El señor PRESIDENTE: Punto décimo del orden del día.

Señorías, en acatamiento del auto del 21 de diciembre de 2022 del
Tribunal Constitucional desestimando la solicitud planteada por el Senado
de alzamiento de la medida cautelar de suspensión, acordada por ese mismo
tribunal el 19 de diciembre de 2022, y en contra del criterio de la
fiscalía de ese alto tribunal, y habiendo sido anunciados en dicho auto
los votos particulares de los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don
Cándido Conde-Pumpido Tourón, doña María Luisa Balaguer Callejón y doña
Inmaculada Montalbán Huertas, informo a sus señorías que procedemos al
debate y posterior votación de la Proposición de Ley orgánica de
trasposición de directivas europeas y otras disposiciones para la
adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y
reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y
contrabando de armas de doble uso en los términos y con las restricciones
establecidas por dicha resolución.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de
la Comisión de Justicia, el señor Lerma Blasco (Rumores).

El señor LERMA BLASCO: Buenos días. (Rumores).

Señor presidente, señoras y señores senadores…

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor presidente.

Señorías y el resto de personal que se encuentran en el hemiciclo,
por favor, si son tan amables, guarden silencio para dar comienzo al
debate. (Pausa).

Puede comenzar, señoría.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, presidente.

Proposición de ley orgánica de trasposición de directivas europeas y
otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al
ordenamiento de la Unión Europea, y reformas de los delitos contra la
integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble
uso.

Señorías, la presencia en nuestro ordenamiento jurídico de tipos
penales inexistentes en la mayoría de los Estados integrantes de la Unión
Europea, de acuerdo con lo que mantiene el preámbulo de la ley, o la
vigencia de penas desproporcionadas en relación con las que se aplican en
los países vecinos, resulta altamente disfuncional en lo relativo al
funcionamiento de la cooperación judicial y de seguridad. El devenir
social —insiste el preámbulo de la ley—, la incardinación de
nuestro país en la Unión Europea y la pertenencia a determinados
organismos internacionales que marcan pautas de actuación, no solo en la
represión de las conductas delictivas sino en el respeto a los derechos
fundamentales como límite de actuación de los poderes públicos, exigen
una modificación de determinados tipos penales, posibilitando así seguir
contando con un Código Penal que responda al tiempo en el que la sociedad
se halla y dar una respuesta actual, segura y propia de un Estado de
derecho como el nuestro a unas formas delictivas o a la evolución de
otras ya existentes.

Esta proposición de ley, que se tramita, como saben ustedes, por el
procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el 16 de
diciembre. El plazo de enmiendas finalizó el día 19 a las catorce horas y
se presentaron cinco propuestas de veto y cincuenta y cinco enmiendas.
Como saben ustedes, el pleno del Tribunal Constitucional, en auto dictado
el 19 de diciembre, admitió a trámite un recurso de amparo presentado por
los diputados y diputadas del Grupo Popular y acordó suspender
cautelarmente la tramitación parlamentaria de las disposiciones
transitorias cuarta y quinta, la disposición final primera y el apartado
cuarto de la disposición final segunda, si bien abre pieza separada y
concede un plazo de diez días en este caso al ministerio fiscal y demás
partes personadas para que efectúen alegaciones respecto al mantenimiento
de la medida cautelar de suspensión acordada. Como ustedes saben, ayer se
reunió el Constitucional y de nuevo se ratificó en no levantar la
suspensión acordada. La Mesa del Senado, a su vez, acordó continuar la
tramitación de la proposición de ley orgánica con exclusión de las
disposiciones suspendidas por el Tribunal Constitucional. La ponencia
acordó por mayoría proponer a la Comisión de Justicia que se mantenga en
sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados
con la excepción de las disposiciones transitorias cuarta y quinta y las
disposiciones finales primera y segunda, apartado cuarto, cuya
tramitación ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal
Constitucional por medio del auto dictado en el recurso de amparo
número 8273/2022. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor LERMA BLASCO: La comisión ratificó la ponencia y emitió
dictamen de conformidad con el informe de la misma. Por último, han
presentado votos particulares el señor Catalán Higueras, el señor Marín
Gascón y las señoras Merelo Palomares y Rodríguez de Millán, el señor
Sánchez López, el señor Gómez Perpinyà, los señores Cleries y Cervera
Pinart y el Grupo Parlamentario Popular.

Nada más y muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, presidente.

Vamos a proceder al debate de las diferentes propuestas de
veto.

Para la defensa de la propuesta de veto número 1, tiene la palabra su
señoría Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenos días.

«Resulta que quienes estábamos en nuestras casas contemplando
impotentes y también asombrados el alzamiento independentista catalán
éramos los verdaderos sediciosos; ellos eran los buenos ciudadanos que
respetaban la Constitución, juramentos y promesas hechos públicamente
para cumplirla y hacerla cumplir». Con esta ironía, señorías, se
manifestaba hace unos días un exministro de un Gobierno socialista, don
César Antonio Molina, y lo hacía además ante la situación que estaba
viviendo nuestro país y las iniciativas legislativas que estaba adoptando
el Gobierno para beneficiar al independentismo. ¡Y qué razón tenía! Lo
peor de todo, señorías, es que, como han ratificado los propios
independentistas, lo volverán a hacer y que además esta propuesta que hoy
debatimos viene fundamentalmente a permitir que se ponga fin
—decían ellos— a la represión que sufre el
independentismo.

Nosotros, en la Comunidad Foral de Navarra, sabemos lo que es vivir
la intransigencia del independentismo, del secesionismo más radical. En
esta comunidad, en la Comunidad Foral de Navarra, como en el resto de
España, hasta hace no muchos años se asesinaba por defender la libertad,
por defender la legalidad, por defender la Constitución española, sí, esa
sacra Constitución española que nos permite vivir en libertad en un
Estado de derecho y en convivencia entre todos los ciudadanos, y se
asesinaba, señorías, también por defender el Amejoramiento del Fuero, por
defender lo que dice su artículo 1, que Navarra constituye una comunidad
foral con régimen, autonomía, instituciones propias, indisoluble,
integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos; por
eso también se asesinó en la Comunidad Foral de Navarra. En Navarra
sabemos muy bien qué es que desprecien nuestros símbolos oficiales,
sabemos muy bien qué es que se desprecie la realidad institucional de
nuestra comunidad. Siempre lo mismo, el independentismo basado en esos
tres pilares fundamentales para la consecución de sus objetivos: un
territorio, unos símbolos, una lengua.

Por ello, señorías, Unión del Pueblo Navarro no puede mirar para otro
lado y tenemos que rechazar el comportamiento de aquellos que para
imponer sus ideas, sus criterios, fundamentalmente recurren a romper la
libertad, a ir contra la legalidad y en contra de la propia convivencia
entre los españoles. Rechazamos también el comportamiento de aquellos que
lo apoyan por un interés espurio, que no es otro que mantenerse en el
poder a cualquier precio. Desde nuestro punto de vista, señorías, la
democracia, el Estado de derecho y la unidad nacional deben defenderse de
aquellos que quieren acabar con ellas, de quienes desprecian al que no
piensa igual, de quienes recurren a la presión, la coacción y la amenaza
para defender sus ideas políticas. Señorías, en España, gracias a Dios y
al esfuerzo de todos los españoles y de manera especial de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, ya no se asesina, ya no se mata por
defender lo que yo estoy defendiendo. Pero, señorías, la presión, la
coacción, la amenaza del independentismo más radical siguen presentes.
Hoy es el independentismo radical catalán; mañana, ¿quién será? ¿El
independentismo radical vasco, arrastrando a Navarra? ¿Será el gallego?
La sentencia del Tribunal Supremo lo dejó muy claro: lo sucedido el 1 de
octubre de 2017 en Cataluña fue un levantamiento tumultuario para
convertir en papel mojado decisiones judiciales del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; la
desobediencia civil, que han defendido y alentado los que fueron
condenados, un instrumento absolutista para derrotar al que no pensaba
igual y con el que pretender situar como ciudadanos de segunda al que se
situaba del lado de la ley. Y ante esta situación nadie, absolutamente
nadie, y mucho menos el Gobierno de España, puede quedarse de brazos
cruzados, no puede hacer dejación de sus responsabilidades y mucho menos
modificar la legislación para amparar este tipo de comportamientos.
(Rumores). Lo decía el propio presidente de Castilla y León, el señor
García-Page: No es tolerable pactar con delincuentes su propia
condena.

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor CATALÁN HIGUERAS: A García-Page le han seguido otros
responsables y dirigentes socialistas, como el presidente de Aragón, el
señor Lambán, que ha manifestado también su rechazo a esta propuesta del
Gobierno y de los partidos que lo sustentan.

Ya sabemos que el sanchismo es capaz de cualquier cosa para
mantenerse en el poder y que lo hace a cualquier precio. Todos hemos
conocido la deriva, el trilerismo que le ha venido caracterizando y, por
lo tanto, señorías, un día se decía una cosa y al día siguiente la
contraria. El engaño, la mentira, la falsedad como forma de hacer
política: «No pactaremos con Bildu —decía—, si quiere se lo
repito cinco o veinte veces: no pactaremos con Bildu». «Hay una línea
roja entre Bildu y el Partido Socialista que nunca atravesaremos». «No
fue sedición, fue rebelión». «No indultaremos a los golpistas». Y así una
tras otra. Evidentemente, el trilerismo del sanchismo ha llevado también
a que su propio presidente no tenga en este momento ninguna credibilidad;
credibilidad nula del presidente del Gobierno; triste, lamentable, pero
real. Ahora, por ejemplo, los miembros del Gobierno manifiestan con
rotundidad, con grandes proclamas, que no se va a permitir ninguna
consulta, ningún referéndum, como pide el independentismo; pero, eso sí,
en Cataluña ya su secretario general habla de consulta y la extrema
izquierda del Gobierno no descarta tampoco ningún referéndum. Hasta los
propios independentistas se están mofando de este comportamiento y de
estas proclamas de los miembros del Gobierno, porque no se lo creen,
porque antes dijeron una cosa y luego dijeron otra y lo mismo puede
suceder con esta situación.

Juristas y diferentes colectivos, entre ellos la Asociación de
Fiscales, han manifestado también su rechazo a esta propuesta y, sobre
todo, han calificado de falsa esa pretensión de querer armonizar el
Código Penal español en relación con el delito de sedición con lo que
ocurre en otros países de la Unión Europea, y eso es falso, como también
es falso que las penas sean mayores. Esta Asociación de Fiscales,
señorías, también afirma que no se puede legislar en beneficio de
individuos concretos. ¿Dónde queda el principio de igualdad de todos los
españoles ante la ley? Afirman, además, que con este tipo de propuestas
se produce una desprotección del orden constitucional. Y, señorías, ¿qué
va a pasar si se aprueba esta ley, como previsiblemente así ocurrirá, con
aquellos otros casos de aquellas personas que están en las cárceles o que
están condenados por delitos de malversación de fondos públicos, por
corrupción? ¿Qué va a pasar con la retroactividad de la ley? ¿Quién va a
asumir las responsabilidades, señorías? ¿Las va a asumir el Gobierno?
¿Las van a asumir los independentistas? ¿Las van a asumir el Partido
Socialista o Unidas Podemos? Porque se darán, y entonces algunos se
lamentarán.

Señorías, varios cientos de profesionales de diferentes ámbitos;
también —y hay que destacarlo— varios exministros de
gobiernos socialistas —exministros de Gobiernos socialistas y, por
lo tanto, personas que siguen sintiendo el propio socialismo— han
firmado un manifiesto difundido por la Asociación para la defensa de la
Transición, en el que se muestran también contrarios a esta propuesta del
Gobierno y de los partidos que lo sustentan. Defienden que con esta
reforma del Código Penal se pretende que un intento de ruptura del orden
constitucional pase a llamarse ahora desorden público agravado, pero es
que además lo pretenden hacer con una rebaja máxima de las penas que
cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que aquellas
personas que fueron indultadas puedan ver eliminada la inhabilitación y
puedan presentarse a las próximas elecciones. Es tal la desfachatez,
señorías, que la propuesta se tramita como proposición de ley, no como
proyecto de ley. ¿Por qué? Porque se quiere eliminar la petición de los
informes preceptivos, nada más y nada menos que, por ejemplo, del Consejo
de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de
Fiscales. ¿Por qué, señorías? ¿Por qué tanta irresponsabilidad? ¿Por qué
tanto atropello a las Cámaras, donde reside la soberanía nacional? ¿Por
qué esta tomadura de pelo? Es una auténtica irresponsabilidad. Y, por lo
tanto, en esa línea, señorías, nosotros manifestamos nuestro auténtico
desacuerdo.

Es tal la desvergüenza, que se pretendía hacer con premeditación y
alevosía, introduciendo dos enmiendas que no tenían nada que ver con la
proposición que se estaba abordando y con cuestiones vitales en relación
con el consenso y el equilibrio institucional en órganos judiciales y
constitucionales fundamentales. Fue una decisión del Tribunal
Constitucional, como ha dicho el presidente de la comisión, la que apartó
del debate esta cuestión, una decisión inédita, sí, pero en ningún caso
arbitraria.

Yo lo único que les digo en esta cuestión concreta, señorías, es que
esas llamadas y esa preocupación que hay en las instituciones europeas
sobre cómo se está gestionando la renovación de los poderes judiciales,
cómo se está actuando en este tipo de cuestiones, nos debería hacer
reflexionar a todos, de manera especial al Gobierno, porque para eso es
Gobierno y tiene más responsabilidad que los demás, y debería buscar el
consenso también con los que no piensan como él. No puede ser una huida
hacia adelante. La prepotencia y soberbia no son buenas compañeras a la
hora de abordar cuestiones tan cruciales, tan fundamentales en el
ordenamiento jurídico español. Y, por cierto, señorías, el más satisfecho
de toda esta situación es el más responsable de ella: el independentismo
más radical. Pero era tal la mala praxis legislativa de esta proposición
de ley, que incorpora cuestiones que no tienen nada que ver una con otra,
nada en absoluto, que incluso llamó la atención y supuso la reprobación
de los propios letrados de las Cortes Generales.

Pero, señorías, el esperpento llega a tal nivel que incluso en la
exposición de motivos, señorías, en la exposición de motivos se
introducen criterios que debieran tener en cuenta los jueces a la hora de
aplicar la Ley del sí es sí, esa ley que venía a defender a mujeres y a
niños de los agresores sexuales y que ha permitido y ha posibilitado que
varias decenas de ellos, más de cien, en este momento hayan visto
reducidas sus penas o estén en la calle. Y ¿qué pasa? ¿Quién asume
responsabilidades? Nadie. ¿Dónde está la ministra? Aferrada al sillón.
Prepotente y soberbia, lo que le viene caracterizando
habitualmente.

Señorías, la lucha contra la corrupción no se proclama, se practica.
Y este Gobierno, con el presidente del Gobierno a la cabeza, ha dado
ejemplo de todo lo contrario. En este caso concreto, cuando se tiene que
legislar en materia de corrupción, se disminuyen las penas para aquellos
corruptos, para aquellas personas que son condenadas por malversación de
fondos públicos. No se puede legislar para beneficiar a los amigos y a
los socios del Gobierno. La corrupción es una de las cuestiones que más
desafección genera en la ciudadanía y, por lo tanto, cualquier
modificación legislativa en este sentido tiene que ir en sentido
contrario de lo que hace el Gobierno: endurecer las penas, para dar
ejemplo, porque si no, señorías, será un comportamiento más propio de
comportamientos prevaricadores de aquellos que se basan en el rigor, en
la objetividad, en la imparcialidad, en el rigor legislativo. La
corrupción es inadmisible en democracia y este Gobierno está
facilitándola y debilitando la lucha contra ella.

Esta iniciativa formó parte también de los presupuestos del Estado
para el año 2023. Los presupuestos fueron la palanca para esta
disminución del delito de sedición, junto con otra ignominia: pactar con
Bildu las transferencias de Tráfico, la fecha concreta para las
transferencias a Navarra. Insisto, nosotros, Unión del Pueblo Navarro,
estamos de acuerdo con estas transferencias y con el acuerdo que se
alcanzó en su día con el Partido Popular en el Gobierno en el 2004. Y no
excluía, en ningún caso, la presencia de la Guardia Civil en las
carreteras navarras. Todo lo contrario, el servicio era compartido.

Como decía, señorías, Unión del Pueblo Navarro, ante esta situación
no puede mirar para otro lado. Defendimos la Constitución, la sacra
Constitución que algunos quieren desprestigiar. La defendimos cuando el
radicalismo, cuando el secesionismo más radical asesinaba, y lo vamos a
hacer ahora también. Se están socavando los cimientos del equilibrio
institucional, los cimientos del consenso constitucional. Y todos, desde
nuestras responsabilidades, tenemos que hacer todo lo posible, dentro de
la legalidad, como no puede ser de otra manera, para que no sea así y
poder evitar esta situación. Ese es nuestro deber y nuestro
compromiso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto número 4, de sus señorías
Marín Gascón, Merelo Palomares y Rodríguez de Millán, tiene la palabra su
señoría, Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

Señorías, ayer Vox presentó recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional solicitando la suspensión completa de la tramitación y
posterior votación de la presente proposición de ley orgánica.

Nuestra propuesta de veto a la presente proposición de ley orgánica
se fundamenta en motivos de fondo y en motivos de forma. En cualquiera de
los dos casos cabe denunciar el uso fraudulento de la iniciativa
legislativa, ya que, al amparo de una proposición de ley orgánica, los
grupos proponentes pretenden conseguir fines espurios abiertamente
contrarios a la Constitución española y, lo que es peor, gravemente
atentatorios contra la nación española y los intereses generales.

La presente proposición de ley orgánica debe rechazarse por motivos
de fondo, ya que la iniciativa legislativa referida tiene por objeto la
modificación y la supresión de tipos penales cuyo bien jurídico protegido
es el orden público, pero que, con ocasión de los sucesos acontecidos en
Cataluña en 2017, se revelaron extremadamente útiles para la protección
de bienes jurídicos aún más importantes: la unidad nacional y el orden
constitucional. Teniendo en cuenta tales antecedentes, la supresión o, en
su caso, modificación atenuante de los elementos del tipo delictivo puede
suponer un gravísimo riesgo en el futuro para España y para el Estado de
derecho.

Desde que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno, se han
generalizado las estrategias y actuaciones con pretensión y entidad de
subvertir el orden constitucional a través de la destrucción de la
soberanía nacional. Tales conductas han sido amparadas y promovidas por
poderes públicos de ámbito regional marcadamente totalitarios, que tienen
entre sus fines, no ocultos, la aniquilación de la nación, y que en
octubre de 2017 perpetraron un golpe separatista que puso en jaque la
unidad de España. Las estrategias y actuaciones referidas han sido
también consentidas y toleradas por autoridades de ámbito nacional que,
de forma continua y sostenida, han transferido innumerables capacidades
del Estado a las administraciones regionales en orden a conseguir la
convivencia o la gobernabilidad, término que definían y modulaban en
función del momento.

Estas cesiones han arrojado como fruto que España sea hoy un Estado
territorialmente desvertebrado, con profundas disfunciones que empeoran
notablemente la vida diaria de los españoles y en el que germinan y
crecen sin aparente freno proyectos centrífugos y disgregadores que,
alimentados con el dinero de todos, amenazan la pervivencia de la nación.
La última de estas entregas, en pos de la convivencia, ha sido el indulto
a los líderes del golpe separatista de 2017 que no se habían fugado de
España, quienes fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas de
prisión por la comisión de un delito de sedición en concurso medial con
un delito de malversación, agravado por razón de su cuantía, o por
delitos de desobediencia.

Señorías, nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a
su cumplimiento. En una democracia nadie es juzgado por sus ideas o por
un proyecto político, sino por delitos recogidos en el ordenamiento
jurídico. Cualquier modificación del derecho penal requiere un estudio
técnico detallado, una valoración de la necesidad, y no puede ser nunca
un traje a medida para resolver una coyuntura política concreta. En este
caso, la tramitación elegida es como proposición de ley, no como proyecto
de ley, lo que supone un fraude, al contar con menos garantías, al no
requerir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial,
del Consejo de Estado o incluso de la Abogacía del Estado. Dichos
informes, aunque no son vinculantes, sí son preceptivos, y se utilizan
como vía para pulir errores técnicos y enriquecer los argumentos
jurídicos.

Un dictamen del Consejo Consultivo de Jueces Europeos de 2021 decía
lo siguiente: «Todo proyecto normativo susceptible de tener incidencia
sobre el Poder Judicial y la independencia de los jueces o sobre las
garantías de acceso de los ciudadanos a la justicia debería ser sometido
obligatoriamente al dictado del Consejo de Justicia antes de su
deliberación en el Parlamento». Queda claro que el Gobierno de Pedro
Sánchez está desarmando el Estado de derecho con la eliminación del
delito de sedición. Ante esta situación, España, como bien jurídico, se
queda más desprotegida ante posibles amenazas contra su integridad. La
eliminación de la sedición deja un vacío en el Código Penal y un
escenario de desprotección del orden constitucional frente a amenazas
futuras. Lo más grave de todo es la motivación del Gobierno por la que se
elimina este tipo penal, que es beneficiar a los condenados por el 1 de
octubre. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador Marín, espere un momento, por
favor.

Señorías, ¿podríamos tener un poquito más de silencio? Va subiendo el
volumen conforme avanza la mañana y se convierte en imposible.
(Pausa).

Muchas gracias. Espero no tener que volver a pedir silencio, por
favor.

Puede continuar, senador Marín. (La señora vicepresidenta, Narbona
Ruiz, ocupa la Presidencia).

El señor MARÍN GASCÓN: Lo más grave de todo es la motivación del
Gobierno por la que se elimina este tipo penal, que es beneficiar a los
condenados por el 1 de octubre. De esta forma, el Gobierno deja al Poder
Judicial a los pies de los caballos. Con la desaparición de la sedición
se elimina el efecto disuasorio para cometer estos hechos delictivos.
Beneficia a los reos del 1 de octubre, que podrán volver a la actividad
política pronto, y además allana el camino para que episodios similares
puedan repetirse al quedar prácticamente impunes.

Señorías, es claro y notorio el golpe al Estado de derecho cometido
por Sánchez y sus socios para satisfacer a sus socios independentistas y
mantenerse en La Moncloa. El objetivo: sacar adelante una reforma del
Código Penal por la que se aniquila el delito de sedición y se rebaja
hasta el mínimo el de malversación. Además, se aprovecha para imponer un
vuelco en el Tribunal Constitucional, forzándose un cambio en el sistema
de elección para asegurarse una mayoría de izquierdas en el órgano máximo
garante de la Carta Magna. Aunque el delito de sedición tiene su origen
en la legislación penal del año 1870, la represión de las conductas en él
descritas se ha mantenido desde entonces. Los acontecimientos vividos en
Cataluña en octubre de 2017 y en los años posteriores han puesto de
relieve la necesidad de que el Código Penal siga presidiendo las
conductas en él descritas, que no han perdido un ápice de vigencia. Es
más, por si no fuera suficiente, en los últimos años se han sucedido
amenazas de repetición de actos que perfectamente podrían encuadrarse en
los elementos del tipo de sedición. Por este motivo, es preciso hacer uso
de la función preventiva del derecho penal aumentando las penas asociadas
a las conductas descritas en el tipo general y en el tipo especial.
Consecuencia lógica de este aumento es también aumentar la duración de la
inhabilitación absoluta, en tanto que pena accesoria de los tipos
descritos.

En definitiva, señorías, el Gobierno de Pedro Sánchez está desarmando
el Estado de derecho con la eliminación del delito de sedición. España,
como bien jurídico, se queda más desprotegida ante posibles amenazas
contra su integridad. Queda claro que el Gobierno actúa con absoluta
sensación de impunidad e inconstitucionalidad y que los medios empleados
están justificados, pretendiendo abiertamente el control de todos los
poderes del Estado para imponer su agenda política. Nos hallamos ante
unos hechos gravísimos, cuyo propósito es controlar el Tribunal
Constitucional, el cual tiene la misión de garantizar la
constitucionalidad de las leyes y, con ello, asegurar la unidad y la
coherencia de todo el ordenamiento jurídico. El sometimiento del Tribunal
Constitucional a los designios del Gobierno anticipa una situación
perversa, a saber: que dicho órgano convalide todos los atropellos del
orden constitucional con serias amenazas contra la unidad nacional, que,
sin duda, los miembros socialistas y comunistas del Ejecutivo, junto a
sus socios separatistas, se proponen realizar.

Por lo expuesto anteriormente, presentamos nuestro veto a esta
proposición de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para defender la propuesta de veto número 2, del señor Sánchez López,
tiene la palabra el senador.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Sí, con la venia, señora presidenta.

Señorías, buenos días.

Hoy es un mal día. Hoy es un mal día para la democracia, es un mal
día para la política y es un mal día para las instituciones. Es un mal
día para nosotros y es un mal día para todos ustedes. Hoy es un día
negro, un día turbio, por el que todos nosotros podemos pasar a la
historia y no precisamente bien. Podemos pasar a la historia por la
puerta de atrás y podemos pasar a la historia con vergüenza y
oprobio.

Señorías, hay un elefante en la habitación. Hay un elefante aquí
delante. Hay un elefante en el Senado, como lo había el viernes en el
Congreso, como lo hay toda la semana en la calle. Yo creo que ya nadie
duda, ni los suyos propios, de que Sánchez es un pérfido, de que es
maquiavélico, pero tremendamente listo o está rodeado de gente muy lista.
No sé si es listo —yo creo que sí— o son sus asesores, pero,
en cualquier caso, son muy listos. Es malo y listo.

No es broma, llevo dándole vueltas al tema toda esta semana, y,
parafraseando a Shakespeare... (Rumores).

Si no les interesa lo que estoy diciendo, por favor, pueden salir a
la cafetería, que allí les atenderán muy bien. Pero, por favor, respeten
el turno de intervención, porque siempre que subo a la tribuna es lo
mismo. Les pido que respeten el turno de intervención.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, el senador tiene
razón pidiendo respeto. Por favor.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Es que siempre es lo mismo. En la cafetería
se está muy a gusto, así que, si quieren ustedes, ya saben. Pero, por
favor, respeten. Yo siempre lo hago cuando ustedes están en la tribuna.
Nunca me habrán visto u oído hablar mientras ustedes intervienen.

Bueno, sigo. Llevo varios días dándole vueltas a la cabeza, y,
parafraseando a William Shakespeare, algo huele a podrido en Dinamarca
—de Hamlet, como todos ustedes saben—. Y llevo toda la semana
pensando qué es lo que huele a podrido en Dinamarca. Hay algo que no me
huele bien, de verdad, en todo esto. Llámenme loco, pero, al final, la
conclusión que he sacado es la siguiente que les voy a participar a
ustedes hoy aquí en la tribuna: Sánchez tenía encima de la mesa un
problemón, un problema muy gordo, seguramente el más gordo con el que se
ha encontrado desde que es presidente: para contentar a sus socios
separatistas no tenía más remedio que eliminar la sedición y modificar la
malversación. Era algo que estaba ahí, un elefante gigante. A ver cómo
ocultan un elefante, un paquidermo que tienen ustedes aquí delante. Pero,
obviamente, a Sánchez no le interesaba hablar de esto, no le interesaba
que se hablara de esto ni en las tribunas de oradores ni en la prensa ni
en la calle; le interesaba que pasara de puntillas, sin hacer mucho
ruido. Y coincidirán conmigo en que la empresa era harto difícil. ¿Cómo
ocultan ustedes un elefante de tamañas dimensiones, como la sedición y la
malversación, y que pase de puntillas sin hacer ruido? Bueno, pues esto
es lo que los ingleses llaman an elephant in the room, hay un elefante en
la habitación. (Risas). Se están divirtiendo ustedes, ¿verdad? A pesar de
pasar hoy a la historia seguramente como los parlamentarios más nefastos
desde la Transición hasta aquí, encima de no estar pasando vergüenza y
oprobio, se ríen. Sigan riéndose ustedes, porque a mí me daría vergüenza
lo que ustedes van a pergeñar y a perpetrar hoy aquí. De eso yo no me
río.

Hay un elefante en la habitación, decía. (Rumores). Lo he manifestado
en inglés porque es un… Señora presidenta, así no se puede trabajar
y yo he venido a trabajar.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, espere un momento.
(Pausa).

Así puede durar la sesión mucho más. Por favor, les ruego
silencio.

Continúe, senador.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Cuando a ustedes les parezca oportuno, yo
sigo. ¿Puedo? (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Siga adelante, por
favor.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señorías. Se lo agradezco
infinitamente.

¿Y cómo se oculta un elefante? ¿Cómo ha ocultado Sánchez a los ojos
de 47 millones de españoles este problema, la malversación y la sedición?
Pues muy sencillo, señorías, provocando una estampida de elefantes. En
este caso, Sánchez ha provocado una estampida de elefantes, de búfalos,
de bisontes y hasta de ñus. (Rumores). Y todo el mundo, nosotros
incluidos, lleva una semana hablando del Tribunal Constitucional y de la
reforma del Tribunal Constitucional. ¿Alguien ha oído hablar esta semana,
desde el viernes, cuando se perpetró este dislate en el Congreso de los
Diputados, de sedición y malversación? Pues no. Llevamos oyendo hablar
del Tribunal Constitucional. ¡No me digan que no es un maestro! ¿Ha
ocultado este elefante o no lo ha ocultado? Hasta esta mañana no se había
hablado de que en el Pleno de hoy se trata de eliminar la sedición y de
modificar la malversación para beneficiar a los corruptos. Es un maestro.
Ni el mismísimo Houdini. Trucos, trampas y magníficos golpes de efecto
—que no golpes de Estado, pero sí golpes de efecto—, y este
es seguramente el más grande que yo haya visto en mi vida. ¡Y nos lo ha
colado a todos! Porque todo el mundo ha entrado al trapo con lo del
Tribunal Constitucional. Por cierto, dentro de quince o veinte días se
reformará por una ley; no sé para qué tanto ruido. Como saben ustedes, se
acabará reformando por una ley; de hecho, Más País ya tiene presentada
una iniciativa por la cual se reformará, y si no, lo hará el PSOE con una
suya, con lo cual, esto se va a reformar. Les sugiero que no se desgasten
ustedes hablando del Tribunal Constitucional. Por cierto, nosotros ya se
lo dijimos, ya lo advertimos y trajimos aquí una ley para despolitizar
las instituciones y los órganos constitucionales. Entretanto, es un hecho
que tenemos jueces conservadores y jueces progresistas colocados a dedo
por unos y por otros. Si tenemos lo que tenemos y tenemos lo que hemos
puesto, luego no nos podemos rasgar las vestiduras. No seré yo, desde
luego, como otros, el que ponga en cuestión una resolución del Tribunal
Constitucional, y les pido a ustedes que no manchen ni difamen las
instituciones del Estado. Es más, les pido, les ruego encarecidamente que
alejen sus zarpas políticas de la justicia. Por favor, vamos a
despolitizarla porque si no, tenemos lo que tenemos y tenemos que jugar
con las reglas que nosotros hemos puesto, y las reglas son las que son.
El Tribunal Constitucional ha emitido una resolución y se acata. Por
tanto, sobre este particular yo no tengo más que hablar porque hoy no es
objeto de debate, más allá, reitero, del respeto absoluto a las
instituciones judiciales.

¡Es que el señor Sánchez ha sido capaz de cambiar el marco del
debate! Ha sido capaz de alejar el foco, es decir, se ha llevado el foco
allí cuando estaba aquí, ante los ojos de todos. Esta semana,
prácticamente nadie ha hablado del elefante que todos tenemos delante y
que, por arte de magia, ha hecho desaparecer. Desde hoy, me quito el
sombrero. Para mí, es Houdini Sánchez o Sánchez Houdini.

Reitero, yo sí he venido a hablar de sedición y malversación, que es
uno de los escándalos más grandes que hemos padecido y sufrido y que
hemos tenido la vergüenza y el oprobio de soportar desde que empezó la
Transición. Miren, legislan ustedes ad hominem, legislan ustedes ad hoc,
o sea, legislan para el caso concreto, para una persona. Legislar ad
hominem, señorías, es corrupción. Pero ya les da igual; en la escalada en
la que se han metido, en esta huida hacia adelante en la que se han
metido no lo ven. Eliminan la sedición para contentar a sus socios
separatistas para que lo vuelvan a hacer, es decir, les despenalizan
ustedes el tipo del Código Penal para que lo vuelvan a hacer. Miren
ustedes, les quitamos el delito para que lo vuelvan a hacer. Pongo un
ejemplo: Somos una banda de ladrones, pero somos socios del Gobierno,
destipifiquen del Código Penal todos los delitos que se refieren a robar
y al hurto y así les apoyamos a ustedes en los presupuestos. Y van
ustedes y los quitan del Código Penal.






Es un auténtico escándalo.

Pero si esto es un escándalo, si la sedición es un escándalo, lo de
la malversación no tiene nombre. Hoy, aquí, estamos legislando y dando
facilidades para que los políticos puedan hurtar, puedan robar y puedan
malversar. ¡Eso lo estamos decidiendo aquí esta mañana! ¡Estamos dando
facilidades a los políticos corruptos! ¡Nosotros, hoy, estamos bajando
las penas a los políticos corruptos! Ese es el elefante del que no se ha
hablado en toda la semana ni en los medios de comunicación, ni en la
calle, ni en las tribunas (Rumores). Ese es el elefante.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, bajen el tono, por
favor; bajen el tono todos, por favor.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Da igual, señora presidenta, no lo van a
hacer. Ya me he acostumbrado. No lo van a hacer.

Todos podemos malversar, siempre que no sea para echarnos el dinero a
los bolsillos. Hurtamos el dinero público, lo desviamos, lo malversamos.
Ya saben ustedes que lo de pasar una vaca es muy burdo. (Risas). No
siempre un malversador se echa el dinero a los bolsillos o tiene dinero
en su cuenta bancaria cuando ha pasado una vaca. Eso no pasa siempre. Hay
muchas maneras y mucha ingeniería financiera para beneficiarse y lucrarse
indirectamente sin necesidad de meter el dinero en la cuenta bancaria de
uno. ¡Hombre! Hay que ser muy burdo para robar, para hurtar, para
malversar y coger ese dinero y echárselo en la cuenta bancaria. Hoy día,
casi nadie lo hace, salvo alguno que sea muy burdo. Les pongo un ejemplo:
mañana, yo me convierto en un hacker informático, entro en todas sus
cuentas bancarias y les levanto a ustedes todo el dinero. ¡Ah!, pero no
me lo echo al bolsillo, sino que me presento a las elecciones de mi
pueblo. Entonces, ese dinero, que yo les he hurtado a todos ustedes,
dejándoles sin blanca, lo voy repartiendo entre todas las asociaciones
del municipio: la asociación de deportes, la asociación de la tercera
edad, la asociación de vecinos, entre las diferentes redes clientelares
que yo me voy montando; les beneficio a todos con el dinero de sus
bolsillos, con el que les he hurtado a ustedes dejándoles sin blanca. Ese
dinero lo destino a un montón de actividades para que luego esas personas
me voten y yo siga siendo alcalde. Esto está bien, ¿verdad? Pues esto es
lo que nosotros pretendemos hacer. Como este ejemplo, les pondría unos
cuantos.

Seguiré en mi siguiente intervención. Como se me acaba el tiempo del
turno del veto, termino. Hemos ocultado el elefante, que son la sedición
y, sobre todo, la malversación, que supone dar pábulo a los ladrones, a
los corruptos y a los sinvergüenzas siempre que, ¡ojo!, no se echen
directamente el dinero al bolsillo, sino que, indirectamente, hagan ellos
lo que tengan que hacer para, de una manera u otra, beneficiarse a ellos
o a su propio partido. Aquí vamos a aprobar eso y, sin embargo,
prácticamente no se ha hablado de esto en toda la semana. Es un
escándalo, pero es una maniobra absolutamente inteligente y maquiavélica
ante la que me quito el sombrero.

Con esto termino, señorías. Voy a mi escaño y voy a escuchar
atentamente lo que ustedes tengan que decir. Desde luego, no voy a gritar
ni les voy a molestar ni les voy a interrumpir, porque, por momentos
—hoy es el día y además el símil viene a cuento—, parece esto
más un gallinero que un poder del Estado. (Rumores). Respétense ustedes,
respétennos a nosotros y respeten las instituciones. Yo, desde luego,
desde ahí arriba, les voy a respetar a todos y cada uno de ustedes,
aunque no esté de acuerdo con lo que digan.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa del veto número 3, de los senadores Cleries i
Gonzàlez y Cervera Pinart, tiene la palabra el senador Cervera
Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.

Bon día, senyories.

Coincidirán o no conmigo en que esta tramitación legislativa no es
ejemplo de nada, porque además de sufrir todos los inconvenientes que
reiteradamente se dan en esta Cámara, nos encontramos con uno más
excámara. Así, a los tiempos, que en esta ocasión han sido llevados al
límite —nos vamos a ventilar el trámite en unas ciento cuarenta
horas, en menos de una semana, yo creo que hacerlo con menos tiempo es
imposible—, se han sumado las formas, que han sido moldeadas en
esta proposición desde su entrada en el Congreso, ya que escondía la
reforma penal del delito de sedición en una supuesta transposición de
directivas europeas y la reforma de los desórdenes públicos y otros
delitos. También fue aprovechada para reformular la malversación, y se
añadieron enmiendas de calado de otros ámbitos. En esto, sin elefante,
coincido con lo que decía el senador Sánchez López, que es cierto que han
desdibujado y ensordecido el objetivo inicial de la iniciativa, porque
ciertamente han puesto el foco en el régimen de designación por parte del
Consejo General del Poder Judicial de los magistrados del Tribunal
Constitucional. En fin, es una reforma dentro de otra reforma, nada
nuevo, pero nada que debiera ser normal. ¿Qué les ha comportado este mal
legislar? Ya lo saben, la injerencia en la actividad parlamentaria, a la
que, desgraciadamente, los catalanes estamos habituados por
recurrente.

Déjenme dedicar un momento a esta interferencia del Tribunal
Constitucional en las funciones propias de las Cortes Generales. Es una
interferencia que, a nuestro entender, confirma lo que algunos venimos
diciendo desde hace tiempo y es que España dista mucho de ser una
democracia plena. Miren, con la excusa de combatir al independentismo, al
amparo de la sacrosanta Constitución y con el aval del A por ellos, de
Felipe VI, la política española, la de derechas, pero también la de
izquierdas, renunció a la política y dio barra libre a las cúpulas
judiciales para hacer frente a un proceso en esencia democrático. Algunos
advertimos que renunciar a la política y dejar la respuesta en manos de
las togas anaftalinadas no frenaba al independentismo, frenaba a la
democracia. Ahora, como les decía, se confirma que su democracia
—clasificada generosamente de defectuosa— está secuestrada
por la alta judicatura, que no respeta ni la separación de poderes ni la
inviolabilidad de las Cámaras y establece de facto en el Estado español
la supeditación de la soberanía popular a la soberanía de los tribunales.
Todo esto sucede porque ustedes, los que nos dan lecciones de progresismo
y ahora se rasgan las vestiduras, lo permitieron en Cataluña. Lo
permitieron cabalgando al galope con la derecha y con la extrema derecha,
la política y la judicial. Es evidente que a Junts nos preocupa esta
situación, pero no nos sorprende. Están probando su propia medicina y
nosotros ya les advertíamos que tenía sus efectos secundarios, por lo
que, como dije en comisión, nosotros venimos llorados de casa y más
convencidos que nunca de que la única garantía para vivir en una
democracia plena que garantice las libertades y los derechos
fundamentales pasa única y exclusivamente por la independencia. Por
tanto, en Junts vamos a continuar trabajando para dotarnos de una
república catalana y no para reformar su monarquía, que es evidente que
esta semana es un poco menos parlamentaria.

En relación con el texto dictaminado por la comisión y una vez
aplicadas las suspensiones acordadas por el Tribunal Constitucional,
centrándonos en el resto de la proposición, no podemos obviar que esta es
una reforma que los promotores, con el beneplácito de sus socios
republicanos, han ido autoenmendando hasta llegar a donde estamos. Por
eso, Junts presenta un veto a esta proposición de ley, al entender que
parte de un supuesto falso, que es considerar el procés, el referéndum
del 1 de octubre y sus actos preparativos como delitos punibles. Junts no
avala la criminalización del procés català y nos reafirmamos en que no
hubo delito, un hecho corroborado por alguien tan poco sospechoso como el
fiscal Maza, que afirmó en vida que no había base factual para ningún
delito, porque no había violencia. En Junts presentamos veto, como ya
expuso en su momento en el Congreso mi compañero el diputado Josep Pagès,
porque entendemos que esta reforma no es más que una regulación
incoherente que encubre el mantenimiento de una especie de selección
impropia, y lo hace supeditando la eliminación del delito de sedición a
una contrapartida inasumible. Debería ser inasumible para cualquier
demócrata, pero, al menos, para Junts es inasumible la ampliación de la
criminalización del pacífico ejercicio de derechos fundamentales por la
vía de modificar la regulación del delito de desórdenes públicos. Lejos
de homologar el actual ordenamiento penal español con el resto de países
europeos bajo el pretexto de resolver problemas de legalidad,
proporcionalidad o discordancia con Europa, lo que se pretende es
mantener e incluso ampliar la criminalización de conductas democráticas.
Como esta modificación es una solución puramente formal, que no responde
a una verdadera voluntad de acabar con esta distancia respecto a los
estándares europeos en materia de derechos fundamentales, nos encontramos
ante una mera operación de maquillaje del Estado para no generar
disfunciones en Europa, una operación basada en el engaño —engaño
que ya ha practicado algún juez de las altas instancias— a las
instituciones europeas y un fraude a los principios de la democracia y
del Estado de derecho en la Unión Europea.

Señorías, la confrontación del independentismo en el exilio derogó de
facto el delito de sedición, con los pronunciamientos de la Justicia
alemana en Schleswig-Holstein, también con los de la Justicia belga, o
los de la escocesa, y, muy especialmente, quedó derogada por los informes
de la ONU y la Resolución del Consejo de Europa basada en el Informe
Cileviĉs del año 2021. Sobre la base de toda esta jurisprudencia,
entendemos que esta proposición debería abordar una derogación pura y
simple del delito de sedición, cosa imposible en estos momentos, al
implementar unos nuevos desórdenes contrarios a las recomendaciones del
Comité de Derechos Humanos de la ONU, pues resulta evidente que la
modalidad agravada de desórdenes públicos establece conceptos de una gran
determinación, como la incorporación de la intimidación generada por una
manifestación multitudinaria. En definitiva, esta reforma, aunque algunos
la venden como una derogación del delito de sedición, lo que hace es
sustituirlo por unos desórdenes públicos agravados, y esto se hace
solamente para intentar solucionar el ridículo de la justicia española en
Europa.

En cuanto a la malversación, no hay una regulación profuturo. A
nuestro entender, no hay ninguna voluntad de encontrarse con los
parámetros europeos, sino que se lleva a cabo una regulación que no entra
en el fondo del problema. Y es que las decisiones de los políticos sobre
el gasto público no deben ser revisadas por vía penal, para esto ya
existe el procedimiento de desviación contable, la responsabilidad
contable ante el Tribunal Constitucional. Presentamos veto también al
entender que no se ajusta a la jurisprudencia europea este concepto de
malversación ni responde al Convenio europeo en materia de
corrupción.

Sabemos cómo va a terminar este debate, porque tuvimos la previa en
comisión, por lo que no voy a insistir más allá de evidenciar que este
veto lo que hace es reafirmarnos en que el desaguisado judicial que ahora
se pretende reconducir, en nuestra opinión, no puede resolverse con una
modificación del Código Penal a la carta, que quizá salve a unos pocos,
pero deja al pie de los caballos a muchos.

En Junts per Catalunya no vamos a sacrificar ninguna movilización
social ni política ni mucho menos vamos a sacrificar el referéndum del 1
de octubre (El señor senador termina su intervención en catalán).

Moltes gràcies.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes gràcies,
senyoria.

Para la defensa de la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Maroto
Aranzábal.

El señor MAROTO ARANZÁBAL: Muchas gracias, presidenta.

Estamos aquí en el día de la lotería. Los verdaderos protagonistas en
este día —están muy cerca, en el Teatro Real— son los niños
de San Ildefonso, cuyas suaves voces están cubriendo como un manto este
debate. Porque venir a todo correr, a toda prisa, el día de la lotería
para celebrar este debate, señorías del Grupo Socialista, no era una
cuestión de urgencia, era una cuestión de vergüenza, la que no tienen
ustedes por tramitar una ley como esta en un día como hoy.
(Aplausos).

Ya que estamos solos —estamos muchos, pero estamos
solos—, y todo el mundo —algunos de ustedes también con los
pinganillos— está siguiendo los números, vamos a hablar un momento
de Pedro Sánchez y de lo que pretende con esta ley. Apunten ustedes lo
que voy a decir ahora. Apúntenlo y recuérdenlo, porque voy a chafar el
discurso, me imagino, a más de uno. Pedro Sánchez es un presidente
legítimo, porque fue la primera fuerza en las urnas y fue elegido en el
Congreso de los Diputados de acuerdo con nuestras normas. Es verdad que
va a ser la última vez que esto suceda, pero para el Partido Popular,
Pedro Sánchez no es un presidente ilegítimo y mucho menos un okupa. ¿Lo
han apuntado? Y ahora apunten también esto. Pero, dado que estos días
especialmente presume, Sánchez, de que —abro comillas— «hay
que respetar lo que dicen las urnas», yo quiero decirle a él y a ustedes
que decir que hay que respetar lo que dicen las urnas y después
presentarse a una campaña prometiendo algo y hacer en el gobierno todo lo
contrario es una actitud profundamente ilegítima. (Aplausos). Eso es lo
que dice el Partido Popular. Apúntenlo también.

Señorías, en concreto, el señor Sánchez prometió tipificar el
referéndum ilegal, no indultar a los golpistas, no gobernar apoyado en
los independentistas, dejar a Podemos fuera del Gobierno para poder
conciliar el sueño, y dijo —de esto hablaré luego—: no habrá
consulta ni referéndum en Cataluña. El señor Sánchez ha hecho todo lo
contrario, y nos preguntamos muchos españoles por qué. ¿Por qué ha
traicionado todo aquello de lo que habló? Muy sencillo, porque descubrió
muy pronto que, si paga el precio a los independentistas de hacer todo lo
contrario de lo que había prometido, los independentistas le votan y le
mantienen en el Gobierno. ¡Oh, sorpresa! Ese es Pedro Sánchez. Pedro
Sánchez es primero yo, después, yo, y luego, yo; siempre yo, y ya veremos
si toca después España, señorías del Grupo Socialista. (Aplausos).

Señorías, esta ley recoge todos los incumplimientos de Sánchez. Se
hace con Podemos dentro del Gobierno; se hace al dictado de los
independentistas, que no es que se apoye en ellos, es que mandan
abiertamente en este país; se hace después de indultar a los golpistas, y
ahora se anula la sedición y se abarata la corrupción. Pero ¿para qué?
Supongo que ustedes no se engañarán a sí mismos, ¿o siguen creyéndose eso
de que es para homogeneizarnos con Europa y para hacer el Código Penal,
etcétera? ¿Siguen pensando eso en su fuero interno? Les creo a todos
ustedes un poco más inteligentes. Ustedes saben que eso es para lo
siguiente: para que Junqueras pueda ser candidato a las elecciones y para
que veintitantos o no sé cuántos independentistas no tengan problemas con
la justicia; para que Junqueras y esos mismos independentistas sigan
apoyando a Pedro Sánchez. (Aplausos). Esa es la razón por la que estamos
hoy aquí. (Rumores). No pongan esas caras, que lo saben ustedes de
sobra.

Pero Pedro Sánchez también prometió que no habría consulta. Y hemos
visto en qué consiste el atropello de esta ley en estos días. El señor
Sánchez tiene en toda esta batería de medidas una todavía sin incumplir:
la del referéndum o la consulta. Y para eso —y fíjense lo que está
retorciendo— necesita colocar a un magistrado concreto —no
diré su nombre, pero empieza por Conde y acaba por Pumpido— en el
Tribunal Constitucional, para asegurarse de que cuando esa consulta
llegue, el Tribunal Constitucional no sea un obstáculo, no para defender
a España y su integridad, sino para defenderle a él y para que,
efectivamente, esa consulta se pueda realizar y los independentistas le
podáis seguir votando en el Gobierno. (Aplausos). Eso es lo que falta,
¿verdad? Sonríen los independentistas porque saben que es verdad.
(Rumores.— Aplausos).

Ustedes saben que Sánchez falta a la verdad y que ha hecho de esto su
manera de hacer política, pero yo me pregunto, ¿es Sánchez un mentiroso
valiente o es un mentiroso cobarde? Pues es cobarde. ¿Por qué razón? Pues
muy sencillo, ha hecho —me imagino que diseñado perfectamente por
el señor Bolaños— lo siguiente: Vamos a cometer semejante tropelía,
vamos a intentar que se entere de esta tropelía el menor número de
españoles y, entonces —aquí lo tenemos— se diseña un programa
que es el siguiente: La primera votación, un jueves de madrugada; la
segunda votación, ¡hombre!, Japón— España; la tercera votación, en
el puente; y la cuarta votación, aquí estamos oyendo de fondo a los niños
de San Ildefonso, la última votación, el día de la lotería. Hombre, está
niquelada la operación. (Aplausos). Pero les ha salido rana, porque como
algunos españoles sí se están enterando, la segunda parte de la operación
Bolaños es: Y todo eso tiene que estar metido en el paquete de la
Navidad, porque cuando empiece el año yo quiero estar limpito y que nadie
se acuerde de todo eso. Claro, les ha salido rana porque no han podido
colocar todas las enmiendas como querían en esa ley.

Y les voy a decir otra cosa, y apúntenlo también. El Partido Popular
tiene muchas misiones ahora en la oposición, y dentro de poco en el
Gobierno, pero una de ellas es —apúntenlo, repito, porque va a ser
así— recordar a los españoles, todos y cada uno de los días que
quedan de legislatura, la tropelía que Sánchez ha hecho con esta ley
contra el Estado de derecho. Apúntenlo, porque nos lo van a oír hasta la
saciedad. El Partido Popular no va a olvidar la traición que ha hecho
Sánchez a sus promesas, la traición que ha hecho Sánchez a sus votantes y
la traición que ha hecho Sánchez a España. No la vamos a olvidar.
(Aplausos).

Ustedes también lo saben, y lo sabe Sánchez, que no tuvo ni el arrojo
político de estar presente en la sesión del Congreso, y por supuesto, no
estar presente en la sesión del Senado. Bueno, no está presente en la
sesión del Senado nuestra más querida y admirada señora doña Pilar Llop.
Aquí la queremos enormemente, como saben todos ustedes. La ministra de
Justicia mudita, que sobre esto no dice nada, pues lo hace todo el señor
Bolaños. (Rumores).

Pero, es más, fíjense, señorías —no se alboroten que queda
mucho—, hasta qué punto ustedes saben de lo que estamos hablando y
comparten en el fondo lo que estoy diciendo, que se retrataron los
señores diputados del Partido Socialista que cuando se aprobó esta ley se
quedaron en sus escaños sin mover las palmas de la mano; no aplaudían
muertos de la vergüenza. Supongo que hoy todos ustedes tendrán el
correctivo de Bolaños y aplaudirán a rabiar al final de esta sesión.
(Aplausos).

Como las mentiras tienen las patas muy cortas y las prisas son malas
consejeras, lo que ha pasado con esta ley es que se ha intentado
solventar una cuestión muy importante y muy relevante con una chapuza,
con un atropello, con un error, y se han dado ustedes de bruces con el
Estado de derecho, señorías del Partido Socialista. Eso es lo que ha
pasado. Y ha habido un siguiente error, que es no entender lo que ha
pasado.

Apunten también en su cuaderno de notas, si quieren hacerlo, por
supuesto: ni el Partido Popular ni el Tribunal Constitucional han dicho
que esta ley no se puede hacer ni que esta ley no se puede aprobar. Lo
que han dicho el Partido Popular y el Tribunal Constitucional (Rumores)
es que esta ley no se puede hacer ni se puede aprobar así. ¿Lo
comprenden? Es una chapuza, es una cuestión de formas. (Protestas y
rumores.— Aplausos).

Sánchez, que hace de la mentira su forma de actuar y que —lo he
definido así— actúa con cobardía, actúa también con soberbia, y los
soberbios hacen siempre lo mismo: no reconocer el error y echar la culpa
al otro, más o menos como con la Ley del sí es sí. Creo que ya hay más de
cien violadores cuyas penas han sido reducidas, y las víctimas mirarán al
Gobierno y estarán atónitas. Les digo también para su cuaderno
—apunten—: ojalá se hubiesen dado la décima parte de prisa en
arreglar la chapuza de la Ley del sí es sí y la décima parte de esa prisa
que han utilizado en tramitar esta ley exprés a toda velocidad, con
nocturnidad y alevosía. Una pena, pero es exactamente lo que les
define.

Lo que ha pasado por no reconocer el error es que se han formado tres
mentiras que se han ido concatenando en estos días. Mi trabajo aquí
consiste en descubrirlas, pero a veces digo, ¿y a quién? Si es que ellos
ya lo saben. En cualquier caso, puede que haya algún despistado entre sus
señorías socialistas que no lo comprenda. Primera mentira. Pedro Sánchez,
el PP y el Tribunal Constitucional tienen un complot. Bastó una
entrevista del periodista Carlos Alsina en Onda Cero, en el programa Más
de uno, con la magistrada progresista doña María Luisa Balaguer. El
periodista le preguntó: Señora magistrada —progresista, esta es de
las que votaba en contra—, ¿cree usted que hay un complot entre el
PP y el Tribunal Constitucional? Respuesta de la magistrada: No. No tengo
nada que añadir, señorías. (Aplausos.— Rumores).

Segunda mentira. El PP recurre todo lo que no le gusta. Esto lo
estamos escuchando todo el rato. Es mentira. El PP recurre lo que está
mal hecho. (Rumores). Y la prueba de que esto es así no es el PP, es uno
de sus amiguitos, socios del alma, que se llama Iñigo Errejón, que el día
de autos dijo con acierto —está aquí un compañero suyo que luego
intervendrá—: Sánchez ha presentado la ley mal. Yo, en Más País,
voy a presentar lo mismo, pero lo voy a tramitar bien. Y Sánchez, unos
días más tarde, eso sí, con mucha pompa, como hace él siempre, con un
discurso largo, como hace él siempre, nos dijo: Vamos a tramitar por otro
cauce lo mismo. Por otro cauce quiere decir bien hecho. Es decir, que
Errejón y Sánchez están diciéndonos hoy que esto se puede aprobar solo si
se hace bien, señorías, solo si se hace bien y no la chapuza de la que
ustedes están hablando. Por tanto, ni complot ni el PP recurre lo que no
le gusta. Señorías, esto que estamos diciendo aquí no nos gusta nada,
pero no está recurrido. Ustedes tienen todo el derecho del mundo a
presentar una proposición de ley de reforma del Código Penal, que nos
espanta, pero es democrático y se puede hacer dentro de nuestro
ordenamiento. Cuando se extralimitan pasa lo que pasa, que se dan de
bruces con el Estado de derecho.

Y tercera mentira. El mantra de que todo esto se hace para pacificar
Cataluña. En fin, ustedes confunden pacificar con darle todo al que lo
pide todo. Quizás la gente sencilla lo entienda así. Si un día,
cualquiera de ustedes está en su casa y entra un atracador a
desvalijarles, supongo que no pensarán que la convivencia entre el
atracado y el atracador se soluciona dándole todo al atracador y, así, el
problema de la convivencia desaparece. Esa es su teoría.
(Aplausos.— Rumores). Es una teoría absurda porque, además, los
independentistas son insaciables; un patriota es el que es capaz de darlo
todo por su país sin pedir nada a cambio; un nacionalista o un
independentista es el que existe solo si al otro lado existe el español;
el España me roba, el España me quita, el España me pega. Toda esa
monserga solo existe si existe el otro. Para que exista el nacionalismo
tiene que existir España, y si no existe España, deja de existir el
nacionalismo. Están ustedes tratando de convencer a alguien que solo
tiene una palabra: insaciable. Por tanto, señorías, no se puede pacificar
nada entregándolo todo. ¿Lo comprenden? Eso es lo que ustedes están
haciendo. (Aplausos).

De todos los errores, señorías, que se han cometido con esta tropelía
—ahora hablo como español, mucho antes que como miembro del Grupo
Popular, porque creo que hay mucha gente que piensa como yo sobre lo que
voy a decir, y lo que digo ahora lo digo con dolor, no con
vehemencia—, de todo lo que ustedes han hecho, para mí lo más grave
es legitimar el discurso del independentismo, y lo vamos a escuchar hoy.
Escuchen y díganme en qué me voy a equivocar ahora. Vamos a oírles decir:
Primero fuimos nosotros, los independentistas, y ahora, sois vosotros, la
izquierda española; somos los mismos agredidos por los mismos. ¿No se dan
cuenta? Están utilizando al Tribunal Constitucional como herramienta para
que ellos construyan el siguiente relato: Hoy es el Tribunal
Constitucional el que ataca la democracia y entonces la democracia se
atacó en el Parlament de Catalunya. Ellos están diciendo que no hay
separación de poderes y, sin embargo, sí la hay. Ellos pueden decir hoy,
gracias a ustedes, que hay líderes independentistas encarcelados por sus
ideas y no por haber cometido delitos.

Señores del Partido Socialista, ustedes tienen un problema con el
concepto de la democracia. La democracia no es que un grupo de diputados
o senadores, teniendo la mayoría suficiente, pueda legislar lo que les dé
la gana, que es lo que ustedes están diciendo, con grave error. No,
señorías, la democracia es que un grupo de diputados o senadores pueda
legislar lo que le dé la gana, siempre y cuando se respeten las normas
del juego.

Y, cómo a veces ustedes actúan como niños pequeños, permítanme, sin
hacer ningún tipo de paternalismo, que les compare con lo que muchos de
ustedes cuando eran concejales o diputados autonómicos hacían. ¿Ustedes
creen que un grupo de concejales en un ayuntamiento, solo porque tienen
la mayoría y tienen las ganas de quitarle el IBI a todo el municipio lo
pueden hacer?

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya
terminado.

El señor MAROTO ARANZÁBAL: Voy terminado, señora presidenta.

¿Se puede votar en un ayuntamiento, quitar el IBI porque somos la
mayoría y tenemos la voluntad? ¿Se puede hacer eso? No, porque hay una
ley superior que fija un tipo mínimo de IBI. ¿En una Cámara parlamentaria
los procuradores o diputados autonómicos pueden decidir eliminar por
completo el impuesto de sociedades a todas las empresas de esa comunidad?
¿Se puede hacer eso? No.






(Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, termine.
(Protestas).

El señor MAROTO ARANZÁBAL: Si entiendo que el ejemplo les duela en la
entraña, pero déjenme diez segundos más y me voy al escaño,
tranquilos.

¿Ustedes se imaginan que un grupo de procuradores…

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, termine, ha pasado
usted en más de dos minutos su intervención.

El señor MAROTO ARANZÁBAL: Diez segundos más. Pongo el ejemplo y
termino.

¿Se imaginan un grupo de procuradores diciendo: tenemos la mayoría y
podemos legislar porque la soberanía popular está concedida y eliminamos
el impuesto de sucesiones? No se puede, porque hay una ley superior que
impide que el impuesto de sociedades deje de tener un tipo mínimo. ¿Cómo
puede ser que los diputados y senadores no comprendan que hay una ley
superior que se llama Constitución...

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, los ejemplos han
quedado clarísimos. Ha terminado usted su tiempo. (Fuertes y prolongados
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con
algunas de sus señorías en pie).

Señorías, para la defensa del turno en contra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Oleaga Zalvidea.
(Aplausos).

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko, presidenta andrea.

Antes de nada, tengo que decir que es un verdadero gusto y un placer
volverles a ver a todos ustedes. La verdad es que es un momento muy
bonito. (Aplausos). Mi intención hoy aquí era un debate sosegado,
tranquilo y sereno sobre el objeto de estos vetos, pero me ha parecido
que la intervención que acabamos de escuchar no es admisible en una
Cámara legislativa. (Aplausos).

Señor Feijóo, por cierto, bienvenido al Senado, porque ha tardado una
hora en interesarse por este debate. El señor Feijóo nos había dicho que
no veníamos a insultar, que veníamos a hacer las cosas de otra manera.
Claro, empezar a utilizar, como utilizaron el otro día, el término
autista, y hoy llamar mudita a una ministra y decirle que prácticamente
no tiene criterio y que hace lo que le dice un hombre, en este caso
Bolaños, no me parece que sea la forma de tratar este tema. (Aplausos).
Además, han utilizado una expresión que utilizó el otro día la señora
Gamarra en el Congreso de los Diputados referida al presidente del
Gobierno. Le ha llamado cobarde, porque decía que no iba al debate. Mire,
yo no no sé exactamente dónde estaba el señor Feijóo esta hora anterior o
qué intereses estaba defendiendo, pero Pedro Sánchez, el presidente del
Gobierno, estaba ese día en Europa defendiendo los derechos de los
ciudadanos y de las ciudadanas y los intereses de España. Entérense bien
ustedes de esto. (Aplausos).

Esas expresiones, como mentira y otras, empiezan a ser ya un poco
cansinas. No sé si ustedes conocen los pecados capitales, que parece que
les gusta más este tipo de lenguaje. Hoy en día son siete, aunque la
doctrina canónica hablaba en su día de ocho. Ustedes en realidad han
cometido prácticamente todos ellos. No voy a hablar de todos ellos porque
no tengo tiempo, pero sí les voy a mencionar tres en concreto.

Hay un primero que es el de la incoherencia, y que lo ha vuelto a
decir aquí el señor Maroto. Ha dicho que esta ley que estamos hoy
tramitando se había presentado mal, porque no tiene nada que ver la
reforma del Código Penal con cualquier cuestión atinente al Consejo
General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional. Me ha parecido
extraño, porque yo creo —y todos lo hemos escuchado— que el
señor Feijóo dejó claro que rompía el acuerdo de renovación del Consejo
General del Poder Judicial porque se pretendía una reforma del Código
Penal. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiene que ver el Código Penal con el
consejo o no? (Aplausos). Por tanto, si no tiene que ver, cuando el señor
Feijóo rompió las negociaciones diciendo que era por eso, ¿qué era, una
excusa? ¿Era una excusa?

Esto enlaza con el segundo de los pecados capitales, que es la
invención de excusas, en lo cual tengo que reconocer que son ustedes unos
auténticos maestros. Hemos tenido a lo largo de esta legislatura varias
ocasiones en que hemos debatido sobre estas cuestiones. Yo recuerdo los
debates intensos, tensos también, tanto en comisión como en el Pleno, con
el portavoz de Justicia, el señor Fernando de Rosa. Y la primera de las
excusas que han venido ustedes dando para no renovar el consejo general,
que es de donde trae causa todo el problema que hoy en día tenemos, fue
que había ministros comunistas. Esa fue la primera. Nos dijeron: Hay
ministros comunistas y, por tanto, no se puede renovar porque ustedes
quieren meter comunistas que propongan ellos en el consejo. Como si no
hubiera habido en el pasado vocales del consejo a propuesta de Izquierda
Unida, por ejemplo.

La segunda era que decían: Es que ustedes quieren meter en el consejo
a vocales propuestos por unos socios nacionalistas que quieren romper
España. Como si no hubiera habido en el pasado vocales propuestos por los
partidos nacionalistas. Claro, es verdad que los líderes del PP de
entonces hablaban catalán en la intimidad y se iban a comer al Baserri
Maitea, y hoy en día parece que no. (Aplausos).

Luego hubo una tercera excusa que nos dejó muy preocupados. Decían:
Es que los nombramientos que hace el Consejo nos gustan. ¿No les gustan a
ustedes los nombramientos? ¿Qué pasa que la renovación del Consejo
General del Poder Judicial o de cualquier otro órgano constitucional se
hace en función de que al PP le guste o no lo que haga ese órgano? ¿No se
dan cuenta ustedes de que esto es un atentado a la democracia?
(Aplausos). La Constitución dice que hay que renovar, no que hay que
renovar cuando al PP le parezcan bien.

Otra excusa que nos pusieron. Nos dijeron: Ustedes tienen el caso
Dina —que afectaba al entonces vicepresidente segundo del Gobierno,
señor Iglesias—, y nosotros nos negamos a renovar el consejo porque
ustedes quieren dar carpetazo al caso Dina, como si el Consejo General
del Poder Judicial fuera un tribunal. Pero sí que es importante lo que
trasluce esta excusa, y es que para el Partido Popular mantener el actual
consejo es una forma de tener —creen ellos— amarrados a los
tribunales y que les ayuden en sus causas judiciales. Y esto no puede
ser. (Aplausos).

En cuanto al complot, hoy hemos escuchado aquí expresamente, por
parte del portavoz que acaba de intervenir, que hay un complot
preventivo. Esto del preventivo que hace el PP últimamente, y es que dice
que Cándido Conde-Pumpido puede que llegue a ser presidente del Tribunal
Constitucional para hacer no sé qué cosas en comandita con el Partido
Socialista. Esto es hablar de que hay un complot, pero también
descalificar a los jueces del Tribunal Constitucional, que es lo que dice
que hacen los demás. (Aplausos).

Y la quinta excusa es la que nos dio el señor Feijóo hace muy poco
tiempo cuando dijo: Yo mantengo bloqueado el consejo porque no me fío del
Gobierno. Claro, cuando se dio cuenta de que decir que no renovaba el
consejo porque no se fiaba del Gobierno era algo tan duro y tan
antidemocrático que no lo iba a entender nadie en el mundo, dijo: Bueno,
les voy a poner a ustedes una serie de condiciones para que se pueda
renovar el consejo por parte del Partido Popular. La primera es que
ustedes no modifiquen el delito de malversación ni el de sedición; la
segunda, que tienen ustedes que tipificar un nuevo tipo de delito de
referéndum ilegal; y la tercera, que tienen ustedes que romper con sus
socios de investidura, tienen que romper completamente con ellos, y así
sucesivamente.

Pero hubo una serie de condiciones que no dijo, no sé si porque le
faltó tiempo o porque no las leía en el papel. Una era que Pedro Sánchez
se tiene que ir de la Moncloa sí o sí; que las elecciones en este país
las convoca Feijóo, que es el que dice cuándo se convocan; la tercera,
que los Reyes Magos o el Olentzero tienen que traer carbón a los
socialistas; la cuarta, que hay que reconocer a las meigas porque
haberlas, haylas; y dos huevos duros. (Aplausos). Y acabó diciendo, poco
más o menos, estas son mis excusas, si no les gustan, tengo otras. Esto
es el Partido Popular en estado puro. (Aplausos).

Y el tercer pecado capital es esto que ahora se llama recurso de
amparo preventivo (Rumores y protestas), que consiste en presentar un
recurso de amparo al Tribunal Constitucional para supuestamente
garantizar los derechos de unos diputados concretos y que lo que ha
provocado fundamentalmente es que esta Cámara no pueda debatir sobre una
propuesta en concreto. Un Tribunal Constitucional que ha convocado el
Pleno en veinticuatro horas, que no ha dejado que el recurso se tramite
en una sala, como se hace con todos los recursos, y que ha resuelto unas
medidas cautelares que eran concretamente las que le pedía el Partido
Popular. Todo esto en veinticuatro horas. Cuando hay otros recursos
—por ejemplo, hay un diputado que está afectado por un recurso de
amparo— que llevan ocho meses y todavía no lo han resuelto. Claro,
ese diputado no es del Partido Popular, y por eso, lógicamente, no hay
por qué correr.

Pero realmente se les ha vuelto en contra este asunto. Porque resulta
que aquí en el Senado se ha respetado escrupulosamente el procedimiento.
Todos los senadores y senadoras han tenido oportunidad de presentar sus
vetos, como hemos visto; todos los senadores y senadoras han podido
presentar sus enmiendas y, de hecho, las únicas enmiendas que no se han
podido debatir son precisamente las que ha presentado el Grupo Popular.
Es decir, que le pide amparo al Tribunal Constitucional porque considera
que tiene que presentar enmiendas y cuando las presenta en el Senado el
Tribunal Constitucional les dice que no se debaten. (Aplausos).

Claro, la pregunta sería: ¿va el Partido Popular a recurrir en amparo
al Tribunal Constitucional porque no les deja debatir las enmiendas en el
Senado? ¿Qué apostamos? Yo creo que no, porque realmente no les importa
para nada este asunto de si tienen o no derecho los diputados o senadores
o las diputadas o las senadoras, no les interesa esto. El interés es
otro, el interés es bloquear las instituciones, instrumentalizarlas e
impedir el legítimo derecho de los parlamentarios a debatir.
(Aplausos).

Miren, señorías, el momento que vivimos es un momento grave, y creo
que este veto lo que demuestra es el desconcierto del líder del Partido
Popular, que parece una especie de boxeador noqueado, incapaz de entender
que la democracia consiste en aceptar el resultado de las urnas, y los
ciudadanos y las ciudadanas de este país en varias ocasiones han decidido
que ustedes estén en la oposición. Tienen que aceptar esto, tienen que
aceptar la democracia y tienen que renovar los órganos constitucionales,
porque esto es lo que exige la democracia en nuestro país.

Pero les voy a decir una cosa, esta situación que estamos viviendo, a
mi juicio y a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, de una grave
afectación al sistema del que nos hemos dotado hace cuarenta años, lo que
ha provocado es que los demócratas estemos más unidos que nunca; lo que
ha provocado es que vayamos a solucionar este problema y lo vayamos a
solucionar pronto, porque el objetivo del Partido Socialista, como de
otros grupos, es respetar la democracia y la libertad, y en este país
tener democracia ha costado mucho, ha costado muchísimo. (Aplausos). Y no
vamos a permitir que ese esfuerzo tan importante que se ha hecho se ponga
en riesgo. Y, como dice el presidente del Gobierno, la democracia
prevalecerá y todo esto que está pasando será un recuerdo triste del
pasado, porque la democracia va a triunfar, va a prevalecer y vamos a ser
capaces de solucionar todos los problemas que algunos intentan poner
mediante el bloqueo de las instituciones.

Por tanto —y con esto voy a concluir—, el compromiso del
Grupo Parlamentario Socialista no solamente es que en nuestro país haya
convivencia, que en nuestro país se restauren los puentes, que en nuestro
país sea posible entendernos y dialogar, que no se insulte al que opina
diferente, que no se utilicen los epítetos que hemos escuchado hoy, sino
buscar una forma de intervenir razonable, seria y serena. Pero, sobre
todo, el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista no es otro que el
de respetar la libertad y la democracia y, como decía, la democracia va a
prevalecer.

Eskerrik asko. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista, con algunas de sus señorías en
pie).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik asko,
señoría.

Señorías, pasamos al turno de portavoces relativo al debate de los
vetos que se han presentado. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la
señora Goñi Sarries.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidenta.

Esquerra, gracias a Sánchez y al PSOE, lo ha conseguido; ha
conseguido doblegar al Gobierno, aprobar leyes inconstitucionales,
desmontar el Estado de derecho y desproteger la democracia española. Hoy
reforman el Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar
las penas de malversación para beneficiar a sus políticos
independentistas condenados. Es una reforma indefendible, hecha
exclusivamente a medida del independentismo. Legislar ad hominem es
corrupción, lo sabe Alfonso Guerra y lo sabemos todos.

Otegi afirmó que no habría un Gobierno de progreso en el Estado sin
el sostén de las fuerzas de izquierdas que quieren marcharse de España, y
tenía razón. Otegi tenía toda la razón. Porque esta ignominia solo se
explica por el ansia de Sánchez y del PSOE de seguir en el poder sin
complejos, al precio que sea, pagando ese precio a quien sea, incluidos
los que quieren marcharse de España, filoterroristas o no. Es
impresionante. Sánchez ha cumplido su palabra, pero solo cumple con los
independentistas catalanes y con Bildu. No ha cumplido con sus votantes
ni con los ciudadanos españoles.

Gracias a Esquerra, a Sánchez y al PSOE ahora un presidente
autonómico podrá convocar un referéndum y malversar dinero público para
organizarlo, y ninguna de estas dos cosas será delito. Es intolerable dar
pasos atrás en la lucha contra la corrupción y la protección del Estado.
En España hay 526 políticos condenados por malversación, y Esquerra y el
PSOE hoy regalan grandes beneficios a los corruptos; Esquerra para seguir
en su camino hacia el referéndum de autodeterminación y el PSOE solo por
seguir un año más en Moncloa.

Pero todo esto está justificado porque Cataluña está mucho mejor
ahora que en 2017. Mentira, simplemente han eliminado todas las trabas y
han puesto las mejores condiciones legales para que ahora la secesión se
lleve a cabo sin obstáculos. ¿Y ahora qué pasará? El referéndum, lo
sabemos todos. Y, claro, si es un referéndum pactado, será legítimo para
ustedes, aunque sea inconstitucional, porque ya sabemos que el pacto lo
sostiene todo; sostiene el Gobierno, sostiene la convivencia, el
deterioro de las instituciones, romper la separación de poderes, lo
sostiene todo. Lo llamarán consulta, herramienta de convivencia o lo que
se les ocurra y, así, arreglado. Y si se desvían fondos públicos para
asociaciones independentistas, como Òmnium o la ANC, ya no será delito;
esta vez les saldrá gratis.

El lunes pasado, Esquerra propuso las bases del referéndum de
autodeterminación; el martes, los ministros Bolaños y Rodríguez negaron
que vaya a producirse; el miércoles Salvador Illa planteó la posibilidad
de una consulta pactada, que ya hoy comparten varios ministros. El
Gobierno sigue negando el referéndum y cuanto más lo niega, más factible
es. No iban a gobernar con Podemos; no iban a pactar con Bildu; no iban a
indultar a los sediciosos; no iban a reformar el Código Penal, eliminando
el delito de sedición; y, aún menos, iban a rebajar las penas por
malversación. Solo nos falta por saber la fecha del referéndum. Sabemos
que es inconstitucional y sabemos que lo harán. Para ello cuestionan la
legitimidad del Tribunal Constitucional y veremos su reforma en
breve.

El Gobierno ha intentado reformar tres leyes muy importantes en un
solo texto, sin consultas, sin debate y en diez días. Y lo reseñable no
es que el Constitucional suspenda la tramitación de esas dos enmiendas;
el escándalo es no respetar los procedimientos reglamentarios, porque
además de ser grave es inconstitucional, amordaza a los parlamentarios y
muestra el signo de este Gobierno. Es alucinante que aprobar leyes
siguiendo los procedimientos parlamentarios sea un drama antidemocrático
y un golpe para algunos. Se ve que para ustedes la democracia ya es otra
cosa. Sánchez dijo que es grave que se haya impedido a los representantes
democráticamente elegidos que realicen su función de debate. Y es
gravísimo, porque es el Gobierno quien ha impedido esa función de debate
y no el tribunal. Afortunadamente, el Estado de derecho se ha
impuesto.

Señorías del PSOE, en esta grave crisis institucional creada por su
Gobierno deberían reconocer que el Constitucional no está caducado y
deberían reconocer que no ha amordazado a nadie, justo al revés. ¿Es la
primera vez que ha sucedido esto en España? Sí. ¿Y saben por qué ha
sucedido? Porque es la primera vez que un Gobierno se ha atrevido a tanto
cuando ataca a los derechos de aquellos que discrepamos de él, hasta
ahora, hasta el Gobierno de Sánchez.

Por todo esto, deberíamos de ir a elecciones y tratar de impedir que
Sánchez siga con la hoja de ruta de Esquerra, que ya es la hoja de ruta
del PSOE.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señorías.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el senador
Sánchez-Garnica.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señora vicepresidenta.

Señorías, buenos días. Para intentar comprender el alcance de la
iniciativa legislativa tenemos que empezar el debate por el título de la
proposición de ley que está causando tanto ruido y tanta furia en los
últimos días, y leo literalmente: Proposición de ley orgánica de
trasposición de directivas europeas y otras disposiciones para la
adaptación de la legislación penal al ordenamiento jurídico de la Unión
Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes
públicos y contrabando de armas de doble uso. Es decir, aprovechando el
amplio título, se incluye la modificación de varias materias, diversas y
variadas, todas ellas importantes y trascendentes. Desde la transposición
de directivas europeas hasta la modificación del Código Penal o la
modificación de la Ley de represión del contrabando, la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la Ley de enjuiciamiento civil y la Ley de la
jurisdicción social.

Se trasponen directivas sobre lucha contra el fraude y la
falsificación de medios de pago distintos al efectivo y sobre sanciones
penales aplicables al abuso de mercado, sobre delitos informáticos o
sobre competencia en el mercado interior. Se modifica también el Código
Penal en materias como las relacionadas con los delitos contra la
integridad moral relativa a la ocultación de cadáveres, sobre la
imposición de condiciones ilegales a los trabajadores, sobre modificación
de delitos de malversación, así como la creación del delito de
enriquecimiento ilícito o la modificación del delito de sedición dentro
de los delitos contra el orden público, creando la modalidad agravada de
desórdenes públicos, o sobre la regulación de la infracción del
contrabando de material de defensa y productos y tecnologías de doble
uso.

Además, aprovechando que el Guadiana pasa por Valladolid, vía
enmiendas, se ha intentado la modificación de la Ley Orgánica del Poder
Judicial para nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional.
Sobre esta cuestión no podemos debatir porque el Tribunal Constitucional
ha decidido la suspensión cautelar de su tramitación parlamentaria en el
Senado, con lo que no estamos en absoluto de acuerdo. Y no estamos de
acuerdo y no podemos profundizar en el debate, porque se ha
instrumentalizado políticamente. No compartimos la actuación del Tribunal
Constitucional, que, a mí, como senador, y a todos ustedes nos ha privado
en esta Cámara de debatir y de votar. Esto no hace más que ahondar en el
descrédito de un tribunal que tiene que velar por las garantías de todos.
Y, finalmente, con acierto, se modifica la Ley Orgánica del Poder
Judicial, la Ley de enjuiciamiento civil y la Ley de jurisdicción social,
introduciendo la inhabilidad de plazos procesales desde el 26 de
diciembre al 6 de enero, adelantando con ello una regulación pacífica
existente en el Proyecto de ley de eficiencia procesal. Con ello se
consigue la conciliación personal, familiar y laboral de abogados,
procuradores, graduados sociales y personal al servicio de la
Administración de Justicia. Tenemos que felicitar en este sentido al
Ministerio de Justicia y a su ministra, Pilar Llop, en particular, por la
sensibilidad que ha tenido para el amplio colectivo mencionado.

En fin, estamos ante una especie de ley ómnibus, ley general,
tramitada de modo exprés como proposición de ley, con todo lo que ello
significa. Hemos batido nuestro propio récord en la tramitación de una
ley, menos de siete días, como decía el portavoz de Junts. El jueves
pasado se votaba en el Congreso y el jueves posterior estamos
debatiendo.

Sin entrar en el detalle del contenido de las modificaciones legales
incluidas, con las que, en algunos casos, estamos absolutamente de
acuerdo, no podemos estar de acuerdo con la forma en que se ha tramitado,
teniendo en cuenta la naturaleza de la ley, que es orgánica. Señorías,
legislar requiere rigor, requiere serenidad, prudencia, reflexión y
reposo, requiere escucha y diálogo, requiere seguir los trámites
parlamentarios establecidos, con la emisión de los informes de los
diferentes órganos consultivos y la participación activa de los
diferentes grupos parlamentarios. Teniendo en cuenta la importancia de
las materias objeto del debate, se debían de haber tramitado como
proyecto de ley. No es bueno impulsar iniciativas legislativas con fines
exclusivamente políticos para favorecer pactos, por muy legítimos que
sean, que nosotros no los vamos a poner en cuestión. No es bueno legislar
de un día para otro con el único fin de favorecer intereses políticos
concretos y particulares, entre otras razones, porque siempre se debe
seguir el interés general para garantizar la necesaria seguridad jurídica
protegida en el artículo 9.3 de la Constitución y que, en particular, no
es sensato legislar ad hominem.

No estamos de acuerdo, en definitiva, con la forma en la que se ha
impulsado la proposición de ley, en particular, con la modificación de
los delitos de sedición y malversación. Podemos debatir sobre su
conveniencia o no, sobre la necesidad o no, pero aquí hay que aplicar
aquel dicho: vísteme lentamente que tengo prisa. Podemos estar de acuerdo
con la finalidad que persigue, pero las cosas no se pueden hacer así, ya
que, al final, ocurre lo que ocurre y pasa lo que pasa. Lo que ha pasado
con la ley del sí es sí y, en este caso, lo que podría pasar. ¿Se nos
puede garantizar que no habrá reducción de penas para los corruptos? Pues
no lo sabemos. Lo que pasa es que, pudiendo tener razón, se pierde por
querer correr más de lo que se puede y se debe, y ello a pesar de que hay
que reconocer los intentos por desbloquear una situación a lo mejor no
creada por el Gobierno.

Por todo ello, y por otras razones, a pesar de estar de acuerdo con
la mayor parte de las modificaciones legislativas previstas y, en
particular, con la inhabilidad de los plazos, no podemos votar a favor de
la ley al no responder a la objetividad y a la forma en la que debe
legislarse, pero sí que hacemos un llamamiento al Partido Popular, como
partido mayoritario de la oposición, para que, de una vez, sin ninguna
otra excusa, con el Partido Socialista se ponga de acuerdo para
desbloquear algo fundamental para muchas cosas, que es la renovación de
los órganos constitucionales. Votaremos en contra de los vetos, porque, a
pesar de todo, queremos favorecer el debate sobre el fondo y, en todo
caso, porque no queremos impedir que salgan otras cuestiones.

Feliz Navidad a todas sus señorías. Espero que estos días de vacatio
legis nos sirvan para calmar los ánimos y para reflexionar sobre lo que
está ocurriendo. Y nos veremos en febrero o, incluso, antes. Hay que
recuperar el rumbo, concordia, tolerancia y respeto. Feliz Navidad,
señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Democrático tiene la palabra el señor Fernández
Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señorías. Nos llega el debate de una proposición de ley
orgánica que se tenía que haber convertido en una tramitación sencilla,
al incorporar diversas directivas europeas tan sensibles como el
terrorismo, los delitos financieros o informáticos, etcétera. Pero al
incluirse en él dos temas tan delicados como son la reforma del Código
Penal para atenuar el delito de sedición e incluir nuevos condicionantes
que suavizan las penas por malversación, el Partido Regionalista de
Cantabria no puede apoyarla.

Como ya señaló nuestro diputado José María Mazón, el Código Penal es
el límite que nos marca hasta dónde podemos llegar en el ejercicio de
nuestros derechos y libertades, porque, a pesar de vivir en un Estado de
derecho, aquí no todo vale ni todo es admisible. Su reforma debe nacer de
situaciones anómalas que la sociedad nos traslade y debe seguir una
tramitación sosegada en la que se pueda debatir sobre cuáles son los
cambios a introducir. Es esto lo que precisamente no se ha dado en este
caso con una tramitación por urgencia en una semana.

La reforma de la sedición y la malversación no nace de una situación
que por una circunstancia u otra oprima los derechos o libertades de la
ciudadanía de forma general; no. No nace de una situación de opresión
social general, sino de la necesidad de contentar a una parte de la
escena política que, conocedora de las consecuencias de sus actos, se
lanzó a incumplir flagrantemente nuestro ordenamiento jurídico hace unos
años. Y es que como bien se ha señalado por parte de nuestro partido,
igual que no es justo que las víctimas sean quienes dicten las sentencias
a sus agresores, tampoco lo es que los que incumplen la ley sean los que
marquen el compás de las reformas del Código Penal.

Las leyes son el marco en el que un país se entiende y se regula. En
otras palabras, su aplicación es la garantía de que un Estado funcione y,
por ello, deben preverse en nuestro Código Penal las penas para aquellos
que impidan por la fuerza su cumplimiento. Estamos en un Estado de
derecho en el que todos podemos expresar nuestros puntos de vista,
siempre dentro de la legalidad y la vía pacífica. Nadie es juzgado por
expresar una ideología o un modelo de país, pero sí por hacerlo fuera de
la ley.

Qué decir de la malversación. Quizá ningún partido ha sido tan
beligerante con la corrupción como el PRC y ver cómo una exigencia de una
minoría se descafeína nos parece totalmente fuera de lugar e inaceptable
y siembra un precedente nefasto para nuestro Estado de derecho. La
malversación es malversación y nos da igual si va al bolsillo del cargo
público o al de otro.

La moción de censura de 2018 se justificó en la lucha contra la
corrupción y salió adelante, y contra la corrupción por malversación.
Hoy, quienes se escudaron en la corrupción para llegar al poder bajan las
penas de la malversación. Lo que hace cuatro años era impensable, hoy se
hace realidad. ¿Qué nos ha pasado?

Para ir acabando, quiero señalar también que, a pesar de no compartir
esta ley, sí me gustaría haber votado íntegramente y haber votado no.
Creo que en este caso no puede ser el Senado el pagano del pulso
institucional que estamos atravesando y que, señorías, está dejando a
nuestro país por los suelos. Volvamos a la sensatez, a la senda del
diálogo; volvamos a la negociación, como se ha hecho durante los cuarenta
años de democracia, y volvamos a poner los intereses del país por delante
de los intereses propios.

Como ya anuncié, a pesar de tratar asuntos que podrían ser
interesantes, no estamos de acuerdo con esta reforma de la sedición y la
malversación y, en consecuencia, el Partido Regionalista de Cantabria
votará en contra de esta proposición de ley.

Felices fiestas y mucha salud.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señora presidenta, con la venia.

Señorías, empezando por el señor Oleaga, el placer de verle es mío,
señoría. Txema, me alegro muchísimo de verte por aquí, y lo sabes,
aunque, por desgracia, hoy no es un buen día, es un día nublado y triste,
políticamente hablando. En cualquier caso, me alegro muchísimo de verte
por aquí.

Ha hablado usted, señor Oleaga, admirado senador Oleaga, de siete
pecados capitales. Yo he estado tomando nota y rápidamente me ha venido a
la cabeza uno de ellos, la avaricia. Hoy, a los avariciosos, a los
corruptos y a los trincones les vamos a alegrar el día. A ellos, a los
sediciosos y a los corruptos es a quien hoy les ha tocado la lotería. Hoy
es el día de la lotería, aquí al lado, apenas a 200 metros, se está
celebrando el sorteo, pero los ganadores de hoy, a los que les ha tocado
la lotería, a los que les va a tocar la lotería es a los sediciosos y a
los corruptos. En aquel sitio la lotería tocará por azar, tocará por el
azar de las limpias manos de los niños de San Ildefonso; a los sediciosos
y a los corruptos la lotería les va a tocar aquí no por azar, sino por
una legislación ad hominem que hoy estamos perpetrando en esta Cámara y
que la semana pasada perpetramos el Congreso de los Diputados. Y como
ustedes saben, porque lo saben, legislar ad hominem es otra manera de
corrupción.

En política los antecedentes también importan, y ustedes lo saben;
todos los que estamos aquí sabemos que en política los antecedentes
importan. Lo que votamos todos nosotros queda reflejado en el Diario de
Sesiones y pasarán muchos años y ustedes, los que hoy voten a favor de
esta ignominia, seguirán con la mácula de haber votado hoy aquí para
favorecer a corruptos y a sediciosos. Lo verán, señorías, cuando, a
partir de mañana, se empiecen a revisar centenares de resoluciones
judiciales de políticos condenados por corrupción, de políticos
condenados por malversación, que, por mor de lo que hoy vamos a votar
aquí, de lo que hoy algunos de ustedes van a votar aquí, van a salir
beneficiados y se les va a rebajar la pena. Ya lo verán ustedes. Y
pensarán —no lo dirán, pero pensarán, porque ustedes tienen
conciencia igual que yo— en su fuero interno: ¡Madre mía! Esto ha
sido con mi voto, esto ha sido con mi connivencia, yo estoy en
connivencia con esto.

Aún no han apretado el botón, aún están a tiempo. Reflexionen. Desde
luego, en el Diario de Sesiones lo que no va a aparecer en ningún caso va
a ser mi voto a favor y, por eso, podré dormir con la conciencia
tranquila cuando los corruptos empiecen a salir, uno tras otro, de la
cárcel o empiecen a ver rebajadas sus penas por corrupción.

Termino, señorías. Al margen de toscos debates, como el que nos ha
tocado tener en la mañana de hoy aquí, saben ustedes que se les aprecia.
Les deseo una feliz Navidad en compañía de sus familiares y sus seres
queridos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
el senador Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidenta.

Egun on, jaun-andreok. Señorías, el espectáculo que estamos viviendo
estos días en las Cortes Generales, con un absoluto desinterés por la res
publica, con un empeño enfermizo por conservar el poder a toda costa, por
parte de unos, y de deslegitimar un Gobierno amparado por una mayoría
parlamentaria, aunque hoy han reconocido que es un Gobierno legítimo, nos
hacen reafirmarnos en la apuesta de Geroa Bai por salirnos de este marco.
Geroa Bai no va a ser cómplice ni de unos ni de otros, no vamos a
legitimar antagonismos cainitas, que, por cierto, tienen riesgo de
derivar en guerracivilismo. Nosotros hemos apoyado y apoyamos un Gobierno
de progreso, que también es verdad que, en nuestra opinión, progresa
poco; un Gobierno más preocupado por gestos que por soluciones reales que
exigen madurez, compromiso y mirada larga, luces largas; un Gobierno
dispuesto a meter goles como sea, aunque siempre o muchas veces rozando
el larguero, sin importarle arriesgar que la pelota rebote aplicando una
praxis legislativa temeraria; y una oposición que se ha echado al monte y
que recurre a su falaz mayoría en el Tribunal Constitucional, para tratar
de revertir allí lo que no logran en las Cortes. Y sí, me gustaría, me
hubiera gustado mucho que, en las instituciones, en el Senado, pudiéramos
hablar sobre sedición sin estar urgidos por los pactos coyunturales,
porque es cierto que la antigua fórmula de la sedición prácticamente
equipara una alteración del orden público a un asesinato en cuanto a
penas, pero también es cierto que la forma y el momento elegidos inducen
a pensar que se trata de aplicar un derecho penal de autor. Y, por
cierto, también me gustaría que se trasladara a la sociedad civil de
forma clara, de forma contundente, que en el Estado hay un viejo problema
territorial que no se va a resolver con medidas penales. Me gustaría, les
confieso, que habláramos de la necesidad de cambiar la malversación, pero
no urgidos por un pacto presupuestario o por que se pueda librar de pena
a determinadas personas afines, presentes o futuras. Porque si hay algo
claro es que el aumento de las penas no es la panacea para nada, y porque
además pienso que la gradación en el delito de malversación es un bien
jurídico a proteger; que está bien agravar la pena a quien se lo lleva a
casa y que no pueden tener la misma pena otro tipo de acciones; y dado
que ya el derecho administrativo sanciona la malversación, hay que ver
dónde acaba el derecho administrativo y dónde empieza el Código Penal. Y,
por cierto, señorías, les quiero recordar que el derecho penal económico
tiene hasta siete tipos de conducta con distintas penas para el
administrador de una empresa, por lo tanto, ¿por qué no, por qué no hacen
una gradación penal de la malversación? Deberíamos haber tenido un debate
tranquilo al respecto, pero, en fin, ha sido imposible.

Me resulta totalmente inaceptable que quien proclama la honorable
misión del control constitucional o democrático del Tribunal
Constitucional lo quiera convertir en tutela, porque sabe que domina ese
tribunal en el que no quiere relevos. Nosotros, las mujeres y los hombres
de Geroa Bai, no nos sentimos cómodos en este reñidero en el que unos y
otros han convertido la política española y que tantas y tantas veces he
denunciado en esta Cámara; este reñidero español, que he denunciado como
ruido y en las formas de hacer política, estos días está tocando fondo,
fondo en ambos sentidos: porque estamos ante el fondo de la cuestión, la
toma de hegemonía en instituciones que deben actuar independientemente; y
porque como instituciones estamos tocando fondo ante la propia sociedad
que nos elige y a la que nos debemos. No podemos dar por buena la
pretensión del Partido Popular de recurrir la votación como tutela de un
árbitro como el Constitucional para que impida un debate y una decisión
parlamentaria, y tampoco nos gusta el estilo trilero de promover un combo
de temas a tratar en un Parlamento cuando cada uno de ellos merece su
correspondiente debate en amplitud y con serenidad. Las organizaciones
políticas debemos trasladar con transparencia las razones que tenemos
para modificar las leyes y las prioridades que queremos acometer con esas
modificaciones, sin miedo, con más información, con menos postureo.

Señorías, el consenso, desde la diferencia, desde el respeto a otras
posiciones, está en el ADN de Geroa Bai.






El consenso es lo que ha
permitido en Navarra dos gobiernos de cambio: el encabezado por mi
compañera Uxue Barkos, que no fue apoyado por el Partido Socialista, y el
actual, encabezado por María Chivite, que nosotros apoyamos para, entre
otros objetivos, evitar que volviera lo que llamamos el corralito,
corralito foral, que durante tanto tiempo ha campado a sus anchas en
Navarra con la participación y bendición de Unión del Pueblo Navarro y
también del Partido Socialista. A la derecha navarra se le acabó el
chollo en 2015, gracias a que, por primera vez en nuestra historia, se
podía formar un Gobierno sin la necesidad de contar con el Partido
Socialista, y así se inició el cambio sereno, tranquilo, profundo, en
nuestra comunidad, sin que se produjera ningún apocalipsis, como
anunciaban los agoreros de siempre. Bueno, sí, es verdad, se ha producido
un apocalipsis, el de las derechas navarras inmersas ahora en un divorcio
profundo que provoca que se miren de reojo y desconfíen entre ellas. Solo
así, de verdad, solo así se entienden los discursos catastrofistas que
hemos oído esta mañana aquí por parte de Unión del Pueblo Navarro y
también del Partido Popular.

Vamos a votar en contra de los vetos, lo que no quiere decir, de
ninguna manera, que vayamos a votar a favor de esta proposición de
ley.

Eskerrik asko. Eguberri eta urte berri on danoi.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik asko,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gracias, presidenta.

Intervengo desde el escaño para dejar claro que nosotros solo
apoyaremos nuestro veto y votaremos en contra de los restantes porque es
evidente que están en nuestras antípodas, y porque lo que hacen estos
cuatro vetos es reafirmarnos en que estaríamos mucho más próximos a una
democracia plena, asimilada a los estándares europeos que blindan los
derechos básicos y fundamentales, en una república catalana que en su
Reino de España.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Beltrán de Heredia Arroniz.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias, presidenta.

Votaremos en contra de los vetos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra la
senadora Cortès Gès.

La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidenta.

Hace años que Esquerra Republicana clama por la desjudicialización
política en el Estado español; yo misma, en este hemiciclo, he apelado a
ella en varias ocasiones, la última vez no hace mucho, y fue ante el
presidente Pedro Sánchez, mientras una de sus ministras resoplaba
displicentemente. Nadie en el Estado español nos hacía caso, nadie, y nos
decían que España es una democracia plena, pero ahora vemos cómo el
Partido Socialista, PSOE, Podemos y las Cortes Generales están sufriendo
un poco de lo que en su momento aplicó el aparato de la derecha política
y judicial contra el independentismo, injerencias judiciales sobre el
parlamentarismo para evitar que se debatan y se aprueben leyes y
políticas progresistas. Primero fuimos los independentistas, señor
Maroto, sí, el enemigo al que había que someter por todos los medios, y
avisamos que detrás de nosotros vendrían otros, y fueron los
sindicalistas, los periodistas, los artistas y, finalmente, la izquierda
española. Y efectivamente, como le he dicho, señor Maroto, sí, primero
fuimos nosotros, y lo diremos todas las veces que sea necesario y, si les
molesta que lo recordemos, prueben a quitar sus zarpas de la justicia y
no lleven a los juzgados aquello que ustedes pierden en las urnas. Lo que
durante los últimos años hemos vivido en Cataluña, el uso de unos
tribunales arbitrarios y una justicia politizada y parcial para bloquear
cualquier avance social o democrático empieza a cruzar la frontera del
Ebro. La derecha judicial está dispuesta a todo para impedir canalizar y
dar respuesta a las demandas de las mayorías sociales y electorales,
incluso a poner en riesgo la democracia. Cuestionar la capacidad y
legitimidad de los parlamentarios para legislar es un paso más en la
estrategia del Estado profundo hacia un repliegue reaccionario y
autoritario que lleva muchos años en marcha. Llevamos desde el año 2017
recibiendo acusaciones de golpismo en Cataluña, y resulta que aquellos
que nos insultaban son los que llevan el golpe de Estado en su
currículum. La derecha española no está dispuesta a perder sus
privilegios; la derecha española no quiere renunciar al poder, al poder
que considera que es suyo por naturaleza. Ayer mismo en esta Cámara
escuchábamos de nuevo al señor Feijóo, que ya ven que nunca está aquí,
solo a la hora de votar, y nos decía: Yo quiero una democracia plena para
mi país. Pero la realidad es que sus acciones, señorías del PP, señor
Maroto, se traducen en la patrimonialización del Estado y sus aparatos, y
esa es solo una de las muchas herencias que han recibido del régimen
anterior, solo una, y de ahí toda esta deriva.

Fíjense, el Poder Ejecutivo y el Legislativo solo sirven cuando la
derecha está en el poder y, si no, lo acusan de ilegítimo; es decir, para
la derecha lo que dicen las urnas es ilegítimo, pero lo que dicen los
jueces con mandatos caducados es democracia. Ni el Gobierno de Rajoy ni
el Gobierno de Feijóo (Rumores) —bueno, el Gobierno de Feijóo, no,
perdón—, ni ahora Feijóo (Un señor senador del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado: ¡Sí, sí! — Aplausos) tienen proyecto para
Cataluña; ni el proyecto de Rajoy ni el Gobierno de Rajoy ni Feijóo
tienen proyecto para Cataluña, y así les va en Cataluña; no tienen
proyecto ni para Cataluña ni para el resto del Estado, pero menos para
Cataluña. Su único proyecto es perpetuarse y mantenerse en el poder, y
ahora no pueden, por suerte, perpetuando así un statu quo que solo mira
por los que más tienen, esto sí, esto ustedes lo saben hacer muy bien, y
como no lo consiguen en las urnas, manejan el Poder Judicial a su antojo.
No entienden de negociación, solo quieren poder; no entienden de
negociación porque justamente no pueden ofrecer solución a aquello que
ignoran o, aún peor, a aquello que ustedes desprecian. Aún resuenan en
este hemiciclo los famosos wasaps de Ignacio Cosidó, algunos los
recordarán, al menos los que estábamos aquí, en los que se decía:
Controlaremos desde atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que
juzga a diputadas, a senadoras y a miembros del Gobierno. ¿A esto ustedes
lo llaman democracia, los miembros del Partido Popular llaman a esto
democracia? ¿Esta es la democracia plena a la que ustedes aspiran, a
controlarlo todo por la puerta de atrás? (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Nosotros lo llamamos afán de poder y de querer controlar
todo. No tienen el más mínimo respeto al principio de soberanía popular
ni a la separación de poderes ni a su amada Constitución, que como el
Tribunal Constitucional también está muy caducada, pero, pese a todo,
ustedes no pierden ocasión para dar lecciones de constitucionalismo y de
democracia.

La homologación del Código Penal a los estándares europeos era una
demanda de diversas instituciones internacionales que llevan años
alertando de la deriva liberal del Estado español; las mismas
instituciones y organizaciones a las que ustedes boicotean en el
Parlamento Europeo, demostrando su nulo sentido del ridículo y su
infinita capacidad de avergonzar a todo demócrata que se precie.
Convertir una reforma como esta en un atentado al Estado de derecho
simplemente por querer abordar, aunque sea parcialmente, las
reclamaciones de organismos internacionales es una muestra de lo que la
derecha entiende por legalidad y por democracia; una legalidad hecha en
contra de las mayorías sociales y que les sirve para amordazar la
voluntad popular y los anhelos de cambio. Esta insubordinación permanente
de las distintas derechas políticas, judiciales, económicas, mediáticas,
policiales, ante todo proceso de diálogo y negociación con Cataluña es
solo la constatación de la importancia de mantener viva esta vía. No
sucumbir a la amenaza reaccionaria y hacer política útil es hoy un acto
de valentía que, no me cabe duda, será recompensado en las urnas por una
mayoría social cansada de ser moneda de cambio por parte de unas élites
políticas conservadoras que la desprecian. Este desprecio a la
discrepancia política y a la voluntad de cambio por una parte de la
sociedad ha sido motivo de una escalada en la judicialización de la vida
política, ha propiciado discursos y declaraciones de exacerbación del
propio cambio que han abocado a la simplificación y, a menudo, también a
la distorsión de las posiciones del adversario para ridiculizarlas, como
se ha hecho aquí, y criminalizarlas. Y así seguimos, y ante esta
situación no cabe otra actitud que reiterar las llamadas al diálogo y a
la negociación, que es el campo propio de la política.

La apuesta clara de Esquerra Republicana por el diálogo y la
negociación, señorías, está dando sus frutos. Con la derogación del
delito de sedición conseguimos disminuir la capacidad represiva del
Estado. La estrategia de confrontación democrática en la mesa de
negociación hace tambalear los consensos del régimen del 78. Y ustedes no
quieren que cambie nada, ya lo sabemos, ya lo vemos, pero obvian que su
España va cambiando y que su España ha cambiado. Que les quede claro, se
pongan como se pongan, votar no es delito, vehicular el deseo de la
inmensa mayoría de la ciudadanía de Cataluña no es delito.

Y para finalizar, creo que deberían reflexionar también todas
aquellas fuerzas políticas que reivindicaban no hace tanto la apertura de
un proceso de negociación entre Cataluña y el Estado y que, cuando la
correlación de fuerzas lo permitió, se fueron de la mesa, esto pasó. La
negociación que Esquerra Republicana ha iniciado con el Gobierno de Pedro
Sánchez y Unidas Podemos para la desjudicialización del conflicto es una
tarea ardua, por supuesto, y la falta de acompañamiento de una parte
significativa del independentismo no refuerza la posición negociadora de
Cataluña. Esquerra Republicana negociamos con la fuerza que tenemos y, si
tuviéramos más fuerza, es decir, si todas las fuerzas independentistas
estuvieran acompañando, los resultados serían mucho mejores. Creo
sinceramente que su posición, cuanto peor, mejor, y la crítica continua
sin propuesta llevan a un callejón sin salida. Sinceramente, su posición
es tan difícil de explicar que ni ustedes mismos la entienden y, si no la
entienden ustedes, peor la entenderán las catalanas y los catalanes.
Derogar la sedición y reformar la malversación para desmontar la reforma
que el PP impulsó en 2015 para perseguir al independentismo debería ser
un mínimo común denominador de las fuerzas catalanas independientes en el
Congreso y en el Senado, pero por desgracia el electoralismo y el
partidismo de vuelo gallináceo aún pesan demasiado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senadora Cortès.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría
Maroto Aranzábal. (Aplausos).

El señor MAROTO ARANZÁBAL: Gracias, presidente.

Es importante escuchar a todos los portavoces cuando intervienen
porque siempre hay un regalo inesperado en las intervenciones. Y hoy la
señora Cortès, portavoz de Esquerra Republicana, nos ha ofrecido un
regalo imprescindible: el elefante en la habitación del independentismo
es el Gobierno de Feijóo, sin duda alguna. (Aplausos). Muchísimas
gracias, señora Cortès. No me extraña que tengan ese elefante en su
habitación y su temor.

Señor Oleaga, en primer lugar, por elegancia parlamentaria y por
cortesía quiero trasladarle, en nombre de mi grupo, nuestra satisfacción
por su recuperación física. Su intervención —ahora entro en
materia— no es tan satisfactoria para nuestro grupo. Se lo digo
porque no sé si la intervención está escrita por el señor Bolaños, como
hace poco la intervención de la señora Batet o del señor Gil, pero sí
veo, sí aprecio, que de malversación y de sedición en la intervención del
Grupo Socialista, ni palabra. (Aplausos). Y esto también es el elefante
en la habitación que tienen ustedes.

Es importante hablar un poco del asunto de fondo. Hablemos de
malversación. Usted, además, es un experimentado jurista. Y yo le
pregunto: ¿en qué mejora exactamente rebajar la corrupción en nuestro
país, rebajar la malversación? Explíquemelo. Yo le doy mi explicación: lo
que mejora es la vida de veintitantos políticos independentistas que se
van a ver aliviados por ello y, obviamente, el señor Sánchez, que tiene
una contrapartida en votos para mantenerse. (Aplausos). Eso lo entiendo a
la primera. Ahora bien, explíqueme razones adicionales, señor Oleaga.
¿Usted cree de verdad —señorías del Grupo Socialista, si alguno
también lo cree puede levantar la mano o hacer un gesto, como hacían
antes— que, si ahora un político roba, pero no pone el dinero en el
altillo de su casa, no pasa nada?, ¿que, si un político roba y utiliza
ese dinero para una actividad ilegal, por ejemplo, financiar un golpe de
Estado, no pasa nada? ¿De verdad ustedes creen eso? (Aplausos). Es que no
me puede entrar en la cabeza que lo puedan pensar siquiera. ¿Usted piensa
eso de verdad?, ¿o justifican lo que sea para tapar las vergüenzas del
presidente Sánchez?

Ustedes están trasladando un mensaje que es peligrosísimo, están
diciendo: ahora en España, para el PSOE de Sánchez, hay una corrupción
buena. Y la corrupción buena es toda aquella que le permita quedarse en
el poder, simplemente, liberando de la cárcel a quienes le votan. Es así
de triste, señor Oleaga. Ese es el mensaje que trasladan. Y sobre eso me
gustaría que usted o ustedes, quienes intervengan, pudiesen hacer alguna
referencia. Hay referencias también de algunos de los barones del Grupo
Socialista, que yo no quería dejar pasar en el día de hoy. Tenemos al
señor Lambán, al señor Page, al señor Puig... Ay, perdón, no, del señor
Puig no tenemos declaraciones sobre esto, él está tan preocupado con la
trama Azud, que lo único que le interesa de esta ley es si el recorte de
las penas de malversación le puede beneficiar hasta a él mismo.
(Aplausos). Esta es la preocupación que tiene Ximo Puig ahora. Por eso no
habla de esto, porque a ver si consigue beneficiarse de esta ley. Hemos
escuchado al señor Lambán —un día de cordura y de frescura lo tiene
cualquiera— despacharse con el señor Sánchez a gusto. Naturalmente,
el correctivo, el que tienen ustedes para aplaudir después a conciencia,
le llevó a su sitio. Las palabras, de verdad, se las lleva el viento, la
hipocresía se instala y donde dije digo, digo Diego. El señor Page, un
poco más prolijo en sus palabras, también ha hecho lo mismo. Ha dicho:
Esto no puede ser, rebajar la corrupción no entra en mis convicciones,
eliminar el delito de sedición no entra en mis convicciones... Debe de
entrar en las convicciones de los senadores castellanomanchegos, en ellos
sí debe de entrar porque supongo que ustedes van a votar —¿o no?,
no sé— (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: Sí,
sí), todos en contra de lo que dice Page. ¡Ole, esta es la cordura del
Partido Socialista y, encima, tienen el cuajo de decirlo ahí: sí, sí,
vamos a votar con Sánchez! (Aplausos). No me sorprende, señorías
socialistas castellanomanchegas, por una razón, porque ayer mismo al
señor Page también se le cayó la careta esa de la fortaleza del discurso,
y se vio la de la hipocresía. Y es que ayer, en las Cortes de Castilla-La
Mancha, se votó precisamente en relación con este asunto, y no los
diputados, no los senadores, no, Page, votó en contra (Una señora
senadora del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Bravo!) de
nuestra propuesta y encantado de que se elimine el delito de sedición y
se abarate la corrupción. (Aplausos).

Eso es lo que sucede. Y suceden más cosas, algunos de ustedes
—no tiemblen, porque no voy a tener la mala fe ni el coraje de dar
sus nombres y apellidos— en el pasillo, algunos diputados del PSOE,
en el pasillo, nos dicen: Sánchez se equivoca. Lo dicen en el pasillo,
pero, en cuanto entran aquí, tienen que cambiar y darle al botón en
disciplina de voto. Eso es lo que está pasando ahora. (Aplausos.—
Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.

El señor MAROTO ARANZÁBAL: Y yo me pregunto, en referencia a los
lambanes y a los pages, ¿dónde está el gesto de valor democrático de esos
socialistas que dicen que no son sanchistas? En ningún sitio. Son todos
iguales: Lambán, Page, todos ustedes son igual que Sánchez. Y, además, lo
cuentan aquí con orgullo: sí, sí, voy a votar con Sánchez. ¡Ole, ahí los
tienen! (Aplausos).

Señorías, mientras estábamos celebrando este Pleno, hemos tenido
conocimiento de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha
desestimado el recurso de Junqueras. Y yo me pregunto: ¿también los
magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son fachas con
toga, señorías? (Aplausos). Y, como saldrá el tema, lecciones de respeto
a la justicia del Grupo Socialista a mi grupo, hoy, con la que está
cayendo, ninguna. Porque la teoría del respeto a la justicia del Partido
Socialista se ha resumido en la siguiente frase, que es muy cortita:
¡oigan, no me vayan por ahí! Y esto, dicho por Patxi López, es el resumen
de lo que piensa el Partido Socialista de los jueces: ¡oigan, no me vayan
por ahí!, que es lo que dijo Patxi López queriendo traducir en: vamos a
dar un toque de atención para que los jueces no vayan por donde no deben.
Eso se pronuncia en las Cortes Generales por el portavoz del Grupo
Socialista. Estos quieren darnos lecciones de respeto a la justicia.
¿Estos de aquí? (El señor Maroto Aranzábal señala con el dedo a la
bancada de la izquierda.— Aplausos).

¿Cómo vamos a hacer un pacto por la justicia? Lo haremos con el
Partido Socialista, si el Partido Socialista se recupera. Pero, hoy en
día, cómo vamos a hacer un pacto por la justicia —que era la
intención de nuestro presidente— cuando Bolaños, a la vez que
trataba con el Partido Popular sobre la renovación de un órgano
constitucional, sin despeinarse, estaba tratando con los independentistas
la supresión de la sedición y el abaratamiento de la corrupción de ellos,
de ellos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Cómo vamos a hacer un pacto por la
justicia cuando la portavoz de Esquerra Republicana, a la vez, se estaba
riendo en la tribuna del Parlament o en una sala de prensa del Parlament,
poniendo todos los ejemplos en los que Sánchez había dicho una cosa y
había reculado y hecho la contraria después. Y decía la portavoz de
Esquerra —aquí los tenemos, podrán darme la razón—: Y, por
tanto, como dijo que no habrá consulta —y se reía—, habrá
consulta. Cómo vamos a hacer un pacto por la justicia con alguien a quien
sus propios socios definen así. Señorías del Grupo Socialista, es
imposible pactar con Sánchez la justicia porque Sánchez es un político
que no es de fiar. (Aplausos).

Señorías, en este repasito de las cosas que han pasado en los últimos
días, no podemos olvidarnos de las cosas que han pasado en los últimos
años. Y simplemente para que quede constancia en el acta de sesiones
—que no en el libro de sesiones, como dicen algunos
ministros— y, si quieren, también en el cuaderno de notas donde
pueden apuntar, el golpe de Estado de Tejero no se lo dieron al Partido
Socialista, señorías. El golpe de Estado de Tejero no se lo dieron a la
izquierda. Había un Gobierno de centroderecha. Lo siento, es así, es la
historia y ustedes tienen que reconocerlo. (Aplausos.—
Rumores).

Señorías, no sé qué le pasa últimamente al señor Sánchez con sus
frases porque desatina mucho (Rumores). Dijo: Los socialistas nos
encargamos de hacer la Constitución —y, además, pide respeto a la
Constitución— porque la derecha estaba a otra cosa. Señorías, entre
los padres de la Constitución, sí, había un padre socialista, y había
tres de UCD y uno de Alianza Popular. Fin de la cita. (Aplausos).

Termino con una referencia al presidente y a todos ustedes. Yo, si
después de todo lo que se ha dicho aquí, veo que alguien se ausenta por
una razón imprescindible o que alguien tiene el coraje de decir: yo he
estado en el Partido Socialista toda la vida, pero esto es infumable
—porque saben que es para sostener a un político en el Gobierno
apoyado por los que quieren cargarse España, que es de lo que estamos
hablando hoy—; si alguno de ustedes tiene el coraje de salir de la
sala a la hora de la votación o de votar en contra y romper la
disciplina, tendrá un aplauso sonado. No será como el que van a hacer
ustedes obligados. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor MAROTO ARANZÁBAL: Será por convicción en su reconocimiento,
señorías. Porque Sánchez está pagando el precio más caro que nunca,
ningún presidente del Gobierno ha pagado por permanecer en él.

Muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con sus señorías puestas en
pie).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senador Maroto
Aranzábal.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
Oleaga Zalvidea.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko, presidente jauna.

Egun on guztioi berriro. Quiero hacerle un par de precisiones, señor
Maroto. El golpe de Estado de Tejero fue contra la democracia y contra
todos los españoles. (Aplausos). Y esto hay que tenerlo presente, porque
todos somos ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, se atacó a todos y cada
uno de nosotros. Segunda precisión, usted ha hablado de una parte
concreta de la ley, pero la ley hay que leérsela entera porque —ya
se lo dije también a su portavoz en la Comisión— hay un delito, del
que ustedes parece que no quieren hablar, que castiga expresamente la
corrupción cuando una autoridad obtiene unos rendimientos que son
injustificables, que no tiene capacidad de demostrar de dónde vienen, que
no es capaz de decir cómo los ha conseguido, y esto no puede admitirlo la
democracia. Parece que ustedes se olvidan de que existe este delito
intencionadamente. No sé por qué. (Aplausos).

Le agradezco muchísimo sus palabras a nivel personal, señor Maroto,
porque yo creo que tiene que reinar la humanidad en nuestras
intervenciones. Y estar achacando todo este tipo de cosas al Partido
Socialista y al presidente del Gobierno, me parece que no responde a la
realidad. El otro día, en la Comisión de Justicia, la portavoz del Grupo
Popular utilizó en un sentido descalificativo el término catalanismo,
cuando este es un término político del que participa, por ejemplo, el
Partido Socialista de Cataluña, mis compañeros del PSC, que, por cierto,
es el partido más votado en Cataluña, porque parece como si no existiera
en algunas intervenciones, cuando es el partido que ganó las elecciones
en Cataluña. Yo no acabo de entender ni de reconocer a esta derecha de
hoy en día, que niega la diversidad del país y que se ha enfundado en un
centralismo trasnochado que carece de todo sentido y de todo fundamento.
Y, además, dijo una cosa que, de alguna manera, se ha traslucido también
de la intervención del señor Maroto, que me ha preocupado enormemente. Me
preocupó el otro día y me ha preocupado hoy. Y es que decía la portavoz
del Grupo Popular en la comisión, que el Partido Socialista es un peligro
para la democracia. El socio preferente del señor Feijóo y del Partido
Popular, que es Vox, ya planteó la ilegalización, por ejemplo, del PNV y
de otros. Y con este tipo de expresiones como que el Partido Socialista
es un peligro, visto el boicot y el bloqueo que se está haciendo a
algunas instituciones, espero que no esté en la mente de ninguno de
ustedes el ilegalizar al Partido Socialista, porque esto ya sería la
bomba. (Aplausos).

Y, sí, el Partido Socialista fue artífice de la Constitución y votó a
favor, cosa que no hizo el PP. (Aplausos). Y tengo que recordar la
campaña en contra de la Constitución del que es el padre espiritual del
actual PP, que es el señor Aznar, que dijo expresamente que esa
Constitución no se podía apoyar. Esto hay que recordarlo porque aquí a
veces parece que cuentan ustedes la historia que no es. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: El Partido Socialista siempre estuvo con la
Constitución y votó a favor. Y una cosa, bloquear las instituciones es
incumplir la Constitución, señor Feijóo, es romper el espíritu de la
Transición y es acabar con el entendimiento y el diálogo. (Aplausos). Y
lo cierto es que estamos viviendo un momento complejo, un momento
difícil. Yo sé que hay dudas y que existe en algunos ciudadanos y en
algunas ciudadanas una cierta incomprensión con algunas de las cosas que
se hacen. Pero la verdad es que las barbaridades que se escuchan y, sobre
todo, achacar al Partido Socialista una serie de intencionalidades, en
fin, esto no acabo de entender a dónde nos conduce. Esto ya nos ocurrió
en Euskadi. Lo tienen que recordar ustedes. Señor Maroto, usted recuerda
frases de otros, pero si yo le recordase las que usted decía cuando era
alcalde de Vitoria... Pero no lo voy a hacer, porque no es este el
debate. Pero sí voy a decirles una cosa. Yo conozco a una víctima del
terrorismo que perdió a su padre por el horror del terrorismo etarra, y
que hoy en día está luchando duramente por conseguir el entendimiento, el
reencuentro, superar las heridas, cicatrizarlas, hacer que sea posible la
convivencia en Euskadi, y hacer posible ser felices. (Aplausos). Y el que
esta mujer quiera ser feliz, no quita para que tenga siempre en su
corazón, cada día que pasa, el amor a su padre asesinado. Hay que
entender bien esto y entender bien lo que pasó en Euskadi. Y esta mujer y
su familia recibieron unas expresiones por parte de un hombre cruel y
desalmado como Mariano Rajoy, que dijo que los socialistas estaban...
(Protestas).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, silencio. Guarden silencio,
señorías, por favor. (Protestas).

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Muy bien, señorías del Grupo Popular, cómo
califican… (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Senador Oleaga, espere un momento.

Señorías, les pido silencio.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Fíjense... (Continúan las protestas).

El señor PRESIDENTE: Senador Oleaga, espere un momento.

Señorías, les estoy pidiendo silencio. (Pausa). Muchas gracias.

Puede continuar.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Voy a retirar mis palabras. Espero que
ustedes también retiren las suyas. (Aplausos).

Me voy a limitar —y luego ustedes lo calificarán— a
recordar la expresión que dijo: que el presidente del Gobierno, Zapatero,
Rubalcaba y los socialistas —entre los cuales estaba, por cierto,
ese hombre que luego fue asesinado— vivían arrodillados ante los
terroristas y que estaban dispuestos a hacer todo lo que los terroristas
quisieran. Esto dijo.






(Protestas del senador Ramos Acosta). Y cuando
luego asistió a la capilla ardiente...

El señor PRESIDENTE: Senador Ramos Acosta, guarde silencio, por
favor.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Decía que cuando luego acudió a la capilla
ardiente, fue la propia familia la que dijo: Váyase usted por donde ha
venido.

Esto ya nos pasó. Y, hoy en día, los ciudadanos y las ciudadanas
aprecian el esfuerzo que en su día hicieron personas como Zapatero,
Rubalcaba o Patxi López. (Rumores). Esto es así. Sin embargo, nadie
recuerda ni apoya las cosas que en su día dijo Mariano Rajoy. Y en
Cataluña pasa exactamente lo mismo; lo que los socialistas estamos
haciendo —y esto va dirigido a la ciudadanía— es propiciar el
encuentro, el reencuentro, el diálogo y la convivencia. Este es el
objetivo, no es otro. Y lo que se está diciendo ahora del Partido
Socialista es exactamente lo mismo que se decía hace unos años cuando se
hacían las cosas en Euskadi, lo mismo. Y realmente es triste tener que
escucharlo porque es un orgullo pertenecer a un partido que busca
fundamentalmente las soluciones a los problemas, sobre todo, a los
problemas de convivencia. (Aplausos). Y es verdad que hay ciudadanos y
ciudadanas que tienen dudas, lo reconozco; esto es cierto, no hay por qué
negar la realidad, pero las cosas se miran también cuando haya una cierta
perspectiva. Al igual que, hoy en día, miramos al pasado en otros lugares
y para otros problemas, dentro de unos años, cuando miremos hacia atrás
sobre lo que ha pasado —aunque podrá haber problemas—, nadie
reivindicará, ni siquiera en el Partido Popular, el inmovilismo de Rajoy
y, sin embargo, todo el mundo apreciará que, en Cataluña, en su seno y
con el resto de los pueblos de España, la convivencia ha mejorado
ostensiblemente, como ya estamos comprobando en este momento. Esto hay
que apoyarlo. (Aplausos).

Señor Maroto, tienen ustedes una especie de obsesión con el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan de todos los males
del mundo. Realmente, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez —un
Gobierno de coalición—, los ministros y las ministras, en todas las
leyes que han sacado, que son más de 180 iniciativas legislativas, han
obtenido el apoyo de la inmensa mayoría del Parlamento. En cambio,
ustedes, en los gobiernos que presiden en las comunidades autónomas, no
son capaces ni de aprobar un presupuesto cuando tienen unas mayorías, en
algún caso, muy importantes. (Aplausos). ¿Por qué? Por un motivo
fundamental, señorías del Partido Popular, porque la democracia es el
diálogo y el entendimiento, y eso supone que, a veces, hay que hacer
cesiones. ¡Claro! ¿O no las han hecho ustedes en el pasado cuando estaban
en minoría? ¿Les recuerdo a ustedes aquellas expresiones de hablar
catalán en la intimidad o, por ejemplo, hemos sacado más con este que con
Felipe González en trece años? ¿No recuerdan ustedes esas expresiones? ¿O
se les ha olvidado todo lo que ha sido la política en nuestro país?

En definitiva, nosotros no rehuimos ningún debate, pero estamos ahora
en el tema de los vetos —posteriormente mis compañeros hablarán del
articulado concreto— y. el objetivo de esta ley no es otro que el
de homologar nuestra legislación a la europea —han podido ustedes
observar lo que ha pasado con las euroórdenes—; no es otro que
buscar el entendimiento, el diálogo y la mejora de la convivencia en
Cataluña, en su seno, pero también con el resto de los pueblos de España;
y no es otro más que un avance y una profundización en la democracia.
Frente a quienes bloquean, como decía el presidente del Gobierno,
prevalecerá la democracia y prevalecerá el entendimiento.

Para concluir, me voy a dirigir a mis compañeros y compañeras del
Grupo Parlamentario Socialista para decirles que, pese a todas esas cosas
que hemos escuchado que intentan dividirnos, a nosotros la derecha no nos
va a despistar. Estamos en el buen camino, estamos haciendo aquello que
consideramos que es lo mejor para nuestro país. (Aplausos). ¡Vamos a
seguir luchando por la convivencia! Y les voy a decir una cosa, es un
orgullo pertenecer al Partido Socialista, un partido con 140 años de
historia que ha trabajado por su país, y es un orgullo trabajar con
compañeros y compañeras como los que forman parte del Grupo Parlamentario
Socialista.

Eskerrik asko. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista, con sus señorías en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Vamos a pasar al debate de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 12 y 30, tiene la
palabra su señoría Sánchez López. (Rumores).

Espere un momento, señoría.

Señorías, por favor, guarden silencio y aquellos que quieran salir
del hemiciclo, háganlo cuanto antes y en silencio, si puede ser.
(Rumores). Señorías, si son tan amables, abandonen el hemiciclo en
silencio. Muchas gracias, señorías.

Tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con la venia.

Nosotros hemos presentado una batería de enmiendas que, por una
cuestión de economía procesal, porque ya las tienen todos ustedes, no les
voy a desglosar ni desgranar, pero me centraré en una. Tengo que dar las
gracias y la enhorabuena a mis compañeros de la ponencia y de la Comisión
de Justicia por el gran trabajo que se hizo. Dentro de esta ley ómnibus,
este cajón de sastre, esta caja de Pandora que se ha destapado aquí, iba
una cosa de la que el mundo jurídico está muy pendiente hoy, sobre todo
mi colectivo, que son los abogados, los letrados. Ya saben que se iba a
aprobar en febrero, pero la ley se había atrancado y no terminaba de
venir, y se ha adelantado con una enmienda en esta ley para hacer
inhábiles los plazos de la justicia desde el 24 de diciembre al 6 de
enero. (Rumores). Yo, que vengo de familia de abogados —yo soy
abogado, mi pareja es abogada, tengo infinidad de amigos abogados—,
sé lo que es pasar…

El señor PRESIDENTE: Señorías, les acabo de pedir silencio hace dos
minutos, por favor.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Da igual, siempre es lo mismo. Yo ya estoy
acostumbrado. (Risas).

El señor PRESIDENTE: No se crea, a veces, hasta tiene efecto.

Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Hay veces que uno se descentra, pero, en esta
ocasión, creo que no me voy a descentrar, a pesar del ruido de fondo. Y
no me voy a descentrar porque estoy hablando de mi colectivo, de los
juristas y, sobre todo, de los abogados, que es el mío.

Como dije ayer, como las leyes vienen tan rápido y están tan
ideologizadas, no pasan por los preceptivos dictámenes consultivos, como
el del Consejo de Estado y tantos otros, y, al final, las leyes adolecen
de unas carencias técnicas alarmantes. Señorías, estamos sacando unas
leyes con una pobreza técnica como no ha pasado en toda la historia de la
democracia de este país. Técnicamente, estamos sacando las peores leyes
de la democracia.

Voy al fondo. Esto se iba a aprobar a través de una ley que, al
final, se atascó y, por eso, sería para febrero o marzo, con el objetivo
de hacer inhábiles los días del 24 de diciembre al 6 de enero. Esta es
una reivindicación histórica del colectivo porque no parece lógico estar
el día de Nochebuena preparándose un caso porque el día 2 de enero nos
vence un plazo o tenemos un señalamiento. Yo he vivido, durante
tantísimos años, pasarse una Nochevieja estudiando porque vencía un
plazo. Como esto no parece lógico, del mismo modo que el mes de agosto es
inhábil a efectos de plazos, las navidades, del 24 de diciembre al 6 de
enero, se van a hacer inhábiles. Esto se metió en esta ley ómnibus, cajón
de sastre o caja de Pandora, pero se metió mal. Se introdujo una vacatio
legis en la ley de veinte días, de tal suerte que, como ustedes podrán
entender, si se aprueba hoy y entra en vigor con la publicación en el
Boletín Oficial del Estado la semana que viene, si cuentan veinte días,
nos vamos a mitad en enero, con lo cual, hemos hecho un pan como unas
tortas. Es la legislación que tenemos hoy día, que refleja la impureza,
las carencias legislativas y la mala praxis por estar pensando más en la
ideología que en la técnica jurídica y legislativa. En este caso volvía a
pasar lo mismo, se había incluido una enmienda para que se adelantara
esto de febrero a ahora y beneficiarnos de que estos plazos fueran
inhábiles, pero, como había una vacatio legis de veinte días, como decía,
era hacer un pan como unas tortas, ya que se legislaba que del 24 de
diciembre al 6 de enero fueran inhábiles, pero entraba en vigor el 16 de
enero. Eso lo íbamos a hacer nosotros entre el Congreso y el Senado.
Somos unas eminencias, la verdad. A ver si dejamos un poquillo la
ideología aparte y empezamos a legislar con un poco de rigor.

En Ciudadanos presentamos una enmienda para eliminar la vacatio legis
y que pudiera entrar en vigor al día siguiente de su publicación.
Nosotros presentamos una enmienda, pero, obviamente, no somos más listos
que nadie, no fuimos los únicos que nos habíamos dado cuenta, ya se
habían dado cuenta todos ustedes y, primero, en la Ponencia de Justicia
y, después, en la Comisión de Justicia se arregló para que, dentro del
despropósito y el dislate que vamos a aprobar esta mañana, por lo menos
los juristas y los letrados puedan pasar unas Navidades tranquilas, sin
estar pendientes de la espada de Damocles del plazo de turno. Eso es de
lo que yo venía a hablarles.

Aparte, hemos presentado una batería de enmiendas, pero como no nos
van a votar ninguna a favor y, además, las tienen ustedes todas delante,
me remito a ellas y les pido que las voten. En cualquier caso, he subido
a la tribuna para hablarles de mi libro, para hablar del tema jurídico,
para hablar del tema de los abogados y, en nombre de ellos, en nombre del
colectivo y de la profesión, doy las gracias a la Ponencia de Justicia y
a la Comisión de Justicia, ya que fuimos capaces de ponernos de acuerdo
—usted también, señoría— y hacer un gran trabajo.

Reitero, feliz Navidad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda número 29, por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal, tiene la palabra su señoría Gómez
Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor presidente.

Lo primero que quería hacer, señorías, es pedir disculpas al Grupo de
Junts porque, ayer, me comprometí con ellos a votar favorablemente una de
las enmiendas que habían presentado a uno de los proyectos y, finalmente,
no lo hice, cambié de opinión un poquito antes de la votación, y se me
olvidó avisarles. Es un error, no es mi estilo y quería
disculparme.

Voy con el asunto. Señorías, el Partido Popular es el instigador de
un ataque contra la autonomía parlamentaria ejecutado por un Tribunal
Constitucional ilegítimo. Un partido, nacido de los estertores del
franquismo, que no creyó en la democracia hasta que no le quedó más
remedio; cuarenta años después, viene y pide a unos magistrados, que
llevan incumpliendo el mandato constitucional de su renovación desde hace
seis meses, que le quiten la palabra a los representantes de la soberanía
popular. Un partido, señorías, que celebra la suspensión de las Cortes
Generales por parte de un tribunal enfrentado a la Constitución es un
partido que, literalmente, se ha rebelado contra la democracia. Es
insólito, señorías, que el Tribunal Constitucional haga valoraciones
retroactivas respecto de enmiendas que ya han sido incorporadas a un
texto y que, por tanto, están consolidadas. Es insólito que se cuestione
la constitucionalidad de una ley que aún no ha sido aprobada. Es insólito
que para, supuestamente, proteger el derecho de participación política de
unos diputados del Partido Popular se suspenda el derecho de
participación política de todos los senadores. Es insólito que dos
magistrados recusados tomen partido en su propia recusación, una
prevaricación de libro. Es insólito, señorías, que magistrados del
Tribunal Constitucional estén impidiendo su renovación y, por tanto,
incumpliendo un mandato constitucional. Es insólito que un Tribunal
Constitucional caducado bloquee la reforma que permitía garantizar su
propia renovación. Se han independizado de la estructura institucional
del Estado, han roto con su legitimidad democrática y se han convertido
en el brazo ejecutor de un partido político que cifra su éxito en el
bloqueo de la democracia española. Señorías, es insólito que el mismo
Partido Popular que hace siete días, en la Asamblea de Madrid, aprobaba
una ley ómnibus con 42 artículos que modificaba más de 50 textos
normativos en asuntos tan relacionados entre sí como la extinción de
incendios y las parejas de hecho, hoy nos diga que esta es una técnica
legislativa que rompe la homogeneidad material de la norma. De verdad,
señorías del Partido Popular, si no fuera tan grave, parece un chiste.
(Aplausos). Decían ustedes en comisión que esto les parecía una
vergüenza. ¿Saben ustedes lo que es una vergüenza, señorías del Partido
Popular? Que estén hoy aquí sentados logrando, parcialmente, arrebatar al
Senado su función constitucional.

Señorías, en Más Madrid hemos sido muy claros desde el primer
momento, esta no es nuestra reforma, lo saben los compañeros del Partido
Socialista. No entendemos la modificación del delito de malversación y
tenemos discrepancias respecto del resto de la reforma. Hemos presentado
una única enmienda porque creíamos, honestamente, que mejoraba la
redacción del texto y que podía haber aunado un amplio consenso en esta
Cámara. Es evidente que hemos fracasado en nuestro intento y no nos queda
más remedio, señorías, que dar por retirada nuestra enmienda e irnos a la
abstención.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 13 a 28, de sus señorías
Cleries i Gonzàlez y Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario
Nacionalista, tiene la palabra su señoría Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.

Bon dia de nou, señorías. Junts ha presentado dieciséis enmiendas a
este proyecto, que pretenden dar respuesta a lo referido en el veto, de
manera que esta reforma no sea una regulación incoherente, resultado de
una mezcla de propósitos contradictorios, como son la homologación con
los estándares europeos y, a la vez, la persecución de conductas que
únicamente suponen el legítimo ejercicio de derechos fundamentales. Así,
con las enmiendas pretendemos dar claridad a la traducción normativa de
esta reforma para no ensombrecer la voluntad que debería tener, porque
para nosotros es inaceptable lo que les decía, que la supresión del
delito de sedición sea parcial e incompleta y encubra el propósito de
mantener en el Código Penal una especie de sedición impropia.

Asimismo, también queremos limitar con las enmiendas el abanico de
supuestos que contempla la proposición de ley en relación con los
desórdenes públicos, abarcando solo las conductas verdaderamente
merecedoras de las sanciones penales asociadas a este tipo y, por
derivación, al agravado. Lo hacemos sobre la base de lo expresado por el
Grupo de Estudios de Política Criminal y Jueces para la Democracia.
También intentamos con nuestras enmiendas evitar que, por vía
interpretativa, se sancionen delitos de desórdenes públicos como las
obstaculizaciones pacíficas de vías o las invasiones pacíficas de
instalaciones.

Igualmente, proponemos no continuar incluyendo entre los delitos de
corrupción conductas que no son corruptas, sino que se enmarcan en el
ejercicio de las facultades que legítimamente corresponden a las
autoridades o funcionarios públicos, cuya responsabilidad únicamente
puede ser política o, en todo caso, contable.

En Junts también pensamos que las restricciones a la libertad de
expresión deben ser ponderadas y debidamente justificadas, con sanciones
proporcionales, y sin que, en ningún momento, restrinjan el debate
público y la participación política. En este sentido, proponemos extirpar
del Código Penal conductas que responden al simple ejercicio de la
libertad de expresión, de acuerdo con el derecho y la jurisprudencia
europea e internacional en materia de libertad de expresión. En
democracia, la crítica a las instituciones por parte de la ciudadanía es
legítima, también cuando afecta a la corona.

Y, finalmente, proponemos con nuestras enmiendas restringir el tipo
de rebelión. Se trata de restringir la rebelión a los alzamientos que
conlleven el uso de armas, para reducir así el margen de interpretación
de los que deban aplicarlo y esta quede reducida únicamente a este
supuesto. Creo que todas las enmiendas podrían ser asumidas por aquellos
que dicen ser progresistas y demócratas.

Y déjenme terminar dirigiéndome al señor Oleaga, evidentemente, para
decirle que celebro su reincorporación en esta Cámara, pues nos anuncia
una mejora notable en su estado de salud, pero no se crea que llega como
Tom Cruise, porque nos pide un debate sosegado y pedir un debate sosegado
en la tramitación de esta proposición es misión imposible, señor
Oleaga.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 31 a 51, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría Pradas Ten.

La señora PRADAS TEN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que empiece diciendo que hoy, más que nunca, me
siento inmensamente orgullosa de pertenecer al Partido Popular
(Aplausos). Me siento inmensamente orgullosa de pertenecer al grupo
parlamentario que, frente a la cesión del Gobierno ante los que quieren
romper España, presenta una batería de enmiendas para defender la unidad
de España, la Constitución, el Estado de derecho y nuestra democracia.
Señorías, esto que les muestro son las enmiendas en defensa de la
dignidad de todos los españoles, y las ha presentado el Partido Popular.
(Aplausos). Veamos cómo hemos llegado hasta aquí. Ni una semana se nos ha
dado a los senadores y senadoras para tramitar la ley por la que se
elimina la sedición, se rebaja la malversación y se intentaba mermar la
independencia del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder
Judicial. Y ayer Sánchez nos acusaba de querer enmudecer al Parlamento,
pues no. Enmudecer al Parlamento es tramitar vía enmiendas y en quince
días una proposición de ley que afecta a tres leyes orgánicas y a la
independencia judicial. Eso sí que es pisotear el parlamentarismo,
señorías. Por fortuna, el Estado de derecho funciona en este país, al
menos se ha detenido parte de la tropelía. El Tribunal Constitucional le
ha parado los pies a Pedro Sánchez en su intento de asalto a las
instituciones constitucionales de España.

El Partido Popular ha hecho frente a una nueva chapuza legislativa
del Gobierno, y hoy, de nuevo, vamos a hacer frente a Sánchez para que
los que quieren romper España no se salgan con la suya. Por cierto, señor
Oleaga —como usted se ha referido a mí—, cómo se nota que
usted no sufre machaconamente la matraca de los països catalans por parte
de los independentistas catalanistas que una y otra vez quieren
desdibujar las señas de identidad de los valencianos, de los
castellonenses y de los alicantinos. (Aplausos). Y por eso el otro día no
pude soportar las risas de la independentista catalanista a la que le
faltó aplaudirle cuando usted hablaba de eliminar la sedición y de
rebajar la malversación; eso es reírse no solo, por supuesto, de la
Comunitat Valenciana, sino de toda España. ¡Qué vergüenza, señoría
socialista!

Parece que les moleste que se digan ciertas cosas en esta tribuna, de
forma brillante, por cierto, por parte de mi portavoz Javier Maroto.
Parece que les moleste que hablemos y denunciemos esta situación, pero yo
les pregunto: ¿Acaso nos quieren callados y sumisos ante los atropellos
continuados de este Gobierno? Eso se lo dejamos a ustedes, señorías
socialistas, que le deben lealtad a Pedro Sánchez, pero nosotros, el
Partido Popular, le debe lealtad a España y no nos vamos a callar.
(Aplausos). Y si las formas en la tramitación de la ley son funestas, y
me atrevería a decir que inconstitucionales, el fondo es perverso. El
Gobierno elimina la sedición y rebaja la malversación para desproteger al
Estado frente a quienes quieren romperlo. Vivimos la semana de la infamia
de la mano de Sánchez, que se carga de un plumazo los delitos de los
independentistas a cambio de su apoyo a los presupuestos. Con lo que ha
costado construir nuestra democracia, con lo que nos ha costado llegar
aquí a todos los españoles, ¿cómo se atreven a torpedear así la
Constitución y la unidad de España, que son los mayores logros de nuestro
Estado democrático? Los logros que juntos hemos conseguido como sociedad
democrática no pueden ser destruidos por un sanchismo a la deriva, cuyo
único horizonte es su propia supervivencia.

He oído estos días decir que estamos ante un nuevo procés. No lo
comparto. Durante el procés y el golpe del 1 de octubre, el Partido
Socialista estaba en este lado, estaba en el lado de la defensa de la
Constitución y de España, estaba junto al Partido Popular, y hoy el
Partido Socialista está del lado de quienes quieren romper España. El
Partido Socialista, hoy, legítima a quienes fueron condenados por el 1 de
octubre en un ejercicio de transformismo perjudicial para España, pero
beneficioso para Sánchez. Ustedes han pasado del constitucionalismo al
independentismo, y sin sonrojarse, lo hemos visto con el señor
Oleaga.

Entramos ya en el contenido de las enmiendas. En el Grupo
Parlamentario Popular hemos presentado dos enmiendas por las que
proponemos la tipificación del delito de referéndum ilegal, porque no se
pueden utilizar las instituciones contra la propia integridad territorial
del Estado o la convivencia de todos los españoles. Por cierto, señorías
socialistas, a ver si les suena esto. Escúchenme con atención, por favor.
Vamos a incorporar un delito para prohibir la celebración de referéndums
ilegales en Cataluña. ¿Les suena? ¿Saben quién dijo esto? Lo dijo el
señor Pedro Sánchez en noviembre de 2019, y tres años después hace
justamente todo lo contrario: elimina la sedición, rebaja la malversación
y, por supuesto, no tipifica el referéndum ilegal, que es lo que
defendemos en el Partido Popular. Sin duda, Sánchez nos tiene
acostumbrados a prometer una cosa y a hacer otra, y eso se llama fraude.
Sánchez es una estafa de presidente, señorías, y por eso deberían
celebrarse elecciones generales ya para que los españoles puedan decidir
ahora con las cartas bocarriba. Hoy, señorías del Partido Socialista,
apoyando nuestra enmienda, tienen la oportunidad de demostrar que había
socialistas de buena fe que no mentían.

Proponemos también mediante nuestras enmiendas el mantenimiento del
delito de sedición tal y como aparece redactado en la actualidad en el
Código Penal, a fin de no dar ni un paso atrás en la tipificación y
penalidad de este delito, porque alzarse para impedir la aplicación de
las leyes o su cumplimiento no puede ser calificado como un mero desorden
público, porque no lo es. ¿Cómo va a equipararse pegarle una patada a
nuestro Estado de derecho con pegarle una patada a una papelera o a un
contenedor? No es posible. Eso es un despropósito, señorías. Por cierto,
también escuchaba al señor Oleaga justificar sin sonrojarse que el
Gobierno nos trae esta reforma del delito de sedición para homologarlo,
decía, a los delitos y a los estándares europeos. No nos tomen el pelo,
señorías del Partido Socialista, porque justamente en casi todos los
países de la Unión Europea el delito de sedición se castiga como en
España o con mayor pena. Por ejemplo, en Alemania las penas van de entre
los diez años de prisión a la cadena perpetua, y en Francia hay cadena
perpetua para los responsables de los ataques a los intereses
fundamentales de la nación. Así que homologuen de verdad, pero no se rían
de los españoles. (Aplausos).

Con nuestra enmienda nos oponemos totalmente a que se elimine la
sedición, porque es un tipo penal necesario en España, y más a la vista
de los acontecimientos no tan lejanos ejecutados por el separatismo
catalán, cuyos líderes —hay que recordar, porque su memoria es
extensa o breve, según les interese; vamos a la extensa, hago
memoria— fueron condenados justamente por este delito, eso sí,
posteriormente indultados vía Pedro Sánchez. Y con la eliminación de la
sedición lo que están haciendo —lo hacen ustedes, porque a nosotros
no nos van a tener de su lado— es legitimar el procés, cuando,
señorías, lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario, hay que
detenerlo con las herramientas del Estado de derecho. Yo entiendo que no
levanten la cabeza ni me miren, porque se sienten avergonzados, y quiero
que conste en el Diario de Sesiones porque si no se ve en el video, por
lo menos que quede constancia de que ustedes están avergonzados y
pasándolo fatal durante este debate. (Rumores). Bueno, ya se anima la
bancada, muy bien. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

La señora PRADAS TEN: Seguimos. Rebaja de la malversación. ¿Qué
propone el Partido Socialista?, porque son ustedes los que han traído
todo esto hoy aquí. Con nuestras enmiendas solicitamos mantener este
delito conforme se recoge actualmente, sin rebajar las penas, porque,
señorías del Partido Socialista, ¿les parece poco grave destinar dinero
público, dinero de todos los españoles, a acciones como, por ejemplo,
atentar contra el orden constitucional y la unidad de España? ¿Cómo es
posible que ustedes quieran rebajar las penas de la malversación, que es
uno de los peores delitos de corrupción? ¿Cómo es posible? Quizá es que
ustedes estén preparando el terreno ante una posible condena de los
socialistas valencianos investigados en el caso Azud. Creo que no me
equivoco. (Aplausos). Hoy mismo ese caso está siendo portada nacional.
Ahora entiendo las prisas. ¿Qué ocurre? ¿Que Ximo Puig ha llamado al
señor Pedro Sánchez para que agilice lo que pueda la eliminación o la
rebaja de la malversación? ¿Esto es lo que ocurre, señorías del Partido
Socialista? ¿Ha recibido el señor Pedro Sánchez la llamada del señor Ximo
Puig? Aclárennoslo después, cuando vuelvan a intervenir. (Rumores). Sí,
sí, portada nacional, insisto.

Hay que mantener la malversación tal y como aparece en nuestro Código
Penal. No podemos dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción,
señorías del Partido Socialista. Y pongamos nombre y apellidos a toda
esta infamia. Ustedes traen esta reforma con el único objetivo de
amnistiar a los condenados del procés por sedición y malversación, como
Junqueras, y poner la alfombra roja a quienes aún no han sido juzgados,
como es el caso de Puigdemont, un prófugo que si vuelve a España debería
ser para someterse a la justicia y no para recibirlo como si nada hubiera
ocurrido, porque somos todos iguales ante la ley, señorías del Partido
Socialista. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

La señora PRADAS TEN: No vamos a permitir que se rían de los
españoles, de nuestra unidad como país y de nuestro Estado de derecho,
por más que un Partido Socialista irreconocible, con un líder cegado por
la ambición, esté dispuesto a ello.

Y, por último, presentamos una enmienda a fin de modificar el
artículo 140 del Código Penal para introducir, entre las circunstancias
por las que el asesinato será castigado con prisión permanente revisable,
la ocultación del cadáver de la víctima o cuando el autor hubiera sido
condenado con anterioridad como reo del delito de asesinato. Estamos con
las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos. Quiero
acordarme especialmente de la familia de Marta del Castillo y, en el caso
de mi tierra, quiero acordarme especialmente de la madre de Marta Calvo.
Y quiero decirles: estamos con vosotros, hoy y siempre; ojalá podáis
encontrar a vuestras hijas y ellas, de una vez por todas, puedan
descansar en paz. (Aplausos).

Voy finalizando. Me dirijo expresamente a los senadores del Partido
Socialista, a los socialistas que aún puedan quedar del lado de España y
la Constitución, no a los sanchistas. Señorías, les pregunto: ¿Realmente
están ustedes orgullosos de la deriva que han adoptado? Han pasado de
defender la Constitución a atacarla. ¿Están ustedes orgullosos de lo que
van a votar hoy? (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora PRADAS TEN: Me temo que muchos de ustedes —porque
faltan muchos, más los que se callan— no lo están, porque menudo
papelón. Repiensen su votación, sean valientes y apoyen las enmiendas del
Partido Popular en defensa de España y de la Constitución, porque si no
lo hacen, mostrarán su lealtad a Pedro Sánchez, pero estarán traicionando
a todos los españoles y, entre ellos, a los padres de la Constitución, y
les recuerdo que algunos de ellos también eran socialistas.

Señorías, aquí estamos para construir, no para destruir. Estamos para
derribar muros, no para alzarlos. Estamos para hacer frente a los
delitos, no para beneficiar a los delincuentes. Y estamos para fortificar
España, no para derruirla. En definitiva, estamos para construir el mejor
futuro a la altura de un gran país. Y en ese objetivo los españoles
encontrarán siempre al Partido Popular. ¡Viva la Constitución, viva la
democracia y viva la unidad de España!

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas, tiene la palabra, por el
Grupo Socialista, la señora Hernández Espinal.

La señora HERNÁNDEZ ESPINAL: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señorías. La señora Pradas ha empezado a hablar de
memoria, pues vamos a hacer memoria. Ocurrió aquí mismo, en el Senado,
hace cuatro años, el mismo tiempo, qué casualidad, que llevamos con el
Consejo General del Poder Judicial caducado. El 19 de noviembre de 2018
su portavoz en esta Cámara, el señor Cosidó, presumía en un wasap
remitido a los senadores del PP de las negociaciones para los
nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y de haber llevado a
cabo un ardid para controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por
detrás. (Aplausos). El señor Cosidó se sentaba ahí, justo donde ahora se
sienta, bueno, donde tendría que estar sentado, porque no está, como es
habitual, el señor Feijóo. El señor Feijóo, señora Pradas, porque
nosotros no perdemos nunca la buena educación; señor Feijóo, señor
Sánchez o presidente Sánchez, aunque les moleste. (Aplausos). Al margen
de que, como decía, ese wasap ponía de manifiesto comportamientos
absolutamente reprochables —por cierto, recibieron el calificativo
de inaceptables por parte del propio Tribunal Supremo—, está claro
que a parte del Partido Popular no le interesaba ese acuerdo, esa parte
que se ha acabado imponiendo en el PP, la que le dicta al señor Feijóo
desde las páginas de su prensa de cabecera lo que puede o no puede hacer.
(Aplausos). Recordemos. Según el propio señor Cosidó comentaba en ese
famoso wasap, el PP tendría nueve vocales más el presidente y el PSOE,
once. Filtraron la noticia a un medio afín, por supuesto, y alguien de
dentro que tuviera acceso al wasap; estoy pensando que incluso puede
seguir sentado ahí quien filtró ese wasap. (Aplausos). Y se aborta la
negociación por la que perdían la mayoría conservadora, entre otras
cosas, porque el propio Manuel Marchena renunció a esa presidencia del
Consejo. Con la filtración, las fichas vuelven a la casilla de salida, ya
habían decidido ustedes el bloqueo, y entonces empieza el rosario de
excusas de las que ha hablado mi compañero, el senador Oleaga. Y lo que
está detrás es no cumplir con el mandato constitucional, porque ya tenían
claro que no iban a negociar sobre la base de los resultados de las
últimas elecciones generales. Eso sí que es una traición al pueblo
español. (Aplausos). Y me pregunto cómo pueden ustedes presumir de
respeto a la separación de poderes, a la autonomía de los jueces.






Tratan
a los españoles como si no tuviéramos memoria.

Han hecho ustedes tantas cosas como para que fueran el primer
Gobierno desalojado por una moción de censura en nuestro país, y hablan
ustedes de infamia, viven en la hipérbole permanente, pero mírense un
poquito. Ay, la Sala Segunda, y además les preocupa mucho la Sala Segunda
del Supremo. También les preocupa el control del Tribunal Constitucional
para intentar tumbar lo que las Cámaras acuerdan legítimamente. Pero,
ante la desesperación, que se les nota desde lejos, estos últimos días
han cruzado una línea roja a la vista de todo el país. Toda España ha
visto a dónde son ustedes capaces de llegar. ¿Qué van a hacer, como el
Tribunal Supremo de Estados Unidos? ¿Van a empezar a tomar decisiones
como la relativa al aborto en Estados Unidos? Eso cada vez está más cerca
con ustedes, desgraciadamente. Tenemos todo el derecho, a la vista de lo
que hace el PP con el Código Penal, a modificarlo y a homologarlo con las
leyes penales de los países de la Unión Europea. Y no es un tema menor,
porque es fundamental, por ejemplo, a la hora de que se puedan ejecutar
las euroórdenes, que no es un tema menor.

No olvidemos que también estamos acometiendo la transposición de
varias directivas europeas para luchar contra el crimen organizado. Creo
que estaría bien hacer una lectura desapasionada del contenido en esta
norma. Europa como espacio de libertad, seguridad y justicia, reforzado a
través de los procedimientos de armonización y convergencia de las
legislaciones penales basadas en el principio de subsidiariedad. Por
cierto, una Unión Europea que ve con preocupación la deriva peligrosa de
nuestra justicia a la que estamos llegando por su culpa, por su culpa.
(Aplausos). Una pésima imagen la de estos últimos días que nosotros
también tendremos que encargarnos de arreglar.

Por tanto, vamos al análisis de las enmiendas. Han presentado votos
particulares cinco grupos y uno de ellos ha caído, por lo tanto, no me
voy a referir a él. Quedan cuatro. Tampoco voy a detenerme en cada una de
las enmiendas, sino que las analizaré más o menos por temática. Las
enmiendas de Ciudadanos y del PP, tanto monta, monta tanto, plantean que
el código se quede como está, salvo en lo que respecta a las consultas o
referéndums ilegales. Pero yo le pregunto al PP, ¿ahora vienen a plantear
delictivas las consultas? Pues la primera consulta fue en 2014,
organizada por el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas, y el
último Código Penal es de 2015, y no incluyeron el delito, y ustedes
tenían mayoría absoluta. Pues tendrán que contestar ustedes por qué no
está en el Código. (Aplausos). Eso lo tienen que contestar ustedes, no
nosotros. Y con la redacción de 2015 no impidieron ustedes que les
hicieran un referéndum ilegal. ¿De verdad creen que el endurecimiento del
Código Penal ayuda a esto? Lo que está claro es que la situación que dejó
el PP en Cataluña con un independentismo efervescente no es la actual, no
es el problema de los españoles. Se les pregunta a los españoles y no es
la situación de Cataluña la mayor de sus preocupaciones.

Ustedes, desde la recogida de firmas contra el Estatuto de Cataluña,
aprobado por Cortes Generales, por el Parlamento y por el pueblo de
Cataluña, se convirtieron en una fábrica de independentismo. Fueron
ustedes los agitadores del enfrentamiento entre territorios. En cambio,
nosotros, con toda la legitimidad y avalados por el resultado de las
urnas, hemos apostado por la vía del diálogo entre compatriotas.
Compatriotas, no catalanes y españoles, compatriotas nuestros.
(Aplausos). Porque el enfrentamiento, en el que ustedes se mueven como
pez en el agua, no trae nada bueno para el país.

Estoy convencida de que el pueblo español sabrá valorar cómo este
Gobierno ha conseguido reconducir la situación heredada de ustedes. Los
augurios de que con este Gobierno se rompe España no se han cumplido,
porque si cada vez que ustedes lo dicen se hubiera roto, estaríamos
hechos añicos, y no es cierto, estamos mucho mejor que en 2017. Hemos
superado una pandemia juntos, haciendo un ejercicio de fraternidad entre
españoles y ahora, con una guerra a las puertas de Europa, creo que la
unidad es más importante y más necesaria que nunca. Déjenme decirles que
es un orgullo ver cómo España es una referencia internacional y tiene un
peso en la Unión Europea nunca conocido, que no tuvo jamás.
(Aplausos).

En relación con las enmiendas de Junts, hemos de decir que su postura
también era muy previsible. Tampoco están conformes, es la otra cara de
la moneda del Partido Popular. Ambos se necesitan y se complementan, los
del cuanto peor, mejor. Yo lo lamento. La malversación, otro elemento que
sobrevuela. Sigue siendo delito, no hemos despenalizado ningún caso, y
volvemos a la redacción previa de 2015. Además, creamos un tipo nuevo, el
de enriquecimiento ilícito, para luchar contra la corrupción. Pero
ustedes se comprometieron incluso a vender su sede. ¿Siguen ustedes en la
calle Génova? (Aplausos). ¿O lo mismo están en contra del delito de
enriquecimiento ilícito preocupados por lo que está pasando en Marbella?
Ay, Dios. (Aplausos.— Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: Ximo Puig).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.

La señora HERNÁNDEZ ESPINAL: En relación con la enmienda de
Ciudadanos sobre los artículos para declarar la paralización de los
plazos en las Navidades para los profesionales de la abogacía, la procura
y los graduados sociales, permítanme que le diga, señor Sánchez, que, de
ser aprobada, haría imposible que la inhabilidad se aplicara este año,
porque tendría que volver a votarse en el Congreso. Por lo tanto, de
verdad le pido que la retire, porque no aporta nada bueno, aunque tuviera
buena intención. Pero no se apunten tampoco solo el tanto de la
modificación de la entrada en vigor, que juristas en esta Cámara somos
varios, y todos hemos estado pendientes de esa cuestión.

Aprovecho para felicitar a mis compañeros y compañeras de profesión
que, por primera vez, gracias a este Gobierno, van a poder conciliar en
estas fechas. Creo que este propósito bien merecía las enmiendas que
introducimos en la tramitación de la ley orgánica. (Aplausos). Por
cierto, lo mismo que ocurre con las enmiendas del Grupo Socialista, que
ustedes sí han recurrido al Constitucional. ¿Unas sí son recurribles y
otras no? Con ustedes, señores del PP, es como con Groucho Marx, estos
son mis principios, si no les gustan, tengo otros.

Y hemos llegado al Constitucional en el que siguen ustedes
atrincherados. Ayer el Tribunal Constitucional, por una exigua mayoría,
la misma exigua mayoría de hace tres días, seis votos frente a cinco, y
en esos seis se incluyen dos personas que debían haberse abstenido, y no
lo digo yo, lo dice esta Cámara, deciden mantener la suspensión de la
votación en la Cámara Alta sobre su procedimiento de elección, cuando
tienen su mandato caducado, desestimando el recurso del Senado.
(Aplausos). Y los afectados siguen diciendo que son imparciales. Como
decía yo en la comisión, ser juez y parte no es posible en democracia, y
quiero dejar claro también en el Pleno, como dije en comisión, que estoy
hablando de parte de las cúpulas judiciales. Esto que estamos denunciando
estoy segura de que no tiene un pase por parte de la inmensísima mayoría
de jueces y magistrados españoles, que me merecen todo el respeto como
juristas. (Aplausos).

Por último, y ya termino, quiero resaltar que somos los legítimos
depositarios de la soberanía popular, y tengan seguro de que cumpliremos
y haremos cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado, que
es lo que vamos a hacer, porque es lo que hemos prometido hacer cuando
ingresamos en esta Cámara. Señora Pradas, el Partido Socialista donde
está es siempre del lado de la responsabilidad. Estuvimos en el 155 con
el Gobierno y ahora estamos del lado de la responsabilidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
tomará la palabra su señoría Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.

Señorías, hoy 22 de diciembre es un día lleno de ilusión y esperanza,
ilusión y esperanza en el gordo del sorteo de Navidad. Además, hoy da
comienzo la Navidad, que concluirá con el día de Reyes, que nos llenará
de regalos. Premio gordo y regalos anticipados es lo que van a recibir
los sentenciados del procés al ver reducidas sus condenas. Por el
contrario, hoy, 22 de diciembre, es un día triste para la democracia
española y el Estado de derecho.

Señorías, ¿cuál es la razón por la cual el Gobierno quiere derogar el
delito de sedición? Es una razón absolutamente conocida por la inmensa
mayoría de españoles; tiene una relación directa, en primer término, con
la aprobación de los presupuestos y, en último término, con ese pacto
contra todo lo que representa España, contra todos los mecanismos de
defensa constitucionales o penales que tenga España. El final ya lo
dijimos, es favorecer que los fugados puedan regresar, que los condenados
puedan ver reducida su pena de inhabilitación y que, en definitiva, ese
efecto llamada, en este caso, al golpe de Estado sea una realidad,
porque, cuantos menos mecanismos de defensa tenga el Estado más fácil se
lo pone a quienes quieren destruirlo. Con esta acción, el Gobierno lo que
hace es legitimar claramente a los golpistas, a los violentos y a sus
cómplices.

Nos acusan de tensionar las instituciones democráticas, tensionar el
Congreso, el Senado y hasta el propio Tribunal Constitucional, pero
realmente quien tensiona estas instituciones es este Gobierno
socialcomunista y sus socios, retorciendo la legislación vigente y
utilizando la puerta de atrás con nocturnidad y alevosía, como hemos
comprobado en más de una ocasión en esta legislatura. Todo porque este
presidente quiere seguir gobernando a toda costa y por encima de todo y
de todos. ¿Hasta dónde va a llegar la degradación de las más altas
instituciones del Estado por parte de este Gobierno socialcomunista y sus
socios separatistas y filoetarras?

Señorías, estamos ante el presidente más indigno que ha tenido este
país en cuarenta y cuatro años de democracia. Digo indigno porque carece
de dignidad, cualidad de la que hace valer una persona que se comporta
con responsabilidad, seriedad y respeto. ¿Qué seriedad y respeto merece
una persona que miente más que habla? El 14 de octubre de 2019 Pedro
Sánchez manifestó el respeto y el acatamiento por parte del Gobierno a la
sentencia del procés e indicó que ese acatamiento significa el íntegro
cumplimiento de la sentencia, descartando así un posible indulto para los
líderes independentistas. ¿En qué han quedado esas palabras? En todo lo
contrario.

Señorías, ya sabemos lo que significa y vale la palabra de pinocho
Sánchez: nada. Señorías, lo he indicado anteriormente, nadie está por
encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento. En una
democracia nadie es juzgado por sus ideas o por un proyecto político,
sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico. Cualquier
modificación del derecho penal requiere un estudio técnico detallado y
una valoración de la necesidad, y lo que no puede ser nunca es un traje a
medida para resolver una coyuntura política concreta. Fernando de los
Ríos, en 1917, en su obra La crisis actual de la democracia dijo lo
siguiente: Soberanía nacional implica el imperio de la ley. No nace la
ley para amparar a la autoridad, sino que son las autoridades, el
Parlamento, el Gobierno y los tribunales los que tienen como misión
respetar y hacer respetar la ley.

Señorías, en este momento nos encontramos ante un claro y evidente
golpe de Estado institucional, desgraciadamente desde la propia
institución que debería velar por proteger esos derechos y esa
Constitución. Por tanto, con los delitos que quieren suprimir o rebajar,
como el delito de sedición y el de malversación, a los únicos que van a
favorecer va a ser precisamente a aquellos que, con violencia, con
intimidación y con coacción, llevan décadas intentando romper la unidad
de España, intentando romper el consenso constitucional y también
favorecer, cómo no, a todos aquellos corruptos que desde las
instituciones se han lucrado, ellos y sus partidos, y han favorecido sus
intereses corruptos a base de los dineros y el patrimonio público.
¿Verdad, señorías del Partido Socialista? ¿Recordamos todos los casos que
tienen en Andalucía, empezando por los ERE, por los que fueron
calificados como el partido más corrupto de España?

Señorías, es una satisfacción poder decir aquí, en el Senado, lo que
millones de españoles piensan y dicen en la calle, que queremos unas
instituciones limpias de partidos que abiertamente, por acción o por
omisión, estén favoreciendo e impulsando la destrucción de la nación
española; que queremos unas instituciones libres de quienes utilizan los
fondos públicos, malversándolos para los objetivos de enaltecer el
terrorismo o destruir la nación; que queremos unas instituciones leales
con los españoles, leales con la Constitución, leales con el Estado de
derecho y cumplidoras con la ley; que queremos, en definitiva, unas
instituciones donde se defienda a los españoles, donde se defiende a
España y donde se defienda la libertad. Hasta que lo consigamos,
seguiremos luchando en esta Cámara, les guste a ustedes o no, en los
tribunales, en las calles, en los medios de comunicación y allá donde se
nos plantee batalla, porque no hemos venido ni a arrodillarnos ante los
separatistas ni a tenerles miedo a los filoetarras y mucho menos a
quienes los amparan y los toleran.

Muchas Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias.

¿Grupo Parlamentario Democrático? (Denegaciones).

No interviene. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Eguerdi on, jaun-andreok. Señorías, a las personas que nos dedicamos
a la política se nos exige integridad y que defendamos nuestros
posicionamientos independientemente de cómo nos afecten personal o
grupalmente, y también coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.
Ambas han saltado por los aires con ocasión del debate de esta ley,
agravado todo ello por las enormes prisas de los partidos del Gobierno
por sacarla adelante. Tanta prisa había que anteayer, martes, salimos de
la ponencia sin ni siquiera saber qué informe íbamos a presentar a la
comisión. Alucinante, señorías.

Es, o al menos era, una realidad que las cámaras legislativas
estatales, no así las autonómicas, disfrutan de la presunción de
constitucionalidad; no existe en la normativa española la figura del
recurso previo de inconstitucionalidad para las leyes en tramitación. El
Tribunal Constitucional no está para decretar un estado de excepción en
el que a la ciudadanía y a sus representantes se nos impide decidir
libremente, y mucho menos cuando quien decreta ese estado de excepción
tiene su mandato prorrogado y un evidente conflicto de intereses.

El Tribunal Constitucional está para decir que algo aprobado ha
incurrido o no en vulneración de la Constitución, pero no para vigilar,
para impedir que las y los representantes de la ciudadanía podamos
debatir y votar. Hoy el portavoz socialista se ha puesto de repente
religioso y nos ha mencionado los pecados capitales. Pues bien, señorías,
ni la Constitución es palabra de Dios ni el Tribunal Constitucional es
infalible. El resultado de su deliberación del lunes pasado hubiera sido
diferente, contrario incluso, si algunos magistrados de este hubieran
actuado con integridad y coherencia, y no lo han hecho, para descrédito
de la justicia.

Señorías, ya desde hace tiempo critico el reñidero en el que se han
convertido nuestros debates, reñidero en cuanto a las formas que se ha
trasladado también al fondo. En Geroa Bai somos partidarios de la
palabra, la negociación y el acuerdo para hacer política. Ustedes, PP y
PSOE, prefieren el reñidero para controlar todos los resortes del poder,
para tomar o mantener la hegemonía en instituciones que debieran actuar
de manera independiente frente a quienes defendemos los consensos
políticosociales y el control y la justicia en manos de organismos y
personas competentes que se ganan el prestigio social por su no
sectarismo en el día a día. No, no toda la responsabilidad de esta
situación abracadabrante es del Partido Popular.

El totum revolutum, que es la ley cóctel que ustedes, el Gobierno,
PSOE y Unidas Podemos, de acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya,
han presentado guiados por sus prisas, se ha convertido en un cóctel
molotov contra el sistema parlamentario, la democracia y la ciudadanía, y
ha provocado la mayor crisis institucional en la historia de la
democracia española al poner en cuestión la capacidad del Congreso y del
Senado para debatir una ley. ¿Merecía la pena arriesgarse a un conflicto
institucional sin precedentes? ¿Merecía la pena embarrar la política
hasta límites insospechados, incorporando enmiendas a toda prisa a una
ley, solo para satisfacer los requerimientos de un socio para que
aprobara los últimos presupuestos de la legislatura? El precio a pagar
está siendo muy alto. Todos ustedes, derechas e izquierdas, han puesto en
peligro el difícil equilibrio sobre el que se balancea una democracia; un
equilibrio que no admite atajos ni retorcer la legalidad, que debe ser un
motor de transformación y de justicia y no un instrumento al servicio de
la permanencia, al precio que sea, de un Gobierno o al servicio de una
estrategia de desgaste de un Ejecutivo al que hasta hoy se le negaba la
legitimidad. Y todo porque no se ponen ustedes de acuerdo en el reparto
de cromos para el Constitucional. Ya no son ustedes capaces de elegir a
las o los magistrados mejores, ni siquiera de guardar las apariencias al
respecto, solo buscan magistrados dóciles que digan amén a lo que el
partido ordena. ¡Qué pena! ¡Qué dislate!

Nosotros, Geroa Bai, no vamos a apoyar esta farsa. Geroa Bai no tiene
más ataduras que las que nos atan a las y los navarros. No vamos a
validar una reforma exprés, una reforma cóctel, una reforma hecha a la
medida de algunos y sin ningún interés por mejorar la justicia, que es
para lo que las y los ciudadanos nos han elegido. Y es que estamos
tocando fondo. Como decía nuestro Gabriel Celaya, porque vivimos a
golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros
cantares —decía él—, nuestros discursos —digo
yo—, no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo,
señorías, estamos tocando el fondo. Piénsenlo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista tomará la palabra su señoría
Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies de nou, president.

Bon día, senyorias, ia bona tarda. Es evidente que nosotros no vamos
a apoyar esta proposición, y creo que he dejado meridianamente claro por
qué en mis anteriores intervenciones. Quisiera aprovechar para responder
a la senadora Cortès. Mireia, yo siempre he intentado defender nuestras
posiciones, las de Junts, con argumentos y sin atacarles; sin atacarles,
porque yo no sé si soy primero independentista o demócrata o si soy
primero demócrata y después independentista, yo lo que sí sé es que
quiero (El señor senador pronuncia palabras en catalán) y para esto les
necesito, necesito su participación. Hoy me resulta difícil mantenerme en
esta posición y yo entiendo que a ustedes les molestan nuestras
intervenciones, porque cuando hablamos les ponemos ante el espejo de sus
contradicciones y ustedes tienen que decirnos que nosotros somos los del
cuanto peor, mejor. No, no, nosotros somos los del cuando mejor, mejor
para Cataluña. Nos atacan con su nueva política, la política útil de las
migas, y lamento decirles que es política vieja, practicada ya por otras
formaciones en otros tiempos y, por cierto, con mayores éxitos y mejores
resultados.

Ustedes nos dicen que les acompañemos, pero que les acompañemos a la
casilla de salida, obviando lo que hemos vivido esta última década,
compartiendo el relato de que hoy Cataluña está mejor que en el 2017,
renunciando e intentando hacer olvidar que juntos fuimos capaces de
saborear la posibilidad de vencer. El vuelo gallináceo es el vuelo del
que vuelve al corral y nosotros no lo hemos hecho. Y en política hay algo
peor, que es ser un kiwi, aquella ave que instalada en su falsa comodidad
perdió sus alas y su capacidad de volar. Laura Castel, nuestra senadora
Laura Castel, nos decía en comisión el lunes que el edificio
constitucional del Estado español estaba colapsando desde el 2010. Decía
que lo que estamos viviendo ahora es el fin de la reputación democrática
del Estado español. Coincidimos, pero lo que nos sorprende es que su
líder aquí en la capital, aquel que vino para dieciocho meses, porque
tenía prisa para volver a casa, hoy prefiera trabajar en el edificio de
otros y no en el propio. Lo dijo ayer, no fallará a España; se lo dijo al
presidente Sánchez, no fallará a España, trabajará en blanquear la
fachada del Reino y con esto lo que hace es alejarnos de avanzar en los
cimientos de la república, evidentemente, de la república catalana, que
es la que queremos en Junts. (El señor senador termina su intervención en
catalán).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tomará,la palabra su señoría Beltrán
de Heredia Arroniz.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik asko, presidente
jauna.

Eguerdi on. Hoy abordamos una iniciativa legislativa que ha sido
amputada preventivamente por el Tribunal Constitucional como respuesta a
la demanda del Partido Popular y con ello también se ha cercenado el
derecho de senadores y senadoras a debatir, acordar y legislar,
vulnerando los principios constitucionales de soberanía y autonomía de
las Cortes Generales. Estamos ante una expresión clara de la voluntad de
subordinar el Parlamento al Tribunal Constitucional que vulnera el
principio de igualdad y no subordinación que debiera presidir la relación
de los órganos institucionales y constitucionales. Una situación
provocada por el Partido Popular, que desde hace más de cuatro años sigue
bloqueando la renovación del Poder Judicial y por derivación también del
Tribunal Constitucional, incumpliendo su sacrosanta Constitución y
utilizando espuriamente los tribunales con mandatos caducados para
conseguir lo que no puede lograr a través de la representación política.
Y todo esto a costa del descrédito que se está causando a los órganos
jurisdiccionales y también al sistema democrático.

Las reformas de calado que se plantean en esta proposición de ley,
seguramente, hubieran requerido una reflexión, un tiempo más pausado y no
las apreturas y las urgencias con las que se ha llevado a cabo. No siendo
así, tampoco justificamos las formas extremas que han derivado en este
pulso institucional. No olvidemos que la única beneficiaria de este
choque por el poder entre los dos partidos mayoritarios es la extrema
derecha, cuyo objetivo político principal es precisamente ese,
desprestigiar al sistema democrático para la implantación de los sistemas
autoritarios.

Es verdad que a algunos la falta de imparcialidad del Tribunal
Constitucional no nos pilla de nuevas. Traigo aquí a la memoria el
proceso sufrido por Juan Mari Atutxa, presidente del Parlamento vasco, y
también de sus compañeros de Mesa, inhabilitados por defender la
soberanía del Parlamento vasco. Basta lanzar una mirada retrospectiva
para confirmar, por si había alguna duda, el exceso del tinte político
que viene contaminando desde hace muchísimos años las decisiones de los
órganos jurisdiccionales; ya ha quedado más que disipada.

Como les decía antes, no justificamos estas formas extremas que han
derivado en este pulso institucional. Los problemas políticos, señorías,
no se resuelven judicializando la política ni con más Código Penal, ni a
través de la actuación policial, ni siquiera usando los poderes
mediáticos o instrumentalizando la justicia. Los problemas políticos han
de solucionarse a través del diálogo y del acuerdo en el espacio que nos
ofrece el desarrollo de la política. Y, en este sentido, consideramos que
esta proposición de ley contiene reformas en el Código Penal que permiten
avanzar hacia la convivencia en Cataluña y también con Cataluña. La
desaparición del delito de sedición y la reformulación de los delitos
contra el orden público, que debía haberse producido hace mucho tiempo,
responde no solo a esta necesidad de armonizar la legislación penal
española a la de los países europeos y de clarificar también la
estructura de los tipos penales, sino que es una decisión de rectificar
la política de Estado en relación con la crisis política y constitucional
de Cataluña. Supone, desde nuestro punto de vista, dar un paso importante
para allanar el camino en el abordaje de la cuestión territorial
catalana, y también la vasca.

Quiero referirme al delito de malversación, que, efectivamente, no se
despenaliza, como se está diciendo, sino que se reformula para volver a
la situación previa a la reforma de 2015, cuando el Partido Popular, por
cierto, haciendo caso omiso de los informes contrarios del Consejo
General del Poder Judicial y también del Consejo Fiscal, lo modificó; lo
modificó incorporando una nueva tipificación con el único objetivo de
actuar contra el independentismo y, en concreto, contra Artur Mas, por la
convocatoria del referéndum del 9 de noviembre de 2014.

Dicho esto, no cabe ninguna duda que nuestro voto será favorable a
esta proposición de ley. Señorías, el Parlamento es el lugar para
debatir, para defender desde el derecho, desde el respeto y la libertad
los posicionamientos diferentes e, incluso, discrepantes que tenemos cada
cual; reflejo también de una sociedad plural que es a la que
representamos y es la que con sus votos nos ha legitimado para ser su
representación en esta Cámara; una sociedad que nos exige soluciones a
sus problemas y no enfrentamientos permanentes. Por ello, invito
especialmente a los dos grupos mayoritarios de esta Cámara a tomar la
senda del respeto y la moderación.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya-Euskal
Herria Bildu tomará la palabra su señoría Castel Fort.

La señora CASTEL FORT: Gràcies, senyor president.

Señorías, no es la primera vez que el Tribunal Constitucional dicta
actos de censura de debates legislativos. En Cataluña tenemos
experiencia, como la anulación de la Comisión de investigación sobre la
monarquía o sobre su reprobación, en 2019, o la suspensión de acuerdos de
Mesa sobre el derecho de autodeterminación, un debate, 2015. Las
limitaciones de debates en el Legislativo afectan la libertad de
expresión y la inmunidad parlamentaria, afectan el artículo 10 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque las actuaciones de contenido
político, las iniciativas legislativas son elementos esenciales para la
formación de la voluntad del Legislativo. Y de un tiempo a esta parte ha
habido un cambio de jurisprudencia en el Tribunal Constitucional cuando
las resoluciones políticas quedan sujetas a control jurisdiccional o la
legislación se suspende antes de ser debatida. El Consejo de Europa
subraya que la inmunidad es la salvaguarda de la democracia y que
preserva la integridad y la independencia de los parlamentos y la
libertad de expresión es intrínseca al trabajo parlamentario. El Tribunal
Europeo de Derechos Humanos deja claro que interferir en la libertad de
expresión constituye interferir en uno de los fundamentos de la sociedad
democrática y en una de las condiciones para su progreso, y afirma que la
libertad de expresión es especialmente importante para nosotros, los
representantes electos, porque representamos al electorado, ponemos foco
en sus preocupaciones y defendemos sus intereses.

Señorías, la decisión del Tribunal Constitucional de impedir el
trámite de una iniciativa legislativa ha socavado el derecho fundamental
a la representación política y supone socavar el derecho de los
parlamentarios al ejercicio de sus responsabilidades. Cuestionar nuestra
legitimidad parlamentaria para legislar es un paso más hacia el repliegue
reaccionario. Primero, el Tribunal Constitucional se atrevió con los
independentistas vascos o catalanes, ahora se atreven con el Legislativo
español. Esa aplicación convierte en ilícito penal cualquier actuación
que el tribunal considere que contraviene una declaración dictada por sí
mismo e inicia el camino al gobierno de los jueces; deja de aplicar el
principio de presunción de constitucionalidad y comienza a dictar
sentencias preventivas que declaran la inconstitucionalidad de
hipotéticas acciones futuras. Una actuación parlamentaria, señorías,
puede transmutar en delito si el tribunal así lo considera.

El entramado constitucional del Estado español —ya lo dije en
comisión—, señorías, está colapsando desde hace años y el asunto de
las recusaciones de los magistrados afectados destruye definitivamente la
percepción de neutralidad, imparcialidad e independencia. Recuerden la
opinión de la Comisión de Venecia, muy crítica con las competencias del
Tribunal Constitucional español. Cuando los jueces ultrapasan las
funciones asignadas y se comportan como activistas políticos se comportan
como órganos ilegítimos, y el único órgano legitimado para crear derecho
es el Parlamento, porque es el único depositario de la soberanía popular.
Lo que estamos presenciando, señorías, sí, es el fin de la reputación
democrática de España.

Permítanme ahora que aborde el contenido del proyecto de ley. Vaya
por delante que esta reforma no sale de la nada. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.

La señora CASTEL FORT: Por una parte, hemos constatado cómo los
representantes del PSOE iban negando la legitimidad de las resoluciones
internacionales, afeando las resoluciones del Consejo de Europa y del
working group sobre la Detención Arbitraria, o incluso menospreciando el
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Agradecemos, pues, que
hayan acabado acatando parte de estas resoluciones. Por otra parte,
celebramos que se obtengan frutos de la mesa de negociación entre
Gobiernos para desjudicializar la política. Si existe una confrontación
inteligente, esta tiene forma de debate, negociación y legitimidad por la
fuerza de los votos.

Señorías, el actual Código Penal produce una excesiva intervención
del derecho penal en la vida social, hace difícil precisar la frontera
entre delito y derecho fundamental, y se ha utilizado para producir
limitación prematura de la libertad de expresión y del debate político,
presenciando interpretaciones que vinculan discursos políticos a delitos
de sedición. Por esta razón celebramos esta reforma. Tome nota, señor
Maroto, que no se encuentra aquí, pero en todo caso sepa que nosotros no
nos queremos cargar España, sencillamente defendemos una manera distinta
de organizarnos. Se llama pluralismo político, artículo 1.1 de la
Constitución española, y nuestro partido, que tiene más de noventa años
de historia a sus espaldas, está regido por los valores del
republicanismo. (La señora senadora termina su intervención en
catalán.— Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castel Fort.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría De
Rosa Torner.

El señor DE ROSA TORNER: Gracias, señor presidente.

Señorías, a ustedes no les interesa hablar de sedición, de
malversación, de desórdenes públicos y de contrabando de armas de doble
uso; bueno, de armas de doble uso es de lo único que han hablado aquí,
porque han querido convertir a las víctimas en agresores. Ese es el
lenguaje que utilizan los violadores en el juzgado de guardia, que lo
sepan. (Aplausos).

Señorías, fraude de ley es actuar a sabiendas de forma arbitraria, es
decir, hacer un abuso de derecho. El artículo 9 de la Constitución
establece: Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y en su apartado
tercero habla de que la Constitución garantiza el principio de legalidad,
la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos. Por tanto, está prohibido realizar
cualquier acto en interés privado y no actuar por interés público. Nunca
el legislador debe hacer una reforma legislativa basándose en razones que
exceden el interés público, solamente por el interés particular de
aquellos que quieren promover la reforma. Ustedes, a sabiendas, han
estado realizando una actuación arbitraria con un claro abuso de
derecho.

Voy a hablar de lo que ustedes han intentado evitar toda la mañana,
porque les avergüenza. Con respecto a la sedición, es una reforma ad
hominem, es decir, dirigida directamente a ayudar a la colaboración con
los grupos que hoy están sosteniendo el poder. Pero vamos a hablar de la
malversación. La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros
hicimos una reforma del artículo agravando la corrupción para evitar que
volviera a ocurrir. Ustedes la reforman, ustedes la rebajan. Y no me
digan que han introducido un nuevo tipo penal, ¿o es que hasta ahora no
se castigaba a aquellos que no podían justificar un aumento patrimonial?
¿A quién quieren engañar con ese nuevo artículo fake que ustedes están
introduciendo en el Código Penal? Distinguir entre dos tipos de
malversación, la buena y la mala, es un error.

Señorías, en esta Cámara hay muy buenos juristas, como se ha
encargado de señalar la portavoz del Grupo Socialista. Por tanto,
permítanme que les diga también, en mi condición de magistrado, aunque a
alguno de ustedes les parezca que es de escaso valor, que la malversación
supone utilizar dinero público dándole al dinero diferente finalidad. Eso
es corrupción. (Aplausos). Los dos grandes beneficiados de la bajada de
las penas del delito van a ser Junqueras y Griñán; y, si no, al tiempo. Y
veintiún excargos públicos de Esquerra Republicana de Catalunya y de
Junts que están pendientes de juicio. De eso estamos hablando en la
mañana de hoy. (Aplausos).

Señorías, una pregunta: cada vez que sale un violador a la calle, ¿no
se sonrojan? Porque ha sido con su voto. (Aplausos). Con su voto están
saliendo, con el de ustedes. Llevamos cien sentencias ya revisadas, y
veinte violadores y pederastas, en la calle. El último, un padre, que ha
estado violando y abusando de su hija. Y con su voto ese señor ha salido
a la calle. Vergüenza me daría a mí, vergüenza. (Aplausos). ¿Qué van a
hacer? Y ahora, cuando los corruptos salgan a la calle, cuando ustedes
aprieten el botón verde, el botón verde del sí, y los corruptos salgan a
la calle, ¿qué van a decir a sus electores? Qué vergüenza cuando les
vengan a ustedes a decir que los corruptos salen a la calle porque
ustedes lo quieren con esta ley. (Aplausos).

Señorías, las leyes no se pueden redactar en la sede de Esquerra
Republicana de Catalunya, se tienen que redactar aquí. Con la cara,
tenemos que estar todos diciendo y asumiendo el voto. ¿No van ustedes a
asumir el voto? En mi condición de magistrado les digo que los juzgados y
tribunales ya están sacando todos los asuntos de corrupción para rebajar
las penas, porque lo exige el artículo 2 del Código Penal. (Aplausos). En
el mes de enero vamos a tener un baile de salida de corruptos por su
voto. Recuerden: cuando aprieten ese botoncito verde del sí, a la calle
corruptos, violadores, pederastas… (Rumores). ¡Ah! ¿Les avergüenza?
Mírenme a la cara. Mírenme a la cara: con su voto van a salir los
corruptos.






(Aplausos.— Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor DE ROSA TORNER: Señorías, están a tiempo de rectificar.
Están a tiempo de rectificar. (Rumores). No tengan sobre su conciencia la
salida de agresores sexuales…

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.

El señor DE ROSA TORNER: … de pederastas y de corruptos, porque
va a ser su responsabilidad. Y el Partido Popular irá todos los días, en
todas las calles, en todos los pueblos y en todos los domicilios diciendo
que el Partido Socialista ha sacado a la calle a lo peor de las
cárceles.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señorías del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado puestas en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
el senador Pérez García.

El señor PÉREZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, felices Pascuas a todos, como se decía
antes. (Aplausos.— Risas).

Yo no sé hablar en una tribuna si no es como español de la
ultraperiferia —no tengo varias condiciones en mí—, español,
canario, y me pregunto cómo hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado
hasta aquí por un conflicto político que se fue gestando durante una
década con la complacencia y la inacción de quienes habrían tenido la
obligación de encauzarlo constitucionalmente porque les convenía
—yo también reflexiono, no solo el señor Sánchez López—. Les
convenía, porque ambas partes en conflicto estaban aplicando a rajatabla
recortes que contradicen los principios del Estado social de derecho
—en la Constitución lo es todo— y además porque en aquella
época les servía para tapar los asuntos de corrupción que les asediaban.
(Aplausos).

Hemos llegado hasta aquí porque el Partido Popular no acepta el
resultado de las elecciones. Se lo voy a decir… (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.

El señor PÉREZ GARCÍA: … con tranquilidad, porque me corre el
tiempo. No acepta el resultado de las elecciones. Y a mí también estos
días me han venido a la cabeza aquellas reflexiones de historiadores
—por ejemplo, Preston, con La destrucción de la democracia en
España— que hablaban del accidentalismo de las clases conservadoras
y de sus actores políticos. Aceptan la democracia como un mal menor
siempre y cuando gobiernen; y, si no, desestabilización. El Partido
Popular… (Rumores.— El señor Tellado Filgueira pronuncia
palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Senador Tellado Filgueira, guarde silencio, por
favor.

El señor PÉREZ GARCÍA: … y lo voy a decir con toda la
tranquilidad del mundo: no pudo impedir la formación democrática del
Gobierno ni la investidura de su presidente ni la estabilidad de haber
discurrido toda la legislatura aprobando un ambiciosísimo e
imprescindible programa legislativo y sus presupuestos. Eso no lo pudo
impedir, como no han podido impedir todo el día el discurso —hoy ha
habido mil ejemplos— de hasta dónde está dispuesto a llegar
Sánchez, como si no fuera el presidente legítimo de España, el presidente
del Gobierno legítimo de España. (Aplausos). La pregunta, querido Asier,
no es hasta dónde está dispuesto el Gobierno para mantenerse en el
Gobierno, como es su obligación —la estabilidad es un valor
fundamental de la democracia y, en particular, de la democracia
parlamentaria—, la pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar
el Partido Popular (Aplausos) para desestabilizar al Gobierno.
(Aplausos). Ayer, y todos estos días, les he oído pedir, como una
matraquilla, como decimos en Canarias, elecciones anticipadas. Y me
pregunto: si hubiera elecciones anticipadas y las volviera a ganar el
Partido Socialista y se volviera a formar un Gobierno progresista,
¿cuánto tardarían en volver a pedir elecciones anticipadas? (Aplausos).
Porque esta legislatura está viva.

He vivido una situación de bochorno estos días. Yo soy un modesto
jurista de la ultraperiferia, llevo muchos años de actividad profesional,
me he criado en ese mundo —tengo que decirlo—, y lo que ha
ocurrido estos días, y lo voy a decir en el ejercicio de la libertad
parlamentaria, es inconcebible. Me voy a referir solo al auto 387, de 16
de octubre, en el que el Tribunal Constitucional aceptó la abstención
motu proprio, sin que nadie los recusara, de dos magistrados, la
presidenta y el vicepresidente, porque su situación personal se iba a
ver, como reconoció en ese auto el Tribunal Constitucional, directa e
individual, de presente y no de futuro, afectada. Pero ahora resulta que,
tramitándose una ley, un Tribunal Constitucional que tiene dos de sus
miembros que determinan la mayoría con el mandato caducado…
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor PÉREZ GARCÍA: Permítanme decirlo. Además están personal,
individual y de presente condicionados por la aprobación de una norma que
han suspendido, en contra de la interpretación restrictiva del
artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que habla
de la extraordinaria precaución con la que hay que adoptar estas medidas
cautelares de suspender, afectar y perturbar, no un interés
constitucionalmente protegido, a la función legislativa en la que encarna
primordialmente, en el marco de la Constitución, la soberanía popular. Y
esos magistrados, no solo han sorteado la recusación —doble
indefensión, actuar inaudita parte y decidir la mayoría quienes están
directamente concernidos—, sino que han decidido la posición del
Tribunal Constitucional.

Aquí se viene incumpliendo la Constitución desde el momento en el que
el PSOE ganó las elecciones y se formó el Gobierno progresista.
Incumpliendo la Constitución. Alguien me tendrá que convencer. Soy un
jurista de provincias —como diría el jefe indio Seattle al gran
padre blanco de Washington, a lo mejor no tengo entendimientos—, y
alguien me tendrá que convencer de que este quebrantamiento de la
Constitución, jurídicamente hablando, es menos grave que el
quebrantamiento de la Constitución del 17 de octubre, que no fue un golpe
de Estado, que fue un grave quebranto de la Constitución. Alguien
jurídicamente me lo tendrá que explicar, porque a lo mejor yo, como el
jefe indio Seattle, no lo entiendo.

Termino, y muchas gracias, señor presidente. Esto va a seguir
adelante. Yo también estoy orgulloso de formar parte del Partido
Socialista, y sé que la izquierda en nuestro país, que las fuerzas
democráticas tienen que jugar siempre con un plus de responsabilidad, que
es el que nos ha llevado a acatar la decisión del Tribunal
Constitucional. Y es que la garantía de la democracia en nuestro país
históricamente no descansa en los sectores conservadores, en sus
privilegios y su influencia política, descansa en la fuerza de la
democracia, de la libertad, en las fuerzas progresistas, y, dentro de
ellas, el Partido Socialista.

Muchas gracias. (Fuertes aplausos de las señorías del Grupo
Parlamentario Socialista puestas en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señorías, finalizado el debate de esta proposición de ley orgánica,
se proceda a continuación a abrir el plazo de treinta minutos para emitir
el voto telemático por los senadores y senadoras autorizados, desde este
momento, que son la una y once minutos, hasta la una y treinta y un
minutos.

Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de esta proposición
de ley tendrá lugar una vez finalizado este plazo, cuando sea anunciado
por la Presidencia.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del
día: lectura única de seis proyectos de ley que se tramitan por el
procedimiento de urgencia, referidos en el orden del día.

La Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del
día 13, acordó el debate conjunto de estos proyectos de ley. No así la
votación, pero si el debate conjunto de estos proyectos de ley.

Se ha presentado una propuesta de veto a cada uno de estos seis
proyectos de ley, en concreto, de sus señorías Marín Gascón, Merelo
Palomares y Rodríguez de Millán Parro.

Para la defensa de los vetos presentados, tiene la palabra su señoría
Rodríguez de Millán.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias, presidente
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría; si no, va a ser difícil que
la podamos escuchar. (Pausa).

Cuando quiera.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias, presidente.

Vox ha presentado un veto a cada uno de los seis proyectos de ley por
las que se modifican las leyes del régimen de cesión de tributos del
Estado a las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña,
Valencia, Galicia y de las Islas Baleares. Son unos proyectos que tienen
por objeto la cesión de otro tributo nacional más a las comunidades
autónomas, en este caso, el impuesto sobre residuos. Es una cesión que no
solamente incluye el rendimiento, sino, además, las competencias de
gestión, liquidación, recaudación e inspección, así como de capacidad
normativa. Es un impuesto configurado como estatal, que, sin embargo, ha
sido concebido desde el principio como un impuesto plenamente
cedido… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senadora, perdóneme. No quiero
interrumpirla.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Es algo que choca frontalmente
con toda posibilidad de alcanzar un sistema fiscal armonizado e igual en
todo el territorio de nuestra nación y que choca igualmente con esa
igualdad ante la ley que precisamente no paran de repetir los que han
optado por esta forma de legislar. Porque lo que hace esta cesión plena
de un tributo estatal a las administraciones regionales es ahondar en las
profundas ineficiencias y desigualdades existentes entre españoles como
consecuencia del Estado injusto e insolidario de las autonomías. En su
lugar, Vox propone un Estado al servicio de la unidad común e indivisible
de España, en el que no haya diferencias ante la ley entre regiones ni
entre españoles, donde no existan ciudadanos de primera, segunda o
tercera categoría, independientemente del lugar en el que residan,
trabajen o ejerzan su actividad. Y es que solo así conseguiremos la
prosperidad y el bienestar presente y futuro de España y un Estado
moderno en el que primen la igualdad y la seguridad jurídica, y no
diecisiete ordenamientos jurídicos distintos.

Pero en este caso vamos más allá. Nosotros no compartimos ni queremos
ser partícipes de nuevos impuestos que graven más aún la desigualdad de
los españoles, al mismo tiempo que se dilapida el dinero de todos ellos
en el mantenimiento de un sector público desmedido como consecuencia de
un sistema donde proliferan entes, observatorios o agencias
demostradamente ineficaces y duplicidad de funciones. Antes de plantear
ningún impuesto, lo responsable por parte de cualquier Gobierno sería
frenar el despilfarro que caracteriza su gestión, reducir de forma
urgente y drástica el gasto político y eliminar todos aquellos organismos
superfluos que lastran nuestra economía para compensar una bajada masiva
de impuestos y la reducción de tipos de gravámenes excesivos, que tanto
necesitan los españoles. Para que nuestros trabajadores tengan mejores
sueldos no hace falta asfixiar a los empresarios. Las empresas son
comunidades en las que empresarios y trabajadores comparten unos
objetivos comunes. Las que debe apretarse el cinturón son las
administraciones; y, una vez hecho esto, lo que se recaude debe
destinarse únicamente a lo verdaderamente importante: el Estado del
bienestar, pero no el Estado del bienestar de los políticos, ni a la
ejecución de todas esas políticas restrictivas de derechos que están
hundiendo la economía de nuestras empresas, sino al Estado del bienestar
de los españoles. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia). Porque hay que proteger a los españoles del expolio fiscal
al que han sido sometidos durante décadas bajo gobiernos nacionales y
autonómicos de todo signo. Porque este impuesto, que para lo que sirve es
para desincentivar las operaciones de depósitos de residuos en vertederos
y de entrega de residuos para su incineración o coincineración, impacta
directamente sobre nuestro tejido empresarial e industrial, y además lo
hará de forma distinta en las diversas regiones de nuestra nación, según
resulte aplicable en las diecisiete comunidades autónomas. Como
consecuencia del impuesto, además de perjudicar la competitividad de
nuestras empresas y de introducir nuevas barreras a la unidad de mercado,
se provocarán ineficiencias en la gestión de residuos y en las decisiones
de los contribuyentes, que, a la vista de los impuestos autonómicos
aplicables, podrán comprometer incluso algunas de las aspiraciones de la
ley, como, por ejemplo, el principio de proximidad.

Este Gobierno ha llevado hasta el extremo un mandato de sentido
común, como es la necesidad de una saludable coexistencia del hombre con
su entorno, convirtiéndolo justamente en lo opuesto, en un ecologismo
radical que se aprovecha como coartada política para imponer
restricciones injustificadas a la población y favorecer intereses
ilegítimos, como la intromisión de las potencias extranjeras en la
definición de las políticas energéticas de los Estados. Y esto, como
sabrán, también tiene mucho que ver con el precio de la energía. La
conservación y mejora del medio rural tiene que llevarse a cabo
respetando la calidad de vida de las personas, sin que el peso de ese
cambio recaiga sobre los hombros de los españoles, y mucho menos
imponiendo nuevos impuestos verdes, porque no se puede convertir en una
excusa para criminalizar a las empresas ni a los trabajadores. Nunca es
un buen momento para imponer a nuestras empresas nuevos impuestos, que
tan significativamente van a alterar la unidad de mercado y que comportan
tan graves consecuencias sobre nuestra economía, pero mucho menos
oportuno es el momento actual habida cuenta de la grave crisis que
padecemos, en gran parte como consecuencia de la política irresponsable
que ha adoptado este Gobierno, y del empobrecimiento creciente de los
españoles.

Por lo tanto, y resumiendo, nos oponemos a la totalidad de los seis
proyectos de ley de cesión de tributos del Estado a las mencionadas
comunidades autónomas por perpetuar las desigualdades entre españoles y
desvirtuar la unidad nacional, porque incrementan los daños y debilidades
que el fanatismo climático está provocando en la economía y la
competitividad de España, y porque suponen un aumento de los impuestos
por parte de un Gobierno que no hace otra cosa más que dilapidar los
recursos de todos los españoles, desentendiéndose por completo de sus
necesidades y de su bienestar.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para la defensa de un turno
en contra, tiene la palabra la senadora Luna Morales.

La señora LUNA MORALES: Gracias, presidenta.

Señorías de Vox, el veto que ustedes proponen es un corta y pega del
que hicieron en el Congreso, ni siquiera se han tomado la molestia de
redactarlo de otra forma. Por eso precisamente este veto los retrata a la
perfección, dejando muy claro lo que son: expertos en enredar, sin
aportar nada constructivo. Son nostálgicos de un Estado unitario y
centralista que ya caducó. Y son negacionistas de un cambio climático que
es evidente. La verdad es que a mí no me sorprende absolutamente nada,
porque ya los conocemos: viven alejados de la realidad diaria de la
ciudadanía de este país en pleno siglo XXI y lo que han hecho siempre es
oponerse a cualquier avance en derechos. Pero especialmente en estos
tiempos tan delicados de incertidumbre, en vez de arrimar el hombro, lo
que han hecho, tanto la derecha como la extrema derecha de este país, ha
sido precisamente no reconocer las medidas de protección que este
Gobierno ha impulsado en un momento tan difícil como ha sido la pandemia
o de crisis por la invasión de Ucrania. Y han votado en contra de todas
ellas.

Señorías, la grandeza de un Estado autonómico es precisamente la
grandeza de la cogobernanza de todos los gobiernos legítimamente
elegidos: el de España, los de las diecisiete comunidades autónomas y los
de los miles y miles de ayuntamientos. Señorías de Vox, su veto no tiene
absolutamente ningún fundamento, créanme. Se oponen al impuesto sobre el
depósito de residuos en vertederos, a la incineración y a la
coincineración de residuos, que obedece a una directiva europea —no
es un capricho de este Gobierno—, que fue aprobado en la Ley de
residuos y suelos contaminados para su entrada en vigor el día 1 de enero
del año próximo en todo el territorio de manera armonizada. Por tanto, no
tiene ningún sentido lo que ustedes dicen en su relato. Díganlo
abiertamente: a lo que realmente se están oponiendo es a los acuerdos de
cesión de un impuesto a las comunidades autónomas. Son acuerdos legítimos
entre gobiernos legítimos, que con su veto ustedes no reconocen, bien
porque no aceptan los resultados de las urnas, bien porque no reconocen
los acuerdos de los gobiernos del Estado de las autonomías, amparado por
la Constitución. Son acuerdos fruto del consenso alcanzado en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, posibilitado por la Ley orgánica de
financiación autonómica y su modificación. Estos son los hechos y no
otros, así que, señorías de Vox, los acuerdos firmados para la cesión del
impuesto que formalizan estos proyectos de ley no vulneran para nada el
principio de igualdad entre los españoles, sino todo lo contrario. ¿O es
que acaso creen que por ceder estos impuestos España se rompe?

Mire, señor Maroto... ¡Ah! No está. (Risas). Quiero que lo graben
—y, si no, se lo graban—. Como nos ha dicho que somos
sinvergüenzas, ahora, efectivamente, lo va a decir con razón de esta
senadora. Sin vergüenza, porque no voy a tener vergüenza en decirle lo
que le voy a decir. Tenemos un Estado consolidado, con una base fuerte. Y
aunque secuestren sine die algunos de los poderes, en este caso, el Poder
Judicial, que lleva 1474 días sin renovarse, más de cuatro años, la
soberanía nacional sigue residiendo en el pueblo español. Y a este, por
suerte, no hay quien lo calle, aunque a ustedes eso no les guste.

Insisto: el impuesto ahora será aplicable en todo el territorio. Se
ha corregido el hecho de que este impuesto verde solo existiera en
algunas comunidades y se ha disuadido el llamado turismo de residuos para
salvar su pago. Cataluña, la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares,
entre otras, tenían tributos o cánones de similar naturaleza, por lo que
han sido de las primeras en solicitar la cesión de la gestión de los
impuestos, no solo para no perder recursos que ya recibían por este
concepto, sino también para poder destinarlos a las necesidades
medioambientales de su territorio, como, por ejemplo, en el caso de las
Islas Baleares, para impulsar la protección de una zona muy condicionada
por el hecho insular y la presión geográfica, que la hace muy vulnerable
en materia medioambiental. Sin embargo, en Castilla y León, cuyo
vicepresidente es de Vox, prefieren, de momento, la no cesión del
impuesto de similar naturaleza al que ya existía allí para no generar
asimetría. Señorías, lo que genera asimetrías territoriales inútiles es
contar con un vicepresidente sin funciones, sin labor conocida, que no
cree en las autonomías, salvo para cobrar una nómina de un Gobierno
autonómico (Aplausos), y que prefiere dejar de recibir los recursos que
ya recibía hasta ahora por este tipo de impuestos con el único pretexto
de criticar al Gobierno de España. Esa es la realidad y no otra.

Y para rematar, señorías de Vox, siguen haciendo gala de su
negacionismo climático, negando el cambio climático, que es una
preocupación para la mayoría de la ciudadanía española. Los ayuntamientos
sufragan servicios de almacenamiento de residuos en vertederos, la
eliminación de residuos urbanos que ya suponen un coste económico. Pero a
este coste económico se suma, aunque ustedes no lo reconozcan, un coste
ambiental que olvidan y que existe con independencia de todos los
impuestos, porque el almacenamiento y la eliminación de residuos
contamina el aire, los suelos, el agua, afectando, por tanto, a la salud
de toda la ciudadanía y a la sostenibilidad del planeta. Con este
impuesto se consigue reconocer este coste e incentivar alternativas menos
lesivas para el medioambiente. Por tanto, este impuesto es un instrumento
útil para modificar comportamientos y que vayan dirigidos a una economía
circular, a una economía generadora de nuevos puestos de trabajo de
calidad y de crecimiento económico sostenible. Es un impuesto que tiene
un efecto disuasorio, un efecto de justicia fiscal: paga aquel que
contamina. Estamos hablando de fiscalidad verde, un terreno donde, por
cierto, España es el quinto país de la Unión Europea que menos presión
fiscal tiene sobre el PIB. Y no acusen a este Gobierno de lo que hicieron
otros, porque quien subió los impuestos, en plena crisis, fue el Partido
Popular en 2012, estableciendo incluso un impuesto al sol, que, desde
luego, nosotros derogamos. Lo que ha hecho este Gobierno es aprobar
medidas para proteger a las clases medias y trabajadoras, también con
impuestos verdes para proteger a las generaciones futuras, medidas que
ustedes, señorías de Vox y del Partido Popular, siempre votan en
contra.

Termino. Estos proyectos de ley nacen de acuerdos que reflejan el
buen entendimiento y el funcionamiento del Estado de las autonomías y que
redundan en el bienestar de la ciudadanía. Son acuerdos que reconocen las
distintas realidades y necesidades de un país plural y que las armonizan.
Donde algunos ven desorden, lo que hay es diálogo y democracia. Donde
algunos ven despilfarro, lo que hay es gasto social, que significa
proteger a la ciudadanía. Y a pesar de la derecha y de los poderes que la
representan, los y las socialistas seguiremos luchando contra el cambio
climático, apostando por el diálogo entre las diferentes administraciones
y mejorando y fortaleciendo un Estado de las autonomías y de derecho que
nos ha dado, no lo olviden, los mejores años de convivencia y de paz en
este país.

Vamos a votar en contra del veto.

Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

En turno de portavoces, ¿hay intervenciones del Grupo Parlamentario
Mixto? (Denegaciones).

¿Del Grupo Parlamentario Democrático? (Denegaciones).

¿Del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal?
(Denegaciones).

¿Del Grupo Parlamentario Nacionalista, senadora Rivero Segalàs?
(Pausa).

¿Del Grupo Parlamentario Vasco? (La señora Rivero Segalàs pide la
palabra).

La señora RIVERO SEGALÀS: Perdone, presidenta.

Pensaba que era una intervención para los vetos, pero si es una
intervención única, sí voy a hacer uso de la palabra.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Es una intervención única,
senadora. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies.

En Junts per Catalunya negociamos in extremis en esta Cámara la
excepción del canon catalán en la Ley de residuos y conseguimos también
en ese trámite, aquí, en el Senado, que constara en la ley la posibilidad
de cesión de la gestión, aunque jamás lo presentamos como un éxito porque
en ese momento para nosotros no lo fue; tan solo cauterizábamos la
herida. A pesar de tuits triunfalistas que decían que habíamos salvado el
canon, lo cierto es que nadie fue capaz de salvarlo a priori.

Anunciaba la ministra Isabel Rodríguez la cesión del canon de
residuos para las comunidades autónomas que así lo habían solicitado,
entre ellas, Cataluña. No podemos estar contentos con esta nueva, suave,
lenta y progresiva recentralización en la que algunos pretenden que nos
instalemos, como si tuviéramos el síndrome de la rana hervida o no
viéramos que se nos merman capacidades, en este caso, fiscales. En Junts
creemos que no hemos perdido nuestra capacidad de reaccionar y que la
capacidad de protestar por aquello que creemos que no es justo no está
reñida con el hecho de ser útiles o proactivos —ustedes saben que
siempre lo somos— en la consecución de objetivos; y en esta Cámara,
especialmente. En Junts decimos que no a lo que no nos gusta, a lo que no
vemos justo y a todo aquello que atenta contra las competencias y el
autogobierno de Cataluña, que tanto costó montar y que hoy continuamos
queriendo superar. Los anuncios de falso diálogo que vienen seguidos de
episodios de represión, pérdida de capacidad y, en el caso de hoy, de
capacidad fiscal, no nos sirven.

Hablaba de que la ministra decía que en este procedimiento de cesión
tenían que cumplir —y cumplen— con el estatuto de autonomía y
también con la LOFCA, esa Ley orgánica de financiación de comunidades
autónomas. Hoy aquí se ha hablado muchísimo de Cataluña, cómo no, de
mandatos caducados, de la necesidad de atender a las leyes y a aquello
que las leyes rezan. Pero nosotros no vemos en la agenda del Gobierno esa
necesidad cuando hablamos de una LOFCA caducada por ley, que tiene a las
comunidades autónomas del régimen común infrafinanciadas. Y, con ello,
esas comunidades autónomas también tienen que luchar haciendo frente a
todas esas crisis que se van planteando. Pensamos que afrontar esa
revisión sería una verdadera política social para todos.

La señora ministra decía que esto era un gran logro. Nosotros no le
vamos a dar las gracias por tener que pedir aquello que, en Cataluña, en
la línea de las políticas europeas, veníamos haciendo desde hacía veinte
años, y además con éxito. Aplicamos el canon en 2004, cuando teníamos
un 25 % de reciclaje, y en 2020 ya habíamos conseguido un 46 %, llegando
casi al mínimo exigido por Europa. Ustedes siempre homogeneizan y además
siempre lo hacen a la baja. No sabemos si a veces les molesta más que
algunas comunidades autónomas vayan por delante y hagan políticas en las
líneas que a ustedes les exige la Unión Europea o que haya algunas que no
las estén aplicando. Decía la ministra Montero que algunas comunidades
autónomas tenían impuestos parecidos a los que iba a aplicar el Gobierno.
No es baladí el orden de presentación de la ministra, y lo voy a matizar.
No es así. De hecho, el Gobierno por fin ha creado un impuesto parecido
al que ya tenían algunas comunidades autónomas. En concreto, la catalana
disponía de ese canon de residuos, que, además, como ustedes saben y es
contrastable, se había puesto como modelo a seguir por parte de la Unión
Europea.

La ministra también decía que la norma respondía al afán de la Unión
Europea en las cuestiones que tienen que ver con la transición ecológica
y la fiscalidad medioambiental. Ese afán, ministra, lo atendemos con
éxito en Cataluña desde hace dos décadas. Le podríamos decir que, a
buenas horas mangas verdes, si tenemos en cuenta que la Ley estatal de
residuos de 2011 fue estéril en cuanto a resultados porque no se
desarrolló nada de lo previsto y que desde finales de 2015 y principios
de 2016 la Unión Europea apremiaba al Gobierno para que se aplicaran
medidas de control, cánones de residuos y fomento de la recogida
orgánica, que no ha llegado hasta 2022. El legislador español siempre va
tarde respecto de muchas de las políticas que plantea la Unión
Europea.

¿Estamos contentos con la cesión, dadas las circunstancias?
Evidentemente. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Por supuesto:
respetando el canon preexistente en Cataluña, atendiendo a excepcionar.
Pero ustedes han apostado por diecisiete modelos, diecisiete impuestos,
cuya aplicación práctica y real está a merced de un amplio número de
reglamentos, que ya veremos si se desarrollan y, en caso de hacerse, cómo
inciden en el sector público y en el sector privado. A menudo confunden
coordinar con recentralizar. A menudo confunden igualar con igualar por
debajo, en lugar de por arriba para que todos podamos llegar a los
objetivos.

Vamos a votar que sí, por supuesto, desde la humillación que supone
que tengamos que aceptar que nos den permiso para hacer aquello que ya
hacíamos y que, además, hacíamos bien. El Govern de Cataluña se ha dado
prisa en aprobar un real decreto para poder continuar con las políticas
que se venían haciendo desde hace tanto tiempo, políticas que han
resultado ser efectivas, políticas que atienden a la bondad, de la que
hablaba la senadora socialista, de la finalidad de estos impuestos.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, señorías.

La señora RIVERO SEGALÀS: Son unas políticas en Cataluña reconocidas
tanto por los gobiernos locales como por el mundo empresarial y también
por las entidades ambientalistas.

Como he dicho al principio, en Junts per Catalunya no celebramos esta
cesión porque es una cauterización de esa herida, pero estamos contentos
de volver a recuperar cuanto antes —esperamos que así sea—
nuestro tipo impositivo, la vocación finalista. Porque, sí, señorías,
tenemos prisa en Cataluña. Aunque llevemos veinte años trabajando en
esto, vamos tarde.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿van a intervenir?
(Denegaciones).

Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el
senador Castellana Gamisans.

El señor CASTELLANA GAMISANS: Gràcies, president.

Hoy, en este debate y en la posterior votación, cerraremos una
cuestión que nunca debiéramos haber abierto. Como bien saben, o deberían
saber, la fiscalidad en el ámbito general debe tener o debería tener un
carácter redistributivo, de redistribución de la riqueza, pero no así la
fiscalidad específica medioambiental. La fiscalidad específica
medioambiental debería tener, como ya se ha dicho previamente desde esta
tribuna, un carácter disuasorio, de reducción del efecto contaminante, de
reparación del efecto contaminante y, en definitiva, de protección de la
salud, pero no solo de la salud del medioambiente, del cual formamos
parte, sino de la salud de las personas. Hay portavoces que han salido a
esta tribuna a hablar de patriotismo, y su patriotismo es un patriotismo
de banderilla, de himnos y cosas de esas. Para mí y para mi grupo, y
espero que para la mayoría de esta Cámara, el verdadero amor es a la
humanidad entera, al ser humano, a todas las personas, y por eso tenemos
que entender que la contaminación no tiene fronteras. Los vertidos
contaminan, primero, como es evidente, en un entorno, pero la
contaminación, sea de suelos, de aguas, y especialmente del aire, no
tiene fronteras. Por eso, aunque entendemos que esta cuestión nunca se
debería haber abierto, la de la cesión de un tributo que, como se ha
explicado, en Cataluña ya se está aplicando desde hace veinte años como
modelo de éxito, entendemos que el hecho de que hubiese territorios que
no aplicasen ese tributo nos perjudicaba a todos, no como ciudadanos del
Estado, sino como humanidad. Por ello, celebramos que se cierre la
cuestión, que este tributo se aplique a más territorios, que se hagan
tareas de reducción, reparación y respeto a la salud medioambiental y a
la salud de las personas, y que en Cataluña podamos continuar haciendo
nuestro trabajo.

Y disculpen que haga una breve acotación. No creo que deba atribuirse
la paternidad de esta cuestión a un grupo político, cuando ha supuesto
meses de trabajo. Creo que en el caso de Cataluña es un éxito de país.
Ciertamente, no dar pasos atrás se puede ver como un éxito menor, pero
trabajar y que se aplique este buen ejemplo en general es una buena
práctica para la salud de las personas y del mundo en general.

Muchas gracias a todos los que han hecho posible que generalicemos
esta cuestión. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Martínez Mus.

El señor MARTÍNEZ MUS: Gracias, presidente.

Intervengo de manera breve, dado lo avanzado de la hora, para
explicar el sentido del voto del Grupo Popular.

El impuesto al que hacen referencia estos proyectos de ley se creó en
la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular —es importante la precisión: para una economía
circular—. Nuestro grupo presentó en su momento veinticuatro
enmiendas a este impuesto para catorce artículos, que son los que lo
regulan en la ley. Con ese número de enmiendas queda claro que no nos
gusta cómo está regulado este impuesto. Las enmiendas iban destinadas a
cuestiones tan básicas como el carácter finalista del impuesto, para qué
tenía que servir este impuesto. Debía tener la configuración de impuesto
verde, como ha dicho la senadora Luna, pero no lo es. Es un impuesto.
Punto final. Pide recaudar. No nos gusta cómo quedó redactado, no pudimos
incluir en aquel momento ninguna mejora.

Además, durante estos días hemos presentado una enmienda en los
Presupuestos Generales del Estado porque es un impuesto que se está
tramitando de forma precipitada; los ayuntamientos están viendo la carga
encima sin estar preparados para ello. Por eso, una enmienda que
presentamos en los Presupuestos Generales del Estado proponía posponer la
entrada en vigor al 1 de enero de 2024, en lugar del 1 de enero de 2023.
Y es que hay que tener en cuenta, señorías, que estamos a 22 de
diciembre, que esto va a entrar en vigor la semana que viene y que
estamos todavía pensando quién va a gestionar el impuesto. Por tanto, es
también precipitado.

En cambio, estamos a favor de que lo gestionen las comunidades
autónomas, por dos motivos fundamentales, el primero, porque somos unos
firmes convencidos de lo bueno que tiene el Estado de las autonomías;
siempre, señora Rodríguez de Millán, cuando estamos en los gobiernos y
cuando no lo estamos. Creemos que ha sido una herramienta de progreso
básica en nuestra democracia y que lo va a seguir siendo. Por tanto, en
este caso, siendo una materia que manejan y regulan las comunidades
autónomas, tiene toda la lógica del mundo que esos impuestos se gestionen
también por las comunidades autónomas.

En definitiva, el impuesto no está bien diseñado y se está tramitando
de forma precipitada. Aun así, vamos a posicionarnos en contra de los
vetos —hay uno por cada proposición de ley— por los motivos
que he dicho y a favor de la cesión que comportan los proyectos de ley
que se tramitan. Es una cesión de competencias legal, perfectamente
razonada y razonable, y a las comunidades autónomas que lo van a
gestionar a partir de ahora, como Andalucía y Galicia, seguramente les va
a servir para modular ese impuesto de forma que sea de verdad más útil; y
a otras, como la mía, la Comunidad Valenciana, seguramente les va a
suponer una herramienta más para gestionar mal los residuos. Además de
gestionar mal los residuos, van a tener una mala herramienta para cargar
con más impuestos a los ciudadanos. Lo primero, la manera de articular el
impuesto, lo vamos a poder resolver en cuanto se convoquen elecciones
generales, que esperemos, como se ha dicho ya durante estos días, que sea
pronto porque urge, y lo otro, la gestión, en las comunidades autónomas
que tendremos la oportunidad lo haremos a partir de mayo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
la senadora Luna Morales.

La señora LUNA MORALES: Gracias, presidente.

Señorías, como he dicho, debatimos, para su aprobación, seis
proyectos de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades
autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia
e Islas Baleares, al objeto de incluir con carácter general el impuesto
sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la
coincineración de residuos, para su eliminación y valorización
energética.

Señorías, estamos a favor de estos proyectos de ley por los motivos
que voy a exponer. Para situarnos, la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economía circular, introduce
medidas muy diversas para prevenir y reducir la generación de residuos y
su impacto negativo. En este sentido, la Comisión Europea, en el informe
de alerta temprana para España en 2018, señalaba la falta de instrumentos
económicos creados a escala nacional y recomendaba la introducción de un
sistema fiscal armonizado para la eliminación de los residuos que fuera
operativo en todas las comunidades autónomas. La entrada en vigor de este
nuevo impuesto estatal suponía la incompatibilidad con los ya existentes
por aplicación de lo previsto en la normativa de financiación autonómica.
Como ustedes saben, la propia Ley de residuos y suelos contaminados
contempla en su disposición adicional séptima la necesidad de
compensación en tales supuestos. En este sentido, tenemos algunas
comunidades, como Cataluña, de la que ya se ha hablado, que vienen
gravando con un canon autonómico el depósito e incineración de residuos,
tanto municipales como industriales. Y en otras se hace de otra forma.
Por tanto, uno de los motivos por el que se hace necesaria la cesión es,
precisamente, la vigencia de esta figura impositiva en varias comunidades
autónomas sin homogeneización. No obstante, la falta de esa armonización
de los diversos impuestos autonómicos y el hecho de que se haya hecho uso
en unas comunidades y en otras, no, hacía débil la efectividad de este
instrumento para cumplir los objetivos fijados en la Unión Europea e
implicaba un incremento de los costes indirectos para los contribuyentes.
Y sí, señor Martínez Mus, con la cesión se corrige el hecho de que este
impuesto verde —porque es un impuesto verde y no un
impuestazo—, al no estar en todas las comunidades autónomas, dé
lugar a lo que se ha conocido como el turismo de residuos, es decir, el
traslado de residuos de una comunidad a otra para evitar pagar el coste.
Por tanto, con este impuesto se armoniza la situación en todo el
territorio estatal. Señorías, desde luego la intención no es otra que
formalizar la cesión del impuesto, de las competencias de gestión,
recaudación e incluso capacidad normativa para incrementar los tipos de
gravamen a las comunidades autónomas. Este Gobierno no tiene otra
intención, créanme. En este sentido, aquellas comunidades que así lo
comuniquen formalmente al Ministerio de Hacienda podrán asumir por
delegación las competencias de la gestión del impuesto en su propio
territorio. En definitiva, estos proyectos de ley fijan la cesión a las
comunidades autónomas que así lo hayan solicitado y además lo hayan
acordado con el Gobierno de España.

Este es un acuerdo entre instituciones del Estado, más allá del signo
político de sus respectivos gobiernos, que algunos intentan convertir en
confrontación, una confrontación, desde luego, estéril para la
ciudadanía. Por ello, se hace necesaria la importancia de la cogobernanza
entre instituciones, aunque ustedes, señorías del PP, no se crean esto ni
les importe —ya lo sé—. Están en contra de todo, no solo para
confrontar, sino también para generar desigualdades entre comunidades
autónomas. Un ejemplo es la Comunidad Autónoma de Madrid, conocida por
ser un paraíso fiscal. Y no es que lo diga yo, lo ha dicho su propia
presidenta, la señora Ayuso. (Rumores). Con la bonificación del impuesto
sobre patrimonio en Madrid se dejan de recaudar 992 millones de euros al
año. Si eso lo acumulamos, desde el año 2011 se han dejado de ingresar en
las arcas de la comunidad 7900 millones de euros, unos recursos que
vendrían extraordinariamente bien para fortalecer la sanidad pública
madrileña… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.

La señora LUNA MORALES: … y no tener a los profesionales
constantemente estresados y en huelga y a los pacientes con una atención
sanitaria deficitaria.

Este impuesto tiene un objetivo claro, que es cerrar un proceso de
armonización impositivo complejo para que se aplique en todo el
territorio. Aunque sea lento, como ha dicho la señora Rivero Segalàs, eso
es cierto y tiene un valor. Por tanto, en aquellas comunidades que ya
tenían un impuesto similar, más allá de armonizarlo con esta cesión, se
permite seguir teniendo los mismos recursos que gestionan y hacerlo desde
la proximidad. Esta posibilidad de gestión también se abre para otras
comunidades autónomas, atendiendo al principio de igualdad.

Este impuesto es fruto de una directiva europea que da cumplimiento a
uno de los grandes hitos del Plan de recuperación, transformación y
resiliencia, que permite la obtención de fondos europeos. Por ello, no
entendemos cómo algunas comunidades autónomas, por un lado, critican este
impuesto y, por otro, pongan la mano para hacer suyos los recursos de los
que proviene. En este sentido, llama la atención la actitud del Gobierno
del PP y Vox en Castilla y León, que tenía un impuesto similar a este
impuesto verde y no ha solicitado la cesión, para utilizarlo como arma
arrojadiza frente al Gobierno. Es una posición de deslealtad
institucional con el Gobierno, al que acusa de imposición de un
impuestazo, como he dicho, pero también de deslealtad con los propios
castellanos-leoneses porque dejan a sus municipios sin recursos para
financiar la gestión y el tratamiento de los residuos que generan.

Se trata de un tributo útil, que tiene efectos disuasorios, para
evitar el depósito y la eliminación de residuos, actividad que es
perjudicial tanto para la salud de las personas, como he dicho en mi
anterior intervención, como para la sostenibilidad del planeta. En
definitiva, en otras palabras, se trata de incentivar su gestión hacia
una economía circular, como muy bien ha dicho quien me ha precedido en el
uso de la palabra, el representante del Partido Popular, internalizando
el coste de los residuos, porque haciéndolo bien se incentiva la
optimización de la gestión de los residuos desde las tres R: reducción,
reutilización y reciclaje.

Termino, señorías. Este impuesto promueve una economía que será
generadora de nuevos puestos de trabajo, de crecimiento económico,
sostenible; y, lo más importante, como he dicho, este impuesto tiene un
efecto de justicia fiscal porque paga quien contamina.

Solo me queda decir que el Poder Ejecutivo, este Gobierno, protege a
la ciudadanía a través de los recursos transferidos a las comunidades
autónomas y a los ayuntamientos y que estos recursos son las mayores
transferencias que se han producido en toda la historia de las
autonomías.

Dicho esto, les pido su voto favorable.

Solo me resta trasladarles mi deseo de felicidad y salud en estas
Navidades.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Luna Morales.

Señorías, finalizado el debate de los proyectos de ley, se procede a
abrir el plazo de cinco minutos para emitir el voto telemático por los
senadores y senadoras autorizados.

Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de estos proyectos
de ley tendrá lugar una vez finalizado este plazo.

Ruego llamen a votación, por favor. (Pausa).

Cierren, por favor, las puertas. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación
presencial de la Proposición de Ley Orgánica de transposición de
directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la
legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los
delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de
armas de doble uso, con la excepción de las disposiciones transitorias
cuarta y quinta y las disposiciones finales primera y segunda, apartado
cuatro, cuya tramitación ha sido suspendida por el Tribunal
Constitucional, imposibilitando, a juicio de esta Presidencia, el pleno
ejercicio de las legítimas facultades del Senado de España. (Fuertes
rumores de las señorías del Grupo Parlamentario Popular.— Fuertes y
prolongados aplausos de las señorías del Grupo Parlamentario Socialista y
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, puestas
en pie.— Aplausos del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal).

Muchas gracias, señorías.

Procedemos, en primer lugar, a la votación de la propuesta de veto
número 1, de su señoría Catalán Higueras.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 260; a favor, 109; en contra, 150; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 4, de sus
señorías Marín Gascón, Merelo Palomares y Rodríguez de Millán.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 108; en contra, 152; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 2, de su señoría
Sánchez López.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 106; en contra, 154; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 3, de sus
señorías Cleries i Gonzàlez y Cervera Pinart. (El señor Cervera Pinart
pide la palabra).

Sí, senador Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Creo, presidente, que al menos en lo que
figuraba en el texto previo al resultado, cuando ha dicho que votábamos
la del senador Sánchez López, salía la nuestra, y cuando ha dicho que
salía la nuestra, salía la de Vox.

El señor PRESIDENTE: A lo mejor se ha invertido en la pantalla la
rotulación, pero la votación que hemos efectuado es la que he enunciado
de viva voz, con lo cual no hay ninguna duda. El error estará en la
pantalla. Ha quedado registrado. Un momento, por favor.

El señor CERVERA PINART: Señor presidente, yo no he votado, viendo
que había un error.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Vamos a aclararlo.
(Pausa).

Señorías, efectivamente, me dicen que ha habido una alteración en los
datos que tienen en el control de la pantalla. Para que nadie tenga
ninguna duda del resultado de la votación, si les parece, procedemos a
votar de nuevo la propuesta de veto número 3, de sus señorías Cleries i
Gonzàlez y Cervera Pinart.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 4; en contra, 257.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Y ahora, señorías, votaremos la propuesta de veto número 2, de su
señoría Sánchez López.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 260; a favor, 108; en contra, 151; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Y, por último, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 109; en contra, 151; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Señorías, al no haber prosperado ninguno de los vetos, vamos a pasar,
a continuación, a la votación de las enmiendas.

En primer lugar, de su señoría Sánchez López, votaremos las enmiendas
números 1 y 7 a la 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 110; en contra, 149; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 2 a 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 114; en contra, 145; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda número 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 110; en contra, 145; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos las enmiendas de sus señorías Cleries i
Gonzàlez y Cervera Pinart.

En primer lugar, votamos las enmiendas números 13, 17, 19, 25
y 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 5; en contra, 239; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 14 a 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 4; en contra, 252; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 18, 20 a 24, 26 y 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 4; en contra, 240; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular.

En primer lugar, votamos la enmienda número 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 260; a favor, 109; en contra, 148; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 32 a 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 109; en contra, 150; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto de la proposición de
ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 261; a favor, 140; en contra, 118; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Señorías, queda definitivamente aprobada por las
Cortes Generales la Proposición de ley orgánica de transposición de
directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la
legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los
delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de
armas de doble uso. (Aplausos).

Muchas gracias.

Señorías, vamos a hacer un pequeño receso para que se cargue la
votación de los siguientes puntos que faltan por votar.

Muchas gracias.

Se suspende la sesión a las catorce horas y siete minutos.

Se reanuda la sesión a las catorce horas y diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

El señor presidente lee los puntos 10.2 y 10.2.1.

El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto
número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 256; a favor, 4; en contra, 252.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la propuesta de
veto.

Votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 256; a favor, 251; en contra, 3; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado definitivamente
por las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se modifica la
Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y
concesiones de dicha cesión.

El señor presidente lee el punto 10.2.2.

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la propuesta de veto
número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 256; a favor, 10; en contra, 246.

El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazado.

Votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 255; a favor, 249; en contra, 4; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado.

El señor presidente lee el punto 10.2.3.

El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto
número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 255; a favor, 5; en contra, 250.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 256; a favor, 251; en contra, 3; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda definitivamente
aprobado.

El señor presidente lee el punto 10.2.4.

El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto
número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 256; a favor, 3; en contra, 253.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos en un solo acto, señorías, el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 256; a favor, 251; en contra, 3; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado.

El señor presidente lee el punto 10.2.5.

El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto
número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 256; a favor, 3; en contra, 253.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 256; a favor, 251; en contra, 3; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, definitivamente
aprobado.

El señor presidente lee el punto 10.2.6.

El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos, en primer lugar, la propuesta
de veto número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 256; a favor, 3; en contra, 253.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 256; a favor, 251; en contra, 3; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado.

Señorías, hemos concluido el orden del día previsto. Me van a
permitir que les desee unas felices fiestas, una feliz Navidad. Ha sido
un año intenso, de trabajo duro por parte de sus señorías, de trabajo
duro e intenso por parte de los trabajadores y trabajadoras de esta casa,
a los cuales, una vez más, y sé que lo hago en nombre de todos, quiero
agradecerles todo ese trabajo. (Aplausos). Les deseo un feliz viaje de
regreso a sus casas, con sus familiares y amigos. Todos somos conscientes
de que todo este trabajo supone un sacrificio para nuestra gente de casa;
les debemos muchas horas, y estos van a ser muy buenos días para
devolvérselas no sé si en mucha cantidad, pero sí en calidad.

Señorías, que pasen unas felices fiestas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y dieciséis minutos.