El señor presidente lee los puntos 6., 6.1.
y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el señor presidente de la Comisión
Constitucional, su señoría el senador Magdaleno Alegría.

El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Gracias. Buenos
días, señorías.

Procedo a la presentación del dictamen del
Proyecto de Ley de memoria democrática. El proyecto que se somete en este
acto a consideración del Pleno y que se tramita por el procedimiento
ordinario, tuvo su entrada en la Cámara el día 27 de julio de 2022,
fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales. El plazo para la presentación de propuestas de veto y
enmiendas terminaba el día 12 de septiembre y fue ampliado hasta el 17 de
septiembre. A este proyecto de ley se han presentado cuatro propuestas de
veto y 521 enmiendas, de las cuales han sido inadmitidas dos, la
enmienda 63 y la enmienda 376, por acuerdo de la Mesa de la Cámara de 27
de septiembre. En concreto, se trata de las siguientes propuestas de veto
y enmiendas: propuesta de veto número 1, presentada por el señor Sánchez
López, del Grupo Parlamentario Democrático; propuesta de veto número 2,
presentada por los senadores Marín Gascón, Merelo Palomares y Rodríguez
de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Mixto; propuesta de veto
número 3, presentada por el senador Catalán Higueras, también del Grupo
Parlamentario Mixto; y la propuesta de veto número 4, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. Asimismo, se han presentado las siguientes
enmiendas: las números 1 a 6 del señor Sánchez López, del Grupo
Parlamentario Democrático; enmienda número 7 del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; enmiendas 8 a 56 presentadas
por el senador Reniu, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu; enmiendas 60 a 63, de los senadores Cortès, Elejabarrieta,
Reniu, Cleries i Gonzàlez, Mulet y Vidal Matas; enmiendas 64 a 126 y 521,
de los senadores Cervera Pinart y Cleries i Gonzàlez; enmienda
número 127, del Grupo Parlamentario Vasco; enmiendas números 128 a 228,
del Grupo Parlamentario Popular; enmiendas 229 a 386, del senador
Martínez Urionabarrenetxea; enmiendas 387 a 473, del senador Mulet;
enmiendas 474 a 495, del senador Vidal Matas; enmiendas 496 a 520, del
senador Gómez Perpinyà.

La Ponencia de esta ley ha sido integrada por
los siguientes senadores: Margarita Adrio, del Grupo Socialista;
Estefanía Beltrán de Heredia, del Grupo Parlamentario Vasco; Fernando
Clavijo, del Grupo Parlamentario Nacionalista; Pablo Gómez Perpinyà, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; José Manuel Marín Gascón,
del Grupo Parlamentario Mixto; Santiago Pérez García, del Grupo
Parlamentario Socialista; Salomé Pradas, del Grupo Parlamentario Popular;
Artemi Vicent Rallo, del Grupo Parlamentario Socialista; Josep Maria
Reniu, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu;
la senadora Salanueva, del Grupo Parlamentario Popular; y el senador
Miguel Sánchez López, del Grupo Democrático.

La ponencia, tras reunirse el día 29 de
septiembre de 2022, emitió su informe, en el que acordó aprobar el
informe del texto remitido por el Congreso de los Diputados. Asimismo,
acordó llevar a cabo diversas correcciones técnicas y gramaticales que no
tienen la naturaleza de enmiendas a los efectos de lo establecido en el
artículo 90.2 de la Constitución. La comisión se reunió para dictaminar
el mismo día 29 de septiembre de 2022, y acordó aceptar como dictamen el
texto propuesto por la ponencia en su informe, que no introduce
modificaciones al texto remitido por el Congreso de los Diputados. A este
dictamen se han presentado 12 votos particulares, habiéndose retirado uno
de ellos. En concreto del señor Marín Gascón y de las senadoras Merelo
Palomares y Rodríguez de Millán, del Grupo Parlamentario Mixto, que
corresponde a la propuesta de veto número 2; del senador Catalán
Higueras, correspondiente a la propuesta de veto número 3; del senador
Sánchez López, correspondiente a las enmiendas 1 a 6 y a la propuesta de
veto número 1; del senador Martínez, correspondiente a las enmiendas 229
a 241, 243 a 375 y 377 a 386; también del senador Mulet, correspondiente
a las enmiendas 387 a 473; del senador Vidal, correspondiente a las
enmiendas 474 a 495; del senador Gómez Perpinyà, correspondiente a las
enmiendas 496 a 520; de los senadores Cleries i Gonzàlez y Cervera
Pinart, correspondiente a las enmiendas 64 a 126 y 521; del senador
Reniu, correspondiente a las enmiendas 8 a 49 y 51 a 62; del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu correspondiente a
la enmienda número 7; y, finalmente, del Grupo Parlamentario Popular,
correspondiente a las enmiendas 128 a 228 y la propuesta de veto
número 4.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
presidente de la Comisión Constitucional.

Como ha explicado el presidente de la comisión,
a este proyecto de ley se han presentado cuatro propuestas de veto. Para
la defensa de la propuesta de veto número 3, tiene la palabra su señoría
Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señor presidente. Señorías, muy buenos días.

En España disfrutamos de un régimen democrático
y de un Estado de derecho que nos ha permitido vivir en libertad y
progresar como nunca antes se había conocido. Todo ello fundamentado,
como recogen los propios firmantes del manifiesto por la concordia y en
defensa de la Transición, en ese gran pacto constitucional de 1978 y, con
él, la transición democrática que nos permitió pasar de una dictadura a
una democracia. En aquella época se alcanzaron consensos que no fueron
nada fáciles. Se actuó con una altura de miras, con responsabilidad y
lealtad, algo fundamental cuando estamos hablando de democracia;
compromiso que hoy, lamentablemente, por puro interés partidista y
sectario, se ha perdido. Y se ha hecho con una clara intencionalidad, al
menos así lo entendemos en Unión del Pueblo Navarro; y es la búsqueda del
enfrentamiento entre los españoles; la radicalidad y la confrontación
como forma de hacer política; lamentable, pero real.

Señorías, ¿por qué ese empeño en querer romper
ese consenso de la Transición, ese pacto y ese acuerdo? ¿Por qué el
empeño del Gobierno en caer en las redes de la extrema izquierda, del
independentismo, a la hora de despreciar y criticar nuestra Transición y
nuestra Constitución? ¿Por qué se cuestiona, por ejemplo, la Ley de
amnistía y se introduce una referencia a la misma que ha generado
diferentes interpretaciones entre los propios socios de Gobierno? Como
dijo el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País
Vasco, Javier Tajadura, desde un punto de vista jurídico, carece de
sentido llevar adelante leyes que no tienen consecuencias jurídicas; y,
desde el punto de vista político, es imprudente e irresponsable
—decía— apoyar una norma que contribuya a poner en cuestión
el principio de reconciliación nacional. ¿Por qué referirse a la memoria
democrática de nuestro país y hacerlo de forma sectaria y limitada?

El 20 de noviembre del año 2002, los miembros
de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobaron una
declaración que nosotros, en Unión del Pueblo Navarro, volvemos a hacer
nuestra. Una resolución pactada entre todos los grupos y que dejaba muy
claro la condena del alzamiento militar. Se hacía un reconocimiento moral
a quienes padecieron la represión del franquismo y la Dictadura, y se
respaldaban ayudas para reabrir las fosas comunes y que todos los
familiares pudiesen tener a sus seres queridos en unas condiciones
adecuadas a la hora de poder velar su muerte. Las llamadas a la
reconciliación del espíritu de la Transición fueron una constante en
todas y cada una de las intervenciones de los portavoces de los grupos.
Señorías, por qué el proyecto de ley olvida también una de las cuestiones
fundamentales que define la calidad de una democracia, como es la
libertad religiosa, con cientos y cientos de españoles, sacerdotes,
religiosos y también seglares, que fueron perseguidos por ser cristianos,
que fueron torturados, asesinados, simplemente por ejercer la fe
cristiana. ¿Por qué se olvidan de los cientos de españoles que sufrieron
esta situación? ¿No son ellos también memoria democrática?

Señorías, ¿por qué en nuestro país se castiga
el enaltecimiento del franquismo y del fascismo, y no del comunismo? ¿Por
qué en España se persigue rezar ante una clínica abortiva y no se
prohíben los enaltecimientos de una banda terrorista o de unos asesinos
que han matado a niños, mujeres y hombres vilmente? ¿Por qué? ¿No son
ellos también memoria democrática? ¿No es memoria democrática exigir a
los socios de Gobierno que condenen los atentados de ETA, que dejen de
apoyar los homenajes a los etarras, y que pidan y exijan a sus dirigentes
—muchos de ellos condenados por terrorismo— colaborar en el
esclarecimiento de todos aquellos atentados de la banda terrorista ETA
que están sin aclarar? Hablar de transición y memoria democrática en
España es hacerlo también de monseñor Tarancón y, con él, de don Fernando
Sebastián, uno de sus más próximos colaboradores y responsable de algunas
de sus homilías que defendían la libertad y la democracia en ese momento.
Y don Fernando, cuya tacha social, moral e intelectual nadie puede poner
en duda, el 7 de mayo de 1998, en el funeral por Tomás Caballero,
concejal de Unión del Pueblo Navarro asesinado por la banda terrorista
ETA, lo dejaba muy claro en la catedral de Pamplona: No se puede matar ni
se puede apoyar a los que matan ni se puede apoyar a los que apoyan a los
que matan. No cabe otra cosa que la condena clara y rotunda de este
asesinato inhumano y demencial, de todos los asesinatos de ETA ejecutados
a sangre fría para dominar y doblegar la voluntad —decía— de
un pueblo por este procedimiento siniestro del terror y de la muerte.
¿Por qué la obsesión del Gobierno de blanquear a los que han matado, a
los que han apoyado y a los que no condenan los atentados de ETA, ni
siquiera los homenajes a los etarras? Y que no se nos diga que nosotros
utilizamos a las víctimas del terrorismo. En ningún caso. Nosotros somos
también víctimas del terrorismo. No nos calló en su día ETA con sus
armas, ni nos van a callar ahora los que siguen sin condenar los
atentados de ETA o los que pretenden blanquear a los que no condenan los
atentados de esta banda terrorista.

¿No es memoria democrática, señorías, Tomás
Caballero? ¿No lo es José Javier Múgica? ¿No lo son Miguel Ángel Blanco y
las decenas y decenas de cargos públicos y de concejales asesinados por
defender la libertad, la democracia, por defender los intereses de sus
vecinos y sus votantes? ¿No son memoria democrática los cientos y cientos
de guardias civiles, de policías nacionales, de policías municipales,
forales, ertzainas y mossos d’esquadra asesinados? ¿No son memoria
democrática los militares, los periodistas y los ciudadanos en general
asesinados por la banda terrorista ETA? ¿No son memoria democrática los
niños y las mujeres descuartizados por un coche bomba? ¿No son memoria
democrática? Si lo son, ¿por qué se les olvida en este proyecto de ley? Y
no se nos diga que este olvido es fruto de que hay una ley anterior de
víctimas del terrorismo. Esto es una excusa de mal pagador. Quiere
simplemente excusar y, sobre todo, intentar limpiar conciencias. Si
estamos hablando de una Ley de memoria democrática de España, que se haga
con todas las consecuencias. Y no lo decimos solo en Unión del Pueblo
Navarro, lo manifiestan personalidades de diferentes ideologías, también
socialistas; personas que tuvieron responsabilidades de Gobierno, que
vivieron la propia Transición. No pienso única y exclusivamente en los
señores González o Guerra, que son ahora despreciados; tampoco en los
señores García-Page o Lambán, que son criticados; hablo de exministros y
expresidentes, también de este Senado, como el señor Laborda o el señor
Rojo, que han salido públicamente en defensa de la Constitución, de la
Transición y de la Ley de amnistía. Son ellos los que dicen —y
nosotros también lo compartimos— que no podemos aceptar que el
pacto constitucional sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan
ajena a la verdad histórica, como hace el proyecto de ley; incluso
abriendo la posibilidad de extender el periodo sospechoso de la dictadura
hasta el 31 de diciembre de 1983. Y dicen: Etapa en la que se habían
celebrado ya el referéndum constitucional, tres elecciones generales,
además de las correspondientes municipales y autonómicas, y el normal
funcionamiento de las instituciones, incluso de los propios tribunales de
justicia, que permitían el enjuiciamiento de cualquier conducta que
alterara y atentara contra los derechos de las personas, como ocurrió en
numerosas ocasiones. Y, además, manifiestan que se haga como una cesión a
Bildu.

Dicen los viejos que en este país hubo una
guerra, que hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para
evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla, dolor y
miedo; gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz.
Libertad, libertad, sin ira, libertad; guárdate tu miedo y tu ira, porque
hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda, la habrá.
Estrofas de una canción que fue un canto a la libertad recuperada tras la
Dictadura. El himno, en definitiva, de la Transición. Ensalzaba la
reconciliación sin ningún tipo de revanchismo. Deseamos que este anhelo,
junto al espíritu que se generó décadas después con el asesinato de
Miguel Ángel Blanco, el espíritu de Ermua, no sea traicionado y, mucho
menos, por aquellos que salieron en su momento a la calle levantando sus
manos blancas en contra del terror de una banda terrorista. Eso también
es memoria democrática de España, aunque esta ley lo quiera olvidar. La
propia Fundación Miguel Ángel Blanco lo ha dejado claro en relación con
este proyecto de ley: Es la antítesis —dice— del significado
del espíritu de Ermua; rompe la unidad e integra a partidos que buscan
reescribir la Transición del 78 y que jamás han defendido el Estado
constitucional de derecho, en especial EH Bildu, partido que sigue sin
reprobar el terrorismo. Por ese motivo y por coincidir —maldita
coincidencia— la aprobación de este proyecto de ley con el
asesinato de Miguel Ángel Blanco, la propia fundación considera el
proyecto de ley como una humillación y una infamia hacia el edil y hacia
tantos españoles que han sido asesinados por defender la Constitución.
Consideraciones, señorías, que en Unión del Pueblo Navarro hacemos
nuestras y compartimos.

Señorías, lo hemos dicho reiteradamente, Unión
del Pueblo Navarro está con las víctimas y no con los verdugos; estamos
con Miguel Ángel Blanco y con todas las víctimas del terrorismo y no con
Otegi ni con Bildu. Otros hablan de Otegi como un hombre de paz y están
empeñados en blanquear a Bildu; nosotros no. La desmemoria democrática de
nuestro país tiene estas cosas. Y todo, simplemente, por mantenerse en el
poder a cualquier precio. ¿De verdad considera el Gobierno que se puede
negociar y pactar una Ley de memoria democrática en España con Bildu? ¿De
verdad, señorías? Como diría la madre de Joseba Pagaza, asesinado por
ETA: Haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre. ¡Qué razón
tenía!

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 2, de sus señorías Marín Gascón, Merelo Palomares y Rodríguez de
Millán, tiene la palabra su señoría Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Señorías, nos hallamos ante una iniciativa
legislativa que constituye un ataque vil y miserable del actual Gobierno
socialcomunista y de sus socios separatistas contra la historia de España
y contra la convivencia en la actual sociedad española. Este proyecto de
ley, por su contenido y, sobre todo, por los principios en que está
inspirado, es merecedor de la más enérgica repulsa de esta Cámara. Por
ello hemos formulado nuestra propuesta de veto. Para exponer las razones
de nuestro rechazo, dividiré mi intervención en dos partes: en la primera
expondré, con brevedad y espero que con claridad, la posición que tiene
Vox acerca de las políticas llamadas de memoria histórica y de memoria
democrática; en la segunda parte nos centraremos en los principios y las
premisas en que se basa este proyecto de ley, los contrastaremos con la
realidad histórica y, una vez más, ofreceremos nuestras conclusiones a
esta Cámara.

Señorías, ¿cuál es la posición de Vox en
relación con las políticas llamadas de memoria histórica y de memoria
democrática? La postura de nuestra formación es de total rechazo de esas
políticas y de todas las leyes que en ellas se basan. ¿Por qué? ¿No es
acaso Vox un partido comprometido con la defensa de España y de su
historia? Por supuesto que lo es. Precisamente por defender la historia
de España y la memoria de los españoles tenemos la obligación moral de
oponernos a estas leyes con todas nuestras fuerzas. Todas estas normas,
en general, y este proyecto, en particular, no pretenden preservar ni
recuperar la memoria ni la historia; al contrario, su propósito es la
erradicación de la memoria de una parte de nuestro pueblo y la imposición
totalitaria de un relato único y falaz del siglo XX español, que
contribuye a configurar la hegemonía ideológica de la izquierda y los
separatistas en la sociedad actual. Para ello, como veremos, no dudan en
atacar las libertades más elementales, en capitalizar con desvergüenza e
hipocresía el recuerdo de las víctimas de la guerra y la posguerra y en
alentar la división entre los españoles.

Decía antes que en Vox defendemos la historia y
la memoria, toda la historia y toda la memoria. Asumimos toda la historia
de España, con sus luces y con sus sombras, exaltamos con orgullo
nuestras glorias para que sean ejemplo de las generaciones actuales y
futuras en el trabajo por una España mejor, pero tampoco dejamos de
recordar los errores y los hechos tristes del pasado. En este sentido,
son especialmente dolorosos los sucesos de las luchas civiles de nuestra
historia. Los españoles de hoy somos igualmente descendientes y herederos
de los comuneros y los realistas de Carlos I, de los borbónicos y de los
austracistas, de los carlistas y de los liberales y, por supuesto, de las
dos Españas que se enfrentaron en la Guerra Civil del 36. En Vox podemos
presumir de que respetamos a los combatientes y a las víctimas de los dos
bandos de la guerra. Entre nuestros afiliados y votantes están nietos y
bisnietos de personas que integraron todos esos grupos. No se hagan
ilusiones, señorías de los partidos de la izquierda, no tienen ustedes la
exclusiva de la representación de los descendientes de las víctimas del
bando perdedor en la Guerra Civil; muchos de ellos están con nosotros y
comparten la lucha por una España unida en paz y concordia y, en Vox,
tenemos el honor de representarles en estas Cortes Generales. Estamos
también orgullos de tener afiliados y votantes que han sido partidarios y
opositores del régimen de Franco, al igual que sus hijos y nietos. A
todos les decimos lo mismo: hay que amar a los padres y abuelos y
respetar y honrar la memoria de los antepasados. Llegados a este punto,
algunos podrían acusarnos de hacer apología del olvido de los crímenes
cometidos con ocasión de la Guerra Civil. Nada más lejos de nuestras
intenciones, pero cualquier examen de dicho episodio histórico se debe
hacer con la verdad, el rigor y la imparcialidad; es decir, todo lo
contrario de lo que hacen los impulsores del proyecto de ley.

Entramos aquí en la segunda parte de la defensa
de nuestra propuesta de veto, en la que me propongo exponer los
principios en que se inspira dicho proyecto. La falsedad de las premisas
del proyecto de ley afecta principalmente a dos aspectos: el de la
interpretación de la historia reciente de España y el de los objetivos
que dice perseguir esta iniciativa legislativa. Nos detendremos con mayor
detalle en el primero de estos ámbitos, que es el de la visión que ofrece
del siglo XX español e, incluso, del siglo XIX. Se trata de una visión
simplista, maniquea, sectaria y, por encima de todo, falsa. Está basada
en una serie de falacias históricas, que, por su simplicidad grosera,
pueden ser útiles como propaganda, pero no resisten el contraste con los
hechos históricos.

Primera falacia: la asociación indiscriminada
del periodo histórico de la II República con uno de los bandos de la
Guerra Civil, el llamado bando republicano, cuando son realidades
históricas perfectamente distintas. La II República, con todos sus
defectos, fue una experiencia histórica de régimen constitucional de
democracia parlamentaria, en la que aún fue posible una difícil y
menguante convivencia de los españoles. El bando republicano, por el
contrario, fue una coalición de los partidos revolucionarios del Frente
Popular aliados con anarquistas y separatistas. Su carácter excluyente
del pluralismo político de signo opuesto solamente fue comparable al del
otro bando de la contienda. Veamos ejemplos. Quien fue presidente de la
República durante la mayor parte de su duración, Niceto Alcalá-Zamora, no
apoyó a ninguno de los bandos enfrentados en la guerra. El primer
ministro de Estado de la República, varias veces jefe de Gobierno en la
propia II República y figura ineludible del republicanismo español del
siglo XX, Alejandro Lerroux, respaldó al bando nacional. Lo mismo hizo
Santiago Alba, presidente de las Cortes en la II Legislatura republicana.
Tan ministro de la República fue Indalecio Prieto como José María
Gil-Robles; tan diputado elegido democráticamente durante la II República
fue José Antonio Primo de Rivera como Cayetano Bolívar, por no hablar de
diputados de la república como el conde de Rodezno, José Ibáñez Martín o
José María Fernández Ladreda, que después fueron ministros de Franco.
Señorías de la izquierda, si ustedes no tienen el monopolio de la
representación de los descendientes de quienes estuvieron en el bando
republicano en la Guerra Civil, tampoco lo tienen de la memoria de una
parte de la historia de España tan compleja como fue la II
República.

La segunda falacia está directamente vinculada
a la anterior y aún es más importante para los propósitos del proyecto de
ley. Se trata de presentar al bando del Frente Popular de la Guerra Civil
como defensor de la democracia y de la libertad frente al fascismo. De
esta forma, la memoria de sus combatientes, de sus grandes figuras y de
sus víctimas se convierte en materia sagrada, digna de toda la protección
que se niega a combatientes y caídos del otro bando, a los que se condena
al olvido, cuando no al repudio. Aquí está el núcleo de la perversidad
del proyecto de ley. Es obvio que en la España nacional se constituyó,
desde el momento del alzamiento, una dictadura militar, encarnada en las
primeras semanas en un órgano colegiado y, después, en un jefe único. La
cuestión es: ¿fue la España del Frente Popular una democracia
constitucional? O, mejor: ¿sus defensores lucharon por la democracia y
por un régimen constitucional? Les doy dos datos. El primero es que, de
las ocho personas que en los cinco años de la II República ocuparon
carteras ministeriales y después murieron violentamente en la guerra y en
la posguerra, nada menos que siete murieron a manos del llamado bando
republicano. Siete. El otro dato es que, de los 146 diputados elegidos
democráticamente en, al menos, alguna de las tres elecciones generales
que tuvieron lugar durante la II República y que fueron asesinados en las
dos zonas de la Guerra Civil, 75 fueron asesinados por el Frente Popular
y 71 fueron asesinados por el bando nacional. A estos últimos habría que
añadir 33 fusilados en los procesos de posguerra. Ya lo han oído: siete
ministros y 75 diputados elegidos democráticamente fueron asesinados por
quienes defendían la democracia, la libertad, la república y la
Constitución. La pregunta parece obvia: ¿es compatible la defensa de una
república constitucional con el asesinato de ministros de esa república o
con el asesinato de decenas de diputados elegidos por los ciudadanos para
representarlos en las Cortes de esa república? ¿Qué ideales y qué sistema
defendían realmente quienes perpetraron esos crímenes?

Dice el artículo 44.1 del proyecto de ley: El
sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la
historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores
y libertades democráticas. También prevé la actualización de los
contenidos curriculares para educación secundaria obligatoria, formación
profesional y bachillerato. Finalmente, en el apartado 2 del mismo
artículo, se añade que las administraciones educativas adoptarán las
medidas necesarias para que, en los planes de formación inicial y
permanente del profesorado, se incluyan formaciones, actualización
científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar
de la memoria democrática. Será verdaderamente interesante ver cómo se
integran estos crímenes contra representantes y ministros de la II
República en lo que ustedes llaman lucha por los valores y libertades
democráticas. En esa actualización del currículo y en esa formación del
profesorado, les podemos asegurar que seguiremos con toda atención el
modo en que se llevará a cabo.

Es imposible no hacer referencia a las
alusiones a las víctimas que llenan todo el proyecto de ley. La
conclusión que una persona extrae de su lectura es la de un bando
nacional inconfundiblemente identificado con torturas y fusilamientos
masivos, que, por el contrario, habrían tenido en el otro bando un
carácter excepcional. Tal postura quizá sería defendible si frente a
miles y miles de muertes en una de las zonas pudiésemos contraponer unas
pocas decenas de víctimas a manos de incontrolados en la otra. El
problema, señorías, es que los asesinatos se cuentan por decenas de miles
en las dos retaguardias. Repito, decenas de miles y en las dos
retaguardias. Lo cierto es que es imposible relacionar alguno de los dos
bandos de la Guerra Civil con ninguna categoría contemporánea de
democracia parlamentaria o Estado constitucional de derecho. La zona del
Frente Popular se caracterizó por la imposición de unas autoridades y una
política revolucionaria sin conexión con el orden constitucional
previo.

También tenemos claro, señorías del Partido
Socialista, lo corta que se queda su condena de la sublevación militar y
lo poco que tiene que ver con la defensa de ninguna legalidad democrática
ni republicana. Recordamos perfectamente cómo en 2009 devolvieron
ustedes, con todos los honores, el carné de militante de su partido a
Ramón González Peña, dirigente de la revolución de octubre de 1934 contra
la república y condenado a muerte por este hecho por los tribunales de la
propia república. ¿Va a aplicarse la ley a este señor o al propio Partido
Socialista? Ustedes sabían perfectamente lo que hacían cuando le
devolvieron el carné de militante. Dijo su entonces secretaria general,
Leire Pajín, con ocasión de esa devolución: «Tenemos 130 años de historia
y estamos orgullosos de nuestro pasado; otros no pueden decir lo mismo».
Una vez más queda en evidencia su concepto de legalidad, de democracia y
de memoria.

Y vamos con las víctimas. Esta es, quizá, la
parte más sangrante de toda la iniciativa. Todas las medidas que anuncian
ustedes relativas a las víctimas no tienen valor moral alguno, porque
está clarísimo que no responden a ningún verdadero propósito humanitario
ni de reparación, sino que, por el contrario, su única intención es
utilizar, groseramente, su recuerdo para obtener rendimiento político en
forma de una total hegemonía cultural de su proyecto ideológico. ¿De
verdad nos vamos a creer que a ustedes les preocupa la memoria de las
víctimas cuando están, literalmente, exterminando todo el recuerdo
público de los caídos del bando nacional? En esta línea bárbara, cainita
y destructiva del recuerdo de nuestra historia no han respetado a los
muertos en combate, lo que ya es grave, pero tampoco a los asesinados por
el Frente Popular. Que las víctimas solamente son un pretexto tiene otra
prueba adicional en que no haya existido el menor escrúpulo para sacar
adelante este proyecto de la mano de Bildu, una formación que sigue sin
condenar el terrorismo. No saben la infinita repugnancia que nos da oír
hablar de dignidad de las víctimas en un texto apoyado por los
proetarras. Es imposible no recordar casos como el de Manuel Albizu, en
Guetaria, o el de Jesús Ulayar, en Etxarri-Aranatz, asesinados por ETA y
en cuyo recuerdo, en el lugar del crimen —por cortesía de las
autoridades municipales batasunas— se colocaron contenedores de
basura. ¿Con estos compañeros de viaje se nos viene a hablar de dignidad
de las víctimas?

Tengo que terminar, pero podríamos pasar horas
hablando de la iniquidad, inmoralidad, mendacidad y antijuridicidad de
este proyecto de ley. Todo se resuelve en invocar falsos pretextos para
imponer por ley, como política de Estado, la versión falsa de nuestro
pasado reciente, que es difundida por los partidos de la coalición de
Gobierno y sus secuaces separatistas y de extrema izquierda. Por el
camino queda la vulneración de derechos fundamentales como los de
asociación o libertad de expresión y cátedra y la destrucción inspirada
por el salvajismo y el odio de elementos que forman parte de nuestra
memoria como país. Como resultado, obtienen el avivamiento artificial de
las divisiones entre españoles y la imposición totalitaria de una visión
sectaria de la historia de España; visión sectaria y —es necesario
repetirlo— falsa.

Por todo lo anterior, solicitamos a la Cámara
que acoja nuestra propuesta de veto al proyecto de ley. En todo caso,
queremos dejar claro que, si el proyecto se convierte en ley, no
pararemos hasta conseguir su absoluta, completa y total derogación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 1, presentada por el senador Sánchez López, del Grupo
Parlamentario Democrático, tiene la palabra su señoría.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con
la venia. Señorías, buenos días.

El Proyecto de Ley de memoria democrática que
hoy se trae aquí cuestiona —y así hay que decirlo, sin
ambages— pilares básicos de nuestro sistema democrático tales como
el pacto político de la Transición.






Se pone en cuestión directamente la
Transición. Lo que hoy se trae aquí es una enmienda a la totalidad a la
Transición española, y no lo digo yo, porque ya en la comisión de la
semana pasada —para los que están arriba, en la tribuna del
público, a quienes saludo, y para los que nos pueden ver fuera, las leyes
se dictaminan antes y se debaten sus enmiendas en comisión— hubo un
debate y todos los grupos políticos que apoyaban esta ley —no me lo
ha contado nadie porque yo estaba allí—, en su discurso, pusieron
en tela de juicio la Transición. ¡Todos, todos, todos! Señores del
Partido Socialista, estos son sus socios. Podemos y los nacionalistas
—esto no es nuevo porque Pablo Iglesias siempre lo decía— han
puesto en cuestión la Transición. Pablo Iglesias, cada vez que le ponían
un micrófono en una entrevista, siempre decía absolutos disparates sobre
la Transición española. Querían reescribir la historia y enmendar la
Transición. Con esta ley, ustedes, señores del Partido Socialista, le dan
carta de naturaleza a esta enmienda a la totalidad a la Transición
española.

Señorías, los españoles y los políticos que los
representaban se dieron la mano en un pacto, en un acuerdo histórico. Me
acuerdo de gente a la que yo admiro como Felipe González, Santiago
Carrillo, Adolfo Suárez —mi admirado Adolfo Suárez—, Fraga
Iribarne y muchos otros, que se sentaron a una mesa, se dieron la mano y
miraron lo que nos unía, miraron al futuro, miraron por el país. Pero
este gran PSOE de Felipe González, el mejor PSOE, está siendo hoy
enmendado por el peor PSOE. Ahora —aunque ya hace tiempo—,
que quieren traer a colación el odio, el rencor como rédito electoral, no
me resisto a contarles algo. Yo soy de familia humilde, soy de una
pedanía muy pequeñita del Campo de Caravaca, y mis abuelos, uno de ellos
era de una pedanía muy pequeñita de Moratalla, ellos eran pastores y
agricultores; gente humilde que nunca se metió en política, no entendían
de política ni sabían. Mi abuelo, el agricultor, nunca me habló mal de
nadie, nunca vi en él rencor, nunca vi en él odio, nunca me habló de
política, nunca supe a quién votaba, si es que votaba, la verdad es que
no me lo dijo. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio,
señorías, por favor.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Y cuando ya llevaba
unos años muerto, me enteré —no por él, obviamente, que nunca me lo
contó, nunca me habló de odio, de rencor, nunca me habló mal de nadie,
nunca me habló de bandos— de que, en su día, vinieron a darle el
paseíllo, vinieron a buscarle y se tuvo que esconder. Nunca estuvo en
política, era un humilde agricultor, pero el hombre era católico e iba a
misa los domingos; imagino que sería por eso. Él nunca me lo contó, pero
los que me lo contaron muchos años después me hablaron de las personas
que vinieron a buscarle para darle el paseíllo. Ya estaban también
muertos, pero yo los conocía, sabía quiénes eran. ¿Saben lo más curioso,
lo más gracioso? Que estas personas que hacía treinta y tantos años
habían venido a buscarle para darle el paseíllo eran amigos suyos. Yo los
conocí; uno tenía una tienda y mi abuelo era cliente de esa tienda; se
llevaban muy bien, no tenían ningún rencor, habían enterrado el odio, se
habían dado la mano, habían tirado para adelante. Y ustedes vienen hoy a
rescatar ese odio y ese rencor por un puñado de votos, es miserable.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que
guarden silencio, por favor. Muchas gracias.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señorías, y no solo
esto, no solo ponen en cuestión la Transición, sino también jurídicamente
el principio de irretroactividad que está en el artículo 9.3 de la
Constitución española: las disposiciones sancionadoras no pueden ser
retroactivas. Esta es una cuestión básica para cualquier jurista. (La
señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia). Además, este
proyecto de ley creará —si es que se aprueba, que me temo que así
será con todos los que quieren destruir el Estado, con todos los que no
quieren bien a este país, con esos se va a aprobar este proyecto de ley,
por supuesto, como he dicho antes, poniendo en cuestión la
Transición— una desigualdad inaceptable —ya estoy en
disposición de decirlo casi con toda seguridad— entre las víctimas
del franquismo y las víctimas de la organización terrorista ETA en lo
relativo a los mecanismos para evitar situaciones de humillación y
menosprecio a ellas y a sus familias. Hay víctimas de primera y víctimas
de segunda, y las víctimas de ETA son de segunda en esta ley. Claro, si
la ley se pacta con Bildu, lógicamente las víctimas de ETA quedan ahí.
Además, el proyecto de ley en la exposición de motivos y en la
disposición adicional decimosexta contempla la designación de una
comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos entre la
entrada en vigor de la Constitución en 1978 y el 31 de diciembre de 1983
—fíjense bien, anoten ustedes la fecha—, que señale posibles
vías de reconocimiento. Dice también que el Gobierno, en el plazo de un
año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los
supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por
la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los
valores democráticos. Reitero, tomen nota —y esto viene avalado por
el PSOE, que, por cierto, gobernaba en aquella época—, entre la
entrada en vigor de la Constitución del 78 y el 31 de diciembre de 1983.
Por si a alguien se le ha olvidado, el PSOE estaba gobernando desde 1982.
Como digo, una comisión técnica que elabore un estudio para señalar
posibles vías de reconocimiento y reparación a las víctimas. Es una
enmienda a la totalidad a la Transición; el peor PSOE hace una enmienda a
la totalidad al mejor PSOE. Las mencionadas disposiciones suponen una
impugnación al pacto político de la Transición al intentar prolongar el
franquismo de forma artificial a través del Boletín Oficial del Estado
hasta el 31 de diciembre de 1983, lo que supone, como he dicho antes,
incluso una impugnación al Partido Socialista Obrero Español que estaba
gobernando en ese momento.

En cuanto a la segunda cuestión, la de la
irretroactividad; las disposiciones previstas en el proyecto de ley que
afectan a la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, directamente son
contrarias a derecho porque contradicen todas las leyes penales de la
irretroactividad. Por último, al entrar en vigor este proyecto de ley,
como he dicho antes, se consolida un trato desigual en cuanto a las
medidas de carácter sancionador previstas en la legislación dirigidas a
evitar los actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de
las víctimas del terrorismo o de sus familiares. Durante esta
legislatura, varios grupos parlamentarios, entre ellos nosotros, han
exigido al Gobierno de España que adopte medidas para sancionar y poner
fin a los ongi etorri, en la medida en que dichos actos suponen un
evidente menosprecio por la dignidad de las víctimas del terrorismo, así
como menosprecio a sus familias. Sin embargo, a pesar del compromiso del
Ejecutivo para poner fin a este tipo de actuaciones, no se ha producido,
y me temo que no se producirá ningún avance en esta materia. También cabe
destacar en lo relativo a esta materia que los grupos parlamentarios que
sostienen al Gobierno de España han bloqueado, y así hay que decirlo y
afearlo, la tramitación en las Cortes Generales de distintas
proposiciones de ley con la finalidad de acabar con estos ongi etorri o
con estos actos de exaltación del terrorismo.

Por las razones expuestas, se formula esta
propuesta de veto y, como me temo que no saldrá aprobado, intervendremos
en el siguiente turno de portavoces.

Muchísimas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 4, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias,
presidenta. Señorías, muy buenos días.

La Constitución no es un instrumento para que
el Gobierno controle al pueblo, es un instrumento para que el pueblo
controle al Gobierno, para que no venga a dominar nuestras vidas e
intereses. Esta cita de Patrick Henry es muy atinada para la situación
que, a nuestro juicio, provoca esta ley y las actuaciones del Gobierno de
España. (Muestra un periódico). Tengo que empezar con la actualidad,
lamentablemente; esta misma mañana leía el periódico, y un informe del
Partido Socialista pide purgar a feministas críticas con la Ley trans. A
la vista de esta noticia que ya tiene víctimas —este informe ya
tiene víctimas como la vicepresidenta primera del Gobierno, de este
Gobierno, no de gobiernos anteriores, Carmen Calvo, a la que la purga se
la llevó por delante, y eso que era de los suyos—; a la vista de
las purgas ejecutadas en Radiotelevisión Española, en el INE, en el CNI,
el asalto al CIS, de la Fiscalía general, el ataque a la división de
poderes, y visto el espíritu y la letra de esta Ley de memoria
democrática, creemos que el veto del Partido Popular está más justificado
y es más justificado que nunca. (Aplausos).

Esta ley, señorías, no es oportuna ni necesaria
ni pacífica. El Gobierno no ha sido todavía capaz de dar una sola razón
de oportunidad y necesidad, y las motivaciones de calidad democrática,
justicia y reparación caen por su peso. En 2007, con la Ley Zapatero
—recordarán, la primera Ley de memoria histórica— nos dijeron
lo mismo que hoy; hablo del 2007, de hace quince años; que había que
cerrar una deuda de deber de memoria con los asesinados y perseguidos,
con las víctimas de la Guerra Civil. Hoy, quince años después, vuelven a
decir lo mismo, cuando ya íbamos a cerrar ese episodio en el 2007.

Además, dan una nueva vuelta de tuerca.
Señorías del Partido Socialista, jamás se le ocurrió semejante idea a
Guerra o a Felipe González porque sabían que había que coser y no
descoser y romper, como están haciendo ustedes con este proyecto de ley.
Esta ley ha sido contestada por los protagonistas de la transición hacia
la democracia, por historiadores, catedráticos, periodistas, escritores,
pero también por dirigentes y destacados militantes del Partido
Socialista de manera individual y conjunta, en manifiestos, en
pronunciamientos colectivos, que han pedido retirar esta ley. Ayer, sin
ir más lejos, se hizo público un manifiesto en el que más de 200
personas, exministros de todos los partidos, de todos los gobiernos
democráticos, piden la retirada de esta ley. (Aplausos). Atiéndanles,
escúchenlos; personas destacadas como 2 expresidentes del Senado, el
señor Rojo y el señor Laborda, Felipe González, el señor Guerra,
ministros y exministros como Julián García Vargas, el señor Leguina, la
presidenta de la Academia de la Historia, Carmen Iglesias, víctimas del
terrorismo de afiliación socialista, como el señor Múgica. Ellos piden la
retirada de la ley por varias razones que en el Partido Popular también
compartimos. ¿Por qué piden la retirada de la ley? Porque tergiversa el
gran pacto constitucional del 78 y siembra sospechas sobre la Transición
para deslegitimarla, una enmienda a la totalidad, como acaba de decir
algún senador; porque el pacto con Bildu para aprobar esta ley es una
expresión actualizada de quienes en esa época utilizaban la violencia
terrorista como método sistemático de actuación, con consecuencias
dramáticas, sin que aún hayan condenado esos crímenes. Y piden la
retirada de la ley porque es un ataque frontal a nuestro sistema
constitucional y pretende imponer una verdad oficial. Es impecable, lo
compartimos al cien por cien.

Señorías, luego nos acusarán, pero nosotros
compartimos el deseo de las familias de buscar y exhumar los cadáveres de
sus familiares; lo entendemos, lo comprendemos y lo apoyamos en el
Partido Popular, pero para eso, señorías, no hacía falta esta ley. En el
PP no podemos compartir que esta ley y este asunto se utilice como arma
arrojadiza, como herramienta política, ni tampoco que sea una fuente de
financiación de entidades, asociaciones y sindicatos de izquierdas
relacionados con su partido, como hasta ahora. Después de quince años de
la primera Ley de memoria histórica, el Gobierno aún no conoce el número
de víctimas exhumadas. El actual Gobierno de España se mueve bien en la
confrontación y en la polarización, y este proyecto de ley es un claro
ejemplo de ello. ¿Saben, señorías, cuándo se aprobó, primero, esta
proposición de ley y, luego, el anteproyecto que aprobó el Gobierno? Ni
más ni menos que en el año 2020. ¿Saben que ocurrió en el año 2020? Que
estábamos en plena pandemia. ¿Alguien puede creerse que en plena pandemia
esta era la ley que necesitaban los españoles para salir adelante? ¿Acaso
es la ley que necesitan los españoles en plena crisis energética, subida
de precios e inflación y una crisis geopolítica con la guerra a las
puertas de Europa, para solucionar sus problemas? (Aplausos). Sabemos,
señorías, que cuando Pedro Sánchez anda necesitado de popularidad, agita
determinados espantajos para intentar movilizar ideológicamente a la
sociedad. Pero este asunto es de trascendencia mucho mayor, porque forma
parte de una estrategia de ingeniería social para transformar nuestro
sistema político y establecer un nuevo orden social que acabe con el
pluralismo político, donde los que no opinan con el poder dominante y
discrepen del mismo son considerados como fascistas y neoliberales
capitalistas. En los asuntos más relevantes, y este sin duda lo es, el
Gobierno debiera buscar el consenso con el principal partido de la
oposición y con otras fuerzas parlamentarias, pero, por supuesto, con el
principal partido de la oposición. ¿Qué ha hecho? Todo lo contrario,
acabar con los consensos básicos que fueron fundamentales para la
consolidación de nuestro sistema constitucional.

Esta ley, señorías, es una traición a los
españoles, porque pretende convertir nuestro sistema en una democracia
militante de izquierdas; quienes no comulguen serán proscritos, purgados
y considerados antidemócratas. Hoy vemos un ejemplo más de la purga. Han
dinamitado el pacto constitucional del 78, el espíritu de concordia, de
perdón y reconciliación que nos ha permitido disfrutar de más de cuarenta
años de convivencia sólida y pacífica, de altos y progresivos niveles de
bienestar. Frente al éxito colectivo de la Transición y la Constitución
española, esta ley, señorías, es una traición a todo lo conseguido,
gracias a una generación de españoles con ese espíritu de concordia, que
decidieron mirar hacia delante, apostar por la reconciliación —no
es un tema de olvido, es un tema de reconciliación— y crear un
sistema democrático que superara por fin las dos Españas, enfrentadas
durante muchos años y en muchas ocasiones. La Constitución de 1978,
contra la que desde luego hay ataques directos clarísimos en este
proyecto de ley, no es una Constitución de parte. Hemos visto cómo los
socios del Gobierno precisamente insisten en que hay que acabar con la
Transición, hay que acabar con la Constitución porque es una
pseudoconstitución democrática. Para nada, esta no es una Constitución de
parte como sí fueron todas las constituciones anteriores. Desde la
primera, la de 1812, la Constitución liberal, hasta la de 1931, las
constituciones sí que eran de parte, las imponían los ganadores, las
mayorías, eran liberales o conservadoras; esta es una Constitución de
todos, no es ni de liberales ni de conservadores, y que ha ejercido una
función estabilizadora, un progreso compartido y duradero, gracias no
solo a la letra, sino también al espíritu de la Constitución y de las
personas que la sustentaron; aúna todas las sensibilidades, y por eso en
su complejidad reside su riqueza.

Señorías, nos oponemos a que se use el Boletín
Oficial del Estado para reescribir la historia; a nuestro juicio, es algo
muy peligroso, es una muestra de sectarismo y de totalitarismo. La
historia la deben escribir los historiadores, no los gobiernos; jamás la
historia se escribe por decreto. Cualquier ley de memoria que imponga una
visión de la historia, da igual la visión que sea, será totalitaria; será
un ataque a la libertad de los ciudadanos para construir su propia
memoria; va en contra de la libertad de pensamiento y del pluralismo
político. Hay que tener en cuenta, sin duda, el contexto histórico; una
ley del siglo XXI no puede estar regulando hechos del siglo XX como si no
hubiera pasado nada; no se puede reinterpretar el pasado teniendo en
cuenta solo el presente. Y eso lleva a esta ley a adoptar medidas
absolutamente desproporcionadas, como la creación de un fiscal de sala y
otras que mencionaremos más adelante. Es una ley —y por eso la
rechazamos— revisionista, que no solo pretende la reparación de
hechos pasados, como se hizo en la Transición. Se han aprobado leyes y
medidas económicas de distinta naturaleza desde los inicios de la
Transición, medidas legales en favor de represaliados por Franco;
funcionarios depurados que han sido reincorporados con su antigüedad;
derecho a la nacionalidad de los descendientes; solo hasta 2005, más
de 16 000 millones de euros destinados a este tema.

Ahora, señorías, solo se ocupan de un solo
bando con la pretensión, no de justicia, sino de confrontación de unos
con otros. Señorías, debemos tener muy claro y transmitir a la sociedad
que con la Transición se acabaron los bandos; se acabaron los azules y se
acabaron los rojos para todos pasar a ser ciudadanos españoles.
(Aplausos).

Quiero hacer una mención a la protección de las
víctimas. Compartimos lo que se ha dicho en otros turnos en cuanto a que
quedan fuera víctimas de la guerra de un bando, los religiosos, los
sacerdotes, que también murieron víctimas de la Segunda República, y
quedan fuera también las víctimas de la violencia terrorista de ETA;
víctimas en democracia, no víctimas de una contienda, de una guerra
civil, como algunos pretenden todavía imponernos hoy; son víctimas en
democracia. Además, algo a mi juicio mucho más grave: esta ley puede
convertir en víctimas incluso a los verdugos de la democracia española
reciente. ¿Acaso para este Gobierno son más importantes las víctimas de
la Guerra Civil que las de ETA? Pues parece que sí. El reconocimiento de
la condición de víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad para las
víctimas de la Guerra Civil no casa bien, no se compadece bien con el
reconocimiento que se hace a las víctimas del terrorismo de ETA, hasta el
segundo grado de consanguinidad. No se compadece bien que se sancionen
actos en contra de la memoria democrática, como pretende esta ley, con un
régimen sancionador expreso y todavía no tengamos una regulación expresa
de los ongi etorri. No se compadece bien que se cree la figura de un
fiscal de sala para investigar los delitos o los asesinatos de hace
noventa años y se les haya negado ese fiscal de sala a las víctimas del
terrorismo de ETA. A nuestro juicio, un despropósito y una indecencia.
(Aplausos).

Seguimos sin tener muy claro, a la vista de las
manifestaciones del Gobierno, lo relativo a la derogación de la Ley de
amnistía; una ley fundamental en todo el proceso democrático, clave de
bóveda, como la denominan los autores especializados. El Gobierno dice
que las medidas que se regulan en este proyecto de ley no afectan para
nada a la Ley de amnistía. Si la Ley de amnistía no va a ser derogada,
¿para qué se incluyen determinadas medidas y acuerdos con los
independentistas al respecto? (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Evidentemente, no nos podemos creer las buenas palabras porque el texto,
desde luego, dice todo lo contrario. La Ley de amnistía no es una ley de
olvido y de paso hacia delante. Se han leído en muchas ocasiones palabras
de Marcelino Camacho, que consideraba esta ley como pieza capital de la
política de reconciliación nacional. Decía textualmente —quiero que
conste en el Diario de Sesiones—: «Nosotros hemos enterrado a
nuestros muertos y nuestros rencores. Queremos cerrar una etapa y
queremos abrir otra». Ustedes están haciendo todo lo contrario: reabrir
una etapa que, desde luego, quedó cerrada por todos los protagonistas en
la Transición.

Uno de los ataques más claros y graves de esta
ley es la creación, a exigencia de Bildu, de una comisión para investigar
las vulneraciones de los derechos humanos producidos desde la entrada en
vigor de la Constitución hasta el 31 de diciembre de 1983. Señorías, esta
decisión que parece inocua y sin ninguna trascendencia supone considerar
los Gobiernos de Suárez, Calvo-Sotelo y Felipe González como una
extensión más del periodo franquista. Nosotros, desde luego, rechazamos
semejante acuerdo, llegado además precisamente con quienes no respetan la
libertad ni la democracia, ni aún han condenado los crímenes de ETA.
(Aplausos). Señorías, haber blanqueado a los herederos de ETA también es
una indignidad y permitir que decidan en la política española es una de
las mayores indecencias de este Gobierno. Voy acabando ya.

A nuestro juicio, establecer en esta ley y en
el discurso del Gobierno líneas divisorias entre bandos: ellos y
nosotros, buenos y malos, demócratas y fascistas; ese enfrentismo y esa
polarización es un error y una grave irresponsabilidad. Hoy todos somos
de un único bando, el de la libertad y la democracia. Muchos de los que
estamos aquí tenemos víctimas en distintos bandos, y aunque no lo
estuviéramos, todos son nuestros muertos; españoles que nunca debieron
morir, ni sufrir, ni ser perseguidos por rojos o azules, por religiosos,
por mujeres, por gays. Esta ley nos produce un profundo dolor por las
pretensiones y las consecuencias, por la pretensión de construir una
verdad colectiva única y oficial desde el Estado. Eso, que era criticable
con Franco, también lo es ahora, más si cabe, en plena democracia. Rojos
y nacionales, no; ciudadanos y españoles, sí. Nuestro marco político
actual nos hace mejores, nos permite vivir mejor y hacer prosperar a
nuestros hijos, a nuestro país, España, de la que debemos sentirnos
orgullosos. No permitiremos todos los ataques que se pretenden contra
nuestro Estado de derecho, Constitución y Transición. Por eso, les
pedimos, aún están a tiempo, apoyar el veto presentado por el Grupo
Popular.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para el turno en contra de los cuatro vetos
presentados, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, intervendrá su
señoría la senadora Adrio Taracido.

La señora ADRIO TARACIDO: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero saludar a todas las
asociaciones memorialistas y a todas las personas que, desde la tribuna,
nos acompañan. (Aplausos).

Señorías, permítanme que conteste conjuntamente
a los vetos números 1, 3 y 4, pues todos, aunque cada uno con su propia
redacción y explicación, inciden en lo mismo. Estos tres vetos a este
proyecto de ley manifiestan que cuestiona pilares básicos de nuestro
sistema democrático, tales como el pacto político de la Transición o el
principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras
previstas en el artículo 9.3 de la Constitución. Alegan desigualdad entre
las víctimas del terrorismo y las del franquismo, lo que no es verdad.
Como no puede ser de otra forma, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, les
rinde homenaje y protege y ampara a lo largo de su articulado. Dice al
principio de su exposición de motivos: Esta ley es un signo de
reconocimiento y de respeto, pero también de solidaridad de vida. El
apoyo integral que persigue representa el esfuerzo compartido de
reparación que las víctimas y sus familias merecen, inspirados por los
principios de memoria, dignidad, justicia y verdad; mismos principios que
se recogen en esta ley: verdad, justicia, reparación y garantía de no
repetición.

La Ley de memoria democrática ensalza la
Transición y el pacto constitucional. Recoge en su exposición de motivos:
La vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y
político. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política y
ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha
conocido nuestro país. La conquista y consolidación de la democracia en
España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad
española. El asentamiento de los principios y valores democráticos que
consagra la Constitución de 1978 hace nuestra sociedad más fuerte y
constituye la más clara apuesta de convivencia en el futuro, siendo sus
objetivos fomentar el conocimiento de las etapas democráticas en nuestra
historia y de aquellas figuras individuales y colectivas que, con grandes
sacrificios, fueron construyendo progresivamente los nexos de cultura
democrática que permitieron llegar a los acuerdos de la Constitución
de 1978 y al actual Estado social y democrático de derecho. Prueba de que
esta ley ensalza la Transición y la Constitución es que instaura el
día 31 de octubre, fecha en que las Cortes y el Senado aprobaron la
Constitución de 1978, para el homenaje a todas las víctimas de la Guerra
Civil y la Dictadura, como referencia de conciliación y consenso.
(Aplausos).

En cuanto a la disposición adicional
decimosexta, tergiversan la realidad con una interpretación torticera. La
propuesta de esta disposición ha sido de los dos partidos en el Gobierno,
y ello para que fueran incluidas en ella las personas que hayan sido
víctimas a consecuencia de defender la democracia. Falso que el ámbito
temporal de la ley lo extienda a 1983. En su artículo 1.2 recoge
expresamente el reconocimiento a víctimas durante el período comprendido
entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura
franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española tras la
transición democrática, 29 de diciembre de 1978, lo que se repite
machaconamente a lo largo del articulado. Ustedes, en una burda
manipulación, tratan de confundir, extendiendo el ámbito temporal de la
ley con lo recogido en la disposición adicional decimosexta.

La previsión de que se designe por el Gobierno
una comisión técnica, cuyo alcance está limitado a un estudio de posibles
vulneraciones de derechos humanos que sufrieron luchadores por la
consolidación de la democracia y exclusivamente para reconocimiento y
reparación, se refiere a casos como el de Yolanda González. Dicho crimen
y otros similares, obviamente, ya fueron perseguidos por el ordenamiento
jurídico, pero sus víctimas habían quedado huérfanas de reconocimiento de
la democracia por la que lucharon.

Señorías del PP, Ciudadanos y UPN, son ustedes
los que entienden que ETA luchó por la democracia pues les parece que
tendría cabida en esa comisión técnica de estudio, no para el Gobierno ni
el PSOE, para quienes los de ETA no tienen cabida.

También es falso que se desmerezca lo que
significó la Ley de amnistía de 1977 y no se tengan en cuenta principios
jurídicos básicos de legalidad, seguridad jurídica y retroactividad de
normas no favorables. La exposición de motivos lo recoge expresamente; de
hecho, todas las enmiendas que abogaban por la derogación total o parcial
de dicha ley han sido rechazadas de plano. Tal como recoge el artículo 10
de la Constitución, la Ley de amnistía hay que compatibilizarla con los
avances del derecho internacional de los derechos humanos. ¡Claro que
hubo víctimas en un lado y en el otro!, pero unas han sido enterradas
dignamente y con sus homenajes y reconocimiento, y si algunas quedan sin
encontrar, serán buscadas también, tal y como recoge este proyecto de
ley.

El PSOE ha defendido antes, defiende y
defenderá en el futuro los principios constitucionales recogidos en el
artículo 9.3 de la Constitución. Prueba de ello es que así lo ha hecho
recientemente en el Congreso, rechazando las iniciativas de derogación de
la Ley de amnistía o modificación del Código Penal. El derecho a la
verdad es compatible con la Ley de amnistía y las garantías procesales
del artículo 9 de dicha ley, con exclusividad de la aplicación de
amnistía por parte de jueces y tribunales. El artículo 11 bis, añadido
en 1984, declara la imprescriptibilidad de los derechos.

Dicen al principio de su veto que esta ley
agita el guerracivilismo. Lo que esta ley pretende es dar dignidad a las
víctimas. Dicho con el máximo respeto, creo que quienes lo agitan son sus
señorías, algo que he podido confirmar cuando en la comisión asistí
estupefacta al apoyo del veto de Vox por parte de sus señorías del Grupo
Popular. No es más que un claro alegato al franquismo con
descalificaciones a todos los Gobiernos socialistas, incluido el de
Felipe González, al que acusan de campaña dóberman, rayando la
inconstitucionalidad e incitando al odio.

Dicen que esta ley es una autoenmienda del
Grupo Socialista a la totalidad del espíritu de la Constitución de 1978.
Parece que no hemos leído el mismo texto pues realizan una interpretación
torticera del mismo. Como ya he dicho, esta ley recoge y ensalza la
Constitución y se basa en sus principios.

Señorías del Grupo Popular, dicen que el
reconocimiento de víctimas hasta el cuarto grado es un agravio
comparativo con la Ley de víctimas del terrorismo, que recoge hasta el
segundo grado. Es que, por los años pasados, ya solo existirán nietos,
bisnietos y tataranietos, mientras que las víctimas del terrorismo son
mucho más recientes. Siempre tratando de enemistar unas víctimas con
otras para su rédito político. No tergiversen, no manipulen el espíritu
de la ley con falacias en lo de prohibir homenajes y no poder homenajear
a mi paisana la gran escritora doña Emilia Pardo Bazán. Todo nuestro
reconocimiento, como se hace en el recorrido por el pazo de Meirás.

La nulidad de las sentencias y los juicios, que
fueron auténticas farsas, muchas con condena de muerte y otras de años de
presidio, no va en contra de la Ley de amnistía, sino que persigue
resolver una injusticia y dar dignidad a las personas que ya no están;
reparación y reconocimiento que han realizado otros países como Alemania,
incluso han pedido perdón. Un amigo y compañero de la abogacía, militante
del PP, que fue concejal en su pueblo y cuyo abuelo fue fusilado siempre
ha reivindicado la nulidad de la sentencia.

Señorías de Vox, aunque intenten aquí darse de
demócratas y cambiar su discurso, se les ve muy nostálgicos. Su veto raya
la inconstitucionalidad, es una clara apología al franquismo,
justificando y ensalzando el golpe de Estado contra un Gobierno
legalmente instituido. (Aplausos). Hablan de la generosidad de los
vencedores en la Transición. Con eso, está dicho todo.

Señorías, nos querían silenciar, tenernos otros
cuarenta años callados, pero no nos van a callar. No van a escribir
ustedes la historia que a sangre y fuego han escrito y tanto daño ha
causado. No, señorías. Seguiremos hablando; hay que hablar y explicar la
verdad, que es lo que esta ley recoge, lo que no quiere decir que no
recojamos la cruentidad de una guerra civil. Ustedes pretenden que puedan
adquirir la nacionalidad los descendientes de los alemanes nazis y
fascistas italianos, los descendientes de la Legión Cóndor, que bombardeó
Gernika, comparándolos con los brigadistas internacionales que vinieron a
defender la democracia contra el fascismo.

A los autores que ustedes nombran ya los hemos
leído. Echo de menos en esta lista al hispanista Ian Gibson. Leen ustedes
sesgadamente la historia. Gracias a esos libros y al recuerdo de personas
vivas que nos la han enseñado, conocemos la historia. A mí me han
enseñado que la guerra es cruenta y que se hicieron barbaridades por
parte de un lado y del otro, pero los vencedores escribieron su historia
durante cuarenta años. Se siguen ustedes sintiendo vencedores y quieren
que nosotros nos sintamos vencidos, pero nosotros tenemos la verdad de la
razón y la palabra y no los discriminamos y pueden exponer sus ideas. Esa
es la democracia. (Aplausos). Las guerras sacan lo peor de cada uno. Lo
malo es que, en épocas de paz, algunos sigan fomentando el odio y la
división.

Un reciente estudio revela el desconocimiento y
las lagunas educativas sobre la Guerra Civil y el franquismo entre la
población de 16 a 30 años. Esto hay que repararlo. La historia más
reciente tiene que ser conocida para que no se repitan los hechos.
Ustedes están fomentando que se repitan, pero no van a conseguir que les
odiemos. Esa es la diferencia.

No es cierto que se pretenda establecer una
verdad oficial. El deber de memoria democrática tiene por objeto
preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda
forma de totalitarismo, y amplía los períodos democráticos desde la
Constitución de 1812.

Este proyecto de ley no ha venido a fomentar
odio, ni a abrir heridas, solo a dar dignidad a todos los que han sufrido
una guerra injusta, que ha enfrentado en muchos casos a hermanos contra
hermanos. El espíritu de esta ley es de reconciliación, concordia y
reparación.






Permítanme una cita personal, sin odio, sin rencor, pero el
recuerdo vivo; así nos educó mi querido padre, Gonzalo Adrio Barreiro, a
mis hermanas y a mí. En una entrevista en El Faro de Vigo dijo: Los
fascistas no nos perdonaron que no los odiáramos. Pues bien, esta ley se
vertebra en torno a los principios internacionales del derecho
humanitario: verdad, justicia, reparación y deber de memoria como
garantía de no repetición.

En Pontevedra, el 17 de agosto de 1936,
fusilaron a Alexandre Bóveda; su delito, ser galeguista y redactor del
Estatuto de Autonomía de Galicia. El 12 de noviembre de 1936 fueron
fusilados mi tío José Adrio Barreiro, a los 26 años de edad, junto a
otros nueve hombres; diez hombres os bos e xenerosos, como se dice en mi
tierra, cuyo único delito fue defender de manera pacífica el Gobierno
legalmente instituido. Curiosamente, como causa de la muerte, en sus
certificados de defunción ponía: hemorragia interna, en unos casos, y en
el de otros, colapso cardíaco; es decir, no habían sido asesinados. Mi
abuela María la noche del 11 al 12 de noviembre, en compañía de otras
mujeres de la familia, rezó para que no amaneciera y, como ellas, todas
las personas que vivieron ese horror. Incluso por venganzas personales se
mataba, las guerras son terribles, y hubo víctimas de un bando y otro.
Por eso, mi reconocimiento y mi recuerdo a todas las personas anónimas
que están en cunetas, fondeados en la ría y por toda España. Hombres y
mujeres que dieron la vida por España, lema del que después se adueñaron
los vencedores como si los demás no amaran a España. (Aplausos). Mi
reconocimiento especial a esas mujeres viudas, represaliadas,
encarceladas que supieron sobrevivir y, con grandes penurias, sacar a sus
hijos adelante; en silencio, pero con dignidad. Unas callaron para
siempre por miedo y para proteger a sus hijos, y otras transmitieron la
historia. También a las llamadas lavanderas de la España rural, que iban
a los campos de concentración y prisiones a recoger las ropas de los
presos para lavarlas, recorriendo kilómetros andando; mujeres que
transmitieron e hicieron historia. No me puedo olvidar de las Trece
Rosas, vilmente asesinadas y vilipendiadas recientemente otra vez por el
Ayuntamiento de Madrid. (Aplausos).

El Grupo El Progreso de prensa otorgó el premio
de honor Pontevedreses del Año 2011, por su defensa de la memoria
histórica, a mi padre, premio que le entregó el entonces presidente de la
Xunta, el señor Núñez Feijóo, que en un discurso de reconocimiento muy
emotivo dijo: Ninguno de los premiados se dejó llevar por la resignación.
Hay en ellos una rebeldía innata que los lleva a rebelarse con
imaginación, con trabajo. Son arquitectos de una comunidad que tiene ese
recuerdo vivo del que hicieron sus antepasados y quiere ser fiel a su
legado. En todos ellos hay unos valores cívicos que se resumen en la
figura del pontevedrés de honor Gonzalo Adrio. Admiramos a don Gonzalo
por ser esa busca de una memoria que una y también por su comprensión
humanista de la política. Quien hoy dude de la capacidad de la política
para construir una comunidad, para crear solidaridades, para aglutinar
voluntades en torno a ideas comunes, que piense en esa generación
artífice de la España y de la Galicia modernas de la que Gonzalo Adrio
forma parte. Había entonces ideas de fraternidad, de progreso, de
libertad que lograron convertirse en una fuerza capaz de derrotar el
destino. Son palabras que concuerdan con el espíritu de esta ley.

Esta ley es buena para España, para todos los
españoles. No abre heridas; da dignidad y repara, completando las
anteriores, no rectificando. Con esta ley ha vencido la democracia, que
somos todos.

Votaremos en contra de los cuatro vetos.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias señoría.

Pasamos, a continuación. al turno de portavoces
de los vetos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, intervendrá
su señoría Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Señorías, me dirijo a la portavoz del Grupo
Socialista. Usted acaba de realizar el mismo discurso que hizo la semana
pasada en la Comisión Constitucional. No ha cambiado ni una coma ni un
punto. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio, por favor.

El señor MARÍN GASCÓN: Es un discurso plagado
de mentiras sobre nosotros. Le aconsejo que lea con atención y bien mi
intervención anterior en el Diario de Sesiones.

Por otro lado, usted acaba de mencionar a las
Trece Rosas. Creo que se le olvidan las 14 monjas concepcionistas que
fueron violadas y asesinadas. ¿Esas monjas no tienen verdad ni
reparación?

Señorías, la mentira, gracias al presidente
Pedro Sánchez, está en el centro de la política, bien auxiliada por los
medios afines y las redes sociales. El peligro es grande, porque estamos
llegando a aquello que escribía Orwell en 1984: Es imposible ver la
realidad, salvo mirando a través de los ojos del partido.

Las izquierdas españolas, socialistas,
comunistas y otras, promueven desde hace años el movimiento de memoria
que divide a los españoles, miente sobre su pasado y amenaza sus
libertades con las leyes de memoria histórica y de memoria
democrática.

El Gobierno nos trae hoy aquí el Proyecto de
Ley de memoria democrática, de manos de un Grupo Socialista degradante,
mentiroso, ruin y sin perspectiva de ningún tipo. A muchos ya no nos
sorprende, sobre todo tras comprobar, en dos ocasiones anteriores, que
siempre nos ha llevado a la crisis.

Según decía Václav Havel, la primera pequeña
mentira que se contó en nombre de la verdad, la primera pequeña
injusticia que se cometió en nombre de la justicia, la primera minúscula
inmoralidad en nombre de la moral siempre significará el seguro camino al
fin.

Señorías del Grupo Socialista, según ustedes,
pretenden con esta ley confirmar el objetivo de los principios de verdad,
memoria, justicia, reparación y no repetición, pero es que van más allá:
se reafirman en que tienen la verdad de la razón y la palabra y en que no
discriminan, y, por si fuera poco, en que la recuperación de la memoria
histórica fuera y sea un imperativo moral. Señorías del Partido
Socialista, ustedes se creen dioses, están por encima del bien y del mal.
Por supuesto que la historia más reciente tiene que ser conocida, pero,
para que no se repitan los hechos, hay que conocer la historia real, no
la historia sesgada que ustedes pretenden hacernos creer. Pretenden,
entre otras cosas, extender la vigencia de esta ley a cualquier
vulneración de derecho que llegara hasta el 31 de diciembre de 1983. ¿No
creen que se les olvida algo importante, como lo transcurrido entre los
años 1931 y 1936? Ah, pero es que en esos años eran ustedes
protagonistas, no para bien, sino para mal. ¿O no recuerdan los
asesinatos y violaciones cometidos por las izquierdas? Y de las checas,
nada, ¿verdad?, pese a haber cometido más de 3000 asesinatos solo en
Madrid. De eso no dicen nada. ¿Esas víctimas y familiares no merecen
verdad, memoria, justicia, reparación? ¿Verdad que no? Al término de la
Guerra Civil, el número de religiosos asesinados en la retaguardia
republicana ascendió a 6832; de ellos, 4184 eran sacerdotes, 2365 eran
frailes y 283, monjas. ¿Ellos y sus familiares tampoco merecen verdad,
memoria, justicia y reparación? ¿Verdad que no?

Son ustedes unos cínicos y unos sectarios.
Ustedes pretenden aplicar la etiqueta infamante de negacionista a
cualquiera que cuestione sus nuevos dogmas progresistas. Jean-Pierre
Azema, en una entrevista en el semanario L’Express el 2 de febrero
de 2006, indicó: No pretendemos que la historia pertenezca solo a los
historiadores, pero menos aún pertenece a los parlamentarios. En un
régimen democrático no existe una verdad histórica intangible. Durante la
Transición, los líderes políticos estuvieron, por lo general, unidos en
un acuerdo para que los argumentos históricos no fueran empleados con
fines partidistas; convivían muchos puntos de vista contradictorios y
antagónicos, pero el entendimiento general era que la historia quedase en
manos de los historiadores y no se empleara en la competencia política
del momento. Uno de los requisitos de la Transición fue el rechazo de la
política de la venganza, lo que significa evitar cualquier búsqueda
política o judicial de justicia histórica. Esto fue plenamente acordado
por todas las principales fuerzas políticas del momento, siendo, por
ejemplo, los partidos de izquierda unánimes en su insistencia de amnistía
total para todos —repito, para todos— y seguida de una nueva
andadura democrática que comenzaría con un borrón y cuenta nueva.

Según la investigadora Paloma Aguilar, pocos
procesos de cambio político se han inspirado tanto en la memoria del
pasado y en las lecciones asociadas a él como el caso español. Es
imposible encontrar otro ejemplo en cualquier lugar en el que esa
conciencia fuera mayor. Lo que se acordó no era silencio, sino el
entendimiento de que los conflictos históricos serían consignados al
trabajo de los historiadores y periodistas y que los políticos no los
utilizarían en sus mutuas luchas partidarias, dedicándose, por contra, a
afrontar los problemas presentes y futuros.

Por otro lado, Juan Eslava Galán, refiriéndose
a la memoria histórica de Zapatero, decía: A esa memoria le ocurre como a
las personas de edad: recuerda lo ocurrido hace mucho tiempo, pero olvida
lo reciente; recuerda los días aciagos en que unos españoles mataban a
otros llevados por ese odio cainita tan entrañablemente nuestro, pero
olvida la reconciliación de sus hijos, cuando los dos bandos, derechas e
izquierdas, izquierdas y derechas, se abrazaron y acordaron la
Transición.

Señorías, la única memoria histórica que puede
y debe existir es la de los historiadores que manejen datos, solo datos,
demuestren su veracidad y los interpreten con objetividad, honestidad y
ecuanimidad, pero no, nunca, como ahora se pretende, la del Boletín
Oficial del Estado, ni menos aún la del Código Penal. Discútanlo cuanto
quieran los historiadores y pónganse o no de acuerdo, pero no se arrogue
ningún Gobierno el papel represor de ser juez y parte, magistrado y
fiscal, en tan esquinado y resbaladizo asunto.

Señorías, dejemos la memoria a secas en el
ámbito de la libre memoria personal, ni histórica ni democrática, de
quienes la tenemos. Señorías, los españoles ya decidieron; honremos su
memoria.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará
la palabra su señoría Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con
la venia.

Miren, yo les reconozco que hoy, para mí por lo
menos, no es un buen día y, además, tampoco es un día cómodo, no es un
debate cómodo en absoluto.

Señorías del Grupo Socialista, les pido, con
toda humildad, que lo reconsideren. Es que ustedes han sido y son un
partido de gobierno, un partido de Estado. ¿Pero qué les pasa, señorías?
El otro día en la comisión —lo digo para los que estuvieron y para
los que no, aunque se lo habrán contado; es más, los que han estado aquí
lo han oído porque se ha trascrito literalmente lo que se dijo en la
comisión, y porque ahora intervendrán el resto de grupos
políticos—, señorías del Grupo Socialista, todos sus socios, todos
los que con ustedes defienden, apoyan y sustentan esta ley, pusieron en
duda la Transición, como va a volver a pasar hoy aquí. Ya verán cuando
empiecen a pasar la retahíla de grupos políticos poniendo a parir la
Transición, poniéndola en cuestión, presentándole una enmienda a la
totalidad a la Transición y a ustedes mismos, que son parte fundamental
de la Transición. Es que la Transición, en buena parte, es el PSOE, y hoy
los escucharán a todos presentando una enmienda a la totalidad a la
Transición, rajando de la Transición y poniendo a parir la Transición
española. Con estos van a aprobar ustedes esta ley. Les pido que lo
reconsideren, porque, señorías, como he dicho antes, a mí personalmente y
a mi partido nos incomoda sobremanera este debate y nos incomoda
sobremanera mantener debates centrados en la ideología, en el revanchismo
y en el uso torticero de las instituciones de todos los españoles. Y no
nos incomoda porque no tengamos ideología, en absoluto, o argumentos para
aportar al debate —claro que los tenemos—, sino porque
nosotros consideramos que la pelea entre las derechas y las izquierdas,
entre rojos y azules, entre los fachas y los comunistas está obsoleta, es
muy vieja. Este enfrentamiento, señorías, no ha traído nada bueno ni a
España, ni a Europa ni al mundo entero durante el siglo XX.

Nosotros, como ustedes saben, somos un proyecto
nacido de la sociedad civil para ocupar el centro político, y con el
centro no me estoy refiriendo a la equidistancia entre la derecha y la
izquierda, sino a la moderación, al diálogo, al consenso, al pacto, al
acuerdo, a la integración, a los puentes entre unas y otras opciones
políticas. Nosotros somos liberales porque no creemos en las izquierdas
ni en las derechas, sino en otros ejes como la libertad, la modernidad,
la igualdad, por ejemplo, contra los privilegios territoriales o la
igualdad en esta ley, que discrimina a unas víctimas en beneficio de
otras. Todas las víctimas y sus familiares merecen nuestro máximo
respeto, pero en esta ley hay unas víctimas que se olvidan, que son las
víctimas y sus familiares de la organización terrorista ETA.

Lamentablemente, señorías, y lo digo de
corazón, esta ley está fuera de cualquier parámetro en los que a nosotros
nos gustaría movernos; es divisiva, es una ley que rompe, que divide, que
busca el enfrentamiento —desgraciadamente, según nosotros lo
entendemos, para ganar rédito político— y no proporciona beneficios
a la sociedad española, porque esta ley, señorías, es una ley
hemipléjica: pretende proteger a las víctimas del franquismo
—bien—, pero no a las víctimas ETA. ¿Cómo se comen ustedes
esto? Párense, señorías del Grupo Socialista, a pensar, ustedes, que son
el PSOE; parece mentira.

Simplemente, con el máximo respeto, con la
máxima humildad y de corazón, les pido que reconsideren, que pongan los
pies a la tierra, que no aprueben cualquier cosa en esta deriva, en esta
huida hacia adelante por estar un cuarto de hora más en la Moncloa, y
vuelvan al pacto, al consenso y al acuerdo con todos los grupos políticos
y no solo con aquellos que quieren romper España, con aquellos que
quieren destruir y con aquellos que hoy aquí en la tribuna pondrán en
cuestión, no les quepa a ustedes ninguna duda, la transición española.
Reconsideren, por favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, intervendrá su señoría Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias,
presidente.

En primer lugar, quiero saludar a algunas de
las víctimas que nos están siguiendo mediante la conexión en streaming y,
sobre todo, a la gente que ha venido aquí, a la tribuna. No puedo
nombrarles a todos, algunos me faltan, pero sé que algunas de las
personas que están ahí han sido víctimas, que han sido torturadas,
encarceladas, que son hijos de trabajadores esclavos, que son niños
abusados del Valle de los Caídos, familiares de guerrilleros de los Picos
de Europa. Hay un escritor, hijo de anarquistas exiliados, que ha venido
hoy desde París. Están, por ejemplo, la presidenta de Temps de la
Memòria, que viene de las Illes Balears, de Mallorca; hijas del exilio de
una extensa familia, la sobrina de tres deportados, la sobrina de un
miembro de la résistance française, la sobrina de un ancien combattant
condecorado, una hija y nieta de trabajadores forzados del Gobierno de
Vichy y familiar de muchos desaparecidos en Leciñena. Mando también un
saludo a Isabelo Herreros, presidente de la asociación Manuel Azaña. Creo
que también está Eduardo Larraz, acabo de verle ahora. Al resto, pido
disculpas por no saludarles a todos; lamento la cantidad de barbaridades
que han tenido que escuchar esta mañana y que continuarán
escuchando.

En 2007, el PSOE se vio obligado, por un pacto
de investidura, a iniciar los trámites de una Ley de memoria histórica,
que se ha demostrado insuficiente, cobarde en muchos aspectos, inservible
e inútil, pues hemos continuado con calles, títulos y estirpes
franquistas; con los herederos del franquismo, designados por Franco, en
la Jefatura del Estado; con partidos franquistas en las instituciones
—lo han podido ver hoy perfectamente—; con legislación
franquista en vigor; con un Poder Judicial que no es que tenga trazas de
franquismo, es que está minado de franquistas. Una ley insuficiente ha
permitido esto y ha hecho que hoy tengamos que estar aquí tramitando otra
ley, que para nosotros continúa siendo insuficiente.

La derecha extrema, toda hija del mismo árbol
aquí en España, dice que no a esta ley, pero no lo dice por insuficiente
como hacemos nosotros. Lo dice porque, como es normal, va contra su ADN
político, y presenta un veto. Dicen que ya no existen bandos en España.
Yo digo que es mentira, existen bandos; hay un bando, que es el de la
democracia, y otro, que es el del fascismo; continúa habiendo el bando de
la democracia y otro del franquismo, continúa habiendo el bando de las
víctimas y el bando del olvido. Pero no va de justicia esta ley ni de
reparación con la profundidad que queríamos, y pensamos que es otra
oportunidad perdida. De nuevo, es una ley insuficiente y, por ello, como
pueden ver, se han presentado centenares de enmiendas, porque es una ley
completamente insuficiente. Pero ¿qué es lo que proponen las extremas
derechas hoy aquí? Quedarnos como estamos y, si pudieran, retroceder;
retroceder incluso ochenta años, como he podido ver en muchas de las
intervenciones, y es obvio y entendible viniendo de quien viene.

La Ley de 2007 es la nada. En 2015 ya
intentamos aquí presentar un nuevo texto que fue votado en contra por
parte del Grupo Popular y el Grupo Socialista, pues se lo impedían sus
pactos del silencio. Desde 2015 hemos tenido que ir pueblo a pueblo y
calle a calle exigiendo retirar nombres y simbología y, simplemente con
un senador, hemos conseguido retirar más de tres mil símbolos, porque la
Ley de 2007 no actuaba y no tenía ningún tipo de protocolo a seguir. Era
una ley sin protocolos, sin régimen sancionador, sin plazos y, por lo
tanto, sin ninguna utilidad. Hace dos años el Grupo de la Izquierda
Confederal presentó una proposición de ley de reconocimiento integral de
las víctimas, que todavía está pendiente de debate. ¿Y por qué la
presentamos? Por lo mismo que hoy presentamos estas enmiendas, porque
hace falta ir mucho más allá. Pedimos cosas, tanto en nuestra ley como en
nuestras enmiendas, que hablan de acabar con la Ley de amnistía, porque
los crímenes de lesa humanidad no prescriben, porque hay que ser más
contundente con la eliminación de cualquier símbolo franquista y también
porque pedimos cosas que son simbólicas, como, por ejemplo, que las
federaciones deportivas españolas reconozcan la oficialidad de las
competiciones celebradas con anterioridad a la Dictadura, incluyendo
aquellas celebradas durante la guerra en el territorio bajo el control
del Gobierno constitucional; lo que es lo mismo, que la Real Federación
de Fútbol reconozca la copa ganada por el Levante Unión Deportiva
en 1937, la Copa España Libre; una petición que, por cierto, en el
Congreso contó con la unanimidad en una proposición no de ley, también
con el voto favorable del Grupo Popular. Hoy los levantinistas también
están siguiendo con atención este debate y verán qué votan tanto unos
como otros. Les recuerdo que es la enmienda 459 y que pueden votarla de
manera individual. Es decir, estamos hablando de medidas que en muchos
casos no implican ningún coste, ningún gasto, que no quitan derechos a
nadie; que simplemente hacen justicia.

Todo ello no ha podido ser en estos años de
democracia, no ha podido ser con esta Ley de 2007, que ha permitido casos
insultantes por parte de alcaldes tanto del Partido Popular como del
Partido Socialista, que no hicieron nada por cumplir con esa ley. Pongo
un ejemplo de esta misma semana en Teulada, en Alacant. Franco continúa
siendo hijo adoptivo de ese pueblo, donde hay varias calles con nombres
franquistas, y desde 2007 nadie les exige retirarlas y, cuando Compromís
exige esta retirada, los concejales presentados con las siglas del
Partido Popular y con las siglas del Partido Socialista votan en contra
en el Pleno de esta semana. ¿Y qué les pasa? No les pasa absolutamente
nada porque la Ley de 2007 no contempla sanciones ni plazos. Hablamos de
alcaldes del PSOE, como el alcalde de Rionegro del Puente, en Zamora, al
que le pedimos que retirara el nombre a la calle de José Antonio y me
contestó burlándose que, si le obligaban, tal vez pondría mi nombre a esa
calle, pero que, si no, no iba a cambiarla; hablamos de alcaldesas, como
la alcaldesa del PSOE de San Leonardo de Yagüe, que no quiere quitarle el
de Yagüe —saben quién es— a su pueblo. Hay otro caso también
reciente en Benaguasil, Valencia, donde todavía hay una fosa común y
vestigios franquistas en el cementerio municipal. Compromís ha presentado
dos mociones para eliminar los vestigios franquistas, instalar un
monolito en el lugar donde se encuentra la fosa y empezar los trámites
para la exhumación de las víctimas, como también pide la Associació de la
fosa de Benaguasil, que solicita exhumar a estas doce personas. El
Ayuntamiento de Benaguasil, gobernado por el Partido Popular, dice que no
y se ha negado sistemáticamente, incluso a pesar de tener una ley
autonómica mucho más contundente que la estatal. Podría estar aquí
contando casos y más casos —tampoco tengo tanto tiempo—, pero
tan solo voy a recordar que tanto alcaldes del Partido Popular como del
Partido Socialista se han dedicado a incumplir la Ley de 2007, muchas
veces con cartas insultantes de alcaldes que se han comportado como
cretinos y que ponen en evidencia que son unos crecimos; pero, cuando me
quejo de que actúan como cretinos, lo que hace el Partido Popular, en
lugar de llamarles al orden, es presentar aquí una moción para desaprobar
mis observaciones. Eso es lo que hemos tenido durante tanto tiempo: total
impunidad, y no solo, desgraciadamente, por parte del Partido
Popular.

Hoy sabemos que la tramitación de esta ley les
molesta; prueba de ello es que los asientos del Grupo Popular están casi
vacíos. Ahora el Partido Socialista y el Gobierno presentan una ley que
entendemos que es insuficiente, como lo era la Ley de 2007, pero las
derechas —y lo han visto—, más o menos extremas, vienen aquí
a presentarnos vetos. La verdad es que el cuerpo también me pide
presentar vetos porque esta ley continúa siendo insuficiente y continúa
siendo cobarde en muchos aspectos, porque vuelve a dejar lagunas,
insuficiencias y medias medidas. Pero los vetos de las derechas no van de
eso y por ello votaremos en contra, sin ser entusiastas de esta ley. Y
menos entusiastas somos con la actitud del Partido Socialista de no
querer mejorar ni una coma esta ley. Es, de nuevo, un desprecio a esta
Cámara. Hay que recordar que aquí nos eligen y nos pagan para intentar
mejorar todas y cada una de las leyes que llegan a esta Cámara. Les
recuerdo que aquí no tienen mayoría absoluta, y muchas veces se llevan
los sustos que se llevan por ese exceso de soberbia. Les recuerdo que
aquí hay parlamentarios escogidos que no tienen partido en el Congreso, y
tienen la misma legitimidad para intentar mejorar una ley. Por eso,
aunque no se avance un milímetro en lo que hoy proponemos con más de 500
enmiendas de la mayoría de los grupos progresistas, a pesar de ser una
ley completamente insuficiente y mejorable, a pesar de ser una
oportunidad perdida, no se justifican los vetos de las derechas. En el
siguiente turno nos explayaremos con más en detalle, intervendremos todos
los partidos de mi grupo parlamentario para explicar las enmiendas. Ojalá
rectifiquen, sobre todo el Partido Socialista, y a los demás les digo que
lamento lo que se está escuchando hoy, y salud y república.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará
la palabra su señoría Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.
Bon dia, senyorias. Intervendré brevemente desde el escaño.

Ante este póquer de demagogia y la sobredosis
de blanqueamiento del franquismo, anuncio que en Junts per Catalunya
vamos a votar en contra de los cuatro vetos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Pausa). ¿No van a intervenir? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana, el señor Reniu Vilamala.

El señor RENIU VILAMALA: Moltes gràcies,
president.

En primer lugar, deseo dar la bienvenida y
agradecer la presencia de los representantes y los familiares de
represaliados y las asociaciones memorialistas; ahí veo a Elsa y a muchos
conocidos. No puedo citar a todos, pero deseo manifestarles nuestro más
sincero agradecimiento. Obviamente, honor y gloria a todos ellos.

Señorías, permítanme empezar con una obviedad:
esta Ley de memoria democrática no es la ley de Esquerra Republicana, no
lleva el sello de Esquerra Republicana. Como ya manifestó nuestro grupo
parlamentario en el Congreso, esta ley adolece de falta de diversos
aspectos que, como veremos más adelante, en el próximo turno, nos hemos
encargado de hacer evidentes con nuestras enmiendas. Pero ello no es
óbice para que, con la misma claridad, afirmemos que no compartimos ni
uno de los argumentos esgrimidos en los vetos por parte de los grupos de
derecha y ultraderecha en este Pleno. Verdad, memoria, justicia,
reparación y garantía de no repetición; que nadie se olvide de ello.

En lo que se refiere a la propuesta de veto
presentada por el senador Sánchez López, debemos señalar que el proyecto
de ley que estamos debatiendo ni cuestiona los pilares básicos del
sistema democrático ni genera lo que él denomina —abro
comillas— una desigualdad inaceptable. Antes bien, es una ley que
se queda corta en el justo, necesario e indispensable proceso de
garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las
víctimas de la dictadura franquista. Se queda muy corta, señorías, puesto
que no culmina la necesaria asunción de responsabilidades por parte de un
Estado que aún se funda sobre esas bases históricas. Pero es que, además,
el senador proponente parece dar por sentado que la represión franquista
—de claro corte fascista y totalitario— terminó, como por
arte de magia, un 20 de noviembre de 1975 en una cama de un hospital. Es
decir, como hemos visto y oído de forma permanente en los discursos de la
derecha y la ultraderecha, se parte de la premisa de que la transición
empezó con la muerte del dictador y terminó con la aprobación de la
—abro comillas— sacrosanta Constitución de 1978, esa que
buena parte de sus señorías suelen acompañar de un «que nos hemos dado
entre todos» y que más de uno no votó. Me refiero a los que no habían
nacido, a los que no teníamos edad para votar o a quienes la votaron en
contra. La ausencia de un relato compartido sobre lo que supuso la
Transición y esa especie de amnesia selectiva de la derecha que considera
que aquellos mismos jueces, policías, militares y altos funcionarios del
Estado que desarrollaron e implementaron la represión y cometieron
crímenes contra los derechos humanos, como fieles soldados al servicio de
la Dictadura, se convirtieron por generación espontánea en férreos
demócratas al servicio de la justicia y la libertad. El pacto de la
Transición fue un acuerdo de élites del que se excluyó, por ejemplo, al
partido que tengo el honor de representar y que supuso la prolongación y
perpetuación del dominio de la élite franquista bajo la forma política
del parlamentarismo. En este sentido, hay que decir que el franquismo
lidero y arbitró la Transición cerrando un pacto con las fuerzas
democráticas que abría la puerta a la democracia, al mismo tiempo que
imponía la Monarquía y garantizaba el papel del Ejército y de la élite
judicial como garantes de la unidad del Estado. No se produjo ninguna
ruptura con el régimen anterior y en esa ausencia de ruptura y enmienda
al pasado está la semilla de la desmemoria que hoy las derechas —ya
cada día más descaradamente extremas— nos traen.

Vaya por delante que cualquier proceso de
tránsito de una dictadura a una democracia, una transición a fin de
cuentas, no termina hasta que —oh, sorpresa— no se consolida
el escenario de destino, es decir, transición y consolidación
democráticas son los conceptos, y es por aquí por donde llora la
criatura. Merece la pena, por lo que sigue, ahondar un poco en ello. Las
transiciones de la dictadura a la democracia siguen un esquema básico de
seis fases: una crisis del régimen dictatorial; cambios en la legalidad y
la legitimidad; uno muy importante que nunca ha terminado de darse, que
es la sustitución del personal político anterior y de su simbología; y
los tres grandes consensos, sobre el pasado, sobre el presente y sobre el
futuro —todos ellos impugnables en el caso español—. No
podemos, pero sería muy interesante profundizar en cada una de estas
fases, puesto que verían ustedes elementos que se reflejan en las
enmiendas presentadas por nuestro grupo, así como la constatación de que
la culminación del proceso, esa ansiada consolidación democrática, no
puede darse aún por conseguida enteramente.

En cuanto a la propuesta de veto de la
ultraderecha, se descalifica por sí misma solo con la lectura de sus
argumentos fake. Sinceramente, ya ni nos indigna la crítica a las
culturas catalana, vasca y gallega, puesto que vemos en ellos ese hedor
de naftalina, de los coros y danzas del nodo que, por desgracia nuestra,
alcanzamos a ver en los cines durante nuestra infancia. Tampoco nos
indigna, aunque la palabra pudiera ser más gruesa, la —entre
comillas— reivindicación de un reconocimiento institucional a los
voluntarios fascistas. Hay que tener la cara muy gruesa, marmórea, para
efectuar tal reclamo. Pero es que el rizo llega aún a cotas de vergüenza
ajena al afirmar sin ningún rubor que —abro comillas— tampoco
fue el Valle de los Caídos un mausoleo. No, hombre, no, resulta que era
una capillita igual que los cientos de capillitas que encontramos en
todos los pueblos y ciudades del Estado. Ahora se olvida que para su
construcción se utilizó la mano de obra de los vencidos, cual esclavos de
usar y tirar, para ensalzamiento del que se creía tocado por la gloria de
Dios y que, por ello, lo enterraban bajo palio. ¡Qué caradura, por
favor!

En cuanto a la propuesta de veto del senador
Catalán Higueras, simplemente quisiéramos señalar que la fundamenta en
una recolección de argumentos histórico-parlamentarios para recalcar lo
ya comentado anteriormente: la Transición termina con la Constitución
de 1978 —que además califica de rupturista, ¡toma ya!—,
adoptada en el contexto bucólico de un gran pacto reconciliatorio, al
tiempo que ensalza los valores de la Ley de amnistía, cual piedra
filosofal de un solo uso, generadora de concordia y reconciliación. I un
be negre! O, para que me entiendan, ¡y dos huevos duros!. Se trata de un
contexto en el que los de siempre se garantizaron lo de siempre: control
político y económico, mantener la colonización de las instituciones e
impunidad por los delitos cometidos. Señoría, si ese es el espíritu de la
Transición, entonces bienvenida sea su desarticulación. Y tenga por
seguro, si me ha escuchado al iniciar la intervención, que ello no se
deriva en ningún modo de un chantaje independentista. Los
independentistas no necesitamos ese tipo de prácticas; solo necesitamos
una urna y una papeleta, la fuerza de las urnas frente a la fuerza de las
armas; fácil y sencillo.

Finalmente, la propuesta de veto del Partido
Popular parece una versión extensa de los argumentos esbozados por el
senador de UPN, pero trufada de afirmaciones grandilocuentes y
reiteradas: proyecto ley innecesario y oportunista, ley innecesaria,
grueso trazo sectario, pulsiones totalitarias, pensamiento único,
adoctrinamiento selectivo. ¡Caray!, solo falta que añadan «del catalán»
en esas afirmaciones. Encima, además, intentan delimitarla en lo que, en
su opinión, debiera ser —






abro comillas—: más allá de
pretender resolver la necesaria y comprensible búsqueda y exhumación de
los cuerpos de las víctimas del conflicto y devolverlos a sus familias. Y
se quedan tan anchos afirmando que no se busca asumir el pasado tal y
como fue. Pero si es que de eso se trata; se trata de completar las
innumerables lagunas existentes en el esclarecimiento de la verdad. Se
trata de hacer justicia de forma efectiva, se trata de avanzar en la
asunción de responsabilidades, patrimoniales también. Se trata de
resarcir y reparar a las víctimas, y se trata de poner las bases que
permitan evitar de todas las formas posibles una repetición de ese
agujero negro en la historia reciente de España. Y claro que la
Transición fue un pacto basado en el olvido, claro que sí: en el olvido
de los perdedores, de los ciudadanos y ciudadanas vejados, denigrados,
represaliados; en el olvido de los atropellos cometidos a organizaciones
políticas y sociales, como en el caso de Esquerra Republicana; en el
olvido de los ateneos y cooperativas, que perdieron todo lo que tenían y
que fueron expoliados para beneficio de aquellos que, por la gracia de
Dios —y siempre añado: y por la gracia de las armas—, nos
habían derrotado; en el olvido ignominioso que supuso blanquear mediante
el silencio un golpe de Estado y una dictadura totalitaria que terminó
por pretender perpetuarse en el tiempo instaurando una monarquía
subyugada a los principios generales del movimiento. Y la prueba del
algodón de lo que estamos diciendo se hace evidente al escuchar y leer
los argumentos de las propuestas de veto. Con la victoria de Franco no
llegó la paz, sino los campos de concentración, las ejecuciones sumarias,
los trabajos forzados, la dictadura de los vencedores, la represión y el
exilio de los vencidos. Como ya les he dicho al empezar y creo que a
nadie sorprende, no vamos a apoyar ninguno de los cuatro vetos.

Moltes gràcies. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra su señoría, la señora Beltrán de Heredia.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik
asko, mahaiburu jauna. Gracias también por esta consideración, puesto que
una urgencia me ha obligado a salir en el turno que me correspondía;
agradezco la deferencia, presidente.

Señorías, adelanto que nuestro grupo va a votar
en contra de los vetos presentados por los Vox, Ciudadanos, UPN y el
Partido Popular a esta Ley de memoria democrática, porque está claro que
no es que no quieran esta Ley de memoria democrática; en realidad, no
quieren ninguna ley que recupere la memoria sobre los crímenes y las
vulneraciones de los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y
la dictadura franquista. Tampoco quieren que se restablezca la verdad de
lo ocurrido. Ustedes no quieren reparar a las víctimas porque quieren
seguir cubriendo con ese manto de silencio esa etapa de totalitarismo
fascista para ver si con el silencio llega, por fin, el olvido. El
Partido Popular ya nos lo dejó claro a través de la inacción y la falta
de desarrollo y aplicación de la Ley 52/2007, Ley de memoria histórica,
mientras estuvo al frente del Gobierno y lo ha dejado claro también el
señor Feijóo, anunciando que, de llegar a la Presidencia del Gobierno de
España, una de sus primeras iniciativas será la derogación de la Ley de
memoria democrática.

Hoy, con la presentación de estos cuatro vetos,
se está retratando toda la derecha española. Hoy toda la derecha española
se coloca en la orilla de la ocultación y la negación de las víctimas de
la Guerra Civil y de la dictadura. Dicen que la ley es innecesaria, que
es revanchista, que la transición fue un pacto por el perdón. Miren,
relata Mikel Hernández Abaitua que con catorce años supo que su aitona,
su abuelo, no había muerto en la batalla de la guerra, sino que había
sido fusilado. Y cuando se preguntaba si habría hecho algo malo, la
respuesta fue no. Su único delito era haber formado parte del Araba Buru
Batzar, del Partido Nacionalista Vasco.

¿Es revanchismo que otras muchas personas,
igual que Mikel, conozcan la sinrazón de lo ocurrido y recuperen la
verdadera memoria de sus familiares? ¿Es revanchismo que se conozca que
muchas de las personas fueron torturadas, fueron fusiladas, simplemente
por pensar diferente? ¿Es revanchismo la búsqueda de personas
desaparecidas, la exhumación de los cadáveres y la entrega a sus
familiares? Eso no es revanchismo, eso es deber moral y una obligación
institucional.

Señorías, es necesario recuperar la memoria del
pasado, memoria que también nace del relato de las vivencias de las
víctimas y no para quedar atascados en el sufrimiento del pasado, ni
tampoco para quedar atascados en el rencor, sino como una proyección de
futuro, un futuro de reconciliación que refuerce la democracia como
garantía de no repetición de unos hechos que nunca debieron ocurrir. He
oído a lo largo de esta mañana repetir varias veces que la transición fue
un pacto de perdón, que la transición fue generosa. Sí, la transición fue
muy generosa con la derecha, a quienes muchas veces cubrieron de honores
y prebendas, pero la derecha fue tremendamente miserable con los
perdedores, que fueron represaliados, inhabilitados y desterrados.
(Aplausos). Recuperar la memoria de aquellos hechos, independientemente
de la afiliación política de quienes los sufrieron y de quienes los
perpetraron, debe ser un ejercicio como base de convivencia y como
impulso de los valores éticos y principios democráticos. Porque sí,
sufrimiento hubo en los dos bandos. Todas las víctimas son iguales. Pero
no todos tuvieron la misma reparación ni reconocimiento. Los sublevados
tuvieron memoria y a los vencidos se les desterró al olvido. Reclamar que
se devuelvan los bienes expoliados no es revanchismo, eso es justicia.
Reconocer y reparar a las personas que fueron represaliadas por tener una
identidad sexual diferente o a aquellas que tuvieron que exiliarse a
causa de la persecución de los poderes dictatoriales, eso no es
revanchismo, eso es justicia.

No deja de ser llamativo también que a lo largo
de esta mañana hayamos oído aludir a que esta Ley de memoria democrática
no ampara a las víctimas de ETA, queriendo dar a entender que esta ley es
sectaria, que es una ley selectiva con las víctimas. Como afiliada y
representante del Partido Nacionalista Vasco tengo que decir que el
compromiso de mi partido, de todos los que conformamos este partido, con
las víctimas del terrorismo y la exigencia de reconocimiento del daño
causado a quienes ejercieron la violencia, y también a quienes la
encubrieron, ha sido claro y rotundo. Y, sabiendo, como saben todos
ustedes, que las víctimas del terrorismo tienen su propio marco
regulatorio, mezclar e intentar confundir creo que es una actitud
absolutamente rastrera y vil.

Señorías, si queremos fortalecer la cultura
democrática frente a los discursos negacionistas, excluyentes e
intolerantes, hay que construir la memoria con el conocimiento de lo
sucedido, por muy desgarradora que sea esa verdad. Y con el pleno
convencimiento de que solo la verdad puede contribuir a la reconciliación
social y al asentamiento de los principios y valores que sustentan la
convivencia democrática. Consideramos, por tanto, que esta ley es
necesaria y oportuna para dignificar la memoria de quienes lucharon por
la libertad y la democracia; de quienes fueron víctimas olvidadas,
represaliadas, durante la Guerra Civil y la dictadura, e, incluso en años
posteriores, expoliadas, perseguidas, enjuiciadas sin garantías y
condenadas por motivos ideológicos, de creencia religiosa, u orientación
sexual. Esta ley es necesaria porque supone un compromiso social y
político con la recuperación de la verdad, el fomento de la justicia y la
reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del totalitarismo
franquista, como garantía también de no repetición.

Por ello, como he dicho al comienzo de mi
intervención, respecto a los cuatro vetos que se han presentado, desde
luego, mi grupo votará en contra de todos ellos.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

¿Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones).
No tomarán la palabra en este turno. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tomará la
palabra su señoría Rallo Lombarte.

El señor RALLO LOMBARTE: Gracias.

Señor presidente, señorías, España es una
democracia avanzada y moderna. La Constitución del 78, un ejemplo de
compromiso, de consenso y de concordia. Y la transición, una historia de
éxito en la que los socialistas fuimos decisivos y donde no estaban
precisamente muchos de los que a día de hoy se les llena la boca hablando
de la transición. (Aplausos). Ni traición de los valores de la transición
ni ruptura del pacto constitucional. Los socialistas, ahora y siempre,
con la Constitución; con la de 1978 y con la de 1931, la que violentaron
en 1936 militares, felones y facciosos. (Aplausos). Y porque España es
una democracia ejemplar, señorías, en 2007, una ley Zapatero, una ley
puro Zapatero, recuperó parte de nuestra dignidad histórica, la Ley de
memoria histórica a la que hoy sucederá una ley histórica para la
memoria. Una ley que hace historia porque hoy sí, señorías, hacemos
historia. Hoy aprobaremos una ley necesaria y oportuna. Más de cien mil
españoles siguen en fosas y cunetas. Una indignidad insufrible.
(Aplausos). Y mientras siguen abochornándonos misas y manifestaciones
nostálgicas cada 20 de noviembre; o se violenta el recuerdo de españoles
ilustres como Largo Caballero, o Prieto; o el PP proclama el presupuesto
cero euros para la memoria; o se retira del cementerio de Madrid el
memorial en honor a los fusilados por el franquismo. Sí, señorías, hoy
más que nunca, esta es una ley necesaria y oportuna. Por eso votaremos en
contra de vetos preñados de nostalgia, de negacionismo, de oportunismo, y
de mentiras, de enormes mentiras.

La extrema derecha, Vox, nostálgica del
franquismo, con un relato desacomplejado, ofensivo, hiriente, insensible
e inhumano, no tendrá hoy respuesta socialista; no merecen respuesta; no
bajaremos al agujero negro en el que a ustedes les ha colocado la
historia. (Aplausos); no respiraremos el hedor que envuelve ese relato
negacionista y revanchista. Y a la derecha, al Partido Popular le digo
que su relato es igualmente hiriente, insensible e inhumano. Y preñado de
mentiras de enorme calibre. Parecía que algo había cambiado, que habían
abandonado el discurso ruin de sus camisas viejas los que se burlan y
burlaban de las víctimas, vinculando memoria y subvenciones.

Yo estoy seguro de que muchos de ustedes habrán
viajado alguna vez a París. Habrán visto en cada calle, en cada colegio,
una enorme placa que dice lo siguiente: 11 400 niños de Francia fueron
arrestados por la policía francesa por orden del Gobierno de Vichy,
cómplice activo de la ocupación nazi, deportados y asesinados en los
campos de la muerte, en los campos de exterminio, por haber nacido
judíos. No los olvidaremos jamás. En cada colegio. Eso es memoria,
memoria histórica, memoria democrática. Y estoy seguro de que ustedes se
emocionan cuando leen ese texto; sin embargo, no se emocionan ni les
conmueve, que, en ese mismo país, en el que ustedes lloran a las víctimas
de un holocausto, descansen los cuerpos de miles de víctimas de otro
holocausto, el holocausto español. (Aplausos). Españoles a los que cubre
el polvo de ese país vecino. Machado en Colliure, a 20 kilómetros de la
frontera, con su madre, siempre, con flores frescas. O Azaña, en
Montauban, apenas a hora y media de los Pirineos. Españoles que amaron a
España, a los que les dolía España, que fueron perseguidos por sus ideas.
Que piden, sin más, digna y definitiva sepultura para consuelo y paz de
sus familias, y también para dignificar la historia de nuestro país.

Hoy la derecha vuelve a perder la oportunidad
de estar en el lado decente de la historia. Ustedes tienen un problema
con su pasado. Un pasado no superado como herederos del franquismo. Y sus
vetos son un buen ejemplo. Estaban incómodos, se les notaba incómodos,
les faltaba un discurso, un relato digno y humano para negar fosas y
exhumaciones. Y ahora creen tener su tabla de salvación, equiparando
víctimas del franquismo y de ETA, denunciando contrapartidas a Bildu,
traiciones a la transición y al pacto constitucional. Un discurso
grosero, falaz, ruin y mezquino. Para ustedes, la ley ataca la transición
y la Constitución. Mienten a sabiendas, sin rigor y sin rubor. Lean
conmigo la exposición de motivos de la ley. Abro comillas: «La
Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político.
Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política y ha sido la
base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro
país». Cierro comillas, señorías. Y si les parece poco, la ley proclama
como día de la memoria de todas las víctimas, el 31 de octubre, la fecha
en la que se aprobó en Congreso y Senado, la Constitución de 1978.

Otra falsedad. Dicen que la ley va contra la
Ley de amnistía. Léanse la exposición de motivos. La Ley de amnistía es
una reclamación histórica de la oposición antifranquista. El artículo 2
no deja lugar a dudas. Reafirma la vigencia, sin más, de la Ley de
amnistía. Los socialistas, sin complejo alguno, hemos rechazado todas las
enmiendas que pretendían su derogación total o parcial. Y la última,
señorías, la más obscena de sus mentiras. Afirman que esta ley pretende
investigar a los Gobiernos del PSOE hasta 1983. ¿Se puede construir un
relato más mezquino y ruin? Lean el artículo primero de la ley. Abro
comillas: «La vigencia de esta ley de memoria empieza el 18 de julio
de 1936 —para algunos de ustedes seguramente todavía la fecha del
alzamiento— y acaba el 31 de diciembre de 1978, con la entrada en
vigor de la Constitución». Punto. ¿Lo necesitan más alto o más claro? Y
la disposición adicional decimosexta dice lo que dice. Y nada más. Léanla
conmigo, señorías. Abro comillas: «El Gobierno designará una comisión
técnica que elabore un estudio para la vulneración de los derechos
humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia
hasta el 31 de diciembre de 1983». A personas por su lucha por la
consolidación de la democracia. ¿De quién estamos hablando, señorías? ¿De
quién estamos hablando? Es verdad que su presidente, Aznar, los llamaba
movimiento de liberación nacional. Nosotros, los socialistas, siempre
hemos visto en ETA a terroristas que asesinaban y amenazaban nuestra
democracia. (Aplausos). Es perverso este burdo intento de manipulación
del Partido Popular. Un insulto auténtico a la inteligencia. Luchadora
por la democracia fue la asesinada Yolanda González en 1988, como antes
lo fueron los abogados de Atocha. Se lo dije antes, mienten, a sabiendas,
sin rigor y sin rubor. Ni concesión a Bildu, ni traición a víctimas de
ETA, ni traición a la transición, ni ruptura del pacto constitucional, ni
revancha, ni venganza, ni rencor. El rencor que nunca existió en la
España represaliada, la del exilio, la de las cunetas, la de los
paredones. Porque si alguna vez pretendieron el desquite, su desquite, lo
encontraron. Lo encontraron un 15 de junio de 1977, cuando a este país
volvieron las alamedas de la libertad, cuando las urnas se llenaron de
democracia porque los demócratas, señorías, logramos las victorias en las
urnas.

Señorías, la Ley de memoria democrática es, ni
más ni menos, que orgullo de país y defensa de su dignidad y de su
decencia.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Abordamos, a continuación, el debate de las
enmiendas. Para la defensa de las enmiendas 1 a 6, tiene la palabra su
señoría, Sánchez López, del Grupo Parlamentario Democrático.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Sí, señor presidente.
Desde el escaño, doy por defendidas las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 229 a 241, 243
a 375 y 377 a 386, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene
la palabra su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Bien sabe
dios mi inocencia en el grave asunto que se ventila, y por cuyo desenlace
me asaltan graves temores. Pero acato gustoso la divina voluntad y me
someto a sus designios, perdonando de todo corazón a los que me colocan
en semejante trance. No sé la suerte que me espera, pero si dios me llama
a su lado, hago con gusto el sacrificio de mi vida y para que mi sangre
sacie la ira de los hombres y reine la paz. Son las palabras que una
persona escribía en noviembre de 1936, dos, o tres, o cuatro días, como
mucho, antes de su fusilamiento, en una carta que milagrosamente llegó a
su familia. Era mi aitona, José Antonio Urionabarrenetxea. En Geroa Bai
pensamos que esta ley debería actuar como la confirmación unánime de
todos los grupos del Senado de nuestro rotundo rechazo al uso de la
violencia para conseguir réditos políticos. Parecería que todos los
grupos estamos de acuerdo en esto, pero, vista la actitud, la acritud,
con la que se hablaron PP y PSOE en la Comisión Constitucional, hoy lo
pongo en duda. Basta con escuchar las palabras que aquí se han dicho hoy
también para constatar que, aunque a todos ustedes o a la mayoría de
ustedes, se les llena la boca de grandes palabras cuando hablan de la
transición y de la Constitución, lo cierto es que aquel supuesto abrazo
de reconciliación entre españoles, no fue tal. Y, por eso, en Geroa Bai
decimos que la fecha de 1978, como límite temporal que el portavoz de
esta ley, el portavoz socialista, ha calificado rimbombantemente de ley
histórica de la memoria democrática, es una fecha trampa. Y lo decimos
con mirada limpia, sin rencor, ni odio, con humildad, pero con firmeza.
En Geroa Bai no damos por bueno el marco temporal de esta ley. La
aprobación de la Constitución en el 78, bien pudo haber sido la fecha que
ofreciera garantías de no repetición, en cuanto que pudo haber supuesto
un punto y final en una larga historia de violaciones de derechos
humanos. Pero no fue así, porque las violaciones de derechos humanos en
el Estado han continuado hasta no hace mucho. De hecho, en 1983, cinco
años después, personas concretas del Gobierno español, en manos del
Partido Socialista, y seguramente con el conocimiento de personas
concretas del partido mayoritario de la oposición, crearon el GAL, grupo
autor de unos 27 asesinatos, varios secuestros y torturas. Su último
crimen ocurrió en 1989, cuando un paquete bomba, que no iba dirigido a
él, acabó con la vida del cartero de Rentería Juan Antonio Cardoso
Morales. Personas concretas lo crearon y personas concretas lo apoyaron y
jalearon. Personas concretas crearon, en 1958, la organización ETA,
autora, desde 1968, de más de 850 asesinatos, unos 2600 heridos, cerca
de 90 secuestros y miles de chantajes. Su último crimen fue en 2010, el
perpetrado contra el miembro de la Policía Nacional francesa Jean-Serge
Nérin, un año antes de que ETA anunciara, el 20 de octubre de 2011, su
abandono de la lucha armada terrorista. Personas concretas la crearon y
personas concretas la apoyaron y jalearon.

Por otro lado, el informe final sobre el
proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco
entre 1960 y 2014, elaborado y dirigido, entre otros, por el conocido
forense Paco Etxebarria, que hoy trabaja para el Gobierno de España en
temas de memoria, aclara que el número total de denuncias de torturas
registradas, 4113, es inferior al real y que los tres últimos casos son
de 2014. Dice el informe que las víctimas de torturas y malos tratos no
han recibido el reconocimiento y la reparación debidos, por lo que está
en juego la credibilidad del discurso democrático. Y fueron personas
concretas quienes torturaron y personas concretas quienes lo permitieron,
apoyaron y jalearon. ¿Entienden ustedes ahora por qué proponemos ampliar
el marco temporal de la ley? La exigencia de verdad va unida a la
facilitación de la investigación histórica y a la elaboración del censo
de víctimas, sí, y de victimarios porque las víctimas no han sido
fenómenos naturales, las víctimas no han surgido espontáneamente de la
nada, sino que personas concretas las convirtieron en víctimas y es
necesario conocerlas, así como la cadena de mando y sus motivaciones.
Estoy seguro y convencido de que Maixabel Lasa está de acuerdo conmigo en
esto porque ella también vive sin rencor ni odio. Con mirada limpia, con
humildad, pero con firmeza quiso conocer al asesino de su marido y los
motivos que le llevaron a asesinarle; un ejemplo para todas y todos.

Fueron personas concretas, no fueron ni los
españoles ni los vascos ni los fachas ni los rojos. Por cierto, tampoco
todos los curas fueron del bando nacional, sino que hubo curas asesinados
en el otro bando. Personas concretas; personas concretas fueron quienes
cometieron los crímenes, personas concretas quienes los animaron,
personas concretas los chivatos que acusaron, personas concretas quienes
hicieron los seguimientos, personas concretas quienes ordenaron los
crímenes, personas concretas quienes los ejecutaron, personas concretas
quienes los aplaudieron. ¿Entienden ustedes ahora por qué proponemos que
se haga un censo de víctimas, sí, pero también de victimarios? ¿Y
entienden que lo hagamos con mirada limpia, sin rencor ni odio, con
humildad, pero con firmeza? ¿Tan difícil es entender esto?

Por cierto, he escuchado voces que dicen que,
gracias a la disposición adicional decimosexta, se podrían investigar
supuestas vulneraciones de derechos humanos hasta 1983 y, por tanto, los
asesinatos de Lasa y Zabala. Les voy a decir la verdad. Yo me disgusté
porque, si fuera así, el asesinato de Mikel Zabalza, en 1985, no podría
ser investigado, pero ya lo han aclarado los portavoces socialistas. No,
tampoco Lasa y Zabala entrarán en ese estudio, fundamentalmente, porque,
al ser considerados miembros de ETA, no son merecedores de esa
investigación. No sé, quién sabe si eran miembros o no, pero ahí lo dejo.
Señorías, no es aceptable que en un Estado democrático se siga intentando
ocultar a la sociedad lo que es una verdad a gritos. Si el arco temporal
de la ley no se modifica, el asesinato de Mikel Zabalza, ¡que no era
miembro de ETA!, seguirá siendo secreto de Estado hasta que alguien,
muchos años después —y ya son casi cuarenta años, cuarenta largos y
despiadados años—, hasta que en ese momento alguien decida que ya
puede saberse oficialmente lo que toda la sociedad sabemos: Mikel no era
ningún peligro para el Estado. ¿A qué viene querer seguir ocultando todo
lo relacionado con su asesinato? Y lo pregunto sin rencor ni odio, sino
con mirada limpia, con humildad, pero con firmeza.

Aplaudimos, ¿cómo no?, todo lo que la ley
recoge respecto a los juicios franquistas y al reconocimiento honorífico
de las víctimas, pero las víctimas también tienen derecho a la reparación
económica, algo que la ley que hoy debatimos impide. Eso no es reparación
y sin reparación no hay justicia. Por eso, proponemos la reparación
integral en nuestras enmiendas y dejamos abierta su interpretación para
que lo acuerden caso a caso, si es necesario, entre las autoridades y las
víctimas, que son, o deberían ser, los principales destinatarios de esta
ley.

Llamamos la atención sobre la desmemoria de la
ley respecto de todas las actuaciones que se han desarrollado en algunas
comunidades autónomas al respecto. En Navarra, la consejera de Geroa Bai,
Ana Ollo, ha venido liderando, desde 2015 —cuando ustedes nos
criticaban mucho—, junto con diversas asociaciones memorialistas,
políticas públicas de memoria, paz y convivencia, financiando
exhumaciones, abriendo el banco de ADN, impulsando las escuelas de
memoria, y ahora ya, con el Gobierno liderado por el PSN, desarrollando
la Ley foral de reconocimiento y reparación de víctimas por actos de
motivación política provocados por grupos de extrema derecha o
funcionarios públicos. Esta ley, por cierto, fue recurrida al Tribunal
Constitucional.

Señorías, a nadie en Navarra se le escapa la
importancia, de cara a la memoria, de dos edificios que ahora paso a
comentar. Uno de ellos es la segunda edificación más importante en el
Estado, por detrás del Valle de los Caídos, de ensalzamiento del golpe
militar del 36, el edificio popularmente denominado de Los Caídos en
Iruña. Este edificio, hasta 2016, albergaba los restos de los golpistas
Mola y Sanjurjo y en él se han venido celebrando, hasta hace muy poco,
actos de homenaje en su honor, con la bendición de los dirigentes de la
Iglesia católica. Las autoridades políticas deben tener vía libre para
decidir democráticamente qué hacer con esos edificios, su demolición o su
resignificación total o parcial, así como para impedir en ellos
celebraciones, políticas o religiosas, de exaltación franquista. El otro,
el mayor y mejor edificio civil de Navarra, el Fuerte de San Cristóbal,
en el monte Ezkaba, está abandonado y deteriorándose desde 1993. El
fuerte, que nunca cumplió su objetivo primigenio, el de defender Pamplona
de las invasiones, fue utilizado como cárcel de más de 6000 presos
políticos hasta 1945. En él se produjo, en mayo de 1938, la mayor fuga de
presos ocurrida en Europa: de los 2487 presos que en aquel momento había,
consiguieron huir 795; solo alcanzaron la libertad tres. Fueron
asesinados 216 tras ser localizados y hay todavía unos 150 en paradero
desconocido. De ahí que la ruta que utilizaron en su desesperada huida
fuera catalogada como lugar de memoria por el Gobierno de Navarra en 2019
y está siendo utilizada, hoy en día, como escuela de memoria. Pues bien,
resulta que esta ley promueve que, en el plazo de un año, mediante
convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra, se proceda a la
declaración del fuerte como lugar de memoria. Recuerdo positivamente
—porque a mí también se me hizo la oferta— que el ejército
español ha pretendido varias veces ceder, regalar, incluso vender el
fuerte a precio de saldo, a precio de bazar chino, a distintas
instituciones navarras —Gobierno, ayuntamientos, Nasuvinsa—,
no se vayan a creer ustedes que lo hacen llevados por otra cosa que no
sea, estoy convencido, el enorme coste de su mantenimiento. Ahora,
algunos de los promotores de la ley nos quieren hacer creer que se trata
de un gran triunfo para la ciudadanía de Navarra y se ponen la medallita
de defensores de la memoria. Por cierto, ninguno de los promotores de la
ley y de este punto en concreto se ha puesto en contacto con el Gobierno
de Navarra para hablar del tema. Dados el estado y la ubicación del
fuerte, sin su financiación, que he cifrado como la ciframos en 2015,
en 35 millones de euros, y seguramente nos quedamos cortos, no serían
posibles ni su recuperación ni su salvaguarda ahora ni, mucho menos,
actividades de difusión de la memoria que la ley menciona en el
futuro.

Para terminar, lo que exigimos al Estado, de
cara a conseguir verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición se lo exigimos también en Geroa Bai al mundo de la llamada
izquierda abertzale porque también personas concretas de ese ámbito han
cometido violaciones de derechos humanos hasta hace muy poco. De la misma
manera que algunos franquistas se convirtieron en supuestos demócratas de
la noche a la mañana, algunos miembros de esa organización han pasado del
ETA mátalos, jota ke irabazi arte, Aldaya paga o calla, incluso del tiro
en la nuca, a convertirse en supuestos adalides de la paz y la
democracia. Señorías, las víctimas de ETA tampoco pueden ni deben esperar
a que pasen ochenta años o más para conocer la verdad y recibir justicia
y reparación. Este es el momento.

Señorías, puede que esta sea la última
oportunidad para la auténtica reconciliación. Si no avanzamos serena pero
firmemente, estaremos, de nuevo, ante una ocasión perdida más en el
trabajo por conseguir una gestión integral de la memoria, algo que
consideramos absolutamente necesario para una deseable convivencia real
entre personas concretas, todas y todos nosotros, dispuestas a conocer y
a asumir la verdad sanadora, que, como una purga, nos limpie, nos cure a
todas y todos, nos haga más libres y humanos, individual y
colectivamente. Si no lo hacemos así, seguirá habiendo quienes no
reconozcan que aquello ocurrió; seguirá habiendo quienes digan que
aquello fue horrible, pero que pasó hace mucho tiempo y lo mejor es pasar
página y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido; otros dirán que
algunos atropellos a los derechos humanos eran necesarios porque eran de
respuesta a otros atropellos; y habrá quienes quieran hacernos creer que
no debió ocurrir, que dejaron las armas hace ya 11 años y que lo mejor es
pasar página y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Todas ellas
son salidas en falso. Desmemoria, una vez más. En Geroa Bai seguiremos
defendiendo, con mirada limpia, sin rencor ni odio, con humildad, pero
con firmeza, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición. La memoria es mirar atrás, efectivamente, pero para avanzar
juntos hacia un futuro mejor para todas y todos. Las víctimas y la
sociedad lo necesitamos.

Quiero terminar diciendo que, hace unos días,
en mi familia hemos conseguido, gracias a la labor de Intxorta 1937, un
documento que nos remite el Ministerio del Interior, 86 años después, en
el que dicen que a mi aitona se le acusó de auxilio a la rebelión,
espionaje y fabricación de armas contra el ejército nacional. Mi aitona
estuvo desaparecido mucho tiempo; el certificado de defunción está
firmado tres años después; no sabemos si fue sumariamente ejecutado, si
tuvo juicio o no y tampoco sabemos dónde está su cadáver. De todos modos,
de mi aitona aprendí a no tener ni rencor ni odio. De esa carta de mi
aitona aprendí a no tener ni rencor ni odio, a defender tranquilamente
mis ideas, y es lo que he hecho hoy aquí.

Eskerrik asko, aitona. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 387
a 473, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la
palabra su señoría Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president.

Tened presente el hambre, recordad su pasado
turbio de capataces, que pagaban en plomo aquel jornal al precio de
sangre cobrado, con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre
paseaba sus vacas exprimidas, sus mujeres resecas, sus devoradas ubres,
sus ávidas quijadas, sus miserables vidas frente a los comedores y los
cuerpos salubres. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener
hambre es la cosa primera que se aprende y la ferocidad de nuestros
sentimientos allá donde el estómago se origina y se entiende. Miguel
Hernández, El hambre, de El hombre acecha. Miguel Hernández murió en
marzo de 1942, condenado a pena de muerte, pero muere con tuberculosis en
la cárcel de Alacant, donde estuvo preso por ser demócrata. Fue uno de
los miles y miles de españoles y españolas que murieron o fueron
asesinados o fueron víctimas de crímenes de un régimen genocida.

Miguel Hernández habla del hambre. El hambre ha
sido siempre historia de la humanidad; siempre ha habido gente que ha
sufrido hambre, que ha muerto de hambre. El hambre es la necesidad de
comer y, en este mundo desde que es mundo, hay gente que tiene tanto que
no necesita y hay gente que no tiene qué comer. Y el hambre no es
solamente algo físico, sino que también es el hambre de vivir con
libertad o de vivir con dignidad. La España de 1931 es la España que
también tenía hambre. Había demasiada gente con los estómagos vacíos
mientras unos pocos acumulaban más allá de sus necesidades para esta vida
o, incluso, para millones de vidas. Dirán que esto siempre ha sido así y,
por eso, hace cerca de noventa años, una generación de ciudadanos y
ciudadanas decidió que no quería que sus hijos continuasen pasando
hambre, que era hora de que las cosas cambiasen, que los del hambre, los
nadie, los nada, no fuesen un simple número. Jornaleros semiesclavos,
mujeres sumisas y deslomadas por trabajar en los campos y en las casas,
peones explotados, trabajadores sin derechos;






un buen día, dijeron que ya
estaba bien y que eso tenía que cambiar, que la tierra debía ser para
quien la trabajara, y se impulsó una reforma agraria nunca vista antes;
que las hijas y los hijos de la gente con hambre también tenían derecho a
ir a las escuelas, y se crearon miles de escuelas por toda la geografía;
que las mujeres eran tan ciudadanas como los hombres y tenían derecho a
votar; que España solo tenía sentido si era plural, y se iniciaron los
primeros estatutos de autonomía —a algunos no nos dieron tiempo a
terminarlo los fascistas—; que la religión debía ser algo del
ámbito personal y no un instrumento de sometimiento de la gente; que
casarse o separarse se pudiera hacer con libertad; que todas las personas
teníamos el mismo valor como seres humanos. Fue un experimento de
justicia social, de equidad y de avances. El Estado español, en aquella
época, fue vanguardia en todos los ámbitos. De repente, los nadie, los
nada, eran protagonistas de su vida. La democracia real llegó a los
ayuntamientos y a las Cortes Generales y experimentó nuevas formas de
gobierno. Para que los de abajo pudiesen comer y vivir con dignidad, los
de arriba debían acumular un poco menos de riqueza y un poco menos de
privilegios, y eso ocasionó que quienes querían seguir viviendo con
privilegios diesen o colaborasen con un golpe de Estado. Este golpe de
Estado trajo una guerra, ocasionada por los que no querían la democracia
y la justicia social; fue un golpe de quienes querían seguir viviendo con
sus privilegios. Esa guerra duró. Fue una guerra del pueblo contra el
fascismo. A la España democrática vinieron cientos de demócratas
antifascistas para ayudarla, que eran los brigadistas internacionales, y
a los fascistas se les unió el nazismo alemán y el fascismo italiano, que
usaron a nuestra gente y a nuestros pueblos como campo de prueba de su
guerra mundial. También, ganó el fascismo por la cobardía de las
democracias europeas, como Francia o Reino Unido, que prefirieron dejar
morir a la España democrática para no molestar al fascismo, pero luego
vieron el alto precio que pagaron por ello. Con la llegada del fascismo,
se instauró un régimen criminal, asesino y genocida, que se dedicó a
matar, eliminar, castigar, torturar y arruinar de por vida a los y las
demócratas. Es cierto que otros países han sufrido dictaduras, pero la
diferencia con España es que esta murió en la cama, dejándolo todo atado
y bien atado, dejando bien sembrados sus rizomas en todos los estamentos:
el judicial, el político, el social, el mediático, en la Jefatura del
Estado o en el ejército. Así, muerto el asesino, pero vivo el franquismo,
con el miedo de los sables, se firmaron pactos de silencio, de amnesia,
de rendición, para no intentar cicatrizar heridas, sino taparlas con
esparadrapo o dejarlas a la vista. Para qué buscar en aquella época
justicia cuando era mejor mirar hacia otro lado, no sea que volviesen a
asesinar a los demócratas. Para qué intentar buscar reparación en aquella
época, para qué buscar memoria y justicia, si lo más cómodo era intentar
salvar el pellejo y salir corriendo hacia delante. Así se aceptó una
monarquía corrupta, siempre, porque corruptos han sido todos los borbones
desde el primero. Así se aceptó una Ley de amnistía o de amnesia. Así se
aceptó que ministros franquistas pudiesen crear partidos políticos y
accedieran a las Cortes Generales, en lugar de ir a la cárcel, que es
donde deberían haber estado. Así se aceptó que todo continuase igual o
casi igual, que los demócratas continuasen en las fosas anónimas y los
asesinos en mausoleos públicos, y prueba de ello es que Franco continúa
enterrado en un mausoleo público pagado con dinero público, ya que todos
los meses nos cuesta cantidades importantes de dinero en seguridad y en
mantenimiento.

Pasaron los años de silencio, de olvido, de
rendición y los de siempre continuaron mandando. Se intentó en 2007 hacer
una ley tímida en busca de reconocimiento. Hoy tenemos una nueva ley
sobre la mesa, que es un pequeño avance respecto a la de 2007, pero
entendemos que es insuficiente. No va a existir justicia para las
víctimas mientras no sean consideradas todas como víctimas. No puede
existir justicia con una Ley de amnistía que amnistía a los criminales;
no puede existir justicia si no se declara ilegal e ilegítimo,
completamente ilegítimo, el franquismo, sus instituciones, sus tribunales
y todas sus sentencias y si no se repara íntegramente a sus víctimas. Hoy
los fascistas de esta Cámara han vuelto a insultar a la memoria de las
víctimas del genocidio franquista, y es normal, son sus herederos
políticos, ideológicos y algunos incluso familiares. Yo prefiero ser
heredero de comunistas, por ejemplo, que lucharon por la democracia
durante toda la represión, de socialistas, anarquistas, valencianistas,
de todos los istas de los pueblos del Estado, de republicanos, de
demócratas víctimas del fascismo; prefiero ser heredero de la memoria de
las personas víctimas de la desaparición forzada durante la Guerra Civil
y la dictadura franquista; prefiero ser heredero de los que duermen
esperando justicia y reparación en las cunetas como Federico García
Lorca, de las personas que fueron objeto de condenas dictadas por
tribunales ilegítimos instaurados por el golpe militar de 1936. Prefiero
ser heredero de las personas que se exiliaron, de las personas que por
demócratas padecieron confinamiento, torturas, muerte en campos de
concentración y exterminio en campos en países configurados políticamente
bajo el fascismo, de los muertos en las cárceles del franquismo, como
Miguel Hernández, de los religiosos asesinados por el franquismo por ser
demócratas, de los maquis que lucharon por la libertad, y la democracia
en este país, de los niños y niñas robadas por el franquismo, de las
mujeres humilladas, perseguidas, violadas, torturadas, asesinadas y
despojadas de todos sus bienes, de las personas que padecieron represión
por sus creencias políticas, religiosas, por su orientación sexual, por
su origen étnico, lingüístico o cultural. Prefiero ser heredero de los
presos usados como mano de obra forzada, tanto en los campos de
concentración del franquismo como del nazismo, de los empleados públicos
expedientados o depurados por ser demócratas, de aquellos maestros y
maestras de la república, de todas y cada una de la personas presas,
torturadas, expoliadas o asesinadas, de las personas, sindicatos,
organizaciones o partidos políticos expoliados, de las personas a las que
se les robó todo, incluso la vida, en muchos casos. De toda esa gente me
siento, y quiero sentirme heredero, y por ello reclamo justicia, verdad y
reparación, y en ese sentido van nuestras enmiendas. Enfrente tenemos a
los herederos del franquismo, del fascismo, de los crímenes de lesa
humanidad, a quienes vienen a decirnos a esta Cámara que fueron iguales
las víctimas que los verdugos; tenemos enfrente a quiénes quieren
blanquear a un régimen genocida o que enaltecen la transición con la
impunidad de los crímenes que llevó aparejada, cuando estamos hablando de
crímenes de lesa humanidad, que se intentaron tapar durante esa
transición imperfecta. A ellos, obviamente, no vamos a pedirles que
rectifiquen, que acepten enmiendas ni que mejoren esta ley, pero a esos
partidos que mantienen siglas históricas, esas siglas por las que
lucharon y perdieron la vida miles de demócratas, quiero recordarles que
esta ley no hace justicia a su memoria, que aceptar enmiendas como las
que hemos presentado no es ir a la baja, es mejorar esta ley, y esto no
va de una semana. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia). Si se acepta una sola enmienda, lo que pasará es que la ley
tardará una o dos semanas en ser aprobada y ratificada por el Congreso;
pensamos que después de cuarenta años no va de una semana y podemos hacer
una ley mucho mejor de la que ha venido aquí. Por eso, le pedimos a estos
partidos que hay que ser valientes y no poner otro parche ni otra media
medida a medio camino de la nada. Sabemos que los herederos del
franquismo siempre nos tendrán en contra y, por ello, es ahora cuando
toca tener un poco de valentía en esta Cámara, porque los números dan, y
romper de una vez con el régimen. Nosotros no hemos venido aquí a reabrir
heridas; queremos cerrar las que continúan abiertas; no venimos aquí con
ánimo de revancha; venimos con ánimo de justicia; no venimos con ánimo de
venganza, sino que queremos reconocimiento y reparación de aquellos que
quisieron un mundo más justo, de aquellos que se atrevieron a intentar
que sus hijos no padecieran el hambre que ellos padecieron, el hambre de
comer y el hambre de libertad, de aquellos que llevaron un mundo nuevo en
sus corazones, de aquellos demócratas asesinados; de aquellos a los que
han querido olvidar, de todas las víctimas del franquismo, de todos los
que continúan alimentando lluvias, caracolas y órganos al dolor sin
instrumentos a las desalentadas amapolas. No hay rencor, pero tampoco hay
olvido ni perdón, porque para que haya perdón lo primero que se ha de dar
es que los responsables lo soliciten y que asuman su responsabilidad, y
aquí hemos visto demasiada impunidad, demasiadas ganas de blanquear un
régimen genocida y demasiada autoinculpación de grupos políticos. Hoy lo
hemos visto, queda mucho fascismo todavía en el Estado español y en las
Cortes Generales. Contra ello continuaremos trabajando, porque, junto con
las asociaciones memorialistas, que hoy se irán un poco también con esa
sensación de no haber llegado todo lo lejos que hacía falta llegar,
tenemos el compromiso de continuar trabajando por la verdad, la justicia
y la reparación. Hoy, mañana y siempre: salud y república.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 474 a 495,
tiene la palabra el senador Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.

Memòria, justícia i reparació. Memoria,
justicia y reparación. Algunos querrían que estas palabras fueran
palabras vacías, y no lo son. Cada vez que hacemos memoria, justicia y
reparación, hacemos un poquito mejor nuestra sociedad; cada vez que
hacemos memoria, justicia y reparación somos un poco mejores. Les voy a
poner dos ejemplos que he vivido en primera persona. Soy de Esporles, uno
de los municipios de la isla de Mallorca que sufrió más la represión
franquista por el hecho de ser de los primeros pueblos donde la
revolución industrial llegó, donde las industrias tenían más presencia;
en un pequeño pueblo de la Serra de Tramuntana teníamos sindicatos
propios con la capacidad de construir la Casa del Poble, una casa
cultural, una casa donde se enseñaba a leer a los trabajadores, donde se
leían los periódicos para que todo el mundo estuviera informado, donde se
daba cultura, donde había diversión, donde había un lugar de encuentro
para el intercambio de ideas políticas, para debatir de democracia, un
lugar que era demasiado peligroso para los que vinieron después. Ese
lugar acabó, por desgracia, en manos del fascismo; acabó, por desgracia,
en manos del Estado; acabó, por desgracia, siendo cenizas de lo que un
día fue. Tuve el honor de trabajar como concejal durante 12 años en este
ayuntamiento de Esporles y teníamos claro que teníamos que hacer memoria,
justicia y reparación con nuestros abuelos. Por eso, trabajamos de forma
incansable, pero tuvimos que pasar la vergüenza de tener que comprar esa
Casa del Poble, esa casa de la cultura, esa casa que construyeron
nuestros abuelos para enseñar a leer a sus compañeros, con nuestros
impuestos; se la tuvimos que comprar al Estado con los esfuerzos del
ayuntamiento, al Instituto Nacional de Crédito, porque la pusieron en
venta, para evitar que se convirtiera en un supermercado; nuestra
historia, nuestro pedazo de historia se iba a convertir en un
supermercado. La compramos con muchísimo esfuerzo, con el esfuerzo de
mucha gente, la rehabilitamos y la volvimos a abrir en 2018; la abrimos
de forma festiva, con nuestros abuelos presentes, con gente emocionada, y
con el himno de Riego. Ese día se hizo justicia, memoria y reparación.
Los nietos de esos trabajadores que habían sido asesinados,
represaliados, habían vuelto a abrir su casa de cultura; y hoy vuelve a
ser un centro de aprendizaje, un centro de teatro, de música, de alegría
y de cultura, algo que para los fascistas es peligroso. Una de las
personas que fue clave en todo ello fue el alcalde republicano Tomás
Seguí, el alcalde republicano de Esporles, que era una persona
trabajadora, una persona humilde, una persona que, como muchos, emigró a
Cuba a trabajar para conseguir llevar alimento a su casa, una persona que
tuvo que autoformarse, una persona luchadora, una persona que se desvivió
para que hubiese educación, para traer el agua al pueblo, para que todos
pudieran mejorar su situación. Su crimen: ser republicano y, por eso, fue
asesinado en 1937, después de haber sido perseguido durante más de un
año, escondido durante muchísimo tiempo. Lo asesinaron y lo tiraron
vilmente a un pozo cerca del cementerio de Porreres. Lo tiraron, sí,
vilmente.

En 2018 tuve el honor de participar como
miembro del Govern de les Illes Balears en la reapertura de la fosa de
Porreres; fue de las imágenes más duras que he visto en mi vida: cuerpos
de gente vilmente tirados, cadáveres acumulados uno encima del otro; los
arqueólogos iban quitando esos huesos y los iban identificando; los
familiares iban pasando a hacerse las pruebas de ADN. Ese fue uno de esos
momentos duros que uno vive. Tuvimos la suerte de que, entre otros,
encontraran a Tomás Seguí; lo identificamos, y así Tomás Seguí, sesenta
años más tarde, volvió a Esporles, volvió al pueblo que lo vio salir de
noche en un camión que lo llevó a la muerte. Volvió a Esporles con todos
los honores y la alcaldesa actual, la primera mujer alcaldesa, la
alcaldesa más joven de les Illes Balears, lo recibió dándole a esos
restos la vara de mando, dándole sepultura al lado de su madre, como
habría querido él, cómo su hijo, exiliado en Francia, nos pidió. Eso es
memoria, justicia y reparación y eso ha hecho de Esporles, mi pueblo, un
pueblo un poco mejor, y ha hecho que los jóvenes y la gente sepa qué pasó
y tenga conciencia de la realidad.

De esto va esta ley, no va de lo que hemos oído
toda esta mañana, va de avanzar, de hacer una sociedad más justa, una
sociedad muchísimo mejor. Tomás Seguí antes de morir escribió a su mujer:
Orgulloso de haber sido perseguido por tener el ideal de justicia y
bondad. Con esa bondad trabajamos todos para avanzar ahora en Esporles y
con eso cerramos heridas, pero las heridas hay que abrirlas y curarlas
para volver a cerrarlas, y no vale pasar página y tirar hacia el olvido.
Evidentemente, seguiremos trabajando, y como sabía que me iba a emocionar
me he puesto un trozo de una canción alegre de Txarango: Venim a capgirar
la història. No deixarem de caminar. Per la memòria dels que van lluitar
primer. Per les que vindran demà. Por los que lucharon en el pasado y por
los que vendrán mañana, seguiremos caminando. Con este espíritu vengo a
presentar estas enmiendas, con este espíritu de avanzar, de seguir
avanzando, porque tenemos la obligación de mejorar. Hicimos la Ley de
memoria histórica en 2007, nos quedamos cortos; hoy tengo la sensación de
que también nos quedamos cortos y no puedo irme, para no dejar atrás a la
gente que dejó tanto en el camino, sin intentar extraer de ustedes que me
aprueben enmiendas para mejorar ese texto, para tener un mayor bienestar
para esta sociedad.

Presentamos tres bloques de enmiendas; un
primer bloque ha sido consensuado con el Govern de las Illes Balears; las
enmiendas no las presenta este senador, las hemos consensuado las fuerzas
que formamos parte del Govern de las Illes Balears, entre ellas el
Partido Socialista. Por tanto, les pido que reconsideren su postura. La
primera, no puede ser que el monumento de la Plaça de S’Esplanada
en Maó, monumento a los fascistas, monumento que va en contra de la
memoria histórica aún siga en pie. No podemos permitir ese monolito en
Plaça de S’Esplanada en Maó, porque es una ofensa a todas las
víctimas del franquismo. No podemos más que pedir que el Fortí
d’Illetes sea un lugar de memoria. El Fortí d’Illetes fue un
centro de represión donde se encarceló a más de 400 personas. Durante los
años que funcionó más de 50 personas fueron fusiladas y muchos murieron
por las condiciones en que se encontraron. ¡Qué menos que reconocer que
es un sitio de memoria histórica! El Fortí d’Illetes no puede ser
considerado simplemente un lugar cualquiera, un sitio, un castillo, unas
ruinas, un parque, no, es un lugar de memoria y, por eso, pedimos que
ustedes lo reconozcan. También pedimos que Sa Feixina sea considerado un
monumento en contra de la memoria histórica. Sa Feixina es un monolito en
honor a la tripulación del crucero Baleares, que fue responsable de
asesinatos viles, de lanzar bombas a la gente que estaba huyendo de
Málaga; fue una espantada, mataron entre 3000 y 5000 personas. ¿Creen
ustedes que esa tripulación se merece tener un monolito en el centro de
Palma? Bombardearon también ciudades en el País Valencià. ¿Merece estar
en un lugar primordial de Palma ese monumento? No, eso va en contra de la
memoria histórica. No podemos consentir que Sa Feixina siga aún en
pie.

Señores del Partido Socialista, Emili Darder
fue alcalde republicano de la ciudad de Palma, un alcalde, por cierto,
católico, un alcalde de cultura mallorquinista, que da nombre a las
fundaciones del PSM, partido originario en el que yo milito. Emili Darder
luchó por la república, estuvo al lado de las personas más pobres, siendo
él una persona de condición acomodada, un médico de prestigio, y alcalde.
En el 37 lo fusilaron; su fusilamiento fue público y notorio, celebrado
con copas de champán por la burguesía de Palma. Su casa actualmente es el
lugar donde se encuentra el ejército español, ese mismo ejército que lo
sacó y lo fusiló. ¿No debería cederse ese espacio al Ayuntamiento de
Palma para hacer un monumento a la democracia, al recuerdo, a la memoria?
Lo hemos discutido en varias ocasiones aquí, la casa de Emili Darder no
puede seguir ocupada por los herederos de quienes lo mataron. Creo que
eso es de justicia. La ley lleva topónimos, habla de la cesión del
Palacio de la Cumbre de Donosti al ayuntamiento, habla del fuerte de San
Cristóbal. Eso se debe al buen trabajo de EH-Bildu. Ellos han conseguido
su objetivo y yo quiero ser como ellos, quiero conseguir mi objetivo,
quiero que mis lugares de memoria también estén presentes en esta ley.
Por eso decimos que esta ley es incompleta; hace un avance, pero se queda
corto. Quiero también conseguir que nuestros lugares de memoria
—aplaudo que los compañeros de EH-Bildu lo hayan conseguido—,
que los lugares de memoria de las Illes Balears estén presentes en esta
ley.

Un segundo bloque de enmiendas que presentamos,
señorías, no son mías, son de Memòria Històrica de Mallorca, la entidad
de referencia memorialística de las Illes Balears; son enmiendas técnicas
para respetar las competencias de las Illes Balears, enmiendas para
respetar más los derechos de las víctimas. No las voy a defender porque
las han hecho ellos; no es a mí a quién están negando con su voto que
estas enmiendas se aprueben, es a Memòria Històrica de Mallorca a quien
le están negando la aprobación de sus enmiendas; reflexionen sobre ello,
porque creo que es un flaco favor y un desprecio hacia las víctimas.

El tercer bloque de enmiendas las he firmado
junto a fuerzas amigas soberanistas y va sobre Vía Laietana. Aquí quiero
tener un recuerdo para mi compañero de partido, Miquel Roselló, que en su
juventud desgraciadamente conoció demasiado bien los sótanos de esa
comisaría. Por tanto, nosotros también pedimos que vuelva al Ayuntamiento
de Barcelona o pedimos que la Ley de amnistía deje de ser una realidad.
Tenemos que perseguir los crímenes de lesa humanidad, no puede haber
impunidad. Les voy a hacer, para finalizar, una recomendación: vayan al
cine, consuman cultura. Estos días pueden ir a ver a Ricardo Darín en la
magnífica película Argentina 1985. ¿Cuánto tiempo tardaremos, señorías
del Partido Socialista, en escuchar en los juzgados de España esa frase
de «nunca más»? ¿Cuánto tardaremos en oír en los juzgados de España que
un letrado pueda decir nunca más? Memoria, justicia y reparación, aún
estamos a tiempo de rectificar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 496 a 520,
tiene la palabra el senador Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, quiero sumarme a la bienvenida
y a los agradecimientos por acompañarnos esta mañana a todas las personas
represaliadas, a las asociaciones de familiares de víctimas de la
Dictadura y también de la Transición; porque hubo víctimas también
durante la Transición, mal que les pese reconocerlo a algunos.

Lo primero que quería decir —no me voy a
extender mucho porque luego tendré turno de portavoces y no quiero
alargar innecesariamente la intervención— es que me llama
poderosamente la atención que el Grupo Popular se haya esforzado tanto en
intentar convencernos de que lo que se está haciendo hoy en el Senado es
poco menos que abolir el régimen constitucional de 1978, en contraste con
la escasísima atención que el líder de la oposición está poniendo a este
debate. Si aquí hoy se estuviera aboliendo la democracia en España, digo
yo que el líder de la oposición debería estar, cuando menos, prestándole
un ojo a la historia. (Aplausos).

El veto del Grupo Popular lo debería leer todo
el mundo. Por supuesto, sé que los senadores lo habrán leído, pero lo
debería leer absolutamente todo el mundo, porque me parece muy didáctico.
Comienzan hablando de una ley innecesaria. En el segundo párrafo hablan
de que reabre heridas. En el tercero, que es un ataque a la división de
poderes. Van in crescendo, se ve que han escrito el texto y que, conforme
iban escribiendo palabras, se iban creciendo cada vez más. Que si es
perversa; que si es totalitaria; que si es carente de rigor intelectual,
dictatorial, falsa, y podría seguir un rato. Su animadversión desbocada,
señorías del Grupo Popular, a esta ley les ha llevado al final a obviar
los argumentos. Es decir, da igual el motivo por el que hay que oponerse
a esta ley, el caso es oponerse. Por eso, terminan, como han hecho en la
Comisión Constitucional, votando a favor de todos los vetos, con
independencia del motivo por el que cada grupo los haya presentado. Con
esto lo que demuestran esencialmente es la nueva estrategia del nuevo
Partido Popular con experiencia de gestión pública, como le gusta decir
al señor Feijóo: veto, bloqueo y manipulación es esencialmente a lo que
se han dedicado ustedes en todo el trámite parlamentario de esta
ley.

En relación con las palabras del portavoz de
Vox reivindicándose como heredero de los Comuneros de Castilla, me parece
sublime; se lo tengo que decir. Nos ha llamado secuaces y conniventes con
ETA, que ya había escuchado en alguna ocasión. No había escuchado todavía
lo de llamarnos salvajes. Me ha llamado la atención porque esta expresión
me ha recordado algo que había leído por ahí, y lo he buscado. Esta misma
expresión fue utilizada por un conocido dirigente, en concreto portavoz
de un partido que se llamaba Alianza Popular, en relación con una ley que
se llamaba la Ley de amnistía, en la que, por cierto, los padres
políticos del Partido Popular, este portavoz en concreto y su partido,
Alianza Popular, se abstuvieron. Es decir, el Partido Popular, que dice
que la Ley de amnistía es la clave de bóveda de la Transición, resulta
que se abstuvo en la votación de la clave de bóveda de la Transición.
Señorías, ver para creer.

En cuanto a su señoría de Ciudadanos, habla de
que los socios del Gobierno —por eso me doy por aludido,
lógicamente— hemos hecho una enmienda a la totalidad de la
Transición, y la fuente que utiliza para sostener este argumento resulta
que es el relato de un familiar suyo que, según nos dice, era campesino e
iba a misa. Señoría, cuando el Grupo Popular nos dice en su veto que lo
que deduce de esta ley es falta de rigor intelectual y este mismo Grupo
Popular va a votar a favor de su veto, a mí me da que pensar.

Para terminar —luego en el turno de
portavoces tendré ocasión de desarrollar alguna idea más—, querría
dirigirme a ustedes, señorías del Grupo Socialista porque, al final,
depende de ustedes que se pueda aprobar alguna enmienda en este trámite
parlamentario. Les tengo que reconocer que no entiendo por qué se
autoimponen el objetivo absurdo, desde mi punto de vista, de que todas
las leyes en general, pero en particular esta, en su trámite en el
Senado, no pueda experimentar ninguna modificación; que ninguna enmienda
pueda ser aprobada, teniendo en cuenta, como supongo que sabrán, que en
esta Cámara hay una mayoría progresista. No entiendo esas precauciones o
esos temores, que ustedes expresan de forma sistemática. Puedo deducir
que la mayor parte de ustedes tampoco lo terminan de entender, pero deben
ser ustedes los que le digan al Gobierno que, por el amor de Dios, no les
pidan que no se aprueben enmiendas en el Senado, cuando en el Senado
tenemos capacidad política suficiente como para enriquecer en un sentido
progresista, y acorde con el espíritu de la ley, las normas que vienen
para acá. Además, tienen que desterrar de una vez por todas ese mito de
los famosos acuerdos de Estado que tanto gustan a la derecha, porque, al
final, siempre son el reducto que utilizan para favorecer las posiciones
reaccionarias —siempre sirvieron esencialmente para eso—,
sobre todo porque creo que obvian el hecho de que en esta Cámara tenemos
una mayoría progresista.

Es evidente que se han presentado muchas
enmiendas y que esta ley despierta interés en el conjunto de los
senadores. El hecho de que se hayan presentado muchas enmiendas pone de
manifiesto que había algunos elementos que seguramente podrían
modificarse y mejorarse. Yo se lo he dicho con absoluta claridad en la
negociación que hemos tenido: nosotros no condicionábamos la aprobación
de esta ley, nuestro voto favorable, a la aprobación de algunas de las
enmiendas, porque entendemos que los elementos sustanciales de la ley
están recogidos en la propuesta. Particularmente, en un tema tan sensible
como este, no me gusta entrar en una negociación de carácter legislativo,
representando papeles que no se ajustan a la realidad. Nosotros vamos a
votar a favor de la ley. Pero del mismo modo que nuestro grupo
parlamentario, en particular este senador, va a hacer este ejercicio de
responsabilidad histórica con un asunto que es de interés para el
conjunto del país, no solamente para aquellas personas que sufrieron
represión y para sus familiares, le pido al Grupo Socialista que sea
consciente de que muchas de las enmiendas que se han presentado,
objetivamente, mejoran la norma y que no hay ningún argumento de peso
para excluir estas enmiendas de su tramitación definitiva.

Hemos presentado veinticinco enmiendas, que
ustedes conocen bien. En particular, hay una relativa al Sáhara
Occidental. Como saben ustedes, los acuerdos tripartitos de Madrid se
firmaron en el año 1975, por tanto, en los estertores de la Dictadura.
Está dentro del ámbito objetivo de esta ley y sería maravilloso que
aquellas vulneraciones de derechos humanos que se produjeron en la que
era la provincia número 53 de nuestro país en aquel tiempo pudieran ser
también objeto de memoria, de justicia y de reparación. Lo dejo
aquí.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 64 a 126
y 521, tiene la palabra el senador Cervera.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Bon dia de nou, señorías.

Quiero enviar un saludo a los familiares de las
víctimas, a los representantes de organismos, entidades y asociaciones
memorialistas y de afectados. También un reconocimiento a su ingente,
constante y digna labor, resultado de la cual son algunas de las
enmiendas que ha presentado nuestro grupo.

Junts per Catalunya ha presentado sesenta y
ocho enmiendas al redactado de este proyecto de ley que nos ha llegado
del Congreso, de las cuales sesenta y tres podríamos considerarlas
enmiendas propias, teniendo en cuenta que algunas son resultado del
trabajo con organismos y entidades, como la Federaciò d’Ateneus de
Catalunya o el mismo Memorial Democràtic. Cuatro las presentamos junto
con Esquerra-Bildu y los senadores Vidal y Mulet, de Izquierda
Confederal, una de las cuales, sorprendentemente, ha sido inadmitida, y
no lo digo porque haga referencia a la supresión del rey, sino por el
criterio distinto al que se tuvo en la Cámara Baja, lo que debería
hacernos reflexionar.

Finalmente, hemos hecho nuestra una enmienda
promovida por la Asociación Hijos y Nietos de España, a quienes
agradecemos su confianza y su labor para evitar discriminaciones en la
transmisión de la nacionalidad en el caso de mujeres que la perdieron o
no pudieron transmitirla por razones de género. De las sesenta y tres
enmiendas que consideramos propias, una es de supresión, veintinueve de
adición y treinta y tres de modificación, de las cuales doce son
simplemente mejoras técnicas, que tampoco se van a tener en cuenta.

Alrededor de unas veinte tienen carácter
competencial, porque con esta ley ocurre lo que viene siendo habitual en
los últimos tiempos en materia legislativa: que se invaden o no se
respetan las competencias y siempre hay una tendencia a la
recentralización, obviando, en el caso que nos ocupa, un trabajo previo
ya existente.

Las restantes son de distinta índole. Entre
otras cosas, con ellas insistimos en definir la Dictadura como fascista,
cosa que no ocurre ni una sola vez en toda la ley. También insistimos en
que la anulación de procesos judiciales debe producir responsabilidades.
Asimismo, consideramos víctimas a las personas que se vieron afectadas o
vieron afectados sus intereses por la extrema persecución a la que fueron
sometidas, en especial las instituciones catalanas y vascas.

En otro ámbito, varias de nuestras enmiendas
están vinculadas al derecho de acceso y consulta de documentos y sus
restricciones. Para nosotros es evidente que no tiene ningún sentido que
se mantengan secretos algunos documentos si lo que realmente pretendemos
es hacer memoria histórica. También ahondamos en la necesidad de
contemplar el derecho a la restitución de los bienes incautados o
expoliados a personas y entidades, como, por ejemplo, muchos ateneus y
cooperativas de Catalunya, reforzando nuestras propias enmiendas con la
número 62, una de las presentadas conjuntamente.

Insistimos en la necesidad de reconocer el
perjuicio generado por la prohibición de uso de lenguas propias de la
nación catalana, pero también de la vasca o la gallega, y el
establecimiento de medidas para su protección y reparación de su
menoscabo; enmienda que también es abordada en una de las conjuntas,
concretamente la 61. No voy a extenderme y voy a dar por defendidas todas
las enmiendas en los términos que han sido presentadas.

Para terminar, me voy a referir a otra de las
enmiendas conjuntas, a la 70, que hace referencia a la devolución de la
titularidad del edificio de la Comisaría de orden público de la
Generalitat republicana, actualmente ocupada por las dependencias de la
Prefectura Superior de Policía de Cataluña, en la Vía Laietana número 43
de la ciutat de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya. Se trata de la
devolución, reclamada de forma reiterada, de un espacio utilizado como
centro de represión y tortura durante décadas, como todos sabemos. Bueno,
todos no; la mano derecha del ministro Marlaska, el señor Rafael Pérez
Ruiz, no lo sabe o no lo sabía, ya que hace unos meses se atrevió a
calificarlo, sin ruborizarse, de símbolo democrático de servicio público.
Me dirijo en este sentido al Grupo Socialista para que lo corrijan.

Tal y como le dije en su momento al senador
Rallo cuando me preguntó durante la tramitación en comisión si teníamos
preferencia por alguna de nuestras enmiendas a fin de poder valorarla con
detalle para conseguir nuestro apoyo o cambio de voto a esta ley, me
gustaría que se aplicaran en esta, porque aceptar esta enmienda y
retornar a las instituciones catalanas este emblemático edificio de la
Vía Laietana barcelonesa va a servir para dar un primer paso en el ámbito
de la reparación y la restitución. Sería también un ejercicio práctico de
memoria democrática de gran calado, y, sobre todo, sería un hito en su
famosa y poco exitosa agenda del reencuentro con Catalunya.

Moltes gràcies. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 8 a 49 y 51
a 62, tiene la palabra el senador Reniu Vilamala.

El señor RENIU VILAMALA: Gracias,
presidenta.

Es evidente, lo hemos dicho antes, que la ley
que estamos debatiendo no es la ley de Esquerra Republicana; no tiene ese
sello. Pero, precisamente por eso, lo que nos interesa es presentarles y
que tomen en consideración, especialmente el Grupo Parlamentario
Socialista, un conjunto de enmiendas que no son cosméticas; un conjunto
de enmiendas que en ningún caso son estilísticas; un conjunto de
enmiendas que van dirigidas al corazón de la ley que estamos debatiendo,
la memoria histórica, la memoria democrática a fin de cuentas. Por tanto,
son cuestiones sustanciales y son cuestiones a las que deberían prestar
un poco de atención. Bien es cierto que en algunos momentos ha parecido
que pudiéramos tener algún avance, pero tiene que concretarse, y la mejor
forma de concretarlo en un trámite parlamentario es incorporar las
enmiendas al texto final. Como decía un compañero que me ha precedido en
el uso de la palabra, ¿esto supone una semana de tiempo? Si el resultado
es realmente positivo y mejora lo que tenemos, es nuestra obligación, más
aún como Cámara de segunda lectura.

Vamos a centrarnos en lo que nos atañe en estos
momentos, que es la presentación de estas enmiendas. Como les decía, son
sustanciales, y permítanme empezar por una que además es un ejemplo de
colaboración entre diferentes grupos parlamentarios de diferentes
sensibilidades en esta Cámara, como es la enmienda colectiva presentada
junto con los senadores de Junts per Catalunya, Compromís y Mès per
Mallorca, en la que proponíamos la supresión del título de rey,
concretamente la enmienda número 63. Ya se ha señalado que ha sido
inadmitida a trámite. Como senador representante de Esquerra Republicana
y también como ciudadano y politólogo, debo decirles que es
incomprensible la disparidad de criterios entre el Congreso de los
Diputados y el Senado, toda vez que allí se aceptó la enmienda, se
tramitó la enmienda y se votó la enmienda.

Permítanme una pregunta. ¿Estamos acaso en una
Cámara que practica una suerte de control preventivo de
constitucionalidad? Si es así, desafortunadamente, ya conocemos en
Catalunya lo que eso significa, hasta el punto de que una práctica de
este tipo costó años de prisión a la entonces presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, y está llevando a juicio hoy mismo a un compañero que
también fue president del Parlament y ahora conseller, Rogert Torrent,
simplemente por limitar aquellas temáticas que podrían debatirse en una
Cámara llamada Parlamento. Eso es inaceptable.

Obviamente, la pregunta que les hacía antes de
si la Cámara practica esta suerte de control preventivo de
constitucionalidad es una pregunta retórica puesto que ya se nos dirá que
—comillas— no se puede; pero ni nos convence la decisión, ni
dejaremos, como republicanos que somos, de creer que la monarquía no es
un regalo caído del cielo ni aporta nada al funcionamiento del sistema
político, habida cuenta de la ejecutoria de ambos monarcas desde que
Franco designara al primero de ellos como su sucesor a título de rey y
jurara este los principios generales del Movimiento.

Dicho esto, hemos presentado más de cincuenta
enmiendas propias al texto recibido del Congreso, así como cuatro
conjuntas con Junts per Catalunya, Compromís y Més per Mallorca. En
cuanto a las primeras, queremos destacar diferentes grupos temáticos por
su relevancia. Recuerden, no son cosméticas. En ese sentido, encontrarán
sus señorías un conjunto de enmiendas que proponen mejorar el texto del
proyecto de ley, incorporando valores inherentes a la democracia y/o que
amplían el ámbito del proyecto de ley no solo al franquismo y su
represión, sino también a la inclusión de la apología de las ideologías
nazi y fascista. Las enmiendas 8, 9, 10, 41, 42 43, 47, 48 y 49 van en
dicha línea. Retiramos también, en ese caso, la 50, por duplicidad, para
que vean que vamos al grano, no a introducir cuestiones meramente
estéticas.

Presentamos, además, enmiendas orientadas a
sacar del olvido a colectivos especialmente significativos —y que
no son cosméticas—, como, por ejemplo, los deportados a la Alemania
nazi, enmienda número 59 o, vinculada a ella, a los desaparecidos en los
convoyes de tales deportaciones, enmienda número 11. ¿O es que acaso eso
no nos interesa en nuestra memoria?

Presentamos también enmiendas relativas a la
discriminación padecida por motivos raciales o étnicos, enmiendas 12
y 21. ¿O es que no nos interesa incorporar también al pueblo gitano, por
ejemplo, o el reconocimiento al papel de la guerrilla antifranquista,
enmienda número 56? Fíjense, no son cosméticas, no son brindis al sol,
son enmiendas que van al corazón de esa ley si realmente queremos que esa
ley sea útil para todos, sea valiosa y cuente con el sello de calidad de
Esquerra Republicana. Y también en ese sentido, en relación con
colectivos especialmente significados en toda la represión histórica,
apuntamos al necesario estudio de la participación activa en las
políticas represivas padecidas especialmente por mujeres y niños de una
institución innombrable en estos casos, porque parece que no se puede
poner en cuestión, que es la Iglesia católica, enmienda número 18.

Por otro lado, otro grupo de enmiendas aborda
la necesaria e indispensable protección y salvaguarda del marco
competencial, a lo que el senador Cervera hacía también referencia en su
intervención, porque consideramos que, con la formulación actual, pudiera
ser objeto de menoscabo en una determinada aplicación de la ley. Así,
pretendemos potenciar la subsidiariedad y ese respeto al marco
competencial mediante las enmiendas 20, 22, 23 y 24, sin olvidar una de
las más relevantes en este sentido, la enmienda número 25. Hablo de
menoscabo competencial porque demasiado a menudo estamos viendo
invasiones o potenciales invasiones competenciales en la interpretación
de las leyes que se aprueban.

En cuanto a la enmienda 25, persigue garantizar
que la creación del banco estatal de ADN de víctimas de la guerra y de la
Dictadura, iniciativa que felicitamos, no suponga menoscabo de aquellas
iniciativas existentes en otras comunidades autónomas. En este sentido,
la política desplegada por la Generalitat de Catalunya es un ejemplo de
buena práctica desde que se impulsará, junto con el Plan de fosas, por el
entonces conseller y, como siempre, amigo, Raül Romeva.

Por otro lado, las enmiendas 14 y 15 son
especialmente relevantes por cuanto completan los efectos de la
declaración de nulidad del artículo 5, verdadera aportación y punto
clave, que nuestra formación valora muy positivamente. La enmienda
número 14 incorpora el reconocimiento del derecho a la reparación
económica, así como la inclusión en el expediente judicial de la causa
anulada. Reparación económica: no sirve solo un documento; a las
víctimas, a los represaliados, a los ateneos, a las cooperativas, a los
partidos, a los actores no solo les sirve un documento. Eso, por suerte,
en Cataluña se estuvo haciendo también de la mano del amigo y entonces
conseller Carles Mundó. De lo que estamos hablando aquí es de reparación
patrimonial, reparación económica, mientras que la número 15 insiste en
dicho derecho de reparación económica y patrimonial. Ello se complementa
con el establecimiento de nuevos plazos o con la reducción de los
recogidos en el proyecto de ley para la realización de auditorías, muy
necesarias, así como con el tipo de indemnizaciones que debieran
derivarse de las mismas, enmiendas 30, 31, 32, 33, 35, 51, 52, 55, 56
y 57.

Además, es especialmente relevante, por motivos
que a nadie se le escapan, nuestra enmienda número 53. Léansela, por
favor. Recoge la necesaria certificación y anulación de la sentencia que
condenó a muerte a Lluís Companys i Jover, en su condición de presidente
de la Generalitat de Catalunya. Les recuerdo: el único presidente
democráticamente elegido fusilado por las fuerzas fascistas. Ahí es
necesario. (Aplausos).

Presentamos, asimismo, un grupo de enmiendas
relativas a los fondos documentales, elementos básicos si realmente nos
creemos la búsqueda de la verdad. Así, las enmiendas 26 y 27 incorporan
un nuevo artículo al proyecto de ley, el 25 bis, que crea el censo de
fondos documentales para la memoria democrática, con una detallada
previsión de su organización, configuración y funcionamiento, a las que
añadimos las enmiendas 44 y 45, que suman dos nuevas infracciones al
listado del artículo 62, en consonancia con lo propuesto; es decir, debe
ser una infracción no permitir el acceso a los documentos o esconder esos
documentos.

En otro orden de cosas, también proponemos
el 14 de abril como día de la memoria histórica en la enmienda número 16
y el 5 de febrero, como día del recuerdo y homenaje al exilio, así como
la supresión —nobleza obliga— de todos los títulos
nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978.

Finalmente, y no por ello menos importantes,
están las enmiendas que hemos registrado, como hemos dicho, junto con los
senadores de Junts per Catalunya, Compromís y Més per Mallorca,
enmiendas 60, 61 y 62 y la desafortunadamente inadmitida 63, citada al
inicio. La número 60 establece la devolución de la titularidad del
edificio de la actual Prefectura Superior de Policía de Cataluña, en la
Vía Laietana, 43, a la Generalitat de Catalunya, su legítimo propietario,
no solo porque había sido la sede de la Comisaría de Orden Público de la
Generalitat republicana, sino por toda su significación histórica, así
como por dar cumplimiento de una vez por todas a lo recogido en la
proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 1 de
junio de 2017. ¿O esas aprobaciones no tienen ningún sentido para
ustedes?

En cuanto a la número 61, es evidente que se
hace imprescindible el reconocimiento de la persecución y represión
cultural y lingüística de las culturas y lenguas aragonesa, asturiana,
catalana, gallega, occitana y vasca durante la guerra y, muy
especialmente, durante la posguerra y la Dictadura.

Y, finalmente, quiero llamar su atención sobre
la enmienda 62, que junto con la número 13 reitera la obligación de
realizar un reconocimiento explícito a la necesidad de reparar de manera
efectiva el daño sufrido, patrimonial y económicamente, a los ateneos,
cooperativas y otros entes asimilados, en su día excluidos del amparo de
la Ley 4/1986 o de la Ley 43/1998, que vieron sus bienes inmuebles y
derechos de contenido patrimonial incautados por el Decreto de 13 de
septiembre de 1936, la Ley 9 de febrero de 1939 y la Ley de 23 de
septiembre de 1939.

Termino. Se nos podrá decir, y en el turno de
portavoces seguramente volveremos sobre ello, que la gran mayoría o todas
las enmiendas que hemos presentado ya fueron objeto de debate en el
Congreso. ¡Claro que sí! Estaba tentado de decir: claro que sí, guapi. A
fin de cuentas, fueron rechazadas —también es cierto—, pero
en nuestro ADN, por ser hijos y nietos de quienes nos honran con su
presencia, está el gen de la persistencia. Seguiremos defendiendo así el
valor de una Cámara de segunda lectura, como es esta, mientras sigamos
presentes en ella.

Señorías del Grupo Parlamentario Socialista,
recuerden, si me permiten la sugerencia, aquella máxima que cada día que
pasa cobra más importancia en esta Cámara. Es una máxima que, si me
permiten —repito— la sugerencia, estaría bien que se
aplicaran en este contexto. Es muy sencilla: No negociar es perder.

Moltes gràcies. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 128 a 228, del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pradas
Ten.

La señora PRADAS TEN: Señora presidenta,
señorías, el mayor de los disparates es el enfrentamiento entre los
españoles. Sabias palabras del presidente Adolfo Suárez. Ya podrían,
señorías del Partido Socialista, tomar buena nota de ellas. Porque
ustedes hoy nos han traído, una vez más, un discurso guerracivilista, de
bandos, y aquí el único bando que hay es el de España, el de los
españoles. Ese es el único bando que importa al Partido Popular, España y
los españoles, todos, absolutamente todos. (Aplausos). Y, por supuesto,
la libertad. Qué importante es la libertad. En este punto, viendo la
tribuna de invitados, aprovecho para dar la bienvenida a las entidades
valencianistas como Lo Rat Penat y también a los representantes del
Ateneo de Valencia y del Ateneo de Agricultura. Muchísimas gracias por
defender la libertad en la Comunitat Valenciana. Y gracias por
esas 200 000 firmas que acabáis de presentar en el registro del Senado
para decir alto y claro que no som països catalans, que som Comunitat
Valenciana. Muchísimas gracias. Estamos con vosotros; aquí empezó todo
hace un año y vamos a seguir defendiendo la libertad en el Partido
Popular de la Comunitat Valenciana y en el Partido Popular nacional con
nuestro presidente, Alberto Núñez-Feijoo. Muchísimas gracias. Nos veremos
estos días en la celebración del Día de la Comunitat Valenciana.
(Aplausos).

Señorías, yo le pregunto al Partido Socialista:
¿por qué quieren enfrentar a los españoles si justo en estos momentos
deberíamos estar más unidos que nunca? Estamos acabando de salir de la
pandemia, todavía no hemos salido, y ustedes nos traen, insisto, un
discurso guerracivilista. Cuando el otro día nos llamaban a nosotros
guerracivilistas, yo les decía: a ver si es que se están mirando ustedes
en un espejo. Y, lamentablemente, es así.

Nosotros, como ya les dijimos el otro día y
como bien ha demostrado mi querida compañera Amelia Salanueva, no vamos a
caer en el enfrentamiento, no vamos a caer en este error. Nosotros, por
muchas descalificaciones e insultos como los que hoy nos han proferido
—sí, señor Artemi, qué triste, nos han proferido insultos—,
no vamos a caer en la provocación, porque no lo merecen los españoles en
absoluto. Por cierto, este Partido Popular es el mismo con el que el
Partido Socialista, en la era previa a Sánchez, llegaba a grandes pactos
de Estado. Nosotros sí somos los mismos; a ver si son ustedes los que han
cambiado, señorías del Partido Socialista. Y nosotros hacemos apología,
sí. Hacemos apología de la Constitución, de la Transición, de la
concordia. Lo digo alto y claro: sí a la Transición, sí a la concordia y
sí siempre a la Constitución, por supuesto.

Permítanme únicamente una licencia personal. A
una senadora que nació justamente en la semana en la que aquí, en esta
Cámara, se debatía la Constitución, septiembre de 1978; a una senadora
hija de un militante de UCD, que trabajó mucho por la Transición, que
siempre defendió la Transición y esos valores de concordia, ustedes,
lecciones de democracia, señorías del Partido Socialista, ninguna.
(Aplausos).

Hemos presentado ciento una enmiendas,
veintiuna de modificación y ochenta de supresión. Nuestras enmiendas de
modificación van esencialmente dirigidas a que la ley se centre en
establecer un marco jurídico para resolver la necesaria y comprensible
búsqueda y exhumación de los cuerpos de las víctimas, para devolverlos a
sus familias y para que puedan descansar en paz, ¡faltaría más! Ese es el
sentido de nuestras enmiendas de modificación. El Grupo Popular ha
intentado, a través de estas enmiendas, acercar posturas en relación con
este particular, pero los grupos que conforman el Gobierno, especialmente
el Grupo Socialista, no han tenido el más mínimo interés en llegar al
acuerdo. Y esta postura sectaria y de rodillo es ni más ni menos que el
fiel reflejo de lo que supone esta ley: sectarismo en estado puro,
señorías.

Y, en cuanto a nuestras enmiendas de supresión,
están dirigidas también a suprimir de la ley su carácter más sectario. Es
casi todo, pero, bueno, nosotros hemos ido al carácter más sectario de la
ley. Y quiero destacar una enmienda, la número 216, dirigida a suprimir
la infame disposición adicional decimosexta. Ya han hablado ustedes
mismos aquí de ella. Es una disposición adicional que fue incluida en la
ley por expresa petición de Bildu; una disposición que ha sido incluida
en la ley por expresa voluntad del Partido Socialista y que, ni más ni
menos, pretende extender —sí, extender— los efectos de la ley
y la sospecha de vulneración de derechos humanos hasta el 31 de diciembre
de 1983. Es una barbaridad, señorías.

El señor Rallo ha leído, pero muy rápido, la
disposición adicional decimosexta. Yo voy a ir más lento para que se
escuche bien y para que vean ustedes que interpretamos la literalidad de
esta disposición, que es lo que pide el Código Civil cuando interpretamos
las normas, literalidad: «El Gobierno, en el plazo de un año, designará
una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de
vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la
consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores
democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y
el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y
reparación a las mismas».

¿Cómo que interpretación torticera?
Interpretación literal. Si lo dice bien claro: extensión de la norma
hasta el 31 de diciembre de 1983. Y el Grupo Popular pide la eliminación
de esta disposición porque es una desvergüenza, permítanme que lo diga
así, y un ataque directo a nuestra democracia, pero, sobre todo, a
nuestros presidentes democráticos Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y
Felipe González. ¿Cómo se puede traicionar tan indignamente a los
presidentes libremente elegidos por el pueblo español y que contribuyeron
a poner en marcha nuestra democracia? ¿Cómo es posible? ¿No les
avergüenza, señorías socialistas, poner en duda al presidente socialista,
señor González, por expresa petición de Bildu? ¿No les da vergüenza,
señorías del Grupo Socialista? Yo me imagino que la gran mayoría de los
socialistas aquí presentes sí que se sentirán avergonzados, aunque
públicamente no lo digan.

Por cierto, ayer, excargos del Partido
Socialista sí que fueron valientes y exigieron a Sánchez retirar la Ley
de memoria democrática. (Aplausos). Esta noticia que les muestro es de
hoy: Exdirigentes del Partido Socialista exigen a Sánchez retirar la Ley
de memoria democrática. Se reunieron en un acto a favor de la Transición,
ayer por la tarde, en el cual se hablaba del manifiesto de la Asociación
para la Defensa de los Valores de la Transición, suscrito también, creo
recordar, por la Fundación Transición, que preside don Rafael Arias
Salgado, una de las personas, por cierto, que solicitamos compareciera
ante la comisión y a quien el Grupo Socialista impidió, vetándolo,
comparecer. Ya que no se dejó comparecer a algunos de los firmantes del
manifiesto, voy a hacer un breve extracto de su contenido: No aceptamos
que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y
ajena a la verdad histórica. Tampoco aceptamos que se considere como
período sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían celebrado
el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales
y varias autonómicas. Nos preocupa que esta sospecha sea fruto de un
pacto con Bildu, que aún no ha formulado una crítica a los crímenes
terroristas. La reconciliación fue una de las claves de la Transición y
así quedó plasmado en la Constitución.

Señorías, en el turno de portavoces ahondaremos
en los motivos para votar en contra de esta ley. En relación con el resto
de enmiendas, las damos por reproducidas y defendidas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas, por
parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Pérez
García.

El señor PÉREZ GARCÍA: Señora presidenta,
señorías, personas integrantes de las asociaciones memorialistas, muy
buenas a todos y a todas.

Me encomendó el Grupo Socialista —al que
intentaré representar lo más dignamente que pueda— el estudio
—arduo, créanme— de las algo más de quinientas enmiendas que
se han presentado. Y quiero hacer una semblanza de ellas de la mejor
manera posible y contrarreloj, porque, además, he visto que los
portavoces en turno de defensa de enmiendas han hablado más de política
que de sus enmiendas, lo cual respeto y entiendo.

Esta ley se tramita en un contexto de
realimentación de los derechos, que son derechos de ciudadanía a la
memoria y a la dignidad. No lo dice un Gobierno socialcomunista, no; lo
dice la resolución del Parlamento Europeo de 18 de septiembre de 2019,
donde se explicita: Es necesario recordar los hechos trágicos de la
historia europea, castigar a sus autores, reconocer y reparar el honor de
las víctimas para asentar la convivencia sobre bases de verdad y de
reconocimiento. Este es el contexto. ¿Por qué en 2019? Porque se está
reactivando toda una corriente extremista, ultraconservadora, de la que
tenemos una expresión en la Cámara, que son los socios del Partido
Popular. Esos sí que son socios. Comparten gobiernos. Porque en su
apresuramiento ya no distinguen lo que es un apoyo o un pacto
parlamentario de participar en el mismo Gobierno, en un esfuerzo
constante de tergiversar la verdad.

Voy a intentar no emplear calificativos, pero
sé —porque lo aprendí muy pronto— que la democracia se
sustenta en una opinión pública libre, sin la cual —dice el
Tribunal Constitucional— se convierte en una cáscara vacía. Y una
opinión pública libre no se puede formar recurriendo como instrumento
político diario a la falsedad, a la tergiversación de los hechos
(Aplausos), de lo cual hoy hemos tenido lecciones magistrales en este
debate. Soy de una generación —me lo recordaba esta mañana el
secretario primero de la Cámara, Manolo Fajardo— que, por cuatro
años de diferencia con la suya, viví las postrimerías del franquismo, y
el franquismo no solo era el general; el franquismo era una estructura de
poder como la de cualquier dictadura: abominable, pensada para reproducir
la dictadura y el orden social que esa dictadura defiende. Y la
Constitución significó el fruto de un milagro, créanme, y significaba el
inicio de una nueva etapa. Los aparatos de poder represivos estaban
intactos y es la democracia la que ha ido convirtiendo las fuerzas de
seguridad en fuerzas de garantía de los derechos y al Ejército de España,
a las Fuerzas Armadas de España, en fuerzas que participan, dentro de la
legalidad internacional, en causas de paz y que se identifican con los
problemas de la ciudadanía a través de la Unidad Militar de Emergencias,
cuya creación fue tan denostada por esta bancada. (Dirigiéndose a los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.— Aplausos).
No ha habido decisión que más integre a las Fuerzas Armadas en la
realidad de la sociedad española. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

Yo he aprendido, por mi generación, que toda
dictadura es abominable, se revista de un discurso conservador o de un
discurso revolucionario: abominable. Y fueron abominables los crímenes
que se cometieron por ambos bandos durante la contienda civil. Yo pienso
—pero esa puede ser mi opinión— que los crímenes del bando de
los alzados contra la República estaban planificados por la autoridad
militar; orden reservada del duque de Mola, casi textualmente: Que los
castigos sean ejemplares y las medidas de agresión y la acción
extraordinariamente duras. Pero es que después de esa etapa de gran
ruptura de la sociedad española, vino la Dictadura; dictadura condenada
por resolución de Naciones Unidas de 12 de diciembre de 1946 y dictadura
que volvió a ser condenada por una resolución de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, de marzo de 2006.

Se aprobó la Ley de Memoria Histórica en ese
clima de redignificación de las víctimas, de incorporación de los
derechos a la dignidad y a la memoria en el estatuto de ciudadanía. Pero
después de la aprobación de la Ley 52/2007, ha seguido habiendo hitos en
este esfuerzo civilizatorio de la comunidad internacional, y con ello
tiene que ver, por ejemplo, la Convención que se aprobó en su día para la
imprescriptibilidad de los delitos de guerra o de lesa humanidad o la
Convención para la protección integral de todas las víctimas de
desapariciones forzadas, que España ratifica en el año 2009, después de
la Ley 52/2007. Por lo tanto, es un proceso vivo; no dramaticemos con que
esta es la última oportunidad. Este es un paso muy importante y
continuarán otros, porque la memoria, señoras y señores senadores,
continúa tan viva como la vida.

A veces me pregunto, como ciudadano de las
islas Canarias, si las víctimas que durante la pandemia una orden expuso
a los estragos de la COVID y a la muerte en las residencias de Madrid
tendrán algún día derecho a la memoria (Aplausos), si es que no tienen
antes reivindicación de justicia. Porque eso tiene nombres. Oía a la
portavoz del Grupo Popular hablar de que el Partido Socialista produce un
asalto al CIS, a la Fiscalía. (Rumores). Yo no sé de asaltos (El señor
Antona Gómez pronuncia palabras que no se perciben). Lo que sé es de un
secuestro, querido Asier Antona: el del órgano de gobierno del Poder
Judicial, que es un órgano constitucional que se sustenta, como todos, en
la soberanía popular, fundamento de los poderes del Estado. Eso sí que es
un secuestro hoy sin ninguna discusión. (Aplausos). Luego, lecciones, las
justas.

Las enmiendas que han presentado los grupos que
respaldan el espíritu de la ley pero que la consideren insuficiente son
demandas que tienen diferente orientación. Algunas plantean términos de
título competencial; el Estado los tiene sobradamente; otras plantean un
criterio de recelo hacia las extralimitaciones del Gobierno estatal en la
interpretación de las normas. Permítanme una pequeña reflexión, no se
pueden aprobar normas sobre el espíritu de la desconfianza. Además,
cuando invocan competencias, hay que invocarlas con un cierto rigor. La
memoria histórica no es una materia competencial de la que hablara la
Constitución española, pero sí habla de derechos fundamentales y de la
dignidad integral de las personas. Y también el artículo 54 del Estatuto
de Autonomía de Cataluña habla de que, entre los principios rectores
—no en la parte de atribuciones competenciales— de la
Generalitat está la promoción de la memoria democrática. Por tanto,
cuando hablemos de estas cosas, hagámoslo con un poco de rigor porque es
el sistema que nos hemos dado. Y cuando se aprobó algunos se abstuvieron,
y en otros territorios que cuestionan la Constitución de la mano de
algunas fuerzas políticas con indudable representatividad, el referéndum
constitucional se aprobó con un índice de participación y de síes, en mi
opinión, destacadísimo. Así pues, hablemos de estas cosas con cierto
rigor y con un cierto respeto a la inteligencia de todos.

Hay enmiendas que han presentado en la
dirección de la reparación económica; reparación económica en la que esta
ley, a iniciativa en el Congreso de una enmienda de Más Madrid, abre un
capítulo importante. Dice la disposición adicional decimoquinta que se
creará una comisión técnica, porque desde la Transición se están dictando
resoluciones que implican resarcimiento económico, y esa comisión va a
hacer un balance, va a detectar los déficits y va a proponer nuevas
medidas. El proceso no ha terminado; no ha terminado con respecto a
quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y sus familiares
ni con respecto a los que formaron parte de las Fuerzas Armadas, de los
Carabineros de la República, ni con respecto a las personas que desde
niños tuvieron que exiliarse y volvieron a nuestro país transcurrida una
gran parte de su vida ni con respecto a los que padecieron prisión
durante el régimen franquista.

Enmiendas como estas son enmiendas planteadas
en términos positivos. Hay otras que están espartanamente dirigidas a
sustituir Constitución por democracia y España por Estado. España existe;
la primera premisa de la Constitución es que España es una comunidad
política, plural, pero existe. Lo que existe no es un aparato represivo
que se llama el Estado, al que algunos se refieren espartanamente. Existe
España, y muchos españoles, que nos sentimos muy patriotas de nuestra
tierra —canaria, en mi caso—, administramos individualmente
nuestras lealtades —es un derecho fundamental— y nuestro
sentido de pertenencia a la España constitucional, a nuestra patria
constitucional también. (Aplausos). Se abre esa vía.

Hay algunas enmiendas dirigidas a la cesión, a
la resignificación o a la demolición de edificios históricos. Eso tiene
un camino y está dentro del espíritu de esta ley. En cuanto a las que
hablan de dotación presupuestaria, la tramitación de los presupuestos es,
como siempre, el ámbito adecuado para la formulación de esas
enmiendas.

Las enmiendas del Grupo Popular, a las que la
señora Salanueva prácticamente no se ha referido, son caso aparte.
Empezamos con una enmienda a la exposición de motivos, en la que dicen
que su objeto es que se identifiquen las víctimas, se las exhume y se les
devuelvan a sus familias y en la 129 dicen que hay que hacerlo cuanto
antes. ¿Cuanto antes, después de haber estado la XI y la XII Legislaturas
con cero euros para el desarrollo y la aplicación de la Ley de memoria?
(Aplausos). ¿Qué broma es esta?

Luego hay un conjunto de enmiendas a los
artículos 30, 31 y 32 que se refieren a suprimir el derecho a la verdad,
el derecho a la investigación y el derecho a la reparación integral.
Estas son las enmiendas de fondo del Grupo Popular. Y hay otras muchas
que se refieren a la supresión de las normas que en este proyecto de ley
prevén la revocación de recompensas, condecoraciones, distinciones,
títulos nobiliarios del franquismo y la Orden Imperial del Yugo y las
Flechas. Esta son las enmiendas que el Grupo Popular presenta y que no
defiende aquí porque, en realidad, si uno hace un ejercicio de
imaginación legislativa, ¿qué pasaría si las propuestas del PP salieran
adelante? Que se negaría la memoria de las víctimas y se prolongaría la
memoria y la magnificencia de una dictadura. (Aplausos). Este es el
balance de la aplicación de sus enmiendas. Créanme, me parece
durísimo.

La enmienda 216, que presentan frente a la
disposición adicional decimosexta, es la madre de todas las mentiras.
Insuperable. Porque lo que se ha hecho, no por imposición de Bildu
—no es una enmienda de Bildu—, es crear una comisión técnica
que estudiará no la labor de los gobiernos de la Transición ni del
Gobierno del PSOE ni traicionarles ni poner en juicio la legitimidad de
aquellos gobiernos elegidos por la ciudadanía —como ustedes hacen
diariamente con el actual Gobierno, que parece que no está elegido por la
ciudadanía, porque esta es la forma de entender la Constitución que
tienen algunos—,no; se trata de estudiar, en defensa de la
libertad, si por unos aparatos del Estado que estaban configurados a
imagen y semejanza de una dictadura y para perpetuarla hubo delitos y
agresiones contra personas defensoras de las libertades. A mí me
detuvieron el 23 de febrero de 1981, en concreto una dotación de la
entonces recién bautizada Policía Armada en el vehículo CP10037,
comandado por un agente de la isla de El Hierro —cuyo nombre no
quiero mencionar porque ha fallecido recientemente— porque
estábamos pintando, mucho antes del mensaje del rey: No al golpe;
libertad. Y durante el camino los agentes nos venían llamando
terroristas. ¿Esto eran órdenes del Gobierno? No, era autonomía
autoritaria de unos aparatos criados y desarrollados por una dictadura, y
la democracia y la Constitución fueron el arranque de todo un proceso de
transformación de la sociedad española en ese sentido, del cual esta ley
es también un capítulo importante.

Se han referido, asimismo —tengo el
tiempo que tengo—, a la Ley de amnistía. La Ley de amnistía fue
vista por todas las fuerzas democráticas como una ley de libertad, y por
todos aquellos que hayan cometido crímenes impunes durante el franquismo
y a su amparo como una ley de punto final. Antes de entonces España había
aprobado en abril de 1977 el Pacto internacional de los derechos civiles
y políticos. Después se aprobó la Constitución
—artículo 10.2—, y los temas de delitos que tienen que ver
con lesa humanidad son imprescriptibles. Dejemos la interpretación de
todo el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico, en el que se integra
el derecho internacional humanitario, a los jueces. La Ley de amnistía
fue el hito que fue y el Partido Socialista defiende estrictamente su
vigencia, pero dejemos a los jueces su interpretación.

No puedo terminar —aunque me gustaría
decir algunas otras cosas— sin rendir mi homenaje de respeto a las
asociaciones memorialistas, a las que, por cierto, las enmiendas del
Grupo Popular desdeñan completamente en cuanto a su reconocimiento y los
instrumentos para continuar ejerciendo su importante función: mi
admiración y para las personas cuya memoria ustedes han conservado, mi
devoción.

Termino con unos versos de Pedro García
Cabrera, gomero universal, socialista y represaliado por la Dictadura, al
que tuve el honor de conocer: Solas no están ni las víctimas ni quienes
hoy honrosamente las representan. Les acompañan manos y horizontes de
esperanza, los de aquellos que se miran sus heridas en su corazón, los de
aquellos que no pierden ni el rumbo ni la orientación en las tormentas.
Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado —decía Pedro
García Cabrera—, que me entierren en ella. (Fuertes aplausos de las
señorías del Grupo Parlamentario Socialista puestas en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Pérez García.

Señorías, pasamos, a continuación, al turno de
portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, intervendrá su señoría Goñi
Sarries.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidente.

Un 70,2 % de la población en el País Vasco
aprobó la Constitución, pero antes Batasuna y ahora Bildu siempre han
afirmado que con la Constitución de 1978 no comenzó un período de paz, de
democracia ni de consolidación de un Estado democrático de derecho. Para
Bildu, la Transición no fue modélica ni trajo la democracia para todos,
no acabó con la herencia franquista ni terminó con la vulneración de
derechos. Hoy el PSOE le reconoce a Bildu estas falsas e insultantes
afirmaciones... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señoría, espere un
momento; disculpe que la interrumpa.

Señorías, necesitamos que guarden silencio para
poder continuar con el debate, si son tan amables. Muchas gracias.

Puede continuar, señoría.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias.

Siempre fue un objetivo de Batasuna cambiar ese
año 1978; para ellos, ese cierre en falso del franquismo. Y han
conseguido el objetivo, han conseguido trasladarlo a 1983. Pero entonces,
los más de trescientos asesinatos que ETA cometió hasta 1983, ¿se supone
que fueron en defensa de la libertad? ¿No existía una libertad plena en
España? ¿El PSOE acepta ahora esos asesinatos por ese motivo? Es
incomprensible. Además, Bildu ahora también consigue que se considere
dentro del franquismo una parte del Gobierno de Felipe González, y el
PSOE lo acepta y lo firma.






Es surrealista.

Esta ley pretendía reconocer, resarcir, reparar
y restablecer a las víctimas del golpe de Estado y la posterior
Dictadura, pero tergiversa el gran Pacto constitucional. Quieren acabar
con la Transición porque significó la reconciliación y fue el momento en
el que se definió la organización: desde la organización administrativa
territorial hasta la Jefatura del Estado. Cuestionan eso. Y, por
supuesto, esto siempre va a depender de quién escriba el relato. Pero hoy
el relato lo escribe Bildu por decisión del PSOE. Bildu afirmó en el
Congreso que con esta ley no finaliza la lucha por la verdad, la justicia
y la reparación de todas las víctimas. ¿En serio? Porque estamos todos
esperando su condena y su petición de justicia para las víctimas de ETA y
su colaboración para los más de 300 asesinatos aún sin resolver.

Reconocer a las víctimas del franquismo no
puede molestar a nadie, como tampoco puede molestar a nadie reconocer a
las víctimas de ETA. Nadie intenta enfrentar unas víctimas a otras y les
rogaría que no lo digan más, porque es inmoral. En teoría no hay víctimas
de primera ni de segunda, siendo todos los asesinatos injustificables.
Pero esta ley protege a las víctimas del franquismo y no a las de ETA;
esta ley regula lugares de memoria del franquismo, y de ETA no; esta ley
prohíbe hacer homenajes a asesinos franquistas, y no a asesinos etarras.
Visto esto, según Sánchez y el PSOE, sí que hay víctimas de primera y de
segunda, porque unas son más dignas que otras, parece ser. Y lo peor es
que lo que importa es quién es el asesino y no quién es la víctima en sí
misma. Porque parece ser que la víctima ya solo tiene valor según quién
la mate. Esto es excesivo para ustedes y para cualquiera.

Y el PSOE eligió a sus socios; el PSOE eligió a
Bildu. Los eligió y les creyó cuando afirmaron que no querían más
homenajes a etarras; y tardaron exactamente un mes en reanudar los
homenajes. Y aún con todo, el PSOE eligió a Bildu para esta ley sabiendo
perfectamente qué es Bildu. No nos lo maquillen de ninguna democrática
manera. No disimulen nada, todos sabemos quiénes son y qué son. Ustedes
han elegido un socio anticonstitucional, que no condena la violencia, con
pasado terrorista, con terroristas en su cúpula y exterroristas en las
instituciones. Bildu no miente en sus intenciones políticas ni en su no
condena del terrorismo. No se atrevan a decir después que no sabían
quiénes eran.

Señorías, o se está con todas las víctimas o se
está contra ellas. En la Transición hubo perdón, hubo generosidad y hubo
concordia. Y ahora quieren destrozar eso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Sí, con la venia, señor
presidente.

Yo ya les advertí a ustedes de lo que iba a
pasar aquí esta mañana. Con ocasión de la Ley de memoria democrática se
ha hablado de la derecha, la ultraderecha, de fascistas, de comunistas...
¿Después de escuchar el debate de esta mañana, ustedes creen que esto es
una ley de reconciliación, que es lo que debería ser, o se trata de una
ley de la trinchera, del odio, del rencor y de paso de blanquear a ETA?
El PNV ha dicho que la Transición fue muy generosa con la derecha. Ya les
he dicho que se iba a poner muy en cuestión la Transición. Se ha hablado
de actitudes rastreras y viles por presentar enmiendas. El Grupo
Socialista nos dice que las enmiendas tienen un relato hiriente,
insensible, inhumano, un discurso vil. Incluso se nos ha echado en cara
aquí esta mañana que hayamos equiparado a las víctimas del franquismo y a
las de ETA ¿Es que no se pueden ni se deben equiparar unas a otras?
Léanse ustedes detenidamente la disposición decimosexta y verán cómo no
tiene un paso, que además se la ha colado Bildu —como se ha dicho
aquí esta mañana—. Esquerra ha ido más lejos. Ha mencionado a la
derecha, a la ultraderecha, hablando de las enmiendas a la totalidad.
Miren ustedes, yo no soy de derechas, se lo digo claramente. Yo, a lo
largo de mi vida, he votado al PSOE, he votado al PP, he votado a UPyD y
he votado a Ciudadanos. Nunca me he catalogado de derechas.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por
favor.

Senador Sánchez López, espere un momento, por
favor. (Pausa).

Señorías, ¿son tan amables de atender las
indicaciones de la Presidencia y de guardar silencio? ¿Sería posible,
señorías? Me estoy refiriendo a ustedes.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Yo...

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador
Sánchez López. (Pausa).

Gracias.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias,
presidente.

Yo llevo desde las nueve de la mañana ahí
sentado y no he interrumpido ninguna intervención de nadie.

Hablan de manera despectiva de la derecha o de
la izquierda. Yo no soy ni de derechas ni de izquierdas; ya les digo que
he votado al PP y al PSOE en diferentes momentos de mi vida. Esquerra ha
hablado de la amnesia selectiva de la derecha. ¿Santiago Carrillo y
Felipe González eran de derechas? La Transición es la amnesia selectiva
de la derecha, con lo cual, Carrillo y Felipe González serían de
derechas. «Dominio de la élite franquista en el sistema parlamentarista».
Se lo he advertido antes, señores del PSOE, esto es lo que piensan sus
socios, y han puesto en cuestión hoy aquí la Transición. Se ha dicho que
la Transición fue de una élite franquista. Directamente han dicho
—y lo reproduzco literalmente entre comillas— que fue una
merde y dos huevos duros. Y además, literalmente —y vuelvo a
entrecomillar—, se ha dicho esta mañana que bienvenida la
desarticulación de la Transición. Esto lo han dicho aquí esta mañana
personas con las que ustedes han negociado esta ley. Yo creo que es
necesario un poquito más de consenso y un poquito más de mirar a la cara
a los partidos constitucionalistas, que igual tenemos algo que
decir.

¡Claro que hay que dignificar a las víctimas
del franquismo! ¡Por supuesto! Como a tantas otras, pero no con Bildu ni
con Esquerra, que dicen que van a desmontar la Transición y que es una
merde. Esos son sus socios para esto y para muchas otras cosas. Eso es lo
que les estoy procurando decir yo toda la mañana aquí. Y el tiempo me ha
dado la razón, porque —váyase al Diario de Sesiones— también
se ha dicho que no se puede hablar de las víctimas de ETA, que es vil, y,
sin embargo, hoy aquí se ha hablado en la tribuna de las víctimas de los
GAL, de la tortura y de los malos tratos en el País Vasco; que está en
juego la credibilidad del discurso democrático. Se ha hablado del censo
de víctimas y de victimarios. Y con eso sí estoy de acuerdo: un censo de
víctimas y de victimarios; eso sí estaría bien. También se ha dicho que
Bildu ha conseguido su objetivo, se ha dicho esta mañana aquí.

Estamos hablando de una ley de memoria. Y esta
ley va de la memoria, de las historias de cientos y de miles de personas.
Es una ley de historias, como las que se han contado esta mañana, de
historias desgraciadas, de historias trágicas. De hecho, el portavoz del
Grupo Socialista que ha intervenido —y además me ha parecido una
intervención brillante en algunos momentos—, ha contado anécdotas
personales y se ha terminado parafraseando a un compañero suyo canario.
Ha contado una anécdota suya, porque tuvo unos problemas durante el
tardofranquismo. La gente cuenta anécdotas, y muchas de ellas se han
contado esta mañana aquí. Yo he contado la de mi abuelo, del cual me
siento muy orgulloso, y es historia pura. Yo me siento muy orgulloso de
mi abuelo y he contado aquí su historia porque es una historia de
reconciliación. De todo lo que se podría discutir, que es mucho
—porque cuando se sube a la tribuna se puede decir de todo; ese es
el debate político—, de todo lo que se me podía decir, de todo lo
que se me podía contraargumentar, incluso faltar políticamente, como se
hace de vez en cuando pasando todas las líneas, se ha ido a hablar con
cierto desdén y con cierto desprecio de mi abuelo. Y me ha dolido. Ha
sido exactamente así. Tenían todos los argumentos para debatir ¿Y saben
qué? Yo tengo un escrupulosísimo respeto por todos ustedes. Yo debato
políticamente con ustedes; discrepamos y discutimos en la tribuna, pero
tengo un respeto reverencial por todos y cada uno de ustedes y sus
familias. Y si cuentan ustedes una anécdota suya o de sus familias, nunca
subiría a la tribuna a hablar con desdén o con desprecio de esa anécdota,
y mucho menos, utilizar esa anécdota para indicar una cierta ausencia de
capacidad intelectual. El compañero —porque es un compañero—
del Grupo Socialista ha salido a la tribuna a hablar y ha contado una
anécdota personal, una vivencia personal. Y yo nunca en la vida pondría
en duda su capacidad intelectual por esa anécdota, y, desde luego, nunca
en la vida pondría en duda esa anécdota suya o de cualquiera de su
familia. Pero bueno, no ofende —que entiendo que es lo que se ha
pretendido— quien quiere, sino quien puede, y eso lo único que da a
entender es la catadura moral de algunas personas que suben aquí. Yo
nunca entraría en nada personal con ninguno de ustedes y nunca entraría
en desdén y en desprecio hacia ningún miembro de su familia —máxime
de uno que ya no está— si ustedes cuentan una anécdota, como se han
contado aquí esta mañana en la tribuna. Respeto absoluto. Pero como
estamos en una época de la política de pasar todas las líneas, no voy a
entrar en esto, y, desde luego, no voy a entrar en temas personales. Cada
uno se retrata como puede o como quiere. Fuera del debate político
—y pido disculpas si en algún momento he podido ser árido en el
debate político— nunca entraría en nada personal contra
ustedes.

Señorías, como he dicho, la ley es hemipléjica:
pretende proteger a las víctimas del franquismo, pero no a las víctimas
de ETA. Se fundamenta en la igualdad entre españoles. Y este punto se
puede debatir, porque nos hacemos alguna pregunta, y creo que esto es lo
que venimos aquí a rebatir. ¿Pretende promoverse el reconocimiento y el
establecimiento de lugares de memoria que recuerden el coste de la
libertad y lo duro que es alcanzar la democracia, o depende de si el
asesinato o el asesino fue del franquismo, pero no si el asesinato o el
asesino fue de ETA? ¿Es que no se dan cuenta de esto? ¿Pretenden
prohibirse los homenajes asesinos totalitarios o depende también de si el
asesinato es del bando franquista en la Guerra Civil, y en este caso
estará prohibido o repudiado, con todo el derecho, pero no los homenajes
a los asesinos de ETA, avergonzando y entristeciendo a todas las
víctimas?

Si el espíritu de esta ley es proteger a las
víctimas y a los mártires de la libertad, tienen ustedes que subir a esta
tribuna y explicar por qué votaron en contra de la ley que llevó
Ciudadanos al Congreso para prohibir los homenajes a terroristas. Siguen
sin hacerlo, siguen sin prohibirse. Y su silencio nos hace sospechar que
lo hicieron porque necesitaron los votos de Bildu. Memoria sí, pero no
selectiva. Señorías, por favor, cuenten con todos. Más consenso, más
pacto, más acuerdo, más democracia y menos odio.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tomará la palabra su señoría Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Decía Carlos Negreira, exalcalde de A Coruña y
amigo personal del señor Feijóo, que Millán-Astray era un coruñés de pro,
y que cómo iban a hacerle a un coruñés de pro eso de quitarle la estatua
de su ciudad. Otro distinguido dirigente del Partido Popular, el señor
Mayor Oreja, ministro del Interior con José María Aznar, que destacó
precisamente en los últimos años por defender al señor Feijóo de aquellos
que le relacionaban con el narcotráfico, definió la Dictadura como unos
años de extraordinaria placidez, y se negó a condenarla porque, en su
opinión, hubo muchas familias que lo vivieron con absoluta normalidad y
naturalidad. La tercera voz autorizada para intentar discernir qué es lo
que verdaderamente piensa el Partido Popular de la memoria histórica es
la del distinguido senador Rafael Hernando, que aseguró en el año 2013
que algunos solo se habían acordado de su padre, parece ser, cuando había
subvenciones para encontrarlo.

Yo hoy, señorías del Grupo Popular, sobre todo
con estos precedentes, no les voy a pedir que voten a favor de esta ley y
muchísimo menos que condenen el franquismo. Teniendo en cuenta que su
posición al respecto es indistinguible de la de Vox, la verdad es que me
parece estéril pedirles una cosa como esta. A diferencia de ustedes, yo
sí creo que ustedes tienen el derecho democrático a no condenar en este
caso una dictadura genocida, por más que ello dañe profundamente mi
sensibilidad y la sensibilidad de millones de personas en este país. Lo
que sí les pido, señorías del Grupo Popular, es que, por respeto a
España, por respeto a los españoles y particularmente, fíjense, a los
votantes del Partido Popular, sean ustedes honestos, que suban aquí y
defiendan sin circunloquios, sin excusas, sin eufemismos, sin demagogias,
sin poner a la Constitución como parapeto de sus ideas, lo que ustedes
verdaderamente piensan en relación con este tema, porque, de lo
contrario, ustedes, además de blanquear una dictadura y el terrorismo de
la extrema derecha durante la Transición, lo que estarán haciendo es un
fraude democrático. Y eso, en democracia, sí es una línea roja.

Ustedes, señorías, se opusieron a la Ley del
aborto y dijeron que la derogarían; ustedes se opusieron a la Ley del
matrimonio igualitario y dijeron que la derogarían; ustedes se opusieron
a la Ley de memoria histórica y dijeron que la derogarían. Señorías del
Grupo Popular, si estaban en contra de todas estas leyes, ¿por qué no las
derogaron cuando tuvieron la oportunidad? ¿Por qué cuando el señor Rajoy
llegó al Gobierno de España no se atrevió nunca a debatir en campo
abierto sobre este tema? Ustedes, señorías del Partido Popular, se
limitaron a asfixiar económicamente y en silencio a las familias de las
víctimas que querían dar una sepultura digna a sus seres queridos. Por
cierto, una actitud que tiene de cristiana lo que yo de obispo.

Señorías del Grupo Popular —y el señor
Feijóo ausente en el día de hoy—, les voy a hacer espóiler. El
señor Feijóo no va a gobernar España. Pero, si por alguna desgraciada
casualidad del destino, terminara gobernando España, estoy absolutamente
convencido de que no derogará esta ley, y no será seguramente por falta
de ganas, sino porque para hacerlo tendría que pisotear los derechos de
muchas personas, también, probablemente, de algunos de su propio partido.
Porque esa obsesión suya por convertir la memoria democrática en una
trinchera para la batalla ideológica es esencialmente eso, una obsesión
suya, y es la causa, señorías, de la derrota moral de la derecha
española, que se ha demostrado incapaz de divorciarse de su pasado. ¿Se
imaginan ustedes a otros insignes representantes de la derecha europea,
como la señora Merkel o el señor Sarkozy, poniéndose de perfil, negándose
a condenar el nazismo? Señorías, no tienen ustedes la más mínima
credibilidad, y por eso les crecen los enanos por la derecha y por la
izquierda. Son víctimas, señorías, de sus propias contradicciones.

El Partido Popular se sitúa en el día de hoy
fuera del consenso nacional, fuera de los valores democráticos y fuera
del sentido común de una sociedad en la que sus ideas, para desgracia
suya, cada día tienen menos influencia. Tienen —se lo voy a decir
así— una posición que es incomprensible e inexplicable para
cualquier ciudadano que tenga menos de 65 años. Es así. No obstante,
señorías, sí les voy a conceder algo en el día de hoy, sin que sirva de
precedente, y es algo que comparto con ustedes: no creo que tenga mucho
sentido enjuiciar lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos
durante la Transición con los ojos de 2022, porque creo que hay que
entender los procesos políticos en su contexto. Pero del mismo modo, no
podemos aceptar que ustedes pretendan negarnos los derechos de 2022 con
los ojos de 1978. La Transición, señorías, nunca fue una estación de
llegada, sino más bien todo lo contrario. Por tanto, dejen de utilizarla
como tapón frente a cualquier avance social, porque no les pertenece y
porque con ello lo único que hacen es deformarla hasta convertirla en un
mito estéril para las nuevas generaciones. Entre los años 75 y 81 la
policía y los cuerpos parapoliciales asesinaron en España a 271 personas.
Hubo represión, hubo torturas y hubo asesinatos. Y decirlo no hace de
menos a ni una sola del resto de las víctimas que existen en nuestro
país, que han tenido, tienen y tendrán el reconocimiento de la sociedad y
el reconocimiento del conjunto de las instituciones.

Señorías, termino. Hace cuarenta y dos años,
otro demócrata de toda la vida, el señor Blas Piñar, líder de Fuerza
Nueva, en un debate con Antonio Ibáñez, ministro del Interior de Suárez,
decía: El ministro da demasiada importancia a la violencia
ultraderechista y muy poca a la de ETA. Ya ve, señor Feijóo, señor
ausente, y señorías del Grupo Popular, que sus argumentos para oponerse a
esta ley ni siquiera son originales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista,
intervendrá su señoría Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.
Bon dia de nou.

Debatimos hoy este proyecto de ley que va a
sustituir a la Ley de memoria de 2007, una ley que en su momento ya fue
una gran decepción para muchos colectivos que promovían la memoria
histórica por insuficiente y porque dejó sin reparar a miles de víctimas
del franquismo. Estos colectivos han seguido trabajando y no han callado
para abordar todas sus debilidades, y durante muchos años lo han hecho
ante la negativa de los partidos mayoritarios, incluida la del Partido
Socialista, que ahora nos trae esta nueva propuesta que urge aprobar y
que, con gran retórica y mucho simbolismo, se nos vende como la propuesta
definitiva. Ciertamente, aporta y representa un avance significativo, en
ningún caso lo negamos, lo reconocemos, sobre todo en materia de
políticas públicas activas de memoria y también en reparación y
reconocimiento de las víctimas, pero no es suficiente, es aún
insuficiente. Según Junts per Catalunya, no es una reparación definitiva
a las víctimas, porque son muy pocos los actos de justicia efectiva para
las personas y entidades víctimas del franquismo.

Pasadas cuatro décadas desde la muerte del
dictador y de la entrada en vigor de la Constitución española, uno tiene
la sensación de que en materia de memoria democrática, el Estado español
continúa legislando de forma acomplejada en el marco legal del 78. Este
marco es fruto, sin duda, de una transición teledirigida y tutelada desde
el propio régimen franquista. Decía mi compañero en el Congreso, el
diputado Josep Pagès, que es un fracaso que el peso y la inercia del
franquismo se impongan a la sensación de perdedores de las víctimas del
franquismo, de todos, de los torturados, de los que pasaron años en
prisión, de los expoliados y de las víctimas del genocidio, del genocidio
tal cual y del genocidio cultural y lingüístico en Cataluña, en el País
Valenciá, en las Illes Balears, en Euskadi o en Galicia. Es un fracaso,
porque este franquismo incluso ha recobrado aliento, si es que en algún
momento lo había perdido, y continúa copando las instituciones, desde el
Poder Judicial hasta el Ejército, pasando por las fuerzas y cuerpos de
seguridad, como vemos reiteradamente en esta Cámara. Así lo evidencia una
ley en la que ni una sola vez se es capaz de citar o definir la dictadura
como fascista.

Es una ley insuficiente porque, a pesar de
declarar ilegal el régimen franquista y declarar la nulidad de las
condenas y sanciones, no establece responsabilidades patrimoniales, como
les decía en la defensa de las enmiendas en relación con los bienes
incautados en el expolio a personas y entidades, como les mateixes
ateneus, para los que no se prevé el derecho a la restitución. Esta ley
tampoco revierte el modelo de impunidad a los crímenes franquistas y, por
tanto, no se respeta el derecho a la tutela judicial efectiva. La
referencia a la integración en la legalidad internacional de la legalidad
española es una simple reiteración de lo que ya dice la Constitución
española y, por tanto, debería vincular ya a los jueces. Asimismo, se
limitan las investigaciones del fiscal de Derechos Humanos y Memoria
Democrática a procedimientos declarativos de tipo civil, cuando deberían
extenderse, a nuestro entender, a procedimientos de tipo penal. En
definitiva, no se cambia nada para forzar a los jueces a investigar y
enjuiciar los crímenes del franquismo, y estos se mantienen con toda
impunidad.

En Junts per Catalunya no podemos avalar con
nuestro voto ni con nuestra abstención una ley que reafirma el falso
relato de la legitimidad del régimen de 1978, heredero del régimen
fascista de Franco, nunca depurado ni en la judicatura ni en el Ejército
ni en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos un régimen y
una situación con las mismas élites extractivas, la misma beligerancia
contra la lengua y la nación catalana y los mismos métodos, los propios
de Estados autoritarios para hacer frente a la disidencia política, de la
que hoy vivimos un claro ejemplo.

Se refería el senador Reniu a que hoy tenemos
sentado en el banco de los acusados no solo a un conseller de Esquerra,
sino a la Mesa del Parlament de Catalunya por permitir el debate en sede
parlamentaria sobre la monarquía y la autodeterminación. Desde aquí, una
abraçada a tots i el nostre suport ante actos que, una vez más, hacen
evidente el bajo nivel democrático del Estado español, a pesar de su
magnífica y ejemplar transición. Nosotros no vamos a avalar su relato.
Como les decía, por todo lo expuesto durante este debate y tal y como
hicimos en el Congreso, tampoco vamos a avalar este proyecto de ley. No
lo haremos por insuficiente, no lo haremos porque, a pesar de lo que nos
decía el senador Pérez García, quiere ser una ley de punto final que, a
nuestro entender, consolida un modelo de impunidad que, una vez más, deja
sin tutela efectiva a las víctimas.

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la
palabra su señoría la senadora Beltrán de Heredia.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eguerdi
on. Eskerrik asko, mahaiburu jauna.

En el Grupo Parlamentario Vasco, queremos
reconocer y agradecer la labor que han hecho y están haciendo todas las
asociaciones memorialistas en la reconstrucción social del pasado y en la
recuperación de la memoria colectiva de las víctimas, ya que, gracias a
todas ellas, gracias a todos ustedes, estamos hoy aquí debatiendo este
proyecto de ley de memoria democrática. Esta ley, en algunos aspectos
puede resultar —como se ha manifestado aquí— insuficiente,
pero, sin duda alguna, supone un claro avance respecto de la Ley de
memoria histórica de 2007, ya que da un nuevo impulso a las políticas
públicas de memoria y al reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil
y de la Dictadura. Los poderes públicos, el Estado, tienen el deber de
ser agentes activos en la búsqueda de la verdad, como reclama Naciones
Unidas cuando expresa que los gobiernos democráticos deben enfrentar
también con medidas legislativas aquellos acontecimientos en los que se
hayan producido violaciones de derechos humanos. Por tanto, en línea con
lo que expresa Naciones Unidas, esta ley imputa esa responsabilidad a los
poderes públicos, en este caso al Estado.

Hoy hemos oído en esta Cámara que es tiempo de
concordia, que no es momento de abrir viejas heridas. Señorías,
precisamente, como he dicho anteriormente, se trata justo de lo
contrario, se trata de sanar y cicatrizar las heridas para que no sigan
latentes pasando de generación en generación, con el riesgo, entonces sí,
de que se reabran. Así lo reconocía también el Parlamento Europeo
recientemente al manifestar, en relación con los horrores padecidos en
Europa en el siglo XX, la importancia de la memoria histórica para el
futuro de la Unión, y resaltaba que no puede haber reconciliación a
través del olvido. La reconciliación solamente puede sustentarse sobre la
verdad y la memoria. Verdad, justicia y reparación son elementos claves
que la democracia española debe tener como compromiso fundamental y como
compromiso de garantía de no repetición de los hechos más trágicos
ocurridos durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Como decía al comienzo de esta intervención,
esta ley pretende superar las carencias observadas en la Ley de memoria
histórica de 2007. Aborda con un carácter más amplio y, al mismo tiempo,
más concreto la protección de los derechos humanos y el reconocimiento de
las víctimas y su reparación. En este sentido, hay que destacar el
compromiso que asume el Estado en la búsqueda de las personas
desaparecidas y la entrega a las familias y también en la investigación y
el estudio de actuaciones de vulneración de derechos humanos ocurridas
más allá del 78 que aún quedan por resolver. A estas familias debemos
agradecer el esfuerzo que han hecho por mantener la memoria, porque
llevan muchos años esperando y perseverando para que se dignifique el
nombre de sus familiares. Son cientos de miles las víctimas de la
represión y del silencio impuesto por la dictadura franquista que en
demasiadas ocasiones han tenido que soportar el daño añadido de la
mentira de un relato tergiversado que además les hacía culpables. Justo
es reconocer que esta labor de recuperación de la memoria y el
reconocimiento de las víctimas no comienza hoy, no comienza con esta ley,
sino que también entidades locales y comunidades autónomas, como es el
caso de Euskadi y Navarra, junto con asociaciones memorialistas y con la
propia universidad, llevan más de dos décadas trabajando en las políticas
de memoria. En este sentido, también hay que destacar el reconocimiento
que hace esta ley a la labor realizada en la construcción de memoria
democrática por entidades locales y comunidades autónomas y la necesidad
de establecer mecanismos de coordinación con el más absoluto respeto a
las competencias.

Valoramos positivamente que la ley mire de
forma específica a las mujeres, tantas veces olvidadas; que se visibilice
y se reconozca el sufrimiento, las vejaciones, humillaciones y
violaciones que sufrieron las mujeres, que las revictimizaban por el
hecho de ser mujeres. Muchas de estas mujeres, como aquellas que
integraron la Red Álava, también tomaron un papel activo en la
resistencia antifranquista y en la defensa de la democracia y la
libertad.

Por fin se afronta como parte de la memoria
recuperar la realidad de los niños y niñas sustraídos durante la Guerra
Civil y la Dictadura. Son hombres y mujeres a quienes se robó su
identidad, madres y familias acalladas durante años por un manto de
sombra y un inducido sentimiento de culpa y de vergüenza.

Asimismo, se reconoce la necesidad de restituir
a las personas afectadas por poliomielitis como consecuencia de la
desidia y la dejadez de los poderes del régimen franquista. Estas
personas llevan muchos años luchando contra el abandono
institucional.

Consideramos importante que se garantice el
acceso a los fondos documentales de archivos públicos y privados a todas
aquellas personas interesadas y a sus herederos. La Ley de memoria
democrática mandata la modificación de la Ley 9/1968, conocida como la
Ley de secretos oficiales, cuyo anteproyecto ya ha sido presentado por el
Gobierno. Es un texto con el que nuestro grupo no está de acuerdo por las
limitaciones y las barreras que plantea para desclasificar y acceder a la
información de tantas actuaciones de los poderes públicos pendientes de
esclarecer, que también está privando a las víctimas de su derecho a la
verdad y a la justicia. Urge, por tanto, levantar el secreto sobre
informaciones, como lo concerniente a la represión policial que acabó con
la muerte de cinco trabajadores el 3 de marzo del 76 en Gasteiz, o sobre
la muerte de Mikel Zabalza a manos policiales en 1985. Señorías, hacen
falta respuestas, pero sobre todo hace falta justicia.

Saludamos que, sobre la base de las enmiendas
presentadas por nuestro grupo en el Congreso, se reconozca la obligación
de restituir documentos y otros elementos arrebatados a personas
naturales o jurídicas de carácter privado y que se encuentran en ese mal
llamado Archivo de la Guerra Civil o también en poder de otras entidades
públicas. Con ello esperamos que, por fin, las instituciones vascas
puedan recuperar la documentación y otros efectos incautados.

Esta es una ley necesaria, como he dicho
anteriormente, para reparar la injusticia del olvido y la ocultación de
la verdad, que reconoce a aquellas personas que defendieron la legalidad
frente a la ilegalidad, que reconoce la ilegalidad del régimen franquista
y de sus tribunales y resoluciones y reconoce, por tanto, a las víctimas
para interponer recurso y obtener reparación. La prioridad ayer, hoy y
siempre, tienen que ser las víctimas, todas las víctimas de la Guerra
Civil y de la Dictadura, sin mirar color ni ideología. La búsqueda de la
verdad, la justicia y la reparación debe ser el objetivo en el que nos
deberíamos encontrar todos los grupos políticos y todas las
instituciones, porque solo así consolidaremos los valores y principios
democráticos.

Por todo lo expuesto, nuestro grupo va a apoyar
esta Ley de memoria democrática, porque es un paso importante en un
camino que seguramente habrá que seguir andando y recorriendo en defensa
de la verdad y la restauración de la dignidad de todas las víctimas de la
Guerra Civil y la dictadura franquista. Recuperar la memoria y reparar la
injusticia de los derechos vulnerados tiene que ser el objetivo. Este es
un camino que no termina hoy con esta ley, sino que, seguramente, vamos a
tener que seguir avanzando, vamos a tener que seguir mejorando. Pero, sin
duda alguna, valoramos positivamente los avances que se dan respecto a la
Ley de 2007, que en muchos aspectos era meramente declarativa.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana
se van a repartir el turno. El senador Elejabarrieta va a intervenir en
primer lugar.

El señor ELEJABARRIETA DÍAZ: Eskerrik asko,
mahaiburu jauna.

Señorías, hoy, sin duda, vamos a dar un paso
para reconocer una parte de la justicia, verdad y reparación que merecen
las víctimas del franquismo y sus allegados. A todas ellas les mostramos
el mayor de nuestros reconocimientos. Hoy esperamos que esta ley sea
refrendada, y lo celebraremos. Pero no es el fin del camino; mañana toca
remangarse y seguir trabajando y caminando junto al movimiento
memorialista, tal y como hemos hecho hasta ahora. Esta ley es un avance,
¡qué duda cabe!, pero seguimos estando lejos, muy lejos de los estándares
que marca la legislación internacional en materia de derechos humanos.
Miramos con envidia a aquellos países que han conseguido derogar leyes de
amnistía que en realidad no eran más que leyes de impunidad ocultas, como
lo es la Ley de amnistía de 1977, que, previa a la Constitución, fue una
lavadora política y penal donde todos los crímenes y criminales del
franquismo salieron de la noche a la mañana blanqueados y exonerados de
su responsabilidad directa en innumerables casos de represión, tortura y
muerte. Por cierto, también nos genera envidia sana ver que algunos
países tienen en marcha procesos constituyentes para reemplazar
constituciones escritas, dictadas y/o pactadas con o por dictadores.
Esperemos que eso también llegue. Quiero recordar que algunas apostamos
por la ruptura con el franquismo y no por su reforma. Aquella mal llamada
Transición ni fue modélica ni acabó con la herencia franquista ni terminó
con la vulneración de derechos humanos y políticos. De aquellos barros,
estos lodos. Hoy, más de cuarenta años después, seguimos sufriendo sus
consecuencias, pero somos muchos más los que hacemos hoy esa lectura
crítica.

Euskal Herria Bildu se ha esforzado en corregir
y mejorar esta ley para que se aproxime a los objetivos de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición. Se han declarado
ilegales e ilegítimos todos los tribunales, jurados y órganos penales y
administrativos, así como sus resoluciones, creados a partir del golpe de
Estado del 36. Se ha ampliado, además, la aplicación de esta declaración
hasta el año 1983. Esperamos, de veras, que esta ley abra cauces para
considerar imprescriptibles y no amnistiables los crímenes de guerra,
lesa humanidad, genocidio y tortura, tal y como recoge la legislación
internacional sobre conculcación de derechos humanos, y que ello se
traduzca, lógicamente, en la apertura de investigaciones y procesos
judiciales contra los responsables de estos delitos. Estaremos muy
atentos.

La declaración del Fuerte de San Cristóbal en
el monte Ezkaba, en Iruña, como lugar de memoria y la cesión del Palacio
de La Cumbre al Ayuntamiento de Donostia para su dedicación a la memoria
histórica y democrática son dos cuestiones con un valor simbólico
importantísimo para la historia de vascas y vascos, pura justicia
poética. Recordemos que en el Fuerte de San Cristóbal, miles de presos
antifascistas vivieron un auténtico infierno y cientos de ellos fueron
asesinados tras la fuga de 1938; hechos aún muy presentes en la memoria
de miles y miles de familias de aquellos revolucionarios republicanos y
antifascistas. Euskal Herria-Bildu está trabajando con el Gobierno de
Navarra y con el Gobierno español para concretar los pasos necesarios a
dar en el futuro convenio recogido en esta ley, así como en la necesaria
financiación inicial para hacer realidad el Fuerte de San Cristóbal como
lugar de memoria, y ello a pesar de los intentos de algunos en poner
palos en las ruedas, y por algunos no me refiero solo a los sospechosos
habituales, unionistas de derecha extrema. El Palacio de La Cumbre fue
residencia del dictador Francisco Franco y fue utilizado durante el
franquismo y con posterioridad como centro clandestino de detención y
tortura. Allí fueron torturados, entre otros, los jóvenes Joxean Lasa y
Joxi Zabala. Después, como todos sabemos, fueron asesinados y enterrados
en cal viva por miembros de la Guardia Civil comandados por el ya
fallecido general Rodríguez Galindo. No quiero olvidar tampoco el
reconocimiento expreso que se realiza al sufrimiento padecido a las
personas que fueron afectadas por el poliovirus durante la pandemia que
asoló el Estado a partir de los años cincuenta y fueron condenados al
olvido por la dictadura franquista.

Concluyo. No es nuestra ley, mantenemos
distancia con algunos de sus contenidos, pero consideramos que es un paso
en la dirección correcta. Por ello, votaremos a favor de la ley e
inmediatamente después continuaremos en la pelea, como hasta ahora, como
siempre.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, intervendrá
su señoría el senador Reniu Vilamala.

El señor RENIU VILAMALA: Gràcies,
president.

Si hoy estamos aquí es gracias a la lucha
persistente y constante de todo el movimiento memorialista; a ellas y a
ellos gracias desde el fondo de nuestros corazones.

Señorías, somos los nietos de aquellos que
perdieron una guerra que no empezaron; somos los nietos de aquellos que
por ser demócratas y republicanos fueron combatidos, represaliados,
torturados, depurados, deportados, asesinados; somos los hijos de
aquellos que pasaron por todo tipo de penurias solo por el hecho de ser
rojos, republicanos, catalanes, vascos, gallegos, homosexuales,
lesbianas, ateos o simplemente demócratas; somos hijos de los que
vivieron un largo periodo de silencio atronador en el que los vencedores,
por la gracia de Dios, pero también por la gracia de las armas, claro
está, los explotaron, vejaron y reprimieron. Militares, alta burguesía y
jerarquía eclesiástica no dudaron ni un segundo en intentar acabar con
todo aquello que oliera a democracia: ateneos, centros culturales,
asociaciones, sindicatos, partidos políticos, lenguas y culturas
catalana, vasca y gallega;






un silencio, el de los cementerios y las
cunetas sobre el que eufemísticamente se erigieron los mal llamados
cuarenta años de paz; cuarenta años de un régimen fascista, un régimen
nacionalcatólico que se basó en el diseño premeditado y consciente de un
proceso de aniquilación de todo aquel que no comulgara con su ideario
fascista. Casi medio siglo ha tardado el Estado en enfrentarse a este
agujero negro de nuestra historia, y decimos enfrentarse porque de eso se
trataba, de ponerse frente al espejo de la historia colectiva reciente
para, de una vez, declarar la ilegalidad de la dictadura, del régimen
fascista instaurado tras el golpe de Estado que degeneró en guerra civil.
Medio siglo; parece mentira en una democracia a la que muchos de ustedes
gustan llamar avanzada, pero que no atiende ni escucha y, como hemos
visto, dista mucho de llegar a ello. Eso por la distancia que separa esta
ley presentada por el autodenominado Gobierno más progresista de la
historia de lo que nuestro grupo parlamentario considera que debiera ser
una reparación justa de las víctimas del fascismo franquista y el
reconocimiento pleno de sus desmanes.

Cuenten sus señorías que si esta ley es
medianamente aceptable para nuestro grupo es gracias a la incansable
labor del movimiento memorialista, así como a la lucha de nuestro
compañero Joan Tardà, quien en 2007 ya alertó de que el texto que daban
por cerrado entonces no resolvía los principales problemas; problemas
que, es evidente, seguirán vigentes, porque es cínico afirmar que se hará
justicia manteniendo inmutable la Ley de amnistía. Que se lo digan a los
familiares de Salvador Puig Antich, asesinado el 2 de marzo 1974 o a los
de Gustavo Muñoz, asesinado por la Policía Nacional el 11 de septiembre
de 1978. Que se lo digan a aquellos familiares que seguirán viendo que no
se interpretará la ley según los tratados internacionales y por ello
deberán seguir buscando en el extranjero una justicia que aquí no
obtendrán aún; mientras, seguirán viendo cómo los verdugos viven con
absoluta impunidad. Vergüenza. Que se lo digan a los ciudadanos,
asociaciones, ateneos, sindicatos o partidos políticos a los que el
Estado seguirá sin asumir la responsabilidad patrimonial que les
corresponde, así como tampoco lo harán la Iglesia ni las empresas que se
beneficiaron de ello gracias a los batallones de trabajadores forzados;
esclavos, a fin de cuentas, de forma que será el Gobierno de turno quien,
según su libre albedrío, decidirá si devuelven los bienes incautados y
expoliados. Medio siglo, en fin, para que el Estado anule las sentencias
y considere ilegal el régimen fascista; medio siglo en reconocer que las
culturas catalana, vasca y gallega fueron perseguidas y reprimidas para
convertirlas en meras expresiones folclóricas en ese momento; medio siglo
en reconocer las deportaciones de los apátridas; medio siglo en reconocer
a las mujeres como víctimas de esa guerra, posguerra y dictadura
fascista; medio siglo en reconocer que a muchas de ellas, demasiadas,
aunque solo fuera una, incluso les robaron sus bebés. Queda aún mucho por
hacer, por asumir, por reparar si realmente se pretende contar con una
democracia plenamente consolidada, y para ello en Esquerra Republicana
seguiremos con nuestra labor de apoyo al movimiento memorialista,
vigilantes en todo momento, atentos al cumplimiento del contenido de una
ley a la que apoyaremos desde la abstención, un gesto que en modo alguno
supone otorgar la confianza y el beneplácito a la ley, es un gesto de
generosidad, de aviso y crédito limitado, toda vez que acumulamos
demasiadas decepciones. Tengan bien presente —se lo he dicho en el
anterior turno— que no negociar es perder. Y no duden ni un momento
en que el día que se haga justicia y reparación de verdad, esa ley,
ténganlo bien claro, tendrá el sello de Esquerra Republicana.

Moltes gràcies. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Pradas Ten.

La señora PRADAS TEN: Señor presidente,
señorías, señor ministro, muy buenas tardes a todos y a todas de
nuevo.

Frente al enfrentamiento, siempre el consenso;
frente al sectarismo, siempre la pluralidad y frente a la verdad de unos,
la verdad de todos. Señorías, ya lo dijo Antonio Machado: «¿Tu verdad?
No, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela». Hoy
podríamos hacer —ya lo he comentado antes— un discurso de
tono elevado, acalorado, pero no lo vamos a hacer. El Partido Popular no
va a contribuir a reabrir heridas ya cerradas del pasado, no lo vamos a
hacer, tampoco vamos a caer en lo que buscan —se ha visto en el
debate con insultos hacia esta bancada— el Partido Socialista y sus
socios de Podemos, Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya: enfrentar;
no vamos a caer en esto, no vamos a caer en el enfrentamiento. A quienes
quieren mirar el pasado con rencor, les decimos que no; a quienes hoy no
respetan a todos los que forjaron los cimientos de una joven democracia,
les decimos que en el Partido Popular sí los respetamos a todos. Por eso
el debate de hoy lo vamos a hacer en memoria de todos los que hicieron
posible que hoy, señorías, estemos todos aquí: Suárez, Fraga, González,
Carrillo, en memoria de todos ellos hacemos hoy el debate y a todos
agradecemos inmensamente, cómo no, su contribución en el tránsito hacia
la democracia y hacia nuestro Estado de derecho, porque, sin duda, la
suma de la voluntad de concordia de todos ellos hizo posible la
Transición.

Por cierto, señor Pérez García, Fraga votó sí a
la Constitución. Le traigo aquí el Diario de Sesiones. El señor Fraga
votó sí a la Constitución. (Aplausos). Es más, Alianza Popular recomendó
el sí a la Constitución. Le muestro una noticia de El País de 1978; he
tenido que irme al año en el que nací a buscar en la hemeroteca. Lo digo
porque no sé si fue un lapsus o es que usted estaba tan embebido de la
Ley de memoria democrática que nos quiso contar su verdad, no la verdad
histórica, la de todos, señor Pérez García.

Por cierto, hablando de la noticia del
referéndum de la Constitución de Esquerra Republicana, señor Reniu
—no lo veo ahora mismo—, en Cataluña el único referéndum que
ha triunfado justamente ha sido el de la Constitución, porque el
referéndum de la Constitución fue masivamente apoyado en Cataluña, más
incluso que en otras comunidades autónomas. (Aplausos).

De la época objeto de la ley, con lo que nos
queremos quedar es con el abrazo de concordia que se dieron políticos de
todas las siglas para mirar hacia delante, dejando las luchas del pasado
atrás a fin de construir nuestra democracia. Como bien dijo Soledad
Becerril, la Transición fue una sucesión de inteligencia y generosidad, y
ciertamente fue así porque la Transición realmente fue una transición de
transiciones. Me explico. Todos los partidos políticos hicieron su propia
transición, todos; todos pusieron de su parte en la transición hacia la
democracia; todos arrimaron el hombro y cedieron algo para hacer posible
la Transición; todos abrieron debates en el seno de sus partidos y eso
hoy no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda borrarlo ni
reescribirlo, y menos aquellos que no se creen en nuestra democracia, en
nuestro Estado de derecho y en el Pacto constitucional. (Aplausos).
Ustedes son los menos legitimados. Me refiero a Bildu, y ahora les
contestaré también una cosita.

Hoy, lamentablemente, debatimos una ley que
quiere atacar los fundamentos de la Transición y de la Constitución
de 1978. Por ello y según ya ha anunciado nuestro presidente, Alberto
Núñez Feijóo, cuando gobernemos, la derogaremos, por supuesto que sí.
Apúnteselo, señor Perpinyà, la derogaremos. (Aplausos). Con el texto que
nos traen, el Gobierno ha perdido una oportunidad extraordinaria para
rendir homenaje a una generación ejemplar, que después de vivir y sufrir
directamente la Guerra Civil fue capaz de superar sus diferencias,
enterrar rencores y tragedias terribles, y lo que es más importante,
supieron perdonar; perdonar para mirar hacia el futuro con el abrazo de
la reconciliación. Con el proyecto de ley que hoy debatimos el Partido
Socialista nos propone una ley sectaria que sesga la historia en base a
su principio de la verdad, pero no en base al principio de la verdad.
¿Por qué decimos que es una ley sectaria? Porque la ley se titula de
memoria democrática, pero nos quieren imponer la memoria de solo unos, no
la de todos.

La ley dice en su artículo 2 que se fundamenta
en los principios de verdad, justicia y reparación. Pues bien, señorías,
no puede haber verdad, justicia y reparación desde el sectarismo, no
puede haberlas, señorías. El único fin de esta ley claramente es
reescribir nuestra historia reciente en un intento de imponer una
interpretación sectaria de la misma, con un ejercicio de ingeniería
social legislativa. Como ya he dicho en el turno de enmiendas, si hay
algo que hace, si cabe, más sectaria y extravagante —permítanme que
lo diga así— esta ley y que es el sumun de la tergiversación y el
sectarismo es la disposición adicional decimosexta —ya hemos
hablado antes de ella—, incluida por un pacto expreso del Partido
Socialista con Bildu. (Denegaciones). Sí, los herederos políticos de ETA.
(Rumores). Sí, fue así, y que, ni más ni menos —ya he leído antes
la disposición— extiende los efectos de la ley hasta el 31 de
diciembre de 1983, es más, también la sospecha de vulneración de derechos
humanos cuando ya habíamos tenido tres presidentes democráticos y ya se
habían celebrado varias elecciones democráticas. ¡Qué vergüenza!
(Aplausos). Hagamos memoria, ya que les gusta tanto: todos los
presidentes que precedieron a Sánchez, todos, llegaron a grandes pactos
de Estado, todos. Recordemos: los Pactos de la Moncloa, el Pacto por el
desarrollo autonómico, el Pacto de Toledo, el Pacto por la Justicia, los
pactos contra el terrorismo de ETA, el Pacto contra la violencia de
género —veo aquí a Javier Maroto, que fue también autor de este
pacto— el Pacto por la aplicación del artículo 155, que fue
aplicado en esta Cámara. En cambio, ¿qué pacto nos va a dejar el señor
Sánchez? Su infame pacto con Bildu, ese es el único pacto al cual ha
sabido llegar el señor Sánchez, el único. (Aplausos). Es normal que
excargos del Partido Socialista exijan a Sánchez la retirada de la Ley de
memoria democrática —esta es una noticia de El mundo de ayer, que
les muestro—, normal, señorías del Partido Socialista.

A todo lo anterior hay que añadir como motivo
para no apoyar la ley que el Partido Popular no va a contribuir a reabrir
heridas del pasado, y menos a crear debates inútiles para los españoles,
que tan mal lo están pasando a nivel económico y social, con precios
disparados, sin poder llegar a final de mes y sin que el Gobierno busque
soluciones factibles, convenientes, porque, claro, está más centrado en
reabrir heridas del pasado que en el presente. España está atravesando
uno de los peores momentos de las últimas décadas, tras la pandemia, y el
debate de hoy debería ser otro: cómo ayudar a los españoles a salir de
esta.

Por otra parte, reiteramos que en ningún
momento el Partido Socialista ha querido consensuar absolutamente nada
con el partido líder de la oposición, con el Partido Popular, ningún
aspecto de la ley. Nosotros estábamos dispuestos a acercar posturas en lo
relativo —ya lo he comentado antes— a la búsqueda y
exhumación de los cuerpos de las víctimas para devolverlos a sus familias
y para que puedan descansar en paz, por supuesto, pero ustedes no han
tenido el más mínimo interés en recabar el más amplio consenso que
refleje la reconciliación entre los españoles.

Decía el senador de Bildu que esta no es la ley
de Bildu. Sí, señorías, esta es la ley de Bildu. (Aplausos). Esta es una
ley que sale con el apoyo de Bildu, y se ha demostrado con el reflejo de
la disposición adicional decimosexta.

Finalizo. Aprendamos de quienes dejaron atrás
las batallas del rencor y se abrazaron unos a otros para que pudiéramos
heredar un país de concordia, democrático y de futuro. Eso y solo eso es
lo que debería permanecer siempre en nuestra memoria.

Señorías, como veo al señor ministro Bolaños en
la bancada, bienvenido a esta Cámara, le digo que en lugar de dedicarse a
reabrir heridas del pasado, podría dedicarse a cerrar las heridas
económicas y sociales del presente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la senadora Granados.

La señora GRANADOS GALIANO: Gracias,
presidente.

Ministro de Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática —que está usted más aquí que el señor
Feijóo sentado en su escaño—, senadores y secretarios de Estado,
empiezo con un afectuoso saludo y dando las gracias a las personas
representantes de asociaciones y fundaciones, así como a profesionales e
investigadores que hoy nos acompañan. Ustedes han contribuido de manera
decisiva desde todos los ámbitos, las entidades memorialistas para la
preservación de la memoria democrática, la universidad, la investigación,
para que la ley que hoy traemos aquí a debate sea la respuesta que se
necesitaba. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. (Aplausos).

La verdad es que llevamos ya, son las catorce
horas, muchas horas debatiendo. Llevamos toda la mañana aquí, esta es la
última intervención, y las posiciones han quedado claras; han quedado
meridianamente claras. Les quiero preguntar a los señores del Grupo
Popular —el señor Feijóo no está— por qué se empeñan en
rechazar una ley que es, antes que nada, un acto de justicia elemental.
¿Qué complejo tienen ustedes sobre su papel en la historia política de
este país? Hoy tenían una oportunidad justamente para superar ese
complejo, pero, desgraciadamente, no va a ser así.

Solemnizando en el vacío en este atril, ¿están
las heridas cerradas, señora Pradas? Hasta que no se abran las fosas, no
se cerrarán las heridas. (Aplausos). Es así. Mírenlos a los ojos y
repitan eso, si pueden hacerlo. Estos días son de esos en los que nos
emocionamos todos; está todo el grupo emocionado. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por
favor.

La señora GRANADOS GALIANO: Les querría pedir
que dejen de revolcarse en la mentira; que lean la ley; que dejen de
faltar una y otra vez a la verdad porque las retóricas encendidas les
alejan un abismo de la realidad. No es cierto que esta ley desmerezca lo
que significó la Ley de amnistía; no es cierto que no se tengan en cuenta
principios jurídicos básicos como la legalidad, la seguridad jurídica o
la irretroactividad. Todo, todo lo que dicen es falso. En cualquier caso,
la mentira tiene las patas muy cortas y como han dejado aquí registrado
todo lo que ustedes querrían y no querrían que pasase, quiero que le
digan al señor Feijóo, que no está, que en su enmienda al artículo 41
muestran lo que no explican, pero que no pueden ocultar. El rastro de su
voluntad ha quedado por escrito. Para la historia queda que el señor
Feijóo no quiere que se supriman los títulos nobiliarios como el duque de
Mola, el marqués de Queipo de Llano, el conde del Alcázar de Toledo o el
duque de Carrero Blanco. (Aplausos). Son títulos concedidos por la
dictadura por el siniestro mérito de haber sido protagonistas de
episodios sangrientos de la contienda, de la represión desencadenada con
la victoria de Franco o cooperadores activos en la prolongación de su
régimen. Y hay algo más. Resulta que el señor Feijóo, el moderado Feijóo,
no quiere que se suprima la orden imperial del yugo y las flechas.
(Aplausos). Ese es el Partido Popular; esa es la enmienda del Grupo
Popular al artículo 41. Hoy están desperdiciando una vez más la
oportunidad de homologarse a las derechas europeas. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señora Acedo Reyes, guarde
silencio si es tan amable. Muchas gracias.

La señora GRANADOS GALIANO: Visité el memorial
de La Barranca en La Rioja no hace mucho y si algo siento cuando pienso
en los miles de personas represaliadas es orgullo por su causa, por su
compromiso y por la serenidad para afrontar la muerte. Sin embargo,
también siento rabia y dolor por un injusto destino y por su última
condena: el olvido. Por eso les debemos esta ley y por eso hoy decimos
alto y claro a la derecha y a la extrema derecha que la memoria
democrática es ley porque así lo quieren los representantes de la
sociedad española.

Los socialistas, con esta ley, hoy saldamos una
deuda histórica con quienes nos precedieron; una deuda, por supuesto, con
quienes defendieron la democracia cuando fue derribada y sufrieron
persecución, cárcel y exilio durante décadas —muchos de ellos
asesinados impune y alevosamente en las tapias de un cementerio o en la
cuneta, donde todavía permanecen sus restos—; una deuda también con
sus familiares y sus descendientes, que se merecen el recuerdo de sus
seres queridos. Son hoy esos familiares y descendientes, por expresarlo
con concisión, el rostro de los ausentes. Y una deuda, por fin, con toda
la sociedad española, sin distinción de ideologías, porque un país capaz
de transitar de la dictadura a la democracia pacíficamente merece
reconciliarse con su propia historia. (Aplausos).

Senadores y senadoras, memoria es lo contrario
al olvido y, en democracia, el olvido no es una opción. Memoria es el
reconocimiento, la reparación y la dignificación de todas las víctimas
del golpe de Estado, de la guerra y de la Dictadura. Son obligaciones de
las que los socialistas jamás hemos abdicado porque para nosotros se
trata de un deber de alcance moral. Lo han dicho mis compañeros, la Ley
de memoria histórica de 2007 supuso un punto de inflexión y se estuvieron
desarrollando políticas de memoria hasta que llegó el PP y en 2012 se
dijo: ni un solo euro público para recuperar el pasado; dicho y hecho.
Eso es lo que hicieron los Gobiernos del Partido Popular.

En 2018 retomamos el impulso y exhumamos a
Franco del Valle de los Caídos. Convengamos que ninguna democracia puede
reservar un lugar de honor a un dictador. (Aplausos). Y ahora seguimos
este camino con una respuesta de Estado para asumir los hechos del pasado
en su integridad, rehabilitar la memoria de las víctimas y reparar los
daños causados.

Esta ley establece un deber de memoria de los
poderes públicos y fomenta el conocimiento de nuestra historia y de todas
aquellas personas y movimientos que hicieron posible los acuerdos de la
Transición; sí, de la Transición. Quiero traer a colación aquí el mensaje
de una persona de talla intelectual y política tan implacablemente
maltratada por la Dictadura como es la de don Manuel Azaña. Nos dejó tres
palabras que, en sí mismas, son tres conceptos políticos que de algún
modo anticiparon el sentido de nuestra transición: paz, piedad y perdón.
Paz, que es convivencia; piedad, que significa civilización, y perdón,
que representa la reconciliación. Entre la muerte de Azaña, al que se le
rompió literalmente el corazón en el exilio francés, perseguido
ferozmente por la Dictadura de Franco, y la aprobación de la Constitución
democrática mediaron casi cuarenta años. La Transición supo recoger ese
legado, que también respondía a la voluntad colectiva de las viejas y
nuevas generaciones: paz, piedad, y perdón.

No se habló en la Transición de olvido ni de
desmemoria, y esa no puede ser, no ha sido y no será la respuesta de
nuestra sociedad a una catástrofe como la Guerra Civil y la Dictadura.
Recordar no atenta contra ninguno de los principios sobre los que se
asentó la Transición, por mucho que lo digan ustedes; una transición que
hicimos sin exclusiones. Necesitamos recordar para la comprensión de
todas las generaciones, pero sobre todo para que no vuelva a suceder.
Esta ley también es para que no vuelva a suceder, y para que no se repita
de ningún modo necesitamos el recurso imprescindible de la memoria.

Quiero acabar haciendo una mención especial a
las grandes olvidadas —la portavoz del PNV también las
citaba—, las mujeres de negro, que fueron víctimas por partida
doble. Son, y tomo unas palabras prestadas, las mujeres que guardaban el
secreto del huido o del escondido; las que acudían todos los días a las
puertas de las cárceles para llevar algo de ropa limpia y un pequeño
puchero; las mujeres que recibían la noticia desgarradora de los nombres
que componían la saca nocturna. Sus vestidos negros constituían casi el
único lazo invisible que unía el pasado traumático con el presente
sombrío que habitaban y la tenue esperanza de un futuro diferente. A
ellas, a las mujeres de negro, también les debíamos esta ley.
(Aplausos).

Y acabo, presidente, con otra gran personalidad
exiliada, el poeta Luis Cernuda, que anticipó magistralmente en tan solo
seis palabras el espíritu de la ley que hoy nos reúne aquí: recuérdalo tú
y recuérdalo a otros, dijo Cernuda. Se lo debemos.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos
de sus señorías del Grupo Parlamentario Socialista puestas en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Señorías, concluido el debate, me van a
permitir que agradezca la presencia durante todas y cada una de las horas
y los minutos que ha durado este debate a las personas que nos han
acompañado en la tribuna de invitados e invitadas, a los hombres y
mujeres que representan al movimiento memorialista de España, a expertos
y expertas, personas que han venido también de otros países y, cómo no,
al secretario de Estado de Memoria Democrática. Gracias a todos ustedes
por haber estado con nosotros durante todo este debate. (Fuertes y
prolongados aplausos de sus señorías puestas en pie, dirigiéndose a la
tribuna de invitados).

A continuación, se procede a abrir el plazo,
que esta vez será de una hora, para que los senadores y las senadoras
autorizados emitan el voto telemático remoto para realizar las votaciones
reglamentariamente previstas, desde este momento, en que son las 14:11
horas, hasta las 15:11 horas de hoy. Asimismo, les recuerdo que la
votación presencial de este proyecto de ley, como ustedes saben, tendrá
lugar una vez finalizado este plazo.

Muchísimas gracias.

El señor presidente lee el punto 6.1.2.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Trabajo,
Seguridad Social y Migraciones, el senador Ferrer Sais.

El señor FERRER SAIS: Buenas tardes,
presidente.

Señorías, la creación de un fondo de
compensación para las víctimas del amianto es una buena noticia para los
afectados y sus familias, y también para las asociaciones de víctimas del
amianto y los sindicatos que hoy nos acompañan. Sus reclamaciones
llegaron por primera vez al Congreso de los Diputados desde el Parlamento
vasco en el 2016, sin poder completar su tramitación por las sucesivas
disoluciones anticipadas de las Cortes Generales. (Rumores).

El amianto, vale la pena recordarlo, es uno de
los productos más peligrosos en el ámbito laboral. Considerado como
cancerígeno, en España, pese a haber sido detectado en los primeros años
setenta —ya se habían dado casos— no se prohibió hasta el
año 2002. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador Ferrer, espere un
segundo porque hay personas abandonando el hemiciclo. Vamos a esperar un
momento para que se le escuche con claridad.

Señoría, puede continuar.

El señor FERRER SAIS: Desde 1999 hasta el
año 2020, en todo el país, la siniestralidad provocada por este material
cancerígeno ha supuesto el fallecimiento de 7439 personas por
mesotelioma. En cualquier caso, la mortalidad derivada del amianto se
estima mucho mayor ya que forma parte del medioambiente. Por lo tanto,
afecta no solamente a la población trabajadora, sino a la población en
general.

La creación de este fondo es un paso adelante
en el objetivo de hacer justicia con las personas afectadas y sus
familias. Sobre todo, tendrá un efecto práctico, que es un alivio en
relación con los tortuosos procedimientos para reconocer su enfermedad
profesional a los que tenían que someterse en el ámbito administrativo y
judicial; por desgracia, muchas veces sus resoluciones o fallos llegaban
después de su fallecimiento.

La proposición de ley que se somete en este
acto a la consideración del Pleno del Senado se tramita por el
procedimiento ordinario. Tuvo su entrada en esta Cámara el 27 de julio
de 2022, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el 12
de septiembre y fue ampliado hasta el 17 de septiembre de 2022.

A esta proposición de ley se presentaron 17
enmiendas. Las números 1 a 5, del señor Gómez Perpinyà, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, y las números 6, 16 y 17, de los
señores Cervera Pinart y Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista, fueron posteriormente retiradas.

El día 29 de septiembre la comisión ratificó la
ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: doña Nerea Ahedo
Ceza, del Grupo Parlamentario Vasco; doña Idurre Bideguren Gabantxo, del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Bildu; doña María Jesús Castro
Mateos, del Grupo Parlamentario Socialista; don Josep María Cervera
Pinart, del Grupo Parlamentario Nacionalista; don Alfonso Gil Invernón,
del Grupo Parlamentario Nacionalista; don Pablo Gómez Perpinyà, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal; don José Manuel Hernando García, del
Grupo Parlamentario Popular; doña Beatriz Martín Larred, del Grupo
Parlamentario Democrático; don Alfonso Muñoz Cuenca, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña María José Rodríguez de Millán Parro, del
Grupo Parlamentario Mixto, y doña María Paloma Inés Sanz Jerónimo, del
Grupo Parlamentario Popular.

Ese mismo día se reunió la ponencia para emitir
su informe, que no introdujo modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados. A continuación, se reunió la comisión, que
emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia por
unanimidad de los presentes en la sesión.

Para la defensa de sus enmiendas han presentado
voto particular la señora Rodríguez de Millán Parro, el señor Marín
Gascón y la señora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.

Finalmente, quiero trasladar en nombre de los
miembros de la comisión nuestro agradecimiento a todas las asociaciones
de víctimas del amianto por su generosidad y su tesón en el trabajo que
vienen realizando; también a las confederaciones sindicales pues la
contribución de todas ellas ha resultado decisiva en el proceso de
elaboración de esta proposición de ley y, sobre todo, quiero agradecer el
esfuerzo de las familias de los afectados y un reconocimiento a los
propios afectados.

Deseamos que las medidas contempladas en esta
norma, alcanzadas a través del consenso de todos los grupos de esta
Cámara en la comisión, resulten de utilidad a los destinatarios.

Muchas gracias por su atención.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
presidente.

Comenzamos el debate de totalidad.

En el turno a favor, ¿alguien desea intervenir?
(Denegaciones).

En el turno en contra, ¿desean intervenir?
(Denegaciones).

En el turno de portavoces, ¿alguien desea
intervenir? (Denegaciones).

Pasamos directamente entonces al debate del
articulado.

Votos particulares de sus señorías Rodríguez de
Millán, Marín Gascón y Merelo Palomares.

Para la defensa de las enmiendas 7 a 15, tiene
la palabra su señoría Rodríguez de Millán.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO; Gracias,
presidente. Buenas tardes.

En Vox defendemos la protección de los
trabajadores y también de todas aquellas personas que, fuera del ámbito
laboral, han sufrido las consecuencias del contacto con el amianto y
sufren algún tipo de patología por esta causa; un problema que se agrava
ya que las secuelas afloran de forma diferida en el tiempo, lo que
provoca, además, que nunca se termine de saber en qué situación exacta
termina la persona que es víctima del amianto. A lo anterior se añaden
también los elevados niveles de litigiosidad que arrastra este asunto y
también las dificultades que entraña la identificación del momento y el
contexto en el que la persona contrajo la enfermedad, de forma que estas
personas no solamente se encuentran sumidas en graves problemas de salud,
sino que tienen que andar lidiando con arduos procesos para identificar
la enfermedad como laboral o no, saber en qué momento se contrajo o
imputar la responsabilidad a la empresa en cuestión.

Los trabajadores españoles no merecen menos que
los de otros países de nuestro entorno, donde sí existe un sistema de
protección y compensación a las víctimas, por lo que nosotros apoyamos
esta proposición de ley y nos congratula que exista unanimidad al
respecto.

En Vox no estábamos de acuerdo con lo que se
proponía en el texto inicial de la proposición de ley que se presentó en
el Parlamento vasco, porque preveía la creación de un organismo con
personalidad jurídica propia, independiente de la Administración, que iba
a contar con una presidencia, un consejo rector, una secretaría general
con rango de subdirección general y unas comisiones y equipos de
evaluación provinciales y para el que se preveía, entre las formas de
financiación, la creación de una cuota obligatoria a los empresarios con
trabajadores por cuenta ajena, hubieran tenido o no contacto con el
amianto, lo cual nos parecía incluso inconstitucional. Nos alegramos de
que en la ponencia se nos haya hecho caso de alguna manera, ya que
finalmente no se va a crear ese organismo y se va a enmarcar en el ámbito
de la Seguridad Social, que era lo que proponía Vox, por lo que el texto
ha entrado en las líneas que nosotros habíamos marcado en el debate en
relación con la toma en consideración.

Mantenemos nuestras enmiendas por una cuestión
técnica en relación con el mal denominado lenguaje inclusivo, porque
incluso en el mismo texto se utiliza de una forma aleatoria e
incoherente; hay veces que se utiliza, otras, no, entre otras cosas por
lo que apunta uno de los informes de la RAE que solicitó, en su momento,
la exministra, la señora Calvo, sobre el uso del lenguaje en el proceso
legislativo, y donde se reitera que el neutro incluye tanto al femenino
como al masculino. En el texto articulado no se utiliza este lenguaje y
sí en el expositivo. El hecho de que la exposición de motivos lo incluya
y el articulado no es contradictorio, por lo que pedimos al resto de
grupos que apoyen nuestra enmienda por una razón de coherencia con las
reglas de la Real Academia Española de la lengua.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para el turno en contra de estas enmiendas,
tiene la palabra el senador Gil.

El señor GIL INVERNÓN: Eskerrik asko, mahaiburu
jauna.

Quiero agradecer a la federación de
asociaciones de víctimas que haya venido aquí, en un día muy importante
no solo para ustedes, sino para el conjunto del país, y también a la Mesa
del Parlamento vasco, de mi Parlamento. Además, quiero dar las gracias a
los portavoces que han intervenido a lo largo de este proceso, que me
consta que ha sido complejo y muy largo en el tiempo. El otro día lo
contaba, haciendo memoria: las primeras cuestiones llegaron al Parlamento
vasco allá por el año 2002. Imaginen, si esta ley ha tardado veinte años
en llegar aquí, la desesperación del conjunto de afectados y afectadas.
La ciencia fue la primera que reconoció su problema, pero la política a
veces puede resultar desesperante por su tardanza.

En cualquier caso, he venido aquí a hablar de
enmiendas y tengo que agradecer también al conjunto de grupos políticos,
que legítimamente las presentaron, que hicieran caso a los afectados y
las retirasen. ¿Por qué? Porque les voy a hacer una consideración que me
parece muy importante: esta ley salió del Parlamento vasco por
unanimidad, pasó por el Congreso de los Diputados y se aprobó por
unanimidad, y queremos y les pido, incluso a los que han presentado
enmiendas —de las que luego hablaré— que también aprobemos
esta ley por unanimidad, porque estamos haciendo justicia histórica con
gente que muchas veces no recibió esa escucha activa del conjunto de
grupos políticos. (Aplausos).

Me centraré ahora en las enmiendas. Ya pedí en
la comisión que las retirasen, algunas más por el fondo. Sin embargo, su
negacionismo de género, terminológico, lo han traído hasta aquí; bueno,
es legítimo, pero no lo comparto porque es uno de los ejes vertebradores
y vertebrales que tenemos que atacar si lo que queremos es que no se
produzca desigualdad en nuestro país.

Por lo que se refiere a la segunda enmienda, le
diré que sí me parece de mucho calado porque ustedes quitan la condición
de víctima dejándolo como afectado, y, claro, aquí ustedes confunden
casualidad con causalidad. Una casualidad es que usted y yo salgamos a la
plaza de la Marina, una baldosa nos haga tropezar —puede ser fruto
de una casualidad— y tengamos un accidente, pero es que aquí hay
causalidad; aquí hay ciudadanos que a lo largo de su vida fueron a
trabajar y, de una manera silente, fueron perdiendo la vida, fueron
teniendo patologías que hicieron disminuir su capacidad física o
fisiológica, y algunos, hasta la muerte. Por eso les debemos ese
reconocimiento y por eso aquí tenemos que cerrar el círculo con la
creación de ese fondo y reparar algo en lo que la política a veces, como
les decía, llega tarde. Pero nunca es tarde si la dicha es buena.

Déjenme que les diga que me siento orgulloso,
como ciudadano de Euskadi, de poder estar aquí. Quiero dar las gracias a
mi grupo por haber tenido a bien que sea yo uno de los ponentes de esta
ley porque hoy estamos haciendo historia, señorías, porque hoy el Senado
sale a la calle y la calle entra en el Senado, para reparar algo que tuvo
que reparar hace mucho tiempo. (Aplausos).

Señorías, termino, porque creo que hay un
amplio consenso. Espero que haya unanimidad. No voy a hacer aquí
partidismo, hemos tenido ya muchas horas de debate, pero sí les digo que,
con orgullo, hoy podemos decir que la política responde a un problema de
trabajadores y trabajadoras que madrugan para que España avance, y yo me
veo reconocido en ese país que se mira en el espejo de la dignidad. Esa
España es en la que yo creo y esa es la que vamos a seguir
defendiendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto no
intervendrán.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, el
senador Sánchez López tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor
presidente. Intervengo desde el escaño.

Señor presidente, señorías, con la aprobación
de esta ley se cierra una herida que lleva demasiado tiempo abierta. Han
sido años de lucha de las víctimas del amianto, que han visto cómo sus
justas reivindicaciones, de manera incomprensible, se iban posponiendo
una y otra vez. Por desgracia, esta ha sido una de estas iniciativas
parlamentarias que sufren, sin tener muchas veces por qué, sin saber el
motivo, la inestabilidad política y las sucesivas convocatorias
electorales. En definitiva, obviamente vamos a votar a favor. Esperamos y
deseamos que esta proposición salga de aquí por unanimidad.

Doy mi más sincera enhorabuena a todas las
víctimas y les pido disculpas por el largo tiempo que han estado
esperando. También expreso mi deseo de que no se repita que ciudadanos
con estas patologías tengan que esperar tantísimo tiempo, incluso
décadas, para que los políticos nos pongamos las pilas.

Muchas gracias, señor presidente. Y reitero
que, por supuesto, vamos a votar a favor.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tomará la palabra su señoría Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Como saben ustedes, formo parte de un grupo
modesto en términos numéricos, en el que muchas veces tenemos que elegir
en qué asuntos nos detenemos más cada uno de los senadores para trabajar,
y yo he querido detenerme en esta iniciativa porque tiene grandes
implicaciones para mi región. Ciertamente, hablamos de una iniciativa que
nace del Parlamento vasco, pero tengo la esperanza de que la aprobación
de esta ley, además de resolver un problema histórico y de reconocimiento
para las víctimas del amianto, pueda servir también para prevenir
posibles futuras víctimas, que se podrían producir si ciertos gobiernos
autonómicos y también algunos ayuntamientos no hacen su trabajo, y en la
Comunidad de Madrid, en particular, tiene una importancia capital. Por
tanto, celebro —y me uno a las palabras de quienes me han precedido
en el turno de palabra— el acuerdo político para empezar a hacer
justicia a miles de personas afectadas y a miles de víctimas del
amianto.

Lógicamente, vamos a votar a favor de esta ley
porque simplemente habla de justicia. Reconocemos la necesidad urgente de
aprobar este fondo, pero eso no quita que haya una serie de cuestiones
que nos continúen preocupando y que hemos intentado incluir en esta ley
hasta el último momento. Yo no tengo por costumbre retirar enmiendas
—lo saben los compañeros del Grupo Socialista—, pero en una
ley que fundamentalmente busca resolver un problema que viven en primera
persona las víctimas, nos parecía razonable hacerlo, pues qué mayor razón
para retirarlas que el que los propios afectados te lo soliciten. Así que
lo hemos hecho de esta manera, pero quería comentar varias cosas que nos
parecen importantes, que nos preocupan y que ojalá, de una forma u otra,
podamos resolver en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ley, en
particular con su desarrollo reglamentario.

Nos preocupa que el fondo de compensación para
las víctimas del amianto tenga una dotación que no sea suficiente para
cumplir con los objetivos loables que motivan su creación. Creemos que
habría sido mejor que las empresas que en el pasado obtuvieron beneficios
provenientes de la exposición de sus trabajadores al amianto realizaran,
lógicamente, mayores aportaciones, porque de lo que se trata es de que
los responsables efectivamente se responsabilicen en mayor medida.
Creemos que debemos garantizar que la actividad de la comisión de
seguimiento del fondo de compensación para las víctimas del amianto sea
regular, útil y continuada. Esto también formaba parte de nuestras
enmiendas, pero, incluso sin enmiendas, creo que, con compromiso
político, lo podremos lograr.

Por último, y creo que esto es lo más
importante, el amianto permanece actualmente instalado en miles de
edificios públicos de diversa índole, dependientes de diferentes niveles
de la Administración, y creo que sería recomendable transmitir en la
proposición de ley la necesidad de pedir un esfuerzo extra a todas las
administraciones públicas. Así lo hemos intentado, pero, insisto, creo
que tendremos que recurrir a otro tipo de mecanismos políticos, que sin
duda tenemos, para hacerlo posible. Aquí hay partidos políticos con
grandes responsabilidades en los diferentes niveles de la Administración,
en las diferentes comunidades autónomas, y creo que la aprobación de esta
ley tiene que servir fundamentalmente para cumplir con este
objetivo.

En el caso de la Comunidad de Madrid, hay un
informe sobre la exposición al amianto que ha hecho Comisiones Obreras
—si no lo conocen, recomiendo que lo lean—, donde se analiza
el amianto en los centros educativos de nuestra región y es absolutamente
revelador: de 1258 centros analizados estarían en estos momentos
afectados por amianto 925, es decir, el 74 % de los colegios de la
Comunidad de Madrid se encontrarían en esta situación. Eso significa que
más de 22 000 profesores, 3700 personas del personal educativo y 230 000
alumnos están en estos centros educativos con amianto, y es algo que
tenemos que resolver urgentemente. Hace unos meses, y lo sabe bien la
presidenta de la Comunidad de Madrid porque así se lo hemos trasladado
—en particular, por ejemplo, en relación con el Colegio Meseta de
Orcasitas, que es uno de los colegios que más amianto tiene en la
Comunidad de Madrid—, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid
se comprometió a resolver este problema. Desgraciadamente, esto sigue en
la misma situación todavía, y yo, en el día de hoy, de la forma más
constructiva posible, solicito de forma encarecida a los dirigentes del
Grupo Popular que hablen con sus colegas de la Comunidad de Madrid y que,
entre todos y todas, logremos dar solución a un problema que, más allá de
la disputa partidista que normalmente acompaña a la mayor parte de los
asuntos que debatimos en esta Cámara, puede formar parte de un consenso,
esa palabra que muchas veces tenemos en la boca y que a menudo nos cuesta
materializar.

Muchas gracias

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará
la palabra su señoría Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Graciès, president.
Buenas tardes.

Intervendré brevemente desde el escaño para
anunciar que mi grupo parlamentario va a apoyar esta proposición de ley
iniciada, como ya se ha dicho, en el Parlamento vasco y resultado de un
perseverante trabajo también de la Asociación de Víctimas del Amianto de
Euskadi y otras asociaciones del resto del Estado. En reconocimiento a
este trabajo y al largo recorrido de la iniciativa, Junts per Catalunya
decidió retirar las 3 enmiendas, entendiendo que, en todo caso, su no
incorporación tampoco hubiera condicionado nuestro voto favorable,
porque, al final, el objetivo principal es el mismo: poner fin
definitivamente al desamparo que han sufrido todas las víctimas del
amianto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la
palabra su señoría la senadora Ahedo Ceza.

La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko, mahaiburu
jauna. Eguerdi on guztioi.

Tenemos hoy entre nosotros a la Mesa y a una
representación del Parlamento vasco y también a representantes de
asociaciones de víctimas. (Pronuncia palabras en euskera).

Hoy vamos a aprobar una ley para la creación de
un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una
reivindicación histórica que para llegar hasta aquí ha atravesado un
camino largo y difícil. Desde que se creó una ponencia en el Parlamento
vasco, se aprobó por unanimidad una proposición de ley que se remitió en
varias ocasiones a las Cortes Generales, hasta hoy ha transcurrido más de
una década. Parece que hoy, por fin, llega al final del camino, un camino
que se ha recorrido fundamentalmente gracias a la determinación y a la
perseverancia de las víctimas, de sus familiares y de las asociaciones.
Eskerrik asko, nuestro reconocimiento por tanto trabajo y tanto tesón.
(La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

El amianto fue utilizado durante décadas.
Incluso cuando ya había indicios de su peligrosidad, no se tomaron
medidas, no se protegió el derecho a la salud y se demoró la prohibición
de su uso. Así que existe la responsabilidad pública de dar respuesta y
compensar el daño, porque faltó prevención y acción protectora. Además,
no podemos olvidar que el amianto sigue entre nosotros y ahora
corresponde su retirada, pero esta debe hacerse en condiciones, porque,
si no, generaremos más víctimas aún, y esto no se puede consentir. Hay
que tener en cuenta que las víctimas son difíciles de cuantificar y que,
además, podrían aparecer nuevas teniendo en cuenta el tiempo de latencia
entre la exposición al tóxico y la aparición de síntomas y
enfermedad.

Para el Partido Nacionalista Vasco la creación
de este fondo es de justicia; es reconocimiento y reparación y aunque,
como decía el clásico, nada se parece tanto a la injusticia como la
justicia tardía y para algunos, por desgracia, llega tarde, la cuestión
es que hoy finalmente está aquí: vamos a hacer justicia y saldar una
deuda histórica. Debemos destacar que esta ley lo que hace es acabar, en
algunos casos, con un interminable periplo judicial y con ciertas
dificultades porque hay empresas desaparecidas, insolventes, se ha
trabajado en varias y es difícil marcar una responsabilidad concreta o
porque en este periplo judicial ha habido resoluciones muy dispares.

Además, otra cuestión importante es que
reconoce a todas las víctimas, a toda persona expuesta al amianto en el
ámbito laboral, familiar —y aquí se ha hablado en muchas ocasiones
de las mujeres de trabajadores que solo limpiaban el buzo de su
marido— y también en el ambiental, porque no podemos olvidar, por
desgracia, que el amianto está en todas partes. Es decir, se va a
reconocer a todas las víctimas y no solo a quienes tengan reconocida una
enfermedad profesional. Así reza el artículo 2 de la ley que hoy vamos a
aprobar cuando dice que corresponde al fondo «… la reparación
íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una
exposición al amianto padecidos por toda persona en su ámbito laboral,
doméstico o ambiental…».

Lo que toca ahora, además de que aprobemos la
ley, es el desarrollo reglamentario y les aseguramos que ahí también
vamos a estar pendientes.

Finalmente, quiero poner en valor el amplísimo
consenso que ha suscitado esta iniciativa, algo a lo que últimamente no
estamos muy acostumbrados en política. Ha habido unanimidad en el
Parlamento vasco, ha habido unanimidad en el Congreso y confío en que hoy
haya unanimidad también aquí, en el Senado.

Voy a terminar mi intervención agradeciendo a
las asociaciones de víctimas su determinación, su tesón. El que sigue la
consigue, y parece que hoy van a conseguirlo. Asumiendo que desde las
instituciones se llega tarde, por lo menos, hoy estamos aquí, la ley se
aprueba hoy, el fondo va a ser una realidad y, además, con el beneplácito
de los interesados y las interesadas; cosa que nos parece importante y de
la que creo que todas y todos debemos congratularnos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.

Señorías, por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Bildu, tiene la palabra la senadora Bideguren
Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko.
Senatari jaun-andreok, eguerdi on.

Quiero saludar y dar la bienvenida a todas las
personas que os habéis acercado hoy al Senado para ser testigos de este
debate. (Pronuncia palabras en euskera).

Deseo empezar con un reconocimiento, y es que
esta proposición de ley, que crea un fondo de compensación para las
víctimas del amianto, llega, por fin, a la última fase de su tramitación
gracias al trabajo incansable y a la perseverancia de muchas personas
que, en esta carrera de obstáculos, no han tirado la toalla.
Sinceramente, señorías, creo que no debemos sobrevalorar la unanimidad
porque, en este caso, hubiese sido preferible aprobarla hace ya algunos
años, aun teniendo un resultado no tan unánime. Lo digo porque se ha
demorado demasiado.

Quiero recordar que la ley que hoy nos ocupa
comenzó su carrera con una iniciativa en el Parlamento vasco de la mano
de mi compañero de partido, Juanjo Agirrezabala, el 15 de diciembre
de 2011. Gracias a aquella moción, se constituyó una ponencia para
analizar la creación de un fondo de compensación. Fue en 2016 cuando
entró en el Congreso de los Diputados y, por fin, hoy, once años después,
culminamos todo el proceso legislativo. Además, cabe destacar que, en
comparación con otros países de la Unión Europea, se está reaccionando
muy tarde; se reaccionó tarde a la hora de prohibir el amianto, se
reaccionó tarde al regular el desamiantado, al reconocer como enfermedad
laboral algunas enfermedades asociadas a la exposición del amianto y, por
supuesto, se reacciona tarde a la hora de crear un fondo de compensación.
Señorías, el fondo de compensación francés entró en funcionamiento hace
ya veinte años. Esto debería hacernos reflexionar. Este es un claro
ejemplo para constatar que la inacción tiene costes porque, a pesar de
conocer las consecuencias del amianto —porque sí, señorías, se
sabían, hubo conocimiento de causa—, no se tomaron las medidas
oportunas, principalmente por no afectar a intereses empresariales. Esto
es muy grave y ha tenido consecuencias económicas y consecuencias en la
salud pública.

El amianto nos ha costado salud y nos ha
costado miles de vidas. Pero es que además, ante el desamparo tanto por
parte de las empresas responsables como por parte de la Administración,
se ha condenado injustamente a las víctimas a gran cantidad de litigios
durante demasiados años. En cualquier caso, es hora de mirar hacia
adelante. Estamos ante una ley necesaria, ante un ejercicio de
reconocimiento y reparación. Se reconoce como víctimas y, por tanto,
beneficiarias del fondo de compensación a todas las personas que han
sufrido daños y perjuicios por la exposición al amianto en el ámbito
laboral, doméstico o ambiental, así como a las personas causahabientes.
Es importante señalar que se reconoce a todas las víctimas, a las que han
enfermado en el ámbito laboral, pero también a las que lo han hecho por
causas extralaborales; todas ellas serán reconocidas.

Este es un día histórico porque es la primera
vez que se va a aprobar una ley por iniciativa de un Parlamento
autonómico y es un día histórico porque, por fin, se hará justicia y
paliaríamos el daño de muchas víctimas. Sin embargo, hoy no acaba nada y,
por ello, Euskal Herria Bildu estará vigilante a los siguientes pasos.
Estaremos muy atentos al reglamento de desarrollo de la ley, que deberá
dictarse en menos de tres meses, y esperamos que se haga en colaboración
con las asociaciones de víctimas, respetando el espíritu de la ley, y
pedimos desde ya celeridad para ello. Veremos cómo quedan las
indemnizaciones y estaremos muy pendientes para que haya recursos
suficientes.

Para Euskal Herria Bildu ha sido una apuesta
importante la creación de un fondo de compensación para las víctimas del
amianto. De hecho, fue una de nuestras prioridades para alcanzar el
acuerdo presupuestario para este año, de tal manera que esta ley ya
cuenta con una financiación de 25 millones de euros en los Presupuestos
Generales del Estado para 2022.

Por todas las víctimas, por las que están, por
las que vendrán y por las que, desgraciadamente, se quedaron en el
camino, es importante hoy el reconocimiento y el compromiso de
reparación. Estamos hablando de una deuda histórica y debemos hacerlo
realidad a la mayor brevedad.

Muchas gracias. Eskerrik asko. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Hernando García.

El señor HERNANDO GARCÍA: Muchas gracias,
señora presidenta. Buenas tardes.

Doy la bienvenida a la Mesa del Parlamento
vasco y mando un saludo especialmente cordial a mi querido compañero
Carmelo Barrio. Además, quiero dar también la bienvenida a las
asociaciones de víctimas del amianto, que hoy se constituyen en
verdaderos legisladores y que lo han sido a lo largo del proceso de
elaboración de esta ley. Bienvenidos a vuestra Casa y gracias por
acompañarnos en un día en el que, sin duda, debemos congratularnos porque
esta Cámara, como se ha dicho ya, va a contribuir a reparar una
injusticia histórica de la que ha sido objeto el numeroso colectivo de
víctimas del amianto, y no solamente me refiero a aquellos que han sido
afectados por una enfermedad, sino también a aquellas personas que han
sufrido la propia enfermedad en su condición de familiares o allegados.
Con la ley que nos aprestamos a aprobar se va a garantizar una
compensación económica que, da igual la cuantía que tenga, estará, sin
discusión, muy lejos de paliar el sufrimiento, el dolor y, en el peor de
los casos, la muerte de las víctimas del asbesto, pero que pretende ser
expresión de una responsabilidad pública integral de la que,
desafortunadamente, nos hemos desentendido durante demasiado tiempo y
quizás hasta demasiado tarde.

En efecto, han sido tres décadas de uso
generalizado del amianto en diversos sectores de la actividad, que ha
generado una tragedia en tiempo diferido de la que no terminamos de
conocer las consecuencias en forma de patologías graves, en ocasiones
mortales, o el número de personas afectadas, demasiadas, en cualquier
caso. En este contexto, marcado además por ingentes dificultades
judiciales para los escasos afortunados que pudieron demandar con éxito,
los poderes públicos no hemos estado siempre a la altura de las
necesidades, pero es que, además, la injusticia ha sido particularmente
dura en relación con los trabajadores por cuenta propia, las personas
sometidas a exposición doméstica o exposición ambiental, que han quedado,
por sistema, fuera de cualquier mecanismo de vigilancia, protección o
reparación. La aportación de esta Cámara hoy a la reparación de todas las
víctimas del amianto será la aprobación de un texto plenamente
consensuado sobre la base de un acuerdo unánime de todos los grupos del
Parlamento y que el Grupo Parlamentario Popular estima que es realmente
útil, y creemos que es útil porque se fundamenta en tres pilares
fundamentales. El primero es la efectividad resarcitoria, de manera que
la compensación se gestione y se abone directamente desde un fondo
suficientemente dotado con aportaciones presupuestarias y adscrito al
INSS, que, por descontado, dispone de los recursos humanos y
administrativos y de la experiencia para asegurar la materialización de
las reparaciones. El segundo es la transversalidad, de manera que los
eventuales beneficiarios sean las víctimas del daño, con independencia de
que la exposición al amianto haya sido laboral, ambiental o profesional,
y con independencia de que cuenten o no con una declaración a su favor de
determinación de la contingencia de enfermedad profesional e incluso con
independencia de que hayan sido directos afectados o sean causahabientes
de estos. Y el tercer pilar es la vocación de justicia permanente. Un
alto porcentaje de las patologías asociadas a la exposición al amianto y
de las muertes causadas por estas patologías se van a producir entre el
día de hoy y el año 2040. Por lo tanto, el fondo no se limitará a reparar
los daños que podamos conocer ahora, sino también los que ignoramos y que
se revelaran mañana en forma de mesotelioma, de cáncer de pulmón, de
asbestosis o de otras patologías igualmente devastadoras.

En este escenario que anticipamos, que parece
evidente que va a ser la aprobación unánime de esta iniciativa, el balón
queda en el tejado del Gobierno porque existen muchas cosas que todavía
están en el aire. En este sentido, el fondo de compensación debe dotarse
con recursos humanos y, sobre todo, con recursos financieros suficientes.
Efectivamente, se anunció la aportación de una de una cantidad de 25
millones de euros que instamos al Gobierno a que haga efectiva tan pronto
como el fondo se ponga en funcionamiento, pero es que es imprescindible
—y ya se ha dicho— aprobar el reglamento de la ley porque al
propio reglamento se liga el funcionamiento del fondo que habrá de
determinar las compensaciones —veremos cómo— y regular los
equipos de valoración. Aprovechamos este trámite para instar al Gobierno
—se ha hecho ya en otra ocasión— a que apruebe el reglamento
en el plazo de tres meses que establece la disposición adicional única.
También creo que es una buena ocasión la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2023 —si, efectivamente, llegan a
aprobarse— para que se regule la fiscalidad de estas
compensaciones, evitando cualquier duda al respecto. En todo caso,
esperamos y deseamos que el Gobierno esté a la altura que han mostrado
los grupos políticos del Parlamento en la tramitación de esta proposición
de ley.

Para terminar, agradecemos de nuevo la
iniciativa del Parlamento vasco, en la que participó activamente el Grupo
Popular. Felicitamos a las asociaciones de víctimas del amianto por este
hito, en forma de ley, lamentando profundamente la tardanza, y
manifestamos nuestro deseo de que el dolor sufrido o por sufrir resulte
algo más soportable a partir de ahora, con la certeza de que la sociedad
española en su conjunto y los poderes públicos estarán al lado de las
víctimas.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Muñoz Cuenca.

El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias,
presidenta.

Señorías, a las personas, a los trabajadores se
les remunera por trabajar, pero no por perder la vida en el trabajo y,
sobre ese aspecto, toda la sociedad tiene que trabajar. Incluyo a todos:
políticos, administraciones, sindicatos y empresarios. Tenemos que velar
por impedir que haya fallecimientos como consecuencia del trabajo, ya sea
por accidente o por enfermedad profesional.

Señorías, a diferencia de lo que sucede con los
accidentes de trabajo, como ya se ha dicho, en las enfermedades
profesionales los daños no son instantáneos, aparecen años más tarde, y
en el caso del amianto, incluso décadas más tarde, lo que está provocando
una serie de inconvenientes. Como se ha apuntado, hay muchas empresas que
han ido desapareciendo cuando la enfermedad se ha manifestado o que lo
harán cuando se manifieste. Otro de los inconvenientes es que los
trabajadores han podido prestar servicios en diferentes empresas a lo
largo de su vida laboral, lo que está dificultando mucho la
identificación de la empresa concreta donde se generó esa enfermedad.
Todo esto está produciendo una gran cantidad de litigios.

Como aquí también se ha apuntado, hoy saldamos
una deuda histórica con los afectados, con las víctimas y con sus
familias, a quienes el Estado compensará económicamente y, además,
ayudará en la defensa de sus derechos en los juzgados. Aquí quiero romper
una lanza a favor de este Gobierno porque se ha dicho que se ha tardado
mucho en poner en marcha este fondo, pero lo ha hecho este Gobierno.
(Aplausos). Ha tenido que llegar un Gobierno progresista para poner en
marcha este fondo de compensación y, además, lo ha hecho en un momento
muy complicado; en un momento en el que también vamos a subir las
pensiones en función del IPC, en el que hemos alcanzado un consenso con
los empleados públicos para aumentar su remuneración y ahora ponemos en
marcha este fondo de compensación. Señorías, eso demuestra que este
Gobierno está comprometido con los problemas de la sociedad.

Para el Grupo Parlamentario Socialista esta
norma tiene una importante carga simbólica porque con esta ley mandamos
un mensaje muy potente a la ciudadanía, un mensaje que dice que, ante la
adversidad, ante las situaciones de catástrofe, ante las situaciones
imprevistas en las que el ciudadano se puede sentir solo, el Estado lo
acompaña y lo protege. Porque, señorías, ¿a cuántos de ustedes no les han
preguntado para qué sirve la política? ¿A cuántos no les han preguntado
para qué sirve el Senado, dónde se hace política o qué es política?
Normalmente solemos contestar que la política está en todas partes, y
este es un ejemplo claro de para qué sirve la política. La política nace
de la base, nace del pueblo, nace de la gente de a pie, nace del
trabajador, del vecino, de esa persona que detecta un problema en la
sociedad, que sufre una injusticia o una imperfección de nuestro Estado
de derecho; personas que se organizan en asociaciones, en sindicatos, que
se manifiestan protestando y pidiendo soluciones a sus representantes.
Señorías, hoy me siento muy afortunado, muy orgulloso y satisfecho de la
política. (Aplausos). A menudo podemos confrontar, pero esos no son los
días importantes; los días que hacen historia son estos: los días que
alcanzamos ese consenso y esa unanimidad para corregir una injusticia
social.

Para acabar, el Grupo Parlamentario Socialista
también quiere agradecer al Parlamento vasco y a sus representantes, que
hoy nos acompañan, la presentación e impulso de esta importante
iniciativa. Permítanme también que, como andaluz, salude a Carmen
Fuentes, concejala del Ayuntamiento de Sevilla, de distrito de
Bellavista, donde también hemos sufrido y hay muchos vecinos afectados.
También quiero agradecer a los sindicatos, que están presentes aquí, por
su constante defensa de los intereses de los trabajadores y, cómo no, a
los afectados y a las asociaciones de víctimas, que han llegado desde
todos los puntos de España. Primero, quiero pedirles perdón; aunque
hayamos tardado mucho y nada pueda reparar el dolor que han sufrido, al
menos hoy ponemos esa primera piedra para corregir esa injusticia. Y
segundo, deseo agradecerles su lucha y su constancia, porque han sido un
factor fundamental para que esta ley hoy vea la luz, así como su
colaboración y diálogo fluido y constante con todos los grupos políticos
porque eso nos ha ayudado a alcanzar este clima de unanimidad.

A sus señorías también tengo que hacerles una
petición, emplazarles a trabajar como lo hemos hecho hoy, pensando en la
gente, escuchando a los colectivos, anteponiendo los intereses generales
al interés partidista porque, señorías, eso ayudará a creer en la
política y en los políticos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Señorías, finalizado el debate sobre este punto
del orden del día, se procede, a continuación, a abrir el plazo de una
hora para que los senadores autorizados emitan el voto electrónico remoto
sobre las votaciones reglamentariamente previstas para el Dictamen de la
Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las
víctimas del amianto, desde este momento, en que son las 14:56 horas,
hasta las 15:56 horas. Asimismo, les recuerdo que la votación presencial
de esta proposición de ley no tendrá lugar antes de las cuatro y
media.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los
puntos 7., 7.1., 7.1.1., 7.1.2,, 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6. y
7.1.7.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): No se
han presentado propuestas a dichos tratados.

¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ DEULOFEU : Gracias,
presidenta.

Intervengo solo para anunciar la abstención de
nuestro grupo parlamentario en todos los puntos, excepto en el del
protocolo número 1 y en el del protocolo número 3, así como en el
convenio número 5, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los
trabajadores domésticos, conocido como el Convenio 189 de la Organización
Internacional del Trabajo, que mi compañera, Ana Surra, va a argumentar a
continuación.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senador Martí.

Tiene la palabra la senadora Surra.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora
presidenta.

Estamos contentas de que se apruebe, por fin,
la ratificación del Convenio 189 de la OIT para que las empleadas del
hogar y los cuidadores puedan tener los derechos mínimos que ya tienen
los demás trabajadores. Esperamos que todos los senadores y las senadoras
voten afirmativamente, pero falta mucho tiempo aún para que estas
trabajadoras puedan por fin adquirir todos los derechos que proporciona
el régimen general de la Seguridad Social. Hace años que ellas solas
vienen luchando por obtener esos derechos, y también en esta Cámara hace
años que lo venimos solicitando.

Sin embargo, e incomprensiblemente, pasaron
meses tras aquellos ruidos de bombo y platillo, y de fotos en el
Congreso, que anunciaban que prácticamente ya estaba firmado. En junio la
solicitud entró al Senado, y es hoy, en octubre, cuando se nos presenta a
votación. ¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que el Ministerio de
Asuntos Exteriores haga efectiva dicha ratificación? Porque hay que tener
en cuenta que, una vez que realmente se firme, tendrá que pasar un año
para que esta entre en vigor. La única certeza que sí tenemos es que
ellas seguirán luchando, organizadas contra cualquier obstáculo que se
les ponga por delante, para lograr todos sus merecidos derechos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el senador Gilabert Sánchez.

El señor GILABERT SÁNCHEZ: Gracias,
presidenta.

El próximo viernes, día 7 de octubre, se
celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, algo que define la
Organización Internacional del Trabajo como aquel trabajo productivo,
desarrollado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad
humana, plasmado a través del respeto a los principios de igualdad de
género y no discriminación. El Convenio 189 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente de las empleadas de
hogar, fue aprobado en 2011, siendo su entrada en vigor en el 2013. Como
decía antes mi compañero, Alfonso Gil, algunas veces la política llega
demasiado tarde, y en esta ocasión, también. Eso es cierto. Estamos
llegando tarde a las reivindicaciones de muchas personas, pero, además,
en este caso existe una discriminación histórica: la mayoría del
colectivo son mujeres y, gran parte de ellas, migrantes, y tenemos que
intentar corregir esa doble discriminación.

Existen dos características de este colectivo,
y es que son fundamentalmente mujeres y migrantes; por tanto, cada vez
tenemos que dar más importancia al trabajo del cuidado. ¿Qué más nos
tiene que pasar para que lo entendamos y para que lo veamos así? ¿No
acabamos de pasar una pandemia? El trabajo del cuidado es cada vez más
fundamental. Por tanto, espero que la convalidación del Convenio 189 sea
hoy por unanimidad. Hoy es un día de reparación, de reparación a las
víctimas del franquismo, de reparación a las del amianto y el principio
de la reparación de una injusticia que estábamos cometiendo con estas
señoras, y digo señoras porque la mayoría son mujeres.

Algunas veces tiene que venir la política a
corregir estas desigualdades. Estamos hablando de amianto, estamos
hablando de reparar y de justicia. Para todo ello necesitamos del estado
del bienestar, y el estado del bienestar necesita de impuestos. Por
tanto, como decía el clásico, los impuestos son el precio de la
civilización. Así que, por supuesto, vamos a apoyar esta
ratificación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Rojo.

La señora ROJO NOGUERA: Gracias, presidenta.
Señorías, buenas tardes.

Nosotros queremos manifestar que el Grupo
Parlamentario Popular va a apoyar la totalidad de los convenios y de los
acuerdos que hoy se presentan aquí. Es verdad que todos son importantes
por una u otra razón, pero a mí me gustaría hacer referencia hoy
especialmente, en concreto y en primer lugar, a la ratificación del
Convenio 189, del que han hablado mis compañeros, por su especial
importancia y por lo que significa de regulación y de consolidación de
unos derechos por los que, es verdad, y todos lo sabemos, este colectivo
lleva mucho tiempo luchando; un colectivo que, además, afecta en su gran
mayoría a las mujeres.

Por ello, nosotros apoyamos esta ratificación,
pero también queremos recordar que es necesaria la trasposición a las
normas nacionales para que realmente las obligaciones que conlleva hagan
efectivo el convenio y no se queden solo en el papel.

Y querría hacer también una breve mención, en
este caso por proximidad más geográfica, a los dos convenios que se
firman en relación con la pesca y la regulación de la caza en el tramo
internacional del río Miño, porque —y me gustaría destacarlo—
creemos que puede ser un buen ejemplo en cuanto a la gestión de los
recursos, sobre todo cuando estos son escasos, en nuestras relaciones
transfronterizas.

Nada más, presidenta. Muchas gracias.
(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Señorías, concluido el debate de este punto del
orden del día, se procede, a continuación, a abrir el plazo de quince
minutos para que los senadores autorizados emitan el voto telemático
sobre los tratados y convenios internacionales debatidos, desde este
momento, en que son las quince horas y seis minutos, hasta las quince
horas y veintiún minutos.

Les recuerdo que la votación presencial tendrá
lugar cuando se establezca desde esta Presidencia, aunque no antes de las
cuatro y media de la tarde.