra el senador Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidenta.


Señorías, antes de nada, me uno a las felicitaciones a todos los
murcianos y riojanos. (Rumores).


¿Quién no tiene un conocido autónomo, un amigo, un vecino, un
familiar? Todos sabemos que se trata de grandes ciudadanos, fuertes,
inteligentes, polivalentes, concienzudos, trabajadores y que nunca caen
enfermos. Un tejido empresarial constituido, no lo olvidemos, por más
de 3,2 millones de personas, creadores de empleo directo e indirecto, que
genera riqueza, avances y progreso a nuestra sociedad y a nuestro
país.


Sí, es un sector precarizado, que tradicionalmente goza de menos
derechos en comparación con otros trabajadores y, por ello, es nuestro
deber, como servidores públicos, trabajar para buscar las soluciones a
aquellos que nunca fallan, para que no se vean en una situación de
vulnerabilidad cuando llegan a la jubilación o cuando caen enfermos. No
olvidemos que nos encontramos en plena crisis sanitaria, económica y
social, con más de 919 000 autónomos que están percibiendo la prestación
extraordinaria por cese de actividad, de los cuales se estima que
el 41 %, probablemente, no podrá salir adelante si se repliegan las
ayudas o no se apoya en consonancia.


Las recomendaciones aprobadas por la Comisión para la reforma del
sistema público de pensiones abogan claramente por una progresiva
convergencia de los regímenes del sistema, pero de manera gradual,
debiéndose acomodar las situaciones de los colectivos con diálogo, mucho
diálogo, escuchando al otro, sin correr, ni imponer este borrador que
debe entrar en el 2023. Los autónomos necesitan menos burocracia, más
ayudas directas, menos cuotas, que les hagan la vida más fácil, que les
dejen trabajar, que les ayuden, y esto debe pasar sí o sí por más
diálogo. Hay que sentarse con ellos, con las asociaciones relevantes, y,
con base en las recomendaciones aprobadas en la Comisión del Pacto de
Toledo adapten, se adapten, promuevan el entendimiento y se llegue a una
solución basada en el consenso. Es decir, un ejercicio de negociación con
las asociaciones del sector, del Gobierno y del resto de fuerzas
parlamentarias, porque la solución, sea la que sea, debe ser duradera, no
puede cambiar cada cuatro años. Aprendamos a realizar políticas de largo
recorrido, que no decaigan tras un futuro cambio de Gobierno.


Señores del Gobierno, esta situación no les convalida para utilizar a
los trabajadores autónomos como una fuente de ingresos sin más, con
subidas de la cotización que superan, muy por encima, las contribuciones
que hacen el resto de los trabajadores. No, los autónomos no son su
cajero automático del que extraer ingresos para seguir manteniendo este
Gobierno grande y caro —el más caro de la democracia—, y no
podemos entender que desaparezca la tarifa plana, una tarifa plana
exitosa. En muchas comunidades autónomas —especialmente en las que
gobierna el Grupo Ciudadanos— está presente, comunidades como la
mía, la andaluza, que está a la cabeza en emprendimiento y creación de
empleo con medidas como esta. La tarifa plana para emprendedores personas
con discapacidad o madres autónomas está diseñada para mejorar la
empleabilidad y el emprendimiento de ciertos colectivos que tienen las
mayores dificultades para trabajar por cuenta propia. Estas medidas, que
funcionan, van en la dirección de la protección del empleo y de las
pequeñas pymes que empiezan a andar.


Por ello, y para concluir, esperamos que el Gobierno busque los
consensos de todos los actores, incluidos los partidos políticos de la
oposición, y no solo mantenga las tarifas planas, sino que cada vez se
amplíen a más sectores de la sociedad. Por consiguiente, y como no podía
ser de otra manera, votaremos a favor de la presente moción.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, tiene la
palabra el senador Matamala Alsina.


El señor MATAMALA ALSINA: Gràcies, presidenta.


Bon dia. Una vegada més, tenim una moció que presenta el Grup
Popular, que ens sembla més una moció publicitària que real, enfront a
unes esmenes que presenta el Grup Socialista que, pel seu contingut
entenem que és més buscar un criteri per votar-hi que no i és com sempre
una discussió política.


Amb el màxim respecte pels autònoms, nosaltres entenem que el que
s’ha de fer és potenciar la figura de l’autònom, que és la
primera voluntat de creació d’empresa. I, per tant, només és el
tema de la cotització, en aquest cas del règim general o del
d’autònoms, sinó que realment el que és important és donar-los
continuïtat i donar-los eines perquè puguin seguir avançant.


Els últims anys hem vist que aquesta tarifa plana, que en teoria
funciona molt bé per a l’estalvi d’ells, no garanteix la
continuïtat, perquè veiem que l’índex de gent que una vegada
acabada la tarifa plana continua en el món de l’empresa no és
aquest. Per tant, nosaltres el que reivindiquem és que hi hagi ajudes de
veritat a la figura de l’autònom i no volem entrar en aquesta
discussió PP i PSOE com sempre.


Per tant, la nostra posició serà d’abstenció.


Gràcies presidenta.


Gracias, presidenta. Buenos días.


Una vez más, tenemos una moción que presenta el Grupo Popular, que yo
creo que es más una moción publicitaria que real, frente a unas enmiendas
que presenta el Grupo Socialista que, por su contenido, nos parecen
buscar más un criterio para votar que no, luego, como siempre, es una
discusión política.


Con el máximo respeto a los autónomos, nosotros entendemos que lo que
hay que hacer es potenciar la figura del autónomo, que es la primera
voluntad de creación de empresa, y, por tanto, no es solo el tema de la
cotización, en este caso del régimen de autónomos, sino que lo que es
importante es darles continuidad y herramientas para que puedan seguir
avanzando. En los últimos años, hemos visto que esta tarifa plana
—que en teoría funciona muy bien— no garantiza la
continuidad, porque el índice de personas que, una vez terminada la
tarifa plana, sigue en el mundo de la empresa no es ese, así que
reivindicamos una ayuda de verdad a la figura del autónomo y no queremos
entrar en esta discusión, como siempre, de PP y PSOE.


Por ello, nuestra posición será de abstención.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Eskerrik asko, presidente
andrea.


Felicidades a los riojanos, a los murcianos, a Michael J. Fox, a
Johnny Depp y a Natalie Portman, que hoy cumplen años. (Rumores).


Senatari jaun andreok, Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioaren
datuen arabera, Estatuan ia 3.300.000 autonomo daude. Horietatik bi miloi
pertsona fisikoak dira. Eta horietatik, %20k soilik dituzte langileak.
Beraz, autonomoaren profil nagusia autoenplegatutako pertsona bat da.
Gainera, langile autonomoen afiliazioa ia 300.000 hazi da, hots,
% 10, 2013ko otsaileko zifra txikienetik. Agerikoa dirudi, beraz,
soldatapeko gisa lan-merkatutik kanporatuak izan diren langile askok
autonomo gisa bilatu dutela bizitza. Eta gogorra, oso gogorra da jarduera
bat hastea, kasu gehienetan, bakardadean, bakardade osoan. Lan
Ministerioak azaldu duenez, gaur egun 250.000 langilek jasotzen dute
hobari edo murrizketaren bat Gizarte Segurantzaren kuotan, eta 2.300.000
langilek, pilatutako kuotan. Gehiengo zabal bat, milioi eta erdi, 30
urtetik gorakoak dira. Beraz, badirudi lehen urratsak ematen hasten
direnentzako gizarte-babeseko sare horrek emaitzak eman dituela eta
ematen ari dela.


Señorías, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hay en el
Estado casi 3 300 000 autónomos, de los cuales, 2 000 000 son personas
físicas y, de esas, solo el 20 % tiene empleados. Por lo tanto, el perfil
mayoritario del colectivo de autónomos es el de una persona autoempleada.
Además, la afiliación de trabajadores autónomos ha aumentado casi
en 300 000, casi un 10 %, desde su cifra más baja en febrero de 2013.
Parece evidente, pues, que muchos y muchas trabajadoras asalariadas
expulsadas del mercado laboral han optado por buscarse la vida como
autónomos, y es difícil, muy difícil, emprender e iniciar una actividad,
en la mayoría de los casos en soledad y en estricta soledad. Según el
Ministerio de Trabajo, en la actualidad, 250 000 trabajadores tienen
bonificaciones o reducciones en la cuota de la Seguridad Social
y 2 300 000 en la cuota acumulada. Una amplia mayoría, 1, 5 millones,
tiene más de 30 años. Parece, por consiguiente, que esa red de protección
social para quienes están empezando está dando sus frutos y que ha dado
ya frutos.


La tarifa plana —señalaba la Airef— tiene un indudable
efecto llamada para darse de alta como autónomo. Los resultados del
análisis corroboran que esa bonificación incentivó las altas de
desempleados menores de 30 años, pero lo que es importante saber es qué
tasa de supervivencia tienen esos emprendedores. Aquellos jóvenes
autónomos que han tenido tarifa plana han tenido mayor supervivencia que
los que no; bien es cierto que, una vez finalizado el período de las
ayudas, dichas diferencias de supervivencia se reducen. Es decir, el
autónomo sobrevive más mientras duren las bonificaciones, pero no logra
facilitar que las actividades se asienten de forma definitiva más allá de
los incentivos; una vez que acaban, la tasa de supervivencia es similar a
la de quienes no accedieron a la ayuda. Dentro de esta tendencia, resulta
curioso comprobar que esta tasa de supervivencia sí es significativamente
mayor en los autónomos con más de 30 años, lo que nos lleva a concluir
que las bonificaciones son tan importantes como la experiencia o el grado
de desarrollo profesional del autónomo. Así pues, se puede concluir que
sí tiene un efecto llamada, aunque solo en personas con poco tiempo
desempleadas y con un nivel de formación medio alto. También se puede
atribuir a la tarifa plana una mayor tasa de supervivencia de los
negocios, aunque, una vez que finaliza esta tasa, se asemeja a la de
quienes no han recibido ayudas. ¿Compensan entonces los esfuerzos
económicos del Estado para otorgar estas bonificaciones, que supusieron
entre 2013 y 2018 dejar de ingresar 3500 millones?


La recomendación final de la Airef era dirigir a los autónomos a un
sistema de cotización por ingresos reales. De este modo, la carga de las
cuotas sociales iría en proporción al éxito del negocio, medido en
función de su facturación, pero sin eliminar el refuerzo que supone la
tarifa plana como incentivo para iniciar nuevas actividades y, por
supuesto, con un ojo puesto en posibles usos fraudulentos. El análisis
también anima a la Seguridad Social a realizar más inspecciones de
trabajo para no permitir que se convierta en una forma de encubrir otro
tipo de relaciones laborales. Es necesario cerciorarse de que estas
bonificaciones no son utilizadas por empresarios para reducir sus cargas
a la Seguridad Social y evitarse una contratación mediante un falso
autónomo.


Gai delikatua da, baina autonomoek beren benetako diru-sarreren
arabera kotizatzeko beharrari buruzko adostasunetik abiatuta, besteren
konturako langileekin gertatzen denaren antzera, ez zaigu zentzugabea
iruditzen autonomoaren lehen urratsetarako tarifa laua mantentzea,
badakigulako hasierak gogorrak direla. Gainera, kasu gehien-gehienetan,
zaila da zer diru-sarrera lortuko dituen, eta, beraz, zer tartetan
kotizatu beharko duen aurreikustea.


Bat gatoz, beraz, AIREFen azterketarekin, eta tarifa laua mantentzea
babesten dugu autonomo gisa lanean hastean borondatez formula hori
aukeratzen dutenentzat. Eta elkarrizketa sozialaren esparruan lanean
jarraitzea autonomoen kotizazio-oinarriak beren diru-sarreretara
hurbiltzeko eta behar dutenen enplegua sustatzen jarraitzeko.


Es un tema delicado, sí, pero si partimos del consenso de que hay que
acercar los ingresos reales de los autónomos con las cuotas de
cotización, tal y como ocurre con otros asalariados, nos parece que tiene
sentido mantener esa tarifa plana para los primeros pasos de los
autónomos, porque ya sabemos que los inicios son duros. Además, en la
mayoría de los casos es difícil prever cuáles van a ser los ingresos y es
difícil también prever en qué franjas habrá que cotizar.


Por lo tanto, estamos de acuerdo con el análisis de la Airef y nos
parece adecuado mantener la tarifa plana para aquellas personas que han
optado por esa fórmula de manera voluntaria al inicio de su andadura. Y
queremos también que se siga trabajando en el ámbito del diálogo social
para acercar la cotización de los autónomos a sus ingresos reales y para
fomentar, también, el empleo entre aquellas personas que lo
necesitan.


No son más que declaraciones políticas, sin mayor importancia real.
Nos abstendremos en esta moción.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Ahedo.


La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Egun on
guztioi.


Un día más estamos debatiendo sobre las trabajadoras y los
trabajadores autónomos. Sobre la importancia del colectivo, tanto en la
economía como en la creación de empleo, creo que no es necesario
insistir. Pero, miren, hace dos semanas el Grupo Popular trajo una moción
para que no se abordasen las modificaciones del RETA, cuando todos
conocemos la recomendación número 4 del Pacto de Toledo —como es de
todos conocida, no la voy a comentar—. Y, finalmente, llegamos a
una transaccional que realmente poco tenía que ver con la iniciativa
inicial. En ese mismo Pleno, hace dos semanas, interpelaron al ministro y
la interpelación era sobre el nuevo sistema de cotización basado en los
rendimientos por actividad. Y, sorpresa: la moción consecuencia de
aquella interpelación no habla ni de cotizaciones basadas en ingresos
reales, ni de los famosos tramos. No. Hoy toca tarifa plana y lo que nos
proponen es que se mantenga. Y la sensación que producen con este tipo de
iniciativas es que el Partido Popular ha decidido que el colectivo de
autónomos va a ser su tema estrella de esta temporada, van a ser sus
grandes defensores y presentan una batería de iniciativas que, si les soy
sincera, tengo que decirles que no aportan gran cosa.


El otro día fue posible una transacción, en este Pleno no ha sido
posible, no se ha llegado a un acuerdo, con lo cual, lo que debatimos es
que se mantenga la tarifa plana a los autónomos, que tanto ayuda al
emprendimiento en sus inicios, con las especialidades de las personas con
discapacidad y las madres autónomas. Esta cuota reducida a la Seguridad
Social, con los diferentes cambios que han sido introducidos desde que
empezó, es una medida para impulsar el autoempleo, que se ha mostrado
atractiva y eficaz. Lo que no podemos olvidar es que esta bonificación
está vigente, esta bonificación se mantiene y nada hace pensar que no
vaya a seguir así, al menos, hasta que se vaya a una cotización por
ingresos reales, tal y como marca la recomendación número 4 a la que
hemos hecho referencia. Y, mientras, se han empezado a negociar en el
marco del diálogo social las modificaciones del RETA. Evidentemente, la
reforma no puede ni debe ser unilateral, necesita consenso y acuerdo, e
iremos viendo los resultados, un poquito de paciencia. Es un sistema por
diseñar, en el que, por supuesto, habrá que considerar la situación
especial de determinados colectivos como, por ejemplo, los que ustedes
plantean e indican en la moción: personas con discapacidad y, me van a
permitir que diga, madres trabajadoras autónomas, porque yo he trabajado
toda mi vida por cuenta ajena y les aseguro que madre autónoma soy.
Entonces, a ver si cambiamos algunos términos.


El Grupo Popular pide que se mantenga una herramienta que ya existe y
que está en vigor, y que dentro del marco de negociación establecido se
valorara cómo tiene que continuar o no hacerlo. Así que, realmente,
contéstenme: ¿Qué aporta esta iniciativa? Yo les diría que no tienen el
monopolio en la defensa de los trabajadores y las trabajadoras autónomos,
aunque sea lo que intentan transmitir, y que apoyos como estas
iniciativas, que se quedan a veces en el rifirrafe entre los grupos
mayoritarios y en el fondo, y habitualmente, en un brindis al sol, no
valen de mucho. Los autónomos, las autónomas, sacudidos fuertemente por
la pandemia, no necesitan declaraciones de intenciones, necesitan apoyo
real. Así que, en mi grupo: apoyo a los autónomos, sí; donde gobernamos
lo hacemos y donde no, apoyamos iniciativas en este sentido. Pero
postureo, como el que estamos viendo últimamente, este grupo, no.


Por lo tanto, el Partido Nacionalista Vasco en esta iniciativa se va
a abstener.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
intervendrá el senador Caminal Cerdà.


El señor CAMINAL CERDÀ: Gràcies, presidenta.


Nosaltres no entrarem a debatre aquesta moció i el nostre
posicionament serà d’abstenció.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


Nosotros no vamos a entrar a debatir esta moción y nuestro
posicionamiento será de abstención.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


¿Intervendrá algún otro senador o senadora de su grupo?
(Pausa).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Barrios Tejero.


El señor BARRIOS TEJERO: Gracias, presidenta.


En mi primer turno ya tuve ocasión de presentar la moción y explicar
por qué la presentábamos y por qué creemos que es importante que obtenga
el apoyo mayoritario de la Cámara. Parece que no va a haber unanimidad,
pero, al menos, yo agradezco a aquellos grupos que ya han dicho que van a
votar favorablemente, tanto Vox como Ciudadanos. Al resto de los grupos,
que han decidido abstenerse, les agradezco que, al menos, nos vayan en
contra de nuestra moción. Y aunque todavía falta el turno del Grupo
Socialista, en la defensa de su moción me pareció entender que su
planteamiento era la defensa de estos colectivos desfavorecidos en la
vida laboral del día a día.


Yo quiero reiterar el planteamiento, porque quizás algún grupo haya
entendido lo que no es. Nosotros lo que queremos es que se mantenga la
tarifa plana y, de forma especial, para aquellas madres trabajadoras,
aquellas mujeres que deciden ser madres y que luego quieren incorporarse
otra vez a su puesto de trabajo autónomo, y para personas discapacitadas,
también. Y a este respecto, le tengo que decir a la señora Ahedo que el
término de madre autónoma yo lo decía en el sentido laboral, es decir,
aquella mujer que trabaja en el régimen especial de trabajadores
autónomos, no que por el hecho de ser madre sea autónoma, porque,
lógicamente, estamos todos de acuerdo con eso. Quería hacer esa
aclaración para que no hubiera malentendidos por parte de nadie.


Algunos grupos han hablado aquí del Pacto de Toledo. Yo no lo
mencioné en mi primera intervención, pero, lógicamente, el Pacto de
Toledo ha aprobado un documento, unas recomendaciones, con un apoyo
importante de los grupos políticos. Efectivamente, si nos fijamos en las
recomendaciones del Pacto de Toledo, tenemos que decir que en la
recomendación 6 y en la 17 se habla de lo que estamos diciendo en nuestra
moción; es verdad que no habla de la tarifa plana específicamente, pero
sí habla de apoyar, y el Cermi también pidió que hubiera un apartado
específico en el Estatuto del trabajador autónomo para esos trabajadores
con discapacidad. Cuando el Pacto de Toledo habla de incentivos al empleo
se refiere expresamente a las personas con discapacidad. Dice
textualmente que el sistema de incentivos debe concebirse como una
herramienta excepcional y concentrarse en las situaciones y colectivos
cuyo empleo se persigue favorecer de forma singular. Y también,
textualmente, que debe priorizarse a los colectivos de personas con
discapacidad. Por lo tanto, nuestra moción se ajusta exactamente a las
recomendaciones del Pacto de Toledo.


Y si nos vamos a la recomendación 17, donde habla de mujeres y
Seguridad Social, también dice que es necesario garantizar la igualdad
efectiva de las mujeres en el trabajo, evitando que sean las mujeres las
que tengan carreras profesionales más cortas. Una forma de evitar esto es
incentivar el empleo de la mujer y una forma de incentivar el empleo es
mantener las tarifas planas cuando han decidido ser madres y después han
decidido incorporarse nuevamente a su puesto de trabajo. Porque no es lo
mismo pagar 50 o, en este caso, 60 euros al mes, que pagar, como
mínimo, 200. Que sí, señora Ahedo, todavía no está en vigor, pero es lo
que nos ha anunciado el ministro. Y, por lo tanto, nosotros pensamos que
no es forma de incentivar el empleo que si una persona que puede estar
pagando 60 euros, nos haga el planteamiento de que, como mínimo, va a
pasar a pagar 200. No está en vigor, claro, es un anuncio del ministro y
esperemos que, tal y como lo ha planteado, nunca llegue a estar en vigor,
aunque el Pacto de Toledo sí que habla de cotizar por ingresos reales,
pero en otras condiciones y salvando a aquellos colectivos que no pueden
entrar en el conjunto general.


Además, la recomendación 18 también nos habla de las personas con
discapacidad —fíjense, en la 6 y en la 18— en ese sentido, en
el de que deben intensificarse las medidas dirigidas a eliminar los
obstáculos de las personas con discapacidad en el mundo laboral.


Por lo tanto, y ya termino, nosotros creemos que es una moción que
debe llevarse a efecto. Entendemos que merecería el apoyo unánime de toda
la Cámara, pero si no es así, al menos se lo agradezco a los grupos que
van a votar a favor. A los que se van a abstener, les agradezco también
que, al menos, no voten en contra. Y espero que los que han anunciado
abstención se lo piensen de aquí a la hora de la votación, a ver si
cambian el sentido del voto.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Nacarino Muriel.


El señor NACARINO MURIEL: Gracias, señora presidenta. Buenos días,
señorías.


Señor Barrios, en mi grupo consideramos que con esta moción lo único
que pretenden es seguir buscando el ruido mediático, confundir a la
ciudadanía y confundir, por supuesto, al colectivo de autónomos, como ya
hicieron durante el inicio de la pandemia y como hicieron en el último
Pleno de esta Cámara. ¿Cómo puede ser posible que ahora diga lo contrario
de lo que ustedes mismos hace muy poco tiempo han votado a favor? ¿Cómo
puede ser que traigan a debate una moción que quiera intentar romper el
Pacto de Toledo? Quieren imponer medidas sin pasar por la Comisión del
pacto y del diálogo social. Dejen de mentir y dejen de difamar en sede
parlamentaria. Ha dado usted hoy aquí datos erróneos sobre las
cotizaciones y las tarifas de autónomos. Traigan propuestas y medidas
reales con el fin de poder debatir y llegar a acuerdos sobre las ayudas y
los apoyos que tanto necesita nuestra ciudadanía. Y es que les recuerdo
que la tarifa plana sigue en vigor, sigue incentivando no solo a las
personas con discapacidad y a las madres trabajadoras autónomas, sino a
muchos otros trabajadores. En el último mes, a un total de 500 000
personas; en el último año se impuso 528 millones de euros en reducciones
a la cotización de la Seguridad Social y 50 millones de euros en
bonificaciones.


Saben perfectamente que la reforma del régimen especial de
trabajadores autónomos se está abordando en el seno de la mesa del
diálogo social, mesa que cuenta con la participación de las principales
asociaciones del colectivo autónomo, de los sindicatos y de la patronal,
tal y como establece la recomendación 4 del Pacto de Toledo.






Entonces,
¿por qué mienten una vez más en esta Cámara, al decir en su moción que es
una decisión tomada unilateralmente por el Gobierno? (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


Además, debo decirle que por mucho que disfracen la realidad, por
mucho que intenten engañar a la opinión pública, el Partido Popular nunca
ha sido ni nunca será reconocido como el partido que apoya al colectivo
de autónomos. Y es que simplemente es así porque nunca han hecho nada por
ellos. Ustedes venden como suya la —y permítame la expresión—
manoseada por ustedes tarifa plana. Y es verdad que fue el Gobierno del
Partido Popular el que en el año 2013 lanzó al colectivo de autónomos a
emprender de forma efímera un negocio; pero también es verdad que esto es
lo único que han hecho ustedes por el colectivo de autónomos durante
todos los años de su gobierno. ¿Sabe cuántos autónomos permanecen en
activo desde el año 2013? Pues de esos más de dos millones de autónomos
que acudieron a su tarifa plana, solo quedan apenas
un 11,5 %, 230 000 personas.


Y es que, señorías del Grupo Popular, olvidan muy pronto que durante
los años 2012 a 2014 de su gobierno, cuando la crisis económica, la caída
del PIB y del empleo era muy acusadas, dejaron tirados a millones de
personas sin ningún tipo de ayuda social y abandonaron a su suerte
empresas y autónomos sin dar ningún tipo de respuesta a sus problemas ni
a su liquidez. El Partido Popular olvida muy pronto, mejor dicho, su
único interés partidista no les permite reconocer los verdaderos logros
que el Partido Socialista ha realizado para el colectivo de autónomos
siempre que ha gobernado. Y permítame que le refresque algunos datos: en
el año 2007, el Estatuto del Trabajo Autónomo; en el año 2010, el sistema
de protección del cese de actividad; en el año 2019, la cobertura
obligatoria de todas sus contingencias y, desde el año pasado, haciendo
frente a la grave crisis social, económica y sanitaria que estamos
viviendo debido a la pandemia, el Gobierno de coalición de izquierdas,
que tanto les molesta, ha puesto en marcha por primera vez en la historia
de este país la prestación extraordinaria por cese de actividad, la
moratoria del pago de cotizaciones a la Seguridad Social. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Señorías del Partido
Popular, el Gobierno ha dado cobertura y protección al colectivo de
autónomos por un valor de 10 000 millones de euros.


Señoría, le aseguro que nuestro grupo parlamentario y el Gobierno de
España, muy a su pesar, seguiremos trabajando en el marco del diálogo
social y de los acuerdos y consensos necesarios que cumplan con las
recomendaciones del Pacto de Toledo para llegar cuanto antes, como no
puede ser de otra manera, a un sistema más flexible y justo, que permita
a los autónomos cotizar en función de sus ingresos reales y que consigan
mayor protección y certidumbre en el cobro de sus futuras pensiones. En
definitiva, señoría, es un compromiso socialista para un sistema que
contribuya a reforzar la solidaridad entre trabajadores autónomos, al
mismo tiempo que seguirá impulsando medidas específicas para el
autoempleo y el emprendimiento de aquellos colectivos que lo requieran y
que les asegure un trabajo viable, decente, y, sobre todo, garantizando
sus derechos.


Y, señor Barrios, aunque la burra vuelva de nuevo al trigo, en
nuestro grupo decidiremos abstenernos a su moción.


Por mi parte, nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Señorías, esta moción, que se votará en sus propios términos, será
sometida a votación durante el plazo que esta Presidencia abrirá al
concluir el debate de la primera moción ordinaria.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL REPARTO DE LOS FONDOS EUROPEOS
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. (Proclamación de
la votación).


671/000070

GPP


La señora PRESIDENTA: Proclamamos los siguientes resultados de
votaciones telemáticas. Mociones consecuencia de interpelación. Moción
por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en
relación con el reparto de los fondos europeos del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia del Grupo Parlamentario Popular.


Se ha votado en los términos de la propuesta de modificación de los
Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Esquerra Republicana EH-Bildu,
Vasco en el Senado, Ciudadanos, Nacionalista, Izquierda Confederal y
Mixto, con número de registro de entrada 101743.


Votos emitidos, 262; a favor, 226; en contra, 3;
abstenciones, 33.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ARTICULAR UN ESPACIO
DE ENCUENTRO Y COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DONDE SE ABORDE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE MANERA INTEGRAL, CON EL
OBJETIVO DE ACORDAR ESTRATEGIAS Y PLANIFICACIÓN.


671/000072

GPV


La señora presidenta lee el punto 10.2.


La señora PRESIDENTA: A esta moción consecuencia de interpelación se
han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
una del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal y una del Grupo
Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco
minutos y por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora
Ahedo Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias.


En la interpelación que planteó mi grupo al ministro Escrivá hace dos
semanas ya expusimos nuestra preocupación, así que voy a intentar no
tener que usar los cinco minutos en esta ocasión.


Voy a empezar por decir lo que no pretende esta moción. Esta moción
no trata sobre política migratoria, y fíjense si tendríamos temas que
podríamos abordar, como legislación, acogida, integración, niños y
adolescentes sin referentes familiares… Pero no, este no es el
momento. En este momento hay una ponencia que estudia el fenómeno
migratorio y que ya está elaborando sus conclusiones, y es ahí donde
abordaremos esas cuestiones. Repito que no vamos a hablar sobre política
migratoria. Esta moción responde a otra cuestión, a una cuestión de
coordinación y de gestión. Existe un problema: falta información, falta
previsión, falta planificación, falta coordinación interinstitucional en
lo referente a la gestión del fenómeno migratorio; y luego, cuando llega
la urgencia, todos sabemos que llega Paco con la rebaja. Es un problema
que reconoció el propio ministro, que dijo textualmente: Tenemos un
modelo en el cual esa forma de cooperar —se refería a
Administración central y comunidades— y esa forma de
interrelacionarlas es subóptima.


Bien, a nivel intergubernamental echamos en falta una mayor
coordinación y un mayor liderazgo, y yo me atrevería a decir incluso que
echamos de menos una postura compartida de los diferentes ministerios.
Eso, por un lado. Pero en lo que tiene que ver con la relación entre el
Gobierno y las comunidades vemos que si hay una emergencia se toca a
rebato, pero si no hay emergencia no hay capacidad de una interactuación
seguida en el tiempo.


Voy a hablar de algo tan sencillo como es compartir información; no
ya gestionar, sino compartir información. Hay gobiernos, como el Gobierno
vasco, que han conocido la llegada de migrantes en un número
suficientemente importante y saber cuántos y cuándo iban a llegar no lo
han sabido por el ministerio, sino por las asociaciones que trabajan con
esos colectivos. Luego llegan a Irún, son rechazados por Francia, y sigue
la bola. O, por ejemplo —sigo hablando solo de compartir
información—, que haya una nueva circular sobre asilo y que las
comunidades autónomas no sepan absolutamente nada, que ni siquiera se
comente. Eso luego influye claramente, por ejemplo, en la organización de
los servicios sociales de cada una de las comunidades.


Nosotros consideramos que se debe trabajar con solidaridad y
corresponsabilidad y, además, que son necesarios una visión global y un
abordaje integral, pero eso exige desterrar la improvisación y trabajar
mucho en la coordinación, en la cooperación y en la colaboración para
llegar a estrategias compartidas. Por eso es necesario articular un
espacio de encuentro entre las diferentes administraciones, un espacio
que en este momento no existe o el que existe no vale o no gusta. Hace
falta un espacio de reflexión donde compartir herramientas, estrategias,
información, donde planificar, donde articular.


Y voy a terminar, porque esta moción es así de simple: solo queremos
un espacio para podernos coordinar, para poder colaborar y para poder
gestionar mejor. La mayoría de los grupos de esta Cámara tenemos
responsabilidades de gobierno y sabemos que sin encuentro, sin diálogo,
sin acuerdo y sin cooperación todo es más complicado y mucho menos
eficaz, por eso pido a los grupos, por favor, que consideren la
iniciativa que el Grupo Nacionalista Vasco hoy presenta.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra la senadora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, señora presidenta. Intervendré
desde el escaño.


La moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco nos parece
correcta en su objetivo, pero entendemos que le falta concreción para
poder ser realmente útil. Articular un espacio de encuentro es obviamente
positivo, pero necesitamos especificar para qué vamos a utilizar ese
espacio, y de ahí que el Grupo Ciudadanos haya presentado esta
enmienda.


Aspiramos a establecer cinco pilares de acción que reflejan, tanto
nuestra propuesta de reforma integral de la política migratoria española,
como las áreas de acción identificadas por la Comisión Europea para el
pacto migratorio europeo. Son los siguientes. En primer lugar,
desincentivar la migración mediante la creación de oportunidades en las
regiones de origen y tránsito y el establecimiento de canales seguros. En
segundo lugar, combatir el modelo de financiación de las mafias y llevar
a cabo el cumplimiento de la legalidad también en materia de retorno. En
tercer lugar, reforzar los recursos humanos y materiales de la Oficina de
Asilo y Refugio. En cuarto lugar, atraer el talento que necesitamos para
hacer sostenible nuestro sistema de bienestar. Y el último punto es
actuar de forma conjunta con la Unión Europea para dar el apoyo necesario
a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a nuestro personal
de gestión de fronteras para poder velar de forma efectiva por la
seguridad y la integridad de nuestras fronteras, que son también las
fronteras europeas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de enmiendas, por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta.


Vaya por delante que la iniciativa del grupo proponente contará con
nuestro apoyo. Todas las acciones que se impulsen para garantizar la
coordinación, tanto entre los departamentos que componen el Gobierno del
Estado, como entre este y el resto de las administraciones, se sitúan en
la dirección que mi partido, la Agrupación Socialista Gomera, viene
demandando si queremos que la política migratoria se gestione de una
manera eficaz. Necesitamos, como dice el Grupo Vasco, un espacio de
encuentro y colaboración entre el Gobierno de España y todas las
comunidades autónomas, pero la realidad nos ha demostrado, al menos en la
gestión de la crisis que vivimos en mi tierra, en Canarias, que de nada
sirve que existan mesas de cooperación interterritorial o una conferencia
sectorial de migraciones si no existe, señorías, la voluntad de
activarlas por parte del Gobierno de turno.


Les voy a citar solo dos ejemplos, dos informes publicados en el
último mes por el Gobierno de España sobre este asunto, sobre materia
migratoria, dos informes en los que reconoce lo que ninguno de los
ministros y ministras que han comparecido aquí, en esta casa, en el
último año han sido capaces de reconocer. En el Informe Anual de
Seguridad Nacional 2020 el Gobierno subraya que todas las acciones a
realizar en el ámbito migratorio han de estar perfectamente coordinadas
entre las distintas administraciones, siendo fundamental una unidad de
criterio y doctrina. Por su parte, el Foco África 2023, el programa de
acción del III Plan África para esta legislatura, insiste en que la
distribución de competencias entre los diferentes ministerios hace
necesaria una coordinación y la ejecución conjunta de unas líneas de
actuación planificadas con los mismos objetivos. Señorías, qué pena que
estas mismas palabras no las hayamos escuchado por parte de ningún
miembro del Ejecutivo. ¡Qué pena!


Señorías, los dos puntos que planteamos como adición a la moción del
Grupo Parlamentario Vasco persiguen, por un lado, garantizar y coordinar
una actuación conjunta de todos los ministerios del Gobierno con
competencias que afectan a la política migratoria. No he querido ni
siquiera mentar la recuperación de la famosa comisión delegada que el
Gobierno suprimió en febrero de 2020, porque parece casi un tema tabú
para el Ejecutivo. No obstante, en esta Cámara ya nos hemos pronunciado a
favor de que se rescate esa comisión delegada. Y, por otro, planteamos
que se elabore un plan estratégico plurianual para la integración de los
menores extranjeros no acompañados, impulsado por la Administración
General del Estado y en colaboración con las comunidades autónomas,
fomentando así la firma de los convenios con fundaciones y otras
entidades para la asunción de la tutela ordinaria con el fin de que los
niños y niñas que vienen a nuestro país reciban una atención digna.


La distribución solidaria de los menores no puede ser una cuestión de
voluntad política, debe ser una obligación. Nosotros, en la Agrupación
Socialista Gomera, fuimos los primeros en aplaudir la decisión que tomó
el Gobierno de distribuir a los menores bloqueados en la Ciudad Autónoma
de Ceuta, una decisión que, lamentablemente, en mi tierra, en Canarias,
siempre hemos echado en falta.


Solo haré un apunte, señorías, antes de finalizar. Recuerdo que en
una moción que aprobamos en esta Cámara el pasado 15 de julio el Grupo
Vasco me advirtió, muy acertadamente, que mantuviera el texto original de
mi iniciativa para instar al Gobierno a aprobar el tan famoso plan de
rescate para el sector turístico canario en un periodo de tiempo
concreto. Y el tiempo, señorías, les dio la razón. Por eso me sorprende
que en esta moción no se haya incluido una periodicidad en la celebración
de las reuniones en ese espacio tan necesario de encuentro entre el
Estado y las comunidades autónomas. No obstante, estoy convencido de que
entre todos y todas seremos capaces de alcanzar un acuerdo en esta línea
en la ponencia sobre política migratoria que estamos a punto de cerrar en
esta Cámara.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Godoy Tena.


La señora GODOY TENA: Muchas gracias, señora presidenta.


Muy buenos días a todos y a todas. Sí, todos o casi todos estamos de
acuerdo en que las migraciones son un fenómeno estructural que necesita
de una respuesta absolutamente coordinada, tal y como se habla en la
exposición de motivos de la moción que nos ocupa. Ese convencimiento nos
llevó a constituir una ponencia de estudio en el seno de la Comisión de
Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que aborda
multisectorialmente el hecho migratorio de manera integral, ponencia que
ahora está en marcha, lleva dieciséis reuniones, pendiente de otra más,
para la que hoy hemos aprobado su prolongación, y donde ha habido treinta
y siete comparecencias entre autoridades y otros organismos y ONG.


En la interpelación que el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco
hizo en el pasado Pleno al ministro la señora Ahedo dijo —y
entrecomillo—: Información, planificación y estrategias
compartidas. Trabajar a nivel estatal en lo que cada uno somos
competentes de manera compartida. El papel de liderazgo y coordinación le
corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La política migratoria afecta, compete y ocupa a todos los niveles
institucionales, y en el Estado es necesario articular un espacio donde
compartir herramientas, estrategias e información. Y debemos buscar un
punto de encuentro con las distintas administraciones competentes para
reflexionar, cooperar y conocer. Eso es lo que nos trae aquí hoy. Y el
ministro le contestó —y entrecomillo—: Tiene razón. La
responsabilidad principal corresponde a la Administración central, pero
debe ser una responsabilidad compartida. Hay algunas comunidades donde
parece que el fenómeno migratorio les pilla lejos o está alejado. Hay que
recordar que somos la puerta sur de Europa; y todas las comunidades
autónomas, todas, no solamente las que son frontera real. Todas.


Señora Ahedo, la exposición de motivos de esta moción nos dice que el
fenómeno implica a múltiples instituciones y agentes —Unión
Europea, Gobierno de España, comunidades autónomas, entidades locales,
sociedad civil—, lo que hace que cualquier política migratoria que
pretenda ser eficaz y eficiente deba estar basada en la colaboración y la
coordinación. Totalmente de acuerdo. Ninguna Administración —dice
su grupo— puede responder de forma individual, siempre desde el
respeto al incuestionable papel de las comunidades autónomas y de las
entidades locales y siempre en colaboración y coordinación con ellas. Lo
dicen en su exposición de motivos.


Quiero recordar que en épocas de gobiernos del Partido Socialista
anteriores, con el señor Zapatero, tuvimos un lugar de cooperación que
funcionó bien: un fondo de integración y acogida donde las comunidades
autónomas y los ayuntamientos recibían fondos. Y hay que indicar que el
Partido Popular lo eliminó. Nuestro compromiso con la migración es total
ya que tanto en nuestro programa electoral como en el acuerdo de
coalición progresista PSOE-Podemos hablamos del fondo estatal de
integración, que es un instrumento esencial de colaboración del Estado
con las comunidades autónomas y los municipios. Y España —decimos
también— seguirá comprometida en la atención a migrantes mejorando
la coordinación de todos los actores involucrados en la atención
humanitaria y en la identificación de la vulnerabilidad.


Por sus palabras, señora Ahedo, que he entrecomillado, por las del
ministro, y por la convicción como partido, este grupo, el Grupo
Socialista, ha presentado una enmienda que pretende recoger lo expuesto
por usted, señora Ahedo, por el ministro y por los trabajos que se están
llevando a cabo en la ponencia de migración. Presentamos una enmienda de
modificación con dos puntos clave: por un lado, se indica que se tiene
que hacer con el adecuado respeto al ámbito competencial y acorde al
principio de subsidiariedad. Y añadimos también que los agentes que
tienen que encontrarse, colaborar y trabajar en ello son el Gobierno de
España, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y
Provincias, o los ayuntamientos, si usted lo quiere denominar así, que
son los que están al pie del cañón en la mayoría de los casos, y la
representación de las entidades del tercer sector que trabajan en materia
migratoria, que también están al pie del cañón en casi la totalidad de
los casos. Por eso, señora Ahedo, estamos convencidos de que tanto los
ayuntamientos como las entidades del tercer sector, que trabajan
denodadamente desde hace muchos años, agradecerán formar parte para poder
participar, colaborar y reflexionar junto con las comunidades autónomas y
el Estado, cada uno dentro de sus competencias, en planificar y compartir
estrategias y abordar el fenómeno migratorio de manera integral.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado, la senadora Ahedo Ceza, autora de la moción originaria, por
tiempo de tres minutos, para manifestar si acepta o no las enmiendas
presentadas por los grupos.


La señora AHEDO CEZA: Lo primero que quiero es agradecer a los grupos
la presentación de enmiendas. Eso es que se han tomado interés en la
iniciativa.


En cuanto a la enmienda del Grupo Ciudadanos, lo primero que he dicho
en mi anterior intervención es que esta moción no es para hablar de
política migratoria, y los puntos que ustedes plantean, en cuya bondad no
voy a entrar, e incluso en muchos de ellos podríamos estar de acuerdo,
son de política migratoria. Nosotros queremos hablar de organizar, de
gestionar, de coordinar; por eso no vamos a aceptar su enmienda. Creemos
que lo que plantean, y probablemente podamos llegar a un amplio acuerdo,
son cuestiones a debatir en el seno de la Ponencia de estudio sobre el
fenómeno migratorio.


Con respecto al Grupo Izquierda Confederal, la enmienda tiene dos
puntos. En el primero estamos totalmente de acuerdo: la coordinación y la
actuación conjunta de todos los ministerios es totalmente necesaria y
nosotros vemos ahí una carencia. Y hay un segundo punto que habla de
elaborar un plan estratégico. Eso vuelve a ser una política concreta que
creo que debería ir a otro foro. Nosotros no tenemos ningún problema en
la firma de convenios con fundaciones y otras entidades, pero en este
punto concreto se habla de la asunción de la tutela, y la asunción de la
tutela no puede darse a una fundación o entidad. La tutela corresponde a
las instituciones, y esto sería una dejación por su parte. Esa es la
razón por la que no vamos a aceptar su enmienda.


Finalmente, el Grupo Socialista habla del adecuado respeto al ámbito
competencial y acorde al principio de subsidiariedad. ¿Cómo no vamos a
estar de acuerdo con lo que plantean? Y plantea que en ese espacio
estuviesen integradas también la FEMP y las entidades del tercer sector.
Mire, el problema que detectamos a día de hoy, y es el que más nos
preocupa, es el de la coordinación, el de la colaboración, el de la
organización de la gestión del día a día entre el Gobierno y las
comunidades autónomas. Y tiene toda la razón. La aportación de otros
agentes, como ustedes proponen, es importante, pero creemos que debe ser
en un foro diferente y no en el que estamos planteando. Por lo tanto,
tampoco vamos a aceptar su enmienda.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar,
la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora presidenta.


Muy buenas tardes a todos. Señorías, la inmigración es un fenómeno
que tradicionalmente ha afectado a las sociedades, tanto en términos
positivos como —por qué no decirlo— en términos negativos.
Sin embargo, cuando la inmigración se realiza de manera ordenada y con
respeto a la ley los efectos negativos que podría llevar aparejados se
minimizan. He aquí la razón por la que las sociedades occidentales,
principales receptoras de inmigración ilegal, deben evitar a toda costa
la entrada ilegal de inmigrantes pues, como bien señala la formación
proponente, precisan de una respuesta adecuada de dimensiones
ético-democráticas y normativas. Tanto es así, que es un deber moral y
normativo de nuestro Gobierno y de toda la Administración pública
combatir el tráfico ilegal de seres humanos, combatiendo a las mafias que
se lucran a través de las redes de inmigración ilegal, así como
establecer unas fronteras seguras que eviten la repetición de sucesos
como los acaecidos el pasado mes de mayo en Ceuta, donde más de 10 000
inmigrantes procedentes de Marruecos, 2000 de ellos niños, fueron
utilizados por Mohamed VI para presionar a España, y entraron sin
encontrar resistencia alguna en todo el territorio español, invadiendo la
Ciudad Autónoma de Ceuta, ocasionando destrozos y la sensación de
inseguridad sin parangón entre la población ceutí. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


No obstante, la fórmula para enfrentar esta problemática no puede ser
un café entre representantes del Gobierno de España y de las distintas
comunidades autónomas, sino que ha de ser el Estado, en uso de la
competencia exclusiva que le otorga la disposición segunda del
artículo 149 de la Constitución española en materia de nacionalidad,
inmigración y emigración, extranjería y derecho de asilo, el que emprenda
las modificaciones legales oportunas para que la inmigración ilegal en
España sea erradicada en el conjunto de la nación, activando los
mecanismos necesarios para que tanto las entidades locales como
autonómicas, así como centrales, no se vean perjudicadas por el fenómeno
inmigratorio.


Desde Vox apelamos al Gobierno de la nación para que asuma su deber.
Lo que ocurrió en Ceuta no se puede volver a repetir nunca más. Por eso,
señorías, el voto de nuestra formación va a ser negativo para esta
propuesta.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el mismo grupo, tiene la palabra el senador Catalán
Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenos días.


Parece mentira, pero que en pleno siglo XXI, en el año 2021, estemos
hablando de esta cuestión llama poderosamente la atención. Después de las
oleadas y oleadas de inmigrantes que han llegado a España, con la
situación que se ha vivido en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
que se da en Canarias, que se da en Andalucía, que se da en el resto de
comunidades autónomas españolas, llama poderosamente la atención la
situación que se está padeciendo.


Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar la moción que hoy se plantea.
Además, señorías, viene a evidenciar el fracaso más absoluto,
estrepitoso, de la política migratoria de este Gobierno. Las comunidades
autónomas, dentro de sus competencias, son las únicas que están
cumpliendo y las que están aportando la financiación necesaria para
muchas de las necesidades, incluso perentorias, que tienen las personas
inmigrantes. Por lo tanto, en esa línea se viene a demostrar el fracaso,
la inutilidad en este caso concreto del ministro responsable de políticas
migratorias de este Gobierno. Y lo mismo ha ocurrido en otras comunidades
autónomas, donde se han generado estructuras totalmente inútiles, como ha
pasado en Navarra a la hora de colocar al responsable de Podemos de la
comunidad en un departamento de justicia y migración, cuando no tenemos
competencias y los que realmente están abordando las necesidades de la
migración en la Comunidad Foral de Navarra son los servicios sociales.
Por lo tanto, en esa línea se podría prescindir de este ministerio, como
se podría prescindir de los de Consumo, Universidades, Ciencia o Cultura,
que no han demostrado en estos dos años ninguna buena palabra, ninguna
buena acción.


Señorías, esta moción viene a evidenciar el fracaso estrepitoso de
este Gobierno en materia migratoria.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora senadora Goñi.


La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidenta.


Nos encontramos ante la petición del PNV de que se constituya un
espacio de encuentro y colaboración. En estos momentos, según el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, existen en el
Gobierno de España hasta treinta y tres mesas sectoriales. Tenemos la
Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, no tengo muy claro
para qué; ahora mismo el Gobierno ya ha construido un relato falso para
indultar a políticos delincuentes. Tenemos la Conferencia Sectorial de
Turismo, superútil si tenemos en cuenta que ni el propio ministerio fue
capaz de ver ni anticiparse ni evitar que perdiésemos el principal país
como fuente de turistas extranjeros, el Reino Unido. O la Conferencia
Sectorial de la Energía, tan de moda últimamente; si quieren hablamos de
ella a las doce y media, cuando pongamos todos la lavadora. Y así hasta
treinta y tres mesas sectoriales. Conociendo esta realidad de
ineficiencia y duplicidades solo se llega a una conclusión: necesitan
vender ese supuesto diálogo como logro porque no tienen otros logros que
vender.


Y ahora nos viene el ministro a decir que la mesa sectorial de
inmigración no sirve para abordar la inmigración. Y ahora nos viene el
PNV a decir que hay que crear otra mesa más. ¿No habría que empezar por
un Gobierno que realmente haga algo y que las mesas que ya están
constituidas, incluida la de inmigración, empiecen a funcionar? Eso sería
lo eficiente y lo sincero con la ciudadanía, sin marear más la perdiz ni
pretender ir de modernos vendiendo un futuro diálogo que siempre ha
estado ahí. Ejérzanlo y trabajen.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la senadora
Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidenta.


Señorías, creo que ha quedado evidentemente claro que a día de hoy no
han sabido poner en marcha políticas migratorias efectivas que atajen de
raíz las causas de la migración. Y a la falta de política migratoria se
suma la nefasta política exterior que lleva a cabo este Gobierno y que
sufrimos todos los españoles; tan nefasta, que ha hecho que España se
encuentre en una situación de debilidad frente a posibles presiones o
chantajes por parte de Marruecos, cuyo Gobierno ha demostrado, además en
numerosas ocasiones, que no tiene reparo alguno en utilizar a su propia
población civil, tanto adulta como incluso a menores, a niños, como
elemento de presión.


Hace ya tres años el Gobierno anunció a bombo y platillo que España
comenzaba a tener política migratoria para acoger el buque Aquarius en
Valencia. En Ciudadanos apoyamos esa decisión, pero como algo puntual y
por razones humanitarias. Pero lo cierto es que cuando las cámaras se
fueron el Gobierno se desentendió de los migrantes que habían llegado a
bordo de ese barco, igual que se desentiende de los migrantes cuando
llegan a las costas canarias o a las costas andaluzas.


La portavoz del Grupo Socialista ha hablado del compromiso que tienen
el Partido Socialista y Unidas Podemos con la atención a migrantes. Pues
bien, en 2019, tras perder Susana Díaz el Gobierno de la Junta de
Andalucía y entrar a gobernar Ciudadanos y el Partido Popular, fue
precisamente su presidente, el señor Sánchez, el que retiró a Andalucía
los fondos que sí había comprometido a Susana Díaz para la atención de
menores extranjeros no acompañados. Son 27 millones de euros que ustedes
adeudan a las arcas andaluzas para la atención a menores, porque es la
Junta de Andalucía la que se está teniendo que hacer cargo a pulmón
—a pulmón— de la atención a esos migrantes, mientras ustedes
siguen poniéndose de perfil. Señorías, vamos de mal en peor.


Hace unos meses Canarias daba también la voz de alarma por la
avalancha de migrantes que llegaban a sus costas. La situación es
insostenible y la falta de transparencia en cuanto al traslado de los
migrantes a la Península a través de puertos como, por ejemplo, el de
Huelva o a través de aeropuertos como, por ejemplo, el de Granada es
todavía peor. La inmigración en Canarias aumentó un 133 % entre enero y
abril de 2021 en comparación con 2020 —repito, un 133 %—.
Canarias está viviendo una crisis migratoria mayor que la de los cayucos
de 2006. Y a esto sumamos una crisis diplomática con Marruecos que ha
acabado con una crisis migratoria para las ciudades de Ceuta y de
Melilla, una crisis migratoria en la que nuestras fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado y nuestro Ejército han actuado sin apenas medios.
Los han dejado ustedes vendidos, doblando e incluso triplicando turnos y
trabajando en condiciones lamentables. Hay guardias civiles, los GRS,
antidisturbios, que se han pegado veinte horas en el agua salvando vidas
o veinte horas en la valla aguantando ataques y defendiendo nuestra
frontera. Hemos visto vídeos en los que son las propias autoridades
marroquíes las que abrían las puertas para que los migrantes traspasaran
las vallas y pudieran entrar en nuestro país. Y aprovecho también para
mostrar mi total admiración y mi gratitud hacia la gran labor que están
realizando nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta
materia.


En Ciudadanos llevamos cinco años proponiendo una reforma integral de
la política migratoria española y europea precisamente porque la clave
para evitar los problemas que puedan causar los flujos migratorios
descontrolados está en la Unión Europea. Es una reforma integral que
hemos traído a las Cortes Generales y que hemos llevado también al
Parlamento Europeo, donde estamos trabajando con la Comisión Europea y
con el resto de compañeros liberales de otros países para poner en marcha
cuanto antes el nuevo pacto migratorio de la Unión Europea.


Como he dicho, articular un espacio de encuentro, como solicita esta
moción, es positivo, aunque no es del todo suficiente, y de ahí que
presentáramos nuestra enmienda. Pero, pese a no ser aceptada, entendemos
que es un comienzo, con lo cual, aun así, vamos a votar a favor de esta
moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora
Castellví Auví.


La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Bon dia. Gràcies, presidenta.


Senyories, el fenomen migratori és una derivada més de
l’evolució humana, però actualment és el resultat de la gran
escletxa que separa els països pobres dels països rics com a conseqüència
del model actual de globalització econòmica. Molt sovint és viscut com un
problema, i no com una solució a les necessitats socials, polítiques i
econòmiques. Aquesta percepció genera situacions de tensió, actituds de
rebuig i prejudicis negatius, creant situacions que possiblement acaben
sent conflictes i, per tant, dificulten l’adaptació, la convivència
i el diàleg intercultural, en lloc de ser una oportunitat de
l’intercanvi de valors culturals, el coneixement de costums i
hàbits.


Fa més de quinze anys que parlem de la gestió del fenomen migratori i
encara no l’hem abordat seriosament. Actualment s’estima que
resideixen uns sis milions de persones migrades a l’Estat. La
política migratòria no només ha de distribuir persones, la política
migratòria ha de gestionar l’acollida d’aquestes persones en
les seves fases migratòries i necessitats vitals.


Catalunya sempre s’ha considerat terra d’acollida. A
Catalunya el fenomen migratori té especial rellevància. Les últimes dades
ens diuen que Catalunya va rebre quasi 204 000 immigrants provinents de
l’estranger, la xifra més alta registrada fins ara, i es van
comptabilitzar unes 87 500 emigracions a l’estranger. Per tant, el
saldo migratori a l’estranger va ser positiu, teniu en compte que
les dades reflecteixen un saldo negatiu amb la resta d’Espanya.
Dada rellevant: el saldo migratori net d’aquestes últimes dades a
Catalunya va ser d’un 18 % més.


El passat mes de maig el Govern català va traslladar la seva voluntat
d’acollida de menors no acompanyats i així va ser com quinze
d’ells han estat traslladats. Això ja és un avanç respecte a les
anteriors estratègies de l’Estat. Senyories, no només els
territoris tenim dret a ser informats directament, sinó que també seria
interessant que l’Estat tingui coneixement del treball que es fa a
les diferents comunitats autònomes, que és molt potent. Com saben, quan
una persona es troba en territori d’una comunitat autònoma,
requereix uns serveis que són gestionats per la mateixa comunitat
autònoma o fins i tot pels ajuntaments. Parlem de l’atenció
sanitària, dels serveis socials o de l’educació. Per tant, és
evident que el fenomen migratori és complex i multifacètic. Abraça
factors econòmics, polítics, psicològics, socials i culturals, i
necessitem un espai per coordinar-nos, que és el que demana aquesta moció
del Grup Nacionalista Basc.


La migració és un fet i el nostre deure és gestionar-la. Junts per
Catalunya estem d’acord que la qüestió s’ha d’abordar,
tal com diu la moció, d’una manera integral, amb l’objectiu
d’abordar conjuntament i coordinadament la planificació i les
estratègies necessàries per coordinar-nos conjuntament el Govern
espanyol, les comunitats autònomes —això sí: respectant sempre les
seves competències— i els ajuntaments per comptar amb una política
migratòria planificada solidària, responsable i cooperativa. Per tant,
Junts per Catalunya donem total suport a aquesta moció.


Moltes gràcies.


Buenos días. Gracias, presidenta.


Señorías, el fenómeno migratorio es una derivada más de la evolución
humana, pero actualmente es el resultado de la gran brecha que separa los
países pobres de los países ricos como consecuencia del modelo actual de
globalización económica. A menudo es vivido como un problema y no como
una solución a las necesidades sociales, políticas y económicas. Esta
percepción genera situaciones de tensión, actitudes de rechazo y
prejuicios negativos, situaciones que posiblemente acaben siendo
conflictos y, por lo tanto, dificultan la adaptación, la convivencia y el
diálogo intercultural en lugar de ser una oportunidad para el intercambio
de valores culturales, el conocimiento de costumbres y hábitos.


Hace más de quince años que hablamos de la gestión del fenómeno
migratorio y aún no lo hemos abordado en serio. Actualmente se estima que
residen unos seis millones de personas inmigrantes en el Estado. La
política migratoria no solo debe distribuir a personas, sino que debe
gestionar la acogida de esas personas en sus fases migratorias y desde
sus necesidades vitales.


Cataluña siempre se ha considerado tierra de acogida. En Cataluña el
fenómeno migratorio tiene una especial relevancia. Los últimos datos
afirman que Cataluña recibió casi 204 000 inmigrantes procedentes del
extranjero, la cifra más elevada registrada hasta la fecha, y se
contabilizaron unas 87 500 emigraciones al extranjero. Por lo tanto, el
saldo migratorio al extranjero fue positivo teniendo en cuenta que los
datos reflejan un saldo negativo con el resto de España. Y un dato
relevante: el saldo migratorio neto de estos últimos datos en Cataluña
fue de un 18 % más.


El pasado mes de mayo el Gobierno catalán trasladó su voluntad de
acogida de menores no acompañados, y así fue como quince de ellos han
sido trasladados. Esto ya es un avance respecto a las anteriores
estrategias del Estado. Señorías, los territorios no tan solo tenemos
derecho a ser informados directamente, sino que también sería interesante
que el Estado tenga conocimiento de la labor que se está realizando en
las distintas comunidades autónomas, que es muy potente. Como saben,
cuando una persona se encuentra en el territorio de una comunidad
autónoma requiere de unos servicios que son gestionados por la misma
comunidad autónoma o incluso por sus ayuntamientos. Estamos hablando de
la atención sanitaria, los servicios sociales o la educación. Así pues,
es evidente que el fenómeno migratorio es complejo y multifacético,
engloba factores económicos, políticos, psicológicos, sociales y
culturales, y necesitamos un espacio para coordinarnos, que es lo que
pide esta moción del Grupo Nacionalista Vasco.


La migración es un hecho, y nuestro deber es gestionarla. Junts per
Catalunya está de acuerdo en que la cuestión debe abordarse, tal y como
reza la moción, de forma integral con el objetivo de acordar
conjuntamente y de forma coordinada la planificación y las estrategias
necesarias, la coordinación conjunta del Gobierno español, las
comunidades autónomas —eso sí, respetando siempre sus
competencias— y los ayuntamientos para disponer de una política
migratoria planificada, solidaria, responsable y cooperativa. Por lo
tanto, Junts per Cataluña da su apoyo absoluto a esta moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el
senador Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en el informe sobre la migración en Canarias publicado por
el Defensor del Pueblo se destaca que la dispersión de competencias en
materia de gestión migratoria entre diferentes departamentos
ministeriales y entre el Estado, las comunidades autónomas y los
ayuntamientos es una cuestión que explica en parte las carencias de
coordinación que, una vez más, se han podido apreciar en mi tierra, en
Canarias. Y en sus conclusiones añade que la experiencia ha demostrado
que el sistema no es eficaz para ofrecer unas condiciones de acogida a
personas que en todos los casos han puesto en riesgo sus vidas con la
esperanza de llegar a nuestras costas y encontrar un mundo mejor en
nuestro país.


Entre las disfunciones del actual sistema de acogida se apunta a la
insuficiente coordinación entre los distintos organismos de las
administraciones públicas con competencias en materia migratoria.


Nos enfrentamos, señorías, a una realidad que va a permanecer en el
tiempo. Nos guste o no, los migrantes seguirán embarcándose en pateras y
cayucos o cruzando a nado hacia nuestras costas, aunque a ellos les
cueste su propia vida. En el caso del entorno geográfico de Canarias, los
conflictos armados, el cambio climático, la pobreza o las persecuciones
de distinta índole arrastrarán a miles de personas a intentar encontrar
una vida mejor lejos de sus hogares. Señorías, lo vamos a ver en los
próximos meses, y espero que en esta ocasión no se repitan los mismos
errores que tanto nos horrorizaron en las islas —en mi tierra, en
Canarias—, en 2020, como el inolvidable campamento de la vergüenza
habilitado en el muelle de la localidad costera de Arguineguín, en el
municipio de Mogán, en la isla de Gran Canaria. Es probablemente uno de
los principales desafíos a los que nos enfrentamos, señorías, y
necesitamos que exista una política común en la Unión Europea, pero
también, como recoge el PNV en su texto, que haya una política de Estado
y una política con unos criterios únicos que sirva a las administraciones
para asumir sus competencias y compromisos de una manera responsable y
solidaria. Después de la larga crisis que hemos vivido en Canarias y que
aún permanece activa, muchos prefieren y persisten en el error de usar la
migración como arma arrojadiza en lugar de gestionarla como una
oportunidad, como señala el grupo proponente, y con la altura que exige
un drama humanitario cuyo origen se encuentra al otro lado de nuestra
costa.


Y como no podía ser de otra manera, Agrupación Socialista Gomera, va
a apoyar esta moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo
Ceza.


La señora AHEDO CEZA: No puedo empezar de otra manera que no sea
mostrando mi agradecimiento a los grupos que han manifestado que van a
apoyar la iniciativa.


Alguno ha aprovechado para hablar de su libro, pero yo vuelvo a
repetir que lo único que pedimos es un espacio de encuentro entre el
Gobierno de España y las comunidades autónomas donde se aborde el
fenómeno migratorio de manera integral con el objetivo de acordar
estrategias y planificación. Y me dirán —de hecho, ya me lo han
dicho— que ya existe un espacio así, que sería la conferencia
sectorial. No voy a entrar en si es buena, mala o regular, lo que sí voy
a decir es que no funciona, que no se junta.






La última vez que se reunió
fue en el año 2018, hace tres años, y en los últimos diez años se ha
reunido solamente dos veces. Y en la interpelación del Pleno pasado el
ministro lo dejó claro —voy a decirlo casi literalmente—.
Dijo que era muy crítico con el funcionamiento; que las comunidades
autónomas debían tener mayor responsabilidad y corresponsabilidad en
elementos de diseño y de proceso; que el reglamento era antiguo
—dijo: No me gusta nada—; y que esa conferencia sectorial
debía arrancar de una forma muy distinta, y esa forma distinta era por lo
menos con una capacidad de iniciativa de las comunidades que fuese mucho
mayor que la actual, con compromisos claros y con mayor lealtad
institucional. Y se comprometió a buscar una forma de colaboración mucho
mejor. Desde luego, entre casi cero y algo creo que no lo tiene
difícil.


¿Es válida la conferencia sectorial? ¿Hay que modificarla en cuanto a
su configuración, su reglamento y su funcionamiento? No lo sé. ¿Hay que
articular otra fórmula diferente? Señora Goñi, nosotros no queremos ir
duplicando espacios, lo que queremos es que haya un espacio en el que sea
posible esa colaboración y esa coordinación. Si tiene que ser la
conferencia sectorial, que empiece a funcionar como tiene que funcionar.
Si en vez de eso tiene que ser otra cosa, nos da igual como se llame. Lo
que no puede ser es que no exista un foro, un punto de encuentro para
reflexionar, para cooperar, para planificar, porque estamos ante un
fenómeno estructural que necesita una respuesta integral y coordinada, y
encima tiene que hacerse ya. No podemos funcionar, como está pasando
últimamente, de manera improvisada y a golpe de emergencia, a golpe de
urgencia; y para crear ese espacio o para utilizar el existente de la
manera que sea no podemos esperar. El ministro nos pidió paciencia, pero
el problema es que corremos el riesgo de que se nos vaya el tiempo
diseñando el espacio, y esa no es la cuestión porque tenemos que dar
respuestas para el día a día hoy, no pasado mañana.


Hay grupos que todavía no han intervenido que espero que también
apoyen esta iniciativa, porque creo que es una propuesta bien sencilla y
que para llevarla a cabo lo único que se necesita es voluntad.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Bildu, intervendrán
dos senadoras.


En primer lugar, tiene la palabra la senadora Surra.


La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora presidenta.


Primero, nos ha extrañado muchísimo el tema de esa interpelación y,
sobre todo, la moción en consecuencia, dado que al mismo tiempo hay una
ponencia propuesta por el mismo grupo que está llegando a la culminación
de sus trabajos. Por lo tanto, no lo entendíamos bien. Pero la confusión
no solo la tuvimos nosotros, sino también todos los demás, porque, a
tenor de las enmiendas que se han presentado, todo el mundo mezcló las
cosas. Tampoco estamos de acuerdo en que se creen muchos organismos de
política en la estratosfera de la política que tienen que ejecutar cosas
para la realidad cotidiana de la gente —en este caso, la
migración— que a veces se pierden en esas discusiones, en esa
constitución, y nunca llegan a ejecutarse correctamente para esas
personas. Si, como planteó la ponente, no se aceptan las enmiendas y el
tema es solamente una coordinación con las comunidades autónomas, estamos
de acuerdo y no nos vamos a negar, pero para eso no sé si ameritaba una
moción, porque muchas veces sabemos el recorrido que tienen algunas de
las mociones.


Lo único que nosotros sacamos en positivo y claro de esa
interpelación fueron declaraciones que hizo el ministro con respecto a la
Unión Europea, en el sentido de que dijo que la Unión Europea no le va a
solucionar el tema de la migración a nuestro país y que se van a empezar
a encarar las cosas dentro del país para solucionar este tema. Le
queremos recordar, señor ministro, que hace dos años, en este mismo
lugar, y en la comisión que trata el tema, nosotros le pedíamos saber
cuál era el impedimento de la Unión Europea, que decía que no se podía
regularizar a la gente aquí, y siempre nos decían que había un texto de
la Unión Europea que lo prohibía. Nunca nos mostró ningún texto. Hoy
reconoce que eso no es así. Por lo tanto, todavía están a tiempo de
corregir. Descentralicen las competencias de inmigración y regularicen
ya, que hace dos años que se han perdido para gente muy vulnerable, y
además en medio de una tremenda pandemia. Por lo tanto, regularización
ya.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Bideguren.


La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.
Senatari jaun-andreok, egun on.


Mozio honek gure aldeko bozka izango du behar-beharrezkoa delako
Estatuko Gobernuaren eta erkidegoen arteko lankidetza eta koordinazioa
migrazio politiketan.


Egia esan, lankidetza falta hau argia da, eta ministroak berak ere
aitortu du. Era berean, aldarrikatu nahiko nuke koordinazio eta
lankidetza berbera behar dugula, baita ere, udalekin. Alde batetik,
bizikidetza eta kultur artekotasuna herrietan egiten dugulako eta
bestetik, herritarrengandik hurbilen dauden erakunde hauek ere gobernuak
direlako eta gobernu ezberdinen artean adostasunak bilatzea, estrategiak
eta plangintzak onartzerakoan, ezinbestekoa delako erantzun eraginkor bat
eman nahi baldin badugu, behintzat. Gainera, gobernuz kanpoko erakunde
eta eragile ezberdinek pertsona migranteen eskubideengatik eta
gizatasunagatik egiten duten lana kontutan izan beharko genuke.


Beraz, ados gaude, lankidetza hau behar-beharrezkoa da. Eta aipatu
nahiko nuke, baita ere, alkate izan nintzen garaian lehen pertsonan bizi
izan nuen arazo bat izan zela hau, komunikazio falta eta koordinazio
falta, Estatuko Gobernuaren erabakiak hirugarrenen bitartez jakin
genituenean. Eta hau egunero ikusten ditugu horrelako adibideak. Beraz,
oinarrizkoa dela uste dugu koordinazioa, lankidetza eta azkenaldian
askotan hitz egiten den kogobernantza hori.


Baina kogobernantza hori eta errealitatean gertatzen dena, hau da,
esandakoak eta egindakoen artean tarte handia dagoela ere ikusten dugu,
jarrera zentralistak ikusten ditugulako behin eta berriro. Eta jarrera
hauek ez dira batere aproposak erantzun egoki bat emateko edozein
gaitan.


Horregatik, EH Bilduk argi dauka. Gai honetan honetan ere
subiranotasun gehiago izango bagenu, hau da, Estatuko erakundeen
menpekotasun gutxiago edukiko bagenu, pertsona migranteen beharrizanei
eta erronkei erantzun hobea emango genieke, tresna gehiago izango
genituzkeelako, eta beraz, zalantzarik gabe, behar-beharrezkoa dugu
subiranotasun gehiago.


Bitartean, daukaguzan tresna urriekin eta inefizientzia guztiekin
lanean jarraituko dugu giza eskubideak errespetatzen dituen migrazio
politiken beharrizana aldarrikatzen eta bizitza hobe bat nahi duten
pertsonek igarobide seguru eta harrera duin bat izan dezaten.


Eskerrik asko eta egun on.


Gracias, señora presidenta.


Señorías, buenos días. Vamos a votar a favor de esta moción porque la
colaboración y la coordinación entre el Gobierno del Estado y las
comunidades autónomas en políticas de migración nos parecen realmente
necesarias. La verdad es que esta falta de colaboración es evidente y lo
ha reconocido además el ministro. Pero al mismo tiempo quisiera
reivindicar la misma coordinación y colaboración con los ayuntamientos;
por una parte, porque es en los municipios donde ocurre la convivencia y
la interculturalidad, y, por otra, porque estas instituciones son también
gobiernos y las que más cerca están de la ciudadanía, y es fundamental
buscar acuerdos entre distintos gobiernos para aprobar estrategias y
planes si queremos dar una respuesta eficaz. Además, deberemos tener en
cuenta la labor que realizan los diversos organismos no gubernamentales y
agentes por los derechos de los migrantes y para reivindicar el hecho de
que son seres humanos. Por tanto, estamos de acuerdo en que esta
colaboración es necesaria.


También me gustaría manifestar que en mi época de alcaldesa viví en
primera persona graves faltas de coordinación y comunicación pues
conocíamos las decisiones del Gobierno del Estado mediante terceros. Por
tanto, creo que la coordinación y la colaboración, y también eso de lo
que tan frecuentemente se habla últimamente, que es la cogobernanza, son
básicas. Pero la realidad es que hay una gran brecha entre lo que se dice
y lo que se hace. Vemos actitudes centralistas de forma reiterada, y esas
actitudes no son de ninguna manera adecuadas para dar una respuesta
adecuada en cualquier tema.


EH-Bildu lo tiene claro. Si en este tema tuviéramos también más
soberanía, es decir, si dependiéramos menos de las entidades del Estado,
contaríamos con más herramientas para responder a las necesidades y los
retos de las personas migrantes y sin duda podríamos responder mejor. Por
tanto, necesitamos más soberanía. Mientras tanto seguiremos trabajando
con las escasas e ineficientes herramientas con las que contamos,
reivindicando la necesidad de políticas migratorias que respeten los
derechos humanos con el fin de que las personas que buscan la posibilidad
de tener una vida mejor cuenten con un tránsito seguro y una acogida
digna.


Gracias. Buenos días.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik asko,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Acedo Reyes.


La señora ACEDO REYES: Gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señorías. El fenómeno migratorio lo hemos abordado
profundamente en la ponencia de migraciones, en proceso de concluir ya,
conscientes de la dificultad que entraña por su transversalidad. Con lo
que esta moción propone: articular un espacio de encuentro y colaboración
entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España y también las
ciudades autónomas, parecería ilógico no estar de acuerdo. Si me lo
permiten, lo que carece de toda lógica y sentido común precisamente es lo
contrario: que no exista ya ese espacio de colaboración entre las
comunidades y ciudades autónomas con el Gobierno de España. No tiene
ningún sentido. Hablo de colaboración en la gestión porque quiero dejar
meridianamente claro que la competencia exclusiva en política migratoria
es del Gobierno de España, tal y como reza en nuestra Constitución. Por
tanto, colaboración en la gestión, sí, absolutamente, ahora bien, dar al
Gobierno la cobertura perfecta para escaquearse de sus responsabilidades,
como viene haciendo durante todo este tiempo, descargando en las
comunidades autónomas y los ayuntamientos, evidentemente, no.


Para este Gobierno no hay mejor invento que crear espacios de
encuentro y de colaboración para abdicar de sus competencias, que es lo
que lleva haciendo el Gobierno de España en política migratoria desde
julio del año 2018, en una dejación de funciones sin parangón en lo que a
la política migratoria se refiere. No hay una hoja de ruta, como bien ha
dicho la señora Ahedo. Tampoco hay una planificación ni una previsión de
cara a poder adelantarnos mínimamente a los acontecimientos. La desidia
del Gobierno en lo que a los flujos migratorios irregulares se refiere ha
dado lugar a un abandono absoluto de las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, que se han visto solos haciendo frente a un fenómeno que
les ha sobrepasado en sus capacidades, tanto competenciales, como hemos
dicho, como también asistenciales y presupuestarias. ¿Dónde estaba
entonces el Gobierno de España, señorías socialistas?


Tampoco tiene ningún sentido que el Gobierno crease un espacio para
abordar el fenómeno, la famosa comisión delegada, presidida por la
vicepresidenta señora Calvo, y que en cuanto tuvieron que pasar a la
acción esta se tradujera en eliminar la comisión porque ya no era
necesaria. Pero yo les pregunto, señorías socialistas: ¿no es necesario
abordar la llegada de la inmigración irregular a nuestro país? Han
llegado 10 700 personas en lo que llevamos de año, un 44 % más que en el
mismo periodo del año anterior, sin contabilizar la avalancha que se
produjo en Ceuta. ¿Tampoco es necesario ser previsores de cara al verano?
¿No es necesario para el Gobierno acudir al corazón de Europa para
liderar el Pacto Europeo de Migración y Asilo como frontera sur que
somos? ¿Cuál ha sido la posición del Gobierno de España en este sentido?
¿No es importante para el Gobierno diseñar vías seguras y legales para
convertir la migración en una verdadera oportunidad de desarrollo para el
migrante, para los países de origen y también para nuestro país? ¿No es
importante y más necesario que nunca reforzar nuestra posición en la
esfera internacional para restablecer las relaciones con nuestros
principales socios y ampliar e intensificar los acuerdos bilaterales para
el control de los flujos migratorios irregulares? ¿No es esto necesario e
importante para el Gobierno, señorías socialistas?


El presidente Casado hace más de un año le propuso un pacto de Estado
en materia migratoria. ¿Era demasiado humilde para el sanchismo aceptar
la mano tendida de la oposición, del principal partido de la oposición,
que alguna experiencia tiene en gobierno? Entonces ustedes dijeron que
no. Dijeron que no porque los del Partido Popular éramos inhumanos por
criticar que se hacinasen inmigrantes en Arguineguín, como hacían
ustedes, o en una plaza de toros en Melilla o por las calles de Ceuta;
por defender la necesidad de respetar los plazos en la Directiva de
retorno de la Unión Europea y la Ley de extranjería; y también por
defender los rechazos en frontera en Ceuta y Melilla que ustedes aplican
y ahora también ya defienden a pecho descubierto. En resumen, era
demasiado pedir al sanchismo abandonar la soberbia por un bien común, por
cierto, lo único que ustedes no han abandonado desde que están en el
Gobierno: la soberbia. Lo único que no han abandonado. (Aplausos).


Finalizo, señora presidenta. Lo sucedido en Ceuta hace unos días o lo
que viene sucediendo desde hace tiempo en Melilla y en Canarias también
espero que como mínimo les haya aportado un aprendizaje, y es que la
cruda y la dura realidad supera hasta los relatos de la factoría del
señor Redondo y del señor Sánchez. Supera los grandilocuentes discursos
de falsa solidaridad, de la hipocresía de reñir la necesaria defensa de
nuestras fronteras con la humanidad y de criminalizar precisamente a
aquellos que la custodian, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, que acaban sacándoles a ustedes en la mayoría de las ocasiones de
muchos apuros.


Señorías del Grupo Nacionalista Vasco, votaremos a favor de esta
colaboración, que ya debería existir, como he defendido. Y a ver si
conseguimos entre todos de una vez que el Gobierno deje de hacer oídos
sordos a las peticiones y demandas de las comunidades y ciudades
autónomas en esta y otras muchas cuestiones.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Fajardo Palarea.


El señor FAJARDO PALAREA: Con la venia, señora presidenta.


Buenas tardes, señorías. Yo he subido a hablar de política
migratoria, porque estamos hablando de un órgano de coordinación y no que
tenga que ver con algo que no sea la política migratoria.


En definitiva, después de haber escuchado las palabras de todos los
que me han precedido en la intervención, creo que casi todos estamos de
acuerdo en que es una necesidad mejorar la coordinación entre los
diferentes agentes que están implicados en la asistencia humanitaria y la
identificación de las vulnerabilidades, sobre todo en cuanto a las
mujeres que son objeto de trata y a los menores.


En primer lugar, deberíamos aumentar el Fondo Estatal para la
Integración como un instrumento esencial de colaboración entre el Estado,
las comunidades autónomas y los ayuntamientos, respetando
escrupulosamente el ámbito competencial en cada uno de los niveles que
tienen atribuido. En segundo lugar, creo que es necesario llegar a algún
gran pacto nacional sobre la base de un consenso duradero que pudiera dar
lugar a establecer un modelo sobre el que diseñar procedimientos,
decisiones y la propia administración de un fenómeno migratorio legal,
regulado y ordenado. Y también creo que es necesario aprobar un nuevo
plan estratégico de ciudadanía e integración para promover la convivencia
y la cohesión social. De ahí, señoría, que le hayamos dado la importancia
que tiene a la moción que usted ha presentado porque creemos que a mayor
coordinación mayor capacidad de respuesta ante este hecho. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia).


Me ha sorprendido que no nos haya aceptado la enmienda por la
sencilla razón de que usted se ha negado a sí misma. Cuando usted
solicitó la creación de una ponencia para tratar el fenómeno migratorio
nos decía —y cito textualmente—: Este tema se ha revelado
como una necesidad de escuchar a todos, a los expertos, a los
inmigrantes, a las asociaciones y a los agentes afectados. Que acordemos.
Que nos escuchemos los unos a los otros. Y también decía usted que
mediante un abordaje multisectorial e integral podríamos llegar a una
serie de conclusiones o recomendaciones consensuadas. Lo he citado
literalmente. De ahí que me haya extrañado muchísimo que, ante la
propuesta hecha por mi compañera usted, se haya negado a sí misma.


De todas maneras, señorías, creo que la política migratoria debe ser
una política de Estado, lo creo sinceramente, y que debemos tender a un
gran pacto de Estado en la política migratoria sobre dos ejes
fundamentales que para mí son importantísimos: la responsabilidad
compartida y la solidaridad vinculante. Porque yo estoy harto de oír
hablar de solidaridad de boquilla, pero a la hora de la verdad hay que
demostrar la solidaridad compartida y, además, es vinculante, porque en
Canarias en algunas ocasiones nos hemos sentido solos, no con respecto a
Europa sino también con respecto a la Península. Suscribo las palabras
del presidente del Gobierno, debe ser una política migratoria impregnada
en la cúspide de la perspectiva humanitaria, desde el inicio de la labor
de acometer el hecho migratorio el aspecto humano debe presidir cualquier
actuación de nuestro Estado. ¿Y sabe por qué? No solamente, como decía
Sánchez, por una cuestión de carácter moral, sino porque es el mayor
aldabonazo que podemos dar a las instituciones europeas para que, de una
vez por todas, se pongan las pilas, hagan una política común migratoria
que dé respuesta al fenómeno y al hecho migratorio de forma eficaz y
eficiente y que pueda convertir lo que ellos definen como un desafío en
una gran oportunidad. (Aplausos).


Termino recomendando a algunos que no se arrimen a determinadas
posturas que son de ultraderecha, que no se alejen tanto, es más lo que
nos une que lo que nos aleja, porque las únicas personas que obstan un
gran acuerdo a nivel nacional para tratar el fenómeno migratorio son
aquellos que preconizan que levantemos muros en vez de vallas en nuestras
fronteras; que mandemos a nuestra Armada a interceptar a los cayucos o
las pateras en medio del mar, no sé a cuenta de qué; los que incitan al
odio mediante las mentiras apelando al miedo y a la desesperación de las
personas; los que atacan al feminismo hablando de feminazis; los que
dicen: los españoles primero; los que tachan de parásitos a los
inmigrantes y a las ONG que los entregan; y los que hablan de que está en
peligro la pureza del Estado español y su glorioso pasado. Esos son
realmente los peligrosos.


Acabo reiterando el compromiso de mi grupo parlamentario, un
compromiso inquebrantable de acometer el reto del hecho migratorio desde
un punto de vista humanitario, con absoluto respeto de los derechos
humanos y —vuelvo a repetirlo— bajo las premisas de predicar
y cumplir con los principios de responsabilidad compartida y de
solidaridad vinculante porque nadie, nadie, es descartable en este
mundo.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, esta moción, que se votará en sus propios términos, será
sometida a votación durante el plazo que esta Presidencia abrirá al
concluir el debate de la primera moción ordinaria.


Proclamación de resultados de votaciones telemáticas.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





MODIFICACIÓN DE LAS RESERVAS A FORMULAR POR ESPAÑA EN
RELACIÓN CON EL CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS MEDIDAS
RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS
BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Proclamación de la votación).


610/000052



La señora presidenta lee los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.


La señora PRESIDENTA: Autorización.


Votos emitidos, 261; a favor, 238; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.










PONENCIAS DE ESTUDIO




AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME






PONENCIA DE ESTUDIO QUE ABORDE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE
MANERA INTEGRAL. (Proclamación de la votación).


543/000002

Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones



La señora presidenta lee los puntos 7., 7.1. y 7.1.1.


La señora PRESIDENTA: Ampliación del plazo para la conclusión de los
trabajos de la ponencia de estudio.


Votos emitidos, 261; a favor, 261.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO DE
14 DE SEPTIEMBRE DE 1882 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL, PARA INCORPORAR LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD ENTRE LAS CAUSAS DE
SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL. (Proclamación de la votación).


622/000006

GPERB


La señora presidenta lee los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.


Votos emitidos, 260; a favor, 258; en contra, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


En consecuencia, al haber sido aprobada la toma en consideración de
la proposición de ley original, no procede proclamar la votación de la
proposición de ley alternativa.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS NECESARIAS DE LA LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO,
SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL, QUE MEJOREN LA HABITABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS EDIFICACIONES.


662/000073

GPS


La señora presidenta lee los puntos 11. y 11.1.


La señora PRESIDENTA: A esta moción se han presentado ocho enmiendas:
una del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal y siete del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista y por tiempo de diez minutos, la senadora Moreno
Duque.


La señora MORENO DUQUE: Gracias, presidenta.


Señorías, la moción que presenta hoy el Grupo Parlamentario
Socialista en este Pleno no pretende abrir el debate sobre el derecho de
propiedad y el derecho a la vivienda, un debate que esta misma mañana se
ha abierto con motivo de la ocupación, ya tendremos oportunidad de hablar
sobre esos extremos cuando llegue a esta Cámara la tan esperada ley de
vivienda, la primera ley para la democracia en el ámbito de la vivienda.
Siendo este un debate de especial transcendencia, el debate sobre el
derecho a la propiedad y sobre el derecho a la vivienda, no lo es menos
el debate sobre el derecho a la propiedad horizontal porque afecta,
señorías, a miles de familias en nuestro país. Se estima que el 82 % de
los 25 millones de viviendas actuales son en propiedad y, de los 25
millones, más del 90 % lo son en régimen de propiedad horizontal. España
es uno de los países con mayor verticalidad de Europa, la mayor parte de
la población reside en viviendas en bloque, solo un escaso porcentaje,
fundamentalmente en los entornos rurales, reside en viviendas
unifamiliares aisladas, adosadas, en hilera o en otra tipología de
vivienda como las residencias especiales.


¿Conocían, señorías, que la primera iniciativa popular convertida en
ley versaba sobre este asunto de la propiedad horizontal? Fue en 1999
cuando las aspiraciones de los ciudadanos llegaron a las Cortes Generales
avaladas por 830 000 firmas, se mezclaron con propuestas de algunos
grupos parlamentarios que aprovecharon el tirón electoral de una causa
popular y, después de su análisis y debate en comisión, pasó a
convertirse en ley, la conocida como Ley para la convivencia, una de las
trece reformas que ha sufrido la Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal.
Y es que, efectivamente, señorías, hablamos de cómo regular la
convivencia de la gente, de cómo solucionar los problemas reales de la
ciudadanía, como los de aquellas familias que cuentan con algún miembro
con movilidad reducida, bien por ser mayor, bien por tener algún tipo de
discapacidad, que terminan viendo cómo la vivienda se convierte en una
cárcel por la dificultad de instalar un ascensor, ese elemento que en la
actualidad y, conforme al vigente régimen de propiedad horizontal, sigue
sin ser considerado un elemento estructural y, por tanto, obligatorio de
las edificaciones en bloque. Señorías, sin accesibilidad en los bloques
de viviendas para las personas mayores o con movilidad reducida por
alguna discapacidad, ¿el derecho a la vivienda se hace fácil, difícil o
vacío de contenido? La actual Ley sobre propiedad horizontal no considera
las mejoras de accesibilidad condiciones estructurales, por eso es
necesaria una revisión de la legislación que las asimile a la
estanqueidad, la habitabilidad o la seguridad, de manera que se tornen en
obras obligatorias. No hay razón social ni jurídica para otorgar a la
accesibilidad un trato distinto y más desfavorable, rayano incluso en la
discriminación, cuando el bien social protegido constitucionalmente, que
es la inclusión de las personas mayores y con discapacidad, es tan
evidente.


De igual modo, la realidad social de los hechos obliga a tener
presente los datos del último censo de población y vivienda, que
advierten de la situación del parque residencial en España. El 65 % de
las viviendas es anterior a 1975, superan los 46 años; los edificios son
responsables del 35 % de las emisiones de CO2 en las grandes ciudades. Es
imprescindible adoptar medidas que ayuden a disminuir estas emisiones,
como las instalaciones de placas solares, pero también mejores calderas,
ahorro en el consumo o mejora de las envolventes o cubiertas de los
edificios. En un parque inmobiliario envejecido y deficiente
energéticamente debemos remover los obstáculos que dificulten o impidan
la rehabilitación edificatoria, para lo que resulta imprescindible que
este tipo de actuaciones sean consideradas como necesarias y obligatorias
en el régimen de propiedad horizontal. En tanto este tipo de obras no se
consideren obligatorias, siempre habrá propietarios que puedan
dificultarlas apoyándose en las mayorías anacrónicas que recoge la Ley
sobre propiedad horizontal, por mucho que el Plan de recuperación,
transformación y resiliencia incluya ayudas en el ámbito de la
rehabilitación destinadas a este fin, que pueden alcanzar incluso hasta
el 100 % del coste total de la obra. No es infrecuente, desgraciadamente
—muchas de sus señorías pueden conocer algún caso—, que
también los conflictos en la convivencia obstaculicen actuaciones
necesarias como las mencionadas y, a veces, tampoco es cuestión de
recursos.


Durante los últimos años, la experiencia en proyectos de
rehabilitación de viviendas en iniciativas de proyectos de regeneración
urbana a escala de área nos ha permitido identificar este tipo de
barreras causantes del escaso volumen de rehabilitación alcanzado en
nuestro país, 13 puntos por debajo de la media europea. La segregación y
atomización de la propiedad del parque de viviendas en España y la
vigente ley se han identificado claramente como dificultades y obstáculos
legales. Para las obras de eficiencia energética, es verdad que la recién
publicada Ley de cambio climático en una de sus disposiciones ya incluye
un mandato al Gobierno para que, en el plazo de un año, proceda a una
modificación de la Ley de propiedad horizontal con el fin de facilitar o
flexibilizar las instalaciones fotovoltaicas. Pero la mejora de la
eficiencia energética no se consigue únicamente con las placas solares
sino fundamentalmente con la mejora de las envolventes, de la carpintería
exterior de los edificios o, incluso, de las cubiertas, que, por otra
parte, son obras verdes que generan más empleo.


Somos conscientes también de que el Grupo Parlamentario Vox en el
Congreso ha presentado una iniciativa legislativa para regular el régimen
de propiedad horizontal en lo referente a la accesibilidad, pero, sin
ánimo de calificar la propuesta del Grupo Parlamentario Vox en el Senado
y, por supuesto, sin ánimo de calificar tampoco la intencionalidad de
este grupo, lo que sí les pido es que, por favor, avancemos en
accesibilidad, no retrocedamos y, como lo pretendido es incompleto,
necesitamos apoyar esta moción para avanzar en accesibilidad, para
avanzar en eficiencia energética, para mejorar el régimen de propiedad
horizontal, ese mecanismo que hace funcionar los entornos más íntimos:
los hogares.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Martínez
Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Señorías, los recursos que se van a destinar a rehabilitación a
través de los fondos Next Generation son ingentes. El Gobierno habla
de 4500 millones de euros para reformar 500 000 viviendas en poco más de
dos años y esa es una tarea, como ha reconocido Javier Martín, director
general de Vivienda y Suelo del ministerio, condenada al fracaso si no se
genera un modelo a medio y largo plazo que no sea estrictamente
dependiente de una inyección de capital; acabarán los fondos europeos y
dejaremos de rehabilitar. Es el momento y la oportunidad para revitalizar
el parque edificado y lo tenemos que saber trasladar a la sociedad y al
sector, decía el señor Martín. Por tanto, el principal reto, además de
gestionar todos esos recursos, es convencer a las comunidades de vecinos
de las ventajas de meterse en el lío, en el berenjenal, que es ejecutar
obras de calibre para obtener ahorros que se producirán a medio y largo
plazo. Es verdad que el Gobierno va a impulsar la figura del agente
rehabilitador o gestor que se encargue de toda la documentación técnica y
la financiación, de manera que, si así lo acuerda la comunidad de
propietarios, sea esta entidad la que gestione todas las ayudas. Pero es
cierto también que, como parte interesada que son las empresas, lo que
digan será tomado con ciertas precauciones por parte de las comunidades
de vecinos y eso puede condicionar negativamente la decisión final. Por
eso, proponemos una figura independiente de las empresas gestoras y
rehabilitadoras que, en coordinación con los administradores de fincas y
en nombre del ayuntamiento, acuda a las juntas de vecinos para
informarles sobre las ayudas y solventar las dudas que generen los
proyectos de rehabilitación. Se trata de evitar que la primera
información que reciban se tome por sesgada, como podría ocurrir si el
primer acercamiento al tema se hiciera por parte de una empresa que tiene
evidente interés en hacer la obra y que, por tanto, puede tender a inflar
el proyecto u omitir los aspectos más incómodos del mismo. En una segunda
fase, y cuando la comunidad de vecinos haya decidido dar un paso
adelante, es cuando debería entrar el agente rehabilitador que elija la
comunidad, que ya debería encargarse de la documentación técnica para
presentar la solicitud de la financiación, etcétera.


La propuesta que hacemos en nuestra enmienda va en sintonía con el
Programa de asistencia energética local europea, Elena, impulsado
conjuntamente por el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea
en el marco del programa Horizonte 2020, que, precisamente, financia
equipos técnicos y profesionales cuya tarea es impulsar y dinamizar
proyectos de rehabilitación energética en edificios de vivienda colectiva
promovidos por las comunidades vecinales y con ayudas públicas.


Pero lo fundamental, señorías, es dejar de marear la perdiz y encarar
de una vez por todas la ley de vivienda para hacer realidad ese derecho
fundamental que la Constitución española recoge en su artículo 47: Todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que
genere la acción urbanística de los entes públicos. Artículo 47 de la
Constitución. En algunas comunidades, entre ellas la mía, Navarra, con
José Mari Aierdi, vicepresidente segundo del Gobierno, compañero, por
cierto, de Geroa Bai, ya hemos dado pasos determinantes en esa dirección.
No se queden ustedes parados, no nos quedemos atrás. Espero sinceramente
que acepten la enmienda y que no la rechacen por ser nosotros quienes la
presentamos. También espero que no pase como en otras ocasiones;
¿recuerdan nuestro planteamiento de un mínimo del 10 % de los fondos
europeos para las entidades locales, que ustedes rechazaron y que luego
presentaron como suyo y como un planteamiento innovador? Espero que nos
acepten la enmienda.


Eskerrik asko. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Rollán.


El señor ROLLÁN OJEDA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, senadora Moreno, gracias a las numerosas reuniones que
hemos mantenido los compañeros del Grupo Parlamentario Popular con los
principales interlocutores en materia de vivienda, tanto de obra nueva
como de rehabilitación, renovación y regeneración, compartimos la
conveniencia de modificar la Ley 49/1960, sobre propiedad horizontal. El
que sea el Grupo Parlamentario Socialista quien inste al Gobierno nos
hace sospechar que ustedes también se han percatado de que el ministro
Ábalos, en lugar de estar a los asuntos propios de su ministerio, está
más preocupado y ocupado en defender —infructuosamente, por
cierto— los indultos a los políticos golpistas en lugar de
favorecer desde su ministerio el disfrute y acceso a una vivienda digna,
así como participar en la tan necesitada recuperación social y económica
de nuestra maltrecha nación desde la potencialidad que se le otorga al
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


En relación con nuestra primera enmienda, queremos poner el énfasis
en que la futura modificación de la Ley sobre propiedad horizontal tenga
presente la realidad actual de los edificios, también de los complejos
inmobiliarios, de las actividades y responsabilidades tanto de
propietarios como de usuarios, y, por ello, venga a dar respuesta a las
problemáticas del siglo XXI; que subsane, en definitiva, las lagunas e
imprecisiones de las que adolece la actual ley, una ley que, como muy
bien indican ustedes, tiene más de 50 años de experiencia a su
espalda.


Nuestra segunda enmienda incide en las subvenciones concedidas para
la rehabilitación de viviendas, de manera que estén acogidas a la
exención en el IRPF y no sean, por lo tanto, consideradas incremento
patrimonial. Ustedes hablan mucho de sostenibilidad y también de
eficiencia energética, por lo que proponemos en nuestra tercera enmienda
recoger una priorización en la concesión de ayudas a aquellos proyectos
de rehabilitación de edificios que generen mayor rentabilidad en el
ahorro de energía y otros beneficios en el sentido de conceder una mayor
ayuda cuanto mayor sea el ahorro energético obtenido. Desde luego, esta
es una asignatura pendiente.


Nuestra cuarta enmienda pretende superar el escollo que supone
conseguir la financiación a los beneficiarios —porque estas ayudas
en algunos casos son del 100 %, pero, mayoritariamente, son un porcentaje
claramente insuficiente— y, por ello, instamos a la creación del
marco legal que facilite y permita que, en base a un proyecto de
rehabilitación, se pueda contratar un seguro de caución en garantía de
las subvenciones que conceda cualquier órgano de la Administración hasta
la finalización de las obras, al objeto de que puedan ser adelantadas
el 100 % de las ayudas solicitadas a la Administración Pública.


La quinta enmienda presentada por el Grupo Popular tiene como objeto
lograr una verdadera coordinación en la gestión y publicación de las
convocatorias a nivel estatal. Esto, señorías, resulta crucial porque, si
no, los engranajes de la gestión no estarían sincronizados y, por lo
tanto, tendría lugar una avería futura y cierta.


Nuestra sexta enmienda insta al Gobierno a que en la concesión de
ayudas, la accesibilidad, tanto en los edificios como en los espacios
públicos, tenga una consideración específica y especial al tratarse, tal
y como recoge el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, de un elemento
fundamental que afecta al conjunto de la población, con una connotación
social mucho más sensible cuando se trata de personas con discapacidad o
tercera edad.


Y, por último, pero no por ello menos importante, instamos al
Gobierno a reducir la presión fiscal en los proyectos de rehabilitación
con un IVA de tan solo el 4 %. Si realmente quieren apostar por la
rehabilitación y por la eficiencia energética instando al Gobierno a
facilitar que así sea mediante la modificación de la Ley sobre propiedad
horizontal, no pueden no asumir estas siete enmiendas. De ser así, lo
único que estarían buscando sería el titular en una nota de prensa que, a
buen seguro, en un futuro cercano sería un proyecto fallido, pues no
alcanzaría ni el número ni tampoco los objetivos fijados.


Señores del Grupo Socialista, ustedes nos solicitan apoyar
incondicionalmente una modificación legislativa por parte del peor
Gobierno de nuestra democracia. Ello resulta, por lo tanto, tan atrevido
como temerario. Por eso queremos su compromiso mediante el apoyo a
nuestras enmiendas, que no tienen otro objetivo más que favorecer el
éxito del programa en caso de que lleguen los fondos en los que participó
tan activa y decididamente el Partido Popular.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra la representante del Grupo
Parlamentario Socialista, autora de la moción originaria, para manifestar
si acepta o no las enmiendas presentadas, senadora Martínez
Zaragoza.


La señora MARTÍNEZ ZARAGOZA: Gracias, presidenta.


Señorías, en primer lugar, quiero agradecer a los grupos que han
elaborado las diferentes enmiendas el trabajo que han realizado, a pesar
de que, en principio, por los motivos que a continuación explicaré, vamos
a rechazarlas.


Con respecto a la enmienda de adición del Grupo Izquierda Confederal,
en la que, en colaboración con los colegios de administradores de fincas
y los ayuntamientos, pretenden elaborar y crear un sistema de orientación
con personas cualificadas contratadas por los ayuntamientos y financiadas
por los fondos europeos, he de comentarles que esta propuesta ya está
contemplada en el marco del componente dos, a través de la financiación
de un servicio de oficinas de rehabilitación en colaboración con las
administraciones territoriales competentes, de forma más completa e
integrada con el proceso de rehabilitación y el conjunto de programas de
apoyo. Este es el motivo por el que rechazamos la enmienda.


Respecto a las enmiendas del Grupo Popular, en la primera de ellas,
de adición, proponen elaborar una nueva ley sobre propiedad horizontal.
El Grupo Socialista rechaza esta enmienda porque actualmente la moción
que presentamos plantea realizar modificaciones puntuales que se
adelantarían a esa hipotética nueva norma. En cuanto a la enmienda por la
que quieren priorizar la concesión de ayudas a aquellos proyectos de
rehabilitación de edificios que generen una mayor rentabilidad de ahorro
energético, he de comentarles que, por un lado, esta priorización de
ayudas ya está contemplada en tanto en cuanto se establece un mayor apoyo
y financiación a partir de la consecución de unos determinados mínimos
acreditados a través de un certificado energético. Además, esta enmienda
lleva a interpretar que se requeriría una convocatoria en régimen de
concurrencia competitiva, lo que ralentizaría la gestión de los fondos
por parte de las administraciones territoriales competentes. Respecto a
la enmienda en la que plantean unificar el periodo de solicitud durante
los seis primeros meses del año y el segundo semestre del año para
resolver las subvenciones, esto también denota o implica una mayor
rigidez que no se corresponde con la flexibilidad y simultaneidad de
procedimientos que deben darse en la tramitación de las convocatorias
abiertas en régimen de concurrencia simple.


En cuanto a la enmienda en la que instan al Gobierno a que en la
concesión de ayudas a la accesibilidad, tanto de edificios como en los
espacios públicos, esta tenga una consideración específica al tratarse de
un elemento fundamental que afecta al conjunto de la población, con una
connotación social mucho más sensible cuando se trata de discapacitados o
tercera edad, aquí sí quisiera hacerles un pequeño comentario: no estamos
hablando de discapacitados, estamos hablando de personas con
discapacidad. (Aplausos). Por lo tanto, ya la manera de plantearlo no nos
gusta al Grupo Socialista. Y respecto al fondo de la enmienda en
cuestión, he de decirles que ya se considera la financiación para
acometer obras y mejoras en materia de accesibilidad y ya existen
programas específicos en el actual Plan estatal de vivienda.


La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando ya, señoría.


La señora MARTÍNEZ ZARAGOZA: Sí.


Respecto a las otras tres enmiendas, he de decirles que no son objeto
de la moción y significarían modificar otras leyes que no están ahora
mismo sujetas a debate.


Muchas gracias, señoría. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la senadora Merelo Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en nuestra formación hemos invertido grandes esfuerzos por
mejorar la habitabilidad y la accesibilidad de la vivienda en nuestro
país. Muestra de ello es que, el pasado 16 de marzo, la Mesa del Congreso
de los Diputados admitió a trámite una proposición de ley presentada por
Vox para modificar el régimen jurídico de la accesibilidad en materia de
propiedad horizontal, con el objeto de introducir las oportunas
modificaciones en la Ley 41/1960, de 21 de julio, sobre propiedad
horizontal y que la accesibilidad de las personas con discapacidad se
convierta en una realidad. También a través de proposiciones no de ley
hemos buscado la simplificación de los trámites relativos a la obtención
de licencias urbanísticas, debido a que los actuales suponen un
encarecimiento de las viviendas entre 25 000 y 40 000 euros. Hemos
propuesto además la reducción del IVA en la compra de la primera vivienda
al 4 % y el fomento de políticas que aumenten la productividad del
sector. Promover, igualmente, la flexibilización, reducción y mejora de
los procedimientos y cargas administrativas en relación con la
construcción de viviendas y disminuir la presión fiscal que actualmente
pesa sobre un bien de primera necesidad como es la vivienda. Aumentar
también la inversión destinada a construcción de vivienda de protección
oficial. Además, hemos propuesto al Gobierno un plan de rehabilitación de
viviendas, edificios y pequeños comercios que estimule este sector como
fuerza motriz de la economía. Y todo ello por la firme consideración que
tenemos en Vox de que el Estado español debe apoyar la construcción y, en
concreto, la rehabilitación de inmuebles por razones de eficiencia
energética, de accesibilidad y/o garantizar su estado de
conservación.


La recepción por parte de España de ayudas europeas para rehabilitar
viviendas a través del Plan de recuperación, transformación y resiliencia
de la economía española es, sin ningún género de dudas, una buena
noticia. No obstante, no se olviden de que nada es gratis y de que todas
las cantidades que se reciban serán sufragadas, de una u otra manera, con
el esfuerzo y los impuestos de todos los españoles. Por eso Vox siempre
ha exigido y exigirá un régimen de control presupuestario más severo y
riguroso. Así, también estaremos vigilantes con que se establezcan los
mecanismos necesarios para que las ayudas lleguen realmente a sus
destinatarios y no se pierdan por el camino. Por otro lado, le recordamos
nuevamente al Gobierno que no todo depende de Europa y que, en el ámbito
nacional, hay muchas actuaciones que pueden y deben hacerse por el bien
de todos los españoles y que no han de demorarse ni un instante más. No
esperen, como siempre, a que venga la Unión Europea para salvarles, en
casa también hay que hacer los deberes.


Vox pone en su conocimiento que, en consonancia con lo que venimos
defendiendo desde el comienzo de esta legislatura —sin que este
Gobierno haya cambiado un ápice su postura de inacción—, votaremos
a favor de esta moción con la esperanza de que no caiga en saco roto y el
Gobierno actúe, de una vez por todas, en este sentido.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el senador
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hacemos nuestra de manera íntegra la moción y su texto y,
por supuesto, la vamos a apoyar. El Plan de recuperación, transformación
y resiliencia de la economía española con estos 72 000 millones de fondos
europeos contempla, como es normal, ayudas para rehabilitar viviendas y
que los propietarios puedan obtener entre el 35 % y el 100 % del coste de
la obra para mejorar los edificios. El grueso de la rehabilitación,
un 70 % de la partida, se destinará, lógicamente, a viviendas. La
experiencia en proyectos de rehabilitación de viviendas en iniciativas de
proyectos de regeneración a escala de área durante los últimos años
permite, señorías, identificar algunas barreras causantes del escaso
volumen de rehabilitación alcanzado. Las comunidades de propietarios y su
regulación en la Ley sobre propiedad horizontal son determinantes en la
identificación de las dificultades y los obstáculos, como muy bien dice
la moción. Facilitar y mejorar la habitabilidad, la accesibilidad y la
eficiencia energética del parque residencial existente requiere de
ciertas modificaciones normativas, entre las que se encuentran el
planeamiento urbanístico para la adecuación urbana, estructural o
constructiva, competencia de la Administración Local, pero también de
normas de ámbito estatal como la Ley sobre propiedad horizontal. Por eso,
entendemos que está muy bien traído estudiar y aprobar —nosotros lo
vamos a apoyar para que así se haga en sus propios términos— el
impulso de las modificaciones legislativas, precisamente, de la Ley sobre
propiedad horizontal, a los efectos de facilitar la realización de obras
de estructura o de las instalaciones o acciones necesarias en edificios
de uso residencial que mejoren, como he dicho antes y señala la moción,
su habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética. Por tanto, nos
parece muy bien traído y, por supuesto, vamos a votar a favor.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cleries i González.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gràcies, presidenta.


Des de Junts per Catalunya, aquesta iniciativa ens sembla bé que
s’impulsi, però no hi participarem, ens abstindrem, perquè a
Catalunya les competències en matèria d’habitatge, i amb una llei
com aquesta, corresponen a la Generalitat de Catalunya i, a més a més,
una part d’aquests temes que afecta les comunitats de propietaris
està regulada pel Codi Civil català. Per tant, ens sembla bé que aquí es
faci aquest canvi, aquesta promoció legislativa, però en canvi, com dic,
no afectaria Catalunya i, per no interferir-hi, preferim
abstenir-nos.


De tota manera, creiem molt important que part dels fons europeus i
dels recursos de l’administració es destinen a la rehabilitació, a
la sostenibilitat dels edificis, com s’ha dit, a
l’accessibilitat, perquè hi ha moltes cases antigues amb molts
problemes d’accessibilitat, a tot el que seria l’eficiència
energètica. Això és contribuir decididament a la qualitat de vida i que,
a més, això ajudi a barris i zones de famílies de rendes mitjanes-baixes
que requereixen aquestes ajudes de les administracions.


Per tant, tot i estar-hi d’acord, nosaltres ens abstindrem per
no interferir en aquesta legislació que, concretament, no afectaria
Catalunya.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


A Junts per Catalunya le parece bien que se impulse esta iniciativa,
pero no vamos a participar, nos vamos a abstener porque, en Cataluña, las
competencias en materia de vivienda y de una ley como esta corresponden a
la Generalitat de Catalunya y, además, parte de estos temas que afectan a
las comunidades de propietarios están regulados por el Código Civil
catalán. Así pues, nos parece bien que aquí se haga este cambio, esta
promoción legislativa, pero, como digo, no afectaría a Cataluña. Por lo
tanto, para no interferir, preferimos abstenernos.


Sin embargo, consideramos muy importante que parte de los fondos
europeos y de los recursos de las administraciones se destinen a la
rehabilitación, a la sostenibilidad de los edificios y, como también se
ha dicho, a la accesibilidad porque hay muchas casas antiguas con
problemas de accesibilidad y en lo que se refiere a la eficiencia
energética. Todo ello supondría contribuir, de forma decidida, a la
calidad de vida y, además, esto ayuda a muchos barrios y zonas de
familias de rentas medias-bajas que requieren este tipo de ayudas de las
administraciones.


Por lo tanto, si bien estamos de acuerdo, nosotros nos vamos a
abstener para no interferir en esta legislación que, concretamente, no
afectaría a Cataluña.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra la
senadora González Modino.


Ruego extremen el uso de mascarillas, señorías. En la tribuna de
oradores se puede hablar sin mascarilla.


La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidenta.


Yo no voy a felicitar a los murcianos, voy a leer las palabras de una
murciana con la que he hablado esta mañana a tenor del sainete que hemos
tenido en la Cámara: Murcia no debe ser una región con prejuicios y
complejos, debe mirar al futuro con ganas, con ilusión y con esperanzas
de cambio. Está todo por hacer, no vale conformarse. Hay que reflexionar
y valorar lo preciado que tiene una tierra que necesita que la cuidemos.
Somos una región de buena gente, orgullosa de su tierra; no la
maltratemos ni retrocedamos en valores y en derechos. Cuidemos lo nuestro
por nosotros y por los que vendrán. Belén Unzurrunzaga. (Aplausos). Esto
mismo vale para los riojanos. Perdón por la digresión, señora
presidenta.


Sobre la moción que nos trae el Grupo Socialista, en este momento
nosotros la vamos a apoyar, ya se lo anuncio, senadora Moreno Duque, pero
queríamos reconocer que es una moción de mínimos, probablemente necesaria
para adecuar todo lo que está por venir tanto en el terreno de la
rehabilitación como de los fondos europeos. Como usted misma ha dicho, la
Ley sobre propiedad horizontal ha sufrido ya trece modificaciones
legislativas y, a lo mejor, es tiempo y oportunidad de plantearse una
nueva ley a partir de la experiencia acumulada y de esas modificaciones
que han sido necesarias; elaborar una ley que responda a las necesidades
del momento presente, igual que la ley de la vivienda, que estamos
esperando como agua de mayo; un compromiso del ministro asumido en la
comisión correspondiente de esta Cámara y que quisiéramos tener la
oportunidad de debatir en esta legislatura.


Esa va a ser la posición del grupo, y permítame que añada ahora
algunas consideraciones sobre la rehabilitación y las infraviviendas. La
rehabilitación de viviendas y los proyectos de regeneración urbana han
sido en los últimos años algunas de las políticas a las que más han
aludido las administraciones públicas para mejorar las condiciones de
vida de una parte importante de la población y para reactivar el sector
de la construcción. La crisis económica que empezó en 2008 se llevó por
delante el sector de la construcción; un sector que se había convertido
en estratégico a partir de las políticas que fomentaban la especulación y
que disponían que toda la tierra podía ser edificada. En pocos años, un
sector que había concentrado una parte muy importante de los
trabajadores, que incluso absorbió una enorme cantidad de trabajadores
jóvenes que abandonaron los estudios para irse a trabajar al sector de la
construcción, quedó sumido en una enorme crisis de la que aún no se ha
recuperado. Observamos con preocupación que, hasta el comienzo de la
crisis del coronavirus, se venían repitiendo algunas de las políticas que
incentivan de nuevo el ladrillazo. Desde nuestro punto de vista, son
políticas erradas y que solo conducen a repetir los errores del pasado.
Pensamos que hay que seguir apostando decididamente por la rehabilitación
de vivienda porque no hay tanta necesidad de vivienda nueva; hay vivienda
suficiente para dar respuesta a la demanda en este momento. Es necesario
pensar en políticas globales de reordenación y reorientación de los
trabajos para garantizar, además del sostenimiento del sector, el acceso
efectivo a la vivienda en condiciones de justicia para todas y todos los
ciudadanos; dar cumplimiento al artículo 47 de nuestra Constitución, de
nuestra carta magna.


Lamentablemente, sobre infravivienda tenemos muchos ejemplos en
Andalucía. Se concentran en los barrios más pobres y, nuevamente, quienes
tienen que vivir en viviendas que no cumplen con los requisitos mínimos
de dignidad son las personas más vulnerables. Hablar de infravivienda en
Andalucía es hablar de El Puche, en Almería; del Polígono Sur en Sevilla;
de El Torrejón, en Huelva; del Distrito Norte, en Granada; y no del
Aljarafe, que no es un barrio, como se ha dicho esta mañana, sino una
comarca de la provincia de Sevilla que tiene 33 pueblos. Los que he
citado son solo una muestra, hay muchos más barrios vulnerables en
Andalucía y en el conjunto del Estado que es necesario rehabilitar. Los
fondos europeos son la oportunidad para poder hacerlo.


La perspectiva ecológica en la vivienda no deja de ser más que una
garantía de una vida mejor para las personas que viven en los inmuebles.
No hay vivienda sin vida y sí hay muchas vidas sin vivienda. Por eso, nos
parece que esta moción está bien traída, que es necesaria, pero es
poquita cosa. Nos sigue pareciendo una moción de mínimos, senadora Moreno
Duque, pero el Grupo Izquierda Confederal la va a apoyar.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Vaquero Montero.


La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker, presidenta andrea.


Para empezar, anunciamos que vamos a votar a favor de esta moción. De
todas formas, con la literalidad de la moción, extraña la poca ambición y
concreción del Grupo Socialista, y más teniendo en cuenta que es el
partido que sustenta al Gobierno y, en concreto, al ministerio que
gestiona vivienda. Entendemos que el ministerio debe disponer ya de los
estudios necesarios para saber cuál es el impulso a las modificaciones
precisas que necesita esta ley con el fin de, tal y como dice la
exposición de motivos, facilitar o mejorar la habitabilidad, la
accesibilidad y la eficiencia energética del parque residencial
existente, a no ser que sea una generalidad buscada, bien para lograr un
mayor consenso, bien porque sea una modificación que, aunque en un
principio pudiera parecer sencilla, no deja de tener muchas dificultades
en su aplicación real ya que, además de las modificaciones legales, lo
determinante son las políticas públicas acordes con el fin pretendido y
que exceden del ámbito competencial del Gobierno del Estado; o bien para
poner de relieve más que la parte dispositiva, la parte expositiva; es
decir, los fondos que se anuncian que se van a destinar, dentro del Plan
de recuperación, transformación y resiliencia, a rehabilitación. Son
fondos que, si no se gestionan bien, se pueden quedar en un simple
anuncio. Y aunque son una gran oportunidad, no pueden definir el futuro
de las políticas de vivienda de aquel que le corresponda gestionar.


La exposición de motivos de la moción señala que su fin es facilitar
o mejorar la habitabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética
del parque residencial existente y que, para ello, se requieren ciertas
modificaciones normativas, entre las que se encuentran principalmente el
planeamiento urbanístico y también normas de ámbito estatal como la Ley
sobre propiedad horizontal; ley que, a pesar de haber sufrido varias
modificaciones en su articulado, tal y como se ha dicho aquí, no parece
salvar los obstáculos a la rehabilitación. El problema se ha centrado en
muchas ocasiones en el cuórum necesario para realizar las obras, pero
este no es el único impedimento. En la gran mayoría de los casos es la
financiación, la falta o insuficiencia de esta o los atrasos en su cobro,
lo que impide que la obra necesaria acabe ejecutándose. Todos y todas
conocemos o hemos vivido casos en los que las obras de accesibilidad,
como la colocación de un ascensor o las obras de rehabilitación para la
eficiencia energética, han supuesto una odisea, incluso cuando ha habido
amplio acuerdo en la comunidad. Sin embargo, los mayores problemas se dan
en aquellas comunidades en las que viven personas con mayor
vulnerabilidad, con problemas de movilidad, personas mayores con más
necesidades de accesibilidad, sin capacidad de endeudamiento, y en las
que, a pesar de poder contar con ayudas públicas, la tramitación es
compleja y no garantiza en tiempo la toma de esta decisión, de tal manera
que los impedimentos en su tramitación y financiación les puede abocar a
un confinamiento que imposibilita su derecho a una vivienda digna. Por lo
tanto, además de las oportunas modificaciones legales, estas tienen que
ir acompañadas de una política de vivienda integral y continuada en el
tiempo.


Si tenemos en cuenta el ámbito competencial, la política de vivienda
corresponde a las comunidades autónomas. En Euskadi, el Plan renove
rehabilitación vivienda se plantea desde un enfoque integrado que, además
de la mejora de eficiencia energética y accesibilidad universal,
contempla el acompañamiento social. Así, las ayudas ofrecidas para tal
fin, evidentemente, teniendo en cuenta la situación económica de la
persona solicitante, son subvenciones a fondo perdido, préstamos
cualificados y desgravaciones fiscales. En 2019, el Gobierno vasco
concedió ayudas por un importe de 19,5 millones de euros, que
contribuyeron a la rehabilitación de más de 11 000 viviendas, de las
cuales casi el 50 % corresponden a mejoras de la accesibilidad y las
destinadas a la envolvente térmica para el ahorro energético. Esto
demuestra que, más allá de una reforma parcial de una ley o de una nueva
ley, el éxito del fin pretendido en la moción dependerá en gran medida de
una política integral de vivienda y del acompañamiento social que se
haga. Así, en el informe de evaluación de política de rehabilitación de
Euskadi del año 2019 se recogen las siguientes recomendaciones, que yo
creo que se pueden trasladar a las diferentes comunidades autónomas:
continuar con los programas subvencionables, mejorar la información y la
difusión de estos programas, difundir el nuevo instrumento financiero que
el Gobierno vasco aprobó en 2019, acortar los plazos del cobro de las
subvenciones y acompañar a las personas solicitantes en todo el proceso,
sobre todo a las personas mayores y a las más vulnerables.


El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, en su
comparecencia en comisión a finales del año pasado, dijo que en el
Estado 9,7 millones de viviendas necesitaban acometer obras de
rehabilitación en cuanto a eficiencia energética para cumplir las
directivas europeas de neutralidad en emisiones para el año 2050, y que
en el 2019 habían sido 31 000 las viviendas rehabilitadas, lo cual quiere
decir, si no me equivoco en los cálculos, que se tendrá que multiplicar
por diez al año hasta el 2050 la cantidad de viviendas rehabilitadas si
se quiere cumplir con los compromisos marcados por Europa.


Termino, presidenta. Estamos hablando de un interés colectivo que
incumbe a los poderes públicos, a las administraciones, que son quienes
están obligadas a dar las condiciones de igualdad a las personas en
relación con su vida en la sociedad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra la senadora Bailac Ardanuy.


La señora BAILAC ARDANUY: Gràcies, presidenta.


Senyories, millorar l’eficiència energètica dels edificis és
lluitar contra la pobresa energètica i, juntament amb la millora de
l’accessibilitat, és imprescindible per garantir el dret a un
habitatge digne. Per això sens dubte hem d’apostar per la
rehabilitació i també per la regeneració urbana, ja que només així podrem
treballar per no augmentar la petjada ecològica, respectar el patrimoni
construït i avançar cap a un parc més sostenible. Millorar la
climatització de la llar, l’aïllament acústic o fer les millores
bàsiques d’accessibilitat com ho són la instal·lació d’un
ascensor són intervencions que suposen una millora per al nostre present
i també una inversió per al nostre futur.


A l’hora de lluitar contra la contaminació de les ciutats, tan
important és posar la lupa sobre les emissions que generen els vehicles
com rehabilitar energèticament els edificis i habitatges més antics del
parc. Sabem que els edificis produeixen més del 35 % de les emissions de
CO2 a Europa. Deia que millorar l’eficiència energètica dels
edificis és lluitar contra la pobresa energètica i ho demostren les dades
que diuen que més d’un 9 % de les llars de Catalunya no pot
mantenir una temperatura adequada; un fet que té una conseqüència clara
cap a la salut de les persones, cap a les relacions familiars i cap al
rendiment acadèmic, entre altres. En aquest sentit, un factor important
que incideix en els nivells de pobresa energètica és la qualitat
precisament dels habitatges. Més de la meitat dels habitatges a
l’Estat espanyol està construït sense criteris d’eficiència
energètica i el 16 % presenten humitats, goteres, o altres problemes
derivats d’un mal aïllament. En termes quantitatius
l’accessibilitat és un dels majors problemes del parc
d’habitatge de Catalunya. Concretament, ho és l’absència
d’un ascensor a l’edifici i les conseqüències
d’aquestes deficiències són particularment greus per a les persones
amb mobilitat reduïda, moltes de les quals són persones grans.


Davant d’aquestes dades resulta evident que per millorar
l’eficiència, reduir l’estoc d’habitatge buit, i
incrementar la mobilització d’aquests habitatges cap al lloguer
social cal desenvolupar polítiques de rehabilitació. Així mateix, sense
anar més lluny, ahir fèiem una proposta en aquesta cambra al govern de
l’Estat precisament en aquest sentit: cal destinar al lloguer
social un mínim del 30 % dels pisos que són propietat de la Sareb.
Qualsevol ajuda a la rehabilitació d’habitatges ha d’estar
condicionada per suposat a no augmentar el preu del lloguer a les
persones inquilines. Per això, té més sentit que mai defensar la plena
vigència de la normativa catalana de la regulació dels preus del lloguer,
i té més sentit que mai continuar insistint que s’incorpori aquest
enfocament a la nova llei d’habitatge que prepara el Govern de
l’Estat.


Els contraris a la regulació dels preus del lloguer ens deien que
això podia generar que els propietaris no invertissin en la rehabilitació
dels habitatges, però a través de les ajudes a la rehabilitació, i sabent
que després d’aquestes obres es revaloritza el preu dels habitatges
en un 10 %, pocs arguments queden per no avançar en aquesta
direcció.


Ja s’ha dit que Catalunya disposa de normativa pròpia en
matèria de propietat horitzontal; concretament, el llibre cinquè del Codi
Civil regula la propietat horitzontal com un instrument que facilita el
dret fonamental a un habitatge digne, però sens dubte queden molts reptes
pendents per avançar en la política de rehabilitació. En aquest sentit,
les ajudes via Fons europeus tindran sens dubte un gran pes. Per tant, no
ens oposem a que es millori el marc legislatiu, tot el contrari, i a la
vegada esperem que es facin efectives les ajudes a la rehabilitació
d’accessibilitat i a l’eficiència energètica dels
edificis.


Ens abstindrem en aquesta moció, però no podem defugir per cap via
donar resposta a l’emergència habitacional. I així vam demostrar ho
ahir mateix fent un front comú al Parlament de Catalunya; fent front comú
els atacs reiterats del Partit Popular al dret a un habitatge digne a
Catalunya.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Señorías, mejorar la eficiencia energética de los edificios es luchar
contra la pobreza energética, que, junto a la mejora de la accesibilidad,
es imprescindible para garantizar el derecho a una vivienda digna. Por
eso, sin duda, debemos apostar por la rehabilitación y también por la
regeneración urbana, ya que solo así podremos trabajar para no aumentar
la huella ecológica, respetar el patrimonio construido y avanzar hacia un
parque más sostenible. Mejorar la climatización del hogar, la mejora
acústica o hacer mejoras básicas de accesibilidad, como la instalación de
un ascensor, son intervenciones que suponen una mejora para nuestro
presente y también una inversión para nuestro futuro.


Cuando se trata de luchar contra la contaminación de las ciudades,
tan importante es poner la lupa sobre las emisiones que generan los
vehículos como rehabilitar energéticamente los edificios y las viviendas
más antiguas del parque residencial. Sabemos que los edificios producen
más del 35 % de las emisiones de CO2 en Europa. Decía que mejorar la
eficiencia energética de los edificios es luchar contra la pobreza
energética y lo demuestran los datos que señalan que más de un 9 % de los
hogares de Cataluña no pueden mantener una temperatura adecuada, un hecho
que tiene una consecuencia clara respecto de la salud de las personas,
las relaciones familiares y el rendimiento académico, entre otros. En
este sentido, un factor importante que incide en los niveles de pobreza
energética es la calidad de las viviendas. Más de la mitad de las
viviendas en el Estado español están construidas sin criterios de
eficiencia energética y el 16 % presentan humedades, goteras u otros
problemas derivados de un mal aislamiento. En términos cuantitativos, la
accesibilidad es uno de los mayores problemas del parque de viviendas de
Cataluña, concretamente la ausencia de un ascensor en el edificio, y las
consecuencias de estas deficiencias son particularmente graves para las
personas con movilidad reducida, muchas de las cuales son personas
mayores.


Ante estos datos, resulta evidente que, para mejorar la eficiencia,
reducir el stock de vivienda vacía y aumentar la movilización de estas
viviendas hacia el alquiler social hay que desarrollar políticas de
rehabilitación. Asimismo, sin ir más lejos, ayer hacíamos una propuesta
en esta Cámara al Gobierno del Estado precisamente en este sentido: hay
que destinar al alquiler social como mínimo el 30 % de los pisos de la
Sareb. Cualquier ayuda a la rehabilitación de viviendas tiene que estar
condicionada, evidentemente, a no aumentar el precio del alquiler a los
inquilinos. Por eso, tiene más sentido que nunca regular los precios del
alquiler y seguir insistiendo en que se incorpore este planteamiento a
las nuevas leyes del Gobierno del Estado. Los contrarios a la regulación
del precio del alquiler nos decían que así los propietarios igual no iban
a invertir en la rehabilitación de las viviendas, pero a través de las
ayudas a la rehabilitación y sabiendo que después de estas obras se
revaloriza un 10 % el precio de las viviendas, quedan pocos argumentos
para no avanzar en esta dirección.


Ya se ha dicho que Cataluña dispone de normativa propia en materia de
propiedad horizontal; concretamente, el libro quinto del Código Civil
regula la propiedad horizontal como un instrumento que facilita el
derecho fundamental a la vivienda digna, pero quedan muchos retos
pendientes para avanzar en la política de rehabilitación, y aquí las
ayudas vía fondos europeos tendrán sin duda un gran peso. No nos
oponemos, por lo tanto, a que se mejore el marco legislativo, al
contrario, pero a la vez esperamos que se hagan efectivas las ayudas a la
rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética de los
edificios.


Nos vamos a abstener en esta moción, pero no podemos dejar de dar
respuesta a la emergencia habitacional, y ayer lo demostramos haciendo
frente común en el Parlamento de Cataluña, haciendo frente a los ataques
reiterados del Partido Popular al derecho a una vivienda digna en
Cataluña.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra el senador Rollán Ojeda.


El señor ROLLÁN OJEDA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, cuando han dicho que no a las siete enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular, han dicho no a la Asociación de
Promotores Constructores de España; han dicho no a la Confederación de
Cooperativas de Viviendas de España; han dicho no al Consejo General de
Colegios de Administradores de Fincas, interlocutores con una gran
experiencia y que ponen de manifiesto la extraordinaria complejidad de
desarrollar este tipo de proyectos. Si ya hablamos en la cuantía y
cantidad que ustedes están adelantando, simple y llanamente podemos
anunciar que el Plan de recuperación, transformación y resiliencia en su
componente dos, implementación de la agenda urbana española, plan de
rehabilitación y regeneración urbana, señorías del Partido Socialista, ya
les adelanto, como han dicho antes que yo en esta tribuna, que este
documento que les muestro lamentablemente es papel mojado.


Creo que merece la pena destacar algunos de los adjetivos que se han
dado a la moción que ustedes han presentado: moción de mínimos, fracaso
garantizado, falta de ambición; y ciertamente es así. Por esa razón, el
Grupo Parlamentario Popular, con base en las numerosas reuniones que
hemos mantenido, presentamos una batería de enmiendas que







lamentablemente todas, absolutamente todas, sin excepción—
no serán admitidas y, por lo tanto, serán rechazadas.


Aprovecho la ocasión para solicitarles, me atrevo a decir rogarles,
que trasladen al ministro que mis compañeros con responsabilidades de
Gobierno en el ámbito de vivienda critican la falta de diálogo y la falta
de participación, y decía en mi primera intervención que, si esto no es
un engranaje perfectamente coordinado, se producirá un gripaje del motor.
Teniendo en cuenta que en este proceso participan al menos tres
administraciones, la cogobernanza y la coordinación resultan
determinantes; faciliten la tarea a las comunidades autónomas, pues son
sobre las que recae la mayor parte del trabajo, junto a las empresas
municipales y también a los gestores especializados. El éxito del
programa reside, entre otras cuestiones, en la simplificación
administrativa a la que hacía referencia en mi primera intervención, y de
ahí la conveniencia de recurrir a la figura de la concurrencia
simplificada. Nunca he hablado de concurrencia competitiva porque, desde
luego, sería absolutamente ingobernable por parte de los Gobiernos
autonómicos.


También aquí se ha hablado, y lo reitero, de facilitar el acceso a la
financiación, interceder ante las entidades financieras para que ofrezcan
productos financieros ad hoc y no generalistas, como los que existen en
este momento. Dotar a las comunidades de propietarios de personalidad
jurídica propia, permitir que las subvenciones concedidas para la
rehabilitación en materia de vivienda estén acogidas a la exención en la
declaración del IRPF y no sean, por lo tanto, consideradas incremento
patrimonial, del mismo modo que establecer un tipo de IVA del 4 % en los
procesos de rehabilitación integral, son los estímulos necesarios para
poder llevar a buen puerto este programa. Dentro del calendario
establecido por el Gobierno se ha fijado el objetivo en la rehabilitación
de 231 000 viviendas a finales del 2023 —ahí es nada—, cifra
que desde luego no alcanzarán si no tienen en consideración —como
ya han adelantado— estas iniciativas. Pero es que indican que
pretenden alcanzar la cifra de 300 000 viviendas anuales en el 2030, que
está a la vuelta de la esquina. Son 31 000 viviendas —no lo digo
yo, lo dice el Observatorio de Vivienda y Suelo— las que se han
rehabilitado en este país en el último año. Por lo tanto, todo nos hace
pensar que esta moción y sobre todo este documento que les muestro, más
que una realidad, más que un objetivo, simple y llanamente es un sueño,
señorías; un sueño que puede provocar que una ingente cantidad de
recursos económicos en los que participó, insisto, de manera muy decidida
el Partido Popular, no van a llegar a buen puerto, no van a ser, por lo
tanto, ejecutados, lo que representa que miles y miles de familias no van
a poder disfrutar de una vivienda digna en las condiciones que se
merecen.


Por lo tanto, señorías, los animo a que pongan todo el empeño para
que todo esto sea una realidad. Mucho me temo que el tiempo determinará
que esto es un fracaso. Las obligaciones que se imponen a los
propietarios han de ir aparejadas en este sentido con los estímulos
necesarios.


Como decía, lamentablemente, no vamos a poder apoyar su moción. Nos
hubiera gustado, y por esa razón habíamos presentado siete enmiendas
absolutamente asépticas, absolutamente asumibles, pero, por una razón que
desconozco, ustedes han decidido no apoyarlas. Por lo tanto, nuestro
espíritu es el de la conveniencia de la modificación de la propiedad
horizontal, pero, lamentablemente, la desconfianza que reina en nosotros
no nos permite dejar un cheque en blanco de cara a una modificación
legislativa tan importante.


Reitero, insten al ministro de Fomento a que esto se lo tome en
serio, porque una palanca dinamizadora como es el Mitma, el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no puede quedar al margen de la
tan necesaria, conveniente y oportuna recuperación económica.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Moreno Duque.


La señora MORENO DUQUE: Gracias, presidenta.


Antes de fijar la posición de mi grupo sobre nuestra moción, me
gustaría hacer alguna aclaración. El IVA para la rehabilitación ya es un
IVA reducido; no es el superreducido del 4 %, pero es el reducido
del 10 %; no está al 21 %, está al 10 %. Simplemente quería decirlo a
título informativo.


Gracias a todos los grupos por el tono y por el apoyo a esta
iniciativa. Es una moción que este grupo no presenta por casualidad, sino
por necesidad; necesidad de ejecutar los fondos destinados a la
rehabilitación en el Plan de transformación, recuperación y resiliencia;
necesidad de mejorar la eficiencia energética de nuestras viviendas con
obras verdes generadoras de empleo que la legislación actual no contempla
como obras obligatorias y que son muy demandadas en las ciudades, sobre
todo, de la España rural, de la España de interior, de esa España con la
referencia negativa de la España vaciada, pero llena de otro tipo de
oportunidades y otro tipo de maravillas, como decíamos el otro día en la
Comisión de Transición Ecológica. Solamente se necesita una mirada
distinta hacia la mal llamada España vaciada; vaciada de oportunidades,
pero llena de maravillas.


En este tipo de España de interior hay muchas edificaciones en
bloques que tienen fibrocemento, que es un material altamente
contaminante, incluso cancerígeno, que no mejora, sino que dificulta la
eficiencia energética. Estas obras verdes la mejorarían, y con la Ley de
cambio climático se mejora únicamente la instalación de las placas
solares, se facilitan las instalaciones fotovoltaicas. Por eso era
necesario ampliar, porque lo pretendido se quedaba escaso. También hay
necesidad de mejorar la financiación de obras de accesibilidad,
habitabilidad y eficiencia porque, efectivamente, las comunidades de
vecinos carecen de personalidad jurídica propia y porque la legislación
actual tropieza con la ausencia de la prelación de créditos destinados a
estos fines.


Necesitamos una legislación inclusiva para un futuro inclusivo, lo
que no puede garantizarse únicamente desde la Administración local con un
urbanismo multigeneracional. No compete al Gobierno de la nación
solucionar la inadecuación de los entornos construidos, solucionar la
inadecuación de los espacios públicos; eso se soluciona con una
planificación urbanística inclusiva, pero complementada con una normativa
estatal que mejore la accesibilidad, porque el encarcelamiento de las
personas con movilidad reducida en los bloques inaccesibles seguirá
siendo una realidad mientras las actuaciones de accesibilidad no se
consideren obligatorias en la Ley de propiedad horizontal.


Existe, asimismo, la necesidad de garantizar que el deseo de nuestros
mayores de seguir envejeciendo en casa no se convierta en una quimera por
unas condiciones residenciales inadecuadas. Señorías, esta Ley de
propiedad horizontal es clave en una sociedad como la nuestra, que ha de
adaptarse al envejecimiento y la longevidad. En menos de treinta años se
ha duplicado el número de personas mayores de 65 años, y las estimaciones
en estudios internacionales de prospectiva —ahora que hablamos
mucho de prospectiva y proyecciones a 2050—, como las proyecciones
de Naciones Unidas para 2050, sitúan a España como el país más envejecido
del mundo. Se calcula que el 40 % de la población se situará por encima
de los 60 años.


Es una ley clave para adaptarse al envejecimiento, pero es que fue
clave desde sus inicios. Recordemos que se aprobó en la época de la
dictadura, y bajo una cultura de la dictadura la ciudadanía, que tenía
que vivir en comunidad, bien por elección, bien por obligación, acordaba
asumiendo el criterio de la mayoría. Por eso es una ley que influyó desde
el primer momento en la educación democrática de la ciudadanía española.
Es una ley clave que, como se ha convertido en obstáculo por la exigencia
de esas mayorías anacrónicas, necesita ser revisada, pero permitamos al
Gobierno que decida el alcance de la modificación de una ley que regula
la convivencia de las familias que, como decía, por elección o por
obligación viven en bloques, en comunidad. Como tenemos un Gobierno
sensible en la búsqueda de soluciones para mejorar la vida de la gente,
confiemos en que entenderá que es una legislación con impacto directo en
la ciudadanía. Esperemos que ese alcance de la modificación solucione
todos esos obstáculos y todas esas dificultades legales.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Señorías, terminado el debate de la primera moción, procedemos a
continuación a la votación de los siguientes asuntos.


Moción por la que se insta al Gobierno a que se mantenga la tarifa
plana a los trabajadores autónomos con las especialidades de las personas
con discapacidad y las madres autónomas, del Grupo Parlamentario Popular.
Se vota en sus propios términos.


Moción por la que se insta al Gobierno a articular un espacio de
encuentro y colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas
donde se aborde el fenómeno migratorio de manera integral, con el
objetivo de acordar estrategias y planificación, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado. Se vota en sus propios términos.


Y moción por la que se insta al Gobierno a impulsar las
modificaciones legislativas necesarias de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre propiedad horizontal, que mejoren la habitabilidad, accesibilidad y
eficiencia energética de las edificaciones, del Grupo Parlamentario
Socialista, que se vota en sus propios términos.


Se abre la votación telemática desde este momento, que son las
catorce horas y siete minutos, hasta las dieciséis horas y siete
minutos.


A continuación, procedemos a proclamar los resultados de las
votaciones telemáticas de los siguientes asuntos.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO Y DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, PROMULGADA POR REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE
DE 1882. (Proclamación de la votación).


622/000044

GPP


La señora presidenta lee los puntos 8., 8.1. y 8.1.3.


Votos emitidos, 263; a favor, 107; en contra, 142;
abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.










OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR




ELECCIÓN DE MIEMBROS





ELECCIÓN DE CUATRO MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA
MILITAR. (Proclamación de la votación).


729/000001

Nombramientos


La señora presidenta lee los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.


La señora PRESIDENTA. Elección de cuatro miembros.


Votos emitidos, 235; votos en blanco, 17; doña Beatriz
Rodríguez-Salmones Cabeza, 218; don Modesto García García, 218; don Pedro
Tomás Nevado-Batalla Moreno, 218; doña María Victoria San José
Villacé, 216.


Habiendo alcanzado los cuatro candidatos y candidatas mencionados la
mayoría absoluta de la Cámara que exige el artículo 55.1 de la Ley
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de
las Fuerzas Armadas, quedan elegidos miembros del Observatorio de la Vida
Militar.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DIVERSAS MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR GANADERO DE PRODUCCIÓN DE
LECHE.


662/000071

GPP


La señora presidenta lee el punto 11.2.


La señora PRESIDENTA: A esta moción se han presentado seis enmiendas:
cuatro del Grupo Parlamentario Mixto —dos por iniciativa del
senador Fernández Viadero y dos por iniciativa de los senadores
González-Robatto Perote y Marín Gascón y de la senadora Merelo
Palomares—; una del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal; y una
del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, el senador Martínez Antolín.


El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Traemos aquí una moción en favor del sector
ganadero; un sector económico fundamental para nuestro país que cumple
con la labor esencial de proporcionar alimentos sanos y seguros a la
sociedad. Por eso consideramos que es un sector que hay que cuidar y
proteger mucho.


La situación que está atravesando el sector es bastante grave. Un
aumento considerable de los costes de producción, que no son compensados
con los precios que están recibiendo por los productos que venden, hace
que estén en una situación auténtica de grave crisis. En estos momentos
el aumento de los precios de las materias primas que se están utilizando
para la elaboración de los piensos se sitúa en torno a un 30 %. La subida
de la factura eléctrica por parte de este Gobierno y los nuevos impuestos
que ha aprobado este Ejecutivo hacen que, en conjunto, sea todo un
conglomerado que está disparando esos costes de producción para nuestros
ganaderos. En concreto, en el sector del vacuno de leche hay que tener en
cuenta que estos costes de producción se sitúan en torno a los 36
céntimos de euro por cada litro de leche que producen. Pero fíjense en lo
que ingresan nuestros ganaderos de vacuno de leche, ya que únicamente
están percibiendo 33,6 céntimos de euro por cada litro de leche que están
vendiendo, es decir, están perdiendo casi 3 céntimos de euro, en
concreto 2,4 céntimos de euro por cada litro de leche que venden. Pueden
entender ustedes que en esta situación es imposible sobrevivir. En el mes
de mayo tuvieron que cerrar sesenta y nueve explotaciones ganaderas de
vacuno de leche porque la situación era insostenible.


Si vemos las declaraciones y los informes del Observatorio europeo
del sector lácteo del mes de marzo, se confirma algo que, por otro lado,
todos ya sabemos, y es que los productos lácteos en toda Europa no hacen
más que subir. Por poner algún ejemplo, la mantequilla sube un 5 %, o la
leche en polvo un 5,8 %. En esta situación, si, por un lado, las materias
primas y los costes de producción están subiendo para nuestros ganaderos
y, por otro lado, los productos que se elaboran a partir de esa leche que
producen nuestros ganaderos también suben, parece lógico pensar que la
leche que venden nuestros ganaderos también sube, pero la verdad es que
no es así. Y el mercado, la lógica y la ley, dicen que la situación
actual es un auténtico sinsentido; una situación a la que hay que poner
freno y, desde ese punto de vista, nosotros pedimos que se convoque la
mesa láctea. Pensamos que hay que convocar una mesa en la que se junten
todos los afectados, en la que estén los ganaderos, las cooperativas
agroalimentarias y las organizaciones profesionales agrarias para
dialogar, para tratar sobre esta situación y sobre esta grave crisis, y
poner sobre la mesa cuáles son las actuaciones que se pueden llevar a
cabo.


Por si esto fuera poco, además de no apoyar al sector ganadero, al
sector de vacuno de leche, resulta curioso que, en el marco del Programa
operativo de ayudas alimentarias a las personas más desfavorecidas, el
Gobierno compre la leche a empresas de fuera de España, en concreto de
Portugal, cuando todos consideramos que lo más lógico sería comprarla a
empresas de España, a los ganaderos que están produciendo la leche en
España. Parece algo fundamental y elemental, y es lo que pedimos nosotros
también hoy aquí con esta moción. Parece paradójico que no se haga; sería
un auténtico apoyo ante esta situación de crisis que se está
viviendo.


Otra cuestión que nos preocupa mucho, y que también está preocupando
al sector ganadero, es esa aplicación del Real Decreto de la transición
de la política agraria comunitaria para los años 2021 y 2022. No nos
cansamos de decir, y lo hemos hecho muchas veces, que es un real decreto
que contempla recortes en la PAC de un 2 % para este año y un 2 % para el
año que viene, 2022. Ya sabemos que ustedes se niegan a reconocer esos
recortes, pero vienen firmados en el BOE del 27 de enero por el ministro
Planas. Ese real decreto también contempla esa convergencia exprés en
igualar los valores del pago básico, que lo que está haciendo también es
generar importantes bajadas en los ingresos de muchas explotaciones
ganaderas. La situación también se ve agravada, además, porque ese real
decreto recoge cambios en las condiciones de admisibilidad de las ayudas
de la PAC que excluyen de facto del sistema de ayudas a muchos sectores
del ganado, como es, por ejemplo, el ganado de carne. El vacuno de carne,
como consecuencia de esta situación, va a tener pérdidas de nada más y
nada menos que 50 millones de euros en unos momentos y en una situación
en la que, como todos saben, como consecuencia de la pandemia, el canal
Horeca ha estado cerrado y no han podido dar salida a sus productos. Se
trata de explotaciones que en estos momentos dan trabajo a más de 150 000
familias de manera directa y de manera indirecta a un millón de personas,
y como consecuencia de esta situación tendrán que cerrarse pequeñas
explotaciones o tendrán que recurrir a la integración; algo que no
considero que ni nosotros ni ustedes vean como algo idóneo, cuando
siempre defendemos y pedimos que se mantengan las explotaciones
familiares porque, además, también contribuyen a fijar población en el
mundo rural. Es tal la situación en la que se encuentra el sector
ganadero, en el caso del vacuno de carne, que hasta los han llevado a
ustedes a los juzgados y han recurrido judicialmente ese decreto en lo
relativo a realizar actividad agraria en pastos permanentes. Además, la
Comisión Europea ha admitido a trámite el pasado 19 de abril una queja
que han presentado contra el Ministerio de Agricultura español como
consecuencia de las normas transitorias de ese Real Decreto de transición
de la política agraria comunitaria para los años 2021 y 2022.


Otra cuestión que nos inquieta mucho y que es interesante
—justamente esta mañana ha habido una concentración en las puertas
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por
este motivo— es la situación que vive la ganadería extensiva y,
sobre todo, su preocupación por esa decisión que han tomado ustedes de
incluir al lobo en el listado de especies silvestres de protección
especial. Los ganaderos están totalmente en contra porque les van a
quitar una de las herramientas de las que pueden disponer para reducir
poblaciones de lobo en aquellos casos y en aquellos lugares en los que
estas poblaciones de lobo provocan graves daños en la ganadería. Les
recuerdo que anualmente mueren 15 000 cabezas de ganado como consecuencia
de los ataques del lobo, y ustedes en este tema siguen engañando a los
ganaderos. Cuando se puso sobre la mesa esta decisión, el señor Planas
salió diciendo que no era necesaria y que la protección del lobo que
había en estos momentos era suficiente, pero luego vino aquí, a esta sede
parlamentaria, y le faltó tiempo para rectificar y ponerse del lado de la
ministra de Transición Ecológica, dándole la razón. Y han vuelto ustedes
a engañarles el pasado 13 de mayo, cuando el Ministerio para la
Transición Ecológica convocó a todas las organizaciones agrarias para
hablar del tema de la inclusión del lobo en el LESPRE con el director
general de Biodiversidad, y la conclusión que salió de allí era que se
iba a elaborar una nueva estrategia nacional de gestión del lobo y que se
aprobaría por unanimidad. Claro, algo muy interesante, con lo que todo el
mundo estaba de acuerdo y que abría una expectativa positiva de cara a lo
que podría ser esta situación, pero, casualmente, a los seis días, como
digo, ustedes les engañan, y lo que hacen es publicar el proyecto de
orden ministerial por el que se modifica el anexo del real decreto
regulador del LESPRE para incluir al lobo, de tal forma que a partir
del 25 de septiembre el lobo dejará de ser especie cinegética.


Por otro lado, hay que tener en cuenta que este Gobierno no para de
demonizar al sector, continuamente está transmitiendo a la sociedad una
imagen negativa, y ya el colmo de todos los colmos ha sido la
presentación por parte del presidente Pedro Sánchez de ese Plan 2050, con
declaraciones contra la ganadería, con declaraciones pidiendo que se
reduzca el consumo de carne, con declaraciones en las que dice que la
emisión de gases de efecto invernadero por parte del ganado es de las más
altas y de las que más contribuyen a generar efectos negativos sobre el
cambio climático; unas declaraciones que no son nada responsables.
Además, no es así porque, si tenemos en cuenta los datos del inventario
nacional de gases de efecto invernadero de marzo de 2020, del Ministerio
para la Transición Ecológica, podemos ver cómo, por ejemplo, la
contribución de la ganadería a los gases de efecto invernadero es de tan
solo un 7 %, cuando, por ejemplo, en el transporte es un 27 %, en la
industria un 19,9 % o en la generación eléctrica un 17,8 %.


Por tanto, resultan totalmente injustas y desproporcionadas las
graves acusaciones que ha hecho el presidente Sánchez sobre la ganadería
y sobre los productos ganaderos, y están fuera de lugar todas sus
recomendaciones a la población sobre rebajar el consumo de carne. Por
eso, nosotros pedimos también en nuestra enmienda que se establezca un
plan especial de acompañamiento económico y de protección de la imagen
del sector ganadero en España.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra, en primer lugar, el senador Fernández Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Como saben ustedes, desde hace siglos la
ganadería de leche es un sector económico estratégico en la región a la
que represento, en Cantabria. Lla aportación de nuestros ganaderos al
avance, desarrollo y progreso de la sociedad cántabra ha sido decisiva y,
en consecuencia, nuestra idiosincrasia ha sido profundamente influida por
una actividad que hoy, desgraciadamente, se encuentra en peligro de
desaparecer. Como hijo de ganadero de vacas de leche y habitante de un
municipio, Meruelo, en Cantabria, en el que la ganadería de leche ha sido
motor económico durante casi dos siglos, me inunda una profunda tristeza
al ver que nuestro tiempo no da oportunidades para que la producción de
un alimento básico pueda seguir siendo una actividad rentable y viable en
el tiempo. En la época más dura de la pandemia, cuando la mayor parte de
los españoles no podíamos salir de casa, los ganaderos y las ganaderas
siguieron yendo a sus explotaciones, como hacen los 365 días del año,
para que no nos faltará un vaso de leche. En mi pueblo, incluso pusieron
su maquinaria al servicio de los vecinos para fumigar y desinfectar las
calles, los barrios, los establecimientos más concurridos, como el centro
médico, la farmacia o los supermercados. Este trabajo incesante recibe
como recompensa más ingratitud que reconocimientos desde casi todos los
ámbitos: el social, el económico y, en muchos casos, el político. ¿De
verdad, es eso lo que el sector y su gente merece? En el PRC creemos que
no, y por revertir esta situación trabajamos en todas las instituciones
en las que tenemos representación. Frente a la desatención y las campañas
de desprestigio que proliferan contra el sector, debemos dar soluciones
inmediatas y estructurales, certezas y oportunidades, y ahí es donde
deberíamos encontrarnos.


Centrándome ya en la moción que se nos presenta hoy a debate, he de
decir que hemos presentado dos enmiendas. Por un lado, estamos de acuerdo
con el fondo de la moción, pero, en cuanto al tercer punto propuesto,
aunque reconocemos que el real decreto por el que se reorganizó la
aplicación y reparto de los fondos de la PAC en el Estado para los
años 2021 y 2022 puede tener carencias, no es menos cierto que es el
instrumento en vigor para que nuestro sector primario pueda seguir
recibiendo los fondos que tiene asignados como apoyo a su actividad; por
tanto, la retirada de este decreto como tal crearía —como he
manifestado— un vacío y una innecesaria e inconveniente
incertidumbre, que es precisamente lo que al sector en estos momentos no
le hace falta. Por ello presentamos una primera enmienda que propone la
modificación del Real Decreto 40/2021, de forma que se suavicen las
disonancias que van a surgir con la aplicación del nuevo marco común en
el período 2023-2027, toda vez que el sector pueda seguir teniendo acceso
a los fondos en los ejercicios 2021 y 2022. Además, presentamos una
segunda enmienda que propone lanzar una campaña pública que fomente el
consumo de la leche y sus derivados como alimentos nutricionalmente ricos
y saludables. Últimamente percibimos movimientos —no sabemos con
qué interés o por quién impulsados— que animan, bajo falsas
proclamas, a dejar de consumir la leche a la población, recibiendo cada
día más atención y difusión. Esta es una deriva que debemos
contrarrestar, de ahí que propongamos la adición de este texto.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el senador
González-Robatto Perote.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, presidenta.


Traemos aquí, de nuevo, un intento para hacer entrar en razón al
Gobierno para evitar el daño a los ganaderos y el daño al lobo. El
control del lobo mediante la gestión cinegética siempre ha estado
destinado a un equilibrio de sus poblaciones y no a su erradicación;
rebaja el nivel de conflicto en esas zonas y evita que nadie intente
hacer este control por su cuenta, utilizando medios o artes prohibidos y
no selectivos, que son precisamente los más dañinos: cepos, lazos,
disparos furtivos, como vemos en multitud de ocasiones en nuestro vecino
Portugal. Pero se decide incluir al cánido en una votación en la que
participaban regiones donde ni siquiera hay lobo, es más, aquí
defendieron su protección —falsa, por cierto— senadores que
no tenían siquiera este problema en sus regiones. Por eso en Vox, más
allá de sacar al lobo de la lista de especies protegidas, pedimos ampliar
sus límites de caza por debajo del Duero. Hasta ahora la caza del lobo
estaba prohibida al sur, pero seguía siendo una especie cinegética al
norte del río. No obstante, los resultados ponen de manifiesto que no hay
un argumento técnico o científico que avale la actual situación de
separar el norte del sur del Duero, más allá de que cuando se promulgó la
Directiva 92/43 del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre,
la especie se declaró protegida al sur del Duero porque sus poblaciones
eran mínimas o inexistentes.


A esto añadimos otro toque más al sector ganadero, que es su decisión
de comprar leche a Portugal para destinarla a personas desfavorecidas y
necesitadas, teniendo una industria láctea en España de primer nivel.
Ustedes el otro día trajeron una moción a la Comisión de Industria para
promover el producto nacional, pero a la hora de la verdad, cuando hay
que aplicarlo en la vida real, utilizan la puerta de atrás para comprar
leche no nacional. Este tipo de comportamientos, por desgracia, es una
práctica bastante habitual en este Gobierno: pregonar para los demás e
incumplir lo prometido. Por eso añadimos estas dos enmiendas, para que el
Ejecutivo reaccione y escuche a los sectores a los que les afectan las
políticas que aplica; reflexionen, por favor.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, en el turno de
enmiendas, tiene la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Señorías, las explotaciones de gran tamaño conllevan consecuencias
graves e irreparables para el sector ganadero extensivo y para el
territorio en el que se asientan, dado su importante impacto desde el
punto de vista social, económico, medioambiental y, sobre todo,
sanitario. Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión
Europea, afirmaba no hace mucho que la crisis del coronavirus ha revelado
nuestra vulnerabilidad y la importancia de restablecer el equilibrio
entre la actividad humana y la naturaleza. La Estrategia sobre
biodiversidad y la Estrategia De la granja a la mesa, elementos centrales
del Pacto Verde, apuntan hacia un nuevo y mejorado equilibrio entre la
naturaleza, los sistemas alimentarios y la biodiversidad, para proteger
la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos y, al mismo tiempo,
incrementar la competitividad y la resiliencia de la Unión Europea. Estas
estrategias son una parte fundamental de la gran transición que estamos
emprendiendo. En esta línea, es evidente que las macrogranjas son modelos
opuestos a esta filosofía, por lo que es necesaria una regulación que
ampare el interés general e impida la desaparición de un modelo de
explotación ganadera más equilibrado y sostenible, concretando a partir
de cuántas cabezas de ganado se puede hablar de macrogranja, ya que la
legislación estatal en este momento no lo hace.


Señorías, el Panel intergubernamental del cambio climático de
Naciones Unidas en su informe El cambio climático y la Tierra, elaborado
por más de 100 científicos de 52 países, afirma que el alto consumo de
carne vacuna y productos lácteos, especialmente en los países de mayor
ingreso, está alimentando la crisis climática. Estamos ante una tormenta
perfecta, porque la disponibilidad de tierra es limitada, la población
humana se expande y todo esto sucede con el factor sofocante de una
emergencia climática. Los ecosistemas terrestres nunca estuvieron ante
una amenaza tan grande. Cada día está más comprobado que el consumo
exacerbado de carne y de otros derivados animales procedentes de la
ganadería industrial es una de las cuestiones alimentarias más
importantes de nuestros tiempos. Su consumo en los países desarrollados
ha alcanzado niveles totalmente insostenibles y, lo peor, es que eso se
considera normal, natural, necesario e incluso agradable. España es el
segundo país europeo y el decimocuarto mundial que más carne consume por
persona al año. Por eso, señorías del Partido Popular, demonizar al
presidente Sánchez por defender un cambio en los hábitos alimentarios, de
alguna manera por defender el retorno o la vuelta a la dieta
mediterránea, les convierte realmente a ustedes un tanto en demonios,
porque son los demonios los que demonizan. España tenía en 1996 19
millones de cabezas de cerdo, y en la actualidad pasan de los 30
millones. El sector porcino supone el 14 % de la producción final
agraria, casi 53 millones de euros en 2020, y España es el segundo
productor mundial tras China. En 1998 había registradas en España cerca
de 250 000 explotaciones de bovino de leche, con una media de 7 animales
por explotación, y en 2019 el número de explotaciones registrado fue tan
solo de 144 776 y la media de vacas por explotación en el conjunto del
Estado era de 57, similar a la de Francia, pero con regiones, como
Navarra, Aragón, Murcia o Valencia, con entre 160 y 280 vacas por
explotación. No les voy a contar a qué número de cabezas llegan las
macrogranjas ya existentes y las que están en proyecto.


El Estado se encuentra en una encrucijada sobre si adoptar el modelo
americano de grandes explotaciones y macrogranjas, en ocasiones solo hay
una o dos enormes granjas lecheras por Estado, con más de 20 000 cabezas
cada una, o el europeo, particularmente el francés, donde hay un acuerdo
tácito para que no haya explotaciones de más de 1000 cabezas. Numerosas
asociaciones de defensa animal, el sector ganadero que trabaja en
extensivo y administraciones como el Gobierno de Navarra, al frente del
cual, en la consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente está mi
compañera de Geroa Bai, Itziar Gómez, que está intentando regular el
tamaño de las macrogranjas, consideramos necesaria una apuesta política y
económica por la ganadería sostenible, en línea con la Estrategia europea
De la granja a la mesa y la de defensa de la biodiversidad, que implican
que el sector agrario debe basarse en producciones eficientes y cada vez
más sostenibles; un modelo muy contrario a las explotaciones de gran
tamaño. Esto es, señorías, lo que proponemos en nuestra enmienda.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, en el turno de enmiendas,
tiene la palabra la senadora Villar Lechón.


La señora VILLAR LECHÓN: Gracias, presidenta. Buenas tardes,
señorías.


El Partido Popular nos trae a esta Cámara una moción que realmente es
un batiburrillo de propuestas, porque en la realidad no concreta ninguna.
Empiezan hablando del sector lácteo, lo mezclan con el lobo, siguen con
la retirada del Real Decreto para la transición de la política agraria
comunitaria y piden que se establezca un plan especial de acompañamiento
económico y de protección de la imagen del sector ganadero. Señorías del
Partido Popular, ¿qué están intentando con esta moción, desgastar al
Gobierno? Por favor, vamos a ser serios, y si de lo que se trata es de
presentar una moción como sea, vamos a presentarla en condiciones.


Con lo único que estamos de acuerdo en esta moción es con la primera
frase, que habla de lo mal que lo está pasando el sector el sector
ganadero, y en ello esto estamos totalmente de acuerdo; pero no solamente
están mal los ganaderos, también lo están los pescadores y los
agricultores, y no es de ahora, llevan pasándolo mal mucho tiempo. ¿Dónde
han estado ustedes, que han estado gobernando durante siete años? ¿Dónde
estaban cuando había que aliviar la situación del sector? Señorías, lo
que nos piden los agricultores y los ganaderos es que nos pongamos de
acuerdo, que dejemos de crispar y de marear, que nos pongamos a trabajar
y que dialoguemos para mejorar el sector, que les aseguro que nos lo van
a agradecer. Animo a todos los grupos a trabajar unidos y a ayudar, que
buena falta le hace al sector.


Yo vengo de un territorio agrícola precioso, como es Aragón,
concretamente de la comarca de Calatayud, bien conocida por su fruta y
por sus vinos con denominación de origen de excelente calidad. La mayor
parte de los ingresos económicos de las familias proviene de la
agricultura, de una agricultura familiar de pequeñas explotaciones en las
que cultivan frutas y hortalizas, y también hay pequeñas explotaciones
ganaderas. Que no se nos olvide que estas explotaciones son las que fijan
la población en el territorio, las que mantienen el medio rural y que,
por lo tanto, contribuyen a la despoblación de nuestros pueblos. El
pasado jueves, día 3 de junio, en menos de dos horas, estos agricultores
y ganaderos sufrieron una tormenta de pedrisco en la que perdieron todo
el trabajo realizado e invertido durante un año. Son municipios muy
pequeños, pueden ser Santa Cruz de Grío, Fuentes, Belmonte, Mara,
Sediles, todos de la comarca de Calatayud, y nosotros hablamos de crisis.
Estos agricultores y ganaderos tienen una crisis continua año tras año;
cuando no es en forma de pedrisco, aparece en forma de helada o porque
los precios están tan bajos que no llegan a cubrir los gastos, pero ahí
siguen luchando y aguantando, porque es su medio de vida y porque así lo
han decidido.


El Partido Socialista ha presentado una enmienda de sustitución a
esta moción que contempla cinco puntos. En ella instamos a incentivar
inversiones para mejorar la sostenibilidad y favorecer el cumplimiento de
los objetivos climáticos y medioambientales de la actividad ganadera; a
promover una ordenación en los sectores ganaderos que permita un
desarrollo equilibrado del sector; a desarrollar campañas de promoción
del consumo de los productos ganaderos; a incentivar la ganadería
extensiva en el marco de la nueva PAC; a desarrollar, en colaboración con
todos los agentes implicados, una nueva estrategia de conservación del
lobo ibérico que tenga en cuenta la actividad ganadera. Esta es nuestra
enmienda, y es una buena enmienda. Esperemos que sea aceptada, y apelo a
la unión de todos los grupos de esta Cámara para defender los intereses
de nuestros agricultores y ganaderos. Si no es así no podremos apoyar
esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Martínez Antolín, autor de la moción
originaria para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas por
los grupos.


El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Muchas gracias, presidenta.


Agradezco las enmiendas que han presentado los diferentes grupos
parlamentarios. En el caso del señor Fernández Viadero está claro que lo
que pide es sensato, es decir, de modificar el Real Decreto de transición
de la política agraria común para que se mantenga y se cobre la PAC como
sucede ahora y que no haya convergencia ya me he quejado yo en la
tribuna. Efectivamente, no es cuestión de cambiarlo, no hace falta
cambiar nada; si no estuviese aprobado ese real decreto, la cosa fluiría
tal y como usted dice, o sea, la cuestión es que ese real decreto se
tiene que eliminar, se tiene que quitar. Por otro lado, propone también
promover campañas de publicidad para fomentar el consumo de leche.
Estamos totalmente de acuerdo, pero nosotros consideramos que esto
quedaría ya incluido en el punto quinto de nuestra moción, un plan
especial de acompañamiento económico y protección de la imagen del sector
ganadero es un abanico amplio en el cual se incluiría también eso que
está pidiendo usted hoy.


Respecto a las enmiendas de Vox, el señor González-Robatto Perote
pide que se potencie la labor de la Comisión Nacional de los Mercados y
de la Competencia, cuando está claro que esta moción no tiene como
objetivo ese punto; se podría tratar en otra ocasión. Nosotros hoy con
esta moción incidimos más en que funcionen esas modificaciones que se han
hecho sobre la Ley de la cadena alimentaria que perseguían que no se
vendiese por debajo de los costes de producción, y en esa línea va lo que
pedimos hoy y es de lo que estamos hablando hoy. Hace referencia usted a
una serie de consideraciones respecto a la protección del lobo, y
nosotros consideramos que en estos momentos hay una protección adecuada.
Lo que no queremos es que se pase a esa otra situación de incluir al lobo
en el listado de especies de protección especial, porque esa es una
protección a mayores que para nada aportaría nada bueno a nuestros
ganaderos porque les quitaría la posibilidad de poder recurrir, por
ejemplo, al aprovechamiento cinegético del mismo cuando la población es
alta y cuando provoca graves daños en la ganadería.


En el caso de la enmienda de Izquierda Confederal, quiero decir al
señor Martínez que, en cuanto a regular en el ámbito de la ley estatal el
tamaño de las explotaciones de porcino a que hace referencia usted o el
de las vaquerías, en estos momentos está regulada la forma en que se
tramita llevar a cabo un proyecto de este tipo. Está regulado y se
controla —para eso están— a través de los estudios de
evaluación de impacto ambiental. Hay medidas hoy que contemplan lo que
dice usted. Si no cumple las medidas de impacto ambiental, lógicamente,
ese proyecto no se puede dar por válido y no puede salir adelante. Y, por
otro lado, habla del tamaño de las explotaciones, pero hoy estamos
hablando de que hay unos costes de producción elevadísimos y, si nosotros
limitamos el tamaño de las explotaciones, queda en entredicho, en algunas
ocasiones, que pueda ser rentable la explotación; además, esto varía
tanto en función de los altos costes de producción que puede haber como
de los precios bajos por los que se venden los productos de nuestros
ganaderos, y al final es muy difícil establecer ese punto en el cual
habría un equilibrio.


La señora PRESIDENTA: Señoría, vaya terminando.


El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Finalmente, respecto a las enmiendas del
PSOE, lo que plantean ustedes es una enmienda de sustitución y el
resultado es una iniciativa totalmente nueva, que lógicamente no podemos
aceptar porque están ustedes pidiendo cosas, además, que reflejan un
brindis al sol, porque no concretan ustedes absolutamente nada sobre lo
que piden. Y nosotros proponemos cinco puntos muy concretos que, además,
recogen cosas que el sector está pidiendo en estos momentos en la
calle.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto,
intervendrá, en primer lugar, la senadora Goñi Sarries. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidenta.


La mesa láctea se reunió el pasado 9 de abril. Bien por el
ministerio, que mantiene activa la mesa, pero no hacemos nada si se
convoca únicamente para despertar quejas de los propios ganaderos. Dado
que el Gobierno no facilita en nada su labor, es normal que los ganaderos
se unan en grandes explotaciones. Sin embargo, esto que parece lógico y
de sentido común pues resulta que no debe serlo tanto.


En Navarra, los partidos que respaldan al Gobierno protestan contra
estas grandes explotaciones. Es decir, el Gobierno, por un lado, empuja a
que las pequeñas explotaciones se unan entre sí para poder sobrevivir,
pero, al mismo tiempo, los socios del Gobierno impiden o tratan de
impedir que esas uniones se produzcan. En Navarra se demonizan estas
macrogranjas y las han convertido en el enemigo a batir; no exagero, ya
me gustaría. En Navarra gobierna el PSOE con tres partidos más y Bildu
apoya desde fuera. El PSN no se opone al modelo de macrogranja, pero sus
cuatro socios de gobierno sí se oponen ¿Cuál es el resultado? Pues que,
en el Parlamento Foral, con los socialistas incluidos, se ha propuesto no
dar más permisos de ampliación para explotaciones ganaderas.


Todos los partidos navarros visitaron el otro día la macrogranja de
Caparroso. Todos los partidos navarros pudieron ver, comprobar y
preguntar todo lo que quisieron sobre este modelo de explotación. La
empresa demostró la falsedad de las acusaciones de los socios de la
presidenta Chivite. Pudieron enseñar cómo garantizan el equilibrio
económico cuidando el medioambiente y cómo garantizan, por supuesto, el
bienestar social y animal. Enseñaron, además, cómo siguen esos principios
de economía circular y cómo la generación de empleo en esas explotaciones
no es deslocalizable.


La realidad es que la mayoría de pequeñas explotaciones ganaderas
cierran cuando el titular alcanza la jubilación porque no encuentran un
futuro. En el año 1995, en España había 140 000 granjas; a día de hoy
quedan apenas 12 000. Los ganaderos siguen trabajando en un entorno cada
vez más complicado y ahogador, construido por el propio Gobierno y por
sus socios. Si no van a ayudarles, al menos no molesten.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el mismo grupo, tiene la palabra el senador González-Robatto
Perote.


El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, presidenta.


Me gustaría preguntar a sus señorías del Gobierno quién les asesora a
la hora de tomar decisiones, que, a juzgar por el descomunal gasto que
destinan a asesores, deben ser muchos y muy caros, pero no los
rentabilizan.


Ustedes, con cada decisión que toman, prácticamente en cualquier
ámbito meten la pata. Dicen que apoyan a los ganaderos, pero ni les
escuchan ni tienen ningún tipo de intención de hacerlo. Ningún ganadero
quiere que se les pague por las reses matadas por los lobos; lo que
quieren es que no los maten, así de simple. Y no es que el hecho de meter
el lobo en la lista de animales protegidos vaya a hacer bien ni al cánido
ni a los ganaderos. Hasta ahora, convivían perfectamente y los ganaderos
aprovechaban el enorme empujón turístico que tenía el lobo para ayudar a
las zonas más despobladas y abandonadas. Es un recurso para estas zonas
de la llamada la España vaciada.


De verdad, escúchenles y dejen de ahogar al sector, que ya bastante
tienen con que les hayan subido la bombona de butano un 5 %, el gasoil
un 30 % y la luz un 45 %; con el recorte de 11 000 millones de euros en
sanidad que tienen previsto; con los peajes que quieren imponer; con la
subida del precio de las bebidas azucaradas porque dicen que es malo para
la salud; con la subida de la cuota de autónomos, del impuesto de
matriculación, de la póliza de seguros, que no se había subido en
veintiocho años; con la subida de las transacciones financieras y las
comisiones bancarias. Pretenden, además, imponer nacionalmente el
impuesto sobre patrimonio. Y ya vemos las consecuencias de la tasa Tobin
y la tasa Google con subidas de aranceles en Estados Unidos; ustedes
proclamaban que Biden iba a llegar y sería la salvación y les ha subido
los aranceles precisamente por su ineptitud y por su falta de
criterio.


Por favor, dejen a la España que madruga y que se deja la piel cada
día y cada hora para que su presidente pueda ir en Falcon y pegarse unas
vacaciones estupendas. Déjenles trabajar, déjenles vivir.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora
Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, presidenta.


Bon dia, senyories. De nou estem debatent aquí per salvar el sector
primari. No són pocs els debats que tenim per assumir els problemes que
aquest sector ens planteja.


Aniré directa a la moció. Si ens diuen si estem a favor de buscar
mesures per donar suport al sector de la llet, evidentment, a tot el
sector primari. Que les mesures hagin de ser les que vostès han plantejat
en aquesta moció és el que ens genera alguns dubtes. Si bé és cert que
vostès han fet una enumeració d’algunes de les incidències que
poden intercedir en el sector de forma directa o indirecta, no han
desenvolupat la solució que pot anar-hi acompanyada. De cada un dels
punts que vostès han posat, almenys de molts d’ells, podríem tenir
un extens debat sobre què cal fer i quines serien les conseqüències. La
mera enumeració no crec que ens porti la solució.


Vostès ens parlen de convocar una taula làctica o un fòrum de debat.
Estem absolutament d’acord amb qualsevol fòrum per debatre els
problemes del sector, que continuen sent els mateixos. Malgrat que haguem
aprovat una Llei de la cadena alimentària, el sector continua tenint els
mateixos problemes: hi ha un increment de les matèries primeres, un
increment dels costos de producció, una llei que els empara i que ha de
recollir els contractes perquè no es vengui per sota del preu de
producció, però a la pràctica sabem que continua passant. Per això el
mateix sector demana una revisió, una supervisió d’aquests
contractes del sector làctic a l’Agència d’Informació i
Control Alimentari, perquè d’aquesta manera, quan es fa
l’informe de l’Observatori de la Cadena Alimentària, pugui
haver-hi una fotografia real de la problemàtica del sector i no
distorsionada. Estem absolutament d’acord que se’n parli,
sempre.


Adjudicar el subministrament de llet per a ajuda alimentària a
empreses espanyoles. Ens semblaria fantàstic, tan fantàstic com que els
alcaldes poguessin adjudicar les obres a les empreses de la seva
població, ja ens agradaria, però és que estem immersos en el mercat únic
i no podem impedir que qualsevol empresa de la Unió Europea entri a
concurs. Per tant, com ho fem? Ens sembla molt bé, la proposta, però com
ho fem?


La tercera: retirar el reial decret. És cert que aquesta reial decret
conté temes que són —com l’hi diria?— incòmodes per al
sector o que els creuen injustos, però si retirem el reial decret i ens
quedem aquí, què passa amb aquesta seguretat, aquest marc estable que
pretenem tenir per al sector primari entre períodes de PAC? Quina és la
solució real? Com ho perfilem, tot això?


I, finalment, establir un pla especial d’acompanyament econòmic
i de protecció de la imatge del sector ramader. Tots parlem molt de la
imatge del sector ramader i contribuïm que sembli que el sector ramader
sigui en blanc i negre i sigui a una altra dimensió. El sector primari és
un sector econòmic que l’única cosa que pretén és guanyar-se la
vida amb la seva feina. El que hem de fer és no posar-los traves i no
posar-los-ho cada vegada més complicat. La manera de fer-ho no és una
altra que els pressupostos destinats a agricultura, al sector primari,
tinguin definitivament el pes que es mereixen als Pressupostos Generals
de l’Estat. Això és el que espera el sector, no debats en què
cadascun ens barallem per mirar qui és més defensor d’aquest sector
que ho està passant malament. N’estan tips, de ser protagonistes en
aquestes cambres, i que tothom ens n’emplenem la boca, del
complicat que és el sector, però que a l’hora de la veritat ells
amb aquests debats o les declaracions més o menys encertades d’uns
i altres no mengen, no acaben tenint solucions.


Finalment, també vostès parlen del llop. Conviure la ramaderia amb
grans predadors és una cosa molt complexa. Que estigui posat en aquest
catàleg perquè Europa ho demana ens pot agradar més o menys, però la
solució real és quina estratègia tenim per controlar el llop, sigui
caçant-lo o no. Qui ha controlar la superpoblació de llops? Com ha de
ser, qui fa els censos? Qui determina quins són els censos a partir dels
quals s’ha de començar a controlar? Això és el que realment crec
que ens hauria de preocupar. Aquesta és la qüestió. Tenim un segon
esborrany de l’estratègia del llop. Hi ha coses que es poden
discutir, però ja dic que seria un debat molt, molt llarg, perquè són
temes molt controvertits, molt delicats, i els territoris —com el
meu— on han de conviure grans predadors amb ramaders és molt, molt
difícil trobar l’equilibri. Però si els volem condemnar a la
coexistència, els hem de donar respostes. Amb una enumeració de treure o
posar el lloc del catàleg no n’






hi ha prou. Hem d’anar més
enllà. Hem de veure com es gestiona aquesta població de llops.


Per tant, per part nostra veiem la bona intenció d’aquesta
moció, però ens abstindrem, perquè no creiem que amb les seves propostes
de la part del petitum donem solucions reals a aquest sector, ni al
lleter ni al sector primari en general.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


Buenos días, señorías. Una vez más estamos debatiendo aquí para
salvar el sector primario. No son pocos los debates que tenemos para
asumir los problemas que el sector nos plantea.


Voy a ir directamente a la moción. Si nos preguntan si estamos a
favor de buscar medidas para dar apoyo al sector de la leche,
evidentemente lo estamos, a todo el sector primario. Que las medidas
deban ser las que ustedes han planteado en esta moción es lo que nos
genera ciertas dudas, porque, si bien es cierto que ustedes han hecho una
enumeración de algunas de las incidencias que pueden intervenir en el
sector de forma directa o indirecta, no han desarrollado la solución. De
cada uno de los puntos que ustedes han propuesto, al menos de muchos,
podríamos tener un extenso debate para ver qué debe hacerse, cuáles
serían las consecuencias, pero la mera enumeración no me parece que nos
aporte ninguna solución.


Ustedes nos hablan de convocar una mesa láctea o un foro de debate.
Estamos totalmente de acuerdo sobre cualquier foro para discutir los
problemas del sector. Si bien hemos aprobado una Ley de la cadena
alimentaria, el sector sigue teniendo los mismos problemas: hay un
incremento de las materias primas, de los costes de producción. Hay una
ley que los ampara y que deben recoger los contratos para que,
efectivamente, no se venda por debajo del precio de producción, pero en
la práctica sabemos qué es lo que sigue ocurriendo. Por esto, el mismo
sector pide una revisión de estos contratos y la supervisión de los
contratos del sector lácteo por parte de la Agencia de Información y
Control Alimentarios, porque de esta forma, cuando se realiza el informe
del Observatorio de la cadena alimentaria, puede haber una fotografía
real de la problemática del sector y no distorsionada. O sea, que estamos
absolutamente de acuerdo con que se hable de este tema siempre.


Adjudicar el suministro de leche para ayuda alimentaria a empresas
españolas nos parecería fantástico, tan fantástico como que los alcaldes
pudieran adjudicar las obras a las empresas de su población —ya nos
gustaría—, pero, fíjense ustedes, estamos inmersos en el mercado
único, así que no podemos impedir que cualquier empresa de la Unión
Europea entre a concurso. Así que, ¿cómo vamos a hacerlo? La propuesta
nos parece muy bien, pero ¿cómo se soluciona?


En el tercer punto piden la retirada del real decreto, y es verdad
que ese real decreto contiene temas que son —a ver cómo
decírselo— incómodos para el sector o que les parecen injustos,
pero si retiramos el real decreto y nos quedamos ahí, ¿qué sucede con esa
seguridad, con ese marco estable que pretendemos tener para el sector
primario entre periodos de PAC? ¿Cuál es la solución real? ¿Cómo lo vamos
a perfilar?


También proponen establecer un plazo especial de acompañamiento
económico y de protección de la imagen del sector ganadero. Miren, todos
hablamos mucho de la imagen del sector ganadero y contribuimos a que
parezca que el sector ganadero es en blanco, negro y vive en otra
dimensión. El sector primario es un sector económico que lo único que
pretende es ganarse la vida con su trabajo. Lo que debemos hacer es no
ponerles obstáculos y hacérselo todo menos complicado. La forma de
lograrlo no es otra que los presupuestos del sector primario tengan
definitivamente el peso que merecen dentro de los Presupuestos Generales
del Estado. Esto es lo que está esperando el sector y no debates en los
que cada uno se pelea para ver quién es más defensor de este sector que
tan mal lo está pasando. Lo que buscan son soluciones; están hartos de
ser protagonistas en estas Cámaras y de que todo el mundo se llene la
boca hablando de lo complicado que es el sector. A la hora de la verdad,
ellos, con estos debates o con las declaraciones más o menos acertadas de
los unos y los otros, no comen ni tienen soluciones.


Por último, ustedes también hablan del lobo. La convivencia de la
ganadería con grandes depredadores es algo muy complejo y el que esté
incluido aquí, en este catálogo, para que Europa lo solicite, nos puede
gustar más o menos, pero la solución real es saber qué estrategia tenemos
para controlar al lobo. ¿Seguimos cazándolo o no? ¿Quién debe controlar
la superpoblación de lobos?, ¿quién realiza los censos?, ¿quién determina
cuáles son esos censos a partir de los cuales se debe empezar a
controlar? Eso es lo que me parece a mí que debería preocuparnos de
verdad; esa es la cuestión. Tenemos un segundo borrador de la estrategia
del lobo. Bueno, hay cosas que podrían discutirse. Por eso le digo que
sería un debate muy, muy largo, porque son temas muy controvertidos, muy
delicados y, en territorios como el mío, en los que deben convivir
ganaderos con grandes depredadores, es muy difícil encontrar el
equilibrio. Pero si queremos condenarles a la coexistencia, debemos
darles respuestas y no una enumeración con la que se quite o se ponga al
lobo en el catálogo; con eso no basta, debemos ir más allá y ver cómo se
gestiona esta población de lobos.


Así que, por nuestra parte, vemos la buena intención de esta moción,
pero nos vamos a abstener porque no creemos que con sus propuestas en la
parte del petitum estemos dando soluciones reales ni al sector lácteo ni
al sector primario en general.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
el senador Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Y gracias también al personal de la Cámara, que, en fin, hace todo lo
que puede y más por ayudarnos a mantenernos sanos.


Señorías, nosotros, la verdad, no tenemos constancia de una variación
del precio de la leche, ni por disminución ni por elevación.
Evidentemente, es lógico pensar que, si los insumos de la explotación
experimentan una subida, como parece que están haciendo, la rentabilidad
de la producción láctea disminuirá y acabará repercutiendo negativamente
en las explotaciones lecheras, y habrá que tomar todas las medidas
pertinentes al respecto. Por cierto, esta situación seguramente se
producirá también en otro tipo de explotación y de otras especies
ganaderas.


Nosotros no sabemos nada —y lo reconozco— de la supuesta
adjudicación por parte del Gobierno de España a una firma portuguesa del
suministro de leche para ayuda alimentaria, pero pensamos que este tipo
de adjudicación habrá tenido la licitación pertinente que marca la
normativa vigente de los contratos públicos. Pensamos que habrá existido
su correspondiente expediente que, por la Ley de transparencia, podrá ser
solicitado al ministerio; no lo hemos hecho, lo confieso. Por cierto,
¿somos o no somos Europa? Y déjenme que les diga que los nacionalistas
solemos ser otros; ustedes nos acusan a muchos y a muchas de
nacionalistas sin mirarse en el espejo antes de hacer ese tipo de
acusaciones.


Respecto a las normas transitorias de la PAC, quiero recordarles que
han sido propuestas, no inventadas; propuestas, discutidas y
consensuadas, con mayor o menor aceptación, por las comunidades
autónomas. Con tantos aspectos que considera el Real Decreto para la
transición de la PAC en 2020-2021, lógicamente es difícil llegar a una
unanimidad y aceptación plena por parte de todos los operadores y
organizaciones, pero el documento está publicado y ha sido apoyado por
distintos gobiernos, entre ellos, el de Navarra, que aboga por la
desaparición de los derechos históricos solo en este terreno y por una
reasignación nueva en función de la actividad actual mediante un paso
progresivo a pago por superficie, porque es más justo, menos complejo,
menos burocrático y menos especulativo, y esto dentro de una transición
gradual hasta que entre en vigor en 2025.


Respecto a la situación del lobo y la prohibición de ser considerado
especie cinegética, es algo controvertido, ya lo sabemos, con muchos
puntos de vista e intereses aparentemente contrapuestos; lo debatimos en
otro Pleno. Y, por cierto, señorías del PP, mezclar lobo y vacuno,
hombre, cuando menos es curioso; si me hubieran hablado de otro tipo de
ganado, de otro tipo de animales, en fin. Con similitud a la
reintroducción del oso en el Pirineo próximo a Navarra, este nuevo
estatus de protección del lobo ocasionará, sin duda, su expansión y se
tendrán que prever actuaciones y ayudas para proteger e incluso
indemnizar los posibles daños por los ocasionales ataques que provoquen
en la ganadería extensiva. Y les aseguro que, desde luego, nosotros
estaremos vigilantes para que así se haga.


Señorías, todo lo que se haga o se diga respecto al sector ganadero,
un sector en crisis permanente, debe ser realizado con mesura, rigor
científico y sensatez. Debe resaltarse y valorar, en su justa medida,
todo el valor que aporta la actividad ganadera en el medio ambiente por
su aportación al mantenimiento de la actividad agraria en zonas
difíciles, la fijación de la población al medio rural, la producción de
alimentos de gran valor nutricional y proteico, además del mantenimiento
del paisaje y su conservación. Todo ello, sin duda, es un beneficio a
tener en cuenta cuando valoramos el impacto que la ganadería tiene en la
producción de gases de efecto invernadero, que también lo tiene.


Respecto a la convocatoria de la mesa láctea, consideramos que esta
mesa, en todo caso, tiene que ser convocada a nivel estatal y a
instancias del sector. La Administración debe velar por la existencia y
el cumplimiento de los contratos y de los acuerdos que ahí se
adopten.


Y, por último, quiero decirles que, para Geroa Bai, cualquier plan
que apoye, proteja y ponga en valor, con mesura, rigor científico y
sensatez —insisto, con mesura, rigor científico y sensatez—,
la imagen del sector ganadero, un sector en crisis permanente, se
considera oportuno y necesario. Porque ustedes en su moción mezclan
churras y merinas, porque no estamos de acuerdo con todos los puntos de
la moción, no podemos votarla a favor.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Medina
Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko, presidenta.


En la moción presentada por el Grupo Popular observamos una
mezcolanza de puntos a debatir, que ya por sí solos dan posibilidad a un
debate profundo e intenso, pero que se citan y se mezclan de manera
somera y superficial. Cierto es que la situación de estos ganaderos,
fundamentalmente, de vacuno de leche, es muy compleja. Desde hace unos
meses, los costes de las materias primas, soja, maíz, cereales, para
piensos se han incrementado de forma muy importante, lo que está
suponiendo un incremento de los costes de producción de la gran
distribución, principalmente, clientes de la leche líquida, pero no
repercute en el precio de los productos y, por tanto, tampoco en la
subida del precio al ganadero. La política de precios de las empresas de
distribución banaliza la leche líquida que lo utiliza como reclamo para
el consumidor. Prácticamente, el 50 % de la leche en España se vende a
menos de 60 céntimos el litro, por lo que hace que el sector ganadero
esté produciendo a pérdidas y, por lo tanto, las centrales lácteas no
pueden pagar más al ganadero, si quieren seguir siendo proveedores de
estas empresas. El Ministerio de Agricultura ha encargado el estudio de
esta grave problemática. El resultado del informe final deja en el aire
el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria y no aclara si el
precio en origen debe subir o limitarse a indicar que hay explotaciones
que ganan mucho dinero y otras que pierden. Pura indefinición.


Son muy numerosas las noticias que podemos ver y leer sobre la crisis
de vacuno de leche y sobre el paulatino descenso de las explotaciones.
Uno de los elementos más debatidos es el papel de la Ley de la cadena
alimentaria y de la ECA, como marco legal que pueda proteger al productor
y garantizarle unos precios remuneradores por encima de los costes de
producción. Entre 2018 y 2020, el número de ganaderos con entregas de
leche se ha reducido en España de manera alarmante, mientras la
producción total se ha incrementado desde los 7,12 hasta
los 7,41 millones de toneladas; aun así, la leche producida en España no
es suficiente para abastecer el mercado interno, y en el último año han
sido importados casi 3 millones de toneladas hasta alcanzar un consumo
total de leche derivados de 10,36 millones de toneladas. ¡Qué paradoja,
pero qué realidad! Claramente, esta ley no está cumpliendo su
objetivo.


Este es un elemento que debe exigirse al ministerio para la
protección del ganado, del ganadero y de su futuro. La situación del
sector ganadero se ha agravado en esta campaña PAC 2021, sobre todo en el
vacuno de leche, por los efectos de la convergencia o ajuste de las
ayudas que reciben los ganaderos en virtud del valor de sus derechos de
pago único, en función de su importe y de la región donde estén
produciendo. En el caso de Euskadi, mi tierra, prácticamente, todos los
ganaderos de vacuno de leche han visto reducidas sus ayudas PAC en esta
campaña, y también ocurrirá lo mismo en la próxima. Sabemos que esta
situación no es imputable en exclusiva a este ministerio ni a este
Gobierno, sino que es un compromiso de la reforma de la PAC de 2015,
aprobada por el ministerio presidido por el ministro Arias Cañete, pero
sí es cierto que este Gobierno la está acelerando. Además, todas las
ayudas PAC han sufrido un descenso del 1,9 % en todos los sectores, y
teniendo en cuenta que, en la mayoría de los sectores ganaderos sujetos a
la PAC, vacuno de leche, carne o vino, la rentabilidad del productor en
la PAC es la PAC, la merma en los ingresos amenaza la viabilidad de
muchas explotaciones. Creemos, además, que estas campañas tan recientes
donde se criminaliza al sector ganadero del cambio climático por la
emisión de gases de efecto invernadero derivados de la producción del
consumo de agua, soja, maíz, en muchos casos de origen transgénico
provenientes de Argentina, Brasil o Estados Unidos, hace un flaco favor a
la reputación de los ganaderos que, más que nunca, necesitan su apoyo. Si
a esto le sumamos las modas que recomiendan reducir la ingesta de leche o
derivados lácteos, y ya no digamos de carne o proteína de origen animal,
da como resultado que el futuro de la ganadería, independientemente del
modelo, sea cuestionado por una gran parte de la población. Hay que tener
en cuenta que la cornisa cantábrica, de donde nosotros procedemos, ya
tiene sus propias dificultades, pues no tiene base territorial para
producir su propia alimentación para el ganado o gestionar los residuos
ganaderos, los purines y, por lo tanto, no dispone de alternativas a la
actividad ganadera.


El resultado de todo lo argumentado anteriormente puede ser el
abandono de los pastizales y el despoblamiento de amplias zonas, con el
impacto ambiental que eso supone. Por eso, el reforzamiento de la imagen
del ganadero y de su labor y el mantenimiento de los espacios y su papel
como sector esencial, proveedor de alimentos, debe ser potenciado.


Respecto al delicado tema del lobo y el Lespre, cuestión que ha sido
debatida, tanto en comisión mixta como en el Pleno de esta Cámara,
mantenemos nuestra misma posición expuesta en ese momento. Creemos que se
trata de un sinsentido del Ministerio de Transición Ecológica, que ha
adoptado una decisión a espaldas del sector ganadero y de las comunidades
autónomas que gestionan las producciones loberas en España. En Euskadi,
no se considera especie cinegética, por lo que el cambio de estatus no
nos afecta, ya que no se adoptaron medidas de control de la especie a
través de las normas subsidiarias. En Euskadi, la ganadería extensiva,
actividad histórica de gestión, tanto del ganado como de los pastos y
masas forestales, y, concretamente, del ganado ovino de la raza Lacha,
que pasa cinco meses libremente en el monte, está completamente
amenazada. Durante miles de años, ha mantenido los montes y los pastos en
Euskadi; es una raza autóctona que no puede estar tabulada, productora de
leche, con la que se elabora el Idiazabal denominación de origen y
reflejo de nuestra cultura e identidad.


Por ello, aun estando de acuerdo en diferentes puntos que se han
tratado en esta moción y no tanto en otros, vemos una mezcolanza de
ellos, como he dicho al principio de mi intervención, y por eso nuestro
grupo se abstendrá.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, tiene la palabra el senador Rufà Gràcia.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Gràcies, presidenta.


Des del nostre grup, doncs la petició de la Mesa làctia ja
l’han feta abans les organitzacions professionals agràries com
Asaja, COAG i UPA, per exemple, i les cooperatives agroalimentàries del
territori estatal. Aquestes entitats fa un dia van demanar al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació la convocatòria urgent
d’aquesta taula per buscar solucions a la que anomenen «crítica
situació que viuen els ramaders», asfixiats econòmicament per uns costos
de producció cada vegada més alts i uns preus de venta de llet
inamovibles, que no es permet cobrir els costos de producció. Els
diferents agents que intervenen a la cadena de valor del sector làctic
s’agrupen en el que el ministeri va anomenar l’Acord làctic,
signat el 23 de setembre del 2015. Aquest acord va néixer per treballar
en l’estabilitat i la creació de valor al llarg de la cadena, i per
aconseguir preus sostenibles i remuneracions de cada tram de la mateixa.
Al marge dels grans grups que puguin tenir seu a Catalunya, com ara
Danone o Nestlé, també hi ha representades altres societats o altres
empreses en aquesta taula de diàleg, com pot ser la cooperativa
CADÍ.


Pel que fa al nostre grup, no pot haver hi oposició al fet que demana
el Partit Popular de què es convoqui aquesta taula de diàleg a totes les
parts integrants de la cadena. Això no obstant, cal tenir en compte que
la Mesa no hi ha representades les diferents Comunitats, ni les diferents
conselleries d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. A nivell de
Catalunya la darrera taula sectorial de la llet es va fer el novembre
del 2020. Nosaltres estem fent abans i seguirem fent, —ara i en el
futur— la nostra feina. En aquella taula es va presentar el pla de
suport al sector lleter amb el compromís de passar-ho al sector per tal
de fer observacions i propostes. La majoria d’accions són de caire
comercial, que són les més interessants actualment per al sector.


Sobre el tema de la política agrària de la PAC, doncs nosaltres
considerem que no es pot presentar una proposta de retirar el Real
Decreto per a la transició política agrària comunitària per als anys 21
i 22 sense presentar una alternativa sobre la qual d’admeti el
posicionament al respecte. Si no tenim una alternativa i traiem
l’actual, el que passa és que poden quedar descobertes algunes de
les situacions. A més a més, s’ha de tenir en compte que la
retirada d’aquest reial decret, un cop acabat el termini de
declaració d’aquest any 2020, situaria les explotacions en una
inseguretat jurídica, com ja han dit altres grups. Dit en altres
paraules, presentar aquesta proposta ara quan el termini de declaració
està quasi tancat, o tancat en molts casos, és una
irresponsabilitat.


Sobre el tema del llop, la Generalitat de Catalunya en el seu dia va
votar juntament amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, i la majoria de les comunitats autònomes per incloure el
llistat del Lespre, és a dir per protegir el llop a l’Estat
espanyol. Mentre no s’aprova la inclusió del llop al Lespre, a
Catalunya el llop té un règim de protecció general; per tant, ni és
cinegètic, ni és estrictament protegit,, i en conseqüència no es pot
capturar, ni molestar. En l’esborrany del decret sobre el Catàleg
de fauna amenaçada a Catalunya, el llop té la consideració de extint com
a reproductor, però s’estableix que, en el moment en què es
reprodueixi, automàticament estarà catalogat com a amenaça i en perill
d’extinció. Actualment la Generalitat de Catalunya desenvolupa i
executa una prevenció de danys a la ramaderia, i a la futura política
agrària es preveu finançament per a la cohabitació, si convingués, de la
ramaderia extensiva a la conservació de grans carnívors com el llop i
l’òs, que ha afectat i està afectant en alguns casos a ramaders de
les comarques del Pirineu, tant per la prevenció de danys com per la seva
compensació en danys i amb morts d’animals de diferents
granges.


Sobre l’últim punt, el sector ramader no té una bona imatge.
Per què? Pel que veiem a la societat, com ara els últims atacs que han
sofert ramaders d’Agramunt, de l’Urgell, de Ribelles, de la
Noguera, on se’ls han fet manifestacions a les pròpies granges
ramaderes i on els ha amenaçat un col·lectiu que es diu Front animalista
pel fet de treballar, pel fet de produir, i pel fet d’estar fent
una feina que tota la vida han fet. I a més a més tractant els animals
com els han de tractar. Creiem que nosaltres amb qui hem d’estar
donant suport és als nostres pagesos i en aquest cas els nostres ramaders
del sector.


La proposta que presenta el Partit Popular també podria haver estat
modificada. Nosaltres entenem també com han dit altres grups que aquí
s’han barrejat alguns temes, que per separat herència unes grans
mocions i uns grans acords, però nosaltres no podem acceptar la barreja
de tot això. Per això el que farem és presentar una abstenció i, en tot
cas, sempre demanarem que la mesa de diàleg del sector lleter , com està
fent la Generalitat de Catalunya amb el sector, es faci a l’Estat
espanyol i que hi participi tothom qui hi hagi de participar, aportant
les seves idees.


Moltes gràcies.


Buenas tardes, presidenta. Gracias.


Nuestro grupo considera que la petición de la mesa láctea ya la han
hecho las organizaciones profesionales, como Asaja, COAG y las
cooperativas agroalimentarias del territorio estatal. Hace un día,
pidieron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se
convocara una mesa para encontrar soluciones a la crítica situación de
los ganaderos asfixiados por costes de producción cada vez más altos y
unos precios de leche inamovibles que no les permiten cubrir los costes
de producción. Los distintos agentes que intervienen en la cadena de
valor del sector lácteo se agrupan, en lo que se dio en llamar el acuerdo
general, firmado el 23 de septiembre de 2015; un acuerdo para trabajar la
estabilidad y la creación del valor a lo largo de la cadena y para
alcanzar precios sostenibles y remuneraciones de cada tramo de esta. Al
margen de los grandes grupos que pudieran tener sede en Cataluña, como
Danone o Nestlé, también hay representadas otras empresas o sociedades en
esta mesa de diálogo, como la cooperativa CADÍ.


En nuestro grupo no puede haber oposición a lo que pide el Partido
Popular, a que se convoque esta mesa de diálogo con todas las partes
integrantes de la cadena; sin embargo, hay que tener en cuenta que en la
mesa no están representadas las distintas comunidades ni las distintas
consejerías de agricultura, ganadería y pesca. En Cataluña, la última
mesa sectorial de la leche se celebró en noviembre de 2020, y nosotros,
tanto antes como ahora —y en adelante— hemos estado haciendo
nuestro trabajo. En esa mesa se presentó el Plan de apoyo al sector
lácteo con el compromiso de pasarlo al sector para llevar a cabo acciones
y propuestas, la mayoría son de tipo comercial, que son las más
interesantes ahora mismo para el sector.


En cuanto al tema de política agraria de la PAC, consideramos que no
se puede presentar una propuesta para retirar el real decreto por la
transición agrícola agraria comunitaria para los años 2021 y 2022, sin
presentar una alternativa respecto a la cual podamos posicionarnos; es
decir, si no hay una alternativa y se quita la actual, pueden quedar al
descubierto ciertas situaciones. Además, con este real decreto, después
del periodo 2020, se situaría a las explotaciones en una inseguridad
jurídica, como ya han citado otros grupos; es decir, presentar esta
propuesta cuando el plazo está prácticamente cerrado es una
irresponsabilidad.


En cuanto al lobo, la Generalitat de Catalunya votó en su día, junto
con el ministerio correspondiente y con la mayoría de las comunidades
autónomas, su inclusión en el listado Lespre para proteger el lobo en el
Estado español. Mientras no se aprueba la inclusión del lobo en el
Lespre, en Cataluña tiene el régimen de protección general, es decir, no
es cinegético ni está protegido específicamente, pero no se puede
molestar. El lobo, en Cataluña, tienen la consideración del extinguido
como reproductor, pero se establece que, en el momento en que se
reproduzca, automáticamente estará catalogado como amenazado y en peligro
de extinción. Actualmente, en la Generalitat de Cataluña se está
desarrollando y ejecutando la prevención de daños a la ganadería y en la
futura política agraria se prevé financiación para la cohabitación y la
ganadería extensiva y la protección de grandes carnívoros, como el lobo y
el oso, que ha afectado y está afectando en algunos casos a los ganaderos
de comarcas en el Pirineo. Estoy hablando de compensación de daños o
muertes de animales en distintas granjas.


En cuanto al último punto, el sector ganadero no tiene una buena
imagen por los ataques que han sufrido, por ejemplo, los ganaderos de
Agramunt, de Ribelles, de la Noguera, donde ha habido manifestaciones en
las mismas granjas. Los ganaderos han sido amenazados por un colectivo
que se llama Frente animalista, por el hecho de trabajar, de producir y
de estar haciendo un trabajo que han hecho toda la vida, y, además,
tratando a los animales como deben tratarlos. En este sentido, tenemos
que apoyar a nuestros granjeros del sector.


La propuesta del Partido Popular podría haber sido modificada.
Entendemos que, aquí, como decían otros grupos, se han mezclado temas
que, separadamente, podrían constituir grandes mociones y grandes
acuerdos, pero, por la mezcla de todo esto, nosotros no podemos aceptar
la moción. Por ello, nos abstendremos y, en cualquier caso, siempre
pediremos que esta mesa de diálogo del sector lácteo, como está haciendo
la Generalitat de Cataluña, se haga en el Estado español y que participe
todo aquel que quiera, aportando sus ideas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Martínez Antolín.


El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Muchas gracias, presidenta.


La moción que hemos traído nosotros hoy aquí, hace referencia a una
serie de puntos que están preocupando a nuestros ganaderos. No es un
batiburrillo de cosas, como se ha dicho aquí, no se mezclan churras con
merinas. Se habla de churras y se habla de merinas, porque son, y ustedes
no lo pueden negar, cuestiones que están los ganaderos pidiéndolas a
gritos en todos los sectores. No nos vamos a centrar solo en el vacuno de
leche, porque hemos hablado de vacuno de carne también; estamos hablando
de la ganadería extensiva, en general, cuestiones que afectan a todo el
sector ganadero.


¿O no es así? ¿No es esta la preocupación que tienen nuestros
ganaderos cuando tienen unos costes de producción en el vacuno de leche
de 36 céntimos de euro por litro que producen y les están pagando
únicamente 33,6 céntimos de euro por el litro de la leche que producen?
¿Cuál es la solución a esto? ¿No decían ustedes, cuando vinieron aquí
presentando y aprobando el Real Decreto 5/2020, que era la solución a
este tipo de cosas, que ya tenían la solución? Recuerden que en noviembre
vinieron aquí con una ley que aplicaba ese Real Decreto 5/2020, la Ley de
medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que modificaba
la Ley de la cadena alimentaria justamente para esto, para que no se
vendiese por debajo de los precios de coste. ¿Qué pasa? ¿No funciona?
Ustedes han vuelto otra vez a fracasar en la aprobación de una ley que no
sirve absolutamente para nada. Luego me lo explicarán ustedes. Hemos
estado un año entero, el año pasado, con estas cuestiones y todavía
estamos donde estamos, no hemos solucionado nada. El Gobierno se
comprometió a publicar un estudio de costes de producción en octubre del
año pasado. ¿A qué ha estado esperando el Gobierno? Porque resulta que
los ganaderos han tenido que renovar los contratos que tenían. ¿Sabían
que tenían que renovar los contratos y, por eso, no han sacado esos
precios de coste porque no les querían apoyar? Explíquenme la situación
porque yo no lo entiendo. Tenemos una situación de crisis en el sector de
vacuno de leche que está haciendo que el mes pasado 69 explotaciones
tuviesen que cerrar, que el año pasado, casi 1000 explotaciones tuviesen
que cerrar; en estos momentos quedan 11 900 explotaciones que están
sobreviviendo en estas circunstancias. ¿Van a dejar ustedes que uno de
nuestros sectores más emblemáticos se caiga y desaparezca? Porque esa es
la situación que estamos viviendo en estos momentos. El drama del cierre
de explotaciones es ese, y eso es lo que está ocurriendo.


Por eso, hoy nosotros lo que pedimos, ni más ni menos, es que se
convoque una mesa láctea en la cual hablen los sectores afectados, que
hablen las personas afectadas, los ganaderos, las cooperativas
agroalimentarias, las organizaciones profesionales agrarias; que se
busque, diálogo, transparencia, sobre lo que está pasando y se den
soluciones. Yo creo que no es algo fuera de lugar lo que estamos pidiendo
hoy, aquí.


En cuanto al suministro de leche, nosotros no entramos en la
legalidad de la tramitación, si es legal o ilegal, lo que decimos es que
habrá que articular los mecanismos necesarios para establecer una
convocatoria en la que se pueda comprar esa leche que se va a distribuir
para las ayudas alimentarias a las personas desfavorecidas, pero que se
compre a los ganaderos que la están produciendo en España, que es donde
tenemos la crisis. Vamos a favorecerles, vamos a ayudarles. Eso es lo que
estamos pidiendo.


Sobre la retirada del real decreto, alguno ha dicho aquí que no se
debería retirar, porque si se retira, ¿qué pasa? Otros decían que sobre
ese real decreto se ha hablado con las comunidades autónomas y con
agentes… Eso es mentira. No ha habido consenso de ningún tipo. No
se ha hecho caso ni al sector ni a los ganaderos ni a las cooperativas ni
a las comunidades. Se ha retirado porque se ha querido, y queda
totalmente demostrado porque Europa no exige que haya que aplicar un real
decreto como el que se ha aplicado. Pero preguntaba otro portavoz, y si
no se aplica ese real decreto, ¿qué va a pasar? No pasaría nada. La PAC
continuaría hasta que se renueve en el año 2023. No pasaría nada, lo que
pasa es que ha habido unos requisitos, unos caprichos, del señor
ministro, para llevar a cabo una convergencia exprés, para irnos
anticipando unos recortes, y esa es la cuestión y ese es el razonamiento
de la aplicación de este real decreto que nada aporta a nuestros
agricultores.


Finalmente, quiero decirles que, efectivamente, nos llama mucho la
atención ese poco apoyo al sector ganadero del señor Pedro Sánchez, que
ha demostrado que obedece, a mayor gloria de su narcisismo, a los
multimillonarios porque parece ser que le gusta hacerse las fotos con
Bill Gates; y aquí hoy lo que tienen que hacer ustedes es hacerse la
siguiente pregunta: ¿si hay que dejar de comer carne porque la ganadería
emite gases de efecto invernadero que contaminan o hay que dejar de comer
carne porque ahora hay multimillonarios que están invirtiendo en producir
carne artificial? Y mientras tanto, y mientras lo piensan, sigan
aplaudiendo las fotos del señor Sánchez con el señor Bill Gates.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Huelva Betanzos.


El señor HUELVA BETANZOS: Muchas gracias, vicepresidenta.


Buenas tardes, señorías. Señor Martínez Antolín, me ha puesto fácil
comenzar mi intervención porque, si empieza a hablar de fotos, yo
prefiero la foto con Bill Gates a la foto de las Azores. La verdad es que
la prefiero mucho más. (Aplausos.— Rumores). Sinceramente, a mí no
me deja de sorprender… Sigan ustedes. Decía que no me deja de
sorprender la presentación de esta moción en este Pleno, porque es muy
extraña; es extraña porque nos da la sensación de que esta iniciativa
está presentada a la ligera, con el único afán de ocupar el cupo que
ustedes tienen en el Pleno y, como no tenían qué presentar, vienen a
hablar de lo divino y de lo humano.


Señoría, usted sabe que la Ley 5/2020 que se aprobó hablaba de las
medidas urgentes, y usted sabe o debería saber —imagino que debería
saber, aunque, por lo que veo, no lo sabe— que se está tramitando
—hable usted con sus compañeros del Congreso— la ley de la
cadena alimentaria en el Congreso de los Diputados —luego vendrá
aquí, al Senado—, a la que, teóricamente, deben ustedes aportar
algo para que se arreglen los problemas del sector ganadero y del sector
agrario. El enunciado de esta moción habla de sector ganadero, de
producción de leche, y, señoría, aquí se habla de todo menos del sector
lácteo; se habla de la elaboración de pienso, de carburantes, de tarifa
eléctrica, de su mantra de la subida de impuestos, porque, quizá, ustedes
conozcan a mucha gente que gane más de 200 000 euros al año. Quizá en sus
filas haya muchos de esos, y por eso están tan preocupados. Hablan de
licitaciones públicas en materia de garantía alimentaria, de la PAC, del
lobo...


Señorías del Grupo Popular, con un par de Plenos como este, con este
grado de iniciativa de su grupo, yo les auguro que abarcan ustedes todos
los temas de interés nacional en este país. Yo creo que, ya puestos,
podrían haber metido en esta moción la red 5G, podrían haber hablado de
la problemática del agua, podrían haber hablado de la Ley de dependencia
y de la financiación que nunca hicieron; podrían haber hablado de muchas
cosas, pero esto es muy serio, señorías, aquí no se deben traer
iniciativas para cubrir el expediente, hay que trabajar un poquito, solo
un poquito, por los ciudadanos, y no es la primera vez que se lo
digo.


Yo vuelvo a proponerles, vuelvo a ofrecer al Grupo Parlamentario
Socialista hacerles las mociones, redactárselas si hace falta, para que
no tengan tanto estrés a la hora de proponer al Pleno sus mociones.
(Protestas.— Aplausos). Porque, cuando se hacen las cosas a la
carrera, al final aparecen incongruencias como estas, como las que
aparecen en esta iniciativa. Hablan de la Mesa láctea cuando saben que es
un órgano creado que no existe a nivel nacional, que es un foro en el
que, además, se dejó fuera a una de las organizaciones de productores más
importantes de este país. Hablan en la moción de adjudicar el suministro
de leche a una empresa española cuando saben que por ley se saca esa
licitación. ¿O alguno de ustedes, de los que están en ayuntamientos, en
diputaciones o en comunidades autónomas licitan y adjudican a las
empresas que quieren y que les da la gana? ¿Tenemos que entender que
ustedes dicen eso en este punto? Porque creo que vosotros tenéis que
explicar si hacéis eso en algunas organizaciones en las que
gobernáis.


Señorías del Grupo Popular, ustedes son especialistas en decir que no
a todo. Votan en contra de los estados de alarma, y después lo piden;
votan en contra de los presupuestos, y después los piden; votan en contra
de la Ley de educación, y después son los más educativamente públicos;
destrozan la sanidad pública, y después todos se ponen las batas blancas.
Señorías del Grupo Popular, esto es un no por el no sin contemplaciones
de ningún tipo y con el único objetivo de alcanzar el Gobierno al precio
que sea, el poder a toda costa; no les importa para nada el país si no
está gobernado por los suyos. (Aplausos.— Protestas). Ni el país,
ni los agricultores, ni los ganaderos.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Señorías, esta moción será sometida a votación en sus propios
términos durante el plazo que esta Presidencia abrirá al concluir el
debate de la última moción.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS MEDIDAS
Y LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN
FORESTAL DE LOS BOSQUES, FAVORECIENDO LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y
EL MANTENIMIENTO DE POBLACIÓN EN LAS ZONAS RURALES.


662/000072

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 11.3.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción se han
presentado cuatro enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto por
iniciativa de los señores don Jacobo González-Robatto Perote y don José
Manuel Marín Gascón, y de la señora doña Yolanda Merelo Palomares; una
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; una del
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, y una del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, la senadora Heredia De Miguel por tiempo de diez
minutos.


La señora HEREDIA DE MIGUEL: Gracias, buenas tardes.


El Grupo Popular trae a este Pleno una moción por la que instamos al
Gobierno a impulsar con urgencia las medidas y los recursos económicos
necesarios para garantizar una adecuada gestión forestal de los bosques,
así como una conexión de los productos forestales con los mercados,
favoreciendo de esta forma la creación de puestos de trabajo y el
mantenimiento de población en las zonas rurales. Con esta moción queremos
hablar de despoblación; no queremos hablar de otras gestiones sostenibles
ni medioambientales. Queremos hablar de despoblación y queremos hablar de
la gestión forestal como una herramienta para superar el reto
demográfico.


La gestión forestal, con carácter general, ya sabemos que supone la
planificación y las inversiones que conducen al incremento de las masas
forestales y de sus ecosistemas, pero si el mapa de los espacios
forestales viene a coincidir con el de los más afectados por la
despoblación, estamos obligados a tratar ambos de forma integrada y a
identificar inversión y gestión forestal como un instrumento esencial
para revertir el problema de la despoblación. La Ley de montes ya
establece en su artículo 4 que los montes desempeñan una función social
relevante y hace mención, tanto a los servicios ambientales que prestan:
protección del suelo, ciclo hidrológico, fijación del carbono, depósito
de la biodiversidad, como a su función de ser fuente de recursos
naturales y sustento de actividades económicas. Es decir, la propia Ley
de montes hace perfectamente compatible la sostenibilidad de los bosques,
con la actividad económica.


En esta materia el Estado comparte competencias, no solo con las
comunidades autónomas, sino también con la Administración local y con los
diversos gestores de los montes, ya adopten forma de asociaciones,
comunidades de propietarios, juntas gestoras, etcétera. Nosotros instamos
al Gobierno porque, de acuerdo con el contenido de las directrices para
la estrategia y con el plan de las 130 medidas para la despoblación, esta
materia forma parte de las actuaciones previstas por el Gobierno. Luego
ya no queda muy claro si está en la medida 1.13, si está en la 1.15 o si
realmente debiera estar en la 1.20, porque, cuando habla de los regadíos,
realmente lo que nosotros vamos a pedir es llevar al terreno de la
explotación y los recursos forestales todas las buenas iniciativas que en
el punto 1.20 se recogen para los regadíos. La gestión forestal es un
proceso de planificación del uso de los bosques con el fin de cumplir una
serie de objetivos ambientales, económicos, sociales y culturales. Tiene
que ver, por tanto, con aspectos legales, aspectos técnicos,
administrativos, económicos, científicos y sociales de muy diversa
índole, y, por eso, las medidas que hoy le pedimos al Gobierno serán
también de muy diverso tipo. En algunos casos pedimos que el Gobierno
adopte medidas tendentes simplemente a facilitar, a simplificar, a no
poner impedimentos, porque la población rural debe tener protagonismo
para decidir y para gestionar, y hay que eliminar los impedimentos
legales y las cargas administrativas que están impidiendo el desarrollo
en las zonas rurales. Y pongo dos ejemplos: hay municipios que tienen su
superficie en terreno forestal. Son pueblos enclavados en montes públicos
para los que cualquier intento de emprendimiento turístico o industrial
resulta prácticamente imposible. Pongo otro ejemplo. Los montes de socios
son un ejemplo de tenacidad y de trabajo en la recuperación de espacios
forestales abandonados. Ahora también se están presentando como ejemplo
de posibilidades de desarrollo en núcleos rurales muy pequeños. Ellos han
reclamado la modificación del artículo 27 bis) de la Ley de montes,
porque lo que quieren es que las cuotas vacantes se ofrezcan a los socios
y a las juntas gestoras, y no queden afectadas por ley al ministerio. Yo
creo que el Gobierno debería ser receptivo a esta petición que les ha
sido trasladada.


El bosque es y ha sido siempre una fuente de recursos económicos que
ha creado empleo en las zonas rurales, sobre todo en el sector de la
madera. La madera ha sido un auténtico ejemplo de economía circular, y
todos recordamos, desde la limpieza de montes, tala de madera, leña,
aserraderos, molinos, fábrica de tableros, biomasa, carpintería, parqué,
palés, embalajes, tonelería, madera para la construcción y muebles. Pero
estos sectores en los últimos años han sufrido un grave retroceso
económico con cuantiosas pérdidas de puestos de trabajo que han derivado
en la pérdida y en la desaparición de pequeñas empresas locales, muchas
de ellas en régimen de cooperativa, y también ha conllevado la pérdida de
población en nuestros pueblos y la pérdida de servicios. La madera, que
ha sido y es un recurso clave para crear actividad y evitar la
despoblación, ha ido perdiendo su lugar central en la vida de nuestros
pueblos, y el Gobierno puede actuar de diversas formas controlando las
importaciones de madera. Yo felicito que el ministerio está trabajando
con la universidad en sistemas de identificación de maderas tropicales
para cumplir con esa labor de control de la importación, y de paso se
lucha contra la tala ilegal de las selvas tropicales. Se puede exigir en
los contratos públicos la utilización de madera certificada del país; se
pueden fomentar campañas en favor del consumo de madera nacional y su uso
en la construcción y en la rehabilitación de edificios; y se puede
introducir la formación sobre el uso y las posibilidades de la madera en
todos los estudios relacionados con la construcción. Además, el Estado
debería dar ejemplo exigiendo que en sus obras públicas se utilice madera
nacional con indicación de certificación y procedencia. Por ejemplo, los
madereros españoles nunca tuvieron duda de cómo se iba a rehabilitar la
catedral de Notre Dame de París; los madereros tenían muy claro que
volvería a lucir sus 1000 vigas de roble francés, porque los
selvicultores franceses nunca hubieran aceptado otra cosa distinta.


Respecto a la industria del mueble, antes de la pasada crisis
económica la oferta de muebles atraía compradores a muchos de nuestros
pueblos, que en un día podían tener acceso a una oferta muy amplia de
bienes de mobiliario de calidad. Cuando alguien se compraba una casa era
muy habitual ir a pasar el día a determinados lugares según qué zonas; en
Cataluña a La Sénia, en Tarragona; a los pueblos de pinares de Soria, de
Segovia, de Teruel o de Valencia. En Mancha Real, Jaén, cerraron 60
fábricas de muebles en un año, a la vez crecía la economía del pueblo con
otras actividades, porque crecía el sector de la restauración, del
embalaje o del transporte, pero la crisis económica, la llegada de
productos de bajo coste y la entrada de las grandes superficies en la
comercialización de muebles hicieron variar las pautas de consumo y
llevaron a este sector a una crisis si no a una desaparición. Y nosotros
pedimos que el Gobierno acometa un plan industrial para el sector de la
madera y el mueble, como hace con otros sectores afectados por una
auténtica reconversión, no solo el sector minero y el sector de las
térmicas necesitan de ayudas. Hay muchos sectores donde está la población
formada, la materia prima en la puerta y las naves industriales vacías.
Nosotros pedimos un plan industrial pegado al terreno.


Pedimos también protección en otros bienes y en otros servicios de
los bosques, como, por ejemplo, en la resina. También aquí el Gobierno
deberían llevar a cabo medidas de protección, porque de nuevo se están
importando a precios muy bajos resinas de países tropicales como, por
ejemplo, Brasil. Solo en Soria más de cien familias están viendo peligrar
la subsistencia de su modo de vida, y esto ya vimos que pasó en los años
ochenta, pues cuando entraron las resinas de China, cayó el mercado y se
perdieron todos los puestos de trabajo. Pero este sector, gracias a una
implicación local, se había recuperado y había empezado a crear empleo y
vida en nuestros pueblos, no solo en Soria, en Segovia, en Cuenca, en
Andalucía, en Extremadura y en Galicia se había vuelto a reactivar el
sector de la resina.


Son muchas las medidas que se le pueden pedir al Gobierno, algunas
solo le corresponden al Gobierno, otras han de implementarse en
colaboración con las comunidades autónomas, y también, como hemos dicho,
con la Administración local, pero sí que hay una medida en la que yo
insistiría, y es que este Gobierno debería acometer una política de
defensa de los sumideros de carbono, que los propietarios de los bosques
y las personas y las entidades que se implican en su gestión y en su
conservación reciban algún beneficio en forma de inversión, que tengan
algún retorno por su importante contribución a la sostenibilidad
medioambiental. Creo que esta es una labor importantísima, que, además,
no debería ser tan difícil de acometer cuando ahora coincide en una
vicepresidencia la Transición Ecológica con el reto demográfico y,
además, con una importante llegada de fondos europeos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto, el senador Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, la Estrategia forestal española se elaboró y aprobó en el
año 1999. En la pasada XIII legislatura el ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Luis Planas, anunció que entre las principales
actuaciones del ministerio estaba en la revisión de la Estrategia
forestal española para establecer un marco a largo plazo de la política
forestal en el país y sus interacciones con otras políticas, como el
cambio climático, la lucha contra la despoblación, la bioeconomía o la
desertificación. En la presente XIV legislatura las competencias de la
política forestal y de incendios fueron asumidas por el Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico. La ministra Teresa Ribera indicó
en junio de 2020 que su ministerio trabajaba en la revisión de la
Estrategia forestal española y el Plan forestal español. Pese a reiterar
en posteriores ocasiones la voluntad del Ejecutivo de llevar a cabo la
revisión de dicha estrategia, todavía no se ha materializado. Urge una
Estrategia forestal española que impulse una gestión sostenible que
contribuya al desarrollo rural, que fije objetivos de reforestación,
adopte medidas para prevenir incendios forestales y fomente la detección
precoz de las plagas y enfermedades que ponen en peligro la supervivencia
de nuestros montes. La ordenación, la conservación y el desarrollo
sostenible de todos los tipos de bosques son fundamentales para el
desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente y los
sistemas sustentadores de la vida en el planeta. Los bosques son parte
del desarrollo sostenible. Esta declaración forma parte del preludio de
la Ley de montes. Con estas palabras expresa el valor de los montes y del
papel que desempeñan en la sociedad, sobre todo, en el medio rural.


Por lo expresado anteriormente, presentamos nuestra enmienda de
adición para abordar una nueva estrategia forestal española que impulse
una gestión sostenible que contribuya al desarrollo rural.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu
tiene la palabra el senador Castellana Gamisans.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Gràcies, presidenta.


Bé, el contingut de la nostra esmena té quatre punts que al final són
tres conceptes bastant clars. Malgrat que el sentit de la moció vagi en
termes despoblament —i ja en parlarem en el torn de
Portaveus— volen destacar que la gestió forestal no pot ser neutra,
i per això consideràvem necessari incorporar aquests conceptes.


Primer, el de la gestió sostenible ja sigui ecològicament, és a dir,
no podem... Gestió forestal, per exemple, també és arrasar el bosc, i
plantar eucaliptus amb l’amenaça a la biodiversitat i la toxicitat
que representa. Entenem que segurament no és aquest l’esperit de la
moció però cal que les coses quedin escrites,. I també és sostenible des
d’un punt de vista humà perquè, al final, les persones que vivim a
l’entorn rural necessitem que el nostre entorn es respecti de
manera adequada. Després, el segon concepte que nosaltres introduïm són
els instruments d’ordenació. La gestió forestal no pot ser
discrecional, ni dels propietaris ni de les administracions, sinó que
s’ha d’atendre amb uns instruments d’ordenació que els
facin previsibles, que facin que els diferents agents del territori
puguin planificar la gestió forestal d’una manera previsible,
adequada, i que respecti els valors que estem comentant de
sostenibilitat. I finalment els dos últims punts agrupats en un sol
concepte que, en un aspecte on les competències són de les comunitats
autònomes, doncs és evident que cal coordinació amb les comunitats
autònomes, i encara que sembli sobrer. mai és sobrer en el Regne
d’Espanya recordar el respecte a la divisió competencial.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


El contenido de nuestra enmienda tiene cuatro puntos que al final
recogen tres conceptos bastante claros. A pesar de que el sentido de la
moción vaya en términos de despoblación —ya hablaremos de ello en
el turno de portavoces—, quisiera destacar que la gestión forestal
no puede ser neutra y, por eso, nos parecía necesario incorporar estos
conceptos. Uno, el de la gestión sostenible, ya sea ecológicamente. Es
decir, gestión forestal también es arrasar el bosque y plantar eucaliptos
con la amenaza de la biodiversidad y la toxicidad que representa.
Entendemos que seguramente el espíritu de la moción no es este, pero es
importante y es preciso que las cosas queden escritas. Y también es
sostenible desde el punto de vista humano, porque las personas que
vivimos en el entorno rural necesitamos que nuestro entorno se respete de
forma adecuada. Después, el segundo concepto que introducimos son los
instrumentos de ordenación. La gestión forestal no puede ser discrecional
ni de los propietarios ni de las administraciones, sino que hay que tener
unos instrumentos de ordenación que hagan que los distintos agentes del
territorio puedan planificar la gestión forestal de una forma previsible,
adecuada y que respete los valores que estamos comentando de
sostenibilidad. Y, finalmente, los dos últimos puntos agrupados en un
único concepto, es evidente, en un aspecto en el que las competencias son
de las comunidades autónomas, que es preciso que haya coordinación con
estas, y, aunque parezca excesivo recordarlo, no lo es. Hay que recordar
al Reino de España la importancia de la división competencial.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Martínez
Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


El monte es una fuente de recursos y en muchos lugares es un motor
económico que contribuye de manera eficaz a asentar población. Así ocurre
en Navarra, donde el porcentaje de superficie forestal es mayor que en el
Estado, el 64 %, y, además, el 27 % es protegida, muy cerca del objetivo
del 30 % marcado por Europa para 2030 a través de su Estrategia sobre la
biodiversidad.


El sector forestal en Navarra supone unos 5000 puestos de trabajo,
muchos de ellos ligados a las zonas rurales. Por ello, contamos con una
importante planificación general y estratégica en ese ámbito, a través
del Plan y de la Agenda forestal, aprobados en noviembre de 2019, que
contemplan 203 medidas para los próximos cinco años. Dada la importancia
estratégica y económica del fomento del uso de la madera local, como
producto procedente de fuentes sostenibles, reciclables y renovables, la
agenda incluye medidas como la creación de un plan de promoción interna
para el uso de la madera local, insisto, en la Administración foral y
entidades locales. Las administraciones tienen capacidad para ser
clientes importantes en el uso de la madera y, también, para incentivar
su uso de forma privada, por lo que las administraciones pueden ser una
tabla de salvación para el sector, si realmente hacemos las cosas bien y
apostamos por este producto de manera permanente y continuada. En este
sentido, para lograr el objetivo que se marca, tanto en la Directiva de
eficiencia energética 2018/44, como en el propio Pacto Verde Europeo,
resulta fundamental reducir los impactos ambientales asociados a los
materiales de construcción. Tradicionalmente, los edificios en altura se
han construido en hormigón armado o en acero, a pesar de que el proceso
para producir ambos materiales requiere de grandes cantidades de energía
y de un uso mayoritario de combustibles fósiles, lo que trae consigo
impactos ambientales negativos. La madera y sus productos derivados, en
cambio, se están constituyendo en las últimas décadas como una
alternativa óptima en la construcción de edificios en Reino Unido, países
nórdicos, Alemania, Estados Unidos y Canadá, con cuotas de entre el 40 %
y hasta el 90 %. España está en el furgón de cola, con una irrisoria y
lamentable cuota del 2 %.


Los edificios hoy suponen un tercio de las emisiones de efecto
invernadero totales. En los próximos años, la construcción sostenible
tendrá un papel muy importante, cuando todos los edificios de obra nueva
tengan que ser de consumo energético nulo o casi nulo, passivhaus,
etcétera, y cuando se empiecen a fiscalizar las emisiones y los edificios
de madera sean la alternativa para reducir la huella de carbono en la
edificación. La madera es en sí mismo —lo ha dicho la senadora del
Grupo Popular— un producto circular; es un material renovable
sostenible, reutilizable, y reciclable, que encaja perfectamente en la
economía circular, y el uso y la gestión de este material favorece el
buen estado de los montes. Su uso en la edificación es, por tanto, un
elemento esencial para la consecución de los objetivos de sostenibilidad
y la lucha contra el cambio climático. La madera no es algo del pasado,
es modernidad, es sostenibilidad y está llamada a desempeñar un papel
esencial en las nuevas formas de edificación, que permitirán ahorros
energéticos, ahorros en los tiempos de construcción y aumento en la
capacidad de las administraciones a la hora de desarrollar parques
públicos de vivienda asequible, optimizando sus recursos económicos. De
ahí nuestra enmienda, para que la Administración del Estado se sume
también a la apuesta que ya estamos haciendo en Navarra y que va a ir a
más con la próxima puesta en marcha, espero, del instituto de la
industrialización de la construcción y el Estado, insisto, incorpore en
sus promociones de vivienda asequible la madera. Vamos a contar con
muchos recursos provenientes de Europa para poder revertir la grave
situación que tenemos en materia de vivienda, con un parque público en
alquiler ridículo, en comparación con países de nuestro entorno, y qué
mejor que utilizar en la construcción de este nuevo parque la madera. Con
ello, el Gobierno contribuirá al medioambiente y al desarrollo rural,
haciendo que la población asentada en zonas de montaña prospere y, por
tanto, elija continuar cuidando nuestro entorno natural, del que tanto
nos gusta disfrutar a los urbanitas —lo reconozco, yo soy uno de
ellos—, pero del que luego, una vez que regresamos a nuestras
ciudades, apenas nos preocupamos.


Espero que el Grupo Parlamentario Popular acepte nuestra
enmienda.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Para presentar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la senadora Luna Morales.


La señora LUNA MORALES: Gracias, presidenta. Buenas tardes,
señorías.


Bienvenidos senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Popular a
la defensa y a la puesta en valor de la gestión forestal de los bosques.
No obstante, esa defensa se les ha quedado corta, porque lo hacen desde
la perspectiva mercantilista, cuando tiene que hacerse trascendiéndola
cualitativamente, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Por
tanto, ha de basarse, además de en lo económico, en los demás pilares que
sustentan el concepto holístico y que son tan necesarios para mantener su
equilibrio y su desarrollo; me refiero a los aspectos ecológico, social y
cultural, y no podemos olvidar ahora, ni la innovación ni las nuevas
tecnologías. Gestión forestal, sí, pero sostenible, que es lo que nos
preocupa, y mucho, a los socialistas. Por esta preocupación, entre otras
razones, el presidente Sánchez, en 2018, en la configuración de su
Gobierno, apostó por un ministerio exclusivamente con competencia en
transición ecológica y reto demográfico; un departamento que encuentra su
justificación en la necesidad de concentrar las políticas encaminadas a
construir un futuro sostenible, aglutinando las competencias energéticas
y medioambientales, para acelerar, entre otras, la descarbonización de
España, competencias en las que no voy a ahondar, porque ustedes
sobradamente las conocen.


Los gobiernos socialistas también se han ocupado y están preocupados
de la sostenibilidad y siguen ocupándose de la gestión eficaz y
eficiente. En este sentido, en el 2018, se recuperó el Consejo Forestal
Nacional, que es el principal órgano de participación de la sociedad y de
las administraciones públicas en la política forestal española, en el que
participan, además de todas las administraciones públicas, los
propietarios, las industrias forestales, los colegios profesionales, las
organizaciones de conservación de la naturaleza, los sindicatos y las
organizaciones profesionales, que no se reunía desde 2005. La primera
reunión tuvo lugar en el 2019, catorce años después de su creación, y lo
hizo de la mano de un socialista, el titular de la cartera de
Agricultura, Pesca y Alimentación, el ministro Luis Planas, para analizar
temas relacionados, entre otros, con el estado de revisión de los
principales documentos de política forestal, como es la Estrategia
Forestal Española.


Señorías del Partido Popular, es curioso, ustedes piden mucho cuando
están en la oposición y hacen poco cuando están en los Gobiernos, sobre
todo, cuando se trata de temas medioambientales, y lo más significativo
es que cuando se ocupan, los reducen a lo meramente económico. No es
nuevo este debate. Para ser creíbles son necesarios más hechos y menos
fotos, aunque está bien que reconduzcan su planteamiento
ecologista.


Como saben sus señorías, el pasado 20 de mayo, aprobamos, con la
abstención del Partido Popular, y los votos en contra del negacionismo
más rancio de este país, la Ley de cambio climático y transición
energética. Por eso, consideramos muy precipitada esta moción, presentada
el día 2 de julio, pero no por ello innecesaria, porque permite el
debate. Esta ley pone de manifiesto que alcanzar la neutralidad climática
requiere de una política firme y coordinada, así como de las inversiones
necesarias para la conservación y mejora de la biodiversidad y de los
stocks de carbono en nuestros montes y masas forestales, humedales y en
las superficies de uso agropecuario. Por tanto, entendemos que el
espíritu de su moción está ampliamente recogido en este cuerpo legal. En
la misma línea, se recoge la necesidad de incentivar la participación de
los propietarios y gestores públicos-privados en el aumento de la
capacidad de la captación de CO2.


Señorías, todos sabemos que se viene trabajando —y lo digo
también por el Grupo Mixto— en la revisión de la Estrategia
Forestal Española, para procurar el desarrollo socioeconómico sostenible
del sector forestal, vertebrando el tejido empresarial para integrar la
cadena de valor monte-industria forestal.


Por último, señorías, creo que es necesario hacer compatible la
conservación del patrimonio natural con el despliegue de las energías
renovables y la adecuada ordenación territorial. Por este motivo, en
nuestra enmienda hemos propuesto un segundo párrafo, que espero que
acepten, para impulsar el desarrollo del artículo 65 de la Ley de montes,
mandato recogido en la disposición final séptima de la Ley de cambio
climático y transición energética, con el objetivo de revertir parte de
esa riqueza que se genere en el territorio donde se instalan dichas
energías renovables para activar la economía y combatir el declive
demográfico.


Senadora Heredia de Miguel, le agradezco el tono de su exposición.
Habrá comprobado que nuestra enmienda no es una mera declaración de
intenciones, pues, además de incluir el petitum de su moción, concreta
las competencias que por ley son propias de cada Administración pública y
reconducen a la participación pública en la toma de decisiones de la
gestión forestal sostenible. Espero contar con su aceptación, lo que
demostrará, una vez más, que podemos llegar a acuerdos, que es posible y
que, además, es bueno. Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular,
para indicar si acepta o no las enmiendas.


La señora HEREDIA DE MIGUEL: Gracias, presidenta.


Voy a aceptar las cuatro enmiendas. Las dos primeras tienen más que
ver con los instrumentos de ordenación de la política forestal española,
que están perfectamente explicados en la página web del ministerio, donde
está toda la información, tanto de los instrumentos de política forestal,
ya sea la estrategia a la que se ha hecho referencia, como los planes de
ordenación del ministerio y los planes de ordenación de las comunidades
autónomas. Ahí se habla de sostenibilidad, se habla de todo lo que
ustedes han dicho y también de lo que ha dicho el Grupo Vox.


Acepto también su enmienda, señor Martínez, porque mi función
principal es que se cree empleo y que se mantenga la población en los
pueblos, y es evidente que la madera es un recurso fundamental. Y me
alegro muchísimo de su iniciativa sobre la importancia de la construcción
de madera, pues es verdad que, ayer mismo, El Mundo volvía a recalcar el
papel de la madera, como el nuevo oro del siglo XXI. Ya se está empezando
a introducir este tema de la construcción de madera en la cultura de
todas las escuelas y de todas las universidades, y ya sé que en Navarra
también hay una cátedra de la madera.


A la señora senadora del Partido Socialista también le voy a admitir
la enmienda, por supuesto, porque no hace otra cosa, sino completar lo
que hemos dicho, pero me preocupa de verdad que usted intente contraponer
que nos hayamos olvidado de la gestión sostenible forestal por ir a lo
económico. No, no, quienes hablan de la gestión forestal como una
herramienta para la lucha contra la despoblación son ustedes: en las
directrices de la estrategia, en el borrador de la estrategia y en el
plan de las 130 medidas. Yo no me olvido de la gestión forestal, que
tiene otra parte totalmente distinta, y el plan de medidas cuenta también
con muchas medidas, pero, también, como dice la Ley de montes, además de
ser fuente de una serie de bienes intangibles, los medioambientales, los
bosques son fuente de bienes tangibles, que son a los que yo he hecho
referencia —algo que luego aclararé un poco más en mi segunda
intervención—, porque son los que ayudan a crear actividad y a
mantener a las personas en los pueblos. Yo no me quito de la cabeza
poblaciones donde hay unos bosques impresionantes, porque todos los
vecinos cuidan de esos bosques, bosques comunales, en mano común, bosques
que cuida toda la provincia, y, sin embargo, los polígonos industriales
de los pueblos se han quedado vacíos y hay pueblos en los que se han
tenido que ir hasta cuatrocientas familias. Yo le hablo de eso en Soria,
pero le he puesto el caso de Jaén, le he puesto el caso de Córdoba, donde
se han llegado a cerrar hasta 60 y 70 fábricas, normalmente, cooperativas
con poco número de trabajadores.


Por lo tanto, lo único que pido es que, si coincide en la
vicepresidencia cuarta el reto demográfico y la despoblación, de la misma
forma que se va a hacer un esfuerzo por recuperar el empleo en las zonas
mineras o en las zonas a las que les han afectado los cierres térmicos,
se tenga un poco en cuenta también a esas personas que están
contribuyendo a la fijación del carbono, que son sumideros de carbono,
para que vean alguna especie de compensación. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marín
Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, según datos del Ministerio de Transición Ecológica,
referidos a 2018, la superficie forestal ocupa el 55 % de la superficie
de España; en concreto, la superficie de bosque representa el 36 % del
total nacional, lo que supone más de la tercera parte de la superficie
del país. El 28 % del bosque es de propiedad pública y el 72 % restante
de propiedad privada.


Según la Sociedad Española de Ciencia forestales, los bosques
protegen el suelo, revitalizan la biodiversidad, generan trabajo y
arraigo, alimentan los sistemas hídricos y absorben el 24 % de las
emisiones totales en el país. Resulta que la forestación es sumamente
importante para el desarrollo responsable de una región, país, continente
y hasta el mundo entero, ya que no solo permite sembrar, plantar y
conservar un territorio, sino que provee a los pueblos de bienes y
servicios esenciales. La gestión forestal sostenible busca la armonía
entre los beneficios económicos, ambientales y sociales de los bosques,
resulta ser una práctica inteligente que favorece la conservación de los
bosques. Gestionarlos de una manera sostenible es vital para su
desarrollo y el de nuestra propia vida. Las coberturas boscosas son,
además, fundamentales en la lucha contra el cambio climático, pues
representan sumideros de carbono atmosférico, a la vez que dan refugio a
miles de especies de fauna y flora. Sobre esta base, nosotros propusimos
en la tramitación de la Ley de cambio climático formas alternativas de
reducciones de CO2, de manera que puedan ser compatibles con la
generación de valor y riqueza. Con el modelo que proponíamos se
generarían al menos dos empleos por hectárea. Esta medida crearía
unos 5 millones de empleos, fijaría población en la España despoblada,
que es lo que ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, proponen
en su moción, mitigando el problema del desequilibrio demográfico actual
y contribuiría a las absorciones de CO2.


Los bosques cumplen con múltiples funciones que son
interdependientes. A un bosque se le puede asignar una función principal
respecto a su manejo: como producción, conservación de la diversidad,
protección de agua y suelos, funciones culturales o espirituales, o bien
una combinación de estas y otras funciones. El potencial económico de
buena parte del área boscosa no se realiza en su totalidad, porque no hay
una buena gestión forestal. Si se aprovechara todo este potencial, se
mejoraría la generación de empleo e ingresos corrientes y fiscales, para
las economías locales y nacionales, a la vez que se estimularía el
desarrollo de infraestructuras. También hay oportunidades para generar
mayores ingresos, con el aprovechamiento de productos forestales no
madereros y la comercialización de servicios ambientales del
bosque.


El empleo e ingresos generados por la cosecha, procesamiento y venta
de productos del bosque y servicios ambientales son importantes en muchas
áreas rurales. Los bosques complementan los ingresos obtenidos con otros
usos de la tierra, como la agricultura. Hace falta una mayor coordinación
estatal en la gestión de bosques, no diecisiete políticas diferentes, una
por comunidad. Así, existe una disparidad tremenda en lo que cada
autonomía invierte en bosques, ya que Castilla y León aporta 4,4 euros
por hectárea, mientras que Madrid invierte 130 euros.


El Fondo mundial para la naturaleza ha criticado que el papel de la
Administración central se reduzca a dar dinero a las autonomías sin
condiciones, pero eso sí, invertir en aviones y militares en el momento
del incendio. Un buen ejemplo de gestión forestal es el bosque de Urbión,
situado entre Burgos y Soria; es el único que pertenece a la Red
Internacional de Bosques Modelo, porque alberga más de 150 empresas
dedicadas a la silvicultura, que dan trabajo al 50 % de la población
activa de la comarca.


Vox apoya todas las medidas en pro de la conservación de la
naturaleza, así como todas aquellas medidas que mejoren la España rural,
su medio de vida y supervivencia, por lo que votaremos a favor de esta
moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el senador
Muñoz Lagares.


El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias, presidenta.


Señorías, la correcta gestión de los bosques y nuestro patrimonio
forestal también puede y, desde luego, debe ser uno de los instrumentos
destacados para la lucha contra el fenómeno de la despoblación, que
tantos estragos está haciendo en la España interior. Frente a los
discursos de negacionistas, parece que hay que reafirmar lo obvio: el
cuidado de nuestras masas forestales y la adecuada conservación de los
valores ambientales ayuda a mantener la biodiversidad, la protección de
los suelos y a reducir los gases del efecto invernadero. De todos es
sabido que el principal trabajo para la extinción de incendios forestales
se realiza en invierno; sí, señorías, en invierno, con previsión y
planificación, justo lo contrario que hace este Gobierno, con la
improvisación y rectificación continua.


Decía, senadores, señorías, que los trabajos selvícolas se realizan
en invierno y son fundamentales. Hablamos, por ejemplo, de la limpieza
del matorral, el clareo, la reforestación, la poda, los trabajos de
adecuación de la red de caminos e infraestructuras, la adecuación de
balsas. Todas estas tareas de gestión forestal son de gran importancia y
no solo aportan riqueza al entorno rural, sino que también estimulan el
turismo, el ocio sostenible y el emprendimiento, además de contribuir a
compensar y a hacer de contrapeso para retener y fijar la población
rural, que tan importante es en estos lugares y en estos entornos. Todo
esto, además, sirve de palanca para la creación de un nuevo tejido
productivo ligado al territorio, aportando un beneficio económico de
futuro a través de estos aprovechamientos forestales. En esta cuestión,
el Gobierno debería caminar de la mano de las comunidades autónomas,
dialogando, escuchando y acordando, en definitiva, la coordinación con
ellas y que dichos trabajos reviertan en las poblaciones cercanas en
calidad de vida y en retener a la población para evitar una huida de las
zonas más rurales y desprotegidas medioambientalmente hablando.


En resumen, somos conscientes de que en la actualidad estos productos
forestales no aportan una relevancia económica destacable, perdiendo así
una gran oportunidad —otra gran oportunidad perdida—. Pero
estamos a tiempo. En Ciudadanos entendemos la gran potencialidad de estos
productos y el futuro prometedor que conllevan. ¿Y cómo podemos apoyar
esto? A través de incentivos fiscales para la creación de nuevas empresas
del sector forestal; favoreciendo la formación especializada; estimulando
la incorporación de la mujer, que tradicionalmente es muy escasa en estos
sectores; desarrollando convenios de colaboración con entidades privadas
y públicas y con todas las entidades locales; y, por supuesto, con
innovación tecnológica, buscando y añadiendo nuevos mercados a los
existentes.


Por todo ello, creemos que es una moción muy favorable y la vamos a
apoyar. No hay tiempo que perder, dejar pasar esta oportunidad en esta
situación de tremenda gravedad en la que nos encontramos sería un paso
atrás. Ojalá esta iniciativa sirva para concienciar a los responsables de
la Administración a que trabajen juntos en el cuidado del medioambiente,
en la fijación de la población, así como en la calidad de vida y en el
empleo de las personas que habitan la España despoblada.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora
Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyories.


Ja els dic d’avançada que nosaltres votarem que sí a aquesta
iniciativa. Mirin, jo vinc de l’Alt Pirineu, concretament del
Pallars Sobirà, i no m’entretindré massa a parlar-li de la
importància dels boscos. Nosaltres tenim innumerables boscos, molts
boscos que són de titularitat comunal, però la gent que vivim en aquestes
zones a més de gaudir-ne —que també ens agrada gaudir-ne—
sabem que el nostre entorn és el recurs més preuat, i moltes generacions
abans que nosaltres ens han traslladat aquest respecte, i a més a més han
estat els garants que aquests boscos avui en dia encara els puguem gaudir
tots. Entre altres per exemple la Mata de València, una de les avetoses
més importants d’Europa. Per tant, el bosc és important, i no seré
jo qui l’hagi de defensar aquí.


Aquesta iniciativa, en principi, insta el Govern a impulsar amb
urgència mesures i recursos econòmics necessaris per garantir
l’adequada gestió forestal dels boscos, així com una major connexió
dels productes forestals amb els mercats afavorint d’aquesta manera
—no és l’única, n’hi ha moltes més— la creació de
llocs de treball, i el manteniment de la població a les zones rurals. Cap
problema. Ja li dic que sí, tenint en compte que —com vostè ha
dit— ja s’entén que les comunitats autònomes són les
competents per aprovar les instruccions d’ordenació forestal i els
instruments per fer-ho. Des de la Generalitat de Catalunya, no
s’entén la gestió si no ha de ser sostenible, però està clar que
els boscos s’han de gestionar. Disposem d’instruments
d’ordenació tant pels boscos comunals, els boscos públics, com per
als privats; hi ha plans d’ordenació forestals, i plans tècnics de
gestió i millora forestal també per a aquells espais protegits.


Però jo em voldria centrar en un aspecte del que s’ha parlat
aquí una miqueta però respecte al qual hi ha elements que he trobat a
faltar: s’està parlant de zones despoblades, de donar-los
oportunitats. I jo voldria trencar una llança i fer un agraïment a tots
aquells emprenedors. La meva terra és una terra d’alta muntanya.
Tenim molt poca població, però està prenyada de gent valenta que aposta i
que té moltes iniciatives. I en aquest sentit, jo vull fer un
reconeixement als empresaris de la fusta de la comarca del Pallars Sobirà
que han aprofitat les serradores de tipus familiar de moltes generacions,
i han sabut casar l’experiència dels anteriors amb la preparació
dels joves d’avui en dia i la innovació. I en aquest moment ja hi
ha empreses del Pallars Sobirà que estan fent estructures per habitatges
—no només per cases sinó per blocs de habitatges— només amb
fusta de quilòmetre zero, i estan exportant a tot el món. Jo penso que és
important fer-los aquest reconeixement, i també posar en valor que,
aquest esforç que fan aquesta gent que ja viuen en els territoris per
adaptar-se a la realitat d’avui en dia i no haver de marxar dels
seus territoris, ha d’anar acompanyat sens dubte —i per això
que votarem que sí— de tots els instruments, també els pressupostos
i aquelles mesures normatives, que els puguin acompanyar en aquest viatge
i en aquest esforç que fan perquè les seves zones continuïn sent
habitades.


Per part de Junts per Catalunya, res més. El nostre vot a favor. I a
més vull dir-li que amb l’acceptació d’algunes de les esmenes
que vostè ha acceptat, alguns dubtes que ens podien quedar com ara que
quedés palès el tema competencial, doncs penso que ha estat resolt .En
aquest sentit, res més a dir.


Moltes gràcies.


Gracias, señorías.


Ya les digo, para empezar, que nosotros vamos a votar a favor de esta
iniciativa. Yo vengo del Alto Pirineo, del Pallars Sobirá concretamente,
y no me voy a entretener demasiado hablando de la importancia de los
bosques. Nosotros tenemos innumerables bosques de titularidad comunal,
pero las personas que vivimos en estas zonas, además de disfrutar
—porque nos gusta también disfrutar de este territorio—,
sabemos que nuestro entorno es el recurso más preciado. Muchas
generaciones antes que nosotros nos han trasladado este respeto y además
han sido los garantes de que hoy en día todavía podamos disfrutar de
estos bosques, entre otros de la Mata de València, una de las zonas de
abetos más importantes de Europa. El bosque es importante, y no soy yo
quien debe defenderlo aquí.


Esta iniciativa, en principio, insta al Gobierno a impulsar las
medidas y los recursos económicos necesarios para garantizar la adecuada
gestión de los bosques, así como una mayor conexión de los productos
forestales con los mercados, favoreciendo de esta forma —






no es la
única, hay muchas otras— la creación de puestos de trabajo y el
mantenimiento de la población en las zonas rurales. Ningún problema, ya
le digo que sí, teniendo en cuenta que, como usted ha dicho, las
comunidades autónomas son las competentes para aprobar las instrucciones
de ordenación forestal y disponen de los instrumentos para hacerlo. La
Generalitat de Catalunya no entiende la gestión si no es sostenible, pero
está claro que los bosques hay que gestionarlos. Disponemos de
instrumentos de ordenación, tanto para los bosques públicos comunales
como para los privados. Hay planes de ordenación forestal y planes
técnicos de gestión y de mejora forestal también para estos espacios
protegidos.


Quisiera centrarme en algo de lo que ya se ha hablado aquí: de dar
oportunidades a las zonas despobladas. Yo quisiera romper una lanza a
favor de ellas y mostrar mi agradecimiento a los emprendedores. Mi tierra
es de alta montaña, tenemos poca población, pero está llena de gente
valiente, que apuesta y que tiene muchas iniciativas y, en este sentido,
quiero hacer un reconocimiento a los empresarios de la madera de la
comarca del Pallars Sobirá, que han aprovechado la sabiduría de distintas
generaciones y la preparación de distintos jóvenes. Hoy hay empresas del
Pallars Sobirá que están haciendo estructuras de madera para viviendas;
no solo para viviendas unifamiliares, sino edificios enteros con madera
kilómetro cero y además están exportando a todo el mundo. Creo que es
importante hacer este reconocimiento y poner en valor el esfuerzo que
hacen estas personas que viven en estos territorios para adaptarse a la
realidad de hoy en día y no tener que marcharse de sus territorios. Eso
tiene que ir de la mano, sin duda —y por eso digo que vamos a votar
que sí—, de todos los instrumentos, de los presupuestos y las
normativas que les puedan acompañar en este viaje y del esfuerzo que
hacen para que sus zonas sigan estando habitadas.


Sin más, Junts per Catalunya anuncia su voto a favor. Con la
aceptación de algunas enmiendas que usted ha anunciado, ciertas dudas que
podíamos tener, por ejemplo para que quedara claro el ámbito
competencial, han quedado resueltas, y en este sentido, no tengo nada más
que decir.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Por el Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta.


Señorías, todos y todas coincidimos en el diagnóstico de que tanto el
cambio climático como la despoblación de la llamada España vaciada son
dos de los principales retos a los que se enfrenta este país. No existen
importantes divergencias entre la mayoría de los partidos que integramos
esta Cámara; eso sí, no existe el mismo consenso sobre cuáles son los
objetivos que se deben articular ni sobre el grado de urgencia para
acometer las estrategias que son imprescindibles para tratar de buscar
soluciones reales. La iniciativa que hoy plantea el Grupo Popular, muy
genérica en su contenido, es uno de los caminos que se debe transitar en
el doble objetivo de mitigar los efectos del cambio climático y recuperar
la población en las zonas rurales.


Siendo conscientes de que esta es una de las vías, la pregunta que
nos planteamos es la siguiente: ¿en qué hemos avanzado estos últimos
años? ¿Hemos sido capaces de recorrer el largo tránsito que existe entre
las palabras y los hechos? Y la siguiente cuestión que me planteo es ¿qué
tiene que ocurrir para que asumamos este asunto como una de las
verdaderas prioridades que ha de tener este país?


Mucho hemos hablado del abandono del campo y también de la dificultad
de quienes, con mucho esfuerzo, siguen labrando la tierra, sostienen
nuestro paisaje y conservan nuestra identidad a través de la agricultura.
Tenemos claro, como comentaba antes, el diagnóstico del problema, pero es
el momento, señorías, de añadir a la agenda política un paso que vaya más
allá de simples declaraciones de intenciones y buenas palabras. En el
caso de mi tierra, de Canarias, vivimos en un territorio enormemente
frágil, con ocho realidades distintas donde conviven grandes urbes, como
Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife; pequeños municipios
rurales, como Agulo, en La Gomera, o Garafía, en la isla de La Palma;
espacios naturales protegidos, como el parque rural de Betancuria, en
Fuerteventura, o parques nacionales, como Timanfaya, en Lanzarote, y
Garajonay, en la isla de La Gomera; así como zonas forestales y zonas de
medianía en las que convive la masa forestal protegida en sintonía con el
uso agrícola, el uso turístico y el uso residencial.


Nuestros montes canarios han jugado siempre un papel fundamental en
la sociedad isleña, suponen un eje de bienestar, y hoy en día nadie duda
de que son importantes y significativos en la lucha contra el cambio
climático, la economía verde y la economía circular. Nuestros montes,
señorías, son vitales y productivos. Sin embargo, no hemos sido capaces
de hacer todo lo que estaba en nuestras manos para garantizar su
supervivencia y evitar la marcha, muchas veces forzada, del campo a las
ciudades o a las zonas turísticas costeras de las islas.


No podemos seguir dándoles la espalda a quienes, casi en un acto
heroico, se continúan aferrando a la conservación de un paisaje que, pese
a las buenas intenciones, se sigue muriendo lentamente en nuestras
narices mientras damos la vuelta a planes, estrategias y proyectos
medioambientales claramente insuficientes. No podemos seguir dando la
espalda a una fuente de energía inagotable, una fuente de vida, de
riqueza y que refleja mejor que nada la identidad de cada pueblo, de cada
región y de cada tierra. De su conservación dependen aspectos tan
importantes como el ciclo del agua, el cambio climático o la preservación
de la biodiversidad.


A mi partido, la Agrupación Socialista Gomera, no nos gusta el texto
tan genérico de la propuesta del Grupo Popular. Eso sí, en línea con lo
que defendemos en mi partido, sea quien sea el proponente o la proponente
de cada iniciativa, actuamos siempre en coherencia con lo que proponemos
y reclamamos en Canarias y, por tanto, vamos a votar a favor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Medina
Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Muchas gracias, presidenta.


Senadores, senadoras, el Grupo Popular en el Senado presenta una
moción en la que insta al Gobierno a impulsar con urgencia las medidas y
los recursos económicos necesarios para garantizar una adecuada gestión
forestal de los bosques.


Quiero comenzar mi intervención poniendo el énfasis en lo que será el
argumento central y principal de mi exposición. En Euskadi tenemos
competencias plenas en materia de montes, gestión de aprovechamientos y
servicios forestales, vías pecuarias y pastos, ejercidas por las
diputaciones forales y reguladas a través de las correspondientes normas
forales de cada territorio histórico, mientras que al Gobierno vasco le
corresponde el ejercicio de planificación y coordinación en materia
forestal, todo ello contenido en el Plan forestal 1994-2030.


Por otro lado, la Ley 16/1994, de conservación de la naturaleza del
País Vasco, establece los principios básicos y los instrumentos
necesarios a fin de asegurar, entre otros aspectos, la utilización
ordenada de los recursos naturales por la población, garantizando el
aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, así como
su restauración y mejora. Actualmente existe un proyecto de ley en el
Parlamento vasco para su actualización. El Plan territorial sectorial
agroforestal del País Vasco se inserta en este marco y respeta las
determinaciones de los planes territoriales parciales aprobados.
Desarrolla las previsiones de las directrices de ordenación del
territorio a través de la regulación de los usos y actividades sobre el
suelo; la vocación agraria y forestal, de acuerdo con los objetivos de
mantenimiento de la superficie agraria útil y conservación de la
biodiversidad, y los procesos naturales definidos en las propias DOT, y
refuerza el papel medioambiental de la agricultura y la silvicultura en
la gestión sostenible de los recursos naturales. No hay más que darse una
vuelta por el País Vasco para deducir la importancia del sector forestal
en nuestro territorio. Por tanto, ni el tema forestal es nuevo para
nosotros ni es menos su importancia en nuestra historia, en nuestra
sociedad, y, mucho menos, en nuestra economía.


Hay que decir que Euskadi ya cuenta con su propia estrategia
forestal, trabajada y consensuada entre las administraciones públicas
competentes y los agentes, como no podía ser de otro modo si tenemos en
cuenta que aproximadamente el 20 % de los bosques de Vizcaya y Guipúzcoa
y el 40 % de los bosques alaveses son públicos, correspondiendo la
propiedad del resto de nuestros bosques a unos 20 000 propietarios
privados. Entendemos que, fruto de este trabajo conjunto, ya desde hace
años las políticas forestales y los programas correspondientes son los
más adecuados y los mejor ajustados a la realidad forestal vasca, también
en el ámbito de la promoción de los productos forestales y en el de la
propia gestión de los montes. Las normas forales de Montes de las tres
diputaciones vascas ya recogen y regulan aspectos sobre la restauración y
prevención de riesgos hidrológicos forestales, medidas de apoyo técnico y
económico al forestalismo, incluyendo diversas ayudas fiscales,
etcétera.


Desgraciadamente, en materia de lucha contra las plagas y
enfermedades existe alguna interpretación del Gobierno central, para
nosotros negativa, sobre las directivas europeas. En los últimos dos años
se ha solicitado al Ministerio de Agricultura autorización excepcional
para el uso de óxido cuproso por vía aérea para combatir la enfermedad de
la banda marrón en las coníferas, en nuestro pino insigne o
radiata.


La estrategia vasca para la recuperación de los bosques de coníferas
diseñada por el Gobierno vasco y las diputaciones forales es fruto del
trabajo realizado por estas instituciones para intentar frenar el avance
de esta banda y apoyar el sector forestal vasco. Esta estrategia
contempla tres ámbitos principales de acción: uno, la generación de
conocimiento en torno a la enfermedad y a la afección que tiene la
superficie forestal de los tres territorios; dos, las medidas para hacer
frente a esta enfermedad; y tres, la recuperación del sector.
Evidentemente, si hablamos de desarrollo rural o de la implantación de la
I+D+i en el País Vasco, tampoco creo que nadie vaya a dudar de que se
trabaja mucho y bien en ese aspecto.


La gestión forestal es indispensable para el mantenimiento de los
montes y el medioambiente, y esto no cabe sin la intervención humana. Si
los propietarios forestales, incluidos ayuntamientos y entidades locales,
no obtienen un rendimiento y un retorno económico, el monte se abandonará
y se matorralizará, con el riesgo de incendios forestales. Sin gestión
silvícola y productiva y sin aprovechamiento ganadero de pastos, el monte
empobrecerá y perderá su función e identidad. Tenemos claro que el papel
de la población local es fundamental para la conservación y protección de
los montes, ya hay bastantes problemas en el mundo rural
—envejecimiento, falta de relevo, atomización de la propiedad
forestal, condiciones ambientales, limitaciones al pastoreo— como
para que se pongan más dificultades.


En cuanto al mencionado Consejo Forestal Nacional, entendemos que es
vital compartir información y actuar conjuntamente. Hay que hacer todo lo
que podamos con el resto de las comunidades autónomas, y para eso existen
ya diferentes foros sectoriales que cumplen con las funciones esenciales
de transmisión de información y colaboración entre las distintas
administraciones competentes en el tema forestal en el Estado. Por lo
tanto, no lo vemos necesario. Es vital compartir información, actuar
conjuntamente. Hay que hacer todo lo que podamos con el resto de
comunidades autónomas, pero no podemos aceptar ese empeño del Gobierno,
que siempre subyace en ese tipo de iniciativas, de acaparar competencias
que ya son exclusivas, en este caso del País Vasco.


Para finalizar, entendemos que en el resto del Estado se quiera
avanzar en apoyar al sector forestal; de hecho, nos parece magnífico,
pero en Euskadi, de acuerdo con las competencias asumidas, seguiremos
aplicando nuestras propias estrategias forestales. Por todo esto, nos
vamos a abstener en la votación presentada por el Grupo Popular.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, tiene la
palabra el senador Castellana Gamisans.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Bona tarda. Com no pot ser
d’altra manera, estem contents que es porti una moció que parli
sobre el despoblament i que faci èmfasi, en aquest cas, en les
dificultats de fixar la població o el que ha portat a la pèrdua de
població en el passat: entre d’altres, l’abandonament
d’algunes tasques que tradicionalment es duien a terme en
l’entorn rural o la mecanització d’altres tasques que han fet
que, pel fet de fer les mateixes tasques, que es podrien fer en el
territori, calgui molta menys mà d’obra.


Els fets actuals, el canvi econòmic, el canvi tecnològic, han permès
desenvolupar el turisme com a alternativa, han permès desenvolupar la
indústria lleugera també com a alternativa i han permès desenvolupar el
teletreball. Però és cert que necessitem recuperar tots aquests llocs de
treball, totes aquestes tasques del bosc, que s’han anant
abandonant els últims anys i dècades. En aquest sentit, recuperar la
gestió forestal és un element que ens ha de permetre generar més llocs de
treball a l’entorn rural. No només això, sinó que la gestió
forestal —ja n’han parlat altres portaveus— és una
qüestió de seguretat, de protecció civil i de seguretat humana, perquè
només els boscos gestionats adequadament estan adequadament previnguts
davant dels incendis forestals. És molt més difícil que s’encengui
i és molt més fàcil apagar un incendi en un bosc gestionat que no en un
bosc del qual s’ha extret la fusta que se’n podia extreure i
després s’ha deixat que sigui un bosc perdut, un bosc no
cuidat.


I no només hi ha una qüestió de seguretat, sinó una qüestió de
diversitat. Un bosc gestionat de manera sostenible és un bosc que acull
la biodiversitat de totes aquelles espècies animals i vegetals que són
part del nostre entorn. Però a més a més —i també n’han
parlat altres portaveus, però m’agradaria fer-hi també èmfasi,
perquè tenia pensat parlar-ne ara— utilitzar tot aquell residu
forestal com a biomassa per a la generació d’energia ens permet
generar energia a emissió zero. Però no només això, sinó que la
utilització de la fusta, i en aquest sentit m’agradaria també
enviar des d’aquí un recordatori a les companyes i companys del
Centre de la Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, establert a la
meva comarca, al Solsonès, que treballen en la recerca d’ús de la
fusta a la construcció com a engolidor natural de CO2 en la lluita contra
la crisi climàtica.


En resum, el Grup d’Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu
està content que puguem debatre aquesta moció, està d’acord en el
contingut d’aquesta moció perquè creiem que és important posar
sobre la taula els elements de reducció de CO2 en atmosfera, de reducció
de les emissions de CO2, de respecte a la biodiversitat, de la seguretat
humana i de prevenció i protecció civil, que representa la gestió
adequada dels boscos, i sobretot, sobretot, com a eina que permet
garantir llocs de treballs als entorns rurals que permetin combatre
aquesta altra plaga que patim tants i tants territoris com és el
despoblament.


Moltes gràcies.


Buenas tardes. Como no puede ser de otra forma, estamos contentos de
que se traiga una moción sobre despoblamiento y que haga énfasis en las
dificultades de fijar la población, en lo que ha aportado la pérdida de
población en el pasado, entre otras el abandono de ciertas tareas
tradicionalmente realizadas en el entorno rural o la mecanización de
otras tareas, que ha hecho que, para realizar las mismas labores que
podrían realizarse en el territorio, sea necesaria mucha menos mano de
obra.


Estos hechos actuales, el cambio económico y el cambio tecnológico,
han permitido desarrollar el turismo como alternativa. También han
permitido desarrollar la industria ligera como alternativa y el
teletrabajo, pero es cierto que necesitamos recuperar todos estos puestos
de trabajo, todas estas tareas del bosque que han ido abandonándose en
los últimos años y décadas. En este sentido, recuperar la gestión
forestal es un elemento que debería permitirnos generar mayor pluralidad
de puestos de trabajo en el entorno rural. Y no solo eso, sino que la
gestión forestal —y, de hecho, otros portavoces ya lo han
mencionado— es una cuestión de seguridad, de protección civil y
seguridad humana. Porque tan solo los bosques correctamente gestionados
están adecuadamente prevenidos ante incendios forestales. Es mucho más
difícil que arda y es mucho más fácil apagar un incendio en un bosque
gestionado que en un bosque del que se ha extraído la manera que podía
extraerse y que luego se ha dejado para que sea un bosque perdido o un
bosque sin cuidar.


No es tan solo una cuestión de seguridad, sino también de
biodiversidad: un bosque gestionado de forma sostenible es un bosque que
acoge la biodiversidad de todas aquellas especies animales y vegetales
que forman parte de nuestro entorno. Además —de esto también han
hablado otros portavoces, pero quiero hacer hincapié en ello porque tenía
pensado hablar de este tema—, utilizar todos estos residuos
forestales como biomasa para la generación de energía nos permite generar
energía con emisiones cero. Y no solo eso. Precisamente en esta lucha
contra la crisis climática, me gustaría mandar un recordatorio a las
compañeras y compañeros del Centro de Ciència y Tecnología Forestal de
Catalunya establecido en mi comarca, en El Solsonés, que trabajan en la
investigación del uso de la madera para la construcción, porque engulle
de forma natural CO2.


En resumen, el Grupo Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu está
contento de que podamos debatir esta moción y está de acuerdo,
evidentemente, con su contenido, porque consideramos que es importante
poner sobre el tapete los elementos de reducción del CO2 en la atmósfera,
de reducción de las emisiones de CO2, el respeto por la biodiversidad, la
seguridad humana y la prevención y protección civil que representa la
correcta gestión de los bosques, y sobre todo como herramienta que
permite garantizar puestos de trabajo en los entornos rurales y que
permite combatir esta otra plaga que padecemos tantos y tantos
territorios: el despoblamiento.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Heredia de Miguel.


La señora HEREDIA DE MIGUEL: En primer lugar, muchas gracias a todos
aquellos grupos que van a apoyar y van a votar a favor de la moción.
Senador Juan Carlos Medina, le pediría que no se abstenga y que nos
apoye. Nosotros compartimos la Comisión de Despoblación y Reto
Demográfico, y veo que usted está allí. Cuando yo preparé esta moción
estuve estudiando todo el ámbito forestal que hay en cada comunidad
autónoma. Según los datos de Baskegur, la asociación de madera de
Euskadi, resulta que ustedes, con 62,6 millones de metros cúbicos de
madera dan empleo a 18 000 personas. En Castilla y León, con 150 millones
de metros cúbicos de madera se da empleo a 10 000 personas. Ustedes
utilizan su madera y son superproteccionistas con su madera. De toda la
madera que se utiliza en Euskadi, el 69 % es propia, suya, el 30 % es de
otras comunidades autónomas y el 1 % es importada.


He empezado diciendo que esta era una moción que trataba de
despoblación y de la posibilidad de fijar puestos de trabajo en las zonas
rurales. El País Vasco tiene una densidad de 306,95 habitantes por
kilómetro cuadrado, y yo le estoy hablando de pueblos que tienen una
densidad de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso, por no hablar de
tradiciones industriales, de iniciativa privada y de otras inercias
económicas que tienen mucho que ver con estos datos. Si le da tiempo a
pensárselo, yo se lo agradecería, pero si no, es que no tiene nada que
ver: mi moción va para fijar población en los pueblos y ustedes tienen
una densidad de 306,95 habitantes por kilómetro cuadrado.


A los demás, como he dicho, muchas gracias.


Cada vez hay mayor preocupación por la sostenibilidad del entorno
natural. Conforme avanza el desarrollo y la mejora del bienestar, los
bosques se convierten en lugares estratégicos para la generación de una
serie de bienes y servicios intangibles que van cobrando cada vez mayor
demanda, que son: la protección del suelo, el ciclo hidrológico, la
fijación del carbono y el depósito de la biodiversidad. Además
—como he dicho también antes— están los bienes tangibles, y
la realidad es que el monte es una fuente de recursos susceptible de
crear riqueza, que ha ido perdiendo su papel protagonista en la creación
de puestos de trabajo en nuestros pueblos. Es necesario y urgente
trabajar para conseguir, además del objetivo de la gestión sostenible de
los montes, la potenciación de su valor para fijar personas en el
terreno. Hay que ayudar a los vecinos, que, como he dicho, gozan de una
cualificación profesional excelente y tienen a su lado la materia prima y
la actividad económica que un día perdieron por la crisis y por los
nuevos hábitos comerciales, y hay que ayudarlos antes de que abandonen
definitivamente los pueblos, porque además ellos son los primeros que
cuidan esos bosques.


Esto que pido no es algo ingenuo ni complicado ni ajeno a la
Administración del Estado y sus competencias. El Ministerio de
Agricultura, junto con las comunidades autónoma lleva continuamente a
cabo esta labor de formación, de información y de acompañamiento, si se
me permite la expresión, por ejemplo, cuando acomete inversiones en
regadíos. El ministerio informa y ayuda a los agricultores a implantar
nuevos cultivos, a explorar nuevas formas de transformación y
comercialización. Todos estos cambios requieren no solo de inversiones
públicas y privadas, a veces ni tan siquiera el dinero es lo más
importante; son cambios de mentalidad, de adaptación a nuevos retos y se
necesita el asesoramiento y el apoyo continuo. Para potenciar el valor
socioeconómico de los montes hay un problema y, como dice la conocida
frase: lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se
puede mejorar, y lo cierto es que desde un punto de vista económico nunca
se han contabilizado los servicios ecosistémicos y si se contabilizaran
estos servicios, la aportación a los terrenos forestales, la economía
aumentaría bastante. También el Estado, el Gobierno tiene un gran campo
de trabajo, porque hay estadísticas que incluyen selvicultura y
explotación forestal en el sector agrario; la transformación de la madera
es industria; ganadería y apicultura son sector ganadero; el
aprovechamiento de piñón, castaña, etcétera, es industria
agroalimentaria. Falta vertebración del sector forestal, y como
consecuencia, no existe tampoco una estrategia sectorial conducente a la
mejora de la productividad y el empleo del sector.


Por último, no se puede abordar el reto de la despoblación en España
si no se pone en marcha una adecuada política forestal, porque son las
dos caras de la misma moneda: sin capital humano en los pueblos no habrá
gestión activa de los montes. Por eso el Gobierno debe hacer todo lo
posible por explorar y sacar partido a la capacidad que los espacios
forestales tienen para crear empleo y riqueza; en definitiva, debe hacer
todo lo posible para contribuir a la recuperación económica de los
municipios forestales de nuestras provincias.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Lastra Valdés.


El señor LASTRA VALDÉS: Gracias, señora vicepresidenta.


Es bastante habitual ya que haya diferencias importantes entre lo que
se dice en la propuesta y lo que se dice en la tribuna. En todo caso, no
teniendo demasiada importancia, conviene que vuelva a activar otra vez,
de vuelta al escaño, el gen liberal en lo económico. Si no lo hace, al
menos dé un repaso al funcionamiento del mercado interior de la Unión
Europea y, lo que es más importante, a la superación de aquellas reformas
que afectaron al desarrollo urbanístico especulativo de los suelos
rurales, incluidos los que sufrieron incendios. Estoy pensando en Terra
Mítica. Decir, no dice mucho la moción: uno, insta al Gobierno a una
adecuada gestión forestal; dos, a una conexión entre los productos
forestales y el mercado y, tres, a favorecer el empleo y mantener la
población rural sin un cómo, como por arte de magia. Ya son muchas las
iniciativas en este mismo sentido que pueden convertir esta visión de la
política forestal en un lugar común.


Cuando hablamos de los pilares de la política europea para el
desarrollo rural es conveniente empezar a hacer algunas distinciones para
abordar el carácter multisectorial de esta política y la distinta
problemática en unas y otras partes de nuestro país, España. Distingamos,
como hace el Sigpac, con los consiguientes efectos para la intervención
de la Unión Europea, entre superficie forestal y superficie agraria;
montes con arbolado y aprovechamiento maderero, que no son bosques;
montes sin arbolado, con su función en caza, en ganadería extensiva, en
conservación del acervo cultural, de la biodiversidad y del paisaje. En
muchas comunidades rurales, sin embargo, se percibe la protección
ambiental en términos limitativos para el desarrollo de las actividades
tradicionales, obviando los beneficios de la conservación misma y para
sus productos y sus propias actividades. Convivimos con la paradoja de la
humanización del espacio natural y con la despoblación y la desaparición
de actividades como el pastoreo o la gestión de las dehesas y con la
cercanía de las especies silvestres. Estamos en la permanente dialéctica
entre la obligación de conservar y la necesidad de vivir. Hay otras
distinciones, como la cuestión de la propiedad público-privada, montes
comunales en mano común, de tradición germánica, patrimoniales, de
socios; la cuestión de la utilidad pública. Pero necesitamos respuestas
certeras a las nuevas demandas de ocupación del suelo, respuestas al
despliegue de las renovables, con distintas consecuencias, algunas de
ellas indeseadas. Está abierta la discusión en Castilla y León, en
Cataluña, en Asturias, seguramente en más sitios de nuestro país,
discusión que puede ser la antesala de un conflicto. Hay quien dice:
renovables sí, pero así no. Necesitamos una visión como la expresada por
el profesor Valladares en esta casa, el Senado, recientemente, en la que
nos pide establecer un nuevo mapa de ubicaciones, pasar de la ubicación
legalmente posible a la ubicación conveniente desde el punto de vista
social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista
ambiental; renovables sin demoras, pero con planificación, con orden, con
participación de las comunidades rurales. (Aplausos). Y que se puedan
beneficiar de la riqueza que se produce.


Señorías, en resumen, a más cómo, menos por qué.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias
señoría.


Señorías, a continuación, procederemos a la votación telemática de
los siguientes asuntos:


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas
medidas de apoyo al sector ganadero de producción de leche, del Grupo
Parlamentario Popular, que se vota en sus propios términos.


Y moción por la que se insta al Gobierno a impulsar las medidas y los
recursos económicos necesarios para garantizar una adecuada gestión
forestal de los bosques, favoreciendo la creación de puestos de trabajo y
el mantenimiento de población en las zonas rurales. Se vota con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, con número de
registro de entrada 101856; la enmienda del Grupo Esquerra Republicana,
con número de registro de entrada 101657; la enmienda del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, con número de registro de
entrada 101663 y la enmienda del Grupo Socialista, con número de registro
de entrada 101670.


Procedemos a abrir la votación. En este momento son las dieciséis
horas y treinta y cuatro minutos; dos horas para la votación, hasta las
dieciocho horas y treinta y cuatro minutos.









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SE MANTENGA LA
TARIFA PLANA A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, CON LAS ESPECIALIDADES DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LAS MADRES AUTÓNOMAS. (Proclamación de la
votación).


671/000071

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 10
y 10.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Esta moción se ha votado en
sus propios términos.


Votos emitidos, 262; a favor, 106; abstenciones, 156.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): En consecuencia, queda
aprobada. (Aplausos).









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ARTICULAR UN ESPACIO
DE ENCUENTRO Y COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DONDE SE ABORDE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE MANERA INTEGRAL, CON EL
OBJETIVO DE ACORDAR ESTRATEGIAS Y PLANIFICACIÓN. (Proclamación de la
votación).


671/000072

GPV


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 10.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Esta moción se ha votado en
sus propios términos.


Votos emitidos, 262; a favor, 258; en contra, 3;
abstenciones, 1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS NECESARIAS DE LA LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO,
SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL, QUE MEJOREN LA HABITABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS EDIFICACIONES. (Proclamación de la
votación).


662/000073

GPS


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los puntos 11.
y 11.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Esta moción se ha votado en
sus propios términos.


Votos emitidos, 262; a favor, 145; abstenciones, 117.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Queda aprobada la moción.
(Aplausos).


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las dieciséis horas y treinta y seis minutos.