El señor presidente lee los puntos 6., 6.1.
y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen interviene, desde el escaño, el presidente, al que agradecemos
el esfuerzo, a pesar de sus problemas de movilidad y de estar
convaleciente, de estar hoy aquí para presentar el dictamen, como le
corresponde.

Tiene la palabra el señor presidente, Lucas
Martín.

El señor LUCAS MARTÍN: Buenos días.

Muchas gracias, señor presidente, por su
generosidad al permitirme intervenir desde el escaño.

El proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el
procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 3 de
febrero, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales. El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas
terminó el día 9 de febrero. Al proyecto se han presentado dos propuestas
de veto. Veto número uno, del senador Marín Gascón y las senadoras Merelo
Palomares y Rodríguez de Millán Parro; y veto número dos, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado. El proyecto ha recibido 310
enmiendas. Su distribución es la siguiente: once, del senador Catalán
Higueras; cinco, del senador Fernández Viadero; veintisiete, del senador
Sánchez López; cuatro, del senador Egea Serrano y la senadora Martín
Larred; seis, del senador Mulet García; cuatro, del senador Vidal Matas;
cuatro, del senador Martínez Urionabarrenetxea; catorce, del senador
Gómez Perpinyà; ochenta y ocho, de los senadores Castellví Auví y Cleries
i Gonzàlez; once, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; dieciocho,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu;
ciento catorce, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y cuatro,
del Grupo Parlamentario Socialista.

La ponencia ha estado integrada por los
siguientes senadores y senadoras: Argüeso Torres, Castellví Auví,
Fernández Viadero, Fragoso Martínez, Latorre Ruiz, Magdaleno Alegría,
Peral Díez, Reniu Vilamala, Sanz Vitorio, Torralba Valiente y Vidal
Matas. Tras reunirse la ponencia el día 17 de febrero de 2023, emitió su
informe, en el que acordó aprobar el texto remitido por el Congreso de
los Diputados, con la incorporación de las enmiendas 277, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, y 308, del Grupo Parlamentario
Socialista en el Senado. Asimismo, la ponencia, en relación con diversos
errores de índole terminológica y gramatical detectados en el referido
texto, acordó efectuar las oportunas correcciones, que no tienen la
naturaleza de enmiendas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2
de la Constitución. El pasado 17 de febrero, la Comisión se reunió para
dictaminar y acordó por mayoría aceptar como dictamen el texto propuesto
por la ponencia en su informe. A ese dictamen se han presentado por los
enmendantes y grupos citados al comienzo de esta presentación catorce
votos particulares, incluidas dos propuestas de veto.

Permítanme expresar mi agradecimiento por su
trabajo a todos los miembros de la Comisión, en particular, a los
miembros de la ponencia. También a los servicios de la Cámara. Y, como
siempre, en primera persona al letrado don Pablo García Mexía.

Termino. Sé que sus señorías, y en particular
el presidente —y se lo agradezco—, soportan con paciencia y
buen humor mi particular devoción por los clásicos. Se lo agradezco,
créanme. Hoy he pensado en un hexámetro de las sátiras de Juvenal, que
muchos nos repetimos con frecuencia y donde nos advierte sobre un riesgo:
Et propter vitam, vivendi perdere causas —escribe el poeta—,
es decir, en el afán de salvar la vida, perder las razones por las que
vale la pena vivir. Sé que todos los grupos parlamentarios queremos lo
mejor para esta institución multisecular, la Universidad, una de las
grandes creaciones de la civilización, que ha vivido de, y ha sobrevivido
a, múltiples crisis. Y estoy seguro de que tenemos muy presente que la
advertencia del poeta romano se puede aplicar a nuestra tarea de hoy en
el Pleno. Queremos reformar la Universidad una vez más para que esté a la
altura de las exigencias de un mundo que está cambiando profundamente, y
así pueda cumplir mejor las que son sus funciones tradicionales, y
también las que necesariamente ha de añadir. Creo que ese es el propósito
de todos los grupos parlamentarios.

Como previene la sentencia clásica, queremos
reformar la Universidad no solo para que sobreviva, sino para que no
pierda, sino que mejore, sus vivendi causas, las razones que la dieron a
luz y que son su razón de ser.

Muchas gracias por su paciencia.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Siempre habrá sitio para
los clásicos.

Muchas gracias, senador Lucas Martín.

Vamos con el debate de las propuestas de veto.
Para la defensa de la propuesta de veto número uno, de sus señorías Marín
Gascón, Merelo Palomares y Rodríguez de Millán, tiene la palabra su
señoría, Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Señorías, la regulación de una materia tan
importante como la educación, en este caso, superior, requiere seriedad,
honestidad, imparcialidad y altura de miras en la fijación de las metas y
en la designación de los medios para alcanzarlas. También exige
continuidad en la persecución de los objetivos propuestos, así como en la
aplicación de los recursos previstos para ello. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia). Por ello, es
necesario tratar la educación no como un compartimento estanco en las
políticas públicas, sino como parte esencial de un engranaje que busca y
potencia el bien común, la formación humana de los españoles y las
ventajas competitivas del país, adaptándose a sus necesidades. Asimismo,
precisa de valores fuerza, como la meritocracia, el esfuerzo, el trabajo,
el respeto a la autoridad, la innovación, la creatividad y la
competencia, todos ellos ordenados a la búsqueda de la verdad y del
conocimiento.

Sin embargo, nada de eso ha estado presente en
las sucesivas reformas educativas de los Gobiernos del Partido Socialista
y del Partido Popular. Al contrario, las notas predominantes de estas han
sido el sectarismo, el partidismo, la devaluación del esfuerzo, el
desprecio de la autoridad y la igualación por abajo de todos los
estudiantes. A ese cóctel garante de una sociedad que se quiere mediocre
y desarraigada del proyecto nacional al que pertenece, se le suma en este
proyecto de ley el seguidismo acrítico de los postulados de la
Agenda 2030 y sus ODS, a través de los que se pretende conseguir esa
nueva sociedad de la que habla la exposición de motivos. El resultado es
la profundización en la desigualdad entre los españoles. Cada vez en
mayor proporción, el sistema educativo público, crecientemente
desprestigiado, quedará para aquellos que no dispongan de recursos
suficientes para optar por un esquema privado, y expedirá títulos sin
valor en el mercado, eliminando para sus egresados el ascensor social que
debe ser la educación.

No hay nada mejor para destruir la democracia y
minar la civilización occidental que renunciar a la búsqueda de la
verdad, abandonando el diálogo racional basado en la evidencia y en las
leyes de la lógica para imponer un nuevo dogmatismo, en este caso, de
corte subjetivista, y basado en la emoción y el sentimiento. El abandono
por las universidades de la búsqueda de la verdad y la razón son hoy
vestigios de un pasado en el que se consideraba que las universidades
debían servir como instancias de transmisión del saber, de reflexión y de
discusión de ideas y visiones diferentes, en muchos casos, contrapuestas,
e, incluso, desagradables, en pos de la verdad y del conocimiento. ¿Dónde
queda hoy el lema Lux et veritas? En la actualidad, las universidades
deben ser, según la concepción liberticida de la izquierda radical,
espacios seguros, en los que discrepar supone ofender, y en los que
cualquier opinión que no se ajuste a la ideología dominante ha de ser
perseguida y destruida.

Señorías, este proyecto de ley es radicalmente
contrario a lo que la Universidad española necesita, y en modo alguno
mejora la regulación existente. Además, las enmiendas incluidas durante
la ponencia no han hecho más que empeorar el texto remitido por el
Congreso. Este proyecto de ley, en lugar de mejorar el sistema
universitario español, lo empeora. Los españoles merecen que su sistema
universitario goce de cierto prestigio internacional y de ciertos
estándares de calidad que con esta reforma no se van a conseguir; todo lo
contrario. De lo anterior se infiere que la necesidad de promulgar esta
Ley sobre universidades obedece a meros fines de agenda política con los
que la mayoría parlamentaria busca continuar, imponiendo a todos los
españoles una ideología cuyo único resultado tangible es el
enfrentamiento, el empobrecimiento moral, técnico y filosófico, así como
la profundización en la desigualdad. Se trata de la articulación legal de
una ideología de división y enfrentamiento que ha arrasado ya con el
espíritu universitario, con la libertad de expresión y con el debate de
ideas en muchos países del mundo.

Los perjudicados de la puesta en marcha de esta
ideología serán, como siempre, los españoles, que, en su mayoría, confían
en la Universidad pública para conseguir un mejor futuro. Asistimos a
duros ataques a libertades fundamentales. Se calla para no ofender al
otro. A la acuñación de una lengua con evidente implicación política, el
llamado lenguaje inclusivo, con sus innecesarios desdoblamientos de
género. O a la calificación como xenófoba, machista, antidemocrática o,
en general, fascista, de cualquier postura contraria a la nueva
ortodoxia. Con el presente proyecto de ley, este Gobierno socialcomunista
busca una vez más la conversión en política de Estado de un programa
ideológico muy concreto, caracterizado por el seguidismo de agendas
globalistas, el fanatismo climático, el desprecio del esfuerzo, el
feminismo radical y el ataque a la tradición y a la autoridad. En materia
educativa esto es especialmente grave por cuanto la Universidad pública
es un elemento clave en la formación de muchos españoles de distinta
ideología y condición. Es vital para el futuro y la pervivencia de la
nación. El jugoso objetivo es que la izquierda consiga perpetuar la
hegemonía cultural y política de que ha disfrutado en España, sin
oposición hasta ahora, en las últimas décadas. Ese y no otro es el
espíritu y la finalidad de este proyecto de ley: la imposición de una
agenda política e ideológica disfrazada de un lenguaje rimbombante y de
supuestos buenos propósitos.

Es necesario, a continuación, analizar siquiera
superficialmente algunas de las razones que hacen a esta iniciativa
perjudicial para el bien común y profundamente nociva para los españoles,
entre ellos, los jóvenes, principales usuarios de la institución
universitaria, concretamente, los que van a cursar estudios en una
universidad pública. Este proyecto de ley rechaza una Universidad
supuestamente instalada «… en una concepción socialmente elitista»,
así como en una «… concepción intelectual cerrada y excluyente del
saber», como queda reflejado en el apartado 1 de la exposición de
motivos.

Asimismo, su primera misión debe ser acompañar
«… el cambio de época que atravesamos», modelada al dictado de la
Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible. De esta manera,
el artículo 2, que se dedica a las funciones del sistema universitario,
como educar, informar o preparar para el ejercicio de actividades
profesionales, dispone que tales funciones se ordenarán a los derechos
humanos y fundamentales, la memoria democrática, el fomento de la equidad
e igualdad, el impulso de la sostenibilidad, la lucha contra el cambio
climático y los valores que se desprenden de los objetivos de desarrollo
sostenible, cualesquiera que sean estos.

En esta línea, el artículo 18, cohesión social
y territorial, se obliga a las universidades a fomentar la participación
de la comunidad universitaria en actividades y proyectos relacionados con
la promoción de la democracia, la igualdad, la justicia social, la paz y
la inclusión, así como con los objetivos de desarrollo sostenible; ello,
al mismo tiempo que, en sede de cooperación internacional universitaria
—artículo 30— se ordena también a estas instituciones la
realización de actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible. De nuevo, se conceptúa a las universidades como
agentes políticos de ingeniería social en todos los campos imaginables de
la realidad social. La totalidad del proyecto utiliza un lenguaje
desdoblado que, en ocasiones, roza el paroxismo.

Asimismo, el proyecto de ley presta una gran
atención a los derechos de los colectivos más vulnerables. Así, la
exposición de motivos proclama que es intención de la iniciativa en
tramitación construir una Universidad que promueva una sociedad inclusiva
y diversa, comprometida con los derechos de los colectivos más
vulnerables —artículo 42 y artículo 43—. Por otro lado, el
proyecto de ley desprecia la tradición memorística, imprescindible para
la adquisición del conocimiento, el esfuerzo de los alumnos y la
necesidad de que existan unos maestros para la formación de la persona.
Al contrario, se basa exclusivamente en la autonomía y en la necesidad de
innovar a cualquier precio.

Íntimamente vinculado a lo anterior, el
proyecto de ley no se preocupa de que la Universidad cumpla su misión
principal, cual es la de transmitir el saber mediante la enseñanza y,
también, mediante el trabajo del estudiante a través del esfuerzo y el
mérito. Al contrario, se centra en proveer al estudiante de facultades
políticas de organización y gestión en el seno de las universidades, que
tradicionalmente han correspondido a quienes en tales instituciones
ostentan el papel de maestros y de autoridad. Asimismo, la iniciativa
busca fomentar artificialmente su implicación política y asociativa,
incluso reconociendo créditos; todo ello, en el referido contexto de una
Universidad sin jerarquías para una nueva sociedad. Así, las becas se
conceptúan solamente como un derecho subjetivo y no como una recompensa
por el esfuerzo realizado, y por ello se establece una vinculación que
será prioritaria y fundamentalmente referida a criterios socioeconómicos
—artículo 32.4—, pero sin valorar igualmente el esfuerzo, el
mérito ni la capacidad.

Como es habitual, la presencia de lenguas
cooficiales, ejemplo de la riqueza de España como nación, se usa como
coartada para dividir a los españoles y se convierte en causa para dar
más a los que más tienen y para profundizar en la exclusión y desigualdad
de los que solo tienen el español como lengua en sus respectivos
territorios. Así, la exposición de motivos señala que las universidades
se configuran como actores clave en la promoción y fomento de la
diversidad y riqueza lingüística del Estado. Con ello, el artículo 20
señala que las universidades fomentarán y facilitarán el conocimiento y
el uso de las lenguas cooficiales propias de sus territorios y, lo que es
más importante, que la singularidad lingüística será objeto de
financiación, considerándose la pluralidad lingüística como una necesidad
singular que implicará mayor financiación, de acuerdo con el artículo 56,
para universidades catalanas, vascas, gallegas, valencianas y baleares,
o, en el futuro, asturianas o aragonesas.

En otro orden de cosas, este proyecto de ley
permite que el Gobierno desmembre la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, Aneca, entre cuyas funciones destaca la
evaluación de los méritos de los candidatos a profesor universitario. A
partir de ahora, serán las agencias autonómicas las encargadas de este
cometido —disposición transitoria cuarta—, generando un nuevo
sistema desigual en función de la localización de la universidad en la
que impartir docencia. Asimismo, las enmiendas aprobadas durante la
ponencia para informar este proyecto han permitido consagrar como derecho
de los alumnos la huelga y que, a su vez, no sea obligatorio para los
organizadores el garantizar el derecho a la educación
—artículo 33—. Con esta medida se estarán vulnerando los
derechos de los alumnos que no quieran participar en la huelga y que, por
el contrario, prefieran mantener su actividad discente. Esto representará
un nuevo triunfo de la intolerancia y del caos en la Universidad
española.

Señorías, frente a todo lo anterior, Vox
defiende a una Universidad desvinculada de unas agendas globalistas que,
aprovechando ocasiones como la de este proyecto de ley, se convierten en
norma. Equitativa, por cuanto promueve la eliminación de las diferencias
entre españoles en función de la región en que residan y la superación de
los actuales diecisiete modelos universitarios, recuperando para el
Estado las competencias educativas. Libre, sin adoctrinamiento ideológico
por la izquierda ni secuestro de sus órganos de gobierno y sus aulas por
sindicatos, por asociaciones de estudiantes de izquierda radical o por
las políticas identitarias y sus espacios seguros. Con vocación de
excelencia, recuperando su función de ascensor social, que permita no
solo a los jóvenes, sino a todos los que se acerquen a ella, aun en su
edad adulta, alcanzar sus metas sin que sus condiciones sociales o
económicas supongan un freno a su progreso. Dedicada, y no solo a
preparar profesionalmente, sino a educar a la persona entera en sus
dimensiones intelectual y moral, fomentando la presencia de las
humanidades como soporte imprescindible de la técnica y la ciencia y
orientada a la búsqueda de la verdad y del conocimiento como necesidades
humanas y a la transmisión del saber mediante la enseñanza. En
definitiva, Vox postula una Universidad ordenada al bien común como
elemento indispensable para el desarrollo futuro y la prosperidad de los
españoles y de la nación.

Por los motivos expuestos, presentamos nuestra
propuesta de veto a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Fragoso Martínez.

El señor FRAGOSO MARTÍNEZ: Presidenta,
senadores, muy buenos días a todos.

Iban a ser mis primeras palabras de bienvenida
al ministro, pero, como bien sabemos, es un ministro tremendamente
ocupado por las competencias que tiene y, desgraciadamente, una vez más,
ha decidido ningunear al Senado y ni siquiera viene el día en que se
trata la ley más importante que tiene que hacer. (Aplausos). Es verdad
que nos habría encantado que el señor ministro, además de venir a
hacernos una visita —que está bien—, hubiera tenido la
delicadeza de comparecer en la Comisión de Universidades para mantener un
diálogo franco y abierto para poder mejorar una ley que, sin duda, va a
condicionar el futuro de nuestros jóvenes y el futuro del país; pero es
evidente que la voluntad por mejorarla es absolutamente mínima.

Aunque no está, yo quiero felicitar al
ministro, sinceramente, porque creo que ha conseguido dos cosas que en
política son muy importantes. La primera de ellas es haber puesto de
acuerdo a toda la comunidad universitaria, ya sean rectores, profesores o
alumnos, sindicatos, consejos sociales o el mundo de la discapacidad; a
todos nos ha puesto de acuerdo, pero en contra de la ley. Y la segunda
habilidad —que en política tampoco es sencilla— es que ha
conseguido engañarnos a todos, incluso a mí, se lo digo sinceramente.
Cuando leí el preámbulo de la ley me lo creí, pensé que podíamos
compartir el 90 % —igual que le ha pasado a la mayoría de los
sectores universitarios—, hasta que llegó el articulado y nos dimos
cuenta de que todo era mentira. Por eso, permítanme que le aplique al
ministro aquellas palabras que le atribuyen al presidente Abraham
Lincoln, que decía lo siguiente: Se puede engañar a todo el mundo algún
tiempo; se puede engañar a algunos mucho tiempo, pero no se puede engañar
a todo el mundo todo el tiempo. Eso es lo que ha pasado con la Ley de
universidades, y de ahí la reacción de la mayoría de la comunidad
universitaria, que coincidimos en dos aspectos. Primero, que esta no es
la ley que necesita la Universidad española. Y, segundo, que es necesario
pararse, reflexionar y buscar un nuevo texto que afronte verdaderamente
los retos que las próximas generaciones y el futuro del país necesitan.
Esta ley va a ser una gran oportunidad perdida para adaptar la
Universidad a los retos a los que necesitan enfrentarse nuestros jóvenes
y el futuro del país. Esto —lo que ya de por sí justificaría el
veto— no lo decimos nosotros solos. Les voy a dar más argumentos.
La nueva Ley de universidades es irrelevante, insuficiente e ideológica;
en opinión de la mayoría de los rectores, era mejor el texto inicial que
el que salió del Congreso. Palabras del rector de la Universidad
Complutense. La LOSU generará inestabilidad, choque entre los sectores y
afectará negativamente al funcionamiento de los campus. En los últimos
tiempos se están cometiendo despropósitos legislativos que luego se
tienen que corregir —¿les suena?—. No queremos que pase lo
mismo con las universidades. Pedimos a los legisladores que lo intenten
evitar, que se suspenda, que se aplace la tramitación porque contiene
claros preceptos inconstitucionales. Estas son algunas de las perlas que
pone de manifiesto el rector de la universidad más antigua de España, el
rector de Salamanca.

O, por ejemplo, que la LOSU no es la ley que la
Universidad española necesita. No avanza en los objetivos globales que
debería tener la Universidad del siglo XXI. Si me pidieran que señalara
un punto de la LOSU que mejore la Universidad en España no sería capaz de
decir ninguno. Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta ley
es una oportunidad perdida, no va a permitir a la Universidad española
dar la respuesta a los retos que tiene que afrontar un moderno servicio
público. Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de todas las
universidades españolas. También se ha dicho que se da la espalda al
estudiantado y a sus problemas. La docencia carece de valor y la calidad
docente no se prioriza, no se garantiza la inclusión real de personas con
discapacidad. El estudiantado será el gran perjudicado. Son
manifestaciones de la coordinadora de estudiantes. De los sindicatos o de
los profesores asociados no hace falta hablar, puesto que ya lo
demuestran ellos con la huelga que siguen todos los días.

¿De verdad no ven que esta ley no aspira a
suceder a dos leyes que duraron cada una de ellas veinte años, que dieron
estabilidad al sistema universitario español y que esta ley no la quiere
nadie? Sinceramente, esto solo se puede entender como una nueva
humillación del Gobierno ante sus socios para mantenerse en la Moncloa. O
que, para ustedes, esta ley significaba simplemente hacer un check en las
reformas marcadas en el Plan de recuperación, transformación y
resiliencia para recibir el dinero de Europa, pero les da igual que la
reforma no valga para cumplir los objetivos de transformar y hacer un
país más competitivo que garantice el futuro de nuestros jóvenes. No me
extraña que hayan traído la ley sin informe ni del Consejo de Estado ni
del Consejo de Universidades. Me imagino que les daba vergüenza
presentarles este texto.

Pero si estas les parecen pocas razones para
presentar el veto, vamos a analizar los objetivos y los resultados que
alcanza. Primero, mejorar la financiación. Una gran mentira, pues la ley
pasa de garantizar el 1 % a una mera declaración de intenciones. No son
palabras mías, son palabras del rector de Castilla-La Mancha o del rector
de la Complutense. Simple palabrería, sin compromiso. ¿Cuál es la memoria
económica que trae la ley? ¿Cuánto dinero aporta el Estado a las
comunidades autónomas para desarrollar la ley? Se lo digo yo: cero euros.
Segundo, hablaban de mejorar la gobernanza. Sinceramente, otra mentira.
¿Qué aporta que los rectores dejen de ser la máxima autoridad académica?
¿Qué aporta que los rectores dejen de ser elegidos de entre el máximo
cuerpo, en su cúspide profesional, como son los catedráticos? ¿Aporta
algo a la gobernanza? ¿Qué aporta que, tras la elección directa por parte
de la comunidad del rector, ustedes mantengan que los claustros pueden
censurar la voluntad del rector? Esto es como si a un alcalde lo
eligieran directamente los ciudadanos y el Pleno pudiera censurar a los
ciudadanos. No tiene ningún sentido. ¿Qué aporta la limitación de los
mandatos de decanos y rectores y la elección directa y universal más que
confrontación, como pone de manifiesto el rector Rivero, rector de la
Universidad de Salamanca? Tercer objetivo: Vamos a mejorar
—decían— la carrera docente y acabar con la precariedad.
¿Acaso mejora el que se limiten los contratos predoctorales? Solo se
podrá plantear ser docente aquel que tenga dinero para aguantar los años
de doctorado y los años que se tarda en hacer la tesis doctoral, porque
ustedes saben que ni hay becas FPU suficientes para todos ni todas las
áreas pueden acceder a ello. Por lo tanto, eliminando el acceso a la
carrera docente de los que no sean doctores están eliminando las
posibilidades de mucha gente que tiene esa vocación.

En cuanto a la posibilidad de acabar con la
precariedad, ya se lo están diciendo los profesores asociados con su
huelga. En esta ley se estabiliza a los que no necesitan ser
estabilizados; se estabiliza a los asociados, profesionales que ya tienen
un trabajo: jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, asesores fiscales,
que van a la universidad a aportar una serie de conocimientos. Es a estos
a los que estabiliza, como si lo necesitaran, y, en cambio, a los falsos
asociados, a esos que necesitan verdaderamente una solución, a esos les
hacen ustedes indefinidos, les bajan las horas de docencia, dejando
con 600 euros al mes a muchos profesores. Esa es la solución que ustedes
están dando a la gente. (Aplausos). Pero ya lo sabemos, esto es como la
reforma laboral: con llamarles indefinidos, para ustedes es suficiente,
da igual que una persona solo trabaje dos meses a lo largo del año y que
el resto esté en el paro, porque como son fijos discontinuos ya no
computa en la lista del paro. En este caso ocurre exactamente lo mismo:
para solucionar el problema de la precariedad los hacen indefinidos, les
bajan las horas y les bajan el sueldo. Sinceramente, no hace falta que yo
lo explique porque ya lo están haciendo los profesores asociados, que
están en huelga precisamente por la reforma que ustedes están haciendo. Y
de la única universidad que se tendrían que preocupar, porque es
competencia del Estado, la UNED, no dan ni una sola solución a la
situación laboral que viven los profesores-tutores.

En cuarto lugar, hablaban de internacionalizar.
¡Esto sí que es de traca! Dicen que van a internacionalizar y, en cambio,
deciden romper el sistema universitario en diecisiete trozos. En vez de
avanzar en el Espacio Europeo de Educación Superior, deciden crear
diecisiete espacios locales de educación superior. De
internacionalización pasamos a un régimen de autarquía. Todo esto como
exigencia de los nacionalistas e independentistas, que pararon la
tramitación de la ley mientras ustedes se tenían que humillar para
aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y como recompensa
consiguieron todo aquello que hasta ahora no habían conseguido. Y ustedes
cedieron. Consiguieron que las agencias autonómicas acreditaran a
funcionarios de cuerpos nacionales. Esto, y no es que lo diga yo, sino la
directora de la Aneca —que es un puesto de libre designación de su
propio Gobierno—, significa perder homogeneidad y calidad. Las
becas se fracturan en diecisiete modelos diferentes, donde las regiones
con menos renta, como la mía, Extremadura, saldrán perdiendo, y todo con
el silencio del presidente Fernández Vara. Lo que los independentistas no
consiguieron el 1 de octubre y los tribunales tumbaron, para humillación
de la mayoría de los españoles ahora ustedes ceden y aprueban una ley que
es una auténtica ley de desconexión. ¡Qué vergüenza sentirán los
socialistas históricos y sus votantes más clásicos!

Además, y por si esta factura fuera poco, esta
ley, desde nuestro punto de vista y el de muchos rectores y expertos,
tiene preceptos inconstitucionales. Por un lado, viola el principio de
autonomía, haciendo que las universidades ya no tengan derecho a aprobar
su propia relación de puestos de trabajo. Violan el principio de
neutralidad. Ustedes politizan las universidades, quieren un modelo
iberoamericano, donde muchos estudiantes pasan más tiempo protestando en
las puertas de los centros que en las aulas estudiando y mejorando su
calidad y su formación. Sinceramente, van a expulsar a muchos alumnos de
la Universidad pública, que rechazan que las universidades se dediquen a
hacer política en vez de defender la libertad de cátedra y el pensamiento
crítico, que prefieren que se imponga la visión de la mayoría. Todo ello
porque los tribunales lo habían prohibido. Y ustedes, como hicieron con
la malversación y con la sedición, se humillan para mantenerse en el
poder y legislan como les piden los que han sido sancionado por los
tribunales para cambiar la ley e intentar saltarse lo que dice la
legalidad vigente. El mundo al revés: legislamos en función de lo que
dicen aquellos que incumplen la propia ley. En definitiva,
desgraciadamente tendremos que ver las consecuencias de esta ley a lo
largo del tiempo.

Aquí no va a ocurrir como con la Ley del sí es
sí, que al día siguiente nos hemos encontrado con violadores y abusadores
a los que se les bajan sus condenas por centenares y a violadores y
abusadores que se encuentran en la calle por decenas. Aquí las
consecuencias las vamos a ver en las siguientes generaciones, dentro de
muchos años, y las pagarán los futuros jóvenes y los futuros estudiantes.
Esta ley va a ser una gran oportunidad perdida para adaptar la
Universidad a los retos a los que necesitarán enfrentarse en el futuro
tanto los jóvenes como nuestro país, y lo que más grave, junto con los
preceptos posiblemente inconstitucionales, que en vez de acercarnos al
espacio europeo fracturan el sistema universitario en 17. Ponen en
peligro la igualdad de oportunidades y van a fracturar el sistema de
becas, la evaluación de calidad y el profesorado.

Por todos y cada uno de estos motivos, el Grupo
Parlamentario Popular presenta un veto a este proyecto de ley.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Para la defensa de un turno en contra a estos
dos vetos al proyecto de ley, tiene la palabra, por el Grupo Socialista,
la senadora Torralba Valiente.

La señora TORRALBA VALIENTE: Presidenta,
señorías, buenos días.

Señor Fragoso, el ministro está en el Congreso.
El señor Feijóo, ¿dónde está? ¿Se ha levantado ya? (Aplausos).

El Grupo Parlamentario Popular viene a decirnos
en su veto a la Ley Orgánica del Sistema Universitario que la
investigación es un pilar fundamental para el futuro del país. Es muy
curioso, señorías, que precisamente sean ustedes los que demandan más
investigación cuando sus gobiernos fueron muy laxos en los criterios para
la creación de universidades, permitiendo la creación de algunas de
dudosa calidad, más centradas en captar alumnos y sin establecer
requisitos de investigación. Hagamos memoria. El Real Decreto de
creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y
centros universitarios de su ministro Wert provocó las críticas de los
rectores de las universidades públicas, advirtiendo de que no exigir
proyectos de investigación bajaba la calidad. Entonces, ustedes a lo
suyo. En Madrid tenemos el mejor ejemplo de su política de
privatización: 12 universidades privadas frente a 6 públicas, 4 de ellas
creadas en los últimos años. El mismo modelo que siguen para la sanidad
pública: negocio para las empresas privadas. Luego se extrañan ustedes de
la contestación que ha tenido la señora Ayuso al ser nombrada alumna
ilustre por una universidad pública, luego se extrañan ustedes.
(Rumores). No se preocupen señorías, la Ley Orgánica del Sistema
Universitario se ocupa ahora de garantizar los niveles de calidad que
nuestro sistema universitario merece. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, por favor, guarden silencio.

La señora TORRALBA VALIENTE: No me van a callar
por mucho que… (Aplausos). Se establece que los centros deben
dedicar al menos el 5 % de su presupuesto a la investigación. El Partido
Popular ha tenido que pasar a la oposición, señorías, para darse cuenta
de que sin investigación no hay Universidad.

Dice el Grupo Popular que tenemos continuos
cambios normativos sin una potente justificación. No sabemos cuánto
tiempo considera el Partido Popular que es el prudencial para cambiar una
ley. Señorías, en estos 22 años de la LOU España ha cambiado mucho. El
número de universidades privadas se ha multiplicado por 5 y ya forman
al 16,4 % del estudiantado universitario frente al 4 % de hace dos
décadas. Además, concentran uno de cada tres másteres. Ahora la LOSU
ofrece al sistema universitario las herramientas para adaptarse a esos
cambios sociales y económicos que se han producido en nuestro país en
esas dos décadas.

Asegura el veto del Partido Popular que la ley
solo se ha realizado con el objeto de rellenar una casilla en los hitos
comprometidos en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia,
algo que no se ajusta a la realidad, pues esta ley es fruto de mucho
trabajo durante más de dos años por parte de dos ministros de este
Gobierno progresista. Y por supuesto que esta reforma también es
compromiso con la Unión Europea para recibir fondos de recuperación, que
incluye la reforma de las universidades públicas, la digitalización de
los campus y la recualificación de la plantilla. Claro, que el Partido
Popular preferiría no cumplir y así no recibiríamos los fondos. Pues les
voy a dar una mala noticia: hace unos días Bruselas aprobaba el tercer
tramo de los fondos de recuperación que el Gobierno solicitó en noviembre
al cumplirse los hitos y las reformas que se exigían. (Aplausos).

Para el Grupo Popular, esta ley se hace sin
consensos, y lo dice quienes menos autoridad tienen en este país para
hablar de consenso. Les recuerdo que el presidente Aznar pasó el rodillo
de la mayoría absoluta para sacar adelante la Ley Orgánica de
Universidades. Ustedes la aprobaron a espaldas del diálogo parlamentario
y de la opinión pública; una ley con ausencia de financiación y ausencia
de preocupación educativa, que puso en contra a estudiantes y a
sindicatos, que redujo la autonomía universitaria mediante el control
político, señor Fragoso, de los consejos sociales y la politización
vergonzosa y partidista en la elección del rector o rectora. Ahora, en el
trámite parlamentario de la nueva ley, se ha incorporado un alto
porcentaje de enmiendas de los distintos grupos parlamentarios, también
del Grupo Popular.






Hoy en el Senado seguimos sumando enmiendas que van a
enriquecer el texto de la ley, pero para el Partido Popular consenso es
hacer todo lo que ellos dicen.

Aseguran también ustedes que la nueva ley ha
tenido reacciones de la comunidad universitaria, pero lo cierto es que el
texto se ha consultado con los distintos sectores universitarios. CSIF,
por ejemplo, respecto a la nueva regulación de personal, reconoce que
algunas propuestas suyas se han contemplado en la ley. La Conferencia de
Rectores está de acuerdo con que vayan a poder elegir un tercio de los
miembros del consejo de gobierno, lo que les proporcionará más libertad
de acción. Los sindicatos han conseguido un serio recorte a la
precariedad laboral, ya que 25 000 falsos asociados estabilizarán sus
puestos. El veto del Grupo Popular también dice que se tensiona con esta
ley el sistema universitario y que hay que abordar los presupuestos para
la consecución de una financiación suficiente. Los recortes de los
Gobiernos del Partido Popular, señorías, dejaron la Universidad pública
con una financiación raquítica, que acompañaron de una subida indecente
de tasas que tuvieron que soportar las familias; dieron ustedes
tijeretazos obscenos a las becas, provocando el abandono de miles de
estudiantes de la universidad, y con sus inexistentes tasas de reposición
precarizaron la situación laboral del profesorado, provocando también el
envejecimiento de las plantillas. Eso lo hicieron ustedes solos, sin
ayuda de nadie. Asimismo, pusieron en riesgo la estabilidad y la calidad
del sistema universitario, lastrando su desarrollo y modernización, y hoy
vienen a contarnos un cuento chino. Los Gobiernos de Rajoy redujeron los
ingresos totales de la universidad en un 21,4 %. En mi región, Cospedal,
la campeona de los recortes, redujo a la UCLM el 38 %. La realidad es que
el Partido Popular en la anterior crisis optó por no invertir en la
educación superior, ni tan siquiera cuando se iniciaba el ciclo de
recuperación económica. En 2018 dejaron ustedes la inversión en educación
no universitaria muy alejada de la media de la OCDE. Según el presidente
de la Comisión de I+D de la Conferencia de Rectores, en los años del
austericidio —por su boca— se perdió competitividad frente a
otros países; ahora, gracias al Gobierno progresista, se cambia esa
tendencia. Con este currículum, señorías, que vengan hoy a asegurar
ustedes que somos los socialistas los que tensionamos el sistema
universitario es para sonrojarse. Ha sido el Gobierno de Sánchez el que
ha bajado las tasas universitarias y ha puesto freno al aumento
desorbitado de los Gobiernos del Partido Popular. (Aplausos). La norma
que hoy debatimos establece que los precios públicos de las matrículas
solo podrán contenerse o reducirse progresivamente, lo que redundará en
el apoyo firme a las familias y a los alumnos. Es este Gobierno
progresista el que va a invertir más de 2500 millones en becas, un 70 %
más de lo que lo hacían ustedes. El señor Feijóo nos dejó ayer un titular
bueno sobre las becas, que son para comprar gente y aumentar la deuda.
Ustedes, cuando reducían y hacían recortes en la Universidad, y aparte de
eso dejaron una deuda del 30 % a este país, ¿a qué dedicaron el dinero?
¿A qué dedicaron esos recortes? Porque si aumentaron la deuda a base de
recortes, ¿a qué dedicaron los ingresos? Este Gobierno, a través de la
ley, es el que va a garantizar una suficiencia financiera del 1 % del
producto interior bruto. Ustedes, que hablan de gestión eficiente, cuando
recortaban sin control debilitaron a la Universidad pública, y el efecto
más palpable fue la precarización del personal docente e investigador.
Hoy cambiamos de rumbo y nos alineamos con las políticas de educación
superior de la Unión Europea.

Tanto el Partido Popular como sus socios de Vox
siempre están a vueltas con las comunidades autónomas en materia
universitaria. Dice el señor Fragoso que dividimos el sistema
universitario en 17 trozos, pero esta norma se fundamenta en el
reconocimiento de la distribución competencial entre el Estado y las
comunidades autónomas en materia de política y gestión universitaria,
algo que reconocen los propios estatutos de autonomía de las comunidades
autónomas. La derecha y sus socios ultras siempre con la martingala de la
centralización, y se hacen llamar constitucionalistas, ¡qué curioso!

Recoge el veto del Grupo Parlamentario Popular
que se introducen pequeñas novedades. ¡Pues benditas pequeñas novedades!
Aparte de las que ya he mencionado, se añade una nueva medida para que
las universidades tengan un papel importante en la lucha contra el cambio
climático. Esto Vox lo califica de fanatismo climático, desafiando todos
los consensos científicos establecidos hasta la fecha. Ya conocemos la
opinión manifestada por su diputado Contreras: Si se calienta un poquito
el planeta, se reducen las muertes por frío; en fin...

Se refuerzan los derechos de la comunidad
universitaria en su conjunto, mayor democratización y mejores niveles de
participación, también del estudiantado. Se añade el paro académico como
un derecho del estudiantado —paro académico, señores de Vox, que la
huelga solo está regulada para trabajadores y trabajadoras, entérense ya
de una vez—. Se refuerza la igualdad de oportunidades en el acceso
a la universidad, recogiendo por primera vez el derecho subjetivo a las
becas, señorías de Vox, vinculado a la situación económica, porque el
ascensor social al que ustedes se refieren es de uso exclusivo solo de
unos cuantos, y eso quiere la derecha, la Universidad para unos cuantos.
Se estabilizan las carreras académicas del personal docente investigador,
dejando de abusar de las figuras temporales precarias que rayaban, en
algunos casos, el fraude de ley. La LOSU pretende combatir la endogamia
imperante en los centros. Dice el Grupo Parlamentario Popular en su veto
que la nueva ley potenciará la endogamia. Pues que nos expliquen cómo
justifican que actualmente el 70 % del profesorado trabaje en la misma
universidad en la que leyó su tesis. ¿Así corregían ustedes la endogamia?
Ahora, en las comisiones de selección de personal habrá más personal
ajeno a la universidad, y esto evitará que se favorezca al candidato de
la casa.

La LOSU termina con el fraude de ley de los
falsos profesores asociados. Sí, señor Fragoso, se dignifican las
condiciones laborales del profesorado, convirtiendo las plazas temporales
en indefinidas. Se reduce la temporalidad del 40 % de su ley al 8 % de la
LOSU. Importantísimas en esta reforma son las medidas en favor de la
igualdad en la Universidad, que permitirán corregir las desigualdades de
género que todavía se dan en los ámbitos científico y universitario.

Dice Vox que no hay motivo para que la ley
contemple la igualdad entre hombres y mujeres, que a la universidad cada
uno llega por su propio mérito. La realidad es que el 55 % de las
titulaciones universitarias son de mujeres, mientras que el 41 % son solo
de profesoras y el 25 % de catedráticas. La LOSU pretende romper ese
techo de cristal con medidas de discriminación positiva. Desde luego,
señorías del Partido Popular, esta ley reconoce la pluralidad del sistema
universitario, como no podría ser de otra manera. Así que, si dicen que
son pequeñas novedades, benditas pocas novedades de la ley. Al Partido
Popular y sus socios no les gusta la ley porque defiende la Universidad
pública, más democrática, más moderna, más accesible y, por supuesto, más
igualitaria.

El veto de la ultraderecha habla mucho de
comunismo. Pues para estar tan en contra del comunismo han tenido ustedes
la brillante idea de poner a un exdirigente comunista para encabezar su
todavía fantasma moción de censura. Parece mentira que los señores de la
España que madruga no hayan tenido tiempo en tres meses de presentar su
anunciada moción de censura. Señorías de Vox, las mociones de censura se
presentan, no se anuncian.

Con respecto al lenguaje inclusivo que utiliza
el texto de la ley, debo decirles a sus señorías de Vox que el lenguaje
no sexista es una herramienta para construir un mundo más igualitario, al
que no vamos a renunciar. Señorías, el lenguaje tiene un valor simbólico
enorme: lo que no se nombra no existe.

Voy terminando, señora presidenta. Sabemos que
contar con el apoyo del Partido Popular a esta ley es prácticamente
imposible, pues ya votaron en contra de la Ley de Formación Profesional,
que fue consensuada con los agentes sociales, la CEOE y los sindicatos.
En cuanto al veto de Vox, nos provoca tristeza que en la Comisión el
Partido Popular se abstuviera ante ese bodrio de veto que presentaron sus
socios de Vox. Hoy tienen otra oportunidad para corregir lo que hicieron
en la Comisión y espero que voten en contra de, como digo, ese bodrio de
veto que presentó Vox.

Señorías, el PP y Vox, con sus vetos, son los
profetas de la ruina. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va
a votar en contra de los dos.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces en relación con
los vetos que se han presentado.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidenta.

Señorías, históricamente las universidades han
desplegado una esencia, un núcleo, que es la búsqueda de la verdad, pero
la Universidad española arrastra desde hace ya tiempo una degeneración de
esta esencia, a lo que contribuye esta nefasta ley, que produce una
transformación de esa esencia universal de la verdad misma en un género
distinto de carácter ideológico y particularista. La endogamia, la falta
de medios, la devaluación de los contenidos, el burdo pragmatismo y,
fundamentalmente la ideología, han sido los agentes causales de esta
degeneración, que ha llevado a que no haya ninguna universidad española
entre las mejores del mundo. A lo largo de esta legislatura hemos podido
comprobar cómo este Gobierno socialcomunista intenta constantemente
cambiar la sociedad por decreto, pero no solo la sociedad, sino que
también pretende cambiar la realidad para acomodarla a sus dogmas
ideológicos. Con este Gobierno socialcomunista vemos cómo se están
cometiendo continuos despropósitos legislativos que posteriormente se
tienen que corregir. Con la LOSU no queremos que pase lo mismo. La LOSU
genera inestabilidad y afectará negativamente al funcionamiento de los
campus. De esta forma se manifestaba el rector de la Universidad de
Salamanca, Ricardo Rivero.

Señorías, la LOSU, tal y como está redactada,
pone en peligro la equidad, politiza la Universidad, desvertebra el
sistema y altera el orden jurisdiccional, entre otras causas. Ningún
rector ha comentado algo positivo de la LOSU, e incluso han señalado como
inconstitucional el artículo que permite a los claustros tomar partido
ideológico en contra del criterio de los tribunales. Para el expresidente
de la Conferencia de Rectores (CRUE), José Carlos Gómez, es una ley
independentista, populista y totalmente sectaria, que se va a cargar el
sistema universitario español. Más de mil profesores y catedráticos
universitarios de toda España se han manifestado para que se elimine el
artículo 45.2.g) del proyecto de ley, que permite a los claustros de las
universidades posicionarse políticamente, como hicieron los campus
catalanes tras la sentencia del referéndum ilegal del 1 de octubre. En su
lugar, piden que se incorpore en el texto de la LOSU una referencia clara
a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y
representación, que no es más que la aplicación a la Universidad del más
genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas.
Asimismo, indican que nuestras universidades serán más plurales y más
críticas y contribuirán mejor a la formación y opinión pública si se
abstienen de pronunciarse institucionalmente sobre temáticas de especial
trascendencia y, a cambio, se mantienen como espacio de libertad, donde
todas las temáticas puedan ser abordadas y todas las opiniones puedan ser
expresadas, sometidas únicamente al tribunal de la razón y no al de la
autoridad.

En este sentido se ha manifestado incluso el
presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, para el cual la ley
se sale por completo del marco constitucional. La ley de universidades no
puede amparar que en sus claustros se puedan hacer pronunciamientos
ideológicos, como sucedió en el proceso de independencia de
Cataluña.

Señorías, ¿cuál debe ser el papel de la
universidad en una sociedad moderna, abierta y competitiva
internacionalmente? De ella se espera que sea capaz de formar individuos
con una sólida base teórica y práctica, curiosidad intelectual y espíritu
innovador y emprendedor. Ciencia y humanismo, rigor y exigencia son las
claves de esa formación. Se espera, además, que las universidades hagan
avanzar la frontera del conocimiento y contribuyan a una economía
innovadora y competitiva que genere riqueza y empleo, para lo cual se
requiere una relación de confianza mutua y colaboración estable con la
empresa.

Desde hace ya mucho tiempo, la universidad se
ha convertido en propiedad de la izquierda antinacional y extravagante,
que este Gobierno ha acrecentado con aviesas intenciones para conseguir,
por medio del engaño, de la coacción y de los escraches y la propaganda,
demonizar al adversario, aprovechando la bisoñez y la falta de
preparación que arrastran los jóvenes de hoy después de una educación
secundaria prácticamente asistencial y un pésimo bachillerato. Lo que
pretenden es que los jóvenes vean una realidad distorsionada y acepten
sin rechistar sus falacias ideológicas. Esta izquierda globalista y
antiespañola, alejada de los problemas reales de la nación, prefiere
individuos carentes de conocimiento y fácilmente manipulables. Por eso,
en lugar de conocimientos objetivos, ofrecen a los estudiantes contenidos
ideológicos, esquemas identitarios, colectivización y sustitución del
debate racional. Para ustedes es prioritario adocenar a los estudiantes,
alejarlos del conocimiento crítico y filosófico de lo real, convertirlos
en activistas. Les ofrecen, en forma de una renta mínima, algunas becas
injustas que no premian el esfuerzo, establecidas como un derecho
subjetivo y, por tanto, otorgadas al margen de criterios objetivos, como
el rendimiento académico del alumno. Por otro lado, pretenden tener
decanos y rectores afines a su ideología que justifiquen los escraches y
los ataques violentos a los profesores, conferenciantes o asociaciones de
estudiantes que no cumplan con su credo.

Asimismo, este proyecto de ley carece de una
orientación racional, encaminada a aclarar los sistemas de contratación,
y tampoco aclara la financiación. Proponen una financiación dual, lo cual
provocará que las universidades que están en regiones favorecidas
fiscalmente obtengan más financiación, por lo que se ahondará más en la
división de los españoles, estableciendo diferencias entre comunidades,
lo que va en contra de un distrito universitario único. Además, pretenden
ustedes endurecer los requisitos para la constitución de universidades
privadas, muy típico del Gobierno socialista. Lo mismo que sucede con la
educación concertada en el ámbito de las enseñanzas medias se traslada
ahora al ámbito de las universidades privadas, que son el refugio de
muchas personas que huyen de este adoctrinamiento que ustedes quieren
imponer también en la universidad. (Rumores). Lo que tienen que hacer es
aumentar la calidad de las universidades españolas para que, por fin,
haya una universidad española entre las mejores del mundo. Para eso,
tienen que estar los mejores en la universidad y, por eso, tiene que
haber un único distrito universitario. Queremos una universidad que
fomente las ciencias, el pensamiento crítico y no lo que tenemos en la
actualidad, que es un pastiche ideológico, orientado a dar propaganda a
una ideología completamente irracional, que se opone no solo al sentido
común, sino a los dictámenes de las propias ciencias. La universidad
tiene que ser la fábrica del conocimiento, tiene que estar orientada,
primordialmente, al mercado laboral y no a la promulgación de carreras
que dan con sus alumnos en el paro, pero, eso sí, muy bien aleccionados
para servirles a ustedes de ariete y de activismo político.

En definitiva, señorías, este Proyecto de Ley
Orgánica del Sistema Universitario no responde a las necesidades de la
universidad española, lo que justifica nuestra enmienda a la totalidad,
por lo que votaremos en contra.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático no
tomará la palabra ningún senador en este turno.

¿Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal van a tomar la palabra? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, tomará la palabra senadora Castellví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Intervengo desde el
escaño para decir que vamos a votar en contra de los vetos. No voy a dar
cancha a según qué disparates que no tienen nada que ver con el contenido
de la ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Peral Díez.

La señora PERAL DÍEZ: Gracias, presidenta.

Intervengo en el escaño solo para manifestar el
voto en contra de mi grupo a los dos vetos.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tiene la palabra el senador Reniu Vilamala.

El señor RENIU VILAMALA: Gràcies,
presidenta.

Señorías, debo confesarles una pequeña
contradicción interna porque, si bien la primera reacción sería, como la
de señorías que me han precedido, decir que vamos a dejarlo y simplemente
manifestamos nuestro voto en contra, ¡hombre!, el cuerpo me pide
aprovechar que tenemos el uso de la palabra para, al menos, dejar claras
algunas cuestiones.

En lo que se refiere al veto de Vox, seré muy
breve. Más allá del desprecio que la ultraderecha muestra a las
instituciones —les recuerdo que, por ejemplo, en la reunión de
ponencia y comisión no estaban presentes y, hoy, veo solo a uno de sus
integrantes—, el veto presentado a la LOSU no deja de ser de una
desfachatez intelectual supina. (Aplausos). No merecería más comentario,
pero es evidente que a la ultraderecha debemos combatirla desmontando sus
falacias y mentiras. Su análisis es insustancial intelectualmente, vacío
de contenido, más allá de los habituales exabruptos populistas y, en el
fondo, defiende una imagen trasnochada de la universidad, en nada
adecuada a los tiempos actuales y a los retos que tiene la universidad
hoy en día. Dejaremos de lado las insultantes referencias a las becas.
Tiene narices que estén hablando de las becas criticándolas. Si buena
parte de las señorías que están presentes hoy aquí hemos podido contar
con una educación superior, ha sido gracias a las becas. (Aplausos). No
teníamos ni papá ni mamá que fueran capaces, por ejemplo, como sucede
ahora, de pagar 20 000 euros por curso en un chiringuito. (Aplausos). Por
lo tanto, un poco de respeto a esas becas que permiten que los hijos de
la clase trabajadora podamos haber llegado a la universidad. Digo que
dejaremos de lado esas insultantes referencias a las becas o al uso de
las lenguas oficiales, al que nos tienen tan acostumbrados. Mire, claro
que el uso de las lenguas oficiales es un activo. Es una riqueza.
Entiéndanlo de una vez. Y claro que los estudiantes tienen derecho a
saber en qué lengua se va a impartir cada clase. ¡Faltaría más!

Nos sorprenden —se lo digo con toda
sinceridad—, las referencias a los derechos, a los jóvenes o a ese
vacío mantra de la meritocracia. Creo que una parte de señorías puede
compartir mi opinión, y es que cuando oímos hablar de derechos a la
ultraderecha nos provoca un escalofrío, y eso es preocupante. Aunque,
fíjense, le voy a decir una cosa. Sin que sirva de precedente, por favor,
estamos de acuerdo en una de las afirmaciones que realizan en esas
páginas a las que ustedes llaman veto: asumimos que buena parte de las
universidades privadas no reúnen la suficiente calidad. Por eso, hemos
trabajado en el trámite en el Congreso, y anteriormente desde hace dos
años, para obligar a esos chiringuitos a que eleven su calidad académica.
Si no, a la vista está lo que está sucediendo aquí en la Comunidad de
Madrid.

En cuanto al veto planteado por el PP, no me
resisto a manifestar al senador Fragoso mi sorpresa por una afirmación
que ha realizado. Por favor, quiero que luego nos ilustre a todo el grupo
republicano cuando usted decía: «Lo que no consiguieron el 1 de octubre
lo acaban de conseguir con esta ley, que es la desconexión». ¡Hostia!
(Risas). Poca broma, senador. A ver cómo lo concretamos porque, como
decían en el final de la película Casablanca, quizás eso sea el inicio de
una provechosa amistad, sobre todo, si se trata de concretar esa
desconexión porque, a fin de cuentas, es lo que andamos buscando. Lo digo
con ese tono que siempre hemos mantenido en la comisión, con un cierto
respeto personal, ¡faltaría más!, pero también con ese punto de ironía
que ha caracterizado, y espero que siga caracterizando, los trabajos de
la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, presidida por nuestro
querido Javier de Lucas.

En cuanto a su veto, es más que evidente, y no
estoy descubriendo el océano, que la posición de nuestro Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu se encuentra en
las antípodas de lo que la derecha defiende; en casi todos los aspectos
divergimos. Donde vemos un avance para los derechos de los diferentes
colectivos universitarios, la derecha ve atrasos. Donde la derecha ve la
aparición de diecisiete modelos y la ultraderecha clama por la
recentralización de competencias, en un claro y evidente respeto a ese
texto constitucional que tanto aman, pero que tanto maltratan, nosotros
vemos el respeto obligado a la distribución competencial. Donde vemos
defensa de la autonomía universitaria, la derecha extrema solo ve
deconstrucción del sistema. Donde el PP ve un marco legal descafeinado,
nosotros defendemos aún una mayor capacidad de decisión por parte de las
universidades. Donde vemos la necesaria potenciación de las agencias
autonómicas de calidad, a la luz de la ejecutoria de la Aneca
—parece que estemos dando por supuesto una pátina de calidad de esa
institución—, ellos ven competencias de dudosa constitucionalidad.
Donde la derecha y la derecha extrema se centran en la desaparición del
concepto de nación y país de la ley o en la defensa de una supuesta
neutralidad de las universidades, nosotros vemos la necesaria función
social que siempre, siempre, siempre, deben ejercer las universidades; o
la universidad es crítica o no es. Señorías del PP, a ustedes no les
molesta que en las universidades se analice, se debata, se tomen
posiciones, a ustedes no les molesta eso, ni tampoco les molesta que se
enseñe en catalán, en euskera o en gallego, a ustedes lo que les molesta
es que se enseñe porque siempre han sido más proclives al
adoctrinamiento. (Aplausos.— Protestas.— El señor Sanz
Vitorio: Se te ha ido la mano). O en su defecto…

La señora PRESIDENTA: Por favor, señorías,
guarden silencio.

El señor RENIU VILAMALA: Señorías, un mínimo de
respeto. (Rumores.— Un señor senador: No digas barbaridades).

La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio, por
favor.

El señor RENIU VILAMALA: Oigan, señorías, son
ustedes unos maleducados. (Aplausos.— Protestas). Son ustedes unos
maleducados.

Total, como siempre hemos visto, ellos
prefieren más ese estilo de adoctrinamiento o, en su defecto, defender
chiringuitos privados y pseudoacadémicos de, cuando menos, dudosa
calidad.

Por todo ello, es evidente que la posición del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, va a ser
en contra, radicalmente, de los vetos de la derecha extrema y de la
extrema derecha.

Muchas gracias. (Aplausos.—
Rumores).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
señoría.

Tomará la palabra en este turno el senador
Fragoso Martínez.

El señor FRAGOSO MARTÍNEZ: Muchas gracias,
presidenta.

Senador Reniu, me tomaré lo de maleducado como
parte de la ironía con la que normalmente trabajamos en la comisión. Pero
acépteme que me parezca una verdadera ironía que ustedes, los
independentistas, nos hablen de adoctrinamiento al resto de los
españoles. (Aplausos.— Denegaciones del señor Reniu Vilamala). Por
lo menos, me parece curioso, cuando llevan adoctrinando, durante años y
años, siempre con el mismo discurso de España nos roba, etcétera. Me
parece francamente curioso.

Senadora Torralba, de verdad, me parece una
tremenda ironía que una senadora castellanomanchega, después de que su
presidente haya dicho que esta ley es inconstitucional, venga a
defenderla en contra de lo que su propio presidente ha dicho. (Aplausos).
Aquí solo caben dos opciones: o Page una vez más nos quiere engañar a
todos los españoles y castellanomanchegos, o usted no comparte la opinión
de su presidente autonómico.

Que los socialistas nos hablen a los populares
de universidades privadas es, cuando menos, curioso. La mayoría de las
universidades privadas creadas en este país se han hecho bajo mandato de
gobiernos socialistas. ¡La mayoría! (Aplausos). Y, como bien saben, todas
las universidades privadas requieren el informe positivo de un consejo
que preside el ministro. ¡Qué curioso! Por cierto, señor Reniu, sobre eso
que llaman chiringuitos, me imagino que las cinco universidades privadas
catalanas, frente a las cuatro públicas, serán también chiringuitos para
usted. (Aplausos). Nos echan la culpa de universidades privadas. Es
verdad que en Madrid hay nueve, y ocho públicas, pero en Cataluña hay
cinco, y cuatro públicas; en el País Vasco hay dos privadas y una
pública. ¡Hombre! Que nos hagan a nosotros responsables de todo
esto… Voy a hacer un poquito de historia. En la época de Felipe
González, por poner un ejemplo, se crean en este país, ni más ni menos,
que la Universidad Antonio de Nebrija, la Europea de Madrid, la Alfonso X
El sabio, el CEU, la Francisco de Vitoria, la Ramón Llull. Si quieren,
les digo cuántas se crearon en la época de Zapatero y cuántas en la de
Sánchez, que lleva un récord de universidades privadas creadas durante su
mandato y, por lo tanto, con el visto bueno de su ministro a la ley. La
mayoría de las universidades se ha creado con ellos y, después, los
culpables somos nosotros y lo que se monta son chiringuitos en este país.
Francamente curioso.

Señora Torralba, si la LOU era tan mala, tan
mala, tan mala, que era el mal de todas las universidades, ¿por qué lleva
veintidós años vigente? En esos veintidós años vigentes, ustedes han
gobernado más de doce y nosotros escasamente nueve. ¿Por qué no la han
cambiado si era tan mala? Porque la ley ha dado estabilidad al sistema
universitario, algo que, desgraciadamente, esta ley no va a hacer. Por lo
tanto, uno no puede basar en constantes mentiras sus argumentos. Señora
Torralba, falta a la verdad cuando dice que nosotros recortamos las
becas. Las becas con el presidente Rajoy, en plena crisis en España, se
incrementaron un 30 % con menos alumnos. (Aplausos). Y no lo digo yo,
sino que lo recoge el anuario de su ministerio, que dice que, cuando
llegamos al Gobierno, había 1162 millones para becas y cuando nos fuimos
había 1525 millones para becas. ¡Lo dice su ministerio! (Aplausos). Dice
que hemos expulsado alumnos de la educación. Cuando llegamos al Gobierno,
¿saben ustedes cuál era la tasa de alumnos, entre 18 y 24 años, que había
escolarizados en la universidad? Cuando llegamos al Gobierno, el 28,1 %;
cuando nos fuimos del Gobierno, el 32,1 %; hoy, el último año publicado,
todavía ustedes no llegan a las cifras de personas escolarizadas en época
universitaria que tuvimos con los Gobiernos de Mariano Rajoy, hoy hay
menos porcentaje. (Aplausos). Por tanto, si alguien ha expulsado, serán
ellos y no nosotros.

Sobre que nosotros hemos precarizado la
enseñanza, les voy a dar unos datos, porque a lo mejor no lo saben.
¿Dónde hay más profesores precarios de España, los asociados, los falsos
asociados? ¿Saben quién es la universidad que bate el récord del mundo de
precariedad? La Rovira i Virgili, en la que el 58,7 % de sus profesores
es asociado; la segunda universidad que bate el récord de España de
precariedad es la Pompeu Fabra, con el 49,5 %; la tercera, la de Lleida,
con el 48,4 %; la cuarta, la de Barcelona, con el 46,9 %; la quinta, la
Politécnica de Cataluña, con el 43,4 %. (Aplausos). Y somos los del
Partido Popular los que hemos precarizado.

Le voy a dar unos datos más. Cuando Zapatero
estaba en el Gobierno, ¿saben cuántos profesores había en las
universidades públicas? Según el anuario de su ministerio, 100 600.
Cuando llegamos nosotros al Gobierno, ¿saben cuántos había? 95 000;
echaron a 5000 profesores de las universidades públicas. Cuando no fuimos
del Gobierno, ¿cuántos había? 98 000; se incrementaron los profesores en
la universidad pública cuando gobernaba Mariano Rajoy. (Aplausos). ¿Y qué
hizo Zapatero durante sus Gobiernos? Pasó de tener, en el año 2004
o 2005, 24 334 profesores a tiempo parcial —según su anuario—
a tener 31 840, un 30 % más de profesores precarios a tiempo parcial. Eso
fue lo que hizo Zapatero cuando gobernaba este país. (Aplausos). Por lo
tanto, no tienen que dar ninguna lección al Partido Popular sobre
estabilidad en el empleo.

Que diga que somos los culpables de la tasa de
reposición es de risa. Mire que se lo hemos explicado: la tasa de
reposición en este país la trajo José Luis Rodríguez Zapatero.
(Aplausos). ¿Y saben en cuánto dejó la tasa de reposición de los
profesores el Gobierno Zapatero? En el 10 %. ¿Saben en cuánto dejó la
tasa de reposición Mariano Rajoy? En el año 2015, en el 100 % y, en el
año 2016, en el 140 %, porque excluimos a los catedráticos de la tasa de
reposición. (Aplausos). Por lo tanto, no tienen que darnos lecciones de
tasas de reposición o de bajarle el sueldo a los funcionarios y empleados
de la universidad. Fue Zapatero quien bajó el sueldo un 5 % no solo a los
profesores, también a los becarios, los más precarios de la universidad.
Esas son las políticas de la izquierda. (Aplausos).

¿Que nosotros no defendemos el sistema de becas
como un derecho? Claro que lo defendemos y lo vamos a seguir defendiendo.
Lo que no defendemos es que el sistema de becas lo dividan y fracturen en
diecisiete sistemas porque, al final, las regiones pobres son las que más
vamos a pagar el hecho de que las becas estén transferidas. Esa es
nuestra queja respecto al sistema de becas.

Yo sé que traían el discurso ya escrito y que
no me han querido escuchar, pero reflexionen. Si nuestro veto lo
comparten rectores, profesores, estudiantes, sindicatos y consejeros
sociales, no sean como aquel que iba caminando en sentido contrario y que
pensó que todos los demás estaban confundidos.

Muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados
aplausos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con algunas de sus
señorías puestas en pie).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para el turno en contra, tiene la palabra el
senador Magdaleno Alegría.

El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Buenos días,
señorías. Gracias, señora presidenta.

Señor Fragoso, se lo voy a decir sin enfadarme
y sin gritar, y le voy a informar: la autorización de las universidades
privadas no la concede el Gobierno de España, sino los gobiernos
autonómicos, la Comunidad de Madrid. (Aplausos). Y así con todo. Parece
ser que Comisiones Obreras ha firmado el veto. Enséñenos la firma de
Comisiones Obreras en el veto del Grupo Popular, porque usted ha dicho
que lo avalan.






Demuéstrelo; si no, como en todo, no dice la verdad.

Señorías del Grupo Popular y de la extrema
derecha, cuando ustedes vetan la Ley orgánica del sistema universitario,
¿saben a qué están poniendo veto? Ponen veto a que las clases medias y
trabajadoras puedan cursar sus estudios en una universidad pública de
excelencia; a que las universidades públicas tengan garantizada una
financiación —ahora no es así; pregúnteselo a las universidades
madrileñas— plural, estable y suficiente para cumplir los objetivos
que les encomendamos como sociedad, y a acabar con la precariedad del
profesorado universitario. También ponen veto a que los precios de las
matrículas universitarias sean accesibles para las clases medias y
trabajadoras; a un sistema de becas, entendidas como un derecho
subjetivo; a la internacionalización de la universidad, y, en definitiva,
a la igualdad de oportunidades y a la meritocracia real. (Aplausos).

¿Qué es meritocracia, señoría? Para ustedes es
un eslogan que utilizan los que más dinero y contactos tienen para
justificar sus privilegios y su posición social, pero la meritocracia
real, señorías, es la igualdad real de oportunidades, que solo es posible
—y por eso lo defendemos en esta ley— mediante universidades
públicas de excelencia, mediante matrículas accesibles y mediante becas
públicas. Esta ley contribuye a que la meritocracia sea una realidad en
nuestra sociedad y no un eslogan para justificar los privilegios de unos
pocos, la gente de bien, según el señor Feijóo.

Señorías, la máxima de la teoría de la
evolución sostiene que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se
adapta al cambio. Transcurridos veinte años desde la entrada en vigor de
la Ley Orgánica de universidades, entendemos que es necesario modernizar
el sistema universitario para que la universidad pública española tenga
más calidad, más accesibilidad, más equidad y esté cada vez más
internacionalizada. Vamos a abrir un poco el foco, porque el Partido
Popular quiere reducir y nosotros pensamos en transformación del país.
Estamos en un proceso de modernización de la educación y también del
sistema de creación y transferencia del conocimiento. Hemos aprobado la
LOMLOE, la FP dual y la Ley de universidades, y ahora vamos a modernizar
la universidad española porque necesitamos urgentemente adaptar nuestro
sistema universitario a los retos de una cada vez mayor integración
política europea, a la cooperación internacional y al crecimiento
sostenible basado en el conocimiento. Este Gobierno socialista y de
coalición está decidido a invertir en el talento de sus ciudadanos y, por
ello, apuesta por una economía productiva basada en el conocimiento, que
es la que crea empleos de calidad.

Debemos preguntarnos, señorías, ¿por qué es
positiva esta ley para las clases medias y trabajadoras y, en general,
para el desarrollo económico de nuestro país?

En primer lugar, porque garantiza una
financiación estable y justa de las universidades públicas. Las
universidades públicas, como dicen los rectores —se le olvida al
Grupo Popular—, quieren financiación plurianual, estable y
suficiente para cumplir los objetivos que les encomendamos como sociedad.
Señoría, de nada sirven las leyes educativas si no llevan un compromiso
económico detrás, y esta ley —no lo dicen, pero nosotros se lo
recordamos— establece que, como mínimo, el 1 % del producto
interior bruto se invertirá en la educación universitaria española. Ya lo
hemos hecho con otras leyes educativas, como la LOMLOE; también lo hemos
hecho con la ciencia, y queremos hacerlo, porque creemos en este país, en
las universidades públicas. (Aplausos).

En segundo lugar, porque la LOSU establece una
hoja de ruta para acabar con la precariedad del profesorado. Se habla de
hacerlo, pero no se dice cómo. Por cierto, señorías, no escondan la mano,
no utilicen datos falsos. Las grandes bolsas de precariedad son
consecuencia de sus recortes masivos en educación y, se lo recuerdo,
también en sanidad. (Rumores). Sí, sí. Hoy, con el Gobierno de Pedro
Sánchez, se está regularizando a 67 000 sanitarios, que están accediendo
a buenos contratos, porque creemos en la sanidad pública. Y, con esta
ley, vamos a hacer lo mismo, porque creemos en la educación pública
universitaria. (Aplausos). Y no solo lo decimos, sino que creamos el
mecanismo: un límite máximo de un 8 % para la contratación temporal y una
carrera profesional sólida y estable para las nuevas vocaciones docentes,
con tres fases, acceso, estabilización y promoción. También establecemos
que los profesores asociados sean los que tienen que ser: profesionales
de prestigio que vuelquen su conocimiento en la sociedad y definimos tres
vías distintas para los falsos profesores asociados, con talento, que
quieran desarrollar su carrera universitaria.

También, en materia de profesorado, incluimos
medidas contra la endogamia universitaria. Al proceso de acreditación de
la Aneca —que sigue siendo responsable de la acreditación de los
cuerpos docentes, con todo lo que ello implica—, se le añade que
los miembros de los tribunales de contratación de las universidades se
elijan mediante sorteo.

Respecto a los estudiantes, de los que nadie ha
hablado —al Grupo Popular se le ha olvidado, pero nosotros sí vamos
a hablar de ellos—, en primer lugar, la ley establece que las
comunidades autónomas solo podrán contener y reducir progresivamente los
precios públicos de las matrículas. Frente al tasazo Wert, que pasará a
la posteridad, ahora se garantiza unas matrículas universitarias
accesibles a las clases medias y trabajadoras, no solo a la gente de
bien, según ustedes. En segundo lugar, el acceso a las becas queda
garantizado como un derecho subjetivo del estudiante. Ambas medidas, por
cierto, persiguen un mismo fin, porque aquí está el quid de la cuestión:
que el acceso a la universidad, señorías, no esté condicionado a la
capacidad económica de las familias, sino únicamente a la capacidad
intelectual y al esfuerzo del estudiante. Y esto debe ser así por un
doble motivo: primero, por justicia social, ya que todas las personas
deben tener las mismas oportunidades reales, independientemente de su
punto de partida, de su origen social; y, segundo, para que todo el
talento presente en nuestro país pueda desarrollarse y nos permita, como
sociedad, disponer de los mejores para competir en un mundo global. El
patriotismo, señorías del Grupo Popular, no es llevar una banderita;
patriotismo es posibilitar que todos los ciudadanos tengamos las mismas
oportunidades. Eso es patriotismo, señorías. (Aplausos).

Señorías, la ley incorpora una novedad
importante, en cuanto a la formación permanente, que queremos destacar.
Estamos hablando de microgrados y microcredenciales que hasta ahora solo
eran impartidos por la iniciativa privada. Lo queremos destacar porque
apostamos por la igualdad y esto permite a las universidades públicas
satisfacer una necesidad de la sociedad y también de la economía
productiva. Y también nos aseguramos de que sean impartidos con calidad y
de que sean accesibles económicamente para las clases medias y
trabajadoras. Todavía más importante nos parece decir que podrán acceder
a esta formación de la que estoy hablando incluso aquellos profesionales
que, aunque no tengan titulación universitaria, demuestren que tienen un
nivel suficiente y experiencia y capacitación para cursarlos.

Esta ley, señorías, apuesta por la igualdad
entre hombres y mujeres. Nosotros no lo tenemos como eslogan, lo
practicamos y lo recogemos en cada una de las leyes. Lo estamos haciendo
con un enfoque transversal y, en el ámbito universitario, lo hacemos
asegurando la presencia de las mujeres en los órganos de gobierno de las
universidades, en los tribunales de selección de profesorado y también en
el liderazgo de la investigación española. Les daré un dato: si bien las
mujeres representan el 55 %, de los egresados universitarios solo
representan el 41 % y, en cuanto a cátedras, un escaso 25 %.

Esta ley también impulsa la
internacionalización de las universidades y apuesta claramente por la
movilidad del estudiantado y también por la del profesorado.

En definitiva, señorías, garantía de
financiación estable y suficiente para que las universidades públicas
realicen su docencia; investigación y transferencia; precios de
matrículas accesibles a las clases medias y trabajadoras; becas
entendidas como un derecho subjetivo; flexibilidad para que las
universidades enseñen nuevas titulaciones; igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, e internacionalización del sistema universitario
justifican, junto con otras cuestiones, la oportunidad y la necesidad de
esta ley.

Señorías del Grupo Popular, quizás el problema
sea que el modelo de sociedad que ustedes defienden solo es para la gente
de bien, como dice el señor Feijóo; esto es, los más favorecidos y más
poderosos pueden acceder a la formación superior y reservan al resto de
la sociedad, a los que no somos gente de bien, el papel de mano de obra
precaria, barata y poco cualificada. Eso, además de injusto, señorías,
nos condena al retraso como país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Pasamos al debate de los votos particulares al
articulado de la ley.

En primer lugar, tiene la palabra el senador
Catalán Higueras para la defensa de las enmiendas 114 a 116 y 118
a 124.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Gracias, señora
presidenta. Señorías, muy buenos días.

Las universidades públicas, como Administración
pública institucional, y, dentro de las mismas, el claustro
universitario, como órgano de gobierno representativo de una comunidad
universitaria plural, no pueden adoptar acuerdos que se tengan como
voluntad de la universidad y que se refieran a cuestiones de naturaleza
política o ideológica propias del debate social y político, ajenas a las
funciones de la universidad y que dividen a la ciudadanía. Una
extralimitación de tal naturaleza, aparte de no tener cobertura en el
contenido de la autonomía universitaria y de infringir el principio de
neutralidad, percute en los derechos y libertades fundamentales de
terceros al identificar a toda la comunidad universitaria con un
postulado político e ideológico. El efecto que se vulnera es la libertad
ideológica de los integrantes de esa comunidad universitaria y no solo de
los miembros del claustro universitario. La adopción de dicha posición
ideológica, netamente política, es incompatible con la libertad.

Señorías, no son palabras de Unión del Pueblo
Navarro; son sentencias de los tribunales de justicia, en este caso
concreto, del año 2022, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, ante los pronunciamientos de dos universidades en
relación con el golpe de Estado y también con las consecuencias que
tuvieron que asumir sus responsables en Cataluña. Lo mismo sucedió en el
año 2021 ante otros pronunciamientos de unas universidades
catalanas.

Por eso, nosotros, Unión del Pueblo Navarro, en
rechazo a este tipo de comportamientos, hemos enmendado, en primer lugar,
el artículo 45.2.g, que se introdujo en el debate de esta ley en el
Congreso de los Diputados y con el que discrepamos. Y no solamente
discrepamos nosotros, sino también cientos de profesores universitarios
—que han manifestado su contrariedad con esta incorporación a
través de un manifiesto por la convivencia— y también, como ha
dicho alguno de los portavoces que me ha precedido en el uso de la
palabra, incluso insignes socialistas, responsables autonómicos, como el
presidente de Castilla-La Mancha, el señor García-Page, que ha advertido
al Gobierno de que, de continuar la posibilidad de que los claustros
hagan pronunciamientos ideológicos, la ley podrá ser recurrida nada más
ni nada menos que ante el Tribunal Constitucional.

El principio constitucional de neutralidad
ideológica es una obligación tanto de las universidades como de cualquier
institución pública. Como ha sentenciado el Tribunal Constitucional, en
relación con la libertad de expresión a que se refiere el artículo 20 de
la Constitución española, las universidades y el resto de las
instituciones públicas, a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos,
no gozan del derecho fundamental de la libertad de expresión para hacer
pronunciamientos políticos o de otra índole ajena a los propios fines de
la universidad. La autonomía universitaria, amparada por el
artículo 27.10 de nuestra Constitución, solo puede ser entendida para
aquellas cuestiones propias del ámbito universitario, y en ningún caso
puede ampararse en ella para otro tipo de pronunciamientos.

Señorías, en un país democrático, no se puede
poner a la universidad al servicio de objetivos o principios
independentistas, políticos, ideológicos y partidistas. No cabe la
instrumentalización política de la universidad. La libertad académica y
la libertad de expresión no justifican semejante comportamiento
pernicioso, que solo obedece al interés de un sector determinado de la
universidad o de la propia sociedad, que pretende imponer este tipo de
criterios al resto de miembros de la comunidad educativa o de la
sociedad, que tienen sus derechos amparados a través del Estado de
derecho y del sistema democrático del que disfrutamos en nuestro país.
Esa línea roja nunca se puede atravesar. En caso contrario, se cae en el
autoritarismo y también en el pensamiento único, que son propios de las
dictaduras. Invocar que los pronunciamientos no pasan de ser una opinión
que no impone ninguna obligación al resto de miembros del claustro no
deja de ser una falacia perversa.

Es sorprendente, además, que el Partido
Socialista apoye estas pretensiones y haga estas concesiones,
fundamentalmente al independentismo. Todo es fruto de esa negociación
presupuestaria que se llevó a cabo hace unos meses en la que partidos
independentistas hicieron depender su voto, para la aprobación de estos
presupuestos del año 2023, de cuestiones como esta y también de
modificaciones legislativas, como la del Código Penal para suprimir el
delito de sedición o para disminuir las penas de malversación de fondos
públicos. También se pactó, con los herederos políticos de ETA,
establecer una fecha para transferir las competencias de tráfico a la
Comunidad Foral de Navarra, lo que conllevaba la eliminación de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de las carreteras de la dicha
comunidad.

Unión del Pueblo Navarro también ha presentado
enmiendas que fortalecen el papel que tiene que tiene que desarrollar el
Consejo Social de las Universidades como un representante real de la
sociedad en estos centros universitarios, y fortalecer algo que nos
parece crucial en todo sistema educativo que se precie de tal, como es el
fortalecimiento y la vinculación de los alumnos de las propias
universidades con el mercado laboral, algo esencial para Unión del Pueblo
Navarro, también que las universidades puedan conocer de manera directa
las necesidades que tienen nuestras empresas y permitir la empleabilidad
de sus estudiantes y, cómo no, también la incorporación de los
estudiantes con prácticas más potentes en el mundo laboral.

Asimismo, Unión del Pueblo Navarro tiene que
lamentar el comportamiento del Gobierno a la hora de vetar una de
nuestras enmiendas que, sencillamente, iba a potenciar el papel de las
empresas en su colaboración con las universidades en todo aquello que
tiene que ver con la investigación, el desarrollo y la innovación; una
oportunidad perdida una vez más.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 1, 2, 4,
y 125, tiene la palabra el senador Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Buenos días y
muchas gracias, señora presidenta.

El Partido Regionalista de Cantabria presenta
cuatro enmiendas a la Ley del sistema universitario, buscando corregir
algunas cuestiones que nos han trasladado diversos ámbitos y colectivos,
pues este es un texto que ha nacido con muchas imperfecciones, como así
se ha puesto de manifiesto por la práctica totalidad de los sectores
afectados. En concreto, nuestras enmiendas van dirigidas a corregir
algunos desequilibrios y a permitir una mayor flexibilidad a las
universidades en la transición que el texto plantea en temas de gran
sensibilidad que pueden causar importantes trastornos. Así, el PRC aboga
por ampliar un año el plazo para la estabilización del profesorado
asociado, pues las planificaciones docentes y de oferta de empleo público
en las universidades se realizan con un año de plazo. En este
curso 2022-23 se está planificando ya el próximo curso 2023-24, con lo
que la entrada en vigor de esta ley, previsiblemente en el mes de abril,
supondría la aparición de una situación de auténtico caos tanto en lo
presupuestario como en lo administrativo. No podemos olvidar que cada OPE
requiere un largo proceso burocrático y el cumplimiento de unos plazos
temporales que harían prácticamente imposible que la estabilización
pudiera llevarse a cabo antes de finales de 2024. Por ello, y sin negar
la necesidad de que la estabilización de asociados tenga que llevarse a
cabo cuanto antes, creemos que debe ampliarse la transitoriedad hasta
finales de 2025, pues eso sí nos parece un plazo realista y
factible.

Igualmente, proponemos que el profesorado de
Ciencias de la Educación no sea tenido en cuenta a la hora de realizar el
cómputo global de asociados. La naturaleza de las titulaciones de
Educación hace necesaria la participación de profesorado asociado, pues
es la mejor manera de trasladar la realidad que se vive en las aulas de
primaria, de infantil y de secundaria en el ámbito formativo
universitario. Basándonos en esto, creemos importante que se haga una
excepción en el cálculo de asociados con el profesorado de Ciencias de la
Educación, al igual que se hará con el profesorado de Ciencias de la
Salud.

Siguiendo con nuestras enmiendas, proponemos
una modificación del artículo 45, corrigiendo una redacción a nuestro
parecer confusa, pues se fija un umbral mínimo de representación para el
alumnado del 25 % del claustro —algo que nos parece
correcto—, pero un porcentaje fijo para el profesorado permanente
del 51 %. Ante esto, proponemos que el profesorado permanente tenga
representación de al menos un 51 %, estableciendo un umbral mínimo para
que pueda ser mayor, sin perjuicio de la representación de todos los
sectores universitarios; algo necesario para garantizar una gobernanza
democrática.

Finalmente, presentamos una enmienda a la
disposición transitoria tercera, buscando dar certidumbre al profesorado
ayudante doctor, en la línea de lo que varios grupos han reclamado a lo
largo del debate de esta ley. La redacción de la ley tal cual está genera
una inseguridad a los ayudantes doctores acreditados, a contratados
doctores, al desaparecer esta última figura y quedar en un limbo. Sabemos
que los contratados doctores podrán pasar directamente a ser profesores
permanentes laborales, pero qué pasa con aquellos que están acreditados
para ello y que no han logrado su plaza. A pesar de que el Gobierno diga
que no hay, ahí encontramos una incertidumbre que, por ejemplo, en
Cantabria ha desembocado en la creación de una plataforma de afectados
que reclaman unas mejores condiciones transitorias. Esto podría
resolverse muy fácilmente permitiendo que se sigan convocando plazas de
PCD en tanto en cuanto la figura del PPL no esté desarrollado No sería
esto una ruptura ni un gran cambio de modelo; únicamente sería una
moratoria que daría seguridad a un numeroso colectivo que se juega su
futuro.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Las enmiendas presentadas por el senador
Sánchez López las defiende el senador Fernández Viadero. Son las
enmiendas 126 a 129, 131 a 142, 144 a 151 y 170.

Tiene la palabra, senador.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias,
presidenta.

Las doy por defendidas.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.

Para las enmiendas presentadas por el señor
Egea Serrano, enmiendas 303 a 306, tiene la palabra el senador.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señora
presidenta.

Doy por defendidas las enmiendas.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias.

Para las enmiendas presentadas por el señor
Mulet García números 5, 6 y 8 a 10, tiene la palabra el senador.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, presidenta. Bon
dia, senyor ministre.

Han hablado hoy de chiringuitos en las
universidades y les voy a contar uno. El Gobierno corrupto del PP
valenciano creó, por 34 millones de euros, la VIU, la Valencian
International University. (Rumores). Colocó en ella a toda su gente y fue
un monumental fracaso. La privatizó la hoy portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Valencia por 5,7 millones, o sea seis veces menos de lo
que nos costó. ¿Eso es corrupción? Pues, huele bastante a corrupción. ¿Y
saben qué? Esa misma dirigente del PP que privatizó la VIU ha acabado
como profesora de esa universidad. ¿Y saben qué? No quiere decir ni lo
que cobra. ¿Eso es corrupción? Seguramente; huele bastante mal.
(Protestas). Griten, griten todo lo que quieran. (Varios senadores del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Oltra). Oltra es una persona
honrada; esta persona es una corrupta. (Fuertes protestas). Estamos
hablando de una corrupta. (Protestas.— Un senador del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: Mónica Oltra.— Continúan las
protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Senador, le llamo a la cuestión, por favor.

El señor MULET GARCÍA: Si estos corruptos me
dejan continuar… (Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Guarden silencio.

El señor MULET GARCÍA: A ver, señores
fascistas, ¿me dejan continuar? (Fuertes protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, le ruego que se atenga a la cuestión, por favor.

El señor MULET GARCÍA: Si me deja la extrema
derecha, continuaré.

(Protestas.— El señor Román Jasenada: Nos
ha llamado fascista). Sí, les he llamado fascistas y eso es lo que
pienso.

Vamos a continuar, si me deja la extrema
derecha, hablando de universidades. Compromís ya registró durante la
tramitación de este proyecto de ley en el Congreso una serie de enmiendas
para fomentar la atracción y retención de talento; enmiendas que no son
solo nuestras, sino también de la Red de Asociaciones de Científicos
Españoles en el Exterior. Volveremos a presentarlas aquí, en el Senado, y
esperamos que en esta ocasión obtengan el voto favorable de esta Cámara.
Estas enmiendas ayudarían, por ejemplo, a Javier, de Alacant, que acaba
de determinar el doctorado en Bioinformática en la Universidad de Oxford;
sin embargo, se da la situación de que ese título de doctorado, obtenido
en una de las universidades más prestigiosas del mundo, no es reconocido
por el Estado español. (Rumores). Me cuesta bastante continuar con este
jaleo de fondo, así que rogaría, por favor, silencio. (Pausa).
Gracias.

¿Saben qué tendría que hacer Javier para poder
incorporarse al sistema universitario español? En primer lugar, tener
mucha paciencia. El proceso, tal y como indica el real decreto aprobado
el año pasado, es competencia de las universidades españolas. Este
proceso se inicia a petición de la persona interesada, que tiene que
dirigirse al Rectorado de una universidad española que cuente con un
programa de doctorado de similar temática. La solicitud, además, ha de ir
acompañada de —tomen nota— la fotocopia del DNI; la fotocopia
del título de doctor extranjero; el certificado oficial de doctorado
cursado por la universidad de origen, por supuesto, junto a la traducción
jurada que el interesado tiene que costear; el ejemplar completo de la
tesis doctoral; una memoria de la tesis traducida a una de las lenguas
oficiales; el currículum del interesado; y, como no puede ser de otra
manera, pagar las tasas correspondientes, que llegan a costar en algunas
comunidades autónomas hasta 220 euros. Una vez entregada toda la
documentación, el plazo de resolución es de unos seis meses, aunque,
claro, la universidad puede denegar la solicitud y toca volver a empezar
este proceso. Con esas trabas, si ustedes fueran Javier, ¿qué harían?,
¿intentar entrar en el sistema universitario español o desarrollar una
carrera investigadora en cualquier país, porque este trámite no se
solicita en la mayoría de los países de nuestro entorno? ¿Cómo podemos
pretender que nuestras universidades sean capaces de atraer talento si ni
siquiera facilitamos la incorporación de ese talento? Nuestras enmiendas
hablan de eliminar una de las mayores barreras que se encuentran aquellos
investigadores que han realizado parte de su etapa formativa en el
extranjero. Otra de las enmiendas que presentamos tiene como objetivo
facilitar que el profesorado de universidad ya establecido en
universidades extranjeras venga a nuestras universidades. Queremos la
atracción de talento investigador y que los catedráticos y catedráticas
de universidad ya acreditados en universidades extracomunitarias puedan
venir a nuestras universidades. Proponemos generar una lista de
universidades extracomunitarias con una calidad docente e investigadora
equivalente o superior a la de las universidades públicas del Estado
español, de forma que el profesorado ya acreditado en dichas
universidades vea facilitada su acreditación.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, vaya terminando.

El señor MULET GARCÍA: Por último, proponemos
que la ley refleje la posibilidad de que el profesorado universitario
pueda optar a un régimen de dedicación a tiempo parcial para facilitar su
adscripción a otras instituciones académicas, españolas y extranjeras, en
régimen de doble filiación. Esas son nuestras enmiendas.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

El senador Vidal Matas tiene la palabra para la
defensa de las enmiendas 11 y 14.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.

Le pediría al Grupo Popular que, igual que el
resto de los grupos hacemos, muestren respeto cuando otros grupos
manifestamos nuestra opinión y presentamos nuestras enmiendas porque,
igual que ustedes, nosotros defendemos a nuestros territorios. Cuando
ustedes nos dicen barbaridades también nos duele, también nos enfada,
pero ustedes han pasado la raya del respeto al senador Mulet. Les pido
que tengan respeto a la diversidad. Ya sé que a ustedes la diversidad
ideológica les duele. (Rumores).

Doy por defendidas las enmiendas. Muchas
gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, todos los grupos deben intentar mantener el decoro en el debate
parlamentario, que es compatible con la libertad de expresión. Les ruego,
por lo tanto, que mantengamos el debate de la forma más escrupulosa
posible, de acuerdo con el tema que estamos analizando.

El senador Martínez Urionabarrenetxea tiene la
palabra para la defensa de las enmiendas 99 a 102.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta. Ongi etorri, ministro jauna.

A veces, cuando escucho las intervenciones, los
gritos, los aullidos de personas que se supone que han estudiado en la
universidad, creo que tenemos que darle la vuelta al tema de la
universidad, de la enseñanza, de la educación y mandarlos —con todo
el respeto lo digo— a arar el campo. (Aplausos). Hoy me he
despertado con un mensaje que me ha mandado una amiga que dice así: «La
otra parte del cuento; nadie preguntó al lobo si era feroz por naturaleza
o se tuvo que volver así para sobrevivir». Yo no me voy a volver así para
sobrevivir, pero, de verdad señorías, sus gritos siempre, siempre,
siempre, impiden escuchar a la persona que está hablando aquí y eso es
intolerable. También es verdad que todos los demás hacemos ruido, pero
del sector de la derecha se suelen oír siempre, siempre, siempre,
excesivos gritos que no deberían escucharse.

Geroa Bai ha presentado únicamente cuatro
enmiendas a esta ley. La primera, al punto 2 del artículo 64, en la que
defendemos volver a la primera versión de la ley, eliminando la mención
al artículo 60.1 porque dicha mención abre la posibilidad de que
profesores universitarios de los cuerpos docentes o contratados laborales
puedan impartir clases en universidades privadas y creemos que esto no
tiene ningún sentido. Hacemos una excepción y decimos que la restricción
no es aplicable a entidades sin ánimo de lucro, como Udako Euskal
Unibertsitatea, la universidad vasca de verano —así llamada, aunque
no es una universidad pública—, que ha sido y sigue siendo un
instrumento fundamental para la conservación, el mantenimiento y el
desarrollo del euskera; lengua que el Partido Socialista dice defender,
pero que, desde luego, en Navarra, siempre que puede, vota en contra de
su expansión.

También hemos presentado otra enmienda a la
disposición transitoria tercera porque la ley, tal y como está, crea un
vacío importante con el profesorado contratado doctor desde que la LOSU
entre en vigor hasta que las comunidades autónomas modifiquen sus leyes
para incluir y regular la figura del profesor permanente laboral.
Solicitamos que se amplíe durante dos años este período de tránsito. Hay
alguna enmienda más que también es importante —pero, quizá,
seguramente menos—, como las presentadas a los artículos 43. 6
y 43.8, en las que decimos que es un tanto extraño e incongruente que la
Inspección de Servicios —que no tiene una función propiamente
docente, que creo que es lo importante en una universidad— pueda
incoar —insisto, incoar— expedientes disciplinarios. No nos
parece muy adecuado y por eso presentamos la enmienda. Podríamos haber
hecho muchas más enmiendas, pero he de confesarles que yo estaba bastante
deprimido con todo el trabajo que hacíamos porque nunca se nos admitía
nada. Parece que hoy cambiará nuestra suerte; será la proximidad de la
primavera. Espero que se cumpla esto.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, señoría. Para la defensa de las enmiendas 103 a 112 y 163
a 165, tiene la palabra el senador Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señora
presidenta. Muy buenos días a todos y a todas.

Efectivamente, yo también pienso que el
ministro debería estar hoy aquí siguiendo la sesión. Es verdad que ha
llegado ahora; había sesión de control en el Congreso y entiendo el
motivo de la ausencia, pero me parece que la ley tiene una importancia
capital y, cuando hablamos de importancia en términos políticos, creo que
eso se tiene que traducir, evidentemente, en una formalidad que me parece
que este y el resto de los ministerios deberían aplicarse cuando se
tramitan sus leyes en el Senado. Porque el trámite legislativo en este
país tiene dos partes, una que yo creo que es asumida con mucha voluntad
y con mucho ímpetu por parte del Gobierno, y otra que a menudo intenta
pasarse por alto de manera en ocasiones excesivamente rápida.

Nos ha reiterado el ministerio que esta ley ha
tenido una larga tramitación: más de dos años realizando aportaciones,
contrastando diferentes puntos de vista e intentando llegar a acuerdos,
como nos han dicho. Supongo que, efectivamente, como decía al inicio, se
referirán a acuerdos en el marco del Congreso de los Diputados, porque en
lo que se refiere al Senado volvemos a encontrarnos prácticamente con lo
de siempre: procedimiento de urgencia, negativa del ministerio a negociar
la incorporación tan siquiera de una coma al proyecto que se nos remite y
un plazo ultrarreducido para enmendar el texto.

Quiero ser muy claro en este caso con el
Gobierno porque me da la sensación de que los propios diputados del grupo
mayoritario que apoya al Gobierno tienen una sensación parecida, aunque
en ocasiones no lo puedan manifestar. Señorías del Gobierno, si no
quieren que el Senado pueda trabajar, si quieren que el trámite
legislativo se agote en el Congreso, si consideran que la especificidad
territorial del Senado es insuficiente o si consideran que el trámite de
doble lectura no tiene razón de ser en nuestro sistema, de verdad, les
animo a que propongan una reforma constitucional y supriman de una vez
por todas esta Cámara. Pero, mientras tanto, yo, de verdad, les ruego que
se abstengan de pedirnos que no hagamos nuestro trabajo en pos de la
estabilidad del Gobierno, porque eso es un chantaje, señorías, un
chantaje incompatible con el buen funcionamiento de un sistema
parlamentario bicameral. Por tanto, ya les digo que, si no les gusta,
reforma constitucional, o asuman todos los ministros que cuando sus
proyectos lleguen al Senado les tocará sentarse de la misma forma y en el
mismo tiempo en que lo hacen en el Congreso de los Diputados.

Dicho esto, creo que la mayoría de los
senadores coincidimos en la necesidad de una nueva ley de universidades,
ya que la anterior tiene más de veinte años. Honestamente, yo creo que el
texto propuesto mejora lo existente, aunque es cierto también que no lo
mejora en la medida en que a muchos nos gustaría. Una sociedad basada en
el conocimiento, evidentemente, necesita una red de universidades fuerte
y, además, un sistema público y de calidad que sea accesible a toda la
ciudadanía. Y, para ello, había que comenzar poniendo límites al
entramado de universidades privadas que han ido creciendo sin control
durante la última década, y esta ley lo hace. Debíamos dar respuesta a la
precariedad de los trabajadores y trabajadoras, mejorando sus condiciones
y garantizando su estabilidad laboral. Y, aunque solo sea en parte, esta
ley lo consigue. Estamos satisfechos por el intento de estabilización,
especialmente relacionado con los falsos asociados, pero nos surge la
duda de dónde está el acompañamiento económico para hacerlo posible. Sin
financiación suficiente los objetivos marcados por esta ley no se
cumplirán. Y esta preocupación, desgraciadamente, es una constante en
todo el texto. Y, a pesar de que vamos a votar favorablemente a esta
iniciativa y de que, previsiblemente, va a salir adelante, es una duda
que va a acompañar al texto. Al necesario aumento de la financiación le
podríamos unir la mejora de las condiciones del personal laboral y la
necesaria democratización del sistema universitario como los tres puntos
fundamentales que esta ley debe abordar, y no lo hace más que de forma
parcial. Sin ir más lejos, en el caso de la democracia interna en la
universidad, por ejemplo, esta ley reforzará una vez más el modelo
vertical, que es justo lo contrario de lo que se demandaba por buena
parte de la comunidad universitaria. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

Por eso, en Más Madrid hemos presentado en el
Senado un total de 13 enmiendas. Primero, nos dijeron en el ministerio
que con toda probabilidad nuestras enmiendas serían vetadas por Hacienda.
Y, cuando esto no se produjo, la propia jefa de gabinete del ministro nos
ha trasladado que todas son absolutamente inadmisibles, sin excepción, y,
por tanto, ha sido imposible negociar la incorporación de alguno de los
elementos que poníamos sobre la mesa; es decir, el tratamiento de las
enmiendas de Más Madrid ha sido exactamente el mismo que el de los vetos
de Vox o del Grupo Popular. Siendo así, yo no tengo el más mínimo interés
en aburrirles a ustedes, y me voy a centrar solamente en tres enmiendas
que me parecen particularmente relevantes para que juzguen ustedes mismos
si verdaderamente se trata de propuestas inadmisibles sobre las que no se
puede negociar el más mínimo acuerdo.

Se trata de las enmiendas 163, 164 y 165, que
hemos trabajado con la Coordinadora Marea Roja de la Investigación y los
colectivos que la integran.






A ellos y, en general, a todos los colectivos
de trabajadores universitarios, quiero agradecerles, como no puede ser de
otra manera, su implicación, su pelea constante y el trabajo para
conseguir que esta ley sea lo mejor posible. Con estas enmiendas
pretendíamos tres objetivos muy claros. En primer lugar, queremos una
mayor democracia interna en la universidad. El rector o rectora no
debería poder elegir por designación propia a la tercera parte de los
representantes del Consejo de Gobierno. La redacción actual, que permite
esa elección a dedo, es una medida poco democrática y, en nuestra
opinión, regresiva respecto de la LOU. En segundo lugar, tiene que haber
una disminución contundente de la precariedad. Y, para conseguirlo, el
profesorado ayudante doctor debería computar a efectos del cálculo del
porcentaje máximo de personal docente e investigador que puede estar
contratado de modo temporal. La norma fija este porcentaje máximo en
un 8 %, que es un objetivo muy loable, pero el hecho de excluir del
cómputo a los ayudantes doctores, que suponen un 40 % del PDI temporal a
tiempo completo en las universidades públicas, falsea la medida y
convierte el objetivo del 8 % en un titular vacío. Así, es posible
solucionar la situación precaria de buena parte del profesorado temporal
a tiempo completo. Y, en tercer lugar, y, por último, necesitamos una
mayor transparencia e independencia en las comisiones de selección de los
concursos. Que vaya a haber una mayoría de miembros externos en las
comisiones de selección de las plazas es una buena noticia, pero si a la
vez los tribunales se configuran por sorteo restringido a una lista que
elabore la universidad, la eficacia y la razón de ser del sorteo pierde
todo el sentido. Se convierte, desde nuestro punto de vista, en algo
inútil, que no cumple su objetivo, que era combatir la endogamia del
sistema universitario en España.

Nuestra voluntad, señorías, siempre ha sido
enriquecer la ley con propuestas que pudieran complementar el esfuerzo
realizado por otros grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en
el Senado. Creo que de la suma de diferentes perspectivas suelen nacer
leyes mejores, pero solo es una opinión. Evidentemente, el ministerio
tiene todo el derecho del mundo a tener otra. Nuestro voto, en todo caso,
como ya les anuncié, va a ser favorable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de diferentes enmiendas
presentadas por sus señorías el senador Cleries i Gonzàlez y la senadora
Castellví Auví, del Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra su
señoría la senadora Castellví Auví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Bon dia, ministre.
Presidente.

Señorías, antes de refirme a las enmiendas, que
sé que las apuntaron atentamente en la comisión y que hoy las van a
apuntar aún más para poder votarlas afirmativamente, me quiero dirigir al
señor Fragoso. Señor Fragoso, va para usted. Señor Fragoso, ¿por qué no
se miran un poquito al ombligo? Lo digo por la intervención que ha hecho,
porque están viviendo del cuento. Dar unos datos de profesores asociados
y decir que las universidades catalanas somos las que lo tenemos peor,
peor, peor... ¿Cuántos emails tiene de la Universitat Rovira i Virgili de
profesores asociados? Cero. ¿Ha hablado con el rector de la Universitat
Rovira i Virgili para contrastar datos? Cero. Acabo de hablar yo.
(Aplausos). ¿Ha hablado con el rector de la Universitat Autònoma de
Barcelona? Cero. (Denegaciones del señor Fragoso Martínez). No, no,
contraste datos, por favor. Se lo digo porque acabo de llamar por
teléfono.

Dicho esto, me voy a poner con lo que interesa:
las enmiendas. En Junts hemos presentado 88 enmiendas, de las 310
presentadas. ¿Por qué? Porque no nos tomamos la ley a la torera, aunque
no sea la nuestra. Nos han vetado una, curiosamente, en la que hablamos
de recursos, basándose en el artículo 134.6 de la Constitución. ¿Cómo
aplicarán una ley sin más recursos, señorías?, ¿cómo? Hemos presentado
otras en referencia a ello, como la enmienda 81, que, como veo, la están
apuntando para poder votárnosla. En ella pedimos suficiencia financiera.
Hay que garantizar la suficiencia financiera y la estabilidad económica
en relación con las cargas económicas que se deriven del ejercicio de la
competencia normativa, y, en concreto, de la aprobación de leyes de
sistema. Debe ser una obligación ineludible cuando se regulan
competencias que han sido objeto de traspaso a las comunidades autónomas,
que son las que tienen que hacer frente a la financiación de las
universidades desde su competencia. Simplemente, recursos para poder
aplicar la LOSU, ni más ni menos. Veo que ya lo han apuntado. Senyor
ministre, a ver si nos la pueden aprobar.

En otras enmiendas nosotros proponemos y
defendemos el modelo de universidad plural que beneficie a la
universidad, a la movilidad internacional. Apunten: enmienda 15, donde
pedimos que la LOSU, como ley del sistema universitario, permita, de
manera clara y explícita, que las comunidades autónomas, en el ejercicio
de sus competencias estatutarias, puedan crear o reconocer universidades
que tengan por objeto la docencia en ciencias aplicadas, también en arte
o en deporte. No es una mala enmienda. Pueden votarla.

Muchas otras enmiendas tratan de la autonomía
de las comunidades autónomas y de las universidades. Por ejemplo, cuando
hablamos de cómo tiene que ser la Conferencia General de Política
Universitaria, o el Consejo de Universidades, o la gobernanza. Apunten:
enmienda 20. También la pueden votar favorablemente. En ella decimos que
debe garantizarse la participación en los procedimientos normativos en
materia de universidades también de la Conferencia General de Política
Universitaria. Las comunidades autónomas programan y financian las
universidades y disponen de competencias sobre las mismas.

También es importante la enmienda 85. La pueden
votar afirmativamente. Con ella garantizamos el ejercicio de las
competencias de las comunidades autónomas y de las universidades en
relación con la organización de las pruebas de acceso a la universidad.
Las comunidades autónomas deben y tienen que poder definir los criterios
de elaboración de las propuestas de examen y los de su evaluación. El
Tribunal Constitucional así lo dice en la sentencia 207 de 2012.

En otro bloque de enmiendas hablamos del modelo
de la carrera profesional del personal docente e investigador. En
Cataluña tenemos una política de profesorado propia que se ha demostrado
que es excelente. Apunten: enmienda 88. Para votarla afirmativamente,
claro. En Cataluña, algunas figuras del PDI contratado también reciben un
nombre propio. Este es el caso de las figuras permanentes de profesorado
contratado, catedrático o agregado, y también de profesor lector, que
actualmente se corresponde con la figura del profesorado ayudante doctor.
Estas denominaciones singularizan las categorías laborales del PDI en
Cataluña y están plenamente consolidadas en nuestro sistema
universitario. En Cataluña destaca el Plan Serra Húnter, aprobado por el
Parlament de Catalunya en el año 2003, para la captación y contratación
de profesorado de alto nivel, que se ha venido desarrollando exitosamente
desde su creación y que ha sido validado por el Tribunal
Constitucional.

En las universidades catalanas caben los
funcionarios y los contratados laborales. Apunten: enmienda 53. Para
votarla favorablemente, claro. La LOSU debe permitir que Cataluña
mantenga la apuesta de su Parlamento por un PDI laboral junto con un PDI
funcionario —a nosotros nos funciona— en la proporción que
cada universidad considere adecuada en función de su propia política de
PDI. La enmienda también tiene por objeto facilitar la movilidad del PDI
y su adscripción. Los ámbitos de conocimiento deben ser abiertos y
acordes con las necesidades de la docencia actuales. Una mayor
flexibilidad en las adscripciones también favorece el desarrollo de la
carrera profesional.

Apunten, que veo que están muy atentos:
enmienda 82. Ministre, la viutanta-dos. Va sobre las universidades
privadas gestionadas por entidades del sector público. Para nosotros es
muy interesante esta enmienda. Afecta directamente a universidades de
Cataluña. A las universidades privadas titularidad de entidades sin ánimo
de lucro del sector público no tendría que ser de aplicación la
obligación de adscripción a la Administración pública establecida por la
legislación vigente. Existe una categoría de universidades privadas que
presentan importantes aspectos diferenciales, y, por ello, resulta
necesario contar con una regulación específica adecuada a sus
características, con el objetivo de facilitar un correcto desarrollo del
servicio público universitario que prestan. Por eso, en Junts hemos
presentado esta enmienda número 82, ya que pensamos que las entidades sin
ánimo de lucro y que pertenecen al sector público autonómico o local no
tendrían que regirse por los criterios de adscripción a la Administración
pública para poder así garantizar el principio de autonomía
universitaria.

En otras enmiendas hablamos de la acción
social. Por si quieren votar alguna, una de ellas es la enmienda
número 48. Es necesario facilitar la continuidad de medidas actuales
existentes de acción social en las universidades, y, en concreto, en
aquellas destinadas a facilitar la renovación reposada e incentivada de
las plantillas, jubilaciones anticipadas, y a compensar las jubilaciones
forzosas.

Las enmiendas 90 y 91 se refieren a la
adaptación a las acreditaciones vigentes en el desarrollo de la nueva
ley; es decir, ajustes en materia de acreditación que permitan la
convocatoria de plazas de profesor o profesora permanente laboral. Las
universidades podrán seguir convocando plazas de profesor/profesora,
contratado/contratada, doctor/doctora, para las que será necesario estar
en posesión de la acreditación de dicha figura.

Y, por último, me voy a referir a otra
enmienda, por si la quieren votar favorablemente, que es la número 20,
sobre la convalidación o adaptación de estudios, homologación y
declaración de equivalencia de títulos extranjeros, validación de
experiencia y reconocimiento de créditos. La convalidación actual de
títulos extranjeros consta de un proceso administrativo largo y tedioso
para acceder a puestos de investigación en las universidades y OPI. Este
procedimiento no se requiere en otros países y consideramos que
actualmente obstaculiza la atracción del talento internacional al sistema
español. Esta enmienda, junto con otras 3, permitirá la convalidación
automática de títulos universitarios expedidos en el extranjero,
facilitando así la atracción y el retorno de talento.

Simplemente me resta darles las gracias. Les
agradezco también su silencio durante toda mi exposición. Espero que
aprueben todas nuestras enmiendas, que hemos ido enumerando atentamente
para que las voten a favor, y que solo pretenden mejorar la LOSU. Con
ellas estará agradecido todo el personal docente, toda la comunidad
educativa y la propia ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo
Vasco, tomará la palabra su señoría la senadora Peral Díez.

La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, presidente
jauna. Egun on guztioi. Egun on, señor ministro.

El Grupo Vasco mantiene únicamente 4 enmiendas
de las que quedaron vivas en el Congreso. En ellas seguimos defendiendo
la capacidad de las comunidades autónomas para desarrollar su propio
sistema universitario a partir de los aspectos básicos recogidos en la
ley. Por eso, defendemos que el título de la ley se modifique para
indicar que la realidad del Estado es otra, que no es un único sistema, y
que se denomine ley orgánica de sistemas universitarios, reflejando la
diversidad existente.

De igual forma, en nuestra enmienda 53 al
artículo 9, pedimos que la ley garantice que las comunidades autónomas
puedan desarrollar planes de estudios con un número de créditos que
respondan a los estándares del sistema europeo de transferencia de
créditos. Aunque se han reforzado las funciones de las agencias de
evaluación de las comunidades autónomas, mantenemos la enmienda 154 al
artículo 10, para que el Gobierno del Estado sea el que regule el régimen
de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras
enseñanzas de educación superior y sean las comunidades autónomas y las
universidades las que apliquen esta reglamentación estatal.

En la enmienda 157 defendemos el modelo de
contratación del PDI laboral propio, desarrollado en Euskadi y en
Cataluña, para contar con personal estable; un modelo totalmente
equiparable al modelo funcionarial. Asimismo, solicitamos que
determinadas figuras, como el profesorado sustituto o el profesorado
distinguido, entre otras, no computen como personal temporal.

La última de las enmiendas que mantenemos del
Congreso es la 161 al artículo 83, en la que pedimos que el contrato de
profesores y profesoras visitantes pueda extenderse a cinco años, tal y
como hacemos en Euskadi con los contratos para visitantes en Ikerbasque,
de manera que no solo se capte talento, sino que se dé tiempo para
asentar y potenciar las líneas de investigación.

Por último, hemos presentado una enmienda nueva
en el Senado en defensa de los derechos de propiedad intelectual, que
creemos son vulnerados en el punto 2 del artículo 12, al obligar al
personal docente e investigador a depositar una copia de la versión final
de una publicación en repositorios abiertos. La redacción del proyecto de
ley incumple los tratados internacionales, como el Convenio de Berna, y
las directivas de la Unión Europea sobre esta materia. Creemos, por
tanto, que aún es posible mejorar el texto de la ley y pedimos para ello
el apoyo a nuestras enmiendas, aunque estoy segura de que no las han
apuntado.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herría Bildu, tiene la palabra
su señoría el senador Reniu Vilamala.

El señor RENIU VILAMALA: Gràcies, president.
Bon dia, ministre. Bon día, Joan.

El compañero de Más Madrid señalaba
anteriormente los problemas que tenemos con este tipo de proyectos que
vienen con carácter de urgencia, pues los plazos se acortan. Compartimos
buena parte del diagnóstico y de la crítica que realiza, porque también
la hemos hecho nosotros en otras ocasiones, así como representantes de
otros grupos parlamentarios. Sin embargo, en este caso concreto, es justo
decir que el trabajo sobre la Ley Orgánica del sistema universitario
lleva casi dos años de recorrido. Por lo tanto, ya en la etapa del
ministro Castells, predecesor del ministro Joan Subirats, se empezó a
trabajar en múltiples documentos. Por otra parte, en el Congreso, los
grupos parlamentarios, y, en nuestro caso, el Grupo Republicano, han
hecho una labor ímproba a la hora de presentar enmiendas para intentar
adecuar las exigencias de las universidades catalanas, del sistema
universitario catalán —que, a fin de cuentas, son aquellos a los
que representamos desde este atril—, a esa nueva configuración de
la LOSU. En ese sentido, no podemos dejar de lado las casi más de 150
enmiendas introducidas y transaccionadas en el trámite del Congreso.
¿Quiere ello decir que no les vamos a plantear a ustedes —aunque no
sé si se las van a apuntar, yo creo que no— enmiendas vivas o
nuevas? No, no, nada más lejos de eso.

Tengo un compañero de promoción, profesor
universitario —aunque, desafortunadamente, no puede impartir sus
clases en la universidad pública por una pequeña inhabilitación—,
que tiene una frase que mi grupo se aplica cada día, y que dice: No
negociar es perder. Pues bien, esta negociación que hemos mantenido para
obtener resultados ha sido buen ejemplo de ello. En ese sentido, queremos
reconocer al ministerio y a los grupos que dan apoyo parlamentario al
Gobierno esa voluntad de negociación.

Inicialmente, presentamos dieciocho enmiendas
en el trámite del Senado, obviamente orientadas a mejorar algunos
aspectos que considerábamos, y seguimos considerando, no quedan
suficientemente cubiertos en la redacción final que va a aprobarse de la
LOSU. De esas, retiramos cinco: tres del Grupo Esquerra Republicana y dos
que habían introducido nuestros compañeros de Bildu, quienes también
mantuvieron en el Congreso una labor importante de negociación. De las
trece enmiendas que nos quedan, podríamos hacer una pequeña distribución
en bloques. Dos de ellas, las enmiendas 287 y 289, inciden en algo sobre
lo que estuvimos negociando y que, al final, incomprensiblemente
—desde nuestro punto de vista—, no terminó por aceptarse y
que tienen que ver con el mandato de los rectores. ¿Por qué? Porque
nosotros no compartíamos ese mandato nuevo de seis años improrrogables y
lo que decíamos era: dejemos que sean las universidades, en aras de su
autonomía, las que puedan decidir libremente entre un mandato de seis
años o el tradicional y vigente hasta la fecha mandato de cuatro años,
renovables por un mandato. Por lo tanto, estas son enmiendas que vienen
vivas del trámite en el Congreso.

Hay dos enmiendas más que también vienen vivas
del trámite del Congreso y que, a nuestro modo de ver, son clave en la
defensa del modelo de excelencia catalán y que tienen relación con el
cambio de denominación del personal docente e investigador. Como
recordarán ustedes, en la ley se establece que la mayoría del personal
docente e investigador deberá ser funcionario, etcétera. En este caso, lo
que nosotros queremos introducir no es una cuestión simplemente
semántica, obviamente, sino una cuestión de calado, como es la
utilización del concepto de personal docente permanente, sea funcionario
o laboral... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio,
señorías, por favor.

El señor RENIU VILAMALA: Gràcies,
president.

Esta no es una cuestión baladí y, obviamente,
en el futuro seguiremos trabajando y poniendo nuestros votos y nuestra
capacidad de negociación con el fin de obtener esos objetivos.

Un tercer grupo tiene que ver con lo que
podríamos llamar la mejora en el ejercicio de las competencias
autonómicas, como recoge la enmienda 294, pero, también, otras dos
enmiendas, la 295 y la 296, que —aunque pueden quedar cubiertas con
la actual redacción, creemos que la mejoran— tienen relación con la
carrera profesional y la consideración de la cuestión de género en el
caso del personal técnico de gestión y de administración y servicios, las
cuales provienen también del trámite en el Congreso.

Un cuarto grupo, aunque sea una sola enmienda,
se refiere a la internacionalización de las funciones de la universidad.
Yo diría que esta es una enmienda casi idéntica a la que presentan los
compañeros de Junts, la 286. En otra enmienda, la 302, proponemos una
reducción de los plazos para la elaboración del estatuto del PDI. Se
habla de un año para elaborar el estatuto del PDI y lo que nosotros
decimos es que medio año es más que suficiente, porque nos consta que
existe trabajo ya adelantado; por lo tanto, preséntese ya —cuanto
antes mejor— en el trámite parlamentario.

Finalmente, hay dos cuestiones diferentes en
dos enmiendas que, en este caso, son nuevas, y que ya en comisión les
pedíamos que se las apuntaran. No creo que vayan a contar con la
unanimidad de la Cámara, aunque la verdad es que nos harían tremendamente
felices si lo hicieran. Por un lado, se trata de la necesaria inclusión
de las actividades de gestión en el listado de retribuciones adicionales
que podrá recibir el PDI funcionario. Esa es una cuestión que hemos
debatido eternamente con el ministerio, con argumentos por un lado y
argumentos por otro. Lo que queremos poner sobre la mesa es la
incongruencia de reconocer esas labores, esas actividades de gestión al
PDI laboral y nos olvidemos del PDI funcionario. Se nos podrá decir
—y yo creo que de forma no atinada— que esta cuestión no
forma parte de los sexenios. Claro que no, pero sí son actividades que
desarrollamos casi todos los que tenemos la suerte de formar parte de la
comunidad universitaria, que, en un momento o en otro, terminamos
ejerciendo tareas de gestión; es más, deberíamos ejercer tareas de
gestión para comprender luego cuáles son los problemas a los que nos
enfrentamos en el sistema universitario. Pero dudo que estas enmiendas
vayan a contar con un apoyo unánime, y menos por parte de la bancada del
Grupo Socialista. En cambio, sí creo que podríamos contar con el apoyo
unánime para la enmienda 285. Se trata de una enmienda tan fácil, tan
sencilla y tan coherente para un republicano como el que les habla, como
es la supresión de la referencia al rey en los títulos universitarios. No
pinta nada el rey en el título universitario. En su momento, habíamos
sugerido que se sustituyera esa referencia al rey, pues se nos hablaba de
un supuesto cierre del sistema, como si estuviéramos hablando del cierre
categorial de Gustavo Bueno. Pues bien, el cierre del sistema, hoy,
ahora, por ejemplo, lo hemos sentado en el banco azul: es la persona
titular del ministerio competente de Universidades y, en su nombre, el
rector o la rectora. Ya sé que esto pasará como agua de borrajas, pero
para nosotros sí que es un elemento importante. Y no se equivoquen
ustedes, señorías, no es una cuestión simbólica, es una cuestión de
justicia y es una cuestión de coherencia, porque, a fin de cuentas, que
yo sepa, al actual titular de la Corona en el Estado español no se le
conocen ni méritos de gestión, ni méritos académicos, ni méritos de
investigación, ni méritos de transferencia de conocimiento.
(Aplausos.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio,
señorías.

El señor RENIU VILAMALA: Finalmente,
incorporábamos 2 nuevas enmiendas, la 300 y 301 —en este caso, nos
felicitamos por la transacción a la que hemos llegado con el Grupo
Parlamentario Socialista—, que tienen en cuenta, por un lado, los
plazos de adaptación del régimen de dedicación del profesorado y, por
otro, el plazo para la realización de las convocatorias de profesorado,
con el margen de la actual regulación universitaria. Si han tenido la
suerte de poder trabajar gestionando alguno de los aspectos de la
universidad, sabrán ustedes que la ampliación de plazos en un proceso de
transición normativa es como agua de mayo. Por lo tanto, aunque,
obviamente, no tenemos el resultado final de las enmiendas que habíamos
propuesto en ese sentido, sí que es cierto, como les decía al principio y
como dice nuestro buen amigo Uriol, que no negociar es perder. En ese
sentido, celebramos la negociación... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador Reniu, espere un
momento, por favor. A ver si tenemos más suerte y se hace un poco de
silencio. No me gustaría llamar por el nombre, como a veces tengo que
hacer con alguna de sus señorías, porque, como me están escuchando, no
hace falta que lo haga.

Por favor, guarden un poco de silencio, porque
casi no se oye al senador. Muchas gracias. (Pausa).

Puede continuar.

El señor RENIU VILAMALA: Moltes gràcies,
president.

Se ha perdido usted el momento anterior,
presidente, que ha sido aún peor. (Risas).

Recupero el hilo. Para una vez que nos
felicitamos mutuamente el Grupo Parlamentario Socialista y mi grupo,
dejen que pueda terminar de hacerlo y poner en valor la capacidad de
llegar a esas dos transacciones con las 2 enmiendas que ha presentado el
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herría Bildu. Es evidente
que la posición de mi grupo, como lo fue también en el Congreso, va a ser
favorable a la ley; obviamente, favorable a esas transacciones; y,
obviamente, favorable a todas las enmiendas que presentamos
nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Señorías, para que puedan organizar sus
agendas, les informo que la votación presencial de la moción que se
debatió en la tarde de ayer se producirá junto al resto de mociones que
debatamos durante el día de hoy, de manera agrupada al finalizar el
Pleno. En ningún caso se producirá la votación presencial antes de las
cuatro de la tarde del día de hoy. ¿De acuerdo? Lo repetiré si es
necesario después, pero lo adelanto para que puedan ir
organizándose.

Para la defensa de las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría Sanz
Vitorio.

El señor SANZ VITORIO: Muchas gracias, señor
presidente. Muchas gracias, señorías.

La verdad es que entiendo algunas caras después
de casi tres horas de debate intenso y apasionante. Como una cuestión
previa, quiero decir que mi grupo parlamentario lamenta la excesiva
permisividad que ha tenido la Presidencia del Senado —no estaba
usted, señor presidente— con relación a algunas afirmaciones de
algún miembro de esta Cámara, a las que mi grupo no va a contestar,
porque no va a valorar las opiniones de alguien que sistemáticamente se
muestra benévolo y partidario con aquellas que se dedican a ocultar y
tapar comportamientos de personas acusadas de abusos a menores.
(Aplausos).

Dicho lo cual, agradezco la presencia del señor
ministro. Es verdad que puede interpretarse perfectamente como obligado;
no obstante, quiero que quede constancia del agradecimiento de mi grupo
por su presencia aquí. Ya que está, me va a permitir que empiece
dirigiéndome a usted. El día 24 de enero, la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió un reconocimiento en la Universidad
Complutense, de donde había sido alumna, como alumna ilustre. Lo recibió
entre insultos, abucheos, empujones, voces, acosos, en definitiva, lo que
normalmente esta izquierda radical totalitaria que se cree dueña también
de la universidad considera escrache cuando les afecta a ellos y jarabe
democrático cuando afecta a los demás. En relación con estos hechos, el
ministro fue preguntado y manifestó su discrepancia con el nombramiento,
cosa que yo respeto enormemente. Lo que ya no respeto tanto es el hecho
de que se mostrara comprensivo, considerara razonable y poco menos que
apoyara este tipo de comportamientos. Señor ministro, en un momento de
crispación de la política, como el actual, que un responsable político
tenga ese comportamiento es, cuando menos, poco edificante, por aquello
de utilizar un término que no altere el decoro parlamentario; pero si
además quien lo hace es el ministro de Universidades, convendrá conmigo
en que, cuando menos, es reprochable, por ser suave. (Aplausos). Ha
pasado un mes y el ministro no se ha disculpado, el ministro no ha
dimitido y Ada Colau tampoco le ha cesado, y ya es triste tener que decir
esto porque usted y yo sabemos —ahora que no nos oye nadie—
que el presidente del Gobierno no puede cesarle y solo puede hacerlo Ada
Colau. (Aplausos). De entrada, me parecía importante hacer esta
reflexión, por una razón: porque la ley que hoy estamos debatiendo es una
ley de la cual usted es el máximo responsable, y con estos antecedentes
convendrá usted conmigo en qué puede salir mal en la ley. Mire, esta ley
no era necesaria; todos los agentes implicados coinciden en que la
universidad necesitaba algunas reformas, sin duda, pero no era necesaria
una ley nueva. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que se incluyó
en el plan de reformas, que era necesario con la excusa de una reforma de
la gobernanza, para que pudiéramos acceder a los fondos de recuperación.
No es menos cierto que quien menos ha obtenido esos fondos de
recuperación seguramente es la universidad. Pero, ya que estamos ahí,
¿que tendría que haber acometido esta ley? Podríamos estar de acuerdo en
que lo primero que tendría que haber acometido es un intento de mejora de
la calidad docente, porque, no nos engañemos, señorías, la calidad de la
educación en la universidad y el prestigio de la universidad dependen de
su calidad docente. ¿Esto se ha hecho? No. Debería haber acometido una
mejora de la empleabilidad, una mejora de las condiciones de los propios
empleados de la universidad. ¿Esto se ha hecho? No. Debería haber
acometido una mejor adecuación de un catálogo de nuevas titulaciones.
¿Esto se ha hecho? No. Debería haber acometido —y creo que podremos
coincidir en eso también— una mejora de la conexión entre la
universidad, la empresa y el mercado. ¿Esto se ha hecho? No. ¿Qué es lo
que se ha hecho entonces? Lo que se ha hecho fundamentalmente ha sido un
despropósito legislativo que va a generar problemas de gobernanza,
problemas de convivencia, incertidumbres, que presenta claras dudas de
constitucionalidad en algunos de sus aspectos y que lo único que ha dado
ha sido satisfacción a determinadas iniciativas. Abro comillas: La ley
mal conocida del solo sí es sí ha generado ya más de 600 beneficios
penales entre reducciones de penas y excarcelaciones. El cambio
jurisdiccional que provoca esta ley va a generar un incremento de la
litigiosidad en la cual todos los casos los va a perder la universidad.
Paren esta barbaridad y háganlo bien. Cierro comillas. Rector Rivero,
Universidad de Salamanca. No son palabras mías. ¿Para qué sirve esta ley?
De futuro, probablemente para nada; de momento, sí ha servido ya para
aprobar los presupuestos, para dar cabida a las exigencias de los grupos
nacionalistas, en un caso, y radicales de izquierda, en otro, pues se
necesitaban sus votos para aprobar los presupuestos. Esto es hasta el
momento lo que hay.

¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos presentado
ciento catorce enmiendas para tratar de mejorar esta situación. Es
verdad, no lo oculto, que cien de ellas son coherentes con las que se
habían presentado en el Congreso, donde fueron brillantemente defendidas
por mis compañeras Sandra Moneo y María Jesús Moro, y como yo no sería
capaz de hacerlo mejor, ni siquiera me voy a referir a ellas. Hemos
presentado catorce enmiendas nuevas, de las cuales dos han sido vetadas
por el Gobierno, una ya fue incluida en fase de ponencia y quedan el
resto. Me voy a centrar fundamentalmente en cinco bloques de enmiendas.
En primer lugar, las referidas al artículo 32 de la ley. Se rompe la
igualdad de acceso a las ayudas depende de dónde y depende de quién con
esta ley.






El artículo 149.1.30 de la Constitución reserva en exclusiva la
obligación del Estado de garantizar la igualdad de acceso a las becas y
ayudas. Esto, que está recogido en el Real Decreto 1721/2007, no es
caprichoso, recoge las Sentencias 188/2001 y 212/2005, de septiembre y
julio, respectivamente, y la Sentencia del Tribunal Constitucional. El
decreto establece el régimen básico de ayudas y los elementos
estructurales que tienen que acompañarlo. Esto es muy grave, porque a
quien más va a afectar esta discriminación va a ser a los más
vulnerables, y ello lo hacemos a través de la enmienda 236, si no
recuerdo mal. Un aspecto gravísimo, de los más graves de esta ley, es que
se somete al criterio político y al ideario ideológico y se rompe la
neutralidad institucional a la que está obligada la universidad. Se ha
dicho aquí y se ha leído la sentencia. Esto tampoco es opinable, a raíz
de un recurso que presenta Universitarios por la Convivencia con gente
como Chantal Moll a la cabeza, ejemplares, sin duda. Primero, la Sala
número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona; después, la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, de la sección quinta, del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña; después, Sentencia 1536/2022, de 21 de
noviembre. Además, lo que dice, señorías, no es que se han portado mal,
no dice que han sido malos chicos, no dice que esas cosas no se pueden
hacer y no lo volváis a hacer. No dice eso, señor ministro. Dice algo
tremendo, y es que se han vulnerado principios y se han vulnerado
derechos fundamentales, 103.1 de la Constitución; lo recoge expresamente
la sentencia del Tribunal Supremo. (Aplausos). Efectivamente, como decía
mi compañero, ¿qué es lo que hacen? Aquello que el Tribunal Supremo y su
jurisprudencia dicen que no se puede hacer, ustedes intentan hacerlo por
la puerta de atrás en los artículos 44 y 45 y nosotros tratamos de
evitarlo con las enmiendas 238 y 239. No me extraña en los grupos
nacionalistas; me preocupa más en el Partido Socialista. Yo me pregunto:
si el señor Page, como ha anunciado, presenta recurso de
constitucionalidad en caso de que el 45.2.g) saliera adelante, ustedes,
los de Castilla-La Mancha, ¿lo van a respaldar? Ahí lo dejo.

Hemos presentado también un paquete de
enmiendas que van dirigidas a mejorar la disciplina transitoria debido a
los nuevos modelos laborales. En ese sentido, las enmiendas 274 y 276, si
no recuerdo mal, ya las ha explicado mi compañero.

Me preocupan enormemente también aquellos
aspectos que tratan de desvirtuar la Aneca. ¿La Aneca necesita ser
mejorada? Sin duda. ¿La solución es convertir la Aneca en 17 anequitas
como paso previo a después una por provincia, minianequitas? ¿Esa es la
solución, señorías? Hay una cosa, señor ministro, que estoy seguro de que
usted va a entender muy bien. ¿Tiene algún sentido un distrito único
universitario con 17 pruebas de EBAU? Esto es absolutamente absurdo,
cualquiera puede entenderlo, pero no solamente es absurdo, es
absolutamente injusto. Mi comunidad, Castilla y León, donde el informe
PISA sistemáticamente dice que son los mejor formados, se encuentra en
una situación tan tremendamente injusta que, por su mayor nivel de
exigencia en las propias universidades de Castilla y León, las gentes de
Castilla y León mejor preparadas tienen serios problemas para ocupar
algunas plazas, porque en otras comunidades, donde esto es más laxo, se
obtienen mejores notas. Esto es absurdo, señor ministro, absolutamente
absurdo. Y yo estoy seguro de que los socialistas del Senado de Castilla
y León, que sistemáticamente aprueban mociones y proposiciones no de ley
en Castilla y León exigiendo una EBAU única, hoy van a hacer un ejercicio
de dignidad. Lo va a ver usted, señor ministro, van a hacer un ejercicio
de dignidad y van a votar nuestra enmienda. No se sorprenda, porque ellos
van a ser coherentes con lo que defienden allí.

Hay otro aspecto que no deja de sorprenderme.
No se respalda ni una sola de las enmiendas, que no son nuestras, sino
del Cermi, la 194, por ejemplo. Señorías, yo estoy de acuerdo en que se
ponga el acento en la necesidad de cambiar una palabra, porque las
palabras sí importan en la Constitución, y se cambie el término
disminuido por discapacitado. ¡Pues claro que sí! Al profesor Lucas le
gustará la cita: Demóstenes, para muchos el mejor orador de la historia,
decía que las palabras no sirven de nada si no vienen acompañadas de los
hechos. ¿Todo el tema de discapacidad se cambia con una palabra?
Señorías, no les entiendo.

En definitiva, si lo analizamos, el resultado
de la ley es un proceso lógico, es algo lógico. Si nosotros encomendamos
el desarrollo de una ley a dos ministros independentistas que tienen que
negociar con los grupos nacionalistas e independentistas, que además lo
necesitan para sacar adelante los presupuestos, lo normal es que el
resultado sea una ley que trate de desconectar la institución y sea
independentista, y eso tiene lógica. Ahora, lo que me pregunto —y
tal vez es la pregunta que deberíamos realizarnos— es si tiene
algún sentido que una ley que es orgánica, que es legislación básica del
Estado, pueda depender de lo que digan aquellos que quieren desconectarse
del Estado.

Señorías, voy terminando. Nosotros somos
partidarios de la descentralización, pero jamás de la fragmentación. La
historia de las autonomías es una historia de un éxito, de un éxito
colectivo; además, estamos convencidos de la gran riqueza que supone para
España la diversidad, pero jamás la diversidad puede ser una excusa para
el agravio. Señorías, si tenemos que elegir entre las personas y las
ensoñaciones de los territorios, siempre pondremos por delante a las
personas. Sabemos lo que piensan los nacionalistas, dicen lo que piensan
y actúan como piensan. Señores del Partido Socialista, nunca sabemos lo
que piensan ustedes, nunca lo dicen. Bueno, sí, lo dicen aquí de una
manera y en privado de otra. Esta vez, aunque solo sea una vez, hagan un
ejercicio de dignidad política, se lo agradeceremos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría, Latorre
Ruiz.

El señor LATORRE RUIZ: Muchísimas gracias,
señor presidente.

Buenos días, señor ministro, bienvenido. Sé que
ha seguido este debate con muchísimo interés, que tiene la agenda muy
apretada; le agradezco personalmente y en nombre de mi grupo que esté
aquí presente. No haga mucho caso al senador Sanz Vitorio; le hemos
pillado en alguna mentirijilla o falsedad. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor LATORRE RUIZ: Por decirlo suavemente,
no se extrañe de que en el Partido Socialista tengamos que montar un
comité contra la desinformación de la derecha y de la extrema derecha
para combatir algunas falsedades. (Aplausos).

Me voy a referir a las enmiendas. Como saben,
hemos presentado 4 enmiendas, una de ellas ya ha sido incorporada, pero
quiero referirme a ella porque vamos a eximir al profesor colaborador
indefinido de los requisitos de realizar actividades de investigación o
docencia en otros centros, con lo cual damos certidumbre a más de mil
personas y damos estabilidad en su carrera laboral. Como saben también,
la ley establece un régimen transitorio y, en relación con esto, hemos
tenido que hacer una enmienda para establecer los requisitos transitorios
para la elección de candidatos a rector y rectora.

Por último, hemos presentado dos enmiendas que
consideramos son importantísimas. Le agradezco enormemente al senador
Reniu, de Esquerra Republicana de Cataluña, la disposición que han tenido
en trabajar seriamente la ley para, entre otras cosas, establecer un
régimen transitorio que dé estabilidad, que dé certidumbre a nuestras
universidades, y el ministro lo sabe muy bien. Una de ellas tiene que ver
con el régimen de dedicación de nuestro personal, de nuestro profesorado
que está en las universidades y, por tanto, establecemos que la
aplicación del régimen de dedicación sea a partir del curso 2024-2025.
Por otro lado —y ya termino con esta cuestión—, saben que
teníamos que establecer un régimen transitorio para que la incorporación
del personal docente investigador pueda regirse por la normativa actual
hasta que la nueva se ponga en marcha. En este caso hemos llegado a un
acuerdo —ya lo saben los grupos políticos— para que esto sea
así y se puedan regir por la normativa actual hasta el 31 de diciembre de
este año 2023. Estabilidad, certidumbre también para nuestras
universidades, que es, sin lugar a dudas, el objetivo que pretende el
Grupo Parlamentario Socialista a la hora de presentar estas enmiendas y,
por supuesto, insisto en ese acuerdo al que hemos llegado con Esquerra
para tramitarlas y que puedan salir adelante.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: No se mueva, señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas, por
el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra la misma señoría.
Tiene la palabra.

El señor LATORRE RUIZ: Como bien ha dicho el
presidente, voy a usar este turno para hablar de algunas enmiendas que
han presentado los grupos políticos.

Señorías, saben que llevamos prácticamente dos
años construyendo esta nueva ley del sistema universitario y, desde
nuestro punto de vista, está bien que nos hayamos tomado este tiempo,
porque se trata de construir un texto que dé cabida a la universidad del
siglo XXI. Nueva carrera universitaria, nuevos derechos para el alumnado,
mejor y mayor financiación, eliminar la precariedad como objetivo
principal o garantizar la calidad del conjunto del sistema universitario
español son objetivos que perseguimos con este texto. (Rumores). Por eso,
insisto, me van a permitir que agradezca a los grupos que se hayan
tomado…

El señor PRESIDENTE: Senador Latorre, espere un
momento, por favor. Perdone que le interrumpa, un segundito, muchas
gracias.

Señorías, si necesitan abandonar el hemiciclo
para hablar, es el momento. (Pausa). ¿Alguien más necesita salir para
hablar fuera? Muy bien, muchas gracias.

Puede continuar.

El señor LATORRE RUIZ: Muchísimas gracias,
presidente.

Decía que me van a permitir que agradezca a los
grupos que se hayan tomado en serio este texto, que hayan trabajado en el
Congreso, que son también Cortes Generales, y aquí en el Senado, para
construir lo que para nosotros es una buena ley. No es una ley
improvisada; al contrario, es una ley muy trabajada y consensuada. Sirva
solo este ejemplo: en el Congreso de los Diputados se han llegado a
presentar más de 300 enmiendas, de las que más del 30 % han sido
aceptadas e incorporadas al texto. Por tanto, es una ley consensuada. Se
han incorporado al texto enmiendas de Ciudadanos, de Esquerra
Republicana, de Más País, de Junts, de Compromís, del BNG, del PDeCAT,
del PNV y del Partido Popular. Es una ley trabajada y consensuada, por
más que se empeñen ustedes. (Aplausos).

Quiero referirme a algunas enmiendas en
concreto, que consideramos importantes. Una de ellas, que introduce el
Partido Regionalista de Cantabria, el senador Fernández Viadero, para que
las universidades puedan seguir creando plazas de contratado doctor, no
podemos aceptarla porque —ya lo habíamos hablado, senador—
vamos a un modelo distinto de universidad. La carrera universitaria
cambia con esta ley. Por eso, creamos la figura de profesor permanente
laboral. Por cierto, una figura de profesor permanente laboral que
equipara por arriba las condiciones a titular de universidad. ¿Qué
significa esto? Muy simple, que muchos de nuestros profesionales van a
tener más derechos y, en algunas ocasiones, más salarios, señorías; por
eso no podemos aceptar esta enmienda. Queremos acabar con la precariedad
en la universidad, lo mismo que hemos hecho con la aprobación de la
reforma laboral. ¿Por qué? Porque con nuestra reforma laboral lo que
antes era excepción, que te contrataran de forma indefinida, ahora se
convierte en norma. Ese mismo modelo de reforma laboral tenemos que
llevarlo a nuestras universidades. Además, yo quiero felicitar
enormemente al ministerio, al Gobierno de España, por llevar a cabo esta
medida, que es importantísima para los derechos del profesorado en
nuestras universidades. (Aplausos). Por cierto, vamos a una carrera
universitaria más clara, objetiva y acorde con la época que nos toca
vivir. Saben que con esta nueva ley vamos a empezar por la figura de
ayudante doctor por seis años para que les permita desarrollar
capacidades docentes; después, ya nos vamos o bien a la figura de
profesor permanente laboral o bien a titular de universidad. Insisto, un
sistema más claro, más ágil, más objetivo y con más derechos. Es el
sistema que nosotros queremos construir en la universidad del siglo XXI
para nuestro país.

Quiero referirme a las enmiendas del Grupo
Popular. Senador Fragoso y senador Sanz Vitorio, nosotros no podemos
aceptar sus enmiendas porque no compartimos su modelo de universidad. Son
dos modelos de universidad completamente distintos; el modelo del
Gobierno de Pedro Sánchez, el modelo del Gobierno del Partido Socialista,
es distinto del del Gobierno del Partido Popular, porque el Partido
Popular, cuando gobernaba Mariano Rajoy, fue el partido que introdujo
unos requisitos de notas que expulsó a miles de estudiantes de las
universidades. (Aplausos). Ya casi nadie se acuerda de esto, salvo el que
lo sufrió. Ustedes, a través de su ministro Wert, impusieron una nota
de 6,5 para poder acceder a una beca, ¿lo recuerdan? Es decir, el que
tenga pasta, con un 5, estudia, pero el que no tenga pasta, con un 5, no
estudia. Ese es su modelo. (Aplausos). Con lo cual, nosotros no podemos
aceptar su enmienda. Hubo 35 000 estudiantes fuera de la universidad el
primer año y más de 80 000 el segundo año. Ese es el modelo del Partido
Popular. Son ustedes el partido que quitó las becas, que dependían de los
gobiernos, como derecho subjetivo. Ya sabemos lo que ocurre cuando tienen
que legislar las becas sus gobiernos. Sabemos lo que hacen nuestros
gobiernos, pero también sabemos lo que hacen los suyos porque ha quedado
plasmado cuando han gobernado.

Son ustedes del partido que tiene el dudoso
honor de subir las tasas universitarias en la Comunidad de Madrid más de
un 60 %. Costaba más estudiar medicina en una universidad pública en
Madrid que hacer un máster privado en cualquiera de las universidades.
Esto no solo lo digo yo, sino que lo puede comprobar absolutamente todo
el mundo que ha estado, en algún momento de su vida, en la
universidad.

El senador Fragoso hablaba de la tasa de
reposición. Yo también voy a sacar un dato, en este caso, del Registro
central de personal de la Administración pública. Entre enero del
año 2012 y enero del año 2017, Gobierno de Mariano Rajoy, uno de cada
diez puestos públicos fue eliminado. Por tanto, no hable usted de tasa de
reposición. De enero de 2012 a enero de 2017, con Mariano Rajoy, Gobierno
del Partido Popular, más de 60 000 plazas de empleados públicos se
esfumaron, así que no me hable de tasa de reposición.

Hay una cuestión más que me gustaría indicar.
Es verdad que, en estos últimos tiempos, se ha abusado de las plazas de
profesores asociados. ¿La culpa de esto la tienen las universidades? No.
¿La tienen los propios profesores asociados, que fueron contratados como
asociados, pero que no eran asociados? Pues tampoco. La gente, cuando
busca trabajo, en este caso en la universidad, no quiere un contrato
precario. ¿Quién tiene la culpa de esto? Precisamente, lo que acabo de
decir: la tasa de reposición y cómo la aplicó el Partido Popular.
(Aplausos). Ahora, evidentemente, como ustedes comprenderán, tiene que
venir un Gobierno, nuestro Gobierno, a través de la disposición
transitoria séptima de esta ley, para arreglar el desaguisado que ha
provocado el Partido Popular. ¿Cómo? Mejorando el sistema, con más
calidad y más oportunidades para los profesores asociados de nuestra
universidad. Por tanto, no podemos aceptar su enmienda, entre otras
cosas, porque ustedes quieren que impongamos el modelo Ayuso en la
universidad. Les gusta a ustedes la gestión de la presidenta Ayuso. Pues
miren, la presidenta Ayuso hace que la Comunidad de Madrid sea la
comunidad donde más se paga por estudiar en la universidad. Una cosa muy
curiosa es que el Gobierno de España decidió que las comunidades
autónomas tuvieran que bajar las tasas universitarias y la Comunidad de
Madrid lo recurrió en los tribunales, señorías. Ese es el modelo del
Partido Popular, el modelo de Ayuso, que ha convertido Madrid en la
región europea con más universidades privadas —europea, no
española—. El señor Moreno Bonilla ya está siguiendo su camino, y
ahora me referiré a eso. Es la única comunidad autónoma que no tiene un
complemento Erasmus. ¿Para qué quieren becas, si no sirven para nada?
Modelo Ayuso, modelo del Partido Popular. Les voy a leer un escrito de
los rectores y las rectoras de nuestras universidades públicas de
Andalucía, de esta semana pasada, en relación con las dos universidades
privadas que el señor Moreno Bonilla, siguiendo a Ayuso, acaba de
autorizar en Andalucía. Dicen los rectores y las rectoras: Recibieron, en
su día, el voto desfavorable de todos los rectores y rectoras de las
universidades públicas andaluzas por considerarse, fundamentalmente, que
no cumplían con los requisitos establecidos. Los rectores y las rectoras
de las universidades públicas andaluzas queremos expresar
—oigan— nuestra convicción de que los criterios de calidad y
racionalidad de la oferta universitaria deben anteponerse a cualquier
otro criterio de interés u oportunidad. Es decir, ustedes autorizan en
Andalucía dos universidades privadas mientras asfixian con el modelo de
financiación a las universidades públicas de Andalucía. (Aplausos). Ese
es su modelo y, si no, que se lo pregunten a la universidad de mi tierra,
a la Universidad de Jaén, que lleva meses denunciando la asfixia a la que
la tienen sometida por la financiación.

Termino, señorías. Hemos cambiado todo el
sistema educativo de nuestro país. Todos los miembros de mi grupo estamos
especialmente orgullosos por el trabajo de la legislatura. Hemos aprobado
una Ley de educación, hemos aprobado una Ley de formación profesional,
hemos aprobado una Ley de ciencia, vamos a aprobar ahora la ley del
sistema universitario y, ayer, la propia ministra avanzó, en el Consejo
de Ministros, que se trabaja ya en la nueva Ley de enseñanzas artísticas.
Desde luego, estamos especialmente orgullosos de que ayer se anunciase un
nuevo sistema de becas, con 2520 millones de euros. Fíjense en la cifra
porque son más de 1000 millones de euros que la cantidad que el Partido
Popular dedicaba a becas. Más de un millón de jóvenes se van a ver
beneficiados de esta política de becas del Gobierno de España y, sobre
todo, como ayer decía la ministra con mucho acierto, muchos jóvenes del
mundo rural que tienen que desplazarse, como fue mi caso en su momento, a
las ciudades para poder estudiar. Por tanto, estamos especialmente
orgullosos, señorías.

España necesitaba una nueva Ley del sistema
universitario, del profesorado, del alumnado. Aquí está. El personal de
la universidad merece el mayor de los éxitos y, para nosotros, no cabe
duda de que será así. Es una buena ley y lucharemos para que salga
adelante, señor ministro.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la
palabra su señoría Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señor presidente. Señorías, muy buenos días de nuevo. (Rumores).

Miren, de la intervención del portavoz del
Grupo Socialista, más que lo que ha dicho…

El señor PRESIDENTE: Senador Catalán, espere un
momentito. Paro el tiempo.

Por favor, señorías, guarden silencio. (Pausa).
Muchas gracias.

Puede continuar.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias a
usted, señor presidente.

Como decía, de la intervención del portavoz del
Grupo Socialista, más que llamar la atención sobre lo que ha dicho, que
ha defendido su causa —y allá ustedes con su
posicionamiento—, a nosotros, a Unión del Pueblo Navarro, nos han
llamado la atención los silencios. De una cuestión tan fundamental como
es la defensa de los derechos fundamentales de toda la comunidad
educativa, de alumnos, de profesores, incluso de la sociedad que discrepa
de algunos posicionamientos políticos e ideológicos y sectarios que se
quieren implantar en los claustros universitarios, usted no ha dicho
absolutamente nada. ¿Está de acuerdo con el presidente de Castilla-La
Mancha, con el señor García-Page, cuando dice que es una aberración
permitir los pronunciamientos ideológicos, sectarios y partidistas en los
claustros universitarios? ¿Está de acuerdo, sí o no? ¿Es partidario de
ese apartado g) del punto 2. del artículo 45 de la Ley del sistema
universitario, donde se posibilita esa cuestión? No es que lo diga Unión
del Pueblo Navarro, sino que lo reconocen los propios proponentes y los
que han llegado o llegaron, en el Congreso los Diputados, a esa enmienda
transaccional. ¿Son ustedes partidarios, sí o no? Esa es la cuestión,
algo que ustedes han omitido interesadamente porque saben que es una
auténtica barbaridad. Insisto, no es que lo digamos los grupos que
estamos en este momento en contra de ese planteamiento, sino que también
lo ratifican sentencias judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña y, por lo tanto, esa aberración es más
que suficiente para votar en contra de este proyecto de ley y defender la
libertad en la universidad de todos aquellos que quieran discrepar de
aquellos posicionamientos. No se puede utilizar de forma partidista a la
universidad. Nosotros lo rechazamos; lo rechazamos en su momento y lo
seguiremos rechazando para el futuro.

Por otro lado, señorías, es evidente, y algunos
portavoces lo han dicho en el uso de su palabra, que la tramitación de
este proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia, ha sido un nuevo
desprecio, señor ministro, a la Cámara de representación territorial. Van
demasiados proyectos de ley con esta tramitación. No se permite la
reflexión y el análisis, ni mucho menos, de los senadores que representan
a las Cámaras territoriales y a los que representamos a nuestras
comunidades autónomas. La prepotencia y la soberbia a la hora de gobernar
es la característica de este Gobierno y eso va en contra, en este caso
concreto, señor ministro, de la universidad de nuestro país. ¿Dónde está
el consenso necesario? ¿Va a pasar lo mismo que con la LOMLOE, lo mismo
que con la Ley de convivencia universitaria, lo mismo que con otras
leyes, que, cuando cambie el Gobierno, tendrán que ser derogadas? ¿Eso le
parece adecuado? ¿Le parece lo óptimo para el sistema universitario
español? Desde nuestro punto de vista, no lo es. Es un nuevo trágala por
parte del Gobierno. El problema es que a ustedes les da igual; les da
igual el rigor, la seguridad jurídica, incluso la inconstitucionalidad de
algunos apartados de la propia norma. Luego vendrán las lamentaciones,
como han venido con otro tema concreto, como en la Ley del solo sí es sí,
con más de 500 condenados que han visto reducidas sus penas por
agresiones sexuales y violencias. Y en este Gobierno nadie, absolutamente
nadie, asume sus responsabilidades. Si hubiese sido al revés, con un caso
que se hubiese dado, se hubieran pedido dimisiones o se hubiesen
realizado ceses. Se ha dicho que el recorrido de esta ley ha sido largo,
de más de dos años, pero evidentemente, no ha sido un recorrido largo en
esta Cámara de representación territorial.

Llama poderosamente la atención que el rector
de la universidad más presencial de nuestro país se refiera a esta ley
como irrelevante, insuficiente y, en parte, ideológica. Pero es todavía
mucho peor cuando afirma que no merecía la pena el cambio y que no va a
permitir que las universidades españolas sean mejores. Si esto lo dicen
los rectores de las universidades españolas, ¿qué vamos a decir los
demás, señorías, si ellos son los que, día a día, están viviendo y van a
padecer esta legislación?

En definitiva, esta ley es una prolongación,
después de veinte años, de la Ley Orgánica de universidades barata y
mala. Se habla de la reducción de la temporalidad, pero para unos casos
porque en otros no, como lo ponen de manifiesto algunas enmiendas y los
vetos. Se habla también de la financiación, pero ya no se concreta en
relación con ese 1 %. Se quedan ustedes en el Erasmus de las lenguas
cooficiales, en la eliminación del carácter estatal de las
acreditaciones, en coartar, como he dicho, y eso es algo que a nosotros
nos parece muy grave, la libertad de la comunidad educativa ante las
imposiciones y el sectarismo que se quiere imponer en los claustros
universitarios. También, se quiere coartar la libertad de los colegios
mayores. Y poco o nada se va a avanzar, lamentablemente, en la calidad
universitaria. Como decía, ¿se ha buscado el consenso? No. Se ha buscado,
única y exclusivamente, el acuerdo y se ha cedido a las pretensiones de
los partidos independentistas, que son los que, a lo largo de estos años,
están condicionando la política de este Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático tomará
la palabra su señoría Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias,
señor presidente. Buenos días de nuevo, señorías.

En el Partido Regionalista de Cantabria hemos
abogado, desde el principio de la legislatura, por una reforma de la Ley
del sistema universitario, y así lo manifestamos en la comparecencia del
ministro Castells al inicio de la legislatura. La LOU data ya de 2001,
han pasado más de veinte años desde su aprobación inicial y la realidad
de nuestro sistema universitario es muy distinta a la de entonces, al
igual que su función y encaje en nuestra sociedad también ha cambiado.
Por lo dicho, acogimos con esperanza el anuncio sobre el comienzo de la
redacción de un nuevo proyecto de ley. Sin embargo, aquella perseguida
pretensión de traer a la actualidad todo nuestro sistema universitario,
modernizándolo y acoplándolo a la realidad social que atravesábamos, se
ha quedado corta, a nuestro parecer. Del Consejo de Ministros salió una
ley continuista, con avances en algunas materias, pero con hondos
retrocesos en muchas otras, que, según los regionalistas cántabros,
supondrá un impacto negativo sobre la universidad. Así lo atestiguan las
posturas tanto de la CRUE como de las asociaciones de representantes de
estudiantes y las plataformas de afectados que se han creado. Como prueba
tenemos que ninguno de los sectores a los que nos hemos dirigido nos ha
hablado, en términos generales, bien del texto. Muchos de esos problemas
no se han solucionado durante el trámite parlamentario y, en muchos
casos, se ha ido a peor. En concreto, el PRC rechaza la inseguridad
creada en el numeroso colectivo del profesorado ayudante de doctor, como
ya manifestamos durante el turno de enmiendas, al igual que el hecho de
que muchos profesores asociados perderán su puesto de trabajo. Estamos de
acuerdo en que no pueda abusarse del profesorado asociado, como se ha
hecho en algunos lugares, pero la solución plasmada en esta ley es
desmesurada, ya que mete a todos en el mismo saco, cuando en algunas
universidades, como en la de Cantabria, se ha hecho un uso más que
correcto de la figura del profesor asociado. Ahora, vamos a pagar justos
por pecadores y va a recaer sobre los que actuamos correctamente la
responsabilidad de los excesos de otros.

Tampoco nos parece aceptable la rebaja en la
pretensión de alcanzar la inversión del 1 % del PIB en la universidad,
pues esta ley impone unas medidas que supondrán incremento de gasto sin
prever aumento de la financiación, que recaerá, como siempre, en las
comunidades autónomas.

Debo decir al Grupo Socialista que nuestra
enmienda número 2 pretende dar seguridad a los ayudantes para saber qué
va a pasar con ellos tras la desaparición de la figura del PCD. No está
reñida con acabar con la precariedad laboral. Además, todas y cada una de
nuestras enmiendas han sido fruto del diálogo con la Universidad de
Cantabria y los colectivos afectados; no son inventos de este partido
político.

Nos resultan incomprensibles algunos de los
cambios en materia de gobernanza, como, por ejemplo, la excesiva
flexibilización en los requisitos de elección del rector. Si bien creemos
que no debe responder a criterios elitistas ni excesivamente
restrictivos, unos mínimos de docencia e investigación son más que
necesarios.

Por todo lo expuesto, tanto en el turno
anterior como en este, anunciamos que votaremos en contra de este
proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tomará la palabra su señoría Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Moltes gràcies,
president. (El señor senador pronuncia palabras en catalán).

Me toca romper algunos estereotipos que el
Partido Popular ha lanzado sobre el sistema universitario de las Illes
Balears y de Catalunya. Yo nací en 1980; por tanto, estoy en la media
baja del Senado, por edad. Me formé en Ciencias Ambientales en la
Universitat Autònoma de Barcelona y proseguí mis estudios en la
Universitat de les Illes Balears; y también, aunque pueda extrañarles, en
la Universidad Autónoma de Madrid.






Por tanto, soy una persona que ha
estudiado en diferentes territorios, en diferentes realidades y desde
puntos de vista académicos muy diversos. Esa es la diversidad que a
ustedes tanto miedo les da. Soy hijo de una familia trabajadora en la
que, como muchos de mi generación, he sido el primero en acceder a
estudios universitarios gracias al esfuerzo de la familia y con el apoyo
de mucha gente. Somos conscientes del gran esfuerzo que supone alcanzar
los estudios universitarios; de ahí nuestra defensa clara de una
universidad pública, democrática, de calidad y, sobre todo, inclusiva,
para todos, es decir, una universidad que garantice la igualdad de
oportunidades y que no sea exclusivamente para la gente de bien, como
decían ustedes. También queremos una universidad implicada en la sociedad
en la que se asienta y que viva la realidad. Por eso me enorgullece la
Universitat de les Illes Balears. Durante la marea verde, reacción a la
cruzada del señor Bauzá contra la lengua catalana, la lengua propia y
oficial de las Illes Balears, recuerdo que la Universitat de les Illes
Balears se manifestó públicamente en defensa de la lengua catalana, y eso
dignifica a la universidad, como también lo hace su defensa de la ciencia
y el conocimiento. Cabe destacar el papel que jugó en ese momento la
rectora Montserrat Casas. Desgraciadamente, hace diez años que la rectora
nos dejó. Recordémosla como una luchadora por la democracia en la
universidad.

Evidentemente, esta ley viene a mejorar
aspectos que a ustedes les molestan y yo lo puedo entender; entiendo que
les moleste el asociacionismo estudiantil o el derecho al paro académico,
pero, en la universidad, cuando sean necesarios, se tienen que poder
practicar ambos. Yo lo hice en la Universitat Autònoma de Barcelona:
manifestamos claramente nuestra oposición a la guerra de Irak y también
al informe Bricall, que es ya prehistoria en el mundo académico, y
manifestamos claramente nuestra defensa de los laboratorios de la
Universitat Autònoma Barcelona, que eran precarios en ese momento. ¡Claro
que esto forma parte de la formación en las universidades! Sin esto, las
universidades no serían lo mismo.

Defendemos también esta universidad democrática
que a ustedes les molesta, que plantea dificultades. El señor Aznar
estuvo muy incómodo con las universidades. Ustedes se han sentido
incómodos con los debates que ha generado la universidad sobre el procés
catalán, pero, si no se dan esos debates en las universidades, ¿dónde se
van a dar? La universidad tiene que ser la casa de los debates, la casa
donde la ciencia ponga luz y dé conocimiento, donde la diversidad sea
escuchada y donde los debates no sean censurados. Recuerdo al doctor
Arcadi Oliveres, cuando el Banco Mundial celebró su reunión anual en
Barcelona, como nos explicaba qué significaba el Banco Mundial. No era un
dogma de fe; nos explicaba una realidad y nos daba instrumentos para
opinar libremente sobre lo que iba a pasar en Barcelona y sobre sus
implicaciones internacionales. Eso es lo que ustedes no entienden de esta
ley y lo que quieren limitar.

Otro caballo de batalla en la universidad, y
era un clásico cada inicio de curso, era la lengua catalana. Ya sé que a
ustedes les cuesta aceptar el tema de las lenguas oficiales —y digo
oficiales—, pero la universidad tiene que garantizar el catalán, el
gallego, el euskera, porque no es folclore; nuestra lengua sirve para la
ciencia, para generar conocimiento, para crear arte, y ustedes no pueden
menospreciarla. Esta ley lo favorece y garantiza su financiación y la
movilidad de los Erasmus específicos en temas lingüísticos; igualmente
garantiza que la lengua sea utilizada y sea conocida y que todo el mundo
sepa que va a poder estudiar en su lengua.

La ley también aporta estabilidad laboral. Eso
es importante. Si queremos garantizar la calidad, tenemos que garantizar
también la estabilidad laboral de los profesionales que están vinculados
a la universidad bajo diferentes paraguas. Hay que tener en cuenta esa
puerta fría que no se sabe nunca cuándo se va a abrir. Es una situación
incómoda y rara; esa es la realidad que vive muchísima gente, que a lo
mejor acaba firmando contratos míseros para poder seguir vinculada a la
investigación o a la universidad porque es su pasión. Hoy damos un paso
adelante para dar estabilidad a esa gente, para que puedan lograr sus
objetivos vitales y seguir trabajando en lo que ellos más desean.

Ustedes también han menospreciado las becas o
garantizar la igualdad. Basta ver los rectorados o analizar los grupos de
investigación para constatar que hace falta tomar medidas que garanticen
la igualdad.

Finalizo. Quedan flecos, sí; toda ley es
mejorable, señor ministro. Evidentemente, va a contar con el apoyo de
nuestro grupo, faltaría más, pero aspirábamos a tener más puntos en común
y a avanzar más. Lo importante es que, duela a quien duela, duela a
quienes solo piensan en la gente de bien, como dicen ellos, queremos una
universidad que garantice la igualdad de oportunidades y que sea
democrática, pública, de calidad, inclusiva y que —va por los
señores de Vox— afronte los retos que plantea el futuro: la
emergencia climática.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará
la palabra la señora senadora Castellví Auví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias.

¿La nueva ley universitaria es necesaria? Sí.
¿Es mejor que la que hay? Sí. ¿La LOSU avanza en algunas cosas? Sí. Sin
embargo, no es nuestra ley. Junts defiende el modelo universitario
catalán, reconocido internacionalmente como exitoso. Es un modelo al que
se le reconoce su rigor, la calidad de su docencia y los resultados en la
investigación; un modelo que tiene una singularidad propia y una mirada
europea e internacional. En Junts defendemos este modelo, no el
suyo.

Apostamos por un modelo de universidad plural
por el que el Gobierno pasa de puntillas. Hay muchos países que cuentan
tanto con universidades de carácter investigador como con universidades
de carácter eminentemente docente, más profesionalizadoras. Su existencia
podría beneficiar la movilidad internacional. Para la universidad
catalana, como usted bien sabe, señor ministro, la movilidad es una
actividad integrada respecto a la que hay que ir más allá. Para avanzar,
han de crearse títulos dentro de la red de universidades.

Señorías, señor ministro Subirats, ¿van a
apostar, no solo con palabras, sino con los recursos necesarios, por la
puesta en marcha del proyecto capitalitat universitaria mundial? Esta
será la prueba que demostrará si realmente ustedes —especialmente
usted, señor ministro— creen en la movilidad internacional, en
consolidar Barcelona y Cataluña como espacios universitarios de
referencia internacional y en desplegar una serie de programas
internacionales de referencia en el ámbito de la política y la gestión
universitaria. Deseamos que esto no se quede solo en palabras o en
promesas sin cumplir.

Otra cuestión es la autonomía de las
universidades y de las comunidades autónomas. ¿Por qué el Consejo de
Universidades debe verificar los planes de estudios si estos ya han sido
verificados por las comunidades autónomas a propuesta de las
universidades? La gobernanza también nos preocupa, ya que pretenden
establecer un modelo uniformador que atenta, desde nuestro punto de
vista, contra la autonomía de las universidades.

Otro punto que nos pone en alerta es el modelo
de la carrera profesional del personal docente e investigador. Cataluña,
como saben, ha ido desarrollando una política de profesorado propia, que
ha demostrado ser exitosa. En las universidades catalanas caben los
funcionarios y los contratados laborales. Todos ellos deben demostrar,
con sus currículums, su calidad docente e investigadora y de
transferencia. No entendemos por qué se debe uniformizar y priorizar un
tipo de relación jurídica frente a otro.

Sobre la dotación presupuestaria, el proyecto
impone muchos cambios a las comunidades autónomas y a las universidades.
¿De dónde van a salir los recursos para afrontarlos? En el proyecto de
ley echamos en falta un compromiso económico firme. Por este motivo,
pedimos suficiencia financiera; es decir, recursos.

Señorías, ustedes son conscientes de que las
universidades están muy tensionadas por las plantillas. Solo hace falta
ver la cantidad de mails recibidos y seguir en la prensa las huelgas de
los profesores asociados.

Ustedes son conscientes de que las
universidades tienen muchos retos, pero uno de los más importantes es la
inteligencia artificial. Hoy nos presentan una moción en la que proponen
una ponencia de estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial y
otras tecnologías disruptivas en la enseñanza universitaria, la
investigación y la innovación. También son conscientes de que las
universidades necesitan infraestructuras para modernizarlas y ser más
eficientes y eficaces. Otra cosa es que miren hacia otro lado y no vayan
a aumentar sus recursos. Pues, señorías, solo hay una solución si se lo
creen y si son tan conscientes: dótenlas de más recursos económicos y
humanos, y voten a favor de nuestra enmienda 81, sobre la suficiencia
financiera.

Junts quiere también que en esta ley se
promuevan más las lenguas cooficiales, en especial la catalana, en la
universidad y también las universidades de las artes.

Resumiendo, señorías, para Junts la LOSU se
queda con un 5 pelado. Le falta mucho para evolucionar
satisfactoriamente. Como he dicho, no es nuestro modelo de ley. Nuestro
modelo universitario es el catalán, del cual estamos muy, pero que muy
orgullosos y orgullosas.

Para acabar, doy gracias especialmente a todos
los rectores de las universidades catalanas, a toda la comunidad
educativa y a todo el sistema universitario catalán, porque, con su
esfuerzo, la calidad del modelo universitario catalán es reconocida en
todo el mundo.

Por los motivos expuestos —y me he dejado
cosas en el tintero, pero el tiempo manda—, les adelanto que
nosotros nos abstendremos en la votación de la ley.

Muchas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la
palabra la señora senadora Peral Díez.

La señora PERAL DÍEZ: Eskerrik asko, mahaiburu
jauna.

La Ley Orgánica del sistema universitario que
estamos debatiendo no es nuestra ley, no es la ley del sistema
universitario vasco, pero han sido dos años de trabajo del Grupo Vasco en
Madrid, tanto en el Congreso como en el Senado, con los equipos de dos
ministros diferentes. Han sido dos años en los que todas las partes han
realizado un esfuerzo por llegar a acuerdos. Desde el principio, en las
primeras reuniones con el ministro Castells, y después con el ministro
Subirats, ha existido una gran disposición por alcanzar un acuerdo, y
creo que es oportuno destacar el trabajo de Alicia García y Marta Cruells
en este objetivo.

Como decía, no es nuestra ley, pero estamos
razonablemente satisfechas con el texto conseguido. Es cierto que se nos
queda alguna cosa en el tintero, alguna enmienda que mejoraría el
proyecto de ley, como he explicado en el turno de enmiendas, pero creemos
que es una ley lo suficientemente general y lo suficientemente marco para
dar cabida al desarrollo de nuestro modelo de sistema universitario
vasco. La realidad del Estado es que no se trata de un único sistema,
sino que conviven diferentes sistemas, cada uno con sus particularidades,
y la ley así lo debe reflejar.

No quiero extenderme mucho, pero me parece
importante señalar los 10 puntos más importantes que se han incorporado a
la ley y por los que va a contar con nuestro apoyo.

El primer punto es el relativo a las agencias
de evaluación de las comunidades autónomas, que no son anequitas, como ha
dicho el senador Sanz Vitorio, del PP —que está con los cascos y no
me escucha—, en un intento de menospreciarlas. En el caso de la
Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, Unibasq, su actividad
está reconocida por el cumplimiento de los criterios y directrices para
la calidad del Espacio Europeo de Educación Superior, es miembro de pleno
derecho de la Asociación Europea para la Calidad de la Educación Superior
y está registrada en el Registro Europeo de Agencias de Calidad en la
Educación Superior, lo que permite el desarrollo de sus actividades en
cualquier sistema universitario que así lo establezca y el reconocimiento
de sus actividades por el resto de sistemas europeos, igual que la Aneca.
Pues bien, estas agencias de calidad de las comunidades autónomas
—y no agencias de calidad autonómicas, como hemos cambiado en el
texto— refuerzan sus funciones de acreditación y evaluación,
ampliando su competencia sobre la acreditación de todas las figuras
docentes e investigadoras —que ahora incluye al personal
funcionario—, y habilitando al personal laboral para que pueda
disponer de una acreditación con validez para la movilidad entre sistemas
universitarios.

Segundo punto. Promoción de las lenguas
oficiales de los territorios en el ámbito universitario. Las
universidades deberán profundizar en su rol como agentes de normalización
lingüística en las sociedades en las que están insertadas; el idioma
propio de las comunidades autónomas se convierte en lengua de transmisión
académica.

Tercer punto. Las comunidades autónomas
conectadas con otras regiones europeas a través de eurorregiones, como es
el caso de Euskadi y Navarra, ven reforzadas sus competencias y podrán
impulsar mecanismos transparentes que permitan el reconocimiento
automático de estudios que faciliten el acceso a la universidad.

Cuarto punto. Refuerzo de la gobernanza y la
democracia dentro de la universidad. Por primera vez, se iguala la
capacidad de todo el colectivo personal docente e investigador de
participar en la gobernanza de las universidades mediante el acceso al
puesto de rector o rectora.

Quinto punto. Se introduce la mención expresa
de formación dual en el texto de la ley, visibilizando, de esta manera,
una iniciativa de formación impulsada en Euskadi y una realidad
implantada en las universidades vascas que cuenta en la actualidad con
más de 40 titulaciones duales.

Sexto punto. Se avanza y se refuerzan las
competencias autonómicas en materia de financiación universitaria, de
precios máximos de los precios públicos y becas y ayudas al estudio. Se
reconoce la capacidad de las comunidades autónomas para garantizar la
igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad con cargo a sus
presupuestos.

Séptimo punto. Promoción de una mayor autonomía
del Consejo Social, para lo que contará con presupuesto propio e
independiente de la universidad.

Octavo punto. Se incluye la posibilidad de que
las universidades privadas de carácter social, y sin ánimo de lucro,
puedan participar en los programas públicos de fomento de la
investigación y el desarrollo tecnológico.

Noveno punto. Incorporación de la perspectiva
de la formación permanente a lo largo de la vida profesional mediante el
reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada.

Décimo punto. Se blindan tanto la autonomía
universitaria como las competencias autonómicas y, de manera explícita,
se reconoce la capacidad de las comunidades autónomas para llevar a cabo
la coordinación de las universidades ubicadas en su ámbito
competencial.

Estos son, como he dicho, los diez puntos
claves de un proyecto de ley que, sin ser el nuestro, permitirá el
desarrollo de la normativa propia en las comunidades autónomas y, en
nuestro caso, seguir avanzando en la consolidación de un sistema
universitario vasco de referencia, anclado en nuestra realidad social,
porque es necesario seguir trabajando y apoyando la formación superior,
la investigación de excelencia y la transferencia de conocimiento para
asegurar una generación de talento y de conocimiento avanzado que sean
palancas del desarrollo económico y social, y que den respuesta a los
retos tecnológico, digital y de desarrollo sostenible que tenemos por
delante.

Como ya he indicado, mi grupo votará a favor de
este proyecto de ley.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tomará la palabra su señoría el senador
Reniu Vilamala.

El señor RENIU VILAMALA: Gràcies,
president.

Ministro, ya les hemos comentado anteriormente
que esta ley viene muy trabajada. Esta ley —ahí coincidimos con las
afirmaciones de la senadora Peral— no es la ley de Esquerra
Republicana; si lo fuera, tendría otros ribetes y, por ejemplo, sería
mucho más reducida, pero, aun así, estamos razonablemente satisfechos. Y
lo estamos porque llevamos dos años trabajando en ella y aplicando la
máxima que dice que no negociar es perder y, por lo tanto, hemos puesto
nuestros votos y la negociación del Grupo Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu al servicio de mejorar, a fin de cuentas, esta ley. (El
señor vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa la
Presidencia).

¿Qué hemos conseguido? Del listado de lo que
hemos conseguido, como les decía, podemos estar razonablemente
satisfechos. Hemos conseguido que se reconozca el paro académico; hemos
conseguido que se introduzcan medidas para mejorar la compatibilización
de los estudios y el asociacionismo de nuestros estudiantes; hemos
conseguido que se conozca como derecho la lengua de impartición de cada
asignatura y que, así, los alumnos puedan reclamar que se cumpla con lo
acordado y con lo señalado en los planes docentes antes del inicio del
curso; hemos conseguido que se dé un impulso a las lenguas oficiales, un
impulso en la docencia, en la investigación y en la transferencia porque
investigamos, impartimos docencia y comunicamos los resultados en
catalán, en euskera, en gallego. Hemos conseguido también que, después de
muchas negociaciones, esa potenciación del impulso de las lenguas
oficiales tenga dos correlatos suficientemente importantes, como son,
uno, la posibilidad de dotar de mayores recursos a aquellas universidades
que potencien las lenguas oficiales y, dos, que se vaya desbloqueando,
por fin, la presencia de estas mismas lenguas en el sistema de
aprendizaje, en la línea que soporta al proceso Erasmus+.

Por otro lado, hemos conseguido, asimismo, que
se equiparen los derechos y deberes del profesorado permanente, esto es,
de los funcionarios y los laborales. Ese es un gran logro de esta ley. Un
laboral ya no es un paria; un laboral ya no es una persona que no puede
formar parte de proyectos de investigación, que no pueda disfrutar de
todas y cada una de las funciones y los derechos con los que contamos los
funcionarios en el sistema universitario y, por ejemplo, sin ir más lejos
—y ese también es un gran logro en esa equiparación de funciones
entre profesorado funcionarial y profesorado laboral— que puedan
ser rector o rectora; claro que sí. Tenemos profesores contratados
laborales doctores del mayor de los niveles, que superan con creces, por
ejemplo, a quien les habla, dentro del ámbito de la Ciencia Política, en
mi universidad, la Universidad Barcelona. ¿Por qué no podrían ser, en su
momento, rectores? Hemos conseguido cambiar eso con nuestros votos, con
nuestra negociación y —es justo decirlo— con la
predisposición del ministerio, por un lado, y de los grupos
parlamentarios que le dan el apoyo por otro. Hemos conseguido también
—y ese es otro de los logros sobre los que parece, y me sabe mal,
que se haya utilizado un concepto peyorativo— que se equiparen las
funciones de Aneca y de aquellas agencias de evaluación de la calidad del
sistema universitario en las comunidades autónomas con las inscritas en
el registro europeo. No son anequitas; ya le gustaría a la Aneca tener el
rendimiento, la calidad y la profundidad de muchas de esas anequitas,
como se las ha llamado con total impunidad en este atril. ¿Cuál es el
problema? El problema es uno muy sencillo. Por ejemplo, la AQU, la
Agencia para la calidad del sistema universitario de Cataluña, podrá
acreditar a aquellos candidatos que quieran optar a una plaza de profesor
funcionario, porque todo lo demás lo hacen, todo, y con un nivel de
exigencia y de parámetros de calidad a menudo bastante más elevados que
los de la Aneca. Si alguno ha intentado obtener las acreditaciones en los
dos lados, sabrá de qué estoy hablando. Si no, es muy fácil referirse
a 17 anequitas.

Se reconoce por primera vez y de manera
sustancial —y lo consideramos también como un éxito de nuestra
capacidad de negociación y de poner al servicio de la negociación
nuestros votos— el modelo vasco u, obviamente, el modelo catalán.
Se trata de un modelo laboral de éxito en la atracción de talento, que
ahora podrá consolidarse sin las cortapisas existentes hasta este
momento. Empezamos también a poner solución, si bien no definitiva
—lo sabemos, pero ahí estamos abriendo camino—, a un problema
tradicional de la universidad, no de ahora, sino de toda la vida: la
precariedad del profesorado asociado, si bien los desaguisados cometidos
hasta fecha bastante reciente ponen sobre la mesa la necesidad de mayores
fondos económicos que los inicialmente previstos. También es un elemento
positivo el impulso en los procesos de estabilización sin la tasa de
reposición presente como espada de Damocles para todo el proceso. Hemos
conseguido igualmente aumentar la exigencia de calidad a las
universidades privadas, y un elemento que les puede sonar baladí, como es
la inclusión de la figura de la Defensoría universitaria, a petición,
precisamente, del conjunto de defensores universitarios de las
universidades públicas. Estamos también muy orgullosos y muy contentos,
sí señor —y algunas señorías han hecho de ello casi el único
caballo de batalla de crítica a la LOSU—, de poder haber
introducido la capacidad de los claustros de analizar y debatir aquellas
cuestiones de especial trascendencia social, política, económica y
cultural. En este sentido, cuando se rasgan las vestiduras afirmando que
las universidades no pueden posicionarse, etcétera, podríamos poner
tantos y tantos ejemplos que ese argumento quedaría absolutamente
invalidado. A usted, señoría —me dirijo a usted concretamente
porque ha hecho bastante hincapié en ello, y, además, algunas de las
enmiendas que ha introducido precisamente van en esa dirección—,
creo que no le preocupa —me lo permitirá, es una opinión
personal— que los claustros se puedan posicionar. Si lo hacen
contra la guerra de Irak, si lo hacen contra la guerra de Ucrania o si lo
hacen en favor de una mayor protección social, eso no le preocupa; lo que
le preocupa es que se posicionen en temas vinculados a Cataluña.
(Denegaciones del señor Catalán Higueras). Ahí está el problema, porque
la universidad, como le decía anteriormente, o es crítica o no es. No
quiero un centro de educación de la señorita Pepis; yo quiero una
universidad que tenga criterio, que tenga debate y que pueda analizar la
realidad que la circunda. (Aplausos).

También hemos podido —voy
terminando— preservar el modelo de selección catalán, como decíamos
anteriormente, el plan Serra Húnter. Ese es un mecanismo de éxito que
sería provechoso para otros modelos universitarios; lo tienen ahí, y
ahora se favorece a partir de esta ley. Hemos conseguido también ampliar
las unidades de igualdad y de no discriminación. Hemos logrado una
cuestión muy importante, en relación con la cual quiero saludar a Marisol
como representante del colectivo: hemos conseguido que, al menos, vean la
luz al final del túnel los psicólogos y las psicólogas migrantes, los
odontólogos homologantes, la asociación de ingenieros homologantes. Por
fin, podemos ofrecerles una respuesta al calvario que han estado
sufriendo durante cuatro, cinco o seis años y en relación con el que,
curiosamente, esa Aneca tan perfecta en el último mes ha procedido a una
labor casi de destrucción de todos los expedientes para no tener que
enfrentarse a lo que hoy vamos a aprobar y que el Congreso va a terminar
de ratificar.

No hemos podido obtener todo lo deseable, y eso
es normal, estamos haciendo política y de eso se trata, de conseguir
aquello que podemos a partir de nuestra fuerza y nuestra negociación.
Porque si no, tendríamos una ley mucho más pequeña, una ley mucho más de
bases; no tendríamos un monarca firmando títulos sin ninguna capacidad ni
justificación para ello, ni tampoco estaríamos sometidos a que la mayoría
del profesorado tuviera que ser funcionario.

Señorías —y se lo digo con el corazón en
la mano—, nuestra conciencia está muy tranquila porque, aun no
siendo nuestra ley, hemos conseguido avanzar pasos de gigante que sientan
las bases para el futuro desarrollo de todas las universidades.
Intentamos cumplir con nuestro principal objetivo, que es ser útiles a la
ciudadanía porque, a fin de cuentas, somos el Grupo Republicano y de
Euskal Herria Bildu.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Reniu.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Fragoso.

El señor FRAGOSO MARTÍNEZ: Señor ministro, no
tuve la oportunidad de decírselo antes —aunque sí lancé el
mensaje— porque estaba usted, según nos comentan, en la sesión de
control del Congreso. Así que vuelvo a decir que nos encantaría que, amén
de estar acompañándonos hoy, casi en un régimen de visita, hubiéramos
tenido la oportunidad de celebrar su comparecencia en la Comisión de
Universidades y poder haber hablado de la ley. Se hubiera expresado así
verdaderamente una voluntad de mejora que, sinceramente, hemos entendido
como mínima, al obligarnos a acatar la ley mediante el procedimiento de
urgencia. Sinceramente, ministro, creo que no tiene ningún sentido y que
ha demostrado que, efectivamente, querían aplicar un rodillo.

Señor Vidal, no se deje llevar tanto por los
estereotipos, se lo digo de corazón. A nosotros no nos molestan en
absoluto las lenguas cooficiales, lo que nos molesta es que intenten
arrinconar la lengua de todos. (Aplausos). Y que se provoque que la gente
no pueda defender sus derechos ni se pueda facilitar la movilidad.
(Pronuncia palabras en catalán). De verdad, no nos preocupan las lenguas
oficiales.

De la misma forma que no nos preocupa el debate
universitario. Se lo digo también al profesor Reniu, que no nos preocupa
el debate universitario. La universidad debe ser crítica y la libertad de
cátedra debe permitir expresar opiniones. Lo que no puede hacer es
obligar a que los órganos de las universidades tomen decisiones
imponiendo a la minoría la opinión de la mayoría, que es lo que ustedes
quieren hacer, como plantean en la enmienda y como la portavoz de ERC en
el Congreso dejó bien claro, que es evitar aquellas decisiones que los
tribunales habían tumbado. Esa es la realidad y eso es, evidentemente, de
lo que nosotros estamos en contra. Por lo tanto, absolutamente a favor de
la democracia.

Señor Latorre, podría haber sido un poquito más
generoso, porque cuando ha hablado de las enmiendas del Grupo Socialista
que solucionan la vida a esos 1500 colaboradores, podría haber dicho que
quien se lo puso de manifiesto al ministerio fue este grupo, en la
reunión que tuvo con los asesores del ministerio, y que después ustedes
copiaron la enmienda, que va conjunta y que hemos aprobado los dos. Un
poquito de generosidad no hubiera venido mal tampoco. (Aplausos).

En la transaccional que hacen son muy
cicateros. Es verdad que quitan algún elemento que nos tenía preocupados
en relación con el periodo transitorio, pero son muy cicateros en el
tiempo. No lo digo yo, lo ha dicho el profesor De Lucas en un tuit, en el
que ha señalado que hasta final de año no va a ser suficiente. Es decir,
no lo digo yo; lo dice el presidente de la comisión, que creo que
pertenece a su grupo. Por lo tanto, ahí nos tendremos que abstener y lo
van a entender.

Comprendemos que Esquerra haya dicho que llevan
dos años negociando esta ley. Claro, es que esta es una ley que, por
mucho que ustedes digan, al final es una ley independentista, que es lo
que ustedes querían y lo que llevan negociando dos años. Decía que tenían
como objetivo de la ley —y yo le dije que lo compartíamos en el
preámbulo— una nueva carrera profesional. ¡Pero es que la empeoran
quitando los contratos predoctorales! Dicen que quieren eliminar la
precariedad. Pues dígaselo a los miles de profesores asociados que están
en huelga. Dicen que quieren una mejor universidad, de calidad. ¿Cómo?
¿Fracturándola en 17 modelos de universidad diferentes? ¿Así es como
quieren una mejor? Sinceramente, esta es una mala ley que,
desgraciadamente, no soluciona ni afronta los problemas de los
ciudadanos. Dicen que no es improvisada; ¡pues menos mal! Tuvieron que
admitir el 30 % de las enmiendas en el Congreso, lo que, por cierto,
cambió radicalmente la ley. No lo digo yo, lo dicen los rectores, que
señalaron que la ley que salió del Congreso es bastante peor que la ley
que entró en ese trámite.

Sé que el dato mata el relato y, por mucho que
ustedes quieran engañar, los datos están ahí, en el propio ministerio.
Cuando llegamos al Gobierno, solo estaban matriculados en la universidad
el 28,1 % de los alumnos entre 18 y 24 años. Cuando nos fuimos del
Gobierno lo estaba el 32,1 % de los alumnos entre 18 y 24 años. Por lo
tanto, no solo no expulsamos, sino que metimos en la universidad más
gente que antes no estudiaba en un porcentaje que hoy en día ustedes
todavía no han igualado. Esa es la realidad que nos tenemos que
encontrar.

El señor Magdaleno decía que la ley necesita
cambios porque lleva veinte años en vigor. ¿O no? Quizás era preferible
mejorar la ley que había. La Ley General sanitaria lleva treinta y seis
años en vigor; es decir, que se mejora lo que haya que mejorar, pero la
antigüedad no es un elemento. Al revés, a veces da estabilidad, y en esto
de la universidad entendemos que hubiera sido mejor cambiar, porque
cambiar para peor no tiene ningún sentido, que es lo que han hecho
ustedes: cambiar para tener una universidad peor y con menos
oportunidades. ¿En qué ha mejorado la universidad? ¿En
internacionalización, dividiéndolos en 17? ¿En financiación, sobre la que
solo ponen palabras, pero no ponen un euro encima de la mesa? Se olvidan
hasta de financiar aquellos campus que son de su responsabilidad, como
los de Ceuta y Melilla, vetándonos una enmienda que hemos presentado y
que no se puede ni siquiera debatir. (Aplausos). Dicen que han mejorado
en evitar la endogamia porque ahora se sortean los tribunales. ¡Pero con
las bolas marcadas! ¡Con las bolas que cada universidad quiera poner en
una lista para sacarlas! Por tanto, sinceramente, no solo no reducen la
endogamia, sino que la van a multiplicar. Y, como he dicho antes, sobre
la precariedad ni hablamos porque los profesores están en huelga y, por
tanto, entendemos que es una ley que es mucho peor.

No se empeñen porque el dato mata el relato.
Con Rajoy, hubo más dinero para becas, más porcentaje de alumnos
matriculados, más profesores en la universidad pública…
(Protestas). Se lo repito por si no lo han escuchado: con Rajoy, hubo más
dinero para becas, más porcentaje de alumnos matriculados, más profesores
en la universidad pública y la tasa de reposición subió del 10 % de
Zapatero al 140 %. (Aplausos). Ese es el dato y les mata el relato. Con
Zapatero, ¿qué ocurrió? Que nos bajaron el sueldo a los profesores de
universidad, que aprobaron la tasa de reposición del 10 % y que la
temporalidad en las universidades se incrementó un 30 % en el número de
profesores. Son datos que no los digo yo; los publica el ministerio. Por
si no lo saben, les repito que en el curso 2009-2010 —gobierna
Zapatero— 100 600 profesores universitarios en la pública. En el
curso 2012-2013 —






primer año del presidente Rajoy—, lo que
heredamos fue 95 947 profesores. Año en el que llega Sánchez, en el que
nos echan con la moción de censura, 98 173 profesores. Es decir, con
Zapatero bajaron, con Rajoy subieron, y esa es la realidad que les puede
a ustedes molestar. (Aplausos).

Decía que las universidades las crean las
comunidades autónomas, no las crea el ministerio. Hombre, ahí juega con
dos falsedades. Una, la oferta de títulos de las universidades la tiene
que aprobar el Consejo de Universidades que preside el ministro, si no me
equivoco. Y dos, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién gobernaba, por
casualidad, en Madrid cuando se creó la Alfonso X el Sabio en 1993? ¿La
Nebrija en 1995? ¿La Universidad Europea de Madrid, en 1996? ¿La San
Pablo CEU, en 1993? Y ¿la Francisco de Vitoria, en 1993? ¿No sería un tal
Leguina? ¡Era Leguina el que gobernaba Madrid! ¡Era Leguina! (Aplausos).
¿Quién gobernaba en Cataluña cuando en 1997 se aprobó la creación de la
Internacional de Cataluña? ¿La de Vic? ¿La Ramon Llull? ¿Y la Oberta de
Cataluña? ¿Gobernaba el PP? No nos echen la culpa. ¿Quién gobernaba en el
País Vasco cuando se aprobó la Universidad de Mondragón? ¿Y, actualmente,
la universidad de Vitoria? ¿También gobernaba el PP? ¡No, hombre, no! Se
ha aprobado la creación de muchas más universidades gobernando ustedes
que gobernando nosotros. Por lo tanto, dejen de engañar a la gente.
(Aplausos.— La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia).

Se reía de aquellos que llevamos una pulsera
con la bandera de España. Decía: Eso no es patriotismo. Claro que no; eso
es simplemente sentirse orgulloso de un proyecto común. Lo que no es
patriotismo es dividir las universidades en diecisiete modelos de becas,
en diecisiete modelos de acreditación y en diecisiete modelos de tasas.
(Aplausos). Por cierto, como se obsesiona con Madrid, ¿sabe cuáles son
las tres comunidades autónomas con las tasas más altas de España? Se lo
diré: La Rioja, Navarra y Aragón, las tres gobernadas por los
socialistas. (Aplausos). ¿Y saben ustedes cuál es una de las
universidades con las tasas más bajas de España? Galicia, que ha sido
gobernada por el presidente Feijóo y gobernada por el Partido Popular.
Por tanto, lo único que les tengo que pedir es que nos voten las
enmiendas del Cermi, pensando en el mundo de la discapacidad. Vótennos
las enmiendas sobre becas, porque las queremos como derecho; y es
queremos volver al texto inicial de la ley, no a romper en diecisiete
modelos. Vótennos todo aquello que nos devuelve a un modelo
constitucional. ¿Qué van a hacer los once senadores castellano-manchegos
con respecto a las enmiendas que le dan la razón a su presidente
autonómico? (Aplausos). ¿Y qué van a hacer los doce senadores
castellano-leoneses, que le dan la razón a su presidente autonómico, del
partido que pide una EBAU única? ¿Qué van a hacer? Pues miren ustedes, no
sé lo que van a hacer. Y termino con esto. Si no nos ayudan a arreglar y
a mejorar la ley, ya lo haremos en pocos meses, cuando gobernemos. No se
preocupen, con el presidente Feijóo la Ley de universidades tendrá que
cambiar, porque, como ha dicho él, a diferencia de ustedes, aquí estamos
para solucionar los problemas de los españoles y no para crearlos.

Muchísimas gracias. (Fuertes aplausos de gran
parte de las señorías del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
puestas en pie).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
senador Magdaleno Alegría.

El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Muchas gracias,
señora presidenta. Buenos días de nuevo, señorías.

Universidad es rigor, rigor académico, y la ley
dice literalmente —no tiene ni el rigor de leerlo—: analizar
y debatir en los claustros sobre cualquier cuestión. No decidir, puesto
que solo pueden decidir cuestiones sobre el ámbito de autonomía
universitaria. Esa es la verdad, y ustedes están mintiendo a los
españoles. (Aplausos).

Acaba de afirmar usted que Navarra es la
comunidad que mayores tasas universitarias tiene. Pero no, es Madrid. ¿Y
sabe qué? En Madrid se paga el doble que en Navarra. (Denegaciones del
señor Fragoso Martínez). No, los datos oficiales se los enseño yo. Rigor,
señoría; rigor universitario.

En el Grupo Socialista vamos a reivindicar hoy
algo muy importante, que es el diálogo como forma de hacer política y el
trabajo que hacemos en el Senado. La Ley Orgánica del sistema
universitario va a salir sumamente mejorada con las enmiendas
transaccionales con otros grupos, a quienes les agradecemos la
negociación, y es que antes de elaborar y transaccionar esta norma hemos
hablado con distintos gobiernos autonómicos, con distintas universidades,
colectivos, etcétera, para llevarlas a cabo. Estamos satisfechos
particularmente de una cuestión que entendemos que ayuda a la
universidad, como es el régimen transitorio, que permite a las
universidades públicas la contratación de personal docente en las figuras
de profesor permanente laboral, profesor titular y catedrático, con las
normas de concursos vigentes, hasta el 31 de diciembre. Y lo hacemos,
señorías, para facilitar la contratación de nuevo profesorado y de esa
manera también dar tiempo a las comunidades autónomas y a las
universidades a adaptarse a la nueva normativa. Utilidad.

Si me lo permiten, señorías, más allá del ruido
y de los gritos, yo creo que este debate ha propuesto dos modelos de
sistema universitario y también —por qué no decirlo— dos
modelos de país distintos, sinceramente. De un lado está el modelo de la
derecha, de la mano de la extrema derecha, que considera que la educación
universitaria es simplemente una mercancía de lujo solo accesible a unas
minorías. En definitiva, una élite. La buena gente de la que nos habla
Feijóo, la gente de bien. Además, defiende que se haga un negocio de lo
que en realidad es un servicio público. Y de otro lado está el modelo que
defiende este Gobierno de coalición progresista, en el que el acceso a la
universidad es un derecho de los ciudadanos, lo que se garantiza mediante
universidades públicas de excelencia, mediante matrículas accesibles y
mediante becas de estudio.

De la misma manera, defendemos un modelo de
universidad pública porque es la única que garantiza en su gran mayoría
una investigación y transferencia del conocimiento de excelencia, que es
la que le marca la sociedad, y no la de los mercados. Y les voy a poner
un ejemplo, con rigor. En el ranking Shanghai de universidades españolas
están treinta y nueve universidades públicas y solo una privada. Esa es
la realidad. Y vamos a comparar modelos con datos y hechos, pero no
inventados. Veamos qué hacen ustedes con la universidad donde gobiernan y
veamos qué hacemos los socialistas donde gobernamos. Veremos quién
apuesta por las clases medias y trabajadoras y veremos quién apuesta por
la gente de bien de la que habla el señor Feijóo; quién apuesta por el
crecimiento basado en el conocimiento, que crea empleo de calidad, y
quién apuesta por competir en el mundo a base de mano de obra barata,
precaria y poco formada. Como dice el cantante: pongamos que hablo de
Madrid.

En la Comunidad de Madrid, señorías, se ha
pasado del pelotazo inmobiliario al pelotazo universitario. Se lo repito:
del pelotazo inmobiliario al pelotazo universitario. (Aplausos). Desde
que el Partido Popular gobierna en Madrid no han parado de proliferar
universidades privadas: trece universidades privadas, además de
veinticinco centros adscritos, frente a seis universidades públicas.
Señorías, en muchos casos podemos hablar de universidades privadas con
deficiencias en la docencia, que carecen de investigación y
transferencia; y no lo digo yo, lo dicen los rankings internacionales y
nacionales de universidades, a los que ustedes no han hecho alusión,
aunque hablan de datos. La entrada de los fondos de inversión en las
universidades privadas madrileñas es la máxima expresión de que para
ustedes la educación es una mera mercancía y no un derecho. El modelo del
pelotazo universitario a la madrileña ya lo están empezando a aplicar en
Andalucía, y ha sido —se lo recuerdo— su Junta de Andalucía,
Moreno Bonilla, quien ha aprobado dos universidades privadas y está
estudiando aprobar otras dos. Esa es la realidad, señorías.

En nuestro sistema universitario caben
perfectamente las universidades privadas, pero tienen que cumplir, y se
lo vamos a decir claramente, unos estándares de calidad en la docencia y
en la investigación. Y el ejemplo lo encontramos —no tengo empacho
en decirlo— en la Comunidad Foral de Navarra.

Pero sigamos hablando de lo que hacen ustedes.
¿Qué hacen en Madrid? Paralelamente a este pelotazo universitario reducen
la financiación de las universidades públicas —se le está
olvidando—. Incluso los rectores, señorías, tienen que ir a los
juzgados a pedir que les devuelvan el dinero de las matrículas a su
Gobierno. Son los jueces los que les obligan a financiar la universidad
pública madrileña. Esos son los datos, esa es la realidad, señorías. Pero
mientras perjudican a otros, abren la mano para las universidades
privadas. Eso es lo que están haciendo. Y también lo están haciendo en la
sanidad privada madrileña, vamos a ser claros. Buscan deteriorar lo
público y favorecer lo privado para que las clases medias y trabajadoras
vayan a las universidades privadas. Ahora bien, ¡cuidado!, no a cualquier
universidad privada, a las low cost, porque las de las élites las
reservan para los ciudadanos de bien de los que habla el señor Feijóo.
(Aplausos). Y precisamente lo que tratamos de hacer con esta ley orgánica
es evitar esos abusos y establecer para la universidad pública madrileña
y de otras comunidades autónomas un 1 % del producto interior bruto para
su financiación y acabar, como lo estamos haciendo en la sanidad
madrileña y en el resto de España, con la precariedad del
profesorado.

Pero pongamos el ejemplo de un modelo liderado
por una presidenta socialista, el de la Comunidad Foral de Navarra. La
universidad pública tiene garantizada mediante un convenio financiación
plurianual estable y suficiente, incluso para más allá de la legislatura.
Y a cambio la Comunidad Foral de Navarra —mi comunidad— se
asegura de que la universidad pública cumpla una serie de indicadores de
excelencia, el servicio a la sociedad, como, por ejemplo, la captación de
proyectos de investigación internacionales, contribuir al desarrollo
regional, etcétera.

Hablemos del precio de las matrículas. Usted no
ha contado la verdad en muchas cosas, y se lo vuelvo a decir. Datos
oficiales publicados: Navarra, 1800 euros —en otras comunidades
autónomas, todavía menos—, Madrid, 3600 euros señoría. Rigor
académico y rigor universitario. (Aplausos). Este desfase, por cierto,
fue gracias al decreto Wert, el que ustedes aprobaron, y eso hace que
muchas personas no puedan acceder o tengan dificultades en la comunidad
madrileña y, por supuesto, no puedan acudir a la universidad privada,
pues es mucho más costosa. Porque, al final, ¿de qué va esto? ¿Ustedes
qué quieren poner? Su modelo neoliberal. ¿Y cuál es el modelo liberal? Lo
vemos en las películas: que las familias se tengan que endeudar para ir a
las universidades o que los estudiantes tengan que pagar becas durante
años y años. Ese es su modelo. Ustedes, además, reservan las
universidades de élite para la minoría que va a dirigir el país, los de
buena familia, como ustedes dicen. ¿Saben quiénes son para ustedes la
meritocracia? Los papás que pagan todo. Esa es la meritocracia que
defienden.

Hablemos de becas universitarias. Por supuesto,
me refiero a las de las comunidades autónomas. Vamos a hacer una
comparación entre Navarra y Madrid, dos comunidades autónomas que están
bastante igualadas en renta. ¿Saben cuál es la diferencia entre Navarra y
Madrid en las becas universitarias regionales? Es ocho veces más en
Navarra que en Madrid, ocho veces más igualdad de oportunidades en
Navarra que en Madrid. Eso sí, bajan los impuestos a las grandes rentas
madrileñas, mientras que a los madrileños les dejan sin ir a la
universidad. Por cierto, ayer el Consejo de Ministros aprobó la mayor
partida que ha existido en la historia de la democracia española para
becas universitarias: 2520 millones, que van para un millón de
estudiantes españoles. (Aplausos). ¿Les preocupa la igualdad? Esto es
igualdad de oportunidades, señorías. Vivan donde vivan, por cierto.

Señorías, sé perfectamente que todos no tenemos
las mismas oportunidades. Soy uno de los miles de hijos de trabajadores y
autónomos que pudieron formarse gracias a una universidad pública de
calidad, gracias a unas matrículas accesibles y a unas becas para el
estudio de grado, predoctoral, incluso posdoctoral, donde pude formarme y
posteriormente satisfacer mi vocación docente. Soy lo que soy, señorías,
gracias a que personas antes que yo pagaron impuestos con los que
financiaron la universidad pública. (Aplausos). Y hoy, ante esta Cámara,
estoy defendiendo este sistema por agradecimiento, pero también por
convicción política. Si he abierto un paréntesis en mi labor docente
universitaria es porque quiero para mis hijos justo lo que yo tuve.
Quiero para los hijos de los demás justo lo que yo tuve: oportunidades de
realidad. Eso solo se puede hacer, señorías, con la universidad pública y
con las becas, pero también porque tenemos un modelo distinto de país, y
se lo vamos a decir: nosotros creemos que tenemos que crecer a base del
conocimiento, de apostar por el talento que existe en la gente de nuestro
país. En definitiva, nuestro modelo apuesta por una meritocracia real,
con la que se compita con algo de lo que tenemos mucho en este país:
talento y conocimiento.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Señorías, a continuación, tomará la palabra el
ministro de Universidades.

El señor MINISTRO DE UNIVERSIDADES (Subirats
Humet): Gracias.

Señorías, quisiera agradecer, sobre todo, el
trabajo de esta Cámara en el tiempo que han tenido para poder tramitar y
discutir las más de trescientas enmiendas que se han presentado. Desde mi
punto de vista este periodo ha sido muy provechoso, porque ha permitido
en la labor de comisión —y agradezco también al presidente de la
comisión, Javier de Lucas, el trabajo realizado en este tema—
incorporar algunos cambios en el proyecto de ley que van a permitir
reforzar las lógicas de transición que se necesitan en un proyecto de ley
de esta envergadura, acompasando esa transición también a los ritmos de
financiación, que son imprescindibles. Y todo ello, al mismo tiempo que
siendo conscientes de que no podemos alargar en demasía estos plazos de
transición para evitar que, de hecho, la ley se paralice y no se
implemente. Por lo tanto, la dimensión de trabajar en la lógica de la
transitoriedad y, al mismo tiempo, reforzar la implementación, la
posibilidad de que la ley se implemente, creo que es muy de
agradecer.

En este sentido, también quisiera decir que el
debate ha puesto de relieve algo que pienso que es muy importante para el
sistema universitario, como es salvaguardar el pluralismo y la diversidad
en la universidad. Creo que eso es necesario, que es un elemento central
de la vida universitaria, y yo, que toda la vida he sido universitario,
lo puedo reforzar. Y honestamente pienso que el proyecto de ley nos
permite abordar grandes retos que tenemos planteados como sistema
universitario. Destacaría la democratización en el acceso —sigue
siendo verdad que hay problemas de desigualdad en el acceso—.
También, la internacionalización, sobre todo, en los temas de
europeización —hay treinta y una universidades españolas que ya
forman parte de las alianzas europeas, y eso es un dato muy
positivo—. Igualmente, algo que, como todos ustedes saben, es
importante en este momento, porque lo dice la Unión Europea
constantemente, y es la formación a lo largo de la vida. Tenemos una
universidad muy centrada en los 18 a 29 años, con el 95 % de los
estudiantes, y hemos de abrir la universidad a todas las edades; las
microcredenciales y la formación a lo largo de la vida son muy
importantes. Y asimismo destacaría todo el tema de transferencia; somos
un sistema universitario potente en investigación, pero con déficits de
transferencia significativos.

Por lo tanto, creo honestamente que este
proyecto de ley, que espero que ustedes aprueben, va a contribuir en ese
sentido, y les agradezco su trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señor ministro.

Finalizado el debate del Proyecto de Ley
Orgánica del sistema de universidades, se procede a continuación a abrir
el plazo de una hora para emitir el voto electrónico. Les recuerdo que en
este Proyecto de Ley Orgánica hay tres enmiendas transaccionales,
propuestas de modificación firmadas por varios grupos, con los números de
registro 170348, 170349 y 170350. El proyecto de ley se votará, por lo
tanto, en esas condiciones. A partir de este momento, en que son la una y
cuarto, hasta las dos y cuarto de la tarde, se pueden emitir el voto
electrónico remoto los senadores autorizados para ello.

Asimismo, les recuerdo que la votación
presencial de este proyecto de ley orgánica tendrá lugar una vez
finalizado dicho plazo, cuando sea anunciado por la Presidencia.

Y les recuerdo también que no va a haber
ninguna votación presencial antes de las dieciséis horas, antes de las
cuatro de la tarde.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 6.1.2.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para
la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el senador
Escarda Escarda.

El señor ESCARDA ESCARDA: Gracias, presidenta.
(Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor ESCARDA ESCARDA: Señorías, el proyecto
de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado
y que se tramita por el procedimiento de urgencia tuvo su entrada en esta
Cámara el día 3 de febrero de 2023, fecha asimismo de su publicación en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de
enmiendas finalizó el día 9 de febrero de 2023. A este proyecto de ley se
presentaron diez enmiendas, de las cuales la número 8, del Grupo
Parlamentario Socialista, fue posteriormente retirada. El día 16 de
febrero la comisión ratificó la ponencia, que quedó integrada de la
siguiente manera: por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Ruth Goñi
Sarries; por el Grupo Parlamentario Democrático, don Joaquín Vicente Egea
Serrano; por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, don Koldo
Martínez Urionabarrenetxea; por el Grupo Parlamentario Nacionalista, don
Josep Maria Matamala Alsina; por el Grupo Parlamentario Vasco, don Imanol
Landa Jáuregui; por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, don Pau Furriol Fornells; por el Grupo Parlamentario
Popular, doña Esther Basilia del Brío González y don Pablo Pérez
Coronado; y por el Grupo Parlamentario Socialista, don Xoaquín María
Fernández Leiceaga, doña María del Carmen Mínguez Sierra y don Santiago
Pérez García. Ese mismo día se reunió la ponencia para emitir su informe,
que mantenía el texto remitido por el Congreso de los Diputados, con la
incorporación de la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Socialista
y dos propuestas de correcciones técnicas: una con número de
registro 169505 y otra con número de registro 169506. Esta última, con el
voto en contra del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu y la abstención del Grupo... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Senador, permítame un minuto. (Pausa).

Seguimos.

El señor ESCARDA ESCARDA: Gracias.

Y la abstención del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado.

Asimismo, la ponencia, en relación con diversos
errores técnicos o de índole gramatical detectados en el referido texto,
efectuó las oportunas correcciones, que no tienen la naturaleza de
enmiendas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la
Constitución. A continuación, se reunió la comisión y emitió dictamen de
conformidad con el informe de la ponencia.

Han presentado votos particulares a este
proyecto de ley los grupos parlamentarios Popular en el Senado y
Socialista.

Me permito añadir que esta ley pretende
trasponer a nuestro ordenamiento jurídico varias directivas europeas que
nos afectan y la mejora del funcionamiento de los mercados de valores,
reduciendo la carga reglamentaria que venía acompañando a la normativa
jurídica anterior, según informe del Consejo de Estado.

Quiero expresar mi agradecimiento, como en
ocasiones anteriores, por el trabajo de la letrada, doña Ana Aizpuru
Segura, en la redacción del texto modificado del dictamen, así como a
toda la ponencia por las aportaciones de los diversos grupos y el grado
de consenso alcanzado, consenso necesario para el avance económico y
social de nuestro país.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Señorías, ¿algún grupo quiere intervenir en el
debate de totalidad? (La señora Rodríguez de Millán Parro pide la
palabra.— Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Mixto, la senadora
Rodríguez de Millán Parro interviene en el turno a favor de la ley.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias,
presidenta.

Señorías, la ley que se trae hoy es extensa y
redundante. Tiene 10 títulos, 367 artículos y 27 disposiciones de diverso
tipo; y, junto con la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades de crédito y la Ley de las entidades aseguradoras, constituye
la regulación básica de un sistema financiero. Como saben, la misión
fundamental de un sistema financiero consiste en captar el excedente de
las unidades económicas con superávit para aplicarlo a aquellas unidades
económicas con déficit, un proceso de captación y aplicación de los
fondos que requiere un intenso trabajo por parte de los intermediarios,
y, todo ello, para lograr la eficiente gestión de los recursos económicos
de que disponen un sistema y una economía como la nuestra. En ese
sentido, esta ley, junto con las anteriormente mencionadas, constituye
una buena regulación del sistema financiero. A pesar de esto, hay que
señalar algunos puntos que nosotros consideramos importantes. En primer
lugar, este texto en su mayor parte es una sistematización y reordenación
del actual texto refundido, lo que significa que no implica un verdadero
cambio respecto del derecho ya vigente. No obstante, y pese a la
trasposición de hasta cinco directivas comunitarias sobre la materia, nos
da la sensación de que esta ley en breve se quedará corta ya que no es
suficiente para mejorar la eficiencia de los mercados de valores y
hacerlos más competitivos, aunque se ha avanzado algo —desde luego,
menos de lo que nos gustaría— en la simplificación y eliminación de
burocracia, de forma que sigue existiendo un alto riesgo de que no
solamente los inversores extranjeros, sino también los nacionales,
prefieran otros mercados para realizar sus emisiones, como Reino Unido o
Luxemburgo.

Valoramos positivamente la incorporación de
medidas para reforzar la protección de los inversores frente a las
empresas que ofrecen servicios de inversión sin contar con la debida
autorización por parte de la CNMV con el fin de atajar los fraudes y las
estafas, cada vez más frecuentes, a través de redes sociales, los
denominados chiringuitos financieros, sobre todo para los potenciales
inversores, que tienen una menor cultura financiera. No hay que perder de
vista que la finalidad de la norma no es otra que la transmisión de
capitales y riesgo de los ahorradores a los inversores, y esto es muy
importante.

Estamos de acuerdo en cuanto a la seguridad
jurídica que se profiere al pequeño inversor, aunque es cierto que han
existido muchos problemas en el pasado en los tribunales por cuestiones
que no tenían tanto que ver con la falta de seguridad jurídica como con
la extendida idea de que, si algo falla, la culpa es del Estado. Merece
destacarse la separación de los requisitos prudenciales exigidos en
función del tamaño de las empresas de servicios de inversión y otra serie
de requisitos relacionados con los riesgos sistémicos y su importancia
económica, lo que va a reducir mucho la exigencia a las empresas de
servicios de inversión más pequeñas, que son un porcentaje muy elevado de
nuestro mercado.

Por otro lado, hay dos cambios muy relevantes.
En primer lugar, la regulación de las denominadas sociedades cotizadas
con propósito para la adquisición, más conocidas como SPAC, como
mecanismo alternativo a la tradicional salida a bolsa. Esto va a resultar
muy útil a las empresas que están en pleno desarrollo porque va a
implicar la diversificación de las fuentes de financiación, confiriendo
una adecuada protección a los inversores. Además, se confiere la facultad
de la CNMV de exigir folleto en el caso de que en el momento de la fusión
con la empresa objetivo la operación estuviese exceptuada de este
requisito. De todas formas, habrá que ver la aceptación que tendrá esta
nueva modalidad de inversión en nuestro mercado; si tendrá el éxito que
ha tenido en otras latitudes, por ejemplo, en Estados Unidos, o si, por
el contrario, será otro experimento fracasado, como sucedió en su día con
las acciones sin voto, las acciones rescatables o las participaciones en
las cajas de ahorro. En todo caso, será muy importante el desarrollo
reglamentario y la vigilancia y la supervisión de la CNMV para que no se
produzcan abusos ni fraudes en perjuicio de los pequeños inversores
minoritarios, para dotarlos de un régimen de transparencia reforzado que
permita a los accionistas decidir con fundamento sobre las inversiones
que van a realizar.

El otro cambio, que quizá puede ser más
innovador, impulsado por la Unión Europea consiste en la introducción de
las adaptaciones necesarias para la aplicación del reglamento relativo a
los mercados de criptoactivos, como la designación de la CNMV como
autoridad competente para la supervisión de la emisión, oferta y admisión
a negociación de determinados criptoactivos que no sean instrumentos
financieros. También se determina que los instrumentos financieros puedan
emitirse mediante tecnología de registro distribuido, en aplicación de la
Directiva 2014/65, y se incorpora un régimen jurídico que permite la
representación de valores utilizando esta tecnología. Se modifica, por
otro lado, el artículo 23 de la Ley de sociedades de capital, permitiendo
establecer en los estatutos sociales de la sociedad anónima que las
acciones se representen mediante sistemas basados en tecnologías de
registros distribuidos. Y se modifica también el artículo 517 de la Ley
de enjuiciamiento civil, estableciendo como título ejecutivo los
certificados emitidos por las entidades encargadas donde se registren
valores simbólicos. Sin embargo, aquí sí se encuentra una laguna, porque
el texto sigue adoleciendo de regulación en relación con el concurso del
poseedor de estos valores simbólicos cuando garantizan una deuda de un
tercero.

En resumen, es una ley de sistematización y
simplificación del actual texto refundido, además de la trasposición de
las cinco directivas comunitarias que estaban pendientes sobre la materia
de mercados financieros. Es una norma muy técnica y, por ello, de escaso
revuelo mediático, pero muy necesaria porque en general busca favorecer
el desarrollo de los mercados de valores, ser más competitivos y, como
decía, simplifica o elimina trámites que tenían muchos costes para las
empresas más pequeñas sin que redundaran en una mayor protección de los
inversores. Además, se ha conseguido incluir la autorización para
posiciones cortas en fondos de inversión y el tratamiento especial en el
Fogain para asesores financieros. Esto, en general, es positivo, más allá
de que se podía haber llegado más lejos o mejor.

De nuevo se trata de no perder la oportunidad
en una materia de especial potencial y funcionalidad para los mercados.
La inversión, la circulación de la riqueza... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Perdone, senadora.

Señorías…

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: ... y una
materia en la que Europa... (Continúan los rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Un
momentito, senadora, a ver si recuperamos un poco de silencio.

Les ruego, por favor, que guarden silencio.
Gracias. (Pausa).

Continúe, senadora.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: En
definitiva, se trata de no perder la oportunidad en una materia que tiene
un enorme potencial y funcionalidad para los mercados, la inversión y la
circulación de riqueza, pero en la que Europa va con cierto retraso.

Para nosotros el bien común está por encima de
todo y, por tanto, también el bienestar y el desarrollo económico de
España, por lo que apoyaremos esta ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

¿Algún otro senador o senadora quiere
intervenir en este turno? (Pausa).

Pasamos, entonces, al debate del articulado, a
los votos particulares que se han presentado.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 7,
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Pérez Coronado.

El señor PÉREZ CORONADO: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.

Efectivamente, en el Grupo Parlamentario
Popular hemos presentado siete enmiendas a este proyecto de ley, siendo
de esta forma el único grupo parlamentario que ha presentado enmiendas, o
al menos enmiendas relacionadas con el proyecto de ley que ahora estamos
debatiendo, porque, aunque el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado una, la enmienda está relacionada con la Ley del IRPF; y si
bien estamos de acuerdo con su contenido, nos parece que las formas y la
técnica legislativa dejan mucho que desear. El Grupo Socialista desprecia
nuevamente la labor de esta Cámara, al igual que la desprecia de forma
constante al tramitar de urgencia la mayor parte de proyectos de ley que
trae aquí.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado, como
digo, siete enmiendas a este proyecto de ley con las que queremos
reflejar básicamente nuestro compromiso con el funcionamiento de los
mercados de valores, el compromiso de este grupo parlamentario con la
capitalización de las empresas y el compromiso con la protección de los
inversores. Lo que pretendemos con estas enmiendas es básicamente
proteger a nuestros inversores, a nuestras empresas y a nuestros mercados
respecto de las desventajas que se generan con esta ley en cuanto a la
operativa en otros mercados financieros, en otros mercados de valores en
el resto de Europa. Por tanto, lo lógico y lo sensato sería que estas
enmiendas fuesen respaldadas por el resto de los grupos si realmente
creen en esta ley. Y es que, de salir así, nuestros centros de
negociación tendrían una clara desventaja respecto al resto de centros de
los mercados europeos ya que la ley está forzando a los centros de
negociación a mantener un régimen disciplinario y sancionador propio,
algo que no existe para el resto de esos centros en los mercados
europeos, algo que no indica MIFID II y algo que no indica ninguna
directiva delegada. Por lo tanto, los costes que asumirían los centros de
negociación que operan en España serían mayores, y ya saben que si cargan
unos costes a estos centros de negociación quien será el pagador final de
este incremento serán las empresas y nuestros inversores. Cuando hablo de
las desventajas que marca la ley me refiero a cuestiones como esta, o a
la posibilidad de pignorar activos para hacer préstamos de valores para
las instituciones de inversión colectiva. Es cierto que esto es algo que
marca la ley, pero al no haberse realizado el desarrollo técnico de esta
posibilidad para las instituciones de inversión colectiva, estas en
España no pueden hacer esta operativa, lo que genera una clara
desventaja, fundamentalmente en la rentabilidad de las instituciones de
inversión colectiva españolas respecto a los fondos de inversión de las
IIC, instituciones de inversión colectiva, del resto de países europeos.
Creemos que tiene que ser la CNMV porque es algo natural, y porque el
ministerio no ha llevado a cabo este desarrollo técnico, la que tenga que
regular esta técnica de inversión.

Y si hay un problema que vemos en esta ley, y
que creemos que a través de nuestras enmiendas se podría solventar, es el
relativo al cobro de incentivos. De salir así la ley, el cobro de
incentivos generaría también una desventaja competitiva a nuestras
empresas de asesoramiento financiero. Lo que pedimos a través de nuestras
enmiendas es que la comisión de colocación sea una comisión de colocación
y no un incentivo. Pedimos también algo tan lógico y sensato como que sea
una lista abierta de incentivos y no una lista cerrada, porque la lista
abierta es lo que establece MIFID II y todas las directivas delegadas. No
podemos ir más allá en la restricción del cobro de incentivos de lo que
se está haciendo en el resto de los países de nuestro entorno, porque eso
generaría una nueva desventaja competitiva.

Por otra parte, algo que me preocupa mucho y
que ha venido así del Congreso, a pesar de que nuestros compañeros allí
trataron de evitarlo, es que las empresas de asesoramiento financiero
nacionales tengan que hacer una aportación fija al Fondo de Garantía de
Inversiones, unas empresas que no son depositarias. No tiene ningún
sentido que las empresas de asesoramiento financiero tengan que hacer una
aportación fija mínima al Fogain, el Fondo de Garantía de Inversiones.
Estamos hablando de pequeñas empresas y, al final, si no se reglamenta de
forma adecuada este aspecto, desde luego eso podría llevar al cierre y a
la falta de surgimiento de este tipo de empresas de asesoramiento
financiero. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que marque el
reglamento, porque estas empresas de asesoramiento financiero, estos
empresarios, estos emprendedores financieros, creo que han de tener todo
el respaldo de las Cámaras y, por supuesto, del Grupo Parlamentario
Popular.

Otro de los aspectos importantes de esta ley, y
por lo que nosotros hemos trabajado en nuestras enmiendas, es la
protección del inversor. Nosotros creemos que se le tiene que proteger en
todos los campos, no solo, tal y como marca la ley, en los mercados
regulados, sino también atender a los sistemas multilaterales y los
sistemas organizados de contratación. Asimismo, para la defensa del
inversor pedimos una mayor flexibilidad en la suspensión de activos e
instrumentos financieros.

En esencia, como pueden ver, señorías, lo que
pretende este grupo parlamentario es ahondar en la línea de lo que marca
la ley, pero sin generar las desventajas competitivas que en este momento
establece, y que así quedarían si no se aceptan estas enmiendas. Creo que
hemos puesto y que hay que poner el foco en la capitalización de nuestras
empresas y, sobre todo, en la protección de nuestro inversor, tal y como
nosotros proponemos en nuestras enmiendas.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para
la defensa de la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la senadora Mínguez Sierra.

La señora MÍNGUEZ SIERRA: Gracias,
presidenta.

La enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista reconoce que las mujeres que sufrieron la crisis
sanitaria de la COVID-19 con suspensión de contrato, periodo de
inactividad productiva o cese de actividad tienen derecho a la deducción
por maternidad. Hasta ahora la deducción por maternidad era un beneficio
fiscal para las mujeres con hijos menores de 3 años que realizan una
actividad por cuenta propia o ajena, por lo que deben estar dadas de alta
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad. Esto
se recoge en el artículo 81 de la Ley del IRPF. Con esta enmienda
garantizamos la deducción por maternidad a las mujeres que durante el
periodo comprendido entre los años 2020, 2021 y 2022 sufrieron la crisis
sanitaria y económica de la COVID-19, pasando a encontrarse en situación
legal de desempleo como consecuencia de haber quedado suspendido el
contrato de trabajo, de encontrarse en un periodo de inactividad
productiva por ser una trabajadora fija discontinua, así como a las
autónomas perceptoras de una prestación por cese de actividad como
consecuencia de la suspensión de la actividad económica
desarrollada.

Los socialistas seguimos trabajando por los
ciudadanos y las ciudadanas para no dejar a nadie atrás en esta crisis
sanitaria que ha tenido como consecuencia una crisis económica. Desde el
Gobierno de España se han puesto en marcha medidas económicas que han
permitido la protección de trabajadores y empresas y que han sostenido el
tejido productivo y social, minimizando el impacto y facilitando la
reactivación de la actividad económica. El Gobierno de Pedro Sánchez es
el Gobierno más feminista de la historia de este país (Aplausos) y está
realizando e impulsando una gran transformación social de los derechos de
las mujeres, en definitiva, de la sociedad española, de los ciudadanos de
bien, que preocupan al señor Feijóo, y de los ciudadanos no bien, que no
preocupan al señor Feijóo. Para todos los españoles y españolas. Está
impulsando la recuperación de los derechos perdidos bajo los gobiernos
del Partido Popular y reforzando las garantías y el reconocimiento de
nuevos derechos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas, tiene
la palabra el senador Fernández Leiceaga.

El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Gracias,
presidenta.

Señorías, la primera reflexión sobre esta ley
es que todos los grupos la consideramos una ley necesaria, y esta
coincidencia creo que va a llevar a que tenga un amplio respaldo de esta
Cámara, como ya lo ha tenido en la comisión y también en el Congreso. Ya
se ha indicado que esta ley tiene como objetivo mejorar el funcionamiento
del mercado de capitales en España, homologándolo a la Unión Europea, y
por esa vía elevar el nivel de inversión de nuestras empresas, porque
consiguen mejorar su financiación al complementar la financiación
bancaria con otro tipo de financiación que se hace más fácil, y elevar el
nivel de protección de los ahorradores no profesionales, que cada vez son
más protagonistas del mercado. Creo que son objetivos que todos
compartimos porque van a dar lugar a una mejora del ritmo de crecimiento
de nuestra economía y, por tanto, del nivel de bienestar de nuestros
ciudadanos. Además, la norma va a permitir mejorar también de forma
significativa el combate al fraude financiero y regular mejor, de forma
más precisa, los criptoactivos, que tan de moda están y que tanto riesgo
tienen.

Esta es una ley muy trabajada, no solo como
proyecto de ley, que también, sino antes ya, como anteproyecto, con
informes y consultas a distintos organismos reguladores y a muchos de los
agentes que participan en el mercado, partidos políticos, y otras
administraciones, entre ellas, administraciones autonómicas, algunas de
las cuales tienen competencias en esta materia y que han hecho
aportaciones en algún caso, todas ellas incorporadas al texto
legislativo. Eso explica que en el Congreso haya salido sin votos en
contra, y espero que aquí ocurra algo parecido. Y la verdad es que esto
me lleva a una pequeña reflexión, mínima. ¿No me estaré equivocando?
Porque que un Gobierno socialcomunista que quiere romper España y acabar
con el sistema promueva una ley referida a los mercados financieros que
consigue tan amplio apoyo… ¿No me estaré equivocando? Se equivoca
muchas veces la oposición cuando pinta con trazos tan gruesos la labor de
este Gobierno. (Aplausos). Yo creo que yo no me equivoco.

Es una ley europea que traspone varias
directivas, que va a permitir que de forma rápida se incorpore la reforma
del MIFID II y que también va a permitir —en ese sentido quiero
contradecir al portavoz del Partido Popular— que las empresas de
servicios de inversión española y otros agentes operen en pie de igualdad
con otras europeas, facilitando la consecución en el mercado único, pero
también la captación de ahorro por parte de la economía española. Y va a
permitir asimismo que la protección de los consumidores
—financieros, en este caso— en España, se aproxime a los
estándares europeos y en algunos casos incluso la mejore. Por eso no
podemos aceptar la enmienda número 2, al artículo 53, porque consideramos
preferible mantener la obligación relativa al establecimiento de un
régimen disciplinario en todos los centros de negociación, que pensamos
que no es una carga excesiva para ellos, en línea con lo que propone la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, así estamos haciendo
operativo algo que está en la propia MIFID en su artículo 18. Por esta
razón tampoco podemos aceptar la enmienda 4, al artículo 216.3, que
autorizaría el cobro de comisiones por la prestación de servicios de
colocación a las empresas intermediarias, porque la Autoridad Europea de
Valores recoge que todos los servicios de inversión estarán sujetos al
régimen de incentivos.

Es una ley también que mejora —ya se ha
indicado— la protección al pequeño consumidor, porque, como decía,
el inversor no profesional es cada vez más protagonista en el mercado de
valores, lo que supone atender a dos requerimientos divergentes. Por un
lado, aumentar la eficacia y reducir los costes operativos, porque eso
facilita que las barreras de entrada se reduzcan, se hagan más pequeñas,
facilita la incorporación de nuevos ahorradores, y así aumentaría el
volumen de estos mercados financieros y se reduciría la dependencia del
crédito bancario de las empresas, pero, al mismo tiempo, que esto se haga
con la máxima protección. Y esto exige seguridad jurídica, transparencia,
obligaciones específicas para los intermediarios profesionales, como los
requisitos de recursos propios que se exigen a los intermediarios, y el
reforzamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la
regulación, en la supervisión y en la disciplina.

Los informes recibidos y el respaldo
parlamentario, que espero que también se confirme en el Senado, indican
que estamos muy cerca de ese desequilibrio entre reducir los costes y
aumentar la protección al consumidor, y eso nos lleva a no apoyar la
enmienda 4, que ya vimos, o la enmienda 1, al artículo 5, que rompe la
unidad en el tratamiento normativo de los valores negociables porque
crearía registros específicos para alguno de ellos, separándolos del
general. Ni la enmienda 5, al artículo 216, porque entendemos que una
lista cerrada de supuestos otorga más seguridad jurídica y más protección
al pequeño inversor e impide nuevos cobros por incentivos. Y tampoco la
enmienda 6, al artículo 284, porque retira capacidad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en aquellos supuestos en que un valor
negociable es suspendido y sus derivados también deben serlo. Ustedes
están en su derecho de creer que ese equilibrio entre menores costes y
mayor protección se establece de forma ligeramente diferente, pero
nosotros creemos que está bien en la ley y, por tanto, vamos a mantener
esta posición.

Y las dos enmiendas que quedan las consideramos
innecesarias. La primera, porque ya está incluida en otro apartado de la
ley, y la segunda, porque traduce una desconfianza en las capacidades del
ministerio, que creo que no debe tener cabida en un texto legal. En suma,
la ley da más seguridad jurídica; más calidad a esta normativa reguladora
de los mercados de valores; configura una ley marco que pone coto a la
dispersión normativa; equilibra protección al inversor y operativa de los
mercados y eficacia; se ajusta a Europa, y favorece, además, la
actualización continua de la legislación, que es un valor muy importante
en un mundo financiero tan cambiante y donde la legislación europea que
vendrá nos va a obligar a una revisión continuada de nuestros
instrumentos normativos. Por tanto, espero que puedan apoyar esta ley y
que salga de aquí con el máximo respaldo, porque eso sería, sin duda, un
mensaje muy potente para toda la sociedad española y, en concreto, para
aquellos que operan en los mercados financieros.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la senadora Goñi Sarries.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidenta.

El Proyecto de Ley de los mercados de valores y
de los servicios de inversión busca la mejora de la financiación y la
capitalización de las empresas españolas y contempla la simplificación
administrativa para facilitar la atracción de inversiones. Necesitamos
unos mercados financieros estables, transparentes y eficientes que
garanticen la protección de los ahorradores y de los clientes de
servicios financieros, y para ello es imprescindible una ley que lo
regule y que lo ampare.

Este proyecto de ley, que es muy complejo y muy
técnico, incorpora reglamentos europeos y trata de trasponer numerosas
directivas europeas para clarificar en una sola regulación el marco legal
de los mercados de valores y servicios de inversión. Se pretende dotar y
mejorar la seguridad jurídica en estas áreas, que son tan sensibles a la
incertidumbre y a la inseguridad. Se persigue impulsar la financiación a
las empresas, reforzando el papel de los mercados de valores en esa
financiación de la economía, garantizando que los servicios de inversión
contribuyan a la capitalización de las empresas españolas, e incorporando
numerosos nuevos instrumentos de financiación para las pymes. El proyecto
de ley contempla también la reforma de la Ley de sociedades de capital
para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas
con propósito de adquisición. También persigue aumentar la protección de
los inversores, especialmente de los minoristas. Se aplicarán las
previsiones de la normativa europea sobre criptoactivos. La Comisión
Nacional del Mercado de Valores se dota de las competencias de protección
de inversores y de la estabilidad financiera en este ámbito. Se define en
el ámbito de aplicación de la ley cualquier instrumento financiero que
sea un criptoactivo representado mediante tecnología de registro
distribuido, y se traspone también la directiva sobre el régimen
prudencial de las empresas de servicios de inversión. Se persigue y se
apuesta por unos mercados financieros transparentes.

La transparencia es vital para los mercados de
valores, es muy importante facilitar que todas las inversiones se hagan
con el mayor conocimiento posible de su naturaleza y de los riesgos
asociados a ellas. Garantizar esa transparencia, cuando hablamos de
productos muy complejos y de riesgos que son muy difíciles de evaluar, es
imprescindible para esos mercados en sí mismos y para los pequeños
inversores. Para tener esos mercados transparentes es fundamental que no
desaparezcan más asesores financieros independientes, porque no hay
figura más transparente que ese asesor financiero independiente, y lo
cierto es que han desaparecido un tercio en los últimos años, por lo que
habrá que plantear medidas de fomento y de apoyo. Esa transparencia en la
ley debe ir unida también a la flexibilidad necesaria que permita la
introducción de nuevos tipos de activos o de negocio en los mercados
españoles, porque, si no, no podremos competir en igualdad con los
mercados internacionales. En un futuro deberemos trabajar en otras áreas,
como, por ejemplo, en definir una estrategia española de criptoactivos.
Sabemos que hay que impulsar en España el desarrollo de estas
innovaciones, pero hay que hacerlo de la forma más garantista y con la
mayor transparencia posible. Habrá que trabajar más en la regulación de
las instituciones de inversión colectiva, de los fondos de pensiones y de
los productos de capital riesgo, entre otros, porque debemos ser
competitivos y eficientes para que la inversión extranjera venga a España
y para que el ahorro y la inversión española no se vayan fuera. En un
futuro deberíamos dar más competencias a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y, por supuesto, tendremos que seguir intentando trasladar el
ahorro y la inversión hacia la financiación empresarial. Es absolutamente
fundamental el desarrollo y el crecimiento de nuestros mercados
financieros y de capitales. Esta ley debería servir para mejorar esos
mercados, hacerlos más competitivos, y que así puedan contribuir a
mejorar la actividad económica y el crecimiento empresarial en
España.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático entiendo
que no hay ninguna intervención.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
no está prevista intervención.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra el senador Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Bon dia, senyories. Intervendré brevemente, desde el escaño.

No voy a entrar en los objetivos de este
proyecto de ley, puesto que los que me han precedido en el uso de la
palabra los han matizado y explicado, pero debo decir que desde Junts
pudimos aportar, al incorporarse las cinco enmiendas que presentamos en
el trámite en el Congreso. Todas eran enmiendas de carácter competencial
que garantizaban el papel que juegan en este ámbito las comunidades
autónomas, y la de Cataluña en nuestro caso.

Una vez más quiero cuestionar lo que viene
ocurriendo con todos los proyectos de ley, o con la gran mayoría de
ellos, que nos llegan a esta Cámara: vemos que nos encontramos ante una
tramitación legislativa por urgencia. Cierto que puede parecer que en
esta ocasión no se va a pasar el rodillo y se van a permitir
incorporaciones, pero se trata de incorporaciones para subsanar errores
técnicos, errores técnicos que no se han generado en esta Cámara, pero
que, evidentemente, se deben afrontar. Y también es cierto que se hace
para dar respuesta a un problema que nada tiene que ver con lo que
estamos debatiendo, que nada tiene que ver con el contenido de este
proyecto de ley. Me refiero a la enmienda número 10, del Grupo
Socialista, en relación a la deducción por maternidad.

Es evidente que las formas en ningún caso son
ejemplares, pero, como nosotros compartimos la necesidad del fondo, la
vamos a apoyar.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora
Etxano Varela tiene la palabra.

La señora ETXANO VARELA: Gracias,
presidenta.

Brevemente, para decir que votaremos
favorablemente a esta ley.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra el senador Furriol.

El señor FURRIOL FORNELLS: Bona tarda,
presidenta. Bona tarda, senyories.

El título del texto que aprobaremos hoy es Ley
de los mercados de valores y de los servicios de inversión. Dicha ley
viene a sustituir la Ley de 2015, denominada a secas Ley del mercado de
valores. Las modificaciones en la denominación de la ley son «mercados de
valores», en plural, en vez de «mercado de valores», con el añadido «y
los servicios de inversión». Es un cambio de nombre de la ley que podría
inducir a pensar que nos adelanta novedades en su contenido, como serían
pasar de tener un mercado de valores a varios mercados de valores, pero
eso ya era así, o incluir en ella una regulación de los servicios de
inversión, pero en la Ley de 2015 ya se regulaban también estos
servicios.

La nueva denominación de la ley no nos anuncia,
pues, novedades en su contenido. Se trata simplemente de una
actualización de la Ley del mercado de valores de 2015, que ya no era
entonces una nueva ley, sino un texto refundido de la ley del mercado de
valores de 1988 y de otras normas sobre la materia. Con esta nueva
reforma dicha ley, la de 1988, se sigue actualizando. Se hace en esta
ocasión como una nueva ley, pero podría perfectamente haberse hecho como
una reforma del texto refundido de 2015, una más de las once aprobadas
desde entonces. Basta echarle un vistazo al índice del proyecto de ley y
al de la Ley del mercado de valores vigentes: ambas tienen exactamente
los mismos títulos, prácticamente idénticos capítulos y casi el mismo
número de artículos. En todo caso, ya sea una nueva reforma de la Ley del
mercado de valores o una nueva redacción de esta, era necesaria. Aunque
se podría haber ido más allá, se ha hecho bastante bien. Y, para variar,
se ha hecho tarde y con prisas. Era necesaria, sobre todo, para la
trasposición de directivas europeas, para la actualización del texto a
las nuevas realidades, como es el caso de los criptoactivos, y también
para introducir mejoras que la experiencia de su aplicación
aconsejaba.

Efectivamente, con el proyecto, se trasponen
finalmente cinco directivas de los años 2019, 2020 y 2021, que a su vez
modifican nada menos que otras doce directivas de entre 2002 y 2019. Hay
que recordar en este punto, una vez más, que, según fuentes oficiales de
la Unión Europea, el Reino de España es el cuarto país con más
expedientes abiertos por trasposición tardía de directivas.

Se trata de una norma extensa y muy técnica.
Dicha afirmación no es una crítica, sino una constatación. Por ello, para
realizar la función de segunda lectura que corresponde a esta Cámara,
llamada Alta, hubiese sido deseable disponer de más tiempo del previsto
reglamentariamente con carácter general, pero también, y a pesar de ello,
este proyecto se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, que, en
la práctica, ha devenido en procedimiento ordinario. Como siempre, vamos
tarde y hay prisa, y es culpa del Gobierno por hacer tarde los deberes y
no haber presentado el proyecto de ley cuando tocaba. Ciertamente, como
he expuesto, su aprobación es urgente porque nos hallamos, de nuevo,
fuera de plazo, pero, aun siendo urgente, podría haberse habilitado
perfectamente el mes de enero en vez de recurrir nuevamente, para variar,
al trámite de urgencia, que impide a esta Cámara la segunda lectura más
reposada, que siempre es necesaria, más aún en el caso en que nos
hallamos, ante un texto especialmente extenso, denso y complejo. Esta
urgencia sistemática o sistémica es, una vez más, un menosprecio a la
función del Senado y, por extensión, al Senado mismo, que, en esta
ocasión, a duras penas se ha podido centrar en correcciones gramaticales
y de estilo y en salvar errores en citas, referencias y remisiones. Todo
ello sin perjuicio de que, en líneas generales, el proyecto es un buen
texto, que actualiza y moderniza el texto refundido de 2015 proveniente
del de 1988, traspone directivas europeas, incorpora también reglamentos
europeos, agiliza la financiación y la capitalización de las empresas y
favorece la integración de la economía interior con los mercados
financieros europeos e internacionales mediante la homogeneización de la
normativa, y simplifica y reduce procedimientos administrativos, sin
menoscabo de la protección de los inversores.

Finalmente, solo añadiré que en este proyecto
hemos centrado nuestros esfuerzos principalmente en la defensa de las
competencias de las comunidades autónomas con bolsa de valores y en la
defensa de los derechos de los inversores, entendidos como consumidores y
usuarios de servicios de inversión; esto es, pequeños ahorradores,
inversores minoristas no profesionales, sobre lo que, por cierto, existe
un anteproyecto que, al parecer, habría intención de aprobar en esta
misma legislatura. Ante esto, dejamos ya anunciada nuestra intención de
vigilar que se respeten las competencias autonómicas en materia de
protección de consumidores y usuarios y de impedir que, bajo el pretexto
de la especialidad, se cree una supraestructura estatal que asuma
competencias propias de las comunidades autónomas.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Del Brío González.

La señora DEL BRÍO GONZÁLEZ: Muchas gracias,
presidenta.

Buenos días, señorías. Comentaba una de las
senadoras socialistas que el Gobierno actual es el más feminista de la
historia, y lo dice cuando se están reduciendo las penas por delitos
contra la mujer y tienen, durante tres años, a las mujeres sin deducción
por maternidad y, por tanto, sin la debida protección. (Aplausos). ¡Qué
Gobierno tan estupendo y tan feminista! ¿Qué nos quedará por hacer a los
demás? Pero ya que saca el tema, precisamente, dentro de la Comisión de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Partido Popular trajo
hace un par de años a esta Cámara la propuesta de la creación de un
índice bursátil femenino, el gender equality index, que lleva ya
funcionando algo más de un año, y en este algo más de un año se ha
conseguido aumentar la tasa tanto de mujeres en la alta dirección como en
los consejos de administración, muy por encima de lo que consiguió en
cuatro años la Ley de igualdad efectiva de Zapatero. Por tanto, creo yo
que, a lo mejor, el Partido Popular ya se puede convertir en el partido
en el Gobierno que más se preocupa por las mujeres. (Aplausos).

También nos dice el portavoz socialista que,
fíjate, es un Gobierno socialdemócrata que se preocupa por los mercados
de valores. No me extraña que le extrañe a él mismo porque esta ley solo
viene aquí porque hay que trasponer una ley europea. Ni siquiera logran
trasponer la ley europea de la forma debida, sin que, al final, la
ideología acabe interviniendo. Aunque vayamos a votar a favor y tanto la
oposición como el sector prefieran una ley que adapta, por fin, la
normativa europea en vez de una ley buena, lógicamente, hay deficiencias.
La principal deficiencia es que el Gobierno sigue teniendo esa enorme
desconfianza hacia el empresariado y hacia la empresa. Eso les lleva,
como ha comentado mi compañero, por ejemplo, a establecer normativas que
van más allá de lo que pide Europa, no en la protección del pequeño
inversor, sino en controlar en exceso la actividad de nuestros
operadores, de tal forma que con lo que se van a encontrar es con que, en
un mundo global como en el que estamos, cualquier inversor, extranjero o
español, comprará y contratará productos y servicios financieros en
mercados distintos al nuestro porque nosotros estaremos poniendo siempre
trabas indebidas. Es decir, seguimos sin permitir la libre competencia de
nuestros productos. Siempre tenemos un exceso de miedo a que la gran
empresa vaya a hacer daño a los demás. Al final, no estamos protegiendo
al pequeño inversor porque le estamos reduciendo las posibilidades que
tiene de invertir y rentabilizar su ahorro, que es una forma,
precisamente, de reducir las desigualdades económicas con las que también
se le llena la boca a este Gobierno y a este Grupo Parlamentario
Socialista.

Por tanto, como les decía, son muchos los
elementos que se podrían haber mejorado en la ley. Además, no se nos ha
admitido ninguna enmienda y eso también dice mucho del Grupo Socialista,
que está en la posición de no emito errores y no aprendo de los demás,
aunque me presenten enmiendas que puedan mejorar el texto. Pero luego nos
encontramos con que en esta ley tienen que corregir la Ley del IRPF. Yo
me pregunto si los errores de esta ley los irán a corregir dentro de unos
días, por ejemplo, en la Ley de protección animal. (Aplausos). Todo vale
con tal de no llegar a consensos reales, porque esta ley está consensuada
por la buena voluntad de la oposición, no por el buen trabajo del
Gobierno ni porque sea una buena ley. Insisto, deja muchos elementos que
desear porque ha roto, para empezar, la neutralidad normativa. Nosotros
nos encontramos con que trasponemos las leyes europeas, pero dejamos más
desprotegidos a nuestros inversores y más desprotegidas a nuestras
empresas. Al final, siempre queda subyacente una idea, que es la
oposición tremenda del Gobierno —aquí englobo a toda la
izquierda— hacia el concepto de ahorro. Si hay algo que nunca se
apoya fiscalmente, que no se promociona en este país, es el ahorro, con
esa extraña idea maniqueísta de que ahorran los ricos. En este país, la
mayor parte del ahorro familiar que queda sin generar rentabilidad por
culpa del mal diseño de las políticas del Gobierno es el ahorro de la
clase trabajadora; son aquellas familias que de verdad reducen consumo
futuro y sacrifican consumo futuro para tener un nivel de ahorro, y de
ese nivel de ahorro nunca se acuerda la izquierda. Ese nivel de ahorro,
bien trabajado, bien invertido y promocionado será la forma de reducir
esas desigualdades.

No me extenderé más porque se me ha pasado el
tiempo, pero, como les decía, muestro mi agradecimiento a la letrada, a
la ponencia y especialmente a aquellos grupos parlamentarios que van a
apoyar nuestras enmiendas, y lamento, una vez más, que el Grupo
Socialista y el Gobierno no sean capaces de abrir la mano para obtener
consensos en los que ellos se muevan hacia nosotros y no nosotros hacia
ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Pérez García.

El señor PÉREZ GARCÍA: Señora presidenta, muy
buenas tardes a todos.

Para una vez que apoya la ley el Partido
Popular, podría apoyarla con un poco de alegría. (Aplausos). No es que a
mi compañero le extrañe que al Grupo Popular le choque que el Gobierno
logre este nivel de regulación y de aceptación, lo que sorprende a mi
compañero es que al Grupo Popular no le choque que un Gobierno como este
proponga un proyecto de ley que está teniendo un importante respaldo
parlamentario. Es un proyecto de ley que se refiere a un tema
trascendental, el mercado de valores, para mejorar la asignación de
recursos, la financiación de las empresas, la apertura exterior de
nuestra economía y que tiene, pero no solo, el objetivo de la
trasposición de directivas europeas. Europa no pide, sino que aprueba
reglamentos de aplicación directa y aprueba directivas que deben ser
traspuestas. En la trasposición, el legislador tiene un margen de
elección, tiene alternativas; y es en esas alternativas donde el
legislador, en este caso la propuesta del Gobierno con este proyecto de
ley, pretende alcanzar un punto de equilibrio entre eficiencia,
liberalización y protección del inversor, seguridad jurídica. De esto
hemos hablado todos, pero cuando el Gobierno y el grupo que lo respalda
mantienen sus criterios y no aceptan enmiendas no es por no aceptar
errores, sino porque creemos que, con este texto, ese punto de equilibrio
entre eficiencia, competitividad, modernización de nuestro mercado de
valores y protección del pequeño ahorrador se alcanza adecuadamente. No
es por un problema ni de soberbia ni de no reconocer errores.

Esta ley traspone, como acabo de decir,
directivas europeas. Va a utilizar el legislador de nuestro país ese
margen de maniobra del que dispone, pero, además, incorpora aspectos
regulatorios importantes en los que se toma muy en cuenta la garantía de
los pequeños ahorradores, de los pequeños inversores, por ejemplo, cuando
se adoptan medidas para estas sociedades de servicios de inversión que no
tienen autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Son
entidades que operan en una sociedad digitalizada y de las que se pueden
derivar riesgos para aquellos pequeños inversores no familiarizados con
el entorno del mundo financiero. Aquí, el legislador pone pie en pared y
establece medidas de garantía. Ocurre lo mismo con las que ya han
denominado sociedades cotizadas con voluntad de adquisición. Como se ha
dicho aquí, es un mecanismo alternativo a la salida a bolsa tradicional,
es un mecanismo que permite bursatilizar nuestra economía y, por lo
tanto, que las empresas dependan menos del crédito bancario, pero que
entraña riesgos para la parte más frágil de nuestra realidad económica.
Para esos riesgos se adoptan medidas de garantía, de seguridad, que
implican una modificación de la Ley de sociedades de capital. El proceso
de integración europea en este campo de los mercados financieros va a
continuar adelante. Ahí están las propuestas de acción de la Comisión
Europea para desarrollar el mercado único de capitales para las empresas
y las familias. Hay dieciséis medidas previstas que van a obligar pronto
a tener que actualizar esta ley.

Esta es una ley profundamente técnica, pero no
solo y, por eso, es tan importante encontrar ese punto de equilibrio. Es
una ley poco propensa a la inspiración poética, pero no es solo una ley
técnica. En el debate se ha puesto de manifiesto una sensibilidad
perfectamente respetable, la de la derecha, más pendiente de la
liberalización, más pendiente —casi exclusivamente— de la
eficiencia; y la actitud de un Gobierno y de su mayoría que, muy
comprometidos con la eficiencia, pretenden con toda esta serie de
regulaciones dar garantías a la parte débil, al pequeño inversor, generar
condiciones de seguridad y de garantía.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Finalizado el debate del Proyecto de Ley de los
mercados de valores y de los servicios de inversión, se procede, a
continuación, a abrir el plazo de una hora para que emitan el voto
electrónico remoto los senadores autorizados.

El voto se hará incorporando al proyecto de ley
las tres propuestas de modificación que han sido objeto de transacción:
la propuesta con registro de entrada 170377; la segunda, con registro de
entrada 170378; y la tercera, con registro de entrada 170379.

Se abre, por tanto, el plazo de una hora a
partir de este momento, en que son las dos y cuarto, hasta las tres y
cuarto, para que los senadores autorizados emitan el voto electrónico
sobre las votaciones reglamentariamente previstas.

Les recuerdo que la votación presencial de este
proyecto de ley tendrá lugar una vez finalizado este plazo, cuando sea
anunciado por la Presidencia.