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DS. Senado, Pleno, núm. 102, de 21/09/2022
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANDER GIL GARCÍA


Sesión núm. 55


celebrada el miércoles, 21 de septiembre de 2022


ORDEN DEL DÍA






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proposición de Ley para el reconocimiento de
personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


620/000007
Región de Murcia; ecosistema marino;
protección del litoral


Transición Ecológica





Proposición de Ley Orgánica de reforma de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para
la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el
extranjero.


624/000013
modificación de la ley; sistema
electoral; voto por correspondencia


Constitucional







MOCIONES




Moción por la que el Senado apoya e insta al
Gobierno a continuar desarrollando las políticas públicas en favor de los
pensionistas.


662/000134
consenso político; inflación; pensión de
jubilación


GPS





Moción por la que se insta al Gobierno a extender
la rebaja del IVA del 5% del gas y la electricidad durante todo el
invierno y mientras no se atempere la gravedad de la crisis.


662/000133
IVA; crisis de energía; deducción
fiscal


GPP






CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO




Convenio de colaboración entre el Gobierno
Vasco y el Gobierno de Cantabria en materia de asistencia
sanitaria.


592/000020
Cantabria; País Vasco; cooperación
administrativa; servicio sanitario


GOBIERNO VASCO
GOBIERNO DE CANTABRIA







PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES




Ponencia de estudio sobre la insularidad y la
situación periférica de las Ciudades de Ceuta y Melilla.


543/000007
Ceuta; Islas Baleares; Islas
Canarias; Melilla; despoblación; relación Estado-entidades
territoriales


Despoblación y Reto Demográfico







TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




LECTURA ÚNICA




Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre
la adhesión del Reino de Suecia, hecho en Bruselas el 5 de julio de 2022.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000099
OTAN; Suecia; adhesión a un
acuerdo







Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre
la adhesión de la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 5 de julio
de 2022. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000100
Finlandia; OTAN; adhesión a un
acuerdo







SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor presidente abre a las nueve horas y un minuto el plazo
de quince minutos para que las señorías autorizadas emitan el voto
telemático sobre los puntos 5.1. y 6.1., que se debatieron ayer.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY PARA EL RECONOCIMIENTO
DE PERSONALIDAD JURÍDICA A LA LAGUNA DEL MAR MENOR Y SU CUENCA. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


620/000007

Transición Ecológica


La señora Moreno Duque, presidenta de la
Comisión de Transición Ecológica, presenta el Dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


El señor Marín Gascón defiende la propuesta de
veto n.º 1, presentada por él, por la señora Merelo Palomares y por la
señora Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Lastra Valdés, del Grupo Parlamentario
Socialista, interviene en turno en contra.


En turno de portavoces intervienen las
siguientes señorías: el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); el señor Vidal Matas, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora Rivero
Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; y el señor
Vázquez Rojas, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Comienza el debate del articulado.


El señor Vázquez Rojas defiende la enmienda 3,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Lastra Valdés, del Grupo Parlamentario
Socialista, interviene en turno en contra.


En turno de portavoces intervienen las
siguientes señorías: el señor Marín Gascón, por el Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Democrático
(Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y Partido
Regionalista de Cantabria); el señor Vidal Matas, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid,
Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); la señora Garmendia
Bereciartu, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Bernabé Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y
la señora Retuerto Rodríguez, por el Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor presidente abre a las diez horas y
treinta y un minutos el plazo de una hora para que las señorías
autorizadas realicen telemáticamente las votaciones reglamentariamente
previstas.


Se posponen las votaciones.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE
LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL,
PARA LA REGULACIÓN DEL EJERCICIO DEL VOTO POR LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN EN
EL EXTRANJERO.


624/000013

Constitucional


El señor Magdaleno Alegría, presidente de la
Comisión Constitucional, presenta el Dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


En turno de portavoces intervienen las
siguientes señorías: la señora Goñi Sarries y la señora Rodríguez de
Millán Parro, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sánchez López,
por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de
Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); y el
señor Mogo Zaro, por el Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza el debate del articulado.


El señor Cervera Pinart da por defendida la
enmienda 22, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, inicialmente
presentada por el señor. Chinea Correa, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai
y Agrupación Socialista Gomera).


El señor Cervera Pinart defiende las
enmiendas 1 a 17, del señor Cleries i Gonzàlez y del propio señor Cervera
Pinart, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per
Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario.


El señor Reniu Vilamala defiende las
enmiendas 18 a 21, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu.


El señor Mogo Zaro, del Grupo Parlamentario
Socialista, interviene en turno en contra.


En turno de portavoces intervienen las
siguientes señorías: el señor Sánchez-Garnica Gómez y el señor Catalán
Higueras, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Fernández Viadero,
por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de
Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); el señor
Chinea Correa, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més
per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); el señor Clavijo Batlle, por el Grupo Parlamentario Nacionalista
en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; la señora Beltrán de Heredia Arroniz, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Reniu Vilamala, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; al señora Pradas
Ten, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Rallo
Lombarte, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las once horas y
cincuenta y seis minutos el plazo de una hora para que las señorías
autorizadas realicen telemáticamente las votaciones reglamentariamente
previstas.


Se posponen las votaciones.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO APOYA E INSTA AL
GOBIERNO A CONTINUAR DESARROLLANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS
PENSIONISTAS.


662/000134

GPS


La señora Arnaiz García defiende la moción.


El señor Mulet García defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera).


El señor Sánchez López defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores
«Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria).


El señor Muñoz Cuenca expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y las rechaza.


En turno de portavoces intervienen las siguientes
señorías: la señora Goñi Sarries y la señora Merelo Palomares, por el
Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sánchez López, por el Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); el señor Chinea Correa, por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera); el señor
Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; la
señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Caminal Cerdà, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Fernández González, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Muñoz Cuenca, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


Se pospone la votación.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
EXTENDER LA REBAJA DEL IVA DEL 5 % DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD DURANTE TODO
EL INVIERNO Y MIENTRAS NO SE ATEMPERE LA GRAVEDAD DE LA
CRISIS.


662/000133

GPP


El señor Juncal Rodríguez defiende la moción.


El señor Martínez Urionabarrenetxea defiende las
once enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera). Ha sido inadmitida la enmienda número 8, con número de registro
de entrada 153795.


El señor Marín Gascón defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto, presentada por iniciativa suya, de la señora
Merelo Palomares y de la señora Rodríguez de Millán Parro.


El señor Castellana Gamisans defiende las dos
enmiendas del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu.


El señor Juncal Rodríguez expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas y las rechaza.


En turno de portavoces intervienen las siguientes
señorías: el señor Marín Gascón y el señor Catalán Higueras, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Fernández Viadero y el señor Sánchez López,
por el Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de
Electores «Teruel Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); el señor
Mulet García, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario; la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Castellano Gamisans, por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Juncal
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor
Fernández Palomino, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor presidente abre a las catorce horas y
veinte minutos el plazo de quince minutos para que las señorías
autorizadas emitan el voto telemático del punto 8.1. y del que se acaba
de debatir, el 8.2.


Se pospone la votación.









CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO
VASCO Y EL GOBIERNO DE CANTABRIA EN MATERIA DE ASISTENCIA
SANITARIA.


592/000020

GOBIERNO VASCO
GOBIERNO DE CANTABRIA


El señor presidente informa a la Cámara de que
no se han presentado propuestas de que la celebración de este convenio
necesite la autorización de las Cortes Generales.


En turno de portavoces intervienen las
siguientes señorías: el señor Fernández Viadero, por el Grupo
Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel
Existe» y Partido Regionalista de Cantabria); la señora Ahedo Ceza, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); y la señora
Fernández Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Socialista.


La Cámara toma conocimiento de la celebración
de este convenio.










PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA INSULARIDAD Y
LA SITUACIÓN PERIFÉRICA DE LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA.


543/000007

Despoblación y Reto
Demográfico



La señora Torralba Valiente, presidenta de la
Comisión de Despoblación y Reto Demográfico presenta el Informe.


La señora Merelo Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende su voto particular.


La señora Acedo Reyes defiende el voto
particular presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


El señor Bonet Bonet, del Grupo Parlamentario
Socialista, interviene en turno en contra.


En turno de portavoces intervienen las
siguientes señorías: la señora Merelo Palomares, por el Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Martín Larred, por el Grupo Parlamentario
Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores «Teruel Existe» y
Partido Regionalista de Cantabria); el señor Chinea Correa y el señor
Vidal Matas, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista
Gomera); el señor Clavijo Batlle, por el Grupo Parlamentario Nacionalista
en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario; el señor Medina Martínez, por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV); la señora Pérez Esteve, por el Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor Marí Bosó, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y la señora Hernández Cerezo,
por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, abre a
las quince horas y cincuenta y tres el plazo de quince minutos para que
las señorías autorizadas emitan telemáticamente los votos previstos
reglamentariamente.


Se pospone la votación.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




LECTURA ÚNICA





PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE
SOBRE LA ADHESIÓN DEL REINO DE SUECIA, HECHO EN BRUSELAS EL 5 DE JULIO DE
2022. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000099






PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE
SOBRE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 5 DE
JULIO DE 2022. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000100



La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, informa a la Cámara de
que no se han presentado propuestas a estos protocolos.


En turno de portavoces intervienen las siguientes señorías: la
señora Vaquero Montero, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu; la señora Rojo Noguera, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Ruiz de Diego, por el
Grupo Parlamentario Socialista.


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, abre a las dieciséis
horas y seis minutos el plazo de quince minutos para que las señorías
autorizadas emitan el voto telemático.


Se pospone la votación de estos protocolos.


Se suspende la sesión a las dieciséis horas y seis
minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta
minutos.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY PARA EL RECONOCIMIENTO
DE PERSONALIDAD JURÍDICA A LA LAGUNA DEL MAR MENOR Y SU CUENCA. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación).


620/000007

Transición Ecológica


El señor presidente da la bienvenida a los representantes de la
sociedad civil, impulsora de la iniciativa, que están en la tribuna y que
han venido de la Región de Murcia.


Una vez realizadas las votaciones, el señor presidente anuncia
a la Cámara que ha quedado definitivamente aprobada por las Cortes
Generales esta proposición de ley.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE
LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL,
PARA LA REGULACIÓN DEL EJERCICIO DEL VOTO POR LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN EN
EL EXTRANJERO. (Votación).


624/000013

Constitucional


Una vez realizadas las votaciones, el señor presidente anuncia a
la Cámara que ha quedado definitivamente aprobada por las Cortes
Generales esta proposición de ley orgánica.










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ESTABILIZACIÓN DEL LITORAL DE
MARBELLA Y SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (MÁLAGA). (Votación).


671/000129

GPP


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 109; en contra, 118; abstenciones, 36.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
DEFLACTAR LA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
(IRPF). (Votación).


662/000132

GPP


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: votos
emitidos, 262; a favor, 121; en contra, 136; abstenciones, 5.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO APOYA E INSTA AL
GOBIERNO A CONTINUAR DESARROLLANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS
PENSIONISTAS. (Votación).


662/000134

GPS


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: votos
emitidos, 262; a favor, 251; en contra, 1; abstenciones, 10.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
EXTENDER LA REBAJA DEL IVA DEL 5 % DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD DURANTE TODO
EL INVIERNO Y MIENTRAS NO SE ATEMPERE LA GRAVEDAD DE LA CRISIS.
(Votación).


662/000133

GPP


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 114; en contra, 140; abstenciones, 9.









PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA INSULARIDAD Y
LA SITUACIÓN PERIFÉRICA DE LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA.
(Votación).


543/000007

Despoblación y Reto
Demográfico



Una vez efectuadas las votaciones, el señor presidente anuncia a
la Cámara que ha quedado aprobado el informe.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




LECTURA ÚNICA





PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE
SOBRE LA ADHESIÓN DEL REINO DE SUECIA, HECHO EN BRUSELAS EL 5 DE JULIO DE
2022. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación).


610/000099



Se autoriza el protocolo con el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 245; en contra, 1; abstenciones, 17.









PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE
SOBRE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 5 DE
JULIO DE 2022. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Votación).


610/000100



Se autoriza el protocolo con el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 245; en contra, 1; abstenciones, 17.


Se levanta la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y ocho
minutos.








Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Buenos días. Egun on. Bon día. Bo día. Se
reanuda la sesión.


Señorías, procede en este momento abrir el plazo para la votación
telemática, por tiempo de quince minutos, para las dos mociones que
debatimos en el día de ayer.


Moción por la que se insta al Gobierno a agilizar la ejecución de los
proyectos de estabilización del litoral de Marbella y San Pedro de
Alcántara, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota con la incorporación
de las enmiendas 1, 2, 5 y 6 del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, con número de registro de entrada 153794.


Moción por la que se insta al Gobierno a deflactar la tarifa del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, del Grupo Parlamentario
Popular, que se votará en sus propios términos.


Abrimos la votación cuando son las nueve y un minuto hasta las nueve
y dieciséis minutos. Asimismo, como saben, les recordamos que la votación
presencial de estas dos mociones tendrá lugar una vez finalizado el
último punto del orden del día.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD
JURÍDICA A LA LAGUNA DEL MAR MENOR Y SU CUENCA. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


620/000007

Transición Ecológica


El señor presidente lee los puntos 7., 7.1. y 7.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra la presidenta de la Comisión de Transición Ecológica, la señora
senadora Moreno Duque.


La señora MORENO DUQUE: Gracias, presidente.


Esta proposición de ley que hoy presentamos otorga derechos propios
al ecosistema del Mar Menor, el primer ecosistema de nuestro país que
tendrá personalidad jurídica propia, y tiene su origen en el impulso de
profesores universitarios, que han arrastrado a más de 600 000 ciudadanos
en su apoyo para conceder personalidad jurídica a la laguna y su
cuenca.


Con fecha 2 de septiembre, tuvo entrada en esta Cámara el texto
aprobado por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del
Congreso de los Diputados de la proposición de Ley para el reconocimiento
de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Declarado
urgente, se acordó que el plazo improrrogable de enmiendas y propuestas
de veto finalizase el pasado 8 de septiembre. Finalizado el plazo máximo
de tramitación el día 22 de este mismo mes.


A esta proposición de ley se han presentado una propuesta de veto y
tres enmiendas, de las cuales las números 1 y 2 han decaído.


El día 13 de marzo la comisión ratificó la ponencia, que quedó
integrada de la siguiente manera: don Francisco Martín Bernabé Pérez, del
Grupo Parlamentario Popular; don Joaquín Vicente Egea Serrano, del Grupo
Parlamentario Democrático; doña María Teresa Mercedes Garmendia
Bereciartu, del Grupo Parlamentario Vasco; don Fernando Lastra Valdés,
del Grupo Parlamentario Socialista; don José Manuel Marín Gascón, del
Grupo Parlamentario Mixto; don Manuel Miranda Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña Lourdes Retuerto Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Socialista; doña María Teresa Rivero Segalàs, del Grupo
Parlamentario Nacionalista; don Juan María Vázquez Rojas, del Grupo
Parlamentario Popular, y don Vicent Vidal Matas, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Confederal.


El día 13 de marzo se reunió la ponencia para emitir su informe, que
no introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los
Diputados. El mismo día, el día 13, se reunió la comisión y emitió
dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.


Han presentado votos particulares a esta proposición de ley el señor
Marín Gascón y las señoras Merelo Palomares y Rodríguez de Millán Parro,
del Grupo Parlamentario Mixto, y el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


La proposición consta de un extenso preámbulo en el que, conforme a
lo informado por la letrada de la Comisión, decide una visión ecocéntrica
del ordenamiento jurídico, y en el marco del movimiento global de
reconocimiento de los derechos de la Laguna, se propugna la personalidad
jurídica de la laguna del Mar Menor y su cuenca y una gobernanza autónoma
que garantice de mejor manera su protección. (La señora vicepresidenta,
Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


Señorías, para que desastres naturales como los sucedidos, para que
los episodios de mortandad de fauna en el Mar Menor por la delicada
situación de la Laguna no vuelvan a repetirse, démosle derechos propios a
este ecosistema.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señorías.


Para la defensa de la propuesta de veto número 1, de los senadores
Marín Gascón y las senadoras Merelo Palomares y Rodríguez de Millán
Parro, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marín
Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidenta.


Señorías, el Mar Menor, les recuerdo, está situado en el sudeste
peninsular. Es un entorno natural único de gran valor paisajístico y
ambiental por su diversidad de ecosistemas. Posee una extensión de 135
kilómetros cuadrados de superficie, conforme a la cifra del Gobierno,
o 180 kilómetros cuadrados, según datos de la Región de Murcia, lo que la
convierten en la mayor masa de agua costera y salina de Europa. En este
espacio convergen múltiples usos como el turístico, el recreativo, el
salinero, el pesquero o el agrícola.


Desde su inclusión en el año 1994 en la lista de humedales de
importancia internacional, Lista Ramsar, sus valores ambientales le hacen
contar con numerosas figuras de protección. Así se le ha reconocido
figuras de protección internacional, como el humedal Ramsar y Zepim;
medidas europeas, como Red Natura 2000, y medidas regionales, como parque
regional, paisaje protegido y área de protección de la fauna silvestre.
Asimismo, ya existe legislación regional, como la Ley de protección
integral del Mar Menor, la Ley de recuperación y protección del Mar
Menor, o el decreto de la estrategia de gestión integrada de zonas
costeras del sistema socioecológico del Mar Menor y su entorno.


A pesar de todo lo indicado anteriormente, el ecosistema del Mar
Menor, que es un ecosistema de gran valor y una auténtica joya de nuestra
naturaleza, se encuentra amenazado y degradado. Los graves daños
ecológicos que ha sufrido y sigue sufriendo este espacio natural, ¿se
deben a la falta de eficacia de la normas jurídicas vigentes que, hasta
ahora, han pretendido protegerlo? Más que a la falta de eficacia de esas
normas jurídicas, se debería la falta de aplicación y cumplimiento de
estas por las distintas administraciones implicadas, recordemos,
municipal, regional y nacional, siendo el Gobierno de España el que tiene
la mayoría de las competencias para recuperar el Mar Menor. Señorías,
¿qué han hecho las administraciones durante este tiempo? Nada. Si se
hubiera aplicado la legislación vigente, nada de esto hubiera sucedido.
Puesto que ya existen figuras de protección tanto internacionales como
nacionales y legislación que protege el Mar Menor, lo que hay que hacer
es cumplir con todo ello, no crear nuevos entes, pues ocurrirá lo mismo;
es decir, su falta de aplicación.


Señorías, en esta iniciativa que nos presentan hoy se alude a la
insuficiencia del actual sistema jurídico de protección, a pesar de las
importantes figuras de protección y los instrumentos de carácter
regulador que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos veinticinco
años. Como hemos visto, no hay insuficiencia en el sistema jurídico de
protección actual, sino falta de cumplimiento y de aplicación del
mismo.


Esta proposición de ley no intenta reparar los perjuicios causados
por la ineficacia que han demostrado las distintas normas ambientales de
los Gobiernos anteriores, regionales o nacionales, y por los poderes
públicos responsables de su ejecución ante la falta de cumplimiento y
aplicación de estas. Antes al contrario, hace una apuesta ideológica y
radical por un cambio de paradigma, pretendiendo dejar atrás nuestra
sociedad, centrada en el ser humano, para llevarnos a una sociedad
ecocéntrica y basada en la Agenda 2030. Al mismo tiempo, esta iniciativa
cuestiona la idoneidad, eficacia y calidad del actual acervo de derecho
ambiental europeo, que es el más amplio y exigente del mundo.


Esta proposición de ley propone algo de implicaciones severas, como
es el sometimiento de principios fundamentales al derecho de la ecología.
Al mismo tiempo, esta iniciativa se traduce en una ley específica que
otorga al Mar Menor dos capacidades: la jurídica, derechos propios, y la
de obrar, que se ejercería a través de una tutoría del Mar Menor y que
ostentaría lo que la propuesta llama la representación y gobernanza. Esta
representación y gobernanza se trataría realmente de un auténtico
comisariado político.


Señorías, esta iniciativa se trata de una propuesta cuya base
filosófica se aparta de los conceptos más básicos del derecho español y
de la tradición jurídica occidental. Al mismo tiempo, rechaza
expresamente la posición central del hombre en la naturaleza. La
personalidad jurídica se define someramente como la cualidad de la que
deriva la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y el
reconocimiento de capacidad jurídica y de obrar. El derecho español,
heredero del derecho romano, la reconoce tanto para las personas físicas
como para las personas jurídicas o morales, no así para los ecosistemas y
los medios naturales. Así se recoge en la Constitución española, que de
ningún modo alude a la personalidad jurídica de ningún ecosistema o
elemento del medio natural español, artículos 140, 141 y 152. No hay
ningún caso previo en España o en Europa en el que se haya efectuado un
reconocimiento parecido.


Los casos existentes en el mundo que han servido para otorgar la
personalidad jurídica a diversos ecosistemas y que se citan para tratar
de justificar iniciativas como esta proposición de ley, como son los
ejemplos de Colombia 2016, río Atrato, o Nueva Zelanda 2017, río
Whanganui, son imposibles de encajar en un sistema jurídico como el
español de tradición europea continental. Por el contrario, iniciativas
que persiguieron el mismo objetivo, con ríos como el Ganges y el Yamuna,
India 2017, o la Declaración de derechos del Lago Erie en 2019 fueron
desechadas. Lo sucedido en el Lago Erie, que, para quien no lo conozca,
se encuentra entre Estados Unidos y Canadá y forma parte de los Grandes
Lagos, es similar a lo que se pretende hoy aquí; una iniciativa popular
que fracasó ante los tribunales por inconsistencia jurídica e
inconstitucional. En esa sentencia se indica que la comunidad, en ese
caso de Toledo, población ribereña del Lago Erie —en este caso
sería la comunidad del Mar Menor—, no tiene jurisdicción ni poder
suficiente para cambiar el estatuto jurídico de un entorno natural en el
que hay muchas jurisdicciones que tienen esa potestad compartida; en
nuestro caso, sería municipal, regional y nacional.


Esta proposición de ley pretende reconocer un estatuto jurídico a la
naturaleza como persona jurídica, lo que puede implicar que las
relaciones entre las personas se sometan al dominio de la ecología.
Podríamos llegar a contemplar el sometimiento de las actividades humanas,
como la economía, o las que son objeto de estudio por la demografía a una
mala entendida ecología. El medio natural debe ser respetado, mantenido y
cuidado por su propia finalidad de mantener la vida y por constituir
nuestro hogar. Sin embargo, no podemos otorgarle derechos de manera
equivalente al ser humano por cuanto los ecosistemas y las especies
animales y vegetales no pueden ser considerados ni como agentes morales
ni como sujetos de derechos; al no ser capaces de actuar de manera
recíproca no pueden asumir deberes ni obligaciones. Solo reconociendo que
el hombre es el garante y el protagonista de la preservación del orden
natural será posible acometer una respuesta al problema
medioambiental.


Esta proposición de ley no es más que un disparate jurídico. Esta
proposición supone más despilfarro y más legislación, en lugar de
gestionar bien con los instrumentos ya existentes y sin aumentar el gasto
público. Ya existen, como hemos dicho, numerosas administraciones
estatales, autonómicas o incluso europeas con competencias sobre el Mar
Menor y el territorio adyacente de su cuenca, además de estar disponibles
las acciones públicas en materia de urbanismo y medioambiente para la
denuncia y persecución de posibles delitos contra el patrimonio
ecológico, así como el recurso a la Fiscalía o al Seprona.


En esta propuesta no hay más pretensión que la de crear un nuevo
chiringuito antidemocrático y totalitario que funcione al margen de las
leyes. Señorías del Grupo Socialista, lo que lo que nos presentan hoy
aquí no es más que una supuesta exigencia social, presuntamente avalada
por técnicos independientes, pero, en realidad, no es más que un intento
de crear un nuevo chiringuito dominado por la extrema izquierda para
rapiñar fondos, esquilmar nuestros bolsillos y aprovecharse de la buena
fe de los ciudadanos, escapando a cualquier control democrático. A
ustedes les importan muy poco las leyes, se las saltan a la torera, como
ya hemos comprobado en varias ocasiones en esta legislatura. En este
caso, se olvidan de lo que indican, por ejemplo, los artículos 35 y 38
del Código Civil. Se lo recuerdo. Artículo 35: Son personas jurídicas,
primero, las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público
reconocidas por la ley y, segundo, las asociaciones de interés
particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley
conceda personalidad propia, independientemente de la de cada uno de los
asociados. Artículo 38: Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer
bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar
acciones civiles o criminales conforme a las leyes y reglas de su
constitución. Basándonos en lo anterior, ¿es el Mar Menor una
corporación, asociación o fundación? No. ¿Es el Mar Menor una persona
jurídica? No. ¿Puede el Mar Menor, al no ser persona jurídica, contraer
obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales? No.


Señorías, es que, además de lo expuesto anteriormente, existe una
amplia y profusa legislación española y europea que invalida su
propuesta. En su propuesta ponen en tela de juicio el Estado de derecho
al decir que el derecho medioambiental ya no sirve para proteger la
naturaleza y que hay que buscar alternativas al derecho, que es
precisamente el fundamento del Estado democrático. Decir que el medio
ambiente está por encima del derecho es totalitarismo. Sin derecho, no
hay Estado democrático ni libertad, que es lo que ustedes buscan. Nada
está por encima de la ley, ni siquiera ustedes. Ustedes dicen que se le
reconocen derechos al ecosistema, lo que es jurídicamente inviable en
base a nuestra Constitución y Código Civil actual. A los ecosistemas solo
se le reconocen figuras de protección, lo que ya existe en este
caso.


Señorías de la izquierda, ustedes usan el Mar Menor para sus planes
globalistas y sus agendas climáticas, además de culpabilizar a los
agricultores de la zona del deterioro ambiental del Mar Menor. Lo cierto
es que los últimos informes tanto de la Comisión Europea como de la OCDE
desmontan la alegación de que el nitrato es la principal causa de
contaminación en el Mar Menor y apuntan como motivo a las aguas
residuales, no a la agricultura. Con la falaz etiqueta de Salvemos el Mar
Menor y la igualmente falsa coartada de defender la naturaleza, el
ecosistema radical, cuyos intereses representan los partidos que han
respaldado esta proposición, aspira a subvertir los fundamentos de la
tradición jurídica occidental. Tutorías populares, comités de
representantes, comités de seguimiento y comités científicos no son más
que instrumentos para el deterioro del actual esquema de derechos
individuales y de poderes públicos con competencias ambientales, con el
propósito de llevar a la sociedad hacia un modelo ecocéntrico donde los
derechos de los seres humanos se equiparen a los de los animales o, en
una nueva vuelta de tuerca, a los de los ecosistemas. Esto de otorgar
derechos subjetivos al medio natural responde a una tendencia ideológica
muy concreta, que pretende despojar al ser humano de su lugar central en
la naturaleza. Esta visión, que se reclama holística, o ecocéntrica,
reconoce la biodiversidad como un valor intrínsecamente superior y
contempla al ser humano como una parte más perfectamente prescindible de
un sistema natural y no como un ente separado y dominante. Hay que
insistir en la gravedad que entraña otorgar derechos a la naturaleza, lo
que supone una enmienda radical a la tradición humanista occidental, al
rechazar la supremacía de la persona humana en la naturaleza.


La protección del Mar Menor ya está recogida en el artículo 45 de la
Constitución, al reconocerse el derecho que todos tenemos a disfrutar de
un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo. Pero es que, además, como indiqué anteriormente, se
le han reconocido figuras de protección internacional, como humedal
Ramsar y Zepim, medidas europeas, como Red Natura 2000 y medidas
regionales, como parque regional, paisaje protegido y área de protección
de la fauna silvestre. Asimismo, ya existe legislación regional, como la
Ley de protección integral del Mar Menor, la Ley de recuperación de
protección del menor o el Decreto por el que se aprueba la Estrategia de
gestión integrada de zonas costeras del ecosistema socio-ecológico del
Mar Menor. A pesar de todo ello, señorías del Partido Popular, ustedes
llevan gobernando en la Región de Murcia veintisiete años, ¿y qué han
hecho? A tenor de lo visto, nada. Si hubieran cumplido y hecho cumplir la
anterior legislación, no hubiéramos llegado a esta situación. En lugar de
ello, ahora pretenden crear otra nueva entidad, creyendo que con ello el
grave problema del Mar Menor se va a solucionar. Grave error. Lo que
necesita el Mar Menor es que se respeten por una vez las leyes y que se
hagan cumplir con toda su fuerza. No es necesaria ni deseable, por tanto,
la aprobación de esta proposición de ley, sino el cumplimiento y
aplicación de la legislación vigente, así como la adopción de medidas que
contribuyan a la mejora del Mar Menor de forma coordinada entre todas las
administraciones, tales como las ya propuestas por Vox en el Congreso de
los Diputados en agosto de 2021. Se las recuerdo: llevar a cabo una
apertura de golas, recuperando el estado y dimensión del año 1960, con el
fin de facilitar el intercambio de agua entre el Mar Menor y el mar
Mediterráneo; elaborar...


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya
terminando.


El señor MARÍN GASCÓN: ... un plan de salmuera cero —voy
terminando—; promover la construcción de saneamientos separativos
para paliar el problema de capacidad y verter las aguas fluviales limpias
al Mar Menor, y promover la construcción de un drenaje constituido por
una zanja perimetral que rodee el Mar Menor.


Señorías, en Vox denunciamos y denunciaremos siempre sus
manipulaciones y sus atentados contra la libertad, por lo que nos
oponemos rotundamente a esta proposición de ley que, como ya les indico,
denunciaremos ante el Tribunal Constitucional.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Para el turno en contra de este veto, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, el senador Lastra Valdés.


El señor LASTRA VALDÉS: Señora vicepresidenta, señorías, a los
ciudadanos de Murcia, a los alcaldes, a esos protagonistas de la
plataforma y de la comisión promotora, que han traído hasta aquí una
iniciativa legislativa popular. (Aplausos).


Antes, y más importante, seguro, que rebatir las opiniones del Grupo
Vox, quizá sea conveniente explicar el qué, el cómo, el por qué, incluso,
el para qué. El qué. Hoy se trata de reconocer la personalidad jurídica
de un espacio natural, el Mar Menor, derechos de los sujetos aplicados a
un espacio privilegiado: derecho a existir y a evolucionar naturalmente,
derecho a ser protegido, derecho a ser conservado y derecho a ser
restaurado. Señorías, no es nada fácil traer una iniciativa de esta
naturaleza, que las Cortes aprueben una iniciativa legislativa popular;
no es nada fácil, es la primera vez que esto ocurre en España. Hoy, los
ojos de Europa, la Europa de los derechos, están mirando hacia las Cortes
Generales, están mirando hacia esta iniciativa, hacia este compromiso,
hacia este esfuerzo de participación ciudadana que han hecho los
ciudadanos de Murcia, que ha hecho la comunidad académica, la Universidad
de Murcia, que han hecho los alcaldes, que han hecho las 640 000 personas
que han ratificado con su firma esta iniciativa. (Aplausos). Hoy Europa,
la Europa de los derechos, mira hacia esa Cámara, porque el Senado hoy va
a convertirla en ley; hoy, señorías, aquí, en el Senado. Ha habido una
comisión promotora, un texto legal, una comunidad académica, un impulso
personal de los protagonistas intelectuales —y no necesito
mencionarlos porque ya lo conocéis—, 640 000 firmas y un trabajo
parlamentario que culmina hoy aquí. Esto es el qué, la primera vez en
España, la primera vez en Europa.


¿Por qué? ¿Acaso son insuficientes o no son idóneas las leyes
ambientales? Señorías, la realidad es que en Murcia son claramente
ineficaces, ineficaces para evitar el colapso del Mar Menor. (Aplausos).
Por eso llega a una nueva propuesta, una propuesta de los derechos de la
naturaleza, una contribución, un impulso de los derechos humanos
vinculados con los derechos de otros seres vivos, de otras formas de
vida, para impulsar el derecho ambiental, el español y el europeo. Esta
iniciativa, que es un éxito, también es la constatación de un fracaso.
¿De todos? No, señorías, un fracaso de quien, en virtud de la autonomía,
tiene la competencia y la responsabilidad en medio ambiente, en
agricultura y en ordenación del territorio. (Aplausos). No es un fracaso
de todos, lo que equivale a ser un fracaso de nadie. A cualquier Gobierno
de Europa, no solo de España, le daría vergüenza, observar, ver aquellas
imágenes que ha visto todo el mundo del colapso de un espacio natural, y
no ha sido el Gobierno de Murcia el que ha alzado la voz; han sido los
ciudadanos los que han dicho de forma clara: Nosotros, el pueblo,
queremos que viva el Mar Menor, que sobreviva, que permanezca sano, que
permanezca limpio, que permanezca sostenible. Este es el para qué.


Lo que dice el PP lo llevamos oyendo durante casi treinta años de
Gobierno, pero qué dice Vox. Además de decir que es una laguna que está
en el sureste de España —que debe ser la única cosa cierta que han
dicho—, considera ideológicas todas las posiciones, todas las
opiniones que no comparten; ideológicas en sentido despectivo. ¿Es
ideológico el cambio climático? ¿Es ideológico el aumento de la
temperatura? ¿Es ideológica la Agenda 2030, que los tiene a ustedes a mal
traer? ¿Es ideológico estar en contra de la energía nuclear, cosa que
comparten en otras latitudes conservadoras? Tienen esa idea de que lo
contrario es objetivo, de que lo contrario es científico, pero van más
allá, creen que no se debe considerar a la naturaleza como sujeto de
derecho. Los promotores de esta iniciativa y las Cortes Generales dicen
que sí, que se pueden unir los derechos humanos con los derechos de los
seres vivos, y el debate jurídico sobre esta cuestión no es nuevo,
entronca con los informes del secretario general de la ONU, con aquello
de la armonía con la naturaleza, entronca con la Agenda Verde europea,
entronca con la Ley de cambio climático de España, señorías. También se
relaciona con la dimensión expansiva del derecho, que logra atribuir
derechos a quienes no los tenían, a quienes antes no los tenían, a los
esclavos, lo cual dio lugar a algunas de las palabras más bellas del
discurso político universal, basadas en el principio de que todas las
personas son creadas iguales, y a un nuevo nacimiento de la libertad,
donde el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no
desaparezca de la faz de la tierra. Como tampoco tenían derechos los que
aún sostienen la guerra más larga de la historia, la que se libra a favor
de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que no los tenían. El
ser humano no es el centro de la naturaleza, ni es independiente, ni es
superior a la biodiversidad en la que se integra. Nuestra obligación es
mantener la convivencia con el medio natural y legarlo a las generaciones
futuras sano, limpio y sostenible (Aplausos), y esto no es un
sometimiento del derecho a la ecología, ni la idea de que somos el centro
de la naturaleza es el fundamento espiritual de la sociedad occidental ni
del derecho romano en el que se fundamenta el derecho español. Sería
tanto como desconocer que el derecho romano se refiere al bien común, a
los bienes comunitarios de uso indistinto por todos los ciudadanos: el
aire, el agua, el mar, la costa, lo que supone que las normativas de
protección solo serán válidas si está presente el bien común y el interés
general. Quédense con la interpretación que del artículo 45 de nuestra
Constitución hace el Tribunal Supremo: Tenemos derecho a un medioambiente
idóneo y la obligación de conservarlo, y considera al ser humano un
elemento más integrado en la naturaleza y no el que dispone de ella para
su uso exclusivo.


Señorías, los señores proponentes de este veto no solo no están de
acuerdo con esta proposición, sino que quieren impedir que quienes lo
estamos, la aprobemos. No argumentan, plantean juicios de valor, y ya
saben ustedes que sobre juicios de valor no hay discusión posible.
Cuestionan el diagnóstico, lo niegan, cuestionan las intervenciones del
Gobierno de España y del Ministerio de Transición Energética para abordar
el grave problema del Mar Menor, y cuando reconocen que hay intervención
humana en el daño, dicen que es menor, que es, literalmente, la
naturaleza quien daña a la naturaleza misma; creen que es solución
pretender comer al caníbal. Pero si mantienen el dogma, mejor sigan el
recordatorio del mandamiento olvidado, aquel que nos recuerda Eduardo
Galeano: Amarás a la naturaleza, de la que formas parte.


Señorías, el protagonista es el pueblo, que ha impulsado esta
iniciativa, y nosotros, hoy, el Senado, la convertimos en ley. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista, con algunas de sus
señorías en pie).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Señorías, pasamos al turno de portavoces. Para fijar posición sobre
el veto presentado por el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, por
el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marín Gascón.
(Denegaciones).


Señorías, pasamos al siguiente portavoz del Grupo Parlamentario
Democrático, el senador Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los miembros de la
plataforma, a mis paisanos.


Con la venia, señora presidenta. Solo ustedes saben lo que he dado yo
la matraca aquí durante esta legislatura con la Región de Murcia y lo que
he dado la matraca con el Mar Menor, cuando tocaba y cuando no tocaba; lo
he intentado meter siempre con calzador (El señor presidente ocupa la
Presidencia); siempre he intentado que se hicieran cargo de lo que estaba
pasando en el Mar Menor y ustedes lo saben, porque me han oído muchas
veces hablar de él. Comprenderán, pues, lo importante que es el día de
hoy para mí. Uno ha pegado ya muchos tiros en esto de la política y no me
suelo poner nervioso —incluso, interpelé el otro día al presidente
del Gobierno y no me puse nada nervioso—, pero les reconozco que
hoy sí tengo un cosquilleo en el estómago y que los nervios me pueden
jugar una mala pasada.


La iniciativa legislativa popular que hoy tratamos aquí, nos
engañemos, es una prueba del fracaso de la política regional y nacional,
y ha obligado a la sociedad civil, aquí presente, a movilizarse para
encontrar una solución al problema que han, que hemos creado los
políticos. Señorías, debemos reflexionar sobre este particular. Todos los
aquí presentes sabemos que el Mar Menor ha llegado a una situación límite
y que, mientras la laguna agonizaba lentamente, la política, lejos de
actuar, se sacudía las culpas y le arrojaba el «y tú más» al contrario.
Señorías, los nitratos no han aparecido por arte de magia en el Mar Menor
y tampoco se han generado en unos pocos años; no ha sido una casualidad,
sino todo un proceso dilatado en el tiempo, que lo iba deteriorando,
mientras los responsables políticos —sobre todo los regionales,
pero también los nacionales— miraban hacia otro lado. La sociedad,
la ciudadanía, se ha levantado y nos propone no solo considerar como un
ser vivo al Mar Menor, sino también dotarlo de personalidad jurídica,
para que la propia sociedad civil pueda implicarse directamente en su
defensa.


Señorías, el Mar Menor se muere, y esto es una realidad
incontestable. Su riesgo de colapso es evidente, como lo es también que
ello se debe al proceso de eutrofización que sufre; es decir, y para que
lo entendamos: la excesiva acumulación en este ecosistema de nutrientes
no orgánicos, fundamentalmente nitratos, y también, por qué no decirlo
—como ha concluido la misión de la Eurocámara que visitó el Mar
Menor—, la exigencia del fin de los vertidos contaminantes, los
regadíos irregulares o ilegales y la limitación del urbanismo. Señorías,
ahora toca o seguir mirando hacia otro lado, como hacen algunos, o
ponerse del lado incontestable del Mar Menor, como vamos a hacer hoy
aquí, como vamos a hacer la mayoría de nosotros, que nos vamos a poner
del lado del Mar Menor, del lado de la sociedad civil y del patrimonio
natural. Nosotros tenemos muy claro dónde vamos a estar y la mayoría de
ustedes también, señorías. Todos los grados de protección existentes
sobre el Mar Menor, como ser un espacio Ramsar desde 1994 que lo cataloga
como un humedal de especiales características adherido al Convenio
internacional Ramsar y que, por ello, debería haber sido protegido, todos
estos controles de protección, de una manera u otra, han fracasado.


Señorías, yo conozco perfectamente el Mar Menor, como todos los
murcianos. Los murcianos lo conocemos a las mil maravillas y somos muy
conscientes de cómo era hace unos años y de cuál es la gravedad de la
situación. Les cuento una anécdota. Recuerdo como, de pequeño, íbamos
toda la familia, metidos con calzador en el R-7 de mi padre, a bañarnos
en el Mar Menor, y veíamos caballitos de mar, y jugábamos con ellos, y un
montón de flora y fauna que había en el precioso Mar Menor y que hoy,
desgraciadamente, ya no existe, que hoy ha desaparecido.


Para que lo entiendan los que no son de mi región: la Región de
Murcia, sin el Mar Menor podría ser comparable a Granada sin Sierra
Nevada, a Huelva sin Doñana o a Asturias y Cantabria sin los Picos de
Europa. Imagínenselo ustedes, póngase en nuestra situación, háganse cargo
y tengan empatía, que sé que la tienen.


Miren, durante años, los murcianos hemos disfrutado de este entorno
único por sus aguas cristalinas y por su flora y fauna específica y
singular en todo el mundo. Hoy, por desgracia, ese equilibrio se ha roto,
se ha destruido, ha desaparecido; se ha perdido la práctica totalidad de
la pradera de algas de su suelo submarino como se han perdido millones de
seres vivos de un hábitat único en el mundo. Tampoco han servido, porque
los han boicoteado, los esfuerzos que nosotros humildemente realizamos
para sentar al PP y al PSOE, en la comunidad autónoma, para sacar
adelante la Ley 3/2020 de la Región de Murcia, de recuperación y
protección del Mar Menor, porque luego no se cumple, una norma por la que
nosotros apostamos precisamente para evitar lo sucedido en 2016, para
evitar lo que volvió a suceder en 2021 y lo que, señorías,
desgraciadamente, puede volver a suceder cuando vuelvan las lluvias
intensas y el arrastre de nutrientes agrícolas llegue hasta la albufera.
Y cuando vuelva a suceder —porque ya saben cómo es la Región de
Murcia, el episodio de las DANA, el episodio de las lluvias intensas y el
arrastre de nutrientes agrícolas que vuelven a depositarse en el Mar
Menor— nos podemos encontrar con estos episodios que todos ustedes
han visto por la tele, y que a muchos de nosotros nos han hecho saltar
las lágrimas de rabia y de impotencia, de los peces muertos en la orilla
del mar. Todos ustedes lo han visto por la tele y esto puede volver a
suceder en cualquier momento.


Hoy no es el día de dar un... Nosotros no hemos venido aquí a buscar
culpables, que los hay. Ya sacarán sus conclusiones los murcianos, que
las tienen bien claras; la fiscalía también está estudiando el tema, está
judicializado, pero hoy no es el día —se lo pido, por favor, al
PSOE y al PP— de tirarse los trastos a la cabeza, del y tú más. Hoy
no es el día de dar aquí un espectáculo, de echarse la culpa unos a
otros. Nosotros, por lo menos, no lo vamos a hacer. Nosotros a lo que
venimos hoy, que es lo que toca, es a sumarnos, sin un solo pero,
señorías del PP, sin una sola coma, sin una sola enmienda, a la ILP que
ha sido firmada por alrededor de 640 000 personas de la sociedad civil
que han plantado cara a la dejadez de los políticos. Ellos son hoy los
protagonistas y no nosotros. No demos el espectáculo de tirarnos los
trastos a la cabeza; hoy no, por favor, hoy no toca. Hoy los
protagonistas son ellos, que están ahí, en la tribuna, y para los que en
este momento les pido un aplauso, porque han recabado 640 000 firmas;
ellos son la sociedad civil y nos han dado un ejemplo a todos los
políticos, que hemos mirado para otro lado unos y otros.
(Aplausos).


Señorías, hoy votaremos un sí claro y rotundo al texto que vino del
Congreso, sin enmiendas que dilaten el proceso. La urgencia de la
situación no admite demoras. Tiempo habrá, si queremos cambiar una coma
aquí o allá, de desarrollar esta norma con su oportuno reglamento, que
para eso están. Hoy tenemos que dar el paso que espera de todos nosotros
la sociedad civil murciana. Y defender el Mar Menor no es ni de derechas
ni de izquierdas, señorías. Estamos ante una cuestión de simple dignidad
y principios. La política ha fallado durante muchos años y todavía
podemos tener una oportunidad de rectificar. Esa es nuestra propuesta. Si
hoy no estamos ni con el Mar Menor ni con los ciudadanos de la sociedad
civil que nos han dado una lección, ¿para qué estamos hoy aquí?


Convertir el Mar Menor en sujeto de relaciones jurídicas, de la misma
manera que la ley lo hace con otros entes distintos a las personas
físicas, es dotarlo de una herramienta que puede servir para
autoprotegerse de la desprotección que, por desgracia, hemos comprobado
que ocurre. Además, señorías, esta es la primera vez que una ley de esta
clase se aprueba en Europa, la primera vez que se reconoce a un
ecosistema como sujeto de derechos.


Quiero dar las gracias a la plataforma, porque hoy se va a aprobar
—no tengan ustedes ninguna duda—, y la enhorabuena a la
sociedad civil. Y como cuando se apruebe, que prácticamente se ha
aprobado ya, el Mar Menor será sujeto de derecho y de personalidad
jurídica, quiero dar la enhorabuena también al Mar Menor. Muchísimas
gracias a todos. Quiero acordarme, de entre todos, de dos nombres, de
Antonio Manzanera y de Julia Álvarez. Envío a todos un abrazo;
enhorabuena, porque lo vais a conseguir, y gracias por la lección que nos
habéis dado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente.


Intervengo desde el escaño para decir simplemente, en este turno de
veto, que, como ambientólogo, renuncio a responder a cualquiera de los
argumentos ambientales de Vox. Evidentemente, si alguien no responde a
argumentos ambientales, uno tiene que buscar, con la palabra, argumentos
que ellos puedan entender, que les puedan convencer. Si con la ciencia,
con el cambio climático, no podemos convencer a estas señorías, les pido
que retiren el veto apelando a la encíclica del papa, que entiendo que es
un referente válido para ellos, y también a la Constitución española, al
artículo 45, que entiendo que también es un referente para ellos y
también es válido. Con estos dos referentes culturales, que entiendo que
sí respetan, ya que no respetan la ciencia, les pido que retiren el
veto.


Muchas gracias


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, intervendrá su señoría la
senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.


Desde el escaño, únicamente quiero anunciar que en Junts vamos a
votar en contra de este veto. Quiero dar la bienvenida a la sociedad
civil movilizada. En Cataluña estamos acostumbrados a estas iniciativas y
la sociedad civil está ciertamente movilizada en temas medioambientales,
pero también tiene una gran conciencia política y sabe lo que quiere para
Cataluña. Se ha hablado aquí de los Gobiernos del pueblo, para el pueblo
y por el pueblo, y quiero recordar que el Gobierno del pueblo, para el
pueblo y por el pueblo en Cataluña hoy está en el exilio por dar voz al
pueblo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿hay intervención? (Denegaciones).
No van a intervenir. Muchas gracias.


¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones). Tampoco
va a intervenir.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la palabra su señoría
Vázquez Rojas.


El señor VÁZQUEZ ROJAS: Señor presidente, señorías, muy buenos
días.


Permítanme, en primer lugar, saludar y dar la bienvenida, en nombre
de mi grupo, a los promotores de la iniciativa legislativa popular y a
todos los que les acompañan hoy.


Yo, en este turno, hablaré del veto que ha presentado Vox. Señoría
Marín Gascón, como ya manifestó el presidente de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y como también lo hizo nuestro grupo en el Congreso
de los Diputados y repetimos durante la celebración de la comisión,
nuestro respeto a la voluntad popular de 640 000 ciudadanos firmantes de
la ILP que nos piden que esta ley avance en su tramitación parlamentaria
es indubitado.


Frente al contenido del veto que nos presentan, los ciudadanos nos
están exigiendo que pongamos nuestra atención como legisladores en la
conservación de los valores naturales, en todos sus ámbitos y con todas
las herramientas de que dispongamos, sean técnicas, jurídicas o de
cualquier otra naturaleza, como también los ciudadanos nos exigen que
acompasemos la sostenibilidad medioambiental con la económica y también
con la social.


Señorías de Vox, aquí ya se ha dicho, debatir una ILP no es
frecuente; de hecho, es la primera que vamos a debatir y el veto solo
conseguiría cercenar el debate de un texto legislativo que, aprobado
mayoritariamente en el Congreso con 274 votos a favor, 53 en contra y 6
abstenciones, pone voz a miles de ciudadanos que nos trasladan, mediante
su firma, una propuesta que tiene como objetivo seguir avanzando en los
mecanismos de salvaguarda, de protección y de gestión de uno de los
ecosistemas que más valor tiene en España y también en Europa.


Entrando en los contenidos del veto, proponen redescubrir el Mar
Menor; y hoy no vamos a debatir sobre eso ni tampoco sobre las medidas
que han de implementarse para su restauración, como ustedes apuntan
repetidamente en el veto. Hoy tampoco estamos para debatir lo que se ha
hecho o lo que se hace en cada una de las administraciones responsables o
su compromiso con la restauración del Mar Menor, asuntos que se han
traído a esta Cámara en otros momentos. Tampoco vamos a debatir sobre el
deseado Plan Vertido Cero, que tiene como objetivo recuperar el buen
estado de la laguna y que el Gobierno socialista decidió guardar en un
cajón en el año 2018; un Plan Vertido Cero consensuado también entre
administraciones, con los agentes sociales y con agricultores. Por
cierto, y en eso sí coincidimos con ustedes, se trata de una agricultura
del siglo XXI injustamente señalada como responsable del estado del Mar
Menor; son agricultores que han sabido transformarse para ser un ejemplo
de innovación agraria, de gestión ambiental, con unos cultivos singulares
y con un aprovechamiento eficiente del agua; una agricultura que, como se
ha mostrado, puede ser parte de la solución en su interacción con un
acuífero actualmente rebosante; unos agricultores que, en su gran
mayoría, ya han acreditado ante la Confederación Hidrográfica del Segura
que sus actividades no contaminan y que son los más vigilados de
España.


Pero hoy lo que debatimos es una propuesta sobre el régimen jurídico
de protección del Mar Menor y su sistema de gobernanza, como en su
momento se debatió en los parques nacionales a través de los patronatos
de sus órganos consultivos o de colaboración o de coordinación.


Estamos ante una ley, con luces pero también con sombras, que propone
un nuevo régimen jurídico a la laguna, inédito en España y en Europa.
Coincidimos en que es una ley que no se debería haber tramitado en
régimen de urgencia para haber permitido un debate reflexivo, pero, al
tiempo, es una ley que nos exigen unos ciudadanos cada vez más
comprometidos con la conservación y restauración del patrimonio natural.
Y reconociendo la singularidad de la propuesta, que conlleva implícito el
afloramiento de discrepancias que, a buen seguro, se comentarán en turno
de portavoces, no por ello una iniciativa legislativa popular debe ser
vetada en esta Cámara.


Señorías de Vox, creo que esta Cámara, como así fue en el Congreso,
es consciente de que el desarrollo reglamentario a partir de su
aprobación no va a ser sencillo al existir una prolija ordenación
jurídica acompañada de una distribución competencial que solo la voluntad
de los intervinientes puede permitir que se desarrolle como los
ciudadanos esperan que suceda. El reto de adaptar la propuesta al marco
jurídico español y europeo no es menor, pero no es algo que deba
resolverse a través de un veto y quedará en la responsabilidad de quien
tenga la potestad de su desarrollo reglamentario, como también sucederá
en el desarrollo del régimen de gobernanza que contempla la ley y que,
cuando menos, es difuso. Todos confiamos en que, más allá de la
formulación propuesta, se trata de una iniciativa, además de inédita,
amplia, en la que velaremos para que estén representados todos los
sectores responsables de una sostenibilidad medioambiental y, como decía
antes, también económica y social.






En definitiva, confiamos en que será
una ley que sepa integrar y no separar, porque hemos asistido en
demasiadas ocasiones a situaciones en las que, y a modo de ejemplo, la
ciencia era buena, útil e independiente según los intereses de con
quienes estuvieran alineados los resultados científicos, y con una
ciencia a la carta no se va a avanzar hacia el conocimiento y, por tanto,
hacia las soluciones que requiere el Mar Menor.


Señorías de Vox, con el veto que presentan nos indican —y abro
comillas—: «No es necesaria ni deseable la aprobación de esta
proposición de ley, sino la adopción de medidas que contribuyan a la
mejora del Mar Menor de forma coordinada entre todas las
administraciones, tales como las ya propuestas por esa fuerza política en
el Congreso de los Diputados en agosto de 2021». Quiero recordarles que
presentaron otras nuevas en esta Cámara, el 14 de junio de este año,
algunas coincidentes, otras no, e incluso algunas con contradicciones
entre las versiones. En cualquier caso, seguro que en otro buen número de
actuaciones estaremos todos de acuerdo porque, es más, ya estaban
incluidas en ese Plan Vertido Cero al que me he referido
anteriormente.


Voy terminando. Creemos que cualquier iniciativa que trabaje a favor
de la laguna, de su recuperación, de su protección debe ser respetada,
debatida y no cercenada a través de un veto.


En definitiva, votaremos no al veto que presentan.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Van a intervenir en este turno?
(Denegaciones). Muchas gracias.


Pasamos, entonces, al turno de votos particulares de enmiendas.


Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de la enmienda
número 3, tiene la palabra su señoría Vázquez Rojas.


El señor VÁZQUEZ ROJAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, de una forma muy resumida, la enmienda que presentamos
propone incluir, en el apartado cuarto del artículo tercero, entre las
instituciones proponentes de candidatos a formar parte del comité
científico, a la Universidad Politécnica de Cartagena, no porque no pueda
tener miembros de su institución entre los científicos del comité, sino
porque, en su redacción actual, no los puede proponer como sí pueden
hacerlo las universidades de Murcia y de Alicante. Y es paradójico que,
siendo la Universidad Politécnica de Cartagena una universidad ubicada en
un municipio al que pertenece la mayor parte del Mar Menor y que, al
tiempo, viene desarrollando una investigación sobre el Mar Menor desde
hace décadas, no esté en ese grupo de universidades que sí pueden
proponer estos candidatos. Estamos seguros en mi grupo que, a buen
seguro, esto responde a un descuido en la tramitación legislativa.


Por eso, pedimos a esta Cámara que apoyen la enmienda, como así lo
han hecho por escrito, que recibimos todos los ponentes de la ley, no
solo la Universidad Politécnica de Cartagena , sino la propia Universidad
de Murcia, más aún cuando el registro oficial de universidades del
Ministerio de Universidades no deja duda alguna de que con el término
Universidad de Murcia solo puede entenderse Universidad de Murcia, y
traigo esto a colación por un debate que tuvimos ocasión de celebrar
durante la comisión.


Somos conscientes de que esto supondría no aprobar la ley hoy, que lo
debería hacer el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 15 días,
pero nuestro grupo entiende que este es el momento de hacerlo y más aún
cuando explícitamente nos lo han solicitado las universidades de la
Región de Murcia.


Buenos días y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


¿Alguien desea intervenir en el turno en contra de esta enmienda?
(Pausa). Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Lastra
Valdés.


El señor LASTRA VALDÉS: Gracias, señor presidente. Intervendré
brevemente, señorías.


El texto que se somete hoy a aprobación dice que pertenecerán a ese
comité las universidades de Murcia y Alicante; universidades, en plural,
que en nuestro idioma se contrapone al singular, y se dice del que se
refiere a dos o más personas o cosas. Hemos entendido todos que en ese
término «las universidades de Murcia» se incluye también a la Politécnica
de Cartagena, es decir a todas. Dicho a efectos de la consideración de
fuente o fundamento del derecho, cuando alguien pregunte qué quiere el
legislador, el legislador quiere decir que todas las universidades de la
Región de Murcia y Alicante, sin exclusiones, sin duda. Lo contrario,
viniendo de usted, señoría —dada su cortesía y talante
parlamentario y su bonhomía—, no lo interpreto a los efectos de
esta demasiadas veces presente modalidad pendenciera del debate político;
sin embargo, sí tengo que entenderlo como una fórmula de dilación, de
retraso, con un solo objetivo: provocar frustración, una frustración más
que hoy evitaremos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos, a continuación, al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tomará la palabra su señoría Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.


Señorías del Partido Popular, llevan ustedes en el Gobierno de la
Región de Murcia veintisiete años. Señorías del Partido Socialista, en
sus manos está la mayoría de las competencias para salvar el Mar Menor.
¿Quieren hacernos creer, tanto unos como otros, que ahora, con esta
iniciativa, de verdad se va a salvar el Mar Menor? He indicado antes toda
la legislación nacional e internacional que ya protege el Mar Menor y que
unos y otros no han cumplido ni han hecho cumplir. Esta iniciativa será
un grave error porque, igual que con la legislación actual, no llegará a
cumplirse.


El objeto de esta iniciativa legislativa popular es el reconocimiento
de la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca.
Presentan, para ello, una proposición de ley con seis artículos y motivan
dicha solicitud en dos puntos: por un lado, la grave crisis que en
materia socioambiental, ecológica y humanitaria viven los habitantes de
los municipios ribereños del Mar Menor y, por otro lado, la insuficiencia
del actual sistema jurídico de protección, a pesar de las importantes
figuras de protección y los instrumentos de carácter regulador que se han
ido sucediendo a lo largo de los últimos veinticinco años.


La proposición de ley no contempla si las medidas conservadoras,
restauradoras o reparadoras que unos u otros puedan proponer deben estar
amparadas por una ley para devolver sus condiciones naturales a un
ecosistema natural, sino que contiene algo enormemente más profundo y
trascendente como que el dominio civil deba someterse a la ecología. Se
traduce en una ley específica que otorga al Mar Menor y a su cuenca dos
capacidades, la jurídica —derechos propios— y la de obrar
—libertad para fijar actuaciones y reclamar recursos
financieros—, que se ejercerían a través de un defensor del Mar
Menor que ostentaría la representación y la gobernanza de este
ecosistema. Estos derechos propios serían derecho a existir, derecho a la
protección, derecho a la conservación y derecho al mantenimiento.


Además, esta proposición de ley da un paso más y recoge, a través de
sus artículos 5 y 6, que cualquier acto o actuación de las
administraciones públicas que vulnere las disposiciones contenidas en la
presente ley se considerará inválido y será revisado en la vía
administrativa o judicial —artículo 5—, a la vez que
garantiza la acción popular, indicando que cualquier persona física o
jurídica está legitimada para la defensa del ecosistema del Mar Menor y
puede hacer valer los derechos y prohibiciones de esta ley a través de
una acción presentada en los tribunales; acción judicial que tendrá
carácter preferente y se tramitará por el procedimiento de urgencia,
gozando del beneficio de justicia gratuita
—artículo 6—.


Reconocer un estatuto jurídico a la naturaleza como persona jurídica
implicaría que el dominio civil se somete al dominio ecológico; en otros
términos, que la economía deba someterse a la ecología, porque es esta
última ciencia la que establece las leyes físicas para la sostenibilidad
y renovabilidad de la naturaleza de la cual dependen las actividades
económicas. Por todo ello, otorgar derechos a la naturaleza supone una
revisión crítica y radical del humanismo occidental al rechazar la
supremacía de la persona humana. La naturaleza debe ser respetada, sí,
por su propia finalidad de mantener la vida, pero no podemos otorgarle
derechos, porque los ecosistemas y las especies animales y vegetales no
pueden ser considerados ni como agentes morales ni como sujetos de
derechos, dado que no son capaces de actuar de manera recíproca, es
decir, no pueden asumir deberes.


Esta proposición de ley adolece de algunos errores o imprecisiones
que, a tenor de los letrados de esta Cámara, podrían ser importantes en
el artículo 3, respecto al comité de representantes o respecto a la
comisión de seguimiento, así como en la disposición derogatoria
única.


En resumen, señorías, esta proposición de ley no es más que un
disparate jurídico, por lo que votaremos en contra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará la palabra su señoría
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con la venia.


Con respecto al veto de Vox, no me he hecho eco de él ni he hecho
referencia; creo que no merece la pena dedicarle ni un segundo. Por
supuesto que votaremos que no y considero que no merecía ni un segundo de
réplica en esta tribuna.


En cuanto a la enmienda del Grupo Popular, que les pido que retiren
por innecesaria, es redundante respecto al texto actual porque, al ser
uniprovincial la Región de Murcia, el ámbito regional y provincial
coinciden. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en Valencia, que tiene tres
provincias. Son tres las universidades que actualmente existen en la
Región de Murcia: la UPTC, la UMU y la UCAM; de hecho, de todas las
universidades de la región, precisamente ha sido la Politécnica de
Cartagena la que más estudios e informes ha realizado sobre el Mar Menor.
Por tanto, en cuanto al término universidades de Murcia y Alicante,
alcanza un punto de vista provincial y no puede buscarse una retorcida
interpretación para dejar fuera a la UPTC que, de hecho, está dentro y es
la que más ha trabajado y la que más informes ha elaborado.


Señorías, tan solo la semana pasada los niveles de oxígeno del Mar
Menor descendieron desde 5,46 a 4,93 miligramos por litro, mientras que
los de clorofila se incrementaron de 0,57 a 0,58 miligramos por litro,
así como los de turbidez y salinidad. Es, a todas luces, una tragedia
medioambiental que empeora cada día, y de ahí la urgencia de aprobar esta
ley, señorías. No lo dilatemos, no tengamos un animus dilatorio, vamos a
aprobar hoy esta ley. Así lo hemos hecho con el resto de iniciativas que
Ciudadanos ha defendido con anterioridad y que nuestro grupo
parlamentario ha presentado a través de PNL y de enmiendas a los
presupuestos para meter dinero para recuperar la laguna salada que,
desgraciadamente, no fueron aprobadas.


Reitero lo que he dicho antes, señorías, que les quede a ustedes y a
todo el mundo claro que la defensa del Mar Menor no es ni de derechas ni
de izquierdas, de verdad. Estamos ante una cuestión de dignidad y de
principios. Señorías, los políticos, la política, ha fallado y hoy
tenemos la oportunidad de rectificar. Hasta a los señores de Vox les pido
que rectifiquen y que retiren esa ridícula, si me permiten, enmienda a la
totalidad. Podemos tener hoy una oportunidad de rectificar y podemos ver
si hoy estamos con el Mar Menor y con los ciudadanos, que nos han dado
una lección a todos los políticos. Si no, para qué estamos aquí.


Convertir el Mar Menor en sujeto de relaciones jurídicas, de la misma
manera que la ley lo hace con otros entes distintos a las personas
físicas, es dotarlo de una herramienta para que pueda autoprotegerse de
la desprotección que, por desgracia, hemos comprobado que tiene. Está
total y absolutamente desprotegido; si lo dotamos de personalidad
jurídica, se puede proteger y, como he dicho antes, además, estamos
siendo pioneros. Esta ley es única y pionera en Europa; es la primera vez
que se reconoce un ecosistema como sujeto de derecho.


Termino como he empezado. Hoy es un día muy importante para mí y para
muchísimas personas de la Región de Murcia, para toda la sociedad civil,
y deseo dar la enhorabuena a la Plataforma por la personalidad jurídica
que hoy, sin ninguna duda, se va a terminar de conseguir, porque de aquí
no va a pasar el trámite y no va a volver al Congreso de los Diputados.
Quiero dar la enhorabuena a la sociedad civil y, ya que va a ser sujeto
de personalidad jurídica, deseo dar también la enhorabuena al Mar Menor.
Señorías, les pido el voto favorable al Mar Menor. Obviamente, les pido
el voto negativo a la enmienda de Vox y el voto negativo a la enmienda
del Partido Popular porque tiempo habrá, vía reglamento, de mejorar algo,
si así lo quieren.


No tengan ustedes ninguna duda de que aquí nos vamos al Boletín
Oficial del Estado. Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
su señoría Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidente.


Gracias a la plataforma de sociedad civil de Murcia. Creo que es
importantísimo que una iniciativa legislativa popular llegue al Senado y
es importantísimo porque pone de relieve la implicación de la ciudadanía
para proteger el medio ambiente, para defender los derechos de nuestra
naturaleza. Por tanto, muchísimas gracias por poder tener hoy este
debate; un debate en el que, evidentemente, no voy a perder tiempo
explicando los valores ambientales que tiene el Mar Menor porque creo que
nadie los ha puesto en duda. Algunos han utilizado la Wikipedia para
reseñarlos, perfecto. Todos tenemos claros y respetamos los valores
ambientales del Mar Menor, pero ahora de lo que tenemos que hablar es de
la tragedia ambiental y social que está viviendo el Mar Menor; eso es lo
que nos ha traído aquí.


La iniciativa legislativa popular nace por la tragedia ambiental y
social que tiene el Mar Menor, por un fracaso, porque un espacio
ambiental significativo y reconocido a nivel mundial está muriendo. Y el
Mar Menor no es el único que está muriendo, también Doñana, Tablas de
Daimiel… Señorías, algo estamos haciendo mal en nuestras políticas
ambientales, algo estamos haciendo mal en la preservación del medio
ambiente. Señorías de Vox, si ustedes ya no escuchan ni al Papa ni a la
Constitución, me tienen muy despistado, pero háganlo simplemente por
supervivencia. Dependemos de esa naturaleza para poder seguir adelante.
Por eso se tiene que aprobar hoy esta ley.


La tragedia ambiental del Mar Menor viene acompañada de muchos
elementos que se han ido conjugando durante tiempo para dar lugar hoy a
este cóctel mortal, como un urbanismo salvaje. En les Illes Balears
tenemos experiencia y podemos dar muchas lecciones de urbanismo salvaje.
Hay un concepto de balearización que define esa construcción masiva en el
litoral, pero cuando uno ve las imágenes de La Manga uno se pone triste.
Ve ese urbanismo salvaje y depredador, ese urbanismo que no pensó en los
servicios, en los equipamientos, en la depuración; ve esa especulación
urbanística, ese interés económico, ese interés de explotar el medio
ambiente y no de preservarlo; ese interés que nos ha llevado hoy a la
situación en la que estamos.


También ve, al lado, esa sobreexplotación agraria. Evidentemente,
nadie quiere decir que la agricultura está impactando negativamente sobre
el Mar Menor. No es bonito políticamente decir: Señores, están causando
un impacto, están generando un daño y es su culpa. Pero lo tenemos que
decir: la sobreexplotación agraria, esa agricultura intensiva en el campo
de Cartagena, desgraciadamente, está generando un impacto sobre el Mar
Menor que este no puede aguantar. Y se deben tomar medidas, lo primero
que tiene que hacer uno es reconocer los problemas. Por tanto, ese
urbanismo salvaje y esa agricultura intensiva se combinan para tener una
sobreexplotación de nuestros acuíferos en esa zona que generan ese
impacto ambiental. Eso lo tenemos que tener claro y eso nos ha traído una
degradación ambiental sin precedentes, una sustitución del ecosistema,
del hábitat, que teníamos que proteger. No se puede dudar de que ese
hecho se ha producido, y no simplemente el día que se muestra esa imagen
de los peces flotando encima del agua y todo el mundo dice: ¡Oh, el Mar
Menor hoy está muerto! No, cada día se ha matado al Mar Menor durante
muchos años y de forma silenciosa, pero ahora ven los efectos. Por tanto,
se debía actuar.


Es la enésima crisis ambiental que se ha negado y negar las crisis
ambientales hace que lleguemos tarde, que no actuemos y que las
soluciones sean cada vez más complicadas. Dejemos de negar la crisis
ambiental del Mar Menor y actuemos de una vez. Dejemos de priorizar quien
tiene la culpa porque la culpa, señorías, la tienen quienes han gobernado
y no han actuado, en este caso en la Región de Murcia el competente en
ordenación del territorio y agricultura y en protección del medio
ambiente en los últimos veintisiete años ha sido Partido Popular.
Evidentemente, el Estado tiene que colaborar, faltaría más, pero los
responsables autonómicos han fallado y se tiene que decir sin ningún tipo
de paliativos.


La tragedia del Mar Menor es una tragedia ambiental y una tragedia
social, y parece que algunos la han descubierto simplemente porque
también ha tenido repercusiones económicas sobre el turismo. Pero todo
empieza en el medio ambiente. Hoy me ha encantado el portavoz Lastra, del
Grupo Socialista; tengo que reconocer que ha hecho un gran discurso, pero
esa energía, ese ímpetu, ese querer más, ese querer avanzar de forma
contundente me hubiera gustado también verlo en la Ley de cambio
climático, porque ahí está el origen de todos los problemas que después,
uno a uno, van a ir viniendo aquí, al Senado. En la Ley de cambio
climático, en la Ley de residuos, en esas leyes estructurales que cambian
un modelo de país, también me hubiera gustado ver ese ímpetu que hoy el
Partido Socialista ha demostrado. Si tenemos una emergencia ambiental
declarada, cumplamos con ella y actuemos de forma responsable.


Y, sí, todas las figuras ambientales son útiles, la protección
Ramsar, las misiones Ramsar, Red Natura 2000, la gestión de un parque,
todas, pero tiene que haber una gestión activa, una gestión que responda
a las demandas, una gestión con recursos humanos, una gestión con
recursos económicos para poder hacer frente a los retos planteados. Eso
es lo que ha hecho fracasar todas estas figuras de protección en el Mar
Menor: el desinterés de sus gestores, el desinterés de los políticos por
esa zona. Por eso, muchas gracias a la iniciativa legislativa popular por
haber traído aquí un nuevo camino; un camino del que, a lo mejor, si se
hubieran cumplido las leyes actuales, no estaríamos hablando; pero es un
camino nuevo, un camino para recorrer, un camino que espero que traiga
luz y esperanza al Mar Menor. El Mar Menor tiene derecho a existir y
tiene derecho a ser protegido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senador Vidal.


¿Por el Grupo Parlamentario Nacionalista? (Pausa). No tomarán la
palabra. Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tomará la palabra la senadora
Garmendia Bereciartu.


La señora GARMENDIA BERECIARTU: Señor presidente, con su permiso,
intervendré desde el escaño y brevemente.


Quiero manifestar, en nombre de mi grupo, que el Mar Menor en estos
momentos es un ecosistema en grave peligro, está a un paso del colapso
por contaminación. Las causas de esta altísima contaminación son
múltiples, aquí se han ido nombrando durante esta sesión, pero voy a
citar tres importantes que son: el entorno sobreexplotado por el exceso
urbanístico y de las infraestructuras asociadas, como son las playas
artificiales y los puertos deportivos; una agricultura intensiva e
industrial que ha transformado el paisaje; y el vertido de aguas y
residuos urbanos y agrícolas, que ha afectado mucho a la calidad de las
aguas.


Aun siendo esta una iniciativa novedosa, nuestro grupo no ve con
claridad que este estatus jurídico sea una garantía eficaz y efectiva
para que este Mar Menor salga de la situación en la que está debido a los
atropellos medioambientales habidos durante muchos años y que aún hoy se
siguen dando.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no desean
intervenir. Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría el
senador Bernabé Pérez.


El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días
a la Cámara.


El Grupo Parlamentario Popular quiere saludar y dar una cordial
bienvenida a los promotores de esta iniciativa legislativa y a las
autoridades de la Región de Murcia que nos acompañan. Sean todos ustedes
bienvenidos.


Señorías, de los 265 senadores que componemos esta Cámara soy el
único que vive junto al mar Menor; y lo hago, además, desde el mismo día
que nací, hace ya más de cincuenta y dos años. Con lo cual se pueden
hacer ustedes una idea de lo que significa para mí esa pequeña y coqueta
laguna salada costera, que es única en el mundo; exactamente lo mismo que
pueda significar para cada uno de ustedes cualquiera de las maravillas
naturales que tenemos en España y a la que se sientan especialmente
vinculados por razones sentimentales, emocionales o de proximidad
geográfica.


En él me sumergí por primera vez cuando tenía tres meses de edad; en
él me he bañado con mis abuelos, con mis padres y lo hago ahora con mis
hijos; en él aprendí a nadar y también a navegar al amparo de sus aguas
cálidas y tranquilas. He recorrido en pequeños barquitos de vela todas
sus orillas de punta a punta, de Lo Pagán a la Ribera, de Los Alcázares a
Los Urrutias, de Los Nietos —mi playa— a Islas Menores, del
Mar de Cristal al Villas Caravaning y de Playa Honda a La Manga. He
surcado sus aguas hasta la isla del Barón para bañarme en alguna de sus
diminutas calas, y he llegado hasta la Perdiguera para disfrutar de unas
sardinas en aquellos chiringuitos que, de forma incomprensible,
desmanteló hace unos años un Gobierno socialista. Y lo más importante de
todo esto que les estoy diciendo, señorías, es que lo pueden decir
exactamente igual que yo las casi 400 000 personas que vivimos en su
entorno, tanto en los cuatro municipios ribereños: Cartagena, San Javier,
San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, como en los tres restantes de la
comarca: La Unión, Torre Pacheco y Fuente Álamo, así como otras muchas,
como las que han firmado la iniciativa legislativa popular que ahora nos
ocupa y que vuelvo a decirles que vamos a apoyar y a votar una vez más a
favor, tal y como hicimos en el Congreso de los Diputados.


Y lo que más nos ha preocupado a todos durante estos últimos años,
sin excepción, es que estamos viendo —y sufriendo— que todo
esto de lo que les he hablado podría dejar de existir. Afortunadamente,
este verano que ahora acaba ha marcado un punto de inflexión muy positivo
por cuanto sus aguas han estado más limpias y transparentes que en
muchísimos años. Y eso ha sido gracias a una decisión, a una iniciativa
pionera del Gobierno regional de Fernando López Miras, que ha movilizado
millones de euros y cientos de medios humanos y materiales para proceder
a una retirada masiva de algas, que es lo que ha evitado esos tristes
episodios, que todos tenemos cercanos en el recuerdo, de sopas verdes y
de peces muertos por anoxia ante la falta de oxígeno. Es una iniciativa
que se viene ejecutando a diario desde principios de año, tanto en mar
como en tierra, y que a día de hoy ha supuesto la retirada de 19 000
toneladas de algas, una biomasa que, de haberse podrido, habría traído
esos nocivos efectos que les he comentado. Pero no podemos relajarnos ni
descuidarnos porque el problema sigue existiendo y las causas están ahí
latentes. En estos momentos sigue entrando agua dulce cargada de nitratos
a través de una ronda pública de titularidad estatal, como es la ronda
del Albujón, y eso hay que evitarlo; porque en estos momentos se sigue
filtrando agua dulce cargada de nitratos a través de unas aguas
subterráneas públicas de titularidad estatal, como son las del acuífero
Cuaternario del Campo de Cartagena, y eso hay que impedirlo, y porque en
estos momentos sigue habiendo playas públicas de titularidad estatal en
las que no se puede entrar porque están anegadas de lodos y fango, y eso
hay que limpiarlo.


Ese es, de verdad, el estado en que tenemos en estos momentos la
laguna; y, por favor, que nadie se tome esto como un agravio, que hoy no
es día de afrentas, pero sí como una llamada serena y responsable a la
reflexión por parte de todos, porque entre todos tenemos la obligación de
solucionar para siempre los problemas del Mar Menor. Y de la misma forma
que cuando los desastres medioambientales del Prestige y de Aznalcóllar
hubo una respuesta inmediata como país, que fue liderada y coordinada por
el Gobierno de España, creo honestamente que el Mar Menor no es menos y
necesita y exige el mismo trato. Y que conste, señorías, que no les estoy
hablando como político, que esa camiseta me la quité hace ya mucho tiempo
cuando hablo del Mar Menor. Les hablo como un humilde vecino de Los
Nietos que, verano tras verano, va la misma casa que fue de sus abuelos y
que solo quiere ver a sus hijos jugar y crecer en el mismo lugar donde él
tanto disfrutó, como ese chiquillo que se tiraba al agua a la carrera
desde el antiguo muelle de madera de la pescadería o que pescaba con su
caña y con sus amigos, y que solo quiere que todo eso vuelva.


Por eso ya concluyo, señorías, rogando encarecidamente su apoyo y
pidiéndoles que apoyen esta iniciativa y cualesquiera otras que se
presenten para recuperar el Mar Menor porque, créanme, lo necesitamos. Y
lo hago al son del estribillo de esa bellísima canción que el grupo
Nunatak le ha dedicado al Mar Menor y que simboliza todo aquello en lo
que creemos los que amamos y defendemos esta laguna salada, y que dice:
Somos sol y sal // yo crecí mirando al mar // Somos sol y sal por ti // y
aunque me quede sin voz // te entregaré mi corazón // Somos sol y sal
hasta la raíz.


Todos somos sol y sal, señorías, todos somos Mar Menor.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
la senadora Retuerto Rodríguez.


La señora RETUERTO RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Hoy es un día histórico para la política medioambiental de nuestro
país, un día histórico para la Región de Murcia, para el Mar Menor, para
sus ciudadanas y ciudadanos. Hoy, si todos somos capaces de anteponer el
sentir de una ciudadanía, su esfuerzo y tesón, aprobaremos
definitivamente dotar de personalidad jurídica al Mar Menor.


Quisiera, en primer lugar, agradecer la asistencia de todas las
personas que están aquí, fuera y en el hemiciclo, que han venido desde la
Región de Murcia, que llevan dos años de incansable lucha y que son los
verdaderos protagonistas hoy aquí. (Aplausos). Por supuesto también
quiero manifestar mi agradecimiento enorme a sus promotores, a su
portavoz, la profesora Teresa Vicente, con la que he trabajado
intensamente en las últimas semanas; también al delegado del Gobierno,
José Vélez; al alcalde de Murcia, José Antonio Serrano; al alcalde de Los
Alcázares, Mario Pérez Cervera, por impulsar desde su ayuntamiento y dar
voz a esta iniciativa donde comenzó su recorrido hace ya dos años.


El Mar Menor, señorías, es la laguna salada más grande de Europa, la
joya de nuestra costa mediterránea, un tesoro natural que disfrutan
nuestros vecinos, todos los habitantes de la zona y también miles de
turistas que nos visitan cada año. Como todas y todos ustedes ya saben,
actualmente se encuentra gravemente amenazada por un exceso de nutrientes
en sus aguas, lo que se conoce como eutrofización a causa del impacto de
la sobreexplotación agraria y la presión urbanística que soporta la
laguna, consecuencia de la mala gestión de años, de décadas de inacción,
de mirar para otro lado y convertir el Mar Menor en la codicia de unos
pocos en detrimento de la mayoría. (Aplausos).


Señorías, el Mar Menor ha sido el resultado de políticas erráticas y
codiciosas, de desarrollos económicos incompatibles con preservar este
ecosistema único. Esta mala gestión de los últimos veintiocho años de los
sucesivos gobiernos del Partido Popular ha provocado la crisis ecológica
y social más importante de la Región de Murcia. La falta de
planificación, la inexistencia de un modelo de región, de un modelo de
desarrollo, de falta de ordenación del territorio provoca en la sociedad
de la Región de Murcia, en todos los municipios ribereños, una tristeza
infinita, mucho dolor y una enorme decepción.


Pero, señorías, esta sensación de impotencia, de hartazgo y tristeza
no ha caído en saco roto. Afortunadamente, la sociedad civil hace un
llamamiento social de enormes dimensiones y sin precedentes hacia un
cambio de paradigma que proteja el Mar Menor de cualquiera que pueda
hacerle daño. Surge así, por la falta de voluntad política del Gobierno
autonómico, un grupo impulsor nacido en la universidad con profesores y
juristas que trabajan para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor,
dotar de derechos a la laguna, porque, a pesar de todas las figuras de
protección con las que cuenta el Mar Menor, ninguna se ha respetado en
los últimos treinta años.


Volviendo la vista atrás, tengo que formular una pregunta: ¿Qué
hubiera pasado si la ley que puso en marcha el Partido Socialista no
hubiera sido tumbada por el Partido Popular? (Aplausos). Sí señorías, la
Ley de protección de armonización de usos del Mar Menor aprobada en 1987
por el Gobierno socialista de Carlos Collado y desarrollada por nuestro
compañero, José Salvador Fuentes Zorita, fue recurrida ante el
Constitucional por Federico Trillo y 55 diputados del Partido Popular, y
finalmente el Gobierno de Valcárcel dio el tiro de gracia en el 2001 a
esta ley que protegía a la laguna. Y esto es así, señorías del Grupo
Popular; esta es su herencia. (Aplausos).


Señorías, al Partido Socialista no le va a temblar el pulso para
apoyar los avances transformadores que protejan los derechos, que es un
justo reconocimiento a una sociedad que ha dicho basta. Por ello les
pedimos que apoyen esta iniciativa, una iniciativa que nace de la
sociedad civil. Y termino dando las gracias a las miles de personas que,
de forma anónima y altruista, se han dejado la piel para llevar a todos
los rincones del país la ILP del Mar Menor, a la ciudadanía de la Región
de Murcia y en especial a la portavoz Teresa Vicente, a la profesora de
la Universidad de Murcia; al alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez
Cervera, gracias por ser la voz la voz del Mar Menor. Y también quiero
agradecer a la rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena su
apoyo a esta iniciativa.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Finalizado el debate del dictamen de la Proposición de Ley para el
reconocimiento de la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y
su cuenca, se procede, a continuación, a abrir el plazo de una hora para
que las señorías autorizadas emitan el voto electrónico remoto, desde
este momento, en que son las diez horas y treinta y un minutos, hasta las
once horas y treinta y un minutos.


Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de esta proposición
de ley tendrá lugar una vez finalizado el último punto del orden del día
de hoy.


Muchas gracias.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA LA REGULACIÓN
DEL EJERCICIO DEL VOTO POR LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN EN EL
EXTRANJERO.


624/000013

Constitucional


El señor presidente lee el punto 7.1.2.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el señor presidente de la Comisión Constitucional, su señoría el
senador Magdaleno Alegría.


El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Buenos días, señorías.


Procedo a la presentación del Dictamen de la Proposición de Ley
Orgánica de reforma del régimen electoral general para la regulación del
ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. La
proposición de ley que se somete a este acto de consideración del Pleno
del Senado, y que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su
entrada en esta Cámara el 15 de junio de 2022, fecha asimismo de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


El plazo de presentación de las propuestas de veto y enmiendas
terminaba el 27 de junio, y fue ampliado al día 2 de septiembre. Las
enmiendas presentadas fueron 22. Su distribución es la siguiente: de la 1
a la 17, de los senadores Cervera Pinart y Cleries i Gonzàlez, del Grupo
Parlamentario Nacionalista; de la 18 a la 21, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republica-Euskal Herria Bildu; y la número 22, del senador
Chinea Correa, de Izquierda Confederal.


La ponencia ha estado integrada por los senadores y senadoras Adrio
Taracido, del Grupo Parlamentario Socialista; Ayala Santamaría, del Grupo
Parlamentario Popular; Beltrán de Heredia Arroniz, del Grupo
Parlamentario Vasco; Clavijo Batlle, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal; Marín Gascón, del Grupo Mixto; Mogo Zaro, del Grupo
Parlamentario Socialista; Pradas Ten, del Grupo Parlamentario Popular;
Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista; Reniu Vilamala del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y Sánchez López, del Grupo
Parlamentario Democrático. Tras reunirse el día 13 de septiembre de 2022
la ponencia emitió su informe en el que acordó aprobar el texto remitido
por el Congreso de los Diputados. Asimismo acordó llevar a cabo dos
correcciones de carácter gramatical que no tienen naturaleza de enmiendas
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la
Constitución.


La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 13 de septiembre
de 2022, y acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la
ponencia en su informe, que no introduce modificaciones al texto remitido
por el Congreso de los Diputados.


A este dictamen, señorías, se han presentado tres votos particulares:
uno por parte de los señores Cleries i Gonzàlez y Cervera Pinart, del
Grupo Parlamentario Nacionalista, que corresponde a las enmiendas
números 1 a 17; uno del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado
Junts per Catalunya-Coalición Canaria correspondiente a la enmienda 22
inicialmente presentada por el senador Chinea Correa, y otro del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria que corresponde a las
enmiendas número 18 a 21.


Señorías, como establece el preámbulo de la proposición de ley, con
esta propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General se trata de responder a una de las demandas de la colectividad
española en el exterior y suprimir el requisito de que los españoles
residentes en el extranjero tengan que solicitar o rogar el voto, lo que
permitirá que todos reciban la documentación de oficio en sus respectivos
domicilios. Con ello se pretende facilitar el ejercicio efectivo del
derecho fundamental a participar en asuntos públicos, reconocido en el
artículo 23 de la Constitución.


Deseo destacar que la Comisión Constitucional aprobó por unanimidad
el texto de la ponencia. Con carácter general, la unanimidad en la
aprobación es un hecho que merece ser destacado, y singularmente en
materia electoral. Permítanme el símil: la Ley electoral en las
democracias tienen la misma importancia que la Ley de sucesión en las
monarquías. Por ello nuestra Constitución establece que el desarrollo del
régimen electoral general requiere de mayorías cualificadas, pues se
trata de articular la participación política de los ciudadanos,
desarrollar las reglas del juego democrático y, en definitiva,
posibilitar que las minorías se conviertan en mayorías y viceversa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, procedería ahora abordar un debate de totalidad.


¿Algún grupo desea intervenir en alguno de los turnos anteriores o
podemos pasar al debate de enmiendas? (La señora Goñi Sarries pide la
palabra).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Goñi
Sarries


La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidente.


En una democracia la Ley electoral es una de las leyes más
importantes; es imprescindible y por eso necesita un amplio consenso. Hoy
la modificamos para modificar el derecho más fundamental, que es el del
voto, y para participar así en la vida pública, eligiendo a nuestros
representantes. Hoy mejoraremos nuestra democracia cambiando la
regulación del voto de los españoles residentes en el extranjero, para
que vean facilitado en la práctica su derecho constitucional a votar.
Corregimos un procedimiento que ha demostrado ser ineficaz.


Hablamos de las reglas del juego y es importante que se aprueben por
una amplia mayoría. Esta reforma viene del consenso y de nuestra
obligación de dar soluciones a los problemas y dificultades que se han
detectado en el voto exterior en los últimos años.


Con la última reforma de 2011 solo un 5 % o 6 % de los electores
hicieron uso de su derecho al voto. Hay que conseguir que los ciudadanos
que viven fuera de España puedan ejercer su derecho al voto, y para eso
hay que facilitarles las cosas. Hay que garantizar la seguridad de lo que
se vota y del voto. Es necesario fomentar y permitir más fácilmente el
voto exterior, pero garantizando al mismo tiempo la seguridad y la
integridad del proceso.


Con esta reforma se persigue mejorar la participación —ya no
habrá que solicitar el voto—; se adelanta la puesta a disposición
de la documentación y se ofrece la posibilidad de descarga telemática o
envío tradicional; y para el voto en urna, se aumenta el plazo de tres a
seis días. Se persigue también reforzar las garantías del procedimiento;
se asegura la personalidad del voto y se preservan las garantías del
proceso; y se persigue asegurar la efectividad del voto: la
contabilización de los votos, los envíos por valija diplomática y el
escrutinio, que ahora se hará del tercer al quinto día posterior a la
votación.


Hoy es un día importante para la democracia en España. El tiempo nos
dirá si esta reforma es acertada o no. Si tenemos que corregirla de nuevo
o no. Pero aquellos españoles que viven en el extranjero y que quieren
participar podrán hacerlo, podrán ejercer su derecho al voto con más
seguridad y, sobre todo, con más facilidad, y así elegir el Gobierno de
su país y a los gobiernos de las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tomará la palabra su señoría
Rodríguez de Millán.


La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias, presidente.


Señorías, buenos días. Actualmente son más de dos millones los
compatriotas que sufren el doble agravio de haber tenido que abandonar su
tierra y vérselas con la maraña burocrática que, desgraciadamente,
caracteriza nuestro sistema y que traspasa fronteras, para poder ejercer
su derecho al voto; un derecho al voto que tiene que ser garantizado por
el Estado y que, sin embargo, ha sido una muestra más de tantas cosas
olvidadas por ese bipartidismo que se ha ido turnando en el Gobierno
durante décadas. Nos parece mentira que esos mismos partidos que se
jactan de hablar de democracia no hayan asegurado la correcta
participación en ella y de forma plena de todos los españoles que viven
en el extranjero y que merecen ejercer sus derechos, y también merecen
poder decidir mediante el voto sobre cuestiones fundamentales que les
afectan directamente.


Pero en la práctica se les ha negado ese derecho, porque,
precisamente, el desplome de la participación electoral al que apuntan en
su proposición para la reforma de la ley se debe también a la
incompetencia del Gobierno a la hora de gestionar esos trámites. No hay
que olvidar que fue en 2011 cuando el Partido Popular y el PSOE, apoyados
por el PNV y CiU, reformaron la Ley Electoral, que hoy, once años
después, no cabe ninguna duda de que fue un fracaso; una reforma que
introdujo el voto rogado, es decir, los españoles en el extranjero tienen
que pedir, tienen que rogar, que se les envíe la documentación necesaria,
lo que supone una carga injusta y una flagrante vulneración de la
igualdad de todos los españoles. ¿Por qué no pueden tener los mismos
derechos los españoles residentes en el extranjero que los que viven
aquí? ¿Cómo iban a garantizar esto los mismos que ni siquiera dentro de
nuestras fronteras son capaces de garantizar la igualdad ante la ley de
todos los españoles por culpa de un sistema autonómico injusto? ¿O cómo
iba el PSOE a dar cumplimiento a semejante mandato constitucional, cuando
es el Gobierno el que precisamente ha pisoteado la Constitución?


Esta situación que viven los españoles en el extranjero es aún más
grave si tenemos en cuenta que el Gobierno retrasa el envío de la
documentación, cede su entrega a servicios de correo locales, ineficaces
o inexistentes, pone trabas al voto exterior, o está más interesado en
que voten los extranjeros en España o en permitir que formaciones de
golpistas procesados puedan concurrir a unas elecciones. Están más
interesados en eso que en garantizar el derecho al voto de todos los
españoles que residen en el extranjero.


Les debemos a los españoles una reforma legislativa que garantice el
derecho de sufragio, sin trabas burocráticas, con lealtad al mandato
constitucional recogido en el artículo 68. Necesitamos normas que impidan
desde fraudes, como el de la manipulación de votos con censos
incorrectos, hasta la coacción de los movimientos separatistas en los
comicios, que atiendan los principios constitucionales, el Estado de
derecho y el interés de todos los españoles.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


¿Algún grupo más desea intervenir? (Pausa).


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Con la
venia.


Se van a hartar ustedes de verme esta mañana aquí, en la tribuna.
Ahora ya estoy menos nervioso que antes.


Señorías, esta modificación responde a lo que debería ser el
principal objetivo del poder: garantizar que los ciudadanos ejerzan su
derecho de la mejor manera, modificar la ley para garantizar el derecho
más fundamental en democracia, que es el de votar y participar en la vida
pública eligiendo a nuestros representantes. Más concretamente, con esta
proposición, señorías, se modifica la regulación del voto de los
españoles que residen en el extranjero para que ese hecho, vivir fuera de
España, no llegue a privarlos, en la práctica, de su derecho
constitucional a votar.


Reformamos el artículo 75 de la LOREG para corregir un procedimiento
que ha resultado ineficaz y, por tanto, injusto para los españoles
residentes fuera de nuestro país. Los números así lo demuestran; en la
última década, solo un 5,6 % de los electores hicieron uso de su derecho
al voto en varias citas electorales desde la reforma de 2011. Es obvio
que era necesario fomentar y permitir más fácilmente el voto en el
exterior, garantizando, al mismo tiempo, la seguridad e integridad del
proceso, con las dificultades que conllevan las distancias, los servicios
postales distintos al español, la ubicación y disponibilidad de nuestros
propios servicios consulares en el extranjero.


Nosotros creemos que esta modificación es aceptable y, obviamente, la
vamos a apoyar. Por ello, hemos hecho nuestras aportaciones y reconocemos
el trabajo realizado por todos los grupos parlamentarios. Se trabaja
bien, se consensua y se tienen en cuenta todas las aportaciones. Es justo
reconocerlo. Nosotros, hemos conseguido incorporar al texto definitivo
del dictamen, por vía transaccional, varias cuestiones, como la descarga
telemática de las papeletas de las diferentes candidaturas para que sea
única para todas y evitar así el rastreo de descargas individuales de
papeletas y con ello, el riesgo para el secreto del voto; que el lector
deba depositar ese voto personalmente, si opta por remitirlo por correo,
garantizándose así la trazabilidad y la identidad; y, en último lugar,
hemos aclarado el tema de los plazos al Gobierno para desarrollar esta
nueva normativa.


Como venimos diciendo, estamos ante una reforma necesaria y, por
tanto, una buena reforma, así hay que reconocerlo. Pero, al mismo tiempo,
como ya hemos dicho en otros debates previos, Ciudadanos ha dicho siempre
que esta no es toda la reforma del sistema electoral que necesitaría
España. Hay cosas en las que nosotros hubiéramos llegado más lejos; una
verdad objetiva que nos demuestra que la falta de participación de los
ciudadanos en los procesos democráticos es una deficiencia de nuestro
sistema, pero no votar por tener un procedimiento excesivamente gravoso o
complicado para el elector, convendrán conmigo que es una auténtica
injusticia.


Por tanto, una vez solucionado el problema muy concreto, el del voto
de los residentes en el extranjero, no olvidamos que aún queda mucho por
avanzar y que debemos coordinar la LOREG del año 1985 con su desarrollo
legal de la Constitución del 78 y el derecho previsto en el
artículo 23 de la participación en asuntos públicos. Pero esta
participación se hace de manera individual, señorías, por la libre
voluntad de cada uno de los españoles por sí mismos, votando, eligiendo a
sus representantes. Esta es la manera como se conforma la soberanía
nacional, que el artículo 1.2 de la Constitución deposita, como todos
ustedes saben, en el pueblo español. Y el pueblo español no es una suma
de territorios, es una suma de personas, de todos los españoles que viven
en España desde el primero al último, vivan donde vivan y en régimen de
igualdad, y eso sí que nos preocupa. Y que la igualdad sea real para
todos los españoles ante la ley en términos de sufragio activo, es decir,
que el derecho al voto sea exactamente igual para todos, vivan donde
vivan. Porque si no hay igualdad real entre los españoles es porque su
voto no vale igual dependiendo del lugar donde vivan; por ejemplo, el de
los murcianos vale bastante menos que el de los residentes en otros
lugares.


Por todo ello, vamos a insistir en la regulación legal modificada,
que formalizaremos mediante una proposición de ley orgánica, que
garantice un congreso más proporcional, reduciendo a uno el mínimo de
diputados por provincia y cambiando el sistema D’Hondt por el de
cociente Hare. Proponemos también una reforma en la elección de los
senadores para que realmente tengamos un Senado con una representación de
naturaleza territorial, mejorando al mismo tiempo la representatividad de
los ciudadanos que habitan en los territorios menos poblados, generando
una mayor vinculación y responsabilidad del Senado ante sus electores en
la circunscripción territorial.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Ha solicitado también la palabra, por último, el Grupo Parlamentario
Socialista. En este bloque, tiene la palabra su señoría Mogo Zaro.


El señor MOGO ZARO: Señor presidente, señorías, quiero hacer una
consideración previa al motivo estricto de la reforma que estamos
tratando hoy aquí: la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General. Estamos realizando una reforma justa, en efecto; una reforma
que, como han dicho otros ponentes, restituye el pleno ejercicio de un
derecho, pero también estamos llevando a cabo un debate que contribuye a
la legitimación del sistema democrático. Hace diez u once años
—este grupo es el primero en admitirlo en la Cámara, junto a otros
grupos, supongo—, la política se equivocó; pero la política supo
escuchar durante estos años, y la política hoy corrige un error, un
agravio indeseado, porque la caída en la participación electoral nos ha
hecho a todos reflexionar y darnos cuenta de que cuando quisimos reforzar
la seguridad jurídica, estábamos erosionando la participación plena,
efectiva, de los residentes en el exterior en los procesos electorales. Y
qué mejor manera de legitimar la política más que en discursos
abstractos, qué mejor manera de legitimarla que reconocer los errores y
corregirlos. Eso estamos haciendo hoy, aquí y lo que vamos a pedir la
mayoría de los grupos que vote afirmativamente toda la Cámara. Hoy
restituimos un derecho con un acuerdo político importante y, además, con
una mayoría detrás, como debe corresponder a cualquier reforma de
naturaleza electoral que afecte a las reglas del juego. Es cierto que la
iniciativa —y me enorgullezco de ello— de la proposición de
ley la tomó el Grupo Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, pero no
queremos tampoco apropiarnos de ella porque creemos que tiene un
significado más amplio y da cabida a todos los grupos que la han debatido
y que se ha incorporado aprobando por unanimidad el texto de la
ponencia.


Lo que nos une es la reforma del artículo 75, que imponía requisitos
adicionales en la participación política de más de 2,5 millones de
españoles que viven fuera, y el acuerdo político modifica sustancialmente
la supresión del voto rogado. Pero, más allá de eso, hemos aprovechado
para hacer una mejor ley electoral en lo que se refiere a la
participación, que se facilita con nuevos centros, con más espacios para
votar, con más amplitud de plazos. Tenemos un sistema más garantista en
los controles, y creemos que garantizamos entre todos la mayor
efectividad del voto.


Es un acuerdo fundamental para más de tres millones de españoles,
aproximadamente, que viven fuera, y entiendo que es, dicho con toda
modestia, pero con toda seriedad, un ejercicio de inteligencia política
por parte de la Cámara. Sería un error convertir esto en una lucha
partidista o será un error si alguien se aparta, en mi opinión, de la
reforma. Como pasó en el Congreso, donde el Bloque Nacionalista Gallego
se apartó del acuerdo con excusas técnicas e inverosímiles, planteando
una paradoja: no apoyar la supresión del voto rogado y, de algún modo,
sus propuestas llevarían a la supresión del voto por correo. Es decir,
para el nacionalismo gallego, se penalizaría a los inmigrantes,
incomprensiblemente. Esa es la respuesta, esa es la posición política.
Nosotros no podemos compartir una propuesta que cercena los derechos de
los emigrantes españoles. No entendemos la posición del Bloque
Nacionalista Gallego, y debemos hoy consumar y salir de esta Cámara con
una reforma que sume la mayoría suficiente y que seamos capaces de
facilitar que en las próximas elecciones los emigrantes voten mejor y
más. Este es el propósito de la reforma.


Señorías, yo pertenezco a un partido que ha liderado los grandes
avances en materia de derechos de la inmigración que la dictadura les
había arrebatado: derechos económicos, con prestaciones para las personas
vulnerables; los derechos de la representación, con la creación de
órganos que les da facilidad de expresión para trasladar sus demandas; y
los derechos civiles, como, por ejemplo, los de nacionalidad. Estamos
hablando de millones de personas. Hoy son los que se fueron, pero también
los hijos de los que se fueron, que se sienten muy vinculados
mayoritariamente a esta tierra, y también las nuevas realidades de la
inmigración de la última década y media.


Permítanme una pequeña digresión personal. Soy hijo y nieto de
emigrantes, y sé por experiencia que no hay una realidad escindida; no
son dos pueblos separados por el éxodo, hay un solo pueblo, una
ciudadanía, que conservan y que disfrutan de ella millones de
conciudadanos. Como gallego, puedo citar a Virxilio Viéitez, un gran
fotógrafo gallego que retrató la emigración en los rostros de los que se
quedaron, en los rostros de la Galicia interior; allí estaba reflejado el
dolor, la nostalgia, la expectativa, todo lo que les unía a sus familias,
a sus amigos en la otra parte del océano. No podemos dar la espalda a
este formidable bagaje. Nuestra responsabilidad es asegurar el pleno
ejercicio de sus derechos, y el primero es el derecho a la participación
política. Eso es lo que les vincula a su condición de ciudadanos, poder
ejercer su derecho al voto; y es el derecho al voto que mi grupo pide a
esta Cámara. Ese es el voto favorable a la reforma que hemos obtenido en
el texto de la ponencia, y que hoy pedimos a todos los grupos.


No voy a entrar en las descalificaciones de los grupos,
particularmente del Grupo de Vox, que no cree en la democracia pero se
permite dar lecciones al respecto. Hasta ahí podíamos llegar. Me dirijo
al resto de grupos de la Cámara para, más allá de cualquier diferencia,
que debatiremos en el turno de enmiendas, pedirles su apoyo; millones de
personas nos están esperando. Hagamos hoy de esto una fiesta de la
democracia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.


A continuación, pasamos al debate de las enmiendas.


Para la defensa de las enmiendas números 1 a 17, de sus señorías
Cleries i Gonzàlez y Cervera Pinart, tiene la palabra su señoría Cervera
Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, president. Bon dia, señorías.


Voy a empezar dando por defendida la enmienda 22, del senador Chinea,
como hice en comisión.


Como decía el presidente de la comisión en su presentación, Junts per
Catalunya ha presentado un voto particular para poder defender en Pleno
las diecisiete enmiendas presentadas a esta proposición de ley: diez de
modificación y siete de adición. Estas mismas enmiendas fueron
presentadas en el Congreso junto con aquellas otras comunes a muchos
grupos, ya que partían de las propuestas de la FIEC y Marea Granate, y
fueron incorporadas al texto.


Que hayamos presentado diecisiete enmiendas no significa que seamos
contrarios al texto que nos ha sido remitido por la Cámara Baja, que
consideramos imprescindible que prospere, y lo consideramos
imprescindible por el mero hecho de derogar el voto rogado, que, como
todos saben, ha comportado que la participación cayera hasta porcentajes
ridículos e inaceptables.


Ciertamente, consideramos que esta reforma podría haber ido mucho más
allá y aprovechar los recursos existentes para garantizar la máxima
participación desde el extranjero en las distintas contiendas
electorales. En este sentido, buena parte de nuestras enmiendas están
relacionadas con la incorporación de las posibilidades que nos
proporcionan las nuevas tecnologías. En primer lugar, haciendo
complementario al correo certificado el envío de la documentación
electoral telemáticamente. En el mismo sentido, proponemos incorporar el
voto electrónico como método complementario al voto tradicional con la
intención de facilitar el proceso y la participación de los residentes en
el exterior, y es que el voto electrónico se ha demostrado un sistema
seguro que se utiliza y funciona en otros países. Probablemente, el
principal ejemplo lo encontremos en Suiza, que implantó en 2005 este
sistema en sus procesos electorales y en las últimas elecciones fue
utilizado por casi la mitad de los votantes. Se nos dijo lo contrario en
comisión; los grupos mayoritarios afirmaron que existen grandes riesgos
en el voto telemático, sobre todo por internet, donde no se dan las
garantías electorales mínimas. A nosotros nos sorprende tal afirmación
cuando en democracias como Estonia o Bélgica el uso es habitual; incluso
en las últimas elecciones a la Asamblea Nacional francesa nuestro Estado
vecino utilizó para los franceses que viven en el extranjero, ciudadanos
europeos, la posibilidad de que escogieran votar por correo, como habían
hecho siempre, o hacerlo con lo que nos permite la tecnología online.
¿Creen ciertamente que si el voto electrónico no fuera seguro ni
garantista estos Estados lo utilizarían?


Proponemos también utilizar estas posibilidades, las que ofrece la
tecnología, para que, mediante notificaciones automáticas, los electores
en el extranjero puedan seguir su voto, garantizando la trazabilidad
íntegra del proceso electoral.


Con el resto de enmiendas proponemos establecer medidas para
garantizar que todos los interesados puedan votar, por ejemplo,
incorporando el voto delegado. También proponemos ampliar plazos para que
todos los votos emitidos puedan llegar a ser escrutados.


Conocedores del desarrollo del debate en comisión, no voy a insistir
en las virtudes de nuestras enmiendas ya que somos conscientes de que
ninguna de ellas va a prosperar; no van a prosperar ninguna de las
nuestras ni ninguna de las que se van a defender a continuación. A pesar
de todo, como decía al principio de mi intervención, Junts per Catalunya
votará a favor del texto remitido por el Congreso porque, sin duda,
representa una mejora necesaria. Pero déjenme decirles que se va a
renunciar a todas las oportunidades que nos ofrece el siglo XXI y el
desarrollo de las nuevas tecnologías, y continuaremos un paso por detrás
de la sociedad, en concreto, de las generaciones más jóvenes que están en
el extranjero, que se sienten cómodas con la tecnología, con los medios
sociales e internet, pues forman parte de su día, con el riesgo que
comporta de alejarles del ejercicio más básico de cualquier sociedad que
se quiera democrática.


Déjenme referir algo que decía ayer el ministro Bolaños. Dijo que a
algunos se nos había parado el reloj en 2017. ¿Saben qué les digo? Pues
que tenía razón; que en 2017 en Cataluña y en el Estado español se paró
el reloj, pero no fue el de Junts per Catalunya. El reloj que se paró fue
el de la democracia y la justicia, que ya iba con retraso. Lamento
decirles que los indultos y una mesa de diálogo no lo van a poner en
hora. Hoy, no incorporando estas enmiendas, se vuelve a parar el reloj en
materia electoral. Esta vez se para en el siglo XX, cuando ya estamos al
final del primer cuarto del siglo XXI.


A pesar de la insistencia que algunos tienen en colgarnos la etiqueta
de los del no por el simple hecho del no, del no a todo, una vez más
Junts per Catalunya ha intentado dar cuerda y ajustar su reloj y una vez
más constatamos lo que ya hace tiempo que sabemos; constatamos que lo que
conviene a Cataluña no es intentar poner su reloj en hora, lo que nos
conviene, lo que conviene a Cataluña es cambiar definitivamente de
reloj.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos a la defensa de las enmiendas 18 a 21, del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya.


Para su defensa, intervendrá su señoría Reniu Vilamala.


El señor RENIU VILAMALA: Gràcies, president.


Más allá del spoiler, que espero que no se confirme, que ha realizado
el compañero Cervera Pinart de que no se van a aprobar estas enmiendas,
es evidente que esta reforma es tremendamente positiva. Ya se ha señalado
por qué: porque se está corrigiendo un error garrafal que se cometió hace
once años básicamente por los principales actores del sistema, que había
casi negado la posibilidad de participación electoral de los ciudadanos
en el extranjero.


Presentamos cuatro enmiendas que no solo creemos que son necesarias y
pertinentes, sino que además responden a la voluntad de completar esta
reforma porque si no, vamos a estar introduciendo pequeñas grietas que
pueden resultar problemáticas en el futuro. Nuestras cuatro enmiendas,
que provienen de las presentadas en el Congreso, básicamente son de dos
tipos. Las números 20 y 21 son enmiendas que amplían el plazo del
escrutinio general para así garantizar que se computan y que llegan todos
los votos a las sedes del escrutinio general.


Sobre todo, quisiera llamarles la atención sobre las dos primeras,
la 18 y la 19. La enmienda 18 es terriblemente importante. He oído en
esta tribuna algunas manifestaciones, muy acertadas, sobre garantizar la
trazabilidad. Muy bien. Señorías del Partido Popular y del Partido
Socialista, que son quienes han cerrado esta reforma, ¿podrían
explicarnos cómo se garantiza la trazabilidad si no incorporamos
mecanismos que tenemos al alcance de la mano, como son las nuevas
tecnologías, para precisamente garantizar que el elector pueda comprobar
si su voto ha sido computado? Avanzamos en el uso de esas tecnologías
introduciendo la descarga de las papeletas, por ejemplo, pero no lo
hacemos con el cierre —estaba tentado de decir el cierre
categorial, que utilizaría el maestro Gustavo Bueno— de ese
proceso. Por lo tanto, la enmienda 18 sería sensato, aconsejable
—espero que no tenga que pasar once años para volver a
recordárselo— introducirla. Además, la enmienda 19 es igualmente
importante. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es proponer la introducción
de un canal adicional voluntario de participación, como es el voto por
delegación. Alguien podría considerar que el voto por delegación no reúne
garantías. Por favor, léanse la enmienda, porque está perfectamente
detallado. Se contemplan todos los procesos garantistas para la
delegación del voto y, además, lo utilizan sociedades como Francia o el
Reino Unido con total normalidad, con total eficacia, con total garantía
para aquellos ciudadanos que, por una razón u otra, deciden delegar su
voto. Es decir, podemos hacer lo de siempre, desafortunadamente, en esta
Cámara Alta, que es intentar no realizar una función real de segunda
lectura y de mejora, o podemos hacer lo que sería esperable y
contravendría el spoiler del amigo Cervera, que sería dejarlas
pasar.


Por lo tanto, les pido, aun a sabiendas, me temo, del resultado, su
voto entusiasta para, al menos, las enmiendas 18 y 19 de nuestro
grupo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, senyoria.


Pasamos al turno en contra de las enmiendas, en el que van a tomar la
palabra dos grupos parlamentarios. (Pausa).


Por el Grupo Parlamentario Popular, ¿va a intervenir alguien en el
turno en contra de las enmiendas? (Denegaciones). No van a intervenir
finalmente.


En ese caso, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.


El señor MOGO ZARO: Presidente, muy brevemente.


Efectivamente, se han presentado veintidós enmiendas: diecisiete del
Grupo Nacionalista, cuatro del Grupo Esquerra Republicana y una de
Izquierda Confederal. Más allá de la casuística específica de las
enmiendas, no las podemos aceptar, aunque ha habido un esfuerzo
importante de negociación en la ponencia. Recuerdo al portavoz del Grupo
Esquerra que siete, ocho o nueve enmiendas —no lo recuerdo—
fueron aceptadas en la ponencia. No las podemos aceptar porque no son
objeto de la derogación del voto rogado; algunas tienen dudosa legalidad,
en nuestra opinión —permítanme que tengamos nuestra opinión al
respecto—. A nuestro juicio, el voto delegado, en la legislación
española, tiene dudosa legalidad. Le digo algo más, y no voy a pasar de
ahí: en mi experiencia electoral en Galicia, el voto delegado nos hace
temblar porque tiene una experiencia clientelar sistemática. Dice usted:
con todas las garantías. Es fácil decirlo, otra cosa es, en mi opinión,
concretarlas en una reforma electoral. En tercer lugar, en algunas
cuestiones como el voto telemático no se concreta o no es posible
garantizar la seguridad jurídica. Esta es nuestra opinión al
respecto.


En cuanto a Junts, señor Cervera, sabe la buena relación y el diálogo
que siempre hemos tenido en otros ámbitos, pero no puedo participar de
algunas de sus afirmaciones sobre la democracia española cuando
precisamente estamos votando una reforma que amplía los cauces de
participación electoral. Le agradezco mucho y pongo en valor su
disposición a apoyar la reforma, pero creo que lleva la semilla de la
contradicción porque estamos mejorando sustancialmente el voto. Y el
reloj de la democracia no se ha parado; quizá tuvo una interpretación
distinta para ustedes. Déjenme que desde aquí, en el uso del derecho,
reivindique el ejercicio pleno que es la democracia española día a día,
el sistema democrático español, porque creo que su afirmación respecto al
sistema democrático —se lo digo cordialmente— es injusta,
precisamente el día que corregimos un error que cometimos, lo que habla
bien de la democracia española. Hay algunas cuestiones, como el voto de
los temporales, que van en el mismo sentido de Esquerra sobre el voto
delegado. Creo que tres meses de plazo para el voto electrónico es
difícilmente sostenible. Hay avances muy importantes en cuanto a los
plazos y a la utilización de las tecnologías que no conviene echar por
tierra.


No obstante, agradezco el apoyo sustantivo de todos los grupos: del
Popular, de Ciudadanos, de los grupos nacionalistas, a la reforma. Me
parece muy interesante e inteligente que no cometan lo que hemos llamado,
o lo que yo he llamado el error de negar, que es tomar la parte como el
todo e incurrir en apartarse de una reforma trascendental para recuperar
el pleno ejercicio de los derechos de los emigrantes, en este caso
gallegos, acogiéndose a excusas. Estoy seguro de que los emigrantes, los
gallegos en particular, tomarán nota.


El senador Chinea no ha defendido su enmienda, pero en relación con
ella, creo que los partidos políticos son capaces de enviar los programas
electorales. Entiendo su buena fe; entiendo el sentido de lo que
pretende, pero la legislación no debe recoger lo que él plantea.


En mi opinión, en democracia es muy importante, para combatir un
cierto negativismo en los discursos —se lo digo desde el respeto,
personal y político, que saben que les tengo—, no hacer de lo
perfecto el enemigo de lo bueno, porque deterioraríamos los avances
importantes que estamos llevando a cabo. En democracia, lo perfecto es
muy difícil que exista porque forma parte de la capacidad de cada uno de
evaluar los textos y las opciones que tenemos delante para conseguir
acuerdos políticos. Yo nunca voy a decir que un texto aprobado en esta
Cámara ni en cualquier otra es perfecto, pero en este caso, para una
emigración que vio cercenado un derecho, en el que participaron muchos
grupos de la Cámara, no voy a recordarlos todos, les diría sinceramente,
y con todo respeto que aprovechemos nuestras intervenciones para poner en
valor lo que nos une y para dejar en segundo plano lo que nos separa. Hay
una emigración que, como decía antes en mi intervención, no es una
realidad escindida, sino que forma parte de nuestra propia identidad.
Ellos no la viven como dos mundos diferentes, sino que se creen, y con
razón, plenamente insertos en la realidad política y social de España, y
cualquiera, cuando viajamos por el mundo, nos damos cuenta. Por eso,
antes que reformas quiméricas que no tendrían nunca el acuerdo de toda la
Cámara, nuestra responsabilidad es respaldar esta reforma que esperan la
vieja, la intermedia y la nueva emigración, casi 3 millones de
ciudadanos, para los que hoy recuperamos derechos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, intervendrá en primer lugar su
señoría Sánchez-Garnica Gómez.


El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Buenos días, señor presidente.


Señorías, el Partido Aragonés anuncia el voto favorable a la reforma
del artículo 75 de la LOREG. Como ya dijimos en su momento, era una
necesidad resolver el problema creado en la reforma de 2011, la cual ha
provocado una merma de la participación política de muchos ciudadanos
españoles residentes en el extranjero. No era normal, y los hechos lo han
demostrado y acreditado, tanta burocracia y limitaciones para ejercer el
derecho al voto. Era, por lo tanto, necesario y oportuno afrontar la
reforma para potenciar y promover la participación política, en este caso
el sufragio activo, sobre todo de nuestros jóvenes, numerosos jóvenes con
residencia en el extranjero y con voluntad de votar —y así me lo
han manifestado algunos de ellos— y con imposibilidad real de poder
llevar a cabo ese derecho.


Lo destacaba el portavoz del Grupo Socialista y yo estoy de acuerdo:
creo que tenemos un poco la obligación de destacar lo positivo y no lo
negativo. En este caso, lo positivo es que cuando se ha detectado un
error en una reforma legislativa, que en su día se hizo con toda la buena
voluntad, y se ha demostrado que no ha sido eficaz, es bueno corregirlo,
porque es nuestra función como legisladores, e introducir un sistema más
realista.


Con la reforma del artículo 75 de la LOREG, como ya se ha dicho en
esta tribuna —no voy a entrar en el detalle, porque los distintos
intervinientes ya lo han dejado claro—, lo que se pretende
básicamente es suprimir el requisito de solicitar o rogar el voto. Se
atiende con ello a las reiteradas demandas de la colectividad española en
el exterior y se asume nuestra función de intentar hacer una norma que
realmente sea eficaz y positiva. Esperemos que el nuevo sistema —en
cuyos requisitos no voy a entrar— funcione correctamente y con
todas las garantías. También valoramos positivamente las enmiendas
presentadas, porque no me cabe la menor duda de que lo que pretenden es
avanzar en nuestro sistema electoral, y la verdad es que he seguido con
mucha atención las intervenciones de los portavoces de Junts y de
Esquerra, pero otra cosa es que se puedan llevar a cabo en este momento.
No obstante, creo que es muy positivo el debate y que hay que seguir
trabajando en esa línea para intentar conseguir un sistema electoral
justo y objetivo para todos. En cualquier caso, la aplicación de esta
norma la veremos en las próximas elecciones; entonces veremos si funciona
o no funciona, y si no funciona, habrá que seguir insistiendo en
modificarla.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra su señoría Catalán
Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, Unión del Pueblo Navarro también va a apoyar la
modificación de la ley que se nos propone. En esta línea, como decía el
propio portavoz del Grupo Socialista, estamos recuperando derechos para
un colectivo muy especial de españoles. Por lo tanto, en la mañana de
hoy, Unión del Pueblo Navarro muestra su reconocimiento y recuerdo a
todos estos cientos de miles, millones de españoles que por diferentes
circunstancias de la vida tuvieron que salir de su país a labrarse un
porvenir mejor en otros países del mundo dejando aquí su familia, sus
amigos, sus vivencias y sus realidades propias para irse a otras partes
del mundo a vivir. La mayoría de ellos y sus descendientes se agruparon y
mantuvieron siempre viva esa llama con su país de origen. Las
circunstancias han ido cambiando y en la actualidad, lamentablemente,
demasiados españoles tienen que salir de nuestro país para buscar un
futuro profesional y personal mejor, y uno de los derechos más
importantes que tiene un ciudadano que pertenece a un país democrático es
la posibilidad, el derecho, nunca mejor dicho, de elegir libremente a sus
representantes y de participar en unas elecciones libres. Hoy se recupera
este derecho.






Evidentemente, la modificación que se llevó a cabo en el
año 2011 se ha demostrado que no fue acertada. Lo correcto ha sido
rectificar y, por lo tanto, nos parece adecuada la propuesta que hoy se
plantea. 2,2 millones de españoles inscritos en el censo del CERA van a
poder ejercer la efectividad de su derecho de participar en unas
elecciones democráticas. Se ha visto que esa modificación de 2011 no fue
lo que se esperaba y los números así lo decantan, pues ni siquiera en las
previsiones más optimistas, el 10 % de la gente que podía votar se
inscribió para poder realizar su derecho al voto. En este caso concreto,
para evitar fraudes, se limitó de facto este derecho, y hoy se corrige.
Por lo tanto, con mayor seguridad jurídica, fiabilidad y transparencia se
permite y recupera este derecho. ¿Será suficiente? El tiempo dará o
quitará razones. De momento, actualmente la intención es esa y, por lo
tanto, apoyaremos la propuesta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará la palabra su señoría
Fernández Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señor presidente. Muy buenos
días, señorías.


Como trasladamos los regionalistas cántabros en el debate de la
moción relativa a derogar el voto rogado en esta misma Cámara el 25 de
febrero de 2020, resulta ilógico que mientras el número de españoles
emigrados aumentaba, el total de los que votaban en las elecciones fuera,
elección tras elección, menor. Lo más triste de todo lo hablado hasta
ahora es que el principal motivo de estar debatiendo esta proposición de
ley orgánica hoy es una cifra: la cada vez más menguante cifra de
españoles que votan desde el exterior. Estamos en un mundo que se mueve
por cifras, pero no se ha visto aún, ni en el propio texto que debatimos,
que nadie vaya más allá de ellas y a lo realmente grave del asunto, a lo
que debería avergonzarnos como representantes de la soberanía popular.
No, señorías, no son las cifras lo preocupante. Lo preocupante es la
anomalía democrática que hemos vivido durante once años, en los que, de
facto, no hemos facilitado a nuestros compatriotas en el exterior emitir
su voto, el factor que se erige como la máxima expresión de la democracia
popular que recoge nuestra Constitución. En este tiempo hemos asistido a
más de dos decenas de ciclos electorales en este país, entre elecciones
europeas, generales, autonómicas y municipales. ¿Es justo y democrático
que los españoles que viven en el extranjero y que deseaban votar solo se
hayan encontrado obstáculos para poder hacerlo? En el PRC creemos que no.
Por ello, creemos que este texto que hoy aprobaremos es imprescindible
para normalizar una situación que hasta ahora es anómala y perjudicial
para nuestro sistema democrático.


En coherencia con lo dicho, el Partido Regionalista de Cantabria
votará a favor de esta iniciativa, aunque llegue con once años de
retraso.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.


Hoy se pone punto y final a una injusticia que, lamentablemente, ha
durado muchísimos años. Una injusticia, el voto rogado, que impedía que
los residentes en el exterior pudieran ejercer su derecho al voto. Así
que después de muchas idas y venidas, de promesas incumplidas y
compromisos fallidos, cerramos definitivamente un capítulo que no podemos
otra vez reabrir; un capítulo que, no lo olvidemos, se cierra gracias a
la constancia y al esfuerzo de las entidades residentes en el exterior,
que han sido firmes en unas reivindicaciones justas y democráticas. En
realidad, las consecuencias sobre esa participación electoral de los
residentes en el exterior han sido nefastas. La generalización del voto
rogado para esos residentes en el extranjero, además de ser un error
político, es un menoscabo del principio democrático y del principio de
igualdad, así como una lesión al derecho fundamental contenido en el
artículo 23 de nuestra Constitución española.


El voto rogado, como ha quedado patente, ha tenido un efecto de
desaliento en el ejercicio del derecho fundamental a la participación
política de los residentes en el extranjero y ha producido un incremento
de esa desconfianza hacia el sistema electoral español al haber
obstaculizado de hecho el ejercicio del voto a centenares de miles de
españoles, muchos de ellos emigrados como consecuencia de la crisis
económica que, lejos de romper el vínculo con nuestro país, querían
seguir manteniéndolo al menos como electores de pleno derecho. Por eso,
como decía, celebramos esta reforma del artículo 75 de la LOREG, que
supone una enmienda a la totalidad de esa decisión que se aprobó en el
año 2011 a raíz de acusaciones y sospechas de fraude electoral por
suplantaciones de identidad o deficiencias en la cadena de custodia o en
los censos electorales. Así que esta reforma es una buena noticia, pero,
también, señorías, debería servirnos para reflexionar sobre un déficit
aún más grave de las causas que provocaron la implantación del voto
rogado, porque no puede ser que una democracia como la nuestra tarde más
de diez años en buscar una respuesta para garantizar el ejercicio de un
derecho fundamental; más de diez años para superar los problemas
asociados al voto rogado y a la búsqueda de una solución para facilitar
el sufragio, para mejorar las garantías sin las sospechas del pasado y
devolverles, señorías, un derecho que, aunque es verdad que nunca se les
arrebató, sí se les cercenó con el establecimiento de unas condiciones
inadmisibles.


Por lo tanto, hoy hacemos algo que deberíamos haber hecho hace
muchísimo tiempo: garantizar que esos residentes en el extranjero ejerzan
sus derechos y puedan votar y participar en la vida pública eligiendo a
sus representantes, muchos de ellos, canarios y canarias que emigraron el
pasado siglo a países como Cuba, Argentina y Venezuela, o los miles de
jóvenes de nuestro país que se han visto obligados a hacer la maleta a
raíz de la crisis financiera; canarias y canarios que con esta reforma
recuperan su vínculo con nuestro país, que muchos y muchas perdieron por
una decisión política injusta y antidemocrática.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tomará la palabra su señoría
Clavijo Batlle.


El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, presidente.
Brevemente.


Creo que ya lo hemos dicho todos, hoy recuperamos un derecho que
nunca tuvo que haber sido suprimido. En el caso de Canarias, los
ciudadanos, principalmente de Venezuela, Cuba, Argentina o Uruguay, van a
poder ejercer su derecho al voto y van a poder influir en las decisiones
políticas de nuestra tierra. Creo que es una buena noticia y es de
justicia para todos aquellos que tuvieron que emigrar para buscar un
futuro mejor, lo que, en el caso de Canarias, en el siglo pasado, ha
significado que muchas familias se mantuvieran con las remesas de dinero
que venían principalmente de Venezuela, y que, gracias a ellas, en
nuestra tierra la gente pudo prosperar, estudiar y salir adelante.


Hoy celebramos esta buena noticia. Creemos que se está reconociendo
tarde —como han dicho quienes me han precedido en el uso de la
palabra— un error que nunca se tuvo que haber cometido. Deseamos y
esperamos que ahora, el Gobierno de España —pues esto no acaba
aquí— articule y ponga los medios necesarios para que en las
próximas elecciones los residentes en el exterior puedan ejercer el
derecho a voto. Insisto, no queda solo aquí el trabajo que hemos hecho y
por el cual debemos felicitarnos todos, sino que es muy importante que la
Administración del Estado del Gobierno de España ponga los medios
necesarios para que eso se convierta en una realidad en la práctica y no
nos encontremos en las próximas elecciones con dificultades añadidas al
ejercicio del derecho al voto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, intervendrá su señoría la senadora
Beltrán de Heredia.


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik asko, presidente
jauna. Egun on.


Estamos ante la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, sin duda, una de las normas fundamentales del sistema
democrático en tanto que regula la participación de la ciudadanía y
articula la traducción de su voluntad en la representación política y, a
través de ella, la determinación de las políticas públicas; una reforma
que, como ya se ha dicho, recae fundamentalmente en el artículo 75 de la
LOREG y que viene a corregir las disfunciones generadas tras la
implantación del voto rogado para las personas residentes en el
extranjero, devenido de la reforma de 2011. Pero conviene recordar que
aquella modificación venía a dar respuesta a las reiteradas sospechas de
suplantación de identidad y manipulación del proceso electoral. Lo que se
buscó con esa reforma fue evitar el fraude y la falta de garantías. Es
justo, por tanto, reconocer que la implantación del voto rogado cumplió
con esos objetivos, pero también hay que reconocer que el procedimiento
administrativo que se diseñó no tuvo en cuenta las especiales
características y circunstancias que debían afrontar las personas
electoras en función de las condiciones del lugar de residencia,
convirtiendo el ejercicio del voto en una verdadera y auténtica carrera
de obstáculos, un procedimiento largo y dificultoso que provocó, además,
un sentimiento de limitación de derechos en las personas emigradas, una
caída estrepitosa en la participación del CERA, como se constata en el
análisis cuantitativo comparado de la participación antes y después de la
reforma de 2011, no solamente porque el derecho a sufragio de los y las
españolas residentes en el extranjero es un derecho constitucional, sino
porque, además, tenemos el pleno convencimiento de que la participación
ciudadana fortalece la legitimidad de los sistemas políticos, la
legitimidad democrática y también la igualdad política. Por tanto,
consideramos necesario remover y resolver estos obstáculos que trajo
consigo la implantación del voto rogado para personas ausentes residentes
en el extranjero.


Con las modificaciones que ahora se incorporan, además de acabar con
el imperativo de rogar el voto, se facilita el acceso a la documentación
electoral, se amplían los períodos para la tramitación y también se
asegura la revisión quinquenal del censo. En definitiva, lo que viene a
hacer esta reforma es facilitar el efectivo ejercicio del derecho al voto
de las personas residentes en el extranjero sin detrimento de las
garantías de seguridad jurídica, fiabilidad y transparencia del proceso
electoral.


Seguramente, esta no va a ser la última reforma de la Ley electoral,
como ya se ha comentado. Vamos a ver cómo es la traslación efectiva de
esta modificación que hoy se aprobará, pero es verdad que la Ley
electoral tendrá que ir incorporando las posibilidades que ofrecen los
avances tecnológicos siempre y cuando tengamos la absoluta garantía de
que se mantiene el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
También habrá que abordar el debate sobre los efectos que tiene la
creciente deslocalización de los y las ciudadanas y la pérdida de
vinculación con el país de nacionalidad.


Entre las reformas pendientes, también quiero dejar constancia aquí
de la que nuestro grupo lleva reivindicando desde hace mucho tiempo, la
que se refiere a la regulación de las elecciones al Parlamento Europeo.
Partiendo del principio de que el Parlamento Europeo es la representación
máxima de todas las opciones ideológicas nacionales y regionales que
conforman la Europa comunitaria, y no es la de elegir un Gobierno, la
existencia de una circunscripción electoral única estatal no concuerda
con la realidad plural del Estado autonómico y tampoco con lo dispuesto
en el acta electoral de la Unión Europea, que invita a los Estados a
adecuar sus circunscripciones a las características específicas y a sus
particularidades por entender que de esta manera se mejora la vinculación
entre los electores y las personas elegidas. Siendo esto así, el Grupo
Vasco vamos a seguir insistiendo en el establecimiento de las
circunscripciones autonómicas para que la pluralidad ideológica y
nacional tenga también un correcto reflejo en la representación del
Parlamento Europeo.


En todo caso, no quiero terminar sin felicitarnos hoy, porque con
esta reforma se allana, en primer lugar, el camino para la participación
electoral de las personas ausentes residentes en el extranjero, y también
por el hecho de que esta reforma haya concitado el apoyo unánime de todos
los grupos de esta Cámara.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, intervendrá su
señoría Reniu Vilamala.


El señor RENIU VILAMALA: Gràcies, president.


Señorías, en primer lugar, creo que tenemos que reconocer a aquellas
organizaciones de la sociedad civil que desde 2011 empezaron a poner de
manifiesto que esa reforma era un fracaso. Estamos hablando, por ejemplo,
de la FIEC, Vull Votar o, por otro lado, Marea Granate. Si hoy estamos
aquí es, en buena medida, no solo por los efectos políticos que haya
generado esa reforma, es decir, descenso espeluznante de la participación
electoral, sino también por esas quejas que han estado manteniendo en el
tiempo. Por lo tanto, es de justicia, más que autofelicitarnos,
felicitarles a ellos por haber conseguido que hoy estemos aquí
avanzando.


Obviamente, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor, como no
puede ser de otra forma. Pero no nos engañemos, no estamos avanzando:
estamos volviendo al punto de partida, estamos volviendo a la situación
anterior a 2011. El portavoz socialista me dice que no, ya me lo indicará
después. Hay algunos elementos positivos que todos hemos puesto en valor,
pero ¿sabe qué sucede? Que cuando las reformas se hacen por las cúpulas
cerradas del sistema de la partitocracia, olvidamos incorporar mejoras
reales, como más canales de participación —lo decíamos en su
momento—, o simplemente culminar esa reforma permitiendo una
cuestión tan sencilla y demandada por los ciudadanos residentes en el
exterior como es poder contar con herramientas de trazabilidad. Quienes
hemos estado organizando procesos electorales o en juntas electorales,
sean provinciales, locales o de zona, sabemos sobre todo que uno de los
problemas es la trazabilidad de los votos que vienen del exterior.
Podemos ponernos la venda en los ojos y decir qué buenos somos y hablar
de lo que hemos recuperado como si fuera una ganancia, pero son once años
de generar problemas innecesarios a aquellos que viven en el exterior,
como si fueran ciudadanos de segunda categoría, cuando no es así.


Una cuestión importante —fíjense ustedes— es que incluso
la Junta Electoral Central, en su acuerdo 261/2016, de noviembre de 2016,
ya apuntó a la demolición absoluta, rápida y además perfectamente
argumentada, del voto rogado, 2016, cinco años después de constatar que
ese sistema no funcionaba; ese sistema, supuestamente tan garantista,
convirtió —lo estaba diciendo, si no me equivoco, la portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco— el proceso de votar en una carrera de
obstáculos. Esto fue en 2016; han esperado ustedes a 2022 para traerlo,
por fin, a las Cámaras. Y, obviamente, lo reitero, votaremos a favor,
claro que sí, y contentos de facilitar, una vez más, la votación a los
ciudadanos que viven en el exterior. Porque ese es nuestro ADN: frente a
una urna, frente a un proceso de votación, cuanta más gente pueda
expresar su voto por todos los canales posibles, mejor. De ahí la
enmienda, que espero que voten de manera decidida en lo que hace
referencia a la introducción del voto delegado, porque las razones que se
han aducido en la Cámara no son ciertas ni para el voto delegado ni para
el voto electrónico. Por ejemplo, en el voto electrónico —y ahora
me van a permitir que hable un poquito de mi libro—,
desde 2003 hemos estado siguiendo todos los procesos de votación
electrónica, en el Estado y fuera de él, y el comodín de las garantías
jurídicas se ha agotado: los sistemas de votación electrónica son
fiables, y si quieren una muestra, visiten, por ejemplo, la elección de
las cámaras agrarias en el Departament d’ Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya en marzo de 2021, y tantos y tantos
otros, más allá de las experiencias que citaba Cervera Pinart respecto a
Estonia o al voto electrónico en otros Estados, sean de Latinoamérica o
de Asia.


Por lo tanto, lo repito por tercera vez para que no quede oculto el
mensaje: efectivamente, vamos a votar a favor; no se me vaya a decir
posteriormente que venimos a estropear la fiesta.


Termino con una última cuestión, presidente. Señor portavoz del Grupo
Socialista, con todo el cariño y el respeto, me ha sorprendido que usted
calificara las propuestas que hacíamos de enmienda o de introducción de
nuevos mecanismos como quiméricas. Esa referencia a las quimeras me suena
y no demasiado favorablemente.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la palabra su señoría
Pradas Ten.


La señora PRADAS TEN: Señor presidente, señorías, traía una
intervención preparada, pero no me resisto a hablar de algunas
apreciaciones y afirmaciones que hemos escuchado durante el debate.


El señor Mogo, del Grupo Socialista, decía que hoy podíamos calificar
de fiesta de la democracia el consenso alcanzado. Ciertamente, le secundo
en esta afirmación, señor Mogo. Más consensos, más acuerdos deberíamos
alcanzar por el bien de todos los españoles. Eso sí, permítame que le
diga que la democracia no se defiende sentándose a pactar con quienes
quieren ir en contra de la democracia, contra quienes van
sistemáticamente en contra del Estado de derecho y de nuestra democracia.
(Aplausos). Así no, en eso no les vamos a apoyar.


Al portavoz de Junts per Cat le he oído hablar del reloj de la
democracia. Mire, aquí, en España, el único reloj que funciona es el de
la plena democracia, el del Estado de derecho, el de la Constitución
de 1978. Ahí nos van a encontrar siempre. Y en España, mientras exista el
Partido Popular, el reloj de la democracia va a funcionar con máxima
puntualidad. (Aplausos).


Senador Reniu, Esquerra Republicana de Catalunya no está legitimada
para darnos lecciones de cómo votar. Ustedes, no; justamente ustedes no
están legitimados. Después de su referéndum fake y en contra del Estado
de derecho no nos pueden dar lecciones de cómo votar, no, señoría de
Esquerra Republicana, para nada. (Aplausos). Su volem votar no cabe en
nuestro Estado de derecho. Creo que lo deberían de tener ya asumido, pero
pueden seguir con esas afirmaciones que no conducen absolutamente a
nada.


Hoy sí debemos celebrar que vamos a aprobar, me atrevería a decir que
por unanimidad o casi, un texto legislativo que va a permitir a parte de
los españoles, a los que viven en el extranjero, ejercer su derecho al
voto de una forma más sencilla. Es un nuevo procedimiento que elimina el
voto rogado y que les facilitará el ejercicio del derecho fundamental al
sufragio activo y de participación política del artículo 23 de la
Constitución española. Como legisladores estábamos en deuda con los
españoles residentes en el extranjero y hoy vamos a hacer justicia. Por
ello es de tanta importancia la reforma que hoy aprobaremos. Es de
justicia, a su vez, poner en valor todo el trabajo realizado por los
diputados y diputadas del Congreso, por nuestros compañeros, acercando
posturas para sacar adelante una reforma consensuada que hoy merece todo
nuestro respeto y apoyo.


En cuanto a la reforma que nos ocupa, se trata esencialmente
—ya lo dijimos en la comisión— de suprimir el requisito de
que los españoles residentes en el extranjero tengan que rogar su voto en
las elecciones, lo que permitirá que todos reciban la documentación de
oficio en sus domicilios. Otro punto de importancia es que se va a
conjugar la posibilidad de descarga telemática con el envío tradicional
de la documentación y papeletas. Por otra parte, se apuesta de manera
decidida por el voto en urna, ampliando de tres a siete días los plazos
para el depósito del voto en urna en los consulados, es decir, el doble,
y se mandata además al Gobierno para que habilite más centros de
votación; esta era una de las principales propuestas del Partido Popular
y la hemos conseguido introducir en la reforma.


Señorías, creo sinceramente que hoy podemos estar orgullosos del
resultado de la reforma de la Ley electoral que nos ocupa y debemos
celebrar que equiparamos a los españoles en el extranjero, en cuanto al
derecho a voto, a los españoles que vivimos dentro de nuestras
fronteras.


Finalizo hablando de consenso, como hacía el portavoz del Grupo
Socialista, y en este punto me dirijo expresamente a los compañeros del
Grupo Socialista, como ya hice en la comisión la pasada semana. Señorías,
aquí está y estará siempre el Partido Popular tendiendo la mano a fin de
alcanzar consensos por el bien de España, siempre. Nuestro presidente, el
presidente Feijóo, les ha trasladado una serie de pactos de Estado a fin
de salir del estancamiento en el cual está sumida España a nivel
institucional, social y económico: pactos de Estado en materia de
justicia, para profundizar, como nos pide Europa, en la independencia del
Poder Judicial y renovar, por supuesto, su consejo; también propuestas en
materia económica a fin de hacer frente a la inflación disparada a la que
ustedes no ponen remedio, o en materia energética para ayudar a las
familias, a las empresas y, por ende, también a los trabajadores.


Les aconsejo que valoren estas propuestas, que dialoguen, que traten
de acercar posturas alejándose del sectarismo, del populismo y de
radicalismos. En política hay mucho más que el simple insulto, que el
ninguneo, que el rodillo. En política hay espacio, siempre lo hay, para
la concordia y el consenso, y ahí les estaremos esperando siempre el
Partido Popular. Hoy lo hemos demostrado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
Rallo Lombarte.


El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, señor presidente, señorías.


Señora Pradas, celebramos su canto, su alegato a favor del acuerdo,
del pacto y del consenso. Es una pena que el señor Feijóo no haya tenido
la deferencia de venir hoy a escucharla, porque otro día más sigue sin
acudir a su escaño, ni siquiera para atender un debate de tanta
relevancia para millones de españoles y, en particular, para buena parte
de los gallegos del exterior, él, que fue presidente de la Junta de
Galicia durante tantos años. (Aplausos).


No se preocupe, señora Pradas, yo me sumo a ese alegato que usted
acaba de dirigirle al señor Feijóo. Señor Feijóo, donde usted esté, hasta
los suyos se lo piden, se lo ruegan: acuerdos y pactos. No es tan
difícil: pueden y deben llegar a acuerdos, por la estabilidad y dignidad
de las instituciones, el progreso de este país y el bienestar de los
españoles. Señor Feijóo, respeto a las instituciones: 1387 días sin
renovar el Consejo General del Poder Judicial, y ahora tampoco el
Tribunal Constitucional. (Aplausos).


Señorías, hoy zanjamos la triste historia del voto rogado en nuestro
país, y por unanimidad, señor Feijóo, por unanimidad. Un cínico diría
algo así como que algo habremos hecho mal. Yo no sé si ese cínico es el
señor Feijóo. En cualquier caso, yo afirmo aquí que lo hemos hecho muy
bien, porque pactar, acordar y consensuar por el interés, el bienestar y
los derechos de los españoles, señorías, es el camino.


El voto rogado fue una obligación impuesta en 2011 a los españoles.
Muchos la han vivido como una auténtica humillación. Como españoles de
peor condición se han sentido, y han sufrido un auténtico suplicio, un
calvario costoso y frustrante. La reforma de 2011, ya se ha dicho sin
excusas, fue un error: un procedimiento calamitoso, plazos
intransitables, trámites duplicados, caída de la participación, un
desaguisado que reconocemos y que muy pronto, ya en 2012, los socialistas
intentamos modificar. Esta ley es una iniciativa socialista, de nuestro
puño y letra; restituye un derecho fundamental, piedra basilar de la
democracia que no admite ruego ni súplica. Esta ley quiere facilitar el
ejercicio efectivo del voto, ponérselo fácil a nuestros compatriotas del
exterior, con todos los medios necesarios para que no se quede un solo
voto sin recontar.


Hoy, sin duda, no es un día para ajustar cuentas. Los socialistas
celebramos la unanimidad, incluso agradecemos las enmiendas que se han
presentado, aunque no hayamos podido admitirlas por esa falta de consenso
técnico y jurídico. Pero sería falsear la realidad aparentar que todos
hemos remado en la misma dirección. Quienes hoy escuchen este debate
tienen derecho a saber que algunos, señorías del Grupo Popular, han
arrastrado los pies durante diez años por tacticismo y por el miedo al
castigo del voto del exterior.


Señorías, son más de 2 200 000 españoles, con una mirada siempre en
España; españoles y descendientes de españoles que buscaron fuera las
oportunidades que se les negaron dentro, que se vieron forzados, muchos
de ellos, al dolor y a la pena del exilio; o un millón de españoles que
abandonaron nuestro país durante la última década porque los gobiernos
del Partido Popular frustraron sus expectativas profesionales y vitales.
Al recortarlo todo —sanidad, educación, ciencia e investigación,
becas—, los abocaron a lo que una ministra de infausta memoria
denominó la movilidad exterior, señorías.


Termino, presidente. Jóvenes que hoy contribuyen al progreso de otros
países, de países que no son el suyo, nosotros queremos que lo oigan alto
y claro: desde hoy no tendrán que rogar el voto y van a participar y
decidir el presente y el futuro de este país en igualdad de condiciones
con el resto de sus compatriotas. Que lo escuchen bien: los queremos de
vuelta y que contribuyan al desarrollo y el progreso de su país. Y que
sepan que los socialistas trabajamos para que vuelvan y culminen con
dignidad sus proyectos profesionales y de vida, que trabajamos para que a
su regreso encuentren un país mejor que el que dejaron.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Finalizado el debate de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de
la Ley Orgánica 5/85, del régimen electoral, para la regulación del
ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero, se
procede a abrir el plazo de una hora para que las señorías autorizadas
emitan el voto electrónico remoto, desde este momento, en que son las
once horas y cincuenta y seis minutos, hasta las doce horas y cincuenta y
seis minutos de esta mañana.


Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de esta proposición
de ley tendrá lugar una vez finalizado el último punto del orden del día;
y, señorías, no se producirá ninguna votación presencial antes de las
cuatro y media de la tarde de hoy.


Muchas gracias.










MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO APOYA E INSTA AL GOBIERNO A
CONTINUAR DESARROLLANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS
PENSIONISTAS.


662/000134

GPS


El señor presidente lee los puntos 8. y 8.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas:
una del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal y una del Grupo
Parlamentario Democrático.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, su señoría la senadora Arnáiz García.


La señora ARNÁIZ GARCÍA: Gracias, señor presidente. Buenos días a
todos y a todas.


El Grupo Parlamentario Socialista trae esta mañana a debate una
moción de enorme interés tanto para los pensionistas actuales como para
los futuros. Sí, señorías, es una cuestión de Estado por el ámbito
amplísimo al que afecta, a casi diez millones de pensionistas y a más de
veinte millones de trabajadores de nuestro país, pero parece que al señor
Feijóo, que está ausente, no le preocupa. (Aplausos).


El sistema público de pensiones es uno de los pilares más valorados
por la ciudadanía del Estado del bienestar, que siempre ha demandado
pensiones dignas, suficientes y sostenibles en el tiempo. Y para que se
cumplieran estas tres condiciones, el Gobierno de Pedro Sánchez llevó a
cabo una reforma de pensiones que derivó en la Ley 21/2021, de garantía
del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de
la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
Quiero recordarles que el camino transitado para llegar a esta ley fue el
diálogo político y social: político, con la aprobación en el año 2020 de
las recomendaciones del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados,
y social, porque tuvo en cuenta el diálogo social, con el acuerdo
tripartito entre el Gobierno, sindicatos y patronal alcanzado en el mes
de julio del año pasado.


Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez cumplió nuevamente con la
esencia del Pacto de Toledo, creado en 1995, que decía que todas las
reformas del sistema de pensiones debían hacerse con consenso político y
social. La Ley 21/2021, de reforma de pensiones, da estabilidad y
certidumbre a los pensionistas actuales y futuros porque supone
garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, vinculado al IPC, y la
viabilidad del sistema público de pensiones. Esta ley, vigente desde el
pasado 1 de enero, aporta seguridad y confianza al conjunto del país
porque da tranquilidad al colectivo de pensionistas, que saben que la
pensión que obtuvieron en su día no se va a depreciar. Nada que ver con
la reforma del Partido Popular del año 2013; una reforma impuesta y
ampliamente rechazada en las calles de nuestro país y que empobrecía a
los pensionistas porque tan solo se les subía un pírrico 0,25 % y porque
devaluaba su pensión por la esperanza de vida. En definitiva, hay dos
modelos: el del Partido Popular, que recorta las pensiones con la
reducción del gasto público para que los zarpazos de las crisis, sean
financieras, económicas o energéticas, las soporten los jubilados y
jubiladas del país, o el del Gobierno de Pedro Sánchez, que garantiza que
los pensionistas no pierdan poder de compra, porque este Gobierno no da
la espalda a un colectivo que depende en su inmensa mayoría del importe
de su pensión para vivir, y son 10 millones de personas. Miren, señorías
del Partido Popular, las pensiones para los socialistas son sagradas.
(Aplausos).


Han pasado nueve meses desde su aprobación y vemos cómo la guerra de
Putin contra Ucrania ha disparado el precio de la energía, provocando un
aumento generalizado de los precios de bienes y servicios, lo que ha
disparado la inflación y que haya muchas familias que lo están pasando
mal. La inflación alta ha motivado que el Gobierno se haya volcado con la
clase media y trabajadora, transfiriendo 30 000 millones de euros, con
medidas que está copiando Europa, como el transporte gratuito, la rebaja
del IVA de la electricidad y del gas del 21 al 5 %, la rebaja de 20
céntimos por litro de carburante y muchas más. ¿Qué ha hecho el principal
partido de la oposición? Votar en contra de todas las medidas que
implican ayudas para la gente y utilizar la inflación como un ariete.
Hemos asistido perplejos a unas cuantas declaraciones del presidente del
Partido Popular, el senador señor Feijóo, sembrando alarma y miedo sobre
la subida que deben experimentar el próximo año las pensiones. Le hemos
escuchado decir que el Estado español no puede afrontar el gasto del
incremento de las pensiones según el IPC o que las pensiones no podrán
subir con el IPC por la regla de gasto: una rotunda falsedad porque
quedan fuera. Le pregunto al señor Feijoo: ¿No conoce que la Ley 21/2021,
en su artículo primero, regula claramente cómo deben incrementarse? ¿Qué
le han hecho al señor Feijóo los pensionistas de este país? ¿Por qué
quiere bajarles la pensión? (Aplausos). Señor Feijóo —que no está,
sigue ausente—, nos tiene acostumbrados a formular vaguedades, pero
no queremos que se ande por las ramas y hoy aquí, como senador, le
instamos a que diga cómo actuaría con los casi 10 millones de
pensionistas. Señor Feijóo —que no le veo en su escaño—,
¿quiere actualizar las pensiones conforme al IPC, sí o no? ¿Pretende
incumplir otra norma más? Parece que el señor Feijóo es un insumiso del
Estado social y democrático de derecho. (Aplausos).


Les daré un dato. Con la reforma del año 2013 del Partido Popular, un
pensionista en estos últimos diez años hubiera despreciado su pensión
un 20 %, sería más pobre. Y les daré otro, que es la otra cara de la
moneda, la pensión media de jubilación en España se ha
incrementado 192 euros al mes en el periodo 2018-2022 porque se ha
vinculado al IPC. Qué diferencia tan abismal. La ciudadanía sabe que
cuando vienen mal dadas se diferencia muy bien la izquierda de la
derecha: mientras la derecha recorta, la izquierda protege. Hace diez
años, cuando ustedes gobernaban, se rescataba a la banca mientras se
recortaban los servicios públicos. Hace diez años se produjeron
muchísimos despidos, se precarizó el empleo y se devaluaron los salarios.
Ahora se protegen empleos y empresas con ERTE, se eleva el salario mínimo
interprofesional hasta los 1000 euros y el 83 % de los afiliados tienen
un contrato indefinido. Hace diez años sufrimos una demoledora cifra
histórica del paro. Con ustedes se alcanzaron y se superaron
los 6 millones de parados y con nosotros ahora mismo no llegan a 3
millones. Hoy, además, alcanzamos la cifra histórica de más de 20
millones de cotizantes a la Seguridad Social. Los ingresos están
creciendo como nunca por el dinamismo de la actividad económica y la
reforma del mercado de trabajo. Hace diez años, mientras ustedes
esquilmaban las administraciones, se imponía el copago farmacéutico. Hoy
se ha eliminado el copago para 6,8 millones de personas de este país.
Hace diez años también se suprimía el carácter universal de la sanidad y
hoy se ha recuperado. Hace diez años se desmanteló el sistema de la
dependencia. Ahora, en tan solo dos años, se ha duplicado su
financiación, pasando de 1300 millones a 2600 millones, reduciendo la
lista de espera, mejorando prestaciones y reconociendo la teleasistencia
como derecho subjetivo gratuito. Hace diez años los pensionistas
empobrecían cuando tan solo les subían el 0,25 % y ahora se les garantiza
por ley un incremento en función del IPC. (La señora vicepresidenta,
Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


Señor Feijóo, España avanza en derechos y protección social, crece y
crea empleo, mal que les pese, aunque intenten taparlo e intoxicar
haciendo ruido. Hubo un tiempo pasado, desde el año 2012 al 2018, de
pérdida del poder adquisitivo y empobrecimiento de los pensionistas que
cambió a partir del año 2018 con el Gobierno de Pedro Sánchez,
recuperando el compromiso de actualización con el IPC. Se puso fin a la
indignidad del 0,25 % como subida límite anual y se blindó
definitivamente en la ley. Señor Feijóo —que sigue sin
estar—, con sus reiteradas declaraciones, ¿desconoce que la
actualización de las pensiones para el año 2023 debe hacerse en función
del IPC medio entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022? ¿Es
insolvencia o mala fe? (Aplausos). ¿O es que, si volvieran a gobernar,
penalizarían de nuevo al conjunto de los pensionistas del país con
un 0,25 %? Si la pensión media de jubilación en España está en 1255 euros
al mes, supone que en 2023 se les pueda subir 100 euros al mes, con un
IPC imaginemos que de un 8 %, o 3 euros al mes. Este es el meollo de la
cuestión: 100 euros de subida al mes cumpliendo la ley o tan solo 3
pírricos euros. (Aplausos).


Ayer conocimos datos muy positivos de empleo y de ingresos por
cotizaciones, porque hay 750 000 cotizantes más. Estas buenas noticias,
además, harán que este Gobierno en el año 2023 termine con el déficit de
la Seguridad Social que ustedes dejaron en diciembre de 2017 en 18 800
millones de euros. Cuántas malas noticias para el señor Feijóo y para el
Partido Popular; datos aplastantes que demuestran que con este Gobierno
mejora la política social, la economía y los ingresos.


Termino ya, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista requiere de
la Cámara un apoyo firme e indiscutible a la actualización de las
pensiones en función del IPC, al blindaje de nuestro sistema público de
salud, a la necesaria dotación presupuestaria del sistema nacional de la
dependencia y a la no implantación de nuevos copagos farmacéuticos a los
pensionistas. Pido su apoyo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Mulet
García.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, presidenta.


Las personas que tenemos la suerte de trabajar o de tener un salario
—porque hay gente que, como el señor Feijóo, tendrá hoy un salario
sin venir a trabajar— destinamos una buena parte de nuestros
salarios, de nuestra vida laboral a aportar parte de ese dinero a una
caja común, que es el Estado, donde van a parar también los impuestos
directos o indirectos, que también pagamos con nuestro dinero. Cotizamos,
en teoría, en proporción a nuestro salario para mantener un sistema que
debería funcionar perfectamente. Otros cotizaron antes para que las
pensiones de hoy tengan su viabilidad garantizada, para que los
pensionistas de hoy puedan recibir del Estado una paga mensual para
cubrir sus necesidades básicas. Y teníamos una hucha con ese dinero donde
se iban acumulando los excedentes para garantizar la viabilidad y saben
perfectamente lo que ha pasado, que desde hace demasiados años tanto
gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista han usado esa
hucha para ir metiendo mano y pagar lo más variopinto, como si fuera un
pozo sin fondo; pagan otros compromisos y nunca se han dedicado a
rellenarla. Nunca han tenido el valor de buscar una verdadera reforma
fiscal para cubrir las necesidades básicas del Estado. (Rumores). Ya sé
que no les interesa nada lo que estoy diciendo, pero hay un barullo en la
bancada socialista que me impide poder continuar.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señorías, por favor...


El señor MULET GARCÍA: Gracias.


Atracar la hucha de las pensiones ha sido justamente eso: atracar, y
no ha sido una decisión inocente. Ha sido algo premeditado, y es que
desde hace demasiado tiempo se ha jugado con el miedo de los pensionistas
o de los futuros pensionistas diciendo que si el sistema no era viable
—asustando para que quien pueda acuda a las pensiones privadas y
engrose el negocio de los bancos—; que si no es viable porque se
han encargado de vaciar la caja; que si nos tocará trabajar más años,
puesto que ahora vivimos demasiados años, como si la gente joven ahora,
cuando termina de estudiar o a los 20 años, tuviera salarios dignos o
trabajo digno y contribuyeran con las cotizaciones; que si no podríamos
subir las pensiones al ritmo que sube el nivel de vida. ¿Cuántas familias
sobreviven hoy gracias a las pensiones de los abuelos? ¿Cuánto poder
adquisitivo se ha ido perdiendo año tras año al congelar la actualización
de las pensiones? Si a una persona que cobra cerca de 2500 euros de
pensión se le congela durante años seguro que no le hace ningún tipo de
gracia, pero más dramático será para quien cobra 890 euros y ha de
mantener a su familia.


Este año los precios de consumo básico se han disparado como nunca.
Productos de primera necesidad suelen costarte un 20, 30 o un 40 % más.
La luz y el gas ya son productos de lujo, y a estos gastos hay que
hacerles frente con pensiones que han disminuido año tras año por no
actualizarse al coste de la vida. Es muy injusto, como muy injusto es lo
que han hecho durante demasiado tiempo tanto un Gobierno como otro con
esa gente que ha cotizado durante más de 40 años pagando religiosamente,
trabajando incluso siendo menores de edad y que han levantado este país,
y que, por desgracia, tuvieron que jubilarse antes de los 65 años
—por el motivo que fuera— y que, a pesar de haber cotizado
más años de los necesarios, se les penaliza de por vida su pensión, y
repito lo de por vida. No es poca gente, son casi 800 000 personas
castigadas. Y mientras todos los parlamentos autonómicos —excepto
el de La Rioja—, muchos ayuntamientos, diputaciones o esta misma
Cámara exigieron al Gobierno acabar con esta situación, el Gobierno se ha
mostrado insensible. ¿Piensan ustedes que esa gente no está sufriendo
también la precarización del sistema de pensiones, encima por una
decisión arbitraria? Se trata de gente que ha pagado sus cotizaciones,
pero que no podrá cobrar nunca el cien por cien de sus pensiones. Aquí
hemos pedido muchas veces que se corrija esa situación, muchísimas, y nos
gustaría que hoy fuera la última. Sabemos que no está en su agenda
política, a pesar de estar afectando día a día a miles y miles de
familias que también son las que más sufren la situación de la
devaluación de las pensiones y la inflación desbocada que estamos viendo.
Por eso nos gustaría que abriesen su agenda, que tomasen nota y que
intentasen solucionarlo, y en ese sentido va nuestra enmienda.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Con la venia, presidenta.


Señorías, les voy a leer literalmente lo que dice la enmienda y
luego, en el turno de portavoces, pasaré a desarrollar un poco el motivo
de su presentación. Lo que proponemos es una enmienda de modificación,
prácticamente es una enmienda a la totalidad de texto presentado, que
dice así: «El Senado insta al Gobierno a, uno, impulsar un pacto de
rentas que, junto con beneficios empresariales y salarios, incluya
también las pensiones, de manera que todos los españoles contribuyan de
forma equitativa a la contención de la inflación y no se cargue todo el
sacrificio sobre las espaldas de los jóvenes trabajadores…
(Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Perdone, senador.


Señorías, por favor, guarden silencio. Continúe.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: »Dos, derogar el vigente mecanismo de equidad
intergeneracional y sustituirlo por un mecanismo de ajuste de la
revalorización de pensiones que tenga en cuenta la evolución de los
salarios y especialmente los salarios de los más jóvenes; tres, sustituir
la indexación actual al IPC general por un índice específico de
valoración del coste de la vida de los pensionistas; cuatro, revalorizar
las pensiones de forma progresiva en lugar de homogénea, de manera que el
incremento de las de menor cuantía sea proporcionalmente mayor que el de
las más elevadas; y cinco y último, garantizar en cualquier caso una
revaloración de las pensiones mínimas para que mantengan su poder
adquisitivo».


Esta es la enmienda que presentamos a su consideración y esperamos
que nos sea admitida. Luego, en el turno de portavoces, continuaré y lo
explicaré con más detalle.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas, tiene la
palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Muñoz Cuenca.


El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias, presidenta.


Primero, deseo dirigirme al señor Mulet. Espero que con la afirmación
que ha hecho de la hucha de las pensiones no se le haya pegado la
ignorancia o la mala fe del señor Feijóo, porque usted sabe o debería
saber que fuimos los socialistas los que dejamos la hucha de las
pensiones en cerca de 68 000 millones de euros y que fueron esos señores,
los del Partido Popular, los que vaciaron la hucha de las pensiones.
(Aplausos).


Dicho esto, señorías, los socialistas apostamos seriamente por la
sostenibilidad económica y social del sistema público de pensiones y,
basándonos en ese principio, valoramos positivamente el importante
acuerdo político y social alcanzado en el informe de evaluación y reforma
del Pacto de Toledo, el cual contempla una serie de recomendaciones para
adaptar nuestro sistema público de pensiones a las nuevas variables
económicas, demográficas, sociales y laborales. También valoramos
positivamente la negociación colectiva entre el Gobierno, los sindicatos
y la patronal. Por tanto, es conveniente recordar, como ha hecho mi
compañera, que la Ley 21/2021 responde a un amplio consenso político y
social.


Para entender nuestra negativa a las enmiendas presentadas, les diré
que el objeto principal de la moción es enviar un mensaje de tranquilidad
a los pensionistas ante el actual escenario inflacionista provocado por
la guerra de Putin. Por tanto, no se trata de abordar cuestiones técnicas
sobre pensiones; cuestiones algunas de ellas ya debatidas y aprobadas,
como es el caso de la enmienda de Izquierda Confederal y de la que
plantea Ciudadanos, que no sabemos si son pura ocurrencia porque,
insisto, el objetivo principal de la iniciativa es claro: que los grupos
políticos envíen un mensaje de tranquilidad a los pensionistas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


En el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la señora Goñi Sarries.


La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidenta.


Con una probable inflación media del 9 %, las pensiones subirán eso
mismo, según la ley y según las insistentes declaraciones del ministro
Escrivá y del Gobierno. El sobrecoste de esa subida para el Estado va a
ser de 16 200 millones. El 50 % del sobrecoste se va a ir en el 25 % de
las pensiones más altas y solo el 14 % se irá en el 32 % de las más
bajas. Las pensiones subirán el triple que los salarios. Lo más
equitativo para los trabajadores en activo es que los jubilados con la
pensión más alta compartan el esfuerzo con ellos, pidiendo el sacrificio
por nivel de renta.


El Banco de España reclama un esfuerzo conjunto de empresas,
trabajadores y pensionistas para evitar esa espiral inflacionista. En
mayo propuso que solo las pensiones más bajas se actualizasen conforme al
IPC, mientras que el resto de los pensionistas asumiesen esas pérdidas
junto a trabajadores privados y públicos en ese pacto de rentas que aún
no se ha conseguido. Yo apoyo encarecidamente esa propuesta. Hace meses
que Bruselas también pide a los jubilados solidaridad con los jóvenes. El
riesgo de pobreza y exclusión en España es ya el doble entre los jóvenes
y trabajadores que entre los jubilados, y el salario medio en España es
un 16 % más bajo que la pensión media que entra en el sistema. Además,
mantener hoy el poder adquisitivo de las pensiones indexándolas al IPC no
quiere decir que no se vayan a hacer recortes. Hay muchos tipos de
recortes en pensiones y todos implican una prestación más baja o la
obligación de pagar más para cobrar lo mismo. Por ejemplo, desligarlas
del IPC, endurecer los requisitos exigidos, destopar las bases máximas o
subir la edad de jubilación de 62 a 67 años —dicen que esto es una
exigencia para evitar los recortes, pero trabajar cinco años más y cobrar
cinco años menos es un recorte brutal—, o incrementar el periodo de
cálculo para la base, que es el recorte más efectivo. El Banco de España
ya ha dicho que si pasamos de veinticinco a treinta y cinco años va a
suponer un 8 % de recorte extra. El ministro dice que no se hará, pero
eso es exactamente lo que el Gobierno ha prometido a Bruselas. Nos dirán
que salvaguardar a los actuales pensionistas y cambiar las reglas del
juego que se aplicarán en el futuro no son recortes; dirán que es una
reforma, pero es mentira. Deberíamos proponer excepcionalmente una subida
indexada al IPC solo para las pensiones más bajas, y una subida similar a
la de los trabajadores para las pensiones más altas. Es una propuesta
dolorosa, claro; nadie quiere que los pensionistas pierdan poder
adquisitivo, pero en esta situación excepcional unos debemos asumir
pérdidas y todos debemos sostener y proteger a los más vulnerables, ya
sean pensionistas, parados o trabajadores.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la senadora Merelo
Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, presidenta. Muy buenas tardes,
señorías.


El único motivo por el que deberíamos estar hoy aquí es el de
proteger a los españoles y garantizar su bienestar, y esto pasa
necesariamente por garantizar unas pensiones dignas.


Señorías del Grupo Socialista, su propuesta no soluciona nada. La
indexación de las pensiones al IPC es una medida insuficiente y temporal.
La sostenibilidad del sistema de pensiones solo se puede asegurar
mediante la reducción drástica del gasto político y la supresión del
sistema autonómico que dilapida los fondos públicos. Requiere un cambio
estructural y el fin del despilfarro; requiere poner fin a las
duplicidades administrativas, reducir el número de ministerios, de
consejerías, de diputados y de parlamentos, y sobre todo, requiere
destinar los impuestos de los ciudadanos a mejorar sus condiciones
materiales de vida.


Pero, señorías, para ello hace falta dejar de invertir millones y
millones en tratar de moldear a la sociedad con chiringuitos ideológicos
de agendas globalistas. Les aseguramos que se puede hacer, porque los
hechos nos avalan. La semana pasada el viceconsejero de Industria de
Castilla y León, de Vox, presentó una reestructuración de la consejería
que incluía la eliminación de su propio puesto de trabajo. Pero es que
hace unos meses la Asamblea de Madrid reducía un tercio el número de sus
diputados, también gracias a las exigencias de Vox. La eficiencia del
gasto y el funcionamiento de las administraciones públicas es una
obligación para con los españoles y una necesidad si queremos hablar de
la sostenibilidad de las pensiones. Sigan nuestro ejemplo; seguiremos
marcándoles el camino.


La actualización que ustedes proponen sobre la base del cálculo del
Grupo Socialista apenas supone un parche para un roto de mayor tamaño.
Presentan una medida coyuntural para frenar un problema estructural. Ya
les adelantamos que no va a servir para nada. Es preciso la búsqueda de
alternativas de mayor calado que garanticen la perdurabilidad del sistema
público de pensiones.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra el senador
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta, con la
venia.


La inflación es un fenómeno que castiga con más severidad, como ya se
ha dicho tantas veces, a los ciudadanos con menos capacidad económica, al
suponerles en términos relativos una mayor pérdida del poder adquisitivo;
esto es un hecho. Así, aquellos hogares cuyos ingresos nominales les
permiten vivir de manera muy ajustada, ante una inflación sostenida y no
acompañada de incrementos análogos en sus ingresos, se ven abocados a
situaciones de pobreza relativa, y más delicada es aún la situación de
los hogares que ya se encuentran en un escenario de pobreza relativa,
pues una elevada inflación no hace más que agravarla.


El Gobierno ha dicho de forma reiterada que en el pacto de rentas
todos los agentes de la economía deben ceder un poco para repartir el
coste de la inflación, y en este contexto crítico el Grupo Socialista
presenta una moción que pretende reiterar el apoyo a la última reforma de
las pensiones, unas pensiones cuyas cuantías han quedado vinculadas al
IPC sin mayor matiz; simplemente vinculadas al IPC. Y plantea en esta
circunstancia un reto doble: por una parte, una revalorización en línea
con el incremento del IPC, cuando alcanza las dos cifras que pueden
suponer un quebranto inasumible en la cuenta pública y en la
sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social; y por otra, y más
importante si cabe, una revalorización de las pensiones en línea con el
IPC, como hemos dicho antes, mientras los trabajadores se ven forzados a
contener la actualización de sus salarios, sacrificando su poder
adquisitivo con el fin de proteger al resto de la sociedad de problemas
mayores, resultando profundamente desigual y, por ello, injusto.


Señorías, en España hay aproximadamente un pensionista por cada
trabajador. La mayoría de los pensionistas evitan la pérdida de su poder
adquisitivo gracias a la revalorización automática de sus pensiones de
acuerdo con el IPC. El coste de la inflación importada debe repartirse
entre un conjunto más reducido de la población española, básicamente
trabajadores y empresas. Dicho de otra manera, para que nos entendamos,
la no inclusión de las pensiones en el pacto de rentas implicará que los
trabajadores pierdan más poder adquisitivo que si repartiéramos el
esfuerzo entre todos. Será necesario evaluar y debatir exactamente en qué
términos contribuirán al esfuerzo colectivo del pacto de rentas, así como
excluir supuestos como el de las pensiones mínimas, cuya revalorización
es de muy distinta naturaleza y necesaria precisamente por razones de
justicia material y de equidad. Lo que es innegable en cualquier caso es
que la revalorización de las pensiones en términos generales debe formar
parte también de cualquier acuerdo relativo a un pacto de rentas.
Numerosas voces ya alertaron que la reforma de las pensiones, tal como se
aprobó en diciembre, era una enorme irresponsabilidad en términos
económicos y una enorme injusticia en términos de equidad
intergeneracional. Era evidente que la indexación de las pensiones al IPC
sin ningún mecanismo de ajuste iba a generar problemas de sostenibilidad,
porque cada punto adicional en el IPC supone aumentar el gasto de
pensiones en 1700 millones de euros. Lo que nunca pudimos imaginar,
señorías, es que este grave problema lo veríamos ya con toda su crudeza
el primer año de vigor de la nueva ley. Por tanto, mantener el poder
adquisitivo de las pensiones e indexar el IPC no son ni deben ser
sinónimos. El sistema público de pensiones debería asegurar que todas las
pensiones garanticen una jubilación en unas condiciones materiales
dignas, pero ni todas las pensiones ni todos los pensionistas son iguales
ni debe tratarse su revalorización de la misma manera. Las pensiones
mínimas deben revalorizarse, no solo para mantener su poder adquisitivo,
sino para, si fuera posible, aumentarlo. Pero el resto de las pensiones,
y en particular las máximas, no pueden seguir la misma lógica, señorías,
pues resultaría regresivo e injusto con trabajadores y jóvenes. Según
datos de la encuesta de estructura salarial del INE de 2008 a 2020, la
ganancia media anual de los trabajadores de 30 a 34 años subió solo
un 3,86 %; la de los jóvenes de 25 a 29 años, aumentó un 5,38 %, pero la
de aquellos de 20 a 24 años cayó un 2,77 %. Es decir, que la última cifra
posible de ganancia media anual de los más jóvenes es hoy menor que la
que tenían los jóvenes hace doce años, señorías.


Con lo cual, aprovechando la moción del Grupo Socialista hemos
presentado una enmienda a la totalidad para darles a ustedes sobre lo que
pensar y reflexionar.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
el senador Chinea Correa.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta.


Señorías, celebramos la iniciativa del Grupo Socialista, porque es
verdad que en el actual escenario inflacionista los ciudadanos y
ciudadanas de este país necesitan respuestas y certezas, y aquellos que
más lo necesitan son especialmente nuestros pensionistas. Y necesitan
tener esa certeza de que el Gobierno va a cumplir con esa legislación y
va a respetar y garantizar esa actualización de las pensiones en función
del IPC. No hacerlo, señorías, sería una traición a uno de los colectivos
más castigados por una crisis que amenaza con agravarse en los próximos
meses. Es importante, además, como señala el texto de la moción, que el
Gobierno actualice sus políticas públicas de apoyo a los pensionistas a
fin de que ellos y ellas no pierdan poder adquisitivo; que se blinde
nuestro sistema público de salud; que se mantenga la dotación
presupuestaria del sistema nacional de dependencia, y que no se implanten
nuevos copagos farmacéuticos para los pensionistas. Vivimos tiempos
difíciles como consecuencia de los efectos colaterales de la pandemia del
coronavirus, de la guerra de Ucrania o del encarecimiento de los precios
de la energía; una situación que ha provocado que la inflación se haya
disparado por encima de los dos dígitos, agravando con ello la precaria
situación de las economías familiares más castigadas, entre ellas, las de
muchos pensionistas de este país.


En el marco de esa enorme incertidumbre es importante que el Gobierno
de este país despeje todas las dudas, como ha hecho con la aprobación del
techo de gasto para 2023, y que garantice el cumplimiento de la ley para
evitar que nuestros pensionistas pierdan poder adquisitivo si no se
revalorizan las pensiones, como digo, con arreglo al IPC. Somos
conscientes del importante esfuerzo económico que se tendrá que realizar
para cumplir con lo establecido por la Ley 21/2021, y que se tendrán que
efectuar determinados ajustes presupuestarios para blindar la
sostenibilidad de las cuentas públicas, para evitar que nuestras futuras
generaciones paguen las consecuencias de esa mala gestión. Somos
conscientes también de que se aproximan nuevas amenazas y de que los
gobiernos sucesivos de este país, sean del color político que sean,
tendrán que acometer ajustes y reformas dolorosas para evitar que se siga
disparando esa deuda pública. Y cuando llegue ese momento, que, señorías,
llegará, será imprescindible que tengamos claro qué es lo importante y
qué lo urgente; y entre las cosas importantes debe figurar la
sostenibilidad del sistema de pensiones de este país. Para ello se tendrá
que seguir dialogando, en el marco del Pacto de Toledo y con los
distintos agentes económicos y sociales, para ir despejando esas dudas
que se están planteando en el actual debate de la reforma de las
pensiones.


En definitiva, señorías, las pensiones tienen que subir conforme al
IPC, como establece la ley y tal como se plantea en esta iniciativa que,
por supuesto, como no puede ser de otra manera, Agrupación Socialista
Gomera va a apoyar, porque en un escenario tan adverso lo mínimo que
podemos hacer es cumplir con esa legislación vigente y, sobre todo, con
nuestra palabra. No hacerlo sería una insensatez y estaríamos
contribuyendo a más incertidumbre, a más pobreza y a más desafección
política.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Cervera Pinart.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.


Bon dia de nou, senyories. El Senat se’l coneix com a cambra de
segona lectura. M’han sentit dir sovint que és ben bé això, una
càmera de segona i de lectura. Però mirin, certament, amb mocions com
aquesta avui el que esdevé és un cinema de reestrena. No fa cap favor a
l’activitat parlamentària del Senat convertir-lo en un escenari on
exercir l’autobombo, com entenem que fa avui el Grup Socialista amb
aquesta moció, propaganda, dient que ho fan molt bé i que ho continuaran
fent bé. Que llarg que se’ns farà el que queda de 2022 i el 2023!
Que llarga que se’ns farà la campanya!


Mirin, Junts per Catalunya vam votar favorablement a la llei 21/2021
i ho vàrem fer malgrat no es va acceptar cap de les esmenes que vàrem
presentar i que, per a nosaltres, avui continuen sent igual de vigents,
si no més, en els nostres plantejaments, perquè s’ajustaven molt
més a la realitat del territori que representem, però també a
l’evolució de la situació, a nosaltres i a l’opinió pública.
Ens genera confusió el joc de fer confondre la revalorització de
l’IPC amb la revalorització de les mitjanes de l’IPC, que és
el que realment va aprovar la reforma. I per bé que, sense cap mena de
dubte, la proposta del PSOE és més favorable que l’índex de la
sostenibilitat que regia durant la reforma, és evident que aquesta també
peca d’inconsistència en la mesura que aquesta regulació tampoc
tanca el criteri pel qual es regirà quan es tensioni, per exemple, en el
moment en què es produeixi la jubilació dels baby-boomers, de manera que
ja no deixa de ser un pedaç, que tots sabem que caldrà revisar a curt
termini.


La fortalesa i la sostenibilitat del sistema de pensions públics, com
diu el Grup Socialista a la part expositiva de la moció, depèn de molts
factors: de la demografia, la natalitat, l’esperança de vida, la
remuneració d’una bona governança que, per cert, els governs de
l’Estat, ni els d’un color ni els d’un altra, han estat
un exemple, en especial els del senyor M. Rajoy.


Al nostre entendre, el factor més rellevant és el mercat laboral i la
millor recepta per garantir el sistema de pensions és tenir un mercat
laboral potent que permeti unes bones remuneracions. Per tant, cal
apostar clarament per dotar-se d’una economia de valor afegit que
tendeixi a la plena ocupació. I, malgrat el discurs de complaença que
ahir feia la vicepresidenta i alguna ministra, l’atur a
l’Estat espanyol continua sent preocupant: 12,6 % al juliol. El
juvenil, gairebé un 27 %. Percentatges que denoten que aquest és un fet
estructural que cal corregir. I a això hi hem d’afegir la
precarització salarial del mercat laboral que s’experimenta des
del 2007 amb l’encadenament de crisis que evidentment afecten els
joves, però també els no tan joves i que genera seriosos dubtes sobre la
sostenibilitat de l’actual sistema de pensions estatals.


Mirin, ho saben, però els ho recordo: des de Junts per Catalunya
estem convençuts que una Catalunya independent incrementaria la capacitat
econòmica del nostre govern, de la Generalitat, entre altres coses,
perquè posaria fi a l’ingent i crònic espoli que pateixen les
nostres finances. I això el que ens possibilitaria és que les
institucions públiques catalanes poguessin exercir un efecte tractor de
l’economia que derivaria en salaris de nivell europeu que,
lògicament, acabarien comportant millores de prestacions de la jubilació
per a les properes generacions de tots aquells que viuen a Catalunya,
siguin o no independentistes.


Així que avui nosaltres ens abstindrem i continuarem fent camí cap a
la solució definitiva, també per a les pensions i els futurs pensionistes
de Catalunya, que no és cap altra que la República Catalana.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Buenos días una vez más, señorías El Senado es conocido como la
Cámara de segunda lectura.






Me han oído decir a menudo que es exactamente
eso, una Cámara de segunda y de lectura, pero, con mociones como esta,
hoy se convierte en un cine reestreno. No se le hace ningún favor a la
actividad parlamentaria del Senado convertirla en un escenario donde
ejercer el autobombo, como entendemos que hace hoy el Grupo Socialista
con esta moción de propaganda. Dicen que lo están haciendo muy bien y que
van a seguir así. ¡Qué largo se nos va a hacer lo que queda del 2022 y
el 2023! ¡Qué larga se nos va a hacer la campaña!


Junts per Catalunya votó a favor de la Ley 21/2021, y lo hicimos a
pesar de que no se aceptaron ninguna de las enmiendas que presentó el
grupo; para nosotros siguen siendo hoy igual de vigentes o incluso más,
puesto que nuestros planteamientos se ajustaban mucho más a la realidad
del territorio que representamos, y también a la evolución de la
situación. A nosotros y a la opinión pública nos genera confusión este
juego de hacer confundir la revalorización conforme al IPC con la de la
media del IPC, que es lo que realmente se aprobó en la reforma. Y si
bien, sin duda, la propuesta del Grupo Socialista es más favorable que el
índice de sostenibilidad que regía durante la reforma, es evidente que
también peca de inconsistencia en tanto en cuanto esta regulación tampoco
cierra el criterio por el que se va a regir, por ejemplo, cuando se
tensione, cuando se produzca la jubilación de los baby boomers. Por lo
tanto, no deja de ser un parche y todos sabemos que vamos a tener que
revisarlo a corto plazo.


La fortaleza y la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas,
como afirma el Grupo Socialista en la parte expositiva de la moción,
depende de muchos factores: la demografía, la natalidad, la esperanza de
vida, la remuneración, de un buen gobierno. Por cierto, los Gobiernos del
Estado, los de un color y los del otro, no han sido un ejemplo de buena
gobernanza, en especial los del señor M. Rajoy.


La mejor receta a nuestro entender, el factor más relevante es el
mercado laboral, y la mejor receta para garantizar el sistema de
pensiones es tener un mercado laboral potente que permita unas buenas
remuneraciones. Así pues, debemos apostar claramente por una economía de
valor añadido que tienda al pleno empleo y, a pesar del discurso de
complacencia de ayer del presidente y de algunos ministros, en julio el
desempleo se sitúo en un 12,6 %, y el juvenil roza casi el 27 %;
porcentajes preocupantes que denotan que se trata de un hecho estructural
que debemos corregir. Pero, además, debemos añadir la precarización
salarial del mercado laboral, que se experimenta desde 2007, encadenando
varias crisis que, evidentemente, afectan a los jóvenes, pero también a
los no tan jóvenes, y que genera serias dudas sobre la sostenibilidad del
actual sistema de pensiones estatales.


Ustedes lo saben, pero se lo voy a recordar. En Junts per Catalunya
estamos convencidos de que una Cataluña independiente incrementaría la
capacidad económica de nuestro Gobierno, de la Generalitat, entre otras
cosas, porque pondría fin al ingente y crónico expolio que sufren
nuestras finanzas, y esto posibilitaría que las instituciones públicas
catalanas pudieran ejercer un efecto tractor de la economía que derivaría
en salarios al nivel europeo que lógicamente acabarían comportando
mejoras de prestaciones de jubilación para las próximas generaciones de
todos aquellos que viven en Cataluña, sean o no independentistas.


Por lo tanto, hoy nos vamos a abstener, pero seguiremos avanzando
hacia una solución definitiva en materia de pensiones y para los futuros
pensionistas de Cataluña, que no es otra que la república catalana.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes gràcies.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo
Ceza.


La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Egun on
guztioi.


Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar la seguridad
económica de los ciudadanos cuando estos tienen que abandonar el mercado
laboral, y para ello, lógicamente, es necesario un sistema de pensiones
público y sostenible; un sistema que para nosotros es un pilar básico del
Estado del bienestar y un sistema que debe garantizar unas pensiones
dignas y suficientes, y para que estas sean así, se debe asegurar que no
se empobrece a los pensionistas y a las pensionistas y que se mantiene su
poder adquisitivo. Por esto —y ya se ha dicho aquí—, tras
muchos debates, se acordó en el seno del Pacto de Toledo, hace casi dos
años, la recomendación número 2, que habla de mantener el poder
adquisitivo de las pensiones según el IPC. Les recuerdo que ya en los
ejercicios 2018 y 2019 esto fue posible gracias a unas enmiendas de mi
grupo a los Presupuestos Generales del Estado. Lo que decía la
recomendación es que ese mantenimiento debiera estar garantizado por ley,
y por eso aprobamos hace nueve meses la Ley 21/2021, que desarrolla
algunas de las recomendaciones del Pacto de Toledo, entre ellas la
número 2.


Mi grupo ha defendido siempre esta línea, por lo que sería lógico
apoyar esta iniciativa, pero tengo que comentar ciertas cuestiones;
algunas de ellas ya las ha comentado el senador Cervera. La moción dice
—entrecomillo—: Desde las Cortes Generales debemos ofrecer
certidumbre a los pensionistas y al conjunto de la sociedad. Pero, para
ello, pide que el Senado apoye una ley vigente. Esto parece una broma, de
verdad se lo digo. Estamos hablando de una ley vigente. A mí no me da
ninguna certidumbre ni ninguna seguridad que el planteamiento sea que el
Senado tenga que decir que apoya una ley que ha aprobado y que está
vigente. Si el Senado no quiere esa ley y la quiere cambiar bien, si no,
es totalmente innecesario el planteamiento. Pero, además, el partido que
sustenta al Gobierno pide al propio Gobierno que haga lo que tiene que
hacer en materia de salud y de dependencia, y les pongo un ejemplo.
Ustedes que defienden tanto la Constitución verán que el artículo 50, en
el capítulo relativo a los principios rectores de la política social y
económica, dice lo siguiente: Los poderes públicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con
independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.


Así que leemos esta moción y la sensación que tenemos es que esto es
un debate vacío, uno más de los muchos que se dan en esta Cámara, y no sé
si lo que se busca es el titular, el autobombo o el desgaste del
contrincante político. Desde luego, esta moción no sirve para mejorar la
vida de la ciudadanía, y ya no sé si la presentan para cubrir el cupo. La
señora Arnáiz ha dicho que tiene un enorme interés, pero lo único que
pide es que el Senado diga que hay que cumplir una ley. ¡Solo faltaba!
¡Solo faltaba!


Por tanto, como está claro que aquí hay grupos en total precampaña y
esto empieza a parecer un partido, no sé si de tenis o de pimpón, me da
igual, y los que estamos en la bancada del centro vamos a acabar un
poquito mareados como esto dure los meses que parece que va a durar, en
nombre de mi grupo, les pregunto: ¿es necesario mantener el poder
adquisitivo de las pensiones? Les respondemos: Sí. En nombre de mi grupo,
les pregunto: ¿es necesario cumplir la legislación, en este caso, la
Ley 21/2021? Por supuesto que también. Por último, en nombre de mi grupo,
les pregunto: ¿creemos necesarias este tipo de mociones? Pues permítanme
decir que esto lo dudo. Viendo este tipo de mociones, el cuerpo te pide
no apoyar estas iniciativas, pero mi grupo es responsable y entiende que
los y las pensionistas de este país no tienen la culpa de los políticos
que les representamos, así que votaremos a favor.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra el senador Caminal.


El señor CAMINAL CERDÀ: Gracias, presidenta.


Señorías, el único programa que las izquierdas pueden avalar para
garantizar un modelo de pensiones justo y equitativo es el de unas
pensiones públicas en un Estado de bienestar que permita a todos los
pensionistas una vida digna. No debemos olvidar que las pensiones son el
salario diferido de los trabajadores que se transmite de manera solidaria
entre generaciones, el llamado sistema de participación. Esa es la
esencia del sistema público de las pensiones que debe funcionar bien y
que es sostenible porque siempre hay más personas trabajando que las que
van a cobrar las pensiones. Ustedes hablan en esta moción de reforzar el
sistema público de pensiones, pero por la puerta de atrás ya han aprobado
la promoción de un sistema dual para privatizar parte del ahorro de los
trabajadores, todo ello pagado con dinero público mediante exenciones y
bonificaciones fiscales a las empresas. La izquierda no puede legislar
como la derecha y decir a los trabajadores, que son los que generan
riqueza, que mañana tendrán una vejez de pobreza y que solamente quien
hoy, en un contexto de precariedad social y salarial, pueda permitirse
pagar un plan de pensiones privado tendrá garantizado un futuro
digno.


El falso debate de la sostenibilidad es el relato que pretenden
imponer las entidades financieras y las aseguradoras para exprimir aún
más los ahorros de las clases trabajadoras y conseguir nuevas vías de
ingresos adicionales a las hipotecas y a los créditos, generar
rentabilidad y dividendos a costa de los salarios de los trabajadores. Lo
que debería plantearse hoy, porque es de justicia y porque se
comprometieron a ello, es una auditoría de la Seguridad Social para saber
qué ha pasado con el saqueo de la caja de las pensiones perpetrado
durante la última década. La presión de los propios pensionistas,
organizados en su coordinadora Coespe, consiguió introducir en la ley
promulgada en diciembre del año pasado que, en el plazo de un mes desde
su aprobación, el Gobierno se encargaría de la elaboración de un informe
de auditoría y que dicho informe sería realizado en un plazo máximo de
seis meses. Y hasta el día de hoy, nueve meses después, el Gobierno más
progresista de la historia no ha hecho aún nada.


Tampoco se habla en la moción de la ley de pensiones públicas para
los autónomos, los grandes olvidados de todas las reformas que se han
hecho. También, como plantea una de las enmiendas propuestas, hay que
abordar el agravio que padecen las personas jubiladas de forma anticipada
y que cuentan con cuarenta años o más cotizados de actividad debido a los
coeficientes reductores.


No me olvido tampoco de la alusión al mantenimiento de la dotación
presupuestaria al sistema nacional de dependencia. La dotación
presupuestaria al sistema de dependencia es absolutamente insuficiente e
incumple con la ley, que fija una aportación del 50 % por parte del
Estado; porcentaje que no ha sido cumplido ni un solo ejercicio desde la
aprobación de la ley, por lo menos en Cataluña.


Por último, quiero recordar que la mejor manera de garantizar el
poder adquisitivo de los pensionistas es garantizando el poder
adquisitivo de los trabajadores, es decir, subir los salarios y legislar
para tener un mercado laboral que no expulse a los jóvenes y que dé
papeles a los inmigrantes para que puedan cotizar para sus
pensiones.


Para terminar, quiero hacer un ruego, un llamamiento a la
participación de todos en la manifestación que el próximo 15 de octubre
se celebrará en Madrid en defensa del sistema público de pensiones y la
exigencia de la transparencia democrática en el funcionamiento de las
instituciones.


Moltes gràcies. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Moltes gràcies,
senyoria.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Fernández González.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Buenos días. Muchas gracias, señora
presidenta.


Quiero empezar haciendo una referencia a la intervención de la
portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que dice: para nosotros,
las pensiones son sagradas. Bueno, yo me permito añadir: fue el único
Gobierno en España que las congeló, con el voto favorable del señor
Sánchez; repito, con el voto favorable del señor Sánchez.
(Aplausos.— Rumores). Por tanto, en el Partido Popular casi
preferimos que no sean tan sagradas, pero que respeten más.
(Aplausos.— Rumores)


Voy a decirles otra cosa, porque creo que ya sé cuál es su
argumentario: según suben ustedes a la tribuna, miran al escaño del señor
Feijóo y si por casualidad no está lo dicen. (Protestas). Bueno,
señorías, les pediría que abandonasen ese argumentario porque caen un
poco en el ridículo y se hacen ustedes pesados, muy pesados.
(Aplausos.— Rumores). Les voy a decir más. El señor Feijóo está
ahora mismo trabajando con parte de su equipo —les voy a revelar
ese secreto—, elaborando propuestas, sin logo, por España y por el
futuro de este país. (Aplausos.— Protestas). Tranquilícense. Les
voy a decir alguna cosa más: lo está haciendo con el ímpetu, el éxito y
el acierto que ya empleó en Galicia, y por eso obtuvo cuatro mayorías
absolutas. (Aplausos).


Vayamos a la cuestión, señorías. La pregunta que nosotros nos hacemos
es: ¿por qué el Partido Socialista presenta hoy en el Senado esta moción?
¿Cuál es la razón? ¿Por qué la presenta? Hay una ley en vigor —lo
decía la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco—, solo faltaría que
el Parlamento español tuviese que instar al Gobierno a cumplir la ley;
bueno, a lo mejor no es tan raro, porque a veces no la cumple. Es algo
que resulta paradójico para los que somos constitucionalistas y creemos
que el cumplimiento de la ley acredita nuestra función. Pero, además,
ustedes están paseando esta moción por los parlamentos autonómicos de
España. No sé si es para dar certidumbre a los pensionistas o, justamente
lo contrario, para crear inquietud. No sabemos tampoco si la van a pasear
por los más de 8000 ayuntamientos españoles, pero nuevamente tengo la
duda y creo que no lo harían para dar certidumbre a los pensionistas.
¿Por qué han presentado ustedes hoy aquí esta moción? Esta pregunta no la
han sabido responder, o no han querido responderla. Sinceramente,
considero que esta moción transgrede el espíritu y la filosofía del Pacto
de Toledo. Sinceramente lo creo. ¿Y por qué lo creo? Pues porque el Pacto
de Toledo, y aquí se ha dicho también por anteriores intervinientes, nace
con la filosofía fundamental de aislar esto del debate político
interesado, parcial y sesgado, como el que ustedes han hecho hoy aquí
(Aplausos), para que los pensionistas españoles, los presentes y los
futuros, no se encuentren inquietos por su futuro.


Señorías, lo que me gusta de esta singular moción —voy a
calificarla así— es que ustedes hacen propósito de enmienda, porque
en la parte dispositiva insta al Gobierno a continuar desarrollando y
defendiendo sus políticas públicas de apoyo a los pensionistas para
revertir las políticas de recortes anteriores. Claro, cuando hablan de
las políticas de recortes anteriores, señorías, ustedes se refieren a la
reforma de 2011 del señor Zapatero, que fue el que metió un tajo
impresionante a los pensionistas presentes y futuros (Aplausos), entre
otras cosas, alargando la edad de jubilación, ampliando el cálculo y el
cómputo de las pensiones y también el porcentaje necesario para obtener
el cien por cien de la pensión en su integridad y la rebaja de los
complementos a mínimos. Esa fue la gran reforma, y creo que es a la que
ustedes se refieren en la parte dispositiva. En fin, recuerden lo que
dijo el señor Escrivá, que últimamente no está muy acertado en sus
declaraciones: esta reforma es o para trabajar más o para cobrar menos.
Es verdad que al día siguiente dijo que no había tenido su mejor día. Yo
añadiría que no tiene su mejor año, que no tiene su mejor año, porque
vamos de error en error cada vez que escuchamos al señor Escrivá.
(Aplausos.— Rumores).


Hoy también les tengo que decir, porque todos hemos leído los
periódicos y hemos visto los medios de comunicación, que todas sus
señorías saben y conocen que el Partido Popular mantuvo enmiendas al
mecanismo de equidad intergeneracional porque nos parecía que gravar con
un 6 % adicional las cuotas patronales y de los trabajadores era diferir
en un futuro a los jóvenes trabajadores el peso de unas pensiones que iba
a resultar costoso y difícil de abonar.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, vaya
terminando.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señorías, nosotros en 2013 establecimos
el desarrollo del mecanismo de actualización de pensiones que ustedes
derogaron. Fíjense si tenían ansia derogadora, que la Ley 21/2021, de 28
de diciembre, entró en el Parlamento español —yo creo que es la
primera vez que sucede— sin la disposición adicional cuarta, que
colaron ustedes en una enmienda, y ahí fue donde colaron el mecanismo de
equidad intergeneracional que algunos expertos siempre han puesto en
duda.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, tiene que
terminar.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Voy concluyendo, señora
presidenta.


Algunos expertos siempre lo pusieron en duda; expertos de la
naturaleza y de la categoría del gobernador del Banco España. Bien es
cierto que el señor Escrivá, en su permanente descalificación de todo lo
que se opone a lo que él dice, dijo que eran argumentos poco
sofisticados. Vamos a ver cómo salimos de la sofisticación del examen de
Bruselas… (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señoría, ha terminado su
intervención.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Muñoz Cuenca.


El señor MUÑOZ CUENCA: Muchas gracias, presidenta.


Señoría, lo que sí es casualidad es que venga el señor Feijóo. Eso sí
es casualidad. (Aplausos.— Protestas). Es más, que venga y enseñe
documentos sin logo y sin texto, y que no tenga que echar mano de
documentos de la Xunta; eso también. (Aplausos).


Dicho esto, señora Fernández, tengo muchos argumentos para poderles
rebatir. Los buenos datos económicos nos indican que las cotizaciones
sociales han alcanzado su máximo histórico en los últimos quince años.
Las cuentas de la Seguridad Social arrojan un saldo positivo de 762
millones de euros. Los datos de afiliación son buenos: en
septiembre, 40 000 afiliados más que en el mes anterior, y ocho de cada
diez trabajadores tienen un contrato fijo. El Gobierno ha puesto en
marcha medidas para amortiguar el impacto de la inflación: gratuidad del
bono de transporte, bajada del IVA, bonificación de 20 céntimos en los
carburantes, subida del 15 % de las pensiones no contributivas, etcétera.
Pero el mejor argumento, señorías, se lo escuché a don Mariano Turégano
—82 años y residente en un geriátrico de San Sebastián de los
Reyes—, que dijo en un Pleno del ayuntamiento: «Hemos trabajado
mucho, ustedes deberían saberlo porque hoy disfrutan de los privilegios
que nosotros peleamos, no para nosotros sino para ustedes». (Aplausos).
Le recomiendo, señora Fernández, que escuche su intervención —la
encontrará en internet— y que después reflexione y medite si
realmente Mariano necesita que le subamos o no la pensión.
(Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Guarden silencio, por
favor.


El señor MUÑOZ CUENCA: De todos modos, he leído últimamente que el
Partido Popular comienza a retractarse sobre esta cuestión, que comienza
a recular, a corregir las palabras de su líder, y ahora vienen a decir
públicamente que están adoptando la misma posición que el Partido
Socialista. Llevan así toda la legislatura, porque recuerde, señora
Fernández, que su partido se opuso a los fondos europeos y luego quiso
apropiarse de su concesión. Tampoco querían los impuestos a las grandes
empresas financieras y energéticas, y ahora parece que sí. Tampoco
querían la excepción ibérica, que topa el precio de la energía y de la
electricidad, pero ya se están adviniendo. Ahora lo que les falta, señora
Fernández, es que también se sumen a la subida del SMI, a la renovación
del Consejo General del Poder Judicial y también a la defensa de la
sanidad y la educación pública. Súmense también a eso.


Sin embargo, en este asunto, señora Fernández, permítame que le diga
que no son de fiar, porque la última vez que ustedes gobernaron también
había acuerdo en el Pacto de Toledo en este sentido, y lo dinamitaron
creando un comité de expertos con doce miembros, nueve de ellos
vinculados a los seguros privados, que anuló la subida de las pensiones
en función del IPC y lo sustituyó por un mecanismo de equidad que solo
sube el 0,25 a las pensiones. (Rumores). Sí, sí.


Señorías, nos parece bien que vayan recapacitando, que vayan viniendo
al consenso, al Pacto de Toledo, acercándose a nuestra posición. Pero los
pensionistas en este asunto necesitan rotundidad. Los pensionistas, igual
que todos los españoles, están sufriendo una subida excesiva de los
precios de los productos de la cesta de la compra como consecuencia de la
guerra de Putin. Por tanto, ante este escenario inflacionista, señora
Ahedo, los partidos políticos debemos garantizar estabilidad y transmitir
certidumbre. No estamos en el mismo contexto que cuando se aprobó la
Ley 21/2021, sino en un contexto inflacionista y en un debate político en
el que los partidos políticos debemos seguir reforzando el compromiso que
hicimos con la Ley 21/2021. El Gobierno socialista sí lo va a hacer, lo
tiene claro, y tenemos el respaldo de Europa. Las cuentas de la Seguridad
Social han ido aumentando sus ingresos gracias a la reforma laboral.
Hemos eliminado de las cuentas de la Seguridad Social los llamados gastos
impropios, que no deberían abonarse con las cotizaciones sociales. Por
tanto, económicamente, esta subida es asumible.


Lo que no tenemos claro es qué hará el Partido Popular, porque hemos
escuchado al ausente señor Feijóo (Rumores) considerar inviable la subida
en función del IPC, e incluso calificarla de una barbaridad. Por tanto,
señor Feijóo —me dirijo a él, aunque no esté—, hoy tiene la
oportunidad de poder decir a 10 millones de españoles que su partido
apoyará o no la subida de las pensiones en función del IPC. Esa es la
pregunta. ¿De parte de quién está, señor Feijóo? ¿De parte de los
poderosos o de parte de los pensionistas?


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Señorías, finalizado el debate de esta moción, les recuerdo que el
plazo para que emitan el voto electrónico remoto los senadores
autorizados se abrirá al finalizar el debate de la siguiente moción.
Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de esta moción tendrá
lugar una vez finalizado el último punto del orden del día, no antes de
las cuatro y media de la tarde.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A EXTENDER LA REBAJA
DEL IVA DEL 5% DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD DURANTE TODO EL INVIERNO Y
MIENTRAS NO SE ATEMPERE LA GRAVEDAD DE LA CRISIS.


662/000133

GPP


La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 8.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): A esta moción se han
presentado catorce enmiendas: once del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, y ha sido inadmitida la enmienda número 8, con número de
registro de entrada 153795; una del Grupo Parlamentario Mixto; y dos del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, el senador Juncal Rodríguez.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, la moción es bien sencilla: dar seguridad y estabilidad en
tiempos de zozobra, que, en economía, es esencial. La verdad es que pensé
que me iba a tener que comer con patatas la moción, ya que ayer, con el
Real Decreto 17/2022, publicado hoy, tenían la oportunidad, por una vez,
de hacerlo bien. Aprobaron la rebaja del gas al 5 %, como había pedido el
Partido Popular, pero una vez más lo hacen hasta el 31 de diciembre.
Podrían haber aprovechado este real decreto, no solamente para decretar
la rebaja del IVA hasta el 31 de diciembre, sino hasta el mes de marzo,
hasta finalizar el invierno. Y también podrían haber aprovechado para
alargar hasta el 31 de marzo la rebaja del IVA de la electricidad. Pero
ni eso. Han perdido ustedes hasta el olfato político.


Es un Gobierno que va a remolque de las circunstancias y de las
propuestas de los demás. Desde el Real Decreto 12/2021, que bajaba el IVA
de la electricidad al 10 %, lo que refleja que no solamente hay un
problema de precios en la energía por la invasión de Ucrania, porque
estamos hablando de junio del año pasado, han hecho falta cuatro reales
decretos para ir ampliando, modificando y prorrogar las bajadas del IVA
en el gas y la electricidad. Como decía, han perdido hasta el sentido de
la oportunidad política. Y van a tener que rectificar más cosas. Sé que
no les gusta; a mí tampoco me gustaría, desde luego, pero ustedes tienen
que rectificar cada dos por tres. Uno de los ejemplos que les voy a poner
es el famoso impuesto a las energéticas, sobre el que ustedes tratan de
desviar la atención con nuestra posición y diciendo cosillas que son
inconsistentes. Pero hay que aclarar el tema.


El partido del Gobierno ha sido imprudente por adelantarse a la Unión
Europea, cuando ustedes sabían que la Unión Europea, su Consejo, iba a
tomar medidas que, claro, son diametralmente opuestas a las suyas. Un
mínimo conocimiento de derecho tributario y de economía hace inviable el
impuesto tal como lo han redactado. Por otra parte, lo presentaron para
su debate en las Cortes el martes, cuando el viernes el Consejo iba a
aprobar precisamente una resolución en ese sentido. Los beneficios
extraordinarios no se pueden gravar en ventas, se gravan en la cuenta de
resultados —se sabe con un conocimiento mínimo de economía, como
decía—. Y los impuestos tienen que ser universales y no limitar por
ventas: a los de más de mil millones, sí, y a los de menos de mil
millones, no; entre otras cosas, porque vendiendo menos de mil millones
se pueden tener unos beneficios brutales y vendiendo más de mil millones
se pueden tener pérdidas o muy pocos beneficios. La Unión Europea también
les ha dicho: Graven los beneficios a quien realmente los tenga,
analizando su cuenta de resultados. Las eléctricas ya tienen fijado un
tope y, por tanto, la Unión Europea las deja fuera. Yo sé que ustedes
tienen una guerra particular con ellas, pero —ya lo he dicho en
alguna ocasión— ¿quién va a hacer la transición energética en esas
circunstancias? ¿Quién va a hacer la inversión en renovables? ¿Quién va a
hacer los bombeos? ¿Quién va a hacer las redes?


No sé si es que ustedes engañan a sus socios, a Podemos, presentando
el impuesto de esa manera, esa ley conjuntamente, para ahora justificarse
diciendo: No, es que es la Unión Europea la que nos pide y nos exige los
cambios, por lo que no puede ir en este sentido. Y así quedan
justificados con Podemos, asegurándose sus votos. Engañan a todos, porque
hay antecedentes jurídicos sobre que el impuesto sería nulo y, por tanto,
habría que devolver lo recaudado. Los nacionalistas, como hay nuevo
impuesto, piden competencias, y ustedes les dicen que lo van a estudiar,
que sí y que sí, sabiendo que, en todo caso, habría que devolver. Pero no
le hacen caso al Partido Popular, y así les va.


Respecto al cap del gas, han confundido el mercado mayorista, el
pool, que es un mercado de ajuste, con el comercio minorista, que
representa el 80 % del consumo energético eléctrico de este país. Les
pedimos que modificaran el PVPC, que hubiese arreglado el problema, pero
no lo han hecho. Ahora lo van a tener que hacer vía imposición de la
Unión Europea, en el mes de diciembre. Ese desconocimiento del mercado
les llevó a tener que rectificar el Real Decreto 17/2021 —la
minoración por el CO2 no emitido— en el Real Decreto 23/2021, un
mes y once días después. Les aseguro que en un Gobierno de Feijóo ese
ministro o esa ministra no hubiese defendido el decreto de modificación
porque hubiese sido cesada. Ahora bien, lo han llevado adelante.
Excluyeron el Recore, y en el decreto de ayer lo modifican de nuevo, como
también lo había pedido el Partido Popular.


En el caso del cap del gas, su medida estrella, hay que preguntarse
por qué Europa no acaba de imponer una medida para topar el precio del
gas. Reconozco que ha generado una rebaja de un 10 %, aproximadamente, en
el pool, pero ¿qué es lo que ha provocado? Se ha legislado de manera que
a todos los contratos celebrados a partir del 26 de abril, por la simple
aplicación de la revisión del IPC, se les obligue a efectuar el ajuste.
¿Y qué está pasando? Que a estas alturas prácticamente un 30 % de todas
aquellas personas que tenían un contrato fijo se han visto sorprendidas
en sus hogares con que les llega en la factura un nuevo cargo por
compensación del real decreto 10 —cada empresa usa una
terminología—, ajuste del gas, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Por
ejemplo, que a quien le llegaba una factura de 1000 euros se encuentra
con que el precio de la energía asciende a 600 y que por el ajuste del
gas, al que no estaba en principio sujeto porque tenía un contrato
bilateral, le caen 400 euros. Eso es lo que les está pasando a todos los
ciudadanos españoles que se están viendo afectados por ese ajuste. Por
tanto, aunque se haya rebajado —vuelvo a insistir— un 10 % el
PVPC, si lo hubiesen modificado como hicieron otros países —y ahora
lo explicaré— no habría este problema. Aparte de los 2000 millones
—insisto: 2000 millones— que, en un año, nos va a costar la
subvención de la energía a Francia. Además, el 1 de enero se revisan la
mayoría de los contratos por la revisión del IPC según su normativa, y
vuelvo a decir que puede haber dudas respecto a su validez jurídica. No
les quiero decir nada si dentro de unos años nos encontramos con una
sentencia por la que haya que devolver esas cantidades. El agujero a las
arcas públicas puede ser algo tremendo. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


Les voy a poner otro ejemplo sobre los precios regulados en Portugal,
Alemania o Francia. Para una factura mensual con una potencia de 3,3
kilovatios y un consumo de 250 euros al mes, los españoles pagarían 96,
los portugueses, 43, los franceses, 43 y los alemanes, 62. Es decir, por
no querer modificar el PVPC han generado un problema importante.


Y, como les decía, van a tener que rectificar más cosas. Van a tener
que rectificar el calendario de las nucleares, porque en esta situación,
y hasta que no esté perfectamente organizado el mix, el suministro de la
energía eléctrica con renovables, el país no puede prescindir de un 20 %
de la energía que producen y que es firme de la energía nuclear. También
tendrán que modificar —y tendrán que hacernos caso— la
gestión administrativa de los parques renovables, los nudos de conexión,
los bombeos, la eólica offshore, el hidrógeno y el funcionamiento de los
fondos de cogeneración, el biogás, etcétera. En el cap del gas Portugal
no dejó fuera a la cogeneración, cosa sobre la que ustedes han tenido que
rectificar de nuevo, como les pidió el Partido Popular. Tampoco
incluyeron las revisiones de IPC de los contratos, sino que ese ajuste
del gas solamente afectaba a los nuevos contratos que se firmaban a
partir de la fecha de implantación del mecanismo de ajuste de gas, el 26
de abril de este año. Con lo cual, señores del Grupo Socialista,
comprendo que rectificar no gusta a nadie, pero, como decía el proverbio,
rectificar es de sabios.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de las once enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra su señoría
Martínez Urionabarrenetxea.


El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Doy por defendidas las enmiendas que el señor Mulet va a presentar,
sobre las que luego intervendrá en el turno de portavoces.


Señorías, desde Geroa Bai planteé al presidente Sánchez durante su
comparecencia sobre la crisis energética exactamente lo mismo que planteo
en la enmienda de adición a la moción del Grupo Popular. Sobre algunas de
las cuestiones el presidente sí me respondió, pero a esta en concreto,
no.


Las y los habitantes de edificios con calefacción central, más
de 1 600 000 familias en España, pagarán este invierno el gas natural al
triple de precio que aquellos que disponen de calderas individuales. El
motivo es que existen unas bonificaciones del Gobierno para tratar de
contener el impacto de la escalada de los precios energéticos en las
economías familiares que se aplican solo a los clientes adheridos a la
tarifa de último recurso, tarifa a la que pueden acogerse únicamente las
calderas con un consumo anual inferior a 50 000 kilovatios hora/año. Las
calderas comunitarias, destinadas a dar servicio a grandes
colectividades, superan esa cifra y reciben por ello el mismo tratamiento
que las industriales. Así, deben dirigirse en exclusiva al mercado libre,
que en estos momentos, como bien saben ustedes, está disparado.


Señorías, es incongruente que una familia humilde que resida en un
edificio antiguo con calefacción central, y muchas veces peor aislado que
un chalé de reciente construcción, tenga que pagar el gas entre 0,12
y 0,19 euros o más, mientras que una familia acomodada que vive en un
chalé lo puede hacer a 0,05 euros. El precio del gas en el mercado libre
se ha multiplicado por cuatro en dos años, pasando de 0,032 a 0,12 euros,
como mínimo. En el caso de la tarifa de último recurso solo —solo,
entre comillas— se ha duplicado. Es una situación insostenible que
ya el invierno pasado obligó a muchas familias a hacer frente a derramas
de 1000 euros para pagar la calefacción; y este invierno vamos hacia lo
mismo si no se pone remedio ya. Por cierto, fue el propio Gobierno quien
priorizó hace unos años la instalación de calefacciones centrales porque
decía que eran más eficientes. Además, las comunidades de vecinos han
comenzado ya a negociar contratos con las empresas suministradoras,
contratos que les vinculan a algunas solo durante un año, pero a la
mayoría durante dos o tres, por lo que es urgente un cambio normativo que
ponga fin a esta discriminación absurda. Y hay que hacerlo ya.


Es cierto que hay mucho que criticar al Partido Popular por sus
erráticos posicionamientos en materia de energía. ¿Recuerdan que la
Fundación FAES, presidida por José María Aznar, propuso una gran
iniciativa nuclear justo dos días después del accidente de Fukushima? ¿O
que fue el Partido Popular quien impulsó el impuesto al sol? ¿O que en
Europa votan una cosa y aquí hacen como que se escandalizan ante otra muy
parecida, si no igual? Y al Partido Socialista también se le pueden
achacar muchas cosas de estas.


Dado el creciente desequilibrio social, con el aumento en el Estado
de la pobreza energética, de la pobreza térmica, y ante la necesidad de
la transformación energética, en Geroa Bai pensamos que lo que se debe
hacer es seguir recaudando con impuestos proporcionales, bien sobre los
beneficios, muchas veces desmedidos en el propio sector de la energía,
bien en las rentas más altas; o —¿por qué no?— en ambos.
Quiero recordar que la presión fiscal en España es del 39,1 % del PIB,
siete puntos menos que la media de la Unión Europea. También debemos
hacer inversiones sostenibles que favorezcan la reducción de nuestra
dependencia energética del exterior, apostando por energías propias,
limpias e inagotables, las energías renovables, impulsando la autonomía y
el autoconsumo energéticos. Asimismo, es imprescindible impulsar de
manera urgente la regulación de las comunidades energéticas, porque son
un instrumento imprescindible en la lucha contra la emergencia
climática.


Hoy hemos leído en prensa que la banca acumula un colchón de 66 000
millones de euros para rebajar su factura fiscal. También se lo planteé
al presidente Sánchez el otro día: hay que impedir que los grandes
bancos, a los que se ha permitido aprovecharse de las pérdidas de otros
bancos cuando se fusionan o los absorben, aprovechen esas fusiones para
reducir su factura con las haciendas, tanto la estatal como las forales,
mediante eso que se ha llamado créditos fiscales, ad infinitum en algunos
casos. Mencioné a CaixaBank con la absorción de Bankia y mencioné también
a CaixaBank con la absorción de Banca Cívica a Caja Navarra; 65 000
millones de euros de fraude, legal, pero ilegítimo. Tampoco me contestó a
esto, y de ese fraude a la ciudadanía son ustedes, el Partido Popular,
tan responsables como ustedes, el Partido Socialista.


Nosotros pensamos que es el momento de cambiar las normas, de
compartir esfuerzos, sí, pero también beneficios cuando escampe. Es el
momento de impulsar una economía más democrática, en la que las grandes
corporaciones no se sigan enriqueciendo a costa del empobrecimiento de
trabajadores y autónomos.


Esperamos, señorías del PP, que acepten nuestra enmienda y lleguemos
a una transaccional.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra su señoría Marín Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.


Señorías, de octubre de 2018 a agosto de 2022, más de tres años,
llevamos reclamando soberanía energética. En octubre de 2018 Vox presentó
una propuesta energética clara en la que, entre otras cosas,
solicitábamos lo siguiente... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Guarden un poco de silencio, señorías, por
favor. Hay demasiado ruido en el hemiciclo.


Disculpe, senador. Continúe.


El señor MARÍN GASCÓN: Desarrollar un plan de energía, con el
objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España sobre la
base de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia. Y menos
impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son los
culpables de que paguemos uno de los recibos más caros de Europa. Enero
de 2020: Vox presentó una proposición no de ley reclamando la revisión y
reducción de los costes regulados en el sistema de la factura de la luz.
Mayo de 2020: Vox presentó una nueva proposición no de ley de apoyo a las
plantas de cogeneración, que suponen la producción de energía más
eficiente y un instrumento vital para el desarrollo rural. Julio de 2020:
Vox solicitó en una nueva proposición no de ley en el Congreso la rebaja
del IVA de la factura de la luz al 4 % y reclamó la supresión del
impuesto especial sobre la electricidad. Octubre de 2020: Vox presentó
una proposición no de ley para proponer un marco regulatorio del mercado
de hidrógeno concreto, claro y predecible.


Señorías, estas son solo una pequeña parte de las iniciativas que Vox
ha presentado en más de tres años, todas desechadas. Nosotros estamos por
mejorar la vida de los españoles, no con oligarquías enfermizas,
degradadas e hipócritas, que desde sus mansiones nos venden nuevas
religiones y nos dicen cómo hay que vivir, qué hay que comer y de qué
modo hay que vestirse.


Señorías, España debe apostar por la soberanía energética. No podemos
estar cerrando las centrales térmicas en España, enviando al paro a miles
de familias, mientras compramos la energía a Marruecos producida con
carbón. Invirtamos, por tanto, en energías inagotables: fotovoltaica,
eólica, hidráulica y nuclear, para que España sea autosuficiente en el
consumo eléctrico. Este Gobierno es incapaz de rebajar de manera
definitiva y permanente el 21 % del IVA de la factura, porque lo único
que sí se le da bien a este Gobierno socialcomunista es hacer caja a
costa de los españoles. Cuanto más alta es la factura, más ingresa este
Gobierno, que ha recaudado ya 3300 millones de euros más por el
incremento del precio de la electricidad.


Señorías del Partido Popular, a tenor de lo expuesto anteriormente,
les proponemos nuestra enmienda de adición, añadiendo un segundo punto a
la parte dispositiva de su moción, de la siguiente manera: Asimismo, el
Senado insta al Gobierno a promover las reformas legislativas oportunas
para reducir la fiscalidad energética, especialmente con relación al
impuesto sobre el valor añadido y al impuesto especial sobre la
electricidad, debiendo asimismo eliminarse todos los impuestos abusivos
sobre la luz, el gasóleo y el gas, ya que reducen la competitividad
económica de los españoles.


Esperamos que nuestra enmienda sea aceptada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las dos enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra su
señoría Castellana Gamisans.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Gràcies, president.


Passo a explicar el contingut de les dues esmenes que hem presentat.
La primera esmena que hem presentat és en referència a les comunitats
energètiques. N’hem parlat a bastament en aquesta cambra. Se
n’ha parlat en el conjunt de mitjans de comunicació i fins i tot
els senadors que m’han precedit han explicat la seva importància.
Les comunitats energètiques són un instrument d’empoderament de la
població i a les quals contribuïm cadascuna de nosaltres, totes les
persones, totes les comunitats, les pimes, qualsevol de nosaltres pot
contribuir en la lluita contra l’emergència climàtica. Una lluita
que ja sabem que no assolirem els objectius mínims perquè ja hem passat
de llarg, però no és el mateix perdre d’un que perdre de deu. I
aquí les comunitats energètiques són un element d’empoderament de
la població imprescindible. Però aquest tema porta més de dos anys, la
transposició de la directiva. Per exemple, països del nostre entorn, com
França, han establert la distància a 20 quilòmetres i nosaltres, des del
dogal de la Llei de canvi climàtic, som a 500 metres.


En segon terme, amb la pujada de preus ens trobem que els clubs
esportius, que són entitats sense ànim de lucre, no poden compensar
l’IVA perquè no en cobren. I això els perjudica amb el tema de la
rebaixa de l’IVA del gas perquè no se’n poden deduir. És un
tema complex, però té efectes pràctics. El proper novembre —ara ho
comentàvem amb la companya, la senadora Elisenda Pérez Esteve, que porta
aquest tema— al novembre hauran de tancar les oficines i no podran
oferir les seves activitats perquè no podran afrontar la factura del gas.
Si a l’estiu pagaven 10 000 euros de factura, en una situació
normal, que és quan es paga menys, aquest estiu ja n’han
pagat 40 000. I esport no és només l’esport, que ja és prou
important per ell mateix, és el desenvolupament humà el que hi ha al
darrere, les polítiques d’inclusió i de desenvolupament de la
infància… Això està en risc que tanqui aquest novembre. I es
tractava simplement de canviar un codi perquè es poguessin acollir als
ajuts.


Agraeixo al senador Juan Manuel Juncal Rodríguez la predisposició a
incorporar les nostres esmenes en la moció que ell defensa. Les retirem.
Explico el motiu de la retirada de les esmenes. Les mocions són eines
d’impuls a l’acció de govern perquè l’acció de govern
passi. Hem estat parlant amb el Grup Socialista, el grup que dona suport
a l’acció del govern, i hem concretat dues accions. Dues qüestions
que permeten que aquest impuls, que aquesta acció de govern, es
produeixi. La primera és que, amb la tramitació del reial decret —o
la forma que sigui— associada al pla de contingència que s’ha
d’enviar a Europa sobre com s’afrontarà la retallada
energètica, inclourà el desenvolupament de les comunitats energètiques.
Benvinguda sigui aquesta opció per a tota la ciutadania i, sincerament,
per al planeta sencer. Segona qüestió. Els propers dies farem una reunió
d’alt nivell amb el Ministeri d’Hisenda per abordar aquesta
qüestió, que afecta les instal·lacions esportives, per evitar que es
produeixi aquest tancament el mes de novembre. Estem contents que les
coses passin, que hi hagi acció de govern i que, per tant, haguem pogut
avançar en un tema tan estructural com és les comunitats energètiques
locals, les comunitats energètiques en general, i evitar —que
potser és un tema a menor escala, però també molt important— que
els clubs esportius hagin de tancar les seves instal·lacions al
novembre.


Moltíssimes gràcies a tothom qui des del seu des del seu lloc ho ha
fet possible.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidente.


Paso a explicar el contenido de las dos enmiendas presentadas. La
primera enmienda hace referencia a las comunidades energéticas. Ya hemos
hablado suficientemente sobre este tema en esta Cámara y en todos los
medios de comunicación, e incluso los senadores que me han precedido en
el uso de la palabra ya han explicado su importancia. Las comunidades
energéticas son instrumentos de empoderamiento de la población, y cada
uno de nosotros —todas las personas, todas las comunidades, las
pymes, cualquiera de nosotros— puede contribuir a la lucha contra
la emergencia climática, una lucha en la que ya sabemos que no vamos a
alcanzar los objetivos mínimos, puesto que ya se nos ha pasado el tiempo.
Pero no es lo mismo perder en un frente que en diez. Aquí las comunidades
energéticas son un elemento para empoderar a la población y son
imprescindibles, pero en este tema llevamos más de dos años con la
trasposición de la directiva. Por ejemplo, países de nuestro entorno,
como Francia, han establecido la distancia a 20 kilómetros, y nosotros
en 500 metros en la Ley de cambio climática.


En segundo lugar, con la subida de precios nos encontramos con que
los clubes deportivos, que son entidades sin ánimo de lucro, no pueden
compensarse el IVA porque no lo cobran, y eso les perjudica en lo que
respecta a la rebaja del IVA del gas porque no se lo pueden deducir. Es
un tema complejo, pero tiene unos efectos prácticos. El próximo noviembre
—lo comentábamos con nuestra compañera la senadora Elisenda Pérez
Esteve, que lleva este tema— van a tener que cerrar las piscinas, y
no van a poder prestar sus actividades porque no van a poder afrontar la
factura del gas. Si en verano, que es cuando se paga menos,
pagaban 10 000 euros de factura en una situación normal, este verano han
pagado 40 000. Y no se trata solo del deporte, que ya es importante de
por sí, sino del desarrollo humano que hay detrás, de las políticas de
inclusión y de desarrollo de la infancia...Todo esto está en riesgo de
cerrar sus puertas este mes noviembre, cuando se trataba tan solo de
cambiar un código para que pudieran acogerse a las ayudas.


Agradezco al senador Juan Manuel Juncal Rodríguez su predisposición a
incorporar nuestras enmiendas a la moción que él ha presentado. Pero las
retiramos, y voy a contar el motivo de hacerlo. Las mociones son
herramientas de impulso a la acción del Gobierno para que la acción de
gobierno suceda. Bien, hemos estado hablando con el Grupo Socialista, el
grupo que da apoyo a la acción del Gobierno, y hemos concretado dos
cuestiones que permiten que este impulso, que esta acción de gobierno se
produzca. La primera es que la tramitación del real decreto —o en
la forma que sea— asociado al plan de contingencia que debe
enviarse a Europa sobre cómo va a enfrentarse el recorte energético va a
incluir el desarrollo de las comunidades energéticas. Bienvenida sea esta
opción para toda la ciudadanía y, sinceramente, para el planeta en su
conjunto. Segunda cuestión. En los próximos días vamos a celebrar una
reunión de alto nivel con el Ministerio de Hacienda para abordar esta
cuestión, que afecta a las instalaciones deportivas, y evitar que se
produzca este cierre en el mes de noviembre. Estamos contentos de que las
cosas sucedan, de que se dé esta acción de gobierno y que, por tanto,
hayamos podido avanzar en un tema tan estructural como son las
comunidades energéticas locales y en general, y evitar algo que, aunque a
lo mejor está circunscrito a menor escala, es muy importante, como es que
los clubes deportivos tengan que cerrar sus instalaciones en
noviembre.


Muchísimas gracias a todos y a cada uno de los que desde su lugar ha
hecho esto posible.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular, autor de la moción originaria, para indicar si
acepta o no las enmiendas presentadas.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias.


Habíamos llegado a un punto de acuerdo para una transacción, y quizá
por motivos políticos más que técnicos, porque las enmiendas que se
podían transaccionar no tenían color político, Esquerra ha conseguido de
su socio, el Partido Socialista, promesas en cuanto a sacar adelante esas
enmiendas. Por tanto, no hay nada que decir, obviamente.


Hay otras enmiendas que indudablemente no podíamos admitir, aunque a
mí me gustaría pararme en dos de ellas, presentadas por el Grupo de
Izquierda Confederal, que, aunque fueron inadmitidas por la Mesa, no
dejan de ser curiosas.


¿Recomponer las relaciones con Argelia? Indudablemente, pero es más
un tema de política internacional que económica. Pero, indudablemente, en
el aspecto energético el Gobierno tendría que hacer esfuerzos y
recapacitar sobre esa posición o actitud que ha provocado. En un
gasoducto, una infraestructura tan fundamental como el MidCat, hay pelea,
hay oposición y no unanimidad para sacarlo adelante, y uno que está
construido y que estaría operativo, y, por tanto, metiendo gas en la
península ibérica, y parte también se podría derivar a Europa, no pueda
estar funcionando.


Otro tema es esa manía que tienen ustedes con las puertas giratorias.
Pedían intervenir, en el ámbito privado, en los consejos de
administración, en la reglamentación de sociedades, esa regulación, y se
olvidan —y lo siento— de la SEPI, se olvidan del Consejo de
Seguridad Nuclear, se olvidan de Enagás, se olvidan de Red Eléctrica...
Ustedes están gobernando a la izquierda en este momento, y hay muchos
consejos de administración de los cuales forman parte personas que han
estado relacionadas o que han ejercido cargos dentro del Partido
Socialista o de Unidas Podemos. Por tanto, no admitimos las
enmiendas.


Con respecto a la enmienda de Vox, tengo que decir que ustedes lo
plantean de una forma tan radical, que también es inasumible. Creo que a
ustedes no les gusta mucho —no lo sé—, pero estamos en la
Unión Europea y tenemos que adaptar los límites impositivos a la
normativa europea, que en algunos casos exige unos mínimos. Por tanto, no
se puede ser tan generalista y hablar de suprimir todos los impuestos.
Indudablemente, deben ser lo más moderados posible, pero el Estado tiene
que atender sus necesidades y sus servicios.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, intervendrá su señoría Marín
Gascón.


El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, presidente.


Señorías, con la rebaja, por fin, del IVA de la luz al 5 %, pero solo
hasta el 31 de diciembre de este año, algunos grupos políticos intentan
ponerse la medalla de ese éxito. En Vox no estamos por colocarnos
medallitas, estamos por solucionar y mejorar la vida de los españoles.
Esto y no otra cosa es lo que nos motiva, es nuestro leitmotiv. Por eso,
Vox lleva reclamando desde octubre de 2018 menos impuestos y costes
regulados en la factura de la luz, que son los culpables de que paguemos
uno de los recibos más caros de Europa. Desde el comienzo de esta
legislatura, Vox... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señoría, perdóneme. Espere un momento, por
favor.


Señorías, un poco de silencio. Muchas gracias. (Pausa).


Puede continuar, señoría. Discúlpeme.


El señor MARÍN GASCÓN: Desde el comienzo de esta legislatura, Vox ha
presentado más de treinta iniciativas para rebajar los impuestos que
gravan la factura eléctrica. Todas rechazadas. Mientras en España se
aplicaba el IVA del 21 %, en países del entorno tenían tipos más
reducidos: Portugal, el 6 %, Reino Unido, el 5 %, Italia, el 10 %, y
Grecia, el 13 %. Mientras los españoles sufrían una escalada alcista de
la tarifa de la luz, la portavoz del Gobierno se esforzaba en restarle
importancia al considerarla coyuntural, es decir, un alza puntual.






Los
españoles ya han podido comprobar y sufrir en qué ha quedado esa alza
puntual. Señorías, ¿para qué ha servido la tan cacareada excepción
ibérica? Para que los españoles tengan que pagar más por el recibo de la
luz. Hoy, el Partido Socialista hace campaña celebrando que ha bajado el
IVA de la electricidad del 21 al 5 %. Señorías del Partido Socialista, se
olvidan de que en enero de 2021 Vox preguntó al Gobierno si rebajaría el
IVA de la factura eléctrica, a lo que el Gobierno respondió que el precio
de este servicio esencial no iba a bajar porque la reducción del IVA de
la luz y el gas no garantiza una reducción del recibo. Pero es que,
además, culpabilizaba a la Unión Europea de los altos tributos que pagan
los españoles, añadiendo que la Unión Europea se lo impedía.


El 14 de septiembre de 2021 preguntamos en esta sala a la ministra
Teresa Ribera por la misma cuestión, y se reafirmó en lo indicado
anteriormente. Con esta ministra y este Gobierno los españoles han
sufrido un incremento brutal en el recibo de la luz y se ha conseguido
que paguemos la factura de la luz más cara de la historia. ¿Por qué nos
ocultaron que la Comisión Europea les avisó al menos cinco veces de que
podían ustedes bajar la factura de la luz? ¿Por qué mintieron diciendo
que Europa les prohibía bajar el IVA? Queda claro que este Gobierno solo
sabe mentir una y otra vez. Como dijo la portavoz de este Gobierno y
ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no hay que engañar a
la gente nunca, la verdad siempre tiene que prevalecer. Mentir es pecado,
señorías del Partido Socialista. El ministro de Consumo, Alberto Garzón,
dijo que ningún Gobierno decente debería tolerar que miles de familias
sufrieran pobreza energética. Hoy, con casi cuatro millones y medio de
hogares en pobreza energética, ¿es este Gobierno socialcomunista decente?
Señorías, la historia nos demuestra que cuando los socialistas y
comunistas están en el poder sufren las familias, los humildes, las
clases populares y clases medias.


Señorías del Partido Popular, estamos de acuerdo con su moción y
votaremos a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, intervendrá también su señoría
Catalán Higueras.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, ¿dónde están los miembros del Gobierno que cuando el precio
de la luz subía un 10 % ponían en duda la decencia del Gobierno anterior?
¿Dónde están aquellos que entonces hablaban de pobreza energética? ¿Dónde
están, señorías? Pues están sumisos, obedientes, aferrados al sillón,
como hemos podido comprobar; eso sí, están rodeados de una corte de altos
cargos y asistentes nunca antes conocida.


Sube y sube el precio del gas y de la electricidad. Sube y sube la
factura a la que tenemos que hacer frente los españoles y las familias y
las empresas españolas. Sube y sube la recaudación del IVA por parte del
Gobierno. Señorías, ¿les parece justo que, mientras los españoles estamos
pagando más en nuestra factura del gas y de la electricidad, el Gobierno
recaude más, cada día más, por el IVA? Desde nuestro punto de vista, es
totalmente injusto. Lo decíamos ayer también con la deflactación de la
tabla del IRPF. El Gobierno tiene que dejar la soberbia, la prepotencia,
debe tener más humildad y más acuerdo, no despreciar en ningún caso
—en ningún caso— las propuestas que les hagan los grupos de
la oposición. Lo he repetido y seguiré insistiendo: en enero del año 2021
diferentes grupos parlamentarios presentamos una moción en el Pleno para
rebajar el IVA del gas y la electricidad, que en junio de este mismo año
se votó en comisión, y el Partido Socialista y sus socios
independentistas votaron en contra. Decían que se ponía en riesgo el
Estado del bienestar de los españoles, y veinticuatro días después, el
Partido Socialista, a través del Gobierno, bajaba el IVA de la
electricidad. Ahora ha hecho lo mismo con el gas. No se pone en ningún
caso en riesgo el Estado del bienestar, todo lo contrario; los españoles
vamos a poder seguir pagando la factura si realmente se toman medidas que
sean eficaces; se va a aliviar la economía familiar de las clases medias
y trabajadoras de nuestro país; se va a poder hacer frente al poder
adquisitivo con la inflación que estamos padeciendo, nunca hasta ahora
conocida.


Por eso, nosotros, señorías, Unión del Pueblo Navarro, vamos a apoyar
esta moción. Consideramos en su día que había que rebajar el IVA del gas
y de la electricidad. Y hoy consideramos que también se tiene que rebajar
el IVA de los productos de primera necesidad, de productos que necesitan
las familias españolas y que les suponen un esfuerzo económico
importante. Es un auténtico drama lo que están viviendo algunas familias
por los costes a los que tienen que hacer frente.


Por tanto, como he dicho, votaremos a favor de la moción.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará la palabra su señoría
Fernández Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, presidente. Buenos días de
nuevo, señorías.


Intervengo simplemente para manifestar la postura del Partido
Regionalista de Cantabria, que es a favor de la propuesta que hoy se nos
trae, por coherencia. Como bien ha dicho mi predecesor en el uso de la
palabra, en enero de 2021, Teruel Existe, el Partido Aragonés, Unión del
Pueblo Navarro y el propio PRC presentamos una moción para que se bajase
el IVA tanto de la electricidad como del gas. En el debate en comisión,
algunos de los que hoy se vanaglorian de esa bajada decían que éramos
demagógicos y que poníamos en riesgo no sé cuántas cosas del Estado del
bienestar, y hoy son los primeros abanderados de esta bajada. Creo que es
importante en política ser un poco coherentes y tener cuidado con lo que
decimos cuando hablamos, porque luego, cuando uno escupe para arriba, se
le puede caer encima. Con lo cual, coherencia: ante la propuesta de
Teruel Existe, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Aragonés y el Partido
Regionalista de Cantabria, que fuimos los primeros —y aquí no se
trata de ser el primero o el último— que, en sede parlamentaria,
defendimos esa bajada del IVA de la electricidad y del gas, ustedes
votaron que no. Además, para votar que no usaron argumentos muchas veces
un poco faltones contra quienes presentábamos la iniciativa. Por tanto,
al final parece ser que los pequeños teníamos razón.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el mismo grupo parlamentario, tomará la palabra su señoría
Sánchez López.


El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con la venia.


Señorías, les voy a dar unas cuantas cifras. Mientras el pasado mes
de agosto la inflación subió dos décimas en el conjunto de la eurozona,
hasta el 9,1 %, en España se situó casi un punto por encima, en este
caso, un 10,5 %. De las grandes economías europeas, España está entre las
más afectadas por la inflación: el 10,5 %, como he dicho, frente a
Alemania, con el 8,8 %, Francia, con el 6,5 %, o Italia, con el 9 %. El
PIB de España en el segundo trimestre de 2022 sigue 2,6 puntos por debajo
del que tenía en el cuarto trimestre de 2019. El resto de países
europeos, señorías, ya han superado estos niveles de recuperación o bien
se encuentran a pocas décimas. España es el país de la Unión Europea con
mayor tasa de paro, el 12 %, y el segundo con mayor tasa de desempleo
juvenil, del 27,9 %, según datos de Eurostat. La deuda pública en España
está en el récord histórico de 1,47 billones de euros y un 100,8 % de
nuestro PIB. En definitiva, tenemos mayor paro, pese a la recuperación
del turismo, mayor inflación, pese a nuestra menor dependencia del gas
ruso, y estamos a la cabeza de las economías más endeudadas de la Unión
Europea.


Señorías, en este sentido, y al hilo de la moción que presenta el
Grupo Popular, Ciudadanos va a apoyar la moción para la ampliación del
tipo reducido del 5 % del IVA aplicable al gas hasta el 31 de marzo
de 2023. Mientras haya restricciones debe haber alivio fiscal. Y es que
nuestro grupo parlamentario fue, señorías, el primero en proponerlo,
obteniendo la callada por respuesta del Gobierno, como viene siendo
habitual en nuestras propuestas tanto energéticas como fiscales. Por
tanto, damos la bienvenida a que el Partido Popular traiga a las Cortes
propuestas que nosotros ya hicimos, como esta, como la deflactación del
IRPF, o la posibilidad de contratar dos potencias distintas en un año
para el caso de las tarifas eléctricas de sectores estacionales, esta
última presentada esta misma semana en el Congreso de los Diputados. Por
tanto, ni que decir tiene que vamos a votar a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tomará la palabra
su señoría Mulet García.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president.


Vostés, des del Partit Popular, han agarrat el mantra d’abaixar
tots els impostos, així, a lo bestia, baixar el IVA de tot i per a tot,
per a sempre, al 5 %. I per què en lloc del 5 % no ens posem a demanar
una rebaixa del 0 %? Per què no baixem també al 0 % els impostos dels
combustibles? Per què no eliminem l’IBI? Per què no deixem de
cotitzar amb els nostres salaris i ens quedem amb el 100 %, ja posats a
fer demagògia. Una rebaixa de l’IVA, proposen vostés, igual a qui
cobra 36 000 euros al dia, i repetisc 36 000 euros al dia, que és el que
cobra el president d’Iberdrola, que a qui cobra l’ingrés
mínim vital i té familiars a càrrec. Baixar exactament el mateix,
mateixos impostos, a qui cobra una pensió mínima que als de les portes
giratòries: a Carmona, a Garcia Tejerina, a Solbes, a Aznar, al senyor X,
a Montilla, a Tocino, a Beatriz Corredor o a Ana Palacio... I pare ací
perquè només tinc cinc minuts.


Posats a estalviar, eliminem la sanitat pública, l’educació
pública, les pensions públiques, les ajudes públiques, les carreteres, i
que solament tinga sanitat i educació qui puga pagar-se-la. Veuran com
així també desapareix la pressió impositiva a la gent. No paguem res i
que se salve qui puga.


Ahir, un senador seu deia ací que donde mejor está el dinero es en
los bolsillos. Li va faltar dir que també o en los sobres en B. Obviant
que hi ha butxaques molt plenes i altres que estan completament buides i
que cada un ha d’aportar en la mesura d’allò que pot realment
assumir. A vostés els sembla bé que una família estiga pagant factures
de 300 o 400 euros al mes de llum, sempre que l’IVA siga del 5 %.
Perquè no tenen vostés nassos a demanar que es pose fi a l’abús de
les energètiques, no s’atreveixen vostés ací a demanar que es
graven els ingressos abusius de les grans energètiques. No tenen el valor
de demanar ací que s’acabe amb les portes giratòries, si segurament
estaran pensant la majoria a vore si tenen sort de col·locar-se en
alguna. No s’atreveixen vostés a proposar que s’acabe amb
l’oligopoli, que s’acabe amb eixos sous de 36 000 euros al
dia, això no, això vostés ací no han presentat cap proposta.


Vostés volen que l’Estat recapte menys, però després són els
primers que van a exigir-li a l’Estat més polítiques socials i més
ajudes. I això és cinisme. Són els que volen les escoles privades que
segreguen, on només vagen els fills de papà, però pagada amb els diners
de tots. Són els que proposen beques per als rics, són els que lleven els
impostos de successions i patrimoni, eixe que només paguen les grans
fortunes, i són els que on governen, precaritzen la sanitat pública
desviant els negocis als amigatxos de la privada. Els que precaritzen
l’educació pública i financen la privada per als seus. Perquè
sempre vostés han governat per a uns pocs, per als que més tenen, per a
que tot continue igual.


Vostés diuen que un família que sobreviu amb una pensió de menys
de 900 euros o amb l’ingrés mínim vital pague els mateixos impostos
que el mangante que cobra 36 000 euros al dia, festius i festes de
guardar també. Si la llum està cara vostés proposen menys impostos, menys
recaptació de l’Estat però a les energètiques en cap moment els
demanen coresponsabilitat; eixes poden continuar recaptant voraçment, i
després demanen a l’Estat, cada vegada més pobre, que faça política
social, que l’Estat transferisca a les comunitats autònomes, també
a les que fan dúmping fiscal rebaixant impostos, que transferisca
exactament el mateix que altres que no poden fer absolutament res per
estar infrafinançades pel model que vostés també han beneït.


Vostés es preocupen més pels consells d’administració de les
empreses, que per les persones, eixes són intocables, mai una proposta
per retallar l’abús de les grans companyies. Per això nosaltres
havíem proposat un grapat de propostes, que sabem que vostés no
s’atreviran mai: compensar als xicotets productors d’energia
solar —vostés com han de proposar això si són els que van posar
l’impost al sol?—; deixar de compensar als pirates del Castor
—vostés i el Partit Socialista es neguen en esta Cambra a
investigar i demanar responsabilitats pel gran fiasco energètic del
Castor—; eliminar les traves a l’autoconsum de les
renovables. Mesures per a indústries dependents del gas. Mesures reals,
equitatives, i tot el demés que fan ací és demagògia i antipolítica. El
dia que vostés tinguen el valor de presentar ací alguna proposta per
demanar a les energètiques que deixen d’atracar la gent, aleshores
els farem cas. Ara, en esta proposta, no.


Gràcies.


Gracias, presidente.


Ustedes, el Partido Popular, han adoptado el mantra de bajar todos
los impuestos así, a lo bestia, como bajar el IVA de todo y para todos,
para siempre, al 5 %. ¿Y por qué no, en lugar de al 5 %, no nos ponemos a
pedir una rebaja al 0 % de los impuestos sobre los combustibles? ¿Por qué
no eliminamos el IBI? ¿Por qué no dejamos de cotizar por nuestros
salarios y nos quedamos el 100 %, ya puestos a hacer demagogia? Es una
rebaja del IVA igual para quien cobra 36 000 euros al día
—repito: 36 000 euros al día—, que es lo que cobra el
presidente de Iberdrola, que para quien cobra el ingreso mínimo vital y
tiene familiares a su cargo. Es bajar lo mismo, en los mismos impuestos,
a quien cobra una pensión mínima que a los de las puertas giratorias:
Carmona, García Tejerina, Solbes, Aznar, el señor X, Montilla, Tocino,
Beatriz Corredor, Ana Palacio… Y paro aquí porque solo tengo cinco
minutos.


Puestos a ahorrar, eliminemos la sanidad pública, la educación
pública, las pensiones públicas, las ayudas públicas, las carreteras, y
que solo tenga sanidad y educación quien se la pueda pagar. Verán como
así también desaparece la presión impositiva a la gente: no paguemos nada
y que se salve quien pueda.


Ayer, un senador de los suyos dijo que donde mejor está el dinero es
en los bolsillos —le faltó decir que también en los sobres en
B—, obviando que hay bolsillos muy llenos y otros completamente
vacíos y que cada uno tiene que aportar en la medida de lo que puede
realmente asumir. A ustedes les parece bien que una familia esté pagando
facturas de 300 o 400 euros al mes de luz siempre que el IVA sea del 5 %,
porque no tienen narices para pedir que se ponga fin al abuso de las
energéticas. No se atreven ustedes aquí a pedir que se graven los
ingresos abusivos de las grandes energéticas. No tienen el valor de pedir
aquí que se acabe con las puertas giratorias, y seguramente la mayoría de
ustedes esté pensando en colocarse mediante alguna. No se atreven a
proponer que se acabe con el oligopolio, que se acabe con los sueldos
de 36 000 euros al día. Eso no, para eso ustedes no han presentado
ninguna propuesta.


Ustedes quieren que el Estado recaude menos, pero después son los
primeros que le exigen más políticas sociales y más ayudas, y eso es
cinismo. Son los que quieren las escuelas privadas que segregan, donde
solo vayan los hijos de papá, pero pagadas con el dinero de todos. Son
los que proponen becas para los ricos. Son los que quitan los impuestos
sobre sucesiones y patrimonio, ese que solo pagan las grandes fortunas. Y
son los que, donde gobiernan, precarizan la sanidad pública desviando el
negocio a los amigachos de la privada; los que precarizan la educación
pública y financian la privada para los suyos. Porque ustedes siempre han
gobernado para unos pocos, para los que más tienen, para que todo
continúe igual.


Ustedes dicen que una familia que sobrevive con una pensión de menos
de 900 euros o con el ingreso mínimo vital pague los mismos impuestos que
el mangante que cobra 36 000 euros al día, festivos y fiestas de guardar
también. Si la luz está cara, ustedes proponen menos impuestos, menos
recaudación del Estado, pero a las energéticas en ningún momento se les
pide corresponsabilidad; esas pueden continuar recaudando vorazmente. Y
después piden al Estado, cada vez más pobre, que haga política social;
que el Estado transfiera a las comunidades autónomas, también a las que
hacen dumping fiscal rebajando impuestos, exactamente lo mismo que a
otras que no puedan hacer nada porque está infrafinanciadas por su
modelo.


Ustedes se preocupan más por los consejos de administración de las
empresas que por las personas. Ellos son intocables. Nunca hay una
propuesta para recortar el abuso de las grandes compañías. Por eso,
nosotros habíamos presentado un puñado de propuestas que sabemos que
ustedes no van a revisar nunca: compensar a los pequeños productores de
energía solar —ustedes son los que pusieron el impuesto al
sol—; dejar de compensar a los piratas del Castor —ustedes y
el Partido Socialista se niegan, en esta Cámara, a investigar y pedir
responsabilidades por el gran fiasco energético del Castor—;
eliminar las trabas al autoconsumo de las renovables; medidas para las
industrias dependientes del gas. Son medidas reales y equitativas, y todo
lo demás que hacen aquí es demagogia y antipolítica. El día que ustedes
tengan el valor de presentar aquí alguna propuesta para pedir a las
energéticas que dejen de atracar a la gente, entonces les haremos caso.
Ahora, con esta propuesta, no.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, intervendrá su señoría la
senadora Rivero Segalàs.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


Senyories, més enllà dels retrets, que semblen un afegitó del debat
Feijóo-Sánchez, penso que tots els grups d’aquí vull confiar que
volen ser sensibles per alleugerir el patiment que pateixen les famílies
i les indústries, i especialment aquelles persones més vulnerables per la
crisi energètica i la derivada social que això té en elles.


El Grup Popular ens porta avui una moció que parla de la rebaixa de
l’IVA al 5 % del gas i el que proposa, perquè justament ahir vam
conèixer el reial decret, és que s’allargui durant tot
l’hivern, cosa que així, a priori, ens semblaria molt bé. Hauríem
agraït aquesta mateixa sensibilitat quan, des del Govern de la
Generalitat, fèiem decrets i lleis de pobresa energètica, perquè la gent
vulnerable pogués subsistir a l’hivern, i vostès corrien al
Tribunal Constitucional.


Parlarem d’aquesta rebaixa de l’IVA. Tant Facua com
l’OCU han calculat el que comportarà aquesta mesura: un estalvi
de 8 a 10 euros en la tarifa regulada i de 19 euros en el mercat
liberalitzat. És a dir, que un consumidor mitjà de mercat regulat tindria
una rebaixa anual de 103 euros —passaria de 789 a 677—,
mentre que un consumidor tipus del mercat liberalitzat tindria un estalvi
de 227 euros, passant de 1719 a 1492. Amb això què els vull dir? Que la
mesura de l’IVA, del gas i de l’electricitat, és benvinguda,
per suposat, però és un remei que no arregla el problema de fons. La
principal raó —i Putin ha anunciat que no té pressa per acabar la
guerra— és que el preu internacional del gas segueix augmentant. I
aquesta reducció de l’IVA acabarà diluïda i no tindrà un impacte
significatiu a les butxaques dels ciutadans, que penso que totes aquestes
mesures les estem implementant per això. Un exemple de moltes
rectificacions que s’han de fer. Es va fer la subvenció als
carburants dels 0,20 euros. Totes les xifres i la tendència —i no
tinc temps de contar-los-ho aquí— mostren que aquest descompte ha
quedat engolit per la pujada de preus dels carburants. Per tant,
l’efecte real que havien de tenir ha quedat diluït pels preus. Un
altre exemple —ja se n’ha parlat aquí i altres oradors ho han
dit— és l’excepció ibèrica. També benvinguda, però no està
tenint l’efecte que hauria de tenir. Per què? Perquè vostès saben
que també ha quedat diluïda per l’elevada demanda elèctrica durant
l’estiu, per la pujada del preu del gas, al juliol i a
l’agost. Les centrals de gas van augmentar la seva producció fins a
representar el 31 % en el mix elèctric, quan normalment és del 15 %. Això
és així per la reduïda producció d’energia a partir de renovables.
El resultat d’això és que s’ha hagut de compensar més gas a
un preu més elevat. Entendre la rebaixa de l’IVA del 5 % del gas i
l’electricitat més enllà del desembre del 2022 ens pot semblar molt
bé, però si no va acompanyat d’altres mesures, no ens servirà de
res.


Des de Junts per Catalunya hem fet arribar al Ministeri —i així
també ho vam fer saber al debat de l’estat de la nació— una
sèrie de mesures que pensem que han d’anar acompanyant aquestes
altres mesures i algunes correccions, que ja m’hi he referit.
Convocar de manera immediata la subhasta recollida en el Reial
Decret 17/2021, que obliga que els operadors dominants hi aportin el 25 %
de l’electricitat generada per tecnologies inframarginals per
reduir el preu de l’electricitat i que les comercials
comercialitzadores puguin ser més competitives. Auditar des de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia possibles fraus en les
ofertes de generadors d’electricitat quan forcen que la tecnologia
amb base a gas marqui preu i quantifiquin els beneficis caiguts del cel.
I una també molt important, que el senyor Castellana ens ha dit que
solucionaran, és d’una vegada aixecar la limitació de distància
de 500 metres a l’autoconsum, ampliant-la com a mínim a 2
quilòmetres, com ha fet Portugal o França per incentivar les comunitats
energètiques i disminuir la gran dependència existent en
l’actualitat respecte a l’energia. També cal enfortir un
escalat de preus de l’electricitat, de manera que els primers 100
kilowatts tinguin un preu bonificat per a tothom, marcant un mínim de
subsistència, mentre que els següents vagin pujant de preu i
d’aquesta manera es garanteixi un equilibri econòmic al
sistema.


En definitiva, des de Junts per Catalunya pensem que aquesta mesura
és una mesura més per tenir un espai per anar tenint aquest debat
Feijóo-Sánchez —que nosaltres ja saben què pensem tant de
l’un govern com de l’altre—, però no serà efectiva si
no s’implementen aquestes altres mesures que des de Junts ja hem
fet arribar també al Ministeri i esperem, com ha dit el senyor
Castellana, que siguin efectives tan aviat com sigui possible.


Gracias, presidente.


Señorías, más allá de los reproches, que parecen un añadido al debate
Feijóo-Sánchez, quiero confiar en que todos los grupos presentes quieren
ser sensibles para aliviar el sufrimiento padecido por las familias y las
industrias, y en especial las personas más vulnerables, por la crisis
energética y la derivada social que esta genera en ellas.


El Grupo Popular hoy nos trae una moción que habla de la rebaja del
IVA del gas al 5 %, y lo que propone, porque justamente ayer conocimos el
real decreto, es que se alargue durante todo el invierno, lo cual, a
priori, nos parecería muy bien. Hubiéramos agradecido esa misma
sensibilidad cuando en el Gobierno de la Generalitat aprobábamos decretos
contra la pobreza energética para que los más vulnerables pudieran
subsistir en invierno y ustedes corrían al Tribunal Constitucional.


Hablemos de esta rebaja del IVA. Tanto Facua como la OCU han
calculado qué conllevará esta medida: un ahorro de 8 a 10 euros en la
tarifa regulada y de 19 euros en el mercado liberalizado, es decir, que
un consumidor medio del mercado regulado tendría una rebaja anual de 103
euros —pasaría de 789 a 677—, mientras que un consumidor tipo
del mercado liberalizado tendría un ahorro de 227 euros, pasando de 1719
a 1492 euros.






Con esto, ¿qué quiero decirles? Que la medida del IVA del
gas y electricidad es bienvenida, por supuesto, pero es un remedio que no
soluciona el problema de fondo. La principal razón, y Putin ha anunciado
que no tiene prisa para terminar la guerra, es que el precio
internacional del gas sigue aumentando, y esta reducción del IVA acabará
diluida y no va a tener un impacto significativo en los bolsillos de los
ciudadanos; y me parece que todas estas medidas las estamos implementando
por ese mismo motivo. Daré un ejemplo de las muchas rectificaciones que
deben realizarse. Se hizo la subvención a los carburantes de 0,20 euros
por litro. Bien, todas las cifras y la tendencia —ahora no tengo
tiempo de contarlo aquí— muestran que este descuento ha quedado
engullido por la subida de precios de los carburantes. Por lo tanto, el
efecto real que se esperaba que tuviera ha quedado diluido por los
precios. Otro ejemplo —se ha mencionado ya por otros
oradores— es la excepción ibérica, también bienvenida, pero que no
está surtiendo el efecto que debería. ¿Por qué? Porque ustedes saben que
también ha quedado diluida por la elevada demanda eléctrica durante el
verano por la subida del precio del gas. En julio y en agosto las
centrales de gas aumentaron su producción hasta representar el 31 % en el
mix eléctrico, cuando normalmente es del 15 %. Esto es así por la
producción de energía a partir de renovables. Y el resultado es que se ha
tenido que compensar más gas a un precio más elevado. Mantener la rebaja
del IVA del 5 % para el gas y la electricidad más allá de diciembre
de 2022 nos puede parecer muy bien, pero, si no viene acompañada de otras
medidas, no va a servir de nada.


Junts per Catalunya ha trasladado al ministerio —también lo
hicimos saber durante el debate del estado de la nación— una serie
de propuestas que pensamos que deben acompañar a estas medidas y algunas
correcciones a las que ya me he referido. Son estas: convocar de forma
inmediata la subasta recogida en el Real Decreto 17/2021, que obliga a
que los operadores dominantes aporten el 25 % de la electricidad generada
por tecnologías inframarginales para reducir el precio de la electricidad
y que las comercializadoras puedan ser más competitivas. Auditar, desde
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, posibles fraudes
en las ofertas de generadores de electricidad cuando fuerzan que la
tecnología en base al gas marque el precio y cuantifiquen los beneficios
llovidos del cielo. Y hay otra importante, que el señor Castellana nos ha
dicho que van a solucionar por fin: levantar la limitación de distancia
de 500 metros para el autoconsumo, ampliándola al menos a 2 kilómetros,
como han hecho Portugal o Francia, para incentivar las comunidades
energéticas y disminuir la gran dependencia existente en la actualidad
respecto a la energía. También hemos propuesto fortalecer una escalada de
precios de la electricidad para que los primeros 100 kilovatios tengan un
precio bonificado para todo el mundo, marcando un mínimo de subsistencia,
mientras que los siguientes vayan subiendo de precio, y de esta forma se
garantice un equilibrio económico del sistema.


En definitiva, Junt per Catalunya considera que esta medida es una
más para tener un espacio en el que se vaya produciendo el debate
Feijóo-Sánchez —ya saben ustedes qué pensamos nosotros tanto de un
Gobierno como del otro—, pero no va ser efectiva si no se aplican
estas otras medidas que Junts ya ha trasladado al ministerio. Y
esperamos, como ha dicho el señor Castellana, que sean efectivas lo antes
posible.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría la
senadora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko, presidente jauna. Egun on
guztioi.


Vemos ahora la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en
la que piden en el Pleno que inste al Gobierno a extender la rebaja
del 5 % del IVA del gas y la electricidad durante todo el invierno y
mientras no se atempere la gravedad de la crisis.


Llevamos más de un año con subidas en la factura de la electricidad y
del gas que se han acentuado tras la invasión militar de Ucrania por
parte de Rusia, lo que, además de los efectos muy negativos en el ámbito
económico y social, ha generado una grave crisis energética. Las subidas
vertiginosas de los precios del gas natural, la electricidad y el
petróleo han alterado los mercados energéticos, han desencadenado la
volatilidad de los precios y la inseguridad energética en todo el mundo y
han empujado a todos los poderes públicos, y a Europa también, a proponer
e implementar ambiciosos planes para reducir la dependencia,
principalmente del gas ruso.


Desde que se inició esta escalada de precios han convivido varios
debates: uno de ellos es el debate sobre la rebaja del IVA en las
facturas, un debate que diríamos hay que incardinar en algo coyuntural, y
otros debates sobre cuáles deben de ser las medidas estructurales y de
ahorro energético.


Si nos centramos en la moción coincidimos en que en todos los casos,
en todas las rebajas aprobadas —desde la de junio del 2021, en la
que se rebajó el IVA del 21 % al 10 %, se suspendió el impuesto a la
generación eléctrica y se rebajó el mínimo permitido del impuesto
especial sobre la electricidad, hasta la de junio para el IVA de la
electricidad al 5 %, y la aprobada ayer por el Consejo de Ministros para
la factura del gas al 5 %—, el Gobierno lo ha hecho lastrado por
las circunstancias y tras negar en todos los casos que lo fuera a hacer.
Ahora, también podemos decir que una vez que el Gobierno ha tomado estas
distintas decisiones sobre la rebaja del IVA, en todos los casos, hasta
ahora, han contemplado la prórroga de las medidas en tanto en cuanto la
situación de los precios no se estabiliza.


Nuestro grupo cree que estas reducciones del IVA, con las que es
difícil estar en desacuerdo y que entendemos que son medidas temporales y
excepcionales, van a tener un efecto limitado por el contexto en el que
se están tomando, cuando los precios del gas y de la electricidad no
están estabilizados. Y también creemos que, como ha pasado con otras
medidas, existe el riesgo de que los y las consumidoras lo noten
relativamente poco en sus facturas si no se frena la escalada de precios
de la electricidad y del gas, porque el incremento de los precios va a
absorber el beneficio de la medida de reducción del impuesto. Deseo
añadir, además, que, al estar hablando de impuestos indirectos, estos se
aplican a todos y a todas las consumidoras por igual, sin discriminar
entre las rentas más altas y las rentas más bajas y, por tanto, no
estamos beneficiando más a quienes más lo necesitan: las personas con
bajos ingresos y los negocios vulnerables, que en estos momentos sufren
los precios tan altos. Por tanto, además de estas medidas temporales
excepcionales y urgentes, como la de la reducción del IVA para aliviar en
las facturas los altos precios de la energía, se deben acometer medidas
estructurales para ir a la raíz del problema; ir a medidas que reduzcan
el precio de la energía en línea con el compromiso de la Agenda 2030 y
los objetivos de desarrollo sostenible, donde debemos destacar el ODS 7,
Energía asequible y no contaminante, siendo el ahorro y la eficiencia
energética una línea de actuación clave para un futuro sostenible. Hay
que destacar las últimas propuestas de la Comisión Europea para frenar la
escalada de precios, entre ellas, la necesaria revisión del mercado
marginalista, la limitación del precio del gas y la apuesta por
inversiones masivas en energías renovables. Se precisan medidas a largo
plazo para impulsar nuevos esquemas regulatorios que permitan una rápida
penetración de los gases renovables, que fomenten la participación y la
agregación de consumos y ofertas de electricidad, así como su
almacenamiento, si lo que queremos es que la demanda se satisfaga
mayoritariamente con energías renovables. En definitiva, se necesita un
conjunto de medidas que permitan la racionalización del consumo de
energía, la descarbonización del consumo energético, la reducción de
emisiones de CO2 y medidas como la revisión del mercado marginalista, que
permitan rebajar los costes de la energía. También hace falta hablar de
nueva fiscalidad verde y no solo de medidas coyunturales como esta de la
rebaja del IVA, pero este no es el debate que nos proponen hoy.


Volviendo a lo que proponen, nuestro grupo no ve necesaria la
propuesta que realizan y no por no compartirla, sino porque entendemos
que ya está incluida y con más garantía que la que se deriva de la
moción. La encontramos en el compromiso del Gobierno en el que se
contemplan las prórrogas de las medidas adoptadas en caso de ser
necesarias y mantenerse la situación que las motivaron.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra su
señoría Castellana Gamisans.


El señor CASTELLANA GAMISANS: Gràcies, president.


La nostra societat és una societat que batega amb l’energia.
Necessitem, sempre hem necessitat l’energia. Però si fa deu mil
anys els nostres avantpassats bategaven amb l’energia que els
donava la caça i la recol·lecció, avui dia, sense l’energia, sense
la llum, sense el gas, sense un conjunt de fonts d’energia, no
serien capaços de fer bategar la nostra societat. Però alhora ens trobem
que, aquestes fonts d’energia que utilitzem, moltes d’elles
posen en perill la supervivència de la vida al planeta. La vida en
majúscules. I és per això que ja fa uns anys que, amb major o menor
mesura, excepte elements negacionistes, bé, terraplanistes —cada
societat té els seus friquis més o menys perillosos—, treballem,
intentem treballar, moltes persones, moltes organitzacions, per escometre
aquesta transformació.


Veiem amb bons ulls el manteniment, l’objectiu del manteniment
de la rebaixa de l’IVA perquè moltes famílies, molta activitat
—activitat econòmica, activitat civil, activitat social, que va més
enllà del que sempre parlem de les empreses, però també les
inclou—, pateixen, perquè el fet que es disparin els preus posa en
risc aquest bategar de la societat amb el qual he obert la meva
intervenció. No obstant això, com ha començat la senadora Acedo, per a
nosaltres el compromís actual, que també funciona amb el mercat de Llum,
el mercat de l’electricitat, que és anar fent les pròrrogues que
són fruit d’un acord. Deia un filòsof de fa molts i molts anys, de
fa molts segles, que «acorda allò que puguis fer complir». Hi ha unes
majories, un sistema de majories que garanteix que aquestes pròrrogues es
vagin produint mentre sigui necessari.


Per tot això, malgrat compartim la necessitat d’allargar
aquesta rebaixa de l’IVA, no donarem suport a la moció perquè ja
tenim els instruments per fer-ho durant aquest període de temps. A banda
d’això, sí que m’agradaria posar noms. Vull agrair al senador
Manuel Ángel Fernández Palomino, al senador Juan Manuel Juncal Rodríguez,
les converses que hem anat tenint i el fet que avui, malgrat que la
lògica parlamentària no faci que es produeixi un gran acord en aquesta
cambra explícitament i que recullin els diaris de sessions, sí que
almenys, personalment, he detectat en les diferents intervencions i amb
els diferents acords a què hem arribat per fer que les coses passin, que
aconseguim crear grans consensos —friquis, negacionistes i elements
terraplanistes al marge—, aconseguim crear grans consensos perquè
la nostra societat avanci.


Per tant, vull agrair a tothom que ha fet possible els acords que
concretarem els propers dies i avançar en la lluita contra
l’emergència climàtica, avançar en la solidaritat en la lluita
també contra la pobresa energètica i tots aquests condicionants que
afecten els drets humans de totes les persones, especialment les més
vulnerables. L’empatia ha de ser l’element que connecti la
nostra societat per fer una societat més resilient, més forta i que doni
resposta als reptes que ens trobem en el futur. Moltes gràcies de debò a
tothom que ho ha fet possible.


Gracias, presidente.


Nuestra sociedad es una sociedad que late con la energía. Siempre
hemos necesitado la energía, pero si hace 10 000 años nuestros
antepasados latían con la energía que les daba la caza y la recolección,
hoy día, sin la energía, sin la luz, sin el gas, sin un conjunto de
fuentes de energía, no seríamos capaces de lograr que nuestra sociedad
siguiera latiendo. Sin embargo, muchas de estas fuentes de energía que
utilizamos ponen en peligro la supervivencia de la vida en el planeta, la
vida con mayúsculas, y, por ello, desde hace ya algunos años, en mayor o
menor medida, salvo algunos terraplanistas —cada sociedad tiene sus
frikis más o menos peligrosos—, estamos intentando trabajar muchas
personas, muchas organizaciones, para emprender esta
transformación.


Vemos con buenos ojos el objetivo de mantener la rebaja del IVA,
puesto que muchas familias y mucha actividad —actividad económica,
civil, social, que va más allá de lo que siempre hablamos, que son las
empresas, pero también las incluye— sufren por el hecho de que los
precios se disparen y por poner en riesgo ese latir de la sociedad con el
que he empezado mi intervención. No obstante, como ya ha mencionado la
senadora Acedo, para nosotros el compromiso actual, que también funciona
con el mercado de la electricidad, es ir realizando las prórrogas, que no
es tan solo un acuerdo. Como decía un filósofo de hace muchos siglos,
«acuerda aquello que puedas hacer cumplir». Existe un sistema de mayorías
que garantiza que estas prórrogas se vayan produciendo mientras sea
necesario.


Por todo ello, a pesar de compartir la necesidad de prorrogar esta
rebaja del IVA, no vamos a dar apoyo a la moción porque ya tenemos los
instrumentos para lograrlo durante este periodo de tiempo. Además, me
gustaría dar nombres y agradecer a los senadores Manuel Ángel Fernández
Palomino y Juan Manuel Juncal Rodríguez las conversaciones que hemos
venido manteniendo. A pesar de que la lógica parlamentaria haga que no se
produzca un gran acuerdo en esta Cámara de forma explícita que se recoja
en el Diario de Sesiones, al menos, a título personal, en las distintas
intervenciones y acuerdos a los que hemos llegado para que las cosas se
produzcan, he detectado que logramos crear estos grandes consensos
—frikis, negacionistas y terraplanistas al margen— para que
nuestra sociedad avance.


Por lo tanto, doy las gracias a todo aquel que ha hecho posible esta
serie de acuerdos que vamos a concretar los próximos días y seguiremos
avanzando en la lucha contra la emergencia climática, en la solidaridad,
en la lucha contra la pobreza energética y todos los condicionantes que
afectan a los derechos humanos de todas las personas y, sobre todo, de
las más vulnerables. La empatía debe ser el elemento que conecte nuestra
sociedad para que sea una sociedad más resiliente, más fuerte y que dé
respuesta a los retos que nos depara el futuro. Muchísimas gracias, de
verdad, a todo aquel que lo ha hecho posible.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría
Juncal Rodríguez.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Me imagino que el representante del Partido Socialista va a repetir
un poco la línea argumental que han seguido algunos de los socios más o
menos estables que tiene este Gobierno, en el sentido de que ya se prevé
la prórroga de esta bajada del IVA del gas y de la electricidad si se dan
las circunstancias. Yo no tengo por qué dudar, pero a lo mejor no se
produce y, para tranquilidad de todas las familias y los empresarios
españoles, y como aquí se dijo que indudablemente el IVA era una parte
pequeña y que el grave problema que teníamos era el precio de la energía
y de la electricidad provocado por ese precio desaforado del gas, estaría
bien saber que, por lo menos, este invierno el IVA, en la parte que
corresponda, lo tienen asegurado a su tipo mínimo, de forma que les
permita hacer una planificación porque, es verdad, se puede prorrogar o
no; entonces, mejor ya salir de dudas.


Quiero dar las gracias a los grupos que han manifestado el apoyo a la
iniciativa, pero, insisto, porque ayer tuvieron la oportunidad con un
nuevo real decreto. Es que van cinco reales decretos, más el que hay que
hacer en diciembre para mantener la rebaja si se dan las circunstancias.
Indudablemente, yo creo que todos nos alegraríamos si mañana saltara la
noticia de que se acaba la guerra, que el gas y los mercados se vuelven a
normalizar y que regresamos a la situación que teníamos hace un año,
pero, para tranquilidad de todos, sería conveniente aprobar las medidas y
que el Gobierno hiciera los deberes en ese sentido. Como he dicho antes
en mi intervención, sé que no gusta rectificar —yo soy el primero
al que no le gusta rectificar—, pero hay que reconocer errores, y
el Gobierno se ha visto obligado a ir tomando las medidas en función de
las circunstancias, arrastras de la situación, y no tiene esa previsión
que debe tener un buen Gobierno para adelantarse. Hoy mismo viene en la
prensa que se da por descontada a la señora Ribera y se da como fecha de
salida en enero. No me voy a meter en esos temas porque es
responsabilidad del señor Sánchez decidir a quién escoge para su equipo,
pero lo único importante que tiene que hacer es gobernar y gobernar bien,
y tiene campo para hacerlo porque hay muchas medidas, aparte de esta de
la que hemos hablado, que tendrían que revisar.


También se ha comentado aquí algo sobre la excepción ibérica, y
quisiera apuntar un dato que decía la senadora de Junts, ya que ha habido
momentos en que el gas llega a ocupar el 40 %. Se da la coincidencia de
que es un año seco en el que no hay energía hidroeléctrica y la
producción de gas llega a ocupar el 40 %. Esos 2000 megavatios diarios
que Francia nos compra, indudablemente, han producido que prácticamente
todos los ciclos combinados estén operativos y, por lo tanto, en esa
excepción ibérica habrá que estar atentos y adaptar ese cap del gas a la
normativa europea. ¿Tiene para modificar el PVPC, como decía antes en mi
intervención? Es que ese es el origen del problema que tienen muchas
familias en España. Ese es el gran problema, lo han hecho mal y no lo
quieren corregir. Por supuesto, es su problema, pero este Gobierno
funciona con globos sonda, como la afirmación de la vicepresidenta y
ministra de Trabajo de topar el precio de los productos de la cesta de la
compra. Hombre, parece que a estas alturas ya no nos acordamos
—además, creo que ella sigue siendo miembro del Partido Comunista y
tendría que saberlo— de la experiencia de la Revolución Rusa
de 1916, 1917 y 1918 y lo que supuso topar precios en la alimentación en
cuanto a hambrunas, aparición de mercados negros, etcétera. Es decir, no
se puede funcionar con globos sonda, no se puede funcionar fuera de la
normativa de la Unión Europea. Lo que defiende el Partido Popular es que
claro que hay que gravar los beneficios y, si son extraordinarios, pedir
un esfuerzo por esa situación, pero, insisto, es que, tal como lo
plantean, es un disparate jurídico pretender gravar beneficios en función
de las ventas. Es sencillamente un dislate.


Por eso pedimos el voto y doy las gracias a los que vayan a apoyar la
moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría
Fernández Palomino.


El señor FERNÁNDEZ PALOMINO: Gracias, presidente. Buenas tardes ya,
señorías.


Antes de nada, deseo responder al senador Castellana. Gracias por
hacer posible encontrarnos y buscar instrumentos para las personas, como
usted dice, en este espacio energético copado solo por poderosos. Vamos a
seguir avanzando, como usted ha explicado, y las comunidades energéticas
y el apoyo al deporte son sendas que, sin duda, merece la pena
recorrer.


Señor Juncal, quiero agradecerle el tono y su intenso ejercicio
profético. Creo que no acierta en la mayoría de las cosas, aunque sí en
algo que dijo al principio de la intervención. Vamos a hablar de
impuestos porque, a pesar de que, como recordaba ayer un senador del
Partido Popular citando a Tarradellas, en política se puede hacer de
todo, como poco, resulta sorprendente que quienes fueron capaces en solo
año y medio de acordar la mayor subida de impuestos en democracia
—recordemos, 5 del IRPF; 4 de sociedades, 2 del IVA, entre
otros— y crearon hasta 12 nuevas figuras tributarias —por
cierto, 8 de ellas en el sector energético, entre otras, el impuesto al
sol— presenten, ante la sustancial bajada del IVA del gas aprobada
por el Gobierno, una moción para pedir algo que el Gobierno ya ha
anticipado. Además, lo piden el día en que Moreno Bonilla decide perdonar
una media de 6000 euros a los 17 000 más ricos de Andalucía y condenar
así al resto de andaluces al paraíso, que es como define el Partido
Popular a eso de perder cerca de 100 millones de euros para financiar
servicios públicos para todos los andaluces. (Aplausos). Y eso el día en
que se publica —porque hoy se ha publicado en el Boletín Oficial
del Estado— la norma que aprueba la rebaja del IVA del gas del 21
al 5 %, con lo que este Gobierno cumple de nuevo su compromiso con la
mayoría social de este país, reduciendo hasta en un 80 % los impuestos
eléctricos para ayudar a las familias y a las empresas ante esta crisis
energética. Y cómo se come eso cuando es una rebaja que, según se anuncia
repetidamente por este Gobierno, podrá prorrogarse a partir del 31 de
diciembre de 2022, lógicamente, si las circunstancias así lo aconsejan;
mecanismo este de la prórroga que viene utilizándose, como saben, por el
Gobierno con la idea de que sus decisiones tengan en cuenta el desarrollo
de los acontecimientos, así como la evolución de las principales
magnitudes económicas y, en este caso, obviamente, las energéticas.


No resulta fácil de entender su moción, a no ser que el Partido
Popular y el señor Feijóo —no sabemos si alegrarnos o no de que no
esté porque, si no está, resulta que está trabajando por España y,
entonces, lo mismo tenemos que alegrarnos de que no esté— estén
construyendo el siguiente «no» en el Congreso a medidas de apoyo a la
mayoría social de este país. Una negativa más, unida en esta ocasión a la
necesidad que pueda tener el partido de la oposición de blanquear sus
verdaderas políticas e intenciones fiscales y sus terribles
contradicciones en política energética en mitad de una durísima crisis,
porque cuando más necesarios son los recursos para reforzar los
servicios, para reforzar a las familias, cuando peor están servicios como
la sanidad en Andalucía, no es fácilmente digerible para la inmensa
mayoría de la ciudadanía que el modelo fiscal de su partido sea que los
ricos paguen lo menos posible al fisco. (Aplausos). Porque cuando ustedes
gobiernan, sube el IRPF que pagamos todos; porque cuando ustedes
gobiernan, sube el IVA que pagamos todos; porque cuando ustedes
gobiernan, suprimen el impuesto sobre el patrimonio a los más ricos; y
cuando no gobiernan, toda bajada les parece poco. Y todo ello con una
argumentación que nos tiene sorprendidos, eso de que vamos a ver llegar
millonarios como si fueran espárragos tras una lluvia de primavera, 7200
a Andalucía, unos cuantos miles más a Madrid, la mayoría catalanes y
vascos. Vamos, lo que se dice el paraíso, la gloria; una gloria que le
cuesta a Andalucía 93 millones de euros, que es tanto como decir 20
centros de educación infantil o 25 centros de salud. (Aplausos).


Voy acabando. Señorías, cuando se pierde, como ustedes la perdieron a
base de hachazos a los más débiles, es muy difícil recuperar la humanidad
en política. La humanidad es esa capacidad para sentir comprensión y
solidaridad hacia las demás personas, y esa humanidad desaparece cuando
se ha dicho que no a la gente tantas veces mientras se defienden los
intereses de los más poderosos. Para recuperar esa humanidad no vale solo
una estrategia mediática ni mociones que no llegan a entenderse, y no
ganan humanidad en sus políticas quitando los impuestos a los más ricos
en las comunidades que gobiernan. El camino es arrimar el hombro por las
familias, arrimar el hombro por la gente de la clase media y trabajadora,
y decirles a la cara a aquellos que ganan con las dificultades de la
gente que, en esta ocasión, sin ningún género de duda, les toca a
ellos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Señorías, se procede, a continuación, a abrir el plazo para emitir el
voto electrónico remoto por los senadores autorizados de las dos
siguientes mociones: en primer lugar, de la moción por la que el Senado
apoya e insta al Gobierno a continuar desarrollando las políticas
públicas en favor de los pensionistas, del Grupo Parlamentario
Socialista, que se votará en sus propios términos; y, en segundo lugar,
de la moción por la que se insta al Gobierno a extender la rebaja del IVA
del 5 % del gas y la electricidad durante todo el invierno y mientras no
se atempere la gravedad de la crisis, del Grupo Parlamentario Popular,
que se votará también en sus propios términos.


Se abre el plazo de quince minutos desde este momento, en que son las
dos y veinte minutos, hasta las dos y treinta y cinco minutos de la tarde
de hoy. Asimismo, señorías, les recuerdo que la votación presencial de
estas mociones tendrá lugar una vez finalizado el debate del último punto
del orden del día.









CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO VASCO Y EL
GOBIERNO DE CANTABRIA EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA.


592/000020

GOBIERNO VASCO
GOBIERNO DE CANTABRIA


El señor presidente lee los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas sobre que la
celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes
Generales.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa). El Grupo Democrático y el
Grupo Socialista.


¿Algún otro grupo? (La señora Ahedo Ceza pide la palabra).


Tiene la palabra, en primer lugar, el senador Fernández
Viadero.


El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, presidente.


Intervengo simplemente para poner en valor estos acuerdos de
colaboración entre el Gobierno vasco y el Gobierno de Cantabria, que
afectan a localidades de nuestras comunidades, en concreto al Valle de
Villaverde, un enclave cántabro en la provincia de Vizcaya, y también al
municipio de Lanestosa en el País Vasco. También es una colaboración
circunscrita a ciertas especialidades que no tiene la Comunidad Autónoma
de Cantabria en sus hospitales o que no tiene la Comunidad Autónoma del
País Vasco y, por tanto, simplemente quiero manifestar el agradecimiento
a ambos gobiernos por llegar a estos convenios, que son los que hay que
poner en valor para que las administraciones se pongan de acuerdo para
dar servicio a la gente que lo necesita, independientemente del lugar
donde viva.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Vasco —no la había visto, discúlpeme— tiene
la palabra la senadora Ahedo.


La señora AHEDO CEZA: Gracias, señor presidente.


Simplemente quisiera comentar que las buenas relaciones de vecindad
han hecho posible que entre Cantabria y Euskadi haya existido una
colaboración histórica en diferentes ámbitos y, en este caso, en mi grupo
nos agrada realmente que dos gobiernos sean capaces de ponerse de acuerdo
y firmar un convenio de cooperación, tanto para zonas limítrofes como en
atención especializada, en un tema tan importante y tan sensible como la
atención sanitaria, que supone finalmente poner en el centro a las
personas y mejorar el servicio a la ciudadanía.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo Ceza.


Había solicitado también la palabra el Grupo Parlamentario
Socialista. Tiene la palabra su señoría la senadora Fernández
Gutiérrez.


La señora FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Señor presidente, señorías,
ratificamos hoy aquí un convenio entre el Gobierno cántabro y el Gobierno
vasco para poner en valor las políticas sanitarias. Es un ejemplo más de
colaboración entre administraciones; es un ejemplo más de éxito del
Estado de las Autonomías, que, en el ejercicio de sus competencias,
tratan siempre de mejorar los servicios públicos, y más en una materia
tan sensible como es la sanitaria, que redunda siempre en una mejora de
la calidad de vida de la ciudadanía.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de
dicho convenio.










PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA INSULARIDAD Y LA SITUACIÓN
PERIFÉRICA DE LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA.


543/000007

Despoblación y Reto Demográfico


El señor presidente lee los puntos 10., 10.1. y 10.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del informe, tiene la
palabra la señora presidenta de la Comisión de Despoblación y Reto
Demográfico, doña Carmen Torralba Valiente.


La señora TORRALBA VALIENTE: Señor presidente, con fecha 12 de
noviembre de 2020, la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico aprobó
una moción del Grupo Parlamentario Socialista 661/000293, con la
incorporación de una enmienda presentada por el Grupo Popular, por la que
se acordó la creación de la Ponencia de estudio sobre la insularidad y la
situación periférica de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el
seno de la propia Comisión de Despoblación y Reto Demográfico. El
objetivo ha sido obtener un estudio detallado de las singularidades de
estos territorios en todos sus ámbitos para garantizar la igualdad real y
efectiva de su ciudadanía y remover los obstáculos que dificultan su
plenitud.


En cumplimiento de dicha moción, la comisión procedió, en su sesión
del 3 de diciembre de 2020, a designar a los miembros de la ponencia,
quedando esta formalmente constituida. Bajo mi Presidencia como titular
de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico forman parte de la
ponencia, de acuerdo con los criterios fijados por la Mesa de la Cámara,
los siguientes senadores y senadoras: por el Grupo Parlamentario
Socialista, don Cosme Bonet Bonet y doña Paloma Hernández Cerezo; por el
Grupo Parlamentario Popular, doña Sofía Acedo Reyes y don José Vicente
Marí Bosó; por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, don
Bernat Picornell Grenzner, que causó baja el 13 de mayo de 2021, y doña
Elisenda Pérez Esteve, con alta del 28 de mayo de 2021; por el Grupo
Parlamentario Vasco, don Juan Carlos Medina Martínez; por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal, don Vicenç Vidal Matas entre el 3
de diciembre de 2020 y el 15 de septiembre de 2021 y entre el 8 de junio
y el 13 de junio de 2022, y don Fabián Chinea Correa, entre el 15 de
septiembre de 2021 y el 8 de junio de 2021, y desde el 13 de junio
de 2022 en adelante; por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado, don Fernando Clavijo Batlle; por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, don Francisco Javier Hervías Chirosa, que causó baja el 15 de
marzo de 2021, y doña Carlota Santiago Camacho, que fue alta el 8 de
abril de 2021 y baja el 11 de mayo de 2021; por el Grupo Parlamentario
Democrático, doña Beatriz Martín Larred, con alta el 16 de junio de 2021;
y por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, doña Beatriz Martín
Larred, que causó baja el 16 de junio de 2021, y doña Yolanda Merelo
Palomares, con alta el 16 de junio de 2021.


La ponencia estuvo asesorada por los letrados adscritos a la misma y
contó con la eficacia y colaboración de los servicios técnicos y
administrativos de esta Cámara. Quiero agradecer especialmente la
disposición y el permanente asesoramiento del letrado, don Benigno
Pendás, que ha estado a nuestra disposición siempre que lo hemos
requerido.


Se han celebrado 14 sesiones de la ponencia, en la que han
comparecido 64 ponentes, cuyas intervenciones se han distribuido según el
bloque temático determinado en el plan de trabajo: institucional,
económico y transformación digital, transportes, emergencia climática y
medio ambiente, y políticas sociales y diversidad, todas ellas del máximo
interés y relevancia para los fines de esta ponencia. Tanto la
insularidad como la situación especial de Ceuta y Melilla tienen su
reflejo en diversos preceptos de la Constitución española. De ahí el
interés de la ponencia en conocer de primera mano los problemas reales
que se plantean en las dos comunidades autónomas y en las ciudades
autónomas afectadas. Merece destacarse el amplio número de
comparecencias, asumiendo las peticiones de todos los grupos
parlamentarios, y en especial la presencia de los presidentes de las
Islas Baleares, de Canarias, de Ceuta y de Melilla, así como de los
presidentes de todos los cabildos y consejos insulares. Esto es una buena
muestra de la repercusión de los trabajos del Senado en su condición de
Cámara de representación territorial.


Las conclusiones, distribuidas en diferentes bloques, recogen muchas
de las propuestas presentadas por los comparecientes, en especial las que
reflejan el consenso con las instituciones públicas y la sociedad civil
sobre cuestiones que preocupan a la ciudadanía de los distintos
territorios. La ponencia cuyos trabajos tengo el honor de presentar ha
pretendido contribuir al debate actual desde el rigor técnico y el
consenso político.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.


A este informe se han presentado dos votos particulares. Para la
defensa del primero de ellos tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Mixto, su señoría la senadora Merelo Palomares. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).


La señora MERELO PALOMARES: Gracias, presidente.


Señorías, el informe que se presenta a modo de conclusiones de la
Ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de las
ciudades de Ceuta y Melilla mantiene los mismos defectos que Vox
denunciaba en comisión. Las pocas esperanzas que depositamos en estos dos
años de trabajo se han visto totalmente disipadas viendo las conclusiones
que se han presentado. Parece más una oda a la gestión del Gobierno,
limitándose a reconocer de manera superficial los problemas, y las
soluciones que proponen son erráticas y del todo insuficientes. Las
conclusiones hacen alusión al principio de solidaridad interterritorial,
al régimen económico y fiscal canario y a la organización de los cabildos
insulares, presentándolos como algo novedoso que motiva acciones
políticas, cuando la verdad es que estos principios llevan perteneciendo
a nuestro texto fundamental más de cuarenta y cuatro años, el mismo
tiempo que llevan ignorándose por los distintos gobiernos de turno. Por
esta razón, permítanme que ponga en duda que los grupos políticos que
tradicionalmente han ocupado esta Cámara vayan a empezar ahora a tomarse
en serio a la España insular y extrapeninsular tras décadas de
desidia.


Pero avanzando en el texto encontramos que el ánimo de autoalabanza
llega a tal extremo, que pierde todo contacto con la realidad y lleva a
atribuir siempre los problemas que afrontan estos territorios a factores
externos. Así, cuando se hace referencia a la crisis de inmigración se
culpa a Marruecos o a la Unión Europea, pero no hay ni una sola mención a
los graves errores en los que han incurrido los gobiernos de populares y
de socialistas. Señorías, la seguridad del Reino de España pasa, primero,
por nosotros mismos. No eludan su responsabilidad.


En lo referente a transportes y movilidad, se hacen varias menciones
al establecimiento de bonificaciones al transporte de mercancías, pero se
olvidan de la bonificación del transporte de personas y no lo mencionan
con carácter expreso. En lo concerniente al favorecimiento del turismo
vemos con buenos ojos que se establezca la meta de potenciarlo, pero nos
sorprende que se rechace nuestra propuesta de construir un aeropuerto en
la Ciudad Autónoma de Ceuta y sí se incluya la construcción de un puerto
deportivo, cuando allí ya tenemos uno. La lógica nos dice que para que un
puerto deportivo sea viable resulta necesaria una afluencia significativa
de personas, lo que hoy día se presenta imposible considerando las
actuales vías de acceso.


Por otra parte, cuando se denuncian las tasas de fracaso escolar que
presenta la España insular y extrapeninsular, no hay ninguna alusión a
las implicaciones que en ello tiene el hecho de que sean estas zonas las
que mayor presión inmigratoria reciben. Una muestra más de la falta de
rigor que las actuales conclusiones ofrecen, pasando de manera
superficial por estas cuestiones, sin atacar la índole de los problemas y
sin señalar dónde se encuentran los auténticos elementos
desestabilizadores.


Finalmente, les hacemos saber que es imposible solventar las
deficiencias de los territorios españoles insulares y extrapeninsulares
sin establecer un control férreo del hecho inmigratorio, pues, de lo
contrario, la demanda de recursos crecerá año tras año, sin que los
españoles que allí habitamos veamos las condiciones equiparadas a las del
resto de compatriotas peninsulares.


Como comprenderán, nuestra formación no puede apoyar este informe y,
más aún, sabiendo que no conduce a ninguna parte. Por ello, presentamos
nuestro voto particular proponiendo unas conclusiones que de verdad vayan
encaminadas a hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial
y que respeten la igualdad de los españoles, con independencia del lugar
de la geografía española en la que se encuentran. En primer lugar, hemos
de exigir el íntegro respeto de nuestra soberanía sobre todos y cada uno
de los territorios que conforman el Reino de España, prestando especial
énfasis a Canarias, Ceuta, Melilla y demás posesiones españolas en el
norte de África, exigencia que ha de ir dirigida, en primer lugar, al
Reino de Marruecos. En segundo lugar, y de manera simultánea, hay que
asegurar los territorios españoles del norte de África, cerrando las
fronteras con Marruecos, reforzándolas mediante la institución de
fronteras inteligentes dotadas de todos los medios humanos y técnicos que
garanticen su plena efectividad, y procediendo a la devolución inmediata
de todo aquel que no se encuentre en situación acorde con la legalidad.
En tercer lugar, es preciso acabar de una vez por todas con la excepción
del Tratado Schengen con respecto a Ceuta y a Melilla. En cuarto lugar,
una vez creadas las condiciones de estabilidad y seguridad necesarias, se
deben efectuar inversiones en los territorios insulares y
extrapeninsulares con el fin de corregir todos y cada uno de los
desequilibrios de los que pueden adolecer. Así, tal y como recogemos en
nuestro voto particular, hay que efectuar inversiones de hondo calado que
produzcan mejoras en la conectividad entre la España peninsular,
extrapeninsular e insular, como, por ejemplo, la construcción de un
aeropuerto en la Ciudad Autónoma de Ceuta; mayores bonificaciones al
transporte de personas y mercancías o un aumento de las inversiones en el
puerto de Ceuta. A los efectos de disminuir las tasas de fracaso escolar,
directamente relacionadas con la inmigración, proponemos instituir planes
de inmersión lingüística en español obligatorios para todos aquellos
inmigrantes que no tengan un uso razonable del idioma. En lo relativo a
la vivienda, ha de fomentarse la construcción de la vivienda pública y
contener el alza de los precios que conllevan la imposibilidad de muchas
familias, especialmente en Ceuta, de poder permitirse una vivienda en
propiedad.


Como ven, son medidas efectivas y desacomplejadas que llevamos
proponiendo durante toda esta legislatura. Los animamos a afrontar la
realidad y a mostrar valentía aceptándolas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Para la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la senadora Acedo Reyes.


La señora ACEDO REYES: Gracias, señora presidenta.


Señora Merelo, solo un matiz, me resulta un poco ofensivo que hable
de Ceuta, Melilla y Canarias como posesiones de España. No somos
posesiones de España, somos directamente España. (Aplausos). No entiendo
en qué momento a usted se le ha ocurrido utilizar esa expresión para
referirse a Ceuta, a Melilla y a Canarias.


Nosotros hemos presentado un voto particular con texto alternativo a
este documento que presenta el Grupo Parlamentario Socialista que hoy
sometemos a aprobación, porque se nos ha quedado muy corto. La voluntad
de nuestro grupo ha sido, siempre al margen de consideraciones
ideológicas, aportar con honestidad nuestra experiencia como melillenses,
ceutíes, baleares y canarios desde el conocimiento que tenemos de las
necesidades, las carencias y también las potencialidades que tienen
nuestros territorios. Por ello, pensamos que con esta ponencia se nos
abría la posibilidad de redactar un ambicioso documento de
recomendaciones y, dado que no es vinculante, nos permitiría recoger
todas aquellas cuestiones que son fundamentales para las dos comunidades
autónomas referidas y las dos ciudades autónomas, con un amplio consenso
parlamentario y con el objetivo de que trascendiese al Gobierno de turno.
Siendo conscientes de que todo no se podría hacer de manera inmediata, sí
quedaría reflejada la hoja de ruta a seguir por los distintos gobiernos
que estén al frente de nuestro país en los próximos años.


Hemos perdido una gran oportunidad porque el Grupo Parlamentario
Socialista, que sustenta al Gobierno de España, ha elegido plegarse a las
exigencias de este más que a responder a las necesidades de cada uno de
los territorios referidos. Prefieren la comodidad del Gobierno del señor
Sánchez. Sin embargo, nuestro documento alternativo de recomendaciones y
conclusiones prioriza las exigencias de Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla sobre la comodidad del Partido Popular, que más pronto que tarde,
si así lo deciden los españoles, estará liderando el Ejecutivo de España.
El nuestro es un documento de máximos cuyo objetivo es rescatar el
compromiso del Gobierno de España desde hoy y de cara al futuro
—insisto, con independencia del color político— para con
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla; un compromiso para dotarnos de una
atención especial que venga a corregir esos déficits que, como
consecuencia de la extrapeninsularidad y de la insularidad, nos vienen
gravando, para que nuestro tratamiento sea en igualdad de condiciones y
de oportunidades que el resto de españoles. Lamentablemente, lo que hoy
nos ofrece el Grupo Socialista es un acuerdo de mínimos, pobre, con mucha
literatura y pocas medidas concretas. Es poco útil porque, entre otras
cosas, le falta realismo por el temor del Grupo Parlamentario Socialista
a abordar las demandas reales más importantes que nos han planteado los
tres presidentes y la presidenta de Baleares y la mayoría de los
comparecientes que nos han acompañado en estos dos años de trabajo.


Permítanme destacar algunas de las cuestiones más perentorias que
ustedes no han incorporado en su documento, pero que nosotros sí
recogemos en nuestro voto particular. Este documento habla del esfuerzo
tan grande que el Gobierno de España está haciendo en política migratoria
en términos generales, y concretamente se refiere a Canarias. Permítanme
decirles, señorías socialistas, que si ese gran esfuerzo que hace el
Gobierno no viene acompañado con buenos resultados, ustedes fracasan por
la vía de los hechos. Han abandonado a Canarias, han abandonado a los
canarios obviando la tragedia que allí se vive diariamente con la
inmigración irregular, el colapso de los servicios públicos y la
saturación de la Administración en sus diferentes niveles. La realidad es
que, en lo que va de año, han llegado a Canarias más de 11 500 personas y
más de 4000 han perdido su vida en el mar. ¿Para ustedes ese es un buen
balance? ¿Esta situación no requiere de medidas inmediatas que tendrían
que estar recogidas en este documento? Ustedes han normalizado la
tragedia, la han naturalizado como algo propio de Canarias, y ya les digo
que no lo es; lo que sí es propio y se ha convertido en la normalidad del
Gobierno de España es mirar hacia otro lado, es seguir abandonando a
Canarias y a los inmigrantes, que siguen llegando a nuestro país por la
ruta más peligrosa que existe, que es la canaria. (Aplausos).


Tampoco, señorías, recogen en su documento la necesidad de articular
mecanismos óptimos que ayuden a recuperar definitivamente la principal
industria canaria, como es el turismo, ni inversiones públicas para la
diversificación de su economía, para dar oportunidades al 60 % de jóvenes
canarios que hoy están en paro y que no pueden llevar a cabo su proyecto
vital. O que lleguen de una vez, señorías —ya se lo dijeron ayer al
ministro— las ayudas a los palmeros que siguen sufriendo las
devastadoras consecuencias de la erupción del volcán de La Palma.
(Aplausos).


En lo que se refiere a Ceuta y Melilla, tampoco han aceptado
cuestiones tan vitales como impulsar una mayor integración de ambas en la
Unión Europea, con nuestra entrada en la unión aduanera, con el
mantenimiento de nuestro régimen económico y fiscal, impulsar un
tratamiento asimilado al de regiones ultraperiféricas y nuestra
incorporación en el Comité de las Regiones de manera efectiva. Ustedes
obvian la necesidad de destinar inversión pública en nuestras
infraestructuras estratégicas, como puerto, aeropuerto y frontera, para
la atracción de inversión privada, pero también en educación y sanidad
que permitan desatascar el actual colapso de dos servicios tan básicos
como estos; o contemplar de manera estructural una compensación por el
hecho singular fronterizo que concurre en ambas ciudades, y
condicionantes de la seguridad hasta en la prestación de los servicios
públicos básicos, pasando por el impacto en la economía de ambas
ciudades. No entendemos la negativa del Grupo Parlamentario Socialista y
del Gobierno de España.


Otro ejemplo. En Baleares, el Grupo Parlamentario Socialista se ha
negado a incorporar expresamente la necesidad de aprobar cuanto antes un
régimen fiscal propio específico, que potenciaría la actividad económica
y ayudaría a impulsar la histórica industria balear, cada vez más
mermada. La propia presidenta socialista lo pidió y con urgencia, pero
parece que no fue suficiente, y actualmente hay un anteproyecto aprobado
por el Gobierno socialista en el año 2019 metido en un cajón desde
entonces. Ahí se puede quedar. Tampoco lo entendemos, señorías
socialistas, tampoco lo entendemos.


Lo cierto es que, encontrándonos en este punto, no nos queda más que
pensar que el Grupo Parlamentario Socialista creó esta ponencia para
esconder la falta de compromiso real con el Boletín Oficial del Estado y
con los Presupuestos Generales del Estado para con Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla. Llevan ustedes siete años al frente del Gobierno de
España. ¿A qué esperan para comprometerse realmente con estos
territorios, con medidas concretas, y no con un brindis al sol, como han
hecho ustedes con este documento? Empezando por la conectividad de
pasajeros, tanto de residentes como de no residentes, pero también con
las mercancías y su bonificación Todavía estamos esperando el compromiso
del Gobierno de España de bonificar el transporte de mercancías. Porque
esto, además de impulsar nuevas actividades empresariales, también
permitiría el mantenimiento de las actuales en términos de viabilidad.
Estos cuatro territorios no peninsulares, señorías, tienen que ser
atendidos desde la diferencia de partida para hacernos cada vez más
iguales en oportunidades respecto del resto de los españoles
peninsulares. Corregir, como ya he dicho, estos déficits que nos siguen
gravando en nuestro desarrollo y bienestar. Conocer y atender la
pluralidad real de nuestro país, y no solo de quienes les sustentan a
ustedes en el Gobierno de España.


Definitivamente, ustedes no pierden oportunidad en cada medida, en
cada gesto, en cada política, de alejarse cada vez más de la realidad de
los españoles. Esta vez no iba a ser menos. Este documento está muy
alejado de las exigencias y de las demandas de Canarias, Baleares, Ceuta
y Melilla, y por ello, por obligación, por responsabilidad y por
convicción, presentamos este voto particular.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Para el turno en contra, tiene la palabra el senador Bonet Bonet, del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor BONET BONET: Gracias, señora vicepresidenta.


Señoras y señores senadores, permítanme que empiece saludando,
primero, a una notable representación del Govern de las Illes Balears que
hoy nos acompaña, síntoma de la importancia que damos en mi tierra al
debate de hoy. (Aplausos).


En este punto, el Estado, a través de una de las dos Cámaras que
conforman el Poder Legislativo, está fijando su atención en los
territorios más periféricos de nuestro país, a veces los más olvidados,
siempre los más lejanos, que reclaman hoy toda su atención para que sus
necesidades, demandas y reivindicaciones sean tenidas en cuenta y se
incorporen a la agenda política del Estado. Tal vez algunos de ustedes
consideren que este es un pequeño paso en el marco de la compleja
situación política internacional y de la incertidumbre económica que nos
amenaza; sin embargo, es un paso adelante, necesario, importante y, sobre
todo, inédito hasta ahora. Esperamos que estas conclusiones sean tenidas
en cuenta por todos aquellos que de una forma u otra, con su tarea de
Gobierno o sus propuestas desde la oposición —aunque no esté
presente el señor Feijóo en este debate—, desde las Cortes o el
Gobierno, desde la política española o la europea, como una guía para
entender lo que esperamos los insulares, los ciudadanos de Ceuta y
Melilla. Porque estas conclusiones, al contrario de lo que se acaba de
afirmar, sí que reflejan el sentido de las comparecencias. (Un señor
senador pronuncia palabras que no se perciben). No lo he entendido, señor
senador. No sé qué me está diciendo, y no sé si tiene el turno de
palabra. Perdone.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Les ruego que no abran un
debate entre ustedes. (Rumores).


Por favor, señoría...


El señor BONET BONET: ¿Puedo continuar o van a seguir
interrumpiéndome? (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Guarde silencio, señoría,
por favor.


El señor BONET BONET: Si usted quiere venir a debatir, puede venir a
debatir.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Senador, continúe, por
favor.


El señor BONET BONET: Quien se pica, ajos come. (Aplausos).


Este debe ser un documento de estudio y no un arma partidista. Creo
que, afortunadamente, la mayoría de los ponentes no comparten el punto de
vista que ha planteado aquí el Grupo Mixto. Hemos oído una demonización
de la inmigración, un sesgo ideológico de tintes xenófobos que, por
fortuna, apenas han compartido los comparecientes en esta ponencia de
estudio. (Aplausos). Y, además, con algunos errores en su intervención,
como negar que se contemplen las inversiones portuarias en Ceuta o la
cuestión de la vivienda, que tiene incluso todo un punto dedicado a ello.
Por supuesto, tampoco comparto buena parte del punto de vista del Grupo
Popular en dos casos: ni en la afirmación de que su voto particular
refleje mejor lo que se ha tratado en la ponencia, ni en el augurio de un
rápido cambio político, porque estas previsiones ya las oímos en tiempos
del señor Casado, y miren dónde estamos. Finalmente, sorprende que las
dos senadoras hayan hecho mucha referencia a la inmigración, cuando este
Senado ha tenido la oportunidad de tener una ponencia específica de
estudio sobre migraciones de la que ya se aprobaron sus
conclusiones.


Por tanto, hemos escuchado atentamente las intervenciones en defensa
de los votos particulares, centrados en cuestiones que, por supuesto,
tienen que ver con lo que se trató en la ponencia; sin embargo, tengo que
hacer una apreciación importante: los temas que se han defendido están
reflejados en las conclusiones que aprobó la comisión. Esto es negar la
mayor de lo que han dicho ustedes, tal vez no en el sentido que hubieran
querido las intervinientes anteriores, pero no puede decirse que no se
haya hecho un importante esfuerzo de integración de los puntos de vista
de los distintos grupos, así como de las opiniones de los numerosos
expertos, representantes institucionales o de la sociedad civil, que
durante más de un año han comparecido en la ponencia de estudio. Quede
constancia, por tanto, del agradecimiento del Grupo Socialista a todos
los ponentes, a pesar de todo, por su contribución al resultado de las
conclusiones que debatimos hoy.


Este turno, concebido como un turno en contra en el Reglamento de la
Cámara, no puede ser otra cosa que un turno a favor de las conclusiones
de la ponencia de estudio; a favor de la importancia que tiene la propia
ponencia y sus conclusiones, que hoy aprobaremos, para las islas y para
Ceuta y Melilla; la importancia que tiene el propio proceso de escucha
activa de los representantes de los territorios insulares y de Ceuta y
Melilla, en cumplimiento de la misión que la Constitución encomienda al
Senado: ser la Cámara de representación territorial, de todos los
territorios. Esta es la Cámara adecuada, la que debe acoger la realidad
plural y la diversidad que enriquece a nuestro país; esta es la Cámara
que debe velar por que todos los territorios sean escuchados por el
Estado, especialmente aquellos más periféricos, que son los que en esta
ponencia han tenido durante más de un año y tienen aún todo el
protagonismo. Las presidentas y presidentes autonómicos —ya se ha
dicho—, de las ciudades autónomas, de los cabildos y los consells
insulars, sindicatos, empresarios, expertos universitarios,
representantes de la sociedad civil, han podido dejar su opinión, su
visión en la sede del Senado; y esto es lo que reflejan las conclusiones
que sometemos a su aprobación, señoras y señores senadores, sin rehuir
ninguno de los temas planteados, al contrario de lo que se ha afirmado en
las numerosas sesiones de la ponencia.


¿Y qué temas se han planteado? El Senado hoy va a recomendar que se
adopten medidas específicas para garantizar la prestación y eficiencia de
las competencias de la Administración General del Estado en las islas,
que es una preocupación que estuvo en boca de varios de los ponentes que
comparecieron. En las conclusiones defendemos que la insularidad debe ser
un elemento a tener en cuenta en toda la acción legislativa de los
poderes del Estado, pero no solo del Estado; en las Illes Balears
reivindicamos que la Unión Europea tenga en cuenta la condición especial
de las islas, el hecho insular, un compromiso en el que ya trabajan en el
Govern de las Illes Balears con el Gobierno de España. El Senado, al
aprobar hoy estas conclusiones, también estará reivindicando la
representación de la isla de Formentera, que la isla de Formentera pueda
elegir su representante en esta Cámara.


Reconocemos en las conclusiones la necesidad de avanzar en el
traspaso de competencias y también en las medidas fiscales especiales, en
un régimen específico fruto de la negociación y del acuerdo para las
Illes Balears; unas medidas que son el complemento del régimen especial
que se aprobó en el año 2019 y que hace justo un año fue dotado con 183
millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado; un hito que
superó con creces todas las previsiones de regímenes especiales de
Gobiernos anteriores y que habrá visto la luz con unos gobiernos
presididos por un socialista en la Moncloa y por una socialista en las
Illes Balears.


La conectividad no queda al margen de las conclusiones, con un apoyo
claro a los descuentos del 75 %, un derecho de los residentes que
reclamamos que se preserve. Son medidas específicas también las que
reclamamos para el sector primario, el apoyo a la industria balear o al
transporte de mercancías en las islas, que aparecen en las conclusiones y
constituyen un reflejo de las opiniones y análisis que hicimos en la
ponencia. Les habla un senador de una tierra que sufrió especialmente los
efectos de la pandemia por la dependencia de la conectividad aérea y
marítima y del turismo; un sector particularmente afectado por las
restricciones adoptadas en todo el mundo para controlar la expansión del
virus, pero, a pesar de esas dificultades, las Illes Balears pueden
presentarse hoy ante el resto de territorios del Estado como una de sus
locomotoras económicas, que, junto con Canarias, están demostrando su
capacidad de recuperación y tirando de la economía de este país.
(Aplausos). Sin duda, los archipiélagos están contribuyendo a la
recuperación de la economía española, aportando el saber hacer de sus
trabajadores, de sus empresarios, pero también de sus gobiernos, que han
sabido preservar los servicios públicos mientras apoyaban con medidas
extraordinarias el tejido productivo en su sentido más amplio. Las islas,
por tanto, no solo tenemos reivindicaciones para exponer en esta Cámara
ante el conjunto de los poderes del Estado, también tenemos ejemplos,
ideas, emprendimiento, innovación, propuestas que deben ser tenidas en
cuenta. Somos, como decía el gran poeta Miquel Costa i Llobera, de cuya
muerte conmemoramos el centenario: Fills d’una raça dreturera i
forta que unia el seny amb l’ímpetu. Sirva esta intervención, por
tanto, para reivindicar desde esta tribuna la aportación de los
territorios más lejanos del centro del Estado, que, sin embargo,
contribuyen de forma destacada y lideran la recuperación de este
país.


Voy acabando. No he querido que esta intervención fuera un desglose
del extenso documento que sometemos a su aprobación; no era ese el
objetivo, pero sí querría que sirviera de demostración de la importancia
que reviste para nosotros, senadoras y senadores representantes de las
islas Canarias, Balears y de Ceuta y Melilla, el hecho de que el Senado
haya dedicado sus esfuerzos y atención a ese mandato del artículo 138 de
la Constitución española que encarga atender las circunstancias del hecho
insular a la hora de establecer el equilibrio económico entre los
territorios que forman parte del Estado. Hemos sido, somos y seguiremos
siendo solidarios. Contribuiremos cada día a ese equilibrio económico, a
esa solidaridad interterritorial, pero también esperamos que esa
solidaridad sea de ida y vuelta y que el Estado se implique, con todas
sus fuerzas, en preservar esa igualdad de derechos de los ciudadanos de
nuestras islas y ciudades autónomas que la Constitución nos
encomienda.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Pasamos al turno de
portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Merelo
Palomares.


La señora MERELO PALOMARES: Gracias presidenta.


Yo no sé exactamente en qué lugar, en qué momento, la senadora Acedo
no ha comprendido mi discurso, pero no tengo ningún inconveniente en
repetirle exactamente lo que he dicho. Se lo leo textual: en primer
lugar, hemos de exigir el íntegro respeto de nuestra soberanía sobre
todos y cada uno de los territorios que conforman el Reino de España,
prestando especial énfasis a Canarias, Ceuta, Melilla y demás posesiones
españolas en el norte de África. La verdad es que no sé en qué momento se
ha perdido usted. Pero le voy a decir una cosa: lecciones de españolidad
a mí, como melillense y residente en Ceuta, usted no me va a dar
ninguna.


Señorías, tras los pronunciamientos de los distintos grupos, nuestros
peores presentimientos han quedado confirmados; más de dos años de
trabajo, y la conclusión es un documento vacuo, incoherente e ineficaz,
que, sorprendentemente, cuenta con la satisfacción de todos los grupos
políticos, con la única salvedad de Vox. Esta mera declaración de
intenciones no supone el punto de partida para la mejora de la situación
de territorios españoles insulares y extrapeninsulares. Como expresó el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en comisión, consiste en una
muestra más de la falta de compromiso real que existe con respecto a la
España peninsular y extrapeninsular; prueba evidente de ello es que
cuestiones como la solidaridad interterritorial y la igualdad de los
derechos de los ciudadanos, con independencia del lugar del territorio
nacional en el que se encuentren, no son algo novedoso sino obligaciones
que pesan sobre todos los poderes del Estado desde hace más de cuarenta
años. Entendemos que exista preocupación al respecto, y así lo ha
denunciado en numerosas ocasiones nuestro grupo, pero no es creíble que
aquellos partidos que llevan décadas en las instituciones y han tenido
sobradas posibilidades de revertir estos males abanderen ahora esta
causa. Hago especial alusión aquí a las señorías del PP que denuncian
ahora que es un acuerdo de mínimos que no les satisface, y proponen
medidas que ni siquiera llevaron a cabo con gobiernos en los que contaron
con mayoría absoluta. Si bien no todo se circunscribe a esta cuestión,
incluso cuando aparecen síntomas a priori positivos, como la
consideración de la inmigración ilegal como elemento desestabilizador,
pronunciamiento que agradecemos al resto de fuerzas al unirse por fin a
nuestro criterio, se utilizan, en lugar de para mejorar la situación,
para abundar en su empeoramiento, y así se denuncia por una parte la
inmigración ilegal, pero, por otra, se propone como remedio su reparto
por toda la geografía nacional, agravando la problemática y haciendo que
el remedio sea peor que la enfermedad. Todo ello por no referirnos a la
manifiesta contradicción que supone el hecho de que se reclame una mayor
presencia del Estado y, luego, se aproveche para aumentar las
competencias autonómicas; en definitiva, un despropósito del que nos
negamos a participar. El documento objeto de este debate satisfará al
resto de formaciones, pero no a Vox.


Tampoco nos verán pronunciarnos en los términos del Partido Popular,
el cual se muestra complaciente con la izquierda a la que hipócritamente
criticó a partes iguales, aun a sabiendas de que muchas de sus propuestas
han sido aceptadas por el Partido Socialista y finalmente recogidas no
mostrando oposición al informe que se presentó en comisión, que viene a
ser en esencia el mismo que hoy se discute. Las enmiendas de Vox, sin
embargo, han sido rechazadas en su totalidad.


Finalmente, reiteramos nuestra posición defendiendo que, solo
estableciendo un marco de indiscutida seguridad en Canarias, Baleares,
Ceuta, Melilla, se pueden sentar las bases de la prosperidad, desarrollo
e igualdad de condiciones en todos los territorios que componen la nación
española. Por eso es de vital importancia establecer unas fronteras
impenetrables como premisa principal y, por eso, hay que proceder a la
devolución inmediata de las entradas ilegales, y una vez reestablecida la
seguridad con carácter inmediato proceder de conformidad con lo propuesto
por nuestro grupo: bonificación del transporte, mejora de los medios de
acceso, promoción de la vivienda, entrada de las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla en el espacio Schengen, reconocimiento expreso de la
soberanía española sobre Canarias, Ceuta, Melilla y demás territorios
españoles del norte de África por parte del Reino de Marruecos, y resto
de propuestas que hemos manifestado y ustedes han rechazado. Solo de esta
manera se garantiza que el informe resultante sea serio y que, tras su
aplicación, las deficiencias y problemas que aquejan a la España insular
y extrapeninsular encuentren una pronta solución. No podemos derrochar el
tiempo y el dinero de los ciudadanos de esta manera. Por esta razón,
nuestro voto va a ser en contra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene la palabra la senadora
Martín Larred.


La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidenta.


Señorías, quiero empezar mi intervención felicitando a todas las
personas que han participado en la elaboración de las conclusiones de
esta ponencia. A lo largo de 14 sesiones, hemos escuchado las
aportaciones de 64 comparecientes, cuyos puntos de vista han sido muy
enriquecedores para disponer de un excelente diagnóstico del que hemos
extraído numerosas conclusiones plasmadas en este informe.


Quiero dar las gracias a todos los ponentes, a los miembros de la
comisión y a todo el personal de esta Cámara porque han hecho un
magnífico trabajo. Esta ponencia refuerza, además, el papel del Senado
como órgano fundamental para buscar soluciones a la realidad territorial
de España, un país plural y diverso con problemas de vertebración y
cohesión, que exige trabajos rigurosos como este para aplicar medidas
útiles que redunden en una mejor calidad de vida del conjunto de los
ciudadanos.


También, le da sentido a esta Comisión de Despoblación y Reto
Demográfico, comisión que consideramos que debe adquirir todavía más
importancia, dada la relevancia de las cuestiones que aquí se debaten.
Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos como nación
son los graves desequilibrios internos que repercuten negativamente en el
bienestar social y económico de muchos ciudadanos, generando
desigualdades inaceptables, debido a una ordenación mal planificada del
territorio.


La situación geográfica de nuestras dos comunidades insulares y de
nuestras dos ciudades autónomas las convierten en zonas con unas
peculiaridades que exigen una especial atención para hacer frente a
problemas particulares de trascendencia nacional. Todos ellos se han
hablado en las sesiones de la ponencia y se han aportado propuestas en
materia de transporte, movilidad, inmigración, sostenibilidad y creación
de empleo. Se recogen medidas diferenciadoras y planes específicos para
responder a los desafíos a los que tienen que hacer frente y se atiende a
un mandato constitucional.


Nuestra carta magna, como también se recuerda en las conclusiones de
la ponencia, y como también nombramos en esta misma Cámara en el
juramento de nuestra condición de senadores, tanto mi compañero Joaquín
Egea como yo hace casi tres años, específica en su artículo 138.1, que el
Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad
consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el
establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español. También, como hemos relatado
desde Teruel en más de una intervención, es un mandato del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea, que en su artículo 174 incide en que
se debe prestar especial atención a las zonas rurales, a las zonas
afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen
desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como, por
ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de
población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña.


Como ya saben, Teruel Existe vela permanentemente por el cumplimiento
de estos dos artículos, porque, como pueden imaginar todas sus señorías,
mi provincia forma parte de ese grupo de territorios con graves problemas
de vertebración y ha sido sometida por los poderes públicos a un olvido,
desatención y aislamiento continuado durante décadas. Por este motivo,
nos sentimos plenamente identificados con gran parte de los problemas que
se han puesto de manifiesto a lo largo de estas sesiones y que se ven
recogidos en el documento final de la ponencia. Aunque pueda parecer que
Teruel tiene poco que ver con los archipiélagos canario y balear o con
nuestras dos ciudades españolas rodeadas íntegramente por otro
continente, compartimos esa sensación de aislamiento y somos
especialmente sensibles a la necesidad de aplicar fórmulas específicas
que lo atajen.


Teruel está situada a pocos kilómetros de algunas de las ciudades más
desarrolladas de España, como Valencia, Zaragoza o Barcelona, y está a
poco más de 300 kilómetros de Madrid. ¿Saben ustedes que acceder a todas
estas ciudades desde mi provincia, en transporte público, es poco más que
una odisea? ¿Saben que se tarda mucho más tiempo que desde algunas de
estas comunidades y ciudades que son protagonistas de esta ponencia? Por
eso entendemos mejor que nadie la necesidad de este tipo de trabajos, que
también reclamamos para las provincias de interior, auténticas islas
dentro de la península, sometidas a décadas de abandono.


Las malas comunicaciones acarrean, además, problemas de índole
económico y social, como también se destaca en las conclusiones de esta
ponencia y, como bien sabemos, los turolenses. Me parece también muy
interesante una observación que se recoge y que señala que durante años
se ha tenido muy en cuenta a las islas como grandes centros de desarrollo
turístico, pero no se ha tenido en cuenta, más allá de los indudables
atractivos por tratarse de entornos privilegiados, que existen personas
que viven y que tienen problemas y necesidades, que también deben tenerse
en cuenta.


Nosotros sabemos bien de qué se está hablando, puesto que esta
provincia también cuenta con magníficos paisajes y patrimonio natural,
que hoy está amenazado por el desordenado desarrollo de macroparques
renovables y otros proyectos en manos de grandes compañías ajenas al
territorio, que no dejan beneficios en nuestras poblaciones sino todo lo
contrario, e incluso afectan negativamente a proyectos de dinamización
económica, como el turismo o la agricultura. Ni se escucha ni se tiene en
cuenta un territorio que parece condenado a ser zona de sacrificio para
que otros lugares puedan contar con recursos suficientes para su
desarrollo.


Por todo ello, reitero mi agradecimiento por este trabajo e invito a
realizar una reflexión sobre la necesidad de que se extienda a otros
territorios, con el fin de obtener herramientas suficientes que permitan
ejecutar medidas eficaces para acabar con las desigualdades territoriales
y que den soluciones a problemas específicos, ya sean como en este caso
los territorios insulares y Ceuta y Melilla, o como en otros que también
las requieren, como Teruel, Cuenca, Soria o amplias zonas de Huesca,
Zaragoza y muchos territorios que forman la España vaciada.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra
el senador Chinea Correa, en primer lugar.


El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidenta.


Quisiera destacar el esfuerzo que hemos hecho entre todos y todas
para tratar de consensuar un texto que contemple, aunque sea en términos
genéricos, los objetivos, las demandas y las aspiraciones de los dos
archipiélagos y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Creo
sinceramente que el texto que hoy se debate cumple el reto que nos
planteamos cuando decidimos crear esta ponencia de estudio. No obstante,
lo que ha quedado claro es que una ponencia, la verdad, no es suficiente
para abordar un asunto tan complejo, así que espero que en la próxima
legislatura esto sea parte de una comisión. La insularidad no es un
hándicap temporal, es un asunto que se debe analizar de forma permanente,
porque cualquier decisión que se adopte, señorías, tiene un impacto
diferente que en el territorio continental. Por ello, en la Agrupación
Socialista Gomera queremos destacar esa inclusión en el apartado que
reitera la necesidad de impulsar un pacto institucional que garantice esa
colaboración entre las administraciones públicas para abordar la
inmigración. Canarias, Ceuta y Melilla son la puerta de entrada de la
migración africana y no podemos abordar en solitario, señorías, un asunto
tan complejo. Necesitamos que se institucionalice la solidaridad del
resto de territorios.


También, creemos que es un acierto que el Instituto Nacional de
Estadística determine los sobrecostes de la cesta de la compra en las
islas, aunque es verdad que creemos que lo que realmente se deben medir
son todos los parámetros de los sobrecostes a través de publicaciones
periódicas emitidas por dicho instituto. En este sentido, no puede ser
que quede en manos de la voluntad de universidades u organizaciones
privadas la determinación de una variable tan importante, que precise
estos costes añadidos de vivir, como en el caso de mi tierra, de
Canarias, a más de 1000 kilómetros del continente. Por ello, insistiremos
en que se concreten esas medidas para luchar contra los efectos y los
sobrecostes no solo de la insularidad, sino también de esa doble
insularidad, y, como se indica en el texto, de las técnicas
monopolísticas que permanecen en algunas islas en temas tan esenciales y
vitales para el desarrollo socioeconómico como son los combustibles o la
energía. Por tanto, es necesario que el Gobierno mejore esta recogida de
los datos estadísticos sobre las islas y que introduzca una verificación
territorial en las evaluaciones de impacto de sus propuestas, con el fin,
señorías, de desarrollar políticas específicas y evaluar cómo afecta la
legislación propuesta a los ciudadanos y las empresas de estos
territorios.


Trabajaremos también para que el Gobierno del Estado, junto con las
autoridades europeas, articulen un sistema de sanciones a empresas y a
particulares para erradicar ese veto digital del comercio electrónico
hacia mi tierra, Canarias, algo que incumple gravemente la cohesión
territorial del mercado europeo. También, velaremos por que se garantice,
como digo, el estricto cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, así como también al desarrollo en su totalidad del estatuto de
autonomía y el traspaso de competencias que nos garanticen esa mayor
cuota de autogobierno y cercanía en la gestión. No podemos seguir
esperando, por ejemplo, la concreción de la transferencia de costas.
También destacamos que se haya incluido la necesidad de que el Estado
defienda el estatus de Canarias como región ultraperiférica en el seno de
la Unión Europea. En este sentido, será importante la presión que ejerza
España para la exclusión de mi tierra, de Canarias, de la tasa verde
Europea, que prevé aplicar al transporte aéreo y marítimo.


En materia de transporte, agradezco el esfuerzo realizado para la
inclusión de nuestra enmienda, en el sentido de mantener durante todo el
año, y no solo de forma temporal, la obligación de servicio público de la
línea aérea entre La Gomera y Gran Canaria, o también el impulso de la
obligación de servicio público marítimo con un precio máximo que una el
triángulo de las islas verdes, La Gomera, La Palma y El Hierro, para
garantizar esa conectividad de los residentes o también para contribuir
al impulso del sector turístico en dichas islas. También, esa necesidad
de reducir las tasas portuarias a los pasajeros residentes y no
residentes que transiten por vía marítima entre las islas, equiparándose
así las bonificaciones que se tienen en otros territorios. Este último
aspecto es fundamental para la isla a la que represento, para la isla de
La Gomera.


Señorías, al margen de las peticiones para garantizar esas
compensaciones, creemos que las islas representan una oportunidad para
nuestro país y para la Unión Europea en el desarrollo de energías
renovables. Por ello, creemos importante que se concrete esa petición que
se plantea en el texto, con el fin de que se impulse la creación de un
observatorio de Naciones Unidas sobre el cambio climático en las
islas.


Por último, en materia social, todos coincidimos en que los índices
de pobreza en Canarias, Ceuta y Melilla, así como la atención a la
dependencia, requieren de medidas extraordinarias para garantizar un
escudo social a las personas y a las familias que carecen de recursos
para su supervivencia.


Termino, señorías. El texto que hoy aprobamos es un punto de partida
que tendrá que concretarse en un futuro a medio, corto y largo plazo,
porque es un documento que tendrá que desarrollarse si queremos que se
garantice esa cohesión social y territorial, y por ello trabajaremos, al
menos en mi partido, en la Agrupación Socialista Gomera, para exigir ese
pleno cumplimiento.


Para finalizar, agradezco a todos los ponentes el trabajo realizado y
espero que en un futuro alcancemos esa misma unanimidad cuando se trate
de la defensa de Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el mismo grupo, tiene la palabra el senador Vidal Matas.


El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.


Hoy es un día especial para mí porque será la primera vez que no
tenga que hacer ningún tipo de malabares para hablar de insularidad y
encajar el tema de Baleares en cualquier debate. Por tanto, repito, es un
día especial. Hoy lo puedo hacer porque toca hablar de la insularidad y
de esta ponencia. Me corregirá la presidenta —y me sabe mal
recordárselo— pero el origen de esta ponencia fue el debate del
primer día en el Senado, cuando discutíamos la constitución de las
comisiones. Propusimos crear una comisión de insularidad, y el senador
Tontxu Rodríguez, con vehemencia, nos dijo al señor Clavijo y a mí: ¡No
habéis inventado la rueda! Del conflicto de ese día salió la solución de
crear una ponencia que agradecemos, pero esperamos que algún día esta
ponencia se convierta en una comisión permanente donde el Gobierno
comparezca y dé explicaciones sobre la insularidad y sobre los hechos y
los avances que se hayan producido en función de este texto.


Siempre he intentado ser didáctico con la insularidad porque he
entendido que muchos ministros no tenían esa sensibilidad. Yo recuerdo la
cara de estupor de la ministra Montero cuando cité a un gran referente, a
Coco, para entender los términos lejos y cerca, y la insularidad. Claro
que tenía que utilizar esos símiles para que la ministra se centrara y
pusiera su atención sobre la insularidad porque no entendía la necesidad
de adoptar medidas fiscales. Ahora tenemos un documento elaborado,
después de escuchar a más de 64 expertos, sobre el que hay un consenso y
donde todos hemos puesto de nuestra parte. Por tanto, ahora la ministra
Montero no tendrá excusas para no entender la insularidad y ya no tendré
que citar a Coco, que sigue siendo aún un referente.


En Més per Mallorca estamos contentísimos de que por primera vez en
el Senado se haya hablado de les Illes Balears, de Canarias y de la
insularidad de forma clara, contundente y continua. Creo que hemos
hablado más de insularidad en estos dos años que en los cuarenta
anteriores de democracia, y estamos contentos de que nuestra presión haya
servido para agendar la insularidad en el ámbito estatal. Además, estamos
más contentos aún de que se hayan incluido temas clave en el documento.
Claro que es un documento de mínimos, y claro que este senador siempre se
gira más por su territorio, pero es un buen documento para
trabajar.


En el bloque institucional se reconoce la necesidad de desarrollar
totalmente nuestros estatutos de autonomía. Tenemos las competencias en
costas, pero queremos las competencias en Justicia; queremos nuestro
desarrollo legislativo total y, evidentemente, el reconocimiento de la
insularidad por parte de la Unión Europea. En el bloque económico,
creemos que es importante que esta Cámara, el Senado, diga al Gobierno
que necesitamos ya el régimen fiscal. La presidenta dijo que era urgente,
pero yo diría que es vital para nuestro territorio, como también el que
se reconozca que tenemos un mal modelo de financiación y que tenemos que
abordarlo; así como los costes de la insularidad, que no se han
calculado. ¿Por qué el Instituto Nacional de Estadística no tiene
indicadores específicos? Creo que son aportaciones útiles al debate para
que sea lo más objetivo posible.


En aspectos ambientales es importante el control de puertos y
aeropuertos, de las especies invasoras, de los efectos del cambio
climático y la necesidad de convenios en infraestructuras hidráulicas,
que sí se dan en cuencas interiores, pero misteriosamente no en las Illes
Balears. También es importante la protección adicional del medio ambiente
porque somos territorios más sensibles y debemos tener instrumentos
propios más capaces, como esta de Ley de residuos o la Ley de cambio
climático, que van más allá de las estatales. Por tanto, creemos que son
importantes todas las aportaciones, también en transporte: las
obligaciones de servicio público y la necesidad de convenios
ferroviarios. Estamos contentos.


Es una lástima que la xenofobia impida que esta Cámara alcance un
consenso de todos los partidos políticos para defender los intereses de
las Illes Balears, Ceuta, Melilla y Canarias. Creo que sería
importantísimo. Nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer son
infraestructuras básicas para recibir, como toca, de forma digna, a las
personas que se ven forzadas a emigrar.


También estamos satisfechos de que se haya introducido que nuestra
lengua y nuestra cultura son instrumentos de cohesión social,
instrumentos claves para nuestro país.


Hasta ahora hemos consensuado un documento de mínimos con un
diagnóstico: estamos todos de acuerdo. Ahora queremos, señores del
Partido Socialista y señores del Partido Popular, que actúen. Le decía al
señor Maroto, cuando le regalaba un despertador, que despierten ya la ley
que se está tramitando en el Congreso, anímense que queda poco tiempo
para las elecciones. Y al Partido Socialista le quiero decir sobre la
promesa del régimen especial fiscal para las Illes Balears que en mayo ya
tendremos las elecciones, y que espero que no pase como siempre, que no
llegan misteriosamente porque justo el anuncio y el tiempo electoral
marca que no se desarrollen las medidas.


Por tanto, creemos que es un acuerdo de mínimos, pero es bienvenido y
tenemos que desarrollarlo entre todos. Ahora tenemos que hacer que estas
medidas que hemos consensuado pasen a ser propuestas, pasen a ser
votaciones y pasen a ser una política de Estado de la insularidad, cosa
que hasta ahora no había ocurrido, que ha sido siempre discursiva y nunca
de hechos reales. Si no es así habremos perdido dos años más, habremos
gastado más dinero público solo en discursos, tuits y notas de prensa, y
no habremos avanzado en lo importante, que es ir adelante para nuestro
país.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vaya terminando,
señoría.


El señor VIDAL MATAS: Quería terminar dando las gracias a todos los
ponentes, especialmente al senador Medina, que nos ha aguantado, siendo
el único no perteneciente a uno de los territorios afectados. Por tanto,
repito, quiero agradecerle especialmente su trabajo.


Finalmente, lamento que Vox rompa el consenso por la xenofobia que
tiene en sus venas.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador
Clavijo Batlle.


El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero comenzar, como también han hecho quienes me han precedido en
la palabra, por agradecer la posibilidad de que se haya desarrollado en
estos años una ponencia de insularidad por primera vez en el Senado. El
senador Chinea, Vicenç y yo somos conscientes del intento de que fuese
una comisión, porque el hecho insular, la lejanía, derivan de la
geografía y, por lo tanto, permanecen en el tiempo, no es algo que vaya a
cambiar.






En este sentido, esperamos y deseamos que, en la próxima
constitución del Senado, esta ponencia de insularidad sirva como punta de
lanza para que quienes nos sucedan en esta Cámara tengan a bien
constituir esa comisión.


Quiero darles las gracias a los letrados y también el ambiente creado
por los partidos políticos en esta ponencia, donde creo que todos hemos
participado de manera constructiva. Hemos contado con la participación
altruista de 64 invitados, que han dedicado su tiempo y que nos han
permitido reflexionar sobre la cuestión. Sé que hemos estado con una
agenda muy ajustada, que los plazos y tiempos en muchas ocasiones estaban
un poquito al límite y que nos hubiese gustado poder profundizar, pero
creo que de todos hemos aprendido y, desde luego, ha sido
enriquecedor.


También quiero destacar que las conclusiones de esta ponencia no son
las que nos hubiesen gustado a nosotros, pero tengo la impresión de que
no son las que a nadie le hubiesen gustado, y ese es el ejercicio del
consenso, de la búsqueda de acuerdos, de acercar posturas para que esta
Cámara lanzase al Gobierno ―porque quien tiene que cumplir luego
esas recomendaciones es el Gobierno de España― un mensaje de que
hay unas islas y hay unos territorios, las dos ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, que obviamente tienen unas singularidades distintas a
las del territorio peninsular. En el caso, además, no de Baleares, pero
sí de Canarias, Ceuta y Melilla, tenemos graves problemas con la
inmigración irregular, tenemos dificultades de conectividad, nuestros
empresarios tienen dificultades para poder desarrollar sus actividades
empresariales, las economías de escala y el volumen son distintos, y todo
eso se ha ido debatiendo, hablando, analizando y ha quedado recogido en
un documento que nosotros vamos a apoyar porque, sin ser el documento que
nos hubiese gustado, y entendiendo que se queda corto, desde luego es un
principio esperanzador.


Ahora bien, como les decía, la realidad es que luego este documento
tiene que plasmarse en medidas concretas, y es el Gobierno de España
quien tiene que hacerlo, sobre todo para compensar los costes derivados
de esa insularidad o esa lejanía, y para dar la oportunidad a los
ciudadanos, que somos igual de españoles que los del resto del
territorio, de poder desarrollarnos en igualdad de condiciones. Sabemos
que lo de la igualdad de condiciones es muy complicado, pero por lo menos
que se articulen medidas correctoras que permitan que no nos sintamos ni
tan alejados ni tengamos tantas dificultades, y ahí yo voy a poner
algunos ejemplos de por qué si bien podemos decir que esta Cámara ha
hecho su trabajo, el Gobierno de España no lo está haciendo.


El primer ejemplo es la inmigración. Siguen diciendo ―creo que
hoy el ministro del Interior, Marlaska, en el Congreso de los
Diputados― que en Canarias los datos siguen descendiendo. Solo
tiene que leer la página web del ministerio del que es ministro para
darse cuenta de que es mentira. No puede mentir… De verdad que no
salgo de mi asombro cuando en una Cámara, en este caso, en el Congreso de
los Diputados, miente de esa manera. Por lo tanto, en materia migratoria
no solo nos hemos sentidos solos, no solo nos hemos sentido abandonados,
sino que nos seguimos sintiendo solos, abandonados y con un Gobierno que,
como ya no puede disfrazar la realidad, ahora simple y llanamente se
inventa una realidad paralela, que está solo en la mente del Gobierno de
España, del señor Sánchez y de su ministro, que siguen manteniendo que
también la inmigración irregular ha bajado en Canarias.


Otro asunto que también han citado otros compañeros es el de las
bonificaciones al transporte del 50 %. Debe ser que las conclusiones de
la ponencia le van a llegar tarde al Gobierno de España porque en
Canarias pagamos el 50 % de los viajes en guagua. La excusa es que
tenemos un régimen económico y fiscal por el que disfrutamos del 75 % de
descuento, pero es que es un derecho reconocido por nuestro régimen
económico y fiscal, que es el fuero canario, y que deriva de la
obligación o la oportunidad de poder movernos en igualdad de condiciones
y a un costo similar al del territorio continental, pero el Gobierno de
España implementa una nueva medida, la gratuidad de los trenes de
cercanías y de media distancia, y excluye a los canarios de esa medida.
¿Por qué? No sabemos el porqué, nadie lo explica, pero la realidad es que
existe una nueva medida del Gobierno de España que los canarios no
podemos disfrutar.


Y el último ejemplo ―porque solo voy a poner tres, y este es el
último― son los costes tipo y su revisión. El régimen económico y
fiscal establece que el coste de los contenedores que vienen de la
Península al archipiélago y los que se mueven desde Tenerife y Gran
Canaria a islas como La Gomera, como El Hierro, como La Palma, como
Fuerteventura o Lanzarote está compensado. ¿Qué ocurre? Que el Gobierno
de España no revisa estos costes tipo desde el año 2019, y además el
Gobierno de Canarias tampoco ha pedido que se revise. Es decir, ahí ya no
solo el Gobierno de España mira para otro lado en el deber de cumplir con
el fuero canario, sino que el Gobierno de Canarias, del mismo color
político, no exige que ese coste tipo se modifique. Esto está causando
graves problemas para la industria, para el empresariado canario y para
la cesta de la compra, porque en algunos casos, como el del transporte
refrigerado, se ha multiplicado por seis el precio desde 2019, que fue la
última vez que se revisó. Automáticamente, eso implica que esto se tiene
que repercutir en el precio final de la mercancía, lo que perjudica a
quien va a comprar pollo congelado, por poner un ejemplo, pero también la
viabilidad de las empresas, que necesariamente tienen que importar la
mercancía, la materia prima —en el caso de la industria—,
pero también en el sector primario, en la alimentación y el forraje para
los animales. Lo hemos solicitado ―está en nuestro régimen
económico y fiscal―, pero la realidad es que hoy en día se tendrían
que cubrir el 100 % de esos costes y se está cubriendo el 30 %. Lo dicen
las asociaciones agrarias, lo dicen las asociaciones industriales, lo
dicen las confederaciones, lo dicen los sindicatos y lo dice el
Parlamento de Canarias, que también ha instado a que esto se haga.


Por lo tanto, vamos a apoyar las conclusiones de la ponencia. Creo
que sienta un precedente que se haya podido hablar durante dos años de la
insularidad y la lejanía en esta Cámara. No es el texto que nos hubiese
gustado, pero es un texto consensuado y todos tenemos que hacer
esfuerzos. Por tanto, pongamos ahora interés, especialmente los grupos
que apoyan al Gobierno, en que eso se traduzca en medidas reales que
tengan reflejo en la calidad de vida de los ciudadanos para que en este
país no existan ciudadanos de primera, con derechos, y ciudadanos de
segunda, como los canarios, que no tenemos derecho, por ejemplo, al
transporte público gratuito, como sí lo tienen los ciudadanos del
territorio continental y de la España peninsular.


Muchas gracias, y buenas tardes.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Medina
Martínez.


El señor MEDINA MARTÍNEZ: Muchas gracias, vicepresidenta.


Quiero empezar mi intervención dando las gracias y la enhorabuena a
la presidenta de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, al
letrado de la misma comisión y, particularmente, al portavoz y a la
portavoz del Grupo Socialista por el trabajo realizado a la hora de
consensuar el texto del informe que recoge las conclusiones de la
ponencia de estudio sobre la insularidad de Canarias y Baleares, y la
condición periférica de las ciudades autónomas de Ceuta y de
Melilla.


Del desarrollo de esta ponencia ha resultado el texto de un informe
que ha contado con el acuerdo de la práctica totalidad de los grupos
políticos intervinientes. Creo que hay que poner en valor que las
aportaciones y sugerencias que han presentado el resto de los grupos se
han tenido en cuenta y han enriquecido el texto final de esta
ponencia.


El motivo de la creación de esta ponencia de estudio fue poder
analizar las problemáticas que en diferentes ámbitos acontecen y afectan
a los ciudadanos de los territorios insulares de Canarias y Baleares, así
como también a los ciudadanos de Ceuta y de Melilla. Recuerdo que allá
por noviembre de 2020, cuando se creó esta ponencia en la Comisión de
Despoblación y Reto Demográfico, yo, neófito en estas lides y siendo
peninsular, pensé: Bueno, ponencia para escuchar, conocer, aprender, pero
creo que poco voy a aportar. Prácticamente dos años después puedo decir
que efectivamente he escuchado, he aprendido y también he aportado mis
criterios al respecto, porque una vez iniciada la ponencia me trasladé a
la situación y me puse en el papel de las personas que habitan tanto en
las diferentes islas como en Ceuta y en Melilla. Moltes gràcies,
Vicenç.


Creo sinceramente que se ha desarrollado un trabajo muy amplio e
intenso a lo largo de estos prácticamente dos años, en 14 sesiones que
seguí con interés. En este punto quiero agradecer las nada menos que 64
comparecencias y aportaciones con las que hemos contado; aportaciones
todas ellas enriquecedoras, constructivas y dirigidas desde diferentes
ámbitos de la representación tanto institucional, política, empresarial,
académica y social, como científica y de investigación, entre otros.
Todas ellas fueron presentaciones o exposiciones de muy alto nivel que
han sido base fundamental del texto que finalmente se creó y aprobó. Por
todo ello, puedo decir que esta ponencia ha arrojado conclusiones claras
de posibles medidas a adoptar. Para unos serán de mínimos, para otros
serán de máximos, pero la hoja de ruta está marcada con casi 80
propuestas, así como sugerencias a plantear para que el desarrollo de
estos territorios pueda realizarse en condiciones de igualdad al resto
del Estado.


Para finalizar, quiero aportar y subrayar que esta ponencia, ya solo
por el hecho de haber estado activa durante dos años, prácticamente lo
que llevamos de legislatura hasta ahora, y por la abundancia de los temas
tratados durante ese tiempo, atestigua que posee una importancia y una
relevancia que ha dejado claro que una ponencia no es foro suficiente
para abordar un asunto tan complejo, por lo que creo que el siguiente
paso que debiera darse es que continuara en esta Cámara como comisión
permanente en la siguiente legislatura, porque los temas y la situación
en la que se encuentran las islas y también Ceuta y Melilla así lo
requieren.


Eskerrik asko. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskquerrik asko,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, tiene la palabra la senadora Pérez Esteve.


La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias, presidenta.


Como bien ha dicho la presidenta de la comisión, yo llegué a esta
ponencia cuando ya estaba muy avanzada y creo que, antes de nada, tengo
que agradecer el ingente trabajo hecho dentro de ella durante los dos
años que ha durado, a los y las ponentes, a la Mesa y a su presidenta, a
los letrados y, cómo no, a los y las comparecientes que han hecho posible
que hoy lleguemos al Pleno con este informe. La insularidad y la
situación periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla han merecido y
merecen todo el trabajo hecho y el que tendremos que llevar a cabo. No se
pueden negar las dificultades añadidas que tienen y, por lo tanto, la
obligación que tenemos de buscarles solución.


Han sido muchos días de trabajo intenso y después de poder leer todas
las comparecencias y escuchar algunas otras, mi grupo parlamentario cree
que el informe que ha resultado es positivo. Sabemos también que faltan
muchas aportaciones y compromisos en él, evidentemente ―no podemos
negarlo―, y que algunos de estos temas eran importantes para los
grupos representados. Aun así, y como dijimos en sesión de la comisión,
cuando queremos sabemos trabajar y llegar a acuerdos, y eso no quiere
decir que dejemos de luchar para seguir solucionando las problemáticas
que han quedado sin resolver del todo.


Mi grupo parlamentario va a votar a favor del informe, pero reitero
que este gran trabajo solo servirá si el Gobierno considera la
oportunidad que supone y le da el seguimiento que se merece. Estaremos
pendientes de ello.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Marí
Bosó.


El señor MARÍ BOSÓ: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo en nombre del Grupo Popular en el debate de aprobación de
este informe final de la ponencia sobre insularidad y la situación
periférica de Ceuta y Melilla. Quiero agradecer, evidentemente, el
trabajo hecho por todos los representantes de los distintos grupos
políticos, también por los ponentes durante estos meses de estudio y de
debate, y especialmente quiero dar las gracias al senador Medina, del
Grupo Vasco, porque es verdad, como decía el señor Vidal, que es el único
que no era ni insular ni extrapeninsular, y ha estado trabajando con
nosotros. (Aplausos). Es muy positivo, porque ya saben ustedes que es muy
positivo tener a alguien del PNV que ya sabe de qué va la cosa para en el
futuro poder ir haciendo el camino que hay que hacer en relación con la
insularidad y la extrapeninsularidad.


Con anterioridad ha intervenido mi compañera, la senadora Acedo, que
les ha explicado y ha defendido con brillantez nuestro voto particular a
este informe de ponencia. Ha expresado nuestra opinión, una opinión que
es mucho más extensa y mucho más ambiciosa que la reflejada en este
informe final de ponencia, y por eso votaremos abstención respecto a las
conclusiones que debatimos. En este sentido, aunque compartimos todas las
cosas que se reflejan, entendemos que había que dar un paso más y ser
mucho más ambiciosos. No se trata de una ley ni de una proposición de
ley, se trata de una ponencia de estudio, de estudiar las cosas y
debatirlas, y en el Grupo Popular queríamos ser mucho más ambiciosos.
Entendemos que, si quienes han hecho el esfuerzo de versarnos durante
estos meses sobre la problemática de la insularidad y la
extrapeninsularidad de las ciudades de Ceuta y Melilla han sido
ambiciosos en sus propuestas, en sus análisis, no podíamos venir nosotros
a diluir lo dicho ni a contemporizar, ni hacer todo eso de diluir y
contemporizar solo porque se entienda malamente que lo expuesto son
reclamaciones directas al Gobierno de hoy. No, señorías, lo expuesto, lo
estudiado, lo analizado son reclamaciones al Gobierno de hoy ―es
evidente―, pero sobre todo son reclamaciones y mensajes de acción
imperativos fundamentalmente a los gobiernos futuros.


Esto se debería haber entendido así por el grupo mayoritario y no se
ha entendido. Igual que tampoco ha entendido el grupo mayoritario que una
ponencia de estudio no sustituye las obligaciones del Gobierno de la
nación. En nada contribuye que, ante la necesidad imperativa, por
ejemplo, de aprobar el régimen fiscal especial de las Islas Baleares, el
Gobierno y el grupo mayoritario salgan por la tangente proponiendo una
ponencia de estudio, como si hubiera algo que estudiar. De hecho, la
ponencia de estudio lo que ha demostrado es que, en relación con la
aprobación de un régimen fiscal especial para las Islas Baleares, no hay
nada que estudiar. Lo han reclamado unánimemente todos los componentes de
la ponencia y todos los que han comparecido, empezando por la propia
presidenta del Govern de les Illes Balears. (Aplausos). Por tanto, no se
entiende que se salga con una ponencia de estudio.


Les pongo como ejemplo, señorías, el de la negativa del Gobierno de
Sánchez a aprobar el régimen fiscal especial de las Islas Baleares; o el
de la negativa del Gobierno del señor Sánchez a impulsar una mayor
integración de Ceuta y Melilla en la Unión Europea; o a hacer las
consignaciones precisas en los Presupuestos Generales del Estado para
atender las inversiones en infraestructuras estratégicas de Ceuta y
Melilla, como aeropuerto, puertos y fronteras, o la negativa del señor
Sánchez a cumplir con lo que toca, con lo que pone en la Ley del régimen
económico y fiscal de Canarias. Esto que les digo, señorías, no lo
arregla ninguna ponencia de estudio; o se hace o no se hace, o se tiene
la voluntad política de hacerlo y quererlo arreglar o no se hace.
(Aplausos). Así que, señorías, no vale pensar que con una ponencia de
estudio esto se arregla, esta gente se calla y aguanta durante unos
meses. No vale, porque lo que pasa mientras tanto ―ojo, a lo que
pasa mientras tanto― es que el sentimiento de agravio de los
ciudadanos de estos territorios va creciendo exponencialmente.


Señorías, haber atendido a las comparecencias y leer las conclusiones
supone conocer una larga lista de agravios y desatenciones; una larga
lista de lamentos, todos ellos muy fundados en la realidad; una larga
lista de olvidos que conducen y tienen como resultado que estos
territorios sean los de más baja competitividad de toda la Unión Europea.
De las 233 regiones europeas, las Islas Baleares están en el puesto 148,
Canarias en el 153, pero Ceuta y Melilla están en el 216 y en el 213
respectivamente. E igualmente pasa con los niveles de renta de estos
territorios, que están muy por debajo de los niveles de renta de la media
europea. Y lo que es peor, en los últimos veinte años hemos ido aún más
para atrás y hemos perdido de renta en torno a 20 puntos porcentuales.
Una larga lista de olvidos y desatenciones, señorías, que se concretan en
estos datos que les cito. Pero, además, estos datos son muy importantes
por dos cuestiones: primero, por la dificultad para ser competitivos de
estos territorios respecto de los peninsulares, como han puesto de
manifiesto todos los que han venido a comparecer, y segundo, porque esa
pérdida de renta de los ciudadanos de estos territorios demuestra el
impacto negativo que el hecho insular o extrapeninsular tiene en las
vidas de los residentes ―en sus proyectos de vida y en sus
trabajos―, impacto que sigue ampliándose pese a las medidas que
adopta el Estado.


Este es el panorama, señorías, y el Estado ―y digo el Estado,
no digo el Gobierno; ni siquiera digo el Gobierno actual― no puede
desconocerlo. El Estado, señorías, no puede desaparecer de estos
territorios y, sin embargo, esto es lo que está pasando, que el Estado
está haciendo dejación de funciones en sus competencias por olvido, por
desidia, por mal entender que a lo mejor se diga que en Baleares son
ricos, que en Canarias viven la mar de bien, o que Ceuta y Melilla tienen
muchas compensaciones. No, señorías, se está produciendo una situación de
agravio creciente. Gobernar la España plural y diversa precisa entenderla
y conocer sus riquezas, pero también sus problemas y sus realidades
complejas.


Nosotros, señorías, no lo hemos hecho siempre bien, pero sí podemos
decir que con Gobiernos populares se aprobó el primer régimen económico
de Baleares y se aumentaron los descuentos para residentes en avión,
barco y mercancías, y se aprobó el plan general para las ciudades de
Ceuta y Melilla y la bonificación del 60 % del IRPF, y se hizo
―escuchen bien, señorías― la mayor aportación a la Ley del
régimen económico y fiscal de Canarias en lustros; en lustros.
(Aplausos). Nosotros no lo hacemos siempre bien, es verdad, pero no hemos
puesto excusas ni hemos puesto en medio ponencias de estudio. Nosotros no
nos reclamamos federalistas ni somos asimétricos ni de la España
multinivel ni de la nación de naciones, pero nosotros sí que creemos que
en la España autonómica la descentralización política precisa de
autonomía financiera, señorías, en cada comunidad autónoma. Y no se nos
pasa por la cabeza —ya digo, no somos de la nación de naciones ni
nada—, pero no se nos pasa por la cabeza cercenar la autonomía
financiera de las comunidades autónomas prohibiéndoles que suban o bajen
los impuestos. (Aplausos). Eso no se nos ha pasado por la cabeza en
ningún momento.


Nosotros no lo hemos hecho siempre bien, señorías, pero, más allá de
las palabras y los eslóganes, trabajamos por la España que atiende a
todos, trabajamos por una España que sabe ser diversa, que sabe dar
soluciones diversas a situaciones diversas y que sabe que hacer eso es
mucho más complejo que ir por la vía directa, pero que es lo que nos
permite tener un gran país, ser una España mejor y progresar con mayor
rapidez.


Este es el objetivo, señorías, progresar con mayor rapidez, alcanzar
mayores cotas de bienestar para los españoles, vivan en el territorio en
el que vivan. Repito, vivan en el territorio en el que vivan, señora
Merelo, no en las posesiones, en el territorio en el que vivan.
(Aplausos). Ese es el objetivo, y persiguiendo ese objetivo, en el camino
de esas realizaciones y de las soluciones eficaces encontrarán al Grupo
Parlamentario Popular.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Hernández Cerezo.


La señora HERNÁNDEZ CEREZO: Gracias, señora presidenta. Buenas
tardes, señorías.


Señor Marí Bosó, evidentemente, que no lo han hecho bien lo saben
todos los españoles, pero nunca está de más que usted lo reconozca hoy,
en esta tribuna. (Aplausos).


Antes de nada, quiero dar la bienvenida a la delegada del Gobierno de
Canarias en Madrid, doña Lola Padrón, que está hoy en esta Cámara
acompañándonos. Bienvenida. Y quiero seguir con los agradecimientos, en
primer lugar, a la presidenta y al letrado de la comisión y también a los
diferentes grupos y ponentes por su buena disposición para hacer
aportaciones y enriquecer este informe final de conclusiones. Eso es lo
que tenemos que poner hoy en valor.


En el Grupo Parlamentario Socialista queremos manifestar que durante
un año hemos estado en esta Cámara territorial escuchando hablar a estos
cuatro territorios extrapeninsulares —Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla— de sus preocupaciones, de sus necesidades, de sus retos,
pero también de sus oportunidades, que son muchas. Hemos tenido
comparecencias de altísima calidad y de valor académico, y quiero
manifestar desde aquí nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los
ponentes por su participación y por su interés.


Señorías, esta ponencia fue una iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista porque queríamos un diagnóstico real y fidedigno de las
problemáticas que afectaban a los ciudadanos de las islas y de las
ciudades autónomas que nos permitiera plantear recomendaciones sobre la
base de lo que los ponentes manifestaban. Señora Acedo, y señorías del
Partido Popular, a este informe no le falta realismo, lo que pasa es que
a ustedes les falta mucha inventiva. Este informe ha querido ser riguroso
con lo que planteaban los ponentes, pero ustedes querían plantear un
programa electoral como arma arrojadiza al Gobierno y es lo que el resto
de los grupos no íbamos a permitir por respeto, en primer lugar, a los
ponentes. (Aplausos).


En Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla tenemos unas realidades y unas
necesidades diferentes que el mero hecho de la insularidad y de la
ultraperiferia nos confieren y deben atenderse no como privilegios, sino
como plenos derechos. En este informe final quiero destacar que la base
transversal de las comparecencias fue la importancia de conservar el
equilibrio en estos territorios para movernos entre el desarrollo
económico y social tan necesario y la fragilidad y la sostenibilidad de
nuestro ecosistema, con una apuesta clara por las energías renovables y
por su ordenación en los diferentes territorios.


Otra constante de la ponencia fue el hecho diferenciador de ser
territorios fronterizos porque, como bien dijo la presidenta del Cabildo
de Lanzarote, somos territorios que no quieren ser rejas sino puertas
abiertas a una Europa de valores. Se recogió, asimismo, la necesidad de
contar con la implicación plena de la Unión Europea para dar respuesta al
fenómeno migratorio, así como con la solidaridad interterritorial de
todas las comunidades autónomas para el reparto de los menores
inmigrantes no acompañados. Por eso, en el Partido Socialista no
entendemos la pataleta del Partido Popular y de Vox por no recoger el
fenómeno migratorio. Sí se recoge, como bien se señala en el informe de
la ponencia, pero lo que no hemos permitido es recoger el tinte xenófobo
y racista que ustedes querían trasladar en ese informe. (Aplausos). Y
recuerdo a las señorías del Partido Popular que ustedes, cuando
gobernaron, desmantelaron todos los planes África como políticas
estratégicas para España en ese continente. (Aplausos).


El informe recoge que, efectivamente, Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla presentan un índice de competitividad bajo o muy bajo en el
entorno de la Unión Europea, pero me reconocerán, señorías del Partido
Popular, que ustedes son en buena parte responsables de que esto suceda
porque ustedes han estado gobernando este país, que parece que aquí no
han pintado nada. Es necesario estudiar y plantear modelos fiscales
justos y adaptados a estos territorios, como también recoge la ponencia,
que impliquen no solo creación de actividad económica, sino que también
estén vinculados a políticas sociales. De nada nos sirve crear economía
si después eso no repercute en la mejora de la vida de la gente, porque
debemos decir que estos territorios son los que cuentan con unos altos
índices de pobreza y de desempleo, también entre los más jóvenes.


En la ponencia se ha insistido en establecer y seguir manteniendo
medidas económicas compensatorias que no solo busquen corregir
desigualdades originadas por la lejanía, sino que les garanticen sus
derechos para estar en igualdad de condiciones con el resto de los
ciudadanos de este país, y especialmente, como han señalado aquí otros
intervinientes, en lo que se refiere a la conectividad, al transporte de
pasajeros y de mercancías. Por cierto, iba a decirle al señor Feijóo que
se olvide del jet foil en cuanto a conectividad en Canarias, porque con
ello no muestra un gran conocimiento de los territorios.


Otras conclusiones recogidas en el informe hacen referencia a
cuestiones como la necesidad de diversificar la economía de Ceuta,
Canarias, Baleares y Melilla, apostar por la digitalización y la
innovación de las empresas para ser más competitivas, incidir en
potenciar la formación profesional para que se adapte al mercado
productivo de cada territorio y también hacer del turismo un elemento
tractor que genere economía. También se han destacado las necesidades en
vivienda por la fragmentación y la limitación de los territorios, el
desempleo juvenil y la dependencia.


Pero, señorías, debemos ser justos también y reconocer que
precisamente en paralelo a los trabajos que se estaban desarrollando en
esta ponencia, este Gobierno ha estado legislando y poniendo en marcha
diferentes medidas que van a poder dar respuesta en corto plazo a algunas
demandas recogidas ya en este informe. Para empezar, la Ley de formación
profesional, que ya es una realidad, y va a suponer un cambio en el
modelo educativo y productivo; los fondos destinados a las comunidades
autónomas para construir vivienda pública; el bono joven de ayuda a la
vivienda; la reforma laboral, que también se está notando ya en Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla y que ha permitido la contratación indefinida
también de nuestros jóvenes; los 46 millones de euros para la mejora de
la competitividad turística de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con
una partida específica para cada uno de esos territorios; el Plan
estratégico de Ceuta; las ayudas a los transportistas; las inversiones en
agricultura, con el Plan de modernización de regadíos tan necesario en el
caso de mi tierra, Canarias; el traspaso de competencias, que también se
recogía en la ponencia, que ya es un hecho en Canarias y que entrará en
vigor el 1 de enero de 2023, especialmente la competencia de costas; la
ampliación de la ruta de servicio público de La Gomera-Gran Canaria, que,
como bien decía el senador por La Gomera, se recoge en el informe y ya
ayer mismo lo aprobaba el Consejo de Ministros porque es una medida que
se estaba tramitando, y, por último, también se ha mencionado la oferta
de empleo público, para aumentar los servicios de la Administración
General del Estado en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que es algo
también demandado, que se ha debatido en la ponencia, pero con la que
este Gobierno está plenamente comprometido con más de 100 000 plazas de
oferta de empleo público que ha sacado en estos tres años.


Por tanto, señorías, podemos decir que muchas de estas conclusiones
van a tener una respuesta a corto plazo, o al menos van a tener una base
para trabajar sobre ellas, y esto es algo positivo que muestra el
compromiso de este Gobierno con estos territorios.


En cualquier caso, somos conscientes de que no debemos ser
complacientes porque aún quedan muchas reivindicaciones que aquí están
recogidas, especialmente, como decía, las que afectan a la conectividad,
con la creación de la mesa de transporte o el control de los precios, o
por qué no y cómo no, el tener unos buenos servicios públicos porque esta
ha sido también una reivindicación de todos los ponentes, señorías. Los
servicios públicos de calidad son claves para la cohesión social y la
cohesión territorial de los dos archipiélagos y de las ciudades
autónomas. ¿Y saben cómo se consiguen los servicios públicos? Pues con
inversión pública, y para ello hacen falta impuestos, señorías,
impuestos, sí, para tener una buena sanidad, una buena educación y una
buena dependencia. (Aplausos). Un modelo justo y progresivo donde el que
más tiene más aporte y donde el que más necesite más pueda recibir de la
ayuda pública. Y no como ha hecho el Partido Popular en Andalucía, de lo
que encima se jactan y presumen, cayendo de forma irresponsable en lo que
ustedes llaman paraíso. Pero, bueno, esa es su escala de valores, que
prefieren ayudar a los que más tienen y dejar de lado a los que menos
tienen. (Aplausos). Señorías, nosotros no queremos el modelo de Andalucía
ni en Canarias ni en Baleares ni en Ceuta ni en Melilla.


Y en cuanto a Canarias, me gustaría responder al representante de
Coalición Canaria, y decirle, como canaria que soy también, de
Fuerteventura, que Canarias nunca ha estado mejor atendida y mejor
escuchada que con el Gobierno socialista, en Canarias, y aquí en Madrid.
(Aplausos). Sí, señor Clavijo, con sensibilidad, con diálogo y con
propuestas, y prueba de ello es la reconstrucción que se está llevando a
cabo en La Palma y la recuperación de las islas tras la pandemia. Pero
milagros no hacemos, tenemos que ir poco a poco porque ustedes
permitieron que se desmantelara todo el sistema de acogida para la
inmigración. (Aplausos). Tanto que está hablando aquí, usted permitió,
junto con el Partido Popular, que se desmantelara todo el sistema, y el
Gobierno socialista ha creado 7000 plazas de acogida en Canarias. En
cualquier caso, señor de Coalición Canaria, se ha demostrado en los
diferentes Presupuestos Generales del Estado que este Gobierno sí cumple
con nuestro REF, que este Gobierno socialista escucha a Canarias y que
este Gobierno socialista sí atiende sus problemas y ofrece
soluciones.


Y ya termino, presidenta. Los efectos del hecho insular o la
situación extrapeninsular no pueden reducirse a una mera compensación
económica o a medidas de carácter fiscal, sino que deben incluir
políticas públicas sociales que realmente transfieran esa generación para
mejorar la vida de la gente. Por eso, la actuación del Estado es clave
para compensar esta desigualdad y tiene que ser un Gobierno que escuche,
un Gobierno sensible y un Gobierno que ayude a crear mejores políticas
para todos sus habitantes y no solo para unos pocos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Señorías, finalizado el debate del Informe de la Ponencia sobre la
insularidad y la situación periférica de las Ciudades de Ceuta y Melilla,
se procede, a continuación, a abrir el plazo de quince minutos para que
los senadores autorizados emitan el voto electrónico remoto, desde este
momento, en que son las quince horas y cincuenta y tres minutos, hasta
las dieciséis horas y ocho minutos, para realizar las siguientes
votaciones: Votación de los votos particulares —de aprobarse alguno
de ellos se incorporará al texto del informe—, y votación del
Informe de la Ponencia de Estudio sobre la insularidad y la situación
periférica de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Asimismo, les recuerdo que
la votación presencial de este informe de la ponencia de estudio tendrá
lugar al finalizar el último punto del orden del día.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




LECTURA ÚNICA





PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE SOBRE LA ADHESIÓN
DEL REINO DE SUECIA, HECHO EN BRUSELAS EL 5 DE JULIO DE 2022. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000099






PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE SOBRE LA ADHESIÓN
DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 5 DE JULIO DE 2022. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000100



La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los
puntos 11., 11.1., 11.1.1. y 11.1.2.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): No se han presentado
propuestas a dichos protocolos, pero se abre ahora el turno para aquellos
grupos que deseen intervenir.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora.


La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Eskerrik asko, presidenta
andrea. Arratsalde on guztioi.


El pasado mes de junio ya discutimos en esta Cámara una moción sobre
la cumbre que la OTAN celebró en Madrid a finales de ese mismo mes, una
cumbre en la que, además del nuevo concepto estratégico, se aprobó la
entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia, en un proceso que culminará con
su ratificación por parte de todos los Estados miembros, como estamos
haciendo hoy en esta Cámara.


En aquel debate pusimos de manifiesto la paradójica situación que
estaba viviendo la OTAN; una OTAN que en los últimos años había
experimentado una clara falta de coordinación entre sus miembros, incluso
con posiciones opuestas y discrepantes; una OTAN que mostró su lado más
débil, con su caótico abandono de Afganistán tras veinte años de guerra,
pero una OTAN que ha sido paradójicamente revitalizada también por Putin
y su guerra de agresión contra Ucrania. Este mismo hecho y la entrada en
la OTAN de territorios tradicionalmente neutrales es una nueva prueba de
que la invasión rusa de Ucrania está reescribiendo los equilibrios
geopolíticos globales y está esbozando una nueva configuración de
alianzas internacionales.


Nosotros comprendemos, y, por supuesto, respetamos la voluntad del
pueblo sueco y del pueblo finlandés de ingresar en la OTAN. Comprendemos
perfectamente que la seguridad es una de las principales preocupaciones,
teniendo en cuenta la posición geopolítica, la posición geográfica que
ocupan y la historia que han vivido. Su petición de ingreso es un hecho
significativo que nos tiene que llevar a pensar en clave europea y en
clave de solidaridad europea en un mundo cada vez más inestable, más
desordenado e incluso diría más agresivo.


De igual manera, tengo que decir que lamentamos profundamente la
posición y la actitud de Turquía en todo este trámite, un país no
democrático que está pretendiendo vulnerar los derechos de asilo y
protección de determinados ciudadanos kurdos, algo que va en contra de
nuestra cultura política y de nuestros valores europeos; un pueblo kurdo,
apátrida de su territorio, que vive dividido entre Turquía, Irán, Irak y
Siria, y que tiene una consideración en función de los intereses de
actores diversos sin que sus derechos como pueblo sean reconocidos y
respetados.


Permítanme un último apunte importante también a destacar, y es que,
con la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, de los 27 Estados de la
Unión Europea 23 pertenecen a la Alianza Atlántica; una alianza que ya
cuenta con el 80 % de sus miembros europeos. No sé si estamos asistiendo
a la europeización de la OTAN o a la otanización de Europa, pero lo que
está claro es que necesitamos una Europa geopolítica con autonomía
estratégica, para lo que es necesario también que la Unión Europea
disponga de una verdadera política exterior y de seguridad común. Y para
eso, entre otras cosas, los Estados miembros deben mancomunar capacidades
y disponer de capacidades interoperables que ofrezcan a Europa una fuerza
de conjunto, porque, aunque la OTAN sigue siendo la base de la
arquitectura de la seguridad de la Unión Europea, la Unión Europea
necesita de capacidades para atender a problemas que la OTAN no puede
atender y no va a atender. Si cada Estado aumenta sus presupuestos de
Defensa de manera desorganizada y unilateral, el resultado será que en
Europa seguiremos teniendo capacidades incoherentes, fragmentadas e
ineficaces. Hay que ser muy claros y lo que resulta imperativo es, por
tanto, someter las soberanías estatales a una coordinación supranacional
europea, y, si no lo hacemos así, está claro que estaremos derrochando
dinero, gastando dinero sin saber muy bien para qué.


Eskerrik asko.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Eskerrik asko,
senadora.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
tiene la palabra el senador Martí Deulofeu.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Intervengo solo para anunciar la abstención
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Rojo
Noguera.


La señora ROJO NOGUERA: Gracias, presidenta. Buenas tardes,
señorías.


Les anuncio que el Grupo Popular va a votar a favor de los protocolos
sobre la adhesión a la OTAN del Reino de Suecia y de la República de
Finlandia. Y vamos a votar que sí, señorías, porque nosotros somos
serios, somos un partido serio y responsable que cree que la política
exterior debe ser una política de Estado, y así lo hemos manifestado en
numerosas ocasiones, a diferencia de lo que ocurre con este multigobierno
incapaz de adoptar una posición común, ni siquiera cuando se trata de un
tema de Estado como el que nos ocupa y que supone un claro ejemplo, como
ya hemos visto en el Congreso y posiblemente también veremos hoy aquí, de
que en este Gobierno cada uno vota por su lado: unos votan sí, otros no y
otros ni sí ni no, sino más bien abstención. Desde luego, todo un logro
y, como ya se dijo, votaron todo lo que se podía votar, un bochornoso
logro, señorías, que no pueden justificar en que son un Gobierno de
coalición. Porque yo quisiera recordar aquí que hoy no estamos debatiendo
un plebiscito, no estamos hablando de OTAN sí o de OTAN no, y que lo que
verdaderamente resulta sorprendente hoy es que una parte del Gobierno no
respete que dos naciones soberanas adopten una decisión votada
democráticamente por la mayoría en sus respectivos países, sin querer
entender, señorías, que Suecia y Finlandia se unen a la OTAN porque su
compromiso con nuestra libertad y nuestros valores son más que evidentes
y su adhesión nos hace más fuertes en un momento tan crítico para nuestra
seguridad como el que estamos viviendo, seguridad que no puede ser
entendida únicamente desde el punto de vista puramente militar. Estamos
hablando —y parece que algunos lo olvidan— de la protección
de nuestra democracia, de la protección de los valores europeos y de la
salvaguarda de la paz y de la estabilidad. Resulta además paradójico,
señorías, que Putin haya querido dividir a Occidente y lo que ha
conseguido es unirnos más que nunca, y así deberemos seguir, unidos,
trabajando para que cada vez seamos más los que nos sumemos en la defensa
de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Desde luego,
ahí estará siempre el Partido Popular; y lo sorprendente y también
descorazonador es que sea más fácil poner de acuerdo a los veintisiete
países de la Unión Europea que a este multigobierno en un tema que
consideramos de país y en el que nuestro Gobierno debería adoptar una
posición de Estado.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Ruiz de Diego.


El señor RUIZ DE DIEGO: Buenas tardes, señora presidenta,
compañeros.


Hoy es el Día Internacional de la Paz, y la maldita coincidencia ha
hecho que en este Día Internacional de La Paz Putin haya hecho unas
desagradables consideraciones. Además, mis primeras palabras, las del
Grupo Parlamentario Socialista, son de reconocimiento a aquellos
españoles y españolas que hoy están defendiendo la política de seguridad
y defensa más allá de nuestras fronteras, precisamente para que ese
partido que se dice de Estado no tenga aquí a su portavoz defendiendo las
políticas de Estado, las políticas de defensa. (Aplausos).


Hoy estamos aquí porque nos han traído dos Estados hermanos, Suecia y
Finlandia; es decir, esta iniciativa que vamos a debatir y a votar no la
traemos ninguno de los grupos, sino dos naciones soberanas democráticas y
europeas que han solicitado a la OTAN el ingreso en una entidad que hace
años se decía que tenía encefalograma plano, pero que ahora se ha visto,
después de la cumbre de Madrid, que es una organización democrática que
defiende intereses democráticos y que además defiende su ámbito de
seguridad más allá de nuestras fronteras, de ahí también la importancia
del flanco sur, que ya se ha visto reconocido en las consideraciones de
la cumbre de Madrid, de tanto éxito. Precisamente, en reconocimiento a la
labor y al compromiso de España, y en la actualidad de su presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, es por lo que se celebró la cumbre de Madrid y
por lo que vamos a celebrar en el mes de noviembre una asamblea más de la
Asamblea Parlamentaria de la OTAN (Aplausos).


Señorías, la situación que ha generado Rusia ha hecho que repensemos
nuestros planteamientos. Por eso, yo ayer agradecí que en ese tablón no
hubiera ningún voto en contra, habrá abstenciones; y, refiriéndome a un
partido que acaba de intervenir, me parece que hoy ningún partido va a
votar en contra aquí, con lo cual, lo que hay que defender en el Senado
es el papel que corresponde al Senado, no lo que pudiera suceder en el
Congreso o lo que pudiera suceder en la Moncloa. En cualquier caso, el
Grupo Parlamentario Socialista va a dar un rotundo sí a la solicitud
efectuada por estos dos países que van a ver realmente asegurada su
situación, situación que se ha visto agravada como consecuencia de la
guerra y como consecuencia de su implicación ahora ante la OTAN. Si antes
Finlandia y Suecia tenían una situación peculiar, ahora se ve agravada
como consecuencia de la solicitud que han efectuado de ingresar en la
OTAN. A ese llamamiento de esos países hermanos, España no puede dar la
espalda, y el Parlamento español, concretamente el Senado, no puede dar
la espalda. Por eso vamos a votar que sí.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señoría.


Señorías, se abre el plazo de quince minutos para que los senadores
autorizados emitan el voto electrónico remoto para la autorización de
estos protocolos, desde este momento, en que son las dieciséis horas y
seis minutos, hasta las dieciséis horas y veintiún minutos.


Concluido el orden del día, se suspende la sesión hasta las cuatro y
media que procederemos a la votación.


Se suspende la sesión a las dieciséis horas y seis minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas, por favor.


Muchas gracias.


Señorías, procedemos a continuación a las votaciones de diferentes
asuntos pendientes de votación presencial.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROPOSICIÓN DE LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD
JURÍDICA A LA LAGUNA DEL MAR MENOR Y SU CUENCA. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación).


620/000007

Transición Ecológica


El señor presidente lee el punto 7.1.1.


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de lanzar la votación,
permítanme que dé la bienvenida en este punto a la sociedad civil que ha
impulsado esta iniciativa legislativa popular, alcaldes, alcaldesas,
delegado del Gobierno, que han venido de la Región de Murcia. Bienvenidos
y bienvenidas. Gracias por su trabajo. (Fuertes y prolongados aplausos de
sus señorías en pie, dirigiéndose a la tribuna de invitados).


Ahora sí, señorías, procedemos a la votación de la propuesta de veto
número 1 de sus señorías Marín Gascón, Merelo Palomares y Rodríguez de
Millán.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 262; a favor, 3; en contra, 258; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, procedemos a continuación a la votación de la enmienda
número 3, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 105; en contra, 137; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos a continuación en un solo acto el resto de la
proposición de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 230; en contra, 3; abstenciones, 30.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la Proposición de Ley para el reconocimiento de personalidad
jurídica de la laguna del Mar Menor. Enhorabuena. (Fuertes y prolongados
aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Continuamos la votación, señorías.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA LA REGULACIÓN
DEL EJERCICIO DEL VOTO POR LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO.
(Votación).


624/000013

Constitucional


El señor presidente lee el punto 7.1.2.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, procedemos a la votación de las
enmiendas y las que resulten aprobadas quedarán incorporadas
definitivamente al dictamen.


En primer lugar, de sus señorías Cleries i Gonzàlez y Cervera Pinart,
votaremos las enmiendas 1, 4, 6, 9 y 14 a 17.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 22; en contra, 234; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 2, 5 y 10 a 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 262; a favor, 27; en contra, 232; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 3 y 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 27; en contra, 232; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Y, por último, votamos la enmienda número 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 10; en contra, 233; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos a continuación la enmienda número 22, del Grupo
Parlamentario Nacionalista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 28; en contra, 232; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu
votamos, en primer lugar, la enmienda18.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 27; en contra, 222; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 19.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 22; en contra, 233; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 262; a favor, 26; en contra, 221; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Y, por último, votamos la enmienda 21.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 262; a favor, 20; en contra, 221; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos a continuación en un solo acto el resto de la
proposición de ley orgánica.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 263.


El señor PRESIDENTE: Señorías, queda definitivamente aprobada por las
Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la
regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el
extranjero.


Enhorabuena. (Fuertes y prolongados aplausos).










MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A AGILIZAR LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ESTABILIZACIÓN DEL LITORAL DE MARBELLA Y
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (MÁLAGA). (Votación).


671/000129

GPP


El señor presidente lee los puntos 5. y 5.1.


El señor PRESIDENTE: Se vota con la incorporación de las
enmiendas 1, 2, 5 y 6 del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal,
con número de registro de entrada 153794.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 109; en contra, 118; abstenciones, 36.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DEFLACTAR LA TARIFA
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF).
(Votación).


662/000132

GPP


El señor presidente lee los puntos 6. y 6.1.


El señor PRESIDENTE: Se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 262; a favor, 121; en contra, 136; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos).









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO APOYA E INSTA AL GOBIERNO A
CONTINUAR DESARROLLANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LOS
PENSIONISTAS. (Votación).


662/000134

GPS


El señor presidente lee los puntos 8. y 8.1.


El señor PRESIDENTE: Se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 262; a favor, 251; en contra, 1; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.—
Rumores).


Señorías, por favor, guarden silencio. Con su permiso, continuamos la
votación, en silencio se hace mucho mejor.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A EXTENDER LA REBAJA
DEL IVA DEL 5% DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD DURANTE TODO EL INVIERNO Y
MIENTRAS NO SE ATEMPERE LA GRAVEDAD DE LA CRISIS. (Votación).


662/000133

GPP


El señor presidente lee el punto 8.2.


El señor PRESIDENTE: Esta moción también se vota en sus propios
términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 114; en contra, 140; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA INSULARIDAD Y LA SITUACIÓN
PERIFÉRICA DE LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA. (Votación).


543/000007

Despoblación y Reto Demográfico


El señor presidente lee los puntos 10., 10.1. y 10.1.1.


El señor PRESIDENTE: Señorías, procedemos a las votaciones del
informe de la ponencia de estudio sobre la insularidad, que son las
siguientes: En primer lugar, votos particulares. Voto particular de la
senadora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 259; a favor, 4; en contra, 255.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos a continuación el voto particular del Grupo Parlamentario
Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 259; a favor, 101; en contra, 156; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos a continuación el informe de la ponencia de estudio sobre la
insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y
Melilla.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 258; a favor, 154; en contra, 4; abstenciones, 100.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos).










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




LECTURA ÚNICA





PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE SOBRE LA ADHESIÓN
DEL REINO DE SUECIA, HECHO EN BRUSELAS EL 5 DE JULIO DE 2022. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación).


610/000099



El señor presidente lee los puntos 11., 11.1. y 11.1.1.


El señor PRESIDENTE: Permítanme, señorías, que dé la bienvenida y
salude la presencia de sus embajadores hoy, en este momento, en esta
votación. Bienvenidos. (Aplausos).


En primer lugar, señorías, votaremos el Protocolo al Tratado del
Atlántico Norte sobre la adhesión del Reino de Suecia, hecho en Bruselas
el 5 de julio de 2022.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 245; en contra, 1; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos).









PROTOCOLO AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE SOBRE LA ADHESIÓN
DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 5 DE JULIO DE 2022. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación).


610/000100



El señor presidente lee el punto 11.1.2.


El señor PRESIDENTE: Votamos, en segundo lugar, el Protocolo al
Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de
Finlandia, hecho en Bruselas el 5 de julio de 2022.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 263; a favor, 245; en contra, 1; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado. Enhorabuena. (Aplausos).


Señorías, agradeciéndoles a todos y a todas su colaboración y su
trabajo en esta sesión plenaria, así como al personal, trabajadores y
trabajadoras de la Cámara, se levanta la sesión. Buenas tardes.


Eran las dieciséis horas y cuarenta y ocho minutos.