La señora presidenta lee los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.

La señora PRESIDENTA: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Hacienda, el
senador Bonet Bonet, por tiempo máximo de cinco minutos.

El señor BONET BONET: Buenos días, bon dia.
Gracias, señora presidenta.

Señores senadores, señoras senadoras, el
Proyecto de Ley del impuesto sobre determinados servicios digitales tuvo
su entrada en esta Cámara y fue publicado el día 25 de agosto de 2020. El
plazo de presentación de enmiendas y propuestas de veto finalizó el 11 de
septiembre.

Se han presentado 2 propuestas de veto: la
número 1, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y la número 2,
por los senadores del Grupo Parlamentario Mixto don Jacobo
González-Robatto Perote, don José Manuel Marín Gascón y doña Yolanda
Merelo Palomares.

Asimismo, se presentaron un total de 91
enmiendas: las número 1 a 30, del senador don Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista; las número 31 y 32,
por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu;
las número 33 a 35, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal; las
número 36 a 47, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; las
número 48 a 58, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y las número 59
a 91, por los senadores del Grupo Parlamentario Mixto, don Jacobo
González-Robatto Perote, don José Manuel Marín Gascón y doña Yolanda
Merelo Palomares.

El pasado 1 de octubre se reunió la Comisión de
Hacienda, que acordó ratificar la siguiente ponencia para informar el
proyecto de ley: por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Julia María
Liberal Liberal y yo mismo; por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, doña María Pilar Alía Aguado y doña Elena Muñoz Fonteriz; por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, don
Jordi Martí Deulofeu; por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, doña
María Dolores Etxano Varela; por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, doña
Ruth Goñi Sarries; por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, don
Vicenç Vidal Matas; por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, doña
María Teresa Rivero Segalàs, y por el Grupo Parlamentario Mixto, doña
Beatriz Martín Larred.

Dicha ponencia elevó a la comisión un informe
en el que no introducía modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados. El mismo día 1 de octubre, la comisión
procedió a dictaminar el proyecto de ley tras el debate correspondiente.
Se sometió a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe y
resultó aprobado por 13 votos a favor, 11 en contra
y 4 abstenciones.

Se han presentado los siguientes votos
particulares: de los señores González-Robatto Perote y Marín Gascón y la
señora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, respecto a la
propuesta de veto número 2 y a las enmiendas 59 a 91; del señor Cleries i
Gonzàlez y la señora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario
Nacionalista, respecto a las enmiendas 1 a 30; del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal, respecto a las enmiendas 33 a 35; del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, respecto a las
enmiendas 31 y 32, y, finalmente, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, respecto a las propuesta de veto número 1 y a las enmiendas 36
a 47.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.

A continuación, procede iniciar el debate sobre
las propuestas de veto. Pasamos al turno a favor de la propuesta de veto
número 2, de los señores senadores González-Robatto Perote y Marín Gascón
y de la señora senadora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Tiene la palabra el senador González-Robatto
Perote, por un tiempo de quince minutos.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
señora presidenta. Buenos días.

Hemos presentado este veto, fundamentalmente,
porque sabemos que la única razón que mueve al Ejecutivo a presentar este
proyecto de ley no es otra que la demagógica. Es un nuevo ejemplo de la
falta de sincronía del Gobierno y hace perder el tiempo en lo que debe
ser ahora su principal obligación, que es presentar unos presupuestos
sólidos que prevean cómo salir de la crisis más grave que atraviesa
España en las últimas décadas, que, casualmente, siempre las hemos
sufrido con la mala suerte de tener gobiernos socialistas al frente.

Las iniciativas que ustedes presentan están
completamente abocadas al fracaso. Ustedes mismos afirman, y leo literal:
Habida cuenta de la dimensión mundial del problema que plantea la
imposición relacionada con determinados modelos de negocio digitales,
existe consenso internacional en que la mejor estrategia para abordarlo
consistiría en encontrar una solución al respecto también a nivel
mundial, es decir, en el seno de la OCDE. Es decir, encontrar una
solución global, no local. Y siguen reconociendo, para más inri, que los
Estados miembros, de forma individual, pueden fragmentar el mercado único
y falsear la competencia, obstaculizando el desarrollo de nuevas
soluciones digitales y la competitividad de la Unión en su conjunto. Esto
lo han dicho ustedes y, al poco tiempo, habida cuenta del riesgo que
supone, deciden, sin ningún tipo de lógica y a pesar de todas esas
consideraciones, que ustedes son más listos que nadie, obvian todos los
obstáculos y advertencias que se han venido poniendo de manifiesto tanto
en la Unión Europea como en la OCDE y hacen una vez más el ridículo, y
muestran ignorancia e incompetencia. Y no acaba ahí, es tal su arrogancia
que van más allá afirmando que el impuesto sobre determinados servicios
digitales regulado en esta ley se anticipa, sin embargo, a la conclusión
de las discusiones al respecto en los foros internacionales. No quiero
catalogarlo de ingenuidad, sino de mala fe, voluntad precisa de hundir
todavía más la economía de todos los españoles.

Ustedes se han propuesto llevar a España a la
más absoluta ruina —no encontramos otra explicación— y, para
desgracia de todos, lo están consiguiendo. Para lo único que han
conseguido ser los mejores es para ser los peores del mundo, para
situarnos a la cabeza de todas las caídas, contagios, muertes y
previsiones de desastre económico y social.

Iniciativas aisladas de gravar servicios
digitales fuera del ámbito de la Unión Europea o de la OCDE, como decía
antes, están abocadas al fracaso. Los objetivos de recaudación, además,
son completamente irreales, no tienen ningún tipo de sentido y, lo que es
peor, son muy inferiores a los perjuicios que van a provocar: desde
represalias comerciales a las empresas españolas a mayor coste de bienes
y servicios para todos los españoles, así como un retraso generalizado en
el crecimiento de la digitalización de las empresas y de los
canales.

Sin embargo, esto a ustedes les da exactamente
igual mientras los recursos de los ya exprimidos ciudadanos les den para
los puestos de amiguetes, ministerios e informes inútiles pagados a
precio de primera edición del Quijote. El hecho de que los ciudadanos
echen la persiana a sus negocios no va con ustedes. Las asociaciones
profesionales, esas a las que ustedes hacen oídos sordos, han dejado
claro que los principales perjudicados serán los consumidores y los
proveedores españoles, en especial las pymes. Ellos estimaron, en un
informe de enero de 2019, una cantidad de entre 515 y 665 millones de
euros como incremento a pagar por los consumidores españoles —el
último eslabón de la cadena—; los primeros porque verán aumentado
el coste de sus compras y las empresas porque serán menos competitivas:
no solo verán gravados sus ingresos y, por tanto, sus costes, sino que
las hará menos competitivas y abrirá la puerta a otros proveedores no
radicados en España. Esto es echar a los que han apostado por nuestro
país y abrir la puerta a los oportunistas, algo que ya nos suena con sus
políticas en general: castigar al que aporta y al que cumple su deber, y
bendecir al que no hace nada.

Los perjuicios de la unilateralidad, por otra
parte, son obvios: el Gobierno sabe que las represalias que va a adoptar
Estados Unidos, por ejemplo, van a ser severas, y así lo han dicho. Es
pública la postura del embajador norteamericano alertando de las
negativas consecuencias de adoptar unilateralmente la tasa Google, y todo
el mundo lo sabe, todo el mundo menos ustedes. Las represalias ya las
saben porque las hemos experimentado con los conflictos de Airbus o
Navantia, así como con tasas a los productos españoles en el mercado
internacional. Además, las represalias serán, sin duda, mucho mayores, en
este caso. Pero ya sabemos que eso no va con ustedes.

Señores del Gobierno, ¿van a compensar la
recaudación de este nuevo impuesto con la pérdida de competitividad de
las empresas y servicios españoles, particularmente en Estados
Unidos?

Este Gobierno prefiere ponerse del lado de la
dictadura venezolana, que asesina diariamente a sus compatriotas y los
condena al hambre y a la miseria, y situarse de espaldas a la primera
potencia mundial. Sus intenciones, con este proyecto de ley, son única y
exclusivamente demagógicas, una descoordinación y ocurrencia del Gobierno
para pedir unos presupuestos, de los que ni siquiera tienen borrador,
para llevar a España todavía a un mayor abismo. El Gobierno hace perder
el tiempo con iniciativas demagógicas, insisto, e irreales, que pretenden
camuflar su ineptitud, cada día más evidente, para presentar, como decía
antes, unos presupuestos creíbles.

El proyecto de ley adolece de inconsistencias
jurídicas y tributarias que nuestro grupo parlamentario en el Congreso ha
puesto de manifiesto de forma exhaustiva en su enmienda a la totalidad y
petición de retirada del proyecto, a la que me remito en su integridad.
La Constitución española establece, en el artículo 31, «Todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá
alcance confiscatorio». Del mismo modo, el artículo 3 de la Ley 58/2003,
del 17 de diciembre, general tributaria, establece que la ordenación del
sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas
obligadas a satisfacer los tributos, en los principios de justicia,
generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga
tributaria y no confiscatoriedad. En el caso del impuesto sobre
determinados servicios digitales, se están gravando además unos ingresos
brutos empresariales sin la reducción de los gastos necesarios para su
consecución. En este sentido, gravar unos ingresos brutos, que
descontados los gastos necesarios para su consecución podrían dar como
resultado una diferencia insuficiente o negativa para el pago del nuevo
impuesto, tendría un carácter claramente confiscatorio; muy en su línea,
la contraria a la Constitución española y a la Ley 58/2003 que mencionaba
antes. Otro resultado más de sus ocurrencias.

Asimismo, Vox entiende que este proyecto de ley
no cumple con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ya
que la ley podrá cambiar los umbrales cuantitativos, el tipo impositivo
del impuesto o los supuestos de no sujeción al mismo, lo que no cumple,
como saben ustedes, los principios de seguridad jurídica y
transparencia.

Para Vox, es una ley innecesaria en estos
momentos, cuando encima la OCDE se encuentra trabajando para establecer
una solución fiscal global que considere un nuevo contexto económico, con
el objetivo de que los más de 135 países que participan en el proceso
lleguen a un acuerdo político a mediados de 2020, que ya hemos pasado y
no ha aparecido.

El debate en la OCDE se centra,
fundamentalmente, en dos pilares. El primero requiere que los países
acuerden redistribuir los derechos fiscales sobre los ingresos en los
negocios. Las nuevas reglas que se están considerando darían más derechos
fiscales a países-mercado, es decir, donde residen los clientes de la
empresa. El segundo pilar se centra en trabajar para desarrollar un
consenso internacional sobre reglas de mínima tributación, con el fin de
alcanzar una propuesta que evite la erosión de las bases imponibles de
manera global, y así evitar una competición a la baja en países que
rebajen los tipos impositivos del impuesto sobre sociedades u ofrezcan
incentivos fiscales a las empresas.

Por tanto, señores del variopinto gobierno
socialcomunista (Risas), pónganse de acuerdo y hagan caso a lo que dijo
su vicepresidenta Nadia Calviño cuando afirmaba que España esperaría a
que la OCDE definiera la propuesta de un impuesto digital consensuado
internacionalmente. A las tres semanas, ustedes presentaron este
proyecto. Sin palabras. La verdad es que no sabemos qué pretenden.

Señores del Gobierno, déjense de demagogias,
ocurrencias y de iniciáticas que resultan lesivas para los intereses de
todos los españoles —menos los de ustedes— y céntrense, como
es su obligación, en presentar unos presupuestos creíbles para abordar la
enorme crisis en la que ustedes nos han metido.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

A continuación y para exponer la propuesta de
veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Muñoz Fonteriz.

La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias,
presidenta. Buenos días, señorías.

Señores del Partido Socialista, hoy traen
ustedes al Pleno de esta Cámara el último paso para la tramitación de dos
leyes que crean dos nuevos impuestos: el impuesto sobre determinados
servicios digitales —que es el que vamos a tratar primero— y
el impuesto sobre transacciones financieras.

En la tramitación que han realizado en el
Senado de estos dos impuestos, lo primero que quiero decir es que se
evidencia, una vez más, lo que ya hemos dicho muchas veces en esta Cámara
y es el grado de respeto que tienen por la Cámara territorial, que es
exactamente ninguno. Han propiciado una tramitación deprisa y corriendo.
Tan solo el jueves de la semana pasada celebramos la Comisión de
Hacienda, y ya están los dos impuestos en el Pleno de hoy, ajustando
plazos al máximo. ¡Qué prisas!

Se han negado ustedes a admitir ni una sola
enmienda de todas las que han presentado los grupos; por supuesto,
tampoco los vetos. No lo esperábamos. Sin embargo, lo peor no es su
negativa a negociar, lo peor no es su negativa a pactar, a hablar con el
resto de grupos, a intentar llegar a acuerdos para mejorar la
configuración de estos dos impuestos o su aplicación porque a eso ya
estamos acostumbrados. Ya estábamos acostumbrados a que, a pesar de que
ustedes constantemente predican el acuerdo, el consenso, ir de la mano,
ir todos juntos.., no son más que palabras vacías, no son más que
palabras al aire porque, en realidad, les va mucho más el ordeno y mando.
En cualquier caso, como digo, lo peor no ha sido esa negativa a pactar,
lo peor es el motivo que argumentaron en la Ponencia de la Comisión de
Hacienda para no aceptar ninguna enmienda, y es que lo que quieren
ustedes es que el texto del Congreso no se toque, mantener intacto el
texto que salió del Congreso de los Diputados. ¿Ese es el respeto que
tienen por el Senado? ¿Ese es el respeto que tienen por esta Cámara
territorial? Entonces, ¿para qué sirve el Senado, según ustedes, señores
del Partido Socialista, si no quieren tocar ni una coma porque ya se ha
tramitado en el Congreso y quieren mantener exactamente todo lo que en el
Congreso se ha decidido? ¿Qué marco tenemos en el Senado, y los
senadores, para introducir mejoras en estos dos textos legales? ¿Les
tengo que recordar lo que prevé el artículo 90 de nuestra Constitución,
que también hay que respetar, como también hay que respetar la
participación del Senado en la tramitación de las leyes?

Es evidente, una vez más, que para ustedes el
Senado es una Cámara absolutamente prescindible y que no tienen respeto
por ella ni, por supuesto, por los senadores. Realmente, lamentable,
señores del Partido Socialista; realmente lamentable. (Aplausos). A
diferencia de ustedes, nosotros sí creemos que el Senado importa y, por
eso, hemos presentado nuevamente un veto, en un nuevo intento de
paralizar esta ley —ahora expondré los motivos—, que para
nosotros supone un total sinsentido. También hemos presentado enmiendas,
nuevamente, para poder llegar a un acuerdo en el marco de las
negociaciones, las que presentamos en el Congreso, y una más, para
adaptar y reconocer la excepcionalidad de Ceuta y Melilla en la
tramitación de estos impuestos. Vamos a volver a defenderlas aquí, con la
esperanza de que sean capaces de escuchar a alguien más que a ustedes
mismos. Vamos a volver a defenderlas aquí, en el día de hoy, para que
puedan demostrar, señores del Partido Socialista, que realmente respetan
el Senado, que realmente tienen en cuenta la tramitación en el Senado y
que no vamos a convertir estas próximas horas en un debate absolutamente
vacío, que es lo que pretenden, porque no quieren avenirse a discutir ni
a pactar absolutamente nada.

Hemos presentado un veto a la creación de este
impuesto sobre servicios digitales porque creemos que es un profundo
error. Bien es cierto que ustedes ya venían advirtiendo de su intención
de ponerlo en marcha; de hecho, el pasado 18 de febrero, el Gobierno
aprobó en el Consejo de Ministros los dos proyectos de ley, tanto el de
determinados servicios digitales como el de transacciones financieras.
Esos impuestos, que se aprobaron el 18 de febrero, lo hacían días después
de que el Gobierno presentase un nuevo cuadro macroeconómico de nuestra
economía; un cuadro macroeconómico que, como dijimos en el Senado el 4 de
marzo, era irreal, porque no tenía en cuenta los efectos económicos que
ya se veía que iba a tener la pandemia, y que en ese momento generaba
gravísimas incertidumbres. Por cierto, ayer presentaron un nuevo cuadro
macro, y ya vamos por el tercero o cuarto del año, pues ya hemos perdido
la cuenta de cuántas veces se están rectificando a ustedes mismos. En
cualquier caso, como digo, el 18 de febrero, presentaban estos dos
proyectos de ley con un escenario radicalmente distinto al que tenemos
hoy en día, porque siete meses después, con más de 50 000 fallecidos en
nuestro país por la terrible pandemia de la COVID, inmersos en una nueva
ola de la pandemia y en una crisis económica sin precedentes, que nos
lleva a previsiones de caída del PIB del 13 %, de un déficit público
del 14 % o una ratio deuda-PIB del 120 %, ustedes se mantienen
inasequibles al desaliento en la creación de estos dos nuevos impuestos y
todos los impuestos que vendrán detrás y que quieren ustedes crear. Este
es solo el primer plato, el aperitivo del sablazo fiscal que están
ustedes preparando para todas las familias españolas. (Aplausos).

Ustedes no dan ni un paso atrás, ni cuando
proponían la creación de estos impuestos, con una estimación de
crecimiento del 1,6 %. ¿Se acuerdan de cuando ustedes creían que iba a
crecer la economía el 1,6 % y querían convencer a todos los españoles que
iba a ser así? ¡Ni un paso atrás! De acuerdo con la situación económica
actual, lo que se debe hacer es exactamente lo contrario, las medidas
deben ir en la línea de bajar impuestos y no subirlos y, desde luego, no
crear nuevas figuras impositivas en el peor de los escenarios, ni que
supongan, como se va a producir en este caso, un agravio comparativo
dañino para nuestras empresas, porque es un impuesto que debe
establecerse de forma coordinada por todos los países.

Es evidente que en este momento tenemos que
acometer medidas. En el Partido Popular lo hemos defendido desde el
primer momento; medidas de protección, como primera reacción ante la
pandemia, pero también medidas de reactivación económica que nos permitan
volver con rapidez al crecimiento y a la generación de empleo,
exactamente lo contrario a lo que están ustedes haciendo porque sus
medidas, hasta ahora, han sido absolutamente insuficientes, han tenido
que ir enmendándose a sí mismos, completándolas, corrigiéndolas y, en
definitiva, han evidenciado el caos, no solamente externo, sino también
interno que tienen dentro del propio Gobierno. Además, es que ni siquiera
han sido capaces de sacar adelante sus medidas estrella y, así, hoy en
día, en el mes de octubre, todavía hay miles de personas en ERTE, sin
cobrar; apenas se han reconocido ni un 1 % de las solicitudes del ingreso
mínimo vital, e incluso se retrasan los reconocimientos; y, en
definitiva, cuando su actuación únicamente ha contribuido a ahondar en la
crisis en la que está nuestro país. Y en esta situación en la que
estamos, lejos de rectificar, siguen adelante; siguen adelante con esta
decisión de crear este nuevo impuesto.

Señorías, se lo dije en la Comisión de Hacienda
la semana pasada; les dije lo que debe hacer un Gobierno responsable, un
Gobierno que pretende ser responsable con sus ciudadanos y es que, cuando
tome una decisión, lo que debe aportar son soluciones y no generar
problemas; un Gobierno tiene que aportar equilibrios y no generar
desequilibrios; y un Gobierno tiene que aportar certezas y no generar
incertidumbre. ¡Como si no tuviéramos ya poca incertidumbre a día de hoy!
Sin embargo, eso es exactamente lo que van a conseguir con la creación de
este impuesto, todo lo contrario a lo que debe hacer un buen Gobierno:
van a generar problemas, van a generar desequilibrios y van a generar
incertidumbre.

Vuelvo a decirles una vez más, porque,
seguramente, ya vendrán preparados para decir que el Partido Popular
apoyaba este impuesto, que si lo tenía ya en el cajón, que si lo tenía
preparado para que saliera adelante... Pero es que nosotros no estamos en
desacuerdo con la naturaleza de este impuesto y entendemos que es
razonable adaptar nuestro marco impositivo a nuevos modelos de negocio
digital, pero no solamente nosotros, sino también los países de la OCDE y
de la Unión Europea. Pero —y voy a incidir en eso, como incidí la
semana pasada en la Comisión de Hacienda, porque el pero es
extraordinariamente importante— en lo que no estamos de acuerdo, en
ningún caso, es en hacerlo en solitario, en ir de llaneros solitarios, al
margen de los países de la OCDE y de la Unión Europea, queriendo ser los
primeros en algo. Claro, son ustedes los últimos, estamos a la cola de
Europa y del mundo, y quieren destacar precisamente en lo peor: en crear
un impuesto, a pesar de que hacerlo va a generar distorsiones, porque
cuando se crea un impuesto este ha de ser justo y eficaz, y para que se
cumplan esos dos requisitos es imprescindible que este impuesto esté
armonizado en el ámbito internacional. De no ser así, lo que van a causar
son distorsiones, lo que van a causar es un peligro y un daño a la
competitividad de nuestras empresas, lo que van a hacer es dañar aún más
a unas empresas, las empresas españolas, que hoy están luchando a capa y
espada para intentar sobrevivir a esta extraordinaria crisis y ustedes
les ponen el pie encima. ¡Eso es lo que van a conseguir ustedes con este
impuesto, volver a empeorar la situación de nuestras empresas!

Ya sabemos que estas negociaciones en el ámbito
internacional están siendo lentas y complicadas, pero hay una propuesta
encima de la mesa que se está debatiendo y, además, existe una fecha
tope, el 31 de diciembre, con un compromiso de la presidenta de la
Comisión Europea en el sentido de que si no se llega a un acuerdo
internacional, se firmará en el ámbito europeo para armonizar este
impuesto.

Tenemos una fecha, sabemos que se está
trabajando y en los próximos meses se va a llegar a un acuerdo y se va a
cerrar un impuesto internacionalmente. Entonces, ¿por qué ese
empecinamiento en adelantarse, con el perjuicio que van a causar? Pero es
que, incluso, está encima de la mesa también un giro en la configuración
del impuesto y que pase a engrosar el presupuesto comunitario y no el
presupuesto de los países. Por tanto, una vez más, ¿por qué empecinarse
en la creación de este impuesto? No es el momento porque va a causar
perjuicios a nuestras empresas, a nuestra economía y, encima, ustedes van
a tener que cambiarlo en tiempo récord.

Sabemos que es muy difícil que hagan caso
porque, desgraciadamente, tenemos antecedentes, pero quiero insistir una
vez más en que el Partido Popular no se va a callar a la hora de exigir
lo que creemos que es justo ni de decir lo que creemos que perjudica a
los españoles. Vamos a seguir insistiendo aquí, en el Congreso y en todas
las oportunidades que tengamos para hacerles reflexionar. Creemos que va
a ser un perjuicio para nuestra economía y que estamos yendo por el
camino contrario al que tenemos que ir. Tenemos que analizar
—hablaremos después de ello— las posibilidades contrarias,
las de la bajada de impuestos, que es lo que necesitan. Creemos que
nuestras empresas, nuestros sectores productivos no necesitan que les
aprieten aún más la soga al cuello que ya tienen hoy por esta terrible
crisis. (Aplausos). Queremos que paren por los daños irreparables y
queremos que paren porque no van a conseguir la recaudación en la que
están ustedes pensando —no, no van a conseguir esa
recaudación—. De hecho, ustedes mismos han tenido que bajar sus
expectativas de recaudación, no va a servir para generar la recaudación
que ustedes piensan —tampoco va a valer para eso— y, además,
van a tener ustedes que hacer el papelón de modificar un impuesto que,
seguramente, en el día de mañana, al día siguiente de votarlo aquí, casi
va a ser papel mojado porque la normativa europea nos va a obligar a
modificarlo.

Por tanto, señores del Partido Socialista, les
pedimos una vez más: ¡Paren este sinsentido! ¡Paren un daño a sabiendas!
¡Rectifiquen! Cuando rectifican, aciertan, y ya tenemos experiencia de
eso, así que rectifiquen, una vez más, y acertarán, pero no por el
Partido Popular, no, sino por los sectores productivos, por nuestras
empresas y por todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Turno en contra.

Aparte del Grupo Parlamentario Socialista,
¿algún otro grupo hará uso de este turno? (Denegaciones).

En ese caso, tiene la palabra el senador Bonet
Bonet, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor BONET BONET: Gracias, señora
presidenta.

Señoras senadoras, señores senadores, si me lo
permiten, empezaré esta intervención haciendo alusión a un ministro de
Hacienda socialista que han puesto ustedes de moda, don Indalecio Prieto,
ministro de Hacienda de la República en 1931 (Aplausos), apenas unos años
después del crack de 1929 y que tuvo que gestionar la hacienda de este
país en unas circunstancias también complicadas, a quien acusaban de
hacer una política económica de cara feroce, de cara feroz. El señor
Prieto se defendió diciendo que tenía que abordar la grave situación
económica y social que vivía el país sin los instrumentos de política
económica y de política social, de seguridad social y de protección a los
trabajadores que debería tener nuestro país y que, afortunadamente, la
República puso en marcha durante esos años, con el señor Prieto
—repito— a cargo del Ministerio de Hacienda.

Hemos oído que vamos a hundir España —de
nuevo—, que es una iniciativa abocada al fracaso, y hemos tenido
que escuchar amenazas de perjuicios a todos los españoles. Parece que
este Gobierno tenga que gobernar contra los españoles. Vuelven a dibujar
un esperpento, señores de la derecha ultramontana, con consignas que
faltan a cualquier relación con la realidad. Llegan al absurdo de decir
que este impuesto, que va a gravar únicamente a grandes empresas no
localizadas en nuestro país y que obtengan unos beneficios superiores
a 750 millones anuales a nivel mundial, tres millones de ellos en España,
supondrá un ataque a las empresas españolas. Es decir, ustedes prefieren
que siga produciéndose la injusticia de que, proporcionalmente, sean los
negocios tradicionales españoles quienes más aporten a nuestra Hacienda
pública; negocios españoles, en vez de estas multinacionales digitales.
Miren, su patriotismo, yo no lo entiendo.

Me sorprende que la señora Muñoz reivindique la
negociación cuando está interviniendo en el turno de veto. Permítame que
se lo diga, y permítame que dude de su voluntad de acuerdo, precisamente
cuando lo que pide el veto es que se retire la ley, que desaparezca, que
acabemos con ella. Cuando le he oído hablar de sablazo fiscal a las
familias, he tenido que mirar hacia la puerta, a ver si aparecía el
general Pavía, con su caballo y su sable, para impedir tamaña felonía. Y
perdonen el tono humorístico. Seamos serios. Acabo de decir que a quien
grava este impuesto es a grandes multinacionales, no a las familias
españolas que, por lo general, no ingresan 750 millones de euros; ni
siquiera, tres millones de euros.

Me pregunto: ¿Saben a qué se están oponiendo
con sus vetos? ¿Qué les motiva a oponerse a una ley que va a aportar
alrededor de 900 millones de euros a las arcas públicas españolas? Hablo
de 900 millones que no se van a obtener de los bolsillos de los
trabajadores españoles, ni de las pymes, ni de los autónomos, sino de
grandes empresas multinacionales que, gracias a los usuarios de nuestros
país, consiguen pingües beneficios que no comparten con esta sociedad,
sino que tributan en otros países y dejan, por tanto, la parte de su
beneficio, que debería contribuir a nuestro desarrollo como sociedad, en
otros Estados. ¿Eso les parece bien?

Por ponernos en situación, les diré que nos
estamos refiriendo a adaptar nuestra fiscalidad a la nueva realidad
económica mundial; nos estamos refiriendo a un nuevo tributo, con el que
pretendemos gravar a empresas que son fiel reflejo de la evolución de la
economía del siglo XXI, una economía digitalizada, donde el concepto de
un establecimiento físico permanente ya no es imprescindible para la
actividad, siendo hasta ahora este un concepto básico en todas las normas
tributarias que venimos aplicando a nacional e internacionalmente. El
mundo ha cambiado y hoy en día, en proporción —como ya he
dicho—, son los negocios tradicionales quienes están contribuyendo
más con sus tributos que las grandes multinacionales tecnológicas y esto,
sin duda, no es justo. No es esta una realidad que afecte solo a nuestro
país, sino que nos hallamos ante una necesidad global de adaptar la
fiscalidad a la digitalización de la economía.

En la comisión le recordaba las palabras de la
directora del Fondo Monetario Internacional, que se refería a esta
cuestión como el reto más importante que teníamos en el ámbito
internacional. La OCDE se ha dedicado a dar respuestas con el G-20
durante los últimos años, a buscar el acuerdo ante los retos fiscales de
la economía digital, desde una perspectiva internacional. No cabe duda
que la mejor solución a esta situación sería un acuerdo que tuviera un
alcance global, mundial, pero ese consenso internacional no ha sido
posible hasta el momento, y hablamos de los últimos cinco años. Ante esta
realidad, la propia OCDE ha reconocido —¡ojo al dato!— que
tanto el acuerdo global como las medidas unilaterales son soluciones
legítimas. Quédense con esta idea, porque invalida uno de los argumentos
de los vetos presentados. La peligrosa vía unilateral —según
algunos— o la ocurrencia —según otros— ha sido adoptada
por otros países que han decidido actuar, ante la necesidad de conseguir
que las grandes tecnológicas tributen en aquellos países donde obtienen
sus beneficios.

Además, ante la imposibilidad del acuerdo
internacional en el marco de la OCDE, la Unión Europea tomó cartas en el
asunto, pero, nuevamente, a pesar de la voluntad de la Comisión de
encontrar una respuesta, se encontró con la negativa de algunos países,
que impidieron llegar a una solución europea para la tributación de los
servicios digitales. En marzo de 2018, la Comisión Europea presentó una
propuesta sobre el impuesto digital que denominó «sobre la prestación de
determinados servicios digitales»; noten cómo se parecía a nuestra
propuesta. Se trataba de un impuesto al que configuró como tributo
indirecto que gravaría los ingresos brutos de las compañías que efectúen
determinadas actividades, como las plataformas de intermediación y la
publicidad en línea.

La Unión abandonó la propuesta de impuesto
confiando en la solución global a final de año impulsada por la OCDE, que
no llegó —o que no está llegando—. Ante la falta de acuerdo,
diversos países han decidido presentar sus respectivos tributos sobre
servicios digitales. España se encuentra entre estos y lo ha hecho con un
proyecto que se basa en la propuesta de la Unión Europea. Sin embargo, a
pesar de este paso adelante del Gobierno de España, que hoy traemos a
debate en esta Cámara, queda clara la voluntad del Gobierno de España de
que este impuesto sea temporal y desaparezca en cuanto sea posible la
aplicación de una norma tributaria de ámbito europeo o internacional, con
el mismo objetivo. Así lo pueden ustedes comprobar simplemente leyendo la
exposición de motivos del proyecto de ley que les cito: «Recientemente se
han reiniciado asimismo los trabajos en el seno de la OCDE para adaptar
el sistema tributario internacional a la digitalización de la economía
mediante la reasignación de los derechos de gravamen a los países o
territorios de mercado cuando se participe en la actividad económica, sin
necesidad de presencia física, creando un nuevo nexo al efecto». Y
concluye: «Así, esta naturaleza provisional se predica del nuevo tributo
hasta que entre en vigor la nueva legislación que tenga por objeto
incorporar la solución adoptada internacionalmente». Creo que es
suficientemente claro. Ese, por tanto, no es tampoco un argumento válido
para rechazar de plano, completamente, la aplicación del impuesto sobre
determinados servicios digitales.

Creo que podríamos comprender la discrepancia
en la fórmula de aplicación de este nuevo tributo —que se podría
reflejar en toda la serie de enmiendas parciales que han
presentado—, sin embargo, no se entiende la negativa total y
absoluta, el tono duro, amenazante en algunos casos, que hemos oído desde
esta tribuna, para negarse a dotar a España de un impuesto sobre
servicios digitales, privando a nuestro país de unos beneficios que, sin
la participación de los usuarios españoles, no se generarían. En días
como hoy es cuando se demuestra el patriotismo de verdad, el patriotismo
que significa compromiso con el país, con las personas, no con
exhibiciones de banderas y pancartas, sino con el compromiso diario con
las políticas que representan un beneficio para las personas.

Solo por una voluntad de obstruccionismo ciego
se puede entender que pretendan que nuestro país deje de lado una
iniciativa a la que cada día se están sumando más Estados, máxime cuando
—como saben perfectamente—, este impuesto ya fue propuesto
por un ministro de uno de los partidos que presentan la propuesta de
veto, un ministro del Partido Popular, el ministro Montoro, como ya se ha
dicho. En este sentido, propuso en abril de 2018 implantar un impuesto
sobre determinados servicios digitales para financiar las pensiones, con
una tasa superior a la que hoy proponemos en dos puntos, llegando al 5 %,
justificando en aquel momento que no era un impuesto sobre los
consumidores, sino sobre las grandes empresas que no pagaban lo
suficiente donde tenían un importante volumen de negocio; es decir, con
un argumento justamente contrario a la argumentación que hemos oído aquí.
Decía: no es un impuesto sobre los consumidores, sino sobre las grandes
empresas que no pagan suficiente. Eso decía el señor Montoro, que es
absolutamente lo contrario de lo que acaban de afirmar.

Y si en abril de 2018 se necesitaba el impuesto
sobre algunos servicios digitales para financiar el gasto social en
nuestro país, ¿cómo no va a ser necesario en estos momentos? ¿En qué país
vivimos? En febrero de 2020 el Gobierno actual consideró que era
necesario este impuesto para sanear las cuentas del Estado y reducir el
déficit público, según las recomendaciones de la Unión Europea. En
cualquier caso, nadie discutirá que el marco económico internacional está
viviendo ahora días mucho más complicados que en 2018, debido a la crisis
causada por la pandemia del coronavirus o la COVID-19, que obliga a los
gobiernos de todo el mundo a incrementar sus gastos en servicios para
hacer frente tanto a las necesidades sanitarias como a las derivadas de
las consecuencias económicas y sociales de la crisis. La apuesta del
Grupo Socialista, y también la apuesta del Gobierno de España, es
asegurar esos servicios públicos, este escudo social, con una fiscalidad
justa y progresiva, adaptada a la realidad económica actual, a la
realidad económica del siglo XXI, que acerque también a nuestro país a
los niveles de tributación del resto de Europa, pero, gracias a este
impuesto, sin necesidad —y lo voy a decir otra vez— de
aumentar la presión fiscal sobre las familias, los trabajadores o
trabajadoras, los autónomos o la pequeña y mediana empresa de nuestro
país. Se trata de una fiscalidad justa que debería ser la base del Estado
del bienestar, de un Estado del bienestar fuerte.

Como decíamos antes: esta pandemia ha
demostrado como nunca antes la necesidad de un Estado, de unos servicios
públicos que actúen de escudo social; un apoyo que está esperando la
ciudadanía en estos momentos de dificultad. Se están atendiendo desde
todas las administraciones demandas diarias de apoyo a diferentes
sectores. Se están escuchando las exigencias de la oposición de ayudas y
de mayores servicios que implican siempre un aumento del gasto público.
Pues bien, compartimos esa necesidad, especialmente en estos momentos,
pero dejémonos de mensajes engañosos: reduciendo los ingresos del sector
público no se pueden mantener y mejorar los servicios; no se pueden
garantizar los derechos a la ciudadanía. No es así, y se lo vamos rebatir
siempre.

La solución que ponemos sobre la mesa se
concreta en un gravamen del 3 % a los servicios de publicidad en línea y
a la venta de los datos proporcionados por los usuarios. Es un gravamen
aplicable únicamente, repito, a empresas que obtienen una cifra de
negocio superior a nivel mundial a los 750 millones de euros, beneficio
que en España tiene que ser de 3 millones de euros anuales. Eso no son
pymes ni son startups. Esta es, por tanto, una medida que nos iguala a
otros países de nuestro entorno; es más, que pone a España a la
vanguardia de la respuesta al reto fiscal digital junto con Reino Unido,
Francia, Italia y Austria. No somos llaneros solitarios, ni siquiera
somos justicieros, aunque con este impuesto hagamos justicia. Y lo
haremos con este tributo que, insisto, representa un ejemplo de
fiscalidad justa. Por eso, me atrevería a decir que hoy podría ser una
jornada histórica por este motivo.

Permítanme que vaya acabando esta intervención
utilizando palabras que no son mías, en este caso de la primera ministra
de Nueva Zelanda. Me dirán: ¿y qué hace este citando ahora a nuestras
antípodas? Pues, miren, desde la antípodas plantean una reflexión
perfectamente aplicable a nuestro caso, que demuestra que nos hallamos
ante un problema global que no entiende de fronteras. Dice: nuestro
sistema fiscal actual no es justo de la forma en que trata a los
contribuyentes individuales y la manera en que trata a las
multinacionales. Lo afirmó Jacinda Ardern, y precisamente de eso se
trata, de aprobar una norma que avanza hacia la fiscalidad justa.

Y, finalmente, el ya desaparecido historiador
Tony Judt nos dejó una pregunta y su respuesta: ¿Qué legaron la
confianza, la tributación progresiva y el Estado intervencionista a las
sociedades occidentales? Y se respondía: Seguridad, prosperidad,
servicios sociales y mayor igualdad. Precisamente es lo que esperamos
lograr con esta medida que hoy queremos aprobar definitivamente, y lo
afirmo con profunda convicción socialdemócrata: seguridad, prosperidad,
servicios sociales e igualdad. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

El señor BONET BONET: Acabo con esta
declaración de principios.

Estos son nuestros objetivos. Nosotros no los
vamos a cambiar y por eso rechazamos con firmeza, de plano, con
convicción, sus vetos, porque debemos avanzar hacia una fiscalidad justa
para una recuperación justa.

Moltes gràcies. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).
Renuncia a su turno de intervención.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.

Únicamente intervengo para manifestar que mi
grupo parlamentario va a votar en contra de los vetos.

La señora PRESIDENTA:






Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Izquierda Confederal?
(Denegaciones). Tampoco intervendrá su portavoz.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra la senadora Goñi Sarries.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidenta.

El Gobierno nos presenta el Proyecto de Ley del
impuesto sobre determinados servicios digitales, pero pretender debatir
esta tramitación ahora resulta no ya inapropiado, sino absolutamente
improcedente, debido a la profunda crisis económica y social que está
atravesando el país. Quizá la nueva normalidad sea la vieja
incertidumbre, la vieja fórmula de intentar combatir la crisis económica
provocando en pymes, autónomos, empresas y trabajadores más inseguridad
jurídica. ¿Qué puede salir mal, señorías?

En Ciudadanos entendemos la necesidad de
modernizar nuestro sistema tributario y adaptarlo a los nuevos mercados,
y al imparable proceso de digitalización de la economía global.
Entendemos que la transformación digital conlleva retos; entre ellos la
necesidad de asegurar una distribución fiscal más justa a nivel global.
Como partido creemos en el libre mercado y en la sociedad abierta, pero
consideramos, sinceramente, que hay que abordar esta cuestión cuando el
contexto económico lo permita y siempre contando con el necesario
consenso internacional o, al menos, con el de nuestros socios
europeos.

El país atraviesa una de las peores crisis de
su historia reciente, consecuencia de una pandemia que lo ha asolado todo
y cuyos efectos reales en el ámbito económico, de la sanidad o del empleo
son aún desconocidos.

Hay otros motivos que explican nuestra postura;
por ejemplo, la unilateralidad del impuesto. Seremos uno de los primeros
países en implantar este impuesto. En este sentido, Estados Unidos ya
mostró su preocupación por el interés unilateral de España en gravar los
servicios de las compañías tecnológicas americanas. No podemos perder de
vista que algunas de las industrias más importantes en términos de
contribución al PIB y número de trabajadores podrían ser objeto de
medidas de represalia en forma de aranceles americanos, como la industria
automovilística y la agroalimentaria española.

El proyecto, además, difiere de la propuesta
europea buscando una mayor recaudación, porque establece un umbral exento
más bajo o porque somete a tributación gran parte de las operaciones
intragrupo. El impuesto español es más restrictivo que el comunitario, lo
que va a dificultar nuestra competitividad en el mercado digital
internacional, supondrá la ralentización en el proceso de digitalización
de la economía y la creación de distorsiones en el mercado. Debatimos la
conveniencia de implantar este impuesto en un momento en el que,
paradójicamente, la tecnología y la interconexión digital han demostrado
ser una necesidad vital en el momento del confinamiento domiciliario, un
instrumento de supervivencia, como sujetos sociales que necesitábamos
relacionarnos, comprar para comer o seguir trabajando.

Desde un punto de vista puramente económico, la
digitalización permite un incremento en la productividad y en la
innovación, en el impulso al emprendimiento, en el crecimiento de las
economías de escala y, en definitiva, en un mayor nivel competitivo
global. Van a ser los usuarios quienes van a pagar este impuesto y,
además, habrá efectos en la recaudación del Estado. Si la empresa reduce
su margen de beneficio para asumir el coste del tributo, va a disminuir
la recaudación por el impuesto sobre sociedades; y si, por el contrario,
se produce un aumento en el precio de los productos, se ingresará más por
IVA pero solo a priori, porque ese resultado va a quedar ensombrecido de
manera equivalente por la correlativa caída en la facturación arrastrada
también por el impuesto sobre sociedades.

Señores del PSOE, presentan unos irreales
objetivos de recaudación. Las previsiones del Gobierno son poco
razonables y manifiestamente optimistas: pretenden recaudar 1000 millones
de euros, mientras la Comisión Europea nos vaticina entre 400 y 550
millones de euros; muy optimistas.

En Ciudadanos no nos oponemos a la creación de
un impuesto de estas características, pero, por supuesto sin las
deficiencias de las que adolece este proyecto y con una implantación
coordinada internacionalmente, con los países de la OCDE o, como mínimo,
con los socios comunitarios. La aprobación con carácter aislado en
nuestro país va a perjudicar notablemente nuestra posición competitiva
con los países más avanzados del mundo y va a poner en riesgo a algunas
de nuestras industrias más potentes. La norma no resuelve, y el Gobierno
lo admite, el riesgo de que esta carga tributaria sea trasladada al
consumidor final o al usuario.

Por último, en el contexto actual, global, de
profunda recesión económica, en España no podemos siquiera plantearnos
iniciativas que supongan en lo más mínimo la imposición de cargas
fiscales a unos ciudadanos durísimamente golpeados ya por una crisis de
la que nadie conoce ni su duración ni los efectos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.
Egun on guztioi.

Debatimos hoy la aprobación del Proyecto de Ley
del impuesto sobre determinados servicios digitales. Mi grupo no ha
presentado veto y tampoco enmiendas al texto que hoy debatimos —las
presentamos en el Congreso—, por lo que fijaré la posición de mi
grupo en torno a este impuesto y también a los vetos.

Los modelos de negocios digitales se basan en
gran medida en la capacidad de llevar a cabo actividades a distancia, con
escasa o nula presencia física. Sin embargo, las normas fiscales
internacionales se basan en la presencia física y han quedado obsoletas
para hacer frente a este tipo de modelos de negocio que se basan
principalmente en activos intangibles, datos y conocimiento. Como
consecuencia de ello, algunas empresas ofrecen servicios sin tener
presencia a efectos fiscales.

Mi grupo parlamentario entiende que hay que
adaptar los sistemas fiscales, y nos consta que existe un creciente
reconocimiento internacional en relación con la necesidad de disponer de
un nuevo marco fiscal actualizado y adaptado a los modelos de negocio
digitales, pero esta solución en el ámbito global, a través de los
debates internacionales en la OCDE y en la Unión Europea, no acaba de
llegar. La verdad es que resulta muy difícil llegar a un consenso
internacional para corregir una anomalía cuando de esta anomalía se están
beneficiando unos pocos países. La tasa digital planteada por Europa ha
quedado enterrada por el rechazo de países como Luxemburgo o Irlanda, que
utilizan rebajas de impuestos y prácticas fiscales agresivas para atraer
a multinacionales extranjeras, con el objetivo de desarrollar una
actividad comercial sin mayor valor añadido. Ello ha llevado a una
agresiva competitividad fiscal entre países ante el vacío regulatorio,
países que entienden que no se debe hacer acción alguna para luego actuar
de forma desleal, como si fuera un dumping fiscal; estrategia con la que
nuestro grupo no se posiciona.

En todo caso, en Europa, países como Francia e
Italia han dado pasos prácticos hacia una imposición digital, guardando
las líneas generales del proyecto de la directiva, en este debate que nos
han repetido con escaso éxito. Nos dicen que se debe esperar a la
solución de la OCDE para evitar amenazas de aranceles de terceros,
especialmente de Estados Unidos, pero no deberíamos olvidar que Estados
Unidos tiene poder de veto en la OCDE y que recientemente ha vuelto, a
través de su secretario de Estado del Tesoro, a hablar de las represalias
de Estados Unidos al perjudicar la tasa digital de Francia, Italia y la
que se aprobará, espero, aquí en el Estado, a empresas
estadounidenses.

En la OCDE, 137 países llegaron a un acuerdo
sobre las bases de negociación del futuro impuesto. Además, ese acuerdo
incluye algo que consiguió introducir Estados Unidos, el régimen de
protección; es decir, que estas empresas multinacionales, en su mayoría
estadounidenses, pueden elegir el régimen fiscal al que serán
sometidas.

Como dijo el responsable de política fiscal de
la OCDE, la posibilidad de consenso sobre este elemento es casi nula y el
acuerdo se antoja difícil. ¿Qué es lo que aprobamos hoy? Lo que se somete
a debate es un impuesto en línea con la propuesta de la directiva, un
impuesto indirecto, que tiene como objetivo gravar aquellos servicios en
los que existe una contribución esencial de los usuarios y usuarias en el
proceso de creación de valor de una empresa que presta su servicio desde
otras jurisdicciones, circunscribiendo el impuesto a empresas con un
importe neto de cifra de negocio superior a los 750 millones de euros
—no hablamos de pymes—, conforme a lo establecido en los
acuerdos BEPS de la OCDE y cuyos ingresos derivados de los servicios
digitales, no de todos sus servicios, superen los 3 millones de euros.
Vemos en la propuesta cierta contención y parece que no ven quiénes
presentan veto; vemos prudencia, que entendemos trata de evitar efectos
indeseados sobre la competitividad o sobre el establecimiento de
actividades digitales. Nuestro grupo apoya esta figura impositiva, quizá
porque somos un partido de gobierno y como tenemos Hacienda sabemos de la
necesidad de esta figura impositiva.

Creemos que es necesario iniciar con este paso
el camino hacia una nueva fiscalidad del siglo XXI. Entendemos que las
compañías digitales no han de tener una ventaja fiscal frente a las
tradicionales, y menos en el contexto de la COVID-19, en la que todos los
recursos económicos van a ser necesarios. Además, las empresas digitales
han aumentado su actividad y beneficios frente a los negocios
tradicionales; frente a autónomos y pymes, esos que tanto queremos
defender, que, por el contrario, han visto paralizada o reducida su
actividad durante la pandemia.

Dada la incertidumbre que existe en torno a la
solución europea y todavía más sobre la solución de la OCDE, una vez
planteado este impuesto por el Gobierno de forma unilateral pero en línea
con lo avanzado por Europa, entendemos que puede servir de ejemplo y
allanar el camino a esa tasa digital europea. No nos podemos permitir que
mientras esta no llegue, las grandes empresas del sector se beneficien
sin apenas aportación; frente a las críticas habituales al impuesto:
distorsión del mercado al ser una medida unilateral y transitoria,
resulta bastante difícil. Para poder esquivar la tasa se debería dejar de
vender a los y las clientes del Estado, y teniendo en cuenta los
volúmenes de negocio, la pérdida sería más elevada que la tasa del
impuesto del 3 %. ¿Las prácticas de estas grandes compañías que eluden o
reducen el pago de impuestos al radicar su sede en un territorio con baja
carga fiscal no distorsionan el mercado?

En cuanto a las críticas de que esta tasa merma
la competitividad y el desarrollo digital al establecer condiciones más
restrictivas que los países de nuestro entorno, y que, por lo tanto, los
negocios se ubican en esos países con mejores tratamientos fiscales, diré
que esto ya está ocurriendo, precisamente esto es lo que se pretendería
solventar con esta tasa, por lo que este argumento caería por su propio
peso.

En cuanto a la crítica acerca de que la carga
tributaria del impuesto se va a trasladar al consumidor final, no lo
vamos a negar, esto puede suceder si la regulación se realiza de forma
unilateral, pero también si la regulación se realiza a escala global.
Creo que no hay que subestimar a la población, porque la sociedad en
general está dispuesta a hacer un mayor esfuerzo fiscal, a pagar
impuestos, si percibe que vamos a tener mejores servicios sanitarios,
sociales o educativos. Un sistema donde pagas impuestos para garantizar
los servicios públicos no genera cuestionamiento, el cuestionamiento se
genera cuando se pagan impuestos pero no se sabe a dónde van, o cuando
terminan en las bolsas de la corrupción.

Tampoco entendemos muy bien que se critique la
unilateralidad cuando yo hubo otro Gobierno, el del Partido Popular, que
planteaba esta tasa, a instancia de una proposición no de ley de
Ciudadanos, además con un impuesto finalista para pagar pensiones, y, por
tanto, fuera de la coordinación europea que ahora exigen, por lo que
también habría que exigir cierta coherencia.

En lo referente a Euskadi, el proyecto de ley
incorpora la disposición adicional quinta tras el acuerdo al que se llegó
en el trámite del Congreso; acuerdo necesario, puesto que en el Estado
hay cinco haciendas, por lo que este impuesto ha de concertarse en
Euskadi, en la comunidad autónoma vasca y en la Comunidad Foral de
Navarra. El acuerdo al que se ha llegado establece la obligación de
concertar el impuesto, algo que se debe hacer obligatoriamente cada vez
que se aprueba un nuevo impuesto, con su correspondiente adaptación al
concierto y al convenio según lo establecido en la disposición adicional
del concierto y en el artículo 6 del convenio. El acuerdo traslada un
mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses desde la
publicación en el BOE de este impuesto, se reúna la Comisión mixta del
concierto y también la del convenio para proceder a su adaptación, para
concertar la capacidad normativa, exaccionadora e inspectora y el
establecimiento de los puntos de conexión del nuevo impuesto.

Finalizo. Entendemos este impuesto como algo
positivo y un paso hacia la nueva fiscalidad del siglo XXI. Teniendo en
cuenta el momento extraordinario en el que nos encontramos, consecuencia
de la crisis sanitaria, consideramos relevante este impuesto para que el
sector contribuya de acuerdo con los beneficios que obtiene, considerando
además que este sector ha aumentado la actividad a consecuencia del COVID
frente a pymes y autónomos, que, por el contrario, la han visto
paralizada. ¿Dónde quedaría la equidad fiscal, la justicia tributaria o
la sostenibilidad del sistema si no somos capaces de hacer que tributen
los ingresos y beneficios generados por empresas del sector digital que
se benefician de una baja tributación?

En consecuencia, por todo lo anterior,
votaremos en contra de los vetos y mantendremos la posición favorable a
la ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

En este turno de portavoces, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu interviene el
senador Martí Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, señora
presidenta.

Intervengo solo para anunciar el voto
desfavorable de nuestro grupo parlamentario a los vetos presentados.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular interviene
en este turno la senadora Muñoz Fonteriz.

La señora MUÑOZ FONTERIZ: Gracias, señora
presidenta.

Como siempre, señores del Grupo Socialista, ya
han sacado de la manga su habitual recurso a que este impuesto solamente
lo van a pagar los ricos. Desde luego, no hay tantos ricos en España para
pagar todos los impuestos que el Partido Socialista dice que va a cobrar
solamente a los ricos; la realidad es que, una vez más, lo pagarán todos
los ciudadanos y la clase media española. (Aplausos).

Frente a su propaganda, datos; datos como los
que cuantifican el impacto económico negativo de este impuesto en 600
millones de euros sobre el PIB a corto plazo, porque a largo plazo el
daño que va a provocar por la ralentización del proceso de digitalización
de nuestras empresas va a hacer la economía menos productiva, menos
innovadora y, por lo tanto, también menos competitiva. ¿De verdad creen
que esto es lo que estamos necesitando a día de hoy en el escenario
económico y social que estamos viviendo? ¿De verdad creen que la economía
española lo que necesita es una decisión que vaya a ahondar en el
desplome que estamos teniendo en estos momentos? ¿Creen que eso es lo que
debe hacer un Gobierno responsable?

Hace menos de una semana les leía en la
Comisión de Hacienda cuáles eran las perspectivas económicas para nuestro
país en el ámbito europeo. Recordaba que España es el único país del euro
con unas previsiones cada vez peores de la economía; les recordaba que
Bruselas confirmaba que España registra la mayor caída del PIB y empleo
de toda la zona euro; les recordaba también que el Instituto Nacional de
Estadística certificaba una caída del PIB cinco veces peor que la crisis
de 2009 y certificaba que en el segundo trimestre del año la economía
española ha sufrido el mayor desplome de su historia reciente y ha
entrado en recesión técnica; les recordaba cómo indicadores económicos,
también del Instituto Nacional de Estadística, constataban un desplome
del consumo de los hogares, de la inversión, de las exportaciones y que
el propio Banco de España ha empeorado las previsiones económicas para
España, tanto para 2020 como para 2021 y ha vaticinado que el paro no se
empezará a recuperar hasta el año 2022. Por tanto, un escenario
absolutamente demoledor; unos datos demoledores de evolución de nuestra
economía, alejados, muy alejados del cuadro macroeconómico que ya
presentaron ustedes en el mes de abril y que han estado defendiendo a
capa y espada, negando las advertencias del Partido Popular y de todos
los organismos internacionales de que la caída iba a ser mucho mayor de
lo que ustedes decían y hablando de brotes verdes —les gustan a
ustedes los brotes verdes— cuando realmente no hay nada de nada.
(Aplausos).

Ayer tuvimos la mayor crítica a las previsiones
económicas que ha estado haciendo el Gobierno. ¿Saben de quién han
venido? Del propio Gobierno de España. Han sido ustedes, el Gobierno de
España, el Gobierno socialista, el que ha hecho la mayor crítica a las
irreales previsiones económicas que nos querían vender hasta ayer. La
realidad les ha obligado a modificar una vez más esas previsiones; la
cruda realidad les ha obligado a modificar y empeorar nada más y nada
menos que en 25 000 millones de euros la caída de la economía para el
año 2020; 25 000 millones de euros en pocos meses han tenido ustedes que
corregir, rectificar e incrementar, y reconocer la caída del PIB,
un 11,2 %; un déficit del 11,3 %, peor también del que estimaban hace tan
unos meses, y una deuda el 118 % del PIB. Este Gobierno, una vez más,
corrige al propio Gobierno. ¿Dónde está la recuperación robusta de la que
hablaban durante todo el verano, señores del Partido Socialista, si sus
propios datos, si sus propias previsiones desmienten una de las mentiras
que nos han estado contando en los últimos meses? ¿El desplome del 11 %
del producto interior bruto de nuestro país es una recuperación robusta?
Realmente, no. Es una nueva mentira destapada. Datos escalofriantes y
escenario desolador, absolutamente desolador.

Ustedes solamente pueden dar lecciones de
despilfarro, de mala gestión, de desequilibrios y de mentira permanente,
porque han estado mintiendo a todos los españoles sobre la evolución real
de la economía, diciéndoles que las cosas iban mejor de lo que realmente
iban y han tenido que reconocerlo al final; mentira destapada. Han
mentido a todos los españoles diciendo que las ayudas europeas estaban
condicionadas a la aprobación del presupuesto, hasta que se ha sabido que
era una falsedad; mentira destapada. Han mentido a todos los
ayuntamientos de España diciéndoles que quitarles todos sus ahorros era
la única vía para poder eliminar la regla de gasto y permitirles usar el
remanente, y cuando les tumban el real decreto, cuando les anulan ese
real decreto y esa intención, porque era de vergüenza, de repente lo que
era imposible, lo que era inconstitucional, lo que no se podía hacer con
la ley en la mano porque Montoro, el malvado Montoro, no lo dejaba en su
ley, ahora resulta que es posible, que se puede hacer, que se puede
eliminar la regla de gasto y que se puede también dejar de usar los
remanentes; una nueva mentira destapada del Gobierno socialista, que
quería expoliar los ahorros de los ayuntamientos. (Aplausos). También han
mentido a todas las comunidades autónomas diciéndoles que les iban a dar
un IVA que ha cobrado el Gobierno de España y que finalmente ahora se lo
niegan, nada más y nada menos que 2500 millones de euros.

Mentira tras mentira. Son el Gobierno de la
mentira. ¿Qué les podemos pedir? ¿Que digan la verdad en el ámbito
económico, cuando en el ámbito sanitario nos siguen mintiendo día sí, día
también y jugando con una pandemia que están sufriendo todos los
españoles? (Aplausos). ¿Qué podemos esperar de ustedes, señores del
Partido Socialista, en el ámbito económico, si ni siquiera en el
sanitario nos dicen la verdad? Cuando además tienen ustedes todo por
hacer. Estamos en octubre, llevamos dos años y medio sin presupuesto.
Acaban ustedes de aprobar el techo de gasto; acaban de reunir a las
comunidades autónomas para darles sus cifras en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. En definitiva, tienen todo por hacer, y aún salen
—lo que es más sorprendente— jactándose de ese techo de
gasto; jactándose de haber batido todos los récords en el techo de gasto;
jactándose de un endeudamiento récord de la economía española, un
endeudamiento récord que se lo dejaremos a pagar a nuestros hijos y a
nuestros nietos. ¿Ese es un motivo de sacar pecho y de congratularse,
señores del Partido Socialista? Vamos a estar más endeudados que nunca.
¿Cómo vamos a hacer para poder sostener las cuentas públicas con el
endeudamiento que una vez más ustedes nos van a dejar? Están lastrando la
confianza y la credibilidad en la economía española. La recaudación está
desplomada, un 30 % hasta junio, ¿y la quieren recuperar con este
impuesto? ¡Pero si no van a recaudar ni la mitad de lo que pretendían al
principio! Lo único que van a conseguir es hacer desaparecer más
empresas, hacer huir a los inversores y generar más paro; lo contrario de
lo que necesitamos. Esperen a la regulación internacional, no hagan más
daño y escuchen lo que se les quiere decir.

El colmo, señores del Grupo Socialista, es que
vengan ustedes aquí al Senado a hablarnos de patriotismo. ¿Patriotismo?
¿Que hable el Partido Socialista de patriotismo? ¿Qué nos hable el
Partido Socialista de patriotismo? (Aplausos). ¿Ustedes, que pactan con
quienes quieren romper España, que se sientan y que pactan unos
presupuestos y lo que haga falta para mantenerse en el poder?
(Rumores.— Aplausos). Ustedes nos hablan de patriotismo. Ustedes,
que pactan, que se sientan y que ayudan a los herederos de la banda
terrorista ETA, que todavía sigue sin condenar las muertes. (Aplausos).
Ustedes nos hablan de patriotismo. Ustedes, que con sus decisiones
económicas han puesto a España a la cola de Europa. Este es el
patriotismo del Partido Socialista, el que pone a España a la cola de
todos los países europeos. (Aplausos). Nos vienen ustedes a hablar de
patriotismo. Miren, señores del Partido Socialista, a nosotros, lecciones
de patriotismo, ninguna. Les digo que el patriotismo es estar al lado de
los españoles de verdad, no anteponer la ideología, no anteponer el
ordeno y mando, no anteponer sus propios intereses a los intereses de los
españoles. (Rumores). El patriotismo es no generar paro, sino generar
empleo y hacer políticas que generen empleo y que reactiven nuestra
economía. (Rumores). El patriotismo, en definitiva, es todo lo contrario
de lo que desgraciadamente ustedes, con su gobierno multicolor, están
haciendo desde el Gobierno de España. Dejen de hacer más daño, empiecen a
escuchar al sentido común, dejen de jactarse de lo que es realmente una
situación lamentable de nuestro país y trabajen, trabajen por todos los
españoles; trabajen en positivo. Ahí sí tendrán al Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
senador Bonet Bonet.

El señor BONET BONET: Gracias, señora
presidenta.

Señoras y señores senadores, cuando ya no
quedan argumentos, sacan la bandera. Eso es lo que tenemos cada día.
(Rumores.— Aplausos). ¿Qué patriotismo es ese que quiere excluir a
los españoles que representa el Partido Socialista de su patriotismo?
(Rumores). ¿De qué están hablando? ¿Qué patriotismo es ese que se reduce
a exhibir una bandera? No, señores, nuestro patriotismo se basa en las
personas, en pensar en las personas, en sus derechos, en protegerlos, en
dedicar todos nuestros esfuerzos a que los derechos que consagra nuestra
Constitución lleguen a todos y cada uno de los ciudadanos de este país.
(Aplausos). Nosotros no damos carnés de patriotismo, no tenemos una
industria de carnés de patriotismo como ustedes, pero tampoco ustedes
pueden dar carnés de patriotismo. ¡Por favor! Están usando la amenaza de
que otros países nos van a castigar para condicionar nuestro voto hoy
aquí. ¿Eso es patriotismo? ¿Es patriotismo decir que la Administración
Trump nos va a castigar? ¿Es patriotismo condicionar el voto de esta
Cámara, que es la representación del pueblo español con las amenazas de
otros países? (Aplausos). ¿Eso es patriotismo? Eso no es patriotismo. No
pueden dar lecciones ni carnés de patriotismo, como no los pueden dar de
constitucionalismo y quedó clarísimo ayer.

Han dicho que es inapropiado, improcedente,
irreal, que no es un impuesto a los ricos. Es que, claro, pobrecitas las
multinacionales digitales que facturan más de 750 millones de euros al
año. (Aplausos). Pobrecitas. Crear un nuevo impuesto que grava a estas
grandes empresas, eso es negativo para ustedes. Pues no, es una
necesidad. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor BONET BONET: Les voy a citar a una
señora que me parece que tampoco se entera de nada, aunque sea miembro
del Partido Popular Europeo, la directora del Fondo Monetario
Internacional, que parece que no se entera de nada absolutamente, aunque
sea miembro del Partido Popular Europeo, que dijo hace poco que es
necesario resolver la tasa de impuestos a las grandes tecnológicas,
especialmente ante la actual situación de necesidad de los países de
corregir a medio y largo plazo sus desequilibrios por el aumento del
déficit y la deuda durante la crisis económica causada por la pandemia de
la COVID-19. La directora del FMI parece ser que no se entera de nada,
según ustedes. (Rumores). Tampoco me vale —como ya les he
dicho— el argumento de que otras administraciones van a hundir
nuestra economía con sus chantajes y sus amenazas. Según la Constitución,
y cito literalmente el artículo 66, las Cortes Generales representan al
pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el
Senado. Pues bien, desde la representación del pueblo español que
ejercemos hoy aquí, no podemos aceptar bajo ningún concepto que amenazas
y chantajes como los que se han expresado aquí condicionen nuestro
voto.

Nuestro país está impulsando un plan de
reactivación y debatimos en todas las sesiones la necesidad de tener
nuevas medidas de apoyo a autónomos, de prorrogar los ERTE, de dotar y
activar el ingreso mínimo vital para que llegue al máximo de gente, y
estamos pidiendo a los gigantes tecnológicos que contribuyan a estas
medidas; que contribuyan a superar esta crisis. ¿Eso es lo que ven mal?
Eso es lo que ven mal. Tal vez tendremos que recordárselo cuando nos
traigan otra moción que implique un nuevo incremento del gasto público,
porque ya me dirán con qué pretenden financiarlo.

Antes de seguir quiero agradecer los apoyos que
han expresado a la ley, porque, en general, benefician a los ciudadanos
españoles sean del territorio que sean.

Sigo con el Grupo Popular, ¿de verdad han
dicho, aunque sea indirectamente, que el Gobierno de Rajoy se propuso
hundir la economía española con este impuesto? Porque se lo propuso,
porque el señor Montoro lo anunció un mes o dos antes de la moción de
censura. Es decir, el Gobierno del señor Rajoy propuso hundir la economía
española, según hemos oído en esta tribuna hace un momento. ¿Hasta ese
punto han roto ustedes con su pasado como para interpretar que el señor
Montoro quería hundir la economía española y limitar la capacidad de
transformación digital de nuestro país?

Nos han dicho también que usaría malos datos
económicos. Sinceramente, me parece que ha mezclado churras con merinas,
porque al final hemos acabado con el patriotismo. En la comisión le
recordé otro: la caída del PIB mundial diez veces superior a la que
provocó la quiebra de Lehman Brothers; un PIB mundial que cae un 3,8 %
en 2020, frente a la caída del 0,4 % en 2009; la revisión de hasta el 9 %
de desplome del PIB en Estados Unidos en el segundo semestre, o que la
OCDE decía que la economía mundial se contraería hasta el 4,5 %, con un
comercio mundial que ha colapsado en un 15 %. Estos son los datos que nos
permiten contextualizar lo que usted no ha contextualizado. Una vez más,
parece que solo hay crisis en España, porque esto me ha sonado a los
viejos argumentarios que utilizaban en la anterior crisis.

Le doy un consejo, cuando alguien le diga que
todo está mal, que todo se hace mal y que no hay nada que se salve,
desconfíe siempre de quien se lo diga, aunque sea usted misma, porque la
verdad nunca es blanco o negro.

Se necesitan recursos públicos, y ustedes lo
saben, por eso se lo digo. Ustedes saben que se necesitan recursos
públicos en el marco de una crisis. Hoy, el Gobierno de coalición, con la
presentación de este proyecto de ley que nosotros apoyamos, opta por
gravar a los gigantes tecnológicos para tener más recursos. Es cierto que
frente la crisis anterior, el Gobierno que presidía el señor Rajoy
también decidió tener más recursos. ¡Ah! Pero hay una pequeña diferencia:
nosotros hoy vamos a hablar de dos proyectos de ley que no gravan a
familias ni a trabajadores, como le he dicho antes. La receta del señor
Rajoy fue la subida del IVA, la subida del IVA superreducido, la subida
del IRPF, la implantación de los copagos sanitarios, la subida de las
tasas universitarias, etcétera. (Aplausos). ¿Quién pide más dinero a los
españoles para superar la crisis, el impuesto sobre determinados
servicios digitales a empresas que facturan más de 750 millones de euros
o quien sube el IVA hasta de las chuches? (Aplausos).

Le he dicho que esta era una medida de
fiscalidad justa y creo que necesaria. No entiendo su radical oposición
expresada en las últimas intervenciones, a no ser que quieran aplicar la
vieja receta, también del Partido Popular, de que se hunda España, que ya
la levantaremos nosotros —como dijeron en ese momento—. Ya sé
que les cae mal que lo recordemos, pero se dijo y, una vez más, tenemos
la sensación de que siguen anclados ahí.

La señora PRESIDENTA: Señor Bonet, vaya
terminando.

El señor BONET BONET: Le digo una cosa, ni este
país ni sus ciudadanos les necesitan a ustedes para levantarse.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

A continuación, para el debate de las
enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
González-Robatto Perote, por tiempo máximo de treinta minutos; un minuto
por enmienda.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
señora presidenta.

Señor Bonet, que usted haya traído como ejemplo
a Indalecio Prieto es, cuando menos, sorprendente. Organizador del golpe
de Estado contra la República, a la que tanto adoran, en 1934 con la
revolución de Asturias, responsable de más de 5000 muertes, de la compra
con su dinero de 17 000 fusiles y cuya gestión acabó en la guerra civil
más trágica que ha vivido España en el siglo XX. (Rumores). Menudos
ejemplos trae usted.

Otra cosa que le quiero preguntar es sobre la
derecha ultramontana. La verdad es que ese adjetivo nunca lo había
escuchado, no sé si usted se refiere a los cruzados que venían más allá
de los Pirineos —de ahí viene el término ultramontano— o a la
primacía jurisdiccional y espiritual del papa. La verdad es que no sé
dónde encajarlo. Que usted se vaya a las antípodas para buscar la
justificación es una muestra de lo injustificable de las medidas que
traen. Por último —y después me referiré a las enmiendas—, ha
dicho que su patriotismo es el de las personas. No sé si usted se
referirá a las 53 000 personas que nos han dejado, a los 20 000 que
tienen guardados en un cajón, a los gerentes de los prostíbulos en
Andalucía o a los trabajadores a los que robaron más de 680 millones de
euros. No sé qué patriotismo es el que usted está buscando.

En cuanto a las enmiendas, me voy a referir, en
primer lugar, a una enmienda a la totalidad, de devolución, por las
justificaciones que he considerado antes en el veto. La rechazada
propuesta de la directiva del Consejo relativa al sistema común del
impuesto de los servicios digitales que gravan los ingresos procedentes
de la prestación de determinados servicios digitales ya planteaba en su
articulado que la mejor estrategia consideraba encontrar una solución
internacional y multilateral al respecto. Por eso insisto, ya que, de lo
contrario, «la descoordinación de las medidas adoptadas por los Estados
miembros de forma individual para fragmentar el mercado único y falsear
la competencia, obstaculizando el desarrollo de las nuevas soluciones
digitales y la competitividad en la Unión en su conjunto». Nosotros
pensamos que la medida aislada es completamente inútil, recae en el
usuario final, como todos los impuestos que ustedes proponen.
Actualmente, en Europa, únicamente Francia, Italia y Hungría tienen
paralizado el cobro del mismo hasta diciembre de 2020 a la espera de un
consenso internacional sobre esta cuestión, pero ustedes son los más
listos de la clase. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Vox entiende que
la implementación de esta figura impositiva generaría una clara
distorsión en el mercado europeo. No nos lo inventamos, ya ha pasado. La
aplicación de este impuesto revertiría directamente en un incremento
final del precio a pagar por los consumidores en relación con
determinados servicios digitales.

La Asociación Multisectorial de Empresas de
Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica y la
Asociación Española de Economía Digital estimaron, como dije antes en la
intervención, una cantidad de entre 515 y 665 millones de euros como
incremento a pagar por los consumidores españoles. Asimismo, el proyecto
de ley tendría efectos negativos sobre las empresas usuarias de los
servicios digitales, entre las que se encuentran las numerosas pymes y
startups, ya que experimentarían una pérdida de su beneficio operativo
por el incremento de los costes. Estos no se pueden ir de España y son
los que van a sufrir directamente las consecuencias de sus políticas,
incrementando la ventaja de los exportadores extranjeros frente a los
españoles y la reducción de la productividad y la competitividad.

El Grupo Parlamentario Vox entiende que, aunque
sea calificado en el proyecto de ley como impuesto indirecto, se trata en
realidad de un impuesto directo que supondrá un claro caso de doble
imposición, erosionando la competitividad empresarial. Más adelante haré
hincapié en ello.

La Constitución española establece en el
artículo 31, como también dije antes, que todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que de ningún modo tendrá un
alcance confiscatorio. En el caso de este impuesto, se aplicará sobre
empresas en las que su beneficio no alcance el 6 % de los ingresos
brutos. Nos encontraríamos en una potencial situación confiscatoria a
derecho. A esta situación se suma el agravante añadido de la viabilidad
empresarial, esas que están cayendo a miles en España por culpa de su
gestión. Es un impuesto que incrementa los costes de producción de los
servicios, con un efecto similar al de los impuestos especiales, y la
Unión Europea es extremadamente vigilante con el establecimiento de este
tipo de impuestos que se encuentran regulados y tasados. Actualmente, la
imposición indirecta que Europa reconoce es la que aplica al consumo
general, el IVA, así como los impuestos especiales sobre energía, alcohol
y labores del tabaco, que componen una lista o relación de mínimos, a la
que los países miembros pueden añadir otros impuestos. Los nuevos
impuestos que se añadan deberían ir destinados a cumplir una finalidad
concreta, cuestión que la exposición de motivos que nos ocupa no aborda
en ningún momento, más bien hace una reflexión sobre la imposición
directa, impuesto sobre sociedades, a la que las empresas que prestan
estos servicios digitales deberían someterse para después introducir el
elemento de la imposición indirecta como figura idónea para gravar estos
servicios, ya que no encuentran la fórmula para aplicar la imposición
directa a los beneficios de esta compañía.

Hace unos años en España se estableció un
impuesto especial nuevo, el gravamen en cuestión fue el impuesto sobre
ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que estaba destinado a
financiar las nuevas competencias transferidas a las comunidades
autónomas en materia sanitaria, además de actuaciones medioambientales.
Estuvo en vigor desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de enero de 2013,
fecha en la que se integró el impuesto especial sobre hidrocarburos.
En 2014 el Tribunal de Justicia declaró que este impuesto, denominado
popularmente como céntimo sanitario, era contrario a la directiva de la
Unión Europea sobre los impuestos especiales ya que no cumplía el
principal requisito exigido en un gravamen de este tipo: perseguir una
finalidad específica, así como tampoco respetaba las normas impositivas
aplicables en relación con los impuestos especiales o con el IVA para la
determinación de la base imponible, liquidación y devengo y control del
impuesto. Estos dos requisitos tienen por objeto evitar que los impuestos
indirectos suplementarios obstaculicen indebidamente los cambios.

Con respecto al principio de eficiencia, se
considera que los costes de implementación de un impuesto supuestamente
temporal, tanto para la Administración como el contribuyente, no se verán
compensados por la recaudación del mismo, que requerirán una nueva
adaptación en el tiempo que costaría implementar este impuesto
unilateral. Un impuesto como el propuesto en este proyecto de ley daría
lugar a resultados distorsionados debido a su finalidad de asignar
tributación a un país específico a través de la tributación de los
ingresos de facturación.






En este contexto, el impuesto contemplado en el
proyecto de ley duplicaría con creces la carga impositiva actual
soportada por muchas entidades. Como resultado, el impuesto no sería para
nada proporcional.

Voy a ir enumerando las enmiendas. La número 5
es una enmienda de modificación con el fin de la inclusión de un límite
subjetivo en lugar de un límite objetivo, que pretende dejar fuera del
alcance de este nuevo impuesto a las entidades cuya actividad principal
no son los servicios digitales que se pretenden gravar, sino que estos
son accesorios a su negocio principal. La cifra de 50 millones de euros
se establece con el objetivo de excluir el tributo a las pymes y evitar
así efectos negativos y desincentivadores sobre la innovación que puedan
desarrollar las startups y pymes españolas especializadas en servicios de
big data. Esta definición de pyme está recogida en el anexo 1 del
Reglamento número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior de aplicación a los artículos 107 y 108 del
tratado.

La enmienda número 6 plantea la eliminación del
párrafo —abro comillas— «El principio de transparencia queda
garantizado mediante el trámite de audiencia e información pública en el
proyecto de ley». La tramitación de un nuevo proyecto de ley hubiera
requerido también un nuevo trámite de audiencia e información pública. El
proyecto de ley presentado por el Gobierno en enero de 2019 para su
tramitación en el Congreso de los Diputados decayó por la disolución de
las Cortes Generales ante la convocatoria de nuevas elecciones. Por
tanto, consideramos que la tramitación de un nuevo proyecto de ley
hubiera requerido también un nuevo trámite de audiencia e información
pública. Al no haber sido así, entendemos que se estaría vulnerando el
artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que
regula el trámite de audiencia e información pública en el procedimiento
de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. El principio de
transparencia y participación ciudadana queda también en entredicho con
la urgente reactivación de la actividad parlamentaria tras la
paralización a causa del estado de alarma. Sin entender las
circunstancias extraordinarias que se han debido afrontar durante el
pasado mes de marzo, los plazos de presentación de enmiendas se han
reactivado sin haber permitido las numerosas reuniones previas que
tuvieron que cancelarse por el cierre del Congreso.

La enmienda número 7 busca añadir que el
impuesto sobre determinados servicios digitales tiene carácter
extraordinario y temporal. En coherencia con lo previsto en la exposición
de motivos, debe establecerse de forma clara el carácter extraordinario y
temporal del impuesto, a la espera de la implementación de una solución
global alcanzada en un marco internacional.

En la enmienda número 8 consideramos necesario
incluir los términos periódicos y revistas digitales para clarificar que
entran dentro de la definición de contenidos digitales y, por tanto,
quedan excluidos de este impuesto.

En la enmienda número 9 consideramos necesario
realizar un cambio de nomenclatura del servicio para evitar confusiones
con el servicio de telecomunicaciones, denominándolo servicio de
transmisión de datos. La delimitación del concepto de servicios digitales
busca la coherencia en el texto con la enmienda propuesta en el
artículo 4.6.

La enmienda número 10 busca la modificación
propuesta y tiene como objetivo, del mismo modo que la modificación del
artículo 4.10, dejar claro que, tal y como establece la exposición de
motivos del anteproyecto, el nuevo impuesto pretende gravar las
actividades económicas que tienen su origen en el valor de los datos y
las contribuciones de los usuarios a la creación de valor. En ese
sentido, se debe considera la publicidad en línea a aquella que
exclusivamente tienen los usuarios, excluyendo la geolocalización como
dato.

La enmienda número 11 propone añadir que no se
considerarán intermediarios en línea a aquellos cuya puesta a disposición
de la mencionada interfaz sea pasiva y no obtenga la contraprestación
derivada de la formalización de entregas de bienes y prestaciones de
servicios subyacentes. La modificación propuesta tiene como objetivo
reducir el amplio abanico de intermediarios que podrían incluir a los
operadores que no realizan en punidad dichos servicios, en aras de
seguridad jurídica. Esta exclusión se introduce también a través de un
impuesto de no sujeción en el artículo 6. g).

La enmienda número 12, en primer lugar,
considera necesario realizar un cambio de nomenclatura del servicio para
evitar confusiones en el servicio de telecomunicaciones, como he señalado
antes. Por otro lado, la cesión de datos de usuarios que constituye
objeto de este tributo no se articula mediante una prestación de
servicios, sino del negocio de compraventa. La modificación propuesta
tiene como objetivo que el impuesto grave únicamente la transmisión de
datos de usuarios sin ningún tipo de tratamiento que permita garantizar
el anonimato de los usuarios y en línea con las propuestas de una
publicidad dirigida. La exigencia de que el usuario dé el consentimiento
explícito a sus datos es lo que justifica que exista la participación de
los usuarios, que constituye una contribución esencial al proceso de
creación de valor de la empresa, tal y como se requiere en la exposición
de motivos del anteproyecto.

Adicionalmente, el requerimiento de que los
servicios de transmisión de datos gravados estén vinculados a los
servicios de publicidad en línea evita que el tributo dañe la innovación
de servicios vinculados a datos diferentes de los servicios
publicitarios. Es decir, de esta manera se incentiva el desarrollo de
determinados servicios vinculados a servicios como eHealth y
eAdministración, Industria 4.0, coche conectado, etcétera.

La enmienda número 13 pretende aclarar lo que
se entiende por publicidad dirigida. Por ello añadiríamos los siguientes
puntos: «1. La comunicación comercial incluida en un interfaz digital que
es visible para cualquier usuario independientemente de estos datos. 2.
La comunicación comercial que es visible para todos los usuarios dentro
de una categoría demográfica general». Con esto se propone realizar una
aclaración sobre la publicidad, que debe quedar incluida en el hecho
imponible del impuesto, evitando que se queden sujetas al impuesto
situaciones no deseadas en las que no se usan los datos de navegación de
los usuarios para la segmentación de la publicidad. Igualmente se propone
la eliminación de la presunción iuris tantum por considerarse excesiva la
transferencia de la carga de la prueba al contribuyente.

En la enmienda número 14 pretendemos incluir la
definición amplia de servicios de pago para asegurar la exclusión de los
servicios de pago. Se propone la introducción de un nuevo apartado 13 en
el artículo 4.

En la enmienda número 15 se propone la
introducción de un nuevo apartado con el siguiente texto «La realización
del hecho imponible solo puede acontecer una única vez a lo largo de la
cadena de valor relativa a los servicios digitales, no debiendo existir
en ningún caso la doble imposición de esta misma prestación». Es un
cambio solicitado única y exclusivamente para garantizar la transparencia
en la cadena de valor.

La enmienda número 16 se justifica porque es
necesario dejar explícito la exclusión de los servicios de comunicaciones
electrónicas y los servicios audiovisuales, que claramente no son el
objetivo del gravamen de esta tasa.

La enmienda número 17 se justifica porque se
establece como supuesto de no sujeción las operaciones intragrupo en
aquellos casos en los que la participación entre entidades sea del cien
por cien. No parece justificado que se exija esta participación del cien
por cien, sino que sería recomendable que la remisión se hiciera con
relación a entidades del mismo grupo conforme a la definición de grupo
del artículo 42 del Código de Comercio.

La modificación propuesta en la enmienda
número 18 tiene por finalidad aclarar que la publicidad incluida en los
servicios de comunicación audiovisual televisiva no debe quedar gravada
por el impuesto de determinados servicios digitales ya que el objeto
principal de estos servicios es la prestación de un servicio audiovisual
a los clientes, no existiendo una contribución de usuarios esencial para
el proceso de creación de valor de las entidades prestadoras de servicios
de comunicación audiovisual de televisión. Adicionalmente debe tenerse en
consideración que los prestadores de servicios de comunicación
audiovisual televisiva son sujetos pasivos de la aportación para la
financiación de Radio y Televisión Española regulada en la Ley 8/2009,
por la que están obligados a contribuir con el 3 % de sus ingresos (1,5 %
las plataformas de televisión de pago). En consecuencia, la aplicación de
este impuesto a las enmiendas que ya son sujeto pasivo de la mencionada
aportación implicaría una triple imposición al estar gravados estos
ingresos también por el impuesto de sociedades.

La enmienda número 19 propone la introducción
de un nuevo apartado con el siguiente texto: «Las prestaciones de
servicios digitales realizadas por operadores de comunicaciones
electrónicas regulados», y propone añadir una nueva letra, un nuevo
apartado, para aclarar que los servicios prestados por operadores de
comunicaciones electrónicas no deben quedar gravados por el impuesto, ya
que el objetivo principal de estos servicios es la prestación de
comunicaciones electrónicas.

En la enmienda número 20, al artículo 6,
supuestos de no sujeción, pedimos la adición de un apartado con el
siguiente texto: «Cuando se trata de servicios de intermediación en línea
de lo que un usuario ponga a disposición de otro software digital,
siempre y cuando ambos usuarios sean empresas o profesionales».

El proyecto de ley justifica este impuesto en
la necesidad de computar la participación de los usuarios en el proceso
de creación de valor de la empresa que presta los servicios, pero parece
obviar el valor de los servicios que entran dentro del ámbito de
aplicación del impuesto que generan para entidades y personas que hacen
uso de los mismos. Este es el caso de los servicios de intermediación
dirigidos a empresas donde se pone en contacto fundamentalmente a
desarrolladores con pymes estándar y otros potenciales clientes para
acercar sus proyectos al público en general. En un contexto en el que las
competencias son cada vez más necesarias y donde se potencia la figura
del emprendedor desarrollador, penalizar las vías de aquellos que puedan
utilizar para darse a conocer y acercar sus productos a un público
especializado tiene un efecto negativo en sus oportunidades laborales y
de desarrollo del futuro. Tampoco se tienen en cuenta que numerosas
empresas, proveedores y desarrolladores españoles cuentan a su vez con
estos servicios de intermediación como una vía para potenciar e
incentivar sus negocios. Asimismo, este tipo de propuestas suponen una
barrera a prácticas de innovación abierta en empresas que suelen
incorporar servicios y prestaciones de startups que revisten forma de
servicios de intermediación con otras empresas, desincentivando la
inversión y el apoyo de grandes y medianas empresas al ecosistema
emprendedor de nuestro país.

La enmienda número 21 propone la introducción
de un apartado con el siguiente texto: «las prestaciones de servicio de
computación en la nube».

Los servicios de computación en la nube no
consisten en la puesta a disposición de los usuarios de una interfaz
digital multifacética; tales servicios generalmente se basan solo hasta
cierto punto en la participación de los usuarios —tal y como
estableció la Comisión Europea en su análisis de impactos de marzo
de 2018 y la OCDE en su informe intermedio de marzo, también
de 2018—. Los servicios de computación de la nube no deberían estar
sujetos a este impuesto. Esto está asimismo en línea con la guía
propuesta por la OCDE en marzo de 2018 para el diseño de un impuesto
sobre determinados servicios digitales sobre esta tasa. Para evitar
cualquier duda se debería, sin embargo, clarificar que la prestación de
servicios de computación de la nube está, de hecho, fuera del alcance del
propuesto por un impuesto por esta tasa de servicios digitales. Este es
asimismo el enfoque adoptado por el Reino Unido en su propuesta de
octubre de ese mismo año.

Se propone en la enmienda número 22 la
introducción de otro nuevo apartado, que diga: «Las prestaciones de
servicios de intermediación en línea que faciliten la entrega de bienes o
prestaciones de servicios subyacentes entre los usuarios en las que el
prestador del servicio no reciba una contraprestación derivada de la
entrega de bienes o prestación de servicio subyacente». Se propone
excluir de la tributación los ingresos derivados de servicios de
intermediación en las que el prestador de los servicios de intermediación
en línea no obtiene una contraprestación sobre el precio de venta.

La enmienda número 23 propone añadir un texto
que diga: «Con carácter particular, cuando en las rentas del sujeto
pasivo del impuesto se computen rentas idénticas y efectivamente gravadas
mediante el impuesto de sociedades o el impuesto sobre la renta de no
residentes que produzcan supuestos de doble imposición, tales rentas se
considerarán no sujetas a los efectos de este tributo». El propósito de
este artículo no es otro que impedir auténticas situaciones de doble
imposición para aquellos contribuyentes con modelos digitales cuyos
modelos de negocios y estructuras fiscales y organizativas no cuentan con
deslocalizadores de activos intangibles ni con fiscalidad superior a las
empresas no digitales, de acuerdo con el espíritu de la norma y con la
exposición de motivos de la misma. La imposición de este perfil de
contribuyentes no es objeto de debate en el plano de la OCDE o de la
Unión Europea por existir tributación efectiva en aquellos territorios en
los que se sitúan los usuarios cuya creación de valor pretende gravar
este impuesto.

La enmienda número 24 sugiere valorar como
propuesta alternativa a la regla de localización por Protocolo de
Internet, el famoso IP, la aplicación de las normas de IVA. La nueva
carga administrativa que implicaría el control de los efectos de la
dirección IP parece justificar que se plantee un criterio diferente. A
este respeto las reglas de IVA pudieran ser una solución. A efectos del
presente artículo se entenderá que un usuario está situado en el
territorio de aplicación de este impuesto cuando así resulte de
aplicación de las normas de IVA sobre el lugar de prestación de los
servicios por vía electrónica, de acuerdo con la Directiva 2006/112 de la
Comunidad Europea del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al
sistema común de impuesto sobre el valor añadido, y en aquellos casos en
los que no sea posible la determinación de la localización del usuario
por aplicación de estas normas, atendiendo al Protocolo de Internet, o
cualquier otro medio de geolocalización.

Presentamos la enmienda número 25 porque
conviene cambiar la consideración de lugar de realización de la
prestación del servicio de publicidad al momento en que se hace clic y no
a la aparición del anuncio.

Proponemos la enmienda 26 porque la inclusión
de un límite subjetivo en lugar de un límite objetivo pretende también
dejar fuera del alcance de este nuevo impuesto a las entidades cuya
principal actividad no son esos servicios digitales que se pretenden
gravar.

La enmienda número 27 se justifica porque el
cálculo de impuesto debe realizarse de una manera agregada y no de
operación a operación. La exclusión de los ingresos computados en la base
imposible del impuesto sobre sociedades pretende evitar que se produzca
una vez más una doble imposición sobre un mismo ingreso, ya que viene
tributando en el impuesto sobre sociedades, pues tal y como dice la
exposición de motivos del proyecto de ley, el objeto de este impuesto es
gravar los beneficios generados por la digitalización de la economía, y
con las actuales normas de dicho impuesto sobre sociedades no quedarían
gravados. Dicho supuesto de doble imposición podría darse, por ejemplo,
con el desarrollo de una aplicación que ponga en contacto a varios
usuarios a efectos de comprar y vender energía. Los ingresos que se
obtuvieran por el uso de esa aplicación quedarían sujetos a este impuesto
de sociedades y al mismo tiempo a este impuesto.

La justificación de la enmienda número 28, al
artículo 10, es la siguiente: El artículo 10 determina las reglas de
reparto de ingresos con respeto a los tres hechos imponibles que gravan
este impuesto. Nuestra propuesta es utilizar un cálculo agregado e
introducir determinados cambios en base a otras modificaciones comentadas
anteriormente.

La enmienda número 29 considera necesario
realizar un cambio de nomenclatura del servicio para evitar las
confusiones del servicio de telecomunicaciones, denominado servicio de
transmisión de datos. Por otro lado, la cesión de datos de usuarios que
constituye el objeto de este tributo no se articula mediante una
prestación de servicios, sino del negocio de compraventa.

La enmienda número 31 pretende evitar una doble
imposición, otra vez.

La enmienda número 32 se justifica porque el
régimen sancionador que se refiere a la sanción por incumplir el
artículo 13.1 parece absolutamente desproporcionado. El texto sometido a
este proyecto de ley y la responsabilidad recae sobre el prestador del
servicio, al que se le exige conocer la ubicación de los usuarios y la
sanción aparejada si no dispone de los mecanismos para conocer tal
ubicación y es tan desproporcionada que en la práctica, de manera
indudable, no será para prestar servicios. Sin embargo, puede haber
situaciones en las que los usuarios oculten su IP por motivos
perfectamente lícitos y sin motivación fiscal alguna, por lo que el
contribuyente que presta el servicio digital desconocerá la ubicación de
los usuarios en base a la IP.

La número 33 es una enmienda de adición con el
siguiente texto: «Aquellos contribuyentes que formen parte de un mismo
grupo a efectos del artículo 42 del Código de Comercio podrán presentar
una única autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria a través de un
impuesto a las entidades que conforman el mencionado grupo».

La justificación de la enmienda 34 es la
siguiente: a los efectos de simplificar la carga administrativa en la
liquidación de impuestos en esta tasa, se propone la posibilidad de
presentar una autoliquidación consolidada para aquellas entidades que, de
acuerdo con lo expuesto en el artículo 4, apartado 3 del presente
proyecto de ley, conformen un conjunto de entidades en el que una entidad
ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia
de su residencia y de la obligación de formular las cuentas anuales
consolidadas.

Proponemos que el periodo de liquidación del
impuesto sobre determinados servicios digitales sea de carácter anual, en
línea con lo que se ha planteado en algún otro país, por ejemplo, en
Italia, habida cuenta de la complicación administrativa y técnica que se
puede producir para poder seleccionar los ingresos derivados de
determinadas fuentes —las empresas a las que puede afectar este
gravamen, razonablemente tendrán diversas fuentes de ingresos y no todos
ellos se encuadran dentro del hecho imponible— y de los ajustes que
pueden ser necesarios en caso de anularse las operaciones.

Proponemos la enmienda 35, tal y como hemos
expuesto anteriormente, porque el régimen sancionador cuando se refiere a
la sanción por incumplir el artículo 13.1.i) es completamente
desproporcionado. En el texto sometido al proyecto de ley, la
responsabilidad recae sobre el prestador del servicio, al que se le exige
conocer la ubicación de los usuarios, y como hemos explicado
anteriormente, no puede ser. No se tiene en cuenta, sin embargo, que
puede haber situaciones en las que, como he dicho antes, los usuarios
oculten su IP. Por otro lado, cuantificar la sanción en función del
importe de la cifra de negocios del prestador del servicio sin vincularla
al importe que se pueda ver afectado por este incumplimiento o al importe
del volumen de operaciones a efectos del impuesto de servicios es a todas
luces desproporcionado. Esto daría lugar a que las empresas con un
volumen de negocio reducido de servicios sujetos a este impuesto puedan
ser sancionadas en su volumen total de negocio. Es, por tanto,
desproporcionada la forma del cálculo de la sanción.

Hemos presentado la enmienda número 37 porque,
con el objeto de garantizar la homogeneidad con la normativa europea, se
propone incluir expresamente la necesidad de una adaptación a la futura
directiva europea que regule el impuesto similar al aprobado en esta
ley.

En resumen a todo esto: estudien las enmiendas
que vienen a limitar y definir el proyecto confiscatorio del Gobierno y
pónganse en la piel de los ciudadanos a los que están esquilmando.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

En el mismo turno de enmiendas presentadas por
el senador Cleries y González y la senadora Rivero Segalàs, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Rivero Segalàs
por tiempo de treinta minutos.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.
(La señora Rivero Segalàs empieza su intervención en catalán).

La señora PRESIDENTA: Señoría, estamos en el
debate de un proyecto de ley.

La señora RIVERO SEGALÀS: Perdone, tiene razón.
Disculpen, es lo que tiene la lengua materna a veces.

Señorías, ya les adelanto que en mi grupo, en
principio, tenemos vocación de que se regule este impuesto, pero también
es cierto que nos produce algunas dudas y por ello hemos presentado
algunas enmiendas.

Antes de empezar, como entiendo que no hay
vocación de que estas enmiendas prosperen por lo que hemos debatido en la
ponencia y también en la comisión —aunque mi obligación es volver a
insistir en que las tomen en consideración—, déjenme decirles que
primero haré una enumeración de mis enmiendas, una burda enumeración, no
les voy a cansar, y las daré todas ellas por defendidas.

Pero me resulta difícil no responder a este
debate nacionalista que han tenido ustedes los unos para con los otros, y
haré algunas consideraciones.

Es cierto, sin recursos no se puede dar
respuesta a aquellos derechos que les reconocemos a los ciudadanos; sin
proyecto económico no hay proyecto social, y hacen falta recursos para
hacer frente a las crisis. Y no voy a entrar a valorar a sus ídolos o a
sus contraídolos, pero cuando el señor Indalecio Prieto tenía que hacer
frente a las necesidades sin instrumentos, ustedes lo llamaban esfuerzos
ingentes, y cuando las comunidades autónomas se quedaron solas haciendo
frente a la crisis del 2008 con una infrafinanciación y sin los recursos
necesarios para afrontar aquellos temas que eran de su competencia y
afectaban a los ciudadanos, ustedes lo llamaban recortes.

Por otro lado, me encanta que la senadora del
Grupo Popular tenga tanto respeto por cómo se legisla en esta Cámara,
teniendo en cuenta que durante el Gobierno del presidente Rajoy en esta
Cámara parlamentaria en menos de dos meses vimos más de 60 proyectos de
ley, todos por urgencia, donde ustedes no aceptaron ni una sola
consideración de ningún otro grupo. Lo que quiero decirles es que cuando
hablan de respeto a esta Cámara no lo hagan envolviéndose en sus
banderas; practíquenlo, practiquen el diálogo de verdad, practíquenlo y
miren de buscar consensos.

Luego nos acusan algunos de que somos
radicales. Pues somos radicalmente democráticos y radicalmente
determinados en avergonzarles cuando ustedes aprovechan estos debates
para ponerse la bandera por la cabeza y nos critican a los que hacemos lo
mismo con nuestras convicciones nacionalistas en nuestros
territorios.

Entrando ya en el debate de las enmiendas, mi
grupo ha presentado treinta. La enmienda número 1 se refiere a la
temporalidad y carácter extraordinario de este impuesto de naturaleza
indirecta, ya que entendemos que se implementará en tanto en cuanto no se
implemente la solución global, que a nuestro juicio es la óptima a nivel
internacional. Es cierto que se recoge en el preámbulo, pero pensamos que
es importante que se recoja en el artículo 1.

En cuanto a las enmiendas números 2 a 9,
relativas al artículo 4 sobre conceptos y definiciones, pensamos que
definir y concretar todos estos aspectos va en pro de una mejor
transparencia y una seguridad.

La enmienda número 2 incluye los términos
revistas i/o periódicos digitales para clarificar que entran en la
definición de contenidos digitales excluidos del impuesto.

La enmienda número 3 pretende aclarar la
nomenclatura del servicio digital para que no se confunda con el servicio
de transmisión de datos.

La enmienda número 4 pretende evitar una
interpretación extensiva del concepto que delimita el hecho imponible de
la publicidad en línea dirigida. Proponemos refundición de los dos
conceptos relativos a la publicidad en línea establecidos en el
artículo 4 del proyecto de ley y hacemos referencia a la legislación en
la que sustentamos esta propuesta.

En la enmienda número 4 proponemos clarificar
la intermediación en línea.

La enmienda número 6 propone la modificación
del concepto de transmisión de datos con la finalidad de que el impuesto
se grave tan solo a transmisión de datos de los usuarios sin ningún
tratamiento que permita garantizar el anonimato de los usuarios y en
línea con las propuestas de una publicidad dirigida. Con ello se
beneficia el desarrollo de servicio de datos vinculados a servicios de
salud, administración, industria 4.0, coche conectado, etcétera.

La enmienda número 7, de aclaración sobre el
concepto de publicidad dirigida y eliminación del concepto iuris tantum,
entendiendo que es excesivo transferir la carga de la prueba al
contribuyente en una circunstancia esencial definitoria del hecho
imponible.

En la enmienda número 8, sobre entidades
financieras reguladas, nos remitimos a la regulación normativa del
concepto de entidad financiera regulada. Señalamos la Directiva
europea 2002/87, en redacción dada por la Directiva europea 2011/89,
de 16 de noviembre. Se define como sector financiero al sector compuesto
por entidades de crédito, empresas de seguro y empresas de inversión, con
el fin de excluir como operaciones no sujetas las intermediaciones en
línea de los servicios de entidades de crédito, empresas de seguro y
empresas de inversión.

La enmienda número 9 propone una definición
amplia de servicios de pago con la finalidad de excluirlos.

La enmienda número 10 tiene la finalidad de que
no se produzca una doble imposición por la misma prestación. Modificamos
el texto relativo al artículo 5 sobre el hecho imponible porque pensamos
que se contribuye con ello a ganar transparencia en la cadena de
valor.

Las enmiendas números 11 a 20 se refieren a los
supuestos de no sujeción.

En la enmienda número 11, relativa al
artículo 6, supuestos de no sujeción, proponemos que las entregas de
bienes o prestaciones de servicios subyacentes que tengan lugar entre los
usuarios en un servicio de intermediación en línea no estarán sujetas al
impuesto.

La enmienda número 12 pretende explicitar la
exclusión de servicios de comunicaciones electrónicas y audiovisuales que
claramente no son el objetivo de gravamen de la tasa.

En cuanto a la enmienda número 13, relativa a
la no sujeción de las prestaciones de servicios digitales entre entidades
de un mismo grupo, pensamos que exigir el 100 % de participación no se
ajusta a aquello que reza el artículo 42 del Código de Comercio.

La enmienda número 14 se refiere a la
publicidad en los servicios de comunicación audiovisual televisiva.

En cuanto a la enmienda número 15, quiero
aclarar que los servicios prestados por operadores de comunicaciones
electrónicas no deben quedar gravados por el impuesto, ya que el objeto
principal de estos servicios es la prestación de un servicio de
comunicaciones electrónicas, no existiendo una contribución de los
usuarios esencial para el proceso de creación de valor de las
entidades.

La enmienda número 16 se refiere a los
servicios de computación en la nube.

La enmienda número 17 intenta evitar también la
doble imposición o establecer mecanismos correctores por deducción.

Las enmiendas números 18 y 19, relativas a los
servicios de intermediación en línea en los que un usuario pone a
disposición de otro software digital, siempre y cuando los dos sean
empresas o profesionales, pensamos que también tienen que estar
exentas.

La enmienda número 20 se refiere a los
servicios de intermediación en línea con respecto al suministro de
bienes.

Las enmiendas números 21 y 22 son de
modificación del artículo 7. En la número 21 proponemos la aplicación de
las normas del IVA. Y en la número 22 se entenderá que el usuario está
situado en el territorio de aplicación del impuesto en el caso de
servicios de publicidad en línea dirigida, cuando el usuario acceda al
anuncio mediante el clic.

La enmienda número 23 se refiere a la
modificación del artículo 8, para adaptar las condiciones de los
contribuyentes a los umbrales del impuesto en países vecinos.

Las enmiendas números 24 y 25 se refieren a la
modificación del artículo 10, para evitar una doble imposición en el
servicio de transmisión de datos, que he de recordar que no se articula
mediante prestación de servicios, sino mediante el negocio de
compraventa.

La enmienda número 26 pretende la modificación
del artículo 13. Y la enmienda número 28, del artículo 15. En estos dos
artículos enmendamos el régimen sancionador que debe ser proporcionado
respecto al artículo 13.1.

La enmienda número 27 se refiere a la
modificación del artículo 14. Estimamos que el periodo de liquidación de
este impuesto debe ser el año natural para facilitar su tramitación.

Enmendamos también la disposición final quinta
y proponemos que este impuesto entre en vigor el día 1 de enero de 2021.
Para nosotros es, sencillamente, una mejora técnica.

Y, finalmente, la enmienda número 30 se refiere
a la necesidad de que esta ley, en el plazo máximo de un año, se adapte
—cuando llegue— a la normativa europea desde el momento en
que esta exista o bien se haya llegado a una solución global en el seno
de la OCDE.

Esto es todo. Ya les avanzo que estamos por
regular. Creemos que tiene que ser así y abundaremos en ello en el turno
de portavoces. Y les instamos a que acepten algunas de estas
enmiendas.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, y por tiempo máximo de tres minutos, tiene la palabra el
senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, en primer lugar, quiero excusar la
defensa de las enmiendas por parte de nuestro portavoz en esta área.

Hemos presentado tres enmiendas. Una consiste
en bajar el umbral del importe neto que cifra la propuesta en 750
millones a 500 millones, con el objetivo de incrementar el número de
contribuyentes. Proponemos que el tipo impositivo del 3 % suba al 4 %,
que es un punto menos todavía de lo que proponía el señor Montoro, y
también proponemos que el 50 % de lo recaudado se ceda a las comunidades
autónomas, visto que son ellas las que tienen las competencias en
materias como bienestar social, que es la que está más necesitada de
recursos ahora.

Por tanto, votaremos en contra de los vetos
presentados y a favor de las propuestas, se acepten o no se acepten
nuestras enmiendas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra, por un tiempo máximo
de tres minutos, el senador Martí Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidenta.

El Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu ha presentado dos enmiendas. La primera
se refiere a incrementar el tipo impositivo del 3 al 5 % en coherencia
con nuestra defensa de la progresividad fiscal.

Y la segunda se refiere a la cesión del 50 % de
la recaudación líquida del futuro impuesto a las comunidades autónomas,
entendiendo que en los últimos años se ha producido un desequilibrio
vertical en los ingresos. En este sentido, el Estado ha recaudado mucho
más que las comunidades autónomas, siendo estas, en muchos casos, las
administraciones competentes en exclusiva para prestar algunos servicios
públicos esenciales, y como proveedores de estos servicios entendemos que
es importante que las comunidades autónomas puedan participar del 50 %
del comentado impuesto.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Alía Aguado, por un tiempo máximo de doce
minutos.

La señora ALÍA AGUADO: Gracias,
presidenta.

Señorías, después de discutir la semana pasada
en comisión, mejor dicho, después de que el partido que nos gobierna nos
impusiera la proposición de ley de servicios digitales, volvemos hoy al
Pleno, donde sería bueno que todos los grupos políticos fuésemos
conscientes de que la economía española vive en situación de letargo, y
en estas circunstancias no procede la creación y recaudación de nuevos
impuestos.

Ustedes, señorías del Gobierno, empezaron con
grandes sueños de recaudación con este impuesto, mal llamado, por cierto,
tasa Google. Primero fueron 1200 millones, luego, 968, en comisión se
quedaron en unos 750 millones de euros. Ya lo dice el refrán: Quien mucho
abarca, poco aprieta.

La necesidad de una fiscalidad justa y efectiva
exige medidas fiscales idóneas para gravar la economía digital, una
economía que se basa en activos intangibles y sin instalaciones físicas.
Por eso, ante una realidad tan escasamente vinculada a los territorios,
se hace imprescindible lograr un amplio consenso internacional.

El proyecto de ley explica la existencia de
este impuesto en régimen de interinidad, fundamentalmente en la defensa
de su derecho a gravar. Las previsiones más realistas hacen pensar que el
ahora calificado como impuesto provisional tendrá suficiente tiempo de
arraigar en nuestro ordenamiento jurídico si entra en vigor, por
demorarse en el tiempo las negociaciones internacionales.

Lo advertimos en comisión y lo volvemos a
reiterar hoy en este Pleno. El Partido Popular considera razonable la
naturaleza del impuesto. Coincidimos en la necesidad de adaptar la
fiscalidad a las nuevas tecnologías, a las empresas digitales que operan
en un entorno global. De hecho, fue nuestro partido el que, en foros de
la Unión Europea, defendió la necesidad de avanzar en medidas para
organizar la correcta fiscalización de estas empresas.

La ministra señora Montero habla en el
preámbulo y en la proposición de ley del carácter transitorio hasta que
se apruebe una normativa mundial. ¿No es un contrasentido afirmar que es
transitoria y luego querer aprobar una entrada en vigor para enero
de 2021? De hecho, en la disposición final cuarta dejan claro que
durante 2020 se presentarán las autoliquidaciones del segundo y tercer
trimestre, con el gran favor de que no antes del 20 de diciembre. Por
eso, el Partido Popular ha presentado doce enmiendas a cinco artículos y
a las disposiciones finales tercera y sexta.

Las enmiendas presentadas se refieren a
puntualización de definiciones, en concreto, en el artículo 4, siempre
con la finalidad de perseguir seguridad jurídica y gravar las actividades
económicas que tienen su origen en el valor de los datos. Se concreta más
qué entidades se sujetan al impuesto como medida de compatibilidad con el
derecho de la Unión Europea. Es necesario indicar claramente en la ley
quién debe pagar el impuesto y evitar la doble imposición, pues este
impuesto ahora mismo no está contemplado en los convenios de doble
imposición.

Ustedes afirman y reiteran —por cierto,
erróneamente— que este impuesto grava exclusivamente a
multinacionales por los servicios de publicidad en línea, intermediación
en línea o transmisión de datos. Pero es un grave error. ¿De verdad,
señorías, siguen afirmando que solo grava a multinacionales? ¿Han pensado
en dónde o quién terminará pagando este impuesto? Señorías del Partido
Socialista, ¿de verdad nadie lo ha pensado? Pues salta a la vista: Va a
gravar a autónomos, a profesionales, a pymes, de nuevo a la clase media
española.

En las enmiendas a los artículos 8 y 10, el
Partido Popular quiere dejar claro que el umbral para declarar solo
afecte a los servicios digitales. Solo.

Y, por supuesto, en la enmienda al artículo 11
al tipo impositivo, defendemos la aplicación de un tipo del 1,5 % para
los territorios de Ceuta y Melilla. Ya sabemos que las personas físicas y
sociedades establecidas en estos territorios tienen bonificaciones en
cuota del 50 % en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre
sociedades, en el impuesto sobre sucesiones y en el impuesto sobre
donaciones. Pero también en impuestos indirectos, como el que nos ocupa,
en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados. En Ceuta y Melilla no hay tributación por IVA, hay un
impuesto a la importación, y los impuestos especiales apenas se gravan, y
cuando lo hacen, se sujetan al tipo del 0 %. ¿Por qué ahora no cabe la
posibilidad de aplicar un tipo impositivo del 1,5 %? Sí, ya lo sabemos,
nos dicen que este impuesto es satisfecho solo por multinacionales que
mayoritariamente están radicadas fuera del territorio de aplicación del
impuesto. Nos lo repitieron en la comisión hasta decir basta. Pero
tenemos claro que estas cuotas van a acabar repercutiendo en los usuarios
y los usuarios accederán a los servicios digitales mediante IP
localizadas en los territorios de Ceuta y Melilla, señorías.

Es de gran importancia para el Grupo Popular
suprimir la disposición final tercera. Este tributo no puede ni debe ser
modificado vía Presupuestos Generales del Estado, por seguridad jurídica.
Es lo que pretenden hacer. Aprueban la ley y posteriormente la modifican
recién salida del horno vía presupuestos. Pero tampoco puede entrar en
vigor ya. Por eso pedimos la modificación de la disposición final sexta.
La entrada en vigor debe ser acorde con la directiva europea que regule
el impuesto a nivel comunitario. Lo sensato sería posponer la aplicación
de este tributo dando margen, como lo van a hacer otros países de nuestro
entorno, o incluso ampliarlo para facilitar la adaptación. Por tanto,
dejemos ya los errores. No nos adelantemos además con requisitos más
duros que los que se plantean a nivel europeo. Eso nos dejará en
desventaja competitiva que perjudicará indirectamente a nuestras pymes,
que verán reducida su competitividad. Este impuesto corresponde
desarrollarlo y acordarlo en organismos internacionales, máxime cuando
ustedes mismos lo reconocen en el preámbulo.

Ustedes, en estos momentos tan duros de
pandemia que atravesamos, no solo no se enteraron de que el virus
llegaba, es más, se hicieron los suecos respecto a las advertencias de
que la pandemia estaba encima. Y ahora que ya está aquí y nuestra
economía está dormida, no solo no bajan los impuestos, sino que los suben
e incluso introducen nuevos. Este Gobierno debería meditar los impuestos
que establece, pues de lo que se trata es de generar empleo. No hay ahora
mismo margen para más errores, y ustedes ya nos tienen acostumbrados a
unos cuantos. Deberían centrarse en dar prioridad a las personas, en no
dejar a nadie atrás, y, sin embargo, están dejando en la cuneta a muchos
ciudadanos. No derrochen energías en tramitar leyes como esta, que no
procede. Céntrense en lo más importante, paguen los ERTE de una vez, hay
ciudadanos que no los han cobrado todavía. Paguen su ingreso mínimo
vital, que lo han prometido y ni lo tramitan ni lo pagan. Solucionen
cuanto antes los dramas que vivimos y déjense de preocuparse por la
entrada en vigor en enero de 2021 de este impuesto. Este impuesto va a
traer perjuicios a España y graves distorsiones. Las multinacionales van
a repercutir este tributo a sus clientes y las empresas frenarán la
creación de empleo; multinacionales que generan más de 82 000 empleos
indirectos dejarán de hacerlo.

Por cierto, les hago una pregunta, porque no la
encuentro en el articulado de la proposición de ley. ¿Cómo tienen
previsto controlar la tributación de las multinacionales sujetos pasivos
de este impuesto? En comisión nos dijeron ustedes que Hacienda somos
todos, y, efectivamente, claro lo tenemos. Pero, ¿cómo van a controlar
los órganos de la Inspección de Hacienda este impuesto? ¿Se lo han
preguntado? ¿Lo tienen regulado? Yo no les voy a dar pistas, pero ¡ojo!,
según lo tienen regulado, deprisa y corriendo, rozarán los límites, por
no decir que infringirán la Ley Orgánica de protección de datos,
señorías, para poder ejercer su control. Tómense un tiempo para dar una
vuelta a este impuesto. Se les va de las manos la gestión y el control.
Y, por cierto, ¿lo han coordinado con el impuesto sobre sociedades?
Tampoco han pensado la coordinación con el impuesto sobre
sociedades.

Les pido reflexión a la hora de votar la
aprobación de este impuesto, pues elevar la presión fiscal hoy, nos
traerá perjuicios el día de mañana.

Gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

A continuación, en el turno en contra y por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Liberal
Liberal, por tiempo máximo de treinta minutos.

¿Alguien más hará uso del turno en contra?
(Denegaciones).

Tiene la palabra, señoría.

La señora LIBERAL LIBERAL: Buenos días. Egun
on, denoi.

Me van a permitir sus señorías que, en primer
lugar, me dirija al senador de Vox, más que nada porque, en la comisión
del jueves pasado, usted llamó al Partido Socialista dictadura
bolivariana y nos acusó de asesinar diariamente, y hoy lo ha vuelto a
hacer. Como socialista vasca, al igual que otros dos de mis compañeros,
incluso, un senador del Grupo Parlamentario Popular, creo que no nos
merecemos estos calificativos. (Aplausos). ¿Dónde estaban ustedes cuando
nosotros defendíamos la bandera que llevan aquí? (Señalando la
mascarilla.— Aplausos).

Le voy a poner un deber. Nunca pensé que iba a
contar esto aquí. El candidato al Senado por Álava, el señor Laureano
Díaz, era padre de un niño que iba a clase de mi hijo. Un día, mi hijo
recibió una pintada en la que se hacía alusión a la situación de su madre
amenazada por ETA. Todavía estoy esperando a que este señor acuda a la
ikastola donde estudiaban nuestros hijos y se siente enfrente de mí para
saber cuál era el motivo. (Aplausos). ¿Sabe quiénes obraban así? Los que
aceptaban las amenazas y lo que estaba ocurriendo. Así que, lecciones y
ejemplos, los únicos y los últimos. Se lo pido, de verdad, por favor, por
todos los compañeros que han dejado la piel en la gatera, que han dejado,
incluso, la vida por defender la bandera —que ahora dicen ustedes
que es suya—, por defender la Constitución y por defender España.
(Aplausos).

Me voy a centrar ahora en el debate de las
enmiendas y en la posición de mi grupo. Creo que es importante que
explique una serie de conceptos mínimos antes de entrar en el debate de
la enmienda, porque hace falta una mínima base —quizá por
deformación, como maestra de escuela—, unos mínimos conocimientos
para entender lo que pretendemos con este impuesto.

Son contribuyentes de este impuesto las
personas jurídicas y entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, estén establecidas en España, en otro Estado miembro de
la Unión Europea o en cualquier otro Estado no perteneciente a la Unión
Europea. ¿Cuándo se convierten en contribuyentes? Cuando al inicio del
periodo de liquidación superen dos umbrales: que la cifra neta del
negocio sea de 750 000 euros y que el año anterior hayan tenido una
facturación por prestaciones de servicios digitales por valor de 3
millones de euros. Hay que tener en cuenta que cuando las entidades
formen parte de un grupo, los umbrales que hay que valorar son los del
grupo en conjunto. Así, en el caso de que el grupo supere dichos
umbrales, tendrán la consideración de contribuyentes todas las entidades
que formen parte del grupo, independientemente de los importes que
facturen o sean derivados por prestaciones de servicios. De esta manera,
evitamos la división en pequeños contratos, como ocurre con algunas
contrataciones públicas. En consecuencia, si tú perteneces a un grupo,
todos los miembros del grupo, si se superan los 750 000 euros, tendrán la
obligación de ser contribuyentes.

Son tres los hechos imponibles: la prestación
de servicios de publicidad en línea, los servicios de intermediación en
línea y la venta de datos generados a partir de información. ¡Estamos
vendiendo datos, no productos, nuestros datos! ¿Cómo se determina la base
imponible? Se determina una vez excluidos los impuestos, como el IVA u
otros equivalentes, y siempre que hayan sido obtenidos por prestaciones
de servicios digitales sujetas a tal impuesto y realizadas en España, en
nuestro territorio. El tipo impositivo será del 3 %, el impuesto se
liquidará trimestralmente y entraría en vigor a los tres meses de la
publicación en el BOE.

Una vez que he aclarado estos pequeños
conceptos, me centraré en las enmiendas. La mayoría de ellas pretenden
modificar los artículos a los que he hecho referencia, con lo cual, su
aceptación nos llevaría a otra ley completamente diferente, en la que
cambiaría quién es el contribuyente, cambiaría cuál es la base imponible
e, incluso, cambiaría el gravamen. En principio, se presentaron noventa y
una enmiendas; todas, menos una, idénticas a las presentadas en el
Congreso, y muchas de ellas, incluso, idénticas entre sí. No creo que
varios grupos tengan el mismo asistente o el mismo asesor; quiero pensar
que se está dando voz a algunos colectivos, sobre todo, de la gran
patronal. Como ya he dicho, de las noventa y una enmiendas no se han
mantenido todas, pero sí la mayoría. Las enmiendas que fueron rechazadas
en el debate del Congreso, y que también han sido rechazadas en la
comisión, lo fueron porque consideramos que ya los grupos enmendantes
tuvieron la oportunidad en el Congreso de incluir o de transar aquellas
que hubiesen considerado, y así fue, porque lo que se ha traído al Senado
es una repesca de las enmiendas que en su momento no entraron en esta
Cámara.

Haré referencia a las enmiendas en grupo y no
en relación con los grupos que las han presentado, sino por los artículos
a los que se refieren. Hay tres grupos que han presentado enmiendas en
casi todos los bloques que voy a señalar y otras dos o tres que quedarían
fuera.

Vox ha presentado dos enmiendas al preámbulo,
lo cual es lógico, pues el resto de sus enmiendas se refieren a los
artículos de manera más concreta y el preámbulo no deja de ser un resumen
de la ley. También han presentado dos enmiendas al artículo 1, donde
hablan de incluir el carácter extraordinario y temporal de la ley. Sin
embargo, teniendo en cuenta que habrá después una ley europea a la que
deberemos acogernos todos los países miembros y a la que tendrá que
adaptarse nuestra ley, no nos parece necesario que esto tenga que
aparecer.

Al artículo 4 se han presentado diecinueve
enmiendas. Lo que hacen aquí la mayoría de los grupos es cambiar la
dirección de la propia ley. Nosotros consideramos que lo que debe
tributar es la publicidad. El otro día ponía yo un ejemplo en la
comisión: Entra usted a ver un sofá y, de pronto, en su ordenador, en su
tablet o en su móvil solo le aparecen sofás y, además, del mismo estilo
del que ha visto y del mismo color; si mira un viaje, aparecerán viajes;
si mira un vuelo, aparecerán vuelos. ¡Yo solo pedí mirar un sofá, no pedí
que estuvieran quince días avasallándome con los sofás! Pues eso es lo
que nosotros pretendemos que tribute a Hacienda. Sin embargo, lo que
ustedes proponen es darle una vuelta y, que si no hay una interacción
directa entre el usuario y la empresa que está haciendo la publicidad, no
se produzca el hecho impositivo. Esto no debe ser así.

En cuanto al hecho imponible, se han presentado
dos enmiendas, pero solamente se refieren a la doble tributación, en
ningún momento hablan de otra propuesta. Eso ya lo decidirá quién lo deba
decidir en su momento, que para eso tenemos organismos competentes en la
materia.

Al artículo 6 se han presentado veinticuatro
enmiendas, un avasallamiento de enmiendas, la mayoría para que queden
exentos de la sujeción. Si nosotros hiciésemos caso de cualquiera de
estas enmiendas, al final, no pagaría nadie, nadie sería contribuyente de
este impuesto, mientras que nosotros consideramos todo lo contrario.
Creemos que estas grandes empresas que están ahora fuera de España tienen
que tributar.

Hay cuatro enmiendas presentadas al artículo 7.
Nosotros consideramos que se produce la obligación de contribuir en el
momento en que la publicidad ya entra en el ordenador del usuario
español. Digo español porque se trata de empresas que están fuera
—son muy pocas las que están en nuestro país, pues, normalmente,
están situadas en los Estados Unidos o en los países nórdicos—,
entran en nuestro ordenador y en ese momento es cuando produce el hecho
que obliga a ser contribuyente, llega el momento de tener que pagar. Sin
embargo, las cuatro enmiendas le dan la vuelta y nos dicen que, si no se
realiza la compra del artículo que nos están ofreciendo, no se produce el
hecho impositivo. Entonces, no ha lugar a aceptarla, porque ese no es el
objeto de nuestra propuesta.

Al artículo 8 se han presentado cinco enmiendas
que son más dispares. Nosotros consideramos que se produce el hecho
cuando la empresa tiene una facturación neta de 700 millones de euros y,
además, el año anterior ha facturado 3 millones en territorio español en
servicios digitales. Hay un grupo que dice que, en lugar de 3 millones,
sean 25; otro que dice que, en lugar de ser 750 millones, sean 500; el
Partido Popular dice que todo, los 750 millones, sean trabajos digitales;
y Vox hace otra propuesta: convierte los 3 millones en la mayor de las
siguientes cantidades: el 15 % de los ingresos o 50 millones de euros.
Vamos, intentar que no pague nadie, esto es lo que se pretende con estas
propuestas: que no pague nadie, porque con estas cifras es difícil
hacerlo. Sobre todo es difícil que nuestras pymes —luego hablaré de
ello—, esas que se supone que tan mal paradas van a salir
—según dicen los que me han precedido en el uso de la
palabra—, puedan llegar a esas facturaciones. ¡Ojalá! Ojalá una
pyme de diez trabajadores llegase a una facturación de 750 millones de
euros, porque, seguramente, estaría encantada de pagar impuestos.

Al artículo 10 se han presentado siete
enmiendas que proponen una nueva fórmula de cálculo de la base imponible,
justificando otra vez la doble imposición.






Con lo cual, reitero que ya
hay órganos competentes en la materia que se pueden encargar de estudiar
esto y, si hay una doble imposición, se tomará nota y se regulará como se
debe.

Se han presentado cuatro enmiendas al
artículo 11, referido al tipo impositivo. En este caso, la cuestión es
que antes queríamos que pagasen pocas y, ahora, que paguen lo menos
posible. Nosotros proponemos un 3 %, mientras que Esquerra propone
el 5 %, Izquierda Confederal pide un 4 %, Vox propone un 2 % y el PP
—lo ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra—
propone una rebaja en Ceuta y Melilla del 1,5 %, alegando que es el
usuario quien va a soportar la carga del impuesto, cuando lo hará la
empresa.

Por otra parte, en otras enmiendas se propone
la inclusión de un artículo nuevo después del artículo 12, donde Vox y
Ciudadanos proponen una deducción en el impuesto sobre sociedades para
evitar la supuesta doble tributación; es decir, ellos plantean que, antes
de que sepamos si hay doble tributación o no, hagamos que lo pagado por
este impuesto, cuando llegue el impuesto sobre sociedades, sea como un
pago a cuenta, como si hubiese hecho un adelanto. Tampoco ha lugar,
porque todavía no se ha resuelto si hay doble tributación o no, ya lo
veremos, a ver quién tiene razón.

Se han presentado tres enmiendas al
artículo 13, donde el problema fundamental es establecer si se pertenece
o no al grupo. Nosotros consideramos grupo al conjunto, a toda la suma,
pero aquí se hacen divisiones para intentar conseguir que alguno no
pague.

En cuanto al artículo 14, la diferencia es que
nosotros consideramos que el impuesto tiene que ser trimestral y los tres
grupos mayoritarios enmendantes pretenden que sea anual.

Respecto a las enmiendas al artículo 15, el
referente a las sanciones, aquí también tenemos algunas diferencias. Hay
grupos que proponen que se aplique un mínimo de 15 000 euros y un máximo
de 40 000; otros, directamente, proponen que no haya sanciones, y
nosotros consideramos que es necesario la vía de la sanción para aquellos
que incumplan.

Hay dos enmiendas de Esquerra Republicana y de
Izquierda Confederal, donde pretenden que se haga un reparto competencial
y proponen una cesión del 50 % de la recaudación a las comunidades
autónomas. Este no es lugar para debatirlo y, además, introducir esto en
la ley podría ser un problema después para hacer cualquier modificación.
Este tipo de negociaciones se hacen por otra vía.

Las enmiendas a la disposición final tercera
proponen que no se pueda modificar el impuesto a través de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Hace un momento, la portavoz del PP
nos acusaba de que queremos esta fórmula porque vamos a subir el impuesto
en cuanto se aprueben los presupuestos. Esperemos que se aprueben rápido,
pero lo que de verdad queremos es que la ley se ponga en marcha y ahora
ni tan siquiera hablamos de subida. Lo que queremos es facilitar que, en
lo sucesivo, sea un impuesto que pueda tener sus modificaciones e ir
adaptándolo a la normativa. Igual que ustedes hicieron con el IVA de las
peluqueras, las autónomas —digo autónomas porque la mayoría eran
mujeres—, que vieron subir el impuesto del 10 % al 21 %, en una
crisis tan acuciante como había en 2008, y no se les rasgaron a ustedes
las vestiduras por subirles un 11 %. No tuvieron ningún problema.
(Aplausos).

El otro problema que tenemos es el de la
publicación. Nosotros hablamos de poner en marcha el impuesto a los tres
meses de su publicación y ustedes quieren que entre en vigor a partir
del 1 de enero, algo en lo que vamos a coincidir, porque, dada la fecha
en la que nos encontramos, el impuesto se va a poner en marcha el 1 de
enero; excepto el PP, que ni tan siquiera quiere que entre en vigor, sino
esperar a que se dicte la normativa europea.

De verdad que no quisiera volver a reiterar y
repetir lo que ha dicho mi compañero. Quien puso en danza esta ley fue el
señor Montero, concretamente en mayo de 2008, para pagar las pensiones...
(Rumores). Perdón, el señor Montoro en 2018. Si hubiese sido Montero...
(Rumores).

Subsanado el lapsus de nombres, creo que
ustedes tienen un verdadero problema, señores del Partido Popular,
señores de Vox, porque cuando no tienen ya recursos ni argumentos
empiezan con la maraña, empiezan a embarrar, a embadurnarlo todo. Miren,
durante doce años he sido portavoz de las autónomas de mi territorio
histórico. Evidentemente, he consultado con ellas y con otros colectivos
qué opinan de esta ley y todos dicen que por fin se acaba la competencia
desleal. ¡Por fin! (Aplausos). Nuestros autónomos y nuestros
emprendedores, en la pandemia que tanto usan ustedes, lo han pasado muy
mal, han tenido que cerrar sus negocios y el Gobierno ha tenido que tomar
medidas para poder aplacar un poco la situación tan dura por la que
estaban y siguen atravesando. Mientras, cuando todos estábamos en casa,
dábamos al clic para que nos llegase cualquier tipo de compra
—bricolaje, libros, etcétera— y muchas veces nos inclinábamos
más por esta multinacional, que tiene el precio más barato, que por una
online española, que tiene el precio más caro. No estoy hablando de un
lugar físico, estoy igualando online con online. Se trata de que estas
empresas paguen impuestos, porque, en el momento en el que una persona o
una entidad española da de alta su actividad en el modelo censal de la
Agencia Tributaria o de las forales, en Hacienda, y en el impuesto sobre
actividades económicas de su ayuntamiento, en ese momento se convierte en
contribuyente, tenga un lugar físico —tienda abierta—, o su
empresa sea su casa, como puede ser una entidad online. Estas empresas,
sin embargo, por el hecho de estar en Luxemburgo o en Estados Unidos
—donde sea, no voy a nombrar países porque pueden estar en
cualquier lado—, actúan con precios competitivos en nuestro país en
detrimento de nuestros propios emprendedores. ¡No nos hagan creer lo
contrario! ¡No nos hagan creer lo contrario! Igual ahora, cuando tengamos
que comprar, a igualdad de precio, en lugar de comprar a una
multinacional, compramos a una empresa de Álava, de Cuenca, de Murcia o
de donde sea. A eso quiere llegar este impuesto, a que todos tengamos
igualdad de condiciones. Si ese pequeño empresario que quiere poner un
anuncio en su periódico local, en su radio o donde sea, tiene que pagar
por ello, que esta multinacional que nos está avasallando en las redes
también pague por una publicidad que yo me encuentro y que no he pedido.
No nos quieran confundir, no nos engañen, no nos hablen de que el
contribuyente está cada vez peor, de que las empresas españolas van a
estar cada vez peor, de que la economía se hunde. No, no. Igual los
españoles nos planteamos otro tipo de cosas como lo que les estoy
diciendo: a igualdad de precio, consumo producto español, que quizá es lo
que tendríamos que hacer en este momento tan grave de crisis. No nos
vendan panaceas, no nos vendan lo que no es.

Vamos a ajustar el impuesto, vamos a aprobar
este impuesto. Les pido su voto favorable, sobre todo por todos aquellos
pequeños empresarios, autónomos, autónomas, pymes y startups que pagan
rigurosamente sus impuestos en nuestro territorio español y se ven
sometidos a competencia desleal por este tipo de empresas. Pido el voto
favorable. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

En el turno de portavoces, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador González-Robatto
Perote.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta.

Primero, señora Liberal, ustedes ya no tienen
nada que ver con esa lucha de sus predecesores. Hoy pactan con los que
hacían esas pintadas, con los que aplaudían a aquellos que ponían bombas
debajo de los coches y asesinaban a hombres, mujeres y niños. (Rumores).
Yo vengo de una familia de San Sebastián, y mi abuelo, militar, se tuvo
que ir con mi madre y con toda su familia precisamente por culpa de
aquellos con los que hoy ustedes pactan. Entonces, de incluir y de
intentar politizar todo esto, lecciones ninguna.

Presentamos las enmiendas, aunque parezcan de
sentido común, para que cumplan, ya que su Gobierno tiene exactamente la
misma credibilidad que la existencia del comité de expertos bajo cuyo
criterio confinó a todos los españoles durante tantos meses, y hoy se van
de rositas.

Respecto a lo que dice usted de que no le hemos
dado argumentos, oiga, le he dado cuarenta y cinco minutos de argumentos,
precisamente porque esta ley no la van a pagar las grandes empresas. Esas
se van, esas tienen la facilidad para irse a Portugal. La que no se puede
ir es la pequeña empresa, a la que ustedes van a ahogar todavía más.
Igual que todos sus impuestos, este es demagógico, no tiene ningún
sentido porque no va a recaudar nada, lo único que va a hacer es espantar
a los inversores y ahogar todavía más a las familias españolas. Ustedes
están exprimiendo a una vaca, que ya está completamente raquítica, para
mantener los puestos de los amiguetes del Gobierno, para mantener sus
mastodónticas estructuras gubernamentales, sus ministerios y sus cargos a
dedo. Y los españoles no están dispuestos a eso.

Yo no sé con quién se ha reunido usted que le
ha dicho que nos parece bien que nos suban impuestos. Yo eso no lo he
escuchado nunca más que de aquellos que no han pegado palo al agua en su
vida o de sus socios comunistas. Los que viven en la vida real, los que
aportan y los que se juegan su capital, su sudor y su dinero, ninguno de
esos está dispuesto a subir impuestos, se lo aseguro. Y también le
aseguro que no se alegran un ápice de cómo están gestionando ustedes todo
esto. Se ven charcuterías cerradas, se ven negocios pequeños cerrados.
Con todos estos impuestos, que lo único que buscan es esquilmar al
ciudadano, no está de acuerdo absolutamente nadie.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tiene la palabra la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.

Intervengo sencillamente para manifestar el
sentido del voto de mi grupo. Les he dicho que estamos de acuerdo en que
hay que regular. Evidentemente, todos coincidimos en que la regulación
óptima sería la que se diera a nivel mundial en ese consenso que estamos
esperando y que, por otro lado, pensamos que es complicado. También es
cierto que se permite adoptar medidas unilaterales y que algunos países
de alrededor ya están implementando impuestos parecidos al que estamos
debatiendo aquí.

No les engaño si les digo que tenemos una
cierta reticencia, porque tenemos el temor de que, con la voluntad de
gravar a estas empresas internacionales cuando operan en este país, que
no están tributando, con esa voluntad de una fiscalidad más justa y de
que contribuyan, cometamos el error de ser injustos con la tributación de
algunas empresas que sí están sitas en el país y que ya están haciendo un
esfuerzo fiscal importante. Estoy hablando de importantes empresas de
Barcelona, de empresas ubicadas en el territorio, con trabajadores en el
territorio y que están aportando también unos activos en el territorio.
Esto nos inquieta, pero, a pesar de todo, estamos dispuestos a dar un
voto de confianza para que se regule e iremos viendo su incidencia.

Nos sabe mal que no se haya aceptado ninguna de
nuestras enmiendas. Como ha dicho el senador que las ha defendido, ni
todo es blanco ni todo es negro. Pensamos que aquí no se trata de que los
ricos paguen o de que ustedes quieren que paguen los ricos y los pobres
no. Yo creo que es más complicado que todo eso. No podemos simplificar
tanto el debate. Hay unas terminologías y unas concreciones que, tratadas
de una manera o de otra, pueden suponer un inconveniente para las
empresas.

Vamos a dar este voto de confianza. No vamos a
votar a favor este proyecto de ley, sino que nos vamos a abstener. Les
instamos a que continúen trabajando para que haya consenso a nivel
internacional. Además, haremos un seguimiento y espero que, en caso de
que esos temores que tenemos se cumplan, tengamos la capacidad de
reaccionar y realizar modificaciones.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señora
presidenta.

Hemos presentado enmiendas, también aquí en el
Senado, porque hay grupos de nuestro grupo parlamentario que no están
representados en el Congreso.

Sabemos que en la Unión Europea se está
intentando aplicar ese tipo de tasas, de impuestos, porque vemos como
este tipo de plataformas de venta electrónica están haciendo competencia
desleal a la mayoría de actividades económicas. Y aquí simplemente lo que
se pide es que también tributen como tributa cualquier otro tipo de
actividad económica. ¿Cuánto paga un autónomo en España? ¿Paga un 3 %
como se pide a estas empresas? ¿Cuánto paga un trabajador, de su salario,
en impuestos en España? No paga ni un 3 %, ni un 4 %, ni un 5 %, que eran
los márgenes de los que hablábamos aquí. Por tanto, es incluso ridículo
oponerse a que estas grandes plataformas paguen este pequeño impuesto por
sus transacciones económicas cuando son precisamente estas empresas las
que están haciendo competencia desleal a la gente que está intentando
levantar la economía de este país. Es un poco contradictorio el discurso
de la derecha o de la extrema derecha o de la derechona que hemos
escuchado hoy. Con su mantra de rebajar los impuestos a diestro y
siniestro, ¿cómo sostenemos el Estado del bienestar en España si lo único
que se quiere hacer, en teoría —luego, en la práctica, vemos que es
mentira—, es recortar impuestos? Si no se quiere que la gente que
más ha ganado durante esta crisis contribuya al mantenimiento del Estado,
¿cómo sostenemos esto? ¿Cómo pagamos la sanidad?, ¿cómo pagamos los
ERTE?, ¿cómo pagamos la educación?, ¿cómo pagamos los servicios sociales?
Es un poco contradictorio e hipócrita este discurso y más cuando el
propio Montoro fue quien propuso un impuesto de ese tipo antes de ser
desalojado, por suerte, del Gobierno. Cuesta entenderlo.

¿Quién ha estado aguantando esta crisis?
Seguramente, ni Google ni Amazon se han visto perjudicados. Sabemos que
Amazon cuenta ahora que no le ha ido muy bien durante esta crisis; eso no
se lo creen ni ellos. ¿Quién ha estado especialmente castigado? La
pequeña empresa o el autónomo que no ha podido levantar la persiana o
aquel que la ha levantado y no puede hacer frente a los pagos. ¿Esa gente
es la que gana 750 millones de euros al año? Esa gente no tiene por qué
preocuparse por este impuesto. Cualquier trabajador autónomo o por cuenta
ajena, ¿gana 750 millones de euros al año? No es esta gente a la que va
dirigido, porque la clase media es la que está soportando la presión
fiscal en el Estado español. Es un poco hipócrita y contradictorio
rasgarse ahora las vestiduras por pedir una casi limosna del 3 % de sus
beneficios a quien más gana para que contribuya como está contribuyendo
cualquier actividad económica en el Estado español.

Este debate ha sido agotador; no sé si para
ustedes también. Llevamos aquí desde las nueve de la mañana escuchando
todo tipo de descalificaciones, improperios, argumentos directamente
fascistas que denotan pensamientos fascistas. Si se comportan como
fascistas, seguramente es que son fascistas, y eso no me preocupa
—que sí—; lo que me preocupa es que esta sea la gente con
quien pacta, con quien gobierna y a quien blanquea el grupo mayoritario
de la oposición. Es preocupante que, en estas Cortes Generales, se esté
blanqueando este discurso y que en muchos ayuntamientos de muchas
comunidades autónomas estén blanqueando comportamientos, pensamientos y
actuaciones fascistas, que es lo mínimo que se puede decir.

Nosotros vamos a votar a favor de esta
propuesta tanto si se aceptan como si no aceptan nuestras enmiendas.
Pensamos que lo más equitativo es que quien más gane más pague. Esta no
es nuestra propuesta, no es que quien más gane más va a pagar. La
propuesta es que quien más gane pague un poquito, como está pagando
cualquier actividad económica en nuestro Estado.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

La senadora Goñi Sarries, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, renuncia a su turno de intervención.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Con su permiso,
presidenta. Intervengo desde el escaño. Egun on guztioi berriro; buenos
días a todos y a todas, de nuevo.

Hemos vuelto a analizar las enmiendas
presentadas nuevamente en el trámite del Senado por los distintos grupos.
En su mayoría, son iguales a las presentadas en el trámite del Congreso y
se mantienen vivas para este debate. Algunas empresas del sector nos han
trasladado su preocupación en cuanto a las definiciones, cifra de
negocio, miedo a una doble imposición, que son perjudiciales para su
competitividad y que se recogen en varias de las enmiendas de los
distintos grupos, que mi grupo ha analizado y no comparte. Entendemos que
el impuesto, tal y como está planteado, está en línea con la directiva y,
por tanto, facilitaría la coordinación en caso de una solución europea.
Ya les he dicho que la solución global de la OCDE me parece más
complicada. Y en cuanto a la doble imposición, quiero recordar algo que
el secretario general de la OCDE, Gurría, viene repitiendo desde hace
tiempo: Los mecanismos establecidos en su día para evitar la doble
imposición internacional han conducido, como consecuencia de las
prácticas elusivas de las más grandes compañías transnacionales, a una
doble exención, con lo que estas han evitado, en gran medida, el pago de
impuestos tanto en los países donde tienen su domicilio fiscal como en
los que realmente obtienen sus beneficios. Y, también en relación con la
doble imposición, para aquellos negocios que tienen establecimiento
físico, entendemos que podrán deducírselo del impuesto sobre sociedades,
que, por cierto, en última instancia es hacia donde debería transitar,
tal y como se plantean estas medidas transitorias provisionales como las
define la OCDE, en una reformulación del impuesto sobre sociedades. Y en
el caso de las empresas del sector digital y en tanto se modifican las
bases del impuesto sobre sociedades, de manera que no sea la presencia
física el nudo gordiano, se hace hoy más necesaria que nunca la
aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales, de forma
que se compense de alguna manera la pérdida de recaudación
correspondiente al impuesto sobre los beneficios obtenidos a
distancia.

En consecuencia, mantendremos nuestra posición
en cuanto al proyecto de ley y lo votaremos a favor. En lo referente a
las enmiendas, una vez analizadas nuevamente, mantendremos la coherencia
y las votaremos en contra, en el mismo sentido que en la Cámara
Baja.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana, tiene la palabra el senador Martí Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidenta.

Intervengo solo para manifestar que el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu va a votar a favor
de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, por analogía. Asimismo, nos vamos a abstener respecto a las
enmiendas números 2, 4, 5 y 20 del Grupo Parlamentario Nacionalista.
Vamos a votar en contra del resto de las enmiendas. Y en lo que se
refiere al proyecto de ley, nos vamos a abstener.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Alía Aguado.

La señora ALÍA AGUADO: Gracias,
presidenta.

Señorías, después de oír en esta tribuna las
intervenciones anteriores, tengo cada vez más claro que no es el momento
de la entrada en vigor de esta ley. Nuestras empresas, sí, tienen que
digitalizarse para vender sus productos en el territorio nacional y en el
extranjero, y su escaparate más barato es la red, y más en estos momentos
de pandemia que atravesamos. Ustedes ayer, en la prensa, ya se hacían eco
de que estaba todo vendido. Abro comillas: La votación de ambas figuras
fiscales será un mero trámite. Su aprobación está prácticamente
garantizada. Fuentes del Grupo Socialista en el Senado consultadas
señalaron que no hay previsión de que durante el Pleno se incluya ninguna
modificación. En resumen, ustedes se lo guisan; ustedes se lo comen. Pero
lo peor es que nos lo vamos a comer todos, por desgracia.

También dicen lo siguiente: Las conocidas como
tasa Google y Tobin son dos figuras fiscales impulsadas por el Gobierno,
formado por PSOE y Unidas Podemos. No, la idea de estos impuestos la
heredan ustedes —como tantas cosas— del Partido Popular.
Ustedes lo único que hacen es impulsar su deseo, su afán desmedido de
recaudar y frenar la creación de riqueza y empleo. Los ERTE también los
heredan de la reforma laboral del Partido Popular; los presupuestos
también los heredan del Partido Popular. (Aplausos).

La patronal tecnológica, no la gran patronal,
como ustedes la definen —la gran patronal es la suya, la de las
mariscadas—, ha dejado claro que este impuesto creará una barrera
de entrada al mercado para las pymes y repercutirá de manera negativa en
los usuarios al resultarles más caro acceder a los servicios de
plataformas digitales. Sostiene que las grandes tecnológicas van a
repercutir este impuesto en el precio final de las empresas pequeñas,
autónomos, usuarios, organizaciones sin ánimo de lucro, incluso
organismos públicos que utilicen estas plataformas. Estos servicios son
fundamentales para digitalizarnos, y lo que el Gobierno pretende va a
encarecer los servicios. Un 3 % de sobrecoste puede consumir el margen
por unidad vendida.

Señorías del Grupo Parlamentario Socialista,
ustedes dicen que hablan con autónomos y les dicen que están muy apoyados
por su Gobierno, pero no sé con qué autónomos exactamente hablan ustedes.
Son los números del cuento de la lechera los que ustedes manejan, pero es
más vendible políticamente subirles los impuestos a los ricos, aunque así
no van a recaudar lo que quieren o necesitan. Es totalmente
imposible.

En resumen, este impuesto necesita consenso con
nuestros vecinos de la Unión Europea o de la OCDE; lo contrario, ir por
libre, traerá nefastas consecuencias para nuestra debilitada economía.
Reflexionen, porque no es el momento. Nuestra economía vive momentos de
asfixia, déjennos respirar, dejen que el empresario y el autónomo
trabajen, que la población consuma. Por cierto, con el ejemplo se habla:
ha dicho usted que consuman productos españoles, y por eso ustedes lo que
hacen es comprar las mascarillas a China. ¡Ustedes son precisamente el
ejemplo de consumir productos nacionales! (Aplausos). Han importado
ustedes 12 millones de mascarillas de China en los últimos tiempos.

Quiero terminar mi intervención con una frase
de Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV. Eran otros tiempos, pero ya
apuntaba maneras: El arte de gravar consiste en desplumar al ganso
obteniendo la máxima cantidad de plumas con el mismo número de
graznidos.

Gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Liberal Liberal.

La señora LIBERAL LIBERAL: Egun on
berriro.

En primer lugar, quiero dar las gracias a la
mayoría de los grupos por el tono que han utilizado, que ha sido cordial.
Se puede trabajar y debatir de esta manera. Y, sobre todo, gracias a los
que van a apoyar o van a abstenerse en la votación de este proyecto de
ley.

Me queda debatir con el representante de Vox y
del Grupo Parlamentario Popular. Al representante de Vox le pido, por
favor, para que no nos siga removiendo una época pasada. Su única
parlamentaria, Amaia Martínez, el 3 de agosto fue titular en todos los
medios de toda España porque, a pesar de haber dicho que jamás dialogaría
con Bildu, lo primero que hizo al llegar al Parlamento fue pedir un
cigarro a un parlamentario de Bildu. (Rumores). No se iba a acercar
nunca. Por eso fue titular. Eso es lo que buscan ustedes, los titulares.
Mírenlo, no les estoy engañando. (Rumores).

Me voy a meter con el impuesto porque solo
tengo cinco minutos. Si yo he permanecido callada cuando su señoría ha
intervenido, sería interesante que se me pueda escuchar. Creo que usted
no conoce el impuesto, sigue con lo mismo, ha traído un texto, lo ha
leído y está muy bien, usted ha leído lo que le han dicho, es decir, que
se suben los impuestos y que van a pagar las empresas. He hecho una clase
didáctica en la primera parte de mi intervención para que no llegásemos a
esto. No intenten enmarañar, no intenten liar, no intenten darle vueltas
a todo. No voy a seguir con usted, porque no hemos empezado bien el
día.

Señores del Grupo Parlamentario Popular,
empiezo por donde usted lo ha dejado: que compramos mascarillas en China.
¡Podíamos haber dejado a la gente sin ellas! Lo primero que hicimos fue
poner la atención donde estaba el foco. (Rumores). Lo siguiente, empezar
a fabricar en España. Pero es que la señora Ayuso, a la que hemos tenido
que salir a apoyar, porque no ha sido capaz de manejar Madrid, también
las compra en China. (Rumores.— Aplausos). Ustedes niegan todas las
medidas progresistas, porque su elitismo y su clasismo les impide ver el
progreso de los de abajo.

También han hablado de la poca importancia que
le damos al Senado. Pregúntenle ustedes al presidente de Andalucía, señor
Moreno Bonilla, que en alguna de sus intervenciones ha dicho que el
Senado había que cerrarlo. Menos mal que fue senador. ¡Pero qué falta de
comprensión y de conocimiento de la institución!

Ustedes nos han dicho que somos culpables de
pactar con Bildu. (Rumores). Hay mucha gente en Bildu que ha pretendido
la paz desde el principio, año 2011, mi alcalde en Vitoria, Javier
Maroto. (Aplausos). No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con
nadie. (Aplausos). Creo que eso es bueno, ojalá sucediera en más foros;
ojalá cundiese el ejemplo. Creo que excluir en este momento no está en la
agenda. Javier Maroto, portavoz del Grupo Popular. (Aplausos). La
hemeroteca es lo que tiene, y encima pertenecer al mismo territorio
histórico —tampoco les gusta eso, aunque sus compañeros en el País
Vasco también defienden la foralidad—. (Un señor senador del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: ¡Qué vergüenza!). No, vergüenza
ninguna. Ustedes han acusado a mi partido de negociar con terrorista y yo
les digo lo que hacía su portavoz cuando era alcalde del ayuntamiento al
que pertenezco yo. (Aplausos). Vergüenza ninguna. Que hablen de
mascarillas con la que está cayendo en Madrid…, vamos a ver.
(Rumores). Lecciones las justas.

Gracias a sus señorías por el trabajo que hemos
hecho entre todos. (Aplausos).

Muy buenos días a todos. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Señorías, finalizado el debate del proyecto de
ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, se procederá a
continuación a abrir el plazo para emitir el voto telemático para todas
las votaciones reglamentariamente previstas, que son las siguientes:
votación de las propuestas de veto. Para su aprobación se exige mayoría
absoluta. Votación de las enmiendas, de acuerdo con las solicitudes de
votaciones separadas formuladas por los grupos parlamentarios. Las que
resulten aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen.
Votación, en un solo acto, del resto del proyecto de ley.

Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática desde este momento, que son las 12:10 minutos, hasta las 14:10
minutos.

La señora presidenta lee el punto 7.1.2.

La señora PRESIDENTA: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Hacienda, el
senador Bonet Bonet, por tiempo máximo de cinco minutos.

El señor BONET BONET: Gracias, señora
presidenta.

Señores senadores, el proyecto de ley del
impuesto sobre la transacciones financieras tuvo su entrada en esta
Cámara y fue publicado el 25 de agosto de 2020. El plazo de presentación
de enmiendas y propuestas de veto finalizó el 11 de septiembre. Se han
presentado dos propuestas de veto: la número uno por parte del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado y la número dos por parte de los
senadores del Grupo Parlamentario Mixto don Jacobo González-Robatto
Perote, don José Manuel Marín Gascón y doña Yolanda Merelo Palomares

Asimismo, se han presentado un total de 64
enmiendas, con arreglo a la siguiente distribución: números 1 a 10, del
senador Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; números 11 a 20, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; números 21 a 25, del Grupo Parlamentario
Izquierda Confederal; números 26 a 41, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado; números 42 a 50, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos; y
números 51 a 64, de los senadores don Jacobo González-Robatto, don José
Manuel Marín y doña Yolanda Merelo, del Grupo Parlamentario Mixto.

El pasado 1 de octubre se reunió la Comisión de
Hacienda, que acordó ratificar a la siguiente ponencia para informar del
proyecto de ley. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Ander Gil
García, don Miguel Ángel Heredia Díaz y don Gonzalo Palacín Guarné; por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, don José Vicente Marí Bosó y
doña Elena Muñoz Fonteriz; por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, don Jordi Martí Deulofeu; por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, doña María Dolores Etxano Varela; por
el Grupo Parlamentario Ciudadanos, doña Ruth Goñi Sarries; por el Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, don Vicenç Vidal Matas; por el Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado, Junts per Catalunya-Coalición
Canaria/Partido Nacionalista Canario, doña María Teresa Rivero Segalàs; y
por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Beatriz Martín Larred.

Dicha ponencia elevó a la comisión un informe
en el que no introducía modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados. El mismo día 1 de octubre la comisión procedió
a dictaminar el proyecto de ley. Tras el debate correspondiente, se
sometió a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe,
resultando aprobado por 17 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención.
(La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

Se han presentado votos particulares por parte
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu
respecto a las enmiendas 11 a 20; el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado respecto a la propuesta de veto número 1 y las enmiendas 26 a 41;
el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal respecto a las enmiendas 21
a 25; los señores González-Robatto Perote, Marín Gascón y señora Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, respecto a la propuesta de veto
número 2 y a las enmiendas 51 a 64; y, finalmente, el señor Cleries i
Gonzàlez y la señora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista
en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario, respecto a las enmiendas 1 a10.

Moltes gràcies.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.

A continuación, para defender la propuesta de
veto número 2, de los señores González-Robatto, Marín Gascón y señora
Merelo Palomares, del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
González-Robatto por un tiempo máximo de quince minutos.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias,
presidenta.

Reiteramos la posición de que las ocurrencias
del Gobierno son absurdas, confiscatorias y demagógicas, a la par que
inútiles, como es el conglomerado gubernamental, y así lo desarrollamos.
Primero, iniciativas aisladas de tasar transacciones financieras fuera
del ámbito de la Unión Europea están condenadas al fracaso, y ustedes lo
saben. Los objetivos de recaudación son irreales y solo afectarían a
millones de pequeños ahorradores españoles, ya sea directamente o vía sus
fondos de inversión o de pensiones, y el Gobierno lo sabe también. La
única razón que mueve al Ejecutivo a presentar este proyecto de ley es
demagógica y hace perder el tiempo en lo que debe ser su principal
obligación: presentar unos presupuestos sólidos que prevean cómo salir de
la crisis que atraviesa España, que es la peor en los últimos años. Como
siempre en todas estas crisis, a la cabeza los socialistas.

Las iniciativas aisladas, como bien he dicho,
están abocadas al fracaso. El propio Gobierno reconoce que solo dentro
del ámbito de la Unión Europea el gravamen sobre transacciones
financieras puede tener algo de éxito. Por tanto, lo que van a provocar
ustedes es un mercado europeo cada vez más distorsionado, donde los
inversores desplazarán su actividad a las jurisdicciones más favorables,
más serias y más creíbles. Saben ustedes que lo que hoy aprobamos, o no
aprobamos, es la famosa tasa Tobin. Los efectos perniciosos sobre las
finanzas y, por tanto, sobre el resto de la economía son más que
evidentes. Un impuesto a las transacciones financieras reduciría la
liquidez disponible en los mercados, encarecería el acceso al capital y
provocaría una caída en la inversión. En el largo plazo, cualquier
expectativa al alza de recaudación se vería neutralizada por el impacto
negativo en el crecimiento económico y, por tanto, en el total de la
población.

Suecia implantó un impuesto similar en 1984 y
sus resultados fueron decepcionantes. La medida provocó que gran parte de
la inversión huyera a otros mercados libres de imposiciones fiscales y
deprimió la actividad financiera del país. Dos años después, y tras
duplicar el tipo impositivo, la Bolsa de Estocolmo reducía sus
operaciones hasta un 30 %. En 1987, la contracción llegaba al 60 %. Poco
después, el Gobierno retiró el impuesto. ¿Pero qué van a aprender,
verdad, señores del Gobierno? La experiencia sueca terminó en un absoluto
desastre, ya que la tasa Tobin diezmó los mercados de acciones y los
bonos. De hecho, en los noventa más de la mitad de las acciones de Suecia
se habían trasladado ya a Londres. Tan solo durante la primera semana que
se impuso sobre el mercado de bonos, el volumen de transacciones se
desplomó un 85 %, el comercio de futuros un 98 %, las opciones de
comercio se paralizaron y la negociación de valores en el mercado
monetario se desplomó una quinta parte. El experimento fue tan negativo
no solo para el mercado, sino para las arcas públicas, que Suecia decidió
eliminar la tasa en 1991, un año después. Treinta años después vienen
ustedes con lo mismo, sin aprender un ápice de lo que ha pasado en la
historia, por desinterés o por maldad, no lo sabemos.

Los inversores tienen instrumentos para buscar
otro destino en donde sus operaciones no soporten el peso del fisco. De
ahí que la Unión Europea, o al menos una parte de sus miembros, esté
interesada en evitar la competencia y asegurar su efectividad. Pero esto
a ustedes les da exactamente igual. Además, traer irreales recaudaciones
con el único objetivo de intentar gastárselo antes de tenerlas es
aumentar la mastodóntica organización gubernamental en lugar de velar por
los intereses de los españoles y el bienestar de todos sus
ciudadanos.

Ustedes quieren poner un impuesto del 0,2 en
cada compra, cuando resulta que las comisiones que cobra el sector por
intermediar en la compraventa de acciones está entre el 0,25 y el 0,35.
Como ustedes comprenderán, si están cobrando en este rango por prestar el
servicio y ahora tienen que asumir un impuesto del 0,20, alguien va tener
que pagarlo. ¿Quiénes? Los pequeños ahorradores, los ciudadanos. Lo van a
pagar millones de familias que ahora las están pasando canutas, y ustedes
vienen a ahogarles todavía un poco más.

Señores comunistas y socialistas, España no es
China ni Estados Unidos, donde los inversores pueden permanecer ajenos.
De España los grandes inversores y los fondos internacionales sí pueden
prescindir y pueden desviar sus inversiones a otros países o utilizar
sistemas para evitar el impuesto que ustedes quieren introducir. Sí,
señores del Gobierno, se pueden ir y lo van a hacer si sacan adelante
esta ley con sus socios separatistas.

Los objetivos de recaudación son completamente
irreales, van a penalizar aún más a los ahorradores españoles. Los
grandes inversores, no les queda duda, encontrarán la fórmula, vía
derivados, vía otros mercados organizados, o lo que sería peor todavía,
ignorarán transaccionar sobre acciones españolas. ¿A quién perjudicará
esto? ¿Se lo han preguntado? A los pequeños ahorradores, vía impuesto.
También a las pequeñas empresas españolas, que tendrán más dificultades
para financiarse, así como a los ahorradores españoles por la gran
pérdida de valor que provocará la marginación de las acciones españolas
y, por tanto, la pérdida de valor de lo invertido tanto en acciones como
en fondos. Asimismo, al consumo de las familias, al ver gravado el ahorro
y deteriorado su patrimonio. Pero esto a su ministro de Consumo, el señor
Garzón, se ve que le importa bastante poco. Les recordamos, por si no lo
saben, aunque lo deberían saber, que el consumo privado es el mayor motor
del PIB y representa un 70 % de este, aunque gracias a su gestión lo han
bajado a un 50 %, de momento, y con este tipo de iniciativas lograrán
hundirlo todavía más.

El Gobierno hace perder el tiempo con estas
iniciativas, que son completamente demagógicas e irreales. Con esto
pretenden camuflar su ineptitud para presentar unos presupuestos
creíbles. Prever recaudar, como dice el Gobierno, 850 millones de euros
es demagógico y farsante, y ustedes lo saben. Demagógico porque saben que
no va a funcionar, pero apoya el mensaje falaz de sus socios comunistas,
y farsante porque lo que quieren ustedes es gastarse anticipadamente lo
que dicen que van a recaudar. Al final, ya lo sabemos: más déficit
público y más deuda. Hace poco lo han conseguido aumentando el techo de
gasto con el dinero de los demás.

En Suecia intentaron lo mismo y recaudaron
un 3 %, y ya hemos visto la historia de Suecia: la mitad de las
transacciones bursátiles se trasladaron fuera Suecia. En Francia, un país
con el PIB el doble que el español, no se llegó ni siquiera a recaudar
un 20 % de lo que pretende el Gobierno de España. Es decir, pretenden
recaudar 4.5 veces más que Francia con un PIB que es la mitad. ¿Eso es
demagogia o es engaño?

El Banco Central Europeo criticó en su momento
esta medida bajo el argumento de que reduciría la actividad financiera y,
con ello, la actividad económica. Como ustedes sabrán, esto va ligado. El
ministro holandés de Finanzas ha explicado que su Gobierno se opone, ya
que la tasa solo podría funcionar a nivel global, un poco parecido con lo
que pasa con la de servicios digitales. Y es que, en el caso contrario,
produciría una enorme distorsión porque la gente podría llevar fácilmente
sus impuestos a otra jurisdicción donde les ponen alfombra blanca a todas
las empresas españoles que ustedes están espantando. Esto a ustedes
también les da igual. Se creen los más listos de la clase, aunque se ha
demostrado que no lo son, y en el poco tiempo que llevan en el Gobierno
lo único que han demostrado es que solo se pasaría de curso con la
absurda ley Celaá.

Trabajen en unos presupuestos serios, no
despilfarren, no penalicen más a los contribuyentes españoles, no se
gasten el dinero de los demás, no engañen a los españoles con estas
propuestas absurdas y traigan unos presupuestos serios y creíbles, que ya
van bastante tarde.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

A continuación, para defender la propuesta de
veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Muñoz Fonteriz por quince minutos.

La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias,
presidenta. Buenos días nuevamente.

El Grupo Popular ha presentado, al igual que
hicimos en el caso del proyecto de ley del impuesto sobre determinados
servicios digitales, un veto para el impuesto de transacciones
financieras, en parte por los mismos motivos por los que lo presentamos
para el impuesto de servicios digitales. En este caso, nuevamente, el
Gobierno, de forma unilateral, crea este impuesto y se separa de la
necesaria e imprescindible coordinación y armonización que tiene que
haber con el resto de países. Con esta decisión se a conseguir
nuevamente, desde luego para el Grupo Popular, generar un nuevo grave
perjuicio para nuestras empresas, que van a ver cómo mercados de otros
países van a operar en condiciones más favorables que el nuestro. Lo que
van a conseguir con esto es la deslocalización de la actividad financiera
en terceros mercados. A sabiendas de que causan ustedes este perjuicio
—por mucho que quieran disfrazar con palabras y con humo los
efectos de la creación de este impuesto ustedes saben perfectamente los
perjuicios que van a causar—, se apartan de la colaboración, de la
cooperación y del pacto con los países de la OCDE y de la Unión Europea,
en vez de liderar las negociaciones para cerrar la configuración de este
impuesto.

Además, en el caso de este impuesto —se
lo dije en la sesión de la Comisión de Hacienda de la semana
pasada— van a producir adicionalmente efectos muy negativos. En
este caso no solo cuestionamos la oportunidad del impuesto, que creemos
que no es el momento, sino que también cuestionamos la configuración del
impuesto que ha hecho el Gobierno, porque, de la forma que lo ha
diseñado, quienes van a ser perjudicados son las familias, la clase media
española. Sí, señores del Grupo Socialista, no lo van a pagar los ricos.
Por muchas veces que repitan una mentira, no se va a convertir en
realidad. Estos impuestos no los van a pagar los más ricos, los van a
pagar la clase media española, los van a pagar todos los españoles,
señores del Grupo Socialista. (Aplausos).

Efectivamente, se va liquidar a los
intermediarios de las operaciones de adquisición de acciones. Como va a
suponer un coste adicional para ellos, ¿a quién se creen que lo van a
trasladar? ¿Quiénes creen que van a pagar este incremento de coste? Pues
los tenedores de acciones, a los que les van a repercutir, sin ninguna
duda, el incremento de costes, es decir, millones de accionistas de
empresas, de planes de pensiones e instituciones de inversión colectiva;
en definitiva, millones de accionistas. Como les decía el otro día en la
comisión, 3 millones de españoles son accionistas; 3 millones, la mayoría
pequeños ahorradores. Para ustedes, todos ellos son ricos, ricos a
quienes les quieren cobrar este impuesto. Pues no, son pequeños
ahorradores, familias que, con mucho esfuerzo, consiguen ahorrar e
invertir en acciones para tener algún rendimiento. No me escuchen a mí,
no escuchen al Partido Popular —no es una teoría que nos hayamos
inventado nosotros—, escuchen, por ejemplo, lo que dice la
Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, que ha avisado de los riesgos,
primero, de deslocalización y sustitución de este impuesto, con efectos
perjudiciales para la inversión y para el crecimiento económico. También
ha avisado del inevitable traslado de la carga económica del impuesto a
los clientes; es decir, lo van a pagar los de siempre, la clase media,
por mucho que ustedes insistan en que es un impuesto para ricos. Y lo
peor es que lo saben; lo peor es que saben la pérdida de competitividad
de las empresas que van a ocasionar, pero les da igual, como les da igual
poner nuevas barreras de entrada a la inversión exterior. En este
momento, lo que necesita nuestro país es inversión exterior, que se
apueste por nuestro país. Desde luego, con un Gobierno que solo genera
incertidumbre, que solo da bandazos y que establece impuestos que hacen
huir a los capitales que tienen que invertir en nuestro país, vamos a
conseguir todo lo contrario. Si no, miren la cifra de fuga de capitales
que llevamos este año, absolutamente récord en nuestro país, porque nadie
quiere invertir en España, ya que su Gobierno ni da credibilidad ni da
confianza ni da certidumbre, y ese es el primer paso para llevarnos
nuevamente al borde de la quiebra, como ya hicieron en la crisis del
año 2009. Ese es su modelo de política, señores del Grupo Socialista.
(Aplausos).

A ustedes todo esto les da igual porque tienen
su hoja de ruta marcada; caiga quien caiga, hoja de ruta: subir los
impuestos a todos los españoles. La creación de estos impuestos solamente
es el aperitivo, el primer capítulo de una serie de terror para todos los
españoles, porque sus socios de Gobierno les imponen esa subida de
impuestos; porque el señor Iglesias les impone subir los impuestos,
aunque, a lo mejor, ustedes tengan alguna duda al respecto. Y en estas no
encontramos, aunque la creación de estos nuevos impuestos solo es la
primera parte. En este momento ya sabemos que tienen ustedes encima de la
mesa nuevas figuras impositivas y la subida de impuestos: el impuesto al
diésel, eliminar la desgravación fiscal a los planes de pensiones,
eliminar tipos reducidos y superreducidos del IVA, crear un impuesto
sobre bebidas azucaradas, establecer el 21 % de IVA en la sanidad y la
educación privadas. En definitiva, están ustedes preparando un verdadero
paquete de subidas fiscales que van a ocasionar un auténtico sablazo
fiscal a todas las familias españolas. Es lo que ustedes están haciendo
en este momento y lo que tenemos encima de la mesa, y hoy, desde luego,
dan ustedes el pistoletazo de salida, eso sí, enarbolando la bandera de
la justicia fiscal.

El Partido Socialista solamente quiere
incrementar la justicia fiscal. Como le he dicho muchas veces a la
ministra —las pocas veces que ha estado en el Senado, pero todas
las veces en las que he intervenido—, su argumentario en materia de
política fiscal es que ustedes nos suben a todos los impuestos por dos
motivos: uno, para conseguir justicia fiscal, y dos, porque pagamos pocos
impuestos todos los españoles. En cuanto al primero, justicia fiscal, van
a conseguir mayor justicia, es decir, que los impuestos sean más justos,
que nuestro sistema tributario sea más justo porque van a hacer pagar
solo a los ricos. Ya he desmontado esa falacia, esa mentira, que, como
decía, no por repetida mil veces va a resultar verdad. En segundo lugar,
dicen ustedes que los españoles pagamos pocos impuestos. Claro, lo dicen
utilizando un indicador, la presión fiscal, que a ustedes les viene muy
bien para su argumentario, pero que es contrario a la realidad. En
realidad, los españoles pagamos muchos impuestos porque hay muchos menos
españoles que pagan impuestos. Por tanto, la carga fiscal la soportan
menos contribuyentes, lo que hace que tengan una carga fiscal mucho
mayor. Por tanto, señores del Grupo Socialista, los españoles pagamos
muchos impuestos; si no, hablen con las familias españolas, que les dirán
qué es lo que opinan de la cantidad de impuestos que pagan hoy.

Por eso creemos que es un error la senda en la
que están ustedes; es un error seguir con su hoja de ruta de subidas de
impuestos; es un error escuchar tanto al señor Iglesias, que lo único que
quiere es que los españoles seamos cada vez más pobres para cumplir sus
políticas populistas. Eso es lo que quiere el señor Iglesias y por eso
quiere subirnos los impuestos a todos los españoles una vez más.
(Aplausos).

Nosotros queremos que se haga todo lo
contrario. Hay que adoptar verdaderas medidas económicas de reactivación.
Es imprescindible no gravar la situación económica tan grave por la que
pasamos con nuevos incrementos impositivos, que van a repercutir
directamente en los ciudadanos; incrementos impositivos que van a
desincentivar la inversión en capitales de nuestras empresas; incrementos
impositivos que desincentivan las políticas que deberíamos hacer para
corregir uno de nuestros principales desequilibrios, que es la falta de
tamaño de nuestro tejido empresarial. En definitiva, señores del Grupo
Socialista, hay que hacer lo contrario de lo que pretenden, por mucho que
ustedes nos lo vayan a querer vestir de otra forma. Sé que recurrirán al
argumentario que tienen, y con el que amanecen todas las mañanas, de que
el Partido Popular ha subido los impuestos, que nosotros predicamos una
cosa y que cuando llegamos al Gobierno no la hacemos. No se preocupe, que
cuando lo hagan les voy a decir por qué tuvimos que subir los impuestos,
porque el Partido Socialista nos llevó casi al borde de la quiebra cuando
estuvo en el Gobierno, la última vez en 2009. No se preocupe, que ya se
lo rebatiré. (Aplausos),

El Partido Popular tiene muy claro que lo que
necesita este país es reactivar la economía a través de políticas serias
y rigurosas. El Partido Popular tiene muy claro, y ha puesto encima de la
mesa desde el primer momento, un plan económico para reactivar España. Lo
que pasa es que ustedes no quieren escucharlo. Les recomiendo que lo
escuchen si quieren hacer unos presupuestos que se adapten realmente a
las necesidades de nuestro país. El Partido Popular les ha puesto encima
de la mesa medidas como, insisto, bajar los impuestos, conseguir más
flexibilidad laboral, ampliar la tarifa plana o establecer algo tan
lógico como que a ingresos cero de los autónomos, cuota cero, es decir,
apoyar a nuestro tejido empresarial. El Partido Popular también les ha
puesto encima de la mesa medidas para conseguir menos burocracia y
facilitar la creación de empresas, así como para contribuir a una mejor
formación y conseguir mayor competitividad en nuestras empresas.

Señorías, en definitiva, el Partido Popular
tiene muy claro lo que necesita este país. Los que no lo tienen claro,
porque están en luchas internas y debates estériles dentro del Gobierno,
son ustedes. La pena es que, como consecuencia de eso, quienes lo van a
pagar son todos los españoles. Repiensen la creación de este impuesto,
rectifiquen, porque van a tener que modificarlo en tiempo récord, ya que
viene la normativa europea. Vayan de la mano de los países europeos,
vayan de la mano de los países de la OCDE y no quieran ser los primeros
en la línea de meta, precisamente, en lo peor posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

En turno en contra, tiene la palabra, por un
tiempo máximo de 30 minutos, por parte del Grupo Socialista, el señor
Heredia.

El señor HEREDIA DÍAZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, quiero comenzar mi intervención
citando la Constitución, esa en donde el Partido Popular todos los días
está envolviéndose, pero que no votaron. (Rumores). La Constitución, en
su artículo 31.1, dice: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y
progresividad. Esta medida fiscal que traemos hoy aquí es progresiva,
para que quienes ganen más, paguen más.

El impuesto sobre transacciones financieras
tiene como objetivo consolidar las finanzas públicas, así como reforzar
la equidad tributaria, dado que las operaciones que ahora se someten a
tributación no están sujetas a ningún impuesto. Es imprescindible tener
un sistema fiscal justo y avanzado, que se adapte a las nuevas realidades
de la economía, y este proyecto de ley es un paso más en esa dirección.
El impuesto sobre las transacciones financieras es un impuesto indirecto
que grava con un 0,2 % las operaciones de adquisición de acciones de
sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes
que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y
que el valor de la capitalización bursátil de la sociedad sea superior a
los 1000 millones de euros. Se evita así que el impuesto afecte a la
compraventa de acciones de pymes. Además, el impuesto no afecta al
mercado primario, por lo que no tendrá impacto en las empresas que salgan
por primera vez a Bolsa. El sujeto pasivo del impuesto es el
intermediario financiero, el que transmite o ejecuta la orden de
adquisición, que es el que tiene que pagar el impuesto, el que está
obligado al pago, y no el cliente. Señorías del Grupo Popular y de Vox,
este impuesto no afecta a los clientes, no afecta a quienes tienen
cuentas corrientes, tarjetas, hipotecas, préstamos o imposiciones a plazo
fijo; dicho de otra manera, esta fiscalidad no va a gravar a los
ahorradores, no va a gravar a las familias. Siempre en la historia,
cuando el Partido Popular nos dice que va a defender a las familias y no
las va a gravar más, hay que echarse la mano al bolsillo. Cuando Rajoy
dijo que no iba a subir los impuestos y que iba a proteger a las
familias, los subió más que nunca. Cuando el señor Moreno Bonilla,
presidente de la Junta de Andalucía, dice que va a apoyar a las familias
es cuando más recorta las políticas sociales a las familias.
(Aplausos).

Señorías, una pregunta: ¿cuántos hogares
españoles tienen acciones en empresas cotizadas? ¿Cuántas? O, dicho de
otra manera, ¿cuántos hogares se van a ver afectados por este impuesto?
No llegan al 11 %, y de ese menos del 11 % más de un tercio corresponde a
las rentas más altas de este país. Estas son las estadísticas
oficiales.

Por tanto, este impuesto —pese a que lo
diga una y otra vez el Partido Popular— no afectará a los hogares
españoles. Es falso. Afectará, en todo caso, a determinados tramos de
rentas altísimas que ustedes conocen perfectamente.

El PP sabe, y Vox debería saber, que la
configuración de este impuesto sigue la línea adoptada por otros países
vecinos, como Italia o como Francia. Son ya diez los países que han
acordado implantar este impuesto, y no hay razones objetivas de que haya
una distorsión fiscal que traiga como consecuencia un desplazamiento de
capitales hacia otros países donde no está implantado este tributo. De
hecho, este impuesto se viene trabajando en la Unión Europea desde 2013,
junto a Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia,
Grecia, Italia y Portugal. Cuando haya un acuerdo sobre esta ley en la
Unión Europea, se adaptará de inmediato nuestra ley a la citada
normativa. Pero PP y Vox nos traen hoy aquí, a este Pleno, dos propuestas
de veto, y a mí me gustaría conocer el porqué. Supongo que porque varios
grupos de interés se han reunido con ustedes y ustedes han copiado
literalmente sus propuestas. No les han cambiado ni las comas, y las han
presentado como enmiendas.

Ustedes son lobistas; nosotros, no. (Aplausos).
Nuestro grupo parlamentario piensa siempre en el interés general y en
garantizar la igualdad y el equilibrio de rentas. Por ello, no seremos
nunca un partido que defienda a grupos de interés. Ustedes solo defienden
a los poderosos. (Rumores).

Pero quiero hacerle una pregunta al Grupo
Parlamentario Popular en este momento. (Un señor senador del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: ¡Ya van dos!) Sí, y le voy a hacer
muchas más. (Rumores). ¿Por qué el Partido Popular está en contra de la
Ley de transacciones financieras? Dígannoslo. Porque, miren ustedes,
Rajoy, en una reunión de líderes internacionales en 2010, dice: Habrá una
ley de transacciones financieras en España que entrará en vigor en 2014.
Por tanto, si ustedes estaban de acuerdo con una ley de transacciones
financieras, ¿por qué ahora no la quieren? ¿O es que cuando la presentaba
Rajoy les parecía bien, pero cuando la presenta el Gobierno de Pedro
Sánchez no les gusta? (Aplausos). Déjense de demagogias.

Dicen ahora que este Gobierno va a subir mucho
los impuestos. El Gobierno que más subió los impuestos en la historia de
la democracia se llama Gobierno de Partido Popular. Subieron más de 30
impuestos: el IVA, el IBI, el IRPF, el copago... Concretamente subieron
cinco veces el IRPF, cinco; subieron cuatro veces el impuesto de
sociedades y los especiales, cuatro; subieron dos veces el IVA y dos
veces el IBI, y subieron también el impuesto de patrimonio. Nunca se han
subido tantos impuestos en la historia de la democracia como con el
Gobierno del Partido Popular.

Ustedes, es verdad, solo bajan impuestos a los
millonarios. (Rumores). Eso es lo que hace Moreno Bonilla en Andalucía:
bajar los impuestos a las rentas más altas, a los millonarios,
(Aplausos). Y eso es lo que hace la señora Ayuso en Madrid. (Aplausos). A
esos son a los únicos a los que ustedes les bajan los impuestos. Bueno, a
los millonarios y a sus amiguetes, que a veces son los mismos. ¿O les
recuerdo la aprobación de la amnistía fiscal, que legitimó el fraude
tributario y que destrozó la moral tributaria en este país porque fue un
auténtico escándalo? (Rumores).

Dicen ustedes que si este Gobierno dice o deja
decir que se paga más o menos. Yo le voy a citar las cifras de Eurostat
—que no es este Gobierno, es la Unión Europea—, donde según
sus últimas estadísticas, de 2018, dicen que la presión fiscal en nuestro
país es de un 35,4 %, mientras que en la Unión Europea es de un 41,2 % y
en la eurozona de un 41,7 %. ¿Qué significa esto? Esto significa que la
presión fiscal en nuestro país es siete puntos inferior a la eurozona. Se
lo voy a explicar más fácil todavía: en España se pagan bastantes menos
impuestos que en Europa, y, por tanto, hay margen más que suficiente para
hacer que nuestro sistema tributario sea un poco más justo, progresivo,
eficiente y acorde con las necesidades de nuestra nación, en el que cada
uno contribuya según su capacidad, teniendo muy presentes los valores
constitucionales, que son irrenunciables para este Gobierno.

Hay otra cuestión sobre la que ha hablado la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Dice: Es que la economía en
España está cayendo mucho. Es verdad, pero yo le voy a hacer otra
pregunta más. Señores del Partido Popular, ¿ustedes se han enterado de
que hay una pandemia? (Rumores). Señores del Partido Popular, ¿ustedes se
han enterado de que hay una crisis a nivel mundial? (Aplausos.—
Rumores). Es que parece que no se han enterado. Miren ustedes, datos del
segundo trimestre del año, Reino Unido: bajada del PIB más de un 20 %;
Estados Unidos, segundo trimestre, bajada del PIB más de un 30 %, mucho
más que nuestro país. Y que yo sepa, ni el Gobierno de Estado Unidos ni
el Gobierno del Reino Unido son de izquierdas. (Aplausos).

Señores del Partido Popular, nuestro Gobierno
ha asumido el compromiso de proteger a familias y trabajadores en esta
pandemia mientras ustedes, ante una crisis mucho menor, protegieron a los
bancos. Ustedes siempre dan prioridad a los bancos sobre las personas.
(Rumores). Y les diré que para continuar con esa política de protección a
familias y trabajadores necesitamos más recursos, como pretende este
impuesto. Porque, ¿cuánto está previsto recaudar con este impuesto? Se lo
voy a decir: en torno a 850 millones de euros.






¿Y qué se puede hacer
con 850 millones de euros? Se puede fortalecer la sanidad, la educación
pública, mantener las pensiones, los ERTE o la protección a los
autónomos. Eso es lo que queremos hacer.

Yo sé que ni al Partido Popular ni a Vox muchas
de estas cosas les parecen bien. Les puedo contar lo que hace en mi
tierra el presidente señor Moreno Bonilla, que está destrozando la
sanidad. (Rumores.— Aplausos). Se ha cargado la atención primaria,
hay colas en las puertas de los centros de salud, Salud ya no responde.
La atención a los enfermos es por teléfono. ¿Cómo se detecta un cáncer
por teléfono? ¿Me lo quieren decir ustedes? (Rumores). Hay un colapso en
las urgencias, no hay rastreadores en Andalucía y, además, estamos a la
cola de España en realización de PCR por 100 000 habitantes.
(Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías...

El señor HEREDIA DÍAZ: Me da igual que den
voces. Cuando uno da voces es porque realmente no tiene la razón, y
ustedes no tienen razón, porque esto es lo que está haciendo Moreno
Bonilla. (Rumores). Y como veo que no les gusta, voy a seguir.
(Aplausos).

Moreno Bonilla ha aprobado que no haya
reuniones en las casas de más de seis familiares. No sé lo que harán las
familias con siete miembros. (Rumores). Sin embargo, en las aulas hay
treinta... (Rumores). Lo voy a volver a repetir: en las casas andaluzas
se ha establecido una normativa para que no haya más de seis miembros en
una casa, mientras que en las aulas escolares en Andalucía hay 30 y 35
niños. (Aplausos). Y yo le pregunto, ¿por qué no bajan la ratio? Porque
el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más de 400 millones de euros a
Educación, con los que se podrían haber contratado 13 000 profesores más,
y eso hubiera bajado la ratio. (Rumores). ¿Por qué no lo han hecho? Otro
dato que me parece importante: ¿por qué hoy día hay más de 12 000 niños y
niñas que no tienen comedor escolar desde el primer día? (Aplausos). Me
gustaría que nos lo explicase. Eso es lo que ustedes están haciendo donde
están gobernando.

Sé que al Partido Popular, y también a Vox, les
gusta más la sanidad privada. (Rumores). Y de hecho están destinando en
Andalucía cientos de millones a la sanidad privada con la excusa de las
listas de espera. Están destinando muchos millones a la educación
pública, pero lo que yo no podía saber nunca ni me podía imaginar es que
de un fondo COVID de emergencia iban a destinar 11 millones de euros para
Canal Sur. Yo entiendo que emergencia es atender a las familias, entiendo
que emergencia es proteger a los trabajadores de este país, pero no
entiendo que emergencia sea destinar 11 millones de euros a la televisión
de Moreno Bonilla. (Aplausos). Y puedo seguir diciendo —ya sé que
no les gusta— lo que está haciendo este Gobierno: por ejemplo,
fortalecer el sistema de pensiones.

Escuché con mucha atención en campaña electoral
cómo Vox dijo que no estaba de acuerdo con el mantenimiento del sistema
público de pensiones, que ellos eran más de un sistema privado de
pensiones. Y también vi, porque yo era diputado en aquella época, cómo un
Gobierno del Partido Popular llevó a cabo el mayor recorte en protección
por desempleo en el peor momento para este país: la recortaron un 20 %.
Eso es lo que ustedes hicieron, y son datos oficiales en respuestas
parlamentarias. Esa la diferencia. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro
Sánchez va a seguir adoptando medidas económicas y fiscales tendentes a
ayudar a los sectores productivos perjudicados en esta pandemia. Para
afrontar esta crisis habrá que ajustar el gasto público en función de las
necesidades de los españoles y, en su momento, el Gobierno va a presentar
un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que responda a ellas,
tal y como está haciendo en este momento: protegiendo a trabajadores, a
pymes, a autónomos y también a grandes empresas, que generan mucho
empleo. Se van a seguir aprobando medidas teniendo en cuenta la opinión
de expertos y en coordinación con el resto de fuerzas políticas,
comunidades autónomas, agentes sociales, Unión Europea y organismos
internacionales. Porque para nuestro Gobierno la prioridad es salvar
vidas, no dejar a nadie atrás y proteger a los más vulnerables.

Quiero terminar mi intervención dando las
gracias a todos los grupos parlamentarios que van a dar su apoyo a este
proyecto de ley de transacciones financieras, porque frente a los vetos
de Vox y del Grupo Parlamentario Popular también hay un grupo de fuerzas
políticas que defienden una fiscalidad justa, moderna, progresiva y sin
privilegios. Una fiscalidad que respete el interés general y no el
interés de unos pocos, de los que más tienen, de los millonarios, que son
a quienes ustedes protegen. Para proteger el Estado del bienestar hay que
recaudar más, y eso lo sabe todo el mundo. Así que déjense de milongas,
déjense de discursos populistas, apoyen este proyecto de ley, que es
bueno para este país y que es bueno para los españoles y españolas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

¿Algún otro senador quiere intervenir en el
turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos, entonces, a las intervenciones en
turno de portavoces, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, que
tendrá diez minutos.

Tiene la palabra el señor
González-Robatto.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Intervendré
muy brevemente. No gastaré los diez minutos.

Tanto que se quejan ustedes de la subida de
impuestos del Partido Popular, ¿por qué no los bajan? ¿Por qué no bajan
los impuestos? ¿Por qué no bajan el impuesto del 21 % a las mascarillas?
Es más, ¿por qué no las suministran gratuitamente, cuando es obligatorio
y los ciudadanos, absolutamente todos, están obligados a llevarlas?

Usted también se quejaba de los 11 millones a
Canal Sur. Nuestro partido manifiesta su oposición frontal a las
televisiones autonómicas, pero ustedes han regado con 15 millones a la
televisión de Pedro Sánchez. Un poco de coherencia. Además de esto, han
hecho contratos millonarios de publicidad durante toda esta pandemia.
Con 15 millones de euros, ¿se queja de Canal de Sur? A mí, la verdad, me
parece una falta de coherencia brutal.

Los grupos de interés son los ciudadanos
españoles. Esos son los grupos de interés con los que nosotros nos
reunimos, con absolutamente todos.

Usted también ha dicho que esto no está en los
hogares españoles. El 11 % de los españoles, ¿no son hogares españoles?
¿Dónde viven? Es, cuando menos, sorprendente.

La incoherencia que tiene todo su discurso es
sorprendente. Ante la capacidad que tienen para recaudar absolutamente de
todos y pensar que esos tan necesarios 850 millones euros los van a pagar
las grandes empresas, los ricos, se me ocurren ahora mismo 680 millones
que se podrían sacar mucho más fácilmente de situaciones mucho más
injustas, o los 700 000 euros del socialista de Almería, que los ha
robado. También se me ocurren casos ingentes para poder financiar. En
relación con estos 850 millones de euros, ¿de verdad piensan recaudar 4.5
veces más que Francia, que tiene el doble de PIB? ¿Es usted realista?
Además, usted no lo ha visto históricamente, ya que dice: No vemos de
dónde se puede sacar. Oiga, históricamente ha sido un rotundo fracaso.
Aprenda un poco de la historia económica europea. ¿Esto puede tener
sentido? Puede tener sentido si todos lo aplican. Pero la gente se va a
ir, y lo único que van a hacer ustedes —porque son expertos, por
cierto, junto con los separatistas— es espantar a la inversión y
espantar a los que generan trabajo. No son ustedes los que generan
trabajo, los que generan trabajo son los autónomos, son los empresarios.
Esos autónomos a los que usted también ha dejado abandonados y les han
cobrado sus cuotas. Por favor, coherencia y apoyo a todas las clases
sociales, a todos los españoles. Los grandes, los que tienen dinero, se
van. Los que se quedan son aquellos a los que no les queda otra, y son
los últimos eslabones de la cadena, los que pagan impuestos, los que
pagarán este impuesto que usted está creando. Es sorprendente, la
verdad.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

A continuación, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista, tiene la palabra la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies,
presidenta.

Gracias, señorías. Únicamente quiero manifestar
que en Junts per Catalunya vamos a votar negativamente a los vetos
presentados.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal el senador Mulet García.
(Denegaciones).

Bien, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
tiene la palabra la senadora Goñi.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidenta.

Nos presenta el Gobierno el proyecto de ley del
impuesto sobre las transacciones financieras. Pretender debatir esta
tramitación ahora —por la misma razón que exponíamos antes para el
impuesto digital— es muy inoportuno debido al escenario de la
profunda crisis económica y social que atraviesa España.

En estos momentos, resulta demencial pensar en
crear nuevos impuestos que carguen a los ciudadanos, a nuestras empresas
y a nuestros emprendedores con unos gastos absolutamente inasumibles en
el contexto actual. España atraviesa una de las peores crisis de su
historia como consecuencia de una pandemia que lo ha asolado todo y cuyos
efectos reales aún no conocemos. Necesitamos certidumbre, confianza,
seguridad jurídica y centrarnos en lo importante, que es salvar vidas y
empleos.

Además, a la hora de abordar este impuesto no
puedo dejar de señalar que países como Francia o Italia lo aprobaron de
manera unilateral con resultados fallidos en ambos casos. Este es, junto
con el impuesto sobre determinados servicios digitales, un tributo de
nueva creación, cuyas consecuencias exceden el ámbito de nuestras
fronteras por tener evidentes implicaciones globales.

El Gobierno pretende, sin embargo, aprobarlo e
implantarlo en España de manera aislada con relación a los países de
nuestro entorno. Muchas de las consecuencias negativas que señalé antes
para el gravamen digital se aplican igualmente en este impuesto.

Este impuesto grava la compra de acciones de
sociedades españolas admitidas a negociación en un mercado secundario a
partir de un determinado nivel de capitalización bursátil, con
independencia del mercado en el que coticen, del lugar en el que se
produzca la adquisición y de la residencia de los intervinientes en la
operación; en resumen, de acciones representativas del capital social de
sociedades españolas que coticen en bolsa. Esto hace pensar en dos
consecuencias inmediatas: el perjuicio a la competitividad de las
empresas españolas y la muy probable deslocalización hacia otros
mercados.

Un inversor, ante un catálogo de productos
financieros igualmente atractivos, va a descartar aquel producto que
conlleva el pago de un impuesto para elegir un producto similar que no
está gravado por un impuesto. Esto impacta en el nivel de competitividad
en nuestro tejido empresarial y, por ende, en la posición económica de
nuestro país.

Respecto a la deslocalización, es una de las
consecuencias más peligrosas. La implantación única en nuestro país de
una carga gravosa a la adquisición de acciones de empresas españolas
cotizadas provocará que aquellas con mayor margen de movimiento se
marchen y establezcan su domicilio en otros países.

El impuesto gravará las transacciones de las
sesenta compañías más grandes del mercado bursátil español. Es un 10 %
del PIB nacional y tienen un nivel de empleabilidad global cercano al
millón y medio de personas.

En un sistema financiero totalmente globalizado
no hay fronteras y los ejemplos de deslocalización interesada se
multiplican. Dejando a un lado la crisis sanitaria, lo cierto es que la
coyuntura derivada del brexit era favorable para los intereses de nuestro
país, que se situó como un importante foco de atracción al capital
financiero británico. Pero solo se tuvo que anunciar que se iba a aprobar
este impuesto para que esto significase un portazo a las posibilidades
que el brexit ofrecía para España.

Además, el coste de este impuesto se va a
trasladar al cliente final. La mayoría de las personas físicas,
jurídicas, fondos de pensiones, asociaciones, fundaciones, todos deberán
contribuir por el impuesto cuando adquieran acciones de empresas
españolas cotizadas. Van a ser ellos quienes paguen el coste, ya sea a
través del incremento de las comisiones por operación o a través del
precio de los servicios de las entidades financieras.

Los pequeños ahorradores se van a ver
afectados: se calcula que un 20 % de ellos son propietarios del total de
acciones cotizadas en nuestro país. Además, ningún operador del mercado
ni ningún agente implicado apoyan la implantación de este impuesto de
manera aislada.

Hablaba antes el portavoz del Grupo Socialista
de los objetivos de recaudación —de hecho, ese trocito de su
intervención ha sido magistral—, unos objetivos de recaudación
totalmente irreales, porque si las previsiones cuando las hizo el
Gobierno ya eran poco razonables, actualmente son totalmente ilusorias.
Pretenden recaudar 850 millones. Suecia pretendía recaudar 1500 millones.
¿Sabe usted cuánto recaudó Suecia? De los 150 previstos,
recaudaron 80.

En Ciudadanos proponemos que se realicen los
esfuerzos necesarios en el seno del Ecofin para su implantación si
procede, con la máxima armonización posible dentro de la Unión y
respetando los estudios realizados por la Comisión Europea sobre el
modelo más adecuado de impuesto financiero. Ahora bien, no creemos que
este sea el momento más apropiado para potenciar la implantación de este
impuesto como consecuencia de la crisis económica.

El Gobierno no tiene en cuenta los ejemplos
fracasados de Suecia, de Francia ni de Italia y también ignora los
numerosos estudios que coinciden en señalar la prácticamente nula
eficacia del tributo en la consecución de los fines perseguidos. Es
necesario valorar con sosiego y rigor los riesgos de la deslocalización
de empresas, los incentivos a la evasión fiscal —toda vez que los
inversores tratarán de escapar del gravamen buscando mercados más opacos
y menos regulados—, las posibles barreras a la atracción de
capitales extranjeros, la pérdida de atractivo respecto al brexit y
valorar los hipotéticos descensos en el volumen de transacciones en el
mercado bursátil español.

Y quería aprovechar, ya que me queda tiempo,
para comentarle también al portavoz del Grupo Socialista, puesto que nos
ha hecho una foto de Andalucía tremebunda, ¿verdad?, donde no hay
sanidad, la educación es un desastre —aquello debe de ser un solar,
no sé, estoy deseando ir, la verdad—, que este no es el foro para
hablar de quién elige o deja de elegir la sanidad pública o privada, y
menos usted, perteneciendo al partido que pertenece. Nosotros defendemos
la absoluta libertad de cada uno de elegir la sanidad que quiera y que
pueda (Rumores), y ese tipo de comentarios, sinceramente, sobran. Pero
también quería agradecerle que aunque sus afirmaciones han sido
estrambóticas, han sido graciosas, y reírse últimamente se cotiza muy
caro (Aplausos en los escaños del Grupo Ciudadanos).

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta.
Egun on, guztioi.

Debatimos ahora para su aprobación el proyecto
de ley del impuesto sobre transacciones financieras. Nuestro grupo no ha
presentado vetos ni enmiendas al texto que hoy debatimos en el Senado.
Fijaremos la posición de nuestro grupo en este impuesto en torno a los
vetos.

Sobre el impuesto de transacciones financieras,
nuestro grupo podría decir que se alegra de que por fin la tasa de
transacciones financieras pueda salir adelante. Hace más de 17 años,
el 2 de noviembre de 2002, el Parlamento vasco, a través de una
proposición no de ley, a propuesta del tripartito que formaban el Partido
Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, aprobaba una
resolución en la que solicitaban al Gobierno de España que incluyesen en
el programa de trabajo de la presidencia española de 2002 la defensa de
la tasa Tobin. Entonces no se tomó en cuenta esta proposición. Todavía
en 2002 no se vislumbraba ni la crisis económica de 2007-2008 y
siguientes años y menos la crisis de la COVID.

En plena crisis de deuda ya se planteó un
gravamen de este tipo, con un tipo del 0,1 para la compra de acciones y
el 0,01 para derivados. Esto se debatía en el Parlamento Europeo en el
año 2012, en un debate sobre austeridad y reactivación, donde se iniciaba
el procedimiento para instaurar nuevamente una tasa europea sobre las
transacciones financieras. En ese momento el opositor más feroz fue Gran
Bretaña, porque la City londinense no era partidaria de esta tasa.

Esta propuesta de una tasa a nivel europeo, que
no pudo salir adelante, se retoma en el 2013 desarrollándola en el marco
de la Comisión Europea en la cooperación reforzada de once países que
estaban dispuestos a sacarla adelante —once, que ahora son diez
porque Estonia abandonó el grupo—. Y hace solo unos meses, Alemania
volvía a intentar impulsar este impuesto, además de una forma muy similar
al proyecto de ley que hoy se está debatiendo aquí, para los diez países
comunitarios que forman el marco de la cooperación reforzada. Pero como
ocurre con la tasa para determinados servicios digitales, en Europa las
negociaciones se están alargando y hay países que han adoptado este
impuesto, Francia e Italia.

Nosotros, igual que en el proyecto anterior,
hemos abogado siempre por una tasa de transacciones financieras europea,
por un impuesto lo más armonizado posible. Y también podemos decir que el
impuesto que se propone en este proyecto de ley es muy similar al que se
está promoviendo en el procedimiento de cooperación reforzada y, por lo
tanto, nos parece coherente implementar en el Estado lo que se pretende
hacer en el ámbito europeo, ya que entendemos que no se debería ni
podemos esperar más.

Entendemos que este impuesto puede servir, por
un lado, como herramienta tributaria para desincentivar las transacciones
financieras más especulativas —que, desde luego, no generan empleo
ni dinamizan la economía y solo enriquecen a quienes las practican—
y, por otro lado, servirá para incrementar la recaudación, ayudando a
disminuir el gap de ingresos y obtener unos recursos que entendemos que
no se deberían perder por esperar en un debate que se alarga ya demasiado
y en el que no se vislumbra un acuerdo inmediato. Recursos, por otra
parte, que son tan necesarios en el contexto de crisis sanitaria,
económica y social excepcional que se está viviendo y que va a requerir
una movilización excepcional de recursos. Y aunque reconocemos que esto
no es una solución, puede paliar algunas de estas necesidades de aumento
de recursos, ya que también sabemos que la arquitectura fiscal tal y como
está configurada no es suficiente para sostener las necesidades ni los
servicios públicos que van a requerir esta situación y que todo no se
puede hacer contra déficit y deuda.

Nuestro grupo está entre quienes defienden que
teniendo en cuenta la nueva realidad económica, no solo por la COVID-19,
tan necesario es gestionar con rigor los recursos y las finanzas públicas
como avanzar en una fiscalidad más progresiva y equitativa, y con estos
dos impuestos entendemos que se incide sobre la equidad. Un buen ejemplo
puede ser el alinear la nueva fiscalidad con los objetivos de desarrollo
económico, en la que las distintas administraciones vascas ya están
trabajando con la profesora Mazzucato.

En todo caso, nos gustaría insistir en que
estas dos propuestas que hoy debatimos no tratan de una subida de
impuestos masiva, sino de dos figuras que mejorarán la equidad y a las
que no les vemos problemas de freno del crecimiento ni de repercusión
sobre las y los consumidores, no desde luego con la intensidad con la que
la plantean quienes han presentado los vetos.

Dos apuntes para ir finalizando. Sobre el
posible de la volatilidad de los mercados por falta de liquidez que
pudiera acarrear un impuesto de este tipo. Consideramos que uno de los
factores principales que impulsan esta volatilidad de los mercados es la
propia operativa a corto plazo a través de complejos instrumentos
financieros. Por otro lado, entendemos que este impuesto no va a
perjudicar a los y las usuarias de servicios bancarios, ya que está
destinado a gravar la compraventa a mediana y gran escala de activos
financieros, unas cooperativas que, a nuestro entender, desde luego, no
son cotidianas para la mayoría y para la mayor parte de las y los
usuarios.

Y con respecto a este impuesto y también a la
tasa digital, es posible, como se ha dicho aquí, que se generen riesgos.
Efectivamente, habrá que ver cómo funcionan estas dos figuras y si
precisan ajustes para, por tanto, poder reconducir los errores, en caso
de que existan, y continuar con los aciertos, que entiendo que los
habrá.

En lo referente a Euskadi, el proyecto de ley
incorpora la disposición final cuarta tras el acuerdo al que nuestro
grupo llegó en el trámite del Congreso, acuerdo necesario —lo he
dicho también en la anterior ley—, puesto que en el Estado hay
cinco Haciendas, por lo que este impuesto ha de concertarse con Euskadi,
con la Comunidad Autónoma vasca, y con la Comunidad Foral de Navarra. El
acuerdo al que se ha llegado establece la obligación de concertar el
impuesto —esto es, obviamente, algo que se debe hacer cada vez que
se aprueba una nueva figura tributaria— y su correspondiente
adaptación al concierto económico vasco y al concierto económico navarro,
según se establece en las disposiciones adicionales segunda y sexta de
ambos, concierto y convenio. El acuerdo, por tanto, trasladó un mandato
al Gobierno para que en el plazo de tres meses desde la publicación en el
BOE de este impuesto se proceda a reunir a la Comisión mixta del
concierto y también a la del convenio para proceder a su adaptación, para
concertar la capacidad y normativa, exaccionadora e inspectora y el
establecimiento de los puntos de conexión del impuesto.

En definitiva, esperamos que esta tasa cumpla
el objetivo que persigue: que el sector financiero contribuya de forma
equitativa y sustancial a los ingresos públicos y que estos contribuyan
al desarrollo humano, la superación de las desigualdades, el equilibrio
medioambiental, creando mecanismos que restrinjan los movimientos
especulativos.

En consecuencia, por todo lo dicho, votaremos
en contra de los vetos y mantendremos nuestra posición favorable a la
ley.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el senador Martí
Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias.

Brevemente, solo voy a indicar el sentido
desfavorable a los vetos presentados.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra la señora Muñoz Fonteriz.

La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias,
presidenta. Buenos días de nuevo.

Señor Heredia, la verdad es que yo entiendo que
cuando uno se pone a defender lo indefendible y a justificar lo
injustificable hay veces que recurre a argumentos que al final se le
vuelven en contra y, lamentablemente eso, es lo que le ha pasado en su
intervención. (Rumores).

En primer lugar, le tengo que decir que pensar
que las empresas no van a repercutir a los clientes el incremento del
coste que este impuesto va a suponer es cuanto menos inocente, señor
Heredia, es cuanto menos inocente. Yo no soy maestra, como la portavoz
socialista que antes ha intervenido, pero soy interventora y auditora
(Rumores) y le podría explicar cómo en teoría económica de primero ya se
sabe y ya se estudia cómo las empresas repercuten los incrementos de
coste en los clientes, que es exactamente lo que va a pasar con este
impuesto. Por tanto, menos inocencia, entrecomillas, y más realidad, y la
realidad es que lo van a repercutir.

Ha dicho usted también que este impuesto va a
afectar al 11 %, al 11 %, que son los que van a resultar afectados, de
los cuales —y para explicar que va a afectar a los ricos— ha
dicho que de ese 11 % un tercio de familias son ricos. ¿Y los dos tercios
restantes, señor Heredia qué? (Denegaciones del señor Heredia Díaz).
¿Pero no afectan solamente a los ricos sus impuestos, qué pasa con esos
dos tercios? Es decir, ni en sus propios datos se ponen ustedes de
acuerdo. Van a afectar a la clase media, van a afectar a todos los
españoles.

Igual pasa con ese afán que tiene por enseñar
la foto del señor Rajoy. Tiene tantas ganas de enseñar la foto del señor
Rajoy —que nos enseñó también en la comisión—, que se olvidó
de leer el contenido de la noticia que acompañaba esa foto, en la que
Rajoy decía claramente que para ese impuesto, primero, había que
configurarlo de forma que no se trasladara a los contribuyentes y, en
segundo lugar, que había que esperar a ir armonizados a nivel
internacional. (Aplausos). Por lo tanto, hay que leer, no solamente ver
las fotografías, señor Heredia.

Insisten ustedes en llamarnos lobistas; han
acuñado ese término, lobistas, como una especie de ataque que hacen al
Partido Popular. Mire, nosotros no somos lobistas, pero es mucho peor ser
lobos con piel de cordero, esto es mucho peor, muchos peor (Aplausos), y
ustedes son lobos con piel de cordero que con buenas palabras quieren
incrementarles los impuestos a todos los españoles.

Y nos ha dejado perplejos que ha dedicado parte
de su intervención no a hablar del impuesto —pocas razones tiene
para defenderlo—, sino para hablar de Andalucía, y la verdad es que
no sabíamos por qué ese interés en hablar de Andalucía y en criticar al
Gobierno andaluz. Y claro, viendo los teletipos nos hemos dado cuenta: es
que ha salido hoy una encuesta que dice que el Partido Popular sube en
Andalucía, que reconocen los andaluces la buena gestión del Gobierno de
Juan Manuel Moreno Bonilla (Aplausos), y ustedes están sangrando por la
herida y quieren hablarnos de la gestión en Andalucía. Más le valdría
preocuparse por la herencia socialista en Andalucía, esos 1700 millones
de euros de deuda en la sanidad andaluza que dejó Susana Díaz cuando dejó
el Gobierno. (Aplausos.— Rumores). Más les valdría haber dicho eso,
señores del Grupo Socialista. Por cierto, critican medidas que ha tomado
el Gobierno andaluz que son iguales a las que ha tomado el Gobierno de
Aragón. No les hemos oído criticar en absoluto al Gobierno de
Aragón.

Por lo tanto, yo comprendo, señor Heredia, que
tiene usted que justificar lo injustificable, pero hay que medir cuáles
son los argumentos que se usan, igual que, como yo ya había predicho en
mi primera intervención, han vuelto a recurrir ustedes al hecho de que:
no, no, el Partido Popular critica la subida de impuestos, pero cuando
están en el Gobierno los suben. Pues mire, le voy a recordar nuevamente
cuál fue la herencia del Partido Socialista en el Gobierno cuando se fue
y que tuvo que arreglar el Partido Popular. Le voy a refrescar la
memoria: 25 000 millones de déficit oculto, un 9 %, nada más y nada
menos; 20 730 millones de deuda en infraestructuras
ferroviarias; 56 000 millones de deuda en empresas públicas; 16 000
millones de deuda en el ámbito sanitario; un déficit estructural de la
Seguridad Social de 7 000 millones, y hasta 5 000 000 de parados. Esa es
la herencia socialista que el Partido Popular tuvo que arreglar
(Aplausos.— Rumores), y subimos los impuestos porque no había más
remedio, pero en cuanto pudimos, porque mejoramos esa situación
económica, los bajamos.

Pero es que ya llueve sobre mojado con su
obsesión por hablar del copago sanitario, y ahí tampoco le vamos a
admitir en el Partido Popular ni una sola lección, porque ustedes en los
dos últimos años de Gobierno socialista de España incrementaron la deuda
sanitaria un 173 %; dejaron una deuda de 16 000 millones de euros en la
sanidad y pusieron en riesgo irresponsablemente el suministro de
medicamentos a hospitales y a centros de salud. Eso es lo que hicieron
ustedes con la sanidad pública. Y lo que tuvimos que hacer nosotros, en
primer lugar, fue garantizar el suministro de medicamentos. Les debían
ustedes 12 110 millones al sistema sanitario, a las empresas
suministradoras de medicamentos. ¡12 110 millones que tuvimos que pagar
para que garantizaran el suministro de medicamentos a todos los
españoles! Por tanto, ¿cómo se atreven ahora a hablar del copago
sanitario y a hablar de la situación de la sanidad? Tuvimos que
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y, por primera
vez en la historia, los parados sin prestaciones no pagan nada por los
medicamentos, porque ustedes les hacían pagar el 40 % y fue el Partido
Popular el que quitó el copago a los medicamentos. (Aplausos.—
Rumores). Por tanto, señor Heredia, ¿de qué quieren presumir, qué
lecciones quieren darnos al Partido Popular? Tuvimos que arreglar el
desastre socialista y garantizar la sanidad pública, universal, gratuita
y de calidad (Aplausos.— Protestas), porque nosotros actuamos con
los hechos y ustedes con las palabras vacías.

Y hablando de sanidad, hablando de gasto
sanitario y hablando de familias que más lo necesitan, le voy a recordar
aquí unas declaraciones de hace tan solo unos días: Al final, te gastas
más en mascarillas que en leche. Eso decía una madre de familia, que
gasta más porque está pagando un 21 % de IVA en las mascarillas y ustedes
se niegan a bajar el IVA a las mascarillas, lo que está haciendo que las
familias que más lo necesitan tengan que elegir entre pagar la leche para
sus hijos o comprar mascarillas. Señor Heredia, ¿de qué exactamente nos
quiere dar usted una lección? (Aplausos).

Nosotros queremos bajar los impuestos, creemos
que es imprescindible que se bajen los impuestos. ¿El IVA de las
mascarillas? Que se baje el IVA de las mascarillas, por supuesto.
(Rumores). Que se le baje el IVA al sector turístico —2,7 millones
de españoles viven del sector turístico—. Hay que aplicar un IVA
superreducido. Hay que incrementar los incentivos fiscales a las empresas
—sí, sí, para que creen puestos de trabajo—, aunque,
aparentemente, ahora ustedes los quieren eliminar. En definitiva, hay que
trabajar para dar facilidades a las empresas, pero, claro, entendemos que
eso está en contra de su hoja de ruta y que bajar impuestos está en
contra de lo que les impone su vicepresidente del Gobierno, el
vicepresidente del Gobierno, señor Iglesias (La senadora muestra un
documento a la Cámara), del que hoy hemos conocido que el juez le pide al
Supremo que lo investigue por denuncia falsa en el caso Dina. (Fuertes
aplausos). ¡Una vergüenza, señorías, una vergüenza!

Señores del Partido Socialista, esta situación
del vicepresidente Iglesias es insostenible. El presidente Sánchez debe
cesar de forma inmediata al señor Iglesias porque está imputado por
delitos muy graves y, además, con el agravante de género. ¿Pero no son
ustedes el partido que defiende a las mujeres? (Fuertes aplausos). ¡Cese
inmediato del señor Iglesias, señores del Partido Socialista, cese
inmediato! (Varios senadores del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado: ¡Dimisión, dimisión, dimisión!). El señor Iglesias no puede
permanecer ni un minuto más en el Gobierno de España, ni un minuto más,
señores del Partido Socialista, ¡ni un minuto más! (Aplausos).

Como vemos, ya tienen ustedes suficientes
problemas en el Gobierno de España, pero entendemos que esos problemas
internos no pueden generar problemas a todos los españoles, como se van a
generar con la creación de este impuesto. Por eso, le volvemos a pedir
que lo retire. Le volvemos a pedir que retire este impuesto, que espere a
la armonización europea porque además nos va a traer represalias de otros
países; porque está cuestionada su eficacia recaudatoria y en ningún caso
se va a recaudar lo que ustedes pretenden recaudar; porque las empresas
van a perder competitividad y, en definitiva, porque van a perjudicar a
las familias, a los de siempre, a la clase media. Por favor, les pedimos
que recapaciten, hay argumentos más que de sobra. Ustedes mismos están
utilizando los argumentos en su preámbulo, cuando dicen que van a
cambiarlo cuando cambie la normativa europea, es decir, en unos meses. No
nos hagan perder el tiempo ni destrocen aún más el tejido empresarial de
nuestro país, que ya les padece suficiente.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados
aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Heredia Díaz.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, no voy a dejar sin contestar ningún
elemento. (Rumores).

Miren ustedes, el consejero de Presidencia de
la Junta de Andalucía ha hecho una encuesta con dos personas: él y Moreno
Bonilla y, evidentemente, sale que gana el PP. (Rumores.—
Aplausos.— La señora presidenta ocupa la presidencia). ¡Si la ha
hecho el Partido Popular, tendría delito que hicieran una encuesta para
perderla! (Protestas). ¡Déjense de milongas!

Señores del Partido Popular y de Vox.






Este
impuesto no es un invento del Gobierno español, no es una excentricidad
de algo que surge de unos días de estudio. Este impuesto es el resultado
de años de trabajo en el entorno europeo a fin de encontrar la unanimidad
necesaria para tener un impuesto de transacciones financieras que sea
común, que sea homogéneo en todos los países miembros y que tenga su
referencia en la propuesta de directiva que ya lanzó la Comisión Europea
en septiembre de 2011. Y les recuerdo: hay diez países, diez en Europa
que aplican el impuesto de transacciones financieras.

Hablan de que en este momento no se deben subir
los impuestos, pero yo le vuelvo a recordar: nunca se subieron los
impuestos más en la historia de democracia que cuando ustedes estuvieron
en el Gobierno. Ustedes solamente piden bajar los impuestos cuando están
en la oposición y, además, se lo he explicado: son informes de Eurostat
los que dicen que la presión fiscal en nuestro país es algo más baja que
la media europea.

Y yo le pregunto al Partido Popular: si esto
está aplicado y funciona en diez países de la Unión Europea, y funciona
bien, ¿por qué no lo quieren para España? Yo se lo voy a decir. No lo
quieren para España porque este impuesto va a gravar las rentas más altas
de este país, a los que ustedes defienden. Por eso no quieren este
impuesto. (Aplausos.— Protestas). Este es su patriotismo.
(Protestas).

Y les voy a dar algún otro dato. El 34 % de los
activos financieros de las familias son cuentas bancarias; los planes de
pensiones representan más del 16 %, y ni unos ni otros se ven afectados
por este impuesto. Yo le he dicho —no malinterprete mi
intervención— que no llega al 11 % y que las rentas más altas
—no rentas altas, las más alta, el nivel más alto—
representan más de un tercio de ese 10 %. ¿Eso qué significa? Que quienes
van a pagar fundamentalmente, fundamentalmente, son las rentas más altas,
y eso es lo que no les gusta.

Y les voy a decir algo: seamos serios
—porque yo creo que el Senado es una Cámara seria—, las
familias de nuestro país en este momento no están preocupadas por lo que
tienen que invertir en bolsa o por el impacto que va a tener el impuesto
de transacciones financieras sobre su vida cotidiana. De lo que está
preocupada la gente en realidad es de cómo llega a fin de mes, la gente
de lo que está preocupada es de ver cómo conserva su empleo, y
necesitamos más recursos para seguir fortaleciendo las políticas
sociales. (Aplausos). El PP, señorías, rechaza la progresividad del
sistema tributario porque defiende que el Estado tenga un papel meramente
asistencial y que sea el sector privado el que sustituya a lo público en
prestación de servicios. Pero yo voy a hacer otra pregunta: cuando hay
una pandemia como esta, ¿quién da la cara? ¡Quien da la cara es la
sanidad pública, porque los sanitarios están machacados, están extenuados
de combatir el virus, y yo quiero reconocer y agradecer el trabajo de la
sanidad pública! (Aplausos.— Protestas). Porque, ¿saben lo que ha
hecho la sanidad privada? Dar un pasito al lado. Esta es la realidad.
(Rumores.— El señor Gil García pide la palabra).

Decía la portavoz de Ciudadanos —sin
intentar entrar en ningún tipo de debate— que vaya imagen que
habíamos dado de Andalucía. La real: el Gobierno que tenemos en Andalucía
se está cargando los servicios públicos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Hasta que no termine el
orador no daré la palabra.

El señor HEREDIA DÍAZ: ¿Y sabe usted por qué se
está cargando los servicios públicos? Porque lo que quiere es que la
privada haga negocio, eso es lo que quiere el Gobierno de Andalucía:
deteriorar la sanidad pública y la educación pública. (Aplausos.—
Protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías del PP y Vox
—tranquilos, que todavía me queda un ratito—, mi grupo
parlamentario siempre ha defendido la gestión pública, y ahora con más
fuerza que nunca va a seguir defendiendo una buena sanidad pública, una
buena educación pública y unos buenos servicios públicos. (Aplausos). Les
diré que para mantener lo público se necesitan impuestos, unos impuestos
que cuando el Partido Popular está en la oposición pide bajarlos, pero
cuando llega al Gobierno los sube y los sube mucho. ¡Pero no los sube a
todo el mundo! Cuando el Partido Popular gobierna solo se los sube a las
clases medias y trabajadoras y se los baja a los millonarios. Eso es lo
que hace el Partido Popular. (Aplausos), y este Gobierno defiende que
quienes más tienen, paguen más.

He visto la motivación del veto del Partido
Popular y piden muchas cosas: piden que este Gobierno destine más
recursos para los ERTE, más para las comunidades autónomas, más para
muchas cosas. Y yo le hago una pregunta al Partido Popular: si dicen que
hay que cubrir más necesidades y no quieren subir los impuestos, ustedes
me dirán cómo cuadran la ecuación, porque la maquinilla de hacer billetes
de 500 euros todavía no la tenemos patentada —estamos en ello, se
lo puedo garantizar, pero todavía no la tenemos—. Déjense de
milongas, dejen de tratar de engañar a los ciudadanos.

Este Gobierno ha defendido a las familias y a
los trabajadores más que nunca para evitar que nadie se quede atrás, para
proteger a los más vulnerables. Se ha protegido a 5,5 millones de
trabajadores y trabajadoras de este país, por encima de la media europea.
Aquí, en España, hay que decir que se ha protegido a la población activa
en un 30 %, mientras que la media europea era de un 25 %. Por tanto, lo
hemos hecho por encima de la media europea y, por supuesto, lo hemos
hecho más que ustedes, porque ustedes lo que hicieron en una crisis mucho
menor fue recortar un 20 % la protección por desempleo.

Como les decía, en su veto también hablan de
turismo y de algunos problemas del ingreso mínimo vital, y no quiero
dejar nada sin responder. ¿Sabe el Partido Popular cuánto dinero ha
destinado el Gobierno al sector turístico durante esta pandemia? Yo se lo
voy a decir, 25 000 millones: 15 000 millones en fondos ICO; 3500
millones para proteger a más de un millón de trabajadores del sector
turístico en ERTE; más de 100 millones para proteger a 400 000 autónomos;
ha destinado más de 700 millones para proteger a 20 000 hosteleros de la
moratoria de la deuda hipotecaria y, además, ha puesto en marcha un plan
turístico por más de 4300 millones. ¿Eso es proteger poco el sector
turístico, señores del Partido Popular? Pero, además, cuestionan el
ingreso mínimo vital, dicen que hay problemas. Señores del Partido
Popular, cuando empieza a funcionar algo como el ingreso mínimo, como
ocurrió con la Ley de dependencia, es normal que tarde un tiempo en
ajustarse y empezar a funcionar. Pero yo quiero recordarle un dato:
cuando gobernó el Partido Popular, España era líder en pobreza infantil,
estábamos a la cabeza de Europa en pobreza infantil junto a Rumanía; uno
de cada tres niños —con un Gobierno del Partido Popular—
estaba en riesgo de exclusión social (Rumores), y el Partido Socialista
llevó al Congreso una iniciativa para aprobar un plan de lucha contra la
pobreza infantil. ¿Y sabe qué hizo el Partido Popular? Votó en contra.
(Aplausos.— Rumores). Por eso, este Gobierno ha aprobado un ingreso
mínimo vital para proteger a los menores.

Yo sé que les duele, pero se lo voy a decir.
Todos los grandes avances sociales de este país se consiguen con
gobiernos socialistas: universalización de la educación, universalización
de la sanidad, universalización de las pensiones, la Ley de dependencia y
el ingreso mínimo vital. Todos los grandes avances sociales de este país
tienen la firma de un Gobierno socialista. (Aplausos).

Y ha hablado también de los medicamentos. Pero
vamos a ver, si fue el Partido Popular el que aprobó el copago para los
medicamentos por primera vez en la historia, que machacó a los
pensionistas. ¡Y no tuvieron bastante con el copago de los medicamentos,
que quitaron más de 400 medicamentos del Sistema Nacional de Salud! ¿Y
usted viene aquí a hablar de impuestos de medicamentos? ¿Qué nos está
contando, señora portavoz del Grupo Popular?

Los impuestos no son un castigo, son una
garantía de seguridad para que en nuestro país podamos hablar de clases
medias, porque sin esta fiscalidad no podríamos hablar de una clase media
que disfruta de unos buenos servicios públicos, no podríamos hablar del
sostén de seguridad de los trabajadores, no podríamos hablar de que
conformamos una sociedad. Sin fiscalidad, con una política de sálvese
quien pueda, habrá de todo menos códigos éticos que permitan que la
sociedad se pueda articular. Por eso, dejemos los discursos populistas y
construyamos entre todos un sistema justo y progresivo que nutra de
recursos suficientes al Estado del bienestar, que es la verdadera
garantía que la política puede ofrecer al conjunto de los
ciudadanos.

Señores del Partido Popular, los veo dispersos
y con pocas ganas de arrimar el hombro. (Rumores). No sé si están
preocupados por la Kitchen, por el tema de las escuchas a Bárcenas o
están preocupados por las cajas B... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Senadora Sanz Jerónimo,
por favor.

El señor HEREDIA DÍAZ: ... pero de lo que no
están preocupados es de los problemas de la gente.

La señora PRESIDENTA: Señoría, debe
terminar.

El señor HEREDIA DÍAZ: Termino, señora
presidenta.

Y, además, se lo voy a decir alto y claro: no
es decente que el portavoz de la oposición, señor Casado, esté trabajando
únicamente para que nuestro país pierda los fondos europeos. (Fuertes
protestas.— Fuertes aplausos). ¡No es decente que esté trabajando
para que se pierdan 14 000 millones!

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría, su
tiempo ha terminado.

Su tiempo ha terminado, señoría. (El señor Gil
García pide la palabra).

Senador Gil, ¿por qué artículo pide la palabra
y sobre qué asunto?

El señor GIL GARCÍA: En virtud del artículo...
(Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor,
señorías, si no, no se oye bien.

El señor GIL GARCÍA: En virtud de aquel
artículo del Reglamento que garantiza que las sesiones plenarias puedan
celebrarse con relativa normalidad, cosa que no está sucediendo, señora
presidenta. (Protestas.— Rumores).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. (El
señor Gil García solicita la palabra).

Gracias, señoría, ya no tiene la palabra.

Turno de defensa de las enmiendas.

A continuación, por el Grupo Parlamentario
Mixto y para la defensa de las enmiendas presentadas por los senadores
González-Robatto Perote, Marín Gascón y Merelo Palomares, tiene la
palabra el senador González-Robatto Perote, por tiempo máximo de 14
minutos.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas
gracias, presidenta.

Es una pena que, ante estas barbaridades, no se
vaya a apoyar la moción de censura, señores del Partido Popular. Pero voy
a continuar diciendo que este impuesto, efectivamente, no es un invento
español, pero se ha hecho en otros países y se ha demostrado su
fracaso.

Señoría, ha estado usted enarbolando la sanidad
pública. La verdad, es cuanto menos sorprendente, cuando la señora Calvo,
en plena pandemia, se fue a la Clínica Ruber, una de las más caras de
España. La verdad, es cuanto menos sorprendente. Ustedes, que blanden la
espada de lo público, en cuanto ven un poco de fuego salen echando
virutas.

Desde el inicio de la pandemia en nuestro país,
el sector sanitario completo, incluida la asistencia sanitaria privada
—a quienes nosotros también agradecemos todo el esfuerzo que han
hecho en conjunto con la pública para salvar vidas—, se ha puesto a
disposición del conjunto de todos los ciudadanos, como solicitó el
ministro Illa el 15 de marzo, uniendo fuerzas, recursos y energías para
poder apoyar y atender al máximo los casos posibles y ayudar a superar
esta crisis.

La verdad es que usted es la incoherencia
personificada. La sanidad privada, a la que usted hoy le ha pegado una
patada en el culo, fue la que le salvó la vida a la señora Carmen Calvo.
(Rumores) ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué no se fue a una clínica
pública: porque le cerraban las puertas a los mayores, porque estaba
llena? ¿Por qué no colaboran? ¿Por qué no fue a la sanidad pública, tanto
que la defiende? Lamentable, la verdad, lamentable. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Diríjase a la cuestión,
señoría.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: En cuanto a
los fondos europeos, una de las críticas que hay es que un tercio de los
fondos europeos que usted, en lugar de destinarlos a autónomos y a
empresas, que son los que los necesitan, los destinan directamente a los
veintidós ministerios, ministerios completamente inútiles y que no valen
para absolutamente nada. ¡Ayuden a los ciudadanos!

Nuestras enmiendas a este proyecto de ley
vienen a intentar limitar el atraco a los ciudadanos por parte de este
Gobierno. Claro que nosotros consideramos que los impuestos son
necesarios, son necesarios para sufragar las actividades mínimas del
Estado en un principio y, posteriormente, las actividades que despliega
un Estado moderno, un Estado social y un Estado de derecho. Pero los
ingresos y los gastos públicos están tasados en cuanto que tienen que
cumplir los criterios de eficiencia y economía de los artículos 31.1
y 31.2 de la Constitución, lo que quiere decir que no se puede gravar
cualquier cosa que se nos ocurra, como tanto le gusta a la izquierda y
sus ocurrencias. Hay unas limitaciones, que son los criterios de economía
y eficiencia, que no me los invento yo, son los que tiene usted en la
Constitución, como he dicho antes, en el artículo 31.2 —que dice
los criterios que tienen que cumplir los gastos— y, efectivamente,
el artículo 31.1, que nos recuerda a los españoles que los impuestos,
además de ser necesarios y con los que tenemos que contribuir a la carga
del Estado, son constitucionales y, además, todos sabemos que son
inevitables. Si no estuvieran estos criterios de economía y eficiencia,
insisto, cualquier idea de incrementar los gastos públicos sería buena y,
por tanto, con la desbordante imaginación que tienen ustedes para crear
figuras impositivas, no pararían.

Para ustedes este es un impuesto ideológico, es
una manera de incrementar los ingresos ahora que tienen un déficit
público disparado, por culpa del coronavirus en su parte coyuntural y, en
gran medida, por la nefasta gestión que han realizado ustedes antes,
durante y seguramente posteriormente a la pandemia. Tienen su punto de
vista ideológico para intentar legitimar su atraco y ustedes dicen que lo
van a pagar los especuladores: oiga, un 11 %, en fin, 11 % de
especuladores, 11 % de ricos, 11 % de ciudadanos que no valen para nada.
Pero, bueno...

Y se lo voy a cortar de raíz: no hay evidencia
científica de que la tasa Tobin o de que el impuesto sobre las
transacciones financieras elimine la especulación o reduzca la
volatilidad. No hay ningún tipo de evidencia científica, reitero. La
introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras eleva los
costes, y en esta situación es lo que menos necesitamos. Lo que más
necesitamos es empleo. Necesitamos inversión, la inversión mayor y más
abundante cuando los costes de financiación son más bajos —es
primero de Economía—. Estas medidas lo único que consiguen es
ahuyentar aún más a los que crean empleo, que les recuerdo que no son
ustedes, sino los autónomos, los empresarios, los trabajadores,
etcétera.

Además, usted dice que es solo un 11 % de los
pequeños ahorradores los que tienen su patrimonio en acciones, pero
un 16 % lo tiene en seguros y en fondos de pensiones y un 14 % en fondos
de inversión, y todo eso está materializado en acciones; no son esos
grandes propietarios, grandes terratenientes a los que ustedes evocan
constantemente para justificar sus atracos. Hay que pensar que los
impuestos al final los pagan las personas y hay que pensar qué personas
son las que los van a pagar, y en último término quiénes van a pagar este
impuesto.

Concluyo ya diciendo que reduzcan el gasto
público, que paguen los ERTE, que ayuden a los autónomos, que no atraquen
más a las pymes y que presenten de una vez por todas los
presupuestos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

A continuación, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista y para la defensa de las enmiendas de los senadores Cleries
i Gonzàlez y Rivero Segalàs, tiene la palabra la senadora Rivero Segalàs,
por tiempo máximo de diez minutos.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.

Intervengo únicamente para anunciar que damos
por defendidas nuestras diez enmiendas. Presentamos trece en el Congreso,
tres de ellas quedaron incorporadas en el texto y, viendo cómo va el
debate, sencillamente, las damos por defendidas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal
y por tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el senador Mulet
García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señora
presidenta.

Viendo también el despropósito de este debate,
en el cual se está hablando de todo menos de lo que es objeto de
aprobación con esta ley, por respeto al resto de senadores doy por
defendidas nuestras enmiendas.

En el turno de portavoces ya diremos qué
pensamos a fondo de este proyecto de ley. Pero quiero decir que me
avergüenzan muchas de las intervenciones que he escuchado durante esta
mañana.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el senador Martí
Deulofeu, por tiempo máximo de diez minutos.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidenta.

El Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu ha presentado un total de diez enmiendas.
No me voy a referir a las que tienen un carácter más técnico, voy a
intentar hacer un resumen bastante sintético de las que tienen mayor
calado político.

En este sentido, nosotros hemos presentado una
enmienda para reducir el valor de capitalización bursátil de las
sociedades sujetas a este impuesto, reduciéndolo de 1000 a 500 millones
de euros.

Hemos propuesto también la adición de dos
hechos imponibles, uno de ellos tiene que ver con los contratos derivados
y el segundo con las transacciones u operaciones de alta frecuencia. Y
también pedimos que la base imponible incluya las operaciones
intradía.

Asimismo, como hicimos en el anterior proyecto
de ley, hemos pedido que se contemple la posibilidad de una cesión o
atribución a las comunidades autónomas del 50 % de la recaudación líquida
del futuro impuesto.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias a usted,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra el senador Marí Bosó, por tiempo máximo de 16
minutos.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, nos hemos quedado pasmados hace un
ratito cuando el senador Heredia ha subido a la tribuna a despacharse
durante 20 minutos lanzándonos a la cabeza el argumentario del Partido
Socialista y hablándonos de decencia. Señorías, lo decente hoy, esta
mañana, señor Heredia, era que hubiera subido a la tribuna a exigirle al
señor Sánchez el cese inmediato del señor Iglesias (El senador muestra un
documento a la Cámara.— Aplausos.— Varios senadores del Grupo
Parlamentario Popular: ¡Dimisión, dimisión!— Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, no
hagan que les llame al orden.

El señor MARÍ BOSÓ: Esto era lo decente esta
mañana, señor Heredia, le hubiera bastado un minuto para exigir al señor
Sánchez el cese inmediato del señor Iglesias, respecto del que ha
solicitado el Tribunal Supremo que se le investigue por revelación de
secretos...

La señora PRESIDENTA: Señoría, vamos a la
cuestión.

El señor MARÍ BOSÓ: El señor que ustedes
sentaron en el CNI, señor Heredia. De eso tendría que haber subido a
hablar esta mañana en la tribuna.

En el debate de la anterior ley ha subido a la
tribuna el senador Cosme Bonet, presidente de la Comisión de Hacienda, y
ha argüido como argumento de autoridad a don Indalecio Prieto, es verdad,
ministro de Hacienda durante unos meses en la Segunda República en el
año 1931. (Rumores). Y yo, cuando lo he oído, he pegado un saltito en el
escaño, porque traer como argumento de autoridad a la tribuna a don
Indalecio Prieto, a quien su propio partido, el Partido Socialista, vetó
el acceso a la Presidencia del gobierno cuando el señor Azaña pasó a
ocupar la Presidencia de la República, es cuanto menos muy
contradictorio. Lo debió hacer muy mal como ministro de Hacienda para que
ustedes mismos le vetarán el acceso a la Presidencia del Gobierno.
(Aplausos del Grupo Parlamentario Popular).

Igualmente, argüir como argumento de peso y de
autoridad a don Indalecio Prieto que, como señala don Juan Velarde,
podría haber justificado su marcha del Ministerio de Hacienda en el que
se accediese a un aumento de los sueldos de los funcionarios, medida que
le parecía injusta y ruinosa. Y esto lo decía a pesar de que era
plenamente consciente de que su oposición a esta subida de sueldo de los
funcionarios podía provocar la salida de los socialistas del
gobierno.

Señorías, ustedes y sus contradicciones. Traen
como argumento de autoridad a un señor —que no lo debió hacer muy
bien como ministro de Hacienda porque no le dejaron ser presidente del
gobierno— que quería que no se subiera el sueldo a los
funcionarios. Haciendo un paralelismo histórico, con todas las salvedades
que quieran, señorías —ustedes y sus contradicciones—, en la
Segunda República y ahora en el Gobierno: un día congelo las pensiones y
los sueldos públicos y a los cinco minutos sale la señora Calvo diciendo
que no está sobre la mesa; un día digo que habrá una gran subida de
impuestos —este señor, al que tendrían que cesar
inmediatamente— y luego sale el presidente del Gobierno diciendo
que no habrá subida de impuestos. Pero, bueno, está bien, señor Bonet,
que haya traído a don Indalecio Prieto, así hemos podido debatir de algo,
aunque creo que no hay mucho debate en lo que le estoy comentando.

Porque, señorías, además de esto, pareciera que
por aquí ha pasado una ley. No estamos seguros, porque ha pasado tan
rápido que cualquiera diría que por aquí ha pasado una ley. Esto que
suele predicarse del Senado como Cámara de segunda lectura, Cámara de
repensar las leyes, el enfriamiento, etcétera, en el caso de ustedes,
señores del Grupo Socialista, es puro paripé. Es decir, si, por un lado,
se despoja a esta Cámara del debate territorial, como hicieron ustedes
eliminando la voz del Senado para la aprobación del techo de gasto y, por
otro lado, por decisión del Gobierno, esta Cámara tampoco actúa como
Cámara de segunda lectura, ya me dirán sus señorías. Bueno, seguiremos el
consejo del señor Iglesias: apaguen la luz y cerraremos la puerta al
salir. Es lo único que nos queda. (Rumores). Pero es así con la deriva
autoritaria de su Gobierno. En ponencia: oigan, no se esfuercen, la ley
queda como está. En comisión: oiga, hablen un poquito, pero la ley queda
como está. De tal manera que uno no sabe muy bien qué hacemos hoy aquí,
salvo hablar de Indalecio Prieto, si directamente ustedes van a pasar el
rodillo, como acostumbran. (Rumores).

El parlamentarismo, señorías del Grupo
Socialista, no es una pose. El parlamentarismo, señorías, es el sustento
de las leyes, es someter a un nuevo juicio de razón las decisiones del
Ejecutivo; es escuchar, señor Heredia, sin consignas; es debatir sin
miramientos; es mejorar la vida de todos a través de mejorar la ley,
sabiendo que es mejor una ley en la que se comparten ideas y
razonamientos de todos que no todas las leyes llenas de verdades
absolutas. Guiar la acción de gobierno solo por las verdades absolutas es
la mejor manera de estrellarse. Adornarse solo con verdades absolutas
lleva al absolutismo, que es la forma en la que se conduce el señor
Sánchez. (Aplausos). Y no puede hablarse de unidad si por unidad solo se
entiende el sometimiento, que están practicando hoy en esta Cámara; no
puede hablarse de unidad si no se practica entendiendo las razones de
aquellos a quienes se reclama la unidad, y no puede hablarse de unidad
cuando lo único que se persigue es el rodillo parlamentario.

Pues bien, el Grupo Popular ha venido aquí a
debatir, a exponer razonamientos y a intentar convencerles de algo, no
perdemos la esperanza en eso. Y si ustedes se empeñan en aprobar esta ley
sin la armonización del impuesto a nivel de la Unión Europea, pues
ustedes se empeñan y nosotros debatiremos, y por eso hemos presentado
dieciséis enmiendas parciales, que se centran básicamente en tres
cuestiones, señores del Grupo Socialista. Un primer grupo de enmiendas,
si van a aprobar esta ley de transacciones financieras desmarcándose de
la regulación comunitaria, al menos esperemos a que entre en vigor la
directiva comunitaria y así comprobaremos si lo que ustedes han puesto en
la ley se compadece bien con lo que vamos a acordar con los socios
europeos.

Segundo grupo de enmiendas, relativas a
introducir alguna serie de exenciones a determinadas operaciones que
tienen todo el sentido del mundo: si declaramos exentas operaciones
hechas por miembros creadores de mercado, también deberíamos declarar
exentas las que hacen los clientes de los miembros creadores de mercado;
si declaramos exentas las adquisiciones de acciones intragrupo, tiene
sentido que también declaremos exentas las adquisiciones de acciones
propias, o la ejecución y liquidación de obligaciones y bonos
convertibles, o las derivadas de fórmulas de remuneración de accionistas,
o aquellas transmisiones que hacemos —y la señora Etxano me está
escuchando atentamente— para retribuir, perdón, para entregar a los
propios trabajadores de la empresa, o las que hacemos en inversiones
medioambientales a través de instituciones de inversión colectiva. Se
trata de un conjunto de enmiendas destinadas a introducir esas
exenciones.

Y en tercer lugar, presentamos enmienda para
que el tipo del tributo sea la mitad del establecido específicamente para
aquellos sujetos pasivos que tengan residencia en Ceuta y Melilla. Esto
tiene todo el sentido del mundo, señorías. Si el Gobierno conoce
—la señora Etxano no se me enfadará— la Constitución y las
leyes para respetar el concierto vasco, concertar el concierto con el
Grupo vasco, el Gobierno debería conocer la Constitución y las leyes
respecto de las especificidades tributarias de Ceuta y Melilla. Hacerlo
de otra manera —esto que tanto les gusta a ustedes, lo de los
poderosos— es beneficiar a los poderosos y no tener en cuenta a los
que no son tan poderosos, como en Ceuta y Melilla. Vayan ustedes a Ceuta
y Melilla y se lo explican, señores del Grupo Socialista.

Esto es, a grandes trazos, las enmiendas que
presentamos, pero la cuestión trascendente hoy, señorías, es a qué
política económica y presupuestaria se dedica al Gobierno —aparte
del argumentario del Partido Socialista, este ya nos lo sabemos—.
¿De qué vamos a debatir? ¿A qué política económica y presupuestaria se
dedica el Gobierno en este momento de gravísima crisis económica, a
consecuencia, por un lado, de su tardanza en la respuesta a la pandemia
en febrero y en marzo de este año, y a consecuencia también de que el
señor Sánchez decidió pasar el verano tumbado en la tumbona en vez de
hacer frente a los rebrotes que ya empezaban a producirse? ¿Qué política
económica y presupuestaria articula el Gobierno? ¿La tasa Tobin, la tasa
Google, esto es lo único que tenemos preparado para reformar nuestra
actividad económica y que el Gobierno debería realizar?

Viene aquí el señor Heredia y dice: Oiga, ¿y
ustedes cómo lo cuadran si no es subiendo impuestos? Ustedes piden gasto
público, medidas de protección —se las voy a pedir ahora— a
las rentas y, sin embargo, no quieren subir impuestos. ¿Esto cómo se
cuadra? Pues se lo voy a explicar, señor Heredia: se cuadra haciendo las
reformas estructurales en nuestra actividad económica que generen
crecimiento, que generen empleo. Así se cuadra. (Aplausos). Así se
cuadra, señor Heredia. ¿Y sabe lo que pasa? Que ustedes están descuidando
esto, ustedes lo están desconociendo y va a ser imposible sostener los
servicios públicos si no generan crecimiento, si no generan empleo; va a
ser imposible sostener los servicios públicos si no ensanchamos las
bases. Esta historia de que la presión fiscal en España es inferior a la
del entorno de nuestros países tiene un problema, tiene un defecto, señor
Heredia, y es que es inferior, pero la presión fiscal se la reparten los
mismos. Entonces, usted está sacando agua todo el rato del mismo pozo y
no hace nada de lo que tiene que hacer, que es atacar la economía
sumergida para aflorar bases. (Aplausos.— Rumores). ¿De acuerdo? Es
este el problema del sistema tributario que tenemos y que ustedes no
quieren atender.

La tasa Tobin, señorías, les sirve a ustedes
para lavarse la mala conciencia, para decir que son muy progresistas;






imponen subidas de impuestos que van a recaudar la mitad de lo que dicen,
pero a ustedes les va bien porque queda bien decir que han puesto la tasa
Tobin. Les da igual la experiencia internacional de poner la tasa Tobin y
al cabo de cinco minutos derogarla, que es lo que ha pasado en diversos
países europeos; les da igual que haya encarecimiento de operaciones; les
da igual que se repercuta en los ahorradores; les da igual que Funcas
hace nada les alertara de que este tributo si no tiene armonización
europea no tiene sentido porque va a generar deslocalización de empresas.
Les da igual porque todo les da igual, señor Heredia.

El Partido Popular ha venido defendiendo, en
esta gravísima situación, que son imprescindibles medidas de protección
y, al mismo tiempo, medidas de estímulo y reactivación económica. Eso
garantiza el crecimiento y la generación de empleo. Pero hay que hacer
políticas de protección eficaces, y ustedes son siempre muy ineficaces:
miles de ERTE sin pagar, cientos de miles de solicitudes de ingreso
mínimo vital sin atender… Y es que solo por la vanidad del señor
Sánchez ustedes han convertido una cosa buena, como eran las rentas
básicas autonómicas, en un desastre. Solo por la vanidad del señor
Sánchez.

Y hay que hacer políticas de estímulo y
reactivación, pero sin equivocarse, porque, si nos equivocamos, agravamos
la crisis, como ustedes ya están haciendo. Ayer el Gobierno presentaba el
nuevo cuadro macroeconómico. Hace unos días hizo lo que le decía el Grupo
Popular y ustedes decían que no se podía hacer: suspender las reglas
fiscales. Y se nos anuncia lo mismo que nos anuncian siempre cuando
gobiernan. No estamos saliendo de forma diferente a como lo hicimos en la
crisis de 2008; están haciendo ustedes exactamente lo mismo que hicieron
entre 2007 y 2011: gasto público descontrolado y subida de impuestos y
recortes, porque ya están recortando, como hicieron entre 2007
y 2011.

En fin, señorías, no hay dirección de política
económica y presupuestaria ya que se equivocan cada vez, y cada vez
quedan desautorizadas la señora Montero y la señora Calviño. Y hoy vienen
a imponer una subida de impuestos sin motivo, desoyendo a todos,
desoyendo la conveniencia de poner en marcha este impuesto de forma
armonizada en la Unión Europea. Hoy, señores del Grupo Socialista, se
equivocan de nuevo, y se lo advertimos. Y no es que queramos reformarlos
—alguna esperanza albergamos de que ustedes se reformen—.
Repito: no es que queramos reformarlos, es que nos importa el bienestar
de los españoles, es que nos importa que funcionen nuestros servicios
públicos, nuestras escuelas, nuestros centros de salud, nuestros
hospitales. Y ustedes se equivocan, porque con sus actuaciones todo ello
empeora de forma dramática. Sin embargo, hay una palabra para la
esperanza, hay una salida diferente a esta crisis, hay unas políticas
que, en lugar de agravar la situación, permiten mejorarla, unas reformas
estructurales para nuestra economía que nos permitan volver con rapidez
al crecimiento y la generación de empleo, porque eso es lo que permite
sustentar nuestros servicios públicos.

La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando,
señoría.

El señor MARÍ BOSÓ: Y vamos a seguir
proponiéndolas, vamos a seguir buscando la unidad de verdad, la unidad
sin imposiciones, aunque la unidad a ustedes no les interese más que para
arrinconar las ideas.

Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

A continuación, en el turno en contra de las
enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Palacín Guarné, por tiempo máximo de treinta minutos.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.

Estamos ya acabando el debate del segundo
proyecto de ley de esta mañana, el primero sobre diversos servicios
digitales, y este sobre las transacciones financieras. Y, aunque no lo
crean, voy a intentar hablar de lo que hoy toca: de la fiscalidad y de
este impuesto.

La aprobación de estos dos impuestos que
debatimos hoy, señorías, no son gestos, como decía el señor Marí, sino
hechos que ayudarán a recuperar la moral fiscal y tributaria de nuestro
país cuando más se necesita. Frente a las amnistías fiscales que se
aprobaron anteriormente, estos impuestos son un paso firme hacia la
fiscalidad del siglo XXI, un paso firme para mejorar la progresividad, la
equidad y la justica de nuestro sistema fiscal. Y lo hacemos en un
momento fundamental. Como ya han dicho los anteriores portavoces, este
impuesto llega al Senado después de su debate en el Congreso de los
Diputados y en la comisión, la semana pasada, y en el Congreso ya se
incorporaron numerosas enmiendas de prácticamente todos los grupos,
incluido el Grupo Popular. Y no sé dónde ven el rodillo; se negociaron
transacciones que ya se han incorporado, y sería difícil aplicar el
rodillo sin una mayoría absoluta, que no tenemos. Esta ley se va a
aprobar hablando y habiendo negociado con la práctica totalidad de los
grupos políticos (Aplausos), y quiero agradecer la predisposición de los
portavoces de los grupos con los que hemos podido hablar.

Ahora estamos debatiendo las sesenta y cuatro
enmiendas que quedan vivas en el debate de hoy y que podríamos dividir en
tres grandes grupos. Un primer grupo es el de las que querrían rebajar
las pretensiones de este impuesto, principalmente incrementando el número
de exenciones o ampliando el plazo de su entrada en vigor, que son las
que nos han trasladado a todos los grupos de interés y que vienen al
Senado también. Y quiero resaltar que las exenciones y bonificaciones en
todos los impuestos, pero en especial en este, deben tener un objetivo
restrictivo y ser objetivas, porque, si no, se desvirtúa el impuesto. Es
lo que nos pasa en otras figuras tributarias, como el impuesto sobre
sociedades: en 2019 las ganancias de las empresas en nuestro país habían
superado las del 2018 y la recaudación por el impuesto sobre sociedades
estaba al 50 % por las numerosas exenciones y bonificaciones que tiene
esa figura tributaria.

Con el segundo grupo de enmiendas se solicita
ir un poco más allá —son de Esquerra Republicana e Izquierda
Confederal—, es decir, reducir la capitalización e incrementar los
supuestos gravables. Solicitan reducir la capitalización de 1000 a 500
millones de euros o de 1000 a 700 millones. La voluntad de este Gobierno
—he tenido opción de comentarlo con ustedes— es que afecte lo
mínimo posible a la liquidez del sistema y de estas empresas y hacer un
impuesto homogéneo con lo que ya está aplicado en Francia y con lo que se
ha negociado en el grupo de cooperación reforzada de la Unión Europea.
Por eso, entendemos que sería mejor aguantar en los 1000 millones. Las
enmiendas también solicitan gravar las operaciones de alta frecuencia,
pero resulta complicado establecer qué operaciones son especulativas y
qué tipo de operaciones ayudan a un correcto funcionamiento del mercado,
como gravar las operaciones con derivados. Hay que tener en cuenta que no
todas las operaciones de derivados son operaciones especulativas. Hay
algunas que sirven para coberturar riesgos derivados de la economía real,
por ejemplo, las operaciones de tipo de cambio con divisas para cerrar
tipos de cambio fijos en operaciones comerciales o mantener un coste
financiero en operaciones de financiación. Detrás de cada hipoteca a tipo
fijo hay una operación coberturada con un derivado.

Por último, está el tercer grupo, el último
cajón de enmiendas con las que se solicita distribuir el reparto de la
recaudación en las comunidades autónomas u homogeneizar el impuesto con
la Unión Europea si hay directiva. Evidentemente, si se acuerda una
directiva, se tendrá que implementar. En cuanto a la cesión parcial del
tributo a las comunidades autónomas, nosotros creemos, y más en esta
Cámara, que es necesario afrontar un debate sobre la financiación
territorial en su conjunto, y ahí estaremos y lo debatiremos con ustedes.
También se pide aplazar la entrada en vigor hasta el 1 de enero. Bien,
entendiendo que se incorporó una enmienda transaccional —creo que
era del Grupo Popular y que coincidía con alguna del PDeCAT— para
elevar a rango de reglamento algunas cuestiones, se necesitan estos tres
meses para poder ponerlas en marcha y elaborar el reglamento.

Quiero añadir que hay una serie de enmiendas de
todos los grupos que son eminentemente técnicas y que creemos que ya
están resueltas en el texto actual. Son diferencias interpretativas entre
lo que piensan algunos grupos y lo que piensa en este caso el nuestro o
el propio Gobierno. Por ejemplo, la exención para colaterales o entregas
a cuenta. Si tú entregas un colateral o haces una entrega a cuenta, si no
se produce un intercambio de titular no hay un hecho imponible que se
tenga que gravar, por eso entendemos que está resuelto. O la exención
para operaciones en autocartera. Hay que decir que se introdujo una
transaccional en el Congreso en los términos del artículo 42 del Código
de Comercio donde se establecía que había tres supuestos que estaban
exentos: las reducciones de capital, las derivadas de operaciones de
deuda convertible o las relativas a un programa de remuneración de
empleados. Como entendemos que ya están incluidas en el texto actual,
vamos a votar en contra de esas enmiendas, como la exención por operación
de conversión de deuda privada en acciones, que estará exenta siempre y
cuando sean acciones de nueva emisión, que es lo que suele ser
habitual.

Dicho esto, nosotros creemos que es oportuno
mantener los esquemas de los tributos que ya están en marcha en la Unión
Europea, especialmente el impuesto sobre transacciones financieras en
Francia, y el consenso adoptado por la mayoría de los países de este
grupo de diez, en el que se encuentra España, dentro del procedimiento de
cooperación reforzada. Por eso mantendremos la posición que tuvimos en el
Congreso y la votación de la semana pasada.

Me voy a detener mínimamente a contestar un par
de aseveraciones que ha hecho el portavoz de Vox, porque creo que los
datos son objetivos y no interpretables. No entiendo que las pequeñas
empresas sean aquellas que tengan una cotización superior a 1000 millones
de euros. En este caso, en España solo hay 60 empresas de ese tipo, y
estas operaciones se gravarán sobre las compraventas de estas empresas.
Tampoco entiendo que diga que la recaudación prevista en España por este
impuesto va a ser 4,5 veces de lo recaudado en Francia. En Francia,
en 2018 se recaudaban 1500 millones de euros con el impuesto sobre
transacciones financieras. Es cierto que se incrementó el tipo del 0,2
al 0,3 en el año 2017, pero repito que fueron 1500 millones de euros en
el año 2018. Y parece que les gusta mucho Suecia, porque he escuchado
muchas veces hablar de la tasa Tobin y el modelo sueco, cuando nada tiene
que ver con este impuesto. En Suecia se gravaban emisiones de deuda
corporativa, operaciones de derivados u operaciones en divisa, que no
están incluidas en nuestro impuesto. Y además quiero añadir un compromiso
del Gobierno —ya lo ha comentado la portavoz del Grupo
Parlamentario Nacionalista Vasco—: se va a hacer un seguimiento del
impuesto, que es lo que se tendría que hacer siempre en cualquier tipo de
política pública, y evaluarlo para modificar las cuestiones que generen
ineficiencias. Es una tasa nueva, y tendremos que ver cómo evoluciona,
pero creo que los cimientos son sólidos.

Como han comentado ya varios portavoces, el
debate sobre este impuesto no es nuevo. En Francia se aprobó en el
año 2012, en 2013 fue aprobado en Italia, y en nuestro país el Gobierno
anterior, de Mariano Rajoy, lo incorporó en el Plan de
estabilidad 2014-2015, con una recaudación más o menos similar, de
unos 200 millones de euros menos. De hecho, el anteproyecto de este
proyecto de ley lo elaboró el Partido Popular, estaba en el Ministerio de
Hacienda. Por tanto, no entiendo por qué nos piden coherencia, cuando
ustedes hacen una cosa en el Gobierno y otra en la oposición. El
principal inconveniente o excusa de la que le he oído hablar al Partido
Popular una y otra vez sobre la aplicación de este impuesto es que este
no es el momento idóneo. ¿Y cuándo lo será? Ustedes gobernaron del
año 2011 al 2018 y no lo aplicaron; en cambio, como ya se ha dicho,
incrementaron más de treinta impuestos que sí afectaban a la mayoría de
los ciudadanos de este país.

El problema, señorías del PP, es que a ustedes
les cuesta mucho hacer pagar a los poderosos, pero no les tiembla nada la
mano cuando tienen que subir los impuestos a las familias y a las
personas más vulnerables de este país, como hicieron no hace tantos años.
(Aplausos). Les voy a poner un ejemplo reciente, que seguro que recordará
el señor Floriano. Cuando estábamos en el Congreso tramitando la Ley de
crédito inmobiliario, el impuesto sobre actos jurídicos hasta esa fecha
lo pagaban los consumidores; y se decidió que pasaran a pagarlo las
entidades financieras. Nunca habían pensado que estuviera mal que lo
pagaran los consumidores, pero sí creyeron que era un inconveniente que,
a partir de ese momento, lo pagaran las entidades financieras. También
aludían a una serie de catástrofes: que se iba a caer el mercado, que no
se iban a firmar hipotecas, que iban a subir los costes y que lo iban a
asumir los consumidores. Pues bien, con dos años de vigencia de la ley,
los costes financieros de las hipotecas no se han incrementado, están
planos, e incluso han bajado. Y tampoco se ha repercutido el coste a los
clientes, al igual que no tiene por qué pasar en esta ocasión.

Como he dicho, este impuesto, como el debatido
anteriormente, permite mejorar la equidad del sistema tributario y la
recaudación, y lo hace en un momento fundamental, y lo saben ustedes. La
Administración General del Estado, igual que todas, tiene una necesidad
ingente de recaudar para poder acometer todas las políticas públicas que
prácticamente todos los grupos consensuamos. Está muy bien, y todos
defendemos ir a más, pero también tenemos que ser consecuentes y pensar
de dónde lo vamos a pagar. En los últimos años —y creo que este
impuesto también es preceptivo— la economía real, la que genera
riqueza y se distribuye entre el total de la ciudadanía, ha perdido peso
en favor de la economía especulativa, una economía que solo genera valor
—ya lo ha dicho la senadora Etxano— para el que la ejerce, y
este impuesto va a gravar las grandes compraventas y ese tipo de
operaciones.

Pero este solo es un paso en la arquitectura
fiscal que debemos darnos, y quiero hacer una reflexión a este respecto.
Debemos analizar y debatir, o intentar hacerlo, de manera sosegada sobre
una cuestión fundamental. Ya sé que cuando se habla de impuestos, de
Hacienda, afloran las pasiones de unos y otros, pero debemos hacer un
debate honesto, sosegado y sin hacernos trampas en el solitario. Debemos
tener un sistema fiscal que pueda sostener todas las políticas públicas
de protección a la ciudadanía y todas las reformas estructurales que el
señor Marí ha propuesto y que creo que son necesarias. De hecho, hoy se
está anunciando un plan de recuperación, transformación y resiliencia por
parte del presidente del Gobierno al que espero que den su apoyo, pero,
como digo, tiene que ser de manera sosegada y sin hacernos trampas al
solitario, porque la receta única y el mantra, no solo del Partido
Popular, sino de otros partidos de la derecha, de que siempre hay que
bajar impuestos a todos y en cualquier momento no es receta para este
momento ni para mañana ni para pasado mañana.

Señorías, les pedimos coherencia y
responsabilidad, porque todos tenemos una responsabilidad aquí. El
Gobierno tiene la responsabilidad de traer unos Presupuestos Generales
del Estado a las Cámaras, y los traerá en las próximas semanas, pero la
oposición también tiene la responsabilidad de tramitar y aprobar esos
presupuestos, en un momento, además, en el que la ciudadanía nos lo está
exigiendo a todos. Creo que haríamos bien en intentar desembarrar un poco
el debate político, por lo menos durante estas semanas, en las que nos
vamos a jugar el futuro, no del próximo año, sino de los próximos años,
en materia económica y fiscal. Y creo que entre todos deberíamos hacer un
esfuerzo. Ya he dicho que me alegro de que hablen de reformas
estructurales. Es verdad que tuvieron siete años y nos les dio tiempo a
hacer ninguna, pero ahora es el momento de ponerlas en marcha, porque no
nos queda otra.

Concluyo mostrando mi agradecimiento a los
grupos que van a votar a favor de este impuesto. Es un buen impuesto,
debemos estar satisfechos con su redacción y, como he dicho antes, hay
que hacer un seguimiento y evaluación de cualquier tipo de política
pública. Y esta es una más.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

En turno de portavoces, por el Grupo
Parlamentario Mixto, ¿desean intervenir? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Nacionalista?
(Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene palabra el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Bien, me imagino que
estarán extenuados de estar hablando toda la mañana de Andalucía, de
Venezuela o del vicepresidente, cuando, en teoría, estábamos debatiendo
unas propuestas de ley interesantes, pero aquí cada uno ha venido a
hablar de su libro. Un diálogo de besugos. En teoría estábamos aquí para
mejorar una propuesta de ley, pero he visto que se ha perdido el
tiempo.

Es una propuesta de ley, el tasar o poner un
impuesto a las transacciones financieras, que afectaría, como mucho,
al 99,9 % de las empresas que existen. Entonces, cuando uno se preocupa
por el 0,01 % de esas empresas demuestra para quién trabaja. No trabajan
para el sector empresarial, no trabajan para la pequeña y mediana
empresa, no trabajan para la gente, para los autónomos. Trabajan
simplemente como lobistas, como se ha demostrado aquí.

Como bien se ha explicado, ese tipo de tasas o
de impuestos se están aplicando en buena parte de la Unión Europea. De
hecho, en 2011 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que urgía a la
Comisión Europea a implantar un ITF basado en la tasa Tobin. Firmaron
Austria, Alemania, Bélgica, España, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia,
Francia, Grecia, Italia y Portugal. No todos lo han aplicado, otros están
fase de hacerlo, pero es la dirección marcada y acordada desde la Unión
Europea. Porque aquí estamos hablando de eso, de que un 0,01 % de las
empresas, únicamente aquellas con una capitalización bursátil superior a
los 1000 millones de euros, paguen por las transacciones, que paguen las
personas que compren y vendan acciones de esas grandes empresas. Es de
eso de lo que estamos hablando; no estamos hablando de Andalucía ni de
Venezuela ni de ninguna cosa más, en teoría. Porque, ¿quién soporta la
carga impositiva en el Estado español? Los autónomos, evidentemente. La
Corona, no; sabemos que se nutre de nuestros impuestos, no aporta. Los
empleados públicos sí aportan. Los pensionistas sí aportan. Las pequeñas
empresas sí aportan, y mucho. Las grandes transacciones bancarias hoy por
hoy no son las que aportan para sostener el actual modelo. Por tanto,
empecemos por algo tan básico como que paguen, y cuanto más pueda una
empresa grande, que más pueda aportar a las arcas públicas, porque están
haciendo negocios lucrativos. No son ONG, no son hermanas de la caridad,
sino empresas con grandes operaciones financieras que no están tributando
al nivel que tocaría. Recordemos que nuestras enmiendas iban precisamente
en ese sentido, e incluso nos parecen insuficientes las medidas que se
aplican. Estas grandes operaciones que se quieren regular con este
proyecto de ley son simplemente un poco de equidad. Pero, claro, a los
lobistas, a los que trabajan para la gran banca, esto les altera
muchísimo. Recordemos que el sector financiero es hasta veintiséis veces
más rentable que todos los demás, pero al mismo tiempo es el que menos
impuestos paga.

Son ya más de las dos de la tarde, y desde la
nueve estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver: que si la
amenaza de un Gobierno socialcomunista, que si nos van a arruinar a
todos, que si esto es atracar a la gente de la calle... Llevamos muchos
plenos en los que las extremas derechas utilizan el término
socialcomunista como un insulto o una descalificación, cuando hay que
recordar que en este país precisamente, entre muchos actores, socialistas
y comunistas, comunistas y socialistas, lucharon por llevar la democracia
a este país frente a los fascistas y a los nacionalcatolicistas. Si la
alternativa a un gobierno socialcomunista es un gobierno
nacionalcatolicista con el apoyo de los nacionalsocialistas, mejor
quedarnos como estamos que no con la alternativa.

Como he dicho, vamos a votar a favor de este
proyecto de ley porque pensamos que, a pesar de ser insuficiente, es
necesario.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tampoco
hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias,
presidenta.

Intervengo brevemente desde el escaño. Hemos
vuelto a analizar todas las enmiendas presentadas por los grupos, incluso
aquellas iguales a las presentadas en el Congreso y, como he comentado en
el debate del proyecto de ley sobre la tasa digital, en coherencia con el
acuerdo al que se ha llegado, votaremos en el mismo sentido que en la
Cámara Baja, es decir, en contra de las enmiendas y a favor de la
ley.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el senador Martí
Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias,
presidenta.

El Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu considera que este proyecto de ley deja
fuera productos tóxicos y especulativos. Como bien he comentado antes,
hemos presentado un total de diez enmiendas con el objetivo de aumentar
la recaudación, pero también con el fin de desincentivar las operaciones
más especulativas y reducir la volatilidad, que entendemos que debería
ser un objetivo de cualquier Gobierno progresista, es decir, apostar por
la economía productiva y mejorar la justicia fiscal.

Queremos que se graven aquellos instrumentos
financieros más especulativos para que el impuesto también repercuta en
los contratos derivados sobre divisas o materias primas y las operaciones
de alta frecuencia. Estamos hablando de instrumentos como los contratos
derivados, que son productos que implican un riesgo elevado, tal y como
indica la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tampoco entendemos
por qué no se plantean gravar las transacciones sobre divisas, que mueven
diariamente 6,6 billones de dólares en el mundo y que, según el Banco de
España, han crecido un 25 % entre 2016 y 2019 en el Estado español. No
debemos olvidar las operaciones de alta frecuencia, que suponen ir un
paso más allá, implicando a una máquina realizando operaciones mediante
un algoritmo. Estas operaciones son efectuadas básicamente por grandes
inversores con fines especulativos. Por ese motivo, nosotros habíamos
propuesto la creación de dos nuevos hechos imponibles con un tipo
impositivo bajo, siguiendo las recomendaciones de la directiva europea;
en concreto, un tipo impositivo del 0,01 %. Además, consideramos que la
gran cantidad de exenciones que incluye el proyecto de ley que hoy
debatimos erosiona aun más la recaudación fiscal.

Entendemos que lo que votamos hoy es
insuficiente al quedarse en un impuesto solo sobre la compraventa de
acciones de grandes multinacionales. Incluso la propuesta europea era
mucho más ambiciosa que la que vamos a votar hoy. Solo como recordatorio,
pero no es un tema menor, hay que decir que en la Comisión de
reconstrucción del Congreso de los Diputados se aprobó la enmienda que
explicitaba que este impuesto debía repercutir también sobre los
contratos derivados y las operaciones de alta frecuencia.

Dicho esto, el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu va a votar a favor de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, en contra del resto de las
enmiendas, y a favor del proyecto de ley del impuesto que hoy hemos
debatido.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias a usted,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Marí Bosó.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora
presidenta.

Señor Palacín, usted ha reclamado un debate
sosegado, y he de decirle con honestidad —no sé si le voy a
perjudicar— que con usted como portavoz socialista es más fácil
tener un debate y que este sea sosegado. Tengo que agradecérselo.

Señorías, voy a incidir en tres cuestiones que
se han suscitado. En primer lugar, nadie ha dicho que el impuesto sobre
las transacciones financieras no deba establecerse. El Grupo Popular no
lo ha dicho nunca; de hecho, cuando el Partido Popular estaba en el
Gobierno preparó una ley para que tributaran determinado tipo de
transacciones. Reiteramos que los problemas que vemos son de dos tipos:
uno, que debía hacerse —por eso el señor Rajoy estableció esas
condiciones— armonizadamente con los demás países de la Unión
Europea para no generar problemas de deslocalización, y dos, que hay que
valorar bien las ventajas y desventajas —en el seno de la Unión
Europea se está en ello, y por eso a lo mejor se tarda un poco
más—. Pero es seguro que el impuesto tiene desventajas si se
plantea en la forma en que lo está haciendo el Gobierno del señor
Sánchez, adelantándose a todo el mundo, sin armonización europea y
configurando un impuesto de tal manera que, al final, los que paguen sean
los pequeños ahorradores, los pequeños inversores. Porque de eso es de lo
que nos ocupamos. Ha habido algún orador en la tribuna que ha utilizado
una serie de argumentarios y ha dicho: Ustedes son unos lobistas, ustedes
solo se ocupan del 1 % de las empresas... Pero no; lo que nos preocupa es
la repercusión del impuesto en los pequeños ahorradores e inversores, y
la repercusión del impuesto se produce siempre.

Por otro lado, respecto del crecimiento y
cuadrar las cuentas, como ustedes señalaban, hay que hacer más gasto
público —hay que hacer más gasto público, lo dice el Partido
Popular— en un momento de gravísima crisis. Por eso decimos que los
ayuntamientos tienen que poder aplicar los remanentes, porque en eso
consiste la regla de gasto que hemos impuesto: ahorrar cuando va bien,
para aplicar cuando va mal. Y ahora va mal. Pero hay que hacer gasto
público no descontrolado. Esta es la pega, ¿de acuerdo? Hemos de hacer
gasto público que nos permita seguir sosteniendo el gasto público. Si nos
descontrolamos, si abrimos la fiesta, si no estamos pendientes de que el
gasto público sea eficiente, vamos a tener un problema mucho más pronto
que tarde. Igualmente, no se cuadra solo subiendo impuestos. Para subir
impuestos hay que tener crecimiento económico, y tenemos el ejemplo del
impuesto sobre sociedades. ¿Qué van a recaudar ustedes subiendo el tipo
del impuesto sobre sociedades, si estas tienen pérdidas? No van a
recaudar nada. Es más, no van a recaudar nada durante años, porque cuando
tengan beneficios harán compensación de bases imponibles negativas. Esto
es lo que les estamos intentando explicar.

Hay que hacer las reformas, y hay que hacerlas
de prisa para volver al crecimiento y generar empleo y repartir la
presión fiscal entre mucha más gente de la que la soporta. Esta era la
otra cuestión a la que me refería, señor Palacín, cuando usted hablaba
del 37 % de presión fiscal en España y del 41 % o más en países de
nuestro entorno. Hay que repartir la presión fiscal y hay que aflorar
bases combatiendo con eficacia la economía sumergida.

En fin, señorías, el Grupo Popular considera
que hemos de hacer mucho trabajo, pero lo primero es no equivocarnos y,
lamentablemente, creemos que, aprobando hoy este impuesto, el Gobierno se
equivoca. Pero nos tendrán aquí para seguir tendiendo la mano, para
seguir debatiendo con sosiego, como usted reclama, señor Palacín.

Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Palacín Guarné.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias,
presidenta.

Buenas tardes de nuevo. Estamos finalizando
estos dos debates. Como se ha comentado, el impuesto sobre las
transacciones financieras es un impuesto sobre el que hay un acuerdo en
diez países de la Unión Europea. Hay dos que ya lo han aplicado, nosotros
previsiblemente lo aprobaremos hoy, y Alemania también ha decidido dar un
paso al frente y empezar a tramitarlo legislativamente. Y nuestra
posición es clara: vamos a seguir defendiendo en Europa la adopción de
una directiva comunitaria que homogeneice el impuesto a nivel europeo,
pero eso no es óbice para que nosotros podamos implementar el nuestro en
un momento, como he dicho, en el que los recursos son necesarios. De
hecho, si España lo va a adoptar, Italia lo tiene, Francia, también, y
Alemania lo tendrá en los próximos meses, que dos terceras partes del
producto interior bruto de la Unión Europea apliquen este impuesto
también será un incentivo para aquellos países que todavía no lo han
aplicado.

Hay que tener en cuenta que, en materia fiscal,
en la Unión Europea es complicado, por no decir imposible, adoptar
decisiones conjuntas o unánimes. Hay socios comunitarios que directamente
están aplicando un dumping fiscal como única manera de ganar
competitividad respecto al resto de países europeos, y no los voy a
citar. Por eso es tan importante seguir avanzando en una armonización
fiscal en Europa, hacia una unión fiscal que pueda dotar también a la
Unión Europea de los recursos suficientes para implementar políticas
públicas, como en este caso, de rescate a las personas y que Europa no
sea simplemente un mercado comunitario. Y quiero agradecer aquí al
presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, su liderazgo internacional, y
más en materia europea (Aplausos), porque aquellos planteamientos
iniciales que parecían una quimera para algunos hoy se traducen en un
fondo de 140 000 millones de euros para España —27 000 millones se
podrán hacer efectivos el año que viene—, y eso ha sido una
realidad, a pesar del señor Casado.

Y no tengan dudas, no tengan reservas. Esta es
una ley que defiende el interés general; ya lo hemos dicho aquí, y creo
que queda explícito en el texto que hoy aprobaremos. Pero, siguiendo con
la materia fiscal, es importante comentar que ayer se aprobó en el
Consejo de Ministros un nuevo techo de gasto, un límite de gasto
para 2021, con 196 000 millones de euros. Creo que todos los grupos
podemos coincidir en que es una buena base para empezar a construir los
presupuestos generales del Estado, y allí les esperamos a todos,
señorías, con la mano tendida.

También ayer conocimos que la Airef daba su
aval a las previsiones del proyecto del plan presupuestario del Gobierno
de España, pero advertía sobre dos cuestiones: una, que esas previsiones
irán acordes a la ejecución de esos fondos, y dos, que esos fondos se
ejecutarán más fácilmente con la aprobación de unos presupuestos
generales del Estado. Por eso es tan importante, y por eso tenemos tanta
responsabilidad todos los grupos políticos. Por tanto, además del plan de
recuperación que se ha aprobado hoy, tenemos unas semanas y unos meses
por delante interesantes para poder definir nuestro futuro próximo.

Señorías del Partido Popular, creo que cuanto
antes asuman su papel de principal partido de la oposición —y les
quedan tres años y pico de oposición por delante— mejor les irá a
ustedes y al conjunto de la ciudadanía, porque la oposición también puede
construir. Por eso les tendemos la mano una vez más. Nosotros creemos
—y le tomo la palabra— que para consolidar las cuentas no
solo hay que subir impuestos, sino que habrá que hacer otras cosas. Y en
este caso creo que compartimos la afirmación.

Solo me queda agradecer de nuevo la posición de
todos los grupos que votarán favorablemente este impuesto, y el debate y
el tono que hemos mantenido, quizá no aquí, pero sí en las conversaciones
que hemos podido tener.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.

Señorías, finalizado el debate del proyecto de
ley del impuesto sobre las transacciones financieras, se procederá a
continuación a abrir el plazo para emitir el voto telemático para todas
las votaciones reglamentariamente previstas, que son las siguientes.
Votación de las propuestas de veto. Para su aprobación se exige mayoría
absoluta. Votación de las enmiendas de acuerdo con las solicitudes de
votaciones separadas formuladas por los grupos parlamentarios. Las que
resulten aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen.
Votación, en un solo acto, del resto del proyecto de ley.

Se abre el plazo de dos horas para su votación
telemática desde este momento, en que son las catorce horas y treinta y
ocho minutos, hasta las dieciséis horas y treinta y ocho minutos.