El señor presidente lee los puntos 7., 7.1. y 7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra la presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, su señoría la senadora María Elena Diego Castellanos.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Buenos días a todos y a todas.

Gracias, señor presidente.

En mi condición de presidenta de la Comisión de Cooperación para el
Desarrollo, subo a esta tribuna para cumplir con mi obligación de
presentar el dictamen referido al Proyecto de Ley de cooperación para el
desarrollo sostenible y la solidaridad global. Agradezco, en nombre de
todos los miembros de la misma, la presencia de la secretaria de Estado,
doña Pilar Cancela, y del director de la Agencia de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, don Antón Leis. En nombre de la
Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Senado, hago un
reconocimiento a todas las personas que hoy se encuentran en esta tribuna
siguiendo el debate y votación de este proyecto de ley, miembros de
instituciones y organizaciones que conforman el conocido como sector de
la cooperación española. Sean bienvenidos y bienvenidas.

Estimados senadores y senadoras, el Poder Legislativo tiene la
obligación y también el honor de legislar para mejorar la vida de la
gente, modernizar las estructuras e instituciones que nos hemos
reconocido en nuestra Constitución, que se reflejan en la regulación,
mejora e impulso de políticas públicas, como es la política de
cooperación para el desarrollo, una verdadera política de Estado que
tiene en nuestro Parlamento, en ambas Cámaras, la categoría de comisión
legislativa por la importancia que es para España y los españoles esta
política, reflejo de nuestra sociedad solidaria.

Es muy excepcional que en la Comisión de Cooperación del Senado tenga
lugar la tramitación de un proyecto de ley. Por eso, hoy es un día muy
importante. Fue en el año 1998 cuando se aprobó la primera Ley de
cooperación para el desarrollo española. El resultado de su aprobación
por unanimidad creó un cuerpo legal que ha durado en el tiempo y se ha
ido adaptando con pequeñas reformas; pero se hacía necesario lo que hoy
estamos haciendo: debatir una nueva ley de cooperación para el desarrollo
que se adapte a la realidad del mundo en el que nos encontramos y que
hace muy necesaria esta ley. El Senado, como Cámara territorial del
Parlamento español, ha puesto de manifiesto cómo en esta materia el
trabajo de escucha a las distintas comunidades autónomas y gobiernos
locales que integran nuestro Estado de derecho ha sido esencial para la
elaboración, negociación y concreción de este proyecto de ley, que no es
más que nuestra obligación como legisladores y legisladoras, por lo que
es un honor, como senadora, poner de manifiesto todo lo anterior.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del
Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento de urgencia tuvo
entrada en esta Cámara el día 2 de diciembre de 2022, fecha asimismo de
su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de
presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el día 9 de
diciembre. A este proyecto de ley se han presentado una propuesta de veto
y 86 enmiendas, de las cuales, el Gobierno ha presentado comunicación de
que no presta su conformidad para su tramitación a la enmienda número 57.
La propuesta de veto número 1 es del señor Marín Gascón y las señoras
Merelo Palomares y Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Mixto. Y las
enmiendas son las siguientes: las números 1 a 6, del señor Cleries i
Gonzàlez y la señora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; las números 7 a 16, del señor Sánchez López, del Grupo
Parlamentario Democrático; las números 17 a 33, del señor Mulet García,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; las números 34 a 50, 56
y 57, de la señora Cortès Gès y del señor Martí Deulofeu, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana Bildu; las números 51 a 55, del señor
Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; las
números 58 a 64, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; las
números 65 a 67, del Grupo Parlamentario Socialista, y las números 68
a 86 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La ponencia ha estado integrada —y aprovecho la ocasión para
agradecerles a todos su trabajo— por: don José Manuel Bolaños Viso,
del Grupo Parlamentario Socialista; doña Ana Camins Martínez, del Grupo
Parlamentario Popular; don Alberto Fabra Part, del Grupo Parlamentario
Popular; don Pablo Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal; don Imanol Landa Jáuregui, del Grupo Parlamentario Vasco; don
José Manuel Marín Gascón, del Grupo Parlamentario Mixto; don Jordi Martí
Deulofeu, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Bildu; doña María
Monserrat Muro Martín, del Grupo Parlamentario Socialista; don Miguel
Ángel Nacarino Muriel, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María
Teresa Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista, y don Miguel
Sánchez López, del Grupo Parlamentario Democrático.

La ponencia, tras reunirse el 15 de diciembre de 2022, acordó por
unanimidad incorporar los aspectos sugeridos en la nota de la letrada con
algunas modificaciones, sin que tengan la consideración de enmiendas, a
los efectos del artículo 90.2 de la Constitución. Asimismo, por mayoría,
la ponencia acordó incorporar las siguientes enmiendas: las
números 65, 66 y 67, del Grupo Parlamentario Socialista, y las
números 71, 78 y 84, del Grupo Parlamentario Popular.

La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 15 y se acordó
aceptar por dictamen el texto propuesto por la ponencia en su informe. A
ese dictamen se han presentado ocho votos particulares —y se ha
retirado uno de ellos—: del señor Marín Gascón y las señoras Merelo
Palomares y Rodríguez de Millán Parro, correspondiente a la propuesta de
veto número 1; del señor Gómez Perpinyà, correspondiente a las enmiendas
números 51 a 55; del señor Mulet García, correspondiente a las enmiendas
números 17, 18, 25, 26, 27 y 29; del señor Cleries i Gonzàlez y la señora
Rivero Segalàs, correspondiente a las enmiendas números 1 a 6; de la
señora Cortés Gès y el señor Martí Deulofeu, correspondiente a las
enmiendas números 34 a 44, 46 a 50 y 56; del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado, correspondiente a las enmiendas números 58 a 64, y del Grupo
Popular en el Senado, correspondiente a las enmiendas números 68, 69, 72
a 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85 y 86.

Termino agradeciendo a todos los miembros de la Comisión de
Cooperación para el Desarrollo, en especial a los miembros de la Mesa,
que me acompañan, el trabajo durante esta legislatura, que dará lugar a
la aprobación de esta ley. El reconocimiento también al trabajo de la
letrada, doña Silvia Martí, por su profesionalidad y su compromiso con
esta comisión. Muestro mi afecto y respeto a todos los portavoces y las
portavoces, especialmente a los ponentes de los distintos grupos
parlamentarios por su compromiso con el respeto a las reglas del juego
democrático, poniendo por delante siempre el respeto al contrario en aras
del acuerdo y en pro de mejorar esta política de Estado inherente a
nuestra ciudadanía y a sus valores.

Por último, sepan disculpar esta voz que hoy me acompaña; es posible
que la mitad de este hemiciclo también la comparta. Y agradezco, como
presidenta de esta comisión, haber tenido el honor de presentar este
informe. Es para mí un gran honor hacerlo como presidenta y teniendo aquí
presentes a las personas y a los miembros principales y protagonistas del
sector.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señoría.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Ha sido un placer.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Para la defensa de la propuesta de veto número 1, de sus señorías
Marín Gastón, Merelo Palomares y Rodríguez de Millán, del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra su señoría el senador Marín Gascón.
(La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.

Señorías, buenos días.

Presentamos nuestro veto a este proyecto de ley por tres razones: la
primera es que una de las ideas centrales de este proyecto de ley es la
transición de la soberanía nacional hacia la construcción de una
gobernanza democrática global. Este proyecto de ley rompe con la
soberanía del Estado español al subordinarse a lo establecido por una
suerte de gobierno mundial que ningún español ha votado, por lo que se
puede concluir que se pretende someter la soberanía nacional a una
gobernanza global indefinida en sus términos, sus órganos y su alcance;
un Gobierno que no rinde cuentas y que no se somete a ningún proceso
democrático en España. Asimismo, la utilización de conceptos como el de
ciudadanía global es una evidencia de la voluntad que subyace en esta
iniciativa de diluir los valores propios de la sociedad española en favor
de instituciones supranacionales donde predominan intereses ajenos a los
de España. Señorías, la soberanía nacional no es discutible. En nuestra
Constitución se indica que la soberanía nacional reside en el pueblo
español, del que emanan los poderes del Estado. Por tanto, es el pueblo
español el único depositario en el que reside dicha soberanía. Cualquier
actuación que no respete este principio carece de legitimidad. Por lo
tanto, no es posible jurídicamente ni deseable políticamente la
transferencia de la soberanía española a ningún tipo de gobernanza
global.

La segunda razón es que este proyecto de ley presenta una fuerte
ideologización, que se ha acentuado tras las enmiendas aprobadas en el
Congreso de los Diputados. La adición de los adjetivos sostenible y
global en su propio título son una muestra del marcado sesgo del proyecto
y de sus objetivos. El Consejo de Estado, en su dictamen sobre el
anteproyecto de ley, destacó la necesidad de aligerar en la parte
dispositiva de la ley expresiones que careciesen de contenido
prescriptivo.

En el artículo 2.2 del proyecto de ley se enuncian los principios
básicos de la cooperación española para el desarrollo sostenible.
(Rumores). Entre estos, destacan los siguientes: letra b), conceptos de
ciudadanía global y de bienes públicos globales.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Senador, permítame un
minuto.

Señorías, por favor, estamos comenzando un Pleno que será largo. Yo
les ruego que, si quieren hablar, salgan del hemiciclo.

Muchas gracias.

Puede seguir.

El señor MARÍN GASCÓN: Apartado d), orientación sexual, identidad de
género y características sexuales, y apartado e), enfoque feminista,
derechos sexuales y reproductivos. La inclusión de estos nuevos conceptos
dentro de una ley con afán de permanencia en el tiempo supone un
obstáculo para que se convierta en una verdadera herramienta de futuro
para la política exterior de nuestro país. De hecho, al incluir términos
como perspectiva interseccional, artículo 4.2 c), identidad de género o
características sexuales, no hacen sino justificar su posterior
derogación y, por supuesto, la presente propuesta de veto.

La tercera razón es que la presente iniciativa es inconsistente, en
el sentido de querer desarrollar aspectos muy concretos y, sin embargo,
deja cuestiones fundamentales al albur de desarrollos normativos
posteriores. Se profundiza en aspectos más ideológicos que, en teoría, no
deberían tener cabida en una ley que pretende ser de carácter técnico y,
consecuentemente, servir a los distintos gobiernos que se sucedan en el
tiempo. Gran parte de los contenidos que la ley debería desarrollar
quedan remitidos a posteriores desarrollos legislativos, que, aunque
marquen un plazo de tiempo para su cumplimiento, la dejan vacía de
contenido. Ejemplo de ello es el caso de la sustitución del Fondo para la
promoción del desarrollo, el Fonprode, vigente desde el año 2011, por el
Fondo español de desarrollo sostenible, FEDS, como instrumento principal
de la cooperación financiera. Otro caso es el relativo al deber de
cuidado —artículo 46 del proyecto de ley— que se establece
para los cooperantes. Este concepto no desarrolla de forma adecuada las
acciones necesarias para garantizar la debida protección de los
cooperantes en sus actividades, en especial en aquellas que realicen en
coordinación con los contingentes o fuerzas del Ministerio de Defensa o
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estén desplegadas en
el marco de sus misiones en el exterior. La falta de un proceso eficaz
que permita localizar e identificar a los cooperantes pone en riesgo el
deber de protección de estos por parte de las Fuerzas Armadas o las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin dicho procedimiento no se
puede realizar una adecuada programación y preparación de los mecanismos
de rescate, defensa y seguridad derivados de este nuevo concepto. Como
indicó el Consejo de Estado, la propia declaración de que este criterio
no afecta a los Presupuestos Generales del Estado convierte en papel
mojado ese deber de cuidado, ya que no se asignan ni los recursos ni las
capacidades necesarias para poder analizarlo, proyectarlo, planificarlo
ni, por supuesto, ejecutarlo. Por tanto, resulta absolutamente
incomprensible que se pretenda crear un mecanismo de protección a los
cooperantes que vaya más allá de la mera protección en los momentos de
crisis o riesgo sin tener una asignación presupuestaria para ello.

Como conclusión, esta iniciativa es un ejemplo palmario de cómo el
globalismo trata de introducirse en la legislación nacional. La
sustitución y derogación de la Ley 23/1998 por esta tiene como principal
rasgo novedoso la subordinación de nuestra cooperación y, por ende, de
nuestra política exterior y nuestro ordenamiento jurídico a la
Agenda 2030, los ODS y el Acuerdo de París sobre cambio climático. Todo
ello se hace, además, otorgando a estas meras expresiones de voluntad
política —cuyo contexto global de inspiración, elaboración y
aplicación puede llevar a anteponerlas incluso por encima de la
Constitución— un carácter de ley que conllevaría obligaciones
jurídicas de importantes efectos negativos para España y sus intereses.
De hecho, la voluntad del Ejecutivo de introducir estas nociones
ideológicas, cuyos principios básicos ya hemos mencionado, da como
resultado un proyecto de ley que va en contra del bien común y que se
encuentra guiado simplemente por un espurio interés partidista. Lejos de
resolver algunos de los problemas de la cooperación española, al no
solventarlos en el propio texto, los deja a expensas de futuros e
hipotéticos desarrollos normativos. El resultado va a ser una ley vacía
de contenido en lo que ella misma declara como fundamental.

Por los motivos expuestos, presentamos esta propuesta de veto al
proyecto de ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la
solidaridad global.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría. En
el turno en contra del veto, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, el senador Bolaños Viso.

El señor BOLAÑOS VISO: Gracias, presidenta.

Señorías, lo primero que cabe preguntarnos es por qué vetan, cómo se
puede vetar una ley de cooperación. Sin entrar en detalles, si a un niño
pequeño de quinto o sexto de primaria le preguntáramos qué entiende por
cooperación internacional sin saber nada, podríamos imaginar
prácticamente qué es lo que contestaría, y estoy prácticamente convencido
de que diría: ayudar a cualquier persona en el mundo que tenga una
necesidad. Así de básico. Y siendo así de básico, si se trata de ayudar a
los demás, de una ley para ayudar a los que tienen alguna necesidad y,
por supuesto, de organizar esta ayuda, podemos concluir, del mismo modo,
que Vox no apoya esta ley porque no cree en la cooperación internacional,
porque se podría haber planteado presentar mil enmiendas, mostrando así
que tienen voluntad de sacar este proyecto de ley adelante, pero no, la
decisión ha sido vetarla. La realidad es que no conocemos su propuesta,
así de sencillo. Vetar es oponerse, y lo que hace este grupo que ha
presentado el veto es oponerse, tanto a la cooperación en sí misma como a
los principios básicos que la inspiran: la lucha contra la pobreza, el
hambre y las desigualdades y la búsqueda de un modelo de desarrollo más
respetuoso con nuestro planeta. La cooperación al desarrollo, por tanto,
le incomoda.

Este veto supone dar la espalda a los cooperantes que trabajan y
luchan contra el hambre, la pobreza y la desigualdad, justificado en esa
suerte de ataque a la soberanía nacional. Fíjese, dice la conclusión de
su veto —ya lo ha dicho el portavoz de Vox—: «La inclusión de
estos nuevos conceptos dentro de la ley con afán de permanencia en el
tiempo supone un obstáculo para que se convierta en una verdadera
herramienta de futuro para la política exterior de nuestro país; de
hecho, al incluir términos como perspectiva interseccional, identidad de
género o características sexuales no hace sino justificar su derogación
y, por supuesto, la presente propuesta de veto». ¡Qué disparate! ¿no?
Vetar una ley tan importante porque se incluyen términos como identidad
de género o características sexuales; unos obstáculos, dicen. Y otra cosa
que dice su veto: ¿es necesario hablar de gobernanza global? Yo creo que
sí. Hablar con todos los actores que han participado en esta ley es
fundamental; sin embargo, esto lo interpreta Vox como una pérdida de
soberanía nacional. Es una pena, la verdad, que no se pueda mantener el
espíritu de consenso político que debería sustentar una ley de estas
características.

Les aseguro que he conseguido leer su veto hasta el final.
Ideologización del proyecto de ley: este es uno de los apartados que
pretende justificar este veto por el uso de términos como sostenible y
global. ¡Oooh, que vienen los cooperantes sostenibles! ¡Oooh, que vienen
los cooperantes globales! (Aplausos). Por favor, hay que usar mejores
argumentos. De verdad, da risa, y esa, desde luego, no es mi intención.
Lo bien que lo han pensado y lo mal que les va a salir, como decimos por
mi tierra, y es que no han podido hacer ustedes peor faena con este veto,
han quedado peor que Cagancho en Almagro. ¡Hombre, por favor! Lo que sí
pido al resto de grupos es que no tengan miedo a rechazar este veto y
aprobar esta ley. Apartémonos del ruido de Vox, y no solamente del ruido,
también de la justificación de rechazo a esta ley con cuatro conceptos
utilizados de forma retorcida que han sido totalmente descifrados y
aclarados en los informes precedentes a esta ley.

Pero entremos en el contenido de la ley para encontrar aún más
argumentos. Hay que rechazar también este veto —y esto es casi lo
más importante— porque esta ley tiene un contenido apropiado,
conforme a los principios que la inspiran y porque persigue convertir a
España en referente internacional de un nuevo modelo de cooperación. Bien
es cierto que este veto es también una forma de conseguir cuota, espacio
de tiempo para introducir los habituales ataques a nuestro país, a los
que nos tiene acostumbrados Vox, sobre todo a la convivencia pacífica de
nuestro país, en este caso un ataque a la cooperación española.

El rechazo a este veto por parte de todos los grupos parlamentarios
es un acierto, pues refleja las aspiraciones solidarias de todos los
ciudadanos y de los profesionales que se dedican a la cooperación,
incluso hasta perder sus vidas, algo que Vox desprecia con este veto. Se
carga usted de un plumazo el resultado de un proceso de diálogo
participativo, que perfectamente ha explicado la presidenta de la
comisión, de la que, por cierto, usted ha formado parte. Si estamos aquí,
y ustedes lo saben, es, entre otras cosas, porque se han tenido en cuenta
las demandas de los actores del sector, indispensables para que nuestra
cooperación pueda hacer frente a este mundo en el que vivimos. Pero tiene
sentido este veto; fíjese, en eso le doy la razón, lo reconozco: les
otorga coherencia en su posición reaccionaria y negacionista. ¡Si ustedes
no pueden ni oír hablar de la Agenda 2030! El rosconcito de los
colorines, como la llaman y ridiculizan constantemente. Y dentro de la
Agenda 2030 se encuentra la cooperación. ¡Pues claro! Ahora, aunque solo
sea por eso, es necesario este veto, sea o no oportuna, sea o no
necesaria esta ley, sea o no urgente. La aprobación de esta ley, que nos
tendría necesariamente que mantener unidos y unidas a todas las
formaciones políticas, se ve distorsionada por ustedes con este
veto.

Señorías, este texto sirve para renovar el marco legal para la
cooperación española. Fíjense, hablar de vetos globales, que es lo que
hace su grupo con palabras rimbombantes y populistas y después no apoyar
este marco legal es cínico e interesado. Saben que la actualización de
este marco normativo es absolutamente necesaria, pues hoy el mundo en el
que vivimos poco o nada tiene que ver con la situación del mundo en el
año 1998, y además cumple con muchos más objetivos. Con la aprobación de
esta ley estamos realizando una revisión profunda y ambiciosa de la
cooperación. Esta ley establece por primera vez el 0,7 % de la renta
nacional bruta en el horizonte 2030, dando respuesta a todos los
organismos de cooperación de los que formamos parte; se introduce,
además, una adecuada financiación, una adecuada dotación a la ayuda
humanitaria, en concreto un 10 %; mejora la gobernanza del sistema de
cooperación para garantizar una mejor representación y
participación.

En lo que se refiere a la cooperación descentralizada —y,
claro, este es un hecho que molesta a Vox—, esta norma apuesta por
ella, esta es una de nuestras señas de identidad: el papel de las
comunidades autónomas y los entes locales, a los que otorga un
conocimiento experto de los territorios en el conjunto de las decisiones
de la cooperación; ustedes lo saben, pero de eso no han dicho ni una sola
palabra. Se trabaja ya en el VI Plan director de la cooperación española;
se trabaja ya como documento que guiará la implementación de la agenda de
cooperación durante los próximos cuatro años. Esta ley introduce el
necesario reconocimiento a los cooperantes con la dignificación de sus
carreras profesionales como una de las grandes mejoras; reconoce que son
profesionales bien formados, reconoce que son profesionales
especializados.

Señorías, España es un país solidario, abierto a las necesidades del
mundo. Esta ley sitúa a España como un país más digno en el conjunto de
la comunidad internacional y como referente de los nuevos modelos de
cooperación. Mejora la transparencia y la integridad, articulando una
cooperación financiera más ágil y eficaz entre todas las administraciones
que aportan ayuda oficial al desarrollo, pero también más transparente y
mejor rendición de cuentas.

Señorías, la cooperación es una política de Estado y de ello pueden
dar buena cuenta todos los grupos parlamentarios con los que se ha
contado desde el primer momento para obtener el mayor consenso posible. Y
por eso y por todo lo expuesto, en el Grupo Socialista tenemos la
necesidad de rechazar este veto.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces. Les recuerdo que es turno de
portavoces relativo a la defensa o no del veto presentado.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Democrático? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora
Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señora presidenta.

Intervengo desde el escaño en nombre de Junts per Catalunya
únicamente para anunciar nuestro voto negativo al veto.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Landa.

El señor LANDA JÁUREGUI: Gracias, señora presidenta.

Vamos a votar en contra del veto presentado por Vox a este proyecto
de ley por coherencia, ya que nuestra posición es favorable a este
proyecto, y por principios. No podemos compartir planteamiento alguno con
una ultraderecha antidemocrática, con una formación que no cree en la
cooperación entre los pueblos, que rechaza la Agenda 2030 y los acuerdos
de lucha contra el cambio climático, que niega la violencia de género y
el enfoque de género en la cooperación y que cuestiona la cooperación
descentralizada, como cuestiona el mismo Estado autonómico y la realidad
plurinacional del mismo, por no hablar de la negación de derechos
fundamentales básicos de los que son titulares las personas, provengan de
donde provengan.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría. Por
el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Bildu, tiene la palabra el
senador Martí Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidenta.

Intervengo solo para anunciar el voto contrario de nuestro grupo al
veto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

¿Grupo Parlamentario Popular? ¿Senadora Camins Martínez?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).

Pasamos entonces al debate de las enmiendas y votos
particulares.

En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, del senador Gómez Perpinyà, números 51 a 55. Tiene la
palabra, senador.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señora presidenta.

Muy buenos días, señorías.

Señorías de Vox, no voy a dedicar mucho tiempo a contestar a sus
argumentos, fundamentalmente porque creo que no se lo han ganado; el
tiempo en esta Cámara hay que concedérselo a quien se lo gana con su
trabajo en torno a los proyectos, y, evidentemente, ustedes no lo han
hecho. Además de animarlos a que empiecen a trabajar un poquito más,
porque ya vamos conociendo que estos vetos para lo que sirven
fundamentalmente es para no trabajar los proyectos y esencialmente para
no proponer enmiendas, les quiero animar a que viajen, a que conozcan y,
sobre todo, a que hablen con las organizaciones, con los cooperantes
españoles, que en estos momentos están expectantes con la aprobación de
esta norma porque consideran mayoritariamente que es una norma que
mejora, que evoluciona y, sobre todo, señoría, dado que usted está tan
preocupado por esto de la soberanía nacional, que permite que los
diferentes países del mundo, las diferentes naciones del mundo,
efectivamente, puedan desarrollar eso que llama usted la soberanía
nacional, pero de una manera realista, no con las palabras que usted
habitualmente nos menciona desde esta tribuna.

Más Madrid ha presentado algunas enmiendas a esta ley, que entendemos
que no es perfecta, y por eso queremos intentar mejorarla en su trámite
parlamentario en el Senado. Creemos, no obstante, que se trata de una ley
que es buena y, por tanto, nuestro voto favorable a esta ley es
independiente de la aprobación de estas enmiendas. Sé que también es
sugerente condicionar el voto favorable de un grupo parlamentario a la
aprobación de ciertas enmiendas, pero, en todo caso, creemos que la ley
es buena y, por tanto, nuestro voto favorable es independiente, y así lo
sabe el Gobierno desde el primer momento.

No obstante, hemos querido aprovechar la oportunidad para intentar
convencer a los grupos parlamentarios de que apoyen nuestras iniciativas,
porque creemos honestamente que mejoran la ley. ¿Por qué creemos que esta
es una ley buena, con independencia de las enmiendas que finalmente se
vayan a aprobar en este trámite parlamentario en el Senado? Por ejemplo
—lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista—, porque hay un
cambio muy importante, en el sentido de que, por fin, va a existir un
compromiso para que el importe destinado a la ayuda oficial al desarrollo
se vaya a incrementar progresivamente hasta el 0,7 % en el año 2030, lo
que supone, señorías, triplicar la cifra actual.

Como decía, aun así hay algunos asuntos que entendemos que pueden
mejorar, y no me voy a resistir mencionarles al menos dos. En nuestra
enmienda número 51 hemos querido explicitar que la defensa de los
derechos humanos, el fomento de la paz y la aplicación de la legalidad
internacional tienen que ser las políticas públicas que guíen la
cooperación española y, por tanto, tiene que quedar en un segundo plano
en la jerarquía de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora
de tomar decisiones desde el punto de vista público todo lo que tiene que
ver con el control migratorio, la externalización de fronteras o los
intereses comerciales; no es que no sean importantes, es sencillamente
que la política consiste en poner cosas en primer lugar y cosas en
segundo lugar, y entendemos que la defensa de los derechos humanos debe
estar en una sociedad democrática en primer lugar.

Por otro lado, señorías, y ya para concluir, hay pocos argumentos
para votar en contra de la enmienda número 52 que propone Más Madrid y
que coincide con una enmienda que han propuesto muchos otros grupos
parlamentarios con los que en algunas ocasiones no tenemos grandes
coincidencias; creo que esta es la evidencia de que se trata de un asunto
que reúne ese consenso que mencionaba la presidenta de la comisión en su
primera intervención. El clima de trabajo de la comisión ha sido muy
positivo, honestamente y en estos tiempos que corren merece la pena
decirlo. Es una comisión en la que, más allá de las diferencias políticas
que mantenemos los diferentes grupos parlamentarios, hay un clima de
trabajo adecuado que permite poner el foco sobre aquellos asuntos en los
que podemos llegar a acuerdos y que finalmente pueden revertir en una
mejora de asuntos importantes para la vida política española. Insisto, ya
vimos en comisión que era una propuesta compartida por varios grupos
parlamentarios, y sería una muy buena noticia que sus señorías del
Partido Socialista hicieran un ejercicio de generosidad política y la
tuvieran en cuenta. Es una enmienda que habla de la ayuda oficial al
desarrollo, queremos aumentarla hasta el 3 %. Somos conscientes de que en
los últimos años no se ha alcanzado esa cifra, en algunas ocasiones se ha
quedado por debajo del 2 %.

Y con esto termino, señorías, creo que es muy importante que los
trámites legislativos sepan diferenciar lo que es la formalidad de la
norma, de la materialidad de los derechos que se pretenden garantizar.
Las dos cosas tienen que ser objeto de preocupación para los
parlamentarios españoles.

Nada más. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas números 17, 18, 25, 26, 27 y 29, del
senador Mulet García, tiene la palabra su señoría.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, presidenta. Doy por defendidas las
enmiendas.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.
Pasamos a las enmiendas 1 a 6, del senador Cleries i Gonzàlez y la
senadora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Tiene la palabra su señoría.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.

Señorías, Junts per Catalunya ha sido un actor activo desde que se
creó la subcomisión en el Congreso en 2021. Si bien es cierto que se ha
mejorado el texto sustantivamente respecto de la primera propuesta
—me referiré a todas las mejoras que se han conseguido en el turno
de portavoces— Junts per Catalunya piensa que el texto todavía es
perfectible en general y, en concreto, para las políticas de cooperación
catalana.

Por ello hemos presentado y mantenemos seis enmiendas, que podríamos
dividir en dos bloques: unas son de carácter económico. Aunque se ha
manifestado esa voluntad, pretendemos modificar el artículo 1.6
incorporando la necesidad de definir una planificación indicativa,
plurianual y conforme al artículo 6.3, con objetivos a corto y medio
plazo en los presupuestos del Estado, con la finalidad de conseguir
el 0,7 % de ayuda oficial al desarrollo. Les recuerdo que ese compromiso
del 0,7 % de renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo debe
implementarse, y para ello contamos con la Estrategia de desarrollo
sostenible 2030, política aceleradora en su meta 1; en 2022, se llegó
al 0,4 % y difícilmente vamos a llegar al 0,5 % comprometido en esta
legislatura. Por ello pensamos que la ley debe solucionar esa tradición
de declaraciones incumplidas y debe existir una programación previsible
en cantidad y calidad, no solo a través del plan director, sino también
en los presupuestos.

En otra enmienda, que modifica el artículo 2.2 g), recogemos la
necesidad de que la cooperación contribuya a la lucha contra el cambio
climático desde un enfoque de justicia climática, con recursos
adicionales, sin desatender la inversión en las necesidades para el
desarrollo humano básico en la atención a las crisis humanitarias.

En otra enmienda, a la que también se ha hecho referencia y que
recogen otros grupos, porque bebemos de las mismas fuentes, de las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo, pedimos que se
establezca el 3 % en ayuda oficial al desarrollo destinado concretamente
a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, en
el que deben participar tanto la Administración central como la
cooperación descentralizada —esto para nosotros es muy
importante— en todos aquellos ámbitos que les atribuyen sus
responsabilidades. Esta inversión en educación abunda en una finalidad:
tener una ciudadanía global mucho más consciente, más formada, más
crítica, más comprometida y más movilizada.

En un segundo bloque, más de tipo competencial y para mejorar la
participación de todos los actores en cooperación, proponemos mejorar la
cooperación descentralizada, permitiendo que las comunidades autónomas y
los entes locales, además de colaborar en la realización del plan
director, también puedan participar de su adopción definitiva.

Hay dos enmiendas que modifican el artículo 35 y 36 y que para Junts
son relevantes. En primer lugar, proponemos que, en lugar de promover, se
reconozca de facto la participación de las comunidades autónomas en la
formulación y articulación de posiciones ante foros europeos
internacionales de cooperación para el desarrollo sostenible, con el
apoyo activo, por supuesto, del Estado en esa participación, tanto a
nivel de solicitud como de certificación y formalización, para que, en
definitiva, estos actores puedan ejercer una verdadera cooperación
delegada. La existencia y la capacidad en cooperación a nivel de Cataluña
y de otras comunidades autónomas que durante años han demostrado ser
capaces de llevar a cabo proyectos de cooperación de gran envergadura los
presenta como actores capaces de gestionar los recursos de la cooperación
delegada. Esto lo pedimos para Cataluña y para el resto de comunidades
autónomas, por supuesto, porque tenemos claro que en la cooperación, la
suma de actores enriquece el objetivo. Esta propuesta pretende aumentar
el potencial de cooperación descentralizada y, por ende, de cooperación
de todo el Estado.

Hacemos estas propuestas convencidos de que no podemos dejar pasar
esta revisión, que ha tardado en llegar, para abundar en las capacidades
de todos los actores con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de
las políticas de cooperación adaptadas a las nuevas realidades y también
nuevas líneas de financiación. Por todo ello, pedimos el voto favorable a
estas enmiendas.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 34 a 44, 46 a 50 y 56, de la
senadora Cortès Gès y el senador Martí Deulofeu, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana Bildu, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya ha mantenido
vivas en el trámite del debate en el Pleno del proyecto de ley que nos
ocupa un total de diecisiete enmiendas, las números 34 a 44, 46 a 50
y 56. Debemos recordar que la participación de Esquerra Republicana de
Catalunya en el debate de este proyecto de ley se remonta a los trámites
anteriores en el Congreso de los Diputados. Otros grupos parlamentarios
han mencionado la creación de una subcomisión; en el informe de dicha
subcomisión se incorporaron el cien por cien de las propuestas a
iniciativa de Esquerra Republicana de Catalunya. Posteriormente, en el
resto de la tramitación en el Congreso los Diputados y en la fase inicial
de tramitación del proyecto de ley que hoy estamos debatiendo aquí, en el
Senado, se incorporaron hasta dos tercios de nuestras propuestas.

En lo que concierne a las enmiendas que mantenemos vivas, algunas de
ellas hacen referencia al respeto a la diversidad. En concreto, una se
centra, sobre todo, en la protección de uno de los grupos étnicos más
perseguidos en todo el mundo: el pueblo gitano. Otra enmienda quiere
convertir la cultura de la paz en una de las políticas públicas centrales
para fortalecer las políticas de cooperación al desarrollo.

Unas cuantas enmiendas hacen referencia a la importancia de la
accesibilidad a los servicios digitales, a la ciencia, a la tecnología,
para promover la cohesión social y territorial.

Otra enmienda se plantea desde un punto de vista de fomento y con un
enfoque integral de la migración, con especial observancia a quienes se
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad dentro del colectivo
migrante, como son las personas con discapacidad.

Hay otro bloque de enmiendas cuyo objetivo es reforzar el papel
—otros grupos parlamentarios se han referido a la cooperación
descentralizada— de la cooperación delegada, aunque Esquerra
Republicana de Catalunya cree que hemos perdido una buena oportunidad
para mejorar este aspecto.

Otra enmienda está relacionada con la cooperación financiera. Este es
un aspecto que ha quedado vagamente recogido en este proyecto de
ley.

Y también han hecho referencia algunos compañeros de otros grupos
parlamentarios a la importancia de establecer un mínimo, en este caso de
un 3 %, a la ayuda oficial al desarrollo para la educación. En nuestra
enmienda número 42 hacemos referencia a ello. Se está trabajando en ella,
juntamente con otras enmiendas de otros grupos parlamentarios, para
encontrar un acuerdo que nos posibilite llegar a un texto
consensuado.

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya, por todo lo
expresado, entiende que este es un buen proyecto de ley y, por tanto,
vamos a votar a favor, agradeciendo la buena disposición y el trabajo
hecho por el resto de grupos parlamentarios, en especial en este caso,
como antes he dicho, por la buena actitud del Grupo Parlamentario del
PSOE. También quiero agradecer en su momento la posibilidad de establecer
un diálogo con la Secretaría de Estado de Cooperación y con el director
de la Aecid, lo que nos ha permitido llegar a un buen acuerdo para seguir
avanzando hacia una mejor cooperación internacional para el
desarrollo.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.
(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 58 a 64, del Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra el senador Landa Jáuregui.

El señor LANDA JÁUREGUI: Eskerrik asko, presidente andrea.

El partido Nacionalista Vasco presenta siete enmiendas en la Cámara
del Senado respecto del dictamen derivado de la ponencia del proyecto de
ley de cooperación para el desarrollo sostenible y solidaridad global;
siete enmiendas que mantenemos vivas después de un intenso proceso de
diálogo y negociación llevado a cabo en su tramitación previa en el
Congreso de los Diputados. Fue ese diálogo y el acuerdo fruto de este el
que allanó el camino de un proyecto, cuya redacción inicial provocó la
presentación por nuestro grupo de una enmienda a la totalidad frente a
una propuesta que suscitaba nuestro rechazo por su carácter centralista e
interventor, desde la ubicación de la cooperación en parámetros y
alineamientos con la acción exterior del Estado, interpretada en clave
restrictiva, al amparo del 149.1.3. de la Constitución.

El texto que hoy conocemos es un texto bien distinto desde su
revisión y mejora en los términos señalados y deviene fruto del acuerdo
traducido en la incorporación, mediante la aceptación o transacción,
de 26 de las 32 enmiendas parciales presentadas por el Grupo Vasco y por
otros grupos parlamentarios que trabajaron en estas mismas claves;
enmiendas dirigidas fundamentalmente a la salvaguarda del ámbito
competencial propio de la cooperación descentralizada, en nuestro caso,
el autogobierno vasco y navarro, y a posibilitar un marco de actuación lo
más amplio posible para el libre desarrollo de una cooperación mayor de
edad con una trascendencia cuantitativa y cualitativa, indudable en el
contexto de la cooperación del Estado, y con características y perfiles
propios, como es la vasca, y como lo son el resto de comunidades
autónomas, como bien pudimos comprobar en su comparecencia en esta misma
Cámara. Ámbito competencial libre, por tanto, de injerencias, tutelajes e
intervenciones que no se ajustan a la realidad del ordenamiento jurídico
del Estado.

Así, la enmienda número 58 de nuestro grupo traslada la necesidad de
recoger expresamente en el artículo 6 del proyecto la facultad de las
comunidades autónomas y entidades locales —reconocida en la Ley de
tratados y acuerdos internacionales de 2014— de suscribir marcos de
asociación y alianzas país en tanto convenios de carácter administrativo.
Es, por tanto, una enmienda que se acomoda plenamente al ordenamiento
jurídico y que debe ser, a nuestro entender, respaldada por la
Cámara.

La enmienda número 60, al artículo 23 del proyecto, relativo al
Congreso de los Diputados y el Senado como Cámaras determinantes de las
líneas generales y directrices de la política española de cooperación,
pretende subsanar una clara deficiencia en dicho precepto, y es que obvia
la realidad del reparto competencial establecido por el ordenamiento
jurídico, en tanto que es a las comunidades autónomas en ejercicio de sus
competencias a las que corresponde la determinación de sus políticas de
cooperación; de ahí, la propuesta de circunscribir el ámbito de
determinación de las políticas de cooperación por parte de las Cortes
Generales a la Administración General del Estado y entidades públicas
dependientes.

Con la enmienda número 61 pretendemos acomodar la redacción del
artículo 24, sobre la dirección política de cooperación del Estado,
asignada en este artículo exclusivamente al Gobierno, al reparto
competencial establecido en el ordenamiento jurídico desde el
reconocimiento expreso de la realidad competencial ostentada por las
comunidades autónomas en esta materia.

Las enmiendas números 62 y 63, por su parte, recogen la necesidad de
trasladar a los artículos 31.4 y 32.2 —en los que se regulan
diversas funciones de coordinación de las oficinas de cooperación
española y de la Aecid, respectivamente— el principio de
colaboración entre administraciones públicas establecido en la
Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, como principio
básico inspirador del trabajo conjunto entre las administraciones
públicas, desde el respeto a sus respectivas competencias en el ámbito de
la cooperación

Y, finalmente, la enmienda número 64 pretende reflejar en el
artículo 40 del proyecto, relativo a los sindicatos, la realidad sindical
y autonómica del Estado. Porque reducir las prescripciones del artículo a
los denominados sindicatos mayoritarios, entendiendo por tales únicamente
los que así se consideran desde una perspectiva estatal, es ignorar la
realidad autonómica, en la que también existen sindicatos mayoritarios
que no tiene por qué coincidir con los mayoritarios de ámbito
estatal.

En definitiva, mediante nuestras enmiendas pretendemos continuar
anchando y abriendo el campo de actuación de la cooperación vasca y
navarra, en particular, y de la descentralizada, en general, siempre
desde el respeto al ordenamiento jurídico vigente. Por todo lo cual,
solicitamos el respaldo a nuestras enmiendas del resto de grupos
parlamentarios.

Eskerrik asko. Mila esker.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik asko,
señoría.

Pasamos a las enmiendas 68, 69, 72 a 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85
y 86, del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra
la senadora Camins Martínez.

La señora CAMINS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señora presidenta de la comisión, señora De Diego y
portavoces miembros del Gobierno, me corresponde en este turno explicar
las enmiendas que mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular,
ha dejado vivas para este debate del proyecto de ley de cooperación en el
día de hoy.

Como saben, el Grupo Parlamentario Popular presentó diecinueve
enmiendas parciales al texto, doce de ellas directamente sugeridas por la
señora letrada, cuyo trabajo y esfuerzo también agradecemos, y del resto,
algunas venían del Congreso y otras venían, por ejemplo, de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de organismos
que trabajan también en cooperación al desarrollo. Y he de decirle que, a
pesar de no entender que el día de la ponencia no fuéramos capaces de
incorporar aquellas enmiendas que eran puramente técnicas y de fácil
admisión, hoy vemos que muchas de ellas se han podido transaccionar y
algunas directamente se han aceptado.






No hemos tenido tanta suerte
—después de escuchar a los portavoces del Grupo Parlamentario
Nacionalista Vasco y del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana—
en el debate en el Congreso de que nos admitan tantas enmiendas; quizás
deberíamos copiar esa técnica parlamentaria de amenazar con una enmienda
a la totalidad para que así el Gobierno pueda ser más receptivo a la hora
de incorporar las propuestas de los otros grupos, en particular del Grupo
Parlamentario Popular, que es la alternativa del Gobierno y el principal
partido de la oposición. (Aplausos).

Dicho esto, no le vamos a copiar esa técnica porque a nosotros nos
gusta ir de frente. Y de frente ha ido desde el primer momento, en
particular una persona, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la
Comisión de Cooperación al Desarrollo, don Alberto Fabra, que en todo
momento —y el Grupo Parlamentario Socialista lo sabe— ha
puesto las cartas sobre la mesa, ha ido de frente con las enmiendas, y su
única voluntad ha sido enriquecer este texto, que, por otro lado, ya dejó
esbozado el Partido Popular en el año 2018 y que además estamos
convencidos de que nos va a tocar desarrollar en el próximo Gobierno del
Partido Popular.

Con lo cual, agradecemos que el Grupo Parlamentario Socialista vaya a
transaccionar con nosotros algunas de nuestras enmiendas. Pero, dicho
esto, todavía quedan algunas que este Pleno debería reconsiderar.
Agradecemos también que aquellas que nosotros solicitábamos, que
consistían en que en los órganos de fiscalización se incorporara a esta
Cámara, al Senado, aunque no pudiera ser en ponencia, hoy ya vayan a ser
aceptadas. No puede ser que donde ponga Congreso de los Diputados no
ponga también la Cámara del Senado, donde se está trabajando de igual
manera que en el Congreso.

Dicho esto, mantenemos vivas una serie de enmiendas. La número 77, de
cooperación delegada, que ya explicamos el día que debatimos en la
comisión, consiste en una modalidad de ayudas a través de la cual se
intenta lograr una mejor coordinación entre donantes de un determinado
país, y que debemos recoger esta cooperación delegada en el texto de la
ley. Yo creo que aquí es difícil oponerse.

En nuestra enmienda 82, sobre el Consejo Superior de Cooperación,
proponemos que se incluya a la Federación Española de Municipios y
Provincias. ¿Cómo vamos a dejar fuera de este órgano de representación a
la asociación con mayor implantación de ayuntamientos de toda España, que
representa el 95 % de todas las corporaciones locales de España? Y
además, señores del Gobierno, señores del Partido Socialista, ustedes
presiden la Federación Española de Municipios y Provincias. Incluyan a la
FEMP en este Consejo Superior de Cooperación, porque eso no quita que
aquellos fondos de solidaridad vayan a dejar de tener representación en
este consejo.

Nuestra enmienda 85, subvenciones directas. A las subvenciones
directas hay que darles carta de naturaleza y hay que darles esa mayor
seguridad jurídica en una norma con rango de ley, porque al final es un
modo más de subvención directa que existe.

Enmienda 83. Tampoco podemos dejar fuera a la economía social,
simplemente en coherencia con el propio texto. El propio texto, en el
artículo 39, pone en valor la aportación que muchas empresas hacen a los
objetivos de la cooperación al desarrollo que realizamos en este país.
Vamos a incluir también la economía social.

En definitiva, señorías, tienen tiempo para incluir estas enmiendas
—son pocas y ya las hemos debatido en ponencia y en comisión—
y lograr que actores tan importantes, actores principales y tantos
organismos y tantas personas que están involucradas con la cooperación al
desarrollo no se queden fuera de esta nueva ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas presentadas, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Nacarino
Muriel.

El señor NACARINO MURIEL: Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señorías. En primer lugar, como ha hecho la presidenta
de la comisión, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, me
gustaría dar la bienvenida a esta Cámara a la secretaria de Estado de
Cooperación, señora Cancela, al director general de la Aecid, señor Leis,
a los representantes de los distintos actores del sector de la
cooperación y por supuesto al ministro Albares. Su presencia hoy aquí
sigue constatando la gran importancia que para la cooperación española
tiene la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. Y es que este
es un proyecto de ley que va a fortalecer las políticas de cooperación,
pero también, y muy importante, permitirá que esas políticas se adapten a
las nuevas necesidades, a los nuevos desafíos que como sociedad tenemos
que enfrentarnos; un proyecto de ley que se compromete con alcanzar
el 0,7 % de la renta nacional bruta para ayuda oficial al desarrollo; una
ley que reforzará el papel institucional; una ley que será mucho más
coordinada, más eficaz, más transparente, alineada con los objetivos de
desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y que, por supuesto, reconoce el
trabajo, la carrera profesional y el compromiso de las personas
cooperantes.

Llegado este momento, de debate de enmiendas, en vez de intentar dar
respuesta a alguna de las provocaciones de la senadora del Grupo Popular,
voy a hacer todo lo contrario, voy a dar la bienvenida al Grupo Popular
al gran marco de consenso y apoyo de esta ley (Aplausos). Voy a dar la
bienvenida al Grupo Popular porque, aunque sea por un momento, han
abandonado sus intereses partidistas y han transitado desde el no,
pasando por la abstención, hasta ahora un sí en el Pleno del Senado; un
sí, senador Fabra, que, si me permite, con todo el respeto y el afecto
que sabe que le tengo, imagino que ha tenido que suponer un gran esfuerzo
y coste personal, al tener que enfrentarse y oponerse frontalmente a la
posición de su propio partido y de su grupo parlamentario. Porque sabe
igual que yo que este proyecto de ley ya era un buen texto en el
Congreso, un texto participado, consensuado, convirtiéndose en una ley de
todos. Un sí porque ustedes saben que la postura que mantenían no tenía
justificación alguna, porque sabían perfectamente que no apoyando esta
ley no estaban a la altura de lo que requieren en estos momentos todos
los actores de la cooperación.

Desde el minuto uno se han escuchado e incluido gran parte de las
aportaciones recibidas por el sector de la cooperación, por las
comunidades autónomas, por los entes locales y forales y, por supuesto,
por todos y cada uno de los grupos parlamentarios que han querido desde
el principio sumar y hacer esta ley de cooperación también suya. Y ese es
precisamente el espíritu que hemos mantenido en el Grupo Parlamentario
Socialista en el Senado, una actitud proactiva, de diálogo, de encuentro
y escucha permanente con todos los grupos para poder enriquecer aún más
el texto del proyecto de ley, siempre bajo la premisa de no romper ni
alterar ninguno de los acuerdos ya alcanzados como garantía para
conseguir un texto equilibrado y proporcionado.

Ya en trámite de ponencia incorporamos el reconocimiento y el papel
relevante que debe tener el Senado, a través de la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su compromiso de
contribuir al sistema de cooperación española, especialmente en materia
de cooperación descentralizada, así como para establecer que el Senado
debe ser informado reglamentariamente sobre las políticas de cooperación
para el desarrollo sostenible y de los programas y proyectos financiados
por la Administración General del Estado y sus organismos
dependientes.

El Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto seis acuerdos
transaccionales sobre la base de las enmiendas presentadas por varios
grupos, a los que especialmente agradezco el trabajo que han realizado,
seis acuerdos transaccionales que, a pesar de que en los tres primeros el
Grupo Parlamentario Popular, a nuestro entender, de forma errónea, no
guardará la cortesía parlamentaria y no lo firmará para intentar impedir
su tramitación en la Mesa, finalmente sí lo haremos porque hemos recogido
las firmas suficientes para ello. Y con esos seis acuerdos
transaccionales, además de mejorar algunos aspectos de carácter técnico,
queremos garantizar el compromiso de incluir en los planes directores los
objetivos presupuestarios mínimos sobre el total de la ayuda oficial al
desarrollo relativos a actividades de educación para el desarrollo
sostenible, la ciudadanía global, incluir dentro de la estructura del
Consejo Superior de Cooperación una nueva vicepresidencia sexta que
represente a los actores sociales; indicar que la Administración General
del Estado y sus organismos públicos dependientes, competentes en la
ejecución de la política española de cooperación para el desarrollo
global, podrán otorgar subvenciones en régimen de concesión directa, de
acuerdo con la Ley general de subvenciones; y, por último, establecer que
los sistemas nacionales del país a los que van destinadas las ayudas
programáticas estén sujetos a estándares internacionales de transparencia
y rendición de cuentas.

Finalizo como empecé, recordando la gran importancia que tiene este
proyecto de ley de cooperación para el desarrollo sostenible y
solidaridad global. Es un texto que lleva esperando hace tiempo el sector
para poner el rumbo que consiga alcanzar el desarrollo sostenible y la
justicia social, con un enfoque feminista, ecologista y de absoluto
cumplimiento de los derechos humanos, ante los grandes retos globales a
los que como sociedad debemos enfrentarnos.

Por tanto, solo me queda agradecer la buena predisposición de todos
los grupos que han querido participar y alcanzar nuevos e importantes
acuerdos en el Senado, y pedir el apoyo a las seis propuestas
transaccionales que presentamos como ejemplo claro del compromiso que
esta Cámara tiene con la cooperación española.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.

Pasamos al último turno de portavoces. Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el senador Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.

Señorías, estamos en contra de este proyecto de ley, entre otras
cosas, porque en algunos de sus aspectos va en contra de la soberanía
nacional de España, como he indicado anteriormente. En esta legislatura
llevamos cuatro ministros de Asuntos Exteriores, con lo que llevamos
cuatro cambios en el enfoque de la cooperación española.

El Gobierno con esta ley hace tres cosas. La primera es que este
Gobierno vende la soberanía nacional de España a unos entes
internacionales que ni siquiera define correctamente. Hay conceptos como
la ciudadanía global, los bienes públicos globales, ¿me podrían explicar
qué significa esto?

Por otro lado, se habla de una gobernanza mundial, de la construcción
de una gobernanza democrática global. Señorías, ¿van a disolver este
Parlamento con esta ley y nos van a quitar el derecho a la representación
de los españoles aquí, que es el único lugar donde reside la soberanía
nacional? Esta es la primera de nuestras razones para oponernos a esta
ley, ya que ustedes pretenden quitarnos nuestra soberanía nacional. La
soberanía nacional no es discutible, la soberanía nacional reside en el
pueblo español, el único depositario representado en las Cortes
Generales. Según la ONU, los Estados tienen soberanía plena sobre su
riqueza, sus recursos y actividad económica y cada uno fijará sus propias
metas nacionales.

La segunda razón por la que vamos contra este proyecto de ley no es
por sus aspectos técnicos, sino porque ustedes han inventado el
neocolonialismo globalista. Este proyecto de ley dice literalmente que
España tiene que imponer a otros países una serie de ideas. Eso,
señorías, no es cooperación, imponer no es cooperar, el prefijo co quiere
decir todos juntos. Señorías, estamos haciendo que España no tenga
soberanía en algo esencial, como es su proyección al mundo a través de la
ayuda humanitaria, a través de la cooperación para el desarrollo.

La tercera razón para oponernos a esta ley es que está llena de
ideología, una ley que podía haber sido buena, técnica, está llena de
componentes ideológicos y de elementos que son de parte, pero que no son
de todos. Además, está vacía de contenido en aquello que es tan
importante como la evolución del FONPRODE, la agrupación de los fondos,
la eficacia de todos los fondos que se recaudan de una manera u otra y
van del dinero público hacia el exterior.

Para Vox, las prioridades en materia de cooperación tienen que ser
humanitarias y no ideológicas. Esta podía haber sido una ley de
cooperación que abundara en el desarrollo de los países; esta podía haber
sido una ley con un objetivo de cooperación cero, con el objetivo de que
nunca más haga falta la cooperación.

Señorías, la cooperación internacional al desarrollo debería tener
unas prioridades humanitarias: hambre, frío, sed y educación, no las
prioridades políticas que contiene esta ley, por lo que votaremos en
contra.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador
Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señora presidenta, intervengo desde el
escaño.

Nuestro modelo de cooperación se basa en el fomento de la eficiencia,
la evaluación del desempeño y la rendición de cuentas de la política de
cooperación, asegurando su efectividad y el mayor impacto posible de cada
euro destinado a ella; una cooperación adaptada a los retos que nos
vienen y que, por desgracia, van a requerir una mayor apuesta por la
acción humanitaria para dar respuesta a situaciones de emergencia o
catástrofe; una cooperación que cuente con los recursos humanos y
económicos suficientes y que ofrezca a todos los profesionales de la
cooperación oportunidades de desarrollo personal y profesional adecuados
para aprovechar su talento, que sin duda lo tienen, y mucho, y desempeñar
sus habilidades, que también son muchas.

En este sentido, he de agradecer al resto de grupos parlamentarios, y
lo quiero decir alto y claro, y a la secretaria de Estado de Cooperación,
así como a la dirección de la Aecid, su voluntad, en este caso —que
no sirva de precedente— de integrar diferentes visiones en el
texto, sobre todo en el que salió del Congreso. Este es un trabajo y un
ejemplo de lo que es política de Estado con vocación de perdurar en el
tiempo, más allá de una legislatura, más allá de las próximas elecciones
y más allá del color político. Echamos de menos esa actitud en otras
leyes, pero por lo menos alabémosla en esta.

En el Congreso nosotros ya conseguimos introducir varias enmiendas,
que entendemos que han mejorado el texto. Por tanto, aunque al final el
texto no es perfecto —ninguno lo es—, creemos que se ha dado
un gran paso adelante y, como no podía ser de otra manera, votaremos a
favor.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
el senador Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, en primer lugar, doy la bienvenida al ministro al Senado.
Es evidente que no hay muchos proyectos de ley que lleguen al Senado con
un nivel de consenso tan amplio, y yo creo que ese es un elemento valioso
y hay que reconocerlo. Y no lo digo simplemente por su aprobación con un
amplísimo margen en el Congreso de los Diputados, sino por los
comentarios y por las valoraciones que están haciendo las ONG y las
organizaciones del sector, que están viendo, por fin, respondidas sus
peticiones y sus propuestas manifestadas en los últimos años.

Este consenso, señor ministro —no me puedo resistir a
decírselo—, no ha sido la tónica general en todas sus decisiones en
lo que va de legislatura, y yo creo que cualquiera que nos esté
escuchando podrá comprobar en qué condiciones se va a aprobar esta ley,
que ha sido negociada, que responde a una necesidad del sector, que
responde a la necesidad de que España esté claramente significada en la
defensa de los derechos humanos, como le corresponde a una democracia de
nuestras características, y qué tipo de mayorías han servido para apoyar
decisiones unilaterales que ha tomado su Gobierno y que en particular ha
tomado usted como responsable de la cartera de Exteriores. Creo, señor
ministro, con toda la humildad y de forma lo más constructiva posible,
que usted debería hacer una reflexión al respecto. Ojalá lo que nos queda
de legislatura sus decisiones puedan reunir el consenso necesario para
que España, de verdad, en todas las materias que gestiona su ministerio
pueda ser una verdadera potencia defensora de los derechos humanos y,
desde luego, no arrodillarse ante tiranos que están en contra del derecho
internacional. Yo creo que ese compromiso sería magnífico por su parte a
raíz de la aprobación de esta ley en el día de hoy. (El señor presidente
ocupa la Presidencia).

Señorías, es evidente que necesitábamos una nueva ley de cooperación,
por muchos motivos. Es la primera reforma que se hace en los últimos
veinte años. Frente a aquellos grupos políticos que consideran que la
política quedó congelada en el tiempo, una España prácticamente en blanco
y negro, hay una mayoría parlamentaria —lo demostramos ya ayer con
la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado— que
entendemos que los acuerdos hay que actualizarlos y que hay que acompañar
esa modernización de nuestro país con nuevos marcos legislativos.

En segundo lugar, porque tenemos una serie de compromisos
internacionales asumidos por España que lo cambian todo, la Agenda 2030,
los Acuerdos de París o la Agenda de financiación para el
desarrollo.

Y, en tercer lugar, porque había que impulsar y relanzar una política
fundamental para cualquier país y que el Gobierno de Mariano Rajoy había
dejado literalmente moribunda, con un recorte de más del 80 % en la ayuda
oficial al desarrollo. No por casualidad se le conoce a este período
entre 2010 y 2020 como la década perdida en materia de cooperación.

Es una ley, señorías, necesaria, que además aborda reivindicaciones
históricas en materia de cooperación. Es una muy buena noticia para la
cooperación española que la ayuda oficial al desarrollo, como decía
antes, vaya a alcanzar el 0,7 % del producto interior bruto en 2030,
aunque hay que reconocer que nos damos siete años de plazo para
conseguirlo. En todo caso sería triplicar la situación en la que estamos
en estos momentos y es de justicia que reconozcamos el valor de esta
decisión y que nos congratulemos por que el Senado de España vaya a poder
ser partícipe de un avance de estas características.

Se incluye un enfoque feminista y ecologista. Sí, señorías de Vox, es
así. Yo lamento que ustedes se quieran oponer al sentido común
mayoritario de los españoles, pero así es. Ustedes siempre tendrán la
oportunidad de subir aquí, a la tribuna, a manifestar su opinión,
extraordinariamente minoritaria en nuestra sociedad. Ese derecho ustedes
no lo van a perder, por lo menos si hay gobiernos de carácter progresista
y si hay mayorías de carácter progresista en este país. Ese derecho
ustedes nunca lo van a perder, pueden estar muy tranquilos.

Se reconoce, señorías, a la sociedad civil como un actor fundamental
y se otorga un mayor reconocimiento a las personas cooperantes y una
mejora de sus condiciones laborales o la de sus voluntarios o, por
ejemplo, se coloca en el centro del sistema de cooperación a la Aecid,
fortaleciendo además sus capacidades.

Termino ya, señorías. Son cuestiones que van a contribuir a que
España tenga una cooperación internacional a la altura del país en el que
vivimos, y creo que son argumentos más que de sobra para apoyar y para
votar a favor de este proyecto de ley, más, si cabe, después de haber
acordado algunas enmiendas transaccionales que, con toda humildad,
mejoran el texto que se nos remitió desde el Congreso. Por tanto,
señorías, Más Madrid va a actuar en consecuencia y vamos a votar a favor
de esta ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará la palabra su señoría
la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Señorías, en Junts per Catalunya hemos participado activamente en la
negociación e inclusión de cambios en esta ley. La compañera diputada
Mariona Illamola, en su trámite del Congreso, y con la participación de
otros grupos —no vamos a cometer la arrogancia de arrogarnos esos
logros solo nosotros, porque no lo hicimos solos— incorporó total o
parcialmente la mayor parte de las enmiendas que presentó. Respecto a las
enmiendas, quiero agradecer tanto a la coordinadora como al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament y como también a la anterior Direcció
General de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya
las propuestas que nos hicieron llegar.

Queremos agradecer el frente común para haber podido modificar el
proyecto de ley inicial, que suponía para Junts per Catalunya una
inaceptable injerencia a nivel competencial, además de una cortapisa para
la efectividad de las políticas de cooperación. Además de la negociación
parlamentaria, un reconocimiento a la voluntad negociadora de la Aecid,
porque la hubo y se notó. Así pues, hemos conseguido, no entre todos,
pero sí con el trabajo conjunto de muchos, el blindaje competencial de
gobiernos locales y autonómicos, y en Junts nos sentimos útiles y
partícipes de ese logro, que no ha sido el único que se ha incorporado al
texto.

Así, a propuesta de las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo, que incorporamos varios grupos, también hemos logrado que se
reconozca el papel de los municipios y los fondos locales de cooperación
y solidaridad; que se integre la cooperación financiera en el conjunto
del sistema de cooperación y no como un mero mecanismo comercial de la
marca España; que se haya podido también modificar la Ley de
subvenciones, para excepcionar aquellas en desarrollo de política
exterior que resultaran incompatibles con la naturaleza del destinatario;
y que las acciones de cooperación, además de garantizar el enfoque
feminista y ecologista, también contemplen los derechos de la infancia y
adolescencia. Todo ello se ha conseguido en el trámite del Congreso. Pero
para Junts per Catalunya, si bien esas mejoras nos hicieron pasar de un
no inicial a una abstención, a pesar de esa negociación, nos quedaba en
el tintero algo que para nosotros era muy importante, como la cooperación
delegada. Y si bien es cierto que el Senado se debe introducir también
como un actor en temas de cooperación, aquellos que no somos socios
preferentes, pero que sí somos proactivos en la consecución de los
objetivos, nos guardamos en la manga esa abstención con la voluntad de
seguir negociando en esta Cámara para mejorar este texto que, como hemos
visto, siempre es mejorable, y hemos conseguido llegar a algunos
acuerdos.

Es cierto que para Junts per Catalunya esos acuerdos han sido poco
ambiciosos respecto de lo que nosotros presentábamos, pero como artífices
de esos cambios hemos transitado de esa abstención a un sí, porque
ustedes saben —y lo saben desde el principio de nuestra
participación en esa subcomisión ya en el año 2021— que el
compromiso de Junts per Catalunya y el compromiso de Cataluña en la
cooperación es absolutamente cuantificable. Por ello, hoy, nosotros vamos
a dar nuestro voto favorable a este proyecto de ley.

La cooperación, y en nuestro caso la cooperación catalana, tal como
recoge la Agencia Catalana de Cooperación, es el principal instrumento
del que disponen tanto gobiernos como ciudadanía para sumarse a la
comunidad internacional en el compromiso para construir un mundo mejor,
más justo, más solidario y poder trabajar para garantizar el acceso al
libre desarrollo de las personas y los pueblos del mundo, y el acceso
también a los derechos fundamentales, unos derechos fundamentales que,
como ustedes saben, no siempre son respetados en todos los países, ni
siquiera, en muchos casos, en aquellas democracias que se autoproclaman
plenas.

Por ello, en Junts per Catalunya tenemos este compromiso insobornable
para el trabajo conjunto y la participación en la mejora internacional de
ese mundo, que tiene que ser más justo y, evidentemente, más feminista y
más verde. Por ello, estamos satisfechos de que esta vez, también en esta
Cámara, hayamos podido participar en un debate que, sin duda, ha acabado
enriqueciendo el texto por parte de todos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senadora Rivero
Segalàs.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la palabra su señoría el
senador Landa Jáuregui.

El señor LANDA JÁUREGUI: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.

El Partido Nacionalista Vasco va a votar a favor del dictamen
correspondiente al Proyecto de ley de cooperación para el desarrollo
sostenible y la solidaridad global. Es este un proyecto que comenzó,
según nuestro criterio, con mal pie, con un primer texto que rezumaba
centralismo e intervencionismo y aplicaba un corsé para nosotros y
nosotras inadmisible respecto de la cooperación descentralizada en
general y, por tanto, también respecto al autogobierno vasco y navarro,
en particular. Todo ello desde un alineamiento restrictivo a la
cooperación con los principios rectores de la acción exterior
establecidos en la Ley de acción exterior del 2014 y su consideración de
política de Estado.

Este planteamiento inicial provocó la presentación por nuestro grupo
de una enmienda a la totalidad justificada en nuestra discrepancia
radical con esta filosofía que impregnaba el texto en su articulado, con
significativas injerencias en el ámbito competencial propio de las
comunidades autónomas.

Ciertamente, la voluntad de acuerdo manifestada por el Grupo
Socialista, la secretaria de Estado y el director de la Aecid, que desde
aquí reconocemos y agradecemos, se trasladó a un intenso proceso de
reflexión y acuerdo con nuestro grupo, que desembocó en la retirada de la
enmienda a la totalidad y en la incorporación, mediante su aceptación o
transacción con otros grupos parlamentarios, a los que también quiero
agradecer, sin duda, su esfuerzo en pro del acuerdo, de 26 de las 32
enmiendas parciales presentadas por el Grupo Vasco, más las citadas
transaccionales acordadas con otros grupos, en lo que supuso una revisión
o reorientación del texto legal en los términos previamente
señalados.

Nuestra posición actual, favorable al texto, responde, por tanto, y
dicho de forma sucinta, primero a la reconducción lograda en el enfoque
centralista e intervencionista que caracterizaba al proyecto de ley en su
redacción inicial, con la circunscripción al ámbito de la Administración
General del Estado de las estrategias y acciones fundamentales vinculadas
a la planificación, seguimiento, ejecución y evaluación de la cooperación
previstas en el mismo; todo ello en cumplimiento del ordenamiento
jurídico y desde el respeto al reparto competencial establecido en
él.

Segundo, al reconocimiento de la capacidad de actuación de los
distintos agentes de la cooperación descentralizada, entidades locales y
comunidades autónomas en ámbitos diversos de la cooperación regulados en
la ley, salvaguardando, por tanto, su ámbito competencial propio; una
cooperación que, como bien señala el texto, se regirá, en todo caso, en
lo referente a las comunidades autónomas por lo establecido en sus
estatutos, sus propias leyes de cooperación y por las líneas de actuación
que establezcan sus parlamentos, cuestión esta fundamental, sin duda,
para nuestro grupo.

Tercero, a los avances significativos logrados en ámbitos como el
acceso de la cooperación descentralizada, la cooperación delegada y de la
Unión Europea o la participación de las comunidades autónomas en la
formulación y articulación de posiciones en foros internacionales en la
cooperación. Y, finalmente, al objetivo compartido con la mayoría de los
grupos parlamentarios que así lo reivindicaron, junto con el propio
sector y administraciones implicadas, de avanzar, como así se ha hecho,
en la adaptación de la legislación básica reguladora de las subvenciones
de las administraciones públicas a las necesidades y especificidades de
la cooperación; una cuestión pendiente, no obstante, de desarrollo
reglamentario en el que trabajaremos de nuevo en clave de diálogo y
acuerdo para responder a las necesidades de la cooperación en esta
materia.

¿Habríamos querido avanzar más en nuestras posiciones iniciales? Sin
duda. Las enmiendas defendidas en este Pleno definen claramente este
recorrido pendiente, pero, en todo caso, siendo como es la política el
arte de lo posible, estamos satisfechos con el resultado final y, por
tanto, apoyaremos el texto.

Termino subrayando nuestro alineamiento natural, desde el compromiso
claro e indubitado de nuestro partido, el Partido Nacionalista Vasco,
acreditado en la praxis de las instituciones vascas, con el nuevo marco
internacional de la cooperación internacional al desarrollo, determinado,
entre otros, por los compromisos derivados de la Agenda 2030 o los
Acuerdos de París en la lucha contra el cambio climático, sin olvidar el
enfoque feminista ni la defensa de los derechos humanos, santos y señas,
características fundamentales y principales de nuestra cooperación, de la
cooperación vasca; un nuevo marco internacional en el que también se
sitúa la ley y con el que nos sentimos plenamente identificados.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra
su señoría Martí Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidente.

Si bien no estamos en el turno de enmiendas, seguro que, con su
benevolencia, la Presidencia tendrá a bien concederme unos breves
segundos solo para mostrar nuestra satisfacción, aunque no se haya
explicado de forma explícita, por la aceptación de nuestras enmiendas
número 36, que hace referencia a la accesibilidad desde el punto de vista
de los servicios digitales y a la promoción de la cohesión social y
territorial, y 37, que hace referencia al fomento, con un enfoque
integral de la migración, con especial observancia a quienes se
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tales como las personas
con discapacidad.

Unas breves conclusiones y observaciones en relación con el proyecto
de ley. Valoramos muy positivamente que con carácter general se hayan
incorporado durante toda la tramitación, no solo en el Senado sino
también en el trámite del Congreso, enmiendas que garanticen el respeto
al marco competencial de las comunidades autónomas y que reconozcan
también la actividad de cooperación al desarrollo de los entes locales,
con el objetivo, por un lado, de evitar que el ámbito de la cooperación
al desarrollo de las comunidades autónomas quede vaciada de contenido y
se condicione o se supedite a la planificación, ejecución y evaluación de
la Administración General del Estado y, por otro lado, que se reconozca
la actuación de otros actores en la cooperación al desarrollo, como son
los entes locales.

También en relación con la participación de las comunidades autónomas
en la cooperación delegada en los fondos de cooperación de la Unión
Europea se han hecho algunos avances, aunque aún queda mucho camino por
recorrer si se quiere conseguir que esta participación se reconozca no
solo como una posibilidad a decidir por parte de la Administración
General del Estado o como la posibilidad de que el Estado las incorpore
como socios en los proyectos y actuaciones de la Unión Europea, sino como
la capacidad efectiva real de la cooperación descentralizada a participar
en la gestión de estos fondos en igualdad de condiciones, atendiendo a su
experiencia y capacidad.

Si bien no se ha conseguido que se fijara como objetivo destinar
el 3 % de la ayuda oficial al desarrollo a la educación, sí que se han
recogido en el proyecto de ley algunos logros a medio plazo sobre
presupuestos a determinar en los sucesivos planes directores con el
objetivo de trazar el camino hacia el anhelado 0,7 % del presupuesto para
ayuda oficial al desarrollo, sobre la base, por ejemplo, de la
enmienda 42, presentada por Esquerra Republicana.

Por otro lado, no se ha aceptado ningún tipo de participación de las
comunidades autónomas y, en general, de ningún otro actor en la
cooperación financiera. Se echa en falta un más amplio desarrollo por ley
en diversos aspectos de la normativa de subvenciones, que deberían,
quizás, prever alguna especificidad en el caso de subvenciones a
entidades y organismos para actuaciones y programas de cooperación al
desarrollo.

Asimismo, si bien se ha incorporado la definición de las
organizaciones de la sociedad civil OSC, vale la pena esclarecer si el
régimen establecido en la ley para las ONG les es de aplicación. Y
también es positivo que el texto reconozca la competencia de las
comunidades autónomas para regular el voluntariado en cooperación al
desarrollo, recordando, eso sí, que esta competencia se define en el
Estatut d’Autonomía de Catalunya como exclusiva y no como una
simple o mera competencia ejecutiva: artículo 166.2.

Acabo. Lo más importante, el rediseño de la arquitectura
institucional del sistema de cooperación español, cómo hemos participado
en Esquerra, que sea realmente descentralizada, que los gobiernos locales
y las comunidades autónomas puedan participar en programas de
cooperación, de forma limitada, de la Unión Europea; que se reconozca el
papel que desarrollan los municipios y los fondos locales de cooperación
y solidaridad, primeras administraciones que llegaron a dedicar realmente
al 0,7 % en cooperación y desarrollo; que se integre la cooperación
financiera en el conjunto del sistema de cooperación, y no como un
mecanismo de promoción comercial —se han hecho referencias
anteriormente a la marca España—; que se modifique la Ley de
subvenciones para excepcionar las subvenciones en desarrollo de la
política exterior y resulten incompatibles con la naturaleza de sus
destinatarios —acabo ya, presidente—; que todas las acciones
de la cooperación española contemplen derechos, necesidades y
vulnerabilidades específicas de los niños, niñas y adolescentes, siempre
bajo un enfoque de género, con asignación de recursos y con
representación feminista en la futura arquitectura del sistema de
cooperación española; y, por último, que la legislación garantice el
enfoque feminista y ecologista, que apueste por un espacio cívico y
democrático, la cultura de la paz, el desarrollo sostenible, la justicia
global y los derechos humanos.

Por todo ello, en nuestro grupo parlamentario vamos a votar a favor
al dictamen del proyecto de ley. Sin mucho más, agradezco la buena
predisposición, especialmente del Grupo Parlamentario Socialista, también
de los representantes aquí presentes del Gobierno, secretario de Estado y
director general de la Aecid.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría el
senador Fabra Part.

El señor FABRA PART: Muchas gracias, presidente.

Señor ministro, bienvenido. También un saludo a los representantes
del sector que nos están acompañando en este importante Pleno. Señorías,
hoy empezamos este Pleno hablando de un debate que la mayoría de las
personas entienden que es sobre política de Estado. ¿Y por qué entendemos
esta descripción? Por dos cuestiones, porque la solidaridad y la
cooperación forman parte del ADN de los ciudadanos españoles y porque,
gracias a las políticas comprometidas y amables que hacemos desde la
cooperación, podemos ayudar a la política de acción exterior que hace
nuestro Gobierno.

El Partido Popular así lo entiende y así ha actuado cuando ha estado
en el Gobierno, como demuestra que la actual ley sigue vigente hoy en
día, después de veinticinco años. Y uno se pregunta: ¿Cómo es posible que
una ley dure tanto en el tiempo? Pues la respuesta es muy fácil,
señorías, el Gobierno del Partido Popular entendió que era necesario
hacer una ley potente, ambiciosa, que recogiera las necesidades del
momento y que a su vez planteará los retos de futuro. Se abordaba
contribuir a erradicar la pobreza, atendiendo temas de salud, de
saneamiento, educación, seguridad alimentaria; potenciaba el desarrollo
de la base económica de los pueblos, protección y mejora del medio
ambiente, fortalecimiento de las estructuras democráticas, defensa de los
derechos humanos, de la igualdad de las mujeres, promoviendo su
participación e integración social, o la defensa de los grupos de
población más vulnerables.

El Partido Popular supo escuchar al sector, a los distintos actores,
y negociar la ley con el Partido Socialista y el resto de los grupos. El
Partido Socialista para la confección de este nuevo texto también ha
escuchado al sector, a los distintos actores, ha negociado con otros
grupos parlamentarios y, al final, con el Partido Popular. Y aquí,
señorías, el orden de los factores sí es muy importante. Porque hacerlo
así, les hace asumir planteamientos de difícil justificación. Lo ha
planteado mi compañera Ana Camins. Si hablamos de poner unos
representantes en la organización que defienda los intereses de los
ayuntamientos y de los entes locales, todas sus señorías pensarán en una
Federación, que es la de Municipios y Provincias. Pues no, señorías.
Ustedes han elegido a la Confederación de Fondos de Cooperación y
Solidaridad. La FEMP representa a más de 7500 municipios y la
confederación solo a 1000. Cuando les advertimos de esta situación, ¿cuál
fue su respuesta? Esto ya está pactado y no se puede cambiar. Un
desprecio más a una institución española, la primera que vamos a ver en
este Pleno, y eso que está presidida por ustedes.

¿Y saben qué diferencia hay entre aquel PSOE de entonces y el de
ahora? Que aquel Partido Socialista Obrero Español tenía sentido de
Estado y el PSOE que hoy tenemos es el partido sanchista obediente
español, sentado en el Estado, no con sentido de Estado. (Aplausos). Esa
es la gran diferencia. Por eso es muy complicado llegar a acuerdos,
porque no les importa hacer justo lo contrario de lo que se
comprometieron a hacer en el Gobierno.

A pesar de esta circunstancia, de que intentan controlar las
instituciones o pactar con los que quieren acabar con el espíritu de la
concordia del 78, el Partido Popular sigue creyendo en la solidaridad, en
la cooperación y en todas las personas que todos los días la hacen
posible en cualquier rincón del mundo.

Esta ley pretende actualizar lo que en su día supimos consensuar. En
estos veinticinco años han aparecido nuevos tipos de cooperación, nuevos
actores, nuevos instrumentos de cooperación financiera. Hay que poner en
valor la cooperación que realizan las comunidades autónomas, los
ayuntamientos, los sindicatos, las universidades, las empresas o las ONG.
La Agencia Española de Cooperación y la relación con los profesionales
que ejercen allí su pasión y vocación debe modernizarse. Y a los
cooperantes españoles les debemos ofrecer un nuevo estatuto que garantice
sus derechos y proteja su trabajo.

Acabo, señor presidente. A todas las personas que aquí, en nuestro
país, están trabajando con programas y proyectos, a los que están en el
exterior, en condiciones a veces imposibles, ayudando a los que tienen
poco o nada, a las administraciones, entidades, organismos, a todos ellos
les decimos que sí. Un sí en mayúsculas, con nuestro agradecimiento y
compromiso. Señorías, ayer fue el Día Internacional de la Solidaridad
entre personas. Hagamos que hoy sea el día de la solidaridad y la
cooperación en toda España, con el apoyo mayoritario de los grupos
parlamentarios, también del Grupo Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fabra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
senadora Muro Martín.

La señora MURO MARTÍN: Muchas gracias, presidente.

Quiero comenzar mi intervención dando la bienvenida al ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a la secretaria de
Estado de Cooperación, al director de la Aecid y a todas las personas que
conformáis todo el sector de la cooperación española y que hoy habéis
querido acompañarnos en este momento tan importante. Hoy es uno de esos
días en los que una se siente especialmente orgullosa de formar parte,
por mandato de las urnas, del Poder Legislativo (Aplausos), y de
contribuir a algo tan importante como la aprobación de una ley necesaria,
adaptada a su tiempo, que responde a las peticiones del sector y que no
solo cambia los cimientos de la cooperación española para construir una
cooperación del siglo XXI, sino que nos va a permitir seguir
transformando, con esta política de Estado que es la cooperación, la vida
de quienes más lo necesitan, de los más vulnerables, en aquellos lugares
que hoy en día todavía se encuentran en una situación de extrema
necesidad.

Es evidente, señorías, que la realidad de nuestro mundo hoy es otra
muy diferente de la existente cuando se aprobó la primera Ley de
Cooperación. Pero creo que nunca pensamos, tampoco en el ámbito de la
política de cooperación, que se producirían cambios globales ante los
cuales nos es imposible mirar hacia otro lado. Los cambios que hemos
sufrido a lo largo de los últimos años, y, especialmente, las
consecuencias de las últimas crisis, la pandemia o la guerra de Ucrania,
han dejado en evidencia la necesidad de tener un modelo de cooperación
capaz de dar respuestas nuevas a necesidades urgentes para hoy y para el
día de mañana.

En estas circunstancias difíciles, este Gobierno asumió el compromiso
de dar respuesta a estas nuevas demandas que hoy se nos plantean. Una
nueva ley capaz de reflejar las peticiones históricas de los distintos
actores de la cooperación, que recoge la realidad de las distintas formas
de cooperación que se llevan a cabo en nuestro país, que son nuestra seña
de identidad a nivel mundial. También la importante labor que se realiza
por parte de la cooperación descentralizada, la cooperación que se lleva
a cabo por parte de las comunidades autónomas y de los Gobiernos
locales.

Definitivamente queda reflejado en el texto, con todo lo que ello
implica, el compromiso internacional de España de alcanzar en 2030,
el 0,7 de la renta nacional bruta destinada a la ayuda al desarrollo, y
el 10 % para la acción humanitaria. Un compromiso económico que viene
avalado con un incremento de los presupuestos, esos que aprobamos en esta
Cámara ayer, que suponen que se refuerce de verdad y que esta ley salga
con el respaldo que necesita. Y, por supuesto, esta es una ley que mejora
sustancialmente la coordinación, la eficacia, la transparencia, en cuanto
al proceso de rendición de cuentas, a la vez que dignifica y mejora de
manera importante las condiciones laborales de los y las profesionales de
la cooperación.

Hoy aprobaremos un texto que en cada paso que ha dado se ha ido
enriqueciendo de aportaciones, de sensibilidades, de visiones, de
experiencias, con un único objetivo, disponer de una ley que refleje
finalmente el escenario actual en el que vivimos, con la que se sientan
plenamente identificados y representados todos y cada uno de los actores
que intervienen, directa e indirectamente, en las políticas de
cooperación.

Hoy aprobamos una ley que, sinceramente, no debería ser puesta en
duda por ninguno de los grupos que conforman esta Cámara, al menos, entre
los que sí creen en la cooperación. Porque no es la ley de este Gobierno,
aunque haya sido este Gobierno el que ha asumido el compromiso de darle a
la cooperación española la ley que se merecía. (Aplausos). No es la ley
de este ministro, aunque creo indispensable reconocerle su afán e
insistencia en que esta fuera una ley de consenso y con la que todos se
sintieran identificados. (Aplausos). No es tampoco la ley del Grupo
Socialista, aunque este grupo parlamentario ha tenido claro que teníamos
la responsabilidad de ejercitar hasta el último minuto la política de
mano tendida. Es la ley del sector de la cooperación, al que aprovecho
desde aquí para agradecerle su generosidad a la hora de convertirse en
protagonistas cruciales en todo ese proceso, ofreciéndonos desde el
inicio la visión de quienes están en el terreno.

Al Grupo Popular me gustaría agradecerles su incorporación en el
último minuto, in extremis. En todo caso, bienvenidos. No voy a perder
mucho más tiempo en responderle. Entiendo, señor Fabra, la situación
incómoda en la que usted se ha visto, intentando convencer a su grupo
parlamentario, cuando el señor Feijóo ha decidido negarle el pan y la sal
al presidente Sánchez en todo lo que presente. (Aplausos). Pero, gracias,
señor Fabra.

A Vox me gustaría trasladarle que, viendo el consenso con el que
llega esta ley, estamos convencidos de que vamos por el buen camino, de
que esta es una buena ley. Pero después de sus argumentos estamos más
convencidos aún de que esta es la mejor ley que podíamos tener.

Y no quiero terminar sin poner también de manifiesto el magnífico
trabajo realizado por el Senado de España a lo largo de todos estos
meses, de los y las senadoras de todos los grupos que creemos, sin
fisuras, en la importancia de nuestra política de cooperación al
desarrollo, y que refleja la realidad de una sociedad y de una
ciudadanía, la española, ejemplo de solidaridad, de lucha por la
igualdad, por la equidad y contra el hambre en el mundo.

Posiblemente la aprobación de esta ley no abrirá hoy informativos.
Posiblemente los abrirá alguna barbaridad que, a lo largo del día, se
diga hoy en esta Cámara. Pero, ministro, debemos sentirnos orgullosos y
orgullosas de una ley que, como el resto de las políticas que hace este
Gobierno, está hecha pensando en quienes más lo necesitan y con el
compromiso de no dejar a nadie atrás.

Muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos del Grupo
Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

En virtud del artículo 84. 4 del Reglamento ha solicitado la palabra
el señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
(Albares Bueno): Muchas gracias, señor presidente.

Tomo la palabra brevemente para agradecer a sus señorías, a todos los
que han tomado la palabra, su talante y su trabajo a lo largo de estos
meses y que permitan con su voto que la Ley de cooperación para el
desarrollo sostenible y la solidaridad global continúe su camino, salga
ya del Senado, y que estemos a punto de aprobarla definitivamente. Quiero
agradecer de antemano a todos los que han expresado su voto favorable a
este proyecto de ley. Quiero también reconocer el papel de esta Cámara,
del Senado, que ha contribuido, tanto al debate y la reflexión sobre el
papel de la cooperación descentralizada, mediante su estudio en la
Comisión de Cooperación, como a la mejora del texto, que reconozco ha
tenido lugar aquí en esta Cámara con la presentación de enmiendas en este
trámite.

Mi agradecimiento también muy particular al sector de la cooperación
—muchos están hoy aquí—, a quienes saludo especialmente por
su trabajo en esta ley y cada día desde sus distintas actividades, por el
impulso que han dado y por las contribuciones que han hecho a lo largo de
todo el íter legislativo y en cada una de las etapas de esta elaboración.
(Aplausos). Asimismo, a la secretaria de Estado de Cooperación
Internacional y al director de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y para el Desarrollo, que, desde el primer momento, han
aportado ideas, tesón, y deseo de consenso.

Como saben, esta ley ha nacido del diálogo participativo con los
actores del sector y su texto ha sido enriquecido en todas las etapas por
las ONG, por las comunidades autónomas, por los entes locales, por otros
ministerios, por las aportaciones recibidas en el trámite de audiencia
pública, y por la mayoría de los grupos políticos de nuestro país. En el
Gobierno —y lo saben todos ustedes— hemos tendido la mano
desde el primer minuto para conseguir aprobar una ley de todos, una ley
demandada por la sociedad española y necesaria, que va a permitir que
España cuente con un sistema de cooperación más eficaz, con un mayor
impacto de nuestras políticas de cooperación para hacer frente a desafíos
actuales urgentes, que no pueden esperar ni un minuto más: la crisis
alimentaria, la crisis energética mundial, la emergencia climática, la
lucha contra el hambre y la desigualdad.

Señorías —muchos lo han dicho hoy aquí—, la cooperación
es una política de Estado. Solo puede ser una política de Estado. Y el
Gobierno sabe, porque lo sabía desde el primer momento, que esta era
claramente una ley de Estado, que había que hacer el esfuerzo de sumar a
todos, y ese esfuerzo, el Gobierno no lo ha regateado en ningún momento.
Por eso quiero agradecer el voto positivo de todos los portavoces. Y me
alegro de que el Grupo Popular haya reconsiderado su posición desde el
Congreso a aquí. Rectificar es de sabios, y eso les honra. Y quiero
agradecérselo, en especial, a usted, señor Fabra, porque yo sé lo que a
su personalidad y a su talante le debe este cambio. (Rumores). Esa ha
sido la actitud del Gobierno desde el primer momento: Tender la mano,
sumar a todos. Usted ha hecho una intervención para sumarse al consenso.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
(Albares Bueno): Ha tenido un momento de debilidad y de desliz. Porque,
señor Fabra, esta no es la ley del Gobierno sanchista. Esta es la ley del
Gobierno de España, presidido por el presidente Sánchez. (Aplausos). Y
por ser la ley del Gobierno de España, hasta el último momento, hemos
hecho el esfuerzo de sumar a todos, y le agradezco que se hayan sumado.
Hay un grupo que se ha quedado fuera del sí, pero eso no borra que haya
un consenso en torno a esta ley, porque ese grupo no está en contra de la
ley, está en contra de la cooperación.

Esta ley reconoce a la cooperación descentralizada de las comunidades
autónomas y de los entes locales como una seña de identidad y un gran
activo de la cooperación española. Y eso es especialmente importante en
esta Cámara. Recoge el reconocimiento de las personas cooperantes y de
los profesionales de la cooperación en España y sobre el terreno,
dignificando sus carreras. Su trabajo diario, su vocación, su compromiso
representan lo mejor de los valores de España en el mundo y permiten, al
final, que tantos proyectos se lleven a cabo. Son más de 2600 las
personas que se dedican a la cooperación internacional y a la acción
humanitaria, y merecen esta ley y nuestro apoyo constante.

En definitiva, esta ley permitirá una actuación más coordinada,
eficaz, transparente y capaz de rendir cuentas para hacer frente a los
grandes desafíos del mundo, para seguir apoyando al pueblo de Ucrania,
para contribuir a la paz, a la estabilidad, al progreso en el Sahel, para
seguir trabajando en América Latina, donde lo necesitan. Pero, sobre
todo, esta Ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la
solidaridad global, marca un hito demandado durante décadas por los
españoles, porque eleva a rango legal el compromiso internacional de
España de alcanzar en 2030, el 0,7 % de la renta nacional bruta destinada
a ayuda oficial al desarrollo, e incorpora por fin a una ley de
cooperación los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París
contra el cambio climático y otras metas de desarrollo que no existían
en 1998, año en el que se aprobó la anterior ley. Esta ley es un gran
ejemplo de que, al igual que la cooperación, cuando trabajamos juntos,
cuando dialogamos, cuando aunamos esfuerzos, somos más eficaces y lo
hacemos mejor. Y, en este caso, es por nuestra cooperación, por la
construcción de un mundo más próspero, más justo, más sostenible.

Por lo tanto, muchas gracias a todos los portavoces que hoy, de
manera tan mayoritaria, han expresado su sí a esta ley, y a todos los que
estáis hoy aquí del sector de la cooperación, contribuyendo diariamente
desde vuestras distintas responsabilidades a proyectar en el mundo uno de
los grandes valores que representan a la sociedad española, la
solidaridad, y a que la cooperación goce de un gran reconocimiento en el
mundo. Esta ley va a permitir a la cooperación española, proyectarse aún
más en el mundo para que este sea más justo, más estable, y más
desarrollado.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de las señorías del
Grupo Parlamentario Socialista puestas en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El señor presidente lee el punto 7.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, su señoría el senador Escarda Escarda.

El señor ESCARDA ESCARDA: Gracias, presidente. (El señor
vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia).

Buenos días, señorías. La proposición de ley que se somete en este
acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el
procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de
diciembre de 2022, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas
finalizó el día 9 de diciembre de 2022. A esta proposición de ley se
presentaron dos propuestas de veto y 72 enmiendas distribuidas de la
siguiente forma: propuesta de veto número 1, del señor Sánchez López, del
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; enmiendas
números 1 a 23, del señor Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); enmiendas números 24 y 25 del señor
Clavijo Batlle, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, Junts
per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; enmiendas
números 26, 27, 40 y 41, de los señores Cleries i Gonzàlez y Matamala
Alsina, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; enmiendas
números 28 y 29 del señor Chinea Correa, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai
y Agrupación Socialista Gomera); enmiendas números 30 y 31, del señor
Mulet García, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); enmienda número 32, del señor Egea Serrano y la señora Martín
Larred, del Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de
Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); enmiendas
números 33 a 39 y 72, de la señora Cortès Gès y del señor Furriol
Fornells, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; enmiendas números 42 a 44, de la señora Bideguren Gabantxo y del
señor Elejabarrieta Díaz, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; enmiendas números 45 a 49, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; enmiendas números 50 a 57, del señor
Marín Gascón y de las señoras Merelo Palomares y Rodríguez de Millán
Parro, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 58 a 61, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas números 62 a 71, del
señor Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
(Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación
Socialista Gomera). Por otra parte, el Gobierno comunicó a la Cámara, al
amparo de lo previsto en el artículo 134.6 de la Constitución y en el
artículo 151 del Reglamento del Senado, que no daba su conformidad a la
tramitación de las enmiendas números 70 y 71, del señor Gómez Perpinyà,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.

El día 14 de diciembre se reunió la ponencia, que quedó integrada por
doña María Pilar Alía Aguado, del Grupo Popular; don Cosme Bonet Bonet,
del Grupo Socialista; don Joaquín Vicente Egea Serrano, del Grupo
Parlamentario Democrático; don Antonio Armando Ferrer Sais, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Pau Furriol Fornells, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu; doña Ruth Goñi Sarries, del
Grupo Parlamentario Mixto; don Juan Manuel Juncal Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Popular; don Koldo Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal; don Josep María Matamala Alsina,
del Grupo Parlamentario Nacionalista; doña María del Carmen Mínguez
Sierra, el Grupo Parlamentario Socialista; y don Luis Jesús
Uribe-Etxebarría Apalategui, del Grupo Parlamentario Vasco.

La ponencia emitió su informe, que no introducía modificaciones en el
texto remitido por el Congreso de los Diputados. A continuación, se
reunió la comisión y emitió dictamen de conformidad con el informe de la
ponencia. Finalizados estos trámites y para la defensa de las enmiendas
se han presentado doce votos particulares, manteniéndose todas
ellas.

Es un honor para mí haber presidido los trabajos de la comisión y
agradezco a los ponentes sus esfuerzos en la negociación y la tramitación
de este proyecto de ley. Asimismo, agradezco a la señora letrada y al
resto de trabajadores de la Casa sus aportaciones.

Buenos días. Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Escarda.

Señorías, antes de entrar en el debate de los vetos, les comunico que
ya está a disposición la votación telemática del Proyecto de Ley de
cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Por lo
tanto, vamos a proceder, a continuación, a abrir el plazo de una hora
para emitir el voto electrónico para los senadores autorizados desde este
momento, que son las once horas y cinco minutos hasta las doce horas y
cinco minutos, para realizar las votaciones reglamentariamente previstas.
Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de este proyecto de ley
tendrá lugar una vez finalizado este plazo, cuando sea anunciado por la
Presidencia.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, para la defensa de la propuesta de veto número 1,
tiene la palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Retiro el veto.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Gracias, senador
Sánchez López.

Para la defensa de la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora
Alía.

La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. El pasado 2 de diciembre llegaba al Senado la
Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales
energético y de entidades de crédito y por la que se crea el impuesto
temporal de solidaridad de las grandes fortunas, además de la
modificación de determinadas normas tributarias. De nuevo, y por la vía
de urgencia, ataques al ordenamiento jurídico español y a la seguridad
jurídica de este país, con todo lo que conlleva. En nuestro grupo
parlamentario siempre tuvimos claro el veto a esta proposición de ley, si
bien, además, hemos presentado cinco enmiendas. Solo en el comienzo de la
proposición de ley nos encontramos con un preámbulo de dudoso encaje
legal, cargado de inseguridad económica y jurídica, que abre las puertas
a ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. Quienes estamos en esta
Cámara sabemos que los artículos 31 y 133 de la Constitución se refieren
al principio de legalidad en materia tributaria. En el artículo 31 se
cita: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún
caso, tendrá alcance confiscatorio. Ni que decir tiene que esta
proposición de ley es contraria a este artículo.

Con esta proposición de ley pretenden introducir dos gravámenes de
naturaleza no tributaria, de ahí que se hayan tratado vía Comisión de
Asuntos Económicos y no de Hacienda, que hubiera sido realmente la
comisión competente en materia tributaria. Además, como ya es costumbre
desde que ustedes gobiernan, hay lo que vulgarmente se llama una letra
pequeña por la que ustedes, mediante esta proposición de ley, modifican
el impuesto sobre patrimonio, el impuesto sobre sociedades, sucesiones y
donaciones y, además, incorporan diversas tasas; en concreto, la tasa por
prestación de servicios y realización de actividades de la Administración
General del Estado en materia de medicamentos, productos cosméticos y de
cuidado personal.

Si entramos a analizar el artículo 2, el llamado gravamen temporal de
entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, con sus
doce apartados, se plantean claras dudas sobre su naturaleza jurídica. La
proposición de ley lo define como una prestación patrimonial pública no
tributaria, si bien, está muy claro que estamos ante una figura
tributaria dirigida al sostenimiento de los gastos públicos, sujeta, por
tanto, a los principios constitucionales que rigen nuestro sistema
tributario. Además, debemos enlazar con el principio de seguridad
jurídica por la posible retroactividad impropia. Vemos claro que incide
sobre situaciones generadas en 2022, de forma que, al adoptarse las
decisiones, no pudieron tenerse en cuenta todas las consecuencias que
podrían derivarse de las mismas. Vetamos la proposición de ley, pues nos
parece inviable la introducción de este gravamen, y hemos planteado una
enmienda denominada: medidas de protección de los deudores hipotecarios
sin recursos. Esto se debe a que nosotros siempre estaremos cerca de los
sectores más vulnerables. Nos oponemos a la introducción de este gravamen
por el Gobierno, pues, en todo caso, debería basarse en un esfuerzo
fiscal que debería hacer el sector por el aumento de beneficios
extraordinarios, si bien, ustedes lo aplican sobre ingresos.

Las reformas fiscales deberían diseñarse con una visión integral,
coherente, a largo plazo y alejada del oportunismo político; impuestos
discriminatorios, injustificados y poco predecibles generan
incertidumbres y suponen un lastre y un desincentivo para aumentar los
recursos con los que financiar nuevas inversiones. Además, debemos tener
en cuenta que, al recaer sobre magnitudes ya cubiertas por otras figuras
tributarias, la doble tributación plantearía problemas de
constitucionalidad teniendo presente el principio de no confiscatoriedad
previsto en el sistema tributario y en nuestra Constitución.

Les pregunto: ¿nadie se ha dado cuenta de cómo reaccionará el sector
bancario? Pues, lógicamente, con incrementos de precios para familias y
empresas, reducirá el crédito disponible y encarecerá su concesión, lo
que llevará a que las empresas no tendrán más remedio que repercutir este
incremento del coste de financiación en sus precios. Luego, lejos de
luchar contra la inflación, impulsarán la espiral inflacionista. Así
gobiernan ustedes, así luchan contra los obstáculos para salir de donde
estamos. Este gravamen afectará a la estabilidad financiera y a la
capacidad crediticia, necesarias para garantizar la recuperación
económica.

Y si dejamos el gravamen a la banca, pasamos al veto a la creación
del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Miren, hoy
día, en España, 200 000 contribuyentes tributan por el impuesto sobre el
patrimonio. Pregunto: ¿tienen ya cuantificados cuántos contribuyentes
tributarán por este nuevo impuesto y su contribución a la recaudación? ¿O
es porque, de nuevo, crean una figura impositiva más, un tema ya habitual
y recurrente en esta legislatura? En mi grupo, el Grupo Popular,
defendemos eliminar este impuesto y, por ello, hemos presentado una
enmienda de supresión al artículo 3 de esta proposición de ley, no para
que los ricos no paguen, sino porque no queremos que los patrimonios se
vayan fuera de España y arrastren consigo ahorro, inversión, actividad
económica y empleo, el empleo de las rentas medias y bajas. Miren,
alguien que en España posee un patrimonio puede moverse si le imponen
este impuesto, lo hará y se llevará su dinero fuera de aquí; sin embargo,
un trabajador no tiene la misma facilidad para desplazarse e ir tras el
patrimonio desplazado, de ahí el daño indirecto a las rentas medias y
bajas.

Ustedes, en la exposición de motivos, justifican la introducción de
esta ley con una finalidad recaudatoria —que no podemos creernos,
pues conocemos las cifras récord de recaudación de este Gobierno— y
una finalidad armonizadora, que no tiene otro objetivo que atacar el
sistema financiero de las comunidades autónomas, recentralizando este
impuesto; pero lo más grave es que el fin perseguido es atacar a las
comunidades autónomas que han suprimido, total o parcialmente, el
impuesto sobre el patrimonio, que, casualmente, son las gobernadas por el
Partido Popular. Ese es su gran objetivo. Si somos prácticos, lo que
ustedes pretenden es evitar las bonificaciones autonómicas de Madrid
—este impuesto está bonificado al cien por cien—, Andalucía
—bonificado al cien por cien— y Galicia —con un 25 % de
bonificación en 2022 y un 50 % en 2023—. Evidentemente, el mayor
impacto se produce en la Comunidad de Madrid al ser la región que tiene,
hoy día, el cien por cien de bonificación y que, por supuesto, es el
objetivo prioritario del Partido Socialista. Pero no olviden que regiones
como Madrid también aportan por IRPF y por IVA lo que ustedes, Gobierno
central, no recaudan de otras comunidades.

Si siguen con este impuesto adelante, van a originar caídas de
producción, caídas de PIB y caídas de empleo. Miren, lo que ustedes han
pretendido hacer es replicar el impuesto sobre el patrimonio vigente de
la Ley 19/1991 en todos los aspectos —ámbito territorial,
exenciones, sujetos pasivos, bases imponibles, tipos de gravamen—,
pero, fíjense, se han olvidado de un tema importantísimo en esa réplica y
es que, en su proceso de copia y pega, señorías del Partido Socialista,
hay algo importante que se han dejado por el camino —no dejado,
olvidado—; en el nuevo impuesto no han tenido ustedes en cuenta que
hay comunidades autónomas que tienen previstos beneficios fiscales en
favor de las personas con discapacidad. Ustedes, en la estructura del
nuevo impuesto, se han olvidado —lo repito porque es muy grave y de
gran importancia— de las deducciones y bonificaciones de las
comunidades autónomas a los más vulnerables, las personas con
discapacidad. (Aplausos). Lo digo y lo repito porque, en la disposición
vigesimoquinta de este impuesto, citan que la recaudación de este
impuesto se destinará a financiar políticas de apoyo a los más
vulnerables. ¡Pero qué contrasentido! ¡Si no han considerado ustedes las
bonificaciones a las personas con discapacidad de las comunidades
autónomas! Miren, varias comunidades autónomas aplican una bonificación
del 99 % del valor de los bienes y derechos que formen parte de
patrimonios protegidos de contribuyentes con discapacidad. Afecta a
comunidades autónomas como Cataluña, Asturias, Aragón y Castilla y León,
pero también a otras comunidades en otros porcentajes como Valencia,
Canarias y Extremadura. Pero, además, hay otras bonificaciones que
ustedes han olvidado incorporar al impuesto de las grandes fortunas: la
de Baleares, por adquisición de bienes de consumo cultural; la de
Cataluña, por adquisición de propiedades forestales; la de La Rioja, por
aportación a fundaciones; o la de Galicia, por adquisición de terrenos.
Ustedes, en ningún momento, han considerado las bonificaciones fiscales
en el esquema del cálculo del impuesto.

Les pregunto, señorías del Partido Socialista: ante este grave error
y esta omisión de deducciones fiscales en ese copia y pega, ¿van a seguir
adelante con la tramitación de esta proposición de ley, perjudicando a
las personas con discapacidad? Ustedes, socios del Partido Socialista,
¿van a votar a favor de que los contribuyentes de este impuesto no puedan
aplicar esas deducciones y bonificaciones fiscales de sus respectivas
comunidades autónomas? ¿Van a consentir que las personas con discapacidad
poseedoras de un patrimonio protegido pierdan sus ventajas fiscales?
(Aplausos). No creo que sean capaces ustedes de votar a favor de este
impuesto, de dejar fuera de las ventajas fiscales a las personas con
discapacidad.

El nuevo impuesto patrimonial constituye un tributo improvisado
mediante el que el Estado irrumpe de manera explícita en el ámbito de la
competencia autonómica. Fuera de España se seguirá identificando a
nuestro país como una jurisdicción de alta imposición patrimonial y cuya
regulación carece de seguridad jurídica al haberse publicitado con escasa
antelación respecto al primer devengo. Por ello, este impuesto nace
frágil, será fuente de conflictividad política y de importante
litigiosidad. A ustedes, por cierto, les gusta mucho jugar con este
impuesto sobre el patrimonio. Ya en el año 2008, Zapatero y Solbes lo
suprimieron porque era confiscatorio y, cuando se les criticaba por la
supresión de este impuesto, Solbes respondía que no lo pagaban las rentas
más bajas, tampoco las más altas, sino que básicamente recaía en las
clases medias y gravaba el ahorro de las rentas del trabajo, de bienes
inmuebles; luego, en 2011, lo volvieron ustedes a incorporar. Es su trae
y lleva con el impuesto sobre el patrimonio. Señorías, en un momento en
el que España necesita más que nunca seguridad, confianza y atraer
inversiones, Sánchez y Montero solo se empeñan en hacer lo contrario;
Sánchez solo cumple con las medidas que suponen intervención,
confiscación y merma de libertades a individuos y empresas. Así trabajan
ustedes, señorías del Partido Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Alía.

Para el turno en contra de los vetos, tiene la palabra, por el
Partido Socialista, el senador Ferrer.

El señor FERRER SAIS: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. La Comisión Europea, el Fondo Monetario
Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico vienen haciendo recomendaciones, desde el inicio de la crisis
energética y su agudización a raíz de la invasión rusa de Ucrania, acerca
de la necesidad de que los Estados miembros de estos organismos tomen
medidas recaudatorias de carácter temporal sobre los beneficios
extraordinarios que se estaban y continúan produciéndose. La proposición
de ley que hoy debatimos está exclusivamente inspirada y orientada hacia
este tipo de recomendaciones. Lo que plantea es tomar medidas para
proteger a la familia en general, para proteger, sí, a las personas más
vulnerables, evidentemente, a las personas con discapacidad, y para
proteger el tejido productivo. ¿A través de qué? A través de un esfuerzo
de recaudación basado en los ingresos extraordinarios del sector
energético, de los sectores financieros, y un impuesto a las grandes
fortunas. La previsión de recaudación, no voy a abundar en ella, está
cifrada en torno a 10 000 millones de euros para los próximos dos
años.

Ambos vetos, en este momento ya solo el veto del Partido Popular,
rechazan estas medidas. Se podría reflexionar —la portavoz del PP
tampoco lo dice— sobre si en España hay una situación que lo
aconseje o no —en su intervención no ha hecho ningún tipo de
diagnóstico— y, a la vez, sobre si los sujetos a los que se les va
a imponer este impuesto temporal tienen una situación que pueda dar
satisfacción a esas necesidades que se tienen de gasto público.
Evidentemente, los datos nos dicen que las cinco compañías energéticas
más importantes de nuestro país han obtenido de manera conjunta un
beneficio de 9572 millones de euros en lo que va de año, el 52 % más que
el año pasado. El conjunto de las empresas cotizadas en el IBEX 35 han
repartido dividendos entre enero y hasta la fecha de diciembre —aún
quedan juntas de accionistas previstas— por valor de 23 618
millones de euros, un 13,3 % más que el año pasado.

Otro argumento que se ha citado en el veto del Partido Popular
—el veto del Grupo Parlamentario Democrático hacía también énfasis
en ello— es que el Real Decreto de la Unión Europea 2022/1854, de 6
de octubre, relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a
los elevados precios de la energía, es incompatible con esta proposición
de ley, algo que es completamente erróneo. No hay ningún precepto
recogido en este reglamento europeo que dé pie a esta interpretación tan
sesgada. ¿Por qué? Por una cuestión de raíz; es un reglamento que deja
abierta a la regulación nacional la implementación específica en cada
país; es decir, no hay una posición imperativa, como no podía ser de otra
manera, pues estamos hablando de una normativa europea. Y, por lo tanto,
ese argumento es completamente erróneo, como he dicho. ¿Qué es lo que sí
dice el reglamento y recoge literalmente la proposición de ley? Delimitar
quiénes son los sujetos fiscales, determinar cuáles son las bases que
gravar y las tarifas aplicables, algo que escrupulosamente se recoge en
la proposición de ley.

Y hay un tema que ha aparecido en la intervención del Grupo Popular,
que es la fórmula de fiscalización que se establece para tributar. La
fórmula que se plantea de que fuera a través de la normativa contable,
introducirla en el cálculo de base imponible del impuesto energético
tendría unos efectos extraordinarios porque la consecuencia práctica a la
hora de lo que se pretende recaudar, que son los ingresos
extraordinarios, sería bastante disminuida. ¿Por qué? Porque esa fórmula
claramente incluiría las provisiones, incluiría las pérdidas y ganancias
y las reestructuraciones, por no decir otro tipo de cuestiones, inversión
en el extranjero, etcétera. Esa es la razón, y no otra, por la cual no se
ha optado por esa fórmula y sí por una fórmula de recaudación
directamente vinculada a la facturación que, al entender de la
proposición de ley, así como de la mayoría del Congreso de los Diputados,
dota de transparencia y equidad al gravamen energético, ya que los
grandes grupos van a contribuir de acuerdo con su cuota de mercado. Nos
podríamos encontrar con que aquellos grandes grupos petroleros o
eléctricos que tienen bonos fiscales de otros ejercicios sirvieran para
reequilibrar el gravamen o el tributo energético.

En cuanto a la subida de tipos de interés en el sector bancario, es
evidente que está generando beneficios extraordinarios. Esto no es algo
nuevo. Lo podemos analizar, señores del Grupo Popular, con una lupa de
carácter ideológico, y quiero recordarles que la señora Thatcher, en los
años ochenta, ya aplicó una subida temporal a la banca y a las empresas
de la City londinense por la subida de tipos de interés para poder
recaudar los beneficios extraordinarios que estaban teniendo; era la
señora Thatcher, vamos, la ideóloga o el sanctasanctórum del
neoliberalismo. Afortunadamente, esta es una cuestión técnica que, como
he dicho al principio de mi intervención, se está recomendando.

¿Hay razón para plantear una contribución o una prestación especial a
la banca y al sector financiero? Bueno, los datos son más que evidentes,
igual que he planteado anteriormente en el sector energético, en los
primeros nueve meses del año, los beneficios extraordinarios han subido
un 31 % y los gravámenes un 17,57 %, ambos indicadores respecto a 2021.
La singularidad en la prestación de la banca es que no existe una
referencia europea, no hay una normativa específica y, por eso, el
Gobierno se dirigió al Banco Central Europeo para pedirle una consulta,
que, como no puede ser de otra manera, no es vinculante. Este es un dato
muy importante para retener: lo que el Banco Central Europeo dice tiene
carácter consultivo, no vinculante. Básicamente, ¿qué resolvió el Banco?
Comento alguna extracción de lo que se dijo porque fueron muchas cosas.
Un tema que parecía obvio y que se ha repetido anteriormente, es que el
nuevo gravamen va a reducir la capacidad de beneficios de las entidades
financieras, y otro tema es que la medida tenga carácter finalista. Se ha
incorporado en la proposición de ley, se ha hecho caso al Banco Central
Europeo en lo que corresponde. Es obvio, pero voy a intentar reproducir
el criterio de que, si en lugar de ser una prestación sobre el aumento de
los gravámenes y las comisiones fuera sobre los beneficios, el efecto
realmente sería indeseado. Todo el mundo es conocedor de los bonos
fiscales que tiene la banca en estos momentos.

Pasamos al impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Hay dos cuestiones previas que les quiero plantear. Según Oxfam, desde la
crisis de la COVID-19, las personas más pobres han perdido siete veces
más renta que las personas más ricas. Por lo tanto, no hay ninguna
obsesión por confrontar ricos con pobres, sino que hay un problema real
que se llama desigualdad. Sobre esa desigualdad estamos obligados a
actuar, y la proposición de ley que presentamos actúa a través de la
redistribución. Este no es un impuesto baladí, estamos hablando de un
impuesto que va a actuar en sujetos fiscales con patrimonios superiores
a 3 millones de euros y, por tanto, se han dicho cosas anteriormente con
bastante poco rigor. Su finalidad es recaudar y, evidentemente,
armonizar. Sí, señorías, queremos armonizar la fiscalidad de las grandes
fortunas en el conjunto del Estado, evidentemente, respetando
escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas. Se
configura, por tanto, como un impuesto complementario al impuesto sobre
el patrimonio, de ámbito estatal, y no va a haber ninguna doble
tributación.

Ustedes, señorías del PP, vienen hablando de mayorías sociales. Ante
la falta de tener mayorías parlamentarias, se intentan consolar con algo
que realmente las fuerzas parlamentarias no utilizamos. La mayoría social
existe, la sociedad civil organizada configura una mayoría social, pero
ustedes en ese espejismo de elecciones anticipadas plantean la mayoría
social. Pues sepan que este impuesto a las grandes fortunas tiene un
respaldo de seis de cada diez personas consultadas por Oxfam. Por lo
tanto, sí que estamos hablando de una plena mayoría social, con lo cual,
háganse ustedes mirar, señores del PP, su concepto de mayoría social.
(Aplausos).

Para finalizar, los dos vetos, aunque el veto del Grupo Parlamentario
Democrático ha decaído, utilizan los mismos términos y las mismas
fuentes. Por lo tanto, el veto del Grupo Popular utiliza sal gruesa y una
fórmula claramente prejudicial, y así se ha expresado en la tribuna a la
hora de calificar la proposición de ley. Se acusa a la proposición de ley
de ser un fraude legislativo, un fraude parlamentario y un fraude
político, entrecomillado. Me parecen imputaciones muy graves, pero cuando
alguien hace el ejercicio de examinar el razonamiento de la proposición
de ley en el veto, ve que no hay ni un solo hecho que pueda ser imputado
como fraude parlamentario, fraude legislativo o fraude político. No hay
ni un solo precepto legal o reglamentario que haya sido conculcado. Por
todo ello, rechazamos su veto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
señor Ferrer.

Pasamos al turno de portavoces de los vetos.

En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora
Goñi.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidente.

Esta proposición de ley es un despropósito, otro más, y se lo han
advertido por activa y por pasiva, pero, como es habitual, el Gobierno ni
hace ni hará caso. Lo han advertido el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Central, juristas, senadores, diputados y los reguladores. Como
siempre, ignorar estas advertencias tendrá consecuencias nefastas para
todos los ciudadanos, que seremos quienes pagaremos finalmente estos
nuevos impuestos a la banca y a las energéticas. Lo pagaremos, por
ejemplo, con más dificultades para obtener crédito y, por supuesto, con
un crédito más caro.

Estos impuestos dañan la reputación de España y se recibirá menos
inversión exterior; atentan contra la seguridad jurídica de la inversión
en nuestro país, y eso solo lleva a un empobrecimiento de los españoles.
La inseguridad jurídica es conocida y completamente ignorada. El Gobierno
sabe que esta ley tiene agujeros y que estos impuestos son susceptibles
de ser recurridos y anulados en los tribunales. No importa, el Ejecutivo
decide seguir adelante, como ha hecho con la Ley del solo sí es sí o con
otros proyectos de ley. El Gobierno ha prescindido de cualquier consulta
o informe que avale estos impuestos; aún desconocemos esos ingresos que
van a aportar estos tributos. No se ha consultado a expertos, no se ha
hablado con los sectores afectados y no se han evaluado las
consecuencias. Han introducido enmiendas que no guardan ninguna conexión
con el texto original y que probablemente serán inconstitucionales. El
Gobierno plantea esta ley como temporal, para dos años, pero ha admitido
una enmienda para que pasado ese tiempo se estudie si se puede convertir
en un gravamen permanente. Yo veo ahí una previsión que no han tenido con
las dudas de anticonstitucionalidad que sobrevuelan partes de la ley y
que no se han resuelto. El sector bancario alega contra este nuevo
impuesto que su sector es menos rentable que otros sectores. Exponen que
su retorno es del 8 % frente al 12 % del resto de grandes compañías,
desmontando así el argumento y la intención del Gobierno de recaudar más
de quienes más ganan.

Los socios del Gobierno apoyan estos impuestos, pero también son
críticos con ellos, ya que hubiesen preferido que los recaudasen
directamente las comunidades autónomas, porque estos impuestos atacan la
autonomía financiera de las comunidades autónomas; atacan el Concierto
vasco y atacan la relación con Canarias al no respetar la disposición
adicional tercera, que altera una tasa fundamental para las inversiones
allí. El PNV dudaba sobre la invasión de competencias para las haciendas
vascas, pero, claro, el Gobierno pactó con Bildu la cesión de la
recaudación de estos impuestos para Euskadi y para Navarra. Y ahí está el
problema, como siempre, es el quién y no el qué, solo molestó que lo
negociase Bildu; y después lo arreglaron pactando entre PNV y PSOE no
aplicar el impuesto en Euskadi, así que el PNV ya no tiene dudas sobre la
invasión de competencias. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa
la Presidencia).

El impuesto de solidaridad está fuera de cualquier consenso europeo,
está fuera del reglamento y está fuera del Banco Central Europeo, porque
se establecen dos impuestos sobre el patrimonio cuando, además, toda
Europa lo ha hecho desaparecer. Va a suponer una doble tributación. Y
esta ley no ha incluido bonificaciones ni exenciones de las comunidades
autónomas a las personas con discapacidad, que ya tienen en el impuesto
sobre el patrimonio. Es inaudito, todos los contribuyentes con
discapacidad cuyo patrimonio rebase los 3 millones de euros van a
tributar por grandes fortunas lo que no tributan por patrimonio. Este
impuesto de solidaridad anula de facto los incentivos fiscales de estos
colectivos vulnerables en ocho autonomías españolas. Las personas con
discapacidad van a ser ese daño colateral del impuesto de grandes
fortunas. En Cataluña existe una bonificación del 99 % a estos
contribuyentes, igual que en Asturias y Aragón. En Andalucía y Comunidad
Valenciana hay mínimos exentos según el grado de discapacidad. Es
paradójico que un tributo que el Ministerio de Hacienda nos ha vendido
como un elemento redistributivo que habrá de trasladar recaudación de
grandes fortunas a colectivos vulnerables genere una nueva tributación
para las personas con discapacidad. El impuesto de solidaridad es
insolidario con las personas con discapacidad.

El PSOE sigue en bucle en ese discurso de ricos y pobres y, además,
no lo pueden argumentar. En 2007, con una presión fiscal mucho más baja
que hoy, dijeron que bajar impuestos era de izquierdas y eliminaron el
impuesto sobre el patrimonio. En 2011, repusieron el impuesto sobre el
patrimonio, y hoy presentan esta ley cuando hace unos pocos meses se
negaron a seguir una iniciativa exactamente igual que esta presentada por
Podemos. Ustedes sabrán por qué actúan así y cómo van a encajar los
próximos recursos que se presentarán ante los tribunales.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador
Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señorías. En el Partido Regionalista de Cantabria
siempre hemos tenido clara nuestra postura ante debates como el que ahora
tenemos, y así lo hemos manifestado en aquellos órganos en los que
estamos representados. Nos encontramos en un Estado social y democrático
de derecho y, por ello, debemos conseguir un pleno desarrollo de nuestra
democracia, a la vez que velar por que ninguna persona se quede atrás en
lo social, garantizando unas condiciones dignas de vida y unos servicios
públicos de calidad. Esta debe ser la seña de identidad que marque
nuestro modelo para que este funcione y, lo que es igual de importante,
que la ciudadanía lo siga apoyando. Toda esta serie de premisas se
alcanzan gracias a la fiscalidad, la cual tradicionalmente ha estado
desequilibrada y ha sido injusta para gran parte de la sociedad. En este
sentido, los regionalistas de Cantabria defendemos un modelo más ecuánime
y progresivo, en el que aporten más aquellos que más beneficios
económicos obtienen, algo que, como señalamos, no se da en la actualidad.
En esta época de inestabilidad que atravesamos y con la crisis energética
provocada por la invasión de Ucrania, las grandes compañías energéticas y
las entidades financieras presentan beneficios récord, algo que contrasta
con la delicada situación que atraviesan muchas familias, pymes o
autónomos. Está en nuestra mano revertirlo; de hecho, es nuestro deber si
de verdad defendemos el modelo de Estado definido en nuestra carta magna.
Es por ello por lo que apoyaremos esta proposición de ley, pues sus
objetivos pueden contribuir a lograr de forma extraordinaria esa
finalidad de que las grandes corporaciones aporten lo que por justicia
deben aportar. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Esto no quiere decir, sin embargo, que veamos la proposición de ley
como un texto sólido, pues faltan muchas garantías jurídicas, lo que
podría truncar su aplicación en algunos casos. Como ya ha señalado
nuestro diputado José María Mazón en el trámite de la ley en el Congreso
de los Diputados, vemos cuestiones que extralimitan el alcance dado por
el reglamento europeo y varias zonas de mucha oscuridad en un futuro
cercano que pueden ir en contra del propio fin que persigue la
proposición de ley. Estas contradicciones o falta de análisis no acaban
de convencernos, de ahí que hayamos adelantado nuestro sí, pero un sí
crítico. Por ello, y aunque hoy salga adelante la proposición de ley,
debemos ir pensando en proponer una reforma que transforme estructural y
sólidamente nuestro modelo recaudatorio, haciéndolo verdaderamente
progresivo en el tiempo y no solamente en momentos de extrema debilidad
como el que atravesamos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente.

En la justificación de su propuesta de veto, el Partido Popular
menciona cinco veces la palabra fraude. Señorías del Partido Popular,
fraude es lo que cometen a diario muchas de las grandes corporaciones, no
solo de los sectores energético y bancario, también de otros, pero esos
dos sectores son los principales beneficiarios de los rendimientos caídos
del cielo que están llevando a muchos ciudadanos a pasar un infierno.
Fraude es que haya grandes corporaciones con pingües beneficios que pagan
menos impuestos que un almacén de barrio. Fraude es que, gracias a la
ingeniería fiscal, los grandes no contribuyan según sus beneficios.
Fraude es porque se incumple el artículo 31 de la Constitución, que
también ha mencionado la portavoz del Partido Popular, solo que ella lo
interpreta de una manera muy distinta a la mía. El artículo 31 dice:
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con
su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en
los principios de igualdad y progresividad; y está claro que no hay
progresividad cuando las grandes corporaciones tributan por un tipo de
sociedades ridículo, mientras que las pymes tienen que pagar el tipo más
alto porque no tienen capacidad de elusión fiscal. Fraude es que los
grandes bancos vayan a pagar 3000 millones por el gravamen que hoy
debatimos aquí —ya veremos si sale aprobado—, cuando tienen
un colchón de 60 000 millones de euros para compensar sus beneficios con
las pérdidas de los bancos quebrados absorbidos, gracias a los créditos
fiscales diferidos, cuya modificación hemos solicitado en Geroa Bai en
este Senado en múltiples ocasiones, con escaso éxito, por cierto. Fraude
es que los beneficios de las empresas hayan crecido siete veces más que
los salarios —lo dice el Banco de España—, y que los salarios
reales hayan caído un 3,5 % en la primera mitad de 2022, el doble de lo
que han caído en Europa. Fraude es que, ante la pérdida clara de poder
adquisitivo de las clases medias y trabajadoras, aún no hayamos sido
capaces de hacer un pacto de rentas y beneficios, tal y como aprobó esta
Cámara el 11 de mayo, a iniciativa de Geroa Bai, con la abstención del
Partido Popular, de Bildu y de UPN, y el voto en contra de la extrema
derecha; un acuerdo en el que instábamos al Gobierno a liderar con los
agentes sociales, sindicatos y empresarios, un pacto de rentas que
contemple beneficios empresariales, salarios y rentas de capital, así
como el impulso de fórmulas que favorezcan la participación de las y los
trabajadores. Fraude es que el Partido Popular se preocupe de rechazar
los impuestos a energéticas y banca y plantee que los ricos paguen menos,
mientras que le trae al pairo que las clases medias y trabajadoras
pierdan capacidad de compra porque sus salarios reales bajan y bajan y
bajan y los precios suben y suben y sube. Fraude es, señorías del Partido
Popular, que no dediquen ustedes ni un minuto de su tiempo a defender la
causa de los más desfavorecidos, que hoy son muchas personas que tienen
un empleo, pero que, con lo que ganan, no les llega ni para cubrir sus
necesidades a fin de mes; muchas de ellas, por cierto, jóvenes que
afrontan un futuro muy negro. Aunque fraude es también, señorías del
Partido Socialista, que el Gobierno no haya dado un solo paso para poner
de acuerdo a patronal y sindicatos, al objeto de concertar un nuevo
sistema retributivo que tenga en cuenta la inflación y reportar mejor los
beneficios, que no proceden solo de la aportación del capital, sino que
son posibles gracias a la aportación del trabajo.

Por todo ello, o quizás a pesar de todo ello, votaremos en contra del
veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE:






Muchísimas gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones). No tomará la
palabra. Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones). No tomará la
palabra. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Juncal Rodríguez.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

El Partido Popular ha presentado este veto por diversas y
fundamentadas razones. Quiero aclarar también que mi compañera Pilar Alía
se ha referido más a la parte del impuesto sobre la banca, grandes
fortunas y otros añadidos, pero yo me centraré más en el impuesto
extraordinario sobre las energéticas.

Como decía, hemos presentado este veto porque era innecesaria la
presentación de esta proposición de ley en estos términos, ya que la
existencia del reglamento de la Unión Europea, que ya se ha citado,
amparaba y daba cobertura jurídica a la imposición de una contribución
excepcional en caso de que hubiera beneficios excepcionales
excedentarios, como dice el reglamento de la Unión Europea, por motivo de
la guerra. Por el contrario, ustedes han escogido la vía de gravar el
volumen de ventas —único país que lo hace en la Unión
Europea— a aquellos que son considerados operadores principales
según la CNMC. Con lo que ya introducen un elemento que provoca, además
de otros —por la chapucera redacción del texto—, inseguridad
jurídica, ya que vulnera principios consagrados en nuestro ordenamiento
jurídico y en el derecho comunitario; un ejemplo sería la sentencia sobre
el bono social eléctrico. Afecta gravemente a la competitividad de las
empresas españolas, en competencia con las extranjeras que operan en
España que no se enfrentan al gravamen. Es discriminatorio, quiebra el
principio de generalidad e igualdad consagrado en nuestro sistema
tributario y grava a los que compran en España; inseguridad jurídica que,
aparte del efecto negativo para el país ya de por sí considerado de alto
riesgo regulatorio, perjudica de forma muy importante las inversiones. A
ver quién hace las inversiones necesarias para la transición energética,
pues deberían conocer el descenso en el ranking de las distintas agencias
y el absoluto fracaso de la última subasta de renovables hace un mes; 50
megavatios adjudicados en una subasta de 3200 es una prueba. Y esto
llevará a los afectados a recurrir las liquidaciones en el momento que se
produzcan, como ya han anunciado, con muchas probabilidades de tener
éxito, con lo que habrá que proceder, eso sí, dentro de tres o cuatro
años, a la devolución de las cantidades cobradas con los correspondientes
intereses. Con lo que, en vez de defender a los ciudadanos, como ustedes
dicen defender, Sánchez y Podemos han hecho suyo este texto —que,
por su redacción, me atrevo a decir, parido en un aquelarre de esos que
organizan en Vistalegre o en alguna asamblea de primero de
facultad— para poder disputarse el papel de rey y sota de bastos
pensando que con ese papel les darán votos.

Señorías, no critico que escogieran el procedimiento de proposición
de ley, lo puede hacer cualquier grupo, pero, hombre, indudablemente, con
un mínimo de rigor jurídico tributario, porque con este sistema se saltan
los informes preceptivos, no vinculantes, es verdad, del Consejo de
Estado, de la CNMC, de afectados, las memorias de análisis de impacto
normativo, etcétera, que, sin duda, pondrían de manifiesto cuestiones que
preocupan a la seguridad jurídica y que tienen su repercusión en el
impacto en la economía y el empleo. Porque no se engañen, el ciudadano
español es sabio, y lo primero que pensará es que mañana por este sistema
también pueden legislar contra mí. Si la gravedad de la crisis es de tal
magnitud que hay que pedir un esfuerzo para aliviarla, díganlo
abiertamente y hagan un planteamiento serio, en el que tendrán que entrar
todos los sectores del país en este pacto de rentas que ustedes mencionan
en la exposición de motivos, pero no dos sectores y no todos de esos dos
sectores, aunque ya hablan de un impuesto a los supermercados. ¿Lo hacen
según se les va ocurriendo? Evidentemente, algo no cuadra; con unos
ingresos públicos muy superiores a los previstos, 50 000 millones de
euros este año, el déficit y la deuda siguen aumentando, alcanzando ya el
billón y medio de euros. Como decía, cuando haya que devolver las
cantidades cobradas, será con cargo a los presupuestos; es decir, a cargo
de todos los españoles y no a costa de los autores ejecutores de esta
chapuza de ley. Como, probablemente, este veto no prosperará, tienen la
oportunidad de apoyar una de las enmiendas del PP y de algún otro partido
que adaptan esta norma a la normativa europea estableciendo esa
contribución solidaria.

Y digo chapuza porque se han visto obligados a rectificarlo en el
Congreso introduciendo minoraciones en la base imponible: el impuesto
sobre hidrocarburos, el impuesto especial sobre combustibles de Canarias,
el gravamen sobre carburantes en Ceuta y Melilla, actividades reguladas,
la PVPC, TUR del gas, TUR de GLP, etcétera. Son once conceptos porque,
claro, los redactores de la proposición de ley debían desconocer que las
empresas por estos conceptos o no tenían beneficio alguno o estaban
regulados porque son meros recaudadores del Estado, cobrando dichos
conceptos a los ciudadanos y entregando las cantidades a los organismos
correspondientes sin percibir un euro. Justifican que gravar por
beneficios, como propone el PP y la Unión Europea, era complicado, pues
ya me dirán ustedes hacer toda esta cuenta. Insisto en el término chapuza
del texto porque, a pesar de la rectificación del Congreso, se les han
olvidado una serie de conceptos. Se les olvidó incluir los peajes y
cargos, los accesos a redes, la compensación derivada del Real
Decreto 10/2022, del cap del gas, las cantidades correspondientes
al 2017, 2020 y 2021. ¿O creen que hacer tributar —estamos hablando
de 20 000 millones de euros— a las empresas que recaudan del
ciudadano y se lo entregan al Estado sin obtener un euro es algo que se
sostiene jurídicamente? ¿Ustedes creen que van a poder sostenerse eso
jurídicamente? ¿Semejante desaguisado piensan que pueda tener cobertura
legal? Por cierto, de esos 20 000 millones, 9500, aproximadamente,
proceden del ajuste del Real Decreto 10/2022, del cap del gas, del que
tanto presumen. Pero siguen engañando o no se enteran —que no sé si
es peor— porque comparan churras con merinas, el precio minorista
de España, PVPC, con el mercado de ajuste mayorista en Europa, y no
cuentan o no dicen que esos 9500 millones son detraídos a los ciudadanos
que tenían pactado un precio fijo de la electricidad, y que, de no ser
por su medida, no tendrían que pagar como están pagando. Por no hablar de
los 1580 millones, a 12 de diciembre, que nos ha costado a todos los
ciudadanos la venta de electricidad a Francia, Marruecos y Portugal,
con 850, 50 y 680 millones respectivamente porque no pagan el ajuste del
gas. Son ustedes unos fenómenos. Por cierto, esta medida maravillosa, que
no sé cuántos meses llevan ustedes diciendo que nos va a copiar el resto
de la Unión Europea, se hace de rogar. ¿No les hace pensar que no será
tan efectiva, que tendrá algún inconveniente en su aplicación? Ayer
llegaron a un acuerdo de un ajuste de precio, nada más. No, son demasiado
soberbios como para pensarlo siquiera.

Están haciendo fracasar la transición energética con sus medidas
absurdas. Han puesto a España en el ranking con países de riesgo
regulatorio. Castigan a las empresas nacionales que invierten en el país,
castigan la inversión en redes y renovables. El señor Sánchez decía hace
unos años que no dormiría tranquilo teniendo a Podemos en el Gobierno, si
le preguntásemos hoy a Iglesias y a Podemos, probablemente, si fuesen
sinceros, dirían que los que no pueden dormir son ellos porque Sánchez
les está robando la cartera, entendiendo la cartera por la ideología, por
lo que, señores del PSOE, con esta ley ustedes se han hecho
podemitas.

Quieren justificar lo injustificable porque, si hablamos de
beneficios extraordinarios o de excedentarios, adelante, grávenlos, pero
beneficios; es decir, el diferencial entre el precio de ventas y gastos,
perfecto. Hasta les admito que pongan un tipo superior en el impuesto
sobre sociedades, tienen mayoría para hacerlo, tendría cobertura legal. O
poner un tope superior a la contribución solidaria establecida por la
Unión Europea, pero no el sostenerla y no enmendarla; arrogarse ese papel
de sota de bastos que, por lo visto, es prioritario para ustedes.

Tanto por las enmiendas como por las conversaciones mantenidas con
los distintos grupos, salvo con los que se quieren arrogar el papel de
aquelarre de Vistalegre, se ve que reconocen, aunque sea en privado, que
gravar por ventas es un disparate, pero en el trámite de enmiendas tienen
la oportunidad de arreglarlo. Me dirijo expresamente a ERC y Junts,
porque el texto actual —ustedes lo saben, y me consta que lo
saben— sirve de ejemplo para confirmar la disparatada redacción de
esta ley. Hay una empresa catalana que, de mantenerse la actual
redacción, el 1 de enero tendrá que presentar concurso de acreedores,
porque con unos beneficios de 10 millones euros en el ejercicio pasado
tendrá que hacer frente a un pago de 50 millones por esta contribución;
directamente a la quiebra. Obviamente, los 220 trabajadores de esta
empresa catalana se preguntarán y reflexionarán lo siguiente: mucha
presión para arreglar la malversación y la sedición de nuestros líderes,
pero para defender nuestros puestos de trabajo no están ni se les espera.
España es el único país de la Unión Europea que grava por ventas, todos
absolutamente todos gravan por beneficios. Cuando uno va por una
autopista y ve que todos los coches vienen de frente, no puede pensar que
él está en la dirección correcta. Por eso, señores senadores, tienen la
oportunidad de arreglar este desaguisado en el turno de enmiendas,
apoyando las del Grupo Popular y las de otros grupos; ustedes
verán.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Juncal.

Por el grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
Ferrer. Sais

El señor FERRER SAIS: Gracias, presidente.

Buenos días.

Yo no sé si el símil del vehículo que va en un sentido y todos los
demás en dirección contraria —por cierto, ya lo utilizó en la
comisión— se ajusta a esta proposición de ley, porque esta
proposición de ley ha sido aprobada por mayoría en el Congreso de los
Diputados y el vehículo que va contra la mayoría, es el Grupo
Parlamentario Popular (Aplausos). Los publicistas suelen recomendarnos
que cuando pongamos un eslogan le demos siete vueltas, porque a todos se
les saca punta.

Me parece preocupante que en un debate ya se empiecen a anunciar los
recursos constitucionales. Creo que la posición que todas y todos los
representantes de la soberanía nacional debemos defender es esta
soberanía frente a otros poderes, porque si no estamos diciendo que lo
que queremos son otros poderes, no la soberanía popular. (Aplausos). Es
algo muy preocupante que empecemos actuar de esa manera.

Por lo que he escuchado aquí me surgen ideas muy poco gratificantes.
Se dicen cosas que son verdaderas lindezas, como que las medidas
recaudatorias tienen un carácter de urgencia; no se ha utilizado la vía
del decreto ley, sino una proposición de ley para una mayor participación
del Congreso y del Senado. Me sorprende que el Grupo Popular, que de 2014
en adelante bloqueó el Congreso de los Diputados, que no hizo ninguna
consulta a los órganos reguladores ni al Consejo de Estado con aquellas
leyes que se llamaban leyes ómnibus, que regulaban veintitantas materias
distintas, heterogéneas, sin ninguna homogeneidad, ahora venga aquí cual
cordero diciendo que se dejan al margen dos reguladores que no son
vinculantes. Esa es una obligación que tenemos todos y cada uno, la de
haber hecho consultas, y hemos tenido tiempo material, porque la
autonomía parlamentaria, el Reglamento, tanto el Congreso como el Senado,
cuando habla de una proposición de ley parte de que todo eso está
asumido. Así que no vengan ustedes aquí a descubrir algo que ya les dije
hace dos semanas: el sol en España sale por el este, y así son las
cosas.

Me parece bastante preocupante el problema que tienen algunas y
algunos con el bucle de la desigualdad. El Grupo Parlamentario Socialista
no tiene ningún problema, en su ADN, en sus principios fundacionales está
la lucha por la libertad, por la igualdad y por la justicia social.
(Aplausos). Cuando, no nosotros —yo he citado antes a Oxfam, pero
podemos hablar de organismos como la ONU, la Organización Internacional
del Trabajo o la FAO—, sino ellos nos dicen que está aumentando la
desigualdad, hay que actuar. ¿Y qué planteamos? Algo tan simple como lo
que están haciendo todos, la mayoría de los gobiernos desde la pandemia:
desarrollar políticas de protección de las personas y del tejido
productivo y políticas de redistribución. Voy a darles dos datos de mi
comunidad, la Comunidad de Madrid. Sobre la base de informes del
Instituto Nacional de Estadística un proyecto europeo, Urban Audit, está
analizando 109 ciudades españolas, y entre ellas está una de las ciudades
españolas, por no decir la ciudad española, que tiene la renta per cápita
más alta, Pozuelo de Alarcón. Tiene la renta per cápita más alta de todo
el Estado con 70 298 euros, pero las rentas bajas no llegan a 10 000
y 12 000 euros. El grado de desigualdad supera todos los índices
conocidos de Gini. Ese es el espejo que ustedes ponen, no hay ningún
bucle; sí que hay un problema entre ricos y pobres, aquí lo tienen, su
buque insignia, y ahí han gobernado ustedes siempre, no pueden venir,
como siempre, a echar la culpa al pasado, a la herencia. Luego vamos a la
Comunidad de Madrid, su espejo fiscal hasta que el Gobierno británico
decidió volver a subir los impuestos porque había forzado la dimisión de
la anterior premier. Pues en la ciudad de Madrid existen 281 852 niños y
adolescentes de entre 0 y 17 años y el 23 % del total de los niños y
jóvenes en ese rango de edad están en pobreza o en exclusión, y eso es lo
que nos exige redistribuir. Por eso hemos puesto un impuesto temporal
solidario para las grandes fortunas, complementario, sí, al impuesto
sobre sociedades y armonizador, necesariamente armonizador, porque
ustedes han desfiscalizado, ustedes han hecho dumping fiscal. Con ese
cero en el impuesto sobre sociedades se producen estos datos tremendos de
jóvenes y niños pobres y de desigualdad en la Comunidad de Madrid. Hablan
de doble imposición, pero si examinan la proposición de ley verán que no
hay posibilidad de doble imposición. En el impuesto temporal de
solidaridad para rentas altas vienen toda una serie de exenciones y de
circunstancias para desgravar; con el gravamen para las empresas
energéticas, ocurre exactamente igual si concurren las circunstancias, y
lo mismo cabe en la prestación del sector bancario.

Quiero concluir hablando del sector bancario. Como ha dicho el
senador de Geroa Bai, hay que recordar la deuda que el sector bancario
tiene con la población española. Es cierto que ahora se ha prestado
voluntariamente a poner en marcha una serie de medidas, y creo que está
bien reconocer lo que se ha hecho bien. El sector bancario se ha prestado
a tomar una serie de medidas, a sugerencia del Gobierno de España, frente
a las hipotecas, etcétera, pero el sector bancario tiene mucho aún que
devolver. Entonces, venir aquí a decir que ahora va a restringir los
créditos, eso es tanto como realmente querer bloquear la economía
española; sabemos que el sector financiero es el alma donde se nutre la
economía. No creo que eso sea lo que ustedes pretendan que se produzca,
porque estaríamos hablando de otro tipo de circunstancias. Creo que es
una medida perfectamente asumible; he dado los datos anteriormente y
estamos hablando de una recaudación potencial de 3000 millones de euros
en dos años, cuando se trabaja con márgenes superiores al 15 %. Y luego
lo de la caída de la inversión me suena bastante a una visión quijotesca
que tienen ustedes de España. En España no solo ha aumentado la inversión
directa de capital extranjero, también está aumentándose la inversión con
algo que se llama Plan de recuperación, transformación y resiliencia;
inversiones precisamente en el sector energético, con el hidrógeno verde,
con el oleoducto entre Barcelona y Marsella, por lo tanto, se está
avanzando en ese terreno. Creo que es más sencillo decir que ustedes no
están de acuerdo con que España se recupere, ustedes estaban esperando
que este otoño fuera el otoño de la recesión. Eso era lo querían, llegar
aquí y presentarlo así, pero ahora ya no tienen ni un solo aliado
intelectual, hasta el Banco de España ha dicho que España no va a entrar
en recesión técnica (Aplausos).

Por eso quiero dar las gracias a los grupos que han manifestado su
voto en contra del veto y quiero exhortar a reflexionar al Grupo Popular
sobre el poco bien que hacen al país y a los españoles y a las españolas
esas posiciones, que son simplemente de interés partidario y
maximalistas, llevan a la confusión y no nos ayudan a construir. ¿Saben
ustedes qué es necesario para las inversiones extranjeras? El sosiego. Si
el país sigue con mucho ruido, y creo que todos sabemos de dónde viene el
ruido, tendremos problemas.

Nada más y gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ferrer Sais.

Pasamos a continuación al debate de las enmiendas. Para la defensa de
las enmiendas presentadas por sus señorías Marín Gascón, Merelo Palomares
y Rodríguez de Millán, enmiendas 50 a 57, tiene la palabra su señoría la
senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor presidente.

Muy buenas tardes, señorías.

Vox ha presentado ocho enmiendas a esta proposición de ley con las
que buscamos mejorar un texto que no compartimos y que además tiene
aspectos que deberían concretarse. Señorías, es necesario especificar la
finalidad de interés general, distinta a la financiación de los gastos
públicos que deben concurrir en los presentes gravámenes temporales. Bajo
esta premisa hemos presentado varias de nuestras enmiendas.

Por otro lado, también remarcamos mediante las enmiendas 52 y 53 la
necesidad de referir el gravamen a los beneficios extraordinarios
obtenidos por la empresa o por el grupo y no a la cifra total de su
facturación. Con nuestra enmienda 54 ponemos de relieve la falta de
correspondencia entre las medidas contempladas en la proposición de ley y
las necesidades que sufren las familias españolas y los sectores más
desfavorecidos de nuestra sociedad. Vox no es contrario al
establecimiento de estos gravámenes temporales por sí mismos, pero sí
somos conscientes de que las administraciones públicas están recibiendo
un exceso en torno al 10 % de recaudación tributaria por efecto de la
inflación. La existencia de tal exceso justifica por sí sola que el
importe del obtenido por los gravámenes contenidos en esta iniciativa se
destine de manera íntegra a la emergencia social. Asimismo, proponemos a
través de la enmienda 55 que el rendimiento del gravamen entidades de
crédito se dedique en su integridad a aliviar la carga que sufren los
españoles para atender sus necesidades de vivienda, ya que se han visto
agravadas por el encarecimiento de las hipotecas de interés variable como
consecuencia de las subidas de los tipos de interés. Con la enmienda 56
hemos propuesto la adición de un nuevo artículo que condicionaría la
aplicación del gravamen solo si se experimenta un incremento de los
beneficios extraordinarios. Asimismo, este artículo especifica que el
nuevo gravamen no puede superar el incremento de la base imponible una
vez descontada la cuota íntegra, de otro modo el gravamen provocaría que
un nuevo mejor resultado antes de impuestos devenga en un peor resultado
después de impuestos a causa del gravamen. Por último, hemos propuesto
una nueva disposición adicional para estudiar el impulso de medidas
fiscales en materia de vivienda con el fin de beneficiar a los españoles,
en especial a los más desfavorecidos y atendiendo a las especificidades
de las familias numerosas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 23 de su señoría Sánchez López,
tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Nos encontramos ante una proposición de ley que regula, cómo no, la
imposición de nuevas cargas fiscales para determinados colectivos, y
recordarán que ya fue anunciada por el presidente durante el último
debate sobre el estado de la nación; una proposición de ley que debió
haber sido proyecto de ley en puridad, pero no se articuló de tal suerte,
como proyecto de ley, porque se hizo de manera apresurada, precipitada y
sin garantías, como siempre o casi siempre. ¿Saben para qué? Pues para
evitar informes preceptivos y necesarios en este contexto, como el
informe preceptivo del Consejo de Estado o el de la CNMC, entre otros
muchos. Miren, y aquí hago un inciso, ¿saben qué pasa con esta manera de
legislar, saltándose los informes preceptivos que siempre se han hecho,
como el del Consejo de Estado? Pues que, como casi siempre, amén del
fondo del asunto del que ahora hablaremos, estamos aprobando una cantidad
de leyes que adolecen de la peor calidad técnica de la democracia; además
de que son leyes sectarias y con una gran carga ideológica, técnicamente
no tienen un pase, y ustedes lo saben. Las leyes que estamos aprobando
aquí técnicamente son bastante malas. ¿Por qué? Porque si anteponemos el
sectarismo y la ideología y nos saltamos los informes de los órganos
consultivos, independientemente del fondo del asunto, la técnica
legislativa brilla por su ausencia, y todos somos responsables como
legisladores de aprobar leyes de una calidad técnica paupérrima.

Y esta no es una excepción. La falta de respeto de este Gobierno por
las instituciones va aún más lejos, retorciendo los procedimientos a su
antojo para aprobar muchas leyes ideológicas, la mayoría, a excepción,
por ejemplo, de la que hemos debatido esta mañana, que es una ley que ha
logrado un gran consenso, pero es la excepción. Esto mismo ha sucedido
también con esta ley, la que tratamos hoy aquí, porque mediante una
enmienda, señorías —fíjense si no es un método torticero—, se
ha aprobado un nuevo impuesto en nuestro sistema al que han llamado
impuesto a las grandes fortunas, pero que no es más que la revancha
ideológica de este Gobierno a las comunidades autónomas gobernadas por
partidos que no son de su color; revancha que, en el fondo, quien termina
pagando, como siempre, son los ciudadanos.

En definitiva, varios son los motivos por los que hemos enmendado
esta ley y por los que, a la sazón, vamos a votar que no. En primer
lugar, porque nos encontramos ante unos gravámenes, señorías,
fundamentados en la necesidad de que todos los agentes económicos
contribuyan a un hipotético pacto de rentas todavía inexistente,
empezando la casa por el tejado. En segundo lugar, porque estos nuevos
gravámenes, y esto es importante, porque, como alguien decía, vamos por
la autovía en dirección contraria de lo que hacen en el resto de los
países de nuestro entorno, estos gravámenes se imponen sobre ingresos y
no sobre beneficios. Esto es importante. Gravamos ingresos y no
beneficios, como correspondería —y lo pide Europa— a un
modelo europeo. Así, el Gobierno olvida, omite y arrincona a su antojo
principios fundamentales y constitucionales del derecho tributario como
el de la obligación de contribuir según la capacidad económica; parece
lógico que contribuyamos según la capacidad económica, según nuestros
beneficios y según nuestros ingresos, porque a veces ingresas, pero
tienes más gastos que lo que ingresas. Como digo, parece lógico, pero
esto no va con la ideología de este Gobierno, que es más de ¡impuestos a
los ricos! Vale, genial, ya está el titular y a otra cosa. Pues parece
que se debe gravar según la capacidad económica de los agentes afectados,
además, así lo hacen los países de nuestro entorno, pero todos ellos
están equivocados y nosotros somos los que vamos bien, como
siempre.

Otra cuestión que nos parece mal y que también hemos enmendado es que
su carácter temporal se extienda más allá de las recomendaciones
europeas. Es más, en la tramitación de esta proposición en el Congreso se
ha asegurado la introducción de un artículo de revisión de estos
impuestos transcurridos dos años, por si fuera necesario. Bueno, pues por
si fuera necesario prorrogamos, revisamos y ya veremos lo que nos parece
conveniente. Otra cuestión que no nos parece bien y que por eso hemos
enmendado, y a la sazón vamos a votar en contra de este texto
absolutamente ideologizado, es que provoque competencia desleal entre
nuestros contribuyentes, obligando a satisfacer este impuesto solamente a
algunas empresas concretas de algún sector específico y determinado, lo
que atenta directamente contra el principio de no discriminación.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías, por favor.
(Continúan los rumores).

Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: No se preocupe, presidente, si ya estoy
acostumbrado y cuando subo a la tribuna pasa

El señor PRESIDENTE: Sí me preocupo. Señorías, guarden silencio, por
favor, si son tan amables.

Muchas gracias. Puede continuar.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Como anticipábamos antes, se aprueba mediante
enmienda un nuevo impuesto en nuestro sistema fiscal de escasísima, por
no decir nula, repercusión recaudatoria, pero, eso sí, de enorme impacto
ideológico, al que han llamado impuesto a las grandes fortunas. Y eso lo
hacen sirviéndose torticeramente, retorciendo de manera torticera, el
procedimiento legislativo al incluir en el informe de la ponencia una
enmienda que aprueba todos los elementos configuradores del nuevo
impuesto, como su naturaleza, objetivo, ámbito territorial, hecho
imponible, sujeto pasivo, exenciones, base imponible, devengo, cuotas,
bonificaciones, régimen de infracciones y sanciones, gestión,
habilitación normativa y vigencia, o sea, un impuesto completo, un
impuesto en toda lid y en toda regla. Conclusión: al haber concluido su
tramitación en el Congreso con una enmienda, se nos impide a los grupos
parlamentarios pronunciarnos sobre ella, cercenando nuestros legítimos
derechos parlamentarios de enmendar y de oponernos, y somos la soberanía
nacional. Nosotros no podemos enmendar una enmienda, o sea, se ha
cercenado y retorcido el procedimiento legislativo y se ha hurtado un
derecho constitucional que tenemos en la sede de la soberanía nacional,
con lo cual de manera torticera nos la han colado.

Por último, cabe decir que es improcedente en nuestro sistema
tributario la regulación de un nuevo impuesto enteramente —y con
esto voy terminando— coincidente con el ya existente impuesto sobre
el patrimonio; la única finalidad es restringir la autonomía financiera
de las comunidades autónomas. Por tanto, creo que queda claro que pedimos
que se apoyen nuestras enmiendas, lo que supondría dar un giro
copernicano a este texto, pero, como entiendo que no van a salir
adelante, ya anunciamos nuestro voto en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda número 32 de sus señorías Egea Serrano
y Martín Larred, tiene la palabra su señoría Egea Serrano.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. El pasado verano en Alcorisa, en una asamblea
del movimiento ciudadano Teruel Existe, fueron varias las asociaciones
que vinieron a contarnos un problema que hasta entonces era para nosotros
desconocido. Nos contaron que para estas asociaciones es muy complicado
pagar todos los costes bancarios que les supone, como bien nos pasa ahora
a todos, una sociedad bancarizada. Unos meses después, esta vez en
Valdealgorfa, se dio la circunstancia de que también varias asociaciones
nos comentaron el mismo problema, y desde entonces hemos estado buscando
la manera de intentar aportar alguna solución a este problema que no solo
afecta a la España rural, sino a todo el territorio nacional,
especialmente, a esas pequeñas asociaciones culturales, clubes deportivos
o asociaciones sin ánimo de lucro de cualquier ámbito que cuentan con
presupuestos muy pequeños y que tienen que pagar gastos bancarios que en
ocasiones suponen una importante parte de sus recursos financieros. Este
es el motivo por el que introdujimos una enmienda al artículo 2 de esta
ley, y en ella pedimos que del volumen que han de pagar los bancos,
ese 4,8 % de los beneficios, se pudieran detraer el conjunto de los
costes financieros de todas las asociaciones sin ánimo de lucro que
tienen allí sus cuentas, siempre y cuando estas asociaciones no pagaran
estos gastos, por supuesto. Mi compañera Beatriz defendió esta enmienda
en comisión y varios fueron los grupos que se pusieron en contacto con
nosotros para intentar mejorar y ampliar la enmienda. Así lo hemos hecho.
Estamos negociando una transaccional —creo que ya está redactada en
sus términos y que ya tenemos las firmas, y luego la entregaré a la
Mesa— que intenta mejorar y ampliar el ámbito y que esperamos que
después sea votada a favor por la mayoría de los grupos.

Nada más, señorías. Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 28 y 29, por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal, tiene la palabra su señoría Chinea Correa.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

Intervengo para la defensa de las dos enmiendas presentadas por la
Agrupación Socialista Gomera, que coinciden en su contenido con las
presentadas por Coalición Canaria y, en el caso de la más técnica, con
Esquerra Republicana. (Rumores).

Señorías, llevamos varios días dialogando con los diferentes grupos
parlamentarios y espero y confío en que prosperen ambas enmiendas. Me voy
a centrar en la que afecta a las islas no capitalinas de mi tierra,
Canarias, La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, y a
los territorios de Ceuta y Melilla. La explicación, señorías, es muy
sencilla: nosotros creemos que existen argumentos suficientes para
justificar su aprobación definitiva. El gravamen que se plantea en esta
proposición de ley, con la que nosotros coincidimos plenamente, se aplica
sobre la producción y no, señorías, sobre el beneficio y esto es verdad
que tiene sentido en la mayor parte del país... (Continúan los
rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, senador Chinea. (Pausa).

Puede continuar, señoría.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

Esto se aplica sobre la producción y no sobre el beneficio y es
verdad que, como decía antes, tiene sentido en la mayor parte del país,
pero no lo tiene, señorías, en las islas en las que el servicio es
deficitario y que, por tanto, deben quedar exentas. En las islas no
capitalinas, pese a las compensaciones, el coste de la energía es mucho
más elevado que aquí, en península, y es un problema crónico que supone
un lastre para nuestra economía y, especialmente, para las que nosotros
denominamos las islas verdes, La Gomera, La Palma y El Hierro. El
Gobierno y los partidos políticos deben tener muy presente esta realidad
en cualquier iniciativa legislativa. Espero, por tanto, contar con el
apoyo de todos los partidos para que se contemple una realidad sobre la
que no nos cansamos de hablar aquí en esta Casa y que debe, señorías,
quedar reflejada en el texto que hoy aprobemos.

Aprovecho, por último, para desearles unas felices fiestas con un
único deseo para el 2023, un deseo que seguramente comparten los
ciudadanos y ciudadanas de este país. Espero que el próximo año vuelva la
calma, la coherencia, la sensatez y, sobre todo, la responsabilidad a la
vida política de nuestro país, porque son muchos, señorías, son muchos
los problemas a los que se enfrentan cada día los ciudadanos y ciudadanas
de este país y nosotros y nosotras no podemos convertir en un problema
añadido la preocupante incapacidad de algunos y algunas a la hora de
dialogar y de alcanzar acuerdos. Señorías, más sentido de Estado y menos
sentido partidista. Ese es mi deseo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 30 y 31, tiene la palabra su señoría
Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, presidente.

Doy por defendidas las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 62 a 69, por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal, tiene la palabra su señoría Gómez
Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hemos vuelto a escuchar palabras muy gruesas: fraude, texto
ideológico. Esto ya es lo que nos faltaba, que en una Cámara de
representantes públicos, con políticos de diferentes ideologías, pero, en
todo caso, todos políticos, se nos acuse de practicar ideología, de hacer
política; a mí esto me parece de juzgado de guardia, señorías.
(Aplausos). Creo que hay que hacer un pequeño ejercicio de contención en
las críticas, porque, aunque todas son bienvenidas, yo vengo de una
Cámara parlamentaria que desde hace algún tiempo se ha acostumbrado a que
en una misma sesión parlamentaria se lleguen a imputar hasta siete
delitos de uno a otro lado, a descalificaciones, a insultos de todo tipo,
y créanme que el destino al que nos ha conducido esa forma de hacer
política en ningún caso es mejor que lo que había previamente.

Señorías del Partido Popular, a este paso les van a hacer clientes
del mes en el Tribunal Constitucional, porque es que ven más problemas de
inconstitucionalidad que leyes se generan en el Parlamento. Esta semana
yo creo que va a ser recordada históricamente como una de las más negras
de nuestra democracia gracias a una derecha que sencillamente no acepta
la voluntad popular, salvo que esta le dé la razón, y, desgraciadamente
para ustedes, últimamente pocas veces les da la razón. (Aplausos). Hemos
visto, señorías, hasta donde han sido capaces de llegar para intentar
doblegar la voluntad del Poder Legislativo y, por eso precisamente y ante
leyes como la que estamos debatiendo en el día de hoy —lo tengo
absolutamente claro—, creo que por ese motivo merece la pena
aguantar, merece la pena pelear y merece la pena defender nuestra
democracia.

En términos económicos, señorías, la derecha tiene absolutamente
claro cuál es el camino, el mismo que en el año 2008. En los momentos de
crisis, en los momentos de mayor dificultad, cuando más falta hace
compartir el esfuerzo social, se le traslada el peso a los trabajadores y
a los autónomos de este país. La solución a la crisis sencillamente es
que la persiana pese un poquito más y que la nómina dure un poquito
menos; una solución, sencillamente neoliberal, que permitió a las grandes
empresas y patrimonios salir más rápido y lastró a los trabajadores de
nuestro país; una solución que reforzó las desigualdades en nuestro país,
cronificando la pobreza y favoreciendo un país de dos velocidades. Esto,
señorías, no es una mera hipótesis ideológica, basta que ustedes vean
cuál es la realidad social de la Comunidad de Madrid, la región más rica
de nuestro país, con un 35 % más de desigualdad que la media del resto de
comunidades autónomas.

Señorías, vamos a adelantar nuestro voto favorable a esta ley, porque
creemos que este debe ser el primer paso para un cambio en las bases del
sistema impositivo en nuestro país. Recuperamos de una manera,
ciertamente algo tímida, el impulso de la redistribución por la vía
impositiva y lo hacemos para potenciar el crecimiento estructural.
Ponemos las bases para que de esta crisis que afrontamos no salgamos más
débiles como sociedad, sino que salgamos más iguales, pero, sobre todo,
señorías, que de una vez por todas salgamos todos y todas. No obstante,
como digo, creemos que es una reforma tímida en lo que tiene que ver con
la propuesta de un impuesto de carácter temporal por una cuestión de
coyuntura. No negamos la existencia de unas condiciones singulares y
especiales en estos momentos, provocadas por la situación de la pandemia
y la salida de esta circunstancia y por la guerra de Ucrania, pero,
ciertamente, en nuestra opinión, deberíamos intentar mirar un poquito más
allá. En primer lugar, señorías, las empresas energéticas deben arrimar
el hombro en nuestro país de una manera específica y de una manera
continua. Durante decenios han sido las grandes beneficiadas de un
mercado extractivo que es responsable de la situación medioambiental que
vive nuestro planeta. Sus beneficios históricos los pagaremos en forma de
cambio climático y de contaminación. Por ello, más allá del bloqueo al
gas ruso, consideramos que este impuesto debe ser permanente, debe ser la
chispa que necesita la transición energética que nuestro país merece. En
segundo lugar, señorías, cabe hablar de las entidades de crédito, de los
bancos. En el año 2008 los bancos españoles, junto con los europeos,
estaban en la UVI por sus malas decisiones y se habían atragantado con el
mercado del ladrillo. Los españoles, y también los europeos, fuimos
quienes salvamos a los bancos; ese dinero público, que podría haber ido
perfectamente a mejorar la prestación por desempleo o a una mejor red
sanitaria, permitió a las entidades financieras españolas salir adelante.
La máquina de imprimir dinero ha sido una barra libre que les ha
permitido aumentar la concentración y generar un sistema bancario aún más
cerrado, entrando a cuentagotas en la economía real. Un Estado capaz de
corregir este tipo de excesos, un Estado que ayude a la modernización de
nuestra economía necesita, evidentemente, una mayor capacidad de generar
ingresos y, lógicamente, ante esta disyuntiva, los políticos tenemos que
hacer política y decidir de dónde salen estos ingresos: si de los
bolsillos de los trabajadores o de quienes más beneficios acumularon en
otras ocasiones. Por último, señorías, también se contempla para los
patrimonios de más de 3 millones de euros, con las mismas exenciones que
tiene el impuesto sobre el patrimonio. En Más Madrid ya hemos dicho en
innumerables ocasiones que creemos en un impuesto sobre el patrimonio que
penalice la economía rentista e improductiva. Queremos que España apueste
por gravar el patrimonio que no produce riqueza en el país y que, además,
lo haga de manera permanente. Somos absolutamente claros en este
sentido.

Señorías, en todo caso, yo creo que hoy damos un paso muy importante,
y, por tanto, animamos al Gobierno y al Partido Socialista, en este caso,
a que en el futuro pueda ser un paso todavía mayor. Y, desde luego, nos
ponemos a su disposición con el fin de intentar articular las mayorías
necesarias para poder continuar por esta senda. El futuro exige a nuestro
país enormes retos y necesitamos de un modelo fiscal que permita al
Estado afrontarlo junto con las clases trabajadoras de nuestro país. El
egoísmo fiscal tiene que convertirse definitivamente en algo del
pasado.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senador Gómez
Perpinyà.

Para la defensa de las enmiendas 24 y 25 de sus señorías Cleries i
Gonzàlez y Clavijo Batlle, inicialmente presentadas por el senador
Clavijo Batlle, tiene la palabra el propio senador.

El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señorías.

Presentamos dos enmiendas, una es de carácter técnico y la otra tiene
que ver con las singularidades canarias, especialmente, con las islas
menos pobladas, las no capitalinas.






Esta última comparte texto con la de
mi compañero Fabián, de la Agrupación Socialista Gomera, y con la del
senador Pau Furriol, de Esquerra Republicana, aunque su enmienda mejora
la redacción de la nuestra, por lo que nos hubiese gustado que hubiese
sido posible una transaccional. La enmienda trata de evitar un grave
error que se puede producir —y adelanto el voto favorable a esta
ley— en las islas menos pobladas de Canarias. Producir y trasladar
energía en esas islas es más costoso que hacerlo en islas con mayor
población, con un millón de habitantes, aproximadamente, como pueden ser
Tenerife o Gran Canaria. Producir energía en el archipiélago es más caro
y si, además, tienes que producirla y vives en una isla menos poblada,
como las cinco restantes, es todavía más caro. Se produce un diferencial
que en ocasiones conlleva, con el pago de combustible, pagar un 30 % más
por el gasoil o por la gasolina, y eso lastra la actividad económica, el
transporte e incluso la renta disponible de los ciudadanos.

Agradecemos el apoyo que nos han transmitido ya varios grupos y
deseamos que la puedan sacar adelante los grupos que apoyan al Gobierno,
en este caso, el Grupo Socialista. ¿Qué pretendemos con esta enmienda?
Pues que como el cálculo para este gravamen temporal se hace en función
de la cifra de negocio, se excluya la cifra de negocio de esas islas
donde es deficitario, de tal manera que no se contribuya a agravar más la
diferencia y los sobrecostes que tienen que pagar los ciudadanos en esas
islas no capitalinas. Creo que basta un poquito de buena voluntad y
sentido común, teniendo en cuenta, además, que no solo estamos hablando
de las islas, sino de territorios como Ceuta y Melilla, respecto de los
que este Senado ha debatido largo y tendido en la ponencia sobre
insularidad y en relación con los sobrecostes derivados, con lo cual esta
Cámara tiene perfecto conocimiento de cuáles son las dificultades de
estos territorios para poder desarrollar, no solo sus actividades
económicas, sino también el día a día de los ciudadanos. Creo que sería
positivo, porque mejoraría notablemente y, sobre todo, sería menos
injusto con los territorios del Estado español más débiles o con más
dificultades para salir adelante, que pudiese ser aceptada esta enmienda
y, por supuesto, la del senador Chinea. Y, si no, nosotros votaremos
favorablemente la del senador Pau Furriol.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 26, 27, 40 y 41 de sus señorías
Cleries i Gonzàlez y Matamala Alsina, tiene la palabra su señoría
Matamala Alsina.

El señor MATAMALA ALSINA: Gràcies, president.

Nosotros hemos presentado cuatro enmiendas y voy a referirme a una de
ellas, la número 41, porque entiendo que es la principal y porque por las
discusiones mantenidas hasta el momento creo que se va a aprobar. Se
trata de una enmienda que habla sobre el gravamen energético y, a
diferencia de lo que pide el Grupo Socialista, no grava sobre la cifra de
negocio, sino sobre los beneficios. O sea, el Grupo Socialista ha ido a
lo más fácil, es decir, a gravar la cifra de negocios y aquí todo el
mundo paga, sin dar valoración ni ver las posibles consecuencias que eso
puede traer.

Todas las empresas deben pagar, deben pagar beneficios y, si hay
extraordinarios, aún más, pero en ningún caso se puede poner un gravamen
que pueda dificultar el crecimiento de estas empresas o incluso, como se
ha dicho anteriormente, algunas se vean obligadas a cerrar. Señores
socialistas, todas las empresas no son un consejo de administración,
detrás hay muchas familias que viven de ellas y quieren que sus empresas
funcionen, y las empresas deben funcionar. Una empresa que no tiene
beneficios tiene que cerrar y, por tanto, no podemos imponer un gravamen
que pueda poner en dificultades a las empresas o ante el grave problema
de tener que cerrar por tener que pagar más gravamen que el beneficio que
se ha obtenido. Nosotros pensamos que esto es de sentido común, y parece
que se va a dar soporte a esta enmienda. Pedimos a los grupos su
apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 33 a 39, 72 y 42 a 44, tiene la
palabra su señoría Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko, mahaiburu.

Senatari, jaun-andreok, eguerdi on.

Euskal Herria Bildu lleva tiempo insistiendo en que para dar
respuesta a las necesidades actuales de las familias y de las empresas
son necesarias las ayudas directas, pero que no son suficientes. En plena
pandemia la concentración de la riqueza aumentó y ahora con el impacto de
la inflación, que penaliza más a quienes menos tienen —por algo se
llama el impuesto a los pobres— se ha agravado el drama de la
desigualdad social. Todo cuesta más, los precios de los bienes y
servicios de primera necesidad han subido de manera exponencial; con la
subida de los tipos de interés suben más las hipotecas, sin embargo, los
salarios están creciendo muy por debajo de la inflación. Por tanto, hay
serias dificultades en la mayoría de las familias y, también, en empresas
de diversos sectores. Pero la subida de precios está afectando
positivamente a algunos sectores, las empresas energéticas y los bancos
están obteniendo los mayores beneficios de su historia y no precisamente
porque hayan generado mayor valor añadido o hayan hecho una apuesta
nueva, sino, simplemente, porque han subido los tipos de interés y porque
la guerra ha agravado la situación energética. Precisamente las razones
que empobrecen a la mayoría social están enriqueciendo a una minoría,
dicho de otra manera, algunos se están enriqueciendo a costa de
otros.

Creo que es importante tener en cuenta que el sector energético y el
de las entidades de crédito se caracterizan por un menor peso de sus
gastos de personal respecto al valor añadido que generan. Para el sector
energético el gasto de personal supone solo un 25 %, y para el sector
financiero solo un 30 %. Y otro dato más, hay que recordar que el sector
financiero es el sector con la mayor brecha salarial. El sueldo más
elevado, por ejemplo, en el Banco Santander es doscientas cincuenta y
siete veces superior al salario medio. Por tanto, está más que
justificado gravar estos sectores para que los costes que origina la
inflación sean repartidos equitativamente en la sociedad. Y en nuestras
enmiendas números 42 y 43 lo que proponemos es que se grave no solo la
actividad que realizan en el Estado español, sino también las operaciones
que se hacen fuera de España.

Señorías, hemos visto enmiendas en el Congreso, y ahora también aquí
en el Senado, que intentan descafeinar esta ley y cobrarles un poco
menos, planteando cosas como más incentivos, para que al final esto quede
como acabó el impuesto sobre sociedades, que nadie paga. La recaudación
del impuesto sobre sociedades se ha reducido en un 40 % en los últimos
quince años, mientras que la recaudación del IRPF ha subido un 30 %. Es
evidente que estas enmiendas que intentan descafeinar responden a unos
intereses concretos que en absoluto compartimos, y la verdad es que con
este impuesto a ninguna de estas empresas se le hará un roto. En el caso
del sector energético, estamos hablando de gravar un 1,2 % la cifra de
negocio a los operadores principales. Estamos hablando de Naturgy,
Endesa, Repsol, Iberdrola... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Además, si por un casual estas empresas
tuvieran una cifra de negocio inferior a mil millones de euros, quedarían
exentas. En el caso del sector financiero, se gravaría el 4,8 % de su
margen de intereses, más sus comisiones netas de las entidades de
crédito, y con un límite de 800 millones de euros. No se entiende, por
tanto, que haya tanta defensa a estas empresas concretas, cuando hay una
ansiedad colectiva ante el empobrecimiento de la mayoría social.

Señorías, hay un dato evidente: mientras la presión fiscal de las
rentas de trabajo y de consumo han ido en aumento, la presión fiscal de
los beneficios empresariales ha ido decreciendo. Esto necesita un cambio
ya. Se ha hablado mucho de inseguridad jurídica, pero ¿saben lo que
produce inseguridad jurídica? Insinuar, como se ha insinuado hoy aquí, la
posibilidad de repercutir el gravamen a los clientes, porque saben que
esto es ilegal, saben que esto no es posible. Esto supondría una
infracción grave y espero que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia actúe.

Por otro lado, también vemos necesario un impuesto temporal de
solidaridad de las grandes fortunas. Euskal Herria Bildu apostó por
implantar un impuesto a las grandes fortunas en Gipuzkoa —por
cierto, con el apoyo del Partido Socialista— y fue todo un éxito,
pero lo quitaron cuando llegó al Gobierno el Partido Nacionalista Vasco.
Las cien personas más ricas del Estado acumulan más de 153 500 millones
de euros, y en un solo año han aumentado sus beneficios en más
de 26 000 millones de euros. Por tanto, porque es oportuno y porque es de
justicia social que paguen más las personas con mayor capacidad
económica, estamos a favor de que exista un impuesto a las grandes
fortunas. Según la ley, tendrán que pagar aquellas personas cuyo
patrimonio neto supere 3 millones de euros. En este caso, será un
impuesto complementario al impuesto sobre el patrimonio, es decir, solo
tributarán por esa parte del patrimonio que no haya sido gravado en su
comunidad.

Y quiero terminar recordando que la Hacienda de Bizkaia, Gipuzkoa,
Araba y Nafarroa tienen reconocida la capacidad de regular el régimen
fiscal en base al concierto y al convenio económico. Por ello, en el caso
de los gravámenes, aun siendo gravámenes y no impuestos, entendimos que
la ley debía tener en cuenta nuestra singularidad, y así se acordó con la
disposición adicional segunda. Sin embargo, el impuesto de grandes
fortunas se introdujo a través de una enmienda y consideramos que sería
importante explicitar en la ley el compromiso de respetar el régimen
foral, tanto de la Comunidad Autónoma del País Vasco como de la Comunidad
Foral Navarra. Por ello, presentamos la enmienda número 44.

Concluyo. Adelanto que votaremos que sí a esta proposición de ley.
Por supuesto que es mejorable, pero, sobre todo, nos parece necesaria. Lo
que hace algunos meses era imposible, hoy no es solo una necesidad, sino
que es una realidad en más países europeos. Hemos comentado en muchas
ocasiones que es posible salir de esta crisis con recetas distintas a las
aplicadas anteriormente, pero, curiosamente, cuando se ponen encima de la
mesa nuevas recetas, salen las excusas más conservadoras ante medidas que
parece que incomodan mucho. Pero lo que realmente nos incomoda en Euskal
Herria Bildu es ver cómo la mayoría social está empobreciéndose, cómo la
desigualdad social va incrementándose. Si no se plantean reformas
fiscales, esta crisis la acabará pagando, una vez más, solo una parte de
la sociedad y estaremos perpetuando una sociedad muy vulnerable e
injusta. Lo que está claro es que cuanto más repartidas estén la renta y
la riqueza, mayor estímulo tendrá la actividad económica y mejor nos irá
a todos y a todas.

Muchas gracias, señorías.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Bideguren
Gabantxo.

Para la defensa de las enmiendas 58 a 61, por el Grupo Vasco tomará
la palabra su señoría Uribe-Etxebarria Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik asko, presidente
jauna.

Egun on guztioi.

En el Grupo Vasco hemos presentado cuatro enmiendas que tratan de
equilibrar, ponderar y ajustar diversos preceptos de la proposición de
ley que tenemos entre manos. La primera enmienda pide que el gravamen se
aplique sobre los beneficios extraordinarios y no sobre la facturación o
sobre la cifra de negocios. El objetivo declarado del gravamen por parte
del reglamento comunitario y también por parte de la propia proposición
de ley es, precisamente, gravar los beneficios extraordinarios. Y, en
este sentido, resulta fácilmente comprensible y entendible que la cifra
de negocios o la facturación no es un indicativo de los beneficios
extraordinarios que pudiera haber obtenido una empresa, que es lo que se
busca.

La segunda enmienda tiene como objetivo evitar comprometer la
viabilidad de las industrias que necesitan transformarse en el contexto
de la transición energética, permitiendo que destinen parte de sus
beneficios a la financiación de planes de inversión para la
descarbonización, la eficiencia y la transición energética. Es decir,
proponemos que se puedan deducir del gravamen las inversiones en materia
de transición verde y de desarrollo de tecnologías verdes, evitando
provocar un perjuicio a este tipo de inversiones que son una prioridad
para el conjunto de la Unión Europea. Además, podría tener un efecto muy
negativo para numerosas pequeñas y medianas empresas que forman parte de
la cadena de valor y de la cadena de suministro de estas empresas de
mayor tamaño y que son las llamadas a materializar también este tipo de
inversiones tan necesarias. Señorías, la crisis energética desatada por
la guerra de agresión del régimen de Putin contra Ucrania genera también
el riesgo de provocar un parón en las imprescindibles inversiones a
llevar a cabo en el ámbito de la transición verde. Por lo tanto, debemos
ayudar —y eso es lo que pretende esta enmienda— a que pueda
ser compatible hacer frente a la extraordinaria e inesperada subida de
los precios energéticos con el mantenimiento del ritmo de las
inversiones, para caminar de manera firme hacia la necesaria transición
verde. Esto es algo que ha sido puesto de manifiesto por todo el mundo,
incluidas las instituciones comunitarias, en nuestro caso, los
responsables políticos vascos, o por el propio presidente del Gobierno
español, el señor Sánchez. Fíjense en la reciente noticia publicada por
varios medios de comunicación que nos habla de que el consumo mundial de
carbón está marcando un nuevo récord histórico, porque la guerra de Putin
está impulsando el uso masivo de este recurso energético, el del carbón,
que es el principal emisor de dióxido de carbono.

Con nuestra tercera enmienda, que la considero como técnica,
proponemos que en la base imponible para el cálculo del gravamen no se
tengan en cuenta los peajes y cánones que las industrias energéticas
pagan a la Administración. Son cargos regulados por la Administración que
las industrias están obligadas a facturar y a recaudar, sí o sí. Por
decirlo de otra manera, son cargos que deberían ser recaudados por la
Administración, quien utiliza a las industrias para que realicen esta
labor. Sin embargo, este tipo de recaudación no tiene ningún impacto en
sus beneficios.

La cuarta y última enmienda pretende tener en cuenta la realidad de
los grupos empresariales que combinan actividades energéticas con otras
ajenas a este sector. En este sentido, según el texto que tenemos entre
manos, el gravamen se calcularía sobre el beneficio consolidado de todo
un grupo empresarial, incluyendo actividades que no tienen relación con
el sector de la energía. Para nosotros, gravar a empresas no energéticas
carece de toda justificación, infringe el principio constitucional de
igualdad y rompe las reglas de competencia. Por eso, proponemos no
computar en el gravamen a las sociedades del grupo cuya actividad
principal no sea la energética.

Eskerrik asko, presidente jauna.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 45 a 49, del Grupo Parlamentario
Popular, tomará la palabra su señoría Alía Aguado.

La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría, por favor.

Señorías, por favor, un poquito de silencio.

Muchas gracias.

Discúlpeme. Puede continuar.

La señora ALÍA AGUADO: En el Grupo Popular hemos planteado cinco
enmiendas: de modificación del preámbulo, de modificación del gravamen
energético —que ha defendido mi compañero Juncal—, de
modificación del artículo 2, sobre el gravamen de la banca y de
modificación de la disposición adicional quinta.

Señoría del Grupo Socialista, ha bajado usted a la tribuna y nos ha
relatado una verdad a medias. Nada ha dicho de los informes del Banco
Central Europeo sobre los efectos negativos del gravamen a la banca en el
crédito a las familias y pymes, la estabilidad financiera, el crecimiento
económico y la repercusión del impuesto al consumidor final. Esos
informes los omite, se los ha callado. De ahí nuestra defensa de medidas
para mejorar la protección de los deudores hipotecarios, siempre con la
idea de proteger a los más vulnerables, además de la posibilidad de
recuperar la deducción por vivienda habitual para los ejercicios de 2022
y 2023. Es muy importante considerar que un nuevo gravamen sobre la banca
puede perjudicar, y mucho, la labor social realizada por las entidades de
crédito. De eso también se olvidan ustedes.

Hemos presentado —lo he adelantado antes— una enmienda de
supresión del artículo 3 del impuesto de las grandes fortunas porque
reiteramos que no podemos aceptar un impuesto que infringe el principio
constitucional de capacidad económica y no confiscatoriedad. Señoría del
Partido Socialista, le he hecho una pregunta antes, y no la ha
contestado. Hay familias que durante años tienen a un discapacitado en el
seno familiar y van haciendo aportaciones al patrimonio especialmente
protegido, que genera unas deducciones fiscales en las distintas
comunidades autónomas, y que en el copia y pega del impuesto sobre el
patrimonio vigente al impuesto de grandes fortunas ustedes no han
copiado. Se les ha olvidado, y usted aquí no ha dicho nada de eso, no me
ha respondido. ¿Por qué se lo calla? ¿Por qué no me responde? El refrán
dice que el que calla, otorga. Reconocen que se les ha olvidado, no se
acuerdan de las personas con discapacidad. (Aplausos). Estamos ante un
texto que adolece de sentido común. Están ustedes haciendo temblar los
pilares de quienes sostienen nuestro tejido empresarial. Les están
invitando a irse de España.

También, hemos presentado una enmienda de modificación de la
disposición final quinta, en materia de impuesto sobre sociedades,
suprimiendo el punto 3, referido a la compensación de bases imponibles
negativas en grupos de consolidación fiscal, una limitación más a las ya
existentes. Ahora mismo, para 2023, limitar la compensación de bases
imponibles negativas no encuentra otra justificación que la de
incrementar la recaudación en dicho periodo, obligando a las entidades en
régimen de consolidación fiscal a que paguen más impuestos. En
definitiva, nosotros queremos que las empresas tributen por lo que
realmente les corresponda, sin limitaciones de bases imponibles
negativas, pues de no hacerlo ustedes siguen recaudando. Quizá tampoco
han bajado aquí a nombrar esta limitación de la compensación de bases
imponibles porque, como todos sabemos, el marido de su ministra Calviño
es todo un ejemplo en este tema de la compensación de bases imponibles.
Tiene una sociedad patrimonial por la que lleva años sin tributar,
aplicando la compensación de bases imponibles que arrastra de ejercicios
anteriores. (Aplausos). Además, es tan hábil, que ya se encarga él, año
tras año, de que la base imponible de esa sociedad sea inferior a un
millón de euros porque así no existe ningún límite a esa compensación.
Por eso, del impuesto sobre sociedades ustedes tampoco han hablado en
esta tribuna.

No creemos que sea el momento adecuado de gravámenes, de más
impuestos. Desde que ustedes llegaron al Gobierno la renta disponible de
las familias ha descendido en un 8 %, y el Banco de España —tampoco
lo ha comentado usted—, ayer les dijo que baja la previsión de
crecimiento para 2023. Eso tampoco lo cuentan ustedes. También omiten
que, desde que gobiernan, la presión fiscal ha subido en más de un 5 %
del PIB. En resumen, ustedes llevan a las familias a que cada vez
dispongan de menos recursos para sus gastos y además cada vez paguen más
impuestos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra su señoría la senadora Mínguez Sierra.

La señora MÍNGUEZ SIERRA: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías.

Esta proposición de ley es una propuesta de gravamen a las grandes
entidades energéticas y financieras y un impuesto a las grandes fortunas.
Es razonable que los costes que origina la inflación en la sociedad se
repartan equitativamente mediante un pacto de rentas. Por ello, es
imprescindible que los poderes públicos adopten medidas para sostener las
políticas de apoyo a los más vulnerables.

Quiero agradecer el trabajo de los grupos por todas las enmiendas
presentadas. Hoy debatimos 69 enmiendas, de las cuales un grupo numeroso
son de modificación, y en el Grupo Parlamentario Socialista entendemos
que no mejoran el texto remitido por el Congreso de los Diputados a esta
Cámara. Pero quiero remarcar las siguientes cuestiones sobre las
enmiendas presentadas.

La justificación del gravamen es configurar un instrumento eficaz
para favorecer el pacto de rentas, que es un elemento esencial para
luchar contra los efectos nocivos de la inflación. Desde esta
perspectiva, debe mantener su carácter temporal durante dos años, 2023
y 2024, por cuanto se prevé que será el tiempo que durará la situación
inflacionista, cuyos efectos pretende paliar. Se basa en diferentes
artículos constitucionales, como los artículos 9.2, 31.2, 39.1, 40.1
y 131.1, que dice, para su conocimiento y consideración, que se garantiza
que el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica
general para atender las necesidades colectivas y estimular el
crecimiento de la renta y su más justa distribución. Desde esta
perspectiva, la figura jurídica idónea es la prestación patrimonial de
carácter público no tributario, en línea con la jurisprudencia
consolidada del Tribunal Constitucional. Y lo mismo podemos decir
respecto del impuesto.

El gravamen temporal es una figura no tributaria que no se asienta
sobre el principio de capacidad económica en la contribución propia de lo
tributado, sino en el principio de reparto del esfuerzo, como se refleja
en la exposición de motivos de la proposición de ley. Desde esta
perspectiva, el pago de la prestación, de acuerdo con este principio de
reparto del esfuerzo, se asienta sobre el importe de la cifra de negocios
como fiel reflejo de criterio de reparto, que también se manifiesta en la
determinación de los obligados al pago del gravamen, que son los
calificados como operadores principales conforme a diversas resoluciones
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Asimismo, cabe señalar que el Reglamento de la Unión
Europea 2022/1854 establece que la contribución solidaria temporal debe
servir como medida de redistribución para garantizar que las empresas
afectadas que hayan obtenido beneficios excedentarios como consecuencia
de las circunstancias imprevistas contribuyan proporcionalmente a mejorar
la situación de crisis energética en el mercado interior. El legislador
español se ha acogido a la opción permitida en el artículo 14.1 de dicho
reglamento, que permite la adopción de medidas nacionales equivalentes,
que no tiene que ser igual a la configuración de la contribución
solidaria temporal.

Con respecto a la deducción por inversión en vivienda habitual,
siguiendo las recomendaciones de diversos organismos, con efectos de 1 de
enero de 2013 se suprimió la deducción por inversión en vivienda,
manteniendo un régimen transitorio para inversiones anteriores a esa
fecha que permite practicar dicha deducción a aquellos contribuyentes que
cumplen determinados requisitos. En cualquier caso, en la actualidad, las
políticas de gasto público a través de subvenciones u otras formas de
ayudas directas se erigen como los instrumentos más eficaces como
incentivos de carácter fiscal instrumentalizados a través del presupuesto
de ingresos del Estado en tanto que permiten un mayor control
presupuestario, una mejor selección del destinatario de la ayuda, un
análisis previo de la posible eficiencia de los distintos proyectos
susceptibles de subvención, así como una conexión temporal más directa
entre el gasto y la ayuda percibida. A esto debe añadirse que la
sustitución de subvenciones o ayudas directas por beneficios fiscales
puede tener carácter ineficaz debido a que solo resultaría aplicable a
las personas obligadas a declarar o que tengan rentas que permitan la
aplicación de la deducción, dejando fuera de su aplicación a los sujetos
con menores rentas, que serán normalmente aquellos que tengan mayores
dificultades económicas para el acceso a la vivienda.

En el artículo 1, apartado 5, se excluye del importe neto de la cifra
de negocios aquel que procede de actividades reguladas. En principio, la
propuesta de modificación para excluir de la cifra de negocios los
procedentes de la distribución y venta de combustibles de las islas no
capitalinas, Ceuta y Melilla no cumpliría con dicho objetivo.

El pacto de rentas orbita sobre una situación coyuntural, sobre
medidas cuyo sostenimiento recae fundamentalmente en el Estado. Por lo
tanto, que el rendimiento de la prestación se distribuya entre las
comunidades autónomas, sin siquiera valorar en qué grado las comunidades
autónomas pueden ser competentes para aplicar las medidas que se pretende
financiar con los gravámenes previstos, no resulta aceptable; pero el
ánimo y la predisposición del Gobierno quedan de manifiesto con la
tramitación y posible transferencia del canon de residuos para
comunidades autónomas, que mañana trabajaremos en el Pleno. Asimismo,
pretender la modificación de cuestiones relativas a la financiación de
las comunidades autónomas de régimen común sin haber observado el
procedimiento previsto para la revisión del sistema de financiación ni
haber alcanzado previamente el correspondiente acuerdo en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera no es lo adecuado.

Continúo con los asuntos que sus señorías han puesto encima de la
mesa con sus enmiendas. La limitación, en 2023, de la compensación
del 50 % de las bases imponibles negativas individuales en la
determinación de la base imponible consolidada del grupo fiscal, que se
recupera en el plazo de los diez años siguientes por décimas partes,
tiene como objetivo el establecimiento de un límite temporal a la
compensación de tales bases imponibles, como existe en la compensación de
bases imponibles negativas en la tributación individual, lo que no está
relacionado con la seguridad jurídica, tal como se indicaba en la
enmienda del Grupo Popular.

La norma que limita la aplicación del incentivo fiscal, recogido en
el artículo 39.7 de la Ley del impuesto sobre sociedades, cuando se
realiza entre entidades vinculadas, es imprescindible, dado que resulta
fácil abusar del incentivo mediante la constitución de empresas que
financien a sus vinculadas u operaciones de personas físicas a través de
entidades. Este precepto no es ajeno, por otra parte, a normativas
similares en el Estado español.

Por último, en cuanto a la adaptación del Concierto Económico del
País Vasco y el Convenio Económico de la Comunidad Foral de Navarra para
concertar el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, ya
se contempla en el apartado 3, veinticuatro, de la proposición de
ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos, a continuación, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la palabra su señoría Merelo
Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos encontramos con una proposición de ley plagada de
incoherencias e indeterminaciones legales, cuyo único propósito es subir
los impuestos. Les da igual que esto pueda repercutir de forma negativa
en todos los españoles. Y en realidad les da igual que esta nueva norma
pueda siquiera llegar a aplicarse, porque realmente no sabemos qué
ingresos van a aportar estos gravámenes. No hay ningún documento que
avale que los sectores que son gravados son aquellos que han obtenido
beneficios extraordinarios.

Esta proposición de ley fue registrada de forma precipitada…
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senadora Merelo, disculpe un momento, por favor.
Disculpe que le interrumpa, pero casi no puedo oírla.

Señorías, guarden un poco de silencio, por favor. Si necesitan
hablar, salgan fuera. (Continúan los rumores). Señorías, si necesitan
hablar, salgan al pasillo, por favor.

Muchas gracias.

Puede continuar, señoría. Discúlpeme.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, presidente.

Como decía, esta proposición de ley fue registrada de forma
precipitada, cuando ya sabían que estaba en marcha la aprobación de un
reglamento europeo que establece un mecanismo de gravamen completamente
distinto al que introduce esta iniciativa, todo ello con el único
objetivo de eludir el reglamento tributario y todos los dictámenes
preceptivos del Consejo de Estado, el Banco de España y la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. Y como marca de la casa, han
introducido enmiendas en el trámite parlamentario que no guardan ninguna
conexión con el texto original. Ya saben qué debería ocurrir siempre que
se lleva a cabo esta práctica; lo hemos visto esta misma semana. Hasta
ahora han venido legislando de esta manera irresponsable, pero viendo sus
últimas pifias, las terribles consecuencias que están generando y el
malestar de los españoles con todas sus políticas, quizás alguno de
ustedes tenga la honestidad de reconocer todo el mal que están haciendo.
Lo más notorio es que con esta iniciativa ustedes pretenden gravar los
beneficios extraordinarios, pero gravan los ingresos y el margen
financiero, no permitiendo descontar los gastos necesarios para
obtenerlos. Este nuevo gravamen, aplicado de forma tan defectuosa, y
unido al impuesto sobre sociedades, puede dar como resultado una práctica
confiscatoria en la que el impuesto supere el crecimiento de beneficios.
Ustedes, con el argumento de que hay muchas empresas que se han
enriquecido, pretenden implantar un impuesto perpetuo para que el Estado,
que es el que más se ha enriquecido, siga haciéndolo. Nosotros y Europa
les urgiremos a que determinen un carácter finalista y temporal, de modo
que en cuanto el Estado deje de dar las ayudas también deje de
cobrar.

Señorías, ¿de verdad piensan que esta práctica no va a tener costes
laborales para los trabajadores? La inversión energética se verá
reducida, llevará a tener peores instalaciones y terminará afectando a la
solvencia de las entidades de crédito. No lo decimos nosotros, lo dijo el
Banco Central Europeo en septiembre. ¿Y saben quiénes volverán a sufrir
las consecuencias? Los trabajadores. Lógicamente, nos vamos a oponer a
esta calamidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará la palabra su señoría
Egea Serrano.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los
partidos que nos han prestado su firma para que la transaccional pueda
votarse esta tarde. Es una lástima que el apoyo de uno de los grupos
proponentes de esa transaccional a última hora haya decaído, no solo de
la transaccional y su firma, sino incluso de votar afirmativamente en el
Pleno de esta tarde. Lo hemos dicho muchas veces: estamos aquí para
mejorar la vida de los ciudadanos. No nos importa a nosotros, y no
debería importar a nadie, de quién es la ley, la moción o la propuesta
que se debate, sino si esa ley, propuesta o moción es interesante o no
para el conjunto de la ciudadanía y si mejora o no sus expectativas
actuales.

Consideramos que la enmienda que presentamos ayuda a todas esas
asociaciones, a todos esos clubes deportivos, a todas esas comunidades de
bienes que tienen pequeños ingresos y unos presupuestos exiguos. Creemos
que les ayudaba a tener un mejor desarrollo de su actividad. El grupo del
Gobierno no me ha contestado ahora qué va a hacer con esa enmienda, pero
antes me ha dicho que no se va a aprobar, no por nada, sino porque corre
mucha prisa que esta ley salga hoy de aquí sin ninguna enmienda aprobada,
porque corre prisa que la ley se ponga en marcha el 1 de enero. Y,
señorías, si tanta prisa corre, ¿qué estamos haciendo aquí esta mañana,
debatiendo enmiendas que han preparado nuestros grupos, intentando
negociar transaccionales y votos afirmativos a nuestras enmiendas? ¿Para
qué sirve una Cámara de segunda lectura, como es el Senado? ¿Para qué
sirve la representación territorial que ejercemos aquí todos los
territorios, intentando mejorar las leyes que llegan, si todas llegan, no
ya en trámite de urgencia, sino con la necesidad de aprobarse sin
enmiendas?

Veremos qué ocurre esta tarde con la votación. Espero que recapaciten
todos aquellos que aún se están pensando el voto, no solo a estas
enmiendas, sino también a otras cuya defensa hemos podido oír y que mi
grupo y yo personalmente consideramos que son interesantes y vamos a
votar a favor. La verdad, como parlamentario me parece un poco triste
tener que debatir cosas, cuando parece ser que está de más debatir porque
todo ha sido pactado por detrás; y se evita la función en este caso del
Senado, que es intentar mejorar las leyes que nos llegan.

Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias,
señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Señorías, ya he comentado que las clases medias y trabajadoras
pierden poder adquisitivo, mientras ven cómo las grandes corporaciones
aumentan sus márgenes. He hablado también hace un rato de la caída
del 3,5 % en la primera mitad de 2022 de los salarios reales en España,
el doble de lo que han caído en Europa, mientras que los beneficios de
las empresas españolas han crecido siete veces más que los salarios,
según datos del Banco de España. Pero la ley que se nos presenta hoy no
es sino un atajo para evitar tomar medidas contra la elusión fiscal de
las grandes corporaciones, que pagan menos por el impuesto sobre
sociedades que una pequeña y mediana empresa con diez trabajadores. Según
Hacienda, las pequeñas empresas y las microempresas son las que más pagan
por el impuesto sobre sociedades: exactamente cinco veces más que una
gran empresa.

No voy a volver a hablar del tema bancario, de cuánto estamos
perdonando, de cuánto hemos regalado todos y cada uno de los ciudadanos y
ciudadanas de este país a los bancos, que con esta ley empezarán a
devolver una mínima cantidad de ese dinero que nos deben. Yo siempre
suelo decir que en el sector financiero el mal ajeno es el botín del
banquero. Ya es hora de garantizar que quienes obtienen pingües
beneficios, en muchos casos, además, no gracias a sus habilidades
negociadoras, sino a la desgracia ajena, como está pasando ahora con la
guerra y con la inflación, aporten lo que les corresponde. Frente a esta
situación, en la que los trabajadores y autónomos pierden capacidad de
compra y muchos jóvenes ven el horizonte cada día más negro, hay dos
recetas de entrada: la receta de la derecha, que es bajar impuestos
—bajar impuestos a los que más ganan, claro—, y la receta de
la izquierda, de ping y pong, que es poner parches, como el que hoy
debatimos, para que parezca que sí, que se casca a los poderosos, cuando
la realidad es que estas medidas apenas les hacen cosquillas. Pero hay
otra vía, que es la de afrontar de verdad los retos y cambiar lo que no
funciona, y el modelo socioeconómico actual, el modelo económico actual
no funciona. Siete de cada diez españoles suspenden al actual modelo, la
ciudadanía española otorga un 4 al sistema socioeconómico actual. El 80 %
considera que el capitalismo necesita una gran transformación dados los
efectos perversos que tiene para el conjunto de la sociedad y el planeta.
La clave de bóveda de una sociedad equitativa es que la democracia llegue
también al ámbito empresarial y que los empresarios piensen también en el
interés de su comunidad. He reiterado en múltiples ocasiones, y lo hago
una vez más, la necesidad de un pacto de rentas y beneficios, y hoy
reitero de nuevo que el Gobierno cumpla la moción que aprobamos en esta
Cámara en el mes de mayo instándole a liderar con los agentes sociales un
pacto de rentas que contemple también beneficios empresariales, salarios
y rentas de capital, así como el impulso de fórmulas que favorezcan la
participación de las y los trabajadores en la empresa.

Señorías, este lunes leímos en los medios que Francia
—¡Francia!— se prepara para obligar a las empresas que
reparten dividendo entre los accionistas a que lo distribuyan también
entre sus empleados. Es la base de la medida que el Gobierno francés
—estoy hablando del Gobierno francés, señorías— quiere
aprobar para el próximo quinquenio y que desde el 8 de noviembre está en
la mesa de negociación del diálogo social. Esa mesa, por los motivos que
sean —no voy a entrar en ellos, porque daría mucho juego—, en
España no se ha convocado aún y tiene un reto: poner fin a un hecho
reiterado cada vez que hay una crisis, el hecho de que solo una parte,
las y los trabajadores, las y los autónomos, aporta sacrificios, mientras
que otros engordan sus beneficios y no los distribuyen entre quienes
contribuyen a que la empresa siga adelante. Lo dijo Macron en octubre en
una entrevista en France 2: cuando hay un aumento de dividendos para los
accionistas debe haber un mecanismo idéntico para los empleados. Si en
Francia se puede, también se debería poder aquí. Hagámoslo. Soy
consciente de que con esa medida no moveremos el mundo, pero, señorías,
lo haremos un poco más justo.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Por el Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones).

Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría
Uribe-Etxebarria Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik asko, presidente
jauna. Eguerdi on guztioi berriro.

El Grupo Vasco del PNV está plenamente de acuerdo con la necesidad de
establecer en estos tiempos excepcionales que vivimos un tributo temporal
y extraordinario al sector energético y a la banca. Por eso, compartimos
la filosofía y los objetivos generales de esta proposición de ley, unos
objetivos que en todo caso ya han sido acordados a nivel europeo a través
del reglamento, ya citado, del pasado 6 de octubre.

Señorías, creo que todos somos conscientes de que los precios del gas
y de la electricidad alcanzaron niveles sin precedentes en el año 2021 y
que han vuelto a alcanzar máximos históricos este año, especialmente tras
la invasión rusa de Ucrania. La vertiginosa subida de los precios de la
electricidad en toda Europa está intrínsecamente relacionada con el
elevado precio del gas, que provoca un aumento del precio de la
electricidad debido al papel que desempeñan las centrales eléctricas,
alimentadas con gas, a la hora de satisfacer la demanda y fijar el
precio. Los precios empezaron a subir el pasado verano, cuando la
economía mundial inició su recuperación tras el relajamiento de las
restricciones por la pandemia. Posteriormente, la invasión de Ucrania por
parte de Rusia y la utilización del suministro de gas como arma de guerra
han agravado la situación, con un aumento interanual de los precios al
por menor de la electricidad de casi un 50 % desde julio del año 2021.
Este drástico encarecimiento de la electricidad está provocando un doble
efecto contrapuesto: por un lado, afecta muy negativamente a hogares, a
las pequeñas y medianas empresas y a la industria de la Unión Europea en
general, pero, por otro, está beneficiando de manera insólita a empresas
del sector energético. Asistimos, por lo tanto, a un grave desequilibrio
que tenemos la obligación de paliar.

Los clientes vulnerables y las personas en situación de pobreza
energética son los más afectados por toda esta situación; sin embargo, el
riesgo de no poder pagar las facturas energéticas acecha cada vez más a
los hogares de renta media y a las pymes. Por tanto, establecer una
contribución solidaria, excepcional y temporal de las empresas de los
sectores del petróleo, del gas, del carbón y de la refinería, con el fin
de garantizar que todo el sector energético contribuya con una parte
justa en estos tiempos difíciles, en los que muchos tienen dificultades
para hacer frente a la extraordinaria crisis energética provocada por la
utilización del suministro energético como arma de guerra por parte de
Rusia, nos parece procedente. Articular estas medidas confluye de manera
plena con la idea de la justicia social, un principio que forma parte de
la visión humanista de las personas y de la sociedad del PNV desde su
nacimiento como movimiento político y social. Para nosotros la justicia
social es, sobre todo, un imperativo ético en el plano socioeconómico,
pero también un instrumento de competitividad. El desarrollo humano
sostenible de un territorio depende de la adecuada y equilibrada
conjugación, permanente y en forma circular, de los principios de
creación de riqueza, de la predistribución y de la redistribución. Son
tres elementos que se deben conjugar adecuada y equilibradamente, de modo
que cada uno de ellos retroalimente a los otros dos, es decir, que se
desarrollen y estimulen mutuamente de forma permanente y circular.

Señorías, si no se crea riqueza, algo que a algunos muchas veces se
les olvida, es difícil que exista una fiscalidad progresiva y, sobre
todo, suficiente para aplicar una redistribución digna que a su vez
estimule la creación de riqueza. No pueden ser conceptos opuestos y deben
fortalecerse mutuamente.

Permítanme un último apunte de naturaleza esencial para mi grupo.
Hablamos de gravámenes que jurídicamente han tomado la forma de
prestaciones patrimoniales, cuando en el fondo son impuestos. Eludir
hablar de impuestos trastoca seriamente y va en contra de la letra y del
espíritu del Concierto Económico y del Convenio Económico navarro.
Constituye un contrafuero que nosotros rechazamos, a pesar de que sea un
gravamen temporal. Se ha acordado un parche, sí, pero, evidentemente, si
se pretendiera extender este esquema en el tiempo, nuestra posición sería
rotunda.

Eskerrik asko, presidente jauna.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tomará la palabra su señoría Furriol Fornells.

El señor FURRIOL FORNELLS: Gràcies, president.

Bon día, senyories. Si alguien ha escuchado mis anteriores
intervenciones, se habrá dado cuenta de que habitualmente me refiero al
abuso por parte del Gobierno del trámite de urgencia y a los
inconvenientes que ello conlleva para poder cumplir debidamente la
función de esta Cámara. Sin embargo, en esta ocasión la urgencia está
justificada porque nos hallamos ante una situación de emergencia social
gravísima que obliga a actuar con decisión y contundencia, por lo que la
aprobación y entrada en vigor de esta ley no debe demorarse. Que la
urgencia esté justificada no evita los inconvenientes de trabajar con
prisas, que, además, se han visto agravadas por el puente de la
inmaculada Constitución durante el plazo de enmiendas. Curioso puente,
por cierto, sea dicho de paso, para un Estado no confesional con una
Constitución en la que ya no creen ni sus partidos mayoritarios; o, si
son creyentes, desde luego no son practicantes.

Es justo decir que hemos encontrado buena disposición para el diálogo
con los grupos a los que nos hemos dirigido y también que seguramente con
más tiempo el diálogo hubiera podido ser provechoso y dar frutos para
mejorar un texto redactado y tramitado con demasiada prisa. La situación
económica y social es gravísima y, por tanto, requiere la adopción
urgente de medidas contundentes y, lógicamente, de recursos para
acometerlas. Efectivamente, desde la pandemia de la COVID, primero, y
sucesivamente por los efectos de la guerra en Ucrania, nos hallamos
desde 2020 en un entorno en el que la ralentización de la economía y el
encarecimiento de las materias primas, de los combustibles fósiles, del
gas y la electricidad y de los tipos de interés, con una inflación no
vista en Europa desde hacía muchos años, han provocado una crisis
económica y social que está incidiendo con especial intensidad, como
siempre, en los sectores de la población más desfavorecidos y en pymes y
autónomos, que son los más vulnerables, y en la industria en general.
Dicha situación no prevista motivó la adopción por parte del Gobierno y
también de las administraciones autonómicas y locales de innumerables
medidas de ayuda a las que hubo que destinar una ingente cantidad de
recursos, con más o menos aciertos, dada la urgencia y la incertidumbre
entonces existente. Pero hubo que hacerlo. Y a grandes males, grandes
remedios, y dichos gastos extraordinarios deben ir acompañados
necesariamente de ingresos extraordinarios.

De esto trata la proposición de ley que estamos debatiendo, y se hace
con acierto mediante gravámenes extraordinarios a quien más gana y a
quien más tiene, como es justo que sea. Y entre los que más ganan se
incide especialmente en las empresas de aquellos sectores económicos,
como las compañías energéticas y la banca, que han tenido beneficios
absolutamente imprevistos, extraordinarios y excepcionales a causa de la
crisis económica, que tanto ha golpeado a los sectores más desfavorecidos
y que, a su vez, ha motivado superbeneficios en aquellas empresas.






Ciertamente, existen otros sectores que han tenido superbeneficios
causados por la pandemia, por la paralización de la economía y por la
subida de precios. Pero las compañías energéticas y la banca, sin duda
alguna, los han tenido.

Muchas veces se habla en esta Cámara de la necesidad de redistribuir
la riqueza ante un escenario de aumento de las desigualdades, y eso solo
se puede hacer mediante una fiscalidad justa que permita recaudar en
aquellos sectores que acumulan amplios beneficios, en este caso, con un
componente coyuntural evidente, para financiar las políticas sociales
dirigidas a aquellos sectores más castigados.

Entre nuestras enmiendas hay varias técnicas que, a nuestro juicio,
en caso de recibir la aprobación de esta Cámara mejorarían notablemente
un texto redactado y tramitado demasiado rápidamente y contribuirían a
reforzar la seguridad jurídica. Otras enmiendas persiguen un aumento de
la recaudación. Y en otras, para nosotros las más importantes,
solicitamos que las comunidades autónomas puedan gestionar los recursos
obtenidos mediante los gravámenes y el impuesto que se crean con esta
ley, dado que por los fines a los que deben destinarse son las
administraciones idóneas para ello puesto que son precisamente las que
gestionan la sanidad, la educación y las políticas sociales, que son
fundamentales para reforzar los pilares del Estado del bienestar.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la palabra su señoría
Juncal Rodríguez.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.

Si aceptan la enmienda del PP, exactamente igual a la de Ciudadanos o
el PNV, para gravar por beneficios, acabamos el debate. Si no les
satisface el porcentaje a aplicar, del 33 % de ese gravamen
extraordinario, y hay que ponerlo más alto, vuelvo a insistir en que se
puede transaccionar, pero sería la mejor manera de mantener un impuesto.
Porque, claro, ustedes dicen que gravan a los que más ganan, a los que
tienen beneficios enormes, pero ¿saben lo que les digo? Que la devolución
se hará a cargo de los presupuestos, por lo que están gravando a todos
los ciudadanos, y también a los vulnerables, por supuesto. Pero allá
ustedes.

Decía el portavoz del PSOE que hacemos ruido por anunciar los
recursos. Pero lo grave no es que lo digamos, porque trasladamos la
opinión que nos dan los actores, el problema es que en el ministerio
—no voy a decir los ministros, pero de nivel para abajo— lo
que transmiten es: Si esto lo tenéis ganado, si esto no va a prosperar,
si os vamos a tener que devolver el dinero. Eso es lo grave, porque esa
es la realidad, señores del Partido Socialista. Lo han hecho ustedes mal,
rematadamente mal. (Aplausos). Pero como me temo que no va a imperar el
raciocinio —hay que mantener el papel de sota de bastos en la
carrera de Vistalegre, el texto asambleario de primero—, en el
Partido Popular apoyaremos aquellas enmiendas que puedan minimizar los
daños a la economía del país y a los puestos de trabajo que en su actual
redacción va a provocar este texto.

Y no estamos defendiendo a las grandes empresas, como ya se ha
apuntado por aquí, sino que las grandes empresas son las que generan la
cadena de valor de las pequeñas y medianas empresas de este país, que son
las que acometen las inversiones. ¿Pero es que ustedes acaso no saben que
lo que una empresa pague de impuestos va a ser menos inversión, va a ser
inversión que no materialice? Yo creo que a estas alturas no se lo
tendría que explicar. Como el tema de la banca: el impuesto es menos
crédito, menos dinero que tiene la banca para facilitar el crédito; y
como la banca circula ese dinero, se ha estimado que 50 000 millones de
euros, fruto de este impuesto, se van a detraer del sistema bancario para
dar préstamos. Allá ustedes.

Por eso, como decía en mi primera intervención, apoyaremos la
exclusión de la base imponible de aquellas operaciones que no suponen
absolutamente ningún beneficio, que son actividades que las empresas
ejecutan por cuenta del Estado, de organismos del Estado, Red Eléctrica
Española, los peajes, cargos y el Real Decreto de ajuste del gas, que
mueven 20 000 millones. ¿Las empresas van a tener que tributar por eso?
Como decía antes, a ver cómo se defiende eso en los tribunales.

Voy terminando. Voy a leer algunos titulares de los últimos días,
como los que tengo aquí. Algunos citaban al gobernador del Banco de
España, como este: «De Cos cree que los impuestos temporales a banca y
energéticas requieren un diseño más adecuado.» Pues es una opinión
solvente. Otro: «El Banco de España corrige al Gobierno: el impuestazo a
las energéticas recaudará la mitad de lo prometido.» Otro más: «El CEO de
Iberdrola España advierte de que las inversiones se irán a países con
certidumbre legal.» A mí me duele que en el ranking de inversiones,
España, de ser prioritaria, de ser la número uno, haya pasado a ser la
quinta en sus objetivos. La verdad es que es preocupante. El Fondo
Monetario Internacional, otra entidad poco sospechosa, advierte de que el
impuesto a energéticas y bancas debe ser temporal y pide medir sus
efectos. Se lo están advirtiendo: «El Fondo Monetario Internacional
advierte al Gobierno contra los efectos del impuesto a la banca de las
energéticas y pide ya medidas para contener la deuda.» Otro titular: «El
impuestazo al Gobierno pone en riesgo sus inversiones verdes.» Ya hemos
hablado de eso. Y termino con este —si yo fuera socialista, hoy la
verdad es que no me gustaría estar en su pellejo, pero me solidarizo con
ustedes—: «Hacienda ningunea al Senado y publica los formularios
para pagar los impuestazos.»

Como aquí ya se dijo, esta ley tiene que salir sí o sí hoy de aquí.
Había plazo para mejorarla. Ustedes no han querido, no quieren. Por lo
tanto, la responsabilidad será única y exclusivamente suya.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, senador
Juncal.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
Bonet Bonet.

El señor BONET BONET: Gràcies, senyor president.

Señoras y señores senadores, ayer aprobamos los terceros Presupuestos
Generales del Estado presentados por el Gobierno de coalición que preside
Pedro Sánchez, y, mal que les pese, su aprobación es un mensaje de
estabilidad, de solvencia, de garantía a la ciudadanía española
(Aplausos) de que hay un Gobierno que trabaja y piensa en este país, en
su ciudadanía, en sus trabajadores y trabajadoras, en sus empresas y en
sus familias. Y lo que aquí votemos hoy nos retrata, señores y señoras.
Retrata a quienes estamos con las clases medias y los trabajadores y
trabajadoras de este país y a quienes están defendiendo los privilegios,
los beneficios extraordinarios de unos sectores muy concretos y muy
poderosos, señores del Partido Popular. (Aplausos).

Con estos gravámenes no tributarios temporales a las grandes
compañías energéticas, a las entidades de crédito y el impuesto de
solidaridad a las grandes fortunas, de carácter temporal, se está
planteando que en estos momentos extraordinarios hay que adoptar medidas
extraordinarias para que el Estado pueda sufragar el coste de las medidas
que se han tomado por parte del Gobierno de España y el llamado pacto de
rentas. Estos tiempos extraordinarios de dificultades generadas por la
guerra de Ucrania nos obligan a tomar medidas extraordinarias, y se tiene
que tomar partido, bien con las clases medias y trabajadores de nuestro
país, bien con los grandes intereses.

En definitiva, de sus intervenciones deducimos claramente que están
con los poderosos. Se oponen a unos gravámenes no tributarios y a un
impuesto de carácter temporal que solo afecta a los sectores que han
obtenido beneficios extraordinarios gracias a las difíciles
circunstancias que se viven a nivel internacional. El aumento de precios
de la energía, incitado por Rusia como parte de su guerra con Ucrania,
como bien se ha dicho aquí, ha beneficiado a las compañías energéticas.
La inflación y el aumento de los intereses por parte del Banco Central
Europeo para hacerle frente indirectamente están beneficiando a las
entidades de crédito y establecimientos financieros. ¿Y quiénes están
siendo los perjudicados? ¿Quiénes ven aumentadas las cuotas a pagar de
sus hipotecas? ¿Quiénes ven subir el precio de la cesta de la compra?
Pues las clases medias, los trabajadores y trabajadoras, las familias de
nuestro país. Y como sucedió durante la pandemia, ante las dificultades
que afronta nuestra sociedad está el Gobierno de España. Para el Gobierno
de España el Estado debe cumplir con su función social. Así lo
entendemos. Así entendemos el mandato de la Constitución (Aplausos)
—que nosotros leemos toda—, en su artículo 40: Los poderes
públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y
económico y para una distribución de la renta regional y personal más
equitativa. Ya sabemos que la receta de la derecha es otra: recortes,
austeridad, rebaja de los salarios, devaluación interna y rescates a la
banca, como ya se ha recordado. La respuesta socialdemócrata que están
adoptando los países de nuestro entorno implica que sea el Estado el que
apoye a quien tiene mayores dificultades, y esta ley plantea que el coste
de las medidas debe ser compartido por aquellos que se están beneficiando
de manera particular y por quienes gozan de una situación económica
personal privilegiada. El valor que inspira esta ley es la solidaridad
entre quienes más tienen y quienes se encuentren con mayores
dificultades, que recibirán el apoyo de las medidas del Gobierno. Pero en
la derecha se oponen a esta propuesta con todas las armas posibles:
vetos, enmiendas, amenazas de recursos… Han llegado a decir aquí
que todas las enmiendas deberían ser retiradas porque pueden ir al
Constitucional. Lo siguiente, ¿qué será? ¿Cerrar las Cortes para que no
debatamos? (Aplausos).

Se ha oído aquí y en los medios que han querido asustar a la
ciudadanía diciendo que repercutirá en ella, cuando la propia ley está
expresamente prohibiéndolo. Y les recordaré algo más: cuando hablan de
generar riqueza, que está muy bien, siempre se olvidan de una parte
fundamental que genera riqueza en este país: los trabajadores y
trabajadoras. Ellos también generan la riqueza del país y ustedes se
olvidan siempre de ellos. (Aplausos). También se olvidan de su
correligionaria Von der Leyen, que pidió reorientar los beneficios
inesperados para apoyar a empresas y hogares vulnerables. Eso no lo
citan.

Nos han dejado claro su papel en este debate. Dando la vuelta a unos
versos de Federico García Lorca, que me recordaba hace poco un buen
amigo, del libro Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, yo les diría a
ustedes que son duros con las espigas y qué blandos con las espuelas.
Duros con las clases medias y trabajadoras, blandos con los que más
pueden. (Aplausos.— Rumores).

Acabo con esto. Su estrategia no les va a salir bien. Hay en este
país una mayoría parlamentaria que refleja a la mayoría social, que
quiere entendimiento, estabilidad, paz social y poder mirar al futuro con
confianza. (Aplausos). Y frente a ustedes, las votaciones de ayer y de
hoy reflejan una España que quiere avanzar, superar las dificultades y
mirar al futuro con esperanza. Frente a ustedes, que son una oposición de
ceño fruncido, decididos a crispar el ambiente y a crear desasosiego en
los hogares de España, se lo decimos hoy, como se lo dijeron nuestros
votos ayer: volverán a fracasar. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.— Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). Este Gobierno seguirá trabajando para la
gente, y nuestra democracia superará todas las dificultades, como ha
hecho en los últimos cuarenta años. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Silencio, por favor.

Vaya terminando, señoría.

El señor BONET BONET: Acabo con esta frase, señor presidente. Y
cuando miremos atrás comprobaremos quiénes en estos momentos clave de
nuestra historia estuvieron con las soluciones, con la solidaridad, con
el salir juntos de estas dificultades, y quienes, como ustedes, quisieron
aprovecharse... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.— Fuertes y prolongados aplausos, con gran parte de sus
señorías del Grupo Parlamentario Socialista puestas en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Muchas gracias.

Ruego llamen a votación. (Pausa).

(El señor Núñez Feijóo entra en el hemiciclo.— Fuertes aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Cierren, por favor, las puertas.

Muchas gracias.

El señor presidente lee el punto 7.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, su señoría el senador Escarda Escarda.

El señor ESCARDA ESCARDA: Gracias, presidente. (El señor
vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa la Presidencia).

Buenos días, señorías. La proposición de ley que se somete en este
acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el
procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de
diciembre de 2022, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas
finalizó el día 9 de diciembre de 2022. A esta proposición de ley se
presentaron dos propuestas de veto y 72 enmiendas distribuidas de la
siguiente forma: propuesta de veto número 1, del señor Sánchez López, del
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; enmiendas
números 1 a 23, del señor Sánchez López, del Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); enmiendas números 24 y 25 del señor
Clavijo Batlle, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, Junts
per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; enmiendas
números 26, 27, 40 y 41, de los señores Cleries i Gonzàlez y Matamala
Alsina, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; enmiendas
números 28 y 29 del señor Chinea Correa, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai
y Agrupación Socialista Gomera); enmiendas números 30 y 31, del señor
Mulet García, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); enmienda número 32, del señor Egea Serrano y la señora Martín
Larred, del Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de
Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); enmiendas
números 33 a 39 y 72, de la señora Cortès Gès y del señor Furriol
Fornells, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; enmiendas números 42 a 44, de la señora Bideguren Gabantxo y del
señor Elejabarrieta Díaz, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; enmiendas números 45 a 49, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; enmiendas números 50 a 57, del señor
Marín Gascón y de las señoras Merelo Palomares y Rodríguez de Millán
Parro, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 58 a 61, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas números 62 a 71, del
señor Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
(Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación
Socialista Gomera). Por otra parte, el Gobierno comunicó a la Cámara, al
amparo de lo previsto en el artículo 134.6 de la Constitución y en el
artículo 151 del Reglamento del Senado, que no daba su conformidad a la
tramitación de las enmiendas números 70 y 71, del señor Gómez Perpinyà,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.

El día 14 de diciembre se reunió la ponencia, que quedó integrada por
doña María Pilar Alía Aguado, del Grupo Popular; don Cosme Bonet Bonet,
del Grupo Socialista; don Joaquín Vicente Egea Serrano, del Grupo
Parlamentario Democrático; don Antonio Armando Ferrer Sais, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Pau Furriol Fornells, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu; doña Ruth Goñi Sarries, del
Grupo Parlamentario Mixto; don Juan Manuel Juncal Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Popular; don Koldo Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal; don Josep María Matamala Alsina,
del Grupo Parlamentario Nacionalista; doña María del Carmen Mínguez
Sierra, el Grupo Parlamentario Socialista; y don Luis Jesús
Uribe-Etxebarría Apalategui, del Grupo Parlamentario Vasco.

La ponencia emitió su informe, que no introducía modificaciones en el
texto remitido por el Congreso de los Diputados. A continuación, se
reunió la comisión y emitió dictamen de conformidad con el informe de la
ponencia. Finalizados estos trámites y para la defensa de las enmiendas
se han presentado doce votos particulares, manteniéndose todas
ellas.

Es un honor para mí haber presidido los trabajos de la comisión y
agradezco a los ponentes sus esfuerzos en la negociación y la tramitación
de este proyecto de ley. Asimismo, agradezco a la señora letrada y al
resto de trabajadores de la Casa sus aportaciones.

Buenos días. Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senador Escarda.

Señorías, antes de entrar en el debate de los vetos, les comunico que
ya está a disposición la votación telemática del Proyecto de Ley de
cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Por lo
tanto, vamos a proceder, a continuación, a abrir el plazo de una hora
para emitir el voto electrónico para los senadores autorizados desde este
momento, que son las once horas y cinco minutos hasta las doce horas y
cinco minutos, para realizar las votaciones reglamentariamente previstas.
Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de este proyecto de ley
tendrá lugar una vez finalizado este plazo, cuando sea anunciado por la
Presidencia.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, para la defensa de la propuesta de veto número 1,
tiene la palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Retiro el veto.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Gracias, senador
Sánchez López.

Para la defensa de la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora
Alía.

La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. El pasado 2 de diciembre llegaba al Senado la
Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales
energético y de entidades de crédito y por la que se crea el impuesto
temporal de solidaridad de las grandes fortunas, además de la
modificación de determinadas normas tributarias. De nuevo, y por la vía
de urgencia, ataques al ordenamiento jurídico español y a la seguridad
jurídica de este país, con todo lo que conlleva. En nuestro grupo
parlamentario siempre tuvimos claro el veto a esta proposición de ley, si
bien, además, hemos presentado cinco enmiendas. Solo en el comienzo de la
proposición de ley nos encontramos con un preámbulo de dudoso encaje
legal, cargado de inseguridad económica y jurídica, que abre las puertas
a ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. Quienes estamos en esta
Cámara sabemos que los artículos 31 y 133 de la Constitución se refieren
al principio de legalidad en materia tributaria. En el artículo 31 se
cita: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún
caso, tendrá alcance confiscatorio. Ni que decir tiene que esta
proposición de ley es contraria a este artículo.

Con esta proposición de ley pretenden introducir dos gravámenes de
naturaleza no tributaria, de ahí que se hayan tratado vía Comisión de
Asuntos Económicos y no de Hacienda, que hubiera sido realmente la
comisión competente en materia tributaria. Además, como ya es costumbre
desde que ustedes gobiernan, hay lo que vulgarmente se llama una letra
pequeña por la que ustedes, mediante esta proposición de ley, modifican
el impuesto sobre patrimonio, el impuesto sobre sociedades, sucesiones y
donaciones y, además, incorporan diversas tasas; en concreto, la tasa por
prestación de servicios y realización de actividades de la Administración
General del Estado en materia de medicamentos, productos cosméticos y de
cuidado personal.

Si entramos a analizar el artículo 2, el llamado gravamen temporal de
entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, con sus
doce apartados, se plantean claras dudas sobre su naturaleza jurídica. La
proposición de ley lo define como una prestación patrimonial pública no
tributaria, si bien, está muy claro que estamos ante una figura
tributaria dirigida al sostenimiento de los gastos públicos, sujeta, por
tanto, a los principios constitucionales que rigen nuestro sistema
tributario. Además, debemos enlazar con el principio de seguridad
jurídica por la posible retroactividad impropia. Vemos claro que incide
sobre situaciones generadas en 2022, de forma que, al adoptarse las
decisiones, no pudieron tenerse en cuenta todas las consecuencias que
podrían derivarse de las mismas. Vetamos la proposición de ley, pues nos
parece inviable la introducción de este gravamen, y hemos planteado una
enmienda denominada: medidas de protección de los deudores hipotecarios
sin recursos. Esto se debe a que nosotros siempre estaremos cerca de los
sectores más vulnerables. Nos oponemos a la introducción de este gravamen
por el Gobierno, pues, en todo caso, debería basarse en un esfuerzo
fiscal que debería hacer el sector por el aumento de beneficios
extraordinarios, si bien, ustedes lo aplican sobre ingresos.

Las reformas fiscales deberían diseñarse con una visión integral,
coherente, a largo plazo y alejada del oportunismo político; impuestos
discriminatorios, injustificados y poco predecibles generan
incertidumbres y suponen un lastre y un desincentivo para aumentar los
recursos con los que financiar nuevas inversiones. Además, debemos tener
en cuenta que, al recaer sobre magnitudes ya cubiertas por otras figuras
tributarias, la doble tributación plantearía problemas de
constitucionalidad teniendo presente el principio de no confiscatoriedad
previsto en el sistema tributario y en nuestra Constitución.

Les pregunto: ¿nadie se ha dado cuenta de cómo reaccionará el sector
bancario? Pues, lógicamente, con incrementos de precios para familias y
empresas, reducirá el crédito disponible y encarecerá su concesión, lo
que llevará a que las empresas no tendrán más remedio que repercutir este
incremento del coste de financiación en sus precios. Luego, lejos de
luchar contra la inflación, impulsarán la espiral inflacionista. Así
gobiernan ustedes, así luchan contra los obstáculos para salir de donde
estamos. Este gravamen afectará a la estabilidad financiera y a la
capacidad crediticia, necesarias para garantizar la recuperación
económica.

Y si dejamos el gravamen a la banca, pasamos al veto a la creación
del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Miren, hoy
día, en España, 200 000 contribuyentes tributan por el impuesto sobre el
patrimonio. Pregunto: ¿tienen ya cuantificados cuántos contribuyentes
tributarán por este nuevo impuesto y su contribución a la recaudación? ¿O
es porque, de nuevo, crean una figura impositiva más, un tema ya habitual
y recurrente en esta legislatura? En mi grupo, el Grupo Popular,
defendemos eliminar este impuesto y, por ello, hemos presentado una
enmienda de supresión al artículo 3 de esta proposición de ley, no para
que los ricos no paguen, sino porque no queremos que los patrimonios se
vayan fuera de España y arrastren consigo ahorro, inversión, actividad
económica y empleo, el empleo de las rentas medias y bajas. Miren,
alguien que en España posee un patrimonio puede moverse si le imponen
este impuesto, lo hará y se llevará su dinero fuera de aquí; sin embargo,
un trabajador no tiene la misma facilidad para desplazarse e ir tras el
patrimonio desplazado, de ahí el daño indirecto a las rentas medias y
bajas.

Ustedes, en la exposición de motivos, justifican la introducción de
esta ley con una finalidad recaudatoria —que no podemos creernos,
pues conocemos las cifras récord de recaudación de este Gobierno— y
una finalidad armonizadora, que no tiene otro objetivo que atacar el
sistema financiero de las comunidades autónomas, recentralizando este
impuesto; pero lo más grave es que el fin perseguido es atacar a las
comunidades autónomas que han suprimido, total o parcialmente, el
impuesto sobre el patrimonio, que, casualmente, son las gobernadas por el
Partido Popular. Ese es su gran objetivo. Si somos prácticos, lo que
ustedes pretenden es evitar las bonificaciones autonómicas de Madrid
—este impuesto está bonificado al cien por cien—, Andalucía
—bonificado al cien por cien— y Galicia —con un 25 % de
bonificación en 2022 y un 50 % en 2023—. Evidentemente, el mayor
impacto se produce en la Comunidad de Madrid al ser la región que tiene,
hoy día, el cien por cien de bonificación y que, por supuesto, es el
objetivo prioritario del Partido Socialista. Pero no olviden que regiones
como Madrid también aportan por IRPF y por IVA lo que ustedes, Gobierno
central, no recaudan de otras comunidades.

Si siguen con este impuesto adelante, van a originar caídas de
producción, caídas de PIB y caídas de empleo. Miren, lo que ustedes han
pretendido hacer es replicar el impuesto sobre el patrimonio vigente de
la Ley 19/1991 en todos los aspectos —ámbito territorial,
exenciones, sujetos pasivos, bases imponibles, tipos de gravamen—,
pero, fíjense, se han olvidado de un tema importantísimo en esa réplica y
es que, en su proceso de copia y pega, señorías del Partido Socialista,
hay algo importante que se han dejado por el camino —no dejado,
olvidado—; en el nuevo impuesto no han tenido ustedes en cuenta que
hay comunidades autónomas que tienen previstos beneficios fiscales en
favor de las personas con discapacidad. Ustedes, en la estructura del
nuevo impuesto, se han olvidado —lo repito porque es muy grave y de
gran importancia— de las deducciones y bonificaciones de las
comunidades autónomas a los más vulnerables, las personas con
discapacidad. (Aplausos). Lo digo y lo repito porque, en la disposición
vigesimoquinta de este impuesto, citan que la recaudación de este
impuesto se destinará a financiar políticas de apoyo a los más
vulnerables. ¡Pero qué contrasentido! ¡Si no han considerado ustedes las
bonificaciones a las personas con discapacidad de las comunidades
autónomas! Miren, varias comunidades autónomas aplican una bonificación
del 99 % del valor de los bienes y derechos que formen parte de
patrimonios protegidos de contribuyentes con discapacidad. Afecta a
comunidades autónomas como Cataluña, Asturias, Aragón y Castilla y León,
pero también a otras comunidades en otros porcentajes como Valencia,
Canarias y Extremadura. Pero, además, hay otras bonificaciones que
ustedes han olvidado incorporar al impuesto de las grandes fortunas: la
de Baleares, por adquisición de bienes de consumo cultural; la de
Cataluña, por adquisición de propiedades forestales; la de La Rioja, por
aportación a fundaciones; o la de Galicia, por adquisición de terrenos.
Ustedes, en ningún momento, han considerado las bonificaciones fiscales
en el esquema del cálculo del impuesto.

Les pregunto, señorías del Partido Socialista: ante este grave error
y esta omisión de deducciones fiscales en ese copia y pega, ¿van a seguir
adelante con la tramitación de esta proposición de ley, perjudicando a
las personas con discapacidad? Ustedes, socios del Partido Socialista,
¿van a votar a favor de que los contribuyentes de este impuesto no puedan
aplicar esas deducciones y bonificaciones fiscales de sus respectivas
comunidades autónomas? ¿Van a consentir que las personas con discapacidad
poseedoras de un patrimonio protegido pierdan sus ventajas fiscales?
(Aplausos). No creo que sean capaces ustedes de votar a favor de este
impuesto, de dejar fuera de las ventajas fiscales a las personas con
discapacidad.

El nuevo impuesto patrimonial constituye un tributo improvisado
mediante el que el Estado irrumpe de manera explícita en el ámbito de la
competencia autonómica. Fuera de España se seguirá identificando a
nuestro país como una jurisdicción de alta imposición patrimonial y cuya
regulación carece de seguridad jurídica al haberse publicitado con escasa
antelación respecto al primer devengo. Por ello, este impuesto nace
frágil, será fuente de conflictividad política y de importante
litigiosidad. A ustedes, por cierto, les gusta mucho jugar con este
impuesto sobre el patrimonio. Ya en el año 2008, Zapatero y Solbes lo
suprimieron porque era confiscatorio y, cuando se les criticaba por la
supresión de este impuesto, Solbes respondía que no lo pagaban las rentas
más bajas, tampoco las más altas, sino que básicamente recaía en las
clases medias y gravaba el ahorro de las rentas del trabajo, de bienes
inmuebles; luego, en 2011, lo volvieron ustedes a incorporar. Es su trae
y lleva con el impuesto sobre el patrimonio. Señorías, en un momento en
el que España necesita más que nunca seguridad, confianza y atraer
inversiones, Sánchez y Montero solo se empeñan en hacer lo contrario;
Sánchez solo cumple con las medidas que suponen intervención,
confiscación y merma de libertades a individuos y empresas. Así trabajan
ustedes, señorías del Partido Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
senadora Alía.

Para el turno en contra de los vetos, tiene la palabra, por el
Partido Socialista, el senador Ferrer.

El señor FERRER SAIS: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. La Comisión Europea, el Fondo Monetario
Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico vienen haciendo recomendaciones, desde el inicio de la crisis
energética y su agudización a raíz de la invasión rusa de Ucrania, acerca
de la necesidad de que los Estados miembros de estos organismos tomen
medidas recaudatorias de carácter temporal sobre los beneficios
extraordinarios que se estaban y continúan produciéndose. La proposición
de ley que hoy debatimos está exclusivamente inspirada y orientada hacia
este tipo de recomendaciones. Lo que plantea es tomar medidas para
proteger a la familia en general, para proteger, sí, a las personas más
vulnerables, evidentemente, a las personas con discapacidad, y para
proteger el tejido productivo. ¿A través de qué? A través de un esfuerzo
de recaudación basado en los ingresos extraordinarios del sector
energético, de los sectores financieros, y un impuesto a las grandes
fortunas. La previsión de recaudación, no voy a abundar en ella, está
cifrada en torno a 10 000 millones de euros para los próximos dos
años.

Ambos vetos, en este momento ya solo el veto del Partido Popular,
rechazan estas medidas. Se podría reflexionar —la portavoz del PP
tampoco lo dice— sobre si en España hay una situación que lo
aconseje o no —en su intervención no ha hecho ningún tipo de
diagnóstico— y, a la vez, sobre si los sujetos a los que se les va
a imponer este impuesto temporal tienen una situación que pueda dar
satisfacción a esas necesidades que se tienen de gasto público.
Evidentemente, los datos nos dicen que las cinco compañías energéticas
más importantes de nuestro país han obtenido de manera conjunta un
beneficio de 9572 millones de euros en lo que va de año, el 52 % más que
el año pasado. El conjunto de las empresas cotizadas en el IBEX 35 han
repartido dividendos entre enero y hasta la fecha de diciembre —aún
quedan juntas de accionistas previstas— por valor de 23 618
millones de euros, un 13,3 % más que el año pasado.

Otro argumento que se ha citado en el veto del Partido Popular
—el veto del Grupo Parlamentario Democrático hacía también énfasis
en ello— es que el Real Decreto de la Unión Europea 2022/1854, de 6
de octubre, relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a
los elevados precios de la energía, es incompatible con esta proposición
de ley, algo que es completamente erróneo. No hay ningún precepto
recogido en este reglamento europeo que dé pie a esta interpretación tan
sesgada. ¿Por qué? Por una cuestión de raíz; es un reglamento que deja
abierta a la regulación nacional la implementación específica en cada
país; es decir, no hay una posición imperativa, como no podía ser de otra
manera, pues estamos hablando de una normativa europea. Y, por lo tanto,
ese argumento es completamente erróneo, como he dicho. ¿Qué es lo que sí
dice el reglamento y recoge literalmente la proposición de ley? Delimitar
quiénes son los sujetos fiscales, determinar cuáles son las bases que
gravar y las tarifas aplicables, algo que escrupulosamente se recoge en
la proposición de ley.

Y hay un tema que ha aparecido en la intervención del Grupo Popular,
que es la fórmula de fiscalización que se establece para tributar. La
fórmula que se plantea de que fuera a través de la normativa contable,
introducirla en el cálculo de base imponible del impuesto energético
tendría unos efectos extraordinarios porque la consecuencia práctica a la
hora de lo que se pretende recaudar, que son los ingresos
extraordinarios, sería bastante disminuida. ¿Por qué? Porque esa fórmula
claramente incluiría las provisiones, incluiría las pérdidas y ganancias
y las reestructuraciones, por no decir otro tipo de cuestiones, inversión
en el extranjero, etcétera. Esa es la razón, y no otra, por la cual no se
ha optado por esa fórmula y sí por una fórmula de recaudación
directamente vinculada a la facturación que, al entender de la
proposición de ley, así como de la mayoría del Congreso de los Diputados,
dota de transparencia y equidad al gravamen energético, ya que los
grandes grupos van a contribuir de acuerdo con su cuota de mercado. Nos
podríamos encontrar con que aquellos grandes grupos petroleros o
eléctricos que tienen bonos fiscales de otros ejercicios sirvieran para
reequilibrar el gravamen o el tributo energético.

En cuanto a la subida de tipos de interés en el sector bancario, es
evidente que está generando beneficios extraordinarios. Esto no es algo
nuevo. Lo podemos analizar, señores del Grupo Popular, con una lupa de
carácter ideológico, y quiero recordarles que la señora Thatcher, en los
años ochenta, ya aplicó una subida temporal a la banca y a las empresas
de la City londinense por la subida de tipos de interés para poder
recaudar los beneficios extraordinarios que estaban teniendo; era la
señora Thatcher, vamos, la ideóloga o el sanctasanctórum del
neoliberalismo. Afortunadamente, esta es una cuestión técnica que, como
he dicho al principio de mi intervención, se está recomendando.

¿Hay razón para plantear una contribución o una prestación especial a
la banca y al sector financiero? Bueno, los datos son más que evidentes,
igual que he planteado anteriormente en el sector energético, en los
primeros nueve meses del año, los beneficios extraordinarios han subido
un 31 % y los gravámenes un 17,57 %, ambos indicadores respecto a 2021.
La singularidad en la prestación de la banca es que no existe una
referencia europea, no hay una normativa específica y, por eso, el
Gobierno se dirigió al Banco Central Europeo para pedirle una consulta,
que, como no puede ser de otra manera, no es vinculante. Este es un dato
muy importante para retener: lo que el Banco Central Europeo dice tiene
carácter consultivo, no vinculante. Básicamente, ¿qué resolvió el Banco?
Comento alguna extracción de lo que se dijo porque fueron muchas cosas.
Un tema que parecía obvio y que se ha repetido anteriormente, es que el
nuevo gravamen va a reducir la capacidad de beneficios de las entidades
financieras, y otro tema es que la medida tenga carácter finalista. Se ha
incorporado en la proposición de ley, se ha hecho caso al Banco Central
Europeo en lo que corresponde. Es obvio, pero voy a intentar reproducir
el criterio de que, si en lugar de ser una prestación sobre el aumento de
los gravámenes y las comisiones fuera sobre los beneficios, el efecto
realmente sería indeseado. Todo el mundo es conocedor de los bonos
fiscales que tiene la banca en estos momentos.

Pasamos al impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Hay dos cuestiones previas que les quiero plantear. Según Oxfam, desde la
crisis de la COVID-19, las personas más pobres han perdido siete veces
más renta que las personas más ricas. Por lo tanto, no hay ninguna
obsesión por confrontar ricos con pobres, sino que hay un problema real
que se llama desigualdad. Sobre esa desigualdad estamos obligados a
actuar, y la proposición de ley que presentamos actúa a través de la
redistribución. Este no es un impuesto baladí, estamos hablando de un
impuesto que va a actuar en sujetos fiscales con patrimonios superiores
a 3 millones de euros y, por tanto, se han dicho cosas anteriormente con
bastante poco rigor. Su finalidad es recaudar y, evidentemente,
armonizar. Sí, señorías, queremos armonizar la fiscalidad de las grandes
fortunas en el conjunto del Estado, evidentemente, respetando
escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas. Se
configura, por tanto, como un impuesto complementario al impuesto sobre
el patrimonio, de ámbito estatal, y no va a haber ninguna doble
tributación.

Ustedes, señorías del PP, vienen hablando de mayorías sociales. Ante
la falta de tener mayorías parlamentarias, se intentan consolar con algo
que realmente las fuerzas parlamentarias no utilizamos. La mayoría social
existe, la sociedad civil organizada configura una mayoría social, pero
ustedes en ese espejismo de elecciones anticipadas plantean la mayoría
social. Pues sepan que este impuesto a las grandes fortunas tiene un
respaldo de seis de cada diez personas consultadas por Oxfam. Por lo
tanto, sí que estamos hablando de una plena mayoría social, con lo cual,
háganse ustedes mirar, señores del PP, su concepto de mayoría social.
(Aplausos).

Para finalizar, los dos vetos, aunque el veto del Grupo Parlamentario
Democrático ha decaído, utilizan los mismos términos y las mismas
fuentes. Por lo tanto, el veto del Grupo Popular utiliza sal gruesa y una
fórmula claramente prejudicial, y así se ha expresado en la tribuna a la
hora de calificar la proposición de ley. Se acusa a la proposición de ley
de ser un fraude legislativo, un fraude parlamentario y un fraude
político, entrecomillado. Me parecen imputaciones muy graves, pero cuando
alguien hace el ejercicio de examinar el razonamiento de la proposición
de ley en el veto, ve que no hay ni un solo hecho que pueda ser imputado
como fraude parlamentario, fraude legislativo o fraude político. No hay
ni un solo precepto legal o reglamentario que haya sido conculcado. Por
todo ello, rechazamos su veto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero Márquez): Muchas gracias,
señor Ferrer.

Pasamos al turno de portavoces de los vetos.

En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora
Goñi.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidente.

Esta proposición de ley es un despropósito, otro más, y se lo han
advertido por activa y por pasiva, pero, como es habitual, el Gobierno ni
hace ni hará caso. Lo han advertido el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Central, juristas, senadores, diputados y los reguladores. Como
siempre, ignorar estas advertencias tendrá consecuencias nefastas para
todos los ciudadanos, que seremos quienes pagaremos finalmente estos
nuevos impuestos a la banca y a las energéticas. Lo pagaremos, por
ejemplo, con más dificultades para obtener crédito y, por supuesto, con
un crédito más caro.

Estos impuestos dañan la reputación de España y se recibirá menos
inversión exterior; atentan contra la seguridad jurídica de la inversión
en nuestro país, y eso solo lleva a un empobrecimiento de los españoles.
La inseguridad jurídica es conocida y completamente ignorada. El Gobierno
sabe que esta ley tiene agujeros y que estos impuestos son susceptibles
de ser recurridos y anulados en los tribunales. No importa, el Ejecutivo
decide seguir adelante, como ha hecho con la Ley del solo sí es sí o con
otros proyectos de ley. El Gobierno ha prescindido de cualquier consulta
o informe que avale estos impuestos; aún desconocemos esos ingresos que
van a aportar estos tributos. No se ha consultado a expertos, no se ha
hablado con los sectores afectados y no se han evaluado las
consecuencias. Han introducido enmiendas que no guardan ninguna conexión
con el texto original y que probablemente serán inconstitucionales. El
Gobierno plantea esta ley como temporal, para dos años, pero ha admitido
una enmienda para que pasado ese tiempo se estudie si se puede convertir
en un gravamen permanente. Yo veo ahí una previsión que no han tenido con
las dudas de anticonstitucionalidad que sobrevuelan partes de la ley y
que no se han resuelto. El sector bancario alega contra este nuevo
impuesto que su sector es menos rentable que otros sectores. Exponen que
su retorno es del 8 % frente al 12 % del resto de grandes compañías,
desmontando así el argumento y la intención del Gobierno de recaudar más
de quienes más ganan.

Los socios del Gobierno apoyan estos impuestos, pero también son
críticos con ellos, ya que hubiesen preferido que los recaudasen
directamente las comunidades autónomas, porque estos impuestos atacan la
autonomía financiera de las comunidades autónomas; atacan el Concierto
vasco y atacan la relación con Canarias al no respetar la disposición
adicional tercera, que altera una tasa fundamental para las inversiones
allí. El PNV dudaba sobre la invasión de competencias para las haciendas
vascas, pero, claro, el Gobierno pactó con Bildu la cesión de la
recaudación de estos impuestos para Euskadi y para Navarra. Y ahí está el
problema, como siempre, es el quién y no el qué, solo molestó que lo
negociase Bildu; y después lo arreglaron pactando entre PNV y PSOE no
aplicar el impuesto en Euskadi, así que el PNV ya no tiene dudas sobre la
invasión de competencias. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa
la Presidencia).

El impuesto de solidaridad está fuera de cualquier consenso europeo,
está fuera del reglamento y está fuera del Banco Central Europeo, porque
se establecen dos impuestos sobre el patrimonio cuando, además, toda
Europa lo ha hecho desaparecer. Va a suponer una doble tributación. Y
esta ley no ha incluido bonificaciones ni exenciones de las comunidades
autónomas a las personas con discapacidad, que ya tienen en el impuesto
sobre el patrimonio. Es inaudito, todos los contribuyentes con
discapacidad cuyo patrimonio rebase los 3 millones de euros van a
tributar por grandes fortunas lo que no tributan por patrimonio. Este
impuesto de solidaridad anula de facto los incentivos fiscales de estos
colectivos vulnerables en ocho autonomías españolas. Las personas con
discapacidad van a ser ese daño colateral del impuesto de grandes
fortunas. En Cataluña existe una bonificación del 99 % a estos
contribuyentes, igual que en Asturias y Aragón. En Andalucía y Comunidad
Valenciana hay mínimos exentos según el grado de discapacidad. Es
paradójico que un tributo que el Ministerio de Hacienda nos ha vendido
como un elemento redistributivo que habrá de trasladar recaudación de
grandes fortunas a colectivos vulnerables genere una nueva tributación
para las personas con discapacidad. El impuesto de solidaridad es
insolidario con las personas con discapacidad.

El PSOE sigue en bucle en ese discurso de ricos y pobres y, además,
no lo pueden argumentar. En 2007, con una presión fiscal mucho más baja
que hoy, dijeron que bajar impuestos era de izquierdas y eliminaron el
impuesto sobre el patrimonio. En 2011, repusieron el impuesto sobre el
patrimonio, y hoy presentan esta ley cuando hace unos pocos meses se
negaron a seguir una iniciativa exactamente igual que esta presentada por
Podemos. Ustedes sabrán por qué actúan así y cómo van a encajar los
próximos recursos que se presentarán ante los tribunales.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador
Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señorías. En el Partido Regionalista de Cantabria
siempre hemos tenido clara nuestra postura ante debates como el que ahora
tenemos, y así lo hemos manifestado en aquellos órganos en los que
estamos representados. Nos encontramos en un Estado social y democrático
de derecho y, por ello, debemos conseguir un pleno desarrollo de nuestra
democracia, a la vez que velar por que ninguna persona se quede atrás en
lo social, garantizando unas condiciones dignas de vida y unos servicios
públicos de calidad. Esta debe ser la seña de identidad que marque
nuestro modelo para que este funcione y, lo que es igual de importante,
que la ciudadanía lo siga apoyando. Toda esta serie de premisas se
alcanzan gracias a la fiscalidad, la cual tradicionalmente ha estado
desequilibrada y ha sido injusta para gran parte de la sociedad. En este
sentido, los regionalistas de Cantabria defendemos un modelo más ecuánime
y progresivo, en el que aporten más aquellos que más beneficios
económicos obtienen, algo que, como señalamos, no se da en la actualidad.
En esta época de inestabilidad que atravesamos y con la crisis energética
provocada por la invasión de Ucrania, las grandes compañías energéticas y
las entidades financieras presentan beneficios récord, algo que contrasta
con la delicada situación que atraviesan muchas familias, pymes o
autónomos. Está en nuestra mano revertirlo; de hecho, es nuestro deber si
de verdad defendemos el modelo de Estado definido en nuestra carta magna.
Es por ello por lo que apoyaremos esta proposición de ley, pues sus
objetivos pueden contribuir a lograr de forma extraordinaria esa
finalidad de que las grandes corporaciones aporten lo que por justicia
deben aportar. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Esto no quiere decir, sin embargo, que veamos la proposición de ley
como un texto sólido, pues faltan muchas garantías jurídicas, lo que
podría truncar su aplicación en algunos casos. Como ya ha señalado
nuestro diputado José María Mazón en el trámite de la ley en el Congreso
de los Diputados, vemos cuestiones que extralimitan el alcance dado por
el reglamento europeo y varias zonas de mucha oscuridad en un futuro
cercano que pueden ir en contra del propio fin que persigue la
proposición de ley. Estas contradicciones o falta de análisis no acaban
de convencernos, de ahí que hayamos adelantado nuestro sí, pero un sí
crítico. Por ello, y aunque hoy salga adelante la proposición de ley,
debemos ir pensando en proponer una reforma que transforme estructural y
sólidamente nuestro modelo recaudatorio, haciéndolo verdaderamente
progresivo en el tiempo y no solamente en momentos de extrema debilidad
como el que atravesamos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente.

En la justificación de su propuesta de veto, el Partido Popular
menciona cinco veces la palabra fraude. Señorías del Partido Popular,
fraude es lo que cometen a diario muchas de las grandes corporaciones, no
solo de los sectores energético y bancario, también de otros, pero esos
dos sectores son los principales beneficiarios de los rendimientos caídos
del cielo que están llevando a muchos ciudadanos a pasar un infierno.
Fraude es que haya grandes corporaciones con pingües beneficios que pagan
menos impuestos que un almacén de barrio. Fraude es que, gracias a la
ingeniería fiscal, los grandes no contribuyan según sus beneficios.
Fraude es porque se incumple el artículo 31 de la Constitución, que
también ha mencionado la portavoz del Partido Popular, solo que ella lo
interpreta de una manera muy distinta a la mía. El artículo 31 dice:
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con
su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en
los principios de igualdad y progresividad; y está claro que no hay
progresividad cuando las grandes corporaciones tributan por un tipo de
sociedades ridículo, mientras que las pymes tienen que pagar el tipo más
alto porque no tienen capacidad de elusión fiscal. Fraude es que los
grandes bancos vayan a pagar 3000 millones por el gravamen que hoy
debatimos aquí —ya veremos si sale aprobado—, cuando tienen
un colchón de 60 000 millones de euros para compensar sus beneficios con
las pérdidas de los bancos quebrados absorbidos, gracias a los créditos
fiscales diferidos, cuya modificación hemos solicitado en Geroa Bai en
este Senado en múltiples ocasiones, con escaso éxito, por cierto. Fraude
es que los beneficios de las empresas hayan crecido siete veces más que
los salarios —lo dice el Banco de España—, y que los salarios
reales hayan caído un 3,5 % en la primera mitad de 2022, el doble de lo
que han caído en Europa. Fraude es que, ante la pérdida clara de poder
adquisitivo de las clases medias y trabajadoras, aún no hayamos sido
capaces de hacer un pacto de rentas y beneficios, tal y como aprobó esta
Cámara el 11 de mayo, a iniciativa de Geroa Bai, con la abstención del
Partido Popular, de Bildu y de UPN, y el voto en contra de la extrema
derecha; un acuerdo en el que instábamos al Gobierno a liderar con los
agentes sociales, sindicatos y empresarios, un pacto de rentas que
contemple beneficios empresariales, salarios y rentas de capital, así
como el impulso de fórmulas que favorezcan la participación de las y los
trabajadores. Fraude es que el Partido Popular se preocupe de rechazar
los impuestos a energéticas y banca y plantee que los ricos paguen menos,
mientras que le trae al pairo que las clases medias y trabajadoras
pierdan capacidad de compra porque sus salarios reales bajan y bajan y
bajan y los precios suben y suben y sube. Fraude es, señorías del Partido
Popular, que no dediquen ustedes ni un minuto de su tiempo a defender la
causa de los más desfavorecidos, que hoy son muchas personas que tienen
un empleo, pero que, con lo que ganan, no les llega ni para cubrir sus
necesidades a fin de mes; muchas de ellas, por cierto, jóvenes que
afrontan un futuro muy negro. Aunque fraude es también, señorías del
Partido Socialista, que el Gobierno no haya dado un solo paso para poner
de acuerdo a patronal y sindicatos, al objeto de concertar un nuevo
sistema retributivo que tenga en cuenta la inflación y reportar mejor los
beneficios, que no proceden solo de la aportación del capital, sino que
son posibles gracias a la aportación del trabajo.

Por todo ello, o quizás a pesar de todo ello, votaremos en contra del
veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE:






Muchísimas gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones). No tomará la
palabra. Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones). No tomará la
palabra. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Juncal Rodríguez.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

El Partido Popular ha presentado este veto por diversas y
fundamentadas razones. Quiero aclarar también que mi compañera Pilar Alía
se ha referido más a la parte del impuesto sobre la banca, grandes
fortunas y otros añadidos, pero yo me centraré más en el impuesto
extraordinario sobre las energéticas.

Como decía, hemos presentado este veto porque era innecesaria la
presentación de esta proposición de ley en estos términos, ya que la
existencia del reglamento de la Unión Europea, que ya se ha citado,
amparaba y daba cobertura jurídica a la imposición de una contribución
excepcional en caso de que hubiera beneficios excepcionales
excedentarios, como dice el reglamento de la Unión Europea, por motivo de
la guerra. Por el contrario, ustedes han escogido la vía de gravar el
volumen de ventas —único país que lo hace en la Unión
Europea— a aquellos que son considerados operadores principales
según la CNMC. Con lo que ya introducen un elemento que provoca, además
de otros —por la chapucera redacción del texto—, inseguridad
jurídica, ya que vulnera principios consagrados en nuestro ordenamiento
jurídico y en el derecho comunitario; un ejemplo sería la sentencia sobre
el bono social eléctrico. Afecta gravemente a la competitividad de las
empresas españolas, en competencia con las extranjeras que operan en
España que no se enfrentan al gravamen. Es discriminatorio, quiebra el
principio de generalidad e igualdad consagrado en nuestro sistema
tributario y grava a los que compran en España; inseguridad jurídica que,
aparte del efecto negativo para el país ya de por sí considerado de alto
riesgo regulatorio, perjudica de forma muy importante las inversiones. A
ver quién hace las inversiones necesarias para la transición energética,
pues deberían conocer el descenso en el ranking de las distintas agencias
y el absoluto fracaso de la última subasta de renovables hace un mes; 50
megavatios adjudicados en una subasta de 3200 es una prueba. Y esto
llevará a los afectados a recurrir las liquidaciones en el momento que se
produzcan, como ya han anunciado, con muchas probabilidades de tener
éxito, con lo que habrá que proceder, eso sí, dentro de tres o cuatro
años, a la devolución de las cantidades cobradas con los correspondientes
intereses. Con lo que, en vez de defender a los ciudadanos, como ustedes
dicen defender, Sánchez y Podemos han hecho suyo este texto —que,
por su redacción, me atrevo a decir, parido en un aquelarre de esos que
organizan en Vistalegre o en alguna asamblea de primero de
facultad— para poder disputarse el papel de rey y sota de bastos
pensando que con ese papel les darán votos.

Señorías, no critico que escogieran el procedimiento de proposición
de ley, lo puede hacer cualquier grupo, pero, hombre, indudablemente, con
un mínimo de rigor jurídico tributario, porque con este sistema se saltan
los informes preceptivos, no vinculantes, es verdad, del Consejo de
Estado, de la CNMC, de afectados, las memorias de análisis de impacto
normativo, etcétera, que, sin duda, pondrían de manifiesto cuestiones que
preocupan a la seguridad jurídica y que tienen su repercusión en el
impacto en la economía y el empleo. Porque no se engañen, el ciudadano
español es sabio, y lo primero que pensará es que mañana por este sistema
también pueden legislar contra mí. Si la gravedad de la crisis es de tal
magnitud que hay que pedir un esfuerzo para aliviarla, díganlo
abiertamente y hagan un planteamiento serio, en el que tendrán que entrar
todos los sectores del país en este pacto de rentas que ustedes mencionan
en la exposición de motivos, pero no dos sectores y no todos de esos dos
sectores, aunque ya hablan de un impuesto a los supermercados. ¿Lo hacen
según se les va ocurriendo? Evidentemente, algo no cuadra; con unos
ingresos públicos muy superiores a los previstos, 50 000 millones de
euros este año, el déficit y la deuda siguen aumentando, alcanzando ya el
billón y medio de euros. Como decía, cuando haya que devolver las
cantidades cobradas, será con cargo a los presupuestos; es decir, a cargo
de todos los españoles y no a costa de los autores ejecutores de esta
chapuza de ley. Como, probablemente, este veto no prosperará, tienen la
oportunidad de apoyar una de las enmiendas del PP y de algún otro partido
que adaptan esta norma a la normativa europea estableciendo esa
contribución solidaria.

Y digo chapuza porque se han visto obligados a rectificarlo en el
Congreso introduciendo minoraciones en la base imponible: el impuesto
sobre hidrocarburos, el impuesto especial sobre combustibles de Canarias,
el gravamen sobre carburantes en Ceuta y Melilla, actividades reguladas,
la PVPC, TUR del gas, TUR de GLP, etcétera. Son once conceptos porque,
claro, los redactores de la proposición de ley debían desconocer que las
empresas por estos conceptos o no tenían beneficio alguno o estaban
regulados porque son meros recaudadores del Estado, cobrando dichos
conceptos a los ciudadanos y entregando las cantidades a los organismos
correspondientes sin percibir un euro. Justifican que gravar por
beneficios, como propone el PP y la Unión Europea, era complicado, pues
ya me dirán ustedes hacer toda esta cuenta. Insisto en el término chapuza
del texto porque, a pesar de la rectificación del Congreso, se les han
olvidado una serie de conceptos. Se les olvidó incluir los peajes y
cargos, los accesos a redes, la compensación derivada del Real
Decreto 10/2022, del cap del gas, las cantidades correspondientes
al 2017, 2020 y 2021. ¿O creen que hacer tributar —estamos hablando
de 20 000 millones de euros— a las empresas que recaudan del
ciudadano y se lo entregan al Estado sin obtener un euro es algo que se
sostiene jurídicamente? ¿Ustedes creen que van a poder sostenerse eso
jurídicamente? ¿Semejante desaguisado piensan que pueda tener cobertura
legal? Por cierto, de esos 20 000 millones, 9500, aproximadamente,
proceden del ajuste del Real Decreto 10/2022, del cap del gas, del que
tanto presumen. Pero siguen engañando o no se enteran —que no sé si
es peor— porque comparan churras con merinas, el precio minorista
de España, PVPC, con el mercado de ajuste mayorista en Europa, y no
cuentan o no dicen que esos 9500 millones son detraídos a los ciudadanos
que tenían pactado un precio fijo de la electricidad, y que, de no ser
por su medida, no tendrían que pagar como están pagando. Por no hablar de
los 1580 millones, a 12 de diciembre, que nos ha costado a todos los
ciudadanos la venta de electricidad a Francia, Marruecos y Portugal,
con 850, 50 y 680 millones respectivamente porque no pagan el ajuste del
gas. Son ustedes unos fenómenos. Por cierto, esta medida maravillosa, que
no sé cuántos meses llevan ustedes diciendo que nos va a copiar el resto
de la Unión Europea, se hace de rogar. ¿No les hace pensar que no será
tan efectiva, que tendrá algún inconveniente en su aplicación? Ayer
llegaron a un acuerdo de un ajuste de precio, nada más. No, son demasiado
soberbios como para pensarlo siquiera.

Están haciendo fracasar la transición energética con sus medidas
absurdas. Han puesto a España en el ranking con países de riesgo
regulatorio. Castigan a las empresas nacionales que invierten en el país,
castigan la inversión en redes y renovables. El señor Sánchez decía hace
unos años que no dormiría tranquilo teniendo a Podemos en el Gobierno, si
le preguntásemos hoy a Iglesias y a Podemos, probablemente, si fuesen
sinceros, dirían que los que no pueden dormir son ellos porque Sánchez
les está robando la cartera, entendiendo la cartera por la ideología, por
lo que, señores del PSOE, con esta ley ustedes se han hecho
podemitas.

Quieren justificar lo injustificable porque, si hablamos de
beneficios extraordinarios o de excedentarios, adelante, grávenlos, pero
beneficios; es decir, el diferencial entre el precio de ventas y gastos,
perfecto. Hasta les admito que pongan un tipo superior en el impuesto
sobre sociedades, tienen mayoría para hacerlo, tendría cobertura legal. O
poner un tope superior a la contribución solidaria establecida por la
Unión Europea, pero no el sostenerla y no enmendarla; arrogarse ese papel
de sota de bastos que, por lo visto, es prioritario para ustedes.

Tanto por las enmiendas como por las conversaciones mantenidas con
los distintos grupos, salvo con los que se quieren arrogar el papel de
aquelarre de Vistalegre, se ve que reconocen, aunque sea en privado, que
gravar por ventas es un disparate, pero en el trámite de enmiendas tienen
la oportunidad de arreglarlo. Me dirijo expresamente a ERC y Junts,
porque el texto actual —ustedes lo saben, y me consta que lo
saben— sirve de ejemplo para confirmar la disparatada redacción de
esta ley. Hay una empresa catalana que, de mantenerse la actual
redacción, el 1 de enero tendrá que presentar concurso de acreedores,
porque con unos beneficios de 10 millones euros en el ejercicio pasado
tendrá que hacer frente a un pago de 50 millones por esta contribución;
directamente a la quiebra. Obviamente, los 220 trabajadores de esta
empresa catalana se preguntarán y reflexionarán lo siguiente: mucha
presión para arreglar la malversación y la sedición de nuestros líderes,
pero para defender nuestros puestos de trabajo no están ni se les espera.
España es el único país de la Unión Europea que grava por ventas, todos
absolutamente todos gravan por beneficios. Cuando uno va por una
autopista y ve que todos los coches vienen de frente, no puede pensar que
él está en la dirección correcta. Por eso, señores senadores, tienen la
oportunidad de arreglar este desaguisado en el turno de enmiendas,
apoyando las del Grupo Popular y las de otros grupos; ustedes
verán.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Juncal.

Por el grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
Ferrer. Sais

El señor FERRER SAIS: Gracias, presidente.

Buenos días.

Yo no sé si el símil del vehículo que va en un sentido y todos los
demás en dirección contraria —por cierto, ya lo utilizó en la
comisión— se ajusta a esta proposición de ley, porque esta
proposición de ley ha sido aprobada por mayoría en el Congreso de los
Diputados y el vehículo que va contra la mayoría, es el Grupo
Parlamentario Popular (Aplausos). Los publicistas suelen recomendarnos
que cuando pongamos un eslogan le demos siete vueltas, porque a todos se
les saca punta.

Me parece preocupante que en un debate ya se empiecen a anunciar los
recursos constitucionales. Creo que la posición que todas y todos los
representantes de la soberanía nacional debemos defender es esta
soberanía frente a otros poderes, porque si no estamos diciendo que lo
que queremos son otros poderes, no la soberanía popular. (Aplausos). Es
algo muy preocupante que empecemos actuar de esa manera.

Por lo que he escuchado aquí me surgen ideas muy poco gratificantes.
Se dicen cosas que son verdaderas lindezas, como que las medidas
recaudatorias tienen un carácter de urgencia; no se ha utilizado la vía
del decreto ley, sino una proposición de ley para una mayor participación
del Congreso y del Senado. Me sorprende que el Grupo Popular, que de 2014
en adelante bloqueó el Congreso de los Diputados, que no hizo ninguna
consulta a los órganos reguladores ni al Consejo de Estado con aquellas
leyes que se llamaban leyes ómnibus, que regulaban veintitantas materias
distintas, heterogéneas, sin ninguna homogeneidad, ahora venga aquí cual
cordero diciendo que se dejan al margen dos reguladores que no son
vinculantes. Esa es una obligación que tenemos todos y cada uno, la de
haber hecho consultas, y hemos tenido tiempo material, porque la
autonomía parlamentaria, el Reglamento, tanto el Congreso como el Senado,
cuando habla de una proposición de ley parte de que todo eso está
asumido. Así que no vengan ustedes aquí a descubrir algo que ya les dije
hace dos semanas: el sol en España sale por el este, y así son las
cosas.

Me parece bastante preocupante el problema que tienen algunas y
algunos con el bucle de la desigualdad. El Grupo Parlamentario Socialista
no tiene ningún problema, en su ADN, en sus principios fundacionales está
la lucha por la libertad, por la igualdad y por la justicia social.
(Aplausos). Cuando, no nosotros —yo he citado antes a Oxfam, pero
podemos hablar de organismos como la ONU, la Organización Internacional
del Trabajo o la FAO—, sino ellos nos dicen que está aumentando la
desigualdad, hay que actuar. ¿Y qué planteamos? Algo tan simple como lo
que están haciendo todos, la mayoría de los gobiernos desde la pandemia:
desarrollar políticas de protección de las personas y del tejido
productivo y políticas de redistribución. Voy a darles dos datos de mi
comunidad, la Comunidad de Madrid. Sobre la base de informes del
Instituto Nacional de Estadística un proyecto europeo, Urban Audit, está
analizando 109 ciudades españolas, y entre ellas está una de las ciudades
españolas, por no decir la ciudad española, que tiene la renta per cápita
más alta, Pozuelo de Alarcón. Tiene la renta per cápita más alta de todo
el Estado con 70 298 euros, pero las rentas bajas no llegan a 10 000
y 12 000 euros. El grado de desigualdad supera todos los índices
conocidos de Gini. Ese es el espejo que ustedes ponen, no hay ningún
bucle; sí que hay un problema entre ricos y pobres, aquí lo tienen, su
buque insignia, y ahí han gobernado ustedes siempre, no pueden venir,
como siempre, a echar la culpa al pasado, a la herencia. Luego vamos a la
Comunidad de Madrid, su espejo fiscal hasta que el Gobierno británico
decidió volver a subir los impuestos porque había forzado la dimisión de
la anterior premier. Pues en la ciudad de Madrid existen 281 852 niños y
adolescentes de entre 0 y 17 años y el 23 % del total de los niños y
jóvenes en ese rango de edad están en pobreza o en exclusión, y eso es lo
que nos exige redistribuir. Por eso hemos puesto un impuesto temporal
solidario para las grandes fortunas, complementario, sí, al impuesto
sobre sociedades y armonizador, necesariamente armonizador, porque
ustedes han desfiscalizado, ustedes han hecho dumping fiscal. Con ese
cero en el impuesto sobre sociedades se producen estos datos tremendos de
jóvenes y niños pobres y de desigualdad en la Comunidad de Madrid. Hablan
de doble imposición, pero si examinan la proposición de ley verán que no
hay posibilidad de doble imposición. En el impuesto temporal de
solidaridad para rentas altas vienen toda una serie de exenciones y de
circunstancias para desgravar; con el gravamen para las empresas
energéticas, ocurre exactamente igual si concurren las circunstancias, y
lo mismo cabe en la prestación del sector bancario.

Quiero concluir hablando del sector bancario. Como ha dicho el
senador de Geroa Bai, hay que recordar la deuda que el sector bancario
tiene con la población española. Es cierto que ahora se ha prestado
voluntariamente a poner en marcha una serie de medidas, y creo que está
bien reconocer lo que se ha hecho bien. El sector bancario se ha prestado
a tomar una serie de medidas, a sugerencia del Gobierno de España, frente
a las hipotecas, etcétera, pero el sector bancario tiene mucho aún que
devolver. Entonces, venir aquí a decir que ahora va a restringir los
créditos, eso es tanto como realmente querer bloquear la economía
española; sabemos que el sector financiero es el alma donde se nutre la
economía. No creo que eso sea lo que ustedes pretendan que se produzca,
porque estaríamos hablando de otro tipo de circunstancias. Creo que es
una medida perfectamente asumible; he dado los datos anteriormente y
estamos hablando de una recaudación potencial de 3000 millones de euros
en dos años, cuando se trabaja con márgenes superiores al 15 %. Y luego
lo de la caída de la inversión me suena bastante a una visión quijotesca
que tienen ustedes de España. En España no solo ha aumentado la inversión
directa de capital extranjero, también está aumentándose la inversión con
algo que se llama Plan de recuperación, transformación y resiliencia;
inversiones precisamente en el sector energético, con el hidrógeno verde,
con el oleoducto entre Barcelona y Marsella, por lo tanto, se está
avanzando en ese terreno. Creo que es más sencillo decir que ustedes no
están de acuerdo con que España se recupere, ustedes estaban esperando
que este otoño fuera el otoño de la recesión. Eso era lo querían, llegar
aquí y presentarlo así, pero ahora ya no tienen ni un solo aliado
intelectual, hasta el Banco de España ha dicho que España no va a entrar
en recesión técnica (Aplausos).

Por eso quiero dar las gracias a los grupos que han manifestado su
voto en contra del veto y quiero exhortar a reflexionar al Grupo Popular
sobre el poco bien que hacen al país y a los españoles y a las españolas
esas posiciones, que son simplemente de interés partidario y
maximalistas, llevan a la confusión y no nos ayudan a construir. ¿Saben
ustedes qué es necesario para las inversiones extranjeras? El sosiego. Si
el país sigue con mucho ruido, y creo que todos sabemos de dónde viene el
ruido, tendremos problemas.

Nada más y gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ferrer Sais.

Pasamos a continuación al debate de las enmiendas. Para la defensa de
las enmiendas presentadas por sus señorías Marín Gascón, Merelo Palomares
y Rodríguez de Millán, enmiendas 50 a 57, tiene la palabra su señoría la
senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor presidente.

Muy buenas tardes, señorías.

Vox ha presentado ocho enmiendas a esta proposición de ley con las
que buscamos mejorar un texto que no compartimos y que además tiene
aspectos que deberían concretarse. Señorías, es necesario especificar la
finalidad de interés general, distinta a la financiación de los gastos
públicos que deben concurrir en los presentes gravámenes temporales. Bajo
esta premisa hemos presentado varias de nuestras enmiendas.

Por otro lado, también remarcamos mediante las enmiendas 52 y 53 la
necesidad de referir el gravamen a los beneficios extraordinarios
obtenidos por la empresa o por el grupo y no a la cifra total de su
facturación. Con nuestra enmienda 54 ponemos de relieve la falta de
correspondencia entre las medidas contempladas en la proposición de ley y
las necesidades que sufren las familias españolas y los sectores más
desfavorecidos de nuestra sociedad. Vox no es contrario al
establecimiento de estos gravámenes temporales por sí mismos, pero sí
somos conscientes de que las administraciones públicas están recibiendo
un exceso en torno al 10 % de recaudación tributaria por efecto de la
inflación. La existencia de tal exceso justifica por sí sola que el
importe del obtenido por los gravámenes contenidos en esta iniciativa se
destine de manera íntegra a la emergencia social. Asimismo, proponemos a
través de la enmienda 55 que el rendimiento del gravamen entidades de
crédito se dedique en su integridad a aliviar la carga que sufren los
españoles para atender sus necesidades de vivienda, ya que se han visto
agravadas por el encarecimiento de las hipotecas de interés variable como
consecuencia de las subidas de los tipos de interés. Con la enmienda 56
hemos propuesto la adición de un nuevo artículo que condicionaría la
aplicación del gravamen solo si se experimenta un incremento de los
beneficios extraordinarios. Asimismo, este artículo especifica que el
nuevo gravamen no puede superar el incremento de la base imponible una
vez descontada la cuota íntegra, de otro modo el gravamen provocaría que
un nuevo mejor resultado antes de impuestos devenga en un peor resultado
después de impuestos a causa del gravamen. Por último, hemos propuesto
una nueva disposición adicional para estudiar el impulso de medidas
fiscales en materia de vivienda con el fin de beneficiar a los españoles,
en especial a los más desfavorecidos y atendiendo a las especificidades
de las familias numerosas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 23 de su señoría Sánchez López,
tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Nos encontramos ante una proposición de ley que regula, cómo no, la
imposición de nuevas cargas fiscales para determinados colectivos, y
recordarán que ya fue anunciada por el presidente durante el último
debate sobre el estado de la nación; una proposición de ley que debió
haber sido proyecto de ley en puridad, pero no se articuló de tal suerte,
como proyecto de ley, porque se hizo de manera apresurada, precipitada y
sin garantías, como siempre o casi siempre. ¿Saben para qué? Pues para
evitar informes preceptivos y necesarios en este contexto, como el
informe preceptivo del Consejo de Estado o el de la CNMC, entre otros
muchos. Miren, y aquí hago un inciso, ¿saben qué pasa con esta manera de
legislar, saltándose los informes preceptivos que siempre se han hecho,
como el del Consejo de Estado? Pues que, como casi siempre, amén del
fondo del asunto del que ahora hablaremos, estamos aprobando una cantidad
de leyes que adolecen de la peor calidad técnica de la democracia; además
de que son leyes sectarias y con una gran carga ideológica, técnicamente
no tienen un pase, y ustedes lo saben. Las leyes que estamos aprobando
aquí técnicamente son bastante malas. ¿Por qué? Porque si anteponemos el
sectarismo y la ideología y nos saltamos los informes de los órganos
consultivos, independientemente del fondo del asunto, la técnica
legislativa brilla por su ausencia, y todos somos responsables como
legisladores de aprobar leyes de una calidad técnica paupérrima.

Y esta no es una excepción. La falta de respeto de este Gobierno por
las instituciones va aún más lejos, retorciendo los procedimientos a su
antojo para aprobar muchas leyes ideológicas, la mayoría, a excepción,
por ejemplo, de la que hemos debatido esta mañana, que es una ley que ha
logrado un gran consenso, pero es la excepción. Esto mismo ha sucedido
también con esta ley, la que tratamos hoy aquí, porque mediante una
enmienda, señorías —fíjense si no es un método torticero—, se
ha aprobado un nuevo impuesto en nuestro sistema al que han llamado
impuesto a las grandes fortunas, pero que no es más que la revancha
ideológica de este Gobierno a las comunidades autónomas gobernadas por
partidos que no son de su color; revancha que, en el fondo, quien termina
pagando, como siempre, son los ciudadanos.

En definitiva, varios son los motivos por los que hemos enmendado
esta ley y por los que, a la sazón, vamos a votar que no. En primer
lugar, porque nos encontramos ante unos gravámenes, señorías,
fundamentados en la necesidad de que todos los agentes económicos
contribuyan a un hipotético pacto de rentas todavía inexistente,
empezando la casa por el tejado. En segundo lugar, porque estos nuevos
gravámenes, y esto es importante, porque, como alguien decía, vamos por
la autovía en dirección contraria de lo que hacen en el resto de los
países de nuestro entorno, estos gravámenes se imponen sobre ingresos y
no sobre beneficios. Esto es importante. Gravamos ingresos y no
beneficios, como correspondería —y lo pide Europa— a un
modelo europeo. Así, el Gobierno olvida, omite y arrincona a su antojo
principios fundamentales y constitucionales del derecho tributario como
el de la obligación de contribuir según la capacidad económica; parece
lógico que contribuyamos según la capacidad económica, según nuestros
beneficios y según nuestros ingresos, porque a veces ingresas, pero
tienes más gastos que lo que ingresas. Como digo, parece lógico, pero
esto no va con la ideología de este Gobierno, que es más de ¡impuestos a
los ricos! Vale, genial, ya está el titular y a otra cosa. Pues parece
que se debe gravar según la capacidad económica de los agentes afectados,
además, así lo hacen los países de nuestro entorno, pero todos ellos
están equivocados y nosotros somos los que vamos bien, como
siempre.

Otra cuestión que nos parece mal y que también hemos enmendado es que
su carácter temporal se extienda más allá de las recomendaciones
europeas. Es más, en la tramitación de esta proposición en el Congreso se
ha asegurado la introducción de un artículo de revisión de estos
impuestos transcurridos dos años, por si fuera necesario. Bueno, pues por
si fuera necesario prorrogamos, revisamos y ya veremos lo que nos parece
conveniente. Otra cuestión que no nos parece bien y que por eso hemos
enmendado, y a la sazón vamos a votar en contra de este texto
absolutamente ideologizado, es que provoque competencia desleal entre
nuestros contribuyentes, obligando a satisfacer este impuesto solamente a
algunas empresas concretas de algún sector específico y determinado, lo
que atenta directamente contra el principio de no discriminación.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías, por favor.
(Continúan los rumores).

Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: No se preocupe, presidente, si ya estoy
acostumbrado y cuando subo a la tribuna pasa

El señor PRESIDENTE: Sí me preocupo. Señorías, guarden silencio, por
favor, si son tan amables.

Muchas gracias. Puede continuar.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Como anticipábamos antes, se aprueba mediante
enmienda un nuevo impuesto en nuestro sistema fiscal de escasísima, por
no decir nula, repercusión recaudatoria, pero, eso sí, de enorme impacto
ideológico, al que han llamado impuesto a las grandes fortunas. Y eso lo
hacen sirviéndose torticeramente, retorciendo de manera torticera, el
procedimiento legislativo al incluir en el informe de la ponencia una
enmienda que aprueba todos los elementos configuradores del nuevo
impuesto, como su naturaleza, objetivo, ámbito territorial, hecho
imponible, sujeto pasivo, exenciones, base imponible, devengo, cuotas,
bonificaciones, régimen de infracciones y sanciones, gestión,
habilitación normativa y vigencia, o sea, un impuesto completo, un
impuesto en toda lid y en toda regla. Conclusión: al haber concluido su
tramitación en el Congreso con una enmienda, se nos impide a los grupos
parlamentarios pronunciarnos sobre ella, cercenando nuestros legítimos
derechos parlamentarios de enmendar y de oponernos, y somos la soberanía
nacional. Nosotros no podemos enmendar una enmienda, o sea, se ha
cercenado y retorcido el procedimiento legislativo y se ha hurtado un
derecho constitucional que tenemos en la sede de la soberanía nacional,
con lo cual de manera torticera nos la han colado.

Por último, cabe decir que es improcedente en nuestro sistema
tributario la regulación de un nuevo impuesto enteramente —y con
esto voy terminando— coincidente con el ya existente impuesto sobre
el patrimonio; la única finalidad es restringir la autonomía financiera
de las comunidades autónomas. Por tanto, creo que queda claro que pedimos
que se apoyen nuestras enmiendas, lo que supondría dar un giro
copernicano a este texto, pero, como entiendo que no van a salir
adelante, ya anunciamos nuestro voto en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda número 32 de sus señorías Egea Serrano
y Martín Larred, tiene la palabra su señoría Egea Serrano.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. El pasado verano en Alcorisa, en una asamblea
del movimiento ciudadano Teruel Existe, fueron varias las asociaciones
que vinieron a contarnos un problema que hasta entonces era para nosotros
desconocido. Nos contaron que para estas asociaciones es muy complicado
pagar todos los costes bancarios que les supone, como bien nos pasa ahora
a todos, una sociedad bancarizada. Unos meses después, esta vez en
Valdealgorfa, se dio la circunstancia de que también varias asociaciones
nos comentaron el mismo problema, y desde entonces hemos estado buscando
la manera de intentar aportar alguna solución a este problema que no solo
afecta a la España rural, sino a todo el territorio nacional,
especialmente, a esas pequeñas asociaciones culturales, clubes deportivos
o asociaciones sin ánimo de lucro de cualquier ámbito que cuentan con
presupuestos muy pequeños y que tienen que pagar gastos bancarios que en
ocasiones suponen una importante parte de sus recursos financieros. Este
es el motivo por el que introdujimos una enmienda al artículo 2 de esta
ley, y en ella pedimos que del volumen que han de pagar los bancos,
ese 4,8 % de los beneficios, se pudieran detraer el conjunto de los
costes financieros de todas las asociaciones sin ánimo de lucro que
tienen allí sus cuentas, siempre y cuando estas asociaciones no pagaran
estos gastos, por supuesto. Mi compañera Beatriz defendió esta enmienda
en comisión y varios fueron los grupos que se pusieron en contacto con
nosotros para intentar mejorar y ampliar la enmienda. Así lo hemos hecho.
Estamos negociando una transaccional —creo que ya está redactada en
sus términos y que ya tenemos las firmas, y luego la entregaré a la
Mesa— que intenta mejorar y ampliar el ámbito y que esperamos que
después sea votada a favor por la mayoría de los grupos.

Nada más, señorías. Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 28 y 29, por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal, tiene la palabra su señoría Chinea Correa.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

Intervengo para la defensa de las dos enmiendas presentadas por la
Agrupación Socialista Gomera, que coinciden en su contenido con las
presentadas por Coalición Canaria y, en el caso de la más técnica, con
Esquerra Republicana. (Rumores).

Señorías, llevamos varios días dialogando con los diferentes grupos
parlamentarios y espero y confío en que prosperen ambas enmiendas. Me voy
a centrar en la que afecta a las islas no capitalinas de mi tierra,
Canarias, La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, y a
los territorios de Ceuta y Melilla. La explicación, señorías, es muy
sencilla: nosotros creemos que existen argumentos suficientes para
justificar su aprobación definitiva. El gravamen que se plantea en esta
proposición de ley, con la que nosotros coincidimos plenamente, se aplica
sobre la producción y no, señorías, sobre el beneficio y esto es verdad
que tiene sentido en la mayor parte del país... (Continúan los
rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, senador Chinea. (Pausa).

Puede continuar, señoría.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.

Esto se aplica sobre la producción y no sobre el beneficio y es
verdad que, como decía antes, tiene sentido en la mayor parte del país,
pero no lo tiene, señorías, en las islas en las que el servicio es
deficitario y que, por tanto, deben quedar exentas. En las islas no
capitalinas, pese a las compensaciones, el coste de la energía es mucho
más elevado que aquí, en península, y es un problema crónico que supone
un lastre para nuestra economía y, especialmente, para las que nosotros
denominamos las islas verdes, La Gomera, La Palma y El Hierro. El
Gobierno y los partidos políticos deben tener muy presente esta realidad
en cualquier iniciativa legislativa. Espero, por tanto, contar con el
apoyo de todos los partidos para que se contemple una realidad sobre la
que no nos cansamos de hablar aquí en esta Casa y que debe, señorías,
quedar reflejada en el texto que hoy aprobemos.

Aprovecho, por último, para desearles unas felices fiestas con un
único deseo para el 2023, un deseo que seguramente comparten los
ciudadanos y ciudadanas de este país. Espero que el próximo año vuelva la
calma, la coherencia, la sensatez y, sobre todo, la responsabilidad a la
vida política de nuestro país, porque son muchos, señorías, son muchos
los problemas a los que se enfrentan cada día los ciudadanos y ciudadanas
de este país y nosotros y nosotras no podemos convertir en un problema
añadido la preocupante incapacidad de algunos y algunas a la hora de
dialogar y de alcanzar acuerdos. Señorías, más sentido de Estado y menos
sentido partidista. Ese es mi deseo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 30 y 31, tiene la palabra su señoría
Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, presidente.

Doy por defendidas las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 62 a 69, por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal, tiene la palabra su señoría Gómez
Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hemos vuelto a escuchar palabras muy gruesas: fraude, texto
ideológico. Esto ya es lo que nos faltaba, que en una Cámara de
representantes públicos, con políticos de diferentes ideologías, pero, en
todo caso, todos políticos, se nos acuse de practicar ideología, de hacer
política; a mí esto me parece de juzgado de guardia, señorías.
(Aplausos). Creo que hay que hacer un pequeño ejercicio de contención en
las críticas, porque, aunque todas son bienvenidas, yo vengo de una
Cámara parlamentaria que desde hace algún tiempo se ha acostumbrado a que
en una misma sesión parlamentaria se lleguen a imputar hasta siete
delitos de uno a otro lado, a descalificaciones, a insultos de todo tipo,
y créanme que el destino al que nos ha conducido esa forma de hacer
política en ningún caso es mejor que lo que había previamente.

Señorías del Partido Popular, a este paso les van a hacer clientes
del mes en el Tribunal Constitucional, porque es que ven más problemas de
inconstitucionalidad que leyes se generan en el Parlamento. Esta semana
yo creo que va a ser recordada históricamente como una de las más negras
de nuestra democracia gracias a una derecha que sencillamente no acepta
la voluntad popular, salvo que esta le dé la razón, y, desgraciadamente
para ustedes, últimamente pocas veces les da la razón. (Aplausos). Hemos
visto, señorías, hasta donde han sido capaces de llegar para intentar
doblegar la voluntad del Poder Legislativo y, por eso precisamente y ante
leyes como la que estamos debatiendo en el día de hoy —lo tengo
absolutamente claro—, creo que por ese motivo merece la pena
aguantar, merece la pena pelear y merece la pena defender nuestra
democracia.

En términos económicos, señorías, la derecha tiene absolutamente
claro cuál es el camino, el mismo que en el año 2008. En los momentos de
crisis, en los momentos de mayor dificultad, cuando más falta hace
compartir el esfuerzo social, se le traslada el peso a los trabajadores y
a los autónomos de este país. La solución a la crisis sencillamente es
que la persiana pese un poquito más y que la nómina dure un poquito
menos; una solución, sencillamente neoliberal, que permitió a las grandes
empresas y patrimonios salir más rápido y lastró a los trabajadores de
nuestro país; una solución que reforzó las desigualdades en nuestro país,
cronificando la pobreza y favoreciendo un país de dos velocidades. Esto,
señorías, no es una mera hipótesis ideológica, basta que ustedes vean
cuál es la realidad social de la Comunidad de Madrid, la región más rica
de nuestro país, con un 35 % más de desigualdad que la media del resto de
comunidades autónomas.

Señorías, vamos a adelantar nuestro voto favorable a esta ley, porque
creemos que este debe ser el primer paso para un cambio en las bases del
sistema impositivo en nuestro país. Recuperamos de una manera,
ciertamente algo tímida, el impulso de la redistribución por la vía
impositiva y lo hacemos para potenciar el crecimiento estructural.
Ponemos las bases para que de esta crisis que afrontamos no salgamos más
débiles como sociedad, sino que salgamos más iguales, pero, sobre todo,
señorías, que de una vez por todas salgamos todos y todas. No obstante,
como digo, creemos que es una reforma tímida en lo que tiene que ver con
la propuesta de un impuesto de carácter temporal por una cuestión de
coyuntura. No negamos la existencia de unas condiciones singulares y
especiales en estos momentos, provocadas por la situación de la pandemia
y la salida de esta circunstancia y por la guerra de Ucrania, pero,
ciertamente, en nuestra opinión, deberíamos intentar mirar un poquito más
allá. En primer lugar, señorías, las empresas energéticas deben arrimar
el hombro en nuestro país de una manera específica y de una manera
continua. Durante decenios han sido las grandes beneficiadas de un
mercado extractivo que es responsable de la situación medioambiental que
vive nuestro planeta. Sus beneficios históricos los pagaremos en forma de
cambio climático y de contaminación. Por ello, más allá del bloqueo al
gas ruso, consideramos que este impuesto debe ser permanente, debe ser la
chispa que necesita la transición energética que nuestro país merece. En
segundo lugar, señorías, cabe hablar de las entidades de crédito, de los
bancos. En el año 2008 los bancos españoles, junto con los europeos,
estaban en la UVI por sus malas decisiones y se habían atragantado con el
mercado del ladrillo. Los españoles, y también los europeos, fuimos
quienes salvamos a los bancos; ese dinero público, que podría haber ido
perfectamente a mejorar la prestación por desempleo o a una mejor red
sanitaria, permitió a las entidades financieras españolas salir adelante.
La máquina de imprimir dinero ha sido una barra libre que les ha
permitido aumentar la concentración y generar un sistema bancario aún más
cerrado, entrando a cuentagotas en la economía real. Un Estado capaz de
corregir este tipo de excesos, un Estado que ayude a la modernización de
nuestra economía necesita, evidentemente, una mayor capacidad de generar
ingresos y, lógicamente, ante esta disyuntiva, los políticos tenemos que
hacer política y decidir de dónde salen estos ingresos: si de los
bolsillos de los trabajadores o de quienes más beneficios acumularon en
otras ocasiones. Por último, señorías, también se contempla para los
patrimonios de más de 3 millones de euros, con las mismas exenciones que
tiene el impuesto sobre el patrimonio. En Más Madrid ya hemos dicho en
innumerables ocasiones que creemos en un impuesto sobre el patrimonio que
penalice la economía rentista e improductiva. Queremos que España apueste
por gravar el patrimonio que no produce riqueza en el país y que, además,
lo haga de manera permanente. Somos absolutamente claros en este
sentido.

Señorías, en todo caso, yo creo que hoy damos un paso muy importante,
y, por tanto, animamos al Gobierno y al Partido Socialista, en este caso,
a que en el futuro pueda ser un paso todavía mayor. Y, desde luego, nos
ponemos a su disposición con el fin de intentar articular las mayorías
necesarias para poder continuar por esta senda. El futuro exige a nuestro
país enormes retos y necesitamos de un modelo fiscal que permita al
Estado afrontarlo junto con las clases trabajadoras de nuestro país. El
egoísmo fiscal tiene que convertirse definitivamente en algo del
pasado.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senador Gómez
Perpinyà.

Para la defensa de las enmiendas 24 y 25 de sus señorías Cleries i
Gonzàlez y Clavijo Batlle, inicialmente presentadas por el senador
Clavijo Batlle, tiene la palabra el propio senador.

El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señorías.

Presentamos dos enmiendas, una es de carácter técnico y la otra tiene
que ver con las singularidades canarias, especialmente, con las islas
menos pobladas, las no capitalinas.






Esta última comparte texto con la de
mi compañero Fabián, de la Agrupación Socialista Gomera, y con la del
senador Pau Furriol, de Esquerra Republicana, aunque su enmienda mejora
la redacción de la nuestra, por lo que nos hubiese gustado que hubiese
sido posible una transaccional. La enmienda trata de evitar un grave
error que se puede producir —y adelanto el voto favorable a esta
ley— en las islas menos pobladas de Canarias. Producir y trasladar
energía en esas islas es más costoso que hacerlo en islas con mayor
población, con un millón de habitantes, aproximadamente, como pueden ser
Tenerife o Gran Canaria. Producir energía en el archipiélago es más caro
y si, además, tienes que producirla y vives en una isla menos poblada,
como las cinco restantes, es todavía más caro. Se produce un diferencial
que en ocasiones conlleva, con el pago de combustible, pagar un 30 % más
por el gasoil o por la gasolina, y eso lastra la actividad económica, el
transporte e incluso la renta disponible de los ciudadanos.

Agradecemos el apoyo que nos han transmitido ya varios grupos y
deseamos que la puedan sacar adelante los grupos que apoyan al Gobierno,
en este caso, el Grupo Socialista. ¿Qué pretendemos con esta enmienda?
Pues que como el cálculo para este gravamen temporal se hace en función
de la cifra de negocio, se excluya la cifra de negocio de esas islas
donde es deficitario, de tal manera que no se contribuya a agravar más la
diferencia y los sobrecostes que tienen que pagar los ciudadanos en esas
islas no capitalinas. Creo que basta un poquito de buena voluntad y
sentido común, teniendo en cuenta, además, que no solo estamos hablando
de las islas, sino de territorios como Ceuta y Melilla, respecto de los
que este Senado ha debatido largo y tendido en la ponencia sobre
insularidad y en relación con los sobrecostes derivados, con lo cual esta
Cámara tiene perfecto conocimiento de cuáles son las dificultades de
estos territorios para poder desarrollar, no solo sus actividades
económicas, sino también el día a día de los ciudadanos. Creo que sería
positivo, porque mejoraría notablemente y, sobre todo, sería menos
injusto con los territorios del Estado español más débiles o con más
dificultades para salir adelante, que pudiese ser aceptada esta enmienda
y, por supuesto, la del senador Chinea. Y, si no, nosotros votaremos
favorablemente la del senador Pau Furriol.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 26, 27, 40 y 41 de sus señorías
Cleries i Gonzàlez y Matamala Alsina, tiene la palabra su señoría
Matamala Alsina.

El señor MATAMALA ALSINA: Gràcies, president.

Nosotros hemos presentado cuatro enmiendas y voy a referirme a una de
ellas, la número 41, porque entiendo que es la principal y porque por las
discusiones mantenidas hasta el momento creo que se va a aprobar. Se
trata de una enmienda que habla sobre el gravamen energético y, a
diferencia de lo que pide el Grupo Socialista, no grava sobre la cifra de
negocio, sino sobre los beneficios. O sea, el Grupo Socialista ha ido a
lo más fácil, es decir, a gravar la cifra de negocios y aquí todo el
mundo paga, sin dar valoración ni ver las posibles consecuencias que eso
puede traer.

Todas las empresas deben pagar, deben pagar beneficios y, si hay
extraordinarios, aún más, pero en ningún caso se puede poner un gravamen
que pueda dificultar el crecimiento de estas empresas o incluso, como se
ha dicho anteriormente, algunas se vean obligadas a cerrar. Señores
socialistas, todas las empresas no son un consejo de administración,
detrás hay muchas familias que viven de ellas y quieren que sus empresas
funcionen, y las empresas deben funcionar. Una empresa que no tiene
beneficios tiene que cerrar y, por tanto, no podemos imponer un gravamen
que pueda poner en dificultades a las empresas o ante el grave problema
de tener que cerrar por tener que pagar más gravamen que el beneficio que
se ha obtenido. Nosotros pensamos que esto es de sentido común, y parece
que se va a dar soporte a esta enmienda. Pedimos a los grupos su
apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 33 a 39, 72 y 42 a 44, tiene la
palabra su señoría Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko, mahaiburu.

Senatari, jaun-andreok, eguerdi on.

Euskal Herria Bildu lleva tiempo insistiendo en que para dar
respuesta a las necesidades actuales de las familias y de las empresas
son necesarias las ayudas directas, pero que no son suficientes. En plena
pandemia la concentración de la riqueza aumentó y ahora con el impacto de
la inflación, que penaliza más a quienes menos tienen —por algo se
llama el impuesto a los pobres— se ha agravado el drama de la
desigualdad social. Todo cuesta más, los precios de los bienes y
servicios de primera necesidad han subido de manera exponencial; con la
subida de los tipos de interés suben más las hipotecas, sin embargo, los
salarios están creciendo muy por debajo de la inflación. Por tanto, hay
serias dificultades en la mayoría de las familias y, también, en empresas
de diversos sectores. Pero la subida de precios está afectando
positivamente a algunos sectores, las empresas energéticas y los bancos
están obteniendo los mayores beneficios de su historia y no precisamente
porque hayan generado mayor valor añadido o hayan hecho una apuesta
nueva, sino, simplemente, porque han subido los tipos de interés y porque
la guerra ha agravado la situación energética. Precisamente las razones
que empobrecen a la mayoría social están enriqueciendo a una minoría,
dicho de otra manera, algunos se están enriqueciendo a costa de
otros.

Creo que es importante tener en cuenta que el sector energético y el
de las entidades de crédito se caracterizan por un menor peso de sus
gastos de personal respecto al valor añadido que generan. Para el sector
energético el gasto de personal supone solo un 25 %, y para el sector
financiero solo un 30 %. Y otro dato más, hay que recordar que el sector
financiero es el sector con la mayor brecha salarial. El sueldo más
elevado, por ejemplo, en el Banco Santander es doscientas cincuenta y
siete veces superior al salario medio. Por tanto, está más que
justificado gravar estos sectores para que los costes que origina la
inflación sean repartidos equitativamente en la sociedad. Y en nuestras
enmiendas números 42 y 43 lo que proponemos es que se grave no solo la
actividad que realizan en el Estado español, sino también las operaciones
que se hacen fuera de España.

Señorías, hemos visto enmiendas en el Congreso, y ahora también aquí
en el Senado, que intentan descafeinar esta ley y cobrarles un poco
menos, planteando cosas como más incentivos, para que al final esto quede
como acabó el impuesto sobre sociedades, que nadie paga. La recaudación
del impuesto sobre sociedades se ha reducido en un 40 % en los últimos
quince años, mientras que la recaudación del IRPF ha subido un 30 %. Es
evidente que estas enmiendas que intentan descafeinar responden a unos
intereses concretos que en absoluto compartimos, y la verdad es que con
este impuesto a ninguna de estas empresas se le hará un roto. En el caso
del sector energético, estamos hablando de gravar un 1,2 % la cifra de
negocio a los operadores principales. Estamos hablando de Naturgy,
Endesa, Repsol, Iberdrola... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Además, si por un casual estas empresas
tuvieran una cifra de negocio inferior a mil millones de euros, quedarían
exentas. En el caso del sector financiero, se gravaría el 4,8 % de su
margen de intereses, más sus comisiones netas de las entidades de
crédito, y con un límite de 800 millones de euros. No se entiende, por
tanto, que haya tanta defensa a estas empresas concretas, cuando hay una
ansiedad colectiva ante el empobrecimiento de la mayoría social.

Señorías, hay un dato evidente: mientras la presión fiscal de las
rentas de trabajo y de consumo han ido en aumento, la presión fiscal de
los beneficios empresariales ha ido decreciendo. Esto necesita un cambio
ya. Se ha hablado mucho de inseguridad jurídica, pero ¿saben lo que
produce inseguridad jurídica? Insinuar, como se ha insinuado hoy aquí, la
posibilidad de repercutir el gravamen a los clientes, porque saben que
esto es ilegal, saben que esto no es posible. Esto supondría una
infracción grave y espero que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia actúe.

Por otro lado, también vemos necesario un impuesto temporal de
solidaridad de las grandes fortunas. Euskal Herria Bildu apostó por
implantar un impuesto a las grandes fortunas en Gipuzkoa —por
cierto, con el apoyo del Partido Socialista— y fue todo un éxito,
pero lo quitaron cuando llegó al Gobierno el Partido Nacionalista Vasco.
Las cien personas más ricas del Estado acumulan más de 153 500 millones
de euros, y en un solo año han aumentado sus beneficios en más
de 26 000 millones de euros. Por tanto, porque es oportuno y porque es de
justicia social que paguen más las personas con mayor capacidad
económica, estamos a favor de que exista un impuesto a las grandes
fortunas. Según la ley, tendrán que pagar aquellas personas cuyo
patrimonio neto supere 3 millones de euros. En este caso, será un
impuesto complementario al impuesto sobre el patrimonio, es decir, solo
tributarán por esa parte del patrimonio que no haya sido gravado en su
comunidad.

Y quiero terminar recordando que la Hacienda de Bizkaia, Gipuzkoa,
Araba y Nafarroa tienen reconocida la capacidad de regular el régimen
fiscal en base al concierto y al convenio económico. Por ello, en el caso
de los gravámenes, aun siendo gravámenes y no impuestos, entendimos que
la ley debía tener en cuenta nuestra singularidad, y así se acordó con la
disposición adicional segunda. Sin embargo, el impuesto de grandes
fortunas se introdujo a través de una enmienda y consideramos que sería
importante explicitar en la ley el compromiso de respetar el régimen
foral, tanto de la Comunidad Autónoma del País Vasco como de la Comunidad
Foral Navarra. Por ello, presentamos la enmienda número 44.

Concluyo. Adelanto que votaremos que sí a esta proposición de ley.
Por supuesto que es mejorable, pero, sobre todo, nos parece necesaria. Lo
que hace algunos meses era imposible, hoy no es solo una necesidad, sino
que es una realidad en más países europeos. Hemos comentado en muchas
ocasiones que es posible salir de esta crisis con recetas distintas a las
aplicadas anteriormente, pero, curiosamente, cuando se ponen encima de la
mesa nuevas recetas, salen las excusas más conservadoras ante medidas que
parece que incomodan mucho. Pero lo que realmente nos incomoda en Euskal
Herria Bildu es ver cómo la mayoría social está empobreciéndose, cómo la
desigualdad social va incrementándose. Si no se plantean reformas
fiscales, esta crisis la acabará pagando, una vez más, solo una parte de
la sociedad y estaremos perpetuando una sociedad muy vulnerable e
injusta. Lo que está claro es que cuanto más repartidas estén la renta y
la riqueza, mayor estímulo tendrá la actividad económica y mejor nos irá
a todos y a todas.

Muchas gracias, señorías.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Bideguren
Gabantxo.

Para la defensa de las enmiendas 58 a 61, por el Grupo Vasco tomará
la palabra su señoría Uribe-Etxebarria Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik asko, presidente
jauna.

Egun on guztioi.

En el Grupo Vasco hemos presentado cuatro enmiendas que tratan de
equilibrar, ponderar y ajustar diversos preceptos de la proposición de
ley que tenemos entre manos. La primera enmienda pide que el gravamen se
aplique sobre los beneficios extraordinarios y no sobre la facturación o
sobre la cifra de negocios. El objetivo declarado del gravamen por parte
del reglamento comunitario y también por parte de la propia proposición
de ley es, precisamente, gravar los beneficios extraordinarios. Y, en
este sentido, resulta fácilmente comprensible y entendible que la cifra
de negocios o la facturación no es un indicativo de los beneficios
extraordinarios que pudiera haber obtenido una empresa, que es lo que se
busca.

La segunda enmienda tiene como objetivo evitar comprometer la
viabilidad de las industrias que necesitan transformarse en el contexto
de la transición energética, permitiendo que destinen parte de sus
beneficios a la financiación de planes de inversión para la
descarbonización, la eficiencia y la transición energética. Es decir,
proponemos que se puedan deducir del gravamen las inversiones en materia
de transición verde y de desarrollo de tecnologías verdes, evitando
provocar un perjuicio a este tipo de inversiones que son una prioridad
para el conjunto de la Unión Europea. Además, podría tener un efecto muy
negativo para numerosas pequeñas y medianas empresas que forman parte de
la cadena de valor y de la cadena de suministro de estas empresas de
mayor tamaño y que son las llamadas a materializar también este tipo de
inversiones tan necesarias. Señorías, la crisis energética desatada por
la guerra de agresión del régimen de Putin contra Ucrania genera también
el riesgo de provocar un parón en las imprescindibles inversiones a
llevar a cabo en el ámbito de la transición verde. Por lo tanto, debemos
ayudar —y eso es lo que pretende esta enmienda— a que pueda
ser compatible hacer frente a la extraordinaria e inesperada subida de
los precios energéticos con el mantenimiento del ritmo de las
inversiones, para caminar de manera firme hacia la necesaria transición
verde. Esto es algo que ha sido puesto de manifiesto por todo el mundo,
incluidas las instituciones comunitarias, en nuestro caso, los
responsables políticos vascos, o por el propio presidente del Gobierno
español, el señor Sánchez. Fíjense en la reciente noticia publicada por
varios medios de comunicación que nos habla de que el consumo mundial de
carbón está marcando un nuevo récord histórico, porque la guerra de Putin
está impulsando el uso masivo de este recurso energético, el del carbón,
que es el principal emisor de dióxido de carbono.

Con nuestra tercera enmienda, que la considero como técnica,
proponemos que en la base imponible para el cálculo del gravamen no se
tengan en cuenta los peajes y cánones que las industrias energéticas
pagan a la Administración. Son cargos regulados por la Administración que
las industrias están obligadas a facturar y a recaudar, sí o sí. Por
decirlo de otra manera, son cargos que deberían ser recaudados por la
Administración, quien utiliza a las industrias para que realicen esta
labor. Sin embargo, este tipo de recaudación no tiene ningún impacto en
sus beneficios.

La cuarta y última enmienda pretende tener en cuenta la realidad de
los grupos empresariales que combinan actividades energéticas con otras
ajenas a este sector. En este sentido, según el texto que tenemos entre
manos, el gravamen se calcularía sobre el beneficio consolidado de todo
un grupo empresarial, incluyendo actividades que no tienen relación con
el sector de la energía. Para nosotros, gravar a empresas no energéticas
carece de toda justificación, infringe el principio constitucional de
igualdad y rompe las reglas de competencia. Por eso, proponemos no
computar en el gravamen a las sociedades del grupo cuya actividad
principal no sea la energética.

Eskerrik asko, presidente jauna.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 45 a 49, del Grupo Parlamentario
Popular, tomará la palabra su señoría Alía Aguado.

La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría, por favor.

Señorías, por favor, un poquito de silencio.

Muchas gracias.

Discúlpeme. Puede continuar.

La señora ALÍA AGUADO: En el Grupo Popular hemos planteado cinco
enmiendas: de modificación del preámbulo, de modificación del gravamen
energético —que ha defendido mi compañero Juncal—, de
modificación del artículo 2, sobre el gravamen de la banca y de
modificación de la disposición adicional quinta.

Señoría del Grupo Socialista, ha bajado usted a la tribuna y nos ha
relatado una verdad a medias. Nada ha dicho de los informes del Banco
Central Europeo sobre los efectos negativos del gravamen a la banca en el
crédito a las familias y pymes, la estabilidad financiera, el crecimiento
económico y la repercusión del impuesto al consumidor final. Esos
informes los omite, se los ha callado. De ahí nuestra defensa de medidas
para mejorar la protección de los deudores hipotecarios, siempre con la
idea de proteger a los más vulnerables, además de la posibilidad de
recuperar la deducción por vivienda habitual para los ejercicios de 2022
y 2023. Es muy importante considerar que un nuevo gravamen sobre la banca
puede perjudicar, y mucho, la labor social realizada por las entidades de
crédito. De eso también se olvidan ustedes.

Hemos presentado —lo he adelantado antes— una enmienda de
supresión del artículo 3 del impuesto de las grandes fortunas porque
reiteramos que no podemos aceptar un impuesto que infringe el principio
constitucional de capacidad económica y no confiscatoriedad. Señoría del
Partido Socialista, le he hecho una pregunta antes, y no la ha
contestado. Hay familias que durante años tienen a un discapacitado en el
seno familiar y van haciendo aportaciones al patrimonio especialmente
protegido, que genera unas deducciones fiscales en las distintas
comunidades autónomas, y que en el copia y pega del impuesto sobre el
patrimonio vigente al impuesto de grandes fortunas ustedes no han
copiado. Se les ha olvidado, y usted aquí no ha dicho nada de eso, no me
ha respondido. ¿Por qué se lo calla? ¿Por qué no me responde? El refrán
dice que el que calla, otorga. Reconocen que se les ha olvidado, no se
acuerdan de las personas con discapacidad. (Aplausos). Estamos ante un
texto que adolece de sentido común. Están ustedes haciendo temblar los
pilares de quienes sostienen nuestro tejido empresarial. Les están
invitando a irse de España.

También, hemos presentado una enmienda de modificación de la
disposición final quinta, en materia de impuesto sobre sociedades,
suprimiendo el punto 3, referido a la compensación de bases imponibles
negativas en grupos de consolidación fiscal, una limitación más a las ya
existentes. Ahora mismo, para 2023, limitar la compensación de bases
imponibles negativas no encuentra otra justificación que la de
incrementar la recaudación en dicho periodo, obligando a las entidades en
régimen de consolidación fiscal a que paguen más impuestos. En
definitiva, nosotros queremos que las empresas tributen por lo que
realmente les corresponda, sin limitaciones de bases imponibles
negativas, pues de no hacerlo ustedes siguen recaudando. Quizá tampoco
han bajado aquí a nombrar esta limitación de la compensación de bases
imponibles porque, como todos sabemos, el marido de su ministra Calviño
es todo un ejemplo en este tema de la compensación de bases imponibles.
Tiene una sociedad patrimonial por la que lleva años sin tributar,
aplicando la compensación de bases imponibles que arrastra de ejercicios
anteriores. (Aplausos). Además, es tan hábil, que ya se encarga él, año
tras año, de que la base imponible de esa sociedad sea inferior a un
millón de euros porque así no existe ningún límite a esa compensación.
Por eso, del impuesto sobre sociedades ustedes tampoco han hablado en
esta tribuna.

No creemos que sea el momento adecuado de gravámenes, de más
impuestos. Desde que ustedes llegaron al Gobierno la renta disponible de
las familias ha descendido en un 8 %, y el Banco de España —tampoco
lo ha comentado usted—, ayer les dijo que baja la previsión de
crecimiento para 2023. Eso tampoco lo cuentan ustedes. También omiten
que, desde que gobiernan, la presión fiscal ha subido en más de un 5 %
del PIB. En resumen, ustedes llevan a las familias a que cada vez
dispongan de menos recursos para sus gastos y además cada vez paguen más
impuestos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra su señoría la senadora Mínguez Sierra.

La señora MÍNGUEZ SIERRA: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías.

Esta proposición de ley es una propuesta de gravamen a las grandes
entidades energéticas y financieras y un impuesto a las grandes fortunas.
Es razonable que los costes que origina la inflación en la sociedad se
repartan equitativamente mediante un pacto de rentas. Por ello, es
imprescindible que los poderes públicos adopten medidas para sostener las
políticas de apoyo a los más vulnerables.

Quiero agradecer el trabajo de los grupos por todas las enmiendas
presentadas. Hoy debatimos 69 enmiendas, de las cuales un grupo numeroso
son de modificación, y en el Grupo Parlamentario Socialista entendemos
que no mejoran el texto remitido por el Congreso de los Diputados a esta
Cámara. Pero quiero remarcar las siguientes cuestiones sobre las
enmiendas presentadas.

La justificación del gravamen es configurar un instrumento eficaz
para favorecer el pacto de rentas, que es un elemento esencial para
luchar contra los efectos nocivos de la inflación. Desde esta
perspectiva, debe mantener su carácter temporal durante dos años, 2023
y 2024, por cuanto se prevé que será el tiempo que durará la situación
inflacionista, cuyos efectos pretende paliar. Se basa en diferentes
artículos constitucionales, como los artículos 9.2, 31.2, 39.1, 40.1
y 131.1, que dice, para su conocimiento y consideración, que se garantiza
que el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica
general para atender las necesidades colectivas y estimular el
crecimiento de la renta y su más justa distribución. Desde esta
perspectiva, la figura jurídica idónea es la prestación patrimonial de
carácter público no tributario, en línea con la jurisprudencia
consolidada del Tribunal Constitucional. Y lo mismo podemos decir
respecto del impuesto.

El gravamen temporal es una figura no tributaria que no se asienta
sobre el principio de capacidad económica en la contribución propia de lo
tributado, sino en el principio de reparto del esfuerzo, como se refleja
en la exposición de motivos de la proposición de ley. Desde esta
perspectiva, el pago de la prestación, de acuerdo con este principio de
reparto del esfuerzo, se asienta sobre el importe de la cifra de negocios
como fiel reflejo de criterio de reparto, que también se manifiesta en la
determinación de los obligados al pago del gravamen, que son los
calificados como operadores principales conforme a diversas resoluciones
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Asimismo, cabe señalar que el Reglamento de la Unión
Europea 2022/1854 establece que la contribución solidaria temporal debe
servir como medida de redistribución para garantizar que las empresas
afectadas que hayan obtenido beneficios excedentarios como consecuencia
de las circunstancias imprevistas contribuyan proporcionalmente a mejorar
la situación de crisis energética en el mercado interior. El legislador
español se ha acogido a la opción permitida en el artículo 14.1 de dicho
reglamento, que permite la adopción de medidas nacionales equivalentes,
que no tiene que ser igual a la configuración de la contribución
solidaria temporal.

Con respecto a la deducción por inversión en vivienda habitual,
siguiendo las recomendaciones de diversos organismos, con efectos de 1 de
enero de 2013 se suprimió la deducción por inversión en vivienda,
manteniendo un régimen transitorio para inversiones anteriores a esa
fecha que permite practicar dicha deducción a aquellos contribuyentes que
cumplen determinados requisitos. En cualquier caso, en la actualidad, las
políticas de gasto público a través de subvenciones u otras formas de
ayudas directas se erigen como los instrumentos más eficaces como
incentivos de carácter fiscal instrumentalizados a través del presupuesto
de ingresos del Estado en tanto que permiten un mayor control
presupuestario, una mejor selección del destinatario de la ayuda, un
análisis previo de la posible eficiencia de los distintos proyectos
susceptibles de subvención, así como una conexión temporal más directa
entre el gasto y la ayuda percibida. A esto debe añadirse que la
sustitución de subvenciones o ayudas directas por beneficios fiscales
puede tener carácter ineficaz debido a que solo resultaría aplicable a
las personas obligadas a declarar o que tengan rentas que permitan la
aplicación de la deducción, dejando fuera de su aplicación a los sujetos
con menores rentas, que serán normalmente aquellos que tengan mayores
dificultades económicas para el acceso a la vivienda.

En el artículo 1, apartado 5, se excluye del importe neto de la cifra
de negocios aquel que procede de actividades reguladas. En principio, la
propuesta de modificación para excluir de la cifra de negocios los
procedentes de la distribución y venta de combustibles de las islas no
capitalinas, Ceuta y Melilla no cumpliría con dicho objetivo.

El pacto de rentas orbita sobre una situación coyuntural, sobre
medidas cuyo sostenimiento recae fundamentalmente en el Estado. Por lo
tanto, que el rendimiento de la prestación se distribuya entre las
comunidades autónomas, sin siquiera valorar en qué grado las comunidades
autónomas pueden ser competentes para aplicar las medidas que se pretende
financiar con los gravámenes previstos, no resulta aceptable; pero el
ánimo y la predisposición del Gobierno quedan de manifiesto con la
tramitación y posible transferencia del canon de residuos para
comunidades autónomas, que mañana trabajaremos en el Pleno. Asimismo,
pretender la modificación de cuestiones relativas a la financiación de
las comunidades autónomas de régimen común sin haber observado el
procedimiento previsto para la revisión del sistema de financiación ni
haber alcanzado previamente el correspondiente acuerdo en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera no es lo adecuado.

Continúo con los asuntos que sus señorías han puesto encima de la
mesa con sus enmiendas. La limitación, en 2023, de la compensación
del 50 % de las bases imponibles negativas individuales en la
determinación de la base imponible consolidada del grupo fiscal, que se
recupera en el plazo de los diez años siguientes por décimas partes,
tiene como objetivo el establecimiento de un límite temporal a la
compensación de tales bases imponibles, como existe en la compensación de
bases imponibles negativas en la tributación individual, lo que no está
relacionado con la seguridad jurídica, tal como se indicaba en la
enmienda del Grupo Popular.

La norma que limita la aplicación del incentivo fiscal, recogido en
el artículo 39.7 de la Ley del impuesto sobre sociedades, cuando se
realiza entre entidades vinculadas, es imprescindible, dado que resulta
fácil abusar del incentivo mediante la constitución de empresas que
financien a sus vinculadas u operaciones de personas físicas a través de
entidades. Este precepto no es ajeno, por otra parte, a normativas
similares en el Estado español.

Por último, en cuanto a la adaptación del Concierto Económico del
País Vasco y el Convenio Económico de la Comunidad Foral de Navarra para
concertar el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, ya
se contempla en el apartado 3, veinticuatro, de la proposición de
ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos, a continuación, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la palabra su señoría Merelo
Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos encontramos con una proposición de ley plagada de
incoherencias e indeterminaciones legales, cuyo único propósito es subir
los impuestos. Les da igual que esto pueda repercutir de forma negativa
en todos los españoles. Y en realidad les da igual que esta nueva norma
pueda siquiera llegar a aplicarse, porque realmente no sabemos qué
ingresos van a aportar estos gravámenes. No hay ningún documento que
avale que los sectores que son gravados son aquellos que han obtenido
beneficios extraordinarios.

Esta proposición de ley fue registrada de forma precipitada…
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senadora Merelo, disculpe un momento, por favor.
Disculpe que le interrumpa, pero casi no puedo oírla.

Señorías, guarden un poco de silencio, por favor. Si necesitan
hablar, salgan fuera. (Continúan los rumores). Señorías, si necesitan
hablar, salgan al pasillo, por favor.

Muchas gracias.

Puede continuar, señoría. Discúlpeme.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, presidente.

Como decía, esta proposición de ley fue registrada de forma
precipitada, cuando ya sabían que estaba en marcha la aprobación de un
reglamento europeo que establece un mecanismo de gravamen completamente
distinto al que introduce esta iniciativa, todo ello con el único
objetivo de eludir el reglamento tributario y todos los dictámenes
preceptivos del Consejo de Estado, el Banco de España y la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. Y como marca de la casa, han
introducido enmiendas en el trámite parlamentario que no guardan ninguna
conexión con el texto original. Ya saben qué debería ocurrir siempre que
se lleva a cabo esta práctica; lo hemos visto esta misma semana. Hasta
ahora han venido legislando de esta manera irresponsable, pero viendo sus
últimas pifias, las terribles consecuencias que están generando y el
malestar de los españoles con todas sus políticas, quizás alguno de
ustedes tenga la honestidad de reconocer todo el mal que están haciendo.
Lo más notorio es que con esta iniciativa ustedes pretenden gravar los
beneficios extraordinarios, pero gravan los ingresos y el margen
financiero, no permitiendo descontar los gastos necesarios para
obtenerlos. Este nuevo gravamen, aplicado de forma tan defectuosa, y
unido al impuesto sobre sociedades, puede dar como resultado una práctica
confiscatoria en la que el impuesto supere el crecimiento de beneficios.
Ustedes, con el argumento de que hay muchas empresas que se han
enriquecido, pretenden implantar un impuesto perpetuo para que el Estado,
que es el que más se ha enriquecido, siga haciéndolo. Nosotros y Europa
les urgiremos a que determinen un carácter finalista y temporal, de modo
que en cuanto el Estado deje de dar las ayudas también deje de
cobrar.

Señorías, ¿de verdad piensan que esta práctica no va a tener costes
laborales para los trabajadores? La inversión energética se verá
reducida, llevará a tener peores instalaciones y terminará afectando a la
solvencia de las entidades de crédito. No lo decimos nosotros, lo dijo el
Banco Central Europeo en septiembre. ¿Y saben quiénes volverán a sufrir
las consecuencias? Los trabajadores. Lógicamente, nos vamos a oponer a
esta calamidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará la palabra su señoría
Egea Serrano.

El señor EGEA SERRANO: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los
partidos que nos han prestado su firma para que la transaccional pueda
votarse esta tarde. Es una lástima que el apoyo de uno de los grupos
proponentes de esa transaccional a última hora haya decaído, no solo de
la transaccional y su firma, sino incluso de votar afirmativamente en el
Pleno de esta tarde. Lo hemos dicho muchas veces: estamos aquí para
mejorar la vida de los ciudadanos. No nos importa a nosotros, y no
debería importar a nadie, de quién es la ley, la moción o la propuesta
que se debate, sino si esa ley, propuesta o moción es interesante o no
para el conjunto de la ciudadanía y si mejora o no sus expectativas
actuales.

Consideramos que la enmienda que presentamos ayuda a todas esas
asociaciones, a todos esos clubes deportivos, a todas esas comunidades de
bienes que tienen pequeños ingresos y unos presupuestos exiguos. Creemos
que les ayudaba a tener un mejor desarrollo de su actividad. El grupo del
Gobierno no me ha contestado ahora qué va a hacer con esa enmienda, pero
antes me ha dicho que no se va a aprobar, no por nada, sino porque corre
mucha prisa que esta ley salga hoy de aquí sin ninguna enmienda aprobada,
porque corre prisa que la ley se ponga en marcha el 1 de enero. Y,
señorías, si tanta prisa corre, ¿qué estamos haciendo aquí esta mañana,
debatiendo enmiendas que han preparado nuestros grupos, intentando
negociar transaccionales y votos afirmativos a nuestras enmiendas? ¿Para
qué sirve una Cámara de segunda lectura, como es el Senado? ¿Para qué
sirve la representación territorial que ejercemos aquí todos los
territorios, intentando mejorar las leyes que llegan, si todas llegan, no
ya en trámite de urgencia, sino con la necesidad de aprobarse sin
enmiendas?

Veremos qué ocurre esta tarde con la votación. Espero que recapaciten
todos aquellos que aún se están pensando el voto, no solo a estas
enmiendas, sino también a otras cuya defensa hemos podido oír y que mi
grupo y yo personalmente consideramos que son interesantes y vamos a
votar a favor. La verdad, como parlamentario me parece un poco triste
tener que debatir cosas, cuando parece ser que está de más debatir porque
todo ha sido pactado por detrás; y se evita la función en este caso del
Senado, que es intentar mejorar las leyes que nos llegan.

Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias,
señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Señorías, ya he comentado que las clases medias y trabajadoras
pierden poder adquisitivo, mientras ven cómo las grandes corporaciones
aumentan sus márgenes. He hablado también hace un rato de la caída
del 3,5 % en la primera mitad de 2022 de los salarios reales en España,
el doble de lo que han caído en Europa, mientras que los beneficios de
las empresas españolas han crecido siete veces más que los salarios,
según datos del Banco de España. Pero la ley que se nos presenta hoy no
es sino un atajo para evitar tomar medidas contra la elusión fiscal de
las grandes corporaciones, que pagan menos por el impuesto sobre
sociedades que una pequeña y mediana empresa con diez trabajadores. Según
Hacienda, las pequeñas empresas y las microempresas son las que más pagan
por el impuesto sobre sociedades: exactamente cinco veces más que una
gran empresa.

No voy a volver a hablar del tema bancario, de cuánto estamos
perdonando, de cuánto hemos regalado todos y cada uno de los ciudadanos y
ciudadanas de este país a los bancos, que con esta ley empezarán a
devolver una mínima cantidad de ese dinero que nos deben. Yo siempre
suelo decir que en el sector financiero el mal ajeno es el botín del
banquero. Ya es hora de garantizar que quienes obtienen pingües
beneficios, en muchos casos, además, no gracias a sus habilidades
negociadoras, sino a la desgracia ajena, como está pasando ahora con la
guerra y con la inflación, aporten lo que les corresponde. Frente a esta
situación, en la que los trabajadores y autónomos pierden capacidad de
compra y muchos jóvenes ven el horizonte cada día más negro, hay dos
recetas de entrada: la receta de la derecha, que es bajar impuestos
—bajar impuestos a los que más ganan, claro—, y la receta de
la izquierda, de ping y pong, que es poner parches, como el que hoy
debatimos, para que parezca que sí, que se casca a los poderosos, cuando
la realidad es que estas medidas apenas les hacen cosquillas. Pero hay
otra vía, que es la de afrontar de verdad los retos y cambiar lo que no
funciona, y el modelo socioeconómico actual, el modelo económico actual
no funciona. Siete de cada diez españoles suspenden al actual modelo, la
ciudadanía española otorga un 4 al sistema socioeconómico actual. El 80 %
considera que el capitalismo necesita una gran transformación dados los
efectos perversos que tiene para el conjunto de la sociedad y el planeta.
La clave de bóveda de una sociedad equitativa es que la democracia llegue
también al ámbito empresarial y que los empresarios piensen también en el
interés de su comunidad. He reiterado en múltiples ocasiones, y lo hago
una vez más, la necesidad de un pacto de rentas y beneficios, y hoy
reitero de nuevo que el Gobierno cumpla la moción que aprobamos en esta
Cámara en el mes de mayo instándole a liderar con los agentes sociales un
pacto de rentas que contemple también beneficios empresariales, salarios
y rentas de capital, así como el impulso de fórmulas que favorezcan la
participación de las y los trabajadores en la empresa.

Señorías, este lunes leímos en los medios que Francia
—¡Francia!— se prepara para obligar a las empresas que
reparten dividendo entre los accionistas a que lo distribuyan también
entre sus empleados. Es la base de la medida que el Gobierno francés
—estoy hablando del Gobierno francés, señorías— quiere
aprobar para el próximo quinquenio y que desde el 8 de noviembre está en
la mesa de negociación del diálogo social. Esa mesa, por los motivos que
sean —no voy a entrar en ellos, porque daría mucho juego—, en
España no se ha convocado aún y tiene un reto: poner fin a un hecho
reiterado cada vez que hay una crisis, el hecho de que solo una parte,
las y los trabajadores, las y los autónomos, aporta sacrificios, mientras
que otros engordan sus beneficios y no los distribuyen entre quienes
contribuyen a que la empresa siga adelante. Lo dijo Macron en octubre en
una entrevista en France 2: cuando hay un aumento de dividendos para los
accionistas debe haber un mecanismo idéntico para los empleados. Si en
Francia se puede, también se debería poder aquí. Hagámoslo. Soy
consciente de que con esa medida no moveremos el mundo, pero, señorías,
lo haremos un poco más justo.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Por el Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones).

Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría
Uribe-Etxebarria Apalategui.

El señor URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI: Eskerrik asko, presidente
jauna. Eguerdi on guztioi berriro.

El Grupo Vasco del PNV está plenamente de acuerdo con la necesidad de
establecer en estos tiempos excepcionales que vivimos un tributo temporal
y extraordinario al sector energético y a la banca. Por eso, compartimos
la filosofía y los objetivos generales de esta proposición de ley, unos
objetivos que en todo caso ya han sido acordados a nivel europeo a través
del reglamento, ya citado, del pasado 6 de octubre.

Señorías, creo que todos somos conscientes de que los precios del gas
y de la electricidad alcanzaron niveles sin precedentes en el año 2021 y
que han vuelto a alcanzar máximos históricos este año, especialmente tras
la invasión rusa de Ucrania. La vertiginosa subida de los precios de la
electricidad en toda Europa está intrínsecamente relacionada con el
elevado precio del gas, que provoca un aumento del precio de la
electricidad debido al papel que desempeñan las centrales eléctricas,
alimentadas con gas, a la hora de satisfacer la demanda y fijar el
precio. Los precios empezaron a subir el pasado verano, cuando la
economía mundial inició su recuperación tras el relajamiento de las
restricciones por la pandemia. Posteriormente, la invasión de Ucrania por
parte de Rusia y la utilización del suministro de gas como arma de guerra
han agravado la situación, con un aumento interanual de los precios al
por menor de la electricidad de casi un 50 % desde julio del año 2021.
Este drástico encarecimiento de la electricidad está provocando un doble
efecto contrapuesto: por un lado, afecta muy negativamente a hogares, a
las pequeñas y medianas empresas y a la industria de la Unión Europea en
general, pero, por otro, está beneficiando de manera insólita a empresas
del sector energético. Asistimos, por lo tanto, a un grave desequilibrio
que tenemos la obligación de paliar.

Los clientes vulnerables y las personas en situación de pobreza
energética son los más afectados por toda esta situación; sin embargo, el
riesgo de no poder pagar las facturas energéticas acecha cada vez más a
los hogares de renta media y a las pymes. Por tanto, establecer una
contribución solidaria, excepcional y temporal de las empresas de los
sectores del petróleo, del gas, del carbón y de la refinería, con el fin
de garantizar que todo el sector energético contribuya con una parte
justa en estos tiempos difíciles, en los que muchos tienen dificultades
para hacer frente a la extraordinaria crisis energética provocada por la
utilización del suministro energético como arma de guerra por parte de
Rusia, nos parece procedente. Articular estas medidas confluye de manera
plena con la idea de la justicia social, un principio que forma parte de
la visión humanista de las personas y de la sociedad del PNV desde su
nacimiento como movimiento político y social. Para nosotros la justicia
social es, sobre todo, un imperativo ético en el plano socioeconómico,
pero también un instrumento de competitividad. El desarrollo humano
sostenible de un territorio depende de la adecuada y equilibrada
conjugación, permanente y en forma circular, de los principios de
creación de riqueza, de la predistribución y de la redistribución. Son
tres elementos que se deben conjugar adecuada y equilibradamente, de modo
que cada uno de ellos retroalimente a los otros dos, es decir, que se
desarrollen y estimulen mutuamente de forma permanente y circular.

Señorías, si no se crea riqueza, algo que a algunos muchas veces se
les olvida, es difícil que exista una fiscalidad progresiva y, sobre
todo, suficiente para aplicar una redistribución digna que a su vez
estimule la creación de riqueza. No pueden ser conceptos opuestos y deben
fortalecerse mutuamente.

Permítanme un último apunte de naturaleza esencial para mi grupo.
Hablamos de gravámenes que jurídicamente han tomado la forma de
prestaciones patrimoniales, cuando en el fondo son impuestos. Eludir
hablar de impuestos trastoca seriamente y va en contra de la letra y del
espíritu del Concierto Económico y del Convenio Económico navarro.
Constituye un contrafuero que nosotros rechazamos, a pesar de que sea un
gravamen temporal. Se ha acordado un parche, sí, pero, evidentemente, si
se pretendiera extender este esquema en el tiempo, nuestra posición sería
rotunda.

Eskerrik asko, presidente jauna.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tomará la palabra su señoría Furriol Fornells.

El señor FURRIOL FORNELLS: Gràcies, president.

Bon día, senyories. Si alguien ha escuchado mis anteriores
intervenciones, se habrá dado cuenta de que habitualmente me refiero al
abuso por parte del Gobierno del trámite de urgencia y a los
inconvenientes que ello conlleva para poder cumplir debidamente la
función de esta Cámara. Sin embargo, en esta ocasión la urgencia está
justificada porque nos hallamos ante una situación de emergencia social
gravísima que obliga a actuar con decisión y contundencia, por lo que la
aprobación y entrada en vigor de esta ley no debe demorarse. Que la
urgencia esté justificada no evita los inconvenientes de trabajar con
prisas, que, además, se han visto agravadas por el puente de la
inmaculada Constitución durante el plazo de enmiendas. Curioso puente,
por cierto, sea dicho de paso, para un Estado no confesional con una
Constitución en la que ya no creen ni sus partidos mayoritarios; o, si
son creyentes, desde luego no son practicantes.

Es justo decir que hemos encontrado buena disposición para el diálogo
con los grupos a los que nos hemos dirigido y también que seguramente con
más tiempo el diálogo hubiera podido ser provechoso y dar frutos para
mejorar un texto redactado y tramitado con demasiada prisa. La situación
económica y social es gravísima y, por tanto, requiere la adopción
urgente de medidas contundentes y, lógicamente, de recursos para
acometerlas. Efectivamente, desde la pandemia de la COVID, primero, y
sucesivamente por los efectos de la guerra en Ucrania, nos hallamos
desde 2020 en un entorno en el que la ralentización de la economía y el
encarecimiento de las materias primas, de los combustibles fósiles, del
gas y la electricidad y de los tipos de interés, con una inflación no
vista en Europa desde hacía muchos años, han provocado una crisis
económica y social que está incidiendo con especial intensidad, como
siempre, en los sectores de la población más desfavorecidos y en pymes y
autónomos, que son los más vulnerables, y en la industria en general.
Dicha situación no prevista motivó la adopción por parte del Gobierno y
también de las administraciones autonómicas y locales de innumerables
medidas de ayuda a las que hubo que destinar una ingente cantidad de
recursos, con más o menos aciertos, dada la urgencia y la incertidumbre
entonces existente. Pero hubo que hacerlo. Y a grandes males, grandes
remedios, y dichos gastos extraordinarios deben ir acompañados
necesariamente de ingresos extraordinarios.

De esto trata la proposición de ley que estamos debatiendo, y se hace
con acierto mediante gravámenes extraordinarios a quien más gana y a
quien más tiene, como es justo que sea. Y entre los que más ganan se
incide especialmente en las empresas de aquellos sectores económicos,
como las compañías energéticas y la banca, que han tenido beneficios
absolutamente imprevistos, extraordinarios y excepcionales a causa de la
crisis económica, que tanto ha golpeado a los sectores más desfavorecidos
y que, a su vez, ha motivado superbeneficios en aquellas empresas.






Ciertamente, existen otros sectores que han tenido superbeneficios
causados por la pandemia, por la paralización de la economía y por la
subida de precios. Pero las compañías energéticas y la banca, sin duda
alguna, los han tenido.

Muchas veces se habla en esta Cámara de la necesidad de redistribuir
la riqueza ante un escenario de aumento de las desigualdades, y eso solo
se puede hacer mediante una fiscalidad justa que permita recaudar en
aquellos sectores que acumulan amplios beneficios, en este caso, con un
componente coyuntural evidente, para financiar las políticas sociales
dirigidas a aquellos sectores más castigados.

Entre nuestras enmiendas hay varias técnicas que, a nuestro juicio,
en caso de recibir la aprobación de esta Cámara mejorarían notablemente
un texto redactado y tramitado demasiado rápidamente y contribuirían a
reforzar la seguridad jurídica. Otras enmiendas persiguen un aumento de
la recaudación. Y en otras, para nosotros las más importantes,
solicitamos que las comunidades autónomas puedan gestionar los recursos
obtenidos mediante los gravámenes y el impuesto que se crean con esta
ley, dado que por los fines a los que deben destinarse son las
administraciones idóneas para ello puesto que son precisamente las que
gestionan la sanidad, la educación y las políticas sociales, que son
fundamentales para reforzar los pilares del Estado del bienestar.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la palabra su señoría
Juncal Rodríguez.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.

Si aceptan la enmienda del PP, exactamente igual a la de Ciudadanos o
el PNV, para gravar por beneficios, acabamos el debate. Si no les
satisface el porcentaje a aplicar, del 33 % de ese gravamen
extraordinario, y hay que ponerlo más alto, vuelvo a insistir en que se
puede transaccionar, pero sería la mejor manera de mantener un impuesto.
Porque, claro, ustedes dicen que gravan a los que más ganan, a los que
tienen beneficios enormes, pero ¿saben lo que les digo? Que la devolución
se hará a cargo de los presupuestos, por lo que están gravando a todos
los ciudadanos, y también a los vulnerables, por supuesto. Pero allá
ustedes.

Decía el portavoz del PSOE que hacemos ruido por anunciar los
recursos. Pero lo grave no es que lo digamos, porque trasladamos la
opinión que nos dan los actores, el problema es que en el ministerio
—no voy a decir los ministros, pero de nivel para abajo— lo
que transmiten es: Si esto lo tenéis ganado, si esto no va a prosperar,
si os vamos a tener que devolver el dinero. Eso es lo grave, porque esa
es la realidad, señores del Partido Socialista. Lo han hecho ustedes mal,
rematadamente mal. (Aplausos). Pero como me temo que no va a imperar el
raciocinio —hay que mantener el papel de sota de bastos en la
carrera de Vistalegre, el texto asambleario de primero—, en el
Partido Popular apoyaremos aquellas enmiendas que puedan minimizar los
daños a la economía del país y a los puestos de trabajo que en su actual
redacción va a provocar este texto.

Y no estamos defendiendo a las grandes empresas, como ya se ha
apuntado por aquí, sino que las grandes empresas son las que generan la
cadena de valor de las pequeñas y medianas empresas de este país, que son
las que acometen las inversiones. ¿Pero es que ustedes acaso no saben que
lo que una empresa pague de impuestos va a ser menos inversión, va a ser
inversión que no materialice? Yo creo que a estas alturas no se lo
tendría que explicar. Como el tema de la banca: el impuesto es menos
crédito, menos dinero que tiene la banca para facilitar el crédito; y
como la banca circula ese dinero, se ha estimado que 50 000 millones de
euros, fruto de este impuesto, se van a detraer del sistema bancario para
dar préstamos. Allá ustedes.

Por eso, como decía en mi primera intervención, apoyaremos la
exclusión de la base imponible de aquellas operaciones que no suponen
absolutamente ningún beneficio, que son actividades que las empresas
ejecutan por cuenta del Estado, de organismos del Estado, Red Eléctrica
Española, los peajes, cargos y el Real Decreto de ajuste del gas, que
mueven 20 000 millones. ¿Las empresas van a tener que tributar por eso?
Como decía antes, a ver cómo se defiende eso en los tribunales.

Voy terminando. Voy a leer algunos titulares de los últimos días,
como los que tengo aquí. Algunos citaban al gobernador del Banco de
España, como este: «De Cos cree que los impuestos temporales a banca y
energéticas requieren un diseño más adecuado.» Pues es una opinión
solvente. Otro: «El Banco de España corrige al Gobierno: el impuestazo a
las energéticas recaudará la mitad de lo prometido.» Otro más: «El CEO de
Iberdrola España advierte de que las inversiones se irán a países con
certidumbre legal.» A mí me duele que en el ranking de inversiones,
España, de ser prioritaria, de ser la número uno, haya pasado a ser la
quinta en sus objetivos. La verdad es que es preocupante. El Fondo
Monetario Internacional, otra entidad poco sospechosa, advierte de que el
impuesto a energéticas y bancas debe ser temporal y pide medir sus
efectos. Se lo están advirtiendo: «El Fondo Monetario Internacional
advierte al Gobierno contra los efectos del impuesto a la banca de las
energéticas y pide ya medidas para contener la deuda.» Otro titular: «El
impuestazo al Gobierno pone en riesgo sus inversiones verdes.» Ya hemos
hablado de eso. Y termino con este —si yo fuera socialista, hoy la
verdad es que no me gustaría estar en su pellejo, pero me solidarizo con
ustedes—: «Hacienda ningunea al Senado y publica los formularios
para pagar los impuestazos.»

Como aquí ya se dijo, esta ley tiene que salir sí o sí hoy de aquí.
Había plazo para mejorarla. Ustedes no han querido, no quieren. Por lo
tanto, la responsabilidad será única y exclusivamente suya.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, senador
Juncal.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
Bonet Bonet.

El señor BONET BONET: Gràcies, senyor president.

Señoras y señores senadores, ayer aprobamos los terceros Presupuestos
Generales del Estado presentados por el Gobierno de coalición que preside
Pedro Sánchez, y, mal que les pese, su aprobación es un mensaje de
estabilidad, de solvencia, de garantía a la ciudadanía española
(Aplausos) de que hay un Gobierno que trabaja y piensa en este país, en
su ciudadanía, en sus trabajadores y trabajadoras, en sus empresas y en
sus familias. Y lo que aquí votemos hoy nos retrata, señores y señoras.
Retrata a quienes estamos con las clases medias y los trabajadores y
trabajadoras de este país y a quienes están defendiendo los privilegios,
los beneficios extraordinarios de unos sectores muy concretos y muy
poderosos, señores del Partido Popular. (Aplausos).

Con estos gravámenes no tributarios temporales a las grandes
compañías energéticas, a las entidades de crédito y el impuesto de
solidaridad a las grandes fortunas, de carácter temporal, se está
planteando que en estos momentos extraordinarios hay que adoptar medidas
extraordinarias para que el Estado pueda sufragar el coste de las medidas
que se han tomado por parte del Gobierno de España y el llamado pacto de
rentas. Estos tiempos extraordinarios de dificultades generadas por la
guerra de Ucrania nos obligan a tomar medidas extraordinarias, y se tiene
que tomar partido, bien con las clases medias y trabajadores de nuestro
país, bien con los grandes intereses.

En definitiva, de sus intervenciones deducimos claramente que están
con los poderosos. Se oponen a unos gravámenes no tributarios y a un
impuesto de carácter temporal que solo afecta a los sectores que han
obtenido beneficios extraordinarios gracias a las difíciles
circunstancias que se viven a nivel internacional. El aumento de precios
de la energía, incitado por Rusia como parte de su guerra con Ucrania,
como bien se ha dicho aquí, ha beneficiado a las compañías energéticas.
La inflación y el aumento de los intereses por parte del Banco Central
Europeo para hacerle frente indirectamente están beneficiando a las
entidades de crédito y establecimientos financieros. ¿Y quiénes están
siendo los perjudicados? ¿Quiénes ven aumentadas las cuotas a pagar de
sus hipotecas? ¿Quiénes ven subir el precio de la cesta de la compra?
Pues las clases medias, los trabajadores y trabajadoras, las familias de
nuestro país. Y como sucedió durante la pandemia, ante las dificultades
que afronta nuestra sociedad está el Gobierno de España. Para el Gobierno
de España el Estado debe cumplir con su función social. Así lo
entendemos. Así entendemos el mandato de la Constitución (Aplausos)
—que nosotros leemos toda—, en su artículo 40: Los poderes
públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y
económico y para una distribución de la renta regional y personal más
equitativa. Ya sabemos que la receta de la derecha es otra: recortes,
austeridad, rebaja de los salarios, devaluación interna y rescates a la
banca, como ya se ha recordado. La respuesta socialdemócrata que están
adoptando los países de nuestro entorno implica que sea el Estado el que
apoye a quien tiene mayores dificultades, y esta ley plantea que el coste
de las medidas debe ser compartido por aquellos que se están beneficiando
de manera particular y por quienes gozan de una situación económica
personal privilegiada. El valor que inspira esta ley es la solidaridad
entre quienes más tienen y quienes se encuentren con mayores
dificultades, que recibirán el apoyo de las medidas del Gobierno. Pero en
la derecha se oponen a esta propuesta con todas las armas posibles:
vetos, enmiendas, amenazas de recursos… Han llegado a decir aquí
que todas las enmiendas deberían ser retiradas porque pueden ir al
Constitucional. Lo siguiente, ¿qué será? ¿Cerrar las Cortes para que no
debatamos? (Aplausos).

Se ha oído aquí y en los medios que han querido asustar a la
ciudadanía diciendo que repercutirá en ella, cuando la propia ley está
expresamente prohibiéndolo. Y les recordaré algo más: cuando hablan de
generar riqueza, que está muy bien, siempre se olvidan de una parte
fundamental que genera riqueza en este país: los trabajadores y
trabajadoras. Ellos también generan la riqueza del país y ustedes se
olvidan siempre de ellos. (Aplausos). También se olvidan de su
correligionaria Von der Leyen, que pidió reorientar los beneficios
inesperados para apoyar a empresas y hogares vulnerables. Eso no lo
citan.

Nos han dejado claro su papel en este debate. Dando la vuelta a unos
versos de Federico García Lorca, que me recordaba hace poco un buen
amigo, del libro Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, yo les diría a
ustedes que son duros con las espigas y qué blandos con las espuelas.
Duros con las clases medias y trabajadoras, blandos con los que más
pueden. (Aplausos.— Rumores).

Acabo con esto. Su estrategia no les va a salir bien. Hay en este
país una mayoría parlamentaria que refleja a la mayoría social, que
quiere entendimiento, estabilidad, paz social y poder mirar al futuro con
confianza. (Aplausos). Y frente a ustedes, las votaciones de ayer y de
hoy reflejan una España que quiere avanzar, superar las dificultades y
mirar al futuro con esperanza. Frente a ustedes, que son una oposición de
ceño fruncido, decididos a crispar el ambiente y a crear desasosiego en
los hogares de España, se lo decimos hoy, como se lo dijeron nuestros
votos ayer: volverán a fracasar. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.— Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). Este Gobierno seguirá trabajando para la
gente, y nuestra democracia superará todas las dificultades, como ha
hecho en los últimos cuarenta años. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Silencio, por favor.

Vaya terminando, señoría.

El señor BONET BONET: Acabo con esta frase, señor presidente. Y
cuando miremos atrás comprobaremos quiénes en estos momentos clave de
nuestra historia estuvieron con las soluciones, con la solidaridad, con
el salir juntos de estas dificultades, y quienes, como ustedes, quisieron
aprovecharse... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.— Fuertes y prolongados aplausos, con gran parte de sus
señorías del Grupo Parlamentario Socialista puestas en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Muchas gracias.

Ruego llamen a votación. (Pausa).

(El señor Núñez Feijóo entra en el hemiciclo.— Fuertes aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Cierren, por favor, las puertas.

Muchas gracias.